La historia que los estadounidenses asumen como propia es convincente: Estados Unidos es una fuerza positiva en el mundo, refugio para prosperar y defensor incondicional de la democracia y los derechos humanos. Pero el veterano periodista de investigación Matt Kennard revela una verdad mucho más oscura. Tras cuatro años en el Financial Times descubrió una estafa gigante. Su acceso a la élite global lo llevó a una sola conclusión: el mundo está dirigido por un escuadrón de hombres que fuman puros con armas grandes y gran efectivo. A partir de más de 2.000 entrevistas con funcionarios, intelectuales y artistas de todo el mundo, Kennard revela cómo se nos vende un sueño y cómo ese sueño oscurece la realidad del estado corporativo, la encarcelación en masa y la extirpación de derechos humanos.

Matt Kennard

La extorsión

Un reportero canalla contra la élite estadounidense

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Titivillus 21-10-2020

Título original: The Racket: A Rogue Reporter vs the Masters of the Universe

Matt Kennard, 2015

Traducción: Ricardo García Pérez

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Para Ana, que lo escribió conmigo, y para Chelsea Manning, por ayudarnos a conocer la verdad

«He pasado treinta y tres años y cuatro meses en el servicio militar activo y, durante todo ese periodo, la mayor parte del tiempo he hecho de sicario de primera para los grandes negocios, Wall Street y los banqueros. En resumen, he sido un extorsionista, un gánster del capitalismo. En 1914 contribuí a ganar las simpatías de México y, sobre todo, de Tampico para los intereses petroleros estadounidenses. Contribuí a que Haití y Cuba fueran un lugar decente para que los chicos del National City Bank recaudaran ingresos allí. Contribuí a violentar media docena de repúblicas centroamericanas en beneficio de Wall Street. Entre los años 1902 y 1912 contribuí a depurar Nicaragua para la International Banking House de los hermanos Brown. En 1916 llevé la luz a la República Dominicana en nombre de los intereses azucareros estadounidenses. En 1903 ayudé a pacificar Honduras en beneficio de las empresas fruteras estadounidenses. En 1927, en China, contribuí a ocuparme de que Standard Oil prosperara sin obstáculos. Volviendo la vista atrás, creo que podría haber dado unos cuantos consejos a Al Capone. A lo máximo que él llegó fue a imponer sus chanchullos en tres distritos. Yo actué en tres continentes.»

Discurso pronunciado en 1933 por

el general Smedley Butler, que falleció siendo

el marine estadounidense más condecorado

de la historia de Estados Unidos

extorsión. f., coloq. Trampa, conspiración deshonesta; en la actualidad, suele ser un plan para obtener dinero, etcétera, por medios fraudulentos o violentos; forma de delito organizado. gen. Actividad, forma de vida, negocio.

Diccionario de Inglés de Oxford

Agradecimientos

Este libro ha pasado una década en fase de elaboración y me ha llevado a viajar a todos los rincones del planeta. El sobrecogedor sentimiento que me dejó fue que, a juzgar por cómo trata a la familia humana, nuestro mundo está en graves aprietos. Pero allá donde he ido me ha llenado de esperanza ver a individuos y a grupos valientes y luchadores resistiéndose a la violencia y la desgracia infligidas por la maquinaria económica y militar liderada por Estados Unidos. Desde Palestina hasta Honduras y desde Sudáfrica hasta Haití, quisiera dar las gracias a todas las personas que compartieron conmigo su fe en la lucha contra las adversidades, a menudo poniéndose en peligro. Han mostrado determinación ante un sistema ideológico que no se cansa de decirles que el dolor que sufren es por su bien. Gracias por combatir el poder y las mentiras.

Soy miembro del Centre for Investigative Journalism (CIJ), un lugar de ensueño para trabajar. El CIJ es una institución dedicada a promover un periodismo crítico e indagador cada vez menos frecuente en los medios de comunicación. Concretamente su director, Gavin MacFadyen, ha sido una fuente de inspiración por su pasión y valentía a la hora de apoyar a periodistas e informadores que trabajan en un entorno complicado. Él es el paradigma de lo que debería ser un periodista. En el CIJ también he tenido la suerte de trabajar codo a codo con Claire Provost, una magnífica periodista de investigación. Asimismo, el apoyo de la Bertha Foundation me ha permitido hacerme cargo de reportajes polémicos y concentrarme en el tipo de periodismo que más adoro. En Zed Books, Kika Sroka-Miller me ayudó con brillantez a dar forma a las ideas y la estructura del libro, conque debo agradecérselo muchísimo. También en Zed Books, Jonathan Maunder y Dan Och hicieron infinidad de agudas sugerencias impagables para dar forma al libro. Janet Law realizó una corrección severa y rigurosa del texto. Como seguramente les sucede a millones de personas de todo el mundo, Noam Chomsky ha sido la persona más influyente en mi evolución política e intelectual. Desde que era estudiante de Periodismo, en mitad de mi despertar a la política, ha respondido a mis preguntas durante muchos años con coherencia, paciencia y una intuición inquebrantable. He bromeado muchas veces con mi familia asegurando que era más probable que recibiera respuesta a un correo electrónico enviado a Chomsky que a otro remitido a mi propia madre (era cierto). Gracias por todo, profesor.

Este libro está dedicado a Ana, mi alma gemela y compañera de rebeldía. Buena parte de los reportajes que contiene se han hecho con ella o gracias a ella. Habría sido imposible sin su estímulo, su ayuda sobre el terreno y su compañerismo y amor. Ha sido en diálogo con ella como adquirieron forma muchas ideas de este trabajo. El libro está dedicado también a Chelsea Manning, la heroína de nuestra generación. Ella sola, con un inmenso coste personal, ha cambiado el curso de la historia y nos ha ofrecido una perspectiva histórica de cómo es la verdadera mecánica del poder tal como la esgrime el país más poderoso del mundo. La historia la juzgará con benevolencia, pero hoy por hoy sigue sufriendo. Eso debería acabarse de inmediato. Sus homólogos en la revelación de informaciones, Edward Snowden, Jesselyn Radack, Thomas Drake, William Binney y John Kiriakou, entre otros muchos, también me han servido de inspiración con su valor y su ejemplo.

Judy y Peter, mis padres, me proporcionaron las herramientas para que pensara con libertad y me han apoyado en los años que he tardado en tratar de comprender el mundo tal como lo presento en este libro. Habría sido una labor apabullante de no haber sabido que me respaldaban y creían en lo que estaba haciendo. El ejemplo que me han dado con sus vidas me ha ayudado mucho a resistir las tentaciones del mundo empresarial, al que me asomé con tristeza durante un breve periodo. Mi hermano ha sido un apoyo continuo y ha creído siempre en mí. Gracias, Dan. Luchar contra fuerzas que, a veces, parecen inevitables puede resultar desesperanzador, pero he gozado de la bendición de contar con familiares y amigos de la infancia (y algunos más recientes) que siempre me han hecho reír y me han recargado de energía. Gracias a Harry, Frankie, Dave, Tom, Billy, Patrick, Jack, Declan, Luke, Jake, Dave C., Ellie, Nick T., Ishmail, Sepak, Al D., Ivor, Adam, Lex, Shane, Stuart, Chris, Charlie, Watson, Whybrow, Loz, Dan J., Eugene, Alicia, Lucia, Pati, Nick, Pilar, Suey, mi abuela Mary, William, Lucy, Camilla, Hugh y Ralph.

Aunque este libro no habría existido sin las personas citadas, ninguna de ellas es responsable de lo que hay impreso en las páginas siguientes.

Introducción

Empecé a trabajar de periodista en The Financial Times poco después de que se desatara la crisis financiera y en el momento culminante de la llamada «Guerra contra el Terror». Yo era un joven y ambicioso reportero que trabajaba en uno de los periódicos serios más respetados del mundo y estaba listo para contar la verdad. Aprendí muy pronto que aquel no era un lugar donde hacerlo. Quizá debería haberlo imaginado. Poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, se me abrieron los ojos parcialmente. Cuando en el año 2003 sonaron los tambores de guerra, me enteré de que, a pesar de que Estados Unidos y el Reino Unido promovían el ataque a Sadam Husein, en la década de los ochenta le habían apoyado. El hombre a quien presentaban como la encarnación del diablo había sido nuestro colega unos cuantos años antes. Poco después vi cómo a mi gobierno no le importaba en absoluto reescribir informes de los servicios de inteligencia para engañar a sus propios ciudadanos y meterlos en una guerra de todo punto ilegal. Pensé, quizá con ingenuidad, que trabajar en The Financial Times me permitiría seguir aprendiendo cosas, y en algunos aspectos estaba en lo cierto, aunque lo que aprendí no fueron las lecciones que ellos pretendían darme. Allí viví expuesto a la otra cara de esta moneda de la industria de la guerra: el mundo de las altas finanzas. Esas guerras no eran el vanidoso proyecto de unos dirigentes crédulos, eran tan solo la fase más reciente de la prolongada guerra de las élites mundiales contra los pueblos de nuestro mundo, librada con el fin exclusivo de engordar sus cuentas de resultados. Vi muy de cerca a los verdaderos gobernantes del mundo: no eran los políticos, sino los multimillonarios que se esconden detrás de ellos, los marionetistas que lo movían todo. Me habían destinado a su órgano de comunicación, de modo que levantar alarmas no era, dicho con cortesía, lo más adecuado.

Durante los años siguientes fui testigo de primera mano de lo poderoso que es el sistema propagandístico que da cobertura a estos extorsionistas. Es casi imposible enfrentarse a ellos a título individual desde dentro (lo intenté). Trabajaba en The Financial Times en Washington DC y en Nueva York, pero durante toda esa época también viajé mucho e informé desde cuatro continentes, más de una docena de países y similar número de ciudades de Estados Unidos. Todo lo que veía contradecía lo que me habían contado acerca de cómo funciona el mundo. Pero, mientras lidiaba con mi trabajo, en lo más profundo de mi mente sabía que, como periodista, expresar esta contradicción no era buena idea: hacerlo afecta negativamente, de inmediato, a tu carrera, y supongo que esa es la razón por la que muy pocos dan ese paso. Si hablas mal de los extorsionistas, bueno…, enseguida eres antiestadounidense, odias la libertad, amas a los terroristas, etcétera. Este tipo de «entrenamiento» ideológico alcanza su máxima potencia en los medios de comunicación que apoyan la extorsión del mundo occidental, que es donde antes trabajaba yo —también ayudan a diluir el pensamiento independiente—. En realidad, me enseñaron esta filosofía de mantener los ojos cerrados cuando fui a cursar un máster en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, en Nueva York; al parecer se trata de la mejor del mundo en su disciplina, pero es esclava de la extorsión y sus mentiras, como el resto de las élites estadounidenses. Y los intentos por sacarme de la cabeza estas ideas críticas prosiguieron a medida que iba ascendiendo en la jerarquía del aparato ideológico. El día que me marché de The Financial Times, por ejemplo, mi jefe me dijo claramente: «Lárgate y dedícate a esas cosas tuyas para “salvar el mundo”; tal vez puedas regresar cuando crezcas un poco». Seguí su consejo, pero no volveré. En cambio, presento aquí, con los ojos bien abiertos, el reportaje que ellos jamás mandarían a la imprenta.

Los extorsionistas

Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial ocupando una posición de poder mundial sin parangón. Europa occidental y la Unión Soviética estaban destruidas tras seis años de una guerra devastadora y las estructuras imperiales que antes gobernaban la mayor parte del mundo se estaban desmoronando. En ese periodo, los estadounidenses experimentaron una milagrosa recuperación de la depresión económica que había azotado al país desde el crac de Wall Street de 1929, labrándose conscientemente su posición de número uno durante la guerra. Cuando en 1945 esto se hizo realidad, el centro de atención pasó a ser la ampliación de la cartera de clientes de las élites estadounidenses, instaurando de ese modo la extorsión una vez concluida la Segunda Guerra Mundial.

Steven Pinker, psicólogo evolucionista de Harvard, me contó en una ocasión que el poder pervierte las nociones humanas de moral y justicia: «Dominación, imparcialidad y asociación son tres modalidades de pensamiento muy distintas para abordar las relaciones. Quien ocupa el poder tiende a no pensar en sus relaciones con sus peones o los de otros en términos de imparcialidad», decía. A las élites estadounidenses, sus poderosos agentes empresariales y los gobiernos aliados (con independencia del partido político) los mueve la dominación, no la imparcialidad. Quien ocupa el poder lo sabe, es a la población a la que se miente. Como es natural, la necesidad de pinchar la burbuja propagandística no es nueva. Desde tiempos inmemoriales, todos los emperadores, caciques y superpoderosos han alimentado a propósito la mitología sobre sus actos para utilizar la buena voluntad de sus pueblos y llevar a cabo sus empresas delictivas. El historiador Cornelio Tácito lo expresó mejor en el momento culminante del dominio romano: «Los romanos crean un desierto —escribió— y lo llaman paz». Los mitos que se dispensan a los estadounidenses desde su más tierna infancia —una formación ideológica que además trasciende sus fronteras— siguen presentando a Estados Unidos como una imponente singularidad en el mundo del ejercicio del poder. A diferencia de todas las superpotencias anteriores, Estados Unidos es una potencia «moral», impulsada por principios y valores, en lugar de por la dominación y la codicia. Estados Unidos, se nos dice, es «excepcional»; no excepcionalmente violenta, que es la verdad, sino excepcional en la medida en que tiene una «vocación superior»; es una «resplandeciente ciudad en la cima de un monte».[1] Una breve incursión en el mundo con los ojos bien abiertos nos muestra enseguida que esto es lo contrario de la verdad. Pero mantener bien abiertos los ojos siempre será más difícil que buscar consuelo en la superioridad moral propia y en la infamia de los enemigos. Y así arraiga el mito. Repita conmigo: cuando Estados Unidos es el responsable, el terrorismo se llama «pacificación»; la dominación se llama «colaboración»; el miedo es «estabilidad». Es fácil.

Los creyentes

Un par de años después de mi iniciación en The Financial Times, algunas cosas empezaron a aclararse. Me di cuenta de que había una diferencia entre el resto del personal de la extorsión y yo: ellos eran los trabajadores de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, United States Agency for International Development), los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI), etcétera. A medida que iba comprendiendo cómo funcionaba realmente la extorsión, empecé a considerarlos embaucadores voluntariosos. No había duda de que parecían creer en las virtudes de la misión; se imbuían de todas las teorías con las que se pretendía maquillar la explotación mundial con el lenguaje del «desarrollo» y el «progreso». Lo percibí con los embajadores estadounidenses en Bolivia y Haití, así como con otros muchos funcionarios a los que entrevisté. Ellos creían de verdad en los mitos y, por supuesto, se les pagaba con generosidad para que los crean. Para ayudar a levantarse cada mañana a estos agentes de la extorsión, también hay por todo Occidente un ejército bien provisto de intelectuales cuyo exclusivo propósito es volver aceptables para la población en general el robo y la brutalidad de Estados Unidos y sus aliados extorsionistas. Y este sistema de adoctrinamiento está tan bien engranado con los medios de comunicación y el sistema universitario que es casi imposible siquiera adivinarlo. Recuerdo haber escrito un artículo para The Financial Times sobre el exdictador egipcio Hosni Mubarak, a quien respaldaban más de mil millones de dólares de ayuda estadounidense; los editores eliminaron sin pensárselo dos veces la calificación que acompañaba al nombre de Mubarak: «respaldado por Estados Unidos». Remití otro artículo con el mismo calificativo: «respaldada por los iraníes», pero en este caso referido a la milicia libanesa Hezbolá, y fue aprobado sin ninguna dificultad. Así es como actúa el control de pensamiento y como la extorsión sobrevive con su lustre moral intacto.

El poder ha corrompido por completo la mentalidad de todas esas personas. Cuando Rafael Correa, presidente de Ecuador, cerró Manta, la base militar estadounidense en su país, dijo a los norteamericanos que podían dejarla allí siempre que permitieran que Ecuador instalara una base militar en Miami. Para Washington y sus lacayos de los medios de comunicación era una ridiculez; al parecer, para ellos es «ley natural» que a Estados Unidos se le permita tener por todo el mundo centenares de bases militares que desfiguren los Estados soberanos. Así es la mentalidad imperial que ha infectado a la totalidad de las élites estadounidenses.

Lo que acabará quedando claro cuando acabe de leer este libro es que las pautas y el modus operandi de la extorsión se repiten por todo el mundo una y otra vez. Así, por ejemplo, la forma en que vi a las «agencias de ayuda» y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, National Endowment for Democracy) sabotear a grupos que se organizaban al margen de ellos en Bolivia se repite en Ecuador, Venezuela, Brasil, toda América Latina y el resto del mundo. Los nombres de los implicados son distintos en cada caso, pero la dinámica es similar; el método de control de la extorsión, tan ingenioso y oculto, es el mismo y los nombres de los opresores son intercambiables con los de cualquiera de los extorsionistas de la «era estadounidense». Las instituciones en las que trabajan todos ellos han servido para socavar la soberanía individual o colectiva y acrecentar el control ejercido por los extorsionistas. Tanto si las personas concretas que componen la plantilla de la extorsión son amables u horribles, buenas o malas, bienintencionadas o psicópatas…, las instituciones a las que sirven continúan liquidando el anhelo de independencia de la gente por todo el mundo.

Hay otra parte más insidiosa de este control planetario, que analizaremos también en las páginas que siguen. Además de la dominación de la élite estadounidense, la ayuda que la extorsión presta a las grandes corporaciones norteamericanas ha vuelto inevitable la proliferación de la «cultura» estadounidense, lo que ha dado lugar a una nueva dimensión del denominado «poder blando». Pero, como veremos más adelante, los extorsionistas tienen auténtico miedo a las artes creativas. Nuestra cultura y las artes tienen el potencial no solo de dejar al descubierto la extorsión tal como es, sino de contribuir a desmantelarla. Por esta razón, los extorsionistas no dejan de apropiarse al máximo de las artes y la cultura: la CIA apoyó las artes estadounidenses durante la Guerra Fría y no cabe duda de que sigue haciéndolo.

Por tu propio bien

La extorsión es algo más que las élites estadounidenses, por supuesto, y llegados a este punto cualquiera podrá pensar que tal vez tenga algo que ver con el sistema capitalista, dicho a las claras. Sí, instituciones como el Banco Mundial representan a una amplia clase capitalista mundial, pero Estados Unidos es la potencia avasalladora que gobierna estos acuerdos, y el ejército estadounidense se encarga de hacerlos cumplir por todo el mundo en beneficio de las fuerzas capitalistas. La mecánica de la extorsión ha sido en realidad bastante continua; la estructura institucional erigida para mantener la ficción del altruismo mientras se practica la dominación salvaje ha sido reproducida por todo el mundo desde hace ya bastante tiempo. Por ejemplo, hace no mucho fui testigo del respaldo estadounidense al golpe militar de Honduras en 2009, que derrocó a un presidente elegido democráticamente para que los extorsionistas pudieran apoyar a la comunidad empresarial y sus títeres políticos. Pero, como dije antes, podemos estar seguros de que se produjo una dinámica similar cuando Estados Unidos contribuyó a expulsar del gobierno a los presidentes democráticamente elegidos Jacobo Arbenz, de Guatemala en 1954, y Salvador Allende, de Chile en 1973, lo que desencadenó décadas de tormento para la población de esos países. Las necesidades de esta extorsión saqueadora siguen siendo las de toda la clase imperial dominante, ya sea comunista o capitalista: más mercados para sus productos y sometimiento absoluto de las fuerzas populares en sus satélites.

Pero esta historia presenta un giro.

Las élites estadounidenses que han engordado a base de saquear en el extranjero también libran una guerra en su propio país. A partir de la década de los setenta, los mismos mafiosos de guante blanco han ganado contra la población estadounidense una guerra que ha adoptado la forma de monumental estafa soterrada. Poco a poco, pero con firmeza, han conseguido liquidar, bajo el disfraz de diversas ideologías fraudulentas como el «libre mercado», buena parte de lo que el pueblo estadounidense poseía. Así es el «estilo americano», un gigantesco fraude, un grandioso chanchullo. En este sentido, las víctimas de la extorsión no están solo en Puerto Príncipe o en Bagdad, también están en Chicago y en Nueva York. La misma gente que pergeña los mitos que narran lo que hacemos en el extranjero ha erigido también un sistema ideológico semejante que legitima el robo en su propia casa; el robo a los más pobres a manos de los más ricos. La población pobre y trabajadora de Harlem tiene más en común con la población trabajadora y pobre de Haití que con las élites de su propio país, pero para que la extorsión funcione «es preciso ocultarlo». De hecho, muchas acciones emprendidas por el gobierno estadounidense suelen perjudicar a sus ciudadanos más pobres y desposeídos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, North American Free Trade Agreement) es un buen ejemplo. Entró en vigor en enero de 1994 y supuso una oportunidad fantástica para los intereses empresariales estadounidenses, pues con él se abrían los mercados a la prosperidad inversora y exportadora. Al mismo tiempo, miles de trabajadores estadounidenses perdieron sus puestos de trabajo en favor de trabajadores de México, donde una población aún más pobre permitía rebajar los salarios. La conclusión inevitable es que todo nuestro mundo está a merced de una comunidad empresarial de élite que lo gobierna en secreto.

Los imperativos económicos de esta extorsión doblegan incluso «la seguridad» de los trabajadores estadounidenses. Durante el conflicto de Iraq en 2003, grandes sectores del Pentágono y de la comunidad de los servicios de «inteligencia» británicos no querían atacar Iraq porque creían que aumentaría la amenaza del terrorismo. Pero el fervor ideológico del seno de la extorsión por mantener su influencia en una región con una producción petrolera inmensa era una prioridad mayor que disminuir la amenaza contra vidas estadounidenses. Por tanto, la extorsión es una catástrofe para los países pobres que le rinden sumisión, pero también para la mayoría de los estadounidenses. La élite estadounidense no está dispuesta a echar una mano a sus compatriotas.

Quizá haya quien desconozca el alcance de la dominación estadounidense o tal vez lo sospeche a medias, en cuyo caso las páginas que siguen le ofrecerán pruebas indiscutibles. Para los lectores que creen saber ya el daño causado por la política exterior estadounidense, la novedad residirá en las pruebas del daño causado en su propio país, donde la guerra contra los pobres y los trabajadores de a pie es igual de feroz. En nombre del altruismo se ha construido un vasto edificio ideológico que inflige una violencia brutal tanto contra los pobres de su propio país como del extranjero. Es preciso apuntar a sus cimientos. Como dijo Harold Pinter en su discurso de recogida del Premio Nobel, cuando se trata de Estados Unidos «nunca ocurrió. Nunca ocurrió nada. No ocurrió ni siquiera cuando estaba ocurriendo. No importaba. No era de interés». A continuación añadía: «Los crímenes de Estados Unidos han sido sistemáticos, constantes, inmorales, despiadados, pero muy pocas personas han hablado de ellos. Esto es algo que hay que reconocerle a Estados Unidos. Han ejercido su poder a través del mundo sin apenas dejarse llevar por las emociones mientras pretendían ser una fuerza al servicio del bien universal. Ha sido un brillante ejercicio de hipnosis, incluso ingenioso, y ha tenido un gran éxito».

Los medios de comunicación le harán creer que no existe ninguna extorsión, que es pura casualidad que vivamos en un mundo donde ochenta y cinco personas (¡ochenta y cinco personas!) poseen la mitad de la riqueza del mundo mientras cada año mueren de hambre más niños que los muertos en el Holocausto.[2] Por supuesto, no es un accidente ni una mera peculiaridad de la historia, sino el resultado de una injusticia monumental y de las políticas de una mafia gigantesca. Para ayudar al planeta y a nuestra especie a sobrevivir, es necesario despertar de la hipnosis y ver la extorsión tal como es.

Ellos saben quiénes son; ha llegado el momento de quitarles la careta.

01
La creación de un
Estado esclavo moderno

Puerto Príncipe (Haití)

Dieciocho meses después de que el terremoto devastara la ciudad, me quedé boquiabierto en la entrada del palacio presidencial de Puerto Príncipe cuando se me acercó un hombre que vendía cuadros pintados por él mismo. «¿Qué le parece?», preguntó refiriéndose al palacio, a nuestras espaldas. Le dije la verdad: me costaba mucho asimilar una devastación tan absoluta. El hombre, que después me dijo que se llamaba Charles Renodin, sonrió. «Cuente al mundo cómo estamos viviendo —me pidió—. Que lo sepan. —Se quedó en silencio un momento—. Yo vivo en ese campamento de ahí», añadió señalando el otro lado de la calle, donde, frente al palacio presidencial derruido y hasta donde alcanzaba la vista, se veía una inmensa extensión de tiendas de campaña engalanadas con los logotipos de Estados Unidos, China, Bill Gates, Carlos Slim…, todos las cuales competían desvergonzadamente para que se reconociera su marca. «Tras el terremoto perdí a mi madre, a mi padre y a una hija, así que tuve que trasladarme a este campamento. No me gusta, está lleno de corrupción, lo gestionan varias bandas y las niñas tienen que vender su cuerpo para comer —me contó—. Niñas pequeñas —subrayó—. Tal vez de ocho o nueve años, violadas a diario. La policía no hace nada, es un país sin ley». Me contó que la población haitiana se refería al palacio que teníamos a nuestra espalda como «la casa del diablo», lo que debía de traslucir un toque de orgullo. «Hay tanta corrupción ahí que no les importa la gente, solo quieren ganar dinero; cuando llega dinero, se lo quedan». Esperaba conseguir una casa que le permitiera abandonar el campamento, pero pensaba que no pasaría pronto. «El gobierno no tiene ningún plan». En los campamentos, esa era una noticia particularmente mala para las mujeres. «Como no hay trabajo, las mujeres tienen que vender su cuerpo para comer, el único empleo que tienen consiste en ofrecer sexo a cambio de dinero. Los hombres tienen que robar, no les queda otra elección».

Al igual que la mayoría en Haití, Charles no sabía qué pensar de las miles de organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajaban en su país. «Algunas vienen a ayudar, pero otras solo tienen el objetivo de ganar dinero; les viene bien que vivamos así, porque ganan más». Es fácil pasar por alto estos sentimientos, pero la industria global del «rescate» es sin duda un gran negocio. Suele haber una relación directa positiva entre la influencia estadounidense sobre los países más pequeños y las crisis que sufren. «Tras el terremoto nos daban comida y agua, pero ahora se ha parado todo. Si entras en este campamento, no ves agua, de modo que la gente tiene que caminar diez kilómetros para conseguirla. Esa es la razón por la que aumentan los delitos. —Se irritó un poco—. Ahora todo es una locura, vivimos como animales. No hay vida cotidiana, nadie tiene trabajo». Se dice que en los últimos cien años Haití ha sido objeto de más intervenciones estadounidenses que cualquier otro país del mundo; no es del todo casual que acabara así. Como dice conmovedoramente el doctor Maigot a la señora Smith, que es estadounidense (en Los comediantes, de Graham Greene): «En el continente americano, en Haití y en otros lugares, vivimos a la sombra de su magnífico y próspero país. Hace falta mucha paciencia y mucha valentía para no perder la calma».

Al día siguiente, iba por una calle larga, polvorienta y, como siempre, llena de baches del centro de Puerto Príncipe, cuando me topé con unas puertas metálicas imponentes. Al otro lado estaba la central eléctrica de E-Power. Era un lugar muy distinto del resto de la ciudad, que estaba en ruinas a pesar de que había transcurrido ya un año y medio desde del terremoto: tenía unas puertas de acero pulido y calles perfectamente asfaltadas. Yo iba a hacer un trabajo para The Financial Times e iba escoltado en un 4x4 del Banco Mundial que seguía su ruta indiferente a las inmensas aglomeraciones de tiendas de campaña que pasaban a toda velocidad ante nuestras ventanillas. Aquí estaba «la versión optimista», me dijeron. En una capital donde había apagones todas las noches, E-Power era una de esas empresas que las instituciones financieras internacionales (IFI) que gobernaban Haití creían que lideraría «reformas» —arrebatando la energía a la empresa estatal y gestionando el negocio con ánimo de lucro—. Mi guía del Banco Mundial insistía en que así era como Haití saldría de sus trágicos pasado y presente. Enseguida averigüé que la empresa fue fundada en 2004 por un grupo de capitalistas haitianos entusiasmados por la marcha del presidente socialdemócrata Jean-Bertrand Aristide. El objetivo, decían, era «ofrecer una solución a la producción de electricidad en Haití». Como es natural, algunos años después, en 2006, el nuevo presidente René Préval, respaldado por Estados Unidos, convocó una licitación para contratar el suministro de electricidad a Puerto Príncipe. Presentaron ofertas siete empresas. Ganó E-Power.

Para buena parte de la élite empresarial haitiana, este tipo de liberalización económica iba a ser el modelo del nuevo Haití que se iba a construir tras el devastador terremoto de 2010. «El terremoto causó un trauma que se podría haber aprovechado mejor —me contó Pierre-Marie Boisson, presidente del consejo de E-Power, cuando nos sentamos en las lujosas oficinas de la central con aire acondicionado—. Se perdió mucho tiempo debido al proceso político acometido después de aquello. —Y añadió—: Los terremotos deberían ser una oportunidad, porque destruyen. Cuando algo se destruye, nosotros tenemos que construir. Cuando tenemos que construir, creamos puestos de trabajo, podemos introducir muchos cambios, podemos cambiar un país».

Sin embargo, el cinismo del señor Boisson al referirse a la lentitud en el «aprovechamiento» de las «oportunidades» que ofrecía el terremoto no era del todo preciso. Poco después del seísmo, se sacó de inmediato el máximo jugo a la oportunidad que ofrecía la destrucción causada en Haití. Cuando el polvo todavía se estaba asentando en Puerto Príncipe, el Banco Mundial, el FMI y sus instituciones homólogas regionales, junto con varias agencias estadounidenses —que acabaron constituyendo un gobierno de facto en ausencia de alternativa haitiana—, trocearon los diferentes sectores de la sociedad y se los repartieron. El Banco Interamericano de Desarrollo (IADB, Inter-American Development Bank) se quedó con el agua y la educación; el Banco Mundial se llevó la energía; mientras que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) —un organismo del que hablaremos más adelante— aceptó agradecida los nuevos parques industriales previstos. Alexandre Abrantes, enviado especial del Banco Mundial a Haití, me contó cómo se había llevado a cabo: «En esencia, hemos acordado dónde tenemos cada uno cierta ventaja competitiva y, después, nos hemos repartido […] los sectores y les hemos añadido algunos que van de la mano».

Sirviéndose de un modelo producción de confecciones de mano de obra barata y orientado a la exportación, que Estados Unidos y las IFI llevaban promoviendo desde mediados de los noventa y durante la primera década del siglo XXI, la privatización masiva de activos estatales y la conversión de Haití en una maquila caribeña eran ahora posibilidades claras. Ahora se podía imponer, y la respuesta de una sociedad diezmada y un gobierno erosionado sería mínima. Todos los organismos externos a Haití, sobre todo el gobierno estadounidense, apoyaban esta idea. «Hay un amplio consenso, así que diría que uno de los aspectos inusuales y muy positivos de este proyecto es que está hecho realmente en colaboración», me aclaró cuando regresé a Nueva York Jean-Louis Warnholz, un alto cargo del Departamento de Estado que trabajaba en Haití. (El señor Warnholz pidió que no se le citara, pero los haitianos merecen saber el nombre de los altos cargos que diseñan su destrucción). Haití iba a ser el siguiente top model de la pasarela del Banco Mundial y el FMI. Con esa «colaboración» —en la que la población haitiana no desempeñaba ningún papel— se entendía que la restauración de las competencias del Estado haitiano no debía desempeñar ningún espacio en la reconstrucción del país. En cambio, la solución para los problemas de Haití residía en la creación de un próspero sector privado. «Lo que de verdad va a cambiar Haití y a diferenciar este proceso de todos los anteriores es el desarrollo del sector privado, y creo que en este aspecto hay consenso», me comentó Agustín Aguerre, el director en Haití del IADB. Para promover este programa, en el año 2010 este banco desembolsó 177 millones de dólares en ayudas, más que cualquier otra fuente multilateral.[3] «El sector privado marca la diferencia: es lo que creará riqueza y puestos de trabajo, no el sector público», añadió. Parecía que no había ninguna alternativa.

La larga sombra de la historia

Pero, en muchos aspectos, la exasperación estadounidense ante las aparentes reticencias de los líderes de Haití a vender los activos de su país y establecer un terreno de juego para el capital extranjero sigue siendo difícil de entender. Desde mediados de los años noventa y durante toda la primera década del siglo XXI, los Chicago boys habían fijado los objetivos para Haití a todos los efectos; el proceso de apertura de la economía de Haití a la rapiña del capital extranjero estaba bien encarrilado. La obsesión por la inversión extranjera había echado raíces profundas. Según señalaba un cable diplomático de 1996 hecho público por WikiLeaks, por ejemplo, el gobierno haitiano ya había «promulgado leyes sobre la modernización de las empresas públicas que permita a los inversores extranjeros participar en su gestión y/o ser propietarios de empresas de titularidad estatal». Es más, una ley de noviembre de 2002 reconocía explícitamente «el fundamental papel de la inversión extranjera para garantizar el crecimiento y los objetivos económicos y facilitar, liberalizar y estimular la inversión privada en Haití». La ley ofrecía a los inversores extranjeros exactamente los mismos derechos y garantías que a los haitianos. Unos cuantos meses antes, el parlamento haitiano había aprobado una nueva ley de áreas de libre comercio que establecía «zonas» con incentivos fiscales y arancelarios para las empresas extranjeras; por ejemplo, una exención fiscal de quince años. Dicho de otro modo: después de Aristide, el gobierno había «visto la luz» y suscrito la estrategia que Estados Unidos tenía para la Haití posterior a la dictadura.

Pero, según parece, estas medidas no bastaban. Solo valdría un Chicago boy. Otro cable de WikiLeaks señalaba que en 1996 se iba a crear una «comisión para la modernización» que decidiera si la mejor opción para cada una de las empresas que se iba a privatizar era un contrato de gestión, concesiones a largo plazo o la propia capitalización. La comisión también decidiría qué proporción de cada activo mantendría el gobierno haitiano, con un máximo del 49 por ciento: una participación en minoría que despojaría al pueblo haitiano del control de sus propias industrias.

Todo esto tuvo consecuencias inmediatas. En 1998, dos empresas estadounidenses, Seaboard y Continental Grain, adquirieron el 70 por ciento de la harinera estatal. A pesar de este «avance», un cable diplomático del año 2005 se lamentaba: «Sin embargo, algunas inversiones requieren todavía la autorización gubernamental». Y añadía: «Las inversiones en el sector eléctrico, del agua y las telecomunicaciones requieren tanto la concesión como la autorización del gobierno. Además, las inversiones en el sector sanitario público deben recibir autorización previa del Ministerio de Salud Pública y Población». Parecía una exigencia razonable de un país soberano, pero un país soberano era precisamente lo que Estados Unidos no quería que fuera Haití. Dos años después de que el gobierno de Bush y las oligarquías locales hubieran hecho desaparecer del país como por arte de magia a Aristide, y justo antes de la victoria del «neoliberal» Préval en el año 2006, la embajada estadounidense señalaba con desdén: «Desde la privatización de la cementera, los procesos de privatización se han estancado y parecen haber quedado en suspenso». Además, añadía abiertamente: «Ninguna de las principales empresas relacionadas con las infraestructuras (el aeropuerto, el puerto marítimo, la compañía telefónica o la eléctrica) ha sido privatizada». El documento proseguía: «Aunque se suponía que estas entidades iban a estar privatizadas en el año 2002, las crisis políticas persistentes, la firme oposición de la anterior administración y una falta generalizada de voluntad política han retrasado el proceso indefinidamente». Más adelante, el cable aducía un motivo más plausible por el que este programa masivo de privatizaciones no se había aprobado con la fluidez que Estados Unidos esperaba: «Sigue habiendo oposición a la privatización de empresas estatales por parte de grupos como los sindicatos de trabajadores, que han expresado su oposición a la reducción de la mano de obra que la privatización podría comportar». ¡Qué molestos estos haitianos!

En el año 2008, la embajada estadounidense estaba desconsolada por la lentitud de los avances y la intransigencia local. «Pese a las garantías de que la privatización sigue siendo una prioridad para el gobierno […], cada vez somos más escépticos ante la posibilidad de que se lleven a cabo las privatizaciones, cualquiera que sea la forma que adopten —señalaba un cable—. El tiempo se agota».[4] Sin embargo, Estados Unidos permanecía impasible. «Seguiremos abogando con firmeza por la privatización y/o la gestión privada», manifestaba un cable. Después defendía utilizar instituciones como el Banco Mundial o el FMI para sobornar al gobierno democrático de Haití, como parte fundamental de los «programas de ajuste estructural», aunque es raro verlo expuesto con tanta claridad. «[La embajada estadounidense] reitera su recomendación […] de que la privatización sea un requisito para negociar con el nuevo gobierno […] futuros acuerdos con IFI», señalaba el cable remitido a Washington.

El «shock»

La estrategia del soborno podría revelarse como eficaz para los países más pobres del continente americano, pero seguiría siendo complicada. Después de todo, había un parlamento haitiano, habitado por elementos nacionalistas, que podía pasar a frenar o, incluso, aniquilar el programa de privatización masiva promovido por Estados Unidos. Pero Estados Unidos afilaba su estrategia para el último empujón, producido el 12 de enero de 2010 en forma del descomunal terremoto que golpeó a Puerto Príncipe y sus alrededores, dando lugar a la peor crisis humanitaria de la historia del mundo. Murieron más de 300.000 personas y varios millones quedaron sin hogar. La capital quedó en ruinas, incluida la mayor parte de los ministerios del gobierno, así como el palacio presidencial. Lo poco que quedaba de una sociedad civil y unas instituciones sociales ya estranguladas fue destruido. Haití debía empezar de cero.

Estados Unidos y sus aliados del FMI y el Banco Mundial no perdieron tiempo; era la oportunidad para obligar a aceptar con muy pocas resistencias el programa neoliberal radical de la década de los noventa. La oposición al programa de privatización —que aglutinaba desde políticos pseudonacionalistas hasta colectivos de trabajadores— casi había desaparecido. Sin gobierno efectivo que suscribiera o rechazara las propuestas de Estados Unidos y las IFI, que enseguida pasaron a gobernar el país, Haití estaba lista para la «doctrina del shock», las prescripciones económicas radicales impuestas en todo el mundo y esbozadas en el libro homónimo de Naomi Klein. La tesis de Klein es que estas políticas eran tan impopulares entre la población de los países blanco de ellas que los agentes del gran capital, como el FMI y el Banco Mundial, esperarían a que se produjera una crisis «real o sentida», que impidiera a la población organizar la resistencia, para impulsar estas reformas. Esto es lo que sucedió en Haití.

El primer paso fue fortalecer un mecanismo de toma de decisiones que arrancara el poder de manos de las instituciones democráticas gestionadas por los haitianos y que les rindiera cuentas a ellos. La Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (IHRC, Interim Haiti Recovery Commission), que se convirtió en el organismo más poderoso para la toma de decisiones inmediatamente después del terremoto, era el ejemplo perfecto de esta medida. La IHRC se creó aparentemente para coordinar la respuesta y gastar el dinero de los donantes en ausencia del gobierno de Haití. Estaba integrada por veintiséis miembros, doce de los cuales eran haitianos, lo que los situaba sin mayoría de votos —del mismo modo que no se les otorgaba mayoría en sus sectores industriales—. Para los integrantes haitianos, era evidente que su presencia suponía una mera decoración de escaparate. En una carta de protesta de diciembre de 2010 dirigida al expresidente estadounidense Bill Clinton, presidente de la IHRC, se quejaban de estar «completamente al margen de las actividades de la IHRC», así como de no tener «ni siquiera tiempo para leer, analizar, ni comprender —y mucho menos responder de forma inteligente— los proyectos remitidos». Según uno de los periodistas enviados a Puerto Príncipe, «esos doce miembros del consejo conjeturaban que su única función era autorizar de forma mecánica las decisiones ya tomadas por el comité ejecutivo para que adquirieran el marchamo de contar con la aprobación de los haitianos».

Esa era exactamente la percepción que Estados Unidos y las IFI trataban de evitar. Cuando se entrevistó a los altos cargos de las agencias estadounidenses e internacionales en Haití, se desvivieron por explicar que estaban «trabajando para los haitianos», y la expresión más común en aquellos momentos era «dirigido por los haitianos». Sucedía lo mismo por todo el mundo; Estados Unidos y sus agencias eran expertos en que su dominación se interpretara como algo «reclamado por la víctima». En realidad, había una participación haitiana mínima en la reconstrucción —aparte de las élites empresariales—. Un artículo publicado en The Washington Post lo expresaba sin rodeos en enero de 2011: «Hay un espectacular desequilibrio de poder entre la comunidad internacional —bajo el liderazgo estadounidense— y Haití. Aquella monopoliza el poder político y económico y tiene la sartén por el mango». Los beneficios económicos de esta maquinación al servicio del sector privado estadounidense fueron obvios de inmediato. Una investigación realizada por Associated Press reveló que de cada 100 dólares de los contratos de reconstrucción de Haití concedidos por el gobierno estadounidense, 98,40 volvían a empresas estadounidenses.[5] Jamás nadie se dedicó a reconstruir las aptitudes autóctonas; la IHRC no iba a subcontratar nunca ninguna obra a otras empresas extranjeras ni a las ONG. Se trataba de que los estadounidenses ricos ganaran dinero. Una vez que Michel Martelly juró el cargo de presidente en mayo de 2011, pasaron meses antes de que aquella antigua celebridad, que había sido miembro de la brutal milicia de los Tonton Macoute —creada por el dictador Papa Doc, respaldado por Estados Unidos—, formara gobierno, pues sus candidatos para los cargos del gabinete fueron rechazados varias veces por el parlamento. Cuando en junio de 2011, dieciocho meses después del terremoto, estuvo formado su gobierno, las coordenadas de la reconstrucción económica ya estaban fijadas. Las propias IFI, que afirmaban estar subordinadas a los haitianos, habían atado de pies y manos a Martelly. Aunque a este no hacía mucha falta atarle las manos, pues era de muy buena gana un «presidente para el shock».

Había tres elementos sobre los que Estados Unidos y las IFI querían forjar la «nueva Haití»: el turismo de lujo, las zonas de procesamiento de exportaciones y un renaciente sector privado al mando de los activos de anterior titularidad estatal. Era el manual al uso de la extorsión. Los arquitectos de la reconstrucción ya tenían en mente otros territorios que podían servir de modelo. Uno era República Dominicana, el país contiguo a Haití, que desde hacía mucho era en el Caribe un oasis para el capital privado. En Haití, tomando como modelo a su vecina isla La Española, el IADB había planificado gastar veintidós millones de dólares en un complejo turístico de lujo próximo a la ciudadela decimonónica de Labadee, un puerto de la costa septentrional del país. El señor Almeida, director del IADB para Haití, me contó que el dinero del banco «ofrecería los medios para que el sector privado acudiera e invirtiera», a lo que añadió que «en [República Dominicana] todo lo que tienen es cien por cien privado. El aeropuerto es privado, las carreteras son privadas, incluso las carreteras locales. Así que [en Haití] podríamos hacer lo mismo». (En el reparto inicial de la sociedad haitiana, al IADB se le asignó la infraestructura de carreteras).

La otra oportunidad que había que aprovechar era la aceleración del proceso de privatización. El Banco Mundial utilizó el ejemplo de Teleco, antiguo operador nacional de telecomunicaciones, que en el año 2009 había contribuido a privatizar parcialmente la Corporación Financiera Internacional (IFC, International Finance Corporation), brazo de la banca privada —la IFC, dicho sea de paso, fue invención de Nelson Rockefeller en 1951—. El señor Naim, director del Banco Mundial para el sector privado de Haití, me contó que Teleco era un ejemplo de lo que el gobierno debía hacer con los puertos y el aeropuerto. «[Pueden] transformar de verdad estos activos que, en general, el gobierno gestiona de manera pésima», me explicó, y añadió: «Es mejor que el gobierno se centre en los asuntos sociales» y permita que se privaticen esos bienes. La propia Teleco está hoy a la espera de ser privatizada en su totalidad siguiendo las orientaciones de la IFC. Para el país más pobre del continente americano, es difícil —tal vez, incluso suicida— discutir con el Banco Mundial. En marzo de 2002, el banco prometió ayudas por valor de 479 millones de dólares; la IFC realizó inversiones directas en el sector privado de Haití por valor de 49 millones de dólares.

Una vez que Teleco estuvo en vías de privatización, el IADB ya tenía planes para la autoridad nacional de aguas y saneamiento (Dinepa), que había quedado bajo su control en el reparto inicial. El banco enseguida transfirió las funciones de dirección de la autoridad a la gigantesca empresa española Aguas de Barcelona, a la que se adjudicó un contrato de tres años para formar y prestar servicio técnico a los trabajadores, y por el que recibieron millones de dólares. «Muchas empresas locales están tomando el control de las redes de agua de pequeñas ciudades», me dijo muy nervioso el señor Aguerre, del IADB. Este servicio esencial y derecho humano fundamental estaba convirtiéndose ahora en una iniciativa con ánimo de lucro. «Estamos viendo buenos ejemplos de lugares donde nadie pagaba por el suministro de agua y, poco a poco, están pagando», añadió. Los expertos de Aguas de Barcelona se convirtieron en los líderes de los debates relacionados con las inversiones necesarias en las redes de distribución de agua de Haití y el proceso de concesión de licencias a diferentes contratistas para la instalación de nuevas canalizaciones y otras mejoras de la red.

En educación, los planes del IADB no eran muy distintos. Gracias a décadas de medidas neoliberales que habían otorgado prioridad al sector privado por encima de los ministerios haitianos, ya antes del terremoto el 80 por ciento de los servicios educativos se prestaban al margen del Estado —sobre todo, por organismos internacionales del sector privado—. En consecuencia, solo la mitad de los niños y niñas en edad escolar de Haití asistían a la escuela. Para el IADB, esto no demostraba lo descabellado de su empresa. Por el contrario, concluían que eso significaba que no habían llegado lo bastante lejos. «Es demasiado ambicioso pensar que se le puede dar la vuelta», decía el señor Aguerre. El IADB optó por un programa concertado que permitiera que el gobierno conservara cierto «control de calidad», pero que suponía que la educación estaría gestionada en su totalidad por manos privadas. Para garantizar el acceso universal, el plan crea un sistema educativo financiado con fondos públicos, pero gestionado por empresas privadas. La letra pequeña dice que este subsidio público costará al gobierno haitiano unos 700 millones de dólares anuales, siete veces más de lo que gasta ahora en educación. Sin ningún flujo de ingresos tangible —de hecho, como veremos, la base fiscal del gobierno estaba quedando casi destruida—, lo que obviamente se presuponía era que el acceso universal no era un objetivo —ni siquiera una esperanza—. Cuando se agotaron los 500 millones de dólares prometidos por el IADB a lo largo de tres años, más de la mitad de los niños y niñas haitianos seguían excluidos del sistema educativo. El IADB justificó esta organización argumentando que el sector privado asumía lo que nadie hacía, entregando explícitamente la educación de los niños y niñas haitianos a las estrellas de Hollywood. «Hay muchos actores privados dispuestos a poner dinero —añadía el señor Aguerre—. Medio Hollywood está interesado. Todo el mundo quiere tener su Escuela de Bellas Artes Susan Sarandon». Casualmente, Martelly se ha dedicado tanto a aprobar el programa de escuelas concertadas como a subvencionar escuelas privadas como mecanismo de reconstrucción del sistema educativo haitiano.

Con la privatización absoluta de las empresas de telecomunicaciones, la red de agua y el sistema educativo, la última pieza del rompecabezas de las IFI y Estados Unidos pasó a ser los «parques empresariales» o «Zonas Económicas Especiales». Según rezaba la propaganda, estas zonas garantizarían el crecimiento económico que volvería a poner en pie a Haití y su pueblo. Pero dos años después del terremoto más de 500.000 haitianos seguían viviendo sin electricidad. Las multitudes de parados que hacían cola en las calles de la capital son un recordatorio de la tasa de desempleo del 70 por ciento. «Tenemos que ser realistas y comprender que han pasado cinco años desde el huracán Katrina y Nueva Orleans todavía está siendo reconstruida; diez años desde el 11 de septiembre y la zona cero no se ha reconstruido por completo; el proceso lleva tiempo», me dijo Kenneth Merten, entonces embajador estadounidense en Haití. A lo que añadió: «Una de las cosas que los haitianos pueden hacer por sí mismos es, en realidad, dedicarse enseguida a crear un clima favorable para las empresas».

Tal vez resulte duro para los centenares de miles de haitianos que viven en campamentos provisionales. En Haití, fui al campamento de La Piste, un recinto yermo con hileras de «casas» apuntaladas de un único dormitorio. La propietaria de una de ellas, una mujer de mediana edad, habló conmigo muy despacio utilizando un intérprete. Era madre soltera de tres hijos y no tenía ningún ingreso. Vivía del dinero que la Cruz Roja le entregaba, además del que obtenía por la venta de baratijas, aunque los clientes son pocos y están muy dispersos. «Aquí todo está mucho mejor que en el último campamento», me dijo. En el anterior campamento vivió con sus hijos en una tienda de campaña, como casi todos los demás, lo que significaba que estaban expuestos a la lluvia y los animales que decidieran colarse. «Esto es una casa, es más seguro», decía, pero añadía que la valla del campamento tenía que ser más alta para evitar los robos. También dijo que la falta de iluminación suponía un peligro: de noche está todo a oscuras y es fácil que entre la gente. Cuando uno camina alrededor de La Piste, ve que se vive absolutamente a merced de la naturaleza, ya sean los elementos o sus compatriotas. No hay ninguna seguridad, no hay ninguna ley y no hay ningún sitio en el que presentar reclamaciones; únicamente queda la mera esperanza de que alguien esté pendiente de ti. No hay forma de alimentar la esperanza en semejante entorno. «Me gustaría tener esperanza —me decía con el rostro inexpresivo, tratando de evitar todo tipo de emoción—. Sencillamente, no sé quién va a hacer que pase algo». Parecía poco respetuoso preguntar cómo pensaba crear un clima favorable a las empresas para los inversores extranjeros en Haití.

Terapia

Los treinta minutos en coche que se tarda en ir hasta el parque empresarial de Codevi desde el aeropuerto de Cabo Haitiano, en el norte de Haití, conforman el camino menos bacheado del país. En un lugar célebre por sus pésimas infraestructuras, sobre todo sus sinuosas carreteras, el parque y sus inmediaciones son una especie de oasis. Más allá del pequeño puente y las puertas metálicas que separan Codevi de la ciudad, que queda al otro lado, uno encuentra allí todo lo que la mayoría de haitianos no tiene: calles asfaltadas, un servicio sanitario activo, empleo e, incluso, un (pequeño) sindicato, el único del país. Los más de 600.000 metros cuadrados del Parque Codevi fueron construidos originalmente por una empresa textil dominicana, el Grupo M, en la vertiente dominicana de la frontera, pero la actividad se extendió a Haití en 2003 (con ayuda de una gran inversión del Banco Mundial).

«Nació de una propuesta de expansión a la que el Grupo M tuvo que recurrir cuando República Dominicana se complicó con la competitividad —me explicó Joseph Blumberg, vicepresidente de ventas de la empresa, cuando nos sentamos en su despacho con aire acondicionado en el interior del parque—. Haití nos ofrecía la punta de competitividad que necesitábamos en esta región para mantenernos en el mercado estadounidense». Y añadió: «El coste de la mano de obra era el más bajo de la zona». El salario mínimo en Haití es en la actualidad de 150 gourdes diarios (3,70 dólares), que es casi la mitad de lo que se cobra en República Dominicana. Esta «punta de competitividad» —en palabras de un profano, «salarios de esclavo»—, unida a unas condiciones comerciales favorables con Estados Unidos, llamó la atención de las IFI tras el terremoto. El objetivo era reconstruir Haití para convertirlo en la maquiladora del Caribe que gozara de todos los frutos de la llamada Ley de Oportunidad Hemisférica Haitiana (HOPE, Hemispheric Oportunity for Partnership Encouragment), aprobada por el Congreso estadounidense en 2006, que concedía a los exportadores textiles haitianos acceso sin aranceles al mercado estadounidense. Esto vino seguido de unas condiciones cada vez más favorables mediante la ley HOPE II, en 2008, y, tras el terremoto de 2010, mediante la llamada Ley de Ayuda (Help Act).

Los parques empresariales como el de Codevi son conocidos en la literatura de las IFI con el nombre de Zonas Económicas Especiales (IEZ, Integrated Economic Zones): lugares donde se ofrecen infraestructuras, servicios para el bienestar y otras prestaciones a los pocos afortunados cuya vida se desenvuelve tras aquellas imponentes puertas metálicas. La literatura que justifica su existencia sostiene que los potenciales inversores extranjeros, que se ven repelidos por las carreteras o las redes eléctricas y de distribución de aguas decrépitas o inexistentes de Haití, aquí tendrían acceso a una miniciudad prefabricada. Ya había un inmenso parque empresarial de este tipo cerca del aeropuerto de Puerto Príncipe llamado Sonapi, que es propiedad en su totalidad del gobierno haitiano y, en cierto momento, albergó casi cuarenta empresas. Pero las nuevas ZEE quedarían bajo el control exclusivo de sus inversores iniciales: principalmente, la USAID y el IADB. Esto plantea la pregunta de qué es lo que sucederá fuera de estos denominados «polos» de actividad económica. ¿Cuál va a ser el incentivo que el gobierno central encuentre para construir infraestructuras y servicios sociales por todo el país si se están construyendo a escala microscópica? ¿Y de dónde va a venir el dinero? Alexandre Abrantes, enviado especial del Banco Mundial a Haití, reconoce que es un problema; me reconoció: «Si los parques empresariales constituyeran la política de actuación en todas partes, tal vez no serían sostenibles».

Codevi es, en esencia, una «zona de procesamiento de exportaciones» (cada vez más habitual en el mundo «en vías de desarrollo»), donde los artículos para la exportación no pagan impuestos al gobierno central y no hay impuestos aduaneros sobre los materiales importados. «Estamos en una idea de extraterritorialidad, de tal modo que los bienes entran y salen muy deprisa, sin demasiado papeleo», decía Armando Heilbron, un especialista del sector privado experto en desarrollo del Banco Mundial que trabajaba en la ZEE de Haití. Por tanto, la reconstrucción de Haití se llevará a cabo en pequeños «polos» aislados, sobre todo en la zona norte del país, mientras que el resto de las infraestructuras y servicios sociales para el bienestar en el país se irán deteriorando.

Tal vez el mayor problema de los parques empresariales sea la falta de escrúpulos de las empresas implicadas. La visita promocional a Codevi, con sus paradas en el consultorio médico local y en las instalaciones de formación, supone un alivio tras haber visto la destrucción provocada en el resto del país. Pero la visita no incluye muchos de los episodios más importantes de su creación. Codevi se construyó sobre los terrenos de unos campesinos en contra de su voluntad; fue un proceso que destruyó la infraestructura agrícola de la región para crear maquiladoras. Era una parábola de la reconstrucción económica realizada tras el terremoto. Los cables diplomáticos refieren que hubo «una prolongada disputa laboral entre el fabricante dominicano Grupo M y los trabajadores de Ouanaminthe». Uno de esos cables decía: «Según Yannick Etienne, un representante de los trabajadores, la lucha tiene su origen en las negociaciones llevadas a cabo a puerta cerrada por las que se creó la Zona de Libre Comercio (ZLC). Se dejó a los agricultores al margen del proceso de negociación hasta el día mismo del acto de inauguración de la ZLC en 2002, cuando se les dijo que se expropiaban sus tierras. El Grupo M hizo público finalmente en 2003 un plan de compensaciones que, sin embargo, llegó demasiado tarde para los campesinos, que ya habían empezado a desconfiar de los dominicanos y cuyas tierras de cultivo ya habían desaparecido».

Como es lógico, el Grupo M y sus patronos del Banco Mundial no se cansan de subrayar las innumerables ventajas que recaen sobre la población local gracias a Codevi. Todo programa de explotación comporta una ideología adicional para legitimarlo ante el mundo, pero también ante quienes se benefician de él: muy pocas personas quieren mirarse en el espejo y ver que es un monstruo quien les devuelve la mirada. Cuando pedí hablar con los trabajadores, se trajo obedientemente ante mi presencia a dos de ellos para que me brindaran comentarios favorables monosilábicos acerca de su trabajo, tal vez conscientes de que el director estaba sentado a su lado. Ninguno de los dos estaba afiliado al sindicato, según averigüé enseguida. De hecho, el Grupo M afirma que no tiene ni idea de cuántos trabajadores están afiliados al sindicato. «Muy pocos —es lo único que me dijo el señor Blumberg—. No es una de sus prioridades. Están contentos, y cuando la mano de obra está contenta no le preocupa si alguien hace algo por ellos o no». Sin embargo, según los cables diplomáticos hechos públicos por WikiLeaks, las reconfortantes palabras del señor Blumberg no cuentan toda la verdad. «Los sindicatos dominicanos afirman [que el Grupo M] discrimina a los líderes de los trabajadores, despide a los afiliados al sindicato y ha creado un “sindicato rompehuelgas” fraudulento para sortear al legítimo», señala un cable.

Está claro que en Haití sucedió algo parecido. El Grupo M sí tuvo en una ocasión un sindicato más fuerte…, hasta que fue eliminado por tratar de ejercer sus derechos. Tan solo unos cuantos meses después de que se abriera Codevi, los trabajadores empezaron a quejarse de «explotación y abusos» por parte de la dirección del Grupo M. Tras una serie de huelgas y episodios de violencia de los afiliados, «durante todo el verano la compañía realizó una serie de despidos por fin de contrato».

El señor Blumberg lo explicaba del siguiente modo: «Cuando tuvimos el primer sindicato hubo muchos problemas de crecimiento. No estaban liderados por los grupos adecuados, había muchos radicales, muchísimos izquierdistas». Entonces añadió: «Al final, todo se enderezó y estamos muy bien y en paz con el sindicato». El sindicato había sido asimilado a la empresa. Los derechos de los trabajadores no iban a ser una de las principales prioridades del modelo económico que diseñara la nueva Haití. De hecho, el plan se estructuró sobre la falta de derechos de los trabajadores. En un documento interno de la IFC que se presentó al gobierno haitiano, se suplicaba a la administración que modificara el estatuto de los trabajadores con el fin de «eliminar las restricciones sobre los cambios de turno discrecional en cualquier momento, las veinticuatro horas de los siete días de la semana», a la vez que «racionalizara» el proceso por el que se pudiera acabar con los complementos salariales por turno nocturno. El plan también se estructuraba sobre la falta de ingresos fiscales. Otro incentivo para las empresas extranjeras eran las denominadas «zonas francas», que ofrecen a las empresas un régimen fiscal libre de impuestos si establecen su sede en Haití. En realidad, estas zonas no existen en un espacio físico concreto, sino que más bien constituyen el país en su totalidad. Dicho de otro modo, Haití sería ahora un lugar libre de impuestos para los inversores extranjeros, lo cual mermaría aún más la capacidad del gobierno haitiano para reconstruir cualquier tipo de institución pública. En 2011, el gobierno haitiano ingresó por impuestos la cifra estimada de mil millones de dólares. Mucho menos que la tasa per cápita en el África subsahariana.

Para el IADB, la solución a este dilema era el «efecto multiplicador» mediante el cual las empresas proveedoras de servicios a la población tendrían, a su vez, más ingresos y, por tanto, pagarían más impuestos al gobierno —en algún futuro remoto—. «Es en esa parte donde vemos las ventajas de afianzar las zonas y atraer a estas compañías, más aún cuando bajo el régimen actual no pagan impuestos una temporada», decía el señor Almeida, director regional del IADB para Haití. En esencia, la idea consiste en que, en torno a las grandes instalaciones industriales, otras pequeñas empresas haitianas, como las agencias de viaje o las tiendas de ultramarinos, compensarán el déficit de los ingresos fiscales. El problema para las IFI era que, a pesar de los salarios de miseria y la regulación laboral laxa, estaba resultando muy difícil atraer la inversión extranjera. Ante las reticencias de los inversores de todo el mundo, Haití debería haberse centrado en forjar las capacidades autóctonas, tal vez mediante una iniciativa de obras públicas de envergadura y la construcción de instalaciones de titularidad estatal, como Sonapi. En cambio, los haitianos volvían a quedar a merced del capital internacional y su «carrera hacia el abismo». Para la embajada estadounidense, lo único que servía para Haití era que se hiciera trabajar a su pueblo por una insignificancia. «Haití tiene los salarios más bajos del continente», alardeaba uno de los cables de la embajada estadounidense. Para los haitianos no había nada de lo que «alardear». Camille Chalmers, un economista local, declaró a The Financial Times que los salarios que se pagaban en el sector textil, el más importante de Haití, eran un «auténtico oprobio».

En medio de toda esta desconfianza, tanto de los inversores internacionales como de los defensores de los derechos laborales, el IADB y la USAID concluyeron la construcción del proyecto estrella de la reconstrucción económica de Haití: el Parque Industrial Caracol (PIC), a solo sesenta y cinco kilómetros por la bien asfaltada carretera que llevaba hacia la capital septentrional de Cabo Haitiano. El PIC se inspiraba en el éxito detectado en Codevi, donde quienes diseñaban el nuevo aspecto de la economía de Haití trataban de atraer inversión extranjera con las ventajas que introdujeron al Grupo M en la economía del país: mano de obra barata y cercanía geográfica de Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, donde las exportaciones de artículos están libres de impuestos. Es uno de los cinco parques industriales previstos. Estados Unidos depositó millones de dólares en el PIC, pero solo ha convencido a Sae-A Trading, una empresa textil surcoreana, de que instale su taller en el parque industrial —según los implicados en el acuerdo, se prometió a Sae-A una exención de cuota de concesión de cuatro años—. En realidad, el desarrollo basado en maquilas nunca reportó más de 100.000 puestos de trabajo, ni siquiera en la década de los ochenta.

El hecho de que el contribuyente estadounidense esté construyendo parques empresariales que benefician a empresas surcoreanas también dejaba boquiabierto. Tal vez Estados Unidos sea el país extranjero más activo de los implicados en la reconstrucción, pero hasta sus empresas siguen guardando ciertas distancias. «Somos mendigos profesionales», me decía el señor Aguerre, director para Haití del IADB en Washington. La población haitiana también acabaría siendo mendiga. Un documento interno de la IFC sobre la propuesta de las Zonas Económicas Especiales sostiene que la reconstrucción debería «venir impulsada por un desarrollo liderado por el sector privado», aun cuando ese mismo documento reconoce que «la política y la normativa reguladora de la actual Zona Franca Haitiana, el Parque Industrial y el Código de Inversiones no han sido efectivas para atraer las inversiones necesarias para crear puestos de trabajo».

«Decir que el sector privado se apresura a entrar en Haití no sería reflejar exactamente lo que está sucediendo», me explicó Pamela Cox, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, cuando la entrevisté en Washington. Entonces, ¿por qué estas instituciones se centran tanto en que la reconstrucción esté encabezada por la inversión extranjera, en lugar de forjar las capacidades nacionales y públicas de Haití? ¿Es una mera coincidencia el hecho de que esto último no enriquecería a ningún occidental?

Pero todavía hay más complicaciones, a saber: que ofrecer incentivos generosos a empresas extranjeras tendrá un impacto desfavorable para las empresas ya activas en Haití. El Grupo M, por ejemplo, teme lo que pueden significar para ella los incentivos que se prevé ofrecer al CIP y otras ZEE. «[Las nuevas empresas extranjeras] tienen que formar a su mano de obra, tienen que prepararse para lo que viene —afirmaba el señor Blumberg, vicepresidente de ventas del Grupo M—. Queremos unas reglas de juego iguales para todos, si quiere decirlo así. Entendemos que [las empresas extranjeras] obtienen un montón de cosas a través de ayudas y patrocinios de diferentes fuentes». Pero si la inversión no llega pronto o si se suprimen las empresas autóctonas, como muchos predicen, Haití sufrirá estancamiento y miseria durante otra generación.

La ayuda de los donantes y otras formas de inversión soberana está ya disminuyendo, a medida que la comunidad internacional va perdiendo interés y la crisis financiera sigue incidiendo. El Fondo para la Reconstrucción de Haití (FRH), que reúne fondos de países y ONG para completar huecos de inversión, ha recaudado hasta el momento 352 millones de dólares, pero «nos hemos estancado», me dijo el señor Leitman, presidente del FRH. «Creo que los donantes han sido prudentes y son reacios a aportar más dinero». En marzo de 2010, en una conferencia de donantes celebrada en Nueva York, se prometieron 4.600 millones de dólares para los dos primeros años de reconstrucción. De ellos, solo 1.900 millones llegaron a hacerse realidad. «Si uno mira las estimaciones hechas para la reconstrucción de Haití tras el terremoto, eran inmensas, ya sabe, unos 15.000 millones de dólares, incluso más —me contaba Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política de Washington DC (CEPR, Center for Economic and Policy Research)—. No han aportado nada que se le parezca, ni siquiera una mínima parte. Es un país pequeño, pero no dejan de ser diez millones de personas; no se desescombra, no hay carreteras, no hay vivienda, no hay agua, no hay saneamiento… ¿y qué tipo de economía se va a hacer sin eso? Ese es el verdadero problema».

Sin embargo, lo que realmente temen en Washington, sobre todo los políticos, es la inmigración y las drogas. «Temían que Aristide fuera otro Castro —me dijo Larry Birns, un analista de Washington—. A la política estadounidense nunca le ha importado la construcción de una economía viable. Las medidas que ellos implantaron destruyeron la economía de Haití». Al asumir el poder, Ronald Reagan presentó la Iniciativa de la Cuenca del Caribe para, siguiendo un guion que ya conocemos, tratar de atraer la inversión extranjera a la región. Era un método para intentar recuperar el control de la zona, que parecía seguir una ruta autónoma. En 1983, Reagan incluso invadió Granada con fundamentos espurios para promover ese afán. La iniciativa fue un fracaso y no atrajo ninguna inversión, pero se ejerció el control. En ese sentido, fue como la Alianza para el Progreso de América Latina de John F. Kennedy, que bajo el disfraz del «desarrollo» y la «inversión» pretendía alejar de la región la influencia soviética. La idea predominante ahora en Washington es que es imposible reformar Haití, que es una «causa perdida». Propugnan lo que llaman «mantenerla con respiración asistida» para que Estados Unidos no reciba demasiada gente —en la década de los ochenta, los refugiados haitianos que murieron en las playas de Florida causaron estragos a los políticos del sur de Estados Unidos—. Pero lo que Estados Unidos no parece entender nunca de Haití, ni de otros lugares, es que no se puede hacer que una sociedad funcione como un reloj cuando durante años se ha socavado con tenacidad toda tentativa creíble de que esa sociedad funcione de manera efectiva. Haití está ahora muy por debajo de su renta per cápita de 1960, y es el único país del continente que no ha hecho ningún progreso en este periodo. Curiosamente, la economía creció desde 1960 hasta 1980 bajo las dictaduras de los Duvalier, porque, a pesar de su brutalidad, en realidad tenían una estrategia de desarrollo. No era nada fabuloso, pero hizo avanzar al país. Esto es cierto para muchos países de la región, que experimentaron un crecimiento mayor bajo dictaduras porque estas ejercían más control sobre la política que en la posterior época democrática. En efecto, en la subsiguiente fase neoliberal, el Banco Mundial y el FMI controlaban la política y nadie «les permitía» que tuvieran una estrategia de desarrollo. En realidad, entre 1991 y 1994, y entre 2000 y 2004, hubo una estrategia deliberada para destruir la economía y así es como se deshicieron del presidente Aristide en ambas ocasiones. «Tiene más que ver con el poder. Es difícil que la gente lo crea, pero a Estados Unidos sí que le importa quién gobierna —afirmaba el señor Weisbrot—. Estados Unidos, Canadá, Francia y sus aliados han derrocado al gobierno dos veces. En 1991 fue más disimulado, pero salió a la luz que la CIA había pagado a quienes dieron el golpe y también que financiaron los escuadrones de la muerte inmediatamente posteriores».

La historia de Robinson Deese, un haitiano al que conocí, muestra la cara humana de esta barbarie. «Tras el terremoto todo se volvió espantoso», me dijo mientras nos sentábamos en su dormitorio. Perdió su hogar y se trasladó con sus cuatro hijos y su esposa a Golf, uno de los campamentos más grandes de Puerto Príncipe, en el único campo de golf de la capital. Pero recibió sustento. Cruz Roja —una de las ONG más influyentes y poderosas de las que trabajan en Haití— le proporcionó una ayuda para el alquiler con el fin de que trasladara a su familia a un alojamiento permanente. La beneficencia le entregó 4.000 dólares haitianos para cubrir parcialmente el alquiler anual de 6.000 dólares haitianos. (Desde el terremoto, los precios se han disparado por las restricciones de la oferta). Ahora vive en una habitación pequeña y sofocante con otras seis personas: su esposa, sus hijos y un hermano. Antes era sastre, pero se quedó sin medios para ganarse la vida cuando perdió todas sus máquinas de coser en el terremoto. «Tenemos que arreglarnos con esto, porque ahora mismo no tenemos medios para alquilar un lugar más amplio; ahora tengo que trabajar para otros —decía—. Preferí aceptar la ayuda porque no tenía un terreno donde construir un refugio. Decidí que lo mejor sería fundar otro pequeño negocio yo solo mientras trataba de ahorrar y quizá conseguir un trozo de tierra». También le concedieron una ayuda de subsistencia de quinientos dólares para que emprendiera un negocio, lo cual, según explicó, por el momento no iba muy bien. A una familia así le cuesta ahorrar en semejantes condiciones, pues tiene que hacerse cargo de la matrícula, los libros y los uniformes para escolarizar a los niños. Cruz Roja ha ayudado de este modo a infinidad de personas; es una de las tres alternativas que ofrecen a los 500.000 haitianos que siguen viviendo en barrios de tiendas de campaña en torno a Puerto Príncipe. Las otras dos son construir una cabaña provisional en algún terreno no urbanizado o buscar a alguien que les permita hacerlo en sus terrenos. Pero el programa es una parábola del cortoplacismo que se ha apoderado de la reconstrucción de Haití. El señor Deese solo tiene derecho a recibir esta ayuda durante un año. Transcurrido ese tiempo, él y su familia regresarán a la casilla de salida, a menos que encuentre un empleo, lo cual parece improbable con un 80 por ciento de paro. «No puedo asegurar que vaya a tener lo suficiente para pagar el alquiler del próximo año —reconoció—. Ahora mismo no me agobia, sé que puedo trabajar, tengo dos manos con las que hacerlo».

Sin margen para la alternativa

Haití es un país en el que resulta llamativamente difícil desenvolverse: sus instituciones son frágiles, están debilitadas por años de inversiones insuficientes y el sistema está sumido en la corrupción. Para los gestores económicos posteriores al terremoto, este era el razonamiento por defecto para justificar su confianza en el sector privado y en una reconstrucción «liderada por las exportaciones». Pero este programa no era inevitable. Había infinidad de proyectos de reconstrucción que con toda probabilidad habrían creado un futuro más justo y sostenible para los haitianos. El problema era y sigue siendo que esos planes van contra la ideología dispensada por el FMI, el Banco Mundial y Estados Unidos. Sin ir más lejos, el gobierno haitiano podría haber reconstruido las devastadas infraestructuras del país con el equivalente actual de un Plan Marshall de los donantes, que habría generado puestos de trabajo en el sector público para que los haitianos construyeran carreteras, puertos e infraestructuras energéticas que, o bien no existían, o estaban deterioradas. Al fin y al cabo, todo el mundo sitúa en las infraestructuras uno de los principales problemas para que Haití funcione. Simplemente desescombrando se podrían haber creado 10.000 puestos de trabajo. Cruz Roja, por ejemplo, ha creado centenares de empleos para los haitianos reutilizando los escombros para fabricar ladrillos y otros materiales de construcción; al tiempo que limpiaban la ciudad, creaban empleo. «Somos los únicos que lo hacemos —me contó el coordinador del programa en Puerto Príncipe—. Ahora, en este momento, todos los demás lo llevan al basurero, pero el coste de procesarlo es más o menos el mismo».

Y lo que tal vez es más importante: Haití podría haberse centrado en crear una nueva economía agraria, un sector próspero antes de que el presidente Clinton volcara en la década de los noventa toneladas de arroz estadounidense en el país y destruyera la agricultura haitiana alterando por completo las condiciones comerciales, asunto que exploraremos enseguida. Aproximadamente el 60 por ciento de la población haitiana, unos cuatro millones de personas, vive en zonas rurales. Promover que las tierras agrícolas fueran de propiedad comunitaria habría aliviado al instante la superpoblada capital y suministrado una forma de alimentación sostenible a su gente —y si hubiera sobrante, se podría exportar—. Jamás se debatió esto.

«La agricultura sigue desaparecida», me comentó el señor Naim en la IFC. Todavía está por ver que la IFC haga algún préstamo a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, en lugar de centrarse en la industria agropecuaria; pero lo que Haití necesita son pequeños propietarios. Asimismo, el Banco Mundial ha reconocido que no se está concediendo la prioridad suficiente a la agricultura. Ha dedicado 55 millones de dólares a un nuevo programa agrario —dada la gran escala de las necesidades en Haití, es una minucia—. «Es nuestro primer proyecto verdaderamente agrícola», reconoció el señor Abrantes. El gobierno estadounidense afirma que no está ignorando la agricultura. El embajador en Haití me explicó que Estados Unidos ya ha invertido 200 millones de dólares en el sector; pero, una vez más, el centro de atención sigue estando en la producción agrícola para la exportación y no en abastecer a la población haitiana, una gran parte de la cual está muriéndose de hambre. Al mismo tiempo, el IADB aduce que la infraestructura es importante, pero que «hay otras necesidades» (como «invertir en el sector privado» para que importe semillas). El banco tiene un plan para que una empresa privada adquiera los mangos, los centralice, los distribuya y, después, los envíe a los exportadores. «Estamos cambiando la forma de dedicarse a la agricultura en Haití», me contaba el señor Almeida en el IADB. Esta nueva forma está extraída directamente del manual neoliberal: suministrar cupones a los pequeños productores para que compren semillas por la vía de la importación. Como no existen tierras de cultivo públicas o comunitarias, estas iniciativas no han llegado muy lejos hasta la fecha. «No es un gran número de puestos de trabajo», reconocía el señor Almeida.

El mercado interior haitiano ha pasado a ser ignorado por todas las partes, lo cual es paradójico teniendo en cuenta que el 90 por ciento de los huevos y el pollo que se consume en Haití procede de República Dominicana y que el 80 por ciento del arroz es importado. Cambiar esa situación mediante una agricultura de subsistencia financiada con fondos públicos no es una opción. «Cuando digo agricultura, me refiero a industria agraria», aclaraba el señor Almeida. La alternativa, impensable en el mundo de estas instituciones, es que se destine dinero a subvencionar la producción nacional de arroz a pequeña escala.

El IADB negoció un proyecto emblemático de esta «nueva dinámica»: una iniciativa con Coca-Cola ha creado un nuevo refresco, llamado Mango Tango, que se elaborará con los mangos de los nuevos productores. Un acuerdo similar con el café Starbucks pretende transformar las microexplotaciones individuales en cooperativas y, después, suministrar café a Starbucks y comercializarlo como café haitiano. Los analistas más críticos han calificado todo esto como «el modelo de desarrollo de las maquiladoras y el mango». «Les hacen falta carreteras y sistemas de regadío en el campo, pero eso no lo van a hacer estos tipos», indicaba Mark Weisbrot, el analista del CEPR. Sin embargo, hasta el momento, la política agrícola del gobierno de Martelly ha seguido al pie de la letra el modelo de industria agraria orientado a la exportación de las instituciones de Bretton Woods. «Lo que oigo decir [al gobierno haitiano] es que quieren emplear el modelo de la exportación también con la agricultura», aseguraba el señor Abrantes. En realidad, Martelly había propugnado que las IFI llegaran aún más lejos. «Estábamos preparando proyectos de agricultura tradicional para Haití que, en esencia, se centraban en el alivio de la pobreza de los pequeños agricultores —añadía el señor Abrantes—. Cuando tomó posesión el gobierno de Martelly, examinaron el proyecto y dijeron: “Nos gustaría adoptar un enfoque distinto. Nos gustaría contar con elementos relevantes para el estímulo de la industria agraria”, que es algo radicalmente distinto de lo que habíamos previsto. De modo que pienso que la perspectiva general, también para la agricultura, es animar a algunos agentes del sector agrícola a que se introduzcan en la producción enfocada a la exportación». Haití sigue siendo un país mayoritariamente agrario; necesita un modelo de desarrollo basado en la agricultura que distribuya la tierra entre las personas sin hogar para que se dediquen a cultivos de subsistencia comunitarios. Los gestores económicos del país no tienen interés en ese tipo de cosas. En cambio, lo que se está alumbrando es el sueño, muy antiguo ya, de contar con una maquiladora caribeña. Además de haber sufrido una de las peores catástrofes humanas de la historia, tenemos el Mango Tango. La victoria de la extorsión supuso la derrota de Haití, pero no fue por casualidad.

02
La extorsión

Breve explicación de lo que en realidad
sucedió tras la Segunda Guerra Mundial

En un mundo basado en el intercambio de bienes y servicios, la forma más eficaz de controlar a la población y a las naciones es ponerlas en tu lista de deudores. Esto lo entendió a la perfección el gobierno estadounidense, así que al final de la Segunda Guerra Mundial los estrategas norteamericanos se dispusieron a diseñar un sistema monetario internacional que mantuviera a raya al resto de la humanidad con su látigo. Pero lograrlo mientras se mantuviera la actitud pública generalizada de propagar la democracia y la justicia económica no era tarea fácil. Estados Unidos lo consiguió, sobre todo, a través de la construcción de una serie de instituciones globales que, a partir de ese momento, decidirían cómo iban a gestionar su economía los más pobres del mundo. La ideología impulsora de esas instituciones sería una forma de capitalismo respaldada por Estados Unidos que no toleraría la menor disidencia de sus preceptos. Los imperios oficiales del Viejo Mundo —cuyo declive aceleró el ritmo a partir de 1945— iban a ser sustituidos por algo más pérfido, más escondido, algo que hasta la fecha todavía no ha sido reconocido tal cual es: «la esclavitud de la deuda». La deuda se utilizaría para estrangular y machacar a cualquier pueblo que tratara de liberarse de las cadenas del orden que se estaba imponiendo.

El primero de los nuevos encargados del cumplimiento fue el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se autonombró salvador de países en apuros necesitados de dinero para apuntalar sus desordenadas economías. Pronto se convertiría en la estrella del equipo, en uno de los verdaderos matones. Junto a él, se utilizaría otro organismo para promover por todo el mundo los intereses de la extorsión: en un principio se llamó Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), pero después se conocería con el nombre de Banco Mundial. Estas instituciones, que siguen supervisando la economía mundial en aras de los intereses de los más opulentos entre los más ricos, se crearon en un entorno poco accesible: un hotel próximo a una estación de ferrocarril llamada Bretton Woods, en New Hampshire. Los relatos y la propaganda relativa a la génesis de estas instituciones son falsos casi en su totalidad, pero se siguen contando a fecha de hoy. Según «la historia oficial», el Banco Mundial pretendía «facilitar las inversiones del sector privado y la reconstrucción en Europa». Junto a esa vocación crucial, con una Europa en ruinas tras la guerra, pretendía abordar en términos más generales el «desarrollo», vocablo que alude al progreso económico de los países a los que las políticas de las mismas personas que supervisaban su «desarrollo» habían mantenido subdesarrollados. Este segundo papel se convertiría más adelante en su propósito fundamental, cuando el Banco Mundial pasó a ser uno de los principales cauces para prestar dinero a los países pobres.

Dos hombres dominaron el proceso de diseño del nuevo orden mundial. Harry Dexter White, un diplomático estadounidense, era el encargado de garantizar que todo se llevara a cabo teniendo en cuenta los intereses estadounidenses. Estaba enfrentado a un economista británico más honrado y respetado, John Maynard Keynes, cuyas ideas no salieron vencedoras: los acuerdos resultantes concedieron prioridad a los intereses estadounidenses. Después de todo, White ejerció una influencia considerable gracias a la supremacía económica estadounidense en aquel momento. Siguió el curso fijado por Cordell Hull, el secretario de Estado de Franklin D. Roosevelt, quien a principios de la Segunda Guerra Mundial declaró: «Sobre Estados Unidos recaerá en buena medida el liderazgo hacia un nuevo sistema internacional en el comercio y otros asuntos económicos debido a nuestro enorme poderío económico. Debemos asumir este liderazgo, así como la responsabilidad que lleva aparejada, principalmente por puro interés».[6] Y así fue. El interés es evidente cuando se compara la propuesta de Keynes con la de White. Muestra con claridad que los intereses estadounidenses fueron la prioridad en todo momento e impidieron una solución equitativa. En esencia, Estados Unidos consideraba que el FMI y el Banco Mundial eran herramientas específicas para su objetivo de abrir nuevos mercados en los que se vendieran y desarrollaran las exportaciones estadounidenses con el fin de realzar más su economía ya pujante y contribuir a garantizar su posición de superpotencia mundial. Pero Keynes creía que las relaciones comerciales entre países no se podían alterar sin que el país acreedor y el deudor suscribieran un compromiso con su modificación. En este sentido, tanto los poderosos como los desposeídos tenían responsabilidades. Por esta razón, Keynes propuso la creación del International Clearing Union (ICU), dotado de una moneda propia llamada bancor. El bancor sería una unidad contable universal que los países de todo el mundo utilizarían para registrar los déficits y superávits comerciales. Una unidad «objetiva» garantizaría que recayera idéntica presión sobre el acreedor y el deudor en aras de que restablecieran el equilibrio comercial. Pero semejante organismo constreñiría a las poderosas naciones acreedoras —como Estados Unidos—, que utilizaban los préstamos como mecanismo de control. Por ello, el ICU nunca existió; White se opuso a su creación. Él prefería que, en su lugar, se creara un Fondo de Estabilización Internacional y el BIRD. La finalidad del Fondo de Estabilización era reducir los controles sobre el intercambio de divisas, mantener las tasas de cambio invariables y prestar dinero a las naciones con déficit. El banco suministraría el capital que tan desesperadamente necesitaban los países golpeados por la guerra para su reconstrucción. Y esta fue la formulación aceptada en última instancia. Eliminaba por completo las cargas de las naciones acreedoras (como Estados Unidos) en términos de balance comercial. Dicho con más claridad: ahora no había ninguna restricción a la cantidad de superávit que una nación exportadora pudiera tener. A medida que un país iba suscribiendo cada vez más préstamos, las tasas de interés iban aumentando también cada vez más. Era una fórmula perfecta para acelerar el dominio de la extorsión. Los países extranjeros se convirtieron en mercados para los bienes estadounidenses y empezaron a depender mucho del capital norteamericano. Conforme fueron aumentando los niveles de deuda, creció también el dominio económico e ideológico absoluto de la extorsión.

Pese a la continua propaganda estadounidense que afirmaba lo contrario, ese interés nacional —o crudo imperialismo— fue la principal motivación: moldear un mundo a su imagen, crear una población mundial que trabajara para los intereses de las élites estadounidenses y, al mismo tiempo, que nadie pensara que lo hacía por su propio interés.

No es historia antigua, sino que está sucediendo hoy día. Recuerdo haber preguntado sobre ello al historiador Walter LaFeber, una de las voces más respetadas en cuestiones de política exterior estadounidense, y fue mucho más sincero que la mayoría: «Ningún gobierno ha propuesto jamás ningún plan a menos que creyera que había en él algo favorable para ese gobierno», aseguró, a lo que añadió: «El sistema económico posterior a la Segunda Guerra Mundial fue desarrollado, no creado, por los altos cargos estadounidenses para que contribuyera a reforzar la influencia económica y la supervivencia de la nación». El argumento es, en realidad, el habitual: que las instituciones de Bretton Woods —término con el que enseguida fueron conocidos el FMI y el Banco Mundial— habían tenido en un principio una «hebra idealista». Según cuenta la historia, Estados Unidos pervirtió esas mismas instituciones para reforzar su poder cuando, con la descolonización, fue disminuyendo su capacidad para ejercer el control sobre otros países… —lo que a los planificadores y periodistas de las élites les gusta llamar «estabilidad»—.

En 1945, claro está, el sistema se concibió con la sumisión de los países en vías de desarrollo casi garantizada. Pero cuando varias naciones y pueblos de todo el mundo obtuvieron la independencia, hubo que incorporarlas a la extorsión para que esta siguiera siendo tan ventajosa como antes. Ningún problema. Según su formulación original, el sistema de Bretton Woods es un sistema de control muy minucioso. Las instituciones de Bretton Woods tienen un sesgo muy marcado en los mecanismos de voto: los votos son proporcionales a la aportación de fondos, y, como Estados Unidos es el que más aporta, en tanto que mayor economía del mundo, ejerce de hecho el control. Si, por ejemplo, no quiere que se presten fondos al gobierno sandinista de Nicaragua, que en 1979 derrocó a un dictador respaldado por el mismo Estados Unidos, las instituciones de Bretton Woods siguen su criterio. Operar sin esta línea de crédito resulta en extremo dificultoso. Junto con esto, el dólar concede a Estados Unidos más poder porque es «la moneda de reserva» global, lo que significa que es la moneda de cambio extranjero que más retienen los gobiernos de todo el mundo. Las tasas de interés fijadas por la Reserva Federal de Washington DC otorgan así a Estados Unidos un significativo poder para manipular la economía mundial. Algunos países incluso entregan por completo su soberanía económica a Estados Unidos adoptando el dólar como moneda. El Salvador, por ejemplo, un país pobre de América Central que fue víctima de una sanguinaria guerra civil alimentada por Estados Unidos desde 1980 hasta 1992, adoptó como moneda el dólar en 2001, con lo que entregó completamente el poder sobre su política monetaria. No es preciso explicar que esa guerra la ganaron «los tipos adecuados» ni que, después, fue inevitable que llegaran las recompensas para Estados Unidos.

A juicio de LaFeber, «la verdadera cuestión es si los acuerdos de Bretton Woods han contribuido a resolver problemas de todas las partes implicadas y si lo han hecho de forma equitativa». En un principio, podría ser, dependiendo de la vara de medir que se escoja. Los economistas y los gobiernos valoran el crecimiento calculando el incremento de la actividad económica dentro de un país mediante el sistema de medida del Producto Interior Bruto (PIB). Es un sistema inútil, porque no explica nada acerca de cómo está distribuida la riqueza dentro de un determinado país ni si la nueva actividad económica se desarrolla en áreas que supongan utilidad social. A pesar de eso, la mayoría de los gobiernos del mundo persiguen el incremento del PIB como último objetivo.

En los treinta años posteriores a la creación de las instituciones de Bretton Woods, el crecimiento mundial fue ciertamente notable y mostraba mejoras significativas con respecto al periodo anterior a la guerra. Pero eso no altera el hecho de que estas instituciones se crearan en un principio para consagrar el control de la economía mundial por parte de Estados Unidos. Si había alguna duda acerca de cuál era el plan previsto, lo único que hace falta es fijarse en lo que sucedió a partir de mediados de la década de los setenta. En 1971, el presidente Richard Nixon sacó a Estados Unidos del patrón oro, según el cual la moneda en circulación de un país estaba respaldada por una determinada cantidad de oro. Este cambio dio rienda suelta a gran cantidad de lo que se conoce como «capital libre». El sistema de Bretton Woods tal como fue concebido «se vino abajo» en ese momento, pero las instituciones que lo componían pasaron a convertirse enseguida en los organismos a través de los cuales este nuevo capital podía fluir en el resto del mundo. Las poblaciones de los países pobres, desde África hasta América Latina, quedaron a merced de beneficio obtenido de ese dinero. Sociedades enteras se transformaron; se arrebató el poder a las instituciones democráticas y se depositó en manos de organismos privados, los nuevos gobernadores silentes de la extorsión. Y mientras todo esto sucedía, el mundo entró en una de sus crisis periódicas. En lo que se conoce como «ciclo económico», las economías crecen o decrecen inevitablemente cuando la irracionalidad de los mercados crea «burbujas», debido a las cuales los pobres tienen que retirarse del mercado y gracias a ello los ricos obtienen beneficio: comprar cuando los precios se han desplomado es la mejor forma de ganar una fortuna. El imperialismo había cambiado de rostro o, en realidad, había ocultado el rostro. Ya no pondría en funcionamiento cuarteles repletos de soldados extranjeros para garantizar que los países se sometieran a sus patrones ricos, sino que ahora el imperialismo era invisible y, por ello, mucho más fuerte y duradero. Era la estrategia distintiva de la extorsión: no permitas que tus súbditos sepan que son súbditos; no dejes que tus funcionarios sobre el terreno sepan que están imponiendo una forma de imperialismo brutal. Que piensen que son ciudadanos libres de un mundo libre, del cual Estados Unidos no es más que un árbitro neutral. Mientras tanto, sácales el dinero.

Ahora estás endeudado

A principios de la década de los ochenta, el gobierno de Reagan impuso una recesión al mundo entero con una política deflacionaria que ejerció una presión inmensa sobre los países en vías de desarrollo endeudados. Fue la primera recesión económica mundial desde la Segunda Guerra Mundial y los países que habían suscrito muchos préstamos se vieron en graves apuros: con la deflación tenían problemas para cumplir con los pagos y algunos entraron en quiebra, lo que significaba que quedaban bajo el control del FMI. Las reglas de la mafia: en cuanto no puede devolver una deuda, se convierte en tu propietario. El FMI ahora podía imponer condiciones concretas e impartir instrucciones: «No vamos a hacer ni un solo préstamo más a menos que pongan en marcha determinados programas». Estos programas, llamados oficialmente «programas de ajuste estructural», sintonizaban con precisión con lo que las grandes corporaciones transnacionales en crecimiento querían de esos países en vías de desarrollo. Bajo el control del FMI, «tenían que privatizar». Tenían que recortar el gasto público en servicios útiles para los ciudadanos corrientes —como la salud pública y la educación— y tenían que orientar el conjunto de su actuación no solo a pagar la deuda, sino también a acoger en el país con las mejores condiciones posibles a las corporaciones transnacionales. Era un conjunto de condiciones de utilidad solo para la extorsión e increíblemente perjudicial para la gente corriente. Es como si pidiéramos a un amigo que nos preste veinte dólares y nos dijera: «Te los prestaré si me dejas que me ponga toda tu ropa, que utilice tu ordenador cada vez que quiera, que duerma en tu cama y me pagas diez céntimos adicionales cada semana hasta que me lo devuelvas todo». Vale la pena recordar, dicho sea de paso, que en muchos lugares la ingente deuda que los países han contraído durante el largo boom posterior a la Segunda Guerra Mundial fue acumulada por dictadores y tiranos apoyados por Estados Unidos y sus aliados, por ejemplo el general Suharto, genocida dictador indonesio. La gente que tenía que devolver esos préstamos con la destrucción de sus servicios sociales no había tenido ninguna participación en dichos préstamos, que con frecuencia se habían dirigido a beneficiar a los dirigentes que los oprimían. A este tipo de deuda se le denomina «deuda ilegítima» y muchos la consideran no solo incorrecta, sino ilegal. Aun así, se utiliza para controlar buena parte del mundo. Veamos algunos simpáticos ejemplos: Indonesia tiene unas deudas inmensas —por valor de 80.000 millones de dólares—, pero se calcula que cincuenta sujetos son los titulares del 95 por ciento de esas deudas. Cuando Occidente financió a Suharto para que accediera al poder, le prestó unas monumentales sumas de dinero que no beneficiaron en absoluto a sus súbditos —menos aún a los 200.000 habitantes de Timor Oriental que fueron asesinados bajo su supervisión—. Pero estas deudas se socializaron al instante, de tal modo que las generaciones futuras, como los jóvenes indonesios actuales, tienen que pagar los gastos del suntuoso estilo de vida de Suharto y sus amigos. Y no son solo países «inútiles» como Indonesia los que incurren en una deuda monumental. Lo que se suele ignorar es que Gran Bretaña, Francia e Italia entraron todos en quiebra por las deudas contraídas con Estados Unidos en la década de los años treinta.

Durante la llamada «crisis de la deuda» de América Latina en la década de los ochenta, los bancos comerciales ya no prestaban a los gobiernos y empresas de la región, de modo que su dependencia de las instituciones de Bretton Woods se agudizó aún más. En lo que estos árbitros del control económico se habían embarcado era en la destrucción de un modelo económico que había contribuido a erigir a América Latina en uno de los puntales económicos del mundo, un modelo que había sido testigo de otros grandes éxitos. La llamada «industrialización por sustitución de importaciones» era un sistema que pretendía levantar las industrias nacionales promulgando medidas proteccionistas para impedir la entrada de capital extranjero. Como es comprensible, no era un sistema del agrado de los extorsionistas que buscaban nuevos mercados de inversión, de modo que lo hundieron. Y así se introdujo «la industrialización orientada a la exportación», una economía centrada en la producción de bienes de exportación a otros países utilizando suministros que, en muchas ocasiones, estaban fabricados en otros lugares. Aquello formaba parte de uno de los trucos más viejos del manual de estrategia de la extorsión para que un país pobre siga siendo pobre y «subdesarrollado»: permítase que una empresa extranjera extraiga minerales en el país «en vías de desarrollo» pagando muy pocos impuestos o regalías muy bajas y, después, saque esa materia prima del país, fabrique el producto en el país rico, donde se crean puestos de trabajo y empresas, y véndaselo de nuevo a la población del país de origen con un sobreprecio inmenso. Las economías de estos países «subdesarrollados» quedaron a merced de los caprichos de la economía global, donde la oferta y la demanda producirían una inestabilidad imposible de contener; en esencia, significaba que el desarrollo independiente era imposible. Una vez más, no fue un accidente.

La supresión de todo control público sobre la industria —que es uno de los elementos básicos de este tipo de programas— ignoraba el hecho de que el Estado tiene que desempeñar un papel importante en la creación de una industria nacional próspera. Estados Unidos debería saberlo; después de todo, ha sido uno de los países más proteccionistas del mundo. Proteger a las industrias emergentes elevando barreras para la inversión y los productos extranjeros es esencial cuando estos sectores industriales están dando sus primeros pasos. Los programas de ajuste estructural se oponen de manera frontal a la erección de estas barreras. La idea es que el ajuste estructural convierte a las economías más débiles en algo «más parecido a Occidente», pero no es eso lo que consigue, porque los países pobres no tienen nada que se parezca a la base económica de sus amos. Más bien, crea dependencias y confía a pies juntillas en sus «patrocinadores» occidentales; produce una situación en la que es imposible que estos países sigan su propia senda. Y cuando las naciones empiezan a elegir dirigentes que anteponen los intereses de su pueblo a los de las multinacionales occidentales, se puede estar seguro de que llamarán a los secuaces de Bretton Woods para que les obliguen a someterse.

Para América Latina, la industrialización orientada a la exportación fue una catástrofe prolongada en el tiempo; grandes cantidades de capital salieron del continente, lo que contribuyó a depreciar las monedas nacionales —sus monedas pasaron a ser las menos deseadas, así que el precio se desplomó—, y para contener la inflación se dieron instrucciones a los gobiernos para que subieran los tipos de interés, lo que, a su vez, ralentizó aún más las economías porque costaba más pedir dinero prestado. La economía del continente se contrajo un 9 por ciento en los cinco años transcurridos hasta 1985. No por casualidad, ese fue un periodo marcado por un gran predominio de Bretton Woods. Los gestores económicos utilizaban los «programas de ajuste estructural» y la deuda de la que eran titulares el FMI y el Banco Mundial para transformar la economía. Se arrojaron contra los países pobres los paquetes de «rescate» y los «acuerdos» de préstamo, «con la condición de que aplicaran determinadas medidas en su economía. Se reconstruyeron sus economías anteponiendo los intereses del capital occidental; las nuevas economías quedarían «ajustadas con precisión a lo que las corporaciones internacionales querían». Un especialista describe el programa del siguiente modo: «Privatización de los medios de producción, desregulación de toda la actividad económica, apoyo a la competitividad… e [integración] en el sistema económico capitalista mundial».[7] Se abandonaron las necesidades de las personas —desde la atención sanitaria hasta la educación—, pues era obligatorio privatizar las instituciones públicas. Los derechos humanos elementales se dejaron de lado cuando los pobres fueron asimilados al «mercado global», donde los titulares de grandes capitales encontraban cada vez menos obstáculos. Con el acaparamiento de los países pobres, el capital occidental se garantizaba la penetración de la economía conquistada. Los ricos —concentrados en la capital de este sistema económico, Estados Unidos— se enriquecieron más, el dinero huía de los países pobres y los desposeídos de la humanidad eran aplastados bajo la bota de los programas de ajuste. La extorsión crecía bajo la forma de un capitalismo agresivo, el «neoliberalismo», y destruía toda institución que representara a quienes no poseían capital.

Dos profesores de Nueva York exponen las consecuencias: «La mitad de la población y dos tercios de los países del mundo carecen de pleno control sobre su política económica. Inmigrantes “expertos” dirigidos por ciudadanos de los países industriales y radicados en Washington DC regulan sus macroeconomías, sus proyectos de inversión y su gasto social».[8] Y para sumar agravios a la ofensa, se pasa a denominar a «los principios orientadores de estas instrucciones dictadas desde lejos como “el Consenso de Washington”». Este consenso, en realidad, no se extiende más allá de la población más rica de la tierra, los miembros de la extorsión. Como es natural, es extremadamente difícil escapar de la jaula que Bretton Woods impone a los países. Un ejemplo de un líder que trató de hacerlo fue Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente de Brasil, que se dio cuenta enseguida de que lo pasaría mal pidiendo préstamos si se aventuraba a poner en práctica sus ideas más radicales para combatir la desigualdad en su país: suprimirían de inmediato las líneas de crédito. En la política mundial impera ahora una regla casi absoluta según la cual los dirigentes socialdemócratas claudican. ¿Por qué? Porque las fuerzas del capital y su sicario, Estados Unidos, son demasiado poderosas. Lula dirigió una carta a su pueblo al principio de su mandato en la que explicaba hasta qué punto tenía las manos atadas por los capitalistas extranjeros. Brasil, dicho de otro modo, distaba mucho de ser un país soberano. Y no era una casualidad. «O bien justo antes de que asuman el poder, o bien justo después porque el sistema se ha vuelto muy poderoso, la presión sobre los dirigentes democráticos es tan rigurosa que en realidad tienen un margen de acción muy limitado», me contaba Edward S. Herman, un economista de la Universidad de Pensilvania, a lo que añadía: «El sistema es un todo maravillosamente integrado» que dificulta muchísimo a las víctimas que puedan ver el bosque a través de los árboles en medio de la cortina de fuego de la propaganda.

Otro país latinoamericano, Argentina se convirtió en uno de los ejemplos emblemáticos del fracaso de las políticas neoliberales cuando en 2001 quebró su economía. Nunca debió ser un ejemplo de economía hecha jirones, pues en cierta época fue una de las economías más prósperas del mundo. A principios de la primera década del siglo XXI se había convertido en un caso perdido gracias a sus patronos de Washington y sus disputas locales. La quiebra se produjo al final de un largo periodo en el que el país había estado siguiendo las prescripciones de las instituciones de Bretton Woods, reestructurando su economía en aras de los intereses del capital extranjero. No se pretendía que sucediera nada semejante. En los años noventa, los habituales elogios de los preceptos de Bretton Woods por parte de los medios de comunicación estaban en alza. Argentina, se nos decía, era el «alumno modélico» de la tesis neoliberal que se estaba extendiendo por todo el mundo. Era, nos seguían diciendo, una «economía milagro» gracias a la liberalización económica emprendida en serio por el presidente Carlos Menem, que llegó al poder en 1989, cuando todo el mundo reconocía que la economía andaba mal. En aquella época, la inflación —que indica el grado de depreciación de la moneda— se disparó hasta llegar al 200 por ciento. En realidad, Menem había llegado al poder prometiendo a los argentinos recuperar «la buena vida»; una vida con un poder adquisitivo cada vez mayor, con mejores servicios…, en consonancia con los discursos electoralistas al uso. Pero este idealismo se estrelló contra el muro de las instituciones de Bretton Woods cuando entró en la Casa Rosada de Buenos Aires. Se volvió neoliberal; tal vez ya lo fuera desde antes, pero había tenido que ocultarlo, porque ese tipo de políticas no tienen demasiada popularidad entre la mayoría de la población.

La primera medida de Menem fue permitir que el capital privado se beneficiara de las instituciones públicas de Argentina. «Somos pragmáticos —dijo—, las empresas estatales serán privatizadas en la medida en que esta acción cumpla con los intereses del gobierno». La medida vino complementada por otras extraídas del compendio de instrucciones del FMI: el gobierno argentino eliminaría todos los aranceles y demás barreras aduaneras para el libre movimiento de capitales. Ahora, las empresas estadounidenses no tendrían ninguna responsabilidad si la economía quedaba patas arriba; invertirían y retirarían inversiones con toda libertad. El peso, la moneda argentina, se ajustó al dólar, lo que concedía a Estados Unidos un control tácito aún mayor sobre el país; las tasas de interés fijadas por la Reserva Federal de Estados Unidos producirían ahora un impacto considerable sobre la economía de Argentina. Los programas sociales fueron aniquilados y se levantaron los controles fiscales, lo que desencadenó una crisis humanitaria. Un estudio del Banco Mundial elogiaba en 1993 las nuevas medidas: «Las provincias tienen ahora la máxima responsabilidad sobre servicios sociales como la educación, la salud, la seguridad y la vivienda. Mejorar la eficiencia de la prestación de estos servicios sociales provinciales podría ser una de las formas más eficaces de elevar los niveles de vida en Argentina». El «shock» que Menem utilizó para justificarestas impopulares reformas dejando a la economía de su país a merced de los capitalistas extranjeros fue la hiperinflación que había heredado. Pero, en realidad, la inflación se mantuvo incluso después de las reformas. Llegó mucho dinero a Argentina en un principio, en 1991, cuando Estados Unidos entró en una recesión y el capital buscaba carne fresca en la que hundir sus colmillos. Con la desregulación, Argentina pasó a ser un destino frecuente. En el año transcurrido entre 1991 y 1992, la inversión extranjera en Argentina casi se cuadruplicó, pasando de los 3.200 millones hasta los 11.000 millones de dólares. En 1997, The Economist consideró inteligente predicar con entusiasmo que la prosperidad de Argentina recordaba a algunos «a la época dorada, hace un siglo, cuando la Pampa suministraba trigo, carne de vaca y lana a la Gran Bretaña imperial y Argentina era uno de los diez países más ricos del mundo».[9]

Pero todo era mentira, un castillo construido sin vigas que lo sustentaran. Enseguida se produjo el derrumbamiento. Wall Street —el Santo Grial del capitalismo mundial, donde se encuentran muchos de los bancos más grandes del mundo y hacen su trabajo sucio— sufrió otra desaceleración. Se le llamó «estallido de la burbuja tecnológica», que era reflejo de la burbuja de la inversión extranjera en Argentina. Cuando Wall Street se desplomó, el capital libre que con tanta amabilidad había tratado a la población de Argentina no sintió la menor lealtad y huyó del país tan deprisa como había llegado. Menem se había deshecho de los controles existentes, cuya finalidad era impedir semejante fuga generalizada, así que la gente no tuvo modo de pararlo. El historiador económico Robert Brenner afirmó que hacia finales de la década de los noventa Estados Unidos absorbió «todo el capital mobiliario del mundo. Ante esta situación, los países que habían apostado todo a la atracción de la inversión extranjera se vieron metidos en un atolladero».[10] A lo que añadió que ese mismo periodo marcó «el comienzo del fin para las economías periféricas que habían vinculado su moneda al dólar». Argentina lo había apostado todo a atraer la inversión y había vinculado su moneda al dólar. En la desaceleración subsiguiente, el gobierno argentino impuso duras medidas de austeridad. El FMI ofreció un préstamo de 40.000 millones de dólares, pero en ese momento la retirada de depósitos bancarios había alcanzado la cifra de 1.000 millones diarios. Fernando de la Rúa, el presidente relativamente nuevo, declaró: «Nunca voy a devaluar la moneda». Pero aquello resultó ser una promesa vacía y, en última instancia, se produjo una devaluación y se desencadenó el histórico impago de la deuda. En el año 2001 estallaron en las calles de las ciudades argentinas protestas populares en las que murieron veintisiete manifestantes. La gota que colmó el vaso fue la negativa del FMI a volver a prestarle dinero, porque De la Rúa no había cumplido con las condiciones relacionadas con el gasto público. Dimitió, pero dejó un país arruinado. Los servicios públicos habían sido desmantelados sistemáticamente, los controles fiscales habían quedado erosionados y las corporaciones multinacionales no tenían ninguna obligación de quedarse allí, lo que dejó al gobierno y a los bancos en la ruina. Las instituciones de Bretton Woods habían cumplido su misión.

Será mejor que trabajes

Se está librando una guerra de clases y los pobres van perdiendo. La extorsión radicada en Occidente tiene el dinero y el poder para extenderse por todo el planeta, así que los trabajadores luchan entre sí por obtener empleo atravesando fronteras. Los poderes que contrarrestaban esa dinámica, como los colectivos sindicales bien organizados, que antes tenían cierto control sobre el poder empresarial, han quedado erosionados y divididos. Ahora las empresas pueden redactar leyes, debilitar y destruir los derechos laborales y el medio ambiente y, controlar los medios de comunicación como nunca habían podido hacerlo antes, gracias a la ausencia de servicio público. Y el mundo de los negocios se alimenta a sí mismo; a medida que las empresas van haciéndose cargo de todo va quedando menos margen para las personas con opiniones disidentes; tiene una magnífica capacidad para fortalecerse. Es cierto que hacen falta más sindicatos y movimientos obreros, pero el viento en contra sopla con fuerza. El poder del afán de lucro ha conseguido crear un mundo a su imagen y semejanza, en buena medida gracias a las instituciones de Bretton Woods. Al globalizar el capital y su producción, la extorsión está haciendo algo muy inteligente y ventajoso —para sí misma—. Están enfrentando a los trabajadores entre sí, en lugar de resaltar la brecha existente entre ellos y los peones que les dan los beneficios con su trabajo. La válvula de escape, que debería haber estallado con ira contra los incentivos para directivos, la especulación irresponsable y la insensata reagrupación de la deuda, ha saltado con ira; pero ahora se le ha enseñado a orientarse contra los trabajadores procedentes de otros países, que han sufrido idéntica explotación por los mismos sabuesos de los negocios. Esta táctica es bien conocida entre la comunidad empresarial, y la predominancia de zonas de «libre comercio» en las últimas décadas no es más que la encarnación de la ideología subyacente. En el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, North American Free Trade Agreement), Estados Unidos impulsó una zona integrada de «libre comercio» que abarcaba a Canadá, a México y a sí mismo para permitir que las empresas estadounidenses se introdujeran en la economía de México y produjeran a un coste muy inferior, ya que la normativa medioambiental y la legislación laboral mexicanas eran más laxas e imprecisas. En consecuencia, se privó de empleo a los trabajadores estadounidenses, porque los trabajadores mexicanos vendían su trabajo más barato que ellos. Además, los artículos estadounidenses, muy subvencionados se podían vender a precio más bajo que la producción autóctona mexicana, de modo que en México se destruyó la agricultura. La única triunfadora del NAFTA en última instancia fue la comunidad empresarial, y, en lugar de mostrarse solidarios con los trabajadores mexicanos, los sindicatos estadounidenses se entregaron al patrioterismo. Toda esta dinámica se denomina en términos académicos «carrera hacia el abismo» y opera en todo el sistema económico globalizado, donde las multinacionales buscan el país menos regulado para producir sus artículos con menor coste. Describe un mundo perfecto para los inversores extranjeros. Significa que los trabajadores más capaces de pujar a la baja consigo mismos ante un capital sobredimensionado son los que más «éxito» tienen a la hora de conseguir trabajo. A falta de una nueva Internacional en la que los trabajadores se puedan coordinar en un plano capaz de contrarrestar la «carrera hacia el abismo», el resultado es que se suelen volver los unos contra los otros.

Al igual que todas las estrategias imperiales, la extorsión encuentra voces de apoyo en la intelligentsia local, cuya tarea es racionalizar la brutalidad del poder y volverla aceptable para la mentalidad de la población. En Estados Unidos, uno de estos iluminados es Thomas Friedman, quien llama «camisa de fuerza dorada» al sistema delineado, y afirma, por ejemplo, que a los países pobres no les queda más opción que aceptarlo, pero que es ventajoso para ellos. La prueba que aporta es que en 1975 solo el 8 por ciento de los países de todo el mundo tenían gobiernos liberales de libre mercado; en aquella época, la inversión directa extranjera (FDI, Foreign Direct Investment) ascendió a 23.000 millones de dólares. Pero llegado 1997, época en la que las instituciones de Bretton Woods ya habían derrochado sus esfuerzos más vehementes, esta cifra ascendió a los 644.000 millones de dólares.[11] A juicio de Friedman, la brecha creciente entre ricos y pobres era irrelevante; la realidad humana que ocultaban estas cifras no penetraba en su pensamiento… y no era él solo. Convertir la inversión en un fetiche es una enfermedad generalizada. Pero la inversión e incluso el crecimiento mismo no guardan correlación alguna con la mejora de la vida de la mayoría de la población de los países en vías de desarrollo. Enriquece a una élite local, a los amigos de Friedman, a sus colegas de los medios de comunicación y las finanzas, y al resto de los extorsionistas. Pero la población no ve ni un ápice de esa riqueza ni la ha visto nunca. De hecho, Estados Unidos propuso deliberadamente esta estrategia porque, lejos de suponer una ventaja para los deudores, beneficiaba a las multinacionales estadounidenses. Cuando a los países en vías de desarrollo se les ha obligado a privatizar y abrir sus economías a instancias del FMI y otros organismos, han tenido que solicitar inversiones. Los países con más éxito acaban por ser aquellos que crean las condiciones óptimas para las corporaciones transnacionales, encabezadas por Estados Unidos. Como era de esperar, estas condiciones son flexibilizar la legislación laboral y medioambiental y suavizar el régimen fiscal para las empresas. Las corporaciones transnacionales han dedicado los últimos veinticinco años a competir en esta carrera, buscando los países más pobres y con más débil infraestructura social para producir a menor coste, lo que ha convertido el planeta —sus regiones más pobres— en un erial de pueblos deshechos y paisajes destruidos. A todo esto llama «globalización» la intelligentsia de la extorsión. Refiriéndose a eso, Martin Khor, director de la Third World Network, afirmaba: «La globalización es lo que en el Tercer Mundo hemos llamado desde hace siglos colonización del Tercer Mundo».[12] Nadie está poniendo en cuestión que una mayor interconexión sea mala, es la globalización de «los derechos del inversor» la que se combate, sencillamente porque es una forma actualizada de imperialismo que neutraliza la actuación de miles de millones de personas. El llamado Consenso de Washington arranca de los países pobres la libertad de elección. Estos ya no pueden elegir ningún modelo de desarrollo que anteponga las necesidades de sus ciudadanos a las necesidades del capital internacional.

Esta «carrera hacia el abismo» también significa que la FDI ha sido desigual en los países en vías de desarrollo. Aunque Friedman alabe el incremento de la FDI, no llega a mencionar que hay una incómoda diferencia entre los pocos países en vías de desarrollo que se han subido a la cresta de la ola «neoliberal» encabezada por Estados Unidos —los «países en vías de desarrollo de nivel superior»— y el resto, que no ha tenido tanta suerte. También está bastante claro que las auténticas historias de éxito de la época en cuestión fueron en realidad las de los países del este de Asia, que adoptaron una posición económica muy distinta a la del neoliberalismo rampante en aquella época en América Latina y África. El Estado asumió un papel muy importante en lugares como Corea del Sur y Taiwán, donde había infinidad de programas estatales para ayudar a los pobres, lo que entraba en contradicción con la religión neoliberal. Corea del Sur es una anomalía —no encaja en el modelo al uso, no es siquiera una economía de libre mercado pura—, es una economía enormemente controlada en la que el gobierno imprime una dirección muy marcada. Su éxito se debió en buena parte al hecho de que no seguía las normas del ajuste estructural. Lo mismo se puede decir de países como Taiwán, otra economía controlada que no avanzó hacia el sistema de libre empresa radical según las normas del ajuste estructural. Las antiguas colonias neoliberales, como Bolivia y Venezuela, que ahora renegocian viejos contratos injustos con empresas occidentales, como era de esperar están siendo denunciadas, pero, según Joseph Stiglitz —el economista galardonado con el Premio Nobel que fuera economista jefe del Banco Mundial pero se volvió contra él—, lo que están haciendo «tiene mucho sentido». Los contratos anteriores apenas dejaban nada a la población de esos países; eso es lo que nosotros llamamos inversión y ellos llaman imperialismo. «La idea de que se quiera invertir más en educación y salud también tiene sentido —añade Stiglitz—. Lo que todavía no sabemos es hasta que punto serán capaces de lograrlo haciendo lo que los anteriores gobiernos no hicieron: proporcionar una base amplia para el desarrollo. Hace falta educación y sanidad, pero algunas cosas cuestan más tiempo y no conocemos todavía la respuesta a eso». Pero si se emprende esa senda, como hizo Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela, se pisotea inevitablemente a los extorsionistas. Así que ellos harán todo lo posible por echar a quien se aventure en ello, como trató de hacer Estados Unidos con el apoyo tácito a un intento de golpe de Estado en Venezuela en el año 2002. En el caso de otro país desesperadamente pobre, Haití, tanto Estados Unidos como sus aliados de Bretton Woods esperarán hasta que una crisis les deje indefensos y puedan aprovecharse al máximo.

Cuando el capitalismo ha adoptado formas nuevas —lo que el filósofo Zygmunt Bauman llama formas «líquidas»— se ha vuelto más difícil que la población de todo el mundo contraataque. Ha aparecido una asimetría mediante la cual quienes poseen el capital, quienes poseen los medios de producción, no dependen en modo alguno de los trabajadores para obtener sus beneficios. Si los trabajadores levantan un dedo y tratan de luchar por mejores condiciones para sí mismos, entonces los jefes pueden trasladar las operaciones sin más a algún otro lugar en donde paguen menos y donde la hierba será más verde para el capital. En cambio, los trabajadores se aferran a un lugar; la mayoría tiene responsabilidades familiares, hijos o deudas pendientes. La idea de la libre circulación de trabajadores es una farsa; muchas personas están de hecho atadas al suelo que pisan por prosaicas razones de la vida cotidiana. Así, los ricos aumentan sus oportunidades y perspectivas de vida mientras que los pobres permanecen arraigados a una existencia desalentadora sin salida alguna. Esto produce dos existencias paralelas, dos clases diferenciadas. «Cuando una parte está fijada al territorio y no tiene ninguna movilidad, entonces el concepto de vida moderna líquida le sirve de muy poco —me explicaba Bauman—. Estas condiciones diferencian muy considerablemente la situación vital, las perspectivas de vida y las oportunidades de acceso a diferentes tipos de placeres produciéndose una gran polarización».

Cuando entrevisté a Stiglitz, me dijo que el Consenso de Washington comprendía en realidad una larga lista de medidas, algunas de las cuales fueron en apariencia «apropiadas» en algunas ocasiones. A juicio de Stiglitz, el problema era que, en cierto modo, esta ideología neoliberal se había convertido en una religión, en un conjunto de ideas extremas que se consideraban la panacea para todos los problemas económicos del mundo en vías de desarrollo. En términos profanos, aquello era «fundamentalismo del libre mercado». Stiglitz sostiene que las instituciones de Bretton Woods han acabado por darse cuenta de que sus políticas han sido un fracaso. En su libro The $3 Trillion War analiza el sistema económico impuesto ahora en Iraq tras la guerra y la ocupación. «Creo que uno de los últimos intentos de imponer las doctrinas neoliberales se produjo en Iraq —me dijo—. Cuando el Banco Mundial había abandonado estas ideas, el gobierno de Bush las impulsaba en Iraq: liberalización instantánea, privatización instantánea… Tratamos de promoverlas incluso contra la legislación internacional. Han desempeñado un papel importante en la dificultad de la recuperación». El gobierno de Bush ha tratado de supervisar la privatización de todos los recursos naturales de la economía iraquí a través de la propia constitución. Cuando yo trabajaba para The Financial Times, un alto ejecutivo del banco de inversión japonés Nomura me dijo en una entrevista, con el micrófono apagado: «Bueno, todos sabemos que fuimos a Iraq a buscar 3.000 barriles de petróleo diarios». Le parecía divertido que yo hubiera pensado otra cosa. Así es como los extorsionistas hablan a puerta cerrada. «Creo que una de las grandes preocupaciones es que las privatizaciones [en Iraq] no tendrán legitimidad, y sin legitimidad se pueden revertir —me dijo Stiglitz—. Y si existe preocupación por si se revierten, socavará la inversión, aumentará la probabilidad de que las privatizaciones no produzcan el efecto beneficioso que se esperaba y acabarán liquidándose los activos en lugar de utilizarse para crear riqueza, así que creo que fue una estupidez hacerlo». Stiglitz tenía razón en que acabaría demostrándose que fue un desastre. No obstante, se equivocaba al pensar que el Banco Mundial y el FMI habían aprendido de los errores de su conducta. No han aprendido porque lo impide la lógica del sistema que supervisan. A pesar de su fracaso, estas ideas siguen siendo populares porque enriquecen más a los ricos. Y hay muchas más ideas malas y absurdas en el lugar del que provienen estas.

03
Amañar el sistema

Toda la verdad: el libre comercio

«Casi cualquier preocupación de ámbito mundial, ya sea respecto a los riesgos y la seguridad de los alimentos transgénicos (OGM, Organismos Genéticamente Modificados) al cambio climático y la biodiversidad, a la protección de los conocimientos y los recursos de los indígenas, a la reforma de las instituciones antidemocráticas y autoritarias mundiales —como la OMC o el FMI—, respecto a la justicia y el comercio justo mundial se reduce, por parte de Estados Unidos, a una cuestión de “libertad de mercado”».[13]

La ficción del «libre comercio» es una de las armas más potentes del vehículo blindado de Estados Unidos para arrebatar concesiones a los países más débiles y relegarlos a un eterno subdesarrollo. Dicho con más precisión, el «libre comercio» alude a la libertad de Estados Unidos para hacer lo que le plazca en sus relaciones comerciales, mientras todos los demás están obligados a crear unos sistemas económicos que favorezcan la circulación de artículos estadounidenses. Desde la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, General Agreement on Tariffs and Trade), que posteriormente se convertiría en la Organización Mundial del Comercio (OMC), Estados Unidos ha predicado las virtudes del «libre comercio justo». En realidad, no ha puesto en práctica nada que se le parezca. Un ejemplo particularmente infame es la Ley de Aranceles Smoot-Hawley de junio de 1930, que elevaba los aranceles estadounidenses hasta los niveles más altos de su historia con el fin de impedir la entrada de productos extranjeros. En ese caso, el proteccionismo extremo estadounidense produjo efectos indeseados y la Ley Smoot-Hawley se considera hoy día una contribución a la paralizante depresión en que se sumió Estados Unidos en aquella época. La versión oficial es que la Ley Smoot-Hawley supuso «el máximo nivel alcanzado por el proteccionismo estadounidense en el siglo XX», y que después de aquel «error» Estados Unidos aprendió de lo equivocado de su conducta y, desde entonces, «aceptó de forma generalizada la capa de defensor de un comercio internacional más libre» (extraído de la historia oficial del Departamento de Estado). En realidad, eso es lo contrario de la verdad. Más bien, el libre comercio siempre ha sido un ideal del gobierno estadounidense, y se ha defendido cuando cumplía su propósito y se ha desdeñado cuando no era así. En 1947 se firmó el GATT con el propósito ostensible de la liberalización económica, la erradicación de los aranceles para importaciones y exportaciones y la creación de una cooperación internacional más sólida. Pero, como señala el historiador John Bellamy Foster, Estados Unidos propuso el GATT «con la intención de consolidar el control económico ejercido por los Estados del centro, y por Estados Unidos en particular, sobre la periferia y, por tanto, sobre la totalidad del mercado mundial».[14] Empieza a aflorar una pauta.

En esencia, el GATT se convirtió en un foro para las negociaciones comerciales en el que hubo muchas rondas de conversaciones. La más destacada fue la Ronda Kennedy de 1962-1967, con un éxito parcial, donde se aplicaron reducciones reales a las barreras comerciales entre las naciones implicadas. Aquello cambió una década después de la Ronda Kennedy, cuando el GATT asumió su papel de vehículo de los intereses estadounidenses. El economista Anthony Gamble afirma que en ese momento «Estados Unidos empezó a reorientar su estrategia hacia una doble vía con relación a la liberalización comercial». Gamble apuntaba cierta tendencia desarrollada por Estados Unidos: presiona en el GATT para abordar un enfoque multilateral —que en última instancia desembocó en la Ronda Uruguay de 1986, tras la que nació la OMC—, al tiempo que sigue una trayectoria de interés nacional explícito en el exterior. Esto se consiguió mediante diversas formas nuevas de proteccionismo y el inicio de una liberalización comercial bilateral con socios estratégicos como Canadá e Israel. Un profesor universitario señala además que Estados Unidos en realidad «se mantuvo formalmente al margen del régimen del GATT»: el Senado estadounidense jamás ratificó el GATT. Pero, según él, el Senado «permitió que, en líneas generales, los mecanismos del GATT operaran en sentido jurídico». Esta precaria relación con el GATT se creó de forma consciente porque permitía a Estados Unidos quedar en buena medida al margen de las restricciones impuestas por los acuerdos que pudieran tener consecuencias económicas perjudiciales, al tiempo que se aprovechaba de mercados que la organización pudiera abrir por la fuerza. También incomodaba a Estados Unidos que algunos países se negaran a participar del régimen comercial de la extorsión. William E. Brock, representante comercial estadounidense en 1985 bajo la presidencia de Ronald Reagan, habla sin ambages del funcionamiento. «El razonamiento subyacente a estos esfuerzos —declaró refiriéndose a los acuerdos bilaterales al margen del GATT— era que no se pospusieran medidas liberalizadoras adicionales generadoras de comercio y consistentes con el GATT mientras los más encerrados en sí mismos contemplaban su malestar económico».[15] El propio Reagan tal vez fuera el predicador del laissez faire y el libre comercio más ferviente de Occidente, pero, según la revista Foreign Affairs, «presidió el mayor giro hacia el proteccionismo desde la década de los años treinta».[16]

Esto desembocó en el acuerdo bilateral más llamativo, el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá firmado en 1989. Mostró que Estados Unidos iba en serio en el establecimiento de acuerdos al margen del GATT y promovió un gran beneficio económico para las empresas estadounidenses: Canadá era el principal socio comercial individual de Estados Unidos. En 1989, Canadá importó artículos estadounidenses por valor de 79.000 millones de dólares, casi el 22 por ciento del total de sus importaciones y casi el doble de las realizadas por Japón. La liberalización respecto a la otra frontera de Estados Unidos, con México, vio aumentar las exportaciones estadounidenses desde los 12.400 millones de dólares de 1986 hasta los 25.000 millones de dólares en 1989. La relación comercial supuestamente simbiótica entre estos países —Estados Unidos, Canadá y México— condujo en última instancia al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, North American Free Trade Agreement), firmado en 1992 y en vigor desde el 1 de enero de 1994 —no sin oposición, como analizaremos en un capítulo posterior—. Su gancho comercial era que tenía potencial para reunir a 360 millones de personas y aglutinar un PIB conjunto de unos 6.239.000 dólares. Pero el acuerdo seguía el paradigma nacido en la década de los setenta. El modelo económico impulsado por el NAFTA y otros acuerdos bilaterales con países de América Latina era el del ajuste estructural forzoso que reflejaba «el triunfo del liberalismo económico, la fe en el crecimiento encabezado por las exportaciones y la fe en la posición central del sector privado en el proceso de desarrollo». Esto significaba que cualquier país que quisiera comerciar con Estados Unidos —un requisito esencial para que una nación en vías de desarrollo mantenga una economía pujante— tenía que suscribir este programa económico. Así consiguió Estados Unidos su objetivo de moldear el resto del continente americano a su imagen. Según Anthony Payne, el gobierno de George Bush padre «concibió el NAFTA en términos de interés nacional absoluto, como dispositivo mediante el cual crear una economía continental cada vez más integrada que, después, Estados Unidos pudiera utilizar como base desde la que exportar siempre en condiciones más competitivas a otros mercados más lejanos, preferiblemente en el marco de un GATT ampliado».[17] Esta tesis viene apoyada por un comentario realizado por Peter Hakim, director de personal del centro de análisis político Inter-American Dialogue, quien en marzo de 1991 afirmó ante el Congreso estadounidense: «De cada dólar que América Latina gasta en importaciones, cincuenta céntimos acaban en Estados Unidos. No hay ningún otro lugar en el mundo en el que disfrutemos de semejante ventaja». Otro de los mitos importantes promovidos por Estados Unidos y sus agentes es que la «liberalización comercial» —que es el concepto en clave para eliminar los obstáculos a los productos estadounidenses— es un requisito fundamental para el desarrollo. La verdad es muy distinta. Las economías del este de Asia que se han desarrollado de forma espectacular en la segunda mitad del siglo XX son economías de mercado, pero Corea del Sur, por ejemplo, dista mucho de ser una economía de libre mercado. En realidad, está muy controlada y se ha rebelado contra las normas del ajuste estructural. En Taiwán sucede lo mismo: se negó a abandonar los instrumentos económicos vigentes que protegían a la industria autóctona. Y llegó el éxito económico.

En una ocasión hablé con Bernie Sanders, senador estadounidense por Vermont, que se declara socialista y se opone a los acuerdos de libre comercio. Según él, este tipo de acuerdos son un símbolo de lo equivocado en la economía global. «¿Qué sucede con la agricultura local, con los agricultores que cultivan para subsistir, que practican la agricultura de subsistencia para alimentar a sus familias? —preguntaba—. Pueden acabar expulsados de sus tierras, por los cultivos para la exportación, ya sean de café o cualquier otra cosa». Esto es exactamente lo que he visto en Haití, donde los agricultores de subsistencia fueron expulsados de sus tierras por el arroz que descargó allí Estados Unidos en la década de los noventa; después se les dijo que con la inversión extranjera la agricultura de subsistencia ya no era viable y que lo que había que hacer ahora era promover la producción «orientada a la exportación». El impacto sobre los trabajadores del país también es catastrófico. Sanders proseguía: «Mi opinión es que hay evidencias abrumadoras de que la función de los llamados acuerdos de libre comercio no es abrir mercados exteriores para artículos estadounidenses fabricados en Estados Unidos, sino dar a las grandes corporaciones la oportunidad de cerrar sus fábricas aquí y trasladarse al extranjero para aprovecharse de la mano de obra barata». El efecto sobre los trabajadores estadounidenses y las economías de los países más débiles está claro.

Y Sanders seguía diciendo: «Lo que me asombra de todo este debate es que creo que hay pruebas muy claras de que China nos ha costado millones de puestos de trabajo, de que el NAFTA nos ha costado millones de puestos de trabajo y de que, si se quiere continuar con una política que, sencillamente, no sirve a los trabajadores estadounidenses, es solo porque, volviendo al asunto del dinero, en realidad es una muestra del poder de las élites empresariales de Estados Unidos. Veamos lo que dicen las encuestas; había republicanos que decían que no, que no pensaban que el libre comercio hubiera beneficiado a Estados Unidos, y, sin embargo, hay republicanos y muchos demócratas que contravienen la voluntad popular, y el sentido de las evidencias, lo cual deja bastante a las claras el poder que ejerce el dinero». Las grandes corporaciones se benefician del libre mercado, razón por la cual se mantiene. Una parte importante de todos los acuerdos de libre mercado es la consolidación de un régimen jurídico que consagra los «derechos del inversor», lo que significa que se desautoriza a los votantes en beneficio de los intereses extranjeros. Forma parte de la posterior integración de países en una economía global orientada hacia los intereses del capital internacional antes que de las personas. En realidad, los «tratados de libre comercio» no suelen tener nada que ver con el comercio, entendido como reducción mutua de aranceles. Se utilizan, más bien, para afianzar la propiedad corporativa de la sociedad a través de modificaciones legales en favor de los inversores. Los acuerdos de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión que llevan asociados (BIT, Bilateral Investment Treaties) suelen incluir un mecanismo denominado «arbitraje de diferencias inversor-Estado» (ISDS, Investor-State Dispute Settlement), que permite que las multinacionales demanden en instancias internacionales a los Estados que promulguen leyes o normativas que no sean del agrado de la empresa. Se arrebata el poder a los gobiernos nominalmente soberanos y, en consecuencia, a sus poblaciones. «Los verdaderos gobernantes» toman el control de nuestro mundo mediante este inmenso entramado de tratados y «acuerdos» que atraviesa el planeta.

Y nada más que la verdad:
ayuda e inversión

Pero el «libre comercio» no es una estrella aislada. La ayuda, y con ella la obsesión por la «inversión extranjera», son las otras joyas de la corona. El Plan Marshall —o, en términos oficiales, la European Recovery Act de Estados Unidos—, que fue el paquete de ayuda de 13.300 millones de dólares —1.500 millones de dólares en préstamos— concedidos por Estados Unidos a dieciséis países de Europa occidental en 1947, supuso un buen punto de partida. Un historiador de Harvard describe el Plan Marshall como «el valor máximo alcanzado por las transferencias oficiales no recíprocas a gobiernos extranjeros». En un artículo de 1948, Dexter Perkins afirmaba: «Existe la sensación de que la seguridad y la preservación de las instituciones libres están en juego, dada la fuerza impulsora que alimenta el programa de la secretaría». El expresidente estadounidense George W. Bush lo llamó «una victoria moral que se tradujo en una vida mejor para seres humanos concretos». Es fácil comprender la tendencia a que este «regalo» sea asimilado en el marco ideológico de la beneficencia estadounidense. A primera vista, parece estar motivado por el objetivo indudablemente desinteresado de revitalizar las economías de Europa tras una guerra exigente. Pero, cuando se examina con detalle, la situación cobra otro aspecto. Según el historiador Melvyn Leffler, el Plan Marshall fue concebido, dicho con toda claridad, «para beneficiar la economía estadounidense». Cuando acudí a los archivos del Banco Mundial en Washington DC, encontré un documento redactado poco después de su fundación donde se esbozaba abiertamente que la «ayuda exterior» se utilizaba para fortalecer la economía estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial. «En buena medida, el flujo de salida de bienes tras la guerra fue financiado por las ayudas y préstamos del gobierno de Estados Unidos a través del Plan Marshall y otros programas», se decía. «En términos generales, se puede decir que los programas de ayuda exterior del gobierno [de Estados Unidos] han financiado más de 30.000 millones de exportaciones entre 1946 y 1952, aproximadamente un tercio del total de exportaciones de este periodo». El documento señalaba que no era solo ayuda exterior; la guerra también era buena para los negocios: «La guerra de Corea y la política de rearme occidental fueron un estímulo añadido al flujo saliente de bienes». El principal motivo del Plan Marshall y, hasta cierto punto, del paquete completo de las instituciones de Bretton Woods era la rectificación de lo que estos documentos llamaban «el déficit de dólares». Antes de la Segunda Guerra Mundial, el comercio estaba organizado según un triángulo económico por el cual Estados Unidos compraba materia prima a las colonias que eran «propiedad» de las potencias de Europa y, a su vez, podía contar con que en Europa compraran sus exportaciones. Era en extremo importante para los intereses estadounidenses que tras la guerra se restableciera esta pauta de comercio simbiótico. El acceso de Europa (y Japón) a los mercados de los países en vías de desarrollo se convirtió así en una consideración estratégica muy importante. La mejor forma de que Marshall y sus compinches se aseguraran semejante relación comercial era introducir en Europa ayuda a gran escala, de tal forma que tuviera suficiente potencial económico para seguir adquiriendo bienes estadounidenses. Así se expone con toda claridad y descaro en los documentos internos de planificación estratégica de esa época. En su llamamiento de mayo de 1947 para ayudar económicamente a Europa, el subsecretario de Estado Dean Acheson habla por extenso de la «destrucción física» y el «desajuste económico» rampantes en toda Europa; muy loable, si no fuera porque engarza su elegía por el dominio europeo perdido con su deseo de supremacía estadounidense. Tras enumerar la devastación en Europa, se lamenta: «La acumulación de estas desalentadoras evoluciones ha dado lugar a una disparidad de dimensiones asombrosas entre la producción de Estados Unidos y la producción del resto del mundo». A continuación, señala: «Hoy día, el Congreso y el gobierno están desarrollando una política de ayuda y reconstrucción principalmente por cuestiones de interés nacional».[18] Así de sencillo.

Sin embargo, una vez derrotada y desautorizada la extrema derecha en Alemania, Italia y Japón, el atractivo inicial del comunismo soviético era considerable. Los movimientos de resistencia repartidos por toda Europa tenían un importante rasgo comunista y representaban un peligro real y presente para los intereses de «clase» de Estados Unidos, en especial ante la superpotencia soviética. Según un historiador, el Plan Marshall se utilizó «para obligar a Europa a restar importancia a los programas de bienestar social, limitar salarios, controlar la inflación y generar un entorno propenso a la inversión de capital; parte de todo ello financiado con los bolsillos de los trabajadores».[19] Estados Unidos era consciente de que conseguir que Europa fuera dependiente y estuviera supeditada a los dólares asestaría un golpe mortal a las tentativas de los soviéticos de ensanchar su esfera de influencia hacia el oeste. Refiriéndose a la reconstrucción de Alemania por parte de Estados Unidos, Leffler escribe: «Mientras que los estadounidenses confiaban en que el poder de Alemania sería asimilado, controlado y modulado, los soviéticos temían, como es natural y como temían también muchos europeos occidentales, que las medidas para reconstruir el poder de Alemania tuvieran consecuencias desafortunadas a largo plazo».[20] El calado de la aprensión de los soviéticos hacia las intenciones de Estados Unidos en esta «construcción de Estados» queda de manifiesto en su negativa a permitir que se beneficiaran del Plan Marshall los países de Europa del Este sometidos a su control de facto. Su hostilidad hacia la ayuda estadounidense es comprensible y no estaba fuera de lugar. Los documentos internos de planificación que anticipaban el Plan Marshall estipulaban que una de las finalidades principales de la ayuda exterior estadounidense sería «reducir o impedir el crecimiento o el avance de una fuerza nacional o internacional que constituya una amenaza sustancial para la seguridad y el bienestar de Estados Unidos y oponerse a los programas de coerción e infiltración, en especial los ejercidos por minorías armadas, y a la propagación del caos y el extremismo». Toda esta fraseología omnicomprensiva se dirige sin duda a la Unión Soviética y sus partidarios, de los que había un número creciente a partir de 1945. Durante y después de la Guerra Fría, esto significaba en realidad utilizar la ayuda exterior para mantener controladas a unas pequeñas potencias que parecían propender hacia el nacionalismo independiente o cualquier forma de soberanía significativa. Los intelectuales occidentales se granjearon la buena opinión de sus conciudadanos insistiendo en la ayuda exterior: por ejemplo, diciendo que era dinero «gratis» que llegaba a los países en vías de desarrollo para contribuir a mejorar la salud y otras áreas problemáticas. En realidad, «se suele desplegar [la ayuda] para complementar el comercio y la financiación privada»; es un método de control, como veremos cuando más adelante examinemos la USAID. Lejos de suponer la tanto tiempo esperada ruptura con un paradigma que ha llevado a Occidente a explotar y saquear el sur del planeta durante siglos, el «alivio de la deuda» y los «paquetes de ayuda» ofrecidos por los países ricos pasan a ser una continuación de esos mismos bochornosos formatos. Tras el aluvión de propaganda deslumbrante sobre «la nueva era de África» y «el nacimiento del altruismo occidental» se esconde el deslucido y conocido proyecto de exportar el modelo económico llamado «neoliberal», mejor denominado neoimperialismo. Durante una de las cumbres del G-8 de la primera década del siglo XXI, la declaración de los ministros de Economía estipulaba que para poder acceder al alivio de la deuda los países en vías de desarrollo debían «estimular el desarrollo del sector privado» y «eliminar obstáculos para las inversiones privadas, tanto nacionales como internacionales». Estas son las condiciones sine qua non para la consolidación del modelo económico neoliberal. Cuando la autocomplacencia y las felicitaciones amainaron un poco, se reveló que buena parte del dinero donado a los dieciocho países pobres altamente endeudados (HIPC, Heavily Indebted Poor Countries) salía en realidad de los programas de ayuda. Eso significaba que el incremento de la financiación era insignificante en el mejor de los casos e inexistente en el peor. Cualquiera que no fuera miope vio los intentos de los dirigentes del G-8 de canalizar la propagación del neoliberalismo —y la reducción de los gastos de ayuda— convirtiéndola en alivio de la deuda. Como vemos tras un examen somero de la letra pequeña, el alivio de la deuda, tal como la entiende la mayoría de la gente —la eliminación sin trampas de la deuda— no cuenta con el apoyo, de hecho, de ningún líder de la extorsión.

Otra forma de hacer las cosas

A pesar de que la extorsión lleva décadas sin que nadie la ponga en cuestión, eso no quiere decir que los extorsionistas vivan libres de la paranoia. En ningún otro lugar se ha dejado tantao sentir el declive de la influencia y el poder de Estados Unidos como en la relación política y económica de Estados Unidos con América Latina. Los planificadores estadounidenses se referían a América Latina llamándola «nuestro patio trasero». En la actualidad, los nuevos agentes en América Latina son, principalmente, asiáticos. «Lo que tenemos en América Latina es un proceso muy significativo de cambio estructural de las pautas de comercio que, con toda probabilidad, continuará avanzando en esa dirección», me dijo en su despacho de Washington Augusto de la Torre, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. «La región se está desmarcando muchísimo y hay países, sobre todo en América del Sur, que están diversificando de forma muy importante sus mercados de exportaciones», añadía. Hace una década, Asia representaba en torno al 5 por ciento del comercio de la región, pero se ha disparado hasta el 20 por ciento. Buena parte del crecimiento se circunscribe a las materias primas de la región, concretamente al mineral de hierro, que succiona una China en expansión acelerada. El acuerdo sobre actividad comercial más importante de Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), tiene casi dos décadas de antigüedad y se le está empezando a notar la edad. La cuota de comercio entre sus tres países firmantes —Estados Unidos, México y Canadá— ha caído casi un 10 por ciento en una década: desde el 55 por ciento de las exportaciones globales de los países en 1999 hasta el 46 por ciento en 2009. El presidente Barack Obama llegó incluso a basar su campaña presidencial en la oposición al NAFTA en su forma actual y, además de quejarse de la actitud del anterior presidente, George W. Bush, para quien «cualquier acuerdo comercial es un buen acuerdo comercial», lamentaba que el NAFTA «no contuviera cláusulas laborales y medioambientales», lo cual era cierto y escandaloso. Una vez en el poder, Obama renegó de su promesa de renegociar el acuerdo, como hizo con tantas otras cosas. Después, firmó incluso un acuerdo comercial con Colombia que fue respaldado con fervor por los republicanos y los grupos empresariales de Washington. La presión de las organizaciones de trabajadores y los sindicatos impuso una breve pausa al señor Obama, pero en última instancia lo suscribió formalmente. Entretanto, el acuerdo entre Estados Unidos y Panamá —firmado por Panamá en 2007— todavía no había sido ratificado, por lo que los grupos empresariales presionaron recurriendo al habitual argumento propagandístico de que los retrasos «habían beneficiado a los competidores de Estados Unidos».

En América Latina una serie de medidas dirigidas a la creación de bloques comerciales regionales también ha empezado a debilitar el control de la extorsión. La agrupación más importante ha sido Mercosur, fundada en 1985, que incluye las principales economías de América del Sur como miembros fundadores o asociados. Pero su avance no ha sido continuo y desde principios de la década de los noventa se ha atascado en la eliminación de barreras y ha sido testigo en algunos casos de retrocesos y diversas dificultades. Aunque es una agrupación importante, Mercosur solo representa el 11 por ciento del comercio brasileño, por ejemplo. Estados Unidos se alegra de ello, pues significa mayor dependencia del imperio del norte. En cualquier caso, los gobiernos latinoamericanos pueden escoger ahora con quién establecer acuerdos, lo que reduce la importancia de tener que apaciguar los intereses estadounidenses. La agrupación más reciente, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), asustaba más a los estadounidenses porque se fundó como bloque político más que económico con el fin de evitar de forma explícita la dominación estadounidense sobre los pueblos de la región. Un lugar sobre el que Estados Unidos sigue ejerciendo control directo es Colombia, la joya de la corona de la extorsión en la región, el Israel de América Latina.

Mientras estaba destinado en la oficina de The Financial Times en Washington DC en 2011, me encargaron que siguiera la aprobación de un acuerdo de libre comercio que se estaba debatiendo intensamente en el Congreso. Como hemos visto, este tipo de acuerdos pretende otorgar condiciones comerciales preferentes a los productores de los respectivos países, en este caso a Estados Unidos en Colombia y viceversa. Al menos esa es la teoría. Lo que en realidad sucede es que los puestos de trabajo abandonan el país más rico y se trasladan al país en donde se paga una miseria a los trabajadores, mientras que los artículos del país más rico inundan al más pobre y desplazan la producción autóctona. Una vez más, las beneficiadas son las corporaciones transnacionales, que extienden sus tentáculos con mayor penetración en territorio extranjero, donde la normativa es más laxa y hay mayor libertad para contaminar y destruir. En este caso, desaparecerían los aranceles que Colombia imponía sobre los bienes estadounidenses. Los aranceles son impuestos gubernamentales con los que se gravan los productos extranjeros con el fin de proteger los sectores autóctonos, que (a veces) tienen que competir con artículos más baratos. Al suprimirlos, el gobierno colombiano estaba destruyendo potencialmente su sector manufacturero. No es raro que los republicanos —los principales representantes de la extorsión— presionaran al presidente Obama para que forzara el acuerdo. En Washington llamé a Kevin Brady, un congresista estadounidense que me habló de su miedo a que China, la recién llegada, invadiera el tradicional patio trasero de Estados Unidos: América Latina. El acuerdo de libre comercio contribuiría a que Estados Unidos mantuviera a raya el auge de China, que se había vuelto aún más amenazante para los gestores del imperio desde que se reveló que tenía previsto construir «un canal seco» alternativo para atravesar el istmo de Panamá. Tradicionalmente, Estados Unidos había ejercido el control absoluto del istmo de Panamá mediante el canal, que, desde Canadá hasta el sur de Argentina, sigue siendo la única vía marítima para atravesar el continente. A principios del siglo XX, Estados Unidos firmó un tratado con Panamá para controlar el canal una vez que lo construyera el cuerpo de ingenieros del propio ejército estadounidense. La misma Panamá se fundó con la ayuda estadounidense cuando se independizó de Colombia en 1903.

Brady, congresista republicano por Texas, fue miembro del comité que supervisó la aprobación del acuerdo de libre comercio. «Esto muestra lo agresivos que están siendo China y otros competidores de Estados Unidos para abrir mercados en nuestro patio trasero —me dijo—. China está sacando una ventaja muy hábil de la inexcusable demora de Estados Unidos de casi cinco años para aprobar el tratado de libre comercio con Colombia». Barack Obama, que no es un verdadero amigo de los trabajadores, tomó precauciones antes de firmar porque le haría perder apoyos entre las bases demócratas y los sindicatos, que se oponían de plano al acuerdo. Las razones eran sencillas: destruiría puestos de trabajo estadounidenses, pues se «deslocalizarían» a otros paíse smás rentables. Los acuerdos de libre comercio suelen beneficiar solo a la mano de obra (no a los salarios) del país más pobre, mientras que blindan el clima económico de «derechos del inversor». (Y cuando digo «beneficiar» debo aclarar que el tipo de trabajo al que condenan a los países pobres suele ser trabajo de maquiladora, pues la agricultura de subsistencia y de pequeña escala queda destruida por los productos estadounidenses o europeos que llegan sin aranceles. La población tiene que abandonar el campo e incorporarse a este nuevo «milagro económico» consistente en trabajar en una maquiladora seis días a la semana por un salario de miseria). Los sindicatos también señalaban el espantoso historial del gobierno colombiano con la mano de obra y los derechos humanos. Colombia es el lugar más peligroso del mundo para ser sindicalista, pues los paramilitares de extrema derecha, aliados en muchos casos del gobierno, aterrorizan a la sociedad civil. En última instancia, Obama vio lo que quiso ver y aceptó el maquillaje que le prometió el primer ministro colombiano, Juan Manuel Santos. Es una historia conocida: entre poco y ningún cambio real.

En los últimos cuarenta años ha habido en Colombia entre las tropas del gobierno y grupos guerrilleros izquierdistas una guerra civil en la que Estados Unidos ha estado muy implicada. La actual batalla por el control de zonas estratégicas ha provocado que muchos civiles se hayan visto atrapados por el fuego cruzado. Se calcula que en los últimos veinte años han sido asesinadas unas 70.000 personas. De ellas, más de 2.700 eran sindicalistas, la abrumadora mayoría de los cuales fueron blanco de grupos paramilitares amparados por el gobierno con el fin de acabar con las movilizaciones de los trabajadores. Según la organización de derechos humanos Global Exchange, desde que en el año 2000 Estados Unidos empezó a enviar aviones y a entrenar a tropas terrestres en Colombia, los asesinatos políticos han pasado de 14 a 20 diarios y el número de secuestros y desapariciones se ha duplicado. En el año 2004, Bush pidió al Congreso de Estados Unidos que ampliara su generoso paquete de ayudas a Colombia en los años subsiguientes, incrementando los 3.000 millones donados a lo largo de los cinco años anteriores —comenzó con el Plan Colombia de Bill Clinton—. Uno de cada diez colombianos ha sido desplazado debido a la violencia. Se calcula que hay más de tres millones y medio de desplazados en el interior del país, la segunda cifra más alta del mundo después de Siria. Ante este panorama de violencia interna y adquisición forzosa de la tierra, las mujeres se han visto afectadas muy negativamente: en torno al 65 por ciento de la población desplazada son mujeres —los efectos del imperialismo estadounidense son inevitablemente peores para las mujeres—. Este desequilibrio de género es consecuencia de la ruptura habitual de las familias tras las cargas del desplazamiento, lo que en muchos casos ocasiona que los hombres se marchen; o que cuando matan a los hombres, sus mujeres y parejas se vean obligadas a huir en solitario con sus familias. La experiencia de Yessika Hoyos, de diecisiete años, no es, por desgracia, infrecuente. El último mes de su carrera de Derecho en Bogotá, la capital de Colombia, su tío apareció por allí para sacarla de clase. Le dijo que tenía que ir al hospital. Yessika y su tío hicieron en coche el viaje de una hora hasta llegar al hospital de la ciudad de Fusagasugá, de donde era la familia. Allí, Yessika vio a su madre y a sus hermanos formando una piña. Su hermana de catorce años había encontrado a su padre en un charco de sangre a la puerta de la casa de su amigo. Cuando acudió corriendo para tratar de reanimarlo, descubrió que estaba acribillado a balazos. Le habían disparado siete veces en la cabeza y había muerto en el acto.

«Mi padre se llamaba Jorge Darío Hoyos Franco, era dirigente sindical y fue asesinado el 3 de marzo de 2001 —nos explicó Yessika a mi colega Ana Arendar y a mí, que Yessika tenía veinticinco años cuando nos lo contó, con una seguridad en sí misma que ocultaba el espanto de la tragedia personal que rememoraba—. Al principio, como con todos los sindicalistas asesinados en Colombia, la policía dijo que había sido un crimen pasional […]. Sabíamos que no era cierto, porque mi padre llevaba meses recibiendo amenazas de muerte por su actividad sindical […], así que tuvimos que pelear mucho para que se conociera la verdad». Yessika y su madre presentaron una demanda para sentar en el banquillo a los asesinos de su padre. Concedieron entrevistas en los medios de comunicación locales y trabajaron con un centro nacional de defensa de los derechos humanos para recabar pruebas. «Entonces, mi madre empezó a recibir llamadas en las que le decían que teníamos que tener la boca cerrada si no queríamos acabar como mi padre —contaba Yessika—. Empezó a venir a nuestra casa gente que nos amenazaba, nos seguían por la calle, esa es la razón por la que dos semanas después nos vimos obligadas a marcharnos de casa y nos convertimos en desplazadas. Fuimos a Bogotá. En un año nos mudamos de casa al menos cinco veces, porque cada vez que nos mudábamos nos encontraban y nos amenazaban, así que teníamos que volver a cambiar de casa».

Esto fue también lo que le sucedió a Haydee Moreno, cuyo esposo fue asesinado en 1994 por las facciones paramilitares. Enviudó con un niño de cinco años y embarazada de cuatro meses. «Tuvimos que abandonar todo lo que teníamos, nuestras pertenencias, nuestra casa y nuestra tierra, y mudarnos —explicó—. Son las mujeres quienes son más vulnerables en situación de desplazamiento. Tenemos que pensar en cómo vamos a conseguir comida para nuestros hijos, cómo vamos a asegurarnos de que reciban educación, al tiempo que nos preocupamos por cómo vamos a seguir a salvo para mantener a la familia».

Un informe de la organización no gubernamental Refugees International destacaba el fracaso reiterado del gobierno para afrontar el problema de los desplazados o desarrollar respuestas adecuadas para las necesidades de grupos de población concretos, como las mujeres o los niños. El informe identificaba dimensiones de género del desplazamiento que en buena medida se habían ignorado, como, por ejemplo, la falta de acceso a la atención sanitaria —sobre todo, los cuidados previos a un parto—, los altos niveles de violencia doméstica que desencadenaba el incremento de tensión impuesto a la familia, los traumas psicológicos sufridos por las mujeres que habían perdido a seres queridos, el elevado número de mujeres que habían pasado a dedicarse a la prostitución para mantener a sus familias y el gran número de casos de violaciones y violencia sexual, que ambas partes en conflicto utilizaban continuamente como acto de guerra. Esta devastadora injusticia impulsó al Tribunal Constitucional de Colombia a dictar una sentencia donde se establece que el gobierno incumple su obligación de ofrecer ayuda humanitaria a las mujeres desplazadas del país. «Parece que el gobierno empieza a hacer algo ahora, pero los esfuerzos no están siendo eficaces —exponía Isabel Ortiz Pérez, presidenta de Mujer y Futuro, una fundación colombiana que trabaja en defensa de los derechos de las mujeres—. No hay coordinación alguna entre los programas que desarrollan. Por ejemplo, han tratado de establecer alojamientos para las mujeres desplazadas, pero no van a crear ninguna instalación educativa. En consecuencia, los niños desplazados no pueden ir a la escuela y las madres no pueden trabajar, porque tienen que cuidar de ellos durante el día».

Isabel cree que el gobierno debería concentrar los esfuerzos en proporcionar atención infantil y ayudar a las mujeres a encontrar empleo en condiciones. «En este momento, la mayoría de las mujeres desplazadas trabajan en la economía sumergida, venden golosinas por la calle o trabajan en el sector doméstico. Todo es trabajo en la economía sumergida, lo que significa que estas mujeres no tienen acceso a los servicios sociales ni a la atención sanitaria».

Yessika se licenció en Derecho y ahora trabaja para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una firma dedicada a cuestiones de derechos humanos que lleva el caso del asesinato de su padre. A pesar de que los hombres que dispararon a su padre fueron detenidos, quienes ordenaron el asesinato siguen en libertad. Pero Yessika se considera afortunada. Cuando su familia fue desplazada, su madre logró conservar el empleo de maestra y tenían amigos que les ayudaron a mudarse a Bogotá. «Mi mamá pudo seguir con su trabajo, si no lo hubiera conseguido yo no estaría aquí ahora ni tampoco habría podido terminar la licenciatura —explicaba—. Pero la mayor parte de las mujeres desplazadas que llegan a Bogotá son campesinas cuya vida y costumbres giran en torno al cultivo de la tierra. Suelen llegar a la ciudad siendo analfabetas, sin haber recibido educación alguna y sin pertenencias; ¿qué esperanza tienen?».

El apoyo estadounidense a este tipo de barbarie podría ser incluso residual ahora, que China está ingresando en el terreno. «Vivimos en una nueva era —me decía Larry Brins, director del Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA, Council on Hemispheric Affairs), cuando le entrevisté en Washington—. Es una época en la que la estrategia se centra más en el acceso a la alimentación y las mercancías, que en las bases navales y la política de alianzas. Los chinos están abriendo camino. La primacía de Estados Unidos se debió en buena medida al hecho de que no tenía ningún competidor, pero ahora solo tiene competidores», añadía. Otros países recelan de este estilo de imperialismo de Estados Unidos y ven en China una vía de escape a la camisa de fuerza de los derechos del inversor impuesta por Estados Unidos. Brasil, la fuente de buena parte del mineral de hierro que acaba en China, que produce acero, es un buen ejemplo. (Estados Unidos contribuyó a derrocar el gobierno democrático del país en 1964 para instaurar un Estado con una seguridad brutal que se mantuvo en el poder durante décadas). El paso a una economía global que gira en torno a las mercancías también ha trastocado el dominio tradicional de Estados Unidos (y la Unión Europea). Estados Unidos, que solía llevar la voz cantante en el debate comercial a través de la OMC, está siendo ahora sorteado; una serie de naciones se están convirtiendo en países emergentes y obtienen ventajas aún mayores porque no son economías «de consumo». En cierta medida, las ventajas que solían recaer de forma automática sobre Estados Unidos se han deslizado ahora hacia la otra parte, a los países más pobres, porque tienen mercancías agrícolas y petróleo. Pero el sistema impuesto por Estados Unidos basado en la minería y la extracción de recursos por parte de grandes empresas —un brazo particularmente despiadado de la extorsión global que obtiene estas mercancías del suelo a cambio de un beneficio muy sustancioso—, sigue causando un sufrimiento indecible en todo el mundo.

04
Malditas sean
tus riquezas

Matar por el botín

Uno de los planes más antiguos de la extorsión para obtener dinero es la búsqueda de los minerales existentes en el subsuelo de otro país. La industria minera es una empresa de miles de millones de dólares mediante la cual las grandes corporaciones transnacionales desplazan recursos naturales por todo el mundo. La facturación anual de muchas empresas de este sector es superior a la de los países de los que extraen los recursos. Estados Unidos se encuentra a la vanguardia en lo relativo a mantener las economías del sur del planeta abiertas a las empresas mineras occidentales, a menudo deshaciéndose de los gobiernos que pretendan impedirlo. Las corporaciones son originarias de todos los rincones del mundo rico y suelen deteriorar el medio ambiente de los lugares donde operan. Nunca se mira con buenos ojos a la población que habita esos territorios y menos a los que se resisten; así que, con la ayuda de agentes locales, las compañías mineras suelen eliminarlos. Cuando me ocupé de cuestiones de minería en The Financial Times, atravesé una época en la que, dicho con claridad, se seguía matando a gente. Como era de esperar ninguno de los contactos en el mundo de la minería quería hablarme de ello, pero en las noticias de agencias veía repetirse casos de personas tiroteadas en la calle por nadie sabía quién. En un lapso de seis días durante la Navidad del año 2000, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando para The Financial Times en Londres, dos destacados activistas contrarios a la minería en El Salvador fueron asesinados a tiros a plena luz del día. En primer lugar, Ramiro Rivera Gómez, vicepresidente del Comité Ambiental Cabañas (CAC), que hacía campaña para evitar que la compañía minera canadiense Pacific Rim abriera una mina de oro en la zona, fue asesinado mientras paseaba con su hija de catorce años. Seis días después, Dora «Alicia» Recinos Sorto fue disparada cuando regresaba de lavar ropa en un lago cercano. Estaba embarazada de ocho meses y era otro miembro destacado del CAC. Amnistía Internacional pidió a las autoridades salvadoreñas que investigaran los asesinatos, pero no sucedió nada.

Así que decidí llamar a la empresa. «Esto no tiene nada que ver con Pacific Rim. Es una disputa familiar», me respondió algo nervioso Tom Shrake, directivo de la empresa. Supuse que los periodistas de The Financial Times no preguntaban este tipo de cosas muy a menudo. Prosiguió: «Allí hay elementos radicales a quienes les gustaría que la gente creyera que ese asesinato tiene que ver con la minería, pero no es verdad». Sin embargo los relatos de violencia y altercados en los yacimientos mineros de todos los países en vías de desarrollo son habituales y constantes. En México, también en diciembre, las autoridades clausuraron temporalmente una mina de barita explotada por otra empresa canadiense, Blackfire Exploration, cuando un dirigente y activista indígena, Mariano Abarca Roblero, fue asesinado de un disparo en la cabeza por un motociclista. Abarca Roblero era dirigente de la Red Mexicana de Afectados por la Minería y participaba en la resistencia a una explotación a cielo abierto en Chiapas. Enseguida me di cuenta de que se estaban produciendo muertes similares sin cesar en todas partes. Los incidentes hacían pensar que había un programa de intimidación y asesinato de todo aquel que se opusiera a la cesión de sus tierras a las compañías mineras extranjeras.

Estas historias traían malos recuerdos a un sector industrial que había pasado décadas dedicando cantidades de tiempo y dinero considerables a tratar de lavar su imagen; no porque se preocupara por las personas desplazadas, sino porque empezaba a dañar su cuenta de resultados. En un artículo aparecido en Multinational Business Review en el año 2007, Hevina Dashwood exponía: «A mediados de la década de los noventa [las compañías mineras] tropezaron con una brecha importante entre las expectativas sociales y sus prácticas institucionalizadas […]. Para el sector en su conjunto, la brecha se había ensanchado hasta el extremo de que muchas empresas atravesaban una crisis de legitimidad». La obsesión por la «sostenibilidad» y la responsabilidad social corporativa (RSC) en todo el sector comenzó en torno al cambio de milenio, cuando las compañías mineras empezaron a percibir los efectos de su mala reputación en su capacidad para operar y ganar dinero en todo el mundo. Esta crisis fue evitada mediante un gran número de organizaciones nuevas dedicadas a promover la RSC y a mejorar la imagen del sector. En 1999, nueve de las diez compañías mineras más grandes unieron fuerzas para crear la Global Mining Initiative, concebida para plantear propuestas y estrategias para «la sostenibilidad de la minería». En 2001, este organismo representante del sector minero se transformó en el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, International Council on Mining and Metals), consagrado a diez principios —desde la educación hasta el medio ambiente— a los que el sector se comprometía a ceñirse. El ámbito de la RSC era tan popular en el sector minero durante esta época que la Universidad de Queensland, en Australia, fundó en el año 2001 su propio Sustainable Minerals Institute para promover estas prácticas. Según explicaba la universidad, se fundó «para responder al debate y al creciente interés por el papel de la minería y el sector minero en la sociedad contemporánea».

Pero, en realidad, pese al maquillaje, no cambió nada fundamental. La dinámica del capitalismo pretendía que jamás cambiara: las compañías mineras no iban a esos países pobres a hacer caridad, querían llevarse los minerales y obtener beneficio con ellos. Pagar bien a los trabajadores o pagar por limpiar los desaguisados posteriores afecta a la cuenta de resultados, que era lo que, por definición, importaba a estas instituciones. «Los recientes asesinatos de dirigentes mineros en México y Guatemala y los espantosos vertidos de residuos tóxicos en la mina de oro North Mara de Barrick Gold, en Tanzania, ponen muy difícil a las compañías mineras convencernos de que han enmendado su conducta —me comentaba Alexis Stoumbelis, directiva del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, que daba su opinión sobre los asesinatos en el país—. Lo que ha cambiado son los esfuerzos y las inversiones que hacen las compañías mineras para proyectar una determinada imagen de sí mismas según la cual serían responsables desde un punto de vista social y ecológico». Tenía razón.

Pero los agentes de la extorsión no solo adoptan la forma de directivos. A menudo se contrata a personas para que mejoren la imagen de la extorsión: el oscuro mundo del marketing y las relaciones públicas. Tim Purcell, director de relaciones públicas de la empresa CO3, discrepaba, como era de esperar: «Ahora, los actores más importantes han tenido que afrontar las cuestiones del ICMM —decía—. Algunas [cuestiones] son tan antiguas como el comer, desde los asuntos de las tribus indígenas hasta otros relacionados con la insensibilidad política, la seguridad o la salud. Pero el sector se toma estos asuntos muy en serio y comparte la preocupación y las estrategias para afrontarlos […]. Hace unos diez años las principales compañías mineras tenían muy mala fama —proseguía—. Las críticas […] empezaron a afectar al negocio. Las empresas no iban a poder obtener licencias para operar… ese tipo de cosas». Cuando el negocio se deterioró, hubo que cambiar las cosas. O al menos había que cambiar la imagen de las cosas. En realidad, pese al panegírico de la inversión extranjera y los nuevos puestos de trabajo, la población de esos países era esclava de una modalidad de imperialismo ya vieja y consolidada que los había condenado al subdesarrollo desde hacía siglos.

En aquella época también hablé con Kenmare Resources, una empresa que es propietaria y explota una mina de titanio en Mozambique y que representaba una de las «historias de éxito» de esta moda de la preocupación empresarial por la reputación de la industria minera. En el año 2009, la Cámara de Comercio de Irlanda le concedió un premio a la responsabilidad social corporativa por su Kenmare Moma Development Association (KMAD), fundada en 2004. La empresa también había recibido el premio socioeconómico Nedbank por el mismo proyecto. «En esencia, desde el arranque del proyecto sabíamos que para que tuviera éxito a largo plazo debíamos asegurarnos de que las personas lo consideraban un beneficio económico para ellas; no para el país, sino directamente para ellas. —Michael Carvill, director general de Kenmare, repetía como un papagayo las mentiras oficiales—. Para conseguirlo, fundamos una organización sin ánimo de lucro para el desarrollo con el objetivo de asegurar que las comunidades locales se beneficiaban de las minas». En el sector minero, asegurarse de que la población local obtiene realmente algún beneficio de sus recursos garantiza ventajas abundantes.

Carvill me refirió todas las maravillas que la KMAD ofrece a las comunidades locales de Mozambique, desde puestos de trabajo hasta atención sanitaria y formación agraria. «Creamos incluso una iniciativa en defensa de la naturaleza que les proporcionaba técnicos agrarios para enseñar a la población cómo cultivar productos que pudieran vender a la mina, y nosotros presionamos a la mina para que los compren —me explicaba Carvill—. Ha reportado algún dinero a gente que vivía en la pobreza más absoluta y ha hecho posible cierto efecto contagio. También hemos construido un par de escuelas». La realidad de la iniciativa de Kenmare para la población de Mozambique está en la letra pequeña. La mina de Moma opera en una Zona Franca Industrial (IFZ, Industrial Free Zone), lo que exime a la planta de procesamiento de los impuestos, las tasas de importación y exportación y el pago del IVA, quedando estos limitados al 1 por ciento de la facturación a los seis años de explotación. Se calcula que Moma podría contar con unos ingresos anuales de 85 millones de dólares durante un periodo de veinte años. Este «arreglo» procede directamente del manual de estrategia de la extorsión: no se pagan impuestos ni regalías por los minerales de la población y luego se presentan como si fueran Jesucristo, acudiendo a salvar a los indígenas con escuelas y hospitales. Poco importa que sean de mala calidad y cuesten mucho menos que los millones de dólares que se han ahorrado en impuestos. La labor de marketing ya ha concluido.

Los gobiernos y las empresas extranjeras suelen cocinar este tipo de acuerdos, sobre todo cuando los costes del capital van a ser altos, y es una de las principales quejas de las organizaciones de la sociedad civil de los países en vías de desarrollo, que sostienen que, aunque afluyan puestos de trabajo y beneficios para las comunidades próximas al yacimiento, el resto del país se queda con las manos vacías, salvo en lo referente a la infraestructura necesarias para conectar el yacimiento con el resto del territorio nacional. La tesis de las compañías mineras es que ellas tienen el capital y los conocimientos especializados de los que carecen los países en vías de desarrollo, lo que tal vez sea cierto. Pero la solución en ese caso es que los países en vías de desarrollo forjen su propio conocimiento especializado autóctono a base de construir universidades de ingeniería. Por supuesto, las empresas mineras no quieren ni oír hablar de ello, porque con el tiempo dejarían de tener sentido, así que la moda persiste: los países en vías de desarrollo siguen sin desarrollarse y supeditados al capital extranjero… hasta que se buscan un líder que sintonice con los intereses de la población en lugar de con los intereses de los capitalistas extranjeros, como ocurrió en Bolivia, un caso que examinaremos más adelante.

«Cuando hace más de treinta años empecé a trabajar en el sector, se gestionaba de forma tosca y provinciana, con muy pocas excepciones —comentaba John Elkington, fundador de SustainAbility, una consultoría y grupo de reflexión estratégico—. Esa gente eran auténticos matones. Del mismo modo que se dice que no se puede hacer una tortilla sin romper huevos, decían que no se podía explotar minas sin deteriorar el medio ambiente. No tenían tiempo para los ecologistas». Sin embargo, asegura que ahora las cosas han cambiado. «Creo sinceramente que el proceso de trabajo del ICMM contribuyó a catalizar progresos reales; y en la última década, más o menos, algunos dirigentes del sector han sufrido una especie de crisis de conciencia».

Todo eran mentiras. No ha cambiado nada, aparte de las apariencias. Algunos miembros del sector minero reconocían que en realidad ni siquiera sabían lo que significa «sostenibilidad», aun cuando cantaran sus alabanzas. «En realidad, no sabría cómo definirla; está muy mal delimitada y se refiere a un abanico muy amplio de cosas —me confesó en Sudáfrica el doctor Bernard Olivier, director ejecutivo de la compañía minera TanzaniteOne—. Nos ocupamos de asegurar que la comunidad local participe del proceso, pero no sé si eso es la definición de “sostenibilidad”». Los altos ejecutivos de las compañías mineras hablan de la necesidad de que para trabajar en el extranjero se cree una especie de «licencia social», algo así como un certificado de ausencia de reacción negativa de la comunidad. Se pretendía que el nuevo paradigma lo facilitara. El encuentro del sector minero al que asistí en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) duró solo cuatro días, pero la mitad del programa de actividades estaba dedicada a debatir sobre responsabilidad social corporativa. A pesar de esta preocupación, muchas compañías mineras destacadas no pueden ofrecer cifras definitivas de cuánto han gastado en responsabilidad social corporativa. Pedí a cinco empresas (BHP Billiton, Rio Tinto, Vedanta, Anglo American y Xstrata) que me dijeran lo que gastaban. Solo Vedanta me proporcionó una cifra de gasto en responsabilidad social corporativa del grupo empresarial en su conjunto, y únicamente podía ofrecerme datos de dos años. Las otras cuatro argumentaron que no contabilizan en una categoría independiente el gasto en responsabilidad social corporativa, en el que se inscriben los proyectos para la comunidad local y para crear conciencia ecológica. Anglo American, que aseguraba que no podía proporcionarnos ninguna cifra, señaló: «Para Anglo American, la inversión en responsabilidad social corporativa y las prácticas empresariales responsables están plenamente arraigadas en nuestra forma de actuar». Las cifras de las otras cuatro muestran que el gasto en las partidas que señalaban como más próximas a la responsabilidad social corporativa habían aumentado de manera significativa desde el año 2004, pero los incrementos anuales han sido dispersos e irregulares. Rio Tinto dijo que lo que más se parece a la contabilización de la responsabilidad social corporativa corresponde a su departamento de contabilidad de «costes externos». Xstrata ofreció cifras de implicación social corporativa (ISC), donde únicamente incluye inversiones en iniciativas o proyectos que benefician al conjunto de la comunidad en la que trabaja, no el «gasto significativo» en desembolsos de funcionamiento diario. Si bien el gasto en implicación social corporativa aumentó vertiginosamente desde los 10,5 a los 102 millones de libras, en el año 2008 se redujo casi a la mitad: 58,5 millones de libras.

Matar por el beneficio

A pesar del gasto en RSC e ISC, y a pesar de todas las relaciones públicas, la historia no mejoraba demasiado, como quedó patente cuando empecé a indagar en las batallas legales de la época. En uno de los casos más notorios en relación con las resistencias locales a un nuevo proyecto minero está implicada la empresa Vedanta. Una población tribal de la India denominada dongria kondh inició una campaña de desobediencia civil para impedir que la empresa construya una mina de bauxita a cielo abierto en las colinas de Niyamgiri, en el estado de Orissa, al este de la India. Los dongria kondh rinden culto a la cumbre de Niyamgiri porque en ella habita su dios. Vedanta ya tiene una mina de bauxita al pie de las montañas. Una agencia del gobierno británico, el UK National Contact Point (NCP), que vela por el cumplimiento de las líneas maestras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la conducta de las empresas, hizo pública una declaración crítica con Vedanta. Concluía diciendo: «Vedanta no ha logrado implicarse con los dongria kondh mediante las consultas oportunas y adecuadas sobre la construcción de la mina ni a través de otros mecanismos para valorar las consecuencias de sus actividades para la comunidad, como la evaluación del impacto sobre los derechos humanos o de los indígenas». Y, sin embargo, desde enero de 2009, tras la crisis financiera en la que el valor de las acciones de Vedanta se desplomó a nada menos que 584 peniques, su valor en bolsa casi se ha cuadruplicado hasta llegar a los 2.106 peniques. Durante este periodo, la empresa recibió páginas y páginas de mala prensa; la Iglesia de Inglaterra y el Joseph Rowntree Charitable Trust vendieron su cartera de acciones, y la empresa fue condenada por el NCP. Pero tan solo cuatro días después del anuncio de Rowntree, el precio de las acciones de Vedanta se disparó en solo un día desde los 72 peniques a 26,26 libras. En agosto de 2006, la propuesta de una explotación de carbón en Phulbari (Bangladesh) se convirtió en el centro de una protesta que repercutió muy negativamente sobre el precio de las acciones de GCM Resources, propietaria de las mismas. Las resistencias locales iban en aumento y, en última instancia, una multitud de 50.000 personas se manifestó ante las oficinas de GCM. En este caso, la policía disparó fuego real contra las protestas pacíficas y mató a tres personas e hirió a muchas otras. «Aunque el mercado hiciera algo más que gestos vacíos de RSC, lo cierto es que solo se preocupa si los disturbios sobre el terreno empiezan a impactar en el rendimiento de la explotación de la mina —me contó Joe Lunn, analista de minería de FinnCap—. En términos generales, los activos de las grandes compañías mineras están más diversificados gracias a un amplio despliegue geográfico, de modo que se ven menos afectados que una pequeña empresa con un único proyecto». El mismo mes de la resolución del NCP, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra congeló 5 millones de dólares de activos pertenecientes a otra empresa minera británica, Monterrico Metals, cuando veintisiete hombres y mujeres fueron supuestamente detenidos durante tres días en su mina de Río Blanco, en el norte de Perú. Esas veintisiete personas estaban protestando por la evolución de la mina. En el entorno de las explotaciones mineras se ha acuñado la expresión «maldición de los recursos» para describir la tendencia de estas grandes fuentes de riqueza a convertirse en miseria y violencia para los ciudadanos asentados sobre los yacimientos mientras se envían al extranjero los beneficios. Como es natural, no es casual que termine así.

Cuando estuve en Sudáfrica en 2012, los mandamases de la minería fanfarroneaban sin parar de las maravillosas normas de seguridad que mantenían las compañías mineras, mientras unos trabajadores felices sonreían desde los folletos de papel cuché. Pero, al mismo tiempo, las principales compañías mineras que cotizaban en la bolsa londinense no lograban reducir el número de bajas mortales en sus explotaciones, a pesar de la incesante retórica en sentido contrario. Examiné cuatro consorcios mineros destacados del Reino Unido —Rio Tinto, Vedanta, Xstrata y BHP Billiton— y descubrí que desde el año 2005 el número de bajas mortales había aumentado a más del doble. Las empresas registraron 23 muertes en el año 2005, mientras que en 2008 la cifra era de 54 muertos. The Financial Times publicó el reportaje, con el consiguiente escarnio.[21] «Es complicado, porque, a mi juicio, individualmente las empresas ven resultados», decía Carel Labuschagne, director ejecutivo de International Register of Certificated Auditors, un grupo de gestión de riesgos que asesora a empresas en cuestiones de seguridad. «El problema es que la implantación del cambio cultural impulsado desde la dirección es un proceso —afirmaba Rio Tinto—. La seguridad está presente en todo lo que hacemos. Nuestras cifras deberían valorarse en el contexto de que la masa de trabajadores aumenta. Pero, por supuesto, una sola baja mortal es demasiado y nos esforzamos por mantener la cifra en el mínimo más absoluto». No hay normativa coercitiva sobre seguridad en las minas, aunque hay «normas» internacionales; como sucede en cualquier otro ámbito de la industria, cuando se llega a las cuestiones sociales, la legislación que limita a las empresas no es más que un pacto entre caballeros.

Un directivo de una empresa minera con el que hablé resumía las verdaderas razones del cambio de imagen, así como la razón por la que hasta las más mínimas mejoras se emprenden, en el fondo, con ánimo de lucro. «Me encantaría decir que nuestros proyectos son por entero altruistas —afirmaba Brad Sampson, director ejecutivo de Discovery Metals, una compañía minera que opera en Botsuana—, pero en la última década, más o menos, las compañías mineras se han dado cuenta de que, si no se hacen acompañar de la comunidad local, no se puede operar. Si no lo consiguen, no recibirán la licencia social para operar. No estoy hablando de un documento, sino de que las comunidades locales pueden detener proyectos de explotación. Hay que tenerlos de nuestro lado. Lo que estamos haciendo con un proyecto de explotación minera en un rincón remoto del mundo es imponer cierto grado de cambio, lo cual tiene sus dificultades. Creo que no cabe duda de que la industria de la minería va acompañada de una reputación desastrosa. Si es merecida o no, es algo que se puede discutir».

Durante la última década, el sector minero en su conjunto ha despertado a la necesidad de abordar las cuestiones de la sostenibilidad. Pero para que se haga realidad plenamente y para que sus servicios se utilicen durante la década venidera, muchos miembros del sector opinan que el siguiente paso, crucial, es crear un marco regulador internacional coercitivo. «El voluntarismo no te lleva demasiado lejos —decía Elkington, de SustainAbility—. Contribuye a promover enfoques experimentales y cierto grado de conductas competitivas, pero siempre habrá empresas que prefieran no seguir las directrices de un pacto entre ciudadanía y empresa. Es preciso tenerlas bajo control mediante un gobierno adecuado, con mecanismos reguladores y legales». Eso no ha sucedido.

Nuestro litio

Evo Morales, presidente de Bolivia, se encuentra al frente de un cambio de actitud entre los dirigentes de países en vías de desarrollo hacia las compañías mineras extranjeras; o más concretamente, occidentales. Su país posee la mitad de los depósitos mundiales de litio, que podrían ser enormemente lucrativos si se explotan. Pero su gobierno es reacio a permitir el acceso a las compañías occidentales. Luis Alberto Echazu, ministro de Minería y Metalurgia, declaró: «No repetiremos la experiencia histórica vigente desde el siglo XV: la exportación de materias primas para la industrialización de Occidente, que nos sumió en la pobreza». Bolivia ha rechazado la economía de la explotación minera convencional —que subcontrata el desarrollo y la producción a compañías extranjeras expertas en el campo y con reservas de capital— y se ha empeñado en explotar sus yacimientos con empresas de propiedad estatal, rechazando las propuestas de infinidad de compañías occidentales. Morales tiene que recaudar 800 millones de dólares para construir las minas y plantas de procesamiento necesarias para este planteamiento. En un informe del sector se decía que la minería boliviana aumentó un 13 por ciento en el año 2009.

En 2009 fui a visitar a la embajadora de Bolivia en el Reino Unido para averiguar qué había detrás de esta nueva forma de actuar. Me reconoció que no recibía de la prensa muchas solicitudes de entrevistas. Cuando los medios de información económicos de Occidente escriben sobre América Latina es inevitable que haya un artículo laudatorio del «milagro económico» brasileño o un editorial alarmista sobre «la amenaza roja» de Venezuela. Pero basta un vistazo a los medios de comunicación de otros lugares, sobre todo de los mercados emergentes del este de Asia, para que los relatos dejen de ser tan monocromos. De hecho, Xinhua, la agencia estatal de noticias china, recoge casi todas las declaraciones realizadas por el presidente boliviano Evo Morales. ¿Por qué? Muy sencillo: por un metal blando y de color blanco plateado llamado litio. Este país de nueve millones de habitantes sin salida al mar, el más pobre de América del Sur, cuenta con las mayores reservas mundiales de un mineral que podría acabar convirtiéndose en el más buscado del siglo. El sitio es necesario para fabricar las baterías que alimentarán la revolución del coche eléctrico que muchos esperan, especialmente en China.

Pero el Movimiento al Socialismo (MAS) lleva en el gobierno desde el año 2005 y es pionero de un nuevo modelo de desarrollo que, si triunfa, podría convertirse en norma en todos los países en vías de desarrollo. Lo que tal vez preocupe a las multinacionales mineras y sus promotores es que no sigue en absoluto los consejos de la ortodoxia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que tradicionalmente propugnaban la mínima regulación en cuestiones de inversión directa extranjera. «Sé que hay conversaciones con Francia, Corea y Japón para que trabajen en Bolivia y extraigan litio, pero no queremos ser solo exportadores de materias primas. Queremos crear valor añadido en el país», me explicaba la embajadora María Beatriz Souviron, sentada en la embajada boliviana de Eaton Square. Con «valor añadido», la señora Souviron se refiere a construir en Bolivia fábricas para producir en el país las baterías, en lugar de enviar el metal al exterior una vez que ha sido extraído de la tierra. Es una idea que tiene cada vez más defensores en todo el mundo de los mercados emergentes. En una entrevista realizada en 2011, el comisario de Estado para Agricultura y Recursos Naturales de Nigeria, Akin Akinnigbagbe, declaró sobre las exportaciones de cacao de su país: «Estamos abordando del mismo modo lo que llamaré adición de valor al negocio del cacao. Esto adoptará la forma de procesarlo en nuestro país antes de venderlo al mercado internacional. Ello contribuirá también a que los agricultores obtengan mayores beneficios, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando se exportaban directamente los granos de cacao al mercado internacional, con lo que los agricultores no tienen ningún control sobre el precio»[22] Esto podría significar malos tiempos para las compañías occidentales. «La política de mi gobierno consiste en conservar la soberanía frente a las inversiones realizadas en el país —decía Souviron—. Así que, si la gente que quiere invertir en mi país sigue esa norma del valor añadido, está bien. Si no, lo haremos nosotros». Y el desafío a los modelos de desarrollo ortodoxos ha sido un éxito hasta el momento. El gobierno boliviano ha conseguido registrar un superávit por cuenta corriente del 12,1 por ciento del PIB en el año 2007, del 11,7 por ciento en 2008 y del 3,4 por ciento en 2009, cuando se esforzaba por mantener al país al margen de la recesión. Junto con Venezuela y Argentina, Bolivia fue el único país de toda América Latina y el Caribe del que en el año 2010 el FMI pronosticó un superávit por cuenta corriente. Hasta el momento, el gobierno de Morales ha «firmado» un memorándum de entendimiento con los surcoreanos para extraer el litio, después de que el presidente se diera por satisfecho con «el esfuerzo [de Corea del Sur] por emplear tecnología limpia» y con su buena disposición para respetar el nuevo modelo de crecimiento endógeno al que Bolivia aspira.

La presencia cada vez más importante de los chinos también está cambiando la forma de hacer negocios. La compañía minera Bellzone, por ejemplo, llegó a un acuerdo con China para que invirtiera en su proyecto de mineral de hierro en Guinea que establecía financiar infraestructuras a cambio de suministros de mineral. El proyecto para extraer mineral de hierro de Kalia en este país de África Occidental tiene una envergadura considerable. Cuenta con un recurso estimado de 2.400 millones de toneladas y la empresa pretende extraer 50 millones de toneladas al año. Pensando en su insaciable apetito de acero, el China International Fund (CIF) acordó dedicar unos 3.000 millones de dólares a la construcción de la infraestructura necesaria para el proyecto. Las empresas chinas se están ofreciendo cada vez más para construir infraestructuras de transporte y energía para las empresas mineras a cambio de acuerdos para adquirir los minerales extraídos o acuerdos de compraventa de producción. «Es una nueva modalidad de pragmatismo —me decía Tim Williams, analista de Ernst & Young—. No quieren molestarse en tener el control absoluto, así que no van a adquirir una participación mayoritaria, pero sí van a invertir en infraestructuras. —Y añadía—: Hay empresas con buenos activos, pero sin dinero ni financiación de proyectos. La mayoría de los mercados de valores siguen siendo frágiles, así que tienen que buscar otra solución». Los bolivianos se han embarcado en proyectos con los chinos y dicen que estos los tratan como a iguales, algo que nunca han hecho los estadounidenses.

En los últimos años, los propietarios de la industria minera han inventado un curioso lenguaje. Cuando un país decide que es su pueblo, en lugar de una empresa extranjera, el que debería beneficiarse de un precio justo de los minerales que hay bajo su suelo, las empresas extranjeras lo llaman «nacionalismo de recursos», un término peyorativo. Hablé con African Consolidated Resources (ACR) —una empresa minera que opera en Zimbabue—, a la que el secretario de minería Thankful Musukutwa retiró en última instancia la licencia de actividad minera en los yacimientos de diamantes de Marange de este país tras varios meses de un prolongado proceso judicial. «En realidad, ganamos en el Tribunal Superior de Justicia, que dictaminó en septiembre que nuestra licencia era válida —me comentaba Roy Tucker, director de finanzas de ACR—. Pero el gobierno elevó un recurso al Tribunal Supremo, que ha señalado que no se deben realizar extracciones». El gobierno apeló a la Ley de Minería y Metales, que establece que determinados terrenos están protegidos contra las prospecciones. «No guarda relación con el caso judicial —replicaba el señor Tucker—. Han propuesto que se clausuren nuevos terrenos, parece que han descubierto de repente el ámbito de aplicación de la licencia que estaba protegido frente a las prospecciones. La sospecha evidente es que algo ha cambiado en los registros». ACR y otras empresas que operan en Zimbabue también se opusieron a una nueva proposición de ley de Robert Mugabe y su partido Zanu-PF que daría al país una participación mayoritaria en cualquier activo que gestione una compañía extranjera en Zimbabue. Aquello era demasiado para los capitalistas extranjeros; querían que fuera como en Haití, donde ganaron y obligaron a los haitianos a conformarse por ley con una participación minoritaria en sus propias empresas. «En cierta fecha del mes de abril se pide a las empresas que remitan planes para que el 51 por ciento de la compañía quede en manos autóctonas en un plazo de cinco años, así que tenemos que remitir un plan», explicaba muy nervioso el señor Tucker.

En Sudáfrica, sectores del Congreso Nacional Africano (ANC, African National Congress) en el gobierno han venido realizando desde el fin del apartheid declaraciones acerca de la nacionalización de la minería, como se prometía en la célebre y noble Carta de Libertad del ANC. Cuando estuve en Sudáfrica, Julius Malema, el entonces presidente de las juventudes del ANC, decía que la nacionalización del sector minero era ahora una prioridad fundamental y que debía serlo. Por desgracia, en Sudáfrica nunca se plantó cara al apartheid económico. «Somos conscientes de que hay esfuerzos para derribar los movimientos de liberación y sustituirlos por gobiernos títeres […] que exploten los minerales de África», decía.

En la Indaba de la Minería de 2010 —la conferencia sobre recursos más importante de África—, la ministra de minería, Susan Shabangu, se vio obligada a declarar ante el sector minero allí congregado —de hombres blancos y ricos bien trajeados— en términos nada ambiguos: «Mientras yo viva, no habrá nacionalización de la minería». La gente que más ganaba con este tipo de imperialismo echó mano de los argumentos habituales. «La nacionalización de las compañías mineras nunca ha funcionado en ningún lugar del mundo y no hay pruebas de que vaya a funcionar en Sudáfrica —me dijo David Nel, director ejecutivo de Strategic Natural Resources, una empresa de extracción de carbón que opera en Sudáfrica—. El PIB sudafricano depende significativamente de los ingresos obtenidos con la minería y de lo que la inversión extranjera reporta a Sudáfrica; la retirada de inversiones en Sudáfrica sería catastrófica». Pero ¿qué pasaría si nacionalizaran las minas y las pusieran bajo control de los sudafricanos? ¿Qué pasaría si los beneficios no acabaran en Londres y Nueva York, sino que se invirtieran en las escuelas de Soweto y Johannesburgo? «Imposible», decían. Solo mencionar la imposición de unas regalías y unos acuerdos fiscales más justos desataba la cólera de las empresas extranjeras. La mayor parte de la acción real se desarrolló fuera del centro de convenciones, donde acceder a las charlas y a las presentaciones de las empresas cuesta la bonita suma de 1.500 dólares. Las empresas de marketing y relaciones públicas, los bancos de inversión y las agencias de corretaje, todos los cuales buscaban nuevos clientes y trataban de eclipsarse mutuamente viendo quién podía ofrecer la exposición más espectacular, expulsaron a los partidos decadentes a bares y residencias de los alrededores de Ciudad del Cabo. En semejante contexto, la industria minera trató de manipular a las fuerzas políticas. Uno de los temas más importantes de la conferencia, por ejemplo, fue la seguridad de los inversores en África. Todas las grandes economías africanas enviaron delegaciones oficiales para que pronunciaran discursos y aplacaran el miedo de los inversores diciéndoles lo estupendamente bien que iban a tratarlos. Intentaban evitar situaciones como la planteada por la ley de la industria petrolera de 2012 del gobierno de Nigeria, que trata de reformar el lucrativo sector petrolero permitiendo que el gobierno reduzca los beneficios de las empresas extranjeras e imponga gravámenes fiscales y regalías más restrictivas. En ese caso, los sospechosos habituales se pusieron furiosos: la independencia y la soberanía de los países pobres es incompatible con la forma de actuar de la extorsión. Sin embargo, si la extorsión, por alguna circunstancia, «pierde» un país debido a la independencia, recurre a la fase de ejecución, que constituye un elemento fundamental de la empresa criminal que gestiona.

05
La mafia

Tus buenos amigos de aquí

En 1945, entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial reinaba el auténtico deseo de diseñar un sistema político internacional que garantizara que no hubiera una tercera guerra mundial. Cuando concluyeron los Juicios de Núremberg, se redactaron infinidad de leyes internacionales cuyo objetivo era precisamente ese. Las Convenciones de Ginebra y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otras, fueron concebidas para establecer unas «reglas del juego» de la guerra y consagrar determinados derechos inalienables para el conjunto de la humanidad. En aquella época muchos miraban con remordimiento la Sociedad de Naciones, que tan ineficaz había sido para arbitrar el conflicto de las potencias mundiales en el periodo de entreguerras, desde 1918 hasta 1939. El recuerdo del Tratado de Versalles de 1919, severo sin necesidad —muchos siguen manteniendo que fue causa indirecta del auge de la Alemania nazi—, sobrevolaba la mente de todos los planificadores. La necesidad de encontrar la estructura institucional correcta para la posguerra era primordial. La institución política y diplomática más importante creada en este momento para enmendar los errores del pasado fue la Organización de Naciones Unidas. Había mucha retórica idealista sobre un «nuevo paradigma» de relaciones de cordialidad entre potencias hostiles hasta la fecha. Algunos intelectuales de la época, como Dexter Perkins, creían que Naciones Unidas era un ejemplo de «noble abnegación por parte de una gran potencia», porque «obligaba a Estados Unidos a aceptar decisiones que pudieran ser contrarias al criterio de Washington». A juicio de Perkins, era una prueba de que Estados Unidos había llegado incluso a manifestar su voluntad de «someter sus políticas a la opinión colectiva de Estados inferiores desde el punto de vista de la fuerza física». Pero el análisis de la composición de la naciente Organización de Naciones Unidas revela el extremo hasta el que las grandes potencias —encabezadas por Estados Unidos— habían llegado en su esfuerzo por consolidar su poder sin truncarlo.

Naciones Unidas se creó con tres organismos legislativos diferentes, y el formato diseñado en 1945 pervive sin reformas significativas. La Asamblea General es un foro de discusión de cuestiones relacionadas con la legislación internacional y asuntos relativos al propio funcionamiento de la ONU. Comparado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, sus credenciales democráticas resplandecen: funciona basándose en el principio de «un país, un voto» y para aprobar una medida es necesario contar con el apoyo de dos tercios de la asamblea. Su institución hermana, el Consejo Económico y Social, asiste a la Asamblea General en negociaciones económicas y sociales. Tiene cincuenta y cuatro miembros, todos ellos elegidos por la Asamblea General. El organismo más importante de Naciones Unidas —y casualmente el más susceptible de corrupción y manipulación— es el Consejo de Seguridad, donde se debaten y votan las cuestiones internacionales más acuciantes relacionadas con «la guerra y la paz». Se creó en 1945 con cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. Hay otros diez miembros temporales y rotativos que participan durante periodos de dos años. El poder del Consejo de Seguridad se deriva del hecho de que puede imponer que los Estados miembros hagan cumplir la Carta de Naciones Unidas —que, no por casualidad, se ve quebrantada casi a diario por Estados Unidos con sus amenazas a otros países.

La restricción fundamental era —y sigue siendo— que cualquiera de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU tiene derecho de veto unilateral ante una propuesta de resolución. En 1945, este mecanismo concedía poder ejecutivo a tres potencias imperiales —Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia— junto con una cuarta potencia imperial del Este: la Rusia soviética. Sobre la recién constituida ONU, el senador republicano ultraconservador Arthur Vandenberg escribió en su diario en 1945 lo siguiente: «Lo asombroso de ella es que sea tan conservadora desde un punto de vista nacionalista. Se basa prácticamente en una alianza de cuatro potencias […]. Es cualquier cosa menos el apasionado sueño internacionalista de un Estado mundial […]. Me impresiona (y sorprende) profundamente ver a [Cordell] Hull preservando con tanto celo nuestro veto estadounidense en su diseño de la cuestión».[23] La historiadora Ellen Meiskins Wood va más allá cuando afirma que la «mera existencia» de Naciones Unidas estaba orientada a «disuadir la existencia de formas de organización internacional menos amables para las potencias dominantes».[24] El carácter antidemocrático del Consejo de Seguridad parecería respaldar la tesis de Wood, aun cuando algunos historiadores sostengan que al final de la Segunda Guerra Mundial la necesidad de reconciliación entre las grandes potencias era mayor que cualquier compromiso idealista con la democracia.

Con independencia de cuáles fueran las circunstancias históricas y de la pretensión original de los planificadores estadounidenses, la trayectoria de Naciones Unidas durante los cincuenta años siguientes indica sin duda que el marco institucional forjado en 1945 se dejó deliberadamente abierto a la manipulación. Desde su concepción, Naciones Unidas ha hecho posible que Estados Unidos haga cumplir sus objetivos de política exterior con una pátina de apoyo internacional. Dada su legitimidad ante los ojos de la comunidad internacional, Naciones Unidas forma parte del afán estadounidense por legitimar ante sus ciudadanos (y sus aliados) las guerras en el exterior. Cuando hablé con Jack Straw, secretario de Asuntos Exteriores británico, aludió con vehemencia una y otra vez a las resoluciones de la ONU en la época en que se debatía la guerra de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Iraq en 2003. «Mire, fuimos a Iraq sobre la base de las resoluciones de Naciones Unidas —me dijo en el Foreign Office, en Whitehall (Londres)—. Ahora se puede discutir si era necesaria otra resolución más, pero había ya unas quince. Y eran unas circunstancias muy especiales. Iraq no se habría visto involucrado en todos estos problemas si no hubiera tenido un programa de armamento nuclear, un programa de armamento químico y un programa de armamento biológico».

Estados Unidos estuvo hasta cierto punto bajo control con la Unión Soviética, que tenía objetivos similares durante toda la Guerra Fría. Con la caída de la Unión Soviética y el paso a un entorno internacional unipolar, el dominio estadounidense perdió todas las inhibiciones. También se produjo un cambio muy señalado en las décadas de los sesenta y los setenta, cuando la descolonización dejó a muchos países en vías de desarrollo al margen de la esfera de influencia de Estados Unidos. Francis Fukuyama, antiguo miembro del Departamento de Estado de Reagan y Bush y hoy día historiador, explicó este cambio con todo lujo de detalles. Afirma sin ambages y sin pesar que Naciones Unidas se ha vuelto «perfectamente útil como instrumento del unilateralismo estadounidense y, de hecho, puede ser el mecanismo principal mediante el cual ejercer dicho unilateralismo en el futuro».[25] Naciones Unidas también lidia con el hecho de que Estados Unidos siempre ha sido un gran contribuyente económico para la institución y, por tanto, su mera supervivencia depende de esa aportación. A finales del siglo XX, Estados Unidos contribuía con 2.400 millones de dólares, lo que representaba el 25 por ciento del presupuesto total de la ONU. Cuando pregunté al historiador Michael Mann si pensaba que Naciones Unidas se había convertido en un mero marchamo rutinario de las políticas estadounidenses, aludió a este defecto fundamental de la estructura de la ONU diciendo que, aunque siempre había «cierta negociación», la institución giraba inevitablemente «en torno al liderazgo estadounidense, y que así es como lo interpretan los políticos estadounidenses, tanto los republicanos moderados como los demócratas. Al fin y al cabo, ¿qué puede hacer Europa? Si quiere llevar a cabo alguna clase de acción en algún lugar del mundo, en Ruanda o en Sudán, ¿qué puede hacer Europa? No puede orientar a un millar de soldados en una única dirección. La única potencia que puede hacerlo es Estados Unidos, sobre todo si se requiere capacidad logística».

El método empleado para mantener la primacía sobre Naciones Unidas ha sido principalmente el uso de la ayuda exterior. Las estadísticas de que disponemos demuestran la relación entre la ayuda estadounidense y los votos en Naciones Unidas; en esencia, Estados Unidos concede ayuda monetaria cuando determinados países garantizan el voto en sintonía con Estados Unidos (y otros organismos multilaterales). Por ejemplo, el aeropuerto de Puerto Príncipe (capital de Haití) lo construyó Estados Unidos a cambio de que el dictador del momento se opusiera al ingreso de Cuba en la Organización de Estados Americanos. J. Brian Atwood, gerente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), refirió lo siguiente al Congreso de Estados Unidos en marzo de 1998: «En muchos aspectos, [el presupuesto de ayuda exterior] es un enfoque básico y equilibrado de los programas de desarrollo y ayuda humanitaria que contribuirán de forma significativa a alcanzar los objetivos de política exterior de la administración». Cuando no se pueden comprar los votos, Estados Unidos ejerce el derecho a veto. Desde la década de los sesenta, ha ejercido más vetos que cualquier otra potencia del Consejo de Seguridad, con diferencia. En consecuencia, ha cerrado el paso a resoluciones que reclamaban a determinados Estados que respetaran la legislación internacional. Detrás de Estados Unidos va Gran Bretaña, con Francia y Rusia muy rezagadas. Cuando no cierra el paso a resoluciones, las suaviza o las suprime por completo de la agenda. La guerra de 1999 en Kosovo no fue en modo alguno aprobada por Naciones Unidas, por ejemplo. Pero Estados Unidos y su sátrapa, Reino Unido, hasta la fecha utilizan la ONU para legitimar su imperialismo. «¿Cree usted que la presencia de las tropas británicas o estadounidenses en Iraq está radicalizando la situación?», pregunté al señor Straw en 2006, cuando era secretario de Asuntos Exteriores. «No —respondió—. Estamos allí bajo mandato de Naciones Unidas y hemos ido por un tiempo limitado. Si no se renueva, el mandato se agotará a finales de este año. Más concretamente, solo estaremos allí mientras el gobierno electo iraquí quiera. Y lo que nosotros, los estadounidenses y los demás socios de la coalición pretendemos hacer es reforzar al ejército iraquí para que podamos retirar nuestras tropas con un criterio territorial provincial». Este era el discurso habitual de la extorsión: «Por supuesto, si estamos allí, es por petición expresa de un gobierno». En todo caso, la letra pequeña es importante: resulta que somos nosotros mismos quienes hemos instaurado ese gobierno.

Si fracasan todos estos mecanismos, entonces el siguiente paso consiste en tratar de desacreditar a Naciones Unidas bajo la acusación de ser antiestadounidense y haberse quedado obsoleta y desfasada. Así, cuando, pese a la desautorización de la ONU, Estados Unidos invadió Granada en 1983, el presidente Ronald Reagan declaró: «Un centenar de naciones de la ONU no han coincidido con nosotros en todo lo que se les ha presentado referente a las cuestiones en que estamos implicados, y eso no me ha amargado ni siquiera el desayuno».[26] Cuando hablé con el historiador Andrew Roberts, de la línea dura, y le pregunté por la conducta de Naciones Unidas durante «la crisis de Iraq» a principios de 2003, repitió como un papagayo lo que decía el presidente estadounidense y se mofó de Naciones Unidas. «Lo que me asombró —dijo— fue cómo muchos en Estados Unidos y en las islas británicas parecían dar por sentado que ninguna guerra sería legítima a menos que la sancionara el Consejo de Seguridad de la ONU. Cuando nos fijamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, vemos allí sentados a países [miembros rotatorios] como Camerún. La idea de que nuestra libertad de actuación quede socavada por un puñado de cleptocracias de África es el colmo del absurdo. Por supuesto que van a votar contra la extensión de la democracia, no les interesa. Por fortuna, cuando en 1982 fueron invadidas las islas Malvinas, a nosotros nos importó un pimiento lo que pensara la ONU; luego, resultó que la ONU estaba de nuestro lado. Pero habríamos seguido adelante con la acción sucediera lo que sucediera». Este desprecio por la ONU —cuando no vota a su favor— es habitual entre los extorsionistas. Pero en la mayoría de ocasiones, la ONU y otras instituciones multilaterales semejantes operan como un sistema neoimperialista en el que no se tienen colonias, sino Estados clientes; dichos Estados viven atados a Estados Unidos por intercambios militares y préstamos realizados por el FMI o el Banco Mundial. Los países pobres están encadenados a un sistema de «vaga dependencia».

Permítenos ayudarte

Los programas de ayuda se autocalifican sin excepción de altruistas. La llamada doctrina Truman, nacida como respuesta a lo que se percibió como una agresión de la Unión Soviética en Oriente Próximo, resulta ilustrativa. En 1945 la actitud hacia la Unión Soviética era ambigua. Eric Johnston, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, incluso llegó a afirmar lo siguiente: «Rusia será, si no nuestro mayor consumidor, al menos el más ansioso». Los que Walter LaFeber llamaba «los tres grandes» —Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña— albergaban cierta esperanza de lograr instaurar un orden mundial que dependiera de ellos en lo fundamental. Esta esperanza duró poco, pues Estados Unidos empezó a desconfiar cada vez más de la Unión Soviética y de los avances que le parecía que estaba realizando en Europa occidental. El presidente Harry Truman declaró en privado en 1945: «Nuestros acuerdos con la Unión Soviética [han sido] una calle de un único sentido» y concluyó con cierta falta de diplomacia que la Unión Soviética podía «irse al infierno».[27] En última instancia, se impulsó un programa político que el influyente George F. Kennan, un alto cargo del Departamento de Estado, bautizó como «de contención». Su principal función era detener el avance de las fuerzas comunistas, que habían logrado un éxito dispar en Turquía, Grecia y varios países árabes. Según Kennan, cuyos sentimientos quedaron expuestos en un telegrama «de alto secreto» enviado a Washington desde Moscú en febrero de 1946, «solo el desarme absoluto, la entrega de nuestras fuerzas aéreas y navales a Rusia y la renuncia al poder en favor de los comunistas estadounidenses» aplacarían los «malignos recelos» de Iósif Stalin.[28] Truman pronunció su discurso seminal el 12 de marzo de 1947 ante una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso. «Las políticas de Estados Unidos —afirmó— deben apoyar a los pueblos libres que están resistiendo los intentos de sometimiento bajo el yugo de minorías armadas o presiones externas». Esas «presiones externas» vienen descritas con todo detalle en el Informe n.º 68 del Consejo de Seguridad Nacional de 1950, donde se decía: «A diferencia de anteriores aspirantes a la hegemonía, la Unión Soviética se inspira en un nuevo credo fanático, antitético al nuestro, y pretende imponer su autoridad absoluta al resto del mundo […]. Las cuestiones a las que debemos hacer frente son trascendentales, entre ellas la culminación o destrucción no solo de esta república, sino de la civilización misma». La doctrina Truman contemplaba prestar ayuda económica y militar a cualquier gobierno que considerara que defendía la «civilización» frente al «credo fanático». Además, sin tantos aspavientos, legitimaba prestar apoyo a cualquier grupo de la resistencia en países extranjeros que hubieran demostrado pretender la «destrucción […] de la civilización misma»; es decir, en cualquier país con un modelo económico planificado no favorable a los intereses empresariales estadounidenses. Esta ideología se convirtió en el pretexto para muchas de las batallas que Estados Unidos libró en los cincuenta años siguientes. El historiador conservador Samuel P. Huntington escribió: «Es posible que haya que vender [la intervención u otra acción militar] de tal modo que se cree la falsa impresión de que se está luchando contra la Unión Soviética. Es lo que Estados Unidos viene haciendo desde la doctrina Truman».[29]

Antes de 1945, Oriente Próximo se encontraba en gran medida bajo la jurisdicción del Imperio británico, junto con la de otras potencias imperiales, como Francia. Cuando los imperios de Europa occidental se desmoronaron poco a poco tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tomó el relevo y aprovechó de los británicos muchas de sus técnicas de control imperial colonizador, cuya táctica predilecta era el «divide y vencerás». Esta región del mundo revestía particular importancia para los estrategas estadounidenses, porque contaba con las mayores reservas de petróleo del mundo. En 1945, el Departamento de Estado calificó explícitamente a Arabia Saudí —con matices alusivos al conjunto de la región— de ser «una formidable fuente de poder estratégico y uno de los mayores regalos materiales de la historia mundial».[30] Los estadounidenses prosiguieron con la labor donde la habían dejado los británicos. Se forjaron alianzas estratégicas con Estados dóciles que se convirtieron en vasallos virtuales de la superpotencia estadounidense. Todo Estado que se considerara que estaba adoptando la orientación del «nacionalismo independiente» —un término aplicado a cualquier gobierno cuyos dirigentes no cedieran a todos los dictados de la política económica estadounidense— era objetivo de la subversión (política y económica). Cuando ocupó el cargo de alcalde de Londres, entrevisté a Ken Livingstone, que en aquella época ya llevaba recorriendo los pasillos del poder desde hacía treinta años. Me dijo: «En los países árabes y musulmanes llevamos ochenta años de intervenciones de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, siempre en torno a la cuestión del control del petróleo».

El derrocamiento del presidente Mohammed Mosaddeq de Irán en 1954 es un ejemplo ilustrativo, porque muestra con claridad las prioridades de la política económica estadounidense en la región y, además, marca la transferencia oficiosa del poder en Oriente Próximo del Reino Unido a Estados Unidos. Mosaddeq era el primer ministro de una democracia parlamentaria, lo que, según la ideología imperante, debería haberle convertido en «amigo» de Estados Unidos. También era un «nacionalista ferviente» que renacionalizó el petróleo del país, que hasta entonces había estado bajo el control de la Compañía de Petróleos Anglo-Iraní (antes Compañía de Petróleos Anglo-Persa), gestionada por los británicos. El golpe de Estado que derrocó a Mosaddeq fue una maquinación conjunta entre Estados Unidos y Gran Bretaña, lo que demuestra el solapamiento de las dos estrategias imperiales. Hasta que Mosaddeq trató de recuperar los recursos petroleros de su país para devolvérselos a su pueblo, la Compañía de Petróleos Anglo-Iraní solo permitía que Irán recogiera aproximadamente el 20 por ciento de los beneficios de su propio petróleo. Cuando Mosaddeq amenazó los intereses económicos de Estados Unidos y Gran Bretaña, puso en peligro su propia supervivencia. Por si el interés económico no bastara, la amenaza de la Rusia comunista «era palpable». De hecho, tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial los rusos habían ocupado zonas del norte de Irán y habían obtenido una licencia petrolera en la región. A los estrategas estadounidenses les preocupaba que Mosaddeq se estuviera volviendo «peligrosamente dependiente» del partido comunista de Irán, el Tudeh. Con las amenazas gemelas de la «independencia económica» y la «Rusia soviética» en el horizonte, la CIA, junto con su homóloga británica, organizó un golpe de Estado. Los agentes de la CIA buscaron apoyo en las calles de Irán, se concentraron específicamente en el ejército y sobornaron a gran parte de la clase dominante para recabar su aquiescencia. Tras unas manifestaciones masivas que sumieron la ciudad en el caos, Mosaddeq fue detenido y se devolvió el trono al sah. En pago por el esencial papel desempeñado por la CIA para derrocar a Mosaddeq, los británicos cedían ahora un porcentaje de los ingresos del petróleo de Irán. Repitiendo las alabanzas ideológicas derivadas de la doctrina Truman, John Foster Dulles, secretario de Estado del gobierno del presidente Eisenhower, se mostró exultante ante la victoria sobre «un régimen dominado por los comunistas». Un historiador expuso una versión más próxima a la verdad cuando escribió que, sin saber «casi nada de Irán», instalaron en el poder a un sah que «siempre estaría en deuda con Estados Unidos».[31]

Estados Unidos ha sido meticuloso y brutal en su elección de los aliados desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Muchas alianzas han sido breves y se han basado en una relación geopolítica inspirada en la realpolitik —por ejemplo, Sadam Husein en los años setenta y ochenta—, pero las alianzas con otros países han sido más duraderas. Analizaré aquí las «especiales relaciones» con Gran Bretaña e Israel, porque han revestido la máxima importancia política en el seno de la «comunidad internacional». Desde 1945 se ha dicho que Gran Bretaña mantiene una «especial relación» con Estados Unidos. Jack Straw, el entonces secretario de Asuntos Exteriores británico, me dijo que él prefería la expresión «estrecha relación»: «Siempre he pensado, quiero decir…, la gente habla claramente de “relación especial”; siempre pienso que “relación especial” suena demasiado exclusivo. Hay infinidad de países que tienen una relación estrecha con Estados Unidos. Es una relación diferente de la que mantenemos con otros países, pero se podría decir lo mismo de nuestra relación con Francia o con Alemania. Lo fundamental con Estados Unidos es que, en primer lugar, existe este vínculo histórico muy poderoso. Después está el hecho de que nuestra victoria en dos guerras mundiales ha dependido de ellos. Que el mundo es, sin duda, más seguro si trabajamos juntos que si trabajamos enfrentados. Además ellos representan la cuarta parte de la actividad económica mundial y bastante más que eso en lo referente a la innovación científica mundial. Así que habría que estar loco para no tratar de entablar y fortalecer una relación estrecha con Estados Unidos».

Pero la percepción de Straw no es del todo correcta, pues casi todos los primeros ministros británicos desde la Segunda Guerra Mundial se han visto seducidos por esta idea de la «especial relación». Solo en una ocasión desde 1945 un primer ministro británico se negó a apoyar a Estados Unidos en sus incursiones en el exterior. Fue durante la Guerra de Vietnam, en la década de los años sesenta, cuando el primer ministro laborista Harold Wilson se negó a enviar siquiera un destacamento de tropas simbólico. En aquella ocasión, el clamor entre los políticos estadounidenses indicó el papel de apoyo y mantenimiento de la política exterior estadounidense que entendían que Gran Bretaña realizaba. «¡Compórtese como buen británico!», exclamó un alto cargo estadounidense cuando el secretario de Asuntos Exteriores George Brown acudió a Washington en enero de 1968. «¿Cómo puede traicionarnos?». La diputada Clare Short, también antigua miembro del gabinete británico, me dijo: «Todos y cada uno de los primeros ministros de ambos partidos desde la posguerra, aparte de Edward Heath, han estado obsesionados con que la especial relación era el núcleo de la política exterior británica. Y creo que esta es una forma de pensar patética, que parecería indicar que “no encontramos cuál es nuestro papel porque estamos desorientados desde que perdimos el imperio”. Si el primer ministro de Gran Bretaña descolgara el teléfono… Harold Macmillan, por ejemplo, habló con el presidente Kennedy durante la crisis cubana de los misiles, le dio algunos consejos y, después, pensó que él era un actor más de este drama mundial. Y es patético, pero constituye el núcleo del pensamiento sobre el papel de Gran Bretaña en el mundo. Quiero decir, cuando pase esta crisis el país tiene que poner fin a esto. No significa que nos peleemos con Estados Unidos, sino que dejemos de ser su perrito faldero, que tratemos de construir un nuevo orden multilateral y utilicemos todas nuestras relaciones para construir lo que requieren estos tiempos. Resulta de todo punto curioso que Heath se concentrara en obtener el apoyo de los sindicatos para no hacerlo». La relación reviste particular trascendencia para los estadounidenses, porque Gran Bretaña también ha desempeñado el «papel mediador entre Estados Unidos y Europa». En las organizaciones internacionales y en las trifulcas políticas —que han sido frecuentes entre Estados Unidos y otros países de Europa occidental—, el Reino Unido siempre ha apoyado y respaldado a Estados Unidos. Como Gran Bretaña ocupa un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, este apoyo inquebrantable ha demostrado ser muy importante para los sucesivos gobiernos. También hay todo un ejército de intelectuales y periodistas británicos que preparan el terreno ideológico para que Estados Unidos saquee el mundo entero con su caniche británico al fondo. Pero no está claro qué es lo que ganan los británicos con esta relación, aparte de lugares donde mandar a morir a sus soldados. Otros aliados de Estados Unidos reciben, al menos, armas de destrucción masiva para controlar a su población o a sus vecinos. Israel, por ejemplo, ha utilizado durante décadas la generosa ayuda estadounidense para someter a los palestinos, el pueblo autóctono desplazado cuyo territorio lleva ocupado casi setenta años.

06
Con amigos como estos…

Sheikh Jarrah (Palestina)

En una casita de las colinas de Jerusalén Este fui testigo de un modelo en miniatura del asesinato a fuego lento de todo un pueblo. Ningún estadounidense que lea los periódicos mayoritarios o vea las noticias de la televisión privada habrá tenido la menor idea de que aquello estaba sucediendo. Pero viéndolo allí mismo no había forma de dudar del inmenso crimen que se estaba perpetrando con los dólares de los contribuyentes estadounidenses y su apoyo diplomático.

Pasé una semana durmiendo en el suelo junto a la familia Hanoun, formada por el marido, la mujer y sus tres hijos, todos palestinos. Yo estaba allí con International Solidarity Movement, una valiente asociación de activistas internacionales que tratan de ayudar a los palestinos a resistir de forma no violenta a la opresión israelí. Según la legislación internacional y la moral más elemental, Jerusalén Este iba a ser la capital de un futuro Estado palestino. En 1967, tras la Guerra de los Seis Días, Israel ocupó ilegalmente Jerusalén Este contraviniendo la legislación internacional, y desde entonces no la ha abandonado. De hecho, Israel estaba trabajando para apoderarse de toda la ciudad. En el momento de redactar estas páginas (agosto de 2014), los israelíes han matado a más de dos mil palestinos en Gaza, en su inmensa mayoría civiles. En los medios de comunicación dominantes israelíes se habla de despoblar Gaza y convertirla en una atracción turística israelí. Pero mientras yo estuve allí la más acuciante de las muchas cuestiones tratadas fueron las tentativas de un grupo de colonos israelíes de limpiar poco a poco Jerusalén Este de su población árabe, proyecto que en aquella época centraba sus esfuerzos en el barrio de Sheikh Jarrah, que ocupa un hermoso valle orientado hacia Belén. Los activistas que más tiempo llevaban en la zona dormían también allí, listos para documentar lo que todo el mundo esperaba que sería un desahucio inminente. Unos cuantos meses después, a las 5.30 de la madrugada, la policía de fronteras israelí llegó por fin y desalojó por la fuerza a los Hanoun (tan por la fuerza que hubo que llevar al hospital a su hijo Rami). Los activistas fueron detenidos, como también los manifestantes que a continuación se echaron a las calles. Cruz Roja ofreció a los Hanoun una tienda de campaña. Fue la culminación de toda una década de intimidación y hostigamiento planificado a la comunidad de Sheikh Jarrah, que vio cómo se destruían vidas para aplacar el más rancio de los fanatismos religiosos.

Sheikh Jarrah se encuentra en un valle a pocos metros del hotel American Colony, donde se alojaba Tony Blair —ex primer ministro británico y, seguramente, el lacayo más voluntarioso del mundo de la extorsión estadounidense— en una suite de lujo cuando honró a Jerusalén con su presencia como «enviado de paz» de la extorsión. Cuando uno se asomaba por la ventana de la casa de los Hanoun, el hotel de Blair se veía a treinta metros; Blair, no me cabe duda, podría haber visto la casa de los Hanoun mientras nadaba por la mañana. Antes de que me pusiera en contacto con su portavoz, Blair no tenía nada que decir sobre los desalojos; y tampoco dijo nada después. Esa era una ladera del valle. En la otra, el consulado británico se asomaba desde su atalaya de alta seguridad. El consulado británico solo actuó un poquito mejor calificando de «espantoso» al desahucio más reciente, pero no hizo nada concreto para detener semejante obscenidad. El silencio estadounidense fue aún más sonoro. Al igual que tantos otros palestinos, la familia Hanoun había sido víctima del terror desde hacía décadas, cuando combatía las tentativas de Israel de arrebatarle su casa. Maher Hanoun, que pasó a liderar la resistencia, me habló con elocuencia y serenidad mientras pasaba las noches fumando un cigarrillo detrás de otro y refería lo que le había sucedido a su familia. El padre de Maher era un refugiado de la Nakba («catástrofe»), que es como los palestinos llaman a la fundación de Israel en 1948, cuando bandas de paramilitares judíos expulsaron violentamente de sus casas a 800.000 palestinos. El padre de Maher fue expulsado de Nablus; su abuelo fue expulsado de Haifa en la misma época. En 1956 el gobierno jordano les compensó entregándoles una casa en Jerusalén Este, cuya propiedad les transfirió en 1962. Maher nació en 1958, así que había pasado toda su vida y criado a todos sus hijos en esa casa. El grupo de colonos israelíes del barrio judío de Nahalat Shimon, respaldado por los tribunales israelíes, recurrió a un contrato falsificado de la era otomana, con un siglo de antigüedad, para reclamar la propiedad. Al igual que en todo Jerusalén Este, los israelíes también trataron de sobornar a Maher con un cheque en blanco si se marchaba sin hacer ruido. Se negó. «Esta es mi casa —me dijo—. Jamás me perdonaría vender mi casa por dinero. Quieren construir un asentamiento en nuestro corazón, en nuestros sueños». Al final, lo consiguieron.

La táctica de los israelíes era lo que Maher llama «tortura lenta» e incluía detenciones, sobornos y violencia. En 1998, cuando Maher se negó a empezar a pagar alquiler a los colonos, los soldados entraron en su casa estando su madre muy enferma de leucemia y se llevaron todos los muebles, incluida la cama. Maher les suplicó que la dejaran para que su madre muriera en paz. En el año 2002, los israelíes consiguieron por fin expulsar a los Hanoun durante cuatro años, tras los cuales regresaron en 2006; en 2002, sus dos hijas tenían nueve y trece años de edad. Al otro lado de la calle, a la vista del señor Blair y el consulado británico, había una tienda de campaña improvisada en la que vivía ahora una mujer de sesenta y dos años, después de que los colonos le arrebataran su casa. En un principio solo se apropiaron de dos tercios de su vivienda, de modo que vivía literalmente con ellos. Después fue expulsada. Su esposo sufrió un infarto cuando los israelíes recuperaron la casa con violencia con la ayuda de más de cincuenta soldados (la noche de la victoria electoral de Barack Obama, en el año 2008). Tras pasar algún tiempo en el hospital, su esposo sufrió otro infarto dos semanas más tarde y falleció. La familia volvió a rechazar un soborno con un cheque de los israelíes —de millones de dólares— para que abandonaran sus casas. «Ahora no tengo vida —me dijo desde la tienda de campaña—. Con mi marido muerto y sin casa, no hay vida. Solo espero que, con la ayuda de Dios, esta ocupación termine y podamos regresar a nuestros hogares». Jamás pude averiguar lo que le sucedió a esta mujer en el desalojo violento a manos de los soldados israelíes, pero un informe que leí decía que hasta la tienda de campaña quedó destruida.

Caminé desde Sheikh Jarrah hasta el consulado británico (tardé unos cinco minutos) y pregunté a Karen McLuskie, la portavoz, cuál era la versión británica de la limpieza étnica de lo que se pretende que sea la futura capital de Palestina. «La posición británica es que Jerusalén tiene que ser la capital común de dos Estados —me dijo—. Creo que lo que está sucediendo en Sheikh Jarrah no es extraordinario, por desgracia. Hay una serie de lugares alrededor de Jerusalén en donde se está llevando a cabo este tipo de acciones: demoliciones, desalojos y estímulo para los colonos». Declinó expresamente comentar lo que el gobierno británico estaba haciendo de verdad para detener esta destrucción ilegal e inhumana de Sheikh Jarrah. Sin embargo, la señora McLuskie sí reconoció que «la anexión de Jerusalén sencillamente dificulta alcanzar un acuerdo de paz, elimina las opciones». Después me puse en contacto con la portavoz de Blair, que me dijo que «Blair ha planteado la cuestión ante el gobierno israelí» y que «sigue siendo motivo de preocupación». Pregunté si el señor Blair iba a darse un paseo de tres minutos para ir a hablar con los Hanoun sobre las dificultades en las que se encontraban y la portavoz me tranquilizó al respecto: «El personal de esta oficina ya ha visitado a las familias que han sido desalojadas». Obsérvese el tiempo pasado del verbo. Tal vez cuando los Hanoun ya habían sido desalojados, Blair les enviara un emisario a la tienda de campaña. Los estadounidenses se negaron a concederme ninguna entrevista.

Cuando se echa un vistazo a Jerusalén Este y sus inmediaciones se ve un número considerable de parcelas sin vivienda. Si Israel quisiera construir (ilegalmente) nuevos asentamientos sin expulsar de la zona a los palestinos, podría hacerlo, hay sitio. La elección de Sheikh Jarrah y otras zonas como blanco forma parte de un proceso de limpieza étnica: la transformación de Jerusalén Este en una Jerusalén judía unificada. Como preguntaba Maher: «¿Por qué no construyen un asentamiento en cualquier otro terreno?». La única virtud del gobierno de Netanyahu-Lieberman, en el poder en aquella época, residía en que eran mucho más honestos con su programa de colonización que sus predecesores «centristas». Ahora el gobierno de Netanyahu estaba dispuesto a deshacerse de algunos «puestos fronterizos» a cambio de proseguir con la expansión en Jerusalén Este y con el «crecimiento natural» de los asentamientos existentes por toda Cisjordania. Era la misma política negociada por Ehud Olmert y George W. Bush antes de la conferencia de Annapolis en 2007. Netanyahu sencillamente era más honesto cuando decía que descartaba la posibilidad de un Estado palestino. «No entiendo cómo vamos a tener capital si no hay ninguna tierra, ninguna casa, ninguna persona», coincidía Maher.

La siguiente escala en su tentativa de limpiar la futura capital putativa de Palestina de su población autóctona era la zona al-Bustan de Silwan, que se encuentra en el valle que desciende desde la Cúpula de la Roca y el Muro de las Lamentaciones. La primera vez que fui a Israel hice la visita guiada de la ciudad de David, que es un espectáculo de propaganda israelí de tres horas de duración (disfrazado de experiencia arqueológica). En los textos bíblicos se dice del rey David que fue el primer dirigente judío que se estableció en la tierra de Jerusalén, y de su hijo, el rey Salomón, que construyó el primer templo en el año 960 a. C. En el año 2005, algunos hallazgos arqueológicos pretendían aportar pruebas que lo sustentaran. Ahora el gobierno israelí tiene previsto convertir las casas de la población de Silwan en un parque temático arqueológico: está a la espera de demoler 88 viviendas donde residían unos 1.500 palestinos. Al final de la visita recorrimos el canal que se construyó para conectar la ciudad vieja con el manantial que queda al otro lado de las murallas. Cuando terminó la visita y me aparté del grupo, no reparé en que el manantial se encontraba en Silwan. Unos cuantos días después fui a la tienda donde se estaban movilizando los habitantes de al-Bustan contra la destrucción de sus casas y, mientras observaba cómo devolvían a los turistas en autobús ladera arriba para llegar a la «ciudad de David», me di cuenta de dónde había estado en realidad. Una vez más, como en Sheikh Jarrah, la población se mostraba rebelde. «Si demuelen mi casa, tendrán que demoler también mi cuerpo, moriré por mi tierra», decía Zaid Ziulany, de cincuenta y cuatro años, que vivía con su familia en la casa 38, cuya demolición estaba prevista. «¿Dónde se supone que vamos a ir? —preguntaba—. ¿Tenemos que dormir todos en la calle?».

El patrón

Según cualquier definición de la legislación internacional, Israel es un Estado canalla y terrorista que practica políticas coloniales y crímenes de guerra en serie contra los palestinos, algo que lleva haciendo durante décadas, y siempre apoyado por los contribuyentes estadounidenses. No escasean las pruebas que se pueden aportar para respaldar esta afirmación. Los palestinos fueron sacados de sus casas inicialmente en 1948 para dejar paso al naciente Estado judío y desde entonces han vivido en las pequeñas franjas de tierra donde Israel y los Estados árabes circundantes se lo permitían: la Franja de Gaza y Cisjordania. Desde entonces, cualquier judío que pueda demostrar su herencia racial está autorizado a instalarse en la tierra de Israel, mientras que ningún palestino convertido en refugiado en 1948 puede regresar a su hogar. Esto genera un descabellado escenario según el cual quien tiene antepasados judíos puede ir a vivir a un lugar que jamás ha visto y con el que no mantiene ningún vínculo; en cambio, eso mismo no es posible para los cuatro millones de palestinos que se estima que viven en comunidades de refugiados dispersas por todo Oriente Próximo, personas que nacieron y se criaron en Palestina pero tuvieron que huir en 1948 o en 1967. Moshe Dayan, que posteriormente fue ministro de «Defensa» de Israel, advirtió a los palestinos: «Pasaréis a vivir como perros, quien lo desee puede marcharse y ya veremos adónde lleva este proceso». Esa misma filosofía sigue imperando entre las élites israelíes. Desde junio de 1967, cuando Israel combatió a un grupo de Estados árabes en la Guerra de los Seis Días, Israel ha ocupado y construido asentamientos que van recortando el territorio de Cisjordania y la Franja de Gaza. Los asentamientos de Gaza fueron abandonados en 2006 y los israelíes pasaron a practicar un asedio medieval para mantener controlada a la población. Todo esto contraviene la legislación internacional; Naciones Unidas ha condenado en reiteradas ocasiones a Israel por sus transgresiones. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó por unanimidad en 1967 la resolución 242 tras la Guerra de los Seis Días. Amparada en el capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, insta a la «retirada de las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados en el conflicto reciente» y a la «finalización de todas las reclamaciones o actos de beligerancia». Hasta la fecha, todavía no ha sucedido: la mafia no tiene que acatar la ley que instaura para todos los demás. Estados Unidos, dicho sea de paso, ha vetado todas las resoluciones posteriores presentadas contra su cliente, lo que supone unos cuarenta vetos desde 1972, todos los cuales impidieron que se aprobaran dichas resoluciones, que contaban con el apoyo unánime de las demás potencias del Consejo de Seguridad. Estas incursiones en el territorio palestino son las que motivan la violencia y el terrorismo suicida perpetrados por la resistencia palestina y las que se encuentran en la raíz del oprobio internacional dirigido contra Israel. Pero la política estatal israelí de los últimos treinta y ocho años ha consistido en sacrificar la seguridad por la expansión en los territorios ocupados.

La propaganda estadounidense dice que a los palestinos se les ha ofrecido muchas veces Cisjordania y Gaza y que lo han rechazado. Desde los Acuerdos de Oslo de 1993 hasta la Cumbre de Camp David en el año 2000, esto, sencillamente, es falso. A los palestinos lo que se les ha ofrecido claramente es un acuerdo que desmigaja Cisjordania en pequeños bantustanes al estilo sudafricano, y siempre se les ha negado el derecho al retorno. La única vez que se les ha propuesto un pacto que se pareciera un poco a un acuerdo definitivo y justo —en Taba (Egipto) en el año 2001—, los israelíes se retiraron. De hecho, en el año 2002, tras un viaje a Cisjordania, el gran luchador sudafricano por la libertad y premio Nobel arzobispo Desmond Tutu comparó el trato recibido por los palestinos bajo la ocupación israelí con el que recibían los negros en el régimen de apartheid sudafricano. «He visto cómo humillaban a los palestinos en los puestos de control y los controles de carretera. Sufren como nosotros sufríamos cuando la joven policía blanca nos impedía desplazarnos. Parecían obtener placer con nuestra humillación». Israel también ha construido un «muro de seguridad» por toda Cisjordania, lo que, de nuevo, contraviene la legislación internacional. El Tribunal Internacional de La Haya ha afirmado: «Israel tiene la obligación de poner fin a sus quebrantamientos de la legislación internacional; tiene la obligación de detener de inmediato las obras de construcción del muro que se está erigiendo en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Este y su contorno, y desmantelar de inmediato la estructura allí construida». Jamás lo ha hecho.

En realidad, no hay demasiada controversia acerca de los principales aspectos históricos en juego y las conclusiones que deberíamos extraer son sencillas. Los israelíes suelen complicar y enturbiar la situación para distraer la atención de los neutrales del flagrante y luminoso hecho de que los palestinos están implicados en una de las últimas batallas coloniales heredadas del siglo XX. Norman Finkelstein, especialista en relaciones israeloestadounidenses, afirma que el conflicto israelopalestino es «llamativamente sencillo». Me explicó: «La cruda realidad es una verdad incómoda. Por tanto, el pretexto es que lo que vemos y parece tan evidente, según dicen, en realidad no es así y se supone que debe hacernos cuestionar nuestros criterios morales y nuestra sensibilidad más básica y elemental». ¿Que la ocupación de las tierras de otro pueblo está mal? «Una ocupación está mal, construir un muro alrededor de esas personas está mal, disparar a los niños por arrojar piedras está mal, robar la tierra a las personas está mal… No es tan complicado».

«Están obteniendo beneficio con la ocupación —me dijo Jihad al-Wazir, gobernador del banco central de Palestina, cuando le entrevisté en Nueva York para The Financial Times—. Controlan las ondas electromagnéticas, controlan las propiedades inmobiliarias, controlan el 60 por ciento de Cisjordania, y esta es la razón por la que les agrada el statu quo y es la razón por la que no quieren que haya un Estado palestino, porque las cosas están bien como están. Se han apropiado de tierra y la gente no lucha contra ellos». Pese a esta evidente injusticia, Israel sigue siendo el «tercer riel» del discurso político estadounidense debido a la inmensa financiación del grupo de presión que lo apoya. Cuando estudiaba en la Escuela de Periodismo de Columbia, en el momento en que sugerí a mi profesor —que trabajaba en The New Yorker— que quería escribir un artículo crítico sobre Israel, me respondió con rotundidad que no lo hiciera. Sus palabras fueron: «Hazlo si quieres, pero en Estados Unidos criticar a Israel es como despotricar contra la Madre Teresa; no trabajarás nunca en un medio de comunicación estadounidense».

La alianza de Estados Unidos con Israel no acabó siendo importante desde el punto de vista económico o político hasta las décadas de los años sesenta y setenta. El señor Finkelstein me contó: «Nadie en Estados Unidos se preocupaba siquiera por Israel en los primeros veinte años de su existencia». Lo que cambió fue el debilitamiento de la eficacia de la «fachada árabe», mediante la cual se podía ejercer buena parte del control sobre Oriente Próximo entre bambalinas a través de gobernantes árabes locales serviles. Así que cuando, por ejemplo, un dirigente árabe como el egipcio Gamal Abdel Naser se volvió hacia la Unión Soviética, Israel se convirtió en el parachoques perfecto contra el nacionalismo árabe y las esperanzas de auténtica independencia en Oriente Próximo. Más o menos en tiempos del presidente Nixon, se hizo un esfuerzo consciente para reforzar el poder estadounidense con lo que el secretario de Defensa Melvin Laird llamó «policías locales de patrulla». El «policía local» perfecto en Oriente Próximo era la «democracia» judía de Israel. Como dijo la CIA en aquel momento, «la consecuencia lógica» de la oposición al nacionalismo árabe «sería apoyar a Israel como única potencia prooccidental fiable en Oriente Próximo».[32] Curiosamente, cuando la CIA trataba de destruir el nacionalismo secular en Oriente Próximo, eran Israel y los fundamentalistas islámicos (Hamás recibió ayuda de Israel en un principio) los que ofrecían el cauce perfecto para hacerlo. La floreciente relación entre los dos países servía a los intereses particulares de ambos. En un polémico artículo, dos destacados profesores universitarios, John Mearsheimer y Stephen Walt, escribieron que el grupo de presión proisraelí de Washington beneficia a Israel en detrimento de los objetivos de política exterior de los mismos Estados Unidos. El artículo produjo consternación entre los defensores de las políticas proisraelíes en Estados Unidos, pero la tesis era un tanto inapropiada. Las evidencias indicarían que la relación entre Estados Unidos e Israel es mucho más simbiótica de lo que sostienen Mearsheimer y Walt. En la actualidad, Israel es, con diferencia, el mayor receptor de ayuda estadounidense. Desde 1947, Israel ha costado al contribuyente estadounidense casi 84.855 millones de dólares, lo que significa que el contribuyente ha pagado 23.240 dólares por cada ciudadano israelí vivo.[33] Esto no es fruto del trabajo de un «grupo de presión judío» místico y paranoide ni una anómala incursión del altruismo en la política. Israel desempeña funciones estratégicas muy importantes para Estados Unidos, una de los cuales se basa sobre todo en conveniencias políticas. Tenemos el componente del «policía de patrulla», pero también estaba la preocupación por el avance de la Unión Soviética en Oriente Próximo. Cuando Israel pasó a depender de la ayuda estadounidense en la década de los setenta, su perspectiva geopolítica se orientó mucho más hacia Occidente; su sociedad nacional también se volvió más desigual. Israel ha sido desde hace mucho el agente estadounidense más leal en Oriente Próximo e, incluso, en todo el planeta. Juntos apoyaron la Sudáfrica del apartheid y suministraron armas a las dictaduras fascistas de América Latina, entre otros muchos horrores. Israel también ha ofrecido a Estados Unidos un apoyo inquebrantable en la ONU. El listado de votaciones en Naciones Unidas confeccionado por William Blum, el estratega del Departamento de Estado norteamericano convertido en historiador, revela que Israel vota con su patrón como si actuara por un acto reflejo en todas las cuestiones, sean o no de importancia estratégica para Israel. A cambio, según el señor Finkelstein, «si prestamos atención al registro de datos, es el Israel respaldado por Estados Unidos el que ha sido el obstáculo para la resolución del conflicto de Oriente Próximo que han apoyado, por una parte, la comunidad internacional y, por otra, los palestinos». Aun cuando Israel haya sido condenado centenares de veces por Naciones Unidas, aun cuando siga ocupando Cisjordania y la Franja de Gaza, aun cuando haya atacado a sus vecinos (Líbano en 1982, donde mató a 20.000 personas), Estados Unidos sigue prestándole apoyo. Evidentemente, no se ve que haya ninguna condición en términos de «buena conducta» para que Estados Unidos le preste su ayuda. El historiador Michael Mann llega a afirmar incluso lo siguiente: «Creo que Israel es en realidad el rabo que mueve al perro. Israel tiene allí más poder que Estados Unidos. Tiene una quinta columna entre los neoconservadores y los sionistas de Estados Unidos y puede hacer lo que quiera». Lo único que Estados Unidos pide es que Israel siga siendo un «policía de patrulla» fiel a la promoción de los intereses estadounidenses en Oriente Próximo.

Grietas en la ocupación

Mientras estuve en Palestina también fui a Ramala, la capital de los territorios ocupados. Percibí la sensación de fatiga de la ciudad. Cuando caminaba por sus calles, tenía la impresión de que los palestinos estaban aburridos de tener que combatir contra la imparabñe destrucción de su patria mientras el mundo miraba a otra parte. Oía decir cosas como «la lucha ha sido larga y no nos ha llevado a ninguna parte». Y la gente preguntaba cómo podía el mundo quedarse de brazos cruzados mientras los israelíes se anexionaban más tierra. Era una buena pregunta.

En una aldea todavía ardía la llama de la resistencia no violenta. Fui a la manifestación semanal contra el Muro de Anexión en Bil’in, el cual se apropia de una buena extensión de tierras de cultivo de esta antigua aldea palestina y de la Línea Verde —la frontera reconocida por la comunidad internacional como frontera de Israel y Palestina—. Desde que Israel empezó en el año 2005 a construir el muro aquí —robando con ello aproximadamente el 60 por ciento de las tierras de la aldea—, la población de Bil’in ha estado resistiendo sin violencia y con imaginación. Aunque la impotencia lo invade todo en la Palestina ocupada, la exitosa táctica de la población de Bil’in ofrece cierta esperanza y ánimo. Abdullah al-Rahman, presidente del Comité de Resistencia Popular de Bil’in, describía las diversas tácticas de los aldeanos, que hasta el momento han conseguido retrasar la construcción de un nuevo asentamiento —llamado West Mattiyahu en la jerga legal israelí, que presupone que no es más que un «barrio» de un asentamiento ya existente—. En primer lugar, para oponerse al muro, los habitantes de Bil’in se encadenaron a los olivos para impidiendo que los buldócer arrasasen sus tierras. Después, en un lugar visible desde los asentamientos, construyeron en una noche una casa de una única habitación al otro lado del muro, edificio que se convirtió en el fundamento para un litigio. El Tribunal Superior de Justicia dio carpetazo a la demanda en dos ocasiones antes de que ellos y su abogado israelí, Mihael Sfard, se dieran cuenta de que Israel había cometido un error administrativo según sus propias reglas injustas. En general, los israelíes utilizan dos excusas para las apropiaciones de tierras: una, que la tierra no está cultivada, y otra, que supone una amenaza para la seguridad. En Bil’in intentaron ambas.

Para mantener el interés de los medios de comunicación, esencial para el éxito de sus manifestaciones, el Comité de Resistencia Popular diseña iniciativas nuevas en su lucha no violenta de todos los viernes. Cuando estuve allí, en el momento culminante de la histeria por la gripe porcina del año 2009, los habitantes de Bil’in acudieron a la manifestación llevando mascarillas para explicar que todos tenían gripe de ocupación desde hacía décadas. Otro viernes pusieron en práctica otra táctica un tanto menos sutil, pero igualmente creativo, y llenaron globos con heces de pollo para arrojárselos a los soldados.

Aunque los habitantes de Bil’in se mantienen fieles a la no violencia, no se puede decir lo mismo del ejército israelí. El mes anterior, un activista de la aldea, Bassem Ibrahim Abu Rammah, murió a causa de un bote de gas lacrimógeno de alta velocidad y un chico de dieciséis años con el que hablé sobrevivió a un disparo en la cabeza. Estos no son en modo alguno «errores»; cuando se dispara un bote de gas lacrimógeno de alta velocidad en paralelo al suelo y no en dirección al cielo solo se tiene un objetivo. Se las arreglaron para asesinar a Bassem de un disparo en el corazón. De ahí es de donde venía la idea de las heces de pollo. «Ellos nos disparan balas, así que responderemos con las heces de nuestros animales», decía al-Rahman. En la manifestación nos lanzaron centenares de botes de gas lacrimógeno y dispararon pelotas de goma a los niños que tiraban piedras. Esta táctica israelí de represión brutal y violenta tiene un objetivo: acabar con la resistencia palestina infundiendo miedo. Esto es lo que sucedió durante la segunda intifada y está ocurriendo ahora otra vez, en 2014, cuando empiezan a formarse bolsas de resistencia contra la anexión de sus territorios. Y funciona. Pregunté a mi amiga palestina si quería acompañarnos el viernes. «No —respondió—. No quiero morir inútilmente». En los últimos meses, desde la guerra contra Gaza, el ejército israelí ha empezado a utilizar contra los manifestantes de Bil’in un nuevo cóctel de armas, entre las que se encuentran gas lacrimógeno militar con neurotoxinas, gas lacrimógeno de alta velocidad disparado como si fuera una ametralladora y balas de aluminio que dejan paralíticos a los manifestantes. El ejército también ha convertido en táctica habitual entrar en la aldea en plena noche y detener a los miembros del Comité de Resistencia Popular y a niños de apenas trece años, así como arrojar bombas sonoras y gases lacrimógenos.

Según Farhan Burnat, un agricultor de Bil’in de treinta años que pasó ocho meses en la cárcel porque los soldados israelíes le detuvieron en uan de las manifestaciones de los viernes, los israelíes llevan a los niños a cárceles de Israel y los retienen entre cuatro y seis meses como castigo por participar en la manifestación. En la prisión de Ofer, aproximadamente el 25 por ciento de los prisioneros son niños. Me contó: «Estos largos periodos de encarcelamiento perturban gravemente el desarrollo educativo de nuestros niños».

Me acerqué al muro el día anterior a la protesta y hablé con Wahid Salaman, un agricultor de Bil’in de cuarenta y cuatro años que regresaba a casa después de trabajar. «La posibilidad de llegar a nuestras tierras depende del estado de ánimo del soldado —explicaba—. A veces tienes que esperar cinco o seis horas para llegar a la parcela». Las tierras del señor Salaman se encuentran en el lado equivocado del muro, de modo que tiene que atravesar un puesto de control todos los días para ir a trabajar. Señaló un poste inmenso con una cámara de circuito cerrado en lo alto. «También nos observan en todo momento», decía. Los israelíes asignan a cada agricultor un número que corresponde a determinados lugares del muro por donde se le permite acudir a su trabajo. Después, vimos a un niño pequeño atravesando el puesto de control con su manada de cabras. «Al salir de la escuela cuido las cabras de mis padres —decía—. El muro se llevó el 60 por ciento de nuestras tierras y, en castigo por las manifestaciones, no se nos permite trabajar los viernes». Decía que las cabras se habían herido con la alambrada de espinos que rodea el muro. Al igual que todo el mundo en Bil’in, aseguraba que echaba de menos a su amigo Bassem. «Estoy muy triste, pero eso no me va a impedir ir a la manifestación. Somos lo bastante fuertes para seguir haciéndolo. Dispararon a Bassem porque estamos consiguiendo algo aquí».

La brutalidad del ejército en las manifestaciones ha impulsado a un amplio contingente de activistas de todo el mundo y de Israel a pasarse por Bil’in todos los viernes, pues saben que será menos probable que el ejército asesine a su antojo si los manifestantes tienen pasaporte de los países que les proporcionan las armas. Cuando yo estuve allí había un contingente de quince sindicalistas, artistas y voluntarios de organizaciones benéficas de Canadá, junto con un grupo de jóvenes israelíes. La política explícita del ejército es no disparar munición real cuando hay en la zona israelíes o ciudadanos de otros países, lo que da una idea de cuál es su actitud respecto a lo prescindibles que son las vidas palestinas. También deja claro lo importante que es que las brigadas de ciudadanos de otros países e israelíes sigan apareciendo y protestando pacíficamente junto a los palestinos. En un momento deprimente para los palestinos, cuando estaban contemplando en directo la destrucción de toda esperanza de viabilidad de un futuro Estado, la heroica y victoriosa resistencia de la población de Bil’in —y de otras localidades a lo largo de la línea del Muro de Anexión— ofrecía un destello de esperanza y una propuesta de lucha contra esta injusticia atroz que aúna coherencia, valentía y creatividad. Lo hicieron contra todo pronóstico; contra unos soldados que se encuentran entre los más despiadados del mundo, respaldados hasta el final por el ejército más poderoso de la historia del mundo, y ante una población mundial a la que no se deja de mentir sobre el expolio causado por el poder del Estado israelí.

Pero los extranjeros también se niegan cada vez más a creer en las mentiras que les cuentan sus medios de comunicación. En mi visita a Palestina comprobé cuán importante es que los ciudadanos comprometidos viajen a los territorios ocupados —o a cualquier otro lugar devastado por el imperialismo estadounidense— para dejar sentir su presencia. Durante los ataques israelíes contra Gaza en diciembre de 2008 y enero de 2009, las náuseas que muchas personas sintieron ante la matanza iban acompañadas de un gran sentimiento de impotencia. Pero había un modo de contribuir a atenuar los crímenes de la ocupación: uno se da cuenta en Palestina de que simplemente tener un pasaporte extranjero civiliza al instante al ejército cuando uno se encuentra ante ellos. Como decía, estuve trabajando con el International Solidarity Movement (ISM), fundado en 2002 para llevar a la zona a ciudadanos de otros países simpatizantes con la causa palestina para que fueran testigos de la represión israelí y la combatieran durante la segunda intifada. Desde entonces, el ejército se ha hecho acreedor de grandes dosis de mala reputación; como cualquier otra organización que trata de proteger a los palestinos, a ISM se la ha acusado de ser «cómplice de los terroristas», «antisemita» y todo lo demás. Hay incluso un par de organizaciones en Internet creadas exclusivamente para difamarla y eliminarla: stoptheism.com trata de dejar al descubierto a sus activistas y dice que el ISM representa «a Hamás y a otros terroristas al mando de Yasir Arafat»; y del Comité para la Precisión en la Información sobre Oriente Próximo en Estados Unidos (CAMERA, Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America) afirma: «El ISM anima a sus miembros a ponerse en situaciones de peligro para proteger a los terroristas o sus hogares». Pero después de pasar más o menos una hora con el ISM en Cisjordania se da uno cuenta de que todas estas calumnias son propaganda sin fundamento. Desde el primer momento que pasé allí, me impresionó la integridad y profesionalidad de la organización. El ISM organiza un fin de semana de formación en Londres que infunde en los potenciales voluntarios los criterios de conducta de la no violencia y el modus operandi que emplean los palestinos —por ejemplo, todo lo que hacen sus miembros tiene que estar ratificado por un consejo palestino—. Cuando uno llega a Palestina hace otro cursillo de otros dos días que le instruye sobre la historia de la resistencia no violenta en Palestina y las especificidades de cómo afrontar la violencia del ejército. Cuando estuve allí conocí a activistas ejemplares de Escocia y la República Checa que llevaban meses viviendo con familias en Jerusalén Este que habían sido desalojadas ilegalmente por una agrupación de colonos israelí. No era una experiencia atractiva; suponía pasar toda la noche en vela y dormir todos en una sola habitación sobre un delgado colchón un día tras otro, un mes tras otro. También conocí a activistas suecos que vigilaban puestos de control para asegurarse de que no se maltrataba físicamente a ningún palestino. Viví mi propia experiencia tras mi visita a Nil’in, cuando acudí a la manifestación de los viernes contra el Muro de Anexión. Vi a un soldado del ejército golpeando a un palestino en un puesto de control a la salida de esta aldea palestina. Pedí al taxi que se detuviera, salí y, simplemente, me quedé mirando. No sé qué efecto tuvo, pero se apreciaba el cambio en la mirada de los soldados cuando vieron mi cámara apuntándoles. Había un grupo de activistas italianos que vivían en Hebrón, que es un ejemplo particularmente perturbador de la ocupación de Cisjordania, puesto que los colonos han ocupado el mercado del centro, que ahora está cerrado por el hostigamiento que los colonos infligían a los residentes palestinos de la zona. Cuando uno camina por el mercado ya abandonado hay un enrejado en el techo donde se ven atrapados toda clase de proyectiles, ladrillos y escombros.

Los colonos de Hebrón son famosos por su extremismo. Celebran el aniversario de la masacre de Hebrón de 1994 a manos de Baruch Goldstein; la presencia de quinientos colonos en Hebrón convierte el centro en una zona militarizada. En Hebrón, los voluntarios del ISM acompañan al colegio a los niños palestinos para protegerlos de los colonos, que acostumbran a dispararles desde las azoteas. Un valiente activista del ISM, Tom Hurndall, de veintidós años, murió realizando una labor semejante en Gaza en abril de 2003. Estaba apartando a los niños palestinos de la línea de fuego de los francotiradores del ejército y recibió un disparo en la cabeza, a pesar de que portaba signos que lo identificaban como ciudadano extranjero. La muerte de Hurndall puso bajo la luz de los focos de los medios de comunicación la conducta del ejército en los territorios ocupados tan solo porque la víctima era británica; a los palestinos les disparan con una frecuencia pasmosa. Y esa es la razón por la que los activistas del ISM son tan valientes: ponen su vida en juego única y exclusivamente porque saben que valen más ante los ojos del ejército. También es la razón por la que las autoridades israelíes tratan de impedir el acceso del ISM confeccionando listas negras con el nombre de todo aquel de quien sospechan que está implicado en la organización. Muchos miembros del ISM se han topado con la prohibición de entrar en Israel durante diez años, aun cuando el ISM es una organización absolutamente legal en ese país.

Acudí a las manifestaciones no violentas de los viernes en Bil’in y en la cercana Nil’in en semanas alternas. Una vez más, sus habitantes aseguran que, a pesar de que el año anterior ya habían matado manifestantes a un ritmo alarmante —dos en Bil’in y cinco en Nil’in, uno de ellos un niño de diez años de un balazo en la cabeza—, sería mucho peor si los ciudadanos extranjeros no aparecieran por allí. En el año 2011, el ciudadano estadounidense y activista del ISM Tristan Anderson fue herido de gravedad por un bote de gas lacrimógeno de alta velocidad. Cuando estuve en Nil’in, el ejército nos apuntaba directamente por permanecer de pie frente a ellos. A lo único a lo que se enfrenta el ejército en estas manifestaciones es a las piedras de los tirachinas. Un viernes mataron a un palestino con una bala. «Siempre pedimos a los ciudadanos extranjeros que, por favor, vengan, porque el ejército actúa con mucha mayor brutalidad cuando solo estamos palestinos», declaraba el portavoz de la manifestación.

Indudablemente, los voluntarios que acuden a la Palestina ocupada corren riesgos, pero es una forma muy efectiva de ayudar a los palestinos a resistir la opresión y, por nuestro pasaporte, son riesgos infinitamente menores que los que debe afrontar cualquier palestino que oponga tan solo un dedo de resistencia. Mi estancia fue breve y no hice nada comparado con los brillantes y ejemplares activistas —desde adolescentes a jubilados— que han pasado mucho más tiempo y arriesgado mucho más. Sin embargo, lo que está claro es que mediante la solidaridad entre ciudadanos extranjeros, israelíes y palestinos se puede combatir la ocupación. Hay muchas más derrotas que victorias y seguirá habiendo bajas entre los activistas del ISM y los palestinos, pero aquí conviene recordar las palabras de George Orwell en su ensayo Recuerdos de la guerra de España, en la que combatió contra los fascistas del general Franco: «Creo que luchar y perder es preferible, incluso desde el punto de vista de la supervivencia, a rendirse sin dar batalla». En este sentido, la «lucha» no siempre tiene que ser violenta. Mi estancia en Palestina también me ayudó a comprender aún mejor que lo que nuestros gobernantes hacen en nuestro nombre está siempre distorsionado por los medios de comunicación. Esta desconexión entre la verdad y lo que asimilamos es esencial para mantener la aquiescencia pasiva de la población estadounidense ante los grandes delitos cometidos en su nombre. Las autoridades son conscientes de que, si la gente supiera la verdad, les presionaría para que pusieran fin a atrocidades como la matanza de Gaza en 2014 o la matanza de Iraq, que comenzó en 2003 y continúa hasta el día de hoy. De hecho, uno de los programas de limpieza étnica más silenciosos de todos los realizados con el apoyo diplomático y militar estadounidense tuvo lugar en el este de Turquía y continúa en la actualidad.

Diyarbakir (Turquía)

Había estado antes en Turquía, pero nunca en el olvidado sureste, el reducto de la considerable y en extremo oprimida minoría kurda del país. En el año 2012 llegué a las cuatro de la madrugada a Diyarbakir, capital de lo que los habitantes del lugar llaman Kurdistán, y la compañía aérea perdió mi equipaje. Salí para buscar un taxi, que me llevó hasta las imponentes murallas que rodean la ciudad vieja, donde pasé una noche sin dormir en un lúgubre hotel. Reparé en que el libro de registro estaba lleno de nombres de Iraq: alguno de Mosul, otro de Kirkuk y otro más de Bagdad. Diyarbakir está a solo 265 kilómetros de Iraq, otro país en el que la minoría kurda ha sido tratada con brutalidad. Sin embargo ahora, tras la invasión y ocupación de los ejércitos británico y estadounidense de Iraq, los kurdos gozan de mayor autonomía que nunca. Al mismo tiempo, el gobierno turco temía cada vez más esta recién conquistada independencia. Cuando desperté por la mañana era como si ya no estuviera en Turquía. Diyarbakir parecía siglos más antigua que Estambul, con sus vallas publicitarias de Gucci y unas élites obsesionadas por la apariencia física. Atravesé las murallas de la ciudad por el sur y vi un inmenso panorama de colinas verdes onduladas con un imponente puente de piedra a lo lejos que atravesaba el río Tigris, que discurre hacia Iraq. Había concertado una cita con Nurcan Baysal, una activista turca que era amiga de un amigo, en las oficinas de su organización no gubernamental de la calle Lise Caddesi, justo al otro lado de las murallas. Era una oficina grande y bien cuidada, sobre cuyas mesas se veían informes redactados por el colectivo. Nurcan era veterana hablando con periodistas, pero eso no frenaba su tono vehemente a la hora de expresarse. Era joven y una modélica mujer kurda que había estado en primera línea de la lucha por la libertad y la independencia que su pueblo lleva persiguiendo durante siglos. Para favorecer esa lucha, fundó Disa, una organización kurda dedicada a la investigación que combatía el monopolio del Estado turco y sus medios de comunicación en la narración del conflicto entre el gobierno y la población kurda. «Me enerva la gente de Occidente que no indaga —me contaba Nurcan—. En Estambul y Ankara hay muchos institutos y ellos sí investigan sobre el pueblo kurdo, pero están gestionados por población turca. La mayoría de los extranjeros conocen la cuestión kurda en abstracto, nosotros la conocemos de nacimiento». Muchas instituciones que trabajan sobre las migraciones forzosas en el sureste de Turquía llaman a las víctimas simplemente «población interior desplazada», por ejemplo. «Pero cuando se utiliza la expresión “población interior desplazada” se puede traducir al turco de dos formas —añadía—. La traducción principal sugiere que lo sucedido es una cosa pasiva, como si los kurdos fueran y vinieran a su antojo. La población kurda quiere que se utilice la expresión “migración forzosa”, quiere que la gente comprenda que se utilizó la fuerza».

En los años ochenta y noventa, con el apoyo diplomático y armas estadounidenses, el ejército turco desalojó grandes zonas del sureste kurdo en nombre de la lucha contra el terrorismo; en este momento, eso lo encarna el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Fue simplemente una guerra contra la población kurda, que, al igual que la población indígena de Guatemala durante la guerra civil instigada por Estados Unidos, pasó a ser considerada en su conjunto como un grupo leninista, con independencia de sus actividades. Hoy, en Diyarbakir campa a sus anchas la pobreza, sobre todo debida a los millares de personas que llegaron aquí desde sus aldeas tras las migraciones forzosas. El pueblo kurdo de Turquía ha vivido en realidad una pesadilla ininterrumpida desde que se fundó la República de Turquía, en 1923. Kemal Ataturk, el héroe de guerra y fundador de la Turquía moderna, aspiraba a tener un país etnocéntrico, lo que significó despojar a los kurdos de su identidad y acabar nombrándolos como «los turcos de las montañas». Estos se han pasado los noventa años transcurridos desde entonces resistiendo a un Estado racista que les prohíbe hablar su lengua y expresar las manifestaciones tradicionales de su cultura y que trata de erradicar el menor recuerdo de su diferente linaje. Ataturk masacró a los kurdos que se oponían a su proyecto, pero quienes asumieron su misión —hoy llamados kemalistas— se han vuelto más extremistas que su ídolo. Desde los tiempos de Ataturk, durante todo el siglo XX una élite secular con tintes fascistas ha dominado la política turca y ha liquidado la democracia cada vez que sentía la amenaza de que alguien quería usurpar su poder. Mientras tanto, la élite construyó una Turquía que se ajustara a sus intereses: forjó un vínculo estrecho con el imperio estadounidense y su extorsión a medida que este consolidaba su dominio por todo Oriente Próximo repartiendo dinero en efectivo a través de instituciones financieras internacionales entre una clase rentista bien alimentada. El actual grupo de nacionalistas autoritarios sigue utilizando una indecente Constitución, promulgada en 1981 por el general fascista Kenan Evren tras un golpe militar. Ese documento ha perseguido a Turquía desde entonces y ha provocado que miles de personas agoten su existencia en las cárceles o que se acabe a sangre fría con la vida de otros muchos simplemente por hablar.

La táctica del gobierno turco para combatir la intifada kurda en la década de los ochenta estaba tomada directamente del manual del Imperio británico, al que los turcos combatieron y derrotaron en su propia guerra de independencia. En 1985, el primer ministro turco Turgut Özal, buen amigo de Margaret Thatcher, asimiló a una pequeña élite de las aldeas kurdas del sureste y le entregó un montón de armamento suministrado por Estados Unidos con la orden de librar batalla contra el PKK. El gobierno turco encomendó a estas unidades paramilitares, llamadas Guardias Rurales, que controlaran el sureste desde el interior y cerró los ojos a toda la variedad de atrocidades que cometieron. Human Rights Watch se ha opuesto al sistema de Guardias Rurales desde 1987, el año que hicieron público su primer informe sobre la materia, State of Flux: Human Rights in Turkey. Ya en aquella época documentaba la incipiente evidencia de «brutalidad y corrupción en las Guardias Rurales». La drástica y brutal represión estatal impuesta en el sureste en la década de los noventa —respaldada por Estados Unidos bajo el disfraz de guerra contra el terrorismo y provista de armas por el gobierno de John Major en el Reino Unido y de Bill Clinton en Estados Unidos— supuso la destrucción de centenares de aldeas, con una política de tierra quemada y el desplazamiento de millares de civiles kurdos. En la primera década de este siglo, el gobierno islamista del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) suavizó las restricciones sobre el uso de la lengua kurda en los medios de comunicación y las escuelas, que antes estaba prohibida. Se levantó la ley marcial impuesta en la zona y el AKP autorizó la creación de la primera emisora de televisión en lengua kurda; al mismo tiempo, el encarcelamiento de políticos kurdos y la prohibición de sus partidos políticos también se redujeron en cierto modo. Pero en este periodo de glasnost y reconciliación bajo el gobierno del AKP se mantuvo el sistema de Guardias Rurales, aun cuando su raison d’être fuera desapareciendo. Había una verdadera esperanza de que llegara el cambio, pues el partido islamista, que había sido víctima de una represión durísima, parecía ofrecer otra manera de hacer las cosas. Como dice un proverbio kurdo, las víctimas comprenden a las víctimas. Pero no fue así. La «apertura democrática» se detuvo en seco en 2010, cuando entraron en Diyabakir siete combatientes del PKK entre los vítores de sus habitantes, muchos de los cuales volvían a ver por primera vez a parientes desaparecidos hacía mucho tiempo. Nurcan explicaba que aquel día ella estaba en la oficina. «Estaba con un joven estudiante kurdo. Fui a ver lo que hacía la gente y, por supuesto, las felicitaciones a los combatientes no cesaban, era como una fiesta. Estaba trabajando y pensé: “Nurcan, no los creas, no te alegres, algo malo va a pasar”. Y tengo treinta y siete años, viví la década de los noventa». La intuición no la engañaba. «Vi a una anciana kurda llorando —prosiguió—. Le pregunté por qué lloraba y la anciana me dijo que era porque ese día era baynam, que significa celebración. La sacudí un poco y le dije que no los creyera, que no había ninguna celebración, que no sabía las cosas malas que iban a hacer a partir de ese día».

Mientras tanto, en los principales medios de comunicación turcos se proclamaba que los desagradecidos kurdos estaban celebrando el regreso del terrorista PKK. Pero lo que no decían era que muchas de esas personas celebraban el regreso de sus seres queridos. «Son nuestros hijos —decía Nurcan—. Es muy importante. En la calle vi a muchas ancianas que contemplaban cómo regresaban estos combatientes y pensaban que tal vez el próximo en aparecer fuera su hijo. Por esa razón salieron a celebrarlo». Al final, los siete combatientes fueron encarcelados junto con los miles de presos políticos kurdos retenidos bajo acusaciones espurias. La ventana del cambio se cerró y regresó la represión habitual. «Es difícil llamar la atención de los medios de comunicación occidentales, porque Turquía es un aliado de Estados Unidos —comentaba Nurcan—. También es difícil llamar la atención de la opinión pública turca. A veces me parece que estamos en otro mundo, que no vivimos en el mismo país. Lo que decimos aquí, en Diyarbakir, es distinto de lo que dicen en Ankara o en Estambul. Es muy difícil llamar su atención». Los medios de comunicación turcos nunca han sido libres: la población turca de a pie no sabe lo que está sucediendo; si quiere saberlo, tiene que ir a buscarlo. La mayoría de los turcos, como la mayoría de los estadounidenses, no verifican nada.

Nurcan es una kurda asimilada, y hay millones de personas como ella: no saben kurdo, sueñan en turco, el turco es su lengua principal. Millones de personas kurdas viven hoy día en el oeste de Turquía, en Izmir o Estambul, que cuenta con la población kurda más numerosa del mundo (cinco millones). Pero saben lo que ha pasado. Y no pretenden olvidarlo y dejar ganar a los opresores. «En lo más profundo de mi mente y mi corazón, no sé si puedo perdonarles lo que hicieron», me contaba. Muchos turcos no pueden entender por qué se queja alguien como Nurcan, que goza de las ventajas que ofrece la Turquía moderna. «Me preguntan por qué me entristece no hablar mi lengua materna. “Es muy bueno que hayas aprendido turco al crecer, que tengas la oportunidad de ir a todas esas universidades; disfruta de ser turca, sin más”. No piensan que, como no hablo mi lengua materna debido a las restricciones de aquella época, nunca tuve una relación muy estrecha con mi madre y nunca tuve oportunidad de hablar con mi abuela ni con mi tía. Es como si hubiera caído del cielo, como si no tuviera pasado. Piensan que están haciendo algo bueno por nosotros, es ridículo. Después de esta reunión iré a comprar libros y regalos para mis amigos encarcelados. Y cuando digo a mis amigos de Estambul que todos mis amigos están en la cárcel de Diyarbakir me responden: “¿De verdad?”. Y lo cierto es que todavía me queda un poco de paciencia para relacionarme con gente turca y tratar de contarles lo que está sucediendo. Pero al cabo de un rato me pregunto: “¿Para qué?”».

El más emblemático de los muchos pecados cometidos contra el pueblo kurdo durante la prolongada campaña «contrainsurgente» de los años ochenta y noventa fue la prohibición de la lengua kurda. En el afán del Estado turco por disipar todo atisbo de identidad kurda independiente de Turquía, la destrucción del fundamental artefacto cultural que es el lenguaje fue esencial. Nurcan me contó que vio a alguien muerto a tiros en la calle porque se le había oído hablar kurdo; y en su colegio, si se oía a algún niño utilizar una palabra kurda, tan solo una, se le sacaba de clase y se le pegaba una paliza.

Los kurdos que se negaban a ser asimilados como simples «turcos de las montañas» fueron torturados, asesinados o acabaron «desaparecidos», y aldeas enteras fueron arrasadas en la lucha contra el «enemigo público», que en teoría era el PKK, pero en realidad acabó siendo la comunidad kurda en general, sobre todo quienes se negaban a acatar el genocidio cultural que se les imponía. En Diyarbakir la gente habla sobre todo turco, pero cuando se sale a la periferia de la ciudad se puede comprobar que no han olvidado el kurdo; se sigue utilizando a pesar de las diferentes tentativas de arrancárselo literalmente de la cabeza.

En las décadas de los ochenta y los noventa, los niños ni siquiera sabían que eran kurdos. La continua criminalización de todo lo kurdo por parte del gobierno y el ejército hacía que muchos se avergonzaran de serlo. «Mi madre y mi padre vinieron desde una aldea, no recibieron educación y el principal objetivo de la mayor parte de las familias de aquella época, como también de esta, era protegernos —me relataba Nurcan—. Yo veía que el profesor no hablaba kurdo y decían que el kurdo era malo, así que yo me creía que el kurdo era malo y quien lo hablaba también. Mi mente razonaba así. Y lo pensaba de verdad, porque a veces mi madre hablaba kurdo y yo me preguntaba si era mala. En aquella época nos avergonzaba ser kurdos, porque la escuela y toda la sociedad era lo que nos decían. Por una parte, nos avergonzaba; por otra, nos daba miedo. Por ejemplo, me rompí todos los dientes y durante algún tiempo tuve que estar yendo al hospital todas las semanas para que me los recompusieran, pero tenía miedo y me preguntaba qué nos harían si a mi madre se le escapaba y decía algo en kurdo. Tal vez no hubiera ocurrido nada, pero yo pasé mucho miedo. Recuerdo que en aquella época mataron a muchísima gente. Por poner solo un ejemplo, recuerdo que en esta misma calle mataron al padre de un amigo mío porque estaba vendiendo un periódico. Ni siquiera era un periódico en kurdo, solo eran artículos sobre los derechos del pueblo kurdo».

El chico de oro

Estados Unidos ha sido un aliado acérrimo de Turquía en la Guerra Fría durante más de medio siglo. Sigue vendiendo armamento a Turquía y ha traicionado a los kurdos en muchas ocasiones, las más célebres en 1975, cuando Henry Kissinger permitió que los masacraran, y en 1991, cuando George Bush padre, que les había pedido que se rebelaran contra Sadam Husein, permitió después que el dictador los masacrara. La situación cambió un poco tras el ataque a Iraq en 2003, momento en el cual los kurdos del Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) creyeron que podrían convertirse en aliados firmes de Estados Unidos, dentro de la dinámica de cambio en Oriente Próximo. El motivo es que Estados Unidos necesita aliados sólidos en la región, como el KRG o Israel. La gente del KRG cree, tal vez ingenuamente, que ahora Estados Unidos no puede darles la espalda. «Si yo fuera ciudadana estadounidense, me preguntaría por qué mis impuestos sirvieron para comprar esas armas y matar a esa gente —reflexionaba Nurcan—. No entiendo por qué no se lo cuestionan. No digo que la guerra en la que nos encontramos sea responsabilidad de Estados Unidos, claro, no es así; pero sigue siendo por culpa de las armas; si no hubiera armas, no se podría mantener la guerra… Y las armas vienen de Estados Unidos».

Jack Hess, un joven y valiente estadounidense, vio lo que se estaba haciendo en su nombre y decidió reaccionar de algún modo. Se marchó a vivir a Diyarbakir y sus inmediaciones, en el sureste del país, para investigar las atrocidades contra los derechos humanos cometidas con armas pagadas con sus impuestos. Lo que sucedió después fue una aterradora pero saludable historia. Fue detenido en 2010 y deportado bajo la acusación de «terrorista», lo que más concretamente significaba «apoyar de forma consciente o deliberada a una organización terrorista sin formar parte de su estructura jerárquica».

«Estuve bajo custodia unas diez noches —me contó—. Durante los interrogatorios me preguntaron por las informaciones que había transmitido sobre violación de derechos humanos, por mis contactos con organizaciones no gubernamentales de Gran Bretaña y Turquía y por mis opiniones sobre cuestiones políticas». A diferencia de otros activistas kurdos menos afortunados, Hess no fue torturado. La posición pública del gobierno es de «tolerancia cero» con la tortura, pero, si eres uno de los miles de presos políticos kurdos de Turquía —encarcelados a menudo durante años sin condena—, esa retórica moralista no se suele traducir en una política concreta sobre el terreno. La embajada estadounidense ofreció a Hess ayuda consular para garantizar su liberación de todas aquellas acusaciones falsas, pero este la rechazó. La razón de su rechazo era denunciar que no hubieran puesto ningún obstáculo al trato que se continuaba dispensando a los disidentes y activistas políticos kurdos. «En la década de los noventa, esas personas habrían desaparecido o habrían sido asesinadas; ahora se las encarcela indefinidamente —me explicó—. El gobierno estadounidense lleva años asesinando a periodistas de forma directa o indirecta. Bombardearon Al Jazeera en Iraq y Afganistán. Bombardearon la Radio Televisión de Serbia en 1999, donde mataron a dieciséis civiles. Estados Unidos fue el principal apoyo militar de Turquía cuando en la década de los noventa eran asesinados decenas de periodistas y sigue ofreciendo respaldo político y militar esencial para el actual ataque de Ankara contra el movimiento kurdo. Por supuesto, en semejante situación no podía aceptar la ayuda de la embajada».

La mayoría de los estadounidenses que tuviera noticia de semejante brutalidad quedaría impresionada al enterarse de que los dólares de sus impuestos han servido para apoyar esta política racista y genocida contra los kurdos de Turquía. De hecho, Estados Unidos y Turquía han tenido uno de los lazos de seguridad más estrechos del mundo desde los comienzos de la Guerra Fría, pues se consideraba a Turquía un Estado situado en la primera línea del frente de la alianza de la OTAN contra la Unión Soviética. En una historia poco contada, Turquía fue el lugar donde Estados Unidos desplegó sus misiles Júpiter —equipados con cabezas nucleares—, justo en la frontera con la Unión Soviética; esto fue lo que llevó a los rusos a desplegar cabezas nucleares en Cuba, lo que, a su vez, precipitó un año después la crisis cubana de los misiles. La Operación Gladio, auspiciada por la OTAN, equipó ejércitos clandestinos «de retaguardia» para preservar la posición de los Estados de la OTAN a principios de la Guerra Fría. Muchos analistas concluyen hoy que estas tropas se mantuvieron para convertirse en el infame «Estado profundo» de Turquía, que, según decía Hess, «es en esencia un gobierno en la sombra, no electo, que ha estado implicado en los asesinatos políticos y golpes de Estado y, en general, ha promovido el caos en el país». En Turquía, los gobiernos van y vienen; son la burocracia estatal y el ejército los que gestionan el país.

Semejante estado de cosas se ha reproducido en todos los demás países clave de la OTAN que pudieran acabar siendo susceptibles de incurrir en el comunismo, lo que abrió el camino a unas campañas brutales contra parte de las mismas fuerzas que contribuyeron a derrotar al nazismo, desde Grecia hasta España. JITEM, el escuadrón de la muerte creado para asesinar a disidentes e intelectuales kurdos en los años ochenta y noventa, también nació de estas estructuras de la OTAN. La relación militar se prolongó incluso después de que terminara la Guerra Fría. Durante la guerra sucia emprendida contra los kurdos en la década de los noventa, Estados Unidos proporcionó a Ankara el 80 por ciento de su armamento, por un valor de unos 10.500 millones de dólares. Muchas asociaciones de defensa de los derechos humanos documentaron que el material suministrado por Estados Unidos se utilizaba para cometer abusos, incluidos asesinatos extrajudiciales y destrucción de aldeas. Washington ofreció a Ankara durante su guerra contra el terrorismo en el sureste más ayuda de la que ya le había prestado durante toda la Guerra Fría.

Turquía es un país relativamente estable situado en una de las regiones estratégicas más importantes del mundo. Estados Unidos la ha utilizado como base para sus operaciones imperiales. En 2003, Turquía no permitió a Estados Unidos que abriera un frente septentrional en Iraq desde territorio turco. Sin embargo, poco después Ankara autorizó a Estados Unidos que utilizara su territorio como eje de transporte para las operaciones de Afganistán e Iraq. En un testimonio prestado ante el Congreso estadounidense en marzo de 2007, Robert Wexler, un defensor de Turquía que entonces era presidente de la subcomisión de Europa del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso, señaló: «Estados Unidos depende enormemente de Turquía para la consecución de objetivos comunes en apoyo de los pueblos iraquí y afgano», palabras con las que se refería a la brutal ocupación militar de ambos países. Proseguía: «Conseguir la autorización de Turquía para que la aviación militar estadounidense sobrevuele una franja de su territorio reviste una importancia crítica para nuestras operaciones militares tanto en Iraq como en Afganistán». Y a continuación señalaba: «Turquía […] ofrece amplio apoyo logístico a nuestras tropas en Iraq. Este soporte vital fundamental incluye el núcleo de transporte de cargamento de la base aérea de Incirlik, a través de la cual […] trasladamos a Iraq el 74 por ciento de nuestros suministros». De hecho Wexler explicaba: «La gran mayoría de los recursos militares empleados por las tropas estadounidenses se introducen en Turquía y después se transportan a Iraq».

En un artículo de opinión publicado en 1997 por The Wall Street Journal, el alto cargo republicano de política exterior Zalmay Khalilzad resumía la importancia de Turquía por la geopolítica de la energía. Sostenía que Estados Unidos y Turquía «deberían trabajar juntos para garantizar la seguridad de las regiones del golfo Pérsico y la cuenca del mar Caspio. Estados Unidos ya tiene acuerdos de seguridad en el golfo, una zona esencial para el suministro de petróleo de todo el mundo. No obstante, la importancia relativa de la región del Caspio aumenta debido a sus fabulosas reservas de gas natural y petróleo […]. Las instalaciones militares turcas ofrecen una localización excelente para proyectar el poder tanto hacia el golfo [Pérsico] como a la cuenca del mar Caspio. Buena parte de los recursos energéticos mundiales se encuentran a menos de 1.600 kilómetros de Incirlik. El acceso a las bases turcas puede reducir la cantidad de presencia militar necesaria en algunos Estados del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. Turquía también ofrece una ruta viable para los oleoductos, a fin de traer parte del petróleo y el gas desde el mar Caspio hasta los mercados mundiales».[34]

Estados Unidos ha respaldado plenamente la guerra de Turquía contra el PKK, a pesar de que existe un acuerdo casi unánime de que no hay «solución militar» al conflicto. Los gobiernos de Bush y Obama han declarado al PKK «enemigo común» y Estados Unidos presta al ejército turco servicios de inteligencia sobre los movimientos del PKK en el norte de Iraq. Los cables de WikiLeaks muestran que Estados Unidos suministra drones a Turquía con entusiasmo, pese al espantoso historial de este país en asuntos de derechos humanos que nunca parecen surgir en las reuniones entre los diplomáticos turcos y estadounidenses. El PKK es un movimiento popular de orientación izquierdista que lleva decenios desafiando al segundo mayor ejército de la OTAN y a su patrón estadounidense, de modo que debe ser aplastado. Han cometido violaciones de los derechos humanos durante años, pero en ningún caso se acercan siquiera al extremo de Turquía, de modo que la oposición estadounidense no puede basarse en ningún fundamento humanitario.

Muchos miles de activistas y políticos, entre ellos alcaldes electos, defensores de los derechos humanos, periodistas, defensoras de los derechos de la mujer y estudiantes han sido detenidos y acusados de «terrorismo». Hasta el momento ha habido muy pocas condenas o absoluciones; miles de personas han sido retenidas en cárceles durante años sin sentencia alguna. «He examinado varios escritos de acusación de estos casos y es indiscutible que estas personas están siendo juzgadas por motivos políticos», afirmaba Hess.

En los últimos años, Turquía se ha implicado cada vez más en Oriente Próximo. Su compromiso con Siria e Irán, junto con Hamás, en ocasiones la ha llevado a una situación conflictiva con el frente reaccionario formado en la región por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, lo que ha desencadenado una considerable indignación en los círculos políticos de Washington. A pesar del amplio debate acerca de cómo Occidente ha «perdido» a Turquía en los últimos años, Estados Unidos podría alegrarse en realidad de que Turquía esté desempeñando un papel más asertivo en Oriente Próximo para convertirse en una especie de alternativa o rival de Irán y Hezbolá, los cuales parecen haber perdido influencia desde la Primavera Árabe. Básicamente, Estados Unidos sería capaz de conservar parte de su menguante influencia en la región a través de una Turquía activa y comprometida. En los últimos años, Turquía ha sufrido algunos reveses en política exterior y parece muy improbable que Ankara se aparte por completo de Estados Unidos.

«No creo que los estadounidenses estén tan al tanto de la situación», decía Hess. Algunas ONG estadounidenses realizaron un gran trabajo de documentación de las atrocidades turcas financiadas por Estados Unidos en la década de los noventa, pero recibieron muy poca atención en comparación, pongamos por caso, con las atrocidades de Bosnia o Kosovo. En los últimos años, las grandes empresas de comunicación y cada vez más grupos de expertos de las clases dominantes han empezado a criticar a Turquía, sobre todo porque Ankara ha desafiado a Washington en unas cuantas cuestiones importantes, en especial el conflicto palestino-israelí. Hess añadía: «La cobertura informativa no se aproxima ni por asomo a la que debería ser y todavía no hay ningún corresponsal extranjero destinado en el sureste de Turquía. Deja mucho que desear. Llama la atención la frecuencia con la que personas supuestamente expertas en Turquía dan detalles elementales equivocados sobre el conflicto. Por ejemplo, en los medios de comunicación se describe de forma casi universal al PKK como “separatista”, aun cuando a principios de la década de los noventa renunciara a su exigencia de un Estado independiente. Cuando los periodistas dan información sobre los kurdos, suelen citar en exceso a “expertos” occidentales o turcos y, sin que se sepa por qué, se sienten obligados a señalar continuamente que la Unión Europea y Estados Unidos consideran que el PKK es una “organización terrorista”. Muy bien, pero ¿qué piensan los kurdos acerca del PKK? ¿Acaso no importa su punto de vista? Parece traslucirse cierta arrogancia, según la cual las únicas personas que pueden hablar de los kurdos son los “expertos” turcos o estadounidenses que hablan inglés y tienen títulos muy adornados. Aparte de los kurdos, la cobertura informativa estadounidense de Turquía se basa en dicotomías simplistas que encajan fácilmente con los prejuicios occidentales, como “Oriente frente a Occidente” o “secular frente a islámico”. La prensa no refleja la realidad de Turquía».

En el año 2004, cuando visitó Turquía, George W. Bush se mostró muy efusivo al referirse al AKP: «Agradezco mucho el ejemplo que ha dado su país de cómo ser un país musulmán y, al mismo tiempo, un país que suscriba la democracia y el Estado de derecho y la libertad».[35] Lo que Bush no mencionó, pero sin duda era de interés para su gobierno y sus amigos del Fondo Monetario Internacional (FMI), era que aunque el presidente Recip Tayyip Erdogan fuera moderado en cuestiones religiosas, el AKP era fundamentalista desde el punto de vista económico, empecinado en convertir Turquía en un experimento del FMI. Aunque el AKP hizo campaña con promesas a los pobres y las clases trabajadoras, tan solo un mes después de ser elegido en noviembre de 2002, el partido anunció sus planes de emprender la privatización masiva de una serie de sectores de titularidad estatal, desde la compañía aérea nacional hasta la compañía petrolera antes nacionalizada. Abdüllatif Şener, vicepresidente en aquel momento, reconoció que le había servido de inspiración Margaret Thatcher; uno de sus socios más próximos, Turgut Bozkurt, director de la Oficina de Privatizaciones, expuso con detalle sus ambiciones, extraídas directamente del manual thatcheriano: «El objetivo básico es transformar la economía para que deje de ser una economía impulsada por el Estado y convertirla en una economía liberal impulsada por el mercado —anunciaba—. Transferir empresas de titularidad estatal a las competentes manos de empresarios privados contribuirá a racionalizar su estructura y gestionarlas según principios racionales o científicos con el fin de alcanzar los resultados deseados».

Como en el caso de los aliados más estrechos de Estados Unidos, la economía de Turquía se ha vuelto poco a poco más parecida a la de su patrón. En el sureste de Turquía desapareció la agricultura tras las migraciones forzosas de la década de los noventa y las medidas económicas neoliberales de la década de los ochenta. Es un motivo recurrente en todos los países «en vías de desarrollo». Hace veinte años, el sureste de Turquía vendía animales por todo el mundo, igual que los campesinos haitianos vendían antaño arroz o los mexicanos vendían maíz. Eso era antes de que la extorsión se apoderara del territorio. Ahora, en esta región de Turquía solo se compran animales. En una zona próxima a Diyarbakir hay montones de aldeas y en un pasado no muy lejano todo el alimento de la ciudad procedía de esa misma región. Ahora, los niños que todavía viven allí escarban en la basura de Izmir. Debido a la falta de producción, las principales ciudades, concretamente Estambul, se han inundado de población kurda emigrada desde las zonas rurales. Ahora conforman una subclase y a menudo viven diez personas en una sola habitación en condiciones penosas. Cuando uno va a Estambul, los niños que se dedican allí a limpiar son kurdos; cuando uno va a Izmir, los niños que rebuscan en la basura son kurdos. Casi todas las gecekondus[36] de Estambul también están llenas de kurdos. Se parece mucho a una situación de apartheid; sin duda, es apartheid económico. Todos los años mueren más de doscientos trabajadores, porque no hay seguridad laboral. La mayoría son kurdos, sus vidas son prescindibles. «Siempre pienso que, si fuéramos de color, si tuviéramos la piel negra o roja, estoy segura de que, entonces, la gente de Turquía lo vería —comentaba Nurcan—. Ahora no lo ven, pero la pobreza en Turquía tiene un color, una raza. Es como un apartheid y quienes están en las peores condiciones son los kurdos». Sin embargo, el Estado turco no contaba con que vivir en unas habitaciones tan reducidas y en circunstancias tan apuradas daría lugar a una voluntad política muy marcada entre los kurdos. Si en algún momento deciden volver a levantarse, tendrán mucho poder y la guerra contra ellos volverá a ser feroz. La extorsión no teme utilizar la fuerza para hacer realidad sus ambiciones geopolíticas.

07
La ley del más fuerte

La guerra

Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como una de las tres potencias económicas más importantes del mundo, siendo las otras dos Europa occidental y la Unión Soviética. La situación permaneció en buena medida invariable hasta que «los tigres» de la economía del este de Asia sustituyeron a la Unión Soviética en la organización económica tripartita. El ámbito en el que Estados Unidos domina de forma abrumadora es en el poderío militar. La Guerra Fría ya estaba en fase embrionaria en 1945. Desde entonces hasta la desintegración de la Unión Soviética, Estados Unidos y sus aliados occidentales sostenían que estaban «conteniendo» a la Unión Soviética. Sería más preciso decir que la Unión Soviética estaba «conteniendo» a Estados Unidos. Según Edward S. Herman, «la Unión Soviética era en realidad una potencia regional bastante débil y defensiva». Por otra parte, Estados Unidos se había dedicado a establecer Estados de seguridad por toda América Latina y África y tenía bajo control a Europa occidental a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La Unión Soviética no planteaba un problema militar en el sentido en que lo afirmaba la retórica pública. El problema era el «virus» del «nacionalismo independiente», que era probable que infectara al resto del mundo con ideas de igualdad e independencia. El deseo de las élites empresariales estadounidenses de mantener el gasto militar a gran escala y el de las élites políticas de mantener sujetas a sus poblaciones supuso que la amenaza de una invasión soviética se convirtiera en figura habitual de la retórica. El gasto militar se disparó en las décadas de los cincuenta y los sesenta. Sin embargo, en aquella época —según Ken Livingstone, exdiputado y primer alcalde de Londres, que estuvo implicado en la política internacional durante todo aquel periodo—, «la Guerra Fría fue en gran medida una ficción, porque Estados Unidos tenía veinte veces más misiles nucleares que los soviéticos». El historiador Niall Ferguson discrepa y escribe que la Guerra Fría fue un periodo «en el que el objetivo de la política fue la contención de la expansión soviética, más que la construcción de una nación democrática». La excusa del gasto militar se vino abajo junto con la del «Imperio del mal» de principios de la década de los noventa, pero el mantenimiento de un gasto militar hinchado demuestra que el objetivo de Estados Unidos solo guardaba una relación vaga con la Unión Soviética. Durante los años noventa y hasta la actualidad, el poderío militar estadounidense no ha tenido rival. Desde el final de la Guerra Fría, casi todos los presupuestos militares del mundo han disminuido, excepto el de Estados Unidos. En 2001, el presupuesto militar estadounidense representaba el 36 por ciento del de todo el mundo; seis veces más alto que el de la segunda potencia, Rusia, y siete veces superior al de las tres siguientes juntas: Francia, Reino Unido y Japón. El presupuesto estadounidense del año 2003 elevó su gasto militar hasta el 40 por ciento del total mundial. Supera el gasto de los siguientes diez países juntos. Todo esto sin ninguna amenaza soviética ni nada equivalente. Como veremos, cuando cayó la Unión Soviética, Estados Unidos recurrió a otros pretextos para mantener un presupuesto militar elevado, como la guerra contra las drogas.

El desaparecido historiador Howard Zinn me contó lo siguiente cuando le vi en Boston: «Muchas veces, la economía del imperio requiere la militarización de la economía, que entonces mata de hambre a la economía doméstica y, en última instancia, causa un colapso». En términos de superioridad militar, las bases militares que Estados Unidos desplegó por todo el mundo durante la Guerra Fría han sido más importantes que la potencia de fuego convencional o nuclear. El Pentágono dice que en la actualidad hay instalaciones militares en 132 países. Solo la mitad de ellas están plenamente operativas, pero las bases existentes implican que nada queda fuera del alcance de un ataque estadounidense. El ejecutivo estadounidense se ha dedicado a acumular a propósito estos puestos avanzados desde la Segunda Guerra Mundial, lo que ha supuesto en ocasiones trabar acuerdos con gobiernos repugnantes y, en el caso de la isla de Diego García en 1966, la repatriación de población indígena. Noam Chomsky me dijo que las llamadas guerras subsidiarias se volvieron habituales porque el gobierno «al principio pretendía emplear tropas estadounidenses […], pero hubo tanta protesta popular que recurrieron a la llamada “guerra clandestina”». Esto supuso que no hiciera falta una ofensiva propagandística a gran escala y no se prodigara palabrería de idealismo moralista. Chomsky proseguía: «Guerra clandestina es una guerra cuya existencia conoce todo el mundo menos la población estadounidense; se les ocultaba, y se libraba con una red terrorista internacional en la que Gran Bretaña colaboraba conscientemente. Esta red se sustentaba gracias a Taiwán, Israel, los neonazis argentinos hasta que fueron rechazados, la financiación de Arabia Saudí y el apoyo británico. Así que era una especie de red terrorista internacional que se utilizaba para apoyar a gobiernos criminales de América Central que recurrían al terrorismo de Estado y, en el caso del único gobierno cuyas fuerzas de seguridad no controlaban, Nicaragua, solo se utilizaba para atacarlo. Hubo una guerra terrorista contra Nicaragua, por la que de hecho se condenó a Estados Unidos en el Tribunal Internacional de Justicia y en el Consejo de Seguridad; Estados Unidos vetó la resolución y Gran Bretaña fue leal y se abstuvo».

Una de las principales instituciones de la imposición mediante la violencia es la OTAN, que entró en vigor en abril de 1949. Es un tratado militar entre países occidentales que supuestamente compromete a todos los firmantes a defender a sus aliados en caso de que sean atacados. En la práctica se convirtió en un vehículo para que Estados Unidos protegiera sus intereses en Europa occidental. Según el historiador Michael Mann, «los demás Estados del norte han quedado bajo protección desde 1945, incapaces de defenderse contra el comunismo sin la ayuda estadounidense». En consecuencia, «Estados Unidos dominó organizaciones de seguridad como la OTAN». En su momento fue la primera alianza militar estadounidense con Europa en ciento setenta y un años. Estrategas como el influyente Dean Acheson cacarearon la idea de que la OTAN había sido diseñada con el fin de «desarrollar la capacidad individual y colectiva para resistir ataques armados».[37] Se decía que era una organización netamente defensiva. En cambio, el historiador Walter LaFeber sostenía que la OTAN había sido creada por Estados Unidos sabiendo que «ahora podía dominar una alianza y utilizar a sus socios para que llevaran a cabo los objetivos de política exterior estadounidenses». Los objetivos a que alude LaFeber tenían una doble función. La primera era limitar la propagación del comunismo soviético en Europa occidental y la segunda, restablecer la independencia y el poder de Alemania Occidental. La OTAN triunfó en buena medida en ambos objetivos y, aparte de algún retroceso durante la presidencia de Charles de Gaulle en Francia (1958-1969), Estados Unidos consiguió conservar su singular papel dentro de la organización. En un informe dirigido al presidente Eisenhower y al primer ministro Harold Macmillan, De Gaulle se quejaba de que la «estrategia mundial tripartita» no incluyera a Francia. A su vez, Eisenhower escribió: «Estados Unidos no tenía ninguna ambición de echarse a la espalda la pesada responsabilidad que se había cargado sobre ellos en la OTAN».

Aun cuando, con el paso de las décadas, la alianza se mantuvo fuerte y creció hasta incluir a otros países, su primera operación militar no tuvo lugar hasta después de la caída de la Unión Soviética. Se produjo en Kosovo en 1999 y marcó la supuesta metamorfosis de esta «alianza defensiva» para convertirse en una fuerza de «intervención humanitaria». El militarismo de la OTAN marcaba ahora en apariencia un nuevo y hermoso momento del programa altruista de la extorsión. El 10 de junio de 1999, tras la finalización del bombardeo de Serbia y Kosovo, el presidente Bill Clinton comentó: «Se ha dado respuesta a las demandas de una comunidad internacional indignada y unida […]. Gracias a nuestra resolución, el siglo XX no está terminando con impotencia, sino con una afirmación esperanzada de la dignidad humana y los derechos humanos para el siglo XXI».[38] En realidad, Estados Unidos y sus aliados habían diseñado las conversaciones de paz —denominadas Acuerdo de Rambouillet— para que fracasaran. Quienes propugnaban la guerra sabían que el presidente yugoslavo Slobodan Milosevic jamás aceptaría la condición de que las tropas de la OTAN tuvieran libertad para operar no solo en todo Kosovo, sino en toda Serbia. Fue el típico movimiento habilidoso de los extorsionistas, una medida que quedó para la sala de trofeos de sus mecanismos de imposición.

Una vez más, el examen de los hechos revela un relato que tenía mucho más que ver con el interés particular que con cualquier preocupación por los derechos humanos y la dignidad. Antes de la guerra, en 1999, el secretario de Defensa estadounidense, William Cohen, afirmaba: «Ahora hemos visto desaparecer a unos 100.000 hombres [albaneses] en edad militar activa […] [que] podrían haber sido asesinados». Cuando concluyeron los bombardeos y las investigaciones no consiguieron localizar ninguna fosa común y el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra determinó que el número total de muertos en ambos bandos ascendía a 2.788. Las cifras anteriores a la guerra resultaron ser fruto de una burda manipulación y el jefe del equipo forense español lamentó la «pirueta semántica realizada por las maquinarias de propaganda de guerra».[39] La finalidad de la ofensiva militar era refundar esta organización militar venida a menos que muchos consideraban obsoleta una vez terminada la Guerra Fría, tras la desaparición del Pacto de Varsovia (que fue su antagonista). Un alto cargo de la Casa Blanca hizo pública la posición del presidente Clinton: «Desde el primer día, dijo que teníamos que ganar. Estaba absolutamente claro. Debido a las consecuencias para Estados Unidos, para la OTAN, para sus responsabilidades como comandante en jefe, teníamos que ganar».[40] El columnista William Pfaff llegó más lejos cuando, antes del conflicto, afirmó: «El debate sobre la intervención ya no es una disputa sobre los medios y los fines. Es un debate sobre el desenfreno de la OTAN y la afirmación del liderazgo internacional».[41] Por tanto, hubo que destruir el gobierno serbio para mantener la supremacía militar estadounidense en su forma institucionalizada a través de la OTAN.

Tras la desintegración de la Unión Soviética, no estaba claro el sentido de la existencia de la OTAN, pero entonces esta bombardeó Serbia y Kosovo en 1999 para garantizar la desintegración de Yugoslavia; el 11 de septiembre suministró a Occidente un nuevo enemigo; y empleó nuevas y diversas maquinaciones para dejar al margen a Rusia mientras se expandía por Europa del Este a través de Georgia y Ucrania. Como hemos expuesto, el papel de Turquía también era crucial: desde 1951 ha apoyado sin reservas a esta alianza. Durante la guerra de Israel en Líbano del año 2006, se enviaron tropas turcas en misión de «pacificación», y en Afganistán llegó a haber en cierto momento 1.300 soldados turcos. La OTAN se ha utilizado en Turquía para combatir a los activistas turcos, a los sindicalistas, a los socialistas y a otros enemigos del Estado. Se supone que los soldados de la OTAN están preparados para llevar a cabo invasiones en el extranjero, pero lo cierto es que se suele utilizar contra los demócratas.

La mafia gobierna mediante el miedo

Es verdad que ha habido relativamente pocas intervenciones militares directas de Estados Unidos. Como ya hemos analizado, el control se mantiene en buena medida apoyando desde la distancia a los elementos derechistas de un país. La fuerza militar ha sido el último recurso. Las principales excepciones a este modus operandi son la Guerra de Corea de 1953, la de Vietnam, la de Afganistán y las de Iraq. La racionalización «defensiva» se ha utilizado para legitimar aventuras militares directas durante la Guerra Fría. De hecho, respndía al deseo de sortear a las potencias comunistas expansionistas, que propagarían, por emplear la reveladora expresión de Henry Kissinger, «el virus» del «nacionalismo independiente». Los casos de Afganistán e Iraq se enmarcaron bajo la rúbrica de «guerra contra el terror», que en su conjunto conservaba el mismo marco conceptual e institucional —sustituyendo «terrorismo» por «comunismo»—, es decir, que el otro debía ser destruido a toda costa. Lejos de apoyar «la promoción de la democracia», en la historia reciente el ejército estadounidense se ha convertido en una profecía autocumplida. En su autobiografía, Colin Powell, secretario de Estado del gobierno de George W. Bush, señalaba que la asesora de seguridad nacional de Clinton, Madeleine Albright, le preguntó en tono retórico: «¿Qué sentido tiene disponer de este soberbio ejército del que siempre se está hablando si no podemos utilizarlo?».[42]

El filósofo Zygmunt Bauman vincula el actual militarismo con el retroceso económico de Estados Unidos. Me dijo lo siguiente: «No hay competitividad alguna en armamento, de eso no hay duda. Pero, si es así, entonces Estados Unidos quiere hacer el mundo a su imagen; es decir, que lo que cuenta en este mundo es la aplicación de la fuerza: quién tiene más bombas, quién tiene más misiles inteligentes, quién tiene el ejército con mayor movilidad, etcétera. Y eso es un peligro. Desde el punto de vista económico, el poder ya se ha desplazado». La guerra en Iraq, comenzada en marzo de 2003, ilustra a la perfección el deseo de Estados Unidos de utilizar la invasión extranjera directa como medio de promoción de sus intereses económicos. La guerra depuso en última instancia al dictador Sadam Husein, pero no era casualidad que las reservas petrolíferas de Iraq fueran las terceras más importantes del mundo. En apariencia, Estados Unidos está librando una «guerra contra el terror» —la misma que se diseñó en la década de los ochenta con Ronald Reagan— y «la liberación de Iraq representa un avance fundamental en la campaña contra el terror». De hecho, Sadam Husein no tuvo nada que ver con las atrocidades cometidas el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Pensilvania y Washington, pero esas atrocidades se utilizaron para correr un velo sobre el deseo preconcebido de cambiar el gobierno en Iraq. Muchos integrantes del gobierno de George W. Bush eran antes miembros de un grupo de presión llamado Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense. El documento más significativo elaborado por este grupo de expertos se titula Rebuilding America’s Defenses: Strategies, Forces and Resources for a New Century (2000) [«Reconstruir las defensas de Estados Unidos. Estrategias, fuerzas y recursos para un nuevo siglo»]. Aquí se afirmaba: «Estados Unidos lleva décadas tratando de desempeñar un papel más permanente en la seguridad regional del golfo Pérsico. Aunque el conflicto sin resolver con Iraq proporciona la justificación inmediata, la necesidad de presencia sustancial de tropas estadounidenses en el golfo Pérsico trasciende la cuestión del gobierno de Sadam Husein». Así como se utilizaba el pretexto del comunismo para entablar conflictos violentos con el fin de crear unas circunstancias económicas favorables, el «terror» se enmarca en un paradigma idéntico. La historia de la Guerra Fría muestra que Estados Unidos también se mueve por cuestiones de prestigio, y que se preocupa en especial por demostrar a sus supuestos aliados que es capaz de hacer determinadas cosas. La Guerra de Vietnam se produjo esencialmente debido a las derrotas en Corea y Laos: diversos presidentes tuvieron la sensación de que Estados Unidos tenía que demostrar su poder. Una vez que Estados Unidos había entrado en Vietnam, le resultaba extremadamente difícil salir sin una pérdida de prestigio significativa, así que el conflicto se prolongó. Los principales extorsionistas estadounidenses todavía suscriben este punto de vista.

Al hablar de Vietnam, sería una negligencia no mencionar a uno de los mafiosos más desaforados de todo el sistema, el doctor Henry Kissinger. Cuando el entonces presidente de Irán, Mahmouhd Ahmadinejad, fue invitado al campus de la Universidad de Columbia mientras yo estudiaba en la Escuela de Periodismo, se debatió durante semanas si debíamos permitirle que nos dirigiera un discurso en nuestra propia casa. El día que llegó, centenares de manifestantes protestaron por sus perniciosas afirmaciones sobre el Holocausto y sus enérgicas medidas contra los disidentes y los homosexuales, y reclamaron el retorno del secularismo a Irán. El rector de la universidad se sumó al coro y dio comienzo a su presentación con una salva retórica contra Ahmadinejad. Todo perfecto. Salvo que poco después la Escuela de Periodismo de Columbia recibió a un orador mucho peor que un negacionista del Holocausto; había sido parcialmente responsable de uno…, en realidad, de más de uno. Ese hombre es Kissinger, el asesor nacional de seguridad y secretario de Estado de los presidentes Nixon y Ford. No se hizo ninguna publicidad semejante, no hubo protestas que se le parecieran, tampoco se despertó ninguna ira; se le ofreció una calurosa y efusiva acogida y respondió preguntas sobre su experiencia en el meollo de Estados Unidos. Como se puede imaginar, la falta de publicidad fue un deseo de frenar el movimiento de protestas que acompaña a Kissinger por todo el mundo. Pero al final de su perorata, los alumnos ingenuos y confiados se hicieron fotografías con él y uno incluso le abrazó con vehemencia. Es difícil saber qué resulta más preocupante, si que una prestigiosa escuela de periodismo invite a alguien como Kissinger a hablar todos los años a pesar de su pasado o que la mayoría de los alumnos sean ajenos a lo que ese hombre ha hecho. En su libro de 2001 Juicio a Henry Kissinger, el destacado periodista ya fallecido Christopher Hitchens calificaba con trágica concreción la carnicería que Kissinger había desatado con contundencia por todo el mundo durante la época en que estuvo en el centro del poder. «Muchos, cuando no la mayoría de los cómplices de los delitos de Kissinger, están ahora en la cárcel o esperan ser juzgados, o han sido castigados o de algún modo desacreditados —escribió—. Su solitaria impunidad es repugnante; apesta». El primer holocausto tuvo que ver con el país de Timor Oriental, en el este de Asia. Fue invadido por la vecina Indonesia el 7 de diciembre de 1975. Ese mismo día, el presidente Gerald Ford y el secretario de Estado Kissinger concluían una visita oficial a Yakarta y volaban hacia Hawái. Documentos desclasificados revelan que Ford y Kissinger dieron «luz verde» al dictador indonesio para que emprendiera la invasión. Timor Oriental albergaba un movimiento independentista llamado Fretilin (Frente Revolucionario por un Timor Oriental Independiente) cuya ideología izquierdista lo situaba en el lado equivocado de la línea marcada por la Guerra Fría y, por tanto, a merced del ejército indonesio. Lo que vino después fueron casi veinticinco años de carnicerías, violaciones y torturas masivas hasta la práctica destrucción de la nación. Se calcula que durante la ocupación indonesia fueron asesinados más de 200.000 timoreses orientales, un tercio de la población del país. En términos proporcionales, es uno de los peores genocidios del siglo XX, respaldado por Kissinger y su jefe.

No es solo la falta de respeto por la vida humana lo que resulta perturbador, también los aspectos legales. Lo que Kissinger y Ford apoyaron era ilegal: Indonesia quebrantó la legislación internacional invadiendo una nación soberana, pero ellos también quebrantaron la legislación estadounidense, según la cual las armas suministradas a Indonesia solo se podían emplear en defensa propia. Pero así era la forma de actuar de Kissinger. Su falta de respeto por la vida humana solo encontraba parangón en su falta de respeto por las sutilezas legales. Su ensangrentado currículum incluye actos en otros continentes. En 1973, el gobierno democráticamente elegido del presidente chileno Salvador Allende fue eliminado violentamente por un dirigente fascista del ejército, el general Augusto Pinochet. Durante los tres años anteriores, Kissinger había formado parte intrínseca del intento de menoscabo del gobierno legal e internacionalmente reconocido de Allende. La campaña incluyó un programa para eliminar al general René Schneider, contrario al golpe, y sustituirlo por un agente con los colmillos afilados y ansia de golpe de Estado. Se ofrecieron 50.000 dólares a quien lo hiciera. Aunque la CIA se desvinculó del apoyo prestado al antiguo general del ejército Roberto Viaux poco antes del secuestro y asesinato accidental de Schneider, el entusiasmo por el golpe de Estado seguía pujando con fuerza entre los dirigentes estadounidenses. Tras el éxito del golpe, se endosaron al pueblo chileno diecisiete años de dictadura mientras la economía se abría a los especuladores occidentales. Murieron más de 3.000 personas y otros muchos «desaparecieron» o fueron torturados. Durante los años que Kissinger estuvo en el cargo se crearon escenarios similares por todo el mundo. Los kurdos fueron masacrados en tropel entre 1974 y 1975: violaciones, personas abrasadas vivas, torturas…, todo tipo de horrores imaginables después de rebelarse contra Sadam Husein con el apoyo de Kissinger. Fueron traicionados y abandonados a la muerte.

El segundo holocausto del que Kissinger fue responsable parcial fue el de Camboya, bajo el maniaco genocida Pol Pot. Durante la Guerra de Vietnam —se cree que Kissinger la prolongó con el fin de que Richard Nixon saliera elegido presidente en 1968 (en la trayectoria de Kissinger, estos delitos colosales solo son un asunto tangencial)—, ordenó el bombardeo secreto de Camboya y Laos, dos países pobres de solemnidad con los que Estados Unidos no estaba oficialmente en guerra. Entre el 18 de marzo de 1969 y mayo de 1970 se realizaron sobre Camboya 3.630 operaciones aéreas de bombardeo. Un estudio del gobierno finlandés calcula que en esta primera fase murieron 500.000 personas y se produjeron dos millones de refugiados. Algunos analistas sostienen también que esta campaña aérea, que despobló grandes zonas rurales, dio lugar al régimen de Pol Pot, que asesinó al 25 por ciento de la población camboyana.

Así que ahí lo tienen: un auténtico criminal de guerra y facilitador de carnicerías masivas. Y toda esta información era de dominio público, estaba disponible para cualquier estudiante que tuviera una mentalidad indagadora. Harto de la celebración colectiva de la Escuela de Periodismo de Columbia, pregunté a Kissinger delante de su arrebatada audiencia cómo podía conciliar el sueño por las noches. «¿Cree usted que es moralmente superior a mí?», me preguntó tras hacer una pausa. «Sí. Lo creo», respondí con confianza, anonadado ante la idea de que me tomara por un asesino de masas. Durante todo ese rato hubo en la sala quejas de compañeros y profesores, una asombrada incredulidad ante la posibilidad de que un periodista pudiera confrontar realmente a un poderoso mafioso en lugar de tratar de reforzarle el ego con las habituales preguntas fatuas. Pese a ello, se sigue suponiendo que la Universidad de Columbia tiene la mejor Escuela de Periodismo del país. Reflexionando acerca de este mimo y veneración que se le profesa a uno de los personajes más ilustres de la extorsión, descubrí que para prosperar en las grandes empresas de la comunicación —el destino de casi todos aquellos estudiantes— hay que aislarse de la verdad sobre cómo funciona el mundo. Mirar a la extorsión cara a cara puede augurar un suicidio profesional, así que, como dice Harold Pinter, «nunca ocurrió». Kissinger es un viejo estadista adorable, no un extorsionista asesino. De hecho, un par de días después de confrontar a Kissinger, uno de los profesores más prestigiosos de la escuela se me acercó y me dijo: «El otro día oí cómo te deshonrabas». A decir verdad, ni siquiera me sorprendió; ese profesor jamás habría impartido clases en la Escuela de Periodismo de Columbia si pensara que la finalidad del periodismo era dejar al descubierto a los asesinos de masas de su país en lugar de hacerles la pelota. El poder selecciona para que se le obedezca y, por el momento, me resultaba evidente que los más obedientes son inevitablemente recompensados con puestos de altura en las universidades o con columnas periodísticas. Lo más cerca que estuve de pedir explicaciones a otro mafioso fue cuando cubrí la Convención Nacional Republicana de 2008 en St. Paul y perseguí por la calle a Karl Rove, el «cerebro» de George W. Bush (necesitaba uno), preguntándole si creía que era un criminal de guerra. Se amparó en la quinta enmienda justo antes de meterse en el coche.

La guerra contra las drogas

Otro método de ejecución diseñado por Estados Unidos es la llamada «guerra de la droga» o «guerra contra las drogas», que se compone de dos elementos: la guerra de tintes raciales contra los pobres del país y la guerra contra el resto del mundo. Dio comienzo formalmente a principios de la década de los setenta con el presidente Richard Nixon, que se concentró en la erradicación y prohibición de las drogas en todo el continente americano. En Estados Unidos, la guerra contra las drogas empezó siendo un medio para resolver lo que algunos sociólogos llamaron la «población superflua»: esas personas para quienes simplemente no había trabajo, los «desempleados permanentes» que toda economía capitalista tiene. Llegó formando tándem con el auge de lo que hoy se denomina el «complejo industrial-penitenciario», mediante el cual la privatización de las instalaciones correccionales ofrecía toda clase de incentivos perversos que redundaban en el interés de las grandes empresas —y de los políticos a quienes financiaban— promoviendo condenas más duras y encarcelando a más personas. Desde los años setenta, Estados Unidos ha gastado más de un billón de dólares y ha sido testigo de la muerte de miles de personas en la lucha en ambos frentes.

En 2010, el gobierno federal estadounidense gastó más de 15.000 millones de dólares en la guerra contra las drogas, a un ritmo de unos 500 dólares por segundo. «Creo que existen argumentos suficientemente convincentes para afirmar que la actual política sobre drogas no funciona —me dijo Michael Shiftner, presidente de Inter-American Dialogue, un grupo de expertos de Washington—. Las evidencias son contundentes, han generado un amplio consenso». Hasta el propio zar de las drogas del gobierno de Obama, Gil Kerlikowske, mostraba su escepticismo en 2011. «La estrategia global no ha tenido éxito —decía—. Cuarenta años después, si acaso, la preocupación por las drogas y los problemasque esta ocasiona se ha intensificado». El gobierno de Obama utilizó otro tono con la política de erradicación de las drogas, negándose a llamarla «guerra contra las drogas», y, entre bambalinas, el enfoque actual despierta muy poco entusiasmo. Pero el aparato burocrático erigido en los últimos cuarenta años ha dificultado los cambios. El gobierno de Obama solicitó 26.200 millones de dólares en su presupuesto de control de la droga de 2012 para la misión federal de contener el problema, lo que suponía un incremento de un 1,2 por ciento sobre el presupuesto de 2010. Casi el 60 por ciento de ese presupuesto, 15.500 millones de dólares, se orientaba a la «reducción de la oferta»; en otras palabras, a hacer cumplir la ley y a la prohibición nacional e internacional.

Vale la pena tener en cuenta por qué persiste este monumental dispendio de capital y recursos humanos. No es casualidad que comenzara en el momento culminante de la Guerra Fría; no fue más que otro instrumento de control para apuntalar su «patio trasero», América Latina, el centro de atención de la mayor parte de los esfuerzos. Todavía sigue siendo necesario ejercer ese control en un continente que muestra indicios de apartarse de la influencia estadounidense. La guerra de la droga proporcionó a Estados Unidos una excusa para mantener una presencia militar masiva en la región una vez que había desaparecido la «amenaza» soviética. Por ejemplo, una serie de países con problemas de droga, como Colombia o Panamá, mantienen buenas relaciones con Estados Unidos, pero hasta ellos parecen reparar en que la guerra no está haciendo ningún bien. A pesar de todo, dejan que continúe, porque les permite luchar contra sus adversarios —en muchos casos, rebeldes de izquierda— bajo la tapadera de la guerra contra las drogas y, así, eludir la censura de Estados Unidos o cualquier otro país.

Pero el diálogo se está desarrollando. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, reconoció en 2011 que no era contrario a la legalización. «Si el mundo considera que [la legalización] es una solución, de buena gana lo aceptaría. Comprendo las ventajas y puedo comprender los argumentos», decía.[43] El expresidente colombiano César Gaviria creó una comisión sobre política de drogas que reclamaba la despenalización de dichas sustancias en la región. Muchos gobiernos latinoamericanos esperan que Estados Unidos se dé cuenta de las limitaciones y abra un debate sobre otras posibles alternativas más viables. Antes de que suceda, están asegurándose la jugada.

México es uno de los países más importantes donde Estados Unidos cree que hay que ejercer control, pues comparten una extensa frontera —Estados Unidos compró la mitad de México por apenas nada en 1803—. La franja fronteriza se ha vuelto un infierno como consecuencia de la guerra contra las drogas: se han producido 36.000 muertes desde que el expresidente Felipe Calderón aplicara mano dura contra el tráfico de drogas, poco después de acceder al poder en 2006 con el apoyo de Estados Unidos, que le prometió 1.600 millones de dólares de ayuda para esta lucha mediante la Iniciativa Mérida. Los grupos en defensa de los derechos humanos han informado del ingente número de atrocidades cometidas por el ejército mexicano contra comunidades indígenas y la sociedad civil bajo el disfraz de la guerra de la droga. En 2011, el asesinato a manos de un cártel de la droga de México de Jaime Zapata, un agente de inmigración estadounidense, y la violencia continuada en la zona fronteriza volvían a atestiguar el coste de esta guerra inútil. Si se analizara objetivamente, habría que decir que no funciona. Los traficantes cultivan y venden droga a un gran mercado estadounidense que no deja de crecer. Estados Unidos parece incapaz de hacer nada en el interior de su país en relación con la demanda de drogas. Y donde hay demanda habrá oferta. Si un campesino colombiano o boliviano tiene que decidir entre cultivar una hectárea de bananos o una hectárea de coca, la diferencia de ingresos no deja margen para la comparación.

Estados Unidos ha tenido problemas en los últimos años cuando en América Latina han prosperado gobiernos de izquierda contrarios a dicho programa, lo que dificultaba cada vez más la imposición del plan. Además, se ha vuelto más difícil organizar golpes de Estado para librarse de ellos. El incipiente movimiento de América Latina ha tornado cada vez más complicada la aplicación de la política de erradicación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, Drug Enforcement Administration). Evo Morales, el presidente izquierdista de Bolivia, expulsó a la DEA argumentando que se utilizaba para perseguir intereses geoestratégicos de Estados Unidos, lo cual, sin duda, era cierto. En este momento solo Ecuador ha imitado a Bolivia, pero la situación podría cambiar. El enfoque absolutista de Estados Unidos también lo llevó a oponerse a la petición formal de Bolivia ante Naciones Unidas para eliminar la prohibición de mascar hoja de coca, una práctica indígena que data de hace más de dos mil años. En la historia reciente ha habido por toda América Latina movimientos en favor de la legalización. El Tribunal Supremo de Argentina dictaminó despenalizar la posesión de droga para consumo personal y en Ecuador se suceden los esfuerzos por reformar su inhumana legislación sobre drogas, que, en esencia, estaba redactada al dictado de Estados Unidos. Figuras veteranas de la región como Fernando Henrique Cardoso o Ernesto Zedillo, expresidentes de Brasil y México respectivamente, han puesto en cuestión la validez de la guerra contra las drogas. En Estados Unidos, es la cobardía de la clase política dominante la que impide que nada cambie. «La gente reconoce que es un fracaso —me dijo Ron Paul, congresista estadounidense por Texas—. Pero se sienten intimidados. Si dicen que es un fracaso, les preocupa que se les tome por tolerantes con la droga. —Y añadía—: Creo que estamos haciendo progresos. Percibo un cambio importante en la gente, pero creo que el gobierno no se ha puesto al día aún». El ala libertaria del Partido Republicano se ha mostrado cada vez más favorable a la legalización y contra el inmenso dispendio en América Latina, como cuando llevó la cuestión al primer plano el auge del Tea Party, donde hay algunas facciones que promueven la interrupción de estas políticas. «He defendido esta posición desde hace muchos años, por lo que la gente siempre pensó que no sería reelegido [en el] sur profundo de Estados Unidos, muy marcado por el cristianismo evangélico, pero esa posición nunca ha sido nociva desde el punto de vista político. La guerra contra las drogas ha dañado a mucha gente y a muchas familias, más que las propias drogas». Y algunos demócratas también están madurando. La Ley de la Comisión de Política de Drogas del Continente Americano (Western Hemisphere Drug Policy Commission Act) pretendía crear una comisión designada en parte por el presidente para valorar de nuevo el énfasis de la política antidroga estadounidense en América Latina sobre la vertiente de la erradicación y la producción. Promovida por Eliot Engel, un congresista por Nueva York, fue rechazada en el Senado en 2010 después de ser aprobada en el Congreso por unanimidad. En 2014 se presentó otra ley con el mismo nombre. «La guerra contra las drogas es un fracaso, seguimos teniendo problemas con ellas —me comentó el señor Engel—. En México, los cárteles son aún más atrevidos». Pero solo era un fracaso si se pensaba que la guerra contra las drogas realmente tenía que ver con las drogas. El caso de Honduras muestra que, en realidad, tien un objetivo completamente distinto.

08
Una colonia de la guerra
contra las drogas

Tegucigalpa (Honduras)

Tegucigalpa (Tegus) es una catástrofe de fabricación estadounidense. Este lugar, tradicionalmente el cliente de América Central más servil y estrechamente controlado por Estados Unidos, ha sido la base desde donde este último país ha lanzado una guerra terrorista de agresión —contra los nicaragüenses en la década de los ochenta— y desatado una cruenta guerra civil —en el vecino El Salvador—. En la ciudad, apenas hay un restaurante que no forme parte de una corporación estadounidense, y en las hermosas y onduladas colinas circundantes se encuentra la versión de Tegus del célebre cartel de Hollywood…, solo que aquí se lee: «Coca-Cola». Apenas hay en la ciudad un lugar desde el que esta imponente silueta no sea visible.

Cuando llegué al país en 2012, habían pasado tres años desde el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos que derrocó al presidente democráticamente electo. Me dijeron que no podía salir del hotel ni de día ni de noche y tuve que ir en taxi a las entrevistas. La ciudad entera estaba paralizada. No obedecí, pero cuando caminaba por las calles de hormigón del centro de Tegucigalpa, esta parecía una ciudad fantasma. Había fragmentos de pintadas, pues las paredes eran el último lugar que quedaba para expresarse con libertad en un país destrozado por el autoritarismo y la violencia. «El pueblo nunca olvidará». «¡Venceremos los dueños!».[44]

Honduras es uno de los Estados fronterizos de la guerra contra las drogas. Se ha vuelto cada vez más popular entre los traficantes debido a la corrupción de sus autoridades, la pobreza de su pueblo y el hecho de que hay grandes extensiones de tierras yermas que son zonas vedadas para el gobierno, sobre todo en el norte del país. La geografía también supone una ventaja para los narcos; a mitad de camino entre América del Sur, México y Estados Unidos, en Honduras hace escala la cocaína. Pero combatir la droga es como apretar un globo poco hinchado: cuando se han sacado las drogas de una región, reaparecen en otra. Bajo toda la retórica antidelictiva puritana, la llamada guerra de la droga, que en la actualidad es un inmenso aparato burocrático que da empleo a miles de personas en todo el mundo, siempre ha consistido en ejercer control. Tras el fin de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos se quedó sin excusas para seguir manteniendo a sus agentes y su personal militar repartido por toda América Latina, este método de dominación se volvió más agudo. La guerra de la droga se convirtió entonces en la tapadera perfecta para mantener en la región una presencia militar continua que esclavizara a todos esos países bajo los dictados de Estados Unidos: lo que los estrategas pretendían era reproducir la situación de Honduras. Como no podía ser de otra manera, se trataba de un plan que no agradaba demasiado al resto del continente. Cuando llegué a Tegucigalpa ya sabía cuáles eran las verdaderas razones de la guerra contra las drogas, pero quería oír de primera mano en qué consistían las operaciones estadounidenses. Concerté una entrevista con la Administración para el Control de Drogas (DEA, Drug Enforcement Administration), la principal agencia estadounidense dedicada a erradicar los cultivos de hoja de coca, para que me explicaran la situación. Jeff Sandberg, el agente de la DEA, no quería que citara su nombre, pero en aras de la divulgación no ocultaré su identidad. Los agentes estadounidenses no merecen el anonimato, al igual que los programas que supervisan. Ese nombre, dicho sea de paso, tal vez ni siquiera sea su nombre real; a la mayoría de los agentes estadounidenses se les asigna una identidad falsa. Era un tipo achaparrado, con la cabeza afeitada y una mirada desorbitada, el tipo de burócrata antidrogas proselitista que se podría uno imaginar que trabajaría para la DEA en Honduras. Cuando le pregunté si pensaba que iban ganando la guerra contra los cárteles, simplemente se rio. «No, no vamos ganando, pero nos esforzamos. La situación es muy difícil, hay instituciones gubernamentales que, en esencia, han fracasado o están fracasando y hacen falta mucho trabajo y mucho tiempo para fortalecerlas y volver a encarrilarlas». Sin duda tenía razón, pero olvidó añadir que el gobierno, el país y el Estado en el que se encontraba llevaban sucumbiendo a la intervención estadounidense ininterrumpida desde hacía casi un siglo. Cada vez que parecía que el pueblo estaba librándose del gigante imperial del piso de arriba, Estados Unidos acudía y preparaba un golpe de Estado, como hizo en 2009: el primer golpe de Estado del presidente Barack Obama. El problema había sido el presidente Manuel Zelaya, que había cometido la temeridad de aumentar el salario mínimo de los hondureños más pobres. Las oligarquías hondureñas percibieron el riesgo de que hubiera una sociedad un poco más humana y llamaron a sus aliados naturales, Estados Unidos, derrocaron la democracia, secuestraron al presidente, le obligaron a huir a toda prisa sin dejar siquiera que se quitara el pijama e instalaron en el poder al ala política de los ricos, el Partido Liberal. En un principio, Estados Unidos lo llamó golpe de Estado, pero después modificó su posición, se reconoció el resultado de las posteriores «elecciones» y Porfirio Lobo, el nuevo presidente ilegítimo, fue invitado a tomar el té en la Casa Blanca.

Desde el golpe de Estado, el enorme incremento del número de violaciones de los derechos humanos ha sido un fenómeno incesante. No se trata solo de una percepción. Una asociación de defensa de los derechos humanos me contó que en el año 2008 habían atendido 125 violaciones de derechos humanos a escala nacional en todo el año. En el año 2010 hubo 2.700 casos y en el periodo 2011-2012 se percibía con claridad que determinados grupos eran el blanco de estos ataques. De los países de América Latina, Honduras ha sido el que más periodistas asesinados ha tenido en los últimos años. También han sido blanco de los abusos los simpatizantes de un partido político nuevo, LIBRE, fundado por el expresidente Zelaya y su esposa, así como activistas locales implicados en movimientos de protesta y resistencia. Cuando yo estuve allí, el país tenía lo que los hondureños llamaban (con acierto) un «Narcocongreso», un grupo de legisladores ricos confabulados con los narcotraficantes con los que Estados Unidos estaba aparentemente en guerra. El propio señor Sandberg lo aceptaba. «Creo que hay muchísimas personas implicadas [en el comercio de drogas], tienen que estar implicadas para permitir lo que pasa aquí, en lo alto de la cadena». En los últimos años se ha disparado el número de diputados del Congreso asesinados en incidentes relacionados con la droga, y en el ámbito local la gente puede decir claramente qué alcaldes, concejales y diputados han sido elegidos con fondos del narcotráfico.

Aquí no hay nada que ver

El método del control militar empleado en Honduras bajo el disfraz de guerra contra las drogas es sencillo: abre una base, pero no la llames base. Este método se repite por todos los países de la región y en todo el mundo. Estados Unidos llama oficialmente a estas zonas FOL, Forward Operating Locations («Instalaciones de Operaciones Avanzadas»), porque en apariencia son temporales y resulta embarazoso llamarlas «bases», pues, como es natural, el imperio estadounidense no existe. Justo antes de que yo llegara, Estados Unidos había abierto en Honduras cuatro nuevas FOL para, según se decía, afrontar la cuestión de las drogas. Pero lo cierto es que América Central también estaba empezando a mostrar indicios de querer apartarse del control estadounidense con gobiernos de izquierda en El Salvador y —durante un breve lapso de tiempo— en Honduras. La realidad es que Estados Unidos trataba de reafirmar su control de América Latina después de una década focalizados en Oriente Medio, un periodo en el que surgieron en la región una caterva de líderes independientes insumisos a los intereses estadounidenses.

En el transcurso de mi entrevista con el agente de la DEA en los jardines de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, Jeff Sandberg negó que las FOL fueran nuevas diciendo que «llevaban ya allí unos cuantos años, quizá sin que se les diera tanto uso como en la actualidad o el que se les dará en el futuro, pero esas instalaciones en realidad llevaban allí ya varios años, así que realmente no son nuevas». Parecía como si reconociera que Estados Unidos había tenido una presencia militar oculta por toda Honduras durante «unos cuantos años» en lugares no dados a conocer. El vocero —término con el que en la jerga periodística nos referimos a la gente de prensa y relaciones públicas— que permaneció allí sentado durante nuestra entrevista metió baza: «No tenemos ninguna base militar, son Instalaciones de Operaciones Avanzadas, que en realidad son instalaciones hondureñas donde solo se han hecho unas cuantas reformas para acoger este tipo de operaciones aéreas, no es algo que se haya construido de cero. Aunque ya le he dicho que se trata de una operación de pequeña envergadura, eran instalaciones ya existentes adaptadas para poder montar las plataformas para helicópteros, necesarios para llegar a la zona donde hemos detectado que se realiza la actividad del tráfico de drogas». La gimnasia retórica del imperialismo. Como es natural, todo eran trucos y juegos de manos. Las FOL son lo mismo que una base militar, pero a los estadounidenses no les gusta parecer imperialistas. El vocero llegó a decir incluso que «no hay una base estadounidense en Soto Cano. Soto Cano es una base hondureña». Pero esa misma base alberga la estadounidense Fuerza Militar Conjunta Bravo (JTF-B), que es un destacamento regional cuyo principal objetivo es, en apariencia, «ayudar en el alivio de catástrofes»… y otras tareas más perversas. «Sí quisiera negar con rotundidad la idea de que hay una base estadounidense en Honduras», reiteró. Imaginemos que los hondureños tuvieran tropas de élite de los cuerpos especiales del ejército en una base en Florida y, después, dijeran que no constituían una base. Digamos, de paso, que el uso de «asesores» en Vietnam del Sur por parte del presidente Kennedy a principios de la década de los años sesenta fue otro modo de disimular la acumulación de tropas y la ocupación de un país extranjero bajo el velo del «altruismo» y con la justificación típica: «por petición suya».

Para comprender el inmenso constructo ideológico que supone la guerra contra la droga, concebida para disfrazar el imperialismo en el que hunde sus raíces, es necesario examinar las afirmaciones de Estados Unidos acerca de su labor. Estados Unidos entrega dinero a los países latinoamericanos, destina personal y ofrece entrenamiento militar y antidroga con la intención de impedir que pasen a través de América Central las drogas que salen de contrabando desde Colombia y otras zonas de América del Sur para finalmente abrirse paso hasta las calles de Baltimore o Chicago. Consigue impedirlo —la propaganda no es del todo hueca— mediante redadas y operaciones nocturnas, pero hasta el señor Sandberg me reconocía: «El decomiso es una pieza muy pequeña del rompecabezas». Además, la guerra contra las drogas que lleva a cabo Estados Unidos no ha impactado en absoluto en los niveles de producción, únicamente ha causado tal vez millones de muertes y calamidades incalculables por todo el continente. Cuando WikiLeaks hizo públicos los cables diplomáticos estadounidenses, estos revelaron que los estadounidenses tenían la certeza de que Miguel Facussé, el oligarca más poderoso de Honduras, permitía que aterrizaran en sus propiedades aparatos cargados de droga. Facussé, que contaba con un ejército privado propio que mataba a los campesinos que luchaban por el derecho a la tierra, era, claro está, un aliado de Estados Unidos, de modo que nada de eso sucedió nunca. En Honduras muchos creían que Facussé era quien estuvo en realidad detrás del golpe de Estado de 2009, una acusación con cierta credibilidad.

En resumen, Estados Unidos está perdiendo la guerra contra las drogas; pero no importa, porque esa guerra no tiene nada que ver con las drogas. La guerra continuará porque es la máscara perfecta, el medio idóneo para mantener un alto nivel de fuerza militar y control por toda América, ahora que la excusa de la Unión Soviética ha desaparecido. En lugares como Venezuela, ha sido uno de los mecanismos más efectivos para mantener el control. Una vez perdido el control del canal de Panamá, la base aérea de Soto Cano se ha convertido en un punto de vigilancia esencial para la contrainsurgencia de la región y en épocas más recientes ha sido el punto de supervisión del tráfico de drogas y los movimientos por toda esta zona. Y lo más importante: Estados Unidos puede vigilar a la población cuando vota de forma inadecuada; en la base había preocupación palpable por las medidas del presidente Zelaya en los años 2007 y 2008, por el ingreso de Honduras en la alianza comercial independiente ALBA y por la estrecha relación con Hugo Chávez. Ese conjunto de razones hizo sonar las alarmas en Estados Unidos ante la posibilidad de perder el acceso a las bases, así que hubo un golpe de Estado y la población de Honduras volvió a ser aplastada.

Los funcionarios de la primera línea de las operaciones imperiales estadounidenses no pueden verlo así y no lo ven. «Estamos haciendo algunos progresos y trataremos de hacer más. ¿cuál es la alternativa? —preguntó Jeff Sandberg cuando señalé que la guerra parece ser un fracaso—. ¿Rendirnos y decir que abandonamos? Entonces, ¿qué sucederá? El caos, según preveo. ¿Es esa la mejor alternativa? En mi mundo no; tal vez algunos lo prefieran, pero apuesto que si esas personas vivieran en el caos no opinarían igual». Poco después concerté un encuentro con los directivos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, United States Agency for International Development) y con altos cargos del Departamento de Estado para ver qué tipo de narración habían construido para explicar el descenso a los infiernos de este estrecho aliado estadounidense. Como muchos otros individuos que trabajan en el sistema imperial estadounidense, es obvio que creían las mentiras urdidas para legitimar desde el punto de vista moral y legal la presencia estadounidense en Honduras. De hecho, creo que sería imposible no imbuirse de todas estas falsas teorías sobre la benevolencia estadounidense; muchas de estas personas son buena gente que quiere creer que está actuando de forma correcta. Son las instituciones las que son patológicas; ellos no son más que su forma humana, de modo que es preciso instaurar enrevesados mecanismos de legitimación. Cada dos por tres, alguien como Edward Snowden experimenta un despertar moral y revela el verdadero rostro del poder estadounidense. Pero la colección de autoridades con las que me reuní comprendía lo habitual en esos casos. Nos sentamos en torno a una mesa en el edificio de la USAID, frente a la embajada, y sacaron a relucir los argumentos de siempre, que no vale la pena citar porque no sirven más que para perpetuar el mito.

Los culpables quedan en libertad

Al igual que ocurre con la mayoría de las campañas emprendidas por el gobierno estadounidense para defender sus intereses en una región concreta, el resultado en Honduras ha supuesto miseria absoluta para la población que vive allí. En realidad, cuando estuve en Honduras se había convertido en el país más peligroso del mundo. La tasa de homicidios era superior a la de otros dos países destruidos por el gobierno y el ejército estadounidenses, Iraq y Afganistán. Hablé con unas cuantas personas que habían perdido amigos y parientes; no era frecuente encontrar a alguna persona que no conociera a nadie asesinado por una banda o por intereses políticos. Nadie había visto que se hiciera justicia. Julio Funes Benítez, por ejemplo, murió a balazos a plena luz del día en la puerta de su casa de Tegucigalpa a principios de 2010. Los asesinos le dispararon una ráfaga desde una motocicleta. El señor Benítez había sido un miembro activo del movimiento de resistencia nacido tras el golpe de Estado. Pero casi tres años después nadie había sido acusado del asesinato. «Desde que mataron a mi esposo hasta ahora, jamás he recibido ningún apoyo de las autoridades —me contó Lidia Marina Gonzales, viuda del señor Benítez—. No hubo investigación, los culpables están en libertad. El agente que se suponía que debía investigar me dijo que si quería que hubiera una investigación, tendría que pagarla». El hecho de que los asesinos del señor Benítez quedaran impunes por el crimen no es una excepción en la Honduras actual. Hay 91 asesinatos por cada 100.000 habitantes, uno cada 74 minutos. Casi todos quedan sin resolver y muchos, como en el caso del señor Benítez, ni siquiera se investigan. Uno de los grandes problemas es que la calidad de la investigación de los delitos es absolutamente pésima; solo hay sentencias en una proporción inferior al 3 por ciento. Esta pauta de violencia no se puede atribuir en exclusiva al golpe de Estado, pero ha ido en aumento desde, aproximadamente, el año 2002. El gobierno hondureño afirma que está centrado en la modernización del aparato de justicia y la reforma de las instituciones políticas con el fin de reducir la tasa de homicidios. «El avance del narcotráfico, junto con la ubicación geográfica del país y la corrupción policial, dificultan la lucha —me contó Julio César Raudales, ministro de Planificación del gobierno de Lobo—. Hay un largo camino por recorrer para reconstruir el tejido social, pero eso no nos va a detener».

Como en todos los países donde ha intervenido Estados Unidos a través de los oligarcas y los asesinos, una resistencia heroica, asesinada a un ritmo asombroso, se niega a agachar la cabeza. Entre estos grupos destaca la organización no gubernamental COFADEH (Comité de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos en Honduras). Me pasé por sus oficinas para hablar con Dina Meza, una de sus trabajadoras por los derechos humanos, que vivía atemorizada a causa de su labor. «Los defensores de los derechos humanos reciben muchas amenazas —me contó en una cafetería que había en el extremo de la calle—. En mi caso han aumentado desde febrero de este año, me llegan mensajes de texto advirtiéndome que tenga cuidado, que han ido a mi casa hombres armados, que tengo que cambiar radicalmente de vida, incluido el lugar donde resido. Gasto mucho más en seguridad, pero, por supuesto, el gobierno no investiga las amenazas. Esta oficina está vigilada, todos nuestros actos están vigilados. Tuve que marcharme con mi familia de la casa donde vivía porque había hombres armados vigilándonos; aunque COFADEH había avisado a la policía, nunca venían a protegernos, querían matarnos a todos. Me dieron un número para que llamara a la policía si me veía en apuros, pero el número no funciona, nadie descuelga el teléfono. Tenemos un Estado que no funciona». «Entonces, ¿cómo es que sigue?», le pregunté. «No quiero un país donde no haya derechos humanos, tenemos que seguir luchando por nuestros hijos. Incluso si muero, estamos luchando por la democracia, por los derechos, es valentía natural».

Cuando uno viaja por el mundo investigando cómo ha intentado Estados Unidos sofocar del mismo modo los movimientos populares utilizando los programas más inhumanos y brutales, aparece por todas partes gente como Meza. Son personas que se niegan a convertirse en otra estadística más enterrada por los medios de comunicación estadounidenses, personas cuyo nombre jamás se conocerá fuera de las comunidades en las que viven, pero que siguen luchando todos los días, con gran riesgo, enfrentadas al Estado y el ejército más poderoso de la historia del mundo. Meza no escatimaba palabras: «Estados Unidos apoya la opresión de todo aquel que levante un dedo contra el gobierno del golpe de Estado, ojalá el pueblo estadounidense pudiera verlo».

Tras el golpe de junio de 2009, la resistencia ha sido eliminada con atrocidad y contundencia. Nació un nuevo partido del que se decía que representaba a grupos dispares aliados contra el gobierno de facto; entre ellos había sindicatos, grupos de lesbianas, gays, transgénero y bisexuales (LGTB) y movimientos de mujeres. Se llamó LIBRE y estaba dirigido por Xiomara Castro, esposa del depuesto presidente Zelaya. Conocí al coordinador internacional del partido, Gilberto Ríos Munguía, en Tegucigalpa. «El gobierno no tiene el poder real —me contó—. Hay un grupo en el país que es el que ejerce el poder de facto. Controlan la policía y el ejército. Es un grupo de narcotraficantes de México y Colombia; son los cárteles de México los que controlan este lugar. Tienen más poder que el Estado de Honduras; han neutralizado el funcionamiento del Estado, de la policía, de las investigaciones, del ejército. Todo esto es lo que ha provocado los altos índices de violencia».

Cuando los oligarcas y Estados Unidos derrocaron al presidente electo Zelaya, los narcotraficantes tomaron el control casi completo del Congreso. Aunque Estados Unidos negó estar implicado en el golpe y dijo en privado que era ilegal, apoyó con resolución el régimen del golpe del presidente Porfirio Lobo, como se apreciaba en los posteriores cables de WikiLeaks. Muchos en Honduras sospechan que Estados Unidos estuvo implicado en el golpe. En América Latina hay un famoso chiste que dice que Estados Unidos es el único país del continente que jamás ha oído hablar de un golpe militar, porque es el único país del continente que no tiene embajada estadounidense. «La CIA tuvo mucho que ver con el golpe. Obama no reconoció al gobierno de facto de [Roberto] Micheletti inmediatamente después del golpe; sin embargo, jamás impuso un bloqueo comercial, como en Cuba. En el caso de Honduras, solo criticó seis meses de gobierno de facto, pero después reconoció al mismo gobierno golpista», añadía Munguía.

Munguía pensaba que Estados Unidos favorecía a unos cárteles frente a otros, opinión que adquiere cada vez mayor vigencia en América Central y está respaldada por revelaciones de México. Sostenía: «La DEA está muy corrompida, es un cártel y trabaja con los cárteles, también en México». Al igual que en Iraq y Afganistán, donde cualquiera que tenga algún asunto pendiente dirá a los estadounidenses que su enemigo es Al Qaeda, los cárteles de América Central informan sobre sus enemigos a la DEA con la esperanza de que la mayor potencia militar del mundo les ayude a derrotar a sus rivales. «En México, el país empezó a empeorar al principio de la guerra contra las drogas y en Honduras estamos aún peor que en México», aseguraba Munguía. Los activistas de LIBRE, al igual que muchos otros opositores al régimen del golpe de Estado respaldado por Estados Unidos, se sienten en peligro constante. «Muchos de los nuestros están amenazados de muerte, hemos recibido muchas amenazas —decía—. Tengo amigos que han sido asesinados, el alcalde, los diputados. Perdí a un amigo muy cercano hace seis meses. El segundo candidato de la lista [de la comunidad LGTB] fue asesinado». Ese activista era un joven conocido con el nombre de Eric Martínez, asesinado por grupos no identificados por hablar con demasiada contundencia contra el régimen respaldado por Estados Unidos. Munguía explicaba que la mayoría de los asesinatos eran obra de la policía o el ejército, una situación que se repite por todos los países de América Central controlados por Estados Unidos.

LIBRE es un raro ejemplo de esperanza en Honduras, donde cierta sensación de desconsuelo lo impregna todo. En un país donde la disidencia y la democracia son atacadas sin piedad, sus activistas se están organizando desde abajo contra la violencia y el asesinato para enfrentarse a la oligarquía y quienes la respaldan en la embajada estadounidense. Sin embargo, se derramará mucha sangre antes de que lo consigan. Sucede lo mismo a quienes luchan contra tiranos respaldados por Estados Unidos en todo el mundo, desde Egipto hasta Arabia Saudí. «Honduras es el país más antidemocrático de América Latina», aseguraba Munguía. Y, por supuesto, tiene que ser así, porque tan pronto como aparezca la democracia real y amenace los intereses estadounidenses, habrá que liquidarla. Lo que gusta a Estados Unidos y promueve Estados Unidos es la «democracia de baja intensidad», un sistema político en el que hay elecciones formales cada cuatro años, pero donde nunca se ponen en cuestión las relaciones sociales del conjunto de la sociedad, el control por parte de una élite acaudalada, y donde jamás se dejan oír las preocupaciones de los más pobres del país.

No mucho antes de que yo llegara a Honduras hubo lo que se convirtió en una matanza infame. El 11 de mayo, un helicóptero de ataque propiedad de Estados Unidos pero, al parecer, pilotado por Honduras —y supervisado por agentes de la DEA— asesinó a cuatro personas, entre ellas dos mujeres embarazadas. «Yo no estuve en el incidente, ni siquiera estaba en el país», aseguró Jeff Sandberg. Le pregunté, entonces, si eran frecuentes los tiroteos entre el ejército hondureño y población emboscada. «No sé si diría frecuentes —respondió—, pero sin duda ha habido incidentes, y habrá más, de tropas del gobierno contra personas implicadas en los cárteles». Le pregunté cuál era el papel de la DEA en este tipo de operaciones. «Orientar, asesorar y aumentar la capacidad de los hondureños para que operen por su cuenta en algún momento, sin nuestra ayuda». Era la misma excusa —la de la beneficencia y la ayuda— que se utilizó para controlar Vietnam del Sur, Afganistán e infinidad de países. Pero muchos sostienen que la DEA está mucho más implicada. «En ese caso era una operación de la policía, no militar, y trataban de incautarse de las drogas de una comunidad muy armada», me contó Lisa Kubiske, embajadora estadounidense en Honduras, en su despacho de la embajada. Lo que la operación sí suscitó fue un enorme sentimiento antiestadounidense en Honduras. Sandberg añadía: «Es parte de la política que se desencadena en cualquier país que solicite ayuda de otro, no es porque se trate de Estados Unidos. ¿Qué pasaría si los hondureños pidieran ayuda a Guatemala, hubiera policía o tropas guatemaltecas que los ayudaran y se desatara un ataque donde se produjeran algunas muertes a manos de los guatemaltecos? Estoy seguro de que los hondureños dirían lo mismo». El problema de Sandberg y los estadounidenses es que intervienen militarmente en 130 países de todo el mundo; ningún otro país lo hace. Por supuesto, la dinámica es la misma: a la gente no le gusta que los extranjeros vengan y maten a su pueblo. Pero los extranjeros son casi siempre estadounidenses. Pregunten a un iraquí o a un afgano, o a un hondureño, o a un guatemalteco. El vocero que representaba a la embajada me recordó en ese momento que los estadounidenses estaban allí «por petición del gobierno, trabajando en áreas prefijadas por el gobierno». Es la línea propagandística estadounidense más vieja que existe. Al igual que sucede con la mejor propaganda, también tiene cierta apariencia de verdad si se descontextualiza. Así que, por supuesto, el gobierno hondureño ha invitado a Estados Unidos, pero es un gobierno instaurado por Estados Unidos y está respaldando emplear mano de hierro contra su propio pueblo, de manera que sería una gran sorpresa que rechazara la oferta estadounidense de instalarse en el país. Este es el problema del imperio estadounidense: tiene que ocultarse sin cesar, tiene que vivir entre las sombras, no permitir que se le detecte, porque el país está fundado sobre firmes ideas antiimperialistas y su clase media estallaría si se le contara la verdad. Así que las bases militares tienen que ser «instalaciones de operaciones avanzadas», la presencia militar tiene que ser a instancias del «pueblo hondureño», y las operaciones militares tienen que ser llevadas a cabo por hondureños y «supervisadas» por estadounidenses. Es una danza continua para encubrir un poder basado en la rapiña y darle una pátina de legitimidad. Sin embargo, en cuanto se rasca un poco en la superficie, se descascarilla.

La economía de la desesperanza

Aunque Honduras es un importante puesto militar de avanzada para el imperio estadounidense, se queda en una insignificancia si nos fijamos en las «toneladas de personal» (Sandberg) que Estados Unidos tiene en México y Colombia. «Todos los países centroamericanos tienen personal de la DEA asignado», decía Sandberg. De hecho, Estados Unidos implantó programas multimillonarios tanto en México (la Iniciativa Mérida) como en Colombia (Plan Colombia), en el marco de la Iniciativa Regional de Seguridad Centroamericana (CARSI, Central American Regional Security Initiative), el programa de gobierno estadounidense a través del cual inyecta dinero en los países de la región. Sandberg señalaba estos dos lugares como prueba de lo que se podría conseguir en Honduras. «Hay muchos obstáculos. Le pediría que echara un vistazo a Colombia y México. ¿Cuánto tiempo ha sido necesario para tomar por el mango el comercio de droga y las diversas entidades antigubernamentales que operaban en Colombia? Ha sido un margen temporal largo. Si somos realistas, seguramente es lo que se va a tardar aquí, pero hemos obtenido un éxito fabuloso en Colombia y creo que estamos empezando a obtener muy buenos resultados en México; así que aquí es posible». También hemos dicho que Colombia ofrece los peores datos de todo el continente en lo que se refiere a respeto de los derechos humanos; en México, entre 2004 y 2014 murieron 200.000 personas a causa de la guerra de la droga librada por el ejército y los cárteles. Eso es lo que debe esperar Honduras…, por cortesía de Estados Unidos. Pero Sandberg insistía en que son los hondureños quienes «tienen que cambiar», no Estados Unidos. «Su país, sus puntos de vista, su sistema legal…, eso es lo que hay que reformar y creo que costará décadas. Generaciones enteras que tal vez tienen una perspectiva equivocada de cómo son y cómo funcionan las cosas aquí, eso es lo que tiene que cambiar». Así es la mentalidad imperial tradicional. Las potencias coloniales y sus agentes casi siempre atribuyen cualquier defecto del país que están administrando a las costumbres culturales de la población. Esto cumple una función importante: impide a los administradores de las potencias coloniales poner en duda en algún momento el sistema que causó el caos en primera instancia y que ellos gestionan. Otra cuestión que Estados Unidos podría tomar en consideración es que casi toda la demanda de estas drogas procede del interior de Estados Unidos, así como buena parte de las armas utilizadas por los cárteles. Si el gobierno estadounidense redujera la demanda de drogas y el suministro de armas, la violencia podría perfectamente empezar a amainar.

En el gran debate sobre la guerra de la droga, la mayoría de los políticos se limita a demonizar a los cárteles y sus integrantes, así como el propio tráfico. Los cárteles son organizaciones atroces, pero son producto de la devastación de una economía. Cuando los chicos crecen en Honduras o el norte de México y tienen que elegir entre una vida de miseria en la economía formal o sumarse a un cártel y volverse fabulosamente ricos, no es raro que opten por la segunda opción. En las matanzas del 11 de mayo, por ejemplo, aun cuando las personas asesinadas fueran culpables, es probable que fueran chicos pobres de solemnidad subiendo material río arriba porque no les quedaba otra alternativa. Cuando pregunté a Sandberg, el agente de la DEA, por qué los niveles de violencia eran tan altos en Honduras, ciertamente puso el dedo en la llaga: «Creo que porque el sistema legal en Honduras y los demás sistemas sociales están tan destrozados que tampoco está a salvo la gente inocente, y no solo por delitos relacionados con la droga, sino por todo tipo de delitos. Hay montones de personas que viven en la pobreza; la gente intenta, literalmente, seguir viva y, si eso requiere cometer un delito para conseguir lo que hace falta para sobrevivir, entonces se hace. De modo que yo no atribuyo todo a las drogas y los cárteles». Sin embargo, no relacionaba el estado en que se encontraba Honduras con el hecho de que hubiera sido objeto de una continuada intervención estadounidense. ¿Era una coincidencia que Haití, Honduras y todos los demás países de la zona controlados por Estados Unidos estuvieran hechos jirones? Arrancar por la fuerza el poder a la población de cualquier país, volverlo dependiente, convertirlo en un Estado esclavo del capital extranjero no beneficia, claro está, a la mayoría de la población.

Desde el punto de vista económico, Honduras, como terreno de juego para los capitalistas estadounidenses, ha sido objeto del maleficio de diversas instituciones neoliberales. A las multinacionales que operan en Honduras se les suele conceder vacaciones fiscales de hasta veinte años por radicarse en Tegucigalpa, lo que ha diezmado los ingresos del gobierno. Esto explica en parte por qué las instituciones de justicia, educación y salud reciben de forma crónica una financiación tan insuficiente. Los beneficios vuelven repatriados a Estados Unidos y otras capitales occidentales, mientras los hondureños se gastan el dinero en cadenas de restaurantes norteamericanos. En este sentido, Honduras es uno de esos desafortunados lugares donde convergen muchas facetas del poder imperial estadounidense: la economía neoliberal, el apoyo a la institución militar o la ideología antiizquierdista fanática. En semejante situación, que la gente conserve la dignidad y se deshaga del opresor es extremadamente difícil. Estas tensiones y problemas contribuyen a que la economía sea muy ineficaz. Cuando estuve allí, se consideraba que la mejor forma de impulsar la economía era crear un proyecto de «ciudades modélicas» de gestión privada, donde pudieran acudir inmigrantes de toda América Latina para trabajar en las maquiladoras.[45] Sin embargo, fue rechazado por el Tribunal Supremo hondureño en octubre de 2012 porque era «anticonstitucional»; pero no cabe duda de que la idea reaparecerá.

«Si se quiere que los ciudadanos tengan seguridad, esto guarda relación con las condiciones socioeconómicas del país —afirmaba la embajadora Kubiske—. Si la gente gana suficiente dinero, no va a verse tentada por la actividad criminal. Si cree que no hay alternativas, quizá caiga en la tentación». Es verdad, pero Estados Unidos ha mantenido a Honduras en el subdesarrollo crónico. Al igual que Haití, Honduras asumió la economía neoliberal como colofón de una situación ya desesperada. El huracán Mitch, que azotó la región en 2002, destruyó gran parte de las infraestructuras del país y el medio de vida de muchos miles de habitantes. Hasta el año 2006 hubo una gran oleada de migración masculina. Después, hubo una gran migración interior, sobre todo de mujeres que se desplazaban para trabajar en el sector de las maquilas. La mayoría de estas «zonas francas» se encontraban en el norte, como San Pedro Sula, que ahora es la ciudad más mortífera del mundo. Como señaló el desaparecido periodista Charles Bowden, esta mezcla de ultraviolencia y ultracapitalismo conforma una imagen apocalíptica de todo posible futuro, pues el capital reforma gobiernos de todo el mundo para esclavizar a sus pueblos. Honduras es una sociedad muy desigual, como la mayor parte de los Estados clientes de Estados Unidos. La concentración de ingresos que obtiene el 10 por ciento más rico de la población no deja de aumentar, mientras que el porcentaje del que dispone el 20 por ciento más pobre sigue disminuyendo, desde aproximadamente el 3,7 por ciento de la renta nacional a solo el 2 por ciento en la última década. Esta desigualdad y el consumismo desvergonzado son prueba de que hay una parte de la población que concentra los ingresos, lo cual conduce inevitablemente a la violencia, no solo doméstica.

Tanto la deuda interior como la externa también están empezando a aumentar en Honduras. Hay una necesidad urgente de crear puestos de trabajo que no dependan de las maquiladoras, pues es difícil que los hondureños compitan con China en salarios. Zelaya elevó el salario mínimo un 61 por ciento de la noche a la mañana para devolver cierta dignidad a los hondureños más pobres. La economía no se vino abajo como predecían los oligarcas, y el hecho de que pudieran pagarlo solo indica la cantidad de dinero que habían acumulado.

Un parque industrial concentra en un solo lugar a 18.000 trabajadores que producen artículos de confección, ropa y prendas deportivas. Sally O’Neil, directora de la institución benéfica irlandesa Troicaire, con sede en Tegus, me contaba lo siguiente: «En las maquilas grandes de Honduras, como las que fabrican para Christian Dior, a las trabajadoras ni siquiera se les permite llevar bolso, es increíble. Estamos colaborando con una organización de mujeres que se ocupa de cuestiones laborales, como los perjuicios que ocasiona trabajar durante muchísimas horas seguidas en algo. No se nos permitió plantear ninguna pregunta ni mantener ninguna conversación con ninguna de las trabajadoras, pero [cuando] vimos a las mujeres descubrimos que tienen que pasar un test de embarazo todos los meses. Se entregan folletos a las mujeres. Cuando pasan por los torniquetes de acceso a su puesto de trabajo, tienen que levantar las manos y tomarse una pastilla anticonceptiva; como antes la tiraban, ahora tienen que tragársela antes de desaparecer de su vista. En otro lugar donde también trabajamos con mujeres, cuando entran por la mañana hay una bolsa grande donde tienen que meter la mano y extraer un trozo de papel; en ese trozo de papel pone una hora, que es el momento en el que pueden ir al servicio, su descanso para ir al baño. Pero puede suceder que empieces a trabajar a las seis de la mañana y la parada para ir al servicio te toque a las 19.15».

Excusas

Si me concedieron una entrevista con Lisa Kubiske —que ejercía por primera vez como embajadora de Estados Unidos—, seguramente fue porque había muy pocos periodistas que acudieran a Tegucigalpa, pues la historia ya no era «atractiva»; no es más que otro país destruido por Estados Unidos… y olvidado. «Si construimos en Honduras un lugar democrático y próspero desde el punto de vista económico, integrador de su pueblo, con instituciones de gobierno sólidas, es algo bueno para el país, bueno para la región y bueno para Estados Unidos en muchos aspectos distintos», me decía. Salvo que yo sabía que no era cierto. Una Honduras auténticamente democrática, donde la voluntad de su población se anteponga a los intereses de las multinacionales extranjeras y las oligarquías locales, era exactamente lo que Estados Unidos no quería ver y había contribuido a clausurar. La señora Kubiske se abstuvo de mencionar que Estados Unidos había respaldado implícitamente un golpe de Estado contra un gobierno cuyo mayor delito había sido elevar el salario mínimo, lo que habría sacado de la pobreza a mucha gente.

Así que pregunté por el apoyo estadounidense a la administración de Lobo, que era un gobierno golpista que había ganado las elecciones únicamente porque mucha gente votó en lo que calificaba como unas elecciones «ilegítimas». «Colaboramos con el gobierno electo del país; la razón por la que nosotros pensamos que las elecciones fueron legítimas es que los candidatos fueron votados en unas primarias. Nosotros reconocimos ese resultado». Le pregunté si el golpe había empeorado la situación, como sostienen muchas personas en Honduras. «La violencia de esta sociedad la perpetran muy diferentes actores, eso es lo primero —respondió—. Lo segundo es que hay una tendencia creciente a recurrir a la violencia que se remonta a varios años antes del golpe. Creo recordar que más o menos desde 2004 o 2005, pero se puede consultar la fecha concreta. Así que yo no diría que la violencia es consecuencia del golpe. No, no lo diría. —Entonces añadió—: Los hondureños tienen otras debilidades culturales. Durante muchos años tuvieron problemas con cómo trataban a las mujeres; mujeres asesinadas, golpeadas, ese tipo de cosas. Los conflictos familiares estaban ya ahí y solo han empeorado en los últimos años».

Señalé que la militarización de la policía y las incautaciones de droga bajo la tutela de las tropas y las políticas estadounidenses han empeorado la situación y se han traducido en asesinatos como los del 11 de mayo. «Yo no los calificaría de asesinatos», me interrumpió la diplomática. «Entonces matanzas —rectifiqué. A continuación, proseguí—: Algunos dicen: “Somos un país soberano, no necesitamos que la superpotencia de arriba venga aquí con sus tropas bien entrenadas”». La embajadora Kubiske respondió: «Yo le remitiría a los sondeos sobre la implicación estadounidense en este país. En primer lugar, solo vamos allá donde nos invitan». Afirmó que la mayoría de los hondureños reclamaban una mayor intervención y un incremento de la utilización de Soto Cano como base contra las drogas (que ya lo es). Durante mucho tiempo, el ejército hondureño ha tenido una reputación aterradora y ha sido blanco del odio de la población a causa de su brutalidad y las violaciones de los derechos humanos. Ahora, la tortilla se ha vuelto y la policía es temida, mientras que el ejército goza de mejor fama. No es una señal de progreso, sino más bien de hasta dónde ha caído la estima del pueblo hacia la policía.

Dije que había hablado con asociaciones que trabajaban en la defensa de los derechos humanos en Honduras y la embajadora Kubiske replicó al instante: «No todas tienen la misma opinión», lo que significa que hay algunas que son críticas y otras que apoyan a Estados Unidos. Uno de los principales rasgos de la estrategia imperial estadounidense es mantener la ficción de que en el interior de las «democracias de baja intensidad» hay una sociedad civil abierta, para después dar dinero a determinadas ONG en defensa de los derechos humanos que apoyan a Estados Unidos y sus políticas. De este modo se da la apariencia de que Estados Unidos contribuye a fortalecer una sociedad civil vibrante y el respeto a los derechos humanos, pero en realidad está creando organismos que apuntalan su posición. Es imposible que estas organizaciones consigan poner en peligro la estructura de relaciones sociales del país o afectar a los oligarcas respaldados por Estados Unidos. Así que tenemos «derechos humanos» y control sin necesidad de que haya crisis de conciencia.

Por supuesto, Estados Unidos no controla todos los grupos de la sociedad civil y, por tanto, los que quedan al margen de su control, como COFADEH, apoyan a grupos que luchan por la justicia en un plano más general. Por esta razón es preciso desacreditarlos. La portavoz de COFADEH con la que había hablado me había señalado escandalizada que la embajada de Estados Unidos había realizado una declaración contundente después de que un abogado fuera asesinado en Tegus, pero no había dicho ni una palabra de los campesinos del valle de Aguan, donde unas milicias privadas a sueldo de las oligarquías locales habían asesinado a nada menos que ochenta personas para erradicar las protestas y las ocupaciones de tierras. «Es muy complejo —afirmó la embajadora Kubiske, absteniéndose de comentar nada acerca de una medida injusta supervisada por las autoridades estadounidenses—. Podrían haber sido vigilantes de seguridad privados, a veces puede ser incluso un grupo de campesinos contra otro, y otras veces son narcotraficantes. De modo que, por lo que nosotros sabemos, esa matanza podría tener infinidad de motivos diferentes».

El caso de Aguan fue espantoso, un asesinato injustificado de campesinos indefensos a manos de milicias privadas controladas por algunas de las personas más ricas de la región. Sin embargo, para la embajada estadounidense era «complejo», porque reconocer que se trataba de un espectáculo espantoso significaría enfrentarse a las oligarquías que representan sus intereses en el país y la región. «Creo que la sociedad en general reconoce que somos una voz bastante activa en la defensa de los derechos humanos, porque son importantes para nosotros», aseguró la señora Kubiske, ignorando la realidad existente al otro lado de los muros de la embajada estadounidense. Cuando le pregunté por los inmensos ejércitos privados acumulados por los oligarcas, lo legitimó con toda naturalidad de este modo: «No puedo decir nada del señor Facussé, pero he vivido en muchos países que tienen sistemas policiales endebles y, cuando sabes que el Estado no te puede ofrecer una seguridad adecuada, lo normal es pagarte una seguridad propia. Lo que he visto en Honduras, y antes en otros lugares, es que las personas de clase media contratan vigilancia privada, muchos de ellos porque pueden y porque la policía no está cuando se la necesita. Eso es lo que creo que está pasando, me parece una reacción natural». Una reacción natural. El pueblo de Honduras había sido tan maltratado que solo se podía oír un gran gemido. Pero en otro lugar del continente la gente estaba liberándose de la inmensa red de control que la extorsión ha impuesto en la región. Bienvenidos a Bolivia.

09
La guerra contra
la esperanza

La Paz (Bolivia)

En plena noche del 16 de abril de 2009, una unidad de élite de la policía boliviana entró en el hotel de cuatro estrellas Las Américas, situado en la ciudad oriental de Santa Cruz, hervidero de la oposición al gobierno de Evo Morales. Desplazados desde la capital, La Paz, el comando había previsto asaltar a un grupo de hombres alojados en las habitaciones de lujo. Lo sucedido en las primeras horas de aquella mañana sigue siendo objeto de discusión, pero cuando acabó la operación, habían matado a sangre fría a tres hombres dormidos. Hay quien dice que fueron ejecutados, mientras que el gobierno boliviano afirma que sus policías salieron victoriosos de un tiroteo de 20 minutos. Poco después, los hechos atrajeron la atención internacional cuando se dio a conocer que dos de los muertos ni siquiera eran bolivianos. Uno era Mihael Dwyer, un irlandés de veintiséis años del condado de Cork, donde había trabajado como portero de un local de ocio y vigilante de seguridad antes de trasladarse a Santa Cruz, hacía tan solo seis meses. Otro, Árpád Magyarosi, era mitad húngaro, mitad rumano, y profesor y músico antes de mudarse a Bolivia en la misma época. La tercera persona muerta en la operación era el cabecilla del grupo, Eduardo Rózsa-Flores, un hombre húngaro-boliviano excéntrico, nacido en Santa Cruz y huido del país durante la dictadura de Hugo Banzer en la década de los setenta, respaldada por Estados Unidos. Su familia se trasladó a Chile antes del ascenso al poder en aquel país de otro dictador —también respaldado por Estados Unidos—, el general Augusto Pinochet, y después se estableció de forma definitiva en Hungría. Rózsa era miembro del Opus Dei, la secta católica de derechas, y combatió en la guerra de independencia croata de principios de la década de los noventa, donde fundó el pelotón internacional paramilitar que muchos creían alineado con elementos fascistas. Dos periodistas, uno de ellos un fotógrafo británico, murieron en circunstancias sospechosas cuando investigaban al pelotón. Aquella noche, en Santa Cruz, otros dos hombres, Mario Tadic, croata, y Elöd Tóásó, también húngaro, fueron detenidos y encarcelados en la prisión de alta seguridad de La Paz donde siguen en la actualidad. Otros dos sospechosos más, ambos con vínculos con Europa del este, no fueron hallados en el lugar de los hechos y siguen desaparecidos.

Se filtró a la prensa que el gobierno había actuado a partir de informaciones de los servicios de inteligencia, según las cuales esos hombres constituían una célula terrorista que había planeado emprender una campaña de guerra y violencia en el país, que incluía el estrambótico plan de hacer saltar por los aires a Evo Morales, el presidente, y a su gabinete en el lago Titicaca, el mayor de los Andes y una atracción turística de primer orden. Como consecuencia de un soplo de un informador próximo al grupo, los servicios de inteligencia estuvieron siguiendo a estos hombres durante meses. Decidieron actuar poco después de que explotara una bomba en la casa del arzobispo de Santa Cruz, el cardenal Julio Terrazas. El gobierno designó a un comité formado por siete personas y presidido por César Navarro, secretario de estado de coordinación con los movimientos sociales y la sociedad civil, para que investigara la trama, a lo que se dedicaron los cinco meses siguientes, hasta noviembre de 2009. Entre los objetos incautados durante la operación, se hallaba el ordenador portátil de Rózsa, donde los investigadores afirman haber encontrado correos electrónicos con István Belovai, exagente de la CIA y agente doble durante la Guerra Fría. «Hay mensajes de correo electrónico entre Rózsa y Belovai, que era el cerebro en la sombra —me contó el señor Navarro en su despacho del palacio presidencial de La Paz—. En ellos le formulaba preguntas de índole logístico sobre las vías de fuga, sobre si el gobierno o la policía podrían capturarlos». Belovai, que murió en 2010, era un espía que se calificaba a sí mismo como «el primer soldado húngaro de la OTAN». Se cree que Rózsa había entablado amistad con Belovai en la década de los noventa, durante la Guerra de los Balcanes.

En la época de los ataques, la actitud de la embajada estadounidense, conocida gracias a los cables enviados desde La Paz a Washington, fue de incredulidad ante las afirmaciones del gobierno y de preocupación por la persecución de la oposición. Había un comentario destacado en el encabezamiento: «¿Se utiliza la excusa del “terrorismo” para practicar detenciones masivas?». A la embajada estadounidense le interesaba «despertar temores ante la posible detención de miembros de la oposición política radicada en Santa Cruz». Otro cable reconocía: «En una entrevista hecha pública a título póstumo, el líder del grupo [Rózsa] defendía la secesión del departamento de Santa Cruz, el estado más extenso y próspero de Bolivia». La reacción de la oposición no fue más afable. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, de derechas, acusó al Movimiento Al Socialismo (MAS) de «organizar un montaje» después. Las fotografías dadas a conocer con posterioridad por el gobierno revelaban una historia distinta. En ellas se ve a Rózsa y Dwyer posando con un gran alijo de armas pesadas, entre ellas pistolas y fusiles ametralladores, y un gran rifle con mira telescópica. El presidente Morales afirmó que la célula planeaba «acribillarnos a balazos». Un alto cargo de la embajada estadounidense se reunió con la abogada de oficio asignada al presunto terrorista Tadic. Ella le indicó que «muy probablemente, los líderes de Santa Cruz citados por el gobierno están vinculados con el grupo»; esos líderes, de hecho, tenían implicaciones estrechas con la embajada estadounidense. Según la abogada, Tadic se había dedicado a acumular armas y realizar entrenamiento militar en parcelas rurales de las afueras de Santa Cruz. Confirmó que eran responsables de colocar el artefacto explosivo ante la casa del cardenal, que Tadic había declarado que el siguiente objetivo iba a ser la residencia del prefecto Rubén Costas y que Rózsa había aconsejado a Costas que reforzara su puerta de seguridad para minimizar los daños. Al atentar contra el cardenal y contra el prefecto pretendían que pareciera que los responsables de los ataques eran los partidarios del MAS.

El hecho de que los supuestos terroristas se alojaran en un hotel de cuatro estrellas pese a que aparentemente no realizaban trabajo alguno sugería que debían de haber traído consigo dinero de algún sitio. Las fotografías de estos extranjeros —publicadas con posterioridad— asistiendo a una fiesta en Santa Cruz también demuestran que eran aceptados y bien acogidos por personas influyentes de la ciudad; parecían haber llegado hasta la cima, incluso hasta el prefecto del departamento. Pero ninguno era tan poderoso como Branko Marinkovic, oligarca local de origen croata, amigo desde hacía mucho tiempo de la embajada estadounidense y ahora exiliado en Estados Unidos tras haber sido identificado como uno de los implicados «más probables» en el grupo terrorista. Su mano derecha Juan Kudelka, declaró en marzo de 2010 que Marinkovic le había pedido que entregara sobres de dinero a Rózsa de acuerdo con el plan de apoyo a un grupo terrorista llamado, según decía, La Torre. Otro sospechoso, Hugo Achá Melgar, buen amigo de una curiosa asociación de defensa de los derechos humanos de Nueva York, también huyó enseguida a Estados Unidos, donde fue recibido con los brazos abiertos. «Hay varios factores que pueden inducir [al gobierno de Bolivia] a vincularnos con grupos extremistas sospechosos de Santa Cruz», apuntaba un cable de la embajada estadounidense hecho público por WikiLeaks. «La solicitud de asilo político del presunto terrorista Hugo Achá y su esposa, la entrega de dinero de ayuda procedente de la USAID a una organización boliviana sospechosa de financiar una célula terrorista en Santa Cruz y el supuesto papel [del gobierno estadounidense] fundamentaban la afirmación [del gobierno de Bolivia] de que el dirigente de la célula de Santa Cruz organizaba reuniones y tenía contactos en Washington». Todas estas aseveraciones resultaron ser ciertas; de hecho, la situación era mucho peor. Estados Unidos tenía previsto aglutinar a la oposición de todo el país en un grupo de presión empresarial supradepartamental con el fin de librar a Bolivia de su gobierno socialista.

En aquella época, la embajada estadounidense «aseguró» al vicepresidente Álvaro García Linera «que no había ninguna implicación del gobierno estadounidense», y el presidente Obama respondió lo mismo cuando el presidente Morales le preguntó poco después. Pero el señor Navarro, el investigador, seguía sin creerlo. «Estados Unidos no lo sabía», me dijo. Cuando llevé al vicepresidente Linera a la oficina de The Financial Times, en Londres, para que hablara al sindicato del periódico, me dijo: «En Bolivia no sucede nada de esto sin que Estados Unidos sepa algo». Si la embajada estadounidense no tenía conocimiento de la existencia de la célula, ¿por qué entonces Estados Unidos ofrecía refugio a quienes financiaba a unos terroristas cuyo abogado de oficio estaba diciendo a la embajada que «lo más probable» era que fueran culpables? La respuesta es larga y compleja y revela los extremos hasta los que Estados Unidos ha llegado para debilitar al gobierno democráticamente elegido de Evo Morales desde que llegó al poder en 2005.

Cambiar el curso

El asalto y las muertes se produjeron en un momento crucial de la historia de Bolivia. El que en aquel instante era el país más pobre de América del Sur contaba también con la proporción más elevada de población indígena en el continente: un 60 por ciento. En diciembre de 2005 cuando el país eligió por primera vez en su historia a un presidente indígena, el dirigente sindicalista y socialista Evo Morales, se produjo en la estructura de poder de la nación una profunda transformación que no tenía parangón desde la independencia de España. No fue un cambio repentino, sino que llegó tras décadas de confrontación y una escalada de protestas públicas durante los cinco años anteriores. En el año 2000, la llamada Guerra del Agua —centrada en la ciudad de Cochabamba, al este del país— lanzó a las masas de las comunidades locales contra el gobierno y el Banco Mundial, que habían autorizado la privatización de la industria del agua, con el consiguiente aumento de los precios. La policía recibió instrucciones de detener a las personas que recogieran agua de lluvia para evitar pagar unos precios nuevos que no podían permitirse. A lo largo de los años siguientes se fortaleció el movimiento indígena, organizado en torno a pequeñas comunidades microdemocráticas. En el año 2005, se propagaron por todo el país protestas masivas y miles de manifestantes se arrojaron a tomar las calles de La Paz, momento en el que el ejército —supuestamente a las órdenes del gobierno— mató a tiros a una veintena de manifestantes.

El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, más conocido como Goni, se vio obligado a abandonar el poder y huyó a Miami, donde vive hasta el día de hoy. Con este caldo de cultivo, Morales —antiguo cocalero[46] convertido en dirigente sindical— y su partido —el MAS— llegaron al poder gracias a una elevada proporción del voto popular. Sin embargo, este giro de los acontecimientos no fue bien recibido por las élites tradicionales de Bolivia y quienes los respaldaban en el ámbito internacional. Estados Unidos llevaba años enviando a sus «expertos» políticos para que trataran de evitar precisamente este escenario: un documental del año 2005, Our Brand is Crisis, muestra a un equipo de hábiles directores de campaña del grupo Greenberg Carville Shrum gestionando con éxito la campaña electoral de Goni cuando derrotó a Evo Morales en las elecciones presidenciales del año 2002. En esta ocasión era diferente: Estados Unidos no había podido frenar a Morales, lo que causó profunda preocupación entre los estrategas estadounidenses. La boliviana sigue siendo una de las sociedades más desiguales del continente americano, pero el estado de la situación había enriquecido muchísimo a algunos. The New York Times describía así Santa Cruz: «Las imágenes de pobreza extrema contrastan aquí con la construcción de nuevas y llamativas sedes centrales de corporaciones venidas desde Brasil, Europa y Estados Unidos». Por si no bastara, la distribución de tierras había llevado a algunos analistas a describir el escenario como «provincias semifeudales dominadas por haciendas semifeudales». El 5 por ciento de los terratenientes posee el 90 por ciento de las tierras de cultivo. Cuando el MAS llegó al poder, trató de afrontar esta ofensiva desigualdad, que se dibujaba con bastante regularidad siguiendo fronteras raciales, donde los campesinos pobres desposeídos de tierra pertenecían a la población indígena. Como siempre, Estados Unidos apoyaba a la oligarquía, que a su vez apoyaba la servidumbre continuada del país a las grandes corporaciones estadounidenses.

Morales puso en marcha un programa de reforma agraria para dividir las extensas propiedades rurales que desde hacía tanto tiempo controlaba una pequeña élite y redistribuir tierras no explotadas entre campesinos indígenas despojados de ellas. El gobierno decretó que la propiedad privada de grandes extensiones solo sería aceptable si se le daba «uso social». Pero semejante proyecto iba a suscitar la ruidosa oposición de una élite consolidada que sentía que le usurpaban sus posesiones. Un caso singularmente ilustrativo es el de Ronald Larsen, un estadounidense de Montana de sesenta y siete años que llegó a Bolivia en 1968 y, cuando el presidente Morales accedió al poder, poseía en todo el país —junto con sus hijos— diecisiete fincas que comprendían un total de 56.500 hectáreas, una extensión equivalente al triple del territorio de la ciudad más grande del país. El nuevo gobierno boliviano acusó al señor Larsen de mantener a los campesinos indígenas guaraníes «prácticamente en la esclavitud» y trató de entregarles semillas para ayudarlos a salir de la servidumbre. El señor Larsen respondió: «La principal preocupación de estas personas en la vida es dónde van a conseguir el siguiente cuenco de arroz. Unos cuantos sacos de arroz compran mucho apoyo».[47] El gobierno informó de que las tierras ardieron cuando trataba de entregar el citado arroz.

En el este del país, donde se encuentran la mayor parte de los recursos naturales y la riqueza, la reacción ante la reforma agraria fue casi de histerismo. Un grupo de magnates —casi todos de origen europeo— posee muchas de las empresas de allí y, durante los tres años siguientes, junto con sus aliados de la media luna[48] —la zona «opositora» del país, que tiene esa forma— trabajó para derrocar al nuevo presidente Morales. El gobierno estadounidense, con sus agencias, que desde hacía décadas ejercían sobre Bolivia un poder político y económico avasallador en colaboración con estas recién desplazadas élites, no fue un agente benigno en ese periodo. Trabajó activamente para ayudar a la oposición y menoscabar al gobierno elegido democráticamente. La telaraña del control estadounidense era y es muy vasta, pues todavía cuenta con muchas agencias creadas en plena Guerra Fría cuyo civilizado discurso oculta su uso, antes como herramienta contra la influencia soviética en la región y ahora para debilitar el socialismo democrático del MAS. Pese a las inmensas reservas de gas natural existentes en el país, estas agencias, junto con las grandes corporaciones transnacionales y sus compradores locales en el gobierno, han conspirado para mantener a Bolivia como el segundo país más pobre de América del Sur y uno de los más desiguales.

Cuando el gobierno del MAS amenazó con trastocar ese orden social, como es lógico Estados Unidos se puso nervioso. Una de las primeras medidas del presidente Morales una vez en el poder fue cerrar la oficina de la CIA, que hasta entonces, según decía, había operado en el palacio presidencial. El gobierno estadounidense rechaza y califica de «teorías de la conspiración» las afirmaciones de Morales de que las diversas agencias que conforman el aparato de política exterior estadounidense habían estado ofreciendo apoyo encubierto a la oposición. El gobierno estadounidense, junto con una veintena de instituciones no gubernamentales, algunas con sede en Nueva York o en la Colombia aliada con Estados Unidos, han venido trabajando para restar autoridad al gobierno democráticamente elegido de Bolivia. y siguen haciéndolo.

Visitas clandestinas

Cuando le entrevisté en su despacho —cubierto de fotografías del Che Guevara y miembros destacados de la sociedad civil boliviana—, César Navarro, que había dirigido la investigación del incidente de abril de 2009, hablaba a toda velocidad, ansioso por ofrecer toda la información con la mayor rapidez posible. «Rózsa no vino aquí por su cuenta, le trajeron —me contó—. Le trajo Hugo Achá Melgar». El fiscal del caso indicó que se halló una de las tarjetas de visita de Achá en la mochila de uno de los supuestos terroristas. Además, se decía que Achá se reunió con Rózsa al menos en tres ocasiones, mientras que el testimonio de otros sospechosos de terrorismo bajo custodia daba a entender que Achá era quien prestaba apoyo económico al grupo. El gobierno boliviano ha tratado de solicitar, sin éxito, la extradición de Achá, que en la actualidad reside en Estados Unidos.

El relato de Achá deja al descubierto un largo rastro que conduce en última instancia a un conjunto de oficinas de lujo en el centro de Manhattan. Achá, esposo de una destacada congresista de la oposición, fue el fundador y presidente de una versión boliviana de la Human Rights Foundation (HRF), una ONG estadounidense con sede en Nueva York. HRF no es una ONG muy conocida, pero presume de que Elie Wiesel y Václav Havel forman parte de su «consejo internacional». La fundó en 2005 un personaje atípico en el mundo de las ONG y los derechos humanos: Thor Halvorssen, rico playboy y busto parlante de política que ofrece comentarios baratos en Fox News y es un habitual de las fiestas nocturnas de Manhattan.

Su fundación también es atípica: el señor Halvorssen contó a The Economist en el año 2010 que quería que su organización se apartara del molde tradicional de las ONG. En primer lugar, su grupo tenía un programa explícito —aseguraba la revista—, centrado «sobre todo en los pecados de los gobiernos izquierdistas de América Latina». Pero su táctica también era distinta. «Con la confianza de un recién llegado —proseguía el artículo—, sostiene que los grandes actores del ámbito de los derechos humanos se han vuelto en la actualidad demasiado burocráticos y son poco proclives a realizar acciones atrevidas, como hacer visitas clandestinas a países represores». Desde su oficina en el centro de Manhattan, Halvorssen señalaba: «Trabajan en unas oficinas muy amplias revestidas de mármol, ¿dónde está el alma de eso?». Donde él quería estar era en las polvorientas calles de La Paz. En buena medida, en el caso de Halvorssen se podría aplicar aquello de que «de casta le viene al galgo». En efecto, la obsesión de HRF con los gobiernos represivos —concretamente los de Venezuela y Bolivia— no era nada nuevo en la familia. Ni tampoco las actividades clandestinas. El padre de Halvorssen, Thor Halvorssen Hellum, es un empresario venezolano al frente de una de las familias más ricas del país. En 1993 fue detenido y acusado de homicidio y otros cargos cuando un grupo de terroristas hizo estallar seis bombas en los alrededores de la capital, Caracas. Se la llamó la trama de los terroristas «yuppies», porque sus presuntos estrategas eran banqueros y otras élites acaudaladas que confiaban en que el pánico causado por las bombas les ayudara a especular en el mercado bursátil. En aquella época, The Houston Chronicle señaló: «La policía ha identificado al presunto autor intelectual como Thor Halvorssen, expresidente de la compañía telefónica CANTV, excomisario antidroga nombrado por el expresidente y, según las autoridades, exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en América Central». Halvorssen Hellum pasó finalmente setenta y cuatro días en la cárcel antes de que un juez del Tribunal Superior de Justicia le declarara inocente de tentativa de homicidio y todas las demás acusaciones relacionadas con las explosiones. La sentencia resultó turbia para muchos. Y dos horas después de que lo pusieran en libertad, otra ONG dedicada a «los derechos humanos», la International Society for Human Rights, le nombró director de su comisión panamericana. Durante una campaña «antidroga» llevada a cabo por la CIA en Venezuela, que concluyó con el envío de una tonelada de cocaína casi pura a Estados Unidos en 1990, el señor Halvorssen Hellum, desde su cargo de jefe de narcóticos, volvió a verse envuelto en la polémica. The New York Times informaba: «La DEA descubrió que Halvorssen, que tenía vínculos con la CIA, utilizaba información de la DEA para difamar a rivales políticos y empresariales».

De tal palo tal astilla. El proyecto de derechos humanos de Halvorssen hijo (la HRF) se fundó, según sus palabras, para contribuir a «defender los derechos humanos y promover la democracia liberal en América». La HRF «investigará e informará sobre violaciones de los derechos humanos» y «elaborará informes, análisis independientes y estudios de políticas». Pero está claro que la organización se fundó, principalmente, para calumniar a los gobiernos de Venezuela y Bolivia. En efecto, contaba con fondos considerables para llevar a cabo sus tareas. Estudiar la contabilidad del grupo resulta interesante. El año contable que concluía el 31 de diciembre de 2006 —primer ejercicio completo de actividades de la ONG— el grupo gastó 300.518 dólares en su programa. El año siguiente, a finales de 2007, la cifra se multiplicó por más de dos, hasta alcanzar los 644.163 dólares. En el año 2008 descendió hasta los 595.977 dólares, pero volvió a aumentar en el 2009 hasta los 832.532 dólares, cuando la violencia política despuntaba en Bolivia. Curiosamente, en el ejercicio que concluyó a finales de 2008, las «actividades generales», que representaban la partida de gastos más elevada, suponían 85.525 dólares, el 14 por ciento del gasto total en «programas de actuación». Antes de que concluyera el año 2009, el gasto en «actividades generales» aumentó un 813 por ciento, hasta los 458.840 dólares, y comprendía el 55 por ciento del gasto total. En los cuatro años contables transcurridos entre 2006 y 2009, la HRF ha gastado casi 2.600 millones de dólares en gastos de funcionamiento. Pero ¿a qué se destinaba el dinero? Gracias a los cables de WikiLeaks, sabemos que cuando el oligarca Branko Marinkovic huyó a Estados Unidos desde Bolivia, una de sus primeras actividades fue visitar la oficina de la HRF en Manhattan. Por desgracia, no sabemos de qué habló allí. En sus seis años de actividades, el grupo ha hecho públicos dos informes anuales de treinta páginas mal contadas y otros dieciséis sobre asuntos diversos relacionados con los «gobiernos represivos». A decir verdad, el grupo sí organizó una conferencia sobre derechos humanos en Oslo, pero esta, según señalaba un periodista de The Wall Street Journal, «no se parecía a ninguna otra conferencia sobre derechos humanos a la que yo haya asistido», pues «no se percibía el menor deseo de culpar […] a Estados Unidos ni a ningún otro país occidental».

En ese mismo artículo, el señor Halvorssen se reía de las acusaciones de que él, al igual que su padre, actuaba en connivencia con la CIA, lo que calificaba de «teorías de la conspiración». Pero los vínculos entre su grupo y Achá, el hombre acusado de comprar los billetes para los terroristas de Santa Cruz, eran más estrechos de lo que Halvorssen dejaba ver. El señor Halvorssen sostenía que el grupo boliviano «se inspiraba en el trabajo de la HRF», pero es «un grupo de individuos bolivianos, […] un grupo completamente independiente con una junta directiva compuesta por entero de ciudadanos bolivianos». ¿Es cierto eso? Durante toda esa época Achá remitió informes a la embajada estadounidense refiriéndole sus problemas, y las autoridades de la embajada se reunieron con él «en su calidad de director de la Human Rights Foundation-Bolivia», de la que aseguraron que estaba estrechamente vinculada con la organización con sede en Nueva York. Un cable señala que el grupo de Achá es «filial de un grupo más amplio, la Human Rights Foundation»…, presidida por el señor Halvorssen.

El grupo HRF de Nueva York sigue negando sin ambages todo delito por parte de Achá y, según algunos, es probable que le ayudara en sus afanes por permanecer en Estados Unidos. Su portavoz declaró a la prensa: «Human Rights Foundation ha realizado en Bolivia una labor extraordinaria denunciando violaciones de los derechos humanos y, por desgracia, la respuesta de Morales llega en forma de insultos y acusaciones infundadas […]. Hemos llevado a cabo una investigación interna y no hemos encontrado ninguna prueba de que el señor Achá esté vinculado al grupo del que el gobierno afirma que está implicado en actividades separatistas». Como revelan los cables de WikiLeaks, el grupo acusó después al presidente Morales de «vilipendiar la reputación» de la HRF, debido a que los informes de HRF-Bolivia referían la «destrucción de las instituciones democráticas, las flagrantes violaciones de los derechos humanos en Bolivia» y el «carácter antidemocrático del gobierno de Morales». Era la respuesta habitual. Cuando Waldo Albarracín —Defensor del Pueblo boliviano— aludió específicamente a la Human Rights Foundation, afirmó lo siguiente a la embajada estadounidense: «No conocen los hechos, de modo que cualquier opinión que puedan tener sobre ellos no es más que eso, una opinión».

Achá fue finalmente detenido bajo la sospecha de estar implicado en el complot. El cable revela la preocupación de la misión diplomática por la detención de este «contacto de la embajada y dirigente de una ONG del ámbito de los derechos humanos». Achá incluso había entregado a la embajada una copia de la orden de detención, que él vinculaba a sus «investigaciones» sobre una matanza en el departamento de Pando de Bolivia —perpetrada, en realidad, por elementos de extrema derecha de la oposición—. Pero, al igual que muchas de las figuras de la oposición, consiguió convencer a Estados Unidos de que le brindara asilo político. El cable concluye diciendo: «Achá está en la actualidad en Estados Unidos». La función de santuario para sospechosos bolivianos podría ser todo un tema de la política estadounidense. De hecho, Estados Unidos se ha mostrado muy activo en su supuesta educación terrorista. Según los cables de WikiLeaks, Achá había participado en un curso sobre «terrorismo y contrainsurgencia» del Center for Hemispheric Defense Studies, desarrollado en Washington a finales de 2008; suponemos que para obtener conocimientos útiles de cara a su nueva acción de terrorismo «contrainsurgente» violento a su regreso a Bolivia. Entre las lecturas obligatorias del curso se encontraba Left Wing Terrorism in Italy [«El terrorismo de izquierda en Italia»], de Donatella della Porta, y Lenin on Armed Insurrection [«La insurrección armada según Lenin»], de Tony Cliff.

Roger Pinto, senador del partido de la oposición Podemos, comunicó a la embajada estadounidense que el gobierno «tiene pruebas de que Achá estuvo implicado en la supuesta célula de Santa Cruz». Añadió que Achá estuvo implicado en los intentos de recabar para el grupo fondos de los dirigentes de la media luna, la plaza fuerte de la oposición, pero solo para «crear una fuerza de autodefensa para la media luna […], no para asesinar al presidente». Pinto sostenía que Achá, junto con Rózsa, se dirigió entre otros al alcalde de la ciudad central de Trinidad, Moisés Shriqui, para obtener su apoyo. Pinto señaló también que Shriqui rechazó de plano participar y desautorizó al grupo afirmando que era «una idea muy mala».

Otro diputado opositor de Podemos, Claudio Banegas, explicó a la embajada estadounidense que la investigación del Congreso sobre el grupo de Santa Cruz había revelado que Achá sí tenía relación con la célula. Su colega declaró que su participación no se situaba «en la dirección, sino en la base». En otro cable enviado desde La Paz, a Achá se le denomina «abogado en defensa de los derechos humanos» y se señala que las autoridades políticas de la embajada se reunieron con él en dos ocasiones en Santa Cruz mientras estaba investigando la matanza en 2008 de campesinos indígenas en el departamento de Pando, de Bolivia. «En aquel momento preparaba un informe donde detallaba el alto grado de responsabilidad del gobierno de Morales en la provocación de violencia en Pando», añadía el cable. Halvorssen nunca aclaró si este «grupo absolutamente independiente» había recibido financiación de la HRF para llevar a cabo la tarea, pero su propio grupo llegó a conclusiones igualmente erróneas y sesgadas desde el punto de vista político sobre la matanza de Pando. Por casualidad, poco después de que yo le solicitara una entrevista, Thor Halvorssen se puso en contacto con The Financial Times y les entregó un currículum que recogía mi aparente «radicalismo», lo que precipitó mi salida del periódico. Como ya se ha dicho, estos «creyentes en la libertad» solo creen en la libertad cuando les beneficia.

La España gloriosa[49]

La población boliviana y concretamente la comunidad de empresarios del país siempre han sentido un profundo desdén hacia el gobierno central, al que consideran entrometido y asfixiante. En consonancia con este planteamiento, en casi todas las regiones del país hay instituciones denominadas «comités ciudadanos» que organizan y representan los intereses empresariales. Estos comités han adquirido una importancia especial en el bastión opositor de la media luna. En Santa Cruz, donde fue desarticulado el grupo de Rózsa, el comité cívico se ha convertido en la principal voz no gubernamental de oposición a Evo Morales. Su presidencia la han ocupado algunos de los políticos y empresarios más poderosos del país, entre ellos Rubén Costas, el actual gobernador de Santa Cruz. Obtiene su financiación de 220 empresas del departamento. En su informe interno sobre la sociedad civil de Bolivia —que obtuve mediante la Ley de Libertad de Información—, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) refería que las dos principales columnas en las que se sustenta el Estado son «los comités ciudadanos […] a la derecha y las grandes organizaciones de trabajadores a la izquierda». El Comité Pro Santa Cruz (CPSC) ha sido acusado de tener orientación fascista y se ha visto implicado en el uso de la violencia contra población indígena, sobre todo su rama juvenil. Ignacio Mendoza, senador de Sucre y miembro de la oposición izquierdista a MAS, me contó: «Contra nosotros están el Comité Pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista, que es un grupo neofascista. Estos grupos siempre amenazan». En The New York Times, el corresponsal Simón Romero señalaba: «No es raro que muchos bolivianos partidarios del señor Morales vean en Santa Cruz un reducto de racismo y elitismo». Y añadía: «Esta ciudad sigue siendo un bastión de grupos abiertamente xenófobos como la Falange Socialista Boliviana, cuyo saludo con el brazo en alto se inspira en la falange fascista del desaparecido dictador español Francisco Franco».

Esto parecería incluir al CPSC. Después de realizar una serie de entrevistas en las oficinas del CPSC, el portavoz de esta organización, inexplicablemente, me permitió descargar un grupo de archivos del ordenador de la oficina principal. Entre ellos había viñetas racistas contra Evo Morales, así como un poema laudatorio de la madre patria colonial, España.

Decía así:

La España grandiosa

con hado benigno

aquí plantó el signo

de la redención.

Y surgió a su sombra

un pueblo eminente

de límpida frente,

de leal corazón.

También contenía una carta con el encabezamiento «Filial España» enviada por el presidente del comité al presidente del ultraderechista comité cívico de España, Carlos Durán Banegas, agradeciéndole su apoyo y su ayuda. Otra carpeta contenía un escudo de armas de Germán Busch, presidente de Bolivia en la década de los años treinta, de quien muchos bolivianos sospechaban que tenía inclinaciones nazis. Los informes del grupo de tendencia fascista UnoAmérica también abundan en el ordenador del CPSC. De hecho, entre los documentos hay fotografías tomadas —se supone que por un fotógrafo del CPSC— de UnoAmérica entregando su informe sobre Pando a la Organización de Estados Americanos (OEA), en Nueva York.

Los archivos informáticos que descargué también estaban llenos de documentos descabellados que tildaban de terroristas a Chávez y a Morales. Un corresponsal señalaba con exactitud que el CPSC es «una chispa de agitación separatista en el este». Pese a su tendencia, el contribuyente estadounidense está financiando a los integrantes de este grupo a través de la USAID. En los cables de WikiLeaks, bajo el epígrafe Blowing Smoke [«Exageraciones»], un despacho de agosto de 2007 se mofa de las afirmaciones del gobierno boliviano de que las actividades de la USAID se utilizan para ayudar a la oposición. Pero sin darse cuenta lo confirma. Decía: «Otro contratista de la USAID, Juan Carlos Urenda (dirigente ciudadano de Santa Cruz), describió las acusaciones del MAS como un intento de proyectar una cortina de humo sobre los “graves problemas de este país”». El análisis del tesoro que conforman los documentos del ordenador del CPSC revela que el mismo señor Urenda, el contratista de la USAID, es el autor para el SCCC de un extenso artículo laudatorio de la historia de la lucha del departamento por la autonomía. Este destacado abogado del este publicó en 1987 un libro titulado Departmental Autonomies, que, señalaba él, «esboza la que será la doctrina fundamental del proceso de autonomía». Y proseguía señalando: «Consciente del error de haber estructurado el país de forma centralizada, [Santa Cruz] no ha cejado en su tentativa de descentralizar el Estado a lo largo de toda su historia republicana».[50]

Resulta que el señor Urenda fue en realidad uno de los fundadores del consejo preautonómico del CPSC y uno de los ideólogos más sobresalientes de la región. Este hallazgo convierte en una farsa la afirmación de la USAID de que es apolítica. Según señalaba su propio informe, «está claro que la sociedad civil de las primeras columnas de ambos bandos [los comités cívicos y las organizaciones de trabajadores] están desempeñando un papel menos social y más político y gubernamental».[51] Aunque evitan hablar de ayuda directa, la cúpula del CPSC se deshacía en elogios hacia la USAID cuando hablé con ellos. Los documentos del ordenador también ofrecen amplias muestras de los preparativos de Ferexpo 2007, una feria empresarial que se celebraría próximamente en la ciudad y a la que asistiría el embajador Philip Goldberg. «La USAID en Bolivia estaba apoyando organizaciones democráticas, así como el turismo y las ferias —decía el portavoz, Rubén Darío Méndez—. Les interesaba fomentar la participación política. A Evo no le gustan esas cosas, no le gusta que haya libertad».

No solo la USAID les presta ayuda. El señor Méndez señalaba que la Asociación de Periodistas de Santa Cruz tiene un acuerdo suscrito con la embajada estadounidense por el que reciben ayuda para editar libros y celebrar actos, un convenio inexistente en otras regiones del país. «En algunos casos, Estados Unidos nos ayuda —explicaba—. Cualquiera puede remitir una propuesta para recibir ayuda. He asistido a actos sobre la gobernanza política, sobre la libertad de expresión o los derechos humanos —añadía—. Se aprobó un nuevo código penal y desde hace años la USAID realiza un taller sobre este tema». Todavía se mostraba optimista acerca de la capacidad de la USAID para abordar su trabajo: «En Santa Cruz sigue habiendo organizaciones y personas que creen en la democracia. Se demostró el otro día, cuando fui a la inauguración de un centro de apoyo a la democracia que la USAID ha contribuido a financiar; trabajan con el rector de la universidad, y el vicepresidente del comité cívico colaboró en su creación». Evidentemente, pensaba que la USAID creía en su modalidad de democracia. «Aquí hay un sistema totalitario; si hubiera un gobierno democrático, no habría problema. El mayor problema de Bolivia es el centralismo» (una opinión recurrente en los informes de la USAID). La abundante acumulación de informes de ambas organizaciones en el ordenador de la oficina también revela los vínculos existentes entre el CPSC y las ONG HRF y UnoAmérica. Evidentemente, se remitían en calidad de manual básico sobre la situación en Bolivia.

Encontré más pruebas del apoyo estadounidense a estas fuerzas de la oposición de derechas en Sucre, capital judicial del país, donde en agosto de 2006 el presidente Morales anunció el inicio de la andadura de la asamblea constituyente. Se tardaría seis meses en redactar una nueva Constitución que promoviera los derechos de las comunidades indígenas, un mayor control económico de los recursos del país y la reforma agraria. Fue aprobada en referéndum en 2009. «Sucre marca la línea divisoria entre el este y el altiplano [el oeste indígena, más pobre], así que la idea era que se trataba de un lugar que podía traer la paz entre los dos pueblos —me argumentaba el señor Mendoza, el senador izquierdista, mientras charlábamos sentados en la sede del gobierno local—. Pero los grupos radicales de aquí entraron en contacto con Santa Cruz y, de repente, el asunto adquirió mayor relieve». Todo el proceso estuvo marcado por la violencia, pues la oposición se propuso hundirlo. «Todo se reduce a una cuestión de racismo —añadía—. La asamblea constituyente estaba compuesta en gran medida por campesinos indígenas, lo que desencadenó brotes racistas. La gente decía: “Quien no salta es una llama”, para expresar superioridad sobre los indígenas, a quienes califican de llamas porque son del altiplano».

Cuando comenzaron los asesinatos y el saqueo, Estados Unidos no emitió ninguna declaración de condena. «¿Prenden fuego a los gaseoductos y el gobierno estadounidense no lo condena? —preguntaba Morales en aquella época—. Por supuesto, saben que [los grupos de oposición] son sus aliados. Así que ¿cómo iban a denunciarlos?». Tenía razón.

La táctica empleada por el CPSC reproducía la utilizada en Chile cuando Estados Unidos se propuso desestabilizar al gobierno de Salvador Allende a principios de la década de los setenta; en última instancia fue derrocado con un golpe de Estado antidemocrático respaldado por Estados Unidos. En Bolivia había violencia de grupos juveniles, pero también huelgas —en esta ocasión, organizadas por las élites empresariales— diseñadas para poner al país de rodillas e impedir el comercio con el oeste del territorio. La Confederación de Empresarios Privados convocó un cierre patronal nacional si el gobierno se negaba a «cambiar su política económica». Se denominó a todo esto «golpe ciudadano». Fracasó, pero, según las pruebas descubiertas durante mi estancia allí, más o menos en la misma época Estados Unidos trató de revitalizar la oposición. Cuando estuve en Sucre hablé con el comité cívico del departamento de Chuquisaca, al que pertenece la ciudad, que todavía es un baluarte opositor. Su presidente, Félix Patzi, comentaba que el papel del comité cívico era «vigilar los proyectos del gobierno para asegurar que se cumplen las promesas». Pero recordaba que la embajada estadounidense se había puesto en contacto con ellos para presentarles una petición asombrosa. «Hicieron una oferta hace años. Querían financiar un encuentro de todos los comités cívicos del país para reunirlos en el año 2007», comentaba. La idea era «aglutinar el trabajo de diferentes comités cívicos para fomentar la comunicación entre ellos. —Y añadía—: No sé por qué lo hizo Estados Unidos, pero Santa Cruz nos informó de que la idea era crear un comité cívico nacional». Obviamente, Estados Unidos sabía —por sus documentos internos— que ese comité cívico nacional sería de derechas y asumiría un papel político y gubernamental. Esa debía de ser su intención. El señor Patzi señaló que el comité de Chuquisaca se había negado porque no recibía financiación externa, pero añadió: «Desconozco si otros comités cívicos han aceptado dinero de Estados Unidos».

De regreso al CPSC, hablé con otros cargos que transmitían la impresión de mantener una relación estrecha con Estados Unidos. «Siempre hemos intentado trabajar para que la sociedad civil de Bolivia tenga su propio espacio de desarrollo —señalaba Nicolás Ribera Cardozo, vicepresidente del CPSC—. Siempre hemos mantenido conversaciones a ese respecto con Estados Unidos». Decía que en el año y medio que llevaba ejerciendo como vicepresidente había mantenido dos conversaciones con el jefe de comunicación y publicaciones de la embajada. «Lo que expresaban era cómo podían fortalecer los canales de comunicación —decía—. La embajada dijo que nos ayudaría en nuestra labor de comunicación y que tenía una serie de publicaciones en las que exponían sus ideas». Pero la situación mejoró aún más con Bush. «Con Bush había mejores programas; programas de la USAID y de la DEA para hacer frente al narcotráfico». Añadía que el National Endowment for Democracy, financiado por Estados Unidos, había «realizado talleres informativos sobre liderazgo para jóvenes». A su juicio, no era polémico que estos programas pretendieran ayudar a la oposición. «Claro que ayudaban a la oposición, se inscriben en una corriente de pensamiento liberal: formas a las personas para que tomen conciencia, para que sean más productivas».

El aspecto más controvertido del CPSC es su rama juvenil, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), a la que un analista de Bolivia calificó de «tropas de choque paramilitares». Deambulan por las calles de Santa Cruz en época de disturbios y han estado implicados en ataques violentos y atrocidades cometidas contra campesinos indígenas, así como en destrozos de edificios gubernamentales. La embajada estadounidense señalaba que la UJC «ha atacado con frecuencia a población e instalaciones favorables al MAS y el gobierno», y añadía: «Sus actos suelen estar más impulsados por el racismo que por la política. Hace unos meses, un grupo de integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista, principalmente blancos, atacó a un emigrante del altiplano […]. La Unión Juvenil Cruceñista ha presumido ante la prensa de haber reclutado siete mil miembros para que participen en las [milicias de defensa ciudadana]; es posible que la cifra sea exagerada, pero muchos de quienes se han afiliado son militantes». Otro cable decía: «La Unión Juvenil de Santa Cruz parece estar radicalizándose: un grupo ondeaba banderas por la ciudad en un jeep engalanado con esvásticas». Poco después del complot de Rózsa, la policía detuvo a Juan Carlos Gueber Bruno, de quien se decía que era asesor de la UJC y exactivista del CPSC, y a quien se conocía como «comandante Bruno».

«La violencia de la Unión Juvenil Cruceñista representaba básicamente la respuesta a una amenaza —me aseguraba el señor Cardozo—. Los grupos juveniles sí participaban en estas cosas, pero porque pensaban que debían responder a las amenazas del MAS».

En la sede del CPSC también hablé con Samuel Ruiz, presidente de la UJC, rodeado de fotografías de anteriores presidentes del comité, entre ellos Marinkovic y Costas. «El comité se creó en 1952 para proteger esta región, que estaba siendo atacada por otras regiones —comentó el señor Ruiz—. El comité cívico ya existía, pero se pensó que podría tener también una rama juvenil». Ahora, la UJC cuenta con tres mil miembros pasivos y quinientos activos, según su presidente. Le pregunté tres veces si contaba con algún miembro que fuera indígena, porque en las dos primeras ocasiones había evitado contestar. La tercera vez respondió: «¿Qué porcentaje? No lo sé. Hay veinte delegados de diferentes provincias que representan a zonas con población indígena». Se quejaba de que cuando Morales había llegado al poder se había desecho de la USAID y de otras asociaciones estadounidenses; una afirmación falsa. «Ha tenido un impacto enorme —afirmó—. Cuando había agencias internacionales, Bolivia era mucho más pacífica, pero ahora vemos armas por las calles, hay secuestros, es violenta y peligrosa, mientras que antes no lo era». La UJC había pasado a tomarse la justicia por su mano. Decía que el gobierno estaba trayendo a gente de Chile y Perú para formar a campesinos en la lucha armada y que los médicos venezolanos y cubanos ofrecían en realidad entrenamiento militar. Su paranoia con la influencia cubana y venezolana era semejante a la que se veía en los cables de las autoridades estadounidenses. Afirmaba que Morales había enviado campesinos a Santa Cruz para que desencadenaran la violencia en el momento culminante de la tensión, aun cuando los cables indicaban que Morales se había mantenido al margen para evitar bajas. «Los estrategas militares nos han dicho que el presidente Morales les ha dado instrucciones de que no causen bajas civiles —decía uno—. Los militares sobre el terreno siguen diciéndonos que si se les pide que ejerzan violencia contra los manifestantes de la oposición pedirán que se les dé por escrito la orden del presidente Morales». Otro decía: «El 13 de diciembre un militar de alta graduación dijo a [una autoridad de la embajada] que el presidente Morales quería que el ejército se cuidara mucho de evitar confrontaciones violentas con los manifestantes si la policía boliviana les solicitaba apoyo».

«Estamos vigilando al gobierno para ver lo que hace —afirmaba Ruiz—. Pero, por ejemplo, están trayendo a gente de Perú para que entrene a campesinos que maten a mis amigos, los están entrenando en técnicas de guerra. ¿Qué pretenden?». Sobre la violencia contra la población indígena, Ruiz decía que era en defensa propia. «Tras las últimas elecciones, Evo envió campesinos a Santa Cruz para que dieran comienzo a las agresiones; nuestra organización mandó salir a su gente, pero solo para defenderse […]. No es una amenaza directa», reconocía, pero le preocupaba porque estaban «entrenando a campesinos que no saben leer ni salir a ganarse el pan». Ruiz afirmaba que la UJC jamás había tenido armas, lo cual también se puede demostrar que es falso.

Asimismo, los cables revelaban que en aquella época Estados Unidos tenía sospechas al respecto: «Se dice que algunos cruceños están formando grupos de combate». Ellos tenían que saberlo, ya que estaban financiándolos. «Algunas fuentes informaron de que los cruceños están creando grupos de combate y defensa equipados tanto con fusiles como con armas cortas». Ruiz afirmaba que los combatientes campesinos eran los responsables de la matanza de Pando. «Los venezolanos mataron a población indígena. Hay fotografías […]. Los venezolanos entraron en el país infiltrándose entre los médicos cubanos —aseguraba—. Fueron a Pando con el propósito de confeccionar la estrategia militar de la organización para que no fuera caótica, pero todos los campesinos armados estaban borrachos y los venezolanos los mataron por error, porque no sabían de qué lado estaban, y también dispararon en la pierna a un periodista boliviano porque querían que dejara de grabar». Al CPSC también lo implicó en el complot de Rózsa Ignacio Villa Vargas, un negociador local que actuaba de chófer del grupo, quien declaró que algunos de sus miembros estaban involucrados. Pero el CPSC decía que el gobierno de Morales había organizado el complot. De todas formas, sí reconocieron que Rózsa había estado en sus oficinas, pero señalaban que trataba de infiltrarse en el comité, en representación del gobierno, haciéndose pasar por periodista. Me mostraron capturas de pantalla de supuestos correos electrónicos entre Rózsa y el vicepresidente Álvaro García Linera, que estaban claramente falsificados, de agosto de 2008 y marzo de 2009, justo antes del asalto en el Hotel Las Américas.

Los cables dados a conocer por WikiLeaks señalaban que la oposición «está nerviosa, casi paranoica». También intentaba borrar sus huellas con delirantes teorías de la conspiración. Como hemos expuesto, uno de los sospechosos de estar implicado en la célula terrorista fue Branko Marinkovic, presidente retirado del CPSC y uno de los hombres más ricos de Bolivia, propietario de un inmenso negocio de soja y de grandes extensiones de tierra en el este del país. Sus padres emigraron de la antigua Yugoslavia en la década de los cincuenta y Marinkovic se convirtió en un empresario de éxito antes de introducirse en la política, una trayectoria muy trillada en el este de Bolivia. Cuando el gobierno de Morales accedió al poder y se embarcó en el programa de reforma agraria que arrebató tierras improductivas a sus propietarios para entregárselas a campesinos sin tierra, hombres como Marinkovic tenían mucho que perder. En una entrevista concedida en 2007 a The New York Times, Marinkovic auguró que Bolivia se convertiría enseguida en un país como Zimbabue, «donde el caos económico es la norma». (Ese mismo año, el director del Fondo Monetario Internacional para países del continente americano elogió al gobierno de Morales y calificó su política macroeconómica de «muy responsable»). Pero Marinkovic prosiguió —«hablando inglés con un ligero acento de Texas que había adquirido en la Universidad Metodista del Sur»— con una amenaza velada: «Si no hay mediación internacional legítima en esta crisis, va a haber confrontación. Y, por desgracia, va a ser sangrienta y dolorosa para todos los bolivianos». Eso fue justo antes de que se desarticulara el complot Rózsa-Flores.

The New York Times también señaló que las agencias de noticias croatas habían investigado las afirmaciones de que Marinkovic «intentaba reclutar un ejército paramilitar con mercenarios venidos de Montenegro, donde nació su madre». Marinkovic negaba esas acusaciones, pero no cabe duda de que estaba impulsando una desintegración del país en los mismos términos en que Yugoslavia se había dividido en la década de los noventa. El 1 de septiembre de 2008 Marinkovic huyó a Estados Unidos y, cuando regresó, tan solo una semana después, el este del país se sumió en una revuelta declarada. Más o menos en la misma época, el embajador estadounidense Philip Goldberg se reunió en secreto con Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz (la reunión fue recogida por una agencia de noticias). En un principio, Marinkovic presentó una demanda por «difamación» contra dos altos cargos del gobierno por vincularle con el complot Rózsa-Flores. Su abogado, para demostrar que no tenía ninguna relación con la célula terrorista, declaró: «Está en Santa Cruz, se quedará en Santa Cruz y seguirá en el país». Sin embargo, ahora está escondido. El presidente de la UJC divulgó que estaba en Estados Unidos. «El gobierno ya le ha declarado culpable y no puede defenderse desde aquí, de modo que pidió asilo político en Estados Unidos y se lo concedieron». Igual que Achá. Añadió que no sabía si Marinkovic conocía a Rózsa. Quizá no fuera tan raro. «Estados Unidos ha tenido muy buena relación con Branko Marinkovic —decía el señor Navarro, ministro del MAS—. Cuando fue presidente del comité cívico tenían en común su oposición al presidente del gobierno». En una ocasión, Marinkovic canceló sus planes de visitar Argentina porque desconfiaba del gobierno de Kirchner, aliado de Morales, y temía que lo detuvieran y extraditaran a Bolivia. Según los cables de WikiLeaks, durante uno de los viajes de Marinkovic a Estados Unidos fue invitado a participar en reuniones sobre estrategia con los asesores políticos Greenberg Quinlan Rosner y otras consultoras y empresas de sondeos.

Cuando terminé de hablar con el CPSC, pregunté si había alguien más con quien debiera hablar. El portavoz me recomendó que entrevistara al exgeneral Gary Prado, tristemente célebre por ser quien había capturado al Che Guevara y lo había entregado a sus verdugos. En aquella época, Prado era un joven capitán del ejército boliviano. «¿Dónde puedo encontrarle?», pregunté. «Suele tomar café por aquí todos los días, en una cafetería, sobre las cuatro de la tarde», me respondieron. Poco después averigüé que Gary Prado estaba bajo arresto domiciliario, pero, como no se le vigilaba, se movía con libertad. Me dirigí a su casa, en un barrio elegante de Santa Cruz. «Estoy bajo arresto domiciliario, pero voy a trabajar todos los días, así que no tiene mucho sentido», comentaba. El señor Navarro me dijo que había «un grupo de generales retirados que asesoraba al comité cívico en caso de que el gobierno les atacara». Se decía que Prado era uno de ellos. El gobierno ha llamado la atención sobre una reunión que Prado mantuvo con Rózsa en su casa. «Concedí una entrevista a Rózsa-Flores igual que se la estoy concediendo a usted; vino aquí, a esta misma habitación, mantuvimos una entrevista sobre la guerrilla del Che Guevara en Bolivia, se hizo una fotografía conmigo y ese es todo el contacto que mantuve con él». Al parecer, Rózsa se consideraba a sí mismo el nuevo Che Guevara, así como el nuevo Hemingway. Pero Prado dice que, por lo que él sabe, no cree que Rózsa planeara asesinar a Morales. «No hubo ningún intento de asesinato jamás, en absoluto», aseguraba. Preguntado sobre por qué habían hecho venir a extranjeros, respondió: «Algunos los llevaron a Santa Cruz tal vez para tratar de crear un grupo de mercenarios que defendiera la provincia». A continuación, añadió que la célula «seguramente fue creada para justificar la represión política». Él no haría suposiciones acerca de quién había traído a los mercenarios. Añadió que Estados Unidos no hace más que «promover seminarios sobre democracia y libertad».

La matanza que no fue

En mayo de 2008, los disturbios políticos sacudieron Bolivia y amenazaron con desembocar en una guerra civil. Santa Cruz celebraba un referéndum de autonomía que el gobierno consideró un paso hacia la secesión de la provincia oriental. Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, había declarado durante la campaña que las elecciones —que no estaban autorizadas legalmente por el Tribunal Electoral Nacional ni reconocidas por la OEA— «alumbrarían una nueva república». (Este es el mismo gobernador a quien el sospechoso de terrorismo Mario Tadic confesó que las autoridades se habían reunido con el jefe de la célula terrorista en tres ocasiones y habían hablado vagamente de «organizar algo»). La situación se precipitó y comenzó a desbordarse con protestas masivas y violencia, pero el presidente Morales evitó anular los plebiscitos que se celebraban en otros departamentos y convocó un referéndum revocatorio de su mandato. Lo ganó de manera abrumadora, con el apoyo de dos tercios del electorado nacional. Entonces, la oposición —desesperada y apabullada— convocó una huelga y envió a la UJC (el grupo juvenil ultraderechista) a atacar edificios gubernamentales y a la población local indígena. La derrota en las elecciones llevó a la oposición a declarar unilateralmente la «autonomía» en cuatro provincias orientales del país. Una de las reivindicaciones del movimiento autonomista era su rechazo del control del gobierno central sobre los beneficios de las reservas de gas natural del país que se concentraban en la región. En el contexto boliviano, no era más que un eufemismo para referirse al incremento del control sobre la fiscalidad, la policía y las obras públicas. Si se conseguía una autonomía bajo la forma que Santa Cruz deseaba, sería imposible llevar a cabo las amplias reformas de Morales; este era, obviamente, el objetivo de la reivindicación.

La estrategia del movimiento autonomista consistió en asumir el control absoluto de la media luna, provocar una crisis para desestabilizar el gobierno y convencer al ejército de que mantuviera la neutralidad o actuara contra Morales. Percy Fernández, alcalde de Santa Cruz, ya había pedido al ejército que derrocara el «gobierno inútil» de Morales justo antes del referéndum de agosto. En medio de este tumulto vertiginoso, en septiembre de 2008, trece campesinos indígenas del departamento de Pando de Bolivia fueron masacrados durante los brotes de violencia desatados por toda la región a raíz de los enfrentamientos entre fuerzas progubernamentales y de la oposición. La atrocidad sigue siendo relativamente indiscutible, excepto para la HRF, Achá y la oposición boliviana. Un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) culpaba de la matanza de los campesinos a la gente que trabajaba para la prefectura local, encabezada en aquella época por el político opositor Leopoldo Fernández. Este, poco después de que ocurrieran los hechos, fue detenido y acusado de ser el responsable de ordenar el ataque; desde entonces, está encarcelado en La Paz. Según los cables de WikiLeaks, la embajada de Estados Unidos mantenía que su encarcelamiento se había realizado «bajo dudosos pretextos legales».

El informe de Naciones Unidas lo calificaba sin equívocos de «matanza de campesinos» y «grave violación de los derechos humanos», tras lo que concluía que el asesinato había sido encargado por personal de la oficina de administración local de carreteras, miembros del comité cívico de Pando y otros sujetos vinculados a la prefectura. La Unión de Naciones de América del Sur (UNASUR) también envió una delegación para que llevara a cabo una investigación, que estaba encabezada por el subsecretario de derechos humanos de Argentina. Esta delegación concluyó que el gobierno boliviano había actuado honradamente y que la responsabilidad de los crímenes correspondía a la oposición. La presidenta chilena Michelle Bachellet convocó en Santiago de Chile una reunión de emergencia de UNASUR para analizar la crisis boliviana. La consiguiente Declaración de La Moneda, firmada por los doce gobiernos de UNASUR, manifestaba su «más pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional del presidente de la República de Bolivia Evo Morales» y advertía que sus respectivos gobiernos «no reconocerán ninguna situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometa la integridad territorial de la república de Bolivia». Morales, que participó en la reunión, agradeció su apoyo a UNASUR declarando: «Por primera vez en la historia de América del Sur, los países de nuestra región decidimos cómo resolver nuestros problemas sin la presencia de Estados Unidos».

Pero hombres como Achá y su «asociada» HRF no lo veían así. En octubre, un mes después de la matanza, la HRF envió a su equipo a Bolivia para investigar…, no la matanza, sino la «detención arbitraria» de «miembros de la oposición y, al menos, un periodista». Fuentes de la HRF en Bolivia, presumiblemente Achá, aseguraban que la situación era muy grave. «La investigación preliminar llevada a cabo por nuestro personal y los informes que nos han sido remitidos por los abogados de la sociedad civil hacen pensar que las recientes detenciones de periodistas y miembros de la oposición en Bolivia tienen una motivación política», afirmaba Sarah Wasserman, jefa de programas de la HRF. Según mencionó el embajador estadounidense, el informe de Achá postulaba que en realidad había sido el gobierno del MAS el que había llevado a cabo los asesinatos. Por su parte, la HRF llegaba a vincular la matanza con un discurso pronunciado por el ministro del gobierno, Ramón Quintana, en el que exhortaba a sus simpatizantes a llevar al gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, «al fin del mundo» y «ponerle un epitafio: “Prefecto, que descanse en paz y conviva con los gusanos”». La HRF señalaba: «El discurso precedió a la violencia desencadenada los días 11, 12 y 13 de septiembre en Pando, donde fueron asesinadas por motivos políticos más de veinte personas». El informe de la «filial» boliviana de la HRF culpa de la matanza a Morales y a sus altos cargos ejecutivos nacionales. «El deterioro del Estado de derecho, de los derechos individuales […] no permite la existencia de un sistema democrático —concluía el informe—. En Bolivia, estos antecedentes resumen la instauración de un régimen despótico y dictatorial presidido por Evo Morales».

A decir verdad, hubo otras ONG que llegaron a una conclusión similar. Una fue la antes mencionada UnoAmérica, otra asociación en defensa de los «derechos humanos» con sede en Colombia cuyo logotipo muestra una mira telescópica en la «o» de su nombre. Fue fundada en 2008 por Alejandro Peña Esclusa, que ahora está detenido en su país natal, Venezuela, acusado de tenencia de detonadores y un kilo de explosivos en su domicilio. El gobierno venezolano afirma que lazos estrechos le unen a la CIA y que estuvo implicado en el golpe de Estado de 2002 —respaldado por Estados Unidos—, que depuso por un breve lapso de tiempo a Hugo Chávez. En un vídeo se ve a Esclusa insistiendo en llevar a cabo un plan de protestas generalizadas por toda Venezuela, de tal modo que el gobierno fuera incapaz de controlar la situación. «Es un mecanismo más eficiente que produce una crisis política y una crisis de inestabilidad que obliga al régimen a retirar la reforma», señala. UnoAmérica se vio profundamente implicada en Bolivia tras la matanza de Pando, a donde envió una delegación en una misión de cinco días para investigar lo sucedido. Para dirigir la investigación, se asociaron con varias ONG de Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela —cuyos nombres constituyen una especie de guía para saber quiénes son los fascistas en América Latina—. Por parte de Argentina, acudió El Movimiento por la Verdadera Historia, una asociación que pretende llevar ante la justicia a los «elementos subversivos» opuestos a la junta fascista respaldada por Estados Unidos que gobernó desde 1976 hasta 1983 y que, según cifras estimadas, asesinó a unas 30.000 personas. Uno de sus delegados argentinos era Jorge Mones Ruiz, un oficial del servicio de inteligencia del ejército argentino en Bolivia durante la última dictadura. (El gobierno también afirmaba que la célula de Rózsa tenía vínculos con grupos fascistas de Argentina a los que se conoce con el nombre de carapintadas).[52]

El informe conjunto concluía: «El gobierno del presidente Evo Morales ha planificado y llevado a cabo los actos violentos». Afirmaba tener «suficiente información para demostrar la responsabilidad del gobierno de Evo Morales en la llamada matanza de Pando». Los cables de WikiLeaks revelaron que la embajada estadounidense recibía informes de inteligencia enormemente cuestionables —como el de Achá y otros contactos en la oposición—, pero no les aplicaba el mismo grado de escepticismo que reservaba para las declaraciones del MAS. En conversaciones con un alto cargo político de la embajada, un contacto «acusó al MAS de fomentar de forma deliberada los disturbios de Pando en septiembre para justificar un asedio militar, deponer al prefecto Leopoldo Fernández y detener a dirigentes de la oposición para alterar el equilibrio de poder en el Senado». No está argumentado. Tras la violencia de los sucesos de Pando en septiembre de 2008, otro cable señalaba lo siguiente: «El gobierno ha encarcelado ilegalmente al prefecto Leopoldo Fernández y ha detenido con violencia a más de cuarenta personas, muchas de ellas destacados miembros de la oposición política». La ONU dictaminó que el encarcelamiento de Fernández no era ilegal.

Nos ocuparemos de él

La más activa de las muchas agencias estadounidenses que trabajan en Bolivia es la USAID, el principal instrumento de ayuda exterior del gobierno de Estados Unidos. La USAID empleó mucho dinero en el país: entre 1964 y 1979 aportó más de 1.500 millones de dólares para intentar generar un clima ciudadano e inversor que satisficiera las necesidades empresariales de Estados Unidos. Durante casi medio siglo ha llevado a cabo su aparente objetivo de ofrecer «ayuda económica y humanitaria», regalo «del pueblo estadounidense». La agencia actúa en todo el mundo de forma similar e invierte miles de millones de dólares cada año en proyectos que abarcan desde la «promoción de la democracia» hasta la «reforma judicial».

Sus actuaciones son polémicas. El gobierno de Morales no ha cesado de repetir que esta agencia utiliza ese dinero para promover objetivos estratégicos del gobierno estadounidense bajo el disfraz del «desarrollo», lo cual niega el gobierno estadounidense. El gobierno boliviano también se mofa de la falta de transparencia de sus programas, a diferencia de lo que sucede con los fondos de ayuda procedente de la Unión Europea. Mark Feierstein, gerente de la USAID para América Latina y el Caribe, expuso sin rodeos su raison d’être en diciembre de 2010 cuando explicó: «Los programas de la USAID no son caridad, […] no solo proceden del pueblo estadounidense, como reza el lema de la agencia, sino que son para el pueblo estadounidense». Aparte de esto, el señor Feierstein fue un asesor de campaña fundamental para el expresidente Lozada (Goni), que huyó a Estados Unidos en 2005 a fin de evitar ser juzgado por una matanza de manifestantes en La Paz. Ahora hay una tentativa de juzgarlo, en el marco de la ley de reclamación por agravios contra extranjeros (Aliens Tort Act), por la función que desempeñó en estos asesinatos. (Feierstein nunca ha manifestado arrepentirse de haber realizado la campaña; es más, la misma empresa realizó sondeos para Manfred Reyes Vila, el oponente de Morales en el año 2009).

Al igual que con otros métodos y agencias empleados para controlar las democracias en América Latina y por todo el mundo, es difícil comprometer a la USAID. Pero las entrevistas realizadas sobre el terreno, los documentos obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información y los cables de WikiLeaks han hecho posible sacar a la luz las estrategias que esta agencia utiliza para mantener su dominio en Bolivia y, al mismo tiempo, ofrecer un esquema de cómo se utiliza en toda la región para debilitar a gobiernos democráticos de izquierdas. No cabe duda de lo que sentía el personal de la USAID hacia Morales antes de que llegara al poder. Un joven estudiante estadounidense oyó de primera mano los planes que le tenían reservados. En verano de 2005, dicho estudiante se encontraba en La Paz aprendiendo español en un periodo de vacaciones de la universidad cuando estalló el polvorín de la resistencia política de la ciudad. El presidente Carlos Mesa, que había relevado a Goni en el año 2003, tras la matanza de manifestantes en La Paz, acababa de dejar el cargo. El joven decidió hacer un viaje en bicicleta. «En esencia, recorrí la “carretera de la muerte”, la ruta más peligrosa del mundo, con algunos otros gringos —explicaba, después de pedir que no se citara su nombre—. En la excursión había algunos miembros de la embajada estadounidense y de la USAID. Recuerdo que discutieron mientras bajábamos por el camino hasta [la ciudad de] Coroico. Hablaban de que no querían que Evo accediera al poder. Decían algo parecido a: “No podemos permitir que Evo llegue al poder”».

De hecho, los funcionarios llegaron más lejos. «Se dijeron dos cosas; una fue: “No podemos permitir que Evo llegue al poder”. Después me sorprendió oír algo más fuerte, algo así como: “Tendremos que ocuparnos de él”. Era lo bastante ambiguo para que se pudiera interpretar como: “Tenemos que echarle”, pero no creo que fuera eso lo que pretendían decir. Cuando lo escuché, yo pensé: “¡Guau! No me puedo creer que estén diciendo esto, ¡ni siquiera me conocen!”». La conversación prosiguió mientras el grupo descendía por la montaña. «Supongo que pensaban que yo estaba de acuerdo —explicó el estudiante—. Aquello sucedió justo en la época de las protestas y la dimisión del presidente, así que muchos turistas se habían marchado de Bolivia. Quizá por eso pensaron que yo estaba allí porque trabajaba para alguna agencia afín o para alguna empresa internacional, o que tenía alguna relación con la embajada o algo parecido. En aquel momento me impresionó. En primer lugar, era raro mantener esa conversación en público, porque no todo el mundo se muestra comprensivo con algo así. Y en segundo lugar, parecía como si se estuvieran inmiscuyendo en una democracia; era gente que no debería estar implicada en ese tipo de asuntos, ni la embajada estadounidense ni la USAID deberían tener nada que ver con unas elecciones para escoger presidente».

Sin embargo, estaban implicados y allí se quedaron hasta que Morales, finalmente, accedió al poder.

En la época anterior al ascenso del MAS al poder, el periodista de investigación Jeremy Bigwood realizó una labor muy importante sobre este tema, pero sus peticiones de información, amparadas en la Ley de Libertad de la Información, no obtuvieron respuesta cuando preguntó por los proyectos acometidos tras las elecciones de 2005. Lo que Bigwood sacó a la luz referido a antes de 2005 avala el testimonio del estudiante estadounidense. Mucho antes, el partido del MAS ya había sido señalado y calificado como un problema al que Estados Unidos tenía que hacer frente. En una carta desclasificada de julio de 2002 remitida desde la embajada estadounidense, se esbozaba una reforma de la ley de partidos políticos planificada por la USAID que pretendía «contribuir a construir partidos políticos moderados y prodemocráticos capaces de servir de contrapeso al radical [MAS]». Es de suponer que en la fase de desarrollo y redacción se incluyeron los detalles de la propuesta. Una serie de correos electrónicos de funcionarios de la USAID en Bolivia también detallaba los intentos de forjar relaciones entre el gobierno estadounidense, los grupos indígenas de la región cocalera de Chapare —el sector en el que surgió Morales— y los departamentos del este con la intención, según exponía Bigwood, de «crear un frente común orientado por la USAID contra […] el MAS». Cuando el gobierno del MAS llevaba ya unos años en el poder, la USAID se volvió tan impopular en la región de Chapare que en 2008 los dirigentes locales suspendieron todos los proyectos financiados por la agencia. Dijeron que sustituirían la financiación con dinero de la Venezuela de Chávez. En Pando, los alcaldes firmaron en 2008 una declaración por la que también se expulsaba a la USAID. «Ningún programa extranjero, menos aún de la USAID, resolverá nuestros problemas de pobreza, integración física, prosperidad familiar y desarrollo humano si no somos nosotros mismos quienes decidimos el futuro», decía.

Conseguí obtener documentos relacionados con las actividades de los proyectos desde 2005 y muestran un afán similar por debilitar el poder y la popularidad del gobierno del MAS. La táctica de la USAID no es derrocar al gobierno, sino provocar una lenta transformación de la sociedad boliviana desde su democracia participativa hacia el tipo de democracia que tenía antes: controlada por Estados Unidos y buena para los inversores. El ejemplo boliviano es importante porque ofrece un ejemplo-tipo de cómo la USAID intenta controlar las democracias latinoamericanas que se han «descontrolado» con el fin de que operen «para el pueblo estadounidense» o los intereses empresariales estadounidenses.

Por supuesto, la USAID se postula como algo muy distinto. En un cable remitido desde La Paz, el embajador escribía: «Seguiremos rebatiendo malas interpretaciones acerca de la transparencia y el carácter apolítico de la USAID con la realidad». Pero la realidad es que la agencia no es transparente ni apolítica. Y sus propios documentos internos así lo revelan. La USAID sostiene que es transparente con el dinero que invierte en el país, pero el gobierno boliviano afirma que se entregan grandes sumas de dinero sin su conocimiento, lo que contraviene las habituales normas de corrección de la ayuda. En los cables de WikiLeaks, Morales comunica a Estados Unidos que quiere poner en marcha un «registro abierto para supervisar la ayuda», pero Estados Unidos no está de acuerdo. La estimación del gobierno boliviano de que el 70 por ciento de la ayuda no se justifica parece exagerada, pero hay pruebas contundentes de que el dinero se gastaba sin el conocimiento del gobierno.

Tras una avalancha de críticas a los programas de la USAID por parte de Morales, el embajador estadounidense señalaba que el país «no puede permitirse poner en peligro 120 millones de dólares de ayuda» de la agencia —unos 12 dólares por cada boliviano—. En otro cable se dice: «Cada año gastamos unos 90 millones de dólares para aumentar la inclusión social y económica de los pueblos indígenas históricamente marginados de Bolivia y apoyar instituciones y proyectos democráticos, incluida la descentralización del gobierno». Pero una periodista estadounidense que vivía en La Paz estuvo presente en una reunión de urgencia convocada por la embajada estadounidense para explicar las actividades de la USAID a los periodistas extranjeros, en respuesta a otra andanada de críticas. Se les entregó un desglose de los gastos de la USAID. «Esta información se suministró al reducido grupo de periodistas allí reunidos para que la utilizaran como telón de fondo de sus reportajes», me explicó. Describía a grandes trazos que se destinaban 16,8 millones de dólares a programas de salud de la USAID, 19,2 millones de dólares a desarrollo alternativo integrado —alternativo a la producción de coca—, 15,3 millones a programas de desarrollo medioambiental y económico y 22 millones a la lucha contra el narcotráfico. Un total de 73,3 millones de dólares. Pero el embajador aseguraba en el cable que cada año se invertían en Bolivia 120 millones de dólares. ¿Dónde iban a parar entonces los otros 50 millones?

Los documentos de evaluación interna permiten hacerse una idea de por qué era mejor mantener en secreto algunos proyectos. Conseguí infinidad de documentos sobre los programas de «promoción de la democracia» de la USAID en Bolivia en el periodo inmediatamente posterior a la elección del gobierno de Morales. En uno de ellos, en el que se exponían los objetivos y éxitos de sus programas de «administración de justicia» vigentes en el país durante diecisiete años —uno de los más amplios de América Latina—, el grupo explicitaba adónde iba el dinero. «Entre los programas de la USAID en Bolivia hay labores de apoyo para promover la descentralización y el fortalecimiento municipal, apoyo al Congreso y a los partidos políticos», indicaba. No se menciona a qué partidos políticos se «apoya», pero se trata de un tono cándido que el grupo y la embajada estadounidense no han utilizado jamás en público. (Morales ha declarado que un alcalde le dijo que la USAID le ofreció entre 15.000 y 25.000 dólares por oponerse al presidente). En este contexto, la descentralización también es un eufemismo para referirse al fortalecimiento de la oposición. Una de las funciones fundamentales de la USAID en Bolivia, reforzada desde 2005, ha sido reducir el poder del gobierno central, un afán que sintoniza con claridad con los intereses de la oposición en el este del país.

El proyecto de justicia fue concebido por la USAID y por autoridades bolivianas antes de las elecciones de 2005 que llevaron al poder a Evo Morales y sus coordinadores reconocen que «los cambios de personal en los escalones más altos» del gobierno «alteraron por completo el clima» en el que operaba. El proyecto confiaba en abrir una escuela de formación para abogados defensores públicos, pero fue suspendido a mediados de 2007, «un ejemplo excelente de que el proyecto fue “superado por acontecimientos” que quedaban completamente al margen del control de […] la USAID», señalaba la evaluación. En documentos internos, la USAID era muy crítica con el gobierno de Morales sobre esta materia y señalaba que la Asociación de Abogados de Bolivia había quedado «significativamente debilitada en los últimos años» por las políticas del gobierno. Como es habitual en los proyectos de esta naturaleza, la USAID pagaba a contratistas para que se hicieran cargo de sus funciones, lo que reforzaba la ya de por sí intrincada red de instituciones y enturbiaba las responsabilidades. Este proyecto fue llevado a cabo por Checchi and Company Consulting, fundada en 1973 por el economista y donante del Partido Demócrata Vincent Checchi, que después incorporó a la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, State University of New York) y a Partners of the Americas. Uno de los principales mecanismos mediante los que la USAID ejerce su influencia —en el programa de justicia, pero también en el resto de sus actividades— es el de los programas de formación. Estos programas escolarizan a los jóvenes bolivianos «al estilo americano».

En Sucre hablé con Ramiro Velásquez, un gestor de las autoridades gubernamentales que trabajó para un programa financiado por la USAID en la ciudad. Decía que fue implantado por una empresa de consultoría financiada por la USAID que tiene una filial llamada Fortalecimiento Identidad de Democracia (o FIDEM). «Estaban buscando gestores bolivianos en todos los departamentos para que hicieran su trabajo —decía—. FIDEM buscaba una ONG que hiciera el trabajo y ellos buscarían los gestores. Estaban en La Paz, Oruro, Potosí y Sucre». Pidieron al señor Velásquez que actuara de gestor y le dijeron que querían que impartiera cursos sobre «democracia y participación», un programa clausurado en última instancia por el gobierno de Morales. «Este proyecto estaba dirigido a los jóvenes —me explicó—. Así que para conseguir jóvenes había que acudir a las universidades, a los movimientos sociales y a las instituciones del Estado, incluso a la iglesia». Al final se inscribieron 600 jóvenes. Los cursos se desarrollaban en dos fases, de modo que los primeros talleres propiciaban el momento de seleccionar a unos 20 jóvenes que se trasladarían después a La Paz para participar en la segunda fase, desarrollada por FIDEM y otra ONG. Se llamaba «formación para el liderazgo» y el objetivo manifiesto era crear una nueva generación de dirigentes bolivianos. Pero debían tener las opiniones adecuadas. «Impartían clases de democracia, pero no de la democracia que defendían Evo y los bolivianos —explicaba—. Les enseñaban democracia representativa, no democracia participativa […]. Se trataba, claramente, de crear líderes de la oposición».

Los cables remitidos desde La Paz respaldan esta conclusión. Una autoridad de visita en el país acudió a ver un «proyecto de educación ciudadana financiado por la USAID a través de la ONG FIDEM y desarrollado por el centro binacional de Santa Cruz». Además de realizar actividades educativas y culturales, su objetivo era fortalecer la rama de la «responsabilidad ciudadana». «El proyecto abarcaba a 21.000 habitantes (de un total de 150.000) del barrio marginal “Plan 3000”, que todo el mundo considera un bastión del MAS», añadía para explicar por qué era bueno. Los habitantes del lugar estaban «entusiasmados» con la iniciativa, decía. Ese mismo cable recogía que los habitantes de Santa Cruz estaban «decididos al máximo a frenar el retroceso democrático. La principal petición que nos hacían era que informásemos con exactitud a Washington y a la comunidad internacional de lo que en realidad estaba pasando en Bolivia». El vicepresidente García Linera comunicó en repetidas ocasiones a la embajada estadounidense que se oponía a programas de democracia como los de FIDEM porque se esfuerzan por «ganar corazones y mentalidades» presentando una concepción de la democracia que difiere de la del gobierno. Era verdad. FIDEM trabaja en ocho de los nueve departamentos de Bolivia —tres de los cuales están gobernados por prefectos del MAS democráticamente elegidos— ofreciendo el tipo de formación y apoyo técnico para la construcción del Estado que la USAID y otros donantes imparten por todo el mundo. El trabajo (planificación regional para el desarrollo, prestación de servicios, planificación financiera y otros) es técnico y no político. Se centraba en las autoridades de los departamentos con la intención de debilitar al MAS, como se reconocía en los cables: «Los objetivos del MAS […] son fortalecer los gobiernos municipales en detrimento de los gobiernos de los departamentos, con lo que se debilita una de las principales fuentes de oposición al MAS».

En Sucre también hablé con Verónica Berrios Vergara, alcaldesa del MAS, que había sufrido ataques coordinados desde que asumió el cargo en 2008. La ciudad había sido sede de intensos disturbios violentos en 2007, cuando se designó este lugar para la celebración de la asamblea constituyente, a la que se asignó la responsabilidad de redactar una nueva Constitución. En 2008 se eligió para el cargo de alcalde de Sucre a un candidato de la oposición, pero fue inhabilitado porque estaba acusado de la comisión de un delito. La señora Vergara ocupó el cargo por decisión del consejo municipal, lo que desencadenó un estallido de violencia y disturbios. «La ira de la oposición escondía intereses personales y nos llevó al momento más difícil de Sucre en muchos años», me explicó. Dijo que se lanzaron explosivos contra el despacho de la alcaldía y que los disidentes trataron de matarla en varias ocasiones. «Una de las preguntas que nos formulábamos en aquella época era de dónde sacaban el dinero esos estudiantes, porque tenían dinero para comprar muchos explosivos. Muchas veces ni siquiera les alcanza para pagar el alquiler y la comida, ¿de dónde sacaban el dinero ahora para los explosivos?». Mientras rememoraba sus experiencias en ese tiempo de máxima agitación que convulsionó a Bolivia, empezó a llorar. «Sí, tengo miedo de que estos grupos estén esperando todavía por los pasillos y que en cualquier momento aparezcan y me hagan algo —confesaba—. Esto es en realidad una cuestión de racismo, y de que este gobierno local y el gobierno nacional son una amenaza para los intereses empresariales». Ella creía que la USAID estaba detrás de la financiación de algunos de estos grupos: «El hecho de que el caso Rózsa se estuviera desarrollando al mismo tiempo y hubiera interrogantes sobre la labor de la USAID e insinuaciones de que trataban de derrocar al gobierno me lleva a preguntarme de dónde venía el dinero». Eso era lo que estaba ocirriendo cuando se desató la violencia en las calles de la ciudad, tras la cual la señora Vergara cree que estaba la USAID. «Actúan en connivencia con la oposición y los medios de comunicación para obstaculizar los planes de desarrollo que el gobierno tiene para el país».

Construir la democracia un climade inversión favorable para las empresas

La USAID tenía otra razón para que le disgustaran el presidente Morales y su gobierno: no eran buenos para las empresas. Bolivia, que llevaba décadas abierta a los negocios de las transnacionales estadounidenses, se estaba volviendo un entorno cada vez más hostil para la inversión. Eran temores compartidos por sus aliados naturales de las oligarquías de origen europeo del este de Bolivia. Ambos temían cada vez más el programa económico del gobierno de Morales, que ha supuesto un modelo para países en vías de desarrollo de todo el mundo: obtener una tasa de crecimiento elevada, así como una gran reducción de la pobreza, a base de nacionalizar parcialmente sectores clave. El gobierno boliviano, incluso cuando estaba dirigido por dictadores despiadados, mantenía un clima favorable para las inversiones empresariales, permitiendo que compañías mineras estadounidenses como Coeur d’Alene Mines Corporation se beneficiasen de los inmensos recursos naturales del país, como habían hecho antes los españoles. Las principales exportaciones de Bolivia a Estados Unidos son el estaño, el oro, las joyas y los productos madereros. Durante una larga temporada se dispensó a los inversores extranjeros un trato propio de las empresas de titularidad boliviana y los propietarios extranjeros de empresas no eran objeto de casi ninguna restricción. La inversión extranjera directa (FDI, Foreign Direct Investment) en Bolivia aumentó durante el periodo 1996-2002 hasta los 7.000 millones de dólares en acciones, que casi en su totalidad redundaron en beneficio de los intereses empresariales del este.

La preocupación por la nacionalización aflora con regularidad en los cables remitidos desde La Paz. «Proliferan […] las especulaciones sobre el tradicional discurso del Primero de Mayo del presidente Morales, en el que muchos esperan que anuncie la nacionalización de empresas con sede en Santa Cruz, entre las cuales podrían encontrarse Cotas o empresas del sector alimentario —decía uno—. Muchos esperan que la empresa de aceites de cocina y otras de Branko Marinkovic sean expropiadas en nombre de la “seguridad alimentaria”». Los cables procedentes de La Paz no escatiman críticas cuando esbozan su oposición al pensamiento económico del gobierno del MAS. Según señala un cable, un asesor de Morales, profesor de economía, está «anclado en teorías económicas socialistas pasadas de moda y todavía tiene que aceptar las realidades prácticas de una economía globalizada». Añade que «podría estar empezando a comprender el verdadero impacto del libre comercio en la creación de empleo», pero, imperdonablemente, «aparenta creer que los mercados de Venezuela y China son una alternativa a los mercados estadounidenses. Ha dicho a los exportadores bolivianos que busquen mercados fuera de Estados Unidos, incrédulo ante el hecho de que Estados Unidos es crucial para su comercio». Señala que recientemente había regresado de Venezuela tras haber negociado un acuerdo para que compraran soja boliviana. «Además, se ha enfrentado con frecuencia a otras empresas diciéndoles que la tarifa dignidad del presidente, un nuevo precio más bajo con el que se pretendía ofrecer electricidad barata a los bolivianos, es un acuerdo ya establecido, y les ha advertido que el sector privado deberá secundarlo o padecerlo».

La USAID tenía un plan para hacerle frente. Uno de los elementos más importantes del proyecto de justicia es la «promoción de la seguridad legal», a través de la cual «se esperaba que mejorara el clima empresarial y de inversión en Bolivia». El principal donante para este propósito era la USAID y el proyecto tenía un presupuesto de 4,8 millones de dólares durante cinco años. Armonizaba con la actitud que se aprecia en los cables remitidos desde La Paz, uno de los cuales señalaba que «las áreas clave de preocupación en Bolivia en la actualidad son la democracia, los narcóticos y la protección de las inversiones estadounidenses» (la cursiva es mía). El proyecto de justicia pretendía realizar «reformas en las áreas legislativas comercial y administrativa», así como prestar «asistencia y formación para la organización empresarial». Con esa finalidad, la financiación de la USAID contribuiría a desarrollar un plan de estudios de derecho civil, comercial y administrativo para las facultades de derecho de Bolivia. En lo que sería un signo de penetración de la USAID en los niveles más altos del sistema judicial, la USAID y el Tribunal Supremo de Bolivia publicaron conjuntamente un documento titulado Civil and Commercial Justice in Bolivia: Diagnosis and Recommendations for Change [«Justicia civil y comercial en Bolivia: Diagnóstico y recomendaciones para un cambio»], que instaba a la creación de una jurisdicción de derecho comercial especializada. «Reforzaría el clima de inversión de Bolivia», toda vez que «para los negocios es esencial la creación de un clima favorable que atraiga inversiones», y «mantendrá y mejorará su competitividad». También decía: «Este factor era esencial para el éxito general del […] proyecto debido al hecho de que había recabado el apoyo entusiasta de muchos actores del sector privado, al tiempo que, además, contribuía al objetivo de mejorar el clima empresarial y de inversión en Bolivia». La agencia trabajaba con su «organización asociada», la Cámara de Comercio Nacional, con el fin de crear y fortalecer centros de arbitraje a través de las cámaras de comercio locales (grandes donantes de los comités cívicos). «Si Bolivia quiere atraer la inversión extranjera […] tendrá que ofrecer seguridad jurídica a los inversores —indicaba—. Si hubiera una oportunidad para continuar la labor en este ámbito, revestiría enorme importancia para el desarrollo de Bolivia». Sus aliados naturales en esta tarea eran organizaciones como CAINCO (Cámara de Industria y Comercio), una confederación empresarial de Santa Cruz. Poco después del tiroteo con Rózsa, huyó del país otro sospechoso, Alejandro Melgar, que era una figura clave de CAINCO. Eduardo Paz, presidente de CAINCO, también invertía en el comité cívico de Santa Cruz. Un cable señalaba: «El principal impacto [de la nacionalización] ha sido frenar la inversión nueva en el sector [energético], que Bolivia necesita para satisfacer la demanda interior y cumplir con las obligaciones contractuales con Brasil y Argentina». Luego añadía: «[Como] medida política, no obstante, la “nacionalización” sigue siendo en extremo popular». También resultó exitosa. En junio de 2011, la agencia de calificación Standard & Poor elevó un escalón la calificación del crédito de Bolivia y elogió las «prudentes» políticas macroeconómicas del presidente Evo Morales, que hicieron posible un descenso continuo de las ratios de deuda del país.

Lo cierto era que la embajada estadounidense temía por las inversiones mineras de su país, a pesar de que las autoridades bolivianas de alto nivel ofrecieran «reiteradas garantías de que el gobierno de Morales respetará los intereses mineros estadounidenses existentes».

Las amenazas de que el gobierno boliviano nacionalizaría el sector minero —incluida la expropiación de una fundición de titularidad de la empresa suiza Glenore (que había vendido el expresidente Goni)— les asustaban. «Seguimos instando [al gobierno de Bolivia] a respetar las concesiones mineras vigentes y a limitar los impuestos y el aumento de las regalías», señalaba un cable. Dicho de otro modo, instaban a crear un buen «clima empresarial» a expensas de la población. La embajada estadounidense consideraba que el gobierno de Morales era contrario a sus intereses. «La preocupación prioritaria de nuestra misión es fortalecer y apoyar la democracia en Bolivia», manifiesta un cable. Pero a renglón seguido añade: «Aunque el partido en el gobierno, el MAS, y el presidente Evo Morales fueron elegidos con una mayoría clara en unas elecciones limpias y justas, sus actos desde que asumieron el poder han hecho gala a menudo de tendencias antidemocráticas». En otros párrafos el cable habla de la «victoria abrumadora» del MAS en las elecciones. A pesar de ello, Estados Unidos calificaba a Morales de «dirigente con fuertes inclinaciones antidemocráticas» que «manipula los medios de comunicación». Se comparaba a sus asesores más cercanos con «matones callejeros».

De hecho, las credenciales democráticas y el mandato popular del gobierno del MAS se encuentran entre las más resplandecientes del mundo. Tras ser elegido por primera vez para la presidencia en diciembre de 2005 con un 54 por ciento del voto de la población, casi el doble del 29 por ciento de su rival más directo, Morales fue reelegido en diciembre de 2009 con un 67 por ciento de los sufragios, más del doble del porcentaje obtenido por su oponente más próximo, Manfred Reyes Villa. Además de estas victorias avasalladoras, Morales ganó el referéndum revocatorio convocado ante el «movimiento de autonomía» en agosto de 2008 con el 67 por ciento del voto a favor de que continuara. Tan solo cinco meses después, en enero de 2009, Morales ganó el referéndum constitucional con un 61 por ciento de los votos favorables, frente a un 39 por ciento en contra. En 2014, obtuvo otra victoria aplastante más. Pero la embajada menospreciaba estos logros argumentando que Morales era «como un estudiante voluntarioso en los ámbitos de toma de decisión económica y de relaciones internacionales». También apuntaba que parecía que deseaba convertirse en un dictador: «[Como] admirador del presidente cubano Fidel Castro y el presidente venezolano Hugo Chávez, Morales seguramente se siente atraído por la gran extensión de tiempo que han ocupado el poder y pretende emular sus “éxitos”». Eran sandeces. En 2009, un referéndum fijó en dos consecutivos el límite de mandatos presidenciales. Con motivo de la visita de un dignatario extranjero, el embajador instó a este «a animar a Morales a transitar por una senda democrática», además de, por supuesto, a presionarle «para que respete los intereses mineros estadounidenses en relación con el libre comercio».

Los cables rebosan miedo por las inversiones estadounidenses. «Una inversión estadounidense vulnerable es la mina de San Cristóbal, de la que Apex Silver es propietaria del 65 por ciento —explica un cable—. San Cristóbal sufriría un duro golpe con la ley que se está debatiendo en este momento en el Congreso, según la cual se incrementarán los impuestos a la minería. Aunque el gobierno boliviano afirma querer repartir los beneficios al 50 por ciento, en realidad la propuesta de incremento fiscal se traduce, en promedio, en un 60 por ciento de retención de beneficios por parte del gobierno». A pesar de que el pueblo boliviano es fabulosamente rico en plata y otros minerales, nunca se ha beneficiado de ellos y no ha dejado de ser pobre.

Intercambio de sobornos

Estados Unidos también utilizaba los acuerdos comerciales para ganar influencia en el intento de que el MAS modificara su visión de la economía. En septiembre de 2008, el presidente Bush suspendió el importante trato comercial preferente de que gozaba Bolivia —junto con Colombia, Ecuador y Perú— bajo la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA, Andean Trade Promotion and Drug Eradicaton Act). El país ha perdido millones de dólares en exportaciones debido a esta acción de castigo. La razón aparente fue la actitud poco cooperadora de Bolivia en la erradicación de la coca en el país, pero se consideraba que los motivos políticos y económicos eran muy relevantes. Un artículo de la agencia Reuters escrito a las pocas semanas señalaba: «La decisión se hizo pública un día después de que cinco importantes grupos empresariales estadounidenses instaran al gobierno de Bush y al Congreso a considerar la finalización de los beneficios comerciales tanto para Bolivia como para Ecuador por lo que ellos describían como una protección inadecuada para los inversores extranjeros en ambos países». 53[53] El mes siguiente, en noviembre, el presidente Morales anunció que se expulsaba a la DEA del país. Durante décadas, centenares de agentes de la DEA habían peinado las regiones septentrionales de Pando y Beni destruyendo cultivos de hoja de coca y, al mismo tiempo, implicándose en matanzas de cocaleros[54] indígenas. Evo Morales acusaba a la DEA de realizar «espionaje político» y de «financiar a grupos criminales para que actuaran contra las autoridades, incluido el presidente».[55]

Según apuntaba un cable, el objetivo de la DEA es «ofrecer asistencia para alcanzar los objetivos estadounidenses al tiempo que se trata de evitar que [el gobierno de Bolivia] siga al frente». En el año 2008, Morales suspendió las actividades de la DEA en Bolivia y expulsó del país a sus treinta y siete agentes. Acusó de espía a Steven Faucette, el agente regional de la DEA en Santa Cruz, argumentando que había viajado a Beni y Pando, provincias de la media luna, con el objetivo de financiar a los comités cívicos que estaban comprometidos con llevar a cabo un «golpe ciudadano». Estados Unidos también utilizaba su ayuda para ejercer presión con el fin de que la DEA permaneciera en Bolivia. «El embajador sugiere que si hay que poner fin a los programas de erradicación y concluye la presencia del gobierno estadounidense en la provincia de Chapare […] podríamos empezar a cortar el flujo de nuestros programas de ayuda multimillonarios ahora mismo», apuntaba un cable. Muchos ya llevaban tiempo repitiendo que la DEA actuaba como tapadera de la CIA en Bolivia. (La agencia rechazó mi solicitud de información al amparo de la Ley de Libertad de Información y del mismo modo me respondió la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA). En los cables abundan las críticas a Morales por no acatar la indicación de Estados Unidos de las áreas en las que especificaba que había que eliminar la coca. También calificaba el trabajo de la UE de «relativamente modesto y corto de miras».

Pero la preocupación de Estados Unidos por la erradicación en Bolivia evidenciada en los cables resulta curiosa. Según uno de ellos, la DEA calculaba que «menos del 1 por ciento de la cocaína aprehendida en Estados Unidos tien su origen en Bolivia». ¡El 1 por ciento! Estados Unidos también se quedó solo cuando rechazó una resolución de la ONU de 2011 para declarar sagrada la hoja de coca. Esta tensión afloraba aun cuando el gobierno de Morales estaba siendo muy obediente. Los cables presentan éxitos, como las redadas en 133 fábricas en El Alto durante los diez primeros meses de 2008. Durante el primer año de mandato de Morales, la cantidad de coca cultivada en Bolivia aumentó en torno a un 5 por ciento. Según las estadísticas de la ONU, en Colombia, el aliado estadounidense, se disparó un 27 por ciento en ese mismo periodo.

Lo más interesante es que todos los grupos de oposición con los que hablé apoyaban a la DEA. El portavoz del CPSC señalaba que durante la época en que trabajó como periodista sobre el tema del narcotráfico vio a la DEA y a la embajada estadounidense abordar el problema de forma muy adecuada: «Nos enseñaban cómo actúan quienes trabajan con drogas, cómo las compran, y eso nos ayudó». Otra agencia estadounidense fundamental que trabaja en Bolivia es la National Endowment for Democracy (NED), creada por el presidente Ronald Reagan en 1983 para «promover la democracia», pero con un largo historial de actuaciones en sentido contrario. En Bolivia se ha concentrado en áreas indígenas potencialmente renuentes, donde promovía entre los jóvenes «el estilo de vida americano». Pude acceder a las propuestas de diversos proyectos bolivianos financiados por la NED. La táctica de «formar a la sociedad civil» para establecer un bastión en diferentes comunidades de Bolivia era exactamente la misma que la empleada en los proyectos de la USAID. El prototipo podría ser un proyecto denominado «Observancia», en funcionamiento durante los años 2008 y 2009 con un coste de 54.664 dólares. Se desarrollaba en ocho municipalidades del país y contribuía a la «formación de funcionarios municipales y de la sociedad civil». El objetivo era crear futuros «candidatos municipales» que pudieran «insertarse en programas del gobierno». Otro proyecto —de los años 2006 y 2007, y con un coste de 48.000 dólares— se radicaba en Uriondo (Tarija), que constituye el baluarte opositor de la media luna. La ayuda se concedía en un momento de turbulencias políticas. El informe señalaba que la zona de Tarija cuenta con los yacimientos de hidrocarburos más abundantes del país y el proyecto pretende «acrecentar las aptitudes» y «fortalecer el gobierno local» de Uriondo, concretamente mejorando la forma en que los medios de comunicación se dirigen a los habitantes del lugar. Otro proyecto se ocupa de «fomentar la ciudadanía política entre los jóvenes».

En otro proyecto en Totora (Cochabamba), la propuesta señala que la población, en su mayoría, habla quechua y que está mucho más «politizada» que en Uriondo, a lo que añade que «existe […] una contumaz oposición a lo que ellos califican de “neoliberal” y rechazan cualquier avance procedente de este tipo de partidos». Por último, indicaba que la población de Totora se organiza a través de un modelo de «corporativismo»: la imposición de una «lógica del mayoritarismo» que rechaza una forma de democracia respetuosa de las diferencias. «Esto nos da pie a tener en cuenta que en el futuro deberíamos incluir valores democráticos en todos los sectores de la sociedad, no solo en relación con el ejercicio ciudadano de votar a representantes electorales, sino también infundiendo el lógico respeto del que goza la democracia en otras sociedades del mundo contemporáneo», apuntaba la propuesta. Pero el hecho de que la población de Totora se organizara en colectivos y tomara decisiones colectivamente es habitual en los grupos indígenas de todo el país. No obstante, la organización que redactó la propuesta concluía que esto es en realidad antidemocrático, y que debían introducir programas que demostraran lo antidemocrático de esa modalidad de democracia en comparación con las de «otras sociedades del mundo» con el fin de implantar democracia representativa.

Un proyecto premió con 36.450 dólares a la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia. Su objetivo aparente era defender la libertad de expresión «mediante la supervisión y documentación de las violaciones y amenazas contra periodistas» y «mejorar la profesionalidad e imparcialidad de los periodistas bolivianos». Sin embargo, su punto de mira está centrado en el gobierno, en consonancia con los temores de la embajada estadounidense a la influencia venezolana. «La [Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia] denuncia que la acción del gobierno de Morales ha tomado el control absoluto de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB) al asimilar a sus directores como ministros del Estado, algo que jamás ha sucedido con un gobierno democrático». En otro proyecto en Totora se señalaba: «En los próximos meses se espera la instalación de una radio comunitaria, financiada por el gobierno venezolano, que forma parte de una red de comunicaciones que el gobierno está creando». Un capítulo posterior calificaba el 2008 como «el peor año para la libertad de expresión desde el regreso de la democracia», con «un muerto y más de un centenar de agresiones». La UJC de Santa Cruz y sus aliados cometieron unas cuantas de estas agresiones. En un caso, «un oficial de policía roció con aerosol de pimienta a un periodista que se aproximó al vicepresidente de la Unión Juvenil de Santa Cruz». El NED criticó a Evo Morales por denunciar al periódico La Razón, cuando el tratamiento informativo que este periódico realiza del presidente Morales es manifiestamente racista desde hace años, como se muestra en sus caricaturas y comentarios.

Muy comedido

Al igual que en los países más pequeños de la región, como Haití, la embajada estadounidense en Bolivia ejerció un poder inmenso durante toda la segunda mitad del siglo XX, a menudo más que el propio gobierno soberano. La embajada estadounidense en La Paz es la segunda más grande de América Latina —un poco más pequeña que la de Brasil—, a pesar de que la población del país es de solo nueve millones de habitantes. En los últimos cincuenta años, Estados Unidos ha apoyado golpes de Estado para poner a «sus» dictadores al mando (Hugo Banzer), ha destinado a expertos en relaciones públicas para ayudar a que «sus» presidentes ocuparan el cargo cuando regresaba la democracia (Goni) y ha enviado a sus economistas más brillantes a «reestructurar» la economía a su imagen y semejanza (Jeffrey Sachs). Ahora, Estados Unidos ofrece un santuario a «sus» presidentes perseguidos por crímenes contra la humanidad (una vez más, Goni). Pero semejante situación podría dar pie a cierta complacencia. Y la elección del gobierno socialdemócrata del MAS en Bolivia supuso la primera vez que el país amenazaba con liberarse del control estadounidense. Así, las relaciones con los embajadores venidos de Estados Unidos se fue volviendo cada vez más tensa a medida que la dinámica del poder invertía su sentido y era el gobierno soberano el que formulaba peticiones a la embajada y no al revés. María Beatriz Souvirón, embajadora boliviana en el Reino Unido, me contó lo siguiente: «El embajador estadounidense ante Morales tenía mucha influencia en la política de nuestro país y presionaba incluso para que se adoptaran determinadas decisiones en ciertos ámbitos. —Y añadía—: Queremos tener algo de soberanía en nuestro país y tomar nuestras propias decisiones. Y, por supuesto, el exembajador [Goldberg] estaba muy involucrado con la oposición».

El gobierno del MAS acusó al embajador Goldberg de «actividades subversivas», entre las que se encontraban «campañas de desinformación» en vísperas del referéndum revocatorio, cuando trató de aglutinar a la oposición. A finales de 2007, la embajada estadounidense empezó a reunirse abiertamente con la oposición derechista de la media luna. El embajador Goldberg fue fotografiado en Santa Cruz con un destacado magnate de los negocios que respaldaba el movimiento de autonomía y un famoso narcotraficante colombiano que había sido detenido por la policía local. Cuando se dio a conocer la fotografía, Morales declaró que el traficante estaba vinculado a organizaciones paramilitares de derechas de Colombia. La embajada estadounidense respondió que no podía investigar a todo el mundo que se fotografiara con el embajador. Goldberg fue expulsado por reunirse con figuras de la oposición en los periodos más tensos de la batalla contra el gobierno del MAS. En 2008 fue fotografiado cuando mantenía una reunión secreta con el gobernador opositor Rubén Costas. A la embajada estadounidense le gustaba Costas. En un cable se afirmaba: «La buena disposición de Costas para trabajar con Estados Unidos haría de él un sólido socio democrático». También elogiaba su «diestro uso político de los medios de comunicación para promover los intereses de la media luna».

Enfado del gobierno por la injerencia de la embajada estadounidense culminó en septiembre de 2009 cuando el embajador Goldberg fue expulsado del país. Todavía no ha sido sustituido, pues la embajada estadounidense tiene que conformarse con la pérdida de categoría diplomática que supone tener un chargé d’affaires. Estados Unidos tomó represalias expulsando al embajador de Bolivia en Washington. «La embajada estadounidense se utiliza históricamente para llevar la batuta en Bolivia, violar nuestra soberanía y tratarnos como a una república bananera», declaró Gustavo Guzmán, el embajador expulsado de Washington. Goldberg contaba con unos interesantes antecedentes que le convirtieron en embajador en Bolivia por una curiosa designación del presidente George W. Bush en octubre de 2006. Entre 1994 y 1996 sirvió como funcionario responsable del Departamento de Estado para Bosnia y como asesor especial del desaparecido Richard Holbrooke, que desempeñó un papel fundamental en la negociación de los Acuerdos de Dayton y, después, en la campaña militar de la OTAN contra Serbia en 1999. Entre 2004 y 2006, Goldberg fue jefe de la misión en Pristina (Kosovo). Dicho de otro modo, se le utilizó para relacionarse con países que estaban en proceso de desintegración territorial.

A los dirigentes del comité cívico de Santa Cruz ciertamente les gustaba. «Mi impresión global de Goldberg es que era muy comedido políticamente —decía su vicepresidente—. Si lo comparamos con los dos embajadores que le precedieron, aquellos tenían un cariz más político y se implicaban mucho y, en comparación, Goldberg era comedido». La embajada estadounidense ha mostrado una hostilidad frontal hacia Morales desde el primer momento, y los dos embajadores anteriores trataron de frenar en seco su ascenso al poder. En el año 2002, cuando Morales perdió por poco su primera tentativa de ser presidente, el embajador estadounidense Manuel Rocha, el primero designado por Bush, hizo campaña manifiesta contra él y amenazó: «Si eligen a los que quieren que Bolivia vuelva a convertirse en uno de los principales exportadores de cocaína, pondrán en peligro el futuro de la ayuda estadounidense a Bolivia». En 2003, el segundo embajador nombrado por Bush, David N. Greenlee, tenía una larga historia relacionada con Bolivia. Había prestado servicio en el Peace Corps de Bolivia entre 1965 y 1967 y allí conoció a su esposa. Después, fue asesor político en la embajada estadounidense en La Paz entre 1977 y 1979, donde, según señaló un grupo de expertos, se ocupaba de asuntos como el comunismo, los golpes militares y la Operación Cóndor, la red terrorista de ámbito continental creada por el general Pinochet con ayuda del gobierno estadounidense. Regresó como subdirector de la misión entre 1987 y 1989. Cuando reapareció como embajador, Greenlee trató sin ambages de impedir el ascenso del MAS. En marzo de 2003, por ejemplo, envió una carta a Carlos Mesa, entonces presidente, acusando en falso al MAS de que planeaba dar un golpe de Estado en verano. El gobierno del MAS confiaba en que la situación cambiara con la elección del presidente Obama, pero los altos cargos del MAS aseguran que no ha variado en absoluto. De hecho, ahora se cree que el presidente Obama desplegó cuerpos de operaciones especiales en Bolivia mientras apoyaba las elecciones ilegítimas de Honduras posteriores al golpe de Estado. «El presidente Obama mintió a América Latina cuando nos dijo en Trinidad y Tobago que no hay socios veteranos y socios juveniles», declaró el presidente Morales en 2009.[56]

Cuando estuve en La Paz concerté una entrevista con el chargé d’affaires estadounidense, John S. Creamer, que estuvo destinado en las embajadas de Nicaragua, Argentina y Colombia. No se me permitió grabar la entrevista, pero tomé notas. «El gobierno de Bush se cobró un alto precio en la percepción exterior de Estados Unidos, eso es un hecho empírico», decía. Negó conocer las diversas fundaciones —HRF y UnoAmérica—, pero se mostró «escéptico» ante la idea de que estuvieran implicadas en el complot de Rózsa. Más adelante quedó claro que la embajada estadounidense conocía estos grupos y recibía informes de ellos. El señor Creamer me contó que en el seno del MAS había una «oposición creciente» a la dirección del partido, un comentario curioso, pues se trata de una estrategia de la que el propio gobierno está cada vez más al tanto. «Evo teme ahora que la nueva táctica sea que la oposición se infiltre en el gobierno y en el MAS con el fin de tomar el poder desde dentro», me confesó el señor Mendoza, senador de Sucre. Como es natural, la embajada mantiene todavía contactos estrechos con los elementos radicales del este, pues el señor Creamer defiende la violencia de la UJC y otros elementos opositores radicales aduciendo defensa propia. «Es natural defenderse», concluyó al final de nuestra entrevista.

La comunidad internacional también ha sido acusada de apoyar la desintegración del país. Hablé con Nigel Baker, el embajador británico en La Paz, quien parecía coincidir con los autonomistas. «Creo que el destino de Bolivia a largo plazo […] es alguna modalidad de estructura federalista —decía—. La topografía del país, la dispar naturaleza de unos pueblos diferentes en zonas distintas del país, la diversidad de estructuras económicas…, todo ello favorece una mayor autonomía en Bolivia». Opinaba que Estados Unidos albergaba intenciones absolutamente buenas: «Creo que los documentos históricos revelarán que Estados Unidos actuó correctamente en Bolivia y trató de trabajar con todos los grupos políticos, con personas de todos los colores políticos, para cooperar y fortalecer la democracia boliviana». Los cables de WikiLeaks revelan que los políticos de la oposición acudían sin disimulo a la embajada estadounidense en busca de apoyo en las elecciones. Un político de la oposición «destaca como potencial dirigente nacional de la oposición», señalaba un cable para, a continuación, añadir que en una reunión con autoridades de la embajada «había manifestado en privado su interés por obtener el apoyo estadounidense para presentarse a las elecciones presidenciales».

Una de las principales preocupaciones de Estados Unidos tras la llegada de Morales al poder fue que Bolivia pudiera apartarse de su tradicional esfera de influencia y forjara alianzas y acuerdos económicos con otros países, dejando con un palmo de narices a su patrón tradicional. Entre las personas a quienes la USAID pidió asesoramiento para uno de sus proyectos se encontraba Eduardo Rodríguez Veltzé, un expresidente de Bolivia que desmanteló en medio de una gran polémica el único sistema de defensa aérea del país —comprado a China—, de modo que dejó a Bolivia bajo el control militar más elemental de Estados Unidos. Con personas como él era con quienes Estados Unidos tenía por costumbre tratar. Pero Morales ya no consentía semejante servilismo. Además, por otro lado, China aceptaba sin ambages el gobierno del MAS —en buena medida por las reservas de litio, sin duda— y no parecía que pretendiera debilitar el gobierno democráticamente elegido, como hacía Estados Unidos. También ofrecía una fuente de inversión alternativa, lo que inquietaba a los estrategas estadounidenses. Y no era solo China. En 2008 se anunció que Bolivia había firmado un acuerdo con Gazprom, la empresa de gas de propiedad estatal rusa, para que explotara y extrajera gas natural del país. YPFB, la compañía petrolera y de gas de propiedad estatal desde que la nacionalizara el gobierno del MAS, firmó el acuerdo de explotación de las segundas reservas más grandes de América del Sur, concentradas en el sureste del país.

Bolivia también anunció más adquisiciones militares a China y Rusia cuando Estados Unidos impidió la compra de aviones checos. Lo más preocupante para Estados Unidos era que Venezuela y Cuba también incrementaban su presencia, un temor expuesto sin cesar en los cables. Uno de los remitidos desde La Paz decía lo siguiente: «El asesoramiento, la injerencia y la ayuda cubana y venezolana siguen constituyendo una grave preocupación». Esta inquietud se concreta en que «médicos cubanos y hospitales recién inaugurados llevan la atención sanitaria a comunidades aisladas», mientras que Venezuela ofrecía financiación con microcréditos a pequeños negocios. A diferencia de la USAID, claro está, «la financiación venezolana llega al país sin ninguna transparencia ni justificación, lo que deteriora más el proceso democrático». La financiación venezolana de los medios de comunicación representaba un «motivo de preocupación» específico que, como hemos visto, se combatía en forma de guerras por poderes a través de los programas de la NED. Un cable se preocupaba porque «se van a vender los medios de comunicación sin información pública, lo que alterará el paisaje de creación de opinión en el país», es decir, el sesgo contrario a Morales. El cable señalaba incluso que el principal periódico, La Razón, tiene una «posición general contraria [al gobierno de Bolivia]».

En febrero de 2008, se publicó un reportaje sobre un becario del programa Fullbright en Bolivia a quien se había pedido que espiara a los cubanos y venezolanos presentes en el país. John Alexander van Schaick declaró que Vincent Cooper, el responsable regional de seguridad, le había pedido en la embajada estadounidense que «proporcionara los nombres, direcciones y actividades de todos los médicos o trabajadores venezolanos o cubanos con los que se topara mientras estuviera en Bolivia.[57] Su relato de los hechos venía apoyado por testimonios similares de miembros y personal del Peace Corps, a todos los cuales pidió el señor Cooper que recabaran información de ciudadanos cubanos y venezolanos. Tres días después de la publicación del reportaje se anunció que el señor Cooper no regresaría a Bolivia. Morales calificó aquella «expulsión» como la de «un hombre que dirigía las labores del espionaje norteamericano», acusación hecha con cierta justicia. Muchos creían que solo era la punta del iceberg. «Teníamos cierta amistad y [Van Schaick] se dirigió a mí en diciembre de 2007», me contó Jean Friedman-Rudovsky, la periodista estadounidense residente en La Paz que elaboró el reportaje. «Tardé un par de meses en fundamentar la perspectiva del Peace Corps; había oído muchos rumores, pero no había logrado sustanciarlos. El director en funciones del Peace Corps hizo unas declaraciones públicas en aquella época en las que decía que Vincent Cooper llegó allí y dio al grupo esas instrucciones inadecuadas».

Los voluntarios se vieron en la disyuntiva moral de tener que elegir qué hacían. «A algunos chicos les preocupaba el mensaje procedente de la embajada; una joven tenía previsto vivir con una familia cubana y se preguntaba si tenía que recabar información sobre ellos», comentaba Friedman-Rudovsky. El director y el personal del Peace Corps se quejaron a la embajada estadounidense y protestaron aduciendo que no podían actuar como un servicio de inteligencia para el gobierno estadounidense. Sin embargo, cuatro meses después, Van Schaick recibió idénticas instrucciones. «En general, entre Estados Unidos y Bolivia no ha cambiado gran cosa desde que Obama llegó al poder», decía Friedman-Rudovsky. El embajador jamás reconoció que aquello hubiera sucedido; se limitó a comentar que, si se habían dado esas instrucciones, era contraviniendo la política estadounidense. Pero fue la primera prueba irrefutable de que Estados Unidos utilizaba sus agencias para recabar información en el país. «Cada vez que Morales habla sobre las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia en términos de injerencia estadounidense en los asuntos bolivianos, refiere esta historia; es la única con pruebas concluyentes de espionaje», explicaba Friedman-Rudovsky. Poco después, el ministro de Asuntos Exteriores boliviano pidió a Estados Unidos que estableciera programas de intercambio, porque los programas estadounidenses vigentes «no son transparentes y desconfiamos cuando se pide a alumnos becados que nos espíen». Estados Unidos no atendió la petición.

En 2008 se desató otra polémica: una unidad policial denominada Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES) se vio implicada en un escándalo de vigilancia cuando se dio a conocer que había sido utilizada para recabar información de inteligencia de ámbitos ajenos a su jurisdicción, que era el narcotráfico. La unidad estaba financiada por Estados Unidos y, en última instancia, rendía cuentas a la embajada de este país. Resulta difícil admitir que allí nadie supiera lo que estaba pasando. Poco después, esta unidad policial fue desmantelada.

Este tipo de subterfugios tiene una larga trayectoria. En una comparecencia ante el Congreso en 1997, James Milford, subdirector de la DEA, declaró: «El Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE, Intelligence and Special Operations Group) es uno de los programas de lucha contra la droga con más éxito de Bolivia. Se instauró hace cuatro años como consecuencia de la cooperación entre la DEA y la Policía Nacional Boliviana [y era] responsable de facilitar información de inteligencia delicada y de dirigir las investigaciones delictivas más complejas e importantes en Bolivia».

Estados Unidos, desde hacía mucho tiempo, contaba en Bolivia con agencias para hacer cumplir la ley que actuaban bajo el disfraz de la lucha contra la droga; estas agencias se utilizaban para diferentes fines y nadie podía verificar de hecho si recababan o no información de inteligencia. Más adelante, el presidente Morales alegó que la CIA había tratado de infiltrarse en la empresa petrolera estatal YPFB a través del director de marketing Rodrigo Carrasco, que había asistido a una serie de «cursos de formación» en Estados Unidos relacionados con cuestiones de inteligencia, seguridad y política. Carrasco había sido miembro de COPES. Después de aquello, la embajada estadounidense siguió quejándose de que la «amenaza de expulsar a la CIA de Bolivia significa que cualquiera de nosotros puede ser (erróneamente) identificado como espía y expulsado en caso de que hagamos —o se nos acuse falsamente de hacer— cualquier cosa que desagrade a Evo». Definitivamente, se estaban llevando a cabo labores de espionaje a gran escala. En todos los cables se aprecian alusiones a «informes sensibles», que es un eufemismo para referirse al espionaje. Un cable indicaba que un oficial del MAS a quien «muchos analistas políticos» consideraban «un radical» está «forzando la imposición de medidas legislativas controvertidas». Tras lo que añadía: «Informaciones sensibles indican que Ramírez podría perfectamente ser vulnerable a la corrupción y a acusaciones de contrabando».

Ser blando

Cuando estuve en Sucre hablé con Enrique Cortés, profesor de una de las universidades de la ciudad y especialista en relaciones entre Estados Unidos y Bolivia. «Bolivia sigue siendo dependiente —decía—. Esta posición de dependencia proviene de los orígenes, de cuando se fundó la nación; siempre fuimos dependientes de un sistema monetario internacional, dirigido en época más reciente por Estados Unidos. —Y añadía—: Había una relación triangular entre el Estado, las oligarquías y las organizaciones transnacionales, y las oligarquías respondían a los dictados del capital internacional. Cuando pierden poder, utilizan la fuerza para impedir que evolucione la historia. Ahí es donde encajan Rózsa-Flores, la matanza de Pando y Leopoldo». Explicaba que el cambio a la democracia podía no ser permanente y ser aniquilado. «Hubo una fase de dinámica fascista, la dictadura, que aún no se ha acabado. Con Carter dio comienzo la fase de las democracias controladas. Ahora pensamos que ha comenzado una nueva fase centrada en los recursos esenciales y el deseo de controlarlos. Así que ese es el conflicto principal con Estados Unidos». Opinaba que Estados Unidos todavía podía echar el freno al proceso iniciado por el MAS para alcanzar mayores cotas de independencia. «Un golpe de Estado no es la única forma de frenarlo. La historia demuestra que existen otras estrategias, como penetrar en las organizaciones populares y los movimientos sociales utilizando agencias como la USAID». Pero los golpes de Estado han constituido la táctica estadounidense tradicional en el país.

Documentos desclasificados que se hicieron públicos en 2008 dejaron al descubierto el apoyo político y económico estadounidense al golpe militar encabezado por el general derechista Hugo Banzer en 1971, que gobernó hasta 1978 —antes de reaparecer, en esta ocasión elegido democráticamente, desde 1997 hasta 2001—. En aquella época el Departamento de Estado negaba el apoyo al golpe de Estado, que en tres días dejó 110 muertos y centenares de heridos. La dictadura de Banzer fue una pesadilla para las organizaciones de trabajadores y para todo aquel que discrepara de la reestructuración de la economía de acuerdo con los intereses del capital extranjero. Detuvo a 14.000 bolivianos, a los que privó de un juicio justo, y torturó a 8.000. Se dieron por desaparecidas unas 200 personas. Banzer se había formado en la infame Escuela de las Américas de Panamá (Fort Gulick) y en Fort Hood (Texas) antes de convertirse en agregado militar en Washington. Los documentos desclasificados muestran que el gobierno de Nixon firmó una partida de 410.000 dólares para ponerlos a disposición de las autoridades políticas y militares dispuestas a sacar del poder al dictador izquierdista Juan José Torres. En una reunión celebrada en julio de 1971 del comité denominado Operación 40 —presidido por el entonces secretario de Estado Henry Kissinger—, el debate se centró en la entrega de este dinero a figuras de la oposición que, según se creía, se comprometerían a dar un golpe de Estado. El subsecretario de Estado Alexis Johnson se expresó así: «Lo que en realidad estamos organizando es un golpe, ¿no?». El plan fue aprobado y, el mismo día que estallaba el golpe en Santa Cruz (Bolivia), un miembro del Consejo Nacional de Seguridad informó a Kissinger de que la CIA había transferido el dinero a dos miembros de alto rango de la oposición.

Un mes antes, Nixon y Kissinger habían analizado las posibilidades de ajustar cuentas con el dirigente boliviano, que se inclinaba demasiado hacia la izquierda.

KISSINGER: En Bolivia también tenemos un problema importante. Y…

NIXON: Lo sé. Lo dijo Connally. ¿Qué quieres que hagamos?

KISSINGER: He dicho a [Thomas] Karamessines [director adjunto de Planificación de la CIA] que ponga en marcha una operación cuanto antes. Hasta el embajador de allí, que ha sido blando, dice ahora que tenemos que empezar a intervenir con el ejército o que la cosa acabará siendo una ruina.

NIXON: Ya.

KISSINGER: Está previsto para el lunes.

NIXON: ¿Qué cree Karamessines que tenemos que hacer? ¿Un golpe?

KISSINGER: Veremos lo que podemos hacer, si… en qué contexto. Van a echarnos de allí en dos meses. Ya se han deshecho del Peace Corps, que es un recurso, pero ahora quieren deshacerse de la [Agencia de Información estadounidense] y del personal militar. Y no sé si podemos pensar siquiera en un golpe, pero hemos de averiguar con qué tenemos que familiarizarnos allí.[58]

Si avanzamos cuarenta años, vemos que no ha cambiado gran cosa. Los cables de WikiLeaks revelan que cuando los disturbios políticos atravesaban su momento álgido, la embajada estadounidense contemplaba la posibilidad de promover un golpe militar. En uno se decía: «Hay señales contundentes de que el ejército está dividido y podría ser reacio a cumplir órdenes». Otro se quejaba de que «el firme compromiso con el orden institucional requeriría una argumentación constitucional sólida para que los comandantes participaran en cualquier acción que se pudiera considerar “política”». No cabe duda de que estos sentimientos se transmitían desde el interior del ejército hasta la embajada estadounidense. «[El comandante de las Fuerzas Armadas Wilfredo] Vargas se ha mostrado partidario, en público y en privado, de las relaciones militares entre Estados Unidos y Bolivia —señalaba un cable—. Aunque en el plano profesional sigue cooperando con entusiasmo con nosotros, condecorando incluso el 13 de diciembre a tres oficiales [del destacamento militar], sus comentarios públicos en los últimos meses han irritado a las autoridades militares bolivianas y han extrañado en el interior de la embajada». (El destacamento militar forma parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos). Pero había razones para el optimismo. «Evo no cuenta con una red de amigos personales dentro del ejército (aunque su ministro de la Presidencia, Juan Quintana, sí) —se apuntaba en un cable—. El ejército recela de asumir cualquier papel considerado político, aunque sea remotamente. El ejército teme sobre todo que se repitan los sangrientos conflictos entre militares y civiles de El Alto en el año 2003, que supusieron la caída del gobierno de Goni». El gobierno de Goni… apoyado por Estados Unidos, donde ahora vive exiliado.

Finalmente, se nos dice que el comandante Vargas no es lo bastante fiable para contar con él. «Vargas sigue siendo un enigma —apuntaba el cable—. Algunos comandantes, al menos antes de sus comentarios del 8 de diciembre, sospechaban que podría simpatizar con un golpe. Todo el mundo le califica de “oportunista”». El cable concluía con ironía: «No podemos esperar que esté a la altura de sus promesas».

Haciendo un ejercicio de revisionismo histórico a cara descubierta, la USAID afirmó que entre 1985 y 2003 «se liberalizaron reglas fundamentales del juego político y económico». A lo que añadía: «Nacieron y prosperaron organizaciones con una concepción pluralista de la democracia, sobre todo en respuesta a la disponibilidad de ayuda de donantes». Señalaba que «entre 1952 y 1985 las organizaciones de la sociedad civil empresarial dominaron la participación ciudadana en la esfera pública», que era la época en que el gobierno boliviano «empezó a cambiar la orientación de las políticas económicas y las prácticas democráticas de Bolivia». Según esta fantasiosa narración, muy pronto «emergió entonces la sociedad civil pluralista de forma activa, en especial en el ámbito de las comunidades locales». Lo que ese periodo describe en realidad es «el adoctrinamiento del shock» de la economía boliviana y la sociedad en general. El presidente Víctor Paz Estenssoro, que había apoyado al dictador Hugo Banzer —a su vez respaldado por Estados Unidos—, gobernó entre 1985 y 1989 e instituyó una receta neoliberal que contribuía a volver a poner en pie la tambaleante economía. Reprimió a los sindicatos, despidió a 30.000 mineros y privatizó la mayoría de las empresas de propiedad estatal. La sociedad maltrecha que él y su sucesor, Goni, crearon ofrecería un terreno fértil para que naciera el gobierno de Morales.

La USAID utiliza como marco operativo para definir lo que es la sociedad civil la obra de Larry Diamond, profesor de la Universidad de Stanford y miembro de la Hoover Institution, donde coordina el proyecto sobre democracia en Irán. Fue asesor de gobernanza de la autoridad provisional de la coalición en Iraq, y fundador y codirector de la revista Journal of Democracy, de la National Endowment for Democracy (NED). Ha trabajado para el Departamento de Estado, el Banco Mundial y la USAID. Dicho de otro modo, es el intelectual perfecto para diseñar la democracia en Bolivia.

En Bolivia se había detectado la presencia de armas y militares estadounidenses. En junio de 2007, Donna Thi Dinh, una estadounidense de veinte años, fue detenida en el aeropuerto de La Paz a su llegada de un vuelo procedente de Miami. Las autoridades encontraron en su equipaje quinientos cartuchos de munición del calibre 45. En un principio, la señorita Thi declaró en la aduana que llevaba queso. Fue recibida en el aeropuerto por la esposa de un enlace militar de la embajada estadounidense en La Paz. El embajador estadounidense, Philip Goldberg, dijo que las balas eran para realizar prácticas de tiro con pistola y que la chica no se había dado cuenta de que tenía que declararlas. Podría ser cierto, pero al menos demuestra la impunidad con la que los estadounidenses pensaban que podían actuar en Bolivia. Magaly Zegarra, directora de migración de Bolivia, comentó: «Es dudoso que una ciudadana norteamericana relacionada con la embajada pueda llevar munición en un avión norteamericano procedente de Miami, una ciudad donde el gobierno protege a los terroristas llegados de toda América Latina, en especial a su maestro, que es como esos mismos terroristas llaman a [Luis] Posada, y se burle de todos los mecanismos [de la justicia]».[59] En otro incidente acontecido en marzo de 2006, Triston Jay Amero, un joven californiano de veinticinco años, hizo estallar 300 kilos de dinamita en dos hoteles de La Paz. Portaba quince documentos de identidad diferentes. Dos años después, los servicios de seguridad revelaron la presencia de dos falsos periodistas estadounidenses fotografiando vehículos presidenciales.

El propio ejército estadounidense utilizaba Bolivia como base. En junio de 2010 se dio a conocer que el gobierno de Obama estaba ampliando el papel de los cuerpos de operaciones especiales estadounidenses por todo el mundo, en una «guerra secreta» para combatir a Al Qaeda. The Washington Post señalaba al respecto que se estaban destinando aproximadamente unos 4.000 efectivos a entre 60 y 75 países diferentes de Iraq y Afganistán. Basándose en «fuentes bien informadas de operaciones especiales», Jeremy Scahill refirió en The Nation que uno de esos países era Bolivia. La misión de las tropas del mando conjunto de operaciones especiales era lanzar «ataques preventivos o en represalia», pero era una expresión ambigua. «Aunque parte de las misiones de las tropas especiales giran en torno al entrenamiento de tropas aliadas, la frontera muchas veces se desdibuja. En algunos casos, se utiliza la palabra “entrenamiento” para ocultar acciones directas unilaterales», escribía Scahill. Una fuente de las tropas especiales le reconoció: «Se suele hacer bajo los auspicios del entrenamiento para que puedan ir a cualquier sitio. Es brillