Este gran libro, que culmina veinte años de estudios sobre las finanzas de la guerra civil española, nos ofrece una amplia y detallada visión de conjunto, que abarca desde los inicios del conflicto, desde la preparación de la sublevación y las primeras ayudas financieras y sus protagonistas, hasta las finanzas de las dos zonas en conflicto, el sistema financiero de la República, el sistema financiero del Gobierno de Burgos y las independencias financieras de Cataluña, del País Vasco, y de los Consejos provinciales e interprovinciales. Se analiza en profundidad todo lo que se refiere a la financiación de ambos bandos, la guerra monetaria del Gobierno de Burgos, el comportamiento de la banca y las cajas de ahorro, las ventas del oro, la financiación exterior, y los diferentes sistemas de captación de fondos de ambos bandos en sus respectivas sociedades. Y tanto de los partidarios de cada bando, como de los que no lo eran, a través de la exigencia de responsabilidades políticas por daños de guerra. Examina también la preparación de exilio y su desarrollo desde el punto de vista financiero, el tesoro del Vita, y la administración republicana de los fondos en el exterior, una vez terminada la contienda. Presta atención especial a los ajustes que hubo que hacer en la posguerra en el sistema financiero, y la unificación monetaria con la Ley de Desbloqueo.

José Ángel Sánchez Asiaín

La financiación de la Guerra Civil española

Una aproximación histórica

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Titivillus 30.09.2018

Título original: La financiación de la guerra civil española

José Ángel Sánchez Asiaín, 2012

Diseño de cubierta: Jaime Fernández

Editor digital: Titivillus

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Este libro ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia de España 2013.

Alicia… se asustó un poco al ver al Gato de Cheshire en la rama de un árbol a pocos pasos de allí…

—Por favor, ¿podría decirme el camino que debo tomar desde aquí?

—Eso depende en gran medida de a dónde quieras llegar —dijo el Gato.

—No me preocupa mucho a dónde… —dijo Alicia.

—En tal caso, poco importa el camino que tomes —dijo el Gato.

—… con tal de que llegue a alguna parte —añadió Alicia a modo de explicación.

—Oh, de llegar a alguna parte puedes estar segura —dijo el Gato—, siempre que camines mucho rato.

LEWIS CARROLL

Alicia en el País de las Maravillas,

cap. VI, «Cerdo y pimienta».

Índice

Prólogo

I. Introducción

II. El escenario económico-financiero de la guerra como punto de partida

III. Preparación de la sublevación

IV. Mola en Navarra. Las ayudas a la sublevación

V. Juan March y la sublevación

VI. Portugal y la sublevación del 18 de julio

VII. El sistema financiero de la República

VIII. La hora de las independencias en la República

IX. El sistema financiero del Gobierno de Burgos

X. La guerra monetaria del Gobierno de Burgos

XI. Banca y cajas de ahorros

XII. Financiación interior

XIII. El oro. Ventas a Francia y Moscú. La reacción del Gobierno de Burgos

XIV. El oro, una cuestión abierta

XV. El gasto presupuestario en la guerra civil

XVI. Suscripciones e incautaciones

XVII. La responsabilidad política por daños de guerra como fuente de financiación

XVIII. Monetización de los activos expoliado. La comisión «secreta» de París

XIX. Financiación exterior

XX. El final de la guerra y la preparación del exilio: el «tesoro de Negrín» y el «tesoro» del Vita

XXI. Precios y cotizaciones

XXII. El coste material y humano de la guerra

XXIII. La transición del sistema financiero. Los ajustes de la posguerra

XXIV. La unificación monetaria. La Ley de Desbloqueo de 1939

XXV. Búsqueda de los activos y documentos expoliados y devolución a sus propietarios

XXVI. Financiación del exilio. La administración republicana de los fondos en el exterior

ANEXOS

Anexo 1. Acta oficial de la reunión mantenida con Mussolini en el Palacio Venecia el 31 de marzo de 1934 y acta de la misma reunión redactada por los representantes españoles

Anexo 2. Informe de Antonio Goicoechea a Mussolini del 14 de junio de 1936, en su nombre y en el de José Antonio Primo de Rivera y José Calvo Sotelo, sobre la próxima sublevación contra la República y sobre sus posibilidades de éxito

Anexo 3. Correspondencia entre el general Mola y José María Gil Robles

Anexo 4. Declaración de los valores y divisas poseídos en el extranjero por Cambó

Anexo 5. Evolución durante el segundo semestre de 1936 de los ingresos de la «suscripción nacional» en Navarra

Anexo 6. Acta de la recepción del oro enviado en depósito por el Gobierno de la República española al Depósito de Metales Preciosos del Estado del Comisariado del Pueblo en la Hacienda de la URSS en Moscú

Anexo 7. Presupuestos 1935-1940

Anexo 8. Orden reservada de 16 de mayo de 1938 por la que se crea la «Comisión Especial» de Hacienda en París

Anexo 9. Extractos de las actas de la «Comisión Especial» de Hacienda en París

Anexo 10. Acuerdo financiero secreto del 28 de noviembre de 1936 entre Italia y España

Anexo 11. Cómo se calcularon los índices de precios de la República

Anexo 12. Cuadro comparativo del cálculo de los coeficientes de desbloqueo

Anexo 13. Acuerdo del 25 de febrero de 1939 entre Francia y España sobre restitución de todos los bienes expropiados

APÉNDICE I. Obras y documentos consultados y citados en el texto

Prólogo

AGRADEZCO A JOSÉ ÁNGEL ASIAÍN que me haya ofrecido prologar este libro sobre la financiación de la guerra civil española, asunto sobre el que no tengo autoridad, aunque sí un gran interés en que se haya estudiado. José Ángel tenía siete años el 18 de julio de 1936. Es seguro que recuerda las angustias, las incertidumbres, los temores y las esperanzas que aquel acontecimiento originó en todos los españoles, según sus preferencias políticas, sus adscripciones partidistas o sus actitudes expectantes. Y estos recuerdos, para los de nuestra generación, se enriquecieron en la posguerra con las narraciones de las gentes que sí fueron protagonistas, en uno u otro bando; eran narraciones hechas en la intimidad familiar, en tertulias en casas de amigos en las que también participaban los niños y los adolescentes como espectadores silenciosos. José Ángel tiene, por todo ello, una gran ventaja para entender cómo se generó aquella tragedia, cómo fue su desarrollo y, muy especialmente, cuáles fueron sus consecuencias inmediatas, ya que pudo vivirlas siendo adolescente y, después, en su primera juventud. Aunque investigó los complicados procedimientos de financiación de la guerra en los dos bandos contendientes, y ello exige exponerlos con el vocabulario propio de la economía, árido en sí y poco atractivo para el común de los lectores, quienes se interesen por el libro que hoy se publica podrán comprobar el «aroma» especial que exhala un texto sobre una época vivida, aunque sea en años de infancia. Eran tiempos en los que se exigían a niños y a adolescentes unas responsabilidades que no asumen ni entienden los jóvenes de hoy. Se era consciente de lo que acontecía, no solo por las noticias que se recibían sino también por los estados de ánimo y por las esperanzas de padres, parientes y amigos. Todo ello enriquece sutilmente las páginas de este libro.

José Ángel Sánchez Asiaín, marqués de Asiaín, nacido en Baracaldo, se formó como economista en la Universidad Comercial de Deusto y se licenció y doctoró en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, sección de Económicas, de la Universidad de Madrid. Su tesis doctoral, sobre impuestos directos e indirectos en España, presentada en 1958, fue dirigida por el catedrático Enrique Fuentes Quintana. Cuatro años antes, se había vinculado al Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, en el que fomentó la mejora del Boletín de Londres, publicación periódica que gozaba ya de gran prestigio, porque recogía información sobre los mercados exteriores para que pudieran disponer de ella los clientes del Banco. En el Servicio de Estudios fue impulsor de varios proyectos, entre los que destaca el que pronto alcanzó gran prestigio, dedicado a cuantificar la renta nacional y su distribución provincial en España. Además, intensificó los análisis de la economía española en el contexto internacional, con lo que contribuyó a preparar los cambios que originaron el famoso y eficaz Plan de Estabilización Económica de 1959. En ese año, fue nombrado director del Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, que publicaba el prestigioso informe económico anual.

La vocación docente de Asiaín se concretó enseguida al convertirse en profesor de la Universidad de Deusto en 1954 y, cuatro años después, cuando comenzó a enseñar Hacienda Pública y Derecho Fiscal en la Facultad de Ciencias Económicas de Bilbao, fundada por entonces y adscrita a la Universidad de Valladolid. En ese momento, ya eran conocidas y valoradas sus publicaciones en el Boletín de Estudios Económicos de Deusto, en Anales de Economía y en la Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública. También escribía en aquellos años importantes artículos en la prensa general. Por todo ello, en el tiempo transcurrido desde que se licenció en Ciencias Económicas hasta que en el año 1962 obtuvo por oposición la cátedra de Hacienda Pública y Derecho Fiscal, había probado sus excelentes cualidades como investigador y como enseñante y su gran capacidad para difundir conocimiento entre los lectores de los diarios. Aquí no debo extenderme en tratar de las muy variadas actividades y publicaciones del autor de este libro que prologo. Por ello, solo aludiré a su vocación de historiador.

Cuando hizo las oposiciones a la cátedra de Hacienda Pública, presentó el por entonces obligado trabajo de investigación inédito, que dedicó a «La controversia sobre el efecto expansivo de un aumento del gasto público financiado con impuestos». A este añadió, además, una Memoria, también preceptiva e inédita, sobre «Concepto, método, fuentes y programa» de la asignatura a la que opositaba. En esa Memoria, dio las primeras muestras de su interés por el pasado, al construir la historia del Derecho Financiero desde el cameralismo como sistema hasta las teorías contemporáneas vigentes sobre la Hacienda Pública, de tal modo que estudió el pensamiento hacendístico de Smith, Ricardo, Malthus, Say, Bentham, los marginalistas, Senior y otros autores. No he tenido ocasión de leer esta voluminosa Memoria inédita. Si la cito aquí es por pensar que, al escribirla, José Ángel Sánchez Asiaín mostró ya entonces su vocación de historiador, relegada circunstancialmente después por las responsabilidades derivadas de los cargos que asumió, especialmente tras su nombramiento como director general del Banco de Bilbao en 1968, como consejero director general en 1970 y, finalmente, cuatro años más tarde, como presidente de su Consejo de Administración. Desde estos cargos, impulsó y consolidó la unión en el Banco del análisis, la previsión del futuro y la eficacia en la gestión. Gracias a ello, la entidad fue la primera en España en definir y aplicar el concepto de grupo financiero, con notable visión de futuro al proyectarse al exterior y, simultáneamente, al acercarse a sus clientes mediante sucursales organizadas en las diversas zonas regionales de España. También impulsó las innovaciones y los procesos de fusión. También fomentó las ayudas a la enseñanza, con acciones entre las que cabe destacar el programa de becas Fulbright. No descuidó la protección y el impulso de actividades artísticas y culturales, como exposiciones de pintura, conciertos, conferencias y premios periodísticos y literarios.

La Real Academia de la Historia, consciente de la valía de José Ángel Sánchez Asiaín, le eligió académico de número el 20 de octubre de 1989. En la Academia, era conocido el libro Un siglo de vida del Banco de Bilbao (1857-1957) en el que había colaborado, entre otros, con Caro Baroja, Larraz y Lequerica. También se valoraba que hubiera promovido la reedición del Proyecto económico de Bernardo Ward (1986), un tomo de las Cartas de Carlos III a Tanucci (1988) y los Discursos sobre el comercio, de Juan Antonio de los Heros (1989). Por entonces, llevaba tiempo ocupado en investigar cómo se había financiado la guerra civil española, tanto por parte de la República como por parte de los organizadores del alzamiento militar. Es difícil encontrar investigador más calificado que él para llevar a buen término esa empresa historiográfica: un banquero capaz de entender los complicados procedimientos de las instituciones de crédito y las complejas transformaciones originadas por el proceso de avances y ocupaciones de pueblos, villas y ciudades. El tiempo en que estudió el proceso de financiación es el comprendido entre julio de 1936 y abril de 1939, con sus antecedentes y proyecciones posteriores. Fueron aquellos años de transición de una república organizada como la de España desde abril de 1931 hasta julio de 1936, a un régimen dictatorial caracterizado por el autoritarismo y la falta de libertades políticas. Los años de guerra suelen ser considerados, en lo político, como tiempo de transición, y lo fueron también en lo económico. El estudio de los avances y retrocesos militares, las posibilidades de uno y otro bando de contar con ayudas exteriores, según su signo político, la imposibilidad de llegar a acuerdos que pusieran fin a destrucciones, hambres, penalidades y muertes fueron asuntos que estudiaron y estudian los historiadores interesados por la guerra civil.

Para su ingreso en la Real Academia de la Historia, pudo ya presentar el discurso titulado «La Banca Española en la Guerra Civil, 1936-1939». Dedicó a este estudio 208 páginas, repletas de información valiosísima que utiliza, depurada, en la obra que ahora se publica. El libro que me honro en prologar, presenta como primer capítulo, un «pórtico» en el que expone cuáles fueron las necesidades de financiación de los dos bandos y las ayudas que recibieron. Dificultaron este estudio las complejas y cambiantes fórmulas aplicadas en los dos bancos centrales, el de Burgos y el republicano, los dos sistemas de cajas de ahorro y los dos regímenes tributarios. También fue asunto complejo determinar la cuantía y las fórmulas utilizadas para proceder a las ventas de oro a Francia y a la Unión Soviética, lo mismo que estudiar los presupuestos, las incautaciones, las «represiones económicas», la financiación exterior, tanto de los «nacionales» como del lado de la República.

Los endeudamientos, el impacto de la guerra sobre el comercio exterior, el enfrentamiento del gobierno republicano con el de Burgos sobre el control de la red bancaria privada en el extranjero fueron asuntos que interesaron especialmente al autor. Los expone con maestría y detenimiento en el capítulo XIX del libro. El contenido financiero de los activos expoliados, el final de la guerra, la preparación del exilio, el llamado «tesoro de Negrín», el «tesoro del Vita», vienen a constituir uno de los capítulos esenciales del final de la guerra. No podía faltar en este análisis el estudio de los índices de precios en aquellos años, los controles que se fijaron y la comparación del poder adquisitivo de la peseta en ambas zonas.

Junto a la descripción de los escenarios y las decisiones tomadas, el autor estaba especialmente interesado en conseguir una valoración fundada de los costes materiales y humanos de la guerra, tanto por la cuantía de las pérdidas de capital como por las disminuciones de los niveles de producción. Era imposible cuantificar lo que supusieron las muertes que provocó la guerra y en qué medida esta originó interrupciones de la enseñanza, en sus tres niveles, en ambas zonas y en determinadas ciudades y comarcas.

Con el final de la guerra en abril de 1939, comenzaron el proceso de transición financiera y los ajustes necesarios para fundamentar la que habría de ser una economía de paz, con la consiguiente unificación monetaria, la localización de los activos y documentos expoliados y su entrega a los legítimos dueños.

Las implicaciones exteriores, en lo referente a los exiliados, son analizadas en el capítulo que titula «Financiación del exilio». En él presenta cómo se organizó la administración de los fondos de que disponía el gobierno republicano, «Servicio de evacuación de refugiados españoles» y «Junta de auxilio a los refugiados» constituyen secciones del máximo interés en este capítulo, lo mismo que el epígrafe dedicado a Negrín como gestor financiero.

Al terminar la guerra, en el entonces denominado «primer año triunfal», hubo manifestaciones públicas de celebración, en las que participaron las gentes, unas por convicción y otras por temor para no significarse. Se reanudaron las celebraciones laicas de las fiestas patronales, con bailes vespertinos y nocturnos, y las romerías, y volvieron a abrir las salas de baile. Incluso para el gran número de vencidos que no llegaron a ser encarcelados, el primero de abril fue el final de «la pesadilla de la guerra». Aunque se sintiesen insatisfechos, contrariados, sin ideales definidos, tenían sin embargo esperanzas de poder comenzar una época de prosperidad, sin represalias. Fernando Chueca recordaba cómo los días posteriores a la guerra fueron para él, como para tantos miles de españoles que se encontraban en situaciones análogas a la suya, de inquietudes y zozobras, en medio de desfiles y conmemoraciones, mástiles y estandartes, procesiones, himnos y la que él denominó «la barroca parafernalia de una ilusión alimentada por símbolos añejos». Quienes habían tenido cargos de signo político durante la República, o mantenido actitudes manifiestas de simpatía o proclamado su adhesión y fidelidad y permanecían en España por no poder, o no creer necesario exiliarse, mantenían el temor de ser encausados y que se les llamase a comparecer ante los tribunales. Incluso a los niños nos llegaban las noticias de los temores, de las causas incoadas, de las fórmulas de simulación de simpatía y de haberse adherido a las doctrinas del nuevo régimen, hasta con afiliaciones a Falange, conseguidas fingiendo compartir los principios del «movimiento nacional». Y todo ello, en las grandes ciudades, con inusitada animación nocturna en locales que permanecían abiertos hasta el alba. El ambiente festivo era compatible con las escaseces, el hambre, las cartillas de racionamiento, el estraperlo, la represión, los encarcelamientos y las ejecuciones cuando no llegaba el ansiado indulto. Aquellos años fueron de esperanza y sufrimiento, y de ciertas mejoras, a pesar del erróneo dirigismo económico. La lenta recuperación se fundó en el afán de mejora de grandes y pequeños empresarios que invirtieron e innovaron, y de trabajadores afanados en sus tareas, siempre con el deseo de vivir mejor. Y esperando, un número de españoles creciente, poder conseguir un día las libertades políticas.

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón

Marqués de Castrillón

I
INTRODUCCIÓN

La guerra civil española constituye, sin lugar a dudas, uno de los períodos de nuestra historia contemporánea que más interés ha despertado en los historiadores e investigadores. Y es que, como se ha dicho, «la historiografía no es un registro incoloro, sino un relato de lo ocurrido, en términos de las emociones suscitadas por el resultado».[1] También es cierto, por otra parte, que dentro de la amplísima bibliografía producida por aquel conflicto, se cuenta con muy poca literatura que contemple expresamente la evolución de la economía y las finanzas durante la contienda. Y esto es especialmente cierto en lo que se refiere a lo bancario y a lo financiero.

Por lo que a mí respecta, siempre he tenido un destacado interés por lo que fue y significó la guerra civil de 1936, pero a partir de un cierto momento, algunos de sus interrogantes me empezaron a resultar especialmente atractivos. Fue hace más de cincuenta años cuando, como consecuencia de otras obligaciones profesionales, accedí a documentos originales en relación con diversos aspectos monetarios de la contienda, lo que me introdujo de tal manera en aquellas cuestiones y me suscitó tantas preguntas, que cuando fui propuesto como académico numerario en la Real Academia de la Historia, no dudé que mi discurso de ingreso en esa Academia debería referirse precisamente al contenido económico y financiero de la guerra civil.

Así lo hice, con una intervención, que titulé La Banca española en la guerra civil, en la que traté de entrar a fondo en lo que había sido el papel de las instituciones bancarias en la realidad de aquella guerra, caracterizada por la división de España en dos zonas económicas y financieras, la aparición de dos pesetas distintas, dos procesos de inflación, y dos maneras antagónicas de entender la sociedad. Una experiencia insólita, que me permitió contemplar, desde un ángulo distinto de los habituales, la relación Estado-sistema bancario. Fue una bonita experiencia, pero resultó ser un trabajo que, al final, me dejó lleno de dudas. Había empezado planteándome unos cuantos interrogantes, y en el curso de mi estudio me fueron surgiendo muchos más, para los que, en algunos momentos, no sólo no tenía una respuesta adecuada, sino que ni siquiera era capaz de disponer de una formulación válida de la misma pregunta. Trabajé casi dos años en la búsqueda de información al respecto, y al final terminé convencido que era un campo del mayor interés, en el que debía seguir investigando.

En los dos años de preparación de mi discurso de ingreso en la Academia me encontré con que la contienda había sido, en términos de la realidad que trataba de estudiar, la económica y la financiera, mucho más compleja de lo que en principio parecía. Me sorprendió el proceso financiero que se puso en marcha para superar la economía de guerra, y la amplia permeabilidad informativa que existió entre ambas zonas. Contemplé la inflación, desde la óptica de la guerra, bajo la dirección de dos «Bancos de España» distintos. Y con paciencia y muchísima suerte, dispuse de una amplia información, deducida pieza a pieza, de notas y de comentarios incidentales en biografías de una larga lista de personajes que ocuparon puestos de responsabilidad en uno y otro bando, y que, sin pretenderlo, iban dejando en sus escritos huellas de pequeñas informaciones de tipo financiero que, contempladas en conjunto, aportaban algunas pistas, y confirmaban otras, que explicaban situaciones y comportamientos. Fue muy importante también, disponer de la documentación producida por las entidades financieras relativas al ejercicio diario de su actividad, una documentación notablemente amplia, y que se conserva en casi todas esas instituciones.

Pero lo fundamental de aquel período de reflexión fue que tuve ocasión de conocer a profesionales que vivieron la guerra desde puestos de responsabilidad financiera, y que me ofrecieron su plena colaboración en mi investigación, en la que ellos tenían mucho que decir. Porque todavía en aquellos momentos era importante el colectivo vivo de personas que habían presenciado la ruptura desde posiciones destacadas en instituciones financieras de relieve. Quiero destacar la preciosa información que me suministraron, entre otros, los banqueros Pablo Garnica y Luis de Usera. Tuve también la suerte, gracias a la colaboración de sus familias, de disponer de documentos originales del archivo particular de Luis Olariaga, y de trabajar con el «diario particular de guerra» y otra documentación del archivo privado de Víctor Artola, director general en aquellos momentos del Banco Guipuzcoano, que negoció con las autoridades la evacuación y posterior recuperación de los activos expoliados y de la documentación bancaria del País Vasco. Por otra parte, en mi acercamiento a lo que había sido la realidad de la banca y las finanzas de la guerra civil, pude disponer de una amplia información, a partir de entrevistas, personales y colectivas, con más de ciento cincuenta responsables de la banca española en la etapa de guerra, que me suministraron un total de 800 horas de entrevistas grabadas, lo que ha supuesto para esta investigación, tal como se verá, un verdadero filón informativo.

Pienso que las vivencias y experiencias personales que he podido utilizar, son realmente valiosas para evaluar «lo que pasó», supuesto que en períodos de conflicto revolucionario y de inestabilidad política, explican la realidad de cada momento, y el funcionamiento de las instituciones, mucho mejor que las propias disposiciones legales, e incluso que la misma documentación primaria. Ahora pienso que, sin su aportación, se habrían perdido «para todos» aspectos y detalles muy significativos de lo que «efectivamente pasó».

Ya en la Academia, seguí trabajando con los materiales que había acumulado, y acometí nuevas investigaciones. Descubrí que se habían producido fenómenos muy importantes de los que no se hablaba. Por ejemplo, una guerra monetaria. Y buscando fuentes de financiación, encontré, entre otras cosas, las actas de la Comisión Secreta de París, encargada de monetizar los metales y piedras preciosas, joyas y otros valores expoliados.

Fue entonces cuando decidí que, si de verdad quería conocer qué es lo que había pasado en los equilibrios económicos y financieros, y formar criterio sobre cómo se había financiado la guerra, lo que tenía que hacer era globalizar toda aquella información, considerándola como una unidad, aunque profundizando en cada una de sus partes. Una fórmula que respondía a mi convencimiento de que la historia financiera de aquella guerra fue tan compleja, que debería ser visualizada y descrita como un todo, para desarrollar, con posterioridad, sus diferentes componentes.

Cuando estaba preparando mis oposiciones a la cátedra de Hacienda Pública de la Universidad de Valladolid, me impresionó mucho una nota de Schumpeter[2]:

La historia fiscal de un pueblo es, sobre todo, una parte esencial de su historia general… El espíritu de un pueblo, su nivel cultural, su estructura social, los hechos que puede preparar su política, todo esto y más está escrito con claridad en su historia fiscal y sin retórica de ningún género… Aquel que sabe escuchar su mensaje discierne aquí el tronar de la historia del mundo con más claridad que en ninguna parte.

Creo que esto mismo podría aplicarse a la historia financiera.

En todo caso, y pese a todo el material del que hoy ya se dispone, quiero advertir que soy plenamente consciente del indudable peligro que entraña la tarea de enfrentarme al reto de relatar la historia financiera de aquellos momentos. Y que por ello me he esforzado al máximo por atenerme primordialmente a un solo patrón, tratar de coordinar dos esferas que siempre me han interesado, desde diferentes perspectivas. Por un lado, la historia económica, y por otro, la realidad de la actividad financiera, a la que he dedicado la mayor parte de mi vida profesional.

Casi todo lo que conocemos de la guerra civil se refiere fundamentalmente a su desarrollo político y social, a los avatares militares, o a la ayuda extranjera. En términos generales, sabemos cómo acabó y alguna de las razones económicas que justificaron el resultado final. Pero aún estamos muy lejos de tener una aproximación, suficientemente aceptable, sobre lo que lo financiero supuso en esa guerra. Hugh Thomas lo resumió, con muy pocas palabras, en la introducción a su obra La guerra civil española:[3]

Al final ganó la derecha, y en mi opinión, fue debido a cuatro razones primordiales. Organizó su unidad política mejor que la izquierda. Recibió una ayuda exterior superior a la obtenida por sus rivales. En tercer lugar, ya que la guerra se planteó como una confrontación convencional entre dos ejércitos, el hecho de estar dirigida la derecha por los más destacados artífices militares de la victoria española en Marruecos, representó un factor importante también. Finalmente, como toda guerra moderna, la civil fue un conflicto económico; una mejor administración de los recursos y unas ventajosas relaciones internacionales tuvieron que jugar, asimismo, un papel crucial.

Este trabajo se dedica, precisa y fundamentalmente, a profundizar en la razón cuarta, la que se refiere a las cuestiones económicas y financieras. Especialmente al análisis del origen y la administración de los fondos de los que cada uno de los bandos dispuso. Una cuestión sobre la que todavía queda mucho por conocer, y en la que se sigue trabajando en la actualidad, aunque es una realidad que el esfuerzo realizado por distintos historiadores en los últimos años para llenar ese vacío, ha sido notable y con resultados muy positivos.

Sabemos que la ruptura de julio de 1936 que produjo la escisión de España en dos zonas monetarias y financieras, que se dotaron de diferentes modelos económicos, planteó en ambos campos innumerables problemas y desequilibrios. Primero, en cada una de esas zonas, y una vez terminada la contienda, en el conjunto de la España unificada. Sin embargo, muy poco se ha profundizado en el origen, desarrollo y efectos de estos problemas, que desde el primer momento deterioraron los equilibrios económicos que se habían ido consolidando a través de los tiempos, y que, una vez superada la guerra, exigieron la búsqueda de nuevos caminos y soluciones.

Por supuesto, la reconstrucción de esa parte de nuestra historia no es precisamente fácil, entre otras razones, porque la información económica y financiera de la época es manifiestamente insuficiente. Y por ello, reconstruir «exactamente lo que pasó», a partir de materiales dispersos, constituye una tarea compleja y cargada de incertidumbres, a pesar de todas las cautelas metodológicas que puedan tomarse.

Es obvio que en España existe un «antes» y un «después» de la guerra de 1936-1939. Y desde luego, esto es especialmente cierto en lo económico y financiero, aunque este trabajo no pretende analizar ni ese antes, ni ese después. Simplemente trata de aportar información que ayude a enmarcar mejor el objetivo básico de estudiar lo que pudieron ser, en aquellos momentos, las finanzas de la guerra civil. Es decir, centrarse fundamentalmente en los aspectos financieros de ese «durante», de casi tres años, tan dramático en todos los órdenes de la vida española, y que tanta atracción ha ejercido sobre los intelectuales del mundo entero.

En esta línea, y para facilitar la lectura de las páginas que siguen, estas consideraciones introductorias, previas al estudio propiamente dicho sobre las finanzas de la guerra civil española, tratan de identificar el contenido de los próximos capítulos y la multiplicidad y variedad de los campos analizados, procurando destacar la recíproca interferencia de las distintas partes en el escenario de la coyuntura histórica en la que los hechos sucedieron. Se trata de ver las cosas en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, única fórmula para que puedan apreciarse e interpretarse interacciones, particularidades y procesos, que normalmente no se perciben cuando se estudian, uno por uno, los distintos aspectos que conforman el todo. Una visión que trata de buscar ese todo, que dice más cosas que la suma de las partes, y que pone de relieve la interdependencia de éstas.

Y así se hace, primero, para mejor entender, a partir de una visión global previa, «qué es lo que pasó». Pero especialmente para conocer, al menos en una primera aproximación, «cómo sucedió». Porque, en un momento determinado, nuestro país se escindió, súbita y prolongadamente, a lo largo de casi tres años, en dos zonas o sub-Estados, cada uno con su modelo económico y financiero, pretendiendo ambos una identificación excluyente y exclusiva con el todo del que se había segregado. Al final, y terminada la guerra, se llevó a cabo la reunificación. Y es esto, precisamente, lo que hace que aquella historia constituya hoy un caso de laboratorio.

Como es lógico, ese proceso exige antes definir y clarificar cada una de las parcelas en las que puede dividirse el contenido económico-financiero de la guerra de 1936. Y hacerlo desde el horizonte temporal en que se vivió, en su preparación, en su desarrollo, y en su final. Y exige, una vez superada la contienda, el tratar de relatar cómo ese conjunto se enfrentó y resolvió los problemas de la posguerra.

Un análisis que debe abordarse a partir de los materiales y de la información existente, pero también de ciertas hipótesis que se irán explicitando. En todo caso, hay que dejar claro que hoy ya estamos en condiciones de contestar a preguntas para las que hasta hace no mucho tiempo no se disponía de respuestas válidas. Y esto es muy importante, porque la pregunta es una herramienta muy útil para la historia. Preguntas tales como por qué vías se desarrolló el desdoblamiento financiero institucional del 18 de julio. Cómo se financió la guerra en cada uno de los dos bandos. O cuál fue el papel que en ello jugaron las instituciones financieras tradicionales, la ayuda internacional, o la sociedad. También estamos en condiciones de definir y describir, con una cierta precisión, cómo se fueron resolviendo los desequilibrios económicos y financieros que la guerra ocasionó. Y, desde luego, podemos inventariar los instrumentos de que cada uno de los dos bandos disponía, o no disponía, para la planificación financiera y monetaria en una situación tan específica.

En primer lugar, y para describir con precisión el sentido y la realidad de lo que verdaderamente sucedió, resulta imprescindible preguntarse por lo que, al iniciarse el conflicto, eran y significaban la economía y las finanzas españolas en el conjunto del país. Es decir confirmar el modelo. Y necesario definir cómo, una vez iniciada la guerra, cada uno de los dos escenarios en que España se dividió, trató de convertirse en una unidad autónoma, aunque condicionada en su estructura económica por la especial configuración de la economía del territorio sobre el que estaba asentada y por la política que en cada caso se estableció. Y preguntarse cómo, y a partir de qué estrategia, esos espacios tuvieron que evolucionar buscando optimizar su contenido económico y financiero.

Se trata de analizar cómo ambos bandos intentaron, y en qué medida lo consiguieron, alcanzar de nuevo el equilibrio perdido en los diferentes parámetros económicos y financieros. Y muy especialmente, cuáles fueron las estrategias que cada uno de ellos puso en marcha para asegurar, desde los primeros momentos, la financiación de las armas y del petróleo, la regulación del sistema de pagos, la política monetaria, o el control de la masa fiduciaria de su zona, para evitar lo que se veía venir, y que, al final, tuvo mucha importancia en el resultado de la contienda, el pánico financiero primero y el desabastecimiento y la inflación después. Y más tarde, y ya en plena guerra, cómo se desarrolló la difícil convivencia entre la peseta republicana y la peseta de Burgos. Cómo el Banco de España de cada uno de los dos bloques ayudó, o no ayudó, a potenciar esa estrategia. Y especialmente los instrumentos que cada uno de los dos bandos utilizó para planificar su política económica y financiera.

Es importante preguntarse, por ello, por el modelo económico que utilizó cada uno de los dos bandos, en función de su contenido ideológico y de los compromisos que se habían aceptado. Un análisis del que se desprende, como veremos más adelante, que el modelo del que se dotó la República fue de corte revolucionario y anticapitalista, con algo de anarquismo, mientras que el del Gobierno de Burgos fue absolutamente intervencionista, con voluntad de control de corte militar, que impuso desde el primer momento un dominio absoluto sobre todas las actividades, y sobre los recursos financieros, dirigido al exclusivo objetivo de ganar la guerra.

Y en esta línea, es necesario profundizar también en algo que luego resultó tener verdadera importancia en el curso de la guerra, es decir, el componente territorial de cada una de las dos economías. Porque la República se apoyó en una amplia descentralización regional, de tal manera que vascos y catalanes dispusieron de una organización política propia, lo que les permitió conseguir, prácticamente, la independencia monetaria, asumir facultades legislativas y ejecutivas, y al final, casi una independencia total. Hubo más regiones con vocación de autonomía de forma que en el territorio de la República llegaron a coexistir seis Gobiernos con plenos poderes y con esquemas jurídicos e institucionales propios. Y fue esto lo que impidió al Gobierno republicano desarrollar una política económica coherente.

Igualmente hay que preguntarse cómo se financiaron las primeras acciones directas contra la República en la etapa previa de la conspiración, cómo se financió la sublevación de los que propiciaron el golpe de Estado, y con qué recursos se mantuvo una guerra tan larga. Porque cada una de estas tres etapas requirió una aproximación financiera distinta.

En la primera etapa, la reacción contra la República comenzó en fecha tan temprana como el 14 de abril de 1931, día en el que se constituyó, y en el que un grupo de personajes significativos se propuso derrocarla «por todos los medios». Y fue, inmediatamente a partir de ese momento, cuando se definieron las fórmulas para recaudar los recursos necesarios que exigía una futura sublevación. En esta línea, y posteriormente, constituyó una ayuda muy importante la de Mussolini, al que en marzo de 1934 visitaron un grupo de carlistas, monárquicos y militares que deseaban «alzarse» contra la República. Le pidieron ayuda, y de él recibieron en aquel mismo momento dinero, y la promesa de armas en el futuro.

En la segunda etapa, la sublevación, hay que preguntarse por los recursos de que ésta dispuso. Entre otros, destacaron los puestos a disposición de Mola por Juan March. Portugal ayudó también mucho, ofreciendo su territorio como base geográfica, su apoyo político, y sus recursos financieros. Y contribuyeron significativamente los carlistas, con su obsesión por buscar dinero para comprar armas «para la próxima lucha contra la República», y con su excepcional sistema de cuotas, establecido desde 1934, que les obligaba a contribuir al «Tesoro de la Tradición» con una suma por lo menos igual a la pagada en imposición directa al Estado. También ayudó mucho la Diputación Foral de Navarra, que disfrutaba de la capacidad de crear impuestos y recaudarlos, y que desde el primer día puso ese sistema a disposición de la sublevación.

En cuanto a la tercera etapa, la guerra, se trata de conocer cómo cada uno de los dos bandos definió los mecanismos e instrumentos concretos para financiar la contienda. Es decir, el uso que cada uno de ellos hizo de su entorno financiero, interior y exterior, cómo administró sus posibilidades, y cuáles fueron los resultados logrados.

En primer lugar, ambos Gobiernos recurrieron a la financiación exterior, aunque la República se enfrentó desde el principio a un alto recelo de la banca internacional, sin duda por miedo a que si ganaba la guerra, España se convertiría en una república bolchevique. Y por ello, los mercados le fueron abiertamente hostiles, hasta el punto que el escaso crédito de que dispuso procedió en su totalidad de la Unión Soviética. Por el contrario, la financiación exterior del Gobierno de Burgos fue muy amplia y generosa, destacando la ayuda de Italia y de Alemania. Al final, con este último país se plantearon graves problemas, porque intentó cobrar muy cara su colaboración, al contrario de Italia, que fue sorprendentemente generosa en la liquidación final de su ayuda. También Portugal ayudó a Burgos a financiar la guerra, especialmente en las primeras semanas, cuando los recursos eran escasos. Fueron importantes las aportaciones de Salazar y las de los grandes empresarios. Y en relación con la búsqueda de financiación exterior, no puede olvidarse el duro y complejo enfrentamiento del Gobierno republicano y el de Burgos por hacerse con la red bancaria española en el exterior.

Para la República constituyó también una importante fuente de financiación la venta del oro y de la plata del Banco de España. A esta cuestión se dedican dos capítulos en este trabajo. Uno que analiza cómo se tomó la decisión de vender el oro, la sistemática de las ventas, el traslado del oro a Moscú, los problemas jurídicos que planteó, y el complot anarquista que, en el desarrollo de la operación, se montó para robar el oro de los sótanos del Banco de España. El otro trata de dar cuenta del contenido de «los papeles de Negrín», de lo que la Unión Soviética informó en relación con la liquidación del oro, y del debate en relación con la administración de los fondos que el oro generó.

Ambos bandos utilizaron también como fuente de financiación los importantes anticipos que les fue suministrando el Banco de España de su respectiva zona, lo que planteó problemas a la hora de cancelar el crédito. Y el Gobierno de Burgos utilizó la vía del «aplazamiento de pagos», en relación con los suministros de guerra. Hubo otras muchas fórmulas para la obtención de fondos. Entre otras fueron importantes, la exigencia de responsabilidades políticas, las aportaciones privadas, las suscripciones e incautaciones, o la recogida oficial de divisas, joyas y piedras preciosas. Como se sabe incluso se llegó al descerrajamiento de las cajas de alquiler.

En cuanto se refiere a la exigencia de «reclamaciones políticas», tanto el Gobierno de Burgos como el de la República utilizaron esta fórmula como método de financiación. La República lo justificaba en que los daños que estaba ocasionando la contienda deberían ser satisfechos por aquellos que habían participado, directa o indirectamente, en el «movimiento rebelde». Y para ocuparse de esa contribución se creó la Caja General de Reparaciones de daños derivados de la guerra civil. Por su parte, el Gobierno de Burgos estableció una serie de medidas de incautación de bienes contra los responsables directos o subsidiarios, por acción o inducción, de la oposición al «movimiento nacional». Ambos bandos utilizaron hasta tales extremos este mecanismo de recaudación que, en el caso del Gobierno de Burgos, pronto se planteó la necesidad de abolir el sistema, porque estaba produciendo un colapso en el tejido económico.

Ambos Gobiernos recibieron o exigieron también aportaciones, tanto personales como institucionales, de todo tipo, pero especialmente monetarias. Fueron especialmente importantes, las que el Gobierno de Burgos recibió de Juan March, que puso la Banca Kleinwort al servicio de los sublevados, facilitó los aviones que Franco necesitaba para que sus tropas pudieran atravesar el Estrecho y aportó la credibilidad financiera necesaria frente a terceros. O las ayudas de Cambó. O las de algunos grupos de judíos, que muy pronto se posicionaron, unos a favor de la República, otros, los menos, a favor del Gobierno de Burgos.

La actividad presupuestaria desempeñó, como era lógico, un importante papel en la financiación de la guerra de cada uno de los dos bandos. Así sucedió en la República, a partir de los presupuestos generales aprobados para los años 1937, 1938 y 1939, reforzados por los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, y por abultados complementos de financiación que se fueron añadiendo de los «fondos reservados» que manejaba la Presidencia del Gobierno. También en el Gobierno de Burgos los presupuestos jugaron un relevante papel, aunque éste no dispuso del aparato técnico que exigía la actividad presupuestaria, que permaneció en su totalidad en poder de la República. Por ello, Burgos tuvo que renunciar a los históricos presupuestos anuales, sustituyéndolos por una especie de presupuestos «informales», que se hacían mes a mes, en función de las necesidades a cubrir y de las diferentes fuentes de financiación de que se iba disponiendo. Es una suerte que esos documentos presupuestarios fueran, al final, consolidados, lo que nos permite en estos momentos conocer con bastante aproximación, como veremos, esa partida del coste de la guerra civil.

En cuanto al papel que jugaron en la financiación de la guerra civil la banca y las cajas de ahorros, ambos bandos dispusieron de la parte de las redes bancarias que les correspondió en la ruptura física y legal del sistema bancario que se produjo el 18 de julio. Una ruptura de tal magnitud, que produjo una radical separación entre unas sucursales y otras, y de muchas de ellas con sus casas centrales, alterando sensiblemente el mercado financiero. Ello constituyó una experiencia sin antecedentes, porque también aparecieron en escena dos «Bancos de España». Pese a ello, el sistema se mantuvo operativo, y la banca de cada bando continuó cumpliendo su misión como pudo, ayudando a su entorno a sobrevivir, y ofreciendo a cada uno de los dos Gobiernos un apoyo notable.

El análisis que sobre el comportamiento del sistema financiero se hace en las páginas que siguen, se ha basado en preguntarse, una vez más, qué y cómo sucedió. Es decir, volver al sistema de preguntas y respuestas. Preguntarse cómo una parte importante del sistema pudo operar de espaldas a sus sedes centrales, pero cumpliendo con su misión en circunstancias tan especiales. Cómo se comportaron los depósitos. Cómo se reguló el crédito. Qué tipo de operaciones se hacían. Qué sucedió con los tipos de interés. Y, al final, cómo se comportaron las cuentas de explotación de las entidades financieras en los años de guerra.

Y preguntarse, muy especialmente, cómo fue posible que la banca y las cajas de ahorro atendieran a la población desplazada que, huyendo de su lugar de residencia, terminaba solicitando ayuda en forma de créditos «faciales» o anticipos a cuenta, en sucursales que no eran geográficamente las suyas, y en las que no se disponía de sus antecedentes. Unas operaciones que terminaron haciéndose con bastante normalidad, y que se convirtieron en un mecanismo de corrección de muchos de los desajustes financieros provocados por la guerra. O preguntarse qué suerte corrieron los consejos de administración. Qué pasó con los equipos directivos. Cómo se iban incorporando al Banco de España de Burgos los territorios conquistados. Qué papel jugaron las juntas generales del Banco de España, que cada uno de los dos bandos convocó durante la guerra. Y qué rumbo tomó el sistema financiero bajo el Gobierno de la República en aquellos territorios que disponían de un alto grado de autonomía, como el País Vasco y Cataluña.

Hay que preguntarse por los requerimientos financieros «de tipo político» de que fue objeto la banca, y que tanto proliferaron. Y plantearse el fenómeno de las incautaciones de cuentas y saldos personales, que como mecanismo de defensa, dio lugar a la fórmula «acatar pero no cumplir». Preguntarse también qué eran, y cómo funcionaban, los llamados «comandos financieros», una iniciativa que nació espontáneamente en algunos bancos, que desplazaban apoderados a las primeras líneas del «frente», a veces acompañando a las tropas, para controlar y estabilizar la situación de aquellas sucursales que cambiaban de bando al compás de los avances militares. Y preguntar algo para lo que todavía tenemos una pobre respuesta, ¿cómo se consiguió la alta permeabilidad que existió entre las dos zonas en cuanto a cuestiones financieras?

En otro orden de cosas, también es necesario preguntarse por otras cuestiones de tipo financiero típicas de aquellos momentos de guerra, pendientes hasta hace muy poco de investigación, pero que venían exigiendo una primera exploración, o al menos un reconocimiento histórico de su existencia como problema. Entre otras, qué hizo el Gobierno de Burgos con los billetes republicanos que iba confiscando en sus avances. Porque resulta que, al final, éstos terminaron utilizándose como arma de guerra a favor de los sublevados, a partir de un «fondo de papel moneda puesto en curso por el enemigo», lo que constituyó una verdadera «guerra monetaria», que sirvió para financiar las «quintas columnas» que los sublevados tenían infiltradas en territorio enemigo, y para hundir la cotización de la peseta republicana en los mercados exteriores. En todo caso, ya se puede documentar que existió un ambicioso proyecto institucional, apoyado por los servicios de información, para utilizar la moneda republicana como arma de guerra.

Al final, y al cabo de 33 meses, el conflicto terminó. Y en relación con el nuevo período que en ese momento se abría, la pregunta que hay que hacer es cómo se planificó la transición del sistema financiero. La respuesta, a su vez, hace necesario explicar con detalle cuáles fueron las soluciones que se contemplaron para volver a la unidad, y a través de qué mecanismos se hicieron operativas. Es decir, cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron para unificar dos economías que habían vivido totalmente separadas, teniendo en cuenta que, durante todo ese tiempo, cada una de ellas había recreado y reformulado todas las instituciones básicas, en lo económico y en lo financiero. Dos economías que se habían dotado de personalidad propia, de estrategias adaptadas a su momento, de dotaciones operativas, y de un marco legal específico. Una operación, sin duda compleja, que llevó tiempo, y que planteó abundantes problemas técnicos y especialmente graves, de tipo político y en algunos momentos ético.

El primer objetivo fue poner en pie un sistema productivo que se encontraba destrozado por la guerra, duplicado, con importantes problemas en su seno, y al que había que reducir a una sola unidad y a un único modelo. Y esto implicó grandes cambios. El más urgente fue desmilitarizar las industrias, para que éstas volvieran a la normalidad. Aunque esta normalización no pudo ser plena, porque había que supeditarla a la férrea política de control que el Gobierno de Burgos había establecido durante el conflicto, y que no se deseaba cambiar de ninguna manera. En todo caso el mismo primero de abril de 1939, en que oficialmente la guerra se dio por concluida, ya se hizo pública la estrategia para la transformación del tejido industrial, y cuatro días después, ya se iniciaba ese proceso. Aunque, como es bien sabido, los niveles prebélicos de producción no se alcanzarían hasta el comienzo de la década de los años cincuenta.

El problema medular más urgente fue la unificación del sistema monetario, en la medida en que cada bando se había dotado de una moneda distinta, cada una con su problemática. En primer lugar, el derrumbe territorial de la República puso de manifiesto la existencia de una masa muy importante de moneda que necesariamente había que eliminar. Por otra parte, la peseta de Burgos vivía en precario por la pérdida del tradicional respaldo de un oro que al principio de la guerra se había vendido, y por la necesidad de refundir las dos economías financieras.

Desde el punto de vista financiero la prioridad fue refundir y sanear los balances de los dos «Bancos de España». Cada uno había actuado con plena independencia, y sus balances recogían comportamientos muy diferentes. En consecuencia era urgente llevar a cabo una delicada operación de regularización, lo que posteriormente dio lugar a muchos y graves problemas. La técnica fue cancelar en el balance del Banco de España de Burgos consolidado, todas las cuentas de activo y pasivo republicanas. A la vez, el Estado creaba una «deuda especial», constituida por un solo título nominativo, a vencimiento indefinido y sin interés, que fue entregado al Banco de España como activo compensatorio de las pérdidas que había sufrido su balance. Fue una operación muy controvertida porque, al final, una parte muy importante del coste de la guerra tuvo que ser absorbido por el propio Banco de España, que en aquellos momentos era una institución de propiedad privada.

Por lo que respecta a los anticipos, también sin interés, del Banco de España al Gobierno de Burgos, que ascendían a 10.100 millones, se decidió amortizarlos, al ritmo de 10 millones anuales. Algo verdaderamente sorprendente.

Otro problema lo planteaba la altísima inflación que se había producido en la zona republicana que implicaba un grave peligro de contagio para el territorio del Gobierno de Burgos, y para el desarrollo de la economía de la posguerra. Cómo era esta realidad, y cómo se solucionó, es otra pregunta a formular. Fue muy sencillo. Para evitar el contagio, y antes de terminar la guerra, se había puesto en marcha la operación «bloqueo», un proceso de confiscación de la moneda republicana, promovido y ejecutado a medida que las tropas avanzaban, cuyo objetivo era dejar reducidas las dos circulaciones a una sola, y de tamaño ajustado a la economía española. En aquellos momentos el compromiso era que, al finalizar la guerra, se buscarían procedimientos para resolver esa situación de manera definitiva. La cuestión era realmente compleja, y para buscar la solución se abrió un amplio debate político y técnico, que más adelante se explica con detalle.

Al final, la Ley de Desbloqueo que se aprobó liberó una parte de las cantidades previamente bloqueadas, y cumplió el objetivo de restablecer la unidad monetaria en todo el Estado, evitando que dicho proceso se tradujera en tensiones inflacionistas insostenibles, en un momento clave de la reconstrucción de la economía española. Sin embargo, alteró en gran manera la posición económica de instituciones, y en especial de personas.

Ahora, setenta años después, parece necesario preguntarse por aquella operación, y cuáles fueron sus resultados. En su dimensión técnica, la valoración que debe hacerse de la Ley de Desbloqueo es, en términos generales, positiva. Y, desde el punto de vista de la equidad, la pregunta a hacerse es si los mecanismos de devolución fueron justos, o si, de alguna manera, fue una ley de represalia para los vencidos. Al día de hoy parece claro, como se verá, que en el caso de los coeficientes de conversión no aparecen en el proceso índices que permitan sospechar que se tratara de hacer recaer el coste de la contienda sobre las antiguas zonas republicanas. Aunque su cálculo no pudo hacerse con rigor.

La transición del sistema financiero desde una economía de guerra exigía también la búsqueda de los activos expoliados para devolverlos a sus legítimos propietarios. Por otra parte, y para que el sistema bancario pudiera seguir operando con normalidad era imprescindible reconstruir las contabilidades bancarias, que también habían desaparecido. Ni una ni otra cosa fue fácil. Pero se hizo. Se ha podido documentar con detalle la evacuación al exterior de las contabilidades, archivos y valores, y también su recuperación posterior. Especialmente el viaje de ida y vuelta de los activos y documentos del País Vasco, que se considera paradigmático, porque después de largos y costosos pleitos en los tribunales de Francia, Holanda y Reino Unido, una buena parte regresó a España. Como es lógico, la devolución de los activos supuso posteriormente un laborioso y largo proceso de búsqueda de los propietarios, para lo que incluso fue necesario organizar exposiciones públicas. Un proceso que, pese al tiempo transcurrido, todavía no ha podido ser cerrado.

Para perfilar en toda su extensión «lo que pasó» en relación con la guerra civil, hay que preguntarse también sobre el contenido financiero del exilio, y sobre la administración republicana de los fondos que antes de acabar la contienda se habían remitido al exterior. El Gobierno de la República, después de perdida la guerra, y mientras esperaba regresar a España, ejerció sus funciones en el exterior, manteniendo y financiando, por una parte, el aparato gubernamental fuera de sus fronteras, y por otra el sostenimiento de la masa de exiliados que había tenido que abandonar España. Para ello, y previendo el final de la guerra y el alto volumen de financiación que ello iba a exigir, la República ya había empezado, antes de terminar la contienda, a acumular recursos para constituir un fondo que pudiera financiar el exilio. El llamado «tesoro de Negrín». En principio, este tesoro se había constituido para financiar la guerra, pero a partir de un determinado momento, cuando el Gobierno republicano vio claro que ésta se iba a perder, su destino cambió. Un cambio solemnizado por un acuerdo de los cinco presidentes, el de la República, el de las Cortes, el del Gobierno republicano, y los de los Gobiernos de Cataluña y el País Vasco. Un pacto de caballeros para administrar conjuntamente en el exilio los recursos disponibles, tal como se explica más adelante. Pero un pacto de caballeros que nunca se cumplió.

La realidad de esos recursos se explicitó formalmente en el momento de la voladura del castillo de Figueras, donde había ido concentrándose una parte muy importante del oro, piedras preciosas y valores confiscados desde el principio de la guerra. Pero donde también se almacenaban 700 toneladas de explosivos, que fueron explosionadas para que no cayeran en manos del enemigo. Una historia realmente apasionante.

En todo caso, era necesario preguntarse por la realidad de aquel tesoro, por el proceso de su formación, por su contenido, por su destino, y desde luego por la administración que de esos fondos hicieron las dos instituciones que para ello se constituyeron: el «Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles», el SERE de Negrín, y la «Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles», la JARE de Prieto.

En orden a interpretar las magnitudes monetarias de distintos momentos en el tiempo, y para suministrar materiales válidos que permitan interpretar mejor todo ello, se ha incluido un capítulo sobre «Precios y cotizaciones». En él se ofrece información sobre el comportamiento de los índices de precios durante toda la contienda, en cada uno de los dos bandos. Incluye también información sobre la estimación de los índices de precios de la España unificada, y sobre la conversión a euros de las distintas monedas que se utilizaron en las operaciones internacionales, incluido el caso especial de la cotización del rublo. Con esa información debe ser posible calcular, con una cierta aproximación, lo que realmente significan en cada momento, las distintas referencias a ingresos o gastos, que en las fuentes de origen se van ofreciendo.

Es posible, sin embargo, que para grandes magnitudes, los tradicionales índices de precios puedan no ser válidos. Y por ello, ha parecido necesario dotarse de algún otro instrumento, que permita, en determinadas circunstancias, interpretar mejor la trascendencia cuantitativa de cada una de las grandes operaciones, y lo que cada una de ellas significó, en su contexto y en su tiempo, en relación con parámetros homogéneos del presente. Es decir, contestar a la pregunta. ¿Y esa magnitud, qué representaría hoy?.

En esta línea, se sugiere que un buen instrumento, alternativo o complementario a los tradicionales índices de precios, puede ser definir la paridad que se busca a partir de la «capacidad relativa real de gasto equivalente», tratando de encontrar, para una cantidad monetaria del momento básico que se desea actualizar, el equivalente «hoy», en términos del «esfuerzo de gasto» que conllevaría generar o disponer de esa renta. Como en ese capítulo se explica, se puede llegar a ese valor comparativo con una cierta aproximación, utilizando la relación existente entre la renta per cápita de la fecha en que se produce la operación que queremos actualizar y la de hoy. Es decir, buscando el número de «rentas per cápita» que fue necesario utilizar en su momento para financiar la operación de partida cuyo valor se desea actualizar, y expresar esa cifra como equivalente actualizado en lo que hoy supondría, en moneda corriente, ese mismo número de «rentas per cápita».

Alguna de las cuestiones que se plantean en los capítulos que siguen ya han sido abordadas con anterioridad por el autor en diversas publicaciones de la Real Academia de la Historia. Y, poco a poco, y a través de ellas, se han ido cerrando y completando aspectos parciales de lo que, al final, ha resultado ser un cuadro general de cómo discurrieron en realidad la economía y las finanzas de cada uno de los dos bandos.

En todo caso, la forma en que se abordan los distintos problemas en estas páginas puede parecer compleja. Quizá demasiados planteamientos. Demasiadas preguntas. Demasiados planos y situaciones de un mismo fenómeno. Pero en la Historia nunca sobrará un nuevo corte, o una nueva información, al planteamiento general de querer conocer «lo que sucedió». Y esto es especialmente cierto en la búsqueda de la interpretación y del verdadero sentido de lo que fue la guerra civil de 1936 que, supuesta su complejidad, exige muchos análisis parciales, y distintos ángulos de observación. Todos los que sean posibles. A eso trata de ayudar esta «Introducción», que al final se ha convertido en un resumen, muy sintético, de lo que se explica con más detalle en los capítulos que siguen.

En todo caso tengo que decir que no considero cerrados los resultados de mis estudios sobre la guerra civil. Cometería un grave error si así lo entendiera, porque tengo asumido que en el conocimiento histórico, el progreso pasa necesariamente por la complementariedad investigadora, en la que los puntos de anclaje de unos trabajos son, y así tiene que ser para que nuestro conocimiento avance, referencias que constituyen puntos de partida para ulteriores planteamientos.

Con estas páginas pretendo también animar a aquellos que, por sus estudios sobre estas cuestiones, o por la información de que puedan disponer, estén en condiciones de añadir algo a esta pequeña parte de nuestra historia, a que lo hagan. Trato también de animarme a mí mismo a seguir en esta gratificante tarea.

Por ello, y una vez más, quiero dejar claro que, tal como señala su título, este trabajo sólo pretende ser «una aproximación histórica a la financiación de la guerra civil española». Porque, al final, no es más que un acarreo de materiales, laboriosamente acumulados a lo largo de muchos años de búsqueda y contraste, y unas consideraciones que a veces pueden ser personales, muy personales, que tratan de profundizar en la interpretación de lo que supuso la guerra civil de España en los parámetros económicos y financieros del país. Al menos, así se ha pretendido, desde la inquietud analítica y desde la más pura curiosidad científica y de respeto a lo que es la Historia. Por ello pienso que todavía no ha llegado el momento de hablar de «una Historia», porque la realidad es que son muchos los espacios de conocimiento que aún deben completarse antes de que esa «Historia» pueda escribirse.

En todo caso, al terminar esta introducción, tengo que decir que he hecho grandes esfuerzos por lograr un tratamiento lo más objetivo posible, lejos de las posiciones ideológicas o políticamente apasionadas que todavía suscita el estudio de nuestra guerra civil. Y lo digo precisamente, porque me doy cuenta de lo difícil que resulta comportarse de acuerdo con lo que se ha llamado la «subjetividad equilibrada».[4] De ahí que, aún siendo consciente y partícipe de las desconfianzas que Schumpeter manifestara en la introducción de su Historia del análisis económico sobre las dificultades de lograr realmente esa subjetividad,[5] haya insistido en superarlas, aunque sé que cada uno de nosotros somos fruto de nuestro contexto histórico y de nuestras circunstancias personales y humanas, en el ámbito de la cultura en que nos movemos y realizamos socialmente.

No puedo cerrar esta «Introducción» sin dejar testimonio de mi agradecimiento a todos los que, desde distintos campos, y en diferentes cuestiones y momentos, me han ayudado en el discurrir del largo período que ha exigido el desarrollo de este trabajo. Han sido muchos, como puede verse en el texto. Y sin ninguna duda, su apoyo, sus sugerencias, y su directa colaboración, han resultado determinantes para que las páginas que siguen hayan podido ver la luz. Porque la necesaria sistemática de acumulación de datos, la búsqueda de terminales de información, la definición de nuevos campos y, sobre todo, el contraste necesario para acotar la realidad, requería de todo tipo de ayudas. Tengo que agradecer también aportaciones no esperadas, de enorme valor, que se produjeron como consecuencia de alguna de mis publicaciones sobre cuestiones relativas a la guerra civil, especialmente del texto de mi discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia en abril de 1992. Porque, al conocer que alguien se estaba interesando por aquella problemática sobre la que tenían algo que decir, fueron muchos los que no dudaron en ofrecerme su colaboración. Sus informaciones, y los materiales que de ellos recibí, resultaron ser en muchos casos realmente valiosos, me descubrieron nuevos puntos de vista, y me pusieron en el camino de alcanzar objetivos más ambiciosos. Como es lógico, la responsabilidad de todo lo que en estas páginas se dice, sólo la asume el autor.

He dispuesto pues de muchas ayudas. Pero como fuentes de información fundamentales, sobre las cuestiones económicas y financieras que planteó la guerra civil, me he apoyado especialmente en cinco grandes instituciones que me proporcionaron una parte muy importante de la información de la que en esta obra se da cuenta. La Biblioteca de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, el Archivo General del Ministerio de Economía y Hacienda, el Archivo Histórico del BBVA, el del Banco de España, y el de la Fundación Universitaria Española.

La Biblioteca de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas data de 1857. Su artífice y primer bibliotecario fue el economista Manuel Colmeiro. Cuenta con más de 140.000 volúmenes que, en una parte muy importante, son donaciones de académicos y economistas que le legaron sus bibliotecas y sus archivos personales, como Flores de Lemus, Sánchez de Toca, Zumalacárregui, Perpiñá Grau, Paredes, o Fernández de la Mora. A ellos hay que sumar los 80.000 nuevos volúmenes y 1.600 títulos de revistas de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS), recientemente incorporados. Hoy, la Biblioteca de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas es una de las principales bibliotecas españolas en ciencias sociales, destacando, sin ninguna duda, sus fondos sobre la guerra civil.

El Archivo General del Ministerio de Economía y Hacienda es indiscutiblemente una fuente imprescindible a la hora de analizar la economía y las finanzas de la guerra civil. Es una realidad que mucha de la documentación producida durante esos años se perdió en los momentos de la contienda o inmediatamente después, especialmente por la destrucción de documentos por los republicanos ante la llegada de las tropas franquistas, y posteriormente las ventas reiteradas de papel, promovidas oficialmente para paliar su escasez.

Pero los documentos que han llegado hasta nuestros días, se han conservado muy bien en el Archivo General del Ministerio de Economía y Hacienda. De entre ellos, uno de los más importantes para este trabajo ha resultado ser sin duda la Cuenta General del Estado. Especial de los años 1936 a 1939, cuya formación refleja la preocupación del ministro Larraz por obtener información fiable sobre el estado en que quedaron las cuentas públicas. Particularmente han sido útiles, para conocer las fuentes financieras del Gobierno de Burgos, la contabilidad de HISMA, los expedientes en los que se definieron los importes finales de los préstamos de los Gobiernos alemán, italiano y portugués, los saldos de cuentas bloqueadas sobre los que se aplicó la legislación de desbloqueo, los informes sobre las incautaciones realizadas por responsabilidades políticas, y las leyes y decretos de 1 de abril de 1939, y sus antecedentes, clasificados en su día como reservados. Para conocer las medidas de financiación dictadas por el Gobierno republicano, han resultado ilustrativos los presupuestos generales del Estado de 1937 y 1938, así como las actas en las que se recoge la actividad de la Caja General de Reparaciones.

El Archivo Histórico del BBVA, el primero de la banca privada en España, es sin duda un fundamental centro de referencia para el conocimiento de nuestra historia financiera, y lo es especialmente en lo que se refiere a la guerra civil. Un «archivo de archivos», con más de 14 kilómetros lineales de documentación sobre el sistema bancario, una notable documentación de empresas y de grupos familiares, y especialmente abundante información sobre las instituciones que jugaron papeles importantes en lo financiero durante la guerra civil. Constituyen verdaderas joyas históricas de este archivo, las memorias e informes que remitían a sus superiores cada una de las sucursales del antiguo Banco de Bilbao, con su visión a pie de plaza de lo que iba sucediendo durante la guerra, en lo económico y financiero, en cada momento y en cada una de las dos zonas. Todo ello se complementa con el archivo sonoro de entrevistas sobre la guerra, ya mencionado, un testimonio de primera magnitud por su cercanía al escenario donde los acontecimientos se desarrollaron. A través de esta historia oral se pueden conocer testimonios de primera mano sobre la situación social y económica durante la guerra, sobre el proceso de apertura de cajas de alquiler, y sobre las incautaciones. Entre otros muchos aspectos, allí se conserva información sobre el traslado a Francia de los valores y contenidos de las cajas de alquiler, sobre el proceso de devolución de estos activos a España, o sobre cómo fueron los momentos en los que una oficina bancaria pasaba del control de un área a otra, según el movimiento de las tropas.

El Archivo Histórico del Banco de España ha sido también una importante fuente de información para este trabajo, en la medida que una parte muy notable de la actividad y de la documentación que refleja los aspectos monetarios de la contienda, se conserva en sus dependencias. En este archivo se puede acceder, entre otros muchos documentos de interés, a las actas de los consejos de administración de los dos «Bancos de España», a prácticamente la totalidad de la información que se relaciona con la venta del oro a Francia y Moscú, o a los «papeles de Negrín». Allí se encuentran también los distintos estudios que se hicieron, en diferentes momentos, sobre el cambio de la peseta, sobre el tipo de interés, o sobre la cancelación de los depósitos en billetes del Banco de España sujetos a revisión, las memorias leídas en las junta generales de accionistas del Banco de España en ambas zonas, en los años 1938 y 1939, el Dictamen de la Comisión para el estudio de la liquidación del régimen de bloqueos, el cálculo de coeficientes que se utilizó en esta operación, o distintos estudios sobre la normalización contable del Banco de España.

La Fundación Universitaria Española cuenta con más de 100.000 volúmenes y 2.000 publicaciones periódicas. En ella está depositado el Archivo de la II República española en el exilio, que permite estudiar en profundidad todos y cada uno de los problemas a los que se tuvo que dar respuesta en relación con la emigración española al finalizar la guerra. Está integrado por el Fondo París, el Fondo México, el Fondo Chile, y el Fondo Epistolar de Claudio Sánchez Albornoz. También se encuentran en esa Fundación el Archivo Gordón Ordás, el Archivo Antonio María Sbert, el del Conde de Campomanes y el de Pedro Sáinz Rodríguez. En ellos puede encontrarse amplísima y muy significativa información sobre la guerra civil española en el exilio, y abundantes expedientes personales de refugiados. También se conservan allí documentos tan importantes como la correspondencia entre los gestores de la JARE y los responsables de la República en relación con la liquidación final de los fondos del exilio.

Este trabajo debe mucho a los responsables de cada una de estas cinco organizaciones, punteras en la acumulación de información sobre la guerra civil. Y ello me obliga a hacer público, desde esta «Introducción», el agradecimiento a los que las dirigen, por unas colaboraciones que han hecho posible el estudio y análisis de una parte muy importante de la información que conservan.

En primer lugar, a Pablo Ramírez Jerez, director de la Biblioteca de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por su ayuda en el largo discurrir de este trabajo, y especialmente por la localización, a veces verdaderamente difícil, de la documentación que iba siendo necesaria en las distintas fases de esta investigación. Su colaboración ha sido realmente notable, dada la dimensión y contenido de la institución que con tanto acierto dirige. Y lo ha sido también por su excepcional capacidad de comunicarse con la compleja red informal que existe entre responsables de archivos y bibliotecas, dentro y fuera del país, que le permite disponer y facilitar las más complejas informaciones en tiempo récord. Todo ello ha enriquecido en alto grado los capítulos que siguen.

Agradecimiento a Agustín Torreblanca, director del Archivo General del Ministerio de Economía y Hacienda, que me ha hecho posible disponer de documentación, en muchas ocasiones inédita, sobre cuestiones básicas, para entender bien cómo fue la guerra civil en términos financieros. Conoce a la perfección «su» archivo y, por otra parte, también conoce a la perfección cuáles fueron las más importantes decisiones que, en cada momento, se tomaron en relación con las cuestiones económicas y financieras de la guerra civil española. Un conocimiento que ha sido fundamental para dar fin a este trabajo.

Agradecimiento también por su ayuda, durante tantos años, a Víctor Arroyo, director del Archivo Histórico del BBVA, que con tanto mimo cuida, y del que ha conseguido hacer una herramienta necesaria en la investigación de la historia financiera de España. El autor tiene que agradecer también la ayuda de Teresa Tortella Casares, directora durante tantos años del Archivo Histórico del Banco de España, de cuyo saber y pericia se ha beneficiado este libro. Su trabajo en el archivo, y sus propias investigaciones sobre diferentes aspectos de la guerra civil, hacían imprescindible contar con su colaboración en este trabajo. Una colaboración que, en este caso, ha sido especialmente útil en cuanto al análisis de los «papeles» de Negrín. Este libro debe mucho también a Isabel Balsinde, directora de la Fundación Universitaria Española, por su ayuda y por sus valiosos consejos. Especialmente ha sido útil su atención y su desvelo en el peregrinaje por el amplísimo archivo de la II República española en el exilio.

Y por último, mi agradecimiento a Juan José Goirena de Gandarias que amablemente leyó en primicia distintos capítulos de este libro y cuyas sugerencias tanto lo han enriquecido. A Paisa Izuzquiza, primera editora, que tanto me ayudó, especialmente con la bibliografía, y que desgraciadamente no ha podido ver la luz de este libro. Y muy especialmente a Mercedes Fernández Morodo, que desde los orígenes de este trabajo, hace ya muchos años, tanto me ha ayudado y apoyado. Nadie como ella, excepto probablemente yo mismo, ha dedicado tanto tiempo a este libro.

II
El escenario económico-financiero de la guerra como punto de partida

ESCENARIO DEL CONFLICTO

Los problemas que en el orden económico y financiero se plantearon durante la guerra civil como consecuencia de la división de España en dos territorios, no pueden entenderse sin conocer previamente cómo era en julio de 1936 la situación económica y financiera, así como la estructura económica de cada una de las partes que el conflicto definió. Es decir, sin conocer el escenario en que los acontecimientos se desarrollaron en cada una de las dos mitades de España. Que fueron muy distintos.[1]

Para entender la situación, hay que empezar por recordar que, junto a los terribles problemas políticos que España tenía planteados en 1936, en el enfrentamiento del 18 de julio tuvieron mucho que ver fenómenos como la situación económica del país con un gran predominio agrícola, el escaso peso de la clase media española, los fuertes desequilibrios en la distribución de la renta, o la falta de un tejido asociativo e institucional de la sociedad. Y, desde luego, contribuyeron a esa ruptura las fallidas ilusiones de mejora del nivel de vida que había despertado la llegada del régimen republicano. Por otro lado, amplias capas de la población se sentían amenazadas en sus intereses económicos, o en sus tradicionales convicciones sociales y religiosas, por la potencial marea revolucionaria que se adivinaba. Como consecuencia de todo ello, y como resultado del tono radical que izquierdas y derechas venían imprimiendo a sus respectivos mandatos gubernamentales, al final se produjo una especie de incompatibilidad social y política, profunda, que se tradujo en que cuando unos llevaban las riendas del poder, los otros pasaban automáticamente a la oposición más radical. Y en estas circunstancias, la coexistencia diaria de unas fuerzas politico-sociales cada vez más antagónicas hizo de la vida española un potencial polvorín.[2]

Los primeros amagos de ruptura brotaron en 1932, en tiempos del Gobierno social-azañista del bienio 1931-1933, con la intentona militar del general Sanjurjo. Pero fue en el bienio radical-cedista de 1933-1935 cuando la tensión social y política se radicalizó en la Segunda República, destacándose dos frentes: de un lado las pretensiones autonomistas de catalanes (que poseían ya su estatuto) y vascos (que aún no tenían sancionado el suyo), y de otro el desajuste social. Todo ello, unido a planteamientos políticos y económicos revolucionarios, desembocó en la huelga general de octubre de 1934. Esta huelga revolucionaria, que ha pasado a los anales de la historia como la «revolución de octubre», prendió singularmente en Asturias y significó la primera ruptura importante de la legalidad.[3]

Aunque existen otros choques politico-sociales más localizados y concretos, estos antecedentes sirven de ejemplo, a menor escala, de lo que dos años más tarde degeneraría en guerra civil abierta, en la medida en que para entonces la victoria electoral del Frente Popular, en febrero de 1936, había terminado de ahondar las crispaciones, haciendo aflorar los odios sociales.[4] Con los riesgos que entraña toda simplificación, puede decirse que sin la existencia de aquel dramático trasfondo de tensiones, la sublevación del 18 de julio habría triunfado o fracasado, pero rápidamente, como en ocasiones anteriores. En todo caso, el profundo foso abierto en el corazón de la sociedad española había configurado ya en julio de 1936 dos bloques difícilmente conciliables. Sólo así se explica la rápida cristalización de las zonas enfrentadas tras la rebelión de una parte del ejército.[5]

De la coyuntura económica de la primera mitad de los años treinta se ha escrito bastante, pero en este caso es necesario prestar especial atención a la situación del período anterior al conflicto, uno de los menos conocidos de esa época.[6] Porque no existen dudas de que fue la dificilísima situación económica previa a la guerra civil lo que aceleró los preparativos del «levantamiento» del 18 de julio.[7] Y fue así porque a partir de principios de 1936 el paro empezó a generalizarse progresivamente, alcanzando cotas hasta entonces desconocidas.[8] Por otra parte, y de acuerdo con los índices de actividad industrial, en el primer semestre de 1936 ya era evidente la situación depresiva de la economía española.[9] De diciembre de 1935 a abril de 1936 la actividad de los ferrocarriles disminuyó un 21% y el movimiento marítimo cayó un 27%. La caída del descuento de papel comercial era un hecho. Los valores bursátiles estaban bajando considerablemente.[10] Desde el punto de vista de las relaciones económicas con el exterior, la coyuntura a lo largo de los meses de paz de 1936 se definía como de «tácita suspensión de pagos de España en los mercados internacionales»,[11] a pesar de que España tenía unas reservas de oro sólo superadas por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.[12] En todo caso, en el primer semestre de 1936 ya se había debatido en diversas ocasiones sobre la venta o pignoración de oro.[13]

La política agraria empezaba a crear problemas entre el campo y la ciudad, mientras que las colectivizaciones agrícolas disminuían la productividad.[14] Y la altamente desfavorable relación real de intercambio de los productos agrícolas en comparación con los industriales, que estaba llegando a límites dramáticos,[15] justificó en cierta medida cómo se desarrollaron los apoyos sociales a la rebelión militar del 18 de julio.[16]

También la crisis económica internacional, de comienzos de los años treinta, afectó de manera notable a España, contribuyendo a enrarecer aún más el ambiente imperante en la sociedad. Y a este negativo contexto internacional hay que sumar los importantes desequilibrios exteriores existentes en España desde la década anterior, así como las dificultades y desconfianzas en materia inversora, generadas por la instauración del régimen republicano.

La política económica de la época se había fijado como objetivo la alta cotización de la peseta, aunque ello significara un debilitamiento de la posición competitiva española. Y un informe del Servicio de Estudios del Banco de España decía en 1935 que los costes de producción deberían reducirse en más de un 15% para que los productos españoles fueran competitivos. Una reducción que no podría lograrse sin disminuir las retribuciones al trabajo, algo que «en el estado actual del complejo español, no es factible por las derivaciones que acarrearía y porque no hay fuerza política alguna para iniciarlo siquiera».[17]

Tampoco el ambiente social contribuía a serenar los ánimos. Porque en aquellos momentos reinaba en España un fuerte clima de intranquilidad. Una creciente crispación exigía en el campo una amplísima reforma de la propiedad. Y las ocupaciones de fincas eran frecuentes, sin que las autoridades reaccionaran. Cada vez parecía más claro que el caos socioeconómico exigía una contundente acción por parte del Gobierno, pero el alud de acontecimientos políticos terminó por reducir el problema económico a algo marginal dentro del conjunto de las graves preocupaciones que la sociedad española tenía.[18]

Y a partir de todo esto, y sin soluciones que restablecieran el equilibrio, el estallido de la contienda definió dos situaciones políticas y militares enfrentadas, y generó dos áreas económicas contrapuestas, aunque tanto el Gobierno como los que habían encabezado la sublevación estaban convencidos de que ésta se resolvería en pocos días. Pero muy pronto quedó claro que ni el «pronunciamiento» había fracasado, ni había desbancado al Gobierno. Y de esta manera, el mercado único español se fragmentó en dos parcelas, a la búsqueda cada una de ellas de un nuevo punto de equilibrio. Porque los presupuestos básicos del Estado, es decir, la unidad legislativa y monetaria, las fronteras comunes y un mercado interior unificado, habían saltado por los aires.[19]

Desde el punto de vista económico, la ruptura de la unidad de mercado fue la primera consecuencia del estallido de las hostilidades, porque la estabilización de los frentes militares partió brutalmente un mercado interior integrado. Un mercado que, mediante un lento proceso histórico, había ido definiendo un cuadro estable de asignación de papeles productivos en el conjunto de las regiones de España. Todo ello quedó roto: zonas mineras en un bando y sectores transformadores en el otro, excedentes de productos alimenticios en una zona frente a una población hambrienta en la otra, áreas con alta capacidad de ahorro y áreas productivas necesitadas de financiación.

Añádase el colapso producido en muchas empresas establecidas en una zona y privadas del contacto con sus clientes o proveedores de la otra, sin posibilidad de cobrar de sus deudores o de pagar a sus acreedores. Y súmese el desmembramiento de las empresas multirregionales, repartidas las instalaciones industriales y con directivos en distintos territorios, incomunicados y a veces enfrentados. Avanzada la contienda, también se rompió la unidad monetaria.

La economía española en el momento de estallar la sublevación[20]

Iniciada la guerra, cada uno de los dos bandos fue definiendo, poco a poco, su marco económico, la filosofía que iba a marcar hasta el final de la contienda la gestión económico-financiera de la guerra, y la mecánica y estructura de la toma de decisiones.[21]

Y de esta manera, la consolidación de los frentes definió dos comunidades demográfica, social y económicamente muy desiguales, que luego se desarrollaron también de manera muy distinta. En julio de 1936 la población de España era de unos 25 millones de habitantes. Un 60% quedaron en territorio republicano y un 40% en la zona controlada por el Gobierno de Burgos.[22] El Gobierno de la República[23] mantuvo en el inicio del conflicto el control sobre 22 capitales de provincia,[24] frente a 28 por parte de los sublevados.

La estructura económica de una y otra zona resultó ser notablemente diferente. Porque, al iniciarse la contienda, alrededor del 30% del producto agrario correspondía a la zona republicana y el 70% a la zona nacional.[25] Inversamente, el 80% del producto industrial correspondía a la zona republicana y el 20% a la nacional.

La zona republicana era, pues, industrial y de alta densidad de población. Comprendía la casi totalidad de las grandes áreas urbanas e industriales y la mayor parte del litoral marítimo, y contaba con los mayores niveles de renta y de capacidad de consumo. Su agricultura se centraba en la producción de agrios (90% de la naranja y 95% del limón), de aceite (50%), de arroz (80%) y de la mayor parte de la producción hortofrutícola. Tenía, sin embargo, notables carencias de productos básicos de subsistencia, y la escasez de muchos de ellos, gravísima en las grandes ciudades, fue una constante en la retaguardia republicana.[26]

La zona nacional estaba integrada fundamentalmente por las áreas rurales del país. Disponía en abundancia de productos básicos de consumo. Entre otras cosas, de las dos terceras partes de las reservas y de la capacidad de producción de trigo, del 60% de la producción de leguminosas, de más de dos tercios de la producción de patatas y del 90% de la de azúcar, de la mayor parte del ganado de leche y de tiro, del 75% del vacuno, del 70% del ovino y también de gran parte de la producción lanera. Lo fundamental de la industria pesquera se encontraba también en la zona nacional, en Galicia, y muy pronto también en el litoral cantábrico.

No disponía de industria, pero poseía hierro y carbón en abundancia. El 75% de la producción de mineral de hierro estaba en manos de los sublevados, porcentaje que se incrementó sustancialmente con la conquista de la cornisa cantábrica. En cuanto al carbón, la caída de Asturias en la segunda mitad de 1937 permitió controlar el 90% de la producción. También disponía de la práctica totalidad de la producción de cobre. Y su carencia inicial de industria cambió espectacularmente en el verano de 1937 con la incorporación de las zonas industriales de la franja cantábrica, lo que supuso contar con la práctica totalidad de la industria siderometalúrgica.

En cuanto a las comunicaciones, los principales puertos españoles y la mayoría de la flota mercante quedaron en manos republicanas. Sin embargo, la escasez de carbón, debida a la incomunicación que la mayor parte del territorio sufría al principio con Asturias, la pérdida posterior de esta zona, y lo escaso de los suministros exteriores, dificultaron mucho el transporte marítimo.

La ruptura de julio de 1936 dejó también en manos de la República los importantes centros financieros de Cataluña, Madrid y País Vasco. Cuatro de las seis cámaras de compensación existentes, las de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y las tres bolsas de valores quedaron en la zona republicana. Aproximadamente el 65% de las oficinas bancarias quedaron en el bando republicano, frente al 35% del lado controlado por el Gobierno de Burgos.[27] Las centrales de los cinco mayores bancos y todo el «tesoro» del Banco de España quedaron también en manos de la República.

Esta indiscutible posición de fuerza de la República quedaba muy reducida por las pésimas condiciones de su territorio, malamente comunicado, y por el práctico bloqueo que la República sufrió por parte de los poderes económicos internacionales, con la única excepción de la Unión Soviética. Frente a esta realidad, los sublevados contaron desde el primer momento con la decidida ayuda económica y militar de las potencias del Eje y, en general, con la connivencia del capitalismo internacional.[28]

Es claro que la desigualdad que se produjo en el momento de iniciarse el conflicto a favor de la República debería haber sido determinante para la posterior evolución de la guerra. Sin embargo las cosas no fueron así. Y prácticamente en un año la situación había cambiado drásticamente. A los once meses los sublevados contaban ya con el 70% de territorio, el 60% de la población, el 68% de la marina mercante, el 80% del acero, el 67% de la producción de cemento, y el 66% de la de explosivos. Y así fue, entre otras razones, porque la República, como más tarde se verá, cometió graves errores de política económica. Y hoy ya se puede afirmar que muchas de las contrariedades que conoció la República a lo largo de la guerra, y especialmente el resultado final de ésta, se explican en buena medida por la concepción que de la economía tenían los grupos que la apoyaban, y por el desorden e ineficiencia que ello imprimió a la administración de sus recursos. Especialmente, frente a un adversario que, muy desde el principio, concedió una excepcional importancia al factor económico.

En todo caso, Tuñón de Lara describió así la situación (Tuñón de Lara et al., 1999:604 y ss.):

… los republicanos se quedaron con la agricultura de exportación y el arroz como alimento. Se volvió al siglo XIX, en que Cataluña era la única región punta de la industria, aparte de la siderurgia de Sagunto y de algunas improvisadas factorías levantadas con fines militares. Los franquistas tenían las bases cerealísticas y poco a poco fueron conquistando las mineras. La producción de aceite se repartió entre las dos zonas. Mediada la guerra, Franco tenía todos los elementos para una economía completa. Relanzó, con fines de guerra, la industria y la minería, que en el País Vasco le dejaron intactas —desobedeciendo las órdenes del ministro de Defensa, Indalecio Prieto—. En la zona de Franco la inflación fue mucho menor y sólo se notó en los últimos meses de la guerra. Allí no había ni sueldos de soldados ni aumentos salariales sustanciales como en la zona republicana; la poca capacidad de compra de la mayoría de la población, la «demanda de las familias», estaba muy contraída. Por añadidura, el abastecimiento de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, sobre todo de la primera —casi cercada—, era un problema de gran envergadura para los republicanos.

La ruptura del 18 de julio. dos modelos económicos[29]

La gran diferencia, no suficientemente estudiada ni destacada en términos de su contribución al éxito militar de los sublevados, fue su distinta concepción del modelo de conducción de la economía. Un modelo que para los gestores de la República fue de corte revolucionario y anticapitalista, con alto y creciente contenido anarquista, mientras que para el Gobierno de Burgos fue absolutamente centralizado.

Modelo republicano

La política económica de la República quedó condicionada desde el primer momento por el marco en el que operaba y por los diversos contenidos ideológicos que la conformaban. Fundamentalmente fueron tres: en primer lugar, el componente anarcosindicalista que había introducido la revolución popular, que desde el primer momento tomó la iniciativa de la calle;[30] en segundo lugar, porque se apoyaba en un planteamiento conceptual que sostenía que el capitalismo estaba ya sobrepasado, aspirando a cambiar el esquema de reparto de la renta nacional (Velarde, 1999:370 y ss.). Y, finalmente, por el hecho de que el desarrollo de los acontecimientos fue poniendo a la República en manos de unas fuerzas políticas que tenían un contenido ideológico, especialmente en materia económica, muy dispar y contradictorio, lo que hacía imposible llevar a cabo una política coherente.

En los primeros momentos el Estado republicano trató de mantener una apariencia de continuidad institucional. Pero pronto quedó claro que la estructura gubernamental no se correspondía con la realidad de la calle, donde los poderes obreros y populares se iban haciendo con rapidez con el control de las instituciones. De esta manera, se incautaron de tierras e industrias, asumieron competencias como la emisión de papel moneda, la sanidad, los abastecimientos y el transporte. Como consecuencia, el Gobierno central fue perdiendo espacios de soberanía política y económica en favor de las organizaciones obreras y de los Gobiernos autónomos. Y únicamente, ya muy avanzada la guerra, pudieron los dirigentes gubernamentales recobrar algunas de las competencias que la revolución les había usurpado.

El efecto distorsionador de esta revolución popular sobre el marco jurídico y económico del Estado republicano fue de tal magnitud, que se hace necesario tenerlo en cuenta si se quiere hacer una correcta interpretación global de la guerra y de su final. Porque las colectivizaciones, por un lado, y la sustitución de las instituciones municipales por comités politico-sindicales, por otro, rompieron por completo la cadena de mando republicano, especialmente en el orden económico, y forzaron al Gobierno central a dedicar su atención a varios frentes a la vez. A todo esto habría que añadir que el amplio espectro de las fuerzas políticas que sustentaban la República exigió desde el principio distribuir los ministerios con criterios esencialmente políticos, entre fuerzas cuyo proyecto de sociedad no alcanzaba mínimos suficientes de coincidencia.[31]

Una situación que impidió al Gobierno republicano desarrollar una política económica coherente, porque, como resultado de esa distribución de fuerzas, a lo largo de toda la contienda convivieron en su territorio formas de producción libertarias, nacionalizaciones, pequeñas propiedades privadas, e incluso, en algunos casos, fórmulas de producción basadas en esquemas capitalistas (como sucedió en Vizcaya). Y esta realidad introdujo una enorme confusión que imposibilitó la más mínima programación y dirección económica del conjunto de la zona republicana. Porque las interferencias entre esas diversas fórmulas fueron muy frecuentes, e incluso dieron lugar a choques violentos para dirimir las disparidades existentes entre los diferentes modos de producción que iban emergiendo. En el fondo, latía el continuo enfrentamiento entre los que querían la revolución antes de ganar la guerra y los que deseaban precisamente lo contrario.[32]

También fue notable elemento de perturbación el hecho de que el desmantelamiento de los medios y modos de producción, y la negativa evolución bélica, supusieron el desprestigio de la República ante el capital internacional, en clara y progresiva desarmonía con los ideales que en el mundo intelectual despertaba su lucha.

Otra notable complejidad para el normal desarrollo de la economía se derivó del hecho de que, desde el principio de la guerra, se introdujeron en el sistema operativo de la República modelos diversos que implicaban una fuerte descentralización regional. Porque vascos y catalanes dispusieron desde 1936 de una organización política propia, que les permitía asumir facultades legislativas y ejecutivas independientes.[33] A ello había que sumar otras tres instituciones con vocación de autonomía: el Consejo Revolucionario de Aragón (cenetista), el Consejo de Asturias y León (socialista-cenetista-comunista) y el Consejo Interprovincial de Santander, Burgos y Palencia (socialista), que mantuvieron esquemas jurídicos de tipo independiente, en los que el control del sistema financiero fue total, la ruptura con el sistema monetario republicano un hecho, y la intervención del sistema económico una realidad. Añádase, como otro destacado componente autonómico del Estado republicano, la realidad de que amplias zonas de la República mantenían importantes cotas no controladas de corte revolucionario y poder popular (Sánchez Asiaín, 1999a:58-60). Y hasta tal punto fue así, que ha podido decirse que la España republicana constituía, más que un solo Estado, «un conglomerado de repúblicas» (Thomas, 1979, vol. 2:99-100). Porque durante el primer tercio de la contienda coexistieron en el territorio fiel a la República seis Gobiernos con plenos poderes, a los que se añadieron una infinidad de poderes locales, todos con esquemas jurídicos e institucionales más o menos independientes.

En algunos de ellos se realizaron incluso experimentos sociales, estableciéndose verdaderos límites aduaneros y acuñando moneda propia, lo que dio lugar a que, a finales de 1937, más de 2.000 organizaciones diferentes hubieran emitido cerca de 7.000 clases de billetes y medio centenar de distintas monedas (Martorell, 2001:200). Las causas que dieron lugar a esta multiplicidad de moneda fueron muy diversas. Algunas constituían una clara manifestación de independencia política, pero otras respondían a la escasez de medios de pago, o simplemente eran producto de la variopinta gama de experimentos de carácter económico y social que se puso en marcha. Pero todos estos factores, unidos, introdujeron en la gestión económica de la República notables factores distorsionantes.

Añádase a ello que el Banco de España, según se deduce de los debates de su Consejo General, y como más tarde se verá, apenas fue utilizado por el Gobierno republicano como instrumento de gestión y control monetario, por lo que no pudo desempeñar el papel que le debería haber correspondido en la dirección y control de la economía.

Ejemplo paradigmático de descentralización regional fue Cataluña, porque la Generalitat trató de regular toda la economía con fórmulas revolucionarias (decreto del 20 de agosto de 1936) a partir de once puntos que trataban entre otras cosas de reglamentar la producción, el comercio exterior, la agricultura y la gran industria. Se colectivizaban las empresas abandonadas y se establecía el control obrero de la banca para posibilitar su nacionalización por la Generalitat. También se instauraba el control obrero de la pequeña empresa y se establecía un impuesto único.[34]

Así fue en Cataluña, pero, como ya se ha dicho, las fórmulas revolucionarias fueron prácticamente generales. Al final, tuvo que ser la propia dinámica de la guerra la que hizo desaparecer algunos de estos poderes autónomos, especialmente con la conquista del frente norte por el ejército de Franco. Y, en lo que fue el extremo, la reconducción política del Consejo cenetista de Aragón terminó convirtiéndose en una disolución a mano armada. Sólo la realidad geopolítica catalana persistió hasta el final.

La República sufrió adicionalmente una profunda escasez de equipos directivos en el mundo económico. Porque, bien por la expulsión de los propietarios o gerentes de las empresas, bien por la huida de éstos a la zona nacional, lo cierto es que se vio privada del capital humano básico para el desarrollo del mundo empresarial. Por otra parte, la República maltrató a las empresas extranjeras instaladas en España, especialmente en Cataluña, y esto acarreó un inmenso daño.[35]

Con la llegada de Negrín al poder, en mayo de 1937, pareció mejorar la dirección republicana en lo económico, porque éste puso en marcha un programa que pretendía recuperar para el Estado las áreas de poder perdidas en los primeros meses de la guerra, así como el fortalecimiento interno del sistema monetario, de los abastecimientos, y de la industria de guerra. Pero este intento, que nunca fue profundo, llegó tarde, porque ya estaba próxima la caída del norte, con los importantes recursos económicos allí ubicados. Y, aunque a partir de este momento el Gobierno republicano trató de recuperar la capacidad de decisión que le habían arrebatado los poderes autónomos, ello no evitó el colapso final de su sistema productivo, afectado por la falta de una política económica racional, y especialmente de una política monetaria rigurosa.

Como resumen, la organización institucional del Estado republicano pasó por diferentes fases durante los casi tres años que duró el conflicto. Durante los primeros meses, la estructura política del Estado saltó en múltiples pedazos, perdiendo espacios de soberanía a favor de las organizaciones obreras y de los distintos Gobiernos autónomos. Desde el otoño de 1936 se fue produciendo la paulatina recuperación de los espacios perdidos, lo que a veces tuvo que resolverse por las armas. Y desde el otoño de 1937, en una zona ya muy reducida respecto al reparto territorial de julio de 1936, la pugna más importante se mantuvo entre el Gobierno central, que estaba consiguiendo a costa de grandes esfuerzos recomponer un aparato administrativo cada vez más eficaz, y el Gobierno de la Generalitat, que defendió duramente y hasta el final sus competencias.

Modelo «nacional»[36]

La política económica del Gobierno de Burgos fue de corte «nacionalista». Una política de larga historia en España que se renovó con la sublevación del 18 de julio, a partir del éxito del fascismo italiano y del nacionalsocialismo alemán. De esta manera, el punto de partida del modelo del Gobierno de Burgos se basó en criterios absolutamente intervencionistas. Y la Junta de Defensa Nacional, que se constituyó con una voluntad de control de corte militar, actuó desde el inicio de la sublevación como poder político supremo,[37] imponiendo un dominio absoluto sobre todas las actividades, especialmente en lo que afectaba a la economía, donde se estableció un control centralizado sobre todos los recursos económicos, dirigido al exclusivo objetivo de ganar la guerra.

Franco defendía ideas propias de un nacionalismo económico, que se manifestaba en un pensamiento caracterizado por una política proteccionista, defensora de la propiedad nacional de los recursos naturales, junto a un dirigismo económico que rechazaba cualquier planteamiento liberal o capitalista.[38] La ideología de Franco era poco proclive a la oligarquía española, aunque se cuidaba de que su anticapitalismo no pudiera convertirse en algo que trastornara sus planes de reconstrucción económica. Hay que recordar, por otra parte, que el punto 14 de los famosos 27 puntos de la Falange postulaba, precisamente, la nacionalización de la banca. Desde el lado tradicionalista, tampoco la banca era bien vista.[39]

Por lo que se refiere a la industria, la Junta de Defensa Nacional impuso desde los primeros días un dominio absoluto sobre todos los sectores económicos y sobre las empresas privadas, estableciendo mecanismos para intervenir todos los resortes fabriles de su zona. Con este fin creó, en cada una de las provincias bajo su control, una comisión de clasificación industrial, a fin de elaborar «una relación, debidamente clasificada, de todos los establecimientos y empresas o sociedades fabriles o industriales de estimable importancia».[40] Sin excepción, las instalaciones industriales estuvieron férreamente intervenidas a lo largo de toda la guerra, necesitando autorización previa para modificar sus esquemas productivos. Y desde el primer momento se procedió a decretar la incautación de toda clase de minerales y sus derivados, así como de los productos procedentes de transformaciones industriales, incluida la producción de las minas de Río Tinto, de propiedad inglesa.[41] Este control fue revocado el mismo día en que la guerra terminó.

Posteriormente, mediante un decreto del 3 de mayo de 1938 (BOE, 6 de mayo), el Gobierno de Burgos clasificó las instalaciones industriales en cinco grupos, en función del mayor o menor interés que tuvieran desde el punto de vista militar: a) industrias militares, b) industrias militarizadas, c) industrias totalmente movilizadas, d) industrias parcialmente movilizadas, y e) industrias disciplinariamente militarizadas.[42] En cuanto al comercio exterior, se dispuso una intervención absoluta sobre las divisas. Y en lo monetario, en todo momento se apostó por la homogeneidad, en contraste con la gran variedad de monedas republicanas.

Sorprende el comportamiento lineal de la política económica a lo largo de toda la guerra, a pesar de las importantes contradicciones ideológicas que se planteaban entre las fuerzas políticas que sostenían al general Franco. Porque en éstas se mezclaban grupos tan distintos como monárquicos, republicanos, falangistas, movimientos socializadores, o el más puro capitalismo. Pero Franco siempre parecía tener una visión muy clara del papel que la economía debería desempeñar en la conducción de la guerra. Y sólo su pragmatismo pudo hacer compatible su ideología, reacia a la oligarquía española[43] y la presión de una Falange que en algunos puntos estaba más a la izquierda que algunos partidos del Frente Popular, con la opción que tomó de no nacionalizar ni la industria, ni la banca, ni siquiera el Banco de España.

Puede decirse, pues, que la característica esencial de la política económica de la zona nacional fue su indiscutible capacidad de someterse férreamente a unas directrices muy ortodoxas y de previsión al servicio del desarrollo de la guerra. Y de esta manera, la planificación económica, instituida a partir del momento en que los frentes se estabilizaron, permitió coordinar hábilmente sus iniciales escasos recursos económicos para hacerlos más operativos, tanto para la guerra como para el suministro de bienes para la población. Y así se consiguió también que la zona nacional se dotara de un sistema financiero válido para desarrollar una inteligente política monetaria.

Contribuyó mucho a todo ello que el Gobierno de Burgos estuviera en todo momento respaldado por el hecho de que las élites económicas optaran con rapidez a su favor, lo que tuvo importantísimas ventajas en aspectos tan vitales como el de su agresiva política monetaria, la optimización de los recursos económicos de su zona, o el logro de suministros exteriores de material bélico, y su financiación.

EL PUNTO DE PARTIDA DEL SISTEMA FINANCIERO

Las finanzas antes del 18 de julio

Constituyen también parte del escenario en el que la guerra civil se inició, la estructura formal que tenía el Banco de España antes de estallar el conflicto, la situación monetaria de aquellos momentos, y lo que había sido el comportamiento habitual del instituto emisor en los años treinta.

Juan Sardá, que estudió la actividad del Banco de España en el período 1931-1936 (Sardá, 1970:421), explicó que, con el advenimiento de la República, el banco se enfrentó a unas circunstancias económicas complicadas, tanto por las posibles dificultades de adaptación al nuevo régimen, como por la herencia de la difícil situación de la peseta en el exterior, provocada por la dramática evolución que había tenido su cotización entre 1920 y 1930.[44]

La política de la Segunda República en materia económica fue estudiada con mucho rigor por Tapia Nieto (1998) en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona. En términos monetarios, su conclusión era que la regulación del tipo de cambio de los años treinta complicó notablemente la política económica, contribuyendo a la recesión. Explicaba que la política de tipo de cambio de la peseta, y la política monetaria en general, no experimentaron modificaciones importantes durante la República, continuando con la mayoría de los errores de la Monarquía y de la dictadura de Primo de Rivera. Por ello, concluía, la política del tipo de cambio mantenida por el Gobierno de la República originó grandes perjuicios al comercio exterior y a la economía. La no aceptación del patrón oro tuvo también consecuencias muy negativas, porque los países que tenían una balanza comercial deficitaria, pero que aceptaban el patrón oro, inspiraron suficiente confianza como para saldar su déficit corriente a través de las entradas de capital, mientras que un país como España, que no formaba parte del grupo de los que aceptaron esa fórmula, no generó la confianza necesaria para atraer inversiones y capitales exteriores en la medida necesaria para acelerar su desarrollo económico.

En lo que se refiere a la política monetaria, la ley de Prieto de 1931 había ampliado el margen en los créditos presupuestarios de la cuenta de Anticipos de Tesorería del 10% al 12%, con la particularidad de que el ministro de Hacienda, a fin de alcanzar la estabilidad exterior de la cotización de la peseta, tenía facilidades para establecer el que tales adelantos fueran en oro hasta el 50% del límite para financiar las operaciones de intervención en el mercado de cambios. Para ejecutar la política monetaria exterior la República creó el Centro Oficial de Contratación de Moneda, encargado de tramitar la búsqueda de financiación exterior, con el fin de mantener la intervención del cambio, que en aquellos momentos se estaba agravando por la salida de capitales. En todo caso, trataba de facilitar el camino para la reimplantación del patrón oro,[45] aunque, al final, esa política se limitó a mantener el cambio exterior y a utilizar las reglamentaciones administrativas para lograrlo.

Como consecuencia de ello, a partir de 1932, y posiblemente influida por los ministros de Hacienda de la República, la política del Banco de España fue claramente restrictiva, y el suministro de crédito del banco a la economía bajó sensiblemente, en especial en 1934 y 1935. Por ello, la economía española se encontró con una política extremadamente deflacionista. Sardá (1970:424) afirmó que esto fue, sin duda, uno de los factores que ayudaron a agudizar el clima que desembocó en la guerra civil de 1936.

La banca de preguerra

El marco

El sistema financiero español anterior al 18 de julio de 1936 tenía un marco legislativo relativamente joven, cuyo punto de partida lo constituía la Ley de Ordenación Bancaria del 29 de diciembre de 1921. Esta ley, elaborada por Cambó, había nacido aprovechando la necesidad de renovar el privilegio de emisión de billetes del Banco de España, aunque lo que fundamentalmente buscaba era propiciar una reforma a fondo del sistema bancario español.[46] En su primer artículo prorrogaba por 25 años el monopolio de emisión del Banco de España,[47] y en el segundo regulaba el régimen de la banca privada, dando por primera vez un tratamiento unitario al sistema financiero.

Uno de los principios esenciales que inspiró la nueva legislación era la protección del ahorro depositado en los bancos, estableciéndose en el Ministerio de Hacienda, y para su tutela, una Comisaría de Ordenación de la Banca Privada. Estaba constituida por un comisario regio y un consejo, denominado Consejo Superior Bancario, cuya presidencia correspondía al comisario.

La ley atribuía a este consejo facultades muy amplias,[48] buscando la articulación de las directrices del Estado a través del comisario, y «una cierta conciencia corporativa de carácter disciplinario que evitara abusos de bancos mal dirigidos u organizados y que atenuara una concurrencia que pudiera llevar a estas instituciones a situaciones arriesgadas o a desequilibrios de explotación». Porque, como dijo Cambó al presentar la ley ante el Congreso de los Diputados, «los quebrantos de un banco no afectan únicamente a sus accionistas, afectan a sus clientes, afectan a toda la economía del país, afectan de una manera especial a toda la banca privada de un país, y no puede consentirse que las imprudencias de uno afecten al crédito público y ocasionen repercusiones peligrosísimas».[49]

Las principales consecuencias de esta legislación fueron la separación de la normativa referida al banco central y la banca privada, la elevación del Banco de España, al menos nominalmente, a la categoría de órgano fundamental de la política monetaria y banco de bancos, la práctica eliminación de la presencia de la banca extranjera en España y, por último, un mayor control de la banca por los poderes públicos.

Posteriormente se publicó el real decreto del 25 de mayo de 1926 por el que las normas emanadas del Consejo Superior Bancario se extendían tanto a la banca inscrita en este consejo como a la no inscrita, haciéndose igualmente obligatorio su informe previo para el uso de la denominación de banco o banquero, lo que «supuso de hecho el comienzo del statu quo bancario» (López Roa, 1981:135). Más tarde se crearon las zonas bancarias[50] y se asignó al Consejo Superior Bancario la facultad de fijar los tipos y condiciones mínimas de intereses y comisiones. También reguló su poder sancionador.[51]

Proclamada la República, el nuevo ministro de Hacienda, Indalecio Prieto,[52] se mostró partidario de someter al Banco de España en mayor medida al Estado, lo que consiguió a través de la ley del 26 de noviembre de 1931, que modificaba la Ley de Ordenación Bancaria entonces vigente. Ese mayor sometimiento del Banco de España al Estado se puso de manifiesto con el nombramiento por el Gobierno de tres nuevos consejeros representantes de los intereses generales en el Consejo del Banco de España,[53] y por el establecimiento de un Servicio de Inspección de la contabilidad del banco a cargo de funcionarios del Ministerio de Hacienda.

Las relaciones entre el Gobierno republicano y el Consejo del Banco de España fueron difíciles. Al presentar la ley de 1931, Prieto explicó ante las Cortes que con esta ordenación el Gobierno buscaba aumentar la representación del Estado «no para someter esclavizado al Banco a los designios del Gobierno, sino para que la representación del Estado pueda vigilar los actos punibles del Banco de España contra las instituciones que rigen el país».[54] En todo caso, la aportación principal del nuevo marco legal fue descargar al Banco de España de sus responsabilidades sobre política monetaria.[55] Y esa misma ley vino a inaugurar una política monetaria, hasta entonces prácticamente desconocida, al fijar el tipo de descuento, la intervención de los cambios, y permitir disponer parcialmente de las reservas de oro al percibir anticipos del Tesoro.

Salvo algunos momentos de laxitud, la conducta de las autoridades a partir de 1932 fue restrictiva y de consecuencias deflacionistas,[56] política ésta que fue llevada a cabo a pesar del decaimiento económico y de las presiones sociales en demanda de mejoras, habiéndose incluso llegado a apuntar que esta política fue uno de los factores coadyuvantes del malestar social de la época. No deja por ello de llamar la atención la uniformidad en el tiempo de esta política, que contrasta con la inestabilidad de los titulares del Ministerio de Hacienda en los años inmediatamente anteriores a la guerra civil.[57]

Todo lo anterior ocurría en un marco afectado por los desajustes de la crisis de 1929, pero también con un sistema bancario que había fortalecido su peso específico, significándose como una fuerza económica de notable envergadura, lo que despertaba fuertes recelos. Y sin duda, son éstos los factores que mejor explican la indiscutible política intervencionista de la República, que se puso de manifiesto en un control exhaustivo sobre la banca oficial, y en un control menos acusado, pero a fin de cuentas control exigente y riguroso, sobre la banca privada.

También es importante recordar, como definición del punto de partida institucional que se está intentando dibujar, que el programa de gobierno del Frente Popular, al ganar las elecciones de febrero de 1936, no era hostil con la banca. Al contrario, planteaba y sugería una actuación económica global, en la que la banca había de desempeñar un importante papel desde su propio planteamiento jurídico:

La Hacienda y la Banca tienen que estar al servicio del empeño de reconstrucción nacional, sin desconocer que fuerzas tan sutiles como la del crédito no se pueden forzar por métodos de coacción… No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuestas por los partidos obreros; conocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos.[58]

La banca en la Segunda República

La estructura bancaria española llegaba al verano de 1936 integrada por tres tipos de entidades:

Bancos oficiales y cajas de ahorros (no sometidos a la Comisaría de Ordenación Bancaria).

Bancos privados inscritos en la Comisaría, sometidos voluntariamente a la autoridad del Consejo Superior Bancario y representados en él a través de las tres asociaciones regionales de bancos y banqueros.

Bancos no inscritos, o bancos extranjeros, sometidos sólo parcialmente a la autoridad de ese Consejo.

A 31 de marzo de 1936 existían 115 entidades bancarias inscritas en el Consejo Superior Bancario. Sumaban un volumen de acreedores de 8.599 millones de pesetas. Los cuatro bancos más importantes (Hispano Americano, Banco Español de Crédito (Banesto), Banco de Bilbao y Banco de Vizcaya) significaban más del 50% de ese total, y los nueve primeros, los dos tercios de los depósitos totales de la banca.[59] El Banco de España gestionaba la Tesorería del Estado e inspeccionaba a los bancos privados, en función delegada del Consejo Superior Bancario.[60] El sistema de cajas de ahorros empezaba también a ser importante.

El sistema se iba concentrando poco a poco. Los seis mayores bancos, que en el año 1934 totalizaban el 69% de los recursos, habían ido incrementando progresivamente su participación a partir del año 1922, cuando su proporción en el conjunto de recursos del sistema era del 60%. Por su parte, la banca regional independiente, constituida por 24 entidades, había pasado del 18% en 1922 al 16% en 1934, y la banca local lo había hecho del 5% al 4%. Las casas de banca (124 instituciones) habían pasado del 10%, su máximo, en el año 1925, al 6% a medida que el proceso de concentración avanzaba. Y, por último, la banca extranjera también había disminuido drásticamente del 9% de 1922 al 5% que tenía en la preguerra.[61]

El control bancario era bastante estricto, y dependía desde antes de la Segunda República de la Comisaría de la Banca Privada y del Consejo Superior Bancario. Este último asumía también la función de órgano de representación de la banca privada ante el Gobierno, a la vez que representaba a los bancos privados en el Consejo del Banco de España.

El análisis y la evaluación de lo que supuso la ruptura bancaria como consecuencia de la guerra civil, y de los efectos que tuvo en el conjunto del sistema financiero exige conocer previamente cómo operaba la banca de los años treinta, su política, su organización interna, sus esquemas de contabilidad y, lo que es más importante a los efectos que se persiguen, su grado de centralización. Es decir, la autonomía de gestión, especialmente territorial, que tenía la banca en aquellos momentos, algo necesario para desarrollar lo que con este trabajo se pretende.

En cuestiones básicas, la fundamental diferencia del sistema bancario de 1936 sobre el actual se centraba en la descentralización, en el catálogo de productos que ofrecía, y en la utilización de la informática.[62] Desde luego, las diferencias más espectaculares se concretaban en la dimensión del negocio y en la rapidez en los procesos de decisión. Con todo lo que ello supone de cambio de fórmulas y de líneas operativas desde el punto de vista de la proximidad al cliente, donde la figura del cobrador de letras era muy popular en los entornos comerciales e industriales. Las domiciliaciones de recibos y de nóminas no eran conocidas.

Organizativamente, existía una cascada piramidal de dependencias más complicada que en la actualidad, en función del número de oficinas existentes. Los corresponsales, con amplia diversidad de fórmulas, configuraban una parte muy importante de la red. En corresponsalías, agencias y oficinas poco importantes, los saldos acreedores eran la referencia básica. En zonas comerciales e industriales, el descuento de efectos constituía la segunda línea de actividad en importancia. Las directrices, en términos de precios y volúmenes, eran mucho más estables que en la actualidad. La contabilidad, con independencia de los medios mecánicos, y el centro de gravedad de las operaciones, era básicamente similar. Todavía permanece la terminología de entonces. El dinero en efectivo tenía mayor protagonismo que el de hoy. Grandes flujos de fondos circulaban entre empresas y bancos con traslado físico, con muy bajos niveles de seguridad. Desde luego, el concepto de rentabilidad para las oficinas era el criterio fundamental. Éstas tenían una operatoria prácticamente autónoma. Y por ello, la cuenta de central y sucursales (aportación o detracción de fondos), y su retribución, constituían un elemento de controversia permanente de las sucursales con las administraciones centrales. La comunicación se establecía mediante parte escrito diario, en el que se informaba de los movimientos habidos en el día.

Cuestión importante era el valor que la clientela daba a la solvencia potencial de los bancos, muy superior al actual, a la hora de elegir el banco con el que se operaba. Posiblemente, como consecuencia de que, con cierta frecuencia, se producían retiradas masivas de fondos a partir de rumores sobre problemas de liquidez, que en algunos casos acababan en verdaderas insolvencias.

Respecto a la coyuntura del negocio bancario en los años treinta, la banca española tenía una notable dependencia de la evolución de la economía nacional, en la que, a su vez, representaba un peso muy importante. Era un mercado en cierto modo nacionalizado por la legislación bancaria de principios de los años veinte y por la subsiguiente paulatina desaparición de los bancos extranjeros existentes.[63] Sin duda, el estancamiento de la economía española durante esos años había venido afectando desde diversos ángulos a la actividad bancaria.

El retraimiento del ahorro hacia las actividades industriales y comerciales contrastaba con una notable afluencia de recursos hacia los depósitos bancarios. La banca se enfrentaba con una destacada falta de alternativas de inversión, lo que incidía de manera notable en su rentabilidad. Por otra parte, la abundante liquidez traía consigo el abaratamiento del dinero a través de la reducción de los tipos de interés.

Todo ello fue produciendo una reducción de los beneficios bancarios. En términos de rentabilidad sobre los fondos propios, los de los grandes bancos comenzaron a caer bruscamente a partir de 1928, hasta el año 1935.[64] Durante los años previos al comienzo de la guerra civil, la atención de los responsables de los bancos españoles se centraba en el estancamiento y paralización de la mayor parte de las actividades industriales y mercantiles. Todos los informes y memorias de la época coinciden prácticamente en ello.[65] De forma paralela, se venía produciendo en el sector bancario un proceso de reducción del número de entidades debido fundamentalmente a la sucesión de insolvencias que se produjeron en aquellos años, entre las que cabe destacar la del Banco de Cataluña en 1931.

El total de créditos de los grandes bancos en 1935 era en su volumen inferior al de 1929, mientras que el de la cartera de valores se mantenía en cifras muy similares. Por otra parte, los difíciles años de la República habían obligado a disminuir la velocidad de crecimiento del número de oficinas abiertas al público, de tal manera que si entre 1922 y 1926 éstas habían crecido a una tasa anual del 32%, en los años 1926-1929 esa tasa había bajado al 19%, y al 4% entre 1929 y 1935.[66]

Por lo que se refiere a la cifra de capital, los seis bancos más importantes no lo aumentaron a partir de 1931, aunque los recursos propios se fueron incrementando hasta 1934 como consecuencia del volumen de beneficios incorporados a reservas. En la distribución del capital de los grandes bancos, los pequeños accionistas tenían un notable peso. Según datos de principios de la década, el 75% de los tenedores de acciones poseían menos de 20 acciones (Comité Central de la Banca Española, 1932-1933:67).

Red exterior de la banca española

En orden a contemplar las posibilidades que, una vez estallada la contienda, tenía la banca española para ayudar a cada uno de los dos bandos a financiar el coste exterior de la guerra, es de interés examinar la proyección de esa banca en el exterior en 1936.[67] En el momento de iniciarse la contienda, la banca española establecida fuera del país se articulaba fundamentalmente en torno a las oficinas de la banca oficial, las del Banco de Bilbao, y las corresponsalías de los bancos Hispano Americano, Banesto y Central.

En cuanto a la banca oficial, la red exterior del Banco de España arrancaba de 1902, año en que se instalaron agencias en las plazas de Londres, París y Berlín. A ellas había que sumar la sucursal de Tánger. El Banco Exterior, constituido el 3 de junio de 1929, canalizó, al menos desde el comienzo de la guerra, las operaciones con Estados Unidos y se introdujo en los mercados británico, belga y francés.[68]

La red exterior más importante de la banca privada era sin duda la del Banco de Bilbao, con sucursales en París (desde 1902), donde era decano de la banca extranjera en Francia, y en Londres (desde 1918). A estas sucursales había que añadir una oficina en la plaza internacional de Tánger, cuyos empleados se mantuvieron fieles al bando republicano. El resto de la gran banca carecía de sucursales propias en el exterior. El Banco Español de Crédito trabajaba con el extranjero por medio de corresponsalías y participaba en varias compañías en el exterior.[69] El Banco Central poseía la exclusividad de la corresponsalía del Banco Español del Río de la Plata.[70] En parecida situación se encontraba el Banco Hispano Americano, que tenía encomendado el pago de obligaciones y cupones de bancos hispanoamericanos, de los que también era corresponsal.

Hay que añadir a ello el Banco Español en París, consorcio bancario que se constituyó en 1924,[71] integrado por 13 entidades de la banca regional del norte peninsular.[72] A partir de un examen de su balance de 1932 puede deducirse que en realidad se trataba de una asociación bancaria de depósito de valores que, lógicamente, procedían de España.

A este entramado bancario español, presente o representado en el exterior, se sumaba la presencia de la banca extranjera en España, que en 1936 integraba un banco inglés, dos alemanes, un canadiense, un francés y un norteamericano.[73] El asentamiento de sus sucursales se concentraba en las seis plazas financieras más importantes de la España de 1936 (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao y Vigo).

INSTRUMENTOS DEL SISTEMA PARA LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y MONETARIA

A la hora de definir el punto de partida institucional que dio paso a la guerra civil, parece necesario disponer también de información sobre los mecanismos con los que, en aquellos momentos, el Banco de España contaba para desarrollar las tareas de evaluación y planificación económicas, tan necesarios en aquellos años treinta. Y sobre cómo esos mecanismos estaban operando cuando el conflicto estalló.

Tal como se estaba haciendo en otros bancos centrales, el Banco de España creó en 1930 un Servicio de Estudios para disponer de una plataforma de análisis y búsqueda de alternativas, que pudieran mejorar la estrategia a los efectos de la crisis económica internacional de 1929. Se organizó tomando como modelo el Servicio de Estudios del Banco de Francia, creado en 1897. Y se hizo en un momento realmente dramático: cuando la crisis sorprendió a todos los centros de decisión públicos y privados, que se veían incapacitados de entender lo que estaba pasando, y mucho menos de vislumbrar y valorar las alternativas que se les ofrecían como acciones correctoras de esa situación.[74]

Se le fijó, como tarea fundamental, el asesorar a la alta administración en materia financiera y monetaria, así como profundizar en el estudio de la economía española en todas sus facetas. Se quería disponer con ello de un observatorio de lo que en el mundo pasaba en materias de la competencia del banco, y de dotar a éste de un más sólido contenido intelectual. En todo caso, el objetivo era proporcionar elementos de juicio y respuestas alternativas que ofrecer a aquellos organismos responsables de la toma de decisiones en asuntos económicos, financieros y monetarios. Más concretamente, se le asignó el cometido de preparar los planes para estabilizar el tipo de cambio de la peseta, a los efectos de contemplar la implantación en España del patrón oro.

Dadas las características del Servicio, su dirección fue de la más alta cualificación. Se quería contar para el nuevo Servicio con personas que pudieran realizar sus tareas con «garantías totales de suficiencia y práctica».[75] En un primer momento no se designó director, pero se contrataron dos subdirectores generales, dos hombres excepcionales: José Larraz López[76] y Olegario Fernández Baños.[77]

Desde su creación, los economistas del Banco de España trataron de orientar e influir a las autoridades económicas a través de sus estudios e investigaciones. Lo hicieron, en primer lugar, respecto a la propia administración del banco y a su Consejo, suministrándoles documentación e información que pudiera permitirles optimizar la política y la ejecutoria del banco y su contribución al servicio de la economía del país. También realizaron una labor muy útil de asesoramiento periódico a los distintos Gobiernos, especialmente a los ministros de Hacienda, tanto monárquicos como republicanos.[78]

Martín Aceña dice que de la lectura de las actas del Consejo y de las distintas comisiones del banco de las «sesiones anteriores al año 1936», se desprende que las advertencias y observaciones de los economistas del Servicio de Estudios provocaron duras, e incluso agrias, discusiones entre los consejeros, lo que era una prueba bien patente de la seriedad con que se tomaban sus opiniones. Y añade que los responsables políticos, monárquicos y republicanos tuvieron suerte al contar con un centro de estudios de tanto prestigio.

Cualquier elogio estaba justificado, porque sus aportaciones fueron realmente importantes. Realizaron notabilísimos estudios sobre la economía española y asesoraron en materia monetaria y financiera al Consejo General y al Gobierno. En lo que respecta a la información económica, trataron de llenar el hueco que existía en el conocimiento de la economía española, por falta de información estadística de base. Y trataron de conocer y analizar la incidencia de la crisis económica mundial en España. También estudiaron sistemáticamente las causas de las fluctuaciones del tipo de cambio de la peseta y cómo evitarlas. En aquellos momentos quedó claro que el Banco de España tenía un equipo de lujo.

Transcurrido menos de un año de su nombramiento, José Larraz pidió el cese, siendo sustituido por Germán Bernácer. Pero en ese año de estancia en el Servicio, Larraz desarrolló una notable actividad, en la que destacó su memorándum sobre la política monetaria interior, que constituyó el primer intento serio en España de estudiar la evolución de la cantidad de dinero y las causas que determinaban sus variaciones. La tarea desarrollada por José Larraz en el Servicio de Estudios del Banco de España le sería de mucha utilidad cuando, posteriormente, y estallada la guerra civil, tuvo a su cargo responsabilidades más amplias en el Gobierno de Burgos.

Durante toda esa etapa, el Servicio de Estudios gozó de plena independencia, tanto en lo que se refiere al Consejo del banco como al Ministerio de Hacienda. Y la tuvo tanto en la época de la Monarquía como en la de la República. Estallada la guerra, cada uno de los dos bandos interpretó de manera distinta sus objetivos y sus actividades, en relación con lo que era y significaba el Banco de España y su Servicio de Estudios.

EL DESDOBLAMIENTO FINANCIERO INSTITUCIONAL DEL 18 DE JULIO

A partir del 18 de julio, España sufrió cambios muy drásticos en lo que a la economía y a las finanzas se refiere. Acontecimiento importante fue la constitución de un Banco de España en Burgos y el que, como consecuencia de ello, una parte importante del sistema financiero quedara fuera del control del Banco de España republicano.

Producida la separación del Banco de España en dos organizaciones, la sede del banco en la zona controlada por el Gobierno republicano permaneció en Madrid, más tarde fue trasladada a Valencia (noviembre de 1936) y luego a Barcelona (septiembre de 1937). La sede del Banco de España de la zona nacional permaneció durante toda la guerra en Burgos. Independientemente de otras consideraciones, la diferencia objetiva más importante entre estas dos organizaciones, que pugnaban por llamarse legítimamente «Banco de España», radicó en que el área republicana contaba con la organización central histórica y con las reservas de oro del Estado, mientras que la zona nacional sólo dispuso en principio de unas sucursales, sin aparato central que las controlara o dirigiera.

El Gobierno de los sublevados consiguió reunir a mediados de septiembre un Consejo extraordinario del Banco de España en Burgos, al que asistieron algunos consejeros que habían conseguido huir de Madrid. En este Consejo se reivindicó la legitimidad del Banco de España anterior al 18 de julio y se tomó la decisión de dedicar todo el aparato del que se disponía al objetivo de ganar la guerra.

El Banco de España republicano nunca reconoció la existencia del «Banco de España» refundado en la zona nacional. Como consecuencia, el primer resultado de la ruptura territorial de la organización del Banco de España fue el enfrentamiento de las dos partes en relación con la legitimidad de su representación, tanto en el interior como en el exterior. Y fue esto lo que obligó a ambos «bancos» a plantearse mutuamente numerosos pleitos, porque ambos pretendían reclamar para sí la legalidad de la institución «Banco de España». En función de ello, las dos zonas mantuvieron vigente el cuerpo jurídico anterior al 18 de julio, modificándolo sólo en aspectos parciales y declarando expresamente en las nuevas normas su voluntad de transitoriedad. Como era lógico, la prioridad más absoluta para cada una de las dos organizaciones fue la financiación de la guerra que empezaba, y en consecuencia la «cuestión del oro» fue preocupación permanente de ambas.

En una y otra zona se plantearon también muchos problemas de orden monetario. Porque en los cuatro primeros meses de la contienda sólo existió en España un signo fiduciario, aparentemente respaldado por los dos «Bancos de España», de manera que el dinero en poder de los residentes de la zona republicana se iba incorporando directamente a la circulación monetaria de la zona nacional, a medida que se producían las sucesivas ocupaciones territoriales. Sin embargo, una vez que se tomó conciencia de la posibilidad de una guerra larga, no quedó más remedio que acomodar a ello las diferentes estrategias financieras y bancarias.

Así, el Gobierno de Burgos, para distinguir unos billetes de otros, rompió la comunidad dineraria con el republicano mediante el estampillado de los circulantes en su territorio. El Banco de España de Madrid aceptó la separación de las dos monedas, prohibiendo en su territorio la tenencia y circulación de los billetes estampillados, a los que consideraba sin vinculación con las reservas en metálico. Y a partir de este momento, existieron dos pesetas distintas, independientes, símbolos de dos políticas económicas y monetarias dispares, que sirvieron de marco a cada zona durante todo el período de la contienda.

Al estampillado siguió, unos meses después, el canje por billetes de nueva emisión, de formato ya distinto, que hizo el Gobierno de Burgos, y de esta manera la separación monetaria se materializó exteriormente. Lo que ello supuso, los problemas que se fueron planteando en el orden económico y financiero, y cómo se utilizó esta nueva situación en las estrategias financieras de cada uno de los dos bancos, se relata más adelante.

III
Preparación de la sublevación

NECESIDADES FINANCIERAS DE UNA SUBLEVACIÓN

Hay consenso en que el coste de la guerra fue muy alto. Lo fue en términos de pérdidas humanas y en destrucción de equipo capital. El producto interior bruto se redujo sustancialmente durante la contienda. También fueron altas las pérdidas en estrictos términos financieros, porque la guerra lo que consume es dinero. Dinero para financiar la compra de armas, los carburantes, y las grandes movilizaciones de hombres y material. Indalecio Prieto ya insistió en los primeros momentos en el dicho napoleónico de que «la guerra se gana con dinero, dinero, dinero», donde ya quedaba explícita la distinción entre sublevación y guerra.[1]

Al final, como se verá más adelante, el volumen de recursos requerido por cada parte fue verdaderamente alto, y no fue muy diferente en términos cuantitativos. Ambos recurrieron a la financiación interior con fórmulas parecidas y resultados equivalentes. Muy en resumen se podría decir que, fundamentalmente la República consumió las notables reservas de oro acumuladas por España a lo largo de muchísimos años, y que el Gobierno de Burgos, que carecía de ese oro, se endeudó en el exterior en un volumen parecido. A grandes trazos, y simplificando mucho, puede decirse que, en una parte importante, la República pagó el coste de la guerra civil con cargo al ahorro que los españoles habían acumulado en el pasado, y que el Gobierno de Burgos lo financió con el ahorro futuro. Con lo que los españoles se iban a ver obligados a dejar de consumir en los años sucesivos para satisfacer esa deuda de guerra. Todo ello, y otras fuentes de financiación, se verán con detalle en los capítulos que integran este trabajo.

Pero antes parece necesario detenerse en el contenido y en la problemática conceptual de la financiación de los tres componentes en los que puede dividirse la contienda de 1936. Una primera reacción contra la República, que, en algunos momentos y situaciones, pudo ser simplemente una serie de pequeñas «conspiraciones», que luego fue una sublevación y al final una guerra. Tres momentos que hay que estudiar por separado, porque, desde el punto de vista financiero, cada uno de ellos plantea operaciones financieras distintas, que deben examinarse por separado.[2] Existe un cuarto integrante, del que se trata más adelante, que se concreta en la financiación del exilio que se produjo al final de la guerra. Este capítulo y los tres siguientes tratan de ofrecer una primera aproximación de la historia financiera de la preparación de la sublevación y de la sublevación misma.

LAS PRIMERAS REACCIONES CONTRA LA REPÚBLICA

Conviene recordar que la oposición contra la República se inició en el mismo momento en que ésta se proclamó. Porque el 14 de abril de 1931 ya se celebró una reunión en casa del conde de Guadalhorce[3] a la que asistieron algunos de los personajes más significativos de entre los que no la aceptaban. Y allí se decidió la constitución de una escuela de pensamiento contrarrevolucionaria para derrocar «por todos los medios» a la nueva República.[4] Y en ese mismo mes hubo otra reunión en Leiza, en casa de Ignacio Baleztena,[5] uno de los principales promotores y financiadores de la contestación carlista, en la que se acordó la organización de los requetés en grupos paramilitares para enfrentarse a la República.[6]

En aquellos momentos ya se había definido la organización formal de los carlistas, que se concretó posteriormente en una Junta de Partido y una Junta Militar. Más tarde, en octubre de 1932, se celebró una reunión en París de la Junta Conspiradora Monárquica, establecida en abril de 1931, a la que asistieron, entre otros, el conde de los Andes, el duque de Alba, Eduardo Aunós, Calvo Sotelo, José María Pujadas y Carlos de la Huerta. Se trataba de ir buscando complicidades, dotándose de una organización, y consolidando apoyos financieros, en lo que ya se podría llamar la preparación de una sublevación.

Hay que reconocer que estas actuaciones previas a la sublevación constituyen un fenómeno poco estudiado, como corresponde a la naturaleza de la operación, que fue muy reservada, y que no ha dejado mucho rastro. Y, sin embargo, ese período es realmente importante, y merece mucha atención, en la medida en que en él se fraguó el germen de lo que luego sucedió. Porque, entre esas fechas, del 14 de abril de 1931 hasta julio de 1936,[7] más o menos cinco años, se alcanzaron dos objetivos que más tarde fueron básicos. Primero porque, poco a poco, se hicieron visibles los grupos que querían «alzarse en armas» contra la República, se definieron, se perfilaron ideológicamente, y se buscaron sintonías y aspiraciones conjuntas. Y segundo, desde el punto de vista financiero algunos grupos se dedicaron a buscar fondos para poner en marcha la operación.

Es claro que esta etapa fue una operación fundamentalmente civil, porque la reacción contra la República que corría a cargo de los integrantes de la Unión Militar Española (UME),[8] sólo empezó formalmente a dar señales de vida activa a partir del 16 de febrero de 1936, cuando se constituyó un consejo de generales para preparar la sublevación.[9] Por ello, debe entenderse que fue el movimiento civil el que preparó una base sólida para que, en su momento, la sublevación triunfara. Un movimiento, por otra parte, que se fue desarrollando con componentes muy heterogéneos y, extrañamente, con muy pocos contactos entre sí, al menos al principio. Aunque, poco a poco, se fueron definiendo los grandes núcleos personales y los grandes apoyos que hicieron posible el «levantamiento». Los monárquicos y los carlistas, como núcleos personales, sin olvidar a los militares, que, también poco a poco, medían sus fuerzas y buscaban complicidades. Y en cuanto a los grandes apoyos, Portugal y Juan March.

Los mecanismos de captación de recursos para luchar contra la República ya habían iniciado su andadura a finales de septiembre de 1932. Eugenio Vegas Latapié, Jorge Vigón y el marqués de la Eliseda se entrevistaron en Biarritz con Calvo Sotelo para planificar las acciones a tomar, y decidieron nombrar un comité recaudador de fondos. En el extranjero lo presidiría el conde de los Andes y en España el marqués de Arriluce de Ybarra. También se constituyó una comisión ejecutiva, que se entrevistó en París con Alfonso XIII para darle cuenta de la operación que se ponía en marcha. Éste dio su conformidad a esa operación, entregándoles «una carta autógrafa, en la que, en pocas y categóricas frases, les confería poderes para en su augusto nombre gestionar auxilios y desarrollar actividades encaminadas al servicio del ideal». Y aquella «hoja azul con el membrete del hotel Meurice y sus renglones negros y enérgicos de trazo, sirvió en cientos de ocasiones para establecer los contactos deseados, como ejecutoria o carta credencial».[10]

Previamente, Vegas Latapié, Ansaldo y el marqués de la Eliseda habían elaborado una lista de españoles residentes en Francia a los que había que dirigirse solicitando financiación. Y a ellos se presentaba Ansaldo con la carta de Alfonso XIII.[11] La lista, encontrada en el archivo del conde de los Andes, se dividía en dos partes bien diferenciadas: la de aquellas personas con una renta estimada superior al millón de pesetas, y una segunda con los de menor capacidad adquisitiva. González Cuevas publicó posteriormente, en su libro Acción Española.[12] Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936), la relación de las cantidades aportadas.[13] El total recaudado o prometido ascendía a 20 millones de pesetas. González Cuevas (1998:175) concluía que con ello se habían puesto las bases económicas para el desarrollo de nuevas «conspiraciones» y para el sostenimiento de la causa monárquica en el interior. Independientemente de lo anterior, Juan Antonio Ansaldo, en un informe del 24 de junio de 1933, incluía una relación de las cantidades recaudadas directamente por él, por el conde de los Andes y por el marqués de la Eliseda, que en pocos días sobrepasó los tres millones de francos. Una cifra que, según Ansaldo (1951:48), «cubría plenamente las necesidades del momento».

La revista Acción Española actuó también de oficina recaudatoria. Y desde ella, Eugenio Vegas Latapié y el marqués de Quintanar, entre otros, se dedicaron a recaudar fondos en los círculos aristocráticos consiguiendo en poco menos de quince días 1,5 millones de pesetas. Orgaz, por su parte, consiguió 100.000 pesetas del filántropo santanderino Ramón Pelayo de la Torriente, marqués de Valdecilla (González Cuevas, 1998:144-145). También se inició una campaña para obtener recursos a partir de una categoría especial de «suscriptores protectores» que pagaban 500 pesetas mensuales. Entre ellos se encontraba el propio Alfonso XIII, que en la lista aparecía con el título de duque de Toledo.[14]

Desde el punto de vista doctrinal esa revista se convirtió en un centro cultural para el estudio y difusión de los principios constitutivos de la hispanidad o civilización hispánica. Su objetivo último era el restablecimiento de la hegemonía sobre la sociedad por parte del estrato anteriormente dirigente, a partir de la remodelación de la forma de Estado. En realidad, fue el núcleo intelectual donde se fundieron todas las escuelas conservadoras y tradicionalistas. Al final se conformó como un núcleo «conspirativo». Estaba «organizada como un centro de propaganda más que como un aparato de partido», algo similar a lo que ocurría con la Action Française.[15]

En cuanto a la financiación exterior, la primera acción de búsqueda formal se inició el 31 de marzo de 1934, dos años y poco más de tres meses antes del momento en que la insurrección contra la República fuera un hecho. Porque fue en esa fecha cuando el jefe del Gobierno italiano, Benito Mussolini, recibió a un grupo de cuatro políticos de la oposición a la República, Rafael Olazábal, Antonio de Lizarza,[16] Emilio Barrera[17] y Antonio Goicoechea, que se acercaban al Gobierno italiano en petición de ayuda. Una ayuda que, como luego se verá, les fue concedida inmediatamente.

Así pues, a partir de dos organizaciones distintas, monárquicos y carlistas, que pretendían luchar contra la República, se fueron definiendo las fuerzas, especialmente las financieras, y las complicidades, con las que cada uno contaba, perfilándose algunos bloques que, al final, tomaron parte en la sublevación. En todo momento, y por separado, trabajaron también los militares. Algo que no es fácil de entender, pero que fue una realidad, es que Mola entró en contacto formal con los carlistas, por primera vez, cinco días antes del «levantamiento».

Cada uno de los grupos acarreaba su peculiar historia. Los monárquicos, su legitimidad, su contenido político, y sus contactos militares. Los carlistas fueron los primeros que asumieron el objetivo de la confrontación formal, y los que desde el primer momento dispusieron de un ejército armado y entrenado. Junto a ellos, y en la línea de apoyos y complicidades, en este período se definieron como elementos fundamentales Portugal y Juan March. Portugal ofreciendo refugio y ayuda a los que luchaban contra la República, que se trasladaron a ese país en distintas etapas. Y Juan March ofreciendo «confianza» de que nunca faltaría la financiación necesaria cuando se requiriera.

FINANCIACIÓN DE LA SUBLEVACIÓN

Se ha dicho que la financiación de una sublevación es muy distinta de la financiación de una guerra.[18] Y lo es, porque la sublevación como tal no destruye equipo capital como la guerra, aunque exige abundante inversión para su fase preparatoria y para su primera implementación. Es una financiación que fundamentalmente no utiliza más que dinero metálico, obtenido como contribución gratuita, en la medida en que, por propia definición, una sublevación no tiene capacidad de endeudamiento ni mecanismos para negociarlo. Y toda su actividad se desarrolla a corto plazo, porque los requerimientos más urgentes de recursos son para la fase más temprana, es decir, la preparatoria.

En cuanto a la guerra civil española, formalmente no se ha definido el límite entre la sublevación y su comienzo. Pero una propuesta aceptable, a la hora de delimitar espacios, sería considerar que la sublevación comenzó el 18 de julio y terminó el 23 de noviembre de 1936, día en que, ante la resistencia encontrada, Franco y Mola acordaron suspender el ataque a Madrid, quedando consolidado ese frente y abierto sine die el conflicto. En aquél momento, la sublevación se convirtió en una guerra.[19]

En la sublevación del 18 de julio, en la que una parte del ejército español se «levantó» en armas para derrocar a la República, la realidad es, como siempre se ha creído, que requirió financiación muy importante, obtenida sin grandes dificultades, como luego se verá. Una faceta ésta de la guerra civil española que hasta ahora no ha merecido la adecuada atención por parte de los investigadores. Bien porque en su momento no existió ningún deseo de informar o dejar rastro de ello, bien porque después no se ha trabajado suficientemente en las señales que esa operación dejó.

Aparentemente, y desde el punto de vista financiero, a mediados de julio ninguna de las dos partes estaba preparada para el acontecimiento que se avecinaba, especialmente los asaltantes al poder. Por ello, a la hora de estudiar cómo se financió el «levantamiento» es importante plantearse el escenario en el que los dos bandos tuvieron que arbitrar, en muy poco tiempo, fórmulas para hacerse con las primeras armas y equipos que requería la confrontación. Y no hay ninguna duda de que la sublevación se planteó en la creencia de que duraría «muy pocos días». Claudio Sánchez-Albornoz recuerda en su Anecdotario político lo que Honorio Maura le dijo en abril de 1936: «Albornoz, prepárese; quince días de revolución y luego nosotros». Es decir, «las extremas derechas», concluía Sánchez-Albornoz.[20]

También los generales que formaban parte del núcleo central de la «conspiración» pensaban que el «alzamiento» era un problema de días. La iniciación de la operación se concretó en marzo de 1936. Se formalizó en casa del agente de cambio y bolsa y diputado de la CEDA José Delgado, y su objetivo no era otro que organizar un «movimiento militar destinado a preservar al país de la ruina y del desmembramiento». El compromiso era no desencadenarlo mientras las circunstancias no lo hicieran absolutamente necesario. La operación se hacía en nombre de España, con exclusión de toda otra etiqueta. Los problemas del régimen que debía imponerse, sus estructuras, los símbolos que se deberían utilizar y otras decisiones que se habrían de tomar de esta naturaleza, no serían abordados sino después del triunfo del «movimiento».[21] Jellinek (1978:247), por su parte, dice que Gil Robles había asegurado a los generales que el Vaticano reconocería inmediatamente la sublevación, y apenas podía haber dudas de que así lo harían Alemania, Italia y Portugal, y de que algunas repúblicas centroamericanas les seguirían.[22]

Quizá Franco era el único que no pensaba así. Porque, hablando en los primeros días de la guerra con el general Kindelán, le confesaba que «no abrigo dudas sobre el triunfo, ni las he abrigado un solo momento», pero «va a ser costoso y largo» (Kindelán, 1982:85). Luis Bolín,[23] quien compartió con Franco habitación la noche del 18 de julio en un hotel de Casablanca cercano al aeropuerto, cuenta que éste le dijo que sabía que la guerra iba a ser «larga y difícil». El general no abrigaba ilusión de un rápido triunfo sobre el Frente Popular, porque los factores en contra eran muchos. Consideraba perdidas para la sublevación casi todas las poblaciones importantes, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Además, sentía fuertes dudas sobre la actitud de algunos sectores de la marina, porque recelaba «que parte de la marinería y de las clases, saturadas de un odio fruto de intensas propagandas extremistas, cayeran sobre la oficialidad y asesinaran en masa allí donde las circunstancias les fueran propicias». Su conclusión final, según anotó Bolín, fue: «La guerra durará más de lo que muchos piensan, pero al final la victoria será nuestra»[24] En todo caso, en aquellos momentos la operación no pasaba de ser una insurrección militar.[25].

Más tarde, las ayudas a la sublevación vendrían de tres fuentes fundamentales: de Navarra, de Juan March y de Portugal. Y cada día aparece más claro que sin esas tres fuentes de financiación, la sublevación no hubiera triunfado de ninguna manera y se hubiera desmoronado en pocas semanas.

En todo caso, la laguna histórica en el conocimiento de cómo se financió en sus orígenes la guerra civil es una constante que aceptan todos aquellos que, de una manera u otra, se han acercado a esta investigación. La «Historia calla acerca de este punto», dice Guillermo Cabanellas (1973:342). Y Garriga (1976:379) apostilla que «las fuentes financieras del Alzamiento nacional es un tema poco investigado».

Y así es, porque el proceso de búsqueda de información sobre el contenido financiero de los primeros pasos de la sublevación pone de manifiesto que las fuentes tradicionales que deberían documentar esa financiación apenas existen. Sí es posible, aunque con mucho esfuerzo, reunir informaciones parciales, dispersas en infinidad de textos, que permiten ensayar aproximaciones sucesivas para avanzar en el conocimiento de ese proceso y de su identidad.

En lo que a la presente investigación se refiere, ha sido muy útil bucear en la abundante literatura que se produjo con posterioridad a la guerra por políticos y otros actores en primera línea de cada uno de los bandos que entraron en conflicto, relatando las historias que vivieron o de las que tuvieron información de primera mano. Es importante por su número, aunque con frecuencia no ofrecen información nueva. Pero muchas veces en esos escritos se pueden encontrar detalles, más o menos concretos, sobre «conspiraciones», conversaciones, tomas de posición, o pequeños flashes informativos, que arrojan pistas que al final conducen a perfilar una primera aproximación a los contornos de determinados procesos, fórmulas u operaciones concretas de financiación.[26]

Al final, la tarea para intentar reconstruir lo que pudo ser el esquema financiero de aquellos momentos, materia de por sí tan opaca, no puede ser otra que utilizar la técnica del puzle buscando, pieza a pieza, la primera aproximación posible con los datos disponibles, a los que luego habrá que añadir hipótesis realistas para suplir los que faltan. La historia demuestra que personajes como Lenin, Mussolini, Stalin, Hitler, Tito y Mao Tse-Tung se hicieron con el poder en sus países a través de revoluciones que exigieron abundante financiación, que aparentemente no dejó rastro, pero que al final ha podido ser reconstruida con paciencia. Y Görlitz (1977:23) reconoce que detrás de todo movimiento político hay, inevitablemente, un apoyo financiero.[27]

En estas circunstancias, y en este caso, tratar de definir con una cierta precisión cómo fue y cómo operó el aparato financiero que hizo posible que la sublevación del 18 de julio se mantuviera viva y pujante en los primeros meses, hasta que se convirtió en una verdadera guerra civil, exige estudiar, por separado y en profundidad, cuatro capítulos en los que puede dividirse el conjunto de fórmulas y acciones que sirvieron a ese propósito y que, aunque operaron de forma independiente, al final resultaron complementarias. Son las siguientes, que conforman, en realidad, el índice de los cuatro capítulos que integran la parte del texto de este trabajo que se refiere a la financiación de las primeras reacciones contra la República y de la sublevación como tal:

En primer lugar, y aunque aparentemente queden un poco lejos del momento del «pronunciamiento», hay que analizar muy despacio, y existen suficientes fuentes para hacerlo, los acuerdos que la Comunión Tradicionalista, juntamente con Renovación Española,[28] suscribieron con Mussolini el 31 de marzo de 1934, día en que solicitaron y consiguieron de éste ayuda financiera para derrocar a la República. Porque de aquel acuerdo se derivó la financiación básica para la compra de las primeras armas,[29] y en él se definieron mecanismos para la formación militar en Italia de los requetés que posteriormente iniciaron la sublevación en Navarra,[30] y que tan importante papel desempeñaron en los primeros éxitos militares. Este acuerdo sirvió, a su vez, de puente para el definitivo que se estableció con Italia en 1936.

Necesario es, igualmente, profundizar en, y valorar, la potente y eficaz organización de la Comunión Tradicionalista, el más importante activo con que Mola se encontró cuando se incorporó a la guarnición de Pamplona. Una organización que, desde mucho antes de la sublevación, disponía de un «grupo militar propio», armado, jerarquizado y entrenado, y para cuyo mantenimiento se habían creado canales propios de financiación regular. A este respecto, es necesario tener en cuenta también la potencia financiera que representaba en Navarra la Diputación Foral y su singular aparato fiscal.

El análisis de la financiación del golpe militar del 18 de julio exige también estudiar con detalle el papel que el banquero Juan March desempeñó en esa operación. Sobre ello existe bastante información, alguna excepcionalmente importante, conocida en España recientemente. Aunque para entender y definir esa ayuda sea necesario navegar por los imprecisos circuitos y vericuetos de las fórmulas financieras de March y de sus relaciones con el Kleinwort Bank de Londres. También hay que tener en cuenta la historia de la sistemática oposición de March a la República, así como la urgencia personal que sentía para derrocarla lo más rápidamente posible. Y todo ello, claro está, interpretado a la luz de la inmensa capacidad financiera que tenía, de sus amplísimas relaciones internacionales y de su contacto con Mola. Tampoco se pueden olvidar otras importantes contribuciones a la financiación de la sublevación, como las provenientes de Cambó y las de la comunidad judía.

A la hora de inventariar las ayudas financieras a la sublevación, de ninguna manera se puede dejar de tener en cuenta el papel desempeñado por Portugal, en la medida en que Salazar fue un estrecho aliado de los sublevados desde antes del 18 de julio. Después respondió inmediatamente a la primera petición de Mola solicitando ayuda, y arbitró para ello fondos de entidades financieras y empresas. Además, y muy especialmente, con anterioridad al «levantamiento militar», ya había puesto a disposición de los que querían derrocar a la República todos los medios al alcance de un jefe de Gobierno. Su entrega en este sentido fue total.

LA AYUDA FINANCIERA DE MUSSOLINI DE MARZO DE 1934[31]

El día 31 de marzo de 1934, a las cuatro de la tarde, cuatro españoles, Rafael Olazábal, Antonio de Lizarza, el general Emilio Barrera y Antonio Goicoechea, se reunían con el jefe de Gobierno italiano, Benito Mussolini, al que acompañaba el mariscal Italo Balbo.[32] Los dos primeros acudían a esa reunión en representación de la Comunión Tradicionalista. Goicoechea lo hacía como jefe del partido de Renovación Española, y el general Barrera en nombre de la Unión Militar Española (UME), la organización creada en el seno del ejército español. Así pues, carlistas, monárquicos y ejército acudían a Mussolini para solicitar ayuda en su proyecto de derrocar a la República. La reunión fue muy cordial y duró tres cuartos de hora. La entrevista con Mussolini fue preparada por Olazábal a través del coronel Longo, agregado militar que residía en Barcelona, y de un jesuita, el padre Segarra, que estaba en Roma. Los contactos de la Comunión Tradicionalista con el Vaticano habían sido hasta ese momento muchos e intensos, y el movimiento carlista era muy apreciado en los círculos del Vaticano.

El día anterior de la visita a Mussolini los cuatro se habían reunido con Italo Balbo, al que solicitaron que, una vez estallada la sublevación, Roma reconociera inmediatamente al Gobierno de los sublevados, aunque no hubiese conseguido adueñarse de todo el territorio nacional. También pedían armas y dinero. Balbo no aceptó la primera petición, con argumentos de política internacional, pero se ofreció a proporcionar 10.000 fusiles, 200 ametralladoras y un considerable número de bombas de mano. Italo Balbo aprovechó la reunión que tuvieron con él para señalarles especialmente la necesidad de mantener el statu quo en el Mediterráneo.[33]

En la entrevista del día 31, Mussolini hizo varias preguntas sobre la situación de España y sobre sus ideas al respecto, concluyendo que lo esencial para él era que el «movimiento revolucionario» fuera monárquico y de tendencia representativa y corporativa, y prometiendo al final ayudarles con dinero y armas.[34]

En todo caso, las relaciones de Mussolini con «conspiradores» españoles contra la República venían de antiguo.[35] Ya en 1926 el Duce había recibido al coronel Millán Astray, a quien, al parecer, le había formulado vagas promesas porque en aquellos momentos Mussolini estaba tratando de evitar un potencial acuerdo militar franco-español que sería muy negativo para sus intereses.[36] Y es importante no olvidar que desde 1933 se había planteado renovar el tratado italo-español de amistad y arbitraje de 1926, aunque aún faltaban algunos años para que expirase (Coverdale, 1979:53). Por otra parte, a partir de la proclamación de la República en España en abril de 1931, Mussolini había empezado a considerar España y su nuevo régimen como una amenaza a la posición italiana en el Mediterráneo, si desaparecían las relaciones que había venido manteniendo con el general Primo de Rivera (Campo Rizo, 2009:12).

Pero la visita a Mussolini del 31 de marzo de 1934 tenía un antecedente más inmediato que había preparado el terreno para esa entrevista, y que conviene tener en cuenta. En abril de 1932, el aviador y monárquico Juan Antonio Ansaldo fue enviado a Roma por el general Ponte[37] para obtener apoyo italiano al golpe de Estado que estaba organizando el general Sanjurjo. Visitó al ministro del Aire, Italo Balbo, y éste, al parecer, garantizó para la sublevación apoyo diplomático y 200 ametralladoras, con su correspondiente munición, inmediatamente después del inicio del «movimiento».[38] Es conocido el fracaso de aquel intento.

Un año después, Ansaldo volvió a Italia, esta vez acompañando a Calvo Sotelo, jefe de la oposición monárquica. Ambos se reunieron de nuevo con el ministro Italo Balbo. Y sin duda, de esta visita, de la que poco se conoce, tuvieron que derivarse efectos positivos para la entrevista del 31 de marzo de 1934, cuando los cuatro miembros de la oposición a la República visitaron a Mussolini.

Otro antecedente «conspiratorio», del que se habló en su momento, fue el viaje de Sanjurjo a Alemania, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de invierno celebrados en Garmisch-Partenkirchen del 6 al 16 de febrero de 1936. Se dijo que, durante este viaje, Sanjurjo acordó con los militares alemanes el traslado en avionetas de las tropas de Marruecos a la Península. Así lo expuso Álvarez del Vayo:[39]

El General Sanjurjo logró… la promesa de los poderes alemanes que los rebeldes tendrían a su disposición los aviones necesarios para el transporte de las tropas a la Península, si se diera el caso de no prestar la flota española la colaboración requerida.[40]

Nada se ha podido documentar sobre este viaje de Sanjurjo. Y más bien existen pruebas de que no sucedió así, pues cuando Sanjurjo llegó a Alemania aún no se habían celebrado las elecciones del 16 de febrero que dieron el triunfo al Frente Popular. Y está también probado que hasta fines de febrero de 1936 no se establecieron los programas para poner en marcha la «conspiración militar» que estalló en julio.

Quizá pudo haber más acuerdos con Italia. Pedro Sáinz Rodríguez[41] (1978:232 y ss.) habla de otro acuerdo político, negociado por él mismo, que al final firmaron Calvo Sotelo, Goicoechea y el conde de Rodezno. Cuenta que, a través de Ernesto Carpi,[42] negociaron la posibilidad de firmar con los italianos un convenio en el que se establecía que, en el supuesto de que, por las circunstancias políticas de España, hubiera una sublevación contra la República, el Gobierno de Italia auxiliaría a los sublevados, prestándoles apoyo, incluso militar, si eso llegaba a ser necesario. Y recuerda que, por mediación de Carpi, se cruzaron frecuente notas, conocidas por el Gobierno de Italia.[43] Sáinz Rodríguez relata que en ese acuerdo se regulaban relaciones comerciales, pero especialmente que en él se establecía que «la España futura y el Gobierno de Italia tenían un enorme y decidido interés en asegurar el statu quo del Mediterráneo». El documento, según Sáinz Rodríguez, se lo firmó el conde de Rodezno a la entrada del Congreso,[44] Calvo Sotelo en una salita del mismo, y Goicoechea en el salón de sesiones.[45] Pese a todo ello, y como han concluido Heiberg y Ros (2006:33), las posibilidades de que en 1936 se discutiera la firma de un acuerdo similar al de 1934, como afirma Sáinz Rodríguez, son muy dudosas, especialmente en vista a las nuevas fuentes descubiertas en los archivos italianos.

De la reunión con Mussolini de marzo de 1934, se levantaron dos actas. Una, la oficial de la reunión mantenida en el Palacio Venecia entre Mussolini y el mariscal Balbo y los representantes españoles, y otra, redactada por los representantes españoles como resumen de la reunión y de su acuerdo posterior sobre la distribución del dinero y de las armas.[46] De ellas se deduce que Mussolini «después de enterarse minuciosamente, por contestaciones que a sus interrogantes dieron cada uno de los presentes, de la situación actual de la política española y de las aspiraciones y estado del Ejército y de la Marina, y de los dos Partidos Monárquicos», había aceptado lo siguiente:[47]

«Que estaba dispuesto a ayudar con la asistencia y medios necesarios a los dos partidos de oposición al régimen vigente en España en la obra de derribarlo y sustituirlo por una regencia que preparase la completa restauración de la monarquía. Esta manifestación fue repetida solemnemente por el sr. Mussolini hasta tres veces siendo acogida por los presentes con las naturales manifestaciones de estima y gratitud.»

«Que en demostración práctica y como prueba de tales intenciones estaba dispuesto a facilitarles inmediatamente diez mil fusiles, diez mil bombas de mano, doscientas ametralladoras y un millón quinientas mil pesetas en metálico.»

«Que tales auxilios tenían sólo carácter inicial y serían oportunamente completados con otros mayores, a medida que la tarea realizada lo justificase y las circunstancias lo hicieran necesario.»

Se acordó que los representantes españoles decidirían el reparto proporcional en la forma, momento y condiciones que ellos dispusieran, tanto de la cantidad recibida en metálico como de las armas que se les entregaran. También se responsabilizaban de su transporte a España. Este último acuerdo fue el causante, según algunos, de que, al final, las armas no llegaran a tiempo a España.

El acta oficial de la reunión contenía interesantes comentarios del Duce. Así, cuando se puso abiertamente de parte de los «conspiradores»: «Yo cuando ayudo, ayudo de verdad, y Austria lo sabe muy bien. Por lo tanto les aseguro que su movimiento cuenta con mi simpatía». O cuando hizo precisiones en relación con el millón y medio de pesetas que se le pedían:

Existe una dificultad técnica para tener esa cantidad en un período de tiempo breve, porque las pesetas no se encuentran fácilmente en el mercado internacional, y tendré que hacer que se compren en pequeñas cantidades para no levantar sospechas. Evidentemente el Estado no intervendrá directamente, porque debido a las leyes italianas, nada escapa al control público. Sin embargo existen algunos organismos económicos que obedecen al Estado, a través de los cuales se llevará a cabo la operación.

Posteriormente, Balbo y los españoles se reunieron en la oficina de éste para debatir y redactar un «pacto secreto» complementario, conteniendo las estipulaciones políticas que se deducían de la reunión mantenida con Mussolini. En realidad, eran las contraprestaciones que Mussolini deseaba. El contenido de ese pacto secreto era el siguiente:[48]

«España e Italia estipularán un tratado de neutralidad y amistad, en el que se precisará que ambas potencias han de estar conformes en el mantenimiento del statu quo del Mediterráneo occidental en lo que afecta a los derechos territoriales de España tanto de soberanía como de protectorado. Italia garantizará a España el statu quo antes dicho… Un acuerdo determinará previa y oportunamente las normas de aplicación de este apartado, desarrollando y puntualizando su contenido.»

«España e Italia estipularán un tratado comercial a fin de coordinar las zonas de exportación de determinados productos de ambos países, con el propósito de constituir un frente único en relación con las naciones importadoras concretando acuerdos de estrecha relación económica en defensa de los intereses de ambos países.»

«Trámite previo a los precedentes acuerdos será la denuncia y rescisión de los tratados secretos franco-españoles.»

«Italia se obliga a ayudar al nuevo Gobierno español reconociéndolo en cuanto sea internacionalmente posible.»

«La cláusula n.º 4 se aplicará inmediatamente y las cláusulas n.os 1, 2, 3 se aplicarán al transcurrir un mes de la constitución del nuevo gobierno.»

Así pues, el verdadero compromiso contraído por los españoles fue «derrocar a la República, instaurar la Monarquía tradicional, hacer un pacto de amistad con Italia y, en caso de conflagración en el Mediterráneo, denunciar el tratado existente entre la República y Francia».[49] Aunque su tesis no sea generalmente aceptada, Saz ha puesto de manifiesto que los acuerdos de marzo de 1934 definían, en esencia, el pacto de neutralidad y amistad entre Italia y España que el 28 de noviembre de 1936 se firmó, también con carácter secreto, por el general Franco. Un tratado que «constituía una completa hipoteca sobre España» (Saz, 1992:118).

Al día siguiente, las autoridades italianas entregaron un primer plazo de 500.000 pesetas y el resto un poco más tarde. Y un documento italiano muy confidencial, utilizado por Mazzetti (1979) como fuente de su investigación, daba órdenes para la urgente tramitación del armamento prometido para la sublevación española.[50] La concentración de las armas debería hacerse en Trípoli[51] por medio del buque Alice, de la armada italiana, y debería incluir lo prometido por Mussolini. Pero después de muchas vicisitudes, éstas no llegaron a España. Cuando el jefe de gabinete del Ministerio de la Aeronáutica italiano solicitó el visto bueno para el envío del material prometido a los españoles, la respuesta fue negativa. Rafael Olazábal se dirigió a Roma proponiendo un encuentro entre el jefe de la Comunión Tradicionalista, Manuel Fal Conde, y Mussolini para negociar la entrega, pero éste no tuvo lugar. En septiembre de 1935 Olazábal visitó Roma otra vez para tratar de acelerar el envío de armas. Tampoco tuvo éxito. A partir de esta fecha, y en vista de que no conseguía obtener más dinero, además del millón y medio de pesetas, ni el envío de las armas prometidas, Olazábal no volvió a insistir. En noviembre de 1936 las armas y las municiones todavía se encontraban en Trípoli (Mazzetti, 1979:1186).

Es claro que, de las dos concesiones de Mussolini, dinero y armas, el dinero llegó inmediatamente a manos de los que pretendían sublevarse, y fue utilizado en su totalidad, pero sobre si las armas llegaron o no, el debate se ha mantenido abierto durante mucho tiempo. Desde luego, no llegaron a tiempo para la sublevación, aunque en España sí circularon noticias de que esas armas eran precisamente las que habían facilitado el «levantamiento» contra la República. Mazzetti localizó un documento, firmado en Roma el 21 de noviembre de 1936, que simplemente decía:

Para España: 1) Proporcionadas 6 pequeñas estaciones radio transmisoras. 2) Entrenados en el aeropuerto de Furbara 3 grupos de españoles de unos quince hombres cada uno en el tiro con metralleta y lanzamiento de bombas de mano. 3) Proporcionadas 1.500.000 pesetas. 4) Almacenadas en Trípoli, pero finalmente no enviadas a España: ametralladoras inglesas y alemanas 250, cartuchos para las mismas 2.942.000, bombas de mano 9.540 y fusiles 9.984.

Pero que las armas no llegaron nunca, sólo se supo formalmente con posterioridad, y la realidad del suministro de las primeras armas a Navarra fue, durante bastante tiempo, una cuestión debatida. Al principio se creyó que el convenio firmado con Mussolini había sido operativo inmediatamente, tanto en cuanto a la entrega del millón y medio de pesetas, que sí lo fue, como en cuanto a la entrega de las armas a que se refería el convenio. Y de hecho, los primeros investigadores que trataron esta cuestión dieron por seguro que también las armas habían llegado puntualmente a las manos del grupo que quería sublevarse contra la República. Desde luego, y tal como se ha visto, las armas fueron rápidamente trasladadas al lugar previsto, Trípoli, para su embarque hacia España. Y muchos autores concluyeron que sí habían llegado.

Tomás Echeverría (1985:28) dejó muy claro que, como consecuencia de los acuerdos con Mussolini, los carlistas «pudieron mandar a los campos de batalla miles y miles de requetés encuadrados en docenas de tercios». Görlitz (1977:27 y ss.) también lo creyó:

El compromiso contraído… en Roma pasó del papel al terreno de los hechos. De Italia entraron clandestinamente al norte de España una gran parte de las ametralladoras, fusiles y bombas de mano que la Italia fascista enviaba a los que prometieron derribar a la República… El material bélico enviado por el fascismo italiano y el adiestramiento militar que recibieron los navarros en Italia constituyó sin duda alguna la aportación más importante que recibió el general Emilio Mola en las primeras jornadas de estallar el Alzamiento… Este material y estos hombres adiestrados fueron la base de los tercios navarros que en formación regular se pusieron en pie de guerra.

Reforzaba la creencia de que las armas habían llegado la afirmación del general de división Luis Redondo García, militar tradicionalista que, muy terminantemente, declaró: «Ambos acuerdos se cumplimentaron. Las armas fueron llegando de la forma más rara e inverosímil, y pasaban a los depósitos que se iban disponiendo sobre todo en Navarra» (Redondo y Zavala, 1957:275-276).

Pero ahora ya se sabe que no fue así, porque nuevas investigaciones han dejado claro que el dinero sí se recibió, pero que las armas nunca llegaron. Jackson (1967:211) fue uno de los primeros que afirmó que «no parece que Mussolini suministrara armas antes del real estallido de la guerra civil», añadiendo, para justificar las que se utilizaron el 18 de julio, que los carlistas «estuvieron muy ocupados comprando armas en la primavera de 1936… pero las 150 ametralladoras que lograron introducir en España de contrabando antes de julio habían sido compradas en Alemania de modo particular».

Por su parte, Coverdale (1979:63), en su notable investigación sobre aquellos momentos, recordaba que:

El único material que de hecho se entregó a los conspiradores consistió en seis pequeños aparatos de radioteléfono. Las ametralladoras, los fusiles y las granadas de mano se enviaron a Trípoli, pero no llegaron a España antes de estallar la Guerra Civil.

Hay que recordar que el acuerdo contemplaba también que Italia recibiría «como visitantes» a un cierto número de miembros del Requeté para instruirse en el manejo de armas modernas y en estrategia militar, tratando de formar expertos que, al volver a España, pudieran instruir a su vez a sus compañeros. Inicialmente, esos cursos iban a tener lugar en Trípoli, pero al final se realizaron en el campo de tiro de Furbara. El 20 de julio de 1934 un primer grupo de 15 navarros iniciaba las maniobras de instrucción (Mazzetti, 1979:1185-1186), al que siguieron varias expediciones más.[52] Entre ellos, como ya se sabe, se encontraba Jaime del Burgo,[53] que posteriormente, y bajo el título Conspiración y guerra civil, escribió los recuerdos de su viaje de entrenamiento a Italia (Burgo, 1970:516 y ss.). Al entrar en Italia, se hacían cargo de ellos militares italianos, ocultando su personalidad y misión, tratándoles como «oficiales peruanos en viaje de prácticas» (Görlitz, 1977:28). Y fue tan alto el nivel de confidencialidad de esta operación que ni las mismas autoridades carlistas tuvieron información de ello (Oyarzun, 1939:572).

Una copia firmada del acta de la reunión de 1934 fue entregada a los visitantes españoles en su momento y depositada en una caja de seguridad del Crédito Italiano en Roma. Por su parte los españoles habían redactado y firmado su propia acta, en la que se recogía un resumen de la reunión del Palacio Venecia, así como del acuerdo posterior entre los españoles e Italo Balbo, quien les había pedido que se guardara en la más absoluta confidencialidad. Pero Goicoechea volvió a España con el borrador inicial manuscrito, que fue descubierto en plena guerra, en un registro efectuado en su domicilio de Madrid. El texto fue publicado por varios periódicos de Madrid el 14 de mayo de 1937 como prueba inequívoca de la complicidad de Mussolini en la preparación de la guerra civil (Coverdale, 1979:63). La información se reprodujo inmediatamente en la prensa extranjera.[54]

La prensa, en general, manipuló la información y duplicó el número de fusiles y de bombas de mano. El interesado, que se encontraba entonces en la zona nacional, en San Sebastián, hizo manifestaciones públicas confirmando el acuerdo y enorgulleciéndose de haber intervenido en la negociación del trato, lo que pudo costarle la vida a Antonio de Lizarza,[55] uno de los firmantes del acuerdo, que en aquellos momentos se encontraba en Madrid, refugiado en la embajada de Chile. Muy recientemente, la aparición en el Archivo Histórico Nacional de una historia de la guerra civil española del general Vicente Rojo, cuya existencia se desconocía, ha dado ocasión de conocer que el que fue jefe del Estado Mayor de las fuerzas de defensa durante la República, pensaba que el acta de Roma constituyó un documento capital de la acción subversiva en todos sus significados, no dudando en atribuir a ese documento un valor sobresaliente, porque en él se revelaba la amplitud y alcance que tenía el complot, tanto por la calidad de las fuerzas que los firmantes representaban, como porque descubría el apoyo que iban a recibir de un Estado europeo. Añadía que el hecho de haberse establecido el acuerdo dos años antes del estallido de la rebelión, y en un período en el que eran las derechas republicanas las que gobernaban el país, «prueba que el propósito de los rebeldes estaba muy meditado y que representaba una obra a realizar independientemente de los sucesos de tipo político y social que pudieran producirse en España».[56]

EL DUCE FINANCIA A LA FALANGE

Para mejor situar el escenario en que tuvo que resolverse la financiación de la sublevación, parece necesario recordar que, con posterioridad a la entrevista con Mussolini de marzo de 1934, existió otra ayuda financiera de éste a fuerzas que también intentaban sublevarse contra la República. En esta ocasión, a la Falange de Primo de Rivera. Éste visitó Italia en abril de 1935, donde celebró diversos encuentros con líderes fascistas. Pero, por dificultades de agenda, no le fue posible entrevistarse con Mussolini, quien también había mostrado interés en saludar al presidente de la Falange Española. Sin embargo, de este viaje se derivó una subvención para ese partido, de la que durante muchos años apenas se tenía información, salvo que tal subvención existió.[57]

Ahora ya se sabe que, como consecuencia de ese viaje, el 3 de junio de ese año Ciano ordenó a Landini, agregado de prensa de Italia en París, que se ocupara de transferir mensualmente a Primo de Rivera la cantidad de 50.000 liras. La operación se rodeó del más estricto secreto, hasta tal punto que incluso José Antonio Primo de Rivera iba cada dos meses a París a recoger personalmente los fondos, no utilizando en ningún momento los servicios de los medios italianos en Madrid, ni la valija diplomática.

Con estos materiales, y a partir de su propia investigación, Saz (1986a:138-145), bajo el título «Historia de una subvención», hizo una descripción de lo que pudo ser el proceso de esa ayuda. En primer lugar demostró que ésta fue personalmente decidida por Mussolini, a partir de un escrito del conde Ciano al jefe de la policía, Arturo Bocchini, en el que se reconocía que el jefe del Gobierno había concedido la cantidad mensual de 50.000 liras a Primo de Rivera, y que se dispusiera de todo lo necesario para que esa suma fuera enviada mensualmente al Subsecretariado del Gobierno, «el cual se ocupará de consignarla al interesado». Primo de Rivera recibió personalmente esa ayuda de junio de 1935 a enero de 1936.[58]

Primo de Rivera fue detenido en marzo, y ya no pudo hacer su habitual viaje a París para recoger la subvención. Desde la cárcel intentó buscar una fórmula para que el dinero llegara a su destino, pero no lo consiguió, aunque las cantidades asignadas siguieron remitiéndose a la embajada de París hasta el mes de julio. A partir de agosto la subvención dejó de llegar, pese a que las cantidades siguieron siendo libradas en Roma hasta el mes de noviembre.

En todo caso, parece claro que esa subvención permitió a Primo de Rivera y a los falangistas emanciparse financieramente y que el partido pudiera satisfacer sus necesidades más perentorias sin recurrir a la ayuda de los monárquicos (Saz, 1986a:140 y ss.).

CONTRIBUCIÓN DE LOS CARLISTAS

Después de la «revolución de octubre» de 1934, y como consecuencia de la incompetencia de los sucesivos Gobiernos para enderezar la situación tal como los carlistas deseaban, éstos habían llegado a la conclusión de que había que abandonar ya todo equívoco. Y que, mientras hasta ese momento su tesis había sido que solamente los excesos de la izquierda podían empujarles a tomar las armas, ahora ya podían dar por supuesto que la República estaba en un estado prerrevolucionario, frente al cual era una obligación rebelarse. A esto había que añadir que el carlismo pensaba que la derecha no podía correr el riesgo de esperar a que fuera la izquierda la que otra vez diera el primer paso.[59]

A partir de estas consideraciones, el carlismo entró en una estrategia de guerra, en su organización, en su terminología y en su mentalidad. «¡Antes que renunciar hay que morir, y antes que morir hay que luchar!»[60]. El carlismo pensaba que existía un derecho a tomar las armas contra un régimen culpable, al menos, de violencia moral. Pero la rebelión había que supeditarla a que el Requeté llegara a ser un verdadero «ejército popular». Y para ello debía cumplir cuatro condiciones: disponer de una organización nacional, llegar a conformar una estructura y una disciplina militar verdaderamente eficaz, conseguir medios para que esas fuerzas pudieran ser equipadas para las necesidades de una guerra moderna, y disponer de una estrategia de insurrección que fuera práctica. A finales de 1935 las tres primeras condiciones estaban prácticamente cumplidas. La cuarta no pudo concretarse hasta el mismo momento de la sublevación (Blinkhorn, 1979:307 y ss.).

De esta manera, 1935 fue un año de preparación realmente intensa, que hay que considerar como preparatoria de la sublevación del 18 de julio. Y a este respecto, el 21 de octubre de 1935 el inspector general de los requetés daba instrucciones a las diferentes delegaciones regionales, señalándoles que era urgente y de gran trascendencia el estudio de un plan defensivo en todos los lugares donde existiera alguna unidad de requetés, aun en los más remotos. Y que en el momento en que se tuviera conocimiento de que había estallado o iba a estallar un movimiento revolucionario, todos los requetés deberían concurrir con el «mayor entusiasmo, decisión y energía» al puesto que les había sido designado. No sería necesario dar orden previa. A la vez, se organizaban concentraciones masivas de carlistas, a las que éstos asistían uniformados. Redondo y Zavala citan concentraciones como las de Poblet, que reunió en un día a 40.000 carlistas catalanes. Otro tanto sucedía en Castellón. En Montserrat, en noviembre de 1935, se habían concentrado otros 40.000. Y en todas esas concentraciones había pronunciamientos explícitos en contra de la República.[61]

Cada día era más claro que en la organización carlista lo verdaderamente importante era el Requeté y sus exigencias militares. Las sedes tenían una organización cuartelera. Su instrucción era militar. Los ejercicios de fin de semana al aire libre, las prácticas de tiro que se hacían, las estrategias de combate que se ensayaban, iban formando poco a poco un verdadero ejército (Blinkhorn, 1979:300).

A la vez se iba profundizando en las fórmulas de financiación y en el robustecimiento del «Tesoro de la Comunión». Lo facilitaba el hecho de que la Comunión Tradicionalista estaba profundamente enraizada en los pueblos de la provincia. Y su organización se apoyaba en una amplia red, dependiente de la Junta Regional Carlista a través de círculos tradicionales.[62] A su vez, el clero navarro contaba en su seno con un amplio grupo de jóvenes sacerdotes identificados con el carlismo, que «conspiraban» activamente. Algunos eran los jefes del Requeté de su pueblo o zona, y uno de ellos incluso fue a Italia con el grupo de carlistas negociado con Mussolini para seguir un curso de entrenamiento (Pascual Bonis, 1986:137).

Es difícil estimar la dimensión del Requeté antes de la sublevación de 1936. Blinkhorn (1979:313) dice que todos los datos oficiales han desaparecido y que las cifras publicadas no son muy fiables. En Navarra podía existir un número superior a 8.000 boinas rojas, a los que había que sumar los importantes efectivos de Álava, Guipúzcoa, Cataluña, Levante y Andalucía. Quizá el total podía ser 30.000. Pero una gran mayoría se encontraba «en reserva» y las armas escaseaban. El mismo Blinkhorn reconoce que el número de boinas rojas, formados y con armas disponibles para el combate, no sobrepasaría los 10.000, aunque la organización se iba desarrollando notablemente. En abril de 1935 la Secretaría General anunció que la Comunión disponía de más de 700 juntas y delegaciones locales, 350 círculos, 250 secciones de juventudes, 300 agrupaciones femeninas y 80 secciones locales de requetés.[63]

A partir de las elecciones de febrero de 1936, y con el triunfo del Frente Popular, se abrió una nueva etapa, en la que empezaron a definirse ya propuestas formales de enfrentamiento a la República:[64] «Como la situación del país viene a ser cada día más inquietante, ya no queda otro remedio que ir francamente a la conspiración»[65]. Y en consecuencia, el 22 de febrero de 1936 se instruía a las delegaciones regionales para que fueran formando nuevas unidades, procurando hacerlo para lograr la mayor eficacia en relación con movilizaciones y concentraciones:

… asignando a las diferentes unidades cafés, bares y casas particulares como puntos de reunión y enlace… No se llevarán encima listas con los nombres de los que componen las unidades. Teniendo presente que de la clandestinidad y de la discreción depende casi siempre el triunfo (Redondo y Zavala, 1957:322).

En aquellos momentos ya existían prácticamente en toda España núcleos más o menos fuertes de carlistas que sabían que iban a un «levantamiento».[66] E iniciada la sublevación, la afluencia de voluntarios fue realmente notable. Entre el 19 y el 31 de julio de 1936 se habían alistado 10.761 voluntarios. Entre agosto y diciembre de 1936 se alistaron 5.751 más. Y en 1937 otros 2.273 (Pascual Bonis, 1986:134).

LAS ARMAS, PERMANENTE PREOCUPACIÓN DE LOS CARLISTAS[67]

La información sobre las armas en poder de los carlistas antes del 18 de julio de 1936, y el proceso de su adquisición y financiación, son contradictorios y confusos. Pero no hay duda de que la adquisición de armamento fue una permanente preocupación de los carlistas. Para alcanzar este objetivo, y en múltiples operaciones, a veces de ejecución independiente, se puso en marcha un amplio dispositivo de compra de armamento que se iba escondiendo en depósitos secretos en el País Vasco, o se trasladaban a Portugal. Las dificultades económicas que esa estrategia implicaba eran grandes, pero, al final, se dispuso de fondos suficientes.

Independientemente del material adquirido entre 1934 y 1935 con los fondos concedidos por Mussolini, el carlismo desarrolló durante todo el mes de junio de 1936 una intensa actividad, comprando en el extranjero diverso material de guerra (Aróstegui, 1986:49). La responsabilidad última de estas adquisiciones correspondía a don Javier de Borbón[68] y a Fal Conde.[69]

Lizarza (1986:47 y ss.) confiesa en sus Memorias que desde el mes de abril de 1935, él mismo se ocupó de traer y repartir armas a los requetés. Un encargo difícil, pero necesario, porque «un Ejército sin armas poco valía» y había que prepararse. Su responsabilidad era introducirlas en España, almacenarlas y posteriormente repartirlas. De aquí que, por primera vez, sus Memorias documentan el uso que se hizo de los fondos donados por Mussolini en marzo de 1934, cuando explica que con el dinero recibido de Italia se hicieron «los primeros alijos». Con posterioridad, añade, fue la Dirección Nacional de la Comunión Tradicionalista la que, con sus propios recursos, financió esas operaciones. También recuerda que hubo mucha financiación privada, porque el sistema de obtención de recursos de la Comunión en Navarra era excepcional.

En los primeros momentos, el encargado de adquirir armas desde Madrid y de mantenerlas en depósito para su distribución posterior fue Aurelio González de Gregorio.[70] Pero descubierto por la policía como responsable de un depósito de uniformes de la Guardia Civil, que los carlistas habían conseguido para hacer más fácil el momento de la sublevación mediante asaltos de carlistas disfrazados,[71] tuvo que huir a Portugal. También dirigía el equipo que buscaba recursos para financiar la adquisición de armamento. De él es la afirmación, no contrastada con otras fuentes, de que Fal Conde había sabido movilizar para ese programa «la ayuda de familias adineradas de Andalucía».[72]

El escenario en el que el programa de compra de armas se llevaba a cabo queda muy bien definido en el Diario de don Javier, porque éste, durante una parte importante de su vida, fue anotando todo lo que creía de interés, tanto personal como político. Y aunque en ese Diario predomine mucha información anecdótica, es un documento fundamental para penetrar en el fondo de lo que estaba sucediendo en aquellos momentos en el carlismo. El periodista Josep Carles Clemente ha dejado en su Historia del carlismo contemporáneo 19351972 puntual información sobre el contenido de ese Diario,[73] que le fue contando el propio don Javier a lo largo de una serie de conversaciones que duraron una semana (Clemente, 1977:104 y ss.).

Las anotaciones no son sistemáticas, y están escritas con posterioridad a los hechos, pero constituyen un ramillete de informaciones dispersas del mayor interés, siendo más que suficientes para dar una idea cabal del tráfico de armas de los carlistas, inmediatamente antes y después del 18 de julio, y de una estructura de financiación que, pincelada a pincelada, se va definiendo. Ésta es una pequeña colección de esas informaciones:

«… Pirón,[74] dice que los fusiles saldrán alrededor del día 7 de Amberes» (en el diario del 30 de junio de 1936). «Dificultades de dinero que se arreglan en París» (16 de julio). «Lizarza debe obtener la firma del general Sanjurjo al programa de nuestra colaboración y, si puede ser, traerse al general. [Pirón] llegará a Burdeos mañana para informarme de cómo ha salido el barco desde Amberes. Había una expedición de 4.000 fusiles y cartuchos… pequeñas pistolas ametralladoras alemanas… Llorente me habla de una nueva propuesta de compra de armas» (17 de julio). «Por la tarde voy a Burdeos a encontrar a Pirón por la cuestión de las armas que vienen con el barco» (18 de julio). «Visitas a bancos belgas para pedir dinero» (25 de agosto). «Gaiztarro me da 50.000 francos para Pirón… Salgo hacia París para continuar el asunto de las armas» (30 de agosto). «Es cierta la noticia de la incautación del barco de fusiles en Ostende… Al menos no servirán para ser empleadas contra los nuestros» (22 de septiembre).

Las anotaciones de Clemente del Diario terminan el 28 de diciembre de 1937. Son 28 páginas de apretada y resumidísima información, muchas veces no financiera, pero del mayor interés desde el punto de vista político. El día 25 de diciembre escribe:

Mucho frío… El Generalísimo me recibe a las 6 de la tarde muy amable, pero me repite la orden de abandonar España porque estoy apoyando a los elementos que se resisten a la Unificación. Me quedo una hora con él. Impresión molesta de este hombre «simpático».

Anota el día 26 que sale para San Sebastián y que almuerza con Fal Conde. Escribe una carta a Franco. El 27 escribe que muchos amigos le esperan en la frontera y que pasa a Francia. Y el 28, último día de las anotaciones, dice: «salgo para Bostz. Teruel está en plena batalla. Los sitiados resisten heroicamente. Me espera una cantidad enorme de cartas».[75]

Al margen de las anotaciones del Diario de don Javier, el plan de adquisición de armamento puede documentarse también a partir de las comunicaciones de Fal Conde con Aurelio González de Gregorio. Así, a los pocos días de su llegada a Lisboa, éste daba cuenta de una operación para desembarcar un alijo de armas fabricadas en Alemania por Krupp y adquiridas por don Javier en Bélgica. Por su parte, Fal Conde comunicaba el 22 de junio a González de Gregorio que hacía una semana que estaban embarcados en Amberes 1.250 fusiles y cartuchos, esperando el embarque de cien mil bombas, que no podían salir de puerto por huelga general (Aróstegui, 1986:49 y ss.).

En algunos momentos, los telegramas cifrados cursados entre González de Gregorio en Lisboa, y Fal Conde, en San Juan de Luz, sobre el acopio de armas en Lisboa, son verdaderamente significativos, y permiten seguir la pista de los preparativos de la operación, al margen de los contactos paralelos con Mola, de los que Sanjurjo estaba también al corriente. «Trasbordo alta mar frente a Lisboa a barco pequeño y de éste a dos más pequeños en Bahía Tajo, depósito río arriba. Urge saber peso exacto», planteaba González de Gregorio a Fal Conde el 24 de junio de 1936. Y éste le contestaba el día 26:[76]

Avisaré llegada día barco retrasado por huelga y enviaré contraseña y cantidad entregar a Capitán. Van 1.300 fusiles en unas 66 cajas de 130 kilos los mayores, y 2.000.000 cartuchos en cien cajas de 65. Peso total 14 o 15 toneladas. Entrega trasbordando a 20 millas Sur Lisboa en el mar indicándoseles sitio.

Más tarde se informaba de otro cargamento de 4.600 fusiles. Aróstegui (1986:50) afirma que estas armas tampoco llegaron nunca a estar realmente en manos carlistas antes de la sublevación, no por problemas de financiación, sino por dificultades de transporte. En la misma relación epistolar, González de Gregorio apremiaba a Fal Conde para que le proporcionaran más armas con destino a la «raya de Portugal». Y éste le contestaba, el 3 de julio, que aquello no era la «Guerra Europea», aunque prometía enviarle 500 fusiles.

Por su parte, Lizarza (1986:47 y ss.) recuerda que hizo varios viajes a París, Bruselas y Hamburgo. Dice que José Luis de Oriol fletó en Bélgica un barco con abundante material de guerra.[77] También cuenta que consiguió cerrar un acuerdo con la casa Mauser, para adquirir mil pistolas con culata de fusil con su munición correspondiente, que fueron entregadas en la frontera francesa y transportadas a Pamplona, donde estuvieron algún tiempo escondidas. Y cientos de pistolas fueron compradas en Francia y pasadas de contrabando a depósitos provisionales.

Hubo financiación para todo ello, pero hoy no se dispone de información precisa para cuantificarla, aunque en los escritos manejados sí aparecen pistas sueltas, comunicaciones y otro material, como por ejemplo una nota en la que Fal Conde comunicaba el envío al agente David Benito de dos cheques por valor de 30.000 y 10.000 francos franceses,[78] lo que pone de manifiesto que, en mayor o menor cuantía, los fondos existieron y que fueron abundantes o, al menos, suficientes. Dan un ejemplo de ello las citas que sobre esta cuestión aparecen, como se acaba de ver, en el Diario de don Javier.

También se perfila, con bastante precisión, que un pequeño grupo de recaudadores de recursos para la sublevación operaba, en los meses anteriores a julio de 1936, entre las familias acomodadas. Un proceso que produjo muchas frustraciones por falta de la colaboración de aquellos de los que más se esperaba, según han contado quienes oyeron esto de sus «mayores».

Las armas eran absolutamente necesarias para el Requeté[79] porque éste, más que una milicia ciudadana y política, era el fundamento de un posible futuro ejército nacional, por si la República intentaba destruir el ejército español, como los carlistas suponían. Incluso los preparativos para un posible «levantamiento» se programaban para ir solos contra la República, en el supuesto de que no se llegara a un acuerdo previo con las fuerzas políticas más o menos afines.[80] De ellos decía en aquellos días Mundo Obrero (4 de abril de 1936) que era como «un ejército equipado a la moderna y armado hasta los dientes». Y así era porque, como se ha visto, antes de la «revolución de octubre» de 1934 ya hacían regularmente la instrucción militar, desarrollaban ejercicios tácticos en el campo, marchas de todas clases y ejercicios de tiro, con las unidades completamente uniformadas. También disponían de depósitos de armas y municiones para cuando fuera necesario.[81]

Es, pues, una realidad que las armas navarras existieron y que hubo un complejo tráfico de entrada y distribución, así como una red de escondrijos, pequeños almacenes y depósitos, distribuida por los montes y por los pueblos, donde se iban almacenando para una futura revolución.[82]

En aquellos momentos de vigilancia intensa y de constantes controles policiales, era vital la organización de rutas de transporte, y especialmente de puntos de introducción a España. Los más importantes y frecuentes eran los pasos de los montes de Zugarramurdi, el monte Bértiz o el Aézcoa. Mil pistolas compradas en Hendaya fueron introducidas en un falucho por Pasajes. Partidas de pistolas se llevaron en marzo de 1936 a Berbinzana, a Corella en febrero y otras a Cascante. Lizarza explica que cada pueblo de Navarra tenía su pequeña historia en cuanto a armas de fuego, cada uno su peripecia y su peligro, y recuerda que había depósitos secretos de armas en caseríos y cuevas, escondidas en barricas y bodegas.[83] Pero en todo caso, añade, siempre había más brazos que armas.

Aún se fue más lejos en esta política de provisión de armas, porque la urgente necesidad de disponer de ellas llevó a los carlistas a tomar la determinación de fabricarlas dentro de la propia organización. Y a finales de 1935 fue designada una comisión para impulsar, organizar y dirigir la tarea de fabricar bombas de mano. Así se instalaron dos pequeñas fábricas, una en Caparroso y otra en Mañeru, y un gran depósito en Traibuenas (Maíz, 1952:164). Un pirotécnico de Villatuerta llegó incluso a fabricar bombas de mano con tubos de hierro empalmados a rosca (Iribarren, 1938:79).

El rumor generalizado era que los navarros tenían armas, muchas armas. Y parecía que todo el mundo lo sabía, aunque ninguna señal de ellas era visible. Mola fue informado confidencialmente, y por medio de un comisario de policía de Madrid, de que el director general de Seguridad, Alonso Mallol, tenía preparada una gran operación secreta en Navarra para inspeccionar si existían o no armas clandestinas y, en su caso, confiscarlas, aunque el verdadero objetivo de la operación era clarificar la actitud de Mola frente al rumoreado golpe de Estado. «Era imprescindible relevar a Mola, porque la guarnición de Pamplona, demasiado numerosa, estaba influida por él y podía constituir un peligro»[84].

Los efectivos para esa inspección llegaron a Pamplona en la madrugada del 3 de junio. Sus instrucciones eran informarse sobre el terreno, interrogar al mismo Mola, y detenerlo y llevarlo a Madrid si las denuncias quedaban confirmadas (Arrarás, 1939-1944, vol. 3:448). El equipo lo componían una columna motorizada de policía y, para apoyarla, se concentraron en Pamplona destacamentos de las plantillas de San Sebastián, Vitoria y Logroño. Pero la inspección no dio ningún resultado, porque «sólo se encontró una pistola con licencia, pero sin guía, perteneciente al teniente coronel Utrilla, figura importante del Requeté navarro» (Ferrer Muñoz, 1994:246).[85]

Pese a todo ello, la historia de las armas no está todavía clara y queda abierta una investigación más profunda, que permita definir con mayor precisión el volumen de las que realmente existieron, su procedencia y, especialmente, cómo se financiaron, aunque, pese a todo lo que se ha dicho, al final tampoco parece claro que fueron tantas las armas escondidas. El mismo Lizarza recuerda que, en realidad, tenían menos de las necesarias. Aróstegui (1986:37) decía que el «acopio de armamento, a pesar de determinadas divagaciones fantasiosas de algunos testimoniantes, no pasaba de algún pequeño alijo o armamento personal de ciertos militares», aunque esta afirmación no concuerde con la abundante información puntual de que se dispone. Sí parece ser de general conocimiento la anécdota de que la columna que mandaba el teniente coronel Alejandro Utrilla, que salió el 23 de julio con 1.200 hombres, iba totalmente desarmada. Se armaron, y muy bien, al llegar a Zaragoza, donde se les suministraron armas de aquella guarnición. También dice la tradición oral que, cuando Mola inició la ofensiva del norte para cerrar la frontera con Francia, en la toma de Oyarzun, los boinas rojas no tenían más que cinco balas por fusil.

Hay más informaciones fragmentarias que pueden ir definiendo mejor la situación real de las armas disponibles. Parece que Mola sólo tenía 1.200 fusiles en el arsenal de Pamplona y que el refuerzo le vino de Cabanellas, cuando le envió de Zaragoza otros 10.000. En el cuartel de la Aljafería de Zaragoza se almacenaban seis millones de cartuchos y 40.000 fusiles, cuyos cerrojos, por razones de seguridad, se guardaban en la Maestranza de Artillería. Sin embargo, unos días antes de la sublevación, y utilizando la disculpa del estado ruinoso de aquel local, lo que podía deteriorar el material depositado, el general Cabanellas[86] ordenó que los cerrojos fueran trasladados también al cuartel de la Aljafería. Y fue este general quien, tal como había prometido a Mola, hizo posible en los primeros días de la sublevación la entrega a los carlistas de esos 10.000 fusiles y algunos millones de cartuchos.[87]

«DINERO PARA LOS GENERALES»: UNA ÚLTIMA PETICIÓN A MUSSOLINI ANTES DE LA SUBLEVACIÓN

Hay un aspecto muy poco explorado en la sublevación del 18 de julio, en el que parece necesario profundizar. Se trata de la carta que, el 20 de mayo de 1936, José Antonio Primo de Rivera dirigió desde la cárcel a Antonio Goicoechea encomendándole que, en su nombre, hiciera una serie de gestiones, que él no podía realizar por encontrarse preso, ante algunos dirigentes militares de la «conspiración» y ante otras personas, entre ellas, Mussolini. Esa carta es del mayor interés, porque aclara algunos aspectos, no muy conocidos, de los primeros momentos de la sublevación.

La misiva de Primo de Rivera a Goicoechea decía lo siguiente:

Mi querido amigo: Veo, como usted, la trágica situación de España y considero que hay que pensar con urgencia en remedios extraordinarios. Mi situación de preso me impide realizar muchas gestiones, aunque no dirigir el Movimiento, que crece por días, con toda eficacia. Si en estas gestiones, cerca de personas que no pueden venir a visitarme, quisiera usted asumir mi representación, se lo agradecería mucho, pues tengo pruebas reiteradísimas de su leal manera de comportarse como amigo. Con el afecto de siempre le saluda y le da las gracias anticipadas su amigo que le quiere, José Antonio Primo de Rivera.[88]

No era el primer intento. Unos meses antes, en marzo de 1936, Primo de Rivera, ya detenido, había tratado que Mussolini recibiera a su hermano Miguel, para que éste pudiera entregar al Duce un mensaje que, sin duda, era el mismo que ahora trataba de hacerle llegar. La petición de esa entrevista fue trasladada por el primer secretario de la embajada italiana en Madrid a su ministro el 25 de marzo, explicando a sus superiores que Primo de Rivera le había rogado confidencialmente, y bajo promesa del más absoluto secreto, que Mussolini recibiera a su hermano Miguel «para exponer su plan en relación a la situación interna española».[89] Sin duda, el jefe de Falange Española quería poner en antecedentes a Mussolini del «movimiento» que se avecinaba, pidiendo ayuda para ello.

La entrevista, sin embargo, no se celebró por la oposición del embajador Pedrazzi, dada la incertidumbre de la situación interna española en aquellos momentos. Posiblemente por eso Primo de Rivera lo intentó de nuevo a través de Antonio Goicoechea. Éste, el 14 de junio, a un mes de la sublevación, dirigió la siguiente nota a Ernesto Carpi:[90]

Mi querido amigo: En la imposibilidad de ausentarme de España en estos graves momentos, como hubiera sido mi deseo, dada la importancia del asunto y el apremio de la gestión a realizar, le ruego me represente cerca de nuestros amigos negociando la concesión inmediata de cuanto se solicita en el adjunto rapport… Además de la representación del partido de mi jefatura, debe Vd. hacer constar que, en este caso, represento también a Falange Española, por la delegación que expresamente me ha conferido su jefe, así como los elementos del Bloque Nacional, que preside el Sr. Calvo Sotelo, con los cuales vivimos en íntima alianza política. Le adjunto los documentos necesarios y le ruego la máxima discreción y diligencia en el desempeño de esta comisión. Le saluda atentamente su amigo, q.e.s.m. Antonio Goicoechea.

Los «documentos necesarios», que Goicoechea adjuntaba a su carta a Carpi, en su nombre y representando a Falange Española y al Bloque Nacional, se materializaban en un informe que hacía una evaluación de la verdadera trascendencia política del triunfo del Frente Popular, y un análisis de las posibilidades de un golpe de Estado inmediato. Sin duda, constituye un valioso instrumento para interpretar los antecedentes de la sublevación.[91]

El informe contenía una serie de mensajes y una petición final. En primer lugar, el documento se refería a la verdadera trascendencia política que tenía el triunfo del Frente Popular, en el sentido de que ese triunfo había puesto todos los resortes legales en manos de la revolución, con lo que la vital necesidad que el país tenía de salir de su situación anárquica no podía ser formulada más que con un golpe de Estado o una insurrección violenta.

Añadía que ya se había iniciado la reacción social, lo que permitía esperar que, si esa reacción era activamente encauzada, se podrían lograr resultados rápidos con un acto «contrarrevolucionario eficaz y profundo». Y explicaba que el ambiente de violencia, y la necesidad ineludible de organizarla, había hecho nacer en el seno de ciertos partidos pequeños grupos de acción directa, que venían actuando contra la revolución con atentados personales y asaltos a edificios. Muchos de estos grupos, decía el informe, se denominan fascistas, y es «notorio el considerable aumento que han tenido en estos últimos meses gracias a las adhesiones de la juventud española a las organizaciones de la Falange Española».

El golpe de Estado se podría haber llevado ya a cabo, con buen resultado, recurriendo solamente a los organismos militares favorables. Pero se había decidido realizar un último intento con la guarnición de Madrid, con el fin de que se uniera al «movimiento nacional» desde el principio. Añadía el informe que, hasta ese momento, se había conseguido únicamente la certeza de su no intervención, «habiéndose comprometido dicha guarnición a desobedecer las posibles órdenes del Gobierno».

El informe reconocía, sin embargo, que todos los esfuerzos no estaban logrando la movilización de grandes masas civiles de choque, y que sí existía en cambio una «vasta organización de carácter patriótico y nacionalista» en el ejército, que había sido formada y «orientada políticamente en sentido antidemocrático».

Como conclusión, el informe planteaba la necesidad urgente de activar un golpe militar a partir de integrantes del ejército ya comprometidos, que elevarían a la Presidencia del Gobierno al general Sanjurjo. Se sostenía en el documento que el espíritu del ejército era entusiasta y abnegado, y que existían mandos «dispuestos a cumplir con su deber» dentro de la normalidad reglamentaria, arriesgando decididamente su vida, como ya lo habían demostrado en otras ocasiones, pero que carecían de decisión, de doctrina y de espíritu para salirse de la legalidad, jugándose la posición económica y social de su familia.

El documento destacaba que se había venido dirigiendo una captación especial de tipo financiero hacia estos militares, garantizándoles el riesgo económico que podrían correr los suyos, y concluía, en suma: que los jefes del ejército no se movían por dinero, pero que no podían actuar si no veían cubierta su retirada económica.

La petición era muy concreta. Solicitaba una ayuda rápida de un millón de pesetas como mínimo para poder prometer esa garantía a algunos elementos indecisos, especialmente en la guarnición de Madrid. La concesión de esa cantidad vendría a completar el gran esfuerzo económico que en los últimos meses, decía el informe, se había realizado. Con ello se lograría el fin último de apoderarse del poder con garantías de permanencia.

El 23 de junio de 1936 el documento llegó al ministro de Asuntos Exteriores. Ciano no le dio importancia, especialmente teniendo en cuenta que el embajador italiano en Madrid era en aquellos momentos completamente escéptico ante la posibilidad de un golpe de fuerza. Así se lo explicaba el mismo embajador: «Esta vez, por tanto, no hay que hacerse ilusiones, en mi opinión, sobre un “golpe de Estado” militar como el que condujo a la dictadura de Primo de Rivera, dado también que los generales actualmente a la cabeza del Ejército son todos simpatizantes de la izquierda»[92]. Ciano tampoco olvidaba que los «conspiradores» españoles llevaban ya dos años anunciando, con una cierta regularidad, una inminente revuelta militar.

IV
Mola en Navarra. Las ayudas a la sublevación

MOLA EN NAVARRA[1]

La biografía de Mola es realmente amplia y densa, y la parte que corresponde a la guerra civil, apasionante, porque desempeñó un importante papel en la sublevación y marcó las primeras directrices militares y políticas.[2] No cabe duda de que la capacidad financiera de Mola tuvo que ver mucho con el éxito del 18 de julio. El general se hizo cargo del Gobierno militar de Pamplona y del mando de la XII Brigada de Infantería el día 14 de marzo. Un mes después de su llegada se convenció de que los extremistas militares tenían razón cuando decían que la situación política era desesperada, y que el ejército era el responsable de buscar una solución a todo ello. Sobre la manera de hacerlo, Payne (1968:283) dijo que, en principio, tenía tan pocas ideas como Sanjurjo.[3]

Fue el capitán Lastra, su ayudante militar, quien, a petición de Mola, le informó sobre el estado de la guarnición, y sobre los integrantes de ésta favorables a una sublevación. También le informó de la «conspiración carlista».[4] Se ha dicho que en Navarra, en el momento del «levantamiento», confluyeron una insurrección militar y un «levantamiento popular».[5] En todo caso, e independientemente de la sublevación militar, en Navarra se había creado una trama civil, que se reunía con regularidad con el fin de concretar las actuaciones de apoyo y las presiones que necesitaban realizar sobre determinados militares para animarlos a «adherirse al movimiento». Sin embargo, Payne (2006:173) dice que la operación se organizó muy mal, en gran parte por los muchos obstáculos a discusiones francas y el temor de Mola a arriesgarse demasiado. Aunque tenía mucha confianza en el efecto «pronunciamiento», que esperaba ganaría enseguida un apoyo que no se había organizado de antemano.

Desde el momento en que Mola llegó a Pamplona, su principal dedicación fue estudiar las infraestructuras de la zona, las comunicaciones, vías férreas y carreteras, los depósitos militares y, especialmente, parlamentar con los militares comprometidos o de posible compromiso.[6] Pero, en principio, no entró en contacto directo con las autoridades carlistas. Mola se tomó «con bastante calma la decisión de contactar con la alta dirección carlista», y fue ésta al final la que acabó impacientándose (Aróstegui, 1986:44).[7] Mola se limitó a preguntar a sus más directos colaboradores por la organización revolucionaria carlista de Navarra, aunque posiblemente ya sabía que diez o doce miembros de la junta local de la Unión Militar Española (UME) habían firmado entre ellos hacía ya algún tiempo un pacto para rebelarse contra la República, si el Frente Popular ganaba las elecciones (Payne, 1968:283). En todo caso, pocas semanas después de esas elecciones ya se habían establecido los primeros contactos entre dirigentes carlistas y miembros de la guarnición de Pamplona pertenecientes a la UME.[8] Pero la Comunión Tradicionalista no tomó hasta mediados de julio de 1936 la decisión de adherirse al «levantamiento contra la República».[9] Y así, el mismo 18 de julio se sublevaron los carlistas de Andalucía, y en la mañana del día 19 los requetés de Navarra (Canal, 2006:325-326).

Es muy probable, sin embargo, que la común hostilidad de los carlistas y los militares hacia la República difícilmente se hubiera concretado en un programa común para sublevarse contra ella, si no se hubieran dado dos circunstancias conjuntas. Una de ellas, el traslado de Mola a Pamplona, y la otra, la decisión tomada por el Consejo de Ministros de reemplazar a los gestores de la Diputación Foral, todos ellos pertenecientes al Bloque de Derechas, por una «comisión gestora», nombrada por el Frente Popular.

La noticia de este acuerdo gubernamental, que fue conocida en Navarra a finales del mes de junio, vino a aumentar notablemente el clima de inconformismo por la situación que existía en aquellos momentos.[10] El 1 de julio, cuando al parecer se radió oficialmente la noticia, estaba reunida la Diputación con carácter permanente. Y como respuesta, el Consejo Foral (órgano consultivo de la Diputación) decidió poner en marcha una operación de rebeldía civil, convocándose una manifestación de protesta, espectacular por lo numerosa y por su carácter agresivo, en la medida en que se recomendaba que cuantos pudieran acudieran «provistos de armas» (Vigón, 1957:99). Antes de terminar la guerra, se conoció que se había constituido un comité secreto con «el encargo de ordenar la movilización en el momento oportuno. El proyecto era organizar una marcha de juventudes armadas sobre Pamplona» (Bertrán, 1939:312).

Al decir de todos los que lo conocieron, Mola era absolutamente impenetrable sobre lo que pensaba, si bien hoy se sabe casi todo de sus acciones y de su personalidad porque, afortunadamente, los que más de cerca lo trataron, permaneciendo a su servicio durante la guerra, dejaron abundante información escrita sobre su biografía y muchas impresiones personales. Desde su llegada a Pamplona como gobernador militar, tres personas merecieron su plena confianza y entraron a fondo en la intimidad de la sublevación. Con posterioridad, los tres contaron sus vivencias, por lo que se puede ahora conocer un poco mejor cómo se resolvieron los problemas financieros de aquellos momentos. Fueron José María Iribarren como secretario, Antonio de Lizarza, al que empleó en las tareas más complejas y peligrosas, y Félix Maíz, industrial navarro, que actuaba, a petición de Mola, como jefe de gabinete.

Terminada la guerra, entre los tres escribieron seis libros, contando sus respectivas vivencias cerca de «el director». Maíz escribió dos (1952, 1976), publicados en vida y un tercero escrito poco antes de su muerte editado en 2007 por sus hijos.[11] Dos Iribarren (1937, 1938), y otro más Lizarza (1986). Los seis ofrecen información parcial, y a veces sesgada, pero leídos conjuntamente, aunque no lleguen a ofrecer información concreta y precisa sobre la financiación de la sublevación, suministran pistas para la investigación financiera de aquellos momentos, información que resulta especialmente ilustrativa si su contenido se pone en relación con otros hechos conocidos.

Iribarren conoció a Mola el 20 de julio de 1936, en Pamplona, de una manera verdaderamente casual, que cuenta con detalle. Y pronto éste le hizo su secretario. Con él estuvo hasta su fallecimiento. A partir del momento de su incorporación como secretario de Mola, comenzó a anotar día a día, y hora por hora, cuanto de interesante o anecdótico llegaba a sus oídos o veían sus ojos, y fue guardando recortes de prensa, partes de guerra y proclamas de Mola. Con estos materiales dejó escritas dos biografías del general, retratado en multitud de detalles íntimos de cuanto sucedió a su alrededor desde el inicio de la guerra.[12]

Lizarza, tal como se ha visto en el capítulo III, «Preparación de la sublevación», era un personaje relevante de la organización del Requeté navarro, especialmente en cuanto a la intervención militar y el suministro de armas.[13] En 1934 fue designado jefe del Requeté de Navarra. Se ocupó de la organización de éste, y de la compleja red que hizo posible el triunfo de la sublevación en toda Navarra. En los momentos previos a ésta hizo de enlace entre la Comunión Tradicionalista y los generales Sanjurjo y Mola. Y con esta última misión viajó a Lisboa el 17 de julio para entregar a Sanjurjo el «conforme», firmado por el general Mola a la decisión de considerar a aquél como jefe supremo de la sublevación y para hacerle llegar una cierta cantidad de dinero.[14] Pero su avión se vio forzado a aterrizar en el aeródromo de Gamonal, siendo detenido y trasladado a Madrid, a la cárcel Modelo, donde fue testigo de los asaltos de agosto de 1936.[15] Logró evadirse a la zona nacional y, ya en Navarra, se ocupó, como coronel de requetés, de organizar los tercios.

Maíz fue también hombre de plena confianza del general Mola. Ejerció sus tareas desde la llegada del general a Pamplona en marzo de 1936 hasta el 3 de junio de 1937, cuando murió al estrellarse su avión. Tal como cuenta Serrano Súñer en el prólogo a su obra sobre el general Mola,[16] fue una especie de jefe de gabinete, un enlace elegido por Mola para desempeñar misiones de confianza. Mola deseaba disponer de una persona que fuera «un confidente especial, un enlace, un hombre seguro que, sencillo y sin relieve… pudiera pasar inadvertido y fuese al mismo tiempo despierto, convencido y valiente».[17] El libro Mola, aquel hombre. Diario de la conspiración, 1936, en el que Maíz ha legado sus recuerdos, trata de ser un fiel reflejo de lo que vio y de cómo interpretó al general en su papel de «conspirador». Prácticamente es el único que desveló con claridad algunas vivencias de Mola en relación con su vertiente financiera.

Se generalizó el rumor de que Mola contó durante toda la preparación de la sublevación con el apoyo de los carlistas de Navarra, y que estaba en estrecho contacto con ellos. Pero no fue así y, por extraño que parezca, esa colaboración no se produjo hasta seis días antes del «levantamiento» (Iribarren, 1938:79).[18] Ese día, pusieron formalmente en su conocimiento que, desde hacía tiempo, estaban preparándose para la ocasión «formando cuadros de oficiales y practicando la instrucción militar», y que se comprometían a aportar un mínimo de 7.000 requetés para la sublevación. A Mola la cifra le pareció exagerada, advirtiendo que tendría suficiente con unos 800 o 1.000, porque quería infiltrarlos en sus columnas mezclados con la tropa regular.[19] Y en esta línea no se puede olvidar que el principal problema para Mola era su propio ejército, porque el cuerpo de oficiales era una «clase burocrática», cuya mayoría no deseaba implicarse en una empresa desesperada, que podría conducirlos a su ruina, cosa que les preocupaba especialmente en relación con sus familias y pensiones.

En los primeros días de la contienda, el Requeté navarro disponía ya de 10.000 boinas rojas, y a los pocos meses triplicaron sus efectivos. Navarra llegó a movilizar en la sublevación hasta la décima parte de su población total.[20] Pese a ello, el protagonismo del carlismo en la sublevación, a la que suministraron organización, hombres y armas, y las negociaciones por las que, al final, aparecieron el 18 de julio ligados al general Mola, es una cuestión confusa y en cierto modo contradictoria (Ollaquindia, 1992).

A primeros de julio parece que Mola, utilizando como emisario a Raimundo García,[21] se entrevistó con Fal Conde. Éste había puesto en pie un impresionante dispositivo militar, con una importante dotación de armamento y con unos muy definidos planes operativos. Disponían de un alto Estado Mayor y del apoyo de militares profesionales. Fal Conde presumía también de contar con apoyos financieros propios, con serias conexiones militares, y con la colaboración del general Sanjurjo. En todo caso, los carlistas eran conscientes de que no era suficiente para vencer a la República, pero esperaban negociar la colaboración del ejército. Y eso es lo que pretendían hacer con Mola (Ugarte, 1998:78 y ss.).[22]

Y de esta manera, cuando Emilio Mola tomó la decisión de poner en marcha la sublevación, y firmó sus primeras directivas como «el director», estaba rentabilizando el trabajo de los dos años enteros que habían transcurrido desde los acuerdos de Roma de marzo de 1934, que habían hecho posible adquirir armas modernas con la financiación de Mussolini, e instruir militarmente en Italia a los requetés (Görlitz, 1977:28). Así, los boinas rojas carlistas que el 18 de julio de 1936 se pusieron a sus órdenes, pudieron ser la piedra angular de la sublevación.[23] Y si Mola pudo triunfar en el norte, se debió principalmente a estos boinas rojas, debidamente equipados y entrenados. Y el hecho de que hasta principios de agosto no pasaran el Estrecho las tropas de África que mandaba el general Franco, significa que durante las tres primeras semanas, gracias a Mola y a los requetés, se evitó el fracaso total de la sublevación.[24]

Los recursos financieros del general

Por lo que se refiere a la financiación de la sublevación propiamente dicha, es una realidad que ni en la literatura de Mola ni en la de sus colaboradores, ni en las distintas «instrucciones» que emitió, se trata esta cuestión explícitamente. En un primer momento, puede deducirse que «el director» no tuvo en cuenta los aspectos financieros. La justificación de tal proceder sería que lo que se estaba preparando era un simple «pronunciamiento» de unos pocos días, con el éxito asegurado y que no reclamaba mucha financiación. Sin embargo, e independientemente de lo que se pensara en un principio, la realidad fue muy distinta, porque Mola sí había dedicado horas a considerar los aspectos financieros, de tal manera que no es posible dudar de que existieran acuerdos previos al respecto. Por otra parte, desde el inicio, dispuso de financiación suficiente.

Tenía que ser de esta manera, porque, de un hombre tan concienzudo como Mola, que con tanto detalle preparó la sublevación, debería esperarse que lo fuera también en los aspectos financieros.[25] La «instrucción reservada número 1», en la que se definían las bases organizativas fundamentales de la operación, estaba redactada con mucho detalle y demostraba el cuidado que se estaba teniendo en la planificación de la operación para derrocar a la República.[26] Por ello hay que descartar que Mola, al redactar esa «instrucción», hubiera podido olvidar la financiación. No fue así, porque debió de pensar, lo cual cuadraba mucho con su carácter, que éste era un problema de su personal y única incumbencia. Por otra parte, él ya sabía que lo tenía resuelto.

Una señal de que Mola tenía garantizada la financiación por fuentes seguras y discretas es el hecho de que ni él, ni su organización, se preocuparon aparentemente de ese problema. Hay un ejemplo paradigmático que así lo atestigua. Lo cuenta Maíz (1976:230-235). Hacia mediados de junio de 1936, se presentaron en Pamplona dos señores que pretendían ver al general Mola para entregarle un donativo. El general no quiso recibir la visita, ni la cantidad de 500.000 pesetas que le ofrecían. Seis meses más tarde se supo que el que había remitido el dinero había sido José María Gil Robles, que disponía de esas 500.000 pesetas como remanente del fondo electoral que había quedado en Acción Popular. Las tres cartas que se reproducen en el anexo 3 explican con todo detalle esta operación, y ofrecen una visión muy realista de cómo Mola despachaba las cuestiones relacionadas con el dinero.[27]

En todo caso, a Mola no le gustaba hablar de dinero. Se sentía incómodo. Pero lo manejó en abundancia, consciente de que un importante factor del éxito de su empeño residía en la capacidad que pudiera tener, en cada momento, para financiar unas operaciones concretas. Y así aparece muy claro en las biografías y relatos sobre su actividad de los primeros momentos de la sublevación, en los que su implicación en la financiación de operaciones se cita con frecuencia, aunque sea de forma indirecta, expresándolo siempre con preocupación y, al mismo tiempo, con la seguridad de que tenía la solución.

En el entorno de Mola se «manejaba dinero». Y la realidad fue que, independientemente de la financiación que Mola tuvo garantizada desde el primer momento, producto de sus gestiones personales, y de sus frecuentes conversaciones en los meses anteriores a la guerra con Juan March en Biarritz, el simple estallido de la sublevación produjo la inmediata reacción de algunas capas de la sociedad, que pronto se tradujo en un generoso y variado apoyo financiero.

Hasta ahora no se ha podido hacer un análisis específico de la historia financiera de la sublevación, pero de la infinidad de documentos, biografías y relatos existentes sobre aquellas fechas sí pueden deducirse planteamientos concretos que, sistematizados y conceptualizados, permiten concluir que el general no tuvo, en ningún momento, escasez de financiación.

En todo caso, una aproximación a la financiación de que Mola dispuso para la fase preliminar de la sublevación hasta entrar en lo que ya pudo denominarse «guerra civil», debe hacerse a partir del análisis en profundidad de cinco rúbricas. Son éstas:

Las primeras ofertas de financiación.

Aportaciones del sistema financiero carlista.

Financiación de la Diputación Foral de Navarra.

Otras importantes contribuciones a la sublevación, como las de Cambó y las de la comunidad judía.

Donativos y suscripciones populares.

Primeras ofertas de financiación

Las primeras ofertas de financiación ofrecidas a Mola para la sublevación, fueron fundamentalmente dos, ambas caracterizadas por ser muy importantes en cuanto al volumen nominal involucrado en la oferta, y por representar un alto valor simbólico y de respaldo moral, independientemente de lo que supusieran al final como ayuda financiera efectiva. Una fue la oferta que Juan March le hizo personalmente a Mola, apenas iniciada la sublevación, posiblemente como ratificación formal de algo que ya se había hablado con anterioridad. La otra, la que le hizo José Luis de Oriol, poniendo a su disposición su propia fortuna personal.

La oferta que March hizo a Mola en los primeros días de la sublevación la cuenta Ramón Garriga (1976:379) en su libro Juan March y su tiempo, en el que ofrece la versión que él mismo escuchó de labios de Félix Maíz. Básicamente, esa oferta supuso poner en manos de Mola 600 millones de pesetas de aquella época.[28] En el capítulo V, «Juan March y la sublevación», se explica con detalle esta operación.[29]

Otro gesto de la misma significación fue el de José Luis de Oriol, que un mes antes de estallar la sublevación ofreció a Mola su fortuna personal.[30] Mola y Oriol se reunieron pocas horas después de la conversación de aquél con el director general de Seguridad, quien se había desplazado a Pamplona para inspeccionar si existían o no armas escondidas para una posible sublevación.[31] Aróstegui (1986:42) dice que la entrevista fue preparada, al parecer, por el miembro de la Junta Regional Carlista de Navarra, Isidro Arraiza. Mola quería saber cuál era la posición de los carlistas, qué iban a hacer si el ejército se sublevaba antes que ellos.

Y las cosas quedaron muy claras. Oriol le explicó a Mola «que algunos carlistas poderosos estaban completamente decididos a lanzarse a la lucha codo con codo con el ejército sin poner condiciones» (Blinkhorn, 1979:339). Y ése fue el momento en que Oriol ofreció a Mola el Requeté alavés, y su apoyo financiero personal: «para un movimiento salvador, españolista y espiritual que acabe con esto, Álava no sólo ofrece la considerable aportación de sus Requetés,[32] sino que puede contar con mi fortuna personal» (Echeverría, 1985:80). Y la tradición oral dice que la sublevación le costó a Oriol mucho dinero. Pero nada ha quedado documentado.

La aportación del sistema financiero carlista[33]

Otra importante fuente de financiación de la sublevación fueron los donativos que hizo un grupo muy selecto de carlistas, económicamente bien situados, entre los que pueden citarse, según los relatores de aquella época, Joaquín Baleztena,[34] Miguel María Zozaya y Fernando Contreras.[35] Olaya (2005:383) extiende esa ayuda a ciertos industriales vascos y, en términos generales, a toda la oligarquía agraria e industrial española.[36]

Pero lo que constituyó una excepcional fuente de financiación fue el sistema regular de cuotas que los carlistas tenían establecido desde 1934, de acuerdo con el cual todos los afiliados debían pagar al «Tesoro de la Tradición» una suma, «por lo menos igual a la pagada en imposición directa al Estado».[37] A aquellos que no pagaban impuestos se les requería que hicieran examen de conciencia y pagasen lo que pudieran. A los que carecían de medios, se les pedía 50 céntimos al año. Y a todos se les exigía una especie de diezmo, concretamente el 2% de sus ingresos, con destino a un fondo especial para la financiación de las juventudes (Blinkhorn, 1979: 300 y ss.).

No es posible disponer de información sobre el volumen de esta recaudación. Pero es del mayor interés tener en cuenta el Boletín de Orientación Tradicionalista,[38] que se distribuía con regularidad, y que constituía el «diario de avisos» o la «gaceta» de esa organización, porque en él se reflejaba la normativa de la Comunión en todos los aspectos de su vida social. Era de lectura obligada para todos los carlistas, transmitía informaciones y órdenes, y hacía consideraciones para formar criterio.[39] Se publicó por primera vez el 15 de julio de 1934.[40]

De este Boletín puede deducirse qué era y cómo se desarrolló esta contribución. En él puede leerse el acuerdo de la junta general de jefes y personalidades del 26 de noviembre de 1934 relativo al «Tesoro de la Tradición» (BOT, 16 de diciembre de 1934), según el cual todos los tradicionalistas estaban obligados a contribuir a las atenciones generales de la Comunión. Para la recaudación de esta contribución se constituyó una Delegación Especial de Hacienda, con las más amplias facultades para la fijación, distribución y exacción del impuesto.[41]

La propuesta se debatió en la comisión del «Tesoro de la Tradición» y se presentó a la asamblea de jefes regionales y delegados especiales de la Comunión. Un secretario general de Hacienda llevaba la suprema dirección de esa Tesorería. Y los jefes regionales podrían imponer sanciones, hasta la expulsión de la disciplina de la Comunión, a quienes, de una manera persistente, se negaran a satisfacer sin causa justificada las cuotas acordadas. Una nueva orden (BOT, 20 de enero de 1935) estableció y definió en 1935 las bases de la recaudación del nuevo impuesto.

La cuota, como ya se ha dicho, no podía ser inferior a la que cada uno pagara por cédula personal al erario público. Cada tradicionalista, sin embargo, podría fijarse sobre ese límite una cantidad superior, voluntaria. La cuota podría pagarse de una sola vez, o dividida en cuotas mensuales, trimestrales o semestrales, si así lo aprobaba la Delegación Especial de Hacienda.

Posteriormente, se planteó a los miembros de la Comunión la conveniencia de contribuir a la financiación del «Tesoro de la Tradición» mediante la entrega de alhajas. Esta operación se anunció por primera vez en el BOT del 19 de mayo de 1935, «puesta la fe en Dios y mirando a la Patria». Pero antes, en el BOT del 17 de marzo de ese mismo año, y bajo el título «Orientaciones. El factor dinero», ya se había planteado la necesidad de una mayor financiación para mejor cumplir sus objetivos:

Nuestra Comunión no es rica… Hombres de gran fortuna, y no menor celo, se sacrifican contribuyendo generosamente a los gastos de nuestra Comunión. Pero no es suficiente. Hace falta más… Hace falta que concurra el esfuerzo de todos.

Y hacía relación al importante número de amigos que la Comunión tenía, «no igualado por ningún otro partido».

Independientemente de todo lo anterior, la tradición oral añade la existencia en aquellos momentos de otra exacción carlista llamada «Socorro Blanco», tributo que se consideraba como una aportación «secreta», que se efectuaba por los miembros de la Comunión. Sobre ella se dice que el afiliado entregaba la cantidad que podía aportar, y que la suma recaudada era destinada a la propia organización del carlismo, y muy especialmente a atender a las necesidades de los presos políticos durante la República. Las «margaritas» eran las encargadas de recaudar esos fondos, así como de organizar, para generar recursos, actividades sociales, bailes, obras de teatro, o rifas. Al parecer, durante la guerra desapareció el «Socorro Blanco».[42]

Un pequeño grupo de personas dirigían y coordinaban, de manera informal, la financiación carlista. El director de ese grupo era José Martínez de Berasaín, vocal de la Junta Tradicionalista de Navarra y alma del Bloque de Derechas navarro. Era el director del Banco de Bilbao en Pamplona, y controlaba la mecánica electoral de Navarra a través de sus contactos con las principales localidades de la provincia.

Desde su despacho en el banco comunicaba con el mundo de los negocios de la capital, y con los agricultores de la provincia. Y como director del banco mantenía contacto con la clase media y alta de Pamplona, que allí iban a visitarle cuando querían hacer algún donativo para el partido, o plantearle algún problema. Su hijo, Luis Martínez Cerro, era el encargado de transcribir las instrucciones reservadas que el general Mola enviaba a los «conspiradores», instrucciones que, hasta ser transmitidas, se guardaban en la oficina del director del Banco de Bilbao (Ugarte, 1998:87-88).

Otros componentes de este grupo pudieron ser Sagüés (del Diario de Navarra) y Raimundo García. En todo caso, el Diario de Navarra era el lugar de encuentro del mundillo político y de dinero de Pamplona, y de los círculos cultivados de la capital.

La Diputación Foral de Navarra y la financiación de la guerra civil[43]

Las finanzas públicas en Navarra

La Diputación Foral de Navarra desempeñó también un muy importante papel en la financiación de la guerra civil. Sin embargo, y antes de entrar en el análisis de cómo era el sistema fiscal que hizo posibles las distintas ayudas que prestó a la sublevación, parece necesario definir cómo era en aquellos momentos la Diputación Foral de Navarra, y cómo funcionaba la organización administrativa que regía las finanzas públicas.

En 1936, Navarra gozaba, al igual que hoy, de un régimen foral de larga tradición histórica, que desde la Ley de Modificación de Fueros de 1841 otorgaba a la Diputación Foral el control económico y fiscal de ese territorio.[44] En función de esa ley, la Diputación mantenía un rígido control, tanto económico como administrativo, sobre la actividad de la provincia. Y desde la promulgación de esta ley, y hasta 1936, las autoridades forales y los Gobiernos de Madrid mantuvieron una dura batalla. Unos por mantener la situación que se había definido en 1841, y los otros por convertir a Navarra en una provincia que se regulara con la misma fórmula administrativa por la que lo venían haciendo el resto de las que integraban España.[45]

En esa permanente controversia, el Gobierno de Madrid impuso en 1932 una «contribución general sobre la renta», pretendiendo aplicarla directamente también en Navarra. La Diputación se opuso a ello, justificando su decisión, como lo había hecho hasta entonces, en la vigencia de su sistema foral. Pero el Gobierno reiteraba, una y otra vez, su derecho a hacerlo. Al final, y como respuesta, la Diputación decidió crear su propia contribución sobre la renta, sin pacto alguno con el Estado, con lo que entró en una situación de franca rebeldía frente a los poderes centrales. La reacción del Gobierno no se hizo esperar, y el mismo 17 de julio de 1936, víspera de la sublevación, el Gobierno declaró formalmente, por orden ministerial, que la Diputación carecía de facultades para la imposición de una contribución provincial sobre la renta.

Y ya no hubo lugar a nuevas confrontaciones, porque estalló la sublevación, y la Diputación Foral, con la decidida actitud de Navarra de apoyar a los sublevados, se creyó respaldada para mantener el sistema foral que estaba funcionando en ese momento. Así lo aprobó el propio Mola, expresamente, el mismo 19 de julio. Un estatus que fue ratificado posteriormente por Franco el 23 de junio de 1937, en el preámbulo del decreto ley por el que eran suprimidos los conciertos de Guipúzcoa y Vizcaya.[46]

Durante la guerra civil nadie intentó cambiar nada sobre este particular, pero ni siquiera en esos momentos la Diputación bajó la guardia, y en junio de 1938, y ante ciertas pretensiones impositivas que estaban creando una atmósfera contraria al Fuero, los navarros hicieron llegar a Franco su queja de que no se guardaba el debido respeto al régimen foral. Se estaban refiriendo a una actitud, supuestamente mantenida por el sector falangista, que nunca vio con buenos ojos la excesiva autonomía y poder de los carlistas en Navarra (Miranda, Ilundaín y Balduz, 1998:115).

Terminada la guerra, en 1941 se negoció y firmó un nuevo convenio económico. En él la foralidad navarra, a través de su régimen fiscal, quedó plenamente sancionada por el franquismo.

De esta manera, el 18 de julio de 1936 la Diputación Foral de Navarra era la única protagonista del sistema fiscal navarro, porque controlaba la Hacienda de ese territorio, con capacidad para crear impuestos, recaudarlos y llegar a acuerdos impositivos con el Estado.[47] Como compensación, se abonaba a éste una cuantía anual negociada, en concepto fundamental de imposiciones directas.[48]

Los impuestos indirectos del Estado que tenían su aplicación en Navarra lo eran mediante convenio. Y, de ellos, la parte que se consideraba que correspondía al consumo y producción navarros se asignaba a la Diputación y el resto al Estado, en una proporción que se actualizaba cada cierto tiempo. El Estado, por su parte, recaudaba en Navarra los productos de sus monopolios, como tabaco o combustibles, así como del aprovechamiento de los montes del Estado, entregando a la Diputación una indemnización por tales conceptos.

En todo caso, la Diputación de Navarra quiso dejar claro desde el inicio de la sublevación que se regulaba por un régimen foral de excepción. Y así lo recordó en su sesión del 29 de julio de 1936, pocos días después de estallar el conflicto, haciendo constar en acta que la Diputación mantenía su rechazo a la «contribución general sobre la renta» que se aplicaba en el territorio de régimen común, amparándose en la Ley de Modificación de Fueros de 1841 y en el Convenio Económico de 1927. Pedía, por ello, a los contribuyentes navarros que se abstuvieran de presentar las declaraciones de esa contribución y que procedieran en todo momento de acuerdo con el impuesto sobre la renta establecido por la propia Diputación. Aprovechaba la ocasión para recordarles su obligación de pagar regularmente este impuesto, advirtiéndoles que, de no hacerlo, serían castigados con «la máxima energía».

Más tarde, y dentro de su política de utilizar la mayor generosidad en sus ayudas, pero manteniendo su independencia, la Diputación de Navarra solicitaba, en la sesión del 26 de enero de 1937, que no se tuvieran en cuenta «en esta Provincia las disposiciones dictadas por Decreto del 9 del actual y Orden complementaria del día 21, subsistiendo únicamente el recargo sobre la renta del tabaco».

El sistema fiscal navarro durante la contienda

A partir de su peculiar sistema de «convenio», el cuadro básico de imposiciones en Navarra durante la guerra era el siguiente:

— En manos de la Diputación quedaban los impuestos directos, es decir, la contribución de utilidades, la contribución complementaria sobre la renta, el impuesto de derechos reales y transmisión de bienes, las cédulas personales y el importe de patentes de circulación. También los impuestos indirectos, como los de consumo (alcohol, azúcar, cerveza, etc.), el impuesto de espectáculos, el de transporte de viajeros y mercancías, el impuesto sobre los productos de lujo y el del timbre provincial.

— En manos del Estado quedaban fundamentalmente los que se referían a productos estancados, como el tabaco, el papel sellado con destino a la administración del Estado, y los monopolios como la gasolina.

Esta estructura impositiva no resultaba la adecuada para financiar el coste de la contienda, y por ello la Diputación decidió, en agosto de 1936, solicitar a sus técnicos un proyecto de «Impuesto Extraordinario de Guerra», con el fin de hacer frente a los gastos ocasionados por la sublevación.[49]

Respondiendo a ese mandato, el grupo de expertos encargado de redactar el proyecto de ley regulando el nuevo impuesto ofreció a la Junta Técnica de la Hacienda Foral dos alternativas. Una primera, que representaba una aportación directa e inmediata a fondo perdido. Y una segunda, que sugería una recaudación inmediata, pero a título de empréstito y, por tanto, sujeta a devolución posterior. La Junta Técnica entendió que la primera propuesta era la más adecuada al momento y al estado de ánimo de la sociedad, ya que «las juventudes, en un ansia de ideal, vierten generosamente su sangre y dan su vida por alcanzarlo y los humildes rivalizan todos en ejemplos de entusiasmo, desprendimiento y sacrificios heroicos».

Para definir la estructura y el volumen de la imposición, los técnicos de la Hacienda navarra partieron del dato que la Junta Técnica de la Hacienda Foral les había ofrecido sobre el total requerido para esa financiación, que en aquellos momentos se valoraba en 12 millones de pesetas en un año, a partir del mes de julio. Y ésa fue la recaudación objetivo que se fijaron en el texto legal que propusieron.

Al final, el nuevo impuesto quedó regulado de la siguiente manera. Se fijaba con carácter excepcional, y gravaba «las rentas o ingresos netos producidos por el capital en sus diversas manifestaciones, las distintas remuneraciones pecuniarias o en especie, fruto del trabajo personal y los capitales fiscales o sus similares, de las Sociedades o Asociaciones mercantiles».

Los contribuyentes sometidos al impuesto se agrupaban en tres clases:

a). Personas naturales de condición civil navarra, las que sin tener esa condición residieran habitualmente en Navarra y las personas físicas o jurídicas que tuviesen inmuebles en la provincia.[50]

b). Las asociaciones sin capital determinado y constituidas sin fines lucrativos, y las personas naturales o jurídicas que poseyeran o administraran en Navarra bienes, rentas o usufructos destinados a fines religiosos, benéficos, culturales o de recreo.[51]

c). Sociedades anónimas, comanditarias, colectivas, limitadas sitas en la provincia y, en general, toda entidad, sociedad o asociación cuyo fin directo o indirecto fuera obtener un lucro.[52]

Sobre las bases imponibles se establecía la cuota obligatoria, que debería calcularse, para los grupos a y b, en una escala progresiva que empezaba en un 6% para las cantidades comprendidas entre 3.000 y 6.000 pesetas, y que llegaba en sus últimos tres escalones al 32% para la base comprendida entre 100.000 y 150.000 pesetas, al 40% para la comprendida entre 150.000 y 300.000, y al 50% para las bases superiores a 300.000 pesetas. Para el grupo c se establecía como cuota del 5‰ de la base total.

Para generalizar el gravamen, quedaban obligados a satisfacer una cuota fija de 100 pesetas anuales todos los varones residentes en Navarra que resultaran exentos de este impuesto y que, hallándose comprendidos entre 18 y 28 años,[53] no figuraran incorporados al ejército ni inscritos como voluntarios en ninguna de las milicias.

La recaudación teórica de esta fórmula de exacción, aplicada al modelo de la Hacienda Pública navarra, suponía una recaudación anual de 12,7 millones de pesetas, superior a la presupuestada. En marzo de 1938, un informe presentado a la Comisión de la Diputación Foral señalaba que desde enero de 1937 hasta marzo de 1938 el impuesto extraordinario de guerra ya había recaudado 12,5 millones de pesetas.

Aportaciones de la Diputación Foral

A partir de esa especial situación de su Hacienda Pública, la Diputación Foral de Navarra mantuvo una importante, generosa y constante ayuda institucional a los sublevados. Tres días después de la sublevación ya había hecho un llamamiento a los navarros, aplaudiendo «su patriotismo al sumarse a la causa del movimiento salvador en defensa de la religión, la paz material y “nuestras libertades forales”», tomando medidas inmediatas «para el buen funcionamiento de la sociedad navarra al servicio de la guerra».[54]

Unos días después, el 24 de julio, Mola dio una orden a la Diputación para que le habilitara un crédito por dos millones de pesetas para hacer frente a los gastos originados por el «movimiento emprendido para salvar a España», crédito que en su día el Estado liquidaría con la Diputación. Ese mismo día la Diputación acordó que la Caja de Ahorros Provincial de Navarra lo concediese (Pascual Bonis, 1987:310).[55] Más tarde, la Diputación Foral de Navarra acordó aceptar «la liquidación practicada» por el general jefe de las Brigadas de Navarra con la caja de ahorros, cancelando la cuenta de dos millones de pesetas que, en concepto de anticipo, se había concedido a la Comandancia Militar de Navarra.[56]

El mismo 24 de julio, y cumpliendo la promesa públicamente anunciada en su primera reunión después del 18 de julio, la Diputación acordó acudir en auxilio de las familias de voluntarios que, «dando un sublime ejemplo de patriotismo, han abandonado sus hogares para incorporarse al movimiento nacional dejándolas sin los necesarios recursos para su subsistencia». Acordó para ello un subsidio extraordinario, de entre tres y ocho pesetas diarias, según las circunstancias de cada familia. Esta concesión se administraría por los alcaldes, quienes se encargaban de hacerla efectiva semanalmente a los interesados, utilizando para ello los fondos municipales. Posteriormente serían reembolsados a cada Ayuntamiento por la sucursal de la Caja de Ahorros Provincial de Navarra más próxima, con fondos de la Diputación. El subsidio del combatiente exigió una compleja organización de peticiones, de controles y de inspecciones.

Para financiar esa operación, entre otras, la Diputación decidió crear el nuevo impuesto extraordinario de guerra que se acaba de analizar. Sin embargo, mientras se estudiaba su implementación, y dada la urgencia de disponer de recursos líquidos, se hizo un llamamiento a todos los contribuyentes navarros para que, «siguiendo el ejemplo de patriotismo y abnegación que habían dado las clases modestas ofreciendo generosamente su sangre por Dios y por la patria», facilitaran a la Diputación, en acción voluntaria, los recursos necesarios para financiar la operación. El llamamiento se dirigía a los poseedores de títulos, valores e imposiciones, a las sociedades y empresas, a los comerciantes e industriales sometidos al impuesto de utilidades, y a todos los empleados con sueldos superiores a seis mil pesetas. En general, se hacía extensivo a todos cuantos disfrutaran de una posición económica desahogada.

Las cantidades entregadas serían a cuenta, como anticipo de la contribución obligatoria de guerra que la Diputación estaba estudiando. El requerimiento, aunque voluntario, era perentorio. Y las cantidades ofrecidas deberían hacerse efectivas en el plazo de ocho días, es decir, hasta el mismo día 15 de agosto, en las oficinas de la Caja de Ahorros Provincial de Navarra, o en cualquiera de sus sucursales.

La respuesta de la sociedad fue inmediata y general. El mismo día 7 de agosto en que la petición se publicó en el Boletín Oficial, se personaron en la Diputación «los representantes de los Bancos locales, Crédito Navarro, La Vasconia y Cajas de Ahorros Provincial y Municipal, así como también los de otras entidades y particulares, ofreciendo generosamente aportar las cantidades que sean precisas para las indicadas atenciones… dejando al arbitrio de la misma Diputación el fijar la cuantía y las condiciones en que dicha aportación se ha de efectuar».

Independientemente de este impuesto extraordinario, la Diputación Foral entendió que, para conseguir la financiación necesaria para atender las exigencias del «Movimiento nacional de liberación del ejército y pueblo», según la terminología que empleaba la Diputación, resultaba imprescindible reforzar su sistema impositivo ordinario. Y, a estos efectos, se tomaron diversas medidas:

— Se estableció un «Impuesto de Timbre», que gravaba la adquisición de artículos de lujo con un tipo del 3% de su valor en venta al consumidor.[57] Y un recargo de carácter obligatorio del 50% del importe de las localidades para toda clase de espectáculos públicos. Su destino era engrosar la «suscripción nacional» en beneficio del ejército.[58] Con idéntico destino, se estableció un recargo sobre el tabaco y las licencias de caza y pesca.

— Se ordenó a todos los ayuntamientos, concejos y juntas auxiliares de la administración de Navarra que descontaran un día de haber a los empleados cuyos sueldos no excedieran de 4.000 pesetas anuales, y dos días de haber a los que excedieran de esa suma. El importe recaudado debería ingresarse en la sucursal del Banco de España de Pamplona, para su abono en la cuenta abierta en el Banco de España en Burgos bajo la denominación «Donativo de funcionarios públicos a disposición de la Junta de Defensa Nacional».[59]

También se utilizó la figura de los empréstitos, porque los recursos especiales creados para el pago de subsidios de atenciones de guerra, donativos y ayudas acordados se agotaron pronto. Y en ese momento, explicitando el firme propósito de la Diputación de continuar con estas ayudas, la Comisión de Hacienda del Consejo Foral Administrativo de Navarra acordó emitir un empréstito, «en la cuantía que sea precisa», para financiar esa operación, facultando en el entretanto a la Diputación Foral para obtener los fondos necesarios mediante operaciones crediticias.[60]

Los ingresos de la Diputación de Navarra por impuestos de guerra, durante los años 1937 a 1941, se encuentran perfectamente reflejados en los libros de contaduría de la Hacienda foral.[61] A través de la información que ellos ofrecen, se puede conocer con exactitud la recaudación total obtenida por la Diputación, como rendimiento de esos impuestos.

Por lo que respecta al impuesto especial sobre espectáculos con destino a subsidios de guerra, las entradas registradas como ingresos discurren desde el 2 de abril al 31 de diciembre de 1937, fecha en que se interrumpen las anotaciones, y los ingresos en este período ascienden a un total de 94.143,28 pesetas.

El Impuesto de tabaco pro combatientes estuvo vigente entre el 16 de junio de 1937 y el 22 de diciembre de 1939. Y el ingreso total por este impuesto ascendió a 3.779.922,75 pesetas. La exacción incluía el impuesto sobre el tabaco y sobre el papel de fumar.

El Impuesto extraordinario para subsidios y atenciones de guerra recaudó lo siguiente: del 1 de junio al 17 de diciembre de 1937, 3.761.034,88 pesetas; del 18 al 31 de diciembre de 1937, 1.022.035,33 pesetas. La recaudación para todo 1938 fue de 4.474.222,77. Y del 2 de enero al 5 de junio de 1939 sólo se recaudaron 269.001,68 pesetas. Desde el 5 de junio hasta el 30 de diciembre de 1939 se recaudaron 445.110,02 pesetas.

Un resumen de la recaudación total por impuestos de guerra puede verse a continuación:

Independientemente de todo ello, en noviembre de 1936 la Diputación Foral de Navarra decidió abrir una suscripción popular para que los combatientes de la provincia pudieran gozar de un aguinaldo con el que poder celebrar la Nochebuena. El total de lo recaudado en el mes que estuvo activa la suscripción ascendió a 512.406 pesetas.[62]

Finalizada la guerra, la Diputación Foral solicitó de todos los administradores de los distintos servicios provinciales información sobre el rendimiento de cada impuesto y de cada servicio, así como las estadísticas que juzgaran convenientes para evaluar la aportación de Navarra a la financiación de la guerra.[63] En el mes de julio de 1939 la Diputación pudo aprobar las cuentas del año 1938, que eran las primeras que se recogían en los libros de actas de la Corporación durante el período de guerra.

Es necesario destacar que en ellas no se incluía partida alguna que nominalmente se refiriera a la guerra, pero existía una partida en la cuenta de gastos, denominada «cuentas especiales», que era la que recogía las cantidades destinadas a costear diferentes gastos de la guerra distintos de los subsidios a los combatientes. Esta cuenta totalizaba 2.478.960 pesetas.

En cuanto a la utilización de lo recaudado por los impuestos de guerra, éstos se dedicaron fundamentalmente al «subsidio a los combatientes», pero también a otros muchos y diversos conceptos. Como muestra de su naturaleza y diversidad, véase una pequeña colección de esos gastos, espigados de las actas de la Diputación Foral:

— Puesta a disposición de la Junta de Defensa Nacional de 750.000 pesetas con destino a la adquisición de uno o más aviones que pudieran defender la ciudad de Pamplona (sesión del 11 de agosto de 1936).

— Cancelación de la cuenta de crédito de dos millones de pesetas que se había abierto al general Mola (sesión del 30 de abril de 1937).

— Puesta a disposición de Franco de un coche blindado (sesión del 4 de marzo de 1938).[64]

— Compra de dos motocicletas destinadas «a los servicios de guerra del Cuartel General y fuerzas que acaudilla» el general Varela (sesión del 19 de agosto de 1938).

— Y como detalle del nivel de información que ofrecen las actas: pensión de 1.840 pesetas para gastos educativos a las hijas de Mola (sesión del 4 de agosto de 1939). Pago de 4.700 pesetas, importe de la minuta de honorarios presentada por el Colegio de Arquitectos vasco-navarro por confección del proyecto y planos del chalet para la viuda del general Mola (sesión del 23 de agosto).

A todo ello habría que añadir innumerables partidas que, sesión tras sesión, se iban acordando sobre suscripciones, loterías, donativos y contribuciones a campañas bajo múltiples denominaciones y destinos. Pero todas con la misma finalidad: financiar, siquiera fuera parcialmente, necesidades de guerra. Y aunque no se dispone de información al respecto, hay que entender que la sublevación navarra dispuso también, en una medida u otra, de financiación de la sólida banca autónoma navarra.

Para entender el esfuerzo que pudo hacer Navarra en la ayuda financiera a la sublevación, puede ser útil disponer de información sobre el marco que definían las magnitudes financieras de sus finanzas en aquella época. Éstas son las más importantes:

— El conjunto de las exacciones tributarias presupuestadas para 1936 ascendía a 18.903.519 pesetas.

— La partida más elevada de gastos presupuestarios era la cantidad abonada anualmente por la Diputación de Navarra en concepto de contribución directa al Estado, única y sin sufrir variaciones desde la firma del Convenio de 1927: 6.000.000 pesetas.[65]

— La siguiente partida era el concepto «Conservación de Carreteras», que ascendía a 4.720.687 pesetas. Otras partidas importantes eran los gastos del manicomio, que totalizaban 1.706.874 pesetas, y los gastos del Hospital Provincial, que ascendían a 1.084.089 pesetas.

— En 1936 el valor imponible de toda la riqueza industrial, comercial y agropecuaria de todos los pueblos de Navarra, según las hojas catastrales formadas por cada Ayuntamiento, ascendía a 48.851.154 pesetas. La cuota contributiva era del 14%, lo que suponía un ingreso de 6.839.162 pesetas a repartir entre todas las localidades de la provincia.

OTRAS CONTRIBUCIONES A LA SUBLEVACIÓN

En los primeros momentos de la sublevación, existieron algunas financiaciones especiales que, por su volumen o su significación, conviene examinar en esta parte, dedicada a la financiación de la sublevación propiamente dicha. Fueron, fundamentalmente, los recursos facilitados por algunas organizaciones y personas físicas, en el caso de Navarra y también en el resto de las provincias sublevadas, que se estudian en este capítulo. Las del banquero Juan March, que se analizan en el capítulo V, «Juan March y la sublevación», y las que se originaron en Portugal, que se verán en el capítulo VI, «Portugal y la sublevación del 18 de julio». Hubo otras, muchas más, entre las que destacan las de Cambó y las de la comunidad judía.

Las ayudas de Francisco Cambó

Entre los primeros financiadores de la sublevación del 18 de julio hay que incluir a Francisco Cambó,[66] «El mejor político del siglo XX», que dijo Romanones, o «El genio político mejor dotado que ha producido no sólo Cataluña, sino la España actual», que dijo Salvador de Madariaga (Seco Serrano, 1981). Su biógrafo Borja de Riquer sostiene que fue la figura más relevante que intervino en la política española desde posiciones conservadoras. Y que su drama final fue la del político que, arrastrado por las circunstancias, tuvo que actuar ante situaciones no previstas, ni deseables, viéndose forzado a tomar posiciones extremas.[67] Sin duda, fue una personalidad polifacética: multimillonario, mecenas de la alta cultura catalana y gran coleccionista de arte, pero especialmente fue un político, un financiero y un humanista.[68] Lucas Beltrán, que tan bien conoció a Cambó, le describió como el «típico político pragmático, poco liberal y muy intervencionista».[69]

La afiliación política de Cambó queda definida si se recuerda que la Segunda República se instauró en Barcelona al grito, coreado por las masas, de «Viva Macià, muera Cambó». Una situación que le obligó a exiliarse voluntariamente durante año y medio, temeroso de la deriva revolucionaria que, en su opinión, no tardaría en adoptar el nuevo régimen. Volvió con la proclamación del Estatuto de Nuria de septiembre de 1932, incorporándose al Parlamento en el que radicalizó su posición independentista: «Pasará este Parlamento, desaparecerán todos los partidos que están aquí representados, caerán regímenes y el hecho vivo de Cataluña subsistirá».[70] Pero por la marcha, desde finales de 1935, de la República hacia el abismo, como él decía, la reaparición de gritos en Barcelona de «Muerte a Cambó», y al tanto muy seguramente, contra su propia declaración, de los preparativos del golpe de Estado militar, abandonó España.

Cambó era revisionista en cuanto al ideario español. Borja de Riquer (1997:91) dice, en su biografía, que es curioso que mientras no había conseguido localizar ninguna reflexión profunda de Cambó con respecto al catalanismo durante los años de guerra, la recuperación del pensamiento tradicional español representado por Marcelino Menéndez Pelayo era básica en sus reflexiones. Incluso en marzo de 1937 propuso que, desde la Oficina de Prensa y Propaganda de París, se divulgara la figura y el pensamiento de Menéndez Pelayo, propuesta que fue acompañada del compromiso de financiar una edición de 25.000 ejemplares de la Historia de España de don Marcelino, que podría ser vendida al precio simbólico de una peseta. Y explicaba que lo hacía porque era necesario que «las nuevas generaciones conozcan todas las glorias de la tradición española que nadie ha conocido y sentido y expuesto tan perfectamente como Menéndez Pelayo».[71]

En 1936, y como gran parte de la derecha española, Cambó acabó apoyando con fuerza la causa de los militares sublevados, con recursos financieros y con propaganda política, aunque al final, decepcionado por la actitud de Franco, a quien tanto había ayudado durante la guerra, se autoexilió a Argentina.

La posición de Cambó en relación con la ideología de Franco quedó muy clara a mediados de diciembre de 1936, en los dos artículos que escribió en el Daily Telegraph, «La democracia y el conflicto español. Cómo la guerra civil estalló entre el desorden, bajo un gobierno sin autoridad» y «España bajo la sombra de la tiranía anarquista. El golpe de Franco como manifestación de patriotismo».[72]

La noticia de la sublevación le llegó el 19 de julio, cuando estaba viajando por el Adriático en el Catalònia. Su actitud a partir de aquel momento ante la guerra civil la resume García Venero (1952:374 y ss.) cuando recuerda lo que dijo: «Los que tengan dinero, que lo den, y los que estén en edad militar, que luchen». Él dio dinero con abundancia. Y su intervención a favor de los sublevados fue definitiva. Al servicio de ellos puso sus recursos financieros, una pléyade de colaboradores y, desde luego, sus conexiones políticas y su dirección. Desgraciadamente, la imposibilidad de consultar los archivos de Cambó, y los de sus colaboradores, impide disponer de información concreta sobre la notable contribución económica de Cambó a la sublevación del 18 de julio, aunque sí se dispone de informaciones dispersas de las que se puede concluir que su ayuda fue importante, acorde con la dimensión de su fortuna personal, que en aquellos momentos era muy considerable.

Una cierta aproximación a su fortuna está documentada formalmente en la respuesta que dio al decreto ley del 14 de marzo de 1937 del Comité de Moneda Extranjera de la Junta de Defensa Nacional, que establecía que todo ciudadano español, que poseyese divisas y valores en el extranjero, debería presentar, en el plazo de un mes, una declaración concreta sobre dichos bienes. Así lo hizo Cambó desde Italia, presentando su declaración por duplicado. Una copia la envió directamente a Burgos y la otra al representante del Gobierno de Burgos en Roma, Pedro García Conde.[73] A partir de esa declaración, Riquer (1997:175 y ss.) hace una aproximación a lo que podía ser la capacidad económica de Cambó, llegando a la conclusión de que en aquellos momentos su capital fuera de España superaba los 200 millones de pesetas. En su biografía, Riquer afirma que no se conoce bien el origen de la fortuna de Cambó, ni las relaciones financieras que tuvo, aunque supone que su fortuna pudo provenir fundamentalmente de la CHADE (Compañía Hispano Americana de Electricidad), cuyo Consejo de Administración presidía y en cuya ejecutoria y salvamento desempeñó un papel realmente preponderante.

Pero el origen de la fortuna de Cambó está bien documentado en Beltrán (1996). Lucas Beltrán, notable economista, formado en la London School of Economics, se incorporó en 1932 al despacho de Cambó. Sus funciones fueron las propias de un secretario particular combinadas con las de un asesor en temas económicos. Con Cambó trabajó hasta el 18 de julio de 1936.[74] Y como principal colaborador y hombre de confianza conoció con detalle sus grandes operaciones. En el prólogo de su libro Ensayos de economía política, Huerta de Soto explica que el origen de la fortuna de Cambó, una de las más importantes en la España de su época, fue la operación financiera que supuso la fundación de la CHADE,[75] que tuvo su origen en una simple observación efectuada por John Maynard Keynes, que en aquellos momentos estaba adquiriendo renombre internacional como consecuencia de la publicación en 1919 de su obra Las consecuencias económicas de la paz.[76] En este libro, Keynes hacía un análisis crítico de las consecuencias del tratado de Versalles, que se había firmado en aquel mismo año, por el que se establecían y regulaban las reparaciones económicas que habrían de pagar los vencidos en la primera guerra mundial. Entre otras consideraciones, Keynes se quejaba de que el pago de las reparaciones podía suponer el desmantelamiento de las grandes empresas industriales alemanas. Se refería al artículo 235 del tratado, que ponía en manos de la Comisión de Reparaciones «poderes dictatoriales sobre toda la propiedad alemana». Porque esta comisión podía pedir el pago de las reparaciones «en la forma que quiera fijar», ya en oro, mercancías, barcos, valores o de otra manera.[77]

Según Keynes, ese artículo podía poner en manos de la comisión cualquier negocio, empresa o activo alemán, bien dentro o fuera del país, y ésta podía pedir la entrega no sólo de la propiedad existente en la fecha del tratado, sino también de todas aquellas que pudieran ser creadas o adquiridas en el transcurso de los primeros dieciocho meses. Y Keynes tuvo la ocurrencia de poner un ejemplo concreto, como podía haber puesto otro cualquiera. Dijo que la comisión podría escoger «la magnífica y poderosa empresa alemana de Sud-América, conocida por la “Deutsche Ueberseeische Elektrizitätsgesellschaft” (D.U.E.G.) y disponer de ella en servicio de los intereses aliados». Porque el artículo 235, decía Keynes, era inequívoco y todo lo comprendía, en la medida en que, fijada la multa, los acreedores podían, durante cierto período, cobrarla especificando la clase especial de propiedad con la que había de efectuarse el pago.

Y fue este pequeño comentario de Keynes el que dio lugar a que inmediatamente se movilizaran los intereses industriales y comerciales alemanes fuera de Europa para evitar que sus empresas fueran expropiadas por los vencedores. A la vez comenzó la mayor operación financiera de aquellos tiempos, planteada por la D.U.E.G. Ésta había promovido y era dueña de la compañía eléctrica de Buenos Aires, además de disponer de importantes intereses eléctricos en otras partes de Hispanoamérica, fundamentalmente en Chile y Uruguay. Eran, sin duda, activos que podían ser expropiados, por lo que inmediatamente se puso en marcha una operación para impedirlo.

La dirección de la D.U.E.G. decidió constituir, a esos efectos, una nueva sociedad que se hiciera cargo rápidamente de los activos que poseía en Hispanoamérica, y domiciliarla en alguno de los países neutrales, donde la Comisión de Reparaciones no tenía posibilidades de intervenir. Esos países no podían ser otros que Holanda, Suiza o España. Y la sociedad belga Sofina, accionista de la D.U.E.G., a través de su representante Heineman, que conocía y había tratado profesionalmente a Cambó, propuso, y al final logró, que España fuera la nación elegida «no sólo por haber sido un país neutral durante la guerra y haber disfrutado de una moneda relativamente libre de fluctuaciones, sino, sobre todo, dados los lazos étnicos y culturales que Argentina y los demás países de Hispanoamérica habían venido manteniendo con nuestra nación» (Huerta de Soto, 1996:XII y ss.).

Y así se fundó la CHADE el 22 de junio de 1920, de nacionalidad española. El capital se fijó en 120 millones de pesetas, como contrapartida de los activos recibidos. De ese capital, el 50% correspondió por canje a los antiguos accionistas de la D.U.E.G. alemana y la otra mitad, 60 millones, fueron suscritos por los socios españoles, encabezados por Cambó y una serie de bancos entre los que destacaba el Banco Urquijo. Durante dos años, el consejo de la CHADE estuvo constituido sólo por españoles, y el alma y ejecutor de esta operación, que no era más que una fachada para regularizar una difícil situación, fue Cambó. Todas las operaciones fueron diseñadas y dirigidas por él. El primer presidente fue el marqués de Comillas, y Cambó su vicepresidente, pero éste pronto ocupó la presidencia, por fallecimiento del marqués. Esa posición, y el extraordinario desarrollo de Buenos Aires, hizo súbitamente rico a Cambó, y permitió que, a partir de entonces, desarrollara diversas actividades culturales y filantrópicas, creara su magnífico archivo y biblioteca, y estableciera definitivamente su conocido despacho barcelonés. Porque Cambó recibió una parte muy importante de la mitad de las acciones emitidas para conseguir la participación de los socios españoles. En realidad, las acciones eran el pago por colaborar en la operación de liberar los activos.

En la operación de la CHADE se involucraron bancos españoles como Central, Urquijo, Vizcaya, Barcelona y Arnús Gari. También personalidades de la vida financiera y política, como el marqués de Comillas, el duque de Alba y el conde de Gamazo, y dirigentes de la Lliga Regionalista como Joan Ventosa i Calvell, Josep Bertran i Musitu y Lluís Duran i Ventosa. La mayor parte de ellos recibió una importante participación de la CHADE, en forma de acciones, como remuneración por su colaboración en la creación de la compañía.[78]

De esta operación dice el Diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia:

… una operación de filigrana económica y política sumamente discutida y, las veces, condenada sin paliativos como antipatriótica y nefasta para el sistema bancario nacional —hacerse con gran parte de las acciones y de la vicepresidencia de la CHADE—… y transformarse con ello en uno de los grandes financieros del Viejo Continente, al propio tiempo que acumulaba una cuantiosa fortuna personal (Cuenca Toribio, 2010).

El profesor Huerta de Soto (1996:XV) decía que el que fue secretario particular de Cambó le confirmó que la CHADE fue en realidad la única operación importante en la que Cambó ganó dinero, y que le salió tan bien que no necesitó volver a preocuparse de problemas económicos a partir de entonces.

En su declaración al Comité de Moneda Extranjera, Cambó informaba que el 18 de julio de 1936 «poseía importantes haberes en el extranjero. Casi en su totalidad fueron aportados a primeros de agosto, con intervención del Excmo. Sr. D. José Quiñones de León,[79] a la Caja Exterior del Gobierno Nacional». También informaba haber invertido grandes cantidades de dinero en atenciones, unas de carácter patriótico y otras de carácter humanitario, y recordaba que en aquellos momentos estaba financiando con sus propios recursos y, entre otras cosas, la totalidad del gasto de personal y buena parte del material de la oficina de propaganda que se había creado en París. Declaraba que, además, participaba en la financiación de los libros y folletos que se estaban imprimiendo en París para explicar la realidad y los objetivos de la sublevación. Y aseguraba que, a principios de junio de 1937, pondría a disposición del Estado «aquellas divisas que no me sean indispensables para las atenciones antes enumeradas».

Conocido es que en septiembre de 1936, Cambó ya celebraba reuniones con otros dirigentes de la Lliga Catalana, como Ventosa y Durán, tanto en la suite que tenía en el hotel Crillon de París, como en el chalet que había alquilado en Abazzia. Y que, a principios de agosto, como decía en su declaración de recursos en el exterior, ya había puesto una buena parte del dinero que tenía en el extranjero a disposición de José Quiñones de León. Según Ventosa, la primera aportación económica de Cambó a Quiñones de León se elevó a 10.000 libras esterlinas.[80] Y el mismo Ventosa recuerda la carta que Cambó envió a Valls Taberner en la que pedía que se enviase dinero a Franco.[81]

Hasta tal punto se preocupaba Cambó por la financiación de la guerra, que García Venero (1952:374) dice que en algún caso llamó la atención de ciertos individuos sobre sus aportaciones económicas, que eran menores de lo que podía esperarse de su fortuna. Añadiendo que, con frecuencia, «reprochó la sordidez manifestada, que le parecía incompatible con la magnitud» de las necesidades de España.

No hay, sin embargo, información válida que permita evaluar la contribución total de Cambó a la guerra civil. Y la investigación de Borja de Riquer en el Archivo de la Presidencia de Gobierno, donde se encuentra la Relación de donativos a la Causa Nacional no ha encontrado datos sobre el tema (Riquer, 1997:171 y ss.). Sí es posible afirmar que fue muy importante y muy diversa porque, además de los donativos en divisas, Cambó utilizó otras formas de prestar apoyo a los sublevados, avalando préstamos, realizando actividades de propaganda política, o haciendo donaciones encubiertas en forma de venta de material, especialmente vehículos o productos energéticos.

Las principales actividades de apoyo al Gobierno de Burgos financiadas por Cambó se desarrollaron fundamentalmente en Francia e Italia. El objetivo era neutralizar la simpatía de que gozaba la causa republicana en los países democráticos, fundamentalmente en Francia, Bélgica y Gran Bretaña. Y para ello, Cambó y los dirigentes de la Lliga emprendieron una muy variada actividad de contrapropaganda que trataba de anular en los ambientes conservadores y católicos la mala imagen que tenía la «causa de los sublevados». Se trataba de contrarrestar el «pacifismo de los católicos liberales y poner en duda los escrúpulos democráticos de las derechas europeas que no se atrevían a dar su apoyo explícito a Franco» (Riquer, 1997:99-101).

Esta operación se tradujo en el establecimiento en París, en octubre de 1936, de una oficina de propaganda y prensa, financiada exclusivamente por Cambó. El funcionamiento de esta oficina representaba un coste de unos 140.000 francos franceses mensuales (Riquer, 1997:178). El director de publicaciones era Joan Estelrich, seleccionado por el mismo Cambó, que trabajó en estrecho contacto con la Junta Militar de Burgos en París, con sede en el hotel Meurice (Riquer, 1997:103). Desde esta oficina de París se puso en marcha, en febrero de 1937, un Boletín de Información Española, en español y en francés, con el objetivo de «desvirtuar la propaganda de los marxistas y dar a conocer el carácter y trascendencia del Movimiento Nacional». Muy pocos meses después este Boletín se enviaba regularmente a 77 periódicos franceses. Y a principios de 1938 alcanzó una tirada mensual superior a los 70.000 ejemplares. También, y desde octubre de 1937 a mayo de 1939, la revista quincenal Occident, financiada por Cambó, se convirtió en el principal medio de propaganda de la España sublevada entre los dirigentes europeos. Los más importantes intelectuales europeos de aquellos momentos figuraron entre sus articulistas. En ella escribieron, entre los españoles, Manuel Machado, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Ramón Menéndez Pidal, Ramón Pérez de Ayala y Manuel de Falla (Riquer, 1997:111 y ss.).

Solé Tura (1997) dijo que Cambó había organizado en Francia el sistema de apoyo político y cultural a la causa de Franco más completo y eficaz, añadiendo que a ello dedicó todas sus energías y una buena parte de sus grandes recursos económicos. Para Riquer (1997:104), París era, por su proximidad, el lugar más adecuado para saber lo que estaba ocurriendo en cada uno de los dos bandos y para hacer propaganda política, como principal centro que era, político e intelectual, de Europa.[82]

Cambó contribuyó también económicamente, junto con Juan March, a la creación de los primeros servicios de inteligencia. Y entre agosto y septiembre de 1936 creó tres servicios distintos con monárquicos, conservadores y carlistas, que operaron principalmente de Biarritz a San Juan de Luz (Heiberg y Ros, 2006:258). Una «operación de espionaje y propaganda de impecable eficacia, erigida en modélica en manuales y tratados de teoría de la información y sociología política» (Cuenca Toribio, 2010).[83]

Cambó se interesó también desde el primer momento por la suerte que podían correr sus amigos y compañeros políticos que se habían quedado retenidos en zona republicana, en domicilios y embajadas, e inició gestiones con el propósito de hacer posible la salida de Cataluña de gente amenazada. Una labor que desarrolló a lo largo de toda la contienda, presionando a las autoridades de algunos países como Francia y Gran Bretaña para que intervinieran más activamente en el salvamento de personas. Él mismo, y muy personalmente, estableció un sistema para conseguir la salida de Cataluña de personas detenidas, o cuya vida estaba en peligro, mediante el pago de determinadas cantidades de dinero a ciertos grupos revolucionarios (Riquer, 1997:168). Y en el Rosellón, en Marsella, en Toulouse, agentes que dependían exclusivamente de él, negociaban estas salidas mediante rescate. También tenía establecido un mecanismo en la propia Cataluña, que le informaba de quién tenía necesidad de salir del país. Unos iban a la zona nacional, y otros permanecían en Francia, ayudando a Cambó a realizar esta función. Se ha dicho que, en algunos instantes, había más de cien personas en Italia, en Suiza y en Francia, que vivían de los subsidios que les proporcionaba Cambó. Según Riquer, el coste de esa operación fue muy considerable.

También contribuyó a financiar la sublevación al promover una colecta en círculos internacionales restringidos próximos a él. En esta operación fueron recogidos unos 410 millones de pesetas entre dólares, libras, francos y liras. Y a ello habría que añadir los créditos que obtuvo de grupos financieros suizos, británicos y portugueses, que pudieron ascender a unos 35 millones de dólares. Él mismo, directamente, hizo una aportación económica a finales de 1938 al Colegio de España en París de 50.000 francos para sufragar los gastos y evitar que esta institución cayera bajo la influencia del Gobierno republicano. La única condición que puso a esa donación es que fuera aceptada explícitamente por el Gobierno de Burgos y que la ayuda llegara a través del embajador oficioso en París, José Quiñones de León (Riquer, 1997:172-177).

Terminada la guerra, ya no volvió a España. Su cercanía a los primeros niveles del régimen, su procedencia catalana, su riqueza, y especialmente el desprendimiento con que la dispensaba, le granjearon importantes enemigos en el franquismo (Madridejos, 2006:79), y recelos en círculos muy amplios.

Aportaciones judías[84]

La literatura sobre el comportamiento de los judíos y la guerra civil española es abundante, pero desgraciadamente no lo es cuando de lo que se trata es de buscar información de carácter financiero que permita definir en qué medida este colectivo ayudó a financiar la sublevación. En todo caso, al iniciarse la guerra civil, el colectivo judío en España era, a excepción de la comunidad de Melilla, relativamente reducido. Ésta estaba formado por inmigrantes llegados de Marruecos, Argel y Gibraltar, atraídos por el desarrollo de esa ciudad desde la década de 1890. En el resto de España no existían más comunidades judías organizadas que las de Barcelona y Madrid.

Iniciada la sublevación, la comunidad judía se posicionó muy pronto. Unos, los más, a favor de la República. Otros, a favor de los rebeldes. Quienes se posicionaron categóricamente contra los judíos fueron algunas de las autoridades militares sublevadas, que en sus discursos dejaron claro, desde el primer día, que estaban luchando contra «el Marxismo, el Separatismo, el Judaísmo y la Francmasonería». En el mismo sentido, el gobernador militar de Burgos, general López Pinto, proclamaba la guerra contra los judíos y los masones, que deberían ser «destruidos sin piedad» (Lisbona, 1993:64). Y ya muy avanzada la guerra, en agosto de 1938, una circular de la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad hablaba del enemigo «constituido por la Masonería y por la Internacional Comunista, perniciosas ramas del Judaísmo, tronco común de males sin cuento» (Torres Robles, 2002:67).

Desde el primer momento fueron llegando noticias a la Península de la represión que se había desatado contra la población judía de Tetuán, «de las fuertes contribuciones exigidas a los comerciantes judíos, y de los asesinatos en masa que diezmaron a la minoría israelita» (Rozenberg, 2010:147). Especialmente duro fue el trato que recibió la comunidad judía de Sevilla, en una región dominada por el general Queipo de Llano, uno de los más claros exponentes de los generales antisemitas de la sublevación. La pequeña comunidad de Sevilla fue obligada a pagar 138.000 pesetas, a la vez que se originaban incidentes diversos en relación con establecimientos y propiedades judíos (Marquina y Ospina, 1987:131). Hubo más tasas colectivas impuestas a las comunidades judías. Por ejemplo, los responsables militares de Ceuta exigieron a la comunidad judía una suma de 900.000 francos. Y el Consejo de la Comunidad de Tetuán debió entregar 500.000 pesetas a los rebeldes (Rozenberg 2010:153).[85]

Queipo de Llano fue muy cruel con los judíos en sus intervenciones por la radio.[86] En una de sus charlas, Queipo de Llano llegó incluso a afirmar que el judaísmo mantenía un consejo secreto denominado «Kahal», al que todo judío estaba obligado a entregar el 10% de sus ganancias, y que ese consejo secreto había destinado 4.181 millones de pesetas «para provocar y sostener la revolución comunista». Poco después declaraba que la lucha no era una guerra civil española, sino una guerra de «la civilización occidental contra el mundo judío».

Al final Franco, que estaba gestionando empréstitos con la banca judía de Tetuán y Tánger, se creyó obligado a desautorizar sus emisiones. Y el 15 de agosto de 1936 dirigió una carta al Consejo Comunal Israelita de Tetuán pidiéndoles que no prestaran atención alguna a las emisiones antisemitas de Sevilla. Incluso llegó a decir que «según el espíritu tradicional comprensivo de nuestro pueblo, la oración se debe ofrecer en la Iglesia, en la Mezquita y en la Sinagoga».[87] Más tarde, y como reacción a todos los excesos que se estaban cometiendo, la oficina de prensa del cuartel general de Franco hubo de salir al paso de las noticias publicadas en diversos medios de comunicación internacionales sobre el antisemitismo de los sublevados, denegando esa política.[88] Las charlas radiofónicas de Queipo de Llano fueron suprimidas.

Las cosas fueron muy diferentes en las comunidades judías del protectorado español del norte de África, especialmente en lo que se refiere a las «grandes familias». Porque, a partir de la larga historia de la relación entre éstas y el ejército español, que se inició con la toma de Tetuán en 1860, resultó que las familias judías más importantes habían mantenido desde siempre unas magníficas relaciones, desde el punto de vista económico, con el ejército. Una colaboración que continuó durante la guerra civil.

De esta manera, en Marruecos, Ceuta y Melilla, esa antigua relación de los judíos acomodados con los militares africanistas hizo que la comunidad judía contribuyera de manera notable a financiar la sublevación, respondiendo con generosidad a las suscripciones populares.[89] Destacó en ello especialmente la comunidad israelita de Melilla, dotada de un gran nivel cultural, que en aquellos momentos era «dinámica, viva, coherente y compacta», y que había conseguido mejorar la economía de Melilla convirtiéndola en «una de las ciudades más pujantes y prósperas del norte de África».[90] Así, en la suscripción abierta en Melilla inmediatamente después de la sublevación para ayudar al ejército del norte de África destacaban las grandes familias acomodadas.[91] De los 29 donantes, 24 eran judíos. Estas listas fueron publicadas en septiembre de 1936 en El Heraldo de Marruecos (Torres Robles, 2002:68). Y un análisis detenido de los diarios Amanecer, El Ideal de Melilla y El Faro de Ceuta ofrece resultados muy significativos al respecto.

Es posible que algunos fueran presionados para que prestaran ayuda, pero, en general, parece que ese colectivo era afecto a la sublevación. Aunque lo cierto es que, desde las radios y los diarios locales, las autoridades solicitaban «a esas saneadas fortunas, hechas muchas de ellas a costa del ejército que lucha por la liberación nacional», una contribución generosa, dejándose de «ridiculeces y tacañerías», haciendo sus donativos con generosidad para «el Ejército que lo está dando todo», advirtiendo algo verdaderamente sorprendente tratándose de una «petición», ya que se decía que se procedería a «una minuciosa revisión de donativos en relación con la fortuna de los donantes» (Lisbona, 1993:66). Por ello, muchas de esas familias, ante el dilema de ser acusadas de masones y marxistas, se adelantaban ofreciendo importantes contribuciones. Algunos fueron más lejos, porque el que fue director de la Banca Hassan de Tetuán, José Toledano, ayudó, por orden de Franco, al jefe de los militares sublevados de Tetuán, Beigbeder,[92] a organizar la recogida de fondos entre los judíos del Marruecos español (Suárez, 1999:347).[93]

Hubo muchas suscripciones populares en aquella zona. Lisbona (1993:66) da cuenta de que una de ellas fue la denominada «suscripción especial para reponer el oro del Banco de España, robado miserablemente por las hordas comunistas, y restaurar la economía nacional», en la que recaudaron muchos kilos de oro y plata procedentes de los judíos de Ceuta, Melilla y Marruecos. Pero existieron muchas más y, para finales de agosto de 1936, ya se habían convocado otras siete suscripciones en la zona de Marruecos.[94]

En todo caso, la ayuda había empezado muy pronto. El 29 de julio, las comunidades sefardíes de Tánger y del protectorado le entregaron un millón de francos franceses que habían reunido y que le ofrecían como contribución a la sublevación. De este modo, se estableció un compromiso que Franco ya no podría olvidar y que, de alguna manera, explica la actitud de España en las horas sombrías de los judíos. El propio general, según Lisbona reconoció al presidente de la Comunidad Sefradí de Madrid, Daniel François Barukh, en una audiencia concedida el 15 de julio de 1953, que los judíos de Tetuán le habían ayudado generosamente. Y así se lo contó éste al presidente de la Comunidad Sefardí de Jerusalén, Elie Eliachar: «Su Excelencia el Generalísimo me dijo cómo la población sefardí de Tetuán financió su marcha triunfal sobre España»[95].

Se ha llegado a decir, incluso, que el compromiso con la sublevación de todas aquellas «grandes familias» era tan firme que, cuando los fondos bancarios disponibles descendían más de la cuenta, las familias Hassan, Abenzur, Hachuel, Benhamu y Benatar, entre otras, reponían los depósitos con nuevas imposiciones (Torres Robles, 2002:68-69). Aunque también se ha dicho que los judíos, y en especial los del mundo financiero, que apoyaron al bando franquista lo hicieron para contrarrestar la idea de que la mayoría de los judíos apoyaba a la República y tenía una ideología comunista o de izquierdas (González García, 2004:277-278).

En todo caso, hay que recordar que esas ayudas fueron acompañadas de una represión general contra los judíos militantes de partidos de izquierdas, que se desató en Marruecos el mismo día 17 de julio, dirigida contra aquellos a los que se consideraba próximos a la masonería. Aunque los judíos acomodados, vinculados a la banca y al comercio, fueran, en general, protegidos.

También se dispone de información que permite afirmar que uno de los primeros suministros de gasolina al ejército sublevado fue financiado desde la comunidad judía. Lisbona (1993:70) documenta que el día 17 de julio apenas quedaba gasolina en Melilla. Y que ese mismo día, un petrolero que se dirigía a esa ciudad, al conocer en alta mar la noticia de la sublevación, decidió cambiar su rumbo a Argel. Sin embargo, y después de una intervención directa de Jacobo J. Salama, delegado de la Shell, el petrolero cambió de nuevo de rumbo y atracó en Melilla. Al parecer, la Shell no confió en el primer momento en los sublevados, y fueron las garantías personales y económicas que ofreció Salama lo que hizo posible el suministro de algo tan vital para la sublevación como el carburante.[96]

Por su parte, la República recibió desde el primer momento el apoyo incondicional de un colectivo importante del mundo judío internacional, sus intelectuales. Una ayuda que se materializó en la aportación de recursos financieros, pero fundamentalmente mediante la integración de combatientes en las Brigadas Internacionales. Y prácticamente toda la prensa judía apoyó a la República, aunque ello supuso una radicalización antijudía del Gobierno de Mussolini, que los acusó de suministrar la base ideológica del Frente Popular, de colaborar con el comunismo soviético en España, y de financiar al bando republicano. El Corriere della Sera, como represalia, llegó a publicar incluso relaciones de las familias judías inglesas que financiaban al bando republicano en la guerra civil (González García, 2004:289).

Otras ayudas

Durante mucho tiempo, se creyó que Alfonso XIII había hecho una aportación significativa a la sublevación. Theo Aronson (1968:246) afirmó que la infanta Eulalia[97] había dicho a un corresponsal del Daily Express que el rey había entregado a Franco dos millones de libras esterlinas. Rubio Cabeza (1987, vol. 1:134), en su Diccionario de la guerra civil española, cuenta una historia muy parecida al afirmar que, en 1937, la infanta Eulalia hizo unas declaraciones al periodista William Forrest, publicadas en Gran Bretaña en el diario liberal News Chronicle, en las que, entre otras cosas, señalaba que su sobrino Alfonso XIII había dado dos millones de libras esterlinas para ayudar a la insurrección militar española de julio de 1936. Por otra parte, Hugh Thomas (1979, vol. 2:127) escribió que en una conversación sostenida en Londres en 1975 con don Juan de Borbón, éste afirmó que su padre había estado implicado «hasta el cuello» en la sublevación.

No parece, sin embargo, que hoy se puedan mantener esas afirmaciones que, si en algún momento pudieron parecer un rumor muy creíble, hoy deben quedar totalmente desestimadas. Porque la realidad es que la infanta no ofreció en sus Memorias ninguna información como la que se le atribuye. Ni tampoco se hizo en una publicación muy posterior sobre lo que «no dijo en sus Memorias» (García Louapre, 1995). Independientemente de que la conocida situación financiera de Alfonso XIII de ninguna manera hacía viable ese donativo. Y en eso coinciden personas que lo conocieron muy íntimamente en el exilio, y que tenían capacidad para valorar su situación.[98] Hay que recordar también que Franco en sus manuscritos negaba esta ayuda.

Sí parece ser cierto que Alfonso XIII, a través de su intervención personal, ayudó en el comienzo de la sublevación a la adquisición de los primeros aviones de Italia, hablando con Mussolini para recomendar la operación, en la que sería también decisiva la mediación de Juan March.[99]

También parece que el general Cabanellas invirtió en la sublevación todo su reducido patrimonio, pero nada más se ha podido documentar.[100] Olaya (2005:362), por su parte, dice que Calvo Sotelo y Goicoechea hicieron entrega a Sanjurjo, a mediados de junio de 1936, de 300.000 pesetas, para activar los proyectos en marcha. Pueden documentarse igualmente en los primeros momentos ayudas del Gobierno portugués, con el que los carlistas mantenían relaciones a través de Sanjurjo (Blinkhorn, 1979:311). En el capítulo VI, «Portugal y la sublevación del 18 de julio», se habla de las gestiones de Salazar con los más importantes banqueros de su país. También se reconoce en varias fuentes la participación de Gil Robles en la financiación de la sublevación.[101]

Suscripciones populares[102]

En una descripción de las distintas fórmulas de financiación que fueron utilizadas por la sublevación, no puede olvidarse la contribución de la sociedad a las suscripciones públicas que se abrieron en aquellos primeros días. Porque, tan pronto como a mediados de agosto de 1936, la Junta de Defensa Nacional, en su apremiante búsqueda de oro y recursos financieros, se dirigió a los españoles residentes en su zona, abriendo una «suscripción nacional» en la que solicitaba la urgente entrega del metálico, y especialmente del oro, que cada español tuviera en su poder.[103]

En realidad, era una apelación patriótica a los españoles residentes en la zona nacional para que se desprendieran de toda clase de propiedades que tuvieran valor monetizable. Se pedía especialmente a las familias que pusieran a disposición del Gobierno monedas de oro, joyas, anillos y toda clase de objetos.[104] Se solicitaba también moneda extranjera y valores mobiliarios. La «suscripción nacional» tuvo éxito en dos clases de colectivos. Por una parte, respondieron con generosidad todos aquellos que se solidarizaban con los sublevados. Pero también contribuyeron, y a veces de forma muy importante, muchos que tenían miedo de haberse significado a favor de la República, y que veían en esta suscripción la fórmula más adecuada para hacer gestos explícitos que les cubrieran de posibles represalias. No se puede olvidar, por ello, la parte coactiva que implicaba esta operación.

La suscripción se abrió en todas las capitales de provincia y en casi todos los pueblos bajo control de los sublevados. Y con regularidad, la prensa se hacía eco de sus resultados, publicando largas y llamativas listas de las personas y entidades que hacían donativos. En ellas, cada donativo quedaba referenciado por el nombre del donante y su importe, con una breve descripción si se trataba de joyas u otros objetos de valor. De tal manera que, a partir de esas publicaciones, se hizo usual que las provincias rivalizaran por estar en los primeros puestos, en una especie de carrera sobre cuál de ellas hacía un mayor esfuerzo financiero por aportar fondos a la sublevación.

La apelación del Gobierno de Burgos a la sociedad para la financiación de la guerra fue creciendo de tono, y pronto revistió todo el carácter de una petición de carácter imperativo, siendo frecuente leer en la prensa diaria requisitorias de este tenor:[105]

¡CAPITALISTA! El Movimiento Nacional, salvador de España, te permite en estos momentos seguir disfrutando de tus rentas.

Si vacilas un solo momento en prestarle tu ayuda moral y material con largueza y desprendimiento, a más de un mal patriota, serás un desagradecido indigno de convivir en la España fuerte que empieza a renacer.

Tu oro y alhajas deben pasar a engrosar inmediatamente el Tesoro Nacional del Gobierno de Burgos.

Las contribuciones se materializaban a través del ingreso de las cantidades en metálico en una cuenta que el ejército tenía en la sucursal del Banco de España, o mediante entrega, también en moneda o en objetos de oro y alhajas, a la Junta Central, desde la que en cada provincia se coordinaba esa operación.[106] Los objetos de oro se remitían posteriormente a Burgos para su transformación en lingotes.[107] A estas aportaciones había que sumar las entregas de todo tipo de bienes de primera necesidad, como ropa y alimentos, tan importantes en el frente.

En el capítulo XVI, «Suscripciones e incautaciones» se trata de hacer una valoración de la respuesta de la sociedad residenciada en la zona sublevada a los requerimientos del Gobierno de Burgos a lo largo de toda la guerra. Pero ahora parece especialmente útil, a efectos de definir la financiación de la sublevación propiamente dicha, estudiar con detalle los recursos obtenidos con la «operación suscripción» en el territorio sublevado durante 1936.

Existen dos fórmulas para hacer una aproximación al valor de esa ayuda. Una, a través de las listas que publicaban con regularidad los diarios de cada provincia. La otra, las fuentes primarias, a partir de los archivos de cada provincia y los del Banco de España, en el que se fue centralizando la recaudación. Para la primera de ellas, el autor ha dispuesto del análisis de una muestra tomada sobre la recaudación de las provincias de Navarra, Pontevedra, Zaragoza y Ceuta, a partir de los cuales ha sido posible aproximarse al importe total recaudado en todas las provincias que se sumaron al golpe militar.[108] En esta investigación se analizaron y procesaron las publicaciones diarias de estas provincias en relación con la respuesta de la sociedad a las suscripciones en el período que va de julio a diciembre de 1936, meses en los que el enfrentamiento podía denominarse todavía «de sublevación».

La prensa diaria, como se ha visto, iba dando con regularidad información realmente exhaustiva de los donativos en moneda circulante y de oro.[109] Pero no sucedió igual con la variada gama de productos, incluidas las joyas, que se fueron poniendo a disposición de las distintas suscripciones.[110] Por ello, en esta investigación el importe de las aportaciones en los seis últimos meses de 1936 se reduce a la parte monetaria.

Para Navarra se dispone de abundante información. Al iniciarse las hostilidades, dos eran los diarios de esa provincia: Diario de Navarra[111] y El Pensamiento Navarro.[112] Un tercero, el diario Arriba España,[113] nacería en esas fechas al calor ideológico de la sublevación. De los tres se ha obtenido la información necesaria para valorar la contribución a la suscripción. El desarrollo de esos seis meses de suscripción, en su contenido y en su significación, se expone en el anexo 5. Los resultados de ese análisis totalizaron, en términos monetarios, como aportación de la sociedad navarra a la financiación de la sublevación, en el segundo semestre de 1936, 5.727.345 pesetas, provenientes en su mayor parte de la» suscripción nacional» para el ejército, la campaña del oro, el aguinaldo del combatiente y la destinada al abrigo de las tropas. Como se ha dicho, quedan sin cuantificar las entregas en especie. El total de las entregas en metálico y oro supuso una aportación media de 15,74 pesetas por habitante.

Zaragoza, por su parte, fue una de las capitales más relevantes en manos de los militares sublevados en 1936, y su peso económico se hizo evidente por el volumen de sus aportaciones, tanto en metálico como en oro, a la junta recaudatoria constituida en esa ciudad. En todo el territorio de la provincia, se obtuvieron 9.881.799 pesetas, con una media por habitante de 17,66 pesetas.[114]

Y Ceuta, incluida la plaza dependiente de Tetuán, con una elevada población militar, aportó 1.250.399 pesetas. Es decir, 15,43 pesetas por habitante. Un territorio muy poblado como era Pontevedra, colaboró en menor medida por habitante que Navarra, Zaragoza y Ceuta, con 6,51 pesetas por habitante.

Éste sería el desglose de la aportación en cada una de las cuatro provincias analizadas para 1936:

La población total en las provincias analizadas sumaba un total de 1.608.959 habitantes, que representaban el 16,0% de los 10.070.901 habitantes correspondientes a todo el territorio sublevado en 1936.[115]

En el resto del territorio en poder de los sublevados, las campañas fueron similares en cuanto a las fórmulas de apelación a los posibles donantes. En cualquier caso, y tal como se ha visto, la colaboración fue un tanto desigual. Unas diferencias que hay que entender en relación al diferente grado de desarrollo económico existente en cada una de ellas, o por el distinto nivel de implicación de sus habitantes. En cuatro provincias, Burgos, Segovia, Sevilla y Valladolid, se ha podido trabajar con muestras de las listas que se publicaban con regularidad. De las cuatro, la información es parcial, aunque sirve para ir acotando el problema de la recaudación de la «suscripción nacional» en 1936.[116]

A falta de otras investigaciones provinciales, y en el supuesto de que los casos estudiados fueran representativos del conjunto del territorio bajo control del Gobierno de Burgos, se podría aventurar que el apoyo popular a la sublevación de estos territorios, entendiendo como tal lo recaudado por campañas de suscripción en 1936, podría deducirse aplicando la media de recaudación por habitante obtenida de los cuatro casos estudiados, es decir, 12,92 pesetas al total de la población de la zona sublevada.[117] Supuesto, además, que el análisis realizado para las otras cuatro provincias permite aventurar que estuvieron en este entorno.

Una extrapolación de este dato a los habitantes de la zona sublevada de julio a diciembre de 1936 arrojaría un total de más de 130 millones de pesetas.[118] Es una cifra importante.

Independientemente del resultado final en cuanto al nivel de aportaciones monetarias para la financiación de la contienda, las conclusiones generales que se desprenden del análisis hecho sobre el resultado de las suscripciones en la zona nacional durante 1936, a través de las publicaciones periódicas, son éstas:

— Con carácter general, la institución que en todas las provincias pilotó las recaudaciones, bajo control del Gobierno de Burgos, fue el ejército, con la ayuda de las fuerzas políticas que apoyaban a los sublevados.

— En Navarra fue el carlismo, con su propia organización militar, la opción política que se encargó de controlar las suscripciones junto con el ejército.

— Algo parecido sucedió en Valladolid, aunque en este caso la fuerza predominante fueron los falangistas.

— En Sevilla, fue Queipo de Llano el que siguió, alentó y controló las distintas recaudaciones.

¿DISPUSO LA SUBLEVACIÓN DE SUFICIENTES RECURSOS?

A la vista de todo lo que se ha venido exponiendo en este capítulo, no hay duda de que la sublevación disponía de recursos y que además los tenía adecuadamente descentralizados. Así se pudo constatar con motivo del avión de la Lufthansa, que el general Orgaz[119] consideró oportuno requisar en los primeros días de la sublevación, a petición de Franco. Hubo una serie de incidentes con los responsables de la compañía aérea, que se oponían a la operación, porque entendían que el vuelo que se les solicitaba implicaba una acción política y que, como extranjeros residentes en España, no podían violar el principio de no inmiscuirse en cuestiones internas.[120]

Al final, y después de muchas conversaciones, el general Orgaz informó terminantemente a la compañía de que el avión quedaba requisado, y que debería realizar un vuelo por cuenta de las autoridades militares a Tetuán. Pero la compañía seguía oponiéndose, posiblemente en la duda de quién iba a pagar aquel servicio. Y en ese momento, y para aclarar esa cuestión, el general Orgaz informó que él mismo se responsabilizaba financieramente de la operación, y que ofrecía depositar en la delegación del Banco de España en Las Palmas un talón por importe de 90.000 pesetas «para cubrir cualquier riesgo o accidente, tanto para el aparato como para la tripulación» (Viñas, 2001:341-342). Como argumento de mayor autoridad, que en estos momentos permite enjuiciar mejor las disponibilidades de los sublevados, complementó su información explicando que disponía de nueve millones de pesetas en la sucursal del Banco de España, cantidad realmente importante en aquellos momentos.

Sin embargo, disponer de financiación no impedía que Mola tuviera constantes preocupaciones sobre si esos recursos llegarían a tiempo para cada operación concreta, que era lo que constituía la clave del éxito. El general Jorge Vigón ofrece en sus Memorias abundantes ejemplos de ello.[121] Cuenta la preocupación de Mola por las noticias que le llegaban de que el 17 de julio había sido detenido en Burgos un enlace importante, porque él sabía que no podía ser otro que Antonio de Lizarza, que viajaba con la misión de entregar al general Sanjurjo una carta suya «y cierta suma de dinero» que se requería para las necesidades de la sublevación, y temía que ese dinero no hubiera llegado a su destino.

El general Vigón recuerda también la desazón de Mola cuando el día 26 llegó a Burgos la noticia de que el Gobierno presidido por León Blum había decidido prestar auxilios y recursos al Gobierno Giral.[122] La preocupación de Mola en aquellos momentos eran los aviones, de los que no tenía más de una docena, contra doscientos catorce que habían quedado en poder de los republicanos. Por ello, seguía con mucha preocupación los contactos de Goicoechea, de Sáinz Rodríguez, de Bolín y de Zunzunegui en sus negociaciones en Roma, respecto a la ayuda italiana. Al marqués de las Marismas le había mandado a Berlín (Vigón, 1957:191-192).

En todo caso, Mola continuaba sin explicitar, al menos formalmente, la cuestión de la financiación, pero seguía pendiente de ella en cada detalle. Por eso, Vigón (1957:223) describe la alegría que le produjo conocer que se había abierto una «suscripción popular» para procurar el oro necesario para atender a la financiación de la compra de armas.

V
Juan March y la sublevación

MARCH FINANCIA LA SUBLEVACIÓN

Un análisis profundo de los problemas financieros que planteó la sublevación no puede hacerse sin entrar a fondo en la biografía de Juan March. Es decir, sin analizar con detenimiento la muy variada literatura y los diversos documentos que han venido relatando, desde múltiples perspectivas, sus vicisitudes políticas y sus distintos, y muchas veces complejos, negocios.[1]

No hay duda de que Juan March desempeñó un papel verdaderamente excepcional en la financiación de la sublevación del 18 de julio y posteriormente, en especial en la primera parte de la guerra. Una participación sobre la que existen muchos indicios y bastantes informaciones de confianza, aunque muy poco de todo ello pueda ser adecuadamente documentado.[2] Efectivamente, una lectura reposada y atenta de la abundante literatura existente sobre March permite encontrar referencias y pistas suficientes para profundizar en esa parte, tan poco conocida y tan fabulada, de la financiación de la guerra civil. Y el análisis de sus movimientos, en los meses anteriores al 18 de julio, permite ir formándose una idea más clara de cómo fueron las cosas. Especialmente si esas hipótesis se ponen en relación con otros hechos reales, que se pueden documentar, como algunas de las primeras ayudas monetarias y de los primeros suministros de armas, petróleo y aviones a los sublevados. En todo caso, hay que tener en cuenta, tal como se dice en la introducción de este trabajo, que el objetivo no es tanto escribir la historia financiera de la guerra civil, como iniciar un acarreo de materiales para que en algún momento esa historia pueda ser una realidad.

Juan March y la República

El papel desempeñado por Juan March[3] en la financiación de la sublevación estaba definido previamente por su posición política frente a la República, de la que es público y notorio que era enemigo declarado. Lo fue siempre desde el punto de vista ideológico. Y la República le persiguió hasta el punto de que el 1 de enero de 1932 la Comisión de Responsabilidades solicitó el necesario suplicatorio para procesar al diputado Juan March.[4]

El Pleno de las Cortes accedió a ese suplicatorio, en cuyo proceso March tenía que ser escuchado por la Cámara en sesión secreta. Y en aquel momento, Juan March reconoció y reveló muchas cosas que explicaban su comportamiento pasado, y sin duda, su actuación frente a la República en el futuro:

Hace ya más de un año, desde pocas semanas después de instaurada la República, vengo siendo objeto de una incesante y enconada persecución, a la que han dado mis perseguidores tan escandalosa publicidad que seguramente no hay a la hora presente español alguno que no sepa de ello. Yo estimo que ha llegado la hora de decir toda la verdad en beneficio de todos… Siempre fueron notorios mis ideales de izquierda. Sin duda por esto el comité revolucionario formado en el año 1930 se dirigió a mí solicitando mi colaboración financiera a su obra. Me hablaron por varias veces, y con singular insistencia, algunos de sus más caracterizados miembros[5]… hube de manifestarles que me era totalmente imposible sumarme a su obra, porque no se trataba de coadyuvar a la propaganda y difusión de ideales, que acaso yo compartiera en buena parte, sino de financiar una revolución de una inmediata trascendencia tan grave que no me parecía posible que a ella colaborase nadie sobre quien pesaran las enormes responsabilidades que yo tenía respecto al país en general y de mis múltiples actividades económicas en particular… Era natural que mi negativa contrariase a los que, por la fe que tenían en la eficacia salvadora del movimiento, no podían compartir mis temores, como también era natural que no en todos se manifestara del mismo modo aquella contrariedad… [recibí] una advertencia de que había varios pistoleros dispuestos a entrar en «acción directa» si no cedía (Dixon, 1985:111-112).

Previamente, el 10 de noviembre de 1931, las Cortes españolas habían acordado declarar a Juan March incompatible moralmente con las Cortes. La votación sobre esa decisión arrojó un resultado de 191 bolas negras en contra y 4 blancas a favor. Ello ponía de manifiesto que los representantes de la República tenían ideas claras de lo que significaba March.[6] Sobre ello, Dixon (1985:110) afirmó que el Gobierno

… estaba aguijoneado por un irracional deseo de venganza, debido a la frustración que todos sentían por su incapacidad de probar las fechorías que, estaban convencidos, March había cometido… y estaban plenamente convencidos de que debían frenarle y castigarle… Los únicos crímenes que acaso podrían probarle eran los de contrabando y «soborno y prevaricación» en relación al monopolio de Ceuta y Melilla. Las pruebas en aquel momento estaban constituidas por cartas, o mejor, copias de cartas, escritas a March por Primo de Rivera, que se hallaron entre los papeles de este último a su muerte en París.

Con esa decisión, lo primero que querían hacer era despojarle de su inmunidad parlamentaria. Un subcomité de la Comisión de Responsabilidades,[7] reunido el 1 de enero de 1932, como se ha visto, pidió un suplicatorio para procesarle. La sesión parlamentaria para ello se celebró el 8 de junio en sesión secreta. Y en el curso de ese proceso, March hizo el relato que se ha visto, tratando de explicar su comportamiento. Después se celebró una votación, que le fue absolutamente adversa. La decisión debía ratificarse en sesión pública pasada una semana. Y a esos efectos el pleno de la Cámara se reunió el 14 de junio para decidir sobre la posición planteada.

En aquella sesión el empresario catalán y ministro de Hacienda de la República, Jaime Carner,[8] tuvo una dura intervención contra March, al que acusó de contrabandista, ratificando y dando pruebas de las acusaciones que con anterioridad había formulado Francisco Cambó.[9]

Y éstas fueron sus conclusiones:

March no es enemigo de la República ni amigo de la República; March no fue amigo ni enemigo de la Dictadura; March no fue amigo ni enemigo de la Monarquía; March no es amigo ni enemigo de nadie; March es March… March lo que quiere es que ante su voluntad todo sucumba. March ni nos quiere ni nos odia; el que quiera ir contra su voluntad es su enemigo… cree que él es dueño de la verdad; cuando ocurre un hecho de la vida real que no le conviene, él lo borra y lo da por no existente; amontona papeles, aporta actas notariales y cambia y disfraza aquel hecho real… El caso March es muy serio, y debo deciros, señores diputados, que la República deberá afrontarlo resueltamente… o la República le somete a él, o él somete a la República.

Jerónimo Bujeda afirmó en aquel momento que cabía calificar a March no ya de un «corruptor nacional», sino de «traidor a la patria». Y Galarza dijo que había que ir a un gran proceso, no ya por prevaricación ni contrabando, sino por «grandes delitos financieros, por honestidad a la República» (Cabrera, 2000:19).

Las palabras de Carner reflejaban lo que en aquellos momentos era sensación generalizada en la clase política. Indalecio Prieto, que había sido su antecesor como ministro de Hacienda, señaló con posterioridad que «la gente tomó el vaticinio por hipérbole desmesurada, sin advertir que lo formulaba un hombre ponderadísimo, enemigo de exageraciones, el gobernante de mejor sentido que tuvo el régimen republicano».[10] El mismo Prieto había gritado anteriormente que quería ver al mallorquín Juan March ahorcado en la Plaza Mayor de Madrid para colgarse a sus pies.[11]

Las palabras de Carner equivalían, según Dixon, a una declaración de guerra por parte del Gobierno de un Estado soberano contra uno de sus ciudadanos. Al día siguiente se reunió la Comisión de Responsabilidades que, en sesión extraordinaria, solicitó para el «diputado por Mallorca» la inmediata detención. Y aquella misma tarde ingresó en la cárcel Modelo de Madrid. Su detención se fue alargando, sin que se sustanciara su proceso. Y sus abogados recurrieron y solicitaron, repetidas veces, la libertad provisional, alegando una enfermedad que no podía ser tratada en prisión. Pero una y otra vez se le denegó. Algunos diputados propusieron concederle la libertad provisional, máxime teniendo en cuenta que ya había cumplido con creces el tiempo de prisión que le hubiera correspondido. No se creyó procedente, y en mayo, sospechándose que estaba preparando su huida, fue trasladado desde la cárcel Modelo de Madrid a la de Alcalá de Henares.[12]

En agosto de 1933 se redactó el acta de acusación, que aceptaba un delito de «alta traición», un delito de cohecho y un delito de prevaricación, lo que supuso un escándalo (Cabrera, 2000:25 y ss.). Pero en la noche del 2 al 3 de noviembre, pasados 17 meses, Juan March huyó acompañado por el jefe de vigilancia y por otro oficial de prisiones, explicando que lo hacía porque su vida corría peligro.[13]

Durante su defensa en el Congreso, March había repetido varias veces que todas las acusaciones de las que estaba siendo objeto eran falsas, y que procedían del comité revolucionario, el cual, en diversas ocasiones le había pedido ayuda económica, a la que sistemáticamente él se había negado. Por ello, decía, en aquellos momentos se estaban vengando de su negativa. Y a partir de estos hechos, y siempre que tuvo ocasión, March se posicionó con toda dureza frente a la República, luchando contra ella con todo su poder y su eficacia. Porque sabía que su futuro en España dependía fundamentalmente de la evolución política.

Una idea más concreta sobre las relaciones de March con la República la ofrece Azaña (2000:496 y ss.) en sus Diarios, de los que una detenida lectura permite seleccionar, entre otras referencias sobre el banquero, las siguientes:

— «Ahora se tiene la persuasión de que es un trapisondista, pero extremadamente hábil. Cien ojos están escudriñando su historia, y aún no le han probado ningún delito» (3 de abril de 1932).

— «March, todavía preso, nos hace el daño que puede, sobre todo en Marruecos. Y existe la impresión de que ha sobornado al representante de La Canariense, el cual trabaja por el hundimiento de su propia compañía» (22 de enero de 1933).

— «Doy cuenta al Consejo del expediente instruido… en el cual se demuestra documentalmente la organización del contrabando de tabaco que hace March en Melilla y Ceuta. Acordamos pasarlo a la comisión de responsabilidades» (28 de febrero de 1933).

— «Y hoy Casares me ha contado que uno de varios individuos de la CNT, detenidos el otro día, dijo que… hay unos sujetos encargados de asesinarme… pagados por March» (30 de abril de 1933).

— He recibido la visita del director de prisiones «a decirme que es necesario trasladar a otra prisión a March, porque en la de Madrid está en relación inmediata con anarquistas, comunistas, etcétera, a los que subvenciona y protege, y además dirige fácilmente algunos manejos políticos y peligrosos» (3 de mayo de 1933).

— March está emprendiendo contra mí una «campaña perturbadora, de demagogia revolucionaria» (5 de junio de 1937).

Y sin embargo, el general Primo de Rivera había dicho de él que, cualquiera que fuera el origen inicial de su cuantiosa fortuna,[14] lo cierto era que «desde que advino el Directorio la puso a su disposición para cuantos fines patrióticos o benéficos se le solicitaran».[15] Añadiendo que había «atendido, sin titubeos, requerimientos que significan importantes sacrificios» (Cabanellas, 1973:135). Aunque es verdad que también se dijo que ésta era su fórmula habitual de hacer negocios.[16]

Las críticas a su persona no sólo partían de los republicanos, porque sus adversarios provenían de todos los sectores políticos. José Antonio Primo de Rivera había dicho en 1934 que «uno de los primeros actos del Gobierno de la Falange será colgar al multimillonario contrabandista Juan March». Aunque, y tal como cuenta Dixon (1985:134), en el año 1936 su dinero ya fluía a las arcas revolucionarias de los falangistas; primero con disgusto de José Antonio, y más tarde con su consentimiento. Pese a ello, éste detestaba públicamente a March, en la medida en que la ideología del fundador de la Falange era muy crítica con el modelo capitalista (Ferrer Guasp, 2004:299).

En aquella creciente marea de crítica generalizada hacia Juan March, no puede olvidarse la importante resolución que el Secretariado General Internacional del Partido Comunista aprobó el 29 de mayo de 1936, referida a España. En ella se definían las futuras líneas políticas para el Partido Comunista de España, y se acordaban diversas acciones concretas. Entre otras, se establecía que la acción reivindicativa del partido en el orden económico debería ser utilizada racionalmente, sin lanzarse a huelgas generales. Y se decía que en el sector financiero y en la industria, la preferencia debería concentrarse en el «control obrero con participación sindical», reservando las nacionalizaciones para el Banco de España y los ferrocarriles.

Pero esa resolución incluía también una decisión muy específica, de tipo personal, que establecía que la violencia únicamente se utilizaría contra los «enemigos de la República», tratando especialmente de conseguir, cuanto antes, la detención de Gil Robles, Calvo Sotelo, Goicoechea, Lerroux y «del multimillonario y contrabandista March y demás enemigos encarnizados y conspiradores contra la República».[17]

En todo caso, March ya se había significado activamente contra la República con anterioridad. Sólo un ejemplo: la caída de la Monarquía había aconsejado al Gobierno aprobar una dispersión de los militares reaccionarios, en orden a evitar movimientos «conspiratorios». En septiembre de 1931 el ministro de la Gobernación tuvo que clausurar el periódico La Correspondencia Militar, que estaba alentando el malestar de los oficiales, especialmente de los destinados en África, a los que enviaba hojas subversivas.[18] Pero resulta que, en el expediente incoado para proceder a esa clausura, quedó documentado que March había financiado dicha publicación.[19] Y no era ésta la primera vez que se significaba políticamente, porque ya en los tiempos de la Dictadura había emprendido una larga lucha contra el Gobierno, oponiéndose a la constitución de la Campsa, contra la cual llegó a plantear varias demandas judiciales, en París y en Madrid.[20]

Era cierto que había recibido aproximaciones de los revolucionarios republicanos para tantear la posibilidad de convertirlo en «el banquero de la revolución», tal como March desveló en su defensa ante el Congreso.[21] También lo es que March no aceptó. Y que un nuevo intento de Lerroux también fracasó.[22] Lo cuenta José Manuel Etxániz (2003:137): «Lerroux fue comisionado para buscar financiación; recurrió al banquero Juan March y Ordinas, que se negó». Miguel Maura, por otra parte, llegó a celebrar también dos o tres entrevistas con gente próxima a March, tal como explica Cipriano Rivas Cherif, cuando recuerda que, en una conversación con su cuñado Azaña, éste le contó que Maura le había planteado la conveniencia de atraer a la «conspiración» republicana al famoso millonario March, aunque la propuesta se desechó «por la tacha de inmoralidad que semejante contubernio arrojaría sobre la República» (Rivas Cherif, 1980:179-180).

Al final March denunció a los que en 1930 fueron a pedirle una contribución, recordando que le habían pedido «dos millones de pesetas para hacer la revolución, con la promesa de que la República me devolvería un millón por peseta» (Díaz Nosty, 1977:264-265). Azaña (2000:495) escribió en sus Diarios, el 3 de abril de 1932, que la iniciativa de esta petición había sido de Maura, quien se jactaba de poder arrancar a March hasta un millón de pesetas como «seguro contra la revolución».

Resulta imprescindible tener en cuenta todo lo anterior, a la hora de enjuiciar la posición que adoptó March en relación con la sublevación de los militares españoles, así como de valorar el esfuerzo financiero que el banquero hizo para que el golpe de Estado prosperara. Porque, una vez que la «conspiración» se puso en marcha, la política de March al respecto fue absolutamente coherente con toda su historia de enfrentamiento con los republicanos. Y fue así porque pensaba que una República, donde el anarquismo crecía progresivamente, constituía un marco en el que peligraba la parte de su fortuna que estaba residenciada en España.

Por ello no tuvo ningún reparo en financiar todo tipo de acciones para socavar la República. Primero alentando la «conspiración», luego facilitando medios para que la rebelión fuera una realidad en julio de 1936. Y posteriormente, siendo generoso con su dinero, especialmente en los primeros momentos, a la hora de financiar la compra de todo tipo de material de guerra. Desde luego, también, fomentando aquellas acciones de desorden que podían destruir al régimen republicano.[23]

Las reacciones al apoyo de March a la sublevación no tardaron en llegar, porque tan pronto como se conoció, y se hizo pública la participación de Juan March en la operación de traslado de Franco desde Canarias, jóvenes republicanos tomaron represalias contra el banquero, apoderándose el 22 de julio del palacio que tenía en la calle Lista de Madrid, para convertirlo en sede de la organización revolucionaria. El Sindicalista de Barcelona recomendaba a sus lectores: «Por mucho que os repugne, no olvidéis nunca este nombre: Juan March». El Socialista decía el día 26: «Era fatal. Necesariamente habría de proyectarse la sombra siniestra de Juan March sobre el cuerpo sangrante y lacerado de España»[24]. Y con titulares, editoriales y caricaturas, apostillaba a Juan March como el «empresario de la rebelión» (Garriga, 1976:375-377). «El hombre que ha financiado el criminal movimiento fascista ha sido Juan March», decía el diario Informaciones el 25 de julio. «Se ha sabido esto merced a un radio del faccioso ex general Franco, dirigido a la Banca March, de Palma de Mallorca, y en el que se decía: “Preguntad urgentemente Banca March domicilio don Juan March en Biarritz”. El radio iba cifrado»[25]. También la Pasionaria terció en esta operación de acoso y derribo, justificando que los bienes de Juan March estuvieran siendo confiscados «por su participación y ayuda al movimiento sedicioso» (Ibárruri et al., 1966, vol. 1:270). En todo caso, para entonces ya habían empezado las confiscaciones de periódicos por parte de los partidos de izquierdas y de los sindicatos. Y el diario Informaciones, propiedad de March, pasó a manos de los partidarios de Prieto.[26]

Lo que no fue posible, por mucho que se intentó, fue la incautación de los bienes de Juan March, porque no se pudo saber dónde estaban domiciliados. Y al final resultó que el hombre más rico del país no poseía grandes industrias, factorías o centros importantes de trabajo, salvo el caso de la Transmediterránea. Su gran fortuna consistía fundamentalmente en activos financieros radicados en distintas partes del mundo, en continuo movimiento. Y era cierto que la fortuna de Juan March estaba muy alejada de los grandes centros productivos (Díaz Nosty, 1977:321). Pero además, en febrero de 1936, Juan March ya había trasladado su domicilio a Francia, dedicándose desde allí a «conspirar» contra la República.[27]

Su único activo en España, la Transmediterránea, fue incautado el 28 de julio por una comisión de obreros y empleados de la compañía. Así lo contaba Mundo Obrero (29 de julio de 1936):

Esta mañana ha sido incautada la Compañía Transmediterránea por los obreros y empleados de la misma. Con gran entusiasmo, unanimidad y energía se han reunido en las oficinas el personal de la hasta ahora Compañía del nefasto March, y, por aclamación, se ha constituido un comité de incautación que enseguida ha comenzado a actuar con gran actividad y decisión, siendo sus primeros pasos el dar cuenta de tan importante y fundamental acto al delegado del Estado de la Compañía, ministros de Comercio y de la Gobernación. ¡Salud y República! ¡Viva el Frente Popular! ¡Viva la clase proletaria! El Comité de incautación.

El Gobierno legalizó inmediatamente la situación, y 24 horas después se publicaban dos decretos: uno rescindiendo el contrato de la compañía con el Estado, sin indemnización, y anulando todas las subvenciones, y otro decretando la incautación de los activos y créditos de March.[28] Pero éste ya se había llevado, una semana antes de iniciarse las hostilidades, la totalidad de los fondos líquidos de la empresa, recursos que en aquel momento se hallaban depositados en el extranjero.[29] Los barcos de la compañía, o por lo menos los mejores, se encontraban también en aquel momento fuera del alcance del Frente Popular, unos en el mar y otros en puertos seguros.[30] E inmediatamente se pusieron al servicio de los sublevados.

Pero la historia de Juan March continuó, luchando desde su exilio con todos sus medios contra la República, y dirigiendo sus negocios desde el extranjero. Hasta el 17 de marzo de 1939, pocos días antes de concluir la guerra, momento en que decidió actuar directamente desde España, creando en Burgos la Compañía Auxiliar de Navegación dedicada a fletamentos generales, seguros, importación y exportación.[31]

El Kleinwort al servicio de la sublevación

En el desarrollo de la actividad financiera de Juan March, y especialmente en sus operaciones de financiación de la guerra civil española, aparece con mucha frecuencia el banco inglés Kleinwort como protagonista financiero principal. Casi todas las informaciones concretas que se refieren a la colaboración de March con los generales que se «levantaron en armas» contra la República, antes y después del 18 de julio, llevaban la marca de ese banco. El Dragon Rapide fue financiado desde el Kleinwort. Y desde él salieron los fondos con que se pagaron los aviones que se utilizaron para rechazar la invasión de las islas Baleares, algunos de los créditos que se fueron concediendo al Gobierno de Burgos y, desde luego, muchos de los recursos necesarios para adquirir armas.

Hasta hace unos años todos los acercamientos al Kleinwort en demanda de información habían resultado infructuosos. Sin embargo, ahora ya se dispone de información documentada que permite conocer con más precisión las relaciones de Juan March con el Kleinwort, así como las conexiones de éste con la contienda de 1936, porque ahora ya está disponible la historia oficial del banco.[32]

Una historia no conocida hasta 1997, con información muy cercana a los hechos, y que ha venido a llenar un importante hueco en el conocimiento del verdadero papel que Juan March jugó en la financiación de la guerra civil española. Esa información se ofrece en un libro escrito por Jehanne Wake (1997) en el que, bajo el título Kleinwort Benson. The history of two families in banking, relata la completa historia de esta organización hasta 1995.[33] Desde la perspectiva de la historia de la banca ese documento es un libro apasionante, pero lo es especialmente cuando se trata de aclarar algunos aspectos de la financiación de la guerra civil española, porque en él se incluye un preciso relato de las relaciones mantenidas por el Kleinwort de 1936 a 1939 con el Gobierno de Burgos, y muy especialmente con el banquero Juan March, uno de sus más importantes clientes.

Kleinwort era en esos momentos, y aun bastante antes, el banco más importante para March, a través del cual gestionó las diversas operaciones que llevó a cabo con su inmensa fortuna. Y como no podía menos que suceder, esas operaciones quedaron registradas en los archivos de la institución y conectadas para siempre a la historia del banco. Por ello, lo que se pudieran llamar las «peripecias» de March en la financiación de los sublevados, quedaron reflejadas con todo detalle en los registros del Kleinwort, en los que el libro se basa, por lo que se convierte en un documento que aporta inestimable información a la hora de contar cómo se hizo, y quiénes fueron algunos de los actores de la historia financiera de la guerra española de 1936.

El Kleinwort tuvo, desde el principio de la década de los años veinte, una notable y rápida introducción en España. Según recuerda Wake, el presidente del banco recibía de manera habitual a Alfonso XIII y a otros dignatarios españoles en su yate Cándida, en Cowes. La reputación del Kleinwort, y su presencia en los mercados internacionales, hicieron que con la instauración de un Gobierno de izquierdas, tras el derrocamiento de la Monarquía, con los temores que ello suscitó en los círculos financieros internacionales, el Gobierno español reforzara sus relaciones con ese banco, pidiéndole que le asesorara y actuara en su nombre en defensa de la divisa española. Y fue el ministro de Hacienda en aquellos momentos, Indalecio Prieto, quien requirió personalmente al socio principal del Kleinwort, responsable de las operaciones del banco en España, que se encargara de esto. Ese responsable no era otro que José Mayorga, uno de los altos ejecutivos del banco, que pronto pasaría a ser el hombre de confianza de Juan March en sus operaciones internacionales.[34]

Recuerda la historia del Kleinwort que, durante sus frecuentes visitas a España, Mayorga se ocupaba de las finanzas del Estado español, pero también de las de otro importante cliente, Juan March, cuya situación era bastante inusual para un cliente del Kleinwort, porque en aquellas fechas se hallaba encarcelado en Madrid como «uno de los símbolos del perverso pasado monárquico». Aunque, tal como relata esa historia, la estancia en prisión de March era molesta, pero no muy incómoda, ya que «disponía de su propio conjunto de habitaciones, sus secretarios y una gran mesa en la que recibía a sus innumerables visitantes».

Mayorga aconsejó a March que, por motivos de seguridad, trasladara su fortuna al extranjero. E ideó un plan para que sus fondos fueran utilizados, con el conocimiento del Banco de España, para respaldar a la peseta, «lejos de especular contra la peseta para sabotear al Gobierno republicano, como se dijo posteriormente». De esta manera Juan March se convirtió en el principal cliente español del Kleinwort (Wake, 1997:250 y ss.).

Cuando March empezó a trabajar con Kleinwort en la década de 1920, su fortuna personal, según Wake, se calculaba entre 20 y 30 millones de pesetas. Pero cuando, con este respaldo, necesitó disponer de 70 millones de libras esterlinas para adquirir la compañía Transmediterránea, y solicitó un crédito al Kleinwort, «Mayorga no dudó en concedérselo».

Según la historiadora Wake, Juan March era:

Un financiero carismático nacido en 1880 en la isla de Mallorca, que durante siglos había constituido un enclave caracterizado por la piratería, y posteriormente por el contrabando. El impuesto sobre el tabaco importado era exorbitante y la corrupción elevada, por lo que la situación de monopolio del comercio del tabaco era muy impopular. Las autoridades españolas… tenían una actitud relajada hacia el contrabando de tabaco. De esta manera, puede decirse que el contrabando se «veía con simpatía», ya que tal como indicó un periódico español en 1916, «era una protesta contra un odioso monopolio»… No tardó mucho Juan March en organizar su propia, y altamente rentable, forma de protesta. Aunque comenzó como muchacho de los recados en las oficinas de un empresario mallorquín, pronto empezó a comerciar por cuenta propia en tabaco y tierra. Su objetivo era dominar el comercio del tabaco, una empresa que, dado el monopolio oficial, parecía inalcanzable… Según Pepe Mayorga «Juan March era un hombre irresistible si quería conseguir algo. Totalmente irresistible». Su genio consistía en una combinación de excepcional habilidad matemática con unos poderes de concentración asombrosos… Y su logro fue convertir un negocio de contrabando de tabaco en… «una operación técnica moderna».

En relación con el período de la guerra civil, Wake recuerda:

March era un ferviente partidario del bando nacionalista liderado por el general Francisco Franco, en su lucha por el derrocamiento del Gobierno español. Se convirtió en su principal fuente de financiación durante la guerra civil y como su principal asesor financiero había sido desde hace mucho tiempo José Mayorga, recurría a él cuando necesitaba realizar cualquier tipo de operación financiera para apoyar a Franco. Dada su naturaleza, estas operaciones, en la mayoría de los casos, se realizaban de una manera más bien poco ortodoxa.

Wake confirma en su libro que el Kleinwort, en nombre de su cliente, Juan March, llevó a cabo diversas operaciones de relevancia «durante 1936». Entre otras, dice, en marzo de ese año otorgó un crédito a los sublevados de medio millón de libras.[35] En agosto se aumentó la línea de crédito hasta ochocientas mil libras. El garante era siempre Juan March, quien, a pesar de sus simpatías, en todo momento impuso unas duras condiciones en lo referente a los intereses y a las condiciones de devolución «que exasperaban sobremanera a los generales».

Adicionalmente, tras el estallido de la guerra civil, y siempre a través del Kleinwort, March comenzó a depositar en el Banco de Italia cantidades muy importantes de lingotes de oro para financiar la participación italiana en la guerra. Porque «el poder económico de March era tal, que podía realizar depósitos de oro superiores a las reservas de oro de muchos países».

Efectivamente, en el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores se conserva copia de dos notas suscritas por el cajero central del Banco de Italia fechadas el 3 y el 9 de septiembre de 1936. En la primera se firma una recepción de 74,2 toneladas de oro en lingotes y monedas entregadas por Juan March. En la segunda se da fe de haber recibido otro depósito de 104,5 toneladas de oro del mismo depositante. Ambos depósitos sumaban 178,7 toneladas de oro.[36]

Y ya en relación con operaciones concretas del Kleinwort en la guerra civil española, Wake (1997:253) recuerda que este banco participó en la compra de los primeros aviones en Italia. Y que, a este particular, el «exiliado rey de España», que entonces residía en Roma, se puso en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores italiano, conde Ciano, para mediar en la compra de 12 aviones de combate que debían ser enviados al norte de África. Teniendo en cuenta que la mayor parte de España estaba todavía bajo el control de la República, el Gobierno italiano no tenía mucha confianza en los sublevados, por lo que insistió en que el pago se realizara por adelantado mediante una carta de crédito irrevocable emitida en Londres. En aquellos momentos Juan March era el único que disponía de activos en el extranjero y crédito en Londres, del que podía hacer uso inmediato. Y en consecuencia, éste «pidió al Kleinwort que adelantara a los nacionalistas diez millones de libras esterlinas».

Por último, es necesario referirse a algo que podía haber sido nada más que una pequeña anécdota, pero dada la peculiaridad de la historia que cuenta Wake en el libro sobre el Kleinwort obliga a conceptualizarla hoy como un hecho relevante. Cuando estalló la segunda guerra mundial en 1939, Herman Kleinwort y Mayorga, ejecutivos importantes del banco, pidieron la opinión del gobernador del Banco de Inglaterra, Montagu Norman, sobre la cuantía de la deuda incurrida en la guerra del que, para entonces, ya era nuevo Gobierno español. La respuesta del gobernador les dejó atónitos: «¿quién sabe cuál es la cuantía?». Ante esta situación, March pidió al Kleinwort que reclamara los préstamos al Gobierno español. Y cuenta Wake que cuando el embajador español, el duque de Alba, fue informado de esta petición de reclamación de los fondos, salió hecho una furia de Fenchurch Street, n.º 20.[37] Pero el dinero no se devolvía y el Kleinwort tuvo que vender las obligaciones que respaldaban la operación en el mercado, lo que provocó un gran malestar en el Gobierno. Y añade la historiadora que el duque de Alba nunca perdonó al Kleinwort, creyendo que había sido su decisión en lugar de la de March. Como Mayorga explicaba: «Todos creían que el dinero era del Kleinwort. Así parecía. Estaban sentados sobre ese dinero, pero era dinero de Juan March» (Wake, 1997:254).

Wake recuerda en su relato que, en todo caso, March siguió siendo banquero del Gobierno después de acabar la guerra. Y Larraz, por su parte, dice en sus Memorias que, en 1940, en el momento de su nombramiento como ministro de Hacienda, Kleinwort había abierto ya «créditos pignoraticios por intermedio del conocido hombre de negocios Juan March» (Larraz, 2006:156).

La gran aportación de Juan March

Tal como se ha podido ver en el capítulo IV, «Mola en Navarra. Las ayudas a la sublevación», Juan March puso a disposición de Mola una cartera de valores que totalizaba 600 millones de pesetas:[38]

Poco después de estallar el conflicto armado se presentó Juan March en el cuartel del general Mola, y en presencia del coronel de Estado mayor Federico Montaner, que desde el comienzo de la lucha se hallaba al lado de Mola atendiendo los asuntos económicos y financieros, le entregó un documento; se trataba de una lista, escrita en papel de barba, de los valores que el financiero ponía a disposición del general para que dispusiera de ellos a fin de obtener dinero. La relación empezaba con acciones de la CHADE y del Crédit Lyonnais; la suma total de los valores que March ponía a disposición del Alzamiento ascendía a 600 millones de pesetas, cifra realmente extraordinaria para la época.

Montaner enseñó la lista de valores a Félix Maíz, jefe de gabinete de Mola, quien dio cuenta puntual de esa información en la biografía que posteriormente escribió sobre Mola. No debe dudarse de que esa oferta existió, aunque pudiera no ser esa la cantidad utilizada. Y quizá esa «lista de valores» debiera ser interpretada como un «gesto» del banquero hacia Mola, para expresar su determinación a ayudarle hasta el final en su empeño. Algo así como demostrarle su capacidad como avalista. March cumplió su promesa y su ayuda a la sublevación fue notablemente importante.[39]

En todo caso, ese gesto no tuvo que extrañar en aquel momento a Mola, porque éste y Juan March se entendían muy bien, y es notorio que ambos tenían una relación de amistad, y que con anterioridad al 18 de julio hablaban con frecuencia. En efecto, se sabe que, en meses anteriores a la iniciación del conflicto, Mola visitaba a March una vez a la semana en su casa de Biarritz, pasando con él la tarde entera encerrados en su despacho.

El Dragon Rapide

Oportuna sin duda fue la aportación de Juan March a la financiación de los gastos de alquiler del avión, el Dragon Rapide, que se puso a disposición de Franco para su traslado a Marruecos, así como de los que ocasionó la gestión de Luis Bolín en la misión que se le asignó de transportar al general desde Canarias a esa plaza. Una historia que se conocía en términos generales, pero que ahora cuenta también con detalle, especialmente en sus aspectos financieros, la historia del Kleinwort.

El relato de esta aventura debe iniciarse recordando que el general Franco, que en la sublevación tenía que hacerse con el mando de la élite del ejército español de África destacado en Marruecos, había sido destinado por el Gobierno republicano a Canarias. Y que la única manera de salir de las islas era por medio de un transporte aéreo seguro.

La urgencia de hacer este viaje se decidió en la visita que Francisco Herrera Oria hizo en Ceuta al teniente coronel Yagüe. Éste le advirtió en aquel momento de la necesidad de trasladar al general Franco a Marruecos. Frente a las dificultades materiales, especialmente financieras, que existían para llevar a término ese viaje, Herrera se trasladó a Biarritz, donde, en el café Royalty, se entrevistó con March, quien accedió en el acto a organizar y financiar la operación. March pidió ayuda a Luca de Tena,[40] quien habló por teléfono con Juan de la Cierva y Luis Bolín, corresponsal en Londres del ABC de Madrid, a quien se responsabilizó de alquilar el aparato necesario para la travesía (Görlitz, 1977:32-33).[41] Y Juan March pidió a su banco de confianza, el Kleinwort, que «pusiera fondos de su cuenta en libras a disposición del periódico ABC» (Wake, 1997:252).

La operación del traslado de Franco a Marruecos está muy bien documentada por el testimonio del protagonista principal de aquel viaje, Luis Bolín, quien luego lo relató con todo detalle en su libro Los años vitales.[42] El 5 de julio, cuenta, le llamó Luca de Tena desde Biarritz pidiéndole que contratara en Inglaterra un hidroavión capaz de volar directamente desde Canarias a Marruecos.[43] Si no fuera posible contratar un hidro, debería alquilar un avión que ofreciera seguridad absoluta. Le aclaró que un español llamado Mayorga, alto ejecutivo del Kleinwort, le facilitaría el dinero necesario para cerrar la operación. El aparato tenía que estar en Casablanca el día 11 de julio,[44] y el piloto debería hospedarse en el hotel Carlton, esperando allí la llegada de un emisario que se daría a conocer pronunciando la contraseña «Galicia saluda a Francia». En ese momento, éste le comunicaría instrucciones complementarias. Al final, el aparato alquilado fue un De Havilland de siete plazas, el famoso Dragon Rapide, con dos motores completamente nuevos.[45] La operación se hizo con el asesoramiento y la colaboración de Juan de la Cierva.[46]

El 9 de julio se facilitó la financiación, y Bolín recogió en el Kleinwort[47] las dos mil libras esterlinas que le entregó Mayorga y que, dice Bolín, «alguien había puesto a mi disposición para cubrir el coste completo del viaje y los gastos incidentales».[48] Pero Bolín tuvo que enfrentarse a otro problema financiero inesperado, porque, al suscribir el contrato de vuelo, se le exigió que firmara una cláusula complementaria, que establecía que si el aparato era destruido o averiado, como resultado de actos no previstos rutinariamente en la póliza de seguros, él mismo debería cubrir el valor de los daños sufridos hasta la cantidad de 10.000 libras esterlinas. La suma sobrepasaba con mucho el límite de recursos que se le había autorizado para esta operación, pero se sintió respaldado por quienes le habían comisionado para firmar el contrato y aceptó la obligación (Bolín 1967:40).[49]

Hasta aquí el relato de Bolín, que en ningún momento se había puesto en duda.[50] Pero ahora se conoce la versión que ofrece la historia del Kleinwort, que difiere de la anterior en la cantidad que se le entregó a Bolín. Esto es lo que cuenta Wake (1997:252-253): José Mayorga no tenía previsto ir a la oficina ese sábado, pero su amigo Luis Bolín le envío un mensaje diciéndole que necesitaba recoger urgentemente «ciertos fondos» del banco. Mayorga fue a la oficina y entregó 10.000 libras esterlinas en metálico a Luis Bolín y a Juan de la Cierva, el «inventor del helicóptero». Se había pedido a Juan de la Cierva que comprara un avión capaz de viajar hasta Las Palmas. Éste eligió un De Havilland, pero se quedó sin combustible, y tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en Francia. Las autoridades competentes, recelosas de la falta de papeles del piloto y de su destino, retuvieron el avión. El lunes por la mañana Luis Bolín regresaba al Kleinwort para recibir otras 10.000 libras esterlinas, además de algún dinero extra para adquirir dos tanques de gasolina que serían incorporados a las alas del nuevo avión. Esta vez Juan de la Cierva eligió un bombardero de transporte, el Dragon Rapide, que sería pilotado por el capitán inglés Bebb, que creía que iba a llevar a un «cacique del Rif a una revolución». Douglas Jerrold, el presidente de la editorial Eyre & Spottiswoode se encargó de que en el avión viajaran también, junto con Luis Bolín, otros tres pasajeros ajenos al plan que se estaba tramando, para dar un aire de normalidad a toda la «aventura» (Wake, 1997:252-253).

Al final, el Dragon Rapide despegó. Con Bolín viajaba también el marqués del Mérito, que volaba a Casablanca, para seguir desde allí por su cuenta a Tánger en otra encomienda de la «conspiración».[51]

Durante el viaje en avión, Franco y Bolín hablaron de la conveniencia de que éste se dirigiera inmediatamente a Roma para intentar comprar aviones. Y allí mismo Franco le entregó una carta autorizándole a comprar aviones en Gran Bretaña, Alemania o Italia, ordenándole «partir inmediatamente a bordo del Rapide rumbo a Portugal, donde el general Sanjurjo… daría el visto bueno a la carta». Cuando Bolín preguntó qué tipo de aparatos se necesitaban, Franco añadió con lápiz a pie de página, «12 bombarderos, 3 cazas con bombas (y material de bombardeo) de 50 a 100 kilos». La carta fue refrendada en Lisboa por el general Sanjurjo.[52] Bolín llegó a Roma el 21 de julio, y tuvo un encuentro con el ministro italiano de Asuntos Exteriores, conde Ciano, nada satisfactorio.

Sin duda, el coste de la operación del Dragon Rapide fue una parte mínima de la financiación de Juan March a la sublevación, pero, con mucho, fue la más espectacular, y la más necesaria.[53] Hoy el avión puede verse en el Museo Aeronáutico de Madrid.

Los primeros aviones

Los sublevados habían previsto que el paso del ejército de Marruecos hacia la Península se hiciera por vía marítima. E incluso el mismo 18 de julio se habían transportado de esta manera 220 hombres a Cádiz, y el día siguiente otros 170 a Algeciras. Entre los primeros buques que consiguieron hacer el transporte de tropa, tres —el Ciudad de Algeciras, el Ciudad de Ceuta y el Arango— eran propiedad de Juan March (Alpert, 2008:99).

Pero el bloqueo republicano del Estrecho cerró por completo esta vía de transporte,[54] lo que llevó a Franco a organizar un rudimentario puente aéreo, una operación que dio lugar a una importante contribución de March a la sublevación de los militares, porque fue él quien se ocupó de la financiación de la compra de los aviones Savoia que Franco necesitó con urgencia en los primeros momentos para que sus tropas pudieran atravesar el Estrecho.[55] Los aviones solicitados a los italianos eran 12, y su precio un millón de libras a pagar por adelantado.[56] Juan March fue quien se ocupó de suministrar los fondos.[57] Los pagó,[58] pero exigió una orden escrita, porque siempre buscaba un documento firmado por alguien con un alto nivel de responsabilidad.[59] En este caso fue Antonio Goicoechea. Tratando de interpretar la reacción de Mussolini al aceptar el envío de estos aparatos, Dixon (1985:139) afirmó que «cuando Franco aún no era caudillo, ni José Antonio mártir, el movimiento de insurrección no era seguro que triunfase… el único camino para llegar al corazón del Duce era pasando por su bolsillo».[60] Una tesis ésta no aceptada generalmente por los que han estudiado a fondo la cuestión.

Más tarde se dijo que, tratando de facilitar en el futuro el proceso de adquisición de nuevos aviones italianos, March había adquirido una parte importante del capital de la fábrica Savoia. Una afirmación sobre la que existían muchas dudas, pero que ahora parece confirmarse en la historia del Kleinwort: «March finalmente simplificó el proceso de adquisición de nuevos aviones italianos, haciéndose con el control de la empresa que los fabricaba, la compañía Savoia» (Wake, 1997:253).

También pagó los aviones que se utilizaron en la defensa de Mallorca. Vegas Latapié (1987:103) cuenta, en sus Memorias políticas, que en una entrevista con Juan March en Lausanne, éste le confesó que los aviones italianos que habían puesto en fuga a la columna del capitán Bayo en la invasión de Mallorca habían sido financiados por él. Y dice que, en otras ocasiones, le hizo confesiones semejantes en relación con otras ayudas a la financiación de la guerra civil.[61]

Se necesitaron muchos más aviones, y desde Roma, donde ya había establecido su residencia familiar, Juan March los fue financiando a través del Banco de Italia, en el que previamente había depositado, como ya se ha visto, una cantidad muy importante de oro. Y así, entre finales de agosto y primeros de septiembre fueron enviados a España otros 30 aviones nuevos, 10 carros de combate, 38 piezas de artillería, cuatro estaciones de radio, una gran cantidad de bombas de mano, y la munición correspondiente. El importe fue satisfecho desde el Banco de Italia, a cuenta de Juan March (Giura, 1993:11 y ss.).

Al final, los 12 aviones con los que Franco había asegurado que, de tenerlos, ganaría la guerra en unos días, se transformaron, a lo largo de casi tres años, en cerca de mil aviones, dos mil cañones, un millar de carros de combate, cerca de diez mil armas automáticas, algunos barcos y submarinos, cerca de setenta mil combatientes más o menos voluntarios, y un importante crédito (Rubio Cabeza, 1987, vol. 2:438).

Siempre en su papel de hombre de negocios, March acordó con Mussolini, durante su estancia en Roma, la constitución de una compañía mixta, que se ocuparía de intermediar en el comercio entre Italia y España. Prácticamente se trataba de un monopolio, cuyo objetivo era acercar a Italia los recursos naturales de España que Italia necesitaba.[62] El resultado final fue la creación de una sociedad financiera italiana, que se conoció con el nombre de Sociedad Anónima Financiera Nacional Italiana (Safni).

A partir de este momento, Italia siguió suministrando material de guerra con regularidad, siempre que le fue solicitado. En los primeros momentos, los suministros italianos se pagaron, en lo que se conoce, por Juan March, parcialmente con cargo a las limitadas divisas de los sublevados, y con algunas exportaciones, pero pronto se negoció dejar hasta el final de la guerra la liquidación de la deuda.

Una vez acabada ésta, el proceso de liquidación de la deuda con Italia no planteó ningún problema, debido a la generosidad mostrada por las altas jerarquías del Estado italiano.[63] Porque Mussolini decidió fijar el montante de deuda a amortizar en 5.000 millones de liras, condonando el resto. Y el pago de esa cantidad, algo realmente excepcional, se estableció en liras no indexadas con respecto al oro.

Petróleo, un problema clave del comienzo de la sublevación

March se ocupó también de dar solución a una cuestión de tanta importancia para un conflicto militar como el suministro y financiación del petróleo que utilizó el Gobierno de Burgos. Como se dice en otro lugar de este trabajo,[64] la compañía suministradora de Campsa era, desde julio de 1935, la Texaco, cuyo presidente, el capitán Rieber, era amigo personal de Goering, y un convencido pronazi. Pero a partir de noviembre de 1936, la Texaco dejó de suministrar petróleo a la República y se puso a disposición total del Gobierno de Burgos. Además, ese suministro de petróleo se realizó en unas condiciones que pueden resumirse en el famoso telegrama del capitán Rieber: «Don’t worry about payment», tranquilizando al Gobierno en cuanto al pago del petróleo. A efectos del papel que en todo esto pudo desempeñar Juan March, es significativo saber que, cuando Rieber mandó el telegrama se hallaba en Roma y que allí, en el Gran Hotel, también se alojaba Juan March (Dixon, 1985:144).

Bernardo Díaz Nosty (1977:320) sostiene la tesis de que March ofreció a la Texaco garantías suficientes para financiar los primeros envíos de petróleo a los sublevados, porque parece lógico pensar que, por mucho poder que tuviera Rieber en la Texaco, y por mucho que simpatizara con los sublevados, esta compañía no podía asumir riesgos tan importantes, financieramente hablando, a favor de una sublevación que en aquellos momentos no tenía garantizado de ninguna manera el éxito. Por su parte, Dahms (1966:262) atribuye «el generoso crédito encontrado por el Alzamiento en sus operaciones con firmas petrolíferas norteamericanas» a la influencia y capacidad financiera de Juan March. Alfonso Piñeiro (1991:182) afirma que Juan March estuvo implicado en la financiación del petróleo suministrado al Gobierno de Burgos, y que esa operación, de hasta seis millones de dólares y casi dos millones de toneladas, fue un crédito ideológico y no sólo financiero. Ferrer Guasp (2008:361) recuerda que el presidente de la Texaco había hablado previamente con March para garantizar la operación antes de que el telegrama se enviara. Y Suanzes, que vivió de primera mano estas operaciones, mantiene que March movía en horas la banca de Gran Bretaña y la de Estados Unidos juntas (Giménez Caballero, 1964:37).

La historia de Campsa (Tortella, Ballestero y Díaz Fernández, 2003:148) confirma todo lo anterior. Y pone de relieve que el modo como se financiaron los primeros suministros de petróleo no ha quedado reflejado ni en la documentación, ni en la bibliografía, pero que sí parece percibirse en todo ello la sombra de Juan March, que estaría también detrás de los pagos a Cepsa y Texaco por sus primeros suministros. Y de esta manera, esa historia afirma que «las autoridades monetarias rebeldes libraron —tardíamente— talones en esterlinas por importes fraccionados sobre la plaza de Londres, sede del Kleinwort & Sons».

Parece claro también que, muy en los primeros momentos, los sublevados dispusieron de petróleo procedente de Portugal.[65] No está documentado, pero se viene sosteniendo que también fue Juan March el financiador de estos primeros embarques. Y se da la circunstancia común en los pagos de estos suministros que, aunque tardíamente, hicieron los sublevados, de que fueron realizados siempre con talones librados en libras, desde la plaza de Londres. En todo caso, sí está acreditado que, como los suministros de la Texaco no eran suficientes para cubrir las necesidades de los sublevados, los agentes de March en Tánger realizaron compras importantes de carburantes a la compañía Shell.[66] Y también está acreditado que March hizo posible el transporte del petróleo a la zona nacional, buscando barcos a través de Londres (Piñeiro, 1991:182).

No parece, pues, que haya muchas dudas acerca de que el banquero mallorquín financiara por lo menos las primeras adquisiciones petrolíferas de combustible de los sublevados, que fueron sin duda las más importantes, tanto por su oportunidad, como por su significación.

En relación con el petróleo, existe otra pequeña aventura que ayuda a perfilar la figura de Juan March en su objetivo de hostigar a la República. En la historia de Campsa, se dice que en mayo de 1938 la Bauer, Marchal y Cía., como propietaria del 50% del capital de Petróleos Porto Pi (PPP) —es decir, Juan March—, reclamó ante los tribunales franceses la concesión de un embargo por valor de 100 millones de francos sobre los bienes de la Campsa republicana, en razón de que esta sociedad no había satisfecho la indemnización correspondiente a la expropiación de que en su día había sido objeto la sociedad PPP.[67]

Como consecuencia de este pleito, se produjo un largo proceso, que duró el resto de la guerra, y en el que tuvieron que intervenir una inmensa relación de personas prestando su declaración, su consejo y su ayuda. Especialmente porque los magistrados franceses jamás comprendieron las complejidades de una sociedad como Campsa, que tanto difería de cómo funcionaban las sociedades francesas. Hubo un momento en que la cuestión pasó a ser de interpretación lingüística, por lo que se recurrió a la «autoridad máxima en lengua y literatura española», al hispanista Marcel Bataillon, profesor de la Sorbona. Esto lo complicó más, y el pleito se llevó a un terreno estrictamente filológico. La historia de Campsa, que cuenta este episodio, termina diciendo que la lectura del expediente produce una sensación de irrealidad, al recordar que, mientras tenían lugar en París discusiones bizantinas sobre el significado de un «que», en España se combatía encarnizadamente.

Al final, Juan March consiguió lo que se proponía.

Cuando llegue el momento de hacer un balance final de la contribución del célebre hombre de negocios mallorquín al triunfo del bando «nacional», a su tan conocida ayuda a la causa franquista habría que sumar las dificultades en que puso a la Campsa y al Gobierno republicano con estas reclamaciones (Tortella, Ballestero y Díaz Fernández, 2003:151).

Otras ayudas

Independientemente de las aportaciones de que se ha ido dando cuenta, March desempeñó también un relevante papel ayudando a la sublevación en muy diversos campos. Lo hizo de manera destacada, apoyando una amplia y rápida ayuda alemana en los primeros momentos de la sublevación, a través de José Ignacio Escobar, amigo suyo y ferviente monárquico. El mismo Escobar cuenta que, tras asistir a una reunión en Biarritz con Juan March, Goicoechea, Pedro Sáinz Rodríguez, José María Gil Robles y Juan Ignacio Luca de Tena, se tomó la decisión de gestionar urgentemente la adquisición de armamento en Alemania.[68]

March financió también otras muy variadas acciones concretas en momentos anteriores y posteriores a la sublevación. Vegas Latapié (1987:301-302) cuenta que Francisco Herrera, conjuntamente con Luis María de Zunzunegui, consiguió de March que éste les entregara, con anterioridad al 18 de julio, 800.000 pesetas para financiar un acto de sabotaje en el aeródromo de Cuatro Vientos, con el fin de inutilizar los aviones que allí se encontrasen el día en que se produjera la sublevación.[69] También participó, junto con otros banqueros, en la financiación de la agencia oficial de noticias EFE creada por el Gobierno de Burgos en noviembre de 1938.[70]

Como parecía lógico, también estuvo implicado en la compra y financiación de armas desde Portugal, tal como puede verse en el capítulo VI, «Portugal y la sublevación del 18 de julio». Adicionalmente, Juan March se ocupó también de participar en gestiones políticas.[71] Puede cerrarse este breve relato de «otras ayudas» de Juan March a los sublevados recordando que, de pequeñas y diversas ayudas hay muchos casos documentados, y que cada día aparecen más. Como simple ejemplo, avaló la compra de camiones Ford para los sublevados en Estados Unidos (Díaz Nosty, 1977:321). Los suministros a crédito de las empresas norteamericanas de automóviles General Motors y Ford (Blanco Escolá, 2005:169) fueron igualmente avalados por él.[72]

También hay que señalar que la centuria falangista mejor armada de Madrid era la tercera (Gibson, 1982:83), gobernada por Luis Hernández, quien había recibido ayuda de Juan March para conseguir un buen arsenal en un pueblo del sureste de Francia (Piñeiro, 1991:178). Por último, y como muestra de ayudas que pudieron estar prestándose con frecuencia, y que dejan muy poco rastro, el embajador de España en Roma enviaba el 28 de abril de 1939 una carta a Juan March para informarle de que el periodista Manuel Aznar le había solicitado unos meses antes un anticipo de 8.000 liras por indicación del mismo March para cubrir los gastos del viaje a Roma con motivo de la elección del nuevo Papa (Ferrer Guasp, 2004:359). También estas pequeñas ayudas dibujan todo un escenario. En el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, en Madrid, existe abundante correspondencia que lo documenta.[73]

El intangible de la credibilidad

Siendo muy importante la ayuda financiera de March a la sublevación, no fue menor la aportación que en aquellos momentos supuso para los sublevados la garantía de su apoyo al golpe militar y a su desarrollo posterior, en términos de la credibilidad financiera frente a terceros. Porque Juan March era una de las primeras fortunas de Europa y un reputado financiero. Era propietario de la Banca March, que en aquellos momentos, y entre otros activos, tenía una muy importante participación en la Swiss Bank Corporation. También tenía, tal como se ha visto, una magnífica relación con el Kleinwort. Aunque mucho más importante, desde el punto de vista de su capacidad para ayudar a los sublevados, era la enorme liquidez que tenía repartida por distintos lugares del mundo. Porque, como es sabido, la base de su negocio la constituía precisamente la disponibilidad inmediata de importantes masas de recursos.

La gran banca internacional y los mercados en general habían optado en los primeros momentos de la sublevación por el bando que se había «levantado en armas», y su política había sido oponerse activamente a las operaciones financieras de la República. La base de esa decisión tuvo que ser, sin duda, la anarquía existente en los meses anteriores a julio de 1936, pero, sin duda también, influyó mucho en la escasa aceptación financiera internacional del bando republicano el saber que desde el primer momento y públicamente March, y todo lo que representaba, se había puesto incondicionalmente del lado de los sublevados y que la República le había perseguido con saña.[74]

March y el «dinero para los generales»

Destacada ayuda de Juan March a la sublevación pudo ser su supuesta oferta de hacerse cargo de los gastos y compensaciones de aquellos militares comprometidos con la sublevación que tuvieran que verse obligados a exiliarse como consecuencia del movimiento antirrepublicano, si éste fracasaba. Una operación no acreditada documentalmente, pero sobre la que una abundante literatura permite deducir un ramillete de informaciones, poco precisas y a veces confusas, pero suficientemente válidas, como para definir, con una cierta aproximación, lo que pudo ser la realidad de esta ayuda. He aquí lo más significativo de lo que, al respecto, se ha publicado.

Luis María Anson (1994:144) recuerda, en su Don Juan, que en la reunión del 8 de marzo de 1936 en casa del miembro de la CEDA, José Delgado, Franco, que ya sabía que no podía esperar nada de la República, y disgustado con el rumbo que tomaba ésta, aceptó formar parte de la «conspiración», pero pidió a cambio la Alta Comisaría de Marruecos y seguridad para «Carmen y Nenuca». Sacanell (2004:202), en su biografía de Sanjurjo, afirma que para entrar en la sublevación Franco exigió a Sanjurjo, además del puesto de Alto Comisario en Marruecos, un depósito de 40.000 «duros» en Italia, porque le preocupaba la seguridad de su mujer y de su hija. Y Payne dice que el coronel Alonso Vega, viejo amigo de Franco, fue a Pamplona con una carta personal de éste en la que se pedía que se depositaran fondos suficientes en un banco extranjero «para garantizar su sueldo de general y el sostén de su familia».[75]

Díaz Nosty (1977:304), por su parte, cuenta que Juan March dio garantías de protección a todos los colaboradores destacados en el proyecto de sublevación por medio de su asesor militar, el comandante de Estado Mayor Tomás Peire,[76] y que la «especial “póliza de seguros” parece que fue establecida en un millón de pesetas por persona, además de garantizar la seguridad familiar de los implicados al más alto nivel».

También se suma a esta lista Ricardo de la Cierva (1969:748):

Otro republicano ilustre… que se relacionó de una u otra forma con la preparación del movimiento de julio fue don Juan March. Un testigo presencial, don Tomás Peire, de la casa March, afirma que el financiero proporcionó cierta cobertura de seguridad para el general Mola y su familia y entregó al Director sumas de cierta importancia durante la preparación del alzamiento.

Y así es como pudo enviar a su familia a Francia y disponer de absoluta libertad de acción para su labor de «conspirador» (Görlitz, 1977:32; Garriga, 1976:376). Así, el 15 de julio Mola envió a su mujer e hijos a Biarritz, acompañados por uno de sus ayudantes, colocándolos «bajo la protección del financiero Juan March» (Rubio Cabeza, 1987, vol. 2:545).[77] Y allí permanecieron hasta el día 15 de agosto, cuando pudo verse el favorable futuro para los insurrectos.

La verdad es que una gran parte de los generales temieron por sus familias, y actuaron en consecuencia. Franco embarcó a su esposa y a su hija con destino a Francia.[78] Queipo de Llano trasladó a su familia a Málaga.

En esta misma línea de máxima seguridad para los jefes de la «conspiración», debe contemplarse la operación de José Antonio Sangróniz,[79] quien pocos días antes de la sublevación se presentó en Santa Cruz de Tenerife para ver al general Franco. Su misión, contada por Cabanellas (1973:413), era la de asegurar al general determinados apoyos de orden económico, principalmente de Juan March:

Llevaba en la cartera los medios para vencer la voluntad de los recalcitrantes, su pasaporte diplomático, que podría ser utilizado por el General, el pasaje para que su hija y su mujer se refugiasen en Francia, y la garantía de que si el alzamiento fracasaba, March le garantizaba en el extranjero una situación económica confortable.[80]

Según Rubio Cabeza (1987 vol. 2:703), Sangróniz ratificó personalmente al general Franco la protección económica que el financiero mallorquín Juan March había prometido al general en el supuesto de que fracasase la sublevación que se venía preparando, haciéndole entrega, al mismo tiempo, de su propio pasaporte con el cual, pocos días después, Franco atravesó el protectorado francés de Marruecos y se presentó en Tetuán, donde se hizo cargo del mando del ejército español destacado en el norte de África. Incluso existen testimonios de fecha anterior.[81]

También se ha visto con anterioridad que Lizarza volaba a Lisboa por cuenta de Mola para llevar a Sanjurjo los últimos planes elaborados por Mola y «una cierta cantidad de dinero».[82] Por su parte, Cabanellas (1977:443) señala que no fue solamente Sanjurjo quien habría obtenido medios económicos suficientes para el supuesto de que fracasara el golpe de Estado: «también Mola y Franco lograron garantía financiera semejante, que los estimulaba a la conjura y a la insurrección».

Joaquín Arrarás (1939-1944, vol. 3:456) señala que en los primeros momentos de la sublevación, cuando «el horizonte aparecía más ennegrecido» desde el punto de vista financiero, el diputado por Navarra y ex ministro de Justicia, Rafael Aizpún, dio cuenta al capitán Barrera del propósito de su jefe y amigo, Gil Robles, de poner a disposición del general Mola una suma importante para que, en el caso de fracaso, «pudiesen él y su familia vivir holgadamente en el extranjero». Añade, sin embargo, que por consejo de Barrera, que opinaba que Mola no aceptaría nada para sí, se desistió de formalizar el ofrecimiento.

En este ramillete de informaciones sobre las garantías económicas que, al parecer, se pudieron ofrecer a varios generales, para el caso de que tuvieran que exiliarse si la sublevación fracasaba, terció en su momento Vaca de Osma (1991:117 y ss.), desmintiendo que esa operación de cobertura económica fuera una exigencia de Franco. «Esto es absolutamente falso y, en todo caso, una tergiversación tendenciosa». Pero añadía:

Sí parece cierto que el famoso financiero Juan March ofreciese motu proprio a los generales Sanjurjo, Franco y Mola asegurarles sus sueldos en el extranjero si fallaba la sublevación. Es bien sabido que March financió de modo esencial, sobre todo al principio, las necesidades más acuciantes de los rebeldes. El Dragon Rapide, la gasolina norteamericana, garantías bancarias de toda índole, compra de material… Franco, concretamente, recibió a un enviado de March, el diplomático José Antonio Sangróniz, que tuvo un destacadísimo papel por aquellos días.

Vaca de Osma cuenta que de todo ello tuvo conocimiento directo por Sangróniz. Lo que Sangróniz le dijo a Vaca de Osma en relación con lo que Franco contestó sobre esa oferta fue lo siguiente:

Cuando le transmití [a Franco] el ofrecimiento de Juan March, le sentó muy mal, lo interpretó al principio como un pago de servicios. Se enfadó hasta que se lo aclaré. Entonces me dijo que lo único que le interesaba era que su mujer y su hija estuviesen seguras en todos los sentidos si a él le pasaba algo.

Y sobre esta cuestión su hermana Pilar Franco Bahamonde (1980:90 y ss.), escribe en sus Memorias que:

… nunca ambicionó el dinero para él. Para los suyos sí, porque podía representar su seguridad… Por eso cuando mandó a su esposa y a su hijita a Francia, en los primeros días del Alzamiento, como no sabía cómo iban a acabar, se preocupó de que estuviesen cubiertos económicamente… Sé que este asunto se tramitó a través de un señor, diplomático creo, que se llamaba Sangróniz y que don Juan March cubrió la operación. Este millonario ayudó mucho a la causa nacional.

Y en otro momento de sus Memorias:

Todo el mundo sabe que un Jefe de Estado ha de tener siempre una reserva fuera del país por lo que pueda pasar. Mi cuñada, sin embargo, dice que no. Ahora, yo no la creo. Porque mi hermano era un hombre muy precavido, aunque no avaricioso, y hay que pensar que si un día hubiera tenido que salir corriendo, es normal que dispusieran de dinero en el extranjero (Franco Bahamonde, 1980:117).

Por su parte, Dixon (1985:133 y ss.) dejó escrito en la biografía de Juan March que éste pensaba que los únicos capaces de derribar la República y restaurar la ley y el orden eran los generales. Que sabía que algunos de ellos ya habían empezado a preparar un golpe de Estado durante el mes de febrero, y que uno era el general Mola, «quizá el más inteligente de todos». Pero que, sin embargo, reconocía que éste tenía dudas acerca de la sublevación que se estaba preparando, a fin de afrontar sus consecuencias si fracasaba. Y Dixon afirma que entonces se le advirtió de que no debía «preocuparse por su familia… Si algo le sucede, Juan March se ocupará de ellos. Además éste le garantiza a usted, por adelantado, la suma de un millón de pesetas». Y concluye que Mola aceptó y envió a su esposa e hijos a Biarritz.

Dixon sostiene también que March hizo a Franco la misma oferta que a Mola. Añade que pensaba que era el más precavido de todos los generales, aunque «el más capacitado y el más necesario».[83] Y que por ello le envió un emisario para asegurarle su pleno apoyo financiero. El mensaje, muy críptico, parece que era el siguiente: «seguridad contra cualquier adversidad que el General pueda sufrir como consecuencia de su participación en la acción subversiva, en la eventualidad de que ésta fracasara». Y Franco, todavía indeciso, sólo hizo un comentario: «los jefes del ejército no deben intervenir, a menos de que estén convencidos de que su acción es el único camino para salvar al país de su completa ruina».

En todo caso, y tal como dice Ramón Garriga (1976:379) parece evidente «que la intervención financiera de March en Pamplona fue uno de los puntos decisivos que permitieron a los generales ver con cierta claridad que era posible proseguir la lucha».

Franco niega todas las ayudas a la sublevación

Frente a todo lo anterior, y años después de finalizada la guerra, Franco quiso desmentir que hubieran existido asistencias especiales, del tipo de las que se acaban de comentar, para ayudar a la sublevación. Y éstas fueron las palabras que el general dejó escritas, de su puño y letra, y que forman parte de la colección de documentos privados llamados Manuscritos de Franco:[84]

Se decía por aquel Jefe, ¿Galarza? ¿Goded?, que los monárquicos contaban con mucho dinero. También lo pagó. Sabe Sáinz Rodríguez que andaba a la búsqueda de generales conspiradores a los que ofrecía una elevada cantidad en un Banco de París a su nombre si perdían la partida. ¡Menguada recluta iba a hacer! Esto mismo aparece en alguna obra histórica tendenciosa de cuño monárquico e incluso D. Alfonso XIII ha aludido alguna vez a haber hecho por el Movimiento sacrificios económicos importantes. Qué se hizo de ese dinero y cómo se administró, pues ni el general Mola ni yo, ni ninguno de los Jefes del Movimiento nacional empleamos ni supimos de una sola peseta de ese dinero. Sólo supe de una cantidad aproximada al medio millón de pesetas que el Sr. Gil Robles envió por conducto de D. Francisco Herrera al general Mola, que éste se negó a recibir, pero que a última hora lo recogió por su cuenta el capitán Lastra en Pamplona, que depositó en la Caja de Ahorros y de los que se satisfacían comida y socorro por unos miles de pesetas en los primeros momentos a los requetés movilizados, y otra pequeña cantidad que pidió el propio entregante Herrera para ir a hacer propaganda a Londres, quedando un remanente de algo más de 400.000 pesetas que se entregaron para los gastos de construcción del Valle de los Caídos.

Este escrito constituye un desmentido de Franco a unas ayudas de las que tanto se ha hablado, pero que no están documentadas.

En lo que respecta a las ayudas de Juan March al Gobierno de Burgos, de las que sí existen muy abundantes pruebas documentales, Franco trató de minimizarlas, dándoles el carácter de «puro altruismo». Y así lo explicó a principios de 1937:

En nuestras filas se combate por la verdadera y nueva España. Una España sin luchas de clases y sin privilegios de castas ni económicos. Los que han prestado su apoyo a nuestro movimiento, como Juan March, no lo han hecho por obtener ventajas, que en ningún momento se les han prometido, lo han hecho para que se llegue a una España mejor, y dan su óbolo por una España más justa.[85]

MARCH, LAS ISLAS BALEARES Y LA GUERRA CIVIL[86]

Las islas Baleares desempeñaron desde el inicio de la guerra civil un papel muy importante en la formulación de las estrategias militares de ambos contendientes. Y en esta línea, y por muchas razones, Juan March no podía permanecer ajeno a una actuación, política o militar, que pusiera en cuestión el statu quo de «sus islas». Por ello, la guerra en las Baleares no quedó en ningún momento fuera de control del banquero mallorquín. Tampoco podía quedar al margen de la contienda el Gobierno italiano, dada la significación que las islas Baleares tenían en la política exterior de Mussolini.[87]

La sublevación del 18 de julio triunfó plenamente en Mallorca, Formentera e Ibiza, pero no así en Menorca, donde, proclamado el estado de guerra, no se pudo conseguir el control, quedando la isla en manos republicanas. Tampoco el dominio de los sublevados en Mallorca fue total, porque ésta se encontraba bajo la amenaza de una invasión promovida desde Cataluña, supuesto que toda la costa mediterránea de España estaba en manos republicanas, y que prácticamente toda la flota había permanecido leal al Gobierno de la República.

Para los sublevados, Mallorca era esencial porque su posesión aseguraba el tráfico marítimo sobre las costas españolas en el Mediterráneo. Pero también lo era para la República. Y por ello, el Gobierno de la Generalitat decidió invadir la isla. El historiador Martínez Bande (1970:129), citando a Dolores Ibárruri, sostiene que la idea surgió en la base aeronaval de Barcelona, que el capitán de aviación Alberto Bayo fue el promotor,[88] y que el Gobierno de la Generalitat lo acogió con entusiasmo por evidentes razones políticas.[89]

La operación de desembarco fue encomendada a Bayo,[90] quien el 5 de agosto ocupó las islas de Cabrera, Formentera e Ibiza con una fuerza republicana de catalanes y valencianos, y con ayuda de fuerzas locales. La invasión estuvo poco planificada y muy mal dirigida,[91] y el Gobierno de la Generalitat y el mando militar de la República no consiguieron ponerse de acuerdo, lo que hizo difícil la operación. Por otra parte, ejecutado el general Goded en Barcelona y asesinado en Mahón el general Bosch, Mallorca había quedado desmoralizada y casi en estado de indefensión, con sus estructuras jerárquicas perdidas.[92] Por otra parte, la Junta de Defensa Nacional no podía en aquel momento prestar ningún apoyo a la isla. Así pues, toda la responsabilidad quedó en manos de los propios mallorquines.

Franco recomendó que se atrincheraran en el interior de la isla y resistieran, en la medida en que no les podía enviar «fuerza, ni material de guerra, ni aviones, ya que los suyos no tienen radio de acción suficiente para volar sobre la isla» (Durán, 1982, vol. 1:136). Y su primera reacción ante el intento de ocupación por las fuerzas del capitán Bayo fue una apremiante requisitoria que envió el día 8 de agosto a Palma:[93]

Urgentísimo. Ocupación islas pequeñas por enemigo… Isla Mallorca debe movilizarse y garantizar su defensa total sin ceder en ningún punto.

El día 12 volvía a insistir:

Movilicen cuantas cosas necesite llamando reemplazos, desdoblando Unidades, asegurando toda costa integridad Isla… A toda costa deberá defenderse Mallorca fusilando al que desfallezca.[94]

Las órdenes dadas después del fracaso de la expedición de Bayo, fueron también muy terminantes.[95]

Esta situación provocó el que los responsables de la defensa de Mallorca pidieran inmediatamente a Pedro Sáinz Rodríguez, como representante del Gobierno de Burgos en Italia, su ayuda para conseguir aviones que permitieran oponerse a la invasión.[96] Es claro que esta petición tuvo necesariamente que llevar la conformidad previa de Juan March, si es que la idea no partió de él mismo. Y lo confirma que en el mensaje telegráfico remitido a Roma, solicitando formalmente a Sáinz Rodríguez el envío de los aviones, se incluía la expresión «Depositada Consulado de Italia suma convenida», indiscutible señal de que March ya estaba trabajando en esa operación.[97]

Y así era. Los italianos habían pedido tres millones de liras para entregar los primeros aviones, y Juan March se hizo cargo del coste de la operación. También se pidió ayuda al millonario mallorquín Manuel Salas. Por su parte, el comandante militar de Mallorca decidió incautar los fondos del Banco de España en Palma, que eran 604.000 pesetas oro.[98]

La dirección de la operación había quedado en manos del marqués de Zayas, dirigente falangista mallorquín. Y éste comunicó a Roma que los fondos ya se habían situado en manos del cónsul de Italia. Dos días después se le hizo saber desde Roma que próximamente volarían hacia Mallorca tres hidroaviones equipados para misiones de bombardeo. Y días más tarde, a éstos siguió un buque de carga que transportaba seis cazas y tres baterías antiaéreas (Coverdale, 1979:131), con lo que los sublevados consiguieron dominar el espacio aéreo. A la vez, la reacción militar en Mallorca se aceleró. Dos reemplazos fueron llamados urgentemente a las armas, y muchos voluntarios se encuadraron en las milicias ciudadanas, fundamentalmente falangistas.[99] Poco después llegaron de Italia, por vía marítima, 200 toneladas de armas y municiones adquiridas por Juan March.

Pese a todo, la pasividad de los dirigentes militares de la sublevación en la isla no conseguía poner orden en la defensa. Por ello, el 23 de agosto Zayas pidió a Sáinz Rodríguez que solicitara del Gobierno italiano un asesor militar, que dirigiera la defensa de Mallorca. Y así fue como llegó a la isla Arconovaldo Bonacorsi, «conde Rossi», importante dirigente de la milicia fascista, persona muy peculiar, que definió la encomienda que le había hecho personalmente Mussolini como de «importancia capital para el triunfo de la civilización latina y cristiana amenazada por la horda internacional a las órdenes de Moscú que quiere bolchevizar los pueblos de la cuenca del Mediterráneo» (Massot i Muntaner, 1988:232).

Bonacorsi llegó a Palma el 26 de agosto, precisamente en el momento en el que las fuerzas de la isla estaban perdiendo la moral. La batalla la ganaron los pilotos italianos, que consiguieron destruir los hidros republicanos, muy viejos. Por su parte, los militares mallorquines, al mando del teniente coronel García Ruiz, empezaron una contraofensiva que hubiera conseguido echar a los expedicionarios, si no se hubiese procedido a reembarcarlos.

A primeros de septiembre las fuerzas gubernamentales invasoras abandonaron la isla, dejando atrás todo su material de guerra. La operación había durado menos de un mes. Y Bayo había sido obligado a retirarse. El 3 de septiembre había sido llamado a bordo del buque Libertad, donde se encontraban reunidos el Estado Mayor de la marina y el Comité Central de la Escuadra Republicana. Éstos, sin darle oportunidad de discutir, le ordenaron por escrito, en nombre del Gobierno, la retirada inmediata de todas sus fuerzas.[100]

Massot i Muntaner (1987:302 y ss.) sostiene que la retirada de la expedición de Bayo no fue una decisión arbitraria impuesta desde Madrid, sino la consecuencia lógica de un cambio en la situación militar. En aquellos momentos, el Gobierno de la República no deseaba roces con Italia, y renunciaba a conquistar Mallorca. Independientemente de ello, se requerían los barcos y el personal para utilizarlos en la bahía de Algeciras, a fin de controlar el estrecho de Gibraltar (Díez, 2007:122).

Por otra parte, Bonacorsi se hizo «dueño» de la isla, iniciando un control absoluto de los asuntos políticos y económicos e instaurando un período de terror y de violencia falangista, dirigido contra todos aquellos que no hubieran dado señales de adhesión a la causa de los insurgentes.[101]

En este clima de violencia y de falta de control hubo una voz, que sirvió de catalizador para que se produjera la reacción de la sociedad. El 9 de septiembre Juan March, hijo, declaró públicamente que «él personalmente no era falangista y no tenía ningún deseo de que la Falange dominase la vida de Mallorca» (Coverdale, 1979:138), manifestando que Italia no podía reclamar ninguna deuda de gratitud por su asistencia, dado que su familia la había pagado muy satisfactoriamente. Y recordó que importantes funcionarios del Gobierno italiano habían declarado que Italia no tenía ningún interés en interferir en la política interna española. Bonacorsi pidió a las autoridades locales que adoptaran medidas contra March, pero no hubo ninguna acción en este sentido. Y el hijo de Juan March, Juan March Servera, jugó a partir de entonces un importante papel en la política mallorquina.

Sin embargo, y pese a todo ello, la intervención italiana no disminuyó su creciente control político, y especialmente económico, de Mallorca, iniciándose, por el contrario, un progresivo dominio por parte italiana de muchas parcelas de la economía. Porque antes de septiembre ya se había acordado que una naviera italiana estableciera un servicio regular que uniera Mallorca con Italia, para hacerse con el control de una parte importante del transporte marítimo y del comercio mallorquín. El objetivo era monopolizar en el futuro todo el comercio de Italia con las islas Baleares. Incluso llegó a proponerse que Italia debería obtener el monopolio oficial de todo el comercio mallorquín, cualquiera que fuera su punto de origen o destino final.

El intento de asegurarse el control económico de la isla, a través de un «Ente Nazionale Fascista per la Cooperazione», estuvo a punto de ser una realidad. La naviera Tripcovich iba a ser el instrumento para hacerse con el monopolio del transporte marítimo, pero al final desistió por falta de rentabilidad. Coverdale dice que las autoridades de Roma renunciaron entonces al objetivo de intervenir en el comercio de Mallorca, limitándose a incorporarlo al acuerdo comercial que se estableció en noviembre para el conjunto de los territorios controlados por los sublevados.[102]

Pero Italia seguía buscando un punto de apoyo en las islas Baleares para su política de defensa. Y quería hacerlo sin que trascendiera su objetivo. Tiene interés leer el siguiente informe al ministro de Marina sobre la «Situación Militar y Política de la isla de Mallorca», remitido el 3 de octubre de 1936:[103]

Debe desecharse la posibilidad de llevar a cabo una penetración comercial que sea un fin en sí misma, no sólo por las dificultades que entrañaría la desviación de las ya limitadas corrientes comerciales existentes antes de la revolución, sino porque el mercado de las Baleares carece de atractivo para el italiano… Por eso la penetración comercial debe tener como exclusivo propósito el facilitar la consecución de nuestro objetivo, que no es otro que el poder utilizar las Baleares en caso de conflicto. Evidentemente todo ello resultará económicamente gravoso, pero no hay que olvidar que la cuestión de la utilización de las Baleares entra de lleno en el ámbito del arte militar naval y por lo tanto este tipo de consideraciones carece de importancia.

Por eso las islas Baleares siguieron interesando al Gobierno italiano una vez acabada la guerra. Y también a Alemania. Goering, Mussolini y Ciano celebraron una entrevista en abril de 1939, en la que Goering declaró que esperaba que Italia permaneciera en las Baleares. En aquellos momentos quedó muy clara la extrema importancia de las islas para impedir que, en caso de guerra general, Francia las ocupara. Y allí se aseguró que Italia ocuparía las Baleares con la máxima velocidad, y que ya se estaba planteando la idea de fortificar las islas para su mejor defensa. Era claro que el archipiélago balear seguía siendo una pieza básica en la estrategia mediterránea del Eje y de Italia, en la medida en que era la base fundamental para interceptar el traslado de tropas coloniales del África francesa hacia la metrópoli (Ros, 2002:53-54).

En cuanto a quienes hicieron posible que se ganara la batalla a Bayo, es un hecho probado que fue Juan March quien vio el peligro que suponía la invasión, y quien, en muy pocos días, financió los bombarderos italianos que atacaron a las fuerzas gubernamentales que habían desembarcado en las islas (Cabanellas, 1973:564). También fue el que consiguió que, a partir de ese momento, Italia tuviera tres campos de aviación en Mallorca y navíos en sus puertos (Broué y Témime, 1962, vol. 2:39).[104]

También Mussolini tuvo desde el principio muy clara su estrategia, y después de la ocupación de Mallorca se afirmó en la necesidad de establecer una base en aquella área que reforzara el control italiano del Mediterráneo. Lo que no se sabe es si fue March quien sugirió a Mussolini que protegiera «su isla», oportunidad que éste aprovechó para establecer en ella una base italiana,[105] o si fueron las fuerzas locales que tomaron el mando de la operación de defensa, ante la pasividad del comandante militar, las que, convencidas de que no recibirían apoyo aéreo de las fuerzas sublevadas, se dirigieron a March solicitando ayuda para resolver la situación. En todo caso, en uno de los primeros aparatos que llegaron a Mallorca en auxilio de la isla, iba uno de los hijos de March. Pero en la Operación Baleares hubo muchos más actores. Franco, desde luego, antiguo comandante militar de las Baleares, insistió desde el primer momento en la necesidad de defender la isla a toda costa, y en cuanto pudo, mandó a militares de su confianza para afianzar a los mallorquines.[106]

En la financiación de la sublevación en Mallorca desempeñó un papel también importante, conjuntamente con March, Manuel Salas (Piñeiro, 1991:191). Su intervención está recogida en la mayoría de las obras que tratan de la guerra civil en Mallorca. Massot i Muntaner (1987:138) explica que cuando los hidros republicanos bombardeaban Palma, hubo que recurrir repetidas veces a March y Salas. Y en la Memoria del Centro de Incautación de Oro y Valores aparecen dos importantes donativos: un millón de pesetas de Juan March Ordinas y 750.000 de Manuel Salas. March se ocupó también de recaudar fondos de los habitantes de Mallorca para financiar la sublevación. Su método era muy sencillo: se solicitaba la ayuda, pero para evitar dudas y cálculos y temores de quedar mal, se sugería a cada contribuyente, después de haber estudiado bien sus posibilidades, una cantidad determinada.

Los submarinos de Juan March

Una investigación sobre Juan March y la defensa de Mallorca requiere un pequeño apartado especial, que ofrezca alguna información sobre lo que se podrían denominar «los submarinos de March». Porque una amplia tradición oral de Mallorca dice que éste adquirió, por su cuenta y riesgo, dos submarinos, con la única misión de defender las islas de los republicanos. Y merecía la pena averiguar la realidad de esa afirmación.

Se sabe que, en marzo de 1937, se incorporaron al bando de los sublevados los submarinos Archimidi y Torricelli, nuevos y bien armados. Procedían de la armada italiana. El 17 de abril salieron en secreto del puerto italiano de La Spezia en dirección a Baleares. Llevaban una dotación reducida, compuesta por marineros italianos y algunos españoles que se habían adiestrado en Italia. El día 19 fondearon en Cabrera, donde se efectuó «con gran secreto» la entrega a España de ambos submarinos, y se incorporaron nuevos marineros españoles, después de lo cual el personal italiano volvió a su país. Para simular que se trataba de buques republicanos hundidos, recuperados por los sublevados, fueron bautizados inicialmente como C3 y C5. Y de ambos submarinos se hicieron cargo comandantes españoles. Al terminar la guerra, se incorporaron formalmente a la armada española con los nombres de General Mola y General Sanjurjo.

No hay, pues, duda de que esos submarinos fueron una realidad. Su existencia, las operaciones en que estuvieron implicados, sus características técnicas, sus tripulaciones y sus mandos están bien documentados.[107]

Uno de los tripulantes de esos submarinos fue Javier de la Rosa Mayol, ingeniero naval que fue presidente del Club del Mar de Palma de Mallorca. Había terminado su carrera poco antes de iniciarse la sublevación, y parece que recibió instrucción en Italia para ocupar el puesto de jefe de máquinas de uno de los dos submarinos. También forma parte de esa tradición oral el dar por supuesto que March, con motivo de la puesta en marcha de la operación, ofreció una cena en Roma a las tripulaciones.[108]

Sin embargo, la documentación disponible no reconoce la implicación de Juan March en la financiación de esos submarinos. Incluso la obra de Bargoni lo niega. Una investigación emprendida por el autor en los archivos históricos de la marina española y de la marina italiana para tratar de vincular los submarinos financieramente a Juan March, no dio resultados. Y sin embargo, la tradición oral en Mallorca ha tenido asumido desde siempre como un hecho real el que Juan March adquirió esos dos submarinos por su cuenta y que al final los traspasó a las autoridades de la isla, y al Estado español.

Cómo se administró el oro de las islas Baleares

Como en el resto del territorio sublevado, y para financiar los gastos de la contienda, en Baleares se abrió una campaña de entregas voluntarias y de incautaciones a desafectos de oro, joyas, metales preciosos, valores en divisas y cuentas en moneda extranjera. El planteamiento de la operación, los mecanismos de la recaudación y la puesta a disposición de las autoridades de esos recursos, para mejorar la capacidad de financiación de la compra de armas, fueron idénticas a las que se utilizaron en otras provincias bajo control de los sublevados.

La operación se instrumentó a través del Centro de Incautación de Oro y Valores de Mallorca, que dependía del auditor de la Comandancia Militar, y fue regulada por decreto del 27 de agosto de 1936.[109] El decreto planteaba que las necesidades de la guerra hacían precisa la adopción de medidas extraordinarias, que la lucha exigía grandes recursos financieros, y que era conveniente «constituir un fondo, el mayor posible para hacer frente a las eventualidades que por la duración de la lucha pudieran presentarse».

Para sufragar esos gastos y establecer la reserva necesaria que contemplara el futuro, el decreto disponía:

— Sería incautado todo el oro amonedado y en pasta que se encontrara dentro del territorio de las islas, perteneciera a particulares, a entidades o corporaciones.

— Sería incautada igualmente toda la moneda extranjera, y los títulos y valores extranjeros y nacionales, que se pudieran negociar fuera de España.

— La incautación se hacía mediante indemnización del valor de lo incautado, y a esos efectos se entregaría a cada interesado un detallado resguardo de su entrega.

Se establecía un plazo de cinco días para que, voluntariamente, los particulares o entidades tenedores de esos activos los depositaran en las oficinas que al efecto se señalaban. Aquellas personas o entidades que no pudieran hacer la entrega en el plazo fijado, por no tenerlos a su disposición, lo declararían por escrito, señalando la cuantía del metal o monedas, el número y clase de los valores, así como el lugar donde se encontraban. Se advertía que el oro y valores sujetos a incautación que se encontraran con posterioridad en poder de particulares o entidades serían confiscados sin indemnización. Y el decreto precisaba que, para su descubrimiento, se harían «las correspondientes pesquisas y averiguaciones».

Para compensar en su momento a aquellos que se hubieran desprendido de sus activos en oro, moneda o valores, se abría una suscripción pública, en pesetas, entre todos los habitantes de Baleares. Éstos, se advertía, deberían concurrir «en la medida de sus fuerzas y haciéndolo no de una manera formularia sino con el máximo esfuerzo posible que exige el principio económico de dar una parte para salvar el todo». A estos efectos, y para general conocimiento, se publicarían con regularidad listas de los donativos realizados. Todos los poseedores de oro, valores o moneda extranjera, que renunciaran a la indemnización futura que por lo incautado les correspondiera, serían considerados como donantes, e incluidos en las listas que se publicaban de donativos.

Adicionalmente, y para la efectividad del decreto, se estableció que las cajas de alquiler existentes en los bancos no podían ser abiertas sin intervención del Centro de Incautación. Y a los bancos se les exigió que hicieran entrega de todos los valores, divisas y oro que poseyeran, y los de todos aquellos particulares que, por una u otra razón, no los hubieran entregado ya. La banca operante en las islas debería también entregar los activos que ellos mismos, o sus clientes, tuvieran depositados en bancos extranjeros.

Anteriormente a la publicación del decreto, y ya desembarcadas en Mallorca las tropas de la República que trataban de conquistar la isla, se habían embarcado rumbo a Italia durante la noche del 16 de agosto, casi clandestinamente, el producto de las donaciones. El hombre de confianza de March, el abogado Luis Ramallo, fue el comisionado por las autoridades militares de Mallorca para trasladar a Roma el «tesoro»: 604.000 pesetas en oro confiscadas a la sucursal del Banco de España, y los valores internacionales y las joyas que se habían reunido gracias a las donaciones (Ferrer Guasp, 2008:371). El depósito trasladado a Italia quedaba a disposición de los ministerios de Negocios Extranjeros, Aviación y Guerra italianos, los cuales, a todos los efectos, se entenderían con Pedro Sáinz Rodríguez, representante oficioso del Gobierno de Burgos en Italia.[110]

El 1 de septiembre de 1936, con los nuevos activos recogidos, se hizo un nuevo envío a Italia de 24 barras de oro, con un peso fino de 35.435 gramos, y un saco de monedas.[111] Y cinco días después se remitían a Italia 37 nuevas barras de oro, con un peso fino de 51.395 gramos, y un nuevo saco de monedas.

Esas remesas se pusieron, en principio, a disposición de Juan March en Roma, aunque posteriormente el Banco de Italia puso dificultades a que tal depósito se gestionara a nombre de un particular. Por ello, y aunque continuó a su nombre, se estableció que no podía disponer de él sin una autorización expresa del Ministerio de Negocios Extranjeros.[112] La Memoria del Centro de Incautación de Oro y Valores, del 15 de abril de 1937, explica que, con posterioridad al inicio de estas expediciones de oro, el Gobierno de Italia y el Gobierno de Burgos entraron en contacto directo, y desde Mallorca ya no pudo saberse si el depósito subsistía o si se había dispuesto de él.

Hubo más remesas, pero los datos disponibles no permiten conocer el total de los recursos manejados por el Centro de Incautación de Oro y Valores. La Memoria es farragosa, y resulta verdaderamente difícil, por no decir imposible, deducir un cálculo siquiera aproximado de los valores y otros activos financieros que se manejaron por este centro. Pero es una información ilustrativa, y merece ser leída para entender, de alguna manera, cómo se administraron, al parecer sin demasiado control, cantidades importantes de oro amonedado, monedas en multitud de denominaciones y muy diversas clases de valores que se depositaban en la banca italiana «de acuerdo y con la cooperación de D. Juan March Ordinas, inspirador de esta orientación del Centro y atendiendo a los apremiantes requerimientos que la representación de la Junta de Burgos en Londres hacía insistentemente para que todo se sacrificara a la urgencia en disponer de divisas».

En el estado de cuentas del Centro de Incautación de Oro y Valores se dibujaba el siguiente cuadro, referido al 9 de enero de 1937:

— En cuanto al oro, e independientemente de las tres remesas de oro hechas a Italia por el Centro de Incautación de Oro y Valores, existían en esa fecha a nombre del Centro en el Banco de España 55 barras de oro fino de 75.084 gramos y en moneda 14.050 gramos.

— Por lo que respecta a valores, y además de los enviados a Roma y Londres, para saldar las cuentas de crédito abiertas en nombre de Olano y con la garantía de Juan March, el Centro de Incautación de Oro y Valores de Mallorca disponía de una larga relación de valores mobiliarios que se iban vendiendo a medida que las posibilidades del mercado lo permitían. No se especifica en la documentación ni la clase de valores, ni su valor efectivo. Sí se sabe su valor nominal, que era, en francos, 340.745; en pesos argentinos, 910.550; en pesetas, 204.500; en libras, 3.235; en dólares 10.100, y en cantidades inferiores, pero aún de una cierta significación, pesos uruguayos y francos belgas.

— El Centro de Incautación de Oro y Valores de Mallorca disponía también, a esa fecha, de moneda extranjera en billetes diversos y plata, en relación que se adjuntaba al inventario, pero que no se valoraba. En Roma existían saldos en moneda extranjera producto de los títulos, billetes, cheques y cupones entregados por el Centro de Incautación de Oro y Valores de Mallorca a March, y de los cuales se iba disponiendo sin que en ese momento se pudiera «determinar el saldo exacto».

— El inventario de cheques existentes no ofrecía información numérica que permitiera conocer el importe total, pero se permitía llamar la atención sobre la conveniencia de no demorar por más tiempo el curso de los mismos, y su envío «bien a Roma o a nuestro Gobierno» para su negociación y aprovechamiento inmediato.

Desde el punto de vista operativo, los valores, cupones, cheques y divisas incautados por el Centro de Incautación de Oro y Valores se iban remitiendo a Italia para poder proceder a su monetización. Se hacía a través del banco Kleinwort, que, para dar más agilidad, abrió para la inmediata disposición de la Junta de Defensa Nacional un crédito de 100.000 libras con la garantía personal de Juan March. El crédito se cancelaría con el producto de las ventas de valores. Más adelante, y a fin de agilizar más las operaciones, «se acordó individualizar todo cuanto fuera preciso para las relaciones con la Banca Kleinwort» y, a tal efecto, las transferencias de los depósitos constituidos por los bancos y por los particulares mallorquines en bancos extranjeros, y los de los títulos que materialmente salieron de Mallorca se inscribían directamente a nombre del Kleinwort Bank. Porque el Centro «era un órgano que si bien con vida propia y personalidad definida en Mallorca, no la tenía ni podía actuar por sí o por sus representantes legales como tal Centro fuera de la isla».

La Memoria añadía:

No sabemos en este momento cuál es el resultado de las ventas efectuadas por la Banca Kleinwort ni por tanto la liquidación de los créditos por aquella Banca otorgados y se habla de créditos porque con posterioridad al de 100.000 libras se ha abierto otro; y no se sabe en primer lugar porque aún no están vendidos todos los valores, cosa no de extrañar ya que se trata de las más heterogéneas clases de ellos y que no convenía lanzarlos todos de una vez al mercado para no despreciar su valor… De modo que sabiendo el Centro cuántos y por qué valor nominal son los títulos y valores que a Kleinwort se han entregado, desconoce de momento cuáles son los que están vendidos y por qué precio… El otro grupo de valores, los cupones y billetes que no salieron de Italia ni tiene nada que ver con el crédito abierto en Londres por la Banca Kleinwort, quedaron en poder de Don Juan March Ordinas mediante también los correspondientes recibos, y su importe en libras fue abonado a este Centro por el Sr. March y ha servido para pago de gastos de mercancías o entrega de divisas según las órdenes de aquí cursadas por la Comandancia Militar.

Más tarde, el 12 de enero de 1938, y en un documento titulado «Adición a la Memoria presentada con fecha 15 de abril de 1937» se decía que March ya había facilitado al Centro los «documentos acreditativos de la venta de los valores y divisas que se le habían entregado», y que igualmente se habían recibido los justificantes de la venta de los valores realizada en Londres por el Kleinwort. Concluía que el total que debía ser satisfecho en pesetas a los distintos bancos o particulares, por las divisas o títulos incautados, era de 8.435.849 pesetas. Y añadía más adelante:

En cuanto a lo que se haya hecho y a la aplicación que se haya dado a todo lo incautado y llevado por el Centro fuera de España, únicamente poseemos una liquidación presentada por don Juan March que se une en copia y sin que sepamos la inversión ni justificación de las 2.748.914,77 liras que, según la liquidación unida, había de justificar el señor March ante el Gobierno Nacional.

En cuanto a la «suscripción nacional» iniciada en las islas el 22 de julio de 1936, los ingresos contabilizados al día 31 de agosto de 1939 ascendían a 22.553.296 pesetas, de los que 15.454.217 pesetas correspondían a cantidades detraídas de los sueldos de los funcionarios.[113]

EL ESFUERZO FINANCIERO DE JUAN MARCH

Es posible que nunca nunca se llegue a disponer de un inventario real de cuánto costó la sublevación como tal, en los primeros momentos y, posteriormente, cuánto costó la guerra propiamente dicha, una vez que se tuvo conciencia de que ya se había superado la fase de la sublevación. Y especialmente se desconoce cuánto de ese coste giró contra el patrimonio de Juan March. Pero sí es posible ir sumando retazos de información, cifras concretas de operaciones específicas, aunque sólo sean aproximaciones, que permitan definir un perfil y cuantificar el orden de algunas de las ayudas. Por lo menos, ello hace posible hacerse una idea del orden de magnitud que pudieron tener, y situar, en el conjunto de este trabajo, una línea de máximos y mínimos de lo que pudo ser la financiación de Juan March. En todo caso, hay que partir del supuesto de que ya en aquellos momentos March pasaba por ser el hombre más rico de España.[114]

Sobre el esfuerzo financiero de Juan March en ayuda de la sublevación del 18 de julio, se han hecho hasta ahora algunas valoraciones globales, pero ninguna de ellas parte de cálculos parciales precisos. Un primer intento de evaluar las aportaciones financieras de Juan March a la sublevación se publicó en El Pueblo de Valencia el 28 de febrero de 1937. Ese día, y en un artículo firmado por Díaz-Alejo, se decía que el «financiero de la guerra civil, Juan March, dio para la compra de armas fratricidas mil millones de pesetas».[115] Y Guillermo Cabanellas (1973:753) dijo que superaba esa cifra. Con anterioridad ya se ha visto que, según la historia del Kleinwort, la fortuna de March cuando en los años veinte empezó a trabajar con ese banco se calculaba entre 20 y 30 millones de pesetas, es decir, entre 4 y 6 millones de dólares de aquella época.

Jackson (1967:348) señaló que la ayuda de March a la sublevación fue del orden de 15 millones de libras esterlinas, y que posteriormente financió buena parte de la intervención italiana en Mallorca.

Las ayudas de March se concentraron en la primera parte de la guerra, desde luego cuando eran más necesarias. Posteriormente, y en la medida en que la guerra se consolidaba, el papel de March como financiador fue disminuyendo, y otros proveedores de fondos se fueron acercando a Franco. Piñeiro (1991:206) dice que a partir de ese momento empezaron a moverse, al servicio de las finanzas de la sublevación, muchas otras personas que se desplazaban por Europa con relativa facilidad. Y cita a Ventosa i Calvell, del grupo de Cambó, abogado de empresas multinacionales, que gestionó importantes contribuciones para el Gobierno de Burgos en París y en Bruselas, donde se obtuvieron importantes donaciones. Hacían lo mismo Gil Robles en Lisboa, Pedro Sáinz Rodríguez en Roma, y el duque de Alba en Londres.

En todo caso, y especialmente en relación con sus ayudas a la sublevación, Juan March es todavía una incógnita para sus biógrafos. Uno de ellos, Piñeiro (1991:172 y ss.), asevera que el dinero de Juan March hizo posible que Francisco Franco ganara la guerra y el poder sobre el Estado, lo cual le permitió recibir el calificativo de «banquero de la rebelión» y, por tanto, pilar del régimen político posterior. Pero añade que todavía no se ha aportado la información suficiente como para demostrar que March estuviera en todos los lugares que se señalan, con tanta influencia, y afrontando tantos gastos como muchos de sus devotos y adversarios han pretendido. Aunque acepta que «movió, influyó y pagó mucho más de lo que es posible concebir en un solo hombre».

Torres Villanueva (2006:457-458) dice que uno de los empresarios que más y mejor aprovechó las oportunidades de negocio que suministró la guerra civil fue Juan March, y afirma que se enriqueció entre 1936 y 1939 manejando hábilmente los intereses de los sublevados en el exterior, haciendo negocios privados con Mussolini, principalmente con la Safni, y especulando con divisas y con la peseta de ambos bandos.

Ferrer Guasp (2004:355-356) resumía su biografía de March diciendo que éste se convirtió en el banquero de la sublevación. Y que, evidentemente, asumió riesgos, los imprescindibles, haciendo una «apuesta atrevida» a favor del nuevo régimen. Pero concluía señalando que la historia demuestra que los financiadores de una guerra obtienen grandes beneficios a lo largo de la contienda, y que si gana el bando que ellos han sostenido «se hacen de oro» en el transcurso de la posguerra. Porque, al final, «el altruismo a favor de una causa nacional era un reclamo propagandístico pero a la hora de hacer negocios las ideologías quedan fuera de los despachos». Y recuerda que, a finales de la segunda guerra mundial, March se había convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, en buena parte gracias a las oportunidades que generaron los conflictos bélicos de Europa y España desde 1914 (Ferrer Guasp, 2004:477). Añadía, en relación con su ayuda a la sublevación del 18 de julio, que al principio de la guerra Juan March avaló créditos asumiendo riesgos financieros importantes, que tal vez «otras entidades de crédito internacionales no se las habrían concedido por juzgar las operaciones demasiado arriesgadas». Pero March no solamente obtenía beneficios con sus préstamos, sino también con las «operaciones de compra de suministros que le encargaba el gobierno rebelde». Y ponía de relieve que si March no hubiera facilitado esas líneas de crédito previamente, tampoco hubiera tenido ocasión de ejercer un control como el que tuvo, «casi en régimen de monopolio, sobre el comercio exterior del gobierno de Franco durante los años que duró la contienda» (Ferrer Guasp, 2004:376). Porque fue un gran comerciante, que supo aprovechar las coyunturas bélicas para enriquecerse. Y, resumiendo su posición, Díaz Nosty (1977:316) se preguntaba si Juan March fue un filántropo de la guerra o nunca pasó de banquero interesado.

Pero ha sido Massot i Muntaner quien, desde el punto de vista financiero, ha hecho el retrato más certero de Juan March, cuando escribió que éste atendió siempre a todos los juegos posibles: regaló a los socialistas la Casa del Pueblo de Palma, ayudó a los lerrouxistas de Barcelona, financió periódicos de tendencias diferentes, trabajó con los alemanes y los Aliados, etc. Lo único que le interesaba era su negocio personal. No es de extrañar que Franco, que le conocía de su época mallorquina, le mirase con suspicacia, lo mismo que Mussolini, quien ordenaba a su policía que lo espiase. March «nunca regaló nada a nadie y recuperó con creces el dinero invertido en cualquier cosa, incluyendo la guerra civil».[116]

Terminada la guerra, March se dio cuenta que no era bien visto por muchas de las personalidades, especialmente miembros de la Falange, que habían ayudado a Franco y que recelaban de su protagonismo. Y por ello se fue distanciando. En Portugal entró en contacto con la oposición a Franco y en 1943 apoyó financieramente una operación que trataba de restaurar la monarquía en la persona de don Juan de Borbón (Torres Villanueva, 2000b:275). Incluso llegó a tener problemas con la policía. En junio de 1942, March acudió a la Dirección General de Seguridad para protestar por la prohibición de salir de Madrid, quejarse de que se le considerase «dudoso en su actuación y afección al Movimiento y a los intereses de España» y afirmar que no tenía que «arrepentirse de sus servicios siempre beneméritos», que estimaba debían seguir «mereciendo la gratitud de todos los españoles».[117]

VI
Portugal y la sublevación del 18 de julio

LAS RELACIONES ESPAÑA-PORTUGAL: ESCENARIO DE PARTIDA[1]

Es conocido que en los años anteriores a la instauración de la República, España había practicado una política de confraternización con Portugal, y que, a través de diferentes fórmulas y mecanismos, había tratado de demostrar a las autoridades de Lisboa que la política de confrontación del pasado había sido fruto de lamentables incomprensiones, cuando la realidad era que en el fondo existía una indiscutible y muy importante base común cultural, étnica y económica. En consecuencia, y después de muchos años de una política de claras discrepancias, las relaciones entre los dos países habían mejorado muy sensiblemente.[2] A la vez, la administración portuguesa y, desde luego, las empresas de ese país se habían dado cuenta de las notables ventajas que acarreaba una política de acercamiento con España.[3]

Sin embargo, con la instauración de la República esta situación cambió significativamente, y a partir de este momento se volvió, poco a poco, a la tesis del «iberismo» que, como sinónimo del «peligro español», había nacido en Portugal en 1910. Con ello, la apreciación de «lo español» perdió todas sus características de convergencia y volvió a ser considerado como sinónimo de antipatriotismo y traición.[4] A la vez, se inició un exagerado nacionalismo.

La equivocada política de Azaña con respecto a Portugal contribuyó a introducir más crispación en las relaciones con este país. Hipólito de la Torre (1998:209) ha dicho que esa política hizo de Manuel Azaña un «estadista trasnochado e ingenuo», y que lo grave fue que su desenfoque vino en el momento más inoportuno, añadiendo que, como buen español, sólo supo de Portugal lo que le interesaba saber. Es decir, absolutamente «nada» del sentir nacionalista lusitano, «nada» del delicado marco de las relaciones con España, y «nada» tampoco de las circunstancias internas internacionales en que se situaba el momento histórico de ambos países. Al final, Azaña terminó por comprender los recelos que su persona suscitaba en Portugal y, en un intento de querer corregir esa situación, envió como embajador a Sánchez-Albornoz.[5] Pero ya era tarde.

El Gobierno portugués iba recibiendo, pues, con complacencia las informaciones que con anterioridad al golpe del 18 de julio le iban llegando, en el sentido de que éste se estaba preparando. Y acogió con júbilo el golpe de Estado. Porque, para la consolidación de su «Estado Nuevo», Salazar[6] consideraba esencial la existencia en España de una estructura política parecida. Y entendía que el apoyo a los sublevados y el triunfo de éstos le permitirían atacar de raíz todo germen revolucionario en Portugal. Algo que Salazar vigilaba obsesivamente, temiendo la extensión a su país del peligro comunista.[7] Es una realidad conocida que mucho antes de la sublevación, y con la permisividad e incluso el amparo de las autoridades portuguesas, empezaron a celebrarse en territorio luso las primeras reuniones de los futuros «conspiradores» del 18 de julio y a recibirse las primeras adhesiones. Y lo es que la residencia de Sanjurjo se convirtió en un auténtico centro de peregrinación para un elevado número de opositores a la Segunda República española. Lo que permitía al general seguir con detalle los acontecimientos en España.[8]

Estaba claro que el nuevo régimen que se pretendía instaurar en España sería muy bien recibido en Portugal, donde colaborar con el ejército franquista significaba estar a favor del «Estado Nuevo».[9] Y fue ésta la tesis que se predicó a la sociedad portuguesa y una de las razones que llevaron a Salazar a tomar una postura tan activa en favor de los sublevados, y a endurecer la represión interna contra los elementos revolucionarios de su propio país.[10]

Como consecuencia, y una vez estallada la sublevación, la dictadura portuguesa se consideró prácticamente en guerra con la República. Y lo primero que hizo fue poner sus emisoras a disposición de los rebeldes, especialmente la Rádio Clube Português. Lo mismo hizo con la prensa controlada por el Gobierno, que publicaba cualquier información que pudiera dañar a la República española, no autorizándosele a imprimir nada que pudiera favorecerla.[11]

El 23 de agosto de 1936, Jay Allen, corresponsal en España de The Chicago Tribune, escribía desde Tánger que era un secreto a voces que elementos liberales y de izquierdas estaban preparando un «levantamiento» en Portugal.[12] Y el Portugal «oficial» no tuvo ya ninguna duda de que su apuesta debería ser el pleno apoyo a los sublevados. Así lo anticipó en su momento el embajador de Suecia en Madrid y Lisboa, Danielson, expulsado por Azaña por su manifiesta hostilidad hacia la República española, cuando contó al embajador alemán en París que Salazar le había dicho confidencialmente que planeaba apoyar a la «derecha española» con todos los medios disponibles (Puzzo, 1962:71).

Sin embargo, Salazar tuvo permanentemente presente que la tradicional amistad de su país con Gran Bretaña era un fuerte obstáculo para desarrollar su política de ayuda a los sublevados, una amistad que trató de salvar con algunas cesiones y mucho diálogo, aunque sin perder la ocasión de ayudar a los que en España se «levantaban en armas» contra la República.[13] Desde luego Salazar era consciente de que, en su política de colaboración con los sublevados, debía conservar la identidad portuguesa frente a España a través de la «neutralidad».[14] Porque si el Gobierno de Burgos no ganaba la guerra, Portugal iba a quedar en una muy mala situación.[15] Especialmente por la existencia de una amplia fuerza democrática antifascista que, pese a la represión de que era objeto, explicitaba en condiciones de clandestinidad y de exilio su voluntad de que Portugal hiciera causa común con la República española.[16]

En todo caso, la preocupación de Salazar por el peligro comunista y por el riesgo que corría Portugal si el comunismo triunfaba era alta, y así lo expresaba constantemente en público. Lo hizo en agosto de 1936, cuando llamó la atención de los Gobiernos interesados en ese pacto sobre «los peligros que la guerra civil en España puede hacer correr a Portugal». Y añadía:[17]

Ningún otro país se encuentra en una situación semejante; el desenlace de la guerra civil no puede crear a ningún otro Gobierno responsabilidades para su propia defensa semejantes a las que esta prohibición [de venta de armas y municiones] puede crear al Gobierno portugués… [Éste] no puede dejar de llamar la atención de los países interesados en el acuerdo, sobre las condiciones de extrema violencia en las cuales se desarrolla la lucha civil, en nombre de los principios sagrados de la humanidad, en nombre de la amistad fraternal que une al pueblo portugués con el pueblo español y porque el Gobierno portugués piensa que en esta guerra civil no es sólo la suerte de España la que está en juego.

Esta advertencia tenía sentido, porque Salazar sabía que a comienzos de mayo de 1936 se había constituido en Madrid un «Comité de Amigos de Portugal», entre los que figuraban Álvarez del Vayo y Dolores Ibárruri, y cuyo objetivo era implantar una República soviética ibérica.[18] Y en septiembre de 1936 se produjo una revuelta de marineros portugueses que querían unirse a la armada republicana española. Hubo más alertas.[19]

El 25 de septiembre, Salazar volvía sobre esa misma cuestión:[20]

Cuando estas batallas diplomáticas hayan terminado felizmente, todos los países del orden podrán considerar que tan sólo existen dos cosas que merezcan atención: la primera, es que el comunismo ha desencadenado en la Península Ibérica una verdadera batalla, de cuyo resultado dependerá, en gran parte, la suerte de Europa, y es por ello por lo que todas las ideologías afines intentarán intervenir en su favor en todos los Estados; la segunda, es que mucho más útil para el comunismo ibérico que el tráfico de armas y municiones, sería una transformación política de Portugal que hiciese vulnerable la retaguardia de los Ejércitos españoles.

Sin embargo, y pese a todo ello, el presidente del Consejo de Ministros se había visto forzado el 13 de agosto a firmar el pacto de no intervención, sobre el que mostraba muchas reticencias.[21] Londres le había hecho saber que para Portugal representaba una mayor seguridad firmar este pacto, que ayudar a Franco, ya que en caso contrario Gran Bretaña no cumpliría sus antiguas obligaciones hacia Portugal. Y ello constituía una verdadera amenaza. Sin embargo, y pese a la adhesión, Lisboa introdujo tantas reservas y condiciones en el pacto, que nadie podía hacerse ilusiones con una aceptación que, en la práctica, colocaba a Portugal al margen de lo que firmaba. Y la verdad es que siguió ayudando con toda generosidad a los sublevados.[22] Como respuesta, las quejas de Londres fueron constantes,[23] y en algún momento, en tono amenazador.[24]

Éstas fueron las condiciones portuguesas al pacto:[25]

… no podrán ser considerados como injerencia directa o indirecta los actos a los cuales pueda ser forzado por las circunstancias para: A) La defensa del orden público interno, la seguridad de la vida, de los bienes y de la libertad de los ciudadanos portugueses, la salvaguardia de la integridad territorial y de la seguridad nacional. B) La aplicación de las convenciones o decisiones internacionales exigidas por las circunstancias de la guerra. C) La mediación entre los partidos en lucha si un día las condiciones de ésta la exigen. D) La defensa contra todos los regímenes de subversión social que lleguen a establecerse en España, si la necesidad de salvaguardar la civilización occidental reclama una tal defensa. E) El mantenimiento de relaciones con las autoridades centrales o locales que ejerzan de hecho el gobierno o la administración en territorio español. F) El reconocimiento de la beligerancia a las fuerzas en lucha o de un nuevo Gobierno, la modificación de las condiciones de representación diplomática o consular.

El Gobierno portugués advertía también que «el consentimiento de la inscripción de voluntarios para las fuerzas en lucha, aunque estos enrolamientos se hicieran de una manera indirecta», «la apertura de suscripciones para continuar la lucha o el envío de sumas recogidas públicamente para este fin», o el consentimiento «en la práctica, de uno de estos actos por uno de los Gobiernos que se haya adherido a la declaración, liberará al Gobierno portugués de las obligaciones asumidas». Condiciones, especialmente estas últimas, que no se cumplieron en ningún momento por algunos países, y que daban patente de exención a Portugal.[26]

La situación la vio muy clara el encargado de negocios alemán en Lisboa:[27]

En Portugal, el desencadenamiento de la guerra civil española ha colocado al Gobierno ante graves resoluciones. Si todo ha continuado tranquilo en el país, y si algunos movimientos de los grupos radicales han podido ser rápidamente reducidos al silencio, sin llamar la atención, gracias a medidas enérgicas, sin embargo es preciso tener en cuenta el hecho de que en Portugal se ocultan numerosos comunistas que esperan la victoria de los extremistas en España.

El régimen temía la subversión, porque no había dudas de que, si perdían los sublevados, la oposición a Salazar colaboraría con España para derrotar al nuevo Estado portugués (Torre, 1998:210).

LA CONSPIRACIÓN ESPAÑOLA EN PORTUGAL SE CONSOLIDA[28]

La creencia de que el golpe de Estado se iba a producir, o al menos información bastante precisa a este respecto, hizo que muchos españoles significativos se reunieran en Portugal a lo largo de las semanas previas a la sublevación. Hay que recordar que Estoril y Lisboa ya habían sido desde 1934 centros de «conspiración» contra la República.[29] Uno de los primeros «conspiradores» fue el ex ministro Gabriel Maura, duque de Maura, que colaboró desde Lisboa con Franco, a quien ayudó económicamente, en el convencimiento de que su propósito era restaurar la monarquía (Pérez-Maura, 2004:9). El marqués de Quintanar,[30] con notable influencia en los medios oficiales portugueses, era también uno de los más activos procuradores de la «conspiración militar».[31] Y a finales de julio March y Gil Robles ya habían establecido sus cuarteles generales en Lisboa. Este último confiesa en sus Memorias que tenía contactos personales con alguna frecuencia con Salazar y que una de sus entrevistas tuvo lugar, precisamente, unos días después de que hubiera estado en Lisboa el general Ponte portando una carta de presentación del general Mola para Salazar, fechada el 22 de julio. Y afirma que su afortunada gestión dio como resultado el apoyo oficial portugués al «levantamiento militar» (Gil Robles, 2006:794).[32] El banquero español Herrero, marqués de Aledo, ya se había exiliado en Lisboa anteriormente.

Iniciada la sublevación, el grupo constituyó una junta técnica, cuyo objetivo inicial no era otro que ayudar, a veces con medios muy precarios, a los refugiados que, en gran cantidad, estaban llegando a Portugal, huyendo de la zona republicana.[33] Al principio, sus recursos se limitaron a los que podían aportar sus miembros, así como a donativos de amigos portugueses. La primera aportación importante la hizo Gil Robles cuando, expulsado de Biarritz por el Gobierno francés, se estableció en Lisboa, aportando 12.000 libras esterlinas que March le había entregado «por si hacía falta para algo».

Esa junta de españoles residentes en Portugal cambió de naturaleza cuando la Junta de Defensa Nacional pidió su ayuda, solicitándoles que enviaran todo el dinero disponible a Juan de la Cierva, que desde Londres estaba negociando con Alemania el envío de unos aviones cuyo pago se reclamaba por adelantado. Y a ese destino se aplicaron inmediatamente las 12.000 libras que Juan March había puesto a disposición de Gil Robles. Para complementar esta cantidad y poder dar respuesta a la petición que se les hacía, los integrantes de la junta de Lisboa negociaron un préstamo de cuatro millones de escudos con el Banco Espírito Santo.[34] La junta amplió sus actividades cuando llegó a Lisboa Nicolás Franco, porque éste consiguió muchas de las ayudas que a la junta se le venían regateando.

Es cierto, pues, que una parte importante de la preparación y de la planificación de la sublevación, se hizo desde Portugal. Y que fueron Gil Robles y Nicolás Franco los que trataron de coordinar a los banqueros españoles que se habían exiliado en Lisboa. Jackson (1967:214) dice que el Gobierno portugués trataba con ellos más que con el embajador republicano, como si fueran representantes efectivos de España. Y la realidad es que desde el 12 de agosto de 1936 ya estaba funcionando en Lisboa una especie de legación diplomática, no oficial, bajo la fórmula de «Oficina de Representación Comercial de la Junta de Defensa Nacional», que pronto fue conocida como «la Embajada Negra».[35]

LAS APORTACIONES PORTUGUESAS

La ayuda del Gobierno de Portugal a la sublevación fue realmente importante y generosa. Aunque, dada la limitación de recursos de que Portugal disponía, esa ayuda fue, en su volumen y regularidad, muy inferior a la ayuda prestada por italianos y alemanes. Fue, sin embargo, muy oportuna y notablemente eficaz. Y lo fue especialmente durante las críticas primeras semanas. En realidad, el Gobierno portugués ya había empezado a ayudar a los rebeldes antes del 18 de julio, mediante la recepción de refugiados y el trato de la prensa.[36]

Para valorar adecuadamente la ayuda de Salazar, es necesario tener en cuenta que, cuando se habla de «las ayudas» de Portugal a España durante la guerra civil, se habla, en primer lugar, de los recursos financieros que se fueron poniendo a disposición de los sublevados en distintos momentos de la guerra. Y, en esta línea, su concreción más importante y más precisa se materializó en los créditos otorgados por algunos bancos portugueses y en las donaciones dinerarias que se ofrecieron al Gobierno de Burgos. Pero también hubo otro tipo de ayudas, igual de importantes o más, cuya valoración, desde el punto de vista financiero, es difícil de cuantificar, pero que, sin duda, supusieron una importante contribución. Así, los sublevados gozaron de una amplia protección política por parte de las autoridades portuguesas, y de una amplia protección diplomática. Importante fue también el apoyo logístico. Y lo fue la ayuda suministrada por el Gobierno portugués a la formación de una opinión pública favorable a los sublevados. Todo ello apoyado por la proximidad geográfica fronteriza.

Todas esas ayudas, además, se materializaron con una gran rapidez. Ya se ha dicho que el general Ponte fue enviado por Mola, el 22 de julio de 1936, con una carta para el presidente de la República portuguesa pidiendo ayuda,[37] y que tuvo una respuesta inmediata. Jorge Vigón (1957:192) dice que la gestión fue felicísima, porque unos pocos días más tarde, a través de las emisoras portuguesas, ya se sabía que el Gobierno ofrecía su incondicional apoyo a los sublevados.

Ayudas financieras

Indiscutiblemente hubo ayudas financieras a la sublevación desde Portugal. Se facilitaron en las primeras semanas de la guerra, cuando la financiación era muy escasa y todavía no se habían montado mecanismos para tramitarla. Desgraciadamente, si con carácter general, las ayudas financieras son muy difíciles de documentar, en el caso portugués, y salvo sus créditos bancarios, lo son muchísimo más, y muy poco ha trascendido, especialmente en relación con lo que pudo ser esa financiación en una de sus más importantes rúbricas, que sin duda tuvo que ser el colectivo de los grandes empresarios.

Según la tradición oral, iniciada la sublevación del 18 de julio, Salazar se dirigió a los banqueros y a los grandes empresarios portugueses para plantearles la necesidad y la urgencia de ayudar a los militares que se habían «levantado en armas» contra la República. Las razones para esta petición eran obvias. Los mensajes que la República había transmitido en relación con el régimen salazarista, la extensión de la revolución en España, la anarquía con que se actuaba, y los planteamientos económicos y sociales que estaba aflorando el Frente Popular, terminarían por extenderse a Portugal si la sublevación no triunfaba en España. Por otra parte, los movimientos de las fuerzas de izquierda portuguesas ya no ofrecían ninguna duda a ese particular. Era pues normal que Salazar apelara a las personas más representativas, desde el punto de vista económico y financiero, para que añadieran sus esfuerzos a los que ya se estaban haciendo desde España a fin de ofrecer recursos a los sublevados, con la dimensión y con la urgencia que las circunstancias requerían, dada la penuria y las necesidades que le había hecho saber el general Mola.

La tesis sobre una posible convocatoria de Salazar a los banqueros se apoya en la más absoluta lógica. Sin embargo, el autor no ha podido documentar por el momento que tal convocatoria existiera. Al menos desde el punto de vista formal. Ni mucho menos se ha podido conocer la respuesta de los interesados, si se llegó a convocar, y, en su caso, el volumen de la ayuda, si es que ésta llegó a prestarse. Los historiadores que han trabajado sobre esa época no recuerdan haber tropezado en sus investigaciones con información alguna a ese respecto. Y la fuente primaria más importante para esa cuestión, que hubieran sido los archivos oficiales y personales de Salazar, depositados en la Direcção Geral de Arquivos (Arquivo Nacional da Torre do Tombo), no ofrece tampoco ninguna información.

Pero no existe ninguna duda de que Salazar estaba en permanente contacto con los «conspiradores» y con los banqueros. El mismo 17 de julio de 1936 a la extraña hora de las 22:45, recibió al presidente del Banco Espírito Santo, Ricardo Espírito Santo, y al día siguiente, 18 de julio, recibió al general Sanjurjo, y al marqués de Quintanar.[38]

Según el biógrafo de Salazar, Jaime Nogueira Pinto (2007a:122123), el presidente fue transmitiendo mensajes muy claros a los grandes empresarios portugueses. Recuerda que en el verano de 1936 Salazar llamó a Manuel Boullosa, que había hecho una gran fortuna en el petróleo, para pedirle que ayudara a los sublevados. También recuerda que, por las mismas fechas, Salazar llamó a Alfredo da Silva[39] pidiéndole lo mismo.

El Gobierno de Burgos formalizó en Portugal dos créditos. El primero en Lisboa el 11 de agosto de 1936 por la Sociedade Geral de Commercio, Industria e Transportes a favor de Andrés Amado,[40] que actuaba como representante del Gobierno de Burgos.[41] El crédito se extendió por 175.000 libras a noventa días, renovable por acuerdo de ambas partes, con garantía de billetes del Banco de España por la suma de 13.500.000 pesetas. El interés era del 5,5% anual.[42] En el mismo momento de la firma se ordenó que 80.000 libras se pusieran a disposición de A. A. Tinckler en Londres, en el Westminster Bank, poniendo el resto a disposición del Banco Jose Henriques Totta, a la orden de Gabriel Maura, José María Gil Robles, Ignacio Herrero o Joaquín Bau, indistintamente.[43]

En octubre de 1937 el marqués de Miraflores le escribía a Andrés Amado sobre la posibilidad de transformar el empréstito en una línea de crédito y de reducir en 50.000 libras la cantidad dispuesta. Eran libras que el Gobierno «tenía en tesorería», y con esa reducción se rebajarían los intereses. Recibida la carta del marqués de Miraflores en el circuito burocrático, se inició una especie de novela administrativa que no dejó en muy buen lugar a los gestores españoles. Así se deduce de la documentación que integra el expediente y que permite conocer con detalle las vicisitudes de ese crédito ligadas a la situación de las finanzas del Gobierno de Burgos.[44]

El segundo crédito portugués al Gobierno de Burgos se suscribió el 28 de febrero de 1939 con la Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, hasta el límite de 50 millones de escudos portugueses.[45] El crédito fue solicitado por el duque de Maura y el marqués de Miraflores, siempre con el conocimiento e intervención de la embajada de España en Lisboa. Su garantía consistía en títulos de deuda pública portuguesa. Se tramitó por Blas Huete, director del Comité de Moneda Extranjera de Burgos.

Desde Portugal se produjo una notable ayuda financiera a los sublevados. La operación de recaudar fondos y ayuda material para éstos no le falló a Salazar, y fue rápida, muy rápida. Puede dibujarse esa realidad a partir de los despachos oficiales del embajador de la República Española en Portugal, Claudio Sánchez-Albornoz, en los que, día a día, iba dando cuenta a su Gobierno de lo que en Portugal acontecía, especialmente de lo que a ese Gobierno más le interesaba, es decir, el movimiento de armas y material de guerra, y su financiación. Eran despachos muy claros. Las informaciones que se citan a continuación son simplemente una muestra de lo que contenían:[46]

— «Durante varios días, estuvo hospedado en el Hotel Francfort de Santa Justa, un Comandante del Ejército español, vistiendo el uniforme, que al parecer venía a Lisboa… [a] recoger la cantidad necesaria para pagar unos aviones que llegarían a África con destino a los revolucionarios» (5 de agosto de 1936).

— José María Gil Robles, acompañado de Gabriel Maura, «están haciendo activas gestiones encaminadas a conseguir un empréstito de bancos y entidades financieras portuguesas con destino al movimiento revolucionario» (5 de agosto). «Parece ser que en día de ayer concertó con el Banco Comercial, Casa Viana y Fonseça un empréstito con destino a los revolucionarios españoles» de 2.800 contos[47] (6 de agosto).

— Se ha conocido que, con anterioridad al movimiento rebelde, fueron abiertas «dos cuentas de crédito de 30.000 Libras Esterlinas cada una en los Bancos de Lisboa Nacional Ultramarino y Espírito Santo a favor de los Srs. Gil Robles, Marqués de la Vega, Duque de Maura y Marqués de Quintanar» (8 de agosto).

— «Navíos de la Compañía Petrolera “Shell” han salido rumbo a España cargados con esencia para aviones. Estos suministros son hechos previo el inmediato pago de los mismos, para lograr el cual se ha procedido por la parte del comité rebelde Lisboeta a gestionar empréstitos en Bancos tan conocidos como el Banco de Portugal y el Banco Espírito Santo, llegándose a obtener dinero sobre el futuro envío de gran cantidad de aceite a lo que se comprometió la casa Luca de Tena» (31 de agosto).

Y muchas más. Las ayudas eran generales y múltiples las anotaciones de Sánchez-Albornoz en sus despachos.

En todo caso, existieron fuentes de financiación que todavía no han sido aclaradas. Entre otras, tuvo que haber financiación, y posiblemente abundante, de los «banqueros exiliados españoles». Las figuras destacadas de la industria y de las finanzas españolas que habían huido a Portugal y formaron el primer grupo de ayuda a la sublevación, haciendo importantes y productivas gestiones de ayuda en los más diversos ámbitos, tuvieron que poner también su «granito de arena». Podían hacerlo y les convenía por lo que se jugaban en la partida. Todavía falta por despejar la total ayuda de Juan March.

El grupo, en relación directa con Burgos, actuaba bajo las órdenes de Gil Robles. Entre otros, lo integraban el marqués de Quintanar, los condes de Torres y de Rojas, la marquesa de Argüelles, el duque de Maura y el abogado Del Moral. «A diario celebran reuniones diarias en el Hotel Aviz de esta ciudad a las que asisten como asesores diplomáticos todos los funcionarios diplomáticos y consulares de Lisboa, que han sido separados de la carrera».[48] Este grupo se encargaba de gestionar la financiación, especialmente vía empréstitos y solicitud de donaciones, alentaba campañas de prensa y subvencionaba Rádio Clube Português y otras emisoras clandestinas al servicio de los sublevados.

En relación con la ayuda financiera de Portugal también ha aparecido muy recientemente una operación, hasta ahora desconocida en cuanto a su existencia, a su significado y a su alcance. Así, en 1937, y desde el Banco Espírito Santo de Lisboa, se comunicaba a 37 representantes diplomáticos del Gobierno de Burgos en el exterior que se les remitían unas determinadas cantidades. Los destinatarios eran «cónsules generales», «representantes de legación», «encargados de la Junta de Defensa Nacional de España», o simplemente «representantes del Estado español».

En el Archivo Histórico del Banco Espírito Santo se conservan copias de esas cartas, así como las contestaciones que los destinatarios dan a esas remesas. Son notas muy protocolarias, que acusan recibo de la cantidad enviada y que, a veces, anuncian también que lo han puesto en conocimiento de la representación del Estado español en Lisboa. Unas pocas se quejan del retraso, refiriéndose a envíos anteriores. Y algunas aclaran el destino, como el responsable de la delegación en Santiago quien, al acusar recibo de la cifra remitida de 328 libras, equivalentes a 5.000 pesetas oro, recuerda que es «el importe de mi sueldo personal durante los cinco primeros meses del año en curso». Las cartas del Banco Espírito Santo anunciando el envío se remitieron entre el 26 y el 29 de junio de 1937, y los acuses de recibo se hicieron entre el 6 de julio y el 18 de agosto. En su carta dando cuenta de haber recibido 1.187 libras, Eduardo Comín, representante del Gobierno de Burgos en Viena, advertía que previamente había recibido de la Secretaría de Relaciones Exteriores una orden circular de fecha 9 de junio anunciándose el giro «para atender en la parte posible por el momento al pago de los distintos haberes y servicios de esta Misión durante 5 meses del año actual». Y señalaba que eran los primeros recursos que recibía «desde hace 11 meses, y nuestra situación es muy apurada».

Pero lo que importa de estos envíos es destacar que el remitente de todas las transferencias era el Midland Bank, del que hasta este momento no se tenía noticia que hubiera estado implicado financieramente con el Gobierno de Burgos. Pero desde luego lo estaba, porque, como está documentado, en ese momento existía una cuenta en el Midland Bank de la que se disponía para proveer de fondos a las delegaciones en el exterior.

Petróleo para la sublevación

Ya se ha apuntado con anterioridad[49] que, muy en los primeros momentos, los sublevados recibieron petróleo de Portugal. La historia oral es en esta cuestión, como en tantos otros episodios de la guerra civil, insustituible. Porque, a partir de testimonios personales, esa historia explica el proceso por el cual Portugal tuvo la oportunidad de suministrar carburantes a las fuerzas sublevadas. Parece que en la capital portuguesa, en los primeros días de la sublevación, se encontraban algunos tratantes que suministraron «gasolina de aviación envasada en bidones», cuyo primer envío fue una partida de unos 10.000 litros. Y algunos de los testimonios citados concluyen que en Lisboa, en el hotel Aviz, se organizó, en el entretanto, un comité para «procurar el suministro a gran escala de carburante de aviación».[50] Y de nuevo en esta operación aparece la figura de Juan March, financiador de los primeros embarques, pagados en libras esterlinas desde la plaza de Londres.

Portugal, por otra parte, también vigilaba los obstáculos que se oponían en algunos momentos al suministro de combustible a los sublevados.[51]

El suministro de armas

La ayuda de Portugal al Gobierno de Burgos en relación con el suministro de armas fue muy importante, y se convirtió de hecho en el receptor formal de armas por cuenta de Franco. De tal manera que Portugal salió de la insignificancia como consumidor de armamento, para ocupar en la lista de clientes de la industria bélica alemana el tercer lugar mundial y el primer europeo (Louçã, 2005b:39).[52] Dos modalidades fueron utilizadas. Por una parte, empresas y fábricas portuguesas compraban armamento a suministradores europeos y americanos, como si fuera para Portugal, material que se pagaba con fondos suministrados por los sublevados. Y por otra, fábricas y empresas portuguesas acreditaban a agentes de las Juntas de Burgos y posteriormente del Gobierno de Franco ante sus suministradores habituales, para que ellos hicieran las adquisiciones en su nombre del material de guerra necesario.[53]

Los despachos oficiales que regularmente mandaba el embajador de la República en Lisboa al Gobierno republicano sobre los movimientos de los sublevados en Portugal a los que se ha hecho mención más arriba, se refieren sistemáticamente al movimiento de armas.[54] La información que sobre ello se ofrece a continuación no es sino un ramillete de los abundantes casos que se detallan en los despachos del embajador, en los que, con toda claridad, se pone de manifiesto un tráfico de armas que implicaba también una importante financiación originada en el mismo Portugal.[55]

— «El día 27 de julio llegaron a la Base de Hidroaviones de Lisboa tres hidros españoles… Del depósito de municiones salieron bombas de avión… El día 29 volvieron a presentarse dos hidros solamente y el 31 otros dos, análogos a los del primer día, cargando bombas y saliendo en la misma dirección.»

— «El cuartel general de los revolucionarios españoles en Portugal se halla instalado en el palacio que en Estoril tiene la marquesa de Argüelles, donde se hace la recluta de voluntarios, a quienes en el momento de salir para la frontera, se les provee de armas, municiones y un puñal.»

— El 1 de agosto llegaron tres hidros. «Durante la noche les fueron colocadas torres para el emplazamiento de ametralladoras y después de cargar distinto material de guerra salieron con dirección sur.»

— «Desde el principio del movimiento revolucionario en España, ha sido intensificado el trabajo en la fábrica de municiones de Lisboa, trabajándose actualmente diez y seis diarias.»

— «Varios buques de guerra portugueses que frecuentan el estrecho de Gibraltar han regresado a Lisboa y después de cargar distinto material de guerra y municiones en gran cantidad, para artillería, infantería y torpedos, han marchado urgentemente a las costas españolas de Marruecos.»

— «El abastecimiento de armamento, municiones, víveres y material sanitario a los revolucionarios continúa efectuándose con la misma regularidad desde el comienzo del conflicto… El día 9 de agosto el vapor portugués “Santa Irene” descargó material de guerra en un muelle de Lisboa procedente de Alemania. Lo mismo sucedió al día siguiente con el navío portugués “Pedro de Alemquer”.»

— «El cónsul portugués en Valencia de Alcántara, Señor Puebla, con el Señor Martínez Estellés y el Señor Vivas… han comprado muchas armas para los revolucionarios españoles y continúan comprando cuantas encuentran, para lo cual realizan activísimas gestiones.»

— En este momento, «están desembarcando barcos alemanes estación terminal línea Badajoz, gran cantidad de material de guerra para cuyo transporte han sido requeridos numerosos vagones. Policía impide aproximarse lugar de descarga». «Me informan son ochocientas toneladas aviones, tanques, bombas, gases.»

— «Por la fábrica de material de guerra del Estado, denominada Barcarena, han sido enviadas a los revolucionarios ametralladoras y granadas por valor de trescientos mil escudos».

En los diferentes legajos que integran el archivo de la documentación de la embajada republicana en Portugal hay constantes y reiteradas manifestaciones en este sentido. Las transcritas sólo son una muestra de lo que sistemáticamente estaba sucediendo.[56] A veces con problemas. Un ejemplo de ello lo constituye el incidente de septiembre de 1936, que puso de manifiesto la política de Salazar de ayuda al Gobierno de Burgos. La multinacional Bofors tenía contratado un suministro de 20 toneladas de componentes de pólvora con la fábrica portuguesa de explosivos de Barcarena. En función de las sospechas que tenía en relación con el verdadero destino de ese suministro, el Gobierno sueco condicionó su salida a que Salazar le diera garantías de que no iba a ser reexportado hacia España. El gobernante luso no tuvo más remedio que exhibir «una virtuosa indignación» y cancelar el pedido (Louçã, 2005b:43).

También se fabricó en Portugal material de guerra importante para los sublevados. Y, en esta línea, fueron suministrados directamente por empresas portuguesas explosivos, cartuchos, munición diversa, pólvora y dinamita de las industrias portuguesas de municiones de Sacavem. Y dinamita, trilita y pólvoras negras de la fábrica estatal de Barcarena (Oliveira, 1987:149).

No existen dudas, por otra parte, de que las autoridades portuguesas supervisaron personalmente muchas de estas operaciones. El encargado de negocios alemán en Lisboa informaba sobre esto a sus superiores, denunciando que estaban facilitando la adquisición de todo tipo de material bélico a los revolucionarios.[57] Y señalaba que la residencia del ayudante del mariscal Carmona fue usada más de una vez como lugar de contratación de suministros alemanes para España.[58] Incluso en documentos secretos alemanes se habló con admiración de la decidida actitud de Salazar de apoyo a los sublevados. Y esto es lo que el encargado de negocios alemán en Lisboa decía a sus superiores en Berlín (García Arias, 1961:53):

A veces ha revocado, pura y simplemente, a aduaneros portugueses que no parecían seguros y ha controlado personalmente las medidas tomadas en interés de la revolución. Sé de fuente digna de fe, que incluso ha autorizado el tránsito por territorio portugués de un transporte de municiones de los revolucionarios desde Sevilla a Burgos, antes que la toma de Badajoz hubiera permitido el enlace entre el Ejército del Norte y el del Sur, y ha vigilado su muy rápida ejecución.

En todo caso, cada día parece más claro que ninguna ayuda que los rebeldes recibieron de Portugal hizo más daño a la República española que el suministro del armamento. Porque, en esta línea, Portugal concedió a Franco una ayuda tan oportuna como valiosa. La fábrica estatal portuguesa de pólvora de Barcarena trabajó prácticamente en exclusiva, y en jornadas intensivas y le suministró de inmediato ametralladoras y granadas que habían sido adquiridas por dicha fábrica para los sublevados. También colaboró notablemente a ello la fábrica Bemfica, que destinaba a las fuerzas nacionales la totalidad de su producción. Y Portugal desempeñó también un importante papel de intermediario en lo que se refiere al envío de armas a España, tal como se ha visto en los despachos del embajador Sánchez-Albornoz transcritas más arriba. Así, la primera entrega importante de material de guerra que Franco obtuvo de Alemania fue descargada en Lisboa. Las armas desembarcaban en puertos lusos, que formalmente eran neutrales, y se descargaban con ayuda militar portuguesa. Y los suministros de petróleo cruzaban la frontera en Elvas con tal frecuencia que tuvo unos resultados desastrosos para la resistencia republicana (Ramos, 1946:585-586).

Apoyo logístico

La cooperación de Portugal con España fue también muy importante en cuanto al suministro de infraestructuras y servicios. En primer lugar, el territorio portugués se convirtió en la retaguardia de apoyo logístico, indispensable para el éxito de la sublevación. Especialmente, actuó como territorio privilegiado para el tránsito de la ayuda alemana a las tropas franquistas (González López, 1990).

De esta manera, la indiscutible ventaja estratégica de la que los republicanos hubieran podido disfrutar por la división del territorio rebelde en dos zonas, que suponía que no existía ninguna posibilidad de contacto a través del territorio español entre las tropas que iban llegando al aeródromo de Tablada en Sevilla y las fuerzas de Mola, que luchaban en Guadarrama y Somosierra, no existió en la práctica. Porque los insurgentes pasaban de una zona a otra por territorio portugués. Sólo de esta manera Franco pudo optimizar la eficacia de su ejército. Porque si las tropas de Franco pudieron ser transportadas desde Marruecos en aviones alemanes e italianos, los suministros tenían que hacerlo por tierra, con lo cual Portugal se convirtió en la vía de paso obligada (Louçã, 2005b:36).

Por otra parte, Franco en el sur y Mola en el norte podían hablar por teléfono vía Lisboa a través de una línea privada instalada en el hotel Aviz que conectaba Burgos con Sevilla.[59]

Protección política y diplomática

En lo que respecta a la protección política, el Gobierno portugués dio toda clase de facilidades de movimiento a los sublevados y toleró que su territorio fuera utilizado en la lucha contra la República.

Y a mediados de agosto, ya era una realidad la presencia en Portugal de un número considerable de monárquicos españoles que se movían con tanta libertad como si se encontrasen en la zona nacional. Los oficiales de Franco penetraban en territorio portugués con absoluta libertad. Llevaban armas y portaban banderas. Incluso patrullaban las zonas fronterizas buscando republicanos fugitivos a los que, con la ayuda de la policía portuguesa, se entregaba a las autoridades de Burgos.[60] Pero hubo muchas más concesiones políticas. El general Sanjurjo vivió en Portugal durante todo el período de preparación de la sublevación y los enlaces de Mola tuvieron toda clase de facilidades para comunicarse con él (Jackson, 1967:211). Lisboa no tramitó la petición que le hizo el Gobierno republicano de prohibir la salida de Sanjurjo el 20 de julio para asumir la jefatura de la sublevación. Y por otra parte, el agregado militar de la República en Lisboa fue declarado «persona non grata» por el Gobierno portugués.[61]

Como respuesta a lo que estaba sucediendo en Lisboa, la presión contra lo portugués en el territorio republicano era también muy alta. Hasta el punto de que en agosto de 1936 el encargado de negocios de Portugal en Madrid, ante la tremenda hostilidad que percibía hacia su persona, tuvo que tomar la decisión de quemar los archivos de la embajada y trasladarse a Alicante, donde había barcos portugueses que podían acogerle (Suárez, 1999:424).

Pero la protección política que otorgó el Gobierno portugués al de Burgos apareció con toda su crudeza en el trato dado a Claudio Sánchez-Albornoz, embajador de la República española en Lisboa de mayo a octubre de 1936. Porque fue notorio que en Lisboa se le sometió a toda clase de vejámenes y humillaciones, presionándole para que abandonara su cargo. Sánchez-Albornoz dejó escritas notas muy amplias sobre su actividad como embajador, con observaciones día a día, sobre la presión a que fue sometido y el desprecio con que fue tratado. Estas notas permiten hoy profundizar en lo que, desde su punto de vista, fue realmente el grado de colaboración del Gobierno portugués con los sublevados.[62]

Sánchez-Albornoz llegó a Lisboa el 15 de mayo de 1936 como embajador de la República española con el mandato expreso de «intentar arreglar las deterioradas relaciones de la República con el régimen Salazarista». Como representante de la República ante un Gobierno dictatorial que había ido endureciendo sus relaciones con el Gobierno de Madrid, su entrada en Lisboa fue un pequeño escándalo, que vino a empeorar el ánimo con que había salido de Madrid.[63] A su llegada, la estación se convirtió en el centro de una manifestación contra el Gobierno de Portugal. Previéndolo, las autoridades habían desplegado una fuerza policial de 3.000 hombres. El embajador fue recibido con aplausos y vítores a la República, hechos por los que algunos manifestantes fueron detenidos (Ruipérez 1995:65).

El 28 de julio de 1936 el embajador recibía un telegrama firmado por el presidente de la Junta de Defensa Nacional, Miguel Cabanellas, en el que se le comunicaba haber sido destituido como embajador, así como la orden de entregar la embajada al diplomático más antiguo. No lo hizo, pero, a partir de ese momento, y según relatan sus notas, la vida se le fue haciendo cada vez más complicada por la actitud permanente y crecientemente favorable del Gobierno portugués hacia la sublevación militar en España. «La simpatía con que el Gobierno portugués y las clases conservadoras que le sostienen presenciaron el alzamiento militar de España no ha sido paliada por hipócritas gestos. Desearon la victoria de las tropas sublevadas desde el primer instante y creyeron pronto en su victoria», escribía al ministro de Estado de la República el día 6 de agosto de 1936. Se quejaba también al ministro sobre la actitud hostil de los altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando acudía a expresar sus quejas ante alguno de ellos. El funcionario de turno escuchaba las quejas del embajador, «prometía atenderlas, pero la esfinge de Salazar en el misterio de su retiro seguía adelante con su política».[64] Sin embargo, el embajador no estaba solo:

Yo tenía ya organizado mi servicio de información. Lo amplié y sin esfuerzo. Son legión los republicanos españoles y los portugueses adversos a la actual situación que me han informado y me informan a diario. He conocido no sólo lo sucedido en aeródromos, bases navales, cuarteles y redacciones de periódicos sino hasta en las secretarías de propaganda o en las del Ministerio de la Guerra (Martín, 1995:113).

De todas maneras, al final, Sánchez-Albornoz quedó tan aislado que incluso, y como cuenta él mismo, los republicanos dejaron de visitarle.[65]

La lista de los múltiples incidentes contra la embajada, tratando de impedir su actividad y forzar al embajador a abandonar su puesto, fue inmensa, y de ello se da cuenta en el amplio relato que se contiene en sus notas.[66] Fueron secuestrados dos funcionarios de la embajada. Se ocuparon los consulados de distintas ciudades por fuerzas sublevadas, que se movían, con toda libertad y sin ninguna dificultad, por todo el territorio portugués. El embajador y el resto de los diplomáticos fueron insultados y amenazados reiteradamente. Un falangista llegó a entrar en la embajada y a amenazar de muerte al embajador y a sus hijos.[67] Y, desde luego, controlaban sus teléfonos.[68]

Como él mismo contó:

Antes de romper relaciones con Madrid el Gobierno de Salazar intentó moverme a que yo decidiera motu proprio abandonar la embajada. Para lograrlo ejerció cuantas presiones pudo imaginar que me decidirían a ello. Me demostró que conocía todas mis relaciones con mi Gobierno, enviándome descifrados los telegramas cifrados que llegaban para mí. Ordenó al banquero con que trabajábamos que no me pagara los cheques que tenía pendientes como embajador y de tal manera apretó los tornillos que tuvieron miedo de ayudarme los mayores enemigos de Salazar.[69]

Las amenazas a funcionarios y profesores que trabajaban en Portugal por cuenta de la República fueron forzando a éstos, bajo coacciones de todo tipo, a abandonar sus puestos.[70] El 21 de septiembre de 1936 el embajador comunicaba al ministro de Estado que todos los consulados de España, excepto el de Lisboa, estaban ya al servicio de Burgos, por haber sido ocupados por los sublevados con el beneplácito del Gobierno portugués. «Me permito insistir en esta manifestación para que ese Gobierno tome las providencias oportunas sobre la validez en Francia y en los otros países amigos de los pasaportes expedidos por tales Consulados»[71].

La realidad era que el Gobierno portugués había mantenido en el más absoluto ostracismo al embajador del Gobierno de Madrid,[72] así como que oficiales del ejército de Burgos y colaboradores celebraban con regularidad reuniones públicas en los mejores hoteles de la ciudad, circulando libremente por Lisboa y otras ciudades portuguesas (Díaz Nosty, 1977:308). Sánchez-Albornoz resistió. «Sólo por servir a la República y evitar el reconocimiento de la Junta de Burgos, que mi marcha de Lisboa llevaría aparejada en un plazo de horas, soporto los vejámenes a que estoy sometido»[73]. Pero se encontraba cada vez más solo.

Permanecí empero firme en mi puesto hasta el final. Hasta que Texeira de Sampayo, subsecretario de Relaciones Exteriores, me entregó la nota diplomática de ruptura al mismo tiempo que los antiguos diplomáticos ocupaban la cancillería (Sánchez-Albornoz, 1976:217).

Sánchez-Albornoz abandonó la embajada en el mes de octubre de 1936, cuando el Gobierno portugués rompió las relaciones con el Gobierno de la República. Antes de recibir la notificación oficial, un grupo de españoles se presentó en la embajada con el propósito de hacerse cargo de ella (Medina, 1986:80).

Con su marcha, la presencia oficial del Gobierno de la República en Portugal desapareció.[74] Pero inexplicablemente el Gobierno republicano, y especialmente Azaña, quedaron defraudados por la ejecutoria y comportamiento de Sánchez-Albornoz como embajador. Azaña, que no respondió a sus cartas desde Francia, cuando le recibió en España le reprochó el incumplimiento de sus obligaciones públicas con el régimen, con España y políticamente con él mismo. También su errada conducta y su deplorable ejemplo dentro y fuera de España (Azaña, 1981, vol. 2:226-227).[75]

El Gobierno portugués prestó también una inapreciable ayuda al Gobierno de Burgos en el terreno diplomático, poniendo de relieve ante el mundo el peligro que representaba la sovietización de España. E incluso llegó a solicitar de Francia y Gran Bretaña garantías sobre la integridad del territorio portugués, ante la intervención soviética en la península Ibérica.[76]

Por lo que a la asistencia diplomática se refiere, en todo momento se mostró muy activo, dificultando el pacto de no intervención, respecto al cual, además de no cumplirlo después de adherirse muy tarde, boicoteó sistemáticamente el proceso. Lo hizo debatiendo cuestiones concretas y negándose a adherirse a algunas, como la propuesta del mes de diciembre de mediación en el conflicto español por medio de elecciones. Importante fue, sin embargo, la razón esgrimida cuando justificaba su posición diciendo:

La cesación de la lucha por cualquier forma que no sea la de la victoria ineludible e indiscutible de alguno de los contendedores, seguida de aquel Gobierno fuerte pero generoso de que carece España, es aliviarla de una calamidad grande sin duda, para dejarla aplastar en poco tiempo por otra mayor.[77]

Desde luego, desempeñó un papel importante defendiendo los intereses del Gobierno de Burgos cerca del comité de no intervención de Londres, cosa que hizo en todo momento. Aunque Portugal cuidó mucho la apariencia de sus relaciones con España porque, tal como se ha dicho con anterioridad, le preocupaba su relación con Gran Bretaña. Por ello, se medían muy bien los pasos que se daban a favor de los sublevados. Así, en septiembre de 1936, y mientras todavía mantenía relaciones oficiales con la España republicana, el Gobierno portugués, para salvar las apariencias, pedía formalmente explicaciones a la Junta de Defensa Nacional por algunas violaciones de su territorio. Ésta fue la primera vez que las autoridades portuguesas se dirigieron oficialmente a la Junta constituida en Burgos, considerando que era la autoridad que ejercía de hecho la administración del territorio fronterizo. De ello resultó, con independencia de que formalmente fuera una queja, que esa reclamación constituyó un verdadero reconocimiento de facto de la Junta como Gobierno de España.

En todo caso, la diplomacia salazarista mantuvo constante el objetivo de lograr una mayor aproximación entre España y Gran Bretaña y de no permitir que Alemania e Italia consiguieran una «posición hegemónica» cerca del Gobierno de Burgos.

Salazar había prometido al general Franco reconocer a su Gobierno, como el único y legítimo de España, una vez que lo hubieran hecho Italia y Alemania. Éstos lo hicieron el 18 de noviembre de 1936, pero el primer ministro portugués no cumplió su palabra hasta el 11 de mayo de 1938. De esta manera Salazar formalizaba la ayuda económica, militar y humana que Portugal estaba concediendo a los sublevados desde que comenzó la guerra. Ante Franco, Salazar justificó esta demora diciendo que sentía «no poder declarar el reconocimiento prometido a causa de la fuerte presión que ejercía Inglaterra». Añadió que «Portugal no ayudaría menos a España por todos los medios, porque una España roja tendría como consecuencia un Portugal rojo» (Vegas Latapié, 1987:326).[78]

El Gobierno portugués ayudó también mucho los sublevados con sus declaraciones públicas. Así, cuando Lisboa llamó a su representante para declarar rotas las relaciones con la República española, la justificación oficial que se dio a esa ruptura fue la incapacidad del Gobierno de la República para garantizar la seguridad de los diplomáticos y las violaciones la inmunidad de éstos y de su correspondencia.

Por otra parte, el régimen de Salazar fue siempre muy tolerante con las organizaciones prosublevados que habían ido montando los españoles en territorio portugués. De tal manera que, a su amparo, el grupo de Gil Robles, junto con funcionarios que habían desertado de la embajada republicana, y que habían formado un cuerpo diplomático y comercial, fue reconocido por el Gobierno portugués como la legítima representación de España.[79]

El 15 de mayo de 1937 se firmó en Salamanca el primer tratado comercial entre Portugal y la España «nacional», reglamentando las relaciones entre ambos países. Por él se establecía una cuenta de compensación en el Banco de Portugal en Lisboa para instrumentar el desarrollo financiero de esa colaboración. Ese tratado se tradujo en un creciente déficit de España con el Gobierno de Salazar. Se calcula que en marzo de 1938 el endeudamiento español ascendía ya a unos 16 millones de escudos y que miles de toneladas de alimentos, medicinas, maderas y armas entraban a la zona nacional a través de la frontera hispano-portuguesa (Iglesias, 2005:32-33).

Ayuda a la formación de una opinión pública favorable

La asistencia de Salazar a los sublevados fue también notable en cuanto a la formación y mantenimiento en la sociedad portuguesa de un estado de opinión favorable a los que el 18 de julio se habían «levantado en armas» contra la República. En primer lugar, el Gobierno portugués desplazó a España el mayor número de corresponsales de guerra que pudo, con la consigna de que se defendiera la causa de los sublevados y se publicitaran adecuadamente su ejecutoria y sus éxitos.[80] Para ello, los corresponsales portugueses contaron cerca del Gobierno de Burgos con más facilidades de las que dispusieron los periodistas de otros países. En todo caso, la decisión de mandar periodistas concretos no correspondía al periódico, sino al Secretariado de Propaganda Nacional, tras las propuestas de ésos. Y cada periodista necesitaba un salvoconducto de la representación del Gobierno de Burgos en Lisboa.[81]

En otro orden de cosas, el Gobierno portugués, desde antes del 18 de julio, había ido incrementando su intervención sobre la prensa, y el presupuesto de «propaganda» se reforzó notablemente en lo que se refería a los servicios de censura. Complementariamente, diversas medidas tendieron a ahogar económicamente a los periódicos que no cambiaron su orientación ideológica para acomodarse a los principios del «Estado Nuevo». Y se crearon nuevos medios de comunicación para servir a los intereses de la Dictadura. Después del 18 de julio, y resucitando el viejo mito del peligro español, se puso en marcha una campaña acusando a la Segunda República española de promover la revolución internacional y de ser un «satélite» de Moscú con pretensiones territoriales sobre Portugal (Pena, 1998a:448 y 2009:65).

Como resultado, prensa, radio y cine se pusieron del lado de los sublevados desde el primer día, y la cobertura que realizaron los informadores portugueses fue una de las más completas entre las realizadas por los periodistas de cualquier otro país. El embajador Nicolás Franco manifestaba en mayo de 1938 su admiración por los corresponsales portugueses «de los que se sentía orgulloso como español, porque habían sabido cumplir con su “misión”».[82] El Gobierno portugués puso también toda su infraestructura informativa al servicio de los sublevados, y la censura cortó todas las informaciones que resultaban perjudiciales para la imagen del Gobierno de Burgos, como denunciaba Sánchez-Albornoz.[83] Por otra parte, la tirada de los principales diarios creció notablemente, distribuyéndose en España, y no sólo en las zonas fronterizas sino también en lugares alejados, utilizando siempre el eslogan de que el modelo que pretendía instaurar el general Franco en España era el introducido por Salazar en Portugal.[84]

Por otra parte, las emisoras portuguesas, fundamentalmente Rádio Clube Português y Emisora Nacional, prestaron en los primeros y decisivos meses de guerra un apoyo propagandístico y logístico notablemente importante a los sublevados. Aumentaron la potencia de sus antenas, pasaron a transmitir en español, y pusieron en contacto a los rebeldes del norte y del sur de España. Ambas estaciones radiofónicas se alinearon completamente con la causa del bando rebelde, intensificando al máximo su propaganda a favor del franquismo (Faria, 2004:260-261).[85]

Como era lógico, todo ello se utilizó también para promover la ayuda civil a los sublevados, organizándose campañas solicitando donativos a la sociedad portuguesa, en efectivo o en especie, que luego eran remitidos a poblaciones españolas en largas caravanas de camiones. También se suministró ayuda técnica para reparar emisoras averiadas en territorio conquistado por el bando sublevado. No hay duda de que la intervención ideológica y propagandística del «Estado Nuevo» portugués entre 1936 y 1939 fue crucial para mejorar la imagen exterior del Gobierno franquista (Pena, 1988a:450 y ss.).

VII
El sistema financiero de la República

REORDENACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Este capítulo trata de analizar cómo se formuló y cómo operó el sistema financiero republicano a lo largo de los casi 33 meses que duró la guerra civil española. Se está hablando del territorio que, en cada momento, dependía del Gobierno de la República y de la actividad de todos los integrantes del sistema financiero. Fundamentalmente, al comportamiento del Gobierno central como tal, porque en el capítulo siguiente, «La hora de las independencias en la República», se analizan los sistemas específicos de los Gobiernos regionales que operaban bajo la dependencia del Gobierno central, como el Gobierno vasco, el de la Generalitat y otras instituciones regionales que, de hecho, se convirtieron durante la guerra en verdaderos enclaves autonómicos que llegaron a disponer de regulación financiera propia.

Este capítulo se refiere también, y muy especialmente, a la actuación del Banco de España.[1] A cómo la República se vio obligada a reordenar apresuradamente su administración económica a la luz de los nuevos problemas que planteaba la sublevación. Cómo interpretaron las autoridades monetarias republicanas esos problemas, y de qué mecanismos dispusieron para reordenar el sistema. Cómo se enfrentaron al «poder de la calle» y al proceso de incautaciones que se inició desde el primer momento. Cómo funcionaron los instrumentos del Gobierno para planificar, frente a un cambio tan radical, la política económica y financiera. Y, desde luego, a los resultados que se dedujeron de esas políticas.

Iniciada la sublevación, el Estado republicano mantuvo en los primeros momentos la apariencia de continuidad institucional, conservando la estructura administrativa y funcional anterior al 18 de julio.[2] Hasta tal punto, que el Gobierno que se formó el mismo 19 de julio, presidido por José Giral, estaba compuesto exclusivamente por ministros que procedían de partidos republicanos, sin participación de las fuerzas obreras. Y es significativo observar que, dentro de ese contexto, los departamentos económicos quedaron en manos de los mismos ministros que en el anterior Gobierno.[3]

Una continuidad en el poder que pronto quedó rota porque, en el clima de agitación de los primeros meses, las organizaciones obreras no dudaron en tomar el control de los medios de producción en todo el territorio que quedó en poder de la República. Las únicas excepciones fueron el País Vasco y algunas pequeñas empresas, cuyos patronos, de partidos de «izquierdas», quedaron al frente de ellas. Lo mismo sucedió en el campo, donde la ocupación de las grandes propiedades, y de algunas que no lo eran tanto, fue completa, a partir de un acusado fenómeno de colectivización y sindicalización. Y por ello, pronto la estructura gubernamental ya no se correspondió con la realidad de la calle.

Como reacción, y en un primer intento por encauzar el proceso y recuperar el control de la situación, especialmente del complejo fenómeno de las incautaciones, el Gobierno decretó la intervención de los servicios públicos y de las empresas abandonadas por sus propietarios. Lo hizo por sucesivas normas que culminaron en el decreto del 30 de agosto de 1936 (Gaceta de Madrid, 31 de agosto), por el que el Estado intervino «todas las Sociedades, sean mercantiles o de carácter civil que tengan por objeto realizar operaciones de crédito, producción o consumo». En adelante, serían controladas por el Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado.

Para desarrollar esta política, el Gobierno de la República creó un «Comité de Intervención de Industrias» que, en realidad, fue el primer intento serio de recuperar el control de las requisas y colectivizaciones llevadas a cabo en los sectores productivos más importantes por parte de comités sindicales y de organismos locales del Frente Popular. Previamente, se había creado en Madrid un Comité de Intervención Provisional de «industrias abandonadas»,[4] aunque ello no pasaba de ser un eufemismo para referirse a empresas incautadas directamente por los trabajadores. Se justificaba esa medida explicando que para «llegar a la normalización de todas las actividades industriales», era absolutamente indispensable la intervención del Estado, especialmente en las empresas que afectaban a servicios públicos. El Comité de Intervención de Industrias abandonadas ejercía «el control de todas las industrias» y asumía la dirección inmediata de aquellas que consideraba necesarias. Y así quedaron teóricamente intervenidas todas las compañías distribuidoras de agua, gas y electricidad, los ferrocarriles, los teléfonos y la Campsa.

Pero la creciente incompatibilidad entre la realidad social e institucional exigió la creación de un nuevo Gobierno,[5] y especialmente el nombramiento de un nuevo ministro de Hacienda, Juan Negrín. Éste asumió como objetivo la incorporación de las distintas corrientes políticas fieles al sistema republicano, incluidas las fuerzas nacionalistas y organismos regionales autónomos que habían surgido desde el 18 de julio. Y de esta manera, Negrín se hizo cargo de un ministerio verdaderamente crucial, y a partir de aquel momento se convirtió en una de las figuras políticas más destacadas del campo republicano.[6] Su principal objetivo fue poner orden en las incautaciones e intervenciones espontáneas de los primeros meses y controlar los profundos cambios institucionales que vivía la España republicana, que obligaban a acentuar la intervención gubernamental sobre las actividades económicas.

El gran problema de la República en aquel otoño de 1936 era la recomposición de la unidad de dirección económica, porque los ministerios habían sido repartidos de acuerdo a criterios esencialmente políticos, entre partidos cuyo proyecto de sociedad no alcanzaba mínimos de coincidencia doctrinal, lo que hacía que la tensión fuera continua. En principio esa situación había tratado de corregirse con el pacto electoral del 15 de enero de 1936, un programa de gobierno acordado entre los partidos republicanos y obreros del Frente Popular, que fijaba oficialmente los objetivos que perseguía el grupo que ganó las elecciones. Pero el Gobierno, como se ha dicho, no estuvo acertado en la distribución de los ministerios entre partidos, aunque el peso de la cartera de Hacienda, en manos de Negrín, fue muy notable. Ello permitió que el control de las áreas fundamentales de la economía se mantuviera en todo momento en manos de ese ministerio, lo que hizo posible una cierta coordinación de la actividad gubernamental. Y fue esta posición de fuerza la que permitió que Negrín pudiera llevar a cabo una importante labor de reordenación del sistema financiero y monetario, y someter al Banco de España a la tutela de ese ministerio sin modificar su estatuto legal.[7]

En noviembre de 1936 se crearon dos nuevos organismos, ambos dependientes del Ministerio de Hacienda, que en los siguientes meses serían piezas indispensables para la recuperación por el Estado de los resortes fundamentales de la economía republicana: la Dirección General de Economía y la Comisaría General de la Economía. A la primera se le encomendó «coordinar y unificar los distintos factores económicos del país», y la segunda recibió el encargo de pilotar la «perfecta coordinación entre las funciones que corresponden a los Ministerios de Hacienda, de Agricultura e Industria y Comercio… en cuanto a la regulación y financiación de la producción y el comercio exterior». El control exterior se reforzó con la reorganización del Cuerpo de Carabineros, que se colocó bajo la dependencia directa del Ministerio de Hacienda, y con la reclamación urgente y terminante para el Gobierno central de las competencias que se encontraban dispersas del servicio de fronteras y organismos relacionados con el comercio exterior, lo cual no resultó nada sencillo.[8] El control de divisas permaneció en manos del Centro Oficial de Contratación de Moneda. Negrín creó también los «comités de participación triple», con representantes de los accionistas, trabajadores y el Estado en la banca y los seguros. Y puso en práctica una política de créditos al Ministerio de la Guerra y a empresas de sectores importantes de la retaguardia.[9]

Adicionalmente, y ante la imposibilidad de desarrollar con normalidad las tareas de administración en Madrid, en una zona casi en primera línea de guerra, el Gobierno se trasladó a Valencia.[10] También se trasladaron a Valencia los servicios centrales del Ministerio de Hacienda, Campsa y Tabacalera, el Consejo Superior Bancario, el Banco de España y el Centro Oficial de Contratación de Moneda, así como la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas.[11] Y ya instalados en la capital levantina, el cuadro de los organismos coordinadores de la actividad económica se completó con la creación de las direcciones generales de Comercio Interior y de Comercio Exterior.[12]

La crisis de mayo de 1937 en Barcelona y la sustitución de Largo Caballero por Negrín al frente del Consejo de Ministros fueron cruciales en la orientación de la economía republicana de los dos años finales de la guerra, porque la reorganización ministerial de éste fue rotunda. Reunió bajo su mando la presidencia del Consejo y la cartera de Hacienda, y la distribución de las funciones ministeriales se hizo a la medida de la nueva orientación. El resultado fue que tanto los representantes del ala izquierda del PSOE como los anarquistas desaparecieron del Gobierno.

A partir de este momento, el objetivo fue la recuperación de los resortes del poder que aún mantenían los sindicatos y los Gobiernos autónomos. Y la coordinación efectiva de todos los recursos en manos de la República constituyó la tarea fundamental de los gabinetes presididos por Negrín. En todo caso, el traslado en octubre de 1937 del Gobierno a Barcelona[13] ocasionó frecuentes roces y enfrentamientos con la Generalitat, hasta tal punto que en agosto de 1938 se produjo la salida del gabinete de los ministros de Esquerra y del PNV. Y a finales de ese año ya había comenzado el cambio del objetivo de colectivización por el de nacionalización, e incluso la devolución de empresas a sus antiguos propietarios.[14]

Así pues, la organización institucional del Estado republicano pasó por diferentes fases durante los casi tres años que duró el conflicto bélico. En los primeros meses, el organigrama político saltó en pedazos, perdiendo el Gobierno central espacios de soberanía, no sólo a favor de los sublevados, sino también a favor de las organizaciones obreras y de los Gobiernos autónomos. Desde el otoño de 1936 se produjo una paulatina recuperación de los espacios perdidos, lo que a veces tuvo que resolverse por las armas, como fue el caso de Aragón. Y a mediados de 1937, en una zona sin duda ya muy reducida respecto al reparto territorial de julio de 1936, la pugna por las competencias se estableció entre el Gobierno central, que estaba consiguiendo a costa de grandes esfuerzos recomponer un aparato administrativo cada vez más eficaz, y la Generalitat, que defendió duramente, y hasta el final, sus prerrogativas.

EL RETRASO DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE GUERRA

Muchas de las vicisitudes, actuaciones aparentemente no explicadas, y dudas sugeridas al repasar la actividad de las instituciones gubernamentales durante la guerra tienen su justificación en el hecho insólito de que la República no decretó el estado de guerra hasta el 23 de enero de 1939,[15] prácticamente terminada ya la contienda.

En esta fecha, y de acuerdo con lo dispuesto en la constitución vigente, se declaraba tal situación en todo el territorio sometido a la jurisdicción de la República. Y como en todo estado de guerra, las providencias que entonces se tomaron fueron numerosas y excepcionales. Se prohibía la formación y circulación de grupos de tres o más personas, que serían disueltos por la fuerza si se resistían. Se prohibía aproximarse desde la puesta a la salida del sol a las vías férreas, de energía eléctrica y conducción de agua o a cuarteles. Se consideraban rebeldes o sediciosos los movilizados que no se presentaran en las fechas y lugares señalados. Y se repelerían por la fuerza, sin previa intimidación, todos los actos de violencia realizados contra cuarteles, polvorines o dependencias militares. En todo caso, los delitos de traición, espionaje, rebelión, sedición y los orientados a resistencia a la autoridad y a sus agentes serían sometidos a la jurisdicción de guerra. El 11 de febrero se restablecía en Madrid la residencia oficial del Gobierno de la República.[16] Y el 5 de marzo, en virtud de haberse declarado el estado de guerra, y ante la necesidad de asumir funciones fundamentales del Estado, se disponía la constitución del Consejo Nacional de Defensa.[17]

Desde luego, la declaración del estado de guerra era tardía. Pero cualificados republicanos habían solicitado en distintos momentos de la contienda la declaración formal del estado de guerra. Entre otros Prieto, que a finales de marzo de 1938, en el momento de su cese como ministro de Defensa, planteaba la paradoja que representaba que «en la guerra más cruenta y espantosa que ha padecido España, haya dejado de declararse el estado de guerra» (Prieto, 1989a:74). Antes, en 1937, un grupo de militares encabezado por el general Rojo sugerían al Gobierno «declarar el estado de guerra». Y, a partir de ese momento, esta petición se repetiría una y otra vez (Rojo Ramírez, 2006:154). El general recuerda en su libro ¡Alerta a los pueblos! su desazón ante el comportamiento de los políticos que no aceptaban su petición de declaración del estado de guerra, lo que podía facilitar su trabajo en el frente. El general se preguntaba si esos políticos preferían el triunfo de Franco antes que esa declaración (Rojo, 1974).

Pero no hubo declaración formal del estado de guerra hasta muy poco antes de que ésta terminara. Sí hubo una variada secuencia de otras declaraciones de estados de excepción. El 17 de febrero de 1936 se había decretado el «estado de alarma».[18] El mismo día de la sublevación, el 18 de julio, un decreto de Manuel Azaña[19] anuló la declaración del estado de guerra que se había hecho por los sublevados en algunas plazas de la Península, Marruecos, Baleares y Canarias. Y, a finales del mismo mes, la Presidencia del Consejo de Ministros de la República autorizó al ministro de la Guerra para declarar «zonas de guerra» a aquellas partes del territorio afectadas por las operaciones militares contra los rebeldes.[20] Hubo más medidas sobre situaciones extraordinarias. El 25 de julio de 1936 un decreto firmado por Manuel Azaña dejaba en suspenso las disposiciones contenidas en el capítulo V de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública del 1 de julio de 1911 para contratación de todas las obras, suministros y servicios, que el Gobierno declarara perentorios y urgentes, con destino a los institutos armados (Gaceta de Madrid, 27 de julio de 1936).

No tiene explicación que la declaración de guerra se demorara prácticamente hasta ya finalizada ésta. Y no la tiene el que esa declaración fuera acompañada de toda la parafernalia con que se hizo. Porque, e independientemente de otros aspectos negativos que pudo tener ese retraso en cuestiones como la estrategia militar o los planteamientos internacionales, está claro que tuvo influencia en dos aspectos muy concretos de la actividad financiera. Uno lo constituyó el hecho de que, una falta expresa de declaración de guerra, obligó a la República, en el orden presupuestario, a mantener hasta el final la ficción de que su Gobierno tenía que presupuestar, tanto en el orden de los ingresos como en el de los gastos, la cobertura de todo el territorio nacional, independientemente de cuál fuera en cada momento la zona sobre la que ejercía realmente su autoridad. Y esto obligó a mantener unos presupuestos ficticios, privando al Gobierno republicano, como más tarde se verá, de un instrumento tan valioso para la planificación financiera como los Presupuestos Generales del Estado. Y privando también a los historiadores de una magnífica fuente de información. Por otra parte, la no existencia de declaración del estado de guerra impidió que el Banco de España pudiera definir con toda precisión sobre qué territorio estaba operando formalmente, y cuáles eran los límites y los condicionantes de su propio balance, lo que constituyó un grave problema.

Posiblemente hubo más efectos negativos desde el punto de vista financiero. Pero sólo estos dos ya fueron suficientes para perturbar, dentro de la anormalidad del momento, lo que podía haber sido un normal discurrir de la actividad financiera republicana por cauces más disciplinados.[21]

POLÍTICA MONETARIA

Es evidente que al principio de la guerra no se preveía la posibilidad de un largo enfrentamiento. Y por lo tanto, la idea de una ruptura en lo monetario no llegó ni a plantearse. El resultado fue que en los cuatro primeros meses de la contienda sólo existió en España un signo fiduciario y el dinero en poder de los residentes de la zona republicana se iba incorporando directamente a la circulación monetaria de la zona controlada por el Gobierno de Burgos, a medida que se producían las sucesivas ocupaciones territoriales.

Sin embargo, una vez que se tomó conciencia de la posibilidad de una larga guerra, no quedó más remedio que acomodar a ello las diferentes estrategias. Y la ruptura formal de la unidad monetaria se produjo antes de terminar 1936, porque en noviembre de ese año la estabilización militar en el frente de Madrid era ya un hecho que hacía evidente que la contienda se iba a prolongar más tiempo del previsto. Así lo contó Larraz (1938:1):

… el Gobierno Nacional rompe la comunidad dineraria con el Gobierno marxista, mediante el estampillado de los billetes circulantes en su territorio y los que radicando en el extranjero con guía de exportación, quisieran acogerse a su jurisdicción. Al estampillado, siguió unos meses después el canje por billetes de nueva emisión y formato distinto. De esta manera, la separación monetaria jurídicamente acordada se materializó exteriormente. El Gobierno rojo aceptó la separación de los dos dineros… De la extinguida comunidad monetaria salían pues independizadas dos monedas opuestas, dos pesetas diferentes símbolos de políticas económicas adversas y de civilizaciones incompatibles.

A partir de este momento, España se encontró con dos políticas monetarias, dos monedas, que sirvieron de marco financiero a cada una de las dos zonas durante todo el período de la contienda. Y dentro de las líneas generales de esas políticas, la evolución del conflicto condicionó de manera diferente las respuestas dadas, desde cada bando, a los distintos problemas económicos.

En un primer momento, bien porque todavía se pensaba que la guerra iba a ser corta, bien porque se pusieron en práctica soluciones automáticas «de manual», la atención se centró en salir al paso de un más que previsible movimiento de pánico, peligroso para la estabilidad y solvencia de las entidades de crédito y para la credibilidad política de cada sistema.

En cuanto a la República se refiere, sólo un día después de la sublevación se publicó un decreto urgente limitando la actividad financiera:[22]

Las circunstancias actuales, de todos conocidas; la necesidad de poner coto a pánicos en nada justificados, que podrían dar lugar a depresiones absolutamente contrarias a lo que demanda la serenidad de los momentos presentes, aconsejan limitar o suspender, aunque por breve plazo, las operaciones de carácter mercantil que impliquen movimiento de fondos en los establecimientos de crédito… Se suspenden en toda España, por cuarenta y ocho horas, las operaciones y funcionamiento de las Bolsas de Comercio. Durante este plazo, los Agentes de Cambio y Bolsa ni los Corredores de Comercio autorizarán pólizas ni otro cualquier documento que produzca transacciones sobre efectos públicos y valores mercantiles.

Además hubo que enfrentarse desde el primer momento al riesgo de retiradas masivas de fondos del sistema bancario. Y el 19 de julio, que cayó en domingo, un decreto limitaba a 2.000 pesetas la cantidad máxima a retirar, durante el plazo de 48 horas, de las «cuentas corrientes, depósitos o Cajas de Ahorros en los Bancos o entidades de crédito de cualquier clase en toda España». El martes siguiente se prorrogó la limitación por cinco días más, con la excepción de las retiradas de fondos que realizaran el Tesoro, las corporaciones públicas, la Caja Postal y el ejército, a quienes se permitía disponer de sus fondos sin limitación. También se permitió rebasar el límite de 2.000 pesetas a las empresas para pago de salarios y a los bancos en sus disposiciones en el Banco de España para atender las demandas de sus clientes. Los particulares seguían sometidos a la restricción fijada, reduciéndose la disposición máxima a 500 pesetas si ésta se hacía en cajas de ahorros (decreto del 21 de julio de 1936, Gaceta de Madrid, 22 de julio).

A una semana de la sublevación, y ante la eventualidad de que el conflicto tuviera una duración mayor de la prevista, el Ministerio de Hacienda decidió tomar medidas complementarias, en orden a solventar los estrangulamientos que ya comenzaban a producirse. El decreto del 26 de julio (Gaceta de Madrid, 27 de julio) prorrogaba la restricción de disponibilidad de fondos hasta el 2 de agosto, pero flexibilizándose las prohibiciones cuando hubieran de realizarse pagos al contado en empresas, clases pasivas o pago de impuestos. Y por lo que a la banca se refería, se permitían «operaciones de compensación, transferencias, giros y abonos en cuenta de clientes, que se realicen tanto dentro de un establecimiento bancario como entre Bancos». El control sobre el exacto cumplimiento de todo lo dispuesto quedó encomendado a «los profesores mercantiles al servicio de la Hacienda, o funcionarios públicos designados al efecto».

Estas limitaciones se fueron renovando en los meses de agosto y septiembre, regulándose cada vez con mayor detalle, y extendiéndose la prohibición a las cajas de alquiler de los particulares, que fueron inhabilitadas para ingresar en ellas billetes y monedas. Con respecto al metálico existente con antelación en dichas cajas, se permitió su disposición siempre que fuera por traspaso directo a una cuenta corriente bloqueada. La libre disposición de saldos se restringió aún más el 2 de agosto, fecha en que las cifras máximas se reducían a la mitad para quienes hubieran dispuesto ya de cantidades superiores a la mitad de lo establecido como máximo. Y la regulación cambió de nuevo a mediados de ese mes, ampliándose el 16 de agosto el límite a 4.000 pesetas, cantidad que se elevó hasta 6.000 pesetas el 30 de agosto, prohibiéndose toda retirada de fondos a quienes hubieran rebasado los límites.[23] Y un decreto (12 de septiembre, Gaceta de Madrid del día 13) prorrogó las medidas por un mes, hasta el 15 de octubre.

A partir de ese momento los decretos se fueron prorrogando mensualmente. Las cantidades máximas fijadas fueron de 1.000 pesetas en cuenta corriente y el 10% del saldo en las cuentas de ahorro (hasta un máximo de 1.500 pesetas) para cada período de diez días, protegiéndose el cumplimiento de estas medidas con multas de hasta 50.000 pesetas. Esta política se consolidó en los meses siguientes, con dos salvedades importantes: la autorización para realizar transferencias de fondos entre Madrid y las plazas de levante, que deberían efectuarse con intermediación del Banco de España,[24] y la concedida a los comerciantes e industriales de mantener en sus negocios las cantidades necesarias para su actividad normal. A partir de enero de 1937 las restricciones continuaron prorrogándose sistemáticamente mes a mes,[25] hasta el día 15 de enero de 1939.

La evasión monetaria era un problema anterior a julio de 1936. Y para hacerle frente, en el mes de marzo de ese año se estableció un estricto control sobre las exportaciones de oro, plata y divisas, y muy especialmente sobre los billetes del Banco de España (decreto del 16 de marzo). La medida no resultó efectiva, y la alarmante salida de billetes hizo necesario que el Ministerio de Hacienda reiterara la disposición en el mes de mayo (decreto del 16 de mayo). Otra medida para frenar la evasión de billetes fue la rebaja de 1.000 a 500 pesetas por persona del máximo disponible al salir al extranjero, y la limitación a diez del número de viajes. Para mayor control, los viajeros quedaban obligados a declarar en la aduana la cantidad de pesetas que volvían a introducir en el país.[26] El sistema se completó en junio con el restablecimiento de un juzgado especial para la persecución de los delitos de contrabando por evasión de capitales (decreto del 13 de junio de 1936).

El Gobierno republicano asumió muy pronto que la resolución del conflicto no iba a ser rápida, por lo que fue tomando una serie de decisiones. La primera y más importante fue la política de financiación seguida por las autoridades republicanas, que se caracterizó por la utilización del oro depositado en el Banco de España como medio de pago en el exterior. Y así el 24 de julio de 1936, seis días después de la sublevación, se autorizó al banco a vender oro hasta la cantidad de 25.220.000 pesetas. A partir de este momento siguieron las ventas hasta agotar todo el oro del Banco de España.[27]

La penuria de recursos obligó también a las autoridades monetarias republicanas a hacerse con todos los medios de pago susceptibles de ser utilizados. Y la primera medida fue decretar la obligación de todos los súbditos españoles de entregar al Banco de España el oro, las divisas y los valores extranjeros.[28] El Gobierno se limitó a incautarse de las divisas que los valores extranjeros producían como dividendos, pero no del derecho de propiedad, que en todo momento se reconoció a sus dueños. Y los bancos privados fueron obligados a remitir al Banco de España «relaciones de los valores extranjeros» que garantizasen operaciones de crédito y préstamo.

A finales de 1937, y durante 1938, diversas disposiciones[29] regularon con precisión la obligación de las sucursales extranjeras de los bancos españoles de poner bajo control del Gobierno de la República todos los valores con cotización en divisas. Y por último, el 16 de agosto de 1938 se autorizó al Banco de España a adquirir por cuenta del Tesoro la plata fina procedente de lingotes y de aquellos objetos que, aun siendo permitida su tenencia, quisieran ser vendidos por sus propietarios.

En octubre de 1936, ya se había acordado la retirada de las monedas de plata en circulación. Y se hizo con un argumento tan poco convincente como «la conveniencia de eliminar del mercado la moneda de plata de la Monarquía, sustituyéndola por otra cuyo nuevo cuño sea fiel expresión del ideal republicano». Sin embargo, la poca agilidad operativa de la Casa de la Moneda para cumplir con esta medida obligó a sustituir las monedas por certificados de plata de cinco y diez pesetas, con el mismo poder liberatorio de las monedas de idéntico valor facial. Como garantía, se ordenaba que el Banco de España conservara en sus arcas una cantidad de plata amonedada equivalente a los certificados que pusiera en circulación. Esta medida se instrumentó cuatro meses más tarde, proveyéndose al país «de certificados de plata en lugar de la plata divisionaria» (decreto del 22 de febrero de 1937).

Finalmente, en marzo de 1937 se decidió acuñar monedas de una y dos pesetas por valor de 100 millones (decreto del 19 de marzo de 1937), lo que coincidió con la primera emisión que se realizaba por el Gobierno de Burgos. La acuñación se hizo en cobre y aluminio, alegando que si se acuñaban monedas de plata se corría el riesgo de su exportación y, por lo tanto, de la pérdida de control sobre ellas por parte de las autoridades.[30]

A pesar de todo ello, el atesoramiento de monedas iba creciendo, por lo que la sustitución de moneda se amplió el 24 de diciembre de 1937 a las monedas de 50, 25 y 10 céntimos de peseta. Y el 31 de diciembre se ordenó a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la acuñación de monedas de 50 céntimos, pero otra vez, la poca agilidad operativa de la Casa de la Moneda hizo que las nuevas monedas de 50 céntimos tuvieran que ser sustituidas por certificados provisionales de moneda divisionaria, en una emisión de hasta 20 millones de pesetas. Respecto al resto de las monedas proyectadas, se optó por su sustitución por discos de cartón a los que se adherían timbres móviles y de correos, a los que se asignó el papel de monedas de curso legal.

Esta política reflejaba una tensa realidad monetaria, que se traducía en que el Gobierno de la República retiraba de la circulación los metales que podían dar valor intrínseco a la moneda, prometiendo emisiones de moneda fraccionaria que finalmente no se hacían. Al final todo ello hizo que los certificados de plata se convirtieran en la verdadera moneda fraccionaria.

En enero de 1938 la autoridad monetaria republicana tomó una decisión que puso de manifiesto su imposibilidad de mantener la apariencia de que el Banco de España era capaz de responder al incremento de una circulación fiduciaria que ya se le escapaba de las manos.[31] Y esa decisión fue limitar el privilegio de emisión del Banco de España a los billetes de más de 100 pesetas, residenciando en el Ministerio de Hacienda la emisión de billetes de 5, 10, 25 y 50 pesetas, así como los certificados provisionales de monedas divisionarias. Ello suponía asumir, por una parte, la impotencia para emitir moneda metálica, pero también el no querer cargar más en el balance del Banco de España partidas de circulante que estaban sobrepasando todos los límites legales.

Pero todos los esfuerzos del Gobierno central republicano en cuanto a la ordenación de la emisión de moneda fueron fracasando por los experimentos socioeconómicos surgidos en su territorio. A finales de 1938 el Gobierno republicano había vendido ya la totalidad del oro enviado a Moscú[32] y se había incautado de cuantos objetos de valor pudo encontrar en manos de los ciudadanos. Por otra parte, la peseta republicana había venido soportando el ataque frontal que supuso la política del Gobierno de Burgos del estampillado y la declaración de ilegalidad de los billetes emitidos en la zona republicana.

Simultáneamente a las medidas de control monetario, la ruptura que supuso el estallido de la guerra obligó a los dos bandos contendientes a declarar de forma inmediata una moratoria mercantil, atendiendo a la urgente necesidad de evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones comerciales terminara por conducir a las partes a una insolvencia general.

El Gobierno de la República tomó medidas urgentes sobre las transacciones comerciales, suspendiendo de forma inmediata «las operaciones de carácter mercantil que impliquen movimiento de fondos en los establecimientos de crédito» por medio de una moratoria de cuarenta y ocho horas en el vencimiento de efectos comerciales, y suspendiendo también la actividad de las bolsas de valores durante el mismo plazo.[33] La moratoria se fue prorrogando semanalmente con ligeras adaptaciones a las necesidades coyunturales de cada momento.

También se prohibieron toda clase de transmisiones de bienes muebles e inmuebles, salvo las expresamente autorizadas (decreto del 14 de agosto). La razón era poner freno a las incautaciones incontroladas y a la venta de propiedades robadas. Pero una prohibición tan estricta fue un nuevo golpe a un sistema económico ya de por sí enormemente frágil. Un golpe que no quedó suficientemente compensado por la autorización de abonar los cupones, dividendos y amortizaciones tanto de títulos de deuda como de valores mercantiles, ni por la autorización concedida unos días después a los bancos para cargar en las cuentas de deudores el importe de las letras aceptadas antes del día 15 de agosto, que fuesen representativas de créditos abiertos por el propio establecimiento al librado.

La moratoria, o «vacación de las Bolsas», como se la llamó, fue puesta en vigor como medida de urgencia similar a las restricciones en la disposición de numerario. El decreto del 19 de septiembre dispuso también la inclusión en la moratoria del pago de intereses y dividendos de las empresas incautadas por el Estado. El preámbulo del decreto apenas conseguía ocultar la incapacidad de hacer frente a los compromisos que ello suponía:

Las circunstancias actuales, de todos conocidas, junto con la necesidad de que el Estado, que se ha incautado de Sociedades abandonadas o que eran imprescindibles para las necesidades de luchar contra la rebelión, no puede venir perjudicado por la mala administración que antes éstas hubieran tenido, aconseja que sean incluidos en la moratoria los pagos de los intereses por las obligaciones de las Sociedades incautadas por el Estado mientras las actuales circunstancias duren y sigan vigentes los Decretos de moratoria.

En todo caso, el Gobierno republicano era consciente de la imposibilidad de perpetuar una situación de bloqueo indefinido. Y por ello, el 31 de octubre de 1936, con el ejército de Franco en las puertas de Madrid, una orden fijó las normas a que deberían atenerse las operaciones de valores, en tanto permanecieran cerradas las bolsas. Una medida completada un mes más tarde con otra (orden del 27 de noviembre), ambas de máxima importancia. La primera fijaba la normativa para el pago del cupón de los bonos de oro de Tesorería al 4%, títulos clave para la Hacienda republicana, en la medida en que, al menos en teoría, habían sido colocados entre inversores extranjeros, por lo que el crédito republicano se dañaría si su pago no era atendido puntualmente. La segunda regulaba la organización de los servicios de la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas, que se dividían entre Madrid y Valencia. El sistema se mantuvo aparentemente en esos términos hasta el final de la guerra.

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DURANTE LA GUERRA[34]

En cuanto al escenario económico-financiero de la República en guerra, es claro que las dispares características de su punto de partida tuvieron consecuencias muy diferentes en su evolución, y que la propia actividad fue condicionando el posterior desarrollo e incluso el desenlace final de la contienda. El resultado de todo ello fue una caída espectacular de la producción, un aumento incontrolado de la circulación fiduciaria y, como consecuencia, una inflación galopante.

A grandes rasgos, la evolución de la economía de la República a lo largo de los meses de guerra fue, en resumen, la siguiente: su política agraria fue de corte revolucionario, aunque desde el Gobierno se trató de frenar ese proceso.[35] En esa línea, la política de intervención municipal de tierras abandonadas, la colectivización y las experiencias libertarias produjeron resultados muy negativos y arruinaron rápidamente el campo.[36] Entre octubre de 1936 y la primavera de 1938, al menos un 60% de la tierra sembrada pasó a manos de los campesinos. Dos decretos lo hicieron posible: el del 8 de agosto de 1936[37] y el del 7 de octubre de 1936.[38] La zona republicana era muy rica en productos agrícolas de exportación, y en ello se habían depositado grandes esperanzas de poder conseguir las divisas necesarias para financiar la importación de material de guerra. Pero las desavenencias entre anarquistas, que controlaban la exportación naranjera del Mediterráneo, los comunistas y los propios agricultores no lo hicieron posible.

Por lo que se refiere a la industria, la amalgama de intervenciones oficiales y extraoficiales en la zona republicana llevó al sector a una situación verdaderamente confusa.[39] En Asturias se produjo una rápida socialización de minas e industrias, mientras que en Madrid y en la zona central las incautaciones de empresas industriales superaron el 30%. Nadie explicó mejor esta operación que la Pasionaria cuando dijo:[40]

Surgía en la economía española un sector de capitalismo de Estado de un tipo muy particular. No era un capitalismo de Estado utilizado y manejado por la oligarquía financiera. Era un capitalismo de Estado en el que la intervención de éste se realizaba a través de los representantes de los partidos del Frente Popular, lo que aseguraba una influencia no pequeña de la clase obrera.

El comportamiento del sector minero fue otro reflejo de la poca eficacia con que la República explotó sus recursos económicos. Un ejemplo paradigmático lo constituyó el carbón, principal fuente de energía de España en aquella época, cuya producción en Asturias cayó un 60% en el año 1936 respecto al año precedente. Y en 1937 la producción fue prácticamente nula.[41] La siderurgia siguió el comportamiento de los minerales, y su desconexión con amplias zonas del mercado consumidor natural explica en gran parte la fuerte caída registrada por la actividad industrial. Se justifica también esa baja producción por las dificultades de suministros básicos, que se encontraban en manos del otro bando. La industria pesada permaneció fundamentalmente en manos de la República hasta la segunda mitad de 1937, momento en que la cornisa cantábrica pasó a manos de los sublevados. Y aunque la República siguió manteniendo el control de la siderurgia de Sagunto, ésta no pudo desarrollar plenamente su actividad por dificultades de aprovisionamiento.[42]

En cuanto al sector terciario, las intervenciones sin control y el desbarajuste monetario de la zona republicana descabalaron el desarrollo de los servicios. En el transporte terrestre, las dificultades de conseguir combustible impidieron el servicio que demandaban las operaciones bélicas y desde luego el servicio a la población civil. Por lo que respecta al ferrocarril, la República nacionalizó todas las empresas y sustituyó a sus anteriores órganos directivos, en los que pasó a primar la presencia de los trabajadores (Cayón y Muñoz Rubio, 2006:232-236). En el marítimo, el hecho de que las más importantes navieras tuvieran su sede social en provincias de la cornisa cantábrica tuvo como consecuencia que, en los comienzos de la contienda, la flota mercante republicana fuera muy superior a la de los sublevados, pero la caída de esa zona, sobre todo de Bilbao, supuso que un fuerte volumen del tonelaje de la flota republicana se internara voluntariamente en puertos extranjeros hasta el final de la guerra, eludiendo la reincorporación a una zona u otra.[43]

En lo que a la banca se refiere, el desbarajuste financiero adquirió en la República especial relevancia.[44] Los problemas empezaron a plantearse con el progresivo éxodo de consejeros y directivos, a lo que se sumaban los ceses y las expulsiones por razones políticas. El sector bancario fue viendo cómo paulatinamente desaparecían los fundamentos de su negocio, en paralelo a la disminución progresiva del espacio geográfico en que desarrollaba su actividad y a la descomposición de la moneda del Gobierno republicano, que soportaba una inflación que en algún momento llegó hasta el 900%.

En cuanto al endeudamiento en el exterior, la República no pudo acceder a esta fuente, porque las finanzas internacionales se negaron a ello. La razón no fue otra que «el miedo de las clases capitalistas internacionales a ayudar a lo que pareció una revolución social que podía desembocar en una república bolchevique», así como al «hecho de que empezó a perder la guerra desde los primeros días».[45]

En lo que al comercio se refiere, el de la República se desarrolló fundamentalmente con Rusia y, en menor medida, con Francia y México. La República sufrió por ello continuos problemas en el suministro exterior, al depender básicamente de un solo origen, Rusia, muy deficientemente comunicada a través de un mar hostil.

En consecuencia, la disponibilidad de alimentos en la República fue muy irregular y se mantuvo en una media muy baja. El embajador alemán ante el Gobierno de Burgos informaba en octubre de 1937 a su Gobierno de que «en la España roja… hay severas restricciones de alimentos, escasez de carbón, etc., como resultado de la confusión interna, la pobre organización y la falta de divisas extranjeras». Y en noviembre de 1938 la representación diplomática de Londres ante el Gobierno republicano informaba de la siguiente manera sobre la economía de aquel territorio: «la situación alimenticia es realmente mala y parece muy probable que se agrave mucho más… la amplia mayoría de la población en la España republicana está sufriendo una severa subalimentación incluso en los distritos rurales».[46]

En resumen, la descoordinación y enfrentamientos en que se movieron los diversos grupos que se repartían el poder en el bando republicano, su irregular política económica y social, su falta de comunicación, la incomprensión del capital internacional, y la agresividad del Gobierno de Burgos, manifestada también en multitud de cuestiones económicas, confluyeron en una evolución de la actividad económica altamente negativa.

CÓMO SE FINANCIÓ EL PETRÓLEO EN LA REPÚBLICA

Estallada la guerra, la división del territorio también afectó al normal funcionamiento del monopolio de petróleos, lo que dio lugar a su división en dos: una Campsa republicana, que se hizo cargo de la sede central de Madrid y de las instalaciones situadas en el territorio afecto a la República, y una Campsa «nacional», en la medida en que la Junta de Defensa Nacional creó en Burgos una oficina central de la compañía para independizarse de la organización que operaba en Madrid (orden del 13 de agosto de 1936, Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España del 14 de agosto). Por lo que respecta al Consejo de Administración de la Campsa, al estallar la sublevación, una parte muy importante de los consejeros que representaban el capital privado se encontraban fuera de Madrid, en sus lugares de veraneo, y posteriormente huyeron a Burgos. Por otra parte, en Madrid, a primeros de agosto fueron expulsados de sus puestos varios directivos y funcionarios considerados como desafectos.

Los stocks de petróleo, a 18 de julio de 1936, tan vitales para la guerra que comenzaba, eran muy distintos para cada uno de los bandos, en la medida en que la división que se produjo del territorio alteró los equilibrios. En la zona republicana quedaron las oficinas centrales, las principales factorías y depósitos y la mayor parte de su flota. En cuanto a las existencias de carburantes, en la zona gubernamental quedaron 307.197 toneladas, frente a 84.983 de la zona bajo control del Gobierno de Burgos.

En lo referente a las instalaciones, de las quince factorías que Campsa poseía, once quedaron en zona republicana, con 376.000 metros cúbicos de capacidad, y cuatro en territorio controlado por el Gobierno de Burgos, con 84.000 metros cúbicos. De las «rectificadoras» quedaron en la zona republicana la de Badalona, con 16.000 toneladas de producción anual y la de Santander, con 19.000; un total de 35.000 toneladas de producción anual. En Burgos sólo quedó la planta de Sevilla, con 4.000 toneladas. También permanecieron en la zona republicana la destilería de Puertollano, con 4.000 toneladas, y las productoras de benzol, con 1.900 toneladas. Los sublevados se quedaron con el control absoluto de la refinería de Cepsa en Tenerife.[47]

Idéntico desequilibrio se dio en la distribución territorial del resto de las instalaciones. Así, en la zona de Burgos se residenciaban 42 estaciones de servicio, frente a 126 en la zona republicana. En surtidores de gasoil, 57 aparatos frente a 132. En surtidores de gasolina en vía pública, 2.543 frente a 1.621. Y en cuanto al valor de los almacenes, en la zona de Burgos quedó un valor de 1.397.061 pesetas, frente a 7.733.839 de la República.[48] El desequilibrio de la flota fue también importante. En la zona nacional quedaron dos buques-tanque con 13.900 t de carga útil y tres pontones con 8.900 t, frente a 15 buques tanque (77.700 t) y un pontón (200 t) en la republicana (Campsa, 1958:85 y ss.).

Por el lado de los suministros, en el momento de estallar la guerra el monopolio tenía firmados contratos de abastecimiento a largo plazo, fundamentalmente con empresas americanas, pero Texaco, el más importante suministrador, decidió reservar su petróleo para los sublevados. Sin embargo suministró con toda normalidad crudo a la República, según el contrato de 1935, hasta noviembre de 1936, aunque Madrid se enfrentó pronto con dificultades para atender los pagos, al quedar desmantelados los sistemas habitualmente usados por el monopolio.[49]

Buscando suministros, la República hizo esfuerzos para que los buques de su flota pudieran repostar carburante en Tánger y Gibraltar. Y así lo solicitó al Gobierno inglés, pero la petición fue denegada.[50] En general, a la República le resultó muy difícil en los primeros días encontrar proveedores de carburante. La Shell le negó el suministro, posiblemente como represalia por la expropiación de sus actividades en España por el monopolio de petróleos en 1927. La Vacuum Oil lo hizo en muy pequeñas cantidades, aunque sí suministró gasolina y grasas de aviación a los sublevados, a través del comité petrolero que éstos habían establecido en el hotel Aviz de Lisboa (Viñas, 2006:67).

A la vista de estas dificultades la República concentró sus esfuerzos en adquirir petróleo en la Unión Soviética, donde no se le planteaban problemas financieros,[51] y representantes de la Campsa republicana viajaron a París a mediados de agosto para tratar con la embajada soviética de los suministros de Nafta. Como ha escrito la propia Campsa sobre este particular, «todavía Texaco seguía suministrando petróleo normalmente a la República según el contrato de 1935».

La ruptura de esta compañía con la República se produjo tres meses después, en noviembre, «cuando el ejército de África se hallaba a las puertas de Madrid, e incluso por la junta de Burgos se había ya nombrado oficialmente a los empleados de Campsa y funcionarios de la delegación que compondrían el “equipo de entrada” en la capital, cuya caída se consideraba como inminente».[52] En todo caso, la Campsa republicana siguió importando «mientras pudo y cuanto pudo, de fuentes norteamericanas, francesas y rumanas. Rumanía… llegó a convertirse en el segundo suministrador del Gobierno».

Una valoración de Guillem Martínez Molinos (1987-1988), sobre los cómputos globales de importación de crudo por vía marítima del Gobierno republicano, a partir de la defectuosa documentación de que pudo disponer en su momento, evaluaba en 230 los movimientos de buques utilizados con un tonelaje de 1.400.000 y un coste del petróleo de 31 millones de dólares. La Unión Soviética habría contribuido a ese total, según sus cálculos, con algo más de un tercio.

LA FINANCIACIÓN DE ARMAS[53]

Estallada la sublevación del 18 de julio, el Gobierno de la República tuvo que enfrentarse con urgencia al problema que planteaba la escasa disponibilidad de armas para la lucha que se avecinaba. Es cierto que al iniciarse el conflicto, el Gobierno republicano disponía en la zona no sublevada de la mayor parte de las fuerzas aéreas. Pero su equipo era anticuado, y en parte podía considerarse prácticamente como inservible. Y eso fue lo que impidió en los inicios el predominio republicano en el aire.[54]

Al iniciarse la sublevación el Gobierno republicano contaba con el 47% del ejército, el 65% de la aviación y la marina, el 51% de la Guardia Civil, el 65% de los carabineros, más del 70% de la Guardia de Asalto y el 59% de la población (Suárez, 1999:327-328). Pero la importancia de estas cifras comenzó a perder fuerza cuando empezaron a llegar noticias de Roma y de Berlín sobre la posición que podían adoptar los Gobiernos italiano y alemán. De manera que el mismo día 19 de julio el presidente Giral remitió un telegrama al presidente francés, Blum, solicitando urgentemente armas. Fue un telegrama personal: «Hemos sido sorprendidos por golpe militar peligroso. Rogamos nos ayude enseguida con armas y aviación. Fraternalmente suyo, Giral»[55]. Fue recibido en la madrugada del día 20.

Pero la ayuda de Francia al Gobierno de Madrid fue parcial y casi clandestina.[56] Por lo que respecta a Gran Bretaña, hay que reconocer que ésta, directa e indirectamente, ayudó a la caída de la República (Maurín, 1966:239). México, por el contrario, la apoyó. Por una parte, no se adhirió al pacto de no intervención y, en cuanto a ayudas directas, y a pesar de lo limitado de sus recursos, el general Lázaro Cárdenas envió a los republicanos 20.000 fusiles máuser, 20 millones de cartuchos y diversas vituallas (Beevor, 2005:111). Incluso dio órdenes a sus diplomáticos de adquirir armas en los mercados internacionales con destino a la República, aunque contratándolos como si fueran para México (Viñas, 2008b:355). Pero al final tuvo que ser la Unión Soviética el principal proveedor de armas.[57]

La República tuvo que salir a buscar armas en los mercados internacionales, en los que a pesar de pagar al contado, ya que disponía de la contrapartida del oro del Banco de España, tuvo problemas sobre la regularidad de los suministros, sobre la calidad de las armas y, desde luego, sobre los precios.[58] También tuvo problemas en la utilización de sus embajadas, debido a que la mayor parte del cuerpo diplomático rechazaba a la República. Algunos de ellos declararon abiertamente su apoyo a la sublevación y dimitieron a las pocas horas. Sin embargo, la mayoría, incluidos los titulares de embajadas tan relevantes como Londres[59] y Washington, decidió que la mejor manera de servir a la causa de los sublevados era permanecer en sus puestos, fingiendo lealtad al Gobierno republicano, al tiempo que hacían lo posible por socavar su prestigio en el extranjero y por sabotear sus planes de compra de armas.[60]

Así sucedió en la embajada de París, donde la mayor parte de los funcionarios aborrecía al Frente Popular, y hacía fervientes votos para su rápida caída. Y eso fue lo que sucedió con Cárdenas, embajador en París quien, intentando ganar tiempo, aconsejó al primer ministro que no hiciera nada en cuanto al suministro de armas, y que esperara hasta que Madrid enviara más detalles sobre las armas y aviones que necesitaba. Pese a ello la República logró poner en manos del Gobierno francés su lista de peticiones.[61]

El problema que se planteó inmediatamente era de dónde salía el dinero necesario para pagar los aviones y los pilotos. Porque todavía no se habían establecido fórmulas administrativas para poder disponer del dinero que generaba la venta del oro, lo que, en principio, acarreó grandes dificultades. En consecuencia, la República tuvo que utilizar agentes profesionales, y muchos no tanto, que aparecían en tropel, y que causaron inconvenientes e introdujeron un esquema de financiación muy irregular, y muy caro, a partir de desorbitadas comisiones. Sirva de ejemplo lo que José Antonio Aguirre, en su informe al Gobierno de la República, decía: «la falta de seriedad que se señala en los Órganos Centrales, la evidente desorganización de sus Delegaciones» obligan a pensar si no «estamos rodeados de traidores consentidos, o por lo menos de la terrible negligencia de los órganos centrales del Estado». Y en este informe, Aguirre se refirió a lo que llama «Asunto Quintana», en el que se demostró la existencia de comisiones de «hasta el 80% del precio de compra de material de guerra» (Olaya, 1998:184 y ss.).

Howson (2000:87 y ss.), por su parte, dice que el Gobierno de Burgos consiguió burlar casi siempre el embargo internacional de armas, mientras que los republicanos se vieron obligados a comprar ilegalmente. Tuvieron que comprar material caro y muchas veces obsoleto o no utilizable. Por otra parte, el Gobierno republicano estaba condenado a pagar todo al contado, mientras que el Gobierno de Burgos adquiría a crédito todos los suministros y material de guerra. Y concluye que, como media, la República estaba pagando «incrementos en los precios cercanos al 50 por 100».

Existen análisis parciales referidos a momentos determinados, que pueden ayudar a dibujar, con una cierta aproximación, cómo fue esa realidad. Olaya (1998:145 y ss.) afirma que, en cuanto al manejo de los fondos, se entregaron sumas importantes a personas sin ninguna solvencia material y de moralidad más que dudosa. A individuos sin ninguna garantía, que desaparecieron, o no devolvieron el dinero tras largos meses de pleitos y, en algunos casos, ni siquiera por la fuerza. Y añade que se perdieron centenares de barcos, muchos de ellos cargados de material de guerra y de víveres, por haber confiado en gente sin escrúpulos, que los vendía a los sublevados, o porque el Gobierno republicano había dejado escapar información hacia los servicios de inteligencia del enemigo, que en algunos casos bordearon los límites de la traición.[62] Los casos de fraude fueron también muy frecuentes.[63]

LA INSEGURIDAD COMO MARCO

Ya desde antes de la sublevación, el territorio republicano se caracterizaba por una gran confusión, una acusada falta de autoridad y mucha inseguridad. Conocido el asesinato de Calvo Sotelo, la «derecha» había huido de Madrid, y significativo fue que el 16 de junio de 1936 el ABC publicara una nota dando cuenta a sus lectores de los puntos de venta donde se podía adquirir el diario durante el verano. Se relacionaban en Ginebra nueve kioscos y una librería. Pero en Lisboa, donde se encontraba la mayoría de las familias monárquicas, existían 99 puntos de venta. Y el Blanco y Negro se distribuía en 46 localidades portuguesas (Rueda, 2005:149).

La agitación y la anarquía de los meses de primavera de 1936 minaron gravemente la autoridad del Gobierno republicano, y poco a poco se fue destruyendo su autoridad.[64] La policía desapareció virtualmente de las principales ciudades durante los primeros días de la sublevación. Sirva como ejemplo de lo que era la situación en aquellos momentos, el que Lluís Companys convocara en su despacho a los principales dirigentes anarquistas para decirles que habían salvado a Cataluña de la rebelión militar, reconociendo que eran los «amos» de Barcelona y que podían disponer de su poder como mejor les conviniera.[65] En Madrid la situación era la misma. Los obreros habían derrotado a la rebelión y en sus manos estaba el poder político efectivo. Así lo reconoció Dolores Ibárruri: «Todo el aparato estatal había sido destruido y el poder del Estado residía en las calles»[66].

En cuanto a la seguridad de las grandes ciudades españolas, el ABC de Madrid del 1 de agosto de 1936, bajo el título «Los Registros y las Detenciones», se hacía eco de una nota facilitada por la Dirección General de Seguridad recabando para los órganos del Estado el derecho exclusivo en la práctica de registros domiciliarios y detenciones. Éstos, decía, «solamente pueden efectuarlos los agentes de la autoridad, fuerzas de Asalto o Guardia civil». La nota publicada por ABC justificaba esta decisión:

La libertad y la vida de los ciudadanos no puede quedar a merced de grupos sin control. Cuando son desconocidos los resortes del Poder a consecuencia de una conmoción profunda que tiene alterado el orden por el imperio de la violencia, dejar libre la acción inquisidora e incluso sancionadora se presta a simulaciones de posibles consecuencias trágicas para los mismos que se creen autorizados a ejercerla (ABC, 19781980, vol. 1, fasc. 2:34).[67]

Unos días más tarde, el Gobierno insistía en que, excepto las autoridades competentes, ningún miembro de las milicias estaba autorizado a practicar registros domiciliarios y detenciones.[68] Y, poniendo énfasis en esta advertencia, pedía que «los particulares se opusieran a tales registros y que demandaran el auxilio de la autoridad para evitarlos». Para su mejor defensa, añadía la dirección y teléfono de las quince comisarías que en aquellos momentos actuaban en Madrid, advirtiendo que en las mismas existían «equipos motorizados para acudir a las llamadas que se hicieran con ese fin».

El período más peligroso tuvo lugar a partir de la segunda quincena de julio, cuando el proceso revolucionario arrasó todas las estructuras del Estado. Los comités revolucionarios tomaron el control de las oficinas de correos y telégrafos, las emisoras de radio y las comunicaciones telefónicas, organizaron las fuerzas de policía, las patrullas de carretera, y los servicios de transporte y suministros. Y con el poder en la calle, Madrid se proletarizó. Los pequeños productores y comerciantes se consideraron auténticas víctimas de los acontecimientos, y muchos cerraron o abandonaron sus talleres y tiendas. Todo esto se enmarcaba en el contexto de una revolución que se estaba propagando aceleradamente, y cuyas principales características eran la pasión por la igualdad y la afirmación de una autoridad local y colectiva. Tal como lo describe Jackson (1967:236), «desaparecieron de las calles los sombreros de fieltro, símbolo del status de la burguesía». Todos los obreros llevaban armas, y se hicieron cargo de la mayoría de las fábricas. Los sindicatos colocaban el letrero de incautado en toda clase de edificios y vehículos.

En las zonas rurales del territorio dominado por el Frente Popular la revolución varió mucho de pueblo en pueblo, pero en todos la hubo. Casi en todos los lugares las rentas fueron abolidas y los registros de la propiedad incendiados. Y en algunos casos todas las tierras fueron colectivizadas.[69] Los campesinos anarquistas consideraban el dinero como la principal fuente de corrupción, después de la Iglesia. En consecuencia, en Aragón, Levante, Castilla la Nueva, Murcia y Andalucía se procedió a abolir el uso del dinero en muchos de sus pueblos. Los comités colectivizaron también todo el comercio.

Frente a todo ello, las advertencias y recomendaciones de la Dirección General de Seguridad no solucionaban la situación, especialmente en cuanto a la seguridad ciudadana, y en octubre de 1936 el Ministerio de la Gobernación tuvo que intervenir, regulando por orden ministerial todos aquellos grupos que, bajo diversas denominaciones, tomaban parte en el descubrimiento de «personas desafectas al régimen». Así se justificaba la orden del 6 de octubre (Gaceta de Madrid del día 7):

Con el deseo de colaborar en la labor de retaguardia, uno de cuyos principales problemas es el de descubrir a las personas desafectas al régimen, han surgido en Madrid y provincias grupos de leales ciudadanos que, llenos de entusiasmo, colaboran en el indicado fin. Son indudables los eficaces servicios prestados a la causa republicana por la gran mayoría de estos grupos; pero también lo es que, unas veces el exceso de celo y otras posibles errores, han producido molestias totalmente innecesarias para los fines que todos perseguimos. Ello obliga a este Ministerio a recoger lo útil de estos grupos y al mismo tiempo incluirlos en una organización dirigida por la autoridad del Estado; ello entraña el dotarles de la máxima eficacia y a la par de la responsabilidad que lleva aneja toda actuación pública.

Y a partir de esta declaración, se instrumentaban una serie de medidas que definen claramente lo que en aquellos momentos estaba pasando. Por ejemplo, se decía que la Dirección General de Seguridad, y en un plazo que no excedería de 48 horas, invitaría a todos los grupos que actuaban en labores de investigación, cualquiera que fuera su denominación, a que se integraran en la Sección de Investigación de las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia. Y que a partir de esta fecha sólo podrían realizar registros domiciliarios los agentes de autoridad y las Milicias de Vigilancia. En todo caso, era requisito indispensable que el registro fuera ordenado por la Dirección General de Seguridad. También se daban instrucciones muy precisas sobre cómo debía efectuarse un registro y sobre cómo se controlaría. El portero de la finca y los vecinos deberían denunciar cualquier registro anormal, y los participantes en un registro no ordenado serían detenidos y sometidos, «como enemigos del régimen al Tribunal competente».

Inseguridad en el sistema financiero

Este escenario no era el mejor para mantener la estabilidad y la actividad del sistema financiero, porque uno de los más importantes requisitos que éste exige para desarrollar con eficacia su función es la seguridad en el entorno en el que opera. En consecuencia, el nuevo escenario influyó de manera muy negativa en el comportamiento del sistema financiero que actuaba en el territorio de la República, en la medida en que, durante los 33 meses de guerra, ésta no pudo ofrecer ni seguridad ciudadana, ni seguridad en el mundo financiero. Y esto afectó notablemente al normal desarrollo de las finanzas, tanto públicas como privadas.

Por lo que respecta al Banco de España, esa falta de seguridad se tradujo en la ausencia en las sesiones del Consejo General de los representantes de los accionistas. Y desde el primer momento el estado de ánimo de los miembros de ese Consejo fue de permanente temor y miedo. Un miedo explicable, porque, aun antes de que el conflicto estallara, el Banco de España como institución y todos sus directivos, uno por uno, eran sistemáticamente denunciados ante la opinión pública, por sindicatos y grupos políticos, como enemigos de la República. El mismo Luis Olariaga,[70] uno de los economistas más destacados de la generación del 14, acusaba al Banco de España de ser «una entidad irresponsable, anclada en el pasado y conservadora hasta límites ridículos». Y a sus consejeros de «ser los representantes del más rancio conservadurismo financiero». Una acusación que en aquellos momentos era realmente grave. Olariaga añadía que el banco emisor era un «templo del fetichismo del oro», desde donde sus consejeros y accionistas, «parapetados tras sus gruesos muros, se dedicaban a obstruir, mediante artimañas y dilaciones, el empleo racional de las reservas metálicas».[71]

En realidad, Olariaga había sido, desde siempre, el «azote» del Banco de España. Ya en febrero de 1915, en una serie de estudios que inició en la revista España, titulaba su primer trabajo «El Banco de España, plaga nacional», y como subtítulo «El Estado español autoriza gratuitamente al Banco para que fabrique dinero y luego se lo pide en préstamo, regalándole millones en concepto de intereses». Un título por sí solo demoledor. Su segundo, y con el mismo título «El Banco de España, plaga nacional», llevaba el subtítulo «El Banco es el mejor negocio de su clase que existe en Europa. Y para asegurar sus grandes dividendos se violenta la ley cuando es necesario».[72]

También Juan Sardá expuso la desconfianza en que se desenvolvían las relaciones entre el Gobierno republicano y el Consejo del Banco de España en los años treinta. Un banco que en aquellos momentos representaba a un accionariado privado y sobre el que Indalecio Prieto había tenido palabras muy duras intentando incluso cambiar su estatuto.[73]

La oposición al Banco de España se justificaba por su política sobre el oro

La pregunta sobre cuáles eran las razones para que la opinión pública y las clases dirigentes visualizaran al Banco de España como enemigo del régimen, la contestó con toda crudeza, después de acabada la guerra, Julio Carabias, gobernador del Banco de España en 1931 y subgobernador con Luis Nicolau d’Olwer hasta el final de la guerra civil.

En 1946, exiliado en Chile, Carabias hizo público en la Revista de Economía Continental un trabajo firmado como ex gobernador del Banco de España e «intendente de bancos», responsabilidad que en aquellos momentos ejercía en aquel país. Era un exhaustivo análisis en el que, bajo el título «Apuntes de Historia Monetaria. El drama de la peseta»,[74] hacía un análisis de la historia monetaria española, con especial énfasis en la preguerra y en la guerra civil. En él decía que para la nobleza española, «que había patrocinado el levantamiento con sus fortunas», sólo existía en España una institución que fuera tan venerada como la monarquía: el Banco de España. Y que para ellos, el Banco de España debía ser «tan intangible e inviolable como la persona del Rey», y su soberanía no «menos sagrada que la de la nación misma». De ahí que desde el Banco de España se viera con recelo cualquier amenaza de modificación de su statu quo.

Carabias (1946:515 y ss.) explicaba que los expertos financieros sabían que el banco emisor poseía como respaldo de su circulación monetaria 2.400 millones de pesetas oro (700 toneladas) y 600 millones de pesetas plata, mientras que la circulación fiduciaria no excedía de 4.600 millones. La Ley de Ordenación Bancaria disponía que la circulación fiduciaria debía estar respaldada por metálico en la proporción del 45% (40% en oro y el resto en plata) hasta la cifra de 4.000 millones, y por el 60% sobre el exceso hasta 6.000 millones (50% en oro). Ello quería decir que, en aquellos momentos, las reservas metálicas del banco excedían en 500 millones de pesetas oro la obligación legal que el mismo tenía de inmovilizar. Y ello sin contar con el sobrante de la plata.

Pero los balances del banco evaluaban el encaje oro a la par, lo que quería decir que las reservas expresaban pesetas definidas en la ley monetaria por un contenido de metal fino de 290 miligramos, en tanto que la circulación fiduciaria se refería a moneda depreciada en 60% con respecto al valor del oro.[75] Ello suponía que la cuantía de las reservas oro del Banco de España estaba muy por encima del importe necesario según la circulación fiduciaria. Porque una circulación que no pasaba de 4.600 millones de pesetas podía quedar cubierta virtualmente, a tenor de la ley bancaria, con 1.900 millones de pesetas oro, que a precios de mercado suponían 220 toneladas de ese metal. Por lo tanto, el Banco de España estaba exagerando de forma notable el cálculo sobre la cobertura de oro, «esterilizando» en sus cajas 480 toneladas de oro, que a precios de mercado suponían más de 4.000 millones de pesetas.

Carabias concluía que esa situación, que los responsables del Banco de España creían lógica, planteaba en muchos e importantes círculos grandes problemas y crecientes sospechas. Y que poco a poco, estas sospechas se iban extendiendo a capas más amplias de la sociedad española. La congelación de 4.000 millones de pesetas planteaba un grave problema frente a la opinión pública. Porque «todos los planes del Gobierno encaminados a regenerar la economía patria y elevar el nivel de vida de las clases trabajadoras se malograban por falta de recursos». Y el «hecho insólito de la superabundancia del oro en contraste con la precaria situación de la Hacienda Pública» no había pasado inadvertido. De ahí que, poco a poco, se había ido generalizando la idea de que era necesario utilizar el oro excedente del Banco de España en provecho de la colectividad. Es decir, como Carabias explicaba:

Movilizar, vivificar el oro, que una ley incongruente e inaceptable ya al orden monetario mundial mantenía infecundo.

Se suponía que la introducción de ese oro en el mercado dotaría a España «de medios suficientes para poner en marcha grandes obras de regadío, renovar el “utillaje” industrial, construir escuelas, abrir nuevos caminos, avanzar en todas las rutas de la economía española». Y a medida que la idea se extendía, menos aceptable y más criticable aparecía la «extravagante» política que se estaba siguiendo con las reservas metálicas.[76] Otros países, recordaba Carabias, ya estaban experimentando esa fórmula. Y citaba 36 naciones.[77] En España se habían pronunciado sobre la necesidad de ese cambio Calvo Sotelo, Azaña y Prieto, entre otros.[78] ¿Por qué no se hacía? Carabias, que vivió muy en primera persona y desde dentro del banco todos esos acontecimientos, controversias y debates, respondía señalando que, frente a la racionalidad y necesidad del cambio, y pese a que políticos de todos los partidos lo avalaban, la «resistencia se había organizado y contaba con elementos muy poderosos. Tenía su cuartel general en el Banco de España, templo nacional del fetichismo del oro, entre cuyas figuras más relevantes prevalecía la vieja creencia de que el oro de las reservas pertenecía en pleno dominio a los accionistas de la institución».

La Ley de Ordenación Bancaria, reformada en los primeros meses de la República, establecía que, en el caso de implantación el patrón oro, la diferencia en más del valor de las reservas del Banco de España debería atribuirse al Estado y no a los accionistas. Por ello, y en el supuesto que hubiera de venderse oro para financiar una política económica de reconstrucción, las plusvalías de esa venta corresponderían al Estado. Al menos mientras no se cambiara aquella disposición, algo a lo que, según Carabias, aspiraba la «resistencia», como él llamaba al equipo dirigente del banco que, como decía, «acariciaba secretamente la esperanza de que aquel nuevo precepto de la ley fuese derogado algún día». Y ésta era, según Carabias, «una de las razones por las cuales el Estado Mayor del Banco de España veía con buenos ojos todo acto de agresión que atentase a la estabilidad del régimen». Y era esto, decía, lo que justificaba el «odio» con el que desde la República era contemplado el Banco de España y sus dirigentes.

En esta línea, no se pueden olvidar los duros comentarios de Olariaga citados más arriba, especialmente su acusación de que el Banco de España se dedicaba a obstruir «mediante artimañas y dilaciones, el empleo racional de las reservas metálicas».

La acusación de Carabias era muy grave. Pero la información de que hoy se dispone sobre la cuestión que planteaba no permite ofrecer una explicación distinta sobre aquella política del Banco de España, que sea aceptable en términos de racionalidad económica o del interés colectivo. Y en esta situación, en el creciente clima de tensión política que iba crispando el país, y en el creciente odio al Banco de España, fueron frecuentes las denuncias públicas contra el gobernador, e incluso tratos vejatorios a algunos consejeros, quienes sufrieron encarcelamiento, registros en sus domicilios y amenazas. Existía, pues, miedo en el Banco de España.

Miedo en el sistema bancario

Ese miedo se extendió muy rápidamente al conjunto del sistema bancario y, de alguna manera, quedó plasmado en al acta del Consejo del Banco de España del 15 de julio, unos pocos días antes de la sublevación, cuando el subgobernador primero, Pedro Pan, al dar cuenta del asesinato de José Calvo Sotelo, lo hizo utilizando la palabra «fallecimiento». Una expresión que sólo se podía justificar por el hecho de que, otra distinta, hubiera podido tener consecuencias en términos de seguridad, a partir del ambiente que imperaba en aquellos días y de su repercusión mediática. Y fue también el miedo lo que motivó que de los doce consejeros presentes en la sesión del día 15 de julio, ya no acudieran más que cinco a la del 20. Y que una parte de ellos apareciera pocos días después en Burgos. Hay constancia, incluso, de que alguno permaneció escondido en su casa durante toda la guerra.

Y no hay duda de que los consejeros que permanecían en Madrid tenían miedo a presentarse en el banco a ejercer sus obligaciones, dado el clima de progresivo enrarecimiento de la opinión pública y el deterioro de la seguridad personal que se adueñó de la calle. A todo ello se refería el consejero Martínez Fresneda en la sesión del Consejo General del 21 de septiembre de 1936, cuando denunciaba que de la representación de los accionistas en el Consejo del banco, sólo uno, él mismo, asistía a las sesiones. Pedía que se hiciera algo, en términos de mejora de la seguridad, para que pudieran acudir más consejeros. E insistía en que la razón de que sus compañeros no se presentaran no era otra que el temor al riesgo que corrían si se desplazaban al banco. Como solución recomendaba que se buscara «la manera de que puedan prestar su colaboración, garantizando el Gobierno su seguridad, bien custodiándolos debidamente o instalándolos en el edificio del Banco».[79] Varias veces solicitó que se hiciera llegar esa petición a las instancias superiores. Pero cuando se hizo la consulta pertinente, la respuesta que el gobernador del banco transmitió encendió ya todas las alarmas y aumentó el ya existente «sentimiento de miedo». Porque, según el acta de la sesión, la contestación del gobernador para justificar la negativa a la petición no fue otra que poner de manifiesto «las dificultades e incluso responsabilidad en que pudiera incurrirse caso de que a alguno de los Consejeros les ocurriese algo lamentable después de instalados en el edificio del Banco». Hasta esos extremos había llegado la inseguridad en la que el banco desarrollaba su actividad.

Esta sensación de falta de garantía personal que tenían tanto consejeros como funcionarios se acentuó por una instrucción del ministro de la Gobernación al banco, que se leyó en la sesión del Consejo del 17 de agosto. En ella se disponía que «las armas depositadas en este Banco… sean entregadas… a la persona que comisionada por el ministro de la Guerra se presentará con este objeto». Y las armas, que hasta entonces custodiaba la Guardia Civil de retén en el banco, se entregaron a esos «comisionados», que resultaron ser unos empleados del banco, quienes a partir de aquel momento se hicieron con el mando efectivo de las instalaciones de la institución.[80] Y en más de una ocasión, «elementos incontrolados amenazaron al subgobernador y a algunos altos ejecutivos». El mismo gobernador fue acusado y denunciado por los sindicatos como enemigo del régimen. No es, pues, de extrañar que los miembros del Consejo General del Banco de España vivieran en un ambiente de miedo.

Constituye un caso muy significativo de ese ambiente enrarecido de temor que se vivía en el Banco de España el de Flores de Lemus, consejero en representación de los intereses generales.[81] El economista Mateo del Peral (1976:87-88), que profundizó y escribió sobre la biografía de Flores de Lemus, recuerda que éste asistió a todas las sesiones después de la sublevación militar, formando parte del grupo minoritario de miembros del Consejo que permanecieron fieles a la República y que se quedaron en Madrid. Pero destaca que «la fidelidad de Flores de Lemus fue una fidelidad silente, porque su presencia en las sesiones no se traducía en intervenciones habladas», lo que se corrobora perfectamente con la lectura de las actas de ese período. Esa callada actitud de Flores de Lemus, añadía Mateo del Peral, «debe interpretarse como un asentimiento, pero también como una forma de distanciamiento que pareció acentuarse a lo largo del mes de agosto», a medida que fue constatando cómo, a través de diversos decretos, se fueron suspendiendo en sus funciones a un grupo muy significativo de los consejeros y funcionarios adictos a los sublevados: «Pocos días después de estos acontecimientos, Flores de Lemus deja de asistir al Consejo». Efectivamente, según el acta de la sesión del 26 de agosto:

El Sr. Rodríguez Mata hizo presente que el Sr. Flores de Lemus le había encargado comunicase a sus compañeros de Consejo que durante algún tiempo no podrá concurrir a las sesiones que aquél y las Comisiones celebren, debido a haberle sido confiada por el Gobierno una misión en París, para cuyo punto había salido en avión en la mañana de este día. El Consejo quedó enterado.

Hay que recordar que Flores de Lemus había concurrido a la sesión del 24 de agosto, dos días antes, y que no era habitual que un mensaje de esa naturaleza fuera transmitido al Consejo verbalmente y a través de un vocal, en vez de utilizar una comunicación escrita dirigida al gobernador, máxime teniendo en cuenta la justificación alegada. Y fue interpretación generalizada en aquellos momentos que desapareció tras recibir varias amenazas de muerte.

Significativo ejemplo de falta de seguridad fue también el del consejero Martínez Fresneda, que se opuso formalmente, como se verá más adelante, a la salida del oro. Porque, como él mismo explicó en su momento, fue perseguido, detenido varias veces, su casa saqueada y por fin tuvo que refugiarse en la embajada de Cuba.[82] El Gobierno republicano le negó sistemáticamente la autorización para salir de Madrid en las sucesivas listas de evacuación que le fue presentando esa embajada, pero consiguió salir con un pasaporte con nombre falso, lo que le permitió embarcar en Valencia en noviembre de 1937, con rumbo a Marsella, para posteriormente trasladarse a Burgos.[83]

En lo que respecta a la falta de seguridad en el resto del sistema financiero, ésta se hizo patente en el mismo momento de la sublevación, y se tradujo, al igual que lo sucedido en el Banco de España, en un progresivo éxodo de consejeros y directivos de la banca hacia la zona bajo control de los sublevados. Más tarde hubo que sumar a ello los ceses y expulsiones de algunos de los que no habían huido, así como la puesta en marcha de un proceso de incautaciones y de toma de control por parte de las autoridades republicanas. Lo mismo sucedió en las cajas de ahorros y en la banca extranjera.

Porque muchos bancos particulares y pequeños bancos locales fueron incautados por comités de trabajadores, limitándose simplemente a destituir a los propietarios y a sustituirles en la gestión del negocio. El resultado fue que, a los dos meses de iniciada la guerra, el sistema bancario republicano se encontraba prácticamente al borde del colapso administrativo por falta de gestores.[84] Al final, este escenario de confusión e inseguridad fue responsable de que el sistema bancario, en la práctica, fuera desapareciendo.

EL BANCO DE ESPAÑA DURANTE LA GUERRA[85]

Los problemas que planteó la división del sistema financiero

Tiene verdadero interés conocer cómo se siguió la guerra desde el sistema financiero, y especialmente desde el Banco de España. Porque no se puede olvidar que en éste se residenciaba la gran atalaya que tenía la responsabilidad de vigilar el sistema financiero y la gran referencia para la política en materia de finanzas. Porque toda la actividad financiera de un país, y una buena parte de la económica, se desarrollan a través de los agentes financieros del sistema, unas instituciones que, por su propia naturaleza, llevan puntual cuenta de sus actividades. Y porque desde el aparato documental del sistema financiero puede visualizarse, con bastante precisión, su situación en cada momento, sus operaciones y, especialmente, las interacciones de cada sector con el resto del sistema y con los planteamientos políticos. En consecuencia, desde el Banco de España y desde sus registros debería ser posible responder a la pregunta de cómo se comportó el mundo financiero durante la guerra civil, y cómo se vivió ésta desde el sistema en general, y en particular desde el Banco de España. Y debería ser posible conocer también qué papel desempeñaron esas instituciones en la ordenación de la financiación de la guerra y en el desarrollo de la economía financiera y monetaria.

Para poder conocer con detalle cómo reaccionó el Banco de España de la República y cuáles eran las preocupaciones y las deliberaciones de sus dirigentes en los primeros meses de la guerra civil y en su desarrollo posterior, la documentación formal en que habitualmente se expresan estas instituciones, es decir, las actas de las sesiones de sus Consejos, constituyen un documento imprescindible. Sin embargo, las correspondientes al período crucial del comienzo del conflicto no estuvieron disponibles para consulta en el Archivo Histórico del Banco de España durante un tiempo al estar «desaparecidas». Afortunadamente, sin embargo, fueron localizadas en el año 2002.[86] Y el análisis de esas actas ha permitido tener noticias financieras de la guerra y de la ruptura del país en dos comunidades independientes, la republicana y la controlada por el Gobierno de Burgos.

Aunque la realidad es que las actas aparecidas no ofrecen muchas respuestas a los interrogantes planteados. Muy pocas, o casi ninguna, desgraciadamente. Son unas actas pobres, referidas, salvo excepciones, a temas puramente administrativos. Sorprende que cuando se acude a ellas en busca de información sobre los numerosos incidentes y problemas que la guerra civil estaba suscitando en aquellos momentos, lo único que aportan son detalles rutinarios y burocráticos. Hay que partir del supuesto de que lo que aparece reflejado en las actas es lo que verdaderamente sucedió en las sesiones que celebraba regularmente el Consejo General del Banco de España, aunque es posible que en determinados momentos se ofreciera alguna información complementaria fuera del acta, relativa a algún asunto grave o confidencial. Sin embargo, no parece lógico que, sistemáticamente, y en relación con cuestiones tan conocidas como la segregación de las oficinas, u otras muchas cuestiones monetarias y financieras planteadas por la guerra, no se cambiaran impresiones ni se tomaran decisiones de las «reflejables» en acta. Pero no parece que así fuera, salvo que hubiera consigna de no dejar referencias. Porque la respuesta, permanente y sistemática, de las actas a las cuestiones que hoy se plantean es el más absoluto silencio sobre todo lo que sucedió, y a lo largo de todo el tiempo. Son, pues, más importantes por lo que no dicen que por lo que dicen. Y ponen de manifiesto un Consejo con mucho miedo, y al que, a juzgar al menos por las actas levantadas, no se le tuvo enterado de lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos en el país, ni incluso en algunos momentos sobre lo que estaba pasando en el propio Banco de España.[87] Tampoco se le reconoció por las autoridades políticas ningún papel en las decisiones económicas y financieras que se iban tomando, con la única excepción, necesaria, de las que se adoptaron sobre el proceso del traslado del oro. Todo lo cual no deja de ser grave en lo que respecta a la evaluación de lo que significó el aparato financiero de la República.

Pese a ello, esas actas constituyen un documento muy valioso para explicar cómo en aquellos momentos funcionó, por acción u omisión, el proceso de toma de decisiones en la República, lo que permite analizar cómo fue, directa o indirectamente, la participación del Banco de España y del sistema financiero en los distintos acontecimientos que se fueron produciendo en el país como consecuencia del conflicto, y el grado de su participación en la búsqueda de alternativas a los problemas que se plantearon. El resultado de ese análisis se explica en las páginas siguientes. Y tiene interés hacerlo emparejando las innumerables cuestiones de tipo económico, financiero o bancario que se plantearon en ese período, y que se conocen por otras fuentes, con las actas de las sesiones del Banco de España en Madrid.

Una primera aproximación al contenido y al tono general de las actas del Consejo, en momentos próximos al estallido del conflicto y en los posteriores al 18 de julio, puede hacerse mediante el examen de las actas correspondientes a las sesiones de tres días bastante significativos, el 15, el 20 y el 22 de julio de 1936. El acta del día 15, tres días antes de la sublevación y dos días después del asesinato de Calvo Sotelo, cuando los rumores ya se habían generalizado, la tensión era muy alta, y la violencia y el desorden eran ya graves y crecientes. Y las actas de las sesiones de los días 20 y 22, inmediatamente después del comienzo de la sublevación, cuando ya había quedado repartido el territorio nacional en dos zonas y cuando una parte sustancial del sistema financiero había quedado fuera del control del Consejo General del Banco de España en Madrid. Porque, a partir del 18 de julio, aproximadamente un 35% de las sucursales del Banco de España estaba ya residenciada en territorio bajo jurisdicción de los sublevados quienes, por otra parte, ya estaban creando «su» Banco de España, una estructura financiera paralela, y que se había independizado del Consejo de Madrid al que las actas se referían. Es claro, pues, que en esos días 20 y 22, y tal como se verá con detalle más adelante, las autoridades republicanas ya estaban tomando medidas de urgencia para enfrentarse con los problemas monetarios que la separación territorial estaba planteando.

Acta del 15 de julio

El día 13 había sido asesinado Calvo Sotelo, funcionario del Banco de España, como represalia por el asesinato del teniente de asalto José Castillo. Un asesinato que constituyó un incidente gravísimo en el creciente cuadro de violencia a que el país se enfrentaba, y que sin duda tuvo una importancia excepcional en lo que ocurrió en los siguientes días. El 14 de julio se celebró el entierro en el cementerio de la Almudena, con graves altercados, dos falangistas muertos y numerosos heridos. En ceremonias fúnebres celebradas en otras ciudades, hubo también incidentes análogos, con muertos y heridos.[88]

En ese momento y en ese clima, el Consejo General del Banco de España celebró sesión ordinaria el 15 de julio. La presidió el subgobernador Pedro Pan, porque el gobernador estaba hospitalizado como consecuencia de un pequeño accidente. De acuerdo con el acta, el Consejo fue puramente administrativo. Comenzó la sesión dándose cuenta de la muerte de Calvo Sotelo. Como ya se ha apuntado en el epígrafe anterior, el acta certifica que el subgobernador comunicó al Consejo, «con profunda pena», el «fallecimiento» de José Calvo Sotelo, que era funcionario del banco, proponiendo que se hiciera constar en acta el duelo del Consejo y que así se hiciera presente a la viuda. Nada más. Ninguna alusión a la causa de su muerte. Posiblemente fue un gesto de cobardía, temiendo que una manifestación verbal distinta pudiera generar repercusiones en términos de seguridad, especialmente dado el tono y la tensión que en aquellos días alcanzaba el tratamiento mediático. Y sin duda, el subgobernador, como quedó pronto probado, sintonizaba con la sublevación, y tenía miedo a los resultados de su intervención. Tanto que, después de ese día, ya no acudió a ninguna otra sesión, porque inmediatamente después huyó a Burgos, donde se puso a la cabeza de la reconstitución del Banco de España en aquella ciudad.

Un cierto gesto de valentía lo protagonizó el conde de Limpias, al hacer presente «su emoción profunda y el sentimiento que experimenta en grado superlativo a causa de la pérdida del señor Calvo Sotelo», exponiendo ante el Consejo la difícil situación económica de la familia del finado, y proponiendo que, en atención a esta circunstancia, se estudiara la adopción de alguna medida excepcional a favor de la viuda y su familia. El acuerdo que se tomó fue: «que la viuda e hijos del finado sigan percibiendo una cantidad igual a la que éste tenía asignada por razón del cargo que desempeñaba en el Banco». El conde de Limpias no quiso salirse de la teoría del «fallecimiento». En todo caso, tampoco volvió más a ninguna otra sesión del Consejo, no tardando en incorporarse al Banco de España reconstituido en Burgos.

Por lo demás, el acta de ese día refleja un Consejo normal, puramente burocrático, que en esa sesión, y a partir de las propuestas de diversas comisiones, aprobó 36 acuerdos. Tiene interés referirse al contenido específico de esa sesión para definir mejor el tono de las actas, y especialmente el tipo de cuestiones que se sometían a la deliberación del Consejo. Lo que sigue es una pequeña muestra de esos acuerdos:

Que se conceda una cama que existe vacante, de las que el Banco costea en el Sanatorio de Valdelatas, al Oficial 1.º de este Centro, D. Juan Arrese Gutiérrez… Aprobar la terna de Letrados remitida por la Sucursal de Logroño… Facultar al Director de la Sucursal de Alicante para que acepte la primera y segunda hipoteca que han constituido a favor del establecimiento doña Luisa y doña Úrsula Alpañés Valdivieso, para responder de la operación de crédito personal de don Guillermo Gaubert Audy… Aprobar un presupuesto formulado por el arquitecto del Banco, Sr. Zavala… para la ejecución de varias obras en el edificio de la Sucursal de Cuenca.

Y en sucesivas votaciones, por bolas y por unanimidad, el Consejo aprobó «el ascenso propuesto por el Sr. Subgobernador 1.º en funciones de Gobernador de acuerdo con la referida Comisión de Sucursales, de Director de 3.ª categoría en favor de Don José Florit Torres, que desempeña el cargo de segundo Jefe de la Sucursal de Barcelona».

Y así, y en el mismo tono y contenido, hasta 36 acuerdos. Pero nada, ninguna referencia sobre la situación de anormalidad en que el Banco de España estaba desarrollando sus actividades.

Acta del 20 de julio

Primera sesión después de la sublevación del 18 de julio. Un día antes, el 19 de julio, se había suspendido la actividad de las bolsas de valores durante 48 horas. El Gobierno de la República ya había tomado medidas urgentes sobre las transacciones comerciales, suspendiendo las operaciones de carácter mercantil que implicaran movimientos de fondos en los establecimientos de crédito. A esta sesión del Consejo del Banco de España acudieron cinco consejeros. A la del día 15 habían acudido doce. La mayor parte de los ausentes aparecería poco después en Burgos, integrando el nuevo Consejo que se constituyó en aquella ciudad para tomar las riendas del aparato financiero de la zona sublevada.

Desde el punto de vista financiero, en el país estaban ocurriendo cosas muy importantes. La República, a través de autoridades ajenas al Banco de España, empezaba a tomar decisiones para enfrentarse a la crisis que se le venía encima. El 19 de julio, se había limitado a 2.000 pesetas la cantidad máxima que los clientes de bancos y cajas de ahorros podían retirar durante el plazo de 48 horas de cuentas corrientes y depósitos. Se trataba de impedir un episodio de desajustes financieros y la alarma social que ello podía producir. Es decir, se intentaba frenar el acaparamiento de dinero, fenómeno grave que en aquellas circunstancias podía desestabilizar aún más la sociedad.

Pero, a juzgar por el contenido del acta del día 20 de julio, no parece que el Banco de España tuviera ninguna relación con todo ello, porque ese documento no hacía más que una pequeña referencia, puramente formal, a la situación: «el Sr. Presidente da cuenta al Consejo del decreto del Sr. Ministro de Hacienda, comunicado por la Radio, limitando los pagos de cuentas corrientes y depósitos a 2.000 pesetas y concediendo una moratoria de 48 horas para todos los vencimientos de pago de efectos mercantiles».

Sin duda, esa limitación constituía la primera medida para enfrentarse a la crisis de la ruptura. Pero ninguna referencia se hacía en la sesión del banco, que era precisamente la institución oficial que tenía el privilegio de emisión, al posible pánico financiero que implicaba esa decisión, ni a la adopción de medidas cautelares en relación con el stock de billetes disponibles. Ninguna recomendación sobre actuaciones puntuales ni instrucciones a las sucursales del Banco de España sobre cómo administrar ese stock. Y, sin embargo, en el decreto del día anterior, el Gobierno ya hablaba de «la necesidad de poner coto a pánicos en nada justificados, que podrían dar lugar a depresiones absolutamente contrarias a lo que demanda la serenidad de los momentos presentes». Ante esta formulación y pretensión del Gobierno, nadie como el Banco de España estaba obligado a hacer un ejercicio de reflexión sobre las medidas cautelares que se debían adoptar para la circulación fiduciaria, y a explicarlas y comunicarlas a sus oficinas. Pero no se hizo, al menos desde el Consejo General.

Nada decía tampoco el acta de ese día sobre las oficinas del Banco de España que se habían independizado del control del Banco de España de Madrid. Ni sobre qué problemas planteaba esto. Ni lo que ello representaba en términos de operatividad del banco. Ni de los desequilibrios que podían producirse en el balance. Ni nada sobre la pérdida de activos que ello suponía, que era muy importante. Y nada se dijo sobre los siete consejeros que faltaban a la sesión, algunos de ellos huidos en días anteriores a Burgos. Hay que entender que todos los consejeros lo sabían. Pero, según el acta, de nada se informó, nada se debatió, y nada se acordó.

El acta del día 20 de julio fue, pues, una simple repetición, como fórmula, de la utilizada en la sesión del día 15. El Consejo se enteró de las notas y estados de situación del banco, transferencia de acciones, movimientos en la caja de metálico y en el extranjero y datos comparativos de las existencias de plata en todas las cajas del establecimiento, aunque sin aclarar de qué cajas se hablaba, ni qué significaba la expresión «todas las cajas del establecimiento».

De tal manera que todos los puntos del día fueron rutinarios, esta vez en número de 18. Todos de la misma índole que los del acta del día 15: aprobar el «pago de las cuentas presentadas por la Unión Eléctrica Madrileña y por el Canal de Lozoya por fluido suministrado durante el mes de Junio»; adquirir «6 fotografías reproduciendo la vista exterior de este edificio»; encargar un «retrato del Gobernador que ha sido de este Banco Don Alfredo de Zavala». Y otros quince más del mismo tenor.

El último de los puntos del Consejo decía así: «Por último se enteró también el Consejo de la nota del movimiento de personal en la semana anterior». Sin explicar a qué «movimientos» se refería. Quizá hubiera podido ser éste el momento adecuado para acercarse a la realidad que se estaba viviendo, porque ese día el Consejo ya no tenía jurisdicción sobre más de la tercera parte de la plantilla. Pero no se hizo, y nadie lo planteó.

Acta del 22 de julio

Asistieron seis consejeros. El Consejo pasó revista al número de billetes «comprobados y cancelados por las señoritas auxiliares del servicio, durante los días del 11 al 18 del corriente». Y se tomaron acuerdos del tipo ya conocido, esta vez en número de cuatro: pago de varias cuentas, autorizar un cobro anticipado y un problema con la administración de una finca».

El presidente informó sobre el decreto del día anterior «prorrogando la moratoria hasta el 26 del corriente y adoptando otras disposiciones respecto a las cantidades que se pueden retirar de las cuentas corrientes», añadiendo, por su parte, que «la Administración viene atendiendo a todas las indicaciones convenientes al interés público, relacionadas con el cumplimiento del mencionado Decreto». Nada más. Al igual que en la sesión anterior, el Consejo «tomaba nota de la orden» y de que el presidente aseguraba que se estaba cumpliendo. A partir de este momento, de manera reiterativa y siempre que se presentaba la ocasión, el presidente dejaría muy claro ante el Consejo que «se vienen cumpliendo con el mayor cuidado las disposiciones del Decreto de moratoria y retirada de fondos por cantidad superior a 2.000 pesetas», lo mismo que sin duda se estaba haciendo en todas las sesiones de todos los consejos, de todas las instituciones financieras que se reunían en la zona republicana. Pero, mientras tanto, el país ardía por los cuatro costados en el orden político[89] y en el financiero.

Las tres actas comentadas (15, 20 y 22 de julio), y todas las siguientes hasta fin de año, son, sin excepción, estrictamente burocráticas y minuciosas hasta un detalle exagerado. Y todas prácticamente iguales.

A estas alturas era claro que el Banco de España había dimitido de su función de vigilar la circulación fiduciaria, que para entonces ya era caótica. Era irregular también que el Consejo no conociera el alcance de la segregación de los activos y del personal que había supuesto la sublevación. Y algo todavía mucho peor es que, a través de las actas de las sesiones del Consejo General, se llega a la conclusión de que el Banco de España en Madrid no sólo estuvo a lo largo de la guerra desinformado de la estrategia que quería seguir el Gobierno y de lo que pasaba en el país en temas que le afectaban directamente, sino que también, al menos en determinados momentos, tuvo dificultades para conocer su propia realidad interna, que, sin embargo, sí era conocida en otras instancias. Un solo ejemplo. En el acta de la sesión del 24 de julio de 1936 se dice que «el Sr. Presidente informó al Consejo del encargo verbal que había recibido del Sr. Ministro de Hacienda… de enviar a la Sucursal de Barcelona una importante cantidad en billetes», en la medida que esa plaza requería con urgencia de un mayor encaje dinerario. Pero añadía el acta que el presidente había expresado en ese momento que la administración del banco «no conocía la necesidad de dicho envío y que carecía de noticias del Director de dicha Dependencia, con la que no había posibilidad de comunicarse», aunque no tuvo más remedio que reconocer que, examinado «el estado de la situación de la Sucursal… efectivamente la existencia de billetes de la misma era de poca importancia». El Banco de España no conocía lo que estaba pasando en su sucursal de Barcelona, pero el ministro de Hacienda sí lo sabía.

Hasta el 6 de noviembre de 1936 los consejos se celebraron en Madrid. Desde el 9 de ese mes lo hicieron en Valencia. Aunque en el Consejo del día 6, el último de Madrid, no se advirtió a los consejeros sobre el inmediato traslado de la sede del banco y de la celebración de un Consejo tres días después en Valencia. Posiblemente, porque el mismo gobernador no lo sabía en aquellos momentos. Y debió de ser así, porque en ese primer Consejo en Valencia el día 9, el gobernador, al dar comienzo a la sesión, dejó constancia de que se estaba celebrando en Valencia en virtud de una orden del Ministerio de Hacienda del mismo día 6, que había dispuesto el traslado «con la mayor urgencia» de la administración, Consejo General y oficinas centrales del Banco de España a la ciudad de Valencia.

Nota destacable en relación con el contenido de las sesiones del Consejo en los primeros meses era, como ya se ha dicho, que en ningún momento las actas reflejaban la escisión producida en el banco como consecuencia de la guerra civil. Ahora se sabe que aproximadamente un 65% de los efectivos bancarios habían quedado en el lado republicano, frente a un 35% del lado de los sublevados. Quiere decir que la tercera parte de las oficinas bancarias, incluidas, claro está, las propias sucursales del Banco de España, se salieron automáticamente de la disciplina de éste, quedando al margen del balance de sus respectivas casas matrices y del balance del Banco de España. Un hecho excepcional que debiera haber suscitado preocupación en el Consejo del Banco de España de Madrid y que, en todo caso, obligaba al debate y a la definición de una estrategia de búsqueda de soluciones y alternativas a los problemas que ello planteaba, que eran muchos. Porque a partir de ese momento, y a un notable ritmo, el resto de las sucursales, hasta llegar al 100% en abril de 1939, fue abandonando el control del Banco de España republicano, incorporándose a la disciplina del de Burgos, al compás de las conquistas militares. Pese a ello, las actas dejan claro que nada relativo a esta cuestión fue tratado o debatido por el Consejo General.

Quizá explique en alguna medida esa situación, el hecho de que aquellos que tenían la responsabilidad de definir la planificación financiera no aceptaban documentalmente el reconocimiento del estado de guerra ni la realidad de que el territorio nacional estaba partido en dos y que sólo una parte, y además menguante, desarrollaba su actividad en el área controlada por la República. Y esto implicó dos extrañas consecuencias. Una, el Banco de España no reconoció, hasta muy entrada la guerra, que una parte realmente sustancial del número de oficinas no dependía ya de su organización, y que por lo tanto su capacidad operativa estaba muy mermada. Otra, aún más sorprendente, los presupuestos de la República para 1937, 1938 y 1939, se referían formalmente a la totalidad del territorio, tanto a efectos recaudatorios como a efectos de gastos, es decir, que se definían para todo el territorio nacional. Desde luego, al margen de la realidad.

Tampoco aparecen en las actas del Consejo General del Banco de España frases, ni expresiones, que permitan detectar el anormal marco en el que se desarrollaban la economía y las finanzas de la República, así como la tremenda violencia que el país estaba sufriendo. Y es notorio el esfuerzo, casi obsesivo, que se hace en ellas por no referirse, ni directa ni indirectamente, a lo que está ocurriendo en el país. A veces bordeando el ridículo. Un ejemplo: para dar cuenta y justificar la suspensión de la publicación de los balances semanales del Banco de España se decía formalmente en el acta que quedaban en suspenso, hasta que se restableciera «la normalidad de las comunicaciones entre sucursales y el Centro» (acta 6 de agosto de 1936).

Aunque el ejemplo paradigmático de no querer hablar de la indiscutible situación de guerra, ni de los graves problemas del momento, lo constituye el acta de la sesión extraordinaria del mismo día 6 de agosto de 1936, convocada para la toma de posesión del nuevo subgobernador primero, Julio Carabias, nombrado para sustituir a Pedro Pan. Porque en ella, y en un verdadero juego de malabarismo para no referirse a la situación de guerra y de división del país que se vivía, el nuevo subgobernador se vio obligado a manifestar que:

… las circunstancias en que vuelve a desempeñar un cargo en la Administración superior del Banco[90] no pueden ser más tristes para España, y que el único motivo de satisfacción para él es que en este puesto va a colaborar en bien del interés público… en estos momentos en que puede decirse que todos los ciudadanos estamos movilizados, es obligación servir al Gobierno sea cual fuere el puesto para cuyo desempeño se es requerido.

Hay una excepción en la que en las actas sí se recoge la palabra «guerra». Se hace en el acta del 31 de diciembre de 1936, día en el que, el gobernador, al dar la bienvenida a los nuevos consejeros, hace resaltar paladinamente «los momentos difíciles que para el país ha ocasionado la actual guerra civil, cuyas consecuencias se reflejan en la vida del banco». Es la primera vez en los casi seis meses transcurridos desde la sublevación que se utiliza la expresión «guerra civil». Utilizando una fórmula, por otra parte, muy poco comprometida.

En este repaso general no parece justificado referirse al contenido de más actas en concreto. Lo dicho es suficientemente justificativo del tono de todas ellas. Por ello, sólo se va a hacer en relación con las excepciones que aparezcan en actas sobre cuestiones específicas, porque, salvo casos muy especiales, prácticamente son todas iguales. Y porque, a efectos del objetivo de este trabajo, parece mucho más útil hacer en estos momentos un inventario, con el mayor detalle posible, de lo que estaba pasando en el país en el orden financiero y examinar la política del Banco de España en relación con ello.

Escaso control de las operaciones financieras

Pese a lo que debiera haber sucedido, las autoridades monetarias de la República tampoco prestaron demasiado interés al control financiero, que discurrió de forma progresivamente decreciente durante la guerra. Pero sí hay mucha información referida a la compra de armas, a las juntas de compras, a los traficantes, y a las muchas comisiones pagadas por la adquisición de armas. Y la literatura existente a este particular ofrece detalles de la actuación de la administración, de los organismos de exportación e importación y especialmente de la «Campsa Gentibus», constituida oficiosamente en julio de 1937, que al parecer fue «ejemplo típico de la irresponsabilidad y de la corrupción más descarada».[91]

En todo caso, el despilfarro financiero como objeto de comentario político no es infrecuente en la literatura de la época. Julián Zugazagoitia[92] (1968, vol. 1:302-303) hizo, en su momento, una dramática descripción de lo que en la República se toleraba en este campo:

La guerra consintió a los españoles realizar su sueño dorado: tener un sueldo fijo, vivir de la nómina del Estado. Los presupuestos de cada ministerio crecieron de un modo increíble. Los créditos extraordinarios sobrepasaban, en diez veces o más, las consignaciones normales. Nos íbamos quedando sin territorio y, como si el fenómeno fuese natural, crecía la burocracia «indispensable». El reflejo de todas estas alegrías había que verlo en la Hacienda, obligada a mover con mayor celeridad el rodillo de las emisiones de papel moneda, trabajo en el que por todas partes le habían salido competidores aventajados. Los gobiernos autónomos, los municipios y, abaratado el privilegio, los establecimientos particulares hacían, con un trozo de papel y un sello de goma, emisiones propias. Vencer de estas libertades no fue trabajo sencillo. Pero lo fue mucho menos poner un límite a las exportaciones fraudulentas de metales y productos agrarios, así como reducir, a proporciones razonables, el consumo de gasolina. La retaguardia republicana no era, en ningún aspecto, un modelo de colectividad ordenada. El esfuerzo por traerla a mandamiento fue durísimo. Los partidos y las organizaciones sindicales se limitaban a llenar de buenos consejos las fachadas de las casas, pero nadie admitía que el consejo le afectase personalmente en lo más mínimo; lo suponía referido al vecino. Los trabajos se llevaban con cadencia de habanera.

No hay ningún rastro de que el Banco de España se ocupara en ningún momento de formar criterio, denunciar, o al menos esgrimir principios sobre este problema de control de gastos, control financiero, precios e inflación. Cuestiones, por otra parte, de tanta importancia y significación en una economía. Es cierto que el Banco de España era una entidad privada, pero también lo era en los años anteriores a la sublevación del 18 de julio, y también, aunque por pocos años, lo fue con posterioridad. Y eso no le impidió ejercer una cierta función, al menos, de denuncia y planificación.

El Banco de España tenía problemas para tomar decisiones

El desdoble de España en dos mitades, desdoblamiento institucional e ideológico, se tradujo también, como no podía menos de suceder, en lo personal. Y de esta manera, e independientemente de la localización geográfica que tenían en el momento de la sublevación las élites políticas, profesionales y empresariales, todas ellas se fueron reubicando en los primeros días de la guerra, en la medida en que tuvieron oportunidad de elegir como residencia la zona del país que se aproximaba más a su propia ideología. Al principio de forma muy rápida, y después con mayor lentitud.

Así sucedió en el Banco de España. El 18 de julio de 1936 el gobernador del Banco de España era Luis Nicolau d’Olwer,[93] nombrado en el mes de marzo anterior, en cuyo puesto continuó hasta terminada la guerra. El subgobernador primero era Pedro Pan, que, como ya se ha visto, huyó a Burgos inmediatamente después de que presidiera el Consejo del 15 de julio. Fue cesado el 4 de agosto de 1936 y sustituido por Julio Carabias. Como subgobernador segundo siguió en su empleo José Suárez Figueroa. Pero se nombró un subgobernador tercero.[94] Los tres representantes de los intereses generales que quedaban en el Consejo, Antonio Flores de Lemus, Agustín Viñuales y Enrique Rodríguez Mata, dimitieron a los pocos meses. Flores de Lemus dejó de asistir al Consejo a partir de la sesión del 26 de agosto tras recibir, al parecer, y como ya se ha visto, varias amenazas de muerte. Viñuales cesó el 21 de septiembre. Rodríguez Mata, el 16 de octubre. El resto, es decir la mayoría de los consejeros representantes de los accionistas, abandó su puesto y se incorporó a los sublevados.

El 14 de agosto de 1936 fueron suspendidos de sus funciones, por decreto, todos los consejeros que se habían adherido a la sublevación o que posteriormente se hubieran puesto a su servicio.[95] El día 29 falleció el consejero José González Pintado y Hermoso. Un mes después, el 14 de septiembre, y con motivo del debate sobre el traslado del oro, pusieron su dimisión en manos del gobernador del banco los representantes de los accionistas, José Álvarez Guerra y Lorenzo Martínez Fresneda. Álvarez Guerra ya no asistió a ningún Consejo más, alegando problemas de seguridad, y permaneció en su domicilio hasta el final de la guerra.

Pero estos ceses y dimisiones crearon un importante problema al Banco de España de la República, porque, con frecuencia, no se conseguía reunir el quórum suficiente para alcanzar las mayorías que los estatutos y reglamentos exigían en relación con la toma de decisiones importantes. El punto crítico de esta situación se alcanzó en la sesión del día 13 de noviembre, a la que sólo concurrieron el gobernador, los dos subgobernadores y Toribio Echevarría.[96] Ante tan exigua representación, el gobernador «dio cuenta de las gestiones realizadas cerca del Sr. Ministro de Hacienda, con objeto de exponerle la situación en que se encontraba el Consejo del banco por existir actualmente dos vacantes de Consejeros, que representan los intereses generales del país, y hallarse ausentes, por distintas causas, todos los Consejeros representantes de los accionistas». Explicó que el ministro había prometido dar pronta solución a esta cuestión. Y así lo hizo: el 7 de diciembre de 1936 se comunicó al Consejo que el día 5 de ese mes habían sido nombrados cinco nuevos consejeros.[97]

El gobernador aprovechó la ocasión de la toma de posesión de los nuevos consejeros (11 de diciembre) para referirse a una cuestión que le venía preocupando y que era necesario regularizar. Recordó que en el pasado se habían tomado acuerdos sin el quórum exigido. Ahora que el Consejo había aumentado el número de sus vocales, debería regularizarse la precaria situación de todos esos acuerdos, no válidos desde el punto de vista jurídico. Y para ello proponía que el nuevo Consejo diera su aval a lo acordado «durante el tiempo que no concurrió a las sesiones del mismo más que un solo Consejero». Invitaba, pues, a los consejeros recién nombrados a que examinaran detalladamente las actas del Consejo y de las comisiones correspondientes a la época en la que se había actuado sin el quórum necesario, «con objeto de poder refrendar en dicha sesión los acuerdos tomados en las condiciones indicadas anteriormente». No consta en el acta el que nadie se preguntara por la regularidad de esta solución. Pero en la siguiente sesión, el día 14 de diciembre, los nuevos consejeros prestaban «su aquiescencia a todo lo acordado», y el Consejo dio por convalidados «cuantos acuerdos ha tomado desde que, en virtud de la orden del Gobierno de la República, se dispuso el traslado de la Administración y del Consejo a la ciudad de Valencia», fecha en que dejó de alcanzarse el quórum.

En diciembre de 1937 la administración estimó, llegado el momento, completar el número de consejeros accionistas llevando al Consejo del banco a algunos de los más importantes accionistas, fundamentalmente instituciones y grandes empresas. En el mismo decreto y, desde luego, con mucho retraso, se suspendía como consejeros a los que habían abandonado su función en el banco.

La política del instituto emisor republicano en relación con la guerra

El Consejo General del Banco de España celebró el 31 de diciembre su última sesión del año 1936. Fue una sesión muy especial, porque dio lugar a uno de los pocos testimonios formales de que se dispone, en que el gobernador se manifestaba de manera directa sobre la guerra civil, explicando lo que había sido su política al respecto.

Hay que recordar, tal como se ha visto con anterioridad, que el Banco de España de la República no asumió a partir de la sublevación un papel relevante en la adopción o propuesta de medidas financieras o de análisis y crítica de las que se fueron dictando por otras instancias. Tampoco se ocupó, como luego se verá, de mantener vivo el Servicio de Estudios, que tan activo y útil había sido, con anterioridad al 18 de julio, en suministrar al Gobierno información y recomendaciones sobre alternativas viables a los diferentes problemas que se iban planteando.

Y ésa parece ser la realidad que se desprende constantemente de la ejecutoria del banco y de la documentación que se conserva, especialmente de las actas de su Consejo General. Y sin embargo, de las pocas intervenciones que se conocen del gobernador del Banco de España, Luis Nicolau d’Olwer, se deduce algo muy diferente, en relación con el papel que él entendía había desempeñado el Banco de España en las difíciles circunstancias por las que estaba atravesando el país. Y esto es lo sorprendente.

Es un ejemplo de ello el Consejo del 31 de diciembre de 1936, en el que el gobernador recordaba muy solemnemente los momentos difíciles que para el país había planteado la guerra civil,

… cuyas consecuencias se reflejan en la vida del Banco, el que ha prestado una entusiasta colaboración a la obra del Gobierno actuando de una manera que no era habitual en él, por tener que acudir en la mayor parte de los casos con presteza extraordinaria movilizando sus fondos de todas clases para atenciones comerciales y guerreras y vigilando los vaivenes de la marcha comercial del país para procurar que no se obturasen las fuentes de riqueza del mismo.

Es necesario destacar que, salvo que otras fuentes de información atestigüen otra cosa, esta declaración solemne del gobernador d’Olwer no se corresponde con los documentos que hoy se pueden manejar, de los que no se deducen movimientos, tomas de posición ni actuaciones del Banco de España que justifiquen esas afirmaciones. Salvo que el gobernador, dada su amistad con Negrín, tuviera encargos de carácter personal, al margen del Banco de España, o que las actas no reflejaran la realidad.

En la misma sesión del 31 de diciembre, y en su turno, el subgobernador Carabias afirmaba que en

… los momentos actuales, que pueden calificarse de críticos e históricos, se reflejan, como no podía menos de ocurrir, en la situación del Banco que obligan a éste a adoptar acuerdos como el que habrá de tomarse en esta sesión de no repartir dividendo a sus Accionistas, caso verdaderamente insólito en la historia del mismo.

Aunque aseguraba que la vida económica española recobraría su normalidad y «el Banco, por tanto, volverá a recuperar su prosperidad acostumbrada».

El Consejo General adoptó los siguientes acuerdos:

a). No abonar dividendo,

b). Prorrogar el ejercicio hasta el 31 de marzo de 1937, y

c). Suspender la junta general de accionistas que se celebraba todos los años en el mes de marzo.

Los tres se justificaban por los excepcionales acontecimientos que conformaban el marco en el que el banco operaba:

… por no estar el Banco en relación con un grupo importante de sus Sucursales se ignora el saldo que pueda resultar en todas las cuentas y, muy principalmente en la de «Valores en Suspenso»; esto unido a las operaciones que ha habido necesidad de otorgar en virtud de peticiones apremiantes de Ayuntamientos, Comités, Organizaciones Sindicales, etc., que se desconoce cómo habrán de ser saldadas, hace que no se pueda conocer con exactitud el importe de las ganancias obtenidas y tampoco el de los quebrantos sufridos.

Dos años más tarde, en otra intervención, en ocasión tan solemne como la junta general del Banco de España celebrada en enero de 1939, y faltando poco más de dos meses para terminar la guerra, el gobernador volvía de nuevo sobre la misma tesis:[98]

En los durísimos meses que hemos atravesado, el Banco no ha seguido las órdenes del Gobierno sino que se ha adelantado a ellas para salvar la economía nacional y el crédito público, continuando así la tradición de que puede jactarse, iniciada en tiempos de la primera guerra civil y culminada en la guerra de 1898… Este largo período de ardua labor y estudio para la Administración y el Consejo en defensa de vuestros intereses… ha permitido que al presentarse hoy ante vosotros en lugar de daros cuenta de una situación caótica, pueda explicaros los cambios que advertiréis, fundamentados todos en disposiciones legales que justifican no sólo la cuantía de las cifras sino las posiciones de los valores, entre ellos los que representan nuestra garantía fiduciaria.

En realidad el desarrollo, contenido, resultados y acuerdos de la junta general no coincidían con estas palabras del gobernador.

El Banco de España republicano justifica a sus accionistas la salida del oro

Independientemente de las actas correspondientes a las sesiones celebradas con regularidad por los dos Consejos del Banco de España (República y Gobierno de Burgos), existen tres documentos oficiales básicos elaborados por el propio Banco de España, en diferentes momentos, que aportan mucha información sobre su actuación, en un bando y en otro, durante la guerra. Dos de ellos corresponden a las «Memorias» que cada banco presentó en junta general a sus respectivos accionistas, ambos en momentos en que la guerra estaba a punto de terminar. El tercero es la Memoria leída en la junta general de accionistas del Banco de España, una vez finalizada la contienda, informando sobre los balances ya refundidos y sometiendo a examen los estados financieros reunificados correspondientes a los cinco ejercicios que van del 1 de enero de 1936 al 31 de diciembre de 1941.[99]

La junta general de accionistas celebrada en Barcelona por la República, ya casi perdida la guerra, tenía como objetivo, tal como el gobernador Nicolau d’Olwer dejó claro, presentar la actuación del Banco de España ante sus accionistas, para que estos juzgaran su actuación y para «que reforcéis con vuestro voto, si lo merece favorable, la autoridad con que el Gobernador actúa ante los Tribunales extranjeros para reivindicar» el patrimonio del banco.

Así pues la principal preocupación era el «oro», que constituía el mayor problema en aquellos momentos, en función de las reclamaciones planteadas ante los tribunales de justicia de distintos países. Tiene interés estudiar con detalle el contenido de esa junta, porque si el esfuerzo de investigación histórica hay que hacerlo en beneficio de la objetividad, es importante que, junto a los hechos del pasado que se observan desde «el hoy», a través de los documentos que se manejan, se examinen también y se tenga muy en cuenta la evaluación personal y la justificación que de su propia ejecutoria hicieron en aquellos momentos los actores y los responsables de la gestión financiera, explicando su política, sus objetivos, y los resultados conseguidos. Especialmente cuando lo realizaron, como es el caso, ante testigos que estaban viviendo también en primera persona aquel momento.

La junta general extraordinaria de accionistas del Banco de España de la República se celebró el 8 de enero de 1939 en Barcelona, en el Ministerio de Hacienda y Economía del Gobierno republicano.[100] En ella se presentó para su aprobación el balance al 30 de abril de 1938.

En realidad, a tres meses de terminar la guerra, y cuando ya se podía prever que iba a ser su última intervención ante los accionistas del Banco de España, el objetivo principal del gobernador no era otro que dar su versión sobre el proceso de salida del oro y justificar su gestión.

Inició su relato recordando que cuando el 4 de marzo de 1936 fue nombrado gobernador, no podía sospechar que su paso por esta institución coincidiera con el período más azaroso de la centenaria historia del banco:

Las exigencias de la guerra, obligando a desplazar la Administración Central del Banco, de Madrid a Valencia y de Valencia a Barcelona, y las disposiciones de la Comisaría general de Banca y Crédito, dejando abiertos los ejercicios bancarios que debían cerrarse a 31 de Diciembre de 1936, aconsejaron la no celebración de Junta general ordinaria en Marzo de 1937 y de 1938… Ahora… cuando la vida económica de la República, si me permitís la expresión, normaliza su anormalidad, ha parecido llegado el momento de realizar lo que era repetido deseo de la Administración y el Consejo: presentarse ante vosotros para que juzguéis la actuación que, aunando la defensa de los intereses del Banco con el servicio del Estado, tiene llevada a cabo al frente del Instituto emisor, y para que reforcéis con vuestro voto, si lo merece favorable, la autoridad con que el Gobernador actúa ante los Tribunales extranjeros para reivindicar aquella parte del Activo del Banco situada, desde antes de la guerra, en poder de nuestros Corresponsales.[101]

El interventor general, presente en la sesión, leyó el balance correspondiente a 30 de abril de 1938, cuyas principales diferencias en sus partidas más esenciales con el de 30 de junio de 1936 aparecían explicadas en la Memoria que el secretario general leyó. Más adelante se estudian esos estados. Las líneas que siguen tratan de resumir lo que fueron los mensajes y la información de mayor significación de la intervención del gobernador Luis Nicolau d’Olwer.

La junta se celebró en clave política:

Cuando sólo dos Balances semanales de Julio de 1936 habían visto la luz pública, estalla el movimiento faccioso. La cuartelada de los primeros momentos, convertida luego en guerra civil, se transformó por fin en cruenta lucha entre españoles e invasores, que obliga a todos los ciudadanos, para suprema defensa de la libertad y el régimen, a poner en ejercicio todos los medios disponibles. Ésta fue, ésta es, y no podría ser otra, la actitud del Banco de España.

Para el gobernador, lo primero era determinar dónde debía radicarse la responsabilidad de haber tomado la decisión de trasladar el oro. Y dejó claro que esa responsabilidad había que situarla en el Consejo de Ministros. El Consejo del Banco de España había sido meramente informado de esa decisión por el gobernador, a petición del presidente.

En las primeras semanas de la guerra, cuando el rápido avance faccioso sobre Madrid ponía un trágico interrogante a los destinos de la capital, el Gobierno de la República, único conocedor exacto de la situación, hubo de preocuparse de hallar un emplazamiento absolutamente seguro para custodia de las reservas y del efectivo del Banco. Éste, con el mayor éxito en compensación de cuantiosos sacrificios, había acertado a construir una caja reservada invulnerable al incendio y al pillaje; claro es, a pesar de ello, que si Madrid hubiera caído en poder de los rebeldes, nuestras reservas, garantía del crédito público, hubieran servido como elemento decisivo para el triunfo de la facción. A fin de preservar de tal eventualidad al Banco y al país, el Gobierno hubo de encargarme comunicara al Consejo general, con fecha 14 de septiembre de 1936, el Decreto acordado en Consejo de Ministros por el cual se autorizaba al de Hacienda para ordenar el transporte, con las mayores garantías al lugar que estimara de más seguridad, de las existencias que en oro, plata y billetes había en aquel momento en el Establecimiento central del Banco de España.

Y así salieron de Madrid, explicó, «y llegaron a su destino, sin pérdida de una sola moneda, 700 toneladas de oro y 3.000 toneladas de plata. Desde aquel momento la responsabilidad de su custodia ya no compete a nuestro Banco sino al Gobierno, y así queda consignado, como habéis visto en el Balance».

Pero de lo que Luis Nicolau d’Olwer estaba más orgulloso era de la imagen que había logrado transmitir a la sociedad sobre el banco emisor. Y, en lo que constituyó su testimonio final al frente del Banco de España, declaró:

… cuando me posesioné del cargo de Gobernador… el Banco de España… era denunciado ante la opinión como un enemigo del Régimen. A los dos años y medio de guerra es el Banco de España el más firme baluarte económico de la República. Sin modificar su constitución orgánica, el Consejo no representa hoy una oligarquía capitalista sino el conjunto armónico de los valores económicos y morales del país. Ha bastado para ello que fuera llamada a su Consejo la representación de grandes accionistas colectivos a quienes antes se cerraba el paso en la gestión administrativa de nuestro Instituto Emisor. Sin modificar el texto de la Ley, hemos conseguido la transformación que en otros países ha debido hacerse por vía legislativa, y el Consejo actual representa más del duplo en capital acciones que el Consejo anterior.

Por lo que respecta al balance y cuentas presentadas a la junta general, la información ofrecida fue somera, pero muy significativa.

Esto fue de lo que se informó:[102]

En la primera fecha todo el oro estaba situado en las cajas del banco, mientras que en la segunda aparecía dividido en dos grupos (uno custodiado por el Gobierno de 1.592,9 millones de pesetas y otro en las cajas del banco por la diferencia: 13,3 millones). Se advirtió a los accionistas de que, en todo caso, la suma total era computable para la garantía de la circulación fiduciaria.

Se explicó que del oro amonedado que se remitía a París para su venta, a fin de que el Tesoro dispusiera de su producto en francos, correspondía por mitad al banco y al Tesoro, pero al no tener éste existencias suficientes en su cuenta oro, la suplía el banco adeudándoselo en virtud de la ley del 2 de junio de 1936. El saldo de la cuenta Tesoro público por préstamos en oro a 30 de abril de 1938 ascendía a 321,4 millones de pesetas.

Además del movimiento constante de las cuentas corrientes de los corresponsales para atender al pago del cuerpo diplomático, en el período que se analizaba se había cancelado el crédito de 1.115 millones de francos que el Banco de España tenía en el Banco de Francia, adeudándose a la cuenta oro del Tesoro 53,1 millones de pesetas, saldo disponible en la fecha de cancelación.

Se informó a la junta de que el decreto del 29 de abril de 1938 autorizaba los abonos al crédito de Tesorería del importe de los gastos que ocasionaban las necesidades de financiación de la guerra hasta un límite que a la fecha no había sido rebasado. Se explicó también de que las partidas anteriores incluían un abono de 3.879 millones de pesetas, importe de los billetes de las series de 50 y 25 pesetas y certificados plata de 5 y 10 pesetas que había en circulación el 19 de febrero, a partir del momento en que empezaron a ser emitidos por cuenta del Tesoro.

Estas cifras se ofrecieron en la junta explicando que el ya citado decreto del 29 de abril de 1938 establecía que podían ponerse en circulación billetes por encima de la cantidad prevista en la Ley de Ordenación Bancaria.

Informada sobre el cierre, y antes de entrar en la votación se informó a los accionistas de una propuesta que había presentado Luis Mestres y Capdevilla.[103] En su propuesta, que fue leída íntegra a los accionistas, se recomendaba que la junta general ratificara la indiscutible autoridad del gobernador para ostentar la representación del Banco de España. Se citaban los estatutos, se recordaba su nombramiento por el Gobierno y se argumentaba:

El que ejerce actualmente el cargo, por cierto, con el gran prestigio de su alta personalidad y de las relevantes dotes que le adornan fue nombrado por el Gobierno legítimo de la República mediante Decreto de 4 de marzo de 1936, o sea, que actúa desde antes de iniciarse la guerra y nadie ha impugnado su nombramiento, ni ha podido señalar defecto o vicio alguno de orden jurídico en su actuación.

Había que confiar, por ello, decía la proposición,

… que los Tribunales franceses y todos los Organismos con los que mantiene relación en el extranjero el Banco de España, habrán de reconocer forzosamente que la representación única y legítima de nuestro Establecimiento pertenece a su Gobernador, dada la indiscutible validez jurídica del Decreto de 4 de marzo de 1936 por el que fue nombrado el Excmo. Sr. Don Luis Nicolau D’Olwer. Por consiguiente, esta representación no puede corresponder a ninguno de los antiguos Consejeros, legalmente separados hoy de sus funciones.

En realidad, la junta se había convocado exclusivamente para presentar esta propuesta y lograr su aprobación. Porque la casi suspensión de pagos de la República en aquellos momentos, la necesidad imperiosa de pagar un material bélico que se creía vital para no perder inmediatamente la guerra, y cuya recepción en España sólo dependía de que se dispusiera de los recursos para ello, exigía la urgente recuperación del oro de Mont de Marsan. El hecho de que la recuperación estuviera pendiente de que un tribunal francés diera por bueno que Nicolau d’Olwer era el legítimo gobernador, justificaba la existencia de la junta y la presión que se estaba haciendo sobre los accionistas.

Ningún accionista quiso hacer uso de la palabra en relación con la propuesta que se había leído, y por lo tanto el firmante de ella pidió que fuese aceptada por aclamación. Y así se hizo.

Al final, los acuerdos adoptados fueron cinco:

Aprobar los balances de 30 de junio de 1936 y de 30 de abril de 1938.

Hacer constar que correspondía sólo y exclusivamente al gobernador Luis Nicolau d’Olwer la legítima representación del Banco de España para ejercer todas las acciones judiciales y extrajudiciales que pudieran competerle.

Estimar satisfactorias las explicaciones que se habían dado sobre las gestiones practicadas por el Consejo General en defensa de los intereses del establecimiento ante los tribunales extranjeros, otorgándoles un «sincero y expresivo voto de gracia».

Aceptar los «acertadísimos nombramientos» de consejeros.

Dar un voto de gracia al Gobierno de la República española por las «sabias medidas» adoptadas para la protección de las reservas metálicas del banco.

DOS VERSIONES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA REPÚBLICA: NEGRÍN Y EL BANCO DE ESPAÑA DE BURGOS

En febrero de 1938, los 150 diputados del Frente Popular, «únicos a los que el “Gobierno” Negrín reconoce esa condición de parlamentarios», se reunieron en el monasterio de Montserrat, a 60 kilómetros de Barcelona.[104] La sesión se dedicó en su totalidad a una exposición, hecha por Juan Negrín, sobre la situación económica y financiera de la República.

Según Negrín, el frente económico y financiero constituía una «zona de ataque tan sensible y delicada, como pueda serlo el frente militar», aunque deploraba que «no haya sido siempre comprendido y ayudado en su obra por los ciudadanos y corporaciones públicas». Y en este sentido, explicaba que «a la presión suave, habrá de suceder la acción enérgica». Se refería, sin duda, al fenómeno de la inflación que se estaba produciendo, que había determinado «una anarquía de precios descabellada» y toda clase de «elevaciones desiguales en el costo de la vida». Algo que había que solucionar, decía.

Y a partir de esta intervención de Negrín, el Noticiero de España hacía su propia lectura punto por punto, señalando que las palabras del presidente del Consejo suponían un reconocimiento de que «individuos y corporaciones, partidos y sindicatos, se han constituido en oligarquías financieras», y que el Gobierno manifestaba su impotencia por boca de su presidente. En cuanto a los precios, el Noticiero señalaba la falta de autoridad, la desaparición de toda clase de moneda metálica, la emisión de billetes por muy diversas entidades, y que los billetes del Banco de España emitidos con anterioridad a la sublevación «se guardan y se entierran “para cuando Franco llegue”».

Negrín aseguraba que «el Gobierno ha saldado gran parte de sus cuentas con el Banco de España, mejorando el balance de este organismo, reduciendo la cifra de billetes en circulación de cuyo pago responde nuestro Instituto emisor y fortaleciendo sus reservas, que hoy garantiza sobradamente el papel moneda circulante». Pero el Noticiero de España apostillaba esa afirmación respondiendo que a los 19 meses de guerra, el Banco de España, según Negrín, tenía más oro, menos billetes y menos crédito contra el Estado, lo que no era cierto en ninguna de las tres afirmaciones.

En cuanto a la política económica aplicada, Negrín afirmaba ante el Parlamento que su objetivo era la coordinación de los diversos sectores económicos, y que para ello se estaba utilizando una «“intervención progresiva” a fin de conseguir un control cada vez más minucioso y eficaz de las primeras materias, una disminución de costos y un mejor rendimiento». Aceptaba, sin embargo, que en el problema de abastecimientos, el cuadro de la España republicana era trágico. Hablaba de «dificultades infranqueables… empobrecimiento… caos y desbarajustes económicos… despilfarros y destrucciones… desorganización». Pese a ello, el presidente del Gobierno concluía que «el Gobierno por calmar de momento el hambre no está dispuesto a sacrificar el éxito de la guerra».[105]

El Banco de España de la República no ofreció información financiera alguna durante la guerra sobre su actividad o sobre sus resultados pero, por sorpresa, unos meses después de la intervención de Negrín publicó en la Gaceta de la República su balance a 30 de abril de 1938. Ese balance, como era lógico, fue conocido inmediatamente por el Banco de España en Burgos, y sobre él se hizo un análisis crítico de urgencia. Sus conclusiones fueron remitidas a las autoridades de Burgos en un informe titulado «El balance del Banco de España 1938. Actividades del Gobierno de Barcelona».[106]

Todo lo que hoy se conoce sobre las operaciones del Banco de España republicano en el período de guerra, sobre su política y las cifras de su balance, proceden de este informe y del acta de la junta general extraordinaria de accionistas del Banco de España de la República celebrada el 8 de enero de 1939. En el informe, y al margen de la veracidad que se otorgue a la información suministrada, se concluía que las cifras del balance eran «menos malas de lo que cabía esperar», e incluso que su publicación había logrado mejorar la cotización del billete republicano en el exterior. Era claro que el Gobierno de la República ofreció esa información deliberadamente para «desvirtuar ciertas informaciones tendenciosas en orden al volumen actual de nuestra circulación fiduciaria».[107]

En todo caso, y a partir de las cifras publicadas en la Gaceta de la República, el Gobierno de Burgos trataba de analizar lo que había detrás del balance y en qué medida se podía llegar a conocer a través de él la verdadera situación de la economía republicana. Para ello, el informe centraba su atención en las cuatro grandes partidas definitorias de la situación de un banco de emisión, es decir, la garantía metálica de los billetes (oro en caja y corresponsales), cuenta del Tesoro Público (préstamos del banco al Estado), billetes en circulación y volumen de las cuentas corrientes. Sobre estos epígrafes, el informe ofrecía la siguiente información, comparado con el balance del 18 de julio de 1936:[108]

Entre las conclusiones a las que el Banco de España de Burgos llegaba destacaba que desde el estallido del conflicto y hasta el cierre de abril de 1938, el Banco de España republicano había perdido casi 600 millones de pesetas del oro custodiado y 110 millones del depositado en el extranjero.

La cuenta de Tesoro Público, que recogía la contribución del banco a la financiación de la guerra, había pasado de 104,8 millones a 9.160,2. Notabilísimo crecimiento que suponía que el Gobierno de la República había casi centuplicado el volumen de las deudas del Estado para con el banco de emisión, lo que probaba «hasta la saciedad que la financiación de la guerra se ha hecho por el Gobierno de Barcelona a base del billete del Banco». Una «inflación desenfrenada: tal ha sido su política», añadía.

Tratando de profundizar más en la situación financiera de la República, el informe llamaba también la atención sobre el hecho de que los billetes en circulación habían pasado de 5.451,5 millones de pesetas a 9.212,1, con un crecimiento de 3.760,1 millones. Y buen conocedor, sin duda, de los procesos contables de un banco de emisión, el redactor del informe advertía que en esa cifra «no se incluyen los “certificados de plata” de 1935, que no son billetes del Banco de España, sino una emisión del Estado casi análoga a la de los “Treasury notes” ingleses». La información se completaba añadiendo que esos certificados de plata, puestos en circulación por el Gobierno republicano «después de la iniciación del Movimiento, han sido utilizados como medios de pago en la zona gubernamental»,[109] y suponen 1.050 millones de pesetas, a los que habría que sumar los billetes emitidos por ayuntamientos y diputaciones, por una cantidad «que puede ser igual a la de los propios billetes del Banco de Emisión».

Y, preocupado el Banco de España de Burgos por ofrecer a su Gobierno la mejor información posible sobre la salud económica de la zona republicana, hacía estas reflexiones:

Buena prueba de la extraordinaria inflación de medios de pagos, se encuentran en los índices de precios allí existentes. No es posible que a una inflación de coeficiente tres, como es la que en aquella zona se registra según el balance del Banco, corresponda una subida en los precios con coeficiente seis, siete y hasta ocho.

Dando un ejemplo de erudición, el informe señalaba que «conocidos los módulos en que la ecuación de Fisher se desenvuelve en la zona gubernamental, semejante alza de precios sólo tiene una explicación: que los billetes en circulación superen con mucho la cifra de nueve mil doscientos doce millones del balance». Recordaba que el 18 de julio de 1936 se hallaban en circulación en España billetes de banco por valor de 5.450 millones de pesetas, de los que escasamente 2.000 millones quedaron en la zona de los sublevados. El resto, es decir, 3.450 millones, correspondía a la zona republicana.

Y al pasar de 3.450 millones a 9.200 millones de pesetas en 22 meses, la inflación había sido, en billetes del Banco de España, determinada por un coeficiente 2,70. Se preguntaba el informe si se deberían admitir como exactas las cifras publicadas, y su respuesta era negativa. Y daba algunas razones que indiscutiblemente le llegaban desde sus servicios de inteligencia.[110]

En un análisis más técnico se recordaba que, el 18 de julio, adicionalmente a los 5.450 millones de pesetas en circulación, se encontraban en la caja del banco 958 millones. Y que, por otra parte, los billetes en reserva ascendían a 9.750 millones, lo que quería decir que en el momento de iniciarse el conflicto la cantidad de billetes disponibles para el conjunto de la economía nacional ascendía a 16.162 millones de pesetas. A la fecha del informe se estimaba que menos de 3.000 se localizaban en la zona del Gobierno de Burgos. Ello suponía que el resto, más de 13.000 millones, se hallaban en Madrid y en las sucursales sometidas a su autoridad. A esos 13.000 millones de pesetas habría que añadir los billetes fabricados apresuradamente en esos 22 meses por las casas Bradbury y De la Rue. El informe se planteaba una última pregunta: «¿cómo es posible admitir como válida la cifra de circulación de nueve mil millones?».[111]

La conclusión final a la que en Burgos se llegaba sobre el volumen de billetes en circulación era la siguiente:

Lo razonable es suponer que si a los trece mil millones de 1936 han venido a sumarse seis o siete mil millones fabricados en 1937 y 1938 por las casas Bradbury y De la Rue… permite afirmar con enormes probabilidades de acierto que el papel moneda circulante en aquella zona alcanza, si no supera, los veinte mil millones de pesetas.

Y ésta era la razón que el redactor del informe esgrimía para dar por supuesto el nivel de precios que, en ausencia de información suficiente, se intuía que se había alcanzado en el territorio republicano.

Hay que considerar que para el Gobierno de Burgos tenía mucha significación hacer una aproximación numérica de la circulación fiduciaria de la República, porque en aquellos momentos el Servicio de Estudios del Banco de España en Burgos estaba definiendo la estrategia que había que utilizar para impedir que la elevadísima inflación de la economía republicana contagiara a la economía de su zona. Algo que, si no se conseguía contrarrestar, podría retrasar la recuperación de la economía una vez acabada la guerra. Era, pues, necesario disponer de una estrategia al respecto cuanto antes, definida a partir del mejor conocimiento posible de lo que en el orden de la circulación fiduciaria estaba sucediendo en la República.

En cuanto a las cuentas corrientes deudoras, habían pasado de 1.128,6 a 6.144,7 millones en el balance al 30 de abril de 1938, con un incremento del 544%. El informe dudaba también de la realidad de esta cifra. Su escepticismo se apoyaba en los irónicos comentarios de la prensa extranjera sobre ese balance. Recordaba concretamente que The Times se había preguntado de dónde habían surgido «esos capitalistas “rojos”». Adicionalmente, en círculos bancarios burgaleses se comentaba que incluir «en el balance como encaje metálico préstamos sobre monedas y lingotes oro y las divisas poseídas por el Centro de Contratación de Moneda, no pasa de ser una broma de mal gusto». La explicación que daba la República de este fenómeno era que constituía «la manifestación más paladina de un organismo bancario en pleno desarrollo y crecimiento», lo que demostraba que el público había recobrado «la confianza en el Banco de España y en todos los demás organismos bancarios» y que ésa era la razón de que la sociedad republicana llevase «a ellos sus ahorros», acrecentando el volumen de las cuentas corrientes.

Para Burgos tales afirmaciones no constituían sino una declaración política. No aceptaba en absoluto esa explicación. La consideraba una simple maniobra de enmascaramiento de la realidad. Entendía que tan abultado saldo de las cuentas corrientes se basaba en el hecho de que «el Gobierno de Barcelona ha abonado intereses de la Deuda Pública en cuenta corriente, y ha restringido ferozmente el uso de las mismas, con lo que éstas se han acrecentado por ministerio de la Ley». Otra razón complementaria era que el Gobierno de Burgos había decretado la anulación de todos los billetes emitidos con posterioridad al 18 de julio y había advertido que no serían considerados válidos al terminar la guerra. Y por ello, esos billetes buscaban refugio de las cuentas corrientes: «muestra, no de confianza en el Gobierno de Barcelona, sino en la magnanimidad de Franco».

Las conclusiones finales del informe del Banco de España de Burgos a su Gobierno sobre la situación real del Banco de España republicano, a partir de lo que informaba su balance a 30 de abril de 1938, fueron textualmente las siguientes:

El oro del Banco de España, prácticamente ha desaparecido.

El Gobierno de Barcelona, para el financiamiento de la guerra, ha hecho funcionar la máquina de billetes, y ha originado una inflación monstruosa en aquella zona.

Los billetes en circulación del Banco de España son muy superiores en número a la cifra de nueve mil millones que da el balance, y que juntos con los billetes del Tesoro se aproximan a los veinte mil millones de pesetas.

Las cuentas corrientes significan la repulsa del billete de Barcelona, y en manera alguna confianza en la nueva organización bancaria.

Y en el entorno crispado de guerra que en aquellos momentos caracterizaba todas las actuaciones políticas o financieras, el informe terminaba: «Y esto es todo lo que Barcelona ha logrado urdir para la defensa de su gestión financiera»[112].

Sin embargo, y antes de que se publicara en la Gaceta de la República el balance del 30 de abril de 1938, los servicios de información de Burgos ya habían obtenido por otros medios un perfecto conocimiento de lo que estaba pasando. Y el Noticiero de España había dado cuenta el 27 de noviembre de 1937, con bastante detalle, de la expansión de la circulación fiduciaria de la República. Los billetes en circulación superaban ya todos los límites.

Asciende a once mil millones de pesetas la cifra de billetes del Banco que circulan en aquellas quince provincias aún dominadas por Barcelona, mientras que al comienzo de la guerra civil la masa total de billetes en circulación en toda España era escasamente de cuatro mil quinientos millones de pesetas.

El Noticiero de España añadía:

… la resistencia de los intereses privados frente a esta enorme inflación, y la depreciación de la peseta, en aquellas comarcas ha sido tal, que ha sido necesario recurrir a diversas monedas emitidas por los organismos públicos (Diputaciones, Ayuntamientos, Gobierno Vasco, de Santander, Consejo de Asturias y de León, etc. etc.)… Cumpliéndose con toda exactitud la ley de Gresham, toda la moneda metálica, aun la divisionaria, ha desaparecido del mercado, así como los billetes emitidos con anterioridad al 18 de Julio.

INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA PLANIFICAR SU POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA

A la hora de definir la actividad financiera de cada una de las dos partes durante la guerra civil, es importante evaluar y comparar la capacidad de la que cada bando dispuso para realizar análisis realistas de lo que estaba sucediendo, con el propósito de conocer y conceptualizar los acontecimientos de cada momento, prever el futuro, definir las acciones a emprender, y planificarlas. Hay que preguntarse, por ello, en qué medida cada uno de los dos contendientes dispusieron de análisis rigurosos sobre lo que, en cada momento, era su realidad económica. Y si a partir de éstos, fueron capaces de conocer el tipo de problemas que planteaba esa realidad, y disponían de mecanismos de previsión que pudieran ofrecer alternativas frente a esos problemas a partir de la farmacopea política, social o económica, disponible.

Tal como se ha visto en el capítulo II, «El escenario económico-financiero de la guerra como punto de partida», el Banco de España había creado en 1930 un Servicio de Estudios para disponer de una plataforma de análisis y programación de su actividad. Y allí se ha dicho que, hasta 1936, los responsables políticos, monárquicos y republicanos tuvieron la suerte de contar con un centro de estudios de prestigio. Sin embargo, el Banco de España de la República no fue capaz de aprovechar esos mecanismos en el período 1936-1939.

Porque a partir del 18 de julio de 1936, un «comité de empleados», dirigido por un funcionario administrativo, se hizo con el mando efectivo del Servicio, obligando a los subdirectores a despachar con él. El resultado fue que durante los tres años de guerra civil, el Servicio de Estudios del banco emisor republicano prácticamente no existió (Martín Aceña, 2000:81 y ss.). Y las actas que reflejan la actividad y la planificación del banco dejan muy claro que el aparato del Banco de España, y especialmente su órgano más crítico para el estudio y la búsqueda de alternativas, es decir, su Servicio de Estudios, no fue utilizado ni por el Consejo de la institución, ni por los órganos políticos de la República.

De esta manera, el Gobierno de la República no utilizó los servicios del Banco de España para conocer el estado de la economía y para su asesoramiento a la hora de definir su política y su estrategia, tal como lo habían hecho los distintos Gobiernos anteriores al 18 de julio. Tampoco el Consejo General y los distintos servicios se beneficiaron del valor añadido que el Servicio de Estudios ofrecía para la formulación, el diseño y la ejecución de su política bancaria y financiera. Y ya no hay duda de que, desde el punto de vista económico-financiero, constituyó un importante error de las autoridades republicanas no saber utilizar el potente depósito de conocimiento, de experiencia y de capacidad de análisis, que en 1936 cualificaba ya de manera notable al Servicio de Estudios del Banco de España.

La historia escrita de este período del Servicio de Estudios concluye que:

… durante los tres años de guerra civil la oficina de estudios del emisor republicano simplemente desapareció. Afectada su continuidad por los traslados de sede, encarcelados o fusilados algunos de sus miembros, evadidos hacia la España de Franco otros, y sin cometidos específicos que atender, el que había sido centro el de investigación económica más sobresaliente del país se deshizo en pocos meses.

Para Martín Aceña (2000:93-94) la causa que verdaderamente redujo a cenizas el Servicio de Estudios fue la «ausencia de objetivos».

VIII
La hora de las independencias en la República

EL DESDOBLAMIENTO AUTONÓMICO

El verdadero problema, el que desde el punto de vista económico afectó gravemente a la República, fue el que plantearon las independencias económicas territoriales que fueron ganando peso en la República. Porque, como es bien sabido, vascos y catalanes dispusieron de una organización política propia, que les permitió conseguir la independencia monetaria y asumir facultades legislativas y ejecutivas, y, como resultado, una independencia total de facto. Y porque, muy pronto, a esa fórmula se sumaron otros territorios, que también reivindicaron su independencia financiera, como fueron el Consejo Revolucionario de Aragón, el Consejo Soberano de Asturias y León, y el Consejo Interprovincial de Santander, Burgos y Palencia.

Ello quiere decir que, como se ha visto en el capítulo II «El escenario económico-financiero de la guerra como punto de partida», durante el primer tercio de la contienda, coexistieron en el territorio de la República seis Gobiernos con plenos poderes, a los que habría que añadir otras organizaciones regionales y una infinidad de poderes locales, también descontrolados. Todos ellos con esquemas jurídicos e institucionales propios, en los que la independencia financiera, que constituía su máxima aspiración, alcanzaba cada día cotas más altas. Algunos, incluso, no vacilaron en realizar experimentos sociales, como establecer límites aduaneros o emitir sellos de correo. Establecieron un férreo control de las finanzas y de los medios de producción, con fórmulas que se extendieron desde la supresión del uso del dinero hasta la creación de signos monetarios con denominación diferente de la peseta.

Tal como era de esperar, todos esos factores introdujeron en la gestión económica de la República verdaderos obstáculos para la optimización de los recursos disponibles. Es posible, valga como justificación, que ante la anarquía reinante en los primeros momentos de la sublevación, y a pesar de la amenaza que esa realidad proyectaba hacia el futuro, el Gobierno republicano no tuviera otra salida que aceptar la colaboración de los nuevos poderes autónomos, por lo que suponían de defensa del régimen. José Giral, presidente en aquellos momentos del Consejo de Ministros, así lo adelantó, aunque esperando que el proceso se encauzara pronto y fuera fácil retomar el control de la calle. Pero no fue así.

En el momento de estallar la sublevación, los Gobiernos autónomos ya operaban con diversas competencias delegadas del de la República, lo que dificultaba la coordinación económica y el normal desarrollo del proceso de toma de decisiones. Pero esa situación fue complicándose cada vez más, porque las comunidades iban asumiendo progresivamente nuevas competencias de parcelas institucionales que correspondían al Estado, a veces llegando demasiado lejos en el ejercicio de sus aspiraciones de independencia. Y así, en una primera instancia, vascos y catalanes coincidieron en mostrar en el orden monetario una actividad institucional más que autónoma del Estado republicano, utilizando las oficinas del Banco de España de su territorio a modo de banco oficial propio.

INDEPENDENCIA FINANCIERA CATALANA[1]

El Gobierno de la Generalitat fue uno de los primeros que se lanzó a la carrera de desarrollar sus objetivos independentistas, que se concretaban en disponer de un sistema monetario exclusivamente catalán. Y muy pronto suprimió el sistema republicano, sustituyéndolo por un conjunto de nuevas monedas y por una política monetaria estrictamente catalana. Como consecuencia, su relación con las autoridades centrales fue creciendo en tensión, especialmente en lo relativo a la política monetaria y al debate sobre el privilegio de emisión. También se introdujeron «peculiaridades» catalanas en el sistema bancario,[2] lo que acarreó nuevos conflictos y controversias.[3]

La política financiera de la Generalitat tuvo dos etapas. Una primera, de julio a agosto de 1936, se concretó en una fase de planteamiento y rodaje del proceso revolucionario. En esa etapa, la Generalitat tomó decisiones elementales, respondiendo a problemas graves e inaplazables. Fueron operaciones de esta etapa la lucha contra el atesoramiento y retención de metales preciosos, las normas sobre bloqueo de depósitos en bancos y cajas de ahorros, el régimen de moratorias y la regulación de efectos impagados. Fue también la etapa de estabilización de la circulación monetaria mediante empleo del talón cheque y la creación de nuevas instituciones como la Comisaría General de Banca. La segunda etapa fue un período de sistematización y de asentamiento de la política financiera. En ella se trató de orientar la reconversión y de definir las bases financieras de un nuevo orden económico. Y para ello, se pusieron en circulación normas de carácter excepcional, entre otras los decretos de S’Agaró. Podría incluso definirse una tercera etapa, caracterizada por dar una mayor importancia al esfuerzo de financiación de guerra. Es en esta última etapa cuando se crea la Caja de Crédito Industrial y Comercial (Bricall, 1979:91 y ss.).

Tarradellas explicó esta política con toda claridad:[4]

… la Generalidad se vio, pues, abocada a un dilema: o se limitaba a hacer una política dentro de los márgenes ceñidos de sus atribuciones o, considerando la inseguridad esencial de aquellas horas, las rebasaba. Lo primero quería decir… la posibilidad de un desastre total, el hundimiento de nuestra vida social y económica, y la imposibilidad de poder ayudar de una manera eficiente al aplastamiento de la sublevación fascista… No nos quedaba, dignamente, otro camino que el seguido. Fue entonces, y por estas razones poderosas, cuando la Generalidad de Cataluña, sintiendo sobre sí toda la responsabilidad histórica de aquellos momentos decisivos, se lanzó valerosamente a hacer una política que, si bien significaba tomarse atribuciones que hasta entonces sólo tenía el poder central, sabía que, también sólo con ellas, serviría eficazmente la posibilidad de la victoria de Cataluña y de la República y, por tanto, era imprescindible adoptarlas.

Momento clave en la situación del conflicto lo constituyó la emisión en septiembre de 1936 de moneda propia, operación promovida por la Generalitat sin aviso previo. Porque el hecho supuso una ampliación unilateral muy grave del sistema catalán. Azaña (1986:112) llegó a declarar que el Gobierno catalán había emitido «billetes manifiestamente ilegítimos, puesto que el privilegio de emisión estaba reservado al Banco de España». Pero ahí quedó todo, porque el Banco de España no se dio por enterado, y ninguna otra autoridad se pronunció o tomó medida alguna.

El resultado fue que Tarradellas, al frente en aquellos momentos de la Consejería de Finanzas de la Generalitat, siguió día a día, y hasta el fin de la guerra, definiendo y materializando, sin obstáculos por parte de las autoridades de la República, una política financiera catalana, a partir del más estricto control de la circulación fiduciaria. Y llegó tan lejos que, junto a la moneda de la Generalitat, se introdujeron monedas locales, hasta el extremo de que de los 1.075 municipios existentes en Cataluña, 687 terminaron por emitir moneda.[5] En este proceso, fue especialmente grave la decisión del Gobierno de la Generalitat de apropiarse, como luego se verá, de las sucursales del Banco de España en Cataluña. De tal manera que la sucursal en Barcelona del Banco de España pasó a ser el banco central catalán.

Sin embargo, pese a la gravedad de las decisiones tomadas, en ningún momento esta operación dio lugar a reacción alguna, legal o institucional, por parte el Gobierno central de la República. La única excepción fue una pequeña referencia en el Consejo General del Banco de España del 7 de septiembre de 1936, en el que, y muy escuetamente, se dio cuenta de que la comisión de sucursales proponía poner en conocimiento del Gobierno, para su superior resolución, «el asunto relativo al nombramiento de Comisario de la Generalitat de Cataluña para la Sucursal de Barcelona». El Consejo acordó «dar la conformidad» a la propuesta. Y nada más se supo de esta cuestión.[6] Ni siquiera si realmente se dio cuenta de ello al Gobierno.

La Generalitat intervino también con decisión en el campo de las relaciones comerciales internacionales, creando «una Junta de Comercio Exterior de Cataluña»,[7] cuyo objetivo era controlar el comercio exterior catalán.[8] Desde ese momento, quedaban sujetas a su autorización todas las exportaciones e importaciones de materias primas y productos manufacturados.[9] Como complemento, se creó una delegación en Ginebra de la Oficina de Comercio Exterior de la Generalitat.[10]

Hubo muchos más acuerdos en ese sentido. Y en la carrera por asumir competencias, las cosas llegaron tan lejos que, por decreto del 21 de noviembre,[11] se creó el ejército de Cataluña. Se trataba con ello de perfilar una especie de embrión de ejército propio, a cuyos efectos se creó una escuela de mandos de guerra, bajo el control de la Generalitat. Parecía claro que una buena parte de la juventud catalana estaba convencida, ya con anterioridad a la guerra civil, de que la independencia de Cataluña sólo se lograría «mediante un golpe de fuerza, cuando no a través de un conflicto armado» (Núñez Seixas, 2006:395).

En los primeros momentos de la sublevación, tuvo excepcional importancia el Consejo de Economía, creado en Cataluña el 19 de agosto de 1936, para dar contenido legal a las transformaciones revolucionarias de tipo económico y financiero que espontáneamente se estaban produciendo. El Consejo integraba a todas las fuerzas políticas y sindicales antifascistas y servía de punto de encuentro para hacer frente a los problemas que planteaba esa transformación revolucionaria, y, de alguna manera, para tratar de encauzarla.[12] El objetivo final del Consejo de Economía era estructurar y normalizar la economía catalana y convertirse en el organismo ordenador de la vida económica de la región. También se le asignó como cometido poner de nuevo en marcha la maquinaria económica, muy deteriorada con la guerra.[13]

La Generalitat cuidó con esmero su desarrollo presupuestario como fuente de excepcional valor en la financiación de la guerra, formulando presupuestos semestrales. En el año 1936 los gastos ordinarios y extraordinarios se fijaron en un total de 71,75 millones de pesetas, a los que en agosto de 1936 se añadieron 15,9 millones más. Un presupuesto que fue más que superado por las necesidades de la guerra.[14] Por ello, el Departamento de Finanzas de la Generalitat inició un proceso para cubrir ese déficit con lo que se llamó gastos no presupuestados.[15]

Independientemente de ello, y en su afán por mejorar la capacidad de respuesta financiera en relación con los problemas que iba planteando la guerra, la Generalitat concedió facultades a los alcaldes para la libre aplicación de las consignaciones presupuestarias, sin sujeción a las consignaciones específicas de cada concepto de gastos. No fue suficiente, y hubo necesidad de dotar a los municipios de más recursos. Para ello, se autorizó a los ayuntamientos a utilizar la figura del crédito extraordinario, cuyo importe se fijaría en función al presupuesto de cada uno de ellos. Estas partidas se dedicarían a sufragar los gastos que ocasionaran en los municipios el Servicio de Defensa y las necesidades del paro forzoso. Las cuotas a recaudar para financiar esta actividad gravarían las rentas y rendimientos de los contribuyentes, estimadas por los ayuntamientos «en la cifra que les pareciera justa», pudiéndose utilizar con carácter subsidiario los signos externos de riqueza. Lo que en realidad se estaba haciendo era otorgar a los municipios facultades de confiscación. Para entonces, la Generalitat, adelantándose a la República, ya había decidido descerrajar las cajas fuertes de alquiler de los bancos. Y para reordenar todo ello, apareció el concepto de la «carta financiera municipal», que no era otra cosa que una fórmula para obtener autorización de la Generalitat con el propósito de disponer de más ingresos. A finales de 1937 las cartas financieras aprobadas pasaban ya del medio centenar.[16]

No es posible entender ninguna de estas decisiones sin situarlas en el contexto de lo que entonces estaba sucediendo en Cataluña. Porque, desde el principio de la contienda, la Generalitat financiaba el mantenimiento de las milicias populares, la puesta en funcionamiento de la industria de guerra, y el abastecimiento a la población civil.[17] Y el esfuerzo de financiación que se estaba viendo obligada a hacer, en relación con esas funciones, era progresivamente creciente. Por otra parte, la recaudación de impuestos estaba bajando sustancialmente.[18] Era próximo el momento en que la Generalitat no podría atender sus compromisos. Entonces se recurrió a la Delegación de Hacienda del Estado en Barcelona y a la sucursal del Banco de España en esa ciudad, planteando los déficit de financiación. Solicitaba ayuda financiera porque, según explicaba, ni el Gobierno de la Generalitat ni los ayuntamientos catalanes tenían la capacidad financiera que exigían la naturaleza y la importancia de las necesidades que había que atender (Arias Velasco, 1977:219).

Como solución Tarradellas solicitó con carácter de urgencia al Gobierno de la República la apertura de un crédito de 50 millones de pesetas, destinado a los gastos ocasionados por el frente de batalla, el sostenimiento de las milicias en Cataluña, y el suministro de materiales de guerra fabricados en el país. Y otro de 30 millones de francos, a situar en París, para financiar las materias primas que Cataluña necesitaba comprar en el exterior. Solicitaba igualmente que se facultara al Gobierno de la Generalitat para que, de acuerdo con el Centro Oficial de Contratación de Moneda, pudiera adquirir divisas hasta la cantidad de 100 millones de pesetas para financiar las compras que necesitaba hacer la industria catalana a fin de no interrumpir su funcionamiento.[19]

A partir de esta petición, las cosas se precipitaron. Porque mientras el Gobierno de la Generalitat aguardaba impaciente la respuesta a su petición, los servicios de información catalanes interceptaron un telegrama dirigido por la Dirección General del Tesoro de Madrid, al delegado de Hacienda en Barcelona, ordenándole el inmediato traspaso al Banco de España, para su ingreso en la Tesorería central, de 373.176.000 pesetas oro, importe del saldo oro del Tesoro y de 1.060 millones de plata. La Generalitat, preocupada por lo que podía significar este requerimiento, trató de obtener información sobre lo que estaba pasando. Pero la cuestión se agravó cuando, después de cuatro días de conversaciones, se interceptó otro telegrama de la Dirección General del Tesoro a la Delegación de Hacienda de Cataluña exigiendo la ejecución de la orden dada anteriormente (Arias Velasco, 1977:220-221).

La reacción de la Generalitat a lo que consideraba un engaño fue violenta y fulminante, y vista la imposibilidad de disponer de los créditos que se solicitaban, Tarradellas decidió apropiarse de todas las oficinas del Banco de España en Cataluña y de todos sus activos.[20] Y el decreto del 27 de agosto acordaba que, a partir de esa fecha, el Departamento de Finanzas de la Generalitat asumía el control directo de las sucursales del Banco de España en Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida, Reus y Tortosa.[21]

Una vez consumado este acto,[22] hubo conversaciones, mucha tensión e intercambio de negociadores, pero la Generalitat ya había dispuesto de los fondos inmediatamente después de ocupar las oficinas. Y un nuevo decreto (28 de agosto de 1936) apoderaba al consejero de Economía para que, en nombre y representación de la Generalitat, instrumentara las operaciones pedidas con anterioridad al Gobierno central y no aceptadas por éste. Es decir, un crédito de 50 millones para financiar gastos de guerra, y otro de 30 millones de francos disponible en París para atender a la compra directa de materias primas. A la vez, se ordenaba a la Delegación del Centro Oficial de Contratación de Moneda en Barcelona que los comerciantes e industriales de Cataluña pudieran pedir moneda extranjera hasta el equivalente de 100 millones de pesetas con destino a la adquisición de primeras materias. Es decir, todo lo que se les había negado.

Es claro que la política monetaria catalana obedeció en todo momento a un planteamiento previo y global, que Tarradellas había diseñado y que llevó a la práctica en su totalidad, y cuyos resultados fueron el rápido ajuste de Cataluña a una economía de guerra y el nacimiento de un nuevo sistema monetario.[23] El nuevo entramado se completó con un sistema bancario nacionalizado. Porque los bancos catalanes, es decir, aquellos cuya sede principal se encontraba en territorio bajo el control de la Generalitat, fueron nacionalizados, pasando a depender del Consejo General de la Banca Catalana, que actuaba como un verdadero Consejo de Administración. Tenía facultades para decidir las operaciones de crédito y la inversión de los fondos. Y prácticamente resolvía, en última instancia, todas las cuestiones relativas a los bancos y a la dirección de cada uno de ellos (Bricall, 1979:190-191). También fueron reorganizados las cajas de ahorros, las compañías de seguros, y el mercado de valores. Todas las disposiciones que se promulgaron en esta línea tendían a nacionalizar la actividad y a controlarla al máximo. Como remate de esta operación, un decreto de la Generalitat del 28 de agosto de 1936 disponía que solamente tendrían fuerza de obligar en el territorio de Cataluña las disposiciones que se publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.[24]

La intervención de la Generalitat en las sucursales catalanas del Banco de España terminó el 11 de mayo de 1938, fecha en la que un decreto de la Generalitat puso fin a la intervención de ésta en las delegaciones de Hacienda. Y una orden del 16 de junio de 1938 creaba una Oficina de la Generalitat en la Delegación de Hacienda de Barcelona con la función de relacionar la administración financiera de la Generalitat con la de la República y de comunicar a la Generalitat las asignaciones de pago por diferentes conceptos (Bricall, 1970:207 y ss.).

En ese proceso creciente de lograr mayores cuotas de independencia, otro incidente grave de contenido financiero se planteó cuando el Consejo de Economía de Cataluña decidió, en el mes de agosto de 1936, la aprobación de un programa de actuación de once puntos que, desde el punto de vista económico y financiero, suponía una verdadera fractura interna con la República, dando forma jurídica a la revolución social que ya se estaba produciendo en Cataluña.[25] Éstos eran los once puntos de la política catalana:

— La producción debería desarrollarse de acuerdo con las necesidades, sacrificando aquellas industrias o producciones que no se estimasen necesarias, y estimulando enérgicamente la instalación de las nuevas industrias que, por efecto de la alteración del valor de la peseta, fuera conveniente instaurar.

— Debería establecerse un monopolio del comercio exterior para evitar nuevas acometidas desde fuera contra el nuevo orden económico que estaba naciendo.

— Se colectivizaría la gran propiedad rústica para ser explotada por sindicatos de campesinos.

— Se iría a una desvalorización parcial de la propiedad urbana, mediante la reducción de alquileres o el establecimiento de tasas equivalentes.

— Se colectivizarían las grandes industrias, los servicios públicos y los transportes en común.

— Los establecimientos abandonados por sus propietarios serían incautados o colectivizados.

— Se intensificaría el régimen cooperativo y la distribución de productos, y en particular la explotación en régimen cooperativo de las grandes empresas de distribución.

— Se establecería el control obrero de los negocios bancarios, hasta llegar a la nacionalización de la banca.

— Se establecería un control sindical en todas las industrias que continuasen explotadas en régimen de empresa privada.

— Se estimularía la revalorización de los productos del campo, el retorno al campo de los obreros que pudiera absorber la nueva organización del trabajo agrícola, la creación de grandes industrias para suplir artículos manufacturados difíciles de importar y la electrificación integral de Cataluña.

— Se suprimirían los diversos impuestos para llegar a la implantación del impuesto único.

Once puntos que, en enero de 1937, se convirtieron en el denominado Plan Tarradellas, que se desarrolló en 58 disposiciones. Azaña dijo que cada una de ellas suponía una transgresión legal. Y así era. Porque en esas disposiciones se establecía la nacionalización de los bancos catalanes y el control de las cajas de ahorros, las compañías de seguros y el mercado de valores. En el terreno fiscal se estableció un impuesto sobre la propiedad y un impuesto único sobre la renta.[26]

Pero los objetivos se iban ampliando, y ello exigió que el 18 de julio de 1937 el Ministerio de Hacienda y Economía de la República constituyera una comisión para estudiar «las soluciones más ventajosas o convenientes en cuantas cuestiones de índole económica o financiera» estuvieran pendientes entre el Gobierno central y la Generalitat.[27] No se trataba de responder a sus crecientes necesidades de mayor autonomía, sino de disponer de un inventario que hiciera posible encajar los excesos que se habían cometido en la independencia financiera al compás del proceso general de reconstrucción de la autoridad estatal y de recuperación de las funciones gubernativas centrales. Azaña suscribió totalmente la vía de la reconstrucción de la autoridad estatal.[28]

Al final, la República tuvo que decretar, en enero de 1938,[29] que todo el dinero en circulación que no hubiera sido emitido por el Tesoro Público o por el Banco de España de la República, quedaba anulado, y que sería recogido en el plazo de un mes. Pero Tarradellas ignoró ese acuerdo y continuó su política. Incluso preparó una nueva emisión para principios de 1939, de la que se hizo cargo el Gobierno de Burgos cuando su ejército ocupó la plaza de Barcelona. Así pues, la moneda de la Generalitat tuvo vigencia legal hasta principios de 1938, pero en la práctica se alargó hasta el 26 de enero de 1939, día en que las tropas del general Yagüe ocuparon la ciudad de Barcelona.[30]

En todo caso, el Plan Tarradellas o los decretos de S’Agaró, así llamados porque las 58 disposiciones que instrumentaban las medidas fueron definidos en esa localidad, constituyeron el soporte legislativo de toda la política financiera catalana. Se basaban en la transferencia de competencias a Cataluña, y regulaban la competencia total en todos los resortes estructurales de la administración, desde la política municipal y la recaudación de impuestos, hasta la regulación del mercado monetario, pasando por la nacionalización del sistema bancario. Al tiempo, y por medio de cartas financieras municipales, los municipios fueron consiguiendo las competencias necesarias para hacer frente a los problemas financieros que tenían planteados dentro de su propio marco local, a partir de un amplio abanico de posibilidades, entre las que se encontraba la emisión legal de moneda local con la garantía directa de la Tesorería de la Generalitat. Así pues, el control de la masa emitida lo compartían el ejecutivo catalán y los municipios.[31]

La ley del 5 de abril de 1938 suprimió formalmente todas las facultades otorgadas a Cataluña por el Estatuto de 1932.[32] En ella se estableció que «la Administración del Estado, la provincial y la municipal en las provincias de Lérida, Tarragona, Barcelona y Gerona», habrían de regirse por las normas aplicables a las demás provincias. El preámbulo de esa ley era terminante:

El Alzamiento Nacional significó, en el orden político, la ruptura con todas las instituciones que implicasen negación de los valores que se intentaba restaurar. Y es claro que, cualquiera que sea la concepción de la vida local que inspire normas futuras, el Estatuto de Cataluña, en mala hora concedido por la República, dejó de tener validez, en el orden jurídico español, desde el día diecisiete de julio de mil novecientos treinta y seis. No sería preciso, pues, hacer ninguna declaración en este sentido.

INDEPENDENCIA FINANCIERA DEL PAÍS VASCO[33]

El 1 de octubre de 1936 el Parlamento de la República aprobó por unanimidad el Estatuto de Autonomía para Álava, Guipúzcoa y Vizcaya,[34] un objetivo que las fuerzas públicas vascas se habían fijado en el mismo momento de producirse la sublevación del 18 de julio como vía para lograr el autogobierno total, a través de dos procesos que ya estaban programados: la independencia monetaria y el control bancario. El Estatuto fue la primera carta de autogobierno de la historia del País Vasco.[35] Y su primer Gobierno se constituyó como un gabinete de guerra[36] cuyo principal objetivo era ganarla, y desde su primer programa se comprometió a respetar las libertades democráticas, a mantener el orden público, y a hacerse cargo de la dirección suprema de la guerra, estableciendo un mando único.[37] Este Gobierno tuvo menos de nueve meses de vida.

El llamado «Pacto de Guernica», firmado en Bilbao por todas las fuerzas del Frente Popular vasco, constituía el programa político de las fuerzas firmantes y era la declaración ministerial del nuevo Gobierno vasco.[38] El programa contenía apartados económicos de carácter progresista que suscitaron bastante controversia, aunque Juan Pablo Fusi escribió que, «en los ocho meses y medio que duró su mandato, el Gobierno vasco actuó con eficacia y hasta con brillantez en muchas áreas».[39] Ese mismo día el Frente Popular hacía público un comunicado por el cual todos los partidos políticos que lo integraban habían acordado unánimemente que los concejales pertenecientes a esos partidos en las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, votaran a José Antonio Aguirre para ocupar la presidencia de ese Gobierno.

Previamente, la Junta de Defensa de Vizcaya se había constituido el 12 de agosto de 1936, integrada por las representaciones de los partidos políticos activos en aquel momento.[40] Se creaba para asistir y ayudar al Gobierno legítimo de la República y prestar atención a las necesidades de la vida individual, social y económica de Vizcaya. Esa Junta tenía las facultades delegadas del Gobierno de la República, que inicialmente fueron las que con anterioridad tenía el gobernador civil de Vizcaya. El titular de Finanzas de la Junta de Defensa de Vizcaya era Eliodoro de la Torre,[41] quien comenzó inmediatamente desde su puesto de trabajo su tarea de ordenación de la política financiera del territorio vasco. Siempre al servicio de una mayor independencia financiera.

De esta manera, fue Eliodoro de la Torre el responsable de ir interpretando, modulando y acomodando al territorio del País Vasco los decretos que se iban publicando en la Gaceta de Madrid referidos a todo el territorio controlado por la República. La orientación de las decisiones que iba a tomar quedó clara en su primera disposición (14 de agosto de 1936), en la que, refiriéndose a la moratoria establecida para el vencimiento de efectos mercantiles por la República, declaraba que esa disposición, si bien había sido dictada con carácter general, «lo ha sido con la mira puesta en aquellas plazas que, en virtud de los hechos subversivos acaecidos, no podía desenvolverse la vida mercantil, no para aquellas plazas y regiones como la de Vizcaya, en que su actividad se desarrolla y desenvuelve con toda normalidad».

A partir de esta «aclaración», se fueron produciendo las «acomodaciones» al territorio vasco de las disposiciones que se iban dictando por el Gobierno de la República para evitar el uso indebido del dinero y su atesoramiento, y todas las relativas a las anormalidades operativas que se estaban produciendo en el desarrollo bancario. Con base en ese mismo principio fueron apareciendo regulaciones nuevas y originales aplicables exclusivamente al País Vasco, como la del 22 de agosto de 1936, en la que se explicaba que las «necesidades crediticias del momento presente exigen la utilización de nuevas formas jurídicas, dotadas de la suficiente flexibilidad para mantener el normal funcionamiento de la economía vizcaína». Una disposición que introdujo en el País Vasco la posibilidad de utilizar el préstamo sobre mercancías sin que se exigiera el desplazamiento de la prenda, lo que proporcionaba a la sociedad vasca la posibilidad de «movilizar posibilidades económicas hoy forzosamente inactivas».

Otra medida extraordinaria de acomodación a las necesidades del momento fue reducir las rentas o alquileres de inmuebles destinados a usos industriales y a viviendas, y adicionalmente establecer un impuesto del 25% de su importe. El destino de este impuesto era financiar «los cuantiosos gastos que origina el sostenimiento de la población civil refugiada y de aquella parte de la población de Vizcaya que, por carecer de trabajo, no tiene a su alcance medios de vida propios».

Eliodoro de la Torre, que aspiraba a una circulación monetaria vasca, definió una estrategia que consistía en «el empleo obligatorio de un nuevo signo monetario, investido de igual o mayor, si cabe, firmeza y garantía que el billete del Banco de España». Ese nuevo signo monetario se instrumentaba «en talones librados a cargo del citado Banco emisor por los distintos Bancos y Cajas de Ahorros que aquí operan».[42]

Pero ya como consejero de Hacienda del nuevo Gobierno, y con el horizonte mucho más amplio que le ofrecía su mayor capacidad de introducir cambios, se dedicó a regular una mayor independencia en el orden monetario.[43] Por de pronto, continuó, aunque con mayor intensidad, con la puesta en circulación de talones al portador.[44] Legisló sobre el atesoramiento de billetes y sobre las cantidades que, en metálico o billetes, podían tener en su poder los comerciantes e industriales. Éstos no podían superar, como saldo en caja para atender a las operaciones corrientes de cambio, la suma que tuvieran antes del 18 de julio. En el caso de particulares, no podrían tener en su poder más de 750 pesetas en billetes y 50 pesetas en plata. Las cantidades que excedieran de los límites anteriores deberían ingresarse en cuenta corriente bancaria o libreta de las cajas de ahorros en un plazo de tres días. Y terminado ese plazo, los agentes de orden público procederían, tanto en Bilbao como en los pueblos, a registros domiciliarios rigurosos, incautándose de las sumas que excedieran de los límites autorizados.[45] Pronto quedó claro que la disposición se refería no sólo a los billetes y metálico existentes en poder de los tenedores, sino también a aquellas cantidades que hubieran sido depositadas en las cajas de alquiler de los bancos.[46]

El 16 de abril de 1937, y dando un nuevo paso, el Gobierno vasco decidió la puesta en circulación de una nueva emisión de talones al portador para recoger los de emisiones antiguas. Su impresión y presentación eran más perfectas y llevaban litografiadas las firmas de las entidades libradoras, así como el «Tiene fondos» del Banco de España. Los talones se emitían en series de 1.000, 500, 100, 50, 25, 10 y 5 pesetas, y eran de curso forzoso en todo el territorio sometido al Gobierno vasco. Anteriormente, ya se habían emitido monedas de níquel de 1 y 2 pesetas, que quedaban equiparadas a las monedas oficiales para todos los efectos y eran también de curso forzoso.[47] A partir de este momento, la independencia monetaria ya era una realidad.

José Antonio Aguirre explicó con claridad la nueva política monetaria, señalando que la incomunicación del país y el sentido de orden de los ciudadanos vascos exigían que, para combatir el atesoramiento de billetes, se acordaran medidas eficaces y prácticas que evitaran el encarecimiento del dinero. Y así se tuvo que acudir a lo que él denominaba «un procedimiento original, cual fue la emisión de talones al portador por cada uno de los Bancos locales, a cargo del Banco de España» (Aguirre, 1978:68). Pero lo que en realidad estaba justificando era la introducción de una nueva moneda y la institucionalización de una nueva situación fiduciaria. Y así se hizo con la emisión de verdaderos billetes del Gobierno vasco, de igual manera que antes lo había hecho la Generalitat en Cataluña.[48] También en este caso se originó una importante tensión con el Gobierno central.

La banca fue también intervenida, y a finales de 1936 un decreto del 23 de diciembre modificaba la composición de todos los consejos de administración. Un mes después, dos nuevos decretos (días 9 y 10 de febrero) complementaban su regulación. El primero creaba en el Departamento de Hacienda una Delegación en la banca privada, constituida por un delegado del Gobierno vasco en la banca y por un Consejo. La medida se justificaba por la necesidad de «un control más apretado y una orientación más precisa de las actividades de la Banca, tanto para auxiliar al Gobierno legítimo, cuanto para impedir cooperaciones a los rebeldes… respetando en lo posible la organización que para el régimen de la Banca Privada de la República» establecía la legislación existente. El Consejo ayudaría al Gobierno para que se cumplieran todas las disposiciones que éste dictara relacionadas con la moneda, divisas, signos de créditos, oro amonedado o en pasta, valores, alhajas, cajas de seguridad y otros análogos. La banca quedaba, pues, por completo bajo la dirección y el control del Gobierno vasco. Pero no se nacionalizó.[49]

Se creaba también un Comité de la Banca Vasca, integrado por un director de sucursal del «Banco de Euskadi» y por los presidentes de los consejos de administración de los bancos de la zona. La nueva organización trataba de convertirse en una especie de híbrido entre el Banco de España y el Consejo Superior Bancario, y sus competencias eran realmente amplias. Así, entre otras, el Comité de la Banca Vasca debería:

— Proponer las medidas que procediera adoptar en relación con la política monetaria y con la situación de las sociedades de crédito, bancos y banqueros del País Vasco, y vigilar el cumplimiento de las normas de actuación de la banca, sancionando sus infracciones.

— Revisar la división de las zonas bancarias y determinar la capitalidad de cada una de ellas. Acordar la creación de cámaras de compensación.

— Organizar servicios de estadística o de estudios.

— Convertir en acuerdos las medidas que reputara convenientes para fortalecer la concentración y la distribución bancaria.

— Fortalecer la inmunidad de sus asociados contra las perturbaciones extraordinarias en los negocios, y garantizar la coherencia en el movimiento económico bancario entre la banca privada y el banco de emisión.

El Consejo de la Banca Vasca podía «ser oído por el Gobierno de Euzkadi en cuanto se relacione con los cambios internacionales o la regularización del mercado monetario y en los asuntos que afecten a la economía del país, en sus relaciones con la Banca privada de Euzkadi».[50]

El segundo decreto declaraba «nulos y sin efecto alguno los actos que realicen, acuerdos que tomen y documentos que suscriban… los antiguos Consejeros de los Bancos o establecimientos de crédito privados, domiciliados en territorio en que tenga jurisdicción el Gobierno de Euzkadi». Se explicaba en la exposición de motivos que tal decisión se tomaba después de que hubiera llegado «a conocimiento del Gobierno de Euzkadi el hecho de que por ciertos antiguos consejeros de Bancos y otras Sociedades Anónimas de Euzkadi y ciertos altos empleados de los mismos residentes en territorio faccioso o en el extranjero, se están realizando actos ilegales, que a la vez que comprometen los intereses de dichas entidades, tratan de favorecer a los rebeldes en armas contra el Gobierno legítimo».[51]

Desde el primer momento de la sublevación, el Gobierno del País Vasco, y especialmente el PNV, trataron de dotarse de las armas necesarias para participar en la contienda, y de conseguir la financiación necesaria para ello. Antonio Irala, secretario general de la Presidencia del Gobierno vasco, fue el encargado, por designación del dirigente del PNV Juan Ajuriaguerra, de ocuparse de ambas cosas.[52] Para resolver el problema de la financiación, diseñó dos fórmulas: pedir a un vasco «patriota de toda la vida», y hombre adinerado, la suma necesaria, o requisar unas cajas de oro del Banco de España en Bilbao que habían llegado poco antes de la sublevación. La utilizada fue la segunda opción, aceptada por Ajuriaguerra. Se puso en marcha y aportó los recursos suficientes para firmar un primer contrato con Praga de 5.000 fusiles y 6 millones de cartuchos, que inmediatamente fueron trasladados a Bilbao.[53]

Pero el Gobierno vasco se dio cuenta pronto de que los medios que se estaban arbitrando no eran suficientes, y recurrió al sistema de incautación de joyas, alhajas y oro depositados en las cajas de alquiler de los bancos. Así se explicaba en el decreto que puso en marcha la operación:[54]

La guerra ha originado gastos cuantiosísimos, que sobrepasan las posibilidades normales de un presupuesto. El Gobierno de Euzkadi ha tenido que sobrellevar también la pesadumbre de sucesivas evacuaciones de población civil, con la perspectiva de otras próximas que salven a aquella de los riesgos inherentes al actual conflicto… A nutrir de medios económicos que le permitieran realizar sus adquisiciones en el extranjero han tendido los Decretos ordenando la entrega de oro, valores y divisas extranjeras al Departamento de Hacienda… Tales adquisiciones han sido agotadas por la prolongación de la rebelión armada, sin que las necesidades de divisas disminuyan, antes al contrario viéndose aumentadas de día en día… El Consejero de Hacienda no puede permanecer impasible ante esta suma creciente de necesidades. En la zona rebelde se ha procedido a la entrega de joyas, alhajas y oro en objetos de uso personal, para las necesidades de la guerra. A ello ha de irse también en Euzkadi… Para que este deseo se traduzca en realidad se requiere la cooperación de todos, pero muy especialmente de quienes, dotados de medios de fortuna pueden y deben colaborar con el Gobierno vasco en la obligación sagrada que éste tiene de atender a la subsistencia y conservación de nuestro pueblo, al que no puede dejarse perecer por la crueldad de la guerra.

Desde este momento, los particulares no podrían extraer de las cajas de alquiler ninguno de esos activos, incurriendo, si lo hicieran, en un delito de contrabando. Se daba un plazo de 48 horas para que todos los titulares de cajas de alquiler se presentaran en la Dirección General de Operaciones del Departamento de Hacienda con las llaves de sus cajas para proceder a la apertura de éstas. Una vez abiertas, se retiraría el contenido que mereciera la consideración de «incautable», entregándoseles un recibo. A los propietarios de las cajas se les indemnizaría, abonándoles en cuenta corriente el valor de los activos incautados.

Previamente, y desde octubre de 1936, el Gobierno había publicado en el Diario Oficial diversos acuerdos en relación con activos fácilmente monetizables. El 16 de ese mes se había concedido un plazo de siete días a todos los ciudadanos residentes en territorio vasco para que entregaran, en la sucursal del Banco de España en Bilbao, todo el oro amonedado o en pasta y las divisas y valores extranjeros de toda clase que se hallaran dentro del territorio en que ejercía su autoridad. Más tarde se amplió el plazo hasta el 7 de noviembre.[55] Una nueva orden[56] prorrogaba la anterior, aclarándose que la obligación de entrega se extendía a valores extranjeros de toda clase, incluidos los valores españoles que cotizaran en alguna bolsa extranjera.[57]

Pero el nivel de cumplimiento fue muy bajo. Y un decreto del 16 de diciembre de 1936 señalaba que, pese a la publicación de distintas disposiciones en relación con la ocultación y evasión de capitales relativas a la entrega de oro, divisas y valores españoles o extranjeros cotizados en bolsas extranjeras, se había producido un gran número de infracciones y ocultaciones. Y advertía que los actos y omisiones en esta materia serían considerados como delito de contrabando si su valor excediera de 5.000 pesetas y de falta cuando no excediera de esta cantidad.[58] Las diligencias para la comprobación de estos delitos se iniciarían por la Intervención de Hacienda, estableciéndose que una de esas diligencias podría ser la entrada y registro en lugares cerrados, y especialmente la entrada en bancos o establecimientos de crédito y apertura y registro de cajas de alquiler o de seguridad.

Tratando de impedir la transmisión de propiedades inmuebles al extranjero, un decreto de octubre[59] establecía que carecerían de valor jurídico los actos de enajenación o gravamen, a cualquier titular, de bienes inmuebles radicantes en territorio del País Vasco. Y los registradores de la propiedad deberían denegar las inscripciones de esos actos, y si las practicaran, serían consideradas como nulas. Igualmente, se prohibían las cesiones, transmisiones o gravámenes de fondos públicos y valores mobiliarios de toda clase.

Importante también fue el decreto por el cual el Gobierno vasco se hacía cargo de las funciones que en aquellos momentos correspondían a la República española, en relación con la legislación y el control de los establecimientos de «contratación de mercancías y valores». Ello suponía que el Gobierno del País Vasco se hacía cargo de la Bolsa Oficial de Comercio de Bilbao y de los bolsines de valores, y que de él pasaban a depender las ferias, mercados, subastas y tiendas para la compraventa de mercancías.

En búsqueda de nuevos medios de financiación, el Gobierno vasco estableció a finales de 1936, y con carácter provisional, un impuesto del 2% sobre todos los pagos que se realizaran por el Departamento de Hacienda del Gobierno vasco, cualquiera que fuera su orden y naturaleza, siempre que no tuvieran por objeto satisfacer retribuciones o asignaciones personales.[60]

También se intervino la actividad de Campsa en el País Vasco. Y un decreto del 26 de octubre de 1936 señalaba que, dada la importancia extraordinaria que en la guerra civil estaban teniendo el petróleo y la gasolina, el Gobierno se veía obligado a intervenir la producción, distribución y consumo de Campsa mediante un Comité Interventor Ejecutivo. Otro decreto posterior (14 de noviembre) establecía la requisa del material y elementos auxiliares del transporte propiedad de los contratistas de distribución que Campsa venía utilizando en Vizcaya y Álava.

A partir de las disposiciones que se habían ido dictando, el Gobierno vasco consiguió la independencia financiera a la que aspiraba y, a través de ésta, una alta autonomía para organizar, dirigir y financiar la guerra. Porque el PNV insistió en todo momento en la necesidad de dirigir la contienda de modo independiente.[61] Y así, la organización y puesta en pie del ejército del País Vasco fue obra exclusiva de su Gobierno. Él fue el que trajo las primeras armas, equipó a las tropas, llamó a quintas y organizó todos los servicios del ejército. También puso en marcha las industrias de guerra, militarizando por decreto todas las factorías útiles para la producción militar. En ellas se fabricaron obuses de todas clases, bombas de aviación, cartuchos de fusil y ametralladora, morteros y granadas. Incluso se comenzó la construcción del fusil máuser y del fusil ametralladora, para lo cual se creó una nueva fábrica.[62] También adquirió aviones para reforzar su potencia bélica, aunque no pudo utilizarlos para fines militares.[63]

El coste de asumir la responsabilidad de poner en marcha el ejército, equiparlo con armas modernas y mantenerlo en pie de guerra fue muy alto para el Gobierno vasco, aunque no existe mucha información sobre el volumen que pudo alcanzar. Sin duda, se dispuso para ello de importantes ingresos procedentes de las expropiaciones, la confiscación de oro y metales preciosos, y el descerrajamiento de las cajas, aunque, al final, una parte de todo ello no llegó a monetizarse ni sirvió para financiar la guerra, porque fue remitido al exterior antes de la conquista de Bilbao, y posteriormente fue recuperado para devolverlo a sus legítimos propietarios. La actividad presupuestaria fue también una importante fuente de ingresos, especialmente el impuesto especial sobre las rentas o alquileres del 25%, destinado específicamente a financiar la guerra y al sostenimiento de la población civil refugiada. A esto hay que añadir los créditos que se obtuvieron. González Portilla y Garmendia (1988:73 y ss.) documentan un crédito otorgado por el Gobierno de la República al Gobierno vasco de 300 millones de pesetas, procedentes del Banco de España con cargo a la Delegación de Hacienda de Bilbao, así como otro de 250 millones de pesetas del Banco de Crédito Local. De ellos, en el momento de la conquista de Bilbao, sólo quedaban 15 millones de pesetas.

En todo caso, para el País Vasco, y en relación con la financiación de la guerra, no se puede definir la actividad presupuestaria con la precisión y detalle que se conoce para Cataluña. Todo lo que del País Vasco se conoce a ese respecto es que en el Congreso Mundial Vasco, celebrado en París en 1956, Aguirre (1978:71 y ss.) ofreció algunos datos relevantes que, en ausencia de otra información más detallada, pueden servir para hacer una primera aproximación. La guerra, según informó, había costado en cuanto al mantenimiento del ejército 517 millones, pero en conjunto «puede decirse que no llegamos a los 1.000 millones». En cuanto a cómo se financió todo ello, José Antonio Aguirre explicaba qué se hizo con «el oro incautado y pagado a los bancos vascos» (Aguirre, 1977:19). Sobre el estado de cuentas al término de la guerra, el presidente Aguirre decía que, al concluir la contienda, la deuda de Asturias y Santander al Gobierno vasco por diferentes suministros superaba los 70 millones de pesetas, y que a esa fecha su Gobierno disponía de 5.648.580 francos franceses y de 626.795 libras esterlinas.

La conquista de la plaza de Bilbao el 19 de junio de 1937, por las tropas del Gobierno de Burgos, obligó al Gobierno republicano a decretar que el domicilio de toda clase de compañías, entidades o empresas que lo tuvieran establecido en el territorio del País Vasco, debería trasladarse a las plazas de Valencia o Barcelona, quedando derogados los estatutos y pactos sociales y anuladas las inscripciones en el Registro Mercantil en cuanto se opusieran a este precepto.[64] En todo caso, el Departamento de Hacienda del Gobierno vasco continuó controlando las delegaciones comerciales en el extranjero y las sociedades de carácter económico que habían sido fundadas, especialmente en Londres. Fue con el producto de estas actividades como la Consejería de Hacienda financió toda la actividad gubernamental en el exilio, en la medida en que «los activos de esas sociedades eran considerables».[65]

El régimen de concierto económico especial del País Vasco se derogó el 24 de junio de 1937 para Guipúzcoa y Vizcaya, quedando vigente el de Álava.

Hay una información de contenido económico sobre los últimos momentos de poder del Gobierno vasco sobre Bilbao que merece ser contada. El responsable de la retirada de las tropas en nombre del Gobierno vasco, Jesús María Leizaola, ordenó a las dos de la madrugada del día 19 volar los puentes sobre la ría, liberó a los presos políticos, e impuso una retirada ordenada, pero no cumplió las órdenes que, al parecer, le había dado Prieto, de volar las instalaciones industriales de Altos Hornos de Vizcaya. Y está documentado que el presidente Aguirre, en conversación con el comandante Urcullu, le asignó la tarea de garantizar que en los últimos momentos las instalaciones de Altos Hornos de Vizcaya no sufrieran daño alguno. Más tarde, en una entrevista del diario L’Humanité, al ser interpelado Aguirre sobre por qué no se habían destruido los Altos Hornos de Vizcaya, contestó que esas industrias eran «riqueza y patrimonio forjado por nuestro pueblo y pertenecían a él».[66] En todo caso, fue una acción que tuvo un valor decisivo en la evolución posterior de la guerra y en el triunfo de Franco. Ese mismo día, las tropas entraron en la capital vizcaína. Se ha dicho que:

La caída de Bilbao significó, aparte de la primera derrota militar del Gobierno Negrín, una muy importante pérdida en hombres y armamento, pero sobre todo poner en manos de Franco la industria pesada vizcaína, tan indispensable para el esfuerzo de guerra, que el jefe rebelde pondrá rápidamente en marcha (Cabezas, 2005:377).

El 26 de agosto de 1937, el presidente Aguirre se estableció en Barcelona, culpando al Gobierno republicano de la derrota de sus propias fuerzas. Ésta fue la tesis que el presidente vasco mantuvo en su Informe sobre los hechos que determinaron el derrumbamiento del frente del Norte: «Euskadi cayó porque fue absolutamente abandonada por quienes debían haberla ayudado». Fue la desorganización del Estado por «culpa de sus propios Gobernantes que no tuvieron autoridad para imponerse a los excesos y ensayos de todas clases a los que se dedicaron los diletantes de la revolución», la que hizo posible la derrota. «Pedimos mandos y no nos enviaron. Pedimos aviones y no podían llegar a Euzkadi» (Aguirre, 1977:170-171).[67]

En todo caso, y según Juan Pablo Fusi (1987:46), el Gobierno de Aguirre mantuvo el orden a lo largo de todo su mandato. Aseguró el abastecimiento, preservó el orden público, creó una Facultad de Medicina, gobernó democráticamente, no socializó ni incautó ni empresas ni factorías ni bancos, aunque intervino la marina mercante y la distribución de alimentos. Las iglesias permanecieron abiertas al culto, la Semana Santa de 1937 se celebró con el carácter y la intensidad tradicionales. Y creó un ejército que alcanzaría entre los 40.000 y 50.000 hombres.

INDEPENDENCIA FINANCIERA DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES E INTERPROVINCIALES

Al margen de los casos vasco y catalán, la dispersión de fuerzas en el Estado republicano propició también la creación de otras unidades territoriales que respetaron la distribución administrativa provincial y regional existente, pero que de alguna manera se autoproclamaron independientes. Los más importantes fueron los consejos interprovinciales y provinciales de Aragón, Asturias y Santander. Fueron éstos los que de hecho se convirtieron en verdaderos enclaves autónomos, pero hubo otros muchos que lo intentaron. Porque por todo el territorio republicano fueron proliferando juntas, consejos y comités autónomos, formados por sindicatos y partidos de izquierda, que asumieron las funciones de dirección política y administrativa en los ámbitos territoriales, a veces sin apenas relaciones con el Gobierno republicano.

Fueron regiones en las que se instauró un férreo control de los medios de producción y de los recursos financieros, buscando soluciones particulares a los problemas que generaba la guerra. Las fórmulas que se utilizaron fueron diversas, desde la supresión del uso del dinero, hasta la creación de signos monetarios con denominación diferente de la peseta, pasando por el uso de toda clase de instrumentos monetarios como los talones billetes del tipo de los emitidos en Asturias («belarminos»).[68] De tal manera, que a finales de 1937 más de 2.000 organizaciones diferentes habían emitido casi 10.000 billetes, y medio centenar de monedas metálicas.[69] Sólo en Barcelona existían 3.384 emisiones distintas, hechas con los más diversos materiales, y con un verdadero muestrario de emblemas y símbolos de todas clases, casi todos de alto valor revolucionario (Martorell, 2001:200).[70]

El caso más emblemático de independencia fue el del Consejo Revolucionario de Aragón, por lo que significó de experimento socioeconómico de corte cenetista. Por la vía de comités locales se instauró en la zona la colectivización y la justicia popular, pilotado todo ello por un Comité de Nueva Estructuración de Aragón y Navarra. Este organismo, establecido en octubre de 1936, creó su propio órgano de difusión, el Boletín Oficial del Consejo de Aragón, y ejerció por libre con respecto al Gobierno de la República, hasta que fue reconocido el 25 de diciembre de 1936 por el Gobierno de Largo Caballero. Desde el punto de vista monetario, en unos enclaves se suprimió el dinero, mientras que en otros se creó una nueva moneda. Como ejemplo, la comunidad de trabajadores de la CNT-FAI de Binéfar, en Huesca, reemplazó la peseta por billetes expresados en grados. La realidad monetaria era que «el Comité del lugar emitía bonos y billetes que sólo servían para adquirir en el pueblo mismo algunos productos alimenticios».[71]

También el Gobierno Interprovincial de Santander, Burgos y Palencia emitió moneda propia.[72] El sistema de emisión de talones era similar al del País Vasco, procediendo al prorrateo entre los bancos de los talones a emitir, que se centralizaban en el Banco de España.

Importante fue también el Consejo Soberano de Asturias y León, en el que medidas revolucionarias iniciales, como la supresión del dinero, tuvieron que aplazarse por las necesidades que imponía la economía de guerra. En el mes de octubre de 1936 todos los activos y pasivos de la banca privada fueron incorporados a un organismo de nueva creación, la Caja Central de Depósitos, que se instaló en Gijón. Pero ante la escasez de billetes y moneda, el Departamento de Hacienda del Consejo de Asturias y León dispuso la emisión de talones especiales contra la cuenta de la Caja Central de Depósitos en el Banco de España de Gijón, y una vez agotado el saldo, la Dirección General de Hacienda y el Banco de España concedieron créditos a la Caja Central de Depósitos. Emitió moneda metálica y billetes llamados «belarminos», por ir firmados por Belarmino Tomás. Y posteriormente, al restablecerse las funciones de la banca privada, el Consejo Soberano de Asturias y León acordó emitir 60 millones de pesetas para recoger la emisión anterior y cancelar el descubierto en la cuenta del Banco de España.

En el ínterin, sin embargo, se había publicado una orden del Ministerio de Hacienda prohibiendo nuevas emisiones, por lo que se acordó anular la segunda emisión y prorrogar los talones en circulación hasta marzo de 1937, y posteriormente hasta abril, mediante su estampillado por la Consejería de Hacienda. Para sustituirlos se preparó una emisión de verdaderos billetes, emitidos por el Banco de España, que no llegó nunca a circular.[73] El Gobierno de la República no objetó en ningún momento a la creación del Consejo Soberano de Asturias y León ni a sus competencias. Sólo protestó cuando el Consejo se dirigió directamente a la Sociedad de Naciones.

De esta manera, las nuevas formulaciones monetarias cuajaron fuertemente en el frente norte, donde fueron una realidad en la que convivían tres tipos de talones billetes (vascos, santanderinos y asturianos), reconociéndose de hecho su validez en las tres subzonas por la propia movilidad de combatientes y personas en esta franja territorial. Esta heterodoxa realidad monetaria concluyó con la caída de este frente en el otoño de 1937, aunque los talones tuvieron validez en la zona republicana hasta que el Gobierno se planteó la unificación monetaria de su zona en los inicios de 1938.

Es claro que Aragón, Asturias y Santander fueron los más importantes, pero hubo muchos más. Como el Comité Ejecutivo Popular de Levante, que sólo pudo controlar la ciudad de Valencia y sus alrededores, porque en el resto de Levante su autoridad fue sustituida por comités revolucionarios que se establecieron en cada localidad, y socializaron los astilleros, el agua, el gas, la electricidad, los transportes, los productos químicos y el calzado. Más tarde, hoteles, bares y cines. E incluso las pompas fúnebres.

Fue también importante el Comité de Salud Pública de Málaga. Y lo fue el Consejo Provincial de Badajoz. Hubo más comités, establecidos en territorios muy reducidos, pero absolutamente independientes. De ellos hay que destacar la Cartagena de los libertarios, la Murcia de los socialistas y el Comité Central Permanente de Motril. En algunos momentos, también se utilizó el trueque.[74]

Al final, y en pleno desorden financiero, el Gobierno republicano no tuvo más remedio que aceptar y formalizar lo inevitable, regularizando esa compleja situación. Y en ese momento se crearon, por decreto, los consejos provinciales.[75] Ese decreto reconocía que los acontecimientos surgidos de la sublevación militar habían dado lugar al nacimiento de organismos que se atribuían funciones que no les correspondían, pero llegaba a la conclusión de que era deber del Gobierno recoger el espíritu de lo que había «surgido espontáneamente de las mismas entrañas del pueblo» y atribuirle una autoridad que sirviera para cooperar a la labor común y «obtener la victoria». Y de esta manera se estableció que en Aragón se creaba el Consejo de Aragón, el cual abarcaría todo el territorio aragonés reconquistado y «aquel que reconquiste el Ejército Popular». Se constituía también el Consejo en las provincias de Asturias y León, con jurisdicción sobre ambas. Y en las provincias de Santander, Burgos y Palencia, otro Consejo asumía con carácter interprovincial la jurisdicción sobre las tres provincias. En el resto de las provincias de España, la nueva regulación creaba, con carácter transitorio, y hasta que las Cortes legislaran sobre la materia, los consejos provinciales. Era competencia de esos consejos regir, administrar y fomentar los intereses de cada provincia, y crear, conservar y mejorar los servicios de las instituciones. Asumían también competencias sobre la recaudación de las contribuciones del Estado en la provincia, la aprobación de los presupuestos provinciales, y la determinación y ordenación de arbitrios y demás exacciones y recursos. Prácticamente tenían todas las funciones del Gobierno, excepto las de orden público, censura de prensa y radio, y reuniones y manifestaciones públicas. Los integrantes de esos consejos serían designados por las organizaciones provinciales de los partidos políticos «que, unidos constituyeron el Frente Popular». La FAI y los dos sindicatos, UGT y CNT, también elegirían representantes. El consejo provincial sería presidido por el gobernador de la provincia.

A fin de superar la anarquía que existía en la organización territorial, el decreto disolvía todos los comités y juntas de defensa que realizaban las funciones que el nuevo decreto atribuía a los consejos provinciales.[76] Con ello quedaba claro que la superación de la España de las diputaciones era ya un hecho.[77]

La conclusión es que la España republicana de la guerra civil era en realidad una aglomeración de múltiples repúblicas independientes. Pero, al final, llegó un momento en que la asunción incontrolada de competencias por los distintos territorios llegó hasta tal punto que el Gobierno se vio obligado a intervenir, incluso con violencia. Sólo lo hizo en uno de ellos. En el que había sido más extremista, el Consejo de Aragón. Y en agosto de 1937 Negrín, después de un análisis muy concienzudo, decretó su disolución, justificándola «por razones morales y materiales de la guerra».[78] El decreto de disolución llevaba fecha del 10 de agosto de 1937 y su preámbulo constituía una dura crítica a la gestión delegada en la zona. Se basaba en la necesidad de ir concentrando la autoridad del Estado, para que ésta pudiera ser ejercida con unidad de criterio y de propósito. Se declaraba que la división y subdivisión del poder y de sus facultades en Aragón se había convertido en un entorpecimiento al proceso administrativo, con profunda repercusión en la guerra. Y que la región aragonesa padecía con mayor rigor que ninguna otra los efectos de la dispersión de la autoridad. Y se concluía: «En tanto que el resto de la España leal va centrándose en una nueva disciplina hecha de responsabilidades y eficacias, de la que en muchos casos no está ausente el sacrificio, Aragón permanece al margen de esa corriente normalizadora a la que deberemos, la victoria que nos está prometida»[79].

Para disolver ese Consejo, y para controlar una posible reacción violenta de los anarcosindicalistas, que se esperaba, hubo que enviar a Aragón la 11.ª División, al mando de Enrique Líster, la cual tuvo que ser apoyada en la zona de Huesca por la 27.ª División y en Teruel por la 30.ª. Y sólo así se pudieron ocupar los centros políticos y sindicales. Se clausuraron periódicos, y se detuvo a centenares de militantes libertarios. Al final, se disolvieron las colectividades y se devolvieron las tierras a sus antiguos propietarios. El presidente de la Comunidad, Joaquín Ascaso, fue detenido bajo la acusación de robar joyas (Moradiellos, 2006:281).

En todo caso, Negrín seguía teniendo dificultades con la descentralización. Dificultades en la definición de cuáles eran las relaciones financieras entre el Gobierno central y los Gobiernos locales. Dificultades por la política exterior de Cataluña. Y especiales dificultades en la reordenación de las industrias de guerra. Hasta el punto que pudo confesar a Azaña: «En realidad yo no gobierno… He tenido que aguardar unas cuantas semanas para hacer lo del Consejo de Aragón, tan urgente. Ahora es necesario que el Estado ponga mano en la industria catalana. ¡Qué de dificultades y de estorbos!» (Azaña, 1981, vol. 2:230, 23 de agosto de 1937).

IX
El sistema financiero del Gobierno de Burgos

EL NUEVO APARATO INSTITUCIONAL ECONÓMICO-FINANCIERO

La España sublevada situó su capital en Burgos y tuvo que crear de nuevo todo su aparato institucional. Su primer Gobierno fue la Junta de Defensa Nacional, que actuó, a todos los efectos, como poder político supremo para su zona de control,[1] aunque el estado de guerra no se decretó de manera oficial para todos los territorios ocupados hasta el día 28 de julio de 1936.[2] Desde el punto de vista financiero, el 27 de julio se constituyó una Comisión Directiva del Tesoro Público,[3] y una Comisión de Hacienda presidida por Andrés Amado, de la que formaban parte personas que con posterioridad desempeñarían un papel importante en las finanzas del Gobierno de Burgos.[4] Antes de terminar ese mes de julio, ya se había confeccionado una amplia relación de abogados del Estado, profesores mercantiles al servicio de la Hacienda, funcionarios del Cuerpo Pericial de Contabilidad y de otras especialidades, que en lo sucesivo iban a vertebrar los distintos equipos de la gestión económico-financiera de la nueva administración.[5]

Desde el primer día, la Junta de Defensa Nacional impuso su dominio sobre todos los sectores económicos, y un control efectivo de las empresas privadas.[6] Y en cada una de las provincias se creó una comisión de clasificación industrial, a la que se responsabilizó de controlar los establecimientos fabriles y bancarios, con el fin de poner a disposición de la Junta de Defensa Nacional todos los resortes financieros e industriales de su zona.[7]

En agosto de 1936 se creó la Comisión de Industria y Comercio, con facultades para solicitar cuantos datos fueran necesarios de las cámaras oficiales y de cuantos organismos económicos o gubernativos radicasen en el territorio conquistado, o que fuera conquistándose. Se trataba de normalizar la producción industrial del territorio que se iba ocupando, y de evitar la paralización de las fábricas, o la falta de materias primas. También debía preparar con tiempo los estudios indispensables para dictar las disposiciones pertinentes, en orden a garantizar el funcionamiento normal de las fábricas y el suministro de los productos necesarios al ejército y a la población civil.[8] En el mismo mes de agosto se constituyó el Comité Nacional de la Banca Privada:[9]

… las circunstancias extraordinarias por que atraviesa el territorio sometido a la Autoridad de esta Junta de Defensa, que repercute marcadamente en la actuación de la Banca privada, necesitada evidentemente de una unificación que permita coordinar y encuadrar los distintos criterios de interpretación práctica de las disposiciones legales y normas profesionales.

Esta primera reordenación del Estado estuvo vigente hasta el 1 de octubre de 1936, en que fue constituida la Junta Técnica del Estado.[10] A partir de este momento la sublevación fue transformándose en un movimiento político y militar de proyección estatal que, poco a poco, fue configurando un cuerpo legislativo que, pese a sus limitaciones, dio nacimiento a una nueva realidad de poder paralelo. Y cuando, en el otoño de 1936, Alemania e Italia reconocieron oficialmente al régimen de Burgos, se inició la definición de un aparato financiero internacional, que prestó una especial atención al comercio exterior, estableciendo un férreo control sobre las divisas.

En noviembre se creó el Comité de Moneda Extranjera agregado a la Comisión de Hacienda de la Junta Técnica del Estado, con la misión explícita de vigilar y promover las operaciones con el exterior.[11] Y apenas dos semanas más tarde, la Junta creó el Comité Ejecutivo de Comercio Exterior.[12]

El cuadro institucional se completó en enero de 1937 con el nacimiento de la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados, que actuaba por medio de comisiones provinciales. Tenía como misión inventariar e incautar todos los bienes pertenecientes a personas o instituciones vinculadas con el Frente Popular o incursas en «responsabilidades políticas», así como administrar los bienes incautados.[13]

Esta rudimentaria articulación económica pervivió hasta los inicios de 1938, aunque en el verano de 1937 sufrió importantes modificaciones, como consecuencia de la conquista de Vizcaya y Santander, que incorporaron al territorio sometido al Gobierno de Burgos la riqueza industrial y minera de la cornisa cantábrica, así como su notable infraestructura financiera. Ello exigió un nuevo paso en la ordenación institucional del Gobierno de Burgos, que se plasmó en la creación de la Comisión de Regulación Económica de Vizcaya y Santander,[14] a la que se asignó la responsabilidad de normalizar la actividad económica en ambas provincias.[15] En el ámbito agrícola, la necesidad de optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles, tanto para el abastecimiento interior como para la exportación, encontró su adecuado cauce en la creación de los «servicios nacionales», el más importante de los cuales fue el Servicio Nacional del Trigo.[16]

En plena batalla por Teruel se dio otro paso más en la construcción del nuevo Estado al crearse la Administración Central del Estado, lo que suponía que los sublevados se dotaban de un Gobierno formal, estructurado en ministerios.[17] Una nueva configuración que se fue completando, poco a poco, y de forma sistemática, durante el último año de guerra, siempre siguiendo un modelo centralizador.

En marzo de 1938 se disolvió el Comité Nacional de la Banca Privada y el Consejo Superior Bancario, siendo sustituidos por un Consejo Nacional de Crédito, que actuaría como organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Asumía también las funciones de la Comisaría de Ordenación de la Banca Privada. El Comité Ejecutivo de Comercio Exterior desapareció, y fue sustituido por una Comisión Reguladora.

Los sindicatos fueron incorporados obligatoriamente a la nueva Central Nacional Sindicalista. Desaparecieron los jurados mixtos de trabajo y los tribunales industriales, cuyas competencias se transfirieron a las nuevas magistraturas de Trabajo. Se creó el Servicio de Recuperación Agrícola. El ministerio de Agricultura, Industria y Comercio establecieron mecanismos de enlace a través de las comisiones reguladoras de la producción. Y finalmente, una nueva ley estableció el procedimiento penal para los delitos monetarios, creándose unos nuevos juzgados especiales.[18]

NACE UN NUEVO BANCO DE ESPAÑA

Estallada la contienda, la sucursal del Banco de España en Burgos fue convertida en «casa matriz» del banco emisor y tratando de restablecer la normalidad institucional, el Gobierno de Burgos consiguió reunir en ella el 14 de septiembre a los consejeros del Banco de España que habían huido de Madrid. Con ellos se celebró una sesión extraordinaria del Consejo General, que desde ese momento se responsabilizó de todas las funciones estatutarias del nuevo Banco de España.

Nueve días después se celebró una sesión operativa de ese Consejo, bajo la presidencia de Pedro Pan, quien, como subgobernador primero, había presidido la sesión del Banco de España en Madrid del 15 de julio, última antes de la sublevación, y que a partir de su incorporación a la zona nacional había sido el motor de la creación del Banco de España en Burgos.

El nuevo Consejo General en Burgos se presentó como el legítimo continuador del que ejercía sus funciones en Madrid hasta el 18 de julio, e inició sus tareas haciendo un inventario de los principales problemas que en aquel momento afectaban al banco, de los activos y pasivos con que se contaba para crear la nueva institución y de las sucursales establecidas en la España ocupada por las tropas sublevadas. Su prioridad inmediata fue tomar el control de las oficinas, hacer recuento de las existencias en sus cajas y garantizar el futuro suministro de billetes para que no peligrara la liquidez del sistema.

En aquellos momentos, la más importante preocupación del Consejo era la desaparición de las reservas de oro y plata que respaldaban la circulación fiduciaria, y el peligro que para el banco y para el país podía suponer la salida al exterior del oro conservado en Madrid, algo que ya se anunciaba, y de cuyos movimientos el Consejo de Burgos iba teniendo puntual información. De aquí que el proceso de reclamación del oro ante las más diversas instancias internacionales se iniciara prácticamente desde el mismo momento de la constitución del nuevo Consejo.

La defensa de su legitimidad fue también objetivo prioritario. El Gobierno de Burgos se reafirmó en ello en su primera sesión, tratando de consolidar esa legitimidad con un rosario de disposiciones que culminaron con una orden del 14 de enero de 1938 de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado, disponiendo que la legítima y auténtica representación del Banco de España la ostentara el Consejo de Burgos.

Definidas y asumidas sus responsabilidades, el Consejo se fue planteando, en sucesivas sesiones, todos los problemas que afectaban al banco. El mandato que había recibido del Gobierno era velar por la eficacia y solidez de la institución financiera, y ayudar al esfuerzo de guerra, buscando financiación, introduciendo estabilidad en el sistema financiero y planificando el desarrollo de la economía. Y estos problemas se fueron debatiendo, uno a uno, en el Consejo, siempre a la búsqueda de medidas o fórmulas que implementar o proponer a las instancias gubernamentales.

De esta manera, y en sucesivas sesiones, se fueron debatiendo cuestiones como la reordenación de la estructura de la institución, la escasa disponibilidad de billetes y la necesidad de fabricar nuevos, o el problema del oro y del reducido stock de plata. También fue constante la preocupación del Consejo por vigilar la circulación fiduciaria y tener disponibles, en las cercanías de las plazas próximas a ser conquistadas, papel moneda suficiente para garantizar la liquidez.

Del análisis de las actas de que se dispone de las sesiones celebradas por el Consejo, se deduce con toda fidelidad lo que en cada momento estaba sucediendo en el país, y el importante papel que jugó el Banco de España en Burgos en relación con el desarrollo de la política económica. El Gobierno de Burgos, por su parte, entendió perfectamente cuál era el papel del Banco de España, alentó constantemente su actividad y le fue planteando problemas y aceptando sugerencias. Las actas que, con regularidad, se levantaban de las sesiones permiten hacer un pequeño inventario, muy definitorio, de los grandes problemas que preocuparon al banco.

Con inexplicable retraso, y en base a las responsabilidades en que había incurrido en la etapa republicana, se cesó el 4 de mayo de 1937, con efectos desde el 18 de julio de 1936, al gobernador Luis Nicolau d’Olwer, que en aquellos momentos ejercía como tal en el Banco de España republicano. Posteriormente se completó el equipo ejecutivo del banco, nombrando gobernador a Antonio Goicoechea,[19] al que también se le encargó la presidencia de un nuevo organismo que se creó en aquellos momentos, la Comisaría de la Banca Oficial. Esto suponía que el nuevo gobernador añadía a sus competencias habituales las presidencias de los bancos Hipotecario, Exterior y la de la delegación del Estado en el Banco de Crédito Industrial.[20]

LA INCORPORACIÓN AL BANCO DE ESPAÑA DE LOS TERRITORIOS CONQUISTADOS

Las actas de las deliberaciones del Consejo General del Gobierno de Burgos reflejan explícitamente, desde la primera sesión, su preocupación por conocer la realidad del país en cada momento, y por mejorar la estructura operativa del banco, en el entendimiento de que éste tenía bajo su jurisdicción sólo una parte de las oficinas, pero que el resto terminaría pasando pronto a su control, en función de las expectativas que se tenían en aquellos momentos de acabar la guerra en pocos meses. El Consejo era igualmente consciente de que había asumido la dirección de la estrategia y de las operaciones del banco en momentos de extremada dificultad, y que su actuación debería acomodarse a las necesidades de la guerra.

El orden del día de la primera sesión del Banco de España de Burgos (23 de septiembre de 1936) no incluyó, como era lógico, la lectura del acta de la sesión anterior, que, en función de la legitimidad que se atribuía, se suponía era la del 15 de julio, correspondiente a la última celebrada antes del 18 de julio por el Consejo en Madrid. En sustitución de ello, la sesión dio comienzo con la lectura y aprobación de las disposiciones cursadas, hasta ese momento, por el subgobernador a las sucursales que se encontraban sometidas a la disciplina de la Junta de Defensa Nacional. Eran disposiciones encaminadas a aprobar operaciones concretas, o a regular con carácter general distintas cuestiones, dando instrucciones al respecto. Entre otras:

— Que se tuvieran dispuestos para la circulación, por si las circunstancias exigieran reforzar los medios de pago, los billetes de la emisión del 17 de mayo de 1927 que todavía se conservaban en stock en las oficinas.[21]

— En el mismo sentido, y con el mismo objetivo, se ordenaba a las sucursales que se abstuvieran de inutilizar billetes por deterioro de uso, hasta apurar el límite de su estado de conservación.

— Se prohibía la concesión de operaciones superiores a las 25.000 pesetas, sin autorización de la Junta de Defensa Nacional. Y se advertía que sólo se podrían acordar operaciones hasta 25.000 pesetas por una sola vez al mismo peticionario.

A partir de este momento, y sesión tras sesión, el Consejo fue recibiendo información sobre las oficinas que se incorporaban a la disciplina del Consejo de Burgos, «por haber sido tomada aquella plaza por el ejército nacional». Y esas comunicaciones, que se recibían en cada uno de los casos, y se incorporaban con detalle al acta, permiten hoy conocer en qué estado se encontraban las oficinas, y cuáles eran en aquellos momentos sus problemas y carencias.[22]

La información sobre cada oficina incorporada se hacía desde el punto de vista físico (aparato productivo, instalaciones bombardeadas o activos expoliados), y desde el punto de vista financiero (realidad del balance, reservas de billetes, reservas de plata). También se ofrecía información sobre el personal (en activo, detenido, huido, fusilado). Y muchas oficinas advertían de las decisiones extraordinarias que habían tenido que tomar para la custodia de los fondos en previsión de actos violentos (en situaciones de peligro, fue práctica muy común la inutilización de los billetes que obraban en poder de las oficinas).[23] Unas informaciones que, a veces, incorporaban un indiscutible sesgo político, en muchos casos con testimonios muy prolijos, que hoy permiten percibir el enrarecido clima político que suponía el hecho de que, en bastantes ocasiones, los empleados procedentes de otras sucursales de la zona sublevada, incorporados para hacerse cargo de las oficinas de las plazas conquistadas, quedaban implicados en la represión, por verse obligados a colaborar con las autoridades gubernativas. También es posible percibir, en algunas de estas comunicaciones, la influencia en la política de personal de algunas oficinas, por parte de los mandos de las tropas que habían conquistado la plaza, especialmente en cuanto a ceses y nombramientos.

Éste era el tipo de informaciones que el Consejo iba recibiendo:

— Cabra informa de la situación en que aquella plaza se encontraba, «amenazada constantemente de ser atacada por diversos núcleos armados procedentes de las concentraciones situadas en el norte de la provincia y limítrofes». Comunicaba el director que «se han adoptado y se mantienen… todos los medios posibles de vigilancia y seguridad del edificio… ya que el inmueble en el que está instalada la Sucursal carece en absoluto de condiciones de defensa interior… defensa que para ser más eficaz, habría de practicarse en el exterior y desde sus edificios más próximos, para cuyo fin se han tomado las medidas que se han creído más convenientes… al objeto de evitar el grave peligro que esto supone para la integridad de los fondos que se custodian en esta caja, interesé y reiteré el envío de refuerzos que garantizaran la seguridad de esta dependencia. En el entretanto… y como medida de mayor seguridad, se remesaron a Málaga con la mayor urgencia todos los billetes útiles que se creyeron sobrantes después de cubrir las necesidades más probables. A tal fin se remesaron, debidamente custodiados, en la madrugada del 14 del corriente, pesetas 7.747.500 quedando en esta caja en billetes útiles tan sólo pesetas 425.000».

— Talavera de la Reina daba cuenta, con carácter reservado, el 28 de septiembre de cómo el día 3, a las 3 de la tarde, «quedó tomada esta población por las fuerzas del Ejército Nacional, con lo que fue liberada del dominio rojo… El mismo día sobre las 12 de la mañana se presentaron en estas oficinas armados con pistolas ametralladoras dos miembros de los que componían el Comité Central del Frente Popular de Talavera, acompañados de otros dos individuos, también armados», solicitando la entrega de todos los billetes que existieran en la caja. No se les entregó. «Posteriormente, y sobre las 13.30 h., estando la puerta cerrada, fue golpeada violentamente ordenando que se abriera al Comité, volviendo a presentarse los mismos individuos en actitud más violenta con las pistolas en la mano y ordenando que se les entregara inmediatamente todo en la forma en que estuviera. Fue tal la prisa y confusión que emplearon para la incautación, que ésta se redujo a los billetes útiles y al oro existente».

Con bastante reiteración se informaba sobre la evacuación forzada de las disponibilidades existentes, que muchas sucursales tuvieron que hacer por exigencias del Frente Popular, antes de que las tropas republicanas se retiraran de la población donde estaba situada la oficina. La operación consistía en trasladar todos los valores en metálico a sucursales más alejadas del frente de batalla, y por lo tanto más seguras para las autoridades republicanas. También se daba cuenta, con frecuencia, sobre la suerte corrida por las cajas de alquiler, abiertas en presencia de sus titulares, a los que se convocaba en un plazo muy perentorio, abriéndose violentamente aquellas cuyos propietarios no acudían al requerimiento.

En muchos casos las informaciones eran muy prolijas, y a veces excesivamente reiterativas, pero hoy, 75 años después, permiten disponer de un magnífico observatorio para examinar cómo se hizo la incorporación del sistema financiero de una zona a otra, y cómo se enfrentaron las autoridades monetarias de Burgos a los problemas que planteó la guerra. Pero, especialmente, sirven para tener noticia de lo que en cada momento conocía el Banco de España, es decir el Gobierno, de lo que estaba sucediendo, y comprobar cómo esa información iba constituyendo la base para la toma de acciones.[24]

LA POLÍTICA MONETARIA DE LOS SUBLEVADOS

Constituyó una importante ventaja de los sublevados entender, desde el primer momento, que una palanca muy importante para el éxito de la sublevación era definir y controlar la política monetaria necesaria para disciplinar el desarrollo de la economía. Y fue de esta manera como, desde el primer momento, la política monetaria formó parte de la política de guerra.

La primera actuación monetaria de los sublevados tuvo lugar pocos días después del 18 de julio, y su objetivo era evitar el pánico financiero, tanto más probable cuanto que las centrales de los principales bancos habían quedado en la zona republicana. Y a estos efectos, la Junta de Defensa Nacional dispuso, el 24 de julio, que las oficinas bancarias no podían «autorizar salidas de fondos o valores de cualquier clase confiados a su custodia» sin su permiso.[25] A los pocos días, se prohibió disponer de cantidades superiores a las 2.000 pesetas mensuales, sin que lo aprobara la autoridad competente, aunque aceptándose que dicho límite podría ser rebasado por aquellas empresas que precisaran de fondos para hacer frente a salarios y pagos diversos.[26] Este control inicial se flexibilizó por dos disposiciones de 31 de julio y 6 de agosto, estableciendo la libertad de reintegro de las imposiciones realizadas a partir del 27 de julio. Con todo esto se evitó la aglomeración en las ventanillas de los bancos, objetivo prioritario en aquellos primeros días en que los factores psicológicos desempeñaban un papel tan importante (Paris Eguilaz, 1941:12-13).

En el mes de septiembre se dictó una amplia gama de medidas restrictivas.[27] La disposición de efectivo en cuenta corriente se limitó a 1.500 pesetas, y a 500 pesetas en libretas de ahorro, pero requería en cualquier caso autorización gubernamental. Y a partir de este momento, tomó cuerpo en la zona sublevada un sistema de delegaciones de poder, que más adelante fueron residenciadas en las juntas provinciales. Esta política de restricciones tuvo vigencia hasta junio de 1938, cuando, debido a la[28]

… progresiva y notoria normalización de la vida económica de la España Nacional de un lado, y, de otro, la necesidad de establecer normas jurídicas relativas a los movimientos de fondos en las plazas que se liberen… han determinado al Gobierno… a modificar el Decreto número ciento seis, en el sentido de crear un conjunto de condiciones que, por modo paulatino y casi automático, conduzcan a la derogación de las trabas de dicho Decreto dimanadas.

Como consecuencia de ello, se permitió, a partir de esta fecha, la retirada de numerario en cuentas restringidas hasta los límites fijados, sin necesidad de autorización de las juntas provinciales, al tiempo que se mantenía en vigor el decreto del 12 de septiembre de 1936, en la parte correspondiente al bloqueo del que eran objeto las cuentas corrientes de las plazas que pasaban al control del Gobierno de Burgos. Los movimientos de valores necesitaban autorización de las delegaciones de Hacienda.[29] Las limitaciones sobre retiradas de fondos de los bancos no se levantaron hasta finalizada la guerra.[30]

Después vinieron los problemas de la escasa disponibilidad de papel moneda, y el atesoramiento de la plata. Había sido habitual en el Banco de España concentrar en la central de Madrid el stock disponible de billetes, y éste quedó en manos de la República. Por ello, en la primera reunión del Consejo, se acordó, tal como se ha visto, ordenar a todas las oficinas bajo su disciplina, que se abstuvieran de inutilizar los billetes usados, práctica habitual a partir de un determinado nivel de deterioro. Ahora deberían apurarse hasta el límite máximo de su utilización, en orden a alargar la vida útil del papel moneda.

Pero cuantos esfuerzos se hacían a este respecto resultaban insuficientes. Y en estas circunstancias, la lucha contra la escasez de billetes exigía un permanente y riguroso control del encaje metálico de las distintas oficinas, así como un constante flujo de disponibilidades de unas a otras, según fuera necesario y posible. Porque el equilibrio era muy precario. Y por ello, y para controlarlo y regularlo, sesión tras sesión, el Consejo recibía datos muy precisos sobre la existencia de billetes y plata en las cajas de todas las sucursales sometidas a su disciplina. También recibía las remesas de numerario ordenadas de una a otra de las sucursales. Y en relación con todo ello, era tarea del Banco de España optimizar los movimientos de billetes. Una operación que se hacía más compleja y urgente, cuando el banco recibía información de que estaba a punto de ser conquistada una plaza de alto nivel de necesidades financieras.[31] A partir del 15 de septiembre se hizo necesario exigir a las sucursales el envío de un telegrama diario sobre las existencias de billetes y plata, porque la situación se iba haciendo insostenible.

En octubre se planteó con enorme preocupación «el descenso gradual de los medios de pago disponibles». El acta del Consejo del día 9 de ese mes señalaba la razón de esa escasez: «Se encuentra en parte en el despojo del que han sido víctimas las cajas de las sucursales de las plazas que van siendo conquistadas». También era razón importante

… el atesoramiento producido por la medrosidad ciudadana… Uno y otro hecho son funestos para la economía nacional, por cuanto contribuyen a restar medios de pagos de necesidad urgente para créditos de obligada concesión, y a quebrantar la proporcionalidad de cobertura establecida.

A partir de todo ello, el Consejo se planteó la necesidad de fijar una política monetaria propia, cuyos objetivos se definieron pronto. El programa se inició el 12 de noviembre de 1936, con la aprobación de un decreto ley que ordenaba estampillar todos los billetes en circulación en territorio controlado por el Gobierno de Burgos, a la vez que se declaraban nulos los que la República había emitido, o pudiera emitir, después del 18 de julio. Como réplica, el Gobierno republicano prohibió en su territorio la tenencia de los billetes estampillados por los sublevados.

Meses más tarde, y ante lo fácil que era falsificar las estampillas, Burgos puso en circulación billetes nuevos que sustituyeron a los estampillados. Y ya con la moneda perfectamente separada, el Gobierno de Burgos inició, tanto en los mercados interiores como exteriores, un continuado acoso contra la moneda republicana, lo que, unido al descontrol de esa zona, terminó con la peseta de la República.[32]

Pese a todos los problemas el Gobierno de Burgos apostó por la unidad monetaria dentro de su territorio, no tolerando emisiones de otras entidades regionales o locales, como lo estaba haciendo en aquellos momentos la República. Y ello evitó complicaciones adicionales en el manejo de la circulación fiduciaria y en el control del volumen de las disponibilidades. Esto no fue óbice para que en algunas zonas aparecieran pequeñas muestras de acuñaciones municipales, situación en la que destacaron varios pueblos de la mitad norte de la provincia de Sevilla. Sin embargo, debido a su corta extensión, y la rápida reacción de las autoridades, no supusieron ningún trastorno.

El papel sustituye a la plata

Agravó la situación de la circulación fiduciaria el hecho de que también la moneda de plata escaseaba, y el que los stocks de reserva iban disminuyendo. Sin duda, se estaba produciendo un atesoramiento de la moneda de plata, que estaban reteniendo las empresas y los particulares. Y la situación se iba agravando, porque las existencias de plata seguían disminuyendo progresivamente en el balance consolidado y las oficinas, en sus informes regulares, iban poniendo de manifiesto que ya no había operaciones de entrada de plata, y sí múltiples requerimientos para recibir del banco plata en vez de papel. El fenómeno era claramente consecuencia de las anormales circunstancias que planteaba la guerra y de la inseguridad del futuro.[33]

Ante la gravedad del problema, el Banco de España de Burgos se dirigió el 30 de septiembre de 1936 a todas las sucursales sometidas a su «disciplina», por medio de una circular, señalando que se venía «observando en las existencias de plata un descenso paulatino que hace pensar en que posiblemente se intente por los particulares y entidades su atesoramiento». Y se requería a todos y cada uno de los directores para que, «consciente de la importancia que entraña el problema, emplee su reconocido tacto y discreción procurando que, sin alarmar por las medidas que su buen criterio le sugiera, no sufran mermas apreciables las existencias de plata en esa Caja, y si fuera posible, consigan su incremento».[34]

Al final, lo que estaba sucediendo era que el público, consciente de que la plata amonedada en curso tenía un valor intrínseco frente a un billete que se estaba quedando sin cobertura, estaba retirando la plata de la circulación, como signo de desconfianza. A la vista de lo cual, se tomó el acuerdo de cursar nuevas instrucciones a todas las oficinas, alertándolas sobre el peligro que se corría de que la plata quedara fuera de la circulación. Pese a ello, las respuestas de las sucursales ponían una vez más de manifiesto «las dificultades creadas en nuestra tesorería por el indudable atesoramiento y exportación de las monedas de plata, de escasa existencia en nuestras cajas», y cuya disminución «es lenta y progresiva pero puede ocasionar serios trastornos si no se ataja prontamente».

De esta manera, y para evitar aquellos trastornos y suplir deficiencias de circulación ya advertidas, en la sesión del Consejo del día 21 de noviembre se tomó la decisión de encargar la fabricación de 200 millones de pesetas en billetes de 5 pesetas y otra cantidad igual en billetes de 10 pesetas, «para disponer de esa masa de papel en el más corto espacio de tiempo posible».

Control y regulación del sistema de pagos

En cuanto fue posible, el Gobierno de Burgos abordó el control y regulación de pagos. Lo primero fue establecer una moratoria que normalizara la situación de impago que se había producido en las letras y efectos de comercio, como consecuencia del inicio de las hostilidades y de la ruptura de la unidad del territorio nacional.[35] Y con un retraso de cinco días con respecto a las medidas de urgencia decretadas en esa misma línea por el Gobierno de la República, se dispuso el 24 de julio la suspensión de plazos para los efectos mercantiles:

Alterada la normalidad jurídica y económica del país por las ineludibles operaciones militares que se realizan, que imposibilitan el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones dentro de los plazos y trámites legales o reglamentarios y en evitación de los perjuicios que de ello pudieran derivarse… quedan en suspenso los plazos de vencimiento de letras de cambio, pagarés y efectos mercantiles, sin resultar por ello perjudicados tales efectos… la suspensión de plazos acordada se computará a partir del día dieciocho del corriente mes de julio (decreto del 24 de julio de 1936, Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España del 25 de julio).

El Gobierno de Burgos introdujo un hecho diferenciador, en forma de principio, o convencimiento, del futuro carácter expansivo del área geopolítica bajo su control. Porque mediante decreto del 13 de agosto de 1936 se establecieron los tipos de vencimientos que se aplicarían a los efectos mercantiles en las zonas que se fueran conquistando. El sistema se aplicó en Guipúzcoa a partir de septiembre de 1936 y en parte de la provincia de Toledo en noviembre de dicho año.[36]

Las moratorias se siguieron promulgando por la Junta de Defensa Nacional, y más tarde por el Ministerio de Hacienda, sin alteración de la política marcada desde los inicios de la guerra. Sin embargo, los plazos previstos para los vencimientos no eran realistas a partir de 1937. Y así las moratorias aplicadas al territorio de Málaga una vez conquistada, abarcaron plazos de 50 días. La caída del frente norte se resolvió con moratorias de 120 días para Asturias, de 90 días para Vizcaya y de 30 días para Santander. El caso de la moratoria dada a la provincia de Castellón de la Plana tuvo dos plazos de vencimientos, de 15 y 30 días, por varias disposiciones que se emitieron en julio de 1938.

Al final se estableció, en noviembre de 1939, la moratoria indefinida por prórrogas automáticas mensuales ante cualquier eventualidad o problema.[37]

Suministro de liquidez a las zonas conquistadas

En lo que respecta a la preocupación por suministrar liquidez a las zonas conquistadas, es decir, por acercar stocks de moneda a la proximidad de las plazas próximas a ser ocupadas, un ejemplo paradigmático lo constituyó la toma de Madrid. Porque desde primeros de noviembre de 1936, esta cuestión fue constante en las deliberaciones del Consejo.[38] Y es de interés referirse a ellas para conocer cuáles fueron los mecanismos para regular la liquidez.

Como ya se ha visto, el control de la tesorería había planteado la necesidad de que el Consejo del Banco de España conociera con regularidad el encaje metálico de todas y cada una de las sucursales, trasladando lo sobrante a las plazas deficitarias y concentrando los excedentes en las sucursales cercanas a las plazas próximas a ser conquistadas. Y en este contexto, la información que se tuvo desde el principio sobre la inminente conquista de Madrid, obligó a fijarse el objetivo de concentrar en la sucursal de Toledo importantes cantidades de numerario, que se iban remitiendo a esa sucursal, desde otras muchas en situación de liquidez excedentaria.[39]

Considerando la significación y la dimensión del objetivo, el Banco de España definió esta tarea como prioritaria, y tuvo un especial interés en pilotar y controlar la operación de forma directa, desde el propio Consejo. Para ello, y sesión tras sesión, los consejeros iban recibiendo información regular sobre el grado de liquidez de las distintas sucursales y, en sucesivos movimientos estratégicos, iban tomando decisiones para concentrar numerario, desde las plazas conquistadas hacia oficinas cercanas a Madrid. Porque la máxima preocupación del Consejo a este respecto era impedir que «pudieran surgir graves y quizá insuperables dificultades para atender las necesidades financieras de la plaza», ocasionando graves daños a la economía y dificultades de incorporación de los nuevos territorios.

Se sabe, sin embargo, lo que pasó. Madrid aguantó la presión de las tropas de Mola, y siguió en poder de la República hasta el fin de la guerra. Pero el sistema probó que estaba preparado para solucionar el problema de la distribución de liquidez. Y en otros muchos casos lo resolvió efectivamente.

Regulación del pago de la deuda

La Junta de Defensa Nacional, asumiendo las obligaciones que entendía le correspondían en sustitución del Gobierno de la República, y ante la anormalidad del momento, decretó el 11 de agosto de 1936 el aplazamiento del pago de los intereses de la deuda pública «hasta el momento en que las condiciones políticas del Gobierno de la Nación Española lo consientan». Posteriormente, por orden del 9 de enero de 1937, se establecieron los mecanismos para conocer el número y volumen de los títulos situados en la zona del Gobierno de Burgos. Y ya el 12 de mayo de 1938 una ley de la Jefatura del Estado establecía el mecanismo para restablecer el pago de los intereses en cuanto a los atrasos pendientes y a los futuros, así como a su amortización.

Al iniciarse la guerra civil, España mantenía una deuda pública de unos 22.000 millones de pesetas, de los cuales, más de las tres cuartas partes eran deuda amortizable a largo plazo, casi una cuarta parte deuda perpetua, y menos de la décima parte deuda flotante, es decir, Obligaciones del Tesoro con plazo de vencimiento máximo de dos años. La deuda exterior era muy corta, ascendiendo a menos de 1.000 millones de pesetas. Es decir, más de 21.000 millones era deuda interior, propiedad de súbditos españoles. Aproximadamente dos tercios del importe de esos valores públicos estaban domiciliados en territorio que, en los primeros momentos de la guerra, había quedado en poder de la República.[40] Y ello impidió que muchos rentistas, cuyas casas o cuyos bancos fueron saqueados, o que habían huido, estuvieran en condiciones de atestiguar la legítima posesión, ni mucho menos la propiedad de los fondos públicos.

Por ello, en los momentos de restablecer el pago de la deuda, el Gobierno de Burgos dejó claro que sólo se abonarían los intereses correspondientes a valores domiciliados en zonas que permanecieron desde el principio bajo su control, o en aquellas en las que el dominio republicano fue fugaz. Reconociendo que las normas relativas al pago de los intereses iban a ser de muy difícil aplicación en la región madrileña y levantina, «en que el dominio “rojo” ha perdurado durante algún tiempo».[41]

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DURANTE LA GUERRA

Como era lógico, la actividad económica durante la guerra tuvo perfiles especiales.[42] En lo que se refiere al Gobierno de Burgos, la política agraria pudo desarrollarse desde una cómoda posición, puesto que su territorio contaba con una parte sustancial de las producciones alimenticias básicas. En agosto de 1936, apenas iniciada la guerra, se suspendió la política agraria que había establecido la Segunda República.[43] E inmediatamente después se devolvieron a sus antiguos propietarios las fincas intervenidas por el Instituto de Reforma Agraria de la República, así como todas aquellas entregadas por el Instituto a los llamados asentados que renunciaran a su ocupación, y las fincas rústicas «invadidas por campesinos y jornaleros con posterioridad» al 16 de febrero de 1936. Y ya casi acabada la guerra, se declaró que las «ocupaciones de fincas realizadas por el Instituto de Reforma Agraria con posterioridad al 18 de julio de 1936… se consideran como invasiones y despojos ilegales, quedando, por consiguiente, a la libre disposición de sus propietarios desde el momento mismo de la liberación».

La optimización de los recursos agrarios disponibles trató de resolverse a través de la creación de servicios nacionales, a los que se asignaron las competencias necesarias para la recolección y comercialización de los productos que cada uno de ellos tenían encomendados, así como la gestión de créditos bancarios a los agricultores.[44] El más importante de ellos fue el Servicio Nacional del Trigo, que se creó con la misión de adquirir todas las existencias de trigo al precio oficial de tasa.[45] Más tarde, a primeros de mayo de 1938, se creó el Servicio de Recuperación Agrícola, con el objetivo «de poner en cultivo, con la mayor rapidez posible, las zonas liberadas».

Por lo que respecta a la industria, el Gobierno de Burgos contó, en un principio, con una muy débil base empresarial, porque las más importantes empresas metalúrgicas del país y más de la mitad de los explosivos de la economía española se fabricaban en Vizcaya. De lo que se dispuso desde el comienzo de las hostilidades fue de las cuencas mineras de León, que consiguieron mantener en todo momento la producción en los niveles de preguerra. La conquista de Asturias puso a su disposición los pozos que habían estado en poder de la República. Y éstos, que habían tenido en 1937 una producción nula, alcanzaron en 1938 un 75% del nivel prebélico y el 100% en 1939, lo que fortaleció la industria controlada por los sublevados. Lo mismo puede decirse del mineral de hierro, sector que alcanzó importantes volúmenes de producción, mientras que bajo los republicanos sólo se lograron cifras modestas.

En todo caso, la conquista del norte significó una aportación esencial para su capacidad industrial, ya que pudieron «exportar libremente por mar y tierra y contar con el apoyo en el suministro de inputs estratégicos de naciones amigas». Y sin duda, todo ello tuvo consecuencias decisivas en la evolución de la guerra (Catalan, 2006:197). Fue muy importante también la conquista de la zona industrial de la ría de Bilbao, que permitió al Gobierno de Burgos contar con la principal industria pesada de España, que no había sufrido casi deterioros durante la guerra. Una industria, por otra parte, que pudo reconvertirse rápidamente en industria de guerra.[46] De esta manera las grandes empresas vizcaínas, tradicionalmente dedicadas a la construcción naval y de material ferroviario, se destinaron a la producción militar. Jordi Catalan (2006:200) cita los casos de Euskalduna, Babcock Wilcox y Unión Española de Explosivos, que se recuperaron rápidamente del período de baja demanda que habían padecido con las crisis de los años treinta y registraron beneficios excepcionales. Otro ejemplo fue el de las minas de cobre de Huelva, donde, presionado por la necesidad de fomentar las exportaciones para financiar sus importaciones de armas, el Gobierno de Burgos consiguió cuadruplicar la producción sobre el nivel de preguerra.[47]

Un ejercicio muy válido para formar criterio de la evolución comparada del sector industrial en ambas zonas, puede ser calcular el valor en pesetas constantes de la producción minera, siderúrgica y de las industrias derivadas de la minería, de las 23 provincias que permanecieron en territorio sublevado desde el comienzo de la guerra, por una parte, y el de las 15 que permanecieron en la zona republicana hasta finales de 1938, por otra.[48] Esas 23 provincias significaban el 15,7% de la producción total española de 1935 y las otras 15 el 29,8%. Los índices resultantes de la comparación serían los siguientes:

Es decir, sobre un índice 100 para 1935, la producción en las 15 provincias republicanas experimentó durante la guerra un retroceso aproximado medio del 72%. En las 23 provincias bajo control del Gobierno de Burgos, y a partir del mismo índice, el valor de la producción de esas provincias alcanzó prácticamente el nivel de preguerra en 1938.[49]

En todo caso, al Gobierno de Burgos le resultó, desde el primer momento, muy útil la política de corte militar que imprimió a toda la actividad económica, y el mando único que se utilizó en todo lo que dependiera de él. Una disciplina que se aplicó a la industria en poder de los sublevados, y que se fue aplicando a las localidades industriales que se iban conquistando. Por otra parte, éstas se iban encontrando con unos mercados crecientes y con mayor disponibilidad de abastecimiento de materias primas por Italia y Alemania.[50]

El sector terciario recuperó una aceptable normalidad al poco de comenzar la guerra, al amparo del respeto a la propiedad privada y gracias a la estabilidad monetaria.[51] En lo que al transporte se refiere, el terrestre se fue normalizando, con las limitaciones propias de una red centralizada en Madrid,[52] aunque con el ferrocarril puesto bajo tutela directa de la Junta de Defensa Nacional.

En el transporte marítimo, su punto de partida, el 18 de julio, era muy bajo en tonelaje, pero la captura de buques logró aumentar paulatinamente la flota del Gobierno de Burgos, en medio de continuos pleitos en el extranjero entre los dos Estados por el dominio de buques de bandera española, bien en navegación, bien atracados. En todo caso, la regulación a que fue sometida la marina mercante puso prácticamente todas sus naves al servicio del Estado. Sin duda constituyó un «intento de estatalización total de la flota mercante» (Cayón y Muñoz Rubio, 2006:236 y ss.). En todo caso, el transporte marítimo fue considerado un sector estratégico para el Gobierno de Burgos. Y lo era, como auxiliar de la marina de guerra para transporte de tropas, material bélico, y víveres. De esta manera, el grado de intervención en este sector fue elevado, y se estableció desde el primer momento de la contienda. Los barcos fueron requisados y puestos a disposición del servicio público a través de la Dirección General de Tráfico Marítimo. La intervención se reguló por la ley del 2 de marzo de 1938, al amparo de la cual el Gobierno intervino todos los buques matriculados en puertos españoles.[53] También se hicieron grandes esfuerzos por recuperar los buques matriculados en el puerto de Bilbao, que entonces era el de mayor número de matrículas de España.

En lo que al sector financiero se refiere, en Burgos se iba recomponiendo paulatinamente un sistema propio, a partir de los directivos con residencia en su territorio, y de los que iban abandonando el territorio republicano. La reconstrucción se hizo gracias a los activos que aportaban los bancos regionales y las sucursales de los bancos de ámbito estatal de las poblaciones bajo el control de los sublevados.[54]

Tiene interés examinar lo que los embajadores ante el Gobierno de Burgos informaban a sus respectivos Gobiernos. Moradiellos (2004:121 y ss.), que ha investigado sobre esa cuestión, dice que éstos informaban con regularidad muy positivamente sobre el estado de la economía franquista, lo que repercutía en la apreciación sobre el final de la guerra de la banca internacional. En octubre de 1937 el embajador alemán en Burgos informaba a Berlín de la siguiente manera:

La vida económica en la España nacionalista es casi normal; la moneda es estable y no está en peligro; los precios de alimentos sencillos, que están disponibles en abundancia, han subido muy poco para las masas. Las reservas incluso serán suficientes para abastecer las áreas que todavía controlan los rojos en la actualidad. Casi todas las materias de necesidad cotidiana, especialmente de carbón o de carburante, están disponibles en cantidad suficiente. La distribución de alimentos no está encontrando dificultades. El transporte es adecuado.

A finales de agosto de 1938, el representante británico ante el Gobierno de Burgos informaba a Londres en idéntico sentido:

El orden público continúa siendo bueno. En general, la gente está bien alimentada, decentemente vestida y contenta. Los precios han subido pero poco y, claro está, los bienes importados han desaparecido del mercado… no hay signos externos de depresión… en todas partes reina una apariencia externa de contento y normalidad… hay en marcha rigurosas medidas de represión… hay que reconocer al gobierno del general Franco su capacidad para restablecer la tranquilidad superficial y la buena administración.

Como era de esperar, la política económica del Gobierno de Burgos se trasladó a la moneda y a los precios. Y así la peseta mantuvo a lo largo de la contienda bastante estable su poder adquisitivo, y la inflación fue prácticamente inexistente hasta la primavera de 1937.

LA DISPONIBILIDAD DE PETRÓLEO: UN PROBLEMA FINANCIERO PARA EL GOBIERNO DE BURGOS

La Junta de Defensa Nacional fue consciente desde el primer momento de que un gravísimo problema que se le planteaba era el de disponer de un adecuado suministro de petróleo, y que éste, a su vez, implicaba un importante problema financiero. Y lo primero que hizo fue crear en Burgos una oficina central de la Campsa, para cubrir el servicio que antes de la sublevación ofrecía al Estado el Monopolio de Petróleos.[55] Su primer objetivo era establecer contactos con las más importantes compañías petrolíferas, y especialmente conseguir que la Texaco traspasara a favor del Gobierno de Burgos el contrato que esa compañía había firmado con Campsa en 1935, incluyendo en el clausulado tradicional una nota especial de «facilidades de pago».[56]

El problema que planteaba el suministro de petróleo era realmente grave, especialmente en caso de guerra, si se recuerda que en la asignación de instalaciones y flota que impuso la partición del territorio nacional en dos, el área de Burgos quedó con una capacidad muy reducida de disponibilidades de petróleo.[57]

Al iniciarse la guerra, las existencias de petróleo en la zona nacional eran de 84.983 t, frente a 307.197 t que existían en la zona republicana, aunque estas cifras iniciales quedarían corregidas especialmente por las recuperaciones durante la campaña, que fueron de 1.382 toneladas en el segundo semestre de 1936, de 84.099 toneladas en 1937, de 16.406 toneladas en 1938 y de 27.783 toneladas en el primer semestre de 1939 (Campsa, 1958:90). Por otro lado, de las 15 factorías que poseía Campsa, solamente cuatro quedaron radicadas en territorio controlado por el Gobierno de Burgos, con 84.000 metros cúbicos de capacidad.

En cuanto al aprovisionamiento de carburante, en la zona nacional no hubo dificultades, mientras que en la zona republicana, como ya se ha visto, las hubo, y muy importantes. De acuerdo con los estudios que la Campsa realizó al término de la guerra, a instancias de José Larraz, en la zona sublevada se importaron 3.471.383 toneladas de petróleo y en la zona republicana 1.504.239 toneladas.[58]

La mejor manera de conocer lo que fue el suministro de petróleo en la España del Gobierno de Burgos, y las vicisitudes de esta operación, es recurrir a la documentación de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A. (Campsa). Esta institución estaba obligada, por su naturaleza jurídica, a presentar anualmente balances a su junta general de accionistas. La última junta de preguerra se celebró en Madrid el 12 de marzo de 1936, y se refería a la liquidación del ejercicio 1935. Durante la guerra ya no se publicaron memorias, ni se reunió la junta general. Lo hizo de nuevo después de terminada la contienda, el 5 de junio de 1940, para recibir información y, en su caso, aprobar la liquidación de los ejercicios 1936 y 1937. Posteriormente, el 21 de julio de 1943, volvió a convocarse para recibir información sobre los ejercicios 1938, 1939, 1940 y 1941.[59] Esas memorias constituyen un documento estrictamente mercantil, con muy poca información sobre las incidencias que ocurrieron con la recepción de petróleo, su distribución y, especialmente, su financiación en esa época, pero ofrecen algunas pistas sobre algunos planteamientos y sobre la anormalidad del momento. Es significativa, en este sentido, la Memoria del 5 de junio de 1940, correspondiente a los ejercicios 1936 y 1937 de la Campsa en Burgos, que reafirma la identificación, desde el primer momento, de la compañía arrendataria y su Consejo de Administración con la sublevación. Añade que sólo uno de los proveedores habituales, Texaco, «nos ofreció su concurso sin reservas de ninguna clase», de tal manera que «quedaron asegurados nuestros suministros y han continuado estándolo hasta ahora».[60] Desde la perspectiva del final de la guerra, la Memoria de 1940 insistía en que el abastecimiento había sido perfecto a lo largo de toda la contienda, dando cuenta, sin embargo, de la escasez de la flota.[61]

La Memoria correspondiente a los ejercicios 1938, 1939, 1940 y 1941, leída el 21 de junio de 1943, veía ya el desarrollo de la actividad durante la guerra con mucha más perspectiva. Y señalaba que el abastecimiento se había producido normalmente hasta terminar la guerra, y que, en todo momento, se pudo disponer «de cuantos productos necesitábamos, lo que contribuyó notablemente al suministro perfecto que conseguimos de los frentes, del Ejército, de la Marina y de las necesidades de la zona nacional».

Para mejor interpretar esa información, téngase en cuenta lo que la Memoria leída en 1943 decía, en relación con los precios:

Los precios de los distintos productos y el impuesto transitorio que regían al iniciarse el Movimiento fueron mantenidos durante todo éste, hasta que, en virtud de la Ley de 26 de mayo de 1939, se elevó dicho impuesto sobre la gasolina en veinticuatro céntimos por litro y se creó el de veinte céntimos para el gas-oil, ambos en beneficio exclusivo del Estado.

Pero ninguna de las tres memorias analizadas, que cubren del año 1935 al año 1941, ofrece información sobre cantidades consumidas, ni mucho menos sobre la financiación que utilizó cada una de las dos zonas. Sí pueden deducirse, de ellas, unas ciertas indicaciones financieras sobre cómo se desarrollaron los ejercicios en términos de beneficios y en término de la renta de petróleos. Esto es lo que, sobre ese particular, decían las memorias:

Estas cifras se refieren, desde 1936, exclusivamente a lo que representaba la Campsa reconstituida en la zona dependiente del Gobierno de Burgos, y por lo tanto no consolidan las de la Campsa republicana.

La única anormalidad que se deduce de esa información es la caída del saldo de la Renta de Petróleos referida a 1936-1937, correspondiente a los 18 meses de guerra que más territorio ocupó la República. A partir de 1938 tanto los beneficios como la Renta de Petróleos volvieron a los de preguerra.

En cuanto a la financiación del petróleo, la información que se viene manejando señala que el Gobierno de Burgos llegó, no sin ciertas dificultades y malos entendidos, a un acuerdo muy generoso con la Texaco. Y que la disposición de la compañía hacia los sublevados fue total.

Pero la historia de la Campsa pone en duda algo que se daba por probado, como es que la Texaco tomó partido, inmediatamente después del 18 de julio, por los sublevados, y que incluso tres petroleros, que estaban navegando hacia Europa, fueron desviados hacia España, a la zona controlada por el Gobierno de Burgos. Y lo pone en duda, porque esa historia lo que dice es que tal hecho no se produjo hasta el mes de noviembre. Y en la medida en que esto fuera así, es obligado plantearse cómo se abasteció de petróleo el ejército sublevado, antes de contar con el apoyo incondicional de la Texaco. La respuesta la ofrece esa misma historia, documentada desde los propios archivos de Campsa, al afirmar que, según todos los indicios, el suministrador fue Portugal. Como puede verse en el capítulo VI, «Portugal y la sublevación del 18 de julio», parece que la idea de acudir a Lisboa a procurarse carburante surgió, de forma espontánea y natural, en el seno del círculo de confianza de Queipo de Llano. Y que, de esta manera, en los días inmediatos a la sublevación, se cerró un primer suministro de transporte hasta Sevilla de una primera partida de unos 10.000 litros de gasolina de aviación envasada en bidones. Y allí se cuenta que, en el hotel Aviz, existía un comité cuya misión era precisamente procurar el suministro a gran escala de carburante para sus tropas.[62]

En todo caso, todavía no está claro cómo, a través de qué fórmulas y cuándo, el Gobierno de Burgos canceló su factura de los carburantes. Un pequeño informe sobre el suministro de petróleo a España durante la guerra civil, redactado por José Antonio Álvarez Alonso, funcionario de Campsa, es prácticamente la única referencia que por el momento ha podido ser documentada a este particular. En él se dice que «las condiciones fijadas eran las mismas que figuraron en el contrato firmado por Campsa en Madrid en 1935, con la ventaja adicional de conceder tres meses de crédito, fijando un límite a la cuantía de éste». Más adelante, ese informe señala que, cuando se acercó el vencimiento del primer pago comprometido, no se disponía de medios para hacerlo. Se pudieron reunir cheques por valor de unos 100.000 dólares, ya vencido el plazo, que fueron llevados directamente a París, a la oficina de Texaco, por el mismo redactor del informe, Álvarez Alonso.[63] Y éste termina su explicación diciendo: «El hecho es que el suministro continuó, que pagábamos lo que podíamos, cuando podíamos, y que la deuda rebasó seriamente el límite establecido. Al final todo fue dignamente liquidado» (Álvarez Alonso, 1970).

EL CANJE MONETARIO Y LA «OPERACIÓN BLOQUEO»

Desde el punto de vista monetario, al conquistar una nueva plaza, lo más urgente para las autoridades de Burgos era canjear el dinero republicano por su «propio» dinero. El canje se iniciaba en los mercados de abastos, por personal del Banco de España, en colaboración con la columna de abastecimientos, y después en los bancos locales, para atender rápidamente a las necesidades de suministro de la población civil.[64] El canje se limitaba a la cantidad de 100 pesetas, sin requisito administrativo alguno. Si el peticionario del canje no era persona conocida, o notoriamente solvente, o si la suma era excesiva, se retenía el reembolso, entregándose recibo provisional, que más tarde podía canjearse por dinero en efectivo. Una vez tomada una plaza, el Banco de España hacía esfuerzos notables para que se desarrollara con facilidad el cambio de moneda. En los pueblos, las peticiones eran previamente autorizadas por el alcalde o por el comandante militar.

En cuanto al reintegro de los saldos de cuenta corriente, imposiciones, o libretas de ahorro que existieran a favor de un titular en las plazas que se iban conquistando, éstos quedaban en suspenso si la cuenta, imposición, o libreta, fuera de origen posterior al 18 de julio de 1936. Si fuera de origen anterior a esa fecha, la suspensión se limitaba a la porción del saldo que excediera del que tenía a la fecha del 18 de julio. La congelación de la cuenta era total, cualquiera que fuera la fecha de su apertura, si el titular de la misma era «el Tesoro Público del enemigo, un Sindicato marxista o anarquista, o un Partido político del Frente Popular».[65]

La Ley de Bloqueo llegaba, en la determinación de los saldos bloqueados, más lejos de la simple congelación de los saldos posteriores al 18 de julio. Porque precisaba que aquellas cuentas que se hubieran abierto antes del 18 de julio, pero que hubieran sido «consumidas en su casi totalidad» y que aparecieran repuestas «por virtud de ingresos realizados en el mes anterior a la liberación» de la plaza, quedarían también congeladas en su totalidad. Tampoco se podría disponer de los saldos de los descubiertos, créditos o préstamos abiertos con posterioridad al 18 de julio de 1936 «bajo el dominio del enemigo», aunque no habría lugar a la suspensión si los créditos o préstamos fueran meras renovaciones de otros anteriores. En cuanto a las operaciones de activo, quedaban también congelados los reintegros a los establecimientos bancarios de los saldos que, a su favor, tuvieran las cuentas de crédito abiertas en el momento de la conquista de la plaza. Los efectos mercantiles en poder de establecimientos de crédito, liberados con posterioridad al 18 de julio de 1936, quedarían igualmente congelados, y el tenedor liberado por el momento de cuantas acciones le correspondieran.

Quizá como justificación de la «operación bloqueo» que se estaba desarrollando, el Noticiero de España[66] hacía un repaso de la nueva legislación y de la suspensión de las obligaciones de pago surgidas en la zona republicana:

… mientras en la zona nacional el único medio de pago es el billete del Banco de España, emitido con criterio de prudencia y rigorismo que llega hasta rozar los límites de la tacañería, en la «gubernamental» los medios de pago han ido creciendo y desarrollándose en una proliferación siempre mayor, Billetes del Banco de España, certificados plata, talones especiales, moneda regional, moneda provincial, dinero local, tickets de sindicatos y entidades colectivizadas, etc., etc…. Todo ha sido utilizado y agotado en monstruosa inflación que ha triturado y deshecho el equilibrio económico de aquellas provincias.

Y esto era lo que justificaba que Burgos hubiera decretado la nulidad de los billetes del Banco de España puestos en circulación en la zona republicana con posterioridad al 18 de julio de 1936.

ABSORCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO REPUBLICANO: LA «OPERACIÓN DESBLOQUEO»[67]

Terminada la guerra, y por ley del 7 de diciembre de 1939, el Gobierno decidió «desbloquear» los saldos pendientes mediante una operación que aplicaba unos coeficientes reductores, que reconocían la depreciación de cada una de las monedas, para establecer la relación de cambio.[68] Fue una ley muy compleja de aplicar, que trataba de entregar al titular de la moneda bloqueada una cantidad equivalente al poder adquisitivo que correspondería al saldo final, en función del grado de inflación experimentado por esos saldos hasta el momento de ser conquistada la plaza bancaria donde ese saldo se mantuviera.[69]

Los primeros pasos para una necesaria reordenación en el orden monetario, a emprender cuando la guerra terminara, se dieron en 1938, a partir de una profunda investigación que se hizo en el Banco de España de Burgos sobre los problemas que estaba produciendo la unificación de los dos sistemas monetarios. Y otro informe de ese banco estudiaba los problemas que habría de plantear la cancelación de los depósitos en billetes del banco sujetos a revisión, en relación con su validez jurídica y política.[70] Estos trabajos constituyeron la base intelectual de todo el proceso de absorción de la masa de billetes republicanos, así como de la ordenación posterior del canje de una moneda por otra.

Sin embargo, a la vez que se estudiaba el mejor procedimiento para regular el proceso de absorción monetaria, cada día resultaba más complejo por la progresiva diferencia en el grado de inflación de ambas comunidades, muy alta en la zona republicana y bastante moderada en la controlada por el Gobierno de Burgos. Como era lógico, al Banco de España le preocupaba el peligro que ello entrañaría si el fenómeno inflacionista republicano contagiaba la zona nacional, a medida que se iban incorporando nuevos territorios.[71]

Porque una cosa era paralizar de momento la absorción monetaria de la zona republicana para evitar el contagio inflacionario, mediante limitaciones cuantitativas, y otra muy diferente definir un mecanismo de unificación de las dos circulaciones, que fuera neutral a efectos inflacionistas. Por ello, y desde el principio, se vio que el primer problema que el canje iba a plantear al acabar la guerra era enfrentarse a la realidad del dispar valor de las dos pesetas. Y pronto se llegó a la conclusión de que la inflación relativa de cada zona debería ser determinante a la hora de establecer la proporción del canje.

El 17 de julio de 1936 la circulación fiduciaria en España ascendía a unos 5.500 millones de pesetas, de los que podían corresponder a lo que luego fue la España republicana unos 3.500 millones, y a la España controlada por el Gobierno de Burgos en torno a 2.000 millones. Pero a mediados de septiembre de 1937 la circulación fiduciaria en la zona republicana podía ascender a 8.000 millones de pesetas, mientras que en la zona nacional se cifraba en 2.450 millones. De esto y de otros análisis, Larraz deducía que el valor interior de la peseta de Burgos «era algo más del doble que el correspondiente a la peseta marxista» (Larraz, 1938:7-24). Se realizó el mismo análisis para la cotización exterior de ambas pesetas, y se llegó a conclusiones parecidas.[72]

Sin embargo, a la hora de replantearse la reconversión de las dos comunidades dinerarias no se podía olvidar que, en noviembre de 1936, se había decretado la nulidad de los billetes puestos en circulación por el Gobierno de la República con posterioridad al 18 de julio. Por ello, sólo podían ser considerados como válidos y refundibles con la circulación fiduciaria de la zona nacional los billetes en circulación en el momento de iniciarse la contienda. Aunque el estudio del Banco de España advertía que en algunas zonas (Badajoz, San Sebastián y Toledo) se había admitido como válida, antes de noviembre de 1936, toda la moneda circulante en dichas plazas, y que hubo un período de libre disposición en cuenta corriente en las plazas de Bilbao (superior a un mes) y Santander (de ocho a diez días).

Por otra parte, y como principio general, el informe del Banco de España apostaba por la convalidación futura de los signos dinerarios emitidos en la zona republicana, proponiendo dejar para más adelante el estudio pormenorizado sobre canjes y validaciones. Y advertía que al llegar la paz,

… se planteará gigantescamente y de súbito, la unificación dineraria. Y para entonces, tenemos que estar no sólo preparados, sino muy preparados… La intuición nos hace ver que el final de la guerra… consistirá en el desplome vertical de una inmensa zona territorial y demográfica, que, de súbito, se refundirá con la España Nacional planteando, entre un cúmulo de colosales problemas de ocupación, seguridad, organización administrativa y abastos, el no menos colosal de la unificación dineraria (Larraz, 1938:133-134).

Desde el punto de vista económico y moral, el Banco de España llevaba razón, pero su propuesta llevaba implícita la alteración del derecho vigente en aquel momento, en cuanto a lo que implicaba derogar la nulidad de los billetes ya acordada en noviembre de 1936. Los redactores del informe eran conscientes de ello, pero se ratificaban en su propuesta:

Es, pues, en conclusión, pensamiento de este Estudio, que el derecho vigente debe ser abolido, ya que a nuestro juicio sus inconvenientes pesan más que sus ventajas, y sustituirlo por otro más perfecto, o menos imperfecto… Se ha tratado de apreciar lealmente los hechos y nada más. El Servicio es el primero en reconocer que las normas vigentes criticadas han estado justificadas por las circunstancias del momento que han obligado a ir prescribiendo medidas esporádicamente; por la propia guerra, que ha exigido dictar normas de tipo eficazmente ofensivo contra los billetes marxistas (Larraz, 1938:48).

Había algo más que preocupaba al Banco de España, y era la falta de seguridad que ofrecía la realidad de la circulación fiduciaria de la República, sobre la que veía dos peligros. La posibilidad de que en el territorio de la República se hubieran puesto en circulación billetes sin contabilizar. O una posible inflación fraudulenta de última hora. Porque, decían, «el Banco de España en la zona marxista ha sido obligado a proveerse de fuertes reservas de billetes, continuamente abastecido desde Londres. ¿No podrán ser saqueadas en la última hora de la guerra? ¿No tomarán algunas el camino del extranjero?» (Larraz, 1938:28). El informe se preguntaba qué podía suceder en el futuro con los billetes teóricamente almacenados. Dónde estaban, en manos de quién, y con qué intención. También preocupaba cuál sería la reacción del Banco Internacional de Pagos, si alguien planteaba una reclamación ante el Gobierno español, exigiendo el reconocimiento de esas masas monetarias.

En sus recomendaciones para resolver los complejos problemas que plantearía la unificación de las dos comunidades monetarias, el informe del Banco de España apuntaba también como objetivo tratar de conseguir lo «viable», con la mínima desviación de lo «absolutamente justo». Y entrando en lo pragmático, proponía que lo más sensato y más justo sería estimar el poder de compra en ambas zonas en relación con la existente entre sus índices de precios:[73]

Investiguemos pues la fórmula «menos mala». Decimos «menos mala», porque la complejidad del problema, su volumen, su extensión, sus ramificaciones, los intereses encontrados que en él juegan y la necesidad de ir resolviéndola con cierta perentoriedad, hacen imposible encontrar una solución plenamente satisfactoria (Larraz, 1938:64).

El Banco de España declaraba esto en 1938, pero la decisión sobre el desbloqueo no se tomó hasta que, terminada la guerra, se dictó la Ley de Desbloqueo del 7 de diciembre de 1939, que se analiza con detenimiento más adelante.[74] Se puede anticipar que la solución que eligió el Gobierno no fue la sugerida por el Banco de España.

UN PROBLEMA FINANCIERO ESPECIAL, EL DE LOS EVADIDOS A LA ZONA NACIONAL

En relación con la absorción del sistema financiero de la República, se planteó también un problema que no fue sustancial, pero que dio origen a la definición de algunos conceptos y a la formulación de algunos principios. El problema específico se concretaba en formar criterio sobre si, a los evadidos de la zona republicana, había que devolverles los billetes que habían depositado al entrar en la zona nacional.[75]

La cuestión se planteó por las numerosas peticiones que esos evadidos de la zona republicana hacían, solicitando la devolución de sus billetes. Y la abundancia de reclamaciones motivó que el Banco de España hiciera un razonado y muy interesante dictamen sobre la cuestión, que hoy merece la pena repasar, porque contiene abundante información y explicita algunos de los criterios que, en aquel momento, informaban la política del Banco de España.

Desde el punto de vista jurídico, el Banco de España entendía que, declarada en su momento por el Gobierno de Burgos la invalidez e ilegitimidad de los billetes puestos en circulación por la República con posterioridad al 18 de julio de 1936, era totalmente improcedente su devolución a los que los reclamaban, en la medida en que devolverlos equivalía a «lanzarlos nuevamente al mercado y a la circulación».

El Banco de España temía que esos billetes retornasen a la zona republicana, o que fueran vendidos en los mercados internacionales. Se oponía, pues, a la devolución, pero advertía a los peticionarios que el depósito de esos billetes, y la declaración de nulidad e ilegitimidad, no suponía que, en su momento, no pudiera darse otra solución, en cuanto que las disposiciones del Gobierno no «ordenaban» la destrucción de dichos billetes, sino que simplemente los sujetaban a revisión. Es decir, el dictamen aplazaba la solución definitiva del problema.[76] Por ello, los tenedores de estos billetes deberían esperar al momento en que se procediera a la unificación dineraria, para acogerse entonces a la modalidad y características que en su día se consideraran oportunas de entre las fórmulas ofrecidas.

Esos billetes, pues, poseían «una expectativa de valor, ignorada de sus propios dueños», y en interés «del Estado, del Banco de España, y de los actuales propietarios», no cabía adoptar la «fórmula simplista y anárquica de devolvérselos», para que, con el uso que forzosamente habrían de darle en las actuales circunstancias, pudieran dañar sus propios intereses. Por eso el dictamen concluía que «en el terreno puramente jurídico de derecho positivo y de derecho natural, todas las razones abonan y justifican la no devolución del billete a sus propietarios».

Había otro aspecto, que era el económico. Porque el Banco de España entendía que, tanto si esos billetes eran canjeables en su día como si no lo eran, en aquel momento poseían un valor real:

Valor, de índole interna en la zona roja, en cuanto allí recobran su plena capacidad adquisitiva; valor internacional, en cuanto pueden ser cambiados por divisas extranjeras, especialmente francos franceses, a los cambios fijados en el mercado de billetes de París, y en las «bolsas negras» del mediodía de Francia.

A partir de esa realidad, el problema cambiaba de formulación según el Banco de España porque, decía, «nos encontramos ante una transacción comercial, en la que súbditos españoles desean exportar una mercancía de su propiedad (billetes rojos depositados en el Banco de España) para obtener de los mismos un lucro en el extranjero». Y de esta manera, la moneda republicana, sin reconocimiento legal en la zona dependiente del Gobierno de Burgos, retornaba «a su primitiva condición de mercancía, a semejanza de todas las demás monedas, las cuales a su condición de medio de pago reúnen esta otra cualidad». Y esta condición de mercancía, añadía el dictamen, es la que debía predominar en la decisión a adoptar frente a estas demandas. Porque dos eran las posibilidades de legalización de la moneda devuelta, en su caso, en manos de sus tenedores. Una, su canje por divisas extranjeras. Otra, su exportación a la zona republicana.

En cuanto a su canje por moneda extranjera, el Banco de España se recreaba en una disquisición puramente teórica, pero suministraba una información realmente válida para otros análisis. «Si una buena parte de los 35 millones de pesetas, en números redondos (35.047.560 pesetas exactamente), que hoy figuran depositados en el Banco de España… fuera canjeada en el mercado de París por francos franceses, es evidente que constituiría una apreciable masa de divisas».

El dictamen llegaba mucho más lejos en sus previsiones y en sus intenciones. En cuanto a sus previsiones, porque partiendo del supuesto de que cada millón lanzado sobre el mercado de París hiciera descender la cotización de la peseta un entero, los 35 millones de pesetas supondrían disponer en París de cuatro a cinco millones de francos. Y es «evidente que semejante posibilidad de adquisición de divisas, no puede ser abandonada en manos de particulares». Y en cuanto a sus intenciones, porque, ya muy al final, el dictamen del Banco de España se preguntaba: «¿Por qué no servirse de dichos billetes y utilizarlos en lícita cooperación a los fines de la guerra, hundiendo la cotización de la peseta roja en el extranjero?». Y esta pregunta constituyó, sin duda, la causa de la operación final que llevó al derrumbe de la moneda republicana.

El Banco de España también se planteaba la cuestión, desde el punto de vista ético, en relación con la posición acreedora en que quedaban los huidos de la zona republicana residentes en la zona nacional, que habían depositado en el banco sus billetes. Por ello, decía, el pago de su entrega podría consistir en aplicar a este caso la tarifa que el Comité de Moneda Extranjera fijaba para adquisición de divisas procedentes de exportaciones. Por lo tanto,

… mediante una sencilla prorrata, o con cualquier otro procedimiento similar, podría distribuirse entre los actuales propietarios de la moneda republicana entregada por los evadidos a la zona nacional la cantidad de pesetas nacionales correspondientes a los francos u otra moneda extranjera, de que el Estado consiguiera proveerse, gracias a la operación anteriormente descrita.

Y, simplemente como alternativa, el dictamen contemplaba, al menos teóricamente, el que los actuales propietarios pudieran enviarlos a la zona republicana para acrecentar «su patrimonio privado». Pero estos billetes, concluía, terminarían refugiándose en las cuentas corrientes del Banco de España, o en las de los establecimientos privados de crédito en la zona republicana, con lo cual se acrecentarían las dificultades que se iban a tener al final de la guerra para resolver el problema de la doble comunidad dineraria.

Al final, el Banco de España entendió «conveniente y oportuno no acceder a la petición de los depositantes de billetes emitidos con posterioridad al 18 de julio de 1936, de que les sean devueltos».

EL BANCO DE ESPAÑA DE BURGOS CELEBRA JUNTA GENERAL DURANTE LA GUERRA PARA EXPLICAR LAS DEMANDAS SOBRE EL ORO

En plena guerra civil, aunque ya con la seguridad de que estaba a punto de concluir, el Banco de España en Burgos celebró su junta general de accionistas. Lo hizo en Santander, el 18 de diciembre de 1938, y se convocó con el objetivo de reforzar jurídicamente la legitimidad de la administración del banco en Burgos, buscando, con el respaldo de los accionistas, una mayor credibilidad del Consejo en relación con los pleitos internacionales en los que estaba empeñado en aquellos momentos sobre la devolución del oro. De éstos, y de las gestiones realizadas para recuperar las reservas metálicas «de las que el Banco fue despojado por los gobiernos marxistas», el gobernador dio puntual cuenta en esa junta general, solicitando un «voto de confianza para poder proseguirlas con todo celo y entusiasmo».[77] No se olvide que, en aquellos momentos, uno de los principales problemas financieros que preocupaba al Gobierno era que la comunidad internacional reconociera que el gobernador del Banco de España en Burgos era el legítimo representante de los intereses de la institución.

Del contenido de la junta se ofreció una amplia referencia en el ABC de Sevilla.[78] En él se decía que más de un millar de accionistas habían asistido a la junta, y que el número de acciones presentes sobrepasaba con mucho la mayoría estatutaria, prueba evidente de que el legítimo Banco de España estaba legalmente constituido y con plena capacidad jurídica. Añadía que «el llamado Banco de España, en la zona roja, es, sencillamente, una reunión de mandatarios del Comité soviético de Barcelona, que usurpa los derechos indiscutibles del Banco de España, con sede en Burgos». Y el ABC hacía una descripción de la asamblea de accionistas en Sevilla, muy al uso de aquel momento político:

Todas las clases sociales están en ella representadas. Prelados, que son patronos de fundaciones benéficas; damas enlutadas, algunas con la Medalla de Sufrimientos por la Patria sobre el pecho; directores de Asilos, espectáculos, Casas de Maternidad y Cajas de Ahorro; grandes y pequeños industriales, terratenientes, labrantines, comerciantes, pequeños patronos…

Y en el acta final de la junta se hacía constar lo siguiente:

Los accionistas del Banco de España residentes en la España nacional que han justificado su derecho de asistencia y voto en la Junta han sido 1.268, de los cuales solicitaron la tarjeta de asistencia 1.089. Los primeros son poseedores o representantes de 169.879 acciones, los segundos poseen o representan 162.670 acciones. Han concurrido personalmente a la Junta entregando a la entrada del local donde aquélla se ha celebrado, la tarjeta firmada por ellos, 992 accionistas con un total de 152.865 acciones.

A los accionistas se les entregó un documento titulado Memoria leída en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Banco de España,[79] que integraba dos partes. Una primera, la Memoria propiamente dicha, contenía el texto de la información financiera, más bien parca, que se quería ofrecer a los accionistas. Y una segunda, de 75 páginas, titulada «Lista de los señores accionistas con residencia en la zona liberada que tienen justificado el derecho de asistencia a dicha Junta», que era una relación con los nombres de los accionistas que habían justificado plenamente su derecho, agrupados según el lugar de residencia, y referenciando el número de acciones que cada uno poseía.[80]

La Memoria dejaba claro que en aquel momento no se quería entrar en algo que pudiera parecerse a la rendición de cuentas de un Consejo de Administración a sus accionistas, cosa que se hizo en 1942, una vez terminada la contienda. Por ello, la exposición del gobernador estuvo dedicada fundamentalmente a la «cuestión del oro», y en su exposición sólo destacó la estrategia seguida por el Consejo General para recuperar el «tesoro» del Banco de España. El contenido de la Memoria y el desarrollo de la sesión, según el acta, confirman que la junta general se convocó a los solos efectos de ratificar la legitimidad del Consejo ante los tribunales extranjeros.

En cuanto a los mensajes que el gobernador Goicoechea ofreció a los accionistas, fueron los siguientes:

— El problema más importante, al que el Banco de España de Burgos se había enfrentado, era el de las ventas de oro y plata por parte de la República. «No más lejos del mes de Agosto de 1936, el que se intitulaba Gobierno de Madrid, comenzó a realizar la expoliación del oro del Banco de España infringiendo abiertamente la ley de Ordenación bancaria, a la vez que conculcando los principios de la ley natural. Desde esa fecha han sido constantes las salidas de oro hacia el Extranjero en formas variadas y escandalosas que, en muchas ocasiones por su trascendencia y circunstancias y pese a los esfuerzos de sus autores, no han podido mantenerse en secreto, sino antes al contrario han adquirido hasta notoriedad internacional y son desde luego bien conocidas en España.»

— «Más recientemente ha sido la plata, el objeto de las depredaciones, según lo denotan las remesas de este metal efectuadas durante el año en curso a Londres y Nueva York, que han determinado en esta última capital el ejercicio de las acciones judiciales oportunas en defensa de los intereses del Banco y que en la actualidad se encuentran en tramitación.»

— «¿Qué ha hecho el Consejo del Banco en reivindicación de esas reservas, con la mirada puesta en el interés supremo de la Patria que es también el vuestro?», se preguntaba el gobernador. Y se respondía: «Con fecha 24 de Agosto, al tenerse noticia de las remesas de oro a Francia, se dirigió al Banco de Inglaterra, al de Francia, al Internacional de Pagos de Basilea y a otros de notoria importancia también», un telegrama de reclamación.

— «El Presidente de la Junta Nacional de Defensa cursó en igual fecha a la Sociedad de Naciones telegrama denunciando tales hechos para que… se adoptasen las más enérgicas medidas, a fin de que el oro del Banco de España que según las leyes constitucionales no puede ser exportado sin autorización del Parlamento, no fuera enviado al extranjero y dispersado como si fuera un capital de tesorería y expresando categóricamente que la aceptación de ese metal oro garantía del valor de la moneda fiduciaria propiedad del Banco por parte de Gobiernos y Bancos de Estado, constituiría una monstruosa complicidad con la delictiva expoliación intentada… Un Decreto de la Junta de Defensa de fecha 14 de agosto declaró delito de traición las exportaciones del oro del Banco de España considerando incursos en él a cuantos hubieran intervenido en tales operaciones.»

— Goicoechea se refirió con cierto detalle al estado de los pleitos emprendidos, con especial referencia a los requerimientos hechos al Banco de Francia. «Visibles y más que visibles, patentes las dificultades que se opondrían con criterio más que jurídico, político, a una acción directa ante los Tribunales franceses», el Consejo acordó que de modo solemne se llevase a cabo un requerimiento al Banco de Francia. En él se precisaba que «el oro del Banco de España constituye la garantía de sus billetes, y que según la Constitución de la República Española y la ley de Ordenación bancaria, este oro no puede ser enajenado ni por el Banco ni por el Gobierno; por lo cual todo acto de disposición que no estuviera autorizado por una ley, era nulo de todo derecho sin que los adquirentes o depositarios, que deben asegurarse de la personalidad y facultades del depositante, puedan alegar ignorancia o buena fe».

— Tratando de cubrir todos los frentes, el Consejo había previsto que, en la medida en que se pleiteaba por la recuperación de unos bienes que eran privados, la reclamación debería hacerla no el propio banco, sino un accionista privado cualificado. Y de esta manera, explicaba el gobernador, «uno de nuestros más importantes accionistas, el Crédito Navarro, prestigiosísima institución bancaria de Navarra, de limpia y antigua historia… presentó ante el Juez de París, denuncia en la que se especificaban los transportes efectuados por el vapor “Campillo”, por el “Tramontana” y otros con un peso total de 55.866 kilos de oro; los hechos por avión; y la apertura de cuentas corrientes con garantía de ese oro; se demostraba la existencia de un delito definido en la ley francesa lo mismo que en la española, y en consecuencia se solicitaba del Tribunal la apertura de una información que comprobara la verdad de los hechos, ratificando el propósito de mostrarse en el proceso parte civil».

— Hasta este momento, explicaba, «no ha recaído sobre esta denuncia, al fin admitida y tramitada, resolución que satisfaga nuestro derecho». Pero mientras eso sucedía, «parte muy estimable y respetada de la prensa francesa e inglesa llamaba la atención de los poderes públicos de estos países sobre la gravedad de tales hechos».[81]

— «Bien corrido el primer cuatrimestre de 1938 tuvimos noticia de que el titulado Gobierno de Valencia, aprovechando la devaluación del franco había satisfecho al Banco de Francia el importe del préstamo hecho en 1931, y que solicitaban del Tribunal de référé la devolución de la garantía oro depositada en la Sucursal de Mont de Marsan. Conocida la presentación de la demanda, inmediatamente nos opusimos a ella. El Banco de Francia, que no había antes respondido oficialmente a ninguno de nuestros requerimientos, al contestar la demanda del Banco actuante en Barcelona alegó como motivo para su actitud negativa el requerimiento que por nosotros se le había hecho para que se abstuviera de toda negociación con relación al oro del Banco de España. Admitidos como parte en el pleito, tuvimos la fortuna de que el Tribunal de référé resolviera con arreglo a la doctrina legal y justa de que la acción interpuesta no podía ser ventilada en el procedimiento planteado.»

— Por fin el «Tribunal de apelación por su sentencia del 6 de Julio último, confirmó la del Tribunal de primera instancia». La sentencia no podía ser más satisfactoria para el Gobierno de Burgos, porque la conclusión del tribunal era que cualquiera «que sea la importancia de las relaciones que en su calidad de Banco de emisión le liguen al Estado Español, el Banco de España “Sociedad por acciones” no es un Banco de Estado; que desde luego su personalidad en el presente litigio no se puede confundir con la del Estado español… Por tales razones, el Tribunal declaró improcedentes las conclusiones formuladas por el Banco actuante en Barcelona y confirmó la resolución apelada condenando en costas al apelante».

— El gobernador dio fin a la junta general pidiendo a los accionistas un voto de confianza para respaldar la credibilidad de los gestores del banco. Porque la cuestión primordial para la que había sido convocada era obtener, a partir de la información que se había dado en la asamblea sobre el «expolio», y partiendo del supuesto de que el Banco de España era una entidad privada, propiedad de sus accionistas, un aval de éstos como garantía de la legitimidad del Banco de España constituido en Burgos para pleitear en su nombre. Los tribunales ante los que se estaba planteando la reclamación mantenían dudas sobre ello y no veían muy claro que el Banco de España fuera privado. Para confirmarlo se había convocado precisamente la junta general.

— El gobernador fue muy terminante en esta línea. «No necesitamos poner de relieve las razones que nos han obligado a convocar esta Junta ni la trascendencia de las decisiones que en ella van a adoptarse. Vuestro voto, emitido en forma solemne en Junta general extraordinaria, en la plenitud de vuestra soberanía, significará que otorgáis a este Consejo vuestra confianza para que siga actuando hasta obtener el triunfo definitivo… Este voto de confianza tendrá su repercusión en otros pleitos planteados sobre las reservas metálicas ante Tribunales franceses, ingleses, holandeses y norteamericanos… contribuyendo de ese modo a lograr el reconocimiento de nuestro derecho a los saldos que a nombre del Banco de España existen… Por todo ello, señores Accionistas… somete el Consejo a vuestro examen y aprobación, las gestiones que ha efectuado en lo concerniente al rescate de las reservas metálicas, pidiéndoos además un voto de confianza para poder proseguirlas con todo celo y entusiasmo.»

Los acuerdos propuestos a la junta general de accionistas fueron, textualmente, éstos:

«Conformidad con el ejercicio de las acciones judiciales promovidas ante los Tribunales franceses de París y de La Rochelle, en reivindicación de la garantía oro depositada en Mont de Marsan, que debe sernos entregada por ser nosotros el auténtico y legítimo Banco de España, así como también los valores y bienes de que fueron expoliados de nuestras Sucursales de San Sebastián, Bilbao, Santander y Gijón, parte de los cuales se hallan en La Rochelle.»

«Asentimiento a las acciones judiciales interpuestas ante los Tribunales holandeses con idéntico motivo, por lo que se refiere al metálico y valores retenidos en Flessinga.»

«Ratificación de las acciones judiciales que se han ejercitado ante los Tribunales de Nueva York en reivindicación de las reservas plata vendidas ilegalmente, para defender y amparar el derecho del Banco y de sus accionistas sobre dicha plata.»

«Expresa autorización a los nueve Consejeros que comparecieron ante los Tribunales ingleses en el pleito con el Martin’s Bank, ratificando la reclamación de los fondos depositados en dicho Banco, por ser dichos Consejeros representación auténtica del Banco de España y de sus accionistas.»

Al final, los acuerdos sometidos a los accionistas, y aprobados por unanimidad, respaldaron todas las acciones judiciales y gestiones realizadas por el Consejo del Banco de España de Burgos, a fin de recuperar los envíos de oro que habían sido remitidos al extranjero por el Banco de España republicano.

LOS INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO DE BURGOS PARA PLANIFICAR SU POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA

En el momento de definir la estructura operativa del Banco de España que se recreó en Burgos, uno de los acuerdos fundamentales fue dotarle de un mecanismo que ofreciera asesoramiento, estudio, investigación y búsqueda de soluciones alternativas a los distintos problemas que la guerra iba a ir planteando. Y para ello se reprodujo la fórmula del Servicio de Estudios de 1930, que tan buenos resultados había dado.[82] Se creó con el mismo nombre de Servicio de Estudios, y se le dotó con abundancia de medios, reconociéndole dentro del organigrama una directa implicación en la política del banco. Como director fue nombrado, en octubre de 1937, José Larraz. Junto con él se incorporó Mariano Sebastián Herrador.[83]

El objetivo básico que se fijó al Servicio de Estudios fue definir y proponer la legislación necesaria para hacer frente a las consecuencias financieras de la guerra civil y preparar la restauración de la unidad monetaria. Según informó el subgobernador Pedro Pan al Consejo, en el momento de constituirse formalmente el Servicio, su misión debería ser llevar a cabo «los adecuados estudios de los problemas económicos, financieros y monetarios, teniendo presentes las enseñanzas de otros países cuyos Institutos Nacionales de Emisión pasaron por crisis si no iguales, parecidas, a fin de tener previstas soluciones de acuerdo con las realidades que en aquel triple aspecto ofrezca a nuestro país». Se le fijaba también el objetivo de tener dispuestos «los materiales necesarios, acopiados los datos y antecedentes precisos, para que el crédito y el cambio, que son razón de ser de los Institutos Nacionales de Emisión y a la vez piezas fundamentales de la economía y de las finanzas nacionales, funcionen desde el primer momento con la posible normalidad».

Y en ese momento comenzó para Larraz una dura, pero apasionante, tarea. Una tarea de contenido no sólo de alto valor intelectual, en la medida en que había que crear, definir e imaginar, sobre algo de lo que no existían en el mundo precedentes, sino también de un notable pragmatismo, porque su tarea, a partir de ese momento, estuvo empeñada en formular recomendaciones puramente operativas, que fueran coherentes con las formulaciones teóricas que había definido, pero que fueran aplicables en cada momento y en cada circunstancia. Y el resultado fue la excelente actuación del Banco de España en sus tareas de ordenar la economía y contribuir a ganar la guerra. Muchos son los ejemplos de esta actuación, pero quizá el más importante y el que más valor añadido aportó fue el informe sobre la restauración de la comunidad dineraria española, de enero de 1938.[84]

El desarrollo de la guerra, con la progresiva ampliación territorial de la zona nacional, suscitó desde el primer momento la preocupación del Servicio, por los problemas que iba a plantear la unificación de los dos sistemas monetarios, en forma de un complejo paquete de cuestiones morales, jurídicas, económicas, financieras y bancarias. Y esta preocupación constituyó la base intelectual de todo el proceso de absorción de la masa de billetes republicanos, que se desarrolló durante la guerra y bastantes años de la posguerra.

Los trabajos del Banco de España trataban de definir la política a seguir, y de plantear recomendaciones puramente operativas para aplicar en su momento y en cada circunstancia. Otros informes sustanciales elaborados en el Servicio de Estudios fueron el Cálculo de los coeficientes de desbloqueo,[85] a fin de regular el cambio de moneda que implicaba la refundición monetaria, y Los empréstitos exteriores de reconstrucción,[86] un análisis sobre cómo abrir camino y despejar las incógnitas técnicas para poder emprender, una vez terminada la contienda, la reconstrucción del país. Martín Aceña (2000:105-106), resumiendo la labor del Servicio de Estudios, decía que éste se ganó a pulso, a golpe de informes y dictámenes, un lugar de primer orden en el seno de la entidad emisora; que los trabajos de Larraz fueron sólidos, impecables, rigurosos y sobre todo prácticos, y que se encauzaron hacia el examen de las necesidades de financiación que generaría la reconstrucción económica del país.

Con todas estas aportaciones, la característica esencial de la política económica de la zona controlada por el Gobierno de Burgos fue su indiscutible capacidad de previsión y análisis, siempre al servicio de la guerra. De tal manera que la planificación económica, desarrollada por el Servicio de Estudios, permitió que la zona nacional se dotara de un sistema monetario ortodoxo, que hizo posible llevar a cabo una inteligente política monetaria y permitió coordinar muy hábilmente sus iniciales escasos recursos económicos para hacerlos más operativos, tanto para el servicio de la guerra como para los suministros a la población.

Hay que destacar a este respecto que en la Memoria que el Banco de España, ya unificado, presentó a la junta general celebrada en diciembre de 1942,[87] explicando los aspectos fundamentales de la actuación del banco durante la guerra, se ponía especialmente de relieve la eficacia del Servicio de Estudios y los beneficios que de sus trabajos se habían derivado para la sociedad «ante la anormalidad de las circunstancias y la originalidad de los problemas que a nuestro Instituto se le han planteado». La Memoria no hacía referencia a ningún otro servicio del banco.

José Larraz fue nombrado en 1938 director del Servicio Nacional de Banca, Moneda y Cambio, y presidente del Consejo Nacional de Crédito. Posteriormente, fue presidente del Comité de Moneda Extranjera. Y así se fue convirtiendo en la pieza clave del aparato financiero del nuevo Estado. En agosto de 1939 abandonó el Servicio de Estudios para hacerse cargo del Ministerio de Hacienda, sustituyendo como ministro a Andrés Amado. Pero, antes de dejar el Servicio, había dejado terminados dos notables informes con preciosas recomendaciones sobre los aspectos crediticios y bancarios de la reconstrucción nacional. En esos trabajos advertía de los peligros de una política de crédito abundante y barato, así como de la necesidad de estudiar el modo de suplir la insuficiencia de capitales para la reconstrucción. Un esfuerzo industrializador en las proporciones que se necesitaban, decía, «que afecta a todos los resortes de la organización dineraria, financiera y crediticia, y que se halla rodeado de grandes peligros que se resumen en uno solo: inflación. Peligro que podría comprometer gravemente la obra de reconstrucción». Porque una grave preocupación del Servicio de Estudios dirigido por Larraz fue siempre la inflación.

EL PAPEL DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

No se puede cerrar este capítulo sobre el sistema financiero del Gobierno de Burgos sin hacer una mención especial a los «servicios de información». Unos servicios que en ambos bandos ayudaron a conocer mejor «a la otra parte», y que desempeñaron un importante papel en cuanto contribuyeron a plantear mejor las estrategias financieras. Porque está claro que tanto el Gobierno de la República como el Gobierno de Burgos tenían perfectamente montados sus servicios de información, espionaje y contraespionaje. Y hay abundantes pruebas de cómo ambos dispusieron de abundantísima información sobre movimientos de armas, municiones, carburantes y alimentos al territorio enemigo. Y especialmente sobre movimientos financieros.

El Gobierno de Franco dio una importancia excepcional a los servicios de inteligencia. Entre ellos al Servicio Especial del Estado Mayor Central (SSE), creado por Azaña en 1932, y reorganizado por Franco.[88] Según José Ungría[89] el presupuesto anual de la SSE era de 250.000 pesetas, suma nada despreciable en aquella época.

Inmediatamente después de iniciada la sublevación y con la autorización del Gobierno italiano, se estableció en Roma el primer servicio de información de los sublevados, que posteriormente recibiría el nombre de «Interscambio Spagna». Su primer organizador fue Juan Ordinas Carrascosa, sobrino que se decía de Juan March (Heiberg y Ros, 2006:38-41), pero que era en realidad hijo del secretario de March en Roma. En todo caso, gozaba de la plena confianza de éste. Ordinas era el administrador de Interscambio Spagna, que actuaba en contacto con los servicios de información, pero que se ocupaba también del comercio de tabaco y de café. Entre otras operaciones, parece que Ordinas Carrascosa suscribió con una entidad financiera de Rotterdam un contrato por valor de un millón de florines a beneficio del Gobierno de Burgos, con crédito a dos años, además de asegurar la línea de suministros entre Italia y España durante las primeras semanas de la guerra. Heiberg y Ros (2006:41) adelantan la idea de que estas transacciones comerciales fueron llevadas probablemente a cabo en nombre de Juan March.

Desde luego, no hay duda de que entre los sistemas bancarios de ambas zonas la intercomunicación se produjo por canales más o menos clandestinos. Puede afirmarse, incluso, que, en algunos casos, fueron las propias instituciones las que definieron los canales de comunicación entre los establecimientos bancarios de las dos áreas.[90] Y no hay duda de que el Banco de España en Burgos tuvo conocimiento, en todo momento, de lo que en el terreno monetario sucedía en la otra zona, lo que le permitió reconstruir con detalle, y casi en tiempo real, muchas de las operaciones, especialmente la movilización de las reservas de oro del Banco de España republicano, así como la confiscación de otros activos.[91]

Hay muchos ejemplos de ello. Así, en el Consejo del 10 de mayo de 1938, se informaba a los consejeros del Banco de España en Burgos de que los republicanos habían abierto en Barcelona las cajas de seguridad de los bancos, «preparándose para exportar (como lo hicieron en Bilbao y Santander) los libros de los bancos, los valores, metálico, y joyas procedentes de Madrid y de otras regiones». Y se añadía que:

… considera de evidente necesidad hacer cuanto esté de nuestra mano para impedir, no sólo que los legítimos dueños queden privados de sus bienes, sino que se produzca en el régimen de los Bancos y en la vida económica una perturbación enorme y que los rojos utilicen el producto de sus rapiñas en provecho propio, o como medio de combatir la Causa Nacional.

Más tarde, en la sesión del 30 de diciembre de 1938, se decía que:

… llegado a conocimiento del Consejo que por el Gobierno rojo se pretende negociar las Acciones de la Compañía Hispano Americana de Electricidad (CHADE), depositadas en diferentes Sucursales del Banco de España en la zona roja, y con objeto de poder tramitar las reclamaciones judiciales que fueran pertinentes, se autoriza a la Administración para que pueda otorgar a favor de Procuradores el poder necesario para impedir se lleve a cabo esta expoliación.

Adicionalmente, a lo largo de toda la guerra hubo una clara operación montada por los servicios de información de Burgos en el exterior, tratando de analizar cuál era el comportamiento de la República en relación con la obtención de créditos, con la compra de armas y la financiación de éstas.

Pero no sólo era un servicio de recogida de información, sino que trabajaba activamente para torpedear las operaciones o de ralentizarlas.[92] Un ejemplo: en el mes de junio un grupo de agentes del Gobierno de Burgos se apoderó en Burdeos del barco de la Campsa Campoamor, con dos millones de litros de gasolina.[93]

No se puede tampoco olvidar el papel que jugó en el desarrollo y planificación de la guerra el conocimiento que el Gobierno de Burgos tuvo permanentemente de lo que estaba pasando en la retaguardia. Porque lo que, en general, se llamó las quintas columnas, pero que en lo referente a Madrid se denominó «la ciudad clandestina», se introdujo en todos los rincones de la retaguardia republicana. Tomó cuerpo sustancialmente desde la primavera de 1937, y la misión de esta organización consistía en facilitar datos e información de interés a los sublevados y en tener preparado y garantizado el funcionamiento normal de la vida y las instituciones para cuando entraran las tropas de Franco en Madrid. Especialmente, para que no se produjeran alteraciones de orden público. Y a esos efectos, en los últimos meses de la guerra se organizó en Madrid otro grupo conocido como el «consejo asesor», que pretendía asumir el protagonismo de la clandestinidad, constituyéndose en una especie de coordinador de las quintas columnas. La organización contaba con un buen sistema de comunicaciones que incluía una importante red radiofónica, con una emisora principal en el interior de Madrid, cuyo nombre en clave era EMM (España, Melilla, Madrid).[94]

UNA VISIÓN EXTERNA SOBRE LAS FINANZAS DE GUERRA

David Eccles, quien más tarde fue consejero económico de la embajada inglesa en Madrid, escribió a finales de marzo de 1939, prácticamente unos días antes de terminar la guerra, un relato con la información que había recogido, después de diversas investigaciones y conversaciones en Burgos con los principales banqueros, políticos y expertos, sobre lo que habían sido y eran en aquel momento las finanzas de guerra del general Franco en relación con el conflicto que estaba a punto de terminar.[95] Tiene interés conocer, aunque sea en una somera referencia, lo que en aquellos momentos pensaba la sociedad de Burgos.

Para David Eccles, la estimación más fiable de lo que la guerra estaba costando, calculada en marzo de 1939, eran «mil millones de pesetas al mes» y «en ningún caso más de mil millones de pesetas al mes». Esa estimación se refería al gasto interno y externo. Señalaba que, a ese momento, el coste conjunto de la guerra debería estimarse alrededor de 30.000 millones de pesetas. Al referirse a los medios de pago de que el Gobierno de Burgos dispuso para la guerra, incluía los procedentes del control de cambios, es decir, la diferencia entre las 42 pesetas por libra que se abonaban a los exportadores y las 52 pesetas por libra que tenían que pagar los importadores.

En relación con los pagos de guerra, decía que el Gobierno de Burgos se había demorado mucho en los pagos y que, en lo referente a contratistas y a proveedores, la cifra era muy importante como fuente de financiación. Citaba como ejemplo que el pago del transporte ferroviario llevaba entre 12 y 15 meses de retraso. Por el contrario, señalaba, los bancos parecían tener instrucciones de anticipar el dinero contra las sumas debidas por el Estado. En Burgos se creía que ya se había pagado todo lo que se debía a Alemania, bien en moneda extranjera, bien en pesetas, y que también se había saldado una parte de la deuda italiana.

La velocidad de circulación del dinero, decía, había aumentado notablemente, porque tan pronto como los nuevos billetes estaban en manos del público, éstos eran devueltos al Banco de España. La razón era que los comerciantes no podían volver a abastecer sus almacenes una vez vendidas sus mercancías y que por eso ingresaban sus billetes en el banco. Señalaba que la guerra había sido financiada en gran parte consumiendo el capital en circulación del país. El uso de cheques había crecido considerablemente, porque el Gobierno pagaba con cheques y los impuestos se podían pagar también con cheques. Ambas cosas eran una novedad desde la guerra. Como ejemplo, señalaba que en San Sebastián el número de propietarios de talonarios de cheques se había multiplicado por diez.

Los precios de la mayoría de los artículos de primera necesidad se fijaban por decreto y las listas sobre ellos se publicaban con mucha frecuencia. Sin embargo, prácticamente nadie hacía caso de esos precios, y en los raros casos en que se obedecían, por ejemplo en Huelva donde el alcalde era un fanático, el resultado era una escasez tal, que podía llegar a convertirse en hambruna. Eccles no había oído hablar de ningún caso de procesamiento por infringir los decretos sobre precios. Éstos, además, variaban enormemente por regiones. Podía haber suministros adecuados en un pueblo y deficiencias para esos mismos productos en el más próximo. Causa de ello era la interrupción total del transporte civil, ya que los vagones de ferrocarril y los camiones existentes estaban prácticamente monopolizados por las autoridades militares. Al margen de los artículos de primera necesidad, no había nada que comprar. No había propiedades inmobiliarias en venta, ni coches, ni pintura, ni muebles, ni ropa de cama, ni ganado, excepto en cantidades muy limitadas.

Los alemanes, que habían tenido una frustrante experiencia con su inflación, hacían esfuerzos continuos por intercambiar sus pesetas por bienes casi a cualquier precio. No había indicios de que los italianos hubieran hecho algo similar. Eccles explicaba que el único banquero que realmente estaba preocupado ante la perspectiva de una galopante subida de los precios después de la guerra era Moreno, del Banco Hispano Americano. Todos los demás pensaban que, una vez que el volumen de producción en España se normalizara y el país fuera de nuevo una unidad económica, habría tanto que hacer que el aumento de la moneda y el crédito serían absorbidos sin provocar una subida severa de precios.

De sus conversaciones con los principales banqueros de Burgos deducía que había consenso en aceptar que internamente la liquidación financiera de la guerra no sería difícil. Que el Banco de España recibiría bonos en compensación por los anticipos dados al Tesoro y que vendería estas obligaciones a otros bancos, los cuales a su vez los colocarían al público inversor, para financiar la reconstrucción del país. Recordaba que Larraz sostenía que los créditos extranjeros eran absolutamente necesarios, y que la peseta debería situarse alrededor de 100 pesetas por libra. Su opinión era compartida por los banqueros españoles, que se esforzaban por hacer hincapié en que preferían vincular la moneda a la libra esterlina antes que seguir el sistema alemán, aunque temían que los políticos se inclinaran por este último sistema.

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La guerra monetaria del Gobierno de Burgos

LA MONEDA COMO ARMA CONTRA SU PROPIO EMISOR[1]

La guerra civil española no fue para el Gobierno de Burgos una contienda convencional dirimida en el campo de batalla. En realidad fue una guerra total, con muchos frentes abiertos, entre ellos el económico y, especialmente, el monetario. Así lo demuestran las constantes actuaciones del Gobierno de Burgos cerca de los países occidentales, presionando para que no se exportara trigo a la República, controlando desde la zona nacional decisiones empresariales de la zona republicana a través de la permeabilidad de los frentes, o buscando la destrucción de la moneda republicana, tanto en el interior como en el exterior. De esta manera, en Burgos todo reflejaba un estado de ofensiva total, que se manifestaba en el hecho de que los más dispares estamentos, comisiones y grupos de trabajo estuvieran permanentemente investigando o debatiendo las más diversas alternativas para lesionar la economía del enemigo.[2]

La guerra monetaria constituye un episodio muy poco conocido, que merece una atención especial. Su objetivo era utilizar la peseta republicana como arma de guerra, aprovechando la enorme cantidad de papel moneda de la República que los sublevados iban acumulando a medida que las tropas avanzaban, para dañar la economía republicana desestabilizando su moneda. Y a esos efectos se diseñó, con todo detalle, una operación reservada, que se puso en marcha a partir de un llamado «Fondo de papel moneda puesto en curso por el enemigo», en el que se iba recogiendo toda la moneda republicana que llegaba a manos del Gobierno de Burgos.

A través de ese Fondo aquella moneda se convirtió en una contundente arma contra su propio emisor, utilizando dos fórmulas. Una, el reenvío al exterior de los billetes republicanos para hundir su cotización en los mercados internacionales adquiriendo otras monedas. Y la otra, remitiendo cantidades importantes de aquel papel moneda a las quintas columnas, que con esta ayuda mejoraban mucho la intensidad de su acción, comprando complicidades y contribuyendo a la vez a fomentar la inflación en el territorio de la República. Pero antes hubo de recorrerse un complejo proceso de diferenciación e individualización de las dos monedas.

LA DIFÍCIL CONVIVENCIA ENTRE LA PESETA REPUBLICANA Y LA PESETA DE BURGOS: EL ESTAMPILLADO COMO SOLUCIÓN[3]

La presencia de un problema de tipo monetario que podía ser grave se fue detectando cuando, a medida que la guerra avanzaba, la peseta, originalmente emitida por la República y que el Gobierno de Burgos mantenía obligado por las circunstancias, empezó a entorpecer la política monetaria de los sublevados. Y muy rápidamente se fue abriendo camino la idea de que era necesario superar esa situación, e introducir en el sistema monetario común una diferenciación entre los billetes de Burgos y los republicanos, que permitiera hablar con propiedad de dos circulaciones monetarias distintas. Los objetivos que se querían lograr eran muy claros: 1.º) Conseguir una bandera de soberanía diferenciada. 2.º) Descolgarse de un sistema monetario que hasta ese momento era común, organizando un sistema propio desde la ortodoxia económica. y 3.º) Destruir el sistema monetario enemigo.

Esta operación era absolutamente necesaria, porque si bien era cierto que en las guerras civiles de España en el siglo XIX convivían con normalidad las monedas de ambos lados, en este supuesto constituía un elemento diferenciador el hecho de que en aquellos casos todavía no se había generalizado el papel fiduciario y la moneda tenía un valor intrínseco propio.

La primera medida de la nueva estrategia fue dotar a los billetes utilizados en la zona nacional, que originalmente habían sido emitidos por la República con anterioridad al 18 de julio, de una distinción formal, que se implementó por una estampilla impuesta a cada billete. A la vez, el decreto ley del 12 de noviembre de 1936,[4] que regulaba esta operación, declaraba nulos los billetes puestos en circulación por la República después del 18 de julio de 1936. Como respuesta, el Gobierno republicano prohibió la tenencia en su territorio de los billetes estampillados por el Gobierno de Burgos. Y de esta manera, de la extinguida comunidad monetaria española salieron independizadas dos pesetas diferentes y, por lo tanto, dos sistemas monetarios.

El verdadero objetivo final del estampillado era iniciar el proceso de introducción de la peseta de Burgos. Pero Paris Eguilaz (1941:13 y ss.) dijo que, desde el punto de vista militar, otra de las finalidades del estampillado fue evidentemente introducir un factor de desmoralización en la economía enemiga, cosa que indudablemente se alcanzó. También se ha dicho que la decisión de proceder al estampillado tuvo como objetivo parar el intenso contrabando de billetes que de la zona republicana pasaban a la sublevada.[5]

El primer paso de la operación fue invalidar todo billete que no llevara una estampilla que lo legitimara. El estampillado se iniciaba con la presentación de todos los billetes en las sucursales del Banco de España, banca privada o cajas de ahorros.[6] El mecanismo de esa presentación dejaba libertad a los tenedores de billetes para entregar los mismos en las entidades financieras para su ingreso en cuenta corriente, o para quedárselos en su poder una vez que hubieran sido validados.[7] Y para hacer operativo ese acuerdo se encargó la fabricación de 70 máquinas estampilladoras con troquel circular con una leyenda, en sello seco, que decía «Estado Español Burgos», y llevaba en el centro el escudo de España. El estampillado se reguló con detalle, estableciendo las normas a las que debería ajustarse la operación.[8]

Con el estampillado el Banco de España en Burgos trataba también de sacar a la circulación los billetes ocultos, para resolver con ello el problema de la falta de billetes de banco de uso diario normal que se estaba produciendo. Y era así, porque al ir incorporando la disciplina bancaria del Gobierno de Burgos a zonas republicanas que aportaban una amplia población, pero no el equivalente en billetes de banco válidos, se estaba creando una creciente escasez de papel moneda, lo que dificultaba la política monetaria. Añádase que Burgos no disponía de las masas de papel moneda que, como reserva de utilización, se venían conservando en las oficinas centrales de Madrid del Banco de España. Hoy ya no existen dudas de que la operación de estampillado redujo el atesoramiento de la zona nacional.[9]

De esta manera, la política de estampillado consiguió sacar a la luz una enorme cantidad de billetes atesorados[10] que, al quedar en gran parte remansados en cuentas bancarias, clarificaron situaciones dudosas y restablecieron la liquidez bancaria. Es decir, permitió introducir en el sistema un importante control sobre la masa monetaria. Constituyó también un importante resultado del estampillado la revaloración exterior de la peseta de Burgos frente a la republicana.

Como señal indicativa de la reacción republicana a esta operación, hay que recordar que en el inventario de incidencias monetarias de aquellos momentos aparecen indicios de que, una vez anunciado el estampillado de billetes por el Gobierno de Burgos, se inició en París, al parecer por cuenta de la República, la falsificación de billetes estampillados.[11]

Por otra parte, y como consecuencia de la declaración del Gobierno de Burgos decretando la nulidad de los billetes puestos en circulación por la República después del 18 de julio, a la altura del verano de 1937 los billetes «legítimos» republicanos, es decir, los puestos en circulación antes de la sublevación, eran ya de circulación muy escasa en relación con la circulación total. Y para finales de ese año prácticamente habían desaparecido, convirtiéndose de medio de pago, en una mercancía que se comerciaba con fuertes primas, por el creciente valor que se le otorgaba como moneda de futuro. A ello contribuían las noticias que constantemente lanzaba la Radio Nacional del Gobierno de Burgos sobre el no reconocimiento en el futuro de los billetes republicanos.[12] Y era precisamente el temor a que esto ocurriera, lo que justificaba un atesoramiento de la moneda «buena», huyendo del dinero «ilegal», según la terminología del Gobierno de Burgos, lo que dificultaba más las transacciones e introducía un clima de desconfianza en la moneda.[13]

Un informe del Servicio de Estudios del Banco de España describía en 1939 el siguiente proceso:

Tan pronto el público de la Zona roja se enteró de qué billetes serían reconocidos, procuró retenerlos sin entregarlos en cuenta corriente; probablemente en los primeros tiempos en que todavía eran relativamente abundantes los billetes de series legítimas, se harían sacas de cuentas corrientes para obtener billetes nuevos que atesorar, devolviendo los otros. Los comerciantes, por cuyas manos pasaban muchos billetes, disminuyeron sus entregas en cuenta corriente, porque no enviaban a ella más que los billetes fuera de serie… aprovechando la moratoria no se pagaban los efectos sino cuando se podía hacer en dinero malo, ni se extinguían o aminoraban los créditos sino en el mismo caso.[14]

Y éste fue el punto de partida que posibilitó el inicio de la guerra monetaria contra la República. Posteriormente la Ley de Desbloqueo de 1939 reconocería la realidad de esta situación en su exposición de motivos, al señalar que «la tajante división de los billetes en legítimos y nulos constituyó un arma de guerra eficacísima que forzó, con todas sus consecuencias, los precios y velocidad monetaria en la zona republicana».

Sin embargo, pronto surgió un nuevo e importante problema en el desarrollo de la operación de estampillado, porque su extensión a los nuevos territorios conquistados fue demostrando lo farragoso y difícil de este sistema. Lo explicó muy bien Larraz (2006:216-217). En un principio, al conquistarse las distintas plazas, se dictaban órdenes autorizando el canje por billetes «nacionales», a la par de los billetes circulantes en dichas plazas puestos en circulación antes del 18 de julio de 1936. Los restantes quedaban anulados. Así pues, unos se convertían a la par y otros quedaban reducidos a valor cero. Pero sólo se hablaba de billetes. Sin embargo, al conquistarse Bilbao, en junio de 1937, surgió el problema de los saldos de cuentas corrientes que, debido a la duración de la guerra, se habían incrementado notablemente. Siendo los saldos de cuentas corrientes resultado del ingreso y saca de billetes, y desconociéndose el tipo de billetes que en cada momento se habían manejado, ¿qué debía hacerse con los saldos de dichas cuentas? Y el Ministerio de Hacienda, sin disposición alguna, estableció el criterio de que se respetasen los saldos a 18 de julio, sin perjuicio de una depuración que pudiera realizarse a posteriori.[15]

Este complejo problema planteó la urgente necesidad de crear «una nueva peseta» para el territorio controlado por el Gobierno de Burgos, en lo que ya se llevaba tiempo pensando. En realidad, se trataba de dotar al sistema monetario de los sublevados de una diferenciación, ya formal, frente a la moneda de la República. Una moneda que permitiera hablar de dos circulaciones monetarias distintas. Y así se hizo.

En todo caso, la operación del estampillado fue un éxito desde el punto de vista político, al superar el primer paso para disponer de una moneda propia. Lo fue desde el punto de vista técnico, en la medida en que fue una operación irreprochable, rápida y sin precedentes. Y lo fue también desde el punto de vista económico, porque la moneda estampillada comenzó pronto a cotizarse en los mercados internacionales, por encima de la moneda sin estampillar (Velarde, 2000b:99).

Las memorias de Larraz, principal gestor de esta operación, han dado oportunidad de conocer, con mayor precisión, la justificación real del estampillado por el Gobierno de Burgos. En un primer momento, y en el preámbulo del decreto, se daba como razón del estampillado la necesidad de limitar el fraude y el lucro en la zona republicana. Posteriormente, se dijo que era el primer paso para definir pronto una moneda nueva y desligarse de la circulación fiduciaria republicana. Pero Larraz aclara en esas memorias que la única explicación que le dio a él el ministro de Hacienda, Andrés Amado, fue que, a los pocos meses de la sublevación, el Banco de España en Burgos apenas tenía reservas de billetes, porque la porción más importante de ellas estaba en Madrid y no era fácil improvisar una nueva emisión:

Se ordenó, pues, el estampillado de billetes para obligar a las gentes a entregar los que estaban en circulación, reteniendo en depósito la mayor parte de los entregados, con el pretexto del estampillado, y reintegrando a los interesados lentamente. Con ello se nutrieron las cajas del Banco y se cubrió el paréntesis hasta la soldadura con la nueva emisión. Pero, para fundar el estampillado hacía falta una motivación. Ésta no fue otra más que la nulidad de los billetes puestos en circulación por los rojos después del 18 de julio de 1936 (Larraz, 2006:220).

En cuanto a cómo se interpretó esta operación del estampillado desde las filas republicanas, Julio Carabias, pieza esencial del Gobierno de la República en la formulación de su política económica, ofreció después de acabada la guerra una detallada información sobre este tema en unos «Apuntes de historia monetaria. El drama de la peseta», publicados en 1946.

Su juicio era muy claro y terminante: en realidad, escribía, «era una añagaza dispuesta para que los billetes atesorados abandonasen sus escondrijos». Y la verdad es que Carabias había visto con mucha claridad lo que el Gobierno de Burgos había pretendido hacer con el estampillado. «Privado el sector nacionalista de la asistencia de la casa rectora que centralizaba la tesorería del Banco, sus recursos en numerario no podían ser suficientes para satisfacer las necesidades de la zona y esa estrechez de medios de pago daba lugar a situaciones comprometidas». De esta manera interpretaba la razón del estampillado uno de los principales responsables de la República en cuestiones monetarias. Sin escapársele, claro está, el fondo político de la operación.

En sus «Apuntes», Carabias (1946) entraba de lleno en la compleja cuestión de la diversidad monetaria de la República, que constituyó, sin duda, uno de sus más importantes puntos débiles:

La zona gubernamental emite, también, frente a la escasez de moneda divisionaria. Lo hacen los gobiernos de Cataluña y las Vascongadas y siguen el ejemplo buen número de corporaciones públicas y aun de empresas particulares. El Gobierno vasco ha lanzado a la circulación cheques bancarios avalados por el instituto emisor. La Generalidad de Cataluña crea billetes del Tesoro en los que reconoce a favor de sus portadores la cantidad inscrita. «Billete de curso obligatorio», se lee al pie de las firmas que los autorizan. Y en el respaldo la severa advertencia: «Qualsevol intent de resistència o falsificació per tal de dificultar o pertorbar la circulació d’aquests billets serà castigat amb las màximes sancions aplicables en temps de guerra».

Carabias, a diez años de distancia, reconocía la importancia y la eficacia de la guerra monetaria. Algo a lo que parece, que o bien no dio ningún valor cuando, en el Banco de España republicano, disponía de capacidad para haber llamado la atención de las autoridades y para planificar una contraofensiva en defensa de la moneda de la República, o que no pudo hacer nada por solucionarlo. En 1946 aceptó lo que verdaderamente fue esa guerra. Porque como dijo Larraz (1938:64): «durante la guerra hasta las normas de política monetaria han tenido un espíritu bélico ofensivo contra la pta. marxista».

EL GOBIERNO DE BURGOS CREA UNA NUEVA MONEDA

Pese a todo lo que se estaba haciendo, en Burgos seguía faltando papel moneda, con grave quebranto para el normal desarrollo de la economía. Y el Consejo del Banco de España en Burgos, en su intento de resolver este problema, dedicó numerosas sesiones a debatir y planificar sus actuaciones a fin de disponer de nuevos billetes. Porque para el Consejo era una verdadera obsesión colocar al banco en posición de facilitar la liquidez necesaria para que la economía se desenvolviera sin problemas y, a la vez, para que el banco emisor pudiera atender holgadamente al suministro de papel moneda en las zonas que se iban conquistando, lo que estaba constituyendo un gravísimo problema. Entendiendo que la no pronta solución de este problema podría dañar mucho la economía.

En la sesión del 28 de octubre de 1936 el Banco de España consideró de la máxima urgencia disponer de billetes de distintas denominaciones por una suma no inferior a 1.000 millones de pesetas. Y fabricó los billetes de 5 y 10 pesetas en una firma zaragozana. Más le costó encontrar un proveedor para los de 25, 50, 100, 500 y 1.000 pesetas. La casa De la Rue, en trato con los republicanos, no reconoció a los sublevados como clientes y la casa Bradbury de Londres también se decantó por la República. Al final el Gobierno de Burgos contrató sus billetes con la casa Giesecke and Devrient.[16]

Así, en marzo y abril de 1937 se pusieron en circulación nuevos billetes destinados al canje por los billetes republicanos que correspondían a series y números puestos en circulación antes del 18 de julio de 1936,[17] previamente estampillados. Por supuesto, el dinero republicano posterior quedaba retirado sin ningún tipo de contraprestación.[18] En el frente norte se mezclaron estampillado y canje, realizándose a la par la validación de los billetes para su cambio en Bilbao, Santander y Gijón. El dinero evadido de la zona republicana se canjeó al contado hasta un máximo de 30.000 pesetas, quedando bloqueado el resto.[19] El decreto del 11 de abril de 1940 agotó toda posibilidad de canje, zanjando definitivamente la cuestión.

La puesta en circulación de auténticos billetes del Gobierno de Burgos hizo posible atender la demanda de las oficinas bancarias. Desaparecieron las dudas sobre el billetaje representativo de cada zona. Pero lo más importante fue que esta operación iba a facilitar una ofensiva definitiva de Burgos sobre la moneda republicana, es decir, la verdadera guerra monetaria.

FONDO DE PAPEL MONEDA EMITIDO POR EL ENEMIGO[20]

A partir de este momento, el desarrollo de la contienda facilitó la recogida de importantes cantidades de billetes del área republicana, en aquellas zonas que iban quedando bajo control de Burgos. Y esa masa monetaria, compuesta por billetes del Banco de España de la República invalidados, y por otros signos monetarios creados durante la guerra (certificados de plata, vales, moneda municipal y otros), constituyó un magnífico instrumento para su utilización contra la moneda republicana.

La operación se inició bajo la cobertura de un decreto reservado por el que se regulaba la utilización en beneficio del Gobierno de Burgos de los billetes puestos en circulación por la República con posterioridad al 18 de julio capturados. Dada su índole reservada, el decreto no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de Burgos,[21] pero coincidió, en la fecha, con otros tres, éstos sí publicados en el BOE. Uno regulaba la operación de canje de billetes en las poblaciones que se fueran conquistando, otro creaba un «Tribunal de canje extraordinario de billetes», y un tercero prohibía a los tenedores conservar los billetes puestos en circulación por la República, equiparando esa tenencia a un acto de contrabando. A la vez se ordenaba el depósito de todos esos billetes en un titulado «Fondo de papel moneda puesto en curso por el enemigo» constituido en el Banco de España.

El decreto reservado señalaba que por «razones de Estado y atendiendo por añadidura, fines humanitarios», el ministro de Hacienda, previa deliberación del Consejo de Ministros, había dispuesto la creación «con carácter secreto» de un comité gestor del «Fondo de papel moneda puesto en curso por el enemigo». El comité dependía del Ministerio de Hacienda, contaba con un presidente y dos vocales, y disponía de una oficina con el personal necesario para desarrollar su cometido.[22]

Los objetivos que se asignaban al comité gestor se expresaban claramente en el artículo tercero del decreto. Eran cuatro:

a) Convertir en divisas el papel moneda del «Fondo», mediante operaciones en el mercado extranjero.

b) Convertir papel moneda del Fondo en moneda española de plata flotante en el extranjero.

c) Deprimir el curso de los billetes republicanos en el mercado exterior.

d) Atender el coste de servicios informativos y humanitarios en la zona aún no conquistada.

Como luego se verá, este último objetivo establecía el punto de partida de un sistema de financiación de las quintas columnas que los sublevados habían introducido en los territorios en poder del enemigo.

El comité gestor tenía que dar cuenta mensual de sus operaciones al Ministerio de Hacienda. Al Tesoro Público se le exigía la apertura de una cuenta especial en la que habrían de inscribirse los ingresos obtenidos como consecuencia de la conversión de la moneda republicana. Y al Banco de España se le obligaba a llevar una cuenta en la que debían quedar reflejadas las operaciones de entrada y salida de los billetes republicanos.

El autor ha podido disponer del libro Mayor de la cuenta que el decreto exigía abrir en el Banco de España.[23] Fue utilizado día a día por la oficina de Burgos del Banco de España, y las primeras anotaciones aparecen en septiembre de 1938, inmediatamente después de la promulgación del decreto reservado.

El «Debe» de ese libro Mayor tiene unas 50 páginas con apuntes contables en su casi totalidad de pequeños importes (cientos o miles de pesetas), consecuencia de los depósitos que los ciudadanos de la República iban efectuando en el Banco de España, a requerimiento de las autoridades, según avanzaban las tropas. Existen también partidas de mayor importe, varias de ellas fechadas después de acabar la guerra.[24] Las entradas de dinero republicano en esa cuenta del Banco de España sumaban al acabar la guerra alrededor de 65 millones de pesetas.[25]

Hay que anotar, sin embargo, que no todos los billetes recogidos se integraron en este «Fondo», puesto que sólo los billetes del Banco de España republicano retirados al 20 de noviembre de 1938 sumaban 222,8 millones de pesetas. Esta cifra se disparó fuertemente tras el hundimiento de la resistencia republicana el primero de abril de 1939, hasta alcanzar los 7.707 millones de pesetas en billetes puestos en curso por la República y recogidos por el Banco de España al margen de esta cuenta. Y según datos publicados en el Dictamen de la Comisión para el estudio de la liquidación del régimen de bloqueos,[26] elaborado en noviembre de 1939, sólo en Barcelona se requisaron 2.240 millones. Es importante, pues, destacar que, sin duda, hubo una corriente de ingresos de billetes republicanos fluyendo hacia la cuenta «Fondo», y que otros billetes llevaron otro destino. Como ejemplo, el jefe del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), teniente coronel Ungría, que presidía el comité gestor del «Fondo», reconoció más tarde, en sus Memorias, que su unidad había recibido autorización de sus jefes para vender directamente en el extranjero la moneda que se iba capturando al enemigo.

Tiene sin embargo más interés estudiar las hojas del «Haber», o sea, las salidas de ese dinero republicano, en cumplimiento de las órdenes del decreto reservado. Porque, a diferencia del «Debe», con abundantes páginas utilizadas, y con anotaciones en general de escaso importe, sólo una hoja del «Haber» estaba cumplimentada. Y en ella sólo cuatro apuntes de interés: 8 de octubre de 1938 entrega de 4 millones por orden del Ministerio de Hacienda; 3 de noviembre, 6 millones; 3 de diciembre, 11 millones; y 17 de enero siguiente, 10 millones de pesetas, lo que totalizaba 31 millones de pesetas. Todo ello por orden del Ministerio de Hacienda y entregadas personalmente, en billetes, al presidente del comité gestor.

Sobre el verdadero significado de estas disposiciones de efectivo republicano, sobre su valor, sobre su capacidad de conseguir los objetivos previstos, no es nada fácil formular conclusiones. Pero, una vez homogeneizadas las pesetas de ambas zonas, a través de sus cotizaciones respectivas en el mercado de billetes de París, los 31 millones de pesetas dispuestos equivaldrían, aproximadamente, al 2% de la circulación de billetes de la zona nacional.

El conocimiento que hoy se tiene de esta peculiar guerra monetaria puede complementarse a través de diversas informaciones del Banco de España. En uno de los más importantes estudios realizados por éste una vez acabada la guerra, para conocer los diferentes índices de inflación, fechado en Madrid en noviembre de 1939, y titulado Cálculo de los coeficientes de desbloqueo (BE, 1939c), se ponía de manifiesto, al analizar el volumen de medios de pago que circulaban en la zona republicana, y concretamente el dinero republicano que pasaba desde la zona nacional a la zona republicana, que «algún dinero de éste se envió por orden de las autoridades nacionales con fines políticos». Una frase realmente críptica que, sin duda, se refería a envíos del dinero republicano confiscado por las tropas del Gobierno de Franco al territorio de donde había partido, decisión explícitamente tomada por el Gobierno de Burgos, según apuntaba ese documento. Una afirmación que ya sugería la posibilidad de que se hubiera organizado una operación clandestina para introducir en la circulación fiduciaria de la zona republicana los billetes que los sublevados iban confiscando en sus avances. Nada se decía de los objetivos que se perseguían. Objetivos que hoy ya se conocen a partir del hallazgo del decreto reservado del 27 de agosto de 1938.

OBJETIVO: HUNDIR LA COTIZACIÓN DE LA PESETA REPUBLICANA EN EL EXTERIOR

Ya no parece que existan dudas de que se forzó a la baja la cotización de la peseta republicana, ofertando sus billetes en las bolsas extranjeras, con el propósito de producir una depreciación rápida y violenta del cambio. Sin duda, los importes registrados en el «Fondo» serían hoy absolutamente ineficaces para presionar a la baja la cotización de una moneda, pero durante la guerra, en París, y en unos mercados en aquellos momentos realmente modestos e inestables, esa cifra pudo ser lo suficientemente importante como para acabar de hundir a una peseta ya débil, y en fuerte declive.

No se ha podido encontrar nueva información que documente lo que realmente sucedió. Ni en el Banco de España, ni en el Ministerio de Hacienda. Quizá esa ausencia pudiera explicarse en razón a «una falta de tiempo» para instrumentar la operación, en los términos que había sido planificada, de acuerdo con el ambicioso proyecto iniciado por el decreto reservado. Porque el acelerado derrumbe militar de la República, que culminó con su derrota siete meses más tarde, no dejó materialmente tiempo para que el proyecto se desarrollara plenamente, haciendo casi innecesaria la operación puesta en marcha con el «Fondo», sobre todo después de la batalla del Ebro.

Pero sí hay razones conceptuales, y argumentos políticos, para que esa operación se hiciera. En principio, había sido sugerida para cubrirse de la eventualidad de que el nuevo Estado español se viera obligado a «recoger» la masa de billetes emitidos por los republicanos, a causa de una posible sentencia de tribunales internacionales. En un trabajo del Banco de España de enero de 1938, Larraz (1938:135-139)[27] decía que los billetes republicanos propiedad en el extranjero de entidades o personas individuales no deberían ser reconocidos al terminar la guerra ni por el Gobierno, ni por el Banco de España. Pero advertía que, aun recomendando fuertemente esa propuesta, había que llamar la atención sobre el peligro que se corría de que, terminada la guerra, se pusieran en marcha por parte de los tenedores de aquellos billetes acciones promovidas ante el Tribunal Internacional de La Haya, reclamando contra su anulación y pidiendo al Estado español su convalidación. Ahora bien, si llegara este caso, una cotización hundida y próxima a cero de la moneda republicana resolvería todos los problemas, y haría desistir a los reclamantes. Y para ello, decía Larraz, debería tenerse preparada una importante masa de billetes de la República, «de los que las varias Sucursales de la España Nacional tienen hoy en su poder en cantidad más que sobrada».

Dos meses más tarde, un escrito oficial presentado al ministro de Hacienda por el gobernador en funciones del Banco de España, Pedro Pan, y titulado Cancelación de los depósitos en billetes del Banco de España sujetos a revisión (BE, 1938b), daba respuesta al problema que venían planteando los evadidos de la zona republicana, al solicitar que les fueran devueltos los billetes republicanos posteriores al 18 de julio que habían entregado a las autoridades al llegar a la zona nacional, sin compensación hasta el momento. Una vez más, este escrito determinaba que los billetes no deberían ser devueltos, pero aprovechaba la ocasión para plantear una solución más drástica. Porque proponía, con toda claridad, que esos billetes deberían ser utilizados para hundir la cotización de la peseta republicana en el extranjero, hasta su completa anulación. El gobernador iba, pues, más allá de las recomendaciones que había hecho el informe anterior, que únicamente había planteado su propuesta desde una actitud teórica de tipo defensivo, para evitar en el futuro eventuales problemas internacionales al Estado español.

Ahora Pedro Pan fijaba como meta la destrucción del signo monetario republicano en los mercados internacionales. Es decir, una verdadera ofensiva contra la República. Y el informe era muy claro al respecto:

… ¿por qué no servirse de dichos billetes, y utilizarlos en lícita cooperación a los fines de guerra, hundiendo la cotización de la peseta roja en el extranjero?… Dueño el Comité de Moneda Extranjera de semejante masa de maniobra, probablemente no le sería muy difícil provocar el derrumbamiento vertical de la peseta roja en los mercados extranjeros, y con afortunados rescates, llegar incluso al término de la operación con una similar masa de billetes rojos en su poder, y con la cotización de este dinero completamente aniquilada.

Y el informe terminaba señalando que, además, una actuación en este sentido originaría el cierre «de una de las escasas probabilidades de comercio exterior con que aún cuenta el gobierno de Barcelona: la de importar, pagando con sus propios billetes». Lo que era otro objetivo lógico, fácilmente alcanzable, y de enorme eficacia para impedir el flujo de importaciones.

La cotización en París de la peseta republicana cayó desde los 26,3 francos por 100 pesetas en julio de 1938, a 9,10 francos a finales de ese mismo año, y a 2,1 francos en febrero de 1939. Aunque es verdad que, como consecuencia del progresivo desbarajuste económico y monetario de la República, y de las malas perspectivas militares que afrontaba, su cotización ya venía sufriendo una fuerte depreciación desde comienzos de 1937. No se dispone de ningún tipo de información que permita precisar con mayor detalle la participación de cada uno de esos factores en el resultado final.[28]

FINANCIACIÓN DE LAS QUINTAS COLUMNAS[29]

Uno de los objetivos del decreto reservado era «atender el costo de servicios informativos y humanitarios en la zona aún no liberada». Y ahora se sabe que este destino no era sino un eufemismo para referirse a la actividad de las quintas columnas.[30] No existe por el momento un conocimiento detallado de en qué grado se alcanzó ese objetivo, pero sí se sabe que parcialmente se cumplió, y sobre ello se pueden hacer algunas deducciones a partir de datos complementarios de los que ya se dispone.

Está documentado que todos los recursos que salieron de la cuenta «Fondo de papel moneda puesto en curso por el enemigo», en el Banco de España, se entregaron, personalmente y en metálico, al presidente del comité gestor «secreto», José Ungría Jiménez, que no era, como podía esperarse, un especialista en política monetaria o en mercados de divisas. En aquel momento era teniente coronel del ejército y jefe del Servicio de Información y Política Militar (SIPM).[31] Y a partir del conocimiento de esa posición, una indagación sobre quién era el teniente coronel Ungría y sobre el papel que había desempeñado en la guerra dio como fruto la aparición de unas memorias, no publicadas, que ofrecen mucha más información sobre este particular.[32]

Un capítulo de esas memorias se dedica a las finanzas del SIPM, describiendo las penurias que sufrió el servicio durante 1937. Pero añade que esa extrema escasez cesó cuando el general Gómez-Jordana, presidente de la Junta Técnica del Estado, asimiló el Servicio de Información y Policía Militar a las funciones del Servicio de Información de la Frontera Noroeste de España (SIFNE),[33] dotando a este servicio con 300.000 pesetas anuales. Aunque Ungría reconoce que «ya actuaban en aquellos días con mayor desahogo, gracias a habérsele aprobado por el Mando la autorización que solicitó su Jefe para vender en el extranjero la moneda roja que era capturada al enemigo al compás de nuestros avances».[34]

Y recuerda que este servicio,

… al parecer insignificante en los primeros días, llegó a tener un valor tan inesperado como enorme en el resto de las hostilidades, pues con una operación que empezó cambiando billetes de Banco del enemigo al 30% de su valor, y terminó vendiendo en el Sur de Francia los veinte millones de pesetas capturados en las Cajas del Banco de España en Barcelona por sólo 100.000 francos franceses en las localidades vecinas a nuestra frontera pirenaica, conseguimos mantener pujante y eficaz una organización de corresponsales en el extranjero con la que ni habíamos soñado, y adquirir material técnico indispensable para nuestros servicios, cual la emisora de onda de 2 metros que pasada por el frente de Madrid nos permitió mantener una comunicación radioeléctrica perfecta con nuestra quinta columna de la capital, hasta la caída de ésta en nuestras manos y con ella el final de la guerra.[35]

«Y aún sobró dinero y mucho»,[36] añadía.

José Ungría Jiménez hacía en sus Memorias un relato muy claro y preciso sobre una de las facetas fundamentales de la guerra monetaria, explicando cómo esos fondos «de curso en la zona enemiga, procedentes del botín de nuestras conquistas, crearon aquella sutil y cerradísima malla de entorpecimientos, sabotajes, y captación de secretos que tanto habían de dañar a la larga a los adversarios».

Hay que pensar que esos reenvíos de billetes tuvieron también efectos inflacionarios en la zona republicana, pero, con la información de la que se dispone en estos momentos, es muy difícil hacer cálculos válidos del volumen que pudieron alcanzar esos envíos. En todo caso, no parece que se pueda llegar a conocer nunca en qué medida la inflación que sufrió la República se debió al gran desequilibrio manifestado entre una producción, que se iba desplomando, y una incontrolada emisión de billetes, y cuánto al envío de billetes republicanos confiscados hecho por el Gobierno de Burgos a las zonas todavía en poder de la República.

De lo que ya no hay duda es de que la guerra monetaria estuvo perfectamente planificada, y que se desarrolló con una estrategia de comunicación muy meditada a través de Radio Nacional de España que, en sus emisiones dedicadas a los españoles residentes en zona republicana, trataba en todo momento de debilitar el valor de la moneda republicana.[37] Como consecuencia, ya en el verano de 1937, según testimonio de quienes estaban en la zona republicana, eran raros en la circulación los billetes legítimos. Con ello se consiguió que se iniciara una dura pugna entre la moneda «buena» y la moneda «mala», que acabaría, de acuerdo con la conocida ley de Gresham, por expulsar del mercado a la primera.

LA REACCIÓN REPUBLICANA: ESTAMPILLAS FALSAS

Al final, la reacción republicana ante la guerra monetaria fue crear su propia guerra. Y en esta línea existen indicios de colocación en la zona bajo control del Gobierno de Burgos de billetes procedentes de la zona republicana con estampilla falsa (Delorme, 1937).[38] Tampoco en este caso se conoce la verdadera naturaleza y alcance del fenómeno. Pero hay que recordar, a estos efectos, que según manifestaciones del presidente de la Comisión de Hacienda de la Junta Técnica del Estado hechas el 18 de julio de 1937 al ABC de Sevilla, el Gobierno de la República utilizó todos los medios disponibles para impedir el éxito que estaba alcanzando el estampillado. Y, sin duda, por ello recurrió a estampillar sus propios billetes «fraudulentamente para aprovecharse en el extranjero» del mayor valor reconocido al papel moneda de la zona nacional.[39]

Y algo de esto hubo, como lo prueba que algunos de los billetes utilizados por el Gobierno vasco con estampilla falsa habían sido preparados por el Gobierno de la República. Y fue el mismo Gobierno vasco el que dio testimonio de este fenómeno:

… igualmente les confirmamos el envío de 20.000 pesetas en billetes de Banco estampillados, con el fin de que contrarresten las maniobras que sobre la cotización de los billetes vienen realizando en esa plaza [Bayona] elementos enemigos del régimen. Confirmando lo que sobre el particular les hemos manifestado en nuestro telegrama de hoy, esperamos que con esta suma tendrán más que suficiente para desbaratar las especulaciones que alrededor de los billetes estampillados vienen haciendo elementos facciosos; pero si así no fuera, estamos dispuestos a enviarles nuevas remesas de esta clase de billetes. Posdata: Con referencia a las 20.000 pesetas de billetes estampillados que con la presente incluimos, hemos de advertirles que hemos sufrido un error, al que somos ajenos. Al entregarnos tales billetes hemos podido comprobar que en efecto, todos ellos tienen estampilla, pero la mayor parte, o sea, 18.500 pesetas, fueron estampillados por el primer gobierno de la República.[40]

En esta guerra monetaria fue importante la problemática generada por la distinta cotización internacional de cada una de las pesetas. Y el fenómeno del estampillado de billetes de la zona nacional contribuyó a la sobrevaloración exterior de esta peseta frente a la republicana, por lo que las autoridades tuvieron que «tomar medidas» a fin de evitar «perjuicios y posiblemente evasión».[41] La guerra monetaria en el exterior, utilizando billetes estampillados, llegó a febrero de 1937 con operaciones concertadas para el cambio de pesetas en las plazas francesas de Bayona, Burdeos y Toulouse principalmente, donde esta pugna se vuelve en contra de ambas monedas españolas, al descubrirse la falsedad de los estampillados, llegándose a una situación de la que se pudo decir que los compradores «ya no saben distinguir los “falsos” de los “más falsos todavía”. Algunos de éstos hemos visto devueltos por una Banca de París a su Corresponsal en Bayona, que aquí lo compró por bueno».[42] Al final, la aceleración de esta guerra monetaria hizo que la banca francesa pasara de un primer momento de «tolerancia de billetes estampillados y no estampillados», a no considerar como válido ningún billete, con y sin estampilla. El resultado de esta desconfianza creciente por la peseta concluyó en la segunda mitad de febrero, según manifestaba la Delegación de Bayona al Gobierno vasco,[43] con

… la racha del «estampillado» en decadencia. Las informaciones de París de estos tres últimos días lo comprueban, asegurando que empieza en dicha plaza a sentirse empoisonné con tanto «estampillado no hecho en Burgos». Lógico era esperar este resultado, en el que tanto empeño estamos poniendo. Insistimos en que, en París, se debe seguir esta labor en todos los aspectos. De allí salen todas las orientaciones a los pequeños mercados. En el nuestro, continuaremos «haciendo» lo posible. París, desde el día 16 del corriente, ha dejado de dar cambio de cierre para el «estampillado», no compra y, además, devuelve los que considera falsos. ¿Resumen?… «están pillados».

La política de control monetario de las autoridades republicanas no tardó mucho en resentirse como consecuencia de la guerra monetaria que el Gobierno de Burgos inició en noviembre de 1936. Y es sorprendente que esta operación no motivara acciones, reacciones, ni comentarios del Banco de España republicano. Sí mereció una nota del Ministerio de Hacienda, llamando la atención de la opinión pública sobre este hecho, sin duda tratando de cortar la grave perturbación económica que suponía introducir en su sistema monetario la distinción entre billetes «buenos» y billetes «malos».

Y el silencio del Banco de España es especialmente sorprendente porque la práctica totalidad de los problemas, que suscitó la decisión del Banco de España de Burgos, se planteaban en la zona republicana y eran de la competencia de «su» Banco de España.

Sólo una excepción a este permanente silencio sobre un hecho que implicaba tan importantes repercusiones financieras y monetarias. Se produjo en la sesión del Banco de España en Valencia del 4 de diciembre de 1936, cuando se dio lectura de un decreto del Ministerio de Hacienda de la República del 29 de noviembre anterior,[44] por el que con motivo del estampillado de billetes del Banco de España, que se estaba efectuando en la zona «rebelde», se decía:

Queda prohibida la tenencia y circulación de billetes del Banco de España alterados por estampillas facciosas, que no estarán por lo tanto garantizados por las reservas de oro del Banco de España… Los contraventores quedarán incursos en las acciones previstas en el Código Penal, además de ser considerados a todos los efectos como enemigos del régimen.

El Banco de España no hacía ningún juicio de valor, ni sugería ningún tipo de respuesta distinta de la prohibición a lo que era claramente el origen de la guerra monetaria.

XI
Banca y cajas de ahorros

BANCA

18 de julio: ruptura física y legal del sistema bancario[1]

Desde el punto de vista bancario, la sublevación del 18 de julio supuso una ruptura física del negocio, con lo que se quebró la necesaria unidad de la empresa, dando lugar a que las distintas organizaciones tuvieran, en su mayoría, oficinas en cada una de las dos zonas.[2] A la vez se produjo una ruptura legal, por las especiales circunstancias en que tenían que desenvolverse las entidades financieras en relación con las administraciones públicas.

Como consecuencia, tanto en una zona como en otra, quedaron en suspenso las disposiciones legales y las normas estatutarias referentes a la formalización de balances y convocatorias de juntas generales de accionistas. Todo ello dio lugar, primero por razones de fuerza mayor y posteriormente por disposición legal, a una total incomunicación entre los accionistas y los órganos de gobierno de las entidades de crédito, así como a unas relaciones bancarias con la clientela muchas veces al margen de lo contractual.[3]

Estallada la guerra, la República mantuvo en su poder la capital del Estado, y en ella los órganos centrales del sistema bancario, Banco de España y Consejo Superior Bancario, así como todas las sedes de los grandes bancos. Por ello, la concepción que de la banca tenía el Gobierno y la pérdida de la mayoría de los responsables de las cúpulas bancarias, bien por su huida del territorio republicano o por haber sido removidos de sus puestos,[4] forzó a éste a tomar progresivamente en sus manos el control directo de todos los resortes del sistema.

A finales de 1936 los servicios centrales del Ministerio de Hacienda de la República fueron trasladados a Valencia.[5] También se trasladaron a esa capital el Consejo Superior Bancario, las oficinas centrales del Banco de España y el Centro Oficial de Contratación de Moneda. En mayo de 1937 se reestructuró la Administración Central republicana, y el Ministerio de Hacienda pasó a denominarse Ministerio de Hacienda y Economía, dependiendo de él todos los servicios de los departamentos de Hacienda, Industria y Comercio, y creándose las subsecretarías de Hacienda y de Economía.[6] El 31 de octubre de 1937 la capital de la República se trasladó a Barcelona,[7] donde permaneció hasta la caída de Cataluña, en febrero de 1939.

Como es lógico, todos estos traslados crearon innumerables problemas, porque en momentos de tanta turbulencia, los intentos por recomponer las centrales de los establecimientos bancarios en Valencia o en Barcelona se encontraron con la imposibilidad de residenciar en sucursales de provincia la operatoria global de las entidades. El resultado fue que al Gobierno no le quedó otra solución que ir tomando cada vez más directamente el control y la gestión de los establecimientos bancarios. Por fin, en 1939 Negrín optó por regresar a la zona centro y restaurar la capitalidad de la República en Madrid. Lo hizo mediante el decreto del 11 de febrero de 1939 que el presidente Azaña firmó en la embajada de España en París.

El Gobierno de Burgos, por otro lado, y a partir de unos pocos bancos regionales y de las sucursales de las grandes instituciones financieras en los territorios en los que triunfó la sublevación, trató, con la ayuda de los integrantes de los consejos de administración de los grandes bancos que habían huido a la zona nacional, de reconstruir un sistema bancario fortísimamente intervenido. Siempre al servicio de la guerra, pero respetuoso con la propiedad privada y con un aceptable margen de iniciativa para los banqueros.

La recomposición de los órganos rectores se inició en la segunda quincena de julio de 1936. La Junta de Defensa Nacional trató de reconstruir su sistema financiero, utilizando los servicios de los ejecutivos de banca que se encontraban en territorio dependiente del Gobierno de Burgos. En un principio, la Junta se apoyó fundamentalmente en cuatro banqueros de prestigio que fueron los encargados de estudiar la situación de la banca en la zona nacional y de definir las líneas de acción para la recomposición.[8] Esta operación dio lugar a la creación, el 20 de agosto de 1936, del Comité Nacional de la Banca Privada,[9] que quedó integrado por cuatro miembros: un presidente y tres banqueros.[10]

El Comité Nacional de la Banca Privada se concibió como un instrumento para «coordinar y encuadrar los distintos criterios de interpretación práctica de las disposiciones legales y normas profesionales, de conformidad con las Directivas de la Junta; y… con el objeto de atender… las consultas e informes que se le soliciten». Se trataba de hacer operativa con urgencia una institución que articulara en su derredor la estructura bancaria que subsistía en la zona nacional, y que lógicamente había de plegarse a las órdenes «del mando», como se testimonia gráficamente en algunos documentos de época. Pese a ello, la política de la Junta de Defensa, más tarde Junta Técnica, y por último Gobierno, tuvo frecuentes enfrentamientos con la banca privada, aunque en todas las ocasiones la decisión última la tuvo siempre el mando político.[11]

La ley del 1 de octubre de 1936 sustituyó la Junta de Defensa Nacional por una Junta Técnica del Estado. Ésta se componía de comisiones entre las que destacaba la Comisión de Hacienda, con el objetivo de estudiar cuestiones tales como «Divisas, Donativos, Impuestos, Contribuciones, Bancos, Tesoro Nacional, Aduanas, Timbre, Presupuestos, Cámaras de Compensación, Aranceles, Monopolios, Operaciones de Créditos y Gastos». Posteriormente, a principios de 1938, se organizó la Administración Central del Estado en departamentos ministeriales, uno de los cuales era el Ministerio de Hacienda,[12] del que dependían todas las actividades financieras a través del Servicio Nacional de Banca, Moneda y Cambio.[13]

En marzo se suprimió el Comité Nacional de la Banca Privada, y se creó el Consejo Nacional del Crédito como organismo consultivo del Ministerio de Hacienda en materia de organización y política del crédito en todos sus aspectos. También se creó una Comisaría de la Banca Oficial asignándose al comisario las funciones y atribuciones de los gobernadores del Banco de España, Banco Hipotecario y Banco Exterior de España, así como las de presidente de la Delegación del Estado en el Banco de Crédito Industrial.[14]

Dos «Bancos de España»[15]

El 18 de julio de 1936 el Banco de España quedó también dividido en dos organizaciones diferentes. En la zona controlada por el Gobierno republicano la sede central estaba ubicada en Madrid. Más tarde se trasladó a Valencia y luego a Barcelona.[16] Por su parte, el conjunto de las sucursales situadas en el área sublevada estableció su capitalidad en Burgos. La diferencia objetiva más importante entre estas dos organizaciones radicó, desde el primer momento, en que el Banco de España republicano disponía de la organización central y las reservas de oro del Estado.

La primera consecuencia de la división del Banco de España en dos organizaciones fue el enfrentamiento de las dos zonas por la legitimidad de la representación, tanto en el interior como en el exterior. Lógicamente, la zona republicana no reconoció en ningún momento la existencia del Banco de España constituido en la zona nacional. Del mismo modo, ésta anunció desde el primer momento que el suyo era el «único Banco de España», así como la nulidad de todas las decisiones que tomara el Banco de España de la zona republicana. Y de esta manera, esa legitimidad se reafirmó constantemente por ambos bandos, a lo largo de la contienda.

El Gobierno republicano intervino fuertemente, desde el inicio del conflicto, en la actuación del Banco de España, aunque sin modificar sus estatutos, con el fin de no generar problemas legales en el extranjero. Y puso todos los recursos del banco a su incondicional servicio, mediante el nombramiento de consejeros nuevos y la sustitución de los cargos ejecutivos por personas afines al Gobierno.

El Gobierno de Burgos, por su parte, y tras la creación en agosto de 1936 del Comité Nacional de la Banca Privada, consiguió reunir a mediados de septiembre, a partir de los miembros del Consejo que habían huido de Madrid, un Consejo extraordinario del Banco de España, en el que formalmente se reafirmó el sometimiento de éste a la Junta de Defensa Nacional.[17] En adelante, el Consejo del banco estaría integrado por las personas que asistieron a dicha reunión o se incorporaron al mismo con posterioridad, que deberían «considerarse la auténtica, genuina y única representación del Banco de España». Así se ratificó en 1938, declarándose la nulidad de cuantas disposiciones se hubieran dictado con posterioridad al 18 de julio de 1936 por el nuevo Consejo designado por el Gobierno de la República. Ello constituía un intento de conseguir lo que desde el momento inicial fue preocupación fundamental del Gobierno de Franco: neutralizar las salidas de oro del Banco de España de Madrid, algo que, obviamente, no se consiguió.

Así, la orden del 14 de enero de 1938 disponía que la legítima y auténtica representación del Banco de España la ostentaba el de Burgos, y que

… el nombrado con expresa infracción de toda su legislación orgánica, por decretos y disposiciones del llamado Gobierno de Madrid, primero, de Valencia después y hoy de Barcelona, carece de eficacia jurídica, y en su consecuencia son nulos cuantos actos haya realizado o realice dentro o fuera del territorio nacional, bien directamente o por sus representantes.

En todo caso, un decreto del 25 de agosto de 1936 (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 27 de agosto) ya había declarado nulas todas las operaciones realizadas con la garantía del oro extraído del Banco de España, sin perjuicio de atribuir responsabilidades jurídicas a las personas que hubieran intervenido en dichas operaciones.[18]

Desde el punto de vista operativo, cabe recordar que, en la zona nacional y ante la constatación de la inexistencia de reservas de oro, se planteó, aunque con unas metas que necesariamente tenían que ser modestas, la constitución de una mínima existencia de metales preciosos.[19] Por ello, cuando en septiembre de 1936, se recompuso por vez primera el Consejo de Administración del Banco de España de Burgos, ya se había nombrado al capitán Villanueva, que era «fiel contraste» de metales preciosos, como encargado del laboratorio que se proyectaba para catalogar y fundir todas las donaciones e incautaciones recibidas, siempre pensando en dotar de respaldo de oro a la circulación fiduciaria.[20]

En todo caso, hay que anotar que la disciplina financiera y la subordinación de las distintas entidades bancarias de ambos bandos al Banco de España, que en cada caso les correspondía en función de su localización geográfica, fue en todo momento plena.

El negocio de la banca durante la guerra

La guerra impidió que los establecimientos financieros desarrollaran su actividad de acuerdo con los habituales patrones de comportamiento. Porque los factores institucionales, la evolución de la contienda, las consecuencias que se derivaban de las actuaciones monetarias, y el estado de ánimo de la clientela, contribuyeron a diseñar un tipo de negocio muy atípico, sólo paliado por la profesionalidad de que en todo momento hicieron gala, dentro de sus escasos márgenes de maniobra, los directivos y los empleados del sector.

Hubo, sin embargo, diferencias. Porque la banca republicana fue reduciendo paulatinamente su actividad, debido fundamentalmente a la progresiva disminución de su espacio territorial y a la descomposición de su moneda mientras que la dependiente del Gobierno de Burgos consiguió desenvolverse con una cierta comodidad, a pesar de que el entorno político tampoco era excesivamente proclive a la defensa de una banca de carácter privado.[21] E hizo frente con bastante éxito a las tareas que le encomendaron las autoridades sobre financiación y aplicación de la política monetaria, consiguió absorber con facilidad los nuevos territorios que pasaban a su control, solucionó sus problemas internacionales y mantuvo una cierta lógica de negocio, a pesar del desequilibrio derivado de un gran incremento del pasivo de clientes, no correspondido con una evolución similar del volumen de créditos concedido.

Por lo que se refiere a la actividad típicamente bancaria, la conflagración, al romper la unidad de mercado, cortó los flujos monetarios regionales. Quedaron por un lado las zonas del país con fuerte inversión crediticia, que eran básicamente las regiones industriales situadas en territorio republicano, y por otro las zonas con un mayor volumen de depósitos o ahorro en relación con su demanda de crédito, situación propia de las zonas agrarias de la España que se situaba en la esfera de control del Gobierno de Burgos. Y ello creó desajustes adicionales a los propios de la guerra, impidiendo un negocio equilibrado. La práctica inamovilidad de los tipos de interés pasivos durante una gran parte de la guerra fue otra dificultad para el sistema bancario de ambas zonas.

Característica destacada de los dos bandos, en relación con la evolución de los recursos financieros, fue el control de cuentas por razones políticas. Porque tanto el Gobierno republicano como el de Burgos solicitaron información de cuentas de desafectos, con órdenes muy parecidas, en las que se pedía información de titulares que se encontraran en el bando contrario. Y de acuerdo con esta información se desarrolló una especie de bloqueo político.

Actividad en la zona republicana[22]

El marco en el que la banca operó en la zona republicana fue muy complejo, porque soportó una inflación que en algún momento llegó hasta el 900% anual, con tipos de interés activos y pasivos de un dígito. Y ello, poco a poco, fue arruinando la economía y especialmente a la banca. En este contexto, las finanzas republicanas fueron reduciendo paulatinamente su actividad, y al final, en los últimos meses, el sector financiero se convirtió en un apéndice del Ministerio de Hacienda y Economía de la República.

Un problema que se planteó a la República, en relación con el desdoblamiento del sistema, fue clarificar las responsabilidades que podrían recaer en las organizaciones bancarias radicadas en su territorio por operaciones efectuadas en oficinas de la misma organización ubicadas en zona nacional. El decreto del 22 de agosto de 1937 (Gaceta de la República, 24 de agosto), firmado en Valencia por Azaña, trataba de dar solución a ese problema:

Es deber del Gobierno de la República tomar defensa de los intereses privados que resulten comprendidos por los actos de expoliación realizados por los facciosos, tanto si se realizan por obra de sus fuerzas militares nacionales o extranjeras, como si se perpetran por sus supuestas autoridades o por decisiones de los órganos que pretenden constituir su gobierno. En este sentido el Gobierno de la República ha adoptado ya numerosas disposiciones previsoras… En la actualidad, la absoluta falta de comunicación… entre sus centrales y agencias situadas en el territorio sometido al régimen legal de la República y aquellas otras sitas en la zona víctima de la ocupación de las fuerzas rebeldes, da lugar a una separación radical entre la Administración que en zona leal funciona, dirigida por los órganos legítimos, y aquellos otros establecimientos que por fuerza de las cosas están abandonados a los insurgentes y sometidos a toda clase de operaciones financieras a través de las cuales los directores de la rebelión tratan de allegarse los recursos para sostenerla… El día que el Gobierno legítimo de la República restablezca su autoridad sobre el territorio nacional podría darse el caso de que, a pesar de los esfuerzos de buena administración llevados a cabo por los organismos bancarios en zona leal, los cuentacorrentistas de los mismos tuvieran que sufrir el perjuicio de los compromisos tomados por las centrales, agencias y sucursales víctimas de las disposiciones y administración facciosas.

Y para que esto no sucediera, el Gobierno republicano establecía:

Los actos y contratos celebrados en territorio que no estuviera sometido al régimen legal de la República por los miembros de los Consejos de Administración que no forman parte de los Comités Directivos creados por el Decreto de tres de Octubre de mil novecientos treinta y seis, así como por Directores o Apoderados que no hubieran sido designados o confirmados en sus poderes por los referidos Comités serán nulos y no comunicarán sus efectos a los establecimientos bancarios en cuyo nombre se hubiesen efectuado ni los constituirán en responsabilidad alguna.

En septiembre de 1937 la República quiso dejar terminantemente claro que el régimen vigente hasta el 18 de julio de representación jurídica, gestión y administración de los establecimientos bancarios no seguía en las mismas manos. Y ello le llevó a ratificar, por un nuevo decreto, los que ya se habían dictado con anterioridad en relación con esta misma cuestión.[23] Se trataba de dejar claro que la representación jurídica, gestión y administración de los establecimientos bancarios correspondían, íntegramente y en exclusiva, a los comités directivos, quedando en suspenso la aplicación de las leyes y estatutos sociales, en cuanto se opusieran al funcionamiento, atribuciones y composición de los expresados comités directivos.[24]

Se aprovechó esta nueva disposición para aclarar que se reputaba como domicilio social de las entidades bancarias aquel en que hubieran acordado fijar su residencia los respectivos comités directivos, dentro del territorio sometido a la República. Y éste podría modificarse tantas veces como las circunstancias lo aconsejaran. En todo caso, los actos o contratos realizados por agencias o sucursales, tanto en España como en el extranjero, de un establecimiento bancario, serían nulos cuando quien los realizara no se atuviera estrictamente a los poderes de los órganos de representación legítima del banco.

Un decreto posterior (24 de diciembre de 1937, Gaceta de la República del 26 de diciembre) establecía que serían nulas y sin ningún efecto las reuniones y acuerdos de las juntas generales de accionistas o de cualesquiera órganos de administración de las compañías mercantiles y entidades de toda clase, cuando se celebraran fuera del territorio sometido al régimen de la República.

Comportamiento de los depósitos[25]

En situaciones normales, la experiencia dice que el volumen de las cuentas de depósito se mueve por tres impulsos: el deseo de una colocación rentable, la búsqueda de un servicio de caja para cobros y pagos, y la necesidad de custodia que exige el dinero en efectivo. Estas tres motivaciones continuaron operando en ambas zonas, aunque en la zona republicana, la alta tasa negativa de interés no facilitaba el ahorro. Sin embargo, las cuentas de pasivo crecieron fuertemente como consecuencia de las noticias que se venían conociendo desde la zona nacional, sobre la no aceptación futura de los billetes emitidos por la República.[26]

En los primeros momentos después de iniciado el conflicto, se plantearon graves problemas de escasez de dinero metálico. Cuando en Madrid se vio claro que la sublevación no había triunfado, se produjo pánico en los clientes y por lo tanto una retirada masiva de fondos, un problema que no pudo ser totalmente paliado por la política cautelar sobre disposiciones de efectivo establecidas por las autoridades republicanas. Esto obligó al sistema financiero, para equilibrar su déficit, a recurrir a la pignoración de valores en el banco de emisión. De esta manera, la apelación a la cuenta de crédito en el Banco de España en gran escala fue común en los bancos residenciados en la zona republicana. Esta situación se mantuvo hasta junio de 1937.[27]

A partir de ese momento las cosas cambiaron. La desvalorización de la moneda republicana, y la caída de la producción real de su economía, fueron importantes impulsos para un exagerado crecimiento del pasivo de las entidades financieras. Es prácticamente imposible hacer un análisis, al estilo tradicional, sobre la evolución de las cuentas de clientes durante la guerra. En primer lugar, por problemas de tipo contable, supuesta la desaparición de una parte muy importante de la documentación, pero fundamentalmente por las variaciones territoriales que se iban produciendo, que ocultan la verdadera significación de los datos. Sin embargo, sí se dispone de alguna información estadística parcial, que permite acotar de alguna manera determinados extremos que caracterizaron las cuentas de depósito de la clientela del sistema financiero republicano.[28]

Así, se sabe que en la sucursal de Barcelona del Banco de España, el volumen de las cuentas corrientes de particulares pasó de los 500 millones de pesetas que totalizaban a 18 de julio de 1936, a 1.624 millones en la fecha de su conquista por las tropas sublevadas, con un crecimiento anual acumulativo de más del 50%. En Madrid la variación fue de 462 millones a 848, con un crecimiento del 25%, y en Valencia los 14 millones de pesetas del 18 de julio se convirtieron en 586 millones el día de la conquista de esta capital, con un crecimiento, también acumulativo, de casi el 300%.[29] Este último caso tiene su justicación en el hecho de que fue el lugar desde el que se preparó la salida de España de una parte muy importante de los que se exiliaron, que se fueron trasladando a esta ciudad en los últimos momentos. Por lo que respecta a las cuentas corrientes de la banca privada en el Banco de España, en Cataluña el incremento fue del 260%, mientras que en la región valenciana lo fue del 798%. Castilla la Nueva creció el 916%, y la región andaluza del sureste con Murcia, el 497%, siempre en tasas anuales acumulativas.

Son cifras que aportan información más que suficiente para concluir que el exceso de liquidez era un grave problema de la banca privada y del sistema republicano. Ante esta situación, la reacción de la banca fue bajar los tipos de interés de los depósitos, una medida que chocó inmediatamente con la política monetaria del Gobierno, que pretendía potenciar el ahorro. Desde el punto de vista operativo, el Gobierno se apoyaba en la banca pública, en concreto en la Caja Postal de Ahorros, para ofrecer intereses más altos que los que ofertaba la banca privada, tratando con ello de reconducir el ahorro hacia la banca oficial. Ello afectaba a la banca privada y al resto de las cajas de ahorros, que no estaban en condiciones de aumentar sus intereses. La solución fue un compromiso con el Ministerio de Hacienda por el que se aceptó la supresión del abono de intereses en cuentas a la vista, manteniéndose en cuentas de ahorro.[30]

Operaciones de crédito e inversiones[31]

Pero si la guerra no frenó las operaciones del pasivo, no sucedió lo mismo con las cuentas de crédito. En aquella época, el crédito se demandaba básicamente para financiación del circulante de las empresas y para nuevas inversiones. El crédito al consumo era prácticamente desconocido. Como resultado, la paralización mercantil derivada del conflicto afectó rápidamente a la actividad crediticia del sistema en la zona republicana. Una reducción que trató de paliarse con operaciones de carácter institucional que, con frecuencia, se impusieron a la banca, aunque una parte importante de estas operaciones no eran propiamente créditos. En realidad, eran entregas a fondo perdido dirigidas a satisfacer las abundantes solicitudes de financiación procedentes de las más diversas y pintorescas organizaciones e instituciones. De esta manera, la casi totalidad de las actas de los consejos de administración de los bancos refleja el rosario de peticiones a fondo perdido, o de créditos de dudoso recobro, así como las presiones de todo tipo que sobre ellos se ejercían.

En cuanto a la actividad crediticia se refiere, la población, que en territorio republicano huía hacia otras zonas más seguras al compás de los avances militares de las tropas del Gobierno de Burgos, creó también problemas y tensiones financieras, especialmente después de la pérdida del frente del norte. Porque esa población desplazada, con sus cuentas y disponibilidades en oficinas bancarias situadas en la otra zona, se dirigía a las entidades bancarias, de las que venía siendo cliente habitual, aunque en otro territorio, solicitando fondos en forma de créditos «faciales»[32] o anticipos a cuenta de sus saldos. En una adaptación rápida y generalizada, la banca de la zona republicana admitió de buen grado, y con carácter general, esta modalidad crediticia, de manera que el sistema bancario se convirtió en un mecanismo de corrección de muchos de los desajustes financieros provocados por la guerra.

En otro orden de cosas, la situación de guerra generó en ambos bandos una política crediticia forzada, y el sistema tuvo que hacer frente a peticiones especiales de dos tipos: las oficiales y las paraoficiales. La demanda de «crédito oficial» en la zona republicana se concretó en la práctica habitual en que, cada vez que una operación se planteaba por las administraciones públicas, la banca respondía con una oferta conjunta, es decir, con un prorrateo entre las entidades operantes en la plaza destinataria de la operación.[33] En este caso, el sector financiero aceptó todas las peticiones, que normalmente llevaban la garantía del Estado republicano o de los Gobiernos autónomos.

No sucedió lo mismo con las operaciones crediticias solicitadas «paraoficialmente», de las que se produjeron constantes peticiones de muy diversos organismos o formaciones populares, y que al final se transformaron en incautaciones desde el momento en que el poder popular coincidió con el poder a secas en alguna zona, escapando por lo tanto de la legalidad gubernamental. La respuesta generalizada de la banca en estos casos fue asumir los hechos consumados y aceptar las operaciones. La reacción fue muy distinta para las peticiones que se hicieron a partir del momento en que el Gobierno republicano pudo controlar la situación, frente al poder popular, porque entonces la banca se amparó en la legalidad para oponerse a esa práctica, tomando medidas para garantizarse que tales hechos no se repetirían. En este supuesto la banca adoptó la fórmula de «acatar», pero no de «cumplir». Se tomaba nota de las incautaciones de cuentas y de sus saldos respectivos, pero al mismo tiempo se ordenaba que dichos saldos no se transfirieran a ninguna otra cuenta, salvo orden emitida por órganos gubernamentales.[34]

Independientemente de todo ello, la colaboración de la banca del territorio republicano con los poderes oficiales se manifestó, sin excepciones, en el pleno acatamiento de la prohibición que el Gobierno hizo, desde el estallido del conflicto, de realizar transacciones económicas con la zona que dominaba el enemigo. Por ello, la banca tuvo que negarse a operaciones de firmas que tenían dependencias en ambos bandos, y que solicitaban ponerlas en contacto.[35]

La falta de inversión en valores públicos fue otra constante en la actuación de la banca de la zona republicana. Porque todas las alternativas de emisión que existían en el primer semestre de 1936 desaparecieron a raíz del 18 de julio. Y la emisión del Tesoro de 1938 que hizo el Gobierno republicano para enfrentarse a las exigencias de financiación de la guerra no tuvo una favorable acogida por su poca credibilidad. También los valores privados sufrieron en la zona republicana una paralización total. Y las tomas de participación de los bancos en empresas se redujeron al máximo, en la medida que eran los consejos de economía social los que desarrollaban la política de inversiones, básicamente sobre planteamientos autogestionarios.

Con todo, la cartera comercial del banco emisor de la República se redujo casi en una cuarta parte y la de los bancos privados disminuyó en un 32%.[36] Así, mientras la circulación se cuadruplicaba en el territorio republicano, la cifra del crédito se reducía a las tres cuartas partes de la existente el 18 de julio. Una situación que se explicaba por el importante descenso de la producción en la zona republicana, que hizo innecesario el aumento del crédito. Aunque la realidad era que, con la moratoria, los efectos se pagaban «cuando se podía hacer en dinero malo» (BE, 1939c:15 y ss.).

Al terminar la guerra, y abordarse la refundición de los dos sistemas financieros, el Banco de España (BE, 1939c:20 y ss.) describía así la situación de la economía financiera de la República, para concluir que en aquellos momentos el negocio bancario no pudo encontrar las condiciones mínimas para desarrollar su labor:

En el primer trimestre de 1939… [el] trueque y la permuta alcanzaron tal desarrollo y la huida ante el dinero se produjo en tales términos, que los billetes dejaron de poseer un poder de compra por pequeñísimo que éste fuera… en un estado de anormalidad monetaria, como el que se produce en un período de inflación, la tendencia a huir del dinero y a retener las mercancías, que eran la única riqueza real adquirible en el período rojo, habían de producir una oferta inferior a la que en condiciones normales hubiera determinado la baja de producción y la disminución de los stocks. Añádase a ello la acción que ejercía sobre la estimación del dinero, su devaluación cualitativa y, sobre todo, la amenaza cada día más viva y evidente de una anulación completa de valor que pesaba sobre el dinero rojo, debido a la cual en los últimos tiempos el dinero era rehuido en absoluto en la Zona roja, y los cambios se hacían por permuta directa de mercancía o a pagar después de la guerra, es decir, prácticamente en dinero nacional.

Y éste fue el marco en el que fueron tejiendo su actividad las distintas organizaciones financieras. Así, la Caixa señalaba que los balances hasta finales de 1937 «registraron como única novedad el debilitamiento de las cuentas de clientes con pasivo y el aumento correlativo de las cuentas de crédito con el Banco de España. En cambio, el alza de los depósitos y el ingreso del incremento de las cuentas de clientes en el Banco de España a lo largo de 1938 sí que alteraron la estructura del activo». Al final, la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares no desarrolló «ni una sola operación de inmovilización de activos en los años de la guerra. Los sobrantes de recursos, tan claros en 1938, no se dedicaron a préstamos ni a ningún otro tipo de inversión. Actuando con la máxima prudencia, la dirección de la Caja prefirió depositar los excedentes en las arcas del Banco de España» (Nadal y Sudrià, 1983:319-320).

Algo parecido ocurrió en el Banco Hipotecario de España donde, «avanzada la guerra, y siendo claro el resultado que iba a tener, fueron muchos los prestatarios que pagaron semestres, incluso por adelantado, y efectuaron reembolsos anticipados, parciales y totales, de sus préstamos. Influyó en todo ello el temor, luego confirmado, a la desvalorización absoluta de la moneda republicana al concluir la contienda. Por eso sobrevino esa avalancha de pagos… Era el deseo de los prestatarios de deshacerse de la “mala moneda” republicana antes de que la guerra concluyese» (Lacomba y Ruiz, 1990:366).

La pérdida de identidad que por todo esto sufrían las instituciones bancarias en el territorio de la República llegó a preocupar a los sindicatos, hasta tal punto que el órgano Nou Horitzó, del comité de empresa (UGT) del Banco de Bilbao en Barcelona, advertía que

… a partir del 19 de julio, la Banca privada que, por medio de sus trabajadores, con tanta fidelidad se puso al lado de la Revolución, es hoy día, la única que sufre una crisis tan honda como inmerecida. El pago de mercaderías al contado, introducido actualmente entre los comerciantes, la ha privado de sus principales fuentes de ingreso, como son: los Giros de Efectos, las Transferencias a otras plazas, y las Cuentas Corrientes.[37]

En todo caso, hay que reconocer que la actividad financiera en la zona republicana se desarrolló en condiciones muy difíciles. Porque no se trataba del clásico negocio financiero en el que una tasa alta de inflación es compatible con altos tipos de interés, tanto de pasivo como de activo. Era, al contrario, un negocio que se desenvolvía en medio de una vertiginosa caída del crédito, como consecuencia del desplome de la economía real, lo que, a su vez, inducía a la banca a buscar la baja de la retribución al pasivo. Y todo ello en el contexto de un rápido proceso de deterioro del poder adquisitivo de la peseta.

Al final, la abundante liquidez del sistema en la zona republicana no sólo afectó al pasivo, sino también a las cuentas de crédito de los bancos, aunque en este último caso el movimiento se produjo, lógicamente, a la baja.[38]

En resumen, y dentro de las limitaciones documentales que existen, hay que concluir que la actividad crediticia de la banca en la zona republicana se concretó fundamentalmente en financiar gasto corriente, en especial salarios, porque, dentro de un entorno muy estatalizado, las operaciones de inversión privada pura, o de compra de materias primas, fueron realmente escasas.

La regulación del aparato bancario

Las circunstancias, y el deseo de un mayor control del «aparato» financiero y bancario, llevaron al Gobierno republicano a introducir reformas legislativas aparentemente circunstanciales, pero realmente sustantivas. Una de ellas fue el decreto del 3 de octubre de 1936 (Gaceta de Madrid, 4 de octubre), que alteraba sustancialmente la composición y representatividad del Consejo Superior Bancario para corregir algunas anomalías que en su gestión había introducido la situación de guerra. El decreto señalaba que la Ley de Ordenación Bancaria facultaba al Consejo Superior Bancario para dictar aquellas disposiciones de carácter general que, sin menoscabo de la agilidad bancaria y de la peculiar manera de trabajar de cada uno de los bancos y banqueros inscritos, se estimaran necesarias o convenientes en cada momento. Y añadía:

Es notorio que los momentos presentes exigen la adopción de una serie de medidas que tienen que guardar aquel criterio de unidad y de ordenación del conjunto de las actividades del crédito del país… Por otra parte, el Consejo Superior Bancario, en su composición actual, no funciona en las actuales circunstancias por desasistencia al Poder público de varios de sus miembros, lo que no puede impedir el que se dejen de adoptar aquellas medidas que sean propias a la defensa del interés general de nuestra economía.

Y a partir de esta realidad, se alteraba fundamentalmente la composición del Consejo y su estructura. Un comisario general de Banca y Crédito asumía todas las competencias, y ese comisario era el delegado del Gobierno. Su competencia era total en cuanto a dirigir la política bancaria privada y oficial, porque el Consejo actuaba sólo como asesor.

El último decreto de la República sobre la banca

Pero, sin duda, la última medida de significación tomada en relación con la banca por la República fue, inexplicablemente, un decreto de la Consejería de Hacienda y Economía, firmado el 18 de marzo de 1939, doce días antes de acabar la guerra, justificado en la necesidad de imponer «medidas adecuadas para la rápida normalización de la Banca oficial y privada».

En ese decreto se reconocía que a la mayoría de los bancos de la zona republicana se le había ordenado trasladar sus centrales a Barcelona, así como que se nombraran nuevos consejos de dirección y gerencia. De estos últimos, decía el decreto, se ignoraba en aquel momento dónde se encontraban, y aun siquiera si subsistían. Por lo tanto, se añadía, se hacía necesario volver a establecer dichas centrales en Madrid y reorganizar los comités directivos que deberían tener una estructura distinta a los anteriores. A la vista de lo cual, se decretaba lo siguiente:

«Los Bancos de España, Exterior de España, Hipotecario de España, Crédito Local de España y Crédito Industrial restablecerán sus Centrales en Madrid dentro de un plazo de ocho días, a contar de la fecha de publicación de este Decreto.

La Banca privada que tenga Sucursales en Madrid elevará, nuevamente dichas oficinas al rango de Casa Central, y por analogía, los demás Bancos que hubiesen trasladado a otras plazas sus oficinas centrales recuperarán su organización peculiar dentro de la zona leal.

Los representantes que por el Ministerio de Hacienda hayan sido nombrados de los Comités directivos de toda la Banca, tanto en representación del propio Ministerio como de otros organismos cesarán desde la publicación de este Decreto.

En lo sucesivo la representación de esta Consejería en la Banca española la ostentará un Delegado directo en cada uno de los Bancos oficiales y otro en el Consejo Superior Bancario.»

Este decreto se publicó en la Gaceta de la República el 20 de marzo de 1939. El día 1 de abril la guerra terminaba.

Actividad en la zona del Gobierno de Burgos

Comportamiento de los depósitos

La banca que operaba en el territorio controlado por el Gobierno de Burgos sufrió en los primeros momentos agudos problemas de liquidez, que en algún caso hubieran podido convertirse en suspensiones de pagos si el Banco de España de Burgos no hubiera intervenido a tiempo.[39] Incluso, y a pesar de la caída de los créditos, que ya empezaba a observarse, esos problemas de liquidez aconsejaron desde el comienzo de la guerra restringir en todo el territorio controlado por el Gobierno de Burgos las operaciones de activo. Y a la vista de ello, la Junta de Defensa Nacional decretó, el 12 de septiembre de 1936,[40] la limitación de 25.000 pesetas como importe máximo de los créditos a otorgar por el Banco de España sin autorización previa. Para importes mayores sería precisa la autorización expresa de la citada Junta.

Pero ese problema se solucionó pronto, porque las medidas que se dictaron para el estampillado de los billetes llevaron hacia las cuentas de acreedores de la banca una importante corriente de dinero, quedando en el olvido los apuros de liquidez de los primeros momentos. Y hasta tales extremos fue así, que los problemas de acumulación de recursos ajenos que se produjeron en la banca de la zona nacional llegaron incluso a generar una cierta aversión o temor a la captación de nuevo pasivo.[41] En relación con esta acumulación de pasivo, el Consejo de Administración del Banco de Bilbao razonaba a la altura de abril de 1939 que «a partir de 1937, los excedentes de fondos sin colocación fueron creciendo en progresión continuada, llegando a constituir motivo de preocupación, dada la carencia de inversiones apropiadas al negocio bancario».[42]

Lo que sí quedó claro desde el primer momento fue la falta de confianza en el futuro del sistema, como lo demostraba la estructura de las cuentas del pasivo de la zona nacional, porque las cuentas corrientes a la vista significaban bastante más de la mitad del pasivo de clientes. Casi el 57%, muy superior al existente en los años de la preguerra, mientras que los saldos en libretas a un mes eran similares a los de preguerra. Por su parte, las imposiciones a mayores plazos estaban, a junio de 1938, por debajo de los niveles anteriores a julio de 1936. También los acreedores en moneda extranjera se situaban muy por debajo de los niveles de preguerra. Y de ello se puede deducir, si se tiene en cuenta que en aquella época las libretas eran probablemente el único instrumento, exceptuando el escaso mercado bursátil, para colocar el ahorro a plazo, que esta situación ya estaba advirtiendo al Banco de España sobre la inseguridad que los ahorradores tenían de cara al futuro.[43]

Operaciones de crédito e inversiones

El comportamiento de las operaciones de crédito en la zona nacional respondió básicamente a las mismas pautas que lo hizo en el territorio de la República.[44] Es decir, la guerra paralizó la actividad inversora de la banca, sustituida por operaciones de carácter institucional que, en realidad, eran exacciones o prestaciones revolucionarias.

También en la zona nacional se planteó el caso de los desplazados, con idéntica significación y fórmulas operativas de créditos sin garantía como las que anteriormente se han relatado para la zona en poder de la República. Y de igual manera se impuso como fórmula para resolver ese problema el crédito personal, sin más base que la entrevista personal, generalizándose el llamado «crédito facial». Esta fórmula cumplió su cometido y, al final, no hubo incidencias sustanciales de impago.[45]

Independientemente de todo ello, y al igual que había sucedido en territorio republicano, la presión sociopolítica de la contienda generó una corriente crediticia forzada por el sector público para diversos destinos u operaciones, que se fueron resolviendo en la práctica con prorrateos entre las entidades que operaban en una plaza determinada.[46] También hubo adquisiciones de participaciones impuestas, como la compra de acciones de la Agencia EFE a finales de 1938, pero estos casos fueron más bien anecdóticos.[47]

En el orden crediticio constituyó una modalidad específica de la zona nacional la creación de los servicios nacionales, en los que tomaron parte activa todas las entidades bancarias, desde los bancos regionales a los grandes bancos. Los servicios eran instituciones que concedían préstamos destinados a agricultores de cada ramo, con la garantía de su cosecha y del propio Estado. Una vía que tuvo un doble efecto. Por una parte, sirvió para que la banca privada cooperara con el Estado desde una perspectiva inversora y crediticia. Por otra, actuó como solución a los problemas de falta de oportunidades de inversión. En esta línea se crearon los servicios nacionales del Trigo, del Algodón y de la Almendra.[48]

El Servicio Nacional del Trigo se creó el 23 de agosto de 1937 (BOE, 25 de agosto). Se trataba de sustituir la fórmula del sistema económico capitalista-liberal por una fórmula más propia del «nuevo Estado nacionalsindicalista». Al Servicio Nacional del Trigo se le atribuía la ordenación de la producción y distribución del trigo y la de sus principales derivados, regulándose su adquisición, movilización y precio. El Estado podría determinar en lo sucesivo las superficies destinadas al cultivo de trigo. Y en relación con los agricultores, el Servicio asumía ciertos compromisos, especialmente el de adquirir a los precios de tasa todo el trigo legalmente producido. El comercio exterior del trigo quedó bajo monopolio estatal.[49]

En el Servicio Nacional del Trigo tomaron parte todas las entidades bancarias de la zona bajo control del Gobierno de Burgos, con un crédito total de 250 millones de pesetas, cifra que se prorrogó en las siguientes campañas hasta el decreto ley del 10 de mayo de 1946 (BOE, 12 de mayo).[50] El total «de bancos firmantes fue de cuarenta y cuatro, aunque, en realidad, Central, Hispano, Español de Crédito, Bilbao, Vizcaya y Urquijo copaban más del 60% del crédito global».[51] En todo caso, y ante el déficit de la producción interior, que se iba acentuando con los incrementos de población que se desplazaban a la zona nacional, el Gobierno utilizó a la banca privada para negociar operaciones de compra de grano en los mercados exteriores.[52]

El Instituto de Fomento del Cultivo Algodonero fue creado por el Ministerio de Hacienda.[53] Suministraba a los cultivadores de algodón un préstamo de 100 pesetas por hectárea. Y a estos efectos, se suscribió un convenio con tres de los grandes bancos por una cantidad de casi 10 millones de pesetas.[54]

El Servicio Nacional de la Almendra tuvo un cometido complementario, puesto que el producto servía tanto para el mercado interior como para el exterior, en la medida en que fue utilizado por el Gobierno de Burgos para amortizar, por medio de su exportación, deuda pendiente con el Gobierno alemán.

Con la creación de los servicios nacionales, los agricultores vieron resueltos sus problemas, pero el nivel de los activos crediticios de la banca no lograba alcanzar los niveles de preguerra. La evolución del activo del propio Banco de España de Burgos confirmaba esta caída.[55] Por ello, se intentaron otros caminos para ampliar la actividad. Entre otros, se ofreció a la banca cooperar con el Gobierno en los planes generales de obras y servicios, y se le ofreció descontar a sus clientes las deudas por suministros al ejército. Ésta era, sin duda, una ágil herramienta de financiación y otra solución a los problemas de liquidez.

Todas estas ayudas del Gobierno de Burgos entraban dentro de la lógica de afianzamiento del «nuevo Estado», y para la banca suponían un auténtico balón de oxígeno. A partir de ellas, el dinamismo financiero de la zona fue creciendo en intensidad a medida que la guerra avanzaba. E incluso aparecieron intentos de fusiones y absorciones bancarias, que buscaban agilizar la estructura financiera y la penetración de mercados.[56] Por otra parte, la gran banca (Banesto e Hispano Americano) convergía en su política expansiva, tratando de redimensionar sus operaciones y el volumen de negocio con bancos regionales.[57] Y este dinamismo financiero de la zona nacional se reflejaba también en el exterior, en la medida en que las distintas organizaciones bancarias buscaban su legitimidad institucional mediante contactos con la banca extranjera.[58]

Todo ello, sin embargo, fue a costa de grandes esfuerzos, porque un repaso retrospectivo de la actividad de la banca que operaba en el territorio del Gobierno de Burgos durante la guerra, debe concluir que ésta tuvo que enfrentarse a problemas muy importantes. Así lo recordaba la Memoria del Banco de Bilbao del 31 de enero de 1942:

… conocidas son de todos las causas que han reducido el uso de la letra de cambio en muchas transacciones comerciales desde el año 1936. La reducción de las existencias en mercaderías, la dificultad de reponerlas adecuadamente, en muchos casos por derivaciones del actual conflicto internacional, y la centralización de compras y ventas a través de Organismos Sindicales y Paraestatales, en régimen de economía dirigida, han determinado paralelamente una disminución general en efectos negociados. A pesar de ello los saldos de nuestra Cartera de Efectos manifiestan un sensible aumento sobre nuestro balance de fin de 1935. Hemos procurado adaptarnos a aquellas nuevas modalidades, prestándolas también nuestro concurso, respondiendo así a las directivas trazadas por el poder público, y, singularmente, dada su importancia especial, al Servicio Nacional del Trigo, por lo que hace al sector más esencial de nuestra producción agrícola.

Esa Memoria también se hacía eco de la fuerte presión que ejercía el incremento de pasivo a partir de 1937, mientras que, por el contrario,

… la facilidad de inversión en valores disminuían, en parte por causa de la guerra, motivo bien explicable por sí solo, y por mantenerse cerradas las Bolsas oficiales, cuya reapertura tenía lugar en 1940, limitada a las operaciones al contado; así como también por las restricciones impuestas a la contratación privada, por medida de prudencia ante la desaparición de masas importantes de títulos. Este problema de las disponibilidades sobrantes encontró marcado alivio con la política de créditos seguida por nuestro Banco y luego con las dos emisiones de obligaciones del Tesoro 3%, de 1 de octubre de 1939 y 10 de julio de 1940 completadas por la de Deuda Interior 4%, que tuvo lugar el 5 de julio último; a todas las cuales acudimos como de costumbre.

El Banesto también contaba su pequeña historia (Garnica, s.f.):

… la preocupación que suponía ver aumentar las disponibilidades que nos confiaba la clientela, sin tener manera de invertirlas, ya que los negocios, las industrias, las Bolsas, el comercio, sufrían el estancamiento y el colapso propios de la situación en que el país se encontraba, agravado todo ello, por el hecho lógico de que se iban acabando los stocks de los almacenistas ya que había continua demanda de sus mercancías, que, como no podían reponer, su producto venía a aumentar la afluencia de numerario inmovilizado en las cuentas corrientes a las que había que seguir abonando interés, por no permitir el Gobierno su rebaja.

Dentro de las limitaciones impuestas por la guerra, las operaciones de activo buscaron su acomodo a la realidad diaria. El Banco Popular desarrolló con intensidad una política de créditos a tenderos, almacenistas al por menor y comerciantes en general. Junto a estos créditos existían otros a favor de entidades de mayor envergadura, principalmente del sector primario, como exportadores de vinos y cítricos. La política crediticia del Popular se complementaba con grandes operaciones y proyectos promocionados por el Gobierno, entre los que destacaba el apoyo al Servicio Nacional del Trigo y al Servicio Nacional de la Almendra.[59]

Gracias a la reconstrucción de la contabilidad del Banco de Bilbao, que se hizo muy posteriormente, se puede conocer que a finales de 1937 el total de créditos en póliza concedidos en la zona del Gobierno de Burgos era el 84% del total de pólizas y letras. Porcentaje que se mantuvo estático hasta el final de la guerra, muy alto en comparación con el 69% de finales de 1935. Las letras significaban, por el contrario, el 16% del total a fines de 1937, inferior al 31% de diciembre de 1935.

A mediados de 1938, el epígrafe de deudores varios a la vista era el más importante de los créditos en póliza (39% del total), seguido de deudores a plazo (24%), deudores con garantía prendaria (19%) y deudores en moneda extranjera (18%). Las diferencias más importantes con la situación de finales de 1935 venían dadas por el mayor peso de los deudores en moneda extranjera, en detrimento de los deudores con garantía prendaria.

La controversia sobre los tipos de interés durante la guerra

También la banca de la zona nacional definió una política de bajos tipos de interés, como instrumento para aliviar el exceso de tesorería, algo que ya se estaba convirtiendo en un problema grave. Contribuía a ello la conjunción de la política monetaria y la expansión militar, que, al incorporar nuevas sucursales, provocaba un aumento constante de los recursos de la banca. Y esto, junto con la carencia de inversión, planteó pronto la necesidad de una reducción de los tipos de interés, que encontró una gran oposición en el Gobierno.[60]

El Servicio Nacional de Banca, Moneda y Cambio, después de varias reuniones, llegó en mayo de 1938 al acuerdo, propiciado por todos los bancos, de reducir los tipos de interés. No se hizo esperar la respuesta del ministro de Hacienda. Y éste, en el mismo mes, ordenó la suspensión del acuerdo adoptado por los banqueros. Se aceptó unos meses más tarde una rebaja, con efectos al 1 de enero de 1939,[61] pero esto no solucionó el problema. Eran necesarias otras medidas que descongestionaran el exceso de pasivo de la banca privada. Y de hecho el problema no mejoró sustancialmente hasta que la administración, una vez acabada la guerra, colocó en el mercado varias emisiones de deuda «sin que la situación de la Tesorería lo hiciese necesario» (BE, 1942c:48), para facilitar la colocación de recursos por parte de la banca.

En todo caso, la situación introdujo en el sistema una controversia técnica sobre la necesidad de bajar el tipo de descuento, sobre el que se posicionó el Banco de España con un dictamen (BE, 1938c). Un escrito que hoy resulta excepcionalmente útil para conocer algo más de lo que en el terreno financiero estaba pasando en aquellos momentos en la zona nacional. Útil para interpretar cómo se percibían y enfocaban desde el Banco de España algunos de los problemas financieros de entonces, y útil especialmente para contrastar la realidad de la diferente visión de la banca y de la administración.

El dictamen entendía que en aquellos momentos no parecía existir en la realidad económica de la zona nacional ningún factor que justificara, ni mucho menos que exigiera «con premura y rapidez inmediata, la variación del tipo del Descuento». Sostenía que el descenso que se solicitaba podría tener justificación en un mercado financiero «con plétora de recursos monetarios» y que, en circunstancias normales, los fuertes aumentos de depósitos y cuentas corrientes que se estaban produciendo en el pasivo de los bancos podrían aconsejar una política de abaratamiento del dinero. Pero el Banco de España llamaba la atención sobre lo aleatoria que en aquellos momentos era la abundancia de disponibilidades en los establecimientos de crédito, ya que, a su juicio, las cifras de crecimiento respondían a factores puramente accidentales, como las restricciones que se habían establecido en el uso de las cuentas corrientes, o a la falta de conexión entre las dos zonas monetarias españolas.

Y por ello, el Banco de España advertía:

Los cuantiosos débitos de la zona Nacional para la zona marxista, hoy retenidos en los Bancos Nacionales, habrán de ser movilizados apenas la victoria militar vuelva a reunir en uno los diversos trozos de España. Además, en la zona Nacional han sido consumidos todos los stocks en poder de la industria y el comercio, stocks cuya reconstitución ha sido imposible a causa de la misma guerra, y el círculo industrial mercancía-dinero-mercancía, se ha visto interrumpido en su segundo término. Los medios de pago obtenidos por comerciantes e industriales en la zona Nacional, sólo en muy contada proporción pueden ser reabsorbidos nuevamente en el proceso productivo.

Eran éstos, según el dictamen, y no otros, los factores que habían ocasionado una congestión en el pasivo de la banca, en términos tales que la rentabilidad de las organizaciones bancarias estaba reduciéndose.[62]

Por otra parte, el dictamen entendía que una reducción del tipo de descuento supondría una contradicción con la política económica general del país. Una administración austera, y un severo régimen de tasas, habían permitido al Gobierno mantener el valor interior de la peseta, es decir, su capacidad adquisitiva, a pesar del curso forzoso de la inflación. Pero una rebaja del descuento supondría un aumento de la circulación fiduciaria, un aumento correlativo de los precios, una pérdida por tanto del valor interno de la moneda, la prima a las importaciones y el descenso de crédito. Era cierto, aceptaba el Banco de España, que

… la actual rigidez y agarrotamiento de nuestra economía impediría muchas de esas consecuencias, pero en ese caso la medida de reducción del tipo del Descuento quedaría encerrada en el siguiente dilema: o la rebaja del Descuento no produce efectos económicos apreciables, o si los produce forzosamente serán opuestos a los fines pretendidos, y en la actualidad plenamente conseguidos, por la política económica general.

El Banco de España aclaraba en su dictamen algunos aspectos de la situación bursátil y del mercado de fondos públicos en aquellos momentos. Reconocía que la política del descuento era «una de las palancas que más eficazmente actúan sobre el mercado bursátil, y en general de todo el mercado de Capitales para la colocación de posibles ulteriores empréstitos, así como para la plus valoración de los títulos de la Deuda Pública, medida previa a todo intento de conversión o modificación de la Deuda». Esta cuestión era realmente importante en momentos en los que el Gobierno estaba planificando la financiación de la reconstrucción del país. Y quizá fuera ésta la razón, añadía, que más podía pesar en el ánimo del Gobierno para modificar la política dineraria actual. Pero el Banco de España reconocía que no podía evaluar esa situación por carecer de información de suficiente rigor científico para hacer una propuesta:

El Banco de España ignora la actual posición deudora del Estado, no sólo frente a los proveedores extranjeros (Alemania e Italia) sino por aplazamiento de pagos a los propios contratistas nacionales. Por lo tanto las futuras emisiones de Deuda (exterior e interior) no pueden ser medidas ni siquiera cuantitativamente por el Banco de España, quien por tanto no puede juzgar la intensidad con que debe ser modificado el Descuento desde este punto de vista.

En consecuencia, el Banco de España se inclinaba por proponer el aplazamiento de cualquier modificación en el tipo de descuento, con las siguientes razones:

… su modificación no responde a circunstancia alguna de hecho; anularía los beneficios que a la Banca Privada ha otorgado la baja de sus intereses pasivos; perjudica en cierto modo al propio Banco de España; contradice la política de precios y el mantenimiento del valor de la peseta; no se justifica con la salvaguardia de ningún interés especial, debidamente protegidos ya con los tipos diferenciales de crédito; no es lo suficiente en la actualidad para mejorar la cotización de la Deuda Pública y preparar futuras conversiones, y finalmente, no parece el medio más apropiado para la atracción, actual o futura, hacia España de la masa de capitales imprescindibles a su reconstrucción económica.

Los resultados de la banca en los años de guerra

Como era inevitable, la actividad y, especialmente, los resultados de la banca se vieron profundamente afectados en los años de la guerra y, en general, se puede hablar de una sustancial caída en la cifra de beneficios, cuando no de pérdidas, en relación con 1935. El nivel de beneficios se fue recuperando a partir de 1940, y en muchos casos los resultados negativos de los años 1936-1939 se amortizaron con cargo a reservas. Como es lógico, dentro de este comportamiento general se dieron situaciones muy diferentes entre unas entidades y otras.[63] Lo que sigue puede ser un resumen de lo que pudo suceder, de acuerdo con la información manejada. Sin embargo, hay que hacer unas observaciones previas a este epígrafe. En primer lugar, los resultados no se conocen año por año, porque el cierre se hizo conjunto de los ejercicios 1936-1939. Y tampoco se conocen desgloses suficientes como para afectar a cada una de las zonas los resultados conjuntos.

En lo que a los bancos con presencia en toda España se refiere, los beneficios del Banesto, Hispano Americano y Popular experimentaron un fuerte retroceso sobre los niveles de preguerra. Concretamente, el Banesto contabilizó un beneficio de 1.022.782 pesetas en el período de tres años comprendido entre el 1 de julio de 1936 y el 30 de junio de 1939, frente a 8.967.828 pesetas logradas en el ejercicio contable del 1 de julio de 1935 a 30 de junio de 1936. En los años inmediatamente siguientes se recuperó sensiblemente, pasando a 12.955.298 pesetas en el ejercicio social de 1939-1940 y a 18.617.292 en el año 1940-1941.

El Banco Hispano Americano no consiguió, en los cuatro años comprendidos entre 1936 y 1939, superar los 8 millones de pesetas de beneficio, aproximadamente el 50% del de 1935, y ello sin olvidar que en estos cuatro años se incluían también las operaciones de los meses de paz de 1936 y 1939. Se recuperó nada más acabar la guerra, cerrando el ejercicio 1940 con un beneficio de 29.714.298 pesetas.

Algo similar sucedió en el Banco Popular de los Previsores del Porvenir, que de 1.514.877 pesetas de beneficios contabilizados en 1935, cayó a 960.968 pesetas para el conjunto de los cuatro años 1936-1939, saltando en 1940 a 1.824.523 pesetas. El Mercantil de Santander, el Banco de Santander y el Banco Guipuzcoano cerraron igualmente los años 1936-1939 con beneficio, también con importantes bajas en relación con 1935, pero lograron la recuperación en 1940.

El caso extremo de pérdidas de guerra fue el del Banco Central, que del 1 de enero de 1936 al 31 de diciembre de 1939 contabilizó una pérdida de 2.411.134 pesetas, frente a un beneficio de 3.450.486 pesetas en 1935 y 2.986.225 pesetas en 1940.

Sorprenden en este contexto los resultados comparativamente más favorables de los bancos vascos. Así el Banco de Vizcaya, que cerró el ejercicio social de 1935 con un beneficio de 10.611.211 pesetas, consiguió un resultado de 26.123.456 pesetas en el conjunto de los cuatro años (1936-1939),[64] cerrando 1940 con 16.147.500 pesetas de beneficios. Igualmente el Banco de Bilbao, que obtuvo unos beneficios de 34.181.645 pesetas en los años 1936-1939, frente a los 10.248.067 de 1935 y 16.357.339 de 1940.[65]

Otro grupo claramente definido lo constituyen los bancos regionales, que desarrollaron su actividad en el contexto de una red circunscrita a la zona nacional. En las doce entidades estudiadas[66] predomina también la caída del nivel de beneficios en los años de guerra en relación con 1935, con una posterior recuperación a partir de 1940. Los peores resultados se contabilizaron en los bancos de Aragón, región militarmente fronteriza, que en algún caso llegaron a conocer los números rojos, como sucedió en 1936 en el Banco de Crédito de Zaragoza y en 1938 en el Banco Zaragozano.

En cuanto al colectivo de bancos operantes en lo que fue territorio republicano hasta el final de la guerra, y sobre una muestra de 14 entidades de Cataluña, Madrid, Valencia y Menorca, los resultados medios fueron muy negativos, sobre todo en Cataluña. Porque en esta región, los diez bancos estudiados[67] contabilizaron pérdidas notables, que se amortizaron con cargo a fondos de reserva, como en el caso del Crédito y Docks de Barcelona, o a los beneficios de años posteriores. Algunos de ellos, incluso, no sobrevivieron el tiempo suficiente como para amortizar las pérdidas de la guerra en su totalidad y terminaron por ser absorbidos por otras entidades.[68] Dentro de ese conjunto hay que destacar el favorable ejercicio cerrado por el Banco de Sabadell, que en los cuatro años de 1936-1939 consiguió un beneficio de 1.093.059 pesetas, frente a las 616.920 de 1935 y 698.021 de 1940.

Fuera de Cataluña el Banco de Menorca conoció también pérdidas durante los años de guerra, situación que se prolongó durante el ejercicio social del 1 de abril de 1939 al 31 de marzo de 1940, comenzando a remontar la situación a partir del siguiente año. Por el contrario, en la región levantina, el Banco de Valencia consiguió superar la contienda con una cierta holgura en su cuenta de resultados, al acabar el período 1936-1939 con un beneficio de 2.120.534 pesetas, ligeramente por debajo de 2.414.157 pesetas logradas en 1935, y de 2.359.667 de 1940.

También en Madrid se dieron casos de bancos que cerraron los años de guerra con beneficios, entre los que destaca el Mercantil e Industrial, que contabilizó unos beneficios de 3.485.109 pesetas de 1936 a 1939, frente a 1.850.374 pesetas en 1935 y 1.856.649 en 1940. El Banco Sáinz fue otra entidad que tampoco conoció los números rojos en el conjunto de esos mismos años.

El papel y la composición de los consejos de administración de la banca durante la guerra

En la zona republicana, cambio sustancial[69]

A la República se le planteó un problema grave cuando en el sistema bancario se inició un progresivo éxodo de consejeros y directivos hacia la zona nacional, huyendo de la situación de inseguridad a la que se enfrentaban. A ello había que sumar los ceses y expulsiones de algunos de ellos por razones políticas. Lo mismo sucedía en las cajas de ahorros y en los equipos de dirección de la banca extranjera operante en España.

Por otra parte, muchos pequeños bancos locales habían sido incautados por comités de trabajadores, que se habían limitado simplemente a destituir a los propietarios y a sustituirles en la gestión del negocio. Fue éste un fenómeno que afectó a todo el sistema productivo, pero en los consejos de administración de los bancos tuvo una especial significación. Como consecuencia de todo ello, a los dos meses de iniciada la guerra el sistema bancario republicano había cambiado profundamente sus consejos y se encontraba prácticamente al borde del colapso administrativo por falta de gestores.

La situación era cada vez más delicada, y el ministro de Hacienda, Negrín, decidió publicar un decreto[70] por el que se ordenaba la constitución de comités directivos a los que se asignaban las facultades que los estatutos sociales atribuían a los consejos de administración. Estos comités estaban integrados por un representante del Ministerio de Hacienda, un representante de los accionistas, uno de los cuentacorrentistas y otro de la Federación Nacional de Banca. Del Comité Directivo formarían parte también aquellos consejeros «que hubieran cumplido con su deber, prestando colaboración al Régimen sin haber abandonado sus puestos». Se dispuso también la urgente entrada en vigor de esta medida, estableciéndose que en los cinco días siguientes a la publicación del decreto los establecimientos bancarios celebrarían elecciones entre los accionistas para designar a su vocal representante. El secretario del banco, o quien hiciera sus veces, convocaría las elecciones y verificaría el resultado, y una vez designados los representantes se constituiría, sin más dilaciones, el Comité Directivo.[71]

Inicialmente, la sustitución de los consejos de administración por comités directivos afectaba exclusivamente a las sociedades anónimas, pero diez meses más tarde se amplió a las entidades bancarias que no tuvieran esta forma jurídica, que pasaban a estar regidas también por un comité directivo nombrado, en este caso en su totalidad, por el Ministerio de Hacienda y Economía.[72]

En el País Vasco la reacción ante el fenómeno se retrasó tres meses, pero al final el cambio fue parecido, aunque se mantuvieron las apariencias formales, al respetarse la denominación de Consejo de Administración, en vez de adoptar la de Comité Directivo. En todo caso, el Gobierno del País Vasco intervino fuertemente en el sector bancario desde el primer momento, pero no llegó a la expropiación de la propiedad. El mismo presidente del Gobierno, José Antonio Aguirre (1978:69), explicó que no querían nacionalizaciones en el sector bancario, «que hubieran parecido hijas de la venganza y de la improvisación». Y por eso se estableció un sistema de intervención fiscal. A efectos de ese control, los consejos de las instituciones vascas fueron reconstituidos de nuevo. Formalmente, el Consejo de Administración de cada banco quedó integrado por doce miembros: seis elegidos entre los antiguos consejeros, cuatro representando al personal de banca con más de diez años de servicio y propuestos por las organizaciones sindicales de Solidaridad de Trabajadores Vascos y la denominada «Trabajadores del Crédito y las Finanzas de Euskadi», y dos consejeros elegidos entre los clientes del banco. El presidente del Consejo lo designaba el Consejero de Hacienda del Gobierno vasco, ostentando al mismo tiempo la representación del Departamento. El Consejo tenía las mismas facultades que el Consejo anterior. Pero en cada una de las sucursales o establecimientos que operaban fuera del territorio en que ejercía autoridad el Gobierno vasco se constituía también, en forma parecida, un Consejo compuesto por cuatro miembros (Aguirre, 1978:70).

Como cúpula del sistema bancario, el Gobierno vasco constituyó la Banca Privada de Euskadi, con un delegado del Gobierno al frente de la organización. Éste ejercería como director del Banco de España en Bilbao, estando a todos los efectos asistido por los presidentes de los consejos de administración de los distintos bancos del País Vasco.

En Cataluña también se establecieron comités de control en los establecimientos bancarios, que perduraron hasta que el paquete de Decretos de Tarradellas de enero de 1937 entró en vigor. Entonces se constituyeron una serie de organismos directivos, al modo de lo que ocurría en el Estado republicano y en el País Vasco, pero con sus propias denominaciones.

Los consejos de la banca extranjera también fueron objeto de recomposición, aunque la mayor parte de estos bancos había interrumpido su actividad nada más estallar el conflicto armado. El resto fue prácticamente intervenido por sus propios trabajadores. Existe constancia formal de la intervención oficial del Banco Alemán Transatlántico por abandono de parte de sus directivos.[73]

La actuación del Gobierno de la República sobre la banca oficial[74] se inició con el decreto del 4 de agosto de 1936 (Gaceta de Madrid, 5 de agosto), que destituyó a Pedro Pan Gómez como subgobernador primero del Banco de España, destitución que diez días más tarde fue acompañada por la de otros consejeros y altos ejecutivos.

Una vez constituido de nuevo el Consejo del Banco de España, se procedió a hacer lo mismo con el Banco Exterior, suspendiendo «en sus funciones todos los miembros del Consejo de Administración» y nombrando «con carácter transitorio un Comité Directivo» (decreto del 29 de agosto de 1936).[75] Este proceso de depuración de la banca pública continuó hasta disolverse en pocos meses sus consejos de administración, que en todos los casos fueron sustituidos por comités directivos. Así se hizo en el Banco Hipotecario (6 de agosto de 1936, Gaceta de Madrid del 8 de agosto), Banco de Crédito Industrial (13 de octubre de 1936, Gaceta de Madrid del 14 de octubre), Banco de Crédito Local (13 de febrero de 1937, Gaceta de la República del 14 de febrero) y Caja Postal (13 de febrero de 1937, Gaceta de la República del 14 de febrero).

La medida se aplicó también a las cajas de ahorros, aunque en éstas el proceso fue más radical, porque quedaron bajo el control estricto de las centrales sindicales, que eran las que prácticamente llevaban la dirección. Hay algunos ejemplos, sin embargo, de que el Gobierno de la República actuó directamente, decretando la constitución de juntas de gobierno y comisiones gestoras, como ocurrió en las cajas de ahorros de Crevillente, de Jumilla y de Orihuela en enero de 1937, y de Valencia en febrero.[76]

En todo caso, es evidente que estas disposiciones no consiguieron dotar al sistema de la estabilidad que tanto ansiaban los dirigentes republicanos, sino más bien todo lo contrario. Por ello, en noviembre de 1936, poco después del abandono de Madrid por el Gobierno republicano, se modificó de nuevo la composición del Consejo de Administración del Banco de España. La exposición de motivos del decreto refleja con toda exactitud los problemas con que se enfrentaba el ejecutivo, al señalar que el Consejo

… teniendo en cuenta que los elementos que hasta ahora venían constituyéndole no pueden funcionar del modo ordenado precisa, algunos porque han sido declarados suspensos en sus funciones de Consejeros por el Gobierno, otros por dificultades que oportunamente deberán explicar, de incorporarse al ejercicio de su cargo, y ante la imposibilidad de convocar en los momentos actuales a las Juntas de Asociados y general de Accionistas, para la designación de Consejeros representantes de estos… La Administración del Banco de España propondrá al Gobierno de la República el número y los nombres de los accionistas de dicho establecimiento de crédito que puedan y acepten desempeñar los cargos de Consejero del mismo, siempre que posean desde tres meses antes de esta fecha un mínimo de veinte acciones, cuyo número constituirá el afianzamiento que señala el artículo treinta y seis de los Estatutos del Banco (decreto del 21 de noviembre de 1936, Gaceta de la República del 23 de noviembre).

La efectividad de la medida no debió ser suficiente, sin embargo, toda vez que un año más tarde se volvió a ratificar la destitución y nombramiento de nuevos consejeros.[77]

En la zona del Gobierno de Burgos, desarrollo estatutario[78]

El sistema bancario de la zona en poder de los sublevados se inició a partir de los bancos regionales radicados en ella, como el Pastor, el de La Coruña, el Herrero, el Castellano o el Zaragozano, junto con la parte de la red de sucursales de la gran banca que había quedado en esa zona, aunque sin dirección. Y fueron esos bancos regionales el primer apoyo que tuvo la Junta Técnica del Estado para llevar a la práctica, en los primeros momentos, el control sobre los billetes, los depósitos en las cajas de seguridad y las primeras actuaciones.

Desde el punto de vista financiero, y siguiendo directrices de la Junta Técnica del Estado, Galicia se convirtió en el baluarte o caja de seguridad general del sistema, al ser trasladados allí los valores y otros activos de la banca que estaban situados cerca de un frente de batalla y que corrían el riesgo de caer en manos del enemigo. Así se hizo con los del Banco Herrero, Banco Pastor, Banco de La Coruña y Banco Hispano Americano, como testifican los libros de actas de los consejos de administración de estas entidades en 1936 y 1937.[79]

El proceso de recomposición de los consejos en la zona nacional se realizó progresivamente, a medida que se producía el continuo abandono de los consejeros de la zona republicana y su incorporación a la zona nacional, aunque en ciertos casos algunas organizaciones bancarias pasaron previamente por una etapa intermedia de juntas gestoras, juntas de jefes o comisiones de gobierno. El Banco Central fue un ejemplo de ello.[80]

Asimismo, y a través de distintos procesos, los grandes bancos se dotaron de consejos de administración en la zona nacional, fijando sus sedes en Vitoria (Banco de Bilbao), San Sebastián (bancos de Vizcaya, Central, Banesto, Hispano Americano y Popular) y Burgos (Banco Hispano Americano, en domicilio compartido con San Sebastián).

Por su parte, la banca regional de mayor envergadura financiera de la zona nacional mantuvo sus casas centrales en sus plazas originarias. Así ocurrió en los casos del Banco Pastor y del Banco de La Coruña en la plaza de La Coruña, o del Banco Castellano en la plaza de Valladolid, y del Banco Guipuzcoano (desde septiembre de 1936) en la plaza de San Sebastián. Merece una mención especial el caso del Banco Herrero, dados los avatares por los que atravesaron su central y su Consejo de Administración. Esta entidad trasladó su central de la ciudad de Oviedo a la villa de Ribadeo en abril de 1937, y su Consejo se mantuvo errante debido al cerco de Oviedo y a la situación de Asturias en el bando republicano. Así, se reunió en las plazas de Burgos y Salamanca hasta agosto de 1937, en que pasó a la central instalada en Ribadeo, para asentarse en Oviedo desde diciembre de 1937, una vez que Asturias quedó incorporada a la zona nacional.

Desde el primer momento, el Gobierno de Burgos sólo reconoció validez y eficacia jurídica a los órganos de dirección y gestión, y a sus acuerdos, cuando éstos celebraran sus sesiones en su jurisdicción territorial. A estos efectos un decreto ley estableció que no tenían ningún valor las decisiones del Gobierno republicano y del Gobierno vasco, en contra de los acuerdos de los consejos de administración de bancos y otras sociedades constituidas antes del 18 de julio, siendo declarados nulos «los actos, decisiones o acuerdos de los Consejos, Comités, Directores, Apoderados y Administradores, designados al amparo de disposiciones ilegales» de aquellos Gobiernos.[81] Con posterioridad se estableció, con carácter retroactivo, la necesidad de lograr la aprobación del Ministerio de Hacienda para determinados acuerdos de las juntas generales y consejos de sociedades en materias tales como modificación del capital, emisión de obligaciones y distribución de beneficios.[82]

La recomposición de la banca se extendió también a la banca oficial, que se fue articulando a medida que la zona nacional se consolidaba. Los consejeros del Banco Exterior, destituidos por el Gobierno republicano, se reunieron en Burgos a primeros de junio de 1937, atribuyéndose la representación del 70% del capital nominal de la entidad y constituyéndose en Consejo (Bécker, 1988:375). Un mes más tarde se constituyó el Consejo del Banco de Crédito Local, al que siguió en noviembre el del Banco Hipotecario Español. El proceso culminó con la constitución del Consejo de Administración del Banco de Crédito Industrial en marzo de 1938. El final llegó con la orden del 10 de septiembre de 1938 (BOE, 11 de septiembre) por la que se recordaba que desde el 12 de marzo anterior el comisario de la banca oficial ejercía el cargo de gobernador de todos los bancos oficiales, cargo que se formalizaba en ese mismo momento, decretándose que el comisario era de derecho el gobernador del Banco de España, Hipotecario y Exterior, y presidente de la Delegación del Estado en el Banco de Crédito Industrial, y que, en todos ellos, reunía las funciones de representante del Estado y jefe supremo de la administración.

Sin duda, esta reordenación estaba al servicio del objetivo financiero fundamental para el Gobierno de Burgos, que no era otro que el de que los medios bancarios estuvieran en todo momento al servicio del Estado. Esto no obstante, en ningún momento se produjo la estatalización, a pesar de que sí hubo fuertes tentaciones de ello. Aunque esta actitud de permanente utilización del sistema financiero llevó a decretar que los consejos de administración de la banca oficial debían celebrarse en la plaza que en cada momento estuviera domiciliada la sede del Ministerio de Hacienda.[83] Se quería controlar el sistema de cerca, y se le situaba formalmente en las inmediaciones del mando político.

En resumen, la particularidad más destacada de la política bancaria de las autoridades de la zona nacional, en relación con los consejos de administración, residió en que su reordenación se desarrolló basándose en la composición previa de los órganos directivos, que fueron quienes tomaron a todos los efectos las riendas de las empresas. Sin embargo, la intervención del Estado fue en todo momento muy fuerte. Este respeto a la personalidad propia de cada entidad permitió que la actividad de los consejos de administración se desarrollara dentro de la normalidad, y que se pudieran manifestar con libertad sobre los puntos coincidentes y divergentes con la administración, como sucedió en cuestiones tan importantes como la rebaja de los tipos de interés o la Ley de Desbloqueo, cuestiones que, por otra parte, sirvieron al final para demostrar que quien en última instancia ostentaba el poder era el Estado. Pese a todo, la banca privada mantuvo siempre en aquel período un importante grado de autonomía, que estaba radicado en el poder ejecutivo de los consejos de administración.

La cuestión de los profesionales de la banca[84]

Si el organigrama de gobierno empresarial durante la guerra se sustentó, en ambos bandos, en torno a los consejos de administración, no es menos cierto que éstos, a su vez, contaron con unos ejecutivos que, en un escenario de permanente excepción, destacaron por su profesionalidad. Aunque haya que reconocer que el control político sobre empleados y directivos fue notable en ambas zonas.[85] Por su parte, la labor de las centrales sindicales adquirió mayor intensidad en las cajas de ahorros, donde sus representantes ejercieron un estrecho control tanto sobre el personal como sobre la entidad.

El comportamiento del personal fue similar en las dos zonas, destacando en ambas una gran capacidad de sacrificio ante los problemas con los que tuvieron que enfrentarse. Porque, en el marco de la guerra, las tareas de los empleados de las organizaciones bancarias pasaban necesariamente por la convivencia con medidas de seguridad por la cercanía de los combates (como ocurrió en Madrid en la primavera de 1937), o teniendo que asumir tareas extraordinarias de conservación, duplicación y custodia de los documentos contables, especialmente necesarias en aquellas entidades operantes en zonas (como el País Vasco y Asturias) cuyos valores, fondos, depósitos y libros se vieron obligados a una evacuación forzosa. Y fue esa diligencia la que permitió, por ejemplo, que el Banco de Bilbao pudiera abrir de nuevo sus puertas una semana después de que el ejército del Gobierno de Burgos desfilara por las calles de la plaza.

Por lo demás, la guerra civil afectó mucho a los cuadros laborales de las entidades financieras, siendo constantes en ambos bandos los testimonios bancarios sobre empleados desaparecidos, arrestados o fallecidos. Desde el punto de vista político hay que reconocer que el personal medio y directivo de las distintas sucursales actuó en la mayoría de los casos, y en ambos bandos, aceptando plenamente la estructura orgánica y jerárquica existente en cada una de las entidades bancarias, al margen de planteamientos ideológicos. Sólo en muy pocos casos, especialmente en las cajas de ahorros, se politizó la gestión. Sucedió en la Caja de Ahorros de Madrid, donde el representante de la CNT en el Consejo renunció por no poder estar representada su organización en «una institución de tipo burgués». Pero también hay testimonios que ponen de manifiesto comportamientos que confirman una fácil convivencia por encima de las ideologías.[86]

La escasez de personal, motivada por la realidad de la guerra y las llamadas a filas, fue un grave problema para el desarrollo normal de la actividad bancaria, lo que se solventó con la incorporación de temporeros, medida que fue efectiva para puestos medios, pero no para los cuadros directivos, aunque a veces fue posible llegar a soluciones pactadas con las autoridades. Banesto es un ejemplo. Esta entidad manifestaba, en una de las actas de su Consejo, «la dificultad cada vez mayor que se nos presenta por las continuas movilizaciones que se decretan… pues la última corresponde al reemplazo de 1929 y afecta ya al personal directivo… cuya sustitución se hace imposible». Esto sucedía en la zona nacional en septiembre de 1937. Banesto elevó su queja a la Junta Técnica del Estado solicitando una solución. Tras un proceso negociador, que duró hasta abril de 1938, el banco logró que volvieran al servicio 34 empleados pertenecientes al reemplazo de 1929.[87]

En todo caso, los problemas que se plantearon en el desarrollo de la actividad financiera como consecuencia de la sublevación del 18 de julio, tal como sucede siempre en las crisis, pusieron de manifiesto la existencia de grandes figuras de la banca, que destacaron con relevancia singular,[88] poniendo la defensa de los intereses que gestionaban por encima de los suyos personales o de su ideología,[89] lo que les condujo a muchos roces y controversias con las diversas administraciones.

Hay que reconocer, por otra parte, la creciente preocupación del alto personal de los bancos al ver cómo cada día era más difícil desarrollar la actividad bancaria, indispensable para que la economía de cada una de las dos zonas no se derrumbara, y ante lo cual fue reaccionando de forma diversa, según los momentos y las circunstancias. Porque no fue la Junta Técnica del Estado la que planificó y desarrolló la actividad de las entidades bancarias en la zona nacional, ni fue el Gobierno de la República el que lo hizo en su territorio. Fueron los consejeros, los directores generales y el personal de la banca en general los que, en los momentos clave del estallido, mantuvieron o trataron de mantener el ritmo y la naturaleza de esa actividad.

El mejor resumen de lo que sucedió en aquellos momentos, siempre con el sesgo del momento, lo ofrece la valoración que se realizó en el Banesto una vez concluida la contienda:

El panorama que ofrecía, pues, la situación general del país, distaba mucho de ser halagüeño y, por ende, ello se reflejaba lógicamente en todos los aspectos de la vida nacional. La soldadura de los dos trozos en que la guerra había cortado nuestro Banco, fue cosa fácil, dado que el personal directivo que quedó en zona roja, no puso en olvido las normas que, en cuanto a política de crédito y a la marcha administrativa de los asuntos, siempre rigieron en nuestra Sociedad, y con las que estaba compenetrado. Claro es que hubo casos en los que el abuso de la fuerza obligó a conceder cantidades u operaciones, que pugnaban con los intereses del Banco, cosa inevitable en un período como el pasado; pero frente a esos desmanes hay que anotar la defensa tenaz y constante de nuestro personal que hizo cosas que mucho nos afectaban, como la Cartera de Valores, que encontramos centralizada en Barcelona, faltando de ella aquellos de que, por ser Sociedades extranjeras, el Gobierno rojo quiso disponer, y que después se han recuperado… Igual ocurrió con una gran suma de documentaciones de las Sucursales, pues las fueron reconcentrando siempre que fue posible, y así pudimos encontrarlas luego, con lo que la pérdida de éstas se ha concretado a las de aquellas oficinas que sufrieron total destrucción… La representación sindical y obrera en nuestro Banco no invadió la esfera de atribuciones de los administrativos, y se abstuvo de intervenir en la marcha de los asuntos. Para ser justos, hay que recoger también el hecho de que concedió amparo a personas seriamente amenazadas, incluso trayéndolas a vivir en los locales del Banco (Garnica, s.f.).

De idéntica manera, y con las mismas observaciones, es significativa la valoración que el Consejo de Administración del Banco Central hacía el 21 de febrero de 1942, en la Memoria que presentó a la junta general de accionistas:

Los órganos rectores de la Institución que quedaron en zona roja tuvieron que luchar con los graves acontecimientos que en la misma se producían a diario… En semejante ambiente, innecesario sería decir que no fue posible evitar, más que en reducida parte, el desvalijamiento de las Cajas de Alquiler y la sustracción de los valores extranjeros que el Banco y su clientela depositante poseían. Justo es, sin embargo, hacer presente que los Consejeros y altos funcionarios que velaron por la defensa de los intereses de la Entidad durante aquel triste período, se hicieron dignos de vuestra gratitud por el celo y hasta la gallardía con que, afrontando riesgos fácilmente imaginables, se opusieron, en la medida humanamente posible, a los desafueros de todo orden que sucesivamente se producían, como ocurrió, entre otros casos, en el citado desvalijamiento de las Cajas de Alquiler, en las sucesivas órdenes de traslado de los depósitos de valores a poblaciones de Levante primero, y a Cataluña después… La actuación de los representantes de la Entidad hizo posible, entre otros resultados halagüeños, el que el traslado de valores a Cataluña no fuera realizado, pues un deliberado retardar en el cumplimiento de la orden dada por los mandos rojos permitió esperar a que la llegada al Mediterráneo del Ejército Nacional hiciera impracticable que un nuevo despojo se consumara. Gracias a tal medida, nuestra clientela ha podido recuperar íntegramente los valores a que el pretendido traslado afectaba.[90]

Desde el punto de vista político, hay que destacar que la actuación sindical, por un lado, y la intervención del sistema financiero por los dos Gobiernos, por otro, planteó un nuevo problema a los bancos: las depuraciones. Este fenómeno se desarrolló progresivamente, unido al desarrollo militar de la contienda.

Hubo dos olas de depuraciones al personal directivo que había permanecido en territorio bajo control del Gobiero republicano. Una depuración temprana, en la que primó el comportamiento profesional, y los testimonios de los que formaban el círculo más estrecho en el conocimiento y la proximidad física de las personas, y una depuración tardía, que dio entrada a consideraciones políticas de mayor profundidad y a los testimonios de otros círculos.[91]

Los «comandos financieros» como fórmula para regularizar la actividad bancaria[92]

Si la dialéctica de la guerra se desarrolló con avances constantes del Gobierno de Burgos, lógicamente fue la banca ubicada en esta área la que tuvo que hacer frente a la absorción del negocio de la zona contraria. Siempre enfrentándose al objetivo de recomponer las empresas, el negocio, y el propio mercado.

En aquel proceso de recomponer el tejido financiero, se puede definir con bastante precisión un fenómeno al que se podría denominar el de los «comandos financieros». Unos comandos de intervención rápida, que eran los encargados por cada banco de evaluar, controlar y estabilizar la situación de su organización en las sucursales que pasaban a control de las tropas de Franco, desde el mismo momento en que se producía la conquista de la plaza donde esa oficina estaba situada.

La realidad bancaria hacía necesario que antes de asumir el control de una oficina debería conocerse con todo detalle el estado de sus instalaciones, la situación del personal y, especialmente, el estado de los recursos financieros de la sucursal. Y ése era el objetivo del «comando financiero», garantizar que cada sucursal estuviera en condiciones de apertura bajo una nueva dirección, desde el día siguiente a la entrada de las tropas en la plaza correspondiente. Y en esa línea, el canje de una moneda por otra, la disponibilidad de la documentación básica, la atención a la clientela, y la búsqueda de soluciones para los problemas que planteaba la actividad financiera a la población eran sus tareas prioritarias.

Los «comandos financieros» aparecieron por primera vez en noviembre de 1936, cuando los banqueros de Burgos, entendiendo que la caída de Madrid era inminente, y después de sucesivas comunicaciones entre ellos, decidieron enviar una carta mancomunada al general Dávila, a fin de conseguir salvoconductos para que representantes de la banca pudieran entrar en la capital, prácticamente a la vez que el ejército nacional. Su objetivo era «la recuperación de libros, archivos y documentaciones» a fin de que la banca pudiera tener «desde los primeros momentos, a su servicio en Madrid, personal apto y de su plena confianza en todos los aspectos, que pueda hacerse cargo de sus organizaciones en aquella capital».[93] Fue la totalidad de la banca la que tomó parte en el nacimiento de este fenómeno, asumiendo la responsabilidad de hacerse cargo de las oficinas y de sus organizaciones respectivas.

Sin embargo, la esperada conquista de Madrid de noviembre de 1936 no se produjo, y estos planes no pudieron llevarse a efecto. Pero la fórmula de los «comandos» ya había prendido, y toda la banca se aplicó a desarrollar la idea, sin previa concertación, haciéndose cargo cada banco de la revitalización financiera de las unidades de su organización, que las tropas del Gobierno de Burgos iban ocupando.

La realidad es que los «comandos financieros» se utilizaron profusamente, y resultaron de la mayor utilidad.

Los «comandos» recibían órdenes de la propia dirección de la entidad. Testimonios sobre su utilización aparecen en infinidad de ocasiones, en correspondencia, y en actas y notas. La propia Memoria del Banco de España, que también utilizó esos «comandos», resaltaba en diciembre de 1942 la función y contenido de este instrumento:[94]

… la labor realizada por el subgobernador primero, Sr. Artigas, y por los Consejeros señores Céspedes, Conde de Limpias, Aritio y Larraz, que han ido siempre a las plazas liberadas, inmediatamente detrás de las tropas conquistadoras de las mismas, para adoptar sobre el terreno las medidas conducentes al normal funcionamiento de las Sucursales liberadas, lográndose en toda su plenitud esta finalidad.

Es paradigmático el caso del Banco Zaragozano, que llegó al extremo de enviar a su presidente a los frentes de batalla, para entrar en las ciudades «junto a los mandos militares», y proceder directamente a la reorganización financiera de las sucursales de su banco en orden a ofrecer un rápido servicio a la población. El Banco Central siguió un camino similar al Zaragozano. Y se dispone también del testimonio documentado de empleados del Banco de Bilbao, enviados tras las fuerzas italianas, cuando éstas estaban llegando a Santander, con la misión de recomponer las estructuras de las sucursales del banco en cuanto éstas pasaran al control del Gobierno de Burgos. En esta línea, y con carácter general, Larraz intervino el 9 de abril de 1938 en el Consejo General del Banco de España solicitando «que se tengan preparados 40 o 50 funcionarios… que conociendo perfectamente los problemas que se han de presentar, puedan, llegado el caso, desplazarse a las regiones liberadas, y contribuir eficazmente a la reorganización económica y monetaria como directores de equipos».

En lo que a la República se refiere, parece que esa fórmula también se utilizó en Teruel, la única capital de provincia conquistada por el ejército republicano. Así lo demuestra el acta del 1 de enero de 1938 del Consejo General del Banco de España republicano, donde se puede leer que se tomó el acuerdo de contribuir «a la normalización inmediata de la vida comercial de la sucursal de Teruel, teniendo preparado un equipo de funcionarios del establecimiento dispuesto a salir para aquella capital en el momento de recibir el banco el correspondiente aviso».

La permeabilidad informativa entre las dos zonas[95]

El desgarro del sistema financiero en dos áreas, que se produjo el 18 de julio, no significó la incomunicación absoluta entre ellas durante la guerra, al menos en lo que al intercambio de información se refiere. No es ésta, por el momento, una materia sobre la que se dispone de documentación suficiente para llegar a niveles mínimamente concluyentes sobre la dimensión que pudo alcanzar ese fenómeno. Pero existen claros indicios que permiten apuntar la realidad de esa comunicación y, al menos, algunos de sus perfiles.

Así, y dentro de un marco muy difuso, y con muchos claroscuros, puede afirmarse que la intercomunicación entre ambas zonas, al menos desde Burgos, como cabecera, se produjo desde el primer momento. Comenzó a partir de las muchas de las personas que habían huido de la zona republicana con motivo de la sublevación y que, al margen del conocimiento de la realidad que ellas mismas tenían, pudieron dejar establecidos canales más o menos clandestinos, pero, en todo caso, reales y eficaces para pasar información sobre lo que «estaba pasando».[96] E incluso, puede afirmarse que en algunos casos fueron las propias instituciones, especialmente las financieras, las que definieron formalmente, a lo largo del tiempo, canales de comunicación entre sus oficinas de las dos áreas.

Los indicios de la existencia de una comunicación institucional organizada entre las zonas republicana y nacional son, en algunos momentos, bastante precisos. Ejemplo paradigmático lo constituye la comunicación del Departamento de Hacienda del Gobierno vasco al presidente de la Asociación de Bancos y Banqueros del Norte de España del 15 de enero de 1937, en la que se establecía formalmente la conexión financiera entre las dos zonas, a través de la siguiente fórmula:

Con objeto de dar facilidades a la banca local para sus comunicaciones postales, tanto con territorio leal en poder del Gobierno Legal de la República, como con territorio en poder de los facciosos, este Departamento de Hacienda recomienda a la banca expida en lo sucesivo su correspondencia por conducto de este Departamento, a la Delegación de Euzkadi en Bayona, Avenue du Marechal Foch 8, la cual se reexpedirá a su destino. Con el mismo objeto, conviene que los Bancos instruyan a sus sucursales para que su correspondencia dirigida a Bilbao, la expidan por intermedio de la citada Delegación de Euzkadi.

Ante una comunicación como ésta, es necesario suponer que el Gobierno vasco no hacía más que oficializar, o dar una solución operativa, a lo que con toda seguridad era una necesidad de la banca, en este caso de la residente en el País Vasco. En este sentido, no se debe pasar por alto el significado de la expresión «sus sucursales».

De una u otra forma, la banca se fue dotando en cada caso de una organización que impidió que las oficinas quedaran fuera de servicio. Es emblemático el caso del Banco Español de Crédito, en cuanto a la coordinación de ambas zonas, que desde un principio se dotó de dos organismos paralelos para dirigir la entidad: uno situado en Burgos, y otro en Madrid, en un proceso que fue dirigido y coordinado por el presidente de Banesto, Pablo Garnica, desde Bayona.[97]

Hay constancia también de la existencia de comunicaciones regulares, aunque no se ha podido documentar el tipo de mecanismos a través de los cuales se producían éstas. Un ejemplo es el conocimiento que en todo momento se tuvo en el Banco de España de Burgos de lo que en el terreno monetario sucedía en la otra zona, lo que permitió reconstruir con detalle, y casi en tiempo real, la operación republicana de movilizar las reservas de oro del Banco de España. También hay indicios de interconexión entre directivos bancarios de ambas zonas a título personal,[98] así como de otros mecanismos de comunicación, difíciles de percibir, que sin duda existieron, y de los que hay algunas muestras.[99]

CAJAS DE AHORROS

Las cajas de ahorros en la guerra civil[100]

La actividad y la dirección política de las cajas de ahorros durante la guerra civil hay que enjuiciarla y valorarla en el contexto histórico, y en los objetivos en los que habían venido operando desde el año 1835, en el que se crearon las cajas. Porque, desde aquel mismo momento, éstas se vieron obligadas a una continuada lucha para evitar una excesiva injerencia de los poderes públicos sobre sus formas de gobierno y sobre sus actividades, así como a la búsqueda de mecanismos en su enfrentamiento, igualmente permanente, con la banca.[101] Y en este defenderse permanentemente de los poderes públicos y de la competencia con la banca, así como avanzar en sus reivindicaciones, en la historia de las cajas de ahorros han existido momentos especialmente importantes. La guerra civil fue uno de ellos.

Por eso y para mejor entender lo que la guerra civil supuso para las cajas y poder interpretar los movimientos que se produjeron a partir de 1936, es necesario hacer un poco de historia y referirse al real decreto ley del 9 de abril de 1926, por el que las competencias gubernamentales sobre las cajas de ahorros pasaron del Ministerio de la Gobernación al de Trabajo, Comercio e Industria, en el marco de la nueva orientación social que las autoridades pretendían dar a las cajas. Para lograrlo, se aprobaron una serie de medidas. Se estableció un coeficiente de inversión obligatorio, por el cual las cajas de ahorros estaban obligadas a invertir al menos el 50% de las imposiciones en valores públicos del Estado. Se prohibió también realizar operaciones financieras de carácter mercantil, mantener cuentas corrientes, y hacer transferencias de fondos, operaciones que quedaban asignadas en exclusiva al sistema bancario. Así pues, se redujo de manera notable el campo de actuación de las cajas, asignándoles un papel muy secundario en el sistema financiero. Y esto cerró sus posibilidades de crecimiento y desarrollo en el futuro.

La dirección de las cajas estaba convencida de que en esa disposición había intervenido muy directamente la banca, a través del Consejo Superior Bancario, y su primera reacción fue crear un organismo de representación del conjunto de las cajas, similar al que tenía la banca, y del que no se habían dotado hasta entonces. En mayo de 1928, ya disponían de una Confederación Española de Cajas de Ahorros Benéficas (CECA), cuyo primer objetivo fue tratar de cambiar la desfavorable legislación sobre el ahorro (Torres Villanueva y Comín Comín, 2005:51).[102] En 1929 se dictó un nuevo real decreto ley por el que se aprobaba un nuevo Estatuto General de Ahorro Popular, que consagró la diferenciación, tal como pretendían las cajas, de dos tipos de entidades de ahorro: las cajas generales de ahorro popular, y las entidades particulares de ahorro popular. Este estatuto fue suspendido por el Gobierno provisional de la Segunda República, y sustituido en 1933 por otro.[103] Pero en él quedaba ya muy definido el que las cajas eran entidades de carácter «benéfico-sociales», que complementaban la actividad social del Estado. Se consolidaban las inversiones de carácter obligatorio, estableciéndose un límite del 30% en los depósitos de ahorro. Y se fijaba un mínimo del 50% de los beneficios que debían de aportar a la obra social.[104] Pero lo fundamental de este estatuto fue que, a partir de ese momento, quedó muy clara la definición institucional del sistema, lo que permitía diferenciar a las cajas de ahorros de las restantes entidades crediticias y de ahorro. También se definió en este momento el tipo de inversiones que las cajas podían hacer, siempre con un criterio eminentemente social, aunque ya se destacaba con claridad su naturaleza financiera (Titos, 1991:24 y ss.).

Como apoyo a esta nueva situación, se creó el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorros (ICCA),[105] un banco de cajas cuyas competencias respondían a viejas reivindicaciones. Posteriormente, el decreto del 3 de mayo de 1935 dispuso la dependencia de las cajas del Ministerio de Hacienda en cuanto a sus funciones económicas y bancarias, aunque conservando su dependencia del Ministerio de Trabajo en lo relativo a sus funciones benéficas y sociales.[106]

Las competencias del ICCA eran las siguientes:

Prestar apoyo a las cajas para solventar cualquier dificultad económica de carácter transitorio.

Favorecer el concurso aunado de las cajas a la obra social del Gobierno.

Intermediar en la negociación de valores de las cajas.

Facilitar el giro y transferencia de fondos y libretas entre cajas,

Oficiar como agencia de las cajas en imposiciones y reintegros.

Emitir cédulas, con garantía del patrimonio social.

Asumir la representación de las cajas en las juntas generales de accionistas (a partir de 1934).

La realidad fue que, llegado el 18 de julio de 1936, el ICCA apenas había desarrollado las importantes competencias que se le habían concedido.[107] Incluso hubo un momento en que el Ministerio de Hacienda consideró oportuno, para armonizar la política financiera, crear un órgano que coordinara la actuación de la banca privada y la de las cajas de ahorros, creando una Comisión Especial de Crédito y Ahorro, que integrara a ambos. Pero no pudo ser, porque la banca aceptó la propuesta, pero pretendió que su representación tuviera el doble de componentes que la de las cajas. Éstas no aceptaron, y solicitaron del Ministerio de Hacienda la creación de un Consejo Superior de Cajas de Ahorros, del tipo del que disponían los bancos, pero dependiendo del Ministerio de Trabajo, separándose así de la tutela de la banca (Forniés Casals, 1989:15).

Y éste era el punto de partida legal del sistema español de cajas de ahorros en vísperas de la guerra. Por lo que respecta a su realidad, desde el punto de vista cuantitativo, en 1935 los depósitos de las 85 cajas de ahorros confederadas ascendían a 2.672 millones de pesetas con un crecimiento en aquel año del 11,33%.[108]

Las cajas se estaban enfrentando, en los momentos en que la guerra civil se inició, al problema de su supervivencia y a una nueva etapa en su batalla contra la banca. Sobre cómo se comportaron, unas y otras durante la contienda, no existe mucha información, aunque sí la suficiente como para poder dar una respuesta sobre ello en términos válidos para los propósitos de este trabajo.[109] La actividad de las cajas de ahorros españolas en los dos grandes espacios territoriales se estudia en los epígrafes que siguen.

La Confederación de la República

La guerra civil produjo también una división en dos del sistema de las cajas de ahorros, de manera que la Confederación, su órgano de representación y coordinación, quedó dividida también. Una parte representaba los intereses de las cajas que estaban situadas en territorio que había permanecido el 18 de julio leal al Gobierno. Y otra integraba a las que se ubicaban en la zona en la que había triunfado la sublevación. Las principales cajas de ahorros quedaron desde el principio en territorio bajo control republicano.[110]

La Confederación Española de Cajas de Ahorros Benéficas de la República (CECA) se constituyó el 31 de agosto de 1936 en Madrid, convocada en sesión extraordinaria, para considerar los problemas que estaba planteando la separación en dos mitades del país, y la política que debería seguirse en tan especial situación. En aquellos momentos integraba a las 40 cajas situadas en territorio republicano. La sesión contó con un escaso número de asistentes y, aunque no se alcanzaba el quórum que fijaban los estatutos para tomar decisiones, acordaron darse por constituidos, dadas las especiales circunstancias por las que atravesaba el país.[111] Éstos fueron los acuerdos más importantes:

— Expresar al Gobierno de la República la convicción republicana del grupo constituido y su propósito de hacer ostensible la adhesión de todos y cada uno de los organismos confederados y de las personas que los integraban.

— Proponer al Gobierno la designación de un comité directivo compuesto por cinco miembros (tres vocales de las cajas de ahorros y dos vocales del ministerio) que asumieran las facultades que los estatutos y el reglamento de la CECA asignaban a la comisión permanente.

— Pedir al Gobierno que se aplicara al personal que trabajaba en las cajas el decreto del 21 de julio de 1936, que establecía el cese de los que «hubieran tenido participación en el movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos del Régimen».[112]

— Solicitar del Gobierno que se regulara la supresión de patronos hereditarios y eclesiásticos en los organismos directivos de las cajas de ahorros, dejando en suspenso los de carácter vitalicio.

— Declarar en suspenso al personal de la CECA, abriendo un período para que los que así lo desearan solicitasen su reingreso, que sería concedido o no según las circunstancias de cada caso.

Por lo que respecta al ICCA, éste también fue intervenido por las autoridades republicanas, y al igual que la CECA, y a la vez que ésta, fijó su residencia sucesivamente en Valencia y Barcelona. Durante los años de la contienda, las únicas operaciones que practicó fueron el cobro de los cupones de los títulos de su cartera, y el pago de algunos reintegros de escasa cuantía a las cajas de ahorros ubicadas en otras plazas de la zona republicana.

Durante el período de la guerra, destacó especialmente la Caja de Ahorros de Madrid, controlada por representantes del Frente Popular, que mantuvo durante toda la contienda su actividad ordinaria en la capital de España, aunque abrió delegaciones en Valencia y en Barcelona, cuando a estas ciudades se trasladó el Gobierno. Ofreció sus instalaciones para establecer hospitales de urgencia, aportó donativos a diversas organizaciones de combatientes, y en todo momento se puso al servicio de la Junta de Defensa de Madrid. Colaboró en todo momento con el Gobierno y continuó su actividad ordinaria pese a padecer problemas de retiradas de fondos durante 1936 y 1937.

En esta misma línea se comportaron la Caja de Ahorros de Barcelona, la de la Diputación y la de Pensiones para la Vejez, las tres mayores cajas que operaban en Cataluña. Para su control, en agosto de 1936, la Generalitat estableció una comisaría general de intervención de las actividades bancarias, bursátiles y de ahorro, que tenía representantes en cada entidad. Posteriormente, las cajas catalanas dependieron de la Consejería de Finanzas y de un Consejo General de Ahorro, que se ocupaba de dirigirlas. Las cajas catalanas sufrieron también el problema de la retirada de depósitos.

Las cajas guipuzcoanas apenas permanecieron dos meses en la zona republicana, y las vizcaínas estuvieron hasta junio de 1937. Tanto unas como otras tuvieron que hacer frente también a la retirada de depósitos y al expolio de una parte importante de los activos de sus respectivas entidades.[113]

La Confederación del Gobierno de Burgos

Por lo que respecta a las cajas de ahorros que quedaron radicadas en la zona en la que triunfó la sublevación, éstas reconstituyeron la Confederación Española de Cajas de Ahorros el 24 de agosto de 1936, unos días antes de que lo hiciera la República. En ese momento, en el territorio controlado por los sublevados desarrollaban su actividad 45 cajas de las 85 que existían en España. Todas ellas fueron muy pronto puestas al servicio de los intereses del ejército sublevado y de la economía de la retaguardia, bien por decisión expresa de sus órganos de gobierno, o mediante la intervención directa de las autoridades.[114] La convocatoria para la reconstitución se hizo en Burgos,[115] y la primera propuesta que se planteó a los convocados fue constituir en esa ciudad una comisión ejecutiva, que debería ocuparse de los asuntos de las instituciones convocadas hasta que, «triunfante el Nacional Movimiento Salvador de España, pueda el comité ejecutivo de la Confederación Española de Cajas de Ahorros Benéficas (CECA) reanudar su normal funcionamiento». Y allí mismo se constituyó.[116] Su primera decisión fue llevar a la Junta de Defensa Nacional los siguientes acuerdos:

— Pedir la unificación del mando de las sucursales del Banco de España en las provincias ocupadas por los sublevados, para establecer la adecuada coordinación, en cuanto a las disponibilidades de dinero «físico» en cada una de ellas, con el objetivo de poder atender las necesidades de tesorería de las instituciones de crédito.

— Mantener la última cotización oficial de los valores públicos del Estado, a los efectos de la pignoración en el Banco de España de los que se conservaban en cartera en las distintas cajas de ahorros.

— Mantener, mientras durasen las circunstancias extraordinarias existentes en aquel momento, las medidas excepcionales de disponibilidad máxima en libretas de ahorro y cuentas corrientes.

— Solicitar que las cajas pudieran pignorar sus carteras de préstamos hipotecarios en el Banco de España.

La nueva comisión ejecutiva se estableció en la sede de la Caja de Ahorros Municipal de Burgos. Según Comín Comín (2008: 173 y ss.), que ha estudiado con profundidad la historia de las cajas durante la guerra civil, la actividad de la comisión hasta finales de 1936 fue muy escasa, y hubo que esperar hasta 1937 para que el nuevo órgano, a la vista de los problemas que se estaban creando, creyera oportuno regular la situación de las cajas y sucursales situadas en los territorios que se iban conquistando con el avance de las tropas, así como preocuparse de intervenir en aquellas cuestiones que afectaban con carácter general a las cajas.

Lo primero fue conseguir que se regulara el funcionamiento de las federaciones regionales de las cajas de la zona bajo control del Gobierno de Burgos, para consolidar la organización. Y el 12 de agosto de 1937 se creó la Comisión Consultiva de las Cajas Generales de Ahorro Popular, dependiente de la Comisión de Trabajo de la Junta Técnica del Estado.[117] A esta Comisión se le asignó la tarea de articular las relaciones Estado-cajas, en aquellos críticos momentos. Se trataba de que las cajas pudieran salir de la órbita de influencia de los bancos y tener un trato diferenciado de la administración.[118] A comienzos de 1938 se estableció que las cajas de ahorros dependieran del Ministerio de Organización y Acción Sindical, con lo cual consolidaban más su alejamiento de la estructura bancaria.

Hubo proyectos ofrecidos por el Gobierno a las cajas, que no fueron demasiado del agrado de éstas, algunos de los cuales se impusieron bajo condiciones poco favorables. Por ejemplo, los préstamos con garantía de la honorabilidad y confianza basados en la competencia en el trabajo, algo que demandaba el Fuero del Trabajo y que el Ministerio de Organización y Acción Sindical planteó a la CECA en mayo de 1938 (Torres Villanueva, 2008:797). Otra invitación, no bien vista por las cajas de ahorros, fue la colaboración que se les requirió desde el Servicio de Regiones Devastadas y Reparaciones para financiar las reconstrucciones que se llevaran a cabo.[119]

Tuvo en su momento importancia el debate que se abrió sobre los tipos de interés. A los bancos les interesaba en aquellos años abaratar el precio del dinero, por lo que trataban en todo momento de imponer tipos de interés bajos. Las cajas trataban de conseguir tipos más altos para fomentar el ahorro, lo que constituía la principal fuente de su actividad. En agosto de 1935 las cuentas corrientes a la vista devengaban un interés del 1,25% y las libretas ordinarias de ahorro el 2,50%. Al iniciarse la guerra civil se estableció un tipo de interés del 0,50% para las cuentas corrientes a la vista y del 2% para las libretas de ahorro. Pero en abril de 1938 se reunió el Consejo Nacional de Crédito, donde ya estaban representadas las cajas de ahorros, y acordó que fueran elevados conforme a los deseos de éstas, fijándose en el 1% las cuentas corrientes a la vista.[120] Y estas batallas se ganaron porque, en un momento de tensión financiera del Gobierno de Burgos, buscando a toda costa facilidades para financiar la contienda, las cajas de ahorros hicieron un esfuerzo importante ayudando a esa financiación. Sin duda se vieron compensadas con una mayor capacidad de diálogo con el Gobierno.

En la definición del futuro de las cajas de ahorros tuvo excepcional importancia la celebración, en octubre de 1938, de una Asamblea General en Salamanca, que agrupó a todas las que, a la fecha de su celebración, se integraban en aquella organización, que en aquel momento ya eran 52. A la Asamblea concurrieron 42. Entre todas ellas sumaban casi 1.230 millones de pesetas por depósitos, menos de la mitad de los depósitos totales de las cajas confederadas a 31 de diciembre de 1935.

En esa Asamblea se debatieron las grandes cuestiones que afectaban al funcionamiento de las cajas. El contenido de aquel debate suministra hoy mucha información sobre cuál era realmente su situación financiera en aquellos momentos, y cuáles los problemas que deparaba el futuro. Porque allí se planteó que el atesoramiento de los primeros meses de la contienda, así como las dificultades de acceso al crédito del Banco de España, habían creado dificultades en atender la demanda extraordinaria de reintegros de la clientela.[121] Pero, por otra parte, la drástica disminución de préstamos hipotecarios, personales y pignoraticios, que se había producido, estaba causando un déficit de inversión, que pesaba en las cuentas de explotación. Para remediarlo, se solicitaba del Gobierno de Burgos la emisión de deuda pública, que pudiera absorber el exceso de disponibilidades.

Se debatió también la anormal situación que producía la existencia de organizaciones que, «con su mismo nombre y con personal huido, venían operando en territorio republicano, con todos los perjuicios y responsabilidades que esto suponía». Y se estudió así la cuestión de las cajas que actuaban en territorio republicano, en relación con la legalidad de las actuaciones de sus dirigentes, y la validez de las operaciones hechas, que comportaban la pérdida de valores, alhajas y documentación. Elevando el nivel de su problemática, y tratando de definir una política a largo plazo, la Asamblea estudió también cuestiones como lo que podrían representar en el futuro las medidas de bloqueo impuestas por el Gobierno de Burgos, o la alta inflación que se estaba desarrollando, algo que terminaría siendo muy perjudicial para las cajas.

En la Asamblea de Salamanca también se estudiaron cuestiones como la «Colaboración de las Cajas en la labor de asistencia patriótica al Estado y a los que defienden la Causa Nacional» o «El encuadramiento nacional sindical de las cajas de ahorros».

Pero el verdadero triunfo de las cajas, y el éxito de lo que venía siendo reivindicación constante en relación con su posición en el sistema financiero español, se logró a lo largo del año 1939. El 6 de septiembre de ese año, ya finalizada la guerra, se publicó una orden que aceptaba que las cajas de ahorros eran instrumentos de crédito de carácter popular, encaminados a satisfacer necesidades del pequeño productor y propietario modesto, además de su función principal en cuentas de ahorro.

Ello significaba reconocer que las cajas contarían en el futuro con sucursales o agencias en todos los núcleos de población superiores a 4.000 habitantes, así como en aquellas capitales de provincia en donde no hubiera caja, debería crearse una por la Diputación Provincial. Y de esta manera las cajas salieron fortalecidas como instituciones.

Se alejaban de la tutela de la banca privada, y tenían su expansión asegurada (Forniés Casals, 2006:98).

En todo caso, las cajas de ahorros fueron protagonistas destacadas en cuanto a la financiación de la guerra. Colaboraron con las autoridades en campos como la recogida de oro y divisas, contribuyeron a las suscripciones públicas a favor de combatientes y de la causa de los sublevados, cedieron inmuebles de su propiedad para servicios públicos y de guerra, sostuvieron hospitales, pagaron subsidios a las familias de los combatientes, condonaron créditos por empeños, y aportaron fondos a la Cruz Roja y a los refugiados. También hicieron donativos a los comedores de caridad y contribuyeron a las diversas campañas en favor del soldado.[122] En esta colaboración destacó especialmente la Caja de Ahorros Provincial de Navarra, que puso su patrimonio a disposición del general Mola en los momentos más decisivos de la sublevación y que cubrió diversos frentes financieros en favor de ella.[123] De estas ayudas, salvo excepciones, poco ha quedado documentado.

NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO. EL STATU QUO[124]

Finalizada la guerra, se inició el proceso de normalización del sistema financiero español. Y éste, tanto en conjunto como en sus distintos componentes, recobró pronto su unidad e integridad después de que cada una de las entidades hicieran esfuerzos para restaurar la unidad orgánica entre las sedes centrales y sucursales, reconstruir la contabilidad y las sucursales físicamente dañadas, y recobrar los documentos y valores que se vieron forzados a evacuar.

Sin embargo, el proceso de estabilización de las empresas bancarias, y su reacomodo a un mercado interior unificado, no supuso una actuación típica de libre mercado. En primer lugar, por el contexto de la posguerra, en la que primaba la reconstrucción económica. Pero también por el talante intervencionista del nuevo Estado. Y fueron estos factores los que hicieron posible el establecimiento de lo que se vino a llamar el «statu quo bancario», que no fue sino la aplicación a las empresas bancarias del control que el nuevo Estado estaba imponiendo sobre toda la realidad española.

El statu quo, regulado por la orden del 19 de octubre de 1939, estableció un numerus clausus para los bancos operantes en España. Y así, en primer lugar, se regularon las licencias concedidas antes del 18 de julio de 1936 por el Consejo Superior Bancario «a Compañías y personas individuales, bien para utilizar el nombre de Bancos o banqueros, o ya para establecer Sucursales o Agencias, de cuyas autorizaciones, hasta la fecha, no se hizo uso».

En 1939 la situación de la banca era compleja, y los desequilibrios bancarios entre entidades y entre plazas obligaron al Ministerio de Hacienda a dejar sin valor aquellas autorizaciones que no se hubieran ejecutado, estableciendo:

Toda transferencia de negocio de banca efectuada en lo sucesivo, así como cualquier modificación en la constitución de Empresas bancarias que implique cambio de su naturaleza jurídica, requerirá, para surtir efectos en el orden bancario, la previa aprobación de este Ministerio.

Esta orden tuvo vigencia hasta 1940, cuando, por decreto del 17 de mayo se prohibió la apertura de nuevos bancos, agencias y sucursales, así como su traslado. El preámbulo de esa disposición sintetizaba los principios intervencionistas del Estado:

Fiel el Estado al principio de la iniciativa privada que consagró el Fuero del Trabajo, debe, no obstante, regular el nacimiento y modificaciones ulteriores de los órganos bancarios del país, por la trascendencia que para la economía nacional supone el funcionamiento de los mismos… Por ello, el Estado no ha de permanecer indiferente ante las corrientes de creación de nuevos Establecimientos de crédito, ni ante aquellas otras que propenden a originar absorciones, fusiones o expansiones… la Administración financiera del Estado ha venido sosteniendo desde la guerra de liberación el criterio de mantener el «statu quo» bancario de mil novecientos treinta y seis, ínterin se termina el desbloqueo, con el fin de que la reorganización que proceda se opere en el momento no inoportuno ni extemporáneo.

Posteriormente, por ley del 30 de diciembre de 1940, se estableció una salvedad al señalar que, previa autorización del Consejo de Ministros, y «por razón de interés o conveniencia nacional o de Estado», se podían abrir sucursales, así como dentro de una misma plaza se podrían efectuar traslados de sucursales, «cuando no supongan aumento del número de Sucursales o Agencias de un Establecimiento y estuvieran promovidos por insalubridad, ruina, demolición o cualquier otra causa». Siempre previa autorización del Ministerio de Hacienda.

Poco a poco, se fue imponiendo la normalidad. Y una ley del 17 de octubre de 1941 dio algunos pasos hacia una mayor liberalización: «llegado el momento de levantar algunas de las limitaciones que, en relación con la vida bancaria… si bien manteniendo, en determinados aspectos, aquella intervención estatal que los tiempos y las circunstancias imponen».[125] Se derogó así el artículo primero del decreto del 17 de mayo de 1940, liberalizando las ampliaciones de capital bancario,

… se reintegran plenamente a los órganos de gestión y administración de las empresas bancarias las facultades que estatutariamente les correspondan en materia de ampliaciones de capital, dividendos pasivos y puesta en circulación de acciones.

Por otro lado, sin embargo, se impuso una limitación en el reparto de dividendos activos, limitación que se mantendría por muchos años.[126] El proceso de liberalización continuó hasta que el decreto del 12 de diciembre de 1942 permitió la movilidad de los bancos dentro de una misma plaza, en cuanto al traslado de sus sucursales y agencias, facultando la «instalación y apertura de agencias urbanas, como oficinas dependientes de otra principal ya existente dentro de una plaza, mediante autorización que concederá la Dirección General de Banca y Bolsa». También se autorizaron los convenios interbancarios para el intercambio de sucursales, siempre que no significaran un aumento del número de sucursales de cada empresa ni el de número de oficinas de cada plaza. Una situación que se mantuvo en los dos años siguientes, hasta que el sistema bancario privado empezó a recuperar su capacidad legal para abrir nuevas sucursales y ampliar el radio de acción de su negocio.[127]

La primera actuación en relación con la moratoria en la presentación de balances, que se había establecido durante la guerra, se produjo en 1940.[128] Pero se exceptuaba a «los Establecimientos de crédito y de seguros con sede central, o una o más sucursales, en territorio que padeció el dominio marxista y en los que haya de aplicarse la Ley de Desbloqueo de siete de diciembre de mil novecientos treinta y nueve». Y, como consecuencia, la gran banca con sede en Madrid, la importante banca de Cataluña, la del País Vasco y la de la costa levantina no pudieron cerrar sus balances por la aplicación de la Ley de Desbloqueo hasta 1942.[129]

En cuanto al sistema bancario en el exterior, éste no exigió una refundición traumática ni difícil. Los pleitos a que la confrontación había dado lugar se fueron cerrando, poco a poco, con sentencias favorables a las reclamaciones de la banca desde la zona nacional. Sin embargo, la situación de estrangulamiento económico a que les había llevado la imposibilidad de disponer de divisas, y el clima prebélico y bélico europeo, con un comercio exterior que se iba endureciendo y que se bilateralizaba, hizo su andadura precaria y difícil.

Por lo que se refiere a Francia, ante el nulo efecto de las constantes actuaciones de la banca española para conseguir divisas que aliviasen la deplorable situación financiera de su red exterior, en abril de 1939, una vez agotadas todas las gestiones posibles, se solicitó al Ministerio de Hacienda que se autorizase a pagar en pesetas a los acreedores residentes en España que lo admitiesen. Conseguida la autorización, la situación se desbloqueó y se encaminó hacia la resolución, al aceptar el Gobierno español garantizar las deudas en Francia. Con fecha 25 de noviembre de 1941 se levantó la quiebra de la sucursal del Banco de Bilbao en París, y el 18 de enero de 1942 el síndico hizo entrega de esa sucursal al director nombrado por el Consejo Estatutario del Banco de Bilbao antes del inicio de la guerra civil española.[130]

En todo caso, la contienda española tuvo graves efectos para la vida de la única sucursal de la banca privada en París. La sucursal tardó muchos años en despegar nuevamente, viviendo una década muy oscura en los años cuarenta. Su clientela tradicional desapareció. Sus operaciones de participación en créditos sindicados, aseguramiento de emisiones de obligaciones y actividad de arbitrajes, dejaron de existir. Se cerró un capítulo importante en la vida de dicha sucursal, que tuvo que meditar profundamente sobre la nueva reorientación que había de dar a su actividad para seguir siendo útil en un entorno marcado por la guerra mundial y por la posguerra.

En cuanto a Londres, cuando la red bancaria española se encontró al borde del colapso, se produjeron algunas disposiciones en el Reino Unido, estableciendo medidas de regulación de cambios, de transacciones con el exterior y de moratoria de pagos, que permitieron que esa red siguiera abierta y funcionando en régimen de supervivencia. Pero también en este caso las consecuencias de la guerra civil fueron enormemente destructivas para el patrimonio y prestigio de la banca española. El decenio de los años cuarenta fue una etapa de clara atonía, como consecuencia de la situación especial en el período 19361939. Por otra parte, el período de autarquía que se inició al final de la guerra civil ocasionó que la expansión internacional de la banca española se paralizase. Éste fue el caso del Banco Exterior de España, que tuvo que congelar todos los planes de desarrollo de su red en el extranjero y adaptarse a la reordenación del sistema administrativo que regularía las relaciones comerciales con el exterior.

En todo caso, el análisis de la normalización en materia bancaria pasa necesariamente por la consideración de lo que en su momento representaron la ley del 13 de marzo de 1942, en su sentido de intervención efectiva del Banco de España, y la Ley de Ordenación Bancaria del 31 de diciembre de 1946, como pasos previos a la nacionalización del Banco de España en 1962.

La ley del 13 de marzo de 1942 sirvió para regular la liquidación del ejercicio económico 1936-1941 del Banco de España, pero su contenido era mucho más amplio. El Gobierno del Banco de España quedó, a partir de este momento, en manos de la Delegación del Gobierno, compuesta por el comisario de la banca oficial y dos técnicos, el primero nombrado directamente por el Ministerio de Hacienda, y el segundo, por el director general de Banca y Bolsa. Estos técnicos pasaron a formar parte del Consejo de Administración, con lo que la representación del Gobierno se elevó de tres a cinco consejeros, ostentando ambos las vicepresidencias, primera y segunda. El director general de Banca y Bolsa asumió la Jefatura de Inspección. La Delegación tenía entre sus facultades la de «suspender la ejecución de cualquier acuerdo que, a su entender, esté en contradicción con los intereses generales cuya defensa le compete». Este veto se vio complementado con la creación de la Inspección del Estado en el Banco de España, en sustitución de la Inspección de Contabilidad del propio banco, inspección que dependía del director general de Banca y Bolsa.

Todo ello supuso otro paso hacia un mayor control del Banco de España por el Estado, como previo al que definitivamente se dio cuatro años más tarde, con la nueva Ley de Ordenación Bancaria del 31 de diciembre de 1946. Esta ley tenía como motivo formal la terminación del plazo del privilegio de emisión de billetes a favor del Banco de España, reorganizaba este banco, establecía las bases del sistema de emisión y establecía el estatuto de la banca privada.

A partir de todo esto, la banca oficial tuvo un papel cada vez más dependiente del Ministerio de Hacienda y de sus direcciones generales. Aunque lo más importante fue que esta ley consagró definitivamente el control gubernamental sobre la banca privada. El decreto ley del 7 de junio de 1962 nacionalizaría el Banco de España.

XII
Financiación interior

LA NOTA OFICIAL DEL GOBIERNO DE BURGOS SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA CONTIENDA

Cuando se habla de la financiación de la guerra civil española, es necesario distinguir, para mejor entender esa situación, entre la financiación regular y la irregular. Características de una financiación regular son su oficialidad y el que, en cierto modo, deja rastro, implica formalmente a algunas instituciones y, según los momentos y las circunstancias, es susceptible de un control a posteriori. Fue financiación regular la proveniente de las consignaciones presupuestarias, los anticipos solicitados al Tesoro, y el endeudamiento interior y exterior, al menos hasta ciertos límites.

Las características de la financiación irregular son, precisamente, la negación de las anteriores. No tiene carácter oficial y normalmente no deja huella, tiene muy poca transparencia y no es susceptible de ser controlada. Financiaciones irregulares durante la guerra fueron los donativos, las suscripciones y el producto del desvalijamiento de las cajas de alquiler y las incautaciones, entre otros.

La primera información realista sobre la financiación de la guerra, en su versión oficial, se dio a conocer por el Gobierno una vez terminada ésta, y fue publicada en el BOE el 4 de agosto de 1940, bajo el título «Resumen provisional sobre la evolución de la Hacienda Pública desde el 18 de julio de 1936 hasta el presente». En este resumen se ofrecía, aunque con un cierto desorden, información hasta entonces desconocida sobre la financiación de la guerra:[1]

Suspendida desde julio de 1936 la publicación de los datos financieros, el Gobierno quiere iniciar en este punto la restauración paulatina de la normalidad con la presente exposición. Este documento no es una información del proceso de la economía española durante los últimos cuatro años. Es puramente, un esquema de la evolución de la Hacienda en dicho período… Conviene advertir que las cifras son en muchos casos provisionales y en otros aproximadas, pero en todos de valor.

Durante años y años esa «nota» ha constituido la más importante, y prácticamente la única, información sobre cómo se financió la guerra, y fundamentalmente se refiere a la Hacienda del Gobierno de Burgos, aunque también se ofrece en ella información fragmentaria sobre la Hacienda de la República.[2]

En todo caso, el estado provisional de ingresos y pagos del Tesoro que en 1940 se podía ofrecer a la sociedad española, en relación con los que se habían producido durante la guerra civil, era el siguiente:

El déficit se fue cubriendo con anticipos del Banco de España al Tesoro y con los saldos acreedores que en ese banco existían, al comenzar la guerra, en las diversas delegaciones de Hacienda inicialmente en la zona sublevada. En teoría, debieron de ser unos 660 millones de pesetas, porque, según el «Resumen provisional», «los anticipos concedidos por el Banco emisor al Tesoro Nacional desde el comienzo del Movimiento hasta 1.º de abril de 1939, importaron 7.600 millones de pesetas», frente a una diferencia entre ingresos y gastos, como se ve en el cuadro, de 8.260 millones.

Según la «nota» del Ministerio de Hacienda, el déficit del Tesoro republicano fue tres veces superior al del Gobierno de Burgos. Una proporción que debería ser corregida, supuesto que, como decía la misma, las «antiguas cargas financieras de la Hacienda radicaban en el territorio marxista más que proporcionalmente, y dado, asimismo, que en la Zona Nacional hubo suspensión del pago del cupón y de una parte importante de los suministros y transportes de guerra». La conclusión de la «nota» era que «el Tesoro Nacional, sin exceder el 45 por 100 del déficit “rojo” consiguió financiar el Ejército vencedor».

La «nota» decía también que, en adición a los anticipos del banco emisor, el Gobierno de Burgos utilizó fundamentalmente el crédito internacional, mientras que la España republicana monetizó las reservas metálicas del Banco de España.

Los recursos republicanos obtenidos por la monetización de las reservas metálicas del Banco de España supusieron «en cifras redondas, 2.250 millones de pesetas oro». Y para que la comparación fuera de todo punto correcta, la «nota» sugería añadir al importe de las reservas metálicas vendidas, «la cantidad, de imposible evaluación, pero sin duda ingente, representada por expolios de títulos, joyas, oro, plata y tesoros artísticos que asimismo fueron a parar al extranjero».

La «nota» concluía que «la España Nacional tuvo durante la guerra en su balanza de cuentas exteriores un déficit, saldado con crédito, inferior a la mitad del oro, plata, títulos, joyas y obras de arte, vendidas por el marxismo en el extranjero». Sin embargo, hoy ya se sabe que, en aquellos momentos, el Gobierno no tenía suficiente información para hacer una «nota» de ese tenor, y que, al final, las cosas no habían sido así.

Tratando de tranquilizar al país y a los financiadores extranjeros sobre el estado de las finanzas públicas, la rendición de cuentas que se hacía en la «nota» se extendía también a la situación del endeudamiento público exterior. «Si prescindimos de los créditos comerciales, que estricta y prácticamente no son una deuda estatal, y computamos la Deuda perpetua exterior antigua y los Bonos oro de Tesorería en poder de extranjeros, podemos afirmar que la actual Deuda exterior del Estado se aproximará a una cifra del orden de 1.250 millones de pesetas oro»[3].

En esta línea de «adoctrinamiento» sobre la solvencia de España, la «nota» añadía que,

… calculando la base de la cuenta general del Estado de 1900 —año siguiente al decreto de mayo de 1899 que declaró cerrado el plazo del estampillado de los títulos poseídos por extranjeros— y habida cuenta del cambio de la peseta durante dicho año, se puede estimar en 1.080 millones de pesetas oro la Deuda perpetua exterior del Estado que a la sazón estaba en manos extranjeras. Y como la conversión de los billetes hipotecarios de Cuba y de las obligaciones hipotecarias de Filipinas dio lugar a que tenedores extranjeros de dichos títulos vinieran a quedar en acreedores de la Hacienda española, puede afirmarse sin temeridad, que la Deuda del Estado español en el exterior es actualmente del orden de la que existía al liquidarse la guerra de Cuba.

Una conclusión en la que la «nota del Gobierno» se recreaba subrayándola en el texto del BOE. Y añadía:

Cierto que la Deuda en el exterior a comienzos de siglo era perpetua, pero cierto también que su rentabilidad la hacía más onerosa que la actual; que la capacidad productiva de España es, al presente, más grande que en 1900; que de nuestros pagos exteriores ha desaparecido el renglón importantísimo de las cargas financieras de los ferrocarriles; que la Deuda en el exterior no impidió a España, hace cuarenta años, iniciar una etapa de prosperidad, y, finalmente, que el peso de la actual no deberá ser independiente del futuro de Europa.

Es preciso destacar que la «nota» ya se refería al hecho de que, frente a los 7.600 millones de pesetas que el Banco de España anticipó al Gobierno de Burgos, el anticipo al Tesoro republicano fue de 23.000 millones de pesetas, añadiendo que esto supuso una inflación muy diferente en cada una de las dos zonas.[4]

En resumen, de la «nota del Gobierno» sobre la financiación de la guerra se deducía lo siguiente:

Financiación del Gobierno de Burgos. Ingresos presupuestarios 3.684 millones de pesetas. Gastos 11.944. Déficit 8.260. Este déficit fue cubierto por anticipos del Banco de España por valor de 7.600 millones de pesetas, que se complementaron con 660 millones de pesetas de saldos acreedores en el Banco de España de las delegaciones de Hacienda que al 18 de julio estaban ubicadas en la zona sublevada. Créditos exteriores por un importe de 1.200 millones de pesetas oro. Esto implicaría gastos de 13.144 millones de pesetas.

Financiación de la República. Monetización de las reservas del Banco de España, lo que implicó disponer de 2.250 millones de pesetas oro. A sumar, una cantidad de imposible evaluación por expolio de títulos, joyas, oro y plata. Y anticipos del Banco de España: 23.000 millones de pesetas. Total: 25.250 millones de pesetas.

Esto es lo que podía, o quería, decir la «nota del Gobierno» en 1940. Pero esa «nota» era, desde el punto de vista político, muy difusa, y desde el punto de vista técnico, muy incorrecta. Más tarde se volverá sobre ello, porque 70 años después, ya se dispone de información capaz de ofrecer una descripción mucho más amplia y significativa sobre el coste y financiación de la guerra en cada uno de los dos bandos.

CONTRIBUCIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

La ruptura que supuso el 18 de julio de 1936 para el Estado español, su división en dos zonas, se trasladó, como era lógico, al sistema tributario. Y cada una de esas partes trató de acomodar su sistema a los problemas y necesidades específicos que se fueron planteando en su escenario particular.

Para ambas, los problemas financieros fueron desde el primer momento intensos, agobiantes y prioritarios, porque la pérdida de la unidad administrativa dificultó de manera notable la ordenación de cada una de las dos Haciendas, especialmente teniendo en cuenta que ambas se vieron obligadas a reforzar sus ingresos para atender a las necesidades que demandaba la financiación de la guerra. Resulta, pues, necesario, para mejor conocer lo que desde el punto de vista financiero sucedió en aquellos momentos, analizar la evolución de la fiscalidad de cada una de las dos zonas durante la contienda. Antes, sin embargo, resulta imprescindible hacer un breve repaso de lo que el sistema tributario era el 18 de julio de 1936.[5]

El sistema tributario vigente el 18 de julio

El sistema impositivo de la República llegó al 18 de julio prácticamente agotado como modelo. Sus líneas maestras provenían de la reforma de Alejandro Mon de 1845, completada por Raimundo Fernández Villaverde en 1900. Y el único intento de modernización hasta 1934 había sido la Ley de Carner, de 1932, que instauró la contribución complementaria sobre la renta.

Por otra parte, desde 1933, los presupuestos no fueron fruto de una planificación ordenada de los ingresos y los gastos, sino de la adición de algunas partidas extraordinarias, la resta de otras, o la consolidación de autorizaciones parlamentarias, sobre el texto aprobado en 1933. De tal manera que, tras la prórroga presupuestaria de junio de 1934, el presidente del Gobierno, Ricardo Samper, pudo definir así la situación de aquellos momentos:[6]

… habíamos acabado de aprobar unos presupuestos; nadie estaba satisfecho de ellos; ni las Cortes, ni el Gobierno. Se habían incubado a través de tres o cuatro crisis; no tenían padre conocido; eran producto de una especie de poliandria administrativa. Iniciados por un Gobierno, corregidos por otro, rehechos por un tercero y modificados después.

Y en este escenario, Chapaprieta tuvo que defender en 1935 su proyecto de presupuestos para 1936, al que añadió 25 propuestas complementarias, con diversas reformas tributarias. Pero la realidad era que carecía de fuerza parlamentaria para imponer austeridad en el gasto, y la mayoría parlamentaria negó su apoyo al Gobierno. En noviembre, Chapaprieta reunió a los jefes de los partidos coaligados, quienes aceptaron el proyecto, y a principios de diciembre presentó un ultimátum al Consejo de Ministros. Pero una vez más, el Gobierno tuvo que renunciar al proyecto de presupuestos para 1936 con las reformas incorporadas, y prorrogó los presupuestos vigentes. Ante este resultado, Chapaprieta dimitió el penúltimo día del año.

Y así, 1936 se inició sin presupuestos, y sin pulso político para llevar adelante la reforma tributaria que Chapaprieta quería, y que el país necesitaba.

El sistema tributario republicano durante la guerra

Ante esa realidad, y ante las acuciantes necesidades financieras que el conflicto planteaba, Negrín, como ministro de Hacienda, hizo lo imposible por sacar partido a un sistema tributario que ya no podía dar más de sí. En marzo de 1937, restauró el Consejo de Dirección del Ministerio de Hacienda, que había sido creado cinco años atrás, y que no había desempeñado hasta entonces ningún papel.[7] Este Consejo recibió el encargo de estudiar y presentar proyectos extraordinarios para hacer frente a la financiación y a las perturbaciones económicas que estaba ocasionando la guerra, así como de iniciar los estudios que fueran necesarios para reformar la Hacienda Pública, una vez que la contienda acabara.[8] Negrín opinaba que cuando España dispusiera de una economía socialista, con predominio de la propiedad estatal, sería muy importante disponer de una Hacienda de corte revolucionario.

Pero las cosas fueron de otra manera. En primer lugar el Consejo no funcionó, porque al trasladarse a Valencia el Gobierno, todo el personal y la documentación permanecieron en Madrid, en espera de que el ministerio decidiera lo que debían de hacer. Incluso hubo resistencia pasiva del personal a las órdenes de traslado, una vez que esta se produjo.[9]

Por otra parte, desde el principio se supo que el cobro de los impuestos directos sería imposible, por no existir ni hechos imponibles ni sujetos pasivos, en la medida en que, en su mayor parte, las empresas habían sido colectivizadas. Y así, la administración no fue capaz de hacer operativo el sistema tributario vigente ya que

… sus bases tributarias se redujeron, pues pronto dejó de haber rentas procedentes del capital y de la tierra y los edificios. A finales de 1937, de las rentas del capital tan sólo quedaban las procedentes de Deuda pública en manos de particulares. Los bancos habían sido incautados por los comités de empresa y dejaron de pagar intereses; las empresas colectivizadas se descapitalizaban con los pagos de las nóminas, que se convirtieron en simples repartos de los fondos disponibles entre los trabajadores; desde luego, las sociedades anónimas no satisfacían dividendos. Los alquileres de las casas dejaron de cobrarse, las rentas de la tierra desaparecieron, pues ésta fue colectivizada.[10]

El resultado era que no existían «bases imponibles». Además, el cuerpo de inspectores y de funcionarios encargados de la recaudación dejó de existir, para ser sustituido por el sindicato de recaudadores. Ello ensombreció aún más el panorama recaudatorio, porque dicho sindicato entendía que el salario, la única retribución existente, no debía de sufrir ninguna imposición por parte del Estado. Dicho en sus propios términos, «un trabajador no podía hacerse con el usufructo de otro trabajador, de modo que los asalariados debían de quedar exentos».

Al final, no se vio otra solución que implantar una contribución, con carácter transitorio, sobre los beneficios extraordinarios de guerra, tal como se había hecho durante la primera guerra mundial en los países contendientes. Fue aprobada por decreto el 6 de septiembre de 1937.[11] El decreto dejaba muy claro lo que pretendía:

De los impuestos de guerra, ninguno más justo que el que absorbe una parte de los beneficios excesivos obtenidos durante la misma. La guerra produce el siguiente contraste en el orden económico: para muchos, la pérdida de sus bienes y la falta o escasez de medios para adquirir los artículos de primera necesidad; para otros un acrecentamiento del patrimonio o la improvisación de grandes fortunas, no debidas exclusivamente al propio esfuerzo, sino principalmente a la explotación sin escrúpulos de la coyuntura que la guerra proporciona. Ante este hecho, la conciencia colectiva reclama el sacrificio de parte de esas ganancias, bajo la forma de impuesto, en bien de la comunidad… Todos los Estados que tomaron parte en la última guerra europea, y algunos neutrales, lo establecieron. En España fracasó bochornosamente un intento en ese sentido el año mil novecientos dieciséis, y en las circunstancia presentes no debe aplazarse más la implantación del aludido impuesto de guerra, que, aparte la justicia intrínseca del mismo, suplirá en gran proporción la merma que presentan los demás tributos por consecuencia de la transformación económica operada.

El nuevo impuesto era de carácter transitorio, en la medida en que se trataba de un tributo especial, debido a las circunstancias anormales de la contienda. Era una contribución directa sobre los beneficios extraordinarios obtenidos en tiempo de guerra. Quedaban sujetas a esa contribución todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que obtuvieran o hubieran obtenido beneficios extraordinarios en territorio español por el ejercicio de cualquier industria, comercio, empresa o negocio. Se entendía por beneficio extraordinario la diferencia en más, obtenida después del 19 de julio de 1936, en relación con el beneficio normal que la misma empresa o negocio hubiera tenido antes de esa fecha, según el promedio de los dos últimos años, y, en todo caso, el que excediera del 5% del capital de las sociedades o colectividades, aunque no fuera mayor que el que se obtenía antes del 19 de julio de 1936. Cuando, por la índole de una industria, individual o colectiva, no pudiera apreciarse la existencia de un capital, se reputaría beneficio extraordinario el exceso de sueldo, jornal o ingreso que se obtuviera en relación con los que se percibían en la citada fecha.

Los tipos de gravamen eran los siguientes: a) cuando los beneficios totales de la empresa no fueran superiores al 5% del capital, el 10% del beneficio extraordinario; b) cuando los beneficios excedieran del 5% se aplicaría la siguiente escala: hasta el 8% del capital empleado, el 20%; el exceso del 8% hasta el 10%, el 30%; el exceso del 10% hasta el 15%, el 40%; el exceso del 15% hasta el 20%, el 50%; el exceso del 20% hasta el 25%, el 60%; el exceso del 25% hasta el 30%, el 70%, y el exceso del 30%, el 80%. En las industrias no basadas en la existencia de un capital, sino en el trabajo, los beneficios extraordinarios se gravaban: con el 2,5% por la parte que excediera del sueldo, jornal o ingreso que en la misma industria se había obtenido el 19 de julio de 1936, sin rebasar el doble, y con el 5%, lo que excediera del doble del sueldo, jornal o ingreso de referencia.

Pero al final, esta contribución sobre los beneficios extraordinarios fracasó, porque en la mayor parte del territorio republicano no había ni empresarios, ni beneficios, ni ordinarios, ni extraordinarios.[12]

Los archivos de la Hacienda Pública, consultados en Murcia, una de las últimas plazas republicanas, sólo guardan un libro auxiliar de cuentas por contribución extraordinaria de la guerra en el presupuesto de 1938. De él se puede deducir, para esa Delegación de Hacienda, que un máximo de 200 contribuyentes habían efectuado unos ingresos que no superaban la media de 1.000 pesetas cada uno de ellos (Balibrea, 1997:351 y ss.).

Se intentó también una leva sobre el capital. Y se establecieron infinidad de recargos en los impuestos indirectos, así como nuevas tasas. Al final, el Ministerio de Hacienda y Economía perdió todo su poder impositivo recaudatorio; 1938 fue «un año de anarquía fiscal, inflación y de un Estado sin presupuestos».[13]

En este escenario, esto es lo que decía el Noticiero de España sobre el sistema tributario republicano:[14]

… el montaje de una economía socialista-comunista no ha sido acompañado de una reforma tributaria o financiera, y por lo tanto los impuestos directos han visto caer verticalmente sus ingresos; en cuanto a los impuestos indirectos, el régimen de nula circulación de riqueza, de centenares de pequeñas economías locales imposibilita toda ordenada recaudación de los mismos, y en cuanto a los Monopolios del Estado, funcionan exclusivamente al servicio de la guerra, sin conexión ni por consiguiente obtención de beneficios entre la población civil.

El sistema tributario del Gobierno de Burgos

El problema de la fiscalidad fue mucho más agudo en la España sublevada, ya que la estructura administrativa de la Hacienda Pública había quedado en la zona republicana. Para sustituir ese aparato, el 27 de julio de 1936 se creó la Comisión Directiva del Tesoro Público, dependiente de la Junta de Defensa Nacional, a la que se otorgaron las competencias atribuidas a la antigua Dirección General del Tesoro.

Pronto se vio que el sistema real de imposición en España había quedado obsoleto ya con anterioridad al 18 de julio, y que era necesario resolver los problemas heredados, y los nuevos que introducía el estado de guerra, así como la compleja situación de los sujetos sometidos al sistema tributario.[15] Y para ello se crearon cinco nuevas figuras impositivas: el «auxilio de invierno», el impuesto llamado del «plato único», el «subsidio pro combatientes», un impuesto sobre el salario de los funcionarios públicos y, ya muy al final de la guerra, la contribución excepcional sobre los beneficios extraordinarios.

El impuesto personal «auxilio de invierno», que después se denominó «auxilio social», se creó en febrero de 1937.[16] Se establecía con carácter general para todas las provincias bajo control del Gobierno de Burgos.[17] Éstas eran sus características: la cuestación consistía en la colocación a las personas físicas de un emblema distinto en cada una de las provincias, a cambio de un donativo mínimo voluntario de 0,30 pesetas.[18] La cuestación tenía lugar el primer y tercer sábado de cada mes en las capitales de provincia, y el domingo siguiente en los pueblos. Los fondos obtenidos en estas cuestaciones se ingresaban en el Banco de España, en una cuenta corriente abierta en cada capital de provincia, bajo el título de Fondo de Protección Benéfico Social. Y de este fondo se disponía para atender a toda clase de necesidades de personas sin recursos. Pese a su carácter voluntario, terminó siendo obligatorio en la asistencia a espectáculos públicos.

El impuesto de «plato único», creado en octubre de 1936, tenía también fines asistenciales, y se dedicaba especialmente a la financiación de comedores gratuitos, jardines de infancia y orfanatos.[19] A esos efectos se creaban en todo el territorio sometido al control del Gobierno de Burgos los días de «plato único».[20] Dos días al mes (el 1 y el 15) los particulares deberían intentar reducir las comidas del día a un solo plato y entregar voluntariamente el resto de lo que hubieran gastado en función de su dieta habitual. Los hosteleros, dueños de pensiones y hoteles contribuían también con un porcentaje del valor habitual del precio de sus servicios.[21] Posteriormente, se estableció que el día de «plato único» se celebraría todos los viernes del año.[22] Y que con la recaudación que se obtuviera por este concepto se harían dos partes iguales: una se ingresaría en el Fondo de Protección Benéfico Social, y la otra en la cuenta del «subsidio pro combatientes», «para reforzar los recursos con los que en la actualidad se atiende a las necesidades de ese patriótico servicio». Complementariamente, la orden estableció otro impuesto denominado «día semanal sin postre», que se celebraría todos los lunes del año:[23]

Consistirá en la realización del pequeño sacrifico que supone la privación del postre en el referido día de cada semana, entregando la economía que ello reporte como donativo voluntario para incrementar los recursos con los que ha de atenderse al pago del Subsidio pro combatientes.

El «subsidio pro-combatientes» fue creado mediante decreto del 9 de enero de 1937 (BOE, 11 de enero), para atender a las familias de los combatientes:[24]

Los familiares de muchos españoles que dando muestras de un elevado espíritu abandonaron sus actividades para alistarse en el Ejército Regular o en las Milicias voluntarias, quedarían desamparados y rota la solidaridad nacional, que es norma del nuevo Estado, si éste no acudiese en auxilio de los hogares de quienes todo lo sacrificaron a la defensa de la Patria… Para facilitar este auxilio se establece un impuesto o recargo de tipo indirecto que gravando determinadas formas de consumo, que puede estimarse superfluas, sirvan para constituir un fondo destinado a socorrer a quienes lo necesiten sin perjuicio de los premios o preferencias que puedan otorgar a los combatientes una vez terminada la campaña.

Para financiar este subsidio el decreto establecía

… un recargo equivalente al 10 por 100 de los siguientes productos y servicios: a) Venta de tabacos de todas clases. b) Billetes de entrada a espectáculos públicos. c) Consumiciones en cafés, bares, confiterías y establecimientos similares. d) Servicios o consumiciones extraordinarias en hoteles, pensiones, fondas, hospederías y posadas. e) Perfumes.

Más tarde, en mayo de 1937, se complementó la ayuda a los combatientes condonando el pago del inquilinato, durante el período de guerra, a todo aquel que estuviera en paro forzoso, y a los cabos y soldados que carecieran de otros ingresos, así como a los milicianos de la Falange que se hallaran en el frente u hospitalizados por herida de campaña. Posteriormente se extendieron los beneficios de esa exención en el pago de los alquileres a las viudas madres de soldados, cabos o milicianos, siempre que sus hijos fueran su único medio de vida, y a los padres que se hallaran imposibilitados para el trabajo, o fueran mayores de 65 años. Se condonaban también los débitos de las personas sin recursos por suministros de agua y de luz eléctrica.[25] El total condonado por los alquileres debería de prorratearse entre todos los propietarios de fincas urbanas y solares. La financiación de la condonación del agua y luz eléctrica se hacía por un recargo igual al 0,25% del importe de las facturas de todos los consumidores. Este subsidio fue suprimido por Larraz en diciembre de 1939, pero Benjumea lo restableció en 1940. El impuesto fue abolido definitivamente en 1943.

El impuesto sobre los salarios de los funcionarios públicos, de agosto de 1936, era progresivo. Si el sueldo o la pensión percibido por los funcionarios no superaba las 4.000 pesetas anuales, se les descontaba un día de su paga mensual. Si las percepciones eran superiores, contribuirían con dos días de sueldo. No obstante, se pedía a los funcionarios que, en la medida en que fuera posible, aumentaran voluntariamente el descuento por encima de ese mínimo. Este gravamen se estableció para un mes, y posteriormente se hizo permanente hasta que el Gobierno de Burgos decidió expresamente su supresión, en octubre de 1938. Quedaban exentos del pago de este impuesto aquellos contribuyentes que fueran combatientes.

Por último, y poco antes de terminar la guerra, se estableció la contribución excepcional sobre los beneficios extraordinarios.[26] De acuerdo con la exposición de motivos de la ley que la creó, se trataba, transitoriamente, y «sin prejuzgar futuras disposiciones de mayor alcance», de implantar una contribución sobre los rendimientos extraordinarios que «por la guerra o durante la guerra se hubieren logrado o puedan realizarse y sin que haya de afectar a las actividades económicas y financieras que se desarrollen después de la completa pacificación de España». El proyecto del Gobierno de Burgos, como lo fue el anterior del Gobierno de la República, era prácticamente una copia del proyecto de Santiago Alba de 1916. Y explicaba que se pretendía que el beneficio obtenido por no pocos «sirva a través del Estado para atenuar en lo posible los quebrantos sufridos por muchos». El Noticiero de España[27] dijo en aquellos momentos que

… a través del articulado de la ley, resplandece ese espíritu de justicia que informa toda la labor legislativa del Gobierno Nacional. En este caso no sólo los motivos de la ley… sino que se ha tenido en cuenta con cuidado minucioso la norma económica de no quebrantar un aspecto tan esencial para la buena marcha de un Estado como es su industria y su comercio.

Se entendía que era beneficio extraordinario el que excediera del promedio obtenido en el trienio anterior al estallido de la guerra. Para las empresas que no dispusieran de ese punto de comparación, se considerarían beneficios extraordinarios los que excedieran del 7% del capital empleado en el negocio. Y en orden a decidir mejor las bases de los contribuyentes, se estableció un jurado especial de beneficios extraordinarios, que tenía como competencia fijar la base de la imposición a las personas naturales o jurídicas que no dispusieran de contabilidad legalmente formalizada, o la de aquellos contribuyentes que, llevando su contabilidad con arreglo al Código de Comercio, no aportaran una declaración jurada de los beneficios extraordinarios logrados en el ejercicio. También operaría este jurado especial en los casos en que la documentación y justificantes aportados por el contribuyente no ofrecieran a la administración garantías de exactitud.[28]

Los beneficios extraordinarios tributarían de acuerdo con los tipos establecidos en el siguiente cuadro:

La contribución excepcional sobre los beneficios extraordinarios empezó a percibirse en enero de 1939, y sólo duró un año, en la medida en la que José Larraz, como ministro de Hacienda, la suprimió el 30 de diciembre de 1939, por lo que prácticamente en nada contribuyó a la financiación de la guerra.

Adicionalmente a todo lo anterior, se crearon una serie de gravámenes muy diversos de carácter provisional, que trataban de obtener recursos de las más diversas fuentes. Así, en diciembre de 1936 se elevó el gravamen sobre las licencias de aparatos de radio[29] a 10 pesetas para particulares y a 75 pesetas para los instalados en casinos, círculos de recreo, hoteles y otros establecimientos públicos.[30] También se aumentaron en 5 pesetas, con carácter transitorio, las cuotas del impuesto sobre el azúcar, la cerveza y la achicoria. Y en la búsqueda de recursos adicionales, en varias ocasiones se incrementó el valor de los sellos de correos y las tarifas postales y telegráficas.

En todo caso, las reformas tributarias del Gobierno de Burgos durante el conflicto estuvieron muy influidas por las reformas tributarias de la zona republicana, de la que el Gobierno de Burgos tenía una información excelente. Con la diferencia de que este último las aplicó con mayor decisión y autoridad.

En relación con la evaluación del sistema tributario de Burgos, a mediados de 1938 decía el Noticiero de España (38, 4 de junio) que

… ni el Generalísimo Franco ni su Gobierno han necesitado efectuar reformas fundamentales en los organismos fiscales ni en el sistema de impuestos. No lo han considerado ni necesario ni quizá oportuno. Los impuestos se recaudan con los mismos módulos de los tiempos republicanos; la legislación fiscal se mantiene inmutable… Pequeños retoques en el orden de la tributación, como el «Día sin postre» o el «Plato único», reformas ambas de altísima significación moral, carecen de importancia en el orden financiero. Las finanzas de Franco son idénticas a las de la España monárquica y republicana.

Unos meses antes, el Noticiero había suministrado la siguiente información: «ningún impuesto tan saneado ni de tan segura recaudación como la contribución urbana, una vez de revalorada la propiedad inmueble. Más de 180 millones de pesetas representan los ingresos recaudados por el Tesoro español gracias a esta contribución en cada ejercicio económico».[31]

«APLAZAMIENTO DE PAGOS» Y AHORROS PRESUPUESTARIOS

Una decisión fundamental del Gobierno de Burgos fue decretar, desde el primer momento, la utilización, como fórmula de financiación, del «aplazamiento de pagos» de los suministros y servicios recibidos. De tal manera, que los pagos normales por realizar con cargo al presupuesto de guerra, o los extraordinarios que se produjeran, no deberían ser satisfechos en su totalidad hasta que la guerra concluyera. De este aplazamiento se exceptuaban los gastos correspondientes a sueldos, haberes o remuneraciones personales.

La «nota del Gobierno» del 4 de agosto de 1940 daba también información sobre la importante ayuda a la financiación que supuso este aplazamiento. Y en esta línea, bajo la rúbrica «Obligaciones atrasadas y transitorias» señalaba que

… una parte de las obligaciones del Erario quedó en suspenso. Figuraban entre las partidas más importantes los intereses de la Deuda radicante en Zona nacional anteriores a primero de julio de 1938; un fuerte porcentaje de los suministros nacionales al Ejército; y gran parte de las facturas de transportes militares.

Por lo que respecta al aplazamiento de los intereses de la deuda pública, la «nota del Gobierno» calculaba que al empezar el otoño de 1939, en toda España podían ascender a una cantidad neta del orden de 670 millones de pesetas.[32] Entre suministros al ejército y certificados de obras, el aplazamiento alcanzaba una cifra aproximada a los 500 millones de pesetas. Y por transportes militares se adeudaban alrededor de 300 millones. Un total, pues, de 1.470 millones de pesetas, excluidos los intereses posteriores al restablecimiento del pago de intereses, que podían alcanzar 23 millones de pesetas. Otros conceptos de menor cuantía se concretaban en los atrasos por clases pasivas, los alquileres, participaciones de corporaciones en ingresos del Estado, garantías de interés y subvenciones para caminos vecinales. Con ello, el total de aplazamiento de pagos podía situarse en unos 1.500 millones de pesetas.[33]

La «nota» ofrecía también información sobre ingresos y pagos desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 1939. Y en relación con ello señalaba que las cifras provisionales del Tesoro, entre esas fechas, eran las siguientes: ingresos 2.498 millones de pesetas, pagos 5.118, déficit 2.620. En estas cifras estaba comprendido el pago de parte de los atrasos de la guerra.

En cuanto a los ahorros presupuestarios como fórmula para aligerar el peso de ciertos epígrafes, hay que recordar la supresión o drástica reducción de algunas partidas que, en el fondo, constituyeron en su momento verdaderas formas de represión del enemigo. Entre ellas, la supresión de instituciones estatales y la depuración de funcionarios calificados como afectos a la República. Como ejemplo, puede citarse el decreto del 4 de mayo de 1937 estableciendo que, supuesto que a partir del 18 de julio de 1936 habían quedado sin función «instituciones pseudodemocráticas» como el Congreso de los Diputados, el Tribunal de Garantías o la Diputación Permanente de las Cortes, había que cancelar las partidas presupuestarias correspondientes.[34] Como consecuencia, los funcionarios que integraban esas instituciones quedaron separados de sus cargos y «caducados cuantos derechos y prerrogativas disfrutaban por razón de ellos». Se les ofreció un plazo de 30 días para pedir su reintegro, aunque no se les dieron muchas facilidades.

También se redujeron en cuantía importante gastos presupuestarios a través de la política de depuración de maestros y otros funcionarios docentes.[35]

ANTICIPOS AL TESORO DE LOS DOS «BANCOS DE ESPAÑA»

Los anticipos concedidos por el Banco de España al Gobierno de Burgos, desde el comienzo de la guerra hasta el 1 de abril de 1939, importaron 7.600 millones de pesetas. La «nota» también añadía que el Banco de España había entregado al Gobierno de Burgos desde el 1 de abril de 1939 hasta final de ese año 2.500 millones de pesetas. La Memoria ofrecida en la junta general de accionistas, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 1936 y el 31 de diciembre de 1941 (BE, 1942c) coincidía con esta cifra, diciendo que la financiación de la guerra se había hecho a través de recursos facilitados por el Banco de España, quien, en forma de pólizas, había entregado al Estado la cantidad de 10.100 millones, sin interés, y sin que hasta noviembre de 1939 estas operaciones hubieran sido objeto de una convalidación legal.

Tiene interés disponer de la relación de las pólizas correspondientes a cada uno de esos anticipos, su fecha e importe, para eventuales investigaciones sobre el desarrollo técnico de la contienda, y la ubicación en el tiempo de sus necesidades de financiación.

Es decir, 2.500 millones en 1937, 4.100 en 1938, y 3.500 en 1939.

La «nota del Gobierno» del año 1940 se refería también a los anticipos recibidos del Banco de España por el Tesoro del Gobierno republicano, que, según se dijo en su momento, supusieron un ingreso para la República de 13.700 millones de pesetas. Sin embargo, terminada la guerra, pudo comprobarse que el Tesoro republicano había apelado a la ayuda del Banco de España en cuantía muy superior, en la medida en que había recurrido «al subterfugio de tomar a su cargo la circulación fiduciaria representada por billetes de 50 y 25 pesetas, obteniendo en contrapartida un abono correlativo del Banco de España». Hecha esta corrección, el saldo deudor del Tesoro republicano al Banco de España, y por tanto la financiación recibida de esta fuente durante la guerra, ascendió a 23.000 millones de pesetas. En relación con estos anticipos del Banco de España de la República, no ha sido posible al autor conocer su distribución en el tiempo.

La existencia en el balance del Banco de España de los anticipos concedidos a los Gobiernos de Burgos y de la República, planteó graves problemas cuando llegó el momento de la transición del sistema financiero. Y para hacerles frente, hubo que sanear el balance del banco, en orden a hacer desaparecer todas las anomalías que en ellas había introducido la financiación de la guerra.[36]

FINANCIACIÓN POR INFLACIÓN

Durante la guerra se insistió mucho sobre el hecho de que la financiación interior de la contienda por el Gobierno de la República se estaba realizando a través de la inflación.[37] El Noticiero de España explicaba sobre esta cuestión que en «el interior la guerra ha sido financiada mediante una desenfrenada inflación que llega a recordar en algunos momentos las peores épocas de la post-guerra en Austria y Alemania». Señalaba que, a mediados de enero de 1939, los medios de pago lanzados a la circulación por la República excedían de los 28.000 millones de pesetas, seis veces superior al poder de compra circulante en toda España a mediados de 1936.[38]

En relación con los precios, el Noticiero recordaba que, en Cataluña, los de los artículos de primera necesidad, antes de su conquista por Franco, ofrecían, reducidos a un índice común, un nivel superior de 12 a 15 veces los de la zona nacional. Y que el comercio exterior, totalmente monopolizado por entes públicos, se ocupaba exclusivamente de las importaciones de material de guerra para satisfacer las necesidades bélicas. Terminaba diciendo que el dinero había llegado a perder hasta tal punto su poder de compra, que «el régimen de trueque y de cambio de bienes por servicios terminó por triunfar plenamente en todo Cataluña. En esto se había llegado a límites insospechados».[39]

Terminada la guerra, los análisis que se hicieron sobre el comportamiento comparado de los precios confirmaron que la economía republicana se había desarrollado en un escenario de muy alta inflacción.[40] En noviembre de 1939 el Banco de España, y a fin de calcular los coeficientes de desbloqueo, tuvo necesidad de estimar la evolución del poder adquisitivo en la zona de la República y compararla con la de la zona del Gobierno de Burgos. Esta información se encuentra recogida en el capítulo XXI, «Precios y cotizaciones».

Así comparaban ambos sistemas, según el estudio del Banco de España (1939c):

Es claro, pues, que la inflación fue una importante fuente de financiación, tanto para el Gobierno de Burgos como para el Gobierno de la República. Y lo fue en ambas zonas, porque, aunque con muy notable diferencia, en las dos se dio una reducción de la oferta de productos y un importante incremento de la masa monetaria, lo cual indiscutiblemente repercutió en los precios.[41] Así lo vio ya con claridad Larraz en su «nota del Gobierno» del 4 de agosto de 1940, aunque en aquellos momentos lo hiciera todavía con información muy defectuosa:

Dado que durante la guerra el Banco de España anticipó al Tesoro Nacional 7.600 millones de pesetas y al Tesoro marxista 23.000 millones, la total liberación de España implicaba hacer frente al difícil problema técnico de la fusión de dos comunidades dinerarias que, procediendo de una sola, vinieron sometidas desde su nacimiento a dos presiones inflatorias tan diferentes… El problema no estaba circunscrito solamente por la circulación fiduciaria, ya que se habían creado múltiples obligaciones dinerarias bajo dominio marxista, bancarias y extrabancarias, sobre las que era justo y conveniente proveer.

De regularizar esta situación se ocupó la Ley de Desbloqueo, cuando se planteó la unificación monetaria, pero antes hubo que producir una serie de ajustes en el sistema financiero que trataron de corregir las anormalidades que había producido la contienda. Entre ellas estaban los anticipos del Tesoro, base fundamental de la inflación, cuyo proceso es necesario estudiar a la hora de definir los procesos de financiación de la guerra.[42]

Enrique Fuentes Quintana inició prácticamente sus clases universitarias y sus tareas de investigador en el año 1956, estudiando a fondo el significado y contenido de la «nota de Larraz» de agosto de 1940. Y sus conclusiones las ofreció en un manual que entregaba a sus alumnos, y en el que lo más importante y novedoso era que sostenía que el coste de la guerra tenía que haber superado ampliamente las cifras ofrecidas por Larraz, aunque aceptaba que en los momentos que se redactó la «nota», no se disponía de suficiente información para hacerlo.

De esta manera, entendía que una parte del coste se había satisfecho, sin duda, con inflación.[43] Y esta afirmación constituyó formalmente la primera evaluación académica que se hizo a este respecto, de la que se deducía que, al final, la guerra civil española había sido financiada en realidad por las clases sociales económicamente más modestas. En consecuencia, Fuentes Quintana se preguntaba si otros medios de financiación no hubieran podido distribuir la carga financiera de una manera más equitativa, sin perjudicar el desarrollo del proceso de producción al llegar la paz, como hizo la inflación.

Y a partir de este interrogante, se planteó una de las más clásicas cuestiones de la ciencia de la Hacienda, al recordar que, desde Ricardo, los economistas habían tratado de definir la financiación más eficaz, en cada momento, del enorme gasto que toda guerra comportaba, para conseguir la menor pérdida social. Lo hacía apoyándose en Keynes, quien en 1939, justamente al llegar la paz, se hizo una vez más la pregunta secular «How to pay for the war?».

Fuentes Quintana llegaba a la conclusión de que, en esa búsqueda de la fórmula a utilizar, se había optado por descargar una parte importante del coste de la guerra sobre el alza de los precios. Aunque también aceptaba que, en aquellos momentos, poco más se pudo hacer al respecto. Porque distribuir el gravamen de otra manera hubiera exigido disponer de un sistema tributario lo suficientemente flexible como para captar las variaciones producidas en los ingresos particulares, algo de lo que la Hacienda Pública española carecía en 1936.

Concluía que el camino quizá hubiera podido ser la emisión de deuda. Y recordaba que a ella acudió el Gobierno republicano sin éxito alguno, por razón de que la deuda se basa siempre en la confianza en el crédito del Estado, y que ésta no podía ser muy abundante en julio de 1938, fecha en la que el Gobierno republicano decidió acudir a un empréstito público. Pero se planteaba la duda de si a mediados de 1937, cuando, tras la campaña del norte, la guerra civil se inclinó decididamente de parte del Gobierno de Burgos, no hubiera podido éste colocar una emisión de deuda pública que aliviara la petición de anticipos al Banco de España.

En todo caso, la mejor manera de abordar el análisis del volumen de inflación producido durante la guerra es considerar la masa monetaria existente antes de empezar la contienda, e inmediatamente después. Y el punto de partida debe ser recordar el volumen de ésta al 18 de julio de 1936, y compararla con los niveles que se alcanzaron en la primera decena de agosto de 1939, cuando el nuevo ministro de Hacienda, Larraz, pensaba, a la vista de la circulación fiduciaria existente, en los mecanismos que había que introducir en el sistema financiero español para erradicar la tremenda inflación que entonces parecía imparable.

El 18 de julio de 1936, el balance del Banco de España registraba en su pasivo las siguientes magnitudes:[44]

En la primera decena de agosto de 1939 las mismas partidas (billetes de 25 a 1.000 pesetas y saldos c/c no bloqueados) importaban:

La comparación entre el 18 de julio de 1936, y el momento en que Larraz se hacía cargo de la cartera de Hacienda, arrojaba las siguientes diferencias, en las que no se tiene en cuenta la inflación republicana:

Larraz explicaba esa diferencia, de 8.716 millones de pesetas, recordando que, durante la guerra, el déficit del Gobierno de Burgos había sido de 8.260 millones de pesetas.

INGRESOS ESPECIALES

La lotería nacional[45]

En la agobiante y sistemática tarea de buscar recursos para financiar los enormes desembolsos que exigía la guerra civil, desde el Gobierno de Burgos no se olvidó una fuente como la lotería nacional, que había venido representando hasta entonces, a partir de los sorteos regulares en Madrid, una saneada fuente de ingresos. Porque en 1935 las ventas de lotería suponían el 3% de los ingresos totales del Estado (LAE, 2007:8 y ss.). Esto era importante y, en consecuencia, el Gobierno de Burgos creó su propia lotería. De manera que durante la guerra operaron en España dos sistemas de lotería. El de la República y el del Gobierno de Burgos.

En cuanto a la lotería republicana, y como es lógico, la guerra había alterado sustancialmente el escenario del sistema de apuestas, pero éste siguió desarrollando sus sorteos, aunque para huir de los frentes tuvo que ir cambiando de domicilio. Y cuando el Gobierno se trasladó a Valencia, y posteriormente a Barcelona, también lo hizo la lotería nacional. En lo que respecta a la lotería del Gobierno de Burgos todo fue nuevo.

Ambas organizaciones utilizaron la misma denominación de «lotería nacional». La explicación la dio formalmente, en su momento, el Boletín de Loterías y Apuestas del Estado, aunque no era necesario. Desde el punto de vista republicano, los billetes de lotería de los sorteos posteriores al 18 de julio de 1936 ya estaban impresos y distribuidos, de modo que cambiar la denominación no tenía mucho sentido en términos económicos. Y en términos políticos tampoco era aceptable, en la medida en que, un cambio de nombre, podía entenderse como una forma de reconocimiento de los sublevados. Además, el término «nacional» de la lotería tenía originalmente connotaciones progresistas, pues así se denominó desde el primer sorteo celebrado en Cádiz en 1812. Por otra parte, el mantenimiento de la denominación «lotería nacional» por el Gobierno de Burgos era obvia.

A principios de noviembre de 1936, y ante el peligro de la caída de Madrid en manos de Franco, la sede de la lotería nacional republicana, y con ella todo su personal, se trasladó a Valencia,[46] y allí se continuó con tres sorteos mensuales.[47] El volumen de las ventas se fue reduciendo. Así, el sorteo de Navidad de 1936 supuso 144 millones de pesetas en billetes vendidos, mientras que el de 1937 sólo alcanzó la cifra de 9 millones.

A partir de diciembre de 1937, y hasta enero de 1939, los sorteos se celebraron en Barcelona. El último correspondió al 21 de enero de 1939, cinco días antes de la entrada de las tropas de Franco, por lo que la lista de premios no llegó a publicarse. Tampoco se celebró el sorteo fijado para el 1 de febrero.

Por lo que respecta a la zona dependiente del Gobierno de Burgos, la nueva etapa de la lotería nacional se inició con una rifa a favor del ejército denominada «lotería patriótica de Sevilla», lugar donde se iba a celebrar, fijándose el primer sorteo para el día 15 de septiembre. No pudo ser así, por la intensidad de los combates, y al final, el primer sorteo tuvo lugar el 21 de diciembre de 1936. En el entretanto, y a partir del 18 de julio, se fueron promoviendo rifas con sorteos periódicos en distintas zonas de España.[48] Pero, en términos financieros, los resultados eran bajos. Por ello, y para simplificar la organización, reducir sus costes y optimizar los resultados, se promulgó una orden de Presidencia de la Junta Técnica del Estado el 13 de diciembre de 1937, encomendando a la Comisión de Hacienda de esa Junta la organización de todos los servicios de la lotería nacional. Esta orden exigía a la mayor urgencia posible el «restablecimiento» de la lotería nacional.

Y así se hizo, porque el primer sorteo, constituido por dos series de 46.000 billetes cada una, al precio de 30 pesetas el billete, se celebró el 1 de abril del año siguiente en Burgos.[49] Tiene interés conocer cómo justificaba la Junta Técnica del Estado la implantación de la lotería en un momento tan excepcional:

La Lotería Nacional, ingreso importante del Presupuesto español, quedó de hecho suspendida al producirse el actual Movimiento, no sólo porque aquellas circunstancias eran las menos adecuadas para la celebración de los sorteos, sino también por las dificultades de preparación y distribución de los billetes que notoriamente se presentaban en dicha época. La existencia en la actualidad de medios suficientes en el territorio liberado para la confección, con las garantías que el Poder público debe exigir, de los elementos indispensables que requiere la Lotería Nacional, y la posibilidad, por tanto, de obtener ahora mayores recursos para el Tesoro sin que el crédito del Estado padezca, imponen el restablecimiento del recurso fiscal de que se trata.

Y de esta manera se disponía el inicio de la lotería nacional de los sublevados «como ingreso del Tesoro garantizando el Estado en el futuro el pago de los premios correspondientes». Y en Burgos se celebraron más de 60 sorteos hasta agosto de 1939, fecha en que volvieron a celebrarse en Madrid.

En cuanto a los resultados, y en términos financieros, desde marzo de 1938 a abril de 1939, el ingreso bruto obtenido de las administraciones de lotería por el Gobierno de Burgos fue de 236,5 millones de pesetas. Y el coste, especialmente en premios, fue de 133,0 millones.[50] En consecuencia, el ingreso para la administración fue de 103,5 millones de pesetas. Los resultados de la lotería republicana se contabilizaban como una partida más del presupuesto de ingresos.

El turismo como imagen y como fuente de financiación

Hay un componente de la financiación de la guerra que, por su originalidad, no tanto por su aportación, merece ser contemplado. Es una iniciativa que se puso en marcha el 1 de julio de 1938 en la España dependiente del Gobierno de Burgos. Se trataba de ofertar en el extranjero, a través de una red organizada a esos efectos, la posibilidad de visitar «España en guerra».[51] Para ello se definieron una serie de circuitos que paseaban a los turistas por los puntos de la geografía española más afectados por la guerra, incluso próximos al frente. Con esta organización se perseguía que la España sublevada fuera conocida de cerca «por quienes de lejos no acertaban a comprenderla leyendo periódicos extranjeros», tratando de convencer a la comunidad internacional de que la sublevación del 18 de julio había sido absolutamente necesaria para salvar a España del desastre que había supuesto la Segunda República. La publicidad de esta operación incluía el mensaje «forme usted su propio juicio de la situación real en la España nacional de hoy».[52] Desde luego, se trataba también de obtener una rentabilidad financiera en la operación. No se conoce hasta ese momento ninguna experiencia semejante.

La operación disponía de un servicio completo de autocares de turismo que llevaba a los visitantes desde la frontera hasta Oviedo, San Sebastián, Bilbao, Laredo y Santander, más «todas las oportunidades imaginables para visitar campos de batalla y lugares como el Cinturón de Hierro de Bilbao, el puerto del Fito en la cordillera de Sueve, Covadonga en los Picos de Europa, y los destrozados barrios de Oviedo». El viaje duraba nueve días y el precio, 8 libras esterlinas, comprendía el transporte en autocares, hoteles, tres comidas diarias, y los servicios de guía. Este precio cubría los gastos y producía beneficios, como se pretendió al crear este servicio. Más tarde, estas rutas turísticas se ampliaron hasta Tuy en la frontera portuguesa de Galicia, y se creó la ruta de Andalucía, que incluía el circuito Sevilla, Jerez, Cádiz, Algeciras, Málaga, Granada y Córdoba.

De la operación se responsabilizó Luis Bolín. En entrevista personal, el general Franco autorizó a Bolín la operación, y le alentó a desarrollar sus proyectos. Después los siguió muy de cerca. La organización era rigurosa y los autocares partían con puntualidad matemática, aunque sólo hubiese un pasajero. Los primeros pasajeros fueron tres religiosas francesas y un periodista inglés. «Pero no tardaron en llenarse, y semanas después empezamos a hacer negocio». Las excursiones se llamaban genéricamente «rutas nacionales de guerra», y cada autocar llevaba el nombre de una batalla importante. En su mayoría, los pasajeros eran «escritores, conferenciantes y predicadores». Al ser ocupado Madrid, los autocares se llenaron de personas que querían visitar parientes y amigos. Para simplificar formalidades y vender más billetes, Bolín aceptó turistas sin visado español, e incluso sin pasaporte.

La inversión que requirió la operación fue de 70.000 dólares, que se invirtieron en 20 autocares que llegaron a España dos días antes que se iniciara la operación. Los vehículos eran autobuses escolares Dodge, comprados a la Chrysler.

Los ingresos producidos por estos viajes sobrepasaron los pronósticos más optimistas. Bolín hizo el resumen de que los ingresos por esta operación cubrieron todos los gastos de gasolina, reparaciones, hoteles, comidas, y desde luego la inversión. El beneficio final de la operación ascendió a casi nueve veces la cantidad adelantada por el Estado para adquirir los 20 autocares y financiar las operaciones iniciales.

Terminada la guerra, las «rutas nacionales de guerra» se convirtieron en las «rutas nacionales de España» que, durante la segunda guerra mundial, fueron trayendo con regularidad turistas a España, quienes en verano recorrían el norte y en invierno el sur (Holguín, 2005). Jane Anderson Cienfuegos, célebre espía y simpatizante nazi, colaboradora del Daily Mail, terminó trabajando con Bolín en la promoción desde Estados Unidos de las «rutas nacionales». En su momento recibió la Medalla al Valor Militar de manos de Francisco Franco (Bermejillo, 2005).

XIII
El oro. Ventas a Francia y Moscú. La reacción del Gobierno de Burgos

EL ORO DEL BANCO DE ESPAÑA

El llamado «caso del oro», es decir, las ventas de oro al Banco de Francia, su traslado a Cartagena, y posteriormente a Rusia, ha sido objeto de infinidad de estudios. Hay mucha literatura, en efecto, sobre las ventas del oro del Banco de España durante la República, y especialmente la dedicada a la descripción de la salida del oro como tal, al proceso de su venta, y a las peripecias de ese oro en Moscú. Lo más destacado a este particular se encuentra en las aportaciones de Juan Sardá, Ángel Viñas y Pablo Martín Aceña.[1] Pero, hasta unos años, poco se había escrito de las interioridades del proceso desde el punto de vista soviético. Cómo se hizo «puertas adentro». Cómo esa cuestión se manejó desde el aparato gubernamental de la URSS y las vicisitudes del oro español en Moscú.

A partir del año 2000 ha empezado a conocerse esa parte de la historia, producto de diversos trabajos y del acceso a nuevos fondos abiertos a la investigación, en especial en relación con los «papeles rusos», procedentes de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de algunos archivos particulares como los de Marcelino Pascua y otros políticos, que fueron protagonistas en el «escenario del oro» durante la guerra civil. Todo ello está permitiendo dar respuesta a muchas de esas incógnitas: Payne (2003), Howson (2000) y Radosh, Habeck y Sevostianov (2002) han abierto nuevos horizontes y hoy constituyen magníficas fuentes de información. La biografía de Miralles Palencia (2003) sobre Negrín también ayuda a definir y comprender el perfil de un personaje que tan importante papel desempeñó en cuanto a la salida del oro. Daniel Kowalsky (2003) revela también muchos detalles acerca de la política soviética en España, y aclara numerosas cuestiones mal entendidas. Por fin, la trilogía de Viñas (2006, 2007, 2008a) sobre la República, cierra ya muchas polémicas abiertas e informa sobre nuevos campos.

A la hora de estudiar todo lo relacionado con la salida de oro del Banco de España fuera del país, es necesario clarificar en primer término cuál fue el proceso que permitió esa salida. Cuál fue el papel que tuvo el Banco de España de Madrid en el diseño de la operación, así como el grado de colaboración que prestó a su ejecución.[2] Y es necesario conocer cómo fue el seguimiento que de la operación se hizo desde el Banco de España de Burgos, y sus intentos, primero, de paralizar la operación, y después, de recuperar las reservas que ya habían salido del país.

Desde el punto de vista del marco legal, que constituye el escenario en que la operación se desarrolló, hay que recordar, ante todo, que la Ley de Ordenación Bancaria, en vigor en aquel momento, permitía disponer de ese oro solamente para defender el cambio de la peseta. Y en este supuesto, la operación tenía que hacerse con oro propiedad, en una mitad, del Banco de España y, en otra mitad, del Tesoro, quien previamente lo recibía en forma de préstamo del banco emisor. Como consecuencia, todos los acuerdos que sobre ventas de oro se fueron tomando por el Banco de España llevaban una cláusula, en la que se garantizaba que el oro exportado nunca se aplicaría a otro objetivo «distinto de la intervención del cambio».[3] Es muy importante tener en cuenta esta rígida condición, a efectos de una adecuada evaluación de lo que ocurrió, y de las responsabilidades que pudieron contraerse.

También hay que recordar que, según los cálculos de Viñas (1976:19 y ss.), el 18 de julio el Banco de España poseía 708 toneladas de oro fino, de las cuales 638 se conservaban en Madrid, 53 depositadas en la sucursal de Mont de Marsan del Banco de Francia y el resto en manos de corresponsales. El valor en dólares de las toneladas existentes en Madrid alcanzaba los 718 millones,[4] lo que, excluida la Unión Soviética, colocaba a España en cuarto lugar en el ranking de los países occidentales, en relación con el volumen de sus reservas, detrás de Estados Unidos, Francia y Reino Unido (Martín Aceña, 2008b:1079).

En pesetas, éste era el valor del oro y la plata en poder del Banco de España a 18 de julio de 1936, tal como estaba contabilizado en su balance:[5]

La Ley de Ordenación Bancaria exigía disponer de una determinada garantía metálica en oro y plata que respaldara la circulación fiduciaria. Hasta 4.000 millones de pesetas de circulación, la garantía debería ser del 45%, por lo menos un 40% en oro. El resto (5%) podía ser en plata. Y por el exceso de los 4.000 millones de pesetas en circulación y hasta 6.000 millones, se requería el 60% de garantía, de la que al menos el 50% debería ser en oro. Ello significaba que la circulación de aquellos momentos, que no pasaba de 4.600 millones de pesetas, quedaba cubierta con 1.900 millones de pesetas o, lo que es lo mismo, 552 toneladas de oro. Según Carabias (1946), si en lugar del precio del oro fijado en la ley se utilizaba el consolidado en los mercados, la circulación quedaba cubierta con 220 toneladas de este metal.[6]

Las existencias de oro se concentraban fundamentalmente en la caja de Madrid. Las de plata se encontraban más dispersas entre las distintas sucursales. Concretamente, al iniciarse la guerra, 108 millones de pesetas de plata se encontraban en oficinas del Banco de España ubicadas en la zona nacional.

Como es sabido, la venta de las existencias de oro y plata se inició por la República inmediatamente después de la sublevación militar. Un proceso en el que deben distinguirse tres etapas. Una primera, de ventas a Francia. Otra posterior, de venta de las reservas trasladadas a Moscú. Y una última, de ventas de plata.

PRIMERA ETAPA DE LAS VENTAS DE ORO. FRANCIA

Las primeras órdenes de venta del Banco de España

Según informan las actas del Consejo General del Banco de España en Madrid correspondientes a la sesión del 24 de julio de 1936, seis días después de la sublevación militar, el gobernador dio cuenta a los consejeros de una comunicación del Ministerio de Hacienda «autorizando al Banco para vender oro amonedado o en barras hasta la cantidad de 25.220.000 pesetas, valor nominal, al efecto de la acción interventora en el cambio internacional», prevista en la Ley de Ordenación Bancaria.[7] El subgobernador propuso al Consejo contestar al ministro de Hacienda «que el Banco, siguiendo su tradición de cooperar a cuanto afecta al interés nacional y a la defensa de la moneda, realizará el anticipo de la mitad de la cantidad».[8] Fue la primera venta de oro del Banco de España después del estallido de la guerra civil, y se hacía a Francia. Desde el punto de vista táctico, en estas primeras operaciones, el Banco de Francia abonaba el contravalor del oro en francos papel al Banco de España en París, y éste transfería esos francos a la cuenta del Centro Oficial de Contratación de Moneda, del Gobierno republicano.

A efectos de conectar esta operación con las necesidades de la República y con el destino de los recursos, es necesario recordar que cinco días antes, el 19 de julio, el Gobierno de la República había solicitado del Gobierno francés el inmediato envío a España de 20 aviones Potez, 1.000 fusiles con un millón de cartuchos, 50 ametralladoras con 12 millones de cartuchos y 8 cañones de campaña con accesorios y munición (Howson, 2000:42 y ss.). Era condición de la operación que el material se pagara antes de ser enviado a España. Y, ya el día 21, el embajador en París había recibido un telegrama de Madrid reiterando la urgencia del envío, porque el Gobierno lo consideraba indispensable para dominar la insurrección. No cabe duda, por ello, de que los fondos que se estaban solicitando tenían ese destino.

El embajador de España en París, Juan Francisco de Cárdenas, simpatizante de los militares sublevados, trató de ayudar a éstos boicoteando las órdenes del Gobierno de la República mediante el retraso de las gestiones. Pero consciente de esa operación, el 22 de julio el Gobierno trasladó urgentemente a París a Fernando de los Ríos,[9] entonces en Ginebra, para que se ocupara de la compra del armamento desde París, sustituyendo a Cárdenas, mientras se procedía a cambiar de embajador. Posteriormente fue nombrado embajador de España en París Marcelino Pascua Martínez.[10]

El 24 de julio, el mismo día en que el Gobierno de la República había tomado la decisión de vender el oro, hubo que constituir un depósito en la Banque de Paris et des Pays Bas por valor del 50% del material que se estaba comprando. Y un día más tarde llegaba a París la primera remesa de oro, la única solución para disponer de financiación, con la urgencia que requerían momentos tan especiales. El envío lo integraban 18 cajas conteniendo libras esterlinas amonedadas.[11] Para ello hubo que olvidar lo que los juristas entendían que era un quebrantamiento de la Ley de Ordenación Bancaria, que sólo permitía disponer del oro para defender el cambio de la peseta. No existían más razones válidas para justificar ese quebrantamiento que la excepcionalidad de la guerra.

La siguiente sesión del Consejo General se celebró tres días después, el 27 de julio. En ella se informó al Consejo de que ya había sido firmado el convenio sobre la operación acordada en la sesión anterior. Tal como advertía el acta, el Gobierno de la República se obligaba al reembolso de las cantidades anticipadas por el banco «en el más breve plazo posible desde que cese su aplicación, arbitrando para ello los recursos oportunos, siempre con el compromiso de no aplicar dichas cantidades a otros fines de los que dan origen a este Convenio». En esta sesión se informó también de la llegada a París sin novedad de la primera remesa de oro.

Al envío de la remesa del día 25 se añadieron las del 28 y 31, hasta completar otras 36 cajas, también con libras esterlinas. Y así, el Banco de Francia pudo efectuar un primer ingreso de 53 millones de francos franceses en la cuenta del Banco de España, a nombre del Comité Oficial de Contratación de Moneda. Con ello, y un anticipo de 320 millones de francos a cuenta de futuros envíos, el Gobierno de la República pudo iniciar en Francia y otros países la compra del armamento que tan urgentemente requería. Llegado a París, el oro se cargaba en camiones aparcados al pie de la escalerilla, y desde allí mismo era escoltado por fuerzas de la Gendarmería (Martín Aceña, 2004:153 y ss.).

En la sesión del Consejo del Banco de España del 10 de agosto,[12] el gobernador dio de nuevo cuenta de dos oficios recibidos del Ministerio de Hacienda, de fechas 3 y 7 del mismo mes. El primero trataba de guardar las formas, disponiendo que se convocara, con toda urgencia, a la junta interventora del cambio exterior, a fin de consultarla sobre la conveniencia de situar oro en el extranjero, «al efecto de la acción interventora en el cambio internacional». El segundo daba cuenta de que el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Hacienda, había tomado el acuerdo de:

… requerir del Banco de España un préstamo de veinticinco millones doscientas veinte mil pesetas oro, valor nominal al efecto del ejercicio de la acción interventora en el cambio internacional, aceptando el Gobierno la responsabilidad de la operación, que en su día someterá al Parlamento para su regulación constitucional.

El Consejo quedó enterado del contenido de ambas comunicaciones y, por lo que se refiere a la segunda, resolvió «acceder a la petición que en la misma se formula… con arreglo a los términos del mencionado oficio, y que se formalice el correspondiente convenio».

Unos días antes, el 8 de agosto, Prieto había pronunciado su famoso discurso radiofónico sobre la importancia del dinero en la guerra. En él, explicitaba la necesidad de financiación para aplastar la sublevación, así como la obligación moral de la clase dirigente republicana de movilizar todos los recursos. En ese discurso, Prieto ya parecía entender que el «levantamiento» era un estado de guerra, y no un simple golpe de Estado tradicional. Dinero, dinero, dinero, era lo que necesitaba.

En el Consejo del día 10 surgió un incidente producido, sin duda, por la urgencia de disponer de material de guerra, y que pudo entrañar consecuencias, porque los miembros del Consejo conocieron con perplejidad que la dirección del banco, antes de tomarse el acuerdo, ya había dispuesto la preparación del envío, y que prácticamente la remesa había empezado a realizarse antes de que la operación fuera aprobada. Así lo puso de manifiesto el subgobernador, al dar cuenta al Consejo de que «atendiendo a las indicaciones que había recibido del Gobierno en orden a la urgencia del envío del oro a París, había procedido a disponer la preparación de dicho envío; y en su consecuencia se había efectuado ya la remesa de la primera parte correspondiente a esta nueva operación», al mismo tiempo del resto que quedaba de la anterior. El Consejo, ante los hechos consumados, acordó «aprobar las disposiciones adoptadas por éste», pero, sin duda, no pudo evitar la sensación de que algo, que no le agradaba, estaba sucediendo.

El 12 de agosto se presentaron al Consejo otras dos órdenes. Una, disponiendo que se situara en el Banco de Francia, «a los efectos de la acción interventora en el cambio internacional», la cantidad de 25.220.000 pesetas oro valor nominal. Y otra, autorizando al banco para vender oro amonedado o en barras hasta esa cantidad. Se aprobaron en sus propios términos, sin ningún comentario, ni ninguna observación, por parte del Consejo. El 24 de agosto, órdenes idénticas.

El procedimiento era siempre el mismo: el Consejo de Ministros acordaba solicitar al Banco de España un préstamo en oro. Y una vez suscrito el convenio de crédito entre el banco y el Gobierno, aprobado en Consejo del Banco de España, el Ministerio de Hacienda «autorizaba» al Banco de España a realizar la exportación y venta del oro.

Una nueva orden requería el 5 de septiembre al Banco de España un nuevo préstamo por valor de 25.220.000 pesetas oro. El subgobernador solicitó el acuerdo al Consejo señalando, esta vez, que el banco había «de rendirse a las resoluciones que se adoptan, inspiradas en el ferviente deseo de pacificación del país colaborando con el Gobierno de la República». El Consejo aceptó una vez más la operación, porque en las estipulaciones del acuerdo, que se especificaban con detalle en el acta, se insistía en el «compromiso de no aplicar dichas cantidades a otros fines que los que dan origen a este Convenio». Idéntica operación a la del 24 de agosto se propuso el 7 de septiembre. Y una vez más el Consejo «quedó enterado para su cumplimiento», pero era claro que su preocupación tenía que ser creciente.

En todo caso, a estas alturas, algunos consejeros empezaban, sin duda, a percibir dos realidades que no les gustaban. Una primera, que el papel del Consejo General del banco en estas operaciones se estaba limitando a «recibir instrucciones del Ministerio de Hacienda». Y una segunda que tenía que agradarles menos: el convencimiento, cada día más perceptible, de que posiblemente se estaban financiando operaciones que no se ajustaban a la ley, ni a los convenios y documentos que se suscribían para cada operación, que muy terminantemente advertían que el producto del oro prestado tenía que ser dedicado «exclusivamente» a operaciones de estabilización del cambio. Sin embargo, el Consejo no se atrevía a plantear objeciones, en la medida en que el ambiente que les rodeaba no era muy propicio para ello,[13] especialmente en lo referente al deterioro de la imagen de la banca y los banqueros.

Porque era una realidad indiscutible que las operaciones se estaban haciendo basándose en un convenio, que condicionaba la autorización a que el destino del oro prestado no podía ser otro que el mantenimiento del cambio de la peseta en los mercados internacionales. Y sin embargo, el Banco de España, y los miembros de su Consejo, sabían perfectamente, al menos ya en aquellos momentos, que esto no era así. Es cierto que las negociaciones no eran públicas, pero el nivel de conocimiento que en la administración se tenía de la compleja operación de compra de armas que se estaba llevando a cabo por la República, por una parte, y la no existencia de operaciones visibles de estabilización del cambio, que hubieran tenido que conocerse y seguirse desde el propio Banco de España, caso de que hubieran existido, por otra, no dejaban ninguna duda sobre cuál era el destino final de la venta del oro. Y, desde luego, la reiteración de las operaciones agravaba más el proceso.

Otra dimensión del problema: el traslado del oro

En el mes de septiembre de 1936, la «cuestión del oro» tomó una dimensión extraordinaria, y preocupante. Porque en medio de la escalada de ventas al Banco de Francia, y poco después del último acuerdo de venta del 7 de septiembre, el domingo 13, el presidente de la República, Manuel Azaña, aprobó, a propuesta del ministro de Hacienda, el siguiente decreto reservado:

La anormalidad que en el país ha producido la sublevación militar, aconseja al Gobierno a adoptar aquellas medidas precautorias que considere necesarias para mejor salvaguardar las reservas metálicas del Banco de España, base del crédito público. La índole misma de la medida, y la razón de su adopción exigen que este acuerdo permanezca reservado. Fundado en tales consideraciones de acuerdo con el Consejo de Ministros, y a propuesta del de Hacienda, vengo en disponer con carácter reservado, lo siguiente: Artículo 1.º Se autoriza al Ministro de Hacienda para que, en el momento que lo considere oportuno, ordene el transporte, con las mayores garantías al lugar que estime de más seguridad, de las existencias que en oro, plata y billetes hubiere en aquel momento en el Establecimiento Central del Banco de España. Artículo 2.º El Gobierno dará cuenta, en su día, a las Cortes de este Decreto.

Es decir, el Gobierno republicano entendía que Madrid no era un lugar seguro en cuanto a la conservación del oro, por la potencial amenaza que suponía la inminente conquista de esa plaza por las tropas sublevadas. Julio Carabias explicó posteriormente que el afán que desde los comienzos de la lucha existía en el Gobierno de Burgos por el asalto a Madrid, respondía sin duda «al propósito de apoderarse del oro del Banco y reducir así a la impotencia al Gobierno republicano». Y añadía que el conocimiento de que el oro había sido evacuado fue una de las razones para que el mando de los sublevados decidiera «atenuar la ofensiva sobre la capital, la cual permaneció asediada durante más de dos años y medio».[14] Porque el oro era la mayor garantía que tenía la República de que podía ganar el conflicto. Prieto lo había dejado claro en su alocución de guerra por los micrófonos de Unión Radio de Madrid el 8 de agosto de 1936: el dinero era todo.[15] También Cornelio Tácito había dicho que «el dinero es el nervio de la guerra» (Moradiellos, 2006:200).

Al día siguiente de la aprobación del decreto reservado, 14 de septiembre, se reunió el Consejo General del Banco de España.[16] Pero el acta de esta sesión no hace referencia al acuerdo de traslado tomado el día anterior, y los asuntos reflejados en ella fueron rutinarios. Se dio cuenta al Consejo de las notas y estados de situación del banco, transferencia de acciones, movimiento de fondos en la caja de metálico y en el extranjero. Se ofrecieron datos comparativos de las existencias de plata en las cajas del establecimiento en las fechas del 5 al 12 de septiembre y de las operaciones de las sucursales. Se informó de las actas correspondientes a los arqueos de las cajas, cartera y caja de la fábrica de billetes. Se dio lectura a las actas de las reuniones celebradas los días 9 y 11 por la comisión de sucursales, con asuntos propios de éstas. Y el Consejo quedó enterado de un decreto del gobernador por el que separaba del servicio del banco al médico del establecimiento, Mariano Mañeru Roncal, como consecuencia de haber sido destituido como funcionario del Estado. También de la nota de movimiento de personal de la semana anterior. Esto fue todo. Del acuerdo del traslado del oro, aprobado el día anterior, nada.

La siguiente sesión tuvo lugar dos días después. Se dio cuenta del acta de la reunión celebrada el día 14 de septiembre. Y se informó al Consejo de que había sido firmado un decreto, por el que se autorizaba al ministro de Industria y Comercio para suscribir una póliza de crédito con el banco, por valor de cinco millones de pesetas, para el pago de atenciones urgentes. Tampoco nada del acuerdo de traslado del oro del día 13.

Y, sin embargo, algo destacaba en el acta de esa sesión. El consejero Martínez Fresneda, posiblemente preocupado porque, sin duda, conocía el traslado del oro, solicitaba del presidente «constase en acta su deseo de que el Consejo salude… al Sr. Ministro de Hacienda… y a la vez pueda hablarle de algunos de los asuntos de gran importancia que están en curso». Algo empezaba a preocupar mucho al Consejo.

Porque entre esas dos sesiones del 14 y el 16 se había producido algún acontecimiento de notable relevancia, que no había dejado ninguna huella en las actas oficiales, pero que los consejeros no ignoraban, como era la decisión adoptada por las instancias políticas, comunicada al Banco de España, y ejecutada sin más trámites, del traslado del total de las existencias de oro y plata, desde los sótanos de la plaza de Cibeles, a los polvorines de La Algameca, en la base naval de Cartagena. Posiblemente, de esto quería hablar Martínez Fresneda al ministro de Hacienda, cuando solicitaba urgentemente audiencia.

La parte operativa de la salida del oro del Banco de España se inició a partir del momento en que Negrín convocó al director de la Caja General de Reparaciones, Amaro del Rosal,[17] para plantearle, en presencia del director general del Tesoro, Francisco Méndez Aspe, «un problema muy urgente, muy delicado, y de la máxima reserva, para el que solicita la colaboración de la Federación Nacional de Banca». Se conoce esa conversación porque el propio Amaro del Rosal (1977, vol. 2:535-536) la cuenta:

Se trataba nada menos que de la evacuación inmediata del oro y plata, amonedado y en barras, así como de otros valores de las reservas y depósitos del Banco de España… En la reunión quedó establecido el plan: ese mismo día sería seleccionado un grupo de empleados de banca del Sindicato de Madrid, de la máxima confianza; se encerraría en los sótanos del Banco de España… y permanecerían allí, sin salir, hasta que terminaran todos los trabajos de manejo, preparación y expedición de todos los metales preciosos y valores, todo ello bajo el más riguroso control y formalidad administrativa. Unas carpinterías de confianza se dedicarían a fabricar, día y noche, los miles de cajas, cerca de 8.000, que iban a necesitarse… Los designados deberían avisar a sus familias de que estarían ausentes de Madrid por bastantes días. Formado el grupo… quedaron encerrados en los sótanos del banco, provistos de todo lo necesario. Con su trabajo fueron preparando las expediciones, que salían hacia Cartagena en trenes especiales de muy pocas unidades y algunas otras en camiones, bajo fuerte escolta de carabineros. El enemigo avanzaba hacia Madrid preparando el asalto a la capital de España… en algunos casos, se rompían sembrando el suelo del sótano del Banco de España de piezas de oro… Con frecuencia, el director general del Tesoro, Francisco Méndez Aspe, y el autor de este trabajo, visitábamos al grupo que estaba realizando esa delicada misión. El ministro sólo hizo una visita.[18]

Al final las cajas que se remitieron a Cartagena fueron 10.000. En ello están de acuerdo Viñas, Bolloten y Kowalsky. Las reservas salieron de Madrid por ferrocarril[19] rumbo a los polvorines de la base naval de La Algameca.[20] La primera expedición salió de la estación de Atocha la noche del 15 de septiembre. De esas 10.000 cajas, 7.800 se trasladaron al cabo de un mes a Odessa, y las 2.200 cajas restantes se embarcaron rumbo a Marsella.

El acuerdo de traslado del oro se había tomado en el Consejo de Ministros del sábado día 12 de septiembre, tercera sesión del nuevo Consejo que presidía Largo Caballero.[21] Durante la sesión del Consejo de Ministros llegaron noticias de duros enfrentamientos en la sierra de Guadarrama. El día 11 se había filtrado la noticia, difundida desde Burgos, de que las tropas de Franco iban a lanzar el asalto definitivo a la capital. Incluso llegó a debatirse en el Consejo la conveniencia de que el Gobierno se trasladara a Barcelona o a Valencia. Todo ello, en un momento en que lo que el Gobierno estaba considerando era la necesidad de monetizar urgentemente el oro para financiar la compra de armas.

Y ésta fue la razón, sin duda, de que la urgencia en el traslado del oro fuese defendida y justificada con posterioridad por los políticos republicanos en el exilio. Madrid no era un lugar seguro. Largo Caballero (1976:191) lo dijo: «era una cosa natural, en evitación de que, en un caso desgraciado, el Tesoro fuese a parar a manos de los sublevados, pues sin armas y sin oro para comprarlas, la derrota de la República sería inevitable».[22]

Conforme a la secuencia de los hechos, el domingo 13 de septiembre Negrín comunicó al gobernador del Banco de España, Nicolau d’Olwer, que el presidente de la República había firmado un decreto reservado autorizándole a mover, por motivos de seguridad, las existencias de oro, plata y billetes del Banco de España al lugar «que estime de más seguridad», ante el asedio que sufría Madrid, que incluso obligaría a los ministros a abandonar la ciudad. Si ésta caía, y con ella el oro del banco, la República «tenía sus días contados».[23] El gobernador le expresó al ministro sus temores y dudas sobre la oportunidad de la mudanza, pero Negrín insistió en la urgente necesidad de hacerlo. Sin duda, estaba obsesionado por la idea de Prieto de que la victoria dependía de la financiación y, por lo tanto, de la manera de administrar los recursos. De ahí su beligerancia en cuanto al traslado del oro, aunque es posible que Negrín tuviera en aquel momento otras razones, y otras noticias, sobre otra amenaza que acechaba al oro en los sótanos de la plaza de Cibeles.

Ángel Viñas, que ha estudiado con profundidad el momento del traslado del oro, y que dispone de mucha información, oral y escrita, de algunos de los actores, dice que el día 14, después del Consejo al que se ha hecho referencia, se celebró un Consejo extraordinario a las 5 de la tarde. Fue una sesión secreta de tarde-noche, que dio lugar a un acta reservada, y en la que se debatió acaloradamente la decisión, tomada ya por las instancias políticas, de trasladar el oro. Se sabe con certeza lo que pasó porque se dispone del acta reservada que se levantó, que cuenta con todo detalle lo que en aquella sesión ocurrió.

La verdad oficial: el acta reservada del 14 de septiembre

El acta reservada del 14 de septiembre de 1936 constituye un documento realmente importante para aclarar la «cuestión del oro». Durante mucho tiempo, se ha venido hablando de esta sesión, y del contenido del acta a la que dio lugar, en términos generales, pero sin ofrecer precisiones sobre el tenor literal de lo que contenía. Y así ha sido porque, como ya se sabe, el acta no fue transcrita en el libro de actas habitual. Se le otorgó carácter reservado, en el propio texto que recoge lo acontecido en aquella sesión, que terminó de esta manera:

Siendo la hora muy avanzada se levantó la sesión acordándose que lo que antecede conste en este libro de actas reservadas, y lo firmen los concurrentes Sr. Gobernador, Sres. Subgobernadores Sres. Carabias y Suárez Figueroa, Consejeros Sres. Álvarez Guerra, Martínez Fresneda, Viñuales y Rodríguez Mata conmigo el infrascrito Vicesecretario en Madrid a catorce de Septiembre de mil novecientos treinta y seis.

Dada la significación y la trascendencia de la operación de traslado del oro en 1936, y el enorme valor histórico de esa acta, tiene interés reproducir textualmente sus partes más sobresalientes, a efectos de disponer de un perfil suficientemente preciso del marco en el que en aquellos momentos se operaba, y de las evaluaciones que se fueron haciendo sobre los diversos acontecimientos.

La sesión comenzó dándose lectura del decreto reservado del Ministerio de Hacienda.[24] Al glosarlo, el gobernador manifestó que:

… de momento la orden se circunscribe al transporte de las existencias de oro, haciendo resaltar la trascendencia y gravedad de la disposición que no escaparán al buen juicio de todos… el Gobierno anterior, ya tuvo igual propósito, y con tal motivo detalló las gestiones que él había realizado entonces y ahora cerca del Sr. Ministro de Hacienda y del Presidente del Consejo, haciéndoles ver las máximas seguridades que ofrece la cámara subterránea del Banco para la custodia de las existencias de oro, expresándoles también otras razones de orden político, y la alarma que podría producirse al ser conocida tal determinación. El Gobierno actual, sin duda con otros elementos de juicio, insiste en la necesidad de tal transporte a sitio que, sin duda, estima más seguro, y de ahí la disposición que acababa de leer… la situación que plantea el Decreto leído es grave, pero se trata de una disposición dictada por un Gobierno en virtud de los plenos poderes de que le inviste una situación como la actual. No ignora que si se hubiese pedido parecer al Banco éste hubiera sido contrario y sabe que alguno de los asistentes a la sesión ha hecho conocer su pensamiento al Gobierno sobre el asunto. Estima que debe quedar a salvo la responsabilidad moral de los presentes y que, aun cuando el parecer de éstos sea contrario a situar las existencias del Banco fuera de su caja central, se trata de una orden del gobierno que se ha de cumplir lealmente; y por último manifestó que dado el carácter reservado del referido Decreto, encarecía la mayor reserva, aun cuando ya comprendía que la operación, por el crecido número de individuos que en ella han de intervenir, difícilmente podrá permanecer en el secreto deseado.

A continuación intervinieron todos los consejeros presentes. La reunión fue larga, dura, y en algunos casos áspera.

El primero en intervenir fue Viñuales, representante de los intereses generales.[25] Desde luego, estaba de acuerdo con la exposición del gobernador. Según se hacía constar en el acta,

… le parece procedente que se apruebe la gestión hecha por el Sr. Gobernador, que responde al pensamiento del Consejo, lamentando que las razones dadas por él no hayan sido atendidas, pues estima además que las existencias de oro están más salvaguardadas en el Banco Central que en cualquier sitio. Pregunta si no deberá el Consejo hacer estas consideraciones por escrito. O si basta con las que ya ha hecho el Sr. Gobernador, lamentando no se haya realizado una consulta al Banco, aunque estima que el Sr. Presidente viene defendiéndole muy acertadamente, y si cree que basta con lo ya hecho, a él, a su vez, también le basta.

El siguiente en exponer su criterio sobre la procedencia del traslado del oro, fue el subgobernador Suárez Figueroa, quien

… se unía a las manifestaciones hechas por el Sr. Gobernador, pero con alguna adición, tal como la de que si el Banco hubiese sido consultado se hubiesen expuesto los inconvenientes que tiene la resolución adoptada y acaso no hubiere sido inútil nuestra opinión; que hay que fijar la atención en que la autorización al Sr. Ministro es para disponer el transporte de todas las existencias de oro, plata y billetes sin separación entre los habilitados y no habilitados para la circulación;[26] y en que no se determina el lugar a que hayan de ser llevadas las existencias; que lo dispuesto es de una importancia extrema, en relación con la correspondiente responsabilidad, por lo cual desea quede constancia de estas manifestaciones que en su día, si la situación se prolongara, habrán de determinar, por lo menos, los adeudos que en cuentas apropiadas habrán de hacerse al Tesoro en concepto de depósito para todos los fines que exigen las leyes, Estatutos y Reglamentos vigentes… estimaba debía darse traslado oficial del Decreto al Banco y cree necesario conocer, al salir el oro de la caja del Establecimiento para otro sitio, qué custodia y qué vigilancia va a tener.

Rodríguez Mata,[27] representante de los intereses generales, fue en su turno el que menos objetaba la operación. Precisó que «una vez comunicado el Decreto, el Sr. Ministro debe ordenar el traslado de tal o cual cantidad, en ejecución de dicho Decreto y después podría, incluso, llegarse a la formalización de un Convenio». Nada más.

Totalmente discrepante fue desde el primer momento la posición de los dos consejeros que representaban a los accionistas, José Álvarez Guerra y Lorenzo Martínez Fresneda. Ambos se opusieron, en idénticos términos, a una medida que creían lesionaba seriamente los derechos de los accionistas. Y lo hicieron sabiendo el peligro que corrían. Anunciaron su dimisión, su voto en contra a la propuesta, y propusieron dirigir un escrito al ministro de Hacienda para que desistiera de ella. Ambos alegaron la responsabilidad en que incurrían con el traslado ante los accionistas del banco, si votaban a favor de una operación que conculcaba sus derechos. Y ambos pusieron de manifiesto, con mucho empeño, lo irregular que era que, a la vez que se solicitaba su autorización, ya se estuviese preparando el traslado.

Álvarez Guerra mantuvo desde el primer momento una postura muy clara y terminante. Tenía presente que el Banco de España era de propiedad privada, y por lo tanto de los accionistas a los que él representaba.[28] No le gustaba la operación y no estaba dispuesto a votar a favor de la salida del oro. Por ello presentaba su dimisión. Éste es el texto que, de su intervención, recoge el acta reservada:

… dio las gracias al Sr. Gobernador por lo bien que ha interpretado los deseos del Consejo; le parece bien lo hecho por él, y de acuerdo con lo indicado por el Sr. Viñuales pide se eleve un escrito al Sr. Ministro en el que se razonen los peligros y riesgos que esta operación encierra y en el que conste el parecer del Consejo… quería anticipar al Sr. Presidente la situación que esta disposición del Gobierno crea a los Consejeros, que como a él le ocurre, han sido designados por los Accionistas del Banco y por eso le anuncia su propósito de no autorizar, con su presencia, la salida del oro de la Caja Central del Establecimiento, a cuyo efecto presentaba la dimisión de su cargo.

Pero el gobernador ya tenía su respuesta preparada. Le invitaba

… a que reflexionase sobre tal determinación que estimaba de verdadera gravedad, pues el Consejo se quebrantaría notablemente con ella, y para dar idea de la estimación en que tiene la colaboración de los Sres. Consejeros y Subgobernadores dio lectura de los términos en que está redactada su dimisión del cargo de Gobernador, altamente halagüeños para unos y otros.

Álvarez Guerra no aceptó la invitación, y dando respuesta al requerimiento del gobernador, dijo que

… era un motivo más de agradecimiento para ellos lo que acababa de manifestar el Sr. Gobernador, mas éste debe comprender la situación que se plantea a los representantes de los Accionistas con tal medida, pues se juega en este asunto el capital del banco. No se oculta a nadie que el Consejo está mediatizado, siendo la situación de una grave responsabilidad en relación con aquellos de quienes se ha recibido el mandato y un deber de lealtad con los que le han elegido para este cargo aconseja proceder en la forma anunciada; es distinta la posición de los Consejeros del Estado y la de los representantes de los Accionistas, y aunque no elude responsabilidad alguna respecto a cuanto se ha actuado desde que se iniciaron los actuales sucesos, no quiere tenerla, en lo que… va a ocurrir.

El consejero Viñuales, intervino para recordar que Álvarez Guerra era consejero «de una compañía de carácter público y, por tanto, son los intereses públicos los que en lugar preferente ha de defender». Y el gobernador, a su vez, «hizo ver al Sr. Álvarez Guerra el trastorno que puede producirse al quedar solamente en el Consejo los representantes del Gobierno, pues ello podría dar lugar a una nueva organización del banco». Pero ninguna de estas intervenciones le hizo cambiar de opinión.

Intervino a continuación Martínez Fresneda, también representante de los accionistas. Quiso solidarizarse con su compañero de representación, pero también llamar la atención, y hacer hincapié, sobre el hecho de que mientras estaban debatiendo la cuestión, el oro estaba ya empezando a trasladarse.[29] No había, por lo tanto, nada que hablar. Pero sí quería formular su protesta y salvar su responsabilidad. Porque le estaba llegando,

… a la vez, en este momento la noticia de la resolución o acuerdo del Gobierno, y la de haber empezado ya la faena para el traslado del oro. No le cabe, pues, ejercitar el derecho que le asiste de dar su opinión y su voto en caso de tal gravedad, quedándole únicamente el de formular, como lo hace, su terminante y sentida protesta, salvando su responsabilidad… los riesgos que el traslado ofrece en contraste con la seguridad de la Caja de nuestra Central de Madrid, que reúne las máximas garantías. Resalta el hecho de que no se diga dónde ha de ser trasladado el oro que le impide conocer las que este sitio pudiese ofrecer… su conformidad con que se haga una razonada exposición al Sr. Ministro en el sentido propuesto por los Sres. Viñuales y Álvarez Guerra, con todas las razones aducidas para que, si no es posible evitar en su totalidad la salida del oro, se limite a las cantidades que el Gobierno considere imprescindibles.

Aludió también a la sugerencia de Rodríguez Mata sobre la conveniencia de formalizar en todo caso un convenio, concluyendo que «así debiera hacerse a la mayor brevedad».

A la vista de ello, presentaba terminantemente su dimisión.

… por lo expuesto, entendiendo que la disposición del Gobierno excluye a los representantes de los Accionistas de una de sus más importantes y trascendentales funciones, presenta, como el Sr. Álvarez Guerra, cuyas palabras hace suyas a este respecto totalmente, la dimisión de su cargo, que pone en manos del Sr. Gobernador para que se sirva cursarla en cuanto estime que con ello no se causen perjuicios a los altos intereses de nuestra Institución, pues, como su digno compañero de representación, no quiere en modo alguno, que su decisión pueda ser interpretada, en ningún momento, como acto de hostilidad al Gobierno ni de desafección al Régimen. Apolítico… llegué a esta casa y con tal ideología he de continuar.

Volvió a intervenir Suárez Figueroa, recordando toda su vida consagrada al servicio del banco,

… al que profesa inextinguible cariño, mas al llegar al puesto que actualmente ocupa, tiene que armonizar aquel cariño con el respeto debido al Gobierno y a sus decisiones. Acepta todos los sacrificios que puede representar su actitud, pues aun cuando él seguiría la adoptada por los dos Sres. Consejeros, se considera obligado a realizar el sacrificio de continuar en el Banco, para lo poco o lo mucho que pueda valer y signifique su intervención en los expresados aspectos, no pudiendo encontrarse satisfecho si le falta la colaboración de los indicados Sres. Consejeros, cuya ausencia lamentará en extremo.

Viñuales insistió en que Álvarez Guerra y Martínez Fresneda deberían «defender la Institución de crédito de que forman parte y por lo tanto no deben renunciar a una colaboración en defensa de los intereses generales de todo el país».

Nuevamente intervino Rodríguez Mata:

No se creería obligado a decir más, pero después de las manifestaciones hechas por los Sres. Álvarez Guerra, Martínez Fresneda y Suárez Figueroa, estima obligado decir que habiendo reflexionado con anterioridad a la sesión sobre el tema que se discute, había reflejado su pensamiento en una cuartilla que leyó y que dice así: «El hecho de que la medida que nos ocupa se adopte por Decreto y por modo secreto, sin previa consulta al Consejo de Administración del Banco, indica muy claramente, a juicio del que habla, que son poderosísimas razones de orden político o militar, o cualquier otra potentísima razón de Estado las que han movido al Gobierno a tomar tal resolución. En esa motivación no cabe, por tanto, al Consejo entrar en discusión, a juicio de este Vocal, que en consecuencia estima que no tiene opción y acepta la orden impuesta por el Gobierno, salvando expresamente, en conciencia, su responsabilidad»… ante el hecho prácticamente consumado, no cree pertinente acudir con escrito alguno al Gobierno y que, de acordar lo contrario, habría que redactarlo con cuidado, pues las manifestaciones hechas en esta sesión no constituyen realmente un alegato razonado en contra de la resolución del Gobierno.

Hasta este momento no había intervenido Julio Carabias. Lo hizo para solidarizarse con el mandato del Gobierno, y para pedir a Álvarez Guerra y Martínez Fresneda que continuaran en sus puestos. De no ser así, los intereses de los accionistas sufrirían «quebrantos irreparables». El acta acota así esta intervención:

… le parece innecesario fijar su actitud en el asunto que se ventila, ya que suscribe, sin reserva alguna, aquellas manifestaciones. Sin embargo… quiere hacer constar su opinión respecto de la delicada cuestión que ocupa el Consejo. Como Subgobernador 1.º del Banco, nombrado por el Gobierno, debe acatar y cumplir las órdenes de éste, máxime cuando ellas tienden a proteger, como en la ocasión presente los intereses de nuestra Institución. Entiende que nadie podría sustituir al Gobierno en la apreciación de las circunstancias de carácter nacional que aconsejan, a juicio suyo, adoptar las medidas de precaución adoptadas en el Decreto. Solamente a él le es dable conocerlas en su verdadera significación y medirlas en todo su alcance. Por tanto, aun contrariando la opinión que personalmente y desde cualquier punto de vista político o económico, pueda merecerle el acuerdo que se comunica al Consejo, su actitud no puede ser otra que disponerse a cumplir dicho acuerdo, con el celo y la diligencia que el Banco viene poniendo en la ejecución de todas las disposiciones del Poder Público. De no hacerlo así, creería poner en peligro los más altos intereses del Banco, contrayendo con ello una gravísima responsabilidad. Une su ruego al del Sr. Gobernador dirigido a los Sres. Álvarez Guerra y Martínez Fresneda, de que permanezcan en sus puestos pues considera indispensable su colaboración. El Banco necesita hoy más que nunca el concurso de estos Sres. Consejeros, cuya bien probada lealtad hace que sus servicios a la Institución puedan reputarse, como decía el Sr. Viñuales, de interés público. Si dejándose llevar por impulsos nacidos de un equivocado concepto del deber, abandonaran sus cargos, los intereses de empresa que ellos dicen representar como mandatarios de los Accionistas experimentarían, acaso, quebrantos irreparables.

Rodríguez Mata se unió al cerco que los consejeros «gubernamentales» estaban cerrando sobre los dos «independientes», representantes de los accionistas,

… para hacer patente a los consejeros representantes de los Accionistas, dos tipos de consideraciones. 1.ª: Que sin duda el Gobierno, presumiendo que la posición del Consejo de Administración no estaba acorde con su decidido propósito, había de por sí salvado de antemano la responsabilidad del Consejo dejando a éste con toda su autoridad moral que en otro caso habría probablemente perdido, ya que el Consejo sólo se mueve por consideraciones de orden técnico y económico. Y 2.ª: Que al adoptar medidas que pudieran parecer violentas pondrían a la Institución ante mayores riesgos que debíamos evitar.

A partir de estas consideraciones, el gobernador invitó de nuevo a Álvarez Guerra y Martínez Fresneda «a que reflexionasen sobre la responsabilidad que contraen si insisten en su decisión, por las consecuencias que ésta pudiera tener para la economía del país al traer, como seguramente ocurriría, una renovación total de las personas que componen el Consejo». Y les rogaba que retirasen sus dimisiones.

Ninguno de los dos consejeros representantes de los intereses de los accionistas quiso rectificar su posición. Martínez Fresneda señaló que él había puesto su dimisión «en manos del Sr. Gobernador, con objeto de que la curse en cuanto no cause estrago a los altos intereses aludidos y ruega que no se le prive del deseo de poder consignar en acta lo que ha manifestado». Y Álvarez Guerra dijo «que quería evitar todo lo que suponga estrago para el Banco y a tal efecto anunciaba que mientras se resolvía acerca de la dimisión presentada al Sr. Gobernador, que es el conducto reglamentario, seguiría actuando». En todo caso, no actuó como había prometido, porque a partir de ese día no concurrió a ninguna otra sesión del Consejo.

Y así acabó la sesión, «siendo la hora muy avanzada», como concluye el acta. Los cuatro consejeros asistentes a esta sesión abandonaron sus puestos. Álvarez Guerra dejó de asistir alegando problemas de seguridad y permaneció en su casa hasta el final de la guerra, rechazando todos los requerimientos que se le hicieron para que desistiera de su postura. Viñuales lo hizo el 21 de septiembre. Rodríguez Mata el 16 de octubre. Martínez Fresneda se mantuvo en su puesto hasta el 6 de noviembre, fecha en que, después de muchas protestas por las ventas de oro, ya no quiso ni manifestarse sobre una venta de 151.320.000 pesetas oro, dejó de concurrir, y se exilió refugiándose en la embajada de Cuba.

En resumen, bajo la apariencia del suave ropaje de un debate diplomático, la sesión fue realmente dramática y borrascosa. Y es necesario tener en cuenta, para juzgar adecuadamente esta sesión y las distintas intervenciones, el clima de inseguridad que en aquellos momentos reinaba en Madrid, y especialmente las amenazas y coacciones de que estaban siendo objeto los consejeros del Banco de España.[30] En cuanto al contenido del debate, ninguna de las propuestas de los consejeros representantes de los accionistas fue aceptada. Pidieron suspender la operación y dirigir un informe al ministro de Hacienda, pero no lo consiguieron. Presentaron la dimisión, que no se aceptó. Y ni siquiera llegaron a ver el acta, que posiblemente nunca se firmó.[31]

En todo caso, posteriormente, ya casi al final de la guerra, quedó claro que la responsabilidad del traslado del oro se residenciaba en el Consejo de Ministros, que es donde se tomó la decisión, y que el Consejo General del Banco de España había sido simplemente informado de esa decisión, por el gobernador, a petición del Consejo de Ministros. Así lo dijo el gobernador en la junta general del Banco de España republicano celebrada en Barcelona el 8 de enero de 1939.[32]

Complot anarquista para robar el oro

Pero antes del traslado a Cartagena, al oro le había acechado otro peligro. Dolores Ibárruri[33] recordó que desde los primeros momentos de la sublevación, «una de las grandes preocupaciones de los faístas catalanes fue la de apoderarse del oro del Banco de España», porque éstos pensaban «que, teniendo el oro en su poder, podrían consolidar definitivamente la revolución libertaria». Lo justificaba recordando el viejo conflicto financiero de Cataluña con Madrid. El 27 de agosto, tras una orden enviada por el Ministerio de Hacienda a la Delegación de Hacienda de Barcelona para que remitiese a Madrid el oro y la plata de que disponía el Banco de España en Cataluña, se aprobó un decreto estableciendo, en violación abierta del estatuto, el control directo por parte del Gobierno catalán en todas las sucursales del Banco de España situadas en Cataluña.[34] Dolores Ibárruri pensaba que esa decisión era el primer paso para la creación de un sistema financiero y monetario propio de Cataluña, independiente del resto de España, lo que constituía un nuevo paso en la política separatista. Y, en esa línea, el oro del Banco de España, o parte de él, ya se había situado en el punto de mira de las fuerzas políticas catalanas.

Dolores Ibárruri cuenta también cómo en un artículo titulado «Problema social y económico de Cataluña», publicado en Solidaridad Obrera el 13 de septiembre de 1936, Federica Montseny se dirigía al «proletariado de toda España», pidiendo ayuda para Cataluña frente a las incomprensiones de los Gobiernos de Madrid, y protestando airadamente por el hecho de que se negaba al Consejo de Economía de Cataluña «el oro que necesita y que en Madrid sobra», lo que podía suponer la amenaza de una ruptura entre Cataluña y el resto de España. Mientras, el Gobierno catalán, con el apoyo anarquista, seguía presionando sobre el Gobierno de la República para que concediese oro o divisas a la Generalitat.

Y fue en ese momento cuando surgió la espectacular operación de la FAI que, decidida a actuar en otro terreno, preparó todo un asalto a mano armada del Banco de España para hacerse con el oro. Es posible que, cuando en septiembre de 1936, Negrín informó al gobernador del Banco de España del acuerdo de trasladar con urgencia las reservas del banco, haciéndole partícipe de sus temores sobre la caída de Madrid, estuviera ya presionado por otra amenaza que acechaba al oro del banco emisor. Y hasta es posible que, para justificar el traslado, le hablara de la amenaza que suponían las muchas bandas incontroladas de anarquistas y sindicalistas dispuestas a asaltar el banco. Porque esa trama existió y, aunque poco conocida, ha dejado huellas.

La operación sería el supuesto propósito de los anarquistas catalanes de apoderarse del oro, poco antes de que fuera sacado de España, para financiar «su guerra», tal como lo explicaba Diego Abad de Santillán,[35] famoso dirigente de la CNT-FAI de Cataluña, relatando una conversación que, junto con otros dirigentes de la FAI, tuvo con el primer ministro de la República en agosto de 1936. Así lo cuenta:

En los últimos días del gabinete Giral… fuimos con Díaz Sandino,[36] no por primera vez, a exponer al Gobierno de Madrid la situación de Cataluña, sus necesidades y sus posibilidades… Pasamos toda una tarde discutiendo con el Presidente del Consejo de Ministros, un hombre que estaba muy mal informado y muy mal asesorado, pero que nos pareció sincero… Hablamos con el corazón en la mano, expusimos el instrumental poderoso de que disponía Cataluña, la capacidad de heroísmo de su población, haciendo resaltar que, en una guerra moderna, no se puede triunfar si no se está respaldado por una fuerte industria y, en este caso, no había en España más que la industria catalana en condiciones de rendimiento, con un equipo técnico de primer orden… Expusimos nuestras posibilidades militares, destacamos la importancia del frente de Aragón para ligar económicamente a la región catalana con la industria pesada de Euzkadi y con la zona carbonífera de Asturias. Recordamos haberle dicho que nuestra guerra estaría ganada el día que las fuerzas del frente aragonés enlazasen con las regiones metalúrgicas y mineras del norte de España. Le explicamos que nos bastábamos, si se nos ayudaba con los recursos financieros de que carecíamos, para aplastar al enemigo, deplorando que el Gobierno central, por un odio insensato a Cataluña y por miedo a la revolución del pueblo, que era el representante de la verdadera España, pusiera obstáculos a nuestra obra, que entrañaba la victoria y la salvación para todos… Hablamos largamente también sobre el oro del Banco de España, que estaba en peligro, y cuyo traslado inmediato aconsejábamos. Le mencionamos antecedentes de otros países durante la guerra mundial y le hicimos ver que en Madrid no estaba seguro y que la responsabilidad histórica del Gobierno de la República si dejaba caer el oro del Banco de España en manos del enemigo, sería incalculable… También visitamos con Díaz Sandino al presidente de la República, Manuel Azaña, en el antiguo palacio real de Madrid. Era en los días de pánico que siguieron a los desastres de Talavera. Azaña nos esperaba a las diez de la noche… Le expusimos nuestra situación en Cataluña y nuestras necesidades apremiantes y le dimos cuenta de las conversaciones con Giral y de la acogida que creíamos haber tenido en nuestras gestiones. Pedimos a Azaña que interviniese personalmente a fin de que no se frustrasen las promesas que nos habían sido hechas (Abad de Santillán, 1940:131 y ss.).[37]

Más adelante, Abad de Santillán (1940:140) se preguntaba, en relación con sus gestiones sobre el oro:

¿Había de ser la nuestra la primera guerra que se perdiera por falta de armamento cuando había en el tesoro nacional con qué comprarlo?… Mientras tanto, el enemigo avanzaba sobre Madrid de un modo peligrosísimo. Se concibió el proyecto de tomar lo que nos correspondía. El tesoro del Banco de España no podía ser dejado al albur de un Gobierno que no acertaba una y que estaba perdiendo la guerra. ¿Fracasaríamos nosotros también en la adquisición de armamento?… Con muy escasas complicidades, se alentó la idea de trasladar a Cataluña una parte al menos del oro del Banco de España. Se sabía de antemano que habría que recurrir a la fuerza y fueron situados en Madrid alrededor de 3.000 hombres de confianza y preparados todos los detalles del transporte en trenes especiales. Bien ejecutado el plan, era cuestión de poco tiempo, y antes de que el Gobierno tomase las medidas del caso, se habría salido hacia Cataluña con una parte del oro nacional, la mejor garantía de que la guerra podía entrar en un nuevo cauce.

Pero Abad de Santillán explicaba que al final,

… al llegar a los hechos, no se quiso cargar por parte de los promotores del plan con la responsabilidad del gesto que habría de tener una gran repercusión histórica. Fueron comunicados los propósitos al Comité Nacional de la CNT, y a algunos de los compañeros más conocidos. El plan produjo escalofríos de espanto en los amigos; el argumento principal que se opuso en la negativa a dejar hacer lo proyectado, lo que se iba a llevar a cabo de un instante al otro, fue que con ello sólo aumentaría la animosidad que reinaba contra Cataluña. ¿Qué se podía hacer? Era imposible enfrentarse también con las propias organizaciones y hubo que desistir.

Y concluía:

¿No habría sido otro el destino de la tragedia española si una parte al menos del tesoro nacional hubiese salido para la región donde había posibilidades, condiciones y voluntad para llevar la guerra a un término victorioso?

Consiguientemente, la operación se había planteado en serio. Puede entenderse como una confirmación de esta operación el que el propio Azaña (1981, vol. 2:180-181) recuerde y dé noticia de la visita que recibió de Abad de Santillán, juntamente con Díaz Sandino, y que se acaba de relatar. Azaña dice, al respecto, en sus Memorias:

En septiembre del año pasado, Sandino estuvo en Madrid, y pidió audiencia. Le recibí, ya de noche, en aquella terrible sala blanca del piso bajo, que veía a la Puerta de Oriente. Se me presentó acompañado de Santillán, uno de los próceres de la CNT… Me dijo que cuatro mil hombres de la CNT estaban dispuestos a venir a Madrid para apoderarse del oro del Banco. «¿Por cuenta de la Generalidad?», le pregunté. No. Pero pronunciándose una amenaza seria contra Madrid, el oro debía depositarse en Barcelona. Descubrió por fin el objeto de la visita, que yo había admitido creyéndola de mero cumplido. Se trataba nada menos que de una propuesta en serio… Lo tomé a broma, y paternalmente traté de demostrarle que su plan no tenía ni pies ni cabeza… Apenas llegué a Barcelona, lo que pude observar… me hicieron concebir la sospecha de que Sandino no me llevó el fruto de su inspiración personal, sino tal vez una embajada o, cuando menos, una exploración.

Azaña no dice en ningún momento nada más. Pero confirma la entrevista y la información que ofrece Abad de Santillán, aunque rebajando su contenido a una previa exploración.[38]

Sobre este «incidente» pueden aportarse más comentarios y matices. El dirigente socialista Juan-Simeón Vidarte[39] (1978:693 y ss.), que desempeñó un excepcional papel en aquellos momentos, señala que Companys, en una de sus entrevistas en Barcelona, le había comunicado que había prevenido a Largo Caballero sobre las intenciones, de elementos muy significados de la FAI, de apoderarse del oro para su traslado a Cataluña:

Yo mismo advertí a Largo Caballero de que habían salido en camiones y trenes varios centenares de personas de la CNT y la FAI, con este propósito, a fin de que tomara las precauciones necesarias para preservar el tesoro del Banco de España.

También el historiador Kowalsky (2003:233) se hace eco de que en aquellos momentos «circulaban rumores de que los anarquistas trataban el asalto del banco nacional».

Las relaciones de desconfianza que subyacen en todo lo anterior se confirman por el hecho documentado de que, tras el envío de las reservas del Banco de España a la Unión Soviética, el Gobierno republicano decidió trasladar cinco toneladas a Francia de un pequeño remanente que quedó en Cartagena, pero a la hora de estudiar el transporte, el Ministerio de Hacienda se negó a hacerlo en camiones o por ferrocarril, dado que éstos tendrían que atravesar Cataluña. Queda claro que temían que la Generalitat lo reclamara para sí (Viñas, 2007:187).

Órdenes de venta con el oro ya en Cartagena. Reacción del Consejo del Banco de España

Las órdenes de venta de oro, una vez que éste hubiera salido de Madrid, siguieron haciéndose con la misma mecánica, y al mismo ritmo. Lo que empezó a cambiar fue la actitud de algunos consejeros del Banco de España. La situación generaba mucha presión sobre la compra de armas para compensar el ritmo de guerra que estaban marcando los sublevados. El 20 de septiembre de 1936 habían llegado a Tetuán doce aviones alemanes para transportar a Sevilla las tropas de la legión extranjera, y ello crispó a la República. La consecuencia fue el envío de dos nuevas notas del Ministerio de Hacienda al Consejo General del Banco de España el 21 de septiembre. Una, ordenando al banco situar en Francia la cantidad de 25.220.000 pesetas oro. Y otra autorizándole a vender oro amonedado o en barras, por la misma cantidad, y con la fórmula habitual. Como siempre, el Consejo quedó enterado, pero algo estaba cambiando en la sensibilidad de los consejeros.

A partir de este momento, y al compás de la guerra, el ritmo de disposiciones se aceleró notablemente. El 28 de septiembre se presentó una nueva solicitud de préstamo por valor de 25.220.000 pesetas. El día 30 una nueva petición de venta por el doble de la cuantía habitual, 50.440.000 pesetas oro, acompañada de una nueva solicitud de préstamo por 25.220.000 pesetas. «El Consejo quedó enterado para su cumplimiento». Y en un ritmo ya frenético, nueva orden de venta el día 5 de octubre, de 25.220.000 pesetas oro. «El Consejo quedó enterado».

El día 7 de octubre, el encargado de negocios soviético en Londres advertía de los propósitos de la Unión Soviética de ayudar a España, a la vista del continuo respaldo que otros países estaban dando a los sublevados españoles, lo que estaba alterando de forma notable el resultado de la guerra. En los últimos días de septiembre se había recibido información de que 23 vagones cargados de cajas con 14 aviones desmontados habían llegado a Sevilla procedentes de Portugal. Y que un cargamento de materias tóxicas y otro material de guerra de procedencia italiana, expedido desde Hamburgo, se había remitido desde Lisboa hacia la frontera española.

De esta manera, y como respuesta, el ritmo de petición de recursos llegó al paroxismo. Una orden de 25.220.000 pesetas de venta de oro se recibió el día 13 de octubre. Otra, por la misma cantidad, esta vez de petición de préstamo, el 16. El 19 una de venta de oro por el doble, 50.440.000 pesetas oro. El 23, una nueva solicitud de préstamo por 25.220.000 pesetas. El 26, una nueva orden de venta por 50.440.000 pesetas oro. Y en la sesión del día 30 una nueva petición de préstamo, esta vez de tres veces la cantidad habitual, es decir, de 75.660.000 pesetas oro. En todas ellas la reacción del Consejo era la misma: «quedaba enterado». El día 6 de noviembre la orden de venta fue ya de 151,32 millones de pesetas oro.

Y aquí se pararon las ventas hasta el 4 de enero de 1937, cuando el Gobierno volvió a requerir del Banco de España un préstamo de 50.440.000, valor nominal «al efecto del ejercicio de la acción interventora en el cambio internacional». Inmediatamente después se produjo la orden de venta de 100.880.000 pesetas oro.

Desde el momento de la sublevación y hasta enero de 1937, el Banco de España había suscrito con el Tesoro 9 convenios de préstamo por un total de 290 millones de pesetas valor nominal oro. Estos convenios de préstamo se habían traducido en 12 operaciones de venta de oro amonedado o en barras, «al efecto del ejercicio de la acción interventora en el cambio internacional» por un total de 580 millones de pesetas valor nominal oro, lo que equivalían a 168,4 toneladas de oro fino. Todas con destino al Banco de Francia.

Por su parte, la Intervención General del Banco de España calculó en julio de 1939 ventas de oro a Francia hasta marzo de 1937 por valor de 598 millones de pesetas nominales, 18 millones más que los que corresponderían a los convenios firmados entre el Gobierno y el Banco de España (5,2 toneladas de oro fino). Para Ángel Viñas (1976:66 y ss.), que ya había identificado órdenes de venta adicionales en febrero y marzo de 1937, esto quiere decir que probablemente existían otros préstamos al Estado, no conocidos.[40]

Así, en conjunto, y entre julio de 1936 y marzo de 1937, el Banco de Francia adquirió, en nombre propio, o por cuenta del Tesoro Público, 173,6 toneladas de oro fino que representaban 192,3 toneladas de oro amonedado,[41] equivalentes a un 27% de las reservas de oro del Banco de España en Madrid a 18 de julio.

Mientras las reservas permanecieron en Madrid, las cajas con las monedas de oro salían de la plaza de Cibeles en vehículos, escoltadas en dirección al aeropuerto de Barajas, donde despegaban hacia el aeródromo Le Bourget, en París, o al de Francazal, en Toulouse. Luego, cuando las reservas del banco se movieron a Cartagena, a estos dos destinos se añadió el puerto de Marsella. El total de las toneladas se transportaron en 63 viajes, 36 directamente a la capital francesa, 22 a Toulouse y 5 a Marsella. En cada uno de los vuelos se embarcaron entre 2.000 y 3.000 kilos, mientras que en los cinco viajes por vía marítima el peso del cargamento fue muy superior. El elevado número de viajes respondía a la reducida capacidad de espacio en la bodega de los aviones y a las precauciones que, por motivos de seguridad, adoptaron las autoridades del Banco de España. Todas las remesas, cualquiera que fuese su camino, iban custodiadas por funcionarios españoles del banco y del Ministerio de Hacienda.

La contrapartida en divisas que recibió España por las ventas de oro ascendió a 3.922 millones de francos, aproximadamente el 40% de los ingresos totales del Estado en el ejercicio 1935.[42]

Por otra parte, en la reconstrucción de las operaciones efectuadas, realizada por Ángel Viñas en su exhaustiva investigación propiciada por el Instituto de Estudios Fiscales, trató de definir los importes globales de estas operaciones.[43] Pudo reconstruir la serie temporal de abonos efectuados en la cuenta de crédito del Banco de España en el de Francia, lo que permite seguir el ritmo y el volumen de las ventas de oro y asegurar los datos numéricos. Viñas (1976:67) estimaba los abonos por el Banco de Francia al de España desde el 19 de octubre de 1936 al 26 de marzo de 1937, en 3.894 millones de francos franceses.

En cuanto al régimen de pagos, éste era el mismo en todas las operaciones: el Banco de Francia entregaba al Banco de España en París la liquidación de cada remesa, y éste ponía esas sumas a disposición del Centro Oficial de Contratación de Moneda, a través del cual se cursaban las órdenes de disposición de fondos. Más tarde, las autoridades republicanas cambiaron el sistema, y las transacciones se hacían a través de la cuenta de crédito que el Banco de España tenía abierta en el de Francia. Martín Aceña (2008b:1094-1096) explica que las divisas no permanecían por mucho tiempo en la cuenta española del Banco de Francia, sino que eran transferidas a otras entidades financieras cumpliendo instrucciones que le llegaban codificadas desde Madrid o Valencia.

Por las investigaciones de Martín Aceña se ha podido conocer, también, que el propio Negrín disponía de una cuenta personal en la sucursal del Banco de España, a través de la cual los responsables del Tesoro Público llegaron a controlar directamente, desde Madrid, un tercio de los fondos. Y que, desde París, el dinero se distribuía por todo el mundo, de tal manera que agentes y diplomáticos de la República dispusieron de cuentas abiertas en Orán, Londres, Amberes, Amsterdam, Praga, Toulouse, Marsella, Rabat, Berna, Nueva York, Washington, México, Buenos Aires y Moscú.

La documentación de los archivos oficiales permitió a Martín Aceña conocer la lista de entidades bancarias a las que se fueron transfiriendo las cantidades ingresadas por la venta de oro, y desde las que operaban los agentes al servicio del Gobierno de la República. Y de esta forma pudo documentar transferencias por importe de 3.631 millones de francos.[44] Asimismo pudo hacerse con la lista completa de personas y entidades que manejaron fondos republicanos en París, en total 37.[45]

También se sabe ahora, gracias a las investigaciones de Viñas (2006:312-313), que en el mes de septiembre, y en pleno proceso de ventas de oro al Banco de Francia, Negrín se preocupó de diversificar esa operación, ofreciendo al Reino Unido la posibilidad de comprar oro a España. Al parecer, fue el ex ministro republicano y economista Gabriel Franco, quien trató de que la operación fuera intermediada por una empresa especializada en ventas de oro en el mercado londinense. La operación implicaba la venta de 3.481 lingotes, con un valor de 700.000 libras. La empresa estaba dispuesta a dar en préstamo un millón de libras esterlinas al Gobierno republicano, y calculaba poder vender sin dificultad unas 100.000 libras diarias.[46] Pero antes de cerrar la operación se planteó un problema. La empresa tenía que justificar el origen del oro y su destino y, por lo tanto, la firma del embajador era imprescindible. Si el oro venía de París, la firma del embajador allí tendría que ser legalizada por el Quai d’Orsay y la embajada británica Y ello suponía que la operación sería perfectamente conocida. Las gestiones se suspendieron.

En los primeros momentos, tal como se ha visto, todos los acuerdos sobre las ventas de oro se tomaron en el seno del Consejo del Banco de España por unanimidad, con comentarios que incluso podían parecer entusiastas, al principio, por parte de algunos consejeros. Pero ese fervor fue disminuyendo en la medida en que iba pareciendo claro que el destino de esas intervenciones no era estabilizar el cambio, sino financiar la compra de armas. Y especialmente a medida que la frecuencia y el importe de las operaciones iban creciendo de manera tan exagerada. Ya se ha visto que la fórmula habitual de los acuerdos era «el Consejo queda enterado», o «resuelve acceder a la petición que se formula». Y que sólo el consejero Martínez Fresneda, único representante en aquellos momentos de los accionistas, explicitó en alguna ocasión su descontento. Su comportamiento se fue haciendo cada vez más duro y, poco a poco, fue plantando discrepancias claras con el Consejo, que fueron subiendo de tono.

Al final, Fresneda reaccionó dimitiendo, pero aceptando continuar en su puesto hasta que su ausencia no causara daño a los intereses que estaba obligado a defender. Pero hizo renuncia al derecho que tenía a percibir los emolumentos que le correspondían por el desempeño de su cargo, con cuyo importe habría de constituirse un fondo que se emplearía para necesidades apremiantes de los empleados del banco o familiares.[47]

EL TRASLADO DEL ORO A MOSCÚ

El 6 de octubre de 1936 un acuerdo del Consejo de Ministros autorizó al presidente del Gobierno, Largo Caballero, y al ministro de Hacienda, Negrín, a trasladar el oro «fuera del territorio patrio». El acuerdo del Consejo de Ministros decía textualmente lo siguiente:[48]

En virtud de las amplias facultades que las Cortes han concedido al Gobierno, el Consejo de Ministros, en su reunión del día de hoy, acuerda lo siguiente:… Autorizar al Excmo. Sr. Presidente del Consejo, Don Francisco Largo Caballero, y al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, Don Juan Negrín López, para que de común acuerdo tomen cuantas medidas sean necesarias con el oro del Banco de España, sin limitación alguna, y aun cuando para ello hubiere que situarlo, total o parcialmente, fuera del territorio patrio para defender dicho oro de cualquiera contingencia que pudiera representar grave daño para los altos intereses de la Nación.

La autorización, pues, no mencionaba el lugar de destino, pero Viñas señala que es verosímil que en aquel momento se examinaran distintas alternativas, como Francia, Reino Unido y la Unión Soviética. Su opinión, basada, dice, en evidencia circunstancial, es que en tal reunión se aprobó ya el envío a la Unión Soviética.[49]

Prieto sostiene que Manuel Azaña no conocía la operación,[50] y que el traslado fue una sorpresa para él.[51] Zugazagoitia lo justificó en el secretismo de Negrín.[52]Y el secretario de Azaña confirmó también la versión de Prieto.[53]

El 25 de octubre, 7.800 cajas conteniendo 510 toneladas de oro fueron embarcadas rumbo a Odessa[54] y luego trasladadas por tren hasta Moscú,[55] donde se formalizó la entrega.[56] El lugar donde se depositó el oro español en Rusia fue el Depósito de Metales Preciosos del Estado del Comisariado del Pueblo en la Hacienda («Gokhran»). El acta de recepción se firmó el 7 de noviembre de 1936 en tres ejemplares en francés y otros tres en ruso. El día 20 de noviembre, tras haber analizado el contenido, peso y aleación de una muestra de 372 cajas, se levantó un acta provisional de depósito (Martín Aceña, 2001:100 y ss.). El inventario terminó el 24 de enero de 1937, y el día 5 de febrero de 1937 pudo firmarse el acta de recepción definitiva.[57] El total del oro exportado a la Unión Soviética equivalía a la producción anual de sus propias minas.[58]

Se ha llegado a decir que fueron los propios soviéticos los que, de alguna manera, forzaron el envío del oro español a la Unión Soviética presionando con la garantía de sus suministros de armas. Y así pudo haber sido.[59] Pero Moradiellos prueba, a partir de los archivos de Negrín, que no sólo no hubo sugerencias, sino que, al contrario, la propuesta les pilló por sorpresa.[60]

Largo Caballero había remitido el 15 de octubre al embajador soviético, Marcel Rosenberg, una carta del siguiente tenor:

He tomado la decisión en mi calidad de Presidente del Consejo, de rogarle proponga a Vuestro Gobierno que quiera consentir el que una cantidad de oro, de unas quinientas toneladas, sea depositada en el Comisariado de Finanzas del Pueblo de la Unión Soviética.

Y dos días más tarde, posiblemente respondiendo a alguna petición informal sobre el destino del oro, remitió una segunda, señalando que el objetivo del depósito era

… efectuar —con cargo a la cuenta del oro que Vuestro Gobierno ha aceptado que sea admitido en depósito en la Unión Soviética— pagos de ciertos pedidos o encargos en el extranjero, así como efectuar por mediación del Comisariado del Pueblo de Hacienda de la Unión Soviética y de los corresponsales de la Banca del Estado de la URSS transferencias en divisas.

En todo caso, la carta del 15 de octubre de Largo Caballero a Rosenberg coincidió con la llegada a Cartagena del primer gran envío de material bélico soviético a bordo del Komsomol, lo que sugiere quizá que la decisión de solicitar el consentimiento de Moscú al envío del oro se hizo conociendo la llegada de los barcos soviéticos a Cartagena (Viñas, 1979a:170).

El destino del oro a Moscú suscitó mucha controversia, y la sigue suscitando. Políticos y analistas se han preguntado si no hubiera sido mucho más lógico depositarlo en París, en Londres, en Zurich, o quizá en Nueva York. Vidarte contestó, terminantemente, que no era posible otra opción, porque ningún país en el mundo podía guardar las reservas de oro de España con posibilidad de monetizarlas, sin problemas, para comprar armas. Porque todos los Estados de Europa, decía, incluso aquellos que nada tenían que ver con el Mediterráneo ni con España, como los nórdicos, estaban implicados en las tesis del comité de no intervención.[61] Y depositar el dinero en Francia hubiera sido un terrible error, pues a pesar de estar en el poder un Gobierno del Frente Popular, el oro corría peligro.[62] Y así se vio con posterioridad.[63] Francisco Largo Caballero (1976:193) se preguntaba adónde podría haberse mandado, y contestaba en el mismo sentido:

Inglaterra y Francia eran el alma de la «No Intervención». Además esta última se había negado a devolver a la República el oro que desde la época de la Monarquía se tenía en depósito como resultado del sobrante por la desvalorización del franco hecha por Poincaré. ¿Se podía tener confianza en alguna de ellas? No. ¿En dónde depositarlo? No había otro lugar que Rusia, país que nos ayudaba con armas y víveres. Y a Rusia se entregó.

También Prieto justificó el envío a Moscú.[64] Y Kowalsky (2003:233) dijo que el envío del oro a Moscú probablemente fue la única esperanza de supervivencia de la República. Desde luego Negrín estaba convencido de que «sin oro, el régimen se hubiera desplomado en cuestión de semanas» (Moradiellos, 2006:200).

El profesor Martín Aceña (2008b:1084-1086), sin embargo, se ha preguntado si, efectivamente, la República no tenía ninguna otra alternativa, sosteniendo que se precipitó al sacar de España las reservas. Para él, la base naval era un lugar seguro, y desde ella el metal podía transportarse con facilidad a cualquier otro lugar de España y del continente. Y sostiene que, en el otoño de 1936, cuando Largo Caballero y Negrín tomaron la decisión de enviar el oro a Moscú, existían diversas alternativas, que no se sopesaron con la necesaria serenidad. Cree que si el oro se depositó en manos de Stalin fue porque éste se comprometió a enviar armas. Y recuerda que el oro se vendía en París, y que el Tesoro británico y el Banco de Inglaterra desaconsejaron cualquier medida que bloqueara los movimientos de oro. También Nueva York podría haber sido un lugar adecuado para el depósito. Su conclusión final es que si el Gobierno de la República depositó el oro en Moscú, no fue por falta de alternativas. Por ello, sostiene:

Enviar la práctica totalidad de las reservas metálicas a Moscú fue una decisión verdaderamente extravagante [en la medida en que] significó poner en manos de una burocracia impenetrable, completamente desconocida para los funcionarios españoles y a la pavorosa distancia de 4.616 kilómetros, un tesoro descomunal, muy parecido al que confiscaron los nazis en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

Por el contrario, Viñas insiste en que la República no tenía margen de maniobra ante la imperiosa necesidad de adquirir armamento moderno y a gran escala. La importación de armas que se había conseguido en los primeros momentos era totalmente insuficiente ante la marcha de la guerra y la notable disponibilidad de armas de los sublevados. Desde luego, el destino del oro no podía haber sido Suiza, que había prohibido la exportación de material de guerra. Viñas ha investigado la viabilidad de los distintos destinos, muchos de ellos contemplados y desechados por el mismo Negrín. La conclusión es que las posibilidades de adquirir grandes cantidades de armamento no existían en aquellos momentos fuera de la Unión Soviética.[65]

Es éste, quizá, el momento de recordar que no era la primera vez que en el Banco de España se planteaban iniciativas encaminadas a disponer de las reservas de oro, aunque nunca lo fueron tan drásticas y violentas como en esta ocasión. Y, en todo caso, siempre la resistencia de los consejeros del banco fue importante, y hasta numantina en ocasiones, logrando en todos los intentos su propósito de no ceder ante la presión política.

Las reservas del Banco de España eran propiedad de una entidad privada, en forma de sociedad anónima, y por ello, cualquier disposición de las reservas no acordada formalmente en Consejo podía implicar consecuencias penales. Lo intentaron los ministros de Hacienda José Calvo Sotelo, Julio Wais e Indalecio Prieto, y todos ellos tuvieron problemas con el Consejo. Los dos primeros no lo consiguieron, e incluso en el caso de Wais, el Consejo le obligó a suscribir préstamos extranjeros antes de cederle una pequeña porción de las reservas. El tercero, Indalecio Prieto, que se mostró mucho más enérgico que sus predecesores, todo lo más que consiguió fue que se depositaran, en septiembre de 1931, y en una sucursal del Banco de Francia en la ciudad de Mont de Marsan, barras de oro y piezas amonedadas como prenda de unos créditos.[66] Prieto incluso amenazó con reformar la ley si el banco no facilitaba en mayor medida la intervención del cambio para hacer frente a la situación de la balanza de pagos, que en aquellos momentos era muy difícil.

En todos los casos, el Consejo del Banco de España se negó rotundamente. En el caso de Prieto, éste reaccionó reformando la Ley de Ordenación Bancaria, amplió la presencia del Estado en el Consejo General con la incorporación de tres consejeros en representación de los intereses públicos, y reforzó la intervención del Ministerio de Hacienda en sus operaciones. Por todo esto las relaciones del Banco de España con la República fueron muy complicadas desde el mismo momento en que ésta se instauró.

Por otro lado, no era la primera vez que las reservas de un país abandonaban sus fronteras. Como antecedentes de la salida del oro en momento de peligro, Moradiellos (2006:219) cita a las autoridades de Francia y Gran Bretaña durante la guerra de 1914-1918. Por otro lado, las tropas nazis que ocuparon París en mayo de 1940 no encontraron oro en el Banco de Francia, porque éste había sido trasladado a Canadá, a las colonias norteafricanas y a la Indochina francesa. Tampoco lo encontraron en el Banco Nacional de Polonia, porque las autoridades lo habían mandado al África francesa. Y Noruega, Dinamarca, Letonia y Lituania, habían adoptado similares medidas cautelares trasladándolo fuera de sus fronteras, cuando vieron que las tropas alemanas podían invadir sus países.[67] Y cuando, como consecuencia de la derrota de Francia, parecía inminente la invasión de Gran Bretaña, Churchill convocó con toda reserva un Consejo de Gabinete para decidir las disposiciones a tomar a fin de salvar el oro y los valores de Gran Bretaña del peligro de posible captura por los alemanes. Acordaron el traslado del tesoro británico a Canadá.[68]

SEGUNDA ETAPA: VENTAS DESDE LA UNIÓN SOVIÉTICA

Con el oro ya en Moscú, se pagaron los armamentos y el material bélico que se suministraron, en una operación puramente comercial, a España.[69] También con cargo a ese oro se pagaron, entre otras partidas, los suministros de material y armas procedentes de terceros países, la ayuda para crear en España una industria bélica, los salarios del personal que luchaba o trabajaba en España, los subsidios y las pensiones a las familias de los caídos y el adiestramiento en la Unión Soviética de especialistas para el ejército popular.[70]

Negrín administró, desde el principio hasta el final, el contravalor de las reservas de oro del Banco de España trasladadas a Moscú. Y lo hizo por la posición que ocupaba en la República, pero también por su amistad con los más importantes «jerarcas» soviéticos. Marcelino Pascua, embajador en Moscú, dejó dicho que «sólo Juan Negrín poseía documentación sobre la contabilidad que se había llevado». No se dispone de ninguna información sobre las cuentas en divisas extranjeras en las que se abonó el producto de las ventas, y especialmente sobre las transacciones con las entidades financieras soviéticas.[71]

El principal banquero de estas operaciones fue la Banque Commerciale pour l’Europe du Nord de París (BCEN), que estaba bajo control soviético.[72] El BCEN se convirtió en la pieza esencial para pilotar todo el mundo financiero que se tejió por la República. Y Viñas (2007:147) dice que destacó por hacerlo «de manera opaca, al resguardo de los ojos curiosos de las potencias fascistas y también… de los medios de comunicación de los países democráticos, aunque no tanto de sus autoridades». Desde el punto de vista de las relaciones con España, el BCEN fue el único interlocutor financiero con la Unión Soviética.

En cuanto al proceso que seguía la monetización del oro enviado a Moscú, el ciclo comenzaba con una orden de venta, de las que existieron 19, cursadas entre el 19 de febrero de 1937 y el 28 de abril de 1938, que totalizaron 426 toneladas de oro fino (490 toneladas de oro amonedado). Las seis primeras ventas fueron firmadas por el presidente de Gobierno, Largo Caballero, y el ministro de Hacienda, Negrín, y las siguientes sólo las firmó este último.[73] Recibida la orden de venta en el Comisariado del Pueblo en la Hacienda, se separaba del depósito de oro la cantidad suficiente para generar en el mercado los dólares solicitados. El oro amonedado se fundía y refinaba para determinar su contenido. Y su expresión en dólares se calculaba al precio del oro en el mercado de Londres y al tipo de cambio dólar-libra que se cotizaba en la capital británica. Por fin, las divisas se transferían desde Moscú a la cuenta abierta por el Ministerio de Hacienda español en el BCEN en París, desde la cual Negrín disponía, bien directamente o por medio de delegados.[74]

No parece que haya duda de que los soviéticos controlaron bien el proceso de monetización del oro. Como señala Martín Aceña (2001:114 y ss.), hoy se dispone de los estadillos de fundición y refino elaborados por el Departamento de Metales Preciosos, así como de las facturas de venta preparadas por el Departamento de Moneda Extranjera relativas a las primeras 15 operaciones. Eran expedientes muy completos. A partir de esa información, el Comisario de Finanzas soviético, A. Zverev, le remitió a Negrín el 27 de febrero de 1938 un detalle de las operaciones realizadas hasta esa fecha y un voluminoso expediente con los pormenores de las operaciones de fundición y refino. Ésa es la información que Ángel Viñas (1976) pudo recoger en su momento.

Esos expedientes daban cuenta de la transformación de 415 toneladas de oro bruto, que tras el correspondiente proceso de fundición y refinado habían quedado reducidas a 374 toneladas. De éstas, el Gosbank había recibido 358,5 toneladas. El resto estaba pendiente de liquidación. Por ese oro refinado, que representaba más del 80% del depósito original, la República ingresó 397 millones de dólares, de los que 132 se quedaron en Moscú para saldar cuentas con el Comisariado del Pueblo para el Comercio Exterior. Los 265 millones de dólares restantes se transfirieron a la cuenta del BCEN en París (Martín Aceña, 2008b:1101). Ello quiere decir que en nueve meses la República se había gastado la mayor parte del oro trasladado a Moscú. Negrín contestó a la carta del Comisario de Finanzas soviético el 2 de marzo de 1938 diciendo que «tras haber examinado con cuidado los mencionados documentos los habían encontrado correctos».

Por ello, y conociendo la evolución del gasto, ya en otoño de 1937 y cuando sólo quedaban 95 toneladas de oro, Negrín había solicitado a su embajador en Moscú la búsqueda de créditos a largo plazo para seguir financiando la compra de materias primas, maquinaria, productos industriales y material de guerra.[75]

Hasta aquí, la operación de venta y salida de oro, que discurre desde que el Banco de España aprobó la primera venta de oro, el 24 de julio de 1936, hasta el 1 de agosto de 1938, cuando Negrín fue informado de que las reservas de oro enviadas a Moscú estaban prácticamente agotadas, y especialmente, hasta el 26 de noviembre de ese año en que dio su conformidad a las cuentas que le habían sido presentadas. Parece de interés, por ello, estudiar esa operación con perspectiva de conjunto, para profundizar en lo que fue y significó.

La operación completa de venta, en cuanto al oro se refiere, tuvo momentos clave. Una primera fase agruparía todas las operaciones de venta realizadas antes de la salida del oro de Madrid. Éstas se iniciaron el 24 de julio de 1936, seis días después de la sublevación, y la última partida de esta primera etapa de ventas se hizo con fecha 7 de septiembre. En esta primera etapa se realizaron cuatro operaciones de venta, todas y cada una de ellas por valor de 25.220.000 pesetas oro, lo que hace un total de 100.880.000 pesetas. Y todas esas operaciones se efectuaron con el oro depositado aún en las cajas fuertes de los sótanos de Cibeles. El acuerdo del traslado a Cartagena del oro se tomó el 12 de septiembre. La primera salida para Cartagena tuvo lugar el día 15. A partir de este momento, las órdenes de venta que se recibían en el Banco de España fueron cada vez más frecuentes y por cantidades mayores. Fueron ocho los acuerdos del Consejo del Banco de España dando órdenes de venta de oro, por un total de 479.180.000 pesetas.

Con el oro ya en Cartagena, el día 15 de octubre, Largo Caballero solicitó del Gobierno soviético autorización para depositar 500 toneladas de oro en Moscú. El 25 de octubre, 7.800 cajas conteniendo 510 toneladas de oro fino fueron embarcadas rumbo a Moscú. Una parte del dinero obtenido por las ventas de este oro se quedó en la Unión Soviética, para liquidar los suministros enviados a España por el Comisariado del Pueblo para el Comercio Exterior, y la otra, la proporción más significativa, se transfirió a París, al BCEN, para pagar las armas y municiones que la República adquirió en otras partes del mundo. La cantidad de oro vendida fue de 490 toneladas. La diferencia con el depósito original ascendía a 20 toneladas, que sin duda se quedaron los rusos en concepto de gastos administrativos y comisiones de diversa índole, así como para liquidar la parte no garantizada de un crédito de 70 millones de dólares concedido a la República.

En resumen, de las 638 toneladas de oro fino (equivalentes aproximadamente a 707 toneladas de oro bruto) disponibles en Madrid a 18 de julio de 1936, más de dos terceras partes se enviaron a Rusia (460 toneladas de oro fino o 510 toneladas de oro bruto), y fueron adquiridos por el Gosbank. La mayor parte del tercio restante (174 toneladas de oro fino que representaban 192 toneladas de oro amonedado) se vendió en Francia. En conjunto, la República ingresó más de 600 millones de dólares.[76]

VENTAS DE PLATA

Otra fuente de financiación para la República fue la monetización de las existencias en el Banco de España de la plata que formaba parte de las reservas. Porque cuando el oro empezó a agotarse, la República recurrió a vender la plata. Una operación que comenzó en marzo de 1938 y que prácticamente se desarrolló, en distintas etapas, hasta el fin de la guerra.[77]

Viñas (1976:311 y ss.), el primero en intentar la reconstrucción completa de los movimientos de plata que realizó la República, ya dijo que era un empeño prácticamente irrealizable, porque la mayor parte de esos movimientos tuvo lugar «en un período de desmoronamiento del Estado republicano», por lo que la información documental sobre ello era muy escasa. De ahí que la exhaustiva investigación que hizo sobre ese particular se basó no tanto en la documentación republicana que pudieron dejar las operaciones de venta, como en la producida por el Gobierno de Burgos, que dispuso de mucha información, en la implacable persecución que de esas operaciones hizo ante tribunales internacionales para anular las operaciones de venta y conseguir la devolución de esos activos al Banco de España en Burgos.

Al estallar la guerra civil, las existencias de plata en el balance del Banco de España estaban valoradas en 385,3 millones de pesetas las existentes en Madrid, y en 269,3 millones las que se encontraban en las sucursales distribuidas por todo el territorio nacional. Es decir, un total de 654,6 millones de pesetas.[78] La fórmula utilizada para vender la plata del Banco de España fue la misma que se había utilizado con el oro. El Ministerio de Hacienda remitía una comunicación al Banco de España ordenándole que hiciera un préstamo al Tesoro. A estas operaciones son aplicables todas las observaciones y las restricciones que, desde el punto de vista legal, se han hecho con anterioridad, en este capítulo, en relación con las salidas del oro.

Las operaciones se iniciaron en marzo de 1938, momento en el que el embajador de la República en Washington comunicó al secretario del Tesoro, Henry Morgenthau, que su Gobierno deseaba vender cinco millones de onzas troy de plata.[79] Aceptada la propuesta, la primera venta se hizo en mayo, ascendió a 186,6 toneladas, y el envío a Nueva York se realizó desde el puerto de Le Havre, hasta donde se había trasladado esa cantidad de plata, por carretera, desde Barcelona. Parece que la mayor parte de ese envío salió de los túneles de La Algameca, donde se encontraba almacenada desde septiembre.[80] Llegó a Nueva York el 30 de mayo, y el 2 de junio se realizó el pago.

Las ventas siguieron, y en conjunto se hicieron cinco envíos de plata a Nueva York. Su total fue de 1.225 toneladas por valor nominal de 245 millones de pesetas. Por los cinco envíos se pagaron 16 millones de dólares, de los cuales la República recibió el 95% inmediatamente,[81] quedando el 5% restante retenido. Esta cantidad, 803.718 dólares, la recuperó en 1943 el Banco de España (Viñas, 1979a:389).

Viñas (1976:334) afirmó en su momento que el Gobierno español había declarado que el producto ingresado por la venta de plata a Estados Unidos no se había ingresado en el Tesoro republicano, entendiéndose que formó parte de los fondos acumulados en el extranjero por Negrín para atender a las necesidades del exilio. No existe documentación que lo confirme.

También se vendió plata a Francia. La primera venta se realizó en julio de 1938, poco después de que se interpusiera por el Gobierno de Burgos una reclamación judicial sobre la venta de plata en Estados Unidos. Y quizá la decisión de hacer la operación en Francia se tomara, temiendo por los resultados de esa reclamación, buscando mercados más seguros. Y así, entre junio de 1938 y enero de 1939, existen documentadas nueve ventas de plata al Gobierno francés por un total de 522,5 toneladas y un valor nominal de 104,5 millones de pesetas (Viñas, 1976:337).

En conjunto, la plata efectivamente vendida en Estados Unidos y Francia ascendió a 1.747,5 toneladas, por un valor nominal de casi 350 millones de pesetas (Viñas, 1976:341-342), lo que equivalía a más del 90% de las reservas, existentes al 18 de julio de 1936, en la caja del Banco de España en Madrid. En conjunto, si se asume un precio similar en Francia y Estados Unidos, la República pudo contabilizar por las ventas totales de plata unos ingresos del orden de 23 millones de dólares.

LAS VENTAS SE HACÍAN SIN COBERTURA LEGAL

Como ya se ha visto, todas las operaciones se estaban haciendo, por parte del Banco de España, bajo la cobertura legal de las disposiciones entonces en vigor, para defender el cambio de la peseta. Y por ello, en todas las ocasiones, se añadía la fórmula obligada de que la venta se hacía con el «compromiso de no aplicar dichas cantidades a otros fines que los que dan origen a este Convenio». Pero ninguna de estas condiciones se cumplió en ningún momento, algo que podía desembocar en un escándalo. Y todos eran conscientes de ese peligro. Por ello, cada vez parecía más urgente y necesario establecer otro marco jurídico que regularizara esa anormal situación.

La solución no era otra que aprobar una norma legal que ofreciera una mínima cobertura, ante las posibles reclamaciones que se pudieran producir una vez terminada la guerra. Y esta norma no podía ser más que autorizar al ministro de Hacienda a disponer, sin ninguna restricción, de la cantidad de oro necesaria para la financiación de la lucha contra la sublevación. Y así se hizo. Como era lógico, se aprovechó esta norma para dar cobertura, con efectos retroactivos, al oro del que se había dispuesto desde el 19 de julio. La disposición tuvo carácter reservado, y por ello no se publicó en la Gaceta de Madrid.

Decreto reservado del 30 de agosto de 1936

La nueva norma dejaba muy claro su objetivo:

Los graves caracteres que ha tomado el movimiento sedicioso han obligado al gobierno a afrontar el porvenir con aquellas medidas de previsión que le aseguren el poder disponer en todo momento de los medios precisos y adecuados para desarrollar la lucha con la extensión e intensidad que exija el aplastamiento de la execrable rebelión que se ha desencadenado en España y lo fundamental, para poder desenvolver esa acción con la rapidez y en la medida que en cada momento demanden las circunstancias, es tener situados convenientemente los fondos necesarios en condiciones de desembarazada movilización cuando la coyuntura lo requiera… es la razón del presente decreto que, en evitación de posibles alarmas en el interior y recelos en el exterior, interesa quede en suspenso su publicación hasta que el Gobierno lo considere oportuno.

Y autorizaba al ministro de Hacienda a que:

… por el Centro Oficial de Contratación de Moneda se sitúe en una o varias veces, por cuenta del Tesoro, en el extranjero, a disposición de la representación diplomática, consular o persona que designara en cada caso, la cantidad de francos franceses que estime precisa para atender los gastos que las necesidades de la campaña impongan y se convalidan como hechas en méritos de esta autorización.

Por otra parte, y en orden a regularizar las operaciones anteriores, esta norma añadía que también quedaban convalidadas las ventas hechas «desde el diez y nueve de julio último hasta la fecha». El importe de las cantidades dispuestas sería satisfecho en su momento por la cuenta del Tesoro Público en el Banco de España.[82]

Con esta disposición, lo que se lograba era que las autoridades de la República dispusieran en la práctica del oro depositado en el banco de emisión, como si se tratara de oro del Tesoro, respetándose sólo de manera formal los preceptos de la Ley de Ordenación Bancaria.

Sin embargo, la realidad era que las ventas seguían sin tener cobertura legal adecuada, porque el decreto reservado del 30 de agosto de 1936 era manifiestamente insuficiente dado que el propósito que pretendían alcanzar era la compra de armas. Y así se continuó hasta abril de 1938, momento en el que otro decreto reservado reguló y autorizó a disponer sin restricciones de las reservas de oro y plata, para financiar «las necesidades de la guerra». Eso sí, sin perjuicio «de la obligación de su reembolso por el Estado español».

Decreto reservado del 28 de abril de 1938

Esta disposición fue la que proporcionó a las operaciones de venta de oro de la República una definitiva cobertura legal, y puso a los responsables de estas operaciones al abrigo de las reclamaciones que pudieran plantearse contra ellos, al final de la contienda. Pero fue tan reservada que, independientemente de que no se publicara en la Gaceta de la República, tal como correspondía, tampoco fue conocida por el propio Consejo del Banco de España hasta el 6 de enero de 1939, es decir, más de ocho meses después. Y lo fue en este momento, porque el gobernador se vio formalmente en la obligación de dar cuenta de ese decreto, a efectos de la preparación de la junta general de accionistas. Según el acta del Consejo de ese día 6 de enero, en que se informó sobre la existencia del decreto reservado, el gobernador explicó que

… antes de dar cuenta de la Memoria que se ha de presentar a la Junta general extraordinaria de accionistas, convocada para el día 8, estimaba conveniente que los señores Consejeros conociesen el Decreto reservado del Ministerio de Hacienda del 28 de abril de 1938, dictando normas en relación con las reservas metálicas del Banco de España.

Oída la lectura de dicho decreto, el gobernador manifestó «que la disposición leída había sido reiteradamente solicitada por el Banco y con ella queda clara la situación de sus Balances». En todo caso, encarecía «la reserva respecto de su contenido, dado el carácter que tiene el referido Decreto».

Pero el Consejo quedó realmente perplejo, y notablemente disgustado, por la falta de respeto que suponía el hecho de que se hubiera tardado tanto tiempo en poner en su conocimiento una disposición de tal trascendencia, y que tanto afectaba al banco y, personalmente, a todos los consejeros. Porque éstos habían estado asumiendo responsabilidades graves sin conocer la realidad de base legal en que se apoyaban. El Consejo opinaba que, aun cuando tales disposiciones tuvieran carácter de reservadas, esa condición no debería haber alcanzado nunca a aquellos que habían de cumplirlas, y que el Consejo debería haber tenido «el debido conocimiento de ellas». Y estaba cargado de razón.

La disposición de la que con tanto retraso se daba cuenta al Consejo autorizaba al ministro de Hacienda y Economía «para tomar a préstamo con destino a las necesidades de la guerra, las cantidades indispensables de oro o plata en moneda, lingotes o barras propiedad del Banco de España y a este Establecimiento para prestarlas al Ministerio de Hacienda y Economía». El ministro quedaba facultado, por lo tanto, «de acuerdo con el Presidente del Consejo de Ministros, para enajenar libremente las cantidades de oro y plata procedentes de los préstamos» establecidos. Como fórmula de cobertura, el Estado afectaba, «como garantía de los débitos contraídos y de los que hubiera de contraer… los créditos en divisas a su favor en el Centro Oficial de Contratación de Moneda, por cesiones hechas por el Ministerio de Hacienda y Economía a ese organismo». Una garantía que realmente no era tal, pero que cubría aparentemente los requisitos legales.

Otra concesión excepcional fue que el Banco de España quedaba autorizado a computar como reservas en oro o plata «los débitos del Estado para el Banco de España». Y algo todavía más importante, los problemas que pudiera plantear el decreto en cuanto a la relación reservas-circulación fiduciaria se solucionaban autorizando al Banco de España a «poner en circulación billetes por encima de las cantidades que autorizan las reservas previstas en la Ley de Ordenación Bancaria y hasta una suma igual al 60 por 100 del importe de la cuenta de Tesorería del Estado por anticipos no realizados en oro y plata».[83]

Con todo esto se hacía posible la financiación de la guerra, aunque al margen de cualquier ortodoxia financiera. Y al Banco de España se le planteaban varios problemas. Entre otros, los que se podían derivar de que el Banco de España, y sus activos, eran de propiedad privada.

EL ÚLTIMO REDUCTO FINANCIERO DE LA REPÚBLICA: EL ORO DE MONT DE MARSAN

Lo que pudiera haberse titulado «La frustrante aventura del oro del Mont de Marsan», con el subtítulo de «Un episodio realmente ilustrativo de lo que fue el oro en la República», constituye una de las páginas más curiosas de la guerra civil en el plano de la estrategia financiera, que vale la pena relatar.

El Banco de España había concertado en 1931 un crédito con el Banco de Francia por un importe de nueve millones de libras esterlinas, con garantía oro, destinado a ser utilizado para sostener la cotización de la peseta en los mercados internacionales. Esta garantía se constituyó con un depósito de 22,0 toneladas de oro que el Banco de España tenía abierto en Londres, en el Banco de Inglaterra. El resto del oro para completar la prenda, 52,6 toneladas, se remitió desde Madrid a la sucursal del Banco de Francia en Mont de Marsan.

Pero en junio de 1937 el Gobierno francés solicitó al Banco de España republicano la devolución del crédito pendiente.[84] Así se hizo, adjudicando a ese banco el oro equivalente a la cantidad debida.[85] Sin embargo, a lo largo de los seis años de vida del préstamo, el precio del oro se había duplicado, por lo que sólo hubo necesidad de vender 34,4 toneladas de oro, de las 74,6 que constituían el depósito, quedando a la libre disposición del Banco de España las otras 40,2 toneladas. El Gobierno republicano pidió que se vendieran las toneladas sobrantes y que se ingresaran las divisas en la cuenta del Banco de España republicano. Pero el Banco de Francia comunicó oficialmente al de España que no devolvería el oro hasta que los tribunales de Justicia resolvieran quién era su legítimo propietario (Martín Aceña 2004:167 y ss.).

Conocida la operación por el Gobierno de Burgos, éste inició una serie de reclamaciones y entorpecimientos para evitar la disposición de esos recursos por la República, planteando abiertamente el problema de la legitimidad del Banco de España de la República frente al Banco de España en Burgos. Carabias (1946:522) dijo que, frente «al temor de que una decisión arbitraria obligase a repetir el pago», el Banco de Francia se inhibió en la cuestión y se puso a la defensiva. El problema radicaba en determinar cuál de las dos partes reclamantes representaba en derecho al Banco de España. Y el Banco de Francia, según sostuvo, no era «el llamado a pronunciarse en el litigio», porque ello incumbía a los tribunales: «Que ellos dijesen la última palabra, y el Banco procedería en derecho». Ésa fue la decisión final del Banco de Francia. Y de esta manera se inició una batalla jurídica y una batalla política.

El proceso fue muy complejo. En abril de 1938, el Banco de España republicano interpuso una demanda ante el Tribunal Civil del Sena contra el Banco de Francia, mediante la cual esperaba recuperar inmediatamente las 40 toneladas de oro. En este caso, la República dispondría de una muy importante financiación adicional, que haría posible alargar la contienda hasta que se declarara la guerra europea, que ya parecía próxima. Y en ello habían puesto sus esperanzas los dirigentes republicanos. Julio Carabias lo explicó muy bien años después: el Gobierno «prefería jugar su última carta al albur de los acontecimientos que se vislumbraban en el horizonte internacional. La conflagración europea parecía inevitable y cabía esperar que la ruptura de las hostilidades implicase un cambio radical en el curso de la guerra española». Y, para ir tirando hasta el momento de esa ruptura, «el Gobierno esperaba la devolución por el Banco de Francia de 40 toneladas de oro… remanente de la liquidación del crédito abierto en 1931». Negrín participaba de esta creencia y había decidido resistir a toda costa.[86]

Pero no fue así. La guerra terminó el 1 de abril.[87] Previamente, el 25 de febrero, el Gobierno francés había decidido la devolución de las cuarenta toneladas de oro. Fue ésta la fecha en que finalizó la negociación de Francia con el Gobierno de Burgos, en la que todas sus peticiones fueron aceptadas.[88]

Larraz dice en sus Memorias que, a primeros de julio de 1939, siendo director del Servicio de Estudios del Banco de España, recibió orden de salir hacia París para proceder a la liquidación con el Banco de Francia de la pignoración del oro en Mont de Marsan. En números redondos suponían 140 millones de pesetas oro. Pero el Banco de Francia ponía la condición de que el Banco de España firmara un finiquito de todas las operaciones hechas desde 1931, es decir, también las suscritas por la República. Previa consulta con el Gobierno, Larraz firmó ese finiquito 40 días antes de que estallara la guerra europea. En ese momento, el oro ya estaba en España (Larraz, 2006:164-165).

REACCIÓN DEL GOBIERNO DE BURGOS ANTE LA VENTA DE LAS RESERVAS DE ORO Y PLATA

Las gestiones para el rescate del oro y la plata

El Gobierno de Burgos fue consciente, desde el primer momento, de que la salida del oro del Banco de España implicaba perder las reservas que respaldaban la moneda, y de la gran capacidad operativa que el oro ofrecía a la República. Por ello, la Junta de Defensa Nacional estableció la ilegalidad de la exportación del oro (decreto del 14 de agosto de 1936), declarando «delito de traición» las exportaciones de oro del Banco de España que se hubieran efectuado o se realizaran en lo sucesivo, así como las procedentes de la banca privada o de particulares.[89]

A la vez, puso en marcha un agresivo proceso de reclamaciones y pleitos ante Gobiernos e instituciones internacionales, tratando de entorpecer, por todos los medios, la monetización del oro y la plata por parte de la República. Se tomaron también medidas para tratar de reconstituir una pequeña reserva de oro. Y en concreto, en agosto, el Gobierno de Burgos inició una política de captación de todo el oro que se encontrara en el territorio bajo su dominio. En realidad, con ello se ponía en marcha una política de incautaciones «en favor de la financiación de la guerra», además de campañas, voluntarias o coercitivas, de recogida de metales preciosos o divisas.[90]

El primer movimiento para recuperar las reservas se hizo el 3 de agosto de 1936, cuando el presidente de la Junta de Defensa Nacional, general Miguel Cabanellas, ordenó formalmente al gobernador del Banco de Francia poner a disposición de la Junta cuantas cantidades existieran a nombre del Banco de España en ese país. Lo hacía con un escrito realmente peculiar, y con un estilo tan castrense, que no mereció respuesta del Banco de Francia. El texto de esa comunicación era el siguiente:[91]

Muy señor mío: Triunfante el movimiento de hondo sentir nacional, salvador de España, se ha constituido para la gobernación del Estado y como resumen de representación de los más legítimos poderes, la Junta de Defensa Nacional de España, que tengo el honor de presidir. Por Decreto de 24 de julio último, inserto en el Boletín Oficial del día 25 del mismo mes, se ha dispuesto que dicha Junta de Defensa Nacional «asume todos los poderes del Estado y representa legítimamente al país ante las potencias extranjeras»… Existiendo en ese Banco de su digna dirección una cuenta de depósito, a nombre del Banco de España, la cual como consecuencia de la disposición que copio en el párrafo anterior, pertenece a esta Junta de Defensa Nacional, lo pongo oficialmente en su conocimiento a fin de que no se pueda disponer de aquélla sin su autorización… En el mismo caso se encontrarán cualquier otra clase de depósitos, cuentas de moneda, billetes, valores o efectos que figuren a nombre de la expresada entidad bancaria del Estado español… En virtud de las facultades que incumben a esta Junta, he de merecer de V. S. que tenga presente lo expuesto a todos los efectos de la disponibilidad por parte de esta Junta de las sumas de referencia… Subsidiariamente y para el supuesto de que pudiera surgir alguna dificultad momentánea, advierto a V. S. que deberá abstenerse en todo caso de disponer total o parcialmente de las expresadas sumas o efectos, previniéndole que, de no hacerlo, contraerá la obligación del reintegro a que haya lugar… Ruego a V. S. acuse recibo inmediato de esta comunicación oficial y por el propio conducto que se le envía, consignando con especificación las cantidades o efectos de que se ha hecho mérito.

Unos días después, el 8 de agosto, la Junta remitía a los Gobiernos de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Portugal el siguiente telegrama:[92]

La Junta Nacional de España, constituida en Burgos y con autoridad normalmente organizada en casi todo el territorio nacional, considera su deber dirigirse a los gobiernos de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Portugal, y a la conciencia universal de todos los pueblos civilizados, para precisar con criterio rigurosamente objetivo y fácil de comprobar el verdadero significado de la contienda que actualmente se ventila en España. Stop. No se trata de una sublevación partidista y desordenada contra un régimen de gobierno que mantenga una autoridad organizada y solvente. Stop. Ni se trata tampoco de una guerra civil propiamente dicha con territorios sometidos unos a Madrid y otros a Burgos, en la que ambos gobiernos aseguran igualmente dentro de sus respectivas zonas el orden y el respeto a todos los derechos. Stop. Trátase de un movimiento nacional encabezado por Ejército y secundado ardorosamente por elementos sanos todo país para rescatar a España y librarla de los horrores del soviet. Stop. Ello explica situación absolutamente distinta en ambos territorios, reinando completo orden y seguridad personas y bienes en zona dependiente Burgos y dominando anarquía roja, asesinatos en masa, mutilaciones, crueldades, profanaciones de cadáveres, incendios, pillaje, destrucción patrimonio artístico en resto territorio nacional todavía no sometido Junta Defensa Burgos. Stop. Carácter verdadero régimen dominante Madrid acreditase con saqueo oro Banco España, dirigido por propio Gobierno, exportándolo en aviones a territorio extranjero donde seguramente sentido responsabilidad gobiernos respectivos asegurará, por propio decoro, eficaz cooperación contra gigantesco robo sin precedente en la Historia.

Pero la intervención verdaderamente formal del Gobierno de Burgos se hizo el 24 de agosto, fecha en que se remitió un telegrama de protesta a las más importantes entidades financieras relacionadas con el Banco de España.[93] Este telegrama trataba de obstaculizar las ventas de oro, cuya salida de España, se decía, constituía una expoliación que violaba una ley bancaria fundamental, como la Ley de Ordenación Bancaria, que reglamentaba el uso de las reservas de oro que formaban parte del patrimonio nacional. Según se reseña en el acta de la sesión del Consejo General del Banco de España de Burgos de ese día, el telegrama decía lo siguiente:

Consejo Banco de España, constituido Burgos, y formado por auténticos consejeros residentes territorio sometido jurisdicción Junta Defensa Nacional, formula enérgica protesta contra salidas oro propiedad Banco, decretadas Gobierno Madrid, vulnerando abiertamente vigente Ley Ordenación Bancaria, especialmente en lo que atañe base segunda, que prohíbe de manera taxativa disminuir existencia oro mientras ésta no sea superior a la precisa para circulación seis mil millones. Dado que actual suma oro físico es muy inferior a la necesaria para repetida circulación, sin que exista tampoco posibilidad cohonestar estas salidas con ningún otro precepto legal, ya que no tienen finalidad interventora cambio internacional ni de regularización mercado monetario. Siendo, por tanto, en definitiva, manifiesto despojo que en lo porvenir dificultaría insuperablemente solución problemas financieros carácter internacional que tanto influyen mantenimiento estrechas relaciones todos los países; debiendo, finalmente, advertir que nos reservamos el ejercicio en su día de cuantas acciones correspondan en derecho.

Se ha sostenido que el clima internacional generado por esta protesta de Burgos preocupó en alto grado al Gobierno de la República, y que fue uno de los determinantes del posterior envío del oro a Moscú. Ello supone entender que la República dio por cierto que, a partir de que la operación fuera ilegal, cualquier país occidental podría llegar a bloquear el uso de estas reservas de oro. Y parece que Negrín y Largo Caballero llegaron a creer, efectivamente, que Francia podría bloquear la utilización del oro.[94]

Al final, fue el propio Franco quien, el 14 de octubre, en una muy conocida y muy difundida alocución, condenó la exportación de oro. Éste fue el texto de aquella intervención:[95]

El general Franco se dirige por medio de la radio a los gobiernos de todas las naciones para protestar contra la expoliación sin precedentes que realiza el llamado Gobierno de Madrid, al disponer libremente de las reservas nacionales de oro… El Gobierno español no tiene derecho a disponer del oro depositado en el Banco de España para los fines a que acaba de ser aplicado por los rojos de Madrid. Ese oro cumple la finalidad exclusiva de garantizar la cobertura de billetes, de acuerdo con los preceptos constitucionales y forma parte del patrimonio nacional, de igual modo que el territorio de la Nación… Contra el uso que ahora se hace de las reservas nacionales de oro han protestado enérgicamente los consejeros del Banco de España, unos en Burgos, donde hace tiempo se reunieron a este efecto; otros en Madrid, donde han hecho sentir su voz valerosa aunque inútilmente… Es de señalar que la aceptación de las reservas por cualquier Estado extranjero constituiría una flagrante violación de la neutralidad, ya que además de facilitar la expoliación equivaldría a prestar auxilio a una de las partes en el conflicto… No hay neutralidad eficaz si se tolera que una de las partes en conflicto disponga libre y exclusivamente de nuestro oro nacional, y por ello cabe desear que los gobiernos que a propuesta del francés se han adherido a la prohibición estricta de exportar material de guerra a las fuerzas que luchan en nuestra nación ejerzan estrecha vigilancia sobre el oro ilegalmente exportado en el extranjero… El general Franco tratará de rescatar ese oro por todos los medios y perseguirá como culpables de fraude por robo a cuantos intervengan en este tráfico ilícito, defendiendo así no sólo los intereses de España, sino los de las naciones con las cuales mantiene España relaciones comerciales, que resultarían perjudicadas como consecuencia del empobrecimiento de nuestro país.

Se hicieron también reclamaciones específicas al Banco de Francia. Incluso había empezado a estudiarse una reclamación a presentar ante el Tribunal de La Haya, planteando acciones penales contra los que habían consentido o facilitado la operación. Y en esta línea se montó una campaña de prensa para arropar estas reclamaciones, poniendo de relieve la «monstruosidad» de que un país civilizado pudiera contribuir al despojo de otro, apuntando los inconvenientes y riesgos, de todo orden, que ello ofrecía para Francia y demás países, sobre todo teniendo en cuenta las perspectivas evidentes de triunfo de los sublevados.

Después de mucho debate, se desechó reclamar ante la banca privada por entender que, de hacerlo, se debilitaría la demanda ante el Banco de Francia. También por no saber exactamente cuáles eran los establecimientos de crédito en los que se había operado. Y finalmente porque, según la ley monetaria francesa, la importación y exportación de oro no podía efectuarse más que a través del Banco de Francia.

En todo caso, la reclamación contra entidades privadas llevó otros derroteros, planteándose ante los tribunales franceses la retención de los saldos de las cuentas corrientes abiertas a nombre de particulares que, por su colaboración en la operación, podían ser responsables del expolio. Sin embargo, y para obviar inconvenientes que pudieran surgir en cuanto al reconocimiento de la personalidad del denunciante, estas reclamaciones fueron formuladas no por el Banco de España, sino por el Crédito Navarro, accionista del Banco de España, que tenía su central y todas sus sucursales en territorio dependiente del Gobierno de Burgos.

El Banco de España también se dirigió al Banco de Pagos Internacionales, planteando la «cuestión del oro» y su protesta y reclamación, desde el punto de vista de la «circulación financiera internacional». Éste fue el texto de esa reclamación:[96]

La prensa de todos los países ha informado que el oro que formaba parte del encaje metálico del Banco de España se ha exportado… En primer lugar, si el Banco de España es una institución que goza de un privilegio del Estado para emitir billetes, esto no implica en manera alguna que el gobierno pueda disponer a su antojo del activo del Banco y de los derechos de los accionistas. Este poder lo tiene sólo dentro de los límites fijados por la Constitución y por las leyes. En segundo lugar, el oro que constituye el encaje del Banco es la cobertura legal de los billetes en circulación: no cabe disponer de él sino con un objetivo determinado —la regularización del tipo de cambio— y mediante la autorización de una ley votada en Cortes… En este caso las formalidades exigidas por la Constitución y por las leyes no han sido cumplidas ni en el fondo ni en la forma. Por consiguiente, los actos de disposición del oro constituyen una expoliación que no puede privar válidamente al Banco de su bien ni a los portadores de billetes de su garantía.

Y continuaba:

El Banco ejercerá las acciones que juzgue oportunas para hacer valer sus derechos. Pero el problema no es únicamente de orden privado ni de orden exclusivamente nacional: afecta profundamente a las relaciones financieras internacionales, a los intercambios y a los mercados de cambio internacionales. No son solamente quienes tienen intereses en España, quienes tienen en ella créditos que cobrar y derechos que hacer cumplir los que resultan lesionados por la desaparición de un patrimonio que constituye su garantía, sino que, además, la expoliación que se intenta llevar a cabo quebranta la confianza esencial a las relaciones económicas normales… Por tales motivos, el Banco de España estima que conviene dirigir una reclamación y una protesta al Banco de Pagos Internacionales, cuyo objetivo principal es el de facilitar las relaciones financieras internacionales. Sin embargo, otra consideración adicional le impulsa a ello: el Banco de Pagos Internacionales ha sido constituido por los bancos de emisión más importantes y ninguno de éstos puede quedarse indiferente ante la expoliación de que es víctima un banco de emisión. Ello crearía un precedente cuya importancia es ocioso subrayar… Invocando más aún que su propio interés y que el interés mismo de su país, los principios esenciales de nuestro régimen económico, el Banco de España espera obtener el apoyo moral del Banco de Pagos Internacionales que es hoy la más alta autoridad bancaria y financiera. Al mismo tiempo, con esta llamada desea atraer la atención del mundo sobre su justa reivindicación, en la confianza de que ésta encontrará un eco en la conciencia universal.

Para respaldar jurídicamente todas estas reclamaciones, y las que pudieran plantearse en el futuro, el Banco de España en Burgos celebró el 18 de diciembre de 1938 una junta general de accionistas en Santander. Se trataba de presentar a los accionistas la «cuestión del oro» y explicar las reclamaciones que se estaban haciendo sobre los activos expoliados. Al final se sometieron a la consideración de los accionistas cinco puntos solicitando la conformidad a todas las acciones promovidas por el banco en reivindicación del oro, plata, valores y bienes expoliados propiedad del Banco de España.[97] Todos ellos fueron aprobados por aclamación. En el mismo sentido, el Banco de España de la República convocó su junta general en Barcelona el 8 de enero de 1939, para que los accionistas reforzaran con su voto la autoridad con que el gobernador estaba actuando ante los tribunales extranjeros en orden a reivindicar el patrimonio del banco. Esta junta sirvió también para dejar clara la responsabilidad de la decisión del traslado del oro.[98]

También se plantearon reclamaciones y se tomaron acciones legales en relación con las ventas de plata que hizo la República. En junio de 1938, el Banco de España de Burgos presentaba una demanda contra el Banco de la Reserva Federal, el comprador, alegando las mismas razones que esgrimió en las distintas reclamaciones sobre la venta al exterior del oro. El Gobierno republicano no podía enajenar bienes del Banco de España, porque éste era una sociedad de propiedad privada. Además, esa plata formaba parte de las reservas metálicas reguladas por ley, de las que tampoco podía disponer el Gobierno.[99] El fallo fue contra el Banco de España de Burgos.[100]

Otra reclamación se hizo sobre la venta de plata a la Sociedad de Metales Preciosos de París. Las autoridades de Burgos no se enteraron de estas ventas hasta febrero de 1939, momento en que tuvieron noticia de que un cargamento de 150 toneladas había atravesado la frontera por el puerto de Le Perthus, parte en camiones y el resto en vagones de ferrocarril. El Banco de España de Burgos planteó una reclamación, intentando secuestrar el envío. En todo caso, el comprador, la Sociedad de Metales Preciosos, atemorizado por la reclamación de un Gobierno, renunció a hacerse cargo de la partida y la plata quedó almacenada en la aduana de Le Boulou, la parte que se enviaba por carretera, y en un depósito en Pantin la que era remitida por ferrocarril. Se personó entonces la Sociedad Belga de Empresas Comerciales, domiciliada en Amberes, declarando ser la propietaria de la plata. El litigio tardó dos años y medio en resolverse. Al final el pleito fue resuelto a favor del Gobierno de Burgos, como consecuencia de lo cual la plata que estaba depositada en Le Boulou se reenvió a Madrid. El depósito de Pantin fue incautado por los alemanes cuando ocuparon la capital francesa, pero al final también fue devuelto al Banco de España (Martín Aceña, 2001:152).

En el Archivo Histórico del Banco de España se conserva un documento titulado Dictamen que en cumplimento de la orden del Consejo General emite el Asesor-Jefe del Banco de España D. César Antonio de Arruche «sobre todas las gestiones efectuadas hasta el día para el rescate del oro».[101] Ese documento respondía a una orden del Consejo General a su asesor jefe, solicitándole que informara al Consejo

… sobre todas las gestiones efectuadas hasta el día para el rescate del oro propiedad del Banco, exportado al extranjero contra todas las disposiciones legales y, como consecuencia de este estudio, que emita su dictamen sobre la conveniencia y procedimientos a entablar o gestiones a realizar cerca de los Bancos extranjeros que han intervenido en la adquisición o depósito de este oro.

El Banco de España en Burgos pretendía con ello dejar constancia en un documento oficial, a salvo de futuras responsabilidades, que «el Consejo General ni un solo momento» había dejado de «prestar a este problema fundamental toda su atención».

El resultado fue un dictamen exhaustivo, dado que los análisis y gestiones que le servían de base habían sido muy numerosos y variados, y que habían quedado perfectamente documentados. Y lo era porque, a la vez que se recurría a los tribunales, se había ido desarrollando una intensa acción política cerca de autoridades y de círculos mediáticos, insistiendo en las infracciones constitucionales que implicaba la salida del oro de España, y el quebrantamiento que suponían en relación con la Ley de Ordenación Bancaria y con las estipulaciones que se habían suscrito en el convenio comercial entre Francia y España.

El documento perseguía tres objetivos:

a) El levantamiento de un inventario de las salidas del oro, con fechas, embarques, cantidades y pruebas documentales, que pudieran acreditar en el futuro el expolio para reclamaciones judiciales.

b) La preparación y desarrollo de campañas de prensa para sensibilizar a la opinión pública francesa e inglesa.

c) Disponer de un análisis de las reclamaciones propiamente dichas.

La operación de sensibilización de la opinión pública internacional se basó fundamentalmente en la nulidad civil de las transacciones realizadas con el oro, y trató de poner de manifiesto «el hecho vergonzoso de que el oro figurase no a nombre del Gobierno Español ni del Embajador, como tal, sino a su nombre particular y el de otras personas sin representación ni intervención oficial alguna». En el dictamen se ponía también de manifiesto que había cerca de 20 bancos que se hallaban complicados en el escándalo del oro español.

Trataba de transmitir a la opinión pública la ilegalidad de la operación, y recordaba cómo, a finales de noviembre, la prensa parisina ya se había ocupado de esta cuestión «censurando duramente al Gobierno».[102] Se refería en especial a la campaña organizada por el Journal des Débats «censurando acremente al Gobierno francés y advirtiéndole de las complicaciones internacionales que podría traer “el escándalo del oro español”», y a la de Le Jour acusándole «de dilapidar en manos de los soviets el tesoro español». En la prensa inglesa destacaba una carta dirigida a The Financial News por un publicista, en la que afirmaba que

… todo el oro exportado a Francia es la propiedad legítima del Banco de España; una parte constituye la cobertura o la reserva de la circulación de billetes y el resto es propiedad de los accionistas. Es ilegal hacer exportaciones dudosas, usarlo para compra de municiones y utilizarlo en propaganda… con ese oro físico llegado a los aeródromos y puertos franceses se han abierto en diversas partes del mundo cuentas corrientes a nombre de individuos particulares asociados con el Gobierno de Valencia y otros Gobiernos similares de España; estos individuos son en su mayoría pequeños políticos que nunca seguramente hubieran soñado que se les dejara poseer por sí solos las cantidades que se les han acreditado.

Para mejor proveer en el futuro, en cuanto a las reclamaciones, el Banco de España había solicitado también dictámenes a destacados expertos sobre la ilegalidad de las operaciones de la salida del oro.[103] Y el informe final incluía los tres dictámenes que, con diferencias de matiz y a partir de distintas consideraciones, llegaban a la misma conclusión: la ilegalidad de la operación y la procedencia de recurrir ante los tribunales internacionales. Los tres dictámenes añadían abundante jurisprudencia de tribunales internacionales para avalar su tesis y hacían recomendaciones de procedimiento. Entre otros, los argumentos específicos que sostenían su conclusión eran los siguientes:[104]

… la ilicitud de las remesas de oro, porque constituyendo éste la garantía de los billetes del Banco de España, sólo mediante una autorización del Parlamento puede el Gobierno disponer de él y eso para una finalidad concreta; la intervención en los cambios. Ninguna de las entidades que han adquirido el oro podía ignorar su procedencia, siendo de pública notoriedad las protestas del Gobierno de Burgos y del Banco… por la intervención que el Estado [francés] tiene, por su constante control en la gestión del banco de Francia, está obligado a velar por la licitud de sus operaciones.

Las conclusiones finales del dictamen, que habían de servir al Gobierno de Burgos como fondo para las reclamaciones, eran las siguientes:

«El auténtico Consejo General del Banco de España radicante en Burgos se ha cuidado siempre de procurar y obtener todas las informaciones posibles sobre las remesas del oro en Francia y por ello podrá en su día dar las pruebas fehacientes de las mismas con expresión de fechas y personas, constituyendo con ello el hecho básico de su reclamación.»

«Con tales remesas, el Gobierno o Gobiernos que las han dispuesto y ordenado, aparte del despojo y expoliación de que han hecho víctima al Banco de España y a la Nación han infringido la Constitución de la República, la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública y la Ley de Ordenación Bancaria.»

«El Banco de Francia y el Gobierno francés aparte del conocimiento que tenían por las protestas hechas ante los mismos de la ilicitud de aquella remesa han infringido leyes y disposiciones integrantes de su derecho interno.»

«El derecho del Banco de España que ampara el Gobierno nacional a la devolución del oro y subsidiariamente a la indemnización de daños y perjuicios es evidente.»

El dictamen terminaba con un largo inventario de recomendaciones sobre el procedimiento a seguir en lo sucesivo, entre las que se encontraban:

… preparar un ambiente favorable (a) Mediante visitas personales de comisiones del Consejo a los elementos directivos de los principales Bancos de emisión de Europa con entrega de sendos memorándums donde se haga sintética exposición de lo sucedido con el oro del Banco de España, reserva, garantía y cobertura de sus billetes. (b) Mediante discretas campañas en la prensa periódica de Europa y profesional singularmente revistas financieras y de derecho internacional encargando estudios de uno y otro carácter al publicista y Profesor que se estimen más autorizados sobre las cuestiones que se han de someter al Tribunal de La Haya cuando se considere el momento oportuno.

Como resumen muy general de los resultados obtenidos a través de estas recomendaciones, puede decirse que, desde el punto de vista de la reacción internacional, tan tarde como 1973 el Senado de Estados Unidos tomó el acuerdo de dejar constancia de que el envío del oro español a Moscú fue ilegal.[105]

La permeabilidad entre ambas zonas permitió las gestiones[106]

El Gobierno de Burgos siguió muy de cerca la operación de salida del oro, tanto a Francia como a Rusia, de tal manera que, casi inmediatamente, pudo iniciar, aunque con poco éxito, una política activa para su recuperación. Porque la intercomunicación entre ambas zonas, y el conocimiento en cada una de ellas de lo que en la otra pasaba, existió permanentemente, y se produjo en ambas direcciones y por muchas vías.[107]

Desde luego, y en primer término, por los servicios de información, que funcionaron muy bien en ambos bandos. El conocimiento por parte del Gobierno de Burgos de lo que estaba pasando en la zona republicana corrió a cargo del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), servicio de espionaje fundado por el general Mola, que fue el que puso inmediatamente en manos de las autoridades de Burgos el decreto reservado del 30 de agosto de 1936. Sin duda alguna, y por lo que ahora se sabe, era una red que manejaba abundantísima información, generada por lo que entonces se llamó las quintas columnas. Un ejemplo significativo de permeabilidad, que demuestra la debilidad de las fronteras del frente de guerra, lo ofrece el general Ungría en sus Memorias,[108] en las que reconoce que, con la financiación que consiguieron por la venta del papel moneda del enemigo, lograron mantener una organización de corresponsales en el extranjero y «adquirir material técnico indispensable para nuestros servicios».

Otra fuente de información la constituían las noticias que circulaban en las grandes capitales, especialmente París, que seguía siendo el centro de las operaciones comerciales y financieras de los dos bandos. En esa ciudad se debatía y se tomaban decisiones sobre la no intervención, y en ella se encontraban los altos cargos que autorizaban la operación de compra de oro por parte del Banco de Francia. También los integrantes de diversos cuerpos diplomáticos desempeñaron un papel importante, y su información era utilizada tanto por los republicanos como por el Gobierno de Burgos.

Contribuyeron también a esa permeabilidad, y en alto grado, las propias entidades financieras, que definieron y mantuvieron abiertos canales de comunicación entre los respectivos establecimientos bancarios de cada una de las áreas. El sistema no podía ser ni más explícito ni más eficaz.

Las personas huidas de una zona a otra también eran lógicamente portadoras de información. Un ejemplo lo constituye el hecho de que, mientras el inspector jefe del Banco de España, César Antonio de Arruche, estuvo exiliado en la embajada de Cuba, sus amigos de la inspección del Banco de España en Madrid le fueron dando noticias de las operaciones y movimientos de esa institución.[109] Informaciones que éste hacía seguir a Burgos.

Está claro, pues, que por todos estos conductos el Gobierno de Burgos pudo llegar a disponer de una información, casi en tiempo real, de lo que en la República estaba pasando en el ámbito financiero.

XIV
El oro, una cuestión abierta

LOS «PAPELES DE NEGRÍN»

El problema del oro siguió siendo, durante mucho tiempo, una de las más importantes preocupaciones del Banco de España de Burgos, que fue reclamando una y otra vez, ante todas las instancias e instituciones internacionales, la propiedad de ese oro. Y viendo con desesperación cómo esas reservas se iban consumiendo a medida que el Gobierno de la República las monetizaba para financiar la guerra.

Sin embargo, y antes de su muerte, Negrín inició negociaciones con el Gobierno español para entregar a éste todos los documentos que guardaba en su poder sobre el oro depositado en Moscú. Falleció en noviembre de 1956 sin haber cumplido sus deseos, pero antes había pedido a su hijo Rómulo que entregara a las autoridades españolas toda la documentación relativa a la «cuestión del oro», reconociendo que era propiedad del Estado español, independientemente del Gobierno que estuviera en el poder.[1] Su hijo decidió entregar al cónsul de España en París los llamados, desde entonces, «papeles de Negrín», siguiendo las recomendaciones que su padre le había hecho, en la cena que tuvo con él y con Ansó la víspera de su muerte.[2] Consistían en una voluminosa carpeta que incluía cartas, oficios, estadillos, minutas, las órdenes de venta del oro, y los comprobantes de los pagos realizados con cargo al producto de las ventas.[3] La entrega se hizo el 18 de diciembre de 1956.[4]

La aparición de los «papeles de Negrín» hizo pensar a Franco que, por fin, el tiempo le daba la razón, y que la «cuestión del oro» estaba ya prácticamente resuelta. Y así lo confirma una conversación que tuvo con su ayudante, teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo, el lunes 6 de mayo de 1957. Esto es lo que Franco Salgado-Araujo (1976:210) escribió de la conversación con su primo: «He ido al Pardo a despachar con Franco. Le pregunto si es verdad que el gobierno español negociaba secretamente con la Unión Soviética la devolución del oro robado por los rojos y depositado en Moscú». Y ésta, la contestación:

Franco me dice que no le daba demasiada importancia a este asunto y que creía que Rusia lo devolvería. «No le supone nada a Rusia —me dice—; en España la opinión se interesa mucho por este asunto y en cambio no aprecia lo que significa la pérdida de una cosecha, como ocurrió el pasado año con la naranja a consecuencia de las heladas, con una pérdida que supone la mitad del oro enviado a Rusia. El documento está en nuestro poder y estoy seguro de que no habrá necesidad de recurrir al Tribunal Internacional de La Haya, pues, repito, los rusos lo han de entregar sin que tengamos que hacer para ello grandes esfuerzos».

Más tarde, el 20 de enero de 1964, en otra conversación con Franco, su ayudante le preguntaba si tenía fundamento lo que la prensa estaba diciendo en lo referente a la reanudación de las relaciones con Moscú. Y esto fue lo que Franco le contestó: «Tal vez eso sería un deseo de los rusos; pero lo primero que hace falta para poder tratar del asunto es que ellos devuelvan el oro que nos robaron, como consta en el escrito que dejó al morir Negrín y que guardamos en nuestro poder» (Franco Salgado-Araujo, 1976:408).

En todo caso, recibidos los «papeles de Negrín», el anuncio oficial de su recepción fue muy equívoco:[5]

La Oficina de Información Diplomática se complace en anunciar que, después de arduos esfuerzos realizados en el exterior durante este año, los documentos originales que garantizan el depósito en Moscú, en 1937, de las reservas de oro del Banco de España, han sido recuperados. La familia del doctor Juan Negrín y algunas personas españolas próximas a él cooperaron eficazmente para esta recuperación. Los documentos arriba mencionados dan al Gobierno español base legal para solicitar la restitución de ese depósito que suma, como es bien sabido, una muy alta cantidad de oro.

En realidad, «la devolución del oro» era una creencia muy arraigada en un Franco que fue siempre consciente de lo que la salida del oro había supuesto de falta de respaldo a la circulación fiduciaria, y de que la vuelta del oro era su asignatura pendiente. Por ello, constantemente trataba de minimizar ese problema. Lo hizo en julio de 1937, en una entrevista de prensa, en la que al hablar de reservas señaló:[6]

Los nuevos billetes de Banco tienen la garantía del oro que, día tras día, se acumula en nuestros bancos; de la riqueza natural de nuestro país y de las divisas extranjeras obtenidas por nuestras exportaciones, así como el oro exportado por nuestros enemigos, el cual será, ciertamente, repatriado por nosotros.

Por fin, los papeles llegaron al Banco de España, remitidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y el primero en analizarlos con detenimiento fue Juan Sardá, quien en aquellos momentos era el director del Servicio de Estudios. Éste, y a partir de un concienzudo análisis, concluyó de forma terminante, y pese a las tesis oficiales, que «el tesoro español entregado a la URSS» había sido «efectivamente gastado en su totalidad por el Gobierno de la República durante la guerra».[7]

Sardá hizo pública su conclusión en un trabajo publicado por el propio Banco de España, en el que sostenía que el destino del oro disponible, depositado en la URSS por el Gobierno de la República, podía seguirse con detalle a través de la documentación entregada por el hijo de Negrín al cónsul de España en París. Y que de esos papeles se desprendía que el ministro de Hacienda de la República firmó hasta veintiuna órdenes, a partir del 19 de febrero de 1937, consistentes en solicitar la fundición de las monedas del Tesoro español y su conversión en dólares puestos, posteriormente, a disposición del Gobierno republicano. En cuanto al volumen total de las operaciones, Sardá añadía:

De las operaciones que aparecen en los documentos mencionados resulta que partiendo de 510 toneladas de oro de aleación, sólo aparece la orden de fundición de hasta 449 toneladas. Sin embargo, la equivalencia de tales 449 toneladas supondrían 373 toneladas de oro fino, mientras que se abonaron a la cuenta del Gobierno de la República 441 toneladas de oro refinado.

También decía Sardá que si bien «las diferencias son pequeñas, no se puede, naturalmente, establecer un saldo absolutamente preciso, aunque sí una estimación bastante aproximada», no obstante reconocer que tampoco «se conoce la evolución de las cuentas de suministro».

Los «papeles de Negrín» fueron analizados, después de que los viera Sardá, por Ángel Viñas y Martín Aceña. También han sido estudiados por el autor de estas páginas. Y, desde luego, con el conocimiento que hoy se tiene, los «papeles» ya no aportan ni podrán aportar nada nuevo. Viñas concluyó que los rusos no engañaron a España. Y Martín Aceña (2001:121) confirmó también la conclusión de Sardá de que el Tesoro español había sido totalmente gastado por la República. Concretamente concluía: a) que en Rusia no quedaba oro español; b) que los rusos no parece que estafaran a sus socios de la península Ibérica; c) que no engañaron, pero cobraron por todos los servicios, por lo que nada les salió gratis a los responsables del Tesoro español; y d) que el oro se vendió en Moscú, pero sólo una parte se gastó en la Unión Soviética, en la medida en que millones de dólares se transfirieron a París.[8]

También Kowalsky (2003:238) hizo las cuentas. En su análisis partió del supuesto de que el valor de oro enviado a Moscú era aproximadamente de unos 518 millones de dólares, y que este oro fue convertido en dinero en efectivo para la adquisición de material bélico en Rusia y para otras operaciones financieras de guerra en París. Concluyó que en 1937 se transfirieron desde Moscú 256 millones de dólares a la cuenta que tenía la República en el BCEN, y que al menos otros 250 millones de dólares se gastaron en la compra de armamento soviético en el transcurso de la guerra. Y que si a esos 506 millones se le añadían los préstamos nunca compensados, resultaría, siempre según Kowalsky, «que Moscú no sacó ningún beneficio económico de la guerra civil española».

SILENCIO SOBRE EL ORO

En la historia del «oro de Moscú» no puede olvidarse que, durante un largo período, al menos oficialmente, no se pudo saber la verdad sobre esa cuestión. Y es conocido que publicado el libro donde se recogía la investigación de Sardá, en el que señalaba que el oro español había sido gastado en su totalidad por la República, la edición fue secuestrada por el ministro de Hacienda, porque el Gobierno no podía aceptar una conclusión de esta naturaleza. Era claro que, desde el punto de vista político, el régimen de Franco no podía reconocer que el oro hubiera sido totalmente gastado y que, por lo tanto, no había nada que recuperar.[9]

Y no sólo fue Sardá el que, con el secuestro de su obra, tuvo que sufrir «el olvido oficial» de su investigación. También Ángel Viñas[10] pasó por un incidente similar. En noviembre de 1976, inmediatamente después de la aparición de su obra, El oro español en la guerra civil, donde daba cuenta del resultado de sus propias investigaciones sobre la operación de salida del oro y de los «papeles de Negrín», una orden del mismo Ministerio de Hacienda bloqueó la distribución del libro, ya enviado a los altos cargos.

El contenido del libro había causado conmoción en el Ministerio de Hacienda y en ciertos círculos de la administración. Y, al parecer, no existía ningún interés en que al «pueblo español» se le desvelaran ciertas informaciones que podían desmontar uno de los más persistentes mitos del franquismo, como dijo el propio Viñas. Es decir, el oro de Moscú «que todavía tenía que volver». Aunque ocho meses más tarde, en julio de 1977, el libro fue desbloqueado y puesto en circulación.[11]

No se puede olvidar que, finalizada la guerra, el «oro de Moscú» se había convertido en una reivindicación política constante. Y que, por razones obvias, la expresión, por la frecuencia con que saltaba a los medios, se convirtió en un tópico. La realidad era que el oro sirvió, sin duda, a la República para financiar la guerra, pero la «cuestión del oro», desde el punto de vista de los sublevados, era otra. Era el oro con que se había quedado Moscú. El oro que se «nos debía». Las cuentas no liquidadas. El expolio.

Y desde septiembre de 1936, y prácticamente hasta el final de sus días, Franco estuvo influido y preocupado por la «cuestión del oro».

Terminada la guerra, no quiso creer, en ningún momento, que el oro había sido consumido, y aunque no hizo muchas declaraciones públicas en relación con esa cuestión, las que realizó fueron muy significativas, como algunas de las que se han visto.

LO QUE LA UNIÓN SOVIÉTICA INFORMÓ EN RELACIÓN CON LA LIQUIDACIÓN DEL ORO

El 5 de abril de 1957 Pravda[12] daba respuesta, aunque con unos meses de retraso, al anuncio oficial, hecho por el Gobierno de Franco, de que le había sido entregada por la familia de Negrín toda la documentación que acreditaba la transferencia del oro a Moscú y que se esperaba recuperar la parte no gastada. En ese artículo, el órgano del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética aseguraba que la totalidad del oro, una vez monetizado y puesto a disposición de la República, fue gastado íntegramente por ésta, y que la Unión Soviética, como consecuencia de esa operación, había quedado acreedora del Gobierno republicano por 50 millones de dólares. Éste era sustancialmente el contenido de la nota difundida por el órgano soviético:

— A principios de 1937 fue depositada en las arcas de la Unión Soviética la cantidad de 500 toneladas de oro español. El recuento y el peso del oro entregado se efectuó conjuntamente ante los representantes de los órganos financieros de la República española y de la Unión Soviética, de acuerdo con las normas internacionales que regulan la trasferencia de oro. Y así se documentó en acta suscrita por ambas partes.

— La operación se realizó por iniciativa del Gobierno de la República española. Previamente, éste informó al Gobierno soviético de que, a cuenta del oro, efectuaría el pago de sus órdenes en el extranjero, así como la transferencia de divisas por conducto de los corresponsales del banco estatal de la Unión Soviética.

— Después de depositado el oro, el Gobierno de la República dio numerosas órdenes de pago para sus compras en el extranjero, órdenes que se cumplieron.

— Según la información disponible por los órganos de la Unión Soviética, el Gobierno de la República española gastó totalmente el oro entregado bajo el acta del 5 de febrero de 1937.

— Todas las transferencias de oro se efectuaron por orden directa del Gobierno de la República española. Al principio, las órdenes estaban firmadas por el presidente del Consejo de Ministros, Largo Caballero, y por el ministro de Hacienda, Negrín. Después, cuando Negrín pasó a ser presidente del Consejo de Ministros, él mismo firmaba las órdenes en calidad de presidente del Consejo de Ministros y como ministro de Hacienda. Y luego, junto con él como presidente del Consejo de Ministros, firmó también las disposiciones el nuevo ministro de Hacienda y Economía, Méndez Aspe.

— Es una prueba de que el oro fue totalmente utilizado la carta que Negrín y Méndez Aspe dirigieron a la Unión Soviética rogándole que se vendiera todo el oro español que quedaba en la Unión Soviética. Lo que se hizo.

— La nota de Pravda añadía finalmente que a todo lo anterior había que sumar que, a petición del Gobierno de la República española, la Unión Soviética le había otorgado un crédito de 85 millones de dólares, de los cuales sólo fueron devueltos 35. En consecuencia, quedó una deuda hacia la Unión Soviética de 50 millones de dólares.

En cuanto a las posibles manipulaciones de Negrín y a su peculiar administración de los fondos provenientes de la venta de oro, Largo Caballero (1976) contó que, al principio, los documentos para la retirada de fondos los firmaban Negrín y él mismo, y que, después, sin darle explicaciones, las firmaba solamente Negrín, añadiendo que la «súbita retirada de mi firma, sin mi aquiescencia ni intervención, para la extracción de fondos con que sufragar los gastos de compras de material de guerra tuvo como finalidad indudable, la de quedar con las manos libres para realizar sus combinaciones financieras». Pero Largo Caballero sabía que firmaba como presidente, y que al hacerse cargo también de la cartera de Hacienda estaba justificado acumular las dos firmas. En todo caso, está acreditado el secretismo de Negrín a lo largo de todo el proceso de la «operación oro».

EL DESTINO DE LOS INGRESOS DE LA «OPERACIÓN ORO»

Pero la investigación sobre el oro no había llegado a su final. El oro se había vendido, en efecto, pero de la comprobación realizada de los «papeles de Negrín» quedaban fuera aspectos tan importantes como qué se había hecho con el producto de las ventas del oro. O, mucho más importante, los «papeles de Negrín» no permitían comprobar si la cantidad y calidad de las armas, y otro material que Moscú mandó a la República, correspondían a los precios facturados. Y, desde luego, quedaba la incógnita de cuál era el saldo de las cuentas al terminar la guerra. Un interrogante que había que despejar y sobre el que ya se empieza a disponer de información, a medida que se van abriendo los archivos de la Unión Soviética.

Destaca, en esta línea, la notable investigación de Gerald Howson (2000), que aporta muchísima información, obtenida, toda ella, de fuentes primarias, acerca de las compras de armas de la República, sus suministradores, los precios de aquel momento y, especialmente, sobre lo que fue la política de precios de la Unión Soviética para España. Al compás de este análisis de Howson, y de la reconstrucción que hace de todo el proceso de compras de armas, se ha planteado otra cuestión, como es la administración del oro. Porque todavía no se ha localizado ninguna fuente que permita investigar sobre ese particular. Y es una cuestión del mayor interés. Una cuestión que plantea en qué medida la falta de una investigación académica del complejo proceso financiero, a través del cual se cerraba el circuito que comenzaba con la orden de salida de una determinada cantidad de oro entregada al Comisariado de Metales Preciosos, impide conocer la «regularidad» de la administración de los recursos.[13]

Y es a partir de la falta de un análisis riguroso de ese proceso cuando las cosas no parecen hoy ya tan claras. Kowalsky (2003:378), que ha investigado también sobre esa materia en los archivos soviéticos, sostiene que Howson logró sacar a la luz numerosos aspectos importantes de la ayuda militar rusa, y que su aportación más notable fue documentar que los soviéticos cobraron un precio exagerado en todas las armas suministradas.[14] Hasta tal punto, que llegaron a estafar a la República 51 millones de dólares tan sólo en la venta de armas, porque el Comisariado de Defensa vendía al Gobierno republicano «piezas de artillería, ametralladoras y municiones de desecho», y el Comisariado del Comercio Exterior facturaba «precios arbitrarios a tipos de cambios irreales».[15]

Y así, tanto Howson como Kowalsky llegaron a la conclusión que las autoridades soviéticas consiguieron engañar a los españoles mediante la manipulación de los cambios de divisas de rublos a dólares, y de dólares a pesetas. Según Howson, los precios que se aplicaban a España fueron más de un 25% superiores que los que deberían haber sido (Kowalsky, 2003:239).

Ángel Viñas (2007:386 y ss.) discrepa, sin embargo, sobre el hecho de que la Unión Soviética practicara una política sistemática de expoliación de la República, utilizando tipos de cambio que sobrevaloraban en dólares las compras efectuadas. Y lo objeta porque dice que el término de comparación que utiliza Howson es el tipo de cambio oficial, y que ello no es válido.[16] Entiende que el análisis debería tener en cuenta la enorme complejidad del sistema de cambios soviético, recordando que el precio en dólares se calculaba de acuerdo con el promedio del mercado en los años 1933-1935, aplicando al tipo de cambio del dólar un coeficiente corrector. En todo caso, Viñas pone de manifiesto que, según su investigación, los envíos sólo se hacían una vez que se recibiera la conformidad de los españoles, con los precios en dólares que se les habían comunicado, y que existen indicios que apuntan a que los precios obtenidos por los republicanos, a través de la comisión de compras en París, fueron en ocasiones mucho más elevados que los practicados por los soviéticos.[17]

Negrín confesó a su hijo Rómulo y a Mariano Ansó que entregaba los documentos que poseía ante su temor de que España sufriera indefensión. Le preocupaba que España no dispusiera de documentación justificativa de sus derechos «en una ulterior liquidación de cuentas entre España y la URSS». Y es importante saber, a estos efectos, que Herbert Matthews (1973:171) escribió que Negrín le había dicho en 1954 que las compras a la Unión Soviética no habían agotado todo el oro enviado y que, por lo tanto, Moscú debía a España una suma que había que calcular, debido fundamentalmente a que, en algún momento Negrín descubrió no sólo que los rusos estaban fundiendo sin permiso las monedas en barras de menor valor, sino que además se habían enviado materias primas a Rusia como pago parcial de las compras.

Y todo esto abre, como se ha visto, un nuevo capítulo de la historia del oro español en Moscú. Un capítulo que ya había cerrado Sardá, pero que ahora se presenta desde otra perspectiva, que plantea si la «cuestión del oro» sigue todavía abierta. Y que se afianza si se recuerda que no todos los políticos republicanos aceptaron que el oro se consumió por completo en las operaciones de financiación de la guerra. Prieto lo explicó así en El Socialista (19 de febrero de 1953):

Si Rusia, pese a su actitud declamatoria en las Naciones Unidas, no reconoció a ninguno de los gobiernos republicanos españoles formados en el exilio, fue para evitarse una liquidación que le obligara, aun cuando en sus cuentas imitara al Gran Capitán, a devolver la mayor parte de aquel oro (Prieto, 1955:260).

Y fue Prieto también el que, después de terminada la guerra, dijo que «estoy segurísimo de que es falsa la afirmación difundida por Pravda de que el importe de las quinientas toneladas de oro transportadas de Cartagena a Odesa se consumieron por la República». Y apostillaba su afirmación con un «Estamos en presencia de un colosal desfalco», para añadir más adelante que «Negrín, desde la tumba, no podrá negar autenticidad a firmas suyas, trazadas por expertos falsificadores».[18]

No conviene olvidar que, pese a todo, el Gobierno soviético, y tal como se acaba de ver, desmintió siempre que hubiera un saldo remanente a favor de la República. Y que una vez aparecidos y conocidos los «papeles de Negrín», salió al paso de las reclamaciones que podría plantear al respecto el Gobierno español, negando que existiera saldo alguno a favor de España. Por el contrario, afirmaba que existía un saldo deudor de 50 millones de dólares.[19]

Respecto a si se gastó o no todo el oro, es de interés recordar que en el expediente del Banco de España en el que se conservan los «papeles de Negrín», está archivado un artículo publicado en The Times el día 6 de abril de 1957, con el título «El fin de una ilusión». En él se dice que, «después de veinte años de finanzas angustiosas», el oro que desapareció de España aparecía de nuevo en «los sueños de todos los estadistas españoles». Y sin embargo, añadía el artículo, el despertar iba a ser amargo porque, cuando España se encontraba en situación de presentar el resguardo del depósito, la Unión Soviética, a través de Pravda, anunciaba que no existía tal oro. Un oro que, según Moscú, fue gastado íntegramente en compras en el extranjero por cuenta del Gobierno de Negrín.

The Times se hacía eco de que Moscú llegó a decir que el propio Negrín escribió, en su día, diciendo que así había sido, e incluso que el Gobierno de la República obtuvo de Rusia un crédito por valor de 85 millones de dólares, de cuya cantidad sólo reembolsó 35. Y añadía que Moscú no decía claramente que consideraba al general Franco deudor por la diferencia de 50 millones de dólares, pero que, con su táctica habitual, se refería oblicuamente a la posibilidad de una contrademanda. Y recordaba que no hacía más de dos años que los periódicos españoles habían señalado que el Gobierno tenía la seguridad de que parte del oro enviado por Rusia al extranjero, para pago de deudas a Checoslovaquia y Finlandia, era el propio metal depositado en 1936. Y concluía con una frase críptica: «No era el Doctor Negrín hombre capaz de hacer un legado a sabiendas de que carecía por completo de valor, como último gesto de burla al Caudillo».

También es significativo que un estudioso como Howson (2000:173), que tanto ha profundizado en esta cuestión, dijera que «pese a los numerosos libros y artículos que se han escrito sobre el tema, todavía desconocemos la verdad sobre las 510 toneladas de oro español… que fueron enviadas a Rusia a finales de octubre de 1936».

Posteriormente han ido apareciendo más dudas sobre el proceso de administración del oro, algunas de muy alta significación como su fundición, venta, comisiones y liquidación. Es sabido que la mayor parte del peso del oro estaba constituido aproximadamente por 60 millones de monedas, que se fueron fundiendo para su venta en lingotes.[20] Y se sabe que al Gobierno de la República sólo se le acreditaba el valor a peso del oro fino fundido.

Se ha debatido mucho si los rusos compensaron o no al Gobierno por las monedas raras o antiguas que pudiera haber sobre la base de su valor numismático, cosa que está claro que no hicieron. Otra cosa es si de verdad llegaron a fundirlas, o las canjearon por oro en lingotes de su propio stock. Porque no hay duda de que esas monedas existieron. Los «papeles de Negrín» incluyen la siguiente relación:[21]

Al menos como una hipótesis de trabajo, es obligado pensar que el Comisariado del Pueblo en la Hacienda, que disponía, en propiedad, de grandes cantidades de oro en lingotes, pudo verse tentado a entregar para su fundición lingotes de sus propias existencias, reteniendo el oro amonedado que, según se conoce por los registros del Banco de España, era, en una gran proporción, de un notable valor numismático.

No hay que olvidar, por otra parte, que Negrín, como ministro de Hacienda, tenía que conocer que las reservas de oro contenían en una buena medida monedas de muy alto valor numismático. En todo caso, y cualesquiera que fueran los compromisos contraídos, los documentos de que se dispone confirman que al Tesoro español sólo se le acreditaba, conforme se iban ejecutando sus órdenes de venta, el valor en oro fino fundido y refinado. Ningún plus por las monedas raras o antiguas (Kowalsky, 2003:233).

Kowalsky dice que, de haberse tenido en cuenta ese valor añadido, la República habría establecido una línea de crédito más amplia con los soviéticos. No parece, pues, estar fuera de lugar el que se someta a debate si el Comisariado de Metales Preciosos se adjudicó las monedas propiedad del Banco de España, entregando a los representantes republicanos lo que éstos le pedían, es decir, barras de oro fundido exactamente en la misma cantidad. De ser así, no hubiera constituido una estafa, en términos monetarios. Pero sí el que los soviéticos se aprovecharon de la situación.

La verdad es que la Unión Soviética nunca reveló cuántas monedas de valor numismático se encontraban entre los 60 millones de monedas que se examinaron cuidadosamente, aunque sin duda lo sabía. Kowalsky aclaró que más de 318 kilos del peso del oro correspondía a monedas portuguesas únicas, cuyo valor como piezas de colección o de museo era realmente notable.

UN NUEVO PROBLEMA: LA ADMINISTRACIÓN SOVIÉTICA DEL ORO

En todo caso, el relato que se ha hecho hasta ahora de lo que se pudiera llamar la «cuestión del oro», plantea muchas incógnitas y muchas preguntas, quizá demasiadas, y sin respuestas por el momento, sobre las vicisitudes del oro español en Moscú. Porque, pese a los numerosos libros y artículos que se han escrito sobre el tema, todavía se desconoce una buena parte de la historia de las 510 toneladas de oro español que fueron enviadas a Rusia a finales de octubre de 1936. ¿Por qué, conociendo que había una gran cantidad de monedas de valor numismático, no se acordó previamente con las autoridades soviéticas su específico tratamiento? ¿O se acordó? Como era lógico, se tuvo que hacer un inventario. ¿Qué se hizo de él? ¿Cómo se liquidó definitivamente el importe de las 510 toneladas de oro? ¿Cuál fue la política de precios? ¿Qué hicieron realmente los rusos? Y especialmente: ¿Se fundieron las monedas que integraban prácticamente la totalidad del envío? ¿O el Comisariado de Metales Preciosos las cambió unilateralmente por oro en lingotes de su propiedad? ¿Quién los vigilaba? No hay respuesta para ninguna de esas preguntas, y a medida que se profundiza en esta cuestión, los interrogantes son cada día más abundantes, más significativos y con más matices. Reviste especial significación lo que se podría llamar «plusvalía numismática», porque aquí los excedentes para la Unión Soviética pudieron ser importantes.

Esa investigación ha sido hecha recientemente por el académico y catedrático Martín Almagro-Gorbea (2009).[22] Parte para su cálculo de la hipótesis de que la composición de las monedas del depósito del Banco de España en la URSS sería similar a la que ofrecía el depósito de oro del Banco de España en Mont de Marsan, cuyo inventario se conoce, en la medida en que ambas formaban parte de la misma reserva de oro del Banco de España.

De acuerdo con esa hipótesis, Almagro-Gorbea calcula el número y la proporción de cada clase de monedas que contendría el depósito, lo que explicita con detalle en su investigación. Su resultado, advierte, no aspira a ser en modo alguno exacto, pero sí el más objetivo. Entiende que es el más preciso que puede darse al día de hoy, a partir de los datos existentes en la actualidad. Y a partir de todo ello, calcula el precio de venta mínimo en el mercado internacional de piezas usadas en mal estado o normal a través de los precios de los más reconocidos catálogos al uso, que depende también en buena medida de las oscilaciones del precio del oro.

Así, el valor de las monedas que formaban el depósito del Banco de España en la URSS sería actualmente, según el profesor Almagro-Gorbea, aproximadamente treinta veces superior al precio del oro como mercancía. Si éstas hubieran ofrecido un estado de conservación superior o existieran «piezas raras», lo que teóricamente es lógico suponer para un depósito de este tipo, el valor total hubiese sido mucho más elevado. Es claro que estos valores son el resultado de un cálculo meramente teórico, en la medida en que la recuperación de tal masa monetaria hundiría los precios del mercado numismático, especialmente si se pretendiera venderlas a la vez.

Y en ese mismo orden de cosas, también habría que plantear la cuestión, y éste es otro debate, de por qué se aceptó la contabilidad soviética, sin tratar de hacer previamente una investigación o auditoría, como era procedente. No existe referencia alguna a que se hiciera ni comentario sobre ello en ninguno de los documentos entregados al Gobierno tras la muerte de Negrín, ni en los que existen en el Banco de España.[23]

Lo que sí está claro es que la operación del oro se desarrolló en la URSS dentro de la más estricta confidencialidad, y que algunas peculiaridades de la operación resultaron sospechosas. Una de esas peculiaridades, ya suficientemente conocida, pero a la que no se ha dado la debida importancia, es la conducta que se siguió con los cuatro empleados del Banco de España, que acompañaron oficialmente a la expedición del traslado del oro para vigilar el transporte, la entrega y la ejecución de los acuerdos. Porque a ninguno de ellos se les permitió volver a España hasta octubre de 1938. Y en el Archivo Histórico del Banco de España existen documentos que demuestran que reclamaron, y vehementemente, ser retirados de aquella misión y volver a su país.

Todavía no se sabe si los soviéticos fueron los responsables de su retención, o si los que tomaron esa decisión, como se ha dicho en algún momento, fueron Negrín y Méndez Aspe. Martínez Amutio (1974:56 y ss.)[24] escribe que cuando los cuatro españoles, a quienes se había dicho que su ausencia de España no duraría más de un mes, pidieron al embajador de España en la Unión Soviética que intercediera por ellos, éste prometió intervenir inmediatamente, recomendándoles que siguieran en sus puestos sin protestar ante los soviéticos. Pero cuando llevaban ya cerca de dos meses, les hicieron cambiar de hospedaje, separándoles y alejándoles entre sí, de forma que no se pudieran comunicar ya entre ellos, pues hasta las salidas de sus domicilios y el retorno a los mismos los hacían independientemente y acompañados cada uno por un policía soviético. Al cabo de dos años, cuando la guerra ya estaba a punto de terminar, se les permitió salir, pero no volvieron a España. Fueron destinados a las embajadas de Estocolmo, Estados Unidos, México y Buenos Aires.[25]

Como se ha dicho, en el Archivo Histórico del Banco de España se conserva correspondencia entre el banco y los funcionarios que salieron de España acompañando el oro. Y de ella se puede deducir que posiblemente fueron Negrín y Méndez Aspe los que decidieron que permaneciesen en Moscú, con el fin de que no se filtrase ningún rumor sobre el destino del oro.[26] En el verano de 1938 Negrín y Méndez Aspe solicitaron que se les permitiera salir de la Unión Soviética y el Gobierno soviético accedió a ello, aunque insistió en que debían guardar la más estricta reserva.

La verdad es que por el momento no se puede ir más lejos en la definición de lo que pasó, pero no hay que rechazar la posibilidad de que, en el futuro, nuevos datos puedan hacer llegar a otras conclusiones. Todavía no ha sido posible estudiar toda la documentación soviética, que sin duda existe en alguna parte y que, en determinados aspectos, ya está saliendo a la luz. Los archivos de la antigua URSS empezaron a abrirse, poco a poco, a partir de los años 90, lo que, por lo menos, está haciendo posible investigar a fondo la realidad de nuestras relaciones políticas con Moscú durante la guerra civil. Es verdad que hasta muy recientemente no ha sido posible hacerlo en lo referente a las cuestiones económicas y financieras, pero la progresiva apertura de la documentación de aquella época puede estar haciendo cambiar muchas de las cuestiones relacionadas con el oro.

En lo que respecta a las relaciones políticas, los archivos soviéticos están ofreciendo, sin duda, nuevos y a veces sorprendentes datos, que arrojan mucha luz y dan respuesta a muchos interrogantes sobre aspectos controvertidos de la guerra civil española, sobre los que hasta ahora no se disponía de información. Especialmente se han ido produciendo a partir de finales del año 2002, después de que se publicara el libro de Radosh, Habeck y Sevostianov España traicionada. Stalin y la guerra civil,[27] en el que se ofrece documentación muy completa sobre la participación soviética en la guerra y en la política de la República española. Porque, como algunos historiadores ya sospechaban desde hacía tiempo, Radosh, Habeck y Sevostianov sostienen que los consejeros de Moscú intentaban de hecho sovietizar España y convertirla en lo que habría sido una de las primeras democracias populares, con una economía, un ejército y una estructura política de tipo estalinista. Kowalsky (2003:382) opina que ese libro es el más importante que se ha publicado en cualquier lengua acerca de la intervención militar soviética en España, y que su contenido revela muchos detalles acerca de la política soviética en ese país, aclarando numerosas cuestiones mal entendidas o, en buena parte, ocultas hasta este momento.[28]

La nueva documentación ha permitido, concretamente en este caso, seguir los acontecimientos políticos de aquellos momentos y examinar cómo los servicios de inteligencia de la Komintern intentaron dominar y dirigir los Gobiernos y las fuerzas armadas españolas. Todo ello en medio de un debate muy vivo entre los que deseaban ganar primero la guerra y después plantear la revolución, y los que entendían que la única forma de ganar la guerra era desarrollando desde el principio y aceleradamente la revolución social.

Se debe, pues, confiar en que estas aportaciones constituyan un antecedente en relación con la «cuestión del oro». Porque una burocracia como la soviética, muy conocida ya por la sociedad occidental, tuvo necesariamente que intervenir y controlar, con intensidad y con el máximo detalle, cada una de las operaciones que se fueron desarrollando desde que el oro llegó a Moscú hasta que Negrín recibió la información de que la totalidad de las 510 toneladas de oro había sido vendida para liquidar los envíos de armas y otros materiales a la República.

Y ese amplio y complejo período de tiempo tuvo que dejar un enorme rastro documental. En todo caso, a partir de la apertura producida en los archivos soviéticos, se ha confirmado lo que ya se sospechaba, que los funcionarios de la Unión Soviética eran muy cuidadosos en dejar puntualmente nota detallada de sus actividades. Esto debería querer decir que, en la «cuestión del oro», los procesos de liquidación, las órdenes de fundición o las de compra de armamento, y las diferentes instrucciones que se formulaban al respecto, especialmente en relación a los precios, tuvieron, en una organización piramidal tan compleja y tan jerárquica, que ser muy precisas y seguidas posteriormente de un control interno férreo y riguroso.

No parece por ello una utopía pensar que, más tarde o más temprano, en este desarme documental que se está produciendo, se tenga en el futuro mucha más información sobre lo que realmente sucedió con el oro. Y que la progresiva apertura de los archivos soviéticos siga ofreciendo aclaraciones detalladas sobre algunos de los interrogantes que se han planteado sobre el final de la «cuestión del oro», que todavía permanece abierta.

Será lento y difícil, pero las aportaciones de Kowalsky son un ejemplo. Daniel Kowalsky es, sin duda, el investigador que ha trabajado más a fondo la cuestión de los archivos soviéticos, y el que ha conseguido definir por primera vez el verdadero alcance de la política de Stalin hacia España. En realidad, la suya es la primera elaborada por un investigador occidental, fruto de una inversión extraordinaria de tiempo y energía. Tuvo para ello que aprender ruso a partir de cero, y al final se convirtió en uno de los pocos especialistas capaces de llevar a cabo sus investigaciones, directa y simultáneamente, en archivos españoles y rusos.[29] Los resultados de su investigación no pueden ser más satisfactorios. Y constituyen un ejemplo de lo que en ese campo se podrá avanzar en el futuro. Stanley G. Payne sostiene en el prólogo con que presenta esta investigación que «la guerra civil española probablemente nunca quedará explicada por una sola historia “definitiva” que la mayoría de la gente pueda aceptar». Pero admite que los «miles de libros y los centenares de estudios históricos que se han publicado acerca de este conflicto han logrado aclarar muchos aspectos que apenas se entendían hace treinta o cuarenta años».

Es de justicia cerrar este capítulo recogiendo la tesis de Ángel Viñas en relación con la controversia planteada sobre si las monedas de oro del Banco de España se fundieron o no, a medida que las autoridades republicanas iban solicitando la monetización del oro depositado en Moscú.[30]

Ángel Viñas se opone rotundamente a la interpretación de que los rusos no fundieron las monedas de oro. Dice, a este respecto, que la corriente en la literatura del oro que insiste en lo absurdo que hubiera sido destruir monedas de valor numismático muy superior a su contenido en fino debe ser desechada por consideraciones elementales, aun aceptando que en esta línea militan Bolloten, Howson, Kowalsky y Bennassar. Su tesis, muy bien elaborada y explicada con la autoridad que le da el haber sido uno de los pocos que, en relación con esta cuestión, se ha basado fundamentalmente en fuentes primarias, tiene una autoridad indiscutible.

Sostiene que la Unión Soviética, gran productora de oro, «experimentaba con frecuencia considerables dificultades en su balanza de pagos, dado su perenne estrangulamiento de divisas». Lo que la República necesitaba, al vender sus depósitos de oro, era precisamente divisas. Por ello, al adquirir el oro español a cambio de éstas, la posición exterior soviética en moneda extranjera empeoraba de forma automática. De ahí que Moscú tuviera interés en reponerlas. Y concluye afirmando que requeriría «una imaginación completamente ahistórica pensar que a la alta dirección soviética hubiera debido preocuparle el valor numismático de una parte de las monedas españolas».

Por otra parte argumenta: ¿Cuál era la salida de los 318 kilos de monedas portuguesas antiguas o de los 257 kilos de francos austríacos? ¿Y qué imagen daría la URSS con esta operación en los mercados occidentales? Recuérdese la necesidad que en aquellos momentos tenía la URSS de evitar cualquier evidencia que la conectara a ella o a sus ventas de oro con lo que habían sido las reservas del Banco de España. «Nadie en Moscú», afirma Viñas, «en su sano juicio habría estado dispuesto a romper una lanza por el “oro numismático”». La tesis es, sin duda, aparentemente convincente. Y lo es muchísimo más de la pluma de Ángel Viñas. Sin embargo, el definitivo cierre de este debate sólo se dará cuando se pueda acceder a los archivos ministeriales rusos relacionados con dicha operación.

XV
El gasto presupuestario en la guerra civil

ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA EN LA GUERRA CIVIL

Para conocer con precisión la situación presupuestaria española en el momento de iniciarse la guerra civil se hace necesario conocer cómo era el escenario en que la economía se venía desenvolviendo en años anteriores, tanto respecto de las cifras de ingresos, gastos y saldos presupuestarios, como en relación con los procedimientos y los problemas económicos, políticos y sociales a los que tenía que enfrentarse. A esos efectos, este apartado trata de examinar la situación financiera de los presupuestos del Estado en los años anteriores al inicio de la guerra civil, su importancia cuantitativa y su formulación presupuestaria.

Los presupuestos de los años previos a la sublevación[1]

En los años anteriores a la guerra, la actividad presupuestaria del Estado tenía poco peso relativo en el conjunto de la economía del país, y los saldos presupuestarios eran normalmente deficitarios. Así lo fue desde 1929 a 1934, excepto en 1930, que se liquidó con superávit. En todo caso, los déficit eran relativamente pequeños, medidos en porcentaje del producto interior bruto (PIB). Ésta fue su evolución:

Durante la década de 1920 los sucesivos Gobiernos habían ido reduciendo los grandes déficit presupuestarios que surgieron a raíz de la primera guerra mundial. Fue una excepción la política expansionista de Calvo Sotelo. Pero en los cuatro primeros años de la República se produjo un aumento del déficit, justificado por la instrumentación de una política que trataba de sostener la actividad económica.

Los presupuestos de 1935 no se vieron alterados por el conflicto de la guerra civil, excepto porque no llegaron a publicarse sus datos de liquidación.[2] Por ello, estos presupuestos deben considerarse como referencia para los años de guerra, e incluso de la posguerra, en la medida en que se ejecutaron en el año que les correspondía, siguiendo los procedimientos habituales. Se publicaron en la Gaceta de Madrid del 4 de julio,[3] y en ellos se fijaban los créditos para financiar los gastos del Estado durante el último semestre de 1935, que, juntamente con los otorgados para el primer semestre de ese mismo año, constituían las dotaciones totales de los Presupuestos Generales del Estado para 1935.

En cuanto a los gastos, el resumen del total de obligaciones generales del Estado y de obligaciones de los departamentos ministeriales para ese ejercicio era el siguiente (en millones de pesetas):

– Crédito anual base para 1935 | 4.725
– Créditos 1.º semestre de 1935 | 2.480
– Créditos 2.º semestre de 1935 | 2.361
– Total créditos efectivos de gastos para 1935[4] | 4.841

El presupuesto de ingresos arrojaba el siguiente resumen de sus principales partidas (en millones de pesetas):

– Contribuciones directas | 1.497
– Contribuciones indirectas | 1.269
– Monopolios y servicios | 1.029
– Propiedades y derechos del Estado | 18
– Recursos del Tesoro | 273
– Total ingresos para 1935 | 4.086

Los presupuestos de 1936. La doctrina de Chapaprieta

El análisis con detalle de los presupuestos de 1936 permite comprender la realidad de España en los momentos en que se estaban elaborando y debatiendo. Constituye un ejemplo de lo que dice Schumpeter:[5]

La historia fiscal de un pueblo es, sobre todo, una parte esencial de su historia general… El espíritu de un pueblo, su nivel cultural, su estructura social… todo esto y más está escrito con claridad en su historia fiscal y sin retórica de ningún género. Aquel que sabe escuchar su mensaje discierne aquí el tronar de la historia del mundo con más claridad que en ninguna otra parte.

Los presupuestos de 1936 se elaboraron bajo la responsabilidad de Chapaprieta,[6] que había sido nombrado ministro de Hacienda en mayo de 1935 y presidente del Gobierno, a la vez que ministro, en septiembre de ese mismo año.

El nuevo ministro tenía muy claro lo que significaban los presupuestos en la República y lo que él entendía que deberían significar. La base fundamental de su tesis era que, en la ordenación del sistema impositivo, debía de acabarse con lo anormal de una situación, en que las clases proletarias sostenían el peso de los presupuestos. Lo explicaba señalando que habría que pensar en llegar a un impuesto sobre las rentas en su clásica definición, desgravando más las procedentes del trabajo. El Estado, además, debería obtener parte importante de sus ingresos de las enormes plusvalías que producían todas esas «grandes reformas que se proyectan en terrenos, en obras, en fincas».[7]

Sobre esta base planteó su reforma que, como él mismo explicó,

… [era] muy extensa de impuestos, no una reforma codiciosa en que se crean nuevos impuestos, en que se aumentan las cuotas sólo con espíritu fiscal. Traigo una reforma en que la subida de cuotas es escasa, y sólo en algún caso, porque es de estricta justicia. Traigo una reforma más procesal que de fondo, una reforma que tiende a que entre la malla de la Administración no se escapen, como se vienen escapando, centenares de millones de pesetas. Es una reforma que va más en contra del ocultador que del contribuyente de buena fe.

Pero, al llegar el 18 de julio de 1936, el sistema fiscal español estaba lleno de problemas, y problemas graves. Unos problemas que indiscutiblemente se agudizaron con el hecho de la sublevación, y que fueron de tal relieve e importancia que colocaron el sistema financiero y fiscal de España en el primer plano del interés político (Fuentes Quintana, 1958:289).

Chapaprieta sostenía que el sistema era «demasiado viejo»:

Algo hay que hacer hoy en materia tributaria, pero tampoco puede hacerse una reforma demasiado profunda, porque es cosa sabida en materia de tributos que rinden más los malos y viejos que los buenos y nuevos, y no está en estos momentos la Hacienda española en condiciones de hacer una reforma fundamental en materia tributaria. Puede hacerse, sí, una reforma que, aun siendo modesta, sirva de orientación para que el día de mañana otras fuerzas políticas lleguen a atacar en su esencia este interesantísimo problema.

En realidad, Chapaprieta ya había empezado a trabajar en esta línea en el mismo mes de mayo en el que fue nombrado ministro de Hacienda, porque el día 29 presentó al Congreso su Ley de Restricciones, un proyecto de ley de autorizaciones del Gobierno que debía de facilitar su política de austeridad. Ante la Cámara, hizo una amplia exposición de su programa, que consistía «en ir rápidamente a la nivelación del presupuesto del Estado, sin dejar de atender largamente los gastos del fomento de la riqueza pública, los sociales y la defensa».[8]

La Ley de Restricciones fue aprobada en las Cortes el 21 de julio, e iba acompañada de una serie de disposiciones que la desarrollaban. Entre las más importantes medidas se decretaba la reorganización ministerial y se suprimían tres ministerios. El de Comunicaciones quedaba refundido con el de Obras Públicas, el de Agricultura se fusionaba con el de Industria y Comercio, y el de Justicia con el de Trabajo. También se suprimían multitud de direcciones generales y organismos de la Administración Central del Estado.[9] La reducción de plantillas era importante. Como objetivo, deberían alcanzar una disminución del 10%. Contemplaba la supresión de cajas especiales y presupuestos extraordinarios. Y se abordaba la reducción de gastos desde el capítulo de clases pasivas hasta una acertada política de conversiones de la deuda. Introducía un incremento de los ingresos mediante leyes de reforma de diversos tributos como el territorial, de utilidades, renta, gas y electricidad, derechos reales, alcoholes y transportes. E incluía amplias dotaciones para gastos en obras públicas, de carácter social, de defensa «hasta donde consentía su capacidad de empleo» (Chapaprieta, 1971:173).

Chapaprieta justificaba su Ley de Restricciones con el convencimiento de que

… no podía pedir sacrificios a los contribuyentes y a los rentistas mediante la persecución de las bases tributarias ocultas, refuerzos tributarios y conversiones, sin sanear antes la administración del Estado, dando a aquellos la seguridad de que su dinero no habría de dedicarse a despilfarros burocráticos (Chapaprieta, 1971:166).

Republicano independiente, abogado prestigioso, experto en materia de economía, y con un entusiasmo poco frecuente en los rectores de la Hacienda española de la época, los proyectos de Chapaprieta despertaron gran expectación y esperanza, aunque la realidad vendría a demostrar lo poco que sirven los buenos propósitos sin una fuerza política que los respalde y que les dé continuidad (Benavides, 1972:126).

En todo caso, la política de saneamiento de la Hacienda Pública que Chapaprieta intentó llevar a cabo se encontraba ya formulada básicamente en el dictamen emitido el 10 de septiembre de 1934 por la comisión gestora interina del Consejo de Economía Nacional. Un verdadero programa de austeridad, dirigido fundamentalmente a la administración pública, para reducir gastos mediante la conversión de deuda, la supresión de organismos administrativos, y el reajuste y reducción en las plantillas de funcionarios. Se trataba también de incrementar los ingresos mediante una más efectiva recaudación tributaria.[10]

Chapaprieta intentó también cambiar sustancialmente la interpretación que habitualmente se hacía de los presupuestos. En aquellos años era habitual que los presupuestos se dotaran insuficientemente para disimular el déficit inicial, lo que posteriormente daba lugar a numerosos y crecidos créditos extraordinarios que, en su conjunto, venían a constituir unos nuevos presupuestos.[11]

El proyecto tributario de Chapaprieta no trataba de incrementar los impuestos e incluso rebajaba algunos. Sin embargo, sobre otros suponía hacer una revisión «para colocar las distintas contribuciones en un plan de igualdad y de justicia en el que hoy no se hallan». Explicaba también que el objetivo de un ministro de Hacienda debía consistir «más que en hacer brillantes planes y proyectos ilusorios de reformas de tributos, en cuidar, en mimar los tributos actuales, y en perseguir las ocultaciones allí donde existan, colocando a los contribuyentes, a todos, en igual situación».

A partir de todas estas consideraciones, su objetivo era aprobar para 1936 unos presupuestos de transformación y un perfeccionamiento de los mismos, que conduciría, antes de llegar a fin de 1937, a «nivelar el presupuesto del Estado español».[12]

El 12 de octubre de 1935 se abrió el proceso con la aprobación de un decreto por el que se autorizaba al ministro de Hacienda, Joaquín Chapaprieta, a presentar al Congreso un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1936. Éste, y de acuerdo con su exposición de motivos, trataba de introducir su política de saneamiento de la Hacienda Pública, a la vez que se emprendía una política de reconstrucción nacional.

«Hubiera sido deseo del Ministro de Hacienda que firma este proyecto haber llegado a un completo perfeccionamiento de la Ley presupuestaria, pero ni el tiempo de que ha dispuesto, ni la complejidad del problema que en tantos aspectos ha tenido que ser abordado, le han permitido lograr aquella aspiración»[13].

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1936 se presentó a las Cortes el 15 de octubre de 1935. Fue refrendado por el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora. Y como Chapaprieta explicó, presentaba «un Presupuesto de transición, preparatorio del de 1937, que sería más perfecto y coherente», porque los presupuestos que en aquellos momentos se estaban sometiendo a debate eran rutinarios. Con más calma, el próximo ejercicio habría que definir unos presupuestos nuevos, que implicaran la reorganización y economía de los gastos y, especialmente, de los ingresos.[14]

Por fin, Chapaprieta disponía de unos presupuestos a los que acompañaban hasta 25 proyectos de ley complementarios, algunos de interés decisivo, como el de Reforma de la Ley de Contabilidad, «encaminado a hacer efectiva la intervención en los gastos públicos, corrigiendo el absurdo de que la Intervención General del Estado, a pesar de su nombre y de su función, no interviniese ni supiese de qué forma y en qué realmente se empleaba el dinero que autorizaba a librar».[15] La base de sus cálculos eran los presupuestos para 1935, que tenían un déficit inicial de 755 millones de pesetas, aunque a principios del año 1936, cuando se publicó la liquidación provisional de ese ejercicio, el déficit había quedado reducido a la mitad.

Las cifras más representativas de estos presupuestos en millones de pesetas y en porcentaje del PIB, comparadas con las de los presupuestos de 1935, son ilustrativas:

De la observación de estos datos de los presupuestos de 1935 y 1936, cabe destacar la reducción del gasto en un -5,6% y, como hecho más bien anecdótico,[16] el relativamente elevado nivel de gasto del Ministerio de la Guerra,[17] que presentaba unos créditos sensiblemente superiores a los que se habían fijado para el año 1935 (566 millones de pesetas frente a 404 millones de pesetas), un 40,1% de incremento.

Los presupuestos presentados por Chapaprieta no llegaron a ser aprobados, porque se convirtieron para las fuerzas de la oposición en una buena ocasión para enfrentarse con el Gobierno, especialmente desde el momento en el que Chapaprieta fue nombrado presidente del Consejo de Ministros. Lo que cebó la bomba de la protesta fue la reforma del impuesto de derechos reales que se proponía. El propio Chapaprieta lo puso de manifiesto, reconociendo que esa figura tributaria había sido escogida «desde el primer momento como terreno propicio para darme la batalla».[18] Pero lo singular fue que la obstrucción a la reforma tributaria de Chapaprieta vino del propio Gobierno. Se pedían votaciones nominales de las innumerables enmiendas, y la mayoría gubernamental no acudía a las votaciones, por lo que nunca se llegaba a los votos necesarios para aprobar definitivamente el proyecto. La verdad era que no se deseaba una reforma tributaria, y menos la que quería introducir Chapaprieta. Como él mismo dijo (Chapaprieta, 1971:301): «Conocida la actitud del grupo más numeroso de la Cámara, y de la mayoría, la muerte del Gobierno por mí presidido quedaba decretada».

Más tarde, Chapaprieta (1971:302 y ss.) diría:

De los proyectos por mí presentados hubo dos que atrajeron la repulsa de las clases acomodadas: el de reforma del impuesto de derechos reales y el relativo a la contribución territorial[19]… Las clases acomodadas incurrieron en el grave pecado de egoísmo que luego tan caro han pagado. Con sus absurdas resistencias a nimios sacrificios… sirvieron inconscientemente de pretexto a maniobras políticas del más viejo estilo.

La CEDA y Gil Robles fueron quienes se mostraron más intolerantes con él. Y así fue como el año 1936 comenzó heredando los presupuestos de 1935 y, como se verá más adelante, aprobando los créditos por trimestres.[20]

Chapaprieta fue llamado a formar Gobierno de nuevo, pero contestó que su aspiración era que se le dejara llevar a la realidad su plan para sanear la Hacienda española, y que se sentiría infinitamente más satisfecho con ello que con la Presidencia del Consejo de Ministros, cargo con el que jamás soñó, y al que, por su índole esencialmente política, no se sentía atraído (Chapaprieta, 1971:60).

Sobre su gestión hay que reconocer que, durante el período en que se mantuvo al frente del Ministerio de Hacienda, se ocupó fundamentalmente de la contención del gasto y de la política de inversión en obras públicas, y que eso lo hizo muy bien. Pero no fue capaz de llevar adelante la reforma tributaria que el país exigía y que él tenía tan bien perfilada.[21]

Los presupuestos de 1935 y 1936, su estructura, los incidentes y las controversias de su elaboración, las prórrogas, la utilización del propio instrumento presupuestario como arma política, y la significación que todo ello tenía en el contexto de una asamblea parlamentaria en la que los más importantes y más significados líderes políticos intervinieron, fueron dejando huella en las memorias de Chapaprieta. En ellas describió de una forma muy realista cuáles eran los problemas de España, cuál era el perfil de los políticos que la representaban, y la situación de las finanzas públicas.[22]

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA DURANTE LA GUERRA[23]

El análisis sobre la actividad presupuestaria durante la guerra civil no tiene sentido sin conocer en su totalidad, y en sus peculiaridades, los presupuestos del Estado de las dos zonas. Y aunque la información existente es escasa y con importantes lagunas, el análisis de la documentación disponible permite estimar las cifras de gasto que efectivamente se ejecutaron por los Gobiernos republicano y de Burgos.[24]

Los presupuestos prorrogados para 1936 mantuvieron su normalidad para todo el territorio nacional hasta el 17 de julio. A partir de ese momento, el aparato recaudatorio y las consignaciones presupuestarias de gasto quedaron divididos en dos partes incomunicadas: el territorio que controlaba la República y el territorio controlado por los sublevados. Definir con precisión cómo se reguló el proceso presupuestario en ambos bandos es prácticamente imposible, porque el gasto presupuestario de cada uno de ellos tuvo que adaptarse a las necesidades de la población en función de cómo variaban las fronteras, dando lugar a lo que se podría llamar zonas de recaudación tributaria y de gasto. No hay información precisa sobre ello, pero sí pueden hacerse unos ciertos cálculos y formular hipótesis.

La primera aproximación de lo que pudo suceder en España en relación con la recaudación y el gasto en los 33 meses de guerra civil en el total del territorio nacional la hizo Hugh Thomas (1979, vol. 3:81), señalando que, en su opinión, el área de España controlada por los rebeldes al principio de la contienda podía representar alrededor de una tercera parte de los impuestos españoles, y que, en diciembre, tras la conquista de San Sebastián y del valle del Tajo, esta área había aumentado, pero todavía producía menos de dos quintas partes de los impuestos nacionales anteriores a la guerra.

Hasta mediados de año, el presupuesto de ingresos de 1936 fue utilizado por la Administración General del Estado en Madrid como financiación normal de las obligaciones generales del período de preguerra para todo el territorio nacional. El resto del año, la otra parte del presupuesto, y de acuerdo con la hipótesis que se ha citado, correspondería en un tercio a la administración fiscal del área controlada por los sublevados y en dos tercios a la de la República. A finales de 1936, la distribución sería tres quintos a la administración republicana, y dos quintos a la de Burgos.

Pero ésta fue una conclusión previa que se puede alejar mucho de lo que fue la realidad, porque la violencia de la ruptura y su constante movilidad conducen a otro tipo de razonamiento. Por de pronto, la administración tributaria y presupuestaria central quedó en manos de la República, y este aparato funcionó prácticamente durante toda la guerra. Por lo que respecta a la administración del Gobierno de Burgos, ésta tuvo que partir de las delegaciones de Hacienda radicadas en su territorio, sin aparato central alguno de planificación y control fiscal. Y, hasta que terminó la guerra, el sistema presupuestario se redujo a unas simples evaluaciones mensuales de gastos e ingresos.[25]

La pregunta que hay que hacerse no es cómo se presupuestó, sino cómo se hicieron las liquidaciones, especialmente teniendo en cuenta que, tanto las relativas a los gastos como a los ingresos, se correspondían a un territorio no administrado plenamente por el gestor de los presupuestos. Los presupuestos cubrían teóricamente una situación de confrontación militar, que supuso enormes cargas en ambos bandos. Pero para ello tuvieron que arbitrarse mecanismos extraordinarios, como luego se verá, recurriendo a los créditos extraordinarios, e incluso a concesiones reservadas, no explicitadas en Boletines Oficiales. Por otra parte, los créditos presupuestarios y no presupuestarios no se liquidarían hasta el final, aunque fuera con justificaciones diferentes a la propia formalidad de las consignaciones.

En lo que sigue, dado que sólo se dispone de datos de liquidación presupuestaria para el Gobierno de Burgos, se va a dar por válido el supuesto de que toda la actividad presupuestaria del Gobierno republicano, comprendida en los ejercicios que van de 1936 al primer trimestre de 1939, se liquidaron hasta agotar todas las partidas de gastos. Lo que sucedió con los ingresos es mucho más difícil de suponer. Pero la explicación que mejor encaja con lo que estaba pasando en aquellos momentos es que se dispuso de los recursos necesarios para cubrir todos los gastos, aunque salieran de otras fuentes extraordinarias, que las hubo, como se verá en otro lugar de este trabajo.

El Gobierno de la República, que heredó del Ministerio de Hacienda de Madrid el aparato administrativo de confección y control de presupuestos, siguió con esta mecánica durante toda la contienda. En particular, siguió confeccionando y cerrando sus presupuestos, pero refiriéndolos inexplicablemente a la totalidad del territorio nacional y a la dotación y consignación de todo tipo de gastos también para todo el territorio. Es decir, sin tener en cuenta la partición del territorio, que había supuesto que una parte muy sustancial y variable del país ya no estaba bajo su control. Y pese a ello los presupuestos de 1937, 1938 y 1939 se confeccionaron referidos a «toda la nación».

Por otra parte, los sublevados contra la República partieron sin ningún apoyo administrativo en el orden presupuestario. Con urgencia, hubo de improvisarse, antes de terminar el mes de julio de 1936, un mínimo aparato, que tratara de distribuir y racionalizar la utilización de los medios financieros de que se iba disponiendo, lo que exigió y sólo permitió una mecánica artesanal, que se concretó en la introducción de un presupuesto mensual. No era realmente un presupuesto, sino un inventario de las necesidades que las distintas unidades de gasto iban a tener en el próximo mes, y un cierto detalle sobre de dónde podrían proceder los recursos. La verdad es que terminó funcionando bastante bien.

El problema vino con posterioridad, al terminar la guerra, cuando se trató de hacer un análisis a fondo y el exigible control, con destino al Tribunal de Cuentas, sobre cuál había sido el comportamiento financiero entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939. Y entonces tuvo que iniciarse un verdadero rastreo en todas las provincias, porque el grado de descentralización que había existido suponía que sólo en las delegaciones de Hacienda provinciales se podía reconstituir con cierta garantía la Cuenta de Tesorería de cada provincia, para llegar a disponer de la Cuenta General de 1936-1939. Algo que era imprescindible para que existiera continuidad en las Cuentas Generales del Estado.[26] No fue tarea fácil teniendo en cuenta lo deteriorados que se encontraban los archivos.[27]

En todo caso, está claro que la guerra civil cambió bruscamente la tendencia que en España se estaba produciendo en los años treinta, en relación con la modernización de los ingresos y gastos públicos, de tal manera que en momentos en que los presupuestos públicos del mundo occidental estaban experimentando notables transformaciones, la Hacienda española quedó manifiestamente retrasada con respecto a la del resto de Europa. Comín Comín (1986) ha demostrado que la guerra civil invirtió la tendencia de la estructura de los ingresos ordinarios de los treinta años últimos, como también lo hizo la de los gastos. Los servicios de la deuda fueron bajando, y esta tendencia no se revirtió hasta 1958. Los gastos de defensa invirtieron su tradicional tendencia a la disminución. Los servicios generales elevaron su porcentaje. Y, en un momento en que los presupuestos públicos del mundo occidental estaban experimentando notables transformaciones, la Hacienda Pública española quedó rezagada definitivamente respecto al resto de Europa. Lo más ilustrativo en ese cambio fue la caída del peso de los servicios económicos, la educación y las pensiones, que disminuyeron con respecto a los años de la Segunda República. El cambio fue especialmente violento en los servicios económicos, que de suponer un 21% entre 1930 y 1935, pasaron a significar el 14% en los años cuarenta.

PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA[28]

En los años de la guerra civil, una parte de la información presupuestaria se perdió o nunca llegó a registrarse de forma sistemática. Los esfuerzos de revisión y organización de las cuentas públicas, una vez terminada la contienda, tan sólo se centraron en los gastos que tuvieron lugar en el bando sublevado, de tal manera que, como más tarde se verá, en la información publicada por el Tribunal de Cuentas sobre la actuación financiera de este período, no se incluyeron los gastos ejecutados en el área republicana. Por ello, y dado que no se dispone de cifras de liquidación, el procedimiento utilizado para estimar el gasto presupuestario en el bando republicano ha tenido que basarse en las cifras de los Presupuestos Generales del Estado aprobados, más o menos formalmente, al comenzar el año en que se iban a ejecutar.[29]

Los presupuestos para 1935 fueron los primeros que sufrieron los efectos de la guerra civil. Y aunque estos presupuestos se ejecutaron en el año que les correspondía, no llegaron a superar todas las fases del ciclo, al faltar la publicación de su liquidación. Sin embargo, y a tenor de lo que reconoció en su momento el Tribunal de Cuentas, es posible que la administración del Estado republicano dispusiera de un estado de liquidación presupuestaria, más o menos avanzado.[30] Los verdaderos efectos se iniciaron en las cuentas públicas con el estallido de la contienda de 1936. Por un lado, el Gobierno republicano dejó de tener capacidad de ejecución del gasto en una parte importante del territorio español en poder de los sublevados, y por otro fue necesario aprobar un conjunto de créditos de gastos extraordinarios y suplementarios para financiar la guerra,[31] dando lugar a un notable incremento de los recursos públicos utilizados.

Ya se ha visto que los presupuestos de 1936 habían sufrido algunas incidencias en su elaboración y aprobación. No fue posible aprobarlos en los plazos previstos por la ley en la medida en que las tensiones políticas previas a la guerra lo impidieron, y tuvieron como consecuencia que se iniciase el ejercicio con una prórroga de los presupuestos del año anterior, de acuerdo con el artículo 107 de la Constitución de 1931.

Pero el comienzo de la contienda no sólo afectó a la ejecución de los presupuestos de ese año, sino también a los presupuestos para el año 1937, que en ese momento se estaban elaborando. No se conocen con detalle los problemas reales que planteó su elaboración, pero, por lo que respecta a su aprobación por las Cortes y su publicación en la Gaceta de la República, ofrecieron una imagen de normalidad, al igual que sucedió con los presupuestos para 1939. Pero los del año 1938, tuvieron también que prorrogarse a partir de los presupuestos del año anterior.

Sin embargo, en todos los casos, fueron presupuestos más bien virtuales, porque se elaboraron refiriéndose a la totalidad del territorio nacional, como antes se ha dicho, incluyendo por ello, tanto los afectos a servicios de la zona republicana como los que consideraban aplicables a la zona nacional. No se dispone de documentación que permita conocer con precisión cómo se acabaron configurando las cifras de ingresos.

En todo caso, la guerra produjo una importantísima disminución de la recaudación tributaria, porque los impuestos directos en aquel momento dejaron de recaudarse, especialmente la contribución territorial. Con respecto a las rentas de capital, a finales de 1937 sólo quedaban las procedentes de la deuda pública en manos de los particulares. Las empresas colectivizadas se fueron descapitalizando y las sociedades anónimas no pagaban dividendos. Por otra parte, los alquileres de las casas dejaron de cobrarse y las rentas de la tierra desaparecieron, en la medida en que fueron colectivizadas. La definición que a estas últimas rentas dio el Consejo de Hacienda fue que todas ellas, como consecuencia del proceso revolucionario, habían pasado a ser salarios distribuidos por los comités de incautación.

1936. Los primeros presupuestos afectados por la guerra. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito

Los presupuestos de 1936 fueron los primeros que sufrieron, en todo el proceso, los efectos de la guerra civil. Habían sido, en parte, aprobados antes del comienzo de la guerra por prórroga de los de 1935, pero a lo largo del año se fueron incorporando créditos extraordinarios y suplementos de créditos, que modificaron substancialmente los créditos previstos inicialmente.

El 31 de diciembre de 1935 se prorrogaron para el primer trimestre de 1936, el 2 de mayo de 1936 para el segundo, el 10 de julio para el tercero, y el 30 de septiembre, ya en período de guerra, se aprobaron los gastos que se autorizaban para el cuarto trimestre del ejercicio económico de 1936.[32] Estos créditos presupuestarios fueron los siguientes:[33]

Los presupuestos que se aprobaron en 1936 presentaban unas cifras algo diferentes a las que contenía la propuesta de Chapaprieta. Los cambios más representativos de estos presupuestos, en millones de pesetas y en porcentaje del PIB, son ilustrativos:

Los gastos de los presupuestos para 1936 fueron relativamente superiores a los presentados por Chapaprieta y rechazados en octubre de 1935 por las Cortes.[34] El incremento del gasto se repartió entre las distintas secciones presupuestarias, como puede verse con detalle en el anexo 7, tabla B-II.[35] En particular, cabe destacar que la partida de gasto más importante correspondió a la sección de Deuda Pública, que alcanzaba el 20,5% del gasto total. Le seguían por orden de importancia las de las secciones de Obras Públicas y del Ministerio de la Guerra, que suponían el 17,0% y el 10,4% del gasto total. En conjunto, el gasto total ascendió, en porcentaje del PIB de dicho año, al 13,9%.

Además de los créditos aprobados inicialmente, a lo largo del año se fueron añadiendo una sucesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por un valor de 728 millones de pesetas, que incrementaron notablemente el gasto total del Estado. La sección que más incrementó fue la del Ministerio de la Guerra, que aumentó 571 millones de pesetas, un 110,3%. Con ello el Ministerio de la Guerra pasó a ser el más importante en créditos de gasto, con 1.089 millones de pesetas, es decir, un 19,1% del conjunto.

En total, si se suman a los 4.979 millones de pesetas de créditos de gasto aprobados inicialmente, los créditos extraordinarios y suplementos de créditos, la cantidad definitiva presupuestada ascendería a 5.707 millones de pesetas. Las cifras más representativas del presupuesto de gastos, en millones de pesetas y en porcentaje del PIB, son las siguientes:

1937. Financiación con fondos reservados

En el Archivo General del Ministerio de Economía y Hacienda se encuentra el volumen completo de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1937, que siguieron en su formulación el proceso habitual.[36] Estos presupuestos en poco se distinguen de los presupuestos anteriores. Las secciones en que se dividen, los capítulos, los artículos, son los mismos.[37] Su mayor peculiaridad, en relación con los elaborados en años anteriores, es que la materia presupuestada, tanto en ingresos como en gastos, no se correspondía en absoluto con la extensión territorial de la zona sometida al control presupuestario de la República. Como si la guerra no hubiera estallado. Como si España no estuviera dividida en dos partes, una de ellas sometida a la actividad presupuestaria del Gobierno de la República, y otra sometida a la del Gobierno de Burgos. Dos partes que fueron evolucionando en su base territorial, a medida que el Gobierno de Burgos iba ganando la guerra, de tal manera que los presupuestos republicanos se iban correspondiendo cada vez en menor proporción con el territorio que ocupaba.

El total de gastos inicialmente presupuestado para 1937 fue de 5.264 millones de pesetas. La existencia de una guerra que estaba demandando financiación muy importante no tenía reflejo apreciable en los presupuestos oficiales. De esta manera, la consignación inicial presupuestaria para 1937 del Ministerio de la Guerra (408 millones de pesetas) era inferior a la presupuestada en 1936 (517 millones). El Ministerio de Marina subía sensiblemente (431 millones en 1937 frente a 183 millones en 1936). Y el total de ambos ministerios se incrementaba a 839 millones en 1937, frente a 700 millones en 1936.

En cuanto a los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se aprobaron para el año 1937, su volumen, según los datos del Tribunal de Cuentas, alcanzó 1.284 millones de pesetas. El gasto más importante entre los créditos extraordinarios y suplementos de crédito fue el correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional, con 605 millones de pesetas, un 72% de lo presupuestado inicialmente.

Sin embargo, la principal novedad financiera del año 1937 fue la aparición de los «fondos reservados», cuyo montante superó en volumen a la suma de los créditos iniciales y de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito. La financiación de la guerra por vía presupuestaria vino, pues, por medio de los «fondos reservados» que se asignaron para ese cometido. El fundamento de esos fondos fue la obtención de «anticipos del Tesoro» del Banco de España, con una fórmula que, de alguna manera, formó parte o se integró en los presupuestos. Es decir, que las cantidades financiadas con fondos reservados estaban consignadas documentalmente. Muy informales, pero dejando rastro. Y así, en unas notas manuscritas que aparecen en el expediente que contiene toda la documentación incautada a la República por la Intervención General del Estado en Barcelona, la parte manuscrita que se refiere a esta financiación lleva el título «1937. Concesiones Reservadas»,[38]y se refiere simplemente a cuatro partidas y a su suma, tal como sigue:

Los presupuestos de 1937, redactados en formato oficial, dan también cuenta detallada de las distintas fuentes de ingresos, con la extensión habitual en ejercicios anteriores del sistema presupuestario que tenía la República.[39]

Las cifras más representativas del presupuesto de gastos en millones de pesetas y en porcentaje del PIB son las siguientes:

1938. Consolidación de los presupuestos de guerra

Los créditos presupuestarios aprobados para 1938 mantuvieron también un perfil muy semejante al de los años anteriores, y formalmente se aprobaron mediante una prórroga de los presupuestos de 1937. Sin duda, lo más destacable de este año, aparte de la continuación en la utilización de los créditos extraordinarios y suplementos de créditos y de los fondos reservados, fue el volumen tan elevado que alcanzaron estos últimos.

El presupuesto de gastos, inicialmente aprobado para 1938, ascendió a un total de 5.426 millones de pesetas, una cifra ligeramente superior a la del año anterior. El gasto previsto más importante del ejercicio era el de Deuda Pública, con el 19,2% de los créditos iniciales totales. Le seguían en importancia los del Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas, con un 15,9%, y los correspondientes al Ministerio de Defensa Nacional, con un 15,1%.

En cuanto a los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, como puede verse en detalle en el anexo 7, tabla B-IV, su volumen alcanzó los 547 millones de pesetas, es decir, un 10,1% del gasto aprobado inicialmente. Estos créditos se redujeron en relación con los del año anterior, pero siguieron siendo considerables. El aumento más importante se produjo este año en el Ministerio de la Gobernación con un aumento de 221 millones, un 62,2%.

Los fondos reservados alcanzaron un protagonismo muy superior al de años anteriores, y su volumen pasó de los 6.738 millones de pesetas con que se dotaron en 1937 a 14.946 millones de pesetas. Su partida más importante fue la del Ministerio de Defensa Nacional, con 14.614 millones de pesetas, es decir, casi 18 veces lo presupuestado inicialmente.

En este año, al igual que en 1937, una nota manuscrita incluida en el expediente daba cuenta escuetamente de las concesiones reservadas para 1938, que eran las siguientes:

Las cifras más representativas de los gastos presupuestarios en millones de pesetas, y en porcentaje del PIB, fueron las siguientes:

1939. Presupuesto incumplido

Los presupuestos para 1939 no sólo se aprobaron en los plazos reglamentarios, sino que, por primera vez en el período los créditos del Ministerio de Defensa Nacional tenían un peso mucho más acorde con una situación de guerra.[40]

Por otra parte, la documentación relativa a los presupuestos de 1939 existente en el Ministerio de Hacienda es notablemente escueta, y no contiene más que el resumen formal de los «Presupuestos Generales del Estado» para dicho año. En todo caso, las cifras previstas de gasto aprobadas en los presupuestos de 1939 fueron las siguientes:

Como puede verse con detalle en el anexo 7, tabla B-V, las cifras presupuestadas eran semejantes a los créditos aprobados inicialmente para otros años, excepto en el caso del Ministerio de Defensa Nacional, que aumentaba espectacularmente hasta la cifra de 2.842 millones de pesetas, lo que suponía el 33,8% del gasto total de los presupuestos de ese año. Además, se incluyó una nueva partida, que, bajo el título «Reconstrucción nacional», presupuestaba 250 millones de pesetas adicionales.

Dado que los presupuestos de 1939 no tuvieron validez formal como presupuestos de la República más que los tres primeros meses del año, y que el derrumbe del bando republicano ya se veía venir, parece difícil que estos presupuestos se consumieran en una mínima parte.

El gasto presupuestario de guerra del Gobierno republicano

Como resumen de las vicisitudes que sufrió el gasto presupuestario de la zona republicana, puede concluirse que, tal como se deduce de las consideraciones que se vienen haciendo, la financiación de la guerra por parte del Gobierno republicano encajó perfectamente con el perfil de lo que fueron los cuatro ejercicios, aunque quebrados, de la contienda. Así, el proceso presupuestario tuvo la apariencia de una cierta normalidad, en la medida en que se siguieron elaborando y aprobando los presupuestos para cada año, aunque en algunos ejercicios hubo prórrogas o se aprobaron por trimestres. Una «normalidad» que puede observarse principalmente en el volumen y la estructura de los presupuestos, que básicamente fueron semejantes a los de los años previos a la guerra, sin mostrar señal alguna que reflejara la división territorial que el proceso presupuestario sufría desde el 18 de julio.

El Gobierno de la República dispuso, para hacer las previsiones y ejecutar los presupuestos, de toda la parafernalia presupuestaria con la que el Gobierno de España contaba antes de la guerra en el Ministerio de Hacienda. Dispuso por ello, para cada uno de los años de guerra, del aparato formal, lo que hizo posible que los presupuestos anuales se aprobaran de acuerdo con la normativa vigente. Los primeros años se caracterizan por la utilización del recurso a los créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Los años centrales de la contienda (1937 y 1938) añadieron la utilización de otra fuente de financiación, los fondos reservados. Y 1939, debido al desenlace temprano de la contienda, se caracterizó por ser un año en el que apenas se pudo desarrollar la actividad presupuestaria.

Durante el período de guerra, éste sería el cuadro resumen, de lo que ya se ha visto con anterioridad en más detalle:

A partir de todo lo anterior, se puede hacer una evaluación global de los gastos presupuestarios de la República para todo el período de la guerra:

Los procedimientos relacionados con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se sucedieron con cierta normalidad aparente. Aunque en alguna de las etapas se aplicaron procedimientos excepcionales, como las prórrogas en la aprobación de los presupuestos de 1936 y 1938, en general se aprobaron dentro de los plazos reglamentarios y su presentación formal fue semejante a la de los años anteriores a la guerra.

Su contenido no fue realista, pues los presupuestos que se aprobaron inicialmente para los años 1936, 1937, 1938 y 1939 fueron semejantes a los de los años anteriores en su perfil de gasto. No cambió la orientación de éste hacia las necesidades de la guerra, y además no existió ningún reconocimiento presupuestario de la partición del total del territorio nacional en dos bloques. La única excepción se dio en los presupuestos de 1939, en los que los créditos asignados al Ministerio de Defensa Nacional aumentaron considerablemente.

Por ello, la necesidad de atender a los gastos de guerra dio lugar a nuevas fórmulas de financiación, que se concretaron en dos: créditos extraordinarios y suplementos de crédito, y fondos reservados. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se habilitaron en los años 1936, 1937 y 1938. Los fondos reservados se aplicaron en los años 1937 y 1938.

El gasto presupuestario total, estimado para todo el período de guerra, obtenido reduciendo el presupuesto inicial y el PIB para acomodarlo a los 33 meses de guerra, ascendió a 39.524 millones de pesetas, lo que supuso el 36% del PIB de ese período, frente al 13,8% de 1935.[41]

PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO DE BURGOS[42]

En lo que respecta a la actividad presupuestaria del Gobierno de Burgos, la ejecución del gasto fue más parecida a lo que se podría considerar una situación excepcional, como era el estado de guerra. Porque, como ya se ha dicho, el Gobierno de Burgos, al contrario que el Gobierno de la República, tuvo que partir prácticamente de cero en el orden presupuestario. Ni documentación ni expertos, porque todo había quedado en la zona republicana en Madrid. Y así la función y actividad presupuestarias tuvieron que ser improvisadas.

No hubo, en consecuencia, presupuestos en el sentido de un documento formal que recogiera las previsiones de gasto, un debate parlamentario y su aprobación con antelación al período de su entrada en vigor. Sin embargo, sí se siguieron procedimientos sistemáticos en el control de la actividad financiera, lo que ha dejado información suficiente para hacer estimaciones aproximadas sobre el gasto público realizado bajo la responsabilidad de los sublevados.

En las primeras semanas de la guerra, las decisiones financieras se centralizaron en la Comisión Directiva del Tesoro Público, constituida en julio de 1936. Dependía de la Junta de Defensa Nacional y asumió la responsabilidad, hasta entonces atribuida a la Dirección General del Tesoro, en relación con los pagos del Estado. Esta comisión fue, a partir de este momento, la entidad que ordenaba los pagos producidos por la guerra. Paralelamente, se alteraron los principios contables presupuestarios. Desde la contabilidad pública tradicional, basada en el principio de intervención, se pasó a otra más flexible, suprimiéndose muchas fórmulas administrativas que habitualmente retrasaban los procesos de adquisición de bienes y servicios. Para ello, se prescindió también de la elaboración de presupuestos anuales, que exigían una organización administrativa de la que el Gobierno de Burgos carecía, sustituyéndolos por unos presupuestos mensuales (Fuentes Quintana, 1958:298).

Posteriormente, el 1 de octubre, cuando se constituyó la Junta Técnica del Estado, fue la Comisión de Hacienda, presidida por Andrés Amado, la que asumió la responsabilidad presupuestaria.[43] De esta manera, y en ausencia de una organización presupuestaria adecuada, la ejecución del gasto se basó en un sistema de aprobación de créditos por meses, lo que dio lugar a lo que se podría denominar presupuestos mensuales. No eran realmente presupuestos, sino un inventario de las necesidades que las distintas unidades de gasto iban a tener en el mes siguiente, junto con una cierta planificación sobre la fuente de donde procedían los recursos.[44]

En principio, la actividad presupuestaria se dividió en dos partes. Unos presupuestos ordinarios, que deberían atender las cargas normales del Estado en la zona nacional y que, en ausencia de otro mecanismo, se convirtieron en un parte mensual de obligaciones y disponibilidades. Y unos presupuestos de guerra, que también eran mensuales, en orden a tener una mayor flexibilidad para acomodarse al ritmo de las operaciones bélicas. Desde el punto de vista práctico, la realidad debió de ser que ambos presupuestos terminaron en una misma previsión mensual. Es claro que en aquellos momentos nadie pensaba en una guerra de larga duración. Esta práctica se extendió hasta la terminación de la contienda, e incluso se siguió aplicando durante algunos meses del año 1940, hasta que se aprobaron los presupuestos para ese año.[45]

Desde el primer momento el Gobierno de Burgos trató de concretar y contabilizar adecuadamente los gastos excepcionales que, con motivo de la sublevación, se fueron produciendo. Primero para tener puntual cuenta de ello. Pero también, según estableció la Comisión Directiva del Tesoro Público, «para que el día de mañana puedan solicitarse los créditos oportunos y reintegrarse al Presupuesto de la Guerra los anticipos que se han ido pagando».[46]

Un principio fundamental de gestión financiera que aplicó el Gobierno de Burgos, y que constituyó una importante fuente de financiación, fue decretar desde el primer momento la utilización de la fórmula del «aplazamiento de pagos», ya discutida en el capítulo XII, «Financiación interior».

En consecuencia, una estimación de los gastos de guerra realizados por el Gobierno de Burgos debe incluir no sólo los pagos llevados a cabo durante la guerra, sino también determinados gastos comprometidos durante ésta y satisfechos con posterioridad. Por lo tanto, el gasto presupuestario en la zona nacional debe incluir no sólo los pagos líquidos realizados durante la guerra, sino también los pagos que se realizaron posteriormente dentro del marco definido por la Ley de Atrasos.

1936-1939. Liquidación de los presupuestos de guerra

La información sobre el gasto presupuestario del Gobierno de Burgos no se empezó a conocer hasta que terminó la guerra. En la actualidad, se dispone de tres fuentes básicas para analizarlo.

Inicialmente sólo se dispuso de la información proporcionada por Larraz en su «nota» del 4 de agosto de 1940, donde se hacía un recuento de la evolución de la Hacienda en los años de la guerra. La información de la Cuenta General del Estado. Especial de los años 1936 a 1939, que fue elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado y firmada por el interventor general con fecha de 30 de septiembre de 1948, permitió ya disponer de un detallado desglose contable por operaciones económicas y por secciones. Y, en 1964, se publicó la Memoria del Tribunal de Cuentas 1936-1960, ofreciendo información oficial sobre los pagos totales correspondientes a estos años. Se van a examinar por separado cada una de estas fuentes.

Hay que recordar previamente que la recopilación de esa documentación en los primeros años de la posguerra no fue una tarea fácil por la dispersión de los archivos y el desorden de la guerra. Son problemas que se reflejan en los comentarios que se hacen en los documentos consultados y en las limitaciones de las cifras en ellos recogidas, pues no constituyen cifras de gasto, sino de pagos realizados, es decir, operaciones de tesorería.[47]

La nota de Larraz

La referencia más inmediata y próxima a la realidad de la financiación de la guerra es la que ofrece la nota de Larraz que el Ministerio de Hacienda publicó en el BOE el 4 de agosto de 1940, con el título «Resumen provisional sobre la evolución de la Hacienda Pública desde el 18 de julio de 1936 hasta el presente».[48] En esa «nota» se mostraba el estado provisional de ingresos y pagos durante la guerra del Gobierno de Burgos, y se citaba un total de ingresos de 3.684 millones de pesetas, y 11.944 de gastos, con un déficit de 8.260 millones.[49]

Larraz[50] sólo se refirió a las cifras que correspondían a la actividad presupuestaria del Gobierno de Burgos, ya que no tenía en aquellos momentos posibilidad de disponer de cifras muy precisas de lo que había sido el cierre de ingresos y gastos de la República. Se hace difícil entender, sin embargo, que no hiciera ninguna referencia a los presupuestos republicanos, como hizo en otros epígrafes de su «nota» sobre las actividades financieras del Gobierno republicano.

Cuenta General del Estado

La información de Larraz sobre los gastos del Gobierno de Burgos en los años de la guerra, se vio completada y ampliada unos años más tarde con la publicación de la Cuenta General del Estado. Especial de los años 1936 a 1939, de la que no se ha podido disponer hasta recientemente.[51]

Las dificultades para elaborar esta cuenta debieron ser muy grandes. En la «Nota preliminar» a la Cuenta General del Estado. Especial de los años 1936 a 1939 se puede leer que la «destrucción y desaparición de documentos que afectan a varios ejercicios, la desarticulación de servicios como consecuencia de la guerra y otras vicisitudes y circunstancias… impiden asimismo la formación, por lo que afecta a los años 1936 a 1939, de las Cuentas Generales del Estado en la forma establecida, por la Ley de Administración y Contabilidad del Estado de 1.º de julio de 1911», por lo que se intentó recuperar «las cuentas de Tesorería rendidas» recopilando la información que estaba dispersa en muy diversos lugares del territorio español. Pero esto, como ya se ha indicado, no siempre fue posible y por ello se tomaron «copias de los borradores de la oficina de origen» o se reconstruyeron «mediante los datos reflejados en libros o antecedentes facilitados al efecto».[52]

La información proporcionada por este importante documento permite conocer con detalle el destino de los pagos realizados por el Gobierno de Burgos. En el anexo 7, tablas C-I a C-IV se pueden ver las cifras totales de pagos realizados y su distribución por secciones presupuestarias en cada año de los cuatro que abarcó la guerra.

En los cuadros siguientes se han resumido las características más relevantes del gasto del Gobierno de Burgos en el período de guerra. La estructura presupuestaria de los gastos era semejante a la de los presupuestos de 1935, como se puede apreciar en los anexos correspondientes. Una estructura que permaneció básicamente estable a lo largo de la guerra, por lo que se ha podido analizar y comparar la importancia relativa de algunas rúbricas entre los diferentes años.

El año 1936 se caracteriza por iniciarse con un volumen de pagos muy elevado, a pesar de que la actividad financiera formal del Gobierno de Burgos no comenzó hasta después del 18 de julio. Hay que destacar la importancia relativa de los pagos realizados por los ministerios relacionados directamente con el gasto militar (Ministerio de la Guerra y Ministerio de Marina y Aire), que en este año fue del 21,2% frente a un 12,3% en 1935. En particular, las cifras de pagos en este año fueron:

En 1937 los pagos totales aumentaron en casi un 49,0%, mientras que los de los ministerios relacionados con el gasto militar se incrementaron en un 311,1%, lo que supuso un aumento del gasto hasta alcanzar el 58,5% del total, ascendiendo el gasto presupuestario al 9,6% del PIB de ese año. Las cifras de pagos en este año fueron:

En 1938 se puede apreciar que los pagos totales se incrementaron en un 68,8%, mientras que los pagos de los ministerios militares siguieron creciendo en una proporción mayor, lo que supuso un crecimiento del gasto hasta el 66,4%, ascendiendo el gasto presupuestario total al 13,7% del PIB. Las cifras de pagos en este año fueron:

El año 1939 se puede caracterizar por el giro hacia la normalidad. Los pagos totales se incrementaron en un 11,5%, pero los pagos de los ministerios militares no sólo no aumentaron, sino que disminuyeron un 2,6%, como cabía esperar de un año en el que sólo hubo tres meses de guerra. Sin embargo, los gastos de estos ministerios se mantuvieron en el 58,0%, mientras que el gasto total en porcentaje del PIB se reducía ligeramente hasta el 12,8%, cifra muy semejante a la de 1935. En particular, las cifras de pagos en este año fueron:

Una mejor valoración de la evolución de los pagos se puede hacer a partir de la observación conjunta de los pagos realizados en todos los años.

Memoria del Tribunal de Cuentas

En el año 1964, el Tribunal de Cuentas publicó su Memoria relativa a las Cuentas Generales del Estado, 1935 a 1960. En ella se daba razón de la liquidación presupuestaria oficial para los años de la guerra y posteriores, pero sin tomar en consideración ni los ingresos ni los gastos de la República. Sólo consolidó y publicó las cuentas correspondientes al Gobierno de Burgos.

El Tribunal de Cuentas consideró que en las excepcionales circunstancias del país no cabía hacer otra cosa que recoger los datos de la actividad financiera del Estado a posteriori, tal como había hecho la Intervención General de la Administración del Estado al confeccionar las cuentas. Como resultado, sólo se pudo «elaborar un resumen aproximado de los movimientos de cobros y pagos habidos en el mismo», que se referían a los pagos que se hacían por órdenes y previsiones mensuales de la Junta Técnica del Estado. Y además, teniendo en consideración la casi inexistencia de cuentas parciales, procedió a la comprobación de la Cuenta General del Estado Especial con los libros que le servían de fundamento, emitiendo finalmente declaración de conformidad sobre su resultado.[53]

Puede ser de interés comparar la información proporcionada por Larraz en su «nota» del 4 de agosto de 1940, agrupada por años, con la de la Cuenta General del Estado y la del Tribunal de Cuentas. Con el fin de poder visualizar fácilmente la comparación, se ha elaborado el cuadro siguiente:

Como se puede observar en el cuadro, las cifras son prácticamente iguales en las tres fuentes para los años 1937 y 1938, y sólo son algo diferentes las de Larraz en los años 1936 y 1939. En el primer caso, la causa debe estar en las dificultades que Larraz pudo tener para disponer de la información de toda la administración en una fecha tan próxima a la guerra. En el caso del año 1939, las diferencias se explican por el hecho de que Larraz sólo incluye gastos de los meses de guerra, es decir, la cifra que él aporta debería corresponder aproximadamente a la cuarta parte del gasto de todo el año, lo que encaja muy bien con las cifras de las otras dos fuentes.

Para destacar la utilidad de la información que aquí se ha ofrecido, conviene recordar que, aunque el Gobierno de Burgos no dispuso de un aparato administrativo que permitiera elaborar unos presupuestos como tales, los procedimientos de ejecución de los pagos y el trabajo de la Intervención General de la Administración del Estado lograron recuperar lo que debieron ser las cifras reales de pagos totales y su distribución por destinos, reconstruyendo prácticamente una Cuenta General del Estado. Y proporcionó información suficiente y adecuada al Tribunal de Cuentas para que examinara e hiciera su declaración de conformidad, lo que no pudo hacerse con la información que quedó del Gobierno republicano, tanto en lo que respecta a la ejecución del presupuesto ordinario, como al sistema de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, y a los fondos reservados.

Los presupuestos de 1940 como mecanismo de normalización de la actividad financiera en el Estado

Los presupuestos de 1940 fueron los primeros de la posguerra, por lo que tuvieron que enfrentarse a un duro proceso de regularización y normalización de la actividad financiera del Estado. Aquellos presupuestos tuvieron que soportar los principales efectos económicos de la guerra, tanto por las deudas acumuladas, todavía pendientes de satisfacer, como por la reconstrucción que había que acometer. También por la urgente necesidad de reorganizar el funcionamiento de la Hacienda Pública y de la administración económica.

Es conocido que la elaboración de los presupuestos de 1940, tanto los presupuestos ordinarios como el apéndice extraordinario, supusieron una dura batalla del ministro de Hacienda, José Larraz, con el Consejo de Ministros, capitaneado por Franco, que quería iniciar sobre la marcha una amplísima reconstrucción del país y procurar una atención más generosa a todos los servicios. Para no aceptar estas propuestas, Larraz alegaba el peligro de la inflación que caería sobre la economía española, con graves perjuicios para su desarrollo posterior. Y sostenía que España no podía ser considerada en aquellos momentos como una economía que se encontraba en el fondo de una depresión cíclica. Porque ni sufría crisis de sobrecapitalización o sobreproducción, ni padecía las consecuencias de una racionalización, ni poseía stocks excesivos y paralizados, ni soportaba un proceso de depresión en los precios.[54]

Tampoco creía Larraz que la estabilidad económico-monetaria de España estaba garantizada. Y en tal situación entendía que el factor más importante era la cantidad disponible de divisas, lo que obligaba a mantener bajo control las expansiones dinerarias promovidas por el Estado. Creía que los gastos ordinarios del Estado deberían de cubrir las necesidades corrientes, pero debían de inspirarse en un criterio de austeridad, cuidando de no proponer mejoras excesivas en los servicios del Estado, o en franca disparidad con la real situación económica del país.

Antes de entrar en la estructura y contenido de los presupuestos de 1940 es necesario detenerse en el escenario en que se debatió su contenido y, especialmente, el total de recursos que había de utilizarse en los presupuestos de 1940. En principio, Larraz se había propuesto normalizar el presupuesto en el mes de diciembre para que entrase en vigor el 1 de enero de 1940, pero hubo de consumir siete meses más en su elaboración, porque Franco «seguía obstinado con una política económica general “desfasada”, inadecuada, que yo no podía compartir, porque implicaba un crasísimo error».[55]

En pleno debate presupuestario Franco leyó ante el Consejo de Ministros el proyecto de una ley de construcción de nuevas unidades navales. Cuatro acorazados, dos cruceros protegidos, 12 cruceros ligeros, 54 destructores, 36 torpederos, 50 submarinos, 100 lanchas torpederas, etc. El coste global era de 5.500 millones de pesetas.[56] A esto siguió, en otro Consejo de Ministros, un plan económico presentado por el mismo general Franco:

Un «plan decenal de resurgimiento nacional»… [que] se ocupaba de los siguientes epígrafes: programa naval-militar, programa aéreo, plan de obras públicas, programa naval-civil, obras sociales y sanitarias, programa agrícola de colonización, gran obra cultural, problema penitenciario, industria, programa minero y aumento de consumo.

Al final de ese plan se decía: «El Ministerio de Hacienda, por su parte, estudiará las necesidades presupuestarias y la política de créditos necesaria a la realización de este programa». En el fondo de todo esto se encontraba la discrepancia en cuanto a la función del dinero que enfrentaba a Franco y a su ministro de Hacienda.[57]

Capítulo aparte fue la cuestión de las «cajas especiales» con sus modalidades de recursos propios, deuda pública y exenciones tributarias. Durante el debate, se plantearon muchos casos especiales. En primer lugar, algunos tributos que durante la guerra se crearon para subvencionar a las familias de los soldados, que posteriormente se traspasaron como subsidio al excombatiente, y después a un fondo de protección benéfico-social, «Auxilio Social» de Falange. Otro ejemplo: creado el Instituto Nacional de Vivienda, cuyo objetivo era fomentar en gran escala la construcción de casas económicas, llegó al Consejo el presupuesto de este organismo, solicitando se autorizase a emitir deuda especial. Larraz se opuso, y el acuerdo al que se llegó fue que se suprimiera el epígrafe que lo autorizaba. Días después el BOE daba cuenta de un acuerdo, que mantenía íntegro el articulado, sin que se hubiera eliminado el artículo que había vetado el ministro de Hacienda, y cuyo veto había sido aceptado en el Consejo de Ministros.

En este escenario, Larraz tenía, como punto de referencia para empezar, las cifras de los presupuestos del año 1935 y su realización efectiva, así como los datos de los presupuestos de 1939, todavía provisionales. También disponía de la información que le iba suministrando la Intervención del Estado y las distintas propuestas de los ministerios para ese ejercicio.

En cuanto a los presupuestos de 1935 y su realización, los datos que manejaba (en millones de pesetas) eran los siguientes:

En cuanto a los presupuestos de 1939, la información disponible en aquel momento era (en millones de pesetas):

Es decir, con datos en aquel momento, 1939 se había cerrado con un déficit de 3.924 millones de pesetas.

El total que en aquellos momentos arrojaba la información de la Intervención del Estado y las demandas ministeriales ascendía a un total de 10.000 millones de pesetas. Un volumen presupuestario que no encajaba en las previsiones de Larraz. A la vista de ello, decidió retrasar la aprobación de los presupuestos, en tanto clarificaba sus posibilidades y sus límites. Y, en ausencia de presupuestos, se inclinó por mantener la fórmula de los créditos mensuales, que había venido operando desde el inicio de la guerra.[58]

Antes de entrar en el debate presupuestario, en el Consejo de Ministros, y para tener ideas claras sobre los objetivos que en aquellas circunstancias debería mantener un ministro de Hacienda que quisiera cumplir con la responsabilidad que tenía asignada, Larraz estableció una serie de principios generales o condiciones, a los que debería de fijar esa batalla presupuestaria. Los formula y explica con detalle en sus Memorias (Larraz, 2006:258-260). Eran los siguientes:

Deberían satisfacerse lo antes posible las obligaciones atrasadas interiores, procedentes, en su casi totalidad, de la época de guerra. «El Estado tenía que sentar plaza de buen pagador y liberarse pronto de tales atrasos»[59]. El ministro de Hacienda entendía que, al ser imposible realizar un cálculo exacto y riguroso propio de unos presupuestos, lo mejor era ir pagando estas obligaciones a medida que se fueran haciendo liquidaciones singulares. Por ello, las obligaciones atrasadas deberían quedar fuera de los presupuestos, satisfaciéndose con cargo a una cuenta especial.[60]

El personal del ejército español (tierra, mar y aire) debía quedar encajado en límites razonables, de modo que, aun llegando a ser superior al de 1935, en ningún momento tuviera una dimensión exagerada. Ello implicaba la disminución de los efectivos de oficialidad y tropa que en aquellos momentos existían. Pero ello requería tiempo para ser llevado a la práctica. En consecuencia, los créditos necesarios para el sostenimiento, en el entretanto, de los efectivos a licenciar en exceso sobre las plantillas de los presupuestos, no debían figurar en éstos. Por ello, no se financiaría por presupuestos más que el ejército que se reconociera como permanente, y los excesos a extinguir durante 1940 quedarían fuera de los mismos, en una cuenta de obligaciones transitorias.

Los gastos presupuestarios no deberían exceder la cifra que resultara de aplicar a los presupuestos de 1935 el coeficiente de crecimiento en los precios.

Al ministro de Hacienda le resultó muy difícil cerrar los presupuestos ordinarios, y especialmente lograr la aceptación del Consejo de Ministros de no incluir en los presupuestos lo que él llamaba el «exceso de fuerzas armadas».

Y esto fue demorando durante meses la aprobación presupuestaria, con una presión cada vez mayor de que, mientras tanto, se aprobara el presupuesto extraordinario. Pero Larraz se había establecido también, como principio fundamental, no iniciar el debate del presupuesto extraordinario mientras no fueran cerrados los presupuestos ordinarios. Incluso remitió a Franco una nota en la que anunciaba su última propuesta en relación con la cuestión presupuestaria. Esto era lo que proponía:

Un presupuesto ordinario para 1940 de 6.000 millones de pesetas, frente a los 10.000 que le solicitaban.

Un apéndice a ese presupuesto, como anualidad extraordinaria para 1940 de 1.000 millones de pesetas, para movilizar trabajo, y realizar obras urgentes de reparación y construcción.

Constitución de una junta que, coordinando los planes de regiones devastadas, reparaciones de guerra, obras públicas, vivienda popular y rural, colonización, repoblación forestal, ferrocarriles, y utillaje civil y militar del Estado, integrara las visiones parciales en una visión unitaria para conseguir un presupuesto extraordinario, que comenzaría a regir el 1 de enero de 1941.

Explicar con carácter de urgente al país: a) el coste y consecuencias financieras de la guerra; b) la situación en aquel momento de la circulación fiduciaria; c) el significado de los presupuestos ordinarios y los trabajos encaminados a la elaboración del extraordinario; y d) el anuncio de una gran emisión de deuda que restaurara el equilibrio del mercado monetario y de una importante reforma tributaria. Larraz justificaba la urgencia de esta explicación por tres razones: primera, porque era debida, ya que la guerra había acabado hacía un año; segunda, porque en tiempo de paz ningún Estado había mantenido el grado de silencio que estaba manteniendo el español; y tercera, porque entendía que esa explicación al país tendría la virtud de deshacer el error, enormemente generalizado, de que la situación financiera española era en aquel momento mucho más grave de lo que en realidad era.

Intensificación de la inspección y lucha contra la ocultación del fraude, refuerzo de los impuestos actuales, y creación de dos grandes impuestos nuevos, uno directo personal y otro indirecto.

Al final, Larraz aceptó doblar el tamaño del ejército de 1935. Pero el exceso a partir de esa dimensión, debería pasarse a la cuenta de obligaciones transitorias a extinguir en 1940. En aquellos momentos el exceso se estimaba en 15.000 oficiales, 25.000 suboficiales y 200.000 hombres de tropa y batallones de trabajadores.[61]

Larraz planteó el tema al jefe del Estado a principios de mayo, como cuestión de confianza. Y éste le dio la conformidad.[62] Y así, el día 4 de junio quedaron aprobados los presupuestos ordinarios que faltaban. Dos días después el BOE publicaba los estados correspondientes a ellos, y la totalización del conjunto, cuya suma alcanzaba la cifra de los 5.960 millones de pesetas. El día 21 de junio se aprobó el apéndice extraordinario.[63]

La evaluación final que de los resultados del debate presupuestario hizo el propio Larraz fue la siguiente: se había propuesto que los gastos de los presupuestos ordinarios y extraordinarios en 1940 quedaran por debajo de lo que habían supuesto los presupuestos de 1935, corregidos por el coeficiente del crecimiento de los precios. Los presupuestos ordinarios para 1940 habían ascendido a 5.960 millones de pesetas. El extraordinario a 1.200 millones. Con un total, en consecuencia, de 7.160 millones, frente a los 4.725 millones que habían importado los presupuestos de 1935. Por otra parte, la aplicación de los índices de precios que manejó en aquellos momentos arrojaba un coeficiente de 171,8, lo cual suponía un valor en aquellos momentos de 8.117 millones de pesetas, es decir, 957 millones de pesetas más que los que el Gobierno había aprobado.[64] En este total no estaba contemplado el coste del exceso sobre las plantillas militares a licenciar, que iba a ser de aproximadamente 500 millones de pesetas.[65]

Cuenta de atrasos y obligaciones pendientes

Para atender a las obligaciones pendientes y transitorias relacionadas con la guerra, en los primeros meses de 1940, se aprobó la ley del 9 de marzo de 1940 sobre el abono de atrasos y obligaciones pendientes y transitorias procedentes de la etapa de guerra. En realidad, no recogía una previsión de créditos para el año correspondiente, sino que autorizaba el pago de todas las deudas que cumplieran determinados requisitos. Y para ello facultaba a los distintos departamentos ministeriales a proceder durante 1940 al reconocimiento y liquidación de las obligaciones pendientes y transitorias procedentes de la etapa de guerra, que se hallaran comprendidas en alguno de los grupos que la ley definía.[66]

Las obligaciones reconocidas con respecto a esos grupos deberían cifrarse mensualmente por los respectivos departamentos ministeriales, y ser remitidas al Ministerio de Hacienda para su inclusión en una propuesta genérica titulada «Créditos para atrasos y obligaciones pendientes y transitorias procedentes de la etapa de guerra», que se elevaría a la aprobación del Consejo de Ministros. En todo caso, se pretendía que durante el ejercicio de 1940 pudieran liquidarse no sólo las deudas de guerra atrasadas, sino otras obligaciones que se denominaron transitorias, es decir, gastos relacionados con la guerra, que no debieran seguir generando gasto en ejercicios económicos posteriores. Se trataba de sistematizar la regularización de los atrasos, con el fin de desligar de los presupuestos aquellos gastos que no se correspondían con lo que debían ser los gastos de un ejercicio presupuestario normal.

De esta manera, además de los atrasos pendientes de pago, la ley regulaba también la manera de satisfacer los «devengos y gastos que ocasionen hasta su licenciamiento durante… [1940] la oficialidad, subalternos, y tropas del Ejército, Marina y Aviación, en exceso sobre las plantillas que se figuran en el Presupuesto de este año», y también la liquidación de los gastos generados por los «campos de concentración de prisioneros de guerra».

Larraz había estimado unas necesidades financieras para atender la «Cuenta de atrasos» de unos 1.500 millones de pesetas, pero las cifras de liquidación de esta cuenta ascendieron en el año 1940 a 698 millones de pesetas, según figura en la Memoria del Tribunal de Cuentas (1964). Aunque con esta cantidad no se liquidaron todos los atrasos y obligaciones transitorias. Porque a pesar de que en ese año se publicaron órdenes ministeriales urgiendo su agilización y se establecieron plazos límites, en años sucesivos se siguieron aprobando normas para regularizar pagos atrasados y transitorios, dando lugar a que el volumen total multiplicara en casi doce veces la cifra de este año.[67]

Ésta fue la liquidación definitiva de los gastos de la «Cuenta de atrasos» (en millones de pesetas):

Presupuestos ordinarios de 1940

Así pues, en los primeros meses del año 1940 se aprobaron los presupuestos ordinarios para ese año, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley del 30 de diciembre de 1939.[68] El presupuesto de gastos alcanzó la cifra de 5.960 millones de pesetas, y los créditos de gasto más significativos fueron los siguientes:

El gasto total previsto en los presupuestos ordinarios de 1940 fue relativamente pequeño, en la medida en que esa cifra resultó ser inferior en unos dos puntos porcentuales del PIB a los de los años inmediatos anteriores al comienzo de la guerra civil.

Presupuesto extraordinario de 1940

El presupuesto extraordinario se aprobó el 21 de junio de 1940, pocos días después que el presupuesto ordinario. El total de este presupuesto ascendió a 1.201 millones de pesetas. Nuevos presupuestos se fueron prorrogando o aprobando hasta 1946, aunque de hecho se siguieron haciendo pagos en años posteriores, hasta prácticamente 1952.[69] Aunque en principio estas consignaciones se concibieron con la finalidad de reconstruir los daños de la guerra, éste no fue el único destino, como puede verse en la propia exposición de motivos de la ley que reguló ese proceso, cuando se señala que sus créditos se destinarían también a «movilizar mano de obra» y a «defensa nacional». Por ello, y en la medida en que resulta difícil diferenciar lo que pudo ser reconstrucción propiamente dicha, de lo que serían otros gastos, puede ser útil analizar los presupuestos extraordinarios con el fin de determimar cuáles podrían estar relacionados con la guerra civil.[70]

El volumen total de los presupuestos extraordinarios ascendió a 15.043 millones de pesetas. Éstos son, según el Tribunal de Cuentas, los pagos anuales realizados con cargo a estos presupuestos:

Las consignaciones del presupuesto extraordinario de 1940 se concentraron en cinco ministerios, absorbiendo entre ellos el 90,5% del total. El total de los tres ministerios de guerra más el de Gobernación sumaba dos tercios del total. Adicionalmente muchas de las partidas pertenecientes al Ministerio de Obras Públicas consistían en obra nueva destinada a aliviar el paro y favorecer el desarrollo económico.

El análisis del resto de los presupuestos extraordinarios hasta 1946 arroja conclusiones similares. Por tanto, al final la «reconstrucción de los daños de guerra» no fue ni siquiera el destino principal de los presupuestos extraordinarios. Porque, tal como dicen Comín Comín y López García (2004), los objetivos que buscaba el franquismo inicial con el gasto público eran:

… primero, pagar los atrasos de la guerra y subir los sueldos de los funcionarios, especialmente de los militares; segundo, mejorar las dotaciones militares de los tres ejércitos, especialmente la aviación y marina; tercero, reforzar los aparatos ideológicos («clero») y represivos del régimen («justicia», «sanción», «orden», «seguridad»).

La reconstrucción de los daños materiales de la guerra estaba supeditada a todos estos objetivos. Por ello, al coste de la guerra del Gobierno de Burgos sólo debe sumarse una parte pequeña de los presupuestos extraordinarios, que se ha estimado en un 15% o 2.250 millones de pesetas.

El gasto presupuestario de guerra del Gobierno de Burgos

Como se ha visto, la actividad presupuestaria del Gobierno de Burgos respondió en todo momento a una situación excepcional, como el estado de guerra, careciendo fundamentalmente de mecanismos para la elaboración y control presupuestario. Por ello, y poco a poco, tuvo que ir dando forma a un pequeño aparato que, como solución de urgencia, fuera acomodándose a lo que era la realidad en cada momento.

En cuanto al gasto presupuestario durante el período de guerra, éste se concentró en tres tipos de gastos. En primer lugar, los que se recogieron en la «Cuenta de atrasos» como comprometidos durante la guerra. En segundo lugar, los de los presupuestos ordinarios. Y por último, parte de los referidos a los presupuestos extraordinarios.

La evaluación de estas partidas se hace en base a la información de la Memoria del Tribunal de Cuentas (1964) por ser la más reciente. Cómo se ha visto, estas cifras difieren ligeramente de las recogidas en el anexo 7, elaboradas en base a la Cuenta General del Estado (Ministerio de Hacienda, 1948). Los cálculos de la tabla siguiente se obtienen sumando sólo los gastos correspondientes al período de guerra (julio de 1936 hasta abril de 1939).

En el cuadro siguiente se relacionan los pagos realizados en la posguerra en relación con la «Cuenta de atrasos» y el 15% de los presupuestos extraordinarios. Así pues, el total de gasto del período de guerra del Gobierno de Burgos (dos años y tres trimestres aproximadamente) fue de 23.913 millones de pesetas, un 21,8% del PIB de ese período.

EL GASTO PRESUPUESTARIO TOTAL DE LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA Y DE BURGOS

Una visión conjunta del gasto presupuestario total del período de la guerra civil, atribuido a cada uno de los dos bandos, permite valorar mejor el esfuerzo financiero que la guerra exigió, desde el punto de vista presupuestario. Se llega a ese total sumando, por el lado republicano, a los créditos de los presupuestos ordinarios corregidos para estimar sólo la parte que correspondería al período de guerra, todos los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, y todos los fondos reservados. Por parte del Gobierno de Burgos, la estimación del gasto presupuestario en el período de la guerra se ha definido como los pagos realizados en dichos años, más todos los efectuados posteriormente y cargados a la «Cuenta de atrasos», y el 15% de los presupuestos extraordinarios.

La suma de ambas magnitudes permite obtener un gasto presupuestario total para el período de guerra de 63.437 millones de pesetas, lo que en porcentaje del PIB del período de guerra, estimado en 109.800 millones, supuso el 55,8%.

Cabe preguntarse ahora sobre la parte de esos gastos causados directamente por la guerra, ya que su estimación directa no es posible a partir de la información disponible. Pero sí lo es hacer una estimación indirecta que permita una aproximación razonable. Ese cálculo consiste en restar, de las cifras de gasto total del período de guerra de ambos bandos, una cifra que represente lo que, de acuerdo con los datos de 1935, se hubiera gastado. Se sabe que el presupuesto de gastos inicial en el año 1935 fue de 4.841 millones de pesetas, lo que supuso, en términos relativos del PIB de dicho año, que ascendió a 37.761 millones de pesetas, el 12,8%. Así, se podría considerar que el gasto total relativo causado por la guerra pudo ser la diferencia entre el gasto presupuestario total de ambos Gobiernos para el período de guerra, que se ha estimado en 57,8%, y un gasto presupuestario equivalente al del año 1935.

En conclusión, el gasto presupuestario causado por la guerra ascendería al 45,0% del PIB del total del período de guerra, o lo que es lo mismo, una cantidad de 49.360 millones de pesetas.

A lo largo del capítulo se han ido sumando pesetas corrientes. Si se hiciese el mismo cálculo en pesetas constantes, el gasto presupuestario causado directamente por la guerra se situaría en un 38,9% del PIB, o 42.756 millones de pesetas.

XVI
Suscripciones e incautaciones

LAS DISTINTAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

Como se ha visto el problema más importante y urgente que se planteó a los sublevados, y al Gobierno republicano, fue cómo financiar los gastos que iba a ocasionar la guerra que se iniciaba. La creencia, al principio, de que el conflicto iba a ser muy breve, hizo que esa preocupación no fuera muy agobiante y que no se programaran medidas de financiación a medio plazo. A unos les parecían suficientes las grandes ayudas iniciales, y a los otros les bastaba el recurso a los fondos del Banco de España. Y, de esta manera, la principal fuente de financiación del Gobierno republicano fue la venta del oro del Banco de España, y la del Gobierno de Burgos el endeudamiento exterior, fundamentalmente el crédito italiano y el alemán. Y ambos utilizaron, como recurso fácil e inmediato, los anticipos al Tesoro de sus respectivos «Bancos de España».

Pero pronto la realidad terminó siendo distinta, especialmente a partir del momento en el que a los sublevados no les fue posible tomar Madrid en los plazos que se habían programado. Fue entonces cuando ambos bandos se dieron cuenta de la necesidad de consolidar mecanismos de financiación más amplios y permanentes. Los dos, República y sublevados, utilizaron desde el principio las mismas fuentes de financiación. Las suscripciones populares, donativos y recogida oficial de divisas, joyas, metales y piedras preciosas, y las incautaciones, confiscaciones y requisas.

SUSCRIPCIONES

En la República: la suscripción de la Unión Soviética

La solidaridad de la Unión Soviética con la República fue rápida y efectiva, y se inició en los primeros días de la sublevación. Una solidaridad que se demostró con manifestaciones de rechazo a los sublevados, con la creación de comités de defensa de España, y, desde luego, con el envío de voluntarios para la defensa de la República. Pero especialmente la solidaridad se puso de manifiesto con la recaudación de fondos. Yuri Rybalkin (2007:41) relata que, en dos años, el Comité Internacional para la Coordinación de la Ayuda a España consiguió para la República 800 millones de francos. Y también recuerda que la primera campaña de recogida de fondos, y sin duda la más importante, fue promovida masivamente por la Unión Soviética, como ayuda humanitaria y de solidaridad, aunque también fue un proyecto político de alcance. Esa gran campaña de recogida de fondos en territorio soviético se desarrolló en cinco etapas durante el período que va desde el comienzo de la guerra hasta 1938. Y, aunque todas persiguieron el mismo objetivo, cada una de ellas fue distinta de las otras en cuanto a diseño y duración.[1]

La primera campaña comenzó en agosto de 1936, cuando Pravda dio cuenta de que, conocido lo que estaba pasando en España, los trabajadores de varias fábricas de Moscú habían decidido donar el 0,50% de su sueldo mensual a un fondo de ayuda humanitaria a España. El mismo día en que apareció esa información, más de 120.000 trabajadores ya se manifestaban por las calles de Moscú pidiendo la incorporación de toda la sociedad soviética al movimiento de ayuda a la República.[2] Y de esta manera, a los dos días del comienzo de la campaña, ya se anunciaba que los donativos sobrepasaban los 12 millones de rublos. En los siguientes días, las manifestaciones se produjeron en otras grandes ciudades,[3] y a partir del segundo día de estas concentraciones, el donativo recomendado a los trabajadores de la Unión Soviética se había multiplicado por tres, y ya era del 1,5% del salario mensual.[4]

La segunda campaña comenzó en septiembre de 1936, por medio de una carta abierta de las trabajadoras de la fábrica de tejidos de Trekhgorni en Moscú a todas las mujeres de la Unión Soviética, convocándolas a sumarse a la ayuda alimenticia «para las trabajadoras de España y para los hijos y las madres del pueblo español en lucha». La carta se hizo pública el 12 de septiembre, y el 13 los periódicos rusos ya informaban de que en decenas de fábricas de toda la Unión Soviética las trabajadoras habían respondido al «llamamiento» con donativos entusiastas y generosos. Inmediatamente, se incorporaron a la operación los 35.000 integrantes de la plantilla de la fábrica de automóviles Stalin de Moscú, lo que supuso que prácticamente hicieran lo mismo todas las grandes empresas y que una «nueva oleada de cuestaciones» dominara las preocupaciones de la sociedad soviética. Para entonces, la cifra que se pedía como donativo ya era el 2,5% del salario.

El 16 de octubre Pravda publicaba en Moscú el telegrama que Stalin había dirigido a José Díaz, secretario general del Partido Comunista de España, como señal inequívoca del apoyo soviético:

Los trabajadores de la Unión Soviética sólo cumplen con su deber al ayudar en la medida de lo posible a las masas revolucionarias de España. Se dan cuenta de que la liberación de ésta del yugo de los reaccionarios fascistas no es un asunto privado de los españoles, sino la causa común de toda la humanidad progresiva (Viñas, 1979a:171).

Una tercera campaña se puso en marcha a mediados de diciembre de 1936. Sirvió como justificación el hundimiento del barco soviético Komsomol. Posteriormente fueron hundidos o requisados más buques, lo que reforzó más el valor de las campañas. Según las autoridades soviéticas, todos esos buques transportaban ayuda humanitaria para España, con lo cual, a partir de entonces la pérdida de cada navío se convirtió en un nuevo llamamiento en solidaridad con la República, y la recaudación de nuevos socorros «en sustitución de los cargamentos perdidos».

La cuarta campaña se organizó en julio de 1937, con motivo del aniversario del golpe de Estado en España. Y la quinta en julio de 1938, con idéntico motivo. Todas ellas se plantearon con la misma fórmula de solidaridad con el pueblo español, y de concentraciones y manifestaciones culturales que animaban a la ayuda. Kowalsky señala que las campañas de solidaridad con la República fueron montadas y dirigidas por las autoridades soviéticas, aunque se intentó hacer creer que en todos los casos había sido un movimiento iniciado desde la misma base de la sociedad.

No se dispone de mucha información sobre la recaudación de cada una de las suscripciones. Se sabe que el 6 de agosto de 1936, apenas iniciada la primera campaña, en la cuenta corriente del Fondo de Ayuda a la España Republicana, abierta por el Consejo Central de los sindicatos de la URSS, se habían depositado ya 12.145.000 rublos por automóviles Stalin, y que en muy poco tiempo se transfirieron 14 millones de rublos a la cuenta del periódico Trud. La República tuvo así la posibilidad de adquirir en la Unión Soviética combustible, materias primas, maquinaria y otros productos. Entre 1936 e inicios de 1937, el envío de mercancías a la España republicana totalizó 1.420.000 toneladas por valor de 216.388.000 rublos (Rybalkin, 2007:44). Y a fines de octubre del mismo año los fondos disponibles ascendían a 47.595.000 rublos (Comité Soviético de Veteranos de Guerra, 1974:339). En diciembre del mismo año se comunicó que los sindicatos y diversas organizaciones habían recaudado otros 14 millones de rublos. A partir de este momento la prensa soviética dejó de publicar con regularidad los resultados.

Pero el historiador ruso Komshukov, investigador de estas ayudas, calculó en 1979 que, desde el inicio de la campaña en agosto de 1936 hasta el término de la guerra civil, el pueblo soviético recaudó para la República española 274 millones de rublos. El total de la recaudación se desglosaba así: 115 millones de rublos en 1936, 103 en 1937, 46 en 1938, y 10 en 1939.[5] Y los soviéticos continuaron recaudando fondos incluso entre 1940 y 1941. En conjunto, durante el período comprendido entre el 18 de julio de 1936 y 1941, en las cuentas de los sindicatos soviéticos abiertas entre agosto y septiembre de 1936 se recibieron 278 millones de rublos que, convertidos en francos, totalizaron 1.272 millones (Rybalkin, 2007:44-45).

La República recibió también ayuda de la sociedad española en el área bajo control republicano[6] y de otros países. Para ello, en los primeros momentos se estableció en París una oficina de ayuda al pueblo español, y en diversos lugares de Francia se constituyeron asociaciones con el mismo fin: un Comité Español de Acción Antifascista en Perpignan, dos comités anarco-sindicalistas de ayuda al pueblo español, un comité del Partido Comunista, y el Socorro Rojo Internacional. Entre agosto y diciembre de 1936 estos comités enviaron a España 5,4 millones de francos y varios centenares de toneladas de alimentos. También se crearon comités en Bélgica, Checoslovaquia, Holanda, Suiza, Suecia, Noruega, Argentina y Estados Unidos (Olaya, 1998:53-54).[7]

En el Gobierno de Burgos

Las suscripciones populares

En su urgente búsqueda de oro y metálico, la Junta de Defensa Nacional se dirigió en el mes de agosto de 1936 a los españoles residentes en su zona, pidiendo a la sociedad ayuda para los sublevados en forma de aportaciones voluntarias, especialmente de oro. Al parecer, fue una iniciativa personal del general Franco, que proponía tres vías de ayuda. Una suscripción en metálico para atender a los gastos que estaba originando la sublevación. Aportaciones en metálico y en especie para agasajar a los soldados y voluntarios, y para premiar actos heroicos y distinguidos. Y por último, la aportación en oro y metales preciosos para restaurar el encaje del Banco de España, «robado miserablemente por las hordas comunistas». Éste era el texto de la presentación y justificación de la «suscripción nacional» que el general Franco hizo:[8]

Apenas iniciado el movimiento libertador de España por el Ejército y las milicias de patriotas y constituida esta Junta de Defensa Nacional en Burgos, han comenzado a afluir los donativos de entidades y particulares, en términos que evidencian el entusiasmo que anima a todos los buenos españoles. Por su cuantía o por el sacrificio personal que representan, y por ello les da un valor simbólico, revisten importancia excepcional muchos de esos donativos, y en algunos casos han tenido la publicidad suficiente para que sirvan de estímulo y de ejemplo… Pero las necesidades de un Estado que se está reorganizando en plena guerra son muchas, y no serán excesivos cuantos recursos se le procuren para acudir a ellas. El primero ha de ser el de las contribuciones voluntarias que en forma de donativos se le hagan, porque cada uno de ellos representará una adhesión explícita a lo que el nuevo Estado representa… En este instante en que después de muchos años de indiferencia ante los problemas comunes, los españoles demuestran haber recuperado sus cualidades… sería un crimen y una torpeza inhibirse de la participación en el sacrificio común… Bastará que lo comprendan así para que nadie se abstenga de acudir con su aportación a una obra patriótica, en la que al mismo tiempo que principios eternos se defienden el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos, su derecho a la paz, a la libertad y a la vida… Pero como esta Junta ha sido consultada en muchos casos respecto a la naturaleza de los donativos que estime preferibles, se cree en el deber de manifestar que para el servicio de la nación, para las atenciones del Ejército y para la administración pública, todos son aceptables. La prelación, sin embargo, debe darse a los recursos monetarios y, sobre todo, al oro en moneda o en cualquier otra forma como instrumento de cambio de valor universal… Las donaciones en oro deben hacerse directamente a esta Junta o a las comandancias militares… tiene la seguridad de que ni un español… guardará un solo gramo de oro en reserva… El oro que cada español tenga en su poder debe ser entregado sin demora para esta causa, y en nada podría ser mejor invertido que en liberar al propio país de la ignominia, del dolor y de la ruina. Quien no procediera así tendría el día del triunfo inminente, la íntima humillación de ser un intruso en… la gloria de la España libertada.

Al principio, las ayudas se habían ido improvisando, a medida que los problemas se planteaban. Pero pronto las autoridades de Zaragoza entendieron que era imprescindible la creación de una Junta Recaudatoria Civil, con el objetivo de «unificar la recaudación con que hacer frente a las necesidades del patriótico esfuerzo que realizan al Ejército y demás institutos armados y Milicias civiles y Autoridades militares que las dirigen». La Junta Recaudatoria Civil fue un éxito. «Aparte de las incautaciones de material y medios realizadas sobre los desafectos y víctimas de la represión y de las militarizaciones de las industrias convenientes, un relativamente reducido pero pudiente grupo de ciudadanos proveyó a los insurgentes de todo aquello que necesitaron. Los propietarios urbanos de industriales cedieron el uso de almacenes, fábricas e inmuebles. Comerciantes y empresarios, pequeños y grandes, facilitaron el abastecimiento de todo tipo de material».

Desde el punto de vista práctico, y para mantener el control sobre el dinero y apoyo recibidos, y tratando de evitar «choques de competencias, abusos, fraudes o irregularidades, y que todo ello redundara en un mejor servicio a su propia causa, se decidió la centralización y unificación de todas las suscripciones… en una sola, y en un mismo organismo».[9]

Las suscripciones se extendieron, en poco tiempo, a todo el territorio controlado por el Gobierno de Burgos. Una nota de la Junta de Defensa Nacional del 19 de agosto de 1936 trataba de consolidar ese movimiento.[10] En realidad era una convocatoria oficial, que solicitaba la urgente entrega del oro que cada español tuviera en su poder. Se iniciaba con una nota agradeciendo la espontánea y rápida ayuda de la sociedad hasta ese momento:

Nunca pudo sospechar esta Junta de Defensa, y esa afirmación la hacemos con el pecho henchido de esperanza, que las muestras de patriotismo dadas por todos los verdaderos españoles, iban a llegar al límite a que, afortunadamente, han llegado, y la demostración palmaria de esas manifestaciones la encontramos en el afán con que todos acuden al llamamiento hecho por este Organismo, para que, cada uno, en la medida de sus fuerzas, deposite en nuestras manos el oro que, con tanto cariño, han ido reuniendo familias enteras.

Y establecía y regulaba un mecanismo de recepción y control del oro. Todos los centros, juntas o comisiones encargados de su recogida, ya fuera amonedado, en lingotes o en objetos preciosos, deberían dar cuenta a la Junta de Defensa Nacional de la recaudación obtenida hasta la fecha y luego cada cuatro días, de los ingresos que en ese lapso de tiempo hubieran obtenido. Y con la frecuencia que pudieran hacerlo, «aprovechando coyunturas favorables», deberían enviar lo recogido a la Junta, que en su momento daría cuenta del importe total de la recaudación y del destino que se daba a ese dinero. La realidad era que esta apelación al patriotismo constituía, por el momento, una de las pocas fórmulas que los sublevados tenían a su alcance.[11]

Como reacción a esta petición, al cuartel general de Burgos empezaron a llegar aportaciones masivas. Y la campaña patriótica, a través del eslogan «oro para la Patria», fue haciendo cada vez mayores esfuerzos para que los ciudadanos se desprendieran de sus objetos valiosos, como anillos, joyas, monedas de oro, piedras preciosas o relojes. Porque lo fundamental en esos momentos, ya no era «restaurar el encaje del Banco de España», como se había dicho al principio, sino conseguir oro para la compra de armas en el exterior. Muchos contribuyeron como sincera colaboración, y otros para granjearse la benevolencia o para demostrar una adhesión no muy sincera «a la causa triunfante». Porque «en una época de tensión y miedo, tanto en un lado como en otro, [muchas donaciones] se hicieron por temor, para lavar un pasado poco patriótico o quién sabe para ocultar qué tipo de nuevos delitos tipificados por la letra o por las mentalidades de los que dominaban» (Blanco, 1999:117 y ss.).

El aspecto organizativo de la «suscripción nacional» fue regulado por las órdenes del 17 de octubre y 26 de noviembre. Las sucursales del Banco de España eran las encargadas de centralizar los depósitos de sus respectivas zonas, que posteriormente se remitían a la central del Banco de España en Burgos. Las normas de control eran muy estrictas.[12] El decreto del 31 de diciembre de 1941, autorizó al Ministerio de Hacienda a cancelar la «suscripción nacional» previa constitución de una junta liquidadora.[13]

Las distintas campañas de suscripciones populares, cada vez más numerosas,[14] desempeñaron un papel muy importante en la financiación del Gobierno de Burgos, fomentando el entusiasmo, aunque a veces degeneraron en simples oportunidades para la intimidación.[15] Éstas fueron las principales campañas de suscripción popular llevadas a cabo:

— «Suscripción nacional» con destino al ejército, que canalizaba la mayor parte de las donaciones de una determinada provincia. Participaban en ella ciudadanos a título particular o empresas y entidades colectivas.

— Campañas para obtener oro, tanto con sentido económico como político, ya que se justificaba como una acción para contrarrestar la salida del oro republicano de España. Se admitía oro acuñado y todo tipo de alhajas y objetos de ese metal. Era habitual trasladarlo a Burgos con grandes alardes patrióticos.

— Víveres, tabaco y objetos de uso personal con destino al frente. Las aportaciones se reunían en las diferentes localidades de una provincia y el periódico local incluía las listas de las distintas aportaciones.

— Campaña para combatir el frío de los soldados. Tuvo especialmente lugar durante el último trimestre de 1936. Su misión era obtener ropa de abrigo para el frente. Se admitían prendas de vestir para ser utilizadas directamente o para reconvertir y también cantidades en efectivo para adquirir el género.

— Día de plato único. Era en realidad un impuesto encubierto, ya que se aplicaba de manera obligatoria a los establecimientos que sirvieran comidas. Tampoco fue voluntario entre los particulares, salvo para quien justificase carecer de medios.

— El aguinaldo del combatiente, que se desarrolló en todas las provincias con este o nombres parecidos. Tenía como objeto recaudar fondos para que los soldados dispusieran de productos adecuados para las fiestas de Navidad.

— Suscripciones para adquirir material bélico, entre las que hay que destacar aquellas que estaban destinadas a la compra de un barco o avión de combate concreto. De gran relevancia durante 1936, por ejemplo, en Sevilla, la campaña para la compra de un avión.

Adicionalmente en los primeros momentos hubo que improvisar otras fuentes de financiación, y en algunos lugares se utilizaron prestaciones personales, más o menos obligatorias, para la población civil. No faltaron casos como el del Ayuntamiento de Medina de Pomar, que financiaba los gastos ocasionados por tropas y milicias mediante derramas a las que tenían que contribuir todos los vecinos. Hubo muchas más iniciativas. El Ayuntamiento de Burgos, por ejemplo, organizó motu proprio colectas de dinero y todo tipo de bienes para ayudar en el esfuerzo bélico, tanto en el frente como en la retaguardia. Esta operación se inició el 22 de julio de 1936 en un pleno del Ayuntamiento que éste encabezó con 5.000 pesetas «para las necesidades que determinen los jefes de los soldados y voluntarios que tan activamente intervienen en el movimiento actual para salvar a la Patria». Unos días después, el Diario de Burgos se constituía en promotor de una nueva suscripción «con destino a dar comida a soldados y milicias». A las pocas semanas se pidió dinero a los vecinos para comprar «el avión de Burgos» y el «acorazado España» (Castro, 2006:166-167). Las fórmulas fueron realmente numerosas y pintorescas.

La información disponible sobre el total de recursos que pudo alcanzar la recaudación por «suscripciones» es muy escasa. Ángel Viñas hizo en los años setenta algunas aproximaciones sobre los resultados alcanzados, especialmente en cuanto a las entregas de oro, metales preciosos, alhajas y metálico en la «suscripción nacional».[16]

Éstos fueron los resultados a los que llegó en aquellos momentos:

— El total de monedas de oro depositadas en el Banco de España procedentes de la «suscripción nacional» ascendía al final de la guerra a 260.867, con un peso de 2.338 kilos.

— El inventario de la pedrería recogida fue también muy importante.[17]

— Los ingresos por descuentos de haberes de funcionarios entre 1936-1938 supusieron 88,9 millones de pesetas, casi el triple del valor atribuido al oro en lingotes. Los ingresos en metálico ascendieron a 230 millones de pesetas.

En resumen, y ante la imposibilidad de disponer de información suficiente como para definir con precisión los recursos aportados por las suscripciones populares al Tesoro, Viñas sugirió que un límite mínimo podría fijarse en 410 millones de pesetas.[18]

El caso especial de Salamanca

Otra fórmula para calcular lo que representaron las suscripciones populares en la financiación de la guerra consiste en hacer el cálculo desde las distintas provincias en las que se fue administrando la recogida de los recursos utilizando la documentación producida en cada una de ellas por las instituciones que se responsabilizaron de las mismas. Y en esta línea, se dispone de la completísima investigación de la doctora María Luz de Prado Herrera sobre la recaudación en Salamanca. Un análisis que permite estudiar, con todo detalle, la aportación de esta capital a las suscripciones populares, y conocer con mayor detalle el proceso interno de estas operaciones.[19]

Salamanca, escenario clave de los más importantes acontecimientos en el comienzo de la guerra civil, es fundamental para entrar a fondo en lo que fueron realmente las suscripciones y los resultados alcanzados. Y en esta línea, el análisis de Prado Herrera constituye un magnífico punto de partida para una investigación sobre esta materia, y abre la puerta a otras investigaciones que será necesario hacer, siguiendo esa pauta, desde diferentes provincias, si de verdad se quiere llegar a conocer los resultados efectivos de esta fórmula de financiación de la guerra civil.[20]

Desde el punto de vista formal, las suscripciones en Salamanca trataban de obtener, al igual que en otras zonas, recursos con el fin de convertirlos en divisas para atender a apremiantes pagos internacionales del Gobierno de Burgos, sostener gastos de naturaleza reservada en el exterior, y constituir las reservas metálicas que se habían perdido con la salida del oro del Banco de España en Madrid.

Cada campaña se iniciaba con una invitación que el alcalde de la ciudad dirigía a particulares concretos, instándoles a la participación con cantidades ya señaladas. Pero pronto se utilizaron también, como fórmula de recaudación, actos religiosos o patrióticos, banderitas, medallas y escapularios, fondos de festivales benéficos, para al final institucionalizar las suscripciones (Prado Herrera, 2006:131 y ss.; 2007:190).

De esta manera, la presión recaudatoria de los primeros momentos de la sublevación fue aumentando día a día. Adicionalmente se impuso un mayor control y apareció al final la fórmula de la sanción en los casos de negativa a la colaboración. La investigación de María Luz de Prado Herrera permite afirmar que todo el aparato creado para las suscripciones, aparentemente voluntario, se transformó en realidad en un sistema impositivo que ayudó a solventar las necesidades de guerra y que puso las bases de la Hacienda del nuevo Estado.[21]

Pese a ello, la recaudación alcanzada en otras capitales por distintas suscripciones pareció ser superior a la de Salamanca, porque, en su momento, se conoció que las autoridades de Burgos mostraron al gobernador civil su malestar al respecto, instándole a que hiciera el máximo esfuerzo por fomentar la participación. De aquí la insistencia en la publicación periódica de las «listas nominales de donantes». Y de ahí que, cuando el resultado de la recaudación no era el adecuado, se intensificaran las campañas propagandísticas «perfectamente metodizadas, diseñadas desde Burgos y transmitidas a través de carteles, prensa y radio para, por un lado, enmascarar la realidad —reticencia, oposición—, e inducir, por otro, a la entrega de donativos».[22]

Prado Herrera dice que, entre julio de 1936 y marzo de 1939, se habían ingresado en la cuenta de la «suscripción nacional» 8.751.937 pesetas, de las que 3.512.569 correspondían a las cantidades detraídas de los sueldos de los funcionarios. Las cantidades obtenidas por otras suscripciones, aunque menores, fueron también significativas. Como ejemplo, las 283.839 pesetas recaudadas en el aguinaldo del combatiente, o las 101.725 del «Homenaje a Calvo Sotelo».

Recaudación total de las suscripciones populares

El cuadro siguiente muestra los resultados de la recaudación total para cuatro provincias: Navarra y Ceuta (realizadas a través de las listas de prensa), y Salamanca y Mallorca por otros medios.[23] Y el resultado de esa muestra, que supone el 11,7% de la población total, arroja un total recaudado en el período de guerra para todas las suscripciones populares en las cuatro provincias analizadas de 26,2 millones de pesetas. Ésta es la muestra:[24]

A partir de esa muestra, y partiendo del supuesto de que la media obtenida de 22,22 pesetas por habitante fuera representativa del conjunto de la zona controlada por el Gobierno de Burgos, la recaudación por las distintas suscripciones populares durante la guerra en la zona nacional ascendería a casi 224 millones de pesetas. En este sentido, hay que recordar que la anotación en el libro de contabilidad de la «suscripción nacional» que se conserva en los archivos del Banco de España es de 120 millones de pesetas.[25]

RECOGIDA OFICIAL DE DIVISAS, JOYAS, METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS

En la República

Ante la necesidad planteada por la guerra de disponer de medios de pago en el exterior, la República decidió, en octubre de 1936, hacerse cargo de todo el oro amonedado o en pasta y con las divisas y valores extranjeros de toda clase que poseyeran o tuvieran en custodia particulares y corporaciones radicados en su territorio.

La norma que inició la operación era muy clara sobre el objetivo:[26]

Las actuales circunstancias han aconsejado a muchos países la adopción de medidas relacionadas con las existencias de oro en sus territorios respectivos; paralelamente España debe adoptar disposiciones encaminadas a defender los altos intereses del Estado, con medidas que han de hacerse extensivas a las divisas y valores extranjeros situados en el territorio nacional como propiedad de súbditos españoles.

En consecuencia, el Gobierno solicitaba que, en el plazo de siete días, «toda persona española, individual o colectiva», debería entregar al Gobierno «el oro amonedado o en pasta, así como las divisas o valores extranjeros». No era una expropiación, porque el propietario podría optar entre recibir «el pago del oro entregado en pesetas, al cambio oficial, o recibir un resguardo como garantía del depósito» realizado. Pero suministraba al Gobierno capacidad para comprar. Transcurrido el plazo de siete días, el decreto consideraba como delito de contrabando la tenencia de oro amonedado, en pasta, divisas o valores extranjeros. A los contraventores se les aplicaría la penalidad que para los delitos de contrabando señalaban las leyes. Además, serían considerados como «enemigos del régimen a todos los efectos».

Con anterioridad a esa fecha ya se habían llevado a cabo, por diversas instituciones, incautaciones no autorizadas. El nuevo decreto señalaba que «los organismos oficiales o entidades políticas o sindicales que hayan realizado por su cuenta incautaciones de oro, divisas o valores extranjeros», quedaban obligados a transferir lo incautado al Gobierno.

La complejidad de la operación, junto con la voluntad de no prescindir de ningún activo que pudiera monetizarse, fue llevando a la Gaceta de la República diversas normas complementarias. Un decreto del 4 de enero de 1937 obligaba a los bancos que tuvieran en su poder oro, divisas y valores extranjeros de su propiedad a remitirlo al Banco de España en Valencia, fijándose como plazo hasta el 10 de ese mes. También las divisas, que con posterioridad a esta fecha se recibieran en la banca, deberían ser cedidas dentro del plazo de ocho días a partir de su recepción. Y otro decreto del 13 de febrero de 1937 cancelaba la opción que se había ofrecido a los tenedores de oro de recibir un resguardo como garantía del oro depositado, determinando que los ciudadanos que depositaran oro de su propiedad recibirían simplemente el contravalor en pesetas.[27]

Otra vuelta de tuerca fue la orden del 15 de marzo de 1937, disponiendo que los montes de piedad y establecimientos de crédito que mantuvieran en calidad de depósitos oro en pasta o en monedas, «incluso las que tuvieran adheridas anillas, púas, enganches, etc., procedentes o no de garantía de préstamos», deberían entregarlo al Banco de España en un plazo que no podía exceder del día 31 de aquel mes. El mismo plazo se daba a las sucursales del Banco de España para remitir a la casa central las existencias de oro, en orden a que ésta pusiera a disposición del Ministerio de Hacienda la totalidad de oro del que se hubieran hecho cargo en virtud de disposiciones publicadas sobre su recogida.

Un nuevo decreto, emitido en Valencia el 19 de mayo de 1937, trataba de la cuestión de la plata: «Tiene noticias este Ministerio que, desatendiendo las disposiciones vigentes… se desarrolla un comercio ilícito de plata en lingotes, pasta y demás formas de dicho metal, con daño para los intereses generales del país». Y a la vista de ello establecía terminantemente que, dentro de los tres días siguientes a la publicación del decreto, «todas las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras» que tuvieran en su poder «plata pura o aleada en lingotes, pasta, hilo u otra forma que no constituya alhaja ni objeto artístico de uso doméstico, de comodidad o aseo», deberían entregarla en un establecimiento bancario. Transcurrido ese plazo, toda tenencia de los efectos expresados sería considerada como delito de contrabando. Adicionalmente, ningún particular podría retener en su poder piezas de plata de cinco pesetas en número superior de cinco. Ni monedas de dos pesetas y de peseta en cantidad superior a quince pesetas.[28] Se reputaba también delito de contrabando «la tenencia, por los particulares que no fueran comerciantes, industriales o empresarios, de cantidades de moneda de plata en número superior al prescrito».

El decreto también trataba de reprimir el atesoramiento de plata por retención de esta moneda en los establecimientos comerciales, llegando en ocasiones a regular ese fenómeno de forma exagerada. Así, la negativa de un comerciante, industrial o empresario a satisfacer sus compromisos o a devolver el cambio en billetes, mientras tuviera en su poder piezas de plata, constituiría delito de contrabando. La reiteración en mantener en caja, por parte de comerciantes, cantidades superiores de monedas de plata a aquellas que la Inspección de Hacienda hubiera determinado como cifra normal para el tráfico de su establecimiento, y que no procediera de ingresos de aquel mismo día, constituiría también delito de contrabando.

En la apremiante escalada de captación de recursos, en agosto de 1937 le llegó el turno a las piedras preciosas, perlas y joyas. El decreto del 6 de agosto de 1937 recordaba que la «necesidad inexcusable de que todos los ciudadanos españoles coadyuven en circunstancias tan especiales como las presentes a la labor del Gobierno legítimo de la República aconsejan a éste adoptar medidas que tiendan a evitar la evasión al exterior de la riqueza nacional». En el plazo de un mes, los ciudadanos españoles y las entidades residentes, quedaban obligados a entregar en depósito las piedras y metales preciosos, perlas y joyas que tuvieran en su poder. Finalizado dicho plazo, quedaba prohibida su tenencia, considerándose su posesión como delito de contrabando, con independencia de la responsabilidad política, que en todo caso calificarían los tribunales competentes. A partir de esta nueva ordenación, quedaba prohibida la exportación de toda clase de metales preciosos, ya fuera en lingotes, en pasta, moneda o integrando objetos de cualquier clase, y la de perlas y piedras preciosas, tanto aisladas como formando parte de alhajas u objetos de toda índole.

Pocos días después, una orden del 18 de agosto, regulaba con más precisión la tenencia, depósito y exportación de perlas, piedras y metales preciosos, y de los objetos que los contuvieran. En el plazo de quince días, los ciudadanos y entidades estaban obligados a entregar en depósito en los establecimientos de la banca oficial o privada, o en las cajas de ahorros y montes de piedad, las perlas, piedras y metales preciosos que tuvieran en su poder. Y, de acuerdo con la constante preocupación de definir hasta el límite las pocas excepciones, para que nadie se escapara, la orden ofrecía una relación de objetos exceptuados que llegaba en algunos casos al borde de lo ridículo.[29] Se incluía también un detalle exhaustivo de los objetos exceptuados de la prohibición de exportación.[30]

Sin embargo, el Gobierno sabía que todavía quedaban valores, oro y alhajas en las cajas de seguridad de los bancos. Y mediante una nueva orden, del 11 de diciembre de 1937, se estipuló que los juzgados especiales tendrían facultad para proceder a la apertura de las cajas de alquiler o cualquier otro recinto donde pudieran existir metales preciosos, valores extranjeros, divisas o alhajas que no hubiesen sido entregadas al Banco de España, una medida que en algunos lugares, como Madrid, ya se había llevado a efecto con anterioridad por orden del ministro de Hacienda.

No ha sido posible hasta el momento, ni probablemente lo será nunca, conocer el valor del oro, la plata, las joyas, las piedras preciosas y las divisas obtenidos en las operaciones de «recogida oficial de divisas, joyas, metales y piedras preciosas», entre otras razones porque los fondos obtenidos de esa fuente se mezclaron con los recursos provenientes del descerrajamiento de las cajas de alquiler, tal como se verá en las páginas siguientes.

En el Gobierno de Burgos

A finales de 1936, los resultados de las suscripciones populares, aunque importantes, no eran suficientes para financiar las crecientes necesidades de la guerra. Y el 14 de marzo de 1937, un decreto ley, firmado por Franco, regulaba la tenencia del oro y moneda extranjera. En esta ocasión la requisitoria era más terminante, porque el decreto ley no invitaba, simplemente establecía que:

… todos los particulares, Bancos, Sociedades y demás entidades en general, que gozando de nacionalidad española residan u operen en el territorio ocupado o transitoriamente en el extranjero, quedan obligados a ceder al Estado la moneda extranjera que les pertenezca y que posean, bien en la zona liberada, ora fuera de España, comprometiéndose el Estado a satisfacer en pesetas el importe de la venta, con arreglo al cambio oficial que para las divisas no importadas voluntariamente rija en la zona liberada el día de la publicación del presente Decreto-Ley… deberán asimismo hacer entrega al Estado, en concepto de depósito, de todo el oro amonedado o en pasta que posean en España o fuera de la Nación.

Quedaban exceptuados de la obligación de ceder divisas al Gobierno de Burgos los españoles «que por razón del cargo que desempeñen o por la misión especial que tengan encomendada en el extranjero, las necesiten en cantidad suficiente para poder continuar decorosamente en los países en que residan».

La requisa alcanzaba también a los valores mobiliarios, porque las personas individuales o jurídicas quedaban obligadas a poner a disposición del Gobierno de Burgos «los títulos de la Deuda de naciones extranjeras y todos los valores mobiliarios extranjeros, o españoles de cotización internacional que les pertenezcan, cualquiera que sea el lugar en que tales efectos radiquen». La cesión no privaba al poseedor de los títulos o valores de la facultad de disposición, «pero para ejercitarla con eficacia, deberá, previamente, obtener la autorización de la Junta Técnica del Estado». De idéntica manera,

… la moneda extranjera, representativa del pago de los intereses, dividendos o rentas que produzcan, en lo sucesivo, los valores o títulos expresados será cedida al Estado… percibiendo el tenedor de los efectos la equivalencia en pesetas.

La omisión o falsedad en las declaraciones al respecto se consideraría constitutiva de delito de auxilio a la rebelión, y la jurisdicción castrense sería la competente. Los bancos tenían obligación de remitir al Comité de Moneda Extranjera una relación de los depósitos de oro, divisas y valores extranjeros o españoles de cotización internacional constituidos en tales establecimientos. Y también los que por su mediación estuvieran en poder de sus sucursales o corresponsales en el extranjero.

Como era lógico, este decreto ley introdujo una gran perturbación en el sistema, y dio lugar, con notable generalidad, a que los tenedores de valores extranjeros procedieran a su venta. En todo caso, el cumplimiento de esa obligación no fue nada satisfactorio.

INCAUTACIONES, CONFISCACIONES Y REQUISAS

De la República

Constituyó también una importante fuente de financiación de la República la incautación de los bienes propiedad de los rebeldes o desafectos a la causa republicana. Inicialmente, el protagonismo de las incautaciones corrió a cargo de los diversos comités del Frente Popular y otras organizaciones sindicales y revolucionarias quienes, por su cuenta, identificaban a los enemigos de la República que deberían ser expropiados de sus bienes, algunas veces, especialmente al comienzo de la contienda, para el simple provecho de las organizaciones o de los particulares que procedían a la requisa.

La operación de incautaciones se inició con expropiaciones y ocupaciones de pisos y edificios. Se empezó con los palacios de la aristocracia y los centros de reunión social de la alta burguesía.[31] Pero pronto los carteles señalando «incautado por la CNT», «incautado por la UGT» u otras instituciones, se extendieron rápidamente por toda la zona republicana, y especialmente por las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. No sucedió así en el País Vasco, donde se respetó la propiedad privada.[32] Estas primeras incautaciones se efectuaron sin sujeción a ninguna norma legal. Los casos de registros domiciliarios y ocupación de viviendas abandonadas por sus propietarios o inquilinos, constituyeron verdaderos expolios de objetos y documentos valiosos, incluso de utensilios de uso cotidiano. Aunque Negrín nunca aceptó la existencia de esta anarquía.[33]

El Gobierno se vio en la necesidad de frenar una operación que crecía progresivamente, y que, por falta de control, se hacía irracional. Y se crearon dos instituciones para mejorar el proceso. Una, la Caja General de Reparaciones de daños derivados de la guerra civil, que trataba de sustituir las acciones confiscatorias ilegales de los grupos revolucionarios por una intervención oficial. Y otra, el Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles, que recibió el mandato de formalizar el marco jurídico para la operación, que era ya una exigencia pública, de pedir compensaciones por los daños ocasionados a los responsables de la sublevación.[34] A partir de ese momento, las incautaciones siguieron unas pautas regladas en cuanto a su formulación jurídica y el objeto de la incautación. Principales objetivos de este proceso fueron las fincas rústicas y urbanas y las empresas.

Hay que mencionar también que muchos organismos oficiales abrieron en la zona republicana cuentas en instituciones financieras, con denominaciones como «para quebrantos de guerra», «para destrozos por el alzamiento fascista», «para la Caja General de Reparaciones», etc. Todas ellas coincidían en ser el cajón de sastre donde entraban los fondos procedentes de incautaciones y otras medidas tomadas contra los desafectos.

Producida la sublevación el 18 de julio, y al amparo de la anarquía de los primeros momentos, se produjo en las zonas rurales un violento proceso de incautaciones y colectivizaciones que trataba de arrebatar las tierras a los grandes propietarios para dárselas a todos aquellos que habían apoyado la lucha contra la sublevación.[35] Y en casi todos los pueblos se crearon comités antifascistas que fueron imponiendo una creciente colectivización.

A principios de 1937 ya se habían fundado del orden de mil colectividades agrícolas en la España republicana. El paradigma fue Aragón, donde a esa fecha existían 450 colectividades municipales con un total de 433.000 afiliados. En algunos casos, las incautaciones fueron violentas. Se hicieron en los ayuntamientos, en las casas de los rebeldes, e incluso se destruyeron los registros de la propiedad. Desde luego también se apropiaron de los utensilios agrícolas.[36]

La expropiación formal de las fincas rústicas se decretó en octubre de 1936.[37] La razón que se ofrecía para justificar esa medida en la exposición de motivos del decreto regulador era muy clara y explícita:

Desde la implantación del nuevo régimen se ha venido manteniendo una pugna entre los elementos sinceramente republicanos y los que no lo eran; éstos oponiéndose a la inevitable transformación política y social que España tenía que experimentar, dentro de una perfecta legalidad… Los republicanos leales a los principios democráticos han realizado a través de cinco años de incesante labor todos los esfuerzos imaginables para gobernar dentro de la Ley y con el máximo respeto a sus principios. En contraste, los desafectos al Régimen, lo mismo desde el Poder, cuando lo usufructuaron, y fuera de él cuando el sufragio universal hubo de llevarlos a la oposición, se han movido siempre fuera de la Ley, y han sido moral y materialmente los promotores del desorden y los generadores de las más condenables rebeldías.

Y más adelante, el decreto añadía:

Buena parte de los sublevados y financiadores de la rebelión la constituyen grandes propietarios latifundistas, militares de graduación y alto clero, dueños de riquezas considerables… es necesario que la República castigue en sus medios económicos a los más destacados fomentadores y participantes del movimiento faccioso, logrando de ese modo resarcir al país de una parte de los perjuicios que la subversión le ocasiona… Es, pues, indispensable para asegurar la existencia de España como país libre e independiente, privarles de una fuerza que en sus manos tiene tan censurable empleo.

Para la determinación de las personas incursas en las medidas expropiatorias, se constituía en cada término municipal una junta calificadora, que asumía la responsabilidad de formular la relación de propietarios que, «por haber prestado su colaboración en cualquier forma al movimiento subversivo, o su ayuda con recursos en moneda o especie, auxilios, servicios, confidencias, o simple resistencia o desobediencia a las disposiciones o acuerdos del Gobierno legítimo de la República», deberían ser considerados como enemigos del régimen.[38] Estas relaciones, con la propuesta razonada para cada caso, deberían ser elevadas a una junta provincial y, con el informe de ésta, transmitidas al Gobierno, quien daría estado oficial en la Gaceta de Madrid de los nombres de las personas que definitivamente deberían ser así clasificadas.

Eran bienes expropiables en base a este decreto los que figuraran inscritos como rústicos en el registro de la propiedad, los no inscritos que por su producción agrícola o pecuaria tuvieran ese carácter, las industrias rurales con sus útiles y edificios, los montes, las tierras de pasto y cotos de aplicaciones industriales o deportivas, y las fincas de recreo, siempre que exigieran atenciones agrícolas.

Una importante sanción adicional era que, en el supuesto de que las fincas no tuvieran en el momento de la incautación el capital que requería su explotación, el expropiado estaba obligado a aportarlo.

La expropiación de fincas urbanas se reguló en septiembre de 1936.[39] Se trataba de establecer el régimen expropiatorio de las fincas urbanas abandonadas y de las que fueran propiedad de quienes, por su manifiesta participación en la sublevación o su cooperación a la misma, fueran «merecedores» de ello.

La disposición consideraba propiedad del Estado las fincas urbanas cuyos propietarios hubieran sido condenados por los tribunales de Justicia y declarados «responsables de haber intervenido en el movimiento sedicioso, o cooperado al mismo», y las de aquellos otros con respecto a los cuales existieran suficientes indicios de «hallarse incursos en idéntica responsabilidad». La apreciación de estos indicios se determinaba por las juntas de fincas urbanas incautadas, que se constituían a esos efectos.[40]

Se establecía que las juntas provinciales deberían proceder a incautarse, con carácter provisional, de las fincas urbanas pertenecientes a personas que se encontraran ausentes voluntariamente de su domicilio habitual, sin tener representación legal para los actos de administración de los inmuebles, o que hubieran abandonado el cuidado y gestión de los mismos. En cuanto a la administración de los inmuebles abandonados, la competencia sobre el proceso de los trabajos de incautación, administración y recaudación correspondía al Ministerio de Hacienda.

Y, tratando de regularizar las expropiaciones hechas con anterioridad, se exigía que las fincas urbanas incautadas por organizaciones afectas al Frente Popular, sindicatos u otras colectividades, fueran entregadas inmediatamente al Gobierno republicano.

En cuanto al balance de resultados, las sentencias dictadas sobre incautación de fincas urbanas fueron, en el período de la guerra, 384, y afectaron a 644 fincas.[41]

Por otra parte, el 25 de julio de 1936 un decreto del Ministerio de Industria y Comercio (Gaceta de Madrid, 27 de julio) establecía que, con objeto de llegar a la normalización de todas las actividades industriales en el más breve plazo posible, el Gobierno estimaba absolutamente indispensable «la intervención directa del Estado en todas las industrias, y muy especialmente en las que afectan a servicios públicos». A esos efectos se creaban, con carácter de urgencia, comités de intervención provisional.

Un poco más tarde, el 2 de agosto de 1936, un nuevo decreto precisaba que los «propietarios, representantes, apoderados o gerentes de industrias, almacenes o explotaciones industriales de toda clase», que hubieran abandonado sus empresas, deberían presentarse en sus respectivas oficinas, talleres o fábricas en el improrrogable plazo de 48 horas. Transcurrido ese plazo sin que se hubieran presentado, por sí o mediante representantes legalmente autorizados, se procedería a la incautación de la empresa y de cuantos bienes o valores estuviesen afectos al negocio. Se añadía que si «por la situación de la industria o explotación fuese preciso», se procedería también a la incautación de los bienes pertenecientes al «propietario, empresario o componentes de la razón social de la empresa».

La expropiación se justificaba por el hecho de que en el Ministerio de Industria y Comercio se habían presentado denuncias relativas a que algunos «propietarios, directivos y gerentes habían abandonado las explotaciones sin dejar representantes debidamente autorizados», ni un responsable que se hiciera cargo de ellas. Y ello hacía preciso adoptar medidas que garantizaran la continuación de las actividades industriales, sin perjuicio de aquellas otras responsabilidades que pudieran caberles con arreglo a las leyes.

Los bancos sufrieron igualmente, de forma especial en los primeros meses, una incautación sui generis, consistente en constantes peticiones dinerarias de organismos populares, que actuaban según los «poderes» que habían asumido, y que en el fondo lo que exigían era «un donativo». La respuesta de la banca en estos casos no pudo ser otra que aceptar lo que era un hecho consumado de requisa. Aunque, cuando pudo, y las circunstancias lo permitían, se amparó en la legalidad para oponerse frontalmente a esta práctica ilegal de incautación.

Existieron también incautaciones de carácter «especial», como las requisas mineras o las de vehículos y medios de comunicación. Las incautaciones mineras se iniciaron en agosto de 1936 y afectaron a minerales y sus transformaciones industriales.

El caso del expolio del Museo Arqueológico Nacional

Un caso paradigmático del proceso de incautaciones republicano lo constituyó el expolio del que fue objeto el Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional, que en aquellos momentos disponía de una colección de monedas considerada como una de las más importantes del mundo. Una colección que se había iniciado en 1711, cuando el rey Felipe V creó la Biblioteca Real que, de acuerdo con las costumbres de la época, era al mismo tiempo un gabinete de curiosidades que incluía, además de libros, monedas y medallas. A lo largo de los años esta colección se fue ampliando. En 1800 contaba con más de 80.000 piezas, en 1837 eran ya 90.403, y en 1867, al crearse el Museo Arqueológico Nacional, el número se elevaba a 103.096. En el catálogo elaborado en 1925 se decía que el Museo Arqueológico Nacional custodiaba más de 160.000 monedas y 15.000 medallas.

El 23 de julio de 1936 el Ministerio de Instrucción Pública constituyó la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, también conocida como Junta de Incautación de Obras de Arte. Trataba de poner remedio a los daños que en aquellos momentos se estaban produciendo en el Patrimonio Histórico Artístico por los saqueos, quemas de conventos y destrucción de monumentos y bibliotecas. Pero la operación terminó convirtiéndose en una auténtica requisa de bienes privados, en muchos casos sin el debido control de las autoridades. Los objetos arqueológicos y antigüedades formalmente expropiados eran depositados en el Museo Arqueológico Nacional, que se fue convirtiendo en un inmenso almacén, custodiado por las milicias y por la guardia nacional republicana. Y en esa situación, y cuando a finales del mes de septiembre el ejército de Franco se aproximaba a Madrid, el museo cerró sus puertas y se procedió a desmontar vitrinas e instalaciones, retirando los objetos de más valor para almacenarlos en lugares más seguros dentro del propio museo. Hasta que en noviembre el Gobierno republicano, por medio de un representante de la Junta de Incautación de Obras de Arte, que se presentó en el museo acompañado de guardias armados, exigió que los objetos más importantes de oro y plata, y especialmente las monedas de oro, fueran entregados para ser custodiados por el Ministerio de Instrucción Pública.[42]

Y así se llevó a cabo su incautación, realizada de noche, a la luz de linternas. Los responsables del museo solicitaron que se hiciera un inventario detallado de la incautación, pero la autoridad que se hacía cargo del «tesoro» no lo aceptó, alegando la urgencia con la que debía realizarse la operación. Sólo se logró que se hiciera un simple recuento numérico y un cálculo del peso global por series. Las monedas de oro incautadas fueron la casi totalidad de las que poseía el Museo, a excepción de algunas de gran valor numismático que pudieron ser salvadas por los conservadores, escondiéndolas en los rincones de los despachos. Porque éstos, conscientes de lo que realmente suponía la confiscación, y por su propia iniciativa, trataron de sustraer de la requisa todas las piezas que pudieron ocultar.[43]

Hasta la presentación por Martín Almagro-Gorbea de su ponencia en el «II Congreso Internacional de la República y la Guerra Civil», celebrado en 2006, nunca se había intentado hacer un cálculo aproximado del valor del expolio del Museo Arqueológico Nacional. Ahora, y a partir de esa investigación, ya se dispone de una aproximación de lo que, en términos monetarios, supuso aquella expoliación. Así, y según el profesor Almagro-Gorbea, su valor en 2006 podría cifrarse como mínimo en 10,8 millones de dólares.[44]

El estudio de Almagro-Gorbea se extendía también a otro punto poco conocido, como es el destino final de estas monedas. Según esa investigación, las monedas salieron del museo el día 5 de noviembre de 1936 hacia el ministerio, y de allí se llevaron por carretera a Valencia,[45] donde estuvieron depositadas en las Torres de Serranos hasta mediados de 1937, en que fueron trasladadas a Barcelona y puestas bajo la custodia de la Junta Central del Tesoro Artístico en el Monasterio de Pedralbes. Posteriormente, pasaron a la caja fuerte que la Caja General de Reparaciones tenía en la plaza de Cataluña, y ya al final, al castillo de Figueras, permaneciendo allí unos cuantos días hasta que fueron llevadas a las minas de talco de La Vajol, en Gerona. El 6 de febrero de 1939 salieron de España en camión, por la aduana de Le Perthus y se remitieron por tren a París.

Se conocen versiones de distintos autores sobre lo que pudo ser su destino, pero nunca se ha podido documentar ninguna de ellas.[46] La versión más creíble es que las monedas del Museo Arqueológico Nacional viajaran en su totalidad a México.[47] Y en esta ciudad, concluye la investigación de Almagro-Gorbea, se difuminan las noticias sobre su destino, aunque las gestiones para localizarlas y recuperarlas fueron muchas. Las hizo la Comisaría del Patrimonio Artístico Nacional, y también por su cuenta el Museo Arqueológico Nacional.[48] Almagro-Gorbea señala en su trabajo que también se ha manejado la versión de que las monedas del Museo Arqueológico Nacional fueron llevadas a un puerto francés a primeros de marzo, desde donde embarcaron hacia Londres, y que, una vez allí, cinco cajas particulares del Banco de España fueron depositadas en la sucursal del Banco de Bilbao en esa ciudad, donde al aceptarse el depósito se pesó el oro contenido en ellas, que alcanzó 138,4 kilogramos.

En todo caso, nada se había publicado hasta la investigación de Almagro-Gorbea en relación con esta cuestión, ni ha aparecido documentación relativa a ella en archivo alguno. Existen indicios de que las monedas fueron fundidas en los primeros momentos, posiblemente para no dejar rastro de la operación, y disponer a corto plazo de su valor intrínseco de oro. Hay un hecho que, con en el transcurso del tiempo, hace cada vez más patente la realidad de que las monedas fueron fundidas. Lo es el que esas monedas, bien identificables y relacionadas en catálogos, no hayan aparecido hasta ahora en transacciones, en museos o en catálogos de subastas, lo que hace suponer a los especialistas del mercado numismático que esas monedas desaparecieron definitivamente, fundidas sin duda. El mismo Almagro-Gorbea, según cuenta, hizo gestiones personales en México, llegando a la conclusión de que en algunas tiendas de numismática aparecieron a la venta durante algunos años raras monedas de oro españolas de tipos que nunca habían circulado por México, pero que pudieron proceder de otras colecciones privadas incautadas.

Del Gobierno de Burgos

El decreto del 27 de agosto de 1936 (BOE, 29 de agosto) autorizó a los generales jefes de los ejércitos en campaña a proponer a la Junta de Defensa Nacional las incautaciones que resultaran procedentes. Y la requisa de vehículos y medios de comunicación de cualquier clase fue autorizada con carácter general en la «declaración del estado de guerra» de la Junta de Defensa Nacional.

Pero la regulación formal del proceso de incautaciones comenzó con el decreto de la Junta de Defensa Nacional del 13 de septiembre de 1936 (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 16 de septiembre) sobre incautación de bienes contra los responsables de la oposición al «movimiento nacional».

Y a efectos de esa incautación, en cada capital de provincia se estableció una comisión de incautación de bienes,[49] con la misión de formar el inventario de todos los bienes que las entidades, agrupaciones o partidos declarados fuera de la ley poseían el 18 de julio de 1936 (Decreto ley del 10 de enero de 1937).[50]

Un caso especial: la incautación de créditos por el Gobierno de Burgos

Hubo una fórmula de incautaciones en la zona bajo control del Gobierno de Burgos, muy poco conocida, cuya utilización planteó mucha complejidad, despertó una gran oposición y tuvo resultados muy inciertos. Fue la intervención de créditos.[51] La operación partía del supuesto de que, al quedar interrumpidas por la guerra las relaciones económicas entre las dos zonas, se producía una anómala situación. Las empresas, comerciantes o particulares, domiciliados en el territorio ocupado por los sublevados, que tuvieran créditos a favor de acreedores domiciliados en localidades en poder republicano no podían a su vencimiento efectuar el pago, por encontrarse esos acreedores en la otra zona o en paradero desconocido. Y en este supuesto, si el acreedor era una persona afecta a los sublevados, podía verse perjudicado si el deudor intentaba eludir sus obligaciones. Si el acreedor era desafecto, y por tanto sus bienes susceptibles de incautación, las cantidades debidas, supuesto que el deudor se encontrara en territorio bajo control del Gobierno de Burgos, podían ser intervenidas.

El 3 de mayo de 1937 se firmó la primera de las órdenes que desarrollaban, en materia de intervención de créditos, el decreto ley de enero de 1937. Aunque en distintos documentos se alude a la defensa de los intereses legítimos de los acreedores, lo cierto es que en el preámbulo de la orden se indica explícitamente que su objetivo era «hacer efectiva con más facilidad en ciertos créditos la responsabilidad civil a que se refiere en su artículo 6 el Decreto-Ley de 10 de enero». Para ello declaraba intervenidos todos los créditos civiles o mercantiles existentes a favor de personas que el 18 de julio de 1936 tuvieran su domicilio en territorio republicano, cuyos deudores estuvieran en ese momento en territorio de Burgos.

Pero pronto se desató una fuerte reacción contra esta intervención de créditos desde distintos sectores económicos, a los que el sistema les parecía un desatino. Y éstos se dirigieron a la Junta Técnica del Estado, alegando las consecuencias negativas que la nueva regulación supondría para la industria, el comercio y fundamentalmente para el funcionamiento de las entidades de crédito.

Tenían razón, porque, al considerarse créditos los depósitos en metálico y saldos de cuentas corrientes, la intervención favorecía el atesoramiento, en un momento en que las autoridades estaban haciendo grandes esfuerzos por aflorar el dinero retenido por particulares y empresas. Y por otra parte, la incertidumbre propiciaba también la retirada de los pasivos bancarios, con los consiguientes problemas de liquidez. Esto sin olvidar que las medidas interventoras alcanzaban tanto a personas verdaderamente desafectas como a otras que no lo eran.[52]

También se consideraban como créditos, a efectos de la incautación, los saldos de las sucursales bancarias a favor de sus centrales o de otras sucursales que estuvieran en zona republicana, con lo que se venía a romper el equilibrio contable interno de las entidades, privándolas de los recursos financieros necesarios para la continuidad de su función. El documento que elevaron los bancos a la Junta Técnica del Estado oponiéndose a esta medida concluía que la nueva regulación podía tener un resultado verdaderamente catastrófico.[53] Ante estas alegaciones, la orden del 5 de junio de 1937 exceptuaba de la intervención a las entidades bancarias. Pero el resto de los sectores no fueron eximidos, aunque las alegaciones también les afectaban. Se podía dar el caso de comerciantes y empresas obligadas, si cumplían las disposiciones legales, a desembolsar el importe de lo que debían sin poder por su parte cobrar lo que se les adeudaba. Y las reclamaciones en este sentido fueron muchas, especialmente procedentes de sectores cuya producción se destinaba a cubrir la demanda de todo el territorio nacional, que tenían en su cartera deudas de numerosos clientes que habían quedado en la zona republicana.[54]

A la vista de todo lo anterior, y a menos de un año de la puesta en marcha de la operación sobre la intervención de créditos, la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por el Estado propuso su derogación, por sus «escasos y contraproducentes» resultados prácticos.[55] La propuesta se apoyaba en que la legislación sobre intervención de créditos arrancaba de un principio antijurídico, como era el entender que todos los acreedores residentes en la zona republicana eran desafectos al Gobierno de Burgos. Pero fundamentalmente se apoyaba en que la intervención de créditos había producido un verdadero trastorno social y económico, con estragos y desprestigio del nuevo régimen.[56]

En todo caso, la intervención de créditos apenas reportó beneficios. Sí produjo un importantísimo flujo de expedientes que no pudieron ser tratados adecuadamente. Por fin, la Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939 derogó todas las disposiciones vigentes sobre incautaciones, y las comisiones provinciales de Incautación de Bienes acordaron el levantamiento de todos los créditos intervenidos. Sólo se mantuvieron vivos los que correspondían a los créditos y acreedores de sujetos manifiestamente desafectos.

Descerrajamiento de las cajas de alquiler[57]

Un hecho singular en el marco de la guerra civil fue la «intervención» de las cajas de alquiler o de seguridad de los bancos.[58] Una operación que se llevó a cabo sin demasiadas cautelas jurídicas.

Por su propia naturaleza, las cajas fuertes de alquiler en los bancos venían siendo consideradas en aquellos tiempos, por las familias acomodadas, como un lugar seguro para el depósito de alhajas, monedas y todo tipo de valores. La demanda de este tipo de refugio creció de forma notable cuando, instaurada la República, la seguridad ciudadana se relajó. Y como la oferta sigue siempre a la demanda, ya a principios de 1936, en las más importantes ciudades españolas aparecieron mercados negros que ofertaban oro, en pequeños lingotes, y especialmente piedras preciosas, como bienes monetizables y fáciles de guardar. La operación consistía en ir sacando dinero de los depósitos que las familias y las empresas mantenían en la banca, comprar activos de segura y movilizable conservación, y con amplio mercado internacional, y guardarlos en sus propias cajas fuertes de alquiler. En aquellos momentos se entendía que esto era más seguro que los depósitos de efectivo mantenidos en los bancos y cajas de ahorros.

Y en este escenario, la sublevación del 18 de julio de 1936 dio ocasión a los contendientes para financiar sus adquisiciones de armas, y de disponer de recursos monetarios de valor internacional a partir de esas cajas de alquiler. Porque era lógico que se fijaran como objetivo el proveerse de los activos que en ellas se guardaban. Los primeros en hacerlo, por este orden, fueron Cataluña, el Gobierno de la República y el Gobierno vasco.[59]

Cuando se habla de cajas de alquiler hay que hacer una observación previa. Porque en ese concepto, y a los efectos que ahora se está estudiando, es necesario incluir también los llamados depósitos voluntarios que se ofrecían en aquellas sucursales bancarias donde no había cajas de alquiler propiamente dichas, y que entonces eran muchas, bajo la fórmula de un servicio muy elemental en el que el banco recibía un simple sobre, o un pequeño paquete cerrado con lacre, que, previo recibo, guardaba en su propia caja de caudales. Y en plena guerra, este «especial» depósito fue lo que permitió, como se recoge en multitud de testimonios orales, el que determinados clientes fueran llamados por los directores de sus oficinas en los primeros momentos del conflicto, en cuanto empezó a saberse del peligro que corrían las cajas de seguridad de cualquier tipo, para advertirles de ello y recomendarles que se apresuraran a retirar los depósitos voluntarios, o en los casos en que el depósito fuera conocido por funcionarios que podían ser afectos a la República, que lo sustituyeran por otro paquete de la misma contextura, y con la misma fecha, pero conteniendo objetos de poco valor. Un mecanismo que se utilizó y que salvó muchos ahorros.

El Gobierno de la Generalitat, anticipándose al Gobierno de la República, inició el proceso de apertura legal de las cajas de alquiler promulgando un decreto que prohibía el atesoramiento de plata y billetes.[60] Se advertía en él que no podían retenerse cantidades en efectivo en las cajas de seguridad de los bancos, y que, si al abrirse se encontraban, «serían ingresadas en cuentas libres que los bancos y cajas de ahorros abran a su clientela».

Tres días más tarde se dio otro paso, procediéndose a la regulación del mercado de compraventa de metales preciosos.[61] Y ambas medidas exigieron el descerrajamiento de las cajas de seguridad de forma general, justificándose en razón a «la necesidad de poner todas las existencias del metal mentado, ya sea en moneda de cualquier tipo, ya en lingotes, bajo la custodia y control directo del Gobierno de Cataluña».[62] En consecuencia, decía la disposición, «las direcciones de los bancos comunicarán inmediatamente a los arrendatarios de las cajas de seguridad la obligación de proceder a su apertura, la cual se hará en presencia del Delegado de la Comisaría de Banca, Bolsa y Ahorro».[63]

El proceso de apertura de cajas de seguridad en Cataluña se dio por concluido en mayo de 1937, al declarar la Generalitat que ya se había garantizado el control del oro amonedado y en pasta, de la moneda extranjera y de los valores extranjeros.[64]

El Gobierno de la República siguió pronto la senda trazada por el Gobierno catalán. Su instrumento fue el decreto del 3 de octubre de 1936 «sobre entrega de oro al Estado», a partir del cual la apertura de cajas se desarrolló en el otoño de 1936, aunque desde el principio suscitó la oposición de la banca privada.[65] El decreto, como ya se ha visto, establecía la entrega, en concepto de cesión o de depósito, de todo el oro amonedado o en pasta, así como de las divisas y los valores de cotización internacional.

Pero la aplicación del decreto no dio los resultados apetecidos, pese a que, hasta el 13 de noviembre de 1936, se habían abierto 3.595 cajas de alquiler. El destino final del contenido de esas cajas de alquiler fue Valencia, como paso anterior hacia Barcelona, Figueras, y el exterior en algunos casos. En la operación de descerrajamiento de las cajas de alquiler hubo distintos momentos. Niceto Alcalá-Zamora (1998:433) explica en sus Memorias que las alhajas de su mujer y sus hijas, que estaban depositadas en el Banco Hispano Americano, fueron expoliadas en 1936 «por las órdenes del Gobierno Giral», y que de nuevo lo fueron en el Crédit Lyonnais en febrero de 1937 por las «órdenes de Largo y Galarza».[66]

En cuanto a la apertura de las cajas de alquiler de la sede del Banco de España republicano, éste, cuando fue requerido a su apertura, objetó que no podía prestar su consentimiento a la disposición por terceros de las cajas de sus clientes, por oponerse a ello la ley y los estatutos y reglamentos del banco. Su objeción se basaba en que las cajas de seguridad eran la prolongación del domicilio de su titular, y que no se podía disponer de ellas sin auto de un juzgado. Entendía, igualmente, que tampoco se podían efectuar registros sino en presencia del interesado o de sus familiares (BE, 1937a). Pero la decisión política estaba tomada, y la operación siguió su camino. Tampoco la banca pudo hacer nada cuando los descerrajamientos fueron hechos por elementos paraoficiales, ante la aplicación de la política de hechos consumados, aunque en algunos casos sí pudieron parar la operación los comités de empresa.[67] Porque también hubo saqueo de cajas realizados por incontrolados, algunos de ellos con posiciones oficiales.[68] En todo caso, la administración de los activos procedentes del descerrajamiento de las cajas fue un verdadero caos, como lo reflejó con toda agudeza el propio Azaña en sus Memorias.[69]

En cuanto al procedimiento, la banca solicitó del Gobierno «que se avisara a los titulares de las cajas con 24 horas de anticipación al día señalado para su apertura». Y así se hizo hasta el 6 de noviembre, en cuya fecha se presentó por la tarde el director del Tesoro en el Banco de España, seguido de cerrajeros y carabineros para abrir las cajas y llevarse su contenido.

En realidad, la apertura de las cajas de seguridad de las entidades bancarias ya se había llevado a efecto en Madrid antes del decreto del 3 de octubre de 1936. Sirva de ejemplo el caso del mismo Banco de España, donde, entre el 28 de agosto y el 28 de septiembre, se abrieron 19 cajas de valores y se extrajeron 51 depósitos de alhajas.[70] Y un total de 70 cajas de particulares fueron intervenidas o incautadas por virtud de órdenes de autoridades que no eran «Ministerios, Junta de Beneficencia o Tribunales».[71]

Según cuenta el Banco de Santander en el libro que se editó en su 150 aniversario, la apertura de las cajas de seguridad se llevó a cabo con violencia y con escasas cautelas jurídicas:

La necesidad imperiosa de obtener recursos condujo a las autoridades a poner sus ojos en las cajas de alquiler de las entidades de crédito, lugar tradicional donde muchas familias guardaban bienes de valor como alhajas, monedas de oro y plata, divisas y títulos bursátiles de cotización internacional. Los responsables de los bancos trataron de oponerse protestando ante la CSB, pero al final no les quedó más remedio que plegarse a las órdenes oficiales y a la fuerza de los hechos.

Los responsables del Santander recibieron en el mes de agosto, cuando aún no se había publicado el decreto sobre la «entrega de oro al Estado», una comunicación de la Comisión de Finanzas, ordenando la intervención de todas las cajas de seguridad «por si fuera necesario ponerlas a disposición del Gobierno de la República». Del cumplimiento de esta orden se encargó un miembro del Sindicato de Trabajadores del Crédito y las Finanzas, que precintó los depósitos para impedir que sus dueños pudiesen retirar sus pertenencias. La apertura propiamente dicha se inició con una orden de la Dirección General de Finanzas de la provincia. En el caso del Banco de Santander, en el acto de apertura, que se celebró el 15 de octubre, se presentó un responsable gubernamental, un grupo de carabineros y «todos los miembros de la Junta de Gobierno, pues consideraron que se trataba de una actuación de gravedad». En este banco hubo tres momentos de apertura de cajas. El 15 de octubre fue la primera; una segunda posterior, el 14 de noviembre, de aquellas cajas que por distintos motivos no hubieran sido abiertas en la primera visita; y una tercera, en julio de 1937, días antes de la toma de Santander, fecha en la que se volvieron a abrir todas las cajas de seguridad para incautarse de la documentación del banco y de los particulares, así como de las pocas joyas, alhajas y billetes que todavía no habían sido confiscadas (Martín Aceña, 2007:115-116).

El Noticiero de España del 8 de enero de 1938, dedicado a analizar monográficamente «los negocios bancarios en ambas zonas españolas», contaba así la operación de descerrajamiento de las cajas de alquiler:

Cuando en octubre las tropas del Generalísimo Franco se acercaban a la capital… Los directores de los Bancos, convocados en el Ministerio de Hacienda, fueron informados de que el Gobierno se trasladaba a Valencia, y de que esta ciudad iba a ser la capital. Toda la Banca privada tenía que trasladar sus oficinas madrileñas a aquella ciudad, y llevar allí, no sólo sus valores y los de sus clientes, sino parte del personal, sus objetos de valor, su documentación y archivos. Este anuncio produjo una gran consternación en los Bancos, que durante algunos días resistieron a semejante medida, pero al final hubieron de someterse. Ante las protestas de los Bancos extranjeros[72]… el Gobierno exceptuó de tal medida a todos los Bancos extranjeros… Y enseguida empezó el traslado. Individuos con sopletes iban abriendo las cajas fuertes y vaciando su contenido en un saco, que tenía la misma numeración de la caja. A este «traslado» no asistió juez ni notario, ni empleado alguno, ni siquiera los propietarios, cuyas cajas fueron todas forzadas.

En esos sacos fueron trasladadas a Valencia paquetes de títulos y valores, vajillas, metales preciosos, joyas de todas clases, y hasta objetos de valor artístico y arqueológico.[73] Añadió confusión el hecho de que en algunos bancos las formalidades del traslado fueron reducidas a un mínimo, hasta el punto de que en su mayoría, el dinero y los valores fueron metidos sin distinción en un saco común.

No existe información que permita calcular, siquiera sea en una simple aproximación, el valor total de los recursos financieros que pudieron obtenerse de estas operaciones. Pero sí existen informaciones parciales que posibilitan formarse una cierta idea de lo que pudo ocurrir en torno al control de las cajas fuertes de alquiler de los bancos. Son informaciones a veces perdidas en textos y notas a pie de página, en obras que no tratan directamente esta cuestión, pero que, una a una, ofrecen pistas para sostener una tesis o hacer una cierta valoración aproximada de lo que estaba sucediendo.

Éstos son algunos ejemplos:

— La Causa General[74] informaba que el 23 de marzo de 1938 la apertura de cajas de seguridad particulares de los bancos madrileños y de los depósitos del Monte de Piedad contabilizaba 4.887 cajas, 1.314 depósitos y 30 paquetes, de cuyo inventario no se había podido disponer. Añadía que el total de confiscaciones en provincias llegó a suponer 27,3 millones de pesetas oro, 74,9 millones en joyas y otros metales, y 327,2 millones de pesetas en divisas.

— «De Asturias no cuentan gran cosa. Se ha acumulado allí una cantidad enorme de valores y dinero; lo hacen subir a seis mil millones. Están guardados en ochocientas cajas» (Azaña, 1981, vol. 2:274).

— En el mes de mayo de 1937 el servicio de información del Estado en Barcelona se apoderó de un lote de cuadros en el momento en que iban a pasar la frontera y se descubrió que habían sido vendidos ya por 30 millones de pesetas (Olaya, 1998:440).

— Amaro del Rosal (1976:49) dice que el Banco de España había recuperado «catorce camiones y seis furgones cargados de plata que los republicanos habían enviado a la frontera».

— A finales de diciembre de 1936, se detuvo en Barcelona al húngaro Demetrio Contero con varias maletas con oro y platino que el ministro de la Gobernación y el director general de Seguridad enviaban a Francia. Provenían de las cajas del Banco de España, de las sacas que se habían hecho en el mes de octubre (Olaya, 1998:147).

La apertura de las cajas de alquiler por parte del Gobierno vasco se apoyó también en el decreto del 3 de octubre del Gobierno republicano, que llevaba implícita la apertura de las cajas de alquiler de los bancos. Y tuvo su punto de arranque con la evacuación de estos activos de San Sebastián a Bilbao.[75] El Gobierno vasco emitió el primer decreto sobre la «recogida de todo tipo de bienes canjeables en pesetas», con fecha 16 de octubre de 1936. Se daba un plazo se siete días que se amplió hasta el 7 de noviembre de 1936. Pero la banca reclamó sobre la validez del decreto y consiguió una nueva moratoria por cinco días más.

A partir de ese momento la apertura de las cajas de alquiler fue ya un hecho irremediable.[76] Las instrucciones que tenían los inspectores eran confiscar el oro, las divisas y los valores extranjeros que se descubrieran. Y así trataron de hacerlo, siempre con la más contundente oposición de la banca, que esgrimía razones jurídicas y éticas.[77] En diciembre de 1936 se ratificaron las instrucciones a la inspección de proceder con mayor rigor en su función, con el fin de detectar las ocultaciones e incautarlas. Para ello se autorizaba «la entrada y registro en los lugares cerrados, y especialmente la entrada en bancos y establecimientos de crédito y apertura y registro de departamentos, cajas ordinarias, cajas de alquiler o de seguridad».[78] La instrucción se confirmó en febrero de 1937 con la prohibición del atesoramiento «cualquiera que sea el lugar donde lo tengan, y, por consiguiente, también a los que los tengan en las Cajas de alquiler de los Bancos o en Cajas depositadas en éstos».[79]

Al final, y entre resistencias, reclamaciones y debates, la apertura de cajas en el País Vasco no se llevó a sus últimas consecuencias hasta el mes de mayo de 1937, momento en que se dispuso «la incautación o expropiación de las joyas y alhajas y del oro en objeto que se encuentren en las cajas depositadas y en las Cajas de alquiler de los Bancos y Sucursales de ellos, sitos en territorio de Euzkadi».[80] Y así se hizo.

Los bienes expoliados en las cajas fuertes de los bancos, y el metálico y la documentación incautados en las sucursales de poblaciones situadas en zona republicana que corrían riesgo inminente de ser conquistadas por los sublevados, se fueron evacuando al extranjero, o siguieron viaje a Madrid y luego a Valencia, o directamente a esta última capital, y de ésta a Barcelona. Terminaron centralizados en el castillo de Figueras, para su posterior evacuación al extranjero.

Pero, como luego se verá, la proximidad del ejército de Franco no dio tiempo al transporte efectivo de todo lo depositado en ese castillo. Y su avance sobre el frente catalán sirvió para recuperar poco a poco el contenido de las cajas de alquiler.[81] Una parte importante de los depósitos incautados se encontraron al final en el castillo de Figueras. Cuestión diferente fue la aventura que corrieron los depósitos evacuados del País Vasco, que estuvieron sometidos a numerosos pleitos ante tribunales europeos hasta ser devueltos a España en el verano de 1939, incluidos los que eran propiedad de exiliados republicanos. De todo ello se habla más adelante.[82]

XVII
La responsabilidad política por daños de guerra como fuente de financiación

REPRESIÓN ECONÓMICA DE LA REPÚBLICA[1]

La Caja General de Reparaciones de daños derivados de la guerra civil

La República tuvo que afrontar desde el primer momento de la sublevación la tarea de luchar contra la anarquía en el orden económico, en la medida en que un importante fenómeno del comienzo de la guerra fue la generalización de las incautaciones y confiscaciones que, en nombre de las más diversas autoridades, organizaciones e instituciones, hicieron su aparición inmediatamente después del 18 de julio. Y en aquel clima, las autoridades asumieron sus competencias para gestionar más formalmente la incautación de los bienes de aquellos que podían ser considerados como responsables de la rebelión. Así nacieron la Caja General de Reparaciones y, posteriormente, el Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles.

Con la creación de la Caja General de Reparaciones se pretendía que los daños que estaba ocasionando la contienda fueran satisfechos por aquellos que, directa o indirectamente, fueron responsables de la misma. Es decir, se trataba de hacer descansar la financiación de los gastos de la guerra, y la reparación de los daños, sobre los incursos en responsabilidad política por «ayuda a la sublevación».[2] Desde la Caja deberían financiarse también las necesidades perentorias de la población civil derivadas de la guerra, así como las de los combatientes que no fueran atendidas directamente por el Estado. El objetivo del Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles era residenciar, en un organismo judicial, la competencia para definir quiénes eran responsables del golpe militar o lo habían alentado, y quiénes, a través de su conducta con posterioridad al 18 de julio, podían considerarse como «afectos a la rebelión militar» y por lo tanto como «desleales a la República».

La Caja General de Reparaciones era el órgano encargado de localizar sus bienes, hacerse cargo de ellos, clasificarlos, ordenarlos y tomar las decisiones que procedieran para ponerlos al servicio de la reparación de los daños y, en todo caso, para el bien de la República. Sin embargo, a partir de la puesta en funcionamiento del Tribunal y de la Caja General de Reparaciones, no todo discurrió dentro de la ley, y, entre la documentación que ha quedado de la actuación de ambas instituciones, existen actas que documentan que una buena parte de su actividad fueron auténticos expolios.[3]

Desde el punto de vista conceptual, el Tribunal era lo sustancial y la Caja el instrumento. Y, sin embargo, primero fue creada la Caja y después el Tribunal. La Caja General de Reparaciones se constituyó en septiembre de 1936,[4] para poner fin a la anarquía de incautaciones que, por la dimensión que estaba adquiriendo, podía llegar a destruir el sistema, independientemente de lo que esa fórmula podía suponer como fuente de injusticias y de aprovechamientos personales. Se hizo mediante el decreto del 23 de septiembre de 1936, que definía el protocolo de incautaciones. El proceso se iniciaba en los comités provinciales del Frente Popular, cuyas denuncias eran las únicas que podían tramitarse. Cursada una denuncia, la autoridad provincial la notificaba al establecimiento o establecimientos bancarios donde se tuvieran noticias de existencia de activos del inculpado, solicitando que fueran retenidos. Esta fórmula se aplicaba sobre todos y cada uno de los denunciados, y sólo por el simple hecho de haberlo sido. En el decreto se establecía también que, en todos los casos en que autoridades u organizaciones políticas, en vez de practicar la denuncia correspondiente a los comités provinciales del Frente Popular, procedieran directamente a la incautación de saldos, créditos, valores o depósitos, incurrirían adicionalmente a la responsabilidad penal correspondiente, en la sanción impuesta en juicio sumarísimo de separación inmediata del cargo, pérdida de todos los derechos civiles y prisión preventiva. A la vez, las entidades bancarias, organismos públicos, corporaciones y asociaciones políticas o sindicales que hubieran procedido a intervenciones o incautaciones de bienes de cualquier clase pertenecientes a personas afectas al decreto, deberían ponerlos a disposición de la Caja General de Reparaciones en el plazo máximo de quince días.[5]

La Caja General de Reparaciones se dotó inicialmente con un crédito de 25 millones de pesetas, aunque el artículo 3.º del decreto que la constituyó establecía que respondería de sus obligaciones con cargo a «los bienes de las personas incursas en responsabilidad civil a consecuencia de su participación directa o indirecta en el movimiento sedicioso». Y a estos efectos, el artículo 4.º anunciaba la constitución «en el Tribunal Popular especial que funcione en Madrid para conocer de los delitos de rebelión», de una sección especial encargada de determinar las responsabilidades civiles que en cada caso se pusieran de manifiesto, acordando las incautaciones y los embargos preventivos que entendiera oportuno. Este Tribunal podría acordar la retención provisional de los saldos en cuentas corrientes, depósitos y valores en toda clase de establecimientos de crédito y el embargo del resto de los bienes de aquellas personas sobre las que se hubieran observado indicios racionales de participación en la sublevación, o que hubieran abandonado su residencia habitual para instalarse en «territorio rebelde».[6] Como director general de la Caja General de Reparaciones fue nombrado Amaro del Rosal Díaz, que permaneció en el cargo hasta el final de la guerra.

Por otra parte, en mayo de 1937 se creó el Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles, con jurisdicción en todo el territorio de la República. Y otras disposiciones residenciaron en diversas instituciones la capacidad de expropiar determinados bienes de los «incursos en confiscación». De manera que los ministerios de Hacienda, Agricultura e Industria e Instrucción Pública fueron autorizados a incautar y administrar fincas urbanas, bienes rústicos con destino a la reforma agraria y obras de arte. Y así el mecanismo de las incautaciones se fue haciendo cada día más complejo y confuso, hasta que en marzo de 1938 pareció ya inaplazable definir con más precisión el ámbito de actuación de la Caja General de Reparaciones, su naturaleza jurídica, sus competencias y sus relaciones con el resto de las instituciones y el Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles.[7]

Pese a ello, y, como más adelante se verá, la Caja General de Reparaciones se convirtió desde el primer momento en un organismo autónomo cuya preocupación fundamental fue ponerse a la cabeza de las incautaciones y confiscaciones, recuperar los bienes que con anterioridad a su constitución hubieran podido confiscar otras instituciones, grupos políticos o autoridades, y almacenarlos para después enajenarlos. Y desde el primer momento lo hizo de tal manera que el objetivo prioritario terminó siendo «localizar y confiscar los bienes», olvidando su función de financiación de la «reparación de los daños».[8]

Poco a poco, la Caja fue abriendo delegaciones,[9] a las que se encomendaba recuperar todos los bienes incautados en sus zonas respectivas para remitirlos a Valencia, centro donde se concentraban los activos incautados. En noviembre de 1937 empezaron a enviarse también grandes partidas de activos incautados a Barcelona, ciudad a la que la Caja trasladó su sede central, y donde se domiciliaron los servicios y los almacenes centrales.[10]

Desde el punto de vista organizativo, y dado su alto nivel de actividad, la Caja General de Reparaciones se convirtió pronto en un gran conglomerado de almacenes, repartidos por toda la geografía española, receptores todos ellos de las más diversas mercancías: joyas, metales preciosos, ornamentos y objetos religiosos, obras de arte y toda clase de utensilios domésticos de algún valor. El almacén dependiente de la Secretaria General era uno de los integrantes más importantes de la Caja General de Reparaciones. Porque allí se tasaban y manipulaban todos los objetos incautados para ser destinados después a los lugares más adecuados (Sánchez Recio, 2008:959).

En sus primeros momentos la Caja General de Reparaciones utilizó comisarios para inspeccionar las zonas «que por su lejanía y aislamiento, y por la abundancia de los bienes incautados, no podían ser controladas desde la sede central». Sin embargo, en las provincias del norte, y debido sin duda a las enormes dificultades de comunicación, ya se habían creado instituciones con objetivos semejantes. Y de esta manera la Caja General de Reparaciones no pudo controlar Asturias, País Vasco y Aragón. En Asturias, las incautaciones dependían del Consejo Soberano de Asturias que para su control, nombró un delegado de Hacienda, quien, al final, actuó por su propia cuenta.[11] De igual independencia se dotó el Gobierno autónomo del País Vasco, en el que el consejero de Hacienda asumió todas las responsabilidades que afectaban al Ministerio de Hacienda, incluidas las referentes a la Caja General de Reparaciones.[12] El producto de las incautaciones se iba remitiendo directamente a Francia porque su destino era financiar el exilio de los emigrantes vascos.[13] Por su parte, el Consejo de Aragón se dedicó, de forma muy arbitraria, a la incautación del oro, plata, joyas y monedas de su territorio. Y éstos, al igual que en el caso anterior, se fueron remitiendo a Francia para constituir un depósito revolucionario bajo control. Aunque, una vez conquistado Aragón, se consiguió recuperar una importante partida de talegos de monedas de plata de cinco pesetas (Rosal, 1990:243 y ss.). En cuanto a Cataluña, ésta creo desde el principio la Caja de Reparaciones y Auxilio, al servicio de la Generalitat. El Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles procuró, en todo momento, ser respetuoso con la autonomía de la Caja de Reparaciones y Auxilios de Cataluña, e incluso creó una «Sala Catalana». A finales de 1938, la Caja General de Reparaciones propuso un plan de organización de la Caja en Cataluña, a fin de recuperar para el organismo estatal las facultades que se había atribuido el Gobierno catalán. Sin embargo, ya no tuvo tiempo material de efectuar un trabajo efectivo en Cataluña. Solamente en la Delegación de la zona fronteriza se habían obtenido, a finales de año, algunos resultados positivos.

En relación con sus objetivos, y desarrollando el decreto de su constitución, que fijaba como misión de la Caja la reparación de los daños causados por la rebelión y la guerra, mediante la concesión de auxilios o de créditos, la dirección de la Caja General de Reparaciones interpretó que esa misión le obligaba a desarrollar las siguientes actuaciones:

a) Facilitar auxilios para las reparaciones de daños diversos como consecuencia de la guerra.

b) Otorgar créditos o anticipos a industrias, determinados por exigencias de la guerra civil.

c) Conceder auxilios, créditos o anticipos sobre fincas urbanas.

d) Conceder auxilios, créditos o anticipos agrícolas a favor de las fincas incautadas por la Caja o determinadas por la guerra.

e) Financiar necesidades perentorias de la población civil y el sostenimiento de los refugiados.

Pero pronto fallaron todos los mecanismos administrativos para desarrollar esta operación, porque los avatares de la guerra imprimieron tal celeridad y complejidad a las labores de la Caja, que la junta encargada de dirigir sus operaciones desde el punto de vista político no llegó a constituirse, y solamente el presidente, que era el delegado del Gobierno, se responsabilizó plenamente de sus funciones. En realidad la institución fue dirigida por un comité ejecutivo formado por el presidente de la junta, el director general, el vicedirector y el secretario general.

Por otra parte, y después de la caída de Santander el 26 de agosto de 1937, la actividad regular de la Caja se fue mezclando con otra operación distinta, como era el descerrajamiento de las cajas de alquiler de los bancos.[14] Y fue así porque la Caja se sintió autorizada para ampliar su radio de acción a esta actividad. Quizá fue la respuesta de Amaro del Rosal a que la Caja no hubiera recibido cantidad alguna de aquellos fondos, y que tampoco hubiera tenido prácticamente ninguna actividad en las provincias del norte. En todo caso, en aquellos momentos de confusión se hacía muy difícil distinguir entre lo que era la Caja General de Reparaciones y lo que constituía un movimiento de «rapiña general» indiscriminado, especialmente por parte de los Gobiernos regionales, preparando sus particulares «tesoros».

La Caja siguió creciendo, al compás de la exigencia impuesta por su director de ampliar su objetivo hasta las últimas consecuencias. Pero, y posiblemente por esta exigencia, se fue burocratizando a ritmo notable. De tal manera que la inercia de ese «macrocosmos burocrático», y su falta de sensibilidad a lo que estaba pasando, dieron lugar al paradójico fenómeno de que bien avanzado 1938, cuando el desenlace del conflicto civil era ya claro, la administración de la Caja se dedicaba «plácidamente a seleccionar nuevo personal mediante oposiciones convocadas y celebradas con todo el rigor y la parafernalia clásica de estos procesos» (Sánchez Recio, 1991b:8).

El Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles[15]

Como precedente del Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles, en agosto de 1936, un acuerdo del Consejo de Ministros de la República[16] creaba un tribunal especial para juzgar los delitos de rebelión y sedición, y los cometidos contra la seguridad del Estado por cualquier medio. Su procedimiento era sumarísimo. Un poco más tarde, y complementariamente, se creaba en Madrid otro tribunal especial para la exigencia y efectividad de las responsabilidades civiles derivadas de los delitos de rebelión, sedición contra la seguridad exterior del Estado, traición y espionaje en que hubieran podido incurrir todos los que hubieran participado en la sublevación.[17] Y en mayo de 1937, como ya se ha visto, se creó el Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles[18] para conocer de las responsabilidades civiles derivadas de la rebelión militar y hacerlas efectivas en conexión con la Caja General de Reparaciones.

Estos tres tribunales introdujeron una elevada confusión en el proceso. Pero el Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles extendería su jurisdicción a todo el territorio de la República y actuaría separadamente de los demás tribunales en la capital donde residiera en cada momento el Gobierno. Tardó en constituirse, porque la Administración de Justicia había centrado su actividad en otras prioridades, como los tribunales especiales de la rebelión y de desafectos.

Finalmente se constituyó el 14 de agosto de 1938 y fijó su sede en Valencia. El 15 de noviembre, y siguiendo al Gobierno de la República, se trasladó a Barcelona. Y tanto el pleno del Tribunal como su aparato administrativo dedicaron sus seis primeros meses a redactar las normas interinas, el reglamento orgánico provisional y las normas procesales. Fue a partir de entonces cuando dieron comienzo las actuaciones judiciales propiamente dichas, aunque en ese momento la guerra ya había prácticamente terminado.

El primer problema que se planteó al Tribunal fue el que, en muchos casos, el valor de los bienes incautados sobrepasaba la cantidad señalada como responsabilidad civil. Pero el pleno del Tribunal, considerando que las incautaciones sancionadas tenían el doble objetivo de compensar al Estado por los daños producidos por la rebelión militar y la guerra, y extender la reforma social propiciada anteriormente por el Gobierno de la República, resolvió distinguir entre la parte del valor de los bienes correspondientes a la responsabilidad civil que sería incautada y el resto, que sería expropiado con indemnización, aunque el Tribunal dejaba abiertas otras posibilidades de resolución.[19]

El Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles tenía competencia para declarar la existencia de responsabilidades contraídas con motivo de la rebelión, ya provinieran de una previa declaración de responsabilidad criminal, ya de actos u omisiones de hostilidad o desafección al régimen que, sin tener carácter delictivo, fueran imputables a personas naturales o jurídicas contra las que existieran pruebas o indicios racionales de haber participado, directa o indirectamente, en el golpe de Estado o en su preparación. Constituían «pruebas» o «indicios racionales» el abandono del domicilio, de cargos o de funciones públicas, y la permanencia en el extranjero sin motivo justificado después del 18 de julio.

El Tribunal era competente también para adoptar las medidas precautorias que estimara convenientes, en relación con embargos, retenciones y aseguramiento de toda clase de bienes de los presuntos responsables. El Tribunal y la Caja eran asistidos en sus funciones por los comités provinciales del Frente Popular que, como antes se ha visto, eran los únicos autorizados para efectuar la denuncia de rebeldes o desafectos.

De esta manera, el Tribunal era competente para sancionar y dar formalidad jurídica a las responsabilidades civiles. Y a la vez, era el que ejecutaba los acuerdos o tomaba medidas cautelares previas en forma de embargos o inmovilización de activos. Una aparente ortodoxia que, desde el punto de vista jurídico, integraba, a la vez, el conjunto de la Caja General de Reparaciones y el funcionamiento del Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles, y que quedaba empañado por el hecho de que sólo una tercera parte de los efectivos de este Tribunal eran jueces profesionales, completándose los dos tercios por representantes de partidos y sindicatos.[20] En sus primeros momentos preocupó al Tribunal la indefensión en la que quedaban los afectados ante las sentencias pronunciadas.[21] Pero como en su momento reconoció Amaro del Rosal (1990:241), el Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles se limitó al «acopio de materiales, de testimonios que, en su día, serían la base de los correspondientes procesos que se llevarían a cabo en contra de cuantos estuvieran implicados, directa o indirectamente, en el movimiento sedicioso». Ya se sabe que no hubo tiempo para ello.

A lo largo de su corta existencia, el Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles dictó 451 sentencias que afectaron a un total de 811 personas. El total de las sanciones pecuniarias ascendió a 799,6 millones de pesetas. Las principales condenas fueron por desafección (276), adhesión a la rebelión (185), conspiración (109) y auxilio a la rebelión (94).[22]

Previamente, este Tribunal había elaborado una jerarquía de sanciones de acuerdo con los delitos, que distinguía entre los de rebelión y los de desafección. Entre los primeros, ésta era la escala de sanciones:

— Los autores principales de la rebelión, de 100 millones de pesetas en adelante.

— Los adheridos a la rebelión, de un millón a 100 millones de pesetas.

— Los condenados por auxilio a la rebelión, de 500.000 a un millón de pesetas.

— Los demás condenados por obras delictivas relacionadas con la rebelión, excepto la traición, de 100.000 a 500.000 pesetas.

Para los delitos de desafección las sanciones eran bastante menores, con una media por sancionado de unas 20.000 pesetas.[23]

Resultados económicos de la Caja General de Reparaciones

No se dispone de información suficiente para evaluar la dimensión económica que tuvo la Caja, pero sí es posible acercarse a lo que en realidad pudieron ser sus resultados. Olaya dice que nadie supo nunca ni el detalle, ni el volumen de los depósitos de la Caja General de Reparaciones, ni mucho menos su valor real o aproximado. Y recuerda que Azaña dijo que no se hizo «inventario ni cuenta alguna».[24] Se conoce por Sánchez Recio (1991b:89-91; 2008:963-964) que el activo del primer balance formalmente cerrado por el Servicio de Tesorería y Contabilidad General de la Caja a 31 de diciembre de 1936, arrojaba un saldo de 44,8 millones de pesetas. Al cierre del primer semestre de 1937, el activo de la Caja era ya de 133,1 millones de pesetas e incluía, entre otros conceptos, 11.558 kilos de metales preciosos y alhajas. Habría que sumar a ello que a esas mismas fechas la Caja General de Reparaciones había entregado a la Junta Nacional del Tesoro Artístico 438 piezas de orfebrería y pintura de los siglos XV al XX, la mayor parte de carácter religioso.

Se dispone también de un balance a 31 de diciembre de 1937, y de datos extracontables a septiembre de 1938, aunque no ofrecen suficiente información como para evaluar con garantías el volumen total de recursos recaudados por esa institución. Sí se conoce que en enero de 1939 se paralizaron sus actividades, y que casi inmediatamente se produjo una desbandada general. Es posible incluso que las cuentas del ejercicio 1938 no llegaran a cerrarse.

El activo del balance cerrado a finales de 1937 ascendía a 369,9 millones de pesetas y los fondos propios a 104,5 millones de pesetas.[25] Aunque no puede olvidarse, como dice Sánchez Recio, que en los balances aparecían únicamente los valores contables, por lo que el patrimonio de la Caja era mucho mayor de lo que reflejan esos datos.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que en esos activos no se incluían joyas, alhajas, cuadros, muebles históricos o artísticos que la Caja General de Reparaciones no valoró, y que destinó a otros fines o entregó a la Junta Nacional del Tesoro Artístico para su conservación. Según la Memoria de 1937, el número de objetos de este tipo no inventariados a esa fecha era de 1.715, de los que casi el 25% eran pinturas y 206 se consideraban importantes.

Porque tal como decía la Memoria de la Caja General de Reparaciones de 1937:

Existe, además, considerable riqueza en los almacenes, que va estudiándose, clasificándose y sujetándose a valoración y que sufre oscilaciones, toda vez que ingresan multitud de objetos que no siempre permanecen definitivamente en ellos, sino que a virtud de decisiones judiciales se devuelven a los interesados. Una parte muy importante — acaso la más— del patrimonio de la Caja lo constituye su riqueza artística… lo que se ha entregado en depósito a la Junta Central del Tesoro Artístico Nacional, a los fines de su mejor conservación.

En cuanto al activo del balance en 1938, Sánchez Recio (1991b: 259) lo estimaba en 640 millones de pesetas, cantidad a la que habría que añadir, como antes, los objetos entregados a la Junta Nacional del Tesoro Artístico. En todo caso, para llegar a entender lo que pudo ser el balance de ese año de la Caja, tiene también significado el siguiente comentario que se hace en la Memoria de 1937:

El futuro, pues, reserva a la Caja un incremento muy considerable de su labor… un afinamiento de sus instrumentos le permite colaborar con los órganos judiciales competentes en el aislamiento y tratamiento de los facciosos… [y]… proporcionar progresivamente la determinación de quienes han de someterse a los tribunales como presuntos facciosos y la pesquisa de sus riquezas.

Aunque la mejor manera de formarse una idea aproximada del volumen que llegó a alcanzar la Caja General de Reparaciones sea tomar nota de la descripción que Amaro del Rosal hizo en las «Jornadas sobre la administración de justicia durante la Guerra Civil española». Porque en su ponencia en esas jornadas (Rosal, 1990:242 y ss.) describe los almacenes y depósitos de la delegación de Madrid, recordando que existía un depósito en la calle Fomento número 9, dedicado a la concentración de bibliotecas halladas en domicilios abandonados, donde también se guardaban los cubiertos de plata y otros objetos de valor procedentes de incautaciones. Que en la iglesia de la plaza de Chamberí se habían concentrado todos los objetos de culto, custodias, candelabros, ropa y todos los objetos religiosos incautados. Que el Casino de Madrid de la calle Alcalá fue dedicado al almacenaje de cuadros y muebles de valor histórico incautados en domicilios particulares. Y que en los sótanos del Banco de España, por su seguridad, fueron depositados los objetos frágiles de valor, como cerámicas, cristalerías, figuras históricas y de arte o muebles históricos. Añadía en esa ponencia que la Caja contaba con delegaciones en todas las provincias dominadas por la República, y que cada una de ellas contaba con su propio almacén, en el que se concentraban los objetos procedentes de las incautaciones. Contaba que a lo largo del año 1937 las juntas provinciales de la Caja habían ido remitiendo a Valencia los objetos requisados, planteando en casi todas las delegaciones problemas de espacio, que tuvieron que resolverse buscando nuevos almacenes en zonas próximas. Para dar una idea del volumen de estos envíos, hay que recordar que Olaya (1998:451) documentó que solamente desde Madrid se enviaron 88 camiones con bultos o cajas de joyas, monedas antiguas y objetos diversos de plata y oro.

Terminada la guerra, el Gobierno de Burgos se hizo cargo de importantes depósitos que tenía todavía la Caja General de Reparaciones en su poder, especialmente en Barcelona, y que, por la precipitación del final de la contienda, no pudieron ser evacuados al exterior. Concretamente, en dos almacenes de la Caja, uno en la plaza de Cataluña y otro en el Paseo de Gracia, se recogieron 567 cajas de joyas, valores, plata, oro y archivos, más 29 cajas de lingotes de plata que fueron entregadas al Comité de Depósitos Quebrantados de la sucursal del Banco de España. En Valencia se localizaron 173 cajas con lingotes de plata, valores, documentación y otros efectos. Y en Cartagena un depósito de cajas con alhajas, azafrán y 2.000 botellones de mercurio. También en Jaén, en Mancha Real y en el edificio del Partido Comunista de Andújar aparecieron numerosas cajas de joyas, valores, monedas, billetes y otros objetos (Olaya, 1996:71).

Liquidación final de la Caja

Es lógico pensar que en unas circunstancias tan críticas, y en medio de un clima de «guerra perdida», frente a las necesidades de un incierto futuro en el exilio, el patrimonio de la Caja General de Reparaciones terminara teniendo una pésima administración y un confuso final. Resulta difícil por ello definir la situación en que al término de la guerra se encontraban patrimonios, tan importantes, como los que se habían acumulado en Figueras y en la embajada de la República en París, o estaban dispersos en los almacenes de la Caja y en las delegaciones de Hacienda.

Como se ha visto, durante 1937 los activos confiscados por la Caja General de Reparaciones se fueron concentrando en Valencia. Se carece de información suficiente para seguir la pista de estos almacenamientos, pero sí existen datos puntuales que dan noticia de que, desde el punto de vista cuantitativo, estas operaciones tuvieron que ser extraordinarias en su volumen. Se sabe, por ejemplo, que el Gobierno republicano, a través de Francisco Méndez Aspe, había ido concentrando en Francia, en la embajada de París, una importante parte de los depósitos de la Caja, así como otros que controlaba directamente el ministerio. Fundamentalmente, eran valores realizables como oro, plata, piedras preciosas u objetos de alto valor histórico (Rosal, 1990:244).

El proceso de liquidación del patrimonio de la Caja lo dejó descrito Amaro del Rosal (1976), cuando anotaba que, antes de que Barcelona fuera tomada por el ejército de Franco, y ante el curso que llevaba la guerra, el ministro de Hacienda y Economía y el presidente del Gobierno le ordenaron que, con la mayor urgencia, se fueran depositando en el castillo de Figueras los objetos de mayor valor para trasladarlos desde allí a Francia. Amaro del Rosal relata que, adicionalmente, un avión especial del Ministerio de Hacienda y Economía realizaba viajes casi todas las semanas entre Barcelona y París.[26] En los últimos meses de 1938 y en los tres primeros de 1939 se habían acelerado los envíos de metales preciosos y joyas a París y a Figueras. Se conocen envíos fechados en diciembre de 1938, y en enero y marzo de 1939. La salida del 17 de enero la integraban 69 cajas, con un peso de 4.385 kilogramos. Contenían oro, plata, plata amonedada y 66 kilos de orfebrería religiosa.

Terminada la guerra, el Gobierno se enfrentó al hecho de que el notabilísimo patrimonio que la Caja había acumulado a través de las incautaciones había desaparecido prácticamente en las semanas anteriores a la ocupación de Barcelona. Lo mismo había sucedido con otras instituciones y particulares que habían manejado activos monetizables. Los pocos restos que se habían salvado fueron confiados a la administración de los delegados provinciales del Ministerio de Hacienda. Y se inició una gran operación de devolución de esos activos a sus legítimos propietarios.[27]

Por lo que respecta a la Caja General de Reparaciones, el decreto del 9 de marzo de 1940 abrió el camino para la devolución a sus legítimos dueños de los expolios sufridos. Ese decreto levantó las retenciones de saldos y de depósitos de títulos acordadas por la República. Se creó la Comisión Liquidadora de la Caja General de Reparaciones,[28] y se pidió a esa comisión que se hiciera cargo de toda la documentación de la entidad, así como de los objetos, títulos, efectos y metálico procedentes de ella. Todos estos objetos deberían devolverse a sus legítimos propietarios en aquellos casos en los que pudiera hacerse la imputación correspondiente. Aquellos bienes, objetos o títulos que no pudieran imputarse por la documentación de la extinguida Caja a una persona determinada, se remitirían a los juzgados gubernativos para que tomaran provisiones al respecto.

Al final, y después de un complejo trabajo de recuperación de los activos y documentación dispersos en las distintas delegaciones, la Comisión Liquidadora estuvo en condiciones de reconstruir la trayectoria seguida por los objetos incautados, pero en este momento se encontró con que, «debido a los acontecimientos de los últimos días de la guerra», en el «90% de los casos no se habían encontrado los paquetes a los que se refería la documentación».

Entonces se decidió dar prioridad a la devolución de los valores mobiliarios. Y se acordó «publicar en el Boletín Oficial del Estado y en la prensa un anuncio por el que se haga público que los interesados podían instar la reivindicación de títulos mobiliarios». Y a partir de este momento, la comisión recibió un auténtico aluvión de instancias solicitando la devolución de valores, en la mayor parte de ellas, de valores y documentos en algunas, y en otras, aunque en menor número, de alhajas y cantidades de dinero.

La operación de devolución de los valores mobiliarios existentes en la Caja General de Reparaciones fue compleja, pero se saldó satisfactoriamente. Al cierre de la operación, había pasado por las manos de la Comisión Liquidadora una cantidad aproximada, según el importe nominal de títulos y valores, de 227 millones de pesetas, que, a pesar de su importancia, se quedaba muy lejos de la que realmente había estado bajo el control y la administración de la extinguida Caja. Antes de que se constituyera la Comisión Liquidadora ya se habían devuelto valores por un total de 142 millones de pesetas. En total, unos 370 millones de pesetas, muy por debajo de lo expoliado.

Ello significa que la pérdida de títulos de valores fue cuantiosa, y muy graves los perjuicios para los propietarios, pero los daños sufridos por los dueños de joyas, alhajas, monedas o lingotes de oro y plata, y otros objetos de valor, fueron inmensamente mayores, porque de éstos sólo se recuperó y devolvió una mínima parte.

En conjunto, los expedientes abiertos por la Comisión Liquidadora relativos a la devolución de objetos, entre el 4 de junio de 1940 y el 17 de noviembre de 1941, fueron 309, de los que únicamente consiguieron su objetivo unos 60, y la mayor parte sólo de forma parcial. El valor alcanzado por los objetos devueltos fue de 413 millones de pesetas, cifra ridículamente insignificante si se tiene en cuenta el valor de los objetos incautados (Sánchez Recio, 1991b:303-304).

Un caso especial: el del País Vasco

Ya se ha dicho con anterioridad que el País Vasco trató también en todo momento de que los daños que estaba ocasionando la contienda fueran satisfechos por los que, directa o indirectamente, hubieran tenido participación en la sublevación. Y que lo hizo con independencia del Gobierno de la República.

De esta manera, estallada la contienda, se creó el Comisariado de Defensa de la República en Vizcaya, posteriormente transformado en Junta de Defensa de Vizcaya, cuyo objetivo era luchar contra los sublevados, tanto en el terreno militar como en el económico. Para ello, y en lo que a este último respecta, desde el primer momento se inició la represión, creando, a imitación de lo que había hecho el Gobierno de la República, una Junta Calificadora Central, a la que se responsabilizaba de expropiar, sin indemnización y a favor de la Hacienda del País Vasco, todos los bienes radicantes en territorio vasco pertenecientes el 18 de julio a las personas naturales, a sus cónyuges, y a las jurídicas que se consideraran responsables de haber intervenido o colaborado en el golpe de Estado.[29]

La Junta Calificadora Central se constituyó como órgano colegiado en el que participaban representantes de las distintas ideologías presentes en el recién nombrado Gobierno vasco, aunque predominaban los nacionalistas, tanto del PNV como de ANV. Como complemento de la Junta, se crearon las Juntas Municipales de Investigación, cuyo objetivo era abrir expedientes a cada uno de los vecinos o residentes en su término municipal, de los que se sospechaba que estaban en connivencia con las fuerzas que se habían sublevado, o que les habían ayudado o favorecido de alguna manera. Con los hechos concretos que se atribuyeran a cada sospechoso, y con las pruebas testificales o documentales que pudieran reunirse, las Juntas Municipales elevarían a la Junta Calificadora Central informes sobre las personas que deberían ser declaradas enemigos del régimen, o simplemente desafectos.

Sebastián García ha documentado 1.878 expedientes abiertos por la Junta Calificadora Central, de los que se derivaron 1.373 acusaciones. La acusación más habitual era la de pertenecer a un partido monárquico,[30] que representaba el 63,49% de las acusaciones.[31] Inmediatamente después, la acusación más frecuente correspondía a los que participaron en la campaña de las elecciones de febrero de 1936 a favor de la CEDA, Acción Popular, Unión Vascongada o Falange. En tercer lugar, se encontraban los que habían ocupado cargos durante la dictadura de Primo de Rivera, ya fuera en su partido (Unión Patriótica), en su cuerpo de seguridad (SOMATEN), o en las distintas instituciones (ayuntamientos, diputaciones u otras). Después figuraban aquellos que habían participado en la represión de la «revolución de octubre», que en algunas zonas del País Vasco, como la margen izquierda y la zona minera de Vizcaya, había tenido una especial virulencia.

Se abrieron expedientes por lo menos a 30 sacerdotes. Y también fueron objeto de acusación algunas empresas, especialmente las periodísticas.[32] El Departamento de Industria del Gobierno vasco también abrió expediente a una lista bastante numerosa de empresas cuyos propietarios eran sospechosos de ser desafectos.[33] Y lo mismo hizo el Departamento de Agricultura, abriendo expedientes tanto de confiscación de fincas rústicas, como de sus frutos en aquellos casos en que estuvieran arrendadas, la llamada «renta de los caseríos».[34]

Del contenido económico final del proceso de confiscaciones del País Vasco no se sabe prácticamente nada. Se ignora la cuantía de lo incautado y el destino que tuvo después de la toma de Bilbao por las tropas franquistas. Sí se sabe que algunos valores bancarios fueron objeto de pleitos en los tribunales franceses, entre el Gobierno vasco en el exilio y sus anteriores propietarios (Sebastián García, 1999:183).

REPRESIÓN ECONÓMICA EN EL GOBIERNO DE BURGOS

El proceso de incautaciones

También en el territorio del Gobierno de Burgos se exigieron responsabilidades políticas que, sin duda, tenían contenido de represalia, y que, como en el caso de la República, suponían una importante contribución a la financiación de la guerra.

A la fórmula final se llegó a través de un proceso legal que conformó una especie de escalera de represiones. El decreto de la Junta de Defensa Nacional del 13 de septiembre de 1936 anticipó las primeras normas sobre incautación de bienes contra los responsables directos subsidiarios, por acción o inducción, de la oposición al «movimiento nacional». El Estado sería el titular de las incautaciones. Posteriormente, el decreto ley del 10 de enero de 1937 conceptualizó la teoría de la responsabilidad civil de los inculpados. La orden del 24 de febrero de 1937 ratificó que el Estado era el único beneficiario de las incautaciones. Y por último cerró el proceso la Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939, una ley cuya mayor aberración consistía en su carácter retroactivo a octubre de 1934.[35]

La Junta de Defensa Nacional declaró, el 13 de septiembre de 1936, fuera de la ley a todos los partidos y agrupaciones políticas o sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, hubieran integrado el llamado Frente Popular. Recibían la misma condena cuantas organizaciones hubieran tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que hicieron posible la sublevación. Esta sanción se justificaba en el «antipatriotismo en la formación de entidades que, bajo apariencia política, envenenaron al pueblo con el ofrecimiento de supuestas reivindicaciones sociales», y en «la absurda resistencia sostenida contra el movimiento nacional». Una medida que, poniendo fuera de la ley a esos partidos y agrupaciones políticas o sociales, estaba encaminada, según su exposición de motivos, a garantizar la responsabilidad que, en su día, pudiera alcanzarles para la indemnización que procediera.

La misma disposición decretaba la incautación de bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos, pertenecientes a esos partidos o agrupaciones, que pasaban a ser propiedad del Estado. Los generales jefes de los ejércitos de operaciones podrían tomar en las plazas ocupadas medidas precautorias, encaminadas a evitar posibles ocultaciones o desaparición de bienes de todas aquellas personas que, por su actuación, fueran lógicamente responsables directos o subsidiarios de acciones opuestas al triunfo del golpe militar. Unas medidas que deberían llevarse a efecto aunque los bienes aparecieran registrados a favor de personas distintas de los supuestos responsables.

Con posterioridad, el decreto ley del 10 de enero de 1937 establecía el procedimiento para hacer efectivas esas incautaciones, bajo la dirección de una «Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por el Estado», nombrada por la Junta Técnica del Estado,[36] que se responsabilizaba de investigar, inventariar, ocupar y administrar, los bienes de los desafectos a la sublevación del 18 de julio y de las organizaciones consideradas ilegales.

Un caso: la incautación de los bienes de Ramón de la Sota

Para profundizar en qué consistía realmente el proceso de incautaciones y cómo se desarrollaba, tiene interés detenerse en un ejemplo significativo de aplicación de la represión económica del Gobierno de Burgos. Vale como ejemplo a estos efectos la incautación de todos los bienes de Ramón de la Sota, empresario y una de las principales fortunas del País Vasco.

El expediente a Ramón de la Sota se inició en Bilbao, pocos días después de que, el 19 de junio de 1937, esta ciudad cayera en manos de las tropas del general Mola. Y se prolongó hasta el indulto de los imputados en 1966, y hasta 1982, momento en que una sentencia del Tribunal Constitucional permitió a todos ellos la recuperación de los bienes que el Estado se había adjudicado en los años cuarenta para hacer efectiva la sanción impuesta en 1938.[37]

La legislación vigente en junio de 1937 en el territorio dependiente del Gobierno de Burgos tenía su origen en el decreto de la Junta de Defensa Nacional del 13 de septiembre de 1936 y el decreto ley de la Junta Técnica del Estado del 10 de enero de 1937, ya citados. En cada capital de provincia actuaba una comisión provincial de incautación de bienes, presidida por el gobernador civil, e integrada por un magistrado de la Audiencia Territorial y un abogado del Estado. Cada comisión provincial nombraba a un juez, que podía proceder de la carrera judicial o ser simplemente oficial del ejército, para instruir los expedientes donde se declarase administrativamente la responsabilidad civil de los inculpados, pudiendo declarar el embargo cautelar de sus bienes. Este expediente era independiente del penal, al que se sometería por los tribunales militares a todos los acusados de responsabilidad criminal. El juez remitía los expedientes concluidos a la comisión provincial de bienes incautados, que informaba sobre la pertinencia de la declaración de responsabilidad civil e indicaba la cuantía de la misma. A continuación el expediente se elevaba a la autoridad militar competente, que con la asesoría de sus auditores imponía la sanción definitiva, contra la que no cabía recurso.

En Vizcaya, la aplicación de esta normativa se inició a los pocos días de la toma de Bilbao, centrándose inmediatamente en las altas esferas de la vida política y de los negocios locales, cuyos titulares se hubieran manifestado contra los sublevados. Y así, tres días después de haber entrado las tropas en la capital, la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Vizcaya se constituyó y dio principio a su actuación. A continuación lo hicieron los juzgados especiales de incautación de bienes de Vizcaya. El núcleo principal de la represión económica en Bilbao fue el Gobierno vasco y la familia de la Sota.

Ramón de la Sota hijo y sus hermanos, Alejandro y Manuel, fueron procesados. Se decretó su libertad provisional, pero quedaron suspendidos de todos sus cargos en gerencias y consejos de empresas.

En relación con el expediente a la familia De la Sota, el capitán juez y las personas que le auxiliaban, examinaron en profundidad la contabilidad del grupo y, antes de terminar 1937, remitieron al presidente de la Comisión de Justicia de la Junta Técnica del Estado un inventario general sobre su patrimonio, partiendo de la contabilidad del año 1935, y una memoria sobre la incautación.[38] En ella se mencionaba, dada la complejidad del patrimonio y negocios de Ramón de la Sota, la necesidad de un amplio complejo administrativo formado para la ocasión. Así, proponían la creación de un comité de gerencia presidido por el juez, e integrado por cuatro miembros más.[39]

Según el balance del 31 de diciembre de 1935, el Grupo Ramón de la Sota tenía propiedades inmuebles por valor de 35,3 millones de pesetas. La cartera de valores ascendía a 4,7 millones, a lo que había que añadir 1,2 millones de pesetas de créditos a favor del grupo.[40] Un total de 41,2 millones de pesetas. Los fondos propios del grupo ascendían a 10,7 millones de pesetas. Al final, el juez decidió que era necesario dotar a su juzgado de una organización jurídica-comercial que, sustituyendo a la anterior, pudiera cumplir con el objetivo de «fijar la cuantía exacta de los bienes incautados, irlos administrando hasta entonces, y poder entregar al Estado español la cuantiosa fortuna que tan mal uso patriótico tuvo en manos de los Sota». Este equipo jurídico-comercial, nombrado por el juez, que sustituiría al que había venido operando bajo la dirección de Ramón de la Sota, era de 120 empleados, con un presupuesto anual de un millón de pesetas.

La incautación del patrimonio de la familia De la Sota constituyó un reto para los responsables de la represión económica en la provincia de Vizcaya. Y aunque la actuación de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Vizcaya alcanzó a muchísimas otras personas, y ocasionó la incautación de una gran cantidad de bienes, el expediente de De la Sota tuvo tal dimensión y singularidad, y ocupó de tal manera la atención de los encargados de la incautación de bienes, que obligó a resolver de forma particular muchos problemas que se iban produciendo, en conexión directa con las autoridades de Burgos, muy pendientes de la evolución de ese proceso. Sin duda, era un caso complejo, porque también se planteó «el problema especial de los barcos» de De la Sota, cuya propiedad había que recuperar. También era complicado el control y gestión de las 447 «sociedades anónimas domiciliadas en Vizcaya» en las que participaba De la Sota.[41]

En enero de 1938 se tomó el acuerdo de imponer a Ramón de la Sota, ya fallecido, y a sus hijos varones sanciones económicas. Y en marzo de ese año se cuantificaron estas sanciones. Al padre se le impuso una multa de 100 millones de pesetas y a los tres hijos multas de 100, 80 y 60. Un nieto fue multado con 20 millones. También fueron sancionados la viuda de Sota, sus hijas, nueras y alguno de sus yernos. En total, trece personas. Fueron, por su cuantía, las multas más abultadas que las autoridades franquistas impusieron a los perseguidos en toda España. Las multas eran firmes y contra ellas no cabía recurso. Los inculpados disponían de 15 días para abonar las sanciones, tan pronto como se les notificara bien personalmente o mediante su inserción en el Boletín Oficial.

En caso de no satisfacer las sanciones en plazo todos los bienes pasarían a propiedad del Estado, o bien se realizaría una subasta hasta alcanzar el importe total de la sanción. A ninguno de los De la Sota se les notificó personalmente la resolución por estar fallecidos o huidos. Tampoco consta que se publicara en el BOE o en el Boletín Oficial de Vizcaya.

El grave problema de administrar los bienes incautados

La administración de los patrimonios incautados por el Gobierno de Burgos por responsabilidades políticas, dado el volumen de los activos involucrados, que excedieron toda previsión, fue muy compleja, y desde el primer momento quedó claro que su objetivo fundamental era de tipo económico.[42] Porque, constituidos los tribunales regionales de responsabilidades políticas, su único objetivo fue pilotar un ambicioso programa de confiscaciones. Y desde el primer momento las instrucciones circuladas a los jueces e instructores se referían fundamentalmente a cómo realizar un inventario detallado de todo lo embargado, poniendo el acento en la descripción de las fincas para que el Registro de la Propiedad no pudiera objetar su cambio de titularidad. Se hacía también especial énfasis en el artículo 12 del decreto ley del 10 de enero de 1937, que ordenaba que las cantidades obtenidas en metálico fueran ingresadas en las dependencias centrales o provinciales de la Caja General de Depósito a disposición de la comisión administradora.

La complejidad en la administración de los bienes incautados provocó que, desde el punto de vista económico, la acción de los tribunales regionales introdujese serias perturbaciones en todos los territorios. Para enero de 1940 el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid había confiscado bienes muebles e inmuebles, explotaciones agrícolas, industrias y negocios de los presuntos responsables en tal volumen, que supusieron verdaderas «incautaciones en masa» y que empezaron a crear dificultades administrativas (Álvaro Dueñas, 2006:149-150).

Y hasta tal punto se hizo ello notorio, que pronto aparecieron responsables del sistema que discrepaban de lo que se estaba haciendo, y que así lo explicitaron. En enero de 1940, el presidente del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid se dirigía al presidente del Tribunal Nacional, señalando que las «incautaciones en masa» estaban creando situaciones dolorosas, que afectaban a la vida social, económica y fiscal del país, porque se carecía de medios para explotar con eficacia los bienes incautados. Las consecuencias de esa realidad, según el presidente de ese Tribunal, eran las siguientes:

Agravación del paro obrero, porque la falta de explotación de una gran parte de riqueza impedía el empleo de millares de personas.

Quebrantos para la economía en momentos más que nunca necesitada del mayor aprovechamiento.

Baja sensible en las contribuciones e impuestos.

Y concluía que, de continuar así las cosas, el Tribunal acabaría convirtiéndose en una clásica «mano muerta».

La queja estaba plenamente fundada, porque la peculiaridad de la operación de monetizar los bienes confiscados, con todas sus cargas y el lastre de la burocracia, no sólo dificultó una óptima administración de tan importante masa de bienes, sino que en muchas ocasiones impidió hasta conocer los saldos disponibles. En todo caso, el volumen que alcanzó la operación se reflejó en una incorrecta administración de los recursos financieros.

La Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Vizcaya solicita la abolición del sistema porque conducía al colapso económico

Una mayor información sobre la administración de los bienes incautados, y sobre las consecuencias que pudo tener sobre la economía, la ofrece la Memoria de Actuación que, en enero de 1938, elevaba el secretario de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Vizcaya al presidente de la Comisión de Hacienda de la Junta Técnica del Estado, sobre la organización y funcionamiento de la operación de incautación en la provincia de Vizcaya hasta enero de 1938.[43]

Ya en la introducción de la Memoria, en su primer párrafo, el secretario de la Comisión Provincial ponía de manifiesto que desde el primer momento fue consciente de la imposibilidad de enfrentarse a «tan magno programa» con la legislación aplicable. Y que, como consecuencia, sostuvo y fue proponiendo la necesidad de cambiarla.

También dio cuenta, al tomar posesión de su nuevo destino, de que era imprescindible «una gran autoridad y una máxima firmeza» para el desarrollo de la función que se le encomendaba.[44] Por de pronto, no había posibilidad de acreditar la solvencia o insolvencia de los miles de presuntos reos de incautación. Tampoco la había de perseguir formalmente a los culpables por haber abandonado sus hogares y huido a la entrada de las tropas de Franco. Y en todo caso, era imposible instruir miles de procesos. Añadía que en Vizcaya era dificilísimo investigar los bienes, porque no existía documentación bancaria, por haberse remitido a Francia. Tampoco existía Registro de la Propiedad y, desde luego, no podía contar con la colaboración espontánea de la sociedad.[45] Tampoco había suficiente información policial y la Guardia Civil era nueva en el país.

Desde el punto de vista operativo, explicaba que, al hacerse cargo de su tarea, el primer estudio que se realizó «fue el de procurar darse una idea aproximada de la riqueza sobre la cual había de girar el servicio», en la medida en que se sabía de antemano que el número de responsables era amplísimo. Y las conclusiones de ese estudio fueron las siguientes:

Las inversiones de Vizcaya en deuda pública del Estado sobrepasaban los 2.000 millones de pesetas, prácticamente el 10% de la deuda total del Estado.

El capital de las sociedades anónimas domiciliadas en Vizcaya en 1934 era de 2.196 millones de pesetas (suma de acciones y obligaciones), el 12% del capital escriturado en toda España.

La propiedad urbana de Vizcaya se valoraba en 1.127 millones de pesetas.

Los capitales vizcaínos colocados en el resto de España sobrepasaban los 1.000 millones de pesetas.

Las cajas de ahorros alcanzaban una riqueza de 735 millones de pesetas.

Las cuentas corrientes acreedoras de la banca operante en Vizcaya se cifraban en 1.612 millones de pesetas, el 28% de las cuentas acreedoras de toda la banca en España. Al menos el 60% de ese total correspondía a capitales «netamente vizcaínos».

Los depósitos en custodia en la banca de Vizcaya sobrepasaban los 6.000 millones de pesetas. Aunque añadía que «en esta cifra están incluidas varias partidas de números anteriores».

La riqueza rústica de Vizcaya alcanzaba una cifra importantísima, pero de momento «no se puede cifrar».

Y a partir de esta información, la Memoria del secretario de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Vizcaya concluía que «la total riqueza de Vizcaya oscila de diez mil a doce mil millones de pesetas». Y se preguntaba sobre «qué porcentaje se considera es incautable por la responsabilidad civil de los rojos nacionalistas».

La Memoria respondía que «desde luego la responsabilidad es muy extensa, sobre todo tratándose de una faceta económica que recae sobre una gama amplísima de grados diversos». Así, una de las primeras decisiones de la Comisión Provincia fue acordar «una definición exacta y concreta de los que han de considerarse como responsables políticos». Después de un detenido examen, se acordó por unanimidad que debían considerarse «responsables civiles por su intervención en la preparación o desarrollo de la revolución roja separatista» los siguientes:

Todas las personas que hubieran acordado «levantarse en armas» contra el ejército, hubieran llevado o no a la práctica su proyecto.

Todos los que, antes o después de haber estallado la sublevación, hubieran hecho propaganda de cualquier clase a favor del Frente Popular o del PNV, les hubieran ayudado económicamente o les hubieran cedido o arrendado locales.

Los que hubieran incurrido en actos y omisiones que significaran desafección o desdén hacia el «movimiento nacional».

Los que durante el «dominio rojo separatista» hubieran actuado en los distintos comisariados y obtenido cargos políticos, militares, administrativos o judiciales de cualquier clase.

Todos los que, por cualquier otro medio, hubieran colaborado con actos y omisiones que revelaran su ánimo de favorecer el triunfo de la «revolución roja separatista».

Los que hubieran servido u obtenido cargos o comisiones en empresas comerciales e industriales que hubieran trabajado para los Gobiernos vasco o de la República.

Los que, a partir del «movimiento revolucionario» de octubre de 1934, hubieran desempeñado cargos directivos o de asesoramiento jurídico en los partidos que luego integraron el Frente Popular o el PNV, hubieran desempeñado cargos similares en asociaciones inspiradas por dichos partidos, o simplemente fueran afiliados a los mismos.

Todos los candidatos a diputados a las Cortes por esos partidos en las elecciones de febrero de 1936, así como cualquier otra persona que hubiera hecho campaña a favor de los mismos, hubiera intervenido en esas elecciones como apoderado o interventor, o de la que se tuviera «pleno convencimiento moral» de que votó a favor de los mismos.

Los que a partir de las elecciones de febrero de 1936 hubieran desempeñado cargos públicos en representación de dichos partidos.

Los accionistas que a partir del «movimiento revolucionario» de octubre de 1934 contribuyeron con sus votos a que las sociedades, asociaciones civiles o mercantiles, realizaran actos comprendidos en alguno de los números anteriores o hubieran elegido para sus cargos directivos, consejos o asesorías a personas de «significación izquierdista o separatista».

A partir de esta amplia definición de sujetos responsables, el secretario de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Vizcaya afirmaba que no había más remedio que «crear un órgano potentísimo eficiente para la gigantesca labor que encomienda la legislación vigente». Y lo primero que propuso es que se abriera a la comisión un crédito de 100.000 pesetas «a cargo de los primeros ingresos que den los bienes incautados o de las primeras pesetas incautadas», así como conseguir, desde el punto operativo, y tal como se explicaba en la Memoria, que las entidades bancarias aceleraran la reconstrucción de sus contabilidades. También se les pidió a éstas una relación exacta de los valores extranjeros de su clientela, incluidos los que por su mediación se hallaran depositados en bancos fuera de España.

La Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Vizcaya hizo especial hincapié en la investigación de bienes a efectos de los embargos, poniendo en marcha un complejo mecanismo para tener el más completo inventario de los bienes propiedad de las personas represaliadas, que se transformó en una verdadera oficina de información económica de Vizcaya.

El resultado de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Vizcaya en sus primeros seis meses de trabajo fue el siguiente: las fichas de información económica confeccionadas ascendían a 32.000. Las de antecedentes para incoar expedientes a 3.688. Los documentos con base para instruir expedientes a 1.200. Los expedientes instruidos a 915. Y los expedientes terminados por los jueces a 445. En cuanto a la recaudación explícita de los primeros meses, la información era muy escasa,[46] sin duda porque la mayor parte del tiempo disponible había sido utilizada para crear la organización que se propuso al presidente de la Comisión de Hacienda.

En todo caso, y como conclusión, el secretario de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Vizcaya pedía la abolición de la legislación sobre incautación de bienes «por entender que es gravemente perjudicial para nuestra Patria, a la que le produce un gran colapso económico».

«Ley de Responsabilidades Políticas» de febrero de 1939[47]

A principios de 1939 todo el sistema, creado provisionalmente, para represaliar económicamente a los no afectos a la sublevación dio paso a un procedimiento más general, y más coherente, con el objetivo que el Gobierno de Burgos trataba de conseguir:

Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas que, desde primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, contribuyeran a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto, o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave.

Y ése fue el sentido de la Ley del 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas (BOE, 13 de febrero). Una disposición que ratificaba como fuera de la ley

… todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que desde la convocatoria de las elecciones celebradas en dieciséis de febrero de mil novecientos treinta y seis, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho de serlo; las organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional.

La ley sancionaba también a aquellos que hubieran desempeñado cargos o misiones de carácter político o administrativo de índole civil, y calificada confianza por nombramiento del Gobierno del Frente Popular, y a aquellos que se hubieran significado públicamente, por la intensidad o por la eficacia de su actuación en favor del Frente Popular, o pertenecido a la masonería.

En la exposición de motivos de la ley se justificaba la necesidad de «liquidar las culpas en este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo, providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional».[48] Añadía que la «magnitud intencional y las consecuencias materiales de los agravios inferidos a España son tales, que impiden que el castigo y la reparación alcancen unas dimensiones proporcionadas». En consecuencia, todos esos partidos, instituciones y organizaciones perdían sus derechos de toda clase, y perdían sus bienes, que pasaban íntegramente a ser propiedad del Estado. La ley exigía también responsabilidades políticas, y las correspondientes penas patrimoniales, a las personas individuales que estuvieran incursas en cualquiera de los apartados de una larga lista de comportamientos que se penalizaban.[49]

La Ley de Responsabilidades Políticas fue una ley de excepción que definió el delito político hasta límites desconocidos en el ordenamiento jurídico anterior[50] y creó para su represión una jurisdicción especial, también inédita. Especialmente constituyó una singularidad el carácter retroactivo de esa ley, que para muchos fue incluso póstumo, ya que en caso de muerte del inculpado, la responsabilidad recaía sobre sus herederos y familiares. Una retroactividad que ha sido constantemente condenada por la literatura que se ha ido produciendo en torno a esta ley. Entre otros, Álvaro Dueñas (2006:98 y ss.) ha destacado lo excepcional de este carácter retroactivo, que creó un instrumento legal que consideraba delictivos hechos que, en el momento de producirse, estaban permitidos. De esta manera, se criminalizó el anterior sistema político y, al exigirse responsabilidades desde el año 1934, numerosas personas que habían desempeñado cargos políticos o sindicales, perfectamente legales, se vieron acusados como delincuentes por tribunales militares o civiles, con escasas, por no decir ninguna, garantías legales. Como consecuencia, la ley agravó el cisma social entre vencedores y vencidos, y creó un clima de desconfianza.[51]

Es de interés conocer que el proyecto de Ley de Responsabilidades Políticas se había remitido, antes de su publicación, a algunos ministerios para que emitieran su opinión. Al Ministerio de Educación le pareció que el proyecto planteaba graves cuestiones de conjunto, que afectaban a la misma razón de ser de la ley. Pero su principal objeción era la oportunidad de su publicación. Veía el peligro de que ante la gran cantidad de procesos abiertos se facilitaran los indultos y amnistías, y que los principales responsables pudieran escapar de la sanción. También manifestaba que las leyes de responsabilidades políticas se habían convertido siempre en un instrumento peligroso del poder político.

Y acertó, al menos cuando manifestaba su temor por el elevado número de procesos que se iban a generar. Porque la avalancha de expedientes incoados colapsó los tribunales de responsabilidades políticas.[52] Un resumen de ámbito nacional, fechado el 30 de octubre de 1941, decía que los expedientes iniciados hasta la fecha habían sido de 125.250, de los que sólo se había dictado sentencia en 38.055, es decir, un poco más del 30% del total (Sanllorente, 2005:21).

Sanciones impuestas

Las sanciones que se podían imponer con arreglo a la Ley de Responsabilidades Políticas eran de carácter restrictivo de la actividad, limitativas de la libertad de residencia o económicas. Las restrictivas de la actividad podían ser de inhabilitación absoluta o de inhabilitación especial. Las limitativas de la libertad de residencia integraban el destierro a un país extranjero, a las posesiones españolas en África, el confinamiento o el extrañamiento. Por lo que respecta a las sanciones económicas, éstas podían consistir en la pérdida total de los bienes, el pago de una cantidad fija, o la pérdida de bienes determinados. En casos excepcionales los tribunales podrían proponer al Gobierno la pérdida de la nacionalidad española.[53]

Todo tipo de condena llevaba aparejada necesariamente una sanción económica. Y ésta se fijaba teniendo en cuenta no sólo la gravedad de los hechos apreciados, sino, principalmente, la posición económica y social del responsable, así como las cargas familiares que legalmente estuviera obligado a sostener.[54]

Las sanciones económicas se hacían efectivas aun en el caso de que el responsable falleciera antes de iniciarse el procedimiento, o durante su tramitación, con cargo a su caudal hereditario, y eran transmisibles a los herederos que no hubieran repudiado la herencia o no la hubieran aceptado a beneficio de inventario. No obstante, si alguno de los herederos hubiera prestado eminentes servicios al «movimiento nacional», o demostrado su anterior y pública adhesión a los postulados del mismo, podría solicitar excepción en cuanto a la parte de la sanción que le correspondiera. Por otra parte, y en orden a la subsistencia del inculpado y de su familia, los jueces instructores deberían autorizar la disposición de los frutos de sus bienes, e incluso de cantidades en metálico, aunque sólo por la cuantía estrictamente suficiente para cubrir ese objetivo.

La ley determinaba también el proceso de la venta de los bienes incautados. Las alhajas y metales preciosos se sacarían a pública subasta. Los valores mobiliarios serían vendidos de una vez o escalonadamente, según las posibilidades de la demanda. Las obras de arte o de valor histórico que no tuvieran la condición de inmuebles se venderían también en subasta pública. Y los inmuebles se venderían en una subasta específica regulada con detalle en la Ley de Responsabilidades Políticas.

Cuando se trataba de establecimientos industriales y mercantiles, debían valorarse, por separado, el precio de traspaso y el precio del edificio, enseres, maquinarias, existencias, créditos y demás efectos. Y todo ello se vendería en subasta también regulada. Cuando la sanción económica se cubriera con la realización parcial de los bienes embargados, se levantarían las trabas existentes sobre los restantes.

Como ejemplo de un caso local, en Mallorca la Ley de Responsabilidades Políticas se publicó en el Boletín Oficial el 13 de febrero de 1939. El anuncio del inicio del expediente incluía una lista de personas a las que, por aparecer indicio de responsabilidad política, ya se les había incoado expediente. En ese mismo anuncio, se llamaba a prestar declaración a cuantas personas tuvieran conocimiento de la conducta política o social de los inculpados, solicitándoles también información sobre los bienes que conocieran a nombre de aquéllos. El proceso se iniciaba, en consecuencia, con un claro objetivo económico, aunque el primer expediente abierto fue a un chofer de profesión, que fue sentenciado a 1.000 pesetas que no pudo pagar. En cuanto a las sanciones aplicadas, sólo hubo cinco sentencias mayores de 50.000 pesetas y 27 mayores de 10.000.[55]

En la provincia de Madrid fueron sancionadas económicamente 615 personas: 16 de ellas fueron condenadas a la pérdida total de sus bienes; 38 a un millón de pesetas o más; 44 a cantidades entre 100.000 y menos de un millón; 103 a menos de 100.000, y 410 a menos de 10.000 pesetas.[56] Sobre el volumen total de esta sanciones, Álvaro Dueñas (2006:236) llegó a determinar que pudieron ascender a unos 690 millones de pesetas, a los que habría que sumar el valor de los bienes muebles e inmuebles de los 16 condenados a la pérdida total de sus bienes. Sin embargo, aclaraba, una cosa era que los tribunales hubieran impuesto esas sanciones y otra muy distinta que las sentencias llegaran a ejecutarse. Porque la realidad es que, con carácter general, llegaron a fijarse penas económicas desmesuradas, sabiendo que su cumplimiento resultaría de todo punto imposible. Y sostiene que los tribunales, antes de dictar su resolución, conocían muy bien la situación patrimonial de los incautados, porque en la pieza de instrucción se incluía la información al respecto. Sin embargo, la realidad fue que, con carácter general, la cuantía de las penas impuestas no guardaba relación con la estimación judicial de los bienes.

Esto fue especialmente cierto en el caso de los máximos responsables políticos, que fueron sancionados con cantidades desmesuradas en relación con su realidad patrimonial. Así, fueron condenados a 100 millones de multa Álvaro Albornoz, Manuel Azaña[57] y Juan Negrín.[58] No fueron ejecutadas las penas de los dos primeros, mientras que al último se le ejecutaron 193 pesetas en metálico, algunos muebles y los derechos sucesorios sobre una finca de su padre. En 1995 se le devolvieron 287 millones de pesetas.

Tiene interés profundizar un poco más sobre el expediente de Negrín. Y ello puede hacerse a partir del que, a su nombre, existe en el Ministerio de Hacienda, que informa con mucho detalle sobre el complejo mundo del proceso de las incautaciones.[59] En ese expediente, abierto tan tarde como febrero de 1945, se da cuenta al presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas del auto adjudicando al Estado los bienes del «responsable político», Juan Negrín López. En mayo de ese mismo año, el director general de Propiedades solicitaba a ese Tribunal que le comunicara la cuantía total de los bienes dejados a su fallecimiento por Juan Negrín Cabrera. Y ocho años más tarde, en el mes de julio de 1953, la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas se dirigía a la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial solicitando el importe del haber hereditario correspondiente al sancionado Juan Negrín López. Tres años después, en 1956, la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas insistía otra vez en conocer la cuantía de ese haber hereditario. Se le contestó que, en su momento, se había procedido a la venta de una finca urbana adquirida por el Banco de Bilbao, venta que había sido impugnada en nombre del Estado y que, por otra parte, existía una finca rústica de la que todavía se desconocía la verdadera extensión y linderos. Siete años más tarde, en 1963, la comisión todavía no disponía de la tasación de esos bienes.

En marzo de 1964 el delegado de Hacienda de Las Palmas comunicaba al director general del Patrimonio del Estado que no existía acuerdo entre los peritos sobre la naturaleza rústica o urbana de la finca objeto de tasación. Y en octubre de 1966, 21 años después de la apertura del expediente, la Dirección General de Patrimonio del Estado insistía en que se le diera a conocer la situación en que se encontraba.

En enero de 1981, el heredero de Juan Negrín presentó reclamación solicitando una indemnización de 100 millones de pesetas por esos bienes. Cincuenta años después de haberse abierto el expediente, en 1995, éste tomó vida de nuevo. Y en él consta que se había llegado a un «acuerdo transaccional» entre el Estado y Juan Negrín Jr., por el que debería abonarse al demandante la cantidad de 287 millones de pesetas[60] como compensación total por los daños y perjuicios que se hubieran «podido producir como consecuencia de la incautación y administración judicial de los bienes integrantes de la herencia de don Juan Negrín Cabrera durante el tiempo en que estuvieron en esta situación por la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas».[61]

Resultados recaudatorios de la legislación de incautación de bienes

Todavía se conoce muy poco del resultado final de las incautaciones. Y no se sabrá más hasta que se realicen investigaciones detalladas sobre la actividad de todas las comisiones provinciales, algo que apenas se ha iniciado,[62] y que no está resultando nada fácil por el estado de la documentación y por la pluralidad de aspectos por estudiar.

Sí se conoce con precisión una de las operaciones diseñadas contra los llamados «responsables» de la guerra. La ley del 7 de diciembre de 1939 desbloqueó las cuentas corrientes y depósitos bancarios bloqueados durante la contienda, pero decretando que aquellos importes de las cuentas de titularidad del «enemigo», una vez actualizados, serían expropiados y transferidos a una cuenta titulada «Desbloqueo de improtegibles,[63] exclusivamente disponible por la Comisaría General del Desbloqueo. Es decir, estas cuentas quedaban confiscadas. De esta manera, y según el resumen provisional sobre la evolución de la Hacienda desde el 18 de julio de 1936 hasta agosto de 1940, unos 3.000 millones de pesetas de la época fueron imputados a esos titulares «improtegibles». También se conoce que, cuando se disolvieron las comisiones provinciales de incautación, se traspasaron a la cuenta especial de responsabilidades políticas 47,8 millones de pesetas procedentes de créditos bloqueados.

El producto de las incautaciones, y lo recaudado por el pago de sanciones, se destinaba, al menos teóricamente, al Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional. Las únicas excepciones eran el patrimonio confiscado a los sindicatos disueltos, que se adjudicaba a la Organización Sindical, y el patrimonio de las cooperativas de viviendas que habían pertenecido a las organizaciones ilegales suspendidas, y las casas propiedad de los declarados responsables, que se asignaban al Instituto Nacional de la Vivienda (Álvaro Dueñas, 2006:153-154).

Aunque hay que recordar que cuando el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional solicitó en septiembre de 1939 los fondos que deberían corresponderle de las incautaciones del pago de las sanciones, no recibió contestación alguna. Y que cuando en julio reiteró su petición, haciendo constar que hasta el momento no había recibido remesa alguna de lo que le correspondía al Instituto, y que además tenía información de que le correspondían más de setenta millones de pesetas, por toda contestación recibió 18 millones de pesetas.

Por su parte, el delegado nacional de Sindicatos y el presidente del Tribunal Nacional firmaron el 30 de julio de 1940 el acta de entrega de 115 fincas rústicas y urbanas, a las que posteriormente se añadirían otras 264. En total 379 fincas e inmuebles en toda España, pero que, en muchos casos, estaban ya ocupadas e incluso inscritas por organismos de Falange, de sindicatos o del Estado (Álvaro Dueñas, 2006:155-156).

En esta situación, y ante la imposibilidad de dotar de más agilidad al sistema, se impuso una nueva reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas, que fue aprobada en febrero de 1942.

La nueva «Ley de Responsabilidades» de febrero de 1942

El 19 de febrero de 1942 (BOE, 7 de marzo) se publicó una nueva Ley de Responsabilidades.[64] En su exposición de motivos se explicaba que, «restaurados en su plena normalidad los Órganos ordinarios de la Justicia y de la Administración Pública», se hacía necesaria una reforma de las normas que tuviera en cuenta las «enseñanzas de la experiencia» y acelerara en cuanto fuera posible «la liquidación de unas responsabilidades que por su propia naturaleza evocan diferencias lamentables cuyo recuerdo agravia el supremo sentido de unidad que preside el espíritu del nuevo Régimen». De lo que se trataba, pues, era de reducir los supuestos acusatorios de la ley, atribuir a la jurisdicción ordinaria el enjuiciamiento de esas responsabilidades, y darles una mayor flexibilidad.

A partir de esta norma quedaban exceptuados de responsabilidad aquellos casos, todavía no juzgados, a efectos de responsabilidad política, en los que los tribunales militares hubieran impuesto penas inferiores a seis años y un día.[65] Quedaban también excluidos de responsabilidad los meros afiliados a las organizaciones políticas, salvo aquellos que, «por su destacada significación y actividades proselitistas», merecieran sanción. Y quedaban igualmente descartados aquellos cuyo delito fuera el haber votado o asistido a reuniones o manifestaciones de los partidos, y los simpatizantes que no se hubieran distinguido «pública y eficazmente en la propaganda de sus principios». La atenuante establecida hasta ese momento de ser menor de 18 años se convertía en eximente para los efectos de responsabilidad política. Y las competencias de los tribunales regionales de responsabilidades políticas se transferían a las audiencias provinciales. En lo sucesivo no se iniciaría ningún expediente de responsabilidad política, salvo que fuera por consecuencia de condena en otra jurisdicción.

Desde el punto de vista económico, se introducían también cambios sustanciales. Cuando de la valoración de bienes practicada, o de los informes existentes sobre la situación económica y social del presunto responsable, apareciera que éste era insolvente, o que simplemente atendía a sus necesidades y a las de sus familiares a su cargo, y siempre que sus ingresos no rebasaran el «doble jornal de un bracero», se sobreseería el expediente.[66]

Tres años después, el 13 de abril de 1945, un nuevo decreto del Ministerio de Justicia derogaba la jurisdicción de responsabilidades políticas y establecía la constitución de una Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas que se ocuparía de cerrar todos los casos pendientes. Esta comisión desapareció con la publicación del Decreto de Indulto General del 10 de noviembre de 1966.[67]

Sin embargo, todavía no se había cerrado totalmente ese proceso. El pleno del Congreso de Diputados, en sesión de 26 de noviembre de 1998, aprobó la Ley 43/1998 de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de los bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.[68] Desde entonces se han dictado diversas normas que reconocen derechos a favor de quienes padecieron persecución durante o después de la guerra civil.

Ley Reparadora de Injusticias Contractuales cometidas durante la guerra civil en cuanto a la contratación republicana

En noviembre de 1940, año y medio después de que finalizara la guerra, y cuando ya otras disposiciones relativas a las moratorias, al funcionamiento de las bolsas, a las compañías de seguros, y fundamentalmente al desbloqueo, estaban tratando de regularizar las anormalidades, que en el funcionamiento diario de la economía, había introducido la legislación, así como las anormalidades contractuales nacidas en ese período, se publicó una nueva disposición «reparadora de injusticias» cometidas en la zona republicana durante la guerra civil en cuanto al régimen de contratación.[69]

Su preámbulo partía del supuesto de que la contratación en la zona republicana durante la guerra civil había suscitado problemas que requerían una solución extraordinaria. Especialmente se refería a la conveniencia de revisar alguna de «las obligaciones válidamente pactadas que, por circunstancias y acontecimientos imprevistos en el instante del otorgamiento», resultaran desproporcionadas y comprometiesen «gravemente la normalización urgente de la economía nacional». Para ello, su primer artículo establecía que serían anulables aquellos contratos celebrados en territorio bajo control del Gobierno republicano con posterioridad al 18 de julio de 1936, «al amparo de disposiciones emanadas de su ilegítimo poder y contrarias al régimen jurídico subsistente en dicha fecha». Serían anulables también aquellos contratos en los que se demostrase «la violencia o la intimidación de que fue víctima uno de los otorgantes, la coacción que se ejerciera sobre su persona o la de sus familiares, el dolo concurrente en el otro contratante, u otras circunstancias suficientes a anular… la libertad del consentimiento». Las declaraciones de nulidad se harían por los tribunales, y supondrían, para la parte que hubiera dado lugar a ella, la obligación de devolver «la cosa con sus frutos y el dinero con sus intereses».[70] No estaban incluidos en esa ley los contratos de compraventa de mercancías en almacenes o tiendas.

La ley se refería también a los plazos estipulados en los contratos anteriores al 18 de julio de 1936,

… siempre que alguna de sus obligaciones hubieran debido cumplirse en zona que estuvo sometida a la dominación marxista, o que alguna de las partes afectas al Glorioso Movimiento nacional se hubiera encontrado en dicha zona, se considerarán suspendidos desde el dieciocho de julio de 1936 hasta dos meses después del día en que se haya liberado el lugar del cumplimiento de la obligación de que se trate o del día en que hubiese empezado a residir en zona nacional el contratante que estuvo en zona roja.

En todo caso, la suspensión de plazos no libraba al deudor de cantidad en metálico del pago de los intereses pactados, pero éstos tendrían una condonación del 50% en los siguientes casos:

Si la deuda se contrajo por mera obligación personal, sin garantía, y el deudor probara que, por causa de la guerra, perdió una parte importante de sus ingresos.

En los casos de préstamo con garantía pignoraticia, en los que la prenda hubiera desaparecido o no hubiera rendido a su dueño utilidades superiores al 50% de las normales.

En los préstamos o cualquier otra clase de deudas con garantía hipotecaria, siempre que el titular del inmueble gravado no hubiera «estado en su pacífico disfrute».

Cuando se tratara de hipotecas sobre fincas dañadas por la guerra, los intereses no condonados podrían ser abonados en anualidades iguales durante un plazo de diez años. Disfrutarían de los beneficios de la condonación «los herederos del deudor que hubiese muerto en campaña o de resultas de heridas en el frente o de enfermedad contraída en el mismo, o asesinado por los marxistas». En ningún caso, «ni bajo supuesto alguno, podrían reconocerse intereses de intereses, aunque hubieran sido pactados».

Se entendía que el titular del inmueble hipotecado no había disfrutado pacíficamente del mismo:

a) hasta «la fecha de la liberación y dos meses más si la finca radicase en zona que estuvo sometida a la dominación marxista»;

b) hasta «que el inmueble haya vuelto a estar en la libre disposición de su titular, si hallándose aquél sito en zona liberada se hubiere visto éste privado de la posesión de la finca o parte considerable de sus frutos o rentas por necesidades bélicas o del Estado o por disposición de la Autoridad».

La ley trataba también sobre los intereses en los préstamos garantizados con hipotecas sobre inmuebles en construcción, y en los préstamos hipotecarios en que se hubiera convenido el pago de una suma periódica por el doble concepto de intereses y de amortizaciones.

Adicionalmente, y según la ley, sería impugnable

… la validez de los testamentos y donaciones «mortis causa» otorgados en zona marxista, cuando sus causantes hubieran fallecido antes de transcurrir dos meses desde la fecha de la liberación y se probase que, por las circunstancias excepcionales en que personalmente se encontraron los otorgantes, carecían de la libertad de disposición necesaria a su otorgamiento…

Por otra parte,

… las disposiciones testamentarias en que se hubiese designado algún heredero muerto en el frente, fusilado o asesinado con anterioridad a la muerte del testador en zona roja, y por su adhesión a la Causa del Movimiento Nacional, recobrarán su eficacia en favor de los hijos o nietos, herederos legítimos del premuerto, considerados a este efecto como representantes del mismo, siempre que el causante no hubiere otorgado nuevo testamento válido en favor de tercera persona.

LA CAUSA GENERAL

La Causa General, ordenada por decreto del 26 de abril de 1940, fue abierta «con la honrosa y delicada misión de fijar, mediante un proceso informativo fiel y veraz —para conocimiento de los Poderes públicos y en interés de la Historia—, el sentido, alcance y manifestaciones más destacadas de la actividad criminal de las fuerzas subversivas que en 1936 atentaron abiertamente contra la existencia y los valores esenciales de la Patria».[71] Tenía una misión principalmente informativa y ejerció sus funciones investigadoras en la parte del territorio español que estuvo sometido al dominio de la República.[72]

La Causa General implicaba la acumulación de toda clase de información susceptible de ser utilizada en la represión, que entonces se iniciaba sistemáticamente y que afectaba a los vencidos en la contienda que tuvieran responsabilidades en ella. Sirvió también a efectos propagandísticos a nivel interno y externo. Para la elaboración de este inventario se inició un sumario en cada provincia bajo la dirección de los fiscales provinciales. El conjunto de estos sumarios integró la «Causa General»,[73] que se publicó por primera vez en 1943 bajo el título Causa General. La Dominación Roja en España. Avance de la información instruida por el Ministerio Público.[74] Ha sido calificada por muchos historiadores de parcial y falta de objetividad, pero, sin duda, ha servido de punto de partida y de base a numerosas investigaciones posteriores.

La Causa General se refería, fundamentalmente a las responsabilidades políticas, aunque en su capítulo «El Gobierno marxista y el patrimonio nacional» trataba de la «desaparición» de activos monetizables.[75] En relación con el expolio de las existencias metálicas del Banco de España, la Causa General relataba que, a los pocos días de iniciarse la sublevación, bajo pretexto de la intervención en los cambios, el Gobierno republicano consiguió que el Banco de España hiciera una serie de remesas en libras esterlinas al Banco de Francia, transferencias que desde el mes de julio de 1936 al mes de enero de 1937 ascendieron a casi 22 millones de libras esterlinas. Y que en septiembre de 1936 un decreto reservado obligó al Banco de España a entregar al Gobierno todo el oro que poseía.

La Causa General se refería también al despojo del dinero, valores, divisas y alhajas de propiedad privada que se custodiaban en los bancos, a lo que el Gobierno republicano «procedió de modo sistemático». En oro amonedado o en pasta, la banca tuvo que entregar 5,0 millones de pesetas y en valores extranjeros 32,2. Se explicaba con detalle el momento en que el Gobierno republicano decidió trasladarse, en noviembre de 1936, a Valencia, «dejando todo dispuesto en su fuga». Y así, en la noche del 6 de noviembre, se presentó en el Banco de España «con el entonces Director General del Tesoro, Francisco Méndez Aspe, un individuo titulado capitán de Carabineros apellidado Masegosa, que era persona de la confianza de Negrín y agregado, como Ayudante del mismo, a la Secretaría del Ministerio de Hacienda». Relata que, avisado el jefe de las cajas de seguridad, alquiler y depósitos del banco, le fue comunicado que el ministro de Hacienda había ordenado la apertura de las cajas, lo que debía llevarse a cabo con toda urgencia para tener terminada la tarea antes de las 10 de la mañana del día siguiente. Y que, sin atender los reparos opuestos por el empleado, que alegó no tener las llaves, «los asaltantes —que a prevención, y para actuar con toda rapidez, habían llevado consigo un equipo de metalúrgicos y cerrajeros, compuesto de 50 o 60 operarios— violentaron las 3.959 cajas… Violentaron, además, los depósitos de alhajas que eran 2.236, por un valor declarado de 15.832.472,10 pesetas». Aunque la Causa General añadía que el Banco de España estimaba que «el valor era diez veces mayor que el declarado, puesto que los depositantes solían declarar un importe mínimo de 2.500 pesetas, a fin de pagar la tasa mínima de derechos de custodia». No era posible por ello determinar el exacto valor de lo sustraído.

Entrando en mayor detalle sobre los activos confiscados, la Causa General señalaba:

Entre otras muchas cosas de inestimable valor, los asaltantes se apoderaron de dos depósitos de «radium», de la Facultad de Medicina, valorados en 400.000 pesetas; dos depósitos de lingotes de oro, de la Sociedad de Metales Preciosos, de un valor de 713.356,32 pesetas; el tesoro de la Catedral de Toledo; el de El Escorial; las joyas de Su Alteza la Infanta doña Eulalia de Borbón, heredadas de la Reina doña Isabel II, consistentes en collares de perlas y brillantes, aderezos, pulseras, y otras alhajas, mantillas, encajes y una colección de abanicos, todo de un valor incalculable.

Igual suerte corrieron las cajas de alquiler y depósitos de la banca privada. La Causa General explicaba que, en abril de 1938, policías y soldados armados se presentaron en los distintos establecimientos de la banca privada de Madrid, exhibiendo una orden del ministro de Hacienda, Francisco Méndez Aspe, para proceder a la incautación del contenido de todas las cajas y depósitos existentes en aquellos establecimientos. La orden, fechada el 23 de marzo de 1938, establecía:

Con el fin de salvaguardar los intereses de los titulares de cajas y depósitos de toda la Banca acreditada en territorio leal al Gobierno de la República, procede que unos y otros pasen inmediatamente al Estado para que el Ministerio de Economía adopte las precauciones indispensables que garanticen en todo momento la integridad del contenido de dichas cajas y depósitos, disponiendo que en el plazo de cuarenta y ocho horas se proceda a entregar al Ministerio de Hacienda y Economía, a través de los Delegados especiales que se designarán, las cajas y depósitos de la pertenencia de ciudadanos españoles.

Así «fueron abiertas y violentadas» en la banca privada 4.887 cajas de alquiler, 1.314 depósitos y 30 paquetes, «llevándose enorme cantidad de alhajas, perlas y piedras preciosas de imposible valoración, ni siquiera en términos aproximados». Y se añadía:

Solamente del Monte de Piedad, de Madrid, se llevaron 21 depósitos abiertos, que contenían alfileres, pendientes, sortijas, pulseras, cadenas, relojes, etc.; además de estos depósitos se apoderaron de la mayoría de las alhajas, propiedad de empeñantes, que se custodiaban en la Central y sucursales de Madrid y que fueron transportadas a Valencia y Barcelona.

Estas alhajas afectaban a 30.320 operaciones de préstamo con garantía pignoraticia, y estaban evaluadas en 11,6 millones de pesetas, aunque la dirección del Monte de Piedad entendía que esta valoración representaba meramente el préstamo, pero que el valor efectivo era muy superior, pudiendo cifrarse en 60 millones de pesetas. Añadía la Causa General que debía tenerse en cuenta «para apreciar el sentido moral y social de este despojo, que los dueños de las prendas sustraídas eran gentes muy modestas que, a fin de remediar perentorias necesidades, acudían al Monte de Piedad, recibiendo de esta Entidad benéfica dinero a préstamo garantizado por los objetos empeñados».

También relataba la Causa General las incautaciones extraoficiales:

A los desmanes oficiales se suman las requisas y saqueos domiciliarios, llevados a cabo en las viviendas de familias detenidas, perseguidas o ausentes por las milicias, checas y Policía roja… cuyos incalculables rendimientos en dinero y objetos de valor aprovechan unas veces a los propios saqueadores o a los Partidos que de aquéllos dependen.

Y que se retiraron de las cuentas corrientes particulares grandes cantidades de dinero, sin firma del titular, por un total que ascendió a 70,3 millones de pesetas en la banca privada, y a 6,9 millones en el Banco de España.

Tratando de llegar a una valoración más o menos aproximada de las cantidades expropiadas en Madrid, se decía en el texto de la Causa General que, por ser notablemente elevada la cantidad de joyas, metales preciosos y otros efectos sustraídos en los bancos a la clientela privada, resultaba imposible su valoración, pero que se trataba de «casi toda la riqueza» de esta naturaleza que se encontraba en esa zona.

Y se atrevía a hacer una valoración de las cantidades confiscadas por procedimientos irregulares, señalando que el importe del oro arrebatado al Banco de España suponía casi 5.200 millones de pesetas, a los que habría que añadir la plata arrebatada por valor de 344 millones de pesetas, y las extraídas a particulares y bancos por el resto de los procedimientos, que arrojaría un total superior a 485 millones de pesetas.

La Causa General no olvidaba el patrimonio económico expoliado en provincias. Y con datos incompletos muy inferiores a los reales «por la imposibilidad de hacer una evaluación debida de lo robado», valoraba el oro sustraído en provincias en 27,3 millones de pesetas, las joyas y otros metales preciosos en 74,9 millones, y las divisas en 327,2 millones. Y establecía que el número de cajas abiertas y saqueadas había sido de 14.393 y unos 297 depósitos con títulos, acciones y dinero.

XVIII
Monetización de los activos expoliados. La comisión «secreta» de París

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONES DE LA «COMISIÓN ESPECIAL»

Entre las fórmulas de financiación que se utilizaron durante la guerra, tuvo una excepcional importancia la incautación y posterior venta del oro, plata y otros metales y piedras preciosas que se encontraban en poder de instituciones y particulares.[1]

Ya se ha visto cómo el sistema de incautaciones, el resultado de las actuaciones del Tribunales Popular de Responsabilidades Civiles y de otros expolios y, de forma muy especial, el descerrajamiento de las cajas fuertes, pusieron en manos de la República grandes cantidades de joyas, piedras preciosas, metales, valores y otros efectos que, al final, aportaron una ayuda inestimable a la financiación de la guerra.[2] Sobre cómo se monetizaron esos activos poco se sabía. Pero el hallazgo de la orden reservada de mayo de 1938,[3] sobre la creación de una «Comisión Especial» para la venta de metales y piedras preciosas, no publicada en la Gaceta de la República, precisamente por ese carácter, y en particular de las actas de las operaciones realizadas, documenta que esos activos fueron utilizados formalmente, y con una cierta disciplina administrativa para, previa monetización, poner los recursos generados a disposición del Ministerio de Hacienda y Economía. Distintos historiadores han intentado investigar sobre la actividad de esa comisión y sobre el desarrollo de sus actividades, tratando de determinar los límites en que esta fuente de financiación pudo aportar recursos al Tesoro republicano. Pero ahora se dispone de mayor información para hacerlo.

La historia es muy lineal. Ante la urgencia de proceder a la monetización de los activos que estaban pasando a manos de la República, el Gobierno constituyó, en mayo de 1938, en París, una llamada «Comisión Especial», para la venta de los metales y piedras preciosas de que se disponía. La presidía el embajador de España en aquella ciudad, Marcelino Pascua. Y estaba integrada por Gonzalo Zabala, subgobernador tercero del Banco de España, como vicepresidente, por Joaquín Lozano Rabadán, agregado financiero de la embajada en París, como interventor, y por Pedro Pra López, íntimo colaborador de Negrín y delegado especial del Ministerio de Hacienda y Economía en París, como tesorero.

A la comisión se le encomendaban las operaciones de «recepción, custodia, transformación y venta de metales y piedras preciosas, joyas, valores u otros efectos» procedentes de las incautaciones y expropiaciones. Su tarea era monetizar los activos que se iban remitiendo a la embajada, o a otros lugares de custodia dependientes de ella, siguiendo las normas que establecía el ministro de Hacienda y Economía, del que la comisión dependía directamente. En el mandato se le encarecía que actuara con la mayor «rapidez y eficacia, cuidando en todo caso de mantener el carácter reservado de la misión» que se le confiaba. Sus acuerdos serían ejecutivos si reunían tres votos de los cuatro posibles, y si no fuera así, deberían someter la decisión al mismo ministro de Hacienda y Economía.

La orden reservada daba las primeras instrucciones operativas. Para metales de ley conocida, debería procederse a su enajenación inmediata, eligiendo la oferta más ventajosa para el Estado español. En cuanto a metales de otras condiciones, debería ordenarse previamente la fusión y el afinamiento necesarios, adoptando las garantías convenientes, y procurando utilizar técnicos de confianza. Por lo que respecta a las alhajas, éstas deberían desmontarse, a excepción de los ejemplares de valor artístico e histórico, y el contenido en metal refinarse para su venta. En cuanto a las piedras preciosas, se procedería a la tasación inmediata, para enajenarlas en unidades o en lotes.

Desde el punto de vista administrativo se establecía una contabilidad con carácter de reservada, y se ordenaba remitir, semanalmente, al ministro, relación de las operaciones efectuadas y de su importe, y del detalle de los gastos originados. La comisión debería levantar acta circunstanciada de «las operaciones principales que lleve a efecto (recepción, tasación, ventas, inventarios, etc.) así como los acuerdos importantes que adopte». En los casos en que la comisión lo creyera necesario para el mejor éxito de la operación, se le autorizaba a utilizar personas interpuestas, siempre que fueran de su confianza o de la confianza del Gobierno.

El producto de las ventas debería ser ingresado en una cuenta especial abierta a nombre del embajador, de la cual no podría retirarse cantidad alguna sin orden expresa del ministro de Hacienda y Economía.[4] Los gastos que se originaran con motivo de las actuaciones de la comisión deberían imputarse a esa cuenta especial. El 19 de febrero de 1939, Méndez Aspe, ante la inminencia de un reconocimiento diplomático por Francia del Gobierno de Burgos, que podía poner en peligro la propiedad de aquellos bienes para la República caso de seguir figurando a nombre del embajador, pidió a Marcelino Pascua que todos los saldos existentes en las cuentas de la comisión fueran transferidos, como así se hizo, a nombre de Pedro Pra.[5]

El autor no ha podido disponer ni de la contabilidad que la comisión llevaba, ni de los partes semanales que debían remitirse al ministro con las operaciones efectuadas y su importe, tal como la orden reservada exigía. Pero sí ha tenido la suerte de encontrar las actas de las operaciones principales, que también exigía la orden reservada. Las actas analizadas abarcan el período del 20 de mayo al 16 de noviembre de 1938. Son 39 y forman parte del archivo personal del entonces embajador Pascua.[6]

Miralles Palencia (2003:176 y ss.) explica el origen de la «Comisión de París» cuando señala que, en mayo de 1938, se trasladaron a esa capital, consignados al embajador, todos los activos acumulados en los dos años anteriores, fundamentalmente como consecuencia de los depósitos acumulados en la Caja General de Reparaciones.[7] Explica que la «Comisión Especial» se hizo cargo, como primera partida, de 1.214 cajas de oro, plata, alhajas, valores y objetos de arte procedentes de Santander y del País Vasco, de 17 cajas de Asturias, y de otros 7.577 objetos de oro, plata y joyas. También informa que la continua llegada de remesas a la embajada hizo que ésta tuviera que distribuirlas por algunos consulados y sobre todo por locales de alquiler.[8] El contenido de las últimas partidas fue lo que al final, y ya prácticamente terminada la guerra, se embarcó en el Vita rumbo a México.[9]

EL PROCESO DE MONETIZACIÓN. LAS ACTAS DE LA COMISIÓN

Constituida la comisión, todo lo que llegaba a París procedente del castillo de Figueras y de las delegaciones de la Caja General de Reparaciones, se iba depositando en los sótanos de la embajada, aunque, dada la afluencia de activos de toda clase y condición, hubo que distribuirlos, como se ha visto, por otros locales de alquiler. De estos depósitos salían los activos que iban siendo vendidos por la «Comisión Especial». Miralles Palencia (2003:177) ponía de relieve que, por falta de documentación, no era posible conocer el total de las ventas de esos activos, aunque sí se conocía que, entre julio y agosto de 1938, se produjeron ventas de oro por un total de 720 kilos, y que hasta el 17 de noviembre de 1938 se ingresaron en la cuenta de la comisión 1.795.000 libras esterlinas, obtenidas de la venta de plata, oro y alhajas.

Pero hoy ya se dispone, como se ha visto, de las actas que referencian la actuación de la comisión, y se puede conocer mucho más.[10] La primera sesión se celebró el día 20 de mayo de 1938, cuatro días después de la orden reservada, y se hizo en la embajada española en París, con asistencia de los cuatro miembros que la integraban. En esa sesión el embajador entregó a cada uno de los miembros, con carácter reservado, su nombramiento, quedando constituida la comisión que, de inmediato, inició sus trabajos.

El presidente de la comisión dio cuenta de los activos recibidos hasta el momento. Y Gonzalo Zabala y Joaquín Lozano informaron de que unos días antes se habían reunido en Barcelona con el ministro de Hacienda y Economía, quien les había dado las primeras instrucciones verbales. Habían debatido los problemas que se iban a plantear en el desarrollo de la operación de monetización y, entre otras cosas, se les había encomendado la inmediata venta de la plata procedente de la evacuación del norte, que ya estaba depositada en la embajada, así como la enajenación, también urgente, de los billetes «facciosos» que el Gobierno había remitido a la embajada.

En cuanto a la plata, se examinaron propuestas de adquisición para «las cantidades de cien y de mil toneladas». Según opinión unánime de los asistentes, la oferta más ventajosa era la formulada por la Compagnie des Métaux Précieux «debiendo empezarse por un contrato de cien toneladas, procurando mejorar las condiciones de la propuesta». Transmitieron también a la comisión una instrucción verbal del ministro, de que el oro en monedas españolas podría venderse a través «del señor Lugagne», con la condición de que el pago debería ser «estrictamente al contado». Con respecto a las monedas extranjeras, la comisión debería estudiar si algunas de ellas tenían valor numismático para hacer la venta por separado. El ministro anunciaba también que desde España se iban a enviar expertos, con los instrumentos necesarios para el desmontaje de las piezas de las joyas, y un tasador, que debería actuar independientemente de un perito de confianza que se pudiera encontrar en Francia.

En el acta de la sesión del 27 de junio de 1938 se hace constar que el embajador Pascua dio cuenta de que el ministro de Hacienda y Economía había expresado personalmente su satisfacción por la labor de la comisión en su primera etapa de monetización del oro y la plata, y de que pedía que, a partir de ese momento, se iniciasen las operaciones de venta de alhajas. Y a estos efectos se informó de que, tal como ya se había anunciado, el ministro había designado tres expertos que se ocuparían de tasar y desmontar el stock de joyas acumulado. Para guardar la confidencialidad de la operación, los tres serían nombrados auxiliares de la Oficina Financiera de la embajada, sin expresión en ningún caso de su especialidad.

Es claro que la comisión trataba de pasar desapercibida y de no dejar ninguna constancia de su existencia. Un ejemplo de ello lo ofrece el acta del 16 de agosto de 1938, donde se informa de que una compañía, a la que recientemente se le habían vendido cien toneladas de plata, había renunciado a la compra por los recelos que se habían suscitado en el Gobierno de Burgos, una vez conocida la operación. Un abogado del Banco de España en Burgos se había puesto en contacto con los comerciantes de Londres, advirtiéndoles de la ilegalidad de las ventas de plata que estaba haciendo la República en París, y de que iba a impugnar esa venta. En esta situación, la reacción de la comisión fue coherente con su necesidad de actuar con discreción, por lo que, como medida de prudencia, anulaba la operación, y ponía la cuestión en manos del Ministerio de Hacienda y Economía.

Tratando de ganar agilidad y eficacia en su operatoria, la comisión fue mejorando el proceso de toma de decisiones, y desde el 20 de junio de 1938, para evitar tener que convocar con tanta frecuencia a la comisión, con el trámite obligado de levantar actas, se acordó que dos miembros de ésta, o un miembro y un apoderado, podían decidir ciertas operaciones, dentro de los precios oficiales, fijando en todo caso como límite mínimo el precio del metal fino para fundir.

Pero lo que se ganó en agilidad, se perdió en transparencia. Porque, a efectos de un análisis posterior de lo que estas operaciones pudieron aportar a la financiación de la República, aquel cambio se convirtió en una pérdida de información, en la medida en que ahora no es posible conocer los acuerdos tomados con ese trámite abreviado, puesto que no fueron reflejados en las actas de la comisión, o en otro tipo de documentos complementarios, como parecería procedente. Y si lo fue, al día de hoy no ha sido posible disponer de ellos. También constituyó una pérdida de control el hecho de que la comisión decidió que, existiendo una porción de objetos varios de pequeño valor relativo, procedentes del desmontaje y selección de las remesas de alhajas del ministerio, lo que sin duda iría creciendo en el futuro, se autorizaba al tesorero y al interventor para disponer su enajenación en la forma más conveniente. Tampoco estas ventas están reflejadas en la colección de actas manejadas, ni en ninguna información disponible. Al margen de ello, tampoco la redacción de las actas conocidas es un modelo de claridad ni de transparencia.

ALGUNOS EJEMPLOS DE VENTAS DE ACTIVOS

En todo caso, y con las limitaciones expuestas, las actas permiten aproximarse al volumen de los recursos obtenidos. Del estudio de las operaciones de las 39 sesiones a las que se refieren las actas, se deduce que las cantidades de oro y plata vendidas fueron importantes. Las transacciones más frecuentes fueron plata y oro en lingotes, y diversas clases de monedas de oro. Entre éstas dominaban los napoleones.

Cómo operaba la comisión, cómo se tomaban formalmente los acuerdos y el contenido de esas decisiones, puede verse en esta pequeña muestra de siete casos tomados de entre las 39 actas.[11]

— Se decide hacer una primera venta de 100 toneladas de plata para que sirva de «exploración y experiencia previa de los contratos de mayor cuantía» (20 de mayo de 1938).

— Se recibe una nueva remesa de plata en monedas y lingotes procedentes de la evacuación del norte de España. Son 10.867 kilos de plata amonedada y 2.897 kilos de lingotes. Total, 13.764 kilos. Iban en 184 cajas, como resto de la evacuación bancaria del norte, y 19 cajas más que, se dice, aún quedan en el puerto. Se acuerda la venta de esta partida a la Compagnie de Métaux Précieux (23 de mayo de 1938). Ocho días más tarde se reciben en la embajada las cajas del puerto con un peso total de 2.300 kilos (31 de mayo de 1938).

— La comisión examina la propuesta de Paul Lugagne para la compra de 5.000 libras en monedas al precio de 33 chelines y 5 peniques. Acuerda su realización (2 de junio de 1938).

— Se cierra una operación de venta de monedas de plata por un total de 100 toneladas previa aprobación telefónica del ministro de Hacienda y Economía (3 de junio de 1938).

— Se ponen a la venta monedas para fundir, fundamentalmente «alfonsos» (82.000), «isabelinas» (18.000), y «onzas» (22.100), entre otras, con un peso total de 1.500 kilogramos. Son de baja ley, y por su desgaste no tienen aceptación como monedas en el mercado. Se obtiene, a través de su fundición, un precio superior a su venta como moneda (2 de julio de 1938).

— Se acuerda vender «piedras preciosas y perlas» de calidad media y baja por el precio total de 4 millones de francos, tras un proceso previo de negociación, porque la primera oferta ascendía a 3.400.000 francos (17 de agosto de 1938).

— Se examina una propuesta de compra de 200 toneladas de plata en monedas y se acuerda aceptarla a los cambios de Londres (16 de noviembre de 1938).

Son todos ellos ejemplos tomados de las actas que aparecieron en el archivo personal del que en aquellos momentos era embajador de España en la República francesa y presidente de la «Comisión Secreta» de París, Marcelino Pascua. Hay que destacar que la última, la número 39, con fecha 16 de noviembre de 1938, interrumpe bruscamente la serie de actas, aunque el orden del día no contenía más que un punto, la venta de 200 toneladas de plata en monedas. No había en ella, ni en las anteriores, indicación alguna que permita deducir que la comisión clausuraba sus actividades con esa sesión. Es muy posible, por cualquier razón, que dejaran de redactarse las actas. Y también lo es el supuesto de que se hubieran redactado, pero que éstas no llegaran a ser recogidas por el presidente Marcelino Pascua en su archivo personal. En todo caso, cualquiera de esas razones, u otras, introducen en la posible aproximación de lo que pudo ser el total de lo recaudado por la República, con esta fórmula, una importante falta de fiabilidad.

Por lo que respecta al desarrollo de las sesiones celebradas por la comisión y el nivel de consenso alcanzado, un análisis de todas y cada una de las actas que se conservan señala que no hubo ningún incidente de especial relevancia, y que todos los acuerdos se tomaron por unanimidad.

UNA APROXIMACIÓN A LOS RESULTADOS FINANCIEROS OBTENIDOS

En orden a formular una primera aproximación de los resultados financieros de las ventas de la comisión de París, puede hacerse el siguiente resumen que, en todo caso, debe ser interpretado como un inventario de mínimos, por la imprecisión de información sobre los activos vendidos.

La calificación de «información de mínimos» constituye una pieza fundamental para acercarse con precaución a lo que significó ese total, que a los cambios de la época superaría los 85 millones de pesetas. Entre otras cosas porque las actas sustraen mucha información y posiblemente hubo más de treinta y nueve sesiones. Por otra paret está documentado que existieron más centros de venta diferentes de la «Comisión Especial». Así lo denunció en su momento el Gobierno de Burgos, en el Noticiero de España, al publicar una carta de la embajada de España en París que ponía de manifiesto la existencia de otros posibles canales para adquirir las joyas y piedras preciosas que estaba vendiendo el Gobierno de la República.[12] En todo caso, no se dispone de ninguna información sobre los activos vendidos ni sobre los importes recibidos desde esta o de parecidas fuentes.

XIX
Financiación exterior

FINANCIACIÓN EXTERIOR DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

El endeudamiento exterior como fórmula de financiación de la guerra fue una importante fuente de recursos para el Gobierno de Burgos, pero apenas contribuyó a las finanzas de la República. El «Resumen provisional», del mes de agosto de 1940, en el que el Gobierno ofreció explicaciones sobre la financiación de la guerra, cifraba el endeudamiento exterior del Gobierno de Burgos durante el período en 1.200 millones de pesetas, un total mucho más bajo del que al final resultó ser el real, como luego se verá. Pero el resumen no citaba ningún ejemplo de financiación por endeudamiento exterior por parte de la República. Y la realidad fue que a ésta no se le ofrecieron muchas posibilidades de utilizar esa fuente. En todo caso, hoy ya se dispone de información suficiente para aclarar más el significado y la dimensión del endeudamiento exterior en cada uno de los dos bandos.

El recelo de la banca internacional

La primera operación conocida de financiación exterior de la República se hizo en julio de 1938, fecha en que intentó colocar en el mercado una emisión de obligaciones al 3,5%. Una operación que no tuvo éxito por la negativa de la banca internacional a facilitar ese apoyo, dada la escasa garantía que el Gobierno republicano tenía en aquellos momentos, y por la devaluación constante y progresiva de la moneda que emitía (Fuentes Quintana, 1958).

Tuvo también mucho que ver con esa negativa, sin duda, el miedo del capitalismo internacional a apoyar a lo que podía desembocar, de acuerdo con su experiencia de los primeros meses, en una república «bolchevique». Porque las empresas extranjeras con actividades en España se convirtieron pronto en portavoces, ante el exterior, del creciente clima revolucionario de la zona republicana. Gordón Ordás hablaba de un «fuerte odio y desprecio» en los grandes círculos financieros internacionales contra el Gobierno republicano, motivado por lo que estaba pasando en el territorio de la República con la clase empresarial y financiera, y por las noticias que llegaban procedentes de la zona nacional. Porque en ésta, por el contrario, y con las limitaciones propias de toda guerra, se mantenía una economía de mercado sin especiales sobresaltos. Lo dijo más claro Hugh Thomas (1979, vol. 2:315): «los grandes financieros de Europa y América no sólo esperaban la victoria de los nacionalistas, sino que además la deseaban».

En los círculos financieros internacionales todavía se recordaba la «revolución de octubre», donde habían tenido lugar expropiaciones sin indemnización, e innumerables asesinatos. Y era opinión de los grupos internacionales que un avance comunista tenía que ser impedido a toda costa. De ahí la imposibilidad de la República de acudir al endeudamiento exterior, y de los conocidos ejemplos de «boicot» y ralentización de sus operaciones financieras por parte de algunos grandes bancos extranjeros. Y hasta tal punto fue así, que se generalizó la idea de que había sido práctica habitual en la banca de París, Londres y Nueva York negarse a aceptar dinero republicano, filtrar información sobre las transacciones republicanas a la prensa y a los distintos Gobiernos, y obstruir, cada vez que tenían ocasión, el movimiento de los fondos de un país a otro.

Julio Carabias (1946:514 y ss.) llegó a decir que los planteamientos monetarios de la zona nacional habían sido más racionales que los de la República y, contra lo que en un principio se llegó a pronosticar, incluso más eficaces. Afirmaba que el Gobierno de Burgos tuvo la habilidad, o la fortuna, de «hacer la guerra a crédito». Y dejaba muy claro algo que fue una realidad y que le ayudó en gran manera: «que la conservación de la prenda sin deterioro debía interesar al prestamista no menos que al deudor». Porque, al final, fueron muchos y muy cuantiosos los intereses comprometidos por algunos países en la empresa, para que la abandonaran una vez comenzada. Carabias estaba reconociendo lo que en el fondo había pasado con la banca internacional. «En la duda, abstente», decía el viejo proverbio. Y abstenerse significaba retener, bloquear. Que es lo que sucedió.

Y completaba sus reflexiones con otras observaciones de interés, sobre la financiación de la guerra. Decía que mientras el Gobierno de la República se abastecía pagando los suministros al contado, y con liberalidad para abreviar los trámites, Burgos «regateaba y se hacía abrir créditos en el exterior, los cuales tendría que pagar, naturalmente, en moneda extranjera». Añadía que mientras el Gobierno de la República se servía del oro del Banco de España, el Gobierno de Burgos utilizaba la producción presente y futura, en todas sus formas de riqueza exportable, reconociendo que, para Burgos, el alto cambio de la peseta era un factor esencial de resistencia, puesto que los créditos exteriores cifrados en moneda extranjera tendrían que redimirse en productos expresados en pesetas. Frente a ello, para el Gobierno de la República, sin obligaciones que redimir en el exterior, la caída del cambio no era un problema inmediato que valiese la pena de involucrar en las graves preocupaciones de la guerra.

Hay un caso paradigmático a este respecto, que es preciso recordar. Gordón Ordás, embajador de España en México,[1] contaba su imposibilidad de realizar gestiones para que el material de guerra que se le solicitaba desde Madrid llegara a tiempo, por las dificultades que la burocracia financiera le iba planteando sistemáticamente. En lo que prácticamente constituyen sus Memorias, dice que pidió y obtuvo del Gobierno tres millones de dólares como pago al contado de unas armas.[2] El Gobierno le avisó que la transferencia se había hecho, pero la llegada a su poder de los fondos constituyó una increíble aventura.

La no recepción de los fondos en el tiempo esperado dio lugar el 13 de octubre al primer telegrama: «Aún no recibí los tres millones dólares… Urge mucho». A los seis días insistió: «Sin llegar dicha cantidad… Sin dinero aquí es imposible hasta hablar de compras». La respuesta inmediata fue que los tres millones se le habían transferido en su momento al Midland Bank desde Londres. Gordón Ordás insistió al embajador en el Reino Unido, Pablo Azcárate: «Ruego V. E. consiga que Midland Bank sitúe inmediatamente mi nombre… tres millones dólares recibió Banco España Madrid y retiene indebidamente». Y a partir de este momento, 22 telegramas más cruzados hasta el día 25 de noviembre, en que la transferencia se recibió.[3] Más de un mes utilizado en aclarar si su apellido era «Ordás» u «Ordáx», que era la cuestión que retenía la trasferencia. Gordón Ordás (1965:710) decía:

Quienes lean la reproducción literal del texto de los cablegramas que con este motivo se cruzaron tendrán por inverosímil que aquello haya podido ocurrir. Así lo juzgué yo entonces, creyendo ser juguete de una pesadilla. El innoble juego que se empleó sobre si mi segundo apellido termina en s o en x, basamento principal del artilugio levantado para la retención de dinero ajeno contra la voluntad de sus dueños, me pareció y me parece una obra maestra de perfidia.[4]

Hubo más casos de esta política de entorpecimiento. En un momento determinado el Barclays planteó ante el Foreign Office si existía algún inconveniente en que la República utilizase su red de corresponsales en Estados Unidos para pagar las adquisiciones de armas que allí se efectuasen. La respuesta fue contundente: la transacción no estaba de acuerdo con la «política del Gobierno de S. M.». Y la República se quedó sin poder utilizar los servicios de una entidad con la que, hasta entonces, había colaborado. En otro momento, la presión del Gobierno de Burgos logró que el Martin’s Bank rehusara que agentes nombrados por el Gobierno de Valencia dispusieran de los fondos que ese Gobierno tenía disponibles en el banco, y que incluso no atendiera los cheques firmados por un subgobernador del Banco de España.

Otro ejemplo: en octubre de 1936, dos altos funcionarios de la República se desplazaron a Nueva York. Llevaban un cheque de dos millones de dólares, y quisieron depositarlo en una cuenta en el Chase. Pero se les dijo que Franco estaba a punto de tomar Madrid, y que acreditar tal suma en una cuenta por abrir, podría constituir un acto no legal. El embajador trató de hacerlo en el Guarantee Trust, y la historia se repitió. Lo mismo en el Amalgamated Bank (Viñas, 2006:400 y ss.).

Carabias (1946:519), por su parte, contó que el British Overseas Bank de Londres, comisionado por el Banco de España para el pago de los servicios diplomáticos y consulares, había recibido 30.000 libras como provisión de fondos. Pese a ello, dos días después hizo saber al Banco de España que no podría efectuar los pagos previstos. Burgos se había interpuesto y la remesa quedó bloqueada. También Rafael Méndez Martínez, a quien el Gobierno había abierto cuentas en diversos bancos en Francia, tuvo graves dificultades con bancos americanos, que le aplicaron una política obstruccionista (Olaya, 1998:128).[5]

Así pues, la República no pudo servirse de Wall Street, ni de la City de Londres, porque desde el principio de la guerra ambos mercados le fueron abiertamente hostiles, a pesar de que había cumplido rigurosamente con todas sus obligaciones financieras internacionales. Porque, efectivamente, hasta el final de la guerra, la República española pagó los intereses de la deuda externa en oro y respetó en todos sus términos la convención que regía el monopolio internacional de mercurio. Una convención que se aplicó a Italia, incluso cuando Mussolini estaba luchando del lado de los sublevados. Por otra parte, la República dio facilidades para desbloquear operaciones, en ocasiones en perjuicio de su propia economía de guerra, y supo estar dispuesta a tratar a los inversores extranjeros en España con todas las garantías compatibles con la soberanía nacional. Pero todo fue inútil, porque la City de Londres y Wall Street ya habían declarado desde el principio la guerra a la República española.[6]

Sin embargo, la investigación de Tom Buchanan (2004) ofrece una nueva perspectiva de esa relación banca extranjera-República. En ella se sostiene que las tesis vigentes sobre la política de la banca internacional de «boicot» a la República se han venido basando en fuentes de las administraciones públicas que intervinieron en el proceso, pero que nunca se había tenido en cuenta información procedente de los archivos de los grandes bancos británicos, que fueron las principales instituciones acusadas de parcialidad. Y esto es lo que trató de hacer Buchanan, a lo largo de un serio y profundo análisis. Y a partir de su investigación, la imagen que se desprende del comportamiento de la banca internacional no es precisamente de confianza hacia la República, pero tampoco se deducen ayudas sistemáticas al Gobierno de Burgos.

Buchanan explica que lo que en realidad se desprende de su investigación es que los bancos no tenían simpatías por el bando republicano, pero que en ningún momento discriminaron a favor de los sublevados. Lo que sí parece claro es que la banca inglesa fue reacia a tomar riesgos con ambos bandos, extremando el celo profesional, para no ser acusados de ningún tipo de negligencia, en momentos en los que la legalidad reinante en España no quedaba clara. Buchanan sostiene en su trabajo que el contexto diplomático y político para la banca británica durante la guerra civil era tal, que no ayudaba a hacer negocio. Apoyar financieramente a uno de los dos bandos hubiera sido una apuesta que no hubiera generado simpatías por parte del Gobierno británico. Por otra parte, la política de no intervención complicó el tema, porque la definición de «intervención» estuvo sujeta a redefiniciones permanentes, lo que supuso para los bancos la necesidad de seguir una política muy cauta con constantes consultas al Gobierno.

Esta actitud, dice Buchanan, fue interpretada como una estrategia para poner obstáculos al bando republicano. Y el ejemplo, claro y razonablemente documentado para esta interpretación, fue el del Midland Bank en relación con Gordón Ordás, que se acaba de ver. Pero, según Buchanan, en los archivos del comité ejecutivo de ese banco no se encuentran muestras de injerencias políticas. Lo que éstos indican es que un fabricante de aviones británico pretendía hacer una venta al Gobierno de la República. El dinero se había depositado en la oficina de París del Chase. Midland no quiso involucrarse en la transacción hasta que el Chase le certificara que todo era correcto y sujeto a la legalidad. Buchanan concluye que, a la vista de la evidencia parece apropiado considerar las acciones del Midland, incluyendo las dificultades para identificar el nombre Ordás, no como sabotaje políticamente motivado, sino como el modo de operar de una institución, actuando con cautela, ante una transacción sobre la que no había claridad y que podría haberle costado un disgusto.

Porque al inicio de la contienda, recuerda Buchanan, España no era uno de los lugares favoritos de la banca británica debido a su alto riesgo político, y a lo limitado de las oportunidades comerciales que ofrecía. Y pocas instituciones mantenían oficinas abiertas en ese país, e incluso alguna de ellas, las había cerrado.

Por otra parte, las relaciones banca extranjera-República se desarrollaban, en una buena medida, en un país como Gran Bretaña, que fue el que más respetó el acuerdo de no intervención, lo que motivó al Gobierno inglés a pedir a su banca que evitara el tráfico de armas, e informara sobre cualquier operación sospechosa. El Banco de Inglaterra también desincentivó los préstamos de la banca privada a una España en guerra. Sólo hubo una excepción. Fue el Kleinwort, que tomó claramente partido por un bando, por el del Gobierno de Burgos. Y la razón no fue otra que su estrecha relación con Juan March.

En todo caso, ese, al menos aparente, maltrato de los bancos a la República continuó una vez terminada la guerra. Jackson y Alba (2004:152) señalan que en febrero de 1945 Pablo Azcárate, ex embajador de la República en Londres, se dirigió al director del Lloyds solicitando sus servicios para transferir fondos a la Cruz Roja Internacional, destinados a financiar el envío de paquetes de comida a los españoles recluidos en campos de concentración alemanes. Pero éste rechazó la operación, porque debía cursarse desde España. Jackson y Alba concluían que un banco británico «no permitía que un diplomático español, con una buena cuenta bancaria, enviara paquetes a prisioneros republicanos».

El crédito soviético

En este escenario, y como no podía ser de otra manera, el nivel de endeudamiento exterior republicano fue muy bajo, prácticamente inexistente. Y las pocas líneas de crédito de que se dispuso para complementar la financiación obtenida de las ventas de oro, provinieron de la Unión Soviética.[7] Lo que sigue es un breve relato de los créditos recibidos de este país.

En septiembre de 1937, Negrín encargaba a su embajador en Moscú, Marcelino Pascua, que tratara de ver la posibilidad de que la Unión Soviética les abriera una línea de crédito:[8]

Ante la perspectiva de una lucha aún larga y la necesidad de no agotar completamente nuestras reservas metálicas, cuyo volumen se conoce, necesidad explicada por las exigencias de la reconstrucción después de la guerra, que nos obligarían a entregarnos a merced del capitalismo internacional, es preciso que obtengamos facilidades económicas de la URSS. Estas facilidades podrían consistir en la concesión de créditos a largo plazo por el equivalente de las materias primas, alimentos, maquinaria, productos industriales y material de guerra que fueran adquiridos en la URSS… La urgencia de hallar una solución a nuestro problema económico-financiero es tal que una demora acarrearía la pérdida de la guerra… Como garantía, aparte del interés común, podemos ofrecer nuestras reservas metálicas y compromisos de aprovisionamiento en materias primas que puedan interesar a la URSS, durante un período de tiempo proporcional al volumen de los créditos otorgados.

Pero la Unión Soviética no parecía dispuesta a ello. El embajador se entrevistó con Molotov en octubre, sin conseguir ningún resultado. Y así se lo contaba a Negrín, diciéndole que se habían «multiplicado los tradicionales obstáculos y las cosas más elementales o gestiones más sencillas se convierten en montañas de inconvenientes y de pretextos».[9] El embajador Pascua volvió a insistir cerca de Molotov en febrero de 1938. Como resultado, el 7 de marzo de 1938, Stalin concedió a la República un crédito de 70 millones de dólares, de los que treinta y cinco quedarían garantizados por una cantidad equivalente en oro.[10] El resto sería amortizado en cuatro años. Con cargo a este crédito, se liquidaría el saldo pendiente en la República con la Unión Soviética. Pero pronto la República tuvo mayores dificultades, y esta vez el oro se estaba agotando.

Ricardo Miralles Palencia (2003:173) sostiene que en septiembre de 1938 Marcelino Pascua había solicitado por orden de Negrín un nuevo crédito de 60 millones de dólares. Pero no hay pruebas documentales de que fuera firmado. Y posiblemente esa operación no existió.

Por su parte, Hidalgo de Cisneros explica en sus Memorias que Negrín le envío a Rusia en 1938, unos días antes de la gran ofensiva contra Cataluña, para solicitar material de guerra. El pedido era importante: «250 aviones, 250 tanques, 4.000 ametralladoras, 650 piezas de artillería… Una relación que a mí me pareció fantástica». Explicaba que fue recibido por el propio Stalin, juntamente con Molotov y Voroshilov, y cuenta que se sintió violento cuando tuvo que exponerle a Stalin las peticiones republicanas, «pues a mí me parecían astronómicas y fuera de la realidad. Vi con sorpresa y alegría que Stalin daba su aprobación». El coste de lo pedido ascendía a 103 millones de dólares y se quedó muy sorprendido cuando Voroshilov le dijo que en la Unión Soviética sólo le quedaba al Gobierno republicano «un saldo inferior a 100.000 dólares». Pensó que Negrín «muy astutamente y con toda premeditación no me advirtió que los depósitos de oro del Banco de España en Moscú estaban agotados». La solución fue que el Gobierno soviético haría en aquel momento un empréstito a la República española por la cantidad que importaba en armamento.[11]

Sin embargo, y pese a estas declaraciones, e independientemente de que fuera gracias a las gestiones de Pascua, de Hidalgo de Cisneros o de otros, lo único que se conoce es que en enero de 1939 se concedió otro crédito, de 50 millones de dólares, con la obligación de gastarlo en mercancías en la Unión Soviética. El crédito devengaba un interés del 3% sobre las cantidades realmente dispuestas.[12] Dadas las fechas en que la guerra terminó, el material adquirido nunca llegó a su destino.[13]

Lo que apenas se ha dicho es que el Noticiero de España desveló que el Gobierno de Negrín intentó también negociar con la banca privada francesa un empréstito de 700 a 800 millones de pesetas en francos franceses, con garantía de las minas de Almadén y de las potasas catalanas de Suria y Sallent.[14] Pero la operación no llegó a realizarse.

FINANCIACIÓN EXTERIOR DEL GOBIERNO DE BURGOS[15]

Por lo que se refiere al endeudamiento exterior del Gobierno de Burgos, la información que, en agosto de 1940, se ofreció sobre algunos extremos de lo que había sido la financiación de la guerra (BOE, 4 de agosto) se refería exclusivamente a créditos recibidos como el italiano, el alemán, y a otras pequeñas operaciones.[16] Eso era todo lo que el Gobierno declaraba en aquella fecha. Pero aquella «nota» era notablemente parca y, desde luego, equívoca. Y lo fue, al parecer, por la firme oposición de Ramón Serrano Súñer a oficializar y dar más información, en aquellos momentos, sobre las ayudas alemana e italiana.

Posteriormente, sin embargo, se ha podido conocer lo que era la realidad del endeudamiento exterior del Gobierno de Burgos, porque se dispone de la ley reservada de la Jefatura del Estado del 1 de abril de 1939, nunca publicada en el BOE. Una disposición que hace un inventario riguroso y detallado del endeudamiento en que incurrieron los sublevados.

La Ley Reservada del 1 de abril de 1939 sobre créditos financieros contraídos

La ley del 1 de abril de 1939, día en que cesó la guerra civil, «sobre créditos financieros contraídos», trataba de no dejar pasar un día más sin regularizar y legalizar los créditos exteriores que el Gobierno de Burgos había contraído a partir del 18 de julio, para hacer frente a las necesidades financieras de la guerra. Señalaba, como justificación de esa disposición, la «conveniencia de que todos ellos figuren en un solo texto y la necesidad de que éste tenga rango legal, para que quede debidamente solemnizada la aprobación de tales contratos, con plenos efectos retroactivos».

Y, a esos efectos, la norma dejaba constancia, uno por uno, con sus características especiales, de todos los créditos exteriores contraídos, «considerándose como deudas del Estado español las cantidades dispuestas con cargo a los mismos». La aprobación se hizo con efectos retroactivos a la fecha de perfeccionamiento de los respectivos contratos. Éstos eran los seis créditos que se regularizaban por esa ley:

«Hasta el límite de ciento setenta y cinco mil libras esterlinas. Otorgado en Lisboa el once de Agosto de mil novecientos treinta y seis, a favor de Don Andrés Amado, que actuó como Representante del Estado español, por la “Sociedade Geral de Commercio, Industria e Transportes Limitada”, con plazo de noventa días renovable. Garantía: billetes del Banco de España por la suma de trece millones quinientas mil pesetas. Interés: cinco y medio por ciento anual.»

«Hasta el límite de un millón de dólares, ampliado en doscientos mil dólares más. Otorgado por la Compañía General de Tabacos de Filipinas en veintidós de Octubre de mil novecientos treinta y seis, con vencimiento a un año, prorrogado. Sin interés. Reembolsable en dólares de 13.71428 gramos de oro fino cada uno.»

«Hasta el límite de quinientas mil libras esterlinas. Otorgado el seis de Abril de mil novecientos treinta y siete por Kleinwort, Sons & Co., por un plazo de seis meses, prorrogables. Remuneración cuatro por ciento anual, por todos conceptos. En quince de Septiembre de mil novecientos treinta y siete se amplió en las mismas condiciones hasta ochocientas mil libras. Garantía: valores de primera clase.»

«Hasta el límite de un millón quinientas mil libras esterlinas. Otorgado en veinticinco de Octubre de mil novecientos treinta y siete por Kleinwort, Sons & Co., por un plazo de tres meses, prorrogables. Interés: tres por ciento anual, con modificación automática en función de la variación del tipo de interés en el Banco de Inglaterra. Garantía: títulos ingleses War Loan y Funding. Ampliado en quinientas mil libras esterlinas más, y en las mismas condiciones, el veinte de Abril de mil novecientos treinta y ocho.»

«Hasta el límite de un millón de libras esterlinas. Perfeccionado en veinte de Octubre de mil novecientos treinta y ocho por la Société de Banque Suisse, con vencimiento a un año prorrogable. Intereses: tres por ciento anual la parte garantizada con valores federales suizos; y tres setenta y cinco por ciento anual, la parte garantizada con otros valores. Estos tipos de interés se rectificarían automáticamente en función de las variaciones del tipo de descuento en el Banco Nacional Suizo y en el Banco de Inglaterra, según que se tratara de la porción dispuesta en francos suizos o de la porción dispuesta en libras esterlinas. Garantía: valores de cotización internacional.»

«Hasta el límite de cincuenta millones de escudos portugueses. Otorgado en veintiocho de Febrero de mil novecientos treinta y nueve por la Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, por un plazo de tres meses, prorrogable. Interés: cuatro por ciento anual. Garantía: deuda portuguesa externa e interna.»

La ley reservada precisaba también que, en relación con el revolving credit concedido por el consorcio de bancos italianos que presidía el Banco de Italia, con la colaboración de los bancos Hispano Americano y Español de Crédito, el Estado español se obligaba a atender el servicio de comisión, intereses y amortización de ese crédito. Ese revolving credit se suscribió con un límite máximo de 125 millones de liras el 20 de noviembre de 1937, y alcanzaba en abril de 1939 un total de 300 millones de liras, a consecuencia de las ampliaciones del 27 de noviembre de 1937 y 13 de julio de 1938. La duración del crédito era de 6 meses, prorrogables por otros dos períodos semestrales más. El interés era del 2,25% semestral para la parte devengada, y existía una comisión semestral para el total del crédito de 0,75%. El crédito se garantizaba con fondos públicos españoles.

La ley reservada sobre créditos financieros contraídos señalaba que su publicación en el BOE quedaba en suspenso mientras el Consejo de Ministros no resolviera lo contrario. Y nunca se resolvió en ese sentido.

A partir del contenido de esta ley, el endeudamiento del Estado español por créditos exteriores contraídos desde el 18 de julio hasta el fin de la guerra, fue el siguiente:[17]

Este total no integra más que los créditos bancarios, dejando fuera de cómputo el «crédito italiano» y el «crédito alemán» así como el del consorcio de bancos italianos, por lo cual el endeudamiento exterior real en aquellos momentos era mucho más alto.

Tiene interés, por ello, profundizar un poco más en lo que fueron y significaron los créditos «italiano» y «alemán» en el contexto de la financiación de la guerra, así como recordar las vicisitudes de su otorgamiento. Porque son precisamente estos dos créditos los que más directamente estuvieron conectados con el desarrollo de la guerra, y por lo tanto, los que más pueden ayudar a perfilar lo que fue su verdadero coste y el proceso de su financiación.

La ayuda italiana[18]

El largo y complejo proceso de conseguir las primeras armas de Mussolini

Desde el inicio de la sublevación, Mola y Franco, que iban siguiendo casi en tiempo real las reacciones del Gobierno francés, muy proclive al Frente Popular español, y la inminencia de su ayuda, pensaron que la más urgente solución a los problemas que sabían que iban a tener, en relación con el suministro de armamento, pasaba por solicitar la ayuda del Gobierno italiano.[19] Por ello, y para hacer una mayor presión, se decidió enviar a Roma una misión para dialogar con las autoridades italianas sobre la ayuda que Burgos necesitaba. Se pedían doce bombarderos, tres cazas, y la munición correspondiente a unos y otros.

Bolín, acompañado del oficial de marina marqués de Viana, llegó a Roma el 21 de julio de 1936, solicitando una entrevista urgente con el conde Ciano, ministro de Asuntos Exteriores.[20] Para facilitar la entrevista, Alfonso XIII había escrito una carta de presentación.[21] Ciano recibió a los delegados españoles el día 23. Lo encontraron muy sensibilizado con el problema que le planteaban, e incluso llegó a decir, con énfasis, que había que «poner fin a la amenaza comunista en el Mediterráneo». Pero al día siguiente Bolín y Viana fueron informados de que Mussolini no autorizaba la operación. Pensaba que se trataba de un golpe de Estado más, sin mayores consecuencias, aunque Bolín quiso entender de la conversación que las dificultades, al menos las de su interlocutor, podían ser de tipo financiero. Y fue en ese momento cuando Bolín, que ya conocía a fondo las relaciones de Mola con March, y que llegaba a Roma preparado para ello, garantizó que disponían de fondos para pagar al contado el precio de la ayuda.[22]

Coverdale (1979:80), apoyándose en informaciones diplomáticas, asegura que Alfonso XIII también pidió y obtuvo una entrevista personal con Mussolini, durante la cual el Duce no se comprometió a nada en concreto, pero le aseguró que Italia no permitiría el establecimiento de un régimen soviético en España. No ha podido ser documentada la celebración de esta entrevista. En todo caso, con entrevista o sin ella, la sospecha de las gestiones hechas por Alfonso XIII a favor de la sublevación despertó en la prensa republicana un nuevo clima de «odio feroz».[23]

Mientras, Franco se iba preocupando cada vez más por la dificultad de trasladar sus tropas a través del Estrecho, consciente de que de esa operación dependía en buena medida el éxito de la sublevación. Su interlocutor permanente en Tetuán era el agregado militar italiano en Tánger, comandante Luccardi, a quien el mismo 20 de julio Franco recibió dos veces. Luccardi[24] hablaba directamente con el director del Servicio de Espionaje Militar italiano, general Roatta,[25] y éste estaba en contacto permanente y directo con el propio Mussolini.

A través de esta línea, Franco presentó a la desesperada su caso, ofreciendo al Duce halagos, un éxito asegurado y una futura fidelidad, todo ello «a precio de ganga». También declaró que su intención era crear «un gobierno republicano al estilo fascista adaptado al pueblo español», afirmando que el éxito estaría asegurado, si se concedía la petición que estaba haciendo. Finalmente, prometió que si Italia apoyaba su causa, las relaciones futuras serían más que amistosas («più che amichevole»).[26]

Pero Mussolini volvió a ordenar a Roatta que Luccardi contestara definitivamente a Franco que no disponían de los aviones pedidos.[27] Franco siguió insistiendo: «Un servicio tan importante, proporcionado secretamente por Italia, no se olvidaría».[28] Mussolini se negó de nuevo a comprometerse con España, escribiendo un «no» con lápiz azul al pie del texto de la petición. Pero todavía no había desechado la operación, porque antes de tomar una decisión definitiva, quería evaluar la solvencia, posibilidades y evolución del golpe de Estado en España. Por ello, el día 24 Ciano pedía la opinión de su representante en Tánger sobre la organización de Mola y de Franco y la viabilidad de la sublevación.[29]

La razón que justificaba la negativa era que, en los momentos anteriores al 18 de julio de 1936, la confianza del Gobierno italiano ante la posibilidad de un golpe de Estado que fuera efectivo era muy baja, a partir de que los informes que le llegaban de su embajada en Madrid, y de los diversos servicios que seguían la evolución de la estabilidad de la República. A finales de marzo, el embajador italiano negaba abiertamente la posibilidad de una sublevación de los falangistas, y mucho menos pensaba que se podía producir un golpe militar contra el Gobierno, porque «los capitanes generales son todos simpatizantes de la izquierda». Y lo seguía negando a finales de mayo, vaticinando que el «desorden crónico, casi al borde de la anarquía, era la perspectiva más probable para España en el próximo futuro» (Coverdale, 1979:70).[30]

Sin embargo, y pese a sus negativas, Mussolini y su Estado Mayor estaban cada día más preocupados por lo que el triunfo del Frente Popular podía suponer en el futuro, ante una predecible mayor sintonía entre el Gobierno republicano y el francés. Porque ello podría llegar a traducirse en la creación de un eje París-Madrid antifascista, que dejaría a Italia encerrada en el Mediterráneo. Por otra parte, a Mussolini le atraía también la idea de que, si aceptaba la propuesta del Gobierno de Burgos, tendría mayores posibilidades de utilizar las bases navales y aéreas de las islas Baleares, en caso de una guerra contra Francia y Gran Bretaña. Lo cual, desde su punto de vista estratégico, era un activo muy importante.[31]

Por su parte Mola, conociendo la entrevista que Goicoechea había mantenido con Mussolini en marzo de 1934, así como los acuerdos que en ella se habían tomado, creía que Goicoechea era «la única persona con autoridad cerca de Mussolini para obtener apoyo militar» (Piñeiro, 1991:185), pidiendo a éste que viajara inmediatamente a Roma para entrevistarse con Ciano, con el fin de recordarle aquellos compromisos previos.

Fue una encomienda complicada, porque la sublevación del 18 de julio le había cogido en Madrid, de donde ese mismo día huyó por carretera a Burgos. Y fue dos días después de su llegada a esa ciudad cuando, a las tres de la mañana, Mola le llamó para informarle de las gravísimas noticias de Somosierra, y de los destrozos que estaba ocasionando la aviación republicana en los sublevados, con bajas que podían estimarse en 600 hombres por día. También le advirtió que la provisión de municiones del ejército sublevado era, desgraciadamente, muy escasa. Y que además, el fracaso con la marina hacía imposible el transporte de hombres y material de guerra desde África a la Península.

Le rogaba por ello que, invocando el acuerdo firmado en marzo de 1934, hiciera todo lo posible, «costare lo que costare», por conseguir la ayuda de Mussolini, especialmente en relación con los aviones solicitados, en la medida que las gestiones realizadas en Roma por Bolín no estaban dando resultado. Mola creía, y subrayaba, que Goicoechea era el único que podía retomar las conversaciones con Mussolini, recordándole los acuerdos existentes.

Afortunadamente, se dispone de un relato pormenorizado de cómo se desarrolló la misión encomendada a Goicoechea, y qué le dijo Mola en su conversación telefónica, porque él mismo dejó un escrito, publicado posteriormente, sobre lo que sucedió.[32] Según cuenta en este relato, hasta el día 24 por la mañana no pudo llegar a Biarritz, donde, para trasladarle a Roma, le esperaba el avión inglés que, fletado y pagado por Juan March, había servido para llevar a Franco desde Las Palmas a Casablanca. El pasaporte le fue facilitado en Pamplona. Antes de embarcar, asistió a una reunión, celebrada en la casa del conde de los Andes, «para preparar la recaudación de fondos con destino a los gastos de la guerra».[33] Y en la tarde del día 24 salió para Roma acompañado por Luis María de Zunzunegui y Pedro Sáinz Rodríguez.

El 25 fue recibido por el conde Ciano, a quien dio cuenta de la gravedad de la situación y de la misión que se le había encomendado. Y éste le explicó, con detalle, las razones en las que se apoyaba la actitud aparentemente negativa del Gobierno italiano, aclarándole que la entrega de los aviones se estaba demorando por tres razones. Una, porque debido al escaso tiempo transcurrido, no se apreciaba todavía si el golpe de Estado contaba con el necesario asentimiento. Otra, porque no se veía claro si la sublevación guardaba o no conexión con lo pactado el 31 de marzo de 1934 con la comisión de la que formaban parte Lizarza, Olazábal, Goicoechea y el general Barrera, por lo que estaban esperando para confirmarlo a que una de las personas con que habían tratado en aquella fecha hiciera acto de presencia cerca del Gobierno italiano.[34]

Goicoechea explicó a Ciano que había tratado de hacerlo, y que el 13 de julio, pocas horas antes del asesinato de Calvo Sotelo, había entregado al emisario confidencial de costumbre una carta que debería hacer llegar a manos del Duce. En ella se anunciaba que el golpe de Estado estallaría el día 18. Sin embargo, el emisario fue detenido en Barcelona y, por explicable precaución, destruyó la carta. Por ello, el Gobierno italiano no había tenido, tal como se había acordado previamente, noticia alguna que advirtiera de la fecha de la sublevación.

La tercera razón, quizá la más importante, era que todavía no se había aclarado cómo iba a satisfacerse el precio de esos aviones. «Faltaba ya sólo por orillar para el completo y satisfactorio término de la misión… el importante extremo relativo al suministro de las divisas necesarias para el pago de los aviones». Coverdale dice que Ciano exigió que los aviones se pagaran en metálico antes de la entrega. Su precio ascendía a más de un millón de libras esterlinas, pero a Goicoechea «no le costó trabajo obtener esta considerable suma del financiero español Juan March».[35]

Parece, pues, que quedó claro que el pago en metálico era condición sine qua non para la salida de los aviones. Y el problema quedó resuelto por el inmediato ingreso, por orden de Juan March, de la cantidad pedida en un banco de Roma. Lo único que exigió March para instrumentar esta operación fue un documento, escrito y firmado por Goicoechea, solicitando la operación.[36]

Puede parecer que fue decisivo que, en momentos tan cruciales en los que Mussolini se debatía en la duda, se esgrimiera el hecho de que el 31 de marzo de 1934 él mismo había firmado un acuerdo aceptando la sublevación y garantizando la financiación y el suministro de armas, pero no hay unanimidad entre los investigadores en dar tal valor a esos acuerdos.[37] Preston (1999b:54), por otra parte, entiende que Ciano no mencionó el asunto del pago hasta mucho más tarde, sosteniendo que el único desembolso que se hizo en esta etapa inicial fue el que correspondía a tres hidroaviones Savoia-Marchetti comprados y financiados por Juan March para bombardear las islas Baleares.

Pero la ahora conocida historia del Kleinwort desmiente a Preston y a los analistas que no creen la virtualidad de la visita de Goicoechea y su relato, porque en esa «historia» se relata con detalle que los fondos pagados en ese mismo día por el Kleinwort Bank, que ascendían a más de un millón de libras esterlinas, lo fueron a requerimiento de Juan March, y por su cuenta (Wake, 1997).[38] Al margen de todo ello, también se está generalizando cada vez más la tesis de que las decisiones de Mussolini estaban muy por encima de estrictas consideraciones económicas, porque «una España amiga y aliada valía mucho más que unos millones de pesetas».[39]

Hay otros argumentos que justifican la resistencia de Mussolini, en los primeros momentos, a la ayuda que solicitaban los «conspiradores» españoles, pero el más importante es, como ya se ha visto, que él, su Estado Mayor, y sus diplomáticos en España, habían perdido toda confianza en la capacidad de las «derechas españolas» para pilotar un cambio significativo, ya fuera por medios legales o ilegales. Por otra parte, la información que los italianos fueron recibiendo a partir del 18 de julio sobre las posibilidades de éxito de la sublevación tampoco era muy alentadora. Y parece que sólo cuando llegaron al convencimiento de que el éxito de los sublevados era posible, y que, al mismo tiempo, su ayuda no tendría implicaciones internacionales importantes, tomaron la decisión definitiva de ayudar.[40]

Los aviones solicitados llegaron inmediatamente. Los 12 Savoia llegaron a Melilla y Tetuán entre finales de julio y principios de agosto, y se dedicaron con éxito al transporte a la Península del ejército en África.[41] Poco antes habían llegado 20 aviones de transporte Junkers-52, con tripulación alemana, y media docena de cazas Heinkel para protegerlos. Y fue esto lo que hizo posible el transporte a la Península del ejército de África.[42] A partir de ese primer puente aéreo (Tetuán-Sevilla), y cruzando cada aparato el Estrecho cuatro veces al día, con 30 soldados completamente armados en cada viaje, al cabo de una semana se consiguió colocar en la Península 15.000 soldados bien entrenados y dispuestos para la lucha, a pesar del bloqueo naval republicano (Jackson, 1967:212).[43]

Desde ese momento, el suministro de material bélico fue constante y progresivo.[44] Dice Domínguez (2001:433) que si el 25 de julio de 1936 hubieran llegado a Sevilla los 30.000 hombres del ejército marroquí, tal como estaba previsto, la guerra hubiera terminado en pocos días. Pero en vez de ocurrir así, ese ejército fue llegando, poco a poco, y una vez en España se desmenuzó en pequeños contingentes que se enviaron a cubrir distintas zonas, en vez de avanzar por Córdoba hacia Madrid en una sola columna. Como resultado, lo que se había proyectado como un golpe de Estado fulminante, se transformó en una guerra larga y costosa.

En cuanto a sus relaciones con Italia, es importante recordar que Franco dejó anotado lo siguiente:

[Tengo] necesidad de aclarar cuáles fueron nuestras relaciones con Alemania e Italia, [y la] falsedad de que antes del Movimiento y en su preparación hubiese habido ninguna clase de relaciones entre los directores del Movimiento Nacional y esas dos naciones. La única relación la establecí yo desde Marruecos al dar noticia del cambio de situación ocurrida en Marruecos al Residente General francés y esperando establecer las buenas relaciones de vecindad, al gobernador de Gibraltar con motivo de la presencia de destructores rojos que habían asesinado a sus oficiales y que se refugiaban en su aguas, y a Mussolini e Hitler dándoles cuenta del cambio operado, de nuestros propósitos anticomunistas y la petición de facilitarnos la venta de dieciséis aviones de combate para evitar cayese el Occidente en el comunismo. Hemos de recordar que el avión que me trajo de Canarias a Marruecos fue un avión inglés alquilado [Dragon] en Inglaterra, y los dos, piloto y mecánico, ingleses (Suárez, 1999:333).

¿Por qué Mussolini ayudó a España?

La pregunta, tan frecuente, de por qué Mussolini ayudó a España tiene fácil respuesta, al menos desde el punto de vista formal, porque Roberto Cantalupo, que fue embajador de Italia en España,[45] ha dejado por escrito su opinión sobre las verdaderas intenciones de Mussolini al prestar ayuda a España, y sobre cuáles fueron sus consecuencias (Cantalupo, 1951:10-12).

En una especie de diario, el embajador dice:

Interviniendo en España, mandando allá las tropas y la bandera de Italia y poniendo en juego su prestigio y libertad de acción, Mussolini había creído desarrollar la que, en su espíritu y en el de muchísimos italianos, era considerada como una misión universal: combatir la repentina explosión de un virulento comunismo mediterráneo, oponerse al inesperado y tumultuoso desbordamiento de un anarquismo latino, y contrarrestar el sangriento establecimiento de un organizado bolchevismo eslavo… Si desde Madrid el comunismo se hubiera derramado sobre una parte de nuestro Continente, seguramente no sólo los países totalitarios, como era Italia entonces, sino incluso los anti-totalitarios, como Francia, hubieran sido absorbidos. Mussolini se precipitó a salvaguardar el statu quo de Europa… Pero una vez más… los medios no correspondieron al fin, porque Italia no disponía del poderío necesario para cumplir aquella misión: es decir, no le sobraban las armas, ni el dinero, ni el prestigio; no disponía tampoco de la libertad internacional que le hubiera sido necesaria.

Por ello, y según Cantalupo, Italia pagó un alto precio por esa política. Porque cuando estalló la guerra europea «pudimos darnos perfecta cuenta de que necesitábamos aquellos medios que consumimos durante el conflicto español».[46] Cantalupo añadía que los medios que emplearon en España «no rindieron lo que Mussolini esperaba de ellos».

Saz (1992:124) dice que la intervención italiana en la guerra civil fue, con mucho, la más importante y decisiva de cuantas tuvieron lugar. Hasta el punto de que, sin ella, la victoria de Franco habría resultado más que problemática. Cerca de 80.000 italianos combatieron en España, de los que casi 4.000 perdieron la vida. 759 aviones, alrededor de 6.600 cañones, morteros y ametralladoras, 157 tanques, cientos de miles de fusiles, y millones de proyectiles y cartuchos fueron enviados a España. El coste económico de la operación se cifró, por parte italiana, en unos 8.500 millones de liras, aunque el coste para el Gobierno de Burgos fue mucho menor por la generosidad de Mussolini.

Jackson (1967:346) interpretó así la posición italiana:

Mussolini fue menos exigente que Stalin con la República o que Hitler con los nacionalistas. Como revela el diario de Ciano, Mussolini estaba muy preocupado con su reputación de virilidad, así como con la reputación de Italia por la misma causa. Se sentía orgulloso de verse envuelto en una cruzada anticomunista, del terror sembrado por aviones italianos y del papel desempeñado por su infantería en la campaña del Norte. Soñaba con un nuevo Imperio Romano, con expulsar a Inglaterra del Mediterráneo y a Francia de Túnez y Argelia. A menudo se irritaba por la lentitud y la obstinación de Franco; pero cualesquiera que fueran sus conflictos, estaba comprometido en la causa hasta el final, y su vanidad no le permitía ponerse a discutir de finanzas.

Y el general Rojo dijo en su momento que la ayuda italiana fue «copiosa y pródiga en hombres, armamentos de todas clases, material de guerra, transportes e instructores, que tuvieron a su cargo la formación de cuadros con mentalidad fascista», pero que era de inferior calidad a la alemana (Rojo, 2010:457).

Vincenzo Giura, quien profundizó en las relaciones financieras hispano-italianas, concluyó que la guerra civil española había resultado especialmente gravosa para Italia. Porque su ayuda, financiera, en medios materiales y en combatientes, se convirtió desde el punto de vista económico, contrariamente al caso alemán, en una auténtica pérdida para los italianos. Y al final resultó que los alemanes invirtieron poco y obtuvieron mucho, mientras que los italianos invirtieron mucho y obtuvieron poco.[47]

De ello se quejaba, en agosto de 1939, el propio Mussolini ante el embajador alemán Hans Georg von Mackensen, cuando le decía que su país había sido desangrado por la guerra. Stone (2005:97 y ss.), quien da cuenta de esa conversación, sostiene, sin embargo, que si bien es cierto que la falta de armamento pesado en Italia, cuando se incorporó a la segunda guerra mundial en junio de 1940, fue atribuida a la guerra en España, esto fue simplemente una excusa para ocultar la ineficiencia italiana, porque más de la mitad del material que envió Italia había llegado en el verano de 1937, y esto les había dado un plazo de casi tres años para remplazarlo. En cualquier caso, añadía, en su mayoría, las armas enviadas a España estaban anticuadas y necesitaban ser renovadas.

Al final, dos tipos de razones justificaban que Mussolini ayudara a España, y que lo hiciera con la intensidad con que lo hizo. Unas son razones de tipo político y económico, y se refieren a la necesidad que el Gobierno italiano tenía de dominar como fuera el Mediterráneo y, en todo caso, impedir su bloqueo. Las otras se refieren a la creencia de Mussolini de que su misión en la «Historia» era luchar contra el comunismo. En todo caso, también influyó el hecho de que España ofrecía un buen campo de experimentación para el nuevo armamento.[48]

En todo caso, parece que hay consenso en que la política de Mussolini en relación con la sublevación del 18 de julio estaba más bien determinada por consideraciones politico-estratégicas, que por motivos ideológicos. Y que, en este sentido, le preocupaba el equilibrio mediterráneo occidental y la conveniencia de anticiparse a Francia, que le podía tomar ventaja en sus relaciones con África. Es claro que lo mismo pensaba Alemania (Vaquero, 2006:37).

El acuerdo financiero secreto España-Italia de noviembre de 1936

A mediados del mes de noviembre de 1936, el Gobierno italiano, a la vista de la creciente implicación financiera de su país con el Gobierno de Burgos, por su cada día más generosa política de suministro de armas, entendió que había llegado el momento de reordenar el proceso de la ayuda italiana y de tomar garantías hacia el futuro. Y a finales de ese mes, el Gobierno de Burgos e Italia firmaron un acuerdo secreto.[49]

En la primera cláusula de este acuerdo, Italia prometía su apoyo y ayuda para la conservación de la independencia y la integridad de España, tanto en lo que se refería al área metropolitana, como a sus colonias. La segunda y la tercera se referían a la asistencia mutua, a las consultas y a la amistad recíproca, y tenían un carácter señaladamente antifrancés. La cláusula cuarta regulaba la neutralidad en caso de conflicto con una tercera potencia, o en caso de que se impusieran sanciones. Y la quinta y la sexta, de gran calado en su proyección futura, se referían al deseo de Italia de desarrollar con más amplitud y más disciplina sus relaciones económicas con España, aunque estaban redactadas con una gran ambigüedad.[50] Sin embargo, detrás de esa ambigüedad había programas y expectativas realmente ambiciosos, empezando por el compromiso de revisar inmediatamente todos los acuerdos comerciales y de navegación marítima y aérea existentes en aquel momento, así como la concesión de franquicias mutuas de todo tipo, con el objetivo de que el Gobierno fascista italiano y el Gobierno de Burgos desarrollaran a futuro «al máximo» sus relaciones económicas, marítimas y aéreas.

A principios de 1937, por parte italiana se propuso la firma de un protocolo adicional, con el fin de facilitar los intercambios comerciales. Así, el acuerdo de 1936 fue sustituido por uno nuevo, que ampliaba el anterior.[51] El nuevo acuerdo establecía que las empresas italianas y españolas podrían efectuar directamente sus compensaciones a través de una entidad bancaria. Por parte de Italia lo haría el Instituto Nacional para los Cambios con el Extranjero, siempre con la condición de que se debería garantizar la existencia de un saldo a favor de España del 30% de sus exportaciones, que serviría para amortizar la deuda española por suministros de carácter especial, es decir, los suministros de material bélico.

Pero una nota del embajador español en Italia, de marzo de 1937, informaba directamente a Franco del mal funcionamiento del «sistema de pagos por compensación», y de las quejas que se estaban produciendo, subrayando la necesidad de establecer inmediatas compensaciones respecto a los importantes envíos de armas efectuados, que en números redondos «se elevaban ya, según sus cálculos, a la cifra de mil setecientos millones de liras». Era claro que la solución no podía ser otra que la de que España exportara a Italia, en cantidades importantes, productos como hierro, plomo y cobre, de los que Italia tenía una notable necesidad. Y a este particular, los italianos se quejaban de la preferencia que en la exportación de estos productos se otorgaba a Alemania, con olvido de la economía italiana, «que tan generosamente atiende a las continuas demandas procedentes del Gobierno Nacional».[52]

Como consecuencia, en abril de 1937 se firmó en Salamanca un nuevo acuerdo, mediante el cual el Gobierno de Burgos se comprometía a abonar anualmente al Gobierno italiano, desde enero de 1938, 150 millones de liras, «en mercancías o en divisas libres», en concepto de cuota de amortización de los suministros de armas y material de guerra. Para lo que quedaba de 1937, se abonaría el equivalente a 75 millones de liras en mineral de hierro, lana, pieles y otros productos.

A finales de junio de 1937, el Gobierno de Burgos solicitó un nuevo envío de material de guerra por valor de casi 200 millones de liras, pero el Gobierno italiano lo redujo a 85 millones. Y debía de pagarse un 25% en moneda convertible y mineral de hierro, anotándose el 75% restante en la cuenta de liquidación. Incluso llegó a sugerirse en aquel momento que se cediera a Italia parte de las acciones de las minas del Rif, sugerencia que fue rechazada terminantemente.

En todo caso, las condiciones que obtuvo Roma del Gobierno de Franco fueron menos favorables que las que se habían concedido a los alemanes un mes antes. Porque en el acuerdo con el Gobierno alemán se había convenido pagar todas las deudas en marcos y, además, se había prometido firmar con Alemania el primer tratado económico general. Los alemanes eran sin duda mucho más agresivos, y se habían fijado más claramente el objetivo de obtener concesiones y beneficios de los españoles a cambio de su ayuda (Coverdale, 1979:270-271).

El crédito italiano

La «nota» del 4 de agosto de 1940 sobre financiación de la guerra del Gobierno de Burgos explicaba que el crédito italiano se había consolidado por convenio firmado el 8 de mayo de 1940 en 5.000 millones de liras. La amortización de la deuda se haría desde el 31 de diciembre de 1942 hasta el 30 de junio de 1967.[53] La cuota inicial de amortización sería de 80 millones de liras/año, y la final, de 300 millones. La «nota» informaba de que también se había dispuesto de un crédito concedido por un consorcio de bancos italianos, renovable de seis en seis meses, por importe de 300 millones de liras. Y durante bastante tiempo éste fue, para los historiadores, el único punto de referencia sobre la deuda italiana, hasta que se fueron desvelando fuentes y situaciones que han ido mejorando el conocimiento de lo que realmente fue la ayuda de Italia al Gobierno de Burgos.

Los primeros suministros italianos de material de guerra fueron pagándose con cargo a las limitadas divisas de que iban disponiendo los sublevados, procedentes de los fondos depositados en el exterior, de donaciones, y de las divisas, valores y oro transferidos al extranjero. Pero cuando el Gobierno italiano se planteó ayudar masivamente al Gobierno de Burgos, el pago de los envíos de material de guerra y pertrechos italianos fue muy limitado durante la contienda, aplazándose la liquidación de la deuda para después de terminada.[54] En consecuencia, y como se ha explicado, se fueron suscribiendo a lo largo del tiempo una serie de acuerdos con Italia para regular el intercambio comercial y reducir, con ello, el volumen de la deuda de guerra en que iba incurriendo el Gobierno de Burgos.

Según estos acuerdos, las transacciones comerciales entre la España de Franco e Italia quedarían sometidas al régimen de previas autorizaciones de exportación e importación, comprometiéndose ambos Gobiernos a conceder unas y otras con la máxima amplitud compatible con las necesidades de cada uno de ellos. Y a efectos de incrementar las relaciones comerciales entre ambos países, España daría un cierto trato preferente a Italia. Con posterioridad a los acuerdos ya mencionados, se suscribió el «Acuerdo Franco-Ciano» del 11 de agosto de 1937, en el que se refundían todos los acuerdos anteriores, fijándose la amortización de los «suministros especiales» en un período máximo de diez años.[55] Los envíos de material de guerra italiano que no fuesen objeto de pactos especiales se pagarían en un 50% de su contravalor en divisas libres o en mercancías (metales y minerales metálicos, pieles, lana, antracita, etc.) y el 50% restante a través de la utilización del crédito del consorcio de bancos italianos, ya mencionado.[56]

En lo que respecta a los gastos del Cuerpo de Tropas Voluntarias enviado a España, se abrió una cuenta especial, denominada «cuenta general», cuyo pago se articularía con absoluta independencia de la que se llevaba en relación con los envíos de material.

A finales de marzo de 1938, y ante las tensiones creadas por las crecientes peticiones de suministros bélicos, y la escasez de exportaciones que debían compensar el déficit financiero, Nicolás Franco volvió a Roma para negociar de nuevo un incremento de la ayuda, y una fórmula para regular el creciente desequilibrio del sistema de pagos. En esta ocasión, el debate fue complejo y muy tenso, porque, una vez más, las peticiones españolas se planteaban fuera del marco y de las fórmulas establecidas, eran exageradas, y nada tenían que ver con los acuerdos que se habían suscrito hasta entonces. Además, cada día se enconaba más la queja permanente de Italia sobre el trato preferencial dado a Alemania. Al final, el 8 de octubre de 1938, Italia y España firmaron un Pacto de Amistad, Colaboración y Asistencia.

En todo caso, las relaciones entre los negociadores italianos y españoles fueron muy tormentosas, porque aunque los españoles necesitaban con urgencia la ayuda italiana, incomprensiblemente la obstaculizaban, estableciendo precios anormalmente altos para las mercancías que suministraban, y mostrando una gran lentitud en el envío de éstas. El embajador español en Roma trasladaba constantemente al Gobierno de Burgos las amenazas que se le hacían llegar, por parte italiana, de que, si las cosas no cambiaban drásticamente, en lo sucesivo no se suministraría armamento ni material alguno, o que, si se hacía, el pago debería ser al contado en divisas. El embajador decía que los italianos, y «en forma irritadísima e irreductible», explicaban que su capacidad económica no les permitía de ninguna manera seguir ayudando a España, si ésta no cumplía los acuerdos de pago (Giura, 1993:31-32).

Desde luego, el trato comparativo entre las relaciones con Italia y Alemania fue muy distinto. En cuanto al volumen de ayudas, la implicación alemana en España quedó muy lejos de la italiana, aunque su rentabilización económica fue muy superior. En efecto, los alemanes establecieron en todo momento un rígido seguimiento de la economía de los sublevados, y acapararon grandes cantidades de materias primas, especialmente wolframio, y de víveres, asegurándose una importante participación en distintos sectores de la economía española. Los italianos, por el contrario, fueron menos exigentes y negociaron con mucha generosidad.[57] Quizá porque, supuesto el constante protagonismo de Mussolini, era público y notorio que los negociadores españoles siempre podían, si manejaban bien los escalones de mando, poner encima de la mesa del Duce cualquier problema y que éste siempre estaba dispuesto a resolverlo satisfactoriamente a favor de España. Giura (1993:92) dejó dicho que

… fue gracias a la intervención directa de Mussolini como se obtuvieron, entre otras cosas, el aumento del plafond del revolving credit, el acuerdo de 1938, extremadamente favorable a los españoles y la eliminación de la cláusula oro de los acuerdos para el pago de la deuda española en 25 años… lo que expuso al crédito italiano a los efectos devastadores de la devaluación monetaria.

Hubo un momento, incluso, en que los negociadores italianos de los acuerdos financieros finales tuvieron que hacer esfuerzos para impedir que Mussolini, siguiendo su deseo de parecer magnánimo, «se dejara llevar y diese carpetazo definitivo a todas las deudas que España tenía con Italia».

Una vez acabada la guerra, se procedió en primer lugar a la negociación de la liquidación de la deuda con el Gobierno italiano. El proceso de liquidación no planteó ningún problema, debido, una vez más, a la generosidad que en todos los momentos mostraron las altas jerarquías del Estado italiano.[58] Y de esa liquidación se dedujo que el crédito del Gobierno italiano por suministros del ejército hasta el 31 de mayo de 1938, y por suministros de marina y de aeronáutica hasta el 30 de junio de 1938, se elevaba a 3.626 millones de liras. Comprobaciones ulteriores dieron como resultado que los devengos causados por el Cuerpo de Tropas Voluntarias y los suministros a España en los primeros meses de 1939 importaban otros 3.300 millones de liras. El total del crédito ascendía, pues, a 6.926 millones de liras. Pero el Gobierno italiano sugirió que se estudiara la forma de amortizar una cantidad redonda, insinuando que el resto se condonaría. Y de esta manera, al final, el Gobierno italiano propuso fijar en 5.000 millones de liras la deuda total.[59] El resto quedaba condonado.

A partir de esta decisión, el 8 de mayo de 1940 se firmó un convenio, estableciendo en la cantidad de 5.000 millones de liras la suma total de la deuda del Gobierno español por suministro de material de guerra de todas clases y gastos hechos hasta el 31 de diciembre de 1939, con excepción del revolving credit que se había firmado con el consorcio de bancos italianos, de 300 millones de liras, que fue objeto de un acuerdo especial.

Para su formalización, el Gobierno español emitiría, y consignaría a favor del italiano, bonos del Tesoro español no transferibles ni pignorables.[60] El Gobierno italiano había pretendido, al principio, que los bonos del Tesoro español emitidos como garantía de la ayuda fueran transferibles y denominados en liras italianas de contenido de oro fino. Una cláusula que ponía a Italia al abrigo de cualquier alteración monetaria, de la lira o de la peseta, que pudiera ocurrir en el futuro. Y así se había prometido por España.[61] Pero al final se consiguió que no fuera así, y la cláusula «valor oro» fue suprimida, al parecer por decisión personal de Mussolini. Una cuestión muy importante, porque la deuda iba a quedar afectada por el resultado de la guerra mundial.

Así pues, el convenio resultó ser muy favorable para España. De tal manera que a partir de la notable depreciación de la lira, que se produjo en el período 1942-1967, el peso de la deuda disminuyó considerablemente, en términos reales, para España. En todo caso, esa generosidad obligó al Gobierno de Burgos a responder con otras pequeñas concesiones.[62]

La ayuda alemana

Los que estaban tratando de derrocar a la República se acercaron desde el primer momento a Alemania en busca de ayuda. Como primer antecedente, el hipotético viaje del general Sanjurjo a Alemania con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno. Un viaje en el que se dijo que Sanjurjo había acordado con los militares alemanes el traslado en avionetas de las tropas de Marruecos a la Península. Álvarez del Vayo (1940) dijo que la alianza entre el nacionalsocialismo alemán y el fascismo español quedó sellada antes de las elecciones, y que fue a partir del mes de febrero cuando el general Sanjurjo y José Antonio Primo de Rivera lograron la promesa de los alemanes de que los rebeldes tendrían a su disposición los aviones necesarios para el transporte de las tropas. Sin embargo, ninguna de esas afirmaciones ha podido ser documentada, y hay muchas posibilidades de que no sean ciertas.

Lo que sí está documentado es que los servicios de espionaje alemanes siguieron la «conspiración» contra la República prácticamente desde el primer momento en que ésta empezaba a tomar forma. También se ha dicho que, durante la preparación de la sublevación militar, hubo representantes clandestinos de Hitler en España. Y esta conexión dejó huella en las fuentes documentales alemanas incautadas por los Aliados al final de la segunda guerra mundial.[63]

En todo caso, el proceso oficial de petición de ayuda de los sublevados a Alemania comenzó el 21 de julio, cuando Franco, tratando de llegar a Hitler de la forma más directa y rápida, recibió a Johannes Bernhardt,[64] del que sabía que estaba en condiciones de contactar con facilidad, y sin trámites administrativos, directamente con el propio Hitler. Franco le encomendó que trasladara a Hitler una petición urgente de ayuda. Y tratando de formalizar esa petición, al día siguiente, 22 de julio, el coronel Beigbeder solicitaba, a través del cónsul Wegener, el envío urgente de diez aviones de transporte.[65]

Bernhardt era miembro activo del Partido Nazi y amigo de Mola, Yagüe, Beigbeder, y otros militares africanistas. Y después de hablar con Franco, informó a Adolf Langenheim, que en aquellos momentos era el «Ortsgruppenleiter» del Partido Nazi en Marruecos, donde ejercía como empresario. Y juntos decidieron aceptar la encomienda de Franco, y viajar a Alemania aprovechando que el 23 llegó a Tetuán un avión correo de la Lufthansa que, por orden de Franco, el general Orgaz había requisado en Las Palmas el día 20 de julio (Preston, 1994:203).[66]

Así, Bernhardt y su amigo y socio Adolf Langenheim, acompañados por el capitán Francisco Arranz Monasterio, viajaron a Alemania con una carta de Franco dirigida al Führer solicitando su ayuda. Fueron recibidos en Bayreuth por Hess y por Hitler, y le entregaron la carta de Franco.[67] Respondieron a sus preguntas, y Hitler fue incorporando a la reunión a distintos altos militares. Y después de tres horas de debate, dio su conformidad a acudir en ayuda de los sublevados.[68]

Uno de los determinantes que facilitaron la decisión en aquel momento fue el que coincidieran en Bayreuth los ministros del Aire, Goering, y de Guerra, Blomberg, porque éstos animaron a Hitler a tomar la decisión de involucrarse en la operación, tanto «por simpatía hacia sus planteamientos anticomunistas, como para utilizar el conflicto español como un laboratorio para mejorar las técnicas de los ejércitos alemanes».[69] Al parecer, en esa reunión Goering recordó al Führer que, a cambio de los aviones, Alemania podría obtener de España los minerales que tanto necesitaba. La clave estuvo en que Franco se acercó a Hitler directamente, evitando la burocracia oficial del Gobierno (Preston, 2008:129).

Al final, Hitler decidió mandar unos JU-52 de transporte cuanto antes a Marruecos, mientras otros se enviaban por mar (Rubio Cabeza, 1987, vol. 1:32 y ss.).

El endeudamiento con Alemania[70]

Sobre el endeudamiento de España con Alemania, como consecuencia de la guerra civil, la «nota» del 4 de agosto de 1940 del BOE señalaba que los «suministros alemanes durante la guerra de liberación, se saldaron en gran parte compensándolos con exportaciones de mercancías españolas». Y añadía que la «porción que ha quedado diferida será objeto de negociación para determinar su cuantía, su forma y plazo de pago». Hoy, sin embargo, ya se sabe que esa «nota» no era más que un anticipo, muy parcial, de la situación financiera del final de la guerra, y desde luego no representativa de la contribución alemana a la contienda.[71]

En todo caso, las relaciones España-Alemania durante la guerra fueron difíciles y complejas. Lo confirma el expediente «Cuentas con Alemania». El Gobierno alemán se negó sistemáticamente a llegar a un acuerdo comercial, y a un convenio clearing con España. Lo que sí quiso asegurarse fue un trato de excepción frente a los demás potenciales compradores de materias primas españolas. Y lo quiso especialmente al terminar la guerra, a la hora de hacer las cuentas finales. Porque, en ese momento, los alemanes se mostraron muy agresivos, y dispuestos a obtener los mayores beneficios. Una estrategia que queda muy clara a través de toda la documentación que hoy ya se puede manejar, de la que se deduce que su intención final era convertir España en una colonia económica, fuente de materias primas para la industria alemana, particularmente de aquellos sectores relacionados con el rearme.

Política del Gobierno alemán sobre suministros de materias primas[72]

Desde el primer momento de la guerra, Alemania dejó muy claro cuáles eran sus pretensiones económicas. Porque, independientemente de los argumentos de orden político en que se basaba la ayuda prestada a la sublevación española, pronto quedó claro que la península Ibérica formaba parte de sus objetivos comerciales, y que la riqueza minera era un importante objetivo. Y de tal manera, que la intervención alemana en la guerra civil española, y el volumen de su ayuda, no puede entenderse sin tener en cuenta la política de aprovisionamiento de materias primas, especialmente de minerales aplicados a las necesidades de guerra.

Los Gobiernos de Burgos y Alemania firmaron en Salamanca, el 20 de marzo de 1937, un Protocolo de Amistad.[73] Ambos consideraban ese protocolo como secreto hasta decisión posterior, estableciendo que, a su debido tiempo, el para entonces Gobierno de España y el Gobierno de Alemania regularían sus relaciones políticas, económicas y culturales con detalle, mediante acuerdos especiales. Sin embargo, los dos países sí definían las directrices que deberían presidir el contenido del futuro acuerdo. Eran las siguientes:

— Ambos Gobiernos estarían en constante consulta mutua sobre las medidas necesarias para defender sus respectivos países contra los «amenazadores peligros del comunismo».

— Ambos Gobiernos estarían permanentemente en contacto para informarse recíprocamente sobre «cuestiones de política internacional».

— Ninguno de los dos Gobiernos participaría en tratados u otros acuerdos con terceras potencias que estuvieran dirigidos, «directa o indirectamente contra el otro país».

— En el caso de que uno de los dos países fuera atacado por una tercera potencia, el Gobierno del otro país evitaría cualquier acto que pudiera «servir de ventaja para el atacante o desventaja para el atacado».

— Ambos Gobiernos estaban de acuerdo en su deseo de intensificar las relaciones económicas entre sus respectivos países «hasta el máximo posible».

Y de este modo reafirmaban su propósito de que los dos países cooperaran en el futuro y se complementaran en materias económicas.

Desde el punto de vista de la cooperación económica, el Gobierno alemán trataba por todos los medios de asegurar un trato de favor para Alemania. Quedaba bien claro que Goering tenía la intención de convertir España en un ejemplo de cómo su Plan Oficial Cuatrienal podría asegurar fuentes baratas y fiables de materias primas esenciales desde el extranjero (Leitz, 1996:124). Y en esta línea, las operaciones fueron múltiples, todas con olvido sistemático de la regulación de los intercambios y pagos que sugería España, porque en todo momento se impusieron las fórmulas alemanas. Y como punto de partida, y al servicio de esta estrategia, Alemania se dotó en España de una muy importante organización.[74]

En esta línea, Alemania no perdía ocasión de hacer patente su deseo de asegurarse un trato de excepción. Así, cuando vio el peligro de que se iniciaran negociaciones entre España y Gran Bretaña en relación con las exportaciones de mineral de hierro, decidió jugar fuerte trasladando a Franco su postura con toda dureza porque:

… con independencia de los derechos adquiridos por vía contractual y en base al apoyo a él concedido tanto de tipo moral y financiero como militar, Alemania seguía aferrada a la exigencia de que sus intereses económicos no fuesen sacrificados en beneficio de terceros. De ahí que se insistiera en que la parte más importante de la producción de hierro se dirigiese hacia Alemania (como así ocurría) indicando que en caso de no atender tal petición este país se vería obligado a reconsiderar su actitud respecto a la España nacional.[75]

Hay que insistir que los alemanes se mostraron en todo momento muy agresivos, y desproporcionadamente interesados en obtener contraprestaciones y rendimientos por su ayuda, independientemente del pago de la ayuda material recibida.

De esta manera, unas veces por el interés del Gobierno de Burgos en la generación de divisas libres, pero las más de las veces por las obligaciones derivadas de los acuerdos de colaboración con Italia y Alemania, y especialmente por las fuertes presiones de esta última, en España se fue configurando una estructura de comercio exterior realmente irregular.

Hisma y Rowak

Hisma y Rowak son un ejemplo de ello. Como ya se ha visto, un punto clave de la estrategia de las relaciones económico-financieras de Alemania con el Gobierno de Burgos era optimizar el suministro de materias primas españolas y el sistema de compensación de pagos, en lo que pudiera denominarse una operación de «armas por materias primas». Y para desarrollar esos objetivos, se puso en marcha un complejo de dos sociedades que debían asumir tal responsabilidad. Fueron Hisma y Rowak, y con ellas, antes de terminar 1936, Alemania ya disponía de una organización eficiente que iba a obligar a que todas sus relaciones económicas con la España de Franco discurrieran a través de un sistema que, a su vez, desempeñaba un importante papel en la compensación de pagos entre ambos países. En realidad, era un perfecto mecanismo para explotar la dependencia de Franco de la ayuda militar y económica alemana.

Las tareas asignadas a las dos empresas eran tres: proporcionar un canal para el llamado comercio «normal», es decir, de tiempos de paz, y servir como cámara de compensación para éste. Proporcionar a Alemania las materias primas esenciales para su economía y el Plan Cuatrienal. Y facilitar el pago del material de guerra a España (Hubbard, 1953:396). Un cometido que se fue modificando y ampliando a medida que se le asignaron nuevas competencias. El director de todo este aparato era Bernhardt.

La Sociedad Hispano-Marroquí de Transportes (Hisma) se creó en Tetuán el 31 de julio de 1936, para actuar como organización administrativa y oficina de pagos para la ayuda alemana. En realidad, y especialmente en sus primeros momentos, se ocupó de coordinar el transporte de las tropas de Franco y sus equipamientos hasta la Península,[76] camuflar esos transportes, y gestionar la adquisición de material de guerra adicional de empresas privadas. Posteriormente estuvo activa en muchos campos de la vida económica española. En realidad, la denominación Hispano-Marroquí de Transportes era su nombre comercial, porque la sociedad se constituyó bajo la razón social Carranza y Bernhardt S. L.[77] La duración de la sociedad era de dos años, y su objeto social «la explotación del negocio de transportes de todas las clases, por cualesquiera medios, vías y sistemas». Se le dotó de un capital de 200.000 pesetas.

En el expediente realizado para liquidar la Hisma, se hace un relato de cómo nació la sociedad y de su gestión y resultados comerciales.[78] Recuerda este documento que Hisma nació cuando Bernhardt se puso en contacto con Franco:

En aquellos momentos se agudizaba, con caracteres alarmantes, el problema de los transportes. La Escuadra española se declaraba, casi en su totalidad, contraria a la Causa, haciendo imposible el arribo de las tropas preparadas en África para venir en ayuda a los Nacionales.

Y es entonces cuando se inicia el apoyo a la sublevación por parte del Gobierno alemán. La llegada de los primeros aviones de transporte a Tetuán, con todos los efectivos que ello exigía, hizo necesario dar forma legal a la fórmula que había de administrar todo ello:

… fue cuando se pensó en formar una Compañía Comercial de Transportes Aéreos, bajo el nombre de «Hisma Ltda.», contracción de las palabras Hispano-Marroquí… encargándose la Hisma de la distribución de los diferentes Grupos Militares, y de la instrucción, a los soldados españoles, del manejo y aplicación de las nuevas armas de combate… Se establecieron sucursales de la Sociedad en los puntos y ciudades más estratégicos del Territorio Nacional y en aquellos otros que se iban ganando por la Causa… Como quiera que la España Nacional carecía en cantidad suficiente de divisas extranjeras, los envíos del material suministrado por Alemania, tenían que encontrar su contra-valor en materias primas u otros productos de origen español.

Las materias primas que cedía el Gobierno de Burgos se exportaban por Hisma, y para poder colocar las mercancías en Alemania y encargarse de su liquidación, se fundó en Berlín, en octubre de 1936, una compañía hermana que funcionaba paralelamente a Hisma bajo el nombre de Rohstoff-Waren-Kompensation Handelsgesellschaft (Rowak).

Por las circunstancias de la guerra, la marcha normal del comercio español «se vio interrumpido, asumiendo una completa paralización». A partir de este momento Hisma, «consciente de sus obligaciones, amplió su radio de acción (limitado hasta entonces a asuntos militares), a la Industria y al Comercio, estableciendo, mediante el sistema de compensación, el intercambio de productos entre ambos países».[79] Como base fundamental del sistema se determinó un tipo de cambio fijo, al que habrían de sujetarse todas las operaciones de compensación. Se fijó en 3,44 pesetas el marco. Y con ello «se hizo posible la importación de múltiples artículos fabricados o semi-fabricados, e incluso de algunas materias primas (el carbón p. e.), de imperiosa necesidad para el sustento y desarrollo de la vida económica española, sin ser preciso invertir divisas extranjeras».[80]

Al final, Hisma se convirtió en un instrumento decisivo de la influencia alemana, cuyo objetivo último era reducir España a una especie de protectorado alemán (Suárez, 1997:137-138). Suárez dice que los precios de la maquinaria alemana suministrada estaban sobrecargados, y que los sublevados no podían impedirlo por el estado de necesidad en que debían moverse. Al final, Goering decidió fortalecer la posición de Hisma frente al Gobierno de Burgos, elevándola a la categoría de «representante de los intereses económicos de Alemania en la España nacionalista». A la vez continuaría haciendo las veces de oficina de pago. Hisma ya estaba enteramente al servicio del régimen nazi (Leitz, 1999:85-86).[81]

Rowak se constituyó en Berlín con un capital de 3 millones de marcos. Su principal función era ser el agente exclusivo para negociar con las materias primas españolas suministradas a través de Hisma. La Secretaría de Estado en el Ministerio de Economía le concedió el monopolio para esta actividad, prohibiendo las ventas privadas o los intercambios con cualquier parte de España, a excepción de las que se realizaran por medio de la Rowak.[82] Y las dos organizaciones se responsabilizaban del mecanismo de compensación.[83] El binomio Hisma-Rowak hacía posible enfrentarse a un importante volumen de intercambio de mercancías, sin necesidad de utilizar divisas. La española, Hisma, compraba en España y exportaba a Alemania, y la alemana, Rowak, compraba en ese país y exportaba a España.[84] Rowak gestionaba también la financiación de todo el comercio alemán con la España de Franco, y asumía las fluctuaciones del cambio y los riesgos crediticios sufridos por los productores alemanes. En realidad, lo que el sistema Hisma-Rowak conseguía era obtener para el Plan Cuatrienal el mayor número de materias primas españolas, al menor coste posible, monopolizando el intercambio comercial hispano-alemán, muchas veces sin tener en cuenta el interés de España. Porque es claro que el hecho de que ambas empresas estuvieran bajo control alemán, convirtió la actuación del binomio Hisma-Rowak en un instrumento «original», pero sobre todo ajeno a los intereses españoles (Martínez Ruiz, 2008b:526).

Como era lógico, poco a poco fueron creciendo las fricciones entre Alemania y el Gobierno de Burgos, en relación con lo que representaba el clearing Rowak-Hisma.[85] Y esa presión llegó hasta el punto que la parte española exigió, repetidas veces, que se pusiera fin al monopolio Rowak-Hisma, porque ese complejo había logrado que la mayor parte de las materias primas producidas en la zona nacional se vendiera a Alemania (Bernecker, 2002:168-169).

Su gran ventaja comparativa era lograr la compensación más rápida y eficaz posible entre Alemania y España, en función de las operaciones comerciales que requería la dinámica de la guerra. Y así, Hisma pagaba a los exportadores españoles el valor de la mercancía embarcada, financiando la operación con los depósitos que constituían los importadores españoles, según el precio de las mercancías que querían comprar, y con las pesetas que el Gobierno de Burgos entregaba mensualmente a cuenta del material de guerra. Y Rowak, por su parte, financiaba las compras que se hacían en Alemania con el producto de las ventas de las mercancías españolas cuyos importadores pagaban al contado en marcos y con créditos otorgados por el Gobierno alemán.[86]

Terminada la guerra, Franco fue advertido de los peligros que entrañaba la conducta observada por Hisma, cuya dirección estaba inspirada en principios políticos contrarios al interés de España. Una organización, por otra parte, que, utilizando la divisa española generada «por los suministros militares y… por las importaciones alemanas», había podido financiar 17 compañías mineras mixtas (Suárez, 1997:137).

No hay duda de que esta situación privilegiada de la sociedad Hisma resultó fatal para ciertas rúbricas de la economía española. Mucho más de lo que parece. En las memorias de José Larraz aparece una pequeña información, que no deja de sorprender. Dice Larraz (2006:157 y ss.) que el 22 de agosto de 1938 redactó un informe justificando un cambio de la libra que se aproximara a las 50 pesetas. Al estallar la sublevación, el cambio de la libra esterlina en Madrid era de 30,70 pesetas, y el Gobierno de Burgos fijó a partir de entonces el cambio de la libra para los exportadores en 42 pesetas. A mediados de 1937 se fijó en 42,45, cotización en la que se estabilizó.

Pero ésa no era la mejor solución para la economía española. Los precios interiores de Gran Bretaña y Estados Unidos acusaban baja desde 1937, mientras que los españoles subían como consecuencia de la guerra. Por ello, una política de tipos de cambio fijos, junto a un proceso lento, pero continuado, de desvalorización de la peseta en la zona nacional, disminuía por momentos la fuerza exportadora del Gobierno de Burgos. Y por ello, las relaciones comerciales con el resto de los países se veían obstaculizadas progresivamente, mientras que las relaciones con Alemania se facilitaban en la medida en que el mantenimiento de la cotización a niveles de 42,45 permitía a la sociedad Hisma, que operaba a base de trueque, utilizar esta fórmula para adaptarse al nivel de los precios españoles.[87]

Pero lo verdaderamente destacable es que Larraz se quejaba en sus Memorias de que siempre que se sometía a estudio la posibilidad de modificar el tipo de cambio, la operación era boicoteada por los representantes de Hisma, con consideraciones técnicas sobre las ventajas del cambio estable, no queriendo saber nada de lo que realmente interesaba a la economía española. Larraz concluía que el criterio de Hisma «les derrotó», tristemente, en todas las ocasiones.[88]

La liquidación de Hisma no fue fácil. El expediente presentado al ministro de Hacienda para el finiquito de ésta, con fecha de 7 de octubre de 1940, explicaba que, en reunión celebrada en la Delegación Española en Berlín con sus homónimos alemanes, se había planteado por España que el saldo que la Hacienda española adeudaba en aquel momento a Hisma de 15.911.284 marcos debería ser incluido en la «cuenta general». A ello se oponía la representación alemana, alegando que una buena parte correspondía a material comprado a comerciantes particulares, sin ninguna intervención del Estado alemán.

En esa fecha, Hisma no realizaba servicio alguno, aunque mantenía su organización en términos reducidos, con oficinas y empleados que no tenían otra misión que liquidar la deuda pendiente. Es decir, los 15.911.284 marcos que eran objeto de la propuesta española. A partir de esta cifra se trataba de llegar a un acuerdo «de cómo y en qué plazos» había de pagarse.

Acuerdos comerciales

En la medida en que ningún acuerdo comercial fue suscrito entre Alemania y el Gobierno de Burgos durante la guerra, el binomio Hisma-Rowak desempeñó el papel que le hubiera correspondido a ese inexistente acuerdo comercial. Todo ello según los protocolos económicos «secretos» firmados entre España y Alemania.

El primer protocolo se firmó el 12 de julio de 1937 en Burgos. Por él se aplazaba hasta la finalización de la guerra la firma de un acuerdo general económico entre ambos países, declarándose dispuestas las autoridades de la zona nacional a aceptar que fuese Alemania el primer país con el cual fijaran sobre una base contractual general tales relaciones. Ese mismo día se firmó una adición, no secreta, al convenio de comercio del 7 de mayo de 1926, por el que se concedía a Alemania los beneficios derivados de la aplicación incondicional e ilimitada de la cláusula de «nación más favorecida». En realidad fue la única concesión de este tipo que se hizo durante la guerra civil.

Tres días más tarde se firmó un segundo protocolo, que prorrogaba la vigencia del sistema Hisma-Rowak, hasta la firma de un acuerdo general, aunque su verdadero objetivo era que el comercio hispano-alemán alcanzara «el máximo volumen posible». Ambas partes declaraban, «de forma general y vinculante su intención de fomentar el comercio entre las mismas de tal suerte que alcanzara la mayor amplitud, afirmando su común deseo de ayudarse en la medida de lo posible en el suministro de materias primas y productos alimenticios, semimanufacturados y acabados que tuvieran un interés especial para el país receptor». Por último, cada una de las partes tendría en cuenta los intereses exportadores de la otra, y «haría todo lo posible por facilitar la realización de los acuerdos de carácter privado que sus nacionales pudieran establecer». Desde el punto de vista alemán, se trataba de asegurar en el próximo futuro las importaciones de minerales que ya había alcanzado y aun mejorarlas.

Pero Alemania, como ya se ha visto, perseguía levantar un imperio económico en España. Y la mejor manera de conseguirlo era hacerse con la propiedad de los principales activos mineros.[89] Y éste era el contenido del tercer protocolo firmado el 16 de julio de 1937.[90] En él se acordaba fijar un tipo de interés del 4% sobre la deuda no cancelada, aunque el Gobierno alemán se declaraba dispuesto a reconsiderar la cuestión de los intereses cuando se llegara a un acuerdo definitivo sobre las obligaciones de pago españolas. Por su parte, las autoridades de Burgos se preocuparían de suministrar a Alemania aquellos productos que ésta deseara recibir, sobre todo materias primas.[91]

El Gobierno de Burgos garantizaba a Alemania la devolución de los préstamos concedidos por ésta, esperando al final de la guerra para definir el sistema de su cancelación. Independientemente de ello, se arbitraba como fórmula de pago el importe de las materias primas que se remitieran a Alemania. Como contrapartida, el Gobierno alemán se comprometía a participar en la reconstrucción económica española, con especial referencia a la explotación de riquezas mineras y demás materias primas. Y España se comprometía a dar facilidades para la fundación de sociedades españolas con participación alemana.[92]

En realidad, los tres protocolos «secretos» intentaban mantener el predominio comercial mientras durara la guerra y, desplazando a los clientes tradicionales, aseguraban el suministro a Alemania de ciertas materias primas a un precio inferior al internacional sin necesidad de utilizar divisas, a la vez que se establecía un compromiso formal para el pago de la deuda al final de la guerra.[93]

En mayo de 1937, y para mejor defender y no publicitar sus operaciones, Alemania traspasó todos los intereses en Hisma relacionadas con la extracción de minerales a una nueva sociedad denominada Minerales de España.

Más tarde, en noviembre de 1938, se creó la Sociedad Financiera Industrial Limitada (Sofindus), que llegó a tener diversas compañías dedicadas a sectores como transportes, cuero, maquinaria, vino y fruta, y que mantenía oficinas en ocho ciudades españolas. Y de esta manera, el comercio hispano-alemán fue creciendo a costa del angloespañol. El valor total de las importaciones alemanas de España durante 1937 alcanzó los 101,1 millones de marcos, frente a los 54,6 de marcos de las exportaciones a España. Estas cifras no incluían la ayuda militar ni los materiales enviados a las unidades militares alemanas que operaban en España (Harper, 1967:65-66).

La Operación Montana

Incidente grave y paradigmático, en relación con esa dura estrategia alemana, fue la Operación Montana, a través de la cual el Gobierno alemán pretendió hacerse con una parte importante del sistema minero español, al margen de la legislación vigente.[94] Montana agrupaba cinco compañías mineras: Aralar, compañía explotadora de minas de Tolosa; Minera Santa Tecla, de Vigo; Montes de Galicia, de Orense; Sierra de Gredos, compañía explotadora de minas de Salamanca; y Montañas del Sur, de Sevilla (Harper, 1967:111-112).

La Operación Montana comenzó cuando, para alcanzar una posición permanente en la economía de España, Alemania decidió utilizar la influencia, cada vez mayor, resultante de su intervención en la guerra civil. Y de esta manera, en febrero de 1937 Goering ordenó la compra de todos los derechos de explotación minera en España que fuera posible. De hecho, Hisma-Rowak ya había comenzado anteriormente a examinar la posibilidad de una expansión de los intereses económicos de Alemania en el sector minero español.

En consecuencia, pronto comenzó la adquisición clandestina de numerosos derechos mineros. Con la ayuda de geólogos enviados a España, se obtuvieron alrededor de 200 reclamaciones en las viejas minas de los principales minerales encontrados en España, desde wolframio hasta cobre (Whealey, 2005:83 y ss.). Hisma intentó hacer estas compras sin llamar mucho la atención, porque temía que un interés alemán visible pudiera llevar a un incremento en los precios. Mayor era, sin embargo, la preocupación de que el Gobierno de Franco pudiera conocer las intenciones de Alemania.

En todo caso, la intención final era convertir España en «una colonia económica, fuente de materias primas para la industria alemana, particularmente de aquellos sectores relacionados con el rearme, así como compradora de productos manufacturados alemanes». Y en la consecución de este objetivo, Hisma recibió órdenes no sólo de adquirir minas y derechos de explotación minera, sino también de fundar compañías comerciales que pudieran ocuparse de la compra coordinada de las «materias primas y de los productos españoles» (Leitz, 1996:77).[95]

Y de esta manera, Hisma fue adquiriendo en España derechos sobre minas de hierro, cobre, plomo, wolframio, estaño, zinc, cobalto y níquel. En octubre de 1937, Hisma ya poseía derechos sobre 73 minas. Como era lógico, esto supuso importantes discrepancias entre las autoridades alemanas y el Gobierno de Burgos sobre el nivel de participación que Alemania podía tener en las minas españolas (Bernecker, 2002:168). Y, el día 9 un decreto ley declaró nulas todas las ventas de concesiones que se hubieran hecho a partir del 18 de julio de 1936.

En las actuales circunstancias es indispensable que las actividades y riquezas nacionales estén sujetas a directivas impuestas por los más altos Organismos del Estado, y siendo la minería una de las que debe merecer más destacada atención… Quedan suspendidos… todos los actos de enajenación de propiedad minera, así como la venta, cesión o transmisión en general de acciones de Sociedades mineras y arrendamientos.[96]

El contenido del decreto ley era claro y simple: los títulos sobre la propiedad minera adquiridos desde el estallido de la guerra civil quedaban anulados, y sin efecto legal. Y no se permitían más adquisiciones posteriores, sin el permiso del propio jefe del Estado (Harper, 1967:71). Los alemanes se quejaron, pretendiendo que la medida se había tomado contra ellos, pero como Franco explicó en su discurso del 12 de octubre: «España no admite especulaciones sobre su soberanía».

Alemania exigió que se reconocieran los derechos mineros comprados hasta ese momento, pero la respuesta del Gobierno de Burgos fue declarar que lo único que podía hacer era estudiar, caso por caso, cada una de las 73 concesiones pendientes. Adicionalmente, Franco expresó a una misión alemana su extrañeza de que «Hisma, en la que confié para la tarea de regular el comercio y los pagos, esté ahora intentando adquirir secretamente, y esté adquiriendo, los derechos de explotación minera» (Harper, 1967:87).

Como consecuencia del problema planteado, se inició la preparación de una nueva Ley de Minas. Mientras esa ley se preparaba, Alemania siguió presionando para que se otorgara a los alemanes el mismo derecho de propiedad que tenían los españoles. Pero Franco se negó.[97]

En diciembre de 1937, un enérgico comunicado de Goering consideraba inaceptable la protección de las materias primas por parte del Gobierno de Burgos, en la medida en que estaban vinculadas a la reconstrucción industrial alemana. Y exigió de nuevo que se firmara la orden para que las 73 concesiones mineras que la Hisma había comprado fueran inscritas en los registros mineros. De nuevo el rechazo fue total. Porque efectuar un registro de propiedad de 73 concesiones en bloque de una sola empresa extranjera significaba una «enajenación inaceptable».

Frente a las presiones, Franco insistía, y cada vez más duramente, que estaba dispuesto a estudiar con la mejor voluntad cada una de las peticiones, pero que de ningún modo quebraría en beneficio de Alemania las leyes vigentes que obedecían «al designio de salvaguardar la soberanía nacional». Y fue en este momento cuando los alemanes volvieron a insistir, dejando traslucir que ésa era la recompensa que esperaban recibir por la generosa ayuda que Alemania les estaba proporcionando (Suárez, 1999:591-592).

Por fin, el 8 de junio de 1938 se publicó en el BOE la nueva Ley de Minas. Previamente, el 5 de junio, el embajador alemán había sido llamado a Burgos para informarle de la nueva ley. Al parecer se le dijo que ésta era favorable a los intereses alemanes, y que, además, no se publicaría hasta pasados unos días (Suárez, 1999:643). La Ley de Minas elevaba el porcentaje máximo de participación de capital extranjero en empresas mineras al 40%. Pero las concesiones de explotación mineras sólo se otorgarían a españoles o a entidades españolas constituidas y domiciliadas en España. El 60%, por lo menos, del capital social debía ser propiedad de españoles. Y el presidente y los dos tercios del Consejo de Administración tendrían que ser españoles, aunque la ley permitía ciertas excepciones que podían favorecer a los «amigos».

Esta ley despertó la indignación de los alemanes. Entendieron que se había hecho a sus espaldas. Que se les comunicaba cuando prácticamente estaba firmada. Y que no cabían en ella modificaciones. Además, no hacía excepción alguna a favor de Alemania. Pero les quedó muy claro que el Gobierno de Burgos no estaba dispuesto a hipotecar la riqueza minera española.

Al final, el duro enfrentamiento del Gobierno de Franco con las autoridades alemanas bajó de tono a partir de la conferencia de Munich, cuando Hitler comenzó a asumir un papel cada vez más relevante en la política europea (Bernecker, 2002:168). Porque en ese momento el Gobierno de Burgos temió por la creciente tibieza de la ayuda alemana, y se buscó una solución. En tres compañías la inversión alemana podría llegar hasta el 75% del capital, en otra hasta el 60% y en una quinta a un 40% (Viñas, 2001:463).

Haciendo un poco de historia para entender la posición de Alemania, hay que recordar que, según mantiene Christian Leitz (1996:23), tres meses antes de la sublevación del 18 de julio, Hitler ya había dado órdenes a Goering de que definiera una política para mejorar la situación alemana en cuanto a materias primas y divisas se refiere. Con posterioridad, fue el propio Goering el encargado de pilotar esta operación. España era del mayor interés, porque producía importantes cantidades de ciertas materias primas que Goering trataba de obtener.[98] Era productora de piritas, de las que aportaba el 20% de la producción mundial. Lo era de mercurio, del que monopolizaba cerca del 80% del total mundial. Lo mismo podía decirse del mineral de hierro, especialmente si se tenía en cuenta el producido en las minas del Marruecos español. Las reservas de plomo españolas podían ser consideradas las más importantes de Europa, al igual que las de zinc. Estaño, oro, bismuto, antimonio y sulfuro podrían en el futuro ser explotados en España en grandes cantidades. Y eso era especialmente cierto para el wolframio, un mineral absolutamente imprescindible para la fabricación de material de guerra, del que Alemania se abastecía en China, que era el mayor productor mundial, pero del que los suministros habían descendido sensiblemente, con motivo de la guerra chino-japonesa. En todo caso, en 1936 España aparecía ya en el número uno en la lista de posibles proveedores de wolframio de Alemania, porque en Portugal, también importante posible proveedor, las minas eran propiedad de compañías inglesas.[99]

También las piritas eran primordiales en la estrategia económico-militar alemana, en la medida en que constituían el componente principal para la producción del ácido sulfúrico, base de toda la industria química. Pero en España estaban controladas por capital británico, en cuyas manos estaban las tres compañías más importantes, Riotinto, Tharsis y Orconera. Y aunque los alemanes no consiguieron adquirirlas, pese a sus esfuerzos, el Gobierno de Burgos consiguió durante los años de guerra derivar su producción hacia Alemania (García Pérez, 1994:61-64). El responsable de la gestión del suministro de materias primas, como ya se ha visto, era Goering, quien, a esos efectos, recibió el mando directo de todos los ministerios económicos, lo que le convirtió en la persona más próxima a Hitler. Y su obsesión por las materias primas le llevó a vincularse muy estrechamente en la guerra civil española, convirtiéndose en el principal promotor de la intervención alemana en ésta, en su doble aspecto, militar y económico. Hasta el punto que, en círculos militares, la guerra civil española fue conocida como la «guerra de Goering». Éste confiaba en que el binomio Hisma-Rowak le permitiría obtener el máximo beneficio económico de la intervención alemana en España, aunque su intento de someter económicamente la España de Franco a la Alemania nazi fracasó.

En todo caso, las preocupaciones alemanas en este sentido se concretaron en los protocolos de julio de 1937, que reflejaron muy bien las preocupaciones dominantes de Alemania, que, fundamentalmente, eran tres: el temor a la concurrencia de terceros países en el mercado español; cómo garantizar el suministro de materias primas para Alemania; y la necesidad de asegurar el pago de las deudas de guerra (Viñas, 2001:460-461).

Como resultado de su política económica durante la guerra civil, Alemania ya había conseguido en 1939 ser el principal socio comercial español, tanto en importaciones como en exportaciones, aventajando a sus más directos competidores. Y, lo que es más importante, transformando las tendencias seculares de los intercambios españoles, que tradicionalmente se venían dirigiendo hacia Francia y Gran Bretaña (García Pérez, 1994:59).

Liquidación de la deuda alemana

Respondiendo a la pregunta de cómo abonó Franco la ayuda que le prestó Hitler, Walter Görlitz contestaba que, en el caso español, el componente financiero de los suministros de Hitler pasó a segundo término, y que en la decisión de Hitler de ayudar a España intervinieron tres factores: la estrategia, la propaganda ideológica y las perspectivas económicas. Explicaba que un presunto bloque frentepopulista franco-español, que pudiera entenderse con Moscú, amenazaba el cauce ordenado de la política alemana. Y que, frente a él, Alemania debería presentarse como el «campeón del anticomunismo» en el mundo. Todas estas razones, decía, hacían pasar a segundo término el aspecto financiero de la operación. Aunque, añadía, Alemania nunca olvidó la posibilidad de cobrarse, recibiendo de España, especialmente del Marruecos español, los minerales que precisaba para su industria de rearme (Görlitz, 1977:37-38).

A lo largo de los años que duró el conflicto, una parte considerable de las importaciones de suministros de guerra desde Alemania fueron pagadas por compensación, es decir, con exportaciones españolas a Alemania, reguladas en cada momento. Ello hace prácticamente imposible conocer el importe de aquellas operaciones, las fórmulas empleadas y, por lo tanto, el volumen de recursos con que contribuyeron a la financiación de guerra. Aunque sí existen algunas evaluaciones de lo que pudo ser la liquidación final.

Hacia el final de la guerra se iniciaron conversaciones preliminares para fijar la deuda y establecer las condiciones de pago. Larraz (2006:326 y ss.) dice en sus Memorias que en aquellas conversaciones apenas se concretó nada importante. La negociación se reanudó en el otoño de 1939, cuando fue enviado a Madrid, como «embajador económico», el doctor Wohlthat. Con él sí se negoció duramente. Y Larraz cuenta, con bastante detalle, las largas conversaciones y debates que tuvieron lugar a lo largo de 1940, y los entresijos internos de la administración española, que al final culminaron con el protocolo firmado a principios de 1941.

Para definir con más precisión la deuda y regularla, se decidió, en diciembre de 1939, constituir una comisión de técnicos, pero al final la liquidación de las cuentas con Alemania terminó siendo muy compleja.[100] El desacuerdo de los delegados españoles sobre la interpretación de lo que era la deuda española con Alemania, en relación con la de los representantes alemanes, fue total. Según éstos, la deuda líquida ascendía a 372 millones de marcos, incluyendo el coste de la Legión Cóndor, que los alemanes cifraban en 99 millones de marcos.[101] Por su parte, el Gobierno español planteaba que no podía considerarse como débito del Estado español ese coste, entendiendo que no fue un suministro de material de guerra, porque esa colaboración tuvo el carácter de fuerza aliada en la «lucha sostenida en común contra el Comunismo». España se había comprometido a satisfacer el suministro y los haberes de esa tropa, pero los demás gastos deberían correr por cuenta de Alemania.[102]

El 16 de julio de 1940, en una entrevista de Franco con Bernhardt, se hizo un intento de alto nivel de reforzar el comercio hispano-alemán y de agilizar la dificultosa liquidación de la deuda. En esa reunión, Alemania puso de relieve «la indispensable necesidad de dar al intercambio entre España y Alemania el máximo volumen». Esperaban para ello que España les abriera una línea de financiación de 75 millones de pesetas. Larraz contestó objetando la falta de créditos en el presupuesto, y les remitió a los servicios del Banco Alemán Transatlántico de Madrid.

A esas fechas, según Larraz (2006:327), y después de todas las correcciones, el saldo a favor de Alemania por suministros de guerra públicos y privados, más gastos de la Legión Cóndor, se situaba en 334,4 millones de marcos. Y Larraz, pensando en la quita que habría de obtenerse al final, como en el caso de Italia, fijó la cifra límite en 250 millones de marcos. Y con ese mandato una comisión española se desplazó a Alemania.[103]

Las instrucciones que la comisión había recibido del Gobierno era insistir en la supresión de la partida de 60 millones de marcos que se facturaba en razón de gastos de la Legión Cóndor, a lo que los alemanes se negaban sistemáticamente. Insistían también en algo que los españoles contemplaban objetivamente inadmisible, como era el deseo del Gobierno alemán de obtener de España una compensación por «los daños sufridos por súbditos germanos durante la guerra civil», que se cifraban en unos 45 millones de marcos (Viñas 1979b:120). Independientemente de ello, el Gobierno español, tal como había sugerido Larraz, pretendía que sobre la cantidad resultante de la deuda debería hacerse una quita. Pero la comisión fue informada de que la última cifra que el Gobierno alemán había fijado como límite ascendía a 504 millones de marcos, «cifra extraordinariamente distanciada» respecto a la que Larraz esperaba (Larraz, 2006:328-329). Por lo tanto, regresó a Madrid sin acuerdo alguno.[104]

La negociación estaba en un punto muerto. El Gobierno español no podía aceptar de ninguna manera el tema de las indemnizaciones, porque los ciudadanos alemanes deberían ser tratados en función de la legislación general española sobre daños de guerra. En el fondo, Alemania quería dar una «solución financiera» al problema, mientras que España pretendía una «solución política». Pero las dos partes tenían necesidad de entenderse. Y así, a principios de 1941, se firmó un acuerdo[105] que en realidad no era tal, sino un modus vivendi para estabilizar y demorar el problema.

Éstos eran los términos de ese «acuerdo», desarrollado por el protocolo confidencial hispano-alemán del 28 de febrero de 1941:

1.º) El Gobierno español reconocía la exactitud de las facturas y cuentas correspondientes a los llamados suministros especiales del Gobierno alemán, habiéndolas encontrado conformes con sus respectivos justificantes.[106]

2.º) El Gobierno alemán tomaba nota de que el Gobierno español, por razones de orden político y económico, solicitaba una rebaja global, y se declaraba dispuesto a negociar, a su debido tiempo, la cuantía del crédito exigible, así como la forma y modalidades de pago.

Un acuerdo tan vago no aportaba nada, pero suponía un inexplicable reconocimiento de principio de los gastos personales de la Legión Cóndor y de los suministros de firmas privadas.[107] La amenaza del reconocimiento de esa deuda la definió con toda claridad Luis Suárez (1997:194), señalando que sometía económicamente España a las estructuras e intereses del Tercer Reich, y que si la guerra continuaba, «podía convertirse en un gran capital sobre el que imputar las facturas de mercancías compradas directamente». Si, como entonces se esperaba, «las hostilidades concluían por capitulación de los aliados, podía invertirse en la compra de propiedades en España».

En todo caso, la etapa de liquidación quedaba diferida sine die. Larraz terminaba el capítulo de sus Memorias referido a su gestión ministerial, diciendo que en «este punto quedó el negocio de la deuda con Alemania cuando yo dejé el Ministerio de Hacienda».

A partir de la firma de este «acuerdo», las compras alemanas podían hacerse sin pagar su importe. Y minerales, aceite y naranjas, entre otras cosas, fueron enviados a Alemania sin generar divisas para la economía española. Las cosas empezaron a mejorar cuando el 31 de diciembre de 1941 se liquidó Hisma, de modo que las imputaciones deudoras del Gobierno español con esta empresa desaparecieron. Por otra parte, la División Azul devengaba en aquellos momentos 5,3 millones de pesetas mensuales. También se estaban recibiendo divisas alemanas a través de los sueldos de los trabajadores españoles en el exterior y de las ventas de minerales y productos agrícolas. Y de esta manera, en 1942 la deuda de España con Alemania era ya solamente de 165 millones de marcos, y todavía le quedaban al Gobierno 700 millones de pesetas para hacer compras en Alemania. Ese mismo año el programa de adquisiciones de Alemania en España ascendía a 200 millones de marcos, y los suministros de España podían llegar a 120 millones. Con esta operación, la deuda alemana quedaría prácticamente cancelada (Suárez, 1997:381 y ss.).

Pero las relaciones se iban deteriorando, y la condescendencia española disminuyendo sensiblemente. Los alemanes cada vez entendían menos la actitud española. Sin la ayuda que en otro tiempo prestaron, decían, no estaría Franco en el poder. Y hasta tal punto no lo entendían, que Alemania planeó, en un determinado momento, desestabilizar la posición de Franco, mediante una restauración de la monarquía, o sustituyéndole en la Jefatura del Estado por alguien más proclive a Alemania (Suárez, 1997:429 y ss.).

Las quejas alemanas, sobre el desagradecimiento de España al esfuerzo que habían hecho durante la guerra civil, iban en aumento. Se quejaban de que España le entregaba wolframio en cantidades sensiblemente por debajo de las que necesitaban, y desde luego de lo programado. Y además, que derivaba importantes partidas a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Hubo incluso un momento en que España retuvo en la frontera 175 toneladas de wolframio, 492 de plomo y 178 de esmalte de plomo, todo ello de un pedido ya aceptado y pagado. A la vez, de un pedido de 15.000 toneladas de aceite de oliva, España sólo había servido 5.000, mientras que había remitido 14.000 toneladas a EE. UU.

Tratando de mejorar esa situación, el 13 de julio de 1942, el ministro Stohrer visitó a Franco. Ante él se quejó de que España había establecido acuerdos comerciales con Suiza, Francia, Rumanía, Argentina, Italia, Croacia, Gran Bretaña y Estados Unidos, y estaba a punto de hacerlo con Portugal, pero que todavía no lo había hecho con Alemania. Ello le parecía un comportamiento poco amistoso. Desde España, le dijo, se estaba dañando a las potencias del Eje, pagando «mal los grandes esfuerzos que Alemania estaba haciendo para asegurar medios de vida a los españoles».

Las peticiones que Stohrer hacía a Franco eran muy concretas. El Gobierno español debería liberar el wolframio y el plomo que tenía retenido en la frontera, y en el futuro debía permitir la salida de todo lo que se comprara, asegurando un suministro regular. Debería dar preferencia a Alemania en la compra de aceite de oliva. Y también debería ocuparse de dar solución al hecho de que los bancos españoles se estaban negando a avalar créditos alemanes.

La respuesta de Franco fue clara: «respecto a las relaciones hispano-alemanas, en general, España es siempre fiel a Alemania y se sitúa a su lado. La causa de Alemania es la causa de España. España tiene los mismos enemigos que Alemania. España proporcionará toda la ayuda posible a Alemania para que gane la guerra». Sin embargo, las relaciones comerciales constituían una perentoria necesidad para España. Porque resultaba imprescindible adquirir carburantes y caucho, que los alemanes no podían proporcionar, y de los que España no podía prescindir. Incluso llegó a decir que seguramente los datos del embajador estaban equivocados. En conclusión, Franco afirmó que «el Gobierno español, lleno de buena voluntad, garantizaba la entrega mensual de aquellos minerales que se fijasen por el acuerdo comercial que iba a negociarse». Luis Suárez (1997:385-386) dice que, conociendo la característica forma que Franco tenía de decir las cosas, es indudable que en la audiencia del 13 de julio quedó claro que las futuras compras alemanas se regularían por medio de un acuerdo comercial, que era exactamente lo que los españoles venían reclamando.

Las negociaciones para la firma de ese acuerdo económico se iniciaron el 29 de julio de 1942, pero los negociadores por parte española endurecieron mucho sus peticiones, exigiendo 100.000 toneladas de carbón y 40.000 de nitrógeno, que Alemania no podía suministrar. Y el acuerdo nunca fue firmado.

A la hora de hacer una evaluación de la ayuda alemana a la guerra civil, lo primero que hay que destacar es que ésta fue inferior a la italiana. También que, económicamente, fue explotada, utilizada y optimizada en todo momento, tratando de sacar el mayor provecho de España, asumiendo la prioridad de las exportaciones más interesantes para su economía, y discutiendo hasta el último momento los precios del suministro. Y es importante recordar, a este particular, que en enero de 1939 casi la mitad del comercio de la España de Franco se dirigía a Alemania. Por otra parte, ha quedado más que demostrado que los alemanes intentaron cobrarse con creces su ayuda, y que para conseguirlo hicieron todo lo que estuvo en sus manos. Este proceso sólo lo cerró su derrota en la segunda guerra mundial.

En todo caso, y para mejor juzgar esa política de optimizar su participación en la economía española y rentabilizar su inversión, es preciso recordar, volviendo al principio, que en marzo de 1940 Goering había establecido las siguientes orientaciones estratégicas para sus hombres en España: a) extraer el mayor volumen posible de materias primas, tales como wolframio, mercurio, estaño, lana, etc.; b) hacer funcionar el aparato con criterio de rentabilidad; c) asegurarse de que el grupo era capaz de expandir su papel en la economía española; y d) evitar querellas y luchas de competencia con otras empresas alemanas radicadas en España, coordinando la actividad de cara a intensificar la exportación hacia Alemania (Viñas, 2001:488).

Terminada la segunda guerra mundial, un decreto ley del 5 de mayo de 1945 reguló el bloqueo de los bienes pertenecientes a extranjeros súbditos del Eje o de países que hubieran sido dominados por éste. La medida afectaba a todos los activos y derechos patrimoniales que pertenecieran directamente, o mediante personas interpuestas, a los súbditos del Eje o de los países ocupados. Ese mismo día se creó la Comisión Consultiva Interministerial sobre Bloqueo de Bienes Extranjeros, e inmediatamente comenzaron las negociaciones entre España y los Gobiernos aliados acerca del futuro destino de los activos alemanes en España.[108]

El 10 de mayo de 1948, se suscribió un convenio entre el Gobierno español y los de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, relativo a «la eliminación del potencial económico situado en España, susceptible de constituir un peligro para la paz, y de liquidación de saldos y reclamaciones de pago entre los gobiernos de España y Alemania». El convenio se refería expresamente a las propiedades situadas en España, pertenecientes el 5 de mayo de 1945 a personas de nacionalidad alemana, no residentes o domiciliadas en España, y a la parte de las personas jurídicas domiciliadas en España que fuera propiedad de alemanes no residentes. España, a título de compensación recibía un importante porcentaje de los beneficios procedentes de la expropiación. Especial mención hay que hacer del artículo 13 de ese convenio, que canceló toda reclamación entre España y Alemania sobre saldos deudores por tráfico de mercancías o divisas, lo que, por fin, cerró definitivamente la liquidación de la deuda alemana.

Posteriormente, se regularía la venta de los bienes alemanes de titularidad privada, haciéndose pública una relación de 262 sociedades de capital alemán sobre las que se ejercería una vigilancia especial, en tanto en cuanto no se decidiera sobre ellas. Al final se expropiaron 75 empresas, en su mayoría con 100% de capital alemán. Las sociedades con participación alemana inferior al 10% fueron descartadas. En banca, se expropiaron el Banco Germánico de América del Sur y el Banco Alemán Transatlántico.

Por fin, el 8 de abril de 1958 España y la República Federal de Alemania firmaron un convenio para «poner término a la situación originada como consecuencia de la segunda guerra mundial, en relación con los bienes de propiedad alemana situados en España». La liquidación final de los activos alemanes en España supuso un ingreso de 509,7 millones de pesetas, de los que 227,9 millones correspondían a activos de propiedad pública y el resto privados. Los Aliados recibieron íntegros los 227,9 millones obtenidos por la venta de activos estatales, pero sólo 172,8 millones de la liquidación de los activos de titularidad privada (Martorell, 2008:647-648).

El total de la ayuda exterior del Gobierno de Burgos

En 1979, Viñas[109] se atrevió a resumir y globalizar, en una operación de máximos y mínimos, la ayuda recibida por el Gobierno de Burgos del exterior. Y éstas fueron sus conclusiones:

La asistencia italiana osciló entre un máximo de 3.914 millones y un mínimo de 3.327 millones de pesetas. Y la alemana entre 2.104 y 1.932 millones de pesetas. Según estas cifras de Viñas, el intervalo en el que se movería la ayuda conjunta de Alemania e Italia vendría, pues, definido por un extremo superior de 6.018 millones de pesetas y otro inferior de 5.259 millones, excluyendo los créditos de la ley reservada del 1 de abril de 1939.

La «nota» del 4 de agosto de 1949 decía que la ayuda financiera recibida por el Gobierno de Burgos para financiar la guerra en el exterior fue una cifra inferior a los 1.200 millones de pesetas oro. Pero la realidad es que superó los 6.000 millones de pesetas, equivalentes a 700 millones de dólares. Cifra muy parecida, casi idéntica, al valor de las reservas oro que salieron del Banco de España. Han pasado muchos años, pero todavía hoy el conocimiento de aquella realidad no permite salirse del entorno de estas cifras.

Tampoco es posible computar los innumerables apoyos recibidos por el Gobierno de Burgos. En esta línea, están documentadas las ayudas, que se hicieron por vía indirecta, de la Ford, Studebaker y la General Motors, que proporcionaron 12.000 camiones al Gobierno de Burgos. Y está documentado que Dupont de Nemours suministró 40.000 bombas enviándolas vía Alemania y burlando así la Ley de Neutralidad (Beevor, 2005:210). No es posible hacer el inventario de otras ayudas de este tipo que, indiscutiblemente, existieron.

EL IMPACTO DE LA GUERRA SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR[110]

Las alteraciones que la guerra civil provocaron en la correcta administración y contabilización del comercio exterior de España, así como la distinta respuesta que en cada uno de los dos bandos se dio a la problemática creada, plantea grandes dificultades a la hora de definir cuáles fueron las políticas de importación y exportación de cada uno de los bandos y cuáles fueron sus resultados. Y ello hace muy difícil llegar a conocer el verdadero coste de la guerra, y especialmente reconstruir, siquiera sea en una aceptable aproximación, el total de las cifras del comercio exterior de España entre 1936 y 1939.

En todo caso, sí es cierto que el sector exterior estuvo subordinado en ambas zonas al sostenimiento de la maquinaria de guerra, aunque las condiciones de las que partía cada contendiente crearon también dos diferentes modelos de comportamiento exterior. La República financió sus importaciones con la utilización de los medios de pago internacionales de que disponía, especialmente con la monetización del oro, y de otra serie de activos, mientras que los sublevados optaron por el endeudamiento y la exportación (Sánchez Asiaín, 1999a:78-79).

Una de las primeras preguntas que es necesario hacerse en una investigación que trata de examinar los efectos de la guerra civil en las distintas macromagnitudes económicas, es cómo se puede llegar a conocer, con una cierta precisión, el comportamiento entre 1936 y 1939 de las cifras de comercio exterior. Y ése es el contenido de las páginas que siguen, en función de lo que, los pocos que han investigado a fondo esa situación, han llegado a definir, tratando de aclarar cómo pudo ser el comercio exterior de la República y el del Gobierno de Burgos.

Comercio exterior de la República

Difícil es penetrar en lo que pudo ser el volumen y composición del comercio exterior de la República en los años de la guerra civil. Viñas (1976:447), que fue uno de los primeros en investigar esta cuestión, llegó a la conclusión de que el volumen de divisas arrojado por la exportación republicana era verdaderamente difícil de determinar ante la carencia de estudios sobre esa materia. Dando por supuesto, en todo caso, que la guerra civil implicó una importante reducción de los intercambios comerciales.[111]

Es necesario tener en cuenta, a la hora de analizar la pérdida de control de la República de la actividad de exportación, lo complicado que resultó defender competencias sobre la regulación del comercio exterior, para lo que hubo que reforzar la actividad del Cuerpo de Carabineros, y ponerlo bajo la dependencia directa del Ministerio de Hacienda, a fin de mantener bajo su control las fronteras. Y no se olvide, por otra parte, que si el territorio de la República era rico en productos agrícolas de exportación, y en ello se habían depositado grandes esperanzas para conseguir divisas, las desavenencias entre los anarquistas, detentadores por mucho tiempo del control de la exportación naranjera del Mediterráneo, los comunistas, y los propios agricultores, así como las dificultades de navegar por aguas ciertamente hostiles, arruinaron esta posibilidad (Sánchez Asiaín, 1999a:76).

Porque fue una realidad el hecho de que las autoridades republicanas perdieron, desde el primer momento, el control sobre una porción importante de las transacciones exteriores efectuadas en su territorio. Y es necesario recordar a este particular que, aunque la tarea fundamental para la República era ganar la guerra a los sublevados, en muchas ocasiones tuvo que afrontar otras «guerras» que la enfrentaron con los órganos de poder paralelos, que pretendían intervenir en el circuito de la exportación, y que fueron surgiendo en su propia zona, en especial en espacios donde las organizaciones obreras revolucionarias eran hegemónicas. Se pueden citar como ejemplos paradigmáticos de esa situación, Aragón, Asturias, las colectivizaciones de Jaén o el Consejo Levantino Unificado de Exportación Agrícola, organismo creado por la CNT y la UGT para monopolizar la exportación de cítricos, monopolio nunca reconocido por el Gobierno, ni por otras fuerzas como los comunistas, pero que tuvo como resultado segregar de las cifras de exportación oficiales cantidades notablemente importantes.

En cuanto al conocimiento del nivel de exportaciones republicanas en el período de guerra, la información disponible es escasísima, con una mínima base científica. Viñas (1976:447-449) cifró en torno a los cinco millones de dólares el valor de las exportaciones desde puertos del Mediterráneo, al que habría que añadir el valor de la exportación desde la zona norte, cuyo valor y detalle no se conocían. Según Viñas, estas cifras debían de considerarse como mínimos. Las materias primas exportadas se centraban especialmente en plomo, naranjas, limones, aceite de oliva, cacahuetes, almendras, cloruro potásico, ácido tartárico, corcho y tejidos varios. El análisis no comprendía productos tan importantes como el mineral de hierro, que se exportaba por el norte hasta la caída de Bilbao, y el mercurio. Viñas llegó a la conclusión de que los ingresos realizados por estas exportaciones pudieron sumar 680.729 libras, 1.125.707 dólares y 5.174.523 francos franceses.

En lo que se refiere al control de cambios, la República no introdujo, al menos en los primeros momentos, modificaciones sustanciales en la política y normas administrativas. Le bastó con seguir utilizando el cuadro legal que había establecido en el período 1931-1936.[112] En todo caso, al producirse la sublevación, el Gobierno republicano decretó una moratoria provisional de pagos internacionales, que estuvo vigente durante unas semanas, hasta que, a finales de agosto, se intentó regresar a lo habitual en las relaciones comerciales con el exterior, a partir de los acuerdos de compensación y flujos de pagos previamente establecidos (Martínez Ruiz, 2006a:25).

Perjudicó mucho al desarrollo comercial exterior de la República el hecho de que algunos países extranjeros, aprovechando la moratoria inicial, congelaran en los primeros momentos los acuerdos vigentes con España, lo que se tradujo en la interrupción de intercambios y pagos. Adicionalmente las alteraciones que se produjeron en el territorio republicano, en cuanto a incautaciones de negocios, bienes y medios de pago, dieron a entender en medios internacionales que el Gobierno republicano no estaba en disposición de cumplir con sus compromisos.[113]

El transcurso del tiempo no mejoró la posición del Gobierno con sus principales socios comerciales. De tal manera que, según un informe referido al verano de 1937, en su práctica totalidad, los acuerdos de pagos y compensaciones habían sido modificados unilateralmente por los países socios, bloqueando los fondos a favor de España, o bien exigiendo una compensación al 100%.[114] Como consecuencia, el Gobierno republicano no disfrutó, por parte de la mayoría de los países, de los derechos que le otorgaba su condición de Gobierno legítimo y reconocido. Es más, una gran parte de Gobiernos extranjeros aprovecharon la sublevación para exigir a la República pagos por adelantado y en divisas libres, importantes compensaciones, e incluso la creación de provisiones para el pago de eventuales deudas por acumular (Martínez Ruiz, 2006a:29-30).

La situación del Gobierno de la República, en cuanto al control del comercio exterior y de los medios de pago, se deterioró también por las pretensiones de independencia de algunas regiones, entre las que destacó el Gobierno de la Generalitat, así como por enfrentamientos con las cooperativas y con los sindicatos, en la medida en que, todos y cada uno, se creían investidos de poder suficiente para controlar la generación de divisas de la economía. Frente a todo esto, el Gobierno central republicano tuvo que luchar violentamente para superar esta realidad, introduciendo el sistema de autorización previa de la Dirección General de Comercio Exterior para cualquier exportación de mercancías. Al final, en mayo de 1937, Negrín se vio obligado a concentrar en su Gobierno todas las competencias en el área económica, especialmente en cuanto a racionalizar y controlar los intercambios con el exterior.[115]

A partir de todo ello, los resultados del comercio exterior de la República no fueron muy satisfactorios. Según Martínez Ruiz (2006a:43), entre julio de 1936 y junio de 1937, la España republicana exportó productos por valor de 86 millones de dólares, en tanto que las importaciones se elevaron a 72 millones. Estas cifras representaban un 42% y un 26%, respectivamente, de lo comerciado por España en su conjunto en las mismas fechas del año anterior.

Un detalle de las importaciones de la zona republicana por clases de productos puede verse en el siguiente cuadro:

Puede concluirse que la falta de materias primas, junto con la escasez de alimentos, fueron problemas importantes a los que se enfrentó la economía republicana. Especialmente grave fue el déficit de alimentos, a lo largo de todo el período, que hubo de paliarse con compras en el extranjero, fundamentalmente en Holanda, Francia y la URSS, cuyos envíos a España casi se triplicaron entre 1936 y 1937. Este esfuerzo del Gobierno republicano no fue, sin embargo, suficiente para evitar la escasez, porque los presupuestos republicanos de divisas de finales de 1937 cifraban en 12 millones de dólares mensuales las necesidades de importación de víveres, mientras que las cifras de importación apenas superaron, de media, los 4 millones de dólares, desde julio de 1937 a diciembre de 1938 (Martínez Ruiz 2006a:47).

En cuanto a las exportaciones se refiere, Martínez Ruiz (2008a:825 y ss.) intentó calcular cuál pudo ser el impacto de los acontecimientos políticos sobre las ventas de productos españoles en el exterior. Y documenta su tesis con los resultados de las campañas de exportación de tres productos, mineral de hierro, naranjas y almendras, cuyos centros de producción se encontraban en áreas de la zona republicana, donde los acontecimientos siguieron cursos diferentes en esos meses, como fueron el País Vasco, Valencia y Cataluña.

Sus conclusiones sobre el comportamiento del comercio exterior de la República durante los años de guerra son las siguientes:

No parece que la inestabilidad política y la falta de unidad de criterio entre las diversas instancias implicadas en los intercambios comerciales fueran un factor determinante en la evolución de las exportaciones. Es decir, en el ámbito de las relaciones económicas internacionales, y, a pesar de lo llamativo de algunas acciones, la quiebra de las funciones del Estado republicano no fue tan intensa como en otras áreas de la vida pública.

Durante el primer año de guerra, la importación republicana sufrió un brusco descenso, pero éste fue común también en la zona del Gobierno de Burgos, quizá por el inicial desconcierto creado por el estallido de la guerra. Las medidas de Negrín, a partir de mayo de 1937, permitieron una considerable recuperación de la importación, lo que retrasó el estrangulamiento de la economía republicana. A mediados de 1937, el nivel de abastecimiento de la zona republicana estaba en una clara senda de recuperación, que continuó hasta que los recursos monetarios se agotaron y el desarrollo de la guerra hizo inútil todo esfuerzo posterior. Este éxito quedó ensombrecido por el derrumbamiento de la exportación republicana. No ha sido posible determinar hasta qué punto influyó en esta caída la gestión de las autoridades comerciales republicanas, pues la actividad productiva de su zona estaba ya asfixiada por la falta de inputs, las dificultades de transporte y el propio avance de la guerra.

Comercio exterior del Gobierno de Burgos

A la hora de evaluar el comportamiento de las importaciones y exportaciones del Gobierno de Burgos durante la guerra, hay que recordar, en primer lugar, que fue un período en el cual ese Gobierno mantuvo una importante y constante sobrevaloración de la peseta, lo que favorecía la demanda de importaciones y desincentivaba las exportaciones. En el primer trimestre de 1938, tal como había sucedido a lo largo del año anterior, y como sucedería durante el resto de la contienda, la cotización oficial de la peseta se mantuvo a un nivel totalmente distorsionado, respecto a lo que era la realidad de cada momento. Y mientras el cambio en los mercados libres osciló durante ese trimestre entre las 80 y las 100 pesetas por libra esterlina, las cotizaciones oficiales se mantuvieron en 42,45 pesetas/libra para las divisas procedentes de las exportaciones y en 53,05 pesetas/libra para divisas libres importadas voluntariamente. Ello representaba una sobrevaloración de la peseta superior al 100%.[116]

Inmediatamente después de la sublevación, el Gobierno de Burgos creó un nuevo aparato institucional económico financiero[117] integrado, entre otras instituciones, por un potente Comité de Moneda Extranjera. Fue éste quien se hizo cargo del control de todo lo relativo a la balanza de pagos, siendo de su competencia la normalización del comercio de divisas en la zona nacional, publicar diariamente los tipos de cambio, y centralizar la oficina de moneda extranjera del Banco de España en Burgos. Pese a ello, la gestión de las operaciones internacionales desde el Gobierno de Burgos no estuvo muy organizada, y ni siquiera se hizo un registro sistemático de los suministros que se fueron recibiendo de Alemania, lo cual tuvo nefastas consecuencias con posterioridad, cuando se negoció la deuda (Martínez Ruiz, 2006a:63).

En todo caso, el Gobierno de Burgos inició su andadura con una absoluta carencia de divisas con que financiar las necesarias compras en el exterior. De lo único que podía disponer en aquellos momentos era de las divisas, oro y valores que iba produciendo la «suscripción nacional», y de las existencias de plata y divisas en las sucursales del Banco de España que habían quedado ubicadas en la zona sublevada.[118] A ello hay que añadir la amplia financiación que tuvo de Alemania e Italia, aunque ésta fuera exclusivamente financiación del material de guerra recibido de estos dos países, y en ningún momento supuso la libre disposición por el Gobierno de Burgos de divisas que pudieran dedicarse a otros destinos o adquisiciones. Sí aportaron divisas los créditos exteriores.

Iniciada la sublevación, el primer paso en cuanto a la regulación y el control del comercio exterior del Gobierno de Burgos se inició por Queipo de Llano, quien el 23 de agosto prohibió las exportaciones pagaderas en moneda española, imponiendo la obligación de liquidarlas en divisas, libras o dólares, preferentemente. Los exportadores debían ceder esas divisas a las autoridades militares en el plazo de tres días, a unos cambios que en aquel momento se fijaron a 40 pesetas la libra y 8 pesetas el dólar, lo que constituyó una verdadera devaluación de la peseta.[119] Posteriormente, Queipo de Llano creó una Junta Reguladora de Exportación e Importación en el territorio bajo su mando. A ella deberían solicitarse los permisos para importar o exportar. Las competencias de esta junta era amplias: «La Junta Reguladora tendrá atribuciones para prohibir temporalmente la importación de aquellas partidas del arancel que juzgue superfluas» (Viñas et al., 1979:146).

Otras autoridades fueron tomando medidas similares, de tal manera que, en pocas semanas, ya se había configurado un conjunto de disposiciones, con tal disparidad, que ni tan siquiera el tipo de cambio aplicado en operaciones similares era igual en todos los casos. Y a partir de ahí, se fue produciendo una maraña de decisiones e intervenciones que fueron regulando hasta extremos inverosímiles el comercio exterior en la zona franquista.[120] En todo caso, la estrategia con la que operó el Gobierno de Burgos fue garantizar el desvío de mercancías hacia Alemania e Italia, para asegurar así la continuación del flujo de suministros militares.

Estimación del comercio exterior entre 1936 y 1939 para el total de España

En lo que respecta a la realidad del comercio exterior del Gobierno de Burgos, tampoco hay mucha información disponible. Sí se dispone de una investigación de la economista Elena Martínez Ruiz (2006a:92) que ha aportado mucha luz a lo que pudo ser el comercio exterior del conjunto de España durante el período de guerra. Su aportación ofrece una muy válida aproximación al comercio exterior español, entre 1936 y 1939. Parte de los datos básicos del año 1936, que suministran las estadísticas de comercio de la Sociedad de Naciones. En realidad, eran los datos oficiales suministrados por el Gobierno español, que se ofrecían por semestres, y que, a partir de julio de 1936, sólo incluyeron el comercio de la zona gubernamental. Esos datos estaban referidos en pesetas oro, y traducidos a dólares. Y en cuanto al segundo semestre del comercio de la zona franquista, que no estaba incluido en los datos básicos, el ajuste se hizo teniendo en cuenta los datos oficiales de los principales socios extranjeros.

Los datos de base para la reconstrucción del comercio en los años centrales de la guerra civil, 1937-1938, proceden de los ofrecidos en los años 50 en las publicaciones conjuntas de Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional y Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. La información fue suministrada por los propios países en 1953 sobre su comercio exterior para los años 1937-1938. Y dado que para España no existían estos datos, los servicios estadísticos de los organismos internacionales acometieron su reconstrucción, recurriendo a los datos del comercio con España aportados por el resto de los países.[121] Con todo ello, Martínez Ruiz llegó a las siguientes estimaciones:

En 1992, el Servicio de Estudios del Banco de España publicó, en su serie Estudios de Historia Económica, una investigación del economista Antonio Tena, en la que éste trataba de contribuir a la mejora de la fiabilidad de los datos cuantitativos disponibles para el análisis histórico del sector exterior. Su aportación se centraba en el análisis de la fiabilidad y comparabilidad de las estadísticas internacionales de comercio exterior. Y en ese análisis tropezó con que, en cualquier recopilación de las estadísticas de comercio exterior españolas del siglo XX, siempre aparecían los años 1936-1939 con el guión característico de «no existen datos».[122] Y por ello, en su investigación (Tena, 1992:55) se vio obligado a ocuparse de llenar ese vacío.[123]

De las estadísticas oficiales de la Sociedad de Naciones, Tena tomó los datos suministrados por el Gobierno republicano a esta institución, para importaciones y exportaciones del segundo semestre de 1936, corregidas a partir de las estadísticas de los principales socios comerciales españoles. Y a partir de las exportaciones e importaciones a España en ambas zonas, registradas por la práctica totalidad de sus socios comerciales, Tena estimó las exportaciones e importaciones totales en 1937 y 1938. Sin duda, los resultados de esta estimación dejan muchas lagunas, como acepta el propio Tena, ya que prescinden del comercio por separado de la zona nacional y la republicana, y de la composición por productos, pero no hay duda de que suponen una aportación neta, que permite una evaluación en grandes líneas del impacto de la guerra civil sobre el comercio exterior español.

Como resultado de este análisis, se dispone ahora de información sobre las cifras de comercio exterior español. De acuerdo con esos cálculos, los totales en millones de pesetas oro, y según los países, correspondientes a las cifras del comercio exterior español de 1936-1939, serían los siguientes:

A partir de la investigación de Tena, puede concluirse que la guerra civil española, exceptuando 1939, no parece que afectara gravemente a los flujos del comercio exterior. El resultado más evidente, concluía el profesor Tena, podría ser un empeoramiento de la balanza comercial, pero a niveles no superiores al de algunos años de la década de 1920. Pero recordaba que, para evaluar el impacto real de la guerra civil, era necesario recordar que en esos momentos existía un movimiento de crecimiento o recuperación del comercio internacional después de la crisis de los primeros años treinta (Tena, 1992:65).

EL ENFRENTAMIENTO DE LOS GOBIERNOS REPUBLICANO Y DE BURGOS POR LA RED BANCARIA EN EL EXTERIOR[124]

Desde el primer momento de la sublevación, cada uno de los dos bandos entendió que una indiscutible fuente de financiación exterior pasaba necesariamente por utilizar las oficinas del sistema bancario en el extranjero. Ambos bandos se hicieron la misma consideración. Y como se vio con posterioridad, ambos exageraban la importancia de esas oficinas, como suministradores de divisas. Pero esto no se pudo apreciar hasta el final. En todo caso, es comprensible que la necesidad de cada uno de los contendientes de disponer de financiación exterior forzase al sistema bancario operante bajo el control de cada bando a utilizar las oficinas bancarias españolas en el extranjero y, a la vez, a diversos bancos extranjeros en funciones de corresponsalía.

La red exterior de la banca española se ha descrito en el capítulo II, «El escenario económico-financiero de la guerra como punto de partida». Y tal como allí se ha visto, en 1936 la proyección en el exterior de la banca española se articulaba por las oficinas del Banco Exterior, las del Banco de Bilbao, y las corresponsalías de la banca privada, fundamentalmente las del Banco Hispano Americano, Banesto y Banco Central. La red exterior más importante de la banca privada era sin duda la del Banco de Bilbao, con sucursales en París y Londres, más una oficina en la plaza internacional de Tánger. El Banco Español de Crédito disponía de una amplia red peninsular, trabajando con el extranjero por medio de corresponsalías. El Banco Central tenía la exclusividad de la corresponsalía del Banco Español del Río de la Plata. Así pues, la banca española apenas estaba representada directamente y por sí misma en el extranjero, pero conseguía estar presente en el negocio internacional a través de corresponsalías.[125]

En realidad, no era una red importante, y sus posibilidades de contribuir a la búsqueda de financiación para la guerra eran muy reducidas. Pero cada uno de los dos bandos, en una desesperada búsqueda de financiación exterior, no lo entendió así, y trató de ponerla inmediatamente a su servicio. En todo caso, esa reducida presencia de la banca española en el exterior, junto con la presión que sobre el sistema hizo cada uno de los dos Gobiernos contendientes, forzó a la banca de ambas zonas a la utilización, como corresponsales, de diversos bancos extranjeros. No se dispone de mucha información al respecto, pero la poca que existe apunta a una mayor efectividad de los contactos entre los bancos de la zona bajo control del Gobierno de Burgos y la banca extranjera, que la de los desarrollados desde la red bancaria situada en territorio republicano.

La adaptación a la nueva situación, que se planteó después del 18 de julio, fue difícil en el orden financiero para los dos bandos. Lo fue para la República porque, entre agosto y noviembre de 1936, el Gobierno se encontró con graves dificultades de financiación exterior, en la medida en que los mercados norteamericano, inglés y francés reaccionaron con mucha desconfianza sobre su solvencia para endeudarse. De esta manera, la primera fuente a la que recurrió el Gobierno republicano para buscar financiación comercial y canalizar operaciones de exportación, fue el Banco Exterior. Controlado desde Madrid, este banco fue utilizado por el Gobierno republicano para realizar todo tipo de operaciones, bien encargándose directamente de aquellas que tenían base en las reservas de oro que le depositaba el Gobierno, bien haciendo de intermediario, como sucedió en la exportación de cítricos, al mediar entre el destinatario y el Consejo Levantino Unificado de Exportación Agrícola.[126]

Y lo fue para los sublevados. Queipo de Llano, el primero que se movió en el campo financiero, se apoyó para las operaciones de su «feudo andaluz» en la banca Díez de Vergara, de Jerez de la Frontera. Y desde esta entidad controlaba el cambio de divisas. La creación en Tetuán de la Hisma le permitió también resolver muchos de sus problemas financieros con el exterior. Esta sociedad funcionaba con la intermediación bancaria de las sucursales en Sevilla del Banesto, del Hispano Americano, y del Alemán Transatlántico. Y fueron estos tres bancos los que desarrollaron, a favor de los sublevados, labores típicas de corresponsalía.

Por otra parte, las oficinas del Banco Exterior, que quedaron en la zona sublevada, centralizaron su operativa en Burgos, y el día 2 de junio de 1937, los consejeros huidos de Madrid se reunieron por primera vez para iniciar su andadura como banco independiente. Y allí, el nuevo Consejo decidió pleitear contra la legitimidad de las operaciones del Banco Exterior republicano, y apostar por profundizar en la explotación del mercado financiero que suponían los territorios españoles en Guinea.[127]

El Banco Exterior de Burgos canalizaba también divisas propiedad de otros bancos, por vía del clearing,[128] tratando de buscar financiación. Y al tiempo que centralizaba la normalización monetaria en Guinea, se introdujo en Fernando Poo por medio de su filial, la Compañía Española de Seguros de Crédito y Caución. Se instaló también en Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, sustituyendo en el archipiélago al Bank of British West Africa. Y, una vez que controlaba Guinea y asentado en Canarias, se instaló a finales de 1937 en Sidi Ifni, donde adquirió una notable dimensión. No es de extrañar así que desde 1938 abriera créditos con Gran Bretaña y con Italia, interviniera en el clearing belga-luxemburgués y mantuviera todo tipo de contactos con la banca española de la zona nacional.

Pero hubo un problema común, que afectó a los dos contendientes. Fue la utilización de la red bancaria operativa privada en el extranjero, que tanto el Gobierno de Burgos como el republicano quisieron utilizar. Como se sabe, ésta se reducía a las sucursales del Banco de Bilbao en París y Londres. Y tiene interés detenerse en la pequeña y apasionante historia de estas oficinas durante la guerra civil española. Porque su dimensión financiera no era muy importante, pero constituían el único nexo financiero de España disponible en el exterior, y tanto el Gobierno de Burgos como el republicano, y desde luego el Gobierno vasco, trataron por todos los medios de hacerse con esta organización.

El Banco de Bilbao tenía su central en la plaza de Bilbao, y por ello dependía del Gobierno vasco, pero el resto de sus oficinas en España dependían, según qué fuerzas ocuparan el territorio, del Gobierno de la República o del Gobierno de Burgos. En consecuencia, los tres Gobiernos se disputaban su control. Y fue una característica muy relevante de esta situación el hecho de que, desde el primer momento, el Gobierno vasco actuó con firmeza, y directamente, sobre esta red exterior privada, que se entendía vinculada a los mercados financieros internacionales. Y que, por su sede en Bilbao, entendía que estaba bajo su protección política. Ello significaba una presencia financiera del Gobierno vasco en el exterior, y suponía el control de una fuente de divisas que parecía no ser despreciable para los pagos internacionales. Era pues importante ponerla a su servicio, antes de que lo hiciera el Gobierno republicano. Y así se hizo, pero fue una decisión que dio lugar a una batalla, que prácticamente duró toda la guerra.

El primero en intervenir en lo que se podría llamar «toma de posición» fue el Gobierno vasco. Lo hizo el 20 de octubre de 1936 mediante un decreto, por el que se ordenaba la entrega del oro amonedado y en pasta, las divisas y valores extranjeros y la reducción a moneda española de todos los fondos oro. El decreto fue seguido de una orden (7 de noviembre de 1936) en la que se aclaraba que la norma afectaba al interior y exterior del País Vasco, ya fuera territorio republicano o de un Estado extranjero, y que era aplicable tanto a bancos extranjeros como a bancos vascos.

A partir de este momento los hechos se precipitaron, y fueron, ya formalmente, tres Gobiernos los afectados: el Gobierno vasco, el Gobierno republicano y el Gobierno de Burgos. Y los tres se enzarzaron en una lucha, que incluso llegó a ser violenta y armada, tratando de conseguir lo que creían se podía convertir en una posible solución a sus problemas financieros. A la vez, las direcciones de las oficinas de Londres y París trataban de mantenerse independientes, aunque siempre con la vista puesta en el Gobierno de Burgos.[129]

Ante la actuación del Gobierno vasco, el de Burgos reaccionó dando instrucciones a los directivos de las oficinas de Londres y París, en el sentido que evitaran por todos los medios la ejecución de lo decretado por aquél. Al mismo tiempo envió representantes a esas dos oficinas para estudiar sobre el terreno las acciones posibles y tomar las decisiones que correspondieran al efecto. La respuesta del Gobierno vasco fue inmediata. Endureció su política y decretó un cambio sustancial en la composición de los consejos de administración.[130]

La situación se enrareció aún más con un nuevo y grave incidente. A un delegado del Consejo Superior Bancario, enviado para practicar «una inspección de la situación de la sucursal» de París, se le prohibió la entrada, iniciándose con ello un nuevo conflicto de competencias entre el Gobierno vasco y el Gobierno de la República. Y en este momento, en ese escenario, quedó muy claro que estaban bien definidos cuatro interesados en el control de esa red: el Gobierno vasco, el de Burgos, el Gobierno de la República, y los ejecutivos de ambas oficinas, que se declaraban independientes.

El Gobierno vasco reaccionó apoderando al empleado del banco y nacionalista vasco Domingo de Epalza con un mandato «irrenunciable», de que se hiciera inmediatamente con el control de la oficina de París.[131] Pero éste planteó otro grave problema al objetar su nombramiento, diferenciando clara y explícitamente entre su ideario político (nacionalista vasco) y su situación profesional (consejero y empleado de un banco privado), lo que le llevaba a renunciar al nombramiento, y a hacerse corresponsable de todas las actuaciones del personal bancario de la sucursal de París hasta ese momento: «aun no teniendo poderes, he sido desde hace años la persona de confianza del Consejo del Banco[132]… En este sentido, tengo que cubrir a Director y apoderados y considerar que cualquier medida contra ellos vendría también contra mí».[133]

Ante esta renuncia, el Gobierno vasco procedió al nombramiento de otro representante, Luciano Ocerín, como delegado gubernamental en París para resolver «las tirantes relaciones con la sucursal del Banco en París». Este nombramiento tuvo lugar el día 29 de enero de 1937, en un Consejo del Banco de Bilbao presidido por el consejero de Hacienda del Gobierno vasco. Este mismo Consejo decidió tomar medidas disciplinarias contra los directivos de la sucursal de París, a los que acusaba de poner los valores propiedad de súbditos españoles fuera del control de las autoridades de su Gobierno.

Ocerín fue rechazado y expulsado del Banco de Bilbao en París. Y a partir de este hecho, y una vez roto el difícil equilibrio, el Gobierno vasco decidió actuar directamente en el conflicto por el control de la red exterior, llegando para ello a extremos de violencia máxima, como la toma de la sucursal de París por hombres armados al mando del empleado expulsado, Ocerín, quien anteriormente mandaba un batallón de gudaris. Una ocupación armada que finalizó cuando un síndico nombrado por un juez francés, para estudiar urgentemente la situación, consiguió, apoyado por la policía francesa, el desalojo de la oficina.[134]

En el ámbito bancario, y tal como podía esperarse, el resultado práctico de una situación de esas características, en un entorno tan complejo y tan delicado como el financiero, en momentos de guerra y de tensión política, y con tres contendientes, con capacidades y poderes no muy distintos, fue la quiebra de la sucursal del Banco de Bilbao en París. Una situación de la que sólo se recuperó acabada la guerra. Así pues, desde el punto de vista del objetivo principal, que no era otro que la captación de recursos financieros, la operación constituyó un fracaso para todos.

Lo mismo sucedió en la sucursal de Londres. Y el detonante, al igual que en el caso de París, fue la actuación del Gobierno vasco sustituyendo el Consejo de Administración estatutario por otro nombrado por ese Gobierno, integrado por personas más afines. La oficina de Londres la dirigían en aquellos momentos dos apoderados, ambos leales al Consejo estatutario, quienes se opusieron a ese cambio, e iniciaron medidas legales contra el acuerdo del Gobierno vasco.

Formalmente, el problema se planteó el 18 de marzo de 1937, cuando se presentó en Londres el director nombrado por el nuevo Consejo de Administración de Bilbao, con órdenes, de éste y del Gobierno vasco, de hacerse cargo del negocio. Los dos apoderados, que dirigían aquella oficina, le denegaron la toma de posesión, y el 22 de marzo acudieron a los tribunales para que no se reconocieran por la justicia inglesa los poderes de que era portador.

Y en ese momento el incidente entró en una fase similar a lo sucedido en Francia, aunque el desarrollo de los acontecimientos discurrió por distintos derroteros. Porque, presentada la demanda, los tribunales dictaron muy rápidamente sentencia. El día 4 de junio de 1937, el juez Lewis sentenció a favor de los apoderados antiguos, estimando que la actuación del Gobierno vasco cambiando el Consejo había sido anticonstitucional de acuerdo a la Constitución española, y que, al no ser válido el nombramiento del nuevo Consejo, carecían de validez los poderes otorgados al nuevo director.

En consecuencia, la sucursal siguió sus operaciones bajo la antigua dirección, aunque con la supervisión de un interventor judicial. Pero los problemas de liquidez iban siendo cada vez más angustiosos, por el peculiar entorno financiero que inspiraba la situación, y por la actuación de los dos apoderados, manifiestamente partidistas del Gobierno de Burgos, en contra incluso de las decisiones del mismo interventor judicial. Y esto impidió que la sucursal se financiara adecuadamente.[135]

Por otra parte, la administración central del banco, situada en Bilbao, ya bajo control del Gobierno de Burgos, que había conquistado esta plaza, no consiguió de las autoridades monetarias, agobiadas por sus propios problemas de pagos internacionales, las divisas precisas para resolver los problemas de tesorería de la sucursal. Y ello, pese a que lo que la oficina solicitaba era que el Gobierno pagara las deudas que tenía con la sucursal, por la inmovilización de importantes créditos contra el Estado español, y por el cumplimiento de lo decretado en orden a la entrega de los saldos de divisas extranjeras propiedad de los españoles. En el entretanto, y con la sucursal al borde del colapso económico, se dictaron nuevas disposiciones legales por parte del Gobierno del Reino Unido, estableciendo medidas de regulación de cambios, de transacciones con el exterior, y también sobre moratoria de pagos a las sucursales bancarias. Y fue esto lo que permitió que la del Banco de Bilbao siguiera abierta y funcionando, aunque en límites de supervivencia.

Al margen de todo esto, la batalla de los dos Consejos por demostrar la legitimidad seguía viva. Así las cosas, y en el curso de las actuaciones judiciales, se produjo una consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido sobre qué Gobierno consideraba ese Ministerio que representaba legalmente a España. La respuesta fue un modelo de contestación diplomática:

… el Gobierno del Reino Unido reconoce al Gobierno de la República como el gobierno de España de jure y que ningún otro Gobierno que el referido es reconocido por el Gobierno de Su Majestad como Gobierno de jure de España o de cualquier parte de la misma. De otra parte, el Gobierno de Su Majestad reconoce el Gobierno del General Franco como un Gobierno rebelde que ejerce, en el presente, el control efectivo administrativo de facto sobre una considerable parte de España… el Gobierno de Franco ejerce el control gubernativo de facto sobre las provincias vascas y que sus leyes y decretos tienen fuerza legal en las mismas, mientras que las del Gobierno de Barcelona no obligan en las provincias vascas en la fecha del dictamen… por último, que las disposiciones legales emitidas por el Gobierno del General Franco son obligadas a partir de las fechas en que el mismo ha establecido el control administrativo de facto en las diferentes provincias vascas.[136]

Era claro que al Gobierno inglés le preocupaba principalmente la defensa de sus intereses, y que lo importante era que el Reino Unido mantuviera relaciones amistosas con el bando vencedor para garantizar la seguridad en el estrecho de Gibraltar y del Peñón mismo. Y esto, a mediados de 1938, era lo mismo que recomendar no mantener ninguna hostilidad con Burgos, puesto que a mediados de 1938 ya se visualizaba la victoria de Franco.[137]

Los pleitos por la legitimidad de ambos bandos en el exterior fueron muy complicados, y se puede decir que la partida jurídica quedó en tablas.[138] A los juicios que se seguían en Londres y París por el control de las sucursales, hubo que añadir los que, en distintas ciudades,[139] se seguían por el control y propiedad de los bienes del banco expropiados y evacuados a Europa. Pleitos de un enorme contenido político, que se fueron aplazando porque, en definitiva, lo que se discutía era qué Gobierno era el legítimo de España.[140]

En todo caso, y para apoyar sus tesis ante los tribunales extranjeros que juzgaban sobre la cuestión de la legalidad, tanto el Gobierno de la República como el de Franco siguieron emitiendo disposiciones legales. En cuanto a la batalla por buscar financiación a través de la red exterior de la banca privada, y en todo caso obstaculizar la financiación del enemigo, la lucha no tuvo cuartel, pero ninguna de las dos partes consiguió nada positivo. En parte, porque la acción contrapuesta de los dos bandos, incidiendo en los mismos objetivos, lo impidió. Y en parte porque las oficinas bancarias sobre las que se operaba eran de poco volumen y de muy escasas disponibilidades, tal como se ha comentado con anterioridad.

También hay que destacar, en relación con los problemas de liquidez, que las oficinas en el exterior de Londres y París recibieron más ayuda del Gobierno vasco que del Gobierno de Burgos. Éste, quizá por sufrir mayores penurias financieras, o por entender que los gestores serían capaces por su cuenta de mantener las sucursales en funcionamiento y arreglar sus problemas, fue más parco en la ayuda económica. Incluso en el apoyo legal, Burgos fue siempre a remolque de las disposiciones que iba tomando la parte republicana.

En todo caso, las consecuencias de la guerra civil fueron realmente destructivas para el patrimonio y el prestigio del sistema bancario español en el exterior, especialmente en el Reino Unido.

Es importante dejar constancia de que, en todo momento, la actitud predominante de las plantillas de las distintas organizaciones fue la del seguimiento a sus mandos naturales. Y en esta línea, cuando se cesó a los consejeros elegidos estatutariamente, sustituyéndolos por personas próximas al Gobierno vasco, se produjo la ruptura abierta. Y en ningún momento se admitió su legitimidad, enfrentándose a ellos abiertamente en los tribunales.

XX
El final de la guerra y la preparación del exilio: el «tesoro de Negrín» y el «tesoro» del Vita

LA ÚLTIMA SESIÓN DE LAS CORTES EN EL CASTILLO DE FIGUERAS

La última actuación oficial de la República en territorio español fue, próximo ya el final de la guerra, la celebración de una sesión de las Cortes elegidas en 1936. Se celebró en el castillo de Figueras, donde había ido concentrándose una parte muy importante del oro, piedras preciosas, otros valores y documentación confiscados desde el principio de la guerra.[1] Sin embargo, ese castillo representaba para la República mucho más que un almacén de «tesoros incalculables», en la medida en que allí, y en su entorno, se había ido refugiando, poco a poco, la práctica totalidad del Gobierno.[2] Y en ese castillo se reunieron la noche del 1 de febrero de 1939 las Cortes, en una sala subterránea del castillo. Estaban presentes 62 de sus 473 miembros, y la sesión se abrió a las 10.30 horas de la noche y se levantó a las 0.45 horas. Bolloten (1989:996 y ss.) dice que «la mayoría de los ministros llevaban puestos los abrigos y se apiñaban en un banco pequeño».[3]

Presidió aquella histórica sesión Martínez Barrio, presidente de las Cortes. Hablaron él, y el presidente del Consejo de Ministros, Negrín. Éste no quería declararse vencido, ni siquiera temporalmente:[4]

Después de unos días de angustia, en que la catástrofe quería cernirse sobre nosotros, se ha serenado la atmósfera, se han tranquilizado los espíritus, se ha atenazado el pavor, se han reducido los límites de una batalla perdida que el alocamiento colectivo, estimulado y maniobrado certeramente por el enemigo, pudo haber convertido en desastre definitivo.

Insistentemente se ha hecho la pregunta de por qué Negrín continuó hablando de resistencia hasta el final, cuando la realidad era que todos los generales, y especialmente Rojo, se negaban a considerar la continuación de la guerra, pensando que la República, como institución, prácticamente había muerto. Pero Negrín tenía una idea distinta porque, tal vez la República no podría continuar resistiendo activamente durante mucho tiempo, pero su Gobierno representaba la legalidad como Gobierno en el exilio, y era un aliado potencial de las democracias, en el caso de que pronto estallara la guerra europea entre los poderes fascistas y las democracias occidentales, que millones de personas veían como inevitable.[5] Lo que se proponía Negrín con el retraso del fin de la guerra civil era solapar la práctica derrota de la República con la próxima guerra mundial (Jackson y Alba, 2004:139).

En esta línea, estaba convencido de que la República tenía los recursos físicos y morales para mantener la resistencia militar, y una vida civil viable, al menos en una parte significativa de la Península.[6] Y en todo caso, veía el final muy claro. El 12 de noviembre de 1938 Negrín había escrito a Stalin, diciéndole: «Si en España fuéramos derrotados, dudo que el verano del año 39 transcurra sin estallar un conflicto general» (Pérez, 1999:637). Y precisamente en ello apoyaba su estrategia de «resistir es vencer». A Negrín, la posibilidad de una guerra europea le ofrecía esperanzas de que la República acabase aliándose con Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, contra los poderes fascistas y contra Franco.

No era el único que así pensaba. A punto de terminar la guerra, en momentos en que se estaba discutiendo sobre el mejor lugar en Francia donde debería exiliarse el presidente Azaña, y según cuenta este mismo, Álvarez de Vayo le dijo: «Hay que sostenerse dos o tres días más. Para el martes se anuncia un discurso de Mussolini, del que saldrá la guerra general. Entonces nuestra situación cambiará» (Azaña, 1981, vol. 2:446).

Así pues, Negrín estaba convencido de que el inicio de la guerra en Europa debía significar que la República española fuera requerida a integrarse en la alianza de las democracias occidentales frente a Alemania e Italia. Y ello representaba una salida muy airosa. Bahamonde y Cervera (1999:513 y ss.) sostienen que Negrín tenía razón, y que si la guerra española hubiera durado cinco meses más, posiblemente el destino de la República hubiera sido otro.

En Figueras la Asamblea deliberó sobre las condiciones de paz, sometiéndose a votación tres requisitos para esa negociación:

1.º Garantía de independencia nacional, libre de toda injerencia extranjera.

2.º Garantía de que el pueblo español tendría derecho a decidir su propio régimen y su propio destino.

3.º Garantía de que una vez que la guerra hubiera terminado, se pondrían fin a todas las persecuciones y represalias.

La moción fue aprobada «unánimemente por aclamación». Nadie se opuso. Pero todos sabían que aquello era un gesto inútil, porque Franco ya había rechazado rotundamente cualquier solución que no fuera la victoria total.

Dos días después el castillo fue bombardeado. Y ese mismo día Negrín se reunió con los representantes diplomáticos de Francia y del Reino Unido para comunicarles que el Gobierno reducía las tres condiciones a una sola: que no hubiera persecuciones ni represalias. Pero ni eso se consiguió.

El día 5 Azaña salió de España, juntamente con Martínez Barrio y Giral. Negrín les acompañó hasta el primer pueblo francés, volviéndose de nuevo para España.[7] Así describió Azaña (1981, vol. 2:448) su salida:

Ya en lo alto apenas clareaba, los bultos de los carabineros, cuadrados con mucho respeto, nos vieron pasar. El descenso, por una barrancada cubierta de hielo, fue difícil. Martínez Barrio se cayó y se lastimó. También se cayeron Giral, Riaño y otros. No me pasó nada. De algo habría de servirme la práctica de andarín. En Las Illas, Negrín se despidió de todos y no he vuelto a verle más.

En Figueras el clima de tensión fue tremendo en los últimos días. El enemigo estaba a la vista y ya se presentía que su entrada en el castillo era inminente. Pero la orden de desalojo tardaba en llegar. La mayor parte del equipo de Negrín se preguntaba qué hacían allí, y ninguno tenía respuesta. Por otra parte, la sensación de peligro era permanente en todos, aunque para algunos lo era más, porque disponían de mejor información. Sabían que la constitución física del castillo alejaba el peligro de las bombas, pero también conocían que en el castillo estaba depositada una parte muy importante del «tesoro de Negrín», que todavía no había podido ser evacuada. Sobre aquella situación, Julián Zugazagoitia (1968, vol. 2:222 y ss.) llegó a escribir:

Quizá había, en departamentos que no nos fueron enseñados, otra clase de riquezas y ello explicaba el misterio de nuestra permanencia en un lugar que, por diferentes motivos, resultaba ingrata. Eran riquezas que se estaban evacuando con el sigilo que la operación tan delicada imponía.

Zugazagoitia cuenta también que, con frecuencia, trataban de enterarse a través de Méndez Aspe de cómo se iba desarrollando la salida del «tesoro» de Figueras hacia el extranjero.[8] «A la noche, en la tertulia de la chimenea, sonsacábamos noticias sobre la evacuación que él dirigía a Méndez Aspe. Sus respuestas eran poco tranquilizadoras. Quedaba mucho, faltaban camiones…». Pero el verdadero peligro no era ése, lo era la existencia de un enorme depósito de explosivos «bastante, por su volumen, para hacer saltar el castillo y la colina donde estaba construido y empotrado». Y se sospechaba que se estaba preparando su voladura para después del desalojo. Como sucedió.

Por fin, y cuando Figueras estaba ya a punto de caer en manos de las tropas de Franco, se acordó el traslado a Le Perthus de todo el personal. Julián Zugazagoitia fue a comunicar a Méndez Aspe la orden de marcha. Y fue cuando regresaba a la Masía del Torero, donde residió en los días previos al desalojo,[9] cuando «una explosión inusitada estremeció los cristales de nuestro coche. El estampido rodaba por los montes. Era la voladura del castillo de Figueras. En la Masía del Torero el presidente interrumpió la comida y dispuso la salida inmediata».

La evacuación fue un caos. No había Estado, ni Gobierno, ni servicios. Era un «sálvese quien pueda» general. Ya lo había sido antes la huida de Barcelona, al aproximarse las tropas de los sublevados.

Lo cuenta Azaña (1981, vol. 2:429) en sus Memorias: «Se dejaron allí hasta los archivos secretos del ministerio de Estado, incluso los papeles del servicio de espionaje e información en la zona franquista, en Alemania e Italia. Las consecuencias han debido de ser fatales para muchas personas».

El 7 de febrero las autoridades de la República que aún estaban en España cruzaron la frontera a pie y estrecharon la mano a los soldados en retirada. Entre el 5 y el 9 de febrero, aproximadamente, medio millón de españoles, soldados y civiles, cruzaron la frontera francesa, abierta por razones humanitarias (Jackson y Alba, 2004:138).

VOLADURA DEL CASTILLO. APARICIÓN DEL «TESORO»

Ahora ya se conoce con mucho detalle cómo se produjo la voladura del castillo de Figueras, porque se dispone de una precisa información de lo sucedido y de sus efectos. Lo cuenta Botella Pastor (2002), en esa especie de autobiografía, de publicación póstuma, titulada Entre memorias,[10] según el relato que le hizo su hermano Ovidio,[11] que fue el encargado de la voladura del castillo:

Un día de aquel mes de febrero de 1939 recibí la orden, dada por Modesto, jefe del ejército del Ebro, de hacer estallar todo el material explosivo que estaba almacenado en un ala del castillo de Figueras. Había que impedir que cayera en manos del enemigo a fin de que no se nos acosara con el mismo en nuestra retirada hacia la frontera de Francia. Debía tomar disposiciones para que la explosión de las setecientas toneladas de explosivos de toda clase almacenados se produjera a una hora que no entorpeciera el paso de las tropas de Líster y de Tagüeña que se iban a retirar por las proximidades del castillo y a una distancia que fuere cual fuere la hora de la voladura no obstaculizara la marcha de las tropas. Tomadas ya las disposiciones del caso, vino a verme el jefe del cuartel general, y me dijo: «Sé qué vais a volar los explosivos… Pero lo que tú no sabes es que en el castillo hay un tesoro incalculable en joyas y valores… ¿Cómo vais a volar todo esto?». «Mira, yo lo único que sé, le respondí, es que me han dado orden de preparar para mañana la voladura de todo ese material y que la voladura se producirá a la hora convenida».

Y así fue.

En cuanto a los posibles motivos por los cuales el Gobierno de Negrín no evacuó antes el «tesoro» allí almacenado, Botella Pastor aclara que fue un error de cálculo del propio Negrín, y que ello privó al Gobierno republicano de una riqueza que pudo haber sido una importante fuente de financiación en el exilio. Añade que su hermano Ovidio le confesó desconocer qué pasó con el «tesoro», pues ignoraba en qué parte del castillo se encontraba oculto, aunque pensaba que debió «quedar íntegro en el castillo sepultado, o no por la voladura».

Con más precisión describieron los resultados de la voladura Manuel Chamoso Lamas y otros agentes del Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional del Gobierno de Burgos, encargados de hacer el inventario del «tesoro» que las tropas de Franco encontraron en el castillo de Figueras. Según sus testimonios, la explosión del depósito de municiones no alcanzó «a destruir más que una pequeña parte del inmenso tesoro allí almacenado»:

La voladura ha producido una invasión de piedras de considerable tamaño en la zona dedicada a archivo o almacén de objetos de arte de valor… [Todo está en desorden y mezclado] como consecuencia de haber salido proyectadas a gran distancia la inmensa mayoría de las cajas y fardos en que se contenían todos estos objetos, mezclados con cientos de millones de títulos, valores y billetes de banco de muy diversas condiciones, así como lingotes de plata y oro, monedas y otros objetos mezclados en la más absurda promiscuidad (Botella Pastor, 2002:28).

En ese estado quedó, por tanto, una parte muy sustancial de los activos y objetos de arte que se habían ido acumulando por la República para financiar el exilio, y que no pudieron salvarse del avance de las tropas de Franco. Era una parte importante de lo que integraba el «tesoro de Negrín».

En el castillo de Figueras se habían ido almacenando los activos procedentes de las cajas de seguridad alquiladas por los bancos a particulares, descerrajadas en los primeros momentos de la guerra, los confiscados por la Caja General de Reparaciones, y otros, propiedad de entidades bancarias. En un principio, esos «tesoros» se habían ido concentrando en Valencia, donde se creó una comisión especial que tenía como cometido inventariar los activos disponibles.[12] Esa comisión trabajó bajo las órdenes directas del ministro de Hacienda hasta el mes de marzo de 1938, en que se dio la orden de evacuar los depósitos de Cartagena al castillo de Figueras. Y se hizo en previsión de su traslado al extranjero «sin orden ni concierto» (Olaya, 1996:69). El transporte exigió varias expediciones por medio de camiones (Rosal, 1976:55). En el mes de mayo se iniciaron los primeros envíos al extranjero, hacia Estados Unidos y posteriormente hacia Francia, Bélgica y Gran Bretaña.

En lo que al tesoro artístico se refiere, el traslado del Gobierno de la República a Barcelona desde Valencia llevó consigo la evacuación a Cataluña de una parte de los activos que se encontraba en esa ciudad y en otras zonas, en especial en Madrid.[13] Porque entre abril y junio de 1938 se habían habilitado los castillos de Figueras y de Perelada, como depósitos permanentes de las obras de arte custodiadas por la Junta Central del Tesoro Artístico.[14] Y en agosto se preparó, para esos propósitos, un tercer depósito, el de las minas de talco de La Vajol, a tres kilómetros de la frontera. Era una cámara acorazada a 200 metros de profundidad, especialmente acondicionada con muros de hormigón armado de cuatro metros de espesor. También el Gobierno de la Generalitat había acondicionado varios depósitos para la salvaguarda del patrimonio artístico catalán.[15] Azaña, al relatar su paso por Perelada, escribió que el castillo «estaba atestado de obras de arte» y que llegó a pensar que «todo aquello iba a arder» (Azaña, 1981, vol. 2:429 y ss.). Así lo valora en sus Memorias: «En la mina de La Vajol, aprovechando sus instalaciones y otras construidas para el caso, estaban depositados los cuadros que no cupieron en Perelada y joyas y otros objetos que, según me dijo Negrín, valían 200 millones».

En el ABC de Sevilla del 2 de marzo de 1939, y bajo el título «El tesoro fabuloso del castillo de Figueras», el corresponsal Enrique Angulo (1939) daba cuenta a sus lectores de la dramática retirada de las tropas republicanas de Barcelona hacia la frontera francesa, y de la entrada de las primeras avanzadillas en el mismo castillo. Especialmente daba cuenta del momento en que las tropas «hicieron irrupción en aquellas enormes estancias», y de cómo «quedaron maravilladas ante la inmensa acumulación de riqueza fabulosa». Esto es lo que Angulo escribía en su crónica:

Se amontonan allí las joyas como la grava en las carreteras. No es posible pasar de un lado a otro de aquellas enormes estancias sin pisar diademas, brazaletes, aderezos, mientras saltan como chispas, brillantes, perlas y toda clase de pedrería desprendida de sus monturas. Parece el sueño de hadas o una fantasía literaria y, sin embargo, es una alucinante realidad.[16]

Ese mismo día, el corresponsal de ABC en el frente, el vasco José María Salavarría (1939), que acompañaba a las tropas, y que había ido dando, en fechas anteriores, noticias del avance de éstas, recordaba bajo el título «Las últimas escenas de la tragedia», que la prensa francesa había reseñado que «setenta y seis oficiales y dos soldados republicanos, pertenecientes a la brigada Líster, han sido arrestados en Banyuls-sur-Mer. En sus alforjas se les han encontrado barras de oro y plata, joyas y piedras preciosas por un valor total de 700 millones». Añadiendo que para disculparse, «han dicho que sus superiores les recomendaron que condujesen al extranjero todo lo que pudieran para restituirlo al Gobierno rojo». Angulo (1939) también trataba de este asunto en su artículo:

No pocas de esas riquezas burlaron la vigilancia de los aduaneros y lograron llegar a los mercados de Amsterdam, donde un ex ministro español de la Corona pudo ver cómo un mercader judío compraba a bajo precio un cajón con varios kilos de esmeraldas procedentes de España.

También Luis María de Lojendio (1940:585) hizo su descripción:

No tuvieron tiempo para llevarse las riquezas que allí habían acumulado. En los sótanos de la Ciudadela, entre ruinas, el teniente coronel Peral, que fue encargado por el Estado Mayor del S. E. de hacerse cargo de aquel tesoro, se halló ante el espectáculo típico de una cueva en la que los piratas hubiesen reunido el fruto de sus rapiñas: de los montones de escombros salían joyas, lingotes de oro, cajas fuertes aún sin abrir, resguardos de valores, piezas de tela, mantones de Manila, etc.

Y Prieto (1973:144) explicó que el derrumbamiento republicano se produjo más precipitadamente de lo que sin duda calculó Juan Negrín. Y que sólo así podía explicarse que en el castillo de Figueras, a sólo 25 kilómetros de Francia, quedara la mayor parte de los bienes incautados por el Gobierno a particulares y bancos. Añadía que «lo que a México trajo el yate Vita era una parte muy pequeña de esos bienes que se almacenó desordenadamente en la Embajada española de París. Lo demás, pudo rescatarlo Franco con toda comodidad».

Por su parte, el subgobernador primero del Banco de España, Ramón Artigas, enviado para hacer un inventario de los activos recuperados, señalaba en una aproximación al valor de lo encontrado que «excedía con mucho de los cuatro mil millones de pesetas».

Así pues, el «tesoro» de Figueras se recuperó en parte y, como se verá más adelante, un proceso de identificación de expropiados, creado por el Gobierno de Burgos, trató de localizar a los legítimos propietarios de aquellos activos. Sin embargo, la noticia publicada por la prensa francesa sobre la detención de oficiales de la brigada Líster que se ha visto más arriba, confirmó que en Figueras hubo muchas más alhajas, mucho más oro y muchas más obras de arte, que las que aparecieron, y que una parte de ellas fueron, sin duda, sustraídas antes de ser ocupado el castillo.

EL LLAMADO «TESORO DE NEGRÍN»

El proceso de su formación

Los activos de todo tipo que se almacenaban en el castillo de Figueras constituían una parte del denominado «tesoro de Negrín», pero éste se repartía entre otras muchas partidas distribuidas por distintos lugares. En realidad, ese «tesoro» se fue constituyendo en el extranjero en forma de depósitos de oro, plata, piedras preciosas, valores y recursos en metálico. El volumen que alcanzó, a través de qué mecanismos se formó y cuál fue su destino, no ha empezado a ser estudiado hasta muy recientemente.[17]

Su origen se remonta a los principios de la guerra cuando, tal como se ha ido viendo en anteriores capítulos, la República exigió a personas físicas y sociedades la entrega del oro amonedado o en pasta, divisas y valores extranjeros. Específicamente así se pidió a todos los bancos que tuvieran en su poder activos de esa naturaleza, fueran de su propiedad o de sus clientes. A la vez, se prohibió la exportación de toda clase de metales preciosos en lingotes, pasta, moneda u objetos de cualquier clase y calidad, de piedras preciosas, perlas y joyas. Y, tratando de hacerse con los activos de este tipo no declarados, se procedió al descerrajamiento de las cajas de alquiler y de cualquier otro recinto donde pudieran existir objetos de valor.[18]

En capítulos anteriores se ha dado cuenta, con el detalle que permite la parca información de que se dispone, de las operaciones de suscripción, donación y recogida oficial de divisas, joyas, metales y piedras preciosas que ordenó la República, así como de las incautaciones, confiscaciones y requisas, y del importante volumen de activos fácilmente monetizables, obtenidos a través de la creación del Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles y de la Caja General de Reparaciones. A partir de esos capítulos, ya se puede deducir una cierta aproximación a lo que pudo ser la contribución de cada una de esas fuentes a la financiación de la guerra.

También se conoce que desde depósitos provisionales en dependencias oficiales, y desde las delegaciones provinciales de la Caja General de Reparaciones, ese «tesoro» fue saliendo poco a poco hacia Valencia y hacia Barcelona, en una primera instancia, y hacia el castillo de Figueras después, para terminar, parte en Francia, y parte en México, con el cargamento que transportó el Vita.

El conjunto de esos activos es lo que ha venido denominándose el «tesoro de Negrín». Unos activos monetizables, que se fueron acumulando, al principio, para financiar la guerra, pero que, a partir de un determinado momento, quizá a finales de 1938, ese objetivo fue dando paso a otro, que entendía que si la guerra se perdía, el problema que se iba a plantear era cómo se financiaba el aparato gubernamental de la República, así como el exilio de todos aquellos que, por razones políticas, tuvieran que abandonar España. Y estaba claro que sólo se podría disponer de recursos para todo ello si se constituía un «tesoro» a esos efectos.

Ese objetivo se estableció formalmente, y así explicaba Negrín a Indalecio Prieto, en su carta del 23 de junio de 1939, el proceso seguido para disponer de ese «tesoro»:[19]

En marzo de este año, cuando nuestro Gobierno estaba aún reconocido por Francia, Inglaterra y Estados Unidos, el ministro de Hacienda, de acuerdo conmigo y conforme a un plan minuciosamente estudiado y preparado desde hacía mucho tiempo, trató de asegurar en países o por procedimientos en que nuestro derecho sobre los recursos del Estado republicano no pudiera ser puesto en peligroso litigio, todos los medios utilizables para remediar, en lo posible, el infortunio de nuestros compatriotas en la emigración, sin dejarnos llevar de diferencias de clases, castas o colores políticos, menos aún de amistades o de simpatías personales… Gracias a nuestra previsión y diligencia, han podido salvarse elementos que en su cuantía no lo hubieran soñado quienes hace dos años aseguraban que la guerra estaba a punto de terminar por agotamiento de nuestros recursos y quienes daban el insensato consejo, cuando aún la guerra podía y debía ganarse, de situar fondos en el extranjero, por estimar seguro un desenlace contrario, sin reflexionar que el sigilo de tales movimientos —ya se ha visto— es muy difícil guardarlo y que el conocimiento de tal medida hubiera tenido resultados catastróficos… Así, con cautela y rapidez, sin precipitaciones ni atolondramientos, se ha podido salvar lo que se ha salvado, resguardado por una posición jurídica, la más sólida dentro de lo viable.

Y Azaña (1981, vol. 2:394) recuerda en sus Memorias que Prieto le dijo, en mayo de 1938, que creía que Negrín «tiene tomadas sus precauciones personales. Órdenes de entrega de fondos, en blanco, depositadas en el banco ruso». Prieto, por su parte, en una carta del 3 de julio de 1939, recordaba que hacía ya tiempo él había reiterado que, en previsión de la derrota, debían bloquearse en el extranjero recursos suficientes para socorrer a quienes hubieran de expatriarse. Y que para hacerlo había opinado que no se necesitarían «los millones de Creso», porque no se trataba de asignar a todos pensiones vitalicias, sino de «trasladarlos a los países que los admitieran y de proporcionarles los medios iniciales para rehacer su vida».[20]

En consecuencia, y en función de estos objetivos, el subgobernador del Banco de España, Gonzalo Zabala, fue a Estados Unidos para preparar esa operación. Su tarea consistía en negociar, con el apoyo del embajador español en Estados Unidos, Fernando de los Ríos, la colocación de los títulos y valores que se habían enviado allí. En febrero de 1939, Fernando de los Ríos decidió convocar una especie de consejo de emergencia, contando con Zabala, con el coronel Trejo,[21] y con Prieto, para buscar el mejor destino para esos fondos.[22] El embajador estaba preocupado por las noticias alarmantes que empezaban a llegar a la embajada, y por las órdenes que había recibido de trasladar los fondos que tenía en su poder a la cuenta de Fernando Gamboa, y de que Trejo vendiera a cualquier precio los activos que tuviera en su poder (Olaya, 1996:88).

Coincide este episodio con lo que Cabezas (2005:432-433) cuenta en su biografía de Prieto en relación con la estancia de éste en Nueva York del 7 al 13 de febrero de 1939, durante la cual varios altos funcionarios de la República, residentes en Estados Unidos, le pidieron consejo sobre el destino que había que dar a los activos de la República que mantenían en su poder. Cabezas recordaba que Fernando de los Ríos disponía de poco más de un cuarto de millón de dólares, remanente de la suma que le fue enviada para pagar pertrechos de guerra, que Gonzalo Zabala tenía a su cargo diversos valores financieros, y que León Trejo conservaba 22 aviones Bellanca y 61 motores de aviación. Y cuenta que, ante esta consulta, Prieto les dijo que:

… desde su salida del Gobierno había aconsejado a Negrín que bloqueara fondos en cantidad importante en el extranjero para hacer frente a las necesidades, que con toda seguridad se presentarían a quienes, si la guerra se perdía, se verían obligados a salir de España por haber defendido la República. Consiguientemente… «mi consejo es que se pongan a salvo los intereses en mano de ustedes, evitando que caigan en poder de Franco cuando éste tenga consagrada diplomáticamente la victoria, y que su importe se aplique a socorrer a los combatientes desvalidos».

Jackson y Alba (2004:141) apuntan en su libro Juan Negrín: el manipulador manipulado, que éste, desde que se vio obligado a retirarse del Ebro, ya se había convencido de que la República podía perder la guerra en cuestión de meses. Y que fue entonces cuando empezó a pensar activamente en el futuro de «miles y miles» de españoles, que habían luchado por la República, y que seguramente iban a ser perseguidos por el régimen vencedor. Por ello trató de hacer un inventario de los activos monetizables que aún pertenecían al Gobierno de la República, con la idea de poder transferirlos a Francia si la situación se volvía aún peor. Y a esos efectos, fue dando órdenes para que se embalaran las joyas, el oro, la plata, y las acciones y obligaciones confiscadas, así como las obras de arte. Después, aproximadamente entre octubre y febrero, todo ello se fue enviando en «cientos de camiones» al castillo de Figueras, y a otras localidades fronterizas, para ser posteriormente trasladado a Francia. En realidad, en aquellos momentos «Negrín ya actuaba como el Primer Ministro en el exilio de una república que iba a hacer cuanto pudiera para ayudar económicamente a miles y miles de refugiados».

Largo Caballero escribió también ampliamente, y en diversas circunstancias, sobre la formación del «tesoro de Negrín»:

Las correrías que Negrín había hecho por el extranjero es de suponer que fueran utilizadas para ocuparse de preparar el tinglado para actuar una vez terminada la guerra civil, colocando fondos en varios sitios y a nombre de diferentes personas. El oro depositado en Rusia habría de servirle para la maniobra, quedando allá como depósito de garantía, ya que en Francia e Inglaterra se convertiría en francos y libras papel.[23]

Beevor (2005:764) confirma, por su parte, que los asesores legales del Gobierno habían aconsejado a Negrín que sacara todos los activos monetizables que tuviera en España. Recuerda que, en una reunión del Consejo de Ministros, se acordó autorizar para ello al ministro de Hacienda. Y que, en consecuencia, el 5 de febrero de 1939, Méndez Aspe dio poderes al conde suizo Henri de Reding, de la Cruz Roja Internacional, para que éste pudiera utilizar determinados valores como fondos fiduciarios para niños refugiados y para emigrados. Beevor añade que Reding constituyó un fideicomiso en Londres, desde el que se envió una primera partida de cuatro mil libras esterlinas a los campos de refugiados del sur de Francia.

Amaro del Rosal (1976:54) se refirió también al llamado «tesoro de Negrín», añadiendo un nuevo objetivo a su destino: reintegrar parte de los activos a España.

El Gobierno del doctor Negrín, ante esa perspectiva había organizado la expedición del yate Vita para trasladar a México, no sólo los valores realizables, oro amonedado, en barras, con lo que aseguraría la evacuación de contingentes de refugiados en Francia y su acomodo en México, sino aquella parte de objetos de arte del mayor valor histórico,[24] así como los paquetes de objetos y valores de propiedades personales que se había logrado evacuar a Francia y que se trataba de evitar que pudieran caer en manos del fascismo. El propósito del Gobierno no era otro que el de conservar esos valores en depósito y custodia bajo el control del organismo representativo del último Gobierno de la República instalado en México, con el fin de que, al final de la guerra, pudieran ser reintegrados a España. México era el único país que generosamente había ofrecido hospitalidad y derecho de asilo a los refugiados españoles encerrados en los campos de concentración de Francia.

Desde luego, no hay duda de que Negrín puso un gran empeño en acumular fondos para esta operación. Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conseguirlo, lo demuestra el intento que hizo de que Azaña firmara, poco antes de terminar la guerra, dos importantes decretos.[25] Lo cuenta Cipriano Rivas Cherif, cuñado y secretario de Azaña. Uno, enajenando todos los bienes inmuebles del Estado español en el extranjero a una sociedad anónima; otro, cediendo a la URSS unos barcos surtos en puertos rusos, detenidos en prenda de deudas de material de guerra. No hubo inconveniente alguno por parte del presidente Azaña en firmar este segundo decreto, puesto que, si de todos modos la URSS había de quedarse con esos barcos, lo mejor era cobrar lo que el Gobierno soviético se avenía a satisfacer por la diferencia entre la deuda española y el valor de los mismos. Pero, en cuanto al primer decreto, la venta de propiedades españolas a una sociedad anónima en el exterior, consideró disparatado incluso el hecho de proponérselo. En primer término, por ineficaz. ¿Quién podía creer que existiera la más mínima posibilidad de que el Gobierno francés iba a aceptar la venta del edificio de la embajada de España en París un día antes del reconocimiento oficial del general Franco? Por otra parte, le repugnaba profundamente aparecer a última hora como saqueador de bienes que pertenecían a la nación, representada por el poder de hecho, a quienes los Gobiernos extranjeros se estaban apresurando a dar trato legal en derecho. El jurista Sánchez Román trató de convencer al presidente, alegando que el importe que pudiera lograrse con esas ventas se uniría a los recursos ya situados en el extranjero para aliviar la situación de los emigrados. Pero no lo consiguió. Así pues, el presidente aceptó firmar el decreto sobre la enajenación de los barcos retenidos en puertos rusos y no el de la venta de inmuebles. Y ésta fue la última decisión tomada por Azaña (Rivas Cherif, 1980:431-432).[26]

La preocupación de Negrín por la conservación de los activos que había ido acumulando le hizo mandar a Méndez Aspe a París, cuando conoció la noticia de que el Gobierno francés había enviado a Burgos al senador León Bérard para negociar las condiciones del reconocimiento del Gobierno de Burgos. El encargo era poner a salvo las cajas y paquetes que se habían ido almacenando en la embajada de España en París y en otros edificios oficiales.

Y parece que fue en ese momento cuando Méndez Aspe sugirió trasladar a México las riquezas más difíciles de negociar, tales como joyas y obras de arte, y cuando decidió que se utilizara el yate Vita, aunque hubiera que hacer varios viajes (Olaya, 1996:89 y ss.).

Una aproximación a su volumen y al destino de sus fondos

En relación con el volumen del «tesoro de Negrín», Olaya (1996:10), que fue el primero que se aproximó a esta cuestión, dice que «es humanamente imposible poder cifrar con exactitud el fabuloso volumen de las riquezas sacadas de España por Negrín» y que, en todo caso, tendría que hacerse utilizando los archivos extranjeros, porque «de los españoles ha desaparecido o no se conoce el lugar en que fue depositada la documentación que la policía de Vichy o la Gestapo entregaron a las autoridades franquistas en 1940».

Sí hay datos puntuales que permiten hacerse una idea, cada vez más aproximada, sobre las grandes magnitudes de los recursos manejados. En realidad, la única fórmula es intentar hacer un inventario «a varias manos», rastreando las distintas investigaciones y las informaciones desperdigadas en diferentes estudios, biografías y comentarios, para poco a poco llegar a esbozar, siquiera sea a grandes rasgos, el orden de magnitud de los recursos que se manejaron.

En primer lugar las cuentas abiertas en el exterior. Rubio García-Mina (1977:132-133) cita aquellas a nombre personal de los más íntimos colaboradores del presidente del Gobierno republicano. Sólo se refiere a alguna de ellas, pero hubo sin duda muchas más. Relata que, a nombre de Julio López Masegosa, existía en la segunda mitad de 1939 una cuenta corriente en París, con un saldo de 132 millones de francos, y que en aquellos mismos momentos, Rafael Méndez, había colocado en Nueva York, por cuenta de Negrín, una suma equivalente a más de 30 millones de dólares. Por su parte Olaya afirma que de las remesas a Francia del oro del Banco de España, se habían acreditado en varias cuentas 3.630 millones de francos, una de ellas a nombre del propio Negrín por 370 millones. Otras cuentas fueron abiertas a nombre de personas de confianza del ministro de Hacienda.[27]

Sin duda de España salieron muchos más activos, ordenados y dirigidos por Negrín. A algunos de ellos se ha hecho referencia en capítulos anteriores. El último transporte para la evacuación organizado por Méndez Aspe de que se tiene referencia, se llevó a cabo el 5 de febrero de 1939, custodiado por una compañía de carabineros. Consistía en 2.052 cajas de plata, oro y joyas que fueron entregadas al alcalde de Le Perthus para su posterior transporte a París.[28] Olaya documenta que del Banco de España en Madrid fueron retirados el 6 de noviembre de 1936 un total de 10.214 bultos y talegas sin valorar ni precisar su origen. Y que la banca privada, entregó al Ministerio de Hacienda más de 5 millones de pesetas oro en lingotes o monedas, 32 millones de pesetas oro en divisas y valores extranjeros y una cantidad no determinada en valores españoles de cotización internacional. Se podría añadir a esto el valor de los barcos españoles que se encontraban por entonces en puertos soviéticos y que fueron enajenados por decreto de Azaña.[29] Y a ello habría que sumar el oro, las joyas y los valores obtenidos de las requisas y del descerrajamiento de las cajas de alquiler.

Muchos de los activos que salieron de España fueron simples robos o expoliaciones.[30] Un indiscutible índice de los recursos que se trasladaron al exterior es el inventario de los que al final se pudieron recuperar. Una de las primeras partidas recuperadas fue la que habían sustraído en el castillo de Figueras ciertos oficiales de Líster. Otras partidas intervenidas por la policía o los servicios aduaneros fueron, entre otras muchas, un paquete de joyas valorado en 300.000 francos, 2,5 kilos de joyas que transportaba el corresponsal del periódico inglés Daily Herald y un capitán de Líster, un importante lote de joyas que transportaba Domingo Montserrat y un depósito de oro y joyas valorado en 300.000 francos que se encontró en un banco de Lyon a nombre de Luis Cordero (Olaya, 1996:77 y ss.). Al que había sido gobernador del Banco de España durante la República, Nicolau d’Olwer, se le confiscaron varios millones de francos, un paquete de joyas y algunos documentos relativos a un envío de fondos desde México a Túnez.[31]

Por otra parte, y en relación con el acuerdo sobre restitución de los activos españoles en Francia, el coronel Barra informaba el 22 de marzo de 1939 a las autoridades de Burgos de la conveniencia de exigir cuanto antes su cumplimiento. Y en relación con la masa recuperable señalaba que, en adición al oro de Mont de Marsan, según sus cálculos, podría cifrarse en 200 millones de francos de material móvil, 200 millones de francos en armamento y aviación, y 600 millones de francos en barcos, víveres y efectos (Olaya, 1998:362 y ss.).

Olaya ofrece en sus libros abundante información sobre los robos y levantamientos de bienes que se fueron produciendo en las operaciones de confiscaciones y depósitos no controlados, imposibles de traer a estas páginas, siquiera sea un inventario sumario.

Todo ello son simples ejemplos, hechos concretos, que empiezan a perfilar cuál pudo ser, dentro de unos ciertos límites, el tamaño del «tesoro de Negrín». Pero hay un momento en el que la historia de ese «tesoro» se divide, en cuanto a su cuantía y en cuanto a su destino, en dos partes: la que terminó en manos de Prieto, que finalmente se concretó en los recursos que llegaron a México en el Vita, más algunos otros que estaban en poder de representantes republicanos en el exilio, y el que quedó en manos de Negrín.[32]

En cuanto al destino de esa masa se puede descomponer en los siguientes epígrafes:

— Una parte muy importante se dedicó a la compra de armas. Hay mucha literatura sobre ello. También existen rastros financieros que indican la notable importancia de este epígrafe.

— El sobreprecio que, consciente o inconscientemente, se pagó por adquirir esas armas. Porque el aparato montado para su adquisición utilizó mediadores corruptos, comisionistas incompetentes y mucho desorden administrativo. Howson, en su Armas para España. La historia no contada de la Guerra Civil española, muestra lo desproporcionado de estos sobreprecios y profundiza de manera detallada en las «marrullerías políticas» de que fue víctima la República. Se pagaron precios desproporcionados, se recibieron armas obsoletas, y a veces ni esto.[33]

— La corrupción del propio sistema, al margen de la compra de armas, presente en todo momento y en todos los niveles. Y el aprovechamiento en su propio interés por partidos políticos y funcionarios, que no supieron estar a la altura de lo que se pedía de ellos.[34]

— Por último, los activos que quedaron en principio en manos de la República, los que se habían atesorado en el castillo de Figueras, y los que salieron para Francia, que fueron administrados desde la embajada de París. Esos activos constituían lo que se ha venido a denominar el «tesoro de Negrín».

EL «TESORO» DE GUERRA CATALÁN. PACTO DE LOS CINCO PRESIDENTES

También Cataluña dispuso de un «tesoro» de guerra. Porque, a medida que se iba viendo cerca el final de la contienda, y la previsible derrota de la República, en la Generalitat se empezó a contemplar la necesidad de contar en el exilio con los recursos necesarios para financiar la actividad de una administración catalana, fuera de España. Y esta preocupación dio paso a diversas acciones que hicieron que, pronto, se dispusiera de medios más que sobrados para hacer frente a esa realidad. Una historia poco conocida y ciertamente compleja.

Pi i Sunyer, que vivió personalmente la formulación e instrumentación de esa política, lo cuenta:

Desde el principio de la conmoción popular… la Generalitat se había hecho cargo de valores de cotización internacional, joyas, metales preciosos y divisas, recibidas de organismos públicos, Banca, particulares y partidos políticos y sindicales. Este fondo heterogéneo, pero globalmente valioso, estaba bien guardado, con un minucioso inventario donde se especificaban con detalle todas las partidas de distinto carácter que lo constituían (Pi i Sunyer, 1975:609).

Estos activos estaban bajo la tutela de la Tesorería de la Generalitat, y cuando el curso de la guerra forzó al Gobierno a salir de Barcelona, se trasladaron a Figueras, siempre quedando bajo la responsabilidad de la Generalitat.

Una vez en Figueras, el Gobierno de la República reclamó que se le entregara ese fondo, una petición que fue haciéndose cada vez más exigente. La Generalitat se negaba, alegando que el Gobierno de la República no tenía autoridad para disponer de esos activos. Pero, al final, y como explica Pi i Sunyer (1975:610 y ss.) en sus Memorias, «en aquellos diez últimos días de la guerra las armas legales tenían de hecho poca eficacia, lo que contaba era quién disponía del poder y de los instrumentos para hacerlo efectivo». Y no hubo más remedio que poner el fondo catalán a disposición del Gobierno de la República, recibiendo de éste garantías de que la Generalitat no se vería desamparada en el exilio.

De esta manera, la Generalitat salió al destierro sin recurso alguno, contando sólo con promesas hechas con toda solemnidad de que, no solamente se le proveería de los medios necesarios para su actuación, sobre todo en los sectores de asistencia y cultura, sino que podría intervenir en la administración de los bienes de la República, formando parte de un organismo superior que la representara en el destierro. Y para garantizar esas promesas se negoció la composición y funciones de un organismo que debería llamarse «Consejo de los cinco presidentes», y en cuya conformación Pi i Sunyer, de quien llega esta información y su pequeña historia, tuvo un papel destacado como consejero de la Generalitat.

La idea de ese Consejo surgió al contemplar los grandes y graves problemas a los que se enfrentaría la República en el exilio, y especialmente los recelos y conflictos que generaría la asignación de recursos a las distintas formaciones políticas. Los primeros en ponerse de acuerdo sobre la necesidad de actuar conjuntamente, y sobre las

Fue un «pacto entre caballeros». Pero un pacto que no se cumplió, porque, al final, Cataluña no desempeñó ningún papel en la administración y distribución de estos fondos, que quedaron prácticamente en manos del SERE y la JARE, es decir, de Negrín y de Prieto, quedando la Generalitat sometida a «un régimen de concesiones mezquinas». Es claro que tampoco participó en aquella distribución el País Vasco.

EL «TESORO» DEL VITA.[35] DE NEGRÍN A PRIETO

Una parte del «tesoro de Negrín» terminó estableciéndose en México, y tiene una historia muy particular. Amaro del Rosal relata que Francisco Méndez Aspe le citó en París para hablar sobre el problema de la emigración y de la política de inversiones en México, dentro del acuerdo que se había formalizado para financiar el exilio. Se trataba de definir un programa que garantizase puestos de trabajo a los españoles que emigraran a aquel país, para lo cual el Gobierno de Negrín tenía el propósito de concentrar en México los recursos financieros necesarios.[36]

Se trataba de crear cooperativas agrícolas e industriales que deberían vincularse a la economía mexicana y a sus estructuras, a través de sociedades que ofrecieran rentabilidad, y que representaran una «aportación positiva a la economía nacional y una contribución al proceso de desarrollo económico del país». El objetivo, muy ambicioso, era no sólo la absorción de la mano de obra que representaban los refugiados, sino crear nuevos puestos de trabajo para mano de obra nacional (Rosal, 1976:81 y ss.).

En cuanto a la financiación de esa operación, Méndez Aspe le aseguró a Amaro del Rosal que las comisiones de compras de armas que se habían creado en Londres, en París, y en otros lugares, disponían de importantes recursos económicos, y que él mismo conservaba en París un importante paquete de valores bursátiles de empresas internacionales, de fácil realización. Vendidos estos activos, su importe sería transferido a México.[37] Méndez Aspe le recordó el encargo que tenía del presidente de recuperar y concentrar los recursos con que la República contaba en el extranjero para financiar los programas de emigración, así como responder a los compromisos adquiridos con México. Y en esa misma conversación entre Francisco Méndez Aspe y Amaro del Rosal, éste cuenta que se convino crear un instrumento financiero que desarrollara y controlara las inversiones en México. Sería una entidad bancaria y se llamaría Financiera Industrial y Agrícola, S. A. (FIASA).[38]

En el proyecto de financiación figuraba ya el Vita, y los varios viajes que debería hacer para trasladar el «tesoro» desde España. La mayor parte del cargamento del Vita procedía de la Caja General de Reparaciones, parte de cuyos activos se había depositado previamente en el castillo de Figueras. Otra parte se había ido evacuando en avión, en diferentes ocasiones, antes de la conquista de Cataluña, bajo el control de la embajada de la República en París (Rosal, 1976:89-90). Y a esos efectos, ya se sabe que un avión especial del Ministerio de Hacienda realizaba viajes casi todas las semanas entre Barcelona y París.

La información más completa y más solvente, por otra parte casi la única, de que se dispone en relación con el transporte del oro, las joyas y valores que deberían financiar la asistencia a los exiliados en el Vita es la que ofrece el propio Amaro del Rosal[39] quien, como director general de la Caja General de Reparaciones, era el responsable de la movilización de los activos de la Caja hacia el castillo de Figueras, hacia París y, posteriormente, del contenido de la carga que llevó el Vita a Veracruz.[40] Dos funcionarios del Ministerio de Hacienda se habían encargado, previamente, de adquirir en París 120 maletas, en las que se colocaron los 110 bultos que formaban la expedición. «En el Vita, estaban depositados igualmente objetos de gran valor histórico, con el fin de resguardarlos y evitar que cayeran en manos del fascismo» (Rosal, 1976:89). Y «fueron embarcadas colecciones numismáticas únicas, de un valor incalculable, así como objetos de un valor histórico extraordinario». Amaro del Rosal señalaba que, aunque el valor de la carga fuera desconocido, los objetos de arte, oro en barras, oro amonedado, plata en barras y alhajas, iban debidamente etiquetados.

El Vita no hizo más que un viaje, pero se habían programado más envíos: «Realizaba el primer viaje, pero en Francia se estaban preparando las cosas para un segundo y, posiblemente, un tercero».[41] Por ello, la cancelación de la operación supuso que los objetos y materiales que hubieran podido transportarse en las siguientes expediciones, quedaron en Francia. Parte de ellos pasaron a manos de la «Comisión de Recuperación» del Gobierno de Franco, y otra «parte de los bienes y propiedades de la República, sobre todo objetos, cabe pensar que cayó en manos de los ocupantes nazis» (Rosal, 1976:101102).

El «tesoro» del Vita ha pasado a la historia como algo desconocido, confuso y opaco. Y en cierto modo lo es. Algo muy poco estudiado durante mucho tiempo, aunque la lectura de las memorias y biografías de aquellos que tuvieron en sus manos el destino final de la República va dejando pistas, especialmente sobre el valor de su contenido. Pese a ello, todavía no es fácil evaluar el «tesoro» que transportaba el Vita, porque las cifras dadas, en distintos momentos, son muy variadas y, además, hay que partir del supuesto de que no ha sido posible encontrar el inventario de la carga que transportaba, ni en el embarque, ni en su recepción en México, lo que posteriormente causó muchos y muy graves problemas, como luego se verá.

En el contexto de aceptación general de que en ningún momento se dispuso de un inventario de la carga del Vita, la excepción es Amaro del Rosal. Éste dice, en El oro del Banco de España y la historia del Vita, que en la documentación del barco iba una copia de ese inventario. Trata de demostrarlo con diversos detalles. Y acusa a Prieto de hacer ver que el cargamento era un caos, hablando de «aquellos revoltijos contenidos en el centenar y pico de maletas, que vinieron a bordo». No se trataba de un revoltijo, afirma Amaro del Rosal.[42]

Prieto llegó a decir que el cargamento del Vita podía valorarse en un orden de magnitud de entre 20 y 30 millones de dólares todo lo más. Aunque se cuidó de añadir que esa evaluación se fundamentaba en cálculos hechos a la ligera, y que el cargamento aún no había sido examinado por él ni por nadie (Rubio García-Mina, 1977:148). Y Calle y Simón (2005:83), en el límite, y sin duda con una manifiesta exageración, dicen que el «tesoro» del Vita llegó a valorarse en 500 millones de dólares. Valoraciones notablemente dispares. Hay muchas más evaluaciones, pero ninguna se documenta suficientemente. En todo caso, el valor máximo que se ha atribuido al «tesoro» del Vita (exceptuando a Calle y Simón) ha sido el de una cifra comprendida entre 300 y 400 millones de dólares,[43] y el mínimo, los 20 millones ya mencionados.

Quizá, la más significativa de las valoraciones sugeridas sea la que se planteó en la denuncia que, ante la Dirección General de Aduanas de México, formuló el 24 de diciembre de 1940 el general Juan Merigó contra Indalecio Prieto por haber introducido de contrabando en México las alhajas y objetos que llegaron en el yate Vita, y que él valoraba en más de 150 millones de pesos, esto es, unos 30 millones de dólares. Sin embargo, en aquel momento la cifra a la que se dio más credibilidad fue a la de 300 millones de pesos mexicanos, es decir, unos 60 millones de dólares, que era el capital que la prensa mexicana atribuyó a la entidad bancaria que iba a fundar Prieto en beneficio de los refugiados.[44] Abdón Mateos, que ha investigado sobre las diferentes evaluaciones hechas, destaca que resulta más verosímil la estimación del propio Negrín, de unos 40 millones de dólares, cifra que Moradiellos aceptó como máxima, aunque Mateos (2006:2) señala que, al final, ese importe debió de convertirse en no más de 9 millones tras su transformación, venta y depósito en el Banco Nacional de México.

Hay que tener en cuenta que las maletas del Vita contenían gran cantidad de oro, alhajas y joyas, cuyo valor era considerable, pero que tuvieron que pasar por un urgente y poco transparente proceso de venta. Y esto redujo, sin duda, las expectativas sobre el precio obtenido. Se ha dicho que las piedras tuvieron que venderse poco a poco, para evitar una baja en el mercado de Nueva York. Y esto es lógico, pero no está acreditado. También es posible que las prisas forzaran su venta.

A la vista de todo lo anterior, no es posible concretar el valor de todos los activos que integraban la carga que el Vita transportó a México. Y quizá la cortesía política, o simplemente la diplomacia, han venido impidiendo aclarar la realidad del valor, aunque, sin duda, cada uno de los intervinientes de aquel momento, y de los posteriores, conocía muy bien las respuestas. Porque las cuestiones son varias. ¿Qué bienes transportaba el Vita? Sin duda oro, alhajas, valores, obras de arte. Unos activos que, en información del propio Amaro del Rosal, iban debidamente etiquetados, con los nombres de sus propietarios, para poder ser reintegrados en su día a sus dueños. Nadie, y en ningún momento, ha reconocido posteriormente esta afirmación. ¿Era así? ¿No iban destinadas a financiar el exilio?

Otra pregunta: ¿cuál era su valor total? En ninguna de las fases del proceso parece que se manejó esta cifra, al menos no ha quedado constancia de ello. Y también es extraño. Pero más extraño es que los que tuvieron que poner a la venta esos objetos y valores no partieran de la valoración etiquetada como base de su puesta en el mercado. Un proceso que tampoco ha quedado claro. Pero hay otra cosa.

¿Cómo se monetizaron? ¿Quién tomaba la decisión? ¿Qué ingresos produjeron? ¿Nadie tomó nota? ¿Quién se hacía cargo de los recursos obtenidos? ¿Cómo se utilizaron? No se dispone de ningún punto de partida que permita hacer algún tipo de valoración. Y mientras no aparezca información adicional, que no parece posible por el tiempo transcurrido y por las innumerables investigaciones que al particular se han llevado a cabo, no habrá forma de saberlo.

Al parecer, tres personas fueron responsables del traslado del «tesoro». Como encargado de la vigilancia y jefe principal, Enrique Puente, persona que tuvo singular relieve en las organizaciones juveniles socialistas y que alcanzó la máxima graduación en el Cuerpo de Carabineros. El barco lo mandaba José Luis Antorica Ruiz de Azúa. Y el tercero José María Sabater, empleado del Ministerio de Hacienda, que fue el depositario de los bienes y responsable, según parece, del inventario y de la documentación de los bienes transportados (Palomar, 2009:94-95).

Tratando de buscar un punto de apoyo, la cifra más significativa, a los efectos de definir el volumen de recursos que se generaron, debería ser la contrapartida que, después de realizada la monetización de la carga, quedó a disposición de los gestores. Y una hipótesis razonable, a la vista de las distintas interpretaciones, sería partir del supuesto de que lo que se transportó podía tener un valor nominal de entre 30 y 40 millones de dólares, pero que lo que efectivamente se obtuvo de ello no pudo superar los 15 millones.

En otro orden de cosas, Amaro del Rosal sostenía que no era concebible que nadie se hubiera hecho cargo de ese «tesoro», sin disponer de una documentación detallada que reflejara el contenido. Y que era impensable que una inteligencia como la de Prieto, con una capacidad política indiscutible, y una muy alta noción de los más elementales principios del orden administrativo, no considerara indispensable, en el momento de su recepción, exigir o al menos realizar un inventario de todo lo que había trasladado el Vita, que, además, iba a quedar bajo su control, custodia y responsabilidad administrativa. Y era verdad. Prieto había sido ministro de Hacienda, de Obras Públicas, de Marina, de Defensa Nacional y, por lo tanto, tenía una amplia experiencia en administración. No era normal, por tanto, que dijera que desconocía lo que había transportado el Vita (Rosal, 1976:119).

Prieto sostuvo siempre que ese inventario no existió, y que la comisión que más tarde constituyó el Gobierno de México para la administración de los fondos de los republicanos dejó claro que nunca se dispuso de esa información. Pero, si así fue, constituyó sin duda un gran error ya que, cuando en 1945 se trató de juzgar la administración de los fondos, fue imposible determinar si se había hecho una honesta utilización de ellos,[45] porque aunque Prieto presentó cuenta muy detallada de los gastos efectuados, los que juzgaban no estaban en condiciones de saber cuál había sido el total de los fondos recibidos, y por lo tanto no podían determinar la ortodoxia de la liquidación de las cuentas (Calle y Simón, 2005:83 y ss.). Sin embargo, la realidad es que así fue, y que lo único que se conoce, formalmente, es el inventario físico de la procedencia de los 110 bultos-maletas que viajaban en el Vita que ofrece Amaro del Rosal, responsable de alguna manera de la operación, por ser director de la Caja General de Reparaciones, organismo del que procedía el contenido más importante del cargamento del Vita. Un inventario que no ofrece ninguna información a esos efectos.

El Vita iba consignado, por encargo de Negrín, a los miembros del futuro Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles. La carga fue embarcada el mismo día del reconocimiento de Franco por los distintos Gobiernos. Llegó a Veracruz el 28 de marzo de 1939. Y la llegada de ese barco a México tiene su historia particular. Porque circunstancias excepcionales, o simplemente el azar, pusieron en manos de Prieto los recursos que integraban la carga del Vita.

No importa por qué razones, pero los miembros del comité que debían recibir el envío de Negrín no estaban en el puerto en el momento de la llegada del barco. Y fue otra casualidad que Prieto se encontrara en México cuando el Vita atracó en puerto mexicano, y que, éste, a partir de la amistad que tenía con el presidente Cárdenas, se hiciera, en nombre de la República, responsable del contenido que éste transportaba.[46] Y de esta manera se erigió en administrador de unos activos que estaban destinados a financiar el exilio en México. Pero, en aquellos momentos, Prieto mantenía una dura pugna con Negrín, por razones personales. Puede decirse, pues, que a partir de ese momento ese patrimonio dejó de formar parte del «tesoro de Negrín», quedando en manos de Prieto. Éste siempre explicó que el presidente de la República, a quien tuvo que acudir para salvar la carga del Vita, le puso como condición que él se constituyera en responsable de la operación.

Era lógico que esta realidad acentuara la pugna entre Negrín y Prieto. Especialmente dura si se tiene en cuenta que ambos perseguían objetivos muy distintos sobre el destino de los fondos.[47] Prieto defendía la venta rápida de los bienes transportados por el Vita, para financiar la emigración a México, y ayudar a los españoles internados en campos de concentración de Francia, porque creía que era la única política posible. Y porque, además, era responsabilidad de las instituciones republicanas ayudar a las víctimas del franquismo que se habían refugiado fuera de España (Mateos, 2006:3). Negrín, por el contrario, lo que pretendía era reservar esos fondos para el momento de la restauración de la legalidad republicana, en la medida en que daba por supuesto que la continuidad institucional dependía del control de los recursos del Estado, al margen del apoyo parlamentario y de las fuerzas políticas. Negrín llegó a decir que se habían enviado a México, en el Vita, de 1.000 a 1.500 millones de francos que «deseamos que no se toquen y que queden reservados para cuando volvamos a España».[48]

El Vita atracó en Veracruz, pero posteriormente fue trasladado al puerto petrolero de Tampico, donde con gran discreción se descargó. Su contenido fue trasladado al domicilio en San Ángel de José María Argüelles, antiguo secretario de la embajada española en México.[49] Y cuando el cargamento del Vita se depositó en ese domicilio, pudo verse que estaba en un completo desorden: «bultos por todas partes, maletas abiertas mostrando su contenido, en fin, aquello era un verdadero caos» (Rosal, 1976:129). Las labores de desembalaje duraron varios meses, y el proceso de desmontaje de las piezas y fundición del oro, así como su venta, fue muy complejo. Dada la naturaleza de los objetos que se manipulaban, hubo que tomar toda clase de precauciones.[50] En todo caso, existe abundante literatura que cuenta la historia del Vita desde el momento que llegó a puerto mexicano hasta que se hizo entrega de su carga.[51]

En México la tensión social creada ante el rumor de los inmensos «tesoros» que se habían trasladado a esa capital fue tan importante, que llegó a hablarse de que determinados grupos organizaban un complot para asaltar los locales donde estaban depositados.[52] Y se manejaron y exageraron todo tipo de noticias.

El taller de desmontaje y fundición se había establecido en las mismas instalaciones donde se guardaba el cargamento del Vita. Muy bien custodiado, y por personas de alta responsabilidad. Pero de este taller salían desperdicios y cajas de relojes que habían sido desmontados, así como los embalajes en los que se habían empaquetado los objetos transportados en el Vita, especialmente las cajas vacías de objetos de valor de los montes de piedad con sus etiquetas y rotulaciones. Y todo ello terminó por aparecer flotando en el Nevado de Toluca, un lago a las afueras de la ciudad de México, lo que desató el rumor de que los españoles habían lanzado al lago parte de su «tesoro», organizándose caravanas de personas de todo tipo que iban en su busca (Rosal, 1976:154-155).

Por otra parte, la operación mereció constantes informaciones en la prensa y quejas de la opinión pública. Se llegó a asegurar que a bordo venía todo el «tesoro español», incluidas las reservas del Banco de España (Herrerín, 2007:9). Hasta tal punto, que el secretario de Gobernación mexicano, García Téllez, tuvo que hacer una declaración oficial para salir al paso de la presión mediática sobre lo que era y representaba la llegada del Vita al puerto de Veracruz.

Amaro del Rosal residía en México, y con una cierta regularidad iba recibiendo alarmantes informaciones sobre lo que estaba sucediendo con los depósitos y con los objetos de arte y de valor histórico que, al parecer, y según se decía, estaban siendo manipulados al margen de todo control técnico. Y en su libro cuenta que se vio obligado a transmitir al presidente de la República la información que le llegaba, advirtiéndole de la responsabilidad histórica que ello podía representar (Rosal, 1976:171-172).

En 1998, 57 años después de que terminara la guerra, de nuevo, y bajo el título «El tesoro del Vita. ¡Es hora de rendir cuentas!», el mismo Amaro del Rosal hacía balance para contestar, de acuerdo con la información de que entonces disponía, a la pregunta del empleo que se dio al oro, a la plata, a los valores, y a las joyas y, sobre todo, qué se hizo con los objetos de arte. Entre ellos, el joyero de la Capilla Real, el clavo de Cristo, la multitud de objetos religiosos con valor histórico y artístico, las colecciones numismáticas con ejemplares únicos, colecciones de relojes, etc.

Y su respuesta fue muy simple: «Mucho nos tememos que una gestión irresponsable convirtiera en lingotes de oro o plata aquellas colecciones numismáticas de valor incalculable y que se hiciera lo mismo con las cajas de los relojes, con los objetos religiosos» (Rosal 1998:53).

XXI
Precios y cotizaciones

ÍNDICES DE PRECIOS DURANTE LA GUERRA CIVIL

La sublevación rompe la unidad del sistema de evaluación de precios[1]

La guerra civil implicó el que España quedara también dividida, desde el punto de vista estadístico, en dos zonas. En Madrid permanecieron los órganos centrales de la Subdirección General de Estadística, aunque, como consecuencia de la confusión y de la pérdida de territorio, los trabajos en la zona republicana se redujeron drásticamente, especialmente en lo que se refiere a los índices del coste de la vida.[2]

La Junta de Defensa Nacional, por su parte, tuvo que improvisar todo un nuevo aparato administrativo a partir de las secciones provinciales de estadística que quedaron en territorio bajo su control.

Posteriormente, la Junta Técnica del Estado se ocupó de dotar al sistema estadístico de una nueva organización administrativa. Por ello, y dentro de lo que fue posible, el mecanismo de la estadística de precios en el territorio del Gobierno de Burgos funcionó correctamente.

Con este punto de partida, la interpretación de la actividad financiera desarrollada por ambos bandos a lo largo de los 33 meses de guerra, y el enjuiciamiento de cómo se comportaron las magnitudes económicas, exige comparar actuaciones valoradas, en cada caso, en pesetas de cada bando y de cada momento, porque el valor intrínseco de cada una de las dos monedas fue variando mucho, más intensamente en la zona republicana que en la zona nacional. Y así, magnitudes monetarias como las de los presupuestos, los anticipos que cada uno de los dos bandos fue recibiendo del Banco de España de su respectiva zona, o los créditos obtenidos, deben ser ponderadas en cada momento a través de índices de deflación ajustados para que esa comparación sea válida. Es una cuestión compleja, porque no siempre, ni con igual intensidad, las fórmulas utilizadas para el cálculo de los índices resultan totalmente fiables.

Este capítulo trata de recoger y evaluar toda la información disponible en relación con la evolución de los índices de precios y cotizaciones en ambos bandos, con el objetivo de establecer fórmulas que permitan dar respuesta a esa necesidad de homogeneizar a lo largo del período de guerra los valores de la peseta republicana y la emitida por el Gobierno de Burgos.

El sistema republicano de evaluación de precios no operó durante la guerra

Como ya se ha dicho, en el territorio de la República, y en lo que respecta a los índices de precios al por mayor y al coste de la vida, no hubo prácticamente actividad estadística a lo largo de toda la guerra. No existió, pues, posibilidad de medir el nivel que iba alcanzando la inflación. Sí fue perceptible que su proceso de crecimiento era realmente notable. Pero nada más. En consecuencia, después de finalizada la contienda, fue necesario reconstruir, para todo el período, una serie completa de índices que cubriera ese vacío estadístico. Lo hizo el Banco de España, en noviembre de 1939, cuando tuvo que enfrentarse con la complicada tarea de desbloquear los saldos de las cuentas bancarias que habían sido congelados durante la guerra. Porque para llevar adelante esa operación resultaba imprescindible disponer de unos coeficientes de desbloqueo que recogieran las inflaciones relativas de ambas zonas. Y calcular esos coeficientes exigió, a su vez, calcular los índices de precios.[3]

Los resultados a los que llegó el estudio que, a esos efectos, emprendió el Banco de España, sobre el comportamiento de los precios durante la guerra en la zona republicana, se resumen en el siguiente cuadro.

De esta serie se desprende que la peseta republicana fue perdiendo muy aceleradamente poder de compra durante el segundo semestre de 1936, y sobre todo en 1937, año en que su valor de julio de 1936 quedó reducido a la cuarta parte. En 1938 el comportamiento de los precios se desarrolló en un clima político que daba por seguro el fin de la guerra y, por lo tanto, la desaparición del dinero republicano, de manera que ya en 1939 su poder adquisitivo era prácticamente nulo, y las transacciones tuvieron que basarse en operaciones de trueque.

El cálculo de estos índices, tal como se ha dicho, se hizo por el Banco de España al término de la guerra, no existiendo ninguna otra información procedente de fuentes republicanas, que sirva de contraste al informe del Banco de España. Sí se dispone de una sucinta estimación personal, hecha por Julio Carabias, quien vivió la guerra civil desde el mismo centro de la economía, como subgobernador del Banco de España en la República hasta el fin de la guerra.

Carabias, terminada la contienda, y sin referencia a fuente alguna, escribió que la depreciación media de la peseta, que entre 1933 y el primer semestre de 1936, se mantuvo en el 55%, creció rápidamente a partir de ese momento en la zona republicana hasta llegar al 83%. Añadiendo que, mediada la lucha, excedía del 94%. Carabias (1946) aseguraba en sus notas que, en las etapas finales de la guerra, la peseta republicana carecía prácticamente de valor internacional de cambio. Y reconocía que en la zona nacional el control de la peseta se hizo con más cuidado y que, en contraste con el derrumbamiento de la peseta republicana, la llamada «peseta de Burgos» permaneció estable.

Se dispone también de otra información parcial sobre la evolución de los precios en territorio republicano, pero sólo referida a la ciudad de Barcelona, que, de alguna manera, ilustra lo que pudo estar pasando con los precios en el conjunto de la zona republicana durante todo el período. Es la serie calculada por el Instituto de Investigaciones Económicas,[4] que se interrumpió en el mes de agosto de 1937. Éste fue su desarrollo:

Iniciada la contienda, el Gobierno de Burgos tuvo que enfrentarse a la realidad de que todo el aparato estadístico, residenciado en Madrid, había quedado en territorio republicano. La reacción fue crear un nuevo Servicio Nacional de Estadística, al que se le encomendó la tarea de atender a todos los aspectos estadísticos de la actividad del Estado.[5]

El nuevo aparato estadístico se basó en una propuesta de Olegario Fernández Baños,[6] definiendo un índice del coste de la vida que ha permanecido desde entonces, aunque ahora se ofrezca bajo la denominación de «índice de precios al consumo».[7] De hecho, esta serie estadística viene siendo la más cuidada por el Instituto Nacional de Estadística, y posiblemente la más consistente de las que elabora el órgano oficial de la estadística española.[8] La nueva organización estadística disponía de un aparato central del que dependían diversos negociados destacados en los diferentes departamentos ministeriales y en las oficinas provinciales abiertas en el territorio bajo el control del Gobierno de Burgos.[9]

El desarrollo del índice de precios en esa zona durante el período de guerra, y de acuerdo con la información que el Banco de España suministró, en su momento, para hacer posible el cálculo de los coeficientes de desbloqueo, fue el siguiente:

Esta serie permite concluir que la peseta del Gobierno de Burgos mantuvo bastante estable su poder adquisitivo a lo largo de la contienda. Una estabilidad que se logró, sin duda, porque el Gobierno de Burgos vigilaba constantemente la evolución de la masa monetaria. Así lo decía, en julio de 1938, el Noticiero de España, explicando que en aquellos momentos la cantidad de moneda en circulación en la zona nacional era escasamente superior a la que existía en julio de 1936, y que su velocidad de circulación había disminuido, en la medida en que la falta de los grandes centros bancarios del país dificultaba las compensaciones y los clearings internos. Concluía señalando que la vida económica se estaba manteniendo entre los «límites de la normalidad».[10]

Para demostrarlo suministraba unas tablas indicativas de la evolución de los precios entre octubre de 1936 y abril de 1938.[11] El índice 100 de octubre de 1936 estaba, en abril de 1937, en 109, en octubre de 1937 en 116, y en abril de 1938 en 133. Y presumía de que la subida de precios en la zona nacional, al cabo de dos años de guerra había sido «escasamente de un treinta y tres por ciento en el capítulo de productos alimenticios».

Aceptaba, sin embargo, que en lo referente a los precios de los productos industriales, la situación era «un tanto distinta». Porque mientras el índice de los productos minerales (carbón, lignitos) se mantenía en 121 en relación con el verano de 1936, los precios de los productos típicamente industriales, como «lienzos de lana y algodón, panas, lienzos morenos, medias, calzado de todas clases», habían sufrido alzas mucho más considerables, y prácticamente se habían doblado desde el comienzo de la guerra civil.

Control de precios durante la guerra

En la República[12]

La primera manifestación del Gobierno de la República de preocupación por la inflación y por el incremento desmedido de los precios, especialmente de los productos de consumo diario, tuvo lugar tan pronto como a finales de agosto, momento en que un decreto del Ministerio de Agricultura e Industria trató de impedir el acaparamiento y el desequilibrio en el suministro de bienes de consumo.[13] Establecía, a esos efectos, que a todo particular en cuya vivienda se encontraran víveres en cantidad notoria, y considerablemente superior a la práctica habitual para su consumo, se le impondría una multa equivalente a 100 veces el valor del exceso de la mercancía que tuviera almacenada. Igualmente, a toda entidad, de cualquier clase de actividad, que incurriese en actos de acaparamiento o de ocultación de materias alimenticias, se le impondrían multas desde 5.000 a 100.000 pesetas, decomiso de mercancía y clausura del establecimiento. El mismo decreto establecía que se crearían comisiones y organismos inspectores para la investigación de esas situaciones.

Pero la estrategia general de la lucha contra la elevación de precios se planteó, con todo rigor, a mediados de diciembre de 1936. Un decreto del Ministerio de Justicia del 10 de diciembre de 1936 explicaba la situación que se había creado, al «amparo de lo anormal de las circunstancias», cuando, «con total carencia de escrúpulos, comerciantes e industriales desaprensivos… elevan en cuantía inmoderada los precios de los artículos de primera necesidad».

Recordaba esta disposición que contribuir a provocar el alza del precio de las sustancias alimenticias ya estaba tipificado en el Código Penal, pero explicaba que ese cuerpo legal se refería a un estado de paz. Y que en guerra hechos semejantes tenían un significado mucho más grave. Y, en consecuencia, se definían como «actos de hostilidad y desafección al régimen» aquellas acciones que supusieran alterar, sin causa debidamente justificada o con infracción de bandos, disposiciones u órdenes, el precio, calidad o peso de artículos de primera necesidad, así como ocultarlos con ánimo de acaparamiento, o cometer cualquier otra irregularidad susceptible de perturbar el normal abastecimiento. Las infracciones serían sancionadas con penas que oscilaban entre dos meses y tres años de privación de la libertad, o trabajos forzados y multa de 1.000 a 500.000 pesetas. De controlar y disciplinar estas disposiciones se harían cargo los jurados de urgencia.[14]

Inmediatamente después, un decreto del 18 de diciembre de 1936 prohibía toda elevación de los precios de venta, por encima de los que regían el 15 de julio de 1936, en una serie de artículos de consumo.[15] A la vez, el Ministerio determinaría los precios de venta de otra serie de artículos.[16] Se prohibía, además, establecer, por cualquier comité u organización, impuestos y gravámenes sobre artículos alimenticios que no estuvieran autorizados por el Gobierno de la República.

Pero la experiencia no debió de ser muy satisfactoria, dada la dificultad de mantener los precios, y en agosto de 1937 se cambió el sistema de control. La nueva fórmula consistía en señalar que los ministerios de Agricultura, y de Hacienda y Economía elevarían a la Presidencia de Gobierno, como mínimo cada tres meses, una propuesta razonada de los precios máximos que debería percibir el productor en origen, y de los que habría de satisfacer el consumidor por los artículos considerados como de primera necesidad. También se facultaba al Consejo de Ministros para fijar, por órdenes sucesivas, los precios de compra y venta de los productos, naturales o manufacturados, de aquellos artículos que considerara oportuno.

Constituiría un «acto de hostilidad y desafección al régimen» incrementar los precios máximos fijados, ocultar o acaparar cualquiera de los productos a que se refirieran, y cometer cualquier irregularidad en el peso de las mercancías o la variación de su calidad, que pudiera desvirtuar indirectamente los precios establecidos. Las sanciones serían las fijadas con anterioridad, pero, a partir de este momento, y por analogía con lo dispuesto en la Ley de Orden Público, los presuntos responsables estarían en prisión condicional mientras se tramitara el procedimiento.[17] Dos días después, la Gaceta de la República publicaba una nueva disposición, incluyendo los precios máximos que, a partir de ese día, deberían percibir los productores de los artículos de consumo agrícolas de una lista que se relacionaba en la Gaceta, y los precios a los que otra larga lista de productos serían vendidos al consumidor. A la vez, se obligaba a los consejos municipales a dictar bandos para que todos los ciudadanos fueran conocedores de los precios de compra y venta estipulados.[18] Con la misma fecha, se establecía, con todo rigor, el proceso de denuncias por las infracciones habidas en relación con los precios fijados.

Es significativo, sin embargo, que, dada la gravedad que implicaba para la estabilidad de la economía republicana el anormal movimiento de los precios, el Banco de España, pese a que una de sus tareas tradicionales como banco de emisión era constituirse en vigilante del nivel de inflación del país, por sus efectos en la estabilidad monetaria y en el desarrollo de la economía, no tomara ninguna medida, ni exteriorizara ninguna preocupación, por ese fenómeno. Así se pone de manifiesto en las actas del Banco de España de la República, en las que, inexplicablemente, sólo se contempla el problema de la inflación en dos ocasiones.[19] La primera, y no directamente referida al nivel de los precios, sino a algo tan distinto como la carestía de la vida a efectos salariales, en el acta del 4 de enero de 1937, cuando, frente a la pretensión de un incremento de salarios de los empleados del banco en Valencia, con motivo de la pérdida de valor adquisitivo de la moneda, el acta deja testimonio de la respuesta del Consejo, que entendía que era un «problema que no cabe estudiar en estos momentos, y que, por otra parte, no afecta sólo a los habitantes de Valencia sino a los de todas las regiones».

Nada, pues, tenía que decir el Banco de España de los efectos de la inflación, ni sobre lo que la economía estaba sufriendo en aquel período como consecuencia de ella. Y, sin embargo, la realidad era que, para entonces, la moneda republicana había perdido prácticamente un 25% de su valor. Seis meses más tarde, la cuestión salarial volvió de nuevo al Consejo. En este momento, la moneda republicana había perdido la mitad de su valor. Y sin duda por eso, esta vez se había concedido a la plantilla una gratificación equivalente a medio mes de salario.[20] Tampoco esta vez consideró oportuno el Consejo ocuparse de una cuestión tan grave para el país como la inflación galopante que estaba sufriendo.

En la segunda ocasión, y ya muy vencida la guerra, en agosto de 1938, con el Banco de España ya en Barcelona, el banco decidió por fin ocuparse de una cuestión tan grave. Pero sorprendentemente lo hizo al reconocer que había que incrementar la plantilla del Servicio de Estudios del Banco de España para vigilar la inflación, sin entrar en más consideraciones, ni hacer juicios de valor, ni sugerir medidas. Y así, en el acta de la sesión del Consejo del día 26 de agosto de 1938, unos pocos meses antes de que la guerra acabara, llama la atención leer lo siguiente:

Considerando que el momento actual de la realidad española, es el más llamado para que actúe intensamente el Servicio de Estudios del Banco de España, entre otras labores muy interesantes que entran en su cometido, para seguir de cerca el proceso de inflación a que asistimos, y vigilar las reacciones que el fenómeno produce en los distintos aspectos de la economía nacional, y contribuir en lo posible a que oportunamente se provea a los remedios que una visión objetiva y analítica del hecho puede ir aconsejando, se propone nutrir aquel Servicio, poniendo a las órdenes del Jefe del mismo, Sr. García Méndez,[21] el siguiente personal: un Subjefe de Servicio; un Oficial Técnico de Estadística; un oficial traductor; dos oficiales administrativos; un Auxiliar taquimecanógrafo, y un Ordenanza, pasando el asunto a la Comisión de Personal para la designación nominal de las personas que han de cubrir dichos cargos.

Demasiado tarde, y demasiado poco, para lo que estaba sucediendo. Porque, en el momento en que este acuerdo se tomaba por el Consejo, la moneda republicana se había depreciado desde julio de 1936 el 93,7%.

En el Gobierno de Burgos

En la zona del Gobierno de Burgos, el control de los precios se hizo fundamentalmente a través de la fijación de normas de abastecimiento de la población. La primera de ellas fue emitida por la Junta de Defensa Nacional apenas iniciada la sublevación:[22]

Los Gobernadores civiles vigilarán con todo celo los diferentes mercados de productos agrícolas y pecuarios, así como los de abastos de núcleos urbanos, sancionando con toda energía a los industriales que, al amparo de las circunstancias presentes, bien por escasez de existencias de los distintos artículos de consumo corriente en la localidad, o bien por excesos de oferta, produzcan injustificadas alteraciones de cotización.

Su objetivo era mantener el nivel de precios anterior a la iniciación de la guerra, con una interpretación flexible para aceptar la modificación de los precios de aquellos productos en que fuera necesario. Pero posteriormente tuvo que prohibirse toda alteración que no estuviera previamente autorizada.[23] Ésta sólo se concedía si se presentaban pruebas que lo justificasen, a partir del coste de producción, o de la adquisición originaria de los productos. A los infractores se les aplicaban fuertes sanciones. Se trató también de coordinar la distribución de los productos en las distintas provincias, para evitar que en alguna de ellas sobraran artículos, con la consiguiente depreciación de los precios, mientras en otras, deficientemente comunicadas con motivo de la guerra, faltaran, con su natural encarecimiento. El Noticiero de España insistía mucho más tarde en que el único objetivo de esta regulación era impedir que se alterasen artificialmente los precios, y que éste era el único problema que se planteaba, porque la producción «suficiente» estaba asegurada.[24]

A finales de 1936, y ante las corruptelas que se estaban introduciendo en el sistema, hubo que incorporar nuevas regulaciones. Algunos industriales y productores se negaban a contratar con los comerciantes, a quienes habitualmente suministraban sus productos, si éstos no abonaban al contado el importe de sus compras. Para evitarlo, hubo que legislar que en todas las operaciones comerciales deberían imperar las mismas condiciones que en campañas anteriores, debiendo concederse a los compradores los plazos de costumbre para el pago de sus mercancías.

El proceso legislativo sobre el control de los precios se cerró en diciembre de 1936, al establecerse las condiciones en que debería tramitarse su incremento. La decisión competía a la autoridad gubernativa de cada provincia, y previamente las juntas provinciales de abastos, y los demás organismos competentes, deberían informar de esa petición. También quedó prohibida la elevación de los precios de los hospedajes en hoteles, fondas o pensiones. Y para garantizar la eficacia de estas disposiciones, se dispuso que todos los comerciantes deberían exponer en sus establecimientos, en forma visible, listas de precios en las que, para cada artículo, se pudiera conocer el precio anterior al 18 de julio como fórmula para comprobar la exactitud del precio exigido. Una medida ésta que hubo de ser recordada posteriormente, sin duda, por su incumplimiento, con la amenaza de fuertes sanciones a los que no cumplieran lo establecido. Desde el Noticiero de España se valoraba esta medida: «Puede afirmarse que sólo muy excepcionalmente hubo de acudirse a la aplicación de éstas a algunos comerciantes, que faltos de todo patriotismo, quisieran aprovecharse de las anormales circunstancias de la guerra».

Y de esta manera se fue organizando un servicio de regulación del abastecimiento, cada vez menos sincronizado con la realidad. Posteriormente se creó un control estadístico de los artículos de consumo y de las necesidades de cada una de las provincias, lo que permitió, de acuerdo con valoraciones oficiales, el funcionamiento completamente normal de todos los servicios de avituallamiento tanto de la vanguardia como de la retaguardia. Más tarde, la fijación de los precios quedó encomendada a las llamadas Juntas Provinciales de Precios, presididas por el gobernador civil. Y en diciembre de 1937 se creó una Junta Central Especial, reguladora del abastecimiento de carne.

En opinión del Noticiero de España «[estas disposiciones] han resuelto el problema del abastecimiento y de los precios en su conjunto, habiéndose huido tanto del sistema de rígido mantenimiento de los precios, con olvido de la realidad económica, como del peligrosísimo, de libre juego de los mismos».

Por último, la misma ley organizadora de la Administración Central del Estado estableció en el esquema orgánico gubernamental la creación de un Servicio Nacional de Abastecimientos y Transportes, que dependía de la Vicepresidencia del Gobierno.[25]

Comparación de los poderes adquisitivos de la peseta en cada una de las dos zonas durante la guerra

Al final de la guerra, el Banco de España, como ya se ha visto, hizo público el siguiente cuadro indicativo de la evolución mensual durante la guerra del poder adquisitivo e índice de precios en la zona republicana y en la del Gobierno de Burgos:

No es ésta la única referencia que se tiene sobre el comportamiento de los precios en aquellos momentos, porque Paris Eguilaz (1945:51) elaboró posteriormente otra serie.[26] También Jordi Maluquer (2005:1267) ha ofrecido información sobre la evolución de los precios durante la guerra. Para éste, los años 1936-1939 constituyen una etapa muy compleja para la correcta medición de la evolución de los precios, porque, tanto los datos del Instituto Nacional de Estadística como los de los historiadores, midieron los precios según la variación de las tasas oficiales que se establecieron en 1939 y 1940, muy inferiores a los precios de mercado de esos años, al no incorporar el comercio ilegal o estraperlo. Aunque para Alcaide (1995:290), los incrementos no reconocidos debieron quedar suficientemente absorbidos a medida que se liberalizaban los precios de los productos intervenidos. Maluquer añadía que una estimación del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, tratando de tomar en consideración los verdaderos precios de mercado, fijaba la variación entre 1936 y 1939 en un 145,2%.

Como término de contraste, aunque reducido a un ámbito territorial muy parcial, Bullock (1937) comparaba los precios de una serie de productos de consumo en junio de 1936 y 1937 en Barcelona (zona republicana) y en La Coruña (zona nacional).

Estimación de los índices de precios en la España unificada[27]

La tabla de índices de precios de la República, por un lado, y la del territorio bajo el control del Gobierno de Burgos, por otro, necesarias sin duda para analizar la evolución económica y financiera de cada uno de los dos bandos, tuvieron que dar paso, una vez terminada la guerra, a una serie única, que refundiera ambas, para permitir completar, con carácter unitario, la historia de una serie estadística española, como la de los índices de precios, que tenía más de un siglo de antigüedad. Era necesario que se dispusiera, en términos globales, de un índice, siquiera fuera aproximado, de lo que había sido el comportamiento de los precios en los años en que hubo un doble sistema para el conjunto de España, utilizable a escala internacional y con carácter oficial. Y de esta manera, y una vez terminada la contienda, el Boletín de Estadística del Servicio Nacional de Estadística, del Ministerio de Organización y Acción Sindical, publicaba la información disponible en aquel momento sobre los índices de precios al por mayor y el coste de vida referidos al conjunto del país. Trataba con ello de suministrar información sobre la realidad del comportamiento de los precios como herramienta para ulteriores análisis.

El Boletín ofrecía, como una primera aproximación, lo que habían sido los índices del coste de la vida en distintas capitales de provincia «con referencia al hombre medio situado en la zona que abarca las del obrero algo calificado a la clase media poco acomodada». La siguiente tabla, con base 100 en julio de 1936, suministra esa información en relación al coste de vida en agosto y diciembre de 1938, y en marzo de 1939.

El Boletín ofrecía también la siguiente información sobre los precios por sectores durante el período de guerra:

El Servicio Nacional de Estadística daba también información, bastante detallada e individualizada, para cada uno de los meses entre julio de 1936 y mayo de 1939. En el cuadro siguiente se detallan los índices correspondientes a las sustancias alimenticias, las materias industriales y el índice general.

Posteriormente, el Anuario de la Dirección General de Estadística (1943) ofrecía información definitiva para todo el territorio español sobre los índices de precios al por mayor:

Al final, los índices oficiales de precios de consumo en España, aceptados por el Instituto Nacional de Estadística, quedaron definidos como se detalla en el siguiente cuadro:

La literatura sobre la evolución de los índices de precios en España en el período que se considera ofrece tres series más, a partir de supuestos diferentes. Se deben a Reher y Ballesteros, Alcaide, y la más reciente a Prados de la Escosura. Son éstas:

La literatura sobre la evolución de los índices de precios en España en el período que se considera ofrece tres series más, a partir de supuestos diferentes. Se deben a Reher y Ballesteros, Alcaide, y la más reciente a Prados de la Escosura. Son éstas:

Conversión a valores actuales. Índices de precios y capacidad relativa real de gasto equivalente

El mejor conocimiento e interpretación de las diversas magnitudes monetarias, utilizadas en este trabajo, plantea la necesidad de disponer de instrumentos válidos que permitan entender e interpretar el significado y la trascendencia cuantitativa que cada operación económica tuvo, y lo que cada una de ellas significó, en su contexto y en su tiempo, en relación con parámetros homogéneos.

En lo que respecta a evaluaciones a corto plazo, o referidas a la vida cotidiana, el instrumento más válido, sin duda, es buscar la paridad al día en el que se quiere interpretar el valor, utilizando los usuales índices de precios. Pero para cantidades referidas a largo plazo, o a grandes magnitudes, esos indicadores pueden no resultar adecuados a la hora de buscar su paridad en el presente, porque los usuales «índices de precios» se refieren fundamentalmente a productos o servicios que integran el consumo diario, y, por lo tanto, pueden ofrecer un valor relativo y a veces equívoco. Porque se trata de medir otra realidad.

En esos casos, un buen instrumento aplicable puede ser buscar la paridad a partir de la «capacidad relativa real de gasto equivalente», al margen de los precios. Es decir, buscar, para una cantidad monetaria que se desea actualizar, el equivalente «hoy», en términos del «esfuerzo de gasto», a nivel de lo que ha evolucionado el país, y tratando en cada momento de buscar una significación equivalente en términos del sacrificio que conllevaría generar o disponer de esa renta. Y ese instrumento puede quedar definido calculando la relación existente entre la renta per cápita de cada una de esas fechas. Es decir, calculando el número, o fracción, de rentas per cápita necesario en un momento del pasado para una determinada operación y definir el valor de hoy en términos del mismo esfuerzo en una operación similar.

Por ejemplo, la renta per cápita, en pesetas corrientes, en España, era en 1936 de 1.230[28] pesetas, y en 2010 de 23.063 euros. De aquí se deduce que «la paridad» de 1 peseta en 1936, sería en estos momentos, de 18,8 euros. Ello significaría que las magnitudes expresadas «en pesetas» en este trabajo, en los diferentes años, equivaldrían hoy, en euros, al resultado de multiplicarlas por el coeficiente que relaciona la renta per cápita del momento actual con la del momento a evaluar, ajustada por el cambio de la peseta al euro. Ello supone que dispondríamos de dos fórmulas para buscar esa equivalencia. Los índices tradicionales de precios, y los índices de capacidad real de gasto de la sociedad y de cada institución o individuo, a partir de apoyarse en el hecho de que, lo que debe actualizarse es no sólo la depreciación de la moneda, sino también el esfuerzo que supone generar o gastar esa renta en un momento determinado. Algo así como preguntarse, frente a un gasto del pasado, qué proporción de la renta per cápita era entonces y lo que ese gasto significaría hoy. Éstas serían las equivalencias para cada una de esas dos fórmulas:

Un ejemplo de aplicación: en marzo de 1934, Mussolini concedió a los que iban a sublevarse contra la República, entre otras ayudas materiales, un millón y medio de pesetas.[29] Su actualización, en términos de lo que representó aquel esfuerzo de pago, ascendería hoy a 23 millones de euros, según la capacidad relativa real de gasto, y a casi 3 millones de euros según los índices de precios.

Otro caso, esta vez de la vida cotidiana: a mediados de 1936 el precio de un litro de leche en Barcelona era de 0,70 céntimos.[30] Hoy sería de 1,3 euros según los índices de precios, y de más de 13 euros según la capacidad relativa real de gasto.

Es posible que en muchas ocasiones no sea tan claro decidir cuál sería la mejor fórmula a aplicar para llegar a un valor que tenga significación en el presente, aunque los extremos sí parecen claros.

LA COTIZACIÓN DE LA PESETA DURANTE LA GUERRA CIVIL

Durante la guerra civil, los tipos de cambio en el área del Gobierno republicano se fijaban por el Centro Oficial de Contratación de Moneda, COCM (creado en 1930), y los de la zona del Gobierno de Burgos por el Comité de Moneda Extranjera, CME (creado en noviembre de 1936). Las cotizaciones establecidas por estos organismos tenían consideración de «oficiales» y se publicaban periódicamente en la Gaceta de Madrid, y después en la Gaceta de la República, los correspondientes al COCM, y en el BOE los correspondientes al CME.[31] Acabada la guerra, se creó el Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME), que sustituyó a este último.[32]

Cotización oficial de la peseta del Gobierno republicano

En todo caso, existía un mercado libre en París. El Noticiero de España decía, a finales de 1937, que respecto de la peseta republicana,[33]

… el billete español [de 100 pesetas] se compraba en París por 80 francos el día de la toma de Málaga; por 70, el día en que se rompió el «cinturón de hierro» en Vizcaya; por 60, el 19 de Junio, fecha de la liberación de Bilbao; por menos de 50, el día 24 de Agosto, día de la rendición de Santander; y que actualmente, primeros días de Diciembre, 100 pesetas del Gobierno de Barcelona no encuentran compradores a 33 francos.

Cotización oficial de la peseta del Gobierno de Burgos

Cotización comparada de las dos pesetas

Se dispone también de información relevante tomada mes a mes, para ambas pesetas, la republicana y la de Burgos, y hecha pública en fechas muy inmediatas a la terminación de la guerra, lo que permite hacer una aproximación a lo que fue realmente la relación entre ambas monedas al margen de las cotizaciones oficiales. La información fue suministrada por Antonio de Miguel en el año 1944, poniendo en relación ambas monedas a partir de sus cotizaciones con el franco en el mercado libre francés. Sin duda, estas cotizaciones tuvieron que verse afectadas por las vicisitudes de la guerra, pero hasta el momento no se han publicado resultados de ninguna investigación que ofrezca otra información al respecto.[34]

Larraz (1938:27), por su parte, informa en sus Memorias de que en el mercado suizo, a «mediados de Septiembre de 1937, 100 pesetas Nacionales en billetes valían 24,50 francos suizos, en tanto que 100 pesetas marxistas valían 7,25 o, lo que es igual, que la peseta Nacional en el mercado suizo de billetes valía tres veces más que la marxista», relación casi coincidente con la del mercado parisino en la misma fecha.

Tabla de conversión a pesetas de las distintas monedas[35]

Para simplificar el cálculo de equivalencias de las distintas monedas a la información suministrada en el texto en los diferentes años del período de guerra y posguerra:

El caso especial de la cotización del rublo

Cuando en 1928 Iósif Stalin consiguió el poder absoluto en la Unión Soviética, impuso una dirección a la política económica diferente a la seguida en años anteriores por otros dirigentes soviéticos, sobre todo por Lenin. Éste aceptaba, como fórmula provisional, la gestión privada de pequeñas explotaciones agrarias, comercios al por menor y talleres con la finalidad de conseguir niveles de suficiencia en el abastecimiento de bienes de consumo de primera necesidad y en la producción de productos primarios exportables. Pero Stalin optó por la planificación central como sistema de organización de la producción, la distribución y la formación del capital. Y el instrumento elegido fueron los planes quinquenales. Así, en los años treinta, se fijaban precios diferentes para los mismos artículos de consumo, según fueran los canales de venta. Y, en este contexto, los intercambios con clientes o proveedores foráneos se efectuaban exclusivamente en moneda extranjera.

La vinculación entre el rublo y el franco se estableció en 1935, fijándose el tipo de cambio en febrero de 1936 a razón de un rublo por tres francos. La devaluación francesa arrastró, en octubre de 1936, una revalorización del rublo que se situó en 4,25 francos. En 1937 la URSS decidió abandonar la referencia al franco y sustituirla por el dólar, fijándose el cambio en 5,3 rublos por dólar. Este cambio permaneció en vigor hasta 1950.[36] Pero aunque estas paridades eran consideradas como oficiales, para el intercambio de mercancías y para las relaciones financieras, eran simplemente puntos de referencia, modificables por acuerdos específicos. Y como consecuencia, la cotización del rublo desapareció incluso de las informaciones suministradas por los bancos centrales.

La ausencia de un tipo de cambio único para el rublo se puso de manifiesto en el caso de la guerra civil española porque imposibilitaba la referencia en las distintas operaciones financieras. Mientras que para los gastos generales realizados por la URSS de apoyo a la República, el tipo de cambio aplicado era de 5,3 rublos por dólar,[37] no sucedió lo mismo con el material de guerra vendido. En estas transacciones fueron aplicados distintos tipos de cambio, según las distintas clases de armamento. Unas veces se aplicaba el cambio de 4,2 rublos por dólar, otras el de 3,6 rublos, e incluso en ocasiones el de 2,5 rublos por dólar. Ello respondía a los complejos criterios de valoración que se aplicaban en el interior de la economía soviética, de tal manera que los precios no eran determinados por la actuación autónoma del mercado, sino por los responsables del Gosplan, que aplicaban distintas valoraciones a las diferentes mercancías. En ello influían razones objetivas, como la escasez relativa, pero también razones estratégicas, para orientar los procesos de producción y el consumo, y, en última instancia y especialmente, razones de carácter político.

Así era porque, por su propia naturaleza, la cotización del rublo no tenía, en aquellos tiempos, la misma significación que el resto de las monedas. La Unión Soviética era una economía absolutamente pública y centralizada, y el valor de su moneda no respondía a la lógica del mercado. En realidad, no existía ninguna relación entre los costes de producción expresados en rublos y los precios que la Unión Soviética practicaba en el extranjero. Y desde luego, lo que no tenía igual significación que en el mundo occidental era el proceso de producción, y especialmente el sentido del beneficio. En la empresa de la Unión Soviética, la amortización del equipo capital no era un concepto básico a tener en cuenta y, además, el aprovisionamiento de estos equipos tampoco apuraba su utilización, como se hacía en el competitivo mundo occidental.[38]

Así pues, la cotización del rublo era permanentemente variable, a tenor de la estrategia seguida en cada momento por las autoridades soviéticas.[39] En todo caso, la legislación soviética prohibía la salida del rublo del territorio de la URSS, porque esa moneda sólo era de utilización legal dentro del espacio soviético. Quiere decir que el rublo no era una moneda convertible, ni cotizaba internacionalmente, y que, en consecuencia, no era posible pagar en rublos las exportaciones de la Unión Soviética.

XXII
El coste material y humano de la guerra

EL COSTE DE LA GUERRA

Como se sabe, la sublevación del 18 de julio se planteó en la creencia de que duraría muy pocos días. Pero no fue así, y la guerra duró 33 meses, porque falló la sublevación y, como consecuencia, se convirtió en una guerra civil. Una guerra civil que costó mucho, muchísimo, en términos materiales y, sin duda, también en términos financieros. Pero, sobre todo, acarreó pérdidas inestimables de vidas humanas.

Desde luego, la guerra civil de 1936 significó para España un alto coste. En lo económico, los costes vinieron dados por los gastos militares, por la destrucción del stock de capital y por la caída de la producción.[1] Como era lógico, todo ello repercutió en el producto interior bruto disponible, aunque la evaluación de esta magnitud no sea nada fácil.[2] En lo demográfico se produjeron efectos notablemente perversos.

En general, las consecuencias económicas de las guerras civiles producen, en primer lugar, una destrucción directa de recursos materiales. Durante el conflicto las infraestructuras son objetivos de estrategia militar, fundamentalmente las líneas de comunicación y abastecimiento, tales como las líneas telefónicas, los aeropuertos, los puertos, las carreteras y los puentes. Y a ello hay que añadir los daños sufridos en edificios públicos como hospitales y escuelas. La guerra también produce la disrupción de los recursos económicos, en la medida en que los factores de producción existentes dejan de utilizarse o se usan de forma más ineficiente, así como la desviación de recursos económicos de actividades productivas hacia actividades improductivas como el gasto militar o el pillaje. En cuanto a las bajas humanas, desde el punto de vista económico se traducen en una disminución de la fuerza de trabajo.[3]

En lo que se refiere al coste de las operaciones militares, un país de recursos modestos como España se vio abocado desde los dos bandos en lucha a una acelerada carrera de armamento, que hubo que adquirir y financiar en el extranjero. Hugh Thomas, en su libro La guerra civil española, mencionaba en 1961 que el coste de la guerra, incluidos gastos internos y externos, pudo ascender a 30.000 millones de pesetas,[4] aunque hacía la observación de que el principal coste real de la contienda fue la disminución de la capacidad laboral por muertes e incapacidades, y por el exilio permanente que se produjo al terminar la guerra, no integrado en esa cifra. Eccles, como ya se ha visto, llegó a la conclusión de que la estimación más fiable de lo que la guerra estaba costando era de «mil millones de pesetas al mes», y «en ningún caso más de mil millones de pesetas al mes».[5]

Posteriormente, en 1963, la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico de la Presidencia de Gobierno presentó el Plan de Desarrollo para el período 1964-1967. Su introducción comenzaba con una breve, pero muy precisa, descripción de los efectos que había tenido la guerra civil en la economía nacional. En primer lugar, declaraba que durante la contienda la población activa disminuyó en medio millón de hombres.[6] Recordaba que se habían producido graves destrucciones y cuantiosos daños materiales en viviendas, ferrocarriles y carreteras. A todo ello, la Comisaría añadía los graves daños ocasionados en la agricultura y en la industria, de cuya importancia daba idea el acusado descenso que habían experimentado las respectivas producciones en ese período. Y ofrecía, a este respecto, los índices que había calculado el Consejo de Economía Nacional (1945). Eran éstos:

La Comisaría añadía que se despojó al país de 510 toneladas de oro, parte en lingotes y en monedas de 16 países distintos. Y añadía que los gastos militares de ambos ejércitos rebasaron en pesetas de 1963 los 300.000 millones.

Sin embargo, hoy se puede precisar mucho más. Y ése es el objetivo de este capítulo. Para ello es necesario distinguir entre el coste propiamente dicho y su financiación. Sobre el coste tratan las páginas que siguen. De la financiación ya se ha hablado en capítulos anteriores.[7]

DESTRUCCIÓN DEL EQUIPO CAPITAL Y PÉRDIDAS DE PRODUCCIÓN[8]

La destrucción del stock de capital fue muy importante. Según la Comisaría de los Planes de Desarrollo (1963:17), medio millón de viviendas destruidas o dañadas[9] y 225.000 toneladas de la flota mercante hundidas, con una pérdida de la capacidad de transporte del 22%.[10] La mitad del parque móvil ferroviario desapareció. Las redes de carreteras y ferrocarriles se vieron notablemente afectadas.[11] En total, los daños causados en bienes inmuebles ascendieron a 4.250 millones de pesetas (Thomas, 1979, vol. 5:18 y ss.).[12] Los bienes de equipo también sufrieron un alto desgaste producido por la falta de nuevas inversiones y por la intensificación del ritmo productivo. Pero no hubo grandes destrucciones fabriles.

Adicionalmente, Martín Aceña (2006:45) sostiene que el coste total de una guerra no respondería a ese concepto de «total» si no se incluyen las pérdidas derivadas del desquiciamiento institucional, las interrupciones comerciales, y otros factores económicos y financieros importantes. Y así es. De tal manera que en la composición interna del coste de la guerra hay que incluir también el desbarajuste institucional, que terminó convirtiéndose en una baja productividad y en la pérdida de eficacia y volumen del comercio exterior.

En su investigación de la crisis de la agricultura durante los años cuarenta, Barciela (1986a) sostiene que los daños de guerra no fueron tan catastróficos como la propaganda oficial mantuvo hasta bien entrados los años sesenta.[13] Así lo confirman las evaluaciones hechas por el Servicio de Recuperación Agrícola, que, en su Memoria sobre daños de guerra, registraba una reducción del 21,5% en cultivos herbáceos, del 8,3% en viñedos, del 5,3% en olivar, del 6,3% en frutales varios, del 26,6% en ganado de labor y del 19,3% en ganado de renta. Los daños producidos por la destrucción y el deterioro de maquinaria y material agrícola, útiles y aperos, se valoraban por dicho Servicio en 60 millones de pesetas y los daños totales de la agricultura en 1.350 millones (Barciela, 1986b).

Barciela recordaba que las regiones más críticas desde el punto de vista agrícola, aquellas que desde el comienzo de la sublevación militar estuvieron en la zona nacional, no se vieron afectadas de ninguna manera por la guerra, o lo hicieron de forma muy limitada. Y que en las zonas agrícolas republicanas la producción, a pesar de las graves dificultades derivadas del aislamiento exterior en que se desenvolvió la República, mostró una indiscutible vitalidad. Tan sólo en lo relativo a las pérdidas de ganado de labor pudo existir un momentáneo déficit, poco importante. Concluyendo que, para explicar la grave situación de la agricultura después de acabar la guerra, en los ámbitos oficiales se fue elaborando un conjunto de razones de las que las más importantes eran las destrucciones bélicas, la falta de ganado de labor, la escasez de fertilizantes, la falta de maquinaria, la pertinaz sequía, e incluso las acciones de los maquis. Sin embargo, para Barciela (1986b:17), y tal como trata de demostrar en su investigación, la causa esencial, aunque no exclusiva, de esa situación, fue la propia política agraria de los sucesivos Gobiernos franquistas, que fue fuertemente intervencionista y de signo autárquico, inspirada en los modelos de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Ello supuso la intervención de la producción, de la comercialización y del consumo de productos, así como la ausencia de una política estructural que pusiera a la agricultura española en la línea de mejorar las condiciones en las que se desenvolvía.

En lo que se refiere a la industria, la producción minera y siderometalúrgica de 1936, en el total de España, se situó en el 50% de la de 1935, para seguir su desplome durante 1937 hasta caer a cerca de un tercio del nivel prebélico. Inició la recuperación en 1938 (66% de 1935) y 1939 (77%), y acabó en 1940 a un nivel inferior en un 15% a la de 1935.[14] Otras actividades como el sector textil tuvieron mejor comportamiento.[15] Con todo, el conjunto de la industria evolucionó negativamente.[16] Según Carreras, la producción industrial española per cápita no se recuperó hasta 1951.[17]

En cuanto a la construcción, y a la vista de la producción de cemento, se produjo una importante caída en 1936 (para situarse en el nivel del 34%) y 1937 (29%)[18]. En 1938 se situó en el 47%, en 1939 en el 91% y en 1940 en el 117%.[19] El conjunto del sector secundario tuvo siempre un comportamiento negativo sobre las cifras prebélicas.[20] Por su parte, el sector terciario siguió la tónica de la media de los otros dos sectores.[21]

Las consecuencias a largo plazo de la guerra civil sobre la industria española fueron importantes y muy negativas, provocando una ruptura en el proceso de industrialización y un deterioro de la relación con el resto de Europa.[22] Especial atención habría que poner en que, tanto en la guerra como en la inmediata posguerra, no fue posible el mantenimiento de un entramado empresarial adecuado a los objetivos de la reconstrucción.[23] Así lo atestiguan los índices de producción industrial, en los que puede verse ese comportamiento entre los años 1930 y 1950.[24] Una serie en la que pueden apreciarse con toda claridad tres momentos: primero, la ruptura de la tendencia histórica de la economía española, que venía manteniendo un constante crecimiento desde principios de siglo; después la ruptura en el período de la guerra; y por fin la lenta recuperación posterior que se logró en el entorno de 1948-1950. Aunque si el comportamiento de la producción española se observa extrapolando la tendencia histórica que se produjo de 1890 a 1935 (un ritmo de crecimiento del 2%), se pondría de manifiesto que la recuperación sólo se alcanzó en 1954. Ello significaría que, como consecuencia de la guerra civil, España tardó diecinueve años en recuperar sus niveles de preguerra (Carreras, 1986:13 y ss.).

Por lo que respecta al impacto de la guerra en la industria a escala regional, los analistas que han investigado el desarrollo industrial en diferentes zonas durante la guerra civil han venido concluyendo que la industria localizada en la zona franquista se desarrolló normalmente, y a veces con indiscutible éxito, mientras que la industria situada en zona republicana tuvo un comportamiento, en general, mucho peor. Una serie de indicadores elaborados recientemente por Catalan permiten medir el impacto de la guerra en la industria a escala provincial.[25] Los indicadores primarios que utiliza son cinco: el aumento de capital de sociedades anónimas de nueva constitución entre mediados de 1936 y de 1939 en relación con el capital de las sociedades anónimas en la provincia; el crecimiento de la población activa industrial entre los censos de 1930 y 1940; la variación de las cuotas satisfechas por la tarifa tercera de la contribución industrial entre 1927 y 1940; la recaudación real obtenida por la Compañía Arrendataria de Tabacos entre 1935 y 1940, y la proporción de edificios ruinosos en 1940.

A partir de estas cinco variables,[26] Catalan clasificó las provincias españolas en tres grupos. El primero comprendía las 17 provincias con mejor comportamiento industrial durante la guerra. Éstas eran las tres vascas, tres andaluzas (Sevilla, Cádiz y Huelva), tres gallegas (excepto Lugo), Salamanca, Segovia, Burgos, Logroño, Cuenca, Baleares, Navarra y Zaragoza. Y en el último grupo se integraban diecisiete provincias con un inequívoco impacto depresivo de la guerra civil sobre el desarrollo industrial. Los peores resultados correspondieron a Teruel, Madrid, Guadalajara, toda Cataluña, tres provincias andaluzas (Almería, Jaén y Córdoba), Alicante, Castellón, Albacete, Murcia, Huesca, Toledo y Tenerife. Las demás se concentraban en el segundo grupo.

El indicador obtenido ratificaba la excepcional coyuntura experimentada por Guipúzcoa, Sevilla y Pontevedra, que ocupaban los primeros lugares entre las provincias con efecto expansivo en la contienda. Sevilla y Pontevedra estuvieron bajo jurisdicción del Gobierno de Burgos desde el principio de la guerra y la capital de Guipúzcoa fue conquistada en septiembre de 1936. Las dos primeras disfrutaron de una posición siempre alejada del frente, y la provincia vasca quedó resguardada de las operaciones militares desde la primavera de 1937.

En todo caso, de esa investigación se deduce, como era lógico, que la debilidad institucional republicana no constituyó el marco más adecuado para el progreso de la industria. Porque la revolución conllevó en muchas ocasiones la huida de los gestores, y erosionó los apoyos a la República de las potencias democráticas. También repercutieron en contra del normal funcionamiento de la actividad industrial en esa zona los conflictos entre partidarios y detractores de las colectivizaciones. Por otra parte, la investigación de Jordi Catalán destaca que la progresiva crisis de la actividad industrial en la zona republicana durante la guerra tuvo dos características fundamentales: la falta de materias primas y el estrangulamiento progresivo del mercado a medida que se reducía el territorio en poder del Gobierno de la República. Al contrario de la industria residenciada en las provincias bajo dominio del Gobierno de Burgos, que, al compás de la guerra, fue incrementando continuamente su mercado.

De esta manera, el grupo de las 17 provincias con mejor comportamiento industrial estaba compuesto por provincias que, en todos los casos, menos en el de Cuenca, habían tenido sus capitales bajo control del Gobierno de Burgos desde finales de junio de 1937. Por el contrario, de las 17 provincias con peores resultados, 12 tenían capitales en poder del Gobierno republicano a la misma fecha. De las 5 restantes, Córdoba, Toledo, Huesca y Teruel, estaban partidas por el frente.

La investigación de Jordi Catalan (2006:223 y ss.) confirmó, por tanto, la hipótesis de que las provincias gobernadas desde Burgos al año de guerra aprovecharon mejor las posibilidades de crecimiento abiertas por el conflicto que los territorios bajo administración republicana.

ALTERACIONES EN LA RENTA NACIONAL

Una aceptable aproximación a lo que pudiera haber sido el coste económico de la guerra civil española es, sin ninguna duda, examinar el comportamiento de la renta nacional en el período de la contienda, y en los posteriores. Es una realidad, sin embargo, que, pese al tiempo transcurrido, no se dispone de información suficiente para elaborar las cuentas económicas de los años de la guerra civil, ni tan siquiera para conocer la evolución de las partidas más características de un cuadro macroeconómico. Tampoco hay metodología generalmente aceptada para ello. Entre otras razones, porque las convenciones sobre la elaboración de la contabilidad nacional están pensadas más para tiempos de paz que de guerra.[27] Sí es posible, a partir de la información de que se dispone, hacer algunas consideraciones, aunque no sean más que una primera aproximación, sobre lo que pudo ser el comportamiento de las magnitudes más significativas de la contabilidad nacional de aquellos años.

Esa primera evaluación, siguiendo los distintos renglones del producto interior bruto, permite estimar que en el área bajo control del Gobierno de Burgos, el sector agrario siguió una evolución normal, de acuerdo con los avatares climáticos.[28] La industria pudo incluso incorporar algún crecimiento durante la guerra, en la medida en que se pusieron en marcha instalaciones mineras e industriales abandonadas por no competitivas en tiempos de paz. Y, por supuesto, a partir de 1937 el área dependiente del Gobierno de Burgos incrementó notablemente su producción, por el doble motivo de incorporar nuevas instalaciones y operarlas con mayor intensidad. La construcción sufrió una importante paralización, al suspenderse la oferta de vivienda, así como la obra pública. Y los servicios también disminuyeron, siquiera sea como efecto de las movilizaciones. En conjunto, la zona dependiente del Gobierno de Burgos pudo alcanzar en los años de guerra un PIB que comenzó con un moderado retroceso en el segundo semestre de 1936 para tender al nivel de preguerra a lo largo del resto de la contienda.

En cuanto a la demanda interior, el consumo privado en esa zona tuvo necesariamente que caer durante la guerra, aunque es probable que no en exceso. Por su parte, el consumo público creció de forma desmesurada, sobre todo en lo que se refiere a equipamiento de uso militar. La formación interior bruta de capital tuvo que experimentar un retroceso casi absoluto. En conjunto, la aportación de la demanda interior al PIB de los años de guerra tuvo que ser, en consecuencia, fuertemente positiva, por efectos del «tirón» público.

La demanda exterior constituyó, sin duda, una aportación negativa a la evolución del PIB de la zona sublevada. Las importaciones experimentaron un crecimiento muy elevado en lo relativo a material de utilización militar, a la par que disminuían los demás renglones del arancel. Por su parte, las exportaciones con toda probabilidad no bajaron sustancialmente, en relación con la situación de preguerra, e incluso algunas partidas se incrementaron por la intensificación de las salidas de minerales. Pero, en todo caso, el saldo de la balanza comercial tuvo que empeorar.

Por lo que respecta al área republicana, la evolución del PIB agrario estuvo altamente influida por los cambios climatológicos, al igual que en el área bajo control del Gobierno de Burgos, pero con producciones declinantes en relación con las de los sublevados. La industria tuvo un rápido retroceso. La construcción se paralizó y los servicios se debilitaron también con rapidez, tanto por los heterodoxos planteamientos monetarios como por la supresión de muchas de las actividades. En conclusión, el retroceso del PIB republicano tuvo que ser relativamente importante en los primeros meses de guerra, para experimentar una ligera recuperación en el período central, y desplomarse con la pérdida del norte y después con el aislamiento de Cataluña y la pérdida de los saltos hidroeléctricos de Lérida.

En cuanto a la evolución de la demanda, ésta tuvo que presentar los mismos signos que en el área del Gobierno de Burgos, aunque con magnitudes más desequilibradas. En la demanda interior el consumo privado se desplomó, frente a un fuerte aumento del consumo público de equipamiento militar, y la formación interior bruta de capital se paralizó de forma absoluta. En lo que respecta a la demanda exterior, las exportaciones republicanas decayeron mucho en relación con los niveles prebélicos, y las importaciones se dispararon.

Todo lo anterior, y teniendo en cuenta las ponderaciones que ofrece la composición relativa del cuadro macroeconómico de los años anteriores a la guerra, permite adivinar cómo fue el comportamiento de las macromagnitudes en el conjunto de España. Por el lado de la oferta, el PIB del sector agrario retrocedió por efecto de la evolución de la zona republicana. La industria tuvo un retroceso neto y la construcción retrocedió hasta casi desaparecer. Los servicios cayeron notablemente. En conjunto, hay pues que hablar de un retroceso moderado al principio, una posible recuperación en la fase media, y un retroceso más que moderado en la fase final, por el derrumbe industrial de la República y por la caída que el comercio de ésta tuvo que experimentar por el deterioro de su moneda.

En relación con la demanda interna, no hay dudas de que, en conjunto, hubo una fuerte reducción del consumo privado, así como un aumento del consumo público, mientras que la formación bruta de capital retrocedió fuertemente. En la demanda exterior, las exportaciones del conjunto español retrocedieron por el efecto republicano, mientras que las importaciones crecieron. Con el resultado final de un fortísimo declinar de la aportación de la demanda externa al crecimiento del PIB.

Para el conjunto de la economía española existen diversas estimaciones sobre el retroceso experimentado de 1935 a 1940, que van desde un máximo del 28,5% hasta un mínimo del 11%, abanico del que se deduce un orden de magnitudes de caída del PIB de entre el 15% y el 20%, más próximo quizá al primer porcentaje. Y si aún no está cerrada la investigación sobre la magnitud del retroceso económico experimentado por España entre 1935 y 1940, menos se sabe sobre la evolución de los años intermedios.

Como hipótesis razonable, y en función de la información estadística que se ha ido viendo en páginas anteriores sobre el comportamiento de los distintos índices de producción, se podría decir que el PIB del año 1936 retrocedió como mínimo una cuarta parte sobre 1935, retroceso que sería ya de un tercio en 1937. A partir de 1938 se inició, sin duda, una recuperación, que pudo situar el nivel de producción ligeramente por encima del de 1936, mientras que el de 1939 pudo ser ya próximo al 80% del prebélico, nivel que volvería a elevarse moderadamente en 1940. En términos de producto nacional neto, y dada la alta tasa de amortización, habría que hablar de una curva de caída mucho más profunda que la señalada para el PIB. Por supuesto, este comportamiento global incluye el derrumbe de la zona republicana y la marcha relativamente normal de la zona nacional.

La conclusión final podría ser que el país dejó de producir en los 33 meses de guerra el equivalente aproximado al PIB de un año normal como el de 1935, que ascendió a 37.761 millones de pesetas (Sánchez Asiaín, 1999a:99).

Puede llegarse también a una aceptable evaluación de los efectos de la guerra civil en el PIB, a partir de las estimaciones que se han hecho sobre el comportamiento de las macromagnitudes más significativas. Unas estimaciones que, si siempre son discutibles en su formulación, en este caso, y tratándose del período 1936-1939, resultan mucho más complicadas. Existen, sin embargo, dos estimaciones ampliamente reconocidas, de las que se puede deducir una fiable aproximación a lo que fue el proceso económico de España en aquellos años.

Se deben a Leandro Prados de la Escosura y a Julio Alcaide Inchausti. Y de acuerdo con ellas, el PIB de España al coste de los factores a pesetas constantes se situaría en 1940 en el 84,41% del registrado en 1935 según Prados de la Escosura, o en el 80,85% según Julio Alcaide. La notable aproximación de ambas estimaciones no supone de ninguna manera la existencia de coincidencia en las bases de estimación, en la medida en que las dos difieren apreciablemente en el componente sectorial, y también en los valores absolutos. Así son esas estimaciones:

De estas dos evaluaciones se desprende que la pérdida en el PIB durante la guerra quedaría fijado en el entorno de lo que fue el PIB del año 1935, como mínimo, o de vez y media esa cantidad como máximo. Prácticamente parecida conclusión del análisis anterior sobre el PIB que el país dejó de producir en tiempos de guerra, equivalente aproximado al PIB de un año normal, como pudo ser el de 1935.

Otra cuestión es si la guerra civil española alteró o no la estructura interna del PIB, a partir de la tendencia que venía mostrando en los años anteriores al conflicto. Y a este particular, Carreras, Prados de la Escosura y Rosés (2005:1307 y ss.) recuerdan que la evolución de la economía española a lo largo del último siglo y medio estuvo acompañada de un cambio esencial en la estructura sectorial. La primera etapa, que transcurre desde 1850 hasta 1920, se caracterizó porque el sector primario fue perdiendo importancia a favor del secundario. La segunda, desde 1920 hasta 1950, se caracterizó por avances y retrocesos en el proceso de cambio estructural. Porque entre 1920 y la Segunda República, tuvo lugar una rápida alteración en la composición del PIB, con una caída de la participación de la agricultura desde valores cercanos o superiores al 30% a valores cercanos pero inferiores al 20% y, a la vez, un ascenso paralelo de los sectores secundario y terciario.

La guerra civil cambió esta tendencia, dando lugar a un incremento notable de la participación del sector terciario con cargo al primario y al secundario. Y así, el primario perdió peso en 1936, se recuperó algo en 1937 y 1938, y hasta 1939 no volvió a colocarse en el nivel que le hubiera correspondido, según la serie completa desde 1920. Igual sucedió con el sector secundario que tuvo una baja relativamente sustancial en 1935, y que continuó en esa línea hasta prácticamente 1948. Compensando esas pérdidas de participación relativa en el PIB, el sector terciario incrementó sustancialmente su participación en el año 1936 y fue disminuyendo hasta llegar a 1940.

En todo caso, después de las distorsiones provocadas por la guerra civil se produjo un retroceso notable en la evolución estructural, de tal manera que la participación porcentual de la agricultura se incrementó a mediados de los 40 a valores cercanos al 30%. De hecho, el nivel de participación máximo de la industria en el PIB del período anterior a la guerra civil no se recuperó hasta 1955.

PÉRDIDAS HUMANAS

Habitualmente se dice que el número de muertos en la guerra civil se elevó a un millón. Este terrible número redondo viene bien tanto a vencedores como a vencidos. Los primeros pueden decir que salvaron a España del ateísmo y del comunismo al precio de un millón de muertos. Y los segundos pueden acusar a Franco de haberse encaramado al poder alzándose sobre un millón de cadáveres. Esta cifra fue citada por primera vez en una nota de prensa nacionalista en 1940. Pero nadie ha revelado por medio de qué cálculos se llegó a ella (Thomas, 1961:523).

Así iniciaba Hugh Thomas el apéndice «Las bajas de la guerra», con el que prácticamente terminaba su obra La guerra civil española, publicada en diciembre de 1961. Aunque, concluía, «existen diversas razones para dudar de la autenticidad de dicha cifra».

Esa evaluación tiene su pequeña historia. La primera vez que se habla de un millón de muertos es en enero de 1937, en la carta pastoral «La Cuaresma en España», del cardenal Gomá. Posteriormente, y en una carta colectiva del Episcopado español, se aceptaba como un hecho la pérdida de más de un millón de españoles.[29] Con ella, la cifra del «millón de muertos» quedaría en adelante como número redondo. Y en 1961 la cifra haría fortuna, como título de una novela de gran éxito de José María Gironella.[30]

Pero las cifras a las que fueron llegando los historiadores eran otras. Un cuidadoso análisis de los comunicados de bajas realizados en la época de la guerra, llevaba al propio Hugh Thomas a sugerir la cifra de 175.000 hombres muertos en acción de guerra en el bando republicano durante toda la contienda, frente a los 110.000 muertos en el bando sublevado. Los muertos entre la población civil a consecuencia de bombardeos, los cifraba en torno a 14.000 personas en la zona republicana, y a 1.000 los fallecidos por la misma causa en la zona nacional. La conclusión de Hugh Thomas era que las muertes violentas en ambos bandos durante toda la guerra civil, a partir de esos epígrafes y de otros que apunta, no debían superar la cifra de 410.000.

Entendía, sin embargo, que a ello había que sumar el número de personas fallecidas por desnutrición, hambre o enfermedades directamente imputables a la guerra. Aunque reconocía que «las cifras existentes en este aspecto son incompletas» era «muy poco probable que el número de muertes por todas estas causas fuera inferior a 200.000». Con ello llegaba a la cifra total de 600.000 muertos. «Y aún así la cifra de unos 600.000 muertos a causa de la guerra es marcadamente inferior a la que se suele dar». Y lo explicaba aclarando que «España perdió un millón de habitantes, si se añaden los exiliados a las listas de muertos».

Thomas rehizo sus cálculos posteriormente. Y en 1979, en la reedición de su obra, decía que el número de muertos por todas las causas, teniendo en cuenta los fallecidos por desnutrición (y estimados en 25.000), debió de ser de unos 300.000 por lo menos. Y a todo ello sumaba una emigración permanente de 300.000 personas. Es decir, 600.000 personas perdidas en la guerra civil.[31]

Después de esta evaluación de Hugh Thomas, los cálculos sobre pérdidas humanas de la guerra civil han sido numerosos y cada vez han ido profundizando más, aunque muchos de ellos han sido elaborados con importantes sesgos de tipo ideológico.

La primera investigación completa de las pérdidas humanas en la guerra civil fue la de Ramón Salas Larrazábal (1977).[32] La hizo a partir de un estudio demográfico global con importante base estadística, utilizando todas las investigaciones conocidas hasta aquel momento.[33] A partir de todo ello, y de sus propias investigaciones, creyó disponer de datos más que suficientes para establecer un balance definitivo de la incidencia que los años de la guerra civil, y su difícil y larga posguerra, tuvieron en la demografía del país. Ésta fue su evaluación:

Su conclusión última arrojaba un total de pérdidas humanas de 625.500 personas. Sin embargo, Salas Larrazábal subrayaba que no era muy habitual contabilizar como pérdidas de vida en conflictos bélicos las ocasionadas por enfermedad.

En su investigación se ocupó también de las pérdidas por emigración y por los no nacidos, pero no incluyó ni unas ni otras en su cuadro general. De los no nacidos decía que eran pérdidas reales que había que sumar a las anteriores, pero que su cálculo estaba lleno de posibles errores, pues

… nada permite prejuzgar el rumbo que hubieran seguido las cifras de natalidad, ya entonces decrecientes, y a las que, sin duda, hubiera afectado la coyuntura política, social y económica de la Europa de aquellos años… Con guerra o sin ella, todo permite suponer que el proceso se habría acelerado, y que las tasas de natalidad habrían disminuido a ritmo más acusado que en los años precedentes.

Aun así, se atrevía a estimar que los nacimientos no producidos como consecuencia de la guerra, entre 1936 y 1943, podían haber sido de 557.185, de los que 388.300 corresponderían al período de la guerra civil y 168.885 a la inmediata posguerra. Y señalaba que las pérdidas de población permanente como consecuencia del exilio no podían haber sido superiores a las 150.000 personas.

La investigación de Salas Larrazábal tuvo la virtud de introducir un mayor rigor en los análisis sobre las pérdidas humanas de la guerra civil, y sobre todo nuevas fuentes. Y a partir de ese momento, las investigaciones se hicieron más numerosas, con mayor contenido científico y menor sesgo político. Especialmente comenzaron a publicarse investigaciones monográficas de tipo regional y local que se nutren de fuentes más directas y de mayor rigor histórico.[34]

El sociólogo Díez Nicolás estudió en 1985 la mortalidad atribuible a la guerra civil, utilizando la técnica de los «casos esperados». Como él mismo explica, esta técnica implica que, si no se hubiera producido la guerra civil, la mortalidad en España habría seguido la tendencia observada hasta esa fecha. Por consiguiente, la diferencia entre las defunciones reales y las defunciones esperadas, si hubiera continuado la tendencia observada hasta el inicio del conflicto, podrían ser consideradas como defunciones atribuibles a la guerra por causas directas o indirectas.

En su investigación, Díez Nicolás (1985:46 y ss.) llegaba al siguiente cuadro de tasas brutas de mortalidad (TBM) para los siguientes años:

Concluía que el incremento en la tasa bruta de mortalidad en los cuatro años naturales en que hubo guerra es demasiado notable como para atribuirlo al azar. Por otra parte, hacía notar que la tendencia en las tasas brutas de mortalidad no se recuperó inmediatamente acabada la guerra, es decir en 1940, sino que, más bien al contrario, durante los siguientes tres años continuó siendo más alta de lo que cabría esperar, de forma que la tasa no alcanzó un nivel ajustado a la tendencia hasta 1943.

Así pues, según la investigación de Díez Nicolás, los efectos sobre la mortalidad no se acabaron al finalizar la guerra, sino que continuaron durante tres años más, como consecuencia de varias razones, entre las que destaca los retrasos en la inscripción de defunciones en el Registro Civil, las defunciones por enfermedades o heridas producidas durante la guerra y atribuibles a ella, las defunciones por la pobreza y el hambre que resultaron de la guerra, y las producidas en los primeros años de la posguerra por represión política.

Díez Nicolás evaluaba las pérdidas totales atribuibles a la guerra civil en aproximadamente medio millón.

Un más reciente y completo trabajo sobre las pérdidas humanas de la guerra es el de Martín Rubio (1999). Una investigación que se plantea con carácter general y que sostiene que las víctimas a consecuencia de las operaciones militares y de la represión, durante y después de la contienda, son los sucesos de mayor impacto, sobre todo psicológico, pero que no son los únicos con trascendencia en el terreno demográfico.[35]

Martín Rubio concluye que en tiempo de guerra se muere más, pero que también hay menos nacimientos. Y los efectos demográficos, las pérdidas humanas de la guerra, son cuestión de gran trascendencia para el futuro de un país, cuya vida y cuyos habitantes se han de ver afectados necesariamente en las décadas siguientes por los vacíos generacionales a consecuencia, sobre todo, del aumento de la mortalidad y la disminución de la natalidad.[36]

A partir de estas consideraciones, la investigación de Martín Rubio estudió a fondo los distintos aspectos que plantea la influencia de la guerra en la demografía. E hizo una propuesta de clasificación y caracterización de los diferentes supuestos de pérdida de vidas, distinguiendo entre: a) víctimas de la represión, b) víctimas de acción de guerra, entre las que incluye además de a los fallecidos en el campo de batalla, a los combatientes fallecidos en retaguardia y hospitales, y a los civiles víctimas de bombardeos aéreos y muertes accidentales, y c) la sobremortalidad por enfermedad o inanición, en la medida en que las defunciones por causas naturales registradas entre 1936 y 1943 fueron más de las previstas.

Como conclusión, llegó al siguiente balance global, siempre provisional, a la espera, dice, de nuevas investigaciones regionales y provinciales:

Esta evaluación arroja un total de muertes violentas (represión[37] y muertos por acción de guerra, incluidos civiles en bombardeos)[38] de 329.500. La sobremortalidad por enfermedad o inanición ascendería a 330.783 fallecidos.[39] Todo ello totaliza 660.283 muertos como consecuencia de la guerra. Las pérdidas por el exilio se cifran en 200.000.[40] Al final, las pérdidas de población real ascenderían a 860.283 personas.

En cuanto al resto de pérdidas humanas, la investigación de Martín Rubio señala que, a partir de las cifras oficiales del movimiento natural de la población, solamente es posible conocer la evolución de dos variables, la natalidad y la nupcialidad, y que ambas se vieron sensiblemente afectadas por la guerra. Estima la disminución de la natalidad en 598.268 no nacidos,[41] cifra ésta, dice, que tendría, a la larga, graves repercusiones. Habría que añadir a esto que en España tras la guerra civil, y a diferencia de lo ocurrido en la mayor parte de los países que combatió en la segunda guerra mundial, no existió un baby boom.[42] Añadiendo la estimación de los nacimientos no producidos, Martín Rubio llegaría a una pérdida de población teórica de 1.458.551. Sería el total de personas con las que la sociedad española no pudo contar para su desarrollo posterior.

A partir de estos cálculos, la posibilidad de afinar más en el futuro estas cifras radica en el análisis regional, a medida que vayan apareciendo estudios monográficos (provinciales, locales o regionales) apoyados en trabajos de campo, y en la consulta de archivos no investigados hasta ahora (municipales, particulares, de prisiones provinciales, registros civiles o libros de cementerios).[43] Espinosa Maestre (2010b:35) dice, en relación con las cifras calculadas hasta el momento sobre la represión, que «dado el estado de la investigación, son aproximativas, y que así será por mucho tiempo, al menos mientras no dispongamos de las mismas fuentes con que contaban las autoridades que controlaron el proceso represivo». Quiere decir que, en esta línea, la investigación histórica está todavía abierta. Y a partir de los nuevos estudios, los datos tradicionales están siendo corregidos al alza en cuanto se refiere a la represión franquista y a la baja en cuanto a la republicana.[44]

En todo caso, después de la primera evaluación, hecha prácticamente antes de terminar la guerra, que estableció la cifra de un millón de muertos de la que tanto se ha hablado y abusado, las evaluaciones más importantes que se han visto (Thomas, Salas Larrazábal y Martín Rubio) no parecen diferir mucho entre sí. Homogeneizados sus componentes, las evaluaciones de los tres, y precisamente en este orden, sobre el total de muertes violentas durante la guerra se evalúan en 275.000, 301.500 y 329.500.[45]

A partir de estas evaluaciones, y al margen del drama que la guerra supuso, pueden, y deberían, abrirse otras investigaciones complementarias, que den una idea más cabal de lo que sucedió y de su verdadero impacto en la renta nacional.[46] Porque una investigación que trate de hacer un inventario preciso y real sobre los aspectos financieros y económicos de la guerra, sobre su coste, su financiación, y sobre la destrucción del equipo capital, tiene que hacerse más preguntas. Unas preguntas que contemplen la especial relevancia que, desde el punto de vista económico, pudo tener en su momento la desaparición del censo, por distintas causas de fallecimiento, o por el exilio de un número de personas, como el que se está contemplando de 860.283 fallecidos y 598.268 no nacidos.[47] Desde el punto de vista económico, no hay ninguna duda de que ese total de 1.458.551 personas, con las que el sistema no contó, tuvo que tener una notable influencia en la evolución de la renta nacional de los años sucesivos.

Un problema que se visualiza con mayor claridad, si se repasa la cifra global de pérdidas humanas, según su perfil:

— 329.500 muertes violentas por acción de guerra o represión en ambos bandos. Que en su mayor parte correspondería a personas adultas, iniciando o a punto de iniciar su actividad laboral, perdidos para la sociedad productiva española a lo largo de un período a definir, pero aproximadamente de 40 años. A ellos habría que sumar 330.783 muertes por sobremortalidad de guerra.

— 200.000 personas exiliadas permanentemente. Adultos maduros, ya formados laboralmente, y perdidos por la sociedad hasta la edad media de retiro que pueda calcularse para profesionales, políticos y jefes militares.

— 598.268 no nacidos. Los del año 1936 hubieran entrado en el mundo laboral en 1956 y habrían trabajado 40 años, con las correcciones por introducir en las tablas de mortalidad y otras restricciones u observaciones, que deberán hacer los demógrafos. Se hubieran jubilado a partir de 1996. Y así sucesivamente.

Y en esa línea, una investigación, todavía pendiente, sería proyectar esa situación demográfica en relación con las pérdidas humanas de la guerra, al censo laboral de cada uno de los años desde 1940 para el conjunto de España. Con ello, sería posible hacer un cálculo, siquiera aproximado, de cómo la guerra civil influyó en la renta nacional de cada año. Y ésa sería la única posibilidad de poder evaluar al final, con una cierta aproximación, el coste global de la guerra. Un reto que queda abierto a los jóvenes investigadores.

INFLUENCIA DE LA GUERRA SOBRE LA FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO

La pérdida de capital humano como consecuencia de la guerra civil debería de tener en cuenta, también, la alteración que en los niveles educativos ocasionó, supuesto que, de esa situación, se derivaron unas bajas tasas de escolaridad durante el conflicto y en años posteriores.[48]

Y así fue, porque la caída de la inversión en educación, en especial en lo que se refiere a la instrucción primaria, afectó notablemente a las generaciones nacidas durante y después de la guerra, y a los varones más que a las mujeres. Por otra parte, la represión afectó muy especialmente a los españoles con mayor nivel de capital humano, desde intelectuales y maestros, hasta obreros y campesinos cualificados. Especialmente afectó a los intelectuales, que abandonaron el país en masa, y que fueron objeto de purgas profesionales, lo cual perjudicó a la enseñanza en todos los niveles.

Para analizar los efectos de la guerra civil sobre el nivel educativo de la población, Núñez Romero-Balmas estima el perfil vital del stock neto de años de escolarización para distintas generaciones nacidas antes, durante y después de la guerra civil.[49] Y llega a la conclusión de que el nivel educativo más alto alcanzado durante este período, correspondería a la generación de 1921, que fue la última cuya escolarización primaria transcurrió en su totalidad antes del conflicto. El más bajo correspondería a la generación de 1931, cuya instrucción primaria transcurrió durante la guerra y la posguerra. Los niveles educativos para niños de 14 años alcanzados en la preguerra no se volvieron a lograr hasta 25 años después para los varones, y 15 para las mujeres, «lo cual pone de manifiesto la magnitud de la desinversión en la instrucción primaria de los varones que siguió a la contienda, así como las dificultades de escolarizar a esta población en la situación de penuria económica y represión politico-social que caracterizó a este período» (Núñez Romero-Balmas, 2003:40 y ss.).

El corte educacional fue realmente notorio, porque el apoyo institucional sostenido a la instrucción primaria, que se había hecho desde 1900, se reforzó a partir de los años veinte por un aumento importante del gasto público. Y ello se tradujo en un aumento del número de escuelas y maestros, y en la mejora en la formación de los enseñantes y del material educativo disponible. Todo se vio interrumpido bruscamente a partir de la guerra civil (Núñez Romero-Balmas, 2003:31 y ss.).

Y de esta manera, casi el 55% de la generación nacida en 1907 careció de estudios, mientras que en la generación de 1921 sólo el 35% carecía de ellos. Pero la generación de 1931, volvió a la situación de principios de siglo, alcanzando el 53% el número de integrantes de esa generación que careció de estudios. Unos niveles que se redujeron a un 24% en la generación de 1946, que se educó en los años cincuenta a sesenta (Núñez Romero-Balmas, 2003:51).

También deben constituir un «coste» de la guerra las pérdidas en el nivel de conocimientos de la sociedad española. Y como índice aceptable de esa realidad, se dispone de información referente a los «estudios económicos», a partir de lo que el profesor Olariaga (1947:7) llamó «el estropicio que hizo la guerra», en referencia con lo que la contienda supuso de retraso en el estudio e introducción de la Economía en España. Unos estudios cuyo cultivo en España había alcanzado ya importantes niveles en el año 1936, que fueron perdiéndose a partir del 18 de julio. Ese fenómeno fue investigado por el profesor Olariaga y continuado más tarde por el profesor Velarde.[50] En realidad ello constituye un índice de lo que, con carácter general, pasó con el conjunto de la enseñanza.[51]

Con anterioridad a 1936, en España se había creado un nivel de conocimiento aceptable, con fundamentos sólidos, aunque no espectaculares, que estaban avanzando especialmente en el terreno de la Economía. Todo se desintegró con motivo de la contienda. Y tuvieron que pasar muchos años desde su finalización para que se alcanzaran niveles semejantes. Juan Velarde dijo a este particular que «el cataclismo bélico fue muy grave».

Fue muy importante también la destrucción del incipiente sistema científico español que la guerra civil provocó.[52] Porque cuando, en 1936, estalló la contienda, la ciencia española, merced a la labor de la Junta para la Ampliación de Estudios, había conseguido llegar a una «verdadera edad de plata». La creación de instituciones de investigación, y el establecimiento de estrechas relaciones con otras instituciones y científicos extranjeros, habían sido sus principales logros. Se crearon centros de investigación como el Instituto Cajal, el Instituto Nacional de Física y Química, el Centro de Estudios Históricos, y el Museo de Ciencias Naturales. Todo ello desapareció con el desmoronamiento de la República, durante los primeros meses de la guerra, y especialmente con la radicalización política posterior. Y ello frenó en seco el desarrollo del sistema científico. Tras el fin de la guerra civil la Junta para la Ampliación de Estudios fue contemplada, por su espíritu liberal, como sospechosa y muchos de sus miembros debieron exiliarse.

Otra rúbrica del coste de la guerra, en cuanto a la baja en el nivel de conocimientos, sería la pérdida de habilidades técnicas de quienes no regresaron a su antiguo puesto de trabajo de 1936, en la medida en que ello tuvo efectos muy negativos sobre el desarrollo de la economía en los siguientes años (Catalan, 1995:41 y ss.). Ortega y Silvestre (2006:78 y ss.) valoran el volumen de emigrantes que durante la guerra salieron de España en 734.000. La mayor parte de ellos, 535.000 concretamente, emigró en el año 1939. De ellos, 470.000 entre enero y febrero por la campaña de Cataluña, 15.000 entre febrero y marzo, una vez caída Cataluña, y 50.000 desde embajadas y salidas por puertos. Muchos de ellos no volvieron. A ellos habría que sumar el número de condenados a muerte, de recluidos, de fugitivos que huían de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, y de personas que fueron depuradas por su ideología republicana.

Catalan (1995:58) sostiene que la represión no se distribuyó homogéneamente:

Estratos sociales de especial importancia para el proceso productivo sufrieron con mucha mayor intensidad las consecuencias de la represión: obreros industriales, mineros, enseñantes, técnicos universitarios, campesinos no propietarios y personal de la Administración pública. Las habilidades y conocimientos de algunos de estos grupos sociales no eran fácilmente reemplazables a medio plazo. Unos eran los que sabían cómo manejar la maquinaria y combinar las materias primas. Otros eran los principales agentes en la transmisión del conocimiento. Podemos pensar sin temor a equivocarnos que la desarticulación provocada en el aparato productivo español por la represión de la posguerra fue un elemento de importancia económica.

Sostiene también que la «dislocación del aparato productivo español provocado por la represión franquista fue mayor que la que ocasionó la pérdida de vidas en la guerra». Y concluye que si la España de los años cuarenta fue incapaz de alcanzar los niveles de producción y de renta anteriores a la guerra civil, ello no puede atribuirse ni a la destrucción del equipo capital, ni a la pérdida de vidas durante la guerra, imputando ese efecto a la represión posterior y a su repercusión sobre el stock de conocimientos y habilidades técnicas de la economía (Catalan, 1995:59).

XXIII
La transición del sistema financiero. Los ajustes de la posguerra

TRANSICIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO[1]

El término de la contienda implicó el comienzo del paso de una economía de guerra a una economía de paz. Una operación que no pudo realizarse sin traumas en el orden económico.[2]

A partir de abril de 1939, el objetivo no era otro que enderezar y poner en pie un sistema productivo destrozado y con graves problemas en su seno, lo que exigía grandes cambios económicos y financieros. En primer lugar, un problema medular por resolver fue la necesaria reunificación del sistema monetario, dividido por la guerra. También el sistema bancario tuvo que ser objeto de medidas, que afectaron a su organigrama empresarial y al propio negocio. Y todo ello instrumentado y supeditado a la fórmula política, desarrollada por el Gobierno de Franco durante el conflicto, de controlar e intervenir en alto grado la economía.

El mismo primero de abril de 1939, en que oficialmente la guerra se dio por concluida, dio comienzo el restablecimiento del sistema productivo «de paz». Porque como decía el decreto que regulaba la vuelta a la normalidad, la «gran actividad industrial que el país ha desplegado para la fabricación de los elementos de todas clases que la guerra ha exigido» debía «al terminarse ésta, encauzarse nuevamente dentro de los procedimientos normales». Y para ello, se ordenó la desmilitarización de las industrias, estableciéndose normas referentes a la organización de las empresas, a las actividades que éstas tenían que desarrollar y, especialmente, a su personal.[3]

A partir de todo ello, se programó, con carácter de urgencia, la transformación del tejido empresarial, estableciéndose la fecha del 5 de abril de 1939, cuatro días después de la terminación de la guerra, para dar inicio a ese proceso.[4] Ese mismo día, una nueva orden establecía que las autoridades militares serían en cada lugar las responsables de ordenar «la desmovilización de las Fábricas y Talleres».

La crítica situación económica y social se trató de resolver a través de diversos organismos, como el Instituto Nacional de Previsión y el Instituto de Reforma Agraria. Y en el mismo mes de abril se creó una Comisión de Reconstrucción en todas las provincias españolas.[5] Las primeras medidas sobre sectores económicos concretos se instrumentaron a partir de los servicios nacionales creados durante la guerra, aunque el paso más importante se dio en septiembre de 1941, con la creación del Instituto Nacional de Industria. En el preámbulo de la ley que lo regulaba ya se declaraba la intencionalidad regeneradora de esta institución, así como el carácter intervencionista del Estado, al señalar que[6]

… es tan grande la cuantía de las inversiones que la fabricación de determinados productos requiere, que muchas veces rebasa el marco en que las iniciativas particulares se desenvuelven, y para otras, el margen de beneficios resulta tan moderado que no ofrece incentivo a los organismos financieros, que hacen desviar el ahorro español hacia otras actividades.

Y se apostillaba que las sociedades de crédito, «por su constitución y especialización en el crédito a corto plazo», no eran las indicadas para realizar esos fines. En ningún momento se ocultó la finalidad de estos planteamientos: «Esto permitirá el que el Estado recoja y canalice el ahorro, convirtiéndolo en auxilio vivo de la economía del país, de acuerdo con los principios políticos del Movimiento».

La moratoria había resuelto durante la guerra los problemas más inmediatos del sistema de pagos y de la operatoria bursátil, pero al terminar el conflicto fue necesario regular el desarme progresivo de aquellas medidas. La moratoria mercantil se había ido aplicando a los territorios que habían estado bajo dominio republicano por el sistema de prórrogas de dos meses, con ampliaciones sucesivas de 30 días, siempre a petición de las Cámaras de Comercio e Industria provinciales. Pero, finalmente, el criterio se unificó con una prórroga general, porque convenía

… al sistema que debe presidir la política financiera abandonar el método de prórrogas mensuales, que son para los interesados en parte inciertas y en parte inexpresivas de meta alguna, estableciendo en su lugar un nexo con la liquidación del régimen del bloqueo… [por lo que] las moratorias actualmente vigentes… quedan prorrogadas hasta la promulgación de la Ley que regule la liquidación del régimen de bloqueos (decreto del 9 de noviembre de 1939).

Al final, y por decreto del 22 de julio de 1942, la moratoria mercantil quedó levantada desde el primero de enero de 1943. La moratoria bursátil se había cancelado en marzo de 1940, con la reapertura oficial de las bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao, lo que exigió una compleja disposición de 15 artículos, estableciendo los mecanismos para terminar con lo que durante la guerra se había denominado «vacación de las Bolsas».

Pero seguía pendiente el problema monetario y financiero más importante creado por la guerra, que constituía el principal obstáculo para el restablecimiento de la normalidad económica. Como se ha visto con anterioridad, el derrumbe territorial de la República había puesto de manifiesto la existencia de una masa muy importante de billetes republicanos válidos, junto a otros que habían sido invalidados formalmente desde Burgos. Y ello planteaba grandes incógnitas. En la zona que fue republicana existían también grandes masas de dinero bancario bloqueado, y la moneda del nuevo Estado español vivía en precario por la pérdida definitiva de su respaldo metálico tradicional. Por otra parte, el Banco de España seguía pendiente de sanear y fusionar los balances de los dos bancos emisores, el de Burgos y el de Madrid.

El Gobierno se movió con rapidez. Se posibilitó el canje de los billetes republicanos válidos por pesetas emitidas por el Gobierno de Burgos, disponiéndose la recogida del resto de los billetes republicanos, sin ningún tipo de contrapartida. Pero el problema crucial consistía en cómo movilizar las grandes masas de dinero, depositado y bloqueado en las cuentas bancarias de la zona que fue republicana, sin que esas masas introdujeran en la economía un proceso inflacionario similar al que había sufrido la República. La cuestión del canje de billetes válidos se prorrogó hasta abril de 1940, mientras que la retirada de papel moneda republicano se liquidó rápidamente, dándose de plazo hasta el 16 de julio de 1939.

El control sobre las disposiciones en cuenta corriente se levantó a poco más de un mes de terminada la guerra. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el problema más importante que gravitaba sobre el sistema monetario español era el dinero republicano bloqueado, al levantarse en mayo de 1939 las restricciones, se hizo la oportuna distinción de esos pasivos, señalándose que «los saldos de cuentas corrientes, imposiciones y libretas de ahorro, en la parte no bloqueada» por virtud de las leyes del 13 de octubre de 1938 y 1 de abril de 1939, serían «de libre disposición, sin restricción alguna, salvo las dimanadas de los propios contratos».[7]

Sin embargo, con la superación de la guerra, los planteamientos monetarios del Estado llevaron a situaciones novedosas muy preocupantes. La moneda española, garantizada hasta entonces por las reservas de oro del Banco de España, tuvo que prescindir de dicho respaldo porque las vicisitudes de la guerra habían conducido a la desaparición del oro. El problema era cómo hacer operativo el sistema sin ese apoyo. Y en noviembre de 1939 se dio el paso al nuevo sistema. Con éste la circulación monetaria quedaría abierta a un crecimiento sin límites.

Los pasos para implementar el nuevo sistema se concretaron en tres leyes, emitidas con fecha del 9 de noviembre de 1939. La primera suspendió el límite de crédito bancario al Estado de la Ley de Ordenación Bancaria de 1921, situado en 350 millones de pesetas. Se derogó también la garantía de los billetes en circulación, pasando las obligaciones de la cartera de títulos del Estado a ser la contrapartida del activo. Esta ley tuvo carácter retroactivo al 18 de julio de 1936, y significó el abandono formal del respaldo del patrón de oro y plata para la moneda en circulación.

La segunda ley, complementaria de la anterior, estableció que los billetes del Banco de España poseerían poder liberatorio pleno, reforzando con ello la anterior medida, al tiempo que se evitaban dudas de interpretación sobre el billetaje del Banco de España republicano. Por ello se proclamó expresamente que se exceptuaban «los billetes del Banco de España anulados por virtud de lo dispuesto en el Decreto-Ley» del 12 de noviembre de 1936 y los susceptibles de canje.

La tercera ley completaba también a la primera, otorgando al Banco de España el papel de entidad paraestatal. Para ello, y a partir de ese momento, se le concedía la capacidad de «adquirir en el mercado, poseer y enajenar títulos de las deudas del Estado y del Tesoro».

Las tres leyes se aprobaban en un contexto muy complejo, en el que se planteaban también tres cuestiones básicas que había que resolver: la urgencia de la reconstrucción económica, la necesidad de dar una salida a los saldos bancarios bloqueados y la consagración de la intervención del Estado en la política económica y financiera de España.

Tuvo mucha importancia en aquellos momentos la normalización del crédito público. En mayo de 1938, el Gobierno de Burgos estaba ya al corriente del pago de la deuda. En septiembre de 1939 se emitió deuda del Tesoro a tres años, al 3% de interés libre de impuestos, por un volumen de 2.000 millones de pesetas, que trataba de recoger el notable excedente que el mercado ofrecía. La suscripción se cerró con un total de 5.582 millones de pesetas.[8]

Otras operaciones simultáneas llevadas a cabo por el Ministerio de Hacienda, que entonces dirigía José Larraz, fueron la regularización de la antigua deuda flotante, que importaba 2.465 millones de pesetas; la conversión de ciertas clases distintas de deuda amortizable del 5% y 4,5%,[9] en circulación el 18 de julio de 1936, por un valor total de 6.208 millones de pesetas, a deuda al 4% con amortización en 1946; y la suspensión hasta el año 1946 de aquellos amortizables que no hubieran reducido el interés. Esta suspensión afectaba a un total de 7.000 millones de pesetas.[10] También fue un éxito total.

La normalización del mercado español de capitales por la reapertura oficial de las bolsas se realizó el 1 de marzo de 1940, aunque por ley se prohibieron las operaciones a plazo. Larraz no decidió la reapertura de las bolsas hasta tener bien estudiada la complicada cuestión de la liquidación de las posiciones a plazo pendientes el 18 de julio de 1936, algo que, desde entonces, venía arrastrándose en expectativa de liquidación. El problema era que la bolsa había subido notablemente en relación con esa fecha. Larraz (2006:210) recuerda que, después de muchas cábalas, audiencias, opiniones y meditaciones, se aplicó un método que pareció justo: distinguir las simples operaciones a plazo de las «dobles». Las primeras se suspendieron, y en las segundas el Estado expropió los valores doblados al precio contractual más los intereses legales corridos al 4%.

Como cuerpos legales fundamentales para la reconstrucción de la industria, se dictaron la ley del 24 de octubre de 1939, de protección a las nuevas «industrias de interés nacional», y la del 24 de noviembre del mismo año, que exigía la autorización previa del Ministerio de Industria y Comercio para las más importantes actividades industriales. Una política de bajos tipos de interés fijos fue el complemento ideal para esa reconstrucción.

Sin embargo, los niveles prebélicos de producción no se alcanzaron hasta el comienzo de la década de los años cincuenta, ya que la incipiente recuperación de los seis meses siguientes al final de la guerra se cortó bruscamente con el inicio de la segunda guerra mundial.[11] Ese retraso se vio influido también por el sesgo de la política exterior española hacia las potencias del Eje. Y por todo esto, España no pudo repetir la acumulación de capital que su neutralidad originó en la primera guerra mundial.[12]

Después, y tras la caída de las potencias del Eje, las restricciones impuestas por las potencias democráticas europeas y norteamericanas a las exportaciones de mercancías y capitales a España agudizaron las dificultades de la reconstrucción. Un aislamiento que se mantuvo hasta que, en los años finales de los cuarenta, Estados Unidos comenzó a flexibilizar su política.

Durante la guerra, la política monetaria del Gobierno de Burgos fue competencia del Ministerio de Hacienda, que se ocupaba directamente de la política monetaria interior y, a través del Comité de Moneda Extranjera, de la política monetaria exterior. Pero el 25 de agosto de 1939, ese comité fue sustituido por el Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME), que quedó encuadrado en el Ministerio de Industria y Comercio. Ello constituyó una verdadera reestructuración de la política monetaria del Estado, en la medida en que el Ministerio de Industria y Comercio se responsabilizó de la administración de divisas y comercio exterior, y el Ministerio de Hacienda de la reunificación de la comunidad dineraria.

La coincidencia de la publicación de la ley que creaba el IEME, con el establecimiento de una comisión para el estudio de los coeficientes de desbloqueo, supuso también una clara división de papeles entre ambos ministerios. Y su consecuencia inmediata fue la separación de la política monetaria interior de la exterior, lo que era lógico, en función de los postulados políticos autárquicos del nuevo Estado, pero supuso que la peseta se fuera alejando progresivamente de los mercados internacionales de divisas.

La ley del 23 de septiembre de 1939 reestructuró el Ministerio de Hacienda, suprimiéndose la Dirección General de Presupuestos, que pasó a ser una sección de la Intervención General. La Dirección General de Banca, Moneda y Cambio pasó a denominarse Dirección General de Banca y Bolsa.[13] El siguiente paso consistió en facultar a la Fábrica de Moneda para «establecer, con carácter permanente, el servicio de fabricación y estampación de los billetes del Banco emisor y establecer y concertar los oportunos contratos de suministro».[14] Su primera actuación concreta fue la de facilitar la masa de moneda fiduciaria, de la que el mercado español era notablemente deficitario.[15]

LA AGOBIANTE FALTA DE DIVISAS. OPERACIONES EN EL EXTERIOR

La reconstrucción del país no se apoyó en grandes operaciones de emisión de deuda internacional, tal como se había previsto en algún momento, porque esta alternativa, que fue una preocupación del Gobierno de Burgos muy anterior a la terminación de la guerra, quedó pronto desechada. Tan temprano como en 1938, el Servicio de Estudios del Banco de España había preparado un detallado análisis sobre las posibilidades de financiar con endeudamiento exterior la puesta en marcha de la economía de posguerra,[16] pero el proyecto no tuvo en ningún momento un nivel de aceptación satisfactorio. Al final se abandonó, porque la realidad era que las posibilidades que el Gobierno de Burgos tenía en aquellos momentos de colocar una emisión en el exterior eran muy pocas.

En todo caso, la agobiante sensación de constante falta de divisas que se había tenido durante la guerra no terminó el 1 de abril, sino todo lo contrario, porque, terminada la contienda, las necesidades de la balanza de pagos obligaron a seguir recurriendo a operaciones en el exterior. Y así se fueron aprobando las siguientes normas, alguna de ellas con carácter reservado:

— Algunos Gobiernos extranjeros necesitaban plata para la cobertura de su circulación fiduciaria y acudían al Estado español con el ruego de que les enajenase determinadas cantidades de dicho metal. Por ley del 5 de diciembre de 1941, se autorizó al ministro de Hacienda para enajenar plata del Tesoro español hasta la cantidad máxima de 60 toneladas. Se acordó autorizar la venta a precio no inferior a 250 pesetas por kilogramo, que debería satisfacerse en divisas u oro físico. Francia se interesaba por «unas treinta y cinco toneladas de plata», precisamente la misma cantidad que ya existía en París en litigio ante los tribunales franceses. Y se entendió que la venta de esta plata podría activar una solución favorable de los tribunales franceses.[17] Por su parte, Portugal señalaba que vería con agrado que el Tesoro español pudiera venderle unas 35 toneladas. La operación se realizó por 20 toneladas al precio de 250 pesetas por kilogramo. Y el Consejo de Ministros, el 27 de septiembre de 1941, autorizó al ministro de Hacienda a ceder al Gobierno italiano 5 toneladas de plata procedentes de las partidas de dicho metal existentes en Francia. Un total de 60 toneladas.

— El 5 de abril de 1940 se firmó una ley disponiendo que el Banco de España debería entregar al IEME una cantidad de oro acuñado equivalente a la suma de 20 millones de dólares. El IEME debería situar esa masa de oro en el exterior, para ponerla a disposición de la tesorería española.

— Un decreto del 5 de diciembre de 1941 planteaba una singular operación: «Se faculta al ministro de Hacienda para que discrecionalmente autorice las proposiciones de convenio entre entidades bancarias de otros países y el Banco de España que les sean sometidas por éste, y que tengan por objeto la entrega de oro amonedado de cuño extranjero de las reservas metálicas del Banco, contra recibo en España de mayores cantidades de peso en lingotes de oro fino de ley internacional». Se justificaba este decreto en las circunstancias derivadas del conflicto internacional, y en las dificultades monetarias con que algunos países tropezaban, lo que permitía al Banco de España efectuar, con beneficio, el canje de monedas de oro por lingotes del mismo metal y de ley corriente. El Gobierno creía que no se debía desaprovechar esta oportunidad de acrecer las reservas metálicas del instituto emisor.

REFUNDICIÓN Y SANEAMIENTO DE LAS ECONOMÍAS FINANCIERAS

Una vez acabada la contienda, la prioridad, desde el punto de vista financiero, era conseguir refundir y sanear los balances de cada uno de los dos «Bancos de España». Cada uno había actuado con plena independencia, y sus balances recogían comportamientos muy diferentes. El mejor relato que puede hacerse sobre cómo se llevó a efecto esa tarea es utilizar la Memoria que el Banco de España (BE, 1942c) leyó a sus accionistas, a finales de 1942, dándoles cuenta de sus actuaciones en el período 1936-1941. Una Memoria que constituye un documento realmente importante, y muy poco conocido, a la hora de profundizar en lo que tuvo que hacer el Banco de España, ya unificado formalmente, para adecuar la estructura y el balance que resultaba de la suma de los dos bancos, a lo que debía ser la realidad del Banco de España que exigía la posguerra.[18]

A la vez, esa Memoria es también el mejor instrumento para conocer con detalle las operaciones de liquidación financiera y ajustes del período 1936-1941, así como los saneamientos que hubieron de hacerse en el balance del banco, para equilibrar y depurar las perturbaciones que, tanto en el balance del Banco de España, que sirvió a la República, como en el que lo hizo al Gobierno de Burgos, se habían producido como consecuencia de las ayudas prestadas para financiar la guerra. Porque esa Memoria ofrecía, por primera vez, información oficial sobre la refundición y saneamiento de los balances de guerra, dando cifras, y explicando todos los desequilibrios que se habían producido en los estados financieros de cada uno de los dos «Bancos de España». Éstas eran algunas de las más importantes precisiones que ofrecía:[19]

Apenas finalizada victoriosamente la guerra de liberación, la Intervención General pudo presentar rápidamente un Balance al 31 de Marzo de 1939, en el que se recogían las alteraciones que en nuestro Instituto habían producido los tres años de gobiernos marxistas, y así, al 31 de Diciembre de 1941, en un Activo nominal de 46.670 millones de pesetas, más del 50 por 100 del mismo era irrealizable… Por culpa, pues, de las exacciones y atropellos de los gobiernos de Madrid, Valencia y Barcelona, el Balance del Banco de España (Administración Central) registraba una situación deficitaria, y las consecuencias de la misma se presentaban como muy inquietantes. Aunque la anulación de los billetes rojos y el bloqueo de las cuentas corrientes incrementadas con ese dinero filtraba la incorporación de éste al acerbo monetario nacional e imposibilitaba casi por completo las consecuencias económicas de tan considerable inflación, no por eso el problema del Banco de España y su futuro desarrollo dejaban de presentar facetas que era urgente resolver.

Recordaba la Memoria que el Banco de España se vio excluido en su momento de la aplicación de la Ley de Desbloqueo, por lo que el balance cerrado a 31 de diciembre de 1941 llevaba incorporadas, tal cual, sin ninguna corrección, las cuentas de los dos «Bancos de España» entre 1936 y 1939. Y explicaba que se buscaron soluciones, pero que se había llegado a la conclusión de que la situación del Banco de España sólo podía equilibrarse mediante un acto extraordinario de auxilio económico directo, hecho desde los poderes públicos.

Ese auxilio llegó con la publicación de la ley del 13 de marzo de 1942, por la que se regulaba la liquidación del ejercicio económico del Banco de España de 1936 a 1941, así como otros aspectos de sus relaciones con el Estado.[20] Una ley que, en su exposición, fijaba su objetivo de esta manera:

… a punto ya de cerrarse, con la terminación del desbloqueo, el proceso de liquidación de la economía roja, conviene dar a las relaciones entre el Tesoro y el Banco de España la estabilidad y fijeza necesaria a la par que se atiende a la necesidad de equilibrar el balance del Banco, con la mira puesta exclusivamente en la protección debida a la circulación fiduciaria.

La situación requería una delicada operación de regularización, que se hizo de manera verdaderamente hábil. La técnica fue muy clara: liberar al Banco de España de todas las obligaciones que en su pasivo venían cifradas en dinero republicano. Unas de modo total, como los billetes de banco emitidos por la República con posterioridad al 18 de julio de 1936, y otras parcialmente, como las obligaciones para con sus cuentacorrentistas en la zona republicana.

Todas estas disminuciones de su pasivo debían ser llevadas por el Banco de España a una cuenta especial de liquidación, titulada «Resultados liquidación 1936-1941». Y el saldo total de esta cuenta se emplearía, hasta su agotamiento, a sanear las partidas del activo cuyos saldos fueran puramente nominales (es decir ficticios), o cuyos sujetos deudores, por ser entidades republicanas[21] de imposible ejecución, y por incumplimiento de pago, hubieran tenido que transformarse en «valores en suspenso». En todo caso, el Estado no asumió obligación alguna en relación con los débitos que el Gobierno republicano y los Gobiernos de comunidades autónomas habían dejado pendientes de pago al Banco de España, tanto por el concepto de anticipos en cuentas de tesorería, u otras como por incautaciones, entregas, y supuestos depósitos de oro y plata.

Al final, y con objeto de compensar el importante desequilibrio que se produciría entre el activo y el pasivo del banco, una vez efectuadas las operaciones anteriores, el Estado creaba una «deuda especial», constituida por un solo título nominativo, sin interés, y a vencimiento indefinido, que sería entregado al Banco de España como activo compensatorio, adscrito especialmente a la garantía de la circulación fiduciaria.

Y ésa fue la solución elegida para ajustar el desequilibrio producido por la guerra civil. El déficit en el balance se compensaba con la incorporación al mismo de un activo ficticio que lo equilibraba, y que se iría amortizando, poco a poco, con los beneficios del banco. Así lo explicó el gobernador en la junta general:

Como el total de las cancelaciones en el Pasivo no era suficiente para el completo saneamiento de estas partidas activas, la diferencia ha sido colmada por el Estado español, quien por el artículo 7.º de la Ley ha creado un título de la Deuda de naturaleza especial, el cual, incluido en la cartera de fondos públicos del Banco, equilibra y adecua el Activo de nuestra entidad a su Pasivo.

Ese título de deuda, de naturaleza especial, era el famoso «pagaré». Se emitió por un importe de 4.437,8 millones de pesetas,[22] que era el total de pérdidas que el Banco de España había acumulado en sus operaciones de limpieza del balance. Y «gracias a estas medidas del Poder Público», decía el gobernador, «el Banco ha restablecido su equilibrio contable, y ha podido, acogiéndose a disposiciones generales dictadas para toda la Banca, ofrecer a sus accionistas alguna compensación económica en estos últimos años».[23]

Ese pagaré «de ficción» se amortizaría de acuerdo con la siguiente fórmula: de los beneficios líquidos anuales que obtuviera el banco, excluidas las provisiones para el pago de contribuciones e impuestos directos del ejercicio, se separaría en primer lugar la cantidad necesaria para asignar hasta un 6% de interés sobre el capital.[24] Del resto de los beneficios líquidos, dos tercios serían para el Estado, y el otro tercio, si no excediera del 4% de los fondos propios, para el banco.

Cuando este tercio excediera del 4%, dos terceras partes de este exceso aumentarían la participación del Estado. En todo caso, la parte de beneficios correspondiente al Estado debería destinarse necesariamente a la amortización de la deuda especial creada para equilibrar el balance.[25] Desde el punto de vista formal, la amortización se llevaría a efecto canjeando anualmente el título existente por otro de iguales características pero de menor importe.[26]

La ley del 13 de marzo de 1942 establecía también que, a partir de su promulgación, el Estado consignaría anualmente en sus presupuestos la cantidad de diez millones de pesetas, que sería entregada al Banco de España en concepto de amortización de los anticipos sin interés que éste hizo al Tesoro del Gobierno de Burgos en el transcurso de la guerra, y que habían ascendido a 10.100 millones de pesetas.[27]

A partir de todo lo anterior, y del balance que ofrecía la Memoria, es fácil disponer de una visión global de los principales saneamientos que el Banco de España tuvo que hacer en su balance para ajustarlo a la realidad del activo y el pasivo de aquel momento. Ésta era la situación de las principales magnitudes manejadas:

LAS RECLAMACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA AL GOBIERNO. TRASLADO A LOS ACCIONISTAS DEL COSTE DE LA GUERRA

A la hora de definir las operaciones de limpieza que hubo que introducir en el balance y las profundas alteraciones que suponía, se plantearon importantes diferencias entre el Banco de España, o al menos entre los consejeros que representaban al capital privado, y el Gobierno. Porque los consejeros privados pretendían, y lo argumentaban con ejemplos históricos, que el Gobierno debía reconocer la totalidad del dinero en circulación y bancario, y a la vez avalar al Banco de España toda la deuda que con él habían contraído el Gobierno de la República y el de Burgos.

También entendían que el Banco de España debería ser indemnizado por la desaparición del oro de sus cajas. Un oro que pertenecía a una organización privada, propiedad de unos accionistas, que habían sido expoliados por la connivencia del Gobierno de la República y del Consejo General del Banco de España, bajo dirección y responsabilidad de consejeros que representaban a los intereses públicos. También mostraban su disconformidad por el reconocimiento parcial que se había hecho de los saldos bloqueados con posterioridad al 18 de julio, en la medida en que entendían que eran producto de dinero ilegal emitido por un Gobierno del que, a su vez, no se reconocían sus deudas con el Banco de España.

A la vista de estas reclamaciones, parece de interés, y para mejor formar criterio, retomar la situación previa a la regularización y plantearse, con una perspectiva temporal más amplia y con la información de que hoy se dispone, las operaciones de regularización que se hicieron y lo que en realidad significaron. Porque hoy ya se sabe lo que el Banco de España y el Gobierno conocían con anterioridad a la regularización del balance del banco emisor, y que en aquellos momentos no quisieron, o no pudieron, explicar a la sociedad.

No hay ninguna duda de que, una vez terminada la guerra, el balance del Banco de España requería una delicada operación de regularización. Tampoco debe de haberla de que, supuestas las circunstancias y la magnitud de las cifras manejadas, se requería plantear, previamente a la regularización, una profunda reflexión, análisis y diálogo sobre las distintas alternativas que se ofrecían, así como sobre la viabilidad y las consecuencias de cada una de las operaciones implicadas en la regularización. Al ministro de Hacienda le correspondía proponer las medidas que él considerara oportunas al Consejo de Ministros, pero al Banco de España, y a sus servicios, les correspondía informar con profundidad sobre la problemática que se planteaba desde el punto de vista financiero, específicamente sobre la estructura del balance del Banco de España al terminar la guerra, y sobre las distintas fórmulas para la corrección de los inmensos problemas que el banco emisor tenía planteados. Todo ello, claro está, incorporando la visión y los intereses del accionariado del Banco de España.

Y así se hizo, porque un denominado Informe del Banco de España al ministro de Hacienda sobre el saneamiento del ejercicio 1936-1939 (BE, 1942d) ofreció al Gobierno un inventario de los problemas que se iban a plantear, analizó en profundidad los orígenes de la situación del banco, especialmente en cuanto a la desaparición del oro, y planteó la necesidad inmediata de tomar medidas al respecto. El relato que sigue de ese proceso trata de reproducir en lo esencial, y con la mayor fidelidad, lo que el Banco de España exponía en aquellos cruciales momentos al Gobierno.

Dos eran los problemas principales que preocupaban al Banco de España. Uno de ellos afectaba a la normalización de su legalidad, y al establecimiento de las bases futuras en las que habría de asentarse su actuación como banco emisor. Y en relación con este problema, hay que recordar que, con anterioridad al 18 de julio de 1936, los expertos ya creían necesario un cambio sustancial en el estatuto legal del Banco de España. En 1933 Olariaga había escrito que[28]

… si en algún tiempo ha podido ser necesario, y aún indispensable, que el banco emisor en España actuase de banco comercial extraordinario, actualmente no lo es. En algún tiempo también ese tipo de servicios pudieron excusar relativamente al Banco de España de regular normalmente la circulación monetaria. Hace ya muchos años que no lo excusan y en la época presente es de toda urgencia que el banco ocupe en la organización bancaria española el puesto que le corresponde.

El otro problema era de índole interna, y se relacionaba con la necesidad imperiosa de sanear su balance y de regularizar las cuentas de tesorería, para hacer desaparecer las anomalías que en ellas había introducido la financiación de la guerra, a partir de la actuación y decisiones de cada uno de los dos «Bancos de España» que habían operado durante la guerra.

Dadas las perturbaciones que la guerra había producido, así como las imprevisibles consecuencias que habían de derivarse de ellas, el informe del Banco de España entendía prematuro abordar la primera cuestión, la del estatuto legal, porque el momento no ofrecía garantía de estabilidad, ni se conocían todavía cuáles iban a ser los cambios políticos y jurídicos que necesariamente deberían de introducirse a la terminación del conflicto. No había, pues, posibilidad de definir el futuro del Banco de España con perspectivas de solidez. Y en estas circunstancias, lo más adecuado, decía el informe, era aceptar la situación conforme a las disposiciones que se habían dictado en 1939, que habían suspendido temporalmente ciertas bases de la Ley de Ordenación Bancaria.[29]

El problema urgente, el que no podía esperar, según el Banco de España, era la necesaria regularización y saneamiento del balance, en la medida en que afectaba «muy directamente al crédito del país, a la confianza en su moneda, y al fortalecimiento del principal apoyo de ese crédito y de esa confianza». Y, a este respecto, el informe elevado al Ministerio de Hacienda partía de una muy precisa declaración de tipo conceptual:

… todo banco emisor es nacional por su contenido. Es la institución por excelencia del orden, creación principal de éste, y su esencia misma… Los tratadistas reputan a los bancos centrales dique de contención contra los eventuales desórdenes del propio Estado… puede observarse, en la generalidad de las leyes bancarias, la preocupación del legislador de oponer cortapisas a las posibles exigencias abusivas de carácter estatal que redundan indefectiblemente en grave lesión de los intereses nacionales.

Pero no había sucedido así en el Banco de España sometido a la República. Porque el banco, como tal, vio embargadas las 700 toneladas de oro que eran la garantía de sus billetes,[30] y porque, complementariamente, se recurrió «abusivamente» al crédito de tesorería, recibiendo en la zona republicana anticipos por valor de 23.000 millones de pesetas.[31]

Frente a todo ello, el Banco de España consideraba que no tenía más remedio que someter a la atención del Gobierno la situación que se le había creado, sin intervención alguna por su parte, así como la necesidad en que se hallaba «de equilibrar su balance en beneficio exclusivo de la moneda única hoy circulante, revalorando de alguna forma el activo» en el cual figuraban créditos y anticipos a los Tesoros públicos, por valor de 33.100 millones de pesetas.[32]

El banco emisor recordaba también que la Ley de Ordenación Bancaria especificaba que «toda modificación monetaria realizada por el Estado, que implique una revalorización del activo del banco emisor, ha de beneficiar tan sólo al Tesoro público». Y entendía que, sensu contrario, «toda manipulación monetaria verificada por el Estado, que implique una desvalorización del activo del Banco emisor, debe ser soportada por el Tesoro público, por la comunidad monetaria nacional, y en modo alguno debe sufrir sus consecuencias, exclusivamente el Instituto central».[33]

Para mejor entender el problema, el informe ofrecía dos precedentes en que el Estado, en circunstancias análogas, se había apresurado a dar una adecuada solución, desde el sector público, al desequilibrio producido por los balances de sus institutos emisores. Eran los casos de Francia y Holanda, afectados por la caída de la moneda inglesa, tras la suspensión del patrón oro en septiembre de 1931.

El Banco de Francia tenía en el Banco de Inglaterra en aquella fecha un saldo a su favor de 60 millones de libras, y la baja de esta moneda supuso para el banco francés un quebranto de 2.342 millones de francos. Dicha pérdida fue cubierta mediante la entrega al banco de un bono del Tesoro del Estado, lo que restableció el equilibrio, de manera que el Banco de Francia no sufrió las consecuencias de aquel fallido. Un caso similar se planteó en Holanda, cuyo Estado se vio en la obligación de compensar las pérdidas sufridas por su banco central, como consecuencia de la depreciación de la libra esterlina, por valor de 30 millones de florines. En este caso, la compensación se hizo mediante un anticipo del Tesoro sin interés.

Y tratando de demostrar que, en ocasiones similares, todos los Estados habían compensado las pérdidas de sus bancos de emisión, producidas por razones ajenas a su gestión, el informe recordaba también lo sucedido con el Banco de Francia, cuando la Rusia soviética decretó la nulidad de los empréstitos y de las deudas contraídas por el Gobierno imperial. Se remontaba, incluso, a la guerra de secesión de Estados Unidos, momento en que el Gobierno reconoció las obligaciones contraídas por los Estados Confederados del Sur. Y en lo que a España se refería, recordaba que la casa Rothschild financió la guerra carlista y que el Gobierno nacional posteriormente pagó aquella deuda.

Por otra parte, y en relación con la necesidad de regularizar con cargo a fondos públicos los desequilibrios producidos en el balance del Banco de España como consecuencia de la financiación de la guerra, el informe alegaba que los anticipos de tesorería a ambos bandos habían surgido de forma legal, porque si bien rebasaban los límites impuestos por la Ley de Ordenación Bancaria, antes se habían dictado disposiciones autorizándolos. Especialmente se refería al importante quebranto que habían supuesto para el Banco de España los anticipos del Tesoro que el Gobierno republicano había exigido. «Ante la facilidad que le ofrecían las prensas emisoras, no tenía por qué sentirse austero, y así funcionaron éstas con la insensata prodigalidad de quien no reconoce responsabilidad ni imperativo alguno de conciencia». También se hacía una referencia al caso del Banco de España en Bilbao, que fue paradigmático.

En 18 de julio de 1936, nuestra Sucursal de Bilbao, primera plaza redimida del Norte, cifraba la partida de cuentas corrientes del pasivo en 3 millones de pesetas; por contra, contaba en su activo [con] una cartera enteramente sana, de créditos concedidos en buena moneda, por importe de 120 millones de pesetas. Pues bien: al ser liberada dicha plaza, la largueza de las máquinas facciosas había producido el incremento de la primera partida citada hasta los 75 millones, en tanto que la posición del activo que arriba se expresa… aparecía cancelada casi en su totalidad.

Y recordaba que los mismos hechos se reprodujeron en Santander, en Gijón y, sucesivamente, en las demás plazas que se iban conquistando. Gijón constituyó un caso también especial, porque los billetes que remansaban en las cuentas corrientes habían sido emitidos por el Consejo Provincial de Asturias. Con la peculiaridad de que, el día antes de la conquista de Gijón, el banco fue obligado a tener abiertas las ventanillas hasta la una de la madrugada, al objeto de que tanto los particulares como la banca privada pudieran ingresar sus billetes en las cajas de aquél. Y añadía que fue después de examinar estos casos, cuando el Gobierno tomó la decisión de no reconocer validez más que a los saldos activos y pasivos anteriores a la fecha del 18 de julio del año 1936, criterio que se mantuvo hasta el final de la guerra.

En todo caso, el informe subrayaba, constantemente, la tesis de que el Banco de España era una entidad privada que tenía que ser compensada. Argumentaba también que detrás de cualquier Gobierno hay siempre un Estado, «persona jurídica cuya vida no se interrumpe por el cambio de Gobierno». Y, como corolario, señalaba que este principio debería implicar la transmisión de responsabilidades en virtud de la cual las obligaciones contraídas por un Gobierno se trasladaban, sin más, a los Gobiernos sucesivos, sin que hubiera lugar a distinguir entre Gobiernos de hecho y Gobiernos de derecho. Recordaba que hacía más de un siglo que la personalidad del Estado no se alteraba por cambios de Gobierno, según el protocolo de la Conferencia de Londres de 1831. Y que incluso los empréstitos contraídos por un Gobierno de hecho habían sido siempre respetados por el Gobierno de derecho.

A partir de todo esto, el Banco de España expresaba la más absoluta confianza en que el Gobierno se haría cargo de esa obligación, y solicitaba que se valorara el activo de su balance de forma que respondiera cumplidamente a su pasivo. También dejaba claro que, como consecuencia a las operaciones de guerra, los créditos del banco contra el Estado absorbían cerca del 90% de su activo.

No era ésta la única petición del Banco de España al Gobierno, porque el informe hacía también una serie de consideraciones especiales sobre la desaparición del oro, y sus consecuencias sobre los derechos de terceros. Planteaba que el Banco de España había sido totalmente despojado de sus reservas metálicas de oro y plata, que eran parte sustancial del activo de la institución. Y concluía que, por las circunstancias que concurrieron en la salida del oro del Banco de España, el Estado debía quedar obligado a reponer ese oro, o su valor, aunque fuera sólo por la consideración de que, según «declaración oficial», el oro fue sacado de sus cajas para ser custodiado por el mismo Gobierno. Por eso, en sus balances, ese oro figuraba bajo el epígrafe de «oro en custodia del Gobierno».

Había otra razón que el Banco de España esgrimía. La petición de reposición del oro al banco se fundamentaba también en la conveniencia pública. Porque si el oro era la garantía del billete, el daño y el perjuicio que su pérdida representaba no era sólo la merma y disminución del haber patrimonial del banco y de sus accionistas, sino que afectaba a la economía en su integridad, en la medida en que la falta de esa reserva metálica, al desvalorizar el billete, disminuía su poder adquisitivo, y ocasionaba un perjuicio a todos los españoles. Solicitaba, en consecuencia, del Ministerio de Hacienda que el Estado tomara a su cargo la reparación de ese daño.

A todo lo anterior, habría que añadir otra información adicional, que mejora en alto grado el conocimiento de la realidad de aquellos momentos. Antes de la celebración de la junta general, el Banco de España había pedido la opinión de expertos sobre sus potenciales reclamaciones al Gobierno. El dictamen que recibió (BE, 1942a) se manifestaba claramente en desacuerdo con la opinión del Banco de España de prescindir, por el momento, de resolver la cuestión relativa a la normalización de la legalización del banco, abordando directamente el problema del saneamiento de su balance. Y justificaba su opinión en que ambos problemas estaban tan íntimamente ligados que, en realidad, constituían un solo y único problema. Suscribía con entusiasmo la parte del informe dedicada a demostrar los postulados de derecho público que llevaban a que fuera el Estado el encargado del saneamiento del Banco de España, pero le asustaba que los argumentos se pudieran utilizar para considerar el banco como propio del Estado, y hacerlo así por ley. Es decir, nacionalizándolo. Y sugería, por ello, que dado que los dos problemas eran indisolubles, y no pudiéndose abordar en ese momento el problema de la normalización de la legalidad del banco, tampoco debía abordarse el saneamiento, que debía ser pospuesto, no apremiando al Estado, ya que podría ocurrir que se resolviera en términos que significaran para el Banco de España una situación peor a la existente.[34]

Ya se sabe que el Banco de España no aceptó esta propuesta de los expertos en ninguno de sus planteamientos, y que reclamó el saneamiento tal como previamente había planteado, dejando la normalización de la legalización del banco para otra ocasión. Al final, el Banco de España terminó por recibir un tratamiento realmente injusto por parte del Gobierno, y sus accionistas, en consecuencia, pagaron un coste de la guerra que no les correspondía de ninguna manera.

LA VERSIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA SOBRE LOS PROBLEMAS FINANCIEROS DEL PERÍODO DE GUERRA

Terminada la guerra, el Banco de España celebró junta general de accionistas para dar cuenta de su actividad en el período de 1936 a 1941. Se trataba de someter a la aprobación de los accionistas los seis ejercicios de guerra y posguerra, lo que no había podido hacerse con anterioridad porque esos ejercicios no habían podido cerrarse hasta ese momento.[35] El período había sido complicado porque, hasta terminada la guerra, no habían dependido todas las sucursales del banco de una dirección común. Ahora, reunidas «todas las sucursales en una dirección común, ya desde Abril de 1939», decía la Memoria, «pueden darse cifras que abarcan la totalidad del Banco de España».

Antes de redactarse la Memoria, un grupo de expertos del Banco de España sometió a debate cuál debería ser el contenido y tono de esa Memoria. El grupo llegó a la conclusión de que, la junta general del Banco de España celebrada el 18 de diciembre de 1938 para recabar un voto de confianza al Consejo, a fin de proseguir las gestiones que se estaban llevando a cabo para recuperar el oro y otros valores perdidos, había llevado implícita la prórroga estatutaria del mandato de los consejeros.[36]

La propuesta de Memoria era más drástica de lo que posteriormente fue su redacción final:

El Banco de España ha sido la víctima mayor de la barbarie roja y marxista. No sólo fue despojado de sus reservas metálicas, los 2.400 millones de pesetas oro y los 653 millones de pesetas plata que figuraban como tales en el Balance de la última semana que precedió al 18 de julio de 1936, sino que, además, las exigencias de los gobiernos rojos llegaron a cifrar los créditos de su Tesorería en 23.000 millones de pesetas, arrebataron el contenido de nuestras Cajas de alquiler y todos los depósitos cerrados, y obligaron a la concesión de créditos a los gobiernos regionales en cuantía desmesurada. Con estas cifras y con estas indicaciones, no parecerá a nadie hipérbole la afirmación antes sentada de haber sido el Banco la entidad que mayores daños y perjuicios ha sufrido.

Y a partir de esta declaración, el documento informaba de las cuestiones de mayor significado financiero que habían ocupado al Banco de España durante la guerra. Concretamente, se refería a la creación de un nuevo Banco de España en Burgos para servir a la zona nacional, a los problemas que la escasez de billetes creó al nuevo banco, a los esfuerzos que se hicieron para recuperar el oro y la plata expropiados, y a algunas operaciones bancarias específicas.

La junta general hizo también hincapié en los grandes problemas con los que tuvo que enfrentarse el nuevo Banco de España que se creó en Burgos durante la guerra. El problema de la escasez de billetes fue crucial. Se explicó a los accionistas la constante preocupación del Consejo del Banco de España durante la contienda por dotar al país de medios de pago suficientes para todas sus necesidades, relatando, con un cierto detalle, la escasa disponibilidad de papel moneda, el estampillado, la fabricación de nuevos billetes y la escasa disponibilidad de plata. El gobernador informó a la junta de que en el momento de estallar la contienda la existencia de billetes en las cajas de las 44 sucursales que habían quedado en la zona nacional ascendía en total a 393 millones de pesetas en billetes y 123 millones en plata. Cifras muy elocuentes «para significar lo grave de la situación y las dificultades por vencer».

Todas [las dificultades] fueron felizmente superadas. Preocupación inicial de la Administración y del Consejo fue la de obtener, con la máxima urgencia, nuevas emisiones de billetes; de ahí los primeros encargos a la Casa Bradbury, antigua proveedora del Banco; y a la casa alemana Giesecke & Devrient, para dotar al país de suficientes medios de pago… Las necesidades [de billetes] se hacían apremiantísimas a medida que se iban liberando las plazas, por ocurrir en muchas de ellas lo sucedido en San Sebastián, de cuyas Cajas se llevaron los rojos en su huida los billetes, metálico, valores y hasta el contenido de las cajas de alquiler, aconteciendo lo mismo en Bilbao, Santander, Gijón y en Castellón, Tortosa, Tarragona, Reus, Valencia, Barcelona y Madrid.

«Pero lo primero fue el estampillado de billetes, ratificándose con ello la realidad de la separación de la comunidad dineraria nacional de la roja». Las operaciones de estampillado y canje posterior de billetes fueron muy complejas, decía la Memoria, dando cuenta de que el importe total de billetes estampillados que se presentaron al canje fue de 2.462 millones de pesetas, y que el total de billetes sin estampillar presentados al canje ascendía a 3.409 millones de pesetas. Es decir, que antes del 25 de agosto de 1939 se habían canjeado 5.871 millones de pesetas.[37] Estas cifras justificaban plenamente «la política de emisiones seguida por el Banco para tener en sus Cajas las consiguientes reservas de nuevos signos fiduciarios suficientes con los cuales poder atender no sólo a las necesidades de ese canje, sino también a las de la creciente circulación impuesta por las circunstancias».

En relación con el suministro de billetes, el gobernador del Banco de España ofreció a los accionistas en aquella junta general una información no conocida hasta entonces, en lo que a la actividad del banco se refería. Afirmó que fue preocupación del Consejo, en los primeros momentos, el elevado coste de fabricación de las nuevas emisiones, lo que había llevado a estudiar a fondo la posibilidad de nacionalizar la fabricación de billetes del Banco de España, o al menos racionalizar el proceso de adquisición.[38]

En la junta general se dejó constancia, también, de que el 31 de diciembre de 1941 la circulación de billetes se cifraba en 13.536 millones de pesetas, con notorio aumento sobre las cifras del balance publicado en la Memoria de 1935, debido a circunstancias «que es ocioso detallar».

Asimismo se realzó la labor realizada por algunos consejeros «que han ido siempre a las plazas liberadas, inmediatamente detrás de las tropas, para adoptar sobre el terreno las medidas conducentes al normal funcionamiento de las Sucursales liberadas».

La junta fue informada con detalle de las acciones que el banco había llevado a cabo para recuperar el oro, la plata y otros bienes exportados al extranjero.[39] Ya en la junta general extraordinaria celebrada en Santander el 18 de diciembre de 1938 se había dado cuenta de las primeras gestiones emprendidas. Y ahora, convocada para dar cuenta del cierre de la «operación guerra civil», se hizo un inventario de las gestiones conjuntas que el Gobierno de Franco y el Banco de España en Burgos habían hecho «protestando ante los Gobiernos y los Bancos de emisión del Extranjero de tal expoliación, y muy especialmente del requerimiento al Banco de Francia, haciendo constar en él que ese oro por ser la garantía del billete nadie, ni aún el propio Banco podía… enajenarlo, sin una ley de expresa autorización».

Por lo que respecta al oro depositado en Mont de Marsan, se informó a los accionistas:

En las entrevistas celebradas [con las autoridades francesas] se mantuvo viva discusión sobre el texto propuesto por el Banco de Francia para la liquidación de las cuentas entre ambos Bancos, pretendiendo el primero que la entrega del oro de Mont de Marsan significaba para el Banco de España la aprobación pura y simple, entera y definitiva, de todas las cuentas que hubieran existido o existieren entre los dos Bancos.

Algo con lo que el Consejo del banco, como era lógico, no estaba de acuerdo. Al final, y después de una dura negociación, se firmó la liquidación. «Se nos entregó el oro depositado, cuyo importe total fue de 26.782.640 dólares». En relación con el envío del oro a Moscú, el problema se despachó con una frase: «en cuanto a los 1.596 millones de pesetas oro que en los balances rojos figuran como custodiados y en poder del Gobierno, ello no fue más que una ficción».

Y sobre la plata, cuestión a la que se dio mucha importancia, la Memoria indicaba:

En febrero de 1939 supo el Banco de España que un cargamento de plata había atravesado la frontera por el puerto de Le Pherthus, transportado en catorce camiones y en siete vagones de ferrocarril… se instó con toda urgencia el secuestro de aquella mercancía, consignada a la Sociedad de Metales Preciosos de París, que no quiso hacerse cargo de ella. Entonces, la Sociedad Belga de Empresas Comerciales «SODECO», domiciliada en Amberes, se personó en los autos, diciéndose dueña de la plata embargada, plata que había sido vendida por el Gobierno rojo en el precio de trescientas mil libras.

Ante la reclamación,

… arguyeron los representantes de la Sociedad belga, que la plata no era propiedad del Banco, porque estaba constituida por lingotes y según la Ley española de Ordenación Bancaria, las reservas de plata deben consistir en monedas y nunca en lingotes.

Pero

… pudimos probar documentalmente que la plata existente en el Banco había sido reclamada por el Gobierno rojo para que la Dirección de Industria procediera a su fundición, con el acta de entrega el argumento perdió toda su eficacia.

No menos de dos años y medio duraron estos litigios, y la sentencia dictada por el Tribunal de Céret dio plena razón al Gobierno de Burgos, disponiéndose en el fallo que se hiciera la «entrega conjunta a la doble representación del Gobierno y del Banco».

También se informó a los accionistas de la plata vendida al Gobierno de Estados Unidos por la República:[40]

A fines de Mayo de 1938 tuvo conocimiento el Consejo de haber salido con destino a Nueva York un cargamento de plata, vendido por el Gobierno rojo al de los Estados Unidos. Se ordenó al Jefe de nuestra agencia en Londres que saliera inmediatamente para Nueva York y, de acuerdo con la representación oficiosa de nuestro Gobierno, entablara las oportunas acciones judiciales para reivindicar esa plata.

En cuanto a la actuación del Banco de España en Burgos, se informó de lo que sigue:

En la etapa burgalesa el banco, siguiendo orientaciones de la superioridad, consiguió, con una ágil y audaz interpretación de sus normas reglamentarias, aliviar, mediante créditos personales, la situación de quienes, evadidos de lo que fue zona roja, carecían momentáneamente de sus medios habituales de vida, y esta amplia política de crédito facilitó la normalización económica al colocar a centenares y centenares de personas pudientes en situación de reconstruir rápidamente sus empresas y negocios.

Ahora, en el momento de la junta, se concluía, el Banco de España podía proclamar con orgullo que «la confianza por él puesta en esta clientela especial ha sido magníficamente correspondida por los beneficiarios de dichos créditos».

XXIV
La unificación monetaria. La Ley de Desbloqueo de 1939

EL DESBLOQUEO[1]

Ya desde el principio de la guerra quedaron definidas, desde el punto de vista monetario, la zona republicana y la zona del Gobierno de Burgos. Y, tal como ya se ha visto, fue en ese momento cuando nacieron dos comunidades de pago distintas, dos pesetas diferentes, dos cambios exteriores y dos poderes adquisitivos internos en completa divergencia. Para el Gobierno de Burgos era urgente mantener su moneda al margen del contagio de la inflación de la zona republicana, lo que exigía establecer una normativa de bloqueo de los depósitos bancarios y de otras obligaciones de pago. Y así se hizo. El epígrafe «El canje monetario y la “operación bloqueo”», del capítulo IX, «El sistema financiero del Gobierno de Burgos», es suficientemente ilustrativo de cómo se desarrolló esa operación. El objetivo de la estrategia era impedir la enorme inflación que el fin de la guerra podía introducir en la economía española con la refundición de las dos zonas, si no se tomaban medidas para resolver ese problema.

El coste de la guerra que tuvo que soportar la población residente en la zona de la República fue muy alto, en la medida en que tuvo que afrontar una inflación galopante, especialmente en la segunda mitad de la guerra, lo que mermó considerablemente sus rentas y su nivel de bienestar. Pero, además, esa población sufrió, al terminar la guerra, un «bloqueo» total de sus disponibilidades monetarias, aunque fuera provisional, lo que le impidió disponer libremente de sus activos. Una operación que, más tarde, se completó con la de «desbloqueo», lo que añadió, como luego se verá, la pérdida definitiva de una parte notable de sus saldos bancarios, y un notable retraso en la disposición del resto.[2]

Los que desde el primer momento fueron residentes en la zona controlada por el Gobierno de Burgos sufrieron una inflación relativamente suave, y no se enfrentaron ni al bloqueo ni al desbloqueo. Sí corrieron el peligro de que en la posterior operación de refundir las dos zonas monetarias, la inflación republicana contagiara su área, así como que una elevación de los precios implicara que participaran en el pago de una parte del coste de la contienda. Pero, al final, no sucedió.

Y fue precisamente para que esto no sucediera, para que la inflación de la zona republicana no contagiara al territorio del Gobierno de Burgos, por lo que se creó la «operación bloqueo-desbloqueo». Como se ha explicado con anterioridad, el mecanismo consistía en un proceso de absorción monetaria a medida que las tropas avanzaban. Este proceso se iniciaba cuando éstas conquistaban una plaza, momento en que se obligaba a la población a canjear su dinero republicano por dinero emitido por el Gobierno de Burgos. El canje se hacía al principio sólo en cantidades limitadas y sin ningún requisito, pero posteriormente el cambio de moneda se hizo más complejo, especialmente cuando se trataba de saldos depositados en bancos y cajas de ahorros. La regulación formal del proceso se hizo, un poco tarde, por ley del 13 de octubre de 1938, disponiéndose, en aquel momento, que quedaba en suspenso el reintegro por los establecimientos de crédito de los saldos que existieran en las plazas que se iban «liberando». La ley prometía que, al finalizar la guerra, se buscarían procedimientos justos para resolver esta situación.

Así pues, acabada la guerra, el desbloqueo tuvo como objetivo inmediato transformar las pesetas republicanas, inmovilizadas en los establecimientos de crédito, en pesetas de libre circulación. La operación partía del hecho irrefutable de que la peseta republicana había ido perdiendo poder de compra durante el segundo semestre de 1936, y sobre todo en 1937 y 1938. Una evolución descrita muy bien en 1939 por el Servicio de Estudios del Banco de España (BE, 1939c:30-31):

Durante 1938 su descenso ha llegado a producirse dentro de unos límites tan estrechos que, en realidad, el factor político —la inminente desaparición de aquel estado al que sirvió de exponente monetario— es el que fundamentalmente constituye el factor principal para su valoración. En el primer trimestre de 1939 su poder adquisitivo es prácticamente nulo.

Al final, el trueque alcanzó tal desarrollo, y la preferencia por bienes reales se produjo en tales términos, que los billetes dejaron de poseer cualquier poder de compra, por pequeñísimo que éste fuera.[3]

El proceso de restauración de la unidad monetaria se inició con la Ley de Desbloqueo del 7 de diciembre de 1939.[4] La Ley de Desbloqueo[5] definía esta operación como el levantamiento de la suspensión acordada por las leyes del 13 de octubre de 1938 y 1 de abril de 1939. Y, como fórmula operativa, establecía las paridades de conversión de una moneda a otra, partiendo de las fechas en que, con posterioridad al 18 de julio, se habían ido produciendo los incrementos de saldos. De esa manera, para cada una de esas fechas se aplicaban unos determinados coeficientes de reducción en función de la depreciación sufrida por la moneda de la zona republicana en cada momento.[6] Adicionalmente la Ley de Desbloqueo establecía definitivamente la nulidad de los billetes emitidos en la zona republicana después del 18 de julio de 1936[7], y ratificaba la pérdida parcial de los saldos de titulares de cuentas que hubiesen sido proveedores básicos del ejército republicano.[8] Como antecedente de operaciones similares de ajustes monetarios, se tomó el caso de Alemania después de la primera guerra mundial.[9]

DEBATE POLÍTICO Y TÉCNICO

Antes de llegar a la definición de la fórmula de desbloqueo, hubo que resolver muchos problemas y desarrollar un largo y laborioso proceso, que definiera y diera solución a una operación que no tenía precedentes y que, además, era notablemente compleja. Pretendía ser justa, porque iba a afectar a grandes capas de la población, de estratos de renta muy distintos, y porque sus consecuencias iban a tener un indiscutible valor político.

El 25 de agosto de 1939, el ministro de Hacienda José Larraz López aprobaba una orden ministerial que ponía en marcha los estudios previos necesarios para la liquidación del régimen de bloqueo.[10] La orden era muy clara. Se trataba, decía, de que España no se viera «sumida en una caótica situación monetaria». Y al no tener el «régimen de bloqueos otra finalidad que la meramente suspensiva», era necesario pasar a «una etapa de liquidación en la que, según los casos, se anule, se desbloque[e] en parte, o en algunas justificadas ocasiones totalmente, lo que al presente se encuentra en suspenso».

Para desarrollar esta operación, el Ministerio de Hacienda nombró, en septiembre de 1939, una «comisión especial» para estudiar todos los problemas que ello implicaba.[11] A esa comisión se le solicitaba un dictamen que facilitara al Gobierno criterios válidos y fórmulas operativas para valorar el dinero que en distintos momentos había circulado en la zona republicana, en orden a su comparación con el de la zona que, en cada momento, estuvo bajo control del Gobierno de Burgos, y desarrollar una estrategia adecuada.[12]

La comisión especial inició inmediatamente sus trabajos, pero antes planteó al Gobierno tres realidades monetarias que entendía como «hechos consumados e irreversibles». Eran éstos:

— La anulación, que ya se había decretado, de los billetes puestos en circulación por las autoridades republicanas durante la guerra.

— El canje, «ya realizado a la par», de los billetes que circulaban en la zona republicana con anterioridad al 18 de julio.

— La entrega en pesetas de libre disposición, también a la par, de los saldos acreedores en cuenta corriente o libreta de ahorro que existían en los establecimientos de crédito al iniciarse la contienda.

Nada tenía que objetar la comisión a la anulación de los billetes puestos en circulación por las autoridades republicanas, que fueron declarados sin validez por el decreto ley del 12 de noviembre de 1936.[13] El dictamen de la comisión especial reconocía, implícitamente, que la legislación nacida durante la guerra se había promulgado en excepcionales circunstancias, y que se definió persiguiendo el objetivo específico de debilitar la posición monetaria del enemigo. Es decir, que se utilizó como «arma de guerra», dando lugar a que se fueran introduciendo en la sociedad altas dosis de desconfianza sobre el dinero que la República ponía en circulación. Como consecuencia, al final se estableció una clara distinción, quizá demasiado radical, entre el dinero que circulaba en la zona nacional y el que lo hacía en la republicana.

Tampoco se objetaba el criterio de canjear a la par los billetes emitidos antes del 18 de julio de 1936. Sin embargo, y en cuanto a los saldos en el sistema bancario, la comisión entendía que,

La riqueza creada o transformada en la zona roja después del 18 de julio de 1936 no era menos legítima ni había servido fines distintos que la existente en la misma zona en esa fecha y que, por razones de evidente equidad, procedía recoger igualmente los signos monetarios que representaba, si bien corrigiendo su valor nominal en la medida aproximada en que se hallase desfigurado a causa de la inflación.

Por tanto, recomendaba otorgar valor a la par a los saldos existentes en el momento de la sublevación, tal y como se había decidido durante la guerra, pero, al contrario que con los billetes, proponía reconocer el valor de los incrementos habidos en dichos saldos durante la contienda, siempre que se corrigiera su valor para reflejar la mayor pérdida de capacidad adquisitiva de la moneda de la zona republicana.

Sobre el ritmo de inflación, la comisión estimaba que durante su trabajo no había dispuesto de la información necesaria para poder definir los coeficientes de corrección, entendiendo que ello no entraba en el cometido que le fue asignado. En consecuencia, en sus recomendaciones, se limitaba a «aconsejar la aplicación de una escala decreciente de coeficientes a los incrementos de dinero en cuentas y libretas producidos con posterioridad al 18 de julio de 1936». En realidad, esto quería decir que la comisión renunciaba a su principal tarea.

A partir de estas consideraciones, el dictamen de la comisión dedicaba sus mejores esfuerzos a analizar las complejidades técnicas del desbloqueo, y a definir la tipología de las distintas situaciones anómalas que se podían producir en esa operación, desde el punto de vista práctico. Y de esta manera, analizaba los pagos que podían ser revisados, cómo debería llevarse a cabo la revisión, el órgano adecuado para hacerlo, y el procedimiento para acometerla. Planteaba también la necesidad de leyes complementarias, y sugería la creación de órganos para el desbloqueo. En todo caso, insistía, «son cuestiones que no tienen cabida en las reflexiones que estamos haciendo sobre la naturaleza, contenido y efectos del desbloqueo».[14]

La comisión debatió también sobre diversos aspectos técnicos de la operación de desbloqueo. Entre otros, su temor a que la aplicación del dictamen pudiera contribuir a agravar la inflación «por el canje de billetes y reconocimiento de saldos anteriores al 19 de julio de 1936». Y a tal preocupación respondía su recomendación de «que los nuevos saldos de cuenta que se desbloqueen no queden sino en una cuarta parte de su importe desbloqueado, a la libre disposición de sus titulares, mientras el Ministerio de Hacienda no entienda llegado el momento de hacer desaparecer toda clase de restricciones». En realidad, esta preocupación estaba llevando a la comisión a proponer lo que podría llegar a ser un nuevo bloqueo del desbloqueo.[15] Por otro lado, nada decía sobre cómo retribuir el tiempo en que los saldos habían estado congelados.

LA DISPARIDAD DE LOS PODERES ADQUISITIVOS Y LA RELACIÓN DE CAMBIO

Paralelamente a los trabajos de la comisión especial, e incluso desde antes, el Banco de España venía llevando a cabo en su Servicio de Estudios una profunda investigación para definir los límites del problema que planteaba la disparidad de los poderes adquisitivos de las dos monedas, así como las alternativas de solución existentes a través del cálculo de coeficientes de desbloqueo.

En realidad esa investigación trataba de determinar la capacidad adquisitiva de las masas monetarias en cada momento, y en cada una de las dos zonas, para establecer un abanico de coeficientes de desbloqueo que fuera justo. Se buscaba, pues, una ecuación de canje equitativa, que no perjudicara a los residentes en territorio republicano, reduciendo de forma exagerada su capacidad de compra, pero que tampoco lo hiciera a los residentes en la zona nacional. La fórmula no podía ser otra que identificar índices de referencia de precios de bienes en ambas zonas, de tal manera que permitieran medir la capacidad adquisitiva en cada momento y en cada período, para comparar su valor relativo.

En la zona nacional ello no planteaba ningún problema, porque el aparato estadístico se había mantenido operativo durante toda la contienda, ofreciendo información regular sobre el movimiento de los precios. Pero en la zona republicana no existía, como ya se ha visto, información al respecto. Por ello, el Banco de España se vio obligado a utilizar métodos indirectos para llegar a conocer las curvas de demanda que se deducían del total de la masa monetaria destinada a la compra de bienes, y las de oferta, calculadas sobre el total del crédito privado.[16] El problema clave era, en consecuencia, establecer la relación de cambio efectiva, es decir, evaluar la disparidad de los poderes adquisitivos, y regular a través de ellos el desbloqueo de los fondos congelados. Para definir esta situación, el Banco de España trabajó muy duramente en un terreno poco conocido y sin precedentes, y los más importantes economistas fueron llamados a título personal a formular sus propuestas.

La propuesta que el Banco de España hizo al Gobierno sobre la escala de coeficientes para el desbloqueo, a partir de la pérdida progresiva de valor de la peseta republicana sobre la emitida por el Gobierno de Burgos, fue la siguiente:[17]

Al final, y tal como luego se verá, el desbloqueo de las operaciones bancarias activas (créditos y descuentos de efectos), de las operaciones interbancarias, y de las obligaciones extrabancarias de pagos en metálico, se llevó a cabo utilizando criterios y coeficientes similares, aunque no idénticos.

LA LEY DE DESBLOQUEO

A principios de diciembre, y a la vista del dictamen de la comisión y de los estudios del Banco de España, el Gobierno asumió la responsabilidad de definir los coeficientes que reconocían la depreciación entre ambas monedas.[18] La operación resultó compleja y muy reglamentista, en la medida que trataba de dar solución a todos los problemas que podían producirse, que eran muchos.[19] Por ello, desde la sustancialidad de la materia y de la gravedad de la situación, la exposición de motivos de la Ley de Desbloqueo hizo grandes esfuerzos por razonar su contenido y justificar su posición. En primer lugar, la ley se justificaba por la necesidad de defender la economía del país de las graves amenazas de inflación:

El propósito defensivo de la economía del país frente a la inflación marxista, nació en la España Nacional prontamente y alcanzó desenvolvimiento gradual a medida que lo impusieron el ritmo conocido de dicha inflación y las conveniencias derivadas del curso de la guerra… La tajante división de los billetes en legítimos y nulos constituyó un arma de guerra eficacísima que forzó, con todas sus consecuencias, los precios y la velocidad monetaria de la zona enemiga, sin impedir a los tenedores que no pudieran defenderse, mediante la adquisición de valores salvables, el refugio nominativo y responsable en el folio de una cuenta corriente o de ahorro.[20]

Y en todo caso se reconocía que la nueva norma era la respuesta al compromiso que en 1938 había contraído el Gobierno:[21]

Cuando la total liberación de España permita la posesión de un exacto conocimiento estadístico de la realidad monetaria y del volumen de la inflación desarrollada por el enemigo, será llegado el momento de establecer procedimientos justos para el tratamiento de lo que ahora se bloquea, con lo que se habrá dado cima a la obra penosa, pero sana, de librar a España de las tremendas consecuencias que implica la política monetaria del marxismo.

Y ese momento, decía, había llegado.

La exposición de motivos de una ley tan singular debía necesariamente apoyarse en el derecho comparado:

Ha constituido doctrina general en las alteraciones monetarias —estabilización o sustitución de la unidad monetaria— aplicar a las obligaciones pendientes de pago de dinero, de modo puro y simple, las consecuencias de la estabilización o la relación de valores establecida para la sustitución. Sólo Alemania, después de una inflación astronómica, se decidió a revalorar determinadas y antiguas obligaciones dinerarias. En otros países fracasó el intento.

Por lo que respecta a España:

En España, las dos comunidades de pagos de la época de guerra han tenido un origen y un destino común y una existencia por naturaleza transitoria; las obligaciones anteriores al diecinueve de julio de mil novecientos treinta y seis, aun estando domiciliadas por Ley o por pacto en la zona marxista, deben, en cuanto subsistan, ser respetadas; la insuficiente renovación del ciclo productor y mercantil y la carencia de posibilidades de inversión de dinero, ofrecieron en el territorio «rojo» dificultades, en ocasiones rotundas, a la defensa económica del poseedor de dinero contra la inflación; muchos pagos extintivos se han realizado por radicar el pagador en zona marxista o prevaliéndose de estar en ella; y, por añadidura, de la protección jurídica que el desbloqueo supone algunos deben ser excluidos.

Desde el punto de vista administrativo, la operación de desbloqueo tenía dos fases: una, llamada «declarativa», que confirmaba o reducía nominalmente el valor de la cantidad en suspenso, y otra «liberadora», que suprimía la congelación de los saldos. A la vez, existían dos clases de desbloqueo: el desbloqueo de «corrección» y el desbloqueo de «incrementos».

El desbloqueo de «corrección» se aplicaba en conjunto al movimiento de todas las cuentas de un titular en uno o varios bancos o plazas y permitía recuperar a la par las cantidades bloqueadas en esas cuentas hasta concurrencia con el saldo contable a 18 de julio de 1936. Los fondos desbloqueados eran de disponibilidad inmediata.

El desbloqueo de «incrementos» tenía lugar sobre las cantidades que quedaran después de efectuado el desbloqueo de corrección. Los fondos procedentes del desbloqueo de incrementos se hicieron disponibles con bastante retraso y mediante la emisión de deuda del Estado. Es importante destacar que en el desbloqueo de «incrementos» gozaban de preferencia en el tiempo los titulares empresarios sobre los no empresarios.

El desbloqueo de «incrementos» se hacía con la siguiente escala:

Al final, pues, se utilizó una escala de coeficientes muy similar a la recomendada en el estudio del Banco de España, aunque con un menor número de tramos.

La administración de ese complejo procedimiento quedó en manos de la «Comisaría General del Desbloqueo», al frente de la cual estaba un comisario general y tres vicecomisarios.[22] Para las cantidades que quedaban bloqueadas, el Banco de España abrió una cuenta titulada «Entidades de crédito y previsión», en la cual las distintas entidades financieras deberían ingresar los excedentes que produjera la aplicación del desbloqueo, o cargar a ésta las pérdidas que hubieran experimentado.

El proceso cumplió su propósito. Sardá (1970:449) dijo en su momento que la Ley de Desbloqueo, técnicamente compleja, dada la naturaleza del problema, «logró ciertamente el objetivo requerido: restablecer la comunidad monetaria de todo el país y frenar los efectos inflacionarios que pudieran derivarse de aquella reunificación».

Adicionalmente, la Ley de Desbloqueo creó un nuevo concepto de alto contenido político: los «saldos improtegibles», que no podían acogerse a los beneficios del desbloqueo.[23] El improtegible primero y principal era el Tesoro Público «del enemigo». Cualquiera que fuera la fecha de apertura de sus cuentas, la confiscación era total. Eran improtegibles también los saldos de organismos revolucionarios, y de forma más limitada los de algunos proveedores específicos de armamento o de equipo de guerra.[24] Los así clasificados no podían acogerse al desbloqueo, y, en su totalidad, sus saldos eran traspasados a una cuenta especial del Banco de España.[25]

LIQUIDACIÓN FINAL

Terminada la tramitación de las diferentes etapas de ejecución de la Ley de Desbloqueo, los resultados definitivos de su aplicación se concretaron en las cifras básicas siguientes, con las observaciones que se señalan:[26]

— La dotación del Fondo de Compensación del Desbloqueo[27] se constituyó con aportaciones provisionales realizadas por los establecimientos de crédito. Alcanzó la cifra de 585 millones de pesetas.

— En cuanto a la tramitación del desbloqueo de «corrección»,[28] las secciones provinciales de banca competentes para esta liquidación acordaron 42.106 desbloqueos por un importe de 649 millones de pesetas (48% del total correspondía a cuentas mantenidas en el Banco de España, y el 52% restante a otros establecimientos de crédito).

— La competencia para tramitar el desbloqueo de «incrementos»[29] se estableció en los propios establecimientos de crédito. Esta segunda operación duró un poco más de dos años. Se desbloquearon cuentas pasivas por un total de 14.744 millones de pesetas, que produjeron un líquido en pesetas efectivas de 4.459 millones de pesetas. Y en cuentas activas se desbloquearon 5.180 millones.

— En cuanto a la compensación de resultados que preveía la Ley de Desbloqueo para los establecimientos de crédito y compañías de seguros y entidades de previsión, la competencia del procedimiento compensatorio se atribuyó a la «Comisaría General del Desbloqueo».[30] Cuatro bancos oficiales, 156 bancos privados, 59 cajas de ahorros y 176 compañías de seguros se acogieron al procedimiento compensatorio. Concluido éste, el saldo remanente del Fondo de Compensación del Desbloqueo fue de 401 millones de pesetas.

— Los titulares de cuentas improtegibles fueron 13.985 y, resueltas las reclamaciones presentadas contra esa calificación, la relación de las consideradas definitivamente como tales incluía 11.549 titulares.[31] Como consecuencia de esas liquidaciones, en noviembre de 1943, 30 sucursales del Banco de España, 79 bancos privados y 33 cajas de ahorros transfirieron al «Fondo de Improtegibles» un total de 782 millones de pesetas. En la instancia regional se resolvieron 1.976 reclamaciones de acreedores de fondos improtegibles, y se reconocieron créditos a su favor por 59 millones de pesetas.

— Como liquidación final, los remanentes de la operación cedidos al Estado en virtud del desbloqueo, que se entregaron al Banco de España, fueron los siguientes:[32]

Fondo de Compensación | 484 millones pts.[33]
Fondo de Improtegibles | 855 millones pts.[34]
Total ingresado en el Banco de España | 1.339 millones pts.

Estos 1.339 millones de pesetas superaban en 639 millones a las dotaciones que previamente se habían hecho en el balance del Banco de España por estos conceptos,[35] por lo que sirvieron para amortizar en parte el «Pagaré» emitido en su día por el Tesoro para equilibrar en el balance del banco emisor el desfase que se había producido entre activo y pasivo como consecuencia de la refundición de los balances de los dos «Bancos de España» durante la guerra.[36]

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES

El Banco de España entendió en su momento, tal como ya se ha visto, que la solución para el desbloqueo estaba en encontrar dos series de índices suficientemente satisfactorias que cubrieran las variaciones relativas de la demanda y de la oferta en cada una de las dos zonas. Aceptaba, sin embargo, que no existía información directa que permitiera calcular adecuadamente esa demanda y esa oferta, y por ello creía que se podría utilizar a efectos del cálculo de la demanda, y como fórmula aproximada, la información suministrada por los balances del Banco de España republicano en relación con la circulación. En cuanto al cálculo de la oferta, el problema era mucho más complejo, porque los datos disponibles de producción no eran de confianza, y mucho menos los relativos a la importación y exportación. Tampoco existía información sobre las disponibilidades de artículos en la España republicana. En el capítulo XXI, «Precios y cotizaciones», se analiza la fórmula que el Banco de España utilizó para calcular, aunque fuera de forma aproximada, los índices de precios representativos de lo que pudo ser el poder adquisitivo de la moneda republicana. Y ése fue el punto de partida fundamental de los coeficientes de desbloqueo.

Expertos y estudiosos se plantearon en aquellos momentos si los índices de precios utilizados por el Gobierno de Burgos para regular los coeficientes de desbloqueo estaban bien calculados. Y se preguntaban si no se supervaloró la inflación de la República, desvalorizando exageradamente la peseta republicana a la hora de la unificación monetaria, con la pérdida de valor que ello comportaba para los españoles residentes en las zonas sometidas al desbloqueo. Sin embargo era una cuestión para la que no tenían respuesta.

Pero la pregunta podría haber sido hecha también en sentido contrario, y es pertinente hacerla ahora, con carácter general, cuando se trata de analizar con cierta perspectiva una operación de tanto calado y de tanto volumen, y que de forma tan notable afectó a la situación económica y al nivel de bienestar de grandes masas de la sociedad española. La pregunta que hay que hacer es si lo que se infravaloró fue la inflación republicana. Parece necesario, pues, desde el punto de vista del rigor histórico, tratar de contestar esa pregunta, porque en estos momentos ya se puede analizar aquella realidad con nuevos instrumentos, desde una nueva óptica, y desde luego sin las urgencias de aquellos momentos. Por otra parte, hoy se dispone de información mucho más afinada de lo que sucedía en el entorno de los precios, y de lo que opinaron algunos economistas y otras personas e instituciones que fueron consultados antes de que el Banco de España ofreciera su dictamen.

Un nuevo análisis permite reflexionar sobre la validez de las hipótesis manejadas y de las condiciones en que el desbloqueo se hizo. Es un debate que está abierto, y que exige estudio y reflexión para analizar objetivamente las restricciones de la fórmula utilizada. Y en esa línea, lo primero debe ser examinar con detenimiento, los informes que, a petición del Gobierno, hicieron los economistas consultados, Paris Eguilaz y Antonio de Miguel.

Paris Eguilaz,[37] a la hora de responder a la consulta que se le hacía desde el Ministerio de Hacienda, en orden a sugerir la mejor fórmula para determinar el poder de compra de la peseta republicana durante la guerra, distinguió tres períodos.

El primero, desde julio a diciembre de 1936, período en que en el territorio de la República se produjo una inflación moderada. El segundo período comprendía los años 1937 y 1938, quizás hasta finales de enero de 1939, años en los que la economía republicana adquirió las características de una economía de guerra mal financiada, con una inflación intensa, llegando a alcanzar el volumen de billetes cerca de cinco veces el del 18 de julio.

Para estos dos períodos, no veía otro método que utilizar los índices de precios de la zona republicana y de la zona nacional. Reconocía que para la zona republicana sólo se disponía de índices de precios para el año 1936 y algunos meses del año 1937, y que no era viable hacer un cálculo de los índices de precios a posteriori. Pero entendía que, al menos teóricamente, debería ser factible determinar estos índices mediante el estudio de las contabilidades de un gran número de empresas y particulares. Sin embargo esta solución no era viable en aquellos momentos.

Analizó también, como alternativa, la posibilidad de utilizar las cotizaciones de las dos pesetas en el extranjero, pero concluyó que ello tenía el inconveniente de que, tanto en una zona como en la otra, estaba prohibida la salida de billetes y, por lo tanto, las supuestas cotizaciones, lejos de ser obtenidas en un mercado con libertad de tráfico, eran sencillamente producto de ofertas y demandas clandestinas, sujetas a fluctuaciones de origen distinto a las derivadas de las modificaciones del poder de compra de las monedas.[38] No obstante, reconocía que podía ser un indicador de gran utilidad.

A la vista de esas dificultades, Paris Eguilaz se apoyó en un método indirecto, a partir de la capacidad adquisitiva de la zona republicana que se deducía del análisis de la renta monetaria (demanda) y de la corriente de bienes (oferta). Como era lógico, tropezó con similares carencias de datos que el informe del Banco de España, y a la hora de finalizar su trabajo, cayó en parecidas simplificaciones.

Para el tercer período, el denominado «período político» (meses de febrero y marzo de 1939), Paris Eguilaz tuvo en cuenta que durante esos meses se produjeron en la zona republicana una serie de hechos, en virtud de los cuales lo político pasó a primer plano, mientras que los factores económicos desempeñaron un papel insignificante. Su tesis era considerar que después de la ofensiva de Cataluña la peseta republicana presentaba todas las características de una moneda a punto de desaparecer, cuyo poder de compra sería cero al día siguiente de terminar la guerra. Con arreglo a ese principio, fraccionó en semanas el tiempo transcurrido entre el 1 de febrero y el 1 de abril (8 semanas y media) y dividió el valor de la peseta republicana en relación con la peseta de Burgos de enero (15,7) por ese número de semanas, lo que le dio un coeficiente de 1,84. De esta manera, cada semana restó 1,84 al índice de la semana anterior, hasta llegar a la semana del 1 de abril al valor 0. Y de ahí deducía una serie expresiva, según sus fórmulas, del poder de compra de la peseta republicana en relación con la peseta de Burgos.

A partir de todo ello, la comparación de la evolución de la peseta republicana con la evolución de la peseta de Burgos, junto con su propuesta sobre lo que entendía debería ser la tabla para aplicar en los cálculos del desbloqueo, fue la siguiente (Paris Eguilaz, 1945:55):

Antonio de Miguel también fue llamado por el Gobierno para informar sobre la fórmula más adecuada de resolver el problema que planteaba la falta de índices de precios, durante la guerra, en el territorio de la República.[39]

En su informe sostenía que la definición de una fórmula de aplicación práctica para llegar al desbloqueo «requería», desde un punto de vista conceptual, las siguientes condiciones:

a) Ser equitativa, ya que no podría ser rigurosamente justa por la inmensa variedad casuística del problema.

b) Ser compatible con las conveniencias del país en aquel momento, y no resultar gravosa para la economía, ni leonina para los intereses privados.

c) Ser sencilla en su determinación y fácil en su aplicación.

d) Aspirar, en lo posible, a ser indiscutida.

A partir de estas premisas, entendía que una relación entre la peseta de Burgos y la peseta republicana, que resultara ser equitativa, sencilla y convincente para el público sobre cuyos intereses se iba a operar, podía ser desarrollada, teóricamente al menos, mediante alguno de los siguientes procedimientos:

Midiendo el volumen de los medios de pago, a través del tiempo, para cada individuo de una u otra zona, en condiciones homólogas de vida.

Estudiando el arbitraje entre ambas pesetas en el mercado libre de divisas, a través de otra moneda.

Buscando su paridad económica, a través del índice de precios al por mayor, lo más homogéneamente posible de una a otra zona.

Conjugando dos o más de los anteriores métodos en una serie nueva intermedia que pudiera obtenerse, bien por simples medias aritméticas, o introduciendo coeficientes de ponderación proporcionales al grado de aproximación a la realidad que se estimara en cada caso.

En su informe analizaba con cierto detalle estos cuatro procedimientos. El primero y el tercero conectaban de alguna manera con la propuesta del Banco de España al Gobierno, mientras que el segundo era original, en la medida en que sugería el arbitraje entre la peseta de Burgos y la republicana, a través de otra moneda (el franco) en un mercado extranjero (mercado bancario de París). Antonio de Miguel creía que ningún otro procedimiento garantizaba una salvaguardia mejor para un Gobierno, y especialmente para un ministro de Hacienda, encargados de una tarea tan enojosa y difícil como objetivar al máximo la fórmula de canje para el desbloqueo. Y justificaba su fórmula recordando que ésta se apoyaba en un instrumento ajeno al Gobierno y que, por lo tanto, proporcionaba a éste una cierta inmunidad frente a la posible crítica presente o futura.[40]

En relación con el cálculo de la paridad económica entre la peseta de Burgos y la peseta republicana a través del tercer procedimiento, Antonio de Miguel entendía que para la zona nacional no había problema, porque los índices de precios al por mayor ponderados, que venía elaborando la Dirección General de Estadística, eran perfectamente utilizables. Por un procedimiento análogo, él mismo construyó para la zona republicana la serie, pero solamente para los diez meses que iban de julio de 1936 a abril de 1937. Y como complemento, utilizó una extrapolación estadística, basada en que los precios de la zona republicana se adaptaban muy bien al desarrollo de una parábola de segundo grado. Esta solución se plasmó en el siguiente cuadro de índices de precios al por mayor:

Pero donde Antonio de Miguel veía la dificultad era en el hecho de que este procedimiento sería muy discutible por la dificultad de explicar a la sociedad su «justificación técnica», así como los supuestos que ello implicaba. Especialmente, reconocía que era difícil explicar el cálculo de los últimos meses de guerra.

Por ello su conclusión era que el segundo y el tercer procedimiento tenían una base científica igualmente válida, pero que el arbitraje entre ambas pesetas en un mercado libre era «irrecusable, aun por los más exigentes».

Una evaluación crítica

Setenta años después, hay que preguntarse por qué Antonio de Miguel, que en aquellos momentos tenía ideas tan claras sobre la base conceptual de la operación de desbloqueo, y que tan sugerentemente presentaba su alternativa de hacerlo de una manera objetiva frente a la sociedad, no llegó en su trabajo de posguerra a comparar el resultado al que hubiera llevado su alternativa con la que el Gobierno había decidido aplicar. Es muy posible que, en el clima político que imperaba a principios de los años cuarenta, no se atreviera.

Pero hoy, a esa distancia, parece de interés profundizar un poco más en ello. También lo tiene preguntarse por qué el informe del Banco de España no aceptó la fórmula que sugirió Antonio de Miguel, que parecía la más lógica, es decir, la cotización de las dos pesetas en un mercado libre y organizado. Se puede hacer una pregunta más: ¿por qué al final la propuesta que se publicó en el BOE no fue la propuesta del Banco de España? La pregunta exacta debería ser: ¿qué significó ese cambio? Merece la pena explorar las posibilidades que hoy se tienen de aclarar un poco más estas cuestiones.

En primer lugar, es necesario reconocer que la investigación del Banco de España, que trataba de suplir con imaginación la carencia de datos básicos, se vio obligada a caer en enormes simplificaciones, por la urgencia de disponer de su trabajo, y por la falta de información en aquellos momentos. Efectivamente, fue una simplificación el cálculo de la demanda de la zona republicana. Y lo fue:

— Porque la investigación debería de haber contemplado los saldos de las cuentas corrientes de la banca privada. No lo hizo, suponiendo que su objetivo era el ahorro y no el consumo final. Pero en aquellos momentos, ésta no era una hipótesis aceptable.

— Porque estimó erróneamente la existencia inicial de una masa monetaria en la zona nacional con base en el estampillado.

— Porque calculó las cifras de masa monetaria en zonas ocupadas en un volumen tres veces superior a lo recogido posteriormente.

— Porque estimó de forma arbitraria el atesoramiento de billetes.

En lo que respecta al cálculo de la curva de oferta, ésta tuvo dificultades de tal magnitud que los mismos autores del análisis consideraron su cálculo como un «tanto arbitrario». Porque, incluso en el supuesto de que la información necesaria sobre la oferta hubiera existido, el cálculo debería considerarse como poco fiable, teniendo en cuenta que el momento de guerra en que se vivía implicaba: (a) un mayor atesoramiento de bienes reales, (b) que la moneda vivía bajo amenaza de pérdida de valor total, y (c) que la permuta de bienes era muy común, lo que hacía muy difícil que el comportamiento de la oferta fuera «normal», aun con las restricciones impuestas.

Adicionalmente, la fórmula utilizada para valorar la oferta se basaba, fundamentalmente, en el comportamiento del crédito privado, porque se entendía que era una magnitud que servía como indicativo de lo que fue la oferta. Hoy ya se sabe que no era así. Es más, los datos sobre la evolución del crédito privado señalaban un decrecimiento de tal magnitud que los mismos analistas del Banco de España no confiaban en su bondad. Ello les llevó a fijar, de forma también muy arbitraria, un punto de llegada en marzo de 1939, para ajustar a ello una curva teórica, amparándose, así se dijo, en experiencias extranjeras similares.[41]

En lo que respecta a las distintas series de índices que se definieron, y a las razones técnicas y políticas que les sirvieron de base, se pueden hacer diversas comparaciones. Por ejemplo:

La comparación de los resultados del análisis del Banco de España con los solicitados a Antonio de Miguel y Paris Eguilaz, ya que el banco emisor contaba con ellos.

La comparación de los resultados del análisis del Banco de España con la tabla de conversión que éste recomendó al Gobierno.

La tabla de conversión que, finalmente, utilizó el Gobierno y su comparación con la recomendada por el Banco de España.

La primera comparación exige seleccionar uno de los procedimientos de Antonio de Miguel. Como se sabe, éste daba por válidos el segundo y tercer procedimiento,[42] o una combinación de ambos.[43] Y la mejor de éstas es utilizar un índice compuesto por las cotizaciones relativas de las dos monedas en el mercado de cambios de París a partir de 1937, y la evolución de los precios al por mayor en ambos bandos durante los seis primeros meses de guerra.[44]

El análisis muestra que la desvalorización de la peseta republicana fue continua en la serie producto del estudio del Banco de España, mientras que en la serie de Antonio de Miguel, lo era excepto en el período entre febrero y julio de 1938, en el que la caída de precios se estancaba. Analizando las diferencias entre ambas series, puede concluirse que, globalmente, el análisis del Banco de España resultaba, supuestos volúmenes de saldos bloqueados similares por período, mejor para los poseedores de cuentas bancarias en las zonas republicanas.

En esta comparación se pueden distinguir dos períodos de interés por sus diferencias:

1) Octubre de 1936 a abril de 1938. La desvalorización de la serie de De Miguel es mayor que la del Banco de España. Y la diferencia muestra una tendencia creciente hasta agosto de 1937 y decreciente a partir de entonces.

2) Mayo de 1938 a enero de 1939. La desvalorización de la serie de De Miguel es menor que la del Banco de España. Y la diferencia muestra una tendencia creciente hasta noviembre de 1938, y decreciente a partir de entonces.

Estas diferencias entre ambas series pueden ser explicadas si se incorpora a la serie de precios de mercado la visión de las expectativas de los operadores, que normalmente se ven reflejadas en los precios. Porque el análisis de lo sucedido indica que, tras unos breves meses de observar las fuerzas de ambos bandos, se fue generalizando en los mercados la idea de que los sublevados iban a ganar la guerra, y el mercado tomó partido en ese sentido. De ahí que la desvalorización de la peseta republicana en el mercado fuera mayor que su poder adquisitivo.

En todo caso, parece claro que, para agosto de 1937, el mercado ya estaba prácticamente convencido de que el Gobierno de Burgos iba a ganar la guerra, por lo que la especulación frenó, al no haber capacidad de hacer beneficio. Y fue en ese momento, cuando el valor de la peseta republicana en el mercado de París comenzó a volver a su valor razonable, es decir, al valor equivalente a su pérdida de capacidad adquisitiva. A mediados de 1938, con la guerra en sus últimos coletazos, tanto la tendencia a comprar bienes no perecederos, como la especulación sobre el tratamiento de la peseta republicana al final de la guerra, pudo hacer que los especuladores buscaran comprar pesetas republicanas en el mercado, a precios ligeramente por encima de su valor.

El análisis comparativo de los resultados de Paris Eguilaz con los del Banco de España, pone de manifiesto, como se ve en el gráfico adjunto, una mayor desvalorización de la moneda republicana en la primera parte de la guerra (hasta diciembre de 1937) y el efecto contrario en 1938. Y lo curioso es que los márgenes de diferencia llegan hasta tal punto que su efecto sobre el desbloqueo hubiera sido muy significativo.

En resumen, en cualquier comparación que se haga de los coeficientes resultantes del análisis del Banco de España con los realizados por Paris Eguilaz y Antonio de Miguel, el coeficiente del Banco de España resulta, en términos generales mucho más beneficioso para los tenedores de moneda republicana. Y en ambos casos, se da el hecho de que esa diferencia positiva a favor de la moneda republicana es muy grande en los primeros meses de la guerra, y se convierte en negativa, aunque de tamaño muy inferior, en los últimos.

La conclusión que puede deducirse de ello es que el análisis del Banco de España, a fin de definir las curvas de oferta y demanda, no tuvo un sesgo político en contra de la moneda republicana. Porque hubiera sido muy sencillo apoyarse, por ejemplo, en los datos del mercado de divisas recogidos por Antonio de Miguel para reducir los coeficientes de conversión.

En cuanto a la segunda comparación, entre los resultados del análisis del Banco de España y su recomendación final, ésta permite concluir que el Banco de España no fue excesivamente generoso. Ya fuera porque ya lo había sido en el análisis previo, porque en este caso el sesgo era más «fácilmente identificable», o por cualquier otra causa, el hecho es que la recomendación del Banco de España pudo perjudicar, si bien en muy escasa cuantía, a los tenedores de moneda republicana.

La tercera comparación, de los coeficientes efectivamente usados por el Gobierno con los recomendados por el Banco de España, permite observar cómo el Gobierno fue cicatero en el establecimiento de coeficientes en la zona de la tabla correspondiente al principio de la guerra y generoso con la del final. Quizá porque, conocedor de los análisis de De Miguel y Paris Eguilaz, pretendía acercarse algo más a ellos, o porque pensaba que, de esta manera, el coeficiente iba a generar menor inquietud social. Pero, fuera por lo que fuera, lo cierto es que el Gobierno redujo el coeficiente de desbloqueo en casi seis puntos porcentuales de media para los fondos de los seis primeros meses de la guerra, y lo incrementó en cinco puntos para los doce últimos.

En resumen, la serie de coeficientes utilizada por la Ley de Desbloqueo fue muy similar a la recomendada por el Banco de España. A volúmenes de saldo constante a lo largo de los meses, el resultado de esta tabla de conversión sería ligeramente mejor para los tenedores de moneda republicana que la tabla de conversión recomendada por el Banco de España, aunque ésta suponía para estos últimos una ligera pérdida de valor sobre su análisis previo. En todo caso, la tabla de conversión utilizada por el Gobierno resulta (si se aplica linealmente) mucho más beneficiosa para los beneficiarios de cuentas bloqueadas que las series recomendadas por Antonio de Miguel (en 4,6 puntos la valoración media a lo largo de los 33 meses) y de Paris Eguilaz (8,5 puntos).[45]

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE LA LEY

La Ley de Desbloqueo se enfrentó con rigor técnico al importante y urgente problema de la reunificación dineraria, y cumplió a satisfacción el doble objetivo de restablecer la unidad monetaria en todo el territorio español y evitar que dicho proceso se tradujese en tensiones inflacionistas insostenibles, en un momento clave de la reconstrucción de la economía del país.

Por ello, la valoración de la Ley de Desbloqueo que se ha hecho con posterioridad es, en líneas generales, positiva. Porque los problemas a que se enfrentaba eran de enorme magnitud, y porque un tratamiento personalizado de la evolución de los diferentes saldos monetarios, que hubiera sido probablemente más justo, habría supuesto ralentizar el objetivo final de la unificación monetaria, con los peligros que ello comportaba para el contagio de la inflación.

La unión de las dos áreas monetarias en una sola unidad se hizo con rapidez. Y con éxito, en relación con el objetivo principal, porque como resultado de ello, el fortísimo desequilibrio de precios que se produjo durante el conflicto entre ambas zonas desapareció, prácticamente, al poco tiempo de acabarse éste. Y hasta tal punto fue así que el comportamiento del índice del coste de vida de las capitales de provincia entre julio de 1936 y la media mensual del segundo semestre de 1939 no reflejó ninguna diferencia importante entre los incrementos de las plazas que fueron nacionales desde el comienzo, y las que fueron republicanas hasta el último tramo de la guerra.[46]

En consecuencia, el procedimiento fue, desde el punto de vista técnico, correcto, aunque se le puede achacar que no resolvió todos los problemas. En primer lugar, porque es discutible el que no reconociera valor alguno al dinero republicano en manos de particulares. José Larraz, director del Servicio de Estudios del Banco de España en Burgos, y más tarde ministro de Hacienda, que había estudiado en profundidad el problema del desbloqueo, del cual fue principal inspirador, había abogado, sin dudarlo, por un reconocimiento del valor del dinero republicano, aunque fuera parcial. Una postura coherente con el tratamiento dado a los incrementos de los saldos de las cuentas bancarias. Y como medida precautoria, ordenó en su momento que los billetes «se recogieran contra resguardo por si algún día se estimaba pertinente abonar un pequeño tanto por ciento sobre ellos» (Larraz, 2006:220-221).

Y en segundo lugar, porque la complejidad de la Ley de Desbloqueo hizo muy difícil su aplicación por parte de las entidades financieras,[47] lo que les obligó a utilizar un alto nivel discrecional, aceptado por la administración, con lo cual su aplicación terminó no siendo homogénea.[48] Entre otras cosas, la distinta naturaleza de las cuentas, y las interrelaciones entre éstas, planteó muchas dificultades de aplicación.[49] Así la rigidez de la Ley de Desbloqueo planteó graves problemas derivados tanto de su propia mecánica[50] como de la arbitrariedad y discrecionalidad de que disponían las diversas instancias e instituciones bancarias, que en la práctica tuvieron comportamientos muy dispares en la defensa de los intereses de su clientela.[51]

Ya en noviembre de 1936, el Gobierno de Burgos había decretado la nulidad de los billetes puestos en circulación por el Gobierno de la República con posterioridad al 18 de julio. Esto era un hecho consumado. Y de acuerdo con esa decisión, sólo podían ser considerados como válidos, los billetes en circulación en el momento de iniciarse la contienda. Nótese que se está hablando de billetes «en circulación», no de billetes impresos con anterioridad a la guerra y disponibles en los stocks del Banco de España. Esta anulación, según Larraz, suponía una grave quiebra en el momento de utilizar la fórmula acordada para hacer la refundición. Y ya en enero de 1938, Larraz propuso derogar la nulidad de los billetes acordada en noviembre de 1936, algo que suscitó escándalo en aquellos momentos. Para justificar su propuesta, sostenía que esa anulación debería ser abolida porque «sus inconvenientes pesan más que sus ventajas, y sustituirlo por otro más perfecto o menos imperfecto». Y añadía que esa norma había estado justificada por las circunstancias del momento, que habían obligado a ir prescribiendo medidas esporádicamente, y por la propia guerra, que había exigido dictar normas de carácter ofensivo contra los billetes republicanos.[52]

En realidad, y en momentos en que ya se veía el final de la guerra, Larraz (1938:64) apostaba, desde el punto de vista económico y moral, por la convalidación futura de los signos dinerarios emitidos por la zona republicana como principio general, dejando para más adelante el estudio pormenorizado sobre canjes y validaciones. Y concluía, con valentía, que no «podemos olvidar, que si durante la guerra hasta las normas de política monetaria han tenido un espíritu bélico ofensivo contra la peseta marxista, en cuanto tratamos de resolver un problema de refundición, que es un problema de paz, el espíritu ofensivo debe ser sustituido por medidas justas en lo posible».

La guerra concluyó, en abril de 1939, sin haberse definido la fórmula definitiva para resolver esa compleja cuestión. La solución se dio en noviembre de ese año, a partir de un informe del Banco de España,[53] que trataba de diseñar un sistema monetario unificado para todo el territorio español. Este informe proponía dos aproximaciones a la cuestión. Por un lado, planteaba los fundamentos jurídicos, morales y éticos de la unificación de la moneda, fundamentos que llevaban a los técnicos del Banco de España a admitir la peseta republicana y su carácter legítimo en una economía de guerra, tal como había propuesto Larraz. En esta línea, se llamaba la atención sobre la labor protectora que debía procurar el Estado «sobre todos los ciudadanos, incluyendo a los españoles ubicados en el estado republicano». Pero por otra parte el informe admitía, igualmente, que los fundamentos políticos debían ser tenidos en cuenta a la hora de dar una solución al problema. Y en consecuencia no se tuvo en cuenta la recomendación de Larraz de que fuera derogada la ley que invalidó el dinero puesto en circulación por la República después del 18 de julio. Y éste fue un primer e importante defecto de la unificación monetaria, porque no se tuvo en cuenta la labor protectora que el Estado debía procurar sobre todos los ciudadanos.

En resumen, la operación de desbloqueo fue especialmente importante desde el punto de vista técnico y político. Pero al final, y en función de la inflación, y de los criterios políticos que llevaba implícita, pudo alterarse en gran manera la posición económica aparente de instituciones, y en especial de personas. En todo caso, la Ley de Desbloqueo fue exageradamente rígida y hubo de enmendarse reiteradas veces para cambiar criterios y fórmulas que, con posterioridad, demostraron ser verdaderamente disparatadas.[54]

Por otra parte, el cálculo de la disparidad de precios no pudo hacerse con rigor académico. Es más, pudo tener defectos de origen graves.[55] Añádase que la decisión de señalar algunas cuentas como improtegibles suponía un importante sesgo, anterior a los criterios técnicos, que impuso un mayor coste a las zonas dominadas por la República al inicio de la contienda.

A la vista de todo lo que se viene diciendo e independientemente de la bondad de los coeficientes de desbloqueo ya discutidos, y de las cuentas de improtegibles, pueden hacerse tres tipos de consideraciones técnicas sobre la operación de desbloqueo.

La primera se refiere a los principios fundamentales de que partió, y especialmente a su negativa a aceptar la tesis de Larraz. De tal manera que, cuando se ocupaba un nuevo territorio, los billetes republicanos quedaban privados totalmente de su valor jurídico y dinerario. Quizá no era la medida más justa, pero era un arma de guerra eficaz que aceleró la depreciación de la peseta republicana y que contribuyó a agravar la situación económica del enemigo. Sáez de Ibarra (1964:60), que colaboró en la redacción de la ley, consideró esta medida como «discutible quizá desde un estricto ángulo científico-económico, pero de una eficacia demoledora en la guerra psicológica a favor del Gobierno de Burgos».

La segunda consideración se refiere a los posibles fallos en los textos legales, especialmente la dificultad de interpretar las disposiciones que regularon las diferentes fases del proyecto, en la medida en que era un texto farragoso y casi imposible de interpretar, que introducía una enorme subjetividad en el proceso, a partir de las diferentes instancias: comisario, juntas locales, sucursales bancarias. Por otra parte, fue una ley publicada después de toda clase de rumores y amenazas por radio, sobre la no validez del dinero metálico, que condujo a una parte importante de la población a tomar decisiones desesperadas. Así muchas personas decidieron cambiar su situación financiera, ingresando sus billetes en bancos en fechas muy tardías o en diferentes bancos, lo que se tradujo más tarde en una baja muy sustancial del dinero recibido. Quiere decir que la gran confusión del proceso llevó a importantes asimetrías de tratamiento ante situaciones muy similares.

Al final, hubo mucha discrecionalidad en la aplicación de la ley por parte de personas e instituciones no preparadas para ese proceso.

XXV
Búsqueda de los activos y documentos expoliados y devolución a sus propietarios

EVACUACIÓN AL EXTERIOR DE LOS ACTIVOS Y DE LA DOCUMENTACIÓN BANCARIA. EL CASO DEL PAÍS VASCO

El complejo periplo que siguieron los activos expropiados de las cajas descerrajadas, así como las contabilidades bancarias y otra documentación que se fueron trasladando a otras plazas, y fundamentalmente al exterior, no ha sido estudiado suficientemente. Y es necesario hacerlo, porque la continua pérdida de territorio por parte de la República a medida que progresaba la guerra, y los cambios de capitalidad, dieron lugar a un constante deambular de joyas, valores, metales preciosos y toda clase de documentos.[1]

Ejemplo paradigmático de evacuación lo constituye el caso de la contabilidad, archivos y valores de los bancos del País Vasco, cuyo proceso se ha podido documentar con mucha precisión, tanto en cuanto a la evacuación propiamente dicha, como a su recuperación.[2] Tiene interés, por ello, estudiarlo como ejemplo de lo que sucedió, con carácter más o menos general.

La evacuación comenzó en San Sebastián el 11 de septiembre de 1936 con el ejército a las puertas. Siete días antes, el Comisariado de Finanzas había dirigido una circular a los bancos, ordenándoles traspasar los distintos objetos de valor a sus sucursales en Vizcaya:

Por acuerdo de la Junta de Defensa de Guipúzcoa se ordena a Vd. que con toda urgencia proceda a poner a disposición de este Comisariado de Finanzas, para su traslado a la Sucursal o Entidad filial de ese Banco en Vizcaya que Vd. designe, todos los valores, efectivo o monetario, oro y cualquier clase de objeto de valor de propiedad del Banco o de particulares, en depósito tanto en la caja fuerte del banco como en las cajas de alquiler. A tal fin se ordena a Vd. la apertura forzosa de las cajas de alquiler que no pudieran ser abiertas por otro medio.

Los titulares de las cajas habían sido previamente obligados a redactar una declaración jurada del contenido de las mismas, declaraciones que fueron enviadas a Bilbao juntamente con las cajas y depósitos. El envío se hizo en once camiones a los que acompañaron representantes de los bancos, nombrados directamente por la Junta de Defensa de Guipúzcoa, los cuales recogieron durante el viaje los fondos y valores de Éibar y de algún otro pueblo. San Sebastián cayó en manos del Gobierno de Franco el 13 de septiembre, y los activos ya no volvieron a Guipúzcoa hasta después de la guerra.

La operación de evacuación de los activos localizados en Vizcaya, incluidos los trasladados desde San Sebastián, se planteó con motivo de la destrucción de Guernica y la preocupación que ello suscitó en el Gobierno del País Vasco. A partir de ese hecho, y mediante una disposición del 3 de mayo de 1937, éste comunicaba lo siguiente a todas las instituciones financieras:

Consciente de su responsabilidad y aleccionado por la destrucción de la Villa de Guernica, [se] ha considerado la posibilidad de que la horrible agresión fuera tan sólo un ensayo para otra de mayor envergadura dirigida contra Bilbao. Este propósito ha sido hecho público por las radios facciosas. En consecuencia, [se] ha tomado el acuerdo de que se ponga a salvo la riqueza de Euzkadi concentrada en nuestro pueblo, y muy principalmente la recogida y depositada en los establecimientos bancarios. A tal efecto… [se] ha dispuesto que los depósitos en custodia y los depósitos en garantía, con la documentación correspondiente, y también el efectivo de todas clases y los libros, registros, efectos, etc., etc., sean primeramente retirados de los Bancos y depositados en lugar seguro y, llegado el momento, transportados fuera de nuestro País por el tiempo que las circunstancias señalen.

En esa comunicación se disponía también:

La parte referente a los depósitos deberá ejecutarse inmediatamente. El resto (efectos, dinero, libros, etc., etc.), cuya realización supone la paralización de la vida de los establecimientos de crédito, deberá estar estudiada y preparada en tal forma que, a la indicación de las autoridades, ante el temor próximo de la agresión anunciada, pueda ser cumplimentada en unas horas.

Pero la Asociación de Banqueros no estaba de acuerdo con la operación ni con la forma en que se iba a llevar a efecto, y contestó al Gobierno que

… al mismo tiempo que han dado instrucciones pertinentes para el exacto cumplimiento del contenido de su comunicación, estiman un deber… someter a la alta consideración de V. I. algunas observaciones que les ha sugerido el examen de la mencionada disposición… Consideramos, en primer lugar, que la seguridad de los documentos de crédito depositados en nuestros Establecimientos está perfectamente garantizada con su permanencia en las instalaciones subterráneas de cajas fuertes, que reúnen todas las condiciones requeridas para el caso, al haber sido construidas precaviendo todo riesgo[3]… Por otra parte, el transporte fuera de nuestro País de los valores y otros documentos crediticios —desprovistos en sí de todo valor intrínseco y sin otro que el meramente representativo— no implica desplazamiento de riqueza, ya que ésta, radicante en nuestra industria, no es susceptible de traslado; por el contrario, la destrucción parcial o total de la misma restaría o anularía el valor representativo de los títulos, fueran o no exportados.

Y una última y terminante observación de la Asociación al Gobierno: «con sinceridad, no veo [en la operación] más que un aspecto puramente negativo».

Pese a ello, el delegado de Hacienda para la banca emitía, con fecha 5 de mayo de 1937, una nueva instrucción que no daba lugar a equívocos sobre las normas a seguir:

Se prepararán los depósitos en garantía, en custodia y la cartera, de tal manera que en cuanto estén dispuestas las cajas, puedan éstas llenarse y ser transportadas al lugar que el Gobierno señale, haciéndose una relación del contenido de cada Caja. Se cerrarán las sucursales situadas fuera del casco de Bilbao, a excepción de las de Baracaldo y Guecho, que deberán atender, con la de Bilbao, a pagos y cobros de los clientes de los pueblos vecinos… Con esta misma fecha se formará una relación de los acreedores por cuentas corrientes y cajas de ahorros, con indicación de los respectivos saldos, guardándose en cajas las fichas correspondientes… De la lenidad en el cumplimiento de las disposiciones que anteceden, y mucho más aún, de su incumplimiento, hará el Gobierno de Euzkadi responsables a los señores consejeros y señores directores de los respectivos establecimientos de crédito.

La banca se plegó, finalmente, a las instrucciones del delegado, y cada banco designó contadores y representantes responsables de la evacuación. Como cobertura adicional, los bancos acordaron constituir conjuntamente una agencia de la banca vasca en Bayona.

El proceso se aceleró, y la Delegación de Hacienda emitió una nueva orden, un mes justo antes de quedar Bilbao en manos del Gobierno de Burgos, en la que se daban normas para proceder a la evacuación de todo aquello «que no paralice la marcha restringida en que actualmente se desenvuelven las operaciones bancarias». En consecuencia, se ordenaba a los bancos que para «hoy día 19, a las 8 de la noche deberán estar convenientemente embalados los valores de su Cartera». Igualmente se les ordenaba el embalaje, para su traslado, de los libros de contabilidad y de la documentación correspondiente. Lo mismo se hizo con el Banco de España.

También la banca de San Sebastián se opuso a la evacuación al extranjero de los bienes y documentos bancarios, que se habían trasladado a Bilbao. Su oposición se inició el 27 de abril de 1937, día en que llegaron a San Sebastián

… noticias imprecisas en sentido de que las tituladas autoridades del «Gobierno» de Euskadi, tratan de llevar al extranjero —suponíase que a Inglaterra— los valores de los Bancos establecidos en Bilbao, además de los ya llevados a la fuerza a dicha capital por el Frente Popular de Guipúzcoa, en los primeros días de septiembre anterior, procedentes de los Bancos y Cajas de San Sebastián.

A partir de esta información, la banca de San Sebastián adoptó el acuerdo de enviar una carta al cónsul británico expresando[4]

… la confianza de que el Gobierno de Su Majestad Británica no permitiría que semejante propósito pudiera tener consumación en su territorio; como también que los bancos ingleses, tan justa y extraordinariamente prestigiados en todo el mundo por su seriedad, no accederían jamás a constituirse en depositarios de bienes y valores cuya ilegítima procedencia les constaba, o de la cual con suma facilidad podían cerciorarse.

En esta situación, y a través de personas evacuadas de Bilbao por el transatlántico Habana, se confirmaron los temores de la banca de San Sebastián sobre el traslado de sus bienes y documentos. Por ello, se remitió otra carta al cónsul francés, con fecha del 13 de mayo de 1937, en los mismos términos que la del 1 de mayo al cónsul británico, aunque ahora se añadía que «los valores se estaban embalando».[5]

La respuesta del cónsul británico se produjo el mismo día 13 de mayo. En ella aseguraba que

… aunque todavía no se ha recibido la contestación del Gobierno de Su Majestad Británica, tengo la completa seguridad de que hará todo lo que legalmente sea posible para ayudarles. Entretanto, y para facilitar el reconocimiento de los valores y demás objetos en la eventualidad de ser trasladados a Inglaterra, sería muy conveniente y útil si pudieran ustedes facilitar una lista de los mismos, o por lo menos de cuantos datos puedan ser fácilmente obtenidos.

Las cajas con los activos de los distintos bancos fueron trasladadas el día 21 de mayo a los muelles para su estiba en el barco de matrícula inglesa Joyce Lewellyn. La carga se consignó a nombre de los bancos y fue acompañada en su travesía por delegados de cada uno de ellos, porque el Gobierno vasco puso especial empeño en que quedara claro que no se trataba de una incautación.[6]

El 14 de junio, cinco días antes de la entrada en Bilbao del ejército de Franco, un oficio del Departamento de Hacienda del Gobierno vasco ordenaba «la evacuación definitiva de los bienes pertenecientes a los bancos que se han mantenido en Bilbao y su traslado a Santander, junto con las sedes sociales propiamente dichas». El 16 de junio se ordenó el envío diario de todo el encaje de los bancos a la Delegación de Hacienda en Bilbao, salvo las monedas de cobre y níquel. Y por ello, cuando las tropas sublevadas entraron en Bilbao, el 19 de junio de 1937, los establecimientos bancarios estaban prácticamente vacíos, tanto de dinero y valores como de documentación contable.

Después de largos y costosos pleitos ante los tribunales de Francia, Holanda y Reino Unido llegó la recuperación. Finalizada la guerra, el 14 de agosto de 1939 los activos y documentación que habían sido sacados de los bancos de Vizcaya y Guipúzcoa regresaban a España.

La noticia la daba el Noticiero de España (101, 19 de agosto de 1939) anunciando que ese día, a las 12.15h, entraba en el puerto de Pasajes el vapor Monte Albertia que traía de Francia las cajas que contenían esos activos. El Noticiero recordaba los antecedentes, decía que:

… [en septiembre de 1936 el Gobierno vasco] obligó a los Bancos a embalar sus valores propios y los de sus clientes. Por la fuerza fueron llevados a Bilbao como también el contenido de las cajas de alquiler. En Bilbao estas cajas fueron abiertas dos veces: la primera para confiscar el oro, los billetes y los valores extranjeros, y la segunda, cuando la caída de Bilbao era inminente para apoderarse de las alhajas… el 21 de mayo de 1937 se embarcaban 7.293 cajas en el buque inglés «Joyce Llewelyn», y el 12 de junio salía una segunda expedición con 2.065 cajas más a bordo del vapor «Thurston»… Estos barcos se dirigieron al puerto de La Pallice… Su intención era llevarse aquella fortuna a Rusia o a Méjico.

Pero, continuaba el Noticiero, el intento fue frustrado por el embargo del cargamento que promovieron los bancos de Vizcaya y Guipúzcoa. El Gobierno vasco se opuso a él, alegando que la evacuación de valores y alhajas era un acto de soberanía que no podía juzgar ningún tribunal. El Tribunal de La Rochelle no decidió sobre ese pleito hasta que se firmó el «Acuerdo del 25 de febrero de 1939 entre Francia y España sobre restitución a la nación española de todos los bienes expropiados», que estableció la devolución a España de todos los activos.[7]

En el Noticiero se hacía también un inventario de los bienes que retornaban. En total fueron recuperadas 9.573 cajas, por valor de 10.000 millones de pesetas. Se enfatizaba que los activos expropiados regresaban a España «después de más de dos años de ausencia y que vienen a devolver la tranquilidad moral a tantas familias que en Bancos y Cajas de Ahorros guardaban el fruto del trabajo de una o varias generaciones».

El «caso vasco» es un ejemplo paradigmático de una operación muy generalizada. Otra es la investigación que Martín Aceña (2007) ha hecho sobre la historia del Banco Santander, con motivo de su 150 aniversario, que explica cómo se desarrolló la salida de activos y de documentación de la banca de aquella provincia. También en este caso, y poco antes de la entrada del ejército del norte en Santander, el Consejo Interprovincial de Santander, Burgos y Palencia dio orden de que los bancos operantes en aquella plaza confeccionaran un inventario de los valores y efectos que custodiaban, para trasladarlos junto con los libros de actas y contabilidad a la sucursal del Banco de España. El mandato se cumplió sin dilación.[8] Toda la documentación se puso en manos de la «comisión de evacuación bancaria» de Asturias y Santander, y ésta

… consignó el cargamento a nombre de la Consejería de Hacienda de Santander. Dinero, papeles y documentos fueron transportados a Gijón, desde cuyos muelles se embarcó una parte (valores internacionales y metálico)… con destino al puerto de Le Havre… mientras que otra (papeles, documentos y títulos nacionales) se cargó en distintos vapores rumbo a Valencia.

Los bancos que operaban en Santander reclamaron ante las autoridades francesas solicitando la devolución, y en primera instancia el fallo les fue favorable. Pero, posteriormente, la Audiencia de Rowen, ante la cual apeló el Gobierno republicano, revocó el embargo. Y los bienes salieron para la embajada española en París, donde permanecieron hasta su envío a la ciudad de Barcelona a principios de 1939. La historia del Banco de Santander dice que nunca se llegó a conocer el destino de los activos financieros que habían salido de las entidades bancarias y que éstos se perdieron, bien porque se depositaron en la Caja General de Reparaciones, pasando luego a engrosar los fondos del Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE), o porque se pusieron a disposición de la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE) de Indalecio Prieto. Pero nunca fueron recuperados.

Por el contrario, la documentación y los títulos que se remitieron a Valencia fueron localizados posteriormente en el castillo de Figueras, de donde fueron rescatados y reenviados a Santander tras la ocupación de Gerona por las tropas franquistas (Martín Aceña, 2007:121-122).

BÚSQUEDA Y DEVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS A SUS LEGÍTIMOS PROPIETARIOS

Terminada la guerra, el Gobierno de Burgos se enfrentó con la necesaria y urgente, pero difícil, tarea de clasificar los activos y la documentación confiscados por la República, especialmente aquellos que se habían ido acumulando en Figueras y en las agencias provinciales de la Caja General de Reparaciones, así como los que posteriormente se fueron localizando en Francia.

Momento clave del proceso de devolución fue la firma del «Acuerdo del 25 de febrero de 1939 entre Francia y España sobre restitución a la nación española de todos los bienes expropiados», el llamado convenio Jordana-Bérard. Por este acuerdo, el Gobierno francés se comprometía a utilizar todos los medios posibles para restituir al español todos los activos materiales que se hubieran situado en aquel país. Entre ellos, y especialmente, se citaban los depósitos de oro, joyas, piedras preciosas, numerario, billetes, títulos, acciones, el patrimonio artístico, las armas y material de guerra, el ganado y la flota mercante.

La recuperación fue muy parcial, porque a lo largo del proceso muchos de los activos, especialmente joyas, oro y otros objetos valiosos, habían ido desapareciendo. La Caja General de Reparaciones había llevado una perfecta administración burocrática y, por lo tanto, en todo momento había estado perfectamente identificado quién había sido el propietario y cuáles habían sido las razones de la expropiación. Pero con ocasión del traslado de los activos y documentos a Figueras y después a Francia, muchas de estas identificaciones se perdieron o en algunos casos se hicieron desaparecer. Por lo que respecta a las cajas de alquiler descerrajadas, en algunas ocasiones la operación se había hecho sin ningún control, y sus contenidos se perdieron ya desde el primer momento. Otras cajas, especialmente las de las grandes capitales, fueron abiertas, levantando inventario de lo que contenía cada una y de quién era su titular. El contenido de cada caja se trasladaba en el momento de la incautación a un «saquito», que se cerraba con el nombre del propietario. Y todos los que correspondían a una sucursal se recogían en un saco o una caja que llevaba la identificación de la sucursal y del director o del responsable que había presenciado la apertura.[9]

Sin embargo, las cosas no estaban así cuando las tropas sublevadas entraron en el castillo de Figueras, porque en aquel momento ya no existían ni cajas ni sacos. El corresponsal de ABC contaba que los objetos estaban repartidos por el suelo de diferentes estancias: diademas, monedas de oro, lingotes, documentos.[10] No hay información, por otra parte, sobre cuál pudo ser el proceso seguido desde que las cajas salieron de las respectivas oficinas, hasta que se depositaron en Figueras. Sí se dispone de información sobre los traslados de algunas partidas a Francia y de la presencia en diversas ciudades europeas de representantes cualificados de partidos políticos, tratando de vender activos expoliados. Sin olvidar las muy importantes partidas de activos vendidas por la «Comisión Especial de Hacienda» que el Gobierno republicano creó en París con el encargo de monetizar los metales, piedras preciosas y otros activos recibidos desde España.[11] No es posible, por ello, hacerse una idea cabal de qué parte del total expoliado quedaba en Figueras.

Inmediatamente después de conocerse el precioso contenido del castillo de Figueras, el ministro de Hacienda nombró una comisión para hacerse cargo de todos los activos allí existentes, con objeto de identificarlos y proceder a la devolución a sus legítimos propietarios. Y tan pronto como el 23 de marzo de 1939, el subgobernador primero del Banco de España recibía un informe, explicando que habían terminado el trabajo de inventariar, etiquetar y numerar los bultos, sacas, cajas, maletas y baúles que, conteniendo valores, depósitos bancarios y diversos efectos, se hallaban en el castillo.[12]

El informe ponía de manifiesto que el extraordinario número de bultos, así como su gran complejidad y diversidad, había hecho un tanto laboriosos los trabajos, pero concluía: «se ha procurado sortear todas las dificultades, no escatimando para ello ni esfuerzos, ni tiempo, ni buena voluntad». Ese informe se refería exclusivamente a los activos encontrados en Figueras, que procedían de las cajas del Banco de España. Eran 10.172 bultos, cuyo estado de conservación en la mayor parte de los casos dejaba bastante que desear, debido a que «las fuerzas rojas, antes de abandonar el castillo, provocaron la explosión de dos minas, explosión que produjo los naturales derrumbamientos, quedando envueltos entre escombros cuantos objetos allí se hallaban». Se informaba de que se había encontrado un crecidísimo número de estuches y envases vacíos, lo que ponía de manifiesto que antes de abandonarse el castillo se habían sustraído piedras preciosas y objetos de oro. Y se añadía que había quedado solamente, «por inadvertencia o la premura de tiempo, una cantidad ínfima de ellos, recogidos luego entre los escombros».

El informe recordaba que, en virtud de instrucciones telefónicas recibidas del ministro de Hacienda, los valores mobiliarios se seguían conservando en el castillo de Figueras «debidamente precintados y, para mayor seguridad, tapiados todos los huecos y ventanas del edificio y con una guardia militar permanente». Añadiendo que únicamente, en cumplimiento de esas instrucciones, «fueron extraídas 129 cajas, que contenían, al parecer, valores extranjeros y españoles de cotización internacional y que, debidamente custodiadas por la Guardia Civil, se enviaron en camión hasta Gerona y por ferrocarril desde allí a la sucursal del Banco de España en Zaragoza».

El Gobierno de Burgos tenía claro que el final del proceso debería ser la devolución a sus legítimos propietarios del oro, las piedras preciosas y los valores mobiliarios confiscados por la República. Y esa devolución se inició por el decreto del 7 de agosto de 1939,[13] con la aprobación de la instrucción sobre el procedimiento «a seguir con los depósitos bancarios, Cajas de seguridad y títulos recuperados». Así se justificaba esta operación:

La ingente riqueza mobiliaria salvada por nuestro Ejército de la codicia marxista en el Castillo de Figueras; la que en otros lugares se recuperó al librarse la totalidad de España; y, la que ha de retornar a nuestro país desde el extranjero, por término de los pleitos que se siguen, obligan a arbitrar cauces jurídicos para que toda esta parte de la fortuna española vuelva a sus legítimos dueños con las garantías que son menester.

La primera providencia para ordenar esa devolución fue crear en cada una de las oficinas bancarias a las que se habían ido enviando los bultos, cajas y sacas provenientes del castillo de Figueras, un Comité de Depósitos Quebrantados y otro de Cajas de Seguridad Expoliadas, como responsables de la operación. El Comité de Depósitos Quebrantados estaría formado por un representante del banco, que actuaría de presidente, un cliente de la oficina en el que, a ser posible, se diera la doble cualidad de depositante de títulos y arrendatario de cajas de seguridad, y un agente de Cambio y Bolsa, que actuaría con carácter de secretario. El Comité de Cajas de Seguridad Expoliadas se constituía en cada banco con un representante de éste que actuaría de presidente, y con dos clientes arrendatarios de cajas de seguridad de esa sucursal. A este comité se adscribía un notario con el carácter de fiscal-fedatario, designado por el Colegio Notarial de la región.[14]

Ambos comités deberían proceder conjuntamente a la apertura de los bultos, cajas y sacas hallados en el castillo. Un notario levantaría acta, y su primera actuación sería hacer una relación del contenido, separándolo en dos grupos: uno constituido por los activos propios del banco, depósitos de clientes o indeterminados, y otro con los activos procedentes de las cajas de seguridad que habían sido descerrajadas. El primer grupo se pondría a disposición del Comité de Depósitos Quebrantados y el segundo a la del Comité de Cajas de Seguridad Expoliadas.

Eran funciones del Comité de Depósitos Quebrantados: organizar y ejecutar la entrega de lo que constituyera materia de depósitos a los servicios competentes del banco; cuidarse de que el banco notificara su situación en cuanto a los titulares de los depósitos no recuperados, o parcialmente recuperados; entregar al Comité de Cajas de Seguridad Expoliadas los activos recibidos que no correspondieran a depositantes conocidos, por si pertenecían a alguna de las cajas descerrajadas. Si no fuera así, deberían entregarse esos activos al juzgado gubernativo competente. Y al final, redactar una memoria resumen de sus actuaciones.

Por lo que respecta al Comité de Cajas de Seguridad Expoliadas, éste se responsabilizaba de hacer una clasificación de lo recibido en dos grupos. Un primer grupo formado por los bultos, cajas, sacas, objetos y documentos que, por sus signos externos, se presumieran como propiedad de una persona o caja de seguridad determinada. En un segundo grupo se separarían los activos en los que no se pudiera conocer la identidad del propietario, por contener solamente una indicación general de que procedían de una caja de seguridad de un determinado banco o en los que no figurara ninguna indicación.

Hecha esta separación, se anunciaría en el tablón informativo del banco y en dos periódicos de la localidad la apertura de un período, no superior a un mes, para que los clientes plantearan sus reclamaciones sobre el contenido de las cajas de seguridad. En ellas, y en declaración jurada, deberían detallarse los objetos, efectos y documentos de los que habían sido expropiados, aportando, en la medida en que se pudiera, especialmente para los títulos mobiliarios, al portador o en rama, las pruebas que resultaran pertinentes. Confrontados los objetos, títulos o documentos con la relación de solicitantes, los efectos u objetos que no estuvieran comprendidos en esta relación serían separados y etiquetados pasando a una caja especial titulada «Asuntos Diferidos».

A los reclamantes se les entregarían sin ninguna demora, y aunque no los hubieran relacionado en su escrito, los documentos y títulos nominativos que, por simple lectura, resultaran pertenecientes a ellos, los títulos al portador cuyo medio de prueba, a favor del solicitante así lo justificara, y los objetos de escasa importancia cuya propiedad se declarara bajo juramento por el arrendatario de la caja. Los títulos de los que no se hubiera podido aportar prueba del derecho sobre ellos serían objeto de anuncio durante ocho días en el tablón informativo del banco, con indicación de que, una vez transcurrido el plazo de quince días a partir de la fecha, serían entregados a los reclamantes. También el Comité de Cajas de Seguridad Expoliadas debía redactar una memoria resumen de la labor realizada.[15]

Las recuperaciones de activos realizadas por los bancos en virtud de pleitos interpuestos en el extranjero seguirían el mismo procedimiento utilizado para la devolución de los depósitos quebrantados y para los activos procedentes de cajas de seguridad expoliadas. En caso de ignorarse la identidad de los propietarios legales, los bienes deberían ponerse a disposición del Servicio Nacional del Tesoro, que se ocuparía a su vez de remitirlos a las delegaciones de Hacienda.

El Gobierno de Burgos decidió que los bienes pertenecientes a todas las organizaciones sindicales u obreras vinculadas al «marxismo, anarquismo o separatismo», fueran transferidos a los sindicatos nacionales.[16] Y a estos efectos se creó un servicio de «Incautación y Recuperación de bienes sujetos a la Ley del 23 de septiembre de 1939», cuyas atribuciones eran hacer el inventario de todos los bienes que deberían pasar al patrimonio de la Delegación Nacional de Sindicatos, investigar la existencia de cualesquiera otros y entrar en posesión de esos bienes.

Por decreto del 9 de marzo de 1940 (BOE, 19 de marzo) se reguló la liquidación de la Caja General de Reparaciones y de todas las trabas y embargos acordados por organismos republicanos. Este decreto creó una Comisión Liquidadora de la Caja General de Reparaciones, que dependía del Ministerio de Hacienda, y a la que se le responsabilizó de devolver todos los bienes cuyos propietarios pudiesen ser identificados. Aquellos bienes cuya reintegración a su legítimo propietario no pudiese hacerse efectiva en base a la documentación de la Caja, deberían ser entregados a los juzgados gubernativos correspondientes. La labor de la Comisión Liquidadora siguió hasta el 30 de junio de 1942, fecha en la que oficialmente terminaron sus trabajos.

LA EXPOSICIÓN GENERAL DE MADRID DE OBJETOS RECUPERADOS: UNA FÓRMULA DE LOCALIZAR A LOS PROPIETARIOS

Pero en 1942 aún quedaba una importante cantidad de objetos por devolver. Y para apurar, en la medida que fuera posible, el proceso de devolución, el Gobierno decidió como último recurso organizar en Madrid, bajo la denominación de «Exposición general de objetos y bultos recuperados», una gran exhibición que mostrara en público aquellos bienes que habían sido recuperados por el Gobierno, y a los que todavía no se les había podido asignar oficialmente propietario, a fin de que pudieran ser examinados, y en su caso reivindicados, por aquellas personas que se consideraran con derecho a ellos. La exposición podría ser visitada por todos aquellos que tuvieran algún activo que recuperar y formularan una declaración al efecto en cualquiera de los juzgados gubernativos.

El primer paso para hacer esto posible fue el decreto del 12 de diciembre de ese año,[17] que establecía:

— Que los objetos artísticos, arqueológicos o históricos se entregasen a la Dirección General de Bellas Artes, tanto si pertenecían a museos o colecciones del Estado, como si hubieran de figurar en las exposiciones públicas organizadas por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.

— Que los vasos sagrados, ornamentos y demás efectos propios para la celebración del culto, y los de valor artístico, arqueológico o histórico propio de la Iglesia, se pondrían a disposición del cardenal arzobispo de Toledo para su ulterior utilización por la Iglesia.

— Que los objetos fragmentarios, o cuya deficiente conservación no permitiese identificarlos, las monedas, billetes, lingotes y cuantos objetos no fuesen susceptibles de reivindicación, salvo si tuviesen marcas de identificación, así como los objetos que presentaran indicios bastantes para atribuir su propiedad al Estado, corporaciones u organismos públicos, deberían pasar a poder de éste.

— Y que los objetos que ostentaran dedicatorias, inscripciones u otros signos que permitieran deducir el nombre de sus propietarios, los provistos de etiquetas o marcas que demostraran un origen o procedencia común y que facilitaran su reivindicación, y los contenidos en bultos cerrados a nombre de personas determinadas, deberían anunciarse previamente en el BOE.[18]

El 29 de abril de 1943 una nueva orden urgía a celebrar cuanto antes la exhibición y a que, para ello, los juzgados gubernativos procedieran a la apertura y consiguiente clasificación de los bultos cerrados a nombre de personas, o procedentes de cajas de seguridad determinadas cuyos titulares no hubieran ejercido su derecho sobre las mismas, dando un plazo de un mes para reivindicar los derechos sobre esos activos. Transcurrido ese plazo, los juzgados gubernativos procederían a la apertura, clasificación y valoración de los bultos que no se hubieran reclamado.

Por fin, el 30 de octubre de 1943 se reglamentó la exposición general de objetos y bultos recuperados. Se pedía a todos los juzgados gubernativos que remitieran al juzgado gubernativo de Madrid los objetos y bultos recuperados que hubieran de figurar en la misma.

El 8 de mayo de 1944 se abrió la exposición.[19] Unos días antes se publicó en todos los diarios de Madrid una nota señalando que se instalaba en el juzgado gubernativo de Madrid (Banco de España) y en el Palacio de Cristal (Parque del Retiro). Se hicieron anuncios en la prensa diaria, citando a los posibles afectados a que reconocieran sus propiedades. Y unos días después, el 24 de mayo, se dictó una orden complementaria regulando, con más precisión, las personas que podían visitarla.

La exhibición produjo expectación. La prensa del día anterior a la apertura señalaba que los objetos, joyas, prendas y otros objetos todavía pendientes de asignación, eran una mínima parte de lo recuperado, porque previamente a esta exposición ya habían vuelto «a los museos, a las iglesias, a infinidad de particulares, millares de cuadros, custodias, retratos, estatuas, joyas y arte, bien por medio de los juzgados gubernativos o por la Comisaría de Recuperación del Patrimonio Artístico».[20]

La enorme cantidad de objetos había obligado a dividir la exposición en dos partes. En los sótanos del Banco de España se exponían las joyas de oro y plata, sortijas, abanicos, relojes y los jarrones artísticos y de plata. Y en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro, se exponían mantones de Manila, aparatos de radio, cubiertos o vajillas, y otros objetos de menor valor.

Todos aquellos que encontraran objetos de su pertenencia debían presentar una declaración. Y el juzgado decidía posteriormente si estaba suficientemente demostrada la propiedad, en cuyo caso la joya o el objeto que se tratara, se ponía a disposición de su propietario. El 28 de junio de 1944 una orden del Ministerio de Hacienda prorrogaba la exposición hasta el 31 de julio. Y en ese momento se inició una nueva fase del proyecto, que prácticamente ha llegado hasta hoy.

A partir de entonces, una colección de disposiciones fue regulando de nuevo el proceso de devolución, siempre a la búsqueda de los propietarios de los bienes incautados, que todavía no habían podido ser localizados. El mismo 13 de septiembre de 1944, en que se decretaba la disolución del juzgado gubernativo de Valencia, se regulaba la liquidación de los comités que habían venido operando en relación con las cajas de seguridad expoliadas y con los depósitos quebrantados. Se les requería la fusión de sus diferentes cuentas, de tal modo que cada establecimiento presentara sólo un saldo como consecuencia de la actuación de todos sus comités. Todas esas cuentas deberían verterse en una cuenta corriente especial, que se abriría en el Banco de España de Madrid.

En 1945, mediante decreto del 24 de mayo, se recordaba que todavía estaba abierto el proceso de reivindicación de los bienes expropiados, y se establecían normas para que el juzgado gubernativo de la plaza de Madrid resolviera las peticiones no contradictorias a las que había dado origen la exposición general de objetos. Serían denegadas las peticiones cuyos reivindicantes no identificaran con absoluta precisión los objetos reclamados, pero se admitirían toda clase de pruebas excepto la testifical. Los acuerdos denegatorios podrían ser recurridos. En cuanto a las peticiones contradictorias, el juez podría acordar una reunión o comparecencia simultánea de todos los interesados en una misma petición, siempre que residieran en Madrid y su número no excediera de cinco. En el mes de septiembre una nueva orden ministerial del día 5 completaba el proceso, especialmente en lo relativo a las peticiones contradictorias.

Como era lógico, el proceso de búsqueda de propietarios de bienes expropiados era cada día más complejo y difícil, pero la administración siguió insistiendo. En junio de 1948 un decreto del día 4 de junio volvía a instar en esa búsqueda, estableciendo el cauce a seguir con los objetos no reclamados, el archivo de los expedientes de reclamaciones no resueltas, y el pase de dichos objetos a la Caja de Restos. Cuatro años más tarde, el 4 de abril de 1952, un nuevo decreto establecía un plazo definitivo de 30 días para reivindicar los objetos que todavía no hubieran sido reclamados por sus legítimos propietarios. Los no reclamados o no retirados en el plazo de tres meses, pasarían directa y definitivamente a la Caja de Restos. Igualmente, pasarían a esta Caja los bultos, objetos y documentos anunciados o exhibidos que no hubieran sido reivindicados oportunamente y aquellos cuya reivindicación hubiera sido desestimada legalmente. Por lo que respecta al contenido de la Caja de Restos, se facultó al ministro de Hacienda para estudiar y proponer el destino final de estos objetos, que en el entretanto deberían entregarse a la Dirección General de Tesoro Público.

Tendrían que pasar diez años más para que un nuevo decreto sobre bienes expropiados (10 de octubre de 1963) declarara la propiedad del Estado de los bienes expoliados que, habiendo sido recuperados, no fueran reivindicados por sus legítimos propietarios en los plazos y con arreglo a las normas que se habían dictado al efecto. El juzgado gubernativo de Madrid, encargado hasta ese momento de la operación de devolución de los bienes a sus legítimos propietarios, pasaba a depender de la Dirección General del Patrimonio del Estado, con la instrucción de revisar todos los expedientes en trámite con el fin de resolverlos, incluidos los contradictorios sustanciados ante la justicia ordinaria. El objetivo era hacer el esfuerzo que fuera necesario para buscar a los propietarios de los bienes expoliados.

Los objetos depositados en la Caja de Restos se clasificarían en tres grupos. Uno formado por los objetos de carácter religioso, que deberían ser separados y entregados al Obispo de Toledo. Otro formado por los objetos artísticos o históricos, que serían entregados al Ministerio de Educación Nacional. Y un tercero, formado por el resto de objetos, que se clasificarían en dos grupos: el primero, con los objetos de metales preciosos, oro, plata o platino, que serían fundidos en barras o lingotes y entregados al Banco de España, siempre y cuando la operación de fundición no supusiera una apreciable devaluación de los mismos, en cuyo caso se integrarían en el apartado siguiente. Éste incluía todos los demás bienes y objetos, que deberían ser tasados y vendidos en pública subasta, a través de entidades públicas o empresas de reconocida solvencia. El producto de la venta sería ingresado en el Tesoro.

En cuanto a los títulos valores, se clasificarían en cuatro grupos. Uno integraría los títulos de empresas desaparecidas que carecieran de valor, que serían destruidos. Un segundo recogería los títulos de deuda y otros fondos públicos que no hubieran sido vendidos en Bolsa por haber sido anteriormente objeto de anulación o por cualquier otra circunstancia. Con éstos se formaría una relación detallada y después serían entregados a la Dirección General del Tesoro. Un tercer grupo lo constituirían los títulos de las empresas en las que el Estado tuviera paquetes representativos de su capital o crédito. Estos títulos quedarían a disposición de la Dirección General del Patrimonio del Estado, responsable de determinar su ulterior destino. Por último, y en un grupo cuarto, los títulos depositados en el Banco de España que no hubieran sido retirados serían vendidos con intervención de agentes de Cambio y Bolsa, y el importe de sus ventas se ingresaría en el Tesoro.[21]

Tres años después, una orden del 23 de marzo de 1966 ponía en marcha un nuevo intento requiriendo la personación a los interesados en expedientes de recuperación de objetos, valores o documentos expoliados cuya situación era de desconocido paradero, o a sus causahabientes.

Para entonces los objetos de la Caja de Restos eran apenas apreciables. No hubo más actuaciones. El resto de los objetos que nunca fueron reclamados por sus anteriores propietarios, la denominada «Caja de Restos», quedó almacenada en el Ministerio de Hacienda y Economía. Allí se encuentran todavía.[22]

LA BANCA SIN CONTABILIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Consecuencia inmediata de la división en dos partes de las redes bancarias y del traslado de la documentación a lugares alejados del frente de batalla, fue la imposibilidad de lograr, al terminar la guerra, una visión unitaria de la realidad económica de las instituciones financieras, incluido el mismo Banco de España. En primer lugar, y como consecuencia de la guerra, desde diciembre de 1936, los balances de la banca no pudieron cerrarse, con todo lo que ello suponía, desde la óptica de respeto y cumplimiento de las normas legales al efecto, de las obligaciones con los accionistas, y de la imagen internacional.[23]

El Gobierno republicano trató de corregir esta anormalidad a partir de enero de 1937, por medio de prórrogas a la legislación vigente en aquellos momentos, hasta junio del mismo año (decreto del 6 de junio), momento en que se suspendieron las obligaciones estatutarias de cierre de balances, admitiéndose, en su lugar, la formulación de simples estados de comprobación. El decreto establecía que las sociedades deberían presentar formalmente un estado de comprobación de las cuentas a 31 de diciembre de 1936 y otro, a modo de presupuesto, para el segundo trimestre de 1937. La fórmula tuvo una buena acogida, pero, entre otras cosas, implicó la imposibilidad de liquidar el impuesto de utilidades, que se giraba sobre los beneficios, sustituyéndose éste por un impuesto «del timbre» a los comprobantes contables, y estableciéndose la fecha del 15 de julio como plazo para realizar a estos efectos los «cierres provisionales».

Las entidades financieras se acomodaron sin problemas a esta situación de emergencia, y la fórmula se repitió al año siguiente, concediéndose una nueva prórroga para la presentación de las cuentas, justificada en que las circunstancias especiales subsistían, y que el paulatino retroceso del frente republicano estaba dando lugar al peregrinaje de las contabilidades por distintas localizaciones.

Estos traslados y las destrucciones de documentos y archivos, que provocaba el desarrollo de la guerra, dificultaron mucho las operaciones de las oficinas bancarias.[24] Y ello hasta tal punto que la comisión constituida por orden ministerial del 24 de abril de 1942 por el Ministerio de Hacienda para dictaminar sobre la situación del balance del Banco de España, después de que la guerra concluyera, tuvo que reconocer posteriormente que su tarea había sido «entorpecida y dificultada gravemente por las naturales deficiencias de la contabilidad del Banco en período rojo».[25]

La lista de razones que se fueron dando, tratando de explicar las dificultades y deficiencias, era muy larga: la anarquía del personal; la intervención de los comités de empleados en los órganos superiores de la administración del banco; las levas para el ejército republicano, especialmente a medida que la guerra se alargaba; los traslados sucesivos de la sede central del Gobierno a Valencia y a Barcelona; el hecho de que, con ocasión de la conquista de Barcelona por los sublevados, quedara el banco republicano sin sus más destacados empleados y sin libros de contabilidad; el desorden que reinó en Madrid después de este hecho y hasta la terminación de la guerra civil; y, por último, la desorganización en las distintas sucursales de la zona nacional al comienzo de la guerra sin directivos ni centralización contable.

Por otra parte, «la liberación de las diferentes plazas se produjo… gradual y sucesivamente, con lo cual las sucursales bancarias en plazas como Bilbao, que se conquistaron por partes en 1937 y 1938, no tenían conexión contable ni con las de zona liberada… ni con las de zona roja».[26]

En la zona del Gobierno de Burgos fue la propia banca la que solicitó a finales de 1936, ante la imposibilidad del cierre normal del ejercicio de ese año, la concesión de una moratoria. Y a esos efectos la banca privada fue convocada en Burgos por el secretario del Comité Nacional de la Banca Privada, Cajigal. Allí, y bajo la presidencia de Pablo Garnica, se «convino no sólo en reconocer la imposibilidad en la formación de Balances, sino en la conveniencia de solicitar del Gobierno la aplicación de un decreto eximiendo a bancos y demás sociedades de la obligación legal y estatutaria de hacerlo». La solución llegó en febrero de 1937 con un decreto del día 17, derogado el 17 de octubre de 1941. Las sociedades deberían dirigir una petición justificada a la Presidencia de la Junta Técnica del Estado, suscrita por personas que acreditaran la representación de la sociedad peticionaria (orden del 12 de marzo). Todo ello se concretó en 30 peticiones de moratoria contable bancaria.[27]

La operación se completó con la orden del 31 de diciembre de 1937, por el que las entidades favorecidas por la suspensión de balances y juntas generales no necesitarían «reproducir su solicitud» siempre que subsistiesen las causas del aplazamiento ya obtenido. El mantenimiento de las causas debería ser acreditado ante la Comisión de Hacienda mediante declaración jurada.

Especial problema fue el que plantearon las redes bancarias reconstruidas en la zona nacional, a medida que las plazas republicanas entraban en su radio de acción. Porque en ese momento se enfrentaban a la desaparición de la documentación contable de las oficinas que se incorporaban a su órbita, lo que provocaba una situación delicada, especialmente en relación con la clientela. Un problema que se manifestó en toda su agudeza cuando el Gobierno de Burgos ordenó que toda «sucursal, sede o agencia de Banco español radicante en plaza que se libere, deberá iniciar su reapertura coincidiendo con el comienzo del período de canje de billetes en la respectiva plaza, si no lo hiciere antes».[28]

Una vez terminada la guerra, la más absoluta prioridad fue reconstruir con la máxima urgencia la contabilidad de las entidades bancarias. Una operación que desbordó el derecho privado propiamente dicho, para transformarse en una cuestión pública, en la medida en que, en muchas ocasiones, no se conocían los activos y pasivos financieros de cada cliente, ni qué había sido de los objetos y valores depositados en las cajas de alquiler que habían sido violentadas.

Para dar solución a este problema, la primera medida del Gobierno de Burgos se concretó en la ley del 13 de octubre de 1938 de «restauración provisional de contabilidades bancarias». De acuerdo con esa ley, y desde el punto de vista operativo, las oficinas «liberadas» o la central bancaria, en caso de encontrarse en zona nacional, disponían de un plazo de 30 días para enviar información de su situación al Servicio Nacional de Banca, Moneda y Cambio. Los informes tenían que detallar:

— Disponibilidades encontradas en caja, distinguiéndose las varias «especies de dinero».

— Estado material de la cartera de efectos a corto plazo y documentos de crédito.

— Estado material de la cartera de títulos propiedad del banco.

— Libros de contabilidad desaparecidos y consecuencias sobre el conocimiento inmediato de los saldos activos y pasivos.

— Situación material de los depósitos de títulos en custodia y sus registros.

— Situación en que se encontraban las cajas de seguridad alquiladas a particulares.

Se trataba de disponer con urgencia de la mayor información posible sobre la posición contable de los clientes de cada banco, a la que habría de llegarse de forma amistosa, o «amigablemente forzosa», en diálogo con cada uno de ellos. Se partía del principio de buena voluntad. Y las medidas que se fueron instrumentando para solucionar ese problema se apoyaban en las secciones provinciales de banca, y éstas en los mismos clientes bancarios, uno por uno, pero agrupados en tres comités: «comité de cuentacorrentistas», «comité de depositantes de títulos» y «comité de arrendatarios de cajas de seguridad».

En realidad se creó un entramado institucional, en el que intervenían tres jurisdicciones[29] que, de acuerdo o no con cada banco en particular, habrían de tomar las medidas oportunas con el objeto de lograr a la mayor brevedad una reconstrucción de la contabilidad bancaria individualizada por clientes.[30] Los comités se denominaban de forma global «comités de clientes», y las representaciones del colectivo se elegían a partir de «ternas» que las secciones provinciales de banca enviaban al Servicio Nacional de Banca, Moneda y Cambio.[31]

La función del «comité de cuentacorrentistas» era lograr que se precisaran con la mayor urgencia los saldos pasivos,[32] aprobar los acuerdos entre la oficina bancaria y sus cuentacorrentistas y, en defecto de acuerdo, aprobar «los fallos de los amigables componedores». El «comité de depositantes de títulos» debería realizar el inventario de los depósitos conservados, e invitar a los depositantes a la presentación de cuantos documentos condujeran al conocimiento de los expolios sufridos, así como a interponer recursos. Por su parte, el «comité de arrendatarios de cajas de seguridad» tenía que instruir un expediente sobre las expoliaciones consumadas, «dando audiencia a los interesados, valorando los daños ocasionados, precisando los procedimientos que se utilizaron para la consecución de las sustracciones y, en lo posible, el destino de los objetos y efectos desaparecidos».

Los saldos bancarios activos o pasivos afectados por la desaparición de la contabilidad se reputaban inmovilizados a todos los efectos, no pudiendo intentarse respecto de ellos exigencia de pago judicial ni extrajudicialmente. Los depositantes de títulos en custodia y los arrendatarios de cajas de seguridad expoliados carecían de acción judicial contra los bancos respectivos. Y en orden a poder individualizar las posiciones financieras de cada cliente, la ley exigía que la solución de los problemas que planteaba la desaparición de las contabilidades bancarias, utilizara todos los medios posibles y contara con un control estricto por parte del Estado.[33]

La reconstrucción contable de los saldos, tanto activos como pasivos, de una oficina bancaria que se hubiera quedado sin contabilidad se haría en primer lugar mediante acuerdo celebrado entre el banco y los clientes, manejando cada uno la información que al efecto dispusiera. El banco no estaba autorizado a exigir a sus clientes la exhibición de los libros de contabilidad que poseyeran. Sin embargo, los notarios, agentes de cambio, corredores de comercio, registradores de la propiedad mercantil y mediadores estaban obligados a suministrar de oficio los datos positivos o negativos que por los bancos se interesaran para la reconstrucción de sus contabilidades. Cuando no se llegara a un acuerdo entre las partes, bien porque el deudor alegara la carencia de datos bastantes contra el parecer del acreedor, o bien porque las pretensiones concretas de las mismas se mantuvieran en discrepancia, la cuestión se remitiría forzosamente a una amigable composición que regulaba la misma ley.

La amigable composición se establecía, sin mayores requisitos, en los casos en que era posible encontrar una persona que fuera aceptada por el banco y por el cliente. En caso contrario, el banco y el cliente nombrarían cada uno de ellos un componedor, y los dos componedores así designados nombrarían un tercero. Las personas designadas para la amigable composición no podrían excusarse, siendo el nombramiento de obligatoria aceptación, a no ser que hubiesen intervenido ya en diez o más amigables composiciones. Únicamente en el caso de que el deudor hubiera sostenido previamente la carencia de datos bastantes para determinar el saldo, los amigables componedores podrían fallar la imposibilidad de precisarlo. En este supuesto, el saldo continuaría inmovilizado, no pudiendo intentarse respecto de él exigencia alguna de pago judicial ni extrajudicialmente.

Los acuerdos establecidos entre los bancos y sus clientes deberían ser sometidos, con anterioridad a su ejecución, a la aprobación del «comité de cuentacorrentistas», y éste tendría facultades para reducir la cifra fijada a los saldos pasivos en el acuerdo, pero no al contrario.

Todos los acuerdos, incluidos los de amigables componedores, sobre el volumen de un saldo tendrían carácter de provisional, aunque recobrarían su disponibilidad dentro de los límites del contrato que en el momento de la apertura de la cuenta se hubiera suscrito. Y si, determinado provisionalmente un saldo, aparecieran con posterioridad documentos, las partes podrían ser obligadas recíprocamente a la revisión de las cifras establecidas.

En todo caso, la recuperación de los libros de contabilidad de la oficina bancaria tendría el efecto de cancelar automáticamente los convenios, fallos y resoluciones, que cesarían de surtir efecto. En el caso de no recuperación, y transcurrido el tiempo que el Gobierno juzgara procedente, las evaluaciones provisionales sobre saldos se elevarían a definitivas. Como era lógico, la tarea de reconstrucción de las cuentas de las diversas oficinas fue laboriosa.

Es importante y justo destacar el hecho de que, en aquellas ocasiones en que posteriormente pudo compararse la situación establecida por negociación con las cifras que se deducían a través de la contabilidad recuperada, el resultado fue prácticamente coincidente. Signo, sin duda, de que la reconstrucción de las contabilidades contó con altas dosis de honestidad, estimulada, sin duda, por el ambiente de presión y miedo del entorno social y militar.

Otro problema creado por la desaparición de las contabilidades y documentos de base bancarios, así como por los traslados de valores y títulos mobiliarios, fue la necesidad de regularizar, cuanto antes, la capacidad de disposición de esos títulos por parte de sus propietarios, como paso previo para poner en marcha los mercados de valores. A esos efectos se promulgaron el decreto del 19 de septiembre de 1936, y las leyes del 17 de noviembre de 1938, del 22 de abril de 1939 y, especialmente, del 1 de junio de 1939,[34] disposiciones que dieron lugar a un sistema procesal rápido para la declaración de nulidad y expedición del duplicado de los títulos al portador, ya fueran acciones, obligaciones, cédulas, bonos, o cualquier otro valor análogo emitido por entidades domiciliadas en España. Sólo podían acogerse a los beneficios establecidos por esas leyes los propietarios que tuviesen sus valores constituidos en depósito o en custodia en entidades financieras, o en oficinas o cajas de administración pública, desde fecha anterior al 18 de julio de 1936.

El procedimiento establecido por la ley permitía, con todas las garantías procesales, pero también con gran rapidez, que los propietarios de títulos al portador pudieran lograr la nulidad de los que les fueron arrebatados y la expedición de duplicados. El plazo que mediaba entre el anuncio en el BOE y el de la solicitud al juzgado de la anulación de los títulos y expedición de los duplicados era de tres meses. Transcurrido este plazo sin haber mediado oposición, la entidad emisora remitiría al juzgado el expediente, y una vez oído el Ministerio Fiscal y examinadas las pruebas aportadas, el juzgado acordaría la nulidad de los títulos y la expedición de los duplicados.

ILEGITIMIDAD DE LOS PODERES ACTUANTES EL 18 DE JULIO

Durante la guerra, una de las cuestiones más importantes que se plantearon desde el punto de vista económico y político fue la devolución del oro que el Gobierno de la República había sacado de los sótanos del Banco de España. Se sabe que esto dio lugar a innumerables pleitos, y para enfrentarse a ellos, y como fundamental prueba para conseguir la devolución de los activos objeto de pleito, el Gobierno de Burgos vio claro desde el primer momento la necesidad de reclamar para él, ante toda clase de instancias, la legitimidad de la soberanía nacional. Y en este sentido, las acciones fueron muy numerosas, tal como se ha visto con anterioridad.

Pero en diciembre de 1938, con la guerra a punto de terminar, pareció llegado el momento de entrar a fondo en la cuestión de la legitimidad, acumulando información y documentación suficientes con el propósito de forzar el reconocimiento oficial de la soberanía española por parte de los países que todavía no se habían pronunciado. El objetivo no era otro que comparecer con esa información en los pleitos planteados en países extranjeros, en relación con la devolución del oro y otros activos que habían sido transferidos al exterior, alegando la ilegitimidad de los poderes actuantes en España el 18 de julio. Para ello, y tratando de disponer de una base y de información que pudiera probar esa ilegitimidad, en diciembre de 1938 se constituyó una comisión especial, a la que se le encargó de esta tarea.[35]

La verdad es que, a estas alturas, el Gobierno de Burgos ya no veía dificultades en el reconocimiento formal de otros países. Muchos lo habían hecho ya, y con otros se estaba negociando. Y por otra parte, la guerra estaba prácticamente terminada. Pero el problema fundamental era la recuperación de los activos salidos de España, en manos muy diversas, en situaciones jurídicas complejas, y muchos de ellos pendientes de resolución por tribunales. El obstáculo más importante lo planteaba el oro. Hay que recordar que en aquellos momentos no estaba clara cuál era la situación del oro y la plata que habían salido del Banco de España. Y todavía se esperaba lograr que volviera a España una importante cantidad del oro que viajó a Moscú.[36] Lógicamente, la cuestión de mayor urgencia era el oro de Mont de Marsan, donde estaban depositadas 40 toneladas, sobre las que el Gobierno de Burgos había planteado una demanda, pidiendo el derecho a retirar ese depósito, que todavía estaba pendiente de ser fallada.

No era irrelevante para los sublevados la decisión sobre esta partida de oro, y no tanto por lo que las 40 toneladas de oro representaban para sus arcas si se fallaba a favor del Gobierno de Burgos, como por lo que podían representar en manos de los republicanos si se fallaba en contra. Porque en aquellos momentos, sin armas y sin crédito, la República, con esa financiación, podía alargar la guerra hasta enlazar con el ya inminente conflicto europeo.

A la comisión encargada de demostrar la ilegitimidad se le fijaba como objetivo poner de manifiesto al mundo,[37]

… en forma incontrovertible y documentada, nuestra tesis acusatoria contra los sedicentes poderes legítimos, a saber: que los órganos y personas que en 18 de julio de 1936 detentaban el poder adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo, que, al alzarse contra ellos el Ejército y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la autoridad ni contra la Ley.

Al final de sus investigaciones y deliberaciones, el dictamen que la comisión entregó al Gobierno era terminante y duro.[38] Dos observaciones previas se hacían. Por una parte, entendían que la tarea que se les había encomendado no era simplemente

… la aportación de antecedentes para la exteriorización de un juicio más o menos imparcial y digno de respeto sobre un período histórico, sino en el examen, a la luz del Derecho y con criterio rigurosamente judicial, de actos y sucesos plenamente comprobados y directamente demostrativos de la ilegitimidad de los poderes actuantes en España en 18 de julio de 1936.

Y por ello, habían eliminado de su análisis «dos órdenes diferentes de hechos, los que, aun engendrando en el ánimo una fuerte convicción moral, no estuvieran acreditados por el soporte de una prueba». Y los que «no estuvieran ligados… por una relación directa y fácilmente apreciable de causa a efecto y de antecedente a consiguiente».

Su conclusión era terminante:

Compuesta la Comisión por académicos, jurisconsultos, magistrados y profesores científicamente adscritos en el transcurso de su vida a las más variadas escuelas, y por hombres políticos de doctrinas diferentes y aun opuestas, coinciden ahora más que nunca en una convicción común: la de que los poderes actuantes en la República el 18 de julio, eran sustancial y formalmente ilegítimos.

Como antecedentes a esta cuestión, el informe planteaba los hechos acaecidos en lo que, entendían, era la preparación de la revolución en el período comprendido entre el 12 de abril de 1931 y el 6 de octubre de 1934. Un período en el que la interpretación de las elecciones y una antidemocrática valoración de lo que eran votos urbanos y votos rurales, y a través de unas Cortes a las que se atribuyó carácter soberano y constituyente, dio una nueva Constitución (9 de diciembre de 1931) que puso «en manos del Gobierno resortes que hacen totalmente ilusorios los derechos individuales en ella reconocidos».

El siguiente paso, a fin de ir consolidando el principio de la ilegitimidad de los poderes actuantes antes de la guerra, lo constituía el análisis de la revolución social del 6 de octubre de 1934. La Comisión entendía que

… los sucesos registrados en ese año son de índole diversa: unos poco resonantes; otros dramáticos y sangrientos; y los segundos, sin embargo, enlazados con los primeros en lógica e innegable relación de causa a efecto.

La Ley del Parlamento catalán, destinada a remover los más hondos cimientos de la propiedad agraria, y otras decisiones demostraron la infinita distancia existente de la realidad a la apariencia. Y así se originó la fracasada «revolución de octubre»:

España hubo entonces de presenciar durante el mes largo de la tragedia catalano-asturiana los mismos asesinatos, depredaciones, saqueos, incendios, violaciones, tormentos y martirios, repetidos luego en 1936 en número infinito; los mismos grotescos ensayos de colectivización, en la agricultura y en la industria… [Ello demostró] la plena incapacidad de los más altos poderes del régimen político existente… [y] se inició en España un régimen revolucionario y marxista.

La comisión analizaba también las elecciones del 16 de febrero de 1936, su preparación y sus resultados. Eran epígrafes del dictamen el asalto al poder, la falsificación de las actas, la anulación «caprichosa» de elecciones, y toda clase de falseamientos electorales. De todo ello deducía el dictamen que el Parlamento de 1936 fue «inconstitucional y faccioso».

Independientemente de todo ello, la propuesta de ilegitimidad que hacía el dictamen se basaba en el análisis crítico del ejercicio del poder. Y a estos efectos, estudiaba en un primer momento la labor parlamentaria y del Gobierno en cuanto a la amnistía, la regulación de la economía agraria, las expropiaciones anticonstitucionales, la ruina del campo, las arbitrariedades de los jurados mixtos y la coacción del poder judicial. A continuación, analizaba los hechos acaecidos del 19 de febrero al 31 de julio de 1936, en los que, según el dictamen, el Gobierno toleró y alentó incendios, despojos y asesinatos. Daba abundante información de esos hechos, y concluía que el Gobierno había sido beligerante en todo ello. Especial atención prestaba al asesinato de José Calvo Sotelo que, para los redactores del informe, constituía uno de los puntos fuertes para justificar su tesis de la ilegitimidad.

A la hora de sostener la ilegitimidad de los poderes anteriores al 18 de julio, eran también importantes razones para la comisión el que, frente a la sublevación, los poderes públicos mantuvieran la normalidad constitucional, el que se decidiera armar al pueblo, el estado anárquico, los asesinatos, la infracción de las prerrogativas de los diputados, la creación ilegal de tribunales populares, la anulación del Tribunal de Garantías, la anulación de la libertad religiosa y la expoliación del tesoro artístico nacional.

Pero, para la comisión, el principal argumento de ilegitimidad era el despojo del oro del Banco de España. La Ley de Ordenación Bancaria no permitía al banco disponer del oro sin autorización del Consejo de Ministros. Y la ley también decía que «en ningún caso puede ser autorizado el Banco para disminuir su existencia oro, mientras la cifra de ésta no sea superior a la que correspondería como garantía metálica para una circulación de seis mil millones de pesetas».

La comisión estudió con mucho detalle esta salida ilegal del oro, concluyendo que la desaparición de las reservas metálicas de oro y plata constituía una lesión evidente del derecho del banco como compañía mercantil anónima. Argumentaba que tribunales extranjeros habían ya dictado sentencia en el sentido de que el Banco de España no era banco del Estado, y que su personalidad no podía confundirse con la del Estado español. Por lo tanto, la salida de oro y plata producía una lesión evidente a los accionistas, y a todos y cada uno de los poseedores de billetes emitidos por el banco. Se aceptaba que la Constitución admitía expropiar forzosamente por causa de autoridad social pero, en este caso, lo tenía que hacer mediante la adecuada indemnización, al menos que otra cosa dispusiera una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes.

Concluía señalando que «si un Gobierno a pesar de preceptos tan terminantes, dispone de lo que es garantía del crédito público, contra la voluntad de su legítimo dueño para fin distinto del previsto de la ley, sobre todo para retenerse en el ejercicio del Poder, realiza actos de máxima responsabilidad».

El dictamen concluía que, todo lo visto, «constituye ejecutoria bastante para cancelar su inscripción en el consorcio del mundo civilizado e interdictarle internacionalmente como persona de derecho público».[39] Fue aprobado por unánime aclamación el 15 de febrero de 1939.

XXVI
Financiación del exilio. La administración republicana de los fondos en el exterior

EL EXILIO Y SU FINANCIACIÓN[1]

La historia de la financiación del exilio comienza formalmente en el momento en que el general Cárdenas, presidente de México, y el Gobierno republicano conciertan la inmigración a ese país de un número indeterminado de refugiados españoles, con la condición de que éstos nunca representarían una carga económica para aquel país. Para financiar esa operación se contaba con el «tesoro de Negrín», que aportaría los recursos necesarios para insertar a los refugiados españoles en la sociedad mexicana. Antes de ese acuerdo, Narciso Bassols, embajador de México en Francia, había explicado al presidente Cárdenas la dramática situación en que se encontraba medio millón de republicanos encerrados en campos de concentración franceses, transmitiéndole una petición de Negrín de que estudiara la posibilidad de que los republicanos huidos pudieran tener acogida en México.

Y así, el general Cárdenas abrió las puertas a los exiliados. Lo justificaba por la escasa población de su país y las dificultades que eso entrañaba para explotar sus riquezas. Y por esta razón, le pareció conveniente insertar en la vida nacional a los descendientes de aquellos que constituyeron la base de la nacionalidad mexicana. Con anterioridad, Prieto se había ganado la plena confianza del presidente Cárdenas, con el que había sintonizado en la gira de propaganda que había hecho por los países americanos, convirtiéndose así en una especie de «embajador oficioso» de la España republicana en México (Mateos, 2003).[2]

Para administrar los fondos destinados a financiar el proyecto, Negrín, de acuerdo con el Gobierno mexicano, patrocinó la constitución del Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, el SERE, responsable además de dirigir y administrar el proceso de evacuación de los refugiados que salieran hacia México, y de algunos pequeños grupos hacia otras repúblicas de América Latina. La dirección de la operación de salida y asentamiento de los refugiados de Francia en Latinoamérica, así como la de proporcionar ayuda a los que estaban en campos de concentración, estuvo en manos de Negrín y sus ministros en el exilio, en especial del ministro de Estado, Julio Álvarez del Vayo, y del de Hacienda, Francisco Méndez Aspe.

La SERE se constituyó en marzo de 1934. En ese momento no existía formalmente ni presidente de la República ni del Gobierno (Azaña había dimitido como presidente el día 27 de febrero y Negrín y sus ministros habían huido a Francia y no contestaban a los requerimientos de la Diputación Permanente de las Cortes). Por eso, el SERE tuvo desde el primer momento un carácter personalista al servicio de Negrín (Rubio García-Mina, 1977:131). La situación cambió a finales de marzo, cuando Negrín, que temía, con razón, que Prieto se hiciera cargo del «tesoro» del Vita, decidió que necesitaba el apoyo de la Diputación Permanente republicana, lo que le llevó a promover la convocatoria de ese organismo.[3] El 2 de abril de 1939 la Diputación Permanente ratificó su confianza en el Gobierno de Negrín. En la sesión se «discutió ampliamente sobre el reconocimiento del Gobierno del doctor Juan Negrín, como el único legítimo de España, y como depositario y administrador de los fondos españoles que se encontraban fuera del territorio español». Es decir, que las Cortes republicanas reconocieron en aquel momento a Negrín «como el único Gobierno español para estos efectos» (Rosal, 1976:99-100). Se nombró al mismo tiempo una comisión fiscalizadora de la gestión de ese Gobierno.

A partir de este momento, todas las esperanzas se pusieron en el plan de evacuación de refugiados hacia México y su posterior mantenimiento, así como de las inversiones necesarias para ello, de tal manera que la economía mexicana fuera liberada de los costes de ese proceso, tal como se había acordado.

La estrategia que, a ese respecto, había diseñado Méndez Aspe, era muy clara. El asentamiento de los refugiados debería apoyarse en la filosofía del «socialismo utópico». Es decir, las inversiones deberían orientarse a la creación de cooperativas agrícolas, de colonias y de industrias de transformación basadas en cooperativas. Y así se lo explicó el mismo Méndez a Amaro del Rosal, aunque éste estaba en total desacuerdo con ese enfoque: «No vamos a ir a México… a hacer socialismo, que no lo asimilaría el país, ni sus estructuras».[4] Pero ésa fue la política que se pretendió seguir.

ADMINISTRACIÓN REPUBLICANA DE LOS FONDOS EN EL EXTERIOR

El «Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles» (SERE)[5]

El Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE) se constituyó por Negrín en París en marzo de 1939, a punto de terminar la guerra,[6] con el fin de atender a los 600.000 exiliados que se repartían entre Europa y América.

Desde el primer momento la nueva organización tuvo un carácter semioficial. Como dice Azcárate (2010:110), en su En defensa de la República, el Gobierno francés concedió al SERE un cierto carácter oficial o pseudoficial, lo cual se reflejó de forma simbólica en los documentos de identidad que utilizaron los miembros del Consejo del SERE, que eran expedidos por la legación de México con su sello oficial y la firma del embajador. Llevaban también un visado especial del Ministerio del Interior francés.

El libro de Pablo Azcárate, En defensa de la República, ha sido reelaborado por Ángel Viñas. Y como éste explica en el estudio preliminar con que presenta la obra, Azcárate escribió un primer bosquejo de los capítulos iniciales, y dejó la mera armadura de los siguientes. Y como anexo añadió diversos documentos desperdigados y una selección de entradas de su Diario. Tal como estaba, recuerda Ángel Viñas, el texto era totalmente ilegible, y para hacerlo atractivo, sin perder lo esencial de lo redactado, no tuvo más remedio que pulirlo a fondo, e integrar los documentos en la narrativa, reorganizar los capítulos y, en resumen, reescribirlo, respetando al máximo las ideas, y en lo posible el texto original. Dice que ha quitado y podado mucho, y añadido poco. A Viñas, pues, se le debe la suerte, después de tantos años, de conocer la versión sobre el exilio y su financiación de quien tan intensamente vivió aquellos momentos desempeñando un papel verdaderamente estelar. Porque el libro es una magnífica e inestimable aportación al conocimiento de aquella época, y suministra materiales absolutamente indispensables para poder escribir una verdadera historia del exilio.

Casi toda la emigración se dirigió a México, pero también hacia las islas del Caribe, Chile, Argentina y la República Dominicana. La Cámara Uruguaya no aceptó exiliados, Venezuela recibió pocos, fundamentalmente vascos, y Colombia tampoco absorbió una masa importante. La Unión Soviética, por su parte, no acogió en ningún momento un número relevante de exiliados.

Los exiliados fueron muchos. Antony Beevor ha recordado que los 450.000 republicanos que cruzaron la frontera francesa a finales de febrero y primeros de marzo de 1939, tras el hundimiento de Cataluña, no fueron los primeros refugiados de la guerra civil que llegaron a Francia. Porque entre 1936 y 1938, ya se habían producido tres oleadas de refugiados. La primera provocada por la derrota republicana del verano de 1936 en Guipúzcoa. La segunda por la caída en junio de 1937 de los frentes de Bilbao, Santander y Asturias. Y la tercera por la campaña de Aragón de la primavera de 1938. De esta manera, a mediados de marzo de 1939 ya había medio millón de refugiados republicanos en Francia (Beevor, 2005:634).[7]

El SERE se ocupaba de transportar a los exiliados a sus destinos y financiar su estancia, en tanto en cuanto no se les pudiera encontrar un acomodo laboral adecuado. Y pronto en las oficinas del SERE en París se habían acreditado alrededor de 250.000 personas, de las que unas 80.000 deseaban emigrar a América Latina. El SERE atendía directamente a todos, tanto por obligación política y moral, como por imposición de las autoridades francesas, que no querían asumir en solitario el coste del exilio español. Y para ello el SERE tomó a su cargo la compra, alquiler y sostenimiento de diversos hoteles, casas de acogida y colonias infantiles en el sur de Francia. Desde luego, su primera preocupación fue sacar a los refugiados de Europa, para lo que, entre los meses de abril y agosto de 1939, organizó una serie de expediciones a México, que llevaron a aquel país una importante masa de exiliados españoles, a los que allí atendía mediante la creación de albergues y comedores.[8]

Para desarrollar mejor su actividad, el SERE creó un Consejo Ejecutivo que presidía Pablo Azcárate, el ex embajador en Londres,[9] y del que formaban parte representantes de todos los partidos y organizaciones sindicales del Frente Popular. Una «ponencia», presidida por Negrín, se reservaba para sí todo el poder ejecutivo (Cabezas, 2005:4326-437).[10] Aunque parece que, en última instancia, era el propio presidente Negrín, que había nombrado a todos los vocales, quien realmente tomaba las decisiones.

De la atención personalizada a los emigrados en México se responsabilizaba un Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles (CTARE), filial del SERE, que se encargaba de su recepción, y de su acomodo y asentamiento. También se ocupaba de tramitar la nacionalización mexicana para todos aquellos que la solicitaran (Rosal, 1976:88). Este comité técnico fue creando también pequeñas industrias de diverso tipo, que en general tuvieron muy poco éxito, así como albergues y comedores para atender a los muchos españoles que estaban sin trabajo. Con objeto de escolarizar a los hijos de los refugiados, el CTARE creó en México el Instituto Luis Vives (agosto de 1939), así como otras instituciones de enseñanza.

Desde el primer momento, la política de subsidios del SERE se decidía en función de la filiación de los solicitantes. Y así, se tomó el acuerdo de atender las solicitudes de emigración en la siguiente proporción: sector marxista (incluidos PSOE y UGT) el 55%, sector confederal (CNT y FAI) 22%, sector republicano (con partidos catalanes) 20% y sin partido el 3% (Español, 2004:185).[11] Pero las actas del SERE y la correspondencia de Prieto ponen, con insistencia, de manifiesto que las ayudas se concedían especialmente a personas relevantes por los puestos políticos que habían ocupado en la República, así como que los directivos de las distintas organizaciones vivían espléndidamente. Las peticiones de ayuda eran muchas y muy acuciantes y, por ello, el malestar era notable y las quejas abundantes. Así lo explicaba Prieto en su informe a la Diputación Permanente de las Cortes republicanas del 21 de julio de 1939:[12]

La situación de los emigrantes españoles en México es espantosa, tan espantosa como en Francia. ¿No se ha podido hacer nada a favor de ellos? No entro a discutirlo. Lo que sí afirmo es que hasta la hora presente nada se ha hecho.

En cuanto a los exiliados en Francia, el Gobierno francés había decidido, a mediados de 1939, utilizarlos como mano de obra, tratando con ello de reducir la población de los campos de refugiados, así como las cargas para el erario público.[13] Por otra parte, se creía que si se orientaba a los refugiados hacia actividades productivas, se les alejaría de una peligrosa politización, lo que era muy importante para el Gobierno francés. Y fue el propio Ministerio del Interior quien asumió la responsabilidad de transformar la masa desorganizada y pasiva de refugiados en una población útil para la comunidad nacional. No se trataba de ofrecerles un empleo asalariado, sino de un alistamiento, acompañado de una pequeña asignación monetaria para gastos que, de vez en cuando, se podía ver aumentada con alguna prima por buen rendimiento. Y de esta manera, el Gobierno francés puso en marcha un proceso de reclutamiento, teóricamente voluntario, para formar compañías de trabajo sujetas a disciplina militar y destinadas a realizar labores de orden diverso, pero de carácter cívico. En realidad, se obligaba a todos los hombres comprendidos entre los 20 y los 48 años a desempeñar prestaciones de una duración igual a las del servicio militar francés (Azcárate, 2010:149).[14]

Pero al Gobierno francés cada vez le preocupaba más tener en su territorio una organización prosoviética. Y, como consecuencia, el SERE y sus principales funcionarios recibieron frecuentes inspecciones de la policía judicial francesa.[15] También fueron objeto de toda clase de presiones por parte del Ministerio del Interior para que intensificaran y aceleraran sus actividades, con el fin de liquidar cuanto antes los campos de concentración y liberar al Gobierno francés de la carga financiera que ello suponía. Con el avance del ejército alemán, la situación de la emigración española fue empeorando. Hasta el 16 de junio de 1940, fecha en que el mariscal Pétain se hizo cargo de la dirección política y militar, rompió su alianza con Gran Bretaña, y emprendió la negociación con Hitler sobre las condiciones de la rendición. Unos días antes, a finales de mayo de 1940, las oficinas del SERE habían sido clausuradas, aunque, afortunadamente para los exiliados, éstos dispusieron en todo momento de la protección diplomática de México.[16] Un mes después, el SERE canceló su programa de ayudas y cerró los albergues y comedores (Rubio García-Mina, 1977:139).

En relación con la situación financiera del SERE, hay que llamar la atención sobre el hecho documentado de que, cuando la policía francesa inspeccionó sus locales, pudo acceder a los libros de contabilidad, y en ellos encontró ingresos registrados por valor de unos 100 millones de francos, pero ningún rastro de depósitos, metálico o cuentas corrientes bancarias. Y habiéndole preguntado al cajero sobre esta anomalía, éste declaró que, excepto las subvenciones recibidas de asociaciones extranjeras, todos los ingresos habían sido efectuados, siempre directamente y en billetes, por el presidente del organismo, Pablo Azcárate.[17]

En todo caso, la política de distribución de los fondos recibidos del SERE fue, como ya se ha dicho, muy sesgada y discriminatoria, en función de la afiliación política de los solicitantes, y al hecho de haber desempeñado altos cargos en la administración republicana, o haber tenido responsabilidades políticas de relieve.[18] No es extraño, por ello, que la penuria en que vivía la mayor parte de los exiliados fuera creando un progresivo resentimiento contra los líderes republicanos. En cuanto al empleo de los recursos recibidos hasta diciembre de 1939, el SERE gastó el 39% en la evacuación de refugiados hacia América, un 18% en los campos de concentración, un 17% en gastos en alimento y vestuario y un 17% en residencias y refugios. El resto, el 9%, fueron gastos de administración.

Por lo que respecta a la liquidación de cuentas del SERE, a finales de 1945, José Giral, como presidente del Gobierno republicano en el exilio (GRE), solicitó de Negrín un «balance económico» de los fondos financieros disponibles. Negrín estableció como condición para la entrega de su informe el que «destacadas personalidades» le facilitasen «los elementos que le han estado negando durante estos años, para poder formar un estado económico, sin cuyos elementos carecería aquél de las bases esenciales».[19] En mayo de 1946, y por encargo de Giral, su asesor jurídico Carlos de Juan se entrevistó con Negrín en el Hotel Lancaster, en presencia de Ansó. Se deseaba obtener de él, una vez más, el «balance económico» de su gestión al frente del Gobierno en el exilio.[20] La respuesta de Negrín fue muy similar a la dada personalmente a Giral. El balance no podía realizarse «en tanto en cuanto las diferentes personas y organismos que manejaron fondos del gobierno en ese tiempo no le hicieran la correspondiente rendición de cuentas». El Gobierno de Giral llegó incluso a contactar con las personas que Negrín mencionaba como pendientes de rendirle cuentas, para tratar de desbloquear la situación, pero con poco éxito.

En abril de 1947, una carta del ministro de Hacienda del Gobierno de Rodolfo Llopis, Fernando Varela, requería una «rendición de cuentas» de los fondos manejados durante su gestión. Negrín contestó a esa carta repitiendo sus argumentos anteriores. Adicionalmente, manifestaba su negativa a rendir esas cuentas y a traspasar documentación a un ejecutivo «tan precario» como el de Llopis, en el que seguían estando presentes las personas y las entidades que se negaban a rendirle a él cuentas previas sobre sus actividades con fondos estatales:

… le participo que oportunamente notifiqué al Sr. Giral que si bien el Gobierno por mi presidido había invertido los muy mermados recursos que no fueron sustraídos a su gestión administrativa… existían aún cuantiosos bienes que eran patrimonio de la República. Insistí cerca del Sr. Giral y sus colaboradores para que con la perentoriedad del caso se hicieran llegar a nuestras manos los documentos detentados por personas, organismos o grupos que hasta entonces se habían negado o habían rehuido el traspasar haberes y legajos al Gobierno, a fin de proceder a su examen y eventual liquidación… Es evidente que únicamente a base de esta documentación podría establecerse el balance de los medios y recursos… y que tan sólo los que estuvieron investidos de la autoridad indispensable para disponer de dichos recursos, podrán sancionar el balance que resulte.

La «Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles» (JARE)

La JARE, Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, se constituyó formalmente en París el 26 de julio de 1939 por la Diputación Permanente de las Cortes en el exilio.[21] Su promotor fue Prieto, que trataba de sustituir al SERE de Negrín, para lo cual disponía de los fondos que éste había enviado a México en el Vita, y del patrimonio que se había ido situando en el exterior, y del que Prieto se había hecho cargo en marzo de 1939.[22] Posteriormente, en sesión del 31 de julio, la Diputación Permanente de las Cortes de la República aprobó los estatutos de la JARE, acordando que ésta sería la encargada de «administrar cuantos recursos y bienes puedan y deban destinarse al auxilio de quienes emigren de España por defender las instituciones democráticas de nuestro país».

Se constituía como un organismo fiscalizado por la Diputación Permanente de las Cortes, y se le otorgaban amplias facultades para hacerse cargo de todos los recursos y bienes que, por su origen, deberían utilizarse en auxilio de los defensores de la República española. También se le ordenaba que requiriera a cuantas personas y entidades tuvieran, en aquellos momentos, bienes propiedad de la República en su poder, que fueran entregados a la JARE.

A primeros de agosto, cuatro meses después del fin de la guerra civil, se hizo público el manifiesto sobre los objetivos y política de la JARE. Se constituía con Luis Nicolau d’Olwer como presidente y con Indalecio Prieto como vicepresidente.[23] Desde el principio quedó claro que, «aunque Prieto hizo constantemente protestas de inhibición, la verdad es que él fue desde el primer momento el único depositario de la confianza del presidente Cárdenas y la indiscutida autoridad máxima de la JARE» (Rubio García-Mina, 1977:146).[24]

Largo Caballero (1976:244), tratando de explicar las razones del nacimiento de la JARE, en competencia con el SERE, escribió que hubiera parecido extraño que, abierta la lucha entre Prieto y Negrín, no surgiera otro organismo para atender a los exiliados, sustituyendo y desplazando al SERE. Y Prieto no lo hizo antes porque no disponía de financiación para ello, pero la llegada del Vita a México, con su valioso cargamento, le dio la oportunidad de hacerse cargo de su contenido, y crear una sólida institución de ayuda a los refugiados.[25] Y ya con el «tesoro» en tierras mexicanas, y bajo su control, vio llegado el momento de desempeñar un papel político de excepción, ocupándose en exclusiva de la financiación del exilio.[26]

Largo Caballero hizo también una evaluación de lo que él entendía había sido el enfrentamiento de Negrín y Prieto, y de sus resultados, señalando que las cartas que se habían cruzado «produjo una impresión de asco a todas las personas decentes, que no concebían tanto cinismo y desprecio para la consideración de los demás. No se podía concebir», decía, «cuál era más despreciable de los dos».

En la sesión del 7 de diciembre de 1939, la delegación de la JARE en México estableció las primeras normas sobre cómo iban a funcionar. En principio se excluían los subsidios individuales, para «contribuir económicamente a la creación o desarrollo de empresas industriales o mercantiles». Y se dedicarían recursos a favor de los refugiados en Francia, especialmente los mutilados de guerra y al envío de ropa de abrigo y medicamentos a los campos de concentración, así como a «establecer una acción protectora con respecto a los refugiados que se encuentran ya en América y a los que después vengan».[27]

Para cumplir estos objetivos, la primera preocupación de la JARE fue monetizar el contenido del «tesoro» que había transportado el Vita. Y para ello organizó talleres para desmontar las piezas de joyería y fundir éstas y el oro amonedado. Por otra parte, Prieto consiguió que el Banco de México adquiriera, a la cotización del día, todo el oro del que la JARE pudiera disponer. Y también consiguió, contando con la benevolencia del general Cárdenas, que las operaciones de producción, exportación y venta de metales a que diera lugar la conversión de los activos que se habían transportado a México, quedaran exentos de impuestos.

Prieto llegó más lejos, porque además, logró hacerse con otros activos que, en distintos países, se encontraban a disposición del embajador republicano en Washington, Fernando de los Ríos. Y así, y entre otros, se hizo cargo de un importante stock de material aeronáutico que se había adquirido por cuenta del Gobierno republicano, y que no había sido posible enviar a España antes de que la guerra terminara. Fundamentalmente eran 22 aviones Bellanca, y varios motores y repuestos. Estaban valorados en 2,1 millones de dólares, aunque por todo ello no se recibieran más que 682.332 dólares.[28] El embajador disponía, igualmente, de una importante cartera de valores iberoamericanos, procedentes de los fondos que el subgobernador del Banco de España, Gonzalo Zabala, había trasladado a Estados Unidos por encargo del ministro de Hacienda, Méndez Aspe.[29] El valor total de esta cartera se estimaba a noviembre de 1942 en 4,3 millones de pesos mexicanos y 429.400 dólares, aunque la Comisión Administradora del Fondo de Auxilio a los Republicanos Españoles (CAFARE) daba en su Memoria en agosto de 1945, un valor de 9,7 millones de pesos.[30]

Volviendo atrás. La JARE había iniciado en el mes de diciembre de 1939 envíos a París de 500.000 francos mensuales por un total que pudo ascender a 160 millones de francos (Cabezas, 2005:459), pero el cese de actividades del SERE en Francia en julio de 1940, por falta de recursos financieros, obligó a la JARE a hacerse cargo de la financiación de todas sus actividades. Y como consecuencia, a partir de ese momento la financiación del exilio quedó totalmente en manos de Prieto.[31] Por ello, y teniendo en cuenta que la evacuación de medio centenar de refugiados hacia América equivalía a la cantidad mensual enviada, la JARE se vio obligada a restringir algunas actividades, de tal manera que, al final, resultó que la ayuda fue siendo cada vez más elitista, con lo que la percepción de los refugiados «de a pie» sobre la labor desarrollada por la JARE era cada día más negativa.

Al mismo tiempo y tratando de planificar mejor las inversiones, se constituyó por el presidente mexicano Lázaro Cárdenas y por Prieto un gabinete Hispano-Mexicano de Estudios Industriales (HISME). Se trataba de que la administración mexicana asumiera la responsabilidad de informar a la JARE sobre las empresas industriales de mayor interés para el Gobierno, para que ésta invertiría en aquellas que, «asegurando su capital y procurándole rendimiento, faciliten, además, la colocación de mano de obra española».[32] Y así se invirtieron cantidades importantes en diversas industrias mexicanas, aunque la mayor parte de ellas no tuvo el éxito que se esperaba.[33]

El HISME también estableció un sistema de préstamos para la instalación de pequeñas industrias y explotaciones agrícolas, así como de créditos a profesionales para los refugiados que solicitaran ayuda económica. Los nuevos empresarios se comprometían a emplear, si el negocio prosperaba, a otros exiliados españoles, o a contratar como aprendices a hijos de refugiados. Pero los resultados de este proyecto nunca fueron satisfactorios. En los dos primeros años se concedieron créditos por valor de 119.325 pesos, de los que sólo fueron devueltos 47.650.

Para regular la ayuda de subsidios, de la forma más objetiva posible y «evitar caer en los mismos defectos que se le habían achacado al SERE», se creó una Comisión de Socorros, con el encargo de ayudar a los refugiados cuya penuria fuera relevante, una ayuda que se hacía por una sola vez, y que sólo en casos excepcionales se repitió.[34] También se implantó un Servicio Médico-Farmacéutico, se atendió a la instrucción y educación de los hijos de refugiados faltos de recursos, y se promovió el establecimiento de albergues y comedores.[35]

Inicialmente se había programado que los exiliados deberían en su mayor parte ser campesinos y pescadores, y, en menor medida, obreros y técnicos, tal como había solicitado el presidente Cárdenas, «con la pretensión de aposentarlos en la Costa del Pacífico y en la baja California». Pero los refugiados españoles que fueron llegando no cumplían el perfil que México esperaba, porque casi la mitad de ellos procedía del sector servicios, y la mayoría prefirió establecerse en la capital, aunque no tuviera una ocupación fija.[36] Ello creó un problema adicional para el Gobierno mexicano, por lo que, para dar salida a esta situación, y crear puestos de trabajo, se puso en marcha una colonia en el Estado de Veracruz. Muy pronto, sin embargo, el proyecto tuvo que abandonarse por falta de recursos. Más tarde se compró el rancho Manga de Clavo, operación en la que se invirtieron 38.000 pesos. Y después otras fincas, con un presupuesto adicional de 13.620 pesos. Tampoco estas iniciativas tuvieron éxito y el rancho tuvo que convertirse en colonia escolar. Una operación que también hubo de suspenderse, porque el número de niños que allí estudiaban no compensaba la inversión realizada.

En cuanto a las ayudas personales prestadas a los exiliados, la investigación de Javier Rubio García-Mina (1977:147) pone de manifiesto que en mayo de 1940 la organización había acordado que las asignaciones mensuales fueran de 5.000 francos, aunque, al igual que en el caso del SERE, existían subsidios mensuales permanentes a personajes distinguidos, como Martínez Barrio o Miaja, que eran 15 veces superiores a los de la mayoría de refugiados, a la vez que se estaban denegando innumerables solicitudes por falta de fondos. Rubio García-Mina relata con detalle la penuria creciente en que vivía la mayor parte de los exiliados, y el ritmo al que se iba acrecentando el resentimiento contra los líderes republicanos.[37]

Cabezas (2005:455) informa de una anécdota curiosa de la JARE, en aquellos primeros momentos del exilio, poco conocida y que pudo haber cambiado sustancialmente el escenario. Se trata de que la JARE facultó a Prieto para llevar a cabo una negociación con las autoridades franquistas, a fin de proponer una repatriación, sin represalias, de la gran mayoría de los exiliados republicanos. Sólo se quedarían fuera del acuerdo los responsables políticos y administrativos de la República, unas 3.000 o 4.000 personas. La contrapartida sería la devolución del cargamento del Vita, cuyo valor por aquellos días era completamente desconocido para Prieto. Las negociaciones tuvieron lugar en París, entre el embajador José Félix de Lequerica e Indalecio Prieto, en la casa del doctor Teófilo Hernando. Y a ellas asistió el entonces agregado militar de la embajada, Antonio Barroso, que luego sería ministro del Ejército. Prieto resumió esa operación y su final recordando que «Lequerica estaba por entero conforme con mi proposición y albergaba esperanzas de que en Burgos fuese aceptada, pero en Burgos, después de algunas vacilaciones, la desecharon».

La entrada en junio de 1940 de las tropas alemanas en París supuso el derrumbe de la Tercera República francesa, y planteó nuevos problemas a los miles de refugiados españoles que había entonces en Francia. La precipitación de esa derrota obligó a Prieto a dirigirse de nuevo a Cárdenas, planteándole el problema de «aquellos hermanos que pueden ser condenados a muerte, al suplicio o a la esclavitud», proponiéndole prescindir de las «empresas en que soñábamos», para salvar «en horas tan dramáticas para el mundo entero, la vida de millares de españoles» (Mateos, 2003:554). Y sobre esta base, Prieto negoció con Cárdenas, consiguiendo la libre entrada en México de nuevos refugiados españoles «sin distinción de edad, sexo ni mucho menos de ideología». Para facilitarlo se comprometió a financiar el transporte a México de todos los que lo desearan, y a su manutención «hasta el agotamiento de nuestros recursos».

La fórmula acordada para ello, y plasmada en el acuerdo franco-mexicano del 22 de agosto, entre el ministro plenipotenciario de México en Vichy y el ministro de Asuntos Exteriores francés, fue que el Gobierno de Vichy costearía el transporte terrestre hasta los puertos de embarque, mientras la JARE financiaría el transporte hasta México y los gastos de mantenimiento futuro de los exiliados en aquel país.[38] En todo caso, Francia estaba todavía ayudando mucho a los exiliados.[39]

De esta manera, lentamente, y con complicadas vicisitudes, se fueron trasladando a México importantes contingentes de refugiados españoles. Hasta marzo de 1941, momento en el que la operación tuvo que darse por terminada, porque Alemania estaba poniendo dificultades, y al Gobierno francés cada vez le molestaba más la intervención mexicana en los asuntos de los refugiados españoles.

Controversia sobre la administración de los fondos

No hay duda de que la JARE hizo en México grandes esfuerzos por administrar su patrimonio y atender a los refugiados. Pero cada vez eran más frecuentes, y más violentas, las críticas de algunas agrupaciones de emigrados, que se habían ido constituyendo para mejor defender sus intereses. Porque cada día confiaban menos en la politizada administración de los gestores de la JARE. Una desconfianza que se basaba en el sistema de reparto de subsidios, pero también en las inversiones que se estaban haciendo. Especialmente críticas eran la Fundación México-España y la Asociación de Inmigrados Españoles en México, quienes hicieron llegar al nuevo presidente de México[40] acusaciones sobre la mala administración de los fondos de la JARE, denunciando además que no estaba atendiendo adecuadamente a los españoles aún internados en campos de concentración en Francia. Unas quejas de las que, con frecuencia, se hacían eco los medios de comunicación, y que poco a poco fueron deteriorando la percepción que el Gobierno mexicano tenía de la JARE.[41]

Y de esta manera fue creciendo la preocupación de ese Gobierno por el control de los fondos que la JARE manejaba, y especialmente por el desequilibrio que se podía estar produciendo entre la necesidad de protección, ayuda y transporte de los exiliados en el futuro, y la disminución de las disponibilidades económicas existentes. Porque ello podía llevar a la quiebra del sistema, creando problemas a la Hacienda mexicana.

Al final, el 21 de enero de 1941 el Gobierno mexicano publicó un decreto que obligaba a la JARE a transformarse en una entidad sujeta a las leyes mexicanas.[42] Aunque Indalecio Prieto consiguió soslayar este primer intento de control por parte del ejecutivo mexicano, y la delegación de la JARE «continuó ejerciendo su labor por los mismos derroteros que lo había hecho con anterioridad».[43] Éstos fueron los argumentos que Prieto presentó a Ávila Camacho:[44]

… una intervención oficial y directa del Gobierno mexicano en nuestras actuaciones… a mi juicio, acarrearía graves consecuencias, si se reanudaran las relaciones diplomáticas entre México y España estando Franco en el poder: para el Gobierno mexicano una serie de enojosísimas reclamaciones y para nosotros el peligro del apoderamiento, por parte de Franco, de cuantos caudales y bienes poseyéramos.

Pero estas razones no sirvieron por mucho tiempo, y el Gobierno mexicano constituyó, en el año 1942, una comisión que gestionó todos los bienes hasta agosto de 1945, fecha en que esa comisión entregó los fondos existentes al primer Gobierno republicano en el exilio (GRE).[45]

En junio de 1942 se creó la Fiduciaria Hispano Mexicana, con un capital de un millón de pesos.[46] Y pocos meses después este organismo se transformó en la Financiera Hispano Mexicana, cuyo control siguieron conservando los miembros de la JARE, que mantenían cuatro de los siete miembros del Consejo de Administración. La JARE, por su parte, había ido disminuyendo su actividad, e incluso se habían abandonado las explotaciones agrarias. A la vez, la política intervencionista del nuevo presidente mexicano, Ávila Camacho, se iba haciendo cada vez más dura,[47] y las críticas y quejas sobre la actuación y funcionamiento de la JARE que llegaban a la presidencia de la República, eran cada vez más insistentes. Además la actitud de los exiliados era cada día más violenta. Incluso hubo un momento en que la hostilidad contra la JARE llegó a protagonizar incidentes públicos, y hasta se circuló entre la colonia española un folleto anónimo, en el que se indicaba que antiguos magistrados y fiscales españoles se proponían abrir una especie de proceso público contra la dirección de la JARE.

Fundamentalmente, y una vez más, se protestaba por la forma partidista en que los fondos de ayuda se estaban administrando. Y este descontento se endurecía progresivamente. Para agravar la situación, se empezaron a plantear problemas internos en la JARE, porque la creación de la Fiduciaria había dado lugar a que propiedades y acciones que estaban a nombre de la Junta hubieran pasado a manos de personas físicas, que suscribían un documento privado, declarando el verdadero origen de las acciones. Pero la fórmula no se entendió, y causó importantes tensiones.

Por otra parte, el Gobierno de México cada día aceptaba peor la actuación permanente en el país de un órgano político que era la prolongación de un poder extranjero, como era el caso de la República en el exilio. Hasta ese momento había sido tolerado debido a los objetivos humanitarios que se perseguían, pero cada día la situación era más difícil. Desde el punto de vista formal, el más importante argumento que esgrimía el Gobierno mexicano era la deficiente información financiera que la JARE venía suministrando a las autoridades, y su falta de transparencia. Una acusación que estaba más que justificada, porque Prieto seguía negándose a explicar la naturaleza y dimensión de los bienes de la JARE. Su argumento era que el reconocimiento diplomático de Franco por parte del Gobierno mexicano, algo que era posible a corto plazo, podría implicar la confiscación de esos bienes.

A ello se sumaba la opinión generalizada entre los exiliados de que la mejor respuesta al «despilfarro y la mala administración» de los bienes de la JARE era la intervención e incautación del Gobierno mexicano de esos bienes (Serrano Fernández, 2005:95).

Por otra parte, la JARE cada día encontraba mayores dificultades en su gestión financiera internacional, especialmente como consecuencia de la segunda guerra mundial. Estados Unidos se había visto obligado a regular los movimientos de divisas hacia territorios controlados por el Eje, o países colaboracionistas. Incluso los que se producían con fines humanitarios. Y en previsión de lo que podría suceder, Prieto aceleró la conversión de los dólares procedentes de la venta de joyas y material aeronáutico.

Así se hizo, y tal como era perceptivo, el contravalor en pesos de esa operación fue depositado oficialmente en el Banco de México. Y en ese momento, las autoridades mexicanas descubrieron la escasa información que se les había venido suministrando sobre la cuantía de los fondos administrados por la JARE, y el desconocimiento en el que habían vivido sobre el nivel y contenido de sus operaciones. Porque en esta operación habían aflorado 2,3 millones de dólares, cuya existencia les había sido ocultada. El Gobierno de México se sintió engañado, porque en todo momento se les había asegurado que, en su totalidad, los recursos que manejaba la JARE se encontraban depositados en su país (Herrerín, 2007:178 y ss.). Y ante esa realidad reaccionó violentamente. Lo primero que hizo fue pedir un inventario de todos los bienes que poseía la organización, a lo que la JARE se negó. Y como resultado, el 5 de noviembre de ese año, el Gobierno comunicó a la JARE su decisión de proceder de inmediato a la constitución de una comisión mixta.

Efectivamente, el 27 de noviembre de ese año el presidente Ávila Camacho firmó un decreto para la constitución de una comisión encargada de la administración de los bienes españoles en México, la Comisión Administradora del Fondo de Auxilios a los Republicanos Españoles, la CAFARE.[48] La comisión quedó integrada por un delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, otro de la de Gobernación, más un tercer miembro que podría designar la delegación de la JARE en México. Este último fue José Andreu Abelló.

Como era lógico, la comisión solicitó inmediatamente información, y la antigua administración les proporcionó un inventario detallado de los bienes de la JARE, una Memoria sobre la administración de los mismos, y un estado de cuentas «en forma esquemática» referido a diciembre de 1942. Y con ello se inició un complejo y largo proceso, penosamente cerrado, sobre los fondos que habían sido asignados por la República a la financiación del exilio.

De acuerdo con la CAFARE,[49] los ingresos totales de que habían dispuesto los antiguos administradores de la JARE, es decir, el importe obtenido por la venta de oro y piedras preciosas del cargamento del Vita, la venta de los valores que se habían trasladado de Nueva York, la venta de material aeronáutico, el importe de la venta del propio Vita, y «algunas otras partidas de muy escasa importancia», alcanzaba la cifra de 19.538.966 pesos y 3.979.103 dólares. Reducido todo a pesos mexicanos, la delegación de la JARE había obtenido unos ingresos totales de 38.837.616 pesos. De ellos se habían gastado 23.778.665 pesos e invertido 4.763.517. Quedaba, por tanto, un saldo efectivo de 10.295.434.

La CAFARE pidió información adicional sobre el detalle y justificación de los ingresos y gastos, pero los miembros de la Delegación no pudieron responder, alegando que no obraban en su poder documentos que justificaran su actuación, ya que, en su momento, todos ellos se habían remitido a la central de la JARE, en orden a rendir cuentas ante los organismos españoles que la crearon. Por otra parte, y esto constituía la pieza clave del problema, los gestores insistían en que nunca habían dispuesto de un inventario de la carga del Vita, inventario que incluso habían llegado a pedir a Juan Negrín, del que se dijo que era su depositario.

Para aclarar la situación, los miembros de la nueva comisión administradora iniciaron sus indagaciones, tomando declaración a cuantas personas habían tenido en su poder bienes o valores pertenecientes a la JARE. Y al final de ese proceso, en enero de 1943, la comisión presentó un informe, suscrito por todos sus miembros, con el resultado de la investigación llevada a cabo, así como la rendición de cuentas.

Ese informe ponía de manifiesto que la JARE no había dispuesto de un programa de inversiones productivas, a pesar de contar para ello con una suma considerable. Y que había preferido tener cantidades disponibles para el auxilio a los refugiados en el extranjero. Entre los compromisos para el futuro, la CAFARE preveía el sostenimiento del Colegio de Madrid, que representaba un gasto anual de medio millón de pesos, y de la Comisión de Socorros, con un presupuesto de otro medio millón. El informe sostenía que ambas instituciones eran indispensables y que deberían continuar. También debían continuar las ayudas extraordinarias. Sin embargo, no se estimaba prudente seguir trasladando nuevos refugiados españoles a México, salvo aquellos casos individuales que estuvieran justificados por razones políticas. Tampoco parecía oportuno dedicar fondos a sostener a refugiados en otros países. La comisión recomendaba, también, ordenar la liquidación inmediata de todos los negocios improductivos en los que la JARE había invertido. Y así se hizo.

Un informe adicional de uno de los miembros de la CAFARE, de marzo de 1943, pedía a las autoridades mexicanas que, por los conductos que se estimaran más convenientes, trataran de obtener de Negrín información sobre el valor transportado en el Vita, cuestión fundamental, en la medida en que era el único punto de referencia del origen de los recursos, «pues se asegura con insistencia que éste [Negrín] tiene en su poder el inventario detallado de los bienes entregados a la delegación de la JARE».[50] Era claro que, sin esa información, no se podían cerrar las cuentas.

Todo el proceso había sido complejo y desagradable, especialmente para los antiguos gestores de la JARE, Indalecio Prieto, Carlos Esplá y José Andreu. Éstos comunicaban el 12 de marzo de 1943 a la Diputación Permanente de las Cortes de la República española en el exilio que cuando el presidente de México dispuso por decreto la intervención de los fondos de la JARE, habían decidido dar por «terminado completa y definitivamente la ingrata y penosísima misión que hubo de conferirnos la Diputación Permanente», y que la administración de la JARE había quedado en manos de representantes del Gobierno de México.

Pocos días después, la Diputación Permanente contestaba aceptando esa renuncia, pero matizando que solamente habían «interrumpido sus funciones».[51] Y ese mismo día otra comunicación ponía en conocimiento del presidente y vocales de la delegación de la JARE su «sincero sentimiento por la conducta seguida contra ellos», destituyendo a unos y forzando moralmente a otros a dimitir.

Cinco días después, una carta suscrita por Prieto, Esplá y Andreu agradecía la expresión de los sentimientos comunicados, pero ponía de manifiesto que, en relación con sus funciones como administradores de la JARE, entendían que habían terminado «definitivamente», y no sólo «interrumpido», añadiendo que no aceptarían la reanudación «en ningún caso». Sí se comprometían a presentar, en su momento, al Gobierno «representativo del Estado republicano» una Memoria completa de su gestión.

En agosto de 1945, tras la reconstitución del Gobierno republicano en el exilio (GRE), Manuel Ávila Camacho decidió disolver la CAFARE y devolver los fondos gestionados al Gobierno de Giral. El 2 de noviembre de 1945, Prieto, Esplá y Andreu dirigían un escrito al ministro de Hacienda del nuevo Gobierno, Augusto Barcia, poniéndose a su disposición, de acuerdo con lo indicado por la Diputación Permanente de las Cortes en 1942, a fin de «rendirle cuentas». Y al día siguiente, Augusto Barcia aceptaba este ofrecimiento, expresando el reconocimiento del Gobierno «por la valiosa colaboración que le vienen prestando para recuperar los bienes y valores que podrán llegar a constituir parte del patrimonio del Gobierno Republicano en el Exilio». Unos días más tarde los antiguos gestores de la JARE reiteraban su ofrecimiento, «habiendo obtenido el Gobierno el voto de confianza parlamentario, quedamos a las órdenes de V. E., a fin de… rendir cuenta de nuestra gestión y proceder desde luego a la liquidación».[52] Y por fin, a finales de noviembre, Prieto recibía una comunicación de la Secretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros de la República Española en el exilio, comunicando que ya se había constituido la comisión que, en nombre del Gobierno republicano y por delegación expresa de él, iba a examinar «las cuentas y documentos de comprobación», para elevar su informe sobre la administración y hacerse cargo de los justificantes, documentos y libros de contabilidad procedentes de la extinguida JARE.[53]

Seis meses más tarde, la comisión había terminado sus tareas y ofrecía sus conclusiones.[54] José Giral las resumió, señalando que los directivos de la JARE «en honor a la verdad… han procedido con corrección y delicadeza y con probidad y honradez extraordinarias».

Estas eran las conclusiones fundamentales del informe de la comisión:

— Se habían examinado el libro de actas de la Delegación y el Diario justificativo de los ingresos y gastos. No existía ni libro Mayor ni de Inventario, desconociéndose por ello el importe total de lo que había constituido el activo de la Delegación en origen. Todas las ventas realizadas se hallaban autorizadas en el libro de actas y las operaciones parecían debidamente justificadas. No se podía precisar con exactitud si dichas ventas habían sido hechas en las condiciones más beneficiosas posibles para los intereses de la JARE, pero sí que se habían adoptado las precauciones necesarias para que estas operaciones tuviesen un rendimiento de mercado. También quedaba claro que la Delegación había tomado las medidas adecuadas para evitar sustracciones o pérdidas de los objetos que se hallaban bajo su custodia y administración.[55]

— La comisión había comprobado, uno por uno, todos los asientos del Diario con los justificantes respectivos, encontrándolos conformes. Se dejaba constancia de que habían aparecido varias partidas de gastos con el carácter de reservadas, cuyos beneficiarios no se detallaban en el Diario. Sin embargo, estos gastos se hallaban autorizados en el libro de actas. Existían también varios préstamos reintegrables hechos a refugiados, de los que no se había conseguido la recuperación total. Y en el Diario aparecían partidas de gran importancia a favor de diferentes organismos dependientes de la JARE, como la Comisión de Socorros, el HISME, comedores infantiles, etc. Todas estas partidas habían sido aprobadas por la Delegación en su momento.

— Los envíos a Francia para atenciones a los refugiados y traslados de éstos a América habían supuesto 5,25 millones de pesos, sobre los que no se había rendido cuenta suficiente. La explicación de ello se atribuía a las circunstancias derivadas de la ocupación de Francia por los alemanes.

— En diciembre de 1939, la Delegación había acordado devolver los objetos que hubieran pertenecido a personas afectas al «régimen republicano», siempre que fuera posible su identificación.

— Los sueldos percibidos por los componentes de la Delegación eran moderados «y no representaban la remuneración debida al esfuerzo y celo con que procedieron en la difícil y enojosa tarea de la administración y custodia de los bienes que tuvieron a su cargo».

— Al final, la comisión hacía constar que los antiguos administradores de la JARE habían dado toda clase de facilidades en el desempeño de su cometido.

El informe, en conjunto, era favorable a los miembros de la delegación de la JARE en México, a excepción de la realidad de la inexistencia de Inventario y de libro Mayor. Este informe fue remitido el 16 de julio de 1946 a Prieto, Esplá y Andreu. Se les explicaba que habiendo aprobado el informe el Consejo de Ministros del Gobierno de la República en el exilio el 9 de julio, los miembros de la Delegación debían entregar «el inventario de mercancías… recibos, libros de cuentas y comprobantes y toda cuanta información y efectos de toda clase» pudieran tener.

Pero los ex administradores de la JARE no quedaron satisfechos del final que se trataba de dar a la operación. Prieto y sus compañeros querían que se dijera de manera pública que su actuación había sido correcta. Y el 7 de agosto de 1946 escribían al subsecretario del Ministerio de Hacienda, Gabriel Bonilla, recordándole que en la comunicación que habían recibido quedaba claro que el Consejo de Ministros de la República en el exilio había «examinado y aprobado el informe» de la comisión, pero que con ello no se habían cumplido las normas a las que se había supeditado el proceso, en la medida en que el Gobierno no se había pronunciado «sobre el estado de las cuentas». Esto era lo más importante para ellos. Porque Prieto, Esplá y Andreu reclamaban la función fiscalizadora del Gobierno. En defensa de su honor, exigían que se les comunicara «formalmente» si esas cuentas eran aprobadas o no, y que públicamente se manifestara esa conclusión.[56]

Efectivamente, el Gobierno no había aprobado las cuentas, ni la gestión de la Delegación. Lo único que había aprobado era el informe que había presentado la comisión, pero la gestión de los administradores no había sido enjuiciada. Por ello, en septiembre de 1946 los antiguos gestores se dirigieron de nuevo al ministro de Hacienda de la República española en el exilio, reclamando que «públicamente se manifieste si en nuestra ingrata misión hemos procedido como las personas rectas y honradas que afirmamos ser», reclamando «una clara e inequívoca manifestación de justicia».[57] A la vez recordaban que si bien la orden del 30 de noviembre de 1945 establecía que la comisión debería hacerse cargo de los «libros de contabilidad, facturas, comprobantes y toda clase de documentos», más tarde se había incorporado el concepto «y efectos». Y este nuevo concepto complicaba más la situación, porque como le recordaban al ministro de Hacienda, en relación con «los efectos», Giral les había dicho que ése era un asunto que debía tratarse con él personalmente por ciertas «circunstancias especiales».

Y a partir de este momento, se abrió un nuevo e importante debate, y en una nueva carta al ministro de Hacienda, Prieto, Esplá y Andreu señalaban su perplejidad, porque mediante «el simple desplazamiento o inclusión incidental de una palabra en una Orden indirecta» se había modificado «una Orden directa y precisa». En consecuencia, pedían una orden directa y precisa en la cual se «citen los nombres de las personas a quienes debamos hacer entrega de los efectos». Y entendían que esa orden debería ser objeto de acuerdo expreso por el Consejo de Ministros.

El debate continuó. El ministro de Hacienda trató en diciembre de cerrar la operación, y una orden reservada del 23 de diciembre de 1946 señalaba que, practicada la liquidación provisional de las cuentas de la comisión, correspondía, de acuerdo con los deseos de la Delegación, «hacerse cargo de los efectos que existen en poder de la misma». Y para ello nombraba una comisión a la cual debería hacerse entrega de esos efectos mediante el correspondiente inventario.[58] Una nueva orden del 28 de diciembre de 1946, ordenaba la entrega a la comisión recién nombrada de los «libros de contabilidad, facturas, comprobantes y toda clase de documentos».

No se cumplió. Rodolfo Llopis volvió a plantear el tema en 1947, cuando formó un nuevo Gobierno republicano en el exilio. Y en su calidad de presidente del Consejo de Ministros de ese Gobierno solicitó de Prieto información sobre la entrega de los distintos documentos. Prieto le contestó en nombre de los tres,[59] insistiendo en que ellos entendían que el requisito que se había establecido por la Diputación Permanente era que el Gobierno, «con quien hayamos de entendernos», debería tener ratificada su designación por las Cortes de la República.[60] «Haremos los esfuerzos posibles para lograr el apetecido acuerdo, mas sin olvidar nuestras graves responsabilidades, respecto a una parte de las cuales es imprudente referirse en cartas confiadas al correo».

De nuevo no hubo forma de cerrar esta operación. Y, como consecuencia, Prieto y los otros dos miembros de la delegación de la JARE en México, no lograron en ningún momento la aprobación de su gestión, al menos en los términos en que ellos lo deseaban.[61]

Pero la realidad es que nunca se ha llegado a saber el valor del «tesoro» que transportó el Vita desde Francia a México, y del que se hizo cargo Prieto para financiar la actividad de la JARE. Y éste fue uno de los problemas del cierre de las cuentas de JARE. Porque la falta de ese fundamental punto de partida hizo imposible realizar una evaluación del volumen y de la gestión de aquellos fondos.

Abdón Mateos (2006:13) ha dicho que no se puede hablar de mala gestión de la JARE. Y que el relativo fracaso de las inversiones industriales y agrícolas no fue imputable solamente a los responsables de la gestión, sino a un conjunto de circunstancias.

Nueva etapa de las finanzas del Gobierno republicano en el exilio (GRE)[62]

Ya se sabe que en agosto de 1945, tras la reconstitución de las instituciones republicanas en el exilio, Manuel Ávila Camacho, presidente de la República mexicana, decidió disolver la CAFARE y devolver los fondos gestionados al Gobierno de Giral. Para ello publicó un decreto ordenando que «las propiedades, muebles o inmuebles, los títulos, valores y acciones, así como cualquier clase de bienes traídos a México o adquiridos en el país por la JARE y administrados posteriormente por la CAFARE, y las propiedades muebles e inmuebles, los títulos, acciones y valores y cualquier clase de bienes que la Comisión haya adquirido, tenga en el extranjero o deba recibir», fueran entregados a las nuevas instituciones.[63] La suma que en función de este mandato se entregó al GRE totalizaba 4.159.639 pesos.

En ese momento se abrieron dos procesos. Uno de rendición de cuentas que los gestores españoles anteriores a la CAFARE debían de hacer sobre la administración de los bienes, ya tratado en páginas anteriores. Y otro que podría definirse como una nueva gestión de los fondos de la República en el exilio. Las páginas que siguen pretenden dar cuenta de esta nueva etapa.

Todo comenzó en agosto de 1945 con la llegada de Martínez Barrio a la presidencia de la República española (1945-1962). Desde esa fecha, y hasta junio de 1977, momento en que el presidente de la República, José Maldonado, y el presidente del GRE, Fernando Valera, pusieron fin a las instituciones republicanas en el exilio, la búsqueda de una financiación que permitiera mantener activo el aparato gubernamental fue una compleja sucesión de dificultades, penurias y frustraciones.

El primer presupuesto del reconstituido Gobierno republicano en el exilio, presidido por José Giral (1945-1947), fue de 1.841.200 pesos anuales. Un presupuesto que estuvo vigente hasta octubre de 1946, a pesar del traslado del GRE a Francia. Es sabido que además de los bienes administrados por la antigua JARE existían una serie de valores y créditos en distintos países en manos de antiguos funcionarios y distintas instituciones, que hasta ese momento no había sido posible localizar. Giral hizo grandes esfuerzos por recuperar éstos bienes, aunque con poca suerte.

A Giral le sustituyó en la presidencia del Gobierno republicano en el exilio Rodolfo Llopis (febrero-agosto 1947). Su programa de Gobierno, aunque continuaba la política de ayuda a los emigrados en Europa y América, sufrió importantes modificaciones. Llopis ya no trataba de elaborar un programa para cuando «volvieran» a España, sino de fijar las actividades a desarrollar en el exilio. Su objetivo estratégico era impedir que se estableciese en España un régimen que no fuese el republicano, sin que previamente el pueblo español se hubiera podido manifestar mediante consulta electoral. También lo era incrementar el reconocimiento internacional del GRE y abrirlo a todas las fuerzas antifranquistas. Y en esta línea hizo grandes esfuerzos.

Desde el punto de vista económico, la situación seguía siendo muy precaria. El titular de Hacienda, teniendo en cuenta lo gastado durante el Gobierno Giral (más de 3 millones de pesos) y la escasez de medios disponibles, tuvo que desarrollar una política económica basada en una fuerte reducción de gastos y un incremento de ingresos.[64] Llopis trató de nuevo de recuperar los bienes que se hallaban en poder de terceros, exigiendo que éstos cumplieran las obligaciones «que la disciplina y el honor les imponen». Pero nada pudo hacerse en esta línea.[65] Por ello tuvo que reducir considerablemente el gasto gubernamental, pasando el número de ministerios de dieciséis a ocho, dejando, además, en la mínima expresión el personal diplomático. Los recortes fueron tan acusados, que hasta el presidente de la República se vio privado de los gastos de representación.[66] Sin embargo, el déficit acumulado durante el período fue muy importante.

Desaparecido el Gobierno de Rodolfo Llopis, fue nombrado para sustituirle Álvaro de Albornoz (1947-1951). Tuvo dos mandatos. En ambos constituyó sus Gobiernos exclusivamente con miembros de partidos republicanos, sin la presencia de los partidos socialista, comunista, los vascos, los catalanes, y las dos centrales sindicales CNT y UGT. Porque la mayor parte de éstos no consideraba factible el restablecimiento de la República, dada la situación internacional reinante en aquellos momentos, negándose a participar en el nuevo equipo ministerial.[67] Por otro lado, el programa del nuevo presidente no se limitó a perseguir únicamente fines políticos, sino que en todo momento trató de velar por los intereses económicos futuros de España.

Álvaro de Albornoz dispuso de su primer presupuesto, muy austero, en marzo de 1948. El decreto que lo aprobaba señalaba que ningún funcionario podría percibir sueldos, gratificaciones o haberes complementarios sin previo acuerdo. Y a partir de octubre de ese año, ante la continua caída de los ingresos, hubo que empezar a hacer, mes a mes, previsiones de gastos a la baja, cada vez más restrictivas, así como establecer nuevos recortes:

… todos los nombramientos de personal… son a título circunstancial e interino, sin que se produzcan efecto ni derecho alguno en relación con los escalafones… el Gobierno dejará de asumir la obligación de satisfacer los haberes devengados… el Gobierno dejará de asumir las obligaciones que venía satisfaciendo en concepto de anticipos reintegrables y subvenciones de toda clase.

Esto motivó una carta del presidente de la República, Diego Martínez Barrio, al presidente del GRE:

Querido y buen amigo: Acabo de firmar el Decreto fijando la relación de gastos aprobada por el Gobierno para los meses de octubre y noviembre. Con el pago de las atenciones reconocidas en dicha relación se agotarán las disponibilidades metálicas… a partir del 1.º de diciembre se carecerá normalmente de numerario para sufragar las atenciones del Estado, y sin más presunciones favorables futuras que las aleatorias de la liquidación de algunos créditos pendientes de cobro y de la ayuda prometida por los Gobiernos de Venezuela y Guatemala. Creo innecesario significarle a Vd. mi preocupación con este motivo. Desventuradamente hemos llegado a un extremo tal que la marcha de las cosas podría poner en peligro… la respetabilidad de las Instituciones y el buen concepto de la gestión de los órganos ejecutivos… En distintas ocasiones lo he dicho, y ahora lo repito, que mi deber y mi convicción, han cristalizado en la resolución firme e irrevocable de sostener la representación del Estado, sean cuales fueren las disponibilidades de tesorería. Cualquier otra conducta estaría condenada a la merecida execración de nuestros compatriotas y al fallo severo de la historia.[68]

Así pues, a finales de 1948, las instituciones republicanas en el exilio habían tocado fondo. El Gobierno se vio obligado a reducir sus funciones, imponiendo severas restricciones en todos los gastos, y renunciando a todas aquellas funciones administrativas no directamente relacionadas con su acción política y representación internacional. Además, el carácter eventual de los ingresos y el firme propósito de no contraer obligaciones que no se pudieran cumplir, motivó una nueva estructura en los presupuestos de gastos, en la que las obligaciones se dividían entre fijas, eventuales preferentes o eventuales diferidas, reduciéndose la primera partida a su mínima expresión.

El segundo Gobierno de Álvaro de Albornoz (1948-1951) tuvo, por lo tanto, una estructura distinta a los anteriores. Sólo quedaron en París la presidencia del Gobierno y tres ministerios (Estado, Hacienda y Justicia), y se crearon dos nuevos departamentos de Asuntos Europeos, basados en Londres y Roma, y uno de Asuntos Americanos, con sede en México. Y una vez más, la falta de recursos motivó que el Gobierno recurriera, como sus antecesores, al infructuoso recurso de tratar de recuperar los bienes sacados de España. De manera que en marzo de 1949 el GRE notificó a Juan Negrín «la necesidad de atender el requerimiento que se les ha hecho oficialmente, así como a otros supuestos tenedores de bienes del Estado Republicano, para la entrega parcial de dichos bienes al Gobierno legitimo de la República, sin perjuicio de la rendición general de cuentas». Y, como en ocasiones anteriores, este requerimiento no tuvo ningún resultado.

En agosto de 1951, Gordón Ordás (1951-1960) sustituyó a Álvaro de Albornoz en la presidencia del Gobierno de la República, que ocupó también en dos ocasiones. Desde agosto de 1951 hasta enero de 1956, y en un nuevo mandato hasta el 17 de abril de 1960. Los dos fueron Gobiernos no de partidos, sino de personalidades republicanas liberadas de la disciplina del grupo al cual pertenecieron. Como en anteriores casos, el programa con que se iniciaba su mandato era el mantenimiento y la defensa de la legitimidad de la República española en el exilio, idea que trató especialmente de reforzar en su segundo Gobierno, a partir de la admisión de España en la ONU. Pero sin recursos económicos y sin apoyo internacional, su Gobierno no tenía la menor posibilidad de lograr su finalidad esencial: derrocar el franquismo y restaurar en España las libertades democráticas.[69]

Dada la tradicional precaria situación de las finanzas del Gobierno republicano en el exilio, Gordón Ordás fijó como objetivo de su política económica la reducción de gastos y la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación que le permitieran seguir atendiendo las necesidades más apremiantes de las instituciones y continuar ayudando a los emigrados españoles. Lo primero que consiguió fue que el presidente mexicano asignara al GRE un subsidio anual de 120.000 pesos, que a mediados de 1959 incrementaría a 240.000. Hizo además diversas gestiones para conseguir que los republicanos exiliados y las entidades y personalidades extranjeras, que creían en la causa republicana, contribuyeran al sostenimiento de la República mediante la suscripción de una contribución mensual, la compra de Bonos de Liberación Española y la adquisición de la Carta de Nacionalidad. Por otro lado planteó la necesidad de conseguir la estabilidad presupuestaria, para asegurar la continuidad de la República en el exilio.

Trató también, como sus antecesores, y de forma muy insistente, de recuperar los activos republicanos que existían en distintos países. Lo consiguió en el caso de los denominados «bonos de Uruguay» pero en cifras, como en otros casos en el que los distintos presidentes de Gobierno recuperaron algún pequeño activo, insignificantes en relación con las cantidades desaparecidas.

En mayo de 1960, el general Emilio Herrera Linares (1960-1962) se convirtió en presidente del séptimo Gobierno republicano en el exilio. No era un momento propicio. En un primer momento tuvo incluso dificultades en encontrar personalidades que quisieran incorporarse a su equipo ministerial. Alcalá-Zamora rehusó por temor a nuevas represalias contra su familia en España, e Indalecio Prieto no sólo negó su colaboración, sino que puso en tela de juicio la existencia de las instituciones republicanas. Por otra parte, los dirigentes republicanos estaban convencidos de la proximidad de la desaparición o transformación del régimen español, lo que les llevó a crear una organización ciudadana denominada «Orden de la Lealtad a la República Española», con objeto de elaborar un censo que diera a conocer el número de españoles que continuaban siendo leales a la República. Creían que ello ayudaría a contribuir económicamente al sostenimiento del Gobierno y su política.

Se creó también una Junta Restringida del Gobierno para examinar problemas graves. La junta se reunió por primera vez en noviembre de 1960 para estudiar la situación interior de Francia, conflictiva en aquellos momentos por la rebelión de los generales en Argelia. Esto les aconsejo definir un programa para poner a salvo la parte esencial de los archivos, especialmente aquellos que pudieran comprometer a personas residentes en España, poniéndolos en lugar seguro, o depositándolos bajo la protección de las embajadas de Yugoslavia y México. Se acordó también solicitar de los embajadores de distintos países las autorizaciones oportunas para la protección de efectos, documentos y personas, y ordenar al jefe de los servicios de Hacienda que tuviera dispuesta una suma de dinero efectivo para poder, en su caso, anticipar al personal político y administrativo el importe de dos o más mensualidades, con objeto de asegurarles cierta libertad de movimientos.

Desde el punto de vista económico, la primera acción de tipo financiero del nuevo gabinete fue hacer un llamamiento a la opinión pública republicana, invitándole a que aportara, mediante contribuciones fijas voluntarias, los recursos necesarios para poder establecer un servicio de emisiones de radio a España y financiar los viajes y al personal especializado. Y para ello se emitieron Bonos de Liberación. Pero la opinión republicana no respondió al llamamiento, y apenas se pudieron reunir 5.000 nuevos francos durante el último semestre de 1960, una suma insignificante en relación con las necesidades del servicio y el número de emigrantes españoles.

En 1961 la situación era ya dramática, y fue significativo el hecho de que, por primera vez en la historia del Gobierno republicano en el exilio, los presupuestos tuvieran que confeccionarse ocultando el origen de las partidas de ingreso, utilizando el nombre de los contribuyentes en código para burlar el espionaje franquista.

El Gobierno del general Herrera tuvo una vida efímera. El 1 de enero de 1962 murió Diego Martínez Barrio, que venía ocupando la presidencia de la República en el exilio desde 1945. Le sustituyó en la presidencia Luis Jiménez de Asúa (1962-1970). Y éste le encargó formar Gobierno a Claudio Sánchez-Albornoz (1962-1971). La sede oficial del Gobierno seguía siendo París, aunque tanto éste como el presidente de la República residían en Buenos Aires. El nuevo presidente constituyó un gabinete, en el que figuraban ministros sin cartera, residentes en México, Nueva York, Chile e Italia, con la misión de promover y fomentar la acción del Gobierno en el exilio ante las instituciones y autoridades de sus respectivos países, así como ante la prensa.[70] Trabajó para mantener la legitimidad republicana, y luchó para derrocar a Franco y dar a España un sistema democrático. Pero no era nada fácil poner en marcha un plan de acción como éste, con recursos tan escasos.

Realmente la situación se estaba convirtiendo en angustiosa. De unos 150 funcionarios con que contaba el GRE al instalarse en París, sólo quedaban 14. También se tuvo que suprimir el abono que mensualmente se hacía a la Comisión Permanente de las Cortes. Y era previsible que pronto habría que suprimir la nómina del personal de París.[71]

En noviembre de 1970 falleció el presidente de la República, Luis Jiménez de Asúa, siendo sustituido por José Maldonado González (1970-1977). Sánchez-Albornoz renunció a su cargo, una dimisión que fue aceptada, encargándosele a Fernando Varela (1971-1977), la presidencia y reorganización del Gobierno en el exilio. Éste desempeñó su cargo en un escenario que se caracterizó por una cada vez más acusada falta de recursos económicos.

Hay que recordar que en ningún momento de la existencia del Gobierno republicano en el exilio se pudieron recuperar cantidades importantes de aquella serie de valores y créditos que en distintos países estaban en manos de antiguos funcionarios y distintas instituciones. Sin duda, la escasez de recursos con que actuaron los distintos presidentes hizo imposible que alcanzaran sus objetivos.

Al final, el aparato institucional creado por la República para dirigir el exilio fue desmontado el 15 de junio de 1977, día en que se celebraron elecciones democráticas en España. Porque éstas ponían fin a la legitimidad de la República en el exilio. Y en el mismo momento en que se publicaron los resultados electorales, José Maldonado y Fernando Varela «ejerciendo por última vez las funciones de presidente de la República y del Gobierno en el exilio, hicieron una declaración en la que ponían fin a la misión histórica que las instituciones republicanas se habían impuesto fuera de la patria».[72]

La gestión financiera de Negrín

Es también de interés preguntarse por la gestión financiera de las operaciones en las que participó Negrín, en la medida en que la literatura al particular ha venido culpándole, sistemáticamente, de una mala gestión, y de una inadecuada aplicación de los fondos manejados. Siempre a favor de sus intereses particulares. El análisis de mayor consistencia que se ha hecho, a ese particular, es la investigación de Enrique Moradiellos (2006),[73] «la primera biografía plenamente documentada sobre la figura más difamada del socialismo español», como fue bautizada por la crítica.[74]

La investigación de Moradiellos concluye que Negrín, y sus colaboradores en el Gobierno republicano en el exilio, «llevaron a cabo una minuciosa y detallada contabilidad sobre los fondos financieros disponibles y sobre sus destinos y aplicaciones».[75] Y que desde febrero de 1939, y hasta finales de 1945, mantuvieron «un digno y eficiente control sobre las finanzas republicanas oficiales que puede seguirse en los libros de contabilidad de la Hacienda pública custodiados con fervor casi religioso por Negrín hasta el final de sus días en su archivo particular». Moradiellos sostiene que «tras la consulta y examen de esa vasta documentación burocráticamente clasificada y organizada, difícilmente se mantiene la acusación contra el doctor Negrín y sus colaboradores de falta de atención, despilfarro, o dilapidación de caudales públicos». Añade que pueden ser «legítimamente discutibles los destinos y aplicaciones de algunas partidas y remesas, así como su entidad comparativa y su oportunidad política o diplomática. Pero el cómputo general resulta sumamente preciso».[76] Por otra parte, y tal como se documenta en esa investigación, Negrín «se abstuvo de tomar parte en las gestiones financieras de modo directo y personal, y siempre optó por entregar su gestión a grupos y equipos de confianza y con amplia representación política de significación republicana».

La primera misión de Negrín fue poner a salvo los fondos disponibles del exilio de la persecución que tras ellos organizó, una vez acabada la guerra, el Gobierno de Burgos, con el beneplácito de los Gobiernos europeos. Y en muchas ocasiones pudieron salvarse. Un ejemplo de ello fue el fideicomiso denominado The Spanish Refugee Trust, presidido por el aristócrata suizo Henri de Reding.[77] Los fondos de este fideicomiso estaban integrados, básicamente, por valores de la CHADE y otros valores extranjeros, incautados por el ejecutivo republicano a particulares «afectados por responsabilidades políticas de apoyo a la rebelión militar». Estos activos se habían depositado en un primer momento, para su custodia, en una caja fuerte abierta en la londinense calle de Chancery Lane. La constitución del fideicomiso se justificó en las dificultades de monetización de esos valores y en el peligro que suponían «las eficaces demandas jurídicas de incautación» emprendidas por el Gobierno de Burgos. Y la medida logró su objetivo, porque los tribunales británicos dictaminaron «la nulidad de los recursos de las autoridades franquistas». De este modo, como mínimo, el fideicomiso pudo disponer, mediante la venta de una parte de sus valores, de una cantidad superior a las 100.000 libras esterlinas, que fueron aplicadas al auxilio de los exiliados republicanos durante los años sucesivos.

Además del fideicomiso, el Gobierno republicano había conseguido salvar una considerable cantidad de recursos. Es un dato que, al 27 de febrero de 1939, cuando se produjo el reconocimiento jurídico anglo-francés del Gobierno de Franco, el «fondo de reserva» que manejaba Negrín ascendía a 1.667.439 libras esterlinas.

Pero esa cantidad fue creciendo con la venta de valores y otros activos, especialmente material bélico, a la vez que se produjeron salidas de un poco más de medio millón de libras. En definitiva, asegura Moradiellos, el Gobierno en el exilio habría conseguido salvar una cifra total de 2.173.816 libras esterlinas,[78] de las que tras varias salidas, les quedaron 1.655.947 libras.

Según el análisis de Moradiellos, la totalidad de los fondos de que se disponía se puso al servicio de la emigración y de las instituciones republicanas. Y cuando, como consecuencia de los efectos en Francia de la segunda guerra mundial, tuvo que desarmarse el aparato que la República había instalado en Francia, se habían efectuado gastos contables por valor de 1.444.000 libras esterlinas. De éstos, según documenta, el capítulo fundamental (1.200.000) estuvo destinado a financiar la atención y cuidado de los exiliados en Francia y la evacuación a tierras americanas de un mínimo de 440.000 personas.[79]

En relación con los gastos institucionales, la investigación de Moradiellos apunta a que el Congreso gastó 4.520 libras en el primer año y medio de exilio, y que durante ese mismo período los Gobiernos autónomos vasco y catalán recibieron 16.412 libras cada uno. Los salarios del personal de administración ascendieron a 13.103 libras. El servicio jurídico y la atención a los contenciosos derivados de las reclamaciones franquistas a 3.319 libras. Los gastos reservados de la Presidencia de Gobierno a 712 libras, y el coste de la flota de automóviles de Presidencia y de Defensa a 953. Moradiellos dice que «las partidas destinadas a subvenir el funcionamiento de las instituciones republicanas en el exilio no parecen particularmente desorbitadas ni improcedentes». A título de ejemplo, Moradiellos menciona que la asignación anual percibida por Negrín suponía 1.355 libras, frente a las 500 libras anuales percibidas por un segundo jefe de policía de provincias en Gran Bretaña en 1939, o las 360 libras que ganaba una enfermera principiante.

LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN FRANCIA INFORMA SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LOS REFUGIADOS

Existe un documento de excepcional importancia sobre la financiación del exilio de la República y sobre la organización administrativa de que dispuso el Gobierno republicano.[80] En ese documento la embajada de España en Francia daba cuenta a su Gobierno de la situación de los refugiados españoles en Francia, de los recursos con los que se había contado para su mantenimiento, y de cómo se habían utilizado.

El informe explicaba la constitución del SERE, fundado por Negrín con el respaldo de los valores, alhajas y metálico que el Gobierno de la República se había ido llevando a Francia. Agrupaba, decía, a socialistas, comunistas y anarquistas, y «a los ojos de las Autoridades francesas y de los mismos refugiados, habría de hacer funciones de Asociación protectora de éstos y organizadora de viajes colectivos hacia América». Recordaba que el primer objetivo de esta organización había sido desplazar una parte sustancial de los refugiados a las repúblicas del centro y sur de América, para que rehicieran allí su vida. Venezuela, Santo Domingo, Chile, México y Argentina habían aceptado recibir esa emigración. Incluso se llegó a comprar una finca de extensión considerable en México para dar ocupación a los refugiados.[81] Porque dinero, decía el informe, «había en abundancia».

Por delegación de Negrín, la presidencia del SERE la ocupó Francisco Méndez Aspe, aunque el presidente del Consejo fue desde el principio Pablo Azcárate. La sede social se instaló en París, en dos domicilios distintos. En uno, la sede propiamente dicha, y en otro, la sección financiera. El Consejo estaba formado por once personalidades representantes de los distintos partidos políticos. En todo caso, recordaba el informe, aunque el doctor Negrín y Álvarez del Vayo tenían su domicilio fuera de París, por orden de las autoridades francesas, ello no impedía que ambos tuvieran en esa capital domicilio fijo, y que fueran «los verdaderos directores de la Organización que desde el primer momento, tomó un rumbo marcadamente comunista».[82]

Junto al SERE, se ocupó también de atender a los exiliados la Diputación Permanente de las Cortes, dirigida por Diego Martínez Barrio que, con fondos del Comité de Ayuda a España, repartía todos los días de 10 a 12 de la mañana 10.000 francos en billetes de 100 a cada español que allí se presentaba, con el único requisito de dar su nombre y filiación política al Frente Popular. A finales de abril de 1939, Martínez Barrio procedió a liquidar los fondos que tenía bajo su custodia, repartiéndolos entre los distintos partidos políticos del Frente Popular en cantidades proporcionales al número de afiliados de cada uno de ellos.[83]

El informe de la embajada recordaba también que, siendo Negrín presidente del Gobierno republicano, se fletó el Vita, en el que se embarcaron alhajas y valores «por un montante aproximado de 3.000 millones de pesetas». Aludía también, sin mucho detalle, a la controversia Negrín-Prieto por la propiedad del «tesoro» del Vita. Sin embargo, al referirse a la actuación del presidente Lázaro Cárdenas, encargándole a Prieto la administración de los fondos, decía que éste había prometido a Cárdenas que «en las próximas elecciones presidenciales, ayudaría económicamente al triunfo del candidato que Cárdenas apoyase». Y apostillaba que así lo hizo, cuando éstas tuvieron lugar, y que su resultado fue el triunfo del general Ávila Camacho.

Daba cuenta también de la constitución de la JARE, con los activos que llegaron en el Vita, dirigida por Prieto, pero presidida formalmente por Nicolau d’Olwer. El informe explicaba que durante su estancia en Francia para la constitución de la JARE, Prieto celebró varias entrevistas importantes con el objetivo, tal como explicó al diario Excelsior, de conseguir

… una posible restauración monárquica en España… que, con una amplia amnistía, hubiera permitido… la entrada en masa en nuestro país para reorganizarse dentro del mismo con un carácter puramente sindical en apariencia, pero que en el fondo le hubiera permitido, más adelante, la vuelta al Poder en un momento propicio, con la fuerza que aquellos representaban.

Debido a eso, Prieto, antes de partir para México, recomendó que la política de la JARE fuera moderada, teniendo en cuenta que el Gobierno francés «perseguía duramente a los extremistas comunistas». Esta política no se limitaba a Europa. Así, el informe de la embajada destacaba en México «la conducta seguida por los partidarios de Prieto —ordenada y trabajadora en general— con la que seguían los que iban llegando, partidarios de Negrín, que en su mayoría se dedicaban al robo, al saqueo, atracos y escándalo perpetuo». La economía de la JARE era menos importante que la del SERE, pero «superó siempre a éste en eficacia, embarques, trabajo e incluso políticamente, en sus relaciones con franceses y mejicanos… por eso las Autoridades francesas les trataron mucho mejor».

Por el contrario, al SERE, y según señalaba el informe de la embajada, su tendencia marcadamente comunista le hizo sufrir tres intervenciones policiales. La primera, en diciembre de 1939, en que se intervino el fichero completo de afiliados y un millón de francos, se detuvo a los principales dirigentes (que fueron puestos en libertad al día siguiente), y se clausuraron algunos locales. La segunda, en el mes de marzo de 1940, en la que la policía francesa se incautó de un millón y medio de francos y más documentación. Esta vez las detenciones fueron más numerosas, aunque con el mismo resultado. Entre los detenidos estaba Álvarez del Vayo. La tercera, y última intervención, tuvo lugar en mayo de 1940. Esta vez fueron clausuradas de manera definitiva todas las sedes sociales republicanas por orden del nuevo Gobierno. Quedaron suspendidos los embarques y, como consecuencia, los integrantes del SERE comenzaron «a disgregarse por diferentes provincias francesas, temerosos de lo que se avecinaba».

El informe señalaba que «fue a vascos y a catalanes a los que más se protegió en Francia, más, mucho más, que a las otras dos Organizaciones de Negrín y Prieto, a pesar de que éstos personalmente gozaban de indiscutible influencia con algunos miembros del Gabinete francés». En todo caso, la política seguida por los vascos estuvo principalmente dirigida a atraerse al clero francés, «lo que no les costó gran trabajo». El presidente Aguirre estaba en contacto permanente con el Vaticano.[84]

En todo caso, en el exilio destacó la eficacia de la delegación del Gobierno del País Vasco.[85] Se estableció en 1939, y fue Rafael Picabea, antiguo director de El Pueblo Vasco de San Sebastián, quien se encargó de preparar el terreno valiéndose de sus amistades políticas y eclesiásticas. El presidente Aguirre y sus principales consejeros se instalaron en un palacete cerca del Arco del Triunfo,[86] adquirido en 1937 por Marino Gamboa, que vivía en Londres, y era el encargado de centralizar las aportaciones de los vascos en América.

Marino Gamboa creyó oportuno constituir una sociedad francesa, que se hiciera cargo de los bienes nacionalistas vascos que se encontraban en Francia. Y así, el 10 de febrero de 1939, se constituyó la sociedad Finances et Entreprises, con un capital de 3 millones de francos. Su sede se utilizó, en los primeros momentos, como oficina de prensa, para explicar a los medios internacionales el sentido de la lucha del País Vasco, y posteriormente para acoger a autoridades exiliadas. Por otra parte, el Gobierno vasco estableció en otras dependencias el Departamento de Finanzas. Una tercera oficina se dedicaba a la recuperación de los bienes vascos que se hallaban en litigio en el extranjero.[87]

El informe de la embajada mencionaba que todo ello había sido financiado en principio por el SERE, más tarde por la JARE, y durante todo el tiempo, además, con dinero que recibían de América de diversas personas y suscripciones.[88] Políticamente, los vascos estuvieron en todo momento más cerca de Prieto que de Negrín. Actuaron con eficacia, resaltaba el informe, hasta el punto de que consiguieron, a principios del año 1940, y con respecto a los demás refugiados, que un decreto del presidente de Argentina autorizara la entrada en aquel país «solamente a los vascos». Como consecuencia de esto, se inició una importante corriente de emigración vasca hacia aquel país, aunque a última hora quedó en suspenso por la escasez de medios económicos.[89] El Goierno vasco publicaba un órgano de propaganda, el mejor de los editados en el destierro, bajo el nombre Euzko-Deya, que tuvo una vida más larga que el Poble Català pero que dejó de publicarse por orden de las autoridades francesas en mayo de 1940.

Después de ocupado París por el ejército alemán, funcionarios de la embajada española en dicha ciudad se apropiaron del domicilio oficial del Gobierno vasco. En 1941, el Estado español planteó una reclamación judicial, pidiendo la incautación de todos los bienes de Finances et Entreprises en el exilio, incluido el palacete.[90]

Los catalanes se dotaron también de una importante organización que dirigió sus esfuerzos a la propaganda cultural. Tenían dos oficinas principales, una política y otra cultural. Ambas dependiendo, política y económicamente, de la JARE, es decir, de Prieto. Pocos emigraron a América, «ni sintieron apetencias de hacerlo». Los órganos de propaganda de los catalanes eran el Poble Català, ya mencionado, y La Revista de Catalunya.[91]

Los anarquistas, aunque dependían del SERE, también tenían sus propios fondos, que administraba Federica Montseny, con instalaciones para el Consejo General del Movimiento Anarquista Español. Y trabajaban muy en contacto con los anarquistas franceses.

El informe de la embajada suministraba datos sobre los niveles de remuneración de los antiguos dirigentes de la República por parte del SERE. Así, por ejemplo, a los ex ministros les tenían asignados 6.000 francos mensuales, los subsecretarios generales y altos cargos cobraban 4.000 francos, y otros cargos de menor importancia, y los empleados de las oficinas de la organización (muy numerosos) entre 2.000 y 3.000 francos. A los refugiados en provincias y a los de los campos de concentración «se les enviaban consignaciones que oscilaban entre mil y dos mil quinientos francos». En todo caso, ello dependía «de la influencia política del interesado y de la familia que tuviese». Existían sucursales del SERE en las poblaciones y enclaves donde había refugiados, pero a los campos de concentración llegaba muy poca ayuda y, en todo caso, mal distribuida.[92]

La embajada calculaba que, a principios del mes de marzo de 1939, en los campos de concentración franceses había alrededor de 300.000 refugiados, «que poco a poco, fueron engrosando las conocidas Compañías de Trabajadores y marchando, algunos de ellos, a América antes de la llegada de los alemanes». El número fue reduciéndose paulatinamente, y a la fecha del informe de la embajada, abril de 1941, quedaban 4.000 refugiados en los campos de África del norte francesa, 5.000 en los campos de la zona ocupada, y 6.000 en los campos de la zona libre de Francia.

Al margen de los campos de concentración, desde principios del año 1940 funcionaron las llamadas compañías de trabajadores, que las autoridades militares francesas pusieron en marcha con emigrados procedentes de los campos, para trabajar en la frontera belga y otros puntos estratégicos en fortificaciones y en obras militares.[93] El SERE, y aún más la JARE, enviaban subsidios y efectos de vestir y de aseo a los que formaban parte de ellos.

En relación con la actividad financiera en el exilio, el informe de la embajada se refería también a unas supuestas declaraciones de Indalecio Prieto «atacando al Doctor Negrín», al que se le suponía haber «entregado al Partido Comunista francés, para su custodia, más de dos mil millones de francos». Añadiendo que «casi todas las operaciones de crédito, realizadas por el SERE, fueron hechas por mediación de la Banca Soviética». Y que en las «postrimerías de la guerra civil por deseos de Negrín se transportaron a Marsella 120 toneladas de oro y… que el barco petrolero “Campillo” transportó 140 toneladas más depositándose todas ellas en la citada banca».

El 16 de mayo de 1940, el Gobierno francés decidió clausurar todos los centros y organismos republicanos establecidos en Francia. Y así tuvieron que cerrar sus puertas SERE, JARE, vascos y catalanes. A la vez, se hizo una gran redada de refugiados españoles, que fueron trasladados a campos de concentración. La situación fue empeorando a medida que las tropas alemanas avanzaban sobre París. Y tomada esa capital, «todos se diseminaron o casi todos, pero principalmente los Jefes que, en todo momento, permanecieron distanciados de sus huestes. Fue en este momento cuando más se vio esa separación» decía el informe de la Embajada. Y añadía que Negrín dejó alrededor de 15 millones para que mensualmente se distribuyeran entre los refugiados a razón de un millón al mes. Con todo ello, la ayuda a los refugiados sufrió fuertes alteraciones. Esta asistencia se regularizó en el mes de septiembre a partir de las aportaciones que Indalecio Prieto hacía desde México de 4 millones de francos mensuales, a lo que habría que sumar uno más de la dotación que había dejado Negrín.[94]

El informe de la embajada, fechado el 28 de abril de 1941, terminaba de esta manera:

En el mes de noviembre último el informante se entrevistó con José Calviño Ozores… que fue Jefe de compras de material de guerra para el Ejército rojo, y que todavía guardaba en su poder cantidades importantes de material y dinero que debía revertir al Estado español. En aquella entrevista se arregló la manera de devolver dichos valores a nuestro país y de acuerdo con la Comisión de Recuperación de esta Embajada, el citado Calviño va entregando paulatinamente cuanto quedaba en su poder, que ascendía aproximadamente a unos ciento y pico de millones de dólares en material de guerra, barcos… y dinero líquido, todo ello distribuido entre Grecia, Estonia, Suiza, Francia, Bélgica y Estados Unidos.

Y concluía:

Hoy día todas las actividades políticas de los refugiados españoles en Francia pueden considerarse como anuladas, aparte de algunos elementos anarquistas y comunistas que trabajan… por su cuenta. Detenidos algunos jefes, muertos otros, emigrados una gran parte, las huestes llevan una vida poco agradable en estos momentos en que, faltos la mayoría de dinero, se encuentran acosados por las Autoridades francesas que, en estos momentos, por disposiciones del Gobierno, no desea tener elementos extranjeros en el país, que pudieran ser origen de actividades políticas, alteraciones de orden público y tumultos poco recomendables en las actuales circunstancias de Francia… Por otra parte la Legación de México que hasta aquí vino distribuyendo fondos mensualmente… ha cesado desde hace unos días, pues el nuevo Ministro de México en Francia, General Aguilar, no parece dispuesto a seguir la política proteccionista del otro.

ANEXOS

ANEXO 1

Acta oficial de la reunión mantenida con Mussolini en el Palacio Venecia el 31 de marzo de 1934 y acta de la misma reunión redactada por los representantes españoles

Acta de la reunión mantenida con Mussolini en el Palacio Venecia[1]

El mariscal Balbo presenta al Duce a los representantes españoles general Barrera, jefe del Estado Mayor del ejército, el ex ministro Goicoechea, ex ministro de la Dictadura y jefe de la derecha nacional y legitimista, el dr. Olazábal, jefe de los tradicionalistas, y Lizarza, jefe de ese movimiento de acción del País Vasco.

Goicoechea le recuerda al Duce que fueron presentados en 1923.

El mariscal Balbo invita al general Barrera, como jefe de la delegación, a tomar la palabra.

BARRERA. Se declara honrado y conmovido por tener el honor de hablar con el jefe del Gobierno italiano, Duce del Fascismo, y le agradece la ayuda italiana prestada al golpe de Estado del 10 de agosto, golpe malogrado pero lleno de enseñanzas. Incluso en las revoluciones es necesario equivocarse para aprender, y hoy las derechas españolas, unidas por el bien común, más allá de las antiguas divisiones, están preparadas para volver a empezar. Ya que el Duce tiene sin duda las ideas claras acerca de la situación, le ruega que exponga los argumentos que le conciernen para que puedan iluminarle de manera absoluta.

DUCE. Desearía conocer qué piensan ustedes acerca del Gobierno Lerroux.

BARRERA y GOICOECHEA. Es un Gobierno adormecedor del que hay que desconfiar aún más que de un Gobierno de izquierdas, porque el pueblo, o mejor dicho la pequeña burguesía, puede acomodarse en el statu quo.

DUCE. ¡Y sin embargo debería, o pretende ser un Gobierno fuerte! El ministro del Interior ha propuesto recientemente, y ha hecho que se apruebe, la reinstauración de la pena de muerte.

GOICOECHEA. Es un simulacro de energía. El ministro del Interior es incapaz de hacer que condenen a muerte tan siquiera a una mosca, debido a su carácter templado e incluso miedoso. Por lo demás, no creo que el propio Lerroux tuviese la capacidad de ir más allá; es viejo, débil y está enfermo.

DUCE. ¿Y Gil Robles?

OLAZÁBAL. Hombre de palabras, pero no de hechos: su movimiento no tiene una meta política definida y titubea continuamente: movimiento demasiado alejado de la acción; masas amorfas que a día de hoy casi han aceptado la República. Podemos compararles con el viejo partido popular italiano y con el centro católico alemán. Buena parte de los hombres de Gil Robles seguirán al carro de los vencedores el día de mañana.

DUCE. ¿Cuál es su acuerdo acerca de la monarquía?

GOICOECHEA y OLAZÁBAL. Nosotros nos hemos puesto perfectamente de acuerdo acerca del principio: hemos conseguido sepultar todo un pasado, prescindiendo completamente de los hombres.

BALBO. Aclaren mejor su punto de vista.

OLAZÁBAL. El heredero monárquico tradicionalista es demasiado viejo y, por otro lado, Goicoechea y Barrera están de acuerdo en reconocer que es imposible recurrir a Alfonso XIII. En su familia queda el tercer hijo, oficial de la marina inglesa, pero también acerca de esto hay aún mucho por discutir (los demás asienten).

Nosotros además no queremos que el hombre que deberá encarnar el día de mañana la España monárquica pueda, de ninguna manera, obstaculizar nuestro plan de rehabilitación del país. En cuanto triunfe la revolución, nombraremos un regente, probablemente un militar: después, seguidamente, nos preocuparemos de la dinastía.

Para concluir, nosotros reconocemos de común acuerdo que España ha de ser monárquica pero no tenemos, además del acuerdo de principio, ningún prejuicio y, por supuesto, no plantearemos ahora la cuestión de la persona del soberano, debido a que todos nuestros esfuerzos deben estar encaminados a la acción; el resto vendrá más tarde.

DUCE. Estoy completamente de acuerdo. La monarquía como base es una idea fundamental, tanto en España como en Italia. En lo que se refiere a su país me he quedado convencido leyendo el libro de Madariaga. En cuanto a la dinastía, siempre hay tiempo para decidir. Monarquía significa idea, y dinastía simplemente hombres.

DUCE. ¿Cuál es la situación del ejército, de la marina, de la aviación?

BARRERA. El ejército hoy en día está lleno de canallas. Muchos de los oficiales eliminados por los anteriores Gobiernos han vuelto con la República y han terminado por enturbiar el ambiente. Sin embargo, existen aún muchos buenos oficiales y unidades en las que confiar, como las de Cataluña. La caballería ha quedado prácticamente intacta, y se puede contar con ella, así como se puede contar también con la guardia civil. En este momento tenemos en Madrid unos dos mil oficiales con distintos tipos de licencias: nosotros nos ocupamos mucho de ellos y estamos encuadrándoles como simples soldados para hacer una unidad de élite a la que se le encargarán, el día de la acción, las tareas más difíciles. La marina en España, más que en otros países, es una casta aparte. Políticamente es muy incierta; nosotros no la tenemos en consideración, pero el Gobierno se equivocaría si pensase que la tiene a su completa disposición. La aviación, sin embargo, que en los primeros tiempos de la República había adquirido un carácter netamente de izquierdas, hoy en día está muy mejorada. Incluso el famoso Franco ha introducido en ella a partidarios suyos; la aviación puede ser tratada en profundidad.

DUCE. Ahora vayamos al tema de las armas.

BALBO. Ayer estuvimos discutiéndolo de manera exhaustiva. Creo que por el momento no podemos darles más de un cierto número de bombas de mano, 10.000 fusiles y 200 ametralladoras. Naturalmente estas armas, excepto las bombas, deben sacarse del viejo material de la guerra mundial, y deben ser de marca austríacoalemana para no comprometer de ningún modo a Italia.

DUCE (Dirigiéndose a Balbo). Creo que no será difícil encontrar estas armas.

BALBO (Dirigiéndose al Duce). Las 200 ametralladoras las tenemos ya en cajas en Orbetello y para los 10.000 fusiles será suficiente con dar la orden a Baistrocchi: lo mismo para las bombas, que tendrán que ser muchas y de fabricación reciente.

BARRERA. Hemos pedido también al mariscal un determinado número de pistolas.

BALBO. Como tuve ocasión de afirmar ayer, no hay pistolas en los almacenes militares italianos. Será fácil conseguirlas en cualquier parte, incluso en la misma España. Mi parecer es que son completamente inútiles: el hombre que toma la calle para hacer una revolución necesita estar armado con un fusil.

DUCE. ¿Cómo piensan llevar esas armas a España?

BALBO. Habíamos pensado embarcarlas, y con respecto a esto considero que lo más oportuno es que el embarque se haga en Trípoli, donde bombas, fusiles y ametralladoras se pueden reunir fácilmente, y donde se puede entrenar a un grupo de comandantes de las unidades revolucionarias sin levantar sospechas.

OLAZÁBAL. Explica que habrá que desembarcar las armas en el norte, en la costa del País Vasco. La operación será sin duda difícil, pero no más que la llevada a cabo por su padre, que en los años 18701873 consiguió introducir ochenta mil fusiles.

DUCE. Tendrán estas armas. Balbo, que será el intermediario entre ustedes y yo, se las entregará en Trípoli. Yo cuando ayudo, ayudo de verdad, y Austria lo sabe muy bien. Por lo tanto les aseguro que su movimiento cuenta con mi simpatía. Y ahora pasemos al dinero. ¿Cuánto creen ustedes que les hará falta para los primeros momentos?

GOICOECHEA. Creo que será suficiente con un millón y medio de pesetas.

DUCE. Existe una dificultad técnica para tener esa cantidad en un período de tiempo breve, porque las pesetas no se encuentran fácilmente en el mercado internacional, y tendré que hacer que se compren en pequeñas cantidades para no levantar sospechas. Evidentemente el Estado no intervendrá directamente, porque debido a las leyes italianas, nada escapa al control público. Sin embargo, existen algunos organismos económicos que obedecen al Estado, a través de los cuales se llevará a cabo la operación.

Finalmente pide que se proporcione a Balbo el nombre de la persona a la que se ha de entregar el dinero.

OLAZÁBAL - BARRERA - GOICOECHEA. Está bien, nos pondremos de acuerdo en este punto y lo haremos saber al mariscal Balbo; explican entonces que el dinero se quedará fuera de España, en San Juan de Luz, a diez kilómetros de la frontera.

Acta de la misma sesión redactada por los representantes españoles[2]

Los que suscriben: el teniente general Dn. Emilio Barrera, Dn. Rafael de Olazábal y Dn. Antonio Lizarza en representación de la Comunión Tradicionalista y Dn. Antonio Goicoechea, como jefe del Partido de Renovación Española, levantan la presente acta a fin de que quede en ella registrado lo ocurrido en la entrevista que a las cuatro de la tarde de hoy, treinta y uno de marzo de mil novecientos treinta y cuatro, han celebrado con el jefe del Gobierno italiano, señor Benito Mussolini en unión del mariscal Balbo.

El presidente, después de enterarse minuciosamente, por contestaciones que a sus interrogantes dieron cada uno de los presentes, de la situación actual de la política española y de las aspiraciones y estado del ejército y de la marina, y de los dos partidos monárquicos, manifestó a los reunidos lo siguiente:

Que estaba dispuesto a ayudar con la asistencia y medios necesarios a los dos partidos de oposición al régimen vigente en España en la obra de derribarlo y sustituirlo por una regencia que preparase la completa restauración de la monarquía. Esta manifestación fue repetida solemnemente por el sr. Mussolini, hasta tres veces siendo acogida por los presentes con las naturales manifestaciones de estima y gratitud.

Que en demostración práctica y como prueba de tales intenciones estaba dispuesto a facilitarles inmediatamente diez mil fusiles, diez mil bombas de mano, doscientas ametralladoras y un millón quinientas mil pesetas en metálico.

Que tales auxilios tenían sólo carácter inicial y serían oportunamente completados con otros mayores, a medida que la tarea realizada lo justificase y las circunstancias lo hicieran necesario.

Los reunidos acordaron que para la entrega de la cantidad a que se hace antes referencia se constituyera en delegado de los dos partidos el sr. don Rafael de Olazábal, quien se hará cargo de tales fondos y los pondrá a disposición conjunta de los jefes de ellos, sr. Conde de Rodezno y don Antonio Goicoechea, para su reparto proporcional en la forma, momento y condiciones que ellos dispongan. De la misma manera se acordó que en cuanto al reparto de esta primera entrega de armas, los jefes citados dispondrán lo necesario para la parte proporcional de que cada grupo se haga cargo y asimismo para su transporte a España.

Roma, 31 de marzo 1934.

Emilio Barrera; Antonio Lizarza; Rafael de Olazábal; Antonio Goicoechea.

ANEXO 2

Informe de Antonio Goicoechea a Mussolini del 14 de junio de 1936, en su nombre y en el de José Antonio Primo de Rivera y José Calvo Sotelo, sobre la próxima sublevación contra la República y sobre sus posibilidades de éxito[1]

INFORME

1. Verdadera trascendencia política del triunfo del Frente Popular

La última derrota electoral, de enorme trascendencia política por haber entregado a la revolución las llaves del poder, no tiene la misma importancia desde el punto de vista social.

La distribución geográfica en distritos y la gran ventaja que la ley electoral concede a la lista en la que el primer nombre tenga una leve mayoría, han permitido que con un número de votos equivalente, el Frente Popular haya obtenido la mayoría sobre los partidos del Frente Nacional.

Se trata por lo tanto de dos mitades equivalentes del censo electoral, que hoy luchan en la vida política del país, con la diferencia, sin embargo, de que el Frente Popular cuenta con un número muy escaso de simpatizantes en la masa neutra del país, y obtiene su fuerza únicamente de sus propios afiliados, mientras que el Frente Nacional hoy cuenta, gracias a los errores del Gobierno, con la adhesión de la inmensa mayoría del censo social (quince millones de españoles) que no están comprendidos en el censo electoral.

El triunfo del Frente Popular significa la derrota definitiva de la política centro-católica del señor Gil Robles y de la táctica de adhesión legalista parlamentaria. Así lo manifiesta en todo momento, al tiempo que la rechaza ostensiblemente, la opinión pública.

Encontrándose por lo tanto todo el poder legal en manos de la revolución y siendo de vital importancia para el país salir de esta situación de anarquía, no queda otra salida que la del golpe de fuerza o la insurrección violenta.

2. Elementos de la reacción nacional

En muchos sectores sociales predomina la idea nacional sobre la idea conservadora. Dichos sectores han reaccionado violentamente según las posibilidades de cada región, y la verdadera situación española es a día de hoy la de una guerra civil inorgánica y esporádica presidida por un Gobierno que ha empleado sus últimas energías en facilitar la obra revolucionaria debilitando los organismos protectores del Estado y persiguiendo a las clases sociales que la revolución pretende destruir.

Pese a estas circunstancias contrarias, y debido a que se ha llegado al punto extremo de la curva anárquica, en el seno del Estado burgués la reacción social se está acentuando claramente en su defensa y permite albergar esperanzas, si se utilizan y dirigen activamente los factores capaces de acción, de obtener rápidamente un primer resultado contrarrevolucionario eficaz y profundo.

El ambiente de violencia y la inevitable necesidad de organizarla ha llevado al nacimiento de pequeños grupos de acción directa en el seno de los partidos nacionales, los cuales, mediante asaltos a edificios públicos y de izquierdas, atentados personales, etc., etc., llevan a cabo permanentemente acciones contra la revolución y sus individuos.

Muchos de estos grupos se denominan fascistas, y es notorio el considerable aumento que han tenido en estos últimos meses gracias a las adhesiones de la juventud española a las organizaciones de la Falange Española.

Esta breve nota ha sido redactada con el acuerdo previo y la autorización de los altos cargos de la Falange Española y de los partidos afines al Frente Nacional.

Todos estos esfuerzos no han obtenido hasta ahora en España la movilización de grandes masas burguesas de acción violenta, debido a que falta en España el material humano y el factor social que en otros países europeos está representado por las agrupaciones de excombatientes.

En España debe ser por lo tanto el ejército el que, como en el siglo pasado, lleve a cabo mediante la violencia este movimiento de recuperación nacional al que da impulso con exasperación toda la sociedad española que se encuentra en contra o al margen del Frente Popular.

En el ejército existe una vasta organización de carácter patriótico y nacionalista, orientada políticamente en sentido antidemocrático, a la que nosotros hemos apoyado y ayudado en estos últimos años.

Para la realización urgente de un golpe de Estado, que ha de llevarse a cabo con la máxima seguridad en cuanto al resultado, necesitaríamos una ayuda urgente de un millón de pesetas, como mínimo.

Con esta cifra se completaría el gran esfuerzo económico que ha sido realizado durante estos últimos meses, y pese a las circunstancias contrarias, por los elementos patrióticos de España.

Con esta cantidad, que se utilizaría en el modo que indicamos a continuación, obtendríamos nuestra finalidad de subir al poder y mantenernos en él.

3. Posibilidades del golpe de Estado

Las circunstancias políticas en las que se desarrolla la acción del Frente Popular son las más favorables para un ataque de esta índole.

Su unidad es más nominal que efectiva. Sus masas no obedecen al programa de la dictadura comunista debido a que, en el fondo, hay en España un sentimiento anárquico que tiene profundas raíces históricas y de raza. Ésta es la mentalidad y los postulados políticos de la mitad de la población proletaria organizada, y éstas son las características de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo).

La organización militar que hay en el seno del ejército es la encargada de llevar a cabo el golpe de Estado de acuerdo con los civiles nacionales, situando en la Presidencia del Gobierno al general Sanjurjo.

El espíritu del ejército se ha despertado con entusiasmo y se encuentra preparado para el sacrificio en todo el cuerpo de oficiales jóvenes, desde los coroneles en adelante, siendo especialmente relevante este espíritu de sacrificio con total unanimidad en las organizaciones de provincias, a donde el Gobierno envió a todos los militares que no gozaban de su total y absoluta confianza.

Este estado de ánimo de entusiasmo se acentúa hasta adquirir un carácter agresivo y de verdadera rebelión, que ha sido necesario comprender y contener, guiándolo hacia todas las guarniciones del Norte (Valladolid, Burgos, Logroño, Zaragoza, Barcelona, Pamplona, Vitoria, San Sebastián, Santander, Asturias y Galicia); el mismo sentimiento se aprecia en las guarniciones de la zona de Marruecos.

En absoluto contraste con todo este espíritu, hay en el ejército algunos sectores en los que persiste un hábito rutinario y burocrático, carente de voluntad tanto para realizar empresas arriesgadas como para atacar o defender al régimen actual.

Así sucede en algunos altos cargos en los que el Gobierno no ha intervenido o en los que ha destinado a personas desprovistas de espíritu nacional y patriota.

La guarnición de Madrid ha merecido, desde este punto de vista, toda la atención del actual Gobierno y en ella se encuentra un gran número de esta clase de individuos.

El golpe de Estado se podría haber llevado ya a cabo con buen resultado recurriendo solamente a los organismos militares favorables que hemos indicado. Sin embargo, se ha decidido llevar a cabo un último intento con la guarnición de Madrid, con el fin de que se una al movimiento nacional desde el principio. Hasta ahora se ha conseguido únicamente la certeza de su no intervención, habiéndose comprometido dicha guarnición a desobedecer las posibles órdenes del Gobierno.

En nuestro ejército existen mandos dispuestos a cumplir con su deber en el marco de las normas reglamentarias, arriesgando con decisión su propia vida como ya demostraron en la guerra de Marruecos. Sin embargo, carecen de decisión espiritual y de doctrina política para salir de la legalidad, poniendo en juego la posición económica y social de sus familias.

Hacia estos individuos se ha dirigido un esfuerzo especial ofreciéndoles garantías de cubrir el riesgo económico que puedan sufrir sus respectivas familias. No se trata de ambiciones pecuniarias, pero se les ha ofrecido una cobertura económica para que se retiren.

Es posible que este fenómeno resulte incomprensible en países en los que el espíritu patriótico va unido al sacrificio absoluto, pero es necesario en todo momento y en cada pueblo conocer fríamente la realidad de las cosas.

Esta última ayuda que solicitamos sirve precisamente para ser destinada al último período del movimiento militar, a estos elementos indecisos y más concretamente a la guarnición de Madrid.

Es de vital importancia tomar la capital de la Nación desde el primer momento, porque, de no ser así, cualquier intento de defensa por parte del Gobierno actual daría eco internacional a la existencia de los dos Gobiernos en España: el del Norte y el de la capital.

4. Apoyo internacional

La premura de las circunstancias, y todo cuanto ha sido expuesto en este escrito, nos llevan de nuevo a tener que preocuparnos del apoyo internacional que necesita el movimiento que se está gestando. Si bien contamos con la positiva acogida que obtuvieron las anteriores gestiones llevadas a cabo en este sentido, consideramos conveniente reiterar en este momento la petición de apoyo moral que juzgamos imprescindible y que ha de ser manifestada mediante el inmediato reconocimiento del nuevo orden de cosas que se instaurará en España.

Madrid, 14 de junio de 1936

A. Goicoechea

ANEXO 3

Correspondencia entre el general Mola y José María Gil Robles

Carta de José María Gil Robles al general Mola

Lisboa 29 de Diciembre de 1936

Excmo. Sr. D. Emilio Mola

General Jefe del Ejército del Norte

Ávila

Mi respetado General y querido amigo: Las noticias, muchas veces truncadas y casi siempre inexactas que hasta mí llegan, me mueven a restarle unos minutos de atención, para poner en claro un episodio ocurrido en el período de preparación del movimiento militar, y que tal vez no conozca Ud. en todos sus detalles.

Unas semanas antes del Movimiento se presentaron impensadamente en mi casa de Madrid, a eso de las 10 de la noche, D. Francisco Herrera, D. Francisco Rodríguez, y creo recordar que también D. Carlos de Salamanca. Venían a decirme, de parte de usted que le hacían falta con urgencia 500.000 pts. para los primeros gastos del Movimiento militar.

Había quedado en Acción Popular un remanente del fondo electoral que se guardaba en caja fuerte del Banco de España, a nombre de los señores Escudero, Zubiría y Chávarri indistintamente; y, creyendo que interpretaba el pensamiento de los donantes de esa suma, si la destinaba al Movimiento salvador de España, fui aquella misma noche a visitar al Sr. Escudero-calle Alcalá Galiano, 8), que se encontraba ligeramente indispuesto en cama, y le ordené la entrega de las 500.000 pesetas bajo mi responsabilidad, a la persona que al día siguiente, a las once de la mañana le presentara una determinada contraseña. Al día siguiente, a la hora convenida, se entregaron las 500.000 pesetas a los que se presentaron a mí como mandatarios de Ud.

Le comunico estos detalles por si le son interesantes para la historia de todos los antecedentes del Movimiento militar. Quiero, además, cubrir la responsabilidad de quienes, sin más justificante que una orden verbal mía, entregaron una suma de que eran depositarios.

Ni directa, ni indirectamente busco un reconocimiento de deuda, ni un título al agradecimiento de las gentes. Cuando se sirve a España no hay que buscar más galardón que el honor de haberla servido.

Aprovecho gustoso esta oportunidad para repetirme de Ud. verdadero amigo y s.s. Q.E.S.M.

Firmado José María Gil Robles

Carta del general Mola a José María Gil Robles[1]

Ávila, 1 de enero de 1937

Señor D. José María Gil Robles

Lisboa

Mi querido amigo: He recibido su grata fecha 29 último, a la que voy a contestar con todo detalle para aclarar bien el asunto de las 500.000 pts.

Allá por el mes de Junio, una mañana se presentó en mi despacho el capitán de Infantería, hoy comandante Don Gerardo Díez de la Lastra, diciéndome que se habían presentado en Pamplona dos señores procedentes de Madrid, quienes eran portadores de medio millón de pesetas para los gastos que pudiera originar el Movimiento, señores que traían el encargo de entregármelas personalmente. Como yo no había pedido dinero alguno ni lo necesitaba me negué a recibir los señores y las pesetas, originándose con este motivo con el referido capitán una discusión, pues él entendía que podrían ser necesarias y que además era peligroso obligar a tales señores a regresar con tan crecida cantidad. Me cerré a la banda y ante mi actitud el capitán se despidió y no pasó más.

Al día siguiente o dos días después —no lo recuerdo bien— se me volvió a presentar el capitán Lastra participándome que había recogido el dinero, que lo tenía guardado en un arcón de su domicilio y que uno de los donantes o portadores era Don Francisco Herrera a quien yo en aquella fecha no tenía el gusto de conocer, ya que hasta una o dos semanas después no tuve la conferencia con él. Me extraña extraordinariamente por lo tanto que ese dinero se pidiera con urgencia y en mi nombre.

De la existencia de tal cantidad di cuenta a las personas que en aquella guarnición colaboraban conmigo directamente en la preparación del Movimiento, y algunas de ellas me hicieron ver lo peligroso que era que tal cantidad estuviera en una casa particular y en poder de un oficial a quien la policía vigilaba de cerca y estaba expuesto a sufrir un registro; que lo mejor sería lo guardara yo o se situase en un Banco. Me agradó esta solución y se acordó así, haciendo entrega de la cantidad al director de uno de los Bancos de Pamplona, encargándose de tal gestión al capitán Don Manuel Barrera.

En Julio, quiero recordar se sacaron para determinados gastos unas 5.000 pts. y ya no volvió a tocarse el fondo hasta el día del Movimiento que retiré una cantidad bastante crecida con destino a las tropas que salieron en la tarde del 19 de Julio, pues las cajas de los Cuerpos apenas contaban con lo indispensable para el abono de los haberes corrientes, pero no para el pago del personal perteneciente a requetés y falange a quienes asigné el haber diario de tres pesetas. También di unos miles de pesetas al coronel García Escámez para atenciones ineludibles.

No volvió a hacerse gasto alguno hasta el mes de Agosto en que el citado coronel me pidió dinero para abono de gratificaciones a los conductores entregándole unas cincuenta o sesenta mil pesetas (esto no lo recuerdo bien).

Ya establecido en Valladolid abrí una cuenta corriente a mi nombre con dinero mío y ordené a Pamplona hicieran una transferencia a dicha cuenta del resto del medio millón para poder disponer de él cuando fuera necesario.

Cuando Herrera escapó de la zona roja y vino a verme puse a su disposición el sobrante, por creer que el dinero le pertenecía; pero no lo quiso. Sin embargo días después, por conducto del señor Rivero —no quisiera equivocarme en la persona— recibí recado de aquél diciendo le enviase 25.000 pesetas, a lo que accedí en el acto entregándole el oportuno cheque.

No tengo en estos momentos a mano la nota de lo gastado, que debe andar entre los papeles que tengo en Burgos en mi equipaje, o en Pamplona; mas desde luego puedo anticiparle que del referido medio millón debe quedar aproximadamente la mitad que pongo desde este momento a su disposición.

Desde luego le anticipo que no recogí recibo de las cantidades entregadas tanto por la índole de los gastos como por haberme dicho Herrera —a quien siempre supuse dueño del dinero— que no los necesitaba; pero creo que ninguna de las personas a quienes facilité cantidades lo negarían ahora para formalizar las cuentas pues, por fortuna todas viven.

Sin otro particular por hoy y esperando le satisfagan mis explicaciones, se despide de Ud. deseándole un próspero año de 1937 su buen amigo q.e.s.m.

Firmado: Emilio Mola

Carta de José María Gil Robles al general Mola

Lisboa 6 de Enero de 1937

Excmo. Sr. D. Emilio Mola

General Jefe del Ejército del Norte

Ávila

Mi querido y respetado amigo: Le agradezco muy de veras las amables explicaciones que acerca del asunto de las 500.000 pts. se sirve Ud. darme en su carta de primero del corriente. Ellas confirman los rumores que hasta mí habían llegado respecto a la cuestión.

Con mi carta pretendía que Ud. conociera el origen del dinero y el motivo por el cual se envió y obtener una confirmación de que había llegado a su destino.

Permítame que no acepte el ofrecimiento que me hace de poner a mi disposición el remanente de las 500.000 pts. Cuando Acción Popular dio esa suma por mi conducto para el Movimiento Militar, lo hizo sin limitaciones ni cortapisas, y no buscó jamás la devolución ni la recompensa. El dinero se dio para el Ejército y a él por entero pertenece. En manos de Ud. se puso, y el destino que Ud. le haya dado o le dé en lo sucesivo será el más apropiado y beneficioso. Yo no puedo tocar ni un solo céntimo de lo que es del Ejército y de España.

Le ruego muy encarecidamente que no intente siquiera darme un comprobante. Para mí no puede haber mejor justificación que la seguridad de ser Ud. quien ha intervenido en este asunto.

Le felicito por su merecidísimo ascenso y quedo de Ud. att. y s.s. y q.e.s.m.

Firmado: José María Gil Robles

ANEXO 4

Declaración de los valores y divisas poseídos en el extranjero por Cambó[1]

Abril 1937

Al comité de Moneda Extranjera

Burgos

Aun creyendo que en el texto del Decreto de 16 del mes último figuran dos excepciones que podría alegar el suscrito para sustraerse al cumplimiento de sus preceptos, pasa a formular las declaraciones previstas en sus artículos primero y cuarto.

Cesión de moneda extranjera. En 18 de julio último poseía importantes haberes en el extranjero. Casi en su totalidad fueron aportados a primeros de agosto, con intervención del Excmo. Sr. D. José Quiñones de León, a la Caja Exterior del Gobierno Nacional. Con el escaso remanente y con lo que, desde entonces, he percibido por dividendos y tantièmes, he podido atender a mis gastos personales; a buen número de atenciones, unas de carácter patriótico y otras de carácter humanitario; al sostenimiento de una copiosa oficina, hoy instalada en Rapallo, que recoge y facilita material de propaganda a las diversas organizaciones nacionales que atienden dicho servicio; a sostener la totalidad del gasto de personal y buena parte del de material de la oficina de propaganda nacional que existe en París y a participar en el financiamiento de los diversos libros y folletos que en París se están imprimiendo.

En la actualidad, mis disponibilidades en divisas apenas alcanzarán a cubrir aquellas atenciones hasta primeros de junio y a cubrir diversos compromisos contraídos antes de la aparición del Decreto. En la primera quincena de junio, cobraré el complemento de dividendo de mis acciones CHADE y mi tantième como miembro del Consejo y del Comité de dicha Sociedad. En tal momento pondré a disposición del Estado aquellas divisas que no me sean indispensables para las atenciones antes enumeradas.

Actualmente, las únicas divisas que puedo ofrecer, rogando se me comunique (Villa Barata, Rapallo-Italia) la manera como he de formular la cesión son:

— 14.017,05 marcos que, producto de las rentas de dos fincas urbanas que poseo en Berlín, acredito en depósito del administrador de dichas fincas Sr. Hermann Ohse de Berlín, y

— 9.371,35 marcos que procedentes de tantièmes como Consejero de la Sociedad Alemana Gesfürel, acredito de la propia compañía.

Declaración de Valores. A los efectos de lo dispuesto en el artículo cuarto del Decreto, formulo la siguiente declaración de valores extranjeros y nacionales de cotización internacional de mi propiedad:

— 1.958 acciones Compañía Hispano Americana de Electricidad de 500 pesetas nominales, de las cuales 1.725 acciones depositadas en el Credit Suisse de Zurich y 233 acciones depositadas en Barcelona.

— 11.000 acciones Compañía Hispano Americana de Electricidad de 100 pesetas nominales serie D, de las cuales, 9.500 acciones depositadas en el Credit Suisse de Zurich y 1.500 acciones depositadas en Barcelona.

Todas estas acciones están afectas al convenio sindical que garantiza la posición de los españoles dentro de la Compañía y cien de ellas afectas, además, a la garantía del cargo de Consejero.

— 100 acciones Compagnie Energique du Nord de la France depositadas en la propia compañía en garantía de la gestión del cargo de Consejero.

— 100 acciones Compagnie d’Electricité de la Loire et du Centre depositadas en la propia compañía en garantía de la gestión del cargo de Consejero.

— 341 acciones Wicander Korkfabriken depositadas en la propia compañía en cumplimiento del convenio sindical que garantiza la participación española en dicha Sociedad.

— 20 acciones Société Financière de Transports et d’Entreprises Industrielles de Bruselas depositadas en la propia Compañía en garantía de la gestión del cargo de Consejero.

— 20.000 acciones de Société Française du Liège. Valor original 500 francos reducido a 250 francos depositados en la Société de Banque Suisse de Zurich.

— 33.000 marcos nominales en acciones Hambourg Amerikan Line depositadas en el Bank in Zurich de Zurich.

Firmado: F. Cambó

Rapallo 6 abril 1937

Al Comité de Moneda Extranjera

Burgos

En la relación de valores extranjeros y nacionales de cotización internacional de mi pertenencia suscrita con fecha 6 del corriente olvidé consignar:

1.915 acciones Formio Argentino S. A. de valor nominal cien pesos moneda nacional depositadas en el Bank in Zürich de Zurich.

Ruego se considere así ampliada y completada mi declaración datada de fecha 6 del corriente.

Rapallo 6 abril 1937

F. Cambó

ANEXO 5

Evolución durante el segundo semestre de 1936 de los ingresos de la «suscripción nacional» en Navarra[1]

El año 1936 fue, sin duda, el más importante en cuanto a las aportaciones del pueblo navarro al ejército del Gobierno de Burgos. La provincia se volcó en el apoyo a sus voluntarios. Y las donaciones, tanto en metálico como en oro, fueron las más abundantes de la guerra. Al parecer, nadie quería quedarse atrás cuando comenzaron a surgir en las páginas de los periódicos los primeros nombres de quienes querían demostrar, desde el principio, su generosidad con los combatientes.

El 28 de julio de 1936 fue el momento en que la prensa dio cuenta de las primeras aportaciones efectuadas en la cuenta del ejército en el Banco de España en Pamplona. Eran 32 donaciones, tanto a título individual como colectivo, que hicieron un total de 21.960 pesetas, siendo las más elevadas de 2.000 pesetas. Al día siguiente, el Diario de Navarra publicaba la segunda lista de entregas, en la que ya tomaban parte figuras relevantes de la sociedad navarra.[2] El 30 de julio, los periódicos se hacían eco del aumento considerable del número de donantes. Eran ya 115, y algunas aportaciones bastante considerables. Alguna llegó a las 15.000 pesetas.[3] Ese día supuso el comienzo de la carrera del mundo empresarial y social navarro para dejar bien patente su apoyo al ejército.[4] Fue también en esos primeros momentos cuando quedó patente la generosidad de personas más humildes que, de manera anónima o dejando solamente constancia de su profesión, participaban en esta campaña.[5] Al día siguiente los verdaderos pesos pesados de la economía navarra hicieron acto de presencia dejando clara su actitud hacia los sublevados, mediante actos de generosidad, casi obligada, para hacer patente su elevada posición y status económico.[6]

Durante los días siguientes, la prensa fue publicando abultadas listas de colaboradores dispuestos a aportar desde la cuantía mínima de 5 pesetas, con que los menos pudientes querían dejar constancia de su adhesión al bando franquista, hasta las 60.000 pesetas que la entidad bancaria de mayor arraigo en la provincia, Crédito Navarro, aportó el día 4 de agosto precisando, como sus competidores en el mundo de la banca navarra, que sólo se trataba de una primera entrega. De hecho, al día siguiente La Vasconia ya adelantaba sus segundas 15.000 pesetas. En la portada de El Pensamiento Navarro del 6 de agosto podía leerse: «de acuerdo con el clásico, Navarra da para la Patria, la Hacienda y la vida». Hay que advertir que algunas aportaciones tenían carácter anónimo y eran generosas.[7] Otras eran colectivas. Se trataba de agrupaciones, concejos, asociaciones o establecimientos comerciales.[8] Sin embargo, en su mayor parte, las entregas eran individuales y sus donantes se identificaban con nombre y apellidos. En el Diario de Navarra del día 7 de agosto aparecían más de 200 donaciones.[9] El 8 de agosto, con grandes titulares, se anunciaba en El Pensamiento la colaboración de las entidades bancarias de Navarra para atender el pago de los subsidios a los familiares de los combatientes, pero fue el 9 de agosto cuando la prensa se hizo eco por primera vez de las entregas de oro, justificadas para paliar la salidas de las reservas del Banco de España que los republicanos habían empezado a efectuar, según recogen con un tinte verdaderamente alarmista los periódicos de la zona nacional. En la portada de El Pensamiento Navarro de ese día se podía leer: «Se entregan objetos y joyas de oro a la Junta de Guerra». En este momento, en los trece días que van del 27 de julio al 8 de agosto, la cantidad recaudada en metálico ascendía ya a 1.140.124 pesetas, según publica el Diario de Navarra.[10]

Es en esos primeros momentos cuando el corporativismo entra en juego. Diferentes oficios, gremios o profesiones manifiestan también su entusiasta colaboración con el ejército. Así se destaca, el día 16 de agosto, en la portada de El Pensamiento: «Los maestros nacionales de Navarra no pueden faltar en esta colaboración patriótica a favor del Ejército». Los componentes de la nobleza titulada navarra dejan también constancia a través de la prensa de su adhesión en esos días de agosto.[11]

Pero pronto se vio que quien era alguien en la sociedad navarra del momento no podía conformarse con dar sólo moneda circulante. Y tras el casi ineludible llamamiento para que los españoles ejemplares dieran su oro, las listas de monedas, joyas de oro y otras alhajas entregadas se hacían interminables. Fueron aportaciones muy dispares.[12]

Las donaciones de alhajas no eran escasas, destacando generosas contribuciones familiares en las que no era extraño que se ofrecieran objetos de gran valor sentimental como arras, medallas religiosas o alianzas. Mientras, continuaban las elevadas aportaciones dinerarias de importantes industrias navarras. Y a este ritmo de aportaciones, el 29 de agosto se habían superado ya los dos millones de pesetas, ingresadas en la cuenta del ejército, en concreto, 2.055.102,35 pesetas, a las que había que sumar las aportaciones de joyas y oro. En septiembre de 1936, conforme las tropas navarras avanzaban sobre el frente norte, comenzaron a figurar también las colaboraciones que muchos guipuzcoanos hacían llegar a través del Banco de Tolosa.

En septiembre ya aparecían entre las donaciones muchos componentes del Partido Nacionalista Vasco de Navarra que, por supuesto, con ello consiguieron salvar su integridad personal ofreciendo su apoyo a los franquistas. La situación de los nacionalistas navarros era delicada, en la medida en que, por una parte, su ideología separatista les enfrentaba a los carlistas sublevados, pero compartían con ellos su ideario católico, lo que les permitía mantener en Navarra una situación ambigua frente a los sublevados, al condenar de forma rotunda la actitud anticlerical de la República sin tener que adoptar una postura oficial de adhesión al golpe de 1936.[13]

A finales de septiembre comenzaron a figurar en las listas la entrega de productos de primera necesidad para el frente.[14] En octubre la prensa navarra ofrecía una diversificación cada vez mayor en las aportaciones al ejército del Gobierno de Burgos. Entregas directas en metálico al Banco de España, a la Junta Central Carlista que también recibía moneda extranjera, lista de donaciones de oro y alhajas (dentro de la campaña de «Oro para España»), suscripciones de los pueblos con dinero (siempre para la cuenta del Banco de España), y los más variados productos para los soldados. Y este mismo mes se superaban los tres millones ingresados en la cuenta del Banco de España. Exactamente, 3.002.450,66 pesetas.

Al comenzar noviembre, las instituciones y personajes relevantes de la sociedad navarra seguían formando parte de las listas de donantes, quizá algo más reducidas en aportaciones, si se tiene en cuenta la desbordante actitud de los primeros momentos de la guerra.

ANEXO 6

Acta de la recepción del oro enviado en depósito por el Gobierno de la República española al Depósito de Metales Preciosos del Estado del Comisariado del Pueblo en la Hacienda de la URSS en Moscú[1]

Nosotros, los abajo firmantes —el Comisario del Pueblo en la Hacienda de la URSS, Grigory Fedorovitch GRINKO, y el Comisario del Pueblo Adjunto para Asuntos Exteriores de la URSS, Nikolai Nikolaevitch KRESTINSKI— por una parte, y

El Embajador de la República Española en la URSS don MARCELINO PASCUA, por la otra parte,

han redactado la presente Acta con el fin de atestiguar que:

PRIMERA PARTE

Entre el 6 y el 10 de noviembre de 1936 se ha recibido en el Depósito de Metales Preciosos del Estado del Comisariado del Pueblo en la Hacienda de la URSS en Moscú (designado en lo sucesivo «Gokhran») el oro llegado de España, embalado en 7.800 (siete mil ochocientas) cajas de tipo normal, perteneciente a la República Española y enviado en depósito a Moscú por el Gobierno de la República Española.

Las 7.800 (siete mil ochocientas) cajas, conteniendo oro, mencionadas en el párrafo 1, no estaban numeradas ni acompañadas de facturas que indicasen la cantidad, el peso y el contraste del oro; 216 (doscientas dieciséis) de estas cajas estaban ligeramente deterioradas.

Con el fin de determinar la cantidad y el peso del oro, enviado en depósito a Moscú por el Gobierno de la República Española, la totalidad de las 7.800 (siete mil ochocientas) cajas conteniendo oro han sido abiertas y su contenido contado y pesado por los funcionarios del «Gokhran»; la apertura, y las operaciones de contar y pesar el oro contenido en cada caja, se han efectuado en presencia y con la participación de una de las siguientes personas, que desde España habían acompañado el oro a Moscú: Arturo CANDELA, Abelardo PADÍN, José GONZÁLEC, José VELASCO.
Para cada una de las 7.800 (siete mil ochocientas) cajas se ha redactado un acta relativa a los resultados de contar y pesar el oro, firmando este acta, por una parte, los funcionarios del «Gokhran», y por la otra parte, una de las personas enumeradas en el presente párrafo, participantes en las operaciones de contar y pesar el oro por autorización y bajo el control del Embajador de la República Española en la URSS don MARCELINO PASCUA.

Las 7.800 (siete mil ochocientas) cajas abiertas contenían en total 15.571 (quince mil quinientas setenta y una) sacas con monedas de oro de designación y de acuñación diferente de diferentes países, 64 (sesenta y cuatro) lingotes de oro y 4 (cuatro) paquetes de virutas de oro.
Las monedas contenidas en las cajas estaban colocadas en las sacas de tal manera que cada una de las sacas no contenía, en general, más que monedas de una sola especie. Sin embargo, algunas sacas contenían monedas de oro de designación diferente, pero de la misma paridad. En estos casos (dada la misma paridad) la designación de una sola moneda ha sido adoptada en la cuenta en el «Gokhran» para expresar el contenido total de una saca.

SEGUNDA PARTE

Como resultado de las operaciones de contar y pesar el oro, efectuadas en el orden indicado en el párrafo 3 de la Primera Parte, se ha comprobado que las 7.800 (siete mil ochocientas) cajas contenían en total:

a) pesetas españolas por la suma nominal de 313.265.255 (trescientos trece millones doscientas sesenta y cinco mil doscientas cincuenta y cinco) con un peso total de aleación de 101.351.329,55 gr. (ciento un millones trescientos cincuenta y un mil trescientos veintinueve gramos y cincuenta y cinco centésimas);

b) francos franceses por la suma nominal de 294.299.270 (doscientos noventa y cuatro millones doscientos noventa y nueve mil doscientos setenta) con un peso total de aleación de 94.743.568,05 gr. (noventa y cuatro millones setecientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y ocho gramos y cinco centésimas);

c) dólares americanos por la suma nominal de 136.285.348 (ciento treinta y seis millones doscientos ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y ocho) con un peso total de aleación de 227.698.051,35 gr. (doscientos veintisiete millones seiscientos noventa y ocho mil cincuenta y un gramos y treinta y cinco centésimas);

d) marcos alemanes por la suma nominal de 401.090 (cuatrocientos un mil noventa) con un peso total de aleación de 159.069,2 gr. (ciento cincuenta y nueve mil sesenta y nueve gramos y dos décimas);

e) libras inglesas por la suma nominal de 10.274.580,5 (diez millones doscientas setenta y cuatro mil quinientas ochenta, y cinco décimas) con un peso total de aleación de 81.927.781,2 gr. (ochenta y un millones novecientos veintisiete mil setecientos ochenta y un gramos y dos décimas);

f) francos belgas por la suma nominal de 4.300.000 (cuatro millones trescientos mil) con un peso total de aleación de 1.383.626,0 gr. (un millón trescientos ochenta y tres mil seiscientos veintiséis gramos);

g) liras italianas por la suma nominal de 3.600.020 (tres millones seiscientas mil veinte) con un peso total de aleación de 1.156.508,4 gr. (un millón ciento cincuenta y seis mil quinientos ocho gramos y cuatro décimas);

h) escudos portugueses por la suma nominal de 19.998 (diecinueve mil novecientos noventa y ocho) con un peso total de aleación de 35.371,5 gr. (treinta y cinco mil trescientos setenta y un gramos y cinco décimas);

i) piezas portuguesas antiguas con un peso total de aleación de 318.603,3 gramos (trescientos dieciocho mil seiscientos tres gramos y tres décimas);

j) rublos rusos por la suma nominal de 75.000 (setenta y cinco mil) con un peso total de aleación de 64.434,0 gr. (sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro gramos);

k) francos austríacos por la suma nominal de 799.990 (setecientos noventa y nueve mil novecientos noventa) con un peso total de aleación de 257.401,5 gr. (doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos un gramos y cinco décimas);

l) pesos mejicanos por la suma nominal de 105.705 (ciento cinco mil setecientos cinco) con un peso total de aleación de 88.027,0 gr. (ochenta y ocho mil veintisiete gramos),

m) pesos argentinos por la suma nominal de 4.155 (cuatro mil ciento cincuenta y cinco) con un peso total de aleación de 6.689,8 gr. (seis mil seiscientos ochenta y nueve gramos y ocho décimas);

n) pesos chilenos por la suma nominal de 100 (cien) con un peso total de aleación de 59,9 gr. (cincuenta y nueve gramos y nueve décimas);

o) florines holandeses por la suma nominal de 10 (diez) con un peso total de aleación de 6,7 gr. (seis gramos y siete décimas);

p) francos suizos por la suma nominal de 300.000 (trescientos mil) con un peso total de aleación de 96.656,2 gr. (noventa y seis mil seiscientos cincuenta y seis gramos y dos décimas);

q) 64 (sesenta y cuatro) lingotes de oro con un peso total de aleación de 792.332,65 gr. (setecientos noventa y dos mil trescientos treinta y dos gramos y sesenta y cinco centésimas);

r) virutas de oro con un peso total de aleación de 13,0 (trece gramos), lo que corresponde a las 7.800 (siete mil ochocientas) actas, depositadas en el «Gokhran», concernientes a la apertura y al control de las cajas que contienen el oro.

Las monedas de oro, los lingotes de oro y las virutas de oro, pertenecientes a la República Española, enumerados en la presente Parte, poseyendo en conjunto un peso total de aleación de 510.079.529,3 gr. (quinientos diez millones setenta y nueve mil quinientos veintinueve gramos y tres décimas), embalados de nuevo en 7.800 (siete mil ochocientas) cajas e inscritos en un libro-registro especial, acordonado y lacrado con los sellos del Comisariado del Pueblo en la Hacienda de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y de la Embajada de la República Española en la URSS, son por la presente Acta recibidos en depósito por el Comisariado del Pueblo en la Hacienda de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.

TERCERA PARTE

La entrega en depósito del oro, expedido por el Gobierno de la República Española, y su recepción en depósito han sido efectuadas en Moscú

– en cuanto a la entrega,

por D. MARCELINO PASCUA Embajador de la República Española en la URSS

– en cuanto a la recepción,

por O. I. KAGAN | Director del Departamento de Divisas del Comisariado del Pueblo en la Hacienda de la URSS
J. V. MARGOULIS | Director del Sector de Metales Preciosos del Comisariado del Pueblo en la Hacienda de la URSS
en presencia de, F. S. WEINBERG | Representante del Comisariado del Pueblo para Asuntos Exteriores de la URSS

CUARTA PARTE

La presente Acta es el principal y el único documento de la entrega por el Gobierno de la República Española del oro descrito en la Segunda Parte, y de su recepción en depósito por el Comisariado del Pueblo en la Hacienda de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.

Por la firma de la presente Acta, todos los documentos precedentemente redactados y firmados en Moscú, concernientes a la recepción en depósito del oro indicado en este Acta, a saber, los Protocolos del 5, 7 y 10 de noviembre de 1936 y el Acta de la recepción preliminar del 20 de noviembre de 1936, cesan de estar en vigor.

En el caso de que el Gobierno de la República Española ordenase la exportación más allá de la URSS del oro recibido en depósito por este Acta, o bien en el caso de que dispusiese de él en otra forma, la responsabilidad asumida por la presente Acta por el Comisariado del Pueblo en la Hacienda de la URSS será automáticamente reducida, por completo o en parte, en proporción a las disposiciones del Gobierno de la República Española.

La presente Acta ha sido redactada en Moscú, con fecha del 5 de febrero de 1937, en lengua rusa en tres ejemplares de 5 páginas, que serán depositados, a razón de un ejemplar, en poder del Comisariado del Pueblo en la Hacienda de la URSS, del Embajador de la República Española en la URSS don MARCELINO PASCUA y del Comisariado del Pueblo para Asuntos Exteriores de la URSS.

Se ha previsto por este Acta que tres ejemplares de este mismo Acta, que deben depositarse en poder de las autoridades arriba mencionadas, serían redactados a continuación en lengua francesa y firmados en la misma fecha, teniendo el texto francés el mismo efecto que el texto ruso.

De acuerdo con lo cual, se ha redactado en lengua francesa la presente Acta en 8 páginas con fecha del 5 de febrero. Los dos textos, ruso y francés, dan igualmente fe.

Comisario del Pueblo en la Hacienda de la URSS

(G. F. Grinko)

Embajador de la República Española en la URSS

(Marcelino Pascua)

Comisario del Pueblo Adjunto para Asuntos Exteriores de la URSS

(N. N. Krestinski)

ANEXO 7

Presupuestos 1935-1940

A. Presupuestos previos al período de guerra

I. Presupuestos generales del Estado de 1935

II. Presupuestos generales del Estado de 1936 (propuesta Chapaprieta)

III. Comparación entre los presupuestos generales del Estado de 1935 y la propuesta de Chapaprieta para 1936

B. Presupuestos del Gobierno de la República

I. Presupuestos generales del Estado de 1936 (propuesta aprobada)

II. Comparación entre la propuesta de Chapaprieta para 1936 y los presupuestos aprobados

III. Presupuestos generales de 1937

IV. Presupuestos generales de 1938

V. Presupuestos generales de 1939

C. Presupuestos del Gobierno de Burgos

I. Presupuestos generales de 1936

II. Presupuestos generales de 1937

III. Presupuestos generales de 1938

IV. Presupuestos generales de 1939

D. Presupuestos generales del Estado de 1940

ANEXO 8

Orden reservada de 16 de mayo de 1938 por la que se crea la «Comisión Especial» de Hacienda en París[1]

Excmo. Sr.

Este Ministerio se ha servido disponer se constituya en París, dependiendo del Ministerio de Hacienda y Economía, una Comisión encargada de las operaciones de recepción, custodia, transformación y venta de metales y piedras preciosas, joyas, valores u otros efectos que a los expresados fines le sean enviados por el Gobierno de la República.

Se designa para formar parte de dicha Comisión, que será presidida por V. E., como Embajador de España en París, a los señores siguientes: Don Gonzalo Zabala, que actuará de Vicepresidente; Don Joaquín Lozano Rabadán, Agregado Financiero a la Embajada de España en París, como Interventor, y Don Pedro Pra López, Delegado especial del Ministerio de Hacienda en París, como Tesorero, todos ellos con residencia en París.

Esta Comisión podrá ser ampliada, y sus miembros sustituidos por acuerdo del Ministro de Hacienda y Economía.

Adjuntos a la Comisión y con carácter de asesores jurídicos habrá dos peritos tasadores, uno español y otro extranjero, de reconocida competencia y solvencia moral y política. La Comisión podrá asimismo nombrar personal especializado en las operaciones que se le encomienden, previa autorización en cada caso del Ministro de Hacienda y Economía.

Los acuerdos de la Comisión serán ejecutivos si reúnen por lo menos tres votos; en otro caso requerirán consulta y decisión del Ministro.

La Comisión procederá con arreglo a las instrucciones generales o especiales que reciba del Ministro de Hacienda y Economía, elevará a éste las consultas que juzgue necesarias y resolverá libremente bajo su responsabilidad las incidencias que surjan de carácter perentorio, procurando actuar siempre con la mayor rapidez y eficacia, cuidando en todo caso de mantener el carácter reservado de la misión que se le confía.

La Comisión se hará cargo de las remesas de metales, joyas y otros valores y efectos que se envíen por el Gobierno legítimo de la República a la Embajada de España o a otros lugares de custodia, expidiendo el correspondiente documento de recepción.

En general, y salvo instrucciones que reciba del Ministro de Hacienda y Economía, procederá con arreglo a las siguientes normas:

Metales afinados de ley conocida.— Procederá a su enajenación inmediata, después de la elección del contrato más ventajosos para el Estado español.

Metales de otras condiciones.— Ordenará previamente la fusión y afinaje necesarios, adoptando las garantías convenientes, interviniendo las operaciones por técnicos de confianza.

Alhajas.— Se procederá al desmontaje de metales y piedras preciosas, salvo en los ejemplares de valor artístico e histórico, y a la fusión y refino de aquéllos y a la tasación de éstas, efectuando su venta separada en unidades o en lotes grandes, o pequeños según estime más conveniente a los intereses del Estado Español, teniendo en cuenta los antecedentes y noticias que posea de los mercados.

Demás objetos y valores.— Se atenderá a las instrucciones especiales del Ministro.

La Comisión podrá elegir para la colocación de metales, piedras y valores el mercado o mercados que considere más conveniente a los intereses que se le confían, realizando al efecto los desplazamientos que sean indispensables, procurando evitar éstos en cuanto sea posible, a base de negociar en París.

Consignará en actas las operaciones principales que lleve a efecto (recepción, tasación, ventas, inventarios, etc.) así como los acuerdos importantes que adopte.

Llevará la contabilidad necesaria, con el mismo carácter reservado, para rendir en su día cuentas al Ministerio. Independientemente de esto, todas las semanas se remitirá al Ministro relación de las operaciones efectuadas y su importe, y detalle de los gastos originados.

En los casos en que la Comisión lo considere necesario para el mejor éxito de las operaciones, podrá utilizar personas interpuestas en la operación que posean la confianza del Gobierno o de la Comisión.

El producto de las ventas será ingresado por el Tesorero en una cuenta especial que se abrirá a nombre del embajador, de la cual no podrá retirarse cantidad alguna sin orden expresa del Ministro de Hacienda y Economía.

Los gastos de todo orden que se originen con motivo de la actuación de la Comisión serán satisfechos por el Sr. Pra de los fondos que él mismo administre, y serán cancelados con imputación a la cuenta especial.

Todo lo cual comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. Barcelona, 16 de mayo de 1938.

Firmado: F. Méndez Aspe

ANEXO 9

Extractos de las actas de la «Comisión Especial» de Hacienda en París

Acta n.º 1 [20-5-1938]

Reunidos en la Embajada el Excmo. Sr. Embajador, D. Marcelino Pascua, D. Gonzalo Zabala, Subgobernador tercero del Banco de España, D. Pedro Pra, Delegado especial del Ministerio de Hacienda en París y Joaquín Lozano, Agregado Financiero… el Sr. Embajador da cuenta de la Orden ministerial… por la que se crea una Comisión encargada de las operaciones de recepción, custodia, transformación y venta de metales y piedras preciosas, joyas, valores u otros efectos, la cual será presidida por el Sr. Embajador, siendo de ella Vicepresidente el Sr. Zabala, Tesorero el Sr. Pra e Interventor el Sr. Lozano. Da lectura de dicha Orden ministerial…

El Sr. Embajador da cuenta de las remesas recibidas hasta ahora y de las condiciones que se han verificado y se acuerda realizar como primera operación una comprobación inventario… Se da cuenta a la Comisión, por los Sres. Zabala y Lozano de la reunión tenida el día quince de mayo en Barcelona con el Sr. Ministro de Hacienda y Economía, Subsecretario del Departamento y Director General del Tesoro, en la cual el primero dio las primeras instrucciones verbales, además de examinarse en ella los principales problemas… debiéndose proceder inmediatamente a la venta de la plata que está depositada en la Embajada procedente de la evacuación del Norte y a la negociación de los billetes facciosos, que ha remitido el Gobierno.

La Comisión acuerda respecto a dicha cantidad de plata que se contrate sin pérdida de tiempo, con la Compagnie des Métaux Précieux por las razones que luego se dirán; y en cuanto a los billetes facciosos que se entreguen en una o varias veces a la Banque Commerciale pour l’Europe du Nord, según las posibilidades del mercado. En la indicada reunión con el Sr. Ministro se examinaron diversas propuestas de adquisición de la plata para las cantidades de cien y de mil toneladas, y, según opinión unánime de todos los asistentes, la más ventajosa es la formulada por la Compagnie des Métaux Précieux, debiendo empezarse por un contrato de cien toneladas, procurando mejorar las condiciones de la propuesta. Esta operación serviría, además, de exploración y experiencia previa de los contratos de mayor cuantía que por otra parte puede quedar pendiente hasta estudiar el resultado de la enajenación acordada con la Tesorería de los Estados Unidos… En cuanto al oro en monedas españolas puede intentarse la venta con el Sr. Lugagne que aparece de acuerdo con un Banco, con las condiciones de que el pago sea estrictamente al contado. Respecto a las monedas extranjeras habrá que estudiar decisión ulterior y así mismo tener cuidado si existe alguna de valor numismático para separarla… Y se da cuenta a la Comisión de las instrucciones recibidas en cuanto a las alhajas. En este asunto el pensamiento del Sr. Ministro es mandar de España uno o dos mecánicos con los aparatos necesarios para el desmontaje y un tasador nombrado por el Ministerio que actuará además separadamente del tasador de confianza que pueda encontrarse en Francia. Se harán las relaciones conforme a lo expresado en la Orden ministerial y ulteriormente recaerá decisión según estudio que se hará de la realidad de los mercados… Igualmente en la misma reunión se trató de posibles enajenaciones de valores mobiliarios extranjeros y se dieron instrucciones acerca de los detalles de los contratos de venta de la plata respecto de los precios, condiciones e intereses, detalles que la Comisión examinará en otra sesión cuando haya de tratar a fondo estos contratos…

Acta n.º 2 [23-5-1938]

En el local de la Embajada de España, reunida la Comisión Especial nombrada por Orden ministerial de diez y seis de mayo corriente y para cumplir instrucciones concretas del Sr. Ministro de Hacienda y Economía… se procede por la mencionada Comisión a hacerse cargo de la plata en monedas y lingotes que recibió la Oficina Financiera de la Embajada procedente de la evacuación del Norte de España, transportada desde el Havre «descargada del vapor Mydol» y custodiada hasta la fecha en los locales de la Embajada a disposición del Gobierno de la República. El peso total de esa plata, según los antecedentes que se poseen y salvo verificación posterior, es el siguiente: Plata amonedada: Peso bruto de las cajas, 10.867 kilos. Lingotes: 2.897 kilos… Según las instrucciones y acuerdos dichos ha quedado convenida la venta de esta plata a la Compagnie des Métaux Précieux en las condiciones de sus cartas de veintiuno del actual con las modificaciones a las nuestras de la misma fecha…

Acta n.º 3 [31-5-1938]

Reunida la Comisión Especial en el local de la Embajada de España, se hace cargo del resto de la plata que quedó depositado en El Havre, procedente de la evacuación del Norte… Y en este día, queda depositada la carga en la Embajada, constituida según recuento por: 79 (setenta y nueve) lingotes de plata y un pedazo de lingote. 13 (trece) planchas de plata. El total significa un peso aproximado de 2.300 kilos sin embalaje… La Comisión, una vez en su poder la mercancía, acuerda enajenarla a la Compagnie de Métaux Précieux, en las mismas condiciones que la venta realizada en 21 de mayo último…

Acta n.º 4 [2-6-1938]

Reunida la Comisión Especial examina la propuesta de Mr. Paul Lugañe para la compra de cinco mil (5.000) Libras en monedas en las condiciones siguientes: Precio: Treinta y tres chelines cinco peniques (33ch.5p.). Entrega: del 10 al 15 del mes actual. Comisión para el Sr. Lugañe: 1/2%. Pago: al contado en libras. Examinadas las condiciones de esta operación y resultando conformes con el precio oficial del Banco de Francia, más la prima de la moneda en el mercado compatible con la importancia de la venta, la Comisión Especial acuerda su realización…

Acta n.º 5 [3-6-1938]

Reunida la Comisión Especial y conocidas las condiciones que propone la Compagnie de Métaux Précieux para la adquisición de cien toneladas (100) de plata amonedada, se acuerda aceptarlas y que se formalice la documentación precisa, teniendo en cuenta la previa aprobación telefónica de la operación del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda y Economía… Las condiciones esenciales que han de constar en el contrato son las siguientes: Entrega de la mercancía: día 1.º de junio dentro de España en el sitio designado por el Sr. Ministro. Precio: el medio de los de Londres los días 11, 13, 14, 15, 16 y 17 de junio. Comisión: 5’35‰. Gastos: de cuenta del vendedor todos ellos. Pago: 85% del contra-valor a la entrega de la mercancía en libras sobre Londres y el resto el día último de la liquidación. Leyes de las monedas: ochocientas noventa y ocho (898) para las de novecientas (900) y ochocientas treinta y dos (832) para las de ochocientas treinta y cinco (835)…

Acta n.º 6 [3-6-1938]

Reunida la C. E. ha examinado la propuesta de Mr. Paul Lugañe para compra de dos mil cincuenta Libras (2.050) en monedas de una libra (1), y diez mil trescientos veinte dólares (10.320) en águilas de veinte (20), en las condiciones siguientes: Precio: Las libras a doscientos noventa y tres francos con veinticinco céntimos (293’25); los Dólares de sesenta con veinticinco (60’25) a sesenta treinta y cinco (60’35) francos; en su equivalencia en chelines. Entrega: El día siete, pago al contado en libras… Se le hizo saber [al Sr. Lugañe] que no hay ningún poder especial de representación más que el ostentado por nosotros (aunque no se le hizo la menor alusión a la Comisión Especial ni a los datos de carácter discreto), y que el interés propio del Tesoro por nosotros representado es tener precio justo de las cosas, según las condiciones y posibilidades del mercado y de las ofertas. Por fin se acordó aceptar la operación… aumentando el precio en cuatro francos (4) por Libra y ochenta céntimos (0,80) por Dólar…

Acta n.º 7 [8-6-1938]

Reunida la Comisión Especial se examinan las conversaciones que se han tenido con Mr. Lorsignol de Londres, presentado por el intermediario Mr. Paul Lugañe, y cuyos informes de seriedad y conducta satisfactorios se conocen debidamente, en representación de la Swiss Bank Corporation para la compra de cantidades importantes de monedas de oro a realizar por este Banco… Se acuerda realizar la venta en las siguientes condiciones: Ciento cincuenta mil dólares (150.000) en monedas de veinte (20) y de diez (10), al precio de seis chelines diez peniques (6-10) por dólar oro. Treinta mil dólares (30.000) en monedas de cinco (5), al precio de seis chelines nueve peniques y medio (6-9’1/2). Cincuenta y cuatro mil libras (54.000) en monedas de una (1) libra, al precio de treinta y tres chelines tres peniques siete décimos (33-3’7/10). Dos mil libras (2.000) en monedas de media libra (1/2), al precio de treinta y dos chelines once peniques siete décimos (32-11’7/10). La entrega puede ser el día diez del actual… El pago al día siguiente en la forma que acostumbra esta Comisión…

Acta n.º 8 [8-6-1938]

Reunida la Comisión Especial se examinan las conversaciones que se han tenido con Mr. Lorsignol de Londres… en representación de la Swiss Bank Corporation para la compra de lingotes de oro. Una vez estudiados los antecedentes se acuerda realizar la operación de venta de los lingotes… Esta operación se convendrá con el indicado Banco en la forma siguiente: El día trece se entregarán a la Compagnie de Métaux Précieux, representante en París de la Swiss Bank Corporation, dichos lingotes hasta un total convenido de cerca de ochenta y cinco (85) a noventa (90) kilogramos… El oro será realizado por la Swiss Bank Corporation al precio oficial de Londres la mañana del día en que reciba los detalles de la fundición y del contraste. La Swiss Bank Corporation percibirá un máximo del cuatro setenta y cinco por mil (4’75 ‰) por toda clase de gastos siendo todos ellos de su cuenta… El pago será hecho como sigue: el sesenta por ciento (60%) a la entrega y primera verificación del peso y el resto a las cuarenta y ocho horas de la entrega…

Acta n.º 9 [9-6-1938]

Reunida la Comisión Especial se ha examinado la propuesta de Mr. Lugañe para la venta de monedas de oro que se detallan a continuación acordando la aceptación en las condiciones que se expresan: Cinco mil dólares (5.000) a sesenta y un francos con veinte céntimos (61’20); Cinco mil dólares (5.000) a sesenta y un francos con quince céntimos (61’15); Cuatro cientos veinte napoleones (420) de veinte francos (20) a doscientos treinta y cuatro francos con sesenta y cinco céntimos (234’65); Seiscientos cincuenta y cinco napoleones (655) al mismo precio que los anteriores. Pago al contado en libras, al cambio de hoy y entrega en la mañana del día diez del actual…

Acta n.º 10 [11-6-1938]

Reunida la Comisión Especial se examina la propuesta de la Compagnie des Métaux Précieux para adquirir el resto de los lingotes de oro que se tienen preparados y que exceden de lo contratado con la Swiss Bank Corporation. La Compagnie des Métaux Précieux ofrece hacerse cargo de la mercancía al mismo tiempo y en las mismas condiciones que en el contrato con la Swiss Bank Corporation del día nueve del actual, con la única diferencia de fijar el curso de Londres como precio del metal el del día 15 del corriente. En vista de esto la Comisión acuerda realizar esta venta…

Acta n.º 11 [10-6-1938][1]

Reunida la Comisión Especial examina la propuesta de Mr. Lugagne para la venta de monedas de oro… acordando aceptar dicha propuesta en las condiciones que se expresan: 400 napoleones de 20 francos a 234’75. 550 napoleones de 20 francos a 234’90. 2.250 napoleones de 20 francos a 234’95. 500 napoleones de 20 francos a 235. 100 napoleones (gallos) de 20 francos a 235’15. El pago en libras al cambio de hoy y entrega de la mercancía de hoy al 14 del corriente…

Acta n.º 12 [14-6-1938]

Reunida la Comisión Especial examina la propuesta de compra de Mr. Lugagne, y en vista de ella se acuerda aceptar dicha propuesta para la moneda de oro que a continuación se detalla: Mil cincuenta napoleones (1.050) de veinte francos (20) a doscientos treinta y cinco francos con setenta céntimos (235’70); Setecientos cincuenta napoleones (750) de veinte francos (20) a doscientos treinta y cinco francos con setenta y cinco céntimos (235’75); Seiscientos napoleones (600) de veinte francos (20) a doscientos treinta y cinco francos con setenta y cinco céntimos 235’75); Ciento cincuenta napoleones (150) de veinte francos (20) a doscientos treinta y cinco francos con ochenta céntimos (235’80); Mil cuatrocientos cincuenta napoleones (1.450) de veinte francos (20) a doscientas treinta y cinco francos con noventa céntimos (235’90). Condiciones: las mismas ya aprobadas en los demás contratos con Mr. Lugagne…

Acta n.º 13 [15-6-1938]

Reunida la Comisión Especial examina la propuesta de compra de Mr. Lugagne, y en vista de ella se acuerda aceptar dicha propuesta para la moneda de oro que a continuación se expresa: Mil napoleones (1.000) de veinte francos (20) a doscientas treinta y seis francos con veinticinco céntimos (236’25); Mil setecientos cincuenta napoleones (1.750) de veinte francos (20) a doscientas treinta y seis francos con veinte céntimos (236’20); Quinientos napoleones (500) de veinte francos (20) a doscientos treinta y seis francos con cuarenta céntimos (236’40); Quinientos napoleones (500) de veinte francos (20) a doscientos treinta y seis francos con cuarenta y cinco céntimos (236’45) y Doscientos cincuenta napoleones (250) de veinte francos (20) a doscientos treinta y seis francos con cincuenta céntimos (236’50). Condiciones: las mismas ya aprobadas en los demás contratos con Mr. Lugagne…

Acta n.º 14 [14-6-1938]

Reunida la Comisión Especial examina la propuesta de compra de Mr. Lugagne y en vista de ello, se acuerda aceptar dicha propuesta para la moneda de oro que a continuación se detalla: Quinientos napoleones (500) de veinte francos a doscientos treinta y seis francos con noventa céntimos (236’90); Quinientos napoleones (500) de veinte francos (20) a doscientos treinta y siete francos (237); Mil napoleones (1.000) de veinte francos (20) a doscientas treinta y siete francos con diez céntimos (237’10); Quinientos napoleones (500) de veinte francos (20) a doscientos treinta y siete francos con veinte céntimos (237’20) y Mil dólares (1.000) en piezas de cinco dólares (5) a sesenta y un francos con veinte céntimos (61’20). Condiciones: las mismas ya aprobadas en los demás contratos con Mr. Lugagne…

Acta n.º 15 [17-6-1938]

Reunida la Comisión Especial examina la propuesta de Mr. Lugagne y en vista de ella se acuerda aceptarla para la moneda de oro que a continuación se detalla: Dos mil napoleones de veinte francos a doscientos treinta y siete francos con cincuenta céntimos; Dos mil napoleones de veinte francos a doscientas treinta y siete francos con cincuenta y cinco céntimos; Quinientos napoleones de veinte francos a doscientos treinta y siete francos con sesenta y cinco céntimos; Quinientos napoleones de veinte francos a doscientos treinta y siete francos con setenta céntimos; Cincuenta napoleones de veinte francos a doscientos treinta y siete francos con setenta y cinco céntimos; Mil dólares en piezas de cinco a trescientos seis francos con cincuenta céntimos cada pieza, en las condiciones repetidas en actas anteriores, respecto a este asunto…

Acta n.º 16 [20-6-1938]

Reunida la Comisión examina los resultados de las ventas de monedas de oro que se han efectuado a través de Mr. Paul Lugagne así como los detalles de cada operación… se acuerda, para evitar el tener que levantar Acta cada día y reunirse a este efecto y para conseguir la mayor rapidez en las operaciones, que siempre que dos miembros de la Comisión se ajusten a las normas que se han seguido hasta ahora y que seguidamente se expresarán, se opere con dicho Mr. Lugagne por medio de Nota de pedido firmado por él y por dos de la Comisión o uno de ellos y el apoderado Sr. Gordo, y con Nota de liquidación, como se viene haciendo… Todas aquellas monedas de bien conocida prima con respecto al precio fijado por el Banco de Francia, procurar aproximarse lo más posible al precio de compra extra-oficial que representa precisamente esta prima con el margen que pueda presidir el estado diario del mercado; fijando como límite mínimo el precio del metal fino que se obtendría vendido para fundir teniendo en cuenta los gastos de ésta, así como en sentido contrario la comisión de Mr. Lugagne. Este límite se aplicará solamente para las monedas de pequeño valor nominal conservando para las grandes la adquisición de parte de prima que permita el mercado diario. Las condiciones generales de venta por mediación del Sr. Lugagne serán: venta al contado, liquidación en el mismo día, entrega al siguiente del pedido y pago en Libras esterlinas…

Acta n.º 17 [27-6-1938]

El Sr. Lozano da cuenta de su viaje a Barcelona y de las instrucciones recibidas del Excelentísimo Sr. Ministro de Hacienda y Economía, el cual ha expresado la satisfacción con la que ve la labor de esta Comisión, y ha ordenado que pueden comenzarse ya las operaciones de las alhajas, conforme a las instrucciones que primeramente expuso. Con el fin de poder proceder a estas operaciones el Sr. Ministro ha designado como auxiliares en la parte expresamente técnica y conocedores del oficio a los Sres. D. Felipe Mesto Tendero, Mariano Pérez Rodríguez y D. Francisco Valles García… Conforme también a dichas instrucciones, los tres expresados señores serán nombrados auxiliares de la Oficina Financiera de la Embajada sin expresión de su especialidad; y trabajarán bajo las órdenes de la Comisión Especial… Se acuerda concederles la asignación de cuatro mil francos mensuales…

Acta n.º 18 [27-6-1938]

Reunida la Comisión Especial se examina la necesidad de tener permanentemente asignada la Comisión una taqui-mecanógrafa de las condiciones necesarias y se reconoce que la que se ha empleado hasta ahora provisionalmente las reúne y teniendo en cuenta que en horas extraordinarias ha de atender también a los trabajos de la Oficina Financiera y Asesoría Jurídica; sin limitación alguna de tiempo, se acuerda asignar por sus trabajos a la Comisión, aparte del sueldo de mil setecientos francos como funcionaria de tal Oficina, un aumento de trescientos francos mensuales, a partir del veinte de mayo último…

Acta n.º 19 [2-7-1938]

Reunida la Comisión Especial se examina la propuesta hecha en carta de veintidós de junio último por la Compagnie des Métaux Précieux para la compra de monedas de oro en alfonsos y onzas para fundir, propuesta a la que ha precedido el adecuado estudio por parte de esta Comisión… Se acuerda aceptar la propuesta… admitiendo las condiciones de dicha carta con las únicas modificaciones siguientes:

La cantidad a pagar el día de la entrega será el ochenta y cinco por ciento (85) del valor de la mercancía. Los días de entrega de la misma serán, la mitad de ella, el miércoles de la próxima semana y la otra mitad el jueves… La cantidad total de monedas efecto del contrato será la siguiente: Ochenta mil alfonsos (80.000) de veinticinco pesetas (25). Dos mil alfonsos (2.000) de veinte pesetas (20). Doce mil isabelinas (12.000) de veinticinco pesetas (25). Seis mil isabelinas (6.000) de diez pesetas (10). Veintidós mil cien onzas (22.100). Cuatro mil ochocientas (4.800) de media onza (1/2). Nueve mil doscientas (9.200) de un cuarto de onza (1/4). Siete mil quinientas (7.500) de un octavo de onza (1/8). Seis mil (6.000) de un dieciseisavo de onza (1/16), o sea un peso total aproximado de mil quinientos kilogramos (1.500)…

Acta n.º 20 [16-7-1938]

Reunida la Comisión Especial para examinar los resultados del inventario de las remesas de monedas de oro recibidas del Ministerio de Hacienda que constan en Acta aparte, y una vez terminadas estas operaciones se añaden a la existencia que resulta de todas estas remesas las siguientes monedas que entrega el Agregado Financiero, las cuales proceden a su vez de entregas de los Cónsules y de los encargados de la evacuación del Norte… 20 onzas. 4 de 1/2 onza. 6 de 1/4 onza. 3 de 1/8 onza. 2 de 1/16 onza. 12 alfonsos de 25 pesetas. 12 isabeles de 25 pesetas. 2 isabeles de 20 pesetas. 1 isabel de 10 pesetas. 1 isabel de 5 pesetas. 4 monedas de 5 dólares. 6 monedas de 21/2 dólares. 5 monedas de 21/2 pesos de Méjico. 4 monedas de 2 pesos de Méjico. 15 monedas de una (1) libra. 3 monedas de 1/2 libra. 3 monedas de 20 francos belgas. 22 monedas de 10 francos franceses. 9 monedas de 20 francos franceses. 1 moneda de 20 liras. 1 moneda de 15 pesos cubanos. 3 monedas de 2 pesos cubanos. 1 moneda de un peso cubano…

Acta n.º 21 [16-7-1938]

Reunida la Comisión Especial examina los resultados de las operaciones de taller y fundición de los veintisiete lotes de alhajas entregados en la Oficina Financiera procedentes de la evacuación del Norte. Resulta… lo siguiente: Primero.— Número de piezas seleccionadas que no se han desmontado: 179… Todas estas alhajas recíbense por la Comisión para proceder a su custodia y venta en la forma que se acuerde. Segundo.— Una moneda de veinte francos (20) que igualmente consta en relación y pasa a sumarse con las demás monedas de oro que obran en poder de esta Comisión… Tercero.— Del desmontaje de todas las demás piezas han resultado: once lingotes de oro con un peso total de: 30.610 gramos. Un lingote de plata con un peso de: 2.980 gramos. Platino: 126’50 gramos… Cuarto.— Del mismo desmontaje se han obtenido las piedras que se mencionan seguidamente: Brillantes: 410’35 quilates. Rosas: 92’65 quilates. Diamantes: 244’82 quilates. Perlas aljofadas: 226 gramos. Todas estas piedras han sido tasadas, seleccionadas y clasificadas debidamente en carpetas…

Acta n.º 22 [18-7-1938]

Reunida la Comisión Especial, se acuerda dar estado a las gestiones realizadas con la Compagnie des Métaux Précieux para la segunda venta de cien toneladas de plata en moneda española y examinada la carta de la misma Compañía fecha de hoy en la que propone las condiciones del contrato, se acuerda aceptarlas… Respecto a algunas condiciones de dicho contrato se acuerda modificarlas en lo siguiente: La entrega de la mercancía se hará el día 25 de julio. Los cursos que establecerán el precio de venta de la mercancía serán los de Londres los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de julio. El ingreso de la primera cantidad, el ochenta y cinco por ciento (85%) del mismo mes de julio…

Acta n.º 23 [18-7-1938]

Reunida la Comisión Especial, se examina la propuesta de la Compagnie des Métaux Précieux para comprar el oro contenido en las monedas defectuosas y alhajadas que han sido seleccionadas en el recuento verificado de las recibidas del Sr. Ministro de Hacienda, de las cuales existen aproximadamente unos doscientos veinticinco kilos y medio, y de algunos lingotes pequeños de la misma procedencia y de los fundidos de las alhajadas procedentes de la Oficina Financiera, todo lo cual sumará con lo anterior un peso bruto de unos cuatrocientos kilos… Se acuerda vender las monedas alhajadas en la situación que están para fundirlas en la fábrica de la Compagnie des Métaux Précieux. Y reservar los trabajos de fundición en el taller, únicamente para lo que sea joyería…

Acta n.º 24 [30-7-1938]

Reunida la Comisión Especial se examina la propuesta de la Compagnie des Métaux Précieux en carta de esta misma fecha… para comprar aproximadamente trescientos kilos de oro en monedas y pequeños lingotes, siendo las condiciones: la entrega el día 1 de agosto; precio oficial de Londres el día dos; deducción por gastos de un 4’25‰ y en caso de impurezas superiores a las corrientes un 5‰; ingreso del 85% del precio total el día de la entrega y el resto, después de las operaciones de ensayo. Se acuerda aceptar la propuesta y vistas las existencias de oro que se poseen vender las siguientes: Oro en monedas: 3.500 onzas. 1.899 medias onzas. 5.461 1/4 de onza. 1.679 1/8 de onza. 4.516 1/16 de onza. 10.750 alfonsos de 25 pesetas. 1.349 alfonsos de 10 pesetas. Oro en monedas: 2.570 isabelinas de 25 pesetas. 498 isabelinas de 10 pesetas. 96 isabelinas de 5 pesetas. Con un peso de: 285’595 kilogramos. Lingotes: Todos los existentes hoy, resto de las remesas, con un peso de oro de: 65’925 kilogramos. Y un peso de plata y platino de 23’483 kilogramos…

Acta n.º 25 [8-8-1938]

Reunida la Comisión Especial, el Sr. Lozano dio cuenta que se había depositado en unión del Sr. Pra una caja procedente de la evacuación del Norte cuando ésta tuvo lugar… Esta caja estaba rotulada «Monte de Piedad y Caja de Ahorros, Santander», sellada, lacrada y precintada; y… debía contener objetos de excepcional valor… Se hizo cargo de ella… sin abrirla, se depositó por los Sres. Lozano y Pra en el Eurobank… En el día de hoy, con arreglo a las instrucciones generales recibidas del Sr. Ministro, la Comisión acuerda retirar esta caja, abrirla ante los funcionarios del taller y que por los mismos se proceda a las operaciones necesarias… Abierta la mencionada caja, se procede en presencia de todos, aparecen dentro de ella únicamente los valores españoles mobiliarios que se expresan en relación adjunta, la cual es copia del original que venía dentro de la caja y cuyo total nominal importa: ochenta y dos mil seiscientas cincuenta pesetas… En vista de ello se acuerda remitir estos valores al Ministerio de Hacienda con la relación original…

Acta n.º 26 [11-8-1938]

Reunida la Comisión Especial (con ausencia del Sr. Zabala designado por el Gobierno para una misión) se procede a examinar los resultados de las operaciones de recepción, desmontaje, tasación e inventario de las alhajas y piedras preciosas confiadas a la Comisión por órdenes del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda… Constan realizadas las siguientes tasaciones: La hecha en España por la Caja de Reparaciones que figura en las relaciones dichas, en pesetas papel, y cuyas bases constan en un anejo remitido por el Ministerio. En París se han practicado dos tasaciones: una por el tasador español, Sr. Vallés, que se hace figurar en relación adjunta; y otra, por los hermanos Glasberg, tasadores peritos garantizados… De los antecedentes examinados aparece que las tasaciones hechas en París, son las que pueden merecernos las debidas garantías, compatibles con la discreción del asunto…

Acta n.º 27 [12-8-1938]

Reunida la Comisión Especial (con ausencia del Sr. Zabala, designado por el Gobierno para una misión) para examinar el inventario y operaciones realizadas referentes a los billetes facciosos remitidos por el Ministerio de Hacienda; resulta: 1.º) Se recibieron del Ministerio con recibo fechado en 15 de abril de 1938 dichos billetes; y realizado en París su recuento por el Sr. Izquierdo y comprobado por la Comisión Especial, el total de billetes es de: 628.000 pesetas… 2.º) Se han vendido por medio del Banque Commérciale pour l’Europe du Nord, conforme a las instrucciones del Ministerio, ciento ochenta y cinco mil cuatrocientas veinticinco pesetas, que han producido doscientos ochenta y dos mil novecientos sesenta francos con veinticinco céntimos, al cambio medio de 152’60%… 3.º) Por orden del Sr. Ministro se devolvieron a Barcelona ciento cincuenta mil pesetas; y se suspendieron las venta[s] de esta clase de billetes. 4.º) Queda hoy una existencia en poder de la Comisión de doscientas noventa y dos mil quinientas ochenta y una pesetas…

Acta n.º 28 [16-8-1938]

Se reúne la Comisión Especial para examinar y fijar los resultados del inventariado de los lingotes de oro, plata y platino recibidos hasta el día de la fecha, después de la comprobación de los documentos de remesas hecha por el interventor en Barcelona y de todas las operaciones de verificación…

Acta n.º 29 [16-8-1938]

Reunida la Comisión Especial para examinar el contenido de las cartas fecha de este día de la Compagnie de Métaux Précieux referentes a la anulación del contrato último de cien toneladas de plata y los motivos de esta anulación, que consisten en una carta cuya copia nos ha enviado, dirigida en nombre de un titulado abogado del Banco de España «Miguel Losa» a los comerciantes de plata de Londres, con la que pretende impedir todas estas operaciones… La Comisión acuerda, como medida de prudencia, aceptar la anulación de la operación con la Compagnie des Métaux Précieux; dar cuenta al Ministerio; y como éste ha encargado al Sr. Sánchez Román de un estudio acerca de la cuestión con motivo de las dificultades surgidas en los envíos de plata a los Estados Unidos, comunicar la nueva incidencia al Sr. Sánchez Román… La representación de la Compagnie de Métaux Précieux insiste en que cuando se le den los medios convenientes de defensa podrá concertarse la operación, puesto que está dispuesta también a salvaguardar los intereses nuestros. Se espera para ello las instrucciones correspondientes, después que el Sr. Ministro haya decidido sobre el asunto y sobre el rapport del Sr. Sánchez Román…

Acta n.º 30 [17-8-1938]

Se reúne la Comisión Especial con el fin de decidir acerca de las gestiones de venta de piedras preciosas y perlas, de un lote preparado en los trabajos del taller… Los tasadores Glasberg, avalados por los informes de Mr. Possner… manifiestan que, en general, las piedras de que ahora disponemos son de baja calidad; los brillantes, en su mayoría picados y de color; lo mismo las esmeraldas; y en cuanto a las perlas, la depreciación es manifiesta por la competencia de las de cultura. El aljófar inapreciado en el mercado europeo… Proponen, en su vista, un comprador que domina el mercado oriental, donde se estima esa clase de mercancía, que en estos días está de viaje de compras, que tiene la suficiente potencia de adquisición y no es un mayorista de primera, sino un joyero del Cairo, Ahmed Naguib Bey, que, operando solo, reúne más condiciones de discreción y de probabilidad de buena oferta, en razón de vender directamente a los minoristas… La Comisión decidiese a establecer negociaciones con el Sr. Naguib, en virtud de todas estas consideraciones; y las de no exponerse, sin previa experiencia a mostrar la mercancía a comerciantes miembros de los Sindicatos que controlan los mercados mundiales; y de tener solventadas con la venta al mismo las dificultades de Aduanas y fiscales, no de menor importancia… El Sr. Naguib ha de retirar en el acto todo lo vendido, menos los brillantes, que han de llevárseles a Bruselas; pagando en el acto en Libras esterlinas, el contravalor de un millón ochenta y cinco mil francos, y el resto en aquella capital: dos millones novecientos quince mil francos, asi mismo en Libras, al recibir el resto de la mercancía…

Acta n.º 31 [24-8-1938]

Reunida la Comisión Especial se acuerda —visto que existen una porción de objetos varios de pequeño valor relativo procedentes del desmontaje y selección de las remesas de alhajas del Ministerio; y que en adelante pueden existir también en mayor cantidad—, autoricen al Tesorero y al Interventor puedan disponer su enajenación en la forma más conveniente…

Acta n.º 32 [3-9-1938]

Reunida la Comisión Especial, se acuerda comprobar qué monedas pueden venderse para fundición de las que hoy se dispone… Se examina la propuesta de la Compagnie des Métaux Précieux para esta operación, en la que puede incluirse los lingotes de metal oro y plata que nos quedan; y se acuerda la operación en la siguiente forma: Monedas de ley de 870 que no es necesario fundir 5’170 kgs. Monedas de ley de 900 que no es necesario fundir 4’843 kgs. Total: 10’021 kgs[2]… Monedas para fundir 64’232 kgs… Lingotes: Oro procedente de moneda alhajada 2’780 kgs. Oro y plata procedentes de alhajas de remesas del Ministerio 10’121 kgs. Plata de remesas del Ministerio 1’260 kgs… Total 14’161kgs. La entrega se verificará el lunes 5, al precio en Londres en ese día; y al contado en Libras esterlinas, con deducción de 4’25‰ (por mil) de gastos de fundición, afinaje, etc…

Acta n.º 33 [17-9-1938]

Reunida la Comisión Especial, y habiéndose hecho una selección de aquellas monedas que por no tener prima ni aceptación en el mercado deben venderse fundidas, se acuerda aceptar la proposición de la Compagnie des Métaux Précieux en la forma siguiente: Precio del oro fino: El de Londres del día 19 del actual. Entrega de la mercancía: El mismo día. Deducción por gastos de fundición, afinaje, etc.: 4’25‰. Pago: al contado en £… En las operaciones, como en los demás contratos, intervendrá nuestro representante Sr. Gordo…

Acta n.º 34 [21-9-1938]

Reunida la Comisión Especial y en vista de que el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha autorizado para poder enajenar el contenido de los sacos de la remesa del día once, respecto de los cuales había ordenado no se hiciera operación alguna hasta que él autorizara, se acuerda la enajenación de los lingotes recibidos en dicho día y que constan en la relación adjunta, con un peso de cien cuarenta y dos kilos seis mil trescientas ochenta y nueve diezmilésimas (142’6389 kgs.). Esta operación se hará con la Compagnie des Métaux Précieux en las condiciones acostumbradas, siendo las esenciales las siguientes: Entrega de la mercancía: el día 22. Precio de la mercancía: el oficial de Londres en el mismo día. Deducción por gastos de fundición afinaje, etc.: el 4’25‰ (cuatro veinticinco por mil). Pago en Libras en el mismo día…

Acta n.º 35 [6-10-1938]

Reunida la Comisión Especial para examinar la propuesta de la Compagnie des Métaux Précieux para adquirir una cantidad aproximadamente de cincuenta toneladas de plata en moneda… Se acuerda aceptar la proposición… con las siguientes esenciales condiciones además de las de menor importancia acostumbradas en las anteriores operaciones de la misma especie: Entrega de la mercancía: del trece al catorce de octubre; precio: el medio de los tres cursos cotizados en Londres los días 13, 14 y 17 de octubre; deducción por gastos: el 5’50%; garantía de la Société de Banque Suisse; y las demás condiciones de procedimiento como en las dichas operaciones anteriores…

Acta n.º 36 [24-10-1938]

Reunida la Comisión Especial se examina la existencia que se tiene en monedas que no tienen prima en el mercado, y que por lo tanto es conveniente su enajenación para fundir, y se examina, igualmente, la propuesta de la Compagnie des Métaux Précieux en carta de esta misma fecha en la que propone su adquisición sobre la base del curso de Londres con una deducción del 5‰ (cinco por mil) por gastos de fundición, etc.; el ingreso en Londres el día de la entrega de la mercancía del 85% (ochenta y cinco por ciento) del valor del oro fino contenido, y el saldo, después del conocimiento de los títulos exactos, y proporcionando la garantía para este negocio la Société de Banque Suisse. Se acuerda aceptar la propuesta, pero rebajando la deducción por gastos al 4’75‰ (cuatro setenta y cinco por mil) en atención al porcentaje de moneda alhajada que existe, cuyos gastos son mayores…

Acta n.º 37 [25-10-1938]

Reunida la Comisión Especial se da lectura a la carta de esta misma fecha de la Compagnie des Métaux Précieux proponiendo la compra de cincuenta toneladas de plata en moneda y con las mismas condiciones que la realizada en catorce de este mes… invitar a la Compagnie des Métaux Précieux para que formule la propuesta en forma que se ajuste a las condiciones ya acostumbradas, advirtiéndoles que el descuento debe ser el mismo de la última vez, o sea el 5’50%, la entrega de la mercancía en la frontera en la madrugada del día 4 de noviembre… Los precios deberán ser los de Londres los días 4, 7 y 8 de noviembre y las condiciones de garantía y pago las ya acostumbradas…

Acta n.º 38 [14-11-1938]

Reunida la Comisión Especial se examina la existencia que, después de la última remesa de diez de noviembre, hay de monedas sin prima en el mercado y de lingotes y se ha formado la relación adjunta, que constituye un peso total de 128’5958 kgs., acordándose la enajenación del oro respectivo mediante las operaciones acostumbradas de fundición, afinaje y ensayo. Estas operaciones, así como la venta del metal, se harán con la Compagnie des Métaux Précieux en idénticas condiciones que las operaciones anteriores de la misma clase…

Acta n.º 39 [16-11-1938]

Reunida la Comisión Especial se examina la propuesta de la Compagnie des Métaux Précieux en carta de esta fecha, para la compra de doscientas toneladas de plata en monedas a realizar en dos entregas: el día veintidós del actual y dos de diciembre próximo… Se acuerda aceptarla en los términos de dicha carta, modificando respecto de ella únicamente las fechas de entrega y los días de los cambios de Londres que se ajustarán a las fechas antedichas de veintidós de noviembre y dos de diciembre…

ANEXO 10

Acuerdo financiero secreto del 28 de noviembre de 1936 entre Italia y España[1]

Protocolo

El Gobierno Fascista y el Gobierno Nacional de España, solidarios en su lucha común contra el comunismo, que en los actuales momentos constituye más que nunca una amenaza para la paz y la seguridad de Europa, e impulsados por el anhelo de desarrollar y de afianzar las relaciones entre ambos y de cooperar con todas sus fuerzas en pro de la estabilización política y social de las naciones europeas, han examinado detalladamente una serie de cuestiones concernientes a los dos Estados y, por medio de sus respectivos representantes en Roma y Burgos, han llegado a un acuerdo en los siguientes puntos:

1.º El Gobierno Fascista reitera al Gobierno Nacional de España su apoyo para el futuro y su ayuda para conservar la independencia y la integridad de España (tanto de la metrópoli como de las colonias), así como para el restablecimiento del orden social y político dentro del país. Los servicios administrativos de ambos Estados mantendrán una colaboración en este sentido de ahora en adelante.

2.º En la seguridad de que una estrecha colaboración entre ambos habrá de resultar útil para los dos Estados, así como también para el orden político y social de Europa, el Gobierno Fascista y el Gobierno Nacional de España se mantendrán en contacto mutuo, coordinarán sus actuaciones en todas las cuestiones concernientes a ambos —en especial en las referidas a la zona occidental del Mediterráneo, en donde se hará precisa una más estrecha coordinación en la acción de los dos— y se prestarán mutuo apoyo al objeto de defender sus intereses recíprocos.

3.º Cada uno de ambos Gobiernos se compromete a no participar en ninguna alianza o entente entre potencias que pudiera ir dirigida contra alguna de las dos partes ni a favorecer directa o indirectamente medida alguna de cualquier género: militares, económicas o financieras, tomadas contra uno de los dos Estados pactantes.

En especial se comprometen a no aceptar la menor utilización de sus territorios, puertos o aguas territoriales para ningún género de operaciones dirigidas contra los intereses de alguna de las dos partes pactantes, ni tampoco para la preparación de tales operaciones, ni para el tránsito de materiales o ejércitos de una tercera potencia.

En este sentido, ambos Gobiernos se comprometen a revisar los acuerdos anteriores que pudieran estar en contradicción con el presente y considerarlos como nulos y sin efecto, suspendiendo toda ejecución de los compromisos derivados de aquéllos.

4.º El Gobierno Fascista y el Gobierno Nacional de España han llegado a un acuerdo acerca del artículo 16 del Pacto de la Sociedad de Naciones, que, tal como ha sido formulado y tal como ha sido recientemente interpretado y aplicado, constituye un grave peligro para la paz y debe ser o bien anulado o bien radicalmente modificado. Si uno de los dos Estados pactantes llegase a entrar en conflicto con una o varias potencias distintas de ellos o si contra alguno de ambos fueran tomadas medidas de carácter militar, económico o financiero, el otro se compromete a adoptar para con el primero una posición de neutralidad propicia, a proporcionarle la obtención de materiales indispensables y a darle las mayores facilidades para la utilización de los puertos, líneas aéreas, vías férreas y carreteras, así como también para las relaciones comerciales por vías indirectas.

5.º En este sentido, ambos Gobiernos consideran que sería útil precisar —una vez restablecida la paz— la manera de utilizar sus recursos económicos, en especial las materias primas y las vías de comunicación. Los servicios administrativos de ambos Estados habrán de llegar, tan pronto como sea posible, a una serie de acuerdos conformes a la puesta en funcionamiento de dicho plan.

6.º El Gobierno Fascista y el Gobierno Nacional de España consideran como posible y necesario desarrollar al máximo sus relaciones económicas, así como también las marítimas y las aéreas.

En este sentido, dando pruebas de sus amistosas relaciones, acceden a una serie de franquicias mutuas de todo tipo, relativas a mercancías, pabellones de ventas y aviación civil.

Ambos Gobiernos se comprometen desde este instante a revisar a este fin los precedentes acuerdos comerciales y de navegación marítima y aérea que los vinculaban hasta la fecha.

En testimonio de lo cual han firmado el presente protocolo.

28 de noviembre de 1936

ANEXO 11

Cómo se calcularon los índices de precios de la República

Las autoridades de Burgos tuvieron claro desde el primer momento que el «desbloqueo», que trataba de fusionar la masa monetaria republicana con la de la zona controlada por el Gobierno de Burgos, planteaba la urgente necesidad de disponer de series de índices de depreciación monetaria en el período de guerra. Y, como primera aproximación, el Servicio de Estudios del Banco de España puso en marcha una investigación sobre lo que podrían haber sido los índices de precios en el territorio de la República durante la contienda. A partir de ellos, se calcularían posteriormente los coeficientes de desbloqueo a utilizar por el Gobierno de Burgos en orden a regularizar la situación de las masas monetarias pendientes de reconocimiento de su valor. Y el resultado de esa investigación dio origen al informe fechado el 25 de noviembre de 1939, Cálculo de los coeficientes de desbloqueo,[1] que fue el punto de partida de la operación de desbloqueo.

Sirve al interés histórico y a la curiosidad científica conocer cómo se hizo ese análisis. La investigación admitía que el criterio económico para juzgar el valor de una moneda no podía ser otro que medir su capacidad adquisitiva, medición que implicaba disponer de una buena serie de números índices, al por mayor y al por menor, de la moneda que se tratara de valorar. En este caso, de la moneda republicana. Y sin embargo, era imposible hacerlo porque los índices de precios existentes de la zona republicana no tenían fiabilidad, y además no abarcaban más que una corta etapa del período de guerra. Es decir, prácticamente no existían. Ante esta realidad, el Servicio de Estudios del Banco de España reconocía que no había otra solución que abordar el cálculo de esos índices por medios indirectos. Y esto suponía calcular la demanda de bienes y servicios y la oferta durante toda la guerra.

La problemática que se planteaba en la investigación era compleja y excesivamente técnica, pero un análisis reposado, decía el informe, «permite penetrar muy a fondo en muchos y diversos aspectos de lo que fue y cómo se desarrolló la economía republicana, especialmente la financiera».

En relación con el cálculo de la demanda, el primer paso debía de ser precisar la existencia de billetes al 18 de julio en cada una de las dos zonas. Y en este orden de cosas se llegó pronto a la conclusión de que, de la circulación fiduciaria de aquel momento, la cifra más probable de billetes residenciados en la zona nacional era de 2.099 millones de pesetas, de los cuales 1.611 se encontraban en circulación y 488 millones en las cajas de las sucursales del Banco de España de la zona sublevada. El total de la circulación en ambas zonas el 18 de julio de 1936 era de 6.909. Por lo tanto, la zona republicana poseía billetes emitidos con anterioridad al 18 de julio por valor de 4.811 millones. Sin embargo, hubo necesidad de hacer algunas correcciones.

Un punto de partida de la investigación del Banco de España fue el hecho de que Radio Nacional de España en Burgos había ido difundiendo la noticia, utilizada como arma, de que al final de la guerra sólo se reconocería validez a los billetes de determinadas series y numeración que, más o menos, eran los que quedaban en la zona nacional. Como consecuencia de ello, éstos fueron desapareciendo paulatinamente de la circulación, porque el mercado mantenía en curso los billetes emitidos por el Banco de España de la República, pero atesoraba los emitidos con anterioridad al 18 de julio, pensando en que, al final, el billete del Gobierno de Burgos tendría una prima si la guerra era desfavorable a la República. En conclusión, los billetes anteriores al 18 de julio dejaron de ejercer efecto sobre el mercado a los efectos de calcular el índice de precios. Es decir, no podían ser computados como componentes de la circulación fiduciaria. El informe del Servicio de Estudios del Banco de España evaluó el volumen de esos billetes atesorados en 3.847 millones de pesetas.[2]

Ese proceso se relataba en la investigación del Banco de España, que tenía en cuenta que tan pronto como el público de la zona republicana se enteró de qué billetes serían reconocidos, procuró retenerlos sin depositarlos en cuentas corrientes. En los primeros tiempos, en que todavía eran relativamente abundantes los billetes de series legítimas en circulación, se hacían sacas de las cuentas corrientes para separar de los recibidos los anteriores al 18 de julio. Éstos eran atesorados y el resto se utilizaba como medio de pago. Los comerciantes hacían lo mismo con los que recibían. Naturalmente, este atesoramiento provocaba una salida de billetes superior a la que hubiera correspondido al crecimiento de la circulación fiduciaria.

Por otra parte, aprovechando la moratoria, los efectos no se pagaban sino cuando se podía hacer en dinero «malo», ni se extinguían o aminoraban los créditos sino en el mismo caso. Y todo ello seguía incrementando anormalmente la circulación, influyendo en el proceso inflacionista. Este fenómeno fue evaluado por el Banco de España para hacer las correcciones adecuadas a fin de conocer lo que de verdad había sucedido con la circulación fiduciaria en la zona republicana.

Todo ello permitió al Banco de España calcular lo que pudo ser la serie mensual de la circulación fiduciaria en cada momento de la zona republicana. A partir de esta serie, y dividida por las sucesivas cifras de población, se pudo estimar la serie de unidades monetarias de que, por término medio, dispuso cada habitante en esa zona para financiar su demanda de consumo.

Ya sólo faltaba calcular la oferta en la zona republicana para obtener el índice de precios. Pero esto resultó mucho más difícil a los investigadores del Servicio de Estudios por la ausencia de informaciones fidedignas. No había indicadores de producción de confianza. Tampoco era posible admitir una exacta correspondencia entre producción y oferta de mercancías. Y además, en un estado de anormalidad monetaria, la tendencia a huir del dinero y a retener las mercancías, que eran la única riqueza real adquirible en la zona republicana, había producido una oferta inferior a la que, en condiciones normales, hubiera determinado el esquema de producción existente. Así pues, tuvieron que buscar una serie de índices a partir del crédito privado, entendiendo que ordinariamente éste suele guardar una cierta relación con el giro de la producción.

De esta manera se evaluó la producción en la zona republicana según el uso del crédito. Y de ahí se pasó a definir una curva de oferta. El problema era realmente complejo, porque el fenómeno característico dominante en la zona republicana había sido una inflación que había creado tal superabundancia de medios de pago que los precios se habían movido casi en tiempo real en razón directa de la demanda, mientras que la escasez de la oferta había acelerado una tendencia alcista cuyo acicate y estímulo residían especialmente en las anómalas circunstancias de la demanda.

Pensando en esto, y a fin de corregir toda posible deformación de la curva de oferta en razón del método un tanto atrevido con que la producción había sido calculada, se trazó junto a la serie de la oferta obtenida, y a la que, con un cierto eufemismo, la investigación llamaba «oferta efectiva», otra teórica, sin tener en cuenta más que el raciocinio de cómo el factor oferta necesariamente hubo de desarrollarse en la zona republicana. Así, para los redactores del informe, la curva de oferta tenía que partir desde la normalidad más absoluta en julio de 1936, lo que no era cierto, hasta alcanzar el cero en los últimos tiempos de la guerra, porque en estos momentos el valor del dinero republicano era totalmente nulo. Y de tal manera fue así que los bienes y servicios o se permutaban o se regalaban, pero nunca se entregaban contra un dinero del que todos huían y cuyo poder adquisitivo llegó a ser efectivamente nulo.

Se creó en consecuencia una serie de números índices que partían de 100 en julio de 1936, para llegar a 0 en los últimos días de marzo de 1939. La transformación del 100 al 0 se hizo a través de la curva que creían se aproximaba más a lo que realmente había sucedido: una parábola. Y esta parábola, combinada con la curva «real», obtenida midiendo el descenso del crédito privado, fue la que proporcionó a los investigadores la curva definitiva de oferta, que, juntamente con la de demanda anteriormente obtenida, permitió al Banco de España ofrecer al Gobierno unos índices de precios para los 33 meses del período de guerra.[3] Y, a partir de esas curvas de oferta y demanda en la España republicana, se dedujo la serie de índices que se creía se acercaba a lo que realmente pudo suceder en cuanto a la evolución del poder adquisitivo de la peseta republicana.

Los investigadores se inspiraron en la experiencia extranjera, porque fenómenos de inflación análogos al sufrido por la zona republicana durante la guerra no eran algo nuevo en la historia económica europea. El informe citaba a este respecto ejemplos como los de Alemania, Francia, Bélgica, Polonia, Italia, o el viejo Imperio Austrohúngaro, países que proporcionaban experiencias curiosísimas que facilitaron notablemente el desarrollo del cálculo de la oferta. En todos ellos se había producido una correlación notoria entre la circulación fiduciaria, expresada por los billetes del banco central, y las carteras comerciales, descuentos y créditos de la gran banca privada, e incluso de la cartera comercial del propio instituto emisor. De esta manera, el informe sostenía que, en el caso alemán, en el que la inflación había llegado a términos que permitían sospechar un rápido aniquilamiento de la moneda, el alza de los créditos se producía con mayor intensidad aún, ya que adquiría un carácter especulativo por el cual los deudores saldaban sus obligaciones antiguas adquiriendo nuevos préstamos obtenidos en mejores condiciones que los antiguos. Al final, la correlación entre ambas curvas (circulación y crédito privado) se producía siempre, en mayor o menor escala y con tendencia más o menos convergente, pero se producía siempre. Y esta realidad fue la que impulsó al Banco de España a intentar medir la oferta de la zona republicana por las variaciones experimentadas por el crédito privado. También se tuvo en cuenta la alta correlación que en su momento existió entre la circulación fiduciaria y el crédito privado en Francia durante el proceso de inflación de 1923-1926.[4]

Es claro que, al margen de otras consideraciones, el valor de la información que ofrecía el Servicio de Estudios del Banco de España era muy relativo. El propio informe admitía que el intento se hizo con una curva de demanda calculada con «extraordinario rigor» y una curva de oferta «algún tanto arbitraria». Pero, al margen de la mejor o peor fortuna en el intento, los redactores del informe habían recibido la orden de ofrecer la solución más probable, en un plazo corto, al problema que el Gobierno tenía planteado de disponer de un frente que permitiera homogeneizar la masa monetaria republicana con la masa monetaria de la zona nacional. Algo que no se podía demorar si se quería evitar la paralización de la vida financiera del país. Y por ello esa orden tuvo que ser necesariamente muy perentoria.

El Servicio de Estudios del Banco de España entendió que la curva de depreciación de la peseta republicana no podía ser utilizada de modo aislado y aplicada a rajatabla como expresión de los coeficientes de desvalorización de esa peseta medida en moneda del Gobierno de Burgos. Porque la peseta de Burgos, argumentaba el Banco de España, no había conservado una estabilidad rígida desde el verano de 1936 hasta el final de la guerra. La guerra civil y el descenso de la producción habían sido responsables de que la peseta del Gobierno de Burgos hubiera perdido en el momento del estudio una tercera parte de su poder adquisitivo en el verano de 1936.

Por eso, y dado que el desbloqueo no era, en último término, sino la transformación de pesetas republicanas inmovilizadas en los establecimientos de crédito en pesetas del Gobierno de Burgos, parecía forzoso combinar ambas depreciaciones y obtener así una resultante de la depreciación monetaria republicana en relación con la depreciación monetariade la zona nacional.

En todo caso, el estudio del Banco de España fue realmente imaginativo. Y, al margen de sus conclusiones, representa un muy elaborado esquema estratégico de tipo conceptual para acomodar las escasas informaciones estadísticas disponibles y la interpretación de la realidad conocida o intuida de lo que pasaba en la zona roja para elaborar unos índices finales. Y, a partir de las curvas de oferta y demanda en la España republicana, dedujo una serie de índices que se creía se acercaban a lo que realmente pudo suceder en cuanto a la evolución del poder adquisitivo de la peseta del Gobierno de Burgos y de la republicana.

El cálculo de los poderes adquisitivos fue realmente complejo, porque hubo de hacerse, desde el punto de vista técnico, una serie de correcciones. Éstas fueron las más importantes:[5]

Corrección de billetes salidos de la zona republicana

A la circulación fiduciaria corregida por el crédito privado, hubo que practicar una corrección por billetes salidos de la zona republicana. Porque muchos billetes de las series ilegítimas y algunos de las legítimas quedaron en las regiones controladas por el Gobierno de Burgos, y había que irlos restando para disponer con una mayor precisión del volumen de la circulación.[6] Y en esta corrección hay un punto muy sensible a todo lo que en este trabajo se explica en cuanto refiere a la guerra monetaria y al «Fondo de papel moneda puesto en curso por el enemigo», aspecto con el que tiene mucho que ver el estudio que hizo el Banco de España del análisis del nivel de precios, porque ese informe, al hacer esta última corrección, no podía esperar que la cifra de recogida de billetes en circulación representara el total de la circulación en dicha zona; lo que, de alguna manera, dejaba implícito, al decir que en las cifras de entrega de papel puesto en circulación por el enemigo aparecían como recogidas sumas que representaban tan sólo el 58% de la circulación total. Añadía que era de suponer que las primeras entregas empezaron siendo menores, por lo que concluía que era prudente que, a la hora de estimar la circulación monetaria en relación con este componente, los billetes ilegítimos realmente existentes habría que evaluarlos en el triple de la cantidad recogida.[7]

Corrección por emigración de billetes

El informe contemplaba también la posibilidad de que algunos billetes de la zona republicana hubieran emigrado al extranjero o a la zona nacional, pero sus redactores entendían que estas cantidades tenían que ser de poca consideración, en la medida en que todos sabían que en la zona nacional no tenían validez y que en el extranjero apenas tenían cotización.

Corrección por reducción de la superficie de la zona republicana

Es claro que a la hora de definir el nivel de precios de la zona republicana, partiendo para ello, entre otros elementos, de la circulación fiduciaria, no podía dejarse de tener en cuenta que en el análisis había que introducir la corrección de la creciente reducción del territorio republicano en función de los avances de las tropas del Gobierno de Burgos, porque ello hacía que la inflación aparente representara una inflación relativa cada vez mayor para un territorio cada vez más reducido. El Banco de España introdujo, pues, esa corrección teniendo en cuenta la población inicial de la zona nacional y de la zona republicana, e introduciendo en los cálculos la circulación per cápita. Es cierto que en aquellos momentos la población de esos territorios había quedado notablemente modificada por la movilización, las evacuaciones, las migraciones y la extraordinaria mortalidad, pero no había mejores métodos alternativos. Y el informe destacaba que había procurado ponderar los cálculos de tal manera que se acercaran en lo posible a lo que parecía probable, entendiendo que sus estimaciones no se separaban notablemente de la realidad.[8]

ANEXO 12

Cuadro comparativo del cálculo de los coeficientes de desbloqueo

ANEXO 13

Acuerdo del 25 de febrero de 1939 entre Francia y España sobre restitución de todos los bienes expropiados[1]

Al ir a establecerse relaciones diplomáticas entre el Gobierno Nacional de España y el Gobierno francés, el primero quiere señalar la particular importancia que concede a la vuelta a la Nación española de todos los bienes que se encuentran actualmente en Francia y cuya restitución a sus legítimos propietarios:

Estado, Corporaciones, Sociedades o particulares, considera justa y necesaria.

El Gobierno francés reconociendo la equidad de esta petición, se compromete a emplear todos los medios de que dispone para la restitución de estos bienes en el más breve plazo posible.

El Gobierno español precisa que se trata principalmente, entre otros, de los bienes siguientes:

El oro depositado como garantía de un empréstito en el Banco de Francia en Mont de Marsan.

Las armas y material de guerra de todas clases pertenecientes al Gobierno enemigo o que le estaban destinados.

El ganado de todas clases pasado de España a Francia contra la voluntad de sus legítimos propietarios.

Toda la flota mercante o de pesca, sin discriminación de puerto de registro en España. A este efecto, el Gobierno Nacional pide el reconocimiento de su derecho de requisa de esta flota, la dispensa del pago de los derechos portuarios exigibles hasta esta fecha y el otorgamiento de facilidades a las tripulaciones nacionales que vayan a tomar posesión de estas embarcaciones.

Todo el patrimonio artístico español, exportado desde el 18 de julio de 1936, contra la voluntad de sus legítimos propietarios o poseedores.

Los depósitos de oro, joyas, piedras preciosas, numerario, billetes, monedas, valores, títulos, acciones, obligaciones, etc., pertenecientes al Estado español o a Sociedades o particulares españoles, que hayan sido exportados de España desde el 18 de julio de 1936, contra la voluntad de sus legítimos propietarios o poseedores.

Todos los vehículos, sin distinción de clase ni de propietarios, matriculados en España, de que han sido desposeídos sus legítimos dueños o poseedores, por su exportación a Francia.

La situación especialísima creada en España, como consecuencia de la guerra que ha sostenido, obliga al Gobierno Nacional a dejar para ulterior examen la reglamentación de todos aquellos puntos de que no se hace mención en los párrafos que preceden, que serán examinados por ambas partes con espíritu de conciliación.

Hecho en Burgos en doble ejemplar a veinticinco de febrero de mil novecientos treinta y nueve.

Francisco Gómez Jordana

León Bérard

APÉNDICE I

Obras y documentos consultados y citados en el texto

Todas las referencias bibliográficas que se hacen en este apéndice corresponden a publicaciones analizadas y citadas en uno o varios de los capítulos de este trabajo. Al final de cada una de las referencias se incluye una palabra que señala el capítulo o capítulos en que esa publicación ha sido utilizada. En los libros donde existen contribuciones de varios autores, al final de cada referencia básica, se incluye el nombre de los autores que se citan de ese libro.

Capítulo I. Introducción (Introducción). Capítulo II. El escenario económico-financiero de la guerra como punto de partida (Escenario). Capítulo III. Preparación de la sublevación (Preparación). Capítulo IV. Mola en Navarra. Las ayudas a la sublevación (Navarra). Capítulo V. Juan March y la sublevación (March). Capítulo VI. Portugal y la sublevación del 18 de julio (Portugal). Capítulo VII. El sistema financiero de la República (República). Capítulo VIII. La hora de las independencias en la República (Independencias). Capítulo IX. El sistema financiero del Gobierno de Burgos (Burgos). Capítulo X. La guerra monetaria del Gobierno de Burgos (Guerra). Capítulo XI. Banca y cajas de ahorros (Banca). Capítulo XII. Financiación interior (Financ. interior). Capítulo XIII. El oro. Ventas a Francia y Moscú. La reacción del Gobierno de Burgos (Oro). Capítulo XIV. El oro, una cuestión abierta (Cuest. abierta). Capítulo XV. El gasto presupuestario en la guerra civil (Presupuestos). Capítulo XVI. Suscripciones e incautaciones (Suscripciones). Capítulo XVII. La responsabilidad política por daños de guerra como fuente de financiación (Responsabilidad). Capítulo XVIII. Monetización de los activos expoliados. La comisión «secreta» de París (Comisión). Capítulo XIX. Financiación exterior (Financ. exterior). Capítulo XX. El final de la guerra y la preparación del exilio: el «tesoro de Negrín» y el «tesoro» del Vita (Final). Capítulo XXI. Precios y cotizaciones (Precios). Capítulo XXII. El coste material y humano de la guerra (Coste). Capítulo XXIII. La transición del sistema financiero. Los ajustes de la posguerra (Ajustes). Capítulo XXIV. La unificación monetaria. La Ley de Desbloqueo de 1939 (Desbloqueo). Capítulo XXV. Búsqueda de los activos y documentos expoliados y devolución a sus propietarios (Búsqueda). Capítulo XXVI. Financiación del exilio. La administración republicana de los fondos en el exterior (Exilio). Anexos (Anexos).

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Notas

[1] Teggart (1960:22). <<

[2] Schumpeter (1954). <<

[3] Thomas (1979, vol. 1: XI). <<

[4] Erikson (1971:605). <<

[5] Schumpeter (1959:34). <<

[1] Moradiellos (2011) ha dicho que, entre 1931 y 1936, fue alcanzándose en España un equilibrio inestable, en realidad un empate virtual de apoyos y capacidades (y de resistencias e incapacidades) entre las fragmentadas fuerzas de la alternativa reformista y su contrafigura reaccionaria, haciéndose imposible la estabilización del país, tanto por la similar potencia respectiva de ambos contrarios, como por la presencia de un poderoso tercio revolucionario. <<

[2] Algunos historiadores se refieren exclusivamente a la teoría de la violencia como origen. Preston (2008:29) comienza el primer capítulo de su obra La guerra civil española, que titula «Una sociedad dividida: España antes de 1931», de la siguiente manera: «Los orígenes de la Guerra Civil española se remontan siglos atrás en la historia del país. La idea de que los problemas políticos podían solucionarse de manera más natural por la violencia que por el debate, estaba firmemente arraigada en un país en el que, durante mil años, la guerra civil había sido, si no exactamente la norma, ciertamente no una excepción… Durante los cien años anteriores a 1936, se produjo la gradual e inmensamente compleja división del país en dos bloques sociales ampliamente antagónicos». Sobre el origen de la guerra civil española debe verse también la controversia del cardenal arzobispo de Toledo, Gomá (1937), con José Antonio Aguirre sobre la lucha «entre el capitalismo abusivo y egoísta y un hondo sentido de la justicia social». Véase también Payne (2002:19 y ss.). <<

[3] Véase Márquez (2010). <<

[4] Sobre la lucha de clases y el reformismo social, véase Carreras y Tafunell (2010:259 y ss.). <<

[5] Sobre el escenario anterior a la guerra véase «Conflicto y revolución: el ambiente social» en Alía Miranda (2011:54 y ss.). Alía Miranda (2011:373) dice que la guerra civil española fue provocada por el miedo a la revolución. Miedo de gran parte de la sociedad española. De las derechas. De los republicanos moderados. También miedo de las principales democracias europeas y de los países fascistas. Y sobre todo, miedo de los militares, que tenían muy cerca el recuerdo de la revolución de 1934. <<

[6] De la literatura existente véase especialmente Tuñón de Lara (1981c:107 y ss.), Comín Comín (1987:127 y ss.; 1988:777 y ss.), Martín Aceña (1984:211 y ss.), Tamames (1975:55 y ss.), Benavides (1972:57 y ss.), Aracil y García Bonafé (1977:69 y ss.), Viñas et al. (1979:15 y ss.), Eguidazu (1978:52 y ss.), Arrarás (1964-1968) y Carreras (1985). También Juliá (2008a) y Payne (2010). <<

[7] Para más información y fuentes sobre la coyuntura económica de la primera mitad de los años treinta, véase Sánchez Asiaín (1992:20-35). Sobre la depresión de los años treinta en España, véase Carreras y Tafunell (2010:250 y ss.). <<

[8] En febrero de 1936 la cifra de parados se situaba en 843.972 trabajadores, casi un 10% de la población activa, destacando el desempleo en las industrias agrícolas y forestales, que representaban dos tercios del total (Ministerio de Organización y Acción Sindical, 1939a:781). <<

[9] El índice de producción industrial pasó de 86,9 en 1935 a 76,9 en marzo de 1936 (base 1929=100). La producción de carbón disminuyó moderadamente. El carbón español no podía competir con los precios ingleses, y, para que no se resintieran las exportaciones de agrios, había que importar regularmente algo de carbón inglés para equilibrar el comercio. La explotación de las minas de manganeso se redujo casi a la nada en 1935; la producción de piritas, potasio y lingotes de hierro descendió más de un tercio entre 1930 y 1935; la de plomo, zinc, plata, wolframio y cobre, más de la mitad, y la de mineral de hierro, una cuarta parte. La producción de acero descendió fuertemente, de un millón de toneladas en 1929 a 580.000 en 1935 (véase Thomas, 1979, vol. 1:326 y ss.). <<

[10] En vísperas de la contienda civil, El Debate publicaba un gráfico suficientemente explícito. Frente a un índice bursátil 1929=100 en enero de 1936, se situaba en 73 y en 67 en julio del mismo año. Datos parecidos para la primera mitad de 1936 aparecen en la Guía del bolsista de 1940, de Torrente Fortuño —tomado de Velarde (1989:416)—, al señalar un índice de cotización para julio de 1936 de 88,5, en base 100 para enero. Es igualmente significativo el hecho de que el volumen de contratación de junio no alcanzara los 2/3 del de enero de 1936. Si se consideran las medias mensuales, el índice de renta variable (de 29 valores) del primer semestre de 1936 se situaba en 65,8, frente al 78,3 de media de 1931 en base 1930=100. El movimiento de los bancos fijaba un índice de 75,4 en el primer semestre de 1936 frente a 81,4 en 1931. Las caídas más fuertes se produjeron en los valores industriales (Dirección General de Estadística, 1941:49-50). <<

[11] Así lo señalaba el «Boletín Financiero» que publicaba El Debate el 11 de abril. Véase también Sardá (1975:103). <<

[12] Véase Vandellós (1974:17 y ss.). Una visión global sobre el comportamiento monetario español en el exterior puede consultarse en el Servicio de Estudios del Ministerio de Comercio (1960:11 y ss.). <<

[13] Véase Velarde (2008). <<

[14] De esta manera dibujaba la situación del campo Georges-Roux (1964: 62-63): «la situación interior no cesa de empeorar. En el campo, los campesinos se instalan por su propia iniciativa sobre las tierras que han elegido. En las ciudades las huelgas se suceden sin interrupción… Por todas partes el tono sube, la exaltación aumenta». Véase también Rubio Cabeza (1985:289 y ss.). <<

[15] Información sobre el comportamiento de la industria española entre 1931 y 1935 puede encontrarse en Tedde (1986:216 y ss.). <<

[16] El pequeño y mediano propietario agrícola llegó a la guerra civil en una situación realmente adversa, por diversos motivos. La República no pudo rentabilizar políticamente sus reformas sobre el campo, y ello se tradujo en unos agricultores no comprometidos en general con la causa de la Segunda República. Tiene interés recordar que en los meses anteriores a la guerra, tal como señalaba Calvo Sotelo ante las Cortes el 1 de julio de 1936, la agricultura española había «llegado a una fase concretamente en el secano en que cualesquiera que sean los cultivos se está trabajando con pérdida… Se vive con mayor riqueza en la ciudad que en el campo… Esta injusticia no se puede remediar más que con una traslación al campo de gran parte de la renta nacional absorbida por la ciudad, y esa traslación no se puede, a su vez, lograr más que con un aumento de los productos agrícolas… Domina la ciudad sobre el campo y a ése se le somete a servidumbre, obligándole a pagar caros los productos de la industria y en cambio se le impone la venta barata de sus productos» (Arrarás, 1964-1968, vol. 4:285-286). Y el «Boletín Financiero» publicado en El Debate del 11 de abril de 1936 decía que «mientras el modesto labrador ve hoy amenazada su propiedad, su sustento y sus capitales líquidos entre subsidios y alzas de jornales, en la ciudad pueden las autoridades permitirse éxitos fáciles de baja del precio del campo». Véase también Moradiellos (2011:306 y ss.). <<

[17] BE (1935:36). Véase Martín Aceña (1984:293). <<

[18] Para más información sobre la coyuntura social y económica previa a la guerra de 1936, véase Gil Pecharromán (1999). <<

[19] La ruptura española no fue un caso único. Porque algo parecido sucedió en los territorios ocupados durante la primera guerra mundial (Bélgica, Rumanía), así como en las dos Alemanias tras la terminación de la segunda guerra mundial. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que ningún fenómeno histórico es exactamente repetible. La última recomposición del espacio geopolítico europeo, con los cambios en lo que fue la URSS, Checoslovaquia o Yugoslavia, son también referencias obligadas, al llevar consigo una ruptura del mercado interior de dichos Estados y el consiguiente planteamiento económico de cada territorio como nuevo Estado en formación. La transición de una parcela de territorio hacia su estructuración como Estado propio reproduce, o puede llegar a reproducir, la ruptura económica, monetaria y bancaria que se vivió en España entre 1936 y 1939. <<

[20] Para mayor información sobre la situación de partida de las dos zonas desde el punto de vista económico y su evolución posterior, así como de las fuentes utilizadas, véase Sánchez Asiaín (1999b; 1999a:44 y ss.). Para la distribución territorial de las dos zonas véase Pérez (1999:611). Un análisis detallado de la singularidad de la estructura económica de España antes de la guerra civil y sus relaciones en aquel momento con la economía mundial, puede verse en Bauer (1942:13 y ss.). <<

[21] Hasta el 24 de julio no quedaron suficientemente claras las zonas de autoridad de cada una de las dos facciones. En consecuencia, hasta esa fecha no podía hablarse de dos Estados. Ése fue el momento en que se constituyó en Burgos la Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Cabanellas y dirigida por el general Mola. <<

[22] El dato de 10 millones de habitantes en la zona nacional y de 14 millones en la zona republicana se debe a Hugh Thomas (1979, vol. 2:192) y se refiere al momento de iniciarse la contienda. Según la Dirección General de Estadística, una vez consolidados los frentes, al final del otoño de 1936, la población en la zona nacional era de 12,3 millones, y de 12,7 en la republicana. Véase Velarde (1999:381). <<

[23] Como referencia emblemática se han utilizado, a lo largo de este trabajo, las denominaciones «Gobierno de Burgos», «Gobierno de Madrid», «Gobierno republicano» o «Gobierno de la República» para referirse a las direcciones políticas de cada uno de los dos bandos en armas, independientemente de su situación geográfica en cada momento, que fue variando. <<

[24] Entre ellas la totalidad de las grandes ciudades, con la sola excepción de Sevilla. Además de ésta, las únicas ciudades de cierta importancia que quedaron en manos de los sublevados fueron Valladolid, Zaragoza, Cádiz, La Coruña y Vigo, más las plazas de soberanía del norte de África, Canarias y el protectorado de Marruecos. <<

[25] En el momento de la sublevación quedaron bajo control de la zona nacional León, Castilla la Vieja, Galicia, Navarra, Aragón, Castilla la Nueva (excepto Guadalajara y Madrid) y parte de Andalucía. <<

[26] El propio Negrín, que en aquellos momentos era presidente del Consejo de Ministros y a la vez ministro de Hacienda y Economía, declaró el día 27 de noviembre de 1937 en una rueda de prensa que «No es posible que el abastecimiento sea de volumen tal, que se aproxime a la normalidad» (Noticiero de España, «Notas financieras», 14, 4 de diciembre de 1937). Desde 1937 el cuartel general de Franco editó una especie de Boletín Confidencial. Formalmente, se denominaba Noticiero de España, pero en un lenguaje coloquial se denominaba Boletín Confidencial. Su edición era mecanografiada y su circulación, más o menos semanal, restringidísima (su tirada no rebasaría la docena de ejemplares). Sus editores eran el cronista Luis María de Lojendio y el profesor Jesús Pabón, jefe de prensa extranjera en Burgos. Contaba con varias colaboraciones del «mundo intelectual adicto» y de amigos extranjeros de la España sublevada y suministraba información sobre la situación de cada momento y estudios monográficos con abundantes estadísticas de ambas zonas. Tenía como objetivo servir de orientación para las grandes agencias y creadores de opinión de dentro y fuera de España. Por ello, este Noticiero hay que interpretarlo con una especial precaución, dada su naturaleza y el contenido propagandístico de las informaciones que ofrece. <<

[27] En ellas trabajaban el 75% de los empleados bancarios. La información sobre empleados está tomada de la Asociación de la Banca del Centro de España (1936:189 y ss.), y la de oficinas, del Servicio de Estudios del Banco de Bilbao (1980:5). <<

[28] Viñas (2010b:57), refiriéndose a la importancia que tiene en una guerra civil la interacción con el exterior, dice que ésta fue la variable esencial que determinó que una sublevación semiexitosa y semifracasada a la vez se convirtiera en una larga contienda. <<

[29] Véase Sánchez Asiaín (1997, 1999a:49-72 y 2008a). <<

[30] La continuidad del poder quedó muy pronto rota, porque «los obreros no dudaron en tomar el control, de una u otra forma, de los medios de producción en todo el territorio que quedó en poder de la República, con la excepción del País Vasco y de pequeñas empresas cuyos patronos, mayoritariamente de izquierdas, quedaron al frente de ellas. En el campo la ocupación de grandes propiedades, y de algunas que no lo eran, fue completa… y se asistió a un fenómeno de colectivización y sindicalización (Tuñón de Lara y García-Nieto, 1981:277). También se descompuso la administración republicana: en los ministerios se constituyeron comisiones del Frente Popular para supervisar a los ministros y funcionarios, y los tribunales de justicia fueron sustituidos por comisiones revolucionarias (Martín Aceña, 2006:14). <<

[31] Un ejemplo de incoherencia operativa lo constituyó el segundo Gobierno de Largo Caballero (noviembre de 1936), en el que las áreas económicas se repartieron entre las tres principales corrientes del movimiento obrero. Hacienda y Trabajo correspondieron al PSOE, Agricultura quedó en manos del PCE y Comercio e Industria en poder de la CNT. <<

[32] Todavía a la altura de octubre de 1938 se podía oír en la Barcelona republicana: «En realidad, no existe una política económica central. Hay economías diversas y contradictorias… No es posible prolongar esta situación, y hay que buscar el camino de su unificación» (palabras de Joan Comorera, del PSUC, en el Teatro Tívoli el día 2, reproducidas por Díaz-Plaja (1966:546)). <<

[33] Cataluña dispuso de un Gobierno autónomo desde septiembre de 1932 hasta octubre de 1934. En febrero de 1936 recuperó sus competencias después de la victoria del Frente Popular. En los dos primeros meses de guerra, el poder real en Cataluña lo ejerció el Comité Central de Milicias Antifascistas, hasta que el 26 de septiembre de 1936 se formó un nuevo Gobierno de la Generalitat. Este Gobierno utilizó desde el primer momento un sistema monetario propio y exclusivamente catalán, en el que los ayuntamientos asumieron la competencia de emitir dinero. El País Vasco, por su parte, aceleró tras la sublevación los trámites para su autonomía y el 1 de octubre de 1936 las Cortes de la República aprobaron el Estatuto de Autonomía, y el 7 de octubre se formó el primer Gobierno vasco. <<

[34] En el capítulo VIII, «La hora de las independencias en la República», puede verse con más detalle el desarrollo y final de la independencia financiera catalana. <<

[35] Pueden verse algunos ejemplos en el Noticiero de España, «Notas financieras», 6, 9 de octubre de 1937 y 7, 16 de octubre de 1937. <<

[36] Para mayor información, véase Saz (2008). <<

[37] La constitución de la Junta se publicó el 25 de julio de 1936 en el primer número de un nuevo Boletín Oficial. Un inventario de los diversos Gobiernos que existieron en la guerra civil, tanto en la zona nacional como en la republicana, y de los Gobiernos autónomos de ésta, puede verse en García-Nieto y Donézar (1975:469 y ss.). <<

[38] Juan Velarde ha investigado mucho, y muy exhaustivamente, los fundamentos ideológicos de tipo económico que informaron las políticas económicas de cada una de las dos zonas. Un resumen de sus conclusiones sobre el nacionalismo económico y la ideología de los mandos militares puede verse en Velarde (1999:369 y ss.). También en sus comentarios y referencias a los artículos escritos por Franco, en la segunda mitad de los años cuarenta en el diario Arriba España, bajo el seudónimo de «Hispanicus» (Velarde, 1983:401-402). <<

[39] En el Plan de la Obra Nacional Corporativa (1937:23-25), en el prólogo firmado por J. M. Arauz de Robles, se cuestionaba la honestidad de los comportamientos de la banca, señalando que «de las relaciones inconfesables entre los partidos y las finanzas… han nacido esos contubernios opresores de los pueblos». Y en un proyecto de «Carta Española del Trabajo», incluido en la misma obra, se podía leer que el «Estado Corporativo… dictará las normas eficaces para concluir con el imperio de las oligarquías bancarias y financieras, que han perturbado la vida económica y desorganizado la producción» (Obra Nacional Corporativa, 1937:143). <<

[40] Decreto del 14 de agosto (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 17 de agosto). Su preámbulo decía: «se tiene noticia de que hay en nuestro territorio buen número de industrias cuyos directores locales aparecen tibios por la verdadera causa de España con el pretexto de su incomunicación con sus Consejos de Dirección, circunstancia que en modo alguno les limita las responsabilidades que el momento histórico que vivimos les impone, y que esta Junta y las Autoridades delegadas de la misma les exigirán con el máximo rigor que el bien público aconseja». <<

[41] La decisión de expropiar la producción de las minas de Huelva a los ingleses supuso una operación de consecuencias internacionales arriesgadas. Hoy puede servir para conocer mejor la política y la manera de pensar de Franco. <<

[42] Los dos primeros grupos dependían directamente del Ministerio de la Guerra, mientras el resto dependía del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, aunque con influencia del de la Guerra. Posteriormente, y en esa línea de control, se dispuso la necesidad de autorización expresa del Ministerio de Industria y Comercio para cualquier modificación o ampliación de los establecimientos industriales. <<

[43] De esta ideología pueden servir de ejemplo las opiniones que a Franco le merecían los banqueros españoles. Sobre ellos se manifestó en Salamanca en julio de 1937: «banquero frío y calculador que te deshumanizabas al crecer tus tesoros, que hoy cederías gustoso ante el hijo muerto en las trincheras» (Franco Bahamonde, 1939:28). Véase también Díaz-Plaja (1966:430). Es otro ejemplo el que a finales de 1938 Franco dijera que «en muchos países de Europa y América, la honradez de un hombre o de una familia es título suficiente para obtener dinero de un Banco, siempre que el destino de ese dinero sea lógico y legítimo; en España la honradez, por sí sola, no tenía derecho a nada» (Franco Bahamonde, 1939:305). <<

[44] Hay que recordar que en aquellos momentos el Banco de España era una entidad de propiedad privada. <<

[45] En 1930, cuando fue creado el Servicio de Estudios del Banco de España, como luego se verá, entre los objetivos que se le fijaron se incluía precisamente el de preparar la implantación en España del patrón oro. <<

[46] Véase Sánchez Asiaín (1999a:227 y ss.; 1992:26 y ss.). <<

[47] El monopolio se prorrogó hasta 1946, fecha en la que se llevó a cabo una profunda reforma de la legislación bancaria. <<

[48] De acuerdo con la base cuarta del artículo 2.º de la ley, las facultades del Consejo Superior Bancario eran las siguientes: formar la estadística bancaria española y extranjera establecida en España; proponer al Gobierno la forma en que debían establecerse y publicarse los balances de los bancos y banqueros establecidos en España; informar al ministro de Hacienda en los recursos de alzada sobre admisión de valores a cotización; proponer al Gobierno medidas relacionadas con la política monetaria y actuación de bancos y banqueros; evacuar los informes que sometiera el ministro a su consideración; designar los consejeros para el Banco de España en representación de los bancos y banqueros, y fijar las normas a que debía ajustar su actuación la banca. <<

[49] Añadía Cambó que «los bancos más prudentes, los bancos más serenos, se ven llevados, forzosamente, a seguir el camino que les marcan los más audaces o los más inconscientes, y tienen que someterse al régimen de operaciones a que éstos les invitan, porque, al no hacerlo, no sólo no evitan el daño general que con esta política se ocasiona, sino que a este daño general suman el daño particular de verse considerablemente perjudicados en su clientela» (López Muñoz, 1981). <<

[50] En julio de 1936 la banca española se encontraba agrupada en tres asociaciones diferentes: zona A, o Asociación de la Banca del Centro de España; zona B, o Asociación de Bancos y Banqueros del Norte de España, y zona C, o Agrupación de la Banca Española del Nordeste de España. Es importante destacar, a efectos del desarrollo del planteamiento básico de este trabajo, que la importancia de estas tres zonas situaba, a 31 de marzo de 1936, a la primera de ellas (centro) en lugar destacado, con casi la mitad del capital (48,8%) de la banca inscrita en el Consejo Superior Bancario; la zona B representaba un tercio (32,7%), y la zona C el resto (18,5%). La zona A agrupaba a lo que hoy son las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León (excepto las provincias de Burgos, León y Palencia), Extremadura, Madrid y Murcia, además de los establecimientos de África. La zona B comprendía lo que son las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla y León (sólo las provincias de Burgos, León y Palencia), Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja. Por último, la zona C abarcaba Aragón, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana. <<

[51] Sobre estas cuestiones, puede consultarse Tedde (1982a:60). También Olariaga (1977:113 y ss. y 1989a). <<

[52] Indalecio Prieto Tuero se forjó en Bilbao desde su infancia, y murió en el exilio, en México, en 1962. Fue ministro de Hacienda (1931), de Obras Públicas (1931-1933), de Marina y Aire (1936-1937) y de Defensa (1937-1938). Los resultados de su labor en el Ministerio de Hacienda se concretaron en la Ley de Reforma de la Ordenación Bancaria del 26 de noviembre de 1931, por la que se llevó adelante una de las ideas que ya manifestó en el Congreso de los Diputados, cuando dijo que el fondo de la cuestión con respecto al Banco de España era que «el Banco sea de España y no España del Banco». <<

[53] Los consejeros nombrados en representación del Estado fueron Antonio Flores de Lemus, Agustín Viñuales y Gabriel Franco. <<

[54] Véase Muñoz García (1987:162). <<

[55] La Ley de Ordenación Bancaria de 1931 «dividió la responsabilidad sobre la política monetaria entre el Consejo del Banco y el ministro de Hacienda, creando de esta manera dos autoridades monetarias cuyos objetivos no tenían por qué coincidir necesariamente». Éste fue el caso, por ejemplo, de lo sucedido en la política de defensa de la peseta, que produjo «un permanente enfrentamiento entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de España, en particular en relación al empleo de la reserva metálica de oro», cuestión ésta sobre la que los directivos del banco mostraron en todo momento un absoluto rechazo. Véase Martín Aceña (1984:29 y 303). Sobre estos planteamientos puede leerse también Olariaga (1977:143 y ss.). <<

[56] Hay que señalar que algunos especialistas plantean dudas sobre la existencia en aquellos momentos de una política monetaria restrictiva por parte de las autoridades republicanas. En esta línea, véase Martín Aceña (1984:288 y ss.). <<

[57] En los años de la República, y hasta el inicio de las hostilidades, hubo nada menos que diez ministros de Hacienda. Esta inestabilidad se produjo en cierto modo también en los años inmediatamente anteriores de la Monarquía. De hecho, en los 15 años comprendidos entre 1921 y 1936, hubo 26 ministros de Hacienda, alguno de los cuales sólo ocupó el cargo unos días. <<

[58] Pacto electoral del Frente Popular recogido en El Socialista, 16 de febrero de 1936. Véase el capítulo VII, «El sistema financiero de la República». <<

[59] El 31 de marzo de 1936 el Banco Hispano Americano tenía una cuota del 18%, el Banco Español de Crédito del 16%, el Banco de Bilbao del 11% y el Banco de Vizcaya del 8%. Con los cinco bancos siguientes se concentraban los dos tercios del total, distribuyéndose los porcentajes entre el Banco Central, con el 6%, el Banco Urquijo (Madrid), con el 4%, y los bancos Pastor, Valencia y Herrero con el 2% cada uno (Consejo Superior Bancario, 1936). <<

[60] En 1936 el Banco de España estaba a cargo del gobernador, dos subgobernadores y un consejo cuya composición y normas de funcionamiento venían reguladas por los propios estatutos de la entidad, aprobados por decreto del 24 de mayo de 1933, y por el reglamento general del banco, aprobado por decreto del 29 de marzo de 1935. En dichos estatutos se fijaba en 21 el número de sus miembros, cuya elección correspondía a los siguientes sectores: 15 elegidos entre los accionistas que fueran titulares de al menos 50 acciones; otro elegido por los bancos y banqueros sujetos al régimen de intervención; otro nombrado por el Consejo Superior Bancario y las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación; otro designado por las corporaciones oficiales agrícolas, y tres más designados por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Hacienda. A éstos había que añadir el gobernador y los subgobernadores. <<

[61] Para mayor detalle sobre la composición de estos grupos y la política seguida en esos años, véase Arroyo (2003:99 y ss.). <<

[62] Salvo alguna información sobre aspectos de técnica contable y operaciones, no se ha podido encontrar bibliografía específica sobre lo que era y cómo operaba técnicamente la banca de los años treinta, ni sobre su operatoria en las sucursales y canales de comunicación de las oficinas con su administración central. Sí se han podido conocer distintos informes de inspección a sucursales de algunas entidades crediticias, circulares internas, notas de reuniones de ejecutivos de las administraciones centrales con directores de oficina y actas de comisiones. Ello ha permitido conocer, de alguna manera, las prioridades que entonces preocupaban a los gestores bancarios, las vías por las que se impartían directrices, cuáles eran éstas, y sus procedimientos operativos y de control. <<

[63] El total de oficinas bancarias ascendía a 1.903, que se dividían entre 1.878 de la banca española y 25 de la banca extranjera. Para profundizar en esta situación, véase Álvarez Llano y Andreu García (1982:98 y ss.). También Belford (1979), Muñoz García (1978) y Serrano Gutiérrez, Roldán y Muñoz García (1978). <<

[64] Los beneficios netos de 1931 (sobre una muestra de 74 bancos donde se encontraban los más importantes) eran un 28,3% menos que los de 1929, mientras que los dividendos activos cayeron el 55,9% (Comité Central de la Banca Española, 1932-1933:205). Véase también Cuesta Garrigós (1944:53). <<

[65] En el informe presentado en abril de 1936 por el Consejo de Administración del Banco Popular de los Previsores del Porvenir (actual Banco Popular) a la junta de accionistas se decía que «las circunstancias siguen siendo poco propicias al normal desenvolvimiento de los negocios, en gran parte como consecuencia de la presente crisis mundial… y en parte también por otras causas de orden interior de todos conocidas». Causas de orden interior que se concretaban, en el informe-memoria presentado en la junta de accionistas del Banco de Bilbao celebrada en marzo de ese mismo año, en una «falta de estabilidad política». <<

[66] Véase Cuesta Garrigós (1944:40 y ss.). <<

[67] Véase Sánchez Asiaín (1992:160 y ss.; 1999a:254 y ss.). <<

[68] Antes de la guerra, tan sólo tenía una sucursal en Santa Isabel, con agencia en Bata, en los territorios españoles del golfo de Guinea. <<

[69] El Banesto participaba, entre otras, en la Cía. Anónima Italiana de Cable Telegráfico Submarino de Italia a Buenos Aires, en la Cía. Internacional WagonsLits, en la Hispano Marroquí de Gas y Electricidad, en la Cía. Hispano Americana de Electricidad y en la Cía. Española de Minas del Rif. <<

[70] En 1934 el Banco Central había pactado con el Banco Español del Río de la Plata y con el Banco Hispano Colonial (Cataluña), y cedió a este último sus sucursales en Cataluña, mientras que el Español del Río de la Plata cedió al Central sus sucursales en España (Madrid, Bilbao, San Sebastián, La Coruña, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo, Valencia, Sevilla y Barcelona, quedando esta última para el Hispano Colonial). Los convenios concertados establecieron reciprocidad en la aplicación de las operaciones bancarias sobre las respectivas zonas y países, en forma de corresponsalías exclusivas. <<

[71] De este establecimiento bancario sólo se dispone de la información que suministran los Anuarios Financieros, que a lo largo de aquellos años repiten el mismo balance de situación de 1932 y una somera información sobre la entidad. <<

[72] Estaba constituida por el Banco Guipuzcoano, Barcáiztegui y Maestre, Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, Banco de Aragón, Banco Aragonés de Crédito, Banco Zaragozano, La Vasconia, Señores Garriga, Nogués y Sobrinos, Banco de Vitoria, Banco de Tolosa, Señores Smith, Horn y Cía., Banco de Ávila y Banco Mercantil de Santander. <<

[73] Se trataba de los siguientes establecimientos: Anglo South American Bank, instalado desde mediados de la segunda década (sucursales en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y Vigo); Banco Alemán Transatlántico, presente en España desde finales de los veinte (sucursales en Madrid, Barcelona y Sevilla); Banco Germánico de América del Sur, con sucursal en Madrid desde 1920; Royal Bank of Canada, que instaló una sucursal en Barcelona en 1918; Société Générale de Banque pour l’Étranger et les Colonies, instalada a mediados de los veinte (sucursales en Barcelona y Valencia), y el Internacional Banking Corporation, que abrió sus sucursales en Madrid y Barcelona en 1920, sustituyendo al National City Bank of New York, del que era filial. <<

[74] El Servicio de Estudios del Banco de España recibió en 1998 el premio de Economía de Castilla y León Infanta Cristina en reconocimiento a la labor realizada por esta institución a lo largo de su existencia. El banco correspondió a este premio convocando una beca extraordinaria para llevar a cabo una investigación sobre la historia y el papel desempeñado por el Servicio de Estudios en la economía española. El ganador fue el prestigioso y prolífico economista Pablo Martín Aceña (2000), y su obra El Servicio de Estudios del Banco de España 1930-2000 fue el resultado de esa investigación, una investigación verdaderamente exhaustiva y rigurosa, que agotó la materia en cuanto a la historia y las actividades del Servicio de Estudios desde su creación. También documentó la historia de los dos servicios en que se dividió, al estallar el conflicto, y su conexión institucional con la economía de cada uno de los dos bandos de la guerra civil. En cuanto se refiere a las descripciones en este análisis del doble Servicio de Estudios, esa obra ha sido la principal fuente de información utilizada por el autor. Pablo Martín Aceña es catedrático de Historia Económica de la Universidad de Alcalá y director de Programas de Historia Económica de la Fundación Empresa Pública, se ha distinguido por sus notables investigaciones históricas. Entre otras muchas, destacan El oro de Moscú y el oro de Berlín (2001), La política monetaria en España (1984) y, junto a Prados de la Escosura, La nueva historia económica en España (1985). <<

[75] Acta de la comisión de dirección del Banco de España del 17 de diciembre de 1930. <<

[76] José Larraz López había estudiado Economía en Bélgica, pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios para investigar las causas históricas del enriquecimiento de una economía, buscando la formulación de un modelo que lo explicara. Después estudió Sociología y Filosofía de la Historia. Abogado del Estado con el número 1 de su promoción. Previamente a su nombramiento como subdirector, fue llamado por el gobernador del Banco de España para que trazara las líneas organizativas del futuro Servicio de Estudios. <<

[77] Olegario Fernández Baños tenía una profunda formación de estadístico y había realizado notables estudios sobre el cambio de la peseta. Estudió Ciencias Exactas. Discípulo de Rey Pastor, perteneció al Seminario y Laboratorio Matemático creado por la Junta de Ampliación de Estudios, de la cual fue pensionado en Suiza e Italia. Viajó a Francia, Italia, Suiza, Bélgica, Holanda y Austria, con el fin de visitar los Servicios de Estudios de otros bancos centrales y cambiar impresiones con sus responsables. Estallada la sublevación, se trasladó a Valencia en noviembre de 1936 y huyó a la zona nacional en noviembre de 1937. <<

[78] Véase Sánchez Asiaín (2003a:106). <<

[1] Véase la alocución de Prieto en el capítulo XIII, «El oro. Ventas a Francia y Moscú. La reacción del Gobierno de Burgos». <<

[2] Payne sugirió al autor, en su momento, que la investigación sobre el coste de la guerra civil, debería tratar de contemplar por separado, además del coste de la sublevación y el de la guerra propiamente dicha, el coste de las primeras reacciones contra la República. <<

[3] Rafael Benjumea y Burín. Formó parte del Directorio Civil de Primo de Rivera. Exiliado en el mismo 1931, no volvió a España hasta 1947, en que ocupó la presidencia del Consejo de Administración de Renfe. <<

[4] Asistieron a esa reunión, entre otros, Eugenio Vegas Latapié, el marqués de Quintanar, Ramiro de Maeztu Whitney, José Calvo Sotelo, José de Yanguas Messía y José Antonio Primo de Rivera. <<

[5] Ignacio Baleztena Azcárate. En 1912, presidente de la Juventud Carlista de Navarra. Concejal del Ayuntamiento de Pamplona en 1918. En 1921, diputado foral. En 1933 reorganizó el Requeté de Navarra y Vascongadas hasta el inicio de la guerra. Hizo la guerra en el frente con sus seis hijos. Terminada la contienda, se dedicó a su profesión de escritor y periodista. <<

[6] El autor tiene que agradecer la colaboración de Jaime de Salazar y Acha, hijo de Bernardo de Salazar, jefe del Requeté de Madrid, sus informaciones sobre el escenario en el que operaron los requetés y sobre algunas cuestiones verdaderamente significativas para entender lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos. <<

[7] Alía Miranda (2011:13) extiende el período del «alzamiento» hasta el 28 de julio porque, dice, «hubo algunos lugares, aunque pocos, donde hubo fuerzas militares sublevadas, o se dieron levantamientos militares o civiles hasta esa fecha, o cercanía». Y añade a este particular que la sublevación no fue uniforme, ni territorial ni temporalmente, y que tal vez esa fue otra de las claves del éxito relativo de Mola al desconcertar al enemigo. <<

[8] La UME fue fundada en 1933 por oficiales en activo y retirados. Oficialmente, fue creada para proteger el orden y la justicia, y para defender el honor y los intereses militares frente a las consecuencias del republicanismo. Afirmaba ser apolítica, pero pronto evolucionó como una organización partidaria de una solución autoritaria a los problemas de España. Desde su fundación, y más particularmente después de que Fal Conde tomara posesión de la Secretaría General del Carlismo, la UME despertó un vivo interés entre los carlistas (Blinkhorn, 1979:317). Véase también Cabanellas (1973:274). <<

[9] Andrés Rueda (2005:113 y ss.) señala que en la primera parte del año 1936 hubo siete reuniones de generales relacionando cada una de ellas con la fecha y lugar donde se desarrolló, quiénes asistieron y, en la mayor parte, cuáles fueron los temas tratados. Viñas (2006:9) señala que a Mola le llegaron, en algún momento, informaciones de que algunas de sus instrucciones habían salido fuera del círculo de los «conspiradores». Y añade que, a primeros de julio, Prieto se lo anunció a Casares y que éste le acusó de propagar «cuentos de miedo». Al día siguiente Prieto lo escribió en El Liberal de Bilbao en clave algo críptica, pero no ininteligible. <<

[10] Vegas Latapié, Vigón y Paco Eliseda se reunieron en París con Alfonso XIII en su despacho del hotel Meurice. Después de escucharles, éste fue muy terminante: «Me habéis traído —dijo— lo más importante, interesante y bien planteado que desde mi salida de España ha llegado hasta mí. Contad con mi apoyo decidido desde luego y esperad mi llamada, para que después de reflexionar y asesorarme, concretemos más sobre la materia». Y dos días después les dio su conformidad, entregándoles la carta. Véase Ansaldo (1951:47 y ss.). También González Cuevas (1998:172 y ss.). <<

[11] En cuanto a cómo se presentaban y qué es lo que decían los miembros del comité cuando visitaban a los posibles contribuyentes a la sublevación, véase Vegas Latapié (1983:151-152). <<

[12] Publicación monárquica mensual fundada en Madrid en 1931. En ella colaboraban Eugenio Vegas Latapié, Pedro Sáinz Rodríguez, Víctor Pradera, José Calvo Sotelo, Eugenio Montes y Ramiro de Maeztu, que fue su director. En esta revista se defendió públicamente la legalidad de la lucha armada contra la República. Sus objetivos eran difundir la doctrina monárquica, principalmente entre la juventud. <<

[13] En la primera lista figuraban los siguientes nombres, que arrojaban un total de 15,4 millones de pesetas: Juan March, 2.000.000; José Luis de Oriol, 1.000.000; los marqueses de Pelayo, 1.000.000; Juan Tomás Gandarias, 250.000; marqués de Urquijo, 250.000; marqués de Larios, 1.000.000; marqués de Genal, 1.000.000; marqués de Melín, 500.000; marqués de Aranda, 500.000; conde de Garvey, 250.000; viuda de Zabalburu, 250.000; marqués de Portago, 1.000.000; condesa viuda de Gavia, 500.000; duques de Lerma, 25.000; duquesa viuda de Tarifa, 250.000; César de la Mora, 100.000; Garay, 200.000; condesa viuda de Zubiría, 200.000; conde de Aresti, 200.000; conde de Barbate, 200.000; duque del Infantado, 200.000; Patiño, 500.000; viuda de Chávarri, 200.000; marqués de Chávarri, 200.000; marqués de la Romana, 100.000; conde de Puerto Hermoso, 100.000; marqués de Villapesadilla, 100.000; Juan Pedro Domecq, 100.000; Petra La Riva, 100.000; marqués de Casa Riera, 200.000; marqués de la Vega de Anzo, 100.000; marquesa de Argüelles, 100.000; marqués de Llano de San Javier, 200.000; conde de Revilla de Camargo, 300.000; marqueses de Triano, 100.000; conde de Adanero, 100.000; Aguirre, 300.000; marqués de Arriluce de Ybarra, 500.000; marqués de Casa Valdés, 200.000; duquesa de la Conquista, 300.000; Pinillos, 100.000; Luciano Bueno, 100.000; marqués de Viana, 200.000; condes de Torres Arias, 100.000; marquesa de Campo Real, 100.000; conde de la Cimera, 100.000. Véase González Cuevas (1998:174). <<

[14] Toda una amplia relación de protectores de Acción Española puede verse en González Cuevas (1998:152-155). <<

[15] Véase Ugarte (1998:88), citando a Carr. <<

[16] La idea carlista fue durante toda la vida de Antonio de Lizarza Iribarren motor e inspiración de sus actos. Luchó por ello en los difíciles años de la Segunda República. Terminada la guerra, se reintegró a su puesto profesional en la Diputación Foral de Navarra. El archivo de Lizarza, conservado por su hijo Javier, quien escribió el prólogo de la última edición de su libro, conserva diarios de los Tercios, diarios de particulares y abundante información sobre operaciones de guerra. También dispone de relaciones de requetés fallecidos, heridos o condecorados. En su libro (Lizarza, 1986) profundiza en el decisivo papel jugado por la Comunión Tradicionalista en la preparación y el desenlace de la sublevación. Relata en primera persona el viaje a Roma para pedir ayuda a Mussolini y, con mucho detalle especialmente, el aprovisionamiento de armas en Navarra en vísperas de la sublevación. Constituye una de las mayores fuentes de información de lo que en aquellos momentos sucedió, cómo sucedió y por qué. <<

[17] Emilio Barrera y Luyando. Teniente general que gozó de la total confianza del general Primo de Rivera en los años de la Dictadura. Capitán general de Cataluña en ese período. Ya había estado en Roma en 1932 solicitando ayuda de Mussolini para la operación Sanjurjo, con quien cooperó en el frustrado golpe de Estado de ese año. Detenido al poco de iniciarse la guerra civil, fue conducido a Guadalajara y reducido a prisión, de donde consiguió evadirse. No se le concedió mando militar de ninguna clase durante la guerra, ni después de terminada ésta. <<

[18] Sobre la financiación de la sublevación, véase Sánchez Asiaín (2008e). <<

[19] Una fecha alternativa podría ser el 24 de julio, fecha en que se constituyó la Junta de Defensa Nacional, máximo órgano político de los sublevados (Véase Sánchez Asiaín (1992:36)). <<

[20] Véase Sánchez-Albornoz (1976:191). <<

[21] Se constituyó una junta de generales que reconoció al general Sanjurjo como jefe del «movimiento». Los asistentes a esa primera reunión fueron Mola, Orgaz, Fanjul, Kindelán, Ponte, Villegas, Saliquet, Rodríguez del Barrio, García de la Herrán, González Carrasco y Franco. No asistió Goded, que estaba en Baleares. Queipo de Llano y Miguel Cabanellas todavía no habían sido contactados para la sublevación; se dijo que el primero por ser consuegro de Alcalá-Zamora y el segundo por masón. También asistió a la reunión el coronel Valentín Galarza, de Unión Militar Española (Vaca de Osma, 1991:85-86). <<

[22] El plan estratégico era simple: seis mil legionarios y moros serían transportados a Sevilla, desde donde Queipo de Llano les conduciría hasta Madrid, y allí se encontraría con la columna de Mola que vendría del norte, y con la columna de Cabanellas que vendría de Zaragoza, reforzada por la de Goded desde Cataluña. Una vez que se hubieran encontrado las columnas en Madrid, Franco y Mola anunciarían oficialmente el golpe de Estado, depondrían a Azaña y proclamarían a Sanjurjo presidente de una junta militar que gobernaría el país. Como los generales estaban seguros de entrar pronto en Madrid, no se había desarrollado ninguna operación diplomática (Jellinek, 1978:247). Sin embargo, Payne (1968) dice que Mola tuvo que revisar su plan original al darse cuenta de que no sería posible dominar Madrid en los 30 días programados, y que sería necesario disponer para esa operación de una parte importante del ejército de Marruecos, lo que entonces se creía que podría costar dos semanas. <<

[23] Luis Antonio Bolín Bidwell. Periodista vinculado al diario ABC, del que, en el momento de estallar la sublevación del 18 de julio, era corresponsal en Londres. Fue nombrado capitán honorario de la Legión y se ocupó de la oficina de los corresponsales de guerra españoles y extranjeros. En enero de 1938 fue nombrado director general de Turismo y organizó un servicio de rutas de guerra para el Gobierno de Burnos. En 1967 escribió España. Los años vitales, libro en el que volcó sus experiencias en la guerra civil española. Desde 1928 y hasta el advenimiento de la República había desempeñado el cargo de delegado del Patronato Nacional del Turismo en Andalucía, Canarias y Marruecos español. <<

[24] «Permanecimos conversando hasta después de las dos… Tan negro fue el cuadro que pintó ante mis ojos, que acabé por preguntarle si podríamos vencer». Bolín dice que en ese momento Franco le contestó: «En último caso nos iríamos a los montes y desde allí desarrollaríamos esa guerra de guerrillas en la que nuestros soldados no tienen rival. Pero no tendremos que recurrir a esto. El enemigo no puede vencernos. Nosotros tenemos fe, ideales y disciplina» (Bolín, 1967:63). Tiene interés releer en estos momentos la nota que en abril de 1937 Franco le mandaba al teniente coronel Ungría diciéndole: «La guerra no está ganada. El enemigo es fuerte y recibe constantemente refuerzos del exterior. Para batirlo totalmente necesito reservas y las estoy constituyendo. Pero eso es largo. La guerra durará todavía dos años más» (Baón, 1975:112). <<

[25] Javier Tusell (1996:7) recordaba que «la conspiración fue plural y desorganizada, conocemos los nombres de quienes colaboraron de una manera decisiva en ella y desde hace mucho tiempo se considera que el golpe planeado, aunque muy violento, y por consiguiente, previsiblemente sangriento en comparación con los del XIX, no pasaba de ser una insurrección militar sin que, de manera necesaria, hubiera de implicar una transformación absoluta de las instituciones republicanas como, de hecho, acabó produciéndose como consecuencia del enfrentamiento civil». <<

[26] Ha sido muy útil en esta investigación la notable lista de memorias o documentos autobiográficos que se van reseñando a lo largo de este trabajo. Entre ellos, las memorias de Azcárate (1976), Bolín (1967) o Largo Caballero (1976). Las de Juan Antonio Ansaldo (1951), Pedro Sáinz Rodríguez (1978), José María Gil Robles (2006). Los diarios de Azaña (2000). Las memorias de Ernesto Giménez Caballero (1964), de Vidarte (1978). Las de Niceto Alcalá-Zamora (1998). Las memorias de Juan Ignacio Luca de Tena (1971), Dolores Ibárruri (1979) y Franco Salgado-Araujo (1976). Y muchas más. Es importante leer con detenimiento lo que estas personas escribieron al terminar la guerra, aun sabiendo que recogen vivencias desde luego muy subjetivas, pero que en su conjunto definen muy bien el marco y aportan muchos matices, y a veces sustancia, sobre lo que entonces sucedió. <<

[27] Görlitz (1977) analiza la procedencia de la financiación que elevó al poder a cada uno de esos personajes. Walter Görlitz fue biógrafo del mariscal de campo Paulus, de Keitel y del almirante Karl Dönitz. En su obra concluye que los factores materiales no siempre se identifican con la pureza ideológica. Es más, afirma que a veces son opuestos a ella. Exhibe como ejemplo que la subida de Lenin al poder en Rusia fue financiada por el Reich alemán de Guillermo II, lo que constituye una prueba, dice, de la extrema frialdad de la política, que sólo toma en cuenta los fines que se propone, sin parar en los medios para conseguirlos. Görlitz fue redactor del periódico Die Welt. <<

[28] Renovación Española era un partido político monárquico, fundado en marzo de 1933, que aspiraba a reponer en el trono de España a Alfonso XIII, y creado con su autorización. Sus principales dirigentes fueron destacados políticos derechistas, como José Calvo Sotelo y Ramiro de Maeztu. Uno de sus principales objetivos era la preparación de un golpe de fuerza buscando los oportunos apoyos en el extranjero, «principalmente en Italia» (Gil Robles, 2006:489). Poco tiempo después se asoció con los tradicionalistas, dando lugar a un nuevo grupo político denominado Tradicionalistas y Renovación Española, al que se incorporaron también significados antirrepublicanos. <<

[29] Unas armas que, durante los dos años siguientes a la firma del acuerdo, estuvieron escondidas en los montes navarros. <<

[30] Véase Oyarzun (1939:21 y ss.). <<

[31] La fuente fundamental de la información que se ofrece en este epígrafe ha sido, en primer lugar, el acta del contenido de la visita a Mussolini en petición de ayuda. Esta acta se conserva en el Departamento de Estado de Washington, y forma parte de la documentación que el ejército americano confiscó al final de la segunda guerra mundial en los archivos del Duce. El autor ha tenido también información directa sobre este tema por conversaciones con Francisco Javier Lizarza, fallecido recientemente, e hijo de Antonio de Lizarza, quien formó parte de la comisión que visitó a Mussolini en el año 1934. Antonio de Lizarza desempeñó también un importante papel en la preparación y desarrollo de la guerra civil por parte carlista, y dejó información escrita de ello en sus Memorias (1986). Lizarza, hijo, era un gran coleccionista de información sobre la guerra civil y disponía de amplia documentación del aparato y de la ejecutoria carlistas. Facilitó al autor información muy valiosa sobre la cuestión de las armas y su financiación. También facilitó al autor información relevante para esta investigación, Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, hijo de Jaime del Burgo, quien el 19 de julio de 1936 mandaba el primer Requeté del Tercio, y en el año 1934 formó parte del primer grupo de requetés que, en desarrollo del acuerdo firmado con Mussolini, fue a instruirse al campo de entrenamiento en el aeropuerto de Furbara, en las inmediaciones de Roma. Posteriormente, escribió unas memorias que han sido igualmente utilizadas en esta investigación (Burgo, 1970). Ambas obras, la de Lizarza y la de Burgo, cubren suficientemente la información vista desde España. Como literatura extranjera, la obra de Massimo Mazzetti (1979) ha sido del mayor interés para este trabajo. Cuatro años antes, John F. Coverdale había publicado Italian Intervention in the Spanish Civil War (versión española, 1979), obra en la que sin duda Massimo Mazzetti se inspiró en bastantes ocasiones y que tiene un alto valor añadido para conocer mejor las relaciones de Mussolini con los sublevados. El libro de Coverdale es un desarrollo de lo que fue su tesis doctoral en la Universidad de Wisconsin, dirigida por Stanley G. Payne. Del mayor interés es también la investigación de Ismael Saz (1986a), que trata de situar en sus justos términos lo que hubo de continuidad o pudo haber de ruptura en las sucesivas actitudes de Mussolini hacia la Segunda República. A partir de una minuciosa investigación, Saz reconstruye el tejido de las relaciones hispano-italianas durante aquellos años, sigue paso a paso el desarrollo de los sucesivos contactos entre los grupos de la derecha española y la Italia fascista, y reconstruye el proceso que condujo al inicio de la intervención italiana en la guerra de España. La conclusión de Saz es que la actitud de Mussolini en relación con la «conspiración» vino dictada por diversas consideraciones ideológicas y de política de potencia, sin que ello estuviera necesariamente conectado con la política exterior italiana. Concluye también que el conflicto español tenía un contenido ideológico por su localización en una zona estratégica del Mediterráneo. <<

[32] Italo Balbo. Militar y político italiano que desempeñó un destacado papel en la llamada «Marcha sobre Roma» y en el desarrollo posterior del fascismo. Comandante en jefe de las fuerzas aéreas, ministro del Aire y gobernador de Libia. <<

[33] Esta recomendación no aparece explícita en ninguna de las actas ni documentos manejados por el grupo español, pero la investigación de Coverdale (1979:62) documenta que se encuentra en diversas minutas oficiales italianas en relación con esa reunión. <<

[34] Antonio de Lizarza contó luego con mucho detalle en su libro la conversación que Mussolini sostuvo con los españoles (1986:28 y ss.). Este libro se reeditó en 2006 en un solo tomo junto con otras cuatro importantes publicaciones que habían desaparecido de las librerías, pese a que tuvieron muchas ediciones desde que aparecieron por primera vez. Navarra fue la primera: 1936-1939 (2006), con un prólogo de Stanley G. Payne, incluye las «Memorias de la conspiración» de Antonio de Lizarza Iribarren, «La primera de Navarra» de Javier Nagore, «Cómo ganó Navarra la Cruz Laureada de San Fernando» de Ramón Salas Larrazábal, «Cantatas de mi mochila» de Rafael García Serrano y «La violencia y el orden» de Álvaro d’Ors. Véase también Mazzetti (1979) y Walter Görlitz (1977:24 y ss.). Una versión más amplia de la reunión mantenida en el Palacio Venecia, hecha desde la visión política italiana, puede verse en las memorias del que fue embajador en Madrid, Raffaele Guariglia (1972:374-378). Es importante también la profunda investigación de Saz (1986a:69 y ss.). <<

[35] En Roma existía un grupo de contacto permanente representado por el tradicionalista Olazábal, los jesuitas Segarra y Nola, y el general Barrera (Campo Rizo, 2009:13). <<

[36] Véase Arango (1981:255). <<

[37] Miguel Ponte y Manso de Zúñiga. Ayudante de campo de Alfonso XIII. Tomó parte en el asalto a la División Orgánica de Valladolid el 18 de julio y fue uno de los primeros integrantes de la Junta de Defensa Nacional. En 1943 suscribió, con otros tenientes generales, la conocida petición a Franco en la que le solicitaban el restablecimiento inmediato de la monarquía. <<

[38] Véase Mazzetti (1979:1182). Véase también Ansaldo (1951:31-35). <<

[39] Julio Álvarez del Vayo y Olloqui. Periodista, escritor y diplomático. Participó en la proclamación de la República e, instaurada ésta, fue nombrado embajador en México. Vicepresidente de la Asociación Socialista Madrileña. Después del 18 de julio, ministro de Estado en el gabinete presidido por Largo Caballero. Posteriormente, representó a España ante la Sociedad de Naciones en Ginebra, donde desempeñó un papel importante en relación con la no intervención. De nuevo en mayo de 1938, y hasta el final de la guerra, ministro de Estado en el segundo gabinete de Negrín. Fue uno de los más insistentes partidarios de prolongar la contienda hasta que se produjera una nueva guerra internacional. Propició y organizó la salida al exterior de las más importantes obras del Museo del Prado, que en aquellos momentos se hallaban depositadas en el castillo de Figueras. <<

[40] Görlitz (1977:29 y ss.), citando a Álvarez del Vayo (1940). <<

[41] Pedro Sáinz Rodríguez. Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de las universidades de Madrid y Oviedo. Diputado a Cortes por el Partido Agrario en la primera legislatura de la República. Reelegido en 1933 por Renovación Española y en 1936 por el Bloque Nacional. En 1938 fue nombrado ministro de Educación. Cesó como ministro una vez terminada la guerra. Estableció su residencia en Portugal como consejero privado de don Juan de Borbón, y trabajó por la restauración de la monarquía. Fue cesado por el Gobierno como catedrático de Universidad, y en 1970 una sentencia judicial le devolvió su cátedra. <<

[42] Ernesto Carpi. Napolitano, vecino de Barcelona desde 1914, en cuya ciudad fue director del Banco Comercial hasta 1931. Se había convertido en el hombre de confianza del general Barrera y tenía estrecha amistad con el mariscal Italo Balbo. Aunque figuraba como representante de los intereses españoles en Roma, trabajaba para tres sectores distintos de los servicios secretos italianos: los servicios de inteligencia de la fuerza aérea (SIA), los del ejército (SIM) y la policía secreta (POLPOL) (Heiberg y Ros, 2006:30-31). <<

[43] Sáinz Rodríguez explica en sus Memorias que la mujer de Ernesto Carpi era una antigua cantante que, de soltera, había sido muy amiga de Italo Balbo. Por ello, Carpi tenía una gran amistad y una gran confianza con éste, quien a su vez influía mucho en Mussolini y en Ciano. <<

[44] Sáinz Rodríguez (1978:232): «firmó el documento apoyándose en el anca de uno de los leones que hay en la puerta». <<

[45] Según Sáinz Rodríguez (1978:232-233), Goicoechea firmó en su propio escaño, «con todas las luces encendidas y ante más de doscientas o trescientas personas. Nunca un pacto secreto ha sido formalizado con semejante publicidad». <<

[46] Véase el anexo 1. <<

[47] Los acuerdos con Mussolini se llevaron con la máxima confidencialidad. La embajada y el embajador de Madrid no fueron informados en su momento de estos hechos. Véase Guariglia (1972:374). <<

[48] Ese pacto secreto se firmó al anochecer del mismo 31 de marzo. Fue redactado en los dos idiomas y firmado por Italo Balbo y los cuatro españoles. Véase Saz (1986a:71). <<

[49] Lizarza (1986:25). <<

[50] Firmado el 14 de abril de 1934 por Italo Balbo. Ese documento apostillaba: «Las ametralladoras de la otra vez (200) están en Orbetello y se pueden embarcar en cualquier momento». Se refería, sin duda, a la promesa hecha a Ansaldo en abril de 1932. <<

[51] En aquella época controlada por Italia. <<

[52] Gracias a su aprendizaje en Italia, los requetés supieron manejar tipos de armas, como la ametralladora Breda, que no eran conocidas en España, y que fueron las primeras que recibió el ejército de la zona nacional una vez iniciada la sublevación. Véase Echeverría (1985:28 y ss.), donde se ofrece información muy concreta sobre varias de las expediciones que salieron de Navarra a instruirse en el manejo de ametralladoras y bombas de mano, dando incluso nombres de asistentes a algunas de ellas. <<

[53] Jaime del Burgo Torres. Director de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular de la Diputación Foral de Navarra (1964-1982). Consejero permanente de la Institución Príncipe de Viana y fundador y director de la Biblioteca General de Navarra (1939-1982). Director de la red de Bibliotecas de Navarra (1939-1982). Notable investigador en el campo de la historia, aunque cultivó todos los géneros literarios. Especializado en la historia del carlismo de Navarra y de la guerra civil. <<

[54] Ce Soir y Washington Post el 5 de mayo de 1937, y Daily Herald el 8 de mayo. Para más detalles del problema que creó que el contenido del acuerdo secreto fuera filtrado a varios periódicos europeos y norteamericanos por los republicanos, como prueba de la participación italiana en el golpe del 18 de julio, véase Heiberg y Ros (2006:31-32). Véase también Saz (1986a:72-73). <<

[55] Lizarza (1986:118) cuenta con mucho detalle las peripecias que pasó en aquellos días en su exilio de Madrid. <<

[56] Vicente Rojo (2010: 81-83). El original de este documento ha sido recuperado y editado por su nieto José Andrés Rojo Ramírez. <<

[57] Coverdale (1979:67) decía que los pocos documentos conservados no daban ninguna pista sobre los fines para los que se concedió esa subvención, ni mucho menos cómo se adoptó la decisión. El primero en profundizar sobre el entorno de esta subvención fue Max Gallo (1971). Luego fue Ángel Viñas (1974:152 y ss.), quien, al estudiar los contactos de los «conspiradores» contra la República con Italia, concluyó que la subvención se estableció siguiendo órdenes del conde Ciano, aunque añadía que no se podía descartar que la subvención fuera conocida e incluso ordenada por el propio Mussolini. <<

[58] A partir de esa fecha la cantidad asignada se redujo en un 50%. Saz documenta que tal reducción se produjo en el contexto de «una angustiosa disminución de las reservas de oro de la Banca de Italia que obligó a la adopción de importantes medidas restrictivas», aplicándose la medida a otras subvenciones de la misma naturaleza política (Saz, 1986a:140). <<

[59] Sobre el Requeté de Navarra, véase Jaime del Burgo (1990:129 y ss.). <<

[60] Blinkhorn (1979:307), citando a El Pensamiento Navarro del 22 de mayo de 1935. Es oportuno recoger también lo que el conde de Romanones decía, en su biografía de Espartero, sobre el carlismo: «El tipo de carlista constituye un caso curioso, singular y digno del mayor respeto por las profundas raíces de su convencimiento y la firmeza de su fe; una fe ciega que no quebrantan las mayores y más definitivas derrotas; que hoy, como ayer y como entonces, permanece incólume, esperando a su verdadero Rey, como los judíos, a través de los tiempos, aguardan a su Mesías. Vida y hacienda, afectos los más queridos, el carlista está siempre dispuesto a sacrificarlos por su causa. Es un fenómeno digno de notarse que en el campo de la política, donde los cambios de opinión y de actitud son cosa corriente, el carlista no cambia; es siempre el mismo, no va de un campo a otro» (Romanones, 1932:49; citado por Redondo y Zavala, 1957:32). <<

[61] Redondo y Zavala (1957:292 y ss.). El plan militar de Fal Conde había sido diseñado, al parecer, por el general Muslera y por el teniente coronel Baselga (Aróstegui, 1986:46). <<

[62] La red contaba con una organización de hombres y otra de mujeres (las «margaritas»). <<

[63] Antonio de Lizarza, como delegado regional de requetés, daba cuenta por escrito el 21 de marzo de 1935 a José Zamanillo, delegado nacional, en aquel momento, de la organización de requetés en Navarra. Según ese informe, se disponía de 5.394 boinas rojas organizados en 899 patrullas (Pascual Bonis, 1986:139). <<

[64] Sobre la reacción del carlismo después de la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, véase Peñas (1996:17 y ss.). <<

[65] Redondo y Zavala (1957:311). <<

[66] Sobre la organización militar del Requeté, véase Ferrer Muñoz (1996:67 y ss.). <<

[67] La información utilizada en este apartado es básicamente la siguiente: Lizarza (1986), Ferrer Muñoz (1990, 1994), Echeverría (1985) y Redondo y Zavala (1957). La información que permite dibujar un perfil básico del esquema de financiación y adquisición, aunque sea muy puntual, procede de Clemente (1977), especialmente porque suministra abundantes noticias de lo que, sobre este particular, relataba el Diario, todavía inédito, de don Javier. También es importante tener en cuenta Ugarte (1998) y Aróstegui (1986). <<

[68] Francisco Javier de Borbón-Parma y Braganza. Príncipe de la rama BorbónParma, nacido en Italia. Alfonso Carlos de Borbón le nombró regente de la Comunión Tradicionalista, para después de su muerte. Ganadas las elecciones por el Frente Popular, se puso en contacto con Sanjurjo y con Mola para negociar la incorporación a la sublevación de las milicias carlistas. Participó personalmente en conversaciones, que no prosperaron, para fusionar en los primeros momentos la Falange con la Comunión Tradicionalista. <<

[69] Manuel José Fal Conde. Abogado y político. Con motivo de la sublevación del general Sanjurjo, en agosto de 1932, fue encarcelado por el Gobierno republicano. Después, el pretendiente carlista, Alfonso Carlos, le nombró su representante personal y secretario general de la Comunión Tradicionalista, convirtiéndose así en la máxima jerarquía del partido después del aspirante al trono. Durante los primeros tiempos de la guerra civil desempeñó la suprema jefatura de su partido. Su decisión de crear una Real Academia Militar carlista, destinada a la formación política y castrense de los oficiales tradicionalistas encuadrados en las milicias requetés, contraria a Franco, estuvo a punto de ocasionar que fuese fusilado. Se opuso frontalmente al Decreto de Unificación de 1937. <<

[70] Aurelio José González de Gregorio y Martínez de Tejada. Fundador y presidente de la Juventud Tradicionalista de Madrid. Capitán del Tercio de Requetés del Alcázar durante la guerra. Murió en Trujillo en una capea a beneficio de los huérfanos de la Legión. En el sistema de claves de que disponían los carlistas que preparaban la sublevación, que estaba construido a base de frases con «doble sentido», se le denominaba «Pepe Pastor». <<

[71] En el registro fueron localizados cien uniformes confeccionados en Zaragoza, cien correajes y cien tricornios. Redondo y Zavala (1957:350) explican que al Requeté de Madrid se le había encomendado asaltar por sorpresa, en el momento de la sublevación, los ministerios de la Gobernación y de la Guerra. Los atacantes serían falsos guardias civiles que constituirían una compañía de requetés. Parece que el general Goded, que fue puesto al corriente de este proyecto, había indicado la conveniencia de que se preparasen también varias unidades de requetés vestidos de soldados de infantería. Al parecer, todos estos proyectos fueron aprobados por el general Sanjurjo. Pero fue una operación fallida, que alteró sustancialmente los proyectos carlistas. Bernardo de Salazar dejó escrito en notas manuscritas: «el 16 de julio de 1936 recibió el aviso de las autoridades de la Comunión de que en un plazo brevísimo el ejército se iba a alzar en armas para salvar a España y se pusiera a las órdenes del que fuera el jefe del alzamiento en Madrid, lo que hizo visitando al General don Rafael Villegas Montesinos y sirviendo de enlace entre el mismo y el coronel de ingenieros don Alberto Álvarez Rementería, que lo era del comité militar». Salazar mencionaba la falta de realismo con la que se preparó el «alzamiento de Madrid», cuyo Requeté era escaso y mal armado. Las órdenes que había recibido consistían en entrar en el cuartel de la Montaña para reforzar su defensa y esperar a que fuerzas exteriores llegaran al rescate. El plan fue imposible porque el cerco del cuartel por la multitud se produjo de inmediato y fue imposible la entrada de ayuda desde fuera. Tuvo, pues, que refugiarse en casa de un amigo y posteriormente en la embajada de Chile. <<

[72] Julio Aróstegui (1986:46 y ss.) dice que González de Gregorio afirmaba que Fal Conde había sabido movilizar en su ayuda a familias adineradas de Andalucía y que, aunque las dificultades económicas eran patentes, no se carecía enteramente de fondos. González de Gregorio mencionaba a sus enlaces sevillanos, dando nombres como el de García Verde, el marqués de Marchelina o García de Paredes. Para más información sobre Manuel Fal Conde, véase Brioso (1995), un estudio detallado, con motivo de la celebración, en el año 1994, del centenario de Manuel Fal Conde «que durante largos años rigió los destinos de la Comunión Tradicionalista a las órdenes inmediatas de los Reyes Don Alfonso Carlos I y Don Javier I». El trabajo se basa en documentación inédita, depositada en el archivo carlista de Sevilla. <<

[73] Josep Carles Clemente, licenciado en Filosofía y Letras y periodista. Militante del Partido Carlista de Cataluña, jefe de los servicios de prensa en Madrid del Partido Carlista y miembro de la Secretaría Política de Carlos Hugo de Borbón Parma. En el año 1969 tuvo ocasión de conocer a don Javier, de entrevistarle varias veces y de recibir de él información concreta sobre su Diario. No todos los días éste ofrecía información, porque al parecer don Javier, cuando los hechos eran trascendentales, prefería confiar sus notas a papeles separados que no llevaba consigo por si se producía algún registro. Pero, en todo caso, son unas anotaciones extraordinarias. Todos sus papeles se conservan en el Archivo del Castillo de Puchheim, en Austria, lugar en el que está enterrado Alfonso Carlos de Borbón. <<

[74] El nombre de Pirón aparece con frecuencia en el Diario de don Javier. El autor no ha podido encontrar ninguna referencia aclaratoria de quién podía ser la persona de referencia. Sin duda era un nombre en clave, como se acostumbraba en aquellos momentos. Tomás Echeverría (1985) da cuenta de alguna de las claves que fueron utilizadas por los carlistas. Así Manuel Fal Conde era «Vázquez» o «Don Lorenzo», don Javier de Borbón «Don Francisco», «Francisco» o «Paco», el general Sanjurjo «Ocaña», y el general Mola, «Quintana». Pero nada dice de Pirón. Se ha dicho que «Pirón» podría ser George Antoine Piron, antiguo oficial del ejército belga, e intermediario en la compra de armas en Bélgica de los carlistas navarros, como puede verse en Virto (1986:787). <<

[75] El siguiente capítulo de Clemente se titula «La II Guerra Mundial y el campo de concentración de Dachau». En él, Clemente (1977:127 y ss.) apunta que en 1939, estallada la segunda guerra mundial, don Javier se alistó de nuevo en el ejército belga como coronel de artillería, combatiendo con él hasta el final de las hostilidades en el frente belga. <<

[76] Echeverría (1985:63-64). <<

[77] Llevaba 6.000 fusiles, 150 ametralladoras pesadas, 300 ligeras, cinco millones de cartuchos y 10.000 bombas de mano. Sólo se recibieron las ametralladoras, porque el resto fue decomisado en el puerto antes de que el buque zarpara. Una intervención posterior cerca de los reyes de Bélgica consiguió levantar el embargo, pero ya no llegaron a tiempo para la sublevación. <<

[78] Aróstegui (1986:50). <<

[79] La Real Academia Española dice que el Requeté fue un «cuerpo de voluntarios que, distribuidos en tercios, lucharon en las guerras civiles españolas en defensa de la tradición religiosa y monárquica». En la práctica, el Requeté era un cuerpo armado de voluntarios que, adiestrados en tiempos de paz y distribuidos en tercios, lucharon en las guerras civiles españolas del siglo XIX en defensa de la monarquía legitimista contra los liberales o cristinos. Estos tercios, que habían conservado, al menos en lo fundamental, su antigua estructura y preparación bélica, se adhirieron, principalmente en Navarra, a los que se sublevaban contra la República. En abril de 1937, y como consecuencia del Decreto de Unificación, se unieron a Falange Española de las JONS. <<

[80] Luis Redondo y Juan de Zavala (1957) estudian, con toda amplitud, esta organización desde el nacimiento del carlismo hasta el final de la guerra civil. En relación con las actividades de los años 1934-1936, son de especial interés los capítulos «El requeté se organiza» y «El requeté se prepara» (Redondo y Zavala, 1957:259 y ss.). <<

[81] Para profundizar en la actividad de los requetés de Navarra en la preguerra, véase la obra de Jaime del Burgo (1939). En ella se explica cómo los requetés hacían guardias, vivían con órdenes como en el cuartel, se preparaban con armas cortas y largas, fabricaban bombas y artefactos, hacían instrucción, desfilaban e iban completando los cuadros de oficiales y suboficiales. Para conocer la naturaleza e historia del carlismo, véase Oyarzun (1939). <<

[82] Jaime Ignacio del Burgo Tajadura (2008), matizando esta información, dice que el 19 de julio, cuando se concentraron en la plaza del Castillo de Pamplona los requetés, se vieron obligados a entregar el armamento que poseían (pistolas máuser) y que el ejército les proveyó de fusiles y ametralladoras. <<

[83] Existían especialmente en Oricáin, Idoate, Elcano, el Alto de Velate, Nagore, Lumbier, Sangüesa, Marcalain, Cizur Mayor, Cintruénigo, Cascante, independientemente del gran depósito de Traibuenas. Lizarza (1986:48-49) ofrece una amplia información al respecto. <<

[84] Garriga (1986:25). <<

[85] Carlos Seco Serrano (1978:179), elogiando la cautela de Mola, dijo que cuando el director general de Seguridad llevó a cabo en Pamplona una inspección a fondo con abundante aparato policial, no pudo hallar más que tres pistolas pese al arsenal que, «cuidadosamente repartido en la provincia, había llegado a acumularse». <<

[86] Miguel Cabanellas Ferrer. Oficial africanista. Por discrepancias con el general Primo de Rivera, fue pasado a la reserva. Volvió en 1931, ya en la República, y desempeñó diversos cargos de confianza del Gobierno, entre ellos el de director general de la Guardia Civil. Afiliado a la masonería y de convicciones firmemente republicanas. Pese a ello, en la noche del 18 de julio se decidió por los sublevados. Fue designado por el resto de generales presidente de la Junta de Defensa Nacional. Y fue el único miembro de esa Junta que se opuso sin éxito al nombramiento de Franco como jefe de Gobierno del Estado. Siempre condicionó su actuación a que, al final del proceso de la sublevación, se respetara la fórmula republicana. En octubre de 1936 fue nombrado inspector general del ejército, un cargo puramente honorífico. Su voluntad reiterada de que su entierro no llevara ninguno de los honores correspondientes a su grado militar fue desoída. Su despacho, sus archivos y la caja de seguridad que tenía en el banco fueron asaltados, y secuestrada toda su documentación. <<

[87] El general Vigón (1957:96) decía en sus Memorias que Zaragoza era pieza clave en la sublevación, porque la responsabilidad que se le había asignado era la de proporcionar armas y municiones. <<

[88] Esta carta de Primo de Rivera a Goicoechea, en copia del original manuscrito, se encuentra en Roma, en el Archivio Centrale dello Stato, Segreteria Particolare del Duce (1986a:165-166). <<

[89] El texto íntegro de este telegrama está reproducido en Saz (1986a:164-165). <<

[90] La carta dirigida por Goicoechea a Ernesto Carpi era manuscrita, y el informe sobre un posible golpe de Estado estaba escrito a máquina y firmado de puño y letra por Goicoechea. Los documentos originales pueden consultarse en el Archivo Storico e Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. La investigación de Coverdale del año 1975 desconoció este documento, posteriormente descubierto por Mazzetti. Referenciados por Saz (1986a:166). <<

[91] El texto íntegro de este informe puede verse en el anexo 2. <<

[92] Saz (1986a:161 y ss.). <<

[1] Las informaciones más significativas de la colaboración de Mola con el carlismo, que han servido de base para lo que se describe en estas páginas, se basan en las siguientes biografías e investigaciones: Lizarza (1986) es el testimonio más realista y posiblemente el más fiable de los que se han escrito; Blinkhorn (1979); Redondo y Zavala (1957), actores en primera línea de aquellos momentos; Iribarren (1937 y 1938); Maíz (1976); Vigón (1957) y Echeverría (1985). También la magnífica investigación que hizo Julio Aróstegui (1986) sobre el carlismo ha sido muy útil para este trabajo, especialmente en su planteamiento crítico. Otros muchos trabajos se citan a continuación para consideraciones concretas. El autor quiere agradecer a Juan José Goirena de Gandarias, presidente durante muchos años de la Sociedad de Estudios Vascos Eusko-Ikaskuntza (SEV-EI), su ayuda para estudiar lo que fue y cómo se desarrolló la participación en la sublevación del carlismo. <<

[2] Emilio Mola Vidal. General de Brigada procedente del arma de infantería. Hizo una brillante carrera militar en Marruecos. Fue nombrado director general de Seguridad por el general Berenguer al acceder éste a la Presidencia del Gobierno, una vez caída la Dictadura. Con motivo de la sublevación del general Sanjurjo en 1932 fue separado del servicio activo. Amnistiado en mayo de 1934, fue reintegrado al ejército con destino en Marruecos. Con la llegada al poder del Frente Popular fue trasladado a Pamplona. Falleció el 3 de junio de 1937 al estrellarse su avión en los montes de Oca, cuando se dirigía de Vitoria a Valladolid. Franco le concedió la Cruz Laureada de San Fernando y, con carácter póstumo, el título de duque de Mola. <<

[3] A finales de abril, Mola ya había asumido la planificación política en un documento en el que se definía la «dictadura militar» como el objetivo de la sublevación, a la que ayudarían comités provinciales integrados por diversos aliados que se describían en ese documento como «grupos políticos», «sociedades e individuos aislados» y «milicias». Entre otras cosas, Mola destacaba que la acción debería ser «en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo que es fuerte y bien organizado» (Payne, 2006:89). <<

[4] Sobre la organización militar paralela al ejército que estableció el Requeté, véase Llera (1989:111 y ss.). <<

[5] Véase Pascual Bonis (1986:131-143). En todo caso, hay que destacar que el concepto de «navarro» no siempre equivalía a «vasco», un término que a menudo se identificaba con separatismo. Incluso unos pocos días después del golpe de Estado, la prensa de Pamplona pedía medidas contra la Sociedad de Estudios Vascos como sospechosa de separatismo. Y en aquellos momentos los artículos de prensa en Pamplona presentaban el contraste «entre la abnegada, popular y española Navarra, frente al carácter insolidario… de los líderes nacionalistas vascos» (Núñez Seixas, 2006:277). <<

[6] La designación de Mola como director del «pronunciamiento» tuvo lugar el 29 de mayo de 1936 (Iribarren, 1938:53). <<

[7] Véase también Garmendia (1979:153 y ss.). <<

[8] Véase Ferrer Muñoz (1994:243). Así pues, a principios de junio los carlistas eran el único grupo político que había establecido contacto orgánico al más alto nivel con la «conspiración militar». También había contactos con Primo de Rivera y la Falange y, a título más o menos personal, con otras muchas personalidades (Aróstegui, 1986:46). <<

[9] Alía Miranda (2011:83) dice que, pese a ello, desde mucho tiempo antes, en algunas provincias los carlistas venían colaborando estrechamente en la preparación de los militares. <<

[10] El 29 de junio circuló por toda la provincia la noticia de que el Consejo de Ministros había acordado sustituir a la Diputación Foral de Navarra por una comisión gestora. Hay que precisar que la Diputación ya estaba realmente en manos de una gestora. Lo estuvo desde 1931, cuando los republicanos, deseando controlar la actividad política de las provincias, sustituyeron las diputaciones por gestoras integradas por personas adictas a la República. Navarra no fue una excepción, y más dado que en esta provincia la Diputación era clave, debido a su régimen foral. Sin embargo, la «derecha» navarra logró obtener del Gobierno el acuerdo de que, en enero de 1935, se convocasen elecciones con objeto de elegir a los miembros de la «gestora» de la Diputación. Los políticos navarros renunciaron a eliminar el nombre de gestora, ya que, al fin y al cabo, lo prioritario era ganar las elecciones, como sucedió, y poner la gestora en sus manos. De este modo, se constituyó una gestora, formada íntegramente por miembros del Bloque de Derechas. La cuestión que se suscitó en 1936 fue un intento de volver a la situación de 1931, es decir, sustituir a la gestora por otra adicta al Frente Popular, designada por las autoridades republicanas. <<

[11] Mola frente a Franco. Guerra y muerte del general Mola lleva una introducción de Jaime Ignacio del Burgo Tajadura. Es un libro que relata las vivencias personales de quien estuvo en los primeros momentos más cerca de Mola, conoció numerosas actuaciones de carácter reservado, y anotó confidencias. En su libro pone de manifiesto que las cosas hubieran sido muy distintas en España si Mola no llega a perecer cuando estaba a punto de «conseguir la gloria de entrar victorioso en Bilbao». <<

[12] A principios de 1937, decidió publicar en forma de libro la información de que disponía. Presentó el original a Mola, quien, según cuenta Vegas Latapié «llevó su amabilidad al extremo de apostillar su texto con breves notas de su puño y letra». Y así se editó su obra, después de haber pasado la censura a que, en aquellos momentos, se sometía cualquier publicación antes de imprimirse. La obra recibió elogios, pero no gustó en determinados círculos del entorno de Franco. A los pocos días, un telegrama circular de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda exigía a las autoridades que detuvieran «dondequiera se encuentre, a José María Iribarren, autor de Con el general Mola, y procedan con toda urgencia a la recogida y destrucción del libro». Fue detenido y se inició inmediatamente la recogida de todos los ejemplares, con una minuciosidad tal que, en «Melilla, los agentes de policía llegaron a arrebatarle su ejemplar a un joven que lo estaba leyendo en el parque Hernández». Véase la historia completa de los ejemplares requisados en el capítulo «El general Mola censurado» de Vegas Latapié (1987:239-245). La obra se publicó de nuevo al final de la guerra con el título genérico de El general Mola (Iribarren, 1963). El motivo que determinó la intervención del libro, como luego se supo, fue que en él se relataban demasiadas intimidades de aspectos de la gestión de Mola. Y según le explicaron a Iribarren, el general no reconoció que él lo había leído con anterioridad, e incluso corregido, declarando que sólo lo había visto «por encima». Una descripción mucho más amplia del incidente del libro de Iribarren puede verse en Rodríguez Jiménez (2005:219 y ss.). <<

[13] En 1933 se le encargó dirigir y fomentar el encuadramiento de los requetés (Pascual Bonis, 1986:139). <<

[14] José Sanjurjo Sacanell. Teniente general procedente del arma de infantería. Participó en las campañas de Cuba y de Marruecos, obteniendo siete ascensos por méritos de guerra, dos cruces laureadas de San Fernando y el título de marqués del Rif. Alto comisario de España en Marruecos durante la dictadura del general Primo de Rivera. En abril de 1931 era director general de la Guardia Civil, poniéndose a disposición del Gobierno provisional de la República, incluso antes de que éste hubiera accedido al poder. En agosto de 1932, siendo director general de Carabineros, se alzó en armas contra el Gobierno, por lo que fue procesado, condenado a muerte, indultado y recluido en el penal de Santoña. Amnistiado, fijó su residencia en Portugal. <<

[15] Un detallado relato de las apasionantes peripecias de su detención, encarcelamiento y huida, puede verse en Lizarza (1986:97 y 352). <<

[16] Maíz (1976). <<

[17] Félix Maíz fue quien, desde una oficina de correos en Bayona, envió la serie de telegramas cifrados a las comandancias militares con la orden de iniciar la sublevación militar. Véase Pérez-Maura (2004:16). <<

[18] Para un análisis sobre la colaboración entre el carlismo y la «conspiración militar», véase Aróstegui (1986). Sobre los acercamientos de Mola en el último momento a los carlistas, véase Payne (2011:14 y ss.). <<

[19] Vigón (1957:103 y ss.). Según Görlitz (1977:28), Mola sabía muy bien que la mayor parte de los reclutas que formaban la guarnición de Pamplona procedía de Asturias y poseía el carné sindical de la CNT o de la UGT, por lo que no merecía su total confianza. De hecho, una de las primeras órdenes que impartió fue la de que grupos de requetés se introdujeran dentro de las compañías del ejército regular para impedir movimientos anormales. «Los soldados de esta guarnición —solía decir— son en su mayoría asturianos influenciados por las organizaciones societarias, de las que muchos tienen carnet. Con este soldado —mal soldado— se puede ir a África, a una guerra con extranjeros; se iría mal, pero se iría. Ahora bien, a la revolución no se puede ir exclusivamente con quienes no sienten ese ideal. Pero si entremezclo 1.500 o 2.000 muchachos navarros, entonces levanto la moral de todos y nos vamos a Madrid» (Garmendia, 1979:154). Véase también Pascual Bonis (1986:139). <<

[20] Salas Larrazábal (2006:446) evaluaba en 42.937 el total de combatientes navarros durante toda la guerra (sobre un total de 345.883 habitantes). Cuando se habla del Requeté no solamente se hace en referencia a las importantes unidades que operaban en Navarra, pues había también muchas más. Los primeros carlistas que participaron en la sublevación fueron los de Andalucía, que se sublevaron el día 18. En Sevilla, la pequeña fuerza militar de Queipo de Llano, no más de 25 boinas rojas, 15 falangistas y un puñado de guardias civiles, se apoderaron del centro de la ciudad. También colaboraron con éxito a la sublevación los carlistas en Burgos, Zaragoza, Logroño, Álava, Huesca, Soria, Segovia, Ávila, Palencia, Salamanca, Zamora, León y las cuatro provincias gallegas (Blinkhorn, 1979:349-350). <<

[21] Raimundo García García, director del Diario de Navarra desde 1912 a 1962, utilizaba el seudónimo de «Garcilaso» y el de «Ameztia» en sus editoriales. Fue uno de los principales impulsores del «navarrismo» como ideología. Mantenía una extensa red de contactos en Madrid. También eran excelentes sus relaciones con el grupo de los militares africanistas, con quienes coincidió en Marruecos cuando trabajaba como reportero de guerra. Sobre el papel de Raimundo García García, «Garcilaso», en el «alzamiento» en Navarra, véase Fernández Viguera (1992:687 y ss.). <<

[22] Para un detenido relato de las disputas sobre las condiciones en que se iba a producir la sublevación, véase Aróstegui (1986:27 y ss.). <<

[23] En todo caso, la incorporación del carlismo a la organización de Mola fue posible gracias a los esfuerzos de José Luis de Oriol en Álava y del conde de Rodezno en Navarra. Tomás Domínguez Arévalo y Fernández de Navarrete, VII conde de Rodezno, fue un político navarro-andaluz, diputado y senador. Miembro de la Junta Nacional de la Comunión Tradicionalista. Participó en todos los intentos de rebelión, y especialmente en el golpe de Estado del general Sanjurjo. Al terminar la guerra, fue ministro de Justicia del primer Gobierno de Franco. Se retiró de la política ejerciendo de diputado foral y dedicándose a su vocación como historiador y jurista. Fue miembro de las Reales Academias de Jurisprudencia y de Historia y escribió varios libros sobre el carlismo. <<

[24] Sin embargo, Payne sostiene que Mola nunca fue capaz de dotar a la rebelión militar de una organización cohesionada, y que ésta estuvo muy mal organizada debido a la confusión y a la falta de acuerdo entre los propios militares. Cree que su planificación era más similar a un «pronunciamiento» decimonónico que a un golpe de Estado bien organizado (Payne, 2006:173). <<

[25] Alía Miranda (2011:100) dice que el plan de acción para la sublevación estaba claramente definido, y que nada estaba improvisado, ni era un «cuartelazo», ni un pronunciamiento clásico del siglo XX. <<

[26] Firmada por «el director», daba instrucciones muy concretas: «Aprovechamiento de la primera coyuntura propicia; recuento de las unidades armadas disponibles; urgencia de la formación de comités civiles reclutadores de voluntarios; preparación de equipos técnicos; requisa de vehículos; organización de los abastecimientos; nada escapa a su previsión. Menos aún los que deben ser conceptos fundamentales de la acción: rapidez y violenta decisión» (Vigón, 1957:90). <<

[27] Los textos de la correspondencia que se reproduce proceden del archivo personal de Francisco de Luis, director de El Debate hasta que se inició la guerra civil. El archivo se encuentra dividido entre la Universidad de Navarra, la Universidad Pontificia de Salamanca y su hijo, Félix de Luis. A este último debe agradecer el autor su amabilidad de cederle esos textos y el haber podido profundizar en esa historia. <<

[28] Esta cifra sería equivalente a la suma que en el presupuesto de 1935 se asignaba al Ministerio de Marina y al de la Guerra. <<

[29] Lo cuenta también Ferrer Guasp (2004:351) en su biografía de Juan March. «March… en presencia del coronel del Estado Mayor, Federico Montaner, encargado de los asuntos financieros, puso a disposición del general valores inmobiliarios internacionales, la cotización de los cuales en los mercados superaba los 600 millones de pesetas, para que los utilizase como aval para la compra de suministros bélicos». <<

[30] José Luis de Oriol y Urigüen. Fue uno de los principales dirigentes tradicionalistas y muy activo en la lucha contra la República. Aportó su ayuda económica, sus relaciones privilegiadas con los estamentos militares y sus contactos exteriores, que fueron utilizados para el embarque de armas destinadas a su distribución entre las milicias del Requeté. Fundó el periódico El Pensamiento Alavés, desde donde defendió posiciones políticas muy tradicionales. Fue diputado en 1918 por Linares (Jaén). El fracaso del Gobierno de concentración nacional que Oriol apoyaba, supuso su alejamiento del mundo político, hasta que durante la Segunda República volvió, al obtener acta parlamentaria por Álava. Empresario, destacó por sus inversiones en algunos de los sectores más modernos y dinámicos de la industria española, siendo el creador del proyecto más emblemático de la industria ferroviaria nacional, el tren Talgo. <<

[31] La entrevista tuvo lugar el día 4 de junio. Como consecuencia de esta conversación, Oriol puso a Mola en contacto con Fal Conde, quien envió a Zamanillo para que se entrevistase con él en Pamplona, reunión que se llevó a cabo el 11 de junio. El acuerdo era difícil porque Fal Conde entendía que la participación del Requeté debería quedar condicionada a la aceptación por parte de Mola de una serie de condicionantes destinados a garantizar que la sublevación sería el primer paso para la instauración de la monarquía carlista. Esto complicó tanto las cosas que, hasta unos días antes de la sublevación, Mola no tuvo la constancia de que iba a contar con el apoyo del carlismo. <<

[32] Esta actuación de Oriol produjo un cierto escándalo entre los carlistas, y fue calificada por la Comunión Tradicionalista como una «intromisión», supuesto que Oriol no tenía atribuciones para ofrecer a Mola los requetés de Álava (Aróstegui, 1986:42). <<

[33] El autor tiene que agradecer a su amigo José Andrés-Gallego, catedrático del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, su inestimable ayuda en la búsqueda y análisis en las innumerables fuentes de conocimiento dispersas en archivos públicos y privados y fundaciones, para profundizar en lo que fue la financiación de la sublevación en Navarra. <<

[34] La familia Baleztena aportó a la sublevación navarra importantes recursos. «Y para llevar la suma reunida a Bilbao fueron cierto día del mes de mayo a la capital del Nervión don Joaquín y don Ignacio Baleztena, su primo, don Isidro Arraiza y algunas otras personalidades navarras» (Garmendia, 1979:153). <<

[35] Así se reconoce en Redondo y Zavala (1957:327). También los cita Ferrer Muñoz (1990:90). <<

[36] Según Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, una de las personas que más dinero ofreció al carlismo para la sublevación fue el propietario de las Bodegas Palomino, íntimo amigo de Fal Conde. <<

[37] Por primera vez desde las guerras del siglo XIX, la Comunión no sólo solicitaba fondos para su financiación puntual, sino que estableció una imposición equivalente a un sistema tributario (Blinkhorn, 1979:294). <<

[38] Subtitulado «Órgano Semanal de la Secretaría General de S.M.», se convirtió desde el primer momento de su publicación en portavoz oficial de la política de Fal Conde (Barreiro, 2003:84). <<

[39] Sobre el Boletín de Orientación Tradicionalista, véase Garralda (2002). <<

[40] El autor debe agradecer a María Concejo, archivera, bibliotecaria y jefa de la División de Historia de la magnífica Hemeroteca Municipal de Madrid, la localización de la colección completa. <<

[41] El centro neurálgico de la Comunión se estableció en Madrid, en la calle Marqués de Cubas, 21. Allí estaban domiciliadas la Secretaría General, las delegaciones especiales, el «Tesoro de la Tradición» y el Consejo de Cultura. Y ahí se redactaba el BOT (Blinkhorn, 1979:295). <<

[42] La historia del carlismo durante la guerra civil exige conocer, aunque sea a grandes rasgos, qué era el carlismo en aquellos momentos, y cómo eran los carlistas. Véase Larraz Andía y Sierra-Sesúmaga (2010). Payne dice en su prólogo a este libro que éste trata de la verdadera memoria histórica, porque ofrece las experiencias personales de los mismos participantes tanto más frescas y auténticas por ser totalmente inéditas. No es, añade, «la historia, sino una presentación de algunos de los datos básicos de la historia sobre los cuales el estudio de la historia se basa». <<

[43] Las fuentes documentales empleadas para investigar la aportación de la Diputación Foral de Navarra a la financiación de la sublevación del 18 de julio han sido fundamentalmente los libros de actas de las sesiones celebradas por la Diputación durante el conflicto, que se conservan en el Archivo General de Navarra (AGN). También se han utilizado los Boletines Oficiales de la provincia de Navarra del mismo período, depositados en el AGN y en el Archivo Municipal de Pamplona. El autor tiene que agradecer a muchos amigos navarros la inestimable ayuda que le han prestado para entrar a fondo en la muy poco conocida financiación navarra de la sublevación del 18 de julio. A Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza, quien le inició en los primeros pasos de su investigación en Navarra, y muy especialmente a Jesús Balduz, por lo mucho que le ha ayudado a definir el especial sistema por el que se regulaba la Hacienda Foral y a desentrañar el contenido y significación de los documentos del Archivo General de Navarra, de modo singular el contenido de las «Cuentas Especiales», en las que la Diputación Foral contabilizó su contribución a los gastos de la guerra. <<

[44] Abandonaba con ello su «estatus de reino», aunque, de hecho, durante la primera guerra carlista, los Gobiernos iniciales de Isabel II se encargaron de ir desmontando paulatinamente ese entramado institucional. Véase Miranda, Ilundaín y Balduz (2003). <<

[45] Es necesario tener en cuenta que Navarra fue durante toda la guerra civil el único lugar en el territorio sublevado en el que se mantuvo toda la estructura del poder civil. Mola se había comprometido a ello en el bando de guerra cuando dijo que mantendría «en todo su vigor» el régimen foral (Pascual Bonis, 1987:310). <<

[46] En 1936, la guerra salvaba el Fuero de Navarra frente a una decidida actitud de los Gobiernos republicanos que, ya desde 1931, habían pretendido una aplicación generalizada de los nuevos impuestos a todas las provincias sin excepción: «Los impuestos… serán exigidos a toda la Nación a los mismos tipos y con las mismas modalidades y por las mismas autoridades y funcionarios de la administración general del Estado, quedando en consecuencia prohibido el establecimiento de cupos, conciertos y contingentes» (art. 116 de un primer borrador de la Constitución de 1931). Véase Miranda, Ilundaín y Balduz (1998:113). <<

[47] Véase Pascual Bonis (1989). <<

[48] Desde 1927 esta cantidad ascendía a 6 millones de pesetas anuales. En 1941 se elevó a 21 millones. <<

[49] El texto legal regulando ese nuevo impuesto y los distintos borradores que sirvieron a la Junta Técnica para estudiar la ley se encuentran depositados en el AGN, «Impuesto Extraordinario de Guerra: Aplicación y Desarrollo». <<

[50] 50. Se les gravaban los ingresos líquidos procedentes de la propiedad, posesión o disfrute de inmuebles o similares; los productos líquidos que fueran susceptibles de dar los terrenos y edificios dedicados a recreo o a la especulación; los intereses de capitales invertidos en empresas nacionales y extranjeras; intereses de deuda pública; dividendos de acciones, bonos o participaciones en capital; los obtenidos por explotaciones agrícolas y ganaderas, y los obtenidos por negocios comerciales o industriales. En todos ellos, la base imponible sería la totalidad de los ingresos, deducidos los gastos correspondientes. A esto había que añadir la mitad de los ingresos procedentes del trabajo personal obtenido en dinero o en especie en el ejercicio de una profesión, arte, oficio o ministerio. <<

[51] Se consideran ingresos los obtenidos de legados, dotaciones, mandas, etc., administrados por autoridades civiles o eclesiásticas o por particulares, menos los gastos de sostenimiento de la institución. <<

[52] A las entidades domiciliadas en Navarra se les atribuiría como base del impuesto el equivalente al capital fiscal que tuvieran reconocido en la liquidación del año 1935. A las entidades no domiciliadas en Navarra, pero que tuvieran en ella sucursales, almacenes o fábricas, se les atribuiría como base de impuesto la cantidad que resultara de capitalizar al 7,5% los beneficios líquidos obtenidos en ellas en su último ejercicio. <<

[53] 35 años si se trataba de solteros. <<

[54] Sobre la situación de la sociedad en Pamplona en el entorno del 18 de julio, antes y después de la sublevación, véase Flandes (1988). <<

[55] También Estornés (1992, vol. 32:116-117). <<

[56] Acuerdo del 30 de abril de 1937: «Se acuerda aprobar la liquidación expresada por virtud de la cual queda cancelada la cuenta a que se refiere, congratulándose esta Corporación de que tan insignificante servicio haya sido tan beneficioso como indica a las necesidades del glorioso Movimiento Nacional, y reiterarle a la vez los más fervientes deseos de la misma de continuar prestando sus servicios y su más decidida cooperación a todo aquello que pueda contribuir al mayor éxito del Movimiento Salvador». <<

[57] Acta de la sesión de la Diputación Foral del 7 de agosto de 1936. <<

[58] Acta de la sesión de la Diputación Foral del 20 de noviembre de 1936. <<

[59] Acta de la sesión de la Diputación Foral del 30 de octubre de 1936. <<

[60] Acta de la sesión de la Diputación Foral del 15 de febrero de 1938. <<

[61] Libros números 2.719, 2.720 y 3.424, que van de abril de 1937 a diciembre de 1941. <<

[62] Con el título El aguinaldo del combatiente en Navarra durante la guerra civil 1936, la Diputación Foral y Provincial (1937) publicó una obra dando cuenta del desarrollo de esta operación de financiación de la guerra civil. <<

[63] Acta de la sesión del 26 de mayo de 1939. <<

[64] El automóvil se entregó en un viaje que una comisión de la Diputación Foral hizo a Burgos. Fueron recibidos por Franco, que «quedó muy complacido». En el acta de la Diputación Foral de ese día se referencia que otro de los coches ya había sido entregado anteriormente a Nicolás Franco. <<

[65] Denominada también «donativo foral», en recuerdo de la época en que esta cuantía era un donativo entregado por las Cortes del Reino de Navarra al monarca. <<

[66] Cambó fue el político catalán más biografiado del siglo XX, aunque, en su mayoría, las investigaciones que sobre él se han hecho se extienden hasta 1936, y apenas tratan su actuación posterior. La biografía más importante de su última etapa quizá sea la de Borja de Riquer (1997), una investigación que se fundamenta sobre información inédita realmente significativa, procedente de testimonios orales o escritos de dirigentes de la Lliga Regionalista y de colaboradores de Cambó. Riquer advierte que mucha documentación particular de Cambó, que se encuentra en archivos privados, no está todavía disponible a la libre consulta de los historiadores. El mismo Cambó dejó mucho escrito sobre su vida, su pensamiento y sus actuaciones. Lo más fundamental es su obra en tres tomos (Cambó, 1981, 1982a y 1982b) en versión catalana. En castellano puede verse Cambó (1987). Y para ver sus ideas políticas, Cambó (1986). Es realmente importante, desde muchos puntos de vista, la biografía en tres tomos que Jesús Pabón (1952 y 1969, reeditada en 1999 con un magnífico prólogo de Carlos Seco Serrano) escribió sobre Cambó. También pueden verse Nadal y Ferrer (1957) y García Venero (1952). También Riquer (2000). Para estudiar la influencia de Cambó en la economía española, García Delgado (1984). <<

[67] Francisco de Asís Cambó i Batlle. Ejerció la abogacía. Participó en la fundación de la Lliga Regionalista, iniciando su carrera política como concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Fue un convencido de que los catalanistas debían estar presentes en las instituciones centrales del Estado. Siguiendo esta doctrina, participó en varios Gobiernos bajo la presidencia de Maura, en los que ocupó la cartera de Fomento (1918), de cuya actividad da cuenta en su libro Ocho meses en el Ministerio de Fomento: mi gestión empresarial (Cambó, 1920), y la de Hacienda (1921-1922), sobre cuya gestión también publicó unas importantes memorias. Siempre estuvo muy cercano a los puntos de vista empresariales. Siendo ministro, promulgó su Plan Nacional de Fomento, publicó la Ley de Ordenación Bancaria, creó el Consejo Superior Bancario, promovió la vuelta al patrón oro y estableció el «arancel Cambó», vigente hasta 1960. Destacó como uno de los más prestigiosos especialistas en política bancaria española, defendiendo la creación de una auténtica banca de negocios que fuera impulsora de la actividad empresarial. También procuró que los bancos asumieran la tarea de realizar estudios económicos y financieros rigurosos para poder establecer auténticas estrategias inversoras a largo plazo. El importante paquete de acciones de la CHADE, que Cambó recibió gratis por sus servicios, lo convirtió de golpe en multimillonario. Durante la dictadura de Primo de Rivera se retiró de la vida política, dedicándose a administrar su fortuna. Introdujo en España los modernos servicios de estudios económicos, jurídicos y políticos, tanto para su utilización personal como político, como para sus actividades empresariales. Dispuso por ello constantemente de una notable oficina informativa en temas económicos y políticos. Trabajaron para él como economistas y abogados, cuando todavía no habían alcanzado la popularidad que tuvieron después, personas como Román Perpiñá, Mikel Vidal, Josep Maria Tallada, Juan Sardá, José Antonio Vandellós, Francisco Bernis, Lucas Beltrán, José María Zumalacárregui y Narcís de Carreras, entre otros. Durante la Dictadura, como ha documentado Borja de Riquer, organizó y financió un ambicioso plan de apoyo a la alta cultura catalana con la finalidad de lograr la modernización de sus infraestructuras y su homologación con la de otros países europeos, creando fundaciones, y patrocinando investigaciones y publicaciones. Caído el dictador, el rey le ofreció la Presidencia del Gobierno, que rechazó alegando problemas de salud. Fue elegido diputado en las elecciones de 1933, pero no en las de 1936. <<

[68] Para profundizar en las concepciones económicas de Cambó y su forma de conciliar humanismo y finanzas, véase Bausili (1974). <<

[69] Véase Huerta de Soto (1996:XII). <<

[70] Pabón (1999:10). <<

[71] En 1929 Cambó publicó Por la concordia, editado en castellano y catalán, donde resumía su pensamiento en cuanto a las relaciones de Cataluña con el resto de España. Pero, caída la dictadura de Primo de Rivera, fracasó en su proyecto de organizar un partido centrista de ámbito español (Madridejos, 2006:78). <<

[72] Publicados en el Daily Telegraph los días 28 y 29 de diciembre de 1936 (Riquer, 1997:73). <<

[73] La declaración se encuentra en el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores. El texto de esta declaración puede verse en el anexo 4. <<

[74] Cambó, al exiliarse a París estallada la sublevación, sugirió a Tarradellas, que entonces era consejero de Economía de la Generalitat, que se ocupara de su archivo y de su despacho para que su documentación quedara bajo la custodia del Gobierno catalán. Tarradellas siguió el consejo de Cambó y Lucas Beltrán pasó a ser asesor en materias económicas y funcionario de la Generalitat a las órdenes de Tarradellas. <<

[75] Sobre la fundación de la CHADE y el papel de Cambó, véase Pabón (1999:740). <<

[76] Un libro del que, en pocos meses, se llegaron a vender en todo el mundo cerca de 100.000 ejemplares. La versión en español fue publicada por Calpe en Madrid. El texto mencionado puede verse en las páginas 70 y siguientes de esa edición (Keynes, 1920). Las consecuencias económicas de la paz fue resultado de la participación de Keynes como representante del Tesoro en la delegación británica enviada a negociar el tratado de Versalles después de la derrota de Alemania en la primera guerra mundial; Keynes dimitió de aquel cargo para mostrar su desacuerdo con las duras condiciones impuestas a los vencidos y escribió este libro para argumentar que tales condiciones, fruto de un «espíritu de venganza», serían imposibles de cumplir y conducirían a la ruina económica de Alemania. <<

[77] La Comisión de Reparaciones evaluó el coste de la indemnización de los vencidos en 6.600 millones de libras esterlinas. Se pagarían inmediatamente 50 millones, y el resto se abonaría por Alemania en 40 anualidades (Pabón, 1999:957). <<

[78] Riquer (1997:173 y ss.). <<

[79] Antiguo embajador de España en Francia desde 1918 a 1931 y delegado oficioso en París de los militares sublevados. <<

[80] Carta de Ventosa a Cambó del 23 de noviembre de 1936, que se encuentra depositada en el fondo documental de Narcís de Carreras, Arxiu Nacional de Catalunya (Riquer, 1997:57 y ss.). <<

[81] Carta del 15 de septiembre que se documenta en Parpal y Lladó (1970:262). <<

[82] Adicionalmente Cambó y otros dirigentes de la Lliga llevaron a cabo en Italia importantes actividades propagandísticas. Véase «Las actividades de propaganda desarrolladas en Italia» en Riquer (1997:123 y ss.). <<

[83] Heiberg y Ros (2006:101) señalan que, aunque las autoridades franquistas eran perfectamente conscientes de que Cambó podía intentar cobrarse su enorme aportación a la guerra exigiendo un trato especial para Cataluña, permitieron que continuase su labor por motivaciones de carácter práctico. Porque la verdad era que realizaba un servicio de información muy eficaz en Francia, Aragón y Cataluña. Y su trabajo no comportaba gasto suplementario alguno para las arcas de los sublevados. <<

[84] Un análisis sobre el comportamiento del colectivo judío durante la guerra civil debe partir fundamentalmente de la obra de José Antonio Lisbona (1993), porque de todas las publicaciones existentes es la que ofrece información más precisa, casi única, de las aportaciones de los judíos a la sublevación, tanto en donaciones voluntarias como a través de contribuciones exigidas bajo la amenaza y, en ocasiones, el chantaje. La obra de Lisbona está editada por la Comisión Nacional del Quinto Centenario del Descubrimiento y por la Comisión Nacional Judía Sefarad’92, y prologada por David Greblez, de la Comisión Nacional Judía. Cuenta con colaboradores de excepción, y su autor ha investigado en España en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Central de la Presidencia de Gobierno y en el de la Oficina de Información Diplomática. Ha trabajado también en el Archivo del Estado de Israel y en los archivos de las comunidades sefarditas de Barcelona y Madrid, la Federación de Comunidades Israelitas de España, el Consejo de Comunidades Israelitas de España y el de la Amistad Judeo-Cristiana. También ha investigado en el Archivo Elie Eliachar de Israel. Debe verse también González García (2004), reconocido investigador especializado en el estudio de la historia de los judíos en la España contemporánea, que se acerca a esta cuestión utilizando documentación en su mayor parte inédita. Pueden ayudar también a un más amplio conocimiento los libros de Marquina y Ospina (1987), Avni (1982) y Torres Robles (2002). <<

[85] Los historiadores han tendido a relegar el antisemitismo de los sublevados como mero recurso retórico, entendiendo que atacaban a los judíos en forma de imagen abstracta pero que «los judíos “reales” no sufrieron ningún daño». Sin embargo, no fue así (Rohr, 2010:102). <<

[86] Véase Gibson (1986). <<

[87] Declaraciones de Franco al Daily Telegraph (Lisbona, 1993:67). <<

[88] «Se me ha autorizado a declarar que esto no es cierto en absoluto… Una política antijudía en España presupone la existencia de un problema judío que no existe en este país. Además, una simple ojeada a los discursos del general Franco del 1 de octubre de 1936 y del 19 de enero de 1937 mostrará que del programa de la nueva España sólo se excluye una cosa: el bolchevismo» (Avni, 1982:47). <<

[89] También los judíos de Gibraltar ayudaron a la sublevación, cuestión ésta poco conocida como reconoce González García (2004:298-299), quien da testimonio de la colaboración de algunas familias como Bentolila y Benholta, que ayudaron económicamente, y contribuyeron a pasar información al coronel Beigbeder. <<

[90] Véase Salafranca (1995:380). <<

[91] Entre otras, los Serfati, Danon, Beniflet, Emergui, Oziel, Bendahan, Azulay, Toledano, Benarroch, Salama y Bensabat (González García, 2004:296). <<

[92] Juan Luis Beigbeder Atienza. Agregado militar en diversas embajadas españolas y experto en asuntos marroquíes. Su conocimiento de las estructuras políticas marroquíes facilitó la recluta de soldados de aquel país que, en número aproximado a 50.000, combatieron con las tropas de Franco. <<

[93] Este es el momento de agradecer al profesor Suárez, compañero de la Real Academia de la Historia, su amabilidad de haber dedicado al autor parte de su tiempo a aclarar su visión de experto en algunos de los aspectos de la guerra civil conectados con las implicaciones económicas y financieras que se analizan en este libro. <<

[94] «Suscripción homenaje al ejército español», «Recaudación para remediar el paro, siguiendo las orientaciones patrióticas del Movimiento Nacional español antimarxista», «Suscripción para suministro de vestuario y equipaje de las fuerzas de choque de las Milicias Nacionales Cívico Militares», «Suscripción para los damnificados del bombardeo de Tetuán», «Suscripción pro Falange», «Suscripción pública para sufragar los gastos que ocasionó el Alzamiento Nacional», «Suscripción para agasajar a los soldados y voluntarios, y premiar sus actos heroicos» (Lisbona, 1993:65). <<

[95] Lisbona (1993:68) y Rozenberg (2010:154). <<

[96] La actitud de Salama puede verse también en González García (2004:297). <<

[97] La infanta María Eulalia de Borbón y Borbón destacó por las duras críticas que hizo de Alfonso XIII. Véase Borbón y Borbón (1935). <<

[98] El autor debe agradecer especialmente a su amiga Ana de Sagrera, académica correspondiente de la Real Academia de la Historia, la información que le ha ido suministrando en relación con el escenario en que debe situarse, en su aspecto financiero, el entorno de Alfonso XIII. <<

[99] Véanse los epígrafes «Franco niega todas las ayudas a la sublevación» y «Los primeros aviones» en el capítulo V, «Juan March y la sublevación». <<

[100] «Cuando, tras producido el 18 de julio, llega a Cabanellas la noticia de los fondos que se han manejado, sube su indignación, pues él ha invertido en la conspiración lo que le quedaba de su reducido patrimonio» (Cabanellas, 1973:342). <<

[101] Franco Salgado-Araujo (1977:202-203) y Cierva (1986:148). <<

[102] En el capítulo XVI de este trabajo, «Suscripciones e incautaciones», se da cuenta de la investigación llevada a cabo para evaluar la financiación de la sublevación, primero, y luego de la guerra, a partir de las donaciones o suscripciones que se hicieron entre 1936 y 1939 en la zona nacional. Este capítulo se refiere exclusivamente a las conclusiones de un análisis especial que, con la misma metodología, se ha hecho para el período concreto de la sublevación. <<

[103] La convocatoria de esta suscripción, que se reproduce en el capítulo XVI, «Suscripciones e incautaciones», se publicó en el Diario de Burgos del 17 de agosto de 1936. <<

[104] Para incentivar su entrega, el diario Arriba España, editado en Pamplona, informaba, en noviembre de 1936, que un año antes las mujeres italianas habían entregado, para paliar la crisis económica, sus anillos de boda, además de oro y joyas (Blanco, 1999:118). <<

[105] Abellá (1973:53). Véase también Díaz Nosty (1977:302). <<

[106] En las primeras semanas las cantidades en metálico se depositaban en distintas entidades bancarias locales o se entregaban a las autoridades civiles (incluidos líderes políticos) y militares. <<

[107] Como ejemplo, en enero de 1937 una comisión de la Junta Carlista de Navarra fue a Burgos para hacer entrega de 101 kilos de oro, 45 kilos en monedas y 56 kilos en oro de 18 quilates (Pascual Bonis, 1987:311). <<

[108] El desarrollo de la investigación ha sido llevado a cabo por Jesús Balduz. <<

[109] El autor debe agradecer a su amiga María Concejo su desinteresada y eficacísima ayuda en la tarea de conocer los resultados alcanzados en las diferentes provincias sublevadas por la «suscripción nacional». <<

[110] Es cierto que en algunos listados sí aparecía el tipo de joyas entregadas y de otros objetos, y es posible que esa información haya podido ser conservada en algunos archivos provinciales y nacionales. En todo caso, hasta que no se haya hecho una investigación completa en todos ellos, la consistencia de las cifras no estará probada. <<

[111] El Diario de Navarra fue fundado en 1903. Aunque se presentó desde el principio como periódico independiente, fue cercano al partido conservador durante el turnismo. Desde el primer momento manifestó, a través de sus páginas, una adhesión incondicional a los sublevados de 1936, y la información sobre las aportaciones de los navarros a las tropas está presente de manera constante en sus páginas. Ofreció la mayor amplitud informativa de los tres diarios en la cobertura de la financiación de la guerra. <<

[112] Periódico carlista, surgido en 1897. Órgano de prensa oficial de la Junta Carlista y su organización militar, el Requeté. A través de sus páginas, se puede seguir, de manera continua y con el mayor detalle, toda la información referida a las donaciones destinadas al ejército sublevado. <<

[113] Arriba España. Hoja de combate de la FE de las JONS. Órgano de expresión de la Falange. Era para los falangistas lo que El Pensamiento Navarro para los requetés. Comenzó a editarse en Pamplona en octubre de 1936. De los tres periódicos citados, es el de menor interés para este trabajo. No obstante, ha sido posible encontrar en sus páginas algunos valiosos datos que complementan la información obtenida en los otros dos diarios. <<

[114] Heraldo de Aragón y El Noticiero (julio de 1936-enero de 1937). <<

[115] El territorio que los militares sublevados controlaban en 1936 abarcaba: Álava, Asturias (sólo su capital, Oviedo), Ávila, Burgos, Cáceres, Cádiz, Canarias, Córdoba (capital), La Coruña, Granada, Huelva, Huesca (capital), León, Logroño, Lugo, Mallorca, Marruecos español, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel (capital), Toledo, Valladolid, Vigo, Zamora y Zaragoza. <<

[116] Así, el Diario de Burgos permite señalar que sólo la «suscripción nacional» hasta el 1 de septiembre totalizaba en Burgos 2.535.774 pesetas. Ese mismo diario totalizaba para Segovia 1.000.000 pesetas y 105 kilogramos de oro para el mes de septiembre. La Unión y El Correo de Andalucía daban para Sevilla una recaudación de 1.996.234 sólo para la campaña de aviación, y El Norte de Castilla ofrecía para Valladolid la cifra de 986.575,65 y 131,70 kilogramos de oro hasta finales de septiembre. <<

[117] Es claro que la verosimilitud de esta estimación depende de la fiabilidad que tenga el supuesto utilizado, es decir, la similar aportación per cápita a las suscripciones abiertas, según las muestras tomadas. <<

[118] Esta cifra procede de la extrapolación de las cifras obtenidas en las provincias señaladas, y puede parecer alta a partir de la comparación con algunas de las cantidades contabilizadas por el Banco de España. Por ello una evaluación definitiva no se podrá hacer hasta que monográficamente se hayan estudiado con rigor científico todas las provincias en las que se impuso la suscripción. Hay que hacer especial hincapié sobre el caso de las provincias en las que, en realidad, sólo la capital estaba en ese período en poder de los rebeldes, como es el caso de Asturias, Córdoba, Huesca y Teruel. La hipótesis que se ha manejado, por simplicidad operativa, de que la capital arrastra al resto de la provincia, puede no ser válida en todos los casos. <<

[119] Luis Orgaz Yoldi. General de Brigada, procedente del arma de infantería, hizo una brillante carrera en la campaña de África. Monárquico convencido, llegada la República participó en todo tipo de «conspiraciones» encaminadas a derrocar al nuevo régimen, siendo detenido y procesado en agosto de 1932 por su participación en la frustrada sublevación de Sanjurjo. Fue desterrado sin mando a Gran Canaria por el Gobierno del Frente Popular. El 18 de julio, al abandonar Franco Canarias para trasladarse a Marruecos, encargó a Orgaz que mantuviera el orden de las islas, lo que éste hizo con dureza. Fue uno de los generales firmantes de la carta a Franco presionando para que se instaurara la monarquía. <<

[120] El proceso de requisa del avión de la Lufthansa está detallado en González Álvarez (2005:6 y ss.). <<

[121] «Cuatro días críticos en Pamplona» (Vigón, 1957:111 y ss.). <<

[122] El primer envío de la ayuda francesa a la República era muy importante, y muy peligroso para la sublevación. Consistía en ametralladoras, cañones de campaña, 12 millones de cartuchos de fusil y 25 bombarderos con 20.000 bombas. Ese mismo día 26, 13 de esos bombarderos eran embarcados en Marsella para Barcelona y 13 llegaban en vuelo directo a Barajas (Vigón, 1957:199). <<

[1] La bibliografía sobre Juan March es muy abundante. Entre las obras más destacadas que han sido utilizadas en este trabajo, deben citarse: Díaz Nosty (1977), Garriga (1976), Dixon (1985), Bolín (1967), Ferrer Guasp (2001, 2004, 2008), Vigón (1957), Blanco Escolá (2002) y Piñeiro (1991). También es útil leer con detenimiento los diarios de Azaña (2000), a lo largo de los cuales puede encontrarse un abundante ramillete de comentarios y calificaciones sobre la figura de March y sobre el papel que desempeñó en algunos momentos políticos, que deben tenerse en consideración a los efectos de este trabajo. También Rivas Cherif (1980). Hay anécdotas muy significativas de March en Görlitz (1977). También en Cabanellas (1973), Dahms (1966), Luca de Tena (1971) y Vegas Latapié (1987). Véase también la biografía de Juan March en Torres Villanueva (2000b:268 y ss.). En todo caso, no puede olvidarse la primera biografía de Juan March publicada en 1934 por el socialista Manuel Domínguez Benavides, bajo el título El último pirata del Mediterráneo. Según Mercedes Cabrera (2000:13) la edición fue comprada por el propio March, convirtiéndose en un libro de difícil acceso hasta que en 1976 fue reeditado en México. Mercedes Cabrera, que viene estudiando en profundidad desde hace años la biografía de Juan March, ha publicado recientemente una magnífica biografía que define, como nadie hasta ahora lo había hecho, el personaje «Juan March», analizando hasta el último detalle de su azarosa y complicada historia (Cabrera, 2011). <<

[2] Dahms (1966:262) dijo en su momento que «las fuentes financieras del Alzamiento Militar no han sido investigadas hasta hoy. Es, sin embargo, seguro que el poderoso financiero español Juan March… le prestó su apoyo». <<

[3] Juan March Ordinas. Financiero mallorquín. Hijo de un tratante de ganado en la villa mallorquina de Santa Margarita, donde nació. Consiguió amasar una inmensa fortuna, la primera de España y la séptima del mundo según cierta prensa especializada, desde que, durante la primera guerra mundial, le fuera concedido el monopolio de la venta de tabacos en Marruecos y constituyera la Compañía Transmediterránea y Petróleos de Porto Pi. Esa fortuna se fue ampliando después con diversos negocios de minas, líneas de navegación y de transporte, banca, empresas eléctricas y petróleo. Terminada la guerra, destacó por su participación en la quiebra de la Barcelona Traction y su transformación en la Compañía de Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA), lo que le permitió redondear su fortuna y explicitar una vez más su genio financiero y sus muy peculiares procedimientos a fin de alcanzar metas ambiciosas en su quehacer empresarial. <<

[4] Juan March se presentó por Mallorca a las elecciones a Cortes celebradas el 29 de abril de 1923 como candidato del ala izquierda liberal, contando con el apoyo del jefe de su partido, Santiago Alba. Cesó más tarde con motivo del golpe de Estado de Primo de Rivera y volvió a presentarse a las elecciones del 28 de junio de 1931, siendo reelegido. <<

[5] Véase la propuesta que le hizo Lerroux a Juan March al respecto en Seco Serrano (1978:63). <<

[6] Sobre la incompatibilidad moral de la Cámara con Juan March y los incidentes posteriores, véase Cabrera (2000:15 y ss.). Véase también un decidido análisis del proceso de responsabilidades de Juan March durante la Dictadura en Cabrera (2011:200 y ss.). <<

[7] Sobre las actuaciones de la Comisión de Responsabilidades y el intento de Juan March de sobornar al presidente de la subcomisión que se ocupaba de su caso, véase Ferrer Guasp (2008:246 y ss.). <<

[8] Jaime Carner Romeu. Abogado y político español. Fundó el Centro Nacionalista Republicano y agrupó a la pequeña burguesía liberal de Cataluña. Se retiró de la política, conservando el acta de diputado, para dedicarse a sus actividades profesionales. Ministro de Hacienda en el segundo gabinete de Azaña (1931-1933). <<

[9] Cambó llamó públicamente a March «el último pirata del Mediterráneo» (Torres Villanueva, 2000b:271). <<

[10] Prieto (1967:338). <<

[11] «Lo que la República debería haber hecho cuando subió al poder —gritó Indalecio Prieto el 10 de noviembre de 1931 desde los bancos del gobierno en las Cortes— es colgar a Juan March en la Puerta del Sol, y yo me hubiera colgado de sus pies con el mayor placer» (Dixon, 1985:96). Sobre el Juan March contrabandista, político, empresario y banquero, cuyo ideal fue obtener el máximo beneficio, véase Casals (2005). <<

[12] Véase «En la cárcel» en Cabrera (2011:233 y ss.). <<

[13] En el momento de su huida, March dejó una carta explicando las razones de su fuga, carta que se remitió a diversos diarios. «Cuando estas líneas se encuentren en su poder ya estaré fuera de mi querida patria… he llegado a un estado de extenuación tal, tras estos diecisiete meses de cautiverio, que, de prolongarse, quedaría plenamente lograda la finalidad de exterminio perseguida por quienes lo acordaron y quiero evitarles este remordimiento de conciencia». El día 4 de noviembre de 1933 Josep Pla publicó una amplia crónica en La Veu de Catalunya, dando cuenta de lo sucedido. Se titulaba «Dos versiones de la evasión del señor March», y explicaba lo que se decía en Barcelona sobre este hecho (véase Pla, 2006:744-746). El doctor Antonio Puigvert, que había sido médico de March, escribió una especie de memorias en las que relataba sus conversaciones con personajes famosos. Uno de los 25 de los que hablaba era Juan March, a quien atendió y que, según cuenta, le relató con bastante detalle algunos aspectos de su vida, entre otros su evasión de la cárcel. March dijo al doctor Puigvert que no tuvo que sobornar a nadie para su huida, y el doctor cuenta en su libro que esta información es «la fuente más directa que existe sobre aquel suceso. La declaración libre y espontánea del propio fugado, veinticuatro años más tarde y cuando las circunstancias políticas y económicas le habían situado por encima del bien y del mal, y hubiera podido decir lo que hubiese querido sin que nadie se atreviese a pedirle cuentas». Explicó que se marchó porque creía que su vida corría peligro. Y lo justificó de la siguiente manera: «Estuve internado en prisión diecisiete meses, sin que pudieran concretarse los cargos contra mí ni someterme al correspondiente juicio. Y un día aparecieron a buscarme en la cárcel de Alcalá de Henares un grupo de Guardias de Asalto, sin mandato ni papel alguno, por lo que deduje que su intención era la de sacarme de la cárcel, con la excusa de un traslado de prisión, para aplicarme la “ley de fugas”. Mi resistencia se vio apoyada por el propio director del establecimiento penal que se negó a entregarme. Y los guardias se fueron profiriendo amenazas. Aquella escena me hizo comprender que en la cárcel mi vida corría peligro y que era necesario fugarme». Se marchó con un oficial de guardia, a quien lo único que le dijo, llegado el día, es que tenía todo previsto para escaparse aquella noche. «Ayúdeme usted y nos vamos los dos. No se arrepentirá». Y éste aceptó (Vilá-San-Juan, 1981:148-153). Véase también Cierva (1997a:140-141) y Ferrer Guasp (2008:319 y ss.). <<

[14] Cuando en las Cortes de la Segunda República española le interrogaron sobre su fortuna, explicó que la había iniciado adquiriendo en Mallorca latifundios y predios rústicos a bajo precio y vendiéndolos en parcelas y a pequeños plazos para humildes colonos «que así realizaban su sueño de convertirse en propietarios… En esa labor continué. Y con orgullo puedo afirmar que, quien conozca a fondo Mallorca, habrá podido apreciar que aquella región, una de las más ricas de España, debe parte de su prosperidad a la existencia de una verdadera legión de pequeños propietarios, a lo que yo contribuí notoriamente en veinticinco años… Después extendí a la Península aquellas actividades, habiendo parcelado miles de hectáreas en Levante y en La Mancha… Llevo firmadas (esto lo decía en 1934) más de cuarenta mil escrituras públicas de venta a plazos a modestos cultivadores y ellos pueden ser los mejores testigos de que nuestras relaciones contractuales han sido, en todo momento, modelo de cordura, sin que jamás haya habido necesidad de acudir a los tribunales» (Giménez Caballero, 1964:45-46). Ferrer Guasp (2004:320-321) lo explicaba así: March comenzó a parcelar terrenos durante la primera década del siglo XX comprando fincas rústicas a la nobleza terrateniente, que sufría una gran falta de dinero en efectivo, y que posteriormente parcelaba y vendía a plazos a pequeños propietarios, trabajadores de la industria, o a jornaleros. El proceso de fragmentación de la gran propiedad hizo surgir un aluvión de minúsculos propietarios que actuaron como elemento de cohesión social. <<

[15] Decía Garriga (1976:217) que para un gobernante resulta sumamente cómodo disponer siempre de un amigo a quien recurrir para resolver los asuntos que no pueden tener una solución administrativa legal. Y Primo de Rivera sabía que March atendía siempre sus demandas. Cuando se proclamó la República, en la parte del archivo privado de Primo de Rivera que se pudo conocer, se hallaron una serie de cartas dirigidas al banquero mallorquín. En una de ellas, sólo como ejemplo, se le pedía dinero para La Correspondencia Militar cuando ésta atravesó grandes problemas. <<

[16] En el año 1923, en el que Primo de Rivera se hizo con el Gobierno, ya se produjeron algunas hostilidades contra él. Se decía que March, para contrarrestar estos ataques, utilizó la fórmula de invertir con el Gobierno, y que con ello consiguió la explotación en monopolio del tabaco en la zona del Rif (Ramírez, 1978:31). <<

[17] Elorza y Bizcarrondo (1999:285-286). <<

[18] Blanco Escolá (2002:127 y ss.) dice que este periódico se había distinguido por sus duras críticas a la reforma azañista, en las que, entre otras cosas, se empleaba por primera vez la expresión «trituración del ejército», que tanto juego habría de dar posteriormente. <<

[19] Sobre cómo y por qué Juan March se decidió a financiar La Correspondencia Militar, véase Cabrera (2011:155). <<

[20] Véase Whealey (1979:520 y ss.). <<

[21] Ricardo de la Cierva (1971, vol. 1:131) afirma que fue en el restaurante Lhardy de Madrid donde «los conjurados pidieron, sin resultado alguno, a don Juan March un millón de pesetas… para su causa». <<

[22] Lerroux era muy amigo de Juan March. Incluso éste terminó nombrándole consejero de varios de sus negocios (Jackson, 1967:109-110). <<

[23] Cabanellas (1977:136) explicaba que Juan March era un hombre que había construido su inmensa fortuna a través de todas las vicisitudes de la política española, y que siempre había trabajado utilizando el dicho de las «velas puestas a Dios y al diablo». <<

[24] Cabanellas (1973:564). <<

[25] Ferrer Guasp (2008:357). <<

[26] Prieto llegó a denominar Informaciones como «la jaca del contrabandista» (Ferrer Guasp, 2008:356). <<

[27] March se había exiliado en Francia cuando vio en febrero que se acercaba la aplastante victoria del Frente Popular. «Había previsto esta eventualidad, porque en aquel momento ya había vendido gran parte de sus propiedades en España, que le posibilitaron disponer de una gran liquidez en el extranjero» (Sánchez Soler, 2005:26). <<

[28] Botella Pastor (2002:76) cuenta que fue él quien, al iniciarse la sublevación, se había encargado por indicación de Giral de preparar los dos decretos. <<

[29] Dixon (1985:149). <<

[30] March había dado órdenes a los capitanes de la flota de la Transmediterránea de que se hiciesen a alta mar y esperasen para conocer el curso de los acontecimientos para recalar en los puertos que permaneciesen bajo control de los militares insurgentes. Así, la mayor parte de la flota quedó a resguardo y este transporte marítimo se utilizó para llevar provisiones a las zonas bajo dominio de los «rebeldes» y para el transporte de tropas (Ferrer Guasp, 2008:359). <<

[31] Meses antes había constituido en Londres la sociedad J. March & Co. para controlar el comercio entre España y Gran Bretaña (Torres Villanueva, 2000b:275). <<

[32] Las familias Kleinwort y Benson, con negocios financieros de antigüedad centenaria, que para el Kleinwort se remontan a 1786, tuvieron establecimientos en Hamburgo, Cuba y Liverpool, llegando ambos a Londres en 1850, donde cada una de las familias fundó un merchant bank independiente. En 1961 se fusionaron, creando el Kleinwort Benson, banco que desarrolló en Londres sus actividades hasta 1995, en que fue absorbido por el Dresdner Bank. En ese momento, ambas familias quisieron inmortalizar de alguna manera la historia de las dos casas, encargando a la historiadora Jehanne Wake que se ocupara de escribir la historia financiera de las dos familias y de su banco. El libro en realidad contiene varias historias, la historia de la familia Kleinwort, la de la familia Benson, la de sus dos negocios y la historia del Kleinwort Benson. Se escribió utilizando la información interna del banco, los archivos históricos de ambas familias y los de otras instituciones financieras, entre ellas, y especialmente, los del Banco de Inglaterra. La autora cuenta en la introducción de su trabajo que la tarea fue muy laboriosa y su investigación muy minuciosa. <<

[33] El libro tuvo muy poca difusión, teniendo en cuenta el entorno en que se publicó. <<

[34] Información sobre José Mayorga en Ferrer Guasp (2008:379). <<

[35] 35. Debe referirse a 1937. <<

[36] En 1935, los bancos centrales poseían 20.173 t. Cabe destacar el de EE.UU., 8.998 t; el de Francia, 3.907 t y el de Inglaterra, 1.465 t, seguidos del de España, 656 t. Italia sólo poseía 240 t. <<

[37] Fenchurch Street, n.º 20 era el domicilio tradicional del Kleinwort en Londres. <<

[38] Garriga (1976:379). <<

[39] «… en los primeros días del movimiento desempeñó un papel muy activo el financiero Juan March, que vivía en el Gran Hotel de París e invertía sumas de dinero en “engrasar” a la prensa reaccionaria y en mantener a su servicio a varios elementos de la ultraderecha francesa» (Díez, 2007:151). <<

[40] Juan Ignacio Luca de Tena y García de Torres, marqués de Luca de Tena. Dramaturgo, periodista, editor del diario madrileño ABC, del que fue director entre 1929 y 1936. Durante la contienda dirigió el ABC de Sevilla. <<

[41] Véase también Piñeiro (1991:178-179). <<

[42] Bolín (1967:25 y ss.) recuerda en este libro, con todo detalle, las peripecias de la organización del viaje, su relación con el Kleinwort, la necesidad que tuvo de completar el pasaje con más personas de relleno para no despertar sospechas, así como las distintas vicisitudes del recorrido. <<

[43] Previamente, Juan March había ido a visitar a Luca de Tena. Lo cuenta él mismo: «don Juan March fue a visitarme un día en mi casa de Biarritz para pedirme que fuera a París y a Londres con objeto de alquilar o comprar un avión… se me ocurrió llamar por teléfono a Londres a Juanito de la Cierva, tan relacionado allí con los medios aeronáuticos… Éste lo organizó todo… Complicó en la aventura al corresponsal de ABC, Luis Antonio Bolín» (Luca de Tena, 1971:162-164). <<

[44] El Dragon Rapide abandonó Inglaterra el 11 de julio. Llegó a las Canarias tres días más tarde. Sin embargo, cuando el avión salió de Inglaterra, Franco no se había decidido a participar en la sublevación, porque se dice que el día 12 de julio había enviado un mensaje urgente a Mola expresando «su renuncia a comprometerse en un levantamiento en ese momento» (Payne y Romano, 1995:408). <<

[45] Más información sobre el vuelo del Dragon Rapide puede verse en Sacanell (2008:117 y ss.). <<

[46] Juan de la Cierva y Codorníu. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Hijo del ministro de Alfonso XIII, Juan de la Cierva Peñafiel. Piloto aviador, especializado en la construcción aeronáutica, que alcanzó reputación internacional como inventor del autogiro. A finales de 1936, murió en Croydon cuando viajaba en un avión no pilotado por él. <<

[47] Dixon (1985:138) afirma, en relación con este episodio, que Juan March controlaba el Kleinwort y que por éste pasaba la mayor parte de los fondos destinados a la sublevación. Parecía no haber ninguna duda de que el Kleinwort era «el banco» de Juan March. Hoy ya se puede afirmar, pero no en el sentido de su propiedad, sino en el sentido de que era uno de los más importantes clientes de la entidad, y de que lo utilizaba siempre para sus transacciones internacionales. Existe una tradición oral, que deriva de la propia familia de March, de que cualquier actividad que se hubiera financiado desde ese banco durante la guerra «tenía que ser necesariamente una operación en la que estaba implicado don Juan». <<

[48] Bolín (1967:36) recuerda sobre este particular que Mayorga le «entregó un fajo de billetes blancos, nítidos e impecables, sin hacerme una sola pregunta, pero sin ocultar la ansiedad que sentía». <<

[49] Arturo Dixon (1985:137-138) cuenta de otra manera la aventura del avión. Dice que en julio de 1936, Nevil Shute, el famoso novelista y también competente ingeniero aeronáutico que tenía su propia fábrica de aviones, decidió poner a la venta un aeroplano con motores Wolseley al que le fijó el precio de 6.000 libras esterlinas. Apareció un cliente que no regateó y que pagó con seis billetes de mil libras. Los billetes, dice, procedían de Juan March y los proporcionó el hombre de March en Londres, un español llamado Mayorga que trabajaba en el Kleinwort. El relato pormenorizado del banco Kleinwort coincide con la versión de Bolín. <<

[50] Un relato detallado de la contratación del avión por parte de Bolín puede verse también en Rueda (2005:151 y ss.). <<

[51] Tenía la misión de adquirir en esa plaza una avioneta que, conducida por el comandante Lecea, más tarde ministro del Aire, podría utilizar Franco para trasladarse desde Tánger al Llano Amarillo, donde su amigo y condiscípulo en la Academia de Toledo, el teniente coronel Yagüe, le esperaba al frente de la Legión para sublevarse (Bolín, 1967:18). <<

[52] Howson (2000:33 y ss.). <<

[53] Información con mucho detalle sobre el viaje de Franco en el Dragon Rapide, las gestiones de su contratación, el vuelo y las peripecias de ese aparato, hasta que en 1973 fue entregado para su exposición permanente al Museo Aeronáutico de Madrid, puede verse en González-Betes (1987). También la historiadora Wake (1997:253) lo explica: «El resultado de ese viaje ha sido inmortalizado en el cine, y el avión descansa en un museo en España. Bebb llegó a Las Palmas sin contratiempos, a pesar de haber perdido a su operador de radio en una borrachera descomunal en Casablanca. Franco cruzó de Tenerife a Las Palmas y desde allí voló con Bebb a Marruecos, hasta llegar a Tetuán, casi enfrente de Gibraltar, el 18 de julio». <<

[54] A los sublevados les fallaron las previsiones sobre la reacción de la marina, porque cuando sus jefes ordenaron a las tripulaciones unirse a ellos, se rebelaron provocando la muerte de un gran número de oficiales. Y eso fue lo que impidió el paso del ejército a la Península (Payne, 2006:173 y ss.). <<

[55] Nadie hasta ese momento había realizado nunca un traslado de tropas utilizando aeroplanos. Todo lo más que había era una teoría sobre ello del general norteamericano William Mitchell. Sobre esta teoría puede verse una serie de artículos que él mismo escribió en 1924 en The Saturday Evening Post de Washington (véase González Álvarez, 2006:57). <<

[56] Durante el viaje a España, uno de los 12 cayó al mar, otro se estrelló y un tercero aterrizó en territorio francés, siendo detenidos sus pilotos. Pero los nueve restantes cambiaron totalmente el sentido de la guerra, al hacer posible pasar el Estrecho a las tropas de Franco (Dixon, 1985:139). <<

[57] Véase Sánchez Ruano (2004:104). <<

[585] Se pagó en el acto con los importantes fondos de que disponía en Italia en aquel momento (Dixon, 1985:139). <<

[59] La costumbre de March de hacerse firmar recibos era ya muy antigua. Ferrer Guasp (2008:322) dice que cuando March estaba recluido en la cárcel de Alcalá de Henares mantenía excelentes relaciones con los anarquistas de la FAI, que les hacía préstamos. Pero, a cambio, les obligaba a firmar un recibo. Nunca se podía predecir, apostilla Ferrer Guasp, cuál sería en el futuro el momento oportuno para resarcirse de un acreedor. Su biógrafo Piñeiro (1991:189-190) se preguntaba qué pasaba por el cerebro de March cuando tomaba tales precauciones. <<

[60] Piñeiro (1991:189) dice que Ciano, en el momento de definir la operación, apostilló que «cuestan un millón de libras esterlinas… Antes de salir de Italia, claro». Y recuerda que fue Juan March el que se ocupó de la inmediata entrega de esa cantidad. <<

[61] «… le oí también contar otro día que en cierta ocasión se enteró que no se disponía en Burgos del dinero necesario para pagar en Inglaterra un importante y decisivo envío de armamento. A March le bastó llamar por teléfono a un banco de Londres, para que se pusiera a disposición del agente español que llevaba allí la operación el millón de libras esterlinas que se necesitaba» (Vegas Latapié, 1987:103 y ss.). <<

[62] El interés de los italianos se concretaba fundamentalmente en plomo, magnesio, zinc, wolframio y acero después de la caída de Bilbao. También les interesaban los yacimientos de cobre de Riotinto y algunos productos agrícolas (Dixon, 1985:140). <<

[63] Véase el capítulo XIX, «Financiación exterior». <<

[64] Véanse los problemas del suministro de petróleo de la República y del Gobierno de Burgos en los capítulos VII y IX, «El sistema financiero de la República» y «El sistema financiero del Gobierno de Burgos», respectivamente. <<

[65] Véase el capítulo VI, «Portugal y la sublevación del 18 de julio». <<

[66] Así lo afirma Ferrer Guasp (2008:361-362) apoyándose en el informe que presentó al Gobierno republicano, sobre esta cuestión, un sargento radiotelegrafista. <<

[67] Tortella, Ballestero y Díaz Fernández (2003:151). <<

[68] «Esa noche asistí a una reunión en la villa del conde de los Andes con Goicoechea, Pedro Sáinz, Gil Robles, Juan Ignacio Luca de Tena, Juan March y algunos más que no recuerdo. March ofreció su cooperación financiera al movimiento, el cual había alcanzado ya en ese momento tan considerables proporciones y no se podía prever hasta dónde iba a llegar. Para empezar me entregó 3.000 francos para pagarme los gastos del viaje, ya que tuve que confesar que había salido de Burgos con 1.500 pesetas en el bolsillo» (Escobar, 1974:62). En esa reunión se estudiaron, al parecer, dos listas de armamento formuladas una por Mola y otra por Franco. Y se decidió enviar delegaciones a Berlín y a Roma. Hubo muchos problemas, pero la ayuda fue rápida. Sobre estas negociaciones, véase Blanco Escolá (2002:321-323). También Coverdale (1979:93 y ss.). <<

[69] El sabotaje no se llevó a cabo, y cuando March exigió la devolución de aquella cantidad, tuvo que intervenir como mediador el duque de Sotomayor, quien logró que Herrera y Zunzunegui devolvieran la mitad de la deuda. <<

[70] Véase Beevor (2005:365). Para más información sobre la prensa en los dos bandos de la contienda, véase Abellá (1973, 1975). <<

[71] El Daily Telegraph, el 22 de mayo de 1937, reproducía la noticia de la visita de March, acompañado del duque de Alba, a Mussolini, como emisario de Franco, con la misión de persuadirlo para que no retirase a los voluntarios italianos que luchaban en suelo español (Ferrer Guasp, 2008:366). <<

[72] Ferrer Guasp (2004:360) informaba que el 11 de mayo de 1938 el Gobierno de Burgos pidió a March su colaboración para importar cuatro mil camiones para el ejército. <<

[73] Dos ejemplos: del ministro de Asuntos Exteriores al embajador de España en Italia, 11 de mayo de 1938. «Ruego a V.S. se sirva preguntar don Juan March si existe posibilidad de importar de España 4.000 camiones». Carta del secretario general al embajador de España en Italia: «Presidente Junta Técnica Estado ruega a V.E. comunique a Juan March urgentemente lo siguiente: margen de 25% solicitado por Kleinwort para cédulas argentinas arbitrios es excesivo y merma nuestras disponibilidades. Gestione reduzca margen a 15%». <<

[74] Dada su notoriedad internacional, también fueron muy conocidos, en su momento, sus enfrentamientos con la República, su encarcelamiento, su voluntario exilio, e incluso sus controversias parlamentarias, con la extrema dureza con que se produjeron. <<

[75] Citado por Borbón Parma, Clemente y Cubero (1997:94-95). <<

[76] Comandante del Estado Mayor. Ayudante de Azaña en 1931. Diputado por el Partido Radical. <<

[77] El general Vigón (1957:108) dice que Mola mandó a su familia fuera de España para que no corrieran los riesgos que la sublevación iba a plantear. <<

[78] Cuando Franco emprende el vuelo desde Gando deja dispuesto que su mujer e hija salgan en el barco alemán Wald rumbo a Le Havre, desde donde proseguirán viaje a París y Bayona, para entrar más adelante en la zona nacional (Vaca de Osma, 1991:128). Pilar Franco Bahamonde (1980:109) escribió sobre ello: «Sólo por precaución se marcharon a París los primeros meses de la guerra. Era posible cualquier acción terrorista contra ellos. Las acompañó Martínez Fuset (a Carmen y a la niña)… Lo que sí recuerdo bien es que mi cuñada Carmen y la hija estuvieron en un convento, en París, y que Martínez Fuset alquiló una habitación en una de las casas de enfrente para no perderlas de vista. Después pasaron a Bayona, y estaban escondidas en casa de una antigua institutriz de las hermanas Polo. Hasta que no regresaron a España, unos tres meses después, Martínez Fuset no volvió. No las abandonó nunca». <<

[79] José Antonio Sangróniz Castro. Funcionario de la carrera diplomática que durante la dictadura del general Primo de Rivera fue director del Patronato de Turismo. Más tarde, desempeñó el cargo de jefe del Gabinete Diplomático del cuartel general de Franco. <<

[80] Piñeiro (1991:180) dice que el día 14 de julio el diplomático Antonio Sangróniz se entrevistó con Franco para confirmarle la fecha de la sublevación y que le comentó también la disposición de Juan March a financiar las primeras operaciones. <<

[81] «A finales de junio Franco recibe la visita en Tenerife del emisario de March, que le pone al corriente de la base económica de la sublevación y de las garantías que ofrece el “patrón” a los generales más significados. Sanjurjo y Mola ya han recibido garantías bancarias de sus depósitos en Suiza, de un millón de pesetas, para el caso improbable de que fracase la sublevación. Simplemente, se trata de asegurar una salida económica a los familiares de los generales implicados» (Rueda, 2005:139). <<

[82] Véase el capítulo IV, «Mola en Navarra. Las ayudas a la sublevación». <<

[83] March conoció a Franco en 1933, cuando éste estaba destinado en Baleares (Nerín, 2005:132). <<

[84] A partir de 1956, Franco fue anotando a mano, en cuartillas, diversas reflexiones sobre los grandes trazos de su biografía, y evaluaciones y comentarios sobre diversos acontecimientos. Entre ellos abundaban los juicios personales acerca de la monarquía, la República y la guerra civil. Sin duda tienen un indiscutible valor como testimonio histórico. En 1987 la Fundación Nacional Francisco Franco publicó esos documentos bajo el título Manuscritos de Franco, ordenados, transcritos y comentados por el académico y profesor Luis Suárez Fernández. Una colección de los referentes a la República y a la guerra civil fue editada bajo el título «Apuntes» personales del Generalísimo sobre la República y la guerra civil por la propia fundación en su colección «Archivo Documental». La edición completa publica en facsímil las notas manuscritas por Franco, que, hoja por hoja, quedan transcritas. La edición reducida sobre la República y la guerra civil sólo contiene la transcripción literal (Franco Bahamonde, 1987:35-36). <<

[85] Ferrer Guasp (2008:357). <<

[86] Entre la bibliografía utilizada para analizar la actividad financiera y política de Juan March con motivo del intento de invasión por fuerzas republicanas de las islas Baleares, se ha utilizado en primer lugar la que se cita con carácter general en la nota número 1 de este capítulo. Pero existe abundante literatura publicada referida especialmente a la guerra civil en las islas. En primer lugar, y fundamentalmente, hay que citar a Josep Massot i Muntaner, destacado intelectual, director de publicaciones de la Abadía de Montserrat, con una obra científica de investigación muy importante sobre las islas Baleares, y especialmente sobre la historia de la guerra civil en Mallorca, en la que ha trabajado intensamente, y que resulta imprescindible. En este capítulo se han utilizado Josep Massot i Muntaner (1975, 1976a, b y c, 1987, 1988, 1996 y 2005). Deben verse también sus comentarios a la versión catalana del libro de Georges Bernanos (Massot i Muntaner, 1981). De otros autores debe verse Martínez Bande (1970). En relación con la literatura publicada por autores extranjeros, véanse Bargoni (1995), Giura (1993) y Coverdale (1979). En todo caso, es imprescindible tener en cuenta los cuatro tomos de Miguel Durán (1982), un notorio repertorio documental y notas a partir de la Memoria redactada por Mateo Nebot. Desde el punto de vista de recopilación de material, está siendo del mayor interés la labor de un equipo, dirigido por Juan Negreira Parets, estudioso e investigador especializado en la historia militar contemporánea de Baleares, que ha trabajado sobre una colección de los más importantes documentos de la guerra civil en las islas, difundiéndolos tal y como en su día se generaron. Por el momento, se han editado tres obras con la firma de Juan Negreira (2006a, 2006b y 2007). A Juan Negreira hay que agradecer el meritorio esfuerzo que está haciendo por completar una colección que facilitará notablemente la tarea de escribir la historia de las distintas etapas de la guerra civil en las islas Baleares. Y el autor su amabilidad al facilitarle el acceso a esa documentación antes de que la obra fuera editada y mantenerle al corriente de sus investigaciones. <<

[87] El control sobre las islas Baleares debía permitir a Mussolini disponer de una magnífica posición en el Mediterráneo, dada su situación en el centro exacto de las rutas principales entre las colonias norteafricanas de Francia y sus puertos mediterráneos. Fue Coverdale (1979:127-128) el que profundizó en esta cuestión, y quien explicó, en su día, que el Estado Mayor francés tenía proyectado, en caso de un gran conflicto europeo, trasladar por lo menos un millón de soldados coloniales, por estas rutas, hacia la Francia metropolitana. La única manera de impedirlo era que la marina italiana pudiera utilizar los puertos de Mallorca y Menorca para impedir ese tráfico. Ello reforzaría la posición italiana en el Mediterráneo y debilitaría la francesa. Incluso se llegó a decir que Mussolini aspiraba a que, si los sublevados acababan por ser derrotados, Italia pudiera seguir conservando en las islas una posición privilegiada. <<

[88] Los orígenes de la expedición de Bayo pueden verse en Massot i Muntaner (1976c:63 y ss.). La inestabilidad de los equilibrios del poder en Mallorca, los planteamientos militares y el intento de ocupación por parte de la República pueden verse en «La defensa militar de Mallorca» (Coverdale, 1979:130 y ss.). <<

[89] Véase Díez (2007:87 y ss.). <<

[90] Alberto Bayo Giroud. Capitán de infantería y aviador militar. Participó en la campaña de África en el tercio extranjero. El 18 de julio se encontraba en Barcelona, donde se puso a disposición del Gobierno republicano. Terminó la guerra siendo teniente coronel y se exilió a México y posteriormente a Cuba, donde murió. <<

[91] Fue destacable la falta de disciplina de los ocupantes de las islas. En el momento de invadir Cabrera, los anarquistas que formaban la columna de desembarco decidieron, por su cuenta, hacerlo al margen de las indicaciones que se les habían hecho. Efectuaron el desembarco en un lugar distinto, y distante, del resto de la fuerza. No contaron con protección, y sufrieron un castigo terrible que se saldó con 422 bajas entre muertos y heridos (Díez, 2007:113). Sobre la expedición republicana a Mallorca, puede verse también Guarner (1975). Un relato del desembarco de las fuerzas republicanas para conquistar Mallorca puede verse en Bargoni (1995:70 y ss.). <<

[92] Sobre el fusilamiento del general Goded, véase Durán (1982, vol. 1:136-137). <<

[93] Massot i Muntaner (1987:153 y ss.). <<

[94] Negreira (2006a:144 y ss.). <<

[95] «… forme juicio sumarísimo al Coronel Cte. Militar y Jefes de E. M. que incumplieron mis órdenes… procede juzgar y ejecutar sentencias contra todos los que directa o indirectamente hayan favorecido o intentado favorecer los planes enemigos o por cobardía hayan pecado» (Massot i Muntaner, 2005:87). Sobre el desarrollo del desembarco, y especialmente sobre los acontecimientos de la segunda mitad de agosto de 1936 en Son Servera, véase Durán (1995). Todos los documentos oficiales producidos en relación al desembarco de Bayo pueden verse en Negreira (2006a:175 y ss.). <<

[96] Éste era el texto del telegrama: «13 de agosto de 1936 – XIV. Pedro Sáinz Rodríguez Grand Hotel Roma. Suspendido buen servicio Sphir (F) Aer France. Venid con aparatos antes que estén preparados refugios subterráneos (stop). Los refugios ocultos están preparados para 4 aparatos (stop). Depositada Consulado de Italia suma convenida (stop). Estoy dispuesto dar batalla definitiva comunismo (stop). Viva Italia – Viva Duce – Fdo. Zayas» (Sáinz Rodríguez, 1978:385). <<

[97] Los sublevados resistían confiando en la promesa de Juan March de aportar los aviones que fueran necesarios «para garantizar la prosperidad del nuevo orden fascista» (Díez, 2007:106). <<

[98] Bargoni (1995:74) dice que las negociaciones para la adquisición de los aviones necesarios para la defensa de Mallorca se hicieron con rapidez. Y que una parte de los tres millones de liras que se pidieron por ellos fueron aportados por Juan March, quien había financiado también la compra de los primeros Savoia enviados a Marruecos. El resto, dice, se pagó con las reservas de oro del Banco de España (604.000 pesetas oro) y con el oro, joyas y divisas que se recolectaron mediante suscripción pública entre la población de Mallorca. <<

[99] Todos los bandos y edictos dictados durante la guerra civil en las Baleares pueden verse en la colección que ofrece Negreira (2006b). <<

[100] «… avéngase a hacer una retirada a tiempo para ser más útil en otro lugar, sin que ello desdiga en nada en su actuación… De no hacerlo así, visto que no pueden distraer ningún barco de la península los ministros que nos gobiernan, se verá entregado V. y todas sus fuerzas a una muerte segura y a un fracaso de las fuerzas leales» (Massot i Muntaner, 1987:298-299). Véase una detalladísima descripción del desembarco, desarrollo y final del desembarco en el magníficamente documentado trabajo de Josep Massot i Muntaner (1976c y 1987). Véase también Díez (2007:115 y ss.). <<

[101] Se ha dicho que entre 2.000 y 3.000 mallorquines perdieron la vida sin pasar por tribunales. Para más información sobre la represión en Mallorca, véase la obra del escritor católico francés, militante de Action Française, Georges Bernanos (1986). Véase también Díez (2007:133 y ss.). En relación con la represión en Cabrera, véase Negreira (2007). Más amplia información sobre la historia de la intervención del «conde Rossi» en Mallorca, sus relaciones con la Falange, y el «terror» que introdujo en la isla puede verse en Massot i Muntaner (1988). <<

[102] Coverdale (1979:142 y ss.). Véase también Massot i Muntaner (2005:227 y ss.). <<

[103] Enviado por el capitán de navío Antonio Legnani, comandante del crucero Pola, al jefe de Estado Mayor de la marina real (Bargoni, 1995:103 y ss.). <<

[104] Y hasta tal punto Juan March pareció excesivamente generoso a la sociedad de las islas, que los empleados de la Banca March llegaron a creer que se estaban arruinando con la guerra civil española. Porque los «aparatos traídos de Italia resultan caros. Ha habido un aparato que ha costado setenta mil duros» (Claridad, 22 de septiembre de 1936; citado por Durán (1982, vol. 2:353)). <<

[105] Sobre esta operación, véase Díaz Nosty (1977:325 y ss.). <<

[106] Entre otros, Carlos Marín de Bernardo, jefe de Estado Mayor, que chocó totalmente con los italianos, igual que el hermano de Franco, Ramón, jefe de la base aérea de las Baleares. También contribuyeron a la Operación Baleares todos los militares comprometidos con Goded, que sabían que serían fusilados si Bayo ganaba la batalla, entre ellos el jefe de los falangistas, marqués de Zayas, el jefe de las Juventudes de Acción Popular, Luis Villalonga, el auditor de guerra Zarranz y, muy especialmente, el gobernador civil, Luis García Ruiz. <<

[107] Para un conocimiento más detallado de las características de los submarinos y sus operaciones navales, véase Bargoni (1995:301).Véase también Recalde (2011). <<

[108] En relación con todo ello, Miguel Nigorra Oliver, presidente del Banco de Crédito Balear, relató al autor que, en su día, escuchó a Javier de la Rosa, en presencia de don Juan de Borbón, relatar con todo detalle la operación y su financiación por March, confirmando también la existencia de la cena. Sin embargo, el autor llegó a localizar a un tripulante de uno de los submarinos, entonces «flecha naval», que no recordaba esa cena. <<

[109] Boletín Oficial de las Islas Baleares, 27 de agosto. <<

[110] La información sobre este tema incluida en este epígrafe procede de la Memoria «Desembarco en Mallorca», redactada en su momento por orden del comandante general de Baleares Enrique Cánovas Lacruz, y entregada posteriormente al Archivo de la Guerra de Liberación en Madrid por el teniente general Carlos Marín de Bernardo. Actualmente se conserva en el Servicio Histórico Militar. Negreira (2006a:383 y ss.) trata de difundir los documentos, tal y como en su día se generaron, desde el alejamiento que da el examinarlos con más de 70 años de distancia. Por tanto, son una transcripción de los documentos ofrecidos, sin análisis ni comentarios. El autor tiene que agradecer a su amigo Miguel Nigorra, experto conocedor de la historia de las islas Baleares, el haberle descubierto la existencia de estos documentos y el haberle suministrado abundantes precisiones sobre muchos de los extremos que en este capítulo se refieren, en relación con el contenido financiero de la sublevación del 18 de julio. <<

[111] March estaba en Roma cuando llegó el segundo cargamento de oro desde Mallorca (Piñeiro, 1991:204). <<

[112] Con posterioridad, y normalizada la representación diplomática de España en Italia, el depósito se trasladó a nombre y disposición del embajador. <<

[113] Véase el capítulo XVI, «Suscripciones e incautaciones». <<

[114] Sobre la dimensión de la fortuna de March se han ofrecido diversas evaluaciones. Jorge Ramírez (1978:33) afirma que, cuando empezó la guerra civil, la fortuna de March se estimaba en 4.000 millones de pesetas. Esta evaluación coincide bastante con la que en su momento hizo Jackson (1967:348). Sobre la evolución financiera de March, véase también Ferrer Guasp (2001). <<

[115] Citado por Díaz Nosty (1977:316). <<

[116] Una extensa correspondencia con Josep Massot i Muntaner ha permitido al autor enriquecer su visión de aquella época en las islas Baleares, especialmente los problemas financieros que suscitó la sublevación, el papel jugado por la Falange, y la realidad del desembarco republicano. <<

[117] Mercedes Cabrera (2004:202) cuenta que, tres años más tarde, en junio de 1945, en la misma Dirección General de Seguridad, constaban sus relaciones con una «alianza democrática» que se proponía derrocar el régimen e instaurar otro de carácter monárquico. <<

[1] La documentación utilizada en este capítulo ha sido básicamente la siguiente. Como información general sobre antecedentes, pueden verse Torre (1984) y Fernández Álvarez (1993) con los resultados del seminario «España y Portugal: claves de un pasado y perspectivas de futuro», celebrado en Alicante, en octubre de 1991, con especialistas españoles y portugueses, que trataban de revisar, con planteamientos interdisciplinares, la historia de las actividades y el comportamiento de los dos países. También Torre y Telo (2002), un libro que trata de seguir la pista a la evolución de los juicios históricos socializados de Portugal sobre España y de España sobre Portugal, y que, de alguna manera, explica el fundamento teórico de lo que fue el comportamiento de Portugal en la guerra civil. Ya más directamente en relación con la sublevación, debe verse el libro de Oliveira (1986), especialmente sus capítulos «Las relaciones entre los dos Estados peninsulares, 1929-1936» y «Vísperas de la sublevación militar de Marruecos en julio de 1936». También Rosas (1998), que contiene nueve importantes aportaciones que se presentaron en un encuentro conmemorativo del 60 aniversario de la guerra civil española, organizado por el Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nueva de Lisboa. Y el libro de Delgado (1980) y el trabajo de Arango (1981). Son importantes los documentos publicados por el Secretariado da Propaganda Nacional del Gobierno portugués (SPN) (1939) sobre la guerra civil, y especialmente sobre la no intervención. En García Arias (1961) se analizan las actividades de las principales potencias ante el inicio de la guerra de España. Para una información de primera mano sobre lo que en aquellos momentos sucedía en Portugal en el orden político, es imprescindible leer Sánchez-Albornoz (1975, 1976). También Jackson (1967) en el capítulo «El comienzo de la intervención internacional». Y, desde luego, Veríssimo Serrão (2000). <<

[2] Sobre la evolución de la historia de las relaciones España-Portugal, véanse Valério (2002), Torre (1983) y Jiménez Redondo (2002). <<

[3] La aproximación hispano-portuguesa está repleta de conflictos. Porque el itinerario compartido se halla jalonado de acuerdos y desacuerdos, de ayudas y de pugnas, de victorias y de derrotas, pero fundamentalmente de entendimientos (Diego García, 2002:128-129). Véase también, a este respecto, Delgado (1980:21 y ss.). <<

[4] Véase Jiménez Redondo (1996:25 y ss.). Para un análisis del comportamiento político de los republicanos e iberistas entre los años 1936 y 1939, véase Farinha (1998). <<

[5] Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña. Catedrático de Historia de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Madrid. Miembro de la Real Academia de la Historia. Considerado como uno de los mejores medievalistas de todos los tiempos. Rector de la Universidad Central en 1932. Ministro de Estado en 1933 y embajador de Lisboa en 1936. En 1940 se trasladó a la República Argentina, donde fue profesor en la Universidad de Mendoza y posteriormente, por espacio de cuarenta años, de la de Buenos Aires. De 1962 a 1970 fue presidente del Gobierno republicano en el exilio. <<

[6] António de Oliveira Salazar. Catedrático de Economía Política en la Universidad de Coimbra. En política, fue diputado, ministro de Finanzas, de Hacienda, de la Guerra y de Asuntos Exteriores. Presidió el Gobierno de 1932 a 1969 (Nogueira Pinto, 2007a). <<

[7] No se puede estudiar la historia de Portugal en esos años sin tener muy presente la historia profesional y personal de Salazar, integrada en la obra de Maria Madalena Garcia (1992), Arquivo Salazar. Inventário e índices. <<

[8] Sobre el papel que desempeñó Sanjurjo y la controversia sobre su muerte, véase Sacanell (2004). <<

[9] Véase Veríssimo Serrão (2000:13 y ss.). <<

[10] El clima de agitación en la política portuguesa en vísperas de la sublevación española, puede verse en Veríssimo Serrão (2000:83 y ss.). <<

[11] Véase una amplia información al respecto en Ramos (1946:585). <<

[12] Reproducido en Puzzo (1969:111 y ss.). <<

[13] De esta manera, y sin alterar su estrategia de ayuda a España, procuró promover una intervención británica más decisiva a favor de la España sublevada, que pudiera neutralizar la influencia nazi y, sobre todo, su endeudamiento con los regímenes totalitarios. Porque Salazar entendía que si la victoria del Gobierno de Burgos lo era con la exclusiva ayuda de alemanes e italianos, esto le obligaría a una alianza con los países totalitarios que se volvería contra Gran Bretaña (Gómez de las Heras, 1994:167). <<

[14] El pensamiento de Salazar en relación con la guerra civil española puede verse en Nogueira Pinto (2007b:343 y ss. y 2007c:131 y ss.). <<

[15] Sobre la actividad de la diplomacia portuguesa y sus problemas en relación con la guerra civil de España, véase Veríssimo Serrão (2000:110 y ss.). <<

[16] Véase «A intervençao portuguesa», en Gomes (2006:155 y ss.). <<

[17] Declaración del 21 de agosto de 1936 (García Arias, 1961:54-55). <<

[18] Véase García Arias (1961:49). Una descripción de las manifestaciones de solidaridad del Partido Comunista Português con la causa republicana durante la guerra civil y la forma en que ese conflicto condicionó su evolución, puede verse en Brito (1998). En relación con la lucha emprendida por Salazar contra el comunismo en Portugal, véase también Veríssimo Serrão (2000:91 y ss.). <<

[19] Sobre la revuelta de los marineros portugueses el 8 de septiembre de 1936 para unirse a la armada republicana española, véase Gomes (2006:77 y ss.). Y sobre la tentativa insurreccional en el puerto de Lisboa y las preocupaciones sobre la «amenaza comunista», véase el comunicado de la delegación alemana Auswartiges AMT (Louçã, 2005a:48 y ss.). En relación con el asalto el 28 de agosto de 1936 a dos navíos de guerra portugueses, véase Veríssimo Serrão (2000:88 y ss.). <<

[20] Nota del 25 de septiembre de 1936 (García Arias, 1961:57-58). <<

[21] Para analizar la política portuguesa en relación con el pacto de no intervención, así como las reacciones del Gobierno portugués en los diferentes momentos, debe verse la colección de documentos (SPN, 1939) donde se transcriben las versiones originales de 23 textos que se refieren a las relaciones de Portugal con España. Entre ellos, la contestación del Gobierno portugués a la propuesta del pacto de no intervención en la guerra de España, el documento que suspende las relaciones con el Gobierno de Madrid, la definición de la política internacional portuguesa, el reconocimiento al Gobierno de Franco o el tratado de amistad y no agresión entre Portugal y España. Información detallada sobre la adhesión de Portugal al pacto de no intervención puede verse también en Delgado (1980:40 y ss.) y Salas Larrazábal (1970). <<

[22] El mismo día en que Portugal aceptó adherirse al pacto, Salazar autorizó que dos barcos alemanes con materiales para las tropas sublevadas, que no habían podido entrar en Cádiz por el bloqueo de la flota española, atracaran en Lisboa. Posteriormente las autoridades portuguesas ayudaron al reenvío de ese material al territorio español (Arango, 1981:267 y ss.). <<

[23] «El Gobierno de Su Majestad tendría extrema dificultad en reconciliar el hecho de que el Gobierno portugués haya solicitado confirmación del apoyo inglés en el caso de un ataque por parte del Gobierno español con la tendencia que está haciéndose clara de que ese Gobierno se está poniendo de lado de los sublevados» (Alpert, 1998:70). <<

[24] Véase Franco Nogueira (1982:152 y ss.). <<

[25] Véase para más detalle García Arias (1961:55-56). <<

[26] La dimensión internacional de la guerra civil y la intervención de las grandes potencias y Portugal en la misma puede verse en Stone (2005). <<

[27] García Arias (1961:50). <<

[28] Independientemente de la abundante literatura manejada, el autor ha dispuesto de mucha ayuda personal en la definición del contenido de este epígrafe y de la localización de las pruebas documentales que en él se utilizan. En principio, una larga conversación con el doctor Veríssimo Serrão, director de la Academia de la Historia de Portugal, y varias conversaciones con Artur Santos Silva, presidente del Banco Portugués do Investimento, sirvieron para recoger una amplia información sobre la realidad portuguesa en aquellos momentos y las fuentes de información disponibles. Ha sido también notablemente valiosa la ayuda de Ricardo Espírito Santo Salgado y José Manuel Espírito Santo, presidente y vicepresidente del Banco Espírito Santo, banco que jugó un importante papel en la financiación de la guerra civil. Y lo ha sido la del historiador de ese banco, Carlos Alberto Damas. Ellos han precisado al autor muchas situaciones y proporcionado abundante información inédita, especialmente en cuanto a las relaciones de los sublevados con el Banco Espírito Santo y con el Midland Bank. Ha sido también inestimable la ayuda del historiador, biógrafo de Oliveira Salazar, Jaime Nogueira Pinto. <<

[29] Véase Ramos (1946:583). <<

[30] Fernando Gallego Chaves Calleja. Presidente del Consejo de Administración del diario primorriverista La Nación y amigo personal de José Antonio Primo de Rivera. Fundador de la revista Acción Española. Actuó como agente oficioso del Gobierno de Burgos en Lisboa. <<

[31] En el repertorio diplomático de Miguel Ángel Ochoa (2002), en la relación histórica de embajadores españoles en Portugal, que empieza con Andrés Villalón, embajador en 1474, aparece como embajador en 1936 Claudio Sánchez-Albornoz Menduiña. Inmediatamente después aparecen en la relación Fernando Gallego Chaves y José María Gil Robles, «agente[s] del Gobierno de Burgos en 1936». <<

[32] Véase también Oliveira (1987:142). <<

[33] Una de las primeras tareas de la junta de Lisboa fue la constitución de un «servicio de conductores» capaz de resolver los innumerables problemas de transporte de todo tipo de material a las zonas españolas controladas por el Gobierno de Burgos (Oliveira, 1987:148). <<

[34] Se concedió con el aval de los marqueses de Aledo y de la Vega de Anzo, del duque de Maura, de Mariano Amoedo y, posteriormente, de Ildefonso Fierro. También se pidió la firma del propio Gil Robles, en consideración de su posición política. Véase Rojas Quintana (2002:1006). <<

[35] Piñeiro (1991:190) dice que Lisboa era sede de un sistema de diplomacia paralela con Gran Bretaña. <<

[36] En todo caso, tras la proclamación de la Segunda República en España fueron numerosos los monárquicos relevantes que, temiendo represalias personales y políticas, huyeron a Portugal. Y allí fueron acogidos e incluso distinguidos. A Calvo Sotelo se le concedió pasaporte portugués para poder ir a Francia y recorrer posteriormente diversos países europeos. <<

[37] Ésta era la misiva: «22 julio 1936. Excmo. Sr. Presidente de la República portuguesa. Muy señor mío, de mi mayor consideración y respeto: Ruego a V.E. atienda con la mayor solicitud al general de brigada de nuestro Ejército Excmo. Sr. D. Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, que ha de tratar con V.E. asuntos de carácter reservado, referentes a la salvación de España y seguridad de Portugal. Aprovecho esta ocasión para saludarle con todo respeto y expresarle el testimonio de mi más distinguida consideración. El General Jefe del Ejército del Norte, Emilio Mola» (Iribarren, 1963:151). <<

[38] El autor ha podido trabajar sobre el diario que llevaba la Secretaría de Salazar, en el cual, y en forma muy sucinta, a modo de agenda, se recogen las más importantes actividades del presidente del Gobierno durante la guerra civil (Salazar, 1936). Esta agenda se encuentra en Arquivo Salazar (1908-1974). El autor tiene que agradecer, una vez más, a su amigo Carlos Alberto Damas, director del Centro de Estudios da Historia do Banco Espírito Santo, la destacada ayuda que le ha prestado para el acceso a esa agenda y a otros muy valiosos documentos que permiten definir mejor la política de Salazar en aquellos momentos. Muy especialmente por haberle facilitado e interpretado la operación de puesta a disposición de diplomáticos del Gobierno de Burgos en el exterior de recursos financieros por cuenta de éste. <<

[39] Alfredo da Silva era el más importante industrial portugués con intereses en banca, seguros, construcciones y reparación naval. Defendió fuertemente los principios esenciales del corporativismo, aunque siempre mostró una visible autonomía en sus intervenciones. Dice su biógrafo, Miguel Figueira de Faria (2004:260), que su creciente complicidad con Salazar destacó especialmente en la guerra civil española. <<

[40] Andrés Amado Reygondaud de Villebardet. Director general del Timbre durante la dictadura de Primo de Rivera. En octubre de 1936 fue nombrado presidente de la Comisión de Hacienda de la Junta Técnica del Estado. En enero de 1938 fue nombrado ministro de Hacienda del primer Gobierno de Franco. Cesó en agosto de 1939. <<

[41] Ese mismo 11 de agosto Mola comunicó a Franco en una carta: «No sé si te he dicho que el subdirector del Banco de España, Pan, nos dijo que si no entrábamos en Madrid antes de fin de mes nuestra situación en el orden económico podría llegar a ser gravísima. El papel se agota rápidamente y más ahora que tenemos que depositar treinta millones en billetes para que Portugal nos abra un crédito de 400.000 libras esterlinas para ciertos pagos apremiantes» (Franco Salgado-Araujo, 1977:349). Véase también Viñas (2006:123). <<

[42] El expediente oficial de los dos créditos portugueses, con toda la documentación a que dio origen su concesión y sus distintas vicisitudes posteriores hasta su cancelación, se encuentra en el Archivo General del Ministerio de Economía y Hacienda, y de él pueden deducirse comentarios de interés. <<

[43] Según el expediente, unos días después el gerente de la Sociedade Geral de Commercio, Industria e Transportes hacía constar que recibía la garantía en billetes del Banco de España (7.200.000 pesetas en billetes de 1.000 pesetas y de 500, 5.000.000 pesetas en billetes de 100, un millón en billetes de 50 y 300.000 pesetas en billetes de 25). <<

[44] El expediente contiene una serie de telegramas cifrados y notas internas. Entre los firmantes de estos telegramas, cartas y notas aparece, con el título de embajador de España, Nicolás Franco. <<

[45] El crédito se hizo por un plazo de tres meses prorrogable, y el interés fue el 4% anual. El expediente administrativo de este crédito comienza en julio de 1938, con una carta del Comité de Moneda Extranjera de Burgos al administrador general de la Caixa Geral de Depósitos solicitando el crédito, de acuerdo a la conversación que se había celebrado. <<

[46] Martín (1995:112 y ss.). <<

[47] El conto integraba 1.000 escudos. El escudo portugués cotizaba, en 1936, a 0,381 pesetas. <<

[48] Martín (1995:141). <<

[49] Véase el epígrafe «Petróleo, un problema clave del comienzo de la sublevación» en el capítulo V, «Juan March y la sublevación». <<

[50] Entre los miembros fundadores de ese comité se cita a José María Gil Robles, Demetrio Carceller e Ignacio Herrero. Véase Tortella, Ballestero y Díaz Fernández (2003:147-148). <<

[51] Sirva como ejemplo la protesta que se hizo desde Tánger el 28 de julio de 1936, a través del consulado de Portugal en esta ciudad, por la negativa a abastecer de gasolina a barcos españoles por parte de las firmas Atlantic y Shell. <<

[52] Hay evidencia de que el marqués de Quintanar, en la segunda quincena de julio, hacía desde Lisboa pedidos de armas a Alemania con destino a España. Y también la hay de que las peticiones de Queipo de Llano se transmitían al consulado alemán en Lisboa desde el consulado portugués en Sevilla (Arango, 1981:274). <<

[53] Martín (1995:112 y ss.). Checoslovaquia tuvo que embargar un importante contrato de armamento y material de guerra firmado con el Gobierno portugués ante las sospechas de que ese material de guerra fuera cedido a Franco. Y en septiembre de 1936, Noruega comunicaba al Gobierno de Lisboa que se veía forzado a prohibir la exportación de armas y de material de guerra a Portugal por la presión ejercida sobre el Gobierno noruego por la prensa y la opinión pública, denunciando la ayuda del Gobierno portugués a los militares sublevados (Oliveira, 1987:150). <<

[54] La información que fue suministrando Claudio Sánchez-Albornoz a la República sobre los incumplimientos del pacto de no intervención por parte de Lisboa sirvieron para que el ministro de Estado de la República presentara en octubre ante la Sociedad de Naciones un alegato demoledor. Pero, tanto en la Sociedad de Naciones como en el comité de no intervención, los representantes portugueses rechazaron las acusaciones y evitaron toda propuesta de control (Blanco Escolá, 2005:184-185). <<

[55] Incluso llegó a decirse que unidades del ejército portugués pudieran haber estado preparadas para intervenir si el cariz de la guerra en los primeros meses pudiera suponer un retroceso de las fuerzas sublevadas que se dirigían hacia Madrid (García Arias, 1961:52). <<

[56] Un inventario de las acusaciones imputadas a Portugal por el Gobierno republicano sobre material de guerra introducido en la contienda vía Portugal, o fabricado en este país, puede verse como complemento a esta información en Delgado (1980:107 y ss.). <<

[57] En un telegrama fechado en Lisboa el 22 de agosto de 1936, el encargado de negocios alemán en Portugal, conde Du Moulin-Eckart, informó al ministro de Asuntos Exteriores alemán de la llegada al puerto de Lisboa de dos barcos alemanes con material de guerra. El parte decía así: «Una vez llegaron a Lisboa el vapor Kamerum y el Wigbert, se hizo seguir el material a través de la agencia del Sr. Bernhardt (Hisma). El Primer Ministro Salazar allanó todas las dificultades en un espacio muy corto de tiempo por iniciativa personal, ocupándose directamente de todos los detalles. Encomendó al Ex Ministro de Comercio Ramires que se hiciese cargo del asunto» (Puzzo, 1962:71-72). <<

[58] Las conversaciones iniciales entre representantes de la Junta de Defensa Nacional y de Alemania, principal proveedor de aviones, tuvieron lugar el 26 de julio de 1936 en el domicilio privado del ayudante de campo del mariscal Carmona, sin duda con conocimiento y aquiescencia de éste (García Arias, 1961:52). <<

[59] Véase Ramos (1946:585). Los sublevados recibieron ayudas de muchas partes. Como ejemplo, el coronel norteamericano que dirigía la Telefónica madrileña puso líneas especiales a disposición de los «conspiradores» en Madrid para que pudieran celebrar conversaciones con los generales Mola y Franco (Jackson, 1967:212). <<

[60] En especial a aquellos que lograron huir de Badajoz tras la toma de la ciudad el día 14 de agosto. De todo ello quedó constancia por escrito en el informe, que el 31 de agosto, Sánchez-Albornoz envió a través de la valija diplomática (Ruipérez, 1995:72). <<

[61] Arango (1981:263). <<

[62] Estas notas pudieron ser rescatadas en su momento por las fundaciones Sánchez-Albornoz y Largo Caballero. Contienen copias de los despachos dirigidos por el embajador al Ministerio de Estado de Madrid, algunos de los recibidos y, sobre todo, muchos telegramas cursados cuando la rebelión militar suspendió el tránsito terrestre de la valija diplomática entre Madrid y Lisboa. También se integran en la documentación recuperada de Sánchez-Albornoz las reclamaciones dirigidas al Ministerio de Negocios Extranjeros de Portugal y las comunicaciones con las embajadas republicanas en terceros países. Una fórmula que, por falta de una conexión directa, sirvió entonces de puente entre Madrid y Lisboa. Las carpetas que constituyen el archivo llegaron a la Fundación Largo Caballero con el fondo Rafael Heras. Una selección de estos documentos fue publicada en 1995 por la Fundación Sánchez-Albornoz, aunque éste murió sin saber que los documentos relativos a su gestión habían sido recuperados. La publicación fue coordinada por José Luis Martín (1995) y prologada en su momento por Javier Solana, entonces ministro de Asuntos Exteriores. La historia del archivo la cuenta Nicolás, hijo de Claudio Sánchez-Albornoz (Sánchez-Albornoz y Aboín, 1995). Contiene también trabajos de Ana y António Pedro Vicente, y María Ruipérez sobre la figura de Sánchez-Albornoz como embajador de la República española en Lisboa y como historiador. <<

[63] «El día de San Isidro marché a Lisboa a hacerme cargo de mi nuevo puesto. Estaba tan avanzada la crisis social en España tras el triunfo del Frente Popular que más de una vez se me pasó por la mente la idea de llevarme a Portugal las alhajas familiares… y los retratos del siglo XVII de mis abuelos abulenses con que honraba mi casa de Madrid. A distancia de casi cuarenta años me arrepiento de no haber escuchado mi corazonada pues de las alhajas se incautó el gobierno republicano y los falangistas me robaron los retratos y cuantos muebles adornaban nuestro departamento en Ferraz» (Sánchez-Albornoz, 1975:48). <<

[64] Ruipérez (1995:67 y ss.). <<

[65] «Los mismos republicanos que en un principio me visitaban y ofrecían su apoyo han dejado de hacerlo al ver al gran número de policías de toda clase que con el pretexto de custodiar esta Embajada realizan al mismo tiempo una labor de fiscalización, que trae consigo el absoluto aislamiento en que me encuentro en relación con los pocos españoles con quien podría contar. La verdad es que el pánico se ha apoderado de los espíritus sencillos de estos hombres, la mayor parte de los cuales temen con cierta razón las represalias que el Gobierno portugués pudiera tomar contra sus intereses y sus personas» (Ruipérez, 1995:83). <<

[66] Más detalles, sobre la cada vez más intensa conjura que se estaba produciendo contra la España republicana en la persona del embajador, véanse en Medina (1986:65 y ss.) y Vicente (1998). <<

[67] «Me dijo que venía en nombre de Falange para conminarme a abandonar la Embajada y que si no obedecía las órdenes o entregaba la representación de España al Embajador de Inglaterra o al Ministro de Francia que desaparecerían mis hijos y luego sería yo muerto. Falange cumple siempre su sentencia, fueron sus últimas palabras» (Informe de Sánchez-Albornoz al ministro de Estado del 10 de septiembre de 1936, en Ruipérez, 1995:84). Véase también Cabeza (1992). João Medina (1986:80) llega a citar el nombre del que le amenazó, Antonio Font, destacado falangista de entre los residentes en Lisboa. <<

[68] «El Gobierno, al escuchar mis comunicaciones a Madrid, puso cerco a mis teléfonos. Algunos días fue imposible hablar conmigo a nadie. Apenas escuchaban el nombre Embajada de España, cortaban la conferencia» (despacho de Claudio Sánchez-Albornoz, dirigido al ministro de Estado en Madrid y fechado el 6 de agosto de 1936, en Martín, 1995:113). <<

[69] «Para conseguir que actuara judicialmente contra el viejo banquero de la embajada telefoneé a uno de los más famosos abogados de Lisboa que militaba en la oposición al régimen salazarista y me asombró oír de sus labios su negativa a intervenir por temor a represalias de la policía» (Sánchez-Albornoz, 1976: 217). <<

[70] José Teixeira Ribeiro, profesor de Finanzas Públicas y Economía Política, y Manuel de Andrade, profesor de Teoría General de la Relación Jurídica, fueron los únicos profesores de la Facultad de Derecho que rehusaron apoyar una suscripción pública de recogida de dinero cuyo destino era financiar a Francisco Franco. Como consecuencia de este comportamiento, el Gobierno decidió destituirlos de sus cargos. Pero el Consejo de la Facultad decidió solidarizarse con aquellos dos compañeros y presentó su dimisión en bloque en el caso de que los dos fueran destituidos. Salazar retiró el acuerdo del Gobierno. <<

[71] Martín (1995:151). <<

[72] Puede verse también Vicente y Vicente (1995:19-62). <<

[73] Ruipérez (1995:85). Para una información más detallada sobre las vicisitudes de Sánchez-Albornoz y sus meses de embajador de la República en Lisboa, véase también «A agonía de Albornoz», en Antunes (2003:615 y ss.). <<

[74] Véase la «Nota que cancela las relaciones diplomáticas entre el Gobierno portugués y el Gobierno de Madrid» en SPN (1939:69). En esta nota pueden leerse las alegaciones del Gobierno portugués para suspender las relaciones con la República. Es una larga nota que terminaba de la siguiente manera: «Estos hechos —infelizmente otros podrían citarse— demuestran que, en las actuales circunstancias, le es imposible al gobierno de Lisboa mantener relaciones diplomáticas normales con el gobierno que V.E. representa: Desde este momento las considero cortadas. En espera de las modificaciones favorables que el tiempo debe introducir en la situación de España, ordeno inmediatamente al Encargado de Negocios de Portugal en Alicante que abandone su puesto». <<

[75] El autor de este trabajo tiene que agradecer a Carlos Carderera Soler, ex embajador de España en Lisboa, su ayuda para localizar la documentación oficial que se ha utilizado para redactar este capítulo. <<

[76] Está claro que Salazar puso a disposición de la sublevación toda la máquina diplomática portuguesa (Loff, 2006:83). Para más detalles de esta intervención, véase García Arias (1961:54 y ss.). <<

[77] Véase la «Nota oficial del Gobierno portugués del 16 de diciembre del 36» en SPN (1939:85). Más información sobre la política de Salazar puede verse en Salazar (1937). <<

[78] Véase también García Arias (1961:59). <<

[79] Este grupo era llamado en Lisboa «los aristócratas» (Ramos, 1946:584 y ss.). <<

[80] El Diario de Noticias fue el que más se volcó en la guerra. Era un periódico saneado económicamente y pudo permitirse el lujo de enviar a España once periodistas y dos fotógrafos (Pena, 1998a:259). <<

[81] Sobre la prensa portuguesa en la guerra civil española, véase «Jornalistas e historiadores» en Gomes (2006:165 y ss.). <<

[82] Véase Pena (1998b), una exhaustiva investigación sobre el comportamiento de cada uno de los periódicos, así como de los libros editados por los medios portugueses, en la que se concluye que el apoyo a los sublevados había sido excepcional. Sobre la censura en Portugal, véase también Pena (2009). <<

[83] «Los periódicos recibieron la consigna de hacer una propaganda intensa a favor de los rebeldes. Si un periódico flaqueaba, se le colocaba bajo la inspección inmediata de un delegado del Gobierno. Éste ordenaba incluso el tamaño de los titulares de las informaciones» (despacho del embajador de España del 6 de agosto de 1936, Martín, 1995:212). <<

[84] Más información sobre la política de prensa y propaganda del Gobierno de Lisboa en relación con los sublevados puede verse en el trabajo del profesor de la Universidad de Vigo, Pena (1998a,1998b y 2009). <<

[85] Para más información sobre cómo fue utilizada la radio portuguesa para servir a los intereses del Gobierno de Salazar durante la guerra civil, véase Abreu (1998). <<

[1] En este capítulo no se trata de la banca privada ni de las cajas de ahorros. El análisis de estas instituciones durante la guerra, dada su compleja y amplia problemática, ha aconsejado concederle un capítulo especial, el capítulo XI, «Banca y cajas de ahorros». <<

[2] La reordenación del Estado republicano fue regulándose poco a poco a través de la Gaceta de Madrid, que se publicaba en Madrid todos los días, incluso domingos y festivos. Así lo hizo hasta el día 9 de noviembre en que no se publicó. El 10 de ese mes pasó a titularse Gaceta de la República y se editó en Valencia. El día 31 de octubre de 1937 comenzó a editarse en Barcelona, coincidiendo con la fijación temporal de la sede del Gobierno de la República en aquella ciudad. Véase Sánchez Asiaín (1992:42-47; 2008c:515 y ss.). También Sánchez Asiaín (2004:119), cuyo texto constituye una primera versión de este capítulo, y del capítulo VIII «La hora de las independencias en la República». <<

[3] Así fue en los ministerios de Hacienda, Industria y Comercio, Obras Públicas, Trabajo, Sanidad y Previsión, Comunicaciones y Marina Mercante, y Agricultura. <<

[4] Decreto del Ministerio de Industria y Comercio del 25 de julio (Gaceta de Madrid, 27 de julio). <<

[5] El nuevo Gobierno se constituyó el 4 de septiembre de 1936 y fue presidido por Largo Caballero, que sustituía a Giral. Ello facilitó la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco y la posterior formación del primer Gobierno vasco (7 de octubre), la sustitución del Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña por un nuevo Gobierno de la Generalitat (26 de septiembre) y el reconocimiento de los consejos de Asturias, Santander y Aragón, creados a partir de organismos surgidos en el verano de 1936, consolidados a comienzos de octubre y reconocidos por el Gobierno central el 25 de diciembre de 1936. <<

[6] Juan Negrín militó desde su juventud en el Partido Socialista. En 1931 fue elegido diputado. Concluida la guerra, huyó a Francia, donde presidió el Gobierno republicano en el exilio hasta 1945. Murió en París en 1956. Una completa biografía de la actuación de Negrín en relación con la guerra civil y el exilio puede verse en Moradiellos (2006). También en Miralles Palencia (2003) y en Rojas Vila (1976:259 y ss.). Sobre Negrín, su política, su papel en la guerra civil española, sus críticos y su rehabilitación, véase Viñas y Hernández (2009:65 y ss.). <<

[7] Sobre el Gobierno de Negrín, véase Graham (1987). Véase también Portuondo (1981). <<

[8] En Valencia, para normalizar la situación hubo de desmontarse el monopolio que sobre la compra, embalaje y exportación de agrios ejercía el Consejo Levantino Unificado de Exportación Agrícola (CLUEA), en manos de las centrales sindicales, especialmente la CNT. También se ocuparon los puestos fronterizos con Francia por unidades de carabineros, guardias de asalto y guardias nacionales, lo que provocó enfrentamientos con Barcelona. <<

[9] Véase Miralles Palencia (2003:161-162). <<

[10] El traslado fue muy objetado, porque parecía una huida. La opinión hubiera aceptado que el Gobierno se trasladara a Barcelona, lo que hubiera sido la decisión más lógica en la medida en que allí estaba instalado el presidente de la República, Manuel Azaña. La decisión fue tomada a última hora. El 6 de noviembre por la tarde, Largo Caballero entregó el plan de traslado al jefe de la división de Madrid, general Miaja, comunicándole que, a partir de aquel momento, él era la máxima autoridad de la ciudad, tanto política como militar (Thomas, 1979, vol. 3:13). El traslado fue muy controvertido y los cuatro ministros anarquistas se opusieron a abandonar Madrid. <<

[11] El Tribunal Económico Administrativo Central se mantuvo en Madrid. <<

[12] Decreto del 21 de noviembre de 1936 (Gaceta de la República, 23 de noviembre). <<

[13] El traslado formal del Gobierno a Barcelona se hizo el 31 de octubre de 1937, pero el camino para su instalación efectiva se recorrió poco a poco desde meses antes. Es preciso recordar que el presidente Azaña estaba instalado en Barcelona, lo que produce una cierta confusión al aparecer firmados en Barcelona decretos de fechas anteriores al traslado efectivo. Hay que tener en cuenta que los decretos publicados en la Gaceta de la República aparecían firmados en la plaza en que se encontraba el ministro. Así, en fechas anteriores al traslado oficial del Gobierno aparecen firmados en Barcelona decretos y órdenes tan trascendentes como el decreto que divide «en dos el Ministerio de Industria y Comercio» (4 de noviembre de 1936), el decreto por el que se sanciona la modificación del «Consejo de Administración del Banco de España» (21 de noviembre de 1936), el decreto que dispone la obligación de optar por el contravalor en pesetas en las entregas de oro, plata y valores extranjeros (13 de febrero de 1937) y, entre otros muchos, el decreto que prorroga «la cuenta de crédito abierta por el Banco de España a favor de la Comisión Nacional de Abastecimiento» (5 de marzo de 1937). <<

[14] Hubo muchos gestos concretos del Gobierno Negrín en esta línea. Entre otros, la disolución el 27 de abril de 1938 de los Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya, con el fin de que cada empresa recuperase su personalidad propia para ser devuelta a sus antiguos propietarios. O el nombramiento de interventores del Gobierno para descolectivizar y nacionalizar algunas empresas españolas o para devolverlas a sus antiguos propietarios, promovido hasta cierto punto por la Consejería de Economía de la Generalitat. De la mayor importancia fue, en este sentido, el decreto del 11 de agosto de 1938 sobre militarización de industrias de guerra, que en la práctica supuso la derogación parcial del decreto de colectivizaciones promulgado por la Generalitat en octubre de 1936 y que nunca había sido reconocido por el Gobierno de la República (Bolloten, 1989:943-945). <<

[15] Decreto publicado en la Gaceta de la República el mismo día 23 de enero de 1939. <<

[16] Decreto del 11 de febrero de 1939 (Gaceta de la República, 12 de febrero). <<

[17] Decreto publicado en la Gaceta de la República el 13 de marzo de 1939. <<

[18] Decreto publicado en la Gaceta de Madrid el 18 de febrero de 1936. <<

[19] Gaceta de Madrid del 19 de julio de 1936. <<

[20] Decreto del 27 de julio de 1936 (Gaceta de Madrid, 29 de julio). A partir de entonces, y a medida que la guerra avanzaba, iban publicándose decretos con las sucesivas provincias declaradas «zonas de guerra». <<

[21] La información y evaluación del estado de guerra de este capítulo, debe mucho al conocimiento de ese fenómeno de Javier García Fernández, gran amigo del autor. <<

[22] Decreto del 19 de julio de 1936 (Gaceta de Madrid, 20 de julio). <<

[23] Decretos del Ministerio de Hacienda del 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto, y 6 de septiembre de 1936. <<

[24] Mediante esta orden se autorizó la transferencia de fondos de Madrid al litoral levantino, tanto en relación con el Banco de España como con los bancos privados. De esa forma, la central del Banco de España se transformó en sucursal en Madrid de dicha entidad. La medida se amplió a todas las plazas situadas en los frentes de guerra por orden del 24 de febrero de 1937. <<

[25] Por otro lado, en marzo de 1937 se ordenó el ingreso en cuentas corrientes bloqueadas de todos los billetes que existiesen aún en las cajas de alquiler de los bancos (decreto del 5 de marzo). <<

[26] Por decreto del 25 de febrero de 1938 se modificó —en sentido más restrictivo— este sistema, sometiendo a la autorización previa del Centro Oficial de Contratación incluso las exportaciones de billetes por menos de 500 pesetas. <<

[27] Véase el capítulo XIII, «El oro. Ventas a Francia y Moscú. La reacción del Gobierno de Burgos». <<

[28] Véase el capítulo XVI, «Suscripciones e incautaciones». <<

[29] Por decreto del 23 de enero de 1938 se articuló el pago de cheques en pesetas con cargo a cuentas en España domiciliadas en el extranjero. Esta disposición fue acompañada de varias órdenes posteriores hasta el decreto del 22 de abril de 1938, por el que se estipuló la obligación de los españoles de poner a disposición del Tesoro los valores mobiliarios cuyo dividendo fuese pagadero en oro y divisas, con referencia explícita a la oficina del Banco de Bilbao en Londres, porque dicha agencia no estaba acatando las disposiciones del Gobierno de la República. <<

[30] Sobre la plata como moneda fraccionaria en tiempos de la República y las perturbaciones que introdujo en el mercado, véase Santacreu (1986:36 y ss.). <<

[31] Entre el 27 de septiembre de 1936 y el 6 de noviembre de 1937 el Banco de España republicano puso en circulación 12.454 millones de pesetas, al tiempo que disponía de emisiones en reserva por un valor de 11.021 millones de pesetas, siendo éstas en casi su totalidad emisiones anteriores al 18 de julio de 1936. La información pormenorizada sobre las series que el Gobierno de la República puso en circulación y sobre las que le quedaban en reserva puede consultarse en el Archivo Histórico del Banco de España. <<

[32] El agotamiento de las reservas era conocido por el Gobierno de Burgos desde la primavera de 1938. En un informe del Banco de España de Burgos, en el que se estudiaban las posibilidades de hostigamiento a la peseta republicana, se decía lo siguiente: «Agotado totalmente el oro, e imposibilitada por razones fáciles de adivinar para el comercio exterior mediante el trueque de mercancías, las posibilidades de importación de la zona roja se verían completamente yuguladas. Aunque falto este estudio de los datos necesarios para documentar como es debido esta última afirmación, no por eso dudamos de la fundamental veracidad de la misma» (BE, 1938b). <<

[33] Sobre los diversos avatares experimentados por las actividades bursátiles puede verse Torrente (1966:379 y ss.; 1974, vol. 3:528 y ss.). <<

[34] Para información más detallada, véase Sánchez Asiaín (1999a:72-91). <<

[35] En el campo, esa política fue en parte una legalización de la ocupación de tierras que se había producido en Extremadura y Andalucía tras las elecciones de febrero. Después de julio se convirtió en un intento de desarrollar los ideales del comunismo libertario en las zonas rurales que estaban bajo el control de la CNT (Carr, 1999:631). Sobre la política agraria instaurada con el advenimiento de la República y los conflictos generados por la resistencia de los propietarios a aplicar las disposiciones dictadas, así como la impaciencia campesina que se tradujo en ocupaciones de fincas, véase Tuñón de Lara (1981a). Véase también Garrido (2008). <<

[36] Véase Garrido (2006). Más información sobre las colectividades agrarias anarquistas en la guerra civil española puede encontrarse en Hugh Thomas (1985). Véase también Martínez Ruiz (2006b:125 y ss.). <<

[37] «Todo cultivador directo, propietario, colono, arrendatario o aparcero que abandone o haya abandonado voluntariamente su explotación rural, dejando en suspenso las labores de recolección… se considerará que incurre en responsabilidad y que consiente en que su explotación sea intervenida, a los fines del oportuno y racional rendimiento de la misma» (Gaceta de Madrid, 10 de agosto). <<

[38] Este decreto acordaba «la expropiación sin indemnización y a favor del Estado de las fincas rústicas, cualesquiera que sea su extensión y aprovechamiento, pertenecientes en 18 de Julio de 1936 a las personas naturales o a sus cónyuges y a las jurídicas que hayan intervenido de manera directa o indirecta en el movimiento insurreccional contra la República» (Gaceta de Madrid, 8 de octubre). <<

[39] Véase Bricall (2008). <<

[40] Ibárruri et al. (1966, vol. 1:271). <<

[41] Sin embargo, Catalan (2006:173) señala que una visión más global de la minería carbonífera permite concluir que en las cuencas republicanas donde no se experimentó guerra en el propio territorio, la producción de carbón funcionó mejor que en el bando sublevado. <<

[42] Sobre el comportamiento de la industria en las regiones republicanas durante la guerra, puede verse Catalan (2006:161 y ss.). <<

[43] La reducción de la flota republicana se debió también a la confiscación de buques que la Unión Soviética practicó como garantía adicional para el cobro de los suministros de guerra. <<

[44] Véase Sánchez Asiaín (1992:112 y ss.). <<

[45] Malefakis (1987:154-155). <<

[46] Véase Moradiellos (2004:134). <<

[47] Véase el epígrafe «La disponibilidad de petróleo: un problema financiero para el Gobierno de Burgos» en el capítulo IX, «El sistema financiero del Gobierno de Burgos». <<

[48] Información detallada del reparto de activos, al terminar el mes de julio de 1936, puede verse también en Cierva (1977:115 y ss.). <<

[49] Lo documenta una carta del 21 de julio que dirige Petrofina desde París a Campsa cuando el buque que había de llevar a España petróleo por cuenta de la Campsa de Madrid estaba ya atracado en el muelle petrolero de la ciudad rumana de Constanza. «Nos informan por teléfono desde Bucarest que ha llegado el Remedios. Por desgracia, no hemos recibido del Banco de Bilbao el crédito irrevocable que habíamos acordado. Nos es por tanto imposible, sintiéndolo mucho y especialmente teniendo en cuenta los acontecimientos actuales, sobre los que París tiene informaciones muy contradictorias, autorizar que se cargue el navío» (Archivo Histórico de Campsa, reproducido por Tortella, Ballestero y Díaz Fernández, 2003:144). <<

[50] Parece que cuando Franco se enteró de esa petición, la rechazó formalmente, e incluso llegó a amenazar con bombardear Tánger si ello ocurría (Viñas, 2006:66). <<

[51] En los archivos de Campsa hay pruebas documentales de que a finales de 1936 ya se habían empezado a utilizar los servicios de la Banque Commerciale pour l’Europe du Nord (Tortella, Ballestero y Díaz Fernández, 2003:145). Sin embargo, Viñas (2006:91) dice que el 22 de julio los soviéticos adoptaron la decisión de suministrar combustible a la República. En ello intervino el socialista Toribio Echevarría, posteriormente nombrado director general de la Campsa republicana. <<

[52] Tortella, Ballestero y Díaz Fernández (2003:145). <<

[53] Existe mucha literatura sobre el suministro de armas, procedencias, plazos y la relación que ello tuvo con las grandes batallas y el resultado de éstas, pero ésta es una cuestión que sólo indiciariamente afecta a un trabajo como el presente, que fundamentalmente trata de examinar la guerra civil desde un estricto punto de vista financiero. Entre la abundante literatura que existe sobre el tráfico de armas, puede verse Coverdale (1979), Howson (2000), Viñas (2006, 2007 y 2008b) y Rybalkin (2007). <<

[54] Éste era el inventario de las fuerzas aéreas republicanas: 50 cazas Nieuport 52 (de un total de 60); otros 50, aproximadamente, Breguet XIX; 5 bombarderos Fokker; 4 bombarderos Dragon Havilland; otros 4 Douglas DC2; algunos bombarderos Dornier Wal; casi todos los hidroaviones de la Aeronáutica Naval; los pocos aviones correo que existían en España, y unos 50 aviones ligeros destinados a otros usos, pero más o menos acondicionables a las necesidades de guerra (Rubio Cabeza, 1987, vol. 1:73). <<

[55] Alpert (1998:23). <<

[56] Barruso dice que la actitud abstencionista de Francia era incomprensible porque existían razones lógicas para haber propiciado una victoria de la República española, tanto en el orden político (por la semejanza de Gobiernos del Frente Popular en ambos países), como geoestratégico (porque la libertad de comunicaciones con el norte de Africa a través del Mediterráneo Occidental era vital para Francia en caso de guerra europea). Véase Barruso y Jiménez (2011:7). <<

[57] Sobre los primeros pasos dados por la República en busca de la colaboración de la Unión Soviética, véase Viñas (2006:85 y ss.). <<

[58] Howson hizo un descomunal esfuerzo investigador en archivos y hemerotecas para perseguir la compra de material de guerra de ambos bandos en casi todos los países de Europa y en los mercados negros internacionales. La gran aportación de esa investigación es la minuciosidad con que logró desentrañar y publicitar aspectos tan complejos como cantidades, precios, complementos, tipos de cambio aplicables y, desde luego, la calidad de las armas. La obra de Gerald Howson está respaldada por más de 20 años de investigación en archivos de Europa oriental y occidental, de Estados Unidos y, especialmente, de Rusia, y entra en un tema tan poco explorado como es dibujar el marco en que la República tuvo que proveerse de armas. <<

[59] Sobre la embajada de la República en Gran Bretaña durante la guerra, véase Moradiellos (2010:89 y ss.). <<

[60] Véase Casanova Gómez (1996) y Pérez Ruiz (2005). <<

[61] Sobre la compra de armas en Francia, véase Miralles Palencia (2010:121 y ss.). <<

[62] Está documentado que el espionaje del Gobierno de Burgos en Europa se organizó bajo la protección de las embajadas alemana e italiana. Centros importantes de este espionaje fueron Turquía, que disponía de un notable observatorio en el mar Negro que cubría la ruta del Bósforo, por donde pasaba la parte más importante de los barcos que aprovisionaban a la República. También fueron centros de espionaje Grecia, Yugoslavia y Rumanía. Véase, para un análisis más detallado, Olaya (1998:165 y ss.). <<

[63] Un solo ejemplo de fraude: la República consiguió un contrato de aprovisionamiento de 20 millones de cartuchos. El vapor Allegro partió con la carga con destino a Alicante. Sin embargo, la caída de Málaga aconsejó prudencia y la ruta fue desviada a Bilbao. El buque navegaba sin protección y fue capturado por la armada de los sublevados que lo condujo a La Coruña. Pero cuando éstos descargaron la mercancía, se encontraron con la sorpresa de que los 20 millones de cartuchos se habían quedado reducidos a un millón y que debajo de ellos no había más que ladrillos (Olaya 1998:183-185). <<

[64] En reunión de la Diputación Permanente de las Cortes, celebrada el 15 de julio de 1936, Gil Robles aportó los siguientes datos sobre el orden público: desde el 16 de junio al 13 de julio, un período de 27 días, se habían cometido en España los siguientes actos de violencia: incendios a iglesias, 10; atropellos y expulsiones de párrocos, 9; derribos de cruces, 5; muertos, 61; heridos de diferente gravedad, 224; huelgas generales, 15; huelgas parciales, 129; bombas, 74 (Ardid Pellón y CastroVillacañas, 2004:116-117). <<

[65] Véase con más detalle la descripción de lo que en aquellos momentos era la anarquía en el territorio de la República, y sus manifestaciones y efectos, en Jackson (1967:235 y ss.). <<

[66] Citado por Carr (1999:628). <<

[67] El 18 de julio, en el momento de estallar la sublevación, ABC se publicaba en Madrid y en Sevilla. Estallada la guerra, se perdió la unidad doctrinal entre ambas ediciones, y se quebró la unidad de empresa. Y así, y durante los casi tres años de guerra, cada uno de los dos diarios fue ofreciendo información de su entorno, desde la ideología que mantenía el equipo gobernante en el área a que se refería. De 1978 a 1980 la editorial Prensa Española ofreció un documento único en la historia del periodismo, y en lo que respecta a las fuentes de la guerra civil española. Diez tomos, en fascículos de 48 páginas. Cada fascículo contiene la actividad de los frentes, la organización militar y civil de la retaguardia, en relación simultánea a ambas zonas, y noticias del extranjero y del propio territorio. <<

[68] Miles de personas que se sentían amenazadas buscaron refugio en las embajadas, con el consentimiento del Gobierno, que permitió a un cierto número de legaciones el alquilar edificios cercanos para poder extender su «status de extraterritorialidad» (Jackson, 1967:243-244). <<

[69] Sobre las colectivizaciones se ha escrito mucho. Es muy posible que tres cuartas partes de la población obrera barcelonesa trabajara en centros colectivizados, que la mitad lo hiciera en Valencia y un tercio en Madrid. Para una mayor información sobre las colectivizaciones en la guerra civil, con capítulos específicos sobre Andalucía y Extremadura, Aragón, Cataluña, País Valenciano, Castilla La Mancha y Murcia, véase Garrido et al. (1988). Sobre colectivizaciones en Andalucía, véase Garrido (1987), y en Aragón, Casanova Ruiz (1987). Véase también Carr (1999:629 y ss.). <<

[70] Luis Olariaga Pujana. Se inició tarde en la Economía en Gran Bretaña. Posteriormente marchó a Alemania para estudiar Economía en Berlín. A su regreso se doctoró en la Universidad de Oviedo en 1915. Ocupó en 1917 la cátedra de Política Social y Legislación Comparada en la Universidad de Madrid. Fue director del Consejo Superior Bancario y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. <<

[71] Véase Martín Aceña (2001:48). <<

[72] Otros títulos significativos de su colaboración regular eran del siguiente tenor: «Las ganancias del Banco son causa permanente de que en tiempo normal sea depreciado el dinero español». O «El Banco no cumple su misión fundamental», en el que postulaba que España debería «temblar» ante la mezcla «de inepcia, de irresponsabilidad y de imprevisión» del banco, porque el «edificio del crédito entero nacional está suspendido milagrosamente sobre un abismo». Concluía que el Banco de España había hecho más daño que la misma guerra. «¿Dónde están esos socialistas? ¿Dónde esos republicanos? ¿Dónde, en fin, esos elementos radicales que dicen ser portavoces del pueblo español? Ahí tienen el problema del Banco; problema pavoroso». Estos trabajos y otros del mismo autor se conservan en el archivo personal de Luis Olariaga que, en su momento, cedió en propiedad a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Véase también Olariaga (1992). <<

[73] Sardá (1970:422). Véase también el capítulo II, «El escenario económicofinanciero de la guerra como punto de partida». <<

[74] Carabias (1946). La Revista de Economía Continental se editaba en México y sólo se publicó durante los años 1946 y 1947. <<

[75] El mercado internacional del cambio había consolidado por la práctica de diez años el precio del kilogramo de oro en moneda corriente en 8.611 pesetas, frente al que se había establecido como mera definición, 3.444,44 pesetas, en la ley. <<

[76] Carabias recordaba que la revaluación del oro que se solicitaba equivalía a dar por bueno el cambio depreciado de la peseta, lo cual no era otra cosa que atenerse a la realidad de un hecho económico contrastado por la experiencia de diez años. <<

[77] Entre ellas Francia, Bélgica, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos. <<

[78] Carabias decía que Calvo Sotelo había planteado este problema en una sesión del Congreso de los Diputados, analizándolo con detalle, que Prieto había enunciado la idea en un acto de propaganda política, y que Azaña había hecho suya esa idea. <<

[79] Martínez Fresneda estaba pensando, sin duda, en el consejero Álvarez Guerra, quien desde el 14 de septiembre permanecía encerrado en su domicilio alegando razones de seguridad. <<

[80] Martín Aceña estudió con detalle el ambiente social de aquella época en el banco y recibió muchas referencias personales, aunque nada de ello llegó a constar en ninguna acta. <<

[81] Antonio Flores de Lemus. Catedrático de Economía Política y Hacienda Pública en las facultades de Derecho de la Universidad de Barcelona y Madrid. Ocupó diversos cargos en el Ministerio de Hacienda. Fue asesor de todos los ministros de Hacienda bajo la Restauración, la Dictadura y la Segunda República. En su despacho del Ministerio de Hacienda preparó a un conjunto de importantes economistas como Olariaga, Carande, Gabriel Franco, Rodríguez Mata y Viñuales, entre otros. Militante político siempre ligado al Partido Conservador y profundamente antiliberal, colaboró con la dictadura de Primo de Rivera y posteriormente con la República. Fue presidente de la comisión dictaminadora del proyecto de reforma tributaria de Calvo Sotelo en 1927 y presidente de la comisión para el estudio de la implantación del patrón oro en España. Se le considera precursor de las facultades de Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales en España. <<

[82] Así lo declaró en el interrogatorio de depuración al que tuvo que someterse al llegar a Burgos huido de Madrid. <<

[83] Véase Martínez Fresneda (1939). En la zona nacional y ya como consejero del Banco de España en Burgos, desarrolló una importante tarea en las distintas reclamaciones abiertas para repatriar el oro y las joyas que se iban localizando en el extranjero. En el expediente de depuración de Martínez Fresneda, que se conserva en el Banco de España, puede verse abundante información en relación con estas gestiones. <<

[84] Para una más detallada información, véase Sánchez Asiaín (1992:112119). Véase también el capítulo XI, «Banca y cajas de ahorros». <<

[85] Véase Sánchez Asiaín (2004). <<

[86] Juan Velarde, en el curso de su investidura como doctor honoris causa de la Universidad de Valladolid el 20 de octubre de 2000, hizo la primera referencia formal pública al hecho de que el banco emisor acababa de encontrarse en una vieja caja fuerte el libro de actas del Consejo General del banco correspondiente a las sesiones que van desde la del 10 de enero de 1936 a la del 7 de septiembre del mismo año. Era el único libro de actas que faltaba, y su extraordinario interés radicaba en que sólo a partir de esta fuente se podía tener noticias fidedignas de las reacciones de las autoridades monetarias del bando republicano en los días cruciales del inicio de la guerra civil (Velarde, 2000a:21). Del análisis directo de esas actas cuyo conocimiento el autor agradece a su amigo José Manuel González-Páramo y a Teresa Tortella Casares, directora del Archivo Histórico del Banco de España (AHBE), se ha deducido la información que se ofrece en este epígrafe. Posteriormente, sin embargo, el autor ha tenido noticias de que esas actas habían sido publicadas en 1992 en la colección de Estudios Contemporáneos de la Fundación Nacional Francisco Franco (1992). <<

[87] Un sólo ejemplo puede dejar muy clara esta situación. El Ministerio de Hacienda y Economía expropió forzosamente las acciones del Banco Exterior de España, y, entre otras, 30.000 acciones que pertenecían en propiedad al propio Banco de España. Pero el banco no fue consultado ni avisado: «El Sr. Presidente dijo que el Banco de España, que en circunstancias normales probablemente le hubiese sido notificada tal disposición, o acaso consultado sobre ello, no ha tenido conocimiento de la misma hasta el momento de aparecer publicado en la Gaceta» (acta de la sesión del día 7 de octubre de 1938). <<

[88] Una descripción detallada de la trama del asesinato de Calvo Sotelo desde «dentro» puede verse en Vidarte (1978:211 y ss.). Sobre los antecedentes de este asesinato y sus implicaciones políticas, véase la interpretación que hace Dahms (1966:11 y ss.). También Arrarás (1939-1944, vol. 2:533 y ss.). Para profundizar en el asesinato de Calvo Sotelo y la significación que tuvo, puede verse Thomas (1979, vol. 2:17 y ss.). Puede verse también el interesante capítulo sobre el particular en el libro de Payne (2005:479 y ss.). <<

[89] Véase ABC (1979-1980). Una descripción de lo que sucedió en aquellos primeros días puede verse también en Romero (1967). <<

[90] Con anterioridad había sido gobernador del banco. <<

[91] Véase Olaya (1998:275). Francisco Olaya, que dedicó 30 años a investigar sobre estas cuestiones, ofrece abundante información respecto a la opaca historia de la adquisición de armas. <<

[92] Julián Zugazagoitia Mendieta. Dirigió el diario El Socialista. Su primer cargo político lo desempeñó en el Ayuntamiento de Bilbao como concejal teniente de alcalde. En 1931 obtuvo acta de diputado por Badajoz y en 1936 por Bilbao. Durante la Segunda República fue ministro de la Gobernación con Negrín. Sus Memorias, publicadas por primera vez en Buenos Aires en 1940 bajo el título de Guerra y vicisitudes de los españoles, dan una idea muy precisa de lo que en aquellos momentos sucedió. <<

[93] Luis Nicolau d’Olwer. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Central. Proclamada la Segunda República, fue ministro de Economía en el Gobierno provisional que presidió Alcalá-Zamora. Se encargó de ese mismo ministerio en el siguiente Gobierno presidido por Azaña, con el que tenía una gran amistad. <<

[94] Como explicó el gobernador d’Olwer en la junta general extraordinaria de accionistas celebrada el día 8 de enero de 1939, el considerable aumento del trabajo, como consecuencia de la guerra civil hizo necesario nombrar un subgobernador tercero, y se designó para ocupar el puesto a Gonzalo Zabala Lumbier, antiguo funcionario del banco. <<

[95] Luis Urquijo y Ussía, Ramón del Rivero y Miranda, Jacobo Stuart y Falcó, Alfonso Martos Arizcun y Juan Antonio Gamazo y Abarca (Gaceta de Madrid, 15 de agosto). <<

[96] Toribio Echevarría fue nombrado consejero del Banco de España el 21 de septiembre de 1936 en sustitución de Agustín Viñuales. <<

[97] Benito Altet Llombart, Matías Romero Brugués, Ramón Báguena Ferrer, Manuel Aranda Alcañiz y Eliseo Migoya y Torres. Este último no llegó a tomar posesión del cargo y Manuel Aranda dimitió al trasladarse la administración central del banco desde Valencia a Barcelona. <<

[98] BE (1939a). <<

[99] BE (1938d, 1939a y 1942c). <<

[100] Cuando en ambos bancos se celebró la junta de accionistas, resultó que en la celebrada por el Banco de España del Gobierno de Burgos se hallaban representadas 169.879 acciones y en la republicana 31.389. Es decir, un total entre ambas de 201.268 acciones. En aquellos momentos el total de acciones emitidas era de 354.000. Sobre las acciones que habían decidido estar presentes en una u otra junta, lo hacían en la zona controlada por el Gobierno de Burgos el 84% y en la zona republicana el 16%. Pero el total de acciones asistentes a esas juntas sólo representaba el 57% de las que existían en circulación. Lo que quiere decir que en la junta celebrada el 18 de diciembre de 1938 en Santander (banco del Gobierno de Burgos) estaban representadas el 48,1% de las acciones del banco, y en la junta celebrada el 8 de enero de 1939 en Barcelona (banco republicano) lo estaban el 8,9%. <<

[101] Se refería al oro depositado en Mont de Marsan. En 1931 el Banco de España concertó con el Banco de Francia un préstamo de 9 millones de libras, en garantía del cual se constituyó una prenda metálica en oro. En septiembre de 1937 se liquidó con el Banco de Francia la operación. Y como consecuencia de la baja sufrida por el franco francés quedó liberada la mitad de la prenda y por lo tanto a disposición del Banco de España. Tanto el Banco de España de la República como el Banco de España de la zona nacional lo reclamaron, tratando ambos de demostrar la legitimidad de su reclamación. Según el gobernador Nicolau d’Olwer, el Banco de Francia se había negado a entregarlo si no era al amparo de una sentencia judicial. Presentada la correspondiente demanda, los tribunales franceses se declararon incompetentes, estimando que las reservas formuladas por el Banco de Francia respecto a la validez de los poderes del Banco de España demandante suscitaban la cuestión de saber si la representación legítima del Banco de España pertenecía a su gobernador, nombrado por decreto del 4 de marzo de 1936, o a alguno de los antiguos consejeros legalmente separados en aquel momento de sus funciones. En la medida en que esta junta general se celebraba el 8 de enero de 1939, el gobernador comunicó a los accionistas que la vista para sentencia estaba fijada en el Tribunal Civil del Sena para el día 25 de ese mismo mes. En aquellos momentos era realmente importante para el Gobierno de la República disponer de esos fondos para alargar la contienda. La guerra europea parecía ya inevitable, y cabía esperar que la ruptura de las hostilidades implicara un cambio radical en el curso de la guerra española. Las 40 toneladas de oro remanentes de la operación de Mont de Marsan constituían un balón de oxígeno para continuar. Pero no fue así. El 25 de febrero terminó la negociación de Francia con el Gobierno de Burgos y todas las peticiones de éste fueron aceptadas. <<

[102] En todo caso, toda esta información debe de ponerse en relación con lo que se dice en el epígrafe «Dos versiones sobre la situación económica y financiera de la República: Negrín y el Banco de España de Burgos» en este mismo capítulo. <<

[103] Designado por la Generalitat para representar en la junta al accionista Patronato de Huérfanos Pobres de San Juan de Vilatorta. <<

[104] Véase Noticiero de España («Notas financieras», 24, 12 de febrero de 1938). <<

[105] Puede verse el texto entero del discurso en La Vanguardia del 2 de febrero de 1938. <<

[106] El informe tiene nueve páginas y no lleva ni destinatario ni firma (BE, 1938a). <<

[107] Así lo confirma el acta de la sesión del Consejo del banco del 16 de mayo: «Se dio lectura de una comunicación del Ministerio de Hacienda, fecha del 7 del actual, en virtud de la cual se sirve autorizar al Banco para la publicación del balance correspondiente al 30 de abril último, el que ha sido formalizado conservando los datos del 18 de julio de 1936 para aquellas sucursales de que la Administración Central carece de información, por hallarse en territorio víctima de la rebelión militar… por razones importantes, siendo una de las principales el desvirtuar ciertas informaciones tendenciosas en orden al volumen actual de nuestra circulación fiduciaria, el Sr. Ministro ha creído conveniente autorizar al Banco para la publicación del balance». <<

[108] Las cifras del informe al 30/04/1938 diferían en algún caso de las presentadas en la junta del 8 de enero de 1939. <<

[109] El informe señalaba que la cantidad emitida era «de siete numeraciones distintas, de diez millones cada una, en las dos series de cinco y de diez pesetas». <<

[110] Una primera prueba que el informe ofrecía, aunque de tipo indiciario, era la siguiente: «la casa “Bradbury, Wilkinson”, principal proveedora de billetes del Banco de España, ha obtenido en 1937 unos beneficios netos de 126.113 libras, frente a 54.347 libras en 1935. ¿Es que una duplicación en los beneficios puede tener otra explicación que la de un aumento del negocio, realmente extraordinario? ¿No da idea dicha cifra de que la mencionada Casa impresora ha tenido que trabajar de modo desusado para satisfacer unos pedidos de billetes, propios sólo de un Banco en plena inflación?… Téngase en cuenta que los pedidos de billetes a dicha Casa, suponen mensualmente unas 40.000 libras para el Banco, y que, además, Barcelona, ha necesitado de los servicios de otra entidad: la Casa “De la Rue”, la cual ha fabricado billetes de 25, 50 y 500 pts. por cuenta de dicho Banco de España». <<

[111] El informe se preguntaba también: «¿Para qué entonces el pensar en la fabricación de un billete de “cinco mil” pesetas, cifra que indica la urgentísima necesidad de medios de pago, propia tan sólo de una inflación en pleno desenfreno?». <<

[112] En todo caso, el informe sobre el balance del Banco de España republicano realizado por el Banco de España de Burgos hay que interpretarlo separando la información objetiva que ofrece sobre un balance, de las deducciones que pueden hacerse de esas cifras con interpretaciones en clave política, como parece el caso de esta conclusión. El análisis hay que situarlo en el contexto de una guerra civil «a muerte» donde al enemigo se le negaba hasta lo evidente. <<

[1] El desarrollo del proceso de la independencia financiera catalana hay que estudiarlo fundamentalmente a través de las disposiciones publicadas en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). También ésta publicó documentos de mucho valor a ese respecto (Generalitat de Catalunya, 1936-1937 y 1937). Es importante no olvidar el discurso pronunciado en el Parlamento de Cataluña por el presidente de la Generalitat en la sesión del 1 de marzo de 1938 (Tarradellas, 1938). Entre los libros publicados puede verse Bricall (1979). También Cendra (2006) y Arias Velasco (1977). Es muy importante, a los efectos del análisis de este período, tener en cuenta el archivo de Josep Tarradellas, que, bajo el nombre de su hija, Montserrat Tarradellas i Macià, fue donado el 31 de diciembre de 1981 al monasterio de Poblet. El archivo está tutelado por un patronato presidido por el abad del monasterio. También Bonamusa (2006a y 2009a). Para más información sobre la evolución de las instituciones en Cataluña durante la República, véase Pozo (2006). <<

[2] El decreto del 26 de julio de 1936 creó en la Generalitat unas denominadas cuentas libres que en lo sucesivo podrían abrir bancos y cajas de ahorros, sin que para la retirada de saldos hubiesen de quedar sujetos a las moratorias y trámites establecidos por la República (véase la exposición de motivos de esta disposición en la Gaceta de Madrid del día 27 de julio de 1936). También Arias Velasco (1977:212 y ss.). La obra de Arias Velasco es el resultado de una minuciosa y sistemática información de lo que sucedió en el terreno de la Hacienda de la Generalitat entre los años que van de 1931 a 1938. <<

[3] La política industrial catalana causó también incidentes. El 11 de agosto de 1938, el Gobierno de la República asumió el control de la industria de guerra, lo que acentuó aún más la tensión con la Generalitat. <<

[4] Véase Arias Velasco (1977:210). <<

[5] Sobre este particular, véase Turró (1982, 1995). También Olabarría (1973) y BE (1974). <<

[6] Para situar el problema en su propia magnitud y evaluar el significado que se otorgaba a esa operación, hay que llamar la atención sobre el hecho de que, formalmente, esa propuesta era la tercera de una serie de 23 cuestiones que la comisión de sucursales sometía ese mismo día, y en un mismo paquete, a la aprobación del Consejo General del Banco de España. Se proponía también la adquisición de diez extintores de incendios, el nombramiento de un «corresponsal en Orihuela (Murcia)», y que «continúe prestando servicios de limpieza con la remuneración actual en la sucursal de Barcelona doña Dolores Saura». <<

[7] Decreto del 15 de octubre de 1936 (DOGC, 21 de octubre). <<

[8] Sobre la economía de guerra y las tensiones que se crearon en el comercio exterior, véase Bricall (2006:200 y ss.). <<

[9] También establecía que todas las mercancías destinadas a la exportación deberían llevar la «contra-marca» de Cataluña. <<

[10] Orden del 19 de octubre de 1936 (DOGC, 22 de octubre). <<

[11] DOGC del 6 de diciembre de 1936. <<

[12] Véase Cendra (2006:24). <<

[13] El Instituto de Estudios Catalanes de Barcelona contiene importantes series documentales y un completo repertorio bibliográfico en aspectos claves como la política financiera de la Generalitat y la cuestión del sistema monetario catalán. <<

[14] Más información sobre los gastos presupuestados de la Generalitat durante la guerra civil pueden verse en Bricall (1979:125 y ss.). Para más detalles sobre la política fiscal de la Generalitat, véase Bonamusa (2009b:42 y ss.). <<

[15] Véase Bricall (1975:261). Un ejemplar mecanografiado se encuentra depositado en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. <<

[16] Una descripción de las cartas financieras e información de cómo operaron puede verse en Bricall (1979:285 y ss.). <<

[17] Iniciada la guerra, el mismo 21 de julio se constituyó el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, con funciones realmente amplias, que implicaban la dirección de la guerra, la organización de la retaguardia, los abastecimientos, la política económica y la acción legislativa y judicial (Arias Velasco, 1977:206 y ss.). <<

[18] Arias Velasco (1977:219) calculó que, por contribución territorial, derechos reales y cédulas, la Generalitat había ingresado, en el segundo semestre de 1935, 45.306.886,50 pesetas, pero que desde el 19 de julio al 19 de noviembre de 1936 la recaudación había sido sólo de 9.435.253,52. Véase también Generalitat de Catalunya (1936-1937). Según Arias Velasco (1977:248) el volumen de gastos extraordinarios en Cataluña durante toda la guerra osciló entre 1.300 y 1.400 millones de pesetas. <<

[19] Cataluña hizo un gran esfuerzo para la fabricación de armas, ya que no existía tradición alguna, y tuvo que recurrir a la conversión de otras fábricas en industrias de guerra y, posteriormente, a la creación de otras nuevas (Arias Velasco, 1977:211). <<

[20] El proceso de esta confiscación puede seguirse con detalle, y con toda fidelidad, en las distintas normas legales que se reproducen en el discurso de Tarradellas del 1 de marzo de 1938 (Tarradellas, 1938). <<

[21] Véase Bricall (1979:150-153) y Bonamusa (2006b:61 y ss.). <<

[22] La explicación dada posteriormente por Tarradellas para justificar esa confiscación no podía ser más simple: «La solución entonces no era quejarnos, sino hacer fábricas y comprar maquinaria. Pero no teníamos dinero. Entonces, yo redacté un decreto por el que nos apoderamos de los depósitos de oro y plata, de valor internacional, que tenía el Banco de España en Barcelona. El Gobierno de Cataluña emitió un decreto incautando aquellos fondos y nombrando unos delegados que controlaban toda la banca. Hice esto por dos razones. Primero, porque de esta manera teníamos divisas para comprar material de guerra y segundo, porque cuando estalló el movimiento en Cataluña las sucursales de los bancos de fuera de Cataluña tenían una deuda muy importante con el Banco de España. Entonces, en las plazas dominadas por las fuerzas de Franco, los bancos pedían que se les pagara el dinero que estaba en deuda en Cataluña. Entonces, nosotros incautamos el Banco de España y no le pagamos las cantidades que reclamaban. Después, con las divisas que obtuvimos, compramos dos fábricas de municiones completas en Francia… Se ha criticado mucho la incautación del Banco de España y la intervención de la Generalitat en las fábricas, porque el Estado creía que no eran atribuciones nuestras. Pero si no lo hubiéramos hecho, se hubiera dicho que se perdió la guerra por culpa nuestra» (Tarradellas, 1986:120). <<

[23] Sobre las medidas tomadas para establecer una economía de guerra, véase Bricall (2006:181 y ss.). <<

[24] Información sobre las relaciones entre el Departamento de Finanzas de Cataluña y el Gobierno de la República puede verse en Bonamusa (1997:226 y ss.). <<

[25] Sobre la integración del movimiento obrero en el aparato del Estado y en la dirección del país, y sobre la política de actuación de los diferentes movimientos revolucionarios en Cataluña, véase Godicheau (2004). <<

[26] Véase Bonamusa (2006b:56 y ss.). <<

[27] Moradiellos (2006:285). <<

[28] «Al marcharse Negrín he recibido a Carlos Pi y Suñer, Pedro Bosch Gimpera y Juan Comorera, consejeros del nuevo Gobierno catalán. Los he retenido más de dos horas, porque no pierdo ocasión de inculcar a los catalanes la buena doctrina de gobierno y llamarles a la reflexión… “Nadie puede proponer una política de persecución —les digo—, ni siquiera de animadversión; pero de respeto a las leyes y al Gobierno, sí. Por temor a las huelgas y a los atentados, no puede entregarse Cataluña a la tiranía, de la FAI y usted no puede negarme que en Cataluña se ha estado gobernando bajo un inmenso chantaje”» (Azaña, 1981, vol. 2:121-122). <<

[29] Decreto del 6 de enero de 1938 (Gaceta de la República, 8 de enero). <<

[30] Tras la caída de Cataluña, el mundo sacó la conclusión de que la guerra española había terminado. En la Bolsa de París la peseta del Gobierno de Burgos alcanzó un valor 70 veces superior al de la republicana. Y los vales emitidos por los ayuntamientos, por los comités del Frente Popular y por la Generalitat, ya no eran aceptados (Thomas, 1979, vol. 4:321). <<

[31] El conjunto de los 58 decretos y órdenes fueron publicados en el número extraordinario del DOGC del 18 de enero de 1937. Véase también Bonamusa (2009b:71 y ss.). <<

[32] BOE del 8 de abril de 1938. <<

[33] No hay mucha documentación ni literatura en que apoyarse para analizar el proceso de independencia financiera vasca en la etapa de la guerra civil. Véase Aguirre (1978), que contiene el extenso discurso que José Antonio Aguirre pronunció sobre la gestión del Gobierno vasco desde 1936 a 1956 en el Congreso Mundial Vasco, que se celebró en París en 1956 con motivo de cumplirse el vigésimo aniversario de la constitución del Gobierno vasco. Véase, también, la historia del BBVA (González González, Anes y Mendoza, 2007), González Portilla y Garmendia (1988) y Garitaonandía y Granja (1987), con la colaboración de Tuñón de Lara, Fusi, González Portilla y Reig Tapia, entre otros. Sin embargo, la más importante fuente de documentación la constituyen las abundantes disposiciones oficiales publicadas en el Diario Oficial del País Vasco (DOPV). El Gobierno vasco documentó con detalle toda su actuación monetaria y bancaria, y, en este sentido, las exposiciones de motivos de las distintas decisiones tomadas permiten adentrarse con facilidad en cuáles eran los problemas del momento, cómo se enjuiciaban y cómo se trataban de solucionar. En todo caso, el País Vasco dispone también de una importante riqueza en lo que a archivos se refiere para poder estudiar la guerra civil. Destacan entre ellos: el Centro de Microfilm de la Consejería de Cultura del Gobierno vasco en Bergara (Guipúzcoa). El Fondo del Instituto Bidasoa de Historia Contemporánea. El Fondo Beyris, que agrupa la documentación del PNV y la que durante años se fue produciendo en el Gobierno vasco, entre la que tiene especial relevancia la relativa a la época de la guerra. El Fondo Periko Beitia, que recoge la correspondencia de la etapa de la guerra y el exilio. El Fondo del Archivo Oral Blasco Olaechea, que contiene una amplia recopilación de testimonios orales y entrevistas, centradas en la guerra civil. Véase también Meer (1990). <<

[34] La ley por la que se aprobó el Estatuto del País Vasco por el Congreso de los Diputados llevaba fecha del 6 de octubre (Gaceta de Madrid, 7 de octubre). Véase el texto íntegro en Granja (1988:135 y ss.). Sobre los antecedentes y evolución del Estatuto vasco, véase Seco (1978:63 y ss.). <<

[35] Ugarte (2009:61) ha dicho que el nacimiento del País Vasco fue posible gracias a la alianza entre el nacionalismo de Aguirre y el socialismo de Prieto. <<

[36] La composición del Gobierno era la siguiente: El PNV asumía las carteras de Gobernación (Telesforo Monzón), Hacienda (Eliodoro de la Torre) y Justicia y Cultura (Jesús M.ª Leizaola), además de Presidencia y Defensa, dirigidas por Aguirre. El PSOE asumía Trabajo, Previsión y Comunicaciones (Juan de los Toyos), Bienestar Social (Juan Gracia) e Industria (Santiago Aznar). El PCE ocupaba la cartera de Obras Públicas (Juan Astigarrabía), ANV la de Agricultura (Gonzalo Nárdiz), Unión Republicana la de Sanidad (Alfredo Espinosa) e Izquierda Republicana la de Comercio y Abastos (Ramón María Aldasoro). Quedaron marginados los anarquistas y las pequeñas formaciones nacionalistas radicales. Véase González Portilla y Garmendia (1988:25-26). Véase también González González, Anes y Mendoza (2007:182) y Montero (1986:123-150). <<

[37] A la vez, Manuel de Irujo se incorporó como ministro sin cartera al primer Gobierno de unidad nacional, presidido por Largo Caballero, que se formó en Madrid en noviembre de 1936. <<

[38] Esta declaración se publicó en Gobierno Vasco (1956:65 y ss.). Una evaluación de este programa puede verse en San Sebastián (1987:100 y ss.). <<

[39] San Sebastián (1987:106). Aunque Indalecio Prieto acusara al Gobierno vasco de excesiva burocracia. <<

[40] Eran éstos: Partido Nacionalista Vasco, Socialista, Comunista, Acción Nacionalista, Unión Republicana e Izquierda Republicana. También estaban integradas en la Junta de Defensa de Vizcaya las organizaciones sindicales: Solidaridad de Trabajadores Vascos, UGT y la CNT. La Junta estaba presidida por el gobernador civil José Echevarría Novoa. <<

[41] Eliodoro de la Torre. Diputado a Cortes por Vizcaya en 1933 y 1936. En octubre de 1936 fue designado primer consejero de Hacienda del Gobierno vasco. Fue responsable de emitir la nueva moneda del País Vasco, que en su honor se conocía como «eliodoros». Conquistada la plaza de Bilbao, la Hacienda vasca se estableció de manera itinerante en Santander, Cataluña, Francia, Holanda, Reino Unido y Venezuela, siempre de la mano de Eliodoro de la Torre, en contacto permanente con José Antonio Aguirre (véase Gobierno Vasco, 1984). <<

[42] Decreto de la Junta de Defensa de Vizcaya, 30 de agosto de 1936. <<

[43] Con motivo del primer aniversario de su constitución, el Gobierno vasco encargó a Federico Zabala Allende la realización de una obra que recogiera la labor legislativa desarrollada por el Gobierno vasco. El resultado fue El Gobierno de Euzkadi y su labor legislativa, 1936-1937 (véase Zabala, 1986). Es un inventario de la labor legislativa realizada por el Gobierno del País Vasco desde que se constituyó, hasta el momento en que las tropas de Franco conquistaron las provincias vascas. Véase también las diferentes disposiciones emanadas del Gobierno vasco en Gobierno Provisional de Euskadi. Órdenes y decretos de Hacienda del 23 de julio de 1931 al 24 de junio de 1937 (Gobierno Vasco, s.f.). <<

[44] Orden del 21 de octubre de 1936 (DOPV, 24 de octubre). En relación con las dificultades de pagos en el País Vasco y la creación de nuevos medios monetarios, puede verse González Portilla y Garmendia (1988:70 y ss.). <<

[45] La sanción mínima que se aplicaría sería una multa de cuantía igual a lo incautado, pudiendo llegar, en los casos de gravedad manifiesta, a la prisión de los contraventores (orden del 27 de noviembre de 1936, DOPV, 1 de diciembre). <<

[46] Orden del 3 de febrero de 1937 (DOPV, 7 de febrero). <<

[47] Decreto del 23 de febrero de 1937 (DOPV, 17 de marzo). <<

[48] Véase Gobierno Vasco (1984:30 y ss.). <<

[49] El Gobierno vasco no nacionalizó ni intervino ninguna empresa, salvo los ferrocarriles de vía estrecha. Y en el orden social hubo una paz absoluta. En ningún momento se registraron huelgas, ni hubo protestas ni dificultades en el trabajo. Y «las ocho horas de trabajo no sólo se cumplían, sino que eran sobrepasadas abundantemente» (Aguirre, 1977:23). <<

[50] Decreto del 9 de febrero de 1937 (DOPV, 14 de febrero). <<

[51] Decreto del 10 de febrero de 1937 (DOPV, 14 de febrero). <<

[52] Cuenta Antonio Irala que Juan Ajuriaguerra le dio la misión de «arreglármelas para encontrar dinero y comprar armas» (González Portilla y Garmendia, 1988:16). <<

[53] El hombre adinerado en el que Antonio Irala estaba pensando era Francisco Belausteguigoitia, residente en México (González Portilla y Garmendia, 1988:16 y ss.). <<

[54] Decreto del 3 de mayo de 1937 (DOPV, 11 de mayo). <<

[55] Orden del 27 de octubre (DOPV, 28 de octubre). <<

[56] Orden del 7 de noviembre (DOPV, 11 de noviembre). <<

[57] En esta disposición se hacían algunas precisiones en relación con la valoración. Se decía a estos efectos que, tratándose de oro, la reducción a pesetas se haría al cambio de 328 pesetas papel por cada 100 pesetas oro. Si se trataba de divisas, se establecería la equivalencia a la cotización que señalara el Departamento de Hacienda del Gobierno vasco. Y si se trataba de valores, a la cotización oficial de la fecha de entrega de la bolsa del Estado en que se emitieron los títulos. <<

[58] Las penas que podían imponerse, según el decreto, eran de multa de la cuarta parte al cuádruplo del importe del contrabando, con pena accesoria de inhabilitación absoluta o especial para desempeñar cargos públicos. <<

[59] Decreto del 26 de octubre de 1936 (DOPV, 28 de octubre). <<

[60] Decreto del 23 de noviembre (DOPV, 27 de noviembre). <<

[61] Para ello trató de implementar un mando único y la militarización de todas las milicias, incluyendo en ellas la marina mercante y los trabajadores de industrias movilizadas. El Gobierno de la República llegó a permitir al Gobierno vasco incrementar los límites estatutarios, de tal manera que en la práctica el País Vasco en guerra se transformó en un Estado semiindependiente (Núñez Seixas, 2006:356). Al final, los vascos se aseguraron el control absoluto de la dirección de la guerra (San Sebastián, 1987:111). <<

[62] Véase Aguirre (1977:30). <<

[63] El Gobierno vasco disponía al terminar la guerra de una serie de aviones adquiridos para la defensa de su territorio. Sin embargo, y en la medida en que el arma de aviación no había podido ser organizada por el Gobierno vasco «a falta de la cooperación indispensable para ello del Gobierno de la República, que monopolizaba todo el personal volante de la aviación», éstos fueron utilizados para la evacuación de responsables políticos en la zona republicana del centro y de levante. Estos aviones no pudieron ser recuperados (Gobierno Vasco, 1984:38). <<

[64] Decreto del 22 de agosto de 1937 (Gaceta de la República, 24 de agosto). Por un error, se volvió a publicar el día 25. <<

[65] Véase Gobierno Vasco (1984:35). Una de esas sociedades era la sociedad franco-inglesa «Finances et Entreprises» que adquirió el edificio de la avenida Marceau, número 11, donde estuvo instalada la Delegación del Gobierno vasco en París (Véase el capítulo XXVI, «Financiación del exilio. La administración republicana de los fondos en el exterior»). <<

[66] González Portilla y Garmendia (1988:36). <<

[67] Véanse también las memorias de Aguirre (1992). <<

[68] Larraz (1938:17-18) establece una definición muy certera sobre la nueva realidad de estos talones en los siguientes términos: «El “talón especial” ha consistido en un cheque de cantidad redonda, librado contra el Banco de España, por la banca privada (Bilbao y Santander), o por la Caja Central de depósitos, primeramente, y por el Consejo de Asturias después (Gijón), al cual la sucursal respectiva del Banco de España le estampaba la fórmula “tiene fondos”, poniéndolo en circulación como dinero legal el propio Banco de España y usándolo como tal la banca, las Haciendas y los particulares. Después de los primeros tiempos, los “talones” estaban totalmente impresos, resaltando en ellos la denominación del Banco de España y librado, y ostentando toda la prestancia exterior de un billete». <<

[69] Sólo en el Archivo Histórico del antiguo Banco de Bilbao (hoy BBVA), en el Palacio de San Nicolás de Bilbao, se conservan 7.994 clases de billetes locales. <<

[70] Esta acumulación de comunidades emitiendo moneda fue deteriorando progresivamente el sistema monetario republicano (Prieto Tejeiro y Haro Romero, 2010:72). Más información sobre lo que significaron las diferentes emisiones de moneda local puede verse en Moreno Aragoneses (1994). Véase también Turró y Comas (1992) y Ruiz Vélez-Frías (1975). <<

[71] Véase Ibárruri et al. (1966, vol. 2:28). En otras ocasiones se procedió «a la creación de nuevas unidades monetarias, el “entero” o la “unidad”, subdivididos en “grados”» (BE, 1974:335). Las aportaciones bibliográficas sobre el caso aragonés son escasas en este punto, que es tratado en todas las ocasiones de forma circunstancial. Véase Germán (1984) y Lorenzo (1972:117). <<

[72] La Dirección General de Finanzas de Santander ordenó el 1 de noviembre de 1936 la emisión de talones por 20.040.000 pesetas. Sobre los talones «especiales» o talones al portador del Banco de Santander, véase Martín Aceña (2007:116). <<

[73] Véase, sobre este particular, BE (1974:324-325). El caso asturiano ha sido tratado en profundidad por los investigadores, pero siempre sobre el papel emblemático de Asturias como enclave revolucionario español durante la Segunda República, faltando estudios concretos sobre los fenómenos bancarios y monetarios. <<

[74] Martorell (2006:333) recuerda el caso del Ayuntamiento de Elda, que en agosto de 1938 pagó productos agrícolas con el excedente de zapatos hechos en la ciudad. El de Orihuela hizo lo mismo con la harina. <<

[75] Decreto del 23 de diciembre de 1936, firmado por el presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, a propuesta de Francisco Largo Caballero (Gaceta de la República, 25 de diciembre). <<

[76] En realidad, el decreto del 23 de diciembre de 1936 supuso un paso adelante en la reordenación territorial del Estado republicano y debe interpretarse como la sanción de una realidad institucional promovida por el hecho revolucionario, que le obligaba a actuar desde una perspectiva legal. <<

[77] El autor no conoce la existencia de documentación ni de investigaciones sobre cómo actuaron los nuevos consejos provinciales. Tampoco ha sido posible disponer de información sobre su actividad legislativa. Una investigación pendiente y necesaria es analizar qué papel desempeñaron estos consejos en la conformación de esos territorios. Ello exigiría trabajar sobre los diarios oficiales de los consejos provinciales de la zona republicana y de los consejos interprovinciales, para ver si existió o no una organización política real a este nivel y su grado de actividad. <<

[78] Porque eran abrumadoras las quejas y denuncias que llegaban sobre la actuación de ese Consejo. Zugazagoitia (1968, vol. 1:299) fue encargado de comprobar y estudiar el caso, y llegó a la conclusión de que las denuncias tenían una aplastante unanimidad. Véase también Viñas (2007:583-586). <<

[79] Gaceta de la República del 11 de agosto de 1937. <<

[1] La Junta de Defensa Nacional fue instituida por Mola el 24 de julio (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 25 de julio de 1936) en Burgos. Con ello, trataba de constituir un Gobierno provisional, e incluso, en algún momento, parece que estuvo tentado de denominarlo así, pero la muerte de Sanjurjo desbarató los planes de formar un Directorio. La denominación «Junta de Defensa» la sugirió el conde de Vallellano «en memoria de aquellas Juntas que surgieron por todo el país cuando la invasión napoleónica». En realidad, la Junta no era sino una intendencia general de los sublevados, que preveían un conflicto muy corto. Incluso el Diario de Burgos decía, en su edición del 28 de julio de 1936, que «dentro de días, quizá de horas, la toma de Madrid será un hecho». Era un órgano colegiado integrado por militares, tenía competencias en la zona sublevada, y se encargaba de determinar qué medidas debían ser adoptadas durante los primeros días de la contienda. Estaba presidido por el general Miguel Cabanellas, el de mayor antigüedad en ese momento, y lo integraban los también generales Fidel Dávila, Emilio Mola, Miguel Ponte y Andrés Saliquet, así como los coroneles del Estado Mayor del ejército Federico Montaner y Fernando Moreno. La Junta de Defensa Nacional eligió a finales de septiembre de 1936 al general Franco como «generalísimo» de las fuerzas de tierra, mar y aire, y jefe del Gobierno. Se le confirieron «todos los poderes del nuevo Estado» (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 30 de septiembre). Sobre la Junta de Defensa Nacional, véase Castro (2006:99 y ss.). <<

[2] Bando del 28 de julio de 1936 (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 30 de julio). Declaración del estado de guerra: «El estado de guerra declarado ya en determinadas provincias, se hace extensivo a todo el territorio nacional… El presente Bando empezará a regir a partir de la fecha de su publicación». <<

[3] Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 28 de julio. Presidía la comisión Enrique Fernández Casas, miembro del Cuerpo de Intervención Militar. La constituían como vocales Álvaro de Bazán y Guisasola, teniente coronel de Intendencia, Fernando Pastrana Pérez Íñigo, comandante de Intendencia, y Cándido Rodríguez de Trujillo, comisario de guerra del Cuerpo de Intervención Militar. Como secretario fue nombrado Federico Domínguez de la Hera, comandante de Intendencia. <<

[4] Como Ángel Gutiérrez, Pedro Alfaro o José Navarro Reverter. <<

[5] Estas relaciones de profesionales disponibles para puestos de responsabilidad pueden verse en el Archivo General del Ministerio de Economía y Hacienda. <<

[6] El Gobierno de Burgos centralizó totalmente la vida económica con el objetivo declarado de aumentar los rendimientos productivos mediante la implantación de más horas de trabajo, considerables rebajas salariales, la anulación de todo tipo de conflictos huelguísticos y la completa subordinación obrera a las órdenes patronales y a las directrices estatales. A título ilustrativo, la jornada laboral en el interior de las minas fijada desde 1919 en siete horas diarias, fue aumentada a ocho horas el 20 de diciembre de 1936 (Moradiellos, 2004:114-115). <<

[7] Decreto del 14 de agosto de 1936 (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España del 17 de agosto). <<

[8] Orden de la Junta de Defensa Nacional del 29 de agosto de 1936 (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 4 de septiembre). <<

[9] Decreto de la Junta de Defensa Naciona del 20 de agosto de 1936 (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 21 de agosto). <<

[10] En realidad, era un Consejo de Ministros. La presidía el general Dávila, y el general Gil Yuste actuaba como secretario. De la Presidencia dependían siete presidentes de comisiones, que se constituyeron con personalidades civiles: Joaquín Bau, Industria, Comercio y Abastos. Andrés Amado, Hacienda. José María Pemán, Cultura e Instrucción. José Cortés, Justicia. Eufemio Olmedo, Agricultura. Alejandro Gallo, Trabajo. Y Mauro Serret, Obras Públicas. De alguna manera, pretendían ser representativos de las familias políticas que habían apoyado al régimen. Sobre la Junta Técnica del Estado puede verse más información en Castro (2006:106 y ss.). <<

[11] Decreto del 18 de noviembre de 1936. En su preámbulo se decía que las «exportaciones e importaciones que se hacen en el territorio ocupado y la modalidad establecida para el pago de los créditos resultantes, así como los ingresos de divisas extranjeras de otras procedencias, hacen necesario el establecimiento de un tipo oficial de cambio que los regule y la creación de un organismo que vigile, reúna y encauce dichas operaciones, el que tendrá a su cargo al propio tiempo el depósito y cuenta de las divisas extranjeras disponibles para las necesidades nacionales». <<

[12] Este comité se encargaba de la autorización de todas las operaciones de comercio exterior realizadas por particulares, y operaba a través de juntas reguladoras de importación y exportación provinciales (decreto del 30 de noviembre de 1936, BOE del 9 de diciembre). <<

[13] Los jefes militares y comandantes de columnas, así como los tribunales (castrenses y ordinarios), tenían prohibido fijar penas pecuniarias o llevar a cabo incautaciones, debiendo limitarse a transmitir sus sentencias a la comisión, la cual, mediante un expediente de responsabilidad civil paralelo, era la única que podía tomar medidas de embargo. El fruto de las incautaciones debía ser ingresado en la Caja General de Depósito a disposición de la comisión. <<

[14] Orden del 3 de julio de 1937 (BOE, 4 de julio). Véase Velarde (2002:945 y ss.) y Suárez (1997:137 y ss.). <<

[15] La comisión debería actuar «en perfecta conexión con la Comisión Militar de Incorporación y Movilización Industrial» y tenía carácter provisional hasta que pudiera constituirse la junta reguladora, como en las demás provincias. El método resultó útil y fue empleado posteriormente hasta el final de la guerra en todos los territorios que se fueron ocupando. <<

[16] Decreto ley del 23 de agosto de 1937 (BOE, 25 de agosto). <<

[17] Ley del 30 de enero de 1938 (BOE, 31 de enero). <<

[18] Ley del 24 de noviembre de 1938 (BOE, 30 de noviembre). Se decía en su exposición de motivos: «Urge también introducir unidad en la definición genérica de los hechos delictivos y en la jurisdicción que de los mismos haya de conocer». La ley dedicaba el título primero a los aspectos penales, definiendo los delitos de contrabando monetario, y el segundo a los aspectos procedimentales. <<

[19] Antonio Goicoechea Cosculluela. Letrado del Consejo de Estado. Diputado y senador por el Partido Conservador. Fue presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Durante el reinado de Alfonso XIII fue ministro de la Gobernación con Antonio Maura. Presidió las Juventudes Mauristas. Colaboró con la dictadura de Primo de Rivera y, tras la proclamación de la Segunda República, se unió al Partido de Acción Nacional. En 1933 fundó Renovación Española, partido que agrupó las fuerzas monárquicas. <<

[20] Decreto del 25 de marzo de 1938 (BOE, 27 de marzo). Unos días antes se dispuso el cese por jubilación de Pedro Pan Gómez en el cargo de subgobernador primero. Fue sustituido por Ramón Artigas Gracia. Y para el cargo de subgobernador segundo se nombró a César Antonio de Arruche y Villanueva. Con esa misma fecha, fueron nombrados consejeros en representación del Estado, José Larraz López, Ángel Gutiérrez Martínez y Eduardo Aunós Pérez. <<

[21] Tal como se preveía en esta normativa, los problemas de liquidez fueron con posterioridad realmente graves. <<

[22] En general, las actas son muy completas, y constituyen un verdadero y detallado expediente sobre lo que estaba sucediendo, porque llevaban incorporadas, como anexos, las comunicaciones, correspondencia e informes que daban lugar a la exposición del ponente. <<

[23] Sirva como ejemplo la comunicación del director de Toledo del 9 de octubre de 1936, dando cuenta de que «durante los primeros días de asedio era tal la magnitud de los saqueos, que no dudó en poner a salvo los registros de cuentas corrientes y créditos, así como los libros de contabilidad y fichero de acreditados de la sucursal, inutilizando incluso el día 27 de julio billetes por un total de 14 millones de pesetas». <<

[24] El Archivo Histórico del BBVA, independientemente de su documentación de carácter genérico, muy amplia y representativa, integra dos colecciones de considerable interés. Por una parte las memorias anuales de las sucursales del antiguo Banco de Bilbao, y por otra los informes de inspección de sucursales del antiguo Banco de Vizcaya. Ello permite disponer de abundante información sobre la guerra civil en cada una de las dos zonas, especialmente de interés para profundizar en los momentos del cambio de bando que se fue produciendo a lo largo de la guerra. Constituyen verdaderas joyas históricas, porque permiten conocer la información que, a pie de plaza, daban los directores de oficinas y agencias sobre la situación económica de cada momento y el tejido comercial y empresarial, los mecanismos de funcionamiento económico y de los problemas bancarios que se iban planteando. Todo esto permite disponer de una visión macroeconómica de los efectos financieros de la guerra que no es posible visualizar en ninguna otra documentación. <<

[25] Decreto del 24 de julio de 1936 (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 25 de julio). <<

[26] Orden del 27 de julio de 1936 (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 28 de julio). <<

[27] Decreto del 12 de septiembre de 1936 (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 12 de septiembre). <<

[28] Decreto del 4 de junio de 1938 (BOE, 5 de junio). <<

[29] Orden del 7 de junio de 1938. Su aplicación por los establecimientos bancarios venía regulada por la circular n.º 1, de 10 de junio de 1938, del Servicio Nacional de Banca, Moneda y Cambio. <<

[30] Decreto del 8 de mayo de 1939 (BOE, 24 de mayo). <<

[31] Un caso paradigmático fue la conquista de Madrid, que se detalla más adelante. <<

[32] Proceso que se analiza en el capítulo X, «La guerra monetaria del Gobierno de Burgos». <<

[33] Sobre las vicisitudes de la moneda de plata, véase Francisco (2006). <<

[34] En la sesión del 5 de octubre se informaba al Consejo del contenido de una carta muy reservada del director de la agencia de Tetuán haciendo algunas observaciones personales sobre la disminución de las existencias de monedas de plata. Señalaba que «los hebreos, los musulmanes o los españoles, ocultan la plata para atesorarla con propósitos de lucro». Confirmaba que de plata sólo existían movimientos de salida. Y añadía que incluso «se había iniciado un constante cambio de billetes por plata», por lo que él había «limitado las entregas de dicho metal a 25 pesetas por presentador». Pero le parecía tan grave lo que estaba sucediendo, que «de estos acuerdos he dado cuenta a la autoridad militar por si dicta alguna medida que contrarreste el abuso de gentes desaprensivas». <<

[35] Para más información sobre la moratoria de la zona sublevada y sobre fuentes bibliográficas en relación con esta cuestión, véase Sánchez Asiaín (1992:110-111 y 1999a:181-184). <<

[36] Se estableció un plazo de suspensión de vencimientos de 15 días a partir del paso de la plaza a dominio del Gobierno de Burgos. El cuerpo jurídico se completó con otro decreto, del 14 de septiembre de 1936 (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 17 de septiembre), y una orden del 13 de noviembre de 1936 (BOE, 14 de noviembre) que desarrolló la casuística de la moratoria. <<

[37] Decreto del 9 de noviembre de 1939 (BOE, 12 de noviembre). <<

[38] Así se aprecia en las actas de la sesión del día 10 de noviembre y sucesivas. <<

[39] En los primeros momentos, y durante los meses de noviembre y diciembre, suministraron fondos para la provisión de liquidez a Madrid, a través de Toledo, y según puede leerse con todo detalle en sucesivas actas del Consejo del banco, las sucursales de Algeciras, Córdoba, Granada, Huelva, Jerez, Segovia, Sevilla y Zamora. Poco después, y para los mismos fines, se concentraron en Ávila y Toledo remesas de moneda de plata procedentes de Lugo, Vigo, Pontevedra, Orense, Santiago, Salamanca, Talavera, Valladolid y Zamora. <<

[40] Fundamentalmente Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. <<

[41] Noticiero de España, «Notas financieras», 38, 4 de junio de 1938. <<

[42] Para una información más detallada y sobre fuentes de este epígrafe, véase Sánchez Asiaín (1999a:72-91). <<

[43] Sobre la agricultura del Gobierno de Burgos, véase Martínez Ruiz (2006b:112 y ss.) y Cuenca Toribio (1986). <<

[44] Ello representó un notable apoyo al agro, con lo que se cubría un posible foco de tensiones y se estimulaba la producción. <<

[45] Véase el capítulo XI, «Banca y cajas de ahorros». <<

[46] Véase, sobre esta cuestión, González Portilla (1987). Para más información sobre la militarización de la industria en la zona del Gobierno de Burgos y su aparato institucional, véase Gálvez (2006:486 y ss.). <<

[47] Información detallada sobre la expansión de la industria en la España sublevada, con indicadores mensuales de números de fábricas, empleo e índices de producción y productividad, puede verse en Catalan (2006:202). <<

[48] Es una muestra que sólo representa el 45,5% de la producción total española, pero puede considerarse válida, porque el resto del territorio no es significativo por haber cambiado de manos durante la guerra. <<

[49] Véase Sánchez Asiaín (1999a:84-85; 1999b:592). El Servicio de Estudios del Banco de España, en su informe Cálculo de los coeficientes de desbloqueo (BE, 1939c:24 y ss.), estimaba, en términos generales, la evolución de la curva de la oferta de la economía republicana, señalando que se había mantenido más o menos horizontal hasta enero de 1937, y que a partir de ese mes se detectaba una caída muy fuerte y continuada con tendencia a cero al final de la guerra. En cifras, esta tendencia de la oferta se traducía en una caída del 40% a finales de 1937 y del 80% al término de 1938. Encaja perfectamente con la muestra de las provincias. <<

[50] Véase Catalan (2006:191 y ss.). <<

[51] Véase Sánchez Asiaín (1999b:592 y ss.). <<

[52] Datos de 36 provincias de la zona nacional muestran un crecimiento en 1937 del 14,1% sobre 1936 en el número de viajeros transportados y del 6,5% en los kilómetros recorridos (Ministerio de Organización y Acción Sindical, 1939b:631). <<

[53] Por la ley del 2 de marzo se requisaron 138 buques de diferentes navieras. Con ello se pretendía impedir la venta a navieras extranjeras de los barcos de Sota y Aznar atracados en Gran Bretaña. <<

[54] Véase para más información el capítulo XI, «Banca y cajas de ahorros». <<

[55] «Por ser de conveniencia suma el centralizar, cuanto se pueda, todo lo que se refiera al suministro de gasolina y demás productos monopolizados, facilitando con ello la labor de los organismos que tienen precisión de disponer lo concerniente a servicio tan importante, la Junta de Defensa Nacional ha dispuesto que en la plaza de Burgos se constituya una oficina central de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. (Campsa) que, interviniendo directamente en todas las Dependencias de la misma, dé las órdenes oportunas que, controladas por esta Junta, sirvan para desarrollar las propuestas de necesidades que se ofrezcan en servicios de cualquier clase, suministros, abastecimientos, existencias, personal, etc.» (orden del 13 de agosto de 1936, Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España del 14 de agosto). <<

[56] El autor quiere agradecer a su amigo José Luis Díaz Fernández su valiosa información sobre los problemas que planteó el suministro del petróleo a los sublevados durante la guerra civil. <<

[57] Véase la situación comparada, en cuanto a instalaciones y disponibilidad de petróleo de la República, en el epígrafe «Cómo se financió el petróleo en la República», en el capítulo VII, «El sistema financiero de la República». <<

[58] El petróleo de la zona nacional fue transportado en barcos fletados por Texaco, que realizaron 156 viajes con 1.484.732 toneladas; y en barcos propios, 225 viajes con 1.986.651 toneladas. El Gobierno Roosevelt aplicó muy pronto el embargo a los dos contendientes. Pero Cierva (1997c:79 y ss.) sostiene que Estados Unidos favoreció de hecho al Gobierno de Burgos, hasta el punto de que su intervención a favor de Franco fue realmente decisiva, y no inferior a la alemana y la italiana. Es cierto que el Gobierno norteamericano tuvo que imponer a la Texaco multas por quebrantar el embargo con el envío de material estratégico, pero éstas fueron simbólicas. <<

[59] Campsa (1936, 1940, 1943). Todas ellas en el Archivo Histórico de Campsa, hoy depositado en Repsol YPF. <<

[60] La Memoria agradecía el apoyo y el entusiasmo que prestaron el presidente de la Texas Company, Rieber, y su director en París, Brewster. <<

[61] Ésta ya era escasa en mayo de 1936, momento en que fueron firmados contratos para la construcción de tres buques. La ruptura del 18 de julio dejó en territorio controlado por el Gobierno de Burgos los buques Badalona y Campás, y los pontones Tiflis, Ebros y Texaco. El resto de la flota se encontraba en poder de la Campsa republicana. El Elcano fue hundido por la aviación y el Campeador por la escuadra, ambos en agosto de 1937. El Campuzano fue apresado por el crucero Canarias, y el Campoamor recuperado «merced a un golpe de audacia» en el puerto de Burdeos. Al conquistarse Málaga, se recuperaron el Petróleo y el Ophir. El resto de la flota quedó al servicio de la República hasta después de ocupada Barcelona. Sobre la situación y evolución de la flota petrolífera de Campsa durante la guerra civil, véase «Vicisitudes de la flota petrolífera del Monopolio durante el período 1936-1947», en Martínez Gil (1977:27 y ss.). <<

[62] Sobre la historia de la Campsa, véase Tortella, Ballestero y Díaz Fernández (2003). <<

[63] Álvarez Alonso estuvo presente en todas las negociaciones con la Texaco. Conoció al presidente de la refinería, Rieber, en el año 1935, con ocasión de haber sido enviado por Campsa para inspeccionar los embarques de petróleo que esa compañía vendía a España. <<

[64] Véase Martín Aceña (2007:122). <<

[65] Ley del 13 de octubre de 1938 (BOE, 20 de octubre). <<

[66] «Notas financieras», 59, 29 de octubre de 1938. <<

[67] Para mayor información, véase «Proceso de absorción monetaria», en Sánchez Asiaín (1999a:164-175). <<

[68] Véase el capítulo XXIV, «La unificación monetaria. La Ley de Desbloqueo de 1939». <<

[69] Larraz (2006:222) señaló que el bloqueo bancario constituyó un problema que afectaba, nominalmente, a más de 20.000 millones de pesetas. <<

[70] Larraz (1938) y BE (1938b). <<

[71] Este peligro se hizo particularmente evidente con la conquista por los sublevados de la plaza de Bilbao, en junio de 1937, que mostró la necesidad de regular con urgencia, y con más detalle, el proceso de conversión de una moneda en otra. <<

[72] Debe tomarse esta afirmación como una simple aproximación, en la medida en que hay que tener en cuenta que, en los meses de guerra que mediaban entre estas dos fechas, una buena parte de los territorios bajo control republicano había cambiado de manos. <<

[73] Esto quería decir, por ejemplo, que en septiembre de 1937 la peseta republicana hubiera sido canjeada por 0,62 o por 0,47 pesetas nacionales, según se tomara uno u otro módulo en función de los cálculos que el Servicio de Estudios del Banco de España de Burgos había confeccionado. <<

[74] En el capítulo XXIV, «La unificación monetaria. La Ley de Desbloqueo de 1939», se analiza la fórmula que se utilizó y la normativa con que el desbloqueo fue aplicado. <<

[75] Este problema fue planteado por primera vez en el informe que, en marzo de 1938, el Banco de España remitió al ministro de Hacienda como dictamen en relación con el problema que se había planteado sobre la Cancelación de los depósitos en billetes del Banco de España sujetos a revisión. El informe, que se ha utilizado en estas páginas, está firmado por el subgobernador (BE, 1938b). <<

[76] A mayor abundamiento, el dictamen llamaba la atención sobre el hecho de que aún no se habían publicado en el BOE las series y los números de los billetes declarados nulos, que establecían la divisoria entre billetes legítimos e ilegítimos. <<

[77] BE (1938d). <<

[78] Córdoba (1938). <<

[79] La Memoria estaba firmada por Antonio Goicoechea, en Burgos, el 10 de diciembre de 1938. <<

[80] Los accionistas aparecen en la Memoria clasificados en dos grupos: a) accionistas cuyas acciones estaban domiciliadas en las sucursales de las zonas «liberadas», y b) accionistas que tenían sus acciones domiciliadas en Madrid o sucursales sometidas al dominio republicano. El análisis de estas listas permitiría profundizar en la estructura del accionariado del Banco de España en aquellos momentos, cosa que hasta este momento no parece que se haya hecho. <<

[81] El gobernador se refería a los artículos publicados en Le Journal des Débats, Le Temps y The Financial News, entre otros. <<

[82] Véase el epígrafe «Instrumentos del sistema para la planificación financiera y monetaria», en el capítulo II, «El escenario económico-financiero de la guerra como punto de partida». <<

[83] Mariano Sebastián Herrador. Antes de la guerra había sido director de la sucursal del Banco de España en Valladolid. Discípulo de Flores de Lemus. Colaboró con artículos sobre temas bancarios en la revista Libertad, órgano de propaganda de la Falange. <<

[84] Larraz (1938). Véase también Martín Aceña (2000:94 y ss.). <<

[85] BE (1939c). <<

[86] Firmado por Mariano Sebastián Herrador (1938). <<

[87] BE (1942c). <<

[88] Véase Heiberg y Ros (2006:4-5). <<

[89] Ungría (s.f.). Sobre el entonces teniente coronel Ungría y los servicios de espionaje, véase el capítulo X, «La guerra monetaria del Gobierno de Burgos». <<

[90] Véase Sánchez Asiaín (1992:129 y ss.). <<

[91] Para más información sobre la intercomunicación entre las dos zonas, véase el epígrafe «La permeabilidad informativa entre las dos zonas» en el capítulo XI, «Banca y cajas de ahorros». <<

[92] Olaya ha investigado muy a fondo este fenómeno y documenta distintos casos con mucha información. Como ejemplo, la República trataba de exportar a España importante material aeronáutico que el Departamento de Estado norteamericano autorizó, Olaya recuerda que, conocida la operación, se montó inmediatamente otra, organizada por los servicios de información de Burgos, que la filtraron inmediatamente a la prensa y que lograron que los periódicos de la cadena Hearst iniciaran una violenta campaña contra la intervención en asuntos españoles. Se presionó también al propio presidente Roosevelt. Éste pidió a varios diputados que presentaran una enmienda a la ley de neutralidad americana que incluyera a España. La Cámara de Representantes estaba de vacaciones, y los que estaban preparando la operación por cuenta de la República aceleraron el embarque del material. Pero los agentes de Burgos lograron que un abogado interpusiera una demanda de pago de sus haberes para retener el embargo. En el entretanto, el buque con material aeronáutico se hizo a la mar. Pero los agentes de Burgos consiguieron que un juez fallara favorablemente el embargo. Y el servicio de guardacostas, requerido para la aplicación del fallo, se apresuró a detener el barco. Fracasaron en sus propósitos, porque ningún material iba dirigido a nombre de Prieto, como se había dicho. El barco pudo continuar su ruta, fue perseguido por un barco y un avión del servicio de guardacostas hasta el límite de las 3 millas de aguas territoriales durante la urgente votación de la enmienda en la Cámara de Representantes. Pero cuando el presidente firmó la enmienda el barco se encontraba ya en alta mar. Esta rocambolesca historia entre agentes de los servicios de información es un solo ejemplo, aunque muy ilustrativo, de que en la guerra civil existió una verdadera guerra de los servicios de información en el extranjero, que tuvo mucho que ver con el aprovisionamiento de armas y financiación (Olaya, 1998:130-131). <<

[93] Aunque el consulado español republicano estaba informado de lo que se preparaba, no tomó ninguna medida precautoria, y se permitió que sus tripulantes lo dejaran abandonado para asistir a un baile en su honor. <<

[94] Véase Bahamonde y Cervera (1999:247 y ss.). Véase también Cervera (1998:235 y ss.). <<

[95] Eccles (1939). El informe está firmado el 28 de marzo de 1939, y en él deja entrever que su información procedía de fuentes muy fiables. El autor tiene que agradecer a Hugh Thomas el texto de este informe. <<

[1] Para más información y fuentes sobre la guerra monetaria, véase Sánchez Asiaín (1999a, 1999b, 2003a). También (1992, 1993a, 1993b, 2008b). <<

[2] Sánchez Asiaín (2003b; 2005). <<

[3] Véase «El control monetario», en Sánchez Asiaín (1999a:144-151). <<

[4] BOE del 13 de noviembre. <<

[5] González-Bueno (2006:89). <<

[6] La operación declaraba nulo todo billete del Banco de España de uso corriente que no estuviera sellado por una estampilla, que se definía legalmente en el decreto correspondiente. El estampillado supuso un laborioso proceso llevado a cabo entre el 12 de noviembre y el 14 de diciembre de 1936, que se realizó con carácter de urgencia, y que implicó fuertemente a los servicios bancarios de la zona nacional. Para la presentación de billetes del extranjero se abrieron oficinas del Banco de España en los edificios de las aduanas de Dancharinea (Navarra), Irún (Guipúzcoa), Verín (Orense), Fuentes de Oñoro (Salamanca), Badajoz, Ayamonte (Huelva) y La Línea de la Concepción (Cádiz), así como en los puertos de Sevilla, La Coruña, Vigo y Cádiz. <<

[7] Tratando de estimular el ingreso en cuenta corriente, estas cuentas serían «de libre disposición, y no sujetas por tanto a ninguna de las restricciones» vigentes. <<

[8] Acuerdos tomados en las sesiones del Consejo del Banco de España de 9 de octubre y 7 de noviembre de 1936. El proyecto definía el mecanismo de presentación de billetes y los plazos para efectuar el estampillado, el trámite de los billetes defectuosos, la admisión de billetes por la banca privada, las cuentas a que podrían abonarse, la disposición de fondos de las cuentas corrientes y los modelos de documentación que se debían utilizar. Juntamente con el proyecto definitivo, que se incluía en el acta de la sesión del Consejo del banco en el que el acuerdo se tomó, se acompañaba un borrador del proyecto anterior, sin duda corregido y ampliado para llegar al definitivo. Un hecho que, a efectos históricos, mejora mucho la información disponible sobre aquella operación. <<

[9] Este hecho se refleja en el acta del Consejo de Administración del Banco Zaragozano del 19 de diciembre de 1936, donde se explica que en las oficinas de esa entidad de la zona controlada por el Gobierno de Buros se presentaron 17 millones de pesetas para estampillar «quedando en las cuentas corrientes, a plazo y Caja de Ahorros un 70% aproximadamente». En este sentido se manifestaba también el director gerente del Banco Castellano al informar al Consejo el 12 de noviembre de 1936 que «el estampillado de los billetes… ha conseguido corregir el atesoramiento, devolviendo a las Cajas de los Bancos sumas de gran importancia» (Sánchez Asiaín, 1999a:156). <<

[10] El atesoramiento había sido hasta entonces excepcionalmente alto. Pero esta medida cambió de modo sustancial los hábitos de la clientela bancaria. «Hubo personas que sacaron el dinero hasta de debajo de los ladrillos. A algunos incluso les habían comido los ratones el dinero… Se llegó a dar el caso de que a mí me llamara algún cliente para que fuera a su casa a recoger el dinero, pues no quería que le vieran en la cola, para que nadie se enterara de que tenía dinero» (Conversación con empleados del Banco de Bilbao en Mérida, 20 de noviembre de 1980, Colección de entrevistas. Véase el capítulo XI, «Banca y cajas de ahorros»). <<

[11] «En París se están estampillando billetes con las características de los procedentes de la zona franquista» (circular n.º 12 de fecha 21 de enero de 1937 del ministro francés de Interior al de Asuntos Exteriores y al gobernador del Banco de Francia informándoles de este hecho, citado en Olaya, 1998:106). <<

[12] Sobre cómo la peseta franquista «devoró» a la peseta republicana, puede verse Martorell (2006:348 y ss.). <<

[13] Del grado de extensión que llegó a alcanzar este clima de desconfianza en la zona republicana da cuenta el caso de un empleado de banca que recuerda cómo durante una breve visita al despacho del delegado del Gobierno vasco y consejero del banco en calidad de tal, aquél les aconsejó a él y a todos los presentes en aquella ocasión, todos ellos trabajadores de la entidad, que si disponían de billetes validados por el Gobierno de Burgos, no se desprendiesen de ellos «por si acaso», que los guardasen «para cuando terminara [la guerra] tener dinero para poder comer ellos y sus familias» (Colección de entrevistas). <<

[14] BE (1939c:14-15). Véase Sánchez Asiaín (1999a:158-159). Se dispone de testimonios de empleados de banca activos en el período de guerra, localizados en enclaves de la República tan distantes entre sí como Lequeitio (Vizcaya) y Reus (Tarragona) que dan fe del grado de generalización que alcanzó entre la población asentada en su zona la práctica del atesoramiento del billete legalmente reconocido por las instancias oficiales del Gobierno de Burgos. Testimonios que señalan que «esta práctica, tan perniciosa para el discurrir económico de la República, fue resultado en buena medida de la divulgación vía radiofónica de las series de billetes validados por la Junta Técnica del Estado» (Colección de entrevistas). <<

[15] Se acordó que sólo se deberían aceptar los saldos existentes a 18 de julio de 1936, en cuanto no fueren menores los existentes a la fecha de conquista de una plaza, a fin de depurar los incrementos. Nadie sabía tampoco cómo se haría dicha depuración. El criterio del Banco de España se impuso de facto entre bancos y cajas de ahorros. Por tanto, los incrementos sobre el saldo del 18 de julio de 1936 y los saldos de cuentas corrientes abiertas con posterioridad a dicha fecha quedaban bloqueados sin mediar disposición legal alguna. Véase el capítulo XXIV de este trabajo, «La unificación monetaria. La Ley de Desbloqueo de 1939». <<

[16] Martorell (2001:213 y ss.). <<

[17] Curiosamente, no se hicieron públicas entonces las series consideradas legales por el Gobierno de Burgos. El Banco de España en Burgos envió en marzo de 1937 a sus directores de sucursal una circular reservada con esta información (Larraz, 1938:31). Cuando comenzó la guerra, en el Banco de España republicano quedaban como reserva de billetes parte de las series emitidas con fechas entre el 1 de junio de 1925 y 15 de julio de 1928, correspondientes a valores de 25, 50, 100, 500 y 1.000 pesetas. También estaba todo el billetaje de las series fechadas entre el 15 de julio de 1928 y 25 de abril de 1931, con el mismo abanico de nominales anterior. Todos estos billetes fueron puestos en circulación durante la guerra, con la excepción del billete de 1.000 pesetas, del 25 de abril de 1931, utilizado como garantía para la fabricación de un billete de 100 pesetas emitido en 1938 (véase BE, 1974:297-298). <<

[18] El papel moneda recogido hasta el 20 de noviembre de 1938 procedente del puesto en circulación por el Gobierno republicano después del 18 de julio ascendió a 292,4 millones de pesetas, de los que 222,9 eran billetes del Banco de España, 13,9 certificados de plata y 55,6 otros signos fiduciarios. Destaca el hecho de que en ciudades como Bilbao, sobre 23,1 millones de pesetas retiradas, 19,1 eran de otros signos fiduciarios. Éstos también tuvieron un peso relativo fuerte en las retiradas efectuadas en plazas como Gijón, Oviedo, Santander y León, y también fue importante en Vitoria y Valladolid (BE, 1939c). <<

[19] Órdenes del 10 de julio de 1937 y 4 de mayo de 1939. <<

[20] Véase Sánchez Asiaín (1993b). <<

[21] Decreto reservado del Ministerio de Hacienda del 27 de agosto de 1938. El expediente se encuentra en el Archivo General del Ministerio de Economía y Hacienda. Antecedentes doctrinales y políticos del decreto del 27 de agosto de 1938, pueden verse en Larraz (1938). <<

[22] El decreto reservado del Ministerio de Hacienda nombraba como presidente para este comité a José Ungría Jiménez, y como vocales a Ángel Gutiérrez Martínez y Ramón Martínez Artero. <<

[23] El libro se encuentra en el Banco de España. El título de la cuenta coincide exactamente con la denominación del Fondo: «Fondo de papel moneda puesto en curso por el enemigo». <<

[24] Como es el caso de los 2.126.450 procedentes del Ministerio de Hacienda del 5 de mayo de 1939, o los 2.244.475 del ejército de Navarra, del 15 de enero de 1940. <<

[25] Los apuntes se prolongaron con nuevas entradas de billetes hasta alcanzar los 73,8 millones en octubre de 1951. <<

[26] BE (1939b). <<

[27] Este trabajo planteaba ya a principios de 1938 la problemática de unificar los dos sistemas monetarios: «En tanto que la guerra civil no cese, las dos comunidades dinerarias seguirán vivas. Mas la sucesiva expansión geográfica del Gobierno nacional… está planteando ya un problema complejísimo; la refundición de la circulación del vencido y la circulación del vencedor; problema llamado a alcanzar su máxima envergadura el día de la victoria total. Este problema complejísimo, que es moral, es jurídico, es económico, es financiero y es bancario, constituye la materia del presente estudio». <<

[28] Información sobre la evolución de las cotizaciones en la Bolsa de París puede verse en el capítulo XXI, «Precios y cotizaciones». <<

[29] Hasta el descubrimiento de las memorias inéditas del general Ungría no se tenía noticia de este aspecto de la financiación de las quintas columnas, un planteamiento original muy eficaz del Gobierno de Burgos. Hay mucha literatura sobre lo que eran, cómo funcionaban y sobre algunos de los objetivos logrados por las llamadas quintas columnas. Pero muy poco sobre su utilización en esta línea. Véase Palacio (1970:241 y ss.) y Paz (1976). Y sobre los orígenes del término «quinta columna», que se atribuye a Mola, véase Haro Tecglen (2000:165 y ss.) y García Serrano (1964:330 y ss.). Véase también «El quintacolumnista» y «Actividades de la quinta columna» en Cervera (1998:139 y 241 y ss.). Sobre las quintas columnas en Madrid, véase Bahamonde y Cervera (1999:256 y ss.). Y sobre el nacimiento y actuación de las quintas columnas en Barcelona, Tarín-Iglesias (1985:56 y ss.). Sobre el papel y funcionamiento de las quintas columnas, véase Pastor Petit (1978). <<

[30] A lo largo de las memorias de Azaña la expresión quintas columnas, por su significado y su peligro, está permanentemente latente. El 21 de octubre de 1937 escribe en su cuaderno de La Pobleta que «la “quinta columna” se ha hecho dueña de Gijón, mucho antes de la llegada del ejército enemigo» (Azaña, 1981, vol. 2:335). El 4 de noviembre escribe que «la que llaman “quinta columna” ha obrado en Santander con decisión y oportunidad. Órdenes salidas de ella, corriendo velozmente entre la tropa, determinaron que miles de soldados se agolparan en los muelles de Santander, para embarcarse. Hubo que emplazar las ametralladoras para que despejasen». Y ese mismo día, más adelante, recuerda que «dentro de Avilés, la “quinta columna” atacó a una brigada, le hizo muchas bajas. Desertaron doscientos soldados» (Azaña, 1981, vol. 2:353-354). <<

[31] José Ungría Jiménez cursó estudios en la Escuela Superior de Guerra de Madrid y en la École Supérieure de Guerre de París, donde tuvo como compañero a Charles de Gaulle. Al estallar la guerra estaba destinado en Madrid como jefe del Estado Mayor de la División de Caballería. Se refugió en la embajada francesa, donde permaneció hasta principios de 1937, en que, gracias a la colaboración de la marina francesa, consiguió pasar a la zona nacional. <<

[32] El libro de Paz (1976) puso sobre la pista de la existencia de unas memorias elaboradas por el general José Ungría, que no alcanzaron a ver la luz. Y afortunadamente éstas pudieron ser localizadas en el Servicio Histórico Militar. En realidad, son unas notas escritas a máquina, en tercera persona. Constituyen una especie de autobiografía de Ungría. Posiblemente están redactadas entre los años 1966 y 1968, con alguna anotación manuscrita y con la firma del entonces ya general José Ungría Jiménez. Tengo que agradecer a mi amigo Vicente Palacio Atard el haber podido disponer de una copia de esas memorias. <<

[33] Organización de espionaje fundada por el general Mola. <<

[34] Tómese nota de que se habla de «autorización para vender» directamente. Es significativo que no se hiciera ninguna referencia al «Fondo», que era el competente para la venta, lo que confirma que hubo otras vías para utilizar los fondos y que éstas pudieron ser más importantes, por ser más directas. <<

[35] Ungría (s.f.). El SIPM contaba con un buen sistema de comunicaciones. Ya en octubre de 1938 se valía de una importante red de comunicaciones radiofónicas con una emisora principal en el interior de Madrid, como se ha comentado anteriormente, con el nombre en clave de EMM (España, Melilla, Madrid). Y el coronel Casado, cuando ya había contactado con las quintas columnas, en enero de 1939, cedió a los agentes de Franco la potente emisora de Unión Radio de la capital para que establecieran sus contactos con Burgos (Bahamonde y Cervera, 1999:264). <<

[36] Según consta «en acta suscrita entre los coroneles Martínez Campos y Ungría, aquél en nombre del Alto Estado Mayor, y éste en el del disuelto SIPM, se hizo entrega por el segundo al primero de una cantidad en divisas extranjeras fuertes, equivalente a los cambios de hoy [o sea, de la segunda mitad de los sesenta], a más de nueve millones y medio de pesetas». <<

[37] Hay que reconocer que la guerra civil española fue la primera guerra en Europa en que se utilizó masivamente la radio, porque hubo una auténtica batalla de emisoras. Las republicanas de Madrid se oían en Sevilla, mientras que en Madrid se podían escuchar las voces de Queipo de Llano, por Radio Sevilla, y de Mola, por Radio Castilla (Español, 2004:26). <<

[38] Véase también Sánchez Asiaín (1999a:160 y ss.). <<

[39] ABC ((1978-1980), vol. 5, fasc. 36:38-39). <<

[40] Comunicación del Gobierno vasco a la Delegación de Bayona, 5 de enero de 1937 (Archivo de Bergara). <<

[41] De ello es un ejemplo lo sucedido a fines de 1936, según fuentes del Gobierno vasco, cuando se llegó a una situación en la que los «billetes españoles estampillados rebeldes (distintivo sello seco sin guía) cotizan en Hendaya y San Juan de Luz 50 enteros sobre los nuestros. Esa enorme diferencia alarma a los tenedores de nuestros billetes, y para impedir que en vista de ello los pasen a zona rebelde para estampillado será necesario estudiar medidas que eviten perjuicios y posiblemente evasión». Las medidas se tomaron rápidamente. A fines del mes de enero se decía que «está surgiendo el efecto que esperábamos con “nuestro” estampillado, al lograr que se traten de equiparar al cambio internacional las dos pesetas en curso, con y sin estampillado». Y añadía: «se dice en París que se trata de que nuestra peseta se cotice a un mismo tipo que la estampillada de Burgos, debido a que el oro se ha puesto a nuestro favor. Como consecuencia de la campaña que está haciendo L’Humanité, se habla de una intervención administrativa, a fin de que los cambios de la peseta gubernamental y la estampillada de Burgos tengan el mismo cambio. Se dice que el Gobierno de Burgos trata de retirar las pesetas estampilladas para hacer otra moneda» (Radiograma de la Delegación del Gobierno vasco en Bayona al Departamento de Hacienda del Gobierno vasco en Bilbao, 31 de diciembre de 1936 y Comunicación de la Delegación de Bayona al Gobierno vasco, 26 de enero de 1937 (Archivo de Bergara)). Más información en Sánchez Asiaín (1999a:161-162). <<

[42] Comunicación que el asesor jurídico del Gobierno vasco envió desde Bayona el 18 de febrero de 1937 al Departamento de Hacienda de dicho Gobierno en Bilbao (Archivo de Bergara y Archivo de San Nicolás del BBVA). <<

[43] 18 de febrero de 1937 (Archivo de Bergara). <<

[44] Gaceta de la República del 2 de diciembre de 1936. <<

[1] Para el análisis de la compleja alteración que supuso la guerra civil en el funcionamiento del sistema bancario y en el de las cajas de ahorros, se han manejado, entre otros materiales, actas y documentos de los bancos de España, Bilbao, Vizcaya, Popular, Español de Crédito, Exterior, Zaragozano, La Coruña, Pastor, Herrero, Castellano y Sabadell, y de las cajas de ahorros de Madrid, Vizcaína, Municipal de Bilbao y Caixa de Catalunya. Parte importante de la información manejada ha sido obtenida directamente de personas que tuvieron responsabilidades bancarias en aquellos momentos. Entre ellas, hay que destacar la preciosa información facilitada personalmente por Pablo de Garnica y Luis de Usera, que tan de cerca vivieron los acontecimientos. El autor ha tenido también la suerte, gracias a la colaboración de sus familias, de disponer de documentos originales del archivo particular de Luis Olariaga y del diario personal de Víctor Artola, un diario que aporta un testimonio fundamental, prácticamente único, para conocer el proceso de devolución de los bienes evacuados del País Vasco fuera de España, en la medida en que fue Artola el que pilotó esa operación enriqueciendo con ello la visión de aquella época. Ha tenido asimismo ocasión de conversar ampliamente con miembros de las familias Argüelles y Ridruejo. Por otra parte, hace ya muchos años que el autor, preocupado porque el paso del tiempo estaba haciendo cada vez más difícil acceder a una información muy preciosa para estudiar períodos de la banca española de especial relevancia, puso, desde su posición en la banca española, los medios para que las personas con mayor caudal informativo del Banco de Bilbao fueran entrevistadas a magnetófono abierto, a efectos de acarrear materiales para hacer posible en su momento la redacción de una historia de la banca española. Se entrevistó entonces con detenimiento a 45 personas en encuesta individual y a 116 en entrevistas colectivas, lo que dio un total de 800 horas de entrevistas grabadas, que hoy ofrecen una amplia perspectiva de lo que la guerra fue para el negocio bancario (Colección de entrevistas (véase Archivo Histórico del BBVA)). Con estos materiales, la primera aportación del autor al análisis del desarrollo y problemas suscitados en la banca española por la guerra civil fue su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, leído el 8 de abril de 1992, que fue contestado por el académico Gonzalo Anes (Sánchez Asiaín, 1992). Reproducido y ampliado posteriormente en Sánchez Asiaín (1999a y 2008d). <<

[2] No sucedió así en todas las instituciones. El Banco de Santander no sufrió en un primer momento la separación entre las oficinas centrales y las periféricas porque, excepto las sucursales de León y las pequeñas dependencias situadas en las provincias de Palencia y Burgos, toda la organización, incluido el banco filial de Torrelavega, quedaron en territorio republicano. La entidad no experimentó violencia ni intentos de apropiación de sus oficinas. La política del banco fue adaptarse a las circunstancias surgidas tras el 18 de julio, sin tomar partido y sin oponer resistencia a las órdenes emanadas del Consejo Interprovincial de Santander, Burgos y Palencia. Es decir, se acomodó pasivamente al nuevo marco político (Martín Aceña, 2007:115). <<

[3] Véase «La ruptura física y legal del sistema», en Sánchez Asiaín (1999a:240249). <<

[4] El Gobierno de la República aprovechó la sublevación para remover de sus cargos a varios de los consejeros de la banca oficial, bastante antes del decreto del 3 de octubre de 1936 por el que se crearon los comités directivos de banca en sustitución de los consejos de administración (Gaceta de Madrid, 4 de octubre). <<

[5] Orden del 17 de noviembre (Gaceta de la República, 19 de noviembre). <<

[6] Decretos del 17 y 27 de mayo (Gaceta de la República, 18 y 28 de mayo de 1937). <<

[7] Decreto del 28 de octubre (Gaceta de la República, 31 de octubre). <<

[8] Fueron éstos: Amadeo Álvarez García, conde del Real Agrado, consejero del Banco Hispano Americano y presidente del Banco de Gijón; Mariano Cajigal, director del Banco Hispano Americano; Manuel Argüelles, consejero del Banco Español de Crédito; y José García Alía, director de la sucursal de Burgos del Banco de Bilbao. Un poco más adelante se unieron a éstos el marqués de Aledo, presidente del Banco Hispano Americano y del Banco Herrero, y Arturo López Argüello, director gerente del Banco Castellano. <<

[9] Decreto del 20 de agosto (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 21 de agosto). <<

[10] El presidente fue Pedro Alfaro. Formaban parte del mismo José García Alía, Mariano Cajigal, y el presidente del Banesto, Pablo Garnica. La composición de este comité ha podido ser reconstruida confrontando diversas fuentes, pero especialmente por la correspondencia de algunos de sus miembros. Ésta fue la composición efectiva, aunque en un principio se nombraron como vocales a los residentes en Burgos, Francisco Fernández Villa, de la razón social Villa Hnos., y a Jesús de la Peña Castro, director de la sucursal en Burgos del Banco Hispano Americano. <<

[11] Es difícil hacerse una idea cabal de lo que aquella estructura suponía. A nada que se repase la parafernalia militarista y los símbolos que adornaban Burgos en los primeros meses de guerra, es posible imaginarse la poca autoridad real que tendrían los representantes bancarios para formular políticas o decisiones que colisionaran con lo que la Junta de Defensa Nacional creía en cada momento que era importante para el objetivo fundamental de ganar la guerra. Un ejemplo: en las actas del Consejo de Administración del Banco de Bilbao puede leerse que «en 11 de febrero fue convocada en Burgos una reunión con el Gobierno, a la que asistieron los representantes de la Banca… dándosenos cuenta de que el Gobierno, haciendo uso de los ofrecimientos que tenía hechos la Banca acudía a ella solicitando se admitieran a descuento en condiciones excepcionales las certificaciones libradas por obras públicas y las libradas asimismo por los cuerpos de intendencia del Ejército» (Consejo del 25 de julio de 1937). La banca discrepó de las condiciones —interés del 4,5% y plazo mínimo de dos años— y ofreció hacer un empréstito al Gobierno. La respuesta de éste fue negativa. Propuso la banca que se redescontaran las certificaciones, y la respuesta fue igualmente negativa. Y terminó imponiéndose el criterio «del mando» por medio de circular cursada por el Comité Nacional de la Banca Privada. <<

[12] El Ministerio de Hacienda comprendía los siguientes servicios: Intervención; Tesoro; Presupuesto; Propiedad y Contribución Territorial; Deuda Pública y Clases pasivas; Rentas Públicas; Aduanas; Timbre y Monopolios; Contencioso del Estado; Banca, Moneda y Cambio; Seguros, y Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas. <<

[13] Decreto del 2 de marzo de 1938 (BOE, 5 de marzo), cuyo artículo 12 decía que el «Servicio Nacional de Banca, Moneda y Cambio abarcará los asuntos relativos a la Banca oficial, Banca privada, moneda, divisas, crédito y organismos de contratación de valores mobiliarios». <<

[14] Decreto del 12 de marzo de 1938 (BOE, 15 de marzo): «Exigiendo las circunstancias actuales, para realizar debidamente la política de crédito, una coordinación completa de la actuación de los Bancos oficiales dependientes del Ministerio de Hacienda, es de suma conveniencia, por el momento, unificar el mando de dichos Establecimientos». <<

[15] Véase «El Banco de España», en Sánchez Asiaín (1999a:249-254). <<

[16] El Banco de España fue, antes de finalizar la guerra, trasladado de nuevo a Madrid. La orden del 11 de febrero de 1939 dispuso que «el domicilio del Banco de España… se reputen trasladados, a todos los efectos, a Madrid». Esta orden se completaba con el decreto del 18 de marzo de 1939 que decía que era necesario restituir en Madrid las oficinas del Banco de España y bancos oficiales, y para ello disponía que dentro de los ocho días siguientes a la publicación del decreto (Gaceta de la República, 20 de marzo de 1939), los bancos de España, Exterior de España, Hipotecario de España, Crédito Local de España y Crédito Industrial restablecerían sus centrales en Madrid. <<

[17] Los consejeros presentes en dicha reunión fueron Luis Urquijo y Ussía, marqués de Amurrio, consejero del Banco de España y del Banco Urquijo (Madrid), y presidente del Banco Urquijo de Guipúzcoa y Banco Urquijo Vascongado; Francisco Aritio Gómez, consejero del Banco de España y consejero del Banco Español de Crédito, y Alfonso Martos, conde de Heredia Spínola, consejero del Banco de España, del Banco de Crédito Industrial y del Banco de Bilbao. A éstos se sumaron otros dos consejeros elegidos por los accionistas: Valentín de Céspedes y Céspedes, y Ramón del Rivero y Miranda, conde de Limpias. El Consejo se celebró «bajo la presidencia del subgobernador 1.º, Don Pedro Pan» (Sardá, 1970:437). Los sillones de los consejeros representantes del Estado estuvieron ocupados por delegados de la Comisión Asesora de Hacienda de la Junta de Defensa Nacional. Dos días más tarde se acordaba someter a la autorización, caso por caso, de la Junta de Defensa Nacional todos los créditos superiores a 25.000 pesetas y todos los redescuentos mayores de 300.000. <<

[18] Basándose en esas responsabilidades, el Banco de España de Burgos cesó, mediante decreto del 4 de mayo de 1937 (BOE, 7 de mayo), al gobernador Luis Nicolau d’Olwer, con efectos desde el 18 de julio de 1936. <<

[19] Véase el capítulo XVI, «Suscripciones e incautaciones». <<

[20] La puesta en funcionamiento de la Casa de la Moneda de Burgos se reglamentó por orden del general Fidel Dávila, presidente de la Junta Técnica del Estado. Se sabe de su existencia por el testimonio que se ofrece en el ABC de Sevilla el 20 de noviembre de 1937, al manifestar que este general había dictado «una interesante orden, muy meditada, detalladísima, en la que se dan las normas para todos los servicios de esta pequeña Casa de la Moneda. Lo interesante —aparte, claro es, del trámite técnico— es que en la orden se preconiza un absoluto respeto a todos los objetos de arte y a las monedas que por su mayor rendimiento, deben ser restauradas y entregadas al Banco Nacional» (Córdoba, 1937). El laboratorio contaba con dos talleres, el de clasificación y desmontaje, y el de análisis y fundición, disponiendo de instalaciones y un horno de fundición procedentes de donaciones. La inauguración de esta Casa de la Moneda se hizo en noviembre de 1936. Estaba dirigida por el teniente coronel Ramón Viralle. El capitán Villanueva se responsabilizaba de la operativa diaria. El primer lingote de oro producido por el Gobierno de Burgos se realizó en enero de 1937. El balance de un año de trabajo, en noviembre de 1937, dio como resultado un despiece de más de dos millones de objetos, habiendo producido centenares de lingotes de oro y teniendo clasificados, todo ello depositado en el Banco de España de Burgos, 13.800 quilates de diamantes, 1.600 quilates de brillantes, 5.700 gramos de aljófar (perla pequeña irregular), 300 perlas y una cantidad indeterminada de esmeraldas, topacios, rubíes y aguamarinas. Con todo, la labor de la Casa de la Moneda de Burgos tenía un valor más simbólico que económico. <<

[21] Es necesario recordar los deseos de nacionalización de la banca manifestados por amplios sectores falangistas y recogidos expresamente en uno de los 27 puntos de Falange: «14. Defendemos la tendencia a la nacionalización del servicio de Banca, y mediante las Corporaciones, a la de los grandes servicios públicos». <<

[22] Para una mayor información sobre la actividad del sector financiero de la República durante la guerra civil española, véase «El negocio entre la ruptura y la recomposición», en Sánchez Asiaín (1992:133-150). <<

[23] Decreto del 30 de septiembre (Gaceta de la República, 2 de octubre) por el que se ratificaban los decretos del 3 de octubre, 6 de agosto, 28 de agosto, 13 de octubre y 21 de noviembre de 1936, y 13 de febrero de 1937. <<

[24] Se convalidaron también, desde su fecha respectiva, las disposiciones, en ejecución del decreto del 3 de octubre, dictadas por el Gobierno del País Vasco, sobre constitución de consejos de administración de los bancos y establecimientos de crédito. <<

[25] Véase «Evolución de los recursos bancarios», en Sánchez Asiaín (1999a:324329). <<

[26] Al compás de las noticias que iba divulgando la radio, se fue formando una opinión muy generalizada en la sociedad republicana que sostenía que el dinero ingresado en los bancos recibiría mejor trato que el mantenido en efectivo. Y al final las cosas fueron así. <<

[27] Así lo contaban en la Caixa: «en los primeros días del alzamiento militar, las colas delante de las ventanillas… se intensificaron hasta convertirse en un verdadero alud». Tras un período de estabilización, el flujo de dinero hacia la Caixa «fue aumentando a medida que la convicción de la derrota republicana se iba extendiendo. Las razones de este contrasentido son dos: a) la inflación, es decir, la circulación de papel moneda desatada por la necesidad de afrontar los gastos de guerra; b) la reacción de los ciudadanos ante la invalidez, decretada por los franquistas, del dinero republicano emitido desde el principio de la guerra, que les impulsa a deshacerse del papel moneda y a hinchar las cuentas de ahorro». <<

[28] Véase BE (1939c). También Nadal i Oller y Sudrià (1983). <<

[29] Consideradas las oficinas del Banco de España en conjunto, la región valenciana pasó de tener 23,6 millones de pesetas en cuenta corriente de particulares el 18 de julio de 1936, a 734,1 millones a finales del primer trimestre de 1939, con un incremento acumulativo del 249%. <<

[30] Los tipos de interés fueron motivo de polémica con la Caja Postal de Ahorros, que fue denunciada por el que se decía alto interés que abonaba. La Caixa bajó los tipos de interés pasivos a partir del 1 de enero de 1938, situándose en el 1% para las cuentas corrientes, en el 2% para libretas a la vista, en el 2,75% para las imposiciones a seis meses y en el 3% a plazo anual. Estos tipos sustituían a los que la Caixa tenía vigentes desde el 1 de octubre de 1935: cuentas corrientes el 1,25%, libretas a la vista el 2,5%, a seis meses el 3% y a un año el 3,5% (Nadal y Sudrià, 1983:322). <<

[31] Véase «Las operaciones de activo», en Sánchez Asiaín (1999a:329-344). <<

[32] Esta modalidad de créditos «faciales» tuvo muchísima importancia en la zona republicana con los desplazados vascos a Cataluña, una vez que se dispuso que las sedes de la banca vasca se trasladaran a esta zona. En aquellos momentos, pudo comprobarse la fuerte conexión existente entre las cajas de ahorros vascas y la Caixa, que acreditó en buen número de casos la concesión de anticipos de esta índole. <<

[33] Puede anotarse por vía de ejemplo el lanzamiento y apoyo gubernamental al Consejo de Economía Local de Elche. Este organismo solicitó un crédito por vía del Consejo Superior Bancario, que se prorrateó al 50% entre varios bancos de Elche y el otro 50% por vía del Banco de España. <<

[34] La Comisión de Jefes de Banesto del 24 de octubre de 1936 tomaba la decisión de que, «en relación con el problema planteado por las incautaciones de cuentas mediante órdenes del Frente Popular o de otros organismos de carácter político, se acuerda comunicar a las sucursales que se limiten a anotar el bloqueo de las cuentas incautadas sin traspasar sus saldos a ninguna otra, ni consentir disposición de ello, a no ser mediante orden judicial o de la Caja General de Reparaciones». <<

[35] La firma Siemens pretendía que Banesto les descontara el papel producido sobre España «y se le advirtió que se consideraba como contrabando de guerra toda operación de descuento sobre plazas que sufren la rebelión militar». De otro lado, la firma Timoner, Castell, Pons y Cía., de Alayos (Menorca) solicitó un crédito al Banesto de la zona republicana; la respuesta fue la de no poder atender la petición de 15.000 pesetas a cuenta del saldo que tenían en la sucursal de Palma de Mallorca, por tratarse de un saldo existente en «plaza facciosa». <<

[36] A la vez que la circulación fiduciaria de la zona republicana pasaba del índice 100 en julio de 1936 a 443 a finales de marzo de 1939. <<

[37] Nou Horitzó se preguntaba por las razones de esta desintermediación bancaria: «Sondeando opiniones acerca de tan perjudicial abstencionismo de operaciones bancarias, hemos podido colegir que el móvil de tan injusto proceder es el temor. ¡Temor! ¿A qué?… Porque las operaciones han podido verificarse, con toda garantía, desde pocos días después del movimiento revolucionario. ¿Qué clase de temor, por tanto, puede haber para que los Bancos se vean de tal modo bloqueados que de más de dos meses a esta parte, no sólo no han tenido ingreso alguno, sino que son contadas las operaciones que han podido verificar? No es el temor… Es una obra de SABOTAJE que, de buena o mala fe, están llevando a cabo los almacenistas e industriales, haciendo imposible la vida del pequeño capital, o sea, la del animoso comerciante que se la gana, día por día, detrás del mostrador; y el cual necesita del crédito para sostener su comercio, hasta hacer fondos con la venta de sus mercancías. Porque le es muy fácil al almacenista exigir el pago adelantado, al contado o contra reembolso. Le es muy cómodo recibir de manos del oficial de Correos la cantidad íntegra de su remesa, en su propio despacho. No importa que el pequeño comerciante tenga que pagar en Giro Postal, una cantidad mayor que la que costaría una transferencia, por medio de la Banca. No importa, que para remitir la suma, importe de las mercancías, el comerciante salga más perjudicado, que lo fuera el industrial por el exiguo descuento que el Banco hiciera en el Giro de su Letra. Al almacenista lo único que le interesa es recibir su dinero. He aquí una de las causas, quizá la principal, de ese abstencionismo de que es víctima la Banca particular. Contribuye, en gran manera, a aumentar esta vicisitud bancaria las máximas facilidades que da el Estado para verificar operaciones por medio de sus organismos… con lo que no parece sino que el propio Estado se propone hacer competencia a la Banca privada. Hace algún tiempo que el Gobierno dio facultades a los propietarios de Cuentas corrientes intervenidas, para utilizar los fondos de esas cuentas, en pagos de Efectos sobre la misma plaza. Y aquí se pone de manifiesto la mala fe del “boicot” que verifican. Porque las deudas que van adquiriendo, las van pagando por medio de esos fondos de las cuentas intervenidas, extendiendo Cheques o Pagarés sobre los mismos; acogiéndose a la facultad antes citada. Pero no han abierto cuenta nueva, que sería libre, para ingresar los cobros de las ventas de mercancías, los cuales, sin duda, se los guardan en su poder, puesto que hasta la fecha no han depositado ni una peseta en el Banco. ¿Cómo se explica que personas que solían depositar en sus cuentas corrientes de tres a cinco mil pesetas mensualmente, no hayan verificado, desde hace más de tres meses, una operación con el banco? Sólo se explica, admitiendo, que vuelven a utilizar los métodos de depósito del siglo XV… la olla enterrada, la bolsa de cuero debajo de un ladrillo, en la carbonera. Es necesario, a toda costa, normalizar la vida de la banca; tanto más hoy, que no es la banca de la burguesía, sino la banca de los trabajadores» (Comité de Empresa UGT, febrero de 1937, Nou Horitzó, 4). <<

[38] En las oficinas del Banco de España de la zona que fue republicana hasta el último tramo de la guerra, es decir, Cataluña (sin Lérida), región valenciana, sureste peninsular y Castilla la Nueva, pudo apreciarse que, en su conjunto, el importe de las cuentas de crédito con garantía de valores había descendido en un 47% sobre los niveles del 18 de julio de 1936. Las plazas de Barcelona y Madrid coincidían en su descenso con ese 47%, mientras que Albacete bajaba el 92% y Valencia el 78%. En cuanto a los créditos sin garantía de valores, se produjo una cierta dicotomía entre el comportamiento de la banca en su posición deudora con el Banco de España, que retrocedió un 70% sobre los niveles del 18 de julio, y las cuentas de crédito de particulares, que, aunque también se movieron a la baja, sólo retrocedieron el 12%. En el conjunto de las tres partidas la caída fue del 46%. Barcelona contabilizó una baja del 78% en la posición deudora de la banca, aunque los particulares disminuyeron su endeudamiento en un 23%. El caso de Madrid fue relativamente similar, ya que la posición crediticia de la banca en el Banco de España cayó el 69%. <<

[39] Véase «Evolución de los recursos bancarios», en Sánchez Asiaín (1999a:324329). <<

[40] Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España del 12 de septiembre. <<

[41] «No se rechazó nada. Al cliente que venía no le decíamos que no le admitíamos su depósito. Lo que no se hizo es gestión de ningún género que diese nuevos clientes. Las órdenes de arriba fueron las siguientes: “Que habiendo tenido improductivos los saldos en la cuenta corriente a la vista del Banco de España, que no hiciésemos gestiones de coger pasivo, ya que no se podía invertir”. Pero no se rechazó a ningún cliente» (entrevista a varios empleados bancarios en Badajoz, realizada el 21 de noviembre de 1980, Colección de entrevistas). <<

[42] Acta del Consejo del 28 de abril. <<

[43] Para mayor información sobre la evolución de las cuentas activas y pasivas de la banca, tanto en la zona republicana como en la nacional, véase «El negocio entre la ruptura y la recomposición», en Sánchez Asiaín (1992:133-180). <<

[44] Véase Sánchez Asiaín (1999a:337 y ss.). <<

[45] La Memoria del Banco Hispano Americano de la junta de accionistas del 1 de marzo de 1942 señalaba a este respecto: «No hemos de omitir el señalar aquí la eficaz ayuda que nuestro Banco prestó a aquellas personas que lograron trasladarse de la zona roja a la España nacional. Les proporcionamos, por medio de créditos personales, los recursos necesarios, no sólo para poder vivir, sino también para el desarrollo de sus iniciativas, sin más garantía que la honorabilidad de los solicitantes». Y el Banco Herrero, en su junta general de accionistas del 1 de marzo de 1942, informaba que «durante las circunstancias anormales, atendimos con solícito empeño a nuestros clientes desplazados aquí y allí, aun en regiones a que no se extiende de ordinario nuestra esfera de acción, y también participaron de estos beneficios personas que hasta entonces no habían formado parte de nuestra clientela». <<

[46] Los prorrateos fueron constantes entre la banca de la zona nacional en un amplio campo como los cupos crediticios para los servicios nacionales, o para la toma de participaciones en empresas estatales. <<

[47] El Ministerio de Hacienda pidió que los dos millones de pesetas, importe de la compra de las acciones de EFE, fueran distribuidos entre las entidades bancarias siguiendo el tradicional sistema de prorrateo bancario. <<

[48] Véase Sánchez Asiaín (1992:146 y ss.). <<

[49] Para un análisis con mayor detalle sobre los orígenes del Servicio Nacional del Trigo, sus funciones y evolución, véase Barciela (1985:294 y ss.). <<

[50] La operación se hizo en primera instancia por los bancos, pero las cajas, al ver que éstos se estaban haciendo con el control absoluto de estas operaciones, forzaron la intervención del jefe del Servicio Nacional de Previsión, que solicitó del Servicio Nacional de Crédito Agrícola «un puesto para las Cajas en este tipo de operaciones ante el monopolio de los Bancos, los cuales operaban en condiciones óptimas de seguridad» (Forniés Casals, 1989:66). <<

[51] La lista completa de bancos intervinientes en esta operación puede verse en Barciela (1981:19). <<

[52] El presidente del Banco Herrero, Ignacio Herrero de Collantes, informaba a su Consejo el 4 de enero de 1939 que él, como presidente, y otro consejero, habían sido comisionados por el Gobierno para realizar un viaje a la República Argentina. El viaje culminó con el contrato celebrado con el Banco Central de la República Argentina para la adquisición de granos y cereales. <<

[53] Decreto del 7 de mayo de 1938 (BOE, 8 de mayo). <<

[54] El Banco Hispano Americano, el Banesto y el Central aportaron 3.250.000 pesetas cada uno. <<

[55] Si el descuento significaba la mitad del crédito total a finales de 1935, este porcentaje había caído al 31% a mediados de 1937 y al 38% a finales de 1938. <<

[56] Las cajas de ahorros vizcaínas tuvieron conversaciones en orden a una posible fusión tras quedar Vizcaya en poder del ejército sublevado. Más concretamente, los contactos entre las cajas de ahorros Vizcaína y Municipal de Bilbao se iniciaron en junio de 1937 para reordenar su red operativa, cuestión que dio lugar a un estudio para su fusión, que desembocó en la renuncia a ésta en marzo de 1938. <<

[57] La relación del Banco Hispano Americano con el Banco Herrero era estrecha. El primero cedió sus sedes para celebrar el Consejo del Herrero en Burgos, Salamanca y Sevilla en 1937, mientras el Herrero nombraba como apoderados suyos en Burgos a directivos del Hispano Americano para las negociaciones con el Servicio Nacional del Trigo. El Banesto entró en contacto con el Pastor en 1937, en orden a una posible absorción, pero las negociaciones se rompieron en 1940. Y el Banesto intentó extenderse por Galicia por medio de la absorción del Banco de La Coruña, operación que quedó frenada en virtud del statu quo. <<

[58] Tres bancos fueron los que llevaron desde la zona nacional el peso de esta política. El Banco Exterior buscó la consolidación de los mercados coloniales, el Banesto tuvo problemas con la banca inglesa en el verano de 1937, pero al final su legitimidad fue reconocida y entró en contacto con el Hambros Bank. Y el Banco Hispano Americano abrió mercados con el Banco Comercial de La Habana y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de un lado, y con el Midland Bank Limited, de otro. <<

[59] Se hicieron algunos empréstitos de carácter público, como el que se concedió a «la Diputación Provincial de Álava, de 2.500.000 pesetas, con participación mediante letra a 90 días, por el plazo máximo de 5 años, a interés del 4,25%, sin comisión» (Banco Popular, sesión del 8 de junio de 1938). Estas operaciones se repitieron una y otra vez. El Consejo del Popular «propone la cantidad de 5 millones de pesetas para acudir al próximo empréstito del Gobierno Nacional» (sesión del 22 de junio de 1938). Los créditos al Servicio Nacional del Trigo eran constantes, destacando la persistencia que adquirieron en junio de 1938, cuando el Consejo concedió un crédito de 500.000 pesetas con garantía prendaria a dicho Servicio (sesión del 22 de junio de 1938). Por su parte «la Agencia de Toro informa sobre el acuerdo entre los tres bancos de la Plaza y el Delegado Nacional de la segunda zona de la Rama de la Almendra, para conceder un crédito de un millón de pesetas para adquirir almendra con destino a Alemania» (sesión del 1 de febrero de 1939). <<

[60] El tipo de interés constituía una especie de ídolo para la política financiera franquista. «Toda la política del crédito en la España Nacional está ajustada a un criterio de máxima restricción; altos tipos de interés; absoluta estabilidad de los precios, a fin de que el valor interior de la peseta se mantenga constante» (Noticiero de España, «Notas financieras», 13, 27 de noviembre de 1937). <<

[61] Orden del 25 de noviembre de 1938 (BOE, 27 de noviembre). <<

[62] Hasta tal punto sucedía esto, comentaba el dictamen, que la banca privada española estaba ofreciendo el curioso espectáculo de rechazar el ahorro con las mismas argucias que, aunque por motivos absolutamente diferentes, utilizaban la banca suiza o la banca holandesa con el hot money. <<

[63] Como en otras esferas de la actividad económica, las estadísticas de aquella época referidas a la cuenta de pérdidas y ganancias de los bancos son muy deficientes. El Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España, en su edición de 1942-1943, daba cuenta de unas series anuales del beneficio o pérdidas registrados por las empresas españolas a lo largo de la década de 1930. En lo que se refiere a los bancos, el autor ha trabajado sobre los datos correspondientes a 35 entidades bancarias, que hay que suponer consolidados para todo el territorio estatal, ante la falta de indicación en contrario del Anuario. Para 19 bancos, esa información presenta los datos de resultados agrupados para los cuatro años 1936-1939 con lo que parece ser un adecuado grado de agregación. Obviamente, cuanto mayor es la agrupación más oscurecido queda el detalle anual que en algún momento pudo presentar signo contrario al del conjunto del período. No puede olvidarse, por otra parte, que el primer semestre de 1936 y los tres últimos trimestres de 1939 fueron meses de paz, lo cual dificulta también el conocimiento de los resultados acaecidos en el tiempo de guerra. Con todo, los datos manejados pueden ser considerados como suficientemente representativos, y sobre ellos se construye la información que se ofrece en estas páginas. Véase Sánchez Asiaín (1992:178 y ss.). <<

[64] El Banco de Vizcaya contabilizó beneficios en todos los años de la guerra: 7.331.010 pesetas en 1936, 5.197.936 pesetas en 1937, 6.859.870 pesetas en 1938, y 6.734.640 pesetas en 1939. <<

[65] Los datos del Banco de Bilbao se han tomado de la Memoria del 31 de enero de 1942, por no recoger el Anuario Financiero el detalle estadístico suficiente. Los beneficios por años fueron: 7.834.184 pesetas en 1936, 7.079.825 en 1937, 8.461.788 en 1938 y 10.805.848 en 1939. <<

[66] Banco de Vitoria, Fomento Agrícola de Mallorca, Banco de Sóller, Banco de La Coruña, Banco Guipuzcoano, Crédito Navarro, La Vasconia, Banco del Oeste, Banco Castellano, Banco Aragonés de Crédito, Banco de Crédito de Zaragoza y Banco Zaragozano. <<

[67] Banca Marsans, Banco Comercial de Barcelona, Banco Hispano Colonial, Banco de la Propiedad, Crédito y Docks de Barcelona, Crédito y Fomento, Sindicato de Banqueros de Barcelona, Sociedad Anónima de Arnús Gari, Banco de Sabadell y Banca Tusquets. <<

[68] Así sucedió con la Banca Marsans y el Banco Comercial de Barcelona. <<

[69] Véase «La ruptura de los Consejos en la zona republicana» en Sánchez Asiaín (1992:112 y ss.). <<

[70] Decreto del 3 de octubre de 1936 (Gaceta de Madrid, 4 de octubre). <<

[71] Es significativo el procedimiento, en primer lugar por su urgencia, pero también por cuanto las votaciones debían realizarse «como establecieran los estatutos de cada entidad bancaria», con absoluto respeto a la estructura orgánica previa de la banca privada. <<

[72] Orden del 12 de julio de 1937 (Gaceta de la República, 14 de julio). <<

[73] La decisión partió de los informes recibidos tanto de la Junta de Defensa de Madrid como de la Consejería de Economía de la Generalitat, que señalaban «el abandono por parte de los elementos directivos de los bancos alemanes, especialmente del Banco Alemán Transatlántico». Se ordenó la suspensión de actividades del banco, salvo las transferencias de saldos a otros bancos, la devolución de depósitos y efectos tomados en comisión de cobro a sus clientes y las operaciones de transferencia o situación de fondos encomendadas con anterioridad a la publicación de la orden. El banco quedaba obligado a mantener vigentes todos los contratos de trabajo firmados con españoles (orden del 23 de diciembre de 1936, Gaceta de la República, 24 de diciembre). <<

[74] La presencia de la banca privada en la banca oficial era en 1936 muy importante. El Consejo del Banco de España estaba compuesto por 21 consejeros de los que, según los estatutos, uno tan sólo correspondía directamente, como representación, a la banca privada. Pero, valiéndose del mecanismo de la elección de consejeros por los accionistas, la banca privada había ocupado una representación similar a la del Estado. Los consejeros privados correspondían al Banco Hispano Americano, al Banco Herrero, al Banco Español de Crédito, al Banco de Bilbao, al grupo del Banco Urquijo, al Banco Pastor y a la Sociedad Anónima Arnús Gari. El fenómeno era mucho más acusado en el Banco de Crédito Industrial. La banca privada también estaba presente en el Consejo de Administración del Banco Exterior de España, donde predominaban los representantes catalanes, al igual que sucedía en el del Banco de Crédito Local. El Consejo de Administración del Banco Hipotecario tenía igualmente una fuerte presencia de la banca privada, con consejeros que representaban al Banesto, al Banco de Bilbao, al Banco de Vizcaya y al Banco Urquijo. <<

[75] El Banco Exterior republicano estaba dirigido por el gobernador Ramón López Barrantes y el director general José Luis Gómez García. Eran consejeros Juan Negrín, Demetrio Delgado de Torres (subsecretario de Economía), Luis Guillén Guardiola (director del Centro Oficial de Contratación de Moneda), Antonio Sacristán Colás (director general del Tesoro) y Mariano Mayordomo Fernández (de la UGT) (Sánchez Asiaín, 1999a:273). <<

[76] Gaceta de la República del 7 de enero y 14 de febrero de 1937. <<

[77] El 24 de diciembre de 1937 fueron cesados nueve consejeros y sustituidos por representantes institucionales. Los consejeros cesados fueron: Francisco Aritio Gómez, Ignacio Herrero Collantes, José Varela de Limia Menéndez Conde, Jesús Corominas, Serafín Romeu y Fages, Valentín Céspedes y Céspedes, y José Rivera Urtiaga. Se dejó sin efecto el nombramiento de Eliseo Migoya y se aceptó la dimisión de Manuel Aranda Alcañiz. Sus puestos fueron cubiertos por la Asociación General de Empleados y Obreros de los Ferrocarriles de España, Banco Hispano Americano, La Equitativa (Fundación Rosillo), Compañía Anónima de Seguros sobre la Vida, Montepío de Autores Españoles, Caja de Pensiones de los Empleados del Banco de España, Fundación de Cesáreo del Cerro, Compañía General de Tabacos de Filipinas, Banco Vitalicio de España, Junta de la Ciudad Universitaria, León Sáenz Pérez, Domingo Hospital Alas y Marcos Droz Erre (Sardá, 1970:427428). <<

[78] Véase «La recomposición de los Consejos en la zona nacional» en Sánchez Asiaín (1992:119 y ss.). <<

[79] Un solo ejemplo puede servir para poner de manifiesto el escenario y el proceso de los traslados de activos de los bancos en peligro hacia zonas más seguras, desafiando los peligros que ello implicaba. Es el ejemplo del Banco Herrero, trasladando el contenido de la caja fuerte de la central de Oviedo hasta Vigo: «Solamente permaneció abierto un camino que ascendía por el… Monte Naranco y, después, una brecha con una mala carretera de montaña… Esta brecha, en algunas partes tendría unos cien metros de ancho y se pasaba por ella solamente por la noche, para evitar los bombardeos y acoso de disparos de las milicias que estaban a los lados de la misma. En esta situación, a últimos de febrero o primeros de marzo de 1937, la Dirección de la Oficina Central del Banco Herrero, dispone que la Central se trasladase a Ribadeo, y así se efectuó, en camiones de carga, por la noche… no hubo heridos ni otros contratiempos que el miedo natural al oír los disparos de ametralladoras y fusilería, así como las bombas de mano y morteros, todo prácticamente encima de la mala carretera por la que se circulaba, a oscuras, con los faros apagados. Los funcionarios iban en las mismas cajas de los camiones, junto con las máquinas, documentos, material y valores… Los valores y todo cuanto se contenía en la Caja fuerte… fueron trasladados a la ciudad de Vigo y, concretamente, a las Oficinas bancarias del Hispano Americano, donde fueron custodiados hasta su retorno nuevamente a Oviedo» (Información facilitada por Ignacio Herrero Garralda, Banco Herrero, 1990). Este testimonio queda ratificado en las actas del Consejo de Administración. <<

[80] El Banco Central es un ejemplo de la recomposición de los consejos en la zona nacional. Los cuatro consejeros que en los primeros meses de 1937 pudieron reunirse en la zona nacional, Manuel Rodríguez Acosta y González de la Cámara, Enrique Martín Fillol, Mariano Baselga y Ramírez, y José Muller y Pérez de Ayala, coartados en su actuación por el precepto del artículo 21 de los estatutos, que exigía, para la validez de los acuerdos, que éstos fueran adoptados por un mínimo de siete consejeros, acudieron a la Comisión de Justicia de la Junta Técnica del Estado, y ésta, por orden del 5 de junio de 1937, publicada en el BOE del día 8, acordó el nombramiento de una comisión gestora, integrada por los cuatro consejeros citados y por Luis Gavilán Plá, Domingo Betanzos Fernández y José Ramón Echevarrieta Izaguirre, en representación del Estado, con plenas facultades representativas y de administración. Tal comisión gestora, a la que se incorporó, por orden del 25 de junio de 1937 (BOE, 25 de junio), el consejero Felipe Lazcano y Morales de Setién, recientemente llegado de la zona republicana, cesó como tal por auto dictado por el juzgado de primera instancia número 2 de San Sebastián el 11 de agosto de 1938, con arreglo al cual quedaban habilitados los antiguos consejeros componentes de la misma como vocales del Consejo de Administración para ostentar la representatividad social con plenas facultades de gobierno, gestión y administración que los estatutos confieren al Consejo, y las que se asignaron por la Junta Técnica del Estado a la comisión gestora de la que formaban parte. Asimismo, se facultaba a dichos señores para constituir los órganos rectores de la entidad, según sus estatutos, y completar, consiguientemente, el Consejo de Administración en la forma precisa (del informe que el 21 de febrero de 1942 se dio en la junta general del Banco Central). <<

[81] Decreto ley del 29 de diciembre de 1937 (BOE, 31 de diciembre). <<

[82] Ley del 24 de noviembre de 1938 (BOE, 26 de noviembre). <<

[83] «Este Ministerio ha tenido a bien disponer que, en lo sucesivo, las sesiones de los Consejos de Administración del Banco de España, Banco Hipotecario de España, Banco Exterior de España, Banco de Crédito Industrial, Compañía Arrendataria de Tabacos y Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, se celebren en la ciudad donde resida el Ministerio de Hacienda» (orden del 22 de septiembre de 1938, BOE, 23 de septiembre). <<

[84] Véase «La cuestión de los profesionales de la Banca», en Sánchez Asiaín (1999a:289-296 y 1992:122-128). <<

[85] Puede citarse como ejemplo el hecho de que un informe de la UGT sobre el Banco Popular, de 1936, establecía la filiación política y localización geográfica de todos los cargos directivos del banco, con señas de identificación del tipo de: derechas, tradicionalista, en su casa de campo, etc. <<

[86] Un caso que demuestra la diferenciación entre empresa e ideología política se encuentra en el comportamiento que se tuvo con el director general de la Caixa, Josep Maria Boix i Raspall, que fue protegido de represalias políticas por el propio comité sindical de la entidad, y que de hecho tuvo que trasladar su domicilio a la sede social de ésta (véase Pérez-Bastardas, 1990). <<

[87] También el Consejo del Banco de Bilbao se hacía eco de los desajustes sufridos en la plantilla por la creciente militarización: «A medida que se procedía por la autoridad al llamamiento de nuevas quintas las dificultades que se presentaban para el acoplamiento del personal eran mayores, y las deficiencias en la composición de las plantillas han ido salvándose merced a la paralización de los negocios y a la buena voluntad del mismo, que ha observado una actuación meritoria» (resumen incorporado al acta del Consejo de Administración del 25 de junio de 1937). <<

[88] Así fue el caso de Ceferino Uríen, consejero del Banco de Bilbao, o el del director gerente del Banco Castellano, Arturo López Argüello, o el de Antonio Ferrer Jaén, presidente del Banco Popular. También otros como Epifanio Ridruejo, director general del Banesto, o Josep Maria Boix i Raspall. Otros casos destacables por actuaciones a favor de la banca fueron Domingo Epalza, consejero del Banco de Bilbao, por su relación con el Gobierno vasco; Víctor Artola, director general del Banco Guipuzcoano, por las conexiones internacionales que le otorgaba su calidad de presidente del Banco Español en París; o Venancio Echevarría, que presidió el Consejo de Administración del Banco de Vizcaya en Bilbao hasta enero de 1937 en que pasó a Bayona, para volver a la capital vizcaína en junio de 1937. <<

[89] Ejemplo por destacar fue el del presidente del Banco Popular, Antonio Ferrer Jaén, que se mantuvo en el Consejo del Banco en Madrid y en el traslado que se realizó a Valencia. Su actuación en defensa del sistema bancario y de su banco en todo momento le llevó a la paradoja de ser encarcelado en Valencia (por pro Gobierno de Burgos) y destituido como consejero en la zona nacional (por prorrepublicano). El caso de Boix i Raspall fue también particular. Vivió semioculto en Cataluña entre 1936 y 1939, y después soportó dos depuraciones con sentencia final de 12 años y un día de reclusión, aunque logró la libertad provisional. Había comenzado su andadura como director general de la Caixa en 1935 y tras el 18 de julio fue detenido en agosto por una patrulla de la CNT. A partir de este momento residió en la casa del conserje en el edificio central de la Caixa, desde donde dirigía la organización. Sus relaciones con el comité de control eran estrechas, y en una depuración efectuada por CNT-UGT en 1938 fue considerado como adicto al régimen catalán. La conquista por el Gobierno de Burgos de Barcelona supuso para él una primera depuración, de la cual salió reforzado en su puesto de director general, pero, con la llegada del nuevo delegado del Gobierno, se inició la segunda depuración, siendo depuesto de su cargo en junio de 1939, abriéndosele un juicio en el que se le acusaba del delito de apoyo a la rebelión y de ideas democráticas y catalanistas, por lo que fue condenado. <<

[90] Memoria correspondiente a los ejercicios sociales 1936-1939, 1940 y 1941 del Banco Central. También la Memoria del Banco Hispano Americano presentada a la junta general de accionistas el 29 de marzo de 1942 se hace eco de este agradecimiento, afirmando que «la inmensa mayoría de los elementos directivos y empleados de nuestro banco, que habían permanecido fieles al mismo, cooperaron con los repetidos equipos [especializados en reorganizar las oficinas] en forma tal que nos permitieron llegar rápidamente a la normalización de todas las sucursales liberadas». <<

[91] Esta realidad se ilustra con el caso de la Caixa, ya visto, donde una primera depuración se produjo nada más acabar la guerra y se manifestó en el fortalecimiento de la figura de su director general. Aunque una posterior depuración, de índole más ideológica que profesional, se reflejó en la destitución del mismo y en su condena posterior. <<

[92] Véase «Los comandos financieros», en Sánchez Asiaín (1992:176 y ss.). <<

[93] Comunicación enviada por Ceferino Uríen, consejero del Banco de Bilbao, al general Dávila, en representación de la banca privada. Por la relación de que se dispone de las personas que los bancos proponían mandar a Madrid puede deducirse que se intentaba reconstruir en todas sus facetas el negocio bancario en dicha plaza (gerencia, dirección, relaciones, negociado, y operatividad y servicio). <<

[94] BE (1942c). <<

[95] Véase Sánchez Asiaín (1999a:268-274). <<

[96] Éste es el caso del director general del Banesto, que pudo evadirse de Madrid con información muy válida (Garnica, s.f.). <<

[97] El caso de Pablo Garnica es un ejemplo de las peripecias por las que pasaron los directivos bancarios para garantizar la unidad de su banco y el conocimiento de lo que pasaba en las dos zonas. Pablo Garnica se trasladó desde el balneario de Noja, donde estaba veraneando en julio de 1936, hasta Bayona, mientras que el director general, Epifanio Ridruejo, que se encontraba en Soria, se incorporó a la central, corriendo graves riesgos. En Madrid restableció la dirección del banco mediante la instalación de una Junta de Jefes. Se trasladó a Vitoria, para más tarde dirigirse a Valladolid, donde se entrevistó con el presidente de la Junta de Defensa Nacional, general Cabanellas. Intentó llegar de nuevo a Madrid, pero tan sólo alcanzó Segovia, desde donde tuvo que trasladarse a Zaragoza. Este periplo fue aprovechado para visitar todas las sucursales del Banesto que encontró a su paso durante el mes de agosto. Desde Zaragoza se puso en contacto con el presidente (en Bayona). Y este último tomó la decisión de organizar una dirección de lo que estaba fuera de la tutela de Madrid, ordenando la constitución de una Junta de Jefes en Burgos, compuesta por el director de la sucursal de Sevilla y el jefe de la comisión de estudios. A éstos se unieron en Burgos el director de la sucursal de Barcelona, que pasó a Italia para llegar a la zona nacional y el director de la sucursal de Valencia, que lo hizo a través de Alemania. El autor quiere agradecer a mi amigo José María Concejo el acceso a la documentación de Pablo Garnica que sostiene esta información. <<

[98] El Banco Popular dejaba constancia en su Consejo de Administración del agradecimiento a Santiago Fernández por haber contribuido a que el banco conociera la marcha y detalles «de lo que viene ocurriendo en la zona roja y sobre todo en Madrid» (actas del Consejo de Administración de San Sebastián, 6 de octubre de 1937). O el Banco de Bilbao, que en su Consejo, y después de acabada la contienda, reconocía que «durante la guerra se había establecido un enlace, formado por Epalza en Francia y Arteche y Uríen en España». <<

[99] En el frente aragonés tropas republicanas detuvieron en agosto de 1936 «a un individuo que efectuaba servicio de correo entre Huesca y Zaragoza y que, al parecer, servía de enlace a los facciosos». Entre las cartas que se le encontraron una era del apoderado de la sucursal del Banco Hispano Americano de la plaza de Huesca al director de la sucursal de Zaragoza del mismo banco manifestando la situación y el cierre de caja del día 15 de agosto (Febus, 1936). Hay más ejemplos que parten de entrevistas a un grupo de empleados bancarios en Barcelona: «Yo tuve medios para entregar… las cartas a la camisería del hotel, aquí en la Rambla, y estas cartas iba a recogerlas cada jueves un médico francés, que era de un barco… que hacía Barcelona-Marsella… e iba a la zona nacional» (Colección de entrevistas). <<

[100] La literatura sobre el comportamiento de las cajas de ahorros durante la guerra civil es relativamente abundante, aunque todavía existan lagunas. Manuel Titos (1991:24) dice que la historia de las cajas de ahorros españolas hasta 1939 ofrece lagunas, hoy por hoy, insalvables. En todo caso, se hace obligado consultar, independientemente de la amplia colección de disposiciones que se fueron publicando al efecto, las siguientes obras: Torres Villanueva y Comín Comín (2005), Lagares Calvo y Lagares Gómez-Abascal (2003), las investigaciones de José Francisco Forniés Casals (1989, 1991), López Yepes (1973), Torres Villanueva (2005 y 2008) y CECA (1987). La adaptación de las cajas de ahorros al régimen del Gobierno de Burgos en el período 1936-1939 puede verse en Forniés Casals (2006). Y especialmente debe verse Comín Comín (2008). <<

[101] Sobre este constante enfrentamiento histórico de las cajas con el Gobierno y con la banca, véase Forniés Casals (2006:89 y ss.) y Lagares Calvo y Lagares Gómez-Abascal (2003). <<

[102] Véase también López Yepes (1973:259 y ss.). <<

[103] Decreto del 14 de marzo (Gaceta de Madrid, 17 de marzo). <<

[104] También se establecía la afiliación obligatoria de las cajas a sus federaciones regionales y a la CECA. <<

[105] Para más información sobre el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorros, véase López Yepes (1973:270 y ss.) y Torres Villanueva y Comín Comín (2003). <<

[106] Torres Villanueva (2005:17) y Forniés Casals (1989:13-14). <<

[107] Torres Villanueva y Comín Comín (2005:51). <<

[108] Dos cajas catalanas (la Caixa y la de Barcelona) representaban el 38% y sumadas la de Bilbao y Guipúzcoa se alcanzaba el 50%. Las ocho primeras cajas tenían los dos tercios del total de depósitos (CECA, 1987:9-11). La primera región española en depósitos era Cataluña, con 1.142 millones de pesetas, un 42,74% del total nacional. Los siguientes puestos los ocupaban el País Vasco, que totalizaba 584 millones (21,88%), Valencia 230 (8,62%), León 123 millones (4,62%) y Castilla la Nueva 102 (3,82%). Entre las cinco totalizaban el 81,68% de los depósitos de las cajas de ahorros. Véase CECA (1987:73 y ss.). <<

[109] La aportación de Francisco Comín Comín (2008) es la excepción a esa falta de información. <<

[110] La excepción la constituyeron las radicadas en San Sebastián y Bilbao, que se incorporaron al territorio controlado por el Gobierno de Burgos en septiembre de 1936 y en junio de 1937, respectivamente. Véase Torres Villanueva (2008:780). <<

[111] Véase Comín Comín (2008:170-171). <<

[112] El decreto del 15 de septiembre de 1936 (Gaceta de Madrid, 16 de septiembre) ordenó con posterioridad que se aplicase el decreto del 21 de julio a los consejos de administración, juntas de gobierno y demás organismos directivos de las cajas, Confederación, y personal dependiente de esas instituciones. Véase Forniés Casals (1989:16). <<

[113] Para más información sobre el comportamiento de las cajas de ahorros residenciadas en la zona republicana véase Torres Villanueva (2008:780-786) y Comín Comín (2008:169-173). <<

[114] Para mayor información sobre la actividad de las cajas de ahorros sitas en el terreno dependiente del Gobierno de Burgos, véase Torres Villanueva (2008:787 y ss.). <<

[115] Asistieron a esa reunión representantes de Caja de Ahorros Municipal de Burgos, Caja de Previsión Social de Castilla la Vieja, Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros de Burgos, Caja de Ahorros Provincial de Álava, Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, Caja de Ahorros Provincial de Navarra, Caja de Ahorros de León, Caja de Ahorros de Plasencia y Caja de Ahorros de Salamanca. <<

[116] La comisión estaba compuesta por cuatro personas bajo la presidencia de Luis García Lozano, alcalde de Burgos. Fue nombrado secretario José Sinués, director gerente de la Caja de Ahorros de Zaragoza (Forniés Casals, 2006:91). Esta comisión actuó hasta el 16 de julio de 1938, fecha en que la comisión permanente reanudó ya sus actividades preceptivas. <<

[117] Estaba compuesta por ocho miembros, cuatro representantes gubernamentales y otros cuatro representando a las cajas de ahorros. <<

[118] Véase Forniés Casals (1989:16). <<

[119] Más detalles de estos planteamientos y de las reacciones de las cajas de ahorros pueden verse en Torres Villanueva (2008:801 y ss.) y Comín Comín (2008:185 y ss.). <<

[120] Véase Forniés Casals (1989:57 y ss.). <<

[121] Un año después de iniciada la guerra el problema era el contrario por el exceso de recursos derivados de un incremento del ahorro en libretas, a los que las cajas no podían dar salida por el bloqueo de cuentas que impedía disponer de los depósitos de la clientela que excedieran de la cantidad existente al 18 de julio de 1936. <<

[122] Véase Torres Villanueva (2005:22). <<

[123] Véase el capítulo IV, «Mola en Navarra. Las ayudas a la sublevación». <<

[124] Véase Sánchez Asiaín (1999a:348-358). <<

[125] BOE del 1 de noviembre. <<

[126] Decreto del 31 de diciembre de 1941 (BOE, 8 de enero de 1942). <<

[127] Decreto del 13 de abril de 1945 (BOE, 25 de abril). <<

[128] Ley del 10 de febrero (BOE, 14 de febrero). <<

[129] Así, la banca actuante únicamente en la zona nacional pudo celebrar junta general de accionistas a partir de febrero de 1940, como sucedió en el caso del Banco Castellano. El Banco Hispano Americano celebró la junta en marzo de 1942, comprendiendo los ejercicios de 1936-1941. El Banco de Bilbao celebró la suya en enero de 1942, comprendiendo los ejercicios 1936-1941. Por excepción, el Banco de Vizcaya celebró su primera junta tras la guerra, en diciembre de 1941, comprendiendo los ejercicios 1936-1940. <<

[130] Véase el epígrafe «El enfrentamiento de los Gobiernos republicano y de Burgos por la red bancaria privada en el exterior» en el capítulo XIX, «Financiación exterior». <<

[1] La información se dio como una simple nota del Ministerio de Hacienda y se publicó en las páginas de noticias del BOE. Larraz admitió en sus Memorias que la «nota» había sido redactada personalmente por él. Y en los momentos previos se planteó una fuerte controversia entre los ministros Larraz y Serrano Súñer. El primero sostenía que debería informarse a la opinión pública del contenido del acuerdo con Italia sobre liquidación de la guerra. El segundo se oponía terminantemente. Por eso, en la «nota» se ofrece información muy poco precisa sobre los términos de aquel acuerdo. Hay indicios de que a Franco no le disgustó la publicación. Lo demuestra la información muy elogiosa, en términos de «gracias a una feliz iniciativa del Caudillo secundado por su ministro de Hacienda», que se incluyó en el Noticiero de España, 149, de 10 de agosto de 1940. Y se dio cuenta de nuevo de la «nota» en el siguiente número 150, del 17 de agosto de 1940, en una información igualmente elogiosa. Larraz estaba muy orgulloso de esa información, aunque la «nota» en principio pasó muy desapercibida. Ricardo de la Cierva cuenta que, ya ex ministro, Larraz le pidió que la incluyera como pieza básica en la historia sobre la guerra civil española que estaba escribiendo. Así lo hizo (Cierva, 1997c:111 y ss.). El «Resumen provisional» fue reproducido posteriormente (Ministerio de Hacienda, 1941). Sobre esta «nota» y Larraz, véase también Sánchez Asiaín (2009). <<

[2] En efecto, la información dada por el Ministerio de Hacienda fue durante muchos años la única disponible. En 1979 se publicó la magnífica y monumental obra La guerra civil española (Thomas, 1979). Su Consejo de Redacción estaba formado por el propio Hugh Thomas, Luis Romero, Ramón Salas Larrazábal y Ángel Viñas. En ella, en el volumen 6, y bajo el título «El oro de Moscú y las deudas de Franco. La financiación exterior», Ángel Viñas (1979b) profundizó en el significado de la «nota» con agudeza y abundante documentación. En cuanto al grado de exactitud con que la «nota» se hizo, Larraz llegó a decir en sus Memorias: «Es claro, obvio, que la nota no podía agotar la sinceridad, como las presentes Memorias, y que las dificultades con las que yo tropezaba y la exacta valoración de la política “desfasada” y hasta fantástica del General habían de quedar en el tintero» (Larraz, 2006:274). <<

[3] Ese mismo objetivo de tranquilizar a los financiadores extranjeros tenía, sin duda, la carta remitida por Flores de Lemus al director de L’Osservatore Romano, en el Vaticano, bajo el título «La financiación de la cruzada española contra el bolchevismo y la restauración de las finanzas de la Nueva España», en febrero de 1941, en la cual escribía lo siguiente: «El autor de estas líneas lleva más de un tercio de siglo sirviendo a los diferentes resortes económicos del país, lo que le permite señalar que las pérdidas del producto nacional en España se refieren únicamente a la pérdida de sus reservas oro, que hubieran podido ser movilizadas para la reconstrucción nacional. Y esto, da una idea de la magnitud de los sacrificios soportados actualmente por nuestra economía, pero al mismo tiempo indica que el auge de la economía española puede esperarse una vez que se haya restablecido el orden internacional» (nota conservada en la Biblioteca de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas). <<

[4] El documento no hablaba de la inflación como mecanismo extraordinario de financiación de la guerra, ni se refería a la magnitud de la inflación diferencial, pero Larraz, redactor del documento, ya apuntaba, como se pone de manifiesto en sus Memorias, el concepto «inflación» como instrumento de financiación. <<

[5] Véase el capítulo XV, «El gasto presupuestario en la guerra civil». <<

[6] Martorell y Comín Comín (2002:108). <<

[7] El Consejo de Dirección del Ministerio de Hacienda fue creado por real decreto del 30 de diciembre de 1932. Como antecedentes de esta disposición, su verdadero origen fue el real decreto del 30 de mayo de 1926 de Calvo Sotelo. <<

[8] El Consejo estaba formado por tres tipos de consejeros. En primer lugar, altos funcionarios de las diferentes secciones del Ministerio de Hacienda. En segundo lugar, personal del Banco de España y representantes de la banca oficial. En lo que al Banco de España se refiere, formaban parte del Consejo su gobernador (Nicolau d’Olwer), subgobernador (Julio Carabias) y miembros del Servicio de Estudios (Fernández Baños y Germán Bernácer). Los miembros del banco y, en particular, los representantes del Servicio de Estudios, tuvieron una participación relativamente modesta en la actividad del Consejo de Dirección. Con respecto a los representantes de la banca oficial, formaron parte del Consejo miembros del Banco Exterior de España (Ramón López Barrantes), Banco de Crédito Local (Isidoro Vergara) y Banco de Crédito Industrial (Trifón Gómez). En tercer lugar, había representantes de las federaciones sindicales de la banca (véase Pons, 2006:358). <<

[9] En septiembre de 1937 se ordenó el desplazamiento a Valencia de todos los funcionarios del Consejo, bajo la conminación de que, si no se presentaban en el plazo que se señalaba en la capital levantina, serían entregados a los tribunales populares. Se trasladaron, pero el Consejo siguió sin hacer ninguna aportación. En el Archivo General del Ministerio de Economía y Hacienda en Madrid se conservan parte de las actas del Consejo de Dirección del Ministerio de Hacienda y Economía republicano. Es una documentación de alto valor, que permite entender, con mucho detalle, la problemática de aquel momento (Ministerio de Hacienda, 1937b). Véase también Ministerio de Hacienda (1938). <<

[10] Desde la óptica del Consejo de Dirección, todas las rentas, al cambiar los derechos de propiedad por los procesos revolucionarios, pasaron a ser salarios distribuidos por los comités de incautación. Por lo tanto, los impuestos deberían de moverse hacia la captación de esa renta de producción (Comín Comín y López García, 2002:144 y ss.). <<

[11] Publicado en la Gaceta de la República el 8 de septiembre de 1937. <<

[12] La prácticamente inexistente base fiscal lo explicaba todo. La definía perfectamente el Consejo de Dirección del Ministerio de Hacienda del 24 de marzo de 1937, cuando decía que «las causas de la aflictiva situación de estas Haciendas son bien conocidas: la guerra civil, al determinar en la zona leal la desposesión de las clases hasta ahora privilegiadas y de otros elementos desafectos al régimen, la incautación por los trabajadores de la mayor parte de las empresas, y la ruina de muchos pequeños industriales y comerciantes, ha producido el derrumbamiento de la estructura económica en la que se basaba un buen número de tributos, sin que los elementos que han desplazado y sustituido a la antigua empresa capitalista, la hayan reemplazado y sustituido también en el cumplimiento de los deberes fiscales; y en la parte realmente subsistente de los actuales impuestos, éstos no han podido recaudarse con regularidad» (Ministerio de Hacienda, 1937b). <<

[13] Comín Comín y López García (2002:145). <<

[14] Noticiero de España, «Notas financieras», 56, 8 de octubre de 1938. <<

[15] Véase Fuentes Quintana (1958:300 y ss.). También Velarde (1999:384 y ss.), Comín Comín y López García (2002:159 y ss.) y Albiñana (1996). <<

[16] En realidad era una cuestación promovida por la Delegación Nacional de Auxilio de Invierno de Falange Española de las JONS. La figura tenía sus antecedentes en la Alemania del nacionalsocialismo. <<

[17] Orden del 2 de febrero de 1937 (BOE, 4 de febrero, Reglamento del 10 de marzo). <<

[18] Sólo podía colocarse un emblema a cada persona, y quien ya lo tuviera no debería ser molestada más por ninguna de las postulantes. <<

[19] El «plato único» estaba basado en una figura similar alemana, el Eintopf, según la cual los clientes de los restaurantes recibían un solo plato, pero pagaban tres. Al final, se convirtió en un impuesto sobre la hostelería. Una amplia información sobre el día del plato único y día sin postre en España, puede verse en «Las recaudaciones de naturaleza fiscal en los primeros años del franquismo», en Alejandre (2008:117 y ss.). <<

[20] Orden del 30 de octubre de 1936 (BOE, 3 de noviembre). Decía la exposición de motivos de esta orden que las «múltiples atenciones benéficas a que un Estado moderno y católico debe hacer frente, para que no quede ningún ciudadano suyo sin alimento diario y recoja en su seno a los huérfanos para hacer de ellos hombres amantes de Dios y de su Patria… precisa, con la cooperación ciudadana, arbitrar medios de carácter general con que atender a los servicios tan inaplazables». Para ello la orden disponía que la recaudación se destinase a los fines benéficos de establecimiento de comedores de asistencia social, jardines de la infancia, casas-cunas, Gotas de Leche, orfanatos e instituciones análogas. <<

[21] Este porcentaje era del 50% de la recaudación obtenida por cada comida de los días señalados como «de plato único», y el 40% de la pensión completa facturada en esos mismos días. <<

[22] Orden del 16 de julio de 1937 (BOE, 18 de julio). <<

[23] Los industriales hoteleros contribuían con un 10% de cada comida suelta que sirvieran los lunes y con el 5% de la pensión completa. <<

[24] El subsidio se recibía «cuando concurran las siguientes circunstancias»: a) carecer los beneficiarios de ingresos o tenerlos insuficientes para las necesidades de la vida; b) hallarse los familiares, antes del 18 de julio, viviendo bajo el mismo techo del combatiente, siendo éste con su trabajo el principal o único sustento de ellos, o habiéndose producido con posterioridad esta circunstancia, y c) encontrarse el combatiente en frentes de combate u hospitalizado como herido o enfermo a consecuencia de la campaña o haber perecido o quedado inútil en ella. <<

[25] Decreto del 1 de mayo de 1937 (BOE, 1 de mayo). <<

[26] Ley del 5 de enero de 1939 (BOE, 15 de enero). Todas las disposiciones complementarias que exigió el desarrollo de esta ley, así como ejemplos de liquidación e interpretación de la misma, pueden verse en Castañón (1939). <<

[27] Noticiero de España, «Notas financieras», 72, 28 de enero de 1939. <<

[28] Una disposición especial permitió deducir de la cuota los donativos a favor del «movimiento nacional». <<

[29] Orden del 25 de diciembre de 1936 (BOE, 30 de diciembre), firmada por el general Fidel Dávila, quien justificaba este aumento de la tarifa teniendo «en cuenta que las actuales circunstancias exigen de todos los españoles la mayor aportación posible para atender a los gastos nacionales». En todo caso, los establecimientos docentes, benéficos, sanitarios, penitenciarios y culturales podrían solicitar licencia gratuita «siempre que demostraran que el aparato está instalado precisamente en el local donde deba cumplir la misión docente, beneficiosa o cultural, objeto de la exención». <<

[30] Se aprovechó este gravamen como control de la utilización de la radio. Martorell y Comín Comín (2008:914-915) señalan que, en la medida en que la radio era un peligroso vehículo de información en tiempo de guerra, la licencia era una condición necesaria para poseer un aparato, y el impuesto imposible de evadir porque los vendedores debían remitir a las delegaciones de Hacienda una nota mensual de los aparatos vendidos con el nombre y la dirección del comprador. El incumplimiento de esta disposición daba lugar a considerar la venta y el aparato clandestinos, lo que suponía un alto riesgo de represión política. <<

[31] Noticiero de España, «Notas financieras», 19, 1 de enero de 1938. <<

[32] El pago de los intereses de la deuda pública del Estado fue aplazado por decreto del 11 de agosto de 1936 (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 14 de agosto). En la exposición de motivos de este decreto se justificaba la decisión diciendo que la Junta de Defensa Nacional venía haciendo frente a las atenciones del Tesoro susceptibles de localización en el territorio sometido a su autoridad. Pero que también existían otras obligaciones del Estado de imposible localización en tanto perdurara la anormalidad política «producida por la absurda resistencia del llamado Gobierno de Madrid». El pago de los intereses de la deuda pública fue restablecida por ley del 12 de mayo de 1938 (BOE, 15 de mayo). De los intereses posteriores existían pendientes, de acuerdo con el contenido de la «nota», cantidades de importancia, por causa del retraso que había producido la calificación de la legítima posesión de los títulos. <<

[33] Al final, la realidad del «aplazamiento de pagos» supuso más de 6 veces esta cantidad. Véase el capítulo XV, «El gasto presupuestario en la guerra civil», epígrafe «Cuenta de atrasos y obligaciones pendientes». <<

[34] Posteriormente, ya terminada la guerra, en octubre de 1939, se asignaron partidas presupuestarias al Congreso de los Diputados, al Congreso Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, a la Junta Política de Falange, al Instituto de Estudios Políticos y a la Secretaría General (ley del 21 de octubre de 1939, BOE, 2 de noviembre). Véase también Martorell y Comín Comín (2008:911 y ss.). <<

[35] Martorell y Comín Comín (2008:912) recuerdan que, en aquellos momentos, las autoridades franquistas afirmaban que un 75% del personal oficial de la enseñanza había traicionado «la causa nacional», y que una depuración inevitable debía disminuir considerablemente la cantidad de personas de la enseñanza oficial. <<

[36] Véase el capítulo XXIII, «La transición del sistema financiero. Los ajustes de la posguerra». <<

[37] Sobre los efectos de la inflación republicana, véase Paris Eguilaz (1941:23 y ss. y 1939). Véase también Sánchez Asiaín (2009). <<

[38] Noticiero de España, «Notas financieras», 75, 18 de febrero de 1939). <<

[39] Se refería el Noticiero a los servicios municipales de enterramiento y de transportes fúnebres, que fueron colectivizados por la CNT, y que en los últimos tiempos impusieron el pago en especie, especialmente en artículos de primera necesidad. Y citaba casos sucedidos en Barcelona en los que el cadáver de un familiar había permanecido seis días sin ser enterrado porque era imposible disponer de dos kilos de arroz, precio del entierro según las tarifas de los anarcosindicalistas. Añadía también que «cambios de muebles, de joyas, de monedas de oro, por unos pocos víveres, habían sido las tareas cotidianas de los barceloneses en los años 1937 y 1938». <<

[40] Cuando se habla de la inflación como impuesto, hay que recordar que el sector público tiene el privilegio especial de monopolizar la creación de un activo intrínseco, el dinero, que se utiliza como medio de pago generalmente aceptado. Y la teoría dice que el «señoreaje», entendido como el derecho a producir dinero, constituye para el emisor una fuente de ingresos. En realidad es un impuesto, el «impuesto de la inflación», en la medida en que los que ya tienen previamente dinero, pierden valor debido al incremento del circulante, valor que se traspasa al emisor. Y este traspaso tiende a ser mayor en los países con mayor inflación, con una política presupuestaria más laxa y con una utilización de efectivo anómalamente elevada. Unas condiciones que se dieron en muy alto grado en España en el período 1931-1939. Bajo esta realidad, el «señoreaje» sería igual a la desvalorización sufrida por los saldos monetarios en manos del público. <<

[41] Véase Maluquer (2008). <<

[42] Véase el capítulo XXIV, «La unificación monetaria. La Ley de Desbloqueo de 1939». <<

[43] Fuentes Quintana (1958). <<

[44] Véase Larraz (2006:198-199). <<

[45] La información existente sobre la lotería nacional en el período 1936-1939 es escasa. Puede verse «La Lotería en tiempos difíciles», en Lotería y Apuestas del Estado (LAE) (2007) y Altabella (1962). <<

[46] En septiembre de 1936 el servicio de loterías de la República hizo un ajuste en relación con el territorio que había permanecido bajo su control, y redujo las emisiones a prácticamente la mitad. <<

[47] El sorteo extraordinario en beneficio de la Cruz Roja tenía que haberse celebrado en Madrid el 14 de octubre de 1936, pero fue aplazado debido a sus bajas cifras de ventas y tuvo lugar en Valencia el 14 de enero de 1937. <<

[48] La más destacada fue la lotería patriótica de Zaragoza, organizada por la Junta Recaudatoria Civil de Defensa Nacional de aquella ciudad. <<

[49] Por orden del 9 de marzo de 1938 se señaló la fecha del 1 de abril para la celebración del primer sorteo. Coexistió con la lotería republicana hasta el 21 de enero de 1939. El último de los sorteos realizados en Burgos se celebró el 20 de julio de 1939 y ya el 1 de agosto de ese mismo año la lotería nacional volvió a Madrid. <<

[50] Este cálculo se ha hecho a partir de las «Cuentas de loterías» de marzo de 1938 a abril de 1939, extraídas de los libros de Cuentas de Cargo y Data conservados en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. El autor debe agradecer a Soledad Burdano su colaboración en este cálculo, y su paciencia en manejar los datos de todos y cada uno de los sorteos, entre esas fechas, de las casi 500 administraciones de lotería de entonces. <<

[51] Bolín, autor y director de la idea, lo explica muy bien (Bolín, 1967:311 y ss.). <<

[52] «National Spain invites you to visit the War Routes of Spain», 1938, Southworth Spanish Civil War Collection, Mandeville Special Collections Library (Universidad de California). <<

[1] En cuanto a la información sobre la operación de salida del oro del Banco de España, es indispensable el libro de Ángel Viñas (1979a), quien, a través de un análisis exhaustivo, dejó históricamente zanjada la cuestión del traslado en sus planteamientos básicos. También Viñas (1976), en el que ya había aclarado muchos puntos oscuros de esa cuestión. Otro libro importante para profundizar en este campo es el de Pablo Martín Aceña (2001). También Martín Aceña (2008b). Sin olvidar el libro de Amaro del Rosal (1976) o el de Juan Sardá (1970). Una de las más significativas aportaciones al conocimiento de la guerra civil española, especialmente en sus relaciones internacionales, se debe, una vez más, a Ángel Viñas (2006, 2007, 2008a), un investigador que tanto ayudó a finales de los años setenta a esclarecer la cuestión del «oro de Moscú». Viñas ha investigado a fondo en los archivos de la Unión Soviética, y en los de otros países conectados con el desarrollo de la guerra civil. Ha trabajado en más de 20 archivos, domiciliados en seis países distintos, estudiando documentos personales de Negrín y de Prieto, con fondos procedentes de los servicios de inteligencia británicos y soviéticos. También ha trabajado con fondos republicanos conservados en manos privadas. <<

[2] La información incorporada a este capítulo en la parte que se refiere al oro, su venta en Francia y el traslado a Cartagena y a Moscú procede fundamentalmente del análisis de las actas del Banco de España. <<

[3] Sobre la situación legal de la exportación de oro de acuerdo con la Ley de Ordenación Bancaria, véase Viñas (1979a:23 y ss.). <<

[4] El kilogramo de oro se contabilizaba a razón de 3.444,444 pesetas, y la paridad oro del dólar establecida en 1934 era de 0,888671 gramos de oro fino por dólar. <<

[5] Véase Viñas (1976:19 y ss.). <<

[6] Véase el epígrafe «La oposición al Banco de España se justificaba por su política sobre el oro» en el capítulo VII, «El sistema financiero de la República». <<

[7] Mientras en el Banco de España se estaba celebrando esta reunión, salían de Madrid con rumbo a París el ministro de Hacienda, Enrique Ramos, y Francisco Méndez Aspe. Allí acordaron con las autoridades financieras francesas todos los detalles de las futuras remesas de oro: el aeropuerto de destino, la frecuencia de los envíos y el traslado de las cajas al centro de la ciudad. También el precio de la compraventa, las cuentas a las que debían efectuarse los ingresos en divisas y las claves secretas que se debían utilizar en las comunicaciones entre los bancos centrales de España y de Francia (véase Martín Aceña, 2001:50-51). <<

[8] Hay que recordar que ya existía otra operación del 2 de junio de 1936 (Gaceta de Madrid del día 4), momento en que, por ley, se autorizó al ministro de Hacienda a obtener del Banco de España hasta 25.200.000 pesetas oro sin interés destinadas a la intervención del Estado en los cambios. <<

[9] Fernando de los Ríos y Urruti. Catedrático de Derecho Político de las Universidades de Madrid y Granada. Diputado a Cortes por Granada representando al Partido Socialista. Ministro de Justicia, y de Instrucción Pública y Bellas Artes. Con posterioridad al encargo de comprar armas en París, fue embajador de España en Washington hasta el final de la guerra civil. Permaneció exiliado en Estados Unidos hasta su fallecimiento. <<

[10] Marcelino Pascua Martínez. En 1931 fue diputado socialista. Amigo de Juan Negrín. Iniciada la guerra civil, fue designado embajador en Moscú. Posteriormente, fue nombrado embajador en París, donde le correspondió presidir la «Comisión Especial de Hacienda» que recibió el encargo de Negrín de monetizar los metales y piedras preciosas, joyas y otros activos que se le remitieron desde España (véase el capítulo XVIII, «Monetización de los activos expoliados. La comisión «secreta» de París»). <<

[11] Howson (2000:39) dice que el 25 de julio por la tarde llegó al aeropuerto de Burdeos un Douglas DC-2 republicano que estaba transportando a París la primera remesa de oro, añadiendo que los españoles reconocieron que aquel oro era para costear aviones, ya que «esta guerra se ganará en el aire». <<

[12] Previamente, el 5 de agosto, el Ministerio de Hacienda había establecido que quedaba en suspenso la publicación de los balances semanales del banco hasta tanto no se restableciera la normalidad de las comunicaciones entre las sucursales y la central. <<

[13] La preocupación por el amenazante entorno estaba justificada. A partir de la noche del día 20 de julio comenzaron a ser frecuentes en Madrid los registros incontrolados. Entre el 18 de julio y el 31 de agosto se contabilizó en esa ciudad una media de 93 muertes violentas al día. A partir del 1 de septiembre la cifra bajó a 40 pero la media en el período fue de 66 muertes violentas al día (Montoliú, 1998:81 y ss.). <<

[14] Carabias (1946:517). <<

[15] «¿De quién pueden estar las mayores posibilidades del triunfo en una guerra? De quien tenga más medios, de quien disponga de más elementos… Pues bien: extensa cual es la sublevación militar que estamos combatiendo, los medios de que dispone son inferiores a los medios del Estado español, a los medios del Gobierno. Si la guerra, cual dijo Napoleón, se gana principalmente a base de dinero, dinero y dinero, la superioridad financiera del Estado, del Gobierno de la República, es evidente… Doy por cierto todos los auxilios financieros que se dicen prestados a los organizadores de la subversión. Pero aun dándolos por ciertos, no puedo dejar de reconocer que esos medios han podido ser suficientes para preparar la sublevación, para iniciarla, para desencadenarla; pero que son insuficientes para sostenerla… todos los elementos financieros de que el capitalismo puede disponer libremente en estos instantes son escasísimos ante los dilatadísimos del Estado… Todo el oro de España, todos los recursos monetarios españoles válidos en el extranjero, todos, absolutamente todos, están en poder del Gobierno: son las reservas de oro que han venido garantizando nuestro papel moneda. El único que puede disponer de ellas, porque en sus manos se hallan, es el Gobierno. Este tesoro nacional permite al Gobierno español… una resistencia ilimitada… Pero, además, la guerra es hoy principalmente una guerra industrial… Todo el poderío industrial de España, todo lo que puede ser cooperación eficaz al mantenimiento de la lucha en orden a la protección industrial, todo eso, absolutamente todo… está en nuestras manos» (publicado en primera página en El Socialista del 9 de agosto de 1936). Se transcribe íntegro en Cierva (1997c:19 y ss.). <<

[16] Acudieron a la sesión Nicolau d’Olwer, Carabias, Suárez Figueroa; los representantes de los accionistas, Martínez Fresneda y Álvarez Guerra; y los representantes del Estado, Viñuales y Rodríguez Mata. <<

[17] Amaro del Rosal Díaz. Destacado militante socialista. Desde 1930 fue presidente del Sindicato de Banca de Madrid y de la Federación Nacional de Banca. En 1934 fue elegido miembro de la Comisión Ejecutiva de UGT y en 1937 secretario adjunto de ésta. <<

[18] Más información y detalle del trabajo en los sótanos del Banco de España para preparar el envío a Cartagena puede verse en Rosal (1976:29 y ss.). Allí explica cómo en la elaboración de las cajas participaron simultáneamente varios talleres de carpintería, coordinados por la Sociedad de Ebanistas y Similares de Madrid, y las incidencias de la operación. Afirma que el trabajo se hizo en pocas semanas, lo cual contradice las informaciones que se han venido dando de la urgencia con la que se verificó el embalaje. Un incidente especial que se produjo en el desarrollo de esta operación fue que el cajero principal del Banco de España, «llevado de un exagerado apego al tradicionalismo del Banco» y frente al expolio que la salida del oro de la caja fuerte suponía, se suicidó en su propio despacho. <<

[19] Ya no hay dudas de que el traslado se hizo por ferrocarril. Durante tiempo se dio por cierto que el traslado se había hecho por carretera, bajo la custodia de fuerzas mandadas por Valentín González, el Campesino, porque así lo había escrito éste: «A la salida de la villa [Madrid] los conductores fueron cambiados y se puso sobre los camiones una bandera roja indicando que estaban cargados de explosivos» (Vilá-San-Juan, 1972:154). Pero no fue así. Para mayor información sobre el traslado del oro y las incidencias del viaje por ferrocarril, véase Viñas (1979a:127 y ss. y 2006:244 y ss.). <<

[20] No es extraño que se eligiera Cartagena, porque se trataba de una gran base, pertrechada y defendida adecuadamente, un tanto alejada del teatro de operaciones, y desde la cual cabía la posibilidad, llegado el caso, de transportar por vía marítima las reservas a algún otro lugar de la Península o del continente (Bolloten, 1989:262). <<

[21] Bolloten (1989:261) dice que, debido a la situación de amenaza de Madrid, la cuestión de trasladar las reservas de oro a un lugar más seguro ya se había discutido en el gabinete Giral, aunque no se tomaron medidas concretas hasta que Largo Caballero formó su Gobierno el 4 de septiembre con Negrín como ministro de Hacienda. <<

[22] La verdad es que las fuerzas sublevadas estaban ya presionando sobre Madrid. Por el norte, el frente había quedado estabilizado en Somosierra. Por el sur, el 30 de agosto habían alcanzado la línea Oropesa-Puente del Arzobispo, el 4 de septiembre, Talavera de la Reina, y el 27 de ese mes fue conquistado el Alcázar de Toledo (Vilá-San-Juan, 1972:152). Salas Larrazábal y Salas Larrazábal (1986:139) señalaban que la decisión inicial de trasladar el oro a Cartagena se tomó en previsión de que cayera en poder del Gobierno de Burgos. Julián Zugazagoitia (1968, vol. 1:301) dijo, en relación con la salida del oro, que éste abandonó los depósitos del Banco de España la noche del 7 de noviembre, «cuando la caída de Madrid se reputaba inminente». Pero no fue así. También durante mucho tiempo circuló el bulo de que Franco había anunciado que asistiría antes de terminar septiembre a una misa en Madrid. Tampoco eso es cierto, ni explica la salida del oro. Franco hizo esa promesa, pero la hizo el 7 de noviembre. Preston (1994:258) recoge incluso el texto de corresponsales de guerra que describen la «toma de Madrid» el 8 de noviembre de 1936: en «la mañana del 8 de noviembre, los gobiernos de Austria y Guatemala enviaron telegramas de felicitación para el Generalísimo Franco al ministerio de la Guerra de la capital. Radio Lisboa también se adelantó describiendo con detalle la frenética acogida que le deparó el pueblo de Madrid. El sensacionalista corresponsal americano de la cadena Hearst, H. R. Knickerbocker, escribió una detallada descripción del desfile de la victoria, “desde los escalones de la Telefónica”». Pero la verdad es que se seguía combatiendo (Pérez, 1999:629 y ss.). <<

[23] La presión del ejército de Franco sobre Madrid era realmente importante. Sin embargo, después del traslado del oro el frente se estabilizó. Muchos analistas creen que si el oro hubiera pasado en algún momento a poder de los sublevados la guerra hubiera terminado en unos pocos meses. También se ha dicho que, trasladado el oro, Franco cambió sus objetivos estratégicos y Madrid dejó de ser objetivo prioritario (véase Moa, 2003:309 y ss.): «¿Perdió Franco Madrid por ganar Toledo?». En todo caso, la capital resistió al empuje de los requetés de Mola y de los regulares de Franco y permaneció en manos de la República hasta el 28 de marzo de 1939. <<

[24] Es anécdota por reseñar que en el mismo momento en que el gobernador estaba leyendo el texto del decreto reservado autorizando la salida del oro de la plaza de Cibeles, el Consejo del Banco de España en Burgos se reunía por primera vez bajo la presidencia de Pedro Pan. <<

[25] Agustín Viñuales Pardo. Catedrático de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de Granada y en la de Madrid. Fue colaborador de Flores de Lemus, asesor del Banco Urquijo y ministro de Hacienda durante la Segunda República. <<

[26] Hay que destacar, como recuerda Suárez Figueroa, que el decreto reservado no sólo se refería al oro, sino «a las existencias que en oro, plata y billetes hubiera en aquel momento en el Establecimiento Central del Banco de España». Con ello, Suárez Figueroa añadía otro matiz no tenido en cuenta hasta ese momento, «billetes sin separación entre los habilitados y no habilitados para la circulación». <<

[27] Enrique Rodríguez Mata formó parte de la generación de economistas españoles de 1914, junto con Olariaga, Bernácer, Fernández Baños, Carande, Viñuales y otros. Fue discípulo de Antonio Flores de Lemus. Catedrático de Economía Política de la Universidad de Salamanca y después en Zaragoza. <<

[28] Efectivamente, el Banco de España era de propiedad privada y no fue nacionalizado hasta la Ley de Ordenación Bancaria de 1962. Para mayor información, véase Pérez de Armiñán (1970). <<

[29] Efectivamente el traslado llevaba ya días preparándose, como se desprende de lo que cuenta Amaro del Rosal. <<

[30] Véase el epígrafe «Miedo en el sistema bancario» en el capítulo VII, «El sistema financiero de la República». <<

[31] Martínez Fresneda declaró que tal acta no llegó a firmarse, y que él no pudo conocer el acta definitiva, ni siquiera un borrador. <<

[32] BE (1939a). Véase el epígrafe «El Banco de España republicano justifica a sus accionistas la salida del oro» en el capítulo VII, «El sistema financiero de la República». <<

[33] Dolores Ibárruri et al. (1966, vol. 2:36 y ss.). Isidora Dolores Ibárruri fue una dirigente comunista que actuó con el sobrenombre de Pasionaria. Nacida en la cuenca minera de Bilbao, hija y esposa de mineros, participó desde muy joven en las luchas obreras del País Vasco. Histórica dirigente del Partido Comunista de España. Diputada por el Frente Popular y vicepresidenta de las Cortes en 1937. Destacó por su fortísimo carácter y sus dotes oratorias. <<

[34] Véase más información sobre esta situación en el epígrafe «Independencia financiera catalana» del capítulo VIII, «La hora de las independencias en la República». <<

[35] Diego Abad de Santillán. Seudónimo de Sinesio Baudilio García Fernández. Dirigente anarquista. Secretario del Comité Peninsular de la FAI en 1935. En julio de 1936 formó parte del Comité de Milicias Antifascistas de Catalunya y entre diciembre de 1936 y abril de 1937 se hizo cargo de la Consejería de Economía del segundo y tercer Gobierno de Tarradellas. <<

[36] Felipe Díaz Sandino. Teniente coronel del arma de infantería. Destinado en Barcelona en el momento de la sublevación, permaneció fiel a la República, y a él se debió que el aeródromo de El Prat, donde estaba destinado, no cayera en poder de los rebeldes. Consejero de Defensa del Gobierno de la Generalitat hasta el final de la contienda, momento en que abandonó España. <<

[37] A esta reunión hace alusión Arias Velasco (1977:258) cuando, refiriéndose al momento en que Josep Tarradellas se dirigió al gobernador del Banco de España con el encargo de transmitirle urgentemente al Gobierno de la República una agobiante nota solicitando fondos para resolver una situación que les impedía continuar la guerra, señalaba que por aquellos días tuvo lugar un viaje a Madrid de Abad de Santillán, acompañado de Díaz Sandino, quienes se entrevistaron con Giral, al que trataron infructuosamente de convencer de que se trasladara a Barcelona una parte al menos del oro del Banco de España. <<

[38] Véase también Carlos Rojas Vila (1973:33-34). <<

[39] Juan-Simeón Vidarte Franco-Romero. Diputado en las Cortes de 1931, 1933 y 1936. Vicesecretario de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas de 1932 a 1934. Vicesecretario y secretario del Partido Socialista de 1934 hasta el fin de la guerra. Fiscal del Tribunal de Cuentas de la República en 1936. Subsecretario de la Gobernación del Gobierno Negrín. Cónsul general en Tánger. Fallecido en el exilio en 1976. Negrín le envió a México con la misión de plantear al presidente Cárdenas la posible emigración de republicanos españoles a dicho país, «caso de perder la guerra». <<

[40] Ángel Viñas cree incluso que el volumen enviado a Francia pudo ser mayor. <<

[41] Asumiendo una composición similar de monedas que la enviada a Moscú. <<

[42] Véase Martín Aceña (2008b:1091-1092). <<

[43] Como el propio Viñas (1976:59) reconocía, reconstruir en su totalidad las operaciones efectuadas con el oro enviado a Francia no fue tarea fácil. Disponía de datos bastante completos sobre la fecha y volumen de algunos envíos y, por otra parte, también conocía parcialmente la relación de fechas de órdenes de disposición con su correspondiente importe. También contaba con datos sobre el valor en francos de ventas de oro. Pese a ello, sólo pudo seguir con una cierta precisión las operaciones en los meses de agosto y septiembre. <<

[44] En la relación de bancos a los que se les transfería el importe de las ventas, destacaban la BCEN con un importe de 2.294,1 millones (desde octubre de 1936); Chase Manhattan Bank, 439; Banque de Paris et des Pays Bas, 338,8; Crédit Lyonnais, 205,3; Crédit Commercial de France (Cta. Midland Bank), 123,4; L. Dreyfus & Co., 65; Banque de l’Union Parisienne, 60, y Barclays Bank, 60. <<

[45] Éstos eran los 37: Adrizzi, Agustí; Albornoz, Álvaro de; Araquistain, Luis; Álvarez Buylla, Miguel; Aluminium Union Ltd.; Azcárate, Pablo; BCEN; Banco Exterior de España; Brea González, Pilar; Campsa; Centro Oficial de Contratación de Moneda; consulado español en Rabat; Cruz Marín, Antonio; embajador español en París; Fabra Ribas, Antonio; Fernández Shaw, Daniel; Fisse, Víctor; Gordón Ordás, Félix; Guerert Llevellyn Marret, Ltd.; Jiménez de Asúa, Luis; Kornfeld Lelarge, Antonio; Méndez Martínez, Rafael; Montreal, Luis; Negrín, Juan; Ordóñez Pena, Francisco; Otero, Alejandro; Palacios, Alfredo; Parra López, Pedro; Prieto Cerezo, Luis; Riaño Herrero, Luis; Ríos, Fernando de los; Rodrigo, Eusebio; Segalez, Alfredo; Souillard, René; Torre, Eliodoro de la; Vidarte, Juan-Simeón, y Zavala, Gonzalo. Véase Martín Aceña (2004:166). <<

[46] Como medio de transporte, ponía a disposición del Gobierno una flotilla de seis aviones, que podían transportar media tonelada por aparato tres veces por día. <<

[47] Esta renuncia aparece reseñada formalmente en el acta del Consejo del 30 de septiembre de 1936. <<

[48] Levantó acta el ministro más joven, que era el de Instrucción Pública, Jesús Hernández. Texto tomado de Viñas (2006:314). El acuerdo estaba firmado por Negrín como ministro de Hacienda. <<

[49] Olaya va más lejos y sostiene que el oro se trasladó ya a Cartagena con la intención preconcebida de enviarlo a Moscú. Véase en Olaya (2004:289-93), «La bola de nieve». <<

[50] En el capítulo «Manuel Azaña y lo del oro español», Prieto (1973:133) sostiene que después de efectuado el transporte del oro, y cuando los buques mercantes rusos que lo realizaron habían llegado a Odessa, tuvo que visitar al presidente de la República. Y que, creyéndole enterado de tal transporte, le habló de la operación, llevándose la sorpresa de que Manuel Azaña no lo sabía. «Azaña púsose a pasear colérico y demudado por su despacho. Nunca le había visto tan fuera de sí. Me anunció que iba a dimitir inmediatamente. Aunque dándole la razón, procuré calmarle». <<

[51] También lo fue al parecer para Pascua. Viñas (2010b:78) sostiene que no se le informó por el Gobierno republicano del envío del oro a Moscú y que la primera noticia que tuvo de la llegada del oro se la dieron los propios soviéticos. <<

[52] En relación con el secretismo de Negrín en torno al problema del oro, Julián Zugazagoitia (1968, vol. 1:303) decía que éste no daba participación en la responsabilidad a los demás ministros, y «no por desconfianza hacia todos, sino porque participaba de la creencia de que no hay secreto entre tres». Esta circunstancia determinaba que no juzgase ventajoso que todos los problemas graves se examinasen en el Consejo de Ministros: «La irregularidad en convocarlos y, en la segunda época, la contumacia en preterirlos, daban a su política un manifiesto sentido personal, propicio a toda suerte de críticas y disgustos». <<

[53] Según se cuenta en las Memorias del secretario de Azaña (Martínez Saura, 1999:612), éste se indignó cuando Prieto le dijo que las reservas del Banco de España iban rumbo a Odessa, porque el decreto que él había firmado a Negrín y Largo Caballero no precisaba las medidas que iban a tomarse para evitar que cayese en poder de los rebeldes. <<

[54] La protección de los cuatro transportes soviéticos cargados con las reservas de oro del Banco de España fue hecha hasta aguas argelinas por la flota republicana. El traslado hasta el muelle se llevó a cabo con el mayor secreto, pero no se pudo evitar que se conociera por la población civil. Para contrarrestar ese rumor se hizo circular el de que se trataba de un envío de fruta. La carga se suspendía durante el día y se reanudaba de noche (Moreno de Alborán y Moreno de Alborán, 1998, vol. 2:872873). El 22 de octubre comenzó la carga del oro en los barcos rusos. Las operaciones de embarque estuvieron directamente supervisadas por Juan Negrín y Francisco Méndez Aspe (Rybalkin, 2007:168). El 25 se hicieron a la mar los cuatro buques, que llegaron a Odessa el 2 de noviembre. A las diez de la mañana del 25 de octubre la última caja subió a bordo. Dos horas después zarparon los buques. También ha dejado su relato sobre el traslado el agregado naval de la embajada rusa en España, Nikolái Kuznetsov (s.f.:181-184), que fue mariscal durante la segunda guerra mundial y ministro de Marina de la URSS. Explica que, por razones de seguridad, no era deseable movilizar una carga tan valiosa en un solo transporte y por ello utilizaron cuatro. La flota republicana recibió instrucciones de encontrarse en alta mar «por si hacían acto de presencia los buques fascistas». También dice Kuznetsov que, cuando se estaba realizando la operación, Negrín llegó a Cartagena. Y fue precisamente éste quien le presentó a los funcionarios que debían acompañar el oro a la Unión Soviética. La función de Kuznetsov era simplemente garantizar la seguridad en todos sus aspectos. <<

[55] Una de las leyendas que circularon en aquellos momentos fue que la Unión Soviética trasladó el oro clandestinamente utilizando submarinos. Incluso se llegó a decir que el oro fue en los bolsillos de los niños españoles y que se destinó a costear su manutención (Rybalkin, 2007:128). Orlov (1966) dice que, llegados los buques a Odessa, numerosos altos oficiales del ejército, procedentes de Moscú y de Kiev, trabajaron como estibadores descargando las cajas y llevándolas a un tren especial. <<

[56] Los soviéticos se negaron a firmar el recibo hasta la entrega del oro en su país. «Este problema del recibo tenía una gran importancia, pues ello significaba que el oro viajaba por cuenta y riesgo del gobierno español» (Vidarte, 1978:538). <<

[57] El recibo oficial por las 7.800 cajas se extendió con las firmas de Marcelino Pascua, embajador español, G. F. Grinko, comisario del Pueblo en la Hacienda, y N. N. Krestinski, comisario del Pueblo Adjunto para Asuntos Exteriores. El texto íntegro del acta puede verse en el anexo 6. <<

[58] Como nota curiosa, Prieto (1989b:17) escribe que la revista La URSS en construcción dedicó un número especial al aumento de las existencias de oro en Rusia, atribuyéndolo al desarrollo de la explotación de los yacimientos auríferos del país. <<

[59] Miralles Palencia (2003:166-167) cita un telegrama de Marcelino Pascua, dirigido el 7 de octubre de 1936 al ministro de Estado en Madrid, en el que, después de una conversación con los comisarios de Hacienda y Comercio soviéticos, señalaba lo siguiente: «Aludieron peligro retención secuestro nuestro oro caso estuviera colocado en Francia por indecisión aquel gobierno ante reconocimiento eventual por otros de Junta de Rebeldes, manifestando tendría mayor seguridad para el gobierno español republicano en banco estado URSS, pero insistiendo no les guía interés alguno en solución eventual apuntada». <<

[60] Un apunte personal de Negrín, ya en el exilio y poco antes de su fallecimiento, recordaba que «la idea de situar fondos en Rusia fue mía, exclusivamente mía», y no hubo «presión, requerimiento, sugestión o indicación por parte de nadie ni mucho menos de los rusos». Y éstos «fueron los primeros sorprendidos, cuando se les propuso». Y añadía «que ningún Gobierno, de cualquier nación en guerra, ha vacilado en situar fuera de su territorio nacional los recursos materiales de que disponía si lo requería su utilización para la lucha, o lo aconsejaba el preservarlos de que cayeran en manos enemigas» (Moradiellos, 2006:206-207). <<

[61] Y Vidarte (1978:537) concluía: «No había en el mundo más que un solo país dispuesto a facilitarnos armas y cuanto necesitáramos. Forzosamente este oro tenía que ir a parar a las arcas rusas». <<

[62] Una circunstancia a valorar en relación con la conveniencia de no recurrir a Francia era cubrirse de un potencial embargo o de la indisponibilidad de unas reservas de oro que se iban a emplear para comprar armas (Silva y Suárez González, 2003:161). <<

[63] El oro que tenía depositado España en Mont de Marsan fue entregado al terminar la guerra al general Franco. <<

[64] Véase la contestación de Prieto al artículo de Luis Araquistain (1958) «La intervención de Rusia en la guerra española», publicado en Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura. Prieto analiza y critica la tesis de Araquistain de que, o Rusia exigió el depósito como garantía del pago de armamentos, o los republicanos españoles obraron por un motivo de extrema desesperación, dando por perdida la guerra apenas comenzada, lo que les llevaba a salvar el oro en espera de circunstancias internacionales más propicias («Manuel Azaña y lo del oro español», en Prieto, 1973:127 y ss.). <<

[65] Viñas (2006:397-398) rechaza la argumentación de Martín Aceña y sostiene que la suposición de que existían otras alternativas no es aceptable, y que, hoy día, con la documentación disponible, la reconstrucción del proceso decisorio por ambos lados no permite apoyar ese argumento. En el epílogo de El honor de la República dice que «Ningún autor, serio o no, ha demostrado hasta ahora que hubiera alternativas viables a la decisión del Consejo de Ministros de octubre de 1936 de poner a buen recaudo las reservas de oro fuera de España» (Viñas, 2008a:536). <<

[66] Este depósito de Mont de Marsan estuvo activo, en diversas situaciones jurídicas, hasta después de terminar la guerra, momento en que fue recuperado. Pero en el entretanto fue objeto de diversos pleitos, tanto desde el Gobierno de la República como desde el de Burgos. Los dos se creían con legitimidad para disponer de las 40 toneladas de oro que quedaron al final. Y especial empeño puso en su recuperación el Banco de España de la República. Porque la estrategia de alargar la guerra hasta coincidir con la guerra europea que ya se veía como próxima exigía, a finales de 1938, disponer urgentemente de recursos para la adquisición de las últimas armas. Y en aquellos momentos ese depósito era la única vía de que las finanzas de la República podían disponer. Para mayor información sobre la operación del oro de Mont de Marsan, reconstruida a partir de la documentación existente en el Archivo Histórico del Banco de España y de los debates en el seno del Consejo de Francia, véase Martín Aceña (2004:167 y ss.). <<

[67] Véase también Martín Aceña (2001:188-192). <<

[68] Y con este destino salieron más de dos mil grandes cajas de oro en barras y cerca de quinientas repletas de títulos, suponiendo el cargamento de ese único buque más de 130 millones de libras. Posteriormente, salió con el mismo destino «un ingente cargo de tesoros que entre barras de metal y cajas llenas de títulos y obligaciones suponían un total de 442 millones de libras… la cifra total expedida y transportada al Canadá, sobrepasó la colosal suma de 1.800 millones de libras (es decir, 7.300 millones de dólares americanos), que, naturalmente, fueron consumidos, y muchos más, por el conflicto mundial» (Vilá-San-Juan, 1972:158). <<

[69] Con las primeras órdenes de venta se canceló la deuda que la República tenía por el armamento soviético ya entregado con anterioridad, y que, en aquellos momentos, ascendía a 51,2 millones de dólares (Kowalsky, 2003:234). <<

[70] Los suministros realizados y pagados por España a la Unión Soviética desde octubre de 1936 a agosto de 1938, ascendieron a 171.236.088 dólares. A esto habría que añadir 55.359.660 dólares, importe de los equipos militares enviados desde fines de 1938 a principios de 1939 vía Francia. El total serían, pues, 226.595.748 dólares (Rybalkin, 2007:137 y ss.). <<

[71] La mecánica establecida para el proceso financiero garantizaba la más absoluta opacidad. Viñas dice que fueron muy pocas las personas en la España republicana que pudieron conocer la totalidad de la misma. Sin duda, estaban al corriente de esta operación Negrín, Largo Caballero, Prieto, Méndez Aspe y algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda. Pero señala que no podía decirse lo mismo de los altos cargos del Banco de España, con la excepción de Gonzalo Zabala (Viñas, 2007:281). <<

[72] La red financiera soviética estaba integrada, además, según explica Viñas, por pequeños establecimientos bancarios adquiridos en países clave para el comercio exterior de la URSS. Fundamentalmente eran, en Londres, el Moscow Narodny Bank; en Berlín, el Garantie-und Kreditbank für den Osten; en Copenhague, el Nordiske Kreditaktieselskab; en Estocolmo, el Svenska Economie Aktiebolaget; y en Riga, el Transit Bank. Más información sobre el BCEN, y una pequeña historia de sus actividades, en Viñas (2007:142-148). <<

[73] La descripción sobre la mecánica de la disposición del depósito fue hecha en un primer momento por Viñas (1976), y posteriormente confirmada por Miralles Palencia (2003:169). <<

[74] Sobre el mecanismo que se estableció para controlar los envíos y hacer los pagos del material que enviaban los soviéticos, a través de la Comisaría de Armamento y Municiones que dirigía Prieto, véase Martínez Amutio (1974:53 y ss.). <<

[75] Véase mayor detalle sobre los créditos soviéticos a la República en el epígrafe «El crédito soviético», del capítulo XIX, «Financiación exterior». Véase también «La URSS no concede más créditos», en Viñas (2007:370-379). <<

[76] Hay quien sostiene que al final de la guerra, en marzo de 1939, todavía quedaba oro en los sótanos del Banco de España en Madrid. Álvarez del Vayo (1950:280) dice que por mucha confianza que tuviesen los republicanos en Moscú, tenían que prever todas las contingencias. Para él, por tanto, no todo el oro fue enviado a Moscú, sino que parte de él fue enviado a Francia en la última fase de la guerra, y que incluso después de marzo de 1939, existía cierta cantidad de oro en el Banco de España, que no había sido evacuado a tiempo. <<

[77] La información de las ventas de plata por parte de la República no es muy amplia. El primero en investigar sobre esta cuestión fue Ángel Viñas (1976), momento en que dejó ya claro casi todo lo que se conoce actualmente al respecto. De nuevo volvió a plantear esa cuestión (Viñas, 1979a y 1984). Posteriormente, también han trabajado en este tema Pablo Martín Aceña (2001) y Ricardo Miralles Palencia (2003). <<

[78] Las existencias en las sucursales están tomadas entre el 8 y el 16 de julio de 1936 por lo que el total de las reservas de plata difiere algo de las existentes en el balance del 18 de julio. <<

[79] La ley del 19 de junio de 1934 había definido como política de Estados Unidos la conveniencia de aumentar la proporción de plata respecto al oro en las reservas, hasta llegar a mantener una cuarta parte de su valor en plata. Y esta ley disponía que, mientras no se alcanzara esa proporción, se autorizaba y se ordenaba al secretario del Tesoro a que adquiriera en el interior y en el exterior las cantidades necesarias de plata para llegar a ese objetivo. No había, pues, ninguna objeción, ni de naturaleza política ni de índole financiera. Simplemente se hizo entrega al embajador de la República de un breve memorándum explicando el procedimiento habitual que seguía su departamento en las adquisiciones de plata (Viñas, 1976:314315). <<

[80] Fue transportada en 2.334 cajas, cada una de las cuales contenía tres talegas de plata amonedada de 0,900 de ley. <<

[81] Ricardo Miralles Palencia (2003:178) sostiene que esta cantidad fue recibida por el embajador Fernando de los Ríos, quien la entregó posteriormente a Prieto. <<

[82] «Una vez vencida la insurrección, el sobrante que resulte de los créditos abiertos en el extranjero será retrocedido al Centro Oficial de Contratación de Moneda en las mismas condiciones en que hayan sido abiertos al Tesoro, para la debida cancelación y liquidación de esta operación de Tesorería». <<

[83] La operación se completaba ordenando que el «importe del crédito de Tesorería previsto en la Ley de Ordenación Bancaria… se elevará sobre la suma prevista en ésta, hasta el importe total de los gastos extraordinarios que ocasionen las necesidades de la guerra, aun cuando éstos no hubieran sido formalizados en Presupuestos, sin que el total pueda exceder de la cifra de dieciocho mil millones de pesetas». <<

[84] Julio Carabias (1946:520), gobernador del Banco de España en aquellos momentos, explica que el Banco de Francia había resuelto suspender los créditos sobre lingotes y monedas de oro, procediendo a la liquidación de los que existieran en curso. Añade que el acuerdo, «de carácter general, obedecía a altas razones de política monetaria». <<

[85] Para más información puede verse Martín Aceña (2008a:728-729). <<

[86] Miralles Palencia (2003:312), hablando del estado de ánimo de éste en febrero de 1939, se pregunta también si Negrín seguía creyendo en aquellos momentos que era posible una prolongación de la resistencia para lograr una paz sin represalias, o si quizá pensaba que bastarían seis u ocho meses para enlazar con una conflagración mundial. <<

[87] El 6 de marzo había estallado en las filas del ejército republicano la sublevación del coronel Casado, preludio de la caída del régimen, el 27 capitulaba Madrid, el 28 lo hacía Valencia, y 48 horas después la guerra había terminado. <<

[88] Véase el capítulo XXV, «Búsqueda de los activos y documentos expoliados y devolución a sus propietarios». <<

[89] Los autores de esas expoliaciones y cuantas personas hubieran intervenido en ellas serían juzgados por procedimiento sumarísimo. Y otro decreto, del 25 de agosto de 1936, establecía que «los valores, créditos, derechos y bienes de todas clases, que posean en España las personas o entidades nacionales o extranjeras que hayan intervenido o intervengan directa o indirectamente» en las operaciones que reseñaba «serán inmediatamente embargados, a fin de asegurar las responsabilidades de cualquier especie que se deriven de tales actos». <<

[90] Sobre la política de incautaciones y la campaña de recogida de metales preciosos, véase el capítulo XVI, «Suscripciones e incautaciones». <<

[91] Viñas (1979a:68). <<

[92] Viñas (2006:125). <<

[93] Banco de Francia, Banco de Inglaterra, Midland Bank, agencias del Banco de España en París y en Londres, Banco Internacional de Pagos de Basilea, Banco Español en París, Banque de Paris et des Pays Bas, Luis Dreyfus et Cie. y Morgan and Co. de París. <<

[94] Véase Bolloten (1989:263). <<

[95] Viñas (1979a:163 y ss.). <<

[96] Viñas (1979a:272 y ss.). <<

[97] Véase el contenido de esa junta general y los acuerdos aprobados en ella, en el epígrafe «El Banco de España de Burgos celebra junta general durante la guerra para explicar las demandas sobre el oro», del capítulo IX, «El sistema financiero del Gobierno de Burgos». <<

[98] Véase el contenido y acuerdos de esta junta general en el epígrafe «El Banco de España republicano justifica a sus accionistas la salida del oro», del capítulo VII, «El sistema financiero de la República». <<

[99] Martín Aceña (2001:149 y ss.) reconstruye con detalle las conversaciones que, al margen de la reclamación, sostuvieron las autoridades del Gobierno de Burgos con el Departamento del Tesoro en Washington, donde le trataron de convencer de que suspendiera la fundición de la plata desembarcada e interrumpiera las compras. La respuesta fue terminante: el metal se estaba comprando a un Gobierno legal y el Tesoro estaba obligado por el Congreso a adquirir la plata que se ofreciera en el mercado. <<

[100] El Consejo del Banco de España en Burgos planteó un nuevo recurso en el Tribunal de Apelación, que ratificó la sentencia del juez de primera instancia. El Banco de España rechazó la propuesta que le hacían sus abogados de recurrir ante el Tribunal Supremo. <<

[101] El documento lleva fecha del 28 de octubre de 1937 y va dirigido al subgobernador, en funciones de gobernador del Banco de España en Burgos, Ramón Artigas (BE, 1937b). <<

[102] L’Echo de París del 22 de noviembre de 1936 y otros. <<

[103] Se solicitó dictamen a Trías de Bes, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona, Gascón y Marín, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Madrid, y Cimiano, asesor del Banco de España. <<

[104] Se incluyen los argumentos de Trías de Bes. <<

[105] El Senado de Estados Unidos decidió en 1973 que el envío del oro fue, de hecho, un robo (Kowalsky, 2003:469). <<

[106] Véase más información en Sánchez Asiaín (1992:128-132). <<

[107] Véase el capítulo XI, «Banca y cajas de ahorros». <<

[108] Ungría (s.f.). Información sobre José Ungría puede verse en el capítulo X, «La guerra monetaria del Gobierno de Burgos». <<

[109] BE (1937b). <<

[1] Así lo decía: «no estoy dispuesto a que vayan a parar a un Comité de Partido, o a una facción de Gobierno sacudido por tensiones políticas de escasa proyección. Tales documentos, concernientes al interés general de España, no pueden ser patrimonio de una fracción de españoles sino del Estado, que con más o menos derecho represente a la continuidad de nuestra patria en el tiempo y en el espacio. Hoy el Estado está representado por el poder faccioso de Franco, contra el que hemos combatido; mañana podemos ser nosotros u otros quienes con más legítimos títulos asuman la representación de España. El mayor peligro a cuyo paso queremos salir, es el de caducidad o debilitamiento de ciertos documentos que obran en nuestro poder» (Ansó, 1976:313). <<

[2] Mariano Ansó Zungarren. Abogado navarro. Diputado a Cortes por Navarra en 1931 en Acción Republicana y por Guipúzcoa en 1936 en Izquierda Republicana. Alcalde de Pamplona al proclamarse la República. Fue subsecretario de Justicia y posteriormente ministro en dos gabinetes presididos por Negrín. Al terminar la guerra se exilió a Francia y posteriormente a Suiza. Siempre estuvo muy orgulloso de que, en diciembre de 1956, tuviera el honor de «poner en manos del Gobierno del general Franco toda la documentación relativa al depósito del oro español en Rusia». Terminó volviendo a España, donde falleció. <<

[3] Los llamados «papeles de Negrín» se encuentran depositados en el Archivo Histórico del Banco de España, e integran seis carpetas. La carpeta número 1 contiene 168 documentos relativos al oro del Banco de España que fue depositado en la URSS, entre otras el acta de recepción del oro enviado y las órdenes de venta de oro firmadas por Francisco Largo Caballero, Juan Negrín y Méndez Aspe. La carpeta número 2 es un dossier de 23 documentos relativos al estudio y dictamen por parte del Consejo de Estado de la procedencia del oro depositado por el Gobierno de la República en Moscú. Entre ellos copia de la declaración del empleado del banco, Esteban Pérez, quien actuó como clavero en la remesa del oro a Cartagena y que presenció la salida de oro hacia Marsella y Rusia. La carpeta número 3 conserva nueve documentos relativos al examen por parte del Banco de España de los documentos entregados por Negrín. La número 4 es un dossier de 16 documentos, informes internos del Banco de España, notas de prensa y algunos documentos referentes al BCEN. La carpeta número 5 contiene correspondencia sobre la recuperación del oro depositado en Moscú. Y la 6 una relación de los valores mobiliarios recibidos por el Servicio Especial de Valores Extranjeros de Barcelona. <<

[4] Para más información sobre el proceso de negociación y entrega de los «papeles de Negrín» al Gobierno español, es fundamental el libro de Mariano Ansó (1976:293 y ss.), especialmente el capítulo V, «La muerte de Negrín y los documentos del oro español (1945-1956)», donde se relatan con mucho detalle todas las conversaciones del propio Ansó con Negrín en sus últimos años, así como su viaje a París para recoger los documentos guardados en la caja fuerte de un banco de aquella capital. Tiene especial significación la entrevista y cena de Ansó con Negrín y su hijo Rómulo, celebrada el 11 de noviembre de 1956 en Charlot de Clichy, donde Negrín habló en presencia de su hijo con Ansó de sus deseos de entregar los papeles al Gobierno español. Y ésas fueron sus últimas instrucciones, porque esa noche Negrín falleció de la afección de corazón que padecía desde hacía mucho tiempo. <<

[5] Reproducido por Prieto (1973:155). <<

[6] Entrevista del corresponsal del Liverpool Daily Post el 14 de julio de 1937 (Viñas, 1979a:510). <<

[7] Sardá (1970:435 y ss.). <<

[8] Martín Aceña hizo una notable reconstrucción de lo que había pasado con el oro llevado a Moscú a partir de los «papeles de Negrín», así como de los documentos y los testimonios escritos de algunos de los protagonistas de la operación. <<

[9] Tampoco gustó que ese libro fuera prologado por el que entonces era gobernador del Banco de España, Mariano Navarro Rubio. Por ello el Consejo de Ministros estimó que la conducta de los dos había causado un grave daño a los intereses de España, y que «así debería acordarse». Véase Navarro Rubio (1991:334). <<

[10] Ángel Viñas fue el que ofreció a los estudiosos el primer análisis profundo y riguroso sobre la movilización de recursos externos para la financiación de la guerra civil española, el apoyo económico internacional y el funcionamiento del sector exterior durante la contienda. La investigación fue financiada por el Instituto de Estudios Fiscales, del Ministerio de Hacienda, y se publicó en 1976. Desde entonces, ha servido como una aportación fundamental a las investigaciones que se han ido haciendo en relación con un tema tan sugerente como la enajenación de las reservas de oro y plata del Banco de España y sus ventas en París, Moscú o Washington. <<

[11] El mismo Ángel Viñas (1979a:9 y ss.) cuenta el incidente en el prólogo de su obra El oro de Moscú. Alfa y Omega de un mito franquista. «A mitad de noviembre de 1976, inmediatamente después de la aparición del autor en el espacio cultural del telediario para destacar algunos de los puntos esenciales de su obra El oro español en la guerra civil, entonces recién publicada por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, una orden categórica de lo que los funcionarios llamamos la Superioridad bloqueó la distribución de tal libro, ya enviado a los altos cargos de la “casa”, al ministro de Asuntos Exteriores, a la alta Administración del Banco de España, y a periodistas madrileños especializados en información económica. Durante los días anteriores y posteriores, la prensa de Madrid mencionó, en efecto, el trabajo, pero éste no llegó a salir a los escaparates de las librerías… La decisión parece que causó cierta conmoción en el Ministerio de Hacienda y en ciertos círculos de la Administración, todavía imbuidos de resabios franquistas… sobre el tema del oro cayó el velo del silencio: ni el ministro de Hacienda, Eduardo Carriles, ni el subsecretario de Economía Financiera, Jaime Basanta de la Peña, parecieron mostrar interés en que al pueblo español se le revelaran ciertas informaciones que podían desmontar uno de los más persistentes mitos del franquismo». A finales de julio de 1977, sin ofrecerle explicación alguna, el libro fue desbloqueado tan bruscamente como antes fuera retenido y condenado. Los catálogos del Ministerio de Hacienda, que en la Feria del Libro de 1977 ignoraban la obra, ya la mencionaban en la feria siguiente. <<

[12] Véase también «El Kremlin prestidigitador» (Prieto, 1973:143-156). <<

[13] Un circuito que recorre la venta en lingotes a la propia Unión Soviética, concretamente al Gosbank, la fijación de precios en rublos, y su conversión a dólares y pesetas, con las comisiones y manipulación a que todo esto podía dar, y dio, lugar. <<

[14] Sobre la calidad del armamento enviado por la Unión Soviética a España, véase Kowalsky (2003:218 y ss.). <<

[15] Véase también Martín Aceña (2008b:1113). Pablo Martín Aceña señala que la manipulación de los tipos de cambio fue realmente descarada. Documenta que por un rifle de 45 rublos, los republicanos pagaban 12,5 dólares, mientras que al cambio oficial el importe hubiera sido sólo de 8,5 dólares. Una ametralladora de 1.500 rublos se facturaba a 600 dólares, cuando la cantidad que correspondía era 284. Y por un cañón de 50.000 rublos, «que al cambio oficial salía por 9.450 dólares, Voroshilov cargaba, con el consentimiento de Stalin, la astronómica cifra de 25.000 dólares». <<

[16] Para Viñas, el valor del rublo no respondía a una lógica de mercado. No existía una relación clara entre los costes de producción expresados en rublos y los precios que la URSS practicaba en el extranjero, porque los primeros no reflejaban ni la escasez relativa de factores ni las tensiones entre oferta y demanda. No incluían cargas de capital. Por eso, en cuanto a los precios, la fijación administrativa era la norma. Véase en el capítulo XXI, «Precios y cotizaciones», el epígrafe «El caso especial de la cotización del rublo». <<

[17] En relación con la tesis de Howson sobre el comportamiento de los soviéticos con los precios, se hace necesario leer detenidamente las aclaraciones que hace Viñas (2007:397-405) refutando esa tesis. <<

[18] Véanse sus artículos «Un desfalco y una estafa» del 8 de mayo de 1957, y «El Kremlin prestidigitador» del 15 de mayo de 1957 (Prieto, 1973:143-156). <<

[19] Esta afirmación cuadra perfectamente con las desesperadas gestiones que Pascua hizo por encargo de Negrín para gestionar la concesión urgente de un empréstito de unos 60 millones de dólares. La situación era muy crítica y las disponibilidades del Gobierno republicano para financiar la guerra estaban a punto de agotarse. En marzo de 1938 la Unión Soviética concedió a la República un crédito de 70 millones de dólares y en diciembre se intentó conseguir un segundo crédito a través de Hidalgo de Cisneros (1964:447-448), quien, según él mismo afirmó, fue capaz de obtener un crédito de 100 millones de dólares sólo con la firma. Hay muchas dudas, sin embargo, de que este crédito existiera en realidad (Kowalsky, 2003:234-235). Bolloten no lo acepta (1989:990-992), y recuerda las dificultades que habían encontrado en marzo de 1938 Negrín y su embajador en Moscú, Marcelino Pascua, para obtener un crédito de 70 millones de dólares. Dice que era improbable que Stalin aceptara unas condiciones menos estrictas con la sola garantía de esa firma. Especialmente en un momento en que la derrota parecía inevitable. Bolloten añade, además, que en la historia soviética oficial sobre cifras exactas de las armas enviadas a España no se menciona esa remesa. Véase también Vilá-San-Juan (1972:159-160). Puede verse esta información igualmente en Pascua (1970:16-18). <<

[20] La proporción de monedas era tan alta porque el tesoro numismático del Banco de España se formó entre 1914 y 1919, momentos en que el banco, aprovechando la buena coyuntura por la que atravesaba el sector exterior, decidió que era la ocasión para invertir en monedas de oro. Las compras se hicieron en diferentes países, pero especialmente en Gran Bretaña y Francia, y posteriormente en Estados Unidos (Tortella Casares, 2005:13-14). <<

[21] Reproducido en Tortella Casares (1991:19). <<

[22] El autor tiene que agradecer a su amigo y colega Martín Almagro-Gorbea, sus cálculos del valor en estos momentos de aquel «tesoro». <<

[23] En todo caso, Negrín no dejó ningún papel que haya sido conocido sobre la operación de venta del oro, salvo los documentos oficiales que entregó su hijo. <<

[24] Justo Martínez Amutio. El 18 de julio de 1936 era dirigente de la Federación Socialista Valenciana y posteriormente Prieto le designó como miembro de la Comisión de Industrias de Guerra. Su obra Chantaje a un pueblo. Memorias de la guerra civil española 1936-39 permite introducirse en el confuso mundo de la fabricación y de la adquisición de armas por parte de la República. Es especialmente relevante su capítulo sobre el depósito del oro español en Moscú. <<

[25] Martínez Amutio (1974:57) dice que pronto empezaron a recibir apercibimientos de la obligatoriedad de observar un cierto número de restricciones que no se les habían dado a conocer a su llegada, y como razón les daban que tenían que protegerlos contra los espías y saboteadores nazis. También afirma que llegaron a verse totalmente incomunicados de sus familias, censurándoles el correo con la prohibición de hacer mención a nadie de su trabajo ni de lo que pudieran observar. Añade que hubo un momento en que se consideraron prácticamente secuestrados y totalmente desamparados de la embajada, a expensas de lo que los soviéticos decidieran sobre ellos. Especialmente cuando, terminada la operación de entrega del depósito y su verificación, ya no tenían ninguna tarea que desarrollar en Moscú. Prieto llegó a decir que no se les repatrió a España porque podían hablar más de la cuenta. <<

[26] Viñas (2007:128), que estudió en profundidad el destino y movimientos de los cuatro empleados en los archivos del Banco de España, señala que éstos pasaron graves aprietos. <<

[27] Versión original de 2001. En el «Blanco y Negro Cultural» del ABC del 3 de mayo de 2003 puede verse un amplio trabajo de Raymond Carr sobre el contenido y significado de la nueva documentación aportada. Carr sostiene que los comunistas jamás cejaron en su creencia de que la revolución debía ser pospuesta hasta que se hubiera conquistado la victoria. Y para lograrla, las conquistas revolucionarias de julio no debían congelarse simplemente, sino que debían desmantelarse. En el mismo sentido, véase Payne (2003). <<

[28] Aunque Kowalsky estima que el grueso de las conclusiones del nuevo libro «se basan en las aparentes intenciones de Stalin con respecto a España, y no en lo que realmente fue capaz de llevar a cabo». <<

[29] Véase el prólogo de Payne, páginas IX y X, en Kowalsky (2003). <<

[30] Véase el epígrafe titulado «El cuento de la lechera del oro numismático» en Viñas (2007:282-285). <<

[1] Se trata de analizar la evolución de las principales magnitudes financieras, prestándose una especial atención al año 1935, a efectos de conocer mejor los problemas presupuestarios del momento. Véase Comín Comín (1988:846-1186). Francisco Comín Comín hizo en 1988 una verdadera aportación al conocimiento de la economía y de la Hacienda de España entre 1800 y 1936. Su obra sobre la Hacienda contemporánea constituye una magistral recolección y sistematización de información de esos 136 años de historia de la Hacienda, que él divide entre lo que llama El afianzamiento de la Hacienda liberal (1800-1874) (vol. 1) y La Hacienda transicional (1875-1936) (vol. 2). Es una obra de obligada lectura para entrar con mucho detalle, pero con una visión global, en los diferentes momentos que se integran en esos años en cualquier materia relacionada con los presupuestos o la fiscalidad. <<

[2] El Tribunal de Cuentas (1964) no incluyó hasta su Memoria relativa a las Cuentas Generales del Estado 1935 a 1960, una liquidación de los presupuestos para 1935. <<

[3] Previamente habían sido aprobados por el Congreso de los Diputados. La propuesta fue firmada por su presidente, Santiago Alba, el 29 de junio de 1935. <<

[4] En el anexo 7, tabla A-I, pueden verse los créditos de gasto de los presupuestos del Estado de 1935, desagregados por secciones. <<

[5] Schumpeter (1954). <<

[6] Joaquín Chapaprieta Torregrosa. En 1903 fue nombrado director general de Propiedades del Estado. Subsecretario de Gracia y Justicia en 1915. Subsecretario de Hacienda en 1916 y 1918. Fue diputado provincial desde 1901 hasta 1933, y entre 1918 y 1923 senador por La Coruña. Fue ministro de Trabajo bajo la presidencia de García Prieto (1922-1923). En la Segunda República, ministro de Hacienda con Lerroux (de mayo a septiembre de 1935), presidente del Gobierno y, a la vez, ministro de Hacienda (de septiembre a octubre de 1935), cargos que compatibilizó de nuevo entre octubre y diciembre del mismo año, continuando con la cartera de Hacienda entre el 14 y el 30 de diciembre de 1935 en el Gobierno presidido por Portela. <<

[7] Según recordaba al hablar de la aprobación de los presupuestos para el segundo semestre de 1935: «En los gastos ordinarios introduje economías, aumentadas luego con la aplicación de la Ley de Restricciones a una parte de ese presupuesto. En cambio, no regateé los créditos que por muchos millones de pesetas se me pidieron para remediar el paro obrero y para material de la defensa nacional. Procedí, no con el espíritu estrecho, pero humano, de un ministro de Hacienda que no queriendo ver más que el éxito aparente de su gestión, representado por la reducción de las cifras de gastos, los disimula como puede. Yo tuve la decisión de llevarlos todos a ese presupuesto, que era realmente de liquidación, y aun admití otros inexcusables, pero al propio tiempo suprimí los que de momento pude y desembaracé el camino para lo que había de ser la cumbre de mi obra, o sea, la redacción del presupuesto de 1936» (Chapaprieta, 1971:171). <<

[8] Chapaprieta (1971:165). Carlos Seco Serrano, en la amplia introducción que hace a las memorias de Chapaprieta, dice que la política de éste, persiguiendo el objetivo esencial de la nivelación del presupuesto del Estado, «tenía las mismas características deflacionistas que la famosa ordenación conseguida por Fernández Villaverde a comienzos de siglo». Y, citando a Ricardo de la Cierva, señalaba que en realidad fue el «primer Plan de estabilización» (Chapaprieta, 1971:52). <<

[9] Como consecuencia de estas reformas, la estructura de los presupuestos se modificó, dificultando la comparación con otros años (véase el anexo 7, tablas AIII y B-II). <<

[10] Véase Benavides (1972:126 y ss.). <<

[11] Chapaprieta (1971:171) lo explica en relación con la aprobación de los presupuestos del segundo semestre de 1935: «Fue empeño decidido mío terminar con tan viciosa práctica. Por lo pronto, era menester acabar con todo ese desorden, para entrar en el presupuesto de 1936 con absoluta regularidad en sus cálculos y dotaciones, y con tal fin propuse y obtuve de las Cortes la votación de un presupuesto para el segundo semestre de 1935, que venía a ser una especie de vertedero, al cual llevé todos los créditos extraordinarios y gastos desperdigados que no tenían cifra en el presupuesto en vigor, con el firme propósito, que cumplí, de no proponer a las Cortes créditos extraordinarios más que para los casos verdaderamente extraordinarios también, en que la Constitución los admitía». <<

[12] Chapaprieta (1971:138). <<

[13] Decreto del 12 de octubre de 1935 (Gaceta de Madrid, 16 de octubre). <<

[14] La preparación de los presupuestos de 1936 fue notablemente laboriosa, con dificultades muy importantes y crecientes por parte de los ministros con elevadas partidas de gasto, como cuenta Chapaprieta en sus Memorias. <<

[15] Chapaprieta (1971:175). <<

[16] Lejos de concebirlo como una anécdota, se ha tratado de inscribir este hecho en la dilatada carrera de acontecimientos que desde el comienzo del llamado bienio negro (1933-1935) conducen inexorablemente a la guerra civil. Así, Paul Preston (1978:263) interpreta este incremento en la dotación presupuestaria del Ministerio de la Guerra como una prueba más de que Gil Robles, titular del ministerio en aquel momento, siguiendo una estrategia política ambivalente que contemplaba al mismo tiempo la colaboración con el régimen republicano y la destrucción de aquél merced a un golpe militar, «preparaba al ejército para que cumpliera “su misión”», es decir, para la sublevación. <<

[17] Este incremento respondía a la autorización que en el artículo 6 de la Ley de Presupuestos se hacía al ministro de la Guerra para «contratar la construcción de carros de combate hasta la suma de 30 millones de pesetas, y la de cañones pesados de 155 milímetros hasta 25 millones… contratar en cuatro anualidades la construcción de ametralladoras hasta la suma de 18 millones de pesetas… contratar en cuatro anualidades la construcción de cañones de 75 de montaña hasta la suma de 25.920.000 pesetas… ampliar hasta un importe total de 20.800.000 pesetas el contrato de construcción de cañones de 75 de campaña». El artículo 7 de la misma ley autorizaba al Gobierno, a propuesta del ministro de la Guerra, a que, sin rebasar las cifras presupuestadas, se introdujera «tanto en los modelos de armamento y material como en los planes de adquisición y construcción, aquellas modificaciones que aconsejen la experiencia, el progreso técnico, la capacidad industrial, u otras razones debidamente justificadas». <<

[18] Chapaprieta (1971:293). <<

[19] Esta última consistía en un recargo progresivo a las cuotas de cierta importancia, y eximía totalmente de la contribución todas las cuotas pequeñas. <<

[20] El artículo 107 de la Constitución establecía la vigencia anual de los presupuestos. Sin embargo, admitía también que «si no pudiera ser votado antes del primer día del año económico siguiente, se prorrogará por trimestres la vigencia del último Presupuesto, sin que estas prórrogas puedan exceder de cuatro». <<

[21] Para una mayor información de la labor de Chapaprieta en el Ministerio de Hacienda, véase «De nuevo como en la Restauración: Chapaprieta tropieza otra vez con la obstrucción parlamentaria» (Comín Comín, 1988:966 y ss.). <<

[22] Son muchos los políticos que cuentan en sus memorias o documentos similares, por sí o a través de sus biógrafos, el entramado de intereses, estrategias y situaciones concretas que se concentraron e influyeron en la actividad presupuestaria de 1935 y 1936. Pero el más importante de ellos es sin duda Chapaprieta, que tuvo, como se acaba de ver, la responsabilidad de definir y defender los presupuestos de 1936 y que relata en sus Memorias con mucha minuciosidad, y con crudeza, aquellos momentos. <<

[23] La base documental que se ha manejado para fundamentar lo que en este capítulo se relata sobre la actividad presupuestaria durante la guerra civil de cada uno de los dos bandos contendientes se encuentra básicamente en el Archivo General del Ministerio de Economía y Hacienda y en los Boletines Oficiales del Estado: la Gaceta de Madrid y la Gaceta de la República para la República y el BOE para el Gobierno de Burgos (en los primeros momentos el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España). El Gobierno de la República dejó cuenta puntual de su actividad presupuestaria porque, en el momento de estallar la guerra, disponía y conservó todo el aparato formal capaz de evaluar las necesidades presupuestarias, redactar los presupuestos y seguirlos con posterioridad. Y sin duda cumplió los dos primeros objetivos. No está claro lo que sucedió en lo relativo al control posterior. En este trabajo, y en relación con la República, se ha dispuesto por primera vez de los presupuestos completos de 1937, 1938 y 1939. Para los tres años se ha encontrado documentación muy válida, con un nivel de desagregación aceptable. La mayor parte de la documentación presupuestaria de la República fue confiscada en Barcelona en el momento en que las tropas de Franco conquistaron esa ciudad. Por lo que respecta a la actividad presupuestaria del Gobierno de Burgos, se ha dispuesto de la información de la Cuenta General del Estado. Especial de los años 1936 a 1939 y de la Memoria del Tribunal de Cuentas (1964) referente a los años 19351960, así como de la «nota» de Larraz sobre la Hacienda publicada en el BOE del 4 de agosto de 1940, y reproducida por el Ministerio de Hacienda (1941). <<

[24] El autor tiene que agradecer a Agustín Torreblanca el acceso a los presupuestos completos de la República, así como la paciencia y la profesionalidad con que logró rescatarlos tal como se archivaron en su momento. <<

[25] Los presupuestos de gastos e ingresos mensuales se utilizaron hasta el fin de la guerra, e incluso unos meses más. <<

[26] El Archivo General del Ministerio de Economía y Hacienda está repleto de documentación sobre las gestiones realizadas para llegar a esa formación de la Cuenta Especial 1936-1939 que se quería ofrecer al Tribunal de Cuentas. Y allí se ve con detalle la correspondencia del interventor de la Ordenación Central de Pagos con las provincias, recabando información, pidiendo aclaraciones y urgiendo, ya al final, a los remisos para tratar de cerrar cuanto antes la Cuenta General del período. Sitúa en el tiempo del cierre la carta que el día 3 de febrero de 1948 se remite desde el Ministerio de Hacienda al interventor de Hacienda de Málaga, reclamándole información que resultaba imprescindible, porque «sólo nos falta la de esa provincia». <<

[27] Sirva como ejemplo que el interventor de Hacienda de Jerez de la Frontera escribió en diciembre de 1947 a la Intervención General de la Administración del Estado lamentando que no podía contestar adecuadamente a los requerimientos que se le hacían, porque la documentación de que disponía «es un montón de papeles podridos o deshechos por los gusanos, dadas las condiciones deplorables de este archivo de las que no es posible sacar dato alguno. Dos visitas de inspección han ofrecido su restauración, aprobando el oportuno presupuesto, pero esto hasta la fecha se ha quedado en tal proyecto». <<

[28] A Valentín Edo, amigo y colega, el autor debe agradecer su inestimable ayuda para desentrañar el contenido real de los presupuestos republicanos y de los del Gobierno de Burgos. <<

[29] Las fuentes de información que han servido para desarrollar los aspectos cuantitativos de este apartado son fundamentalmente el Archivo General del Ministerio de Economía y Hacienda, la Gaceta de Madrid, la Gaceta de la República y unos documentos de especial interés, probablemente utilizados por primera vez, localizados en los archivos del Tribunal de Cuentas, en los que se recoge información sobre los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se fueron aprobando a lo largo de la contienda por el Gobierno republicano. Estos documentos son: 1) el «Proyecto de Memoria sobre la concesión por decreto de créditos extraordinarios y suplementos de crédito desde el 11 de julio de 1936 al 30 de septiembre de 1937», elevado a las Cortes en su sesión del 16 de diciembre de 1937; 2) el «Proyecto de Memoria sobre la concesión por decreto de créditos extraordinarios y suplementos de crédito desde el 30 de septiembre de 1937 al 1.º de febrero de 1938», elevado a las Cortes en su sesión del 10 de marzo de 1938, y 3) el «Proyecto de Memoria sobre concesión por decreto de créditos extraordinarios y suplementos de crédito desde el 1.º de febrero al 30 de septiembre de 1938», elevado a las Cortes en su sesión del 5 de enero de 1939. En ellos se puede observar, de forma individualizada, la magnitud y el destino de cada uno de los créditos autorizados, que se documentaron como créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Su aprobación formal tuvo lugar en varias sesiones del Gobierno a partir del mes de julio de 1936 y posteriormente fueron convalidados en las Cortes. <<

[30] En la publicación del Tribunal de Cuentas (1964:11) en la que se incluye una liquidación de los presupuestos para 1935 se dice que su «rendición debió hacerse en el mes de julio de 1936». <<

[31] En el año 1935 los créditos extraordinarios y suplementos de crédito aprobados por ley en las Cortes habían ascendido a 64 millones de pesetas, y los créditos autorizados por leyes especiales a 39 millones de pesetas, mientras que en 1936 esas rúbricas totalizaron 728 millones de pesetas (Tribunal de Cuentas, 1964:23). <<

[32] En el decreto de aprobación del cuarto trimestre se establecía que regirían, en la parte proporcional correspondiente, los Presupuestos Generales del Estado aprobados para el segundo semestre de 1935 por la ley del 29 de junio, «con las alteraciones impuestas en ellos por el cumplimiento de disposiciones de carácter legislativo que fueran como consecuencia de las diferencias en más o en menos consignación, otorgadas en trimestres anteriores y por las economías que pudieran producirse». <<

[33] Los créditos publicados en la Gaceta de Madrid del 4 de mayo de 1936 eran de 1.248 millones de pesetas para el primer trimestre y de 1.293 millones de pesetas para el segundo trimestre. Sin embargo, la Gaceta de Madrid del 14 de julio del mismo año daba como suma para los dos primeros trimestres 2.547 millones de pesetas, seis millones más (correspondientes al Ministerio de Obras Públicas y de Comunicaciones y Marina Mercante). Se han ajustado estos seis millones en el segundo trimestre a fin de llegar al total para el ejercicio 1936. <<

[34] En los presupuestos que se prorrogaron sólo figuraba el Estado Letra A, es decir, los créditos de gasto. Para los ingresos, no se ha podido localizar documento oficial alguno que recoja las cifras para 1936. <<

[35] Al comparar detalladamente estos presupuestos, las principales diferencias en términos absolutos se dieron en las secciones del Ministerio de Obras Públicas y de Comunicaciones y Marina Mercante y en las de Deuda Pública, aunque en términos relativos las diferencias positivas más importantes fueron las del Ministerio de Hacienda, 106,4%, Paro Obrero 37,9% y Clases Pasivas 29,6%. Por el contrario, las diferencias negativas más importantes se produjeron en el Ministerio de la Guerra, –49 millones de pesetas; en la sección Obligaciones a extinguir, –33 millones de pesetas, y en el Ministerio de Estado, –13 millones de pesetas, lo que en términos relativos suponían, respectivamente, disminuciones del 8,6%, 43,5% y 40,5%. <<

[36] Ministerio de Hacienda (1937a). Fueron los últimos presupuestos impresos de la forma habitual, con todo el contenido desarrollado. Después ya no se hizo así hasta los de 1940. <<

[37] Aunque las secciones de los presupuestos de 1937 eran las mismas que en años anteriores en el momento de su publicación, un decreto del 17 de mayo cambió la denominación y agrupación de los distintos departamentos ministeriales. Para más detalle véase el anexo 7, tabla B-III. <<

[38] Los documentos aparecidos en el Archivo General del Ministerio de Economía y Hacienda, relativos a la actividad presupuestaria de los años 1936, 1937, 1938 y 1939, son del mayor interés, porque aportan información sobre la vía por la que se pusieron a la libre disposición de Negrín y cómo se utilizaron, al menos en grandes líneas, los anticipos que se fueron haciendo al Tesoro desde el Banco de España. Por otra parte, son documentos que se analizan por primera vez, ya que desde 1939 no se habían abierto los respectivos expedientes, que pasaron de inmediato al archivo. <<

[39] Los ejercicios 1937 y 1938 son los únicos sobre los que se ha podido encontrar información completa que documente de modo apropiado lo que fueron esos años en el orden presupuestario. Y ambos permiten acercarse a lo que parece que fueron en realidad los presupuestos de la República en estos ejercicios, a partir de documentos que informan sobre los créditos extraordinarios aprobados y sobre una partida «global» en ambos ejercicios, con muy poco desglose, de consignaciones reservadas. Es cierto, y ello justifica que sólo esos dos años 1937 y 1938 estén completos, que fueron los únicos en los que las autoridades presupuestarias republicanas ejercieron pleno dominio durante los doce meses. Porque 1936 fue el año de la ruptura y 1939 el año del derrumbe, cuyos tres primeros meses fueron de caos absoluto. Hay que tener en cuenta que estos presupuestos son meras consignaciones presupuestarias, y los créditos cantidades asignadas que hay que interpretar a partir de dos supuestos. Uno, que en principio corresponden en todos los casos a la totalidad del territorio nacional, como más arriba se ha dicho. Y otro, que en ninguno de los años 1936, 1937 y 1938, figuran cantidades destinadas a gastos de guerra. También hay que tener en cuenta que los datos comprendidos en los estados financieros se refieren a créditos autorizados o previsiones, ya que no hay información de los resultados de liquidación, porque ésta no aparece practicada en los años de guerra. <<

[40] La Ley de Presupuestos del 1 de octubre de 1938, publicada en la Gaceta de la República el día 9 de octubre, decía: «el Congreso de los Diputados en uso de la facultad que le concede el artículo ciento diez de la Constitución, ha decretado y sancionado la siguiente Ley [de Presupuestos Generales del Estado para 1939]». Incluía créditos de gastos por un importe de 8.403 millones de pesetas y de ingresos por 8.810 millones de pesetas. No deja de ser sorprendente que se aprobaran los presupuestos para 1939 antes de haber aprobado todavía el decreto de prórroga presupuestaria para el cuarto trimestre de 1938. El Noticiero de España se refería, el 8 de octubre de 1938, a la aprobación formal por parte de la República de un presupuesto de 8.500 millones de pesetas. Añadía que «manteniendo a todo trance su “bluff” legalista, [la República] ha reunido los restos del Parlamento español —unos ciento cuarenta diputados de los cuatrocientos setenta que lo integraban— y les ha hecho aprobar en dos sesiones relámpago, celebradas cada una de ellas en distinto lugar, un presupuesto de ocho mil quinientos millones de pesetas». <<

[41] Se han incluido en el año 1935, a efectos de calcular este porcentaje, los créditos extraordinarios y suplementos. <<

[42] Las fuentes de información sobre la actividad presupuestaria del Gobierno de Burgos que han servido de base para este apartado son fundamentalmente primarias. En primer lugar, se han utilizado las normas publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España y en el BOE. Se han utilizado también los presupuestos del Gobierno de Burgos de 1940 como instrumentos de regularización de la financiación de la guerra, especialmente para la definición de las obligaciones atrasadas y transitorias. También se recoge el contenido de la ley sobre el abono de atrasos y obligaciones pendientes y transitorias procedentes de la etapa de guerra. Como información de partida, se ha tenido en cuenta el «Resumen provisional sobre la evolución de la Hacienda desde el 18 de julio de 1936 hasta el presente», redactado por Larraz, y que se publicó en el BOE del 4 de agosto de 1940. Una muy importante fuente de información ha sido la documentación del Tribunal de Cuentas (1964), especialmente su Memoria relativa a las Cuentas Generales del Estado, 1935 a 1960. También se ha dispuesto de la Cuenta General del Estado. Especial de los años 1936 al 1939 aprobada en septiembre de 1948, aparecida recientemente en el Archivo General del Ministerio de Economía y Hacienda. <<

[43] La Junta Técnica del Estado se creó por la ley promulgada el 1 de octubre de 1936 en Burgos estableciendo «la Organización Administrativa a que ha de ajustarse la nueva estructuración del Estado», siendo una de sus secciones la Comisión de Hacienda, que tenía como misión «el estudio y la preparación», entre otras cosas, de los presupuestos (BOE, n.º 1, 2 de octubre de 1936). <<

[44] Véase Velarde (1999:382). <<

[45] Refiriéndose a los presupuestos de 1940, Larraz (2006:255) dice lo siguiente: «Decidí, pues, salvar el bache de fin de año con una Ley que mantuvo el método de créditos mensuales, ínterin se fueran aprobando los Presupuestos por secciones». <<

[46] Según norma de la Comisión Directiva del Tesoro Público, con el visto bueno de la Junta de Defensa Nacional, aprobada el 21 de agosto de 1936 y publicada en el Boletín de la Junta de Defensa Nacional de España el 27 de agosto. Esta norma establecía que deberían habilitarse nuevas aplicaciones del presupuesto de la guerra, con cargo a las cuales se irían sufragando parte de los gastos que, por no estar comprendidos en los corrientes, no disponían de partidas consignadas en los presupuestos vigentes. Fundamentalmente, estos gastos eran, según esa norma, los siguientes: haberes de las milicias al servicio de España, adquisiciones por los parques de intendencia de artículos de consumo, recomposición en talleres particulares de vehículos requisados, carburantes y otros gastos necesarios para los vehículos. <<

[47] La Cuenta General del Estado. Especial de los años 1936 a 1939 indica expresamente las dificultades para su formación, y la Memoria del Tribunal de Cuentas también muestra las principales limitaciones de ésta, cuando señala que, al anularse la Ley de Administración y Contabilidad de 1911, no «cabía la existencia de Presupuestos debidamente estructurados, sino que los pagos se hacían por Ordenes y previsiones mensuales de la Junta Técnica del Estado», por lo que se «procedió a la comprobación de esta Cuenta General especial con los libros que le sirven de fundamento, emitiendo Declaración de conformidad sobre su resultado». <<

[48] Larraz llevó el texto de la nota que había redactado al Consejo de Ministros y lo leyó íntegro. Pidió que se le diera la máxima publicidad para informar adecuadamente al país. Pero la recepción del Consejo fue fría y extremadamente sobria. Decidió entonces proceder según hechos consumados y, tal como dice en sus Memorias: «Ante el evento de que me hicieran cualquier trastada, decidí anticiparme y llevar a las páginas del Boletín Oficial del Estado aquel documento en el que quedaban valoradas las consecuencias financieras de la guerra española». Habló por teléfono con Franco que no puso reparo. Y así, y como él mismo cuenta, «en el Boletín Oficial del 4 de agosto de 1940, después de todas las órdenes ministeriales de aquel día, en la sección “Administración Central”, antecedida de un anuncio convocando a oposiciones de médicos del Patronato Nacional Antituberculoso y seguida de otro anuncio de concurso de traslado entre ayudantes industriales del Ministerio de Industria y Comercio, quedó modestamente inserta la explicación que el Gobierno daba al país, al cabo de cuatro años de silencio financiero». La prensa lo recogió muy irregularmente. «El diario oficioso Arriba concedió a la nota un extracto que no llegaba a una columna; dos ocupaba en la plana frontera, marcando el contraste de modo descarado, la fotografía de una bella nadadora que había ganado un concurso estudiantil… el eco de la nota quedó extinguido en una prensa que el Ministerio de la Gobernación tenía en sus manos» (Larraz, 2006:276). <<

[49] Véase el epígrafe «La nota oficial del Gobierno de Burgos sobre la financiación de la contienda» en el capítulo XII, «Financiación interior». <<

[50] Larraz era ministro de Hacienda desde el 11 de agosto de 1939 y dimitió el 10 de mayo de 1941. Hasta su nombramiento como ministro, había sido el jefe del Servicio de Banca, Moneda y Cambio, como se denominaba entonces al director general, cargo que ocupó desde el 8 de febrero de 1938. <<

[51] Ministerio de Hacienda (1948). <<

[52] La Cuenta Especial que se rinde de 1936 a 1939 estaba formada, adicionalmente a la Nota preliminar, por las siguientes secciones: 1. Resumen general definitivo; 2. Cuenta general de Tesorería; 3. Detalle de aumentos por existencias en provincias liberadas y de bajas por las correspondientes a la zona «marxista»; 4. Clasificación de existencias en las Cajas Públicas en 31 de Diciembre; 5. Liquidación definitiva del ejercicio; y 6. Resultados que ha ofrecido la liquidación definitiva. <<

[53] Véase Tribunal de Cuentas (1964:25). Es de justicia hacer un agradecimiento expreso a la directora de la Biblioteca del Tribunal de Cuentas, Isabel Urzaiz, por el esfuerzo personal y profesional realizado para ir localizando los diversos componentes que exigía la reconstrucción de la composición real del gasto presupuestario del Gobierno de Burgos en aquellos años, a partir de los presupuestos mensuales. <<

[54] Larraz redactó, mientras preparaba los presupuestos para 1940, unas «Notas sobre la creación de dinero y el Estado», a modo de pequeño manual didáctico, en las que trataba de razonar su diagnóstico económico-monetario de que la situación de España de aquel momento era más o menos cualitativamente la que tenía la Europa de 1919. Como dice en sus Memorias, entregó estas notas a Franco en un despacho, pero éste nunca le dio su opinión (Larraz, 2006:257-258). <<

[55] Cuando Larraz fue llamado por Franco el día 6 de agosto de 1939 para ofrecerle su nombramiento como ministro de Hacienda, ya pudo constatar, según cuenta en sus Memorias, tras cinco horas de entrevista, la existencia de dos concepciones económicas diferentes: «entre mi parecer y el de Franco existían grandes diferencias». Larraz estaba por normalizar la economía por métodos clásicos viviendo un período de convalecencia económica, mientras que Franco se apoyaba en ideas «autárquicas, engrandecedoras y reformadoras». No obstante, en aquellos momentos confiaba en que podía convencer al general en un mes: «tuve por seguro que oyéndome más acabaría por ceder» (Larraz, 2006:184). Larraz dedica una parte importante de sus Memorias a estudiar lo que él llamaba «la discordia entre la política económica adecuada» y la serie de obstáculos que a lo largo del debate presupuestario se le fueron presentando en forma de proyectos imposibles de realizar, como la proliferación de «cajas especiales», que impedían el ajuste del control presupuestario que tenía que ser el primer objetivo de cualquier ministro de Hacienda. Véase, a este particular, el capítulo VII de las memorias de Larraz (2006:239-252). <<

[56] Larraz (2006:239) no decía nada, pero en sus Memorias escribió: «Me es igual que pongáis 20.000 millones… en los Presupuestos os espero». <<

[57] «Hay que crear mucho dinero para hacer grandes obras», decía Franco. «El dinero no se puede crear ad libitum, mi general», contestaba Larraz. Y en sus Memorias seguía concluyendo de idéntica manera: «¡Planear, planear, en los presupuestos nos veremos las caras!» (Larraz, 2006:240 y ss.). <<

[58] «Estábamos viviendo desde el comienzo de la guerra con un régimen de créditos mensuales un tanto caótico, en el que era imposible gran precisión discriminatoria. El retorno al método de presupuesto anual resultaba indispensable. Al efecto, se preparó una orden dirigida a los Ministros recabando sus anteproyectos de presupuestos parciales para antes del día 15 de octubre siguiente, puesto que “el comienzo del próximo año de 1940 ha de suponer, en la ordenación formal de la Hacienda, la vuelta al régimen de Presupuesto corriente”. La Orden daba instrucciones muy severas para redactar los anteproyectos, pero, a fin de no promover un debate prematuro y peligroso en el primer Consejo de Ministros por donde había de pasar, al llegar al punto de los gastos extraordinarios de primer establecimiento —una de las obsesiones de Franco—, me abstuve de dar instrucciones concretas» (Larraz, 2006:193). <<

[59] Larraz estimaba, con base en los datos de que se disponía a principios de 1940, las obligaciones atrasadas, en una cantidad algo superior a los 1.500 millones de pesetas. <<

[60] Larraz decía en sus Memorias que inicialmente pensó que una solución satisfactoria pudiera ser liquidar los atrasos con títulos de la deuda. Pero añadía que desechó este camino porque «la mayor parte de los títulos entregados se precipitarían sobre el mercado de modo perturbador». <<

[61] Para Larraz, la fórmula para solucionar este problema era el pago de las primas y compensaciones que correspondieran como contrapartida al abandono del servicio. <<

[62] Así lo cuenta en sus Memorias: «Mi afán principal en el despacho de hoy es, mi general, tratar con la mejor voluntad de que V.E. me ayude para rematar la tarea presupuestaria durante lo que resta de mes. No podemos seguir así más tiempo. Las gentes han visto que el trabajo presupuestario está atascado desde febrero y concentran su atención sobre lo que se halla sin formalizar: los ministerios militares y el de Gobernación. El efecto se le alcanza a V.E. perfectamente: es dañoso, muy dañoso. Nadie puede comprender que sin Parlamento llevemos ya casi cinco meses con los presupuestos militares. Yo he llegado razonablemente al límite de mis concesiones. Unas palabras de V.E. apoyándome y el Presupuesto Ordinario queda completamente despachado. A seguido, podremos fijar en unos días el apéndice extraordinario para 1940. Espero de V.E. esa ayuda». Y añade que Franco le contestó sonriendo y breve: «Lo haré». Y efectivamente lo hizo (Larraz, 2006:265). <<

[63] Larraz escribe en sus Memorias, como final de esta cuestión, lo siguiente: «Uno de los días que siguieron al acabamiento de la tarea presupuestaria, Serrano Súñer, comprimiendo su ira, me dijo: “Has engañado al Generalísimo”». <<

[64] El cálculo de Larraz fue el siguiente. En junio de 1940 el índice de coste de vida en las capitales de provincia fue de 170,3 respecto de julio de 1936, según el Anuario Estadístico de 1943. En junio de 1940, el índice oficial ponderado de precios al por mayor, respecto de julio de 1936, fue 173,3, según el número extraordinario del Boletín de Estadística de 1942. La media de ambos índices era de 171,8 que es el que aplicó Larraz. <<

[65] Para un desglose detallado de los presupuestos de 1935 con los créditos de los presupuestos de 1940 (ordinario más extraordinario) desglosado a nivel de las distintas partidas del BOE, véase el anexo 5 en las Memorias de Larraz (2006:390-412). <<

[66] La ley incluía los siguientes grupos: 1) Sueldos o remuneraciones únicas del personal de administración del Estado separado de sus cargos. 2) Obligaciones anteriores al 19 de julio de 1936 derivadas de los créditos en vigor durante el período comprendido entre dicha fecha y el 1 de enero del mismo año. 3) Obligaciones causadas durante la guerra y bajo dominio del Gobierno de Burgos o con posterioridad al fin de la guerra y antes del 31 de diciembre de 1939 relativas al pago de alquileres, servicios, suministros, obras y adquisiciones de oro y plata. 4) Obligaciones causadas durante la guerra bajo dominio del Gobierno de Burgos o con posterioridad al fin de la guerra y antes del 31 de diciembre de 1939 por razón de participaciones e ingresos del Estado, o de compromisos de éste en forma de subvenciones a caminos vecinales y obras de puertos, primas, garantía de intereses u otras semejantes. 5) Sueldos atrasados correspondientes a funcionarios de la administración. 6) Derechos pasivos dejados de satisfacer por la administración «marxista». 7) Derechos pasivos reconocidos bajo dominio del Gobierno de Burgos, correspondientes al período anterior al 31 de diciembre de 1939. <<

[67] La normativa básica que estuvo relacionada con la Ley de Atrasos fue la siguiente: ley del 9 de marzo de 1940 sobre el abono de atrasos y obligaciones pendientes y transitorias procedentes de la etapa de guerra (BOE, 19 de marzo); orden ministerial del 18 de noviembre de 1940 que establecía como fecha de prescripción el 1.º de diciembre de 1940 en la aplicación del artículo 8.º de la Ley de Atrasos (BOE, 19 de noviembre); ley del 30 de diciembre de 1940 por la que se prorrogaban durante 1941 los presupuestos ordinarios y la ley del 9 de marzo de 1940 de Atrasos (BOE, 1 de enero de 1941); ley del 31 de diciembre de 1941 por la que se prorrogaba su vigencia al año 1942 (BOE, 6 de enero de 1942); ley del 30 de diciembre de 1942 por la que se prorrogaba su vigencia al año 1943 (BOE, 1 de enero de 1943), y ley del 30 de diciembre de 1943 (BOE, 31 de diciembre de 1943) por la que se aprobaban los presupuestos ordinarios y extraordinario de 1944, y se prorrogaba la vigencia de la ley del 9 de marzo de 1940 al año 1944. <<

[68] Con la publicación de la orden del 4 de junio de 1940, resumen general del presupuesto ordinario de gasto del Estado para 1940, y de la ley del 4 de junio de 1940, por la que se aprobaron normas comunes a varios departamentos ministeriales como articulado del Presupuesto General del Estado para el año 1940 (BOE, 6 de junio), se abandonaban las normas sobre la aprobación del presupuesto por secciones incluidas en la ley del 30 de diciembre de 1939, con la que se había iniciado el proceso de normalización presupuestaria. En el Ministerio de Economía y Hacienda se conserva un «Índice y legislación aprobada durante 1940 para modificar los Presupuestos Generales del Estado». <<

[69] Los presupuestos extraordinarios se configuraron inicialmente como un apéndice provisional de los presupuestos ordinarios, manteniéndose hasta el año 1943 como prórrogas (ley del 8 de marzo de 1941), mientras no se aprobara un presupuesto extraordinario para varios años. Como se indicaba en la ley del 21 de junio de 1940: «Si en primero de enero de [1941] no estuviere aprobado y en vigor un Presupuesto extraordinario para varias anualidades, los remanentes de los créditos que se aprueben por la presente Ley subsistirán hasta tanto se autorice el aludido Presupuesto». Posteriormente, para los años 1944, 1945 y 1946 se aprobaron nuevos presupuestos extraordinarios. Por otro lado, los créditos no utilizados se arrastraban como resultas al año siguiente hasta 1945, en el que se empezaron a anular. A partir de 1947, aunque no se aprobaron nuevos presupuestos extraordinarios, se siguieron ejecutando gastos con cargo a estos presupuestos hasta prácticamente el año 1952. La normativa más importante en relación a los presupuestos extraordinarios es la siguiente: Ley del 21 de junio de 1940 de Presupuesto Extraordinario de gastos para 1940 (BOE, 24 de junio); Ley del 8 de marzo de 1941 de ampliación de la prórroga del Presupuesto Extraordinario a 1941 (BOE, 22 de marzo); orden ministerial del 30 de octubre de 1943 por la que se dictan normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (BOE, 1 de noviembre); Ley del 30 de diciembre de 1943 de Presupuestos Generales del Estado para 1944, Ordinario y Extraordinario (BOE, 31 de diciembre); Ley del 30 de diciembre de 1944 de Presupuestos Generales del Estado para 1945, Ordinario y Extraordinario (BOE, 31 de diciembre), y Ley del 31 de diciembre de 1945 de Presupuestos Generales del Estado para 1946, Ordinario y Extraordinario (BOE, 1 de enero de 1946). Adicionalmente, en todos los años entre 1941 y 1946, se aprobaron suplementos de créditos y créditos extraordinarios con cargo a los presupuestos extraordinarios. <<

[70] En la exposición de motivos del presupuesto extraordinario se decía: «Nadie podrá discutir que si ha habido en España coyunturas propicias a un Presupuesto extraordinario, ninguna lo fue tanto como la presente. No obstante, el Gobierno ha de proceder en este asunto con la seriedad y el estudio que su misma naturaleza requiere. Sería temerario aprobar con ligereza un Presupuesto extraordinario de diez años. Ello requiere la formación, con buenos fundamentos, de presupuestos parciales, la armonización y ponderación de todos ellos bajo un criterio unitario, la conexión del presupuesto general con la política económica y monetaria y la determinación de la capacidad económica nacional máxima. Es decir, que son inexcusables seis meses de preparación laboriosa y que el presupuesto extraordinario ansiado no puede, ni debe, promulgarse antes de primero de enero del próximo año». Por ello, «es indeclinable la necesidad de dar en el año mil novecientos cuarenta, al ordinario, un suplemento extraordinario, donde puedan excusarse rigores técnicos propios de un plan de envergadura. A ello atiende la presente Ley que procura financiar las obras urgentes, bien porque así resulten desde el punto de vista de los daños de guerra, o de la necesidad de movilizar mano de obra y sectores de la economía española, o de las exigencias peculiares de la defensa nacional». <<

[1] Sobre las cinco campañas de solidaridad y ayuda humanitaria, véase Kowalsky (2003:73-122). <<

[2] Ese movimiento se convocaba con el siguiente eslogan: «Los trabajadores de Moscú se dirigen a los trabajadores de la Unión Soviética con el llamamiento de organizar la recaudación de medios para el fondo de ayuda a los combatientes de España, que defienden con armas en la mano la República democrática» (publicado en Pravda, 4 de agosto de 1936, citado por Rybalkin, 2007:43). <<

[3] Según Kowalsky, 100.000 personas en Leningrado, otras 100.000 en Tashkent, 60.000 en Gorki, 35.000 en Rostov del Don, 30.000 en Minsk, 20.000 en Sverdlovsk y 10.000 en Tbilisi. <<

[4] El dinero donado debería abonarse en el Gosbank, en una cuenta a la que se podía acceder desde toda la Unión Soviética. <<

[5] Citado por Kowalsky (2003:85). Se sabe también que la Unión Soviética facilitó a la España republicana en 1937, 457.904 toneladas de mercancías diversas por valor de 92.440.000 rublos (Comité Soviético de Veteranos de Guerra, 1974:350). <<

[6] No se dispone de ninguna información de lo que pudo suponer esta ayuda. <<

[7] Como ejemplo puntual de ayuda, se sabe que a lo largo de la guerra española los amigos de las brigadas Abraham Lincoln consiguieron recaudar entre sus 25.000 miembros cerca de 215.500 dólares (Comité Soviético de Veteranos de Guerra, 1974:140). <<

[8] Diario de Burgos, 17 de agosto de 1936. El texto completo puede verse en Díaz-Plaja (1966:185-186). <<

[9] Alcalde (2010:178-179). <<

[10] Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 21 de agosto. <<

[11] «La suscripción nacional» no terminó con la guerra, porque las necesidades de financiar la posguerra obligaron a mantenerla abierta. Más información sobre la «suscripción nacional», con una pequeña historia de este mecanismo de recaudación y uno de los primeros análisis que se hicieron, puede verse en Garzón Pareja (1984). <<

[12] Una vez recibidos los donativos, y bajo la responsabilidad de los gobernadores civiles, éstos se pesaban e introducían en un sobre en el que se especificaba claramente el contenido de la donación y el nombre del donante. Los sobres se depositaban en la sucursal del Banco de España más próxima, que comprobaba la información y agrupaba los sobres en otros de mayor tamaño. Así se trasladaban a Burgos, donde se procedía a su refundición en lingotes, en el caso de las alhajas, o a su recuento y análisis en el caso del oro amonedado (Martín Aceña et al., 2001:75). <<

[13] Y a partir de la liquidación, el dinero en efectivo y los valores se consignarían en la cuenta del Tesoro del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, y los valores y la moneda extranjera se pondrían a disposición del Ministerio de Hacienda. Todos los activos, que no fueran dinero o valores, deberían venderse por la junta liquidadora. <<

[14] En marzo de 1937 estaban abiertas en Burgos diez suscripciones distintas: «suscripción nacional», el plato único, suscripción para las fuerzas que están defendiendo a España, para la acción de Burgos, aguinaldo del combatiente, cruzada contra el frío, auxilio del combatiente, para las necesidades de Málaga, para los hospitales, y convoyes enviados por el ayuntamiento a los frentes. <<

[15] Hugh Thomas (1979, vol. 2:128) sostenía que ello explicaba la impetuosidad de los discursos y la propaganda: «la gente reacia a ayudar al general Cabanellas o al general Mola no podía negarse a colaborar con el bando del Cid, de Isabel y Fernando y de la Virgen del Pilar… El apoyo de la clase media al “movimiento salvador” era incuestionable. Las ciudades de la España nacionalista, con la llegada de la guerra, despertaron de un sueño de siglos: las bandas, los tambores, las banderas, los mítines, los discursos radiofónicos sostenían a los rebeldes, como si la guerra fuera una fiesta continua… Los altavoces repetían antiguas canciones como “El novio de la muerte” o “Los voluntarios”». <<

[16] Información sobre la «suscripción nacional» se encuentra en el Archivo de la Delegación Provincial de Hacienda en Burgos. Más detalle puede verse en Viñas (1976:410 y ss.). <<

[17] Viñas (1976:414) ofrece un detallado cuadro de la pedrería depositada en el Banco de España procedente de la «suscripción nacional». <<

[18] Viñas (1976:439). <<

[19] El autor tiene que agradecer a María Luz de Prado Herrera, profesora de Historia Contemporánea de España y Análisis del Entorno Social y su Evolución Histórica de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, su amabilidad y su total disposición para facilitarle los resultados de su investigación y sus interpretaciones sobre la contribución popular a la financiación de la guerra civil en Salamanca en el período 1936-1939. <<

[20] La investigación de Prado Herrera utiliza todos los archivos salmantinos: el Histórico Provincial, el Municipal y el de la Diputación Provincial. Ha trabajado también en el Archivo Histórico Provincial de Burgos, en el General Militar de Ávila, en el del Banco de España en Madrid, en el de la Administración de Alcalá de Henares y en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Constituyeron también fuentes importantes en su investigación los periódicos El Adelanto y La Gaceta Regional. <<

[21] A la sociedad salmantina se le solicitaba que contribuyera a la suscripción abierta para atender a las necesidades de la guerra, advirtiéndole que ésta tenía que hacerse «con aportaciones espléndidas, que eso es vuestro deber, tanto por patriotismo como por egoísmo. No pueden admitirse emboscados de la dádiva». O se le animaba con razonamientos del siguiente tenor: «no es ésta una de tantas suscripciones en las que se cumple haciendo que nuestro nombre figure en las listas, seguido de cualquier cantidad. Se trata de una causa grande, decisiva, que si por un lado defiende los principios básicos de religión, autoridad y orden, fundamento de una España grande y respetada, defiende por otro, nuestros hogares, nuestras actividades lícitas, nuestras mismas vidas amenazadas estúpidamente en las luchas crueles del anárquico y destructor desorden con el que vamos a terminar para siempre» (El Adelanto, 31 de julio de 1936). <<

[22] Prado Herrera (2007:208). Véase también Prado Herrera (2006:185 y 2008:66). <<

[23] El análisis se ha hecho sobre la información suministrada por la doctora María Concejo de las fuentes que a continuación se citan: Navarra, Diario de Navarra y El Pensamiento Navarro (julio de 1936-abril de 1939); y Ceuta, El Faro de Ceuta (julio de 1936-abril de 1939). Para Mallorca se ha utilizado el informe de la Diputación de Mallorca «Resumen de la Suscripción Nacional iniciada en esta Isla el día 22 de julio de 1936», en Negreira (2006a:413 y ss.) y para Salamanca, la tesis doctoral de María Luz de Prado Herrera (2007). <<

[24] Véase el capítulo IV, «Mola en Navarra. Las ayudas a la sublevación». <<

[25] Como antes se ha visto, la estimación de Viñas es algo superior, aunque incluye casi 89 millones de pesetas detraídas de los sueldos de los funcionarios y otros activos. <<

[26] Decreto del Ministerio de Hacienda del 3 de octubre de 1936 (Gaceta de Madrid, 4 de octubre). <<

[27] Para aquellos que ya hubiesen elegido el resguardo en el pasado, se les daba el mes de febrero para el cobro del contravalor en pesetas. Los interesados que dejasen transcurrir tal plazo, decía el decreto, habrían renunciado a todo derecho, cediendo en beneficio del Estado el importe del oro que hubieran depositado. <<

[28] A partir de la publicación del decreto se prohibía la fundición y la adquisición para fundir de «cualesquiera clases de piezas u objetos a lingotes o pasta, así como la elaboración de objetos de toda clase, si el industrial no estuviera provisto de la oportuna licencia administrativa, que expedirían las Delegaciones de Hacienda previa comprobación del peso, ley y procedencia de los objetos o pasta que iban a ser sometidos a fundición o elaboración». <<

[29] Éstos eran los objetos exceptuados: «Los objetos de plata o que contengan dicho metal, que no lleven oro, platino, perlas ni piedras preciosas y estén destinados al servicio de mesa o a otros usos domésticos, tales como vasos, copas, platos, tazas, bandejas, vajillas, fruteros, cubiertos, juegos de lavabo y tocador, escribanías, artículos de escritorio, marcos portarretratos, figuras de adorno, espejos y demás objetos de ornato doméstico… Las alhajas de plata que no contengan oro, platino, perlas ni piedras preciosas y cuyo peso no exceda de veinte gramos, y las de oro que no contengan platino, perlas ni piedras preciosas y cuyo peso no exceda de seis gramos… Las alhajas de plata u oro que contengan perlas falsas, piedras artificiales o chispas de diamante, no talladas estas últimas ni susceptibles de talla, en las que el metal precioso no exceda de los límites establecidos en el apartado anterior… Las alhajas u objetos meramente chapados de oro, plateados o platinados». <<

[30] De esta prohibición, que alcanzaba a todos los artículos de adorno, quedaban exceptuados, con tal de que no contuviesen perlas ni piedras preciosas, los objetos de uso que llevaran personalmente los viajeros, siempre que estuvieran comprendidos en la siguiente relación: «bolsos, monederos, dedales, alfileteros, pitilleras, cerilleras y encendedores que sean unos u otros de plata o que contengan dicho metal, pero no oro ni platino; bastones y paraguas con puño de oro o plata; lentes, gafas, plumas estilográficas, lapiceros, boquillas, relojes de bolsillo y de pulsera, piezas dentales, gemelos y botones de camisa que sean de oro o plata o que contengan dichos metales, así como las condecoraciones y cruces honoríficas establecidas o conservadas por la República, cuando las desearan exportar quienes tuvieran derecho a ostentarlas». <<

[31] Así, fueron expropiados el palacio de Liria de la casa de Alba, el de los duques de Medinaceli y el edificio de la Gran Peña en Madrid, entre otros muchos. <<

[32] Véase Rubio Cabeza (1987, vol. 2:429). <<

[33] «En todo momento hemos respetado los derechos de la propiedad privada. Los pocos excesos ocurridos en los comienzos de la guerra civil han sido actos de desorden, de carácter individual, llevados a cabo a despecho de nuestras instituciones… La constitución española expresa nuestro absoluto respeto a la propiedad privada». Declaraciones de Negrín a La Vanguardia de Barcelona el día 11 de septiembre de 1937 (Noticiero de España, «Notas financieras», 9 de octubre de 1937). <<

[34] La cuestión de las incautaciones, tanto las de la primera etapa, como iniciativa de los grupos revolucionarios, como las de la segunda, cuando se crearon la Caja General de Reparaciones y el Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles, no ha merecido hasta fechas muy recientes la atención debida de los historiadores. Véase el capítulo XVII, «La responsabilidad política por daños de guerra como fuente de financiación». <<

[35] Sobre las expropiaciones de fincas rústicas y colectivizaciones en el campo hay abundante literatura. Véase Casanova Ruiz (2008:455 y ss.) y Fernández Fernández (1990). <<

[36] Un bando, firmado por Durruti en Bujaraloz el 11 de agosto de 1936, abolía la propiedad de la tierra de los grandes terratenientes, declarándola propiedad «del pueblo» bajo control del Comité Revolucionario. La expropiación incluía los útiles de labranza, tractores, máquinas y trilladoras (Casanova Ruiz, 2008:457). <<

[37] Decreto del Ministerio de Agricultura del 7 de octubre de 1936 (Gaceta de Madrid, 8 de octubre). <<

[38] La junta calificadora estaba integrada por el Ayuntamiento, el Comité del Frente Popular y una representación de cada una de las organizaciones sindicales de obreros del campo y agrupaciones de pequeños cultivadores y colonos. <<

[39] Decreto del Ministerio de Hacienda del 27 de septiembre sobre incautación de fincas urbanas (Gaceta de Madrid, 29 de septiembre). Con anterioridad, el 20 de agosto ya se había regulado la expropiación de fincas urbanas en Madrid. <<

[40] Estaban presididas por el delegado de Hacienda. Las integraban representantes de los partidos políticos del Frente Popular y de organizaciones sindicales. <<

[41] Sánchez Recio (1991b:159). <<

[42] La orden de incautación estaba firmada el 2 de noviembre de 1936: «En virtud de las circunstancias actuales, es absolutamente necesario que todos los efectos de valor, oro o plata y tesoros que forman las valiosas colecciones que se hallan en el Museo Arqueológico Nacional, sean colocadas convenientemente en disposición de transporte y traslado a este Ministerio, de donde pasarán al lugar que se defina para su definitiva custodia». <<

[43] Una rocambolesca historia sobre cómo pudieron hacerlo en momentos en que guardias armados y un grupo de milicianos registraba el museo, «burlando con grave riesgo personal la vigilancia de la entrega, escondiéndolas entre sus ropas y en los recipientes más a mano para posteriormente, envueltas en sus papeletas, ocultarlas incluso enterrarlas en el jardín», puede verse en Marcos Pous (1993b). También en Almagro-Gorbea (2008b) y en Alfaro (1998). <<

[44] Martín Almagro-Gorbea (2008a, 2008b) realizó una exhaustiva investigación, y del mayor interés, sobre la incautación de las monedas de oro del Museo Arqueológico Nacional, y un análisis y seguimiento sobre su posible destino, algo que hasta ahora no se había intentado. <<

[45] Se transportaron en dos cajas de madera precintadas con el sello de lacre del Museo Arqueológico Nacional. <<

[46] Según algunas de esas versiones, en París las monedas se custodiaron en la embajada de España durante varios días, hasta que continuaron su peregrinaje hacia el puerto de Le Havre, donde embarcaron en el Vita. <<

[47] En relación con el viaje del Vita, su carga y el destino que se dio a ésta, véase en el capítulo XX, «El final de la guerra y la preparación del exilio: el “tesoro de Negrín” y el “tesoro” del Vita», el epígrafe «El “tesoro” del Vita. De Negrín a Prieto». <<

[48] Éste incluso envió una carta circular a los principales museos del mundo solicitando información sobre las monedas de oro robadas durante la guerra civil. Al parecer se dijo que las monedas árabes habían ido a parar a Estados Unidos (incluso parece que el Ministerio de Educación Nacional intentó que en el Tratado de Amistad, Defensa y Cooperación con Estados Unidos, que se firmó el 23 de septiembre de 1953, se incluyera una cláusula para que dichas monedas fueran devueltas, en caso de que estuvieran en Estados Unidos). Y que las hispanovisigodas las compró el Gobierno mexicano. <<

[49] Un análisis de cómo funcionaban las comisiones de incautación de bienes, tomando el ejemplo de Burgos, puede verse en Castro (2006:273 y ss.). <<

[50] Más detalle sobre la incautación de bienes del Gobierno de Burgos puede verse en el capítulo XVII, «La responsabilidad política por daños de guerra como fuente de financiación». <<

[51] Esta operación puede seguirse con mucho detalle en la investigación de Álvaro Dueñas (1994). Véase también Álvaro Dueñas (2006:71 y ss.). <<

[52] También a quienes, teniendo su domicilio habitual en localidades que quedaron en territorio republicano, se habían refugiado en zona nacional (Álvaro Dueñas, 1994:350 y ss.). <<

[53] Los bancos de España, Hispano Americano, Español de Crédito, Bilbao, Mercantil y Fernández Villa Hermanos firmaron en Burgos un documento colectivo solicitando que se excluyera a las entidades de crédito de la incautación de créditos (Álvaro Dueñas, 1994:351). <<

[54] Véase más información y ejemplos de esas reclamaciones en Álvaro Dueñas (1994:355 y ss.). <<

[55] El documento de la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por el Estado fue firmado el 15 de marzo de 1938; un resumen puede verse en Álvaro Dueñas (1994:368 y ss.). <<

[56] Un pequeño inventario de estos estragos puede verse en Álvaro Dueñas (1994:369 y ss.). Eran notablemente significativos y terminantes. <<

[57] Véase Sánchez Asiaín (1992:170 y ss.; 1999a:310 y ss.). <<

[58] Véase «El desvalijamiento de las cajas particulares», en Olaya (1998:438). <<

[59] Durante los tres primeros meses del conflicto se produjo el asalto descontrolado a las cajas de alquiler, promovido por comités obreros, milicias y organizaciones políticas de diversa índole. Sólo más tarde se reguló la apertura e incautación del contenido de las cajas de seguridad (Martín Aceña, 2008a:697-698). <<

[60] Decreto del 5 de agosto de 1936. <<

[61] Decreto del 8 de agosto de 1936. <<

[62] Decreto del 27 de agosto de 1936. <<

[63] Por testimonios recibidos de empleados de la sucursal del Banco de Bilbao presentes en la plaza de Barcelona en aquellas fechas, se sabe que el proceso legal de apertura se realizaba con la presencia del comisario delegado, un tasador y un representante de la casa Fichet. <<

[64] Decreto del 1 de mayo de 1937. <<

[65] Actas de aquellas fechas de consejos de administración de distintas instituciones bancarias permiten documentar la firme postura de la banca privada, que fue unánime en oponerse a aquella operación, sucediéndose reuniones en el Consejo Superior Bancario para tratar de frenar el proceso. Sin embargo, una vez que la medida tuvo carácter legal y oficial, la banca se plegó «por la fuerza de los hechos», como se repite en buen número de documentos bancarios formalizados entre agosto y diciembre de 1936. <<

[66] Posteriormente, el 26 de octubre de 1939 la radio francesa dio noticias sobre la incautación de su fortuna, esta vez por parte del Gobierno de Franco (AlcaláZamora, 1998:435). <<

[67] Hubo casos en los que el comité de empresa controló las cajas de alquiler «colocando en las mismas a compañeros armados que impidiesen cualquier acto anárquico de fuerzas incontroladas que por aquellos días se lanzó a la calle ahítos de desmanes» (del informe del comité de empresa del Banco de Bilbao de febrero de 1938). <<

[68] Julio López Masegosa, colaborador estrecho de Negrín, intervino en la operación de desvalijamiento de las cajas del Banco de España en noviembre de 1936. A principios de 1937 tenía a su nombre en bancos rusos en París 193 millones de francos. Se le acusaba también de haber dispuesto de un depósito de alhajas procedente del Banco de España, sin inventariar, de un valor estimado en 20 millones de francos (Olaya, 1998:198). <<

[69] Véase Azaña (1981, vol. 2:369). <<

[70] «Aquello fue horrible. Yo estaba presente. Había un notario. Trajeron unos sacos y abrían las cajas de alquiler a soplete y el notario tomaba nota. Recuerdo que entre las cajas de alquiler que se abrieron a soplete durante la guerra estaba la de Franco, y no tenía nada más que cubiertos de plata. Abrieron todas. Y no se me olvida que en una de ellas encontraron unas alhajas y brazaletes muy buenos… gritaron: ¡mira, mira, para un trimotor!» (Colección de entrevistas). <<

[71] Un informe redactado en aquellos momentos sobre esta operación incluye el listado de todos los bienes incautados o retenidos con la fecha en que se produjo, el número de cada depósito y la entidad que procedió a su apertura. En este caso, las entidades que dieron la orden de incautación fueron las siguientes: Milicias de la República (Ríos Rosas), Dirección General de Seguridad, Sindicato de Trabajadores de Banca y Bolsa del Centro de España, Junta de Incautación del Patrimonio Artístico, Federación Española de Trabajadores de Crédito y Finanzas, Frente Popular del Banco de España, Comité de Investigación de las Juventudes Socialistas Unificadas, Sindicato de Trabajadores de la Tierra, Cuerpo de Investigación y Vigilancia (BE, 1936). <<

[72] Especialmente se opuso el Anglo South American Bank, quien afirmó que prefería cerrar sus puertas. <<

[73] Lo pintoresco del caso fue que a algunos propietarios de cajas les fueron pasadas posteriormente facturas en las que se les exigía determinadas cantidades por abrir su caja fuerte sin llave. <<

[74] Ministerio de Justicia (1961:369 y ss.). <<

[75] Es de interés a estos efectos el testimonio de Luis Sopeña Orueta, gerente de la sucursal en Bilbao del Banco Guipuzcoano, quien, en una sesión de la Asociación de Bancos y Banqueros del Norte de España, testificó que el número de cajas de alquiler traídas de la casa central era considerable, aproximándose a las 600, y que los titulares de ellas residían habitualmente en territorio ocupado por las tropas rebeldes, advirtiendo que una buena parte de ellos eran súbditos franceses, y que, por consiguiente, no era posible que se hubieran enterado a su debido tiempo de las disposiciones del Departamento de Hacienda relativas al oro y valores extranjeros contenidos en las cajas, ni oportunidad tampoco, de transmitir sus instrucciones (véase Sánchez Asiaín, 1992:170 y ss.). <<

[76] Las cajas, trasladadas desde San Sebastián, fueron abiertas en Bilbao, con la protesta formal del Ministerio de Negrín porque, atendiendo al decreto del 3 de octubre, dichas competencias eran del Gobierno central. Pero la realidad fue que se cursó una protesta formal ante la política de hechos consumados, sin más consecuencias que el que el Gobierno vasco se diera por enterado. <<

[77] «La Asociación Local de la Banca, en su reunión de esta mañana ha acordado hacer a V.E. unas consideraciones sobre las instrucciones dadas a los señores Inspectores de este departamento [para] que procedan, en unión de los titulares, a la apertura de las cajas particulares de alquiler que la clientela tiene en los bancos de la plaza… entre las instrucciones de los señores Inspectores, figura la de que el oro, los billetes extranjeros y los valores extranjeros en rama que se encuentren en las cajas particulares serán objeto de incautación, estimando sin duda que el hecho de no haberlos puesto a disposición del Gobierno del País Vasco dentro del plazo que terminó el martes 7 del corriente, ha hecho a los poseedores acreedores a semejante sanción. Ahora bien, conviene no olvidar la situación especial en que se encuentran los titulares de cajas particulares de alquiler de los bancos, ninguna de las cuales ha podido ser abierta desde el principio del movimiento sino con intervención de los funcionarios de la Junta de Defensa primero, y de la Consejería de Hacienda después. No se trata por consiguiente de bienes que estuvieran ocultos o poseídos por los particulares… antes lo contrario, no han existido bienes mejor controlados ni desde hace más tiempo por las Autoridades del país que los depositados en cajas particulares de los bancos, puesto que no ha habido ninguna otra clase de recintos cuya apertura tuviera que ser controlada por un funcionario público» (Sánchez Asiaín, 1999a:317). <<

[78] Decreto del 16 de diciembre de 1936 (DOPV, 20 de diciembre). <<

[79] Orden del 3 de febrero de 1937 (DOPV, 7 de febrero). <<

[80] Decreto del 3 de mayo de 1937 (DOPV, 11 de mayo). <<

[81] En Lérida se recuperaron varias cajas de alquiler expropiadas en el Banco Hispano Americano. Más tarde sucedió lo mismo en Barcelona. <<

[82] Véanse los capítulos XX, «El final de la guerra y la preparación del exilio: El “tesoro de Negrín” y el “tesoro” del Vita», y XXV, «Búsqueda de los activos y documentos expoliados y devolución a sus propietarios». <<

[1] Las fuentes utilizadas en este epígrafe han sido fundamentalmente los textos legales que regularon en su momento la creación de la Caja General de Reparaciones y del Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles. También se ha dispuesto de dos importantes investigaciones de Sánchez Recio (1991a, 1991b), quien fue el primero en estudiar los documentos que se conservan en el Archivo Histórico Nacional sobre la represión económica llevada a cabo por la República en la guerra civil. De su investigación procede la información cuantitativa de este trabajo. De esas investigaciones dice Martín Mateo (1991) que reconstruyen con toda minuciosidad la creación de la Caja General de Reparaciones y del Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles. Sánchez Recio ha profundizado también, y notablemente, en la legislación que introdujo la República después del 18 de julio, para enfrentarse a las incautaciones sin control de los bienes de aquellos que se consideraban enemigos, las detenciones ilegales y las ejecuciones sumarias. Una última aportación de Sánchez Recio (2008) la constituye su contribución a la obra colectiva Economía y economistas españoles en la guerra civil (Fuentes Quintana y Comín Comín, 2008). Debe verse también Justicia en guerra (VV. AA., 1990), especialmente los artículos de Gaite Pastor y Amaro del Rosal (1990). <<

[2] Sobre la Caja General de Reparaciones, véase Olaya (1998:443 y ss.). <<

[3] Sánchez Recio (2008:961). Glicerio Sánchez Recio trabajó en su investigación con todos los materiales conservados de ambas instituciones, fundamentalmente con las actas del Consejo Ejecutivo de la Caja General de Reparaciones y del Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles. <<

[4] Decreto del Ministerio de Hacienda del 23 de septiembre de 1936 (Gaceta de Madrid, 25 de septiembre). <<

[5] Pero cuando la Caja General de Reparaciones solicitó de la Dirección General de Seguridad que le transmitiera los bienes que, procedentes de sus incautaciones, tenían en depósito, ésta se negó. Posteriormente se descubrió que una buena parte ya había desaparecido. Se explicó que se habían enviado a Barcelona dos maletas de joyas y que el resto lo había sustraído el dirigente socialista García Atadell (Olaya, 1998:449). <<

[6] El Tribunal estaba facultado para acordar la incautación definitiva de estos activos si los titulares no acreditaban la razón de su cambio de residencia y su adhesión al Gobierno legítimo de la República. <<

[7] Decreto del 17 de marzo de 1938 (Gaceta de la República, 20 de marzo). <<

[8] Olaya (1998:443 y ss.) dice que el objetivo fijado al sistema Tribunal-Caja de satisfacer auxilios y otorgar créditos para la reparación de los daños causados por la rebelión no fue cubierto en ningún caso. Y que todas las reclamaciones que se le hicieron quedaron sin respuesta o fueron contestadas negativamente. <<

[9] En 1937 abrió delegaciones en Santander, Gijón, Albacete, Alicante, Almería, Caspe, Castellón, Ciudad Real, Badajoz, Cuenca, Murcia, Toledo y Barcelona. <<

[10] Los almacenes estaban situados en la plaza de Cataluña, en el Paseo de Gracia y en el monasterio de Pedralbes. A principios de diciembre, la Caja General de Reparaciones propuso al ministro de Hacienda y Economía la conveniencia de proceder a la fundición de los objetos de plata y oro que se hallaban en su poder, justificando la medida en que se encontraban depositados en malas condiciones y que a algunos objetos se les habían caído las piedras preciosas (Olaya, 1998:449). <<

[11] Tan es así que terminó huyendo a Francia con el producto de las confiscaciones. Posteriormente fue encarcelado. <<

[12] Véase en este mismo capítulo, el epígrafe «Un caso especial: el del País Vasco». <<

[13] Véase el epígrafe «El “tesoro” de guerra catalán. Pacto de los cinco presidentes» en el capítulo XX, «El final de la guerra y la preparación del exilio: el “tesoro de Negrín” y el “tesoro” del Vita». <<

[14] Véase el capítulo XVI, «Suscripciones e incautaciones». <<

[15] Sobre el Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles, su legislación y su organización, véase Sánchez Recio (1991b:40-59; 2008:951-958). <<

[16] Decreto del 6 de agosto de 1936 (Gaceta de Madrid, 24 de agosto). <<

[17] Decreto del 6 de octubre de 1936 (Gaceta de Madrid, 7 de octubre). <<

[18] Decreto del 7 de mayo de 1937 (Gaceta de la República, 13 de mayo). <<

[19] Véase Sánchez Recio (2008:951 y ss.). <<

[20] Véase Gaite Pastor (1990). <<

[21] Porque, aunque se había establecido que contra la sentencia del Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles no se podía interponer recurso alguno, parecía necesario distinguir entre el recurso ordinario prohibido por la ley y el extraordinario regulado por la Ley de Procedimiento Civil. Se acordó, en consecuencia, aceptar este recurso, siempre que existieran «explicaciones verosímiles del desconocimiento de los edictos por los que se emplazaba al interesado a presentarse ante el Tribunal o de que, en el caso de conocerlos, no pudo presentarse de forma legal durante el tiempo de emplazamiento para oponerse a la incautación». Véase, para más detalle en cuanto al procedimiento y los reglamentos utilizados, Sánchez Recio (2008:951 y ss.). <<

[22] En términos económicos, las sanciones se concentraron en sentencias por adhesión a la rebelión (que totalizaron 661,8 millones de pesetas) y por auxilio a la rebelión (64,6 millones). <<

[23] Véase Sánchez Recio (1991b:167-170; 2008:956-958). <<

[24] Pese a ello, señala que fueron de una importancia considerable. Y pone como ejemplo la Memoria de la labor realizada de su gestión por la Comisión de Joyas y Valores incautados del Comité Ejecutivo Popular de Valencia hasta el 22 de diciembre de 1936 que arrojaba un balance de 39,5 millones de pesetas, más 1.758 kilogramos de oro, platino y plata. Véase Olaya (1998:453 y ss.). <<

[25] Sánchez Recio (1991b:338-340). <<

[26] Amaro del Rosal (1976:90) tuvo la ocasión de encontrarse muchos años después con el aviador Tonda, piloto de aquel vuelo, que le dio cuenta de cuál había sido su papel durante la guerra de y algunas particularidades del desarrollo de su misión. <<

[27] El capítulo XXV, «Búsqueda de los activos y documentos expoliados y devolución a sus propietarios», detalla cómo se desarrolló y cuál fue el resultado final de esa operación. <<

[28] Esta comisión se creaba como un organismo de carácter técnico y ejecutivo, y estaba compuesta por cinco miembros. <<

[29] Decreto del 3 de noviembre de 1936 (DOPV, 7 de noviembre). Para estudiar con más detalle el caso especial del País Vasco en cuanto a la expropiación forzosa, véase Sebastián García (1999). <<

[30] Esta calificación abarcaba a los monárquicos alfonsinos, a los carlistas y a los de Renovación Española. <<

[31] Poseer un título nobiliario no suponía necesariamente una acusación de desafección al Gobierno vasco ni al de la República, en la medida en que varios destacados militantes del PNV eran aristócratas. <<

[32] Así fueron expedientados El Pueblo Vasco, El Nervión, La Gaceta del Norte, El Noticiario Bilbaíno y La Editorial Vizcaína. <<

[33] Un resumen de las más importantes puede verse en Sebastián García (1999:180). <<

[34] Supuso especial dificultad que en muchas ocasiones las rentas fueran en especie. Y hubo que arbitrar unas fórmulas especiales para el depósito en los juzgados municipales del importe de las rentas de esa naturaleza, que terminaron residenciándose en el Departamento de Asistencia Social del Gobierno vasco. <<

[35] Véase Moreno Gómez (1999:346). <<

[36] Véase, para más detalle, Álvaro Dueñas (2006:66 y ss.). <<

[37] La investigación sobre esa incautación, verdaderamente notable, se debe a Eugenio Torres Villanueva (1998). Toda la información en este epígrafe procede de esa investigación. <<

[38] El inventario explicaba la organización administrativa del grupo, dividiendo los negocios según las zonas en que estuvieran localizados (zona nacional, zona republicana y extranjero), y determinando el volumen de cada uno de los negocios. <<

[39] Un asesor técnico, un interventor contable y dos ingenieros consultores, uno de minas y otro industrial. Adicionalmente se necesitaban tres administradores, tres auxiliares de contabilidad, un taquimecanógrafo con conocimiento de francés e inglés y un cajero. El ingeniero industrial debía encargarse de peritar y valorar las fincas rústicas y urbanas, y el de minas se encargaría de los negocios mineros. <<

[40] Existía también en el balance una partida de 1,2 millones de pesetas de un yate, pero la impresión del juez era que para entonces éste debería hallarse en aguas extranjeras y probablemente a nombre de otro dueño. Lo que era cierto. <<

[41] El 9 de septiembre de 1937 se dictaron autos de intervención contra la Siderúrgica del Mediterráneo, Setares, Sierra Alhamilla, Sierra Ameneda, la compañía propietaria de la Mina Ceferina, Compañía de Crédito Especial Remolcadores Ibaizábal, Sociedad de Seguros Anayena y la Caja de Previsión de la Naviera Sota y Aznar. <<

[42] Sanllorente (2005:78) dijo que la normativa de responsabilidades políticas del Gobierno de Burgos tenía dos finalidades. Una de «intimidación para escarmentar y amedrentar a todos los partidarios de la República y evitar posibles veleidades revanchistas, y una segunda económica que afectaba a toda la economía familiar del procesado y que al coincidir con un período de grave crisis económica agravó su situación». <<

[43] Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Vizcaya (1938). La Memoria de Actuación ocupa 119 folios mecanografiados. <<

[44] Ponía de relieve a estos efectos «los graves abusos de precinto, requisas, colaboradores», lo que le movió a promover un bando de guerra que trataba de saber lo que estaba precintado, las causas y razones de ello, lo que se había requisado de hecho y de derecho y, sobre todo, acabar con la resistencia pasiva y la interposición de personas que impedían la acción de la justicia. <<

[45] «Por el problema sui generis de los nacionalistas». <<

[46] Se habla únicamente de 4 millones de pesetas cobradas por el Juzgado número 4, y de embargos de fincas urbanas por valor de 50 millones de pesetas y de valores por valor de 8 millones de pesetas. <<

[47] La bibliografía disponible para estudiar la Ley de Responsabilidades Políticas, su aplicación y sus efectos, no es muy amplia. Este capítulo se basa fundamentalmente en la misma ley del 9 de febrero de 1939, con sus 89 artículos, ocho disposiciones transitorias y una disposición final. Se ha utilizado también el libro de Máximo Cajal (1939). En la literatura más reciente destaca la notable aportación de Álvaro Dueñas (2006), quien hace un profundo análisis de la ley y especialmente de su desarrollo, aplicación y resultados desde un punto de vista administrativo y político. Para el análisis del «caso regional» se ha utilizado el libro de Sanllorente (2005), y el de Durán (1995). <<

[48] Quedaban comprendidos en esta sanción los siguientes partidos y agrupaciones: Acción Republicana, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Federal, Confederación Nacional del Trabajo, Unión General de Trabajadores, Partido Socialista Obrero, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Sindicalista de Pestaña, Federación Anarquista Ibérica, Partido Nacionalista Vasco, Acción Nacionalista Vasca, Solidaridad de Obreros Vascos, Esquerra Catalana, Partido Galleguista, Partido Obrero de Unificación Marxista, Ateneo Libertario, Socorro Rojo Internacional, Partido Socialista Unificado de Cataluña, Unión de Rabassaires, Acción Catalana Republicana, Partido Catalanista Republicano, Unión Democrática de Cataluña, Estat Catalá, todas las logias masónicas y cualesquiera otras entidades, agrupaciones o partidos filiales o de análoga significación a los anteriores, previa declaración oficial de hallarse, como los anteriormente relacionados, fuera de la ley. <<

[49] Haber sido o ser condenado por la jurisdicción militar por delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación a la misma o por traición. Haber desempeñado cargos directivos en los partidos, agrupaciones y asociaciones puestos fuera de la ley. Haber estado afiliado a cualquiera de esos partidos el 18 de julio y continuar estándolo, excepción hecha de los simples afiliados a organismos sindicales. Y así hasta 14 apartados más. <<

[50] Sobre los delitos políticos en España con anterioridad a 1936, véase Fiestas (1994). <<

[51] Moreno Gómez (1999:343) sostiene que la represión económica a través de la Ley de Responsabilidades Políticas fue la vertiente «legal» o judicial del expolio económico de los vencidos. <<

[52] Para hacer operativa la Ley de Responsabilidades Políticas se crearon 18 tribunales regionales y 61 juzgados. <<

[53] Así se hizo con José Giral, Francisco Largo Caballero, Diego Martínez Barrio, Juan Negrín, Álvaro de Albornoz, Julio Álvarez del Vayo, Dolores Ibárruri y Vicente Uribe (Álvaro Dueñas, 2006:233). <<

[54] En los casos de patrimonios que estuvieran representados en su mayor parte por bienes inmuebles o negocios industriales, agrícolas o mercantiles, los tribunales quedaban facultados para autorizar que la sanción económica se hiciera efectiva mediante la concesión de plazos que no podían exceder de cuatro años. <<

[55] La sanción más importante, de 160.000 pesetas, fue impuesta a un abogado de Mallorca que había sido previamente fusilado. Sanllorente (2005:25) señala que, mediante la investigación realizada sobre los fondos existentes en el Archivo de Mallorca, el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares y los Boletines Oficiales de la provincia, se ha podido recomponer, si no en su totalidad, sí en su mayor parte, la lista de las personas que fueron procesadas por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Baleares. <<

[56] En cuatro de los casos no constaba la cuantía de la sanción (Álvaro Dueñas, 2006:288). <<

[57] Sobre el expediente confiscatorio que se le siguió a Azaña, véase Santos Juliá (2008b:457 y ss.). <<

[58] José Giral fue condenado a pagar 75 millones de pesetas, con ejecución parcial. A 25 millones fueron condenados Julio Álvarez del Vayo, Augusto Barcia, Marcelino Domingo, Carlos Esplá, Dolores Ibárruri y Vicente Uribe. Sólo los dos primeros fueron ejecutados parcialmente. A 20 millones de pesetas, Juan Hernández, con ejecución parcial. A 15 millones de pesetas, Luis Araquistain, con ejecución parcial. Y a 10 millones, Pablo Azcárate, Margarita Nelken, Carlos Masquelet, Francisco Méndez Aspe, Pedro Rico y Ricardo Zabalza, prácticamente ninguna de ellas ejecutada. Con 8 millones se sancionó a Luis Jiménez de Asúa, con una ejecución parcial por valor de 87.600 pesetas. Y a 5 millones, Bernardo Giner de los Ríos, Anastasio Gracia, Pedro Martínez, Claudio Sánchez-Albornoz, José Santos y Antonio Velao, en sentencias de las que sólo dos fueron ejecutadas parcialmente. Niceto Alcalá-Zamora fue condenado a 3 millones de pesetas que pagó parcialmente por valor de 1.204.555 y cuyo último plazo se abonó en julio de 1967. Y a diversas penas de 2 y 1 millón fueron condenados Plácido Álvarez, Juan José Cremades, Rodolfo Llopis, Manuel Álvarez, José Díaz Ramos, Carlos Hernández, Ramón Lamoneda, José Maestro, Francisco Matz, Alberto Paz, José Prat y Luis Rufilanchas. Prácticamente ninguna sentencia fue ejecutada. Dieciséis fueron condenados a la pérdida total de sus bienes, pero sus sentencias, en su gran mayoría, no fueron ejecutadas (Álvaro Dueñas, 2006:289 y ss.). <<

[59] Véase Ministerio de Hacienda (1945). <<

[60] Esa cantidad se haría efectiva entregando 180 millones de pesetas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1995. Los restantes 107 millones se abonarían en 1996. Como contraprestación por esa indemnización, Juan Negrín Jr. renunciaba expresa y formalmente tanto a la reclamación que tenía formulada al Estado como a cualquier otra anterior o posterior que pudiera presentarse o haber sido presentada ante cualquiera de las administraciones públicas del Estado español por el mismo motivo. <<

[61] Real decreto del 4 de agosto de 1995 (BOE, 2 de septiembre), por el que se aprueba el acuerdo transaccional entre el Estado y Juan Negrín. <<

[62] La investigación más extensa y documentada se refiere a Guipúzcoa, y aproximaciones parciales se han hecho para Cáceres, Huelva, País Vasco y Segovia. <<

[63] Véase el capítulo XXIV, «La unificación monetaria. La Ley de Desbloqueo de 1939». <<

[64] Desarrollada por la orden del 9 de junio de 1943 del Ministerio de Hacienda (BOE, 13 de junio). <<

[65] Quedaban también exceptuados aquellos en que la pena impuesta no excediera de 12 años, cuando el Tribunal así lo entendiera por la escasa significación y peligrosidad política del delincuente. <<

[66] Si tuviese algunos bienes, y éstos, sumados a los de su cónyuge y familiares que con él vivieran, no excedieran de 25.000 pesetas, quedaría exento. <<

[67] El decreto publicado en el BOE del 12 de noviembre decía: «Se concede indulto total de las sanciones pendientes de cumplimiento derivadas de la legislación especial de responsabilidades políticas, cualquiera que fuese su clase y Autoridad o Tribunal que las hubiere impuesto… Por la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas se procederá a la ejecución de este indulto durante un plazo que finalizará el treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, en cuya fecha quedará disuelta, así como los Organismos que dependan de aquélla». <<

[68] Se puede considerar como antecedente de esta ley, la Ley 4/1986 de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado, del 8 de enero (BOE, 14 de enero). <<

[69] Ley del 5 de noviembre de 1940 (BOE, 10 de noviembre). Disposiciones complementarias y resoluciones sobre esta ley pueden verse en González Ruiz (1940). <<

[70] La otra parte devolvería tan sólo «la cosa o el dinero objeto del contrato». <<

[71] Ministerio de Justicia (1961). <<

[72] Véase Ginard i Feron (2003). <<

[73] El total de la información supuso 1.500 legajos, que se encuentran depositados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, dentro de la Sección de Fondos Contemporáneos. <<

[74] Ministerio de Justicia (1943). La recopilación de información duró prácticamente hasta los años sesenta, y llevó a la apertura de numerosos procesos judiciales, por lo que se fueron publicando distintas ediciones de la Causa General. <<

[75] Ministerio de Justicia (1961:369 y ss.). <<

[1] La información más completa sobre el final de los activos expoliados se encuentra en las actas de la «Comisión Especial» en el Archivo Histórico Nacional. Y esa colección ha sido la fuente principal de este capítulo. Miralles Palencia (2003:176 y ss.) hace consideraciones muy atinadas sobre lo que significó la «Comisión Especial». También Olaya (1998). <<

[2] En relación con la recogida de divisas, joyas y piedras preciosas en la República, véase el capítulo XVI, «Suscripciones e incautaciones». <<

[3] La orden reservada llevaba fecha de 16 de mayo de 1938. La firmaba el ministro de Hacienda y Economía, Méndez Aspe. Se adjunta como anexo 8. La orden señalaba que, como ayuda a la comisión, y con carácter de asesores, ésta debería disponer de dos peritos tasadores, uno español y otro extranjero, de «reconocida competencia y solvencia moral y política». <<

[4] Podían disponer de esta cuenta, Pedro Pra, Eusebio Rodrigo, Gonzalo Zabala y Pilar Brea (véase Viñas, 2007:145). La utilización de particulares en la disposición de las cuentas tenía el objeto de dificultar su localización y su embargo en caso de reclamación o litigio. Porque el Gobierno republicano era consciente del problema que planteaba el Gobierno de Burgos con sus constantes reclamaciones en cuanto disponía, y disponía con mucha frecuencia, de información sobre los movimientos financieros de la República en el exterior. <<

[5] Pedro Pra era persona de la más absoluta confianza de Negrín. Miralles (2003:176-178, 339) dice que Pedro Pra López era contable profesional y que estaba casado con Pilar Brea, que fue colaboradora de Negrín en su laboratorio de análisis clínicos. Cuando Negrín se exilió en Inglaterra, lo hizo en compañía de trece personalidades republicanas, entre ellas Santiago Casares Quiroga, Francisco Méndez Aspe y Pedro Pra. <<

[6] Se encuentran depositadas en el Archivo Histórico Nacional, sección «Diversos», bajo la denominación «Marcelino Pascua». <<

[7] Sobre la Caja General de Reparaciones de daños derivados de la guerra civil, véase el capítulo XVII, «La responsabilidad política por daños de guerra como fuente de financiación». <<

[8] Francisco Olaya (1998:456 y ss.) tiene documentado que a finales de 1938 el consejero financiero de la embajada de España alquiló tres pisos en el Boulevard Haussmann n.º 61. Y que, con el mismo fin, en enero de 1939 alquiló un piso de siete habitaciones en la calle La Tremouille, teóricamente como sede del Comité Nacional de Ayuda a España. Añade que a última hora hubo que habilitar además de todo ello una finca en Chelles, cerca de París, conocida con el nombre de «Los Elefantes». <<

[9] Véase el epígrafe «El “tesoro” del Vita. De Negrín a Prieto» en el capítulo XX, «El final de la guerra y la preparación del exilio: el “tesoro de Negrín” y el “tesoro” del Vita». <<

[10] La comisión se reunió al menos 39 veces entre el 20 de mayo y el 16 de noviembre de 1938. De cada una de esas sesiones se levantó acta puntual, tal como exigía la orden reservada. Esas actas han sido utilizadas para redactar este capítulo. <<

[11] Más información, en el anexo 9. <<

[12] Noticiero de España, 75 (18 de febrero de 1939). La carta iba dirigida por el embajador de España, Marcelino Pascua, al ministro de Hacienda y Economía en Madrid. El depósito, según los posibles compradores, se encontraba en Barcelona y no dependía de la «Comisión Especial». <<

[1] Félix Gordón Ordás. Diputado de León por el Partido Radical Socialista y por la Unión Republicana. Ministro de Industria y Comercio con Diego Martínez Barrio en 1933. <<

[2] Gordón Ordas (1965:711-713). Sobre Gordón Ordás y la compra de armas, véase Mateos (2010). <<

[3] Telegramas los días 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 de octubre, y 21, 24 y 25 de noviembre. Todos con un contenido crecientemente agobiante. <<

[4] «Telegrafío hoy Embajador Londres para que reclame Midland Bank envíe inmediatamente los tres millones dólares. Tenemos posibilidad obtener rápidamente si llega pronto dinero importante material destacando cincuenta aeroplanos caza modernos y nuevos con todo equipo y munición». «Midland Bank me informa que inmediatamente… efectuará transferencia a Banco Méjico». «Temo mucho recibir las cantidades con tal retraso que inutilicen operación trabajosa concertada». «Urge muchísimo que personalmente consiga que Banco de España telegrafía a Midland Bank de Londres diciendo que mi segundo apellido es con s, y no x, o sea Ordás y no Ordáx. Midland dice hoy a Banco Méjico no envía los tres millones de dólares porque Banco España de Madrid insiste en que soy Ordáx, y no Ordás». «Sigo sin recibir los tres millones de dólares. Insisto que mi segundo apellido es Ordás y no Ordáx. Obliguen que Midland Bank lo reconozca así y envíe el dinero al Banco Nacional de México». «Corremos peligro se malogre operación trabajosamente realizada si se demora el envío. Advierto para evitar repetición errores que mi segundo apellido es Ordás con s no con x.» «Vengo pidiendo que se obligue a Banco de España a rectificar esta errata ante Midland Bank sin conseguirlo. Ruego V.E. ordene inmediatamente digan que mi apellido es Ordás con s y no con x. De no hacerlo jamás recibiré el dinero con gravísimo daño pronto irreparable». «Telegrafíe si recibió primera remesa tres millones dólares». «Hecha rectificación apellido. Ruego V.E. se sirva telegrafiar si recibió envío». «Ordenado sitúen los tres millones Méjico. Saboteo y boicot dificultan extraordinariamente situación fondos, no obstante giraré seis millones más próxima semana». «Sigo sin recibir fondos… Consultados Bancos niegan hayan puesto dificultad alguna. Estimo que la causa es el empeño de enviarlos por Bancos ingleses o norteamericanos». «Recibido giro tres millones dólares». <<

[5] Más ejemplos pueden verse en Howson (2000:238-239). <<

[6] En relación con las dificultades que tuvo la República para actuar con la banca internacional, véase Viñas (1979a:218-227). <<

[7] En todo caso, la URSS dejó muy claro a los republicanos que «no se consideraba su aliado natural y que sólo estaba en segunda línea en términos de ayuda» (Viñas, 2010b:74). <<

[8] Véase Miralles Palencia (2003:170 y ss.). Sobre el papel que desempeñó la embajada española en Moscú, puede verse Viñas (2010b:76 y ss.). <<

[9] Marcelino Pascua creía que se estaba produciendo un cambio de posición de la Unión Soviética hacia la República. Sin duda, Stalin se estaba alejando del conflicto español (Martín Aceña, 2008b:1102-1103). <<

[10] Este préstamo fue suscrito por el encargado de negocios de la URSS, Sergio Marchenko, y por Juan Negrín. El tipo de interés era del 3% sobre las cantidades dispuestas. Su importe debía dedicarse exclusivamente a financiar «compras y encargos de mercancías en la URSS». El texto íntegro del convenio puede verse en el anexo 24 de Viñas (2008a). Más detalle sobre el complejo y largo proceso de negociación de los créditos soviéticos puede verse en Viñas (2012). Véase también Comín Comín y López García (2008:882). <<

[11] «Este empréstito tenía como única garantía mi firma. Es decir, que sólo con mi firma, la URSS facilitó a España, cuando ya la guerra estaba casi perdida, más de cien millones de dólares» (Hidalgo de Cisneros, 1964:451). <<

[12] Este crédito fue instrumentado en Barcelona el 12 de enero de 1939 por Negrín y por el encargado de negocios soviético Marchenko (Moradiellos, 2006:409). El convenio de préstamo puede verse íntegro en el anexo 32 de la obra de Viñas (2008a). <<

[13] Moradiellos (2006:409-410) se hace eco de una nota que el 16 de febrero de 1939 el mariscal Voroshilov remitió a Stalin señalándole que la petición cursada a través de Hidalgo de Cisneros se había atendido en su mayor parte y que si el Gobierno republicano no podía alcanzar un acuerdo con el Gobierno francés en cuanto al paso de las armas a España, no era su problema. «Esa cuestión ya no es importante», es lo que contestó Stalin. Comín Comín y López García (2008:883), por su parte, señalan que las compras que se hicieron llegaron a Francia, pero que no lograron cruzar la frontera española. <<

[14] Noticiero de España, «Notas financieras», 21, 22 de enero de 1938. <<

[15] Las fuentes fundamentales utilizadas en este epígrafe han sido los expedientes que, en relación con esta cuestión, se conservan en el Archivo General del Ministerio de Economía y Hacienda, bajo el título «Deuda de guerra con Alemania e Italia». <<

[16] Larraz, redactor de la «nota», conocía necesariamente, como ministro, el contenido de la ley del 1 de abril de 1939, pero en aquellos momentos fue requerido a ser extremadamente parco en la definición de la dimensión de la deuda externa. <<

[17] Véase también Larraz (2006:159). A principios de 1939 se recibieron también créditos de Argentina para financiar las importaciones de trigo (Larraz, 2006:159). <<

[18] En relación con las fuentes utilizadas en este epígrafe hay que recordar que hasta 1975 no empezó a desvelarse con precisión cuál fue la historia real del apoyo italiano a los sublevados. Existían informaciones que parecían indiscutibles, pero ninguna de ellas procedía de investigaciones sobre fuentes primarias. Fue la obra de Coverdale, publicada en ese año en su versión original en inglés, la que puso los cimientos del conocimiento que hoy se tiene de la participación italiana en la guerra civil española. Su libro fue el fruto de una profunda investigación, realizada a partir de documentos oficiales italianos, diseminados en dieciocho archivos y bibliotecas, conectados directamente con la intervención italiana en la guerra civil española, en los que tuvo ocasión de trabajar. El enriquecimiento posterior de esa investigación vino de la mano de Renzo de Felice (1981). Después, en España, de Saz, en diversas y muy serias investigaciones (1986a, 1986b, 1992). Otras obras, que se irán citando, han seguido haciendo aportaciones notables, especialmente en cuanto a los factores ideológicos que motivaron la intervención italiana y su engarce con la política internacional del Gobierno italiano y con la política internacional de aquellos momentos. <<

[19] No hay duda de que Mola y Franco tuvieron, al menos en los primeros momentos, un elevadísimo grado de comunicación. Lo demuestran los numerosos telegramas cifrados entre ambos, depositados en el Servicio Histórico Militar, así como la información de que establecieron comunicaciones telefónicas a través de Gibraltar. Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano y Mussolini estuvieron perfectamente enterados de lo que sucedía en los primeros momentos de la sublevación, gracias a los servicios secretos (Heiberg y Ros, 2006:29 y ss.). <<

[20] Galeazzo Ciano. Dirigió desde 1933 a 1934 la política exterior del Gobierno de Mussolini y su objetivo fue buscar el equilibrio entre Alemania y las democracias occidentales. Se casó con Edda Mussolini, hija del Duce. En 1943 votó a favor de la destitución de Mussolini para evitar el derrumbamiento del régimen fascista, lo que le supuso un juicio sumarísimo y la condena a muerte. <<

[21] La carta de Alfonso XIII a Mussolini llevaba fecha del 20 de julio de 1936. El texto era manuscrito de Alfonso XIII y llevaba como membrete «Königswart Cechoslovakei». Decía así: «Mi querido Duce: Le supongo enterado de la enorme importancia del movimiento español. Faltan elementos modernos de aviación y con objeto de adquirirlos van a Roma Juan La Cierva (inventor del autogiro) y Luis Bolín personas de mi entera confianza. El marqués de Viana, portador de la presente, le explicará todos los detalles y la ayuda que espero nos prestará. Aprovecho esta ocasión para de nuevo felicitarle por sus nuevos éxitos que consolidan su labor formidable y gloriosa. Agradeciéndole lo que seguramente hará. Quedo su afmo. amigo y admirador que le abraza, Alfonso R.» (reproducida de Saz, 1986a:243). Fue Ciano, al parecer, el que recomendó a Luca de Tena que viajara hasta Metternich, en Bohemia, donde se hallaba Alfonso XIII, para solicitar su intervención. Lo explica el mismo Luca de Tena (1971:25). <<

[22] Bolín sabía que el día anterior se habían vuelto a reunir en Biarritz, en casa de Juan March y por encargo de Mola, los líderes monárquicos Goicoechea, Sáinz Rodríguez y Zunzunegui para debatir cómo podían disponer con urgencia de aviones militares, contando siempre con la financiación de Juan March, para cuya operación tenían su conformidad (Gil Robles, 2006:789). <<

[23] A partir de esta situación, muchas personas fueron perseguidas o asesinadas por simple sospecha de apoyo a la monarquía (Suárez, 1999:336). <<

[24] Luccardi sirvió de enlace a Franco para hacer llegar sus peticiones y su visión general de la situación directamente al Ministerio de Asuntos Exteriores italiano y a Mussolini, gracias a la emisora de radio de que disponían los servicios secretos del consulado de Italia en Tánger. Este sistema de comunicación fue vital para convencer a Mussolini de que debía ponerse cuanto antes al lado de Franco. Heiberg y Ros (2006:256-257) señalan que el lado negativo de esta comunicación directa entre Roma y Tánger fue que los británicos interceptaron las comunicaciones y estuvieron informados en todo momento de las relaciones Franco-Mussolini. <<

[25] En diciembre de 1936 Mussolini nombró a Roatta jefe de las tropas italianas en España, constituyendo en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano una «oficina española». Pronto tuvo problemas de entendimiento con Franco sobre cómo se debería desarrollar la guerra. Al parecer, tuvo razón en cuanto a la conquista de Málaga, pero no en cuanto a la batalla de Guadalajara un mes después, que se tradujo en una derrota total de las tropas italianas por su falta de preparación y también por la incompetencia de Roatta. También por la no colaboración de las tropas franquistas, que en ningún momento acudieron en auxilio de los italianos. Después de este fracaso, Roatta fue sustituido al mando de las tropas italianas en España por el general Ettore Bastico, siendo nombrado jefe del Estado Mayor de las tropas italianas en 1941. Véanse sus Memorias (Roatta, 1946). <<

[26] Así se desprende, afirmación por afirmación, de la correspondencia telegráfica cruzada el mismo 21 de julio entre Luccardi y el ministro de la Guerra, y entre Roatta y Luccardi. También de la correspondencia de Luccardi al ministro de la Guerra (Preston, 1999b:48 y ss.). <<

[27] Luccardi le explicó a Franco que las dificultades en el transporte aéreo ocasionadas por la estación de las lluvias en Etiopía limitaba seriamente la disponibilidad de aviones. <<

[28] Preston y Moradiellos (1999:50). <<

[29] Para un estudio detallado sobre la evolución del pensamiento italiano en relación con su conveniencia de ayudar a la sublevación española y de los resultados de esta intervención, véase Saz (1992:105 y ss.). <<

[30] Heiberg y Ros (2006:38) señalan que, en los meses anteriores al estallido de la guerra y durante los primeros días del conflicto, fueron los servicios secretos los que proporcionaron a Roma los contactos más eficaces con los rebeldes españoles, porque, gracias a las gestiones de Carpi entre 1931 y 1936, Roma había mantenido relaciones muy estrechas con algunos de los grupos monárquicos que estaban tratando de derrocar a la República. <<

[31] En relación con lo que las Baleares representaban en la estrategia de Mussolini, véase Bargoni (1995:472). También «March, las islas Baleares y la guerra civil», en el capítulo V, «Juan March y la sublevación». <<

[32] Declaraciones hechas por Antonio Goicoechea a José Gutiérrez Ravé y publicadas en Celebridades, n.º 2, abril de 1965. <<

[33] Goicoechea manifestó, en esas declaraciones, que «uno de los primeros contribuyentes con suma elevada fue D. Alfonso XIII». <<

[34] Parece que en esta primera reunión de Antonio Goicoechea con el conde Ciano éste trató de que se le garantizara que la dirección de la sublevación estaba dispuesta a aceptar las cláusulas del pacto suscrito en 1934 por los dirigentes monárquicos y carlistas. Y parece que Goicoechea le aseguró que los italianos podían tener la certeza de que los líderes de la revuelta cumplirían plenamente el acuerdo de 1934, incluida la cláusula relativa a la derogación del supuesto tratado secreto franco-español (Coverdale, 1979:82). <<

[35] Coverdale (1979:82). Saz (1986b:164 y ss.), quien ha profundizado a fondo en los archivos italianos, resta valor a la gestión de Goicoechea y Sáinz Rodríguez. Cree que cuando llegaron a Roma el problema estaba ya resuelto. Su opinión es que la decisión se adoptó fundamentalmente en función de los contactos desarrollados en Tánger. Véase también Tusell y Saz (1986:174-175). <<

[36] Una vez más, Juan March, tal como era su costumbre en la ayuda a los sublevados, se hacía documentar la operación por gente próxima a Franco o a Mola. <<

[37] Hay quienes sostienen que en el año 1936 las negociaciones de 1934 no eran más que un recuerdo, y que hubo que improvisar nuevas negociaciones sobre bases diferentes. Como ampliación de esta tesis, véase Ricardo de la Cierva (1969:739). <<

[38] Véase en el capítulo V, «Juan March y la sublevación», el significado de este libro y las nuevas aportaciones al conocimiento de la financiación de la sublevación que se deducen de su contenido. <<

[39] Véase Saz (1986b:165). Saz sostiene que el importe de esos aviones no fue pagado ni por March ni por Goicoechea, porque la única cantidad que figura como pagada en los balances de suministros y pagos existentes en los archivos italianos en los primeros meses de la guerra es la referente al pago de los hidroaviones pedidos y suministrados para la defensa de Mallorca. En todo caso, también esta observación parece quedar desmentida por el contenido de la obra de Jehanne Wake. <<

[40] Sobre el proceso de petición de ayuda por parte de los sublevados a Mussolini, véase también Campo Rizo (2009:16 y ss.). <<

[41] Un libro de actas de la empresa Sofindus, recuperado en 1945 y publicado en 2005, detalla que el 2 de agosto de 1936 llegó a Sevilla el primer avión de transporte y que el resto llegó a partir de ese momento en cortos intervalos. Y dice que el 7 de agosto se requisó el hotel Cristina para dirigir desde él la operación, y que desde allí «se tiraron líneas de teléfono hasta el Cuartel General del general Franco y el del general Queipo de Llano» (Martín de Pozuelo, 2007:38 y ss.). Para profundizar en la evolución de la sublevación a partir de Marruecos, la composición del ejército de África y su situación en el momento de iniciarse la contienda, véase Sánchez Ruano (2004:154 y ss.). En todo caso, no está clara la cronología. Vaquero (2006:59) sostiene que fue ésta: el 30 de julio comenzaron a llegar los primeros aviones italianos después de los 12 aviones Savoia iniciales. Y el día antes habían llegado 20 aviones alemanes de transporte que ayudarían al traslado de los hombres de África junto con los aviones italianos. Con todo ello, el 15 de agosto, y con cobertura aérea italiana, ya habían pasado el Estrecho 2.500 hombres. <<

[42] Las tripulaciones de la marina se habían amotinado contra los oficiales rebeldes y habían implantado un bloqueo del estrecho de Gibraltar para evitar el traslado de las decisivas tropas marroquíes al mando del general Franco (véase Moradiellos, 2001:60). Desde el 21 de julio el estrecho de Gibraltar era patrullado por dos cruceros, dos destructores, tres cañoneros y siete submarinos republicanos (Ros, 2009:10). Una detallada investigación sobre el paso a la Península del ejército de África y la pérdida de control del Estrecho en aquellos momentos por la flota republicana, puede verse en Enciso (1996). <<

[43] Sobre el primer puente aéreo, véase Moa (2003:216-222). También González Álvarez (2005:35 y ss.) y Puell y Huerta (2007:69 y ss.). <<

[44] Para examinar con detalle la política de compra de armas por parte del Gobierno de Burgos durante la guerra civil española y las fórmulas de pago utilizadas, véase Alpert (1998), Preston (1999a), Howson (2000), Heiberg (2003), García Arias (1961), Coverdale (1979), Viñas (1984) y Saz (1986b). <<

[45] Cantalupo fue embajador desde el 18 de febrero hasta el 1 de julio de 1937, misión que al parecer llevó a cabo con indudable acierto, sin perjuicio de que despertara ciertos recelos en Italia. En varias ocasiones, aconsejó al general Franco que acabara con los fusilamientos de prisioneros y otro tipo de represalias. Cesó como consecuencia de la depresión que le supuso la derrota de las tropas italianas en la batalla de Guadalajara. En su libro, deja muy claro que las relaciones entre el Gobierno italiano y el Gobierno de Burgos no eran tan cordiales como parecía. Merece la pena leer el prólogo de ese libro para entender las relaciones de Italia, y especialmente de Mussolini, con la España de Franco. <<

[46] Sobre los motivos que aconsejaron a Mussolini a aceptar una operación como la de ayudar a España, véase también Saz (1986a:74-82). <<

[47] Por parte italiana no se puso en marcha una organización que pudiera competir con la eficacísima que habían montado los alemanes con base en Hisma y Rowak (Giura, 1993:90). <<

[48] La guerra civil española fue aprovechada por Hitler, Mussolini y Stalin para poner a prueba sus respectivos armamentos y estrategias (Caballero, 2009:83). <<

[49] El texto íntegro de ese acuerdo puede verse en el anexo 10. <<

[50] Para más información sobre este acuerdo, véase Giura (1993:21 y ss.). <<

[51] Este acuerdo entró en vigor el 26 de enero de 1937. <<

[52] Informe «muy reservado» del embajador español en Italia, Pedro García Conde, después de sus conversaciones con autoridades italianas (Giura, 1993:23). <<

[53] Devengaba intereses desde el 30 de junio de 1942 conforme a una escala que se iniciaba con el 0,25% y terminaba con el 4%. <<

[54] Parece cierto que Ciano pronunció, en algún momento, la frase: «¡Ni una sola palabra más sobre cuestiones de dinero. De esto hablaremos después de la victoria, no ahora!». <<

[55] Los distintos acuerdos del Gobierno de Burgos con Italia, y sus modificaciones a medida que fueron cambiando las posibilidades de los sublevados de poner en manos de los italianos las cantidades de productos que solicitaban, pueden verse en Viñas et al. (1979:162 y ss.). <<

[56] El consorcio estaba formado por los bancos Español de Crédito e Hispano Americano, y en Italia por el Banco de Nápoles, Nazionale del Lavoro, Commerciale Italiano, Credito Italiano y Banco di Roma. <<

[57] Por otra parte, Alemania ocultó su ayuda bélica a Franco, pero Mussolini jamás se preocupó de ocultarla y a mediados de 1937 la reconoció abiertamente (Viñas, 2010b:74). <<

[58] Dice Larraz (2006:321) que la primera negociación de la deuda exterior se planteó con Italia, porque el Estado italiano era un acreedor que durante la guerra apenas había sido resarcido, debido a que el carácter de su economía nacional resultaba semejante al español, a diferencia de lo que sucedía con la economía alemana, que podía complementarse muy bien con la exportación natural de España. Larraz (2006:320 y ss.) intervino muy directamente en las largas conversaciones a que dio lugar la liquidación de la deuda de guerra con Italia. Para la historia de la negociación, véase también Schwartz (1999:71 y ss.). <<

[59] Stanley G. Payne (2006:210) dijo que Mussolini se había comprometido mucho más que Hitler con la victoria del Gobierno de Burgos, facilitándoles más armas y tropas. Y que los términos de su cooperación fueron asimismo mucho más generosos y no intentaron obtener las enormes contrapartidas económicas que Hitler exigió. <<

[60] La Ley del 30 de mayo de 1941 sobre regularización de la deuda de guerra con Italia (BOE, 5 de febrero de 1942) establecía que, superadas «las dificultades de orden material para confeccionar los títulos en que se ha de quedar representada la deuda al Gobierno de Italia por suministros especiales durante la guerra española de liberación», el ministro de Hacienda emitiría y entregaría a la administración central del Banco de Italia cinco mil bonos del Tesoro español de un millón de liras cada uno. <<

[61] Dice Larraz (2006:321-322) en sus Memorias que habían aceptado, en febrero de 1939, la aplicación de la cláusula «valor oro». <<

[62] Como cierre de la parte de sus Memorias dedicadas a la negociación y la deuda con el Gobierno italiano, Larraz (2006:325) incluye este pequeño párrafo: «Arregladas ya las cuestiones con Italia, se concedió autorización para que se estableciesen en España la Banca Nazionale de Lavoro y el Istituto Nazionale delle Assicurazioni, autorización que yo retuve en prenda hasta el final, no sin importante gasto de tenacidad». <<

[63] Sobre la intervención alemana en los preparativos de la sublevación de 1936, véase Martín de Pozuelo (2007:17 y ss.). Este autor ha rastreado los archivos de documentos de Estados Unidos, donde en una treintena de edificios, diseminados por todo el país, se almacenan millones de expedientes de papel en documentos originales, que van desde la época de la independencia de Estados Unidos hasta la actualidad. Entre ellos, toda la documentación alemana confiscada al terminar la segunda guerra mundial. <<

[64] Ciudadano alemán residente en Tetuán. Actuaba como representante comercial de varias empresas alemanas en el Marruecos español. Miembro activo desde 1933 de la rama extranjera del Partido Nazi, la Auslandsorganisation. Después de reunirse con Hitler en Bayreuth, Bernhardt, que entonces tenía un modesto estatus económico, se convirtió en realidad en un empleado de Goering en España. <<

[65] «General Franco y Teniente Coronel Beigbeder mandan saludos a su amigo, el General Kühlental, le informan del nuevo Gobierno nacional español y solicitan que mande diez aviones de transporte de tropas con la máxima capacidad de asientos a través de sociedades privadas alemanas. Traslado por aire con tripulación alemana a cualquier aeropuerto del Marruecos español. El contrato se firmará después. Muy urgente» (Díaz-Plaja, 1966:150). <<

[66] Según Preston, Adolf Langenheim aceptó «a regañadientes». <<

[67] Hubieron de esperar a que Hitler regresara de la función de ópera a la que asistía, una representación de Lohengrin de Wagner. <<

[68] La primera reacción de Hitler fue de duda, al conocer la falta de apoyo financiero de los insurgentes. En aquellos momentos dijo: «Ése no es modo de comenzar una guerra» (Preston, 1994:203). <<

[69] Así consta explícitamente en la documentación alemana guardada en Estados Unidos, como documenta Martín de Pozuelo (2007:29). <<

[70] Independientemente del expediente de deuda de guerra con Alemania e Italia, ya citado, se conserva también en el Ministerio de Economía y de Hacienda, bajo el título «Cuentas con Alemania», documentación informativa sobre la evolución de esas cuentas a distintas fechas, incluido el balance de liquidación y disolución de la Hisma, del 31 de diciembre de 1941. Este expediente contiene también amplísima información sobre la liquidación de gastos de la División Azul, en la medida en que esta operación se integró en la cuenta de atrasos y obligaciones pendientes y transitorias procedentes de la etapa de guerra. Por lo que respecta a la bibliografía sobre la ayuda alemana a los sublevados del 18 de julio, ésta es posiblemente la más extensa que se ha producido en relación con otros países. Empezando en España por la aportación de Ángel Viñas, primero con su La Alemania nazi y el 18 de julio (1974), después con Guerra, dinero, dictadura (1984) y, posteriormente, con Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil. Antecedentes y consecuencias (2001). Son aportaciones importantes que hay que tener en cuenta también La política internacional en torno a la guerra de España (1936), de Luis García Arias (1961), La internacionalización de la guerra civil española, de Fernando Schwartz (1999), La República asediada, de Paul Preston (1999a), y la obra de Michael Alpert (1998), Aguas peligrosas. <<

[71] Al margen de la ayuda financiera, el apoyo alemán contribuyó notablemente al triunfo de la sublevación del 18 de julio, y resolvió problemas puntuales muy importantes. Un ejemplo: en diciembre de 1936 llegó a Vigo, procedente de Hamburgo, una enorme instalación de radiotransmisión Lorenz, tres veces mayor que ninguna otra de las que había en España. Y a partir de entonces la voz de Salamanca y de Burgos pudo oírse claramente en toda la España republicana (Thomas, 1979, vol. 3:84). <<

[72] Sobre el desarrollo de la ayuda alemana, la política a partir de la cual fue instrumentada, y los efectos que pudo producir en la economía española, especialmente en cuanto a la estructura del comercio exterior, véanse las siguientes obras: Leitz (1996), que constituye un depurado análisis de las relaciones económicas entre la Alemania nazi y el régimen de Franco, especialmente concentrada en los meses de la guerra civil; Whealey (2005:72 y ss.), con un interesante capítulo sobre el desarrollo de los intereses económicos de Alemania en España construidos a partir de Hisma, de Rowak y de Sofindus; Harper (1967), dedicado fundamentalmente a la intervención alemana en España a través de Hisma-Rowak; y Bowen (2000). <<

[73] Reproducido por Moradiellos (2001:285). Por el Gobierno alemán lo firmó el encargado de negocios de Alemania ante el régimen de Burgos, Wilhelm von Faupel, y por el Gobierno de Burgos, Francisco Franco. <<

[74] Cuando Samuel Hoare llegó a Madrid como nuevo embajador de Gran Bretaña escribió: «nunca he visto un control tan absoluto de los medios de comunicación, prensa, propaganda, aviación, etc., como el que los alemanes tienen aquí. En efecto, me atrevería a decir que la embajada y yo sólo existimos aquí porque los alemanes lo permiten» (Heiberg y Ros, 2006:222-223). <<

[75] Viñas et al. (1979:172). El director de Hisma mantenía que los alemanes debían poner continuamente énfasis en la importancia de la ayuda nazi a Franco y que ante los españoles reacios debían dejar claro «que Alemania no podría tolerar y no entendería una negativa por parte de los españoles de los derechos ya adquiridos… Alemania tiene derecho a las entregas inmediatas por parte de España para su propia guerra económica». Y si los españoles siguieran siendo inflexibles, «Alemania sin duda anticiparía las lógicas consecuencias de esta profunda decepción» y transferiría su capital, tecnología y ciencia a otros países que tuvieran una mayor comprensión de sus necesidades económicas (Harper, 1967:74). <<

[76] Hisma, muy en contacto con el Gobierno de Salazar, y por medio de Nicolás Franco ya establecido en Lisboa, organizó las operaciones de transporte a través de Portugal. En principio, el objetivo de Hisma consistía en disimular el transporte de tropas con aviones alemanes desde África a España. Una operación que se trataba que quedara revestida de carácter económico privado (Bernecker, 2002:167). <<

[77] La constitución de la Hisma se hizo por dos hombres representando a cada uno de los dos países. Por parte española, Fernando Carranza, marino retirado conocido de Franco, y por Alemania, Johannes Bernhardt (García Pérez, 1994:61). <<

[78] El documento se titula «Memoria referente a la constitución, desarrollo y finalidades de “Hisma Ltda.”», y ayuda a entender e interpretar mejor el papel que esta sociedad jugó en las relaciones financieras Alemania-España. <<

[79] Para más información del sistema compensatorio Hisma-Rowak, véase Bernecker (2002:167 y ss.). <<

[80] La Memoria explicaba la importancia numérica de estas operaciones, que a nivel mensual habían comenzado siendo 10 en el mes de octubre de 1936, y que al finalizar el año 1937 ascendían a 12.385. <<

[81] Información exhaustiva sobre las operaciones de Hisma puede encontrarse en la «documentación que entregó el Delegado del Ministerio de Hacienda en Hisma a la Intervención General de la Administración del Estado para rendir cuentas en el momento de la liquidación de dicha sociedad», Archivo General Central del Ministerio de Economía y Hacienda, Caja 27.153, A y B. <<

[82] Whealey (2005:79-80). <<

[83] Si, por ejemplo, un exportador alemán quería hacer una entrega a España, tenía que vender a Rowak, que vendía a su vez a Hisma, cobrando las compañías una tarifa de 0,175% a un 5% por llevar a cabo la transacción (Mochan, 2004:1112). Rowak recibió un crédito del Ministerio de Economía alemán de 3.000.000 de marcos para comenzar las operaciones, e Hisma obtuvo créditos españoles similares en pesetas (Hubbard, 1953:396). <<

[84] En todo caso, la Rowak no dependía tanto de la administración alemana como del Partido Nacional Socialista, que había decidido tomar el control de la ayuda a los sublevados españoles. El material de guerra importado a través de Hisma desde el año 1936 hasta el 31 de diciembre de 1939, ascendió a 467,6 millones de pesetas. Las exportaciones efectuadas por medio de Hisma desde septiembre de 1936 al 31 de diciembre de 1939 ascendieron a 1.000,8 millones de pesetas. Su desglose fue el siguiente: minerales y metales 271,7 millones; materias primas de origen vegetal 92,5 millones; materias primas de origen animal 123,9 millones; víveres de primera necesidad 284,7 millones, y frutos y frutas 227,8 millones de pesetas (Expediente de liquidación de Hisma, Archivo General del Ministerio de Economía y Hacienda, Carpeta 79.702). <<

[85] Sobre la explotación económica a través de Hisma-Rowak, véase Ros (2009:14 y ss.). <<

[86] Sobre la ayuda alemana a Franco, y especialmente las vías de ayuda HismaRowak, véase Molina Franco (2005). <<

[87] Véase también Viñas (2008a:109 y ss.). <<

[88] Eguidazu (1978:189) opina que es posible que, desde el punto de vista político, lo que mantuvo constante la cotización de la peseta, y a una distancia tan importante del cambio de los mercados, fue la influencia que una modificación del tipo de cambio podía tener en los precios de importación. No hay que olvidar que un objetivo político del Gobierno de Burgos, en señal de normalidad, era mantener invariables los precios interiores durante la guerra, frente a lo que, por el contrario, estaba sucediendo en el territorio de la República. <<

[89] Hisma había ido adquiriendo derechos mineros sobre diversos minerales adquiridos, bien directamente como medio de pago o adquiriéndolos con las pesetas de libre disposición que Hisma había ido recibiendo (Velarde, 1968). <<

[90] Rowak ordenó a Hisma considerar el protocolo como base legal para la adquisición de los intereses económicos en la zona nacional. Y durante el transcurso de 1937 y 1938 Hisma se centró en la adquisición de una cantidad importante de derechos de explotación minera (Leitz, 1996:80). <<

[91] Puede verse información adicional sobre estos protocolos secretos en Viñas et al. (1979:168 y ss.). Los autores recuerdan que estos protocolos han sido interpretados de muy diversas maneras, que van desde la que sugiere la claudicación, pura y simple, del Gobierno de Burgos en materia de política económica respecto a Alemania, a la más optimista que la niega. Véase también Ros (2009:17 y ss.). <<

[92] Véase también García Pérez (1994:68 y ss.). <<

[93] En 1938, Hitler quiso firmar un tratado especial de amistad con Franco para vincular más estrechamente a éste a Alemania. Pero Franco evitó dar ese paso, para eludir más enfrentamientos con Francia y el Reino Unido (Payne, 2006:217). <<

[94] Una detallada descripción sobre la Operación Montana, construida a través de los archivos secretos de la Wilhelmstrasse, puede verse en Suárez (1999:575 y ss.). También Velarde (1968) y Leitz (1995:73 y ss.). <<

[95] Desde finales de 1936, Alemania había iniciado un ambicioso programa de situar agentes en España, incluso sin el conocimiento de la propia embajada. «En 1937 proliferaron las oficinas, representaciones comerciales, sucursales de empresas y Casas de amistad con Alemania… Había 38 Consulados en el territorio peninsular, y cuatro en Marruecos» (Suárez, 1997:65-66). <<

[96] Decreto ley del 9 de octubre de 1937 (BOE, 12 de octubre). <<

[97] Hermann Goering, cuyos esfuerzos para obtener minerales para el Reich le había llevado a participar en una compañía de explotación minera en Manchuria en 1935, hacia el verano de 1937 se consideraba «señor indiscutible de la política económica alemana en España». Y cuando esta política se vio amenazada por los españoles que se oponían a las demandas de Montana, y por los ingleses ofendidos porque los alemanes les habían usurpado su posición tradicional, Goering comenzó a asumir una mayor involucración personal en las negociaciones alemanas con Franco, declarando su derecho a hacer reivindicaciones claras con respecto a la custodia del «botín de guerra» de Alemania. En un esfuerzo por conseguir concesiones adicionales, ordenó a Jagwitz, de Hisma-Rowak, que fuera a Salamanca «y pusiera una pistola en el pecho al General Franco». Jagwitz, sin embargo, desaprobó los métodos de Goering, temiendo que las amenazas y la fuerza solamente empeorarían las relaciones hispano-alemanas (Harper, 1967:81). <<

[98] Sobre los minerales españoles de utilidad para Alemania, véase Leitz (1999:83). <<

[99] Sobre el particular caso del wolframio, véase Leitz (1995). Véase también Carmona (2003). <<

[100] Puede verse «Cuentas con Alemania», Ministerio de Economía y Hacienda, Archivo General. Sin duda está incompleto. Empieza el 31 de diciembre de 1940 con la cuenta de pérdidas y ganancias de Hisma y termina en julio de 1945 con un «escrito reservado» que trata de establecer «con toda exactitud el estado de nuestras cuentas con Alemania al 5 de mayo último». Este escrito reservado contiene seis epígrafes y va dirigido al ministro de Asuntos Exteriores. Son éstos: I. Liquidación de los llamados suministros especiales llevados a cabo por el Reich a España durante nuestra guerra de liberación y gastos originados por la participación en dicha contienda de la Legión Cóndor. II. Pagos verificados por el Gobierno español a cuenta de la liquidación que en su día se realice de los expresados suministros especiales. III. Empréstito austríaco. IV. División Azul. V. Cuentas que se llevan al Gobierno del Reich por la Comisión Interministerial para el Servicio de Trabajadores españoles a Alemania, y VI. Cuentas que se llevan por el Instituto Español de Moneda Extranjera para recoger el intercambio de suministros y otras operaciones de clearing con el Estado alemán. <<

[101] Luis Suárez (1997:193) señala que en la cuenta de la Legión Cóndor venía incluido el vestuario, las piezas de recambio, los materiales fungibles y hasta los servicios de las «casas de prostitución». Y se preguntaba cómo podían discutir los españoles la valoración de la ayuda con el dueño «de la formidable máquina de guerra que estaba arrojando a los ingleses al mar y pulverizando al valiente y prestigioso Ejército francés». Añadía que los funcionarios españoles no pudieron «sustraerse a cierta sensación de angustia porque esa factura en aquel momento casi parecía un ultimátum». Había, desde luego, un «medio de eludirla, que era entrar en guerra». En todo caso, los alemanes mantenían que no estaban exigiendo el pago inmediato. Les bastaba la firma de un documento que reconociera la deuda. <<

[102] Viñas et al. (1979:231). <<

[103] La comisión negociadora en Berlín estaba presidida por Ginés Vidal y Saura. Formaban parte de ella José María de Lapuerta y de las Pozas y Manuel Sierra Pumares. <<

[104] Larraz dice en sus Memorias que «Franco estaba bastante indignado con los alemanes». <<

[105] Puede verse el texto íntegro de este protocolo en Suárez (1997:380-381). <<

[106] Algo que complicó aún más la cuestión fue el planteamiento administrativo, porque, mientras los alemanes habían llevado una minuciosa contabilidad y fueron anotando cualquier gasto derivado de su intervención, en España no había sucedido lo mismo, y se carecía de una contabilidad fiable sobre los gastos efectuados. Hasta finales de febrero de 1938 no se contó con un departamento que centralizara los encargos de material militar y firmara las facturas. Véase García Pérez (1994:77-78). <<

[107] Según cuenta Larraz (2006:329) en sus Memorias, en carta del 17 de febrero de 1941, el encargado de la negociación por cuenta del Gobierno español en Berlín, Lapuerta, le comunicaba: «Nos hemos batido como gatos panza arriba según tus instrucciones, pero hemos tropezado con el tigre panza abajo, según yo me temía». <<

[108] Sobre el proceso de negociación de España con los representantes del Consejo de Control Aliado para Alemania (CCA), véase Martorell (2008:614-616). <<

[109] Viñas (1979b). <<

[110] Tiene interés a esos efectos la obra de Eguidazu (1978), que fue la primera que abordó de forma sistemática y completa la intervención monetaria y el control de cambios en España en el siglo XX. También Viñas et al. (1979). Y es significativa, especialmente, la aportación de Martínez Ruiz (2006a). Véase también Martínez Ruiz (2008a). Unos trabajos que han aportado nuevas evidencias cuantitativas sobre las relaciones internacionales de cada uno de los dos bandos y para España en su conjunto, así como una investigación en algo no suficientemente conocido hasta el momento como las políticas de cada bando en el área exterior, sus resultados y las influencias que en cada uno de ellos pudieron tener los acontecimientos políticos. También Tena (1992:55 y ss.). <<

[111] Sobre la política comercial republicana y el contexto internacional y político que se produjo inmediatamente de iniciada la guerra, véase Martínez Ruiz (2006a:25-43). <<

[112] Véase Eguidazu (1978:145 y ss.). <<

[113] Martínez Ruiz (2006a:25) da como ejemplo los convenios firmados con Bulgaria, Chile, Estonia, Gran Bretaña, Italia, Rumanía y Yugoslavia, que registraron una actividad muy reducida a partir del estallido del conflicto. <<

[114] Elena Martínez Ruiz (2006a:29) señala como ejemplos de bloqueo de fondos los casos de Bélgica, Suiza y Finlandia, y como casos en los que se exigía una compensación del 100% Austria, Brasil, Checoslovaquia, Chile, Ecuador, Hungría, Polonia y Noruega. <<

[115] Véase con detalle esta política de Negrín de centralización de comercio del Estado bajo la rúbrica de Campsa-Gentibus, creada en el seno de la Campsa, cuyo objetivo era «la compra y venta en el extranjero, así como en el interior del país, de toda clase de artículos alimenticios, primeras materias y artículos fabricados indispensables para el normal desarrollo de la vida del país» (decreto del 25 de febrero de 1938, en Martínez Ruiz, 2006a:36-37). <<

[116] Véase Eguidazu (1978:189). <<

[117] Véase el capítulo IX, «El sistema financiero del Gobierno de Burgos». <<

[118] A finales de septiembre de 1936 las reservas de plata de la zona nacional ascendían a sólo 123 millones de pesetas, procedentes de las sucursales del Banco de España (Eguidazu, 1978:150). <<

[119] Véase Viñas et al. (1979:145). <<

[120] Eguidazu (1978:178). <<

[121] Los datos utilizados, referentes a 1939, son los del Gobierno español, corregidos para incluir los tres meses que faltaban. <<

[122] Las cifras oficiales que se venían manejando se referían tan sólo a las exportaciones verificadas durante el primer semestre de 1936 (para toda España), de 1937 y 1938 (sólo para la zona nacional, con base en octubre de 1938) y de abril a diciembre de 1939 (para toda España). <<

[123] Tena hizo un notable esfuerzo, dedicando a ello cuatro años de trabajo, becado por el Banco de España en el Instituto Universitario Europeo y en las bibliotecas de la London School of Economics, de la British Library y de la Nazionale de Florencia. <<

[124] Véase «La red exterior», en Sánchez Asiaín (1992:160-170; 1999a:254268). <<

[125] Se conocen, por ejemplo, las relaciones que la banca del País Vasco instalada en Barcelona mantenía en abril de 1938 con un buen número de bancos. Uno de los informes de las numerosas circulares enviadas a los corresponsales extranjeros ofrece el siguiente testimonio: Banco de las Islas de Filipinas (Manila), Nordiske (Helsindorf), The First National Bank of Boston (La Habana), The Royal Bank of Canada (La Habana), The Royal Bank of Canada (Río de Janeiro), The Royal Bank of Canada (Santiago de Cuba), Bank of Rumania (Bucarest), Banque Federale de Credit Hongroise (Budapest), Simon Hirschand (Hamburgo), Commerz und Privatbank (Berlín), Deutsche Bank (Berlín), Dresdner Bank (Berlín), Banco de Chile (Valparaíso), Banco de Chile (Santiago), Banco Francés e Italiano para la América del Sur (Santiago) (Archivo de Bergara, Documento fechado en Barcelona el 15 de abril de 1938). <<

[126] Véase Bécker (1988). <<

[127] En el Consejo de Administración del 2 de junio de 1937, al rehacer la organización en la zona sublevada, se planteó que los objetivos del Banco Exterior de Burgos debían ser «controlar y dirigir aquellas sucursales [Guinea Española] y fomentar el desarrollo agrícola y comercial de allí, tan interesante en estos momentos para la Patria, mayormente con productos que son susceptibles de exportación al extranjero, y de aquellos otros que puedan ser importados en España, reduciéndose de este modo la necesidad de comprar al extranjero, en beneficio de la balanza comercial». <<

[128] En la sesión del Consejo de Administración del 11 de agosto de 1937 se dejó constancia en acta de que el Banco Hispano Colonial tenía unos créditos por valor de 80 millones de lei rumanos, planteando «la posibilidad de su liquidación, en beneficio del supremo interés nacional». Al tiempo el banco enviaba circulares a sus corresponsales en Rumanía, Italia y Alemania para canjear los saldos favorables que existían en aquellos países. <<

[129] Hay que destacar que en esta crisis los equipos que dirigían las oficinas de París y Londres plantearon una defensa abierta de la empresa y del negocio, del mismo tipo que la que se planteó en el interior de España, pero con la notable capacidad de maniobra que les otorgaba el principio de extraterritorialidad. Es decir, que se consideraron y actuaron como plenamente independientes. <<

[130] Decreto del 23 de diciembre de 1936 y orden del 5 de enero de 1937. <<

[131] La Delegación oficial del Gobierno vasco en París se lo comunicó con fecha 18 de enero, añadiendo que «conociendo su patriotismo, tenemos la seguridad de que aceptará tan honrosa designación, por lo que esperamos su contestación inmediata» (Fondo Beyris del Archivo de Bergara). Para más información sobre esta situación, véase Sánchez Asiaín (1992:165 y ss.). <<

[132] «Con tal carácter salí de Bilbao antes de iniciarse los actuales sucesos. Me cabe, pues, una responsabilidad moral sobre lo hecho en dichas sucursales desde el principio de la guerra civil hasta fin de año [1936], o por mi iniciativa, o con mi aprobación, o con mi conocimiento, aunque fuera contra mi gusto». <<

[133] Concluía su exposición en los siguientes términos: «lo digo, aunque sea innecesario, porque sin jactancia alguna, no quiero mostrar cobardía, ni mucho menos que puedan suponérseme habilidades de postura. Mi posición, por lo que hace a este punto es muy delicada pero muy clara: hacer lo posible para ver si se llega para lo futuro a un modus vivendi que aplicado con toda lealtad, evite una lucha de resultado quizá incierto, pero de consecuencias desastrosas. Si eso no puede ser, abstenerme en absoluto de intervenir en el Banco de Bilbao» (Carta de respuesta de Domingo Epalza al Gobierno vasco, Fondo Beyris del Archivo de Bergara). <<

[134] La ocupación armada se produjo el 26 de mayo de 1937. <<

[135] No pudo encontrarse un banco inglés que financiara a la sucursal, viéndose los apoderados obligados a negociar un crédito hipotecario de 50.000 libras esterlinas con la garantía del inmueble que ocupaba la oficina, propiedad de una sociedad filial del Banco de Bilbao. Pero al vencimiento del crédito se produjeron grandes dificultades para conseguir su renovación y al final se consiguió una prórroga muy corta con la promesa de poner el inmueble a la venta. Incluso se llegó a subastar éste, pero tuvo que detenerse la operación al no alcanzar las ofertas el mínimo señalado por los vendedores. <<

[136] Respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido a la consulta de la representación estatutaria del Banco de Bilbao. <<

[137] El 24 de junio de 1937 Anthony Eden, secretario del Foreign Office, fue preguntado en la Cámara de los Comunes sobre la petición de Franco al Reino Unido de que le fueran reconocidos derechos de beligerancia. En ese momento, para el Gobierno de Su Majestad, el Gobierno legítimo de España era el republicano. A partir de entonces el «resistir es vencer» se llevó a la acción internacional. Y empezó la «venta» de la República a distintas cancillerías. A veces con dificultad. En Londres, en pugna con el duque de Alba, que realizaba la misma labor por cuenta del Gobierno de Burgos. En Francia, donde el Gobierno republicano contaba con muchas simpatías que se fueron diluyendo a medida que pasaba el tiempo, haciendo cada día más difícil la defensa de la legalidad republicana española en ese país (Bahamonde y Cervera, 1999:55 y ss.). <<

[138] Información sobre los pleitos de Londres y París puede verse en Sánchez Asiaín (1992:168 y ss.) y Cruzado (1987). Para París, Tedde (1982b). Para Londres, Martín Aceña y Schwartz (1981). <<

[139] En La Rochelle-Poitiers, Flessinga-Middlebourg, Cerbère, Bayona y Mont de Marsan. <<

[140] Para más información sobre los pleitos mantenidos en el exterior con motivo de la confiscación de bienes a los bancos españoles, véanse las memorias de Niceto Alcalá-Zamora (1998:442 y ss.), en las que detalla su colaboración con bufetes holandeses y franceses en relación con la recuperación de estos activos. <<

[1] Figueras, en la provincia de Gerona, situada en la comarca del Alto Ampurdán, próxima a la frontera francesa. Nudo de comunicaciones ferroviarias y por carretera. El castillo de San Fernando en Figueras, llamado también el castillo de Figueras, era el monumento de mayor dimensión de Cataluña y la fortaleza más grande de Europa en el siglo XVIII. Tiene 320.000 metros cuadrados de superficie y 3.125 metros de perímetro exterior, con un foso de 15 hectáreas de superficie. Fue construido en el Ampurdán para proteger a Cataluña de eventuales agresiones procedentes de Francia. Se inauguró en 1766. En los primeros momentos de la guerra se utilizó como lugar de adiestramiento de voluntarios que se incorporaban a las Brigadas Internacionales. <<

[2] El Estado Mayor Central estaba en La Agullana, la Subsecretaría de Aviación en Cabanellas, Armamento en Besalú, Marina en Rosas, la Dirección General de Seguridad en Figueras, Tierra y la Subsecretaría de Presidencia se alojaban en el propio castillo. Y por lo que respecta a los ministros, cuatro de ellos vivían en Figueras en una misma casa. El presidente de la República lo hacía en el castillo de Perelada. El presidente del Gobierno residía en la Masía del Torero, una casa de campo situada entre La Agullana y La Vajol. <<

[3] Para una mayor información sobre cómo se vivieron los últimos días del Gobierno republicano en el castillo de Figueras, y sobre la evacuación a Francia, véase Martínez Barrio (1983). También Zugazagoitia (1968, vol. 2:212 y ss.). Una sucinta pero completa referencia de lo ocurrido en el castillo de Figueras puede verse en Bolloten (1989). Véanse también Pi i Sunyer (1975:621 y ss.) y Miralles Palencia (2003:305 y ss.). <<

[4] Una detallada versión de la dramática intervención de Negrín, no demasiado conocida, puede verse en las memorias de Martínez Barrio (1983:392 y ss.). Sobre la última sesión plenaria de las Cortes en suelo español, véase también Moradiellos (2006:416 y ss.). <<

[5] El «resistir es vencer» de Negrín se justificaba en una buena parte en que pensaba que había que aguantar, resistiéndose hasta que estallase en Europa el inevitable conflicto. Porque en ese supuesto, razonaba, Francia y Gran Bretaña se verían obligadas a asumir la causa republicana (Moradiellos, 2004:132). <<

[6] Stanley G. Payne (2010:264) recuerda que, en opinión del propio Negrín, la gran debilidad del Frente Popular no fue tanto su incapacidad militar como la ausencia de unidad y el desánimo y los errores de sus dirigentes políticos. <<

[7] Detalles sobre la salida de Azaña, pueden verse en Cierva (1997b:75 y ss.). <<

[8] El 6 de febrero Negrín concertó con las autoridades francesas la autorización de que pasaran la frontera por Le Perthus varios camiones conteniendo lo que había de constituir el cargamento del Vita. La autorización fue hecha con «franquicia», es decir, sin ser revisado su contenido (Moradiellos, 2006:425). <<

[9] Anteriormente Julián Zugazagoitia estuvo alojado en el castillo de Figueras. <<

[10] Libro fundamental para comprender cómo se insertó la problemática del exilio en los planteamientos financieros. Virgilio Botella Pastor ingresó en 1926 en el cuerpo de intendencia de la armada. Durante la guerra civil desarrolló distintas misiones al servicio del Gobierno de la República. Se exilió en enero de 1939 y tras la reconstitución de las instituciones de la República española de México en agosto de 1945 y el traslado del Gobierno a París, se incorporó al mismo como director general de los Servicios Administrativos, donde permaneció hasta 1956. Vivió con mucha intensidad los problemas de la emigración y fue testigo privilegiado de algunas de las grandes operaciones financieras de la República. También formó parte de la comisión para fiscalizar las cuentas que presentaron Prieto y sus compañeros de la JARE sobre el uso que se había hecho de la contrapartida monetaria de los bienes que viajaron en el Vita. Murió en 1996. Su libro no se publicó hasta el año 2002. <<

[11] En aquel momento jefe de ingenieros del ejército del Ebro (Botella Pastor, 2002:95-96). <<

[12] Se trataba de seleccionar los objetos, valorarlos, hacer una ficha de cada caja o paquete con el nombre y señas del propietario y su procedencia, empaquetarlo y acomodar los valores y objetos para su transporte. <<

[13] La movilización del tesoro artístico, sus peripecias y su salida al exterior, ha sido muy estudiada. Sin embargo, esta operación no se analiza en este trabajo porque no hay indicios de que en ningún momento se considerara como fórmula de financiación. En cuanto a la operación en sí misma, puede verse la obra de Arturo Colorado (2008). <<

[14] También las monedas de oro de la colección del Museo Arqueológico Nacional y de la Casa de la Moneda fueron trasladadas, después de muchas vicisitudes, al castillo de Figueras. Más información sobre ello puede verse en el capítulo XVI, «Suscripciones e incautaciones». <<

[15] Los más importantes eran los de Olot, Bescano, Garnius y Agullana (Botella Pastor, 2002). <<

[16] Se entiende mejor esta descripción si se recuerda que las tropas republicanas habían dinamitado, en su huida, el castillo, y que la explosión reventó las cajas que contenían el «tesoro». <<

[17] La bibliografía sobre los recursos que administró Negrín en el exilio es muy reducida. La más destacada, sin duda, es la obra de Moradiellos (2006), quien ha dedicado una buena parte de su carrera de historiador a la figura de Negrín y trabajado en los archivos de la Fundación Canaria Juan Negrín y en el archivo particular de Juan Negrín, hijo, de París. Un amplio relato de la actividad de Negrín durante la guerra, de su pensamiento, de lo que hizo y cómo lo justificaba, así como de su peripecia vital terminado el conflicto, hasta su muerte en París en noviembre de 1956, puede verse en «El rostro humano de un vencido» (Moradiellos, 2004:171-194). También deben tenerse en cuenta las obras de Miralles Palencia (2003) y Olaya (1996 y 1998). <<

[18] Véase el epígrafe «Descerrajamiento de las cajas de alquiler», en el capítulo XVI, «Suscripciones e incautaciones». <<

[19] Prieto (1990:57-58). <<

[20] Prieto (1990:127). <<

[21] Francisco León Trejo era el 18 de julio jefe militar del aeródromo de Cuatro Vientos. Posteriormente director de Material y de Industrias y Fábricas de Aviación. Desde septiembre de 1938 a marzo de 1939 fue delegado aeronáutico de la embajada de España en Estados Unidos. <<

[22] Más información sobre el papel que desempeñó durante la guerra civil Fernando de los Ríos como embajador en Washington, véase Fox (2010:155 y ss.). <<

[23] Largo Caballero (1976:243), «Carta desde París de enero de 1946». <<

[24] En el Vita fueron depositados cuadros de valor extraordinario y muchos objetos de culto expoliados en diferentes iglesias españolas. <<

[25] La petición se la hizo a través de Méndez Aspe. <<

[26] Véase también Martínez Saura (1999:582-583). <<

[27] Olaya documenta que Álvaro de Albornoz dispuso de 115 millones de francos a su nombre, más otros 90, conjuntamente con Alejandro Otero. Que éste y Araquistain dispusieron de otros 41 millones de francos. Que Pedro Pra, juntamente con Rafael Méndez y Pilar Brea, dispusieron de 195 millones, y que Pedro Pra y Luis Riaño de otros 200 millones. Véase una lista más amplia en Olaya (1998:149). <<

[28] Véase Olaya (1996:71 y ss.). <<

[29] Esta cesión se hacía para poder pagar deudas de material de guerra, pero Rubio García-Mina (1977:133) recuerda que, de la exposición que hace de ello Rivas Cherif, se deduce que dejaba un remanente que debería ser abonado por el Gobierno soviético al de Negrín. <<

[30] En búsqueda de ejemplos en cuanto a la utilización ilegal de fondos de la República, Olaya trabajó sobre los documentos localizados en el Centro Ruso de Conservación y Estudio de Documentos de Historia Contemporánea referentes al oro, las joyas y las piedras preciosas que el Partido Comunista de España y sus dirigentes pasaron a Francia. Obtuvo material especialmente del Fondo 495 (Dimitrov), referente a los siguientes epígrafes: «Objetos del Gobierno español», cobro de doce millones por el oro, 52.000 libras esterlinas por los diamantes y 1.200.000 por la plata; «Objetos del Partido Comunista Español», 16 maletas, un millón de diamantes, siete millones de oro, 20.000 por las perlas, más acciones y obligaciones; «Recuperación de antiguos acreditativos españoles», 12 millones por pertrechos, 55 millones por la plata, 55 millones por 25 aviones Focker (Olaya, 1996:8). <<

[31] Olaya (1998:173). <<

[32] Véase el capítulo XXVI, «Financiación del exilio. La administración republicana de los fondos en el exterior». <<

[33] Véase Howson (2000). Olaya (1998:149-150) recuerda también que hubo falta de programación financiera, desorden administrativo, falta de coordinación y un pésimo control de malversaciones. <<

[34] Una exposición detallada de la corrupción del sistema, a cuyo análisis Francisco Olaya Morales ha dedicado una gran parte de su vida, puede verse en sus obras (1996 y 1998). Francisco Olaya Morales ha ido ofreciendo, a través de sus investigaciones, un buen ramillete de ejemplos. Trabajó durante más de 20 años para profundizar en los entresijos de la ayuda extranjera al golpe de Estado de julio de 1936. Especialmente en el mundo de los traficantes de armas, sobre la proliferación de comisiones de compras del oro español y sobre los escándalos financieros de todo tipo que se dieron durante y después de la guerra. Lo hizo en un escenario en el que los archivos de partidos políticos y de organizaciones sindicales habían desaparecido en casi su totalidad y otros quedaron fragmentados en malas condiciones de utilización. Pese a ello, Olaya, a partir de los materiales encontrados en los casi 50 archivos que manejó en esos años y que se encuentran citados en las primeras páginas de sus dos obras básicas sobre esa cuestión, ha sido capaz de hacer un inventario, que no existía hasta la fecha, de pequeñas y grandes actuaciones e incidentes en relación con los temas que estudia y que son fundamentales a la hora de analizar cómo discurrió el submundo de la actividad financiera de la guerra civil, especialmente desde el lado de la República. <<

[35] La bibliografía sobre el llamado «tesoro del Vita» es abundante, aunque muy repetitiva. Su contenido económico, sin embargo, es escaso, y en muchas ocasiones hay que ir recuperando información diseminada en diferentes investigaciones para completar un cuadro, en orden a conocer, al menos con una cierta aproximación, cuáles fueron las finanzas de la posguerra y especialmente la financiación del exilio como tal. En primer lugar, es necesario contar con la obra de Amaro del Rosal (1976), que fue director general de la Caja General de Reparaciones, organismo del que provenía la mayor parte del cargamento del Vita. Terminada la guerra se sintió obligado a escribir su historia. También Giral y Santidrian (1977), Saiz Valdivielso (1984), Calle y Simón (2005), especialmente el capítulo IX, «El fabuloso tesoro del Vita», Largo Caballero (1976), Hernández de León-Portilla (2004), Mateos (2005 y 2006), Rubio García-Mina (1977), Cierva (1988), Fuentes Mares (1975), Herrerín (2007), Cabezas (2005), González Mata (1972) y Palomar (2009). <<

[36] A esos efectos, a principios de octubre de 1937, Juan-Simeón Vidarte, uno de los más destacados dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, muy próximo al presidente Lázaro Cárdenas, fue enviado a México por Negrín, con el objetivo de sondear a este último sobre la eventualidad, en caso de perder la guerra, de abrir sus fronteras a una inmigración que sin duda se plantearía, aunque en aquellos momentos todavía se seguía afirmando públicamente la determinación, para ganar la guerra, de sacrificar hasta el último hombre y la última peseta (Vidarte, 1978:764 y ss.). <<

[37] Amaro del Rosal (1976:83) recuerda que el ministro le pidió «un hombre de banca de absoluta confianza, para encomendarle esa misión… El nombre salió de inmediato: Gonzalo Zavala, uno de los gobernadores del Banco de España y director de la sucursal del Banco en París». <<

[38] Y allí mismo se estableció que esta compañía quedaría bajo la dirección de Luis Guillén Guardiola, funcionario del Banco Hispano Americano y director general del Centro de Contratación de Moneda. Éste salió a los pocos días para México, y no mucho más tarde lo hizo un grupo de empleados bancarios de confianza que se ocuparían de administrar la sociedad (Rosal, 1976:87-88). <<

[39] Su «Historia del Vita» no solamente es un relato pormenorizado de lo que sucedió en cada momento, sino también un análisis de las distintas personas que, a diversos niveles, fueron interviniendo, lo que prácticamente la convierte en una historia vital de éstos y de sus frustraciones (Rosal, 1976). <<

[40] El inventario que hizo Rosal de lo embarcado en el Vita puede verse en Rosal (1976:113-119). <<

[41] En un informe del Archivo Indalecio Prieto se dice que el Vita fue comprado en París el 9 de agosto de 1938 por Marino Gamboa y Urcelay. El barco tenía 750 toneladas de desplazamiento, estaba muy bien equipado y fue construido en Kiel (Alemania) en 1931 (Cabezas, 2005:439-440). Había sido el yate de recreo de Alfonso XIII con el nombre de Giralda. En junio de 1940 el Vita se vendió a José Luis Antorica por 400.000 pesos mexicanos, cantidad que le había sido facilitada por Prieto en calidad de préstamo. Hubo que liquidar salarios atrasados con la tripulación y, bajo el nombre de Abril, navegó hacia Acapulco, donde se ocupó del servicio turístico. Dos años más tarde se vendió a una empresa de la armada norteamericana por el precio de 140.000 dólares que recibió Prieto (Cabezas, 2005:468). <<

[42] El empleado del Banco de España en París, Gordo, fue quien adquirió 120 maletas para acomodar los paquetes previamente preparados, etiquetados y con la ficha de su procedencia y calidad del depósito. Todo perfectamente controlado e inventariado, insiste Amaro del Rosal. Lo único que no pudo ser especificado en detalle fue lo que contenía un grupo de cajas que representaban el mayor volumen de la expedición. Para el resto, cada bulto, cada caja estaba perfectamente inventariado y una copia de ese inventario iba con la documentación del barco. Amaro del Rosal (1976:17 y ss.) trata de demostrarlo con dos casos de personas expropiadas que, a través de unos conocidos cercanos a Prieto, reclamaron sus pertenencias, y a las dos se les entregó el contenido de los paquetes que reclamaban. <<

[43] Véase González Mata (1972). <<

[44] La información sobre esta evaluación se publicó en la primera página del diario Excelsior del 28 de julio de 1939. En ella se decía también que, hecha pública la existencia en México de una fuerte suma de dinero perteneciente al Gobierno republicano español, la cotización del dólar respecto al peso mexicano bajó algunos puntos. <<

[45] Véase en el capítulo XXVI, «Financiación del exilio. La administración republicana de los fondos en el exterior», el epígrafe «Liquidación de los fondos recibidos». <<

[46] La pequeña historia de por qué Prieto se hizo cargo del contenido del Vita está ya muy contada. Entre otras fuentes puede verse Palomar (2009:97 y ss.). <<

[47] Sobre la administración de los activos que transportó el Vita véase la correspondencia entre Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos en Ruiz-Manjón (2010). <<

[48] Mateos (2006:3 y ss.). Negrín entendía que la victoria de Franco era algo pasajero y que, a medio plazo, se formaría un nuevo Gobierno republicano (Mateos, 2008b). <<

[49] Véase Cabezas (2005:441). <<

[50] Sobre las precauciones tomadas y algún incidente en el proceso de monetización, véase Herrerín (2007:10 y ss.). <<

[51] Véase Cabezas (2005), Rosal (1976) y Saiz Valdivielso (1984). <<

[52] Según Amaro del Rosal (1976:154), los locales «fueron» asaltados. <<

[1] El autor tiene una deuda de gratitud con su amigo de tantos años Julio Alcaide Inchausti por su ayuda en la búsqueda del papel desempeñado por los precios y los tipos de cambios vigentes en ambos bandos. <<

[2] El edificio que albergaba la Subdirección General de Estadística quedó cerca de la línea del frente de la Ciudad Universitaria y los servicios tuvieron que dispersarse por diversos edificios administrativos de Madrid. Posteriormente, se trasladaron a Valencia, y después a Barcelona. Por ello, la actividad estadística se redujo drásticamente en la zona republicana (Celestino Rey, 2001). <<

[3] Para la operación de bloqueo y desbloqueo en relación con los precios, véanse «El canje monetario y la “operación bloqueo”» en el capítulo IX, «El sistema financiero del Gobierno de Burgos», y el capítulo XXIV, «La unificación monetaria. La Ley de Desbloqueo de 1939». En este último y en el anexo 11 puede verse con detalle cómo se obtuvo la serie de índices de precios de la zona republicana durante el período de guerra civil. <<

[4] Este instituto fue creado en 1930 por la Diputación de Barcelona y estaba dirigido por el economista José Antonio Vandellós. Los resultados se fueron publicando al principio en el Butlletí de l’Institut d’Investigacions Econòmiques y, desde 1934, en el Butlletí Mensual d’Estadística que editaba el Servicio Central de Estadística de la Generalitat bajo la dirección del mismo Vandellós. La serie ha sido rescatada por Maluquer (2008:1129). <<

[5] Decreto del 13 de mayo y orden del 12 de julio de 1938. <<

[6] Subdirector del Servicio de Estudios del Banco de España en el momento de la sublevación, huyó a la zona nacional. Fernández Baños elaboró inmediatamente un verdadero plan de estadísticas económicas, que permitía tener un conocimiento del desarrollo en cada momento de la economía de la zona nacional. Propuso la creación de un Laboratorio Central de Estadística Económica de España, órgano básico de gestión económica del Gobierno de Burgos, y creó la serie de índice de precios y coste de vida. Fernández Baños se ocupó también de diseñar con urgencia un plan de estadísticas económicas que sirvió de base para la ley del 30 de enero de 1938, que reorganizó la Administración Central del Estado y puso en marcha el Servicio Nacional de Estadística. <<

[7] Este índice no incorpora a la serie original más cambios que los necesarios para las ponderaciones que exigen hoy los nuevos hábitos de consumo. <<

[8] Para mayor detalle de lo que supuso esta operación y las aportaciones de Olegario Fernández Baños a la estadística española, véase Martínez López y Celestino Rey (2003). <<

[9] Véase el Noticiero de España, 67, 24 de diciembre de 1938. <<

[10] El Noticiero de España (44, 16 de julio) lo justificaba recordando la ecuación de Fisher. <<

[11] Referidas a una cesta de 12 artículos básicos alimenticios. <<

[12] Las disposiciones oficiales que se utilizan en este epígrafe proceden, hasta septiembre de 1937, de la obra de Monleón de la Lluvia (1937), Catorce meses de legislación revolucionaria. A partir de esa fecha, la información está tomada directamente de la colección oficial de la Gaceta de la República. <<

[13] Decreto del 26 de agosto de 1936 (Gaceta de Madrid del 27 de agosto). <<

[14] Estos jurados fueron creados por decreto del Ministerio de Justicia del 10 de octubre de 1936 (Gaceta de Madrid, 11 de octubre). <<

[15] El decreto citaba trigos y sus harinas, cebada, avena, centeno, arroz, legumbres y sus harinas, hortalizas, frutos, pan, azúcar, aceite y sal. <<

[16] Carnes frescas y saladas, pescados, sus salazones y conservas, huevos, leche, mermeladas y conservas vegetales. <<

[17] Decreto del 27 de agosto de 1937 (Gaceta de la República, 29 de agosto). <<

[18] Orden del 29 de agosto de 1937 (Gaceta de la República, 31 de agosto). <<

[19] Véase Sánchez Asiaín (2004:40 y ss.). <<

[20] El gobernador expuso al Consejo lo tratado en la comisión de administración que acababa de celebrarse, en relación con la petición formulada por el Comité Sindical de Empresa UGT de la sucursal de Valencia de que «en atención a las circunstancias de carestía de la vida, se conceda al personal del Banco que presta servicio en territorio leal, una remuneración extraordinaria». El acuerdo señalaba que «solamente percibirán esta gratificación quienes presten servicios al Banco, o se encuentren en los frentes de guerra o trabajen para el Estado» (acta correspondiente a la sesión celebrada el 25 de junio de 1937). <<

[21] García Méndez era la persona que, como presidente de un comité de empleados, se hizo cargo del Servicio de Estudios. <<

[22] Orden del 5 de septiembre de 1936 (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España del 10 de septiembre). <<

[23] Decreto del 13 de octubre de 1936 (BOE, 20 de octubre). <<

[24] Noticiero de España, 26, 26 de febrero de 1938. <<

[25] Ley del 30 de enero de 1938 (BOE, 31 de enero). <<

[26] Véase el capítulo XXIV, «La unificación monetaria. La Ley de Desbloqueo de 1939». <<

[27] El autor tiene que agradecer a Carmen Alcaide Guindo, presidenta del Instituto Nacional de Estadística en los años 2000-2008, su ayuda y toda la información suministrada en relación con el análisis del momento en que el Gobierno tuvo que acometer la operación de refundir las dos series de precios que se habían utilizado durante la contienda. <<

[28] Rentas per cápita para el período 1933-1945 tomadas de Prados de la Escosura (2003:665). <<

[29] Véase el capítulo III, «Preparación de la sublevación». <<

[30] Véase el epígrafe «Comparación de los poderes adquisitivos de la peseta en cada una de las dos zonas durante la guerra» en este mismo capítulo. <<

[31] Hay que recordar la existencia, hasta julio de 1959, de un sistema de «control de cambios» discrecional por el Estado de las operaciones de compraventa de divisas, que se caracterizó por la fijación de diferentes tipos de cambio, al margen del oficial, para «dirigir» los movimientos comerciales en el exterior, es decir, un sistema de tipos de cambio múltiples. En realidad, hasta el Plan de Estabilización de 1959, la peseta no fue una moneda convertible. <<

[32] El mercado oficial de divisas pasó a ser responsabilidad del Banco de España a partir de 1974. <<

[33] Noticiero de España, «Notas financieras», 14, 4 de diciembre de 1937. <<

[34] La única investigación conocida es la del Instituto de Globalización y Política Monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos en Dallas, en la que los economistas Enrique y Valentín Martínez García, dirigidos por Stanley G. Payne, están tratando desde hace años de reconstruir las series históricas de esas cotizaciones para conocer en qué medida pudo influir en la cotización de las dos pesetas el curso de la contienda. <<

[35] Véase también Alcaide y Alcaide Guindo (2004). Los datos incluidos en la tabla para los años de la guerra son los oficiales fijados por el Gobierno de Burgos. Como puede verse, los tipos de cambios respecto al franco discrepan significativamente de los tipos de cambios del mercado libre incluidos en el epígrafe anterior. <<

[36] Viñas (2007:386 y ss.). <<

[37] Véase Howson (2000:208). <<

[38] Este fenómeno produjo una importante distorsión en las relaciones de la Unión Soviética con el mundo occidental a partir de la caída del muro de Berlín. Porque desde ese momento, las relaciones interempresariales entre un mundo y otro tuvieron que someterse a un complejo ajuste de conceptos y de realidades. Y los empresarios soviéticos tuvieron que aprender rápidamente qué era y qué significaba el concepto de «amortización». <<

[39] Según Viñas (2007:389), el tipo oficial de cambio cumplía tres funciones básicas: se utilizaba para adquirir divisas a los extranjeros (turistas, diplomáticos y misiones extranjeras), para regularizar las cuentas de los soviéticos que salían al exterior (soldados y civiles enviados a España), y para expresar en rublos las estadísticas de comercio internacional. <<

[1] Sánchez Asiaín (1999a:91-99; 1999b). En ambos trabajos puede verse un mayor desarrollo sobre la materia y abundante información sobre las fuentes. <<

[2] Martín Aceña y Martínez Ruiz (2006b) entienden que el análisis de los aspectos económicos de la guerra civil presenta dificultades que no cabe ignorar, porque la información cuantitativa es escasa y dispersa, y que queda mucho por hacer en los archivos nacionales y extranjeros, donde existe documentación todavía sin explotar. Martín Aceña (2006:28 y ss.) ha hecho un esfuerzo importante para analizar los efectos producidos por la guerra civil en la economía española, comparándolos con los que en su momento supusieron sus respectivas guerras civiles a Estados Unidos, México y Rusia. Desde luego, en todas se produjo un retroceso económico, descendió la capacidad productiva y las rentas agraria e industrial. También hubo transferencias notables de recursos humanos y financieros del sector civil hacia el conflicto bélico. <<

[3] Véase Rosés (2008:340-341). <<

[4] Para su cálculo, Thomas (1961:507) utilizó el «Resumen Provisional» del BOE del 4 de agosto de 1940 (Véase Ministerio de Hacienda, 1941). Explicaba que el elevado gasto de los republicanos podía atribuirse en parte al alto coste del personal de su ejército, recordando que ésta era también la opinión de un informe del Foreign Office británico de marzo de 1939 (Thomas, 1979, vol. 5:18 y ss.). Sirva como prueba el que un combatiente de la República recibía una paga de 10 pesetas diarias, mientras que el del ejército del Gobierno de Burgos percibía 3 pesetas. <<

[5] Eccles (1939). Véase el epígrafe «Una visión externa sobre las finanzas de guerra» en el capítulo IX, «El sistema financiero del Gobierno de Burgos». <<

[6] Comisaría de los Planes de Desarrollo (1963). La estimación estaba realizada sobre la base de la población activa según el censo de 1940 y su comparación con la cifra que normalmente se hubiera alcanzado de haberse seguido la tendencia del decenio anterior (1920-1930). <<

[7] La República empleó como instrumento fundamental de financiación el oro del Banco de España y anticipos del mismo banco a cuenta del Tesoro. El Gobierno de Burgos se financió mediante endeudamiento con el Banco de España en Burgos y de otras fuentes, entre las que destacan los créditos de Italia y Alemania. Pero los dos bandos utilizaron muchas más rúbricas, como se ha visto. <<

[8] Es muy importante para la investigación de este epígrafe, la obra de Cayón y Muñoz Rubio (2008). <<

[9] No parece sin embargo que las destrucciones en viviendas fueran tan importantes como tradicionalmente se ha querido indicar, en la medida en que las grandes concentraciones de población, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, entre otras, fueran relativamente poco castigadas. Las destrucciones más graves afectaron en general a poblaciones de segundo orden. En todo caso, según Clavera, la destrucción de viviendas no fue superior a un 0,5% del total. La segunda guerra mundial supuso la destrucción de un 3% de las viviendas en Francia, un 2% en Gran Bretaña, un 4% en Italia y un 24% en Alemania (Clavera et al., 1973, vol. 1:168). <<

[10] La flota mercante de buques no inferiores a las 100 toneladas contaba en 1935 con 951 naves que totalizaban 1.176.359 toneladas de arqueo. En 1939 el número de buques había disminuido a 824 y su capacidad a 913.898 toneladas de arqueo (Catalan, 1995:44). <<

[11] El 18 de julio de 1936 los ferrocarriles españoles de vía ancha tenían en servicio 2.800 locomotoras, 3.483 coches de pasajeros y 69.222 vagones de carga. El 1 de abril de 1939 esas cifras se habían visto reducidas a 1.837, 1.740 y 41.700, respectivamente. Los puentes y los enlaces de carreteras y ferrocarriles fueron objetivos militares preferentes. Los puertos fueron insistentemente bombardeados. El número de teléfonos en servicio disminuyó en un 15% (Catalan, 1995:44 y ss.). <<

[12] Thomas utilizaba como fuente un informe de la Dirección General de Regiones Devastadas de 1943. <<

[13] Barciela (1983:653 y ss.), refiriéndose sólo a la producción de trigo, opinaba que la producción triguera en 1936 se debió de situar entre los 30 y los 33 millones de quintales métricos, mientras que la producción de 1937 y 1938 alcanzaría 30,8 y 28,3 millones de quintales métricos. <<

[14] Cálculos efectuados sobre la información de la Dirección General de Minas y Combustibles. Según el Consejo de Economía Nacional (1945, vol. 1:216), la caída fue del 30% en 1939 y del 7% en 1940 sobre 1935. <<

[15] La producción de algodón en rama lo avala. Con base 100 en 1935, los índices fueron: 1936, 111; 1937, 100; 1938, 127; 1939, 111; y 1940, 78 (Carreras, 2005:427). <<

[16] Con base 100 en 1935, se deduce la siguiente serie: 1936, 70,4; 1937, 59,4; 1938, 65,1; 1939, 70,5, y 1940, 78,5 (Prados de la Escosura, 1993:70). <<

[17] En base 1947 igual a 100, el año 1935 tenía un índice de 110,5, que se convirtió en 1940 en 91,8; en 1941 en 86,6; en 1942 en 91,6; en 1950 en 108,2; y en 1951 en 113,1. A partir de entonces superó el valor de 130 en 1952 y de 140 en 1955. En 1960 ya estaba en 181 (Carreras, 1986:14). <<

[18] Datos de cemento, en Carreras (2005:423). <<

[19] La serie para la construcción presenta un perfil más suave ya que, con base 100 en 1935, es de 87,7 para 1936; 77,8 para 1937; 83,8 para 1938; 72,2 para 1939, y 80,0 para 1940 (Prados de la Escosura, 1993:70). <<

[20] Con base 100 en 1935, se tendría la siguiente serie: 1936, 72,6; 1937, 61,7; 1938, 67,5; 1939, 70,8, y 1940, 78,7 (Prados de la Escosura, 1993:70). <<

[21] La serie para los servicios, con base 1935=100 sería 92,5 en 1936; 84,1 en 1937; 82,9 en 1938; 85,0 en 1939, y 92,2 en 1940 (Prados de la Escosura, 1993). <<

[22] Véase Carreras (1986:12 y ss.). <<

[23] Véase un detallado análisis de esta tesis en Cabrera y Rey (2002 y 2008). <<

[24] Véase Carreras (1984). <<

[25] Véase Catalan (2006), un notable y exhaustivo trabajo de investigación sobre el comportamiento de la industria en la zona republicana y en la controlada por el Gobierno de Burgos, con un análisis detallado de cada provincia. <<

[26] Esas cinco variables fueron tratadas de acuerdo con la regla de Borda, que permite armonizar datos de naturaleza diversa sobre los que existe una convicción de que el orden que expresan es el correcto. <<

[27] Las convenciones sobre la elaboración de la contabilidad nacional, que tienen su origen en los informes de J. R. Stone de los años cuarenta y cincuenta, están pensadas más para tiempos de paz que de guerra porque, desde el punto de vista conceptual, la definición del PIB de una época bélica no es clara, en la medida en que existe un desplazamiento de recursos de capital y humanos de actividades productivas al esfuerzo de guerra. Algunas son esfuerzos contabilizables a través de las nuevas actividades asumidas, pero otras, como la propia dedicación bélica, sólo se considerarían PIB en cuanto estuvieran pagadas con un sueldo adicionado como mucho por la retribución en especie de la comida y vestido proporcionados. En consecuencia, el PIB podría bajar, como de hecho sucedió en España, aunque la actividad total de los recursos del país hubiera aumentado realmente. Véase, para mayor detalle, Sánchez Asiaín (1999a:93 y ss.; 1999b:616-624). <<

[28] Véase, para mayor detalle, Sánchez Asiaín (1999b:611 y ss.). Para el análisis de la evolución del PIB en el período de guerra, véase Velarde (2002:964) y Alcaide (1997). <<

[29] Véase Obispos españoles (1937). <<

[30] Parte de su Trilogía sobre la guerra civil española (véase Martín Rubio (1999:323)). <<

[31] Thomas (1979, vol. 5:16 y ss.). <<

[32] En realidad, el primero que abordó la cuestión de los muertos de la guerra civil con cierto rigor científico a partir de las repercusiones demográficas de aquélla fue el doctor Villar Salinas (1942), un trabajo especialmente importante por su base conceptual, más que por la información numérica que suministra. <<

[33] Entre otras, trabajó con las investigaciones de Jesús Villar Salinas, ya citadas, que se habían hecho muy próximas al fin de la guerra y, por lo tanto, con poca perspectiva, Tamames (1975), Jackson (1967) y Thomas (1961). También tuvo en cuenta a los autores franceses que habían prestado atención a este aspecto de la guerra civil española. <<

[34] Sobre las aportaciones regionales y locales a la investigación de las pérdidas humanas en la guerra civil, véase Martín Rubio (1999:331-333). <<

[35] Se refiere a la reducción de natalidad, a la sobremortalidad y a que la guerra separa a los cónyuges, retrasa los matrimonios y hace abandonar sus tareas habituales a la población activa, situación que puede prolongarse en la posguerra para el bando perdedor. Por otra parte, los avatares del frente originan desplazamientos de población, con evidentes repercusiones a nivel regional y local. Su expresión máxima y definitiva es el exilio. <<

[36] Ortega y Silvestre (2006:96) han dicho que, desde el punto de vista demográfico, la guerra civil fue el acontecimiento extraordinario más trascendente de los ocurridos en España durante el siglo XX. Y que su impacto se prolongó en el tiempo y caracterizó a la población española durante todo el siglo. <<

[37] Sobre la represión en ambos bandos, véase la amplia bibliografía que ofrece Paul Preston (2008:345-351). Y sobre el significado y efecto de la represión, al margen de sus planteamientos cuantitativos, véase el capítulo «La represión», en Bullón de Mendoza y Diego González (2000:145 y ss.). <<

[38] Frente a los 159.500 muertos en acción de guerra de la evaluación de Martín Rubio, Gabriel Jackson (1967:438) estima que no pudo haber más de 100.000 muertos en los campos de batalla. Y ofrece una cifra de fallecidos en batalla para cada una de las seis grandes operaciones de guerra. La más alta es la que señala para la batalla del Ebro, que evalúa en 25.000 muertos. <<

[39] Aclara Martín Rubio, en cuanto a la sobremortalidad, que en 1936 la guerra apenas había tenido incidencia sobre las condiciones de vida de la población civil y que el número total de defunciones naturales fue bastante inferior al del año precedente. Pero, a partir de 1937, la mortalidad ordinaria creció considerablemente, y este aumento recayó casi íntegramente sobre el territorio republicano, en especial el sureste de España y las provincias costeras de Cataluña. «El deterioro de la retaguardia republicana y la oleada de refugiados que se instaló de forma provisional en ella explican fácilmente este fenómeno». Ya en la posguerra, el hambre extendió su protagonismo sobre la región suroeste y La Mancha. Esta amplia zona, con población subalimentada, fue también más vulnerable a la enfermedad. El índice de mortalidad se elevó en 1941 a 121,7 en relación con 1935 y fue superado ampliamente en provincias como Huelva, Badajoz, Cádiz y Sevilla. Salas Larrazábal recuerda que la fase más crítica de muertes por hambre durante la guerra fue en 1938, afectando casi exclusivamente a la zona gubernamental. Terminada ésta, en la posguerra, los años 1941 y 1946 fueron los momentos de máximo fallecimiento por hambre. Destacaron por su alto nivel de mortandad en esa línea, Alicante, Almería, Baleares, Barcelona, Ciudad Real, Córdoba, Gerona, Huelva, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Toledo y Vizcaya (Salas Larrazábal, 1977:149). <<

[40] Sobre la emigración que se produjo al terminar la guerra, véase Rubio García-Mina (1977:202 y ss.). <<

[41] La evolución de la natalidad entre 1926 y 1935 decreció como promedio el 1,2% anual. En la década 1936-1945 descendió el 2,1%. En tasas brutas de natalidad por cada mil habitantes, la tasa correspondiente a España para 1935 fue de 25,7; en 1936 de 24,7; en 1937 de 22,6; en 1938 de 20,0; y en 1939 de 16,5. En 1940 se colocaba ya en 24,4. En cuanto a la evolución de la nupcialidad, el período 1931-1935 contabilizó como media 145.000 matrimonios anuales, que pasaron en 1938 a poco más de 100.000 (Martín Rubio, 1999:336 y ss.). <<

[42] En todo caso, Ortega y Silvestre (2006:97) recuerdan que en España sólo hubo un pequeño repunte de nacimientos en 1940. <<

[43] Bajo la coordinación de Santos Juliá (1999), un grupo de investigadores integrado por Julián Casanova Ruiz, Joan Villarroya, Josep Maria Solé y Francisco Moreno Gómez, todos ellos expertos en Historia Contemporánea, profundizan en este trabajo, realizado con gran rigor científico, en lo que fue la represión en una zona y otra, basándose en los numerosos trabajos monográficos existentes hasta la fecha. Martín Rubio (1999:332) ofrece a este particular una amplia bibliografía de monografías regionales. Entre otras, las referidas a Navarra, Aragón, Madrid, Cáceres, Galicia, Gijón, La Rioja, Logroño, Soria, Córdoba, Málaga, Cataluña y Badajoz. Algunas de ellas iniciaron su andadura con motivo del cincuentenario de la guerra civil. Por su parte, Espinosa Maestre (2010b:35) señala que de la represión que afectó a la izquierda, se cuenta con datos totales que pueden darse por válidos, aunque no por definitivos, de Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Ceuta-Melilla, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana. Añade que están aún por completar las investigaciones sobre Andalucía, Baleares, Canarias, las dos Castillas, Madrid y País Vasco. El mapa actual sobre la historiografía de las iniciativas sociales, emprendidas o vigentes, en relación con el inventario de víctimas de la represión, provincia por provincia, puede verse en Espinosa Maestre (2010b:40 y ss.). <<

[44] Véase «Las cifras. Estado de la cuestión», con ejemplos de correcciones en algunas provincias, en Juliá (1999:407-412). Véase también Espinosa Maestre (2010b). <<

[45] 45. Excluida la sobremortalidad. El único matiz es que, al menos explícitamente, Hugh Thomas no contemplaba ni los muertos en la segunda guerra mundial ni en el maquis. <<

[46] Uno de los recientes análisis de las consecuencias demográficas de la guerra es el estudio de José Antonio Ortega, de la Universidad de Salamanca, y de Javier Silvestre, de la Universidad de Zaragoza (Ortega y Silvestre, 2006), en el que los autores hacen un depurado análisis, para los años de 1936 a 1942, de la natalidad, la nupcialidad, la mortalidad y de los movimientos migratorios. En las conclusiones estiman una sobremortalidad de 540.000 personas y una caída de la natalidad de 576.000 nacimientos. <<

[47] Se utilizan las cifras de Martín Rubio. <<

[48] Ya se están ofreciendo algunos estudios sobre el particular. Destaca, y es pionera, la aportación de Clara Eugenia Núñez Romero-Balmas (2003 y 2005), del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED. Con anterioridad a la investigación de Núñez Romero-Balmas se carecía de estimaciones, e incluso de aproximaciones cuantitativas, a lo que la guerra significó en cuanto al stock disponible de capital humano con que enfrentarse al futuro. En su trabajo aborda el análisis de los efectos que la guerra civil y los primeros años de la dictadura tuvieron sobre el stock de capital humano disponible. Plantea la tesis de que, a partir de la guerra civil, y a diferencia de lo que sucedió en el primer tercio de siglo, la instrucción primaria dejó de ser una prioridad nacional. Y que la represión no fue neutral en términos de capital humano, porque «afectó a determinados colectivos, por lo general educados, en mayor medida que a otros, y diezmó así una parte significativa de las inversiones en capital humano realizadas desde comienzos de siglo por los regímenes políticos que precedieron a la dictadura» (Núñez Romero-Balmas, 2003:40-41). <<

[49] Esta estimación tiene en cuenta tanto los incrementos anuales durante el período escolar, entre los 5 y 24 años, como las pérdidas debidas a la mortalidad durante los años formativos y con posterioridad. Lo que quiere decir que el stock neto de capital humano depende tanto de la inversión en educación, circunscrita a un período vital determinado, como de la esperanza de vida del individuo que se beneficia de dicha inversión. <<

[50] Un estudio pormenorizado de los niveles que habían alcanzado los estudios de Economía en España y de los centros de investigación en los que se cultivaba esta disciplina puede verse en Velarde (1986). <<

[51] Véase Claret (2008). <<

[52] Véase Otero (2000, 2001 y 2006). <<

[1] Para el desarrollo de este capítulo sobre los ajustes financieros de posguerra se han utilizado, fundamentalmente, como fuentes de información, la colección del BOE de la época, así como abundante documentación interna y externa del Banco de España. Porque, terminada la guerra, la transición del sistema financiero se llevó a cabo bajo la regulación casi permanente del Boletín Oficial. Ése fue el caso de la reordenación monetaria y del sistema financiero, del saneamiento del Banco de España, de las moratorias, de la desmovilización industrial, de la creación de empresas públicas, y de otros muchos cambios que hubo que hacer. Toda una abundante y detallada regulación. Y una vez más, e independientemente de los aspectos sustantivos de toda disposición oficial, son las exposiciones de motivos de esa legislación las que arrojan hoy luz sobre cuál era la situación de cada una de esas cuestiones en aquel momento, qué problemas creaban y cómo se intentaba resolverlos. En cuanto a la información del Banco de España manejada en este capítulo, es muy abundante y significativa, destacando la Memoria que el banco presentó a sus accionistas, a finales de 1942, sobre el período 1936-1941 (BE, 1942c). También han sido útiles los documentos que se utilizaron para analizar y dar solución al grave problema de los desajustes del balance del Banco de España. Entre otros el Informe del Banco de España al ministro de Hacienda sobre el saneamiento del ejercicio 1936-1939 (BE, 1942d) y el Informe de la Comisión Mixta. Ley del 13 de Marzo de 1942 (BE, 1942b). Sin olvidar el Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936 (Ministerio de la Gobernación, 1939). <<

[2] Véase Sánchez Asiaín (1999a:296-310; 1992:181 y ss.). <<

[3] En los seis artículos del decreto del 1 de abril de 1939 (BOE, 4 de abril) se desarrollaba una primera aproximación a la desmovilización de industrias y a su futuro funcionamiento. Se señalaban los pasos que se debían seguir para la transformación de las industrias militares hacia otro tipo de productos, e incluso se regulaba la política en relación con los despidos de personal sobrante. <<

[4] «Y habiéndose dispuesto que la desmovilización industrial comience el día cinco del presente mes, lo comunico a V.E. para su conocimiento y a fin de que tal fecha sirva de punto de partida para cumplir cuanto se previene en el citado Decreto» (orden del 3 de abril de 1939, BOE del 4 de abril). <<

[5] Orden del 25 de abril de 1939. <<

[6] Ley del 25 de septiembre de 1941 (BOE, 30 de septiembre). <<

[7] Decreto del 8 de mayo de 1939 (BOE, 24 de mayo). Véase el capítulo XXIV, «La unificación monetaria. La Ley de Desbloqueo de 1939». <<

[8] Véase Larraz (2006:201 y ss.). <<

[9] Ley de Conversión de determinadas deudas amortizables del 7 de octubre de 1939 (BOE, 9 de octubre). <<

[10] Más información en las declaraciones de Larraz al ABC del 27 de octubre de 1939. Tiene interés también la lectura de la nota de Antonio Flores de Lemus de febrero de 1941 remitida al director de L’Osservatore Romano del Vaticano, «La financiación de la cruzada española contra el bolchevismo y la restauración de las finanzas de la Nueva España». Véase el epígrafe «La nota oficial del Gobierno de Burgos sobre la financiación de la contienda» en el capítulo XII, «Financiación interior». <<

[11] Sobre las consecuencias a largo plazo de la guerra civil en la producción industrial, véase el epígrafe «Destrucción del equipo capital y pérdidas de producción» en el capítulo XXII, «El coste material y humano de la guerra». <<

[12] «Debido a factores ideológicos y una apreciación errónea de la realidad económica, se rechazaron deliberadamente las ventajas de la neutralidad que habían originado el crecimiento económico de España durante la Primera Guerra Mundial» (Preston, 1994:431). <<

[13] Los servicios restantes del Ministerio de Hacienda se mantuvieron como reflejaba la ley del 30 de enero de 1938. <<

[14] Decreto del 5 de abril de 1940. <<

[15] En mayo de 1940 se autorizó al ministro de Hacienda a «poner en circulación monedas de diez y cinco céntimos de peseta, en aleación de aluminio y cobre, hasta un total importe de 22.500.000 pesetas para las monedas de diez céntimos y de 8.750.000 pesetas para las de cinco céntimos» (ley del 3 de mayo de 1940). Hubo que esperar, sin embargo, diez meses hasta que dicha emisión se pusiera en circulación. <<

[16] Sebastián Herrador (1938). Véase más información en Martín Aceña (2000:102-103). <<

[17] En el expediente se dice que «no se sabe si la tal plata está en barras o amonedada. En este último caso, parece debía ser troceada para evitar la cuestión sentimental de venta de una plata con el sello del Estado español». <<

[18] El autor quiere agradecer a su amigo el profesor Barea sus acertados comentarios a un primer borrador de este epígrafe. <<

[19] La Memoria tiene 99 páginas e integra dos partes. Una dedicada a exponer la política seguida por el banco y sus consecuencias, y otra en la que se analiza la actividad del banco en los ejercicios 1936-1941, y se ofrece un amplio análisis del balance, así como comentarios sobre sus más destacadas partidas. En todas las citas de la Memoria insertadas en este capítulo, las cifras se han redondeado a millones de pesetas. <<

[20] La ley del 13 de marzo de 1942 fue publicada en el BOE del 24 del mismo mes. Al mes siguiente, una orden ministerial del 24 de abril nombraba una comisión que debía presentar un dictamen sobre la situación del balance del Banco de España a 31 de diciembre de 1941, y especialmente sobre la fijación de la cantidad en que había de cifrarse el título de la deuda pública que debía compensar la diferencia entre activo y pasivo. El 23 de julio de 1942 la comisión elevó su informe (BE, 1942b). A la vez, Germán Bernácer (1942), a quien se había requerido al efecto, remitió sus enmiendas a la ley. El informe de Bernácer no está fechado y no parece el definitivo, porque tiene muchas correcciones a mano. Con todos esos documentos se ha redactado este epígrafe. <<

[21] Entre ellas, el propio Gobierno republicano, la Generalitat, el Gobierno vasco y los diversos frentes populares locales. <<

[22] El importe era exactamente de 4.437,782 millones de pesetas. Se contabilizó bajo la rúbrica «Deuda especial creada por el artículo 7.º de la Ley de 13 de marzo de 1942 y afecta a la garantía de la circulación fiduciaria». <<

[23] Aunque la cifra final no coincidiera exactamente con el importe del título de la deuda de naturaleza especial que luego se acordó, existen dos expedientes en el Archivo General del Ministerio de Economía y Hacienda, procedentes de la que fue la Dirección General de Banca y Bolsa, relacionados con la formación del balance del Banco de España para el período de guerra, tratando de deducir, a partir de una evaluación del activo y pasivo ficticios, el saldo a compensar. Contienen un inventario muy concreto de las distintas partidas, tanto del activo como del pasivo, que había que eliminar. <<

[24] En caso de insuficiencia de beneficios, de pérdidas o de menor reparto por cualquier concepto en algún año, el complemento necesario hasta el aludido 6% se acumularía a los beneficios repartibles del año o años sucesivos. <<

[25] El ministro de Hacienda podría disponer que el importe de la amortización anual de dicho crédito fuera materializado en el activo del balance del banco, en determinados bienes o valores que quedarían afectos a la garantía de la circulación fiduciaria, y cuya disponibilidad sólo podría ser acordada por el Gobierno. Los posibles rendimientos o plusvalías de esos bienes o valores se destinarían anualmente a incrementar el importe de la amortización de la deuda. <<

[26] A partir de ese primer año, su evolución fue la siguiente: En 1942, 4.416,5. En 1943, 4.343,0. En 1944, 4.212,8. En 1945, 4.124,3. Y en 1946, 4.092,6. En 1947, y como consecuencia de la ley del 31 de diciembre de 1946, el importe de la deuda especial se situó, como consecuencia de otras operaciones, en 14.786,5 millones de pesetas. <<

[27] Estos anticipos se tratan con detalle en el capítulo XII, «Financiación interior». En todo caso, parece desproporcionado que un crédito de 10.100 millones de pesetas tomado por el Estado de una institución que era de carácter privado y, además, obtenido sin interés, pensara amortizarse con una consignación presupuestaria de 10 millones de pesetas al año. <<

[28] Olariaga (1977[1933]:161). <<

[29] El informe entendía que el Gobierno ya disponía de suficiente poder interventor en el Banco de España en las figuras del gobernador, los dos subgobernadores y tres consejeros representantes de los intereses generales, cuya capacidad de fiscalización, decían, era más que bastante para subordinar la política de crédito del establecimiento a la política monetaria y económica del Estado español. <<

[30] Véase «El despojo del oro», en Ministerio de la Gobernación (1939). <<

[31] El informe no tenía en cuenta, al menos en aquellos momentos, que también el Banco de España que dependía del Gobierno de Burgos había utilizado «abusivamente» de los créditos de tesorería para financiar la guerra. <<

[32] En esta cifra sí estaban incluidos los anticipos del Gobierno de Burgos. <<

[33] No se puede olvidar que en aquellos momentos el Banco de España era una entidad de derecho privado propiedad de innumerables accionistas, en su mayoría personas físicas. <<

[34] El informe lo firmaba José Reynals. <<

[35] La junta general se celebró el 6 de diciembre de 1942 (BE, 1942c). <<

[36] BE (1941). No se especifica el destinatario ni las personas que elaboraron el guión. <<

[37] A ello habría que sumar la cantidad que el Tribunal de Canje aceptó desde el 25 de agosto de 1939 hasta el 31 de diciembre, que ascendió a nueve millones de pesetas. El total canjeado fue, en consecuencia, de 5.880 millones de pesetas. <<

[38] Explicó que ello había dado lugar a un concurso reservado y restringido entre las casas españolas y extranjeras de mayor solvencia, y que se había autorizado a la Fábrica Nacional de Moneda a establecer, con carácter permanente, un servicio de fabricación y estampación de billetes del banco emisor. Se firmó un contrato con ella sobre el precio por millar de billetes en la serie de 1.000 pesetas, de acuerdo con el cual la Fábrica Nacional de Moneda había bajado sustancialmente el precio hasta 97,90 y en la serie de 500 hasta 80,75. Comparados estos precios con las casas Giesecke & Devrient y la cartografía Cartevalori, que daban el servicio con anterioridad, representaban una economía que se aproximaba al 50%. <<

[39] Sobre las acciones para recuperar el oro y la plata, véanse los epígrafes «Reacción del Gobierno de Burgos ante la venta de las reservas de oro y plata» y «Ventas de plata» en el capítulo XIII, «El oro. Ventas a Francia y Moscú. La reacción del Gobierno de Burgos». <<

[40] La Memoria se refería también al caso de las cédulas hipotecarias de Costa Rica. Al finalizar el verano de 1938 se había tenido conocimiento en Burgos de que entre los valores sustraídos de las cajas de Madrid se encontraban 18.240 cédulas hipotecarias de Costa Rica, de un valor nominal de 100 dólares cada una. En la junta general de accionistas se dio cuenta de todas las gestiones realizadas para la recuperación de esta partida, que al fin se logró. <<

[1] La información que ha servido de base para este capítulo es fundamentalmente de tipo legal. En relación con el desbloqueo, la ley del 7 de diciembre de 1939 y numerosas órdenes ministeriales. Dos investigaciones llevadas a cabo por el Banco de España han sido también básicas en este trabajo: BE (1939c) y Larraz (1938). Lo han sido también dos obras de Pedro Voltes Bou (1982, 1984), uno de los pocos que, hace ya muchos años, se ocupó de la operación de desbloqueo. La investigación de Pedro Voltes se desarrolló entre los años 1980 y 1981, y fue financiada por el Instituto de Estudios Fiscales. Un extracto de sus resultados se publicó en la revista Hacienda Pública Española, n.º 87. El trabajo original está depositado en las bibliotecas del Instituto de Estudios Fiscales y del Servicio de Estudios del Banco de España. El autor ha trabajado también sobre las aportaciones de Paris Eguilaz (1945) y de Antonio de Miguel (1944), y sobre el estudio de Sáez de Ibarra (1964). Este último desempeñó un importante papel en el Ministerio de Hacienda en los momentos en que se estaba regulando el desbloqueo y participó muy activamente en la redacción de la ley. <<

[2] Sobre el retorno a la unidad monetaria y la Ley de Desbloqueo, véase Larraz (2006:213-238), quien reproduce el Dictamen de la Comisión para el estudio de la liquidación del régimen de bloqueos (BE, 1939b). <<

[3] Véase «Las dos inflaciones españolas», en Larraz (2006:215-216). Una biografía política de José Larraz puede verse en Sesma (2006). <<

[4] Esta ley se basó en el informe del Banco de España, Cálculo de los coeficientes de desbloqueo (BE, 1939c). La orden del 14 de diciembre de 1939 prohibía su impresión, tratando de evitar «la publicación de textos incorrectos o de comentarios o anotaciones precipitadas o sin acierto», aunque una orden posterior autorizaba su publicación. Y, en una decisión por lo menos peculiar, la autorización de su publicación se hizo «a favor de don Estanislao de Aranzadi». <<

[5] La redacción de esta ley se atribuye al propio ministro de Hacienda, José Larraz. Por lo menos fue su inspirador. Según otras informaciones, fue redactada por el catedrático de Derecho Civil de Zaragoza, Luis Sancho Seral (posteriormente subgobernador del Banco Hipotecario). Y parece que en su redacción colaboró también Luis Sáez de Ibarra, que fue subgobernador del Banco de España. También lo fue, según sus propias manifestaciones, José Bastos, entonces director de la sucursal del Banco de Bilbao en Madrid. <<

[6] Más información en relación con los distintos aspectos del desbloqueo puede verse en Sánchez Asiaín (1999a:184-200 y 1992:185-189). Véase también Canosa (1939). <<

[7] Véase lo que opinaba Larraz sobre este tema en «Mi estudio en el Banco de España» (Larraz, 2006:218-219). <<

[8] El artículo 11 excluía del desbloqueo de incrementos a los «titulares de cuentas que hubiesen sido aprovisionadores al enemigo de armamento, sustancias explosivas o importadores de automóviles y camiones» a partir del 1 de enero de 1937. <<

[9] Véase Voltes Bou (1982:261 y ss.). <<

[10] El 9 de agosto del mismo año José Larraz había sido nombrado ministro, y contaba con un alto conocimiento del tema, como presidente que había sido del Servicio Nacional de Banca, Moneda y Cambio. Ello le permitió entrar con rapidez en esta espinosa cuestión. <<

[11] La comisión se designó por orden del 1 de septiembre de 1939 (BOE del día 3). Estaba presidida por Joaquín Garrigues y Díaz-Cañabate, catedrático de la Universidad Central. <<

[12] Se solicitó dictamen a diversos organismos relacionados con la economía y la política. Se pidieron así informes a las Cámaras de Comercio y de Industria, al Banco de España, al Comité Central de la Banca Española, a varios organismos politicoeconómicos próximos al «movimiento» y a todas las secciones provinciales de banca. <<

[13] Únicamente, y por su carácter de excepción, la comisión llamaba la atención sobre un caso «en el que el silencio no sería disculpable». Se refería a las embajadas y legaciones que se constituyeron en la zona republicana como refugio, y a las que se acogieron los que huían del régimen republicano. Sobre este caso, la comisión se limitaba a sugerir si no sería equitativo reconocer la analogía entre las cajas de seguridad de los refugios diplomáticos y las cajas de alquiler de los establecimientos de crédito, y aceptar como válidos también los billetes circulantes el 18 de julio de 1936 contenidos en las cajas de las embajadas y legaciones. <<

[14] El dictamen de la comisión especial (BE, 1939b) se firmó el 11 de noviembre de 1939. <<

[15] La comisión fue más lejos al señalar que había examinado otros métodos para evitar la inflación, pero que «teniendo en cuenta las necesidades de efectivo de los actuales titulares de cuentas y libretas sometidos a bloqueo, no parece prudente entregarles títulos de crédito, pues se correría el riesgo de que los llevasen atropelladamente al mercado, infiriendo daño al crédito público y a la cotización de los valores del Estado». <<

[16] Véase el anexo 11, «Cómo se calcularon los índices de precios de la República». <<

[17] Porcentaje del saldo a desbloquear. <<

[18] Sobre la preparación de la Ley de Desbloqueo, véase Larraz (2006:224-236). <<

[19] La Ley de Desbloqueo del 7 de diciembre de 1939 fue una ley difícil de entender, y mucho más difícil de aplicar. Con 75 artículos, muchos de ellos ininteligibles, daba lugar a tales dificultades de interpretación que tuvieron que publicarse multitud de órdenes con ejemplos para la aplicación correcta de la ley. Pese a ello, la operación de desbloqueo fue muy confusa desde el punto de vista administrativo y dio origen a infinidad de conflictos. <<

[20] El reconocimiento en las cuentas corrientes del saldo del 18 de julio de 1936, siempre que el de la «liberación» no fuese menor, en lugar del reconocimiento del saldo mínimo posterior a dicha fecha, decía la ley, nació, aparte de otras razones, por sencilla operación de sentido común, ante el hecho sistemáticamente comprobado de la desaparición de las contabilidades bancarias. <<

[21] Preámbulo de la ley del 13 de octubre de 1938. <<

[22] Se trataba de poner en marcha un aparato administrativo no muy costoso. Sáez de Ibarra (1964:72) dijo que todos los gastos de alquiler, material de oficina, correos, viajes y personal de los 21 meses en los que actuó la Comisaría General de Desbloqueo fueron inferiores a 1.800.000 pesetas. <<

[23] Ya anteriormente la ley del 13 de octubre de 1938 declaraba en su artículo segundo que el bloqueo era total si el «titular fuere el Tesoro Público del enemigo, un Sindicato marxista o anarquista, o un partido político del Frente Popular». <<

[24] En el concepto de improtegible entraban conceptos muy diversos, acuñados con criterios heterogéneos y muchos de ellos discutibles. Ya era discutible el propio título de improtegible. Véase Voltes Bou (1982:190). <<

[25] La ley establecía recursos contra la inclusión de titulares de cuentas en la relación de «saldos improtegibles», y establecía también un procedimiento legal para salvaguardar posibles intereses de terceros contra estos saldos. <<

[26] La liquidación de las operaciones realizadas como consecuencia de la aplicación de la Ley de Desbloqueo del 7 de diciembre de 1939 se hizo veinte años después, por acuerdo del ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio, el 26 de enero de 1959. Para más información, véase Voltes Bou (1982:210 y ss.). <<

[27] Regulado por el artículo 52 de la Ley de Desbloqueo y por orden ministerial del 1 de enero de 1940. <<

[28] Artículos 3-9 de la Ley de Desbloqueo y órdenes ministeriales del 14 de febrero y 8 de abril de 1940. <<

[29] Artículos 10-12 de la Ley de Desbloqueo y órdenes ministeriales del 16 de mayo, 19 y 21 de agosto, 19 de octubre y 4 de diciembre de 1940, 5 y 15 de febrero, 22 de marzo, 11 de junio, 10 y 30 de octubre y 6 de diciembre de 1941, y 21 de enero, 4 y 18 de febrero, 27 de marzo y 15 de julio de 1942. <<

[30] Extinguida ésta por decreto del 27 de septiembre de 1943, la competencia pasó a la Dirección General de Banca y Bolsa. <<

[31] La relación provisional de titulares improtegibles se publicó el 28 de agosto de 1942. Resueltos por la Comisaría General de Desbloqueo los recursos presentados, la relación definitiva de los improtegibles se dictó con fecha 9 de agosto de 1943, rectificándose el 1 de septiembre del mismo año. <<

[32] Importe que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 57 de la ley del 7 de diciembre de 1939, debía ser entregado al Banco de España. <<

[33] Integraba los siguientes conceptos: aportación del fondo de compensación del desbloqueo, 401 millones de pesetas; por resultados del rendimiento de la cartera de valores en que estuvo materializado ese saldo, 83 millones. <<

[34] Fondo de desbloqueo después de atender los derechos de terceros acreedores, 723 millones, y productos obtenidos de su cartera de valores, 132 millones. <<

[35] 350 millones de pesetas para el Fondo de Compensación y 350 millones para el Fondo de Improtegibles. <<

[36] Véase el capítulo XXIII, «La transición del sistema financiero. Los ajustes de la posguerra». <<

[37] Higinio Paris Eguilaz formaba parte de la «comisión especial para el estudio de la liquidación del régimen de bloqueos» que se nombró mediante orden del Ministerio de Hacienda del 1 de septiembre de 1939. En aquel momento era secretario general del Consejo de Economía Nacional y subdirector del Instituto de Economía Sancho de Moncada (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). <<

[38] Véase, a este particular, el capítulo X, «La guerra monetaria del Gobierno de Burgos». <<

[39] Se conoce con precisión su informe, porque en 1944 publicó en Moneda y Crédito un pequeño, pero muy completo, trabajo sobre los fundamentos técnicos en la construcción de una escala de desbloqueo. En él integraba, entre otras cosas, el texto que había preparado contestando a la consulta del Gobierno (De Miguel, 1944). <<

[40] «De igual manera que los premios de la Lotería son indiscutidos, porque en su determinación se ha eliminado en absoluto todo factor o influencia personal, tenía que serlo la fórmula de desbloqueo que surgiera de un instrumento ajeno al Gobierno y en el que hubieran podido tener intervención con libertad absoluta de vender o de comprar los propios interesados de haber podido sacar entonces sus saldos de pesetas rojas de la zona marxista, en vez de tenerlos que ingresar en las cuentas corrientes que estaban bloqueadas». La propuesta de Antonio de Miguel sobre este arbitraje puede verse en el capítulo XXI, «Precios y cotizaciones», en el epígrafe «Cotización comparada de las dos pesetas». <<

[41] En este caso, concretamente en los procesos de inflación en Francia durante la posguerra de 1923-1926. También es obvio que fijar de forma tan arbitraria el punto de llegada del ajuste de la curva de oferta hizo que el resultado del análisis fuera verdaderamente «discutible». <<

[42] Curiosamente, un problema que Antonio de Miguel identificaba sobre las series basadas en el mercado es que eran «más caras» para el Gobierno que las calculadas (según su estimación) por el primer procedimiento. Sin embargo, eran «más baratas» que las series provenientes del análisis del Banco de España. <<

[43] Para Antonio de Miguel el mayor problema de las series provenientes de su segundo y tercer procedimiento era la disponibilidad de datos. Así, del mercado de divisas de París sólo existía información a partir de 1937, mientras que los datos de precios al por mayor en la zona republicana dejaron de medirse en mayo de 1938. Para Miguel las dos series tenían una correlación del 0,981, por lo que consideraba que una combinación de ambos procedimientos podía ser una buena estimación. <<

[44] Esta serie, junto con las provenientes de los análisis del Banco de España y de Paris Eguilaz, puede verse en el anexo 12. <<

[45] Si en lugar de aplicar las tablas de conversión linealmente se aplicasen bajo la hipótesis utilizada por Antonio de Miguel para su estimación de los costes de los distintos procedimientos, es decir, que las pesetas bloqueadas en el Banco de España se distribuyeron, a lo largo del período de guerra, de una manera proporcional a las diferencias intermensuales de los saldos de cuentas corrientes, la tabla de conversión más beneficiosa para los tenedores de cuentas bloqueadas sería la utilizada por el Gobierno, seguida de la proveniente del análisis del Banco de España, la finalmente recomendada por éste, y por último las obtenidas por Antonio de Miguel y Paris Eguilaz. El mismo resultado que el obtenido de la aplicación lineal de las tablas. <<

[46] Véase Paris Eguilaz (1943). <<

[47] El propio Larraz, autor material del desbloqueo, decía que «estamos ante una operación a la que la experiencia apenas puede ofrecer técnica segura y aquilatada, juntándose a esta realidad el juego de cuantiosas sumas y de intereses de grandes masas de población, además del común de España» (orden del 25 de agosto de 1939). <<

[48] No todos los bancos, en efecto, cumplieron taxativamente con el contenido de la normativa. Emilio Luengas, entonces director de la oficina del Banco de Bilbao en Madrid, contestó unos años más tarde a una encuesta sobre el particular de la siguiente manera: «Era una papeleta muy difícil y se resolvió muy bien». ¿La aplicación del desbloqueo fue rígida? «Fue muy rígida, pero no por parte de todos. La aplicación de la Ley de Desbloqueo por parte de algunos bancos fue absolutamente rígida, mientras que en otros se aplicó muchas veces de una manera más flexible. De modo que hubo clientes y empresas a quienes se favoreció, a quienes se les aplicó un desbloqueo mejor del previsto. Y sin duda ésos ganaron cuota de mercado por el agradecimiento de los clientes» (Colección de entrevistas). <<

[49] Valga como explicación de esa dificultad que la larga ley desarrollaba con bastante detalle distintos conceptos de aplicación de la misma muy farragosos. Y téngase en cuenta que el desbloqueo de incremento de cuentas corrientes, en cuanto se refiriere a empresarios, podía ser complementado con la revisión adicional que requería la formación por los interesados de consorcios de desbloqueo. Añádase que la compensación de las pérdidas y ganancias que debía producirse en la banca y en las entidades de ahorro, seguros y previsión, por estricta consecuencia de la aplicación de las normas sobre el desbloqueo, tenía que ser liquidada de tal manera que el exceso del activo no bloqueado sobre el pasivo no bloqueado debería compensarse con el exceso del pasivo desbloqueado sobre el activo desbloqueado, y al contrario (art. 50 de la ley). Y añádase que las distintas rúbricas no eran círculos cerrados y que los beneficios globalizados de la banca privada deberían servir para compensar sus pérdidas. Que los beneficios de la banca oficial deberían destinarse a cubrir pérdidas de establecimientos de la misma condición oficial, excluido el Banco de España. Que los beneficios de las instituciones de ahorro, seguros y previsión debían afectarse a las pérdidas que experimentaran instituciones de la misma naturaleza. Y que cuando, dentro de cada uno de estos tres grupos, los beneficios fueran insuficientes para cubrir las pérdidas, se suspendería la compensación dentro del grupo, hasta en tanto no se conociera el resultado global de cada uno de los demás grupos. Porque el excedente positivo global que pudiera arrojar el grupo banca privada compensaría en primer lugar la pérdida global de la banca oficial, y después la del grupo de instituciones de ahorro, seguros y previsión. <<

[50] A la cabeza de la lista de los damnificados por la Ley de Desbloqueo figuraban todos aquellos que, sin incrementar los saldos de sus cuentas, tuvieron que sufrir su merma por haber traspasado el dinero a la cuenta corriente de un familiar en fecha posterior al 18 de julio o hicieron operaciones semejantes. Y en esta línea hubo casos de aplicación verdaderamente sangrantes. Como el de la mujer que disponía desde fecha anterior al 18 de julio de una cuenta corriente en el Banesto con 500.000 pesetas. Temerosa de morir víctima de alguno de los bombardeos que por aquel entonces se sucedían ininterrumpidamente en la capital almeriense, decidió dividir las 500.000 pesetas en dos partes iguales, una para cada una de sus hijas. Para ello se dirigió a la sucursal más próxima, donde inmediatamente le cancelaron su cuenta de 500.000 pesetas y le abrieron dos nuevas a nombre de sus hijas. Todo esto tuvo lugar un poco antes del fin de la guerra. De modo que el coeficiente de liquidación que le correspondió en virtud de la fecha de apertura de las dos nuevas cuentas le otorgó sólo un 5% del valor total del saldo bloqueado, cuando si no hubiera realizado esa operación le hubiera correspondido el 100% (Colección de entrevistas). Más ejemplos véanse en Voltes (1984). <<

[51] La subjetividad en la aplicación de la regulación del desbloqueo ya la aceptó el mismo Sáez de Ibarra (1964:67). Decía que el desbloqueo «fue objeto en la Ley de una reglamentación totalmente especial y sin precedentes, aplicando un sistema subjetivo y personal basado en el principio de que ningún Banco o Caja de Ahorros podría tener diferencias favorables o desfavorables en sus resultados, con motivo de la aplicación de toda la legislación del desbloqueo». <<

[52] Adviértase que Larraz todavía no hablaba de justicia o injusticia, lo que haría posteriormente. Posiblemente no era momento de hablar de ello. Pero entendía que había llegado la ocasión de proceder con más objetividad (Larraz, 1938). <<

[53] BE (1939c). <<

[54] Una larguísima lista de estas «barbaridades» y «absurdos» producidos por la Ley de Desbloqueo puede verse en Voltes (1982:193 y ss.). Solamente en el año 1940 tuvieron que publicarse en el BOE 15 disposiciones aclarando, regulando y complementando esa ley, y seis disposiciones más en el año 1941, ocho en 1942, nueve en 1943 y unas cuantas más en 1944, 1945, 1948, 1949 y 1951. Como ejemplo de situaciones injustas creadas por la Ley de Desbloqueo, Voltes cita el de las sucesiones hereditarias a propósito del caudal constituido en un establecimiento bancario por un impositor que, poseyendo una cartilla de ahorro desde antes del 18 de julio de 1936, y sin haberla utilizado durante la guerra, falleciera unos días antes de la entrada de las tropas de Franco en Barcelona, donde radicaba dicha cartilla, y sus herederos dividieran el saldo y abrieran con sus proporciones respectivas sendas cartillas nuevas (Voltes, 1984:449). <<

[55] Véase el anexo 11. <<

[1] Véase Sánchez Asiaín (1992:151-160). <<

[2] La reconstrucción ha sido posible gracias al diario personal de la guerra de Víctor Artola (1937-1939) y a documentación de su propio archivo privado, a los que el autor ha tenido acceso. Víctor Artola, en aquellos momentos director general del Banco Guipuzcoano, tomó parte directa en el diálogo con las autoridades responsables de la evacuación, y posteriormente en las operaciones de reclamación y devolución. En su Resumen de unas gestiones describe lo fundamental de lo que sucedió desde el 27 de abril de 1937. <<

[3] «Un reciente y lamentable hecho», se añadía, «viene a reforzar nuestra afirmación: cual es la destrucción del edificio en que tenía instaladas sus oficinas la Caja de Ahorros Municipal, no obstante lo cual quedaron intactos los valores depositados en sus arcas subterráneas. El mismo caso de Guernica, señalado en la comunicación de referencia, en cuanto a la Banca y Cajas de Ahorros respecta, constituye una prueba más de lo que dejamos expuesto». <<

[4] Esta carta, al parecer fechada el 1 de mayo, fue entregada al cónsul en propia mano el día 6, enviándose copias a Londres «por conducto del Midland Bank al Clearing Bankers Committee y a las Asociaciones de Casas de aceptación y de la Banca extranjera, con ruego de circularla a todos los establecimientos afiliados a dichos tres organismos». En la reclamación tomaban parte las siguientes entidades bancarias: Banco de España sucursal de San Sebastián, Brunet y Cía., Banco Guipuzcoano, Banco de San Sebastián, Banco Urquijo de Guipúzcoa, Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco Central, Banco Popular de los Previsores del Porvenir, Barcáiztegui y Maestre, Soler y Torra Hermanos. <<

[5] La carta fue entregada en mano el día 14, y se cursó al presidente de la Union Syndicale des Banquiers de Paris et la Province, a la Cámara Sindical de los Agentes de Bolsa de París y al Sindicato de Banqueros, así como a las bolsas de Burdeos, Le Havre, Lille, Lyon, Marsella, Nancy, Nantes, Estrasburgo y Tolouse. <<

[6] El Joyce zarpó con 7.293 cajas en la bodega, y más tarde el Thurston con 2.065. En total, por tanto, 9.358 cajas con todo tipo de efectos bancarios, depósitos y libros de contabilidad con destino a los puertos de La Rochelle (Francia) y Flessinga (Holanda). No se dispone de una evaluación fiable del valor de las cajas evacuadas de Bilbao desde el mes de mayo, pero podría oscilar entre 2.880 (France-Soir) y 7.000 millones de pesetas (Goiri, director del Banco de Bilbao en París). Las incautaciones realizadas afectaron no sólo a los bancos, sino a las cajas de ahorros, Diputación de Vizcaya, Ayuntamiento de Bilbao, Museo de Arte Moderno, registros de la Propiedad, Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa, y otros. Hasta 29 entidades afectadas. <<

[7] Véase el anexo 13. <<

[8] Martín Aceña (2007:121) dice que los responsables del Santander, «con la ayuda de un puñado de fieles empleados, tomaron la precaución de copiar en escasos días los documentos y los datos contables esenciales escondiendo los papeles en lugar seguro». <<

[9] Véase el epígrafe «Descerrajamiento de las cajas de alquiler» en el capítulo XVI, «Suscripciones e incautaciones». <<

[10] Angulo (1939). Véase el capítulo XX, «El final de la guerra y la preparación del exilio: el “tesoro de Negrín” y el “tesoro” del Vita». <<

[11] Véase el capítulo XVIII, «Monetización de los activos expoliados. La comisión “secreta” de París». <<

[12] El informe se encuentra en el Archivo Histórico del Banco de España, Dirección General de Sucursales. <<

[13] Este decreto creaba los juzgados gubernativos y la llamada «Caja de Restos» para recibir aquellos activos que no pudieran asignarse a sus propietarios. Estaba firmado por Andrés Amado (BOE, 9 de agosto). Véase también Noticiero de España, «Notas financieras», 12 de agosto de 1939. <<

[14] Los clientes de los bancos que formaban parte de esos comités eran elegidos por la sección provincial de banca correspondiente, de una lista de nombres suministrada al efecto. <<

[15] La orden del 14 de enero de 1942 (BOE, 19 de enero) dictó normas complementarias al decreto del 7 de agosto de 1939. La orden del 7 de mayo de 1942 introdujo nuevas modificaciones (BOE, 15 de mayo). Y finalmente el 12 de diciembre de 1942 (BOE, 26 de diciembre) un nuevo decreto reformó la instrucción del 7 de agosto de 1939. <<

[16] Ley del 23 de septiembre de 1939 (BOE, 12 de octubre) y decreto del 14 de diciembre de 1940 (BOE, 22 de diciembre). Véase también Noticiero de España, 28 de diciembre de 1940. El decreto del 14 de diciembre decía que se entendían comprendidas en la ley del 23 de septiembre «todos aquellos bienes y derechos pertenecientes a las Organizaciones sindicales marxistas, anarquistas o separatistas y a las Agrupaciones de carácter obrerista vinculadas o apoyadas en las citadas Organizaciones». <<

[17] El decreto suspendía las exposiciones parciales que se habían venido celebrando en los juzgados gubernativos para tratar de localizar propietarios de los bienes todavía no adjudicados. <<

[18] La devolución de los objetos reclamados debería solicitarse en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de su publicación en el BOE. <<

[19] Iba a estar abierta hasta el 30 de junio. Las autoridades preveían posibles aglomeraciones, dado el elevado número de tarjetas y autorizaciones expedidas, por lo que se reservaban el derecho de facilitar contraseñas para regular así la entrada a los salones de la exhibición. <<

[20] La prensa anunciaba el comienzo en Madrid de «la más sorprendente y valiosa exposición que se ha conocido», y también advertían de que integraba «toneladas de oro, plata y piedras preciosas». Se avanzaba que el número de piezas superaba las 50.000. <<

[21] Decreto del 10 de octubre de 1963 (BOE, 16 de octubre). <<

[22] En abril de 2011, el diario El Mundo dio cuenta de que cientos de cajas con joyas, monedas, obras de arte y vajillas expropiadas a partir de 1936 a personas afectas a la sublevación habían sido descubiertas en Madrid y que estaban siendo catalogadas «en secreto». <<

[23] Para mayor información sobre el contenido de este epígrafe, véase «Una banca sin contabilidad», en Sánchez Asiaín (1992:151-160; 1999a:296-310). <<

[24] Un ejemplo del Banco de Bilbao: «Debe señalarse el hecho de que las [oficinas] de Durango, Guernica y Lequeitio carecen de los libros y documentación; la primera por haber sido llevados a Bilbao y las dos últimas por haberse quemado en el incendio de Guernica en el que nuestras oficinas quedaron totalmente destruidas» (resumen incorporado a la sesión del Consejo de Administración de Burgos del Banco de Bilbao el 25 de junio de 1937). <<

[25] La conquista de Barcelona había puesto en manos del Gobierno de Burgos una parte muy importante de los libros de contabilidad y archivos del Banco de España que habían sido evacuados. Así, en la sesión ordinaria del día 31 de enero de 1939 del Consejo del Banco de España, el subgobernador pudo dar lectura a un telegrama que se le cursaba desde Barcelona, informándole de que en aquella plaza se habían encontrado libros, contabilidades completas, valores y carteras, así como los documentos de Reus, Lérida y Tarragona, y valores de Gijón y Santander. <<

[26] Véase BE (1942b). <<

[27] La relación de las entidades que se ampararon en el decreto 220 puede verse en Sánchez Asiaín (1992:153). El acta del Consejo del Banco de La Coruña del 6 de marzo de 1937 hacía constar que «publicado en el Boletín Oficial del Estado el decreto número 220, de fecha 17 de febrero, y en vista de la imposibilidad de formalizar el balance del último ejercicio por no haber medios hábiles para determinar la estimación de partidas tan importantes del activo, como es la Cartera de Valores a causa de falta de cotización, ni el resultado final de otras operaciones iniciadas antes del movimiento salvador de la Patria, con enlace en territorio no liberado, el Consejo acuerda por unanimidad acogerse a lo dispuesto en el referido Decreto, delegando en el señor Presidente Don Dionisio Tejero para solicitar los beneficios del artículo primero en la forma que determina el artículo segundo del mismo». Y en el mismo sentido se pronunciaron el resto de las que se habían acogido al decreto. <<

[28] Artículo 1.º de la orden del 5 de septiembre de 1938. Su exposición de motivos declaraba «la necesidad imperiosa de una pronta colaboración de la Banca Privada en la restauración de la normalidad de las ciudades y plazas que nuestro Ejército va liberando» (BOE del 18 de septiembre). <<

[29] Comités, secciones provinciales y ministerio, a través del Servicio Nacional de Banca, Moneda y Cambio. <<

[30] El problema era complejo y difícil. El Noticiero de España, «Notas financieras», 5 de noviembre de 1938, decía que lo que en aquellos momentos suscitaba mayor preocupación al Gobierno era «la suma de trabajo que será forzoso realizar para reconstruir la masa ingente de valores y títulos en depósito en las Cajas fuertes de los bancos, que han sido o robados o destruidos». <<

[31] A esta encomienda se le asignaba una retribución mensual. <<

[32] La banca tenía que publicar en el BOE y en la prensa local anuncios requiriendo de los cuentacorrentistas e impositores afectados por la no existencia de contabilidad la presentación en la oficina bancaria correspondiente de los documentos acreditativos de sus derechos, al día 18 de julio de 1936 y a la fecha de «liberación». <<

[33] «Cada tres meses todo Establecimiento bancario al que afecte, en una o más sucursales o agencias, los preceptos de esta Ley, vendrá obligado a remitir al Servicio Nacional de Banca, Moneda y Cambio, una Memoria expositiva del desarrollo de los trabajos pertinentes en cada una de las sucursales o agencias afectadas… El plazo establecido en el párrafo anterior no priva a la Administración de la facultad de pedir datos con mayor frecuencia». <<

[34] BOE, 3 de junio. Véase también Noticiero de España, 8 de agosto de 1939. <<

[35] Presidía esa comisión el magistrado del Tribunal Supremo, Ildefonso Vellón Gómez, y lo integraban 21 vocales más entre magistrados, economistas, catedráticos de distintas disciplinas, ex ministros y otras personalidades (orden del 21 de diciembre de 1938; BOE, 22 de diciembre). <<

[36] Véase el capítulo XIII, «El oro. Ventas a Francia y Moscú. La reacción del Gobierno de Burgos». <<

[37] Orden del 21 de diciembre de 1938 (BOE, 22 de diciembre). <<

[38] Ministerio de la Gobernación (1939). Para mayor información sobre la ilegitimidad de la República, véase «El 18 de julio no fue un golpe militar fascista. No existía la legalidad republicana» de Ricardo de la Cierva (2000). <<

[39] Sobre la legitimidad de origen del régimen de Franco, véase Hiller (1990:65 y ss.). <<

[1] En la literatura historiográfica hoy disponible sobre la financiación del exilio destacan las investigaciones de Abdón Mateos (2003, 2005, 2006, 2008b y 2009), Ángel Herrerín (2007) y Moradiellos (2006 y 2007). La investigación de Mateos está basada fundamentalmente en fuentes de información directas, algunas estudiadas por primera vez, como es el caso de la documentación de la Fundación Indalecio Prieto. Mateos trabajó también con el fondo Carlos Esplá, depositado en Salamanca en el Archivo General de la Guerra Civil, con el archivo de Amaro del Rosal, depositado en los Archivos del Movimiento Obrero en Alcalá de Henares, y con el fondo de José Puche y de la CTARE, depositado en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México. Ángel Herrerín también se ha beneficiado en su investigación de la apertura de nuevos fondos a los investigadores en los últimos años. Por su parte, Moradiellos ha hecho un extraordinario esfuerzo, a partir de sus investigaciones sobre Negrín, en desentrañar qué fue exactamente el SERE y la realidad de su financiación. Otras aportaciones interesantes sobre el exilio son el trabajo de Araquistain (1983), el de Valle (1976), el de Grial y Santidrian (1977), el de Cabeza (1977) y el de Sánchez Cervelló (2011). Véase también una amplia bibliografía en Tusell (2005:41). Otra muy importante bibliografía sobre la financiación y los movimientos del exilio republicano español puede verse en Alted Vigil (1993), Piedrafita (2003) y Núñez Pérez (1993), las tres de la colección Archivo de la II República española en el exilio, de la Fundación Universitaria Española. También Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2006). <<

[2] Información sobre la ayuda de México a los republicanos exiliados puede verse en Powell (1981:145 y ss.). También Hernández de León-Portilla (2004). <<

[3] Cabezas (2005:433 y ss.). <<

[4] Amaro del Rosal relata con detalle el contenido de su reunión con Méndez Aspe, que duró más de cuatro horas. Más información sobre esta conversación en Rosal (1976:83 y ss.). <<

[5] Véase Moradiellos (2006:473 y ss.). También el capítulo «Las alcaldadas de Negrín» de Olaya (1996:103 y ss.). <<

[6] El origen del SERE se sitúa en los primeros días de febrero de 1939, cuando Negrín creó una comisión para atender a la masa de población civil y militar exiliada en Francia con la pérdida de Cataluña. Así se comunicaba, en el mes de marzo, lo que se trataba de hacer al secretario del comité de enlace del Frente Popular: «Es nuestro deseo el constituir rápidamente una Junta pro Refugiados españoles en la que estén representadas todas las tendencias políticas y sindicales de las organizaciones republicanas leales. Con este motivo, y para que tal deseo se convierta inmediatamente en realidad, le ruego encarecidamente se sirva convocar a las entidades que componen el Frente Popular Nacional con el fin de que antes del día 29 del actual haga las designaciones de las personas que han de representarles en la referida Junta, bien entendido que se trata de designar una persona por Partido u Organización» (Moradiellos, 2006:476-477). Véase también Pablo Azcárate (2010:110), «Creación y funcionamiento del SERE». <<

[7] Pablo Azcárate (2010:107) confirma que la presencia de refugiados españoles en Francia llegó a ser de 500.000. <<

[8] Véase Sinaia. Diario de la primera expedición de republicanos españoles a México, Fondo de Cultura Económica (VV. AA., 1999). <<

[9] Azcárate cesó en sus funciones como presidente del SERE en octubre de 1939. <<

[10] La ponencia la integraban seis vocales más: Julio Álvarez del Vayo, Tomás Bilbao, Segundo Blanco, Ramón González-Peña, Francisco Méndez Aspe y José Moix-Regás. <<

[11] También el CTARE en México entregaba dinero a las diferentes organizaciones políticas para que lo distribuyeran entre sus afiliados (Herrerín, 2007:25). <<

[12] Cabezas (2005:438). <<

[13] Véase «Las compañías de trabajadores y el empleo militar de los refugiados» en Azcárate (2010:149 y ss.). <<

[14] Es de destacar que los españoles establecidos en Francia se mostraron en todo momento dispuestos a utilizar en sus empresas a los exiliados (Bennassar, 2005:410 y ss.). <<

[15] Véase «El acoso policíaco y judicial al SERE» en Azcárate (2010:125 y ss.). Sobre la presencia destacada del Partido Comunista en la dirección del SERE, véase «El Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles», en Mateos (2006). <<

[16] Véase mayor detalle en Moradiellos (2007:124). <<

[17] Citado por Javier Rubio García-Mina (1977:132) como parte de un informe remitido el 18 de marzo de 1940 al ministro de Asuntos Exteriores. <<

[18] Lo deja muy claro Azaña (1981 vol. 2:426) en sus Memorias: «A Saravia no he podido traerlo conmigo porque son once de familia. Vive malamente en una aldea cerca de Marsella. Los que distribuyen los fondos de socorro a los emigrados son tan miserables, que a Saravia no le dan un céntimo, porque no es comunistoide y sí republicano y amigo mío». <<

[19] Negrín se refería a los documentos de la JARE. <<

[20] Moradiellos (2006:580 y ss.). <<

[21] El acuerdo de constitución de la JARE se encuentra depositado en la Fundación Universitaria Española. En cuanto se refiere a la investigación sobre su actividad, la más completa información sobre la JARE, y el papel desempeñado por Prieto en esa institución, la ofrece Octavio Cabezas, quien, animado por la Fundación Indalecio Prieto, que puso a su disposición toda la documentación y correspondencia de Prieto totalmente inédita, asumió la tarea de investigar sobre la historia del Partido Socialista Obrero Español. Esa investigación dio lugar a su biografía de Prieto (Cabezas, 2005). <<

[22] Sobre el pleito Prieto-Negrín, especialmente a partir de la llegada del Vita a Veracruz, y en relación sobre quién de los dos tenía capacidad para disponer de los fondos, véase Mateos (2008b:193 y ss.). Sobre la ruptura de Juan Negrín e Indalecio Prieto, véase Azcárate (2010:119). La controversia Prieto-Negrín ha sido también muy bien definida por Carlos Seco (1978:315) cuando dice que los dirigentes emigrados se polarizaron en dos direcciones, «con Negrín» o «contra Negrín». <<

[23] Formaban parte también de la Junta Carlos Esplá, como secretario general, y José Andreu Abelló, Amador Fernández Montes, Emilio Palomo Aguado, Juan Peiró Belis y Faustino Valentín Torrejón, como vocales. En la medida en que el aparato de la JARE que estaba en México no era más que una delegación, ésta se apoyó en tres personas: Indalecio Prieto, José Andreu y Emilio Palomo. Poco después de comenzar su trabajo, este último se llevó y vendió joyas por valor de 55.000 pesos, siendo sustituido primero por José Giral y después por Carlos Esplá (Cabezas, 2005:460). La delegación en México de la JARE tuvo su primera reunión el 2 de diciembre de 1939 y la última el 2 de diciembre de 1942. Levantó 288 actas de sus reuniones. <<

[24] Sobre Lázaro Cárdenas y sus relaciones con la República española, véase Centro Republicano Español en México (1978). <<

[25] Para el debate sobre Negrín y Prieto en relación con los bienes del Vita, véase Rubio García-Mina (1979:298 y ss. y 1977:141 y ss.). También Beevor (2005:641-644). <<

[26] Véase «Consecuencias del cisma socialista: la JARE» en Azcárate (2010:119 y ss.). Entre otras cosas, Azcárate afirma que los representantes de la JARE en París se dejaron dominar por una especie de espíritu de concurrencia, lo que les llevó a considerar al SERE no como un partícipe en una obra común, sino como a un enemigo al que había que combatir por todos los medios. Además, no vacilaron en utilizar la acusación que más daño podía hacerles, a la vez que mayor beneficio podía proporcionar a la JARE. Y lo que hicieron fue presentarse ante las autoridades francesas como resueltos y entusiastas anticomunistas, haciendo caer sobre el SERE la acusación implícita de entidad comunista o filocomunista. <<

[27] Cabezas (2005:457). <<

[28] Mayor detalle sobre las vicisitudes de esta operación, que fue realmente compleja y larga, puede verse en Herrerín (2007:18-24). Hay que anotar que no todo el material se vendió, porque cuando no fue posible obtener para parte de él un precio aceptable, Prieto prefirió entregar al Gobierno mexicano ese material como agradecimiento a la desinteresada colaboración de las autoridades mexicanas a lo largo de todo el proceso. <<

[29] Zabala, ante el inminente reconocimiento del Gobierno de Burgos por EE.UU., había remitido esos valores a la embajada de España en México (véase Herrerín, 2007:15 y ss.). <<

[30] Herrerín (2007:17). <<

[31] Más información sobre la JARE como instrumento de Prieto puede verse en Rubio García-Mina (1977:139 y ss.). <<

[32] También se inició un proyecto para crear una empresa en Túnez, que no pudo llevarse a la práctica. En esta operación se perdieron 10 millones de francos (Cabezas, 2005:460). <<

[33] Entre otras, la fábrica de persianas venecianas La Nueva Ideal, la fábrica de vidrio El Crisol, Construcción Naval, o Altos Hornos de México. Para una mayor información sobre la actividad de la JARE, especialmente en cuanto a los intentos de explotación de empresas y negocios, véase Cabezas (2005:457-484). <<

[34] Acta de constitución de la Comisión de Socorros del 8 de mayo de 1940, documentada por Herrerín (2007:62). <<

[35] Sobre la vida y vicisitudes de los exiliados, véase Bravo-Tellado (1974). <<

[36] Un 48,77% pertenecían al sector terciario, un 29,07% al secundario y al primario sólo el 22,16% (Herrerín, 2007:45). Rodríguez Oliva (2010:14) por su parte habla de un mínimo de 430.000 exiliados, 220.000 soldados mayores de edad, frente a 210.000 civiles entre los que predominaban las mujeres, los niños y los ancianos. Eran de todas las condiciones sociales; casi la mitad obreros del sector industrial, más del 30% trabajadores agrícolas, y cerca de un 20% del sector terciario. <<

[37] Documenta esta situación el hecho de que el primer balance de la JARE, que se cerró en París el 30 de septiembre de 1939, ponía de manifiesto que la cantidad dedicada a socorro y asistencias a los refugiados «de tropa» fue de poco más del 10%, mientras que las habilitaciones de la Diputación Permanente y de la Generalitat suponían casi los dos tercios del total. <<

[38] En el acuerdo, el Gobierno mexicano se comprometía a recibir a todos los españoles refugiados en Francia, a condición de que los interesados manifestasen su deseo de ir, tomando a su cargo el transporte marítimo hasta México y la subsistencia de todos los refugiados españoles que no recibiesen ningún otro tipo de ayuda (Cabezas, 2005:465). Un nuevo acuerdo se firmó en noviembre de 1940. <<

[39] El Gobierno francés tuvo que habilitar un importante presupuesto para atender a los refugiados. En esta línea, Antony Beevor (2005:637) dice que el Gobierno de Daladier gastaba en el mantenimiento de los refugiados 15 francos por persona y día, y 60 por cada enfermo o herido hospitalizado, es decir, más de 7 millones de francos diarios. <<

[40] Manuel Ávila Camacho había sido nombrado en diciembre de 1940 presidente de la República mexicana, cargo que desempeñó hasta 1946. <<

[41] Sobre el pleito de los exiliados y la intervención en él de Ávila Camacho, véase Mateos (2003:557 y ss.). <<

[42] El decreto fue promulgado sin previa consulta a Prieto, y establecía la creación de una comisión mixta hispano-mexicana hasta que fuera constituida una nueva entidad financiera (Mateos, 2005:159). <<

[43] Herrerín (2007:153). <<

[44] Carta de Prieto a Ávila Camacho del 6 de febrero de 1941. <<

[45] Herrerín (2007:153). <<

[46] En ese momento, la Diputación Permanente de las Cortes en el exilio decidió relevar temporalmente a la JARE de la obligación de rendir cuentas, pero decidió que esa obligación «resurgirá inmediatamente que sea nombrado un Gobierno representativo del Estado republicano y ratificada su designación por las Cortes de la República» (Cabezas, 2005:474). <<

[47] La política revisionista que supuso en México el acceso de Manuel Ávila Camacho a la presidencia de la República puede verse en Mateos (2004:405 y ss.). <<

[48] Sobre la CAFARE, véase Olaya (1996:219; 235 y ss.). <<

[49] En la Fundación Universitaria Española está depositado desde 1979 el Archivo de la II República española en el exilio. Para más información sobre lo que ofrece este archivo, puede verse Balsinde (2007). <<

[50] Saiz Valdivielso (1984:221-222). <<

[51] Carta de la Diputación Permanente a Prieto, Esplá y Andreu del 22 de marzo de 1943. <<

[52] Carta de Prieto, Esplá y Andreu a Augusto Barcia de fecha 9 de noviembre de 1945. Véase también Prieto (1967:108). <<

[53] La comisión estaba integrada por Gabriel Bonilla Marín, subsecretario de Hacienda, Eduardo Iglesias del Portal, magistrado del Tribunal Supremo, y Virgilio Botella Pastor, del Cuerpo de Intendencia de la armada. Los miembros de la comisión, decía el mandato, «estudiarán y analizarán las cuentas y la documentación de la JARE, practicando una liquidación provisional que, acompañada de su informe, elevarán al Gobierno, a los fines de su aprobación provisional». Una vez obtenida ésta, se añadía, los miembros de la comisión «se harán cargo de los libros de contabilidad, facturas, comprobantes y toda clase de documentación que hubieran examinado» (orden del 30 de noviembre de 1945 nombrando a la comisión que debería examinar las cuentas de la JARE). <<

[54] Informe firmado el 29 de mayo de 1946. <<

[55] Se dejaba constancia de que algunas de las personas que manipulaban las operaciones de desmonte de piedras preciosas y fundición de metales se habían apropiado de varias alhajas de gran valor aprovechando un descuido. Sin embargo, se reconocía que la Delegación intervino inmediatamente en defensa de los intereses que administraba, sancionó a los causantes y recuperó algunas de las alhajas sustraídas. <<

[56] «Nosotros teníamos una obligación que hemos cumplido, la de rendir cuentas. Hay otra obligación que debe ser cumplida ahora: la de aprobar o rechazar nuestras cuentas». Carta remitida por Indalecio Prieto, Carlos Esplá y José Andreu Abelló, el 7 de agosto de 1946, a Gabriel Bonilla. <<

[57] Carta del 11 de septiembre de 1946, de Prieto, Esplá y Andreu a Augusto Barcia. <<

[58] La comisión estaba integrada por Luis Nicolau d’Olwer, Gabriel Bonilla Marín, Eduardo Iglesias del Portal y Vicente Esbrí Vidal. <<

[59] Carta fechada en México el 7 de abril de 1947, y otra posterior del 4 de junio de 1947. <<

[60] En relación con la propuesta que se les había hecho de que la JARE propusiera «ella misma la manera y ocasión de proceder a la liquidación definitiva de lo que hubiera quedado en unos u otros lugares, a disposición de la misma», Prieto contestó con estas palabras: «Usted [nos invita] a que, de común acuerdo, demos cima a este asunto». <<

[61] En estas lides, Prieto encargó un libro sobre la gestión de la Junta a su colaborador Víctor Salazar, quien recopiló abundante documentación básica que está depositada en el legado Salazar de la Fundación Indalecio Prieto (Mateos, 2006:4). <<

[62] Véase Cabeza (1997) y Sánchez Cervelló (2011:311-322). <<

[63] Botella Pastor (2002:78-79). <<

[64] Cabeza (1997:132). <<

[65] Valle (1976:244 y ss.). <<

[66] Sánchez Cervelló (2011:313). <<

[67] Botella Pastor (2002:133). <<

[68] Sánchez Cervelló (2011:314 y ss.). <<

[69] Valle (1976:319). <<

[70] Botella Pastor (2002:169). <<

[71] Botella Pastor (2002:175). <<

[72] Cabeza (1997:406-407). <<

[73] Una versión actualizada en Moradiellos (2007). <<

[74] Moradiellos ha llevado a cabo una exhaustiva investigación a partir de la documentación personal de Negrín que se conserva en la Fundación Canaria Juan Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, y de los documentos conservados en su archivo personal en París, facilitados por Carmen Negrín, nieta del biografiado. Sobre la importancia y vicisitudes de los papeles del archivo de Negrín, véase Miralles Cantero (2005). <<

[75] Moradiellos (2007:115 y ss.). Toda la información en este epígrafe procede de esa investigación. <<

[76] Véase también el relato del diplomático mexicano encargado de su defensa, en Rodríguez Taboada (2000). <<

[77] Con él figuraban también como administradores el abogado suizo Hans Seligman, el abogado británico y diputado laborista Eric Fletcher, Joaquín Lozano, ex agregado financiero de la embajada londinense, y el ex embajador Pablo Azcárate. A ellos se sumaría después Manuel Portela (ex presidente del Gobierno), que terminaría presidiendo el fideicomiso, y Mariano Ansó (ex ministro de Justicia) que le sustituyó unos años más tarde. <<

[78] Ese fondo financiero «de reserva» estuvo custodiado, como mínimo, en cinco depósitos oficiales diferentes: la cuenta M del BCEN parisino, una cuenta y un «cofre fuerte» en el Barclays Bank de París, la cuenta de «Caja» (probablemente bajo custodia de Méndez Aspe) y la cuenta «Depósito billetes» (probablemente sita en las itinerantes sedes oficiosas del Gobierno en el exilio). <<

[79] Al SERE se destinaron 718.000 libras, a la CTARE 328.000 libras, y a la Junta de Auxilio de Santo Domingo 19.000 libras. La atención a mutilados totalizó 23.000 libras. Y las aportaciones a entidades particulares para ayudar a la emigración supusieron otras 57.000 libras. <<

[80] Informe emitido el 28 de abril de 1941 por la embajada de España en Francia en relación con la organización y la financiación de los refugiados españoles residentes en aquel país (Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores). <<

[81] Las gestiones para esta relocalización de refugiados se encomendaron al armador vasco Ildefonso de Irala. <<

[82] Tanto Negrín como Álvarez del Vayo «no pusieron nunca los pies en las Oficinas principales del SERE, acudiendo exclusivamente a reuniones, casi diarias, en la Sección Financiera… a la que, en cambio, no acudían los elementos afiliados ni los llamados Consejeros del SERE». <<

[83] El informe de la embajada apostillaba: «quedándose él con la parte del león». <<

[84] Añadía el informe que José Antonio Aguirre estaba fuertemente protegido por el cardenal arzobispo de París, monseñor Verdier, y otros eclesiásticos poderosos, así como por diversas personalidades políticas y francesas, que soñaban con ver convertirse a España «en una serie de pequeños estados». <<

[85] La delegación vasca en París estaba presidida por José Antonio Aguirre, y la integraban, entre otros, Telesforo Monzón (Gobernación), Eliodoro de la Torre (Hacienda) y Jesús María Leizaola (Justicia). <<

[86] La delegación vasca tenía también varios centros diseminados por el sur de Francia, especialmente en San Juan de Luz y Biarritz. <<

[87] Se refería especialmente a las joyas de Holanda y a los valores de La Rochelle. <<

[88] El informe citaba a un Sota, de Bilbao, que envió «bastante dinero». <<

[89] Sobre las principales corrientes migratorias de refugiados españoles desde Francia en 1939, véase Rubio García-Mina (1977:202 y ss.). <<

[90] Más información sobre el exilio vasco puede verse en el libro de José Antonio Durañona (2005), secretario de José Antonio Aguirre en el exilio. <<

[91] En México disponían también de un órgano de propaganda que se publicaba mensualmente bajo el nombre de La revista de los catalanes. <<

[92] Decía el informe que los «que se aprovechaban de todo eran, además de los Jefes principales, aquellos que en París marchaban a remolque de ellos. Con este motivo hubo algunos incidentes». El informe citaba varios, pero como uno de los «más típicos que pudieron darse en la odisea del destierro» mencionaba el caso de Osorio Tafall, que fue responsable de una estafa al SERE. <<

[93] Estaban encuadrados por oficiales franceses y sus componentes percibían, además de su manutención y alojamiento, 0,50 francos diarios como compensación. <<

[94] Palma Guillén se encargaba de ir mensualmente a Suiza para recoger las cantidades que Prieto enviaba desde México. Del reparto entre los refugiados se encargaban Mariano Ansó y Teófilo Gil para los aviadores, Riquelme y Fuentes para los militares refugiados, Antonio María Sbert para los catalanes, Eladio Ruiz, Luis Fernández, y Carlos de Juan para los refugiados de provincias, y Vicente Carrillo, que distribuía mensualmente más de medio millón para los mutilados. <<

[1] Traducción del original del acta oficial en italiano reproducida por Guariglia (1972:374-377). <<

[2] Copia del documento original que se conserva en Roma, en el Archivio Centrale dello Stato, Segretaria Particolare del Duce. Reproducido en Saz (1986a:72). <<

[1] Este informe estaba escrito a máquina y firmado de puño y letra por Goicoechea. Fue hecho público por primera vez por Massimo Mazzetti. La versión que se adjunta es la traducción al español del original italiano publicado por Mazzetti (1979:1191-1194). <<

[1] Hay un membrete que dice: «El General Jefe del Ejército del Norte». <<

[1] Reproducido de Riquer (1997:296-297). <<

[1] Original de Jesús Balduz a partir de la documentación acumulada para la investigación sobre el resultado de la «suscripción nacional» en Navarra. <<

[2] Destacó el empresario de la construcción Félix Huarte Goñi, primer navarro en aportar 5.000 pesetas. La mayor suma entregada en esos momentos en la capital navarra corresponde a un súbdito argentino, Esteban Fernández, según destaca el diario en su portada, con 20.300 pesetas. <<

[3] Como la del banco La Vasconia. A título personal, Joaquín Navascués Iriarte aportó 10.000 pesetas. <<

[4] Lo demuestra la contribución del famoso chocolatero Pedro Mayo que aportó 5.000 pesetas, la misma cantidad que la entidad Aguas de Arteta y la Sociedad Navarra de Industrias, o el conocido Café Kutz, de la plaza del Castillo, con 1.000. <<

[5] «Dos sirvientes y un chofer», «Un camarero independiente». <<

[6] Éste fue el caso de la Caja de Ahorros Provincial de Navarra, con una donación de 50.000 pesetas y la empresa de Cementos Portland, con 25.000. En ambos casos indicaban, al hacer su aportación, que sólo se trataba de una primera entrega. <<

[7] «Un amante de Navarra», 5.000 pesetas; «Una navarra», 400 pesetas. <<

[8] «Concejo de Igoa», 1.000 pesetas; «Varios vecinos de Güesa», 172,50; «Café Suizo» de la plaza del Castillo, 1.000 pesetas, o el «Círculo Católico de Huarte», 100 pesetas. <<

[9] Incluían a los habitantes de muchos pueblos desde los que se colaboraba activamente. <<

[10] Ese mismo día el Diario de Navarra decía que, pese a ocultar la identidad, hay quien daba 700 pesetas con vehemente ardor patriótico: «Un entusiasta amante del Ejército español, salvador de España», o quien justifica lo exiguo de su aportación (10 pesetas) por la limitación obvia de sus posibilidades económicas y la aportación de la sangre familiar: «Un modesto empleado con siete hijos pequeños y uno mayor en el frente de Somosierra». Modestas y anónimas aportaciones con tinte emotivo (Diario de Navarra, 15 de agosto) como las 10 pesetas que corresponden a «los ahorros de tres hermanitos» o «los ahorros de una madre», con 15, que podrían ser componentes de la misma familia. <<

[11] Aparecen el conde del Real y el marqués de Narros con 5.000 pesetas cada uno y al día siguiente, aunque con menos generosidad, el conde de Espoz y Mina con sus 500 pesetas. <<

[12] Pedro Mayo, el chocolatero, hace gala de su patriotismo aportando trece monedas de oro de Carlos IV (arras), dos relojes, tres gemelos, dos alianzas, pulseras y diversas joyas con piedras preciosas. El diputado foral, Arturo Monzón, por su parte ofrece: «Dos onzas de oro, una moneda de oro de 25 pesetas, otra de dos y medio dólares, 3 de 10 francos, un anillo, un alfiler con moneda, una medalla y cadena, y un anillo todo oro… Un reloj de caballero, un par de gemelos, una cadena con escapularios, una sortija de sellos y dos alianzas, todo de oro». Hay quien entregó en la cuenta del Banco de España 4.925 pesetas íntegramente en valor nominal de monedas de oro. <<

[13] Participaban en las listas de donantes, anotando en ocasiones su origen ideológico como forma de evitar que una mayor tibieza pudiera provocarles males mayores tras la disolución de su partido e incautación de sus batzokis. <<

[14] Éste fue el caso de la campaña de «Vino para nuestro glorioso ejército», con una suscripción que el 23 de septiembre, según El Pensamiento, había alcanzado los 52.746 litros y 103.372 litros el 9 de octubre. <<

[1] Bolín (1967:396 y ss.). <<

[1] Archivo Histórico del Ministerio de Hacienda. <<

[1] Curiosamente la fecha del acta n.º 11 es anterior a la fecha del acta n.º 10. Esto, unido a ciertas referencias en algunas de las actas, puede sugerir que las actas fueron numeradas en fecha posterior. Incluso es posible que puedan existir actas intermedias. <<

[2] La suma de las dos partidas anteriores arroja en realidad un total de 10,013 kg. <<

[1] Reproducido de Documentos secretos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania sobre la guerra civil Española (Méndez Riestra, 1979:21-23). Texto italiano entregado por el conde Ciano al embajador de Alemania en Roma, Mackensen, el 12 de febrero de 1942, y enviado por éste a Berlín en ese mismo día. Los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania referidos a la política alemana en España durante los años 1936 a 1943 se encuentran en el archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS. Han sido hechos públicos por los Servicios de Información Soviéticos. También en Cantalupo (1951:69-71). <<

[1] BE (1939c). La versión original tiene 35 páginas, 11 cuadros y está escrita a máquina en copias al papel carbón. <<

[2] El informe señalaba que, ya en el verano de 1937, según testimonio de quienes estaban en la zona republicana, prácticamente no circulaban los billetes legítimos, y que a finales de ese año habían desaparecido totalmente, ya que sus tenedores no estaban dispuestos a utilizarlos. Añadía el informe que si alguna vez esos billetes aparecían en las transacciones, no era como medio de pago, sino como mercancía que se compraba y vendía con fuertes primas. En realidad, constituían un artículo demandado a cambio de moneda republicana. <<

[3] Como es lógico, el razonamiento y la justificación eran menos simples que lo enunciado más arriba. <<

[4] El informe del Banco de España al Gobierno de Burgos analizaba la circulación fiduciaria y el crédito privado en Francia mes a mes durante el proceso de inflación que iba desde julio de 1923 a marzo de 1926. <<

[5] Se excluyen las explicadas anteriormente. <<

[6] La corrección se realizó a través de la estadística que se hizo en la zona controlada por el Gobierno de Burgos en el mes de noviembre de 1938, cuando no cabía que fueran entregados allí otros billetes que los que se encontraban accidentalmente en el momento de ser conquistados los territorios. <<

[7] Es de señalar que entre los cuadros estadísticos confeccionados por el Banco de España en orden a conocer la evolución del índice de precios en la zona republicana figuraba uno titulado «Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo y recogido hasta el 20 de noviembre de 1938 en las sucursales que se expresan», en el cual para 50 plazas se hacía mención de los billetes del Banco de España, certificados de plata y otros signos fiduciarios recogidos que hacían un total de 292 millones de pesetas. <<

[8] Todas y cada una de las correcciones que se fueron haciendo en el análisis del Banco de España para calcular los índices de precios están explicitadas con todo detalle en el estudio. Y, aunque éste reconocía que había un cierto número de correcciones que deberían haberse practicado para una exacta depuración de las cifras, explicaba que no habían sido tenidas en cuenta por su escasa importancia relativa, o por no disponer de datos adecuados para una estimación fiable. Una de ellas era la de los billetes de pequeño valor emitidos por los Gobiernos regionales y por las corporaciones locales. Otra era el atesoramiento de billetes ilegítimos. <<

[1] Las copias originales de este acuerdo se encuentran en el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores. <<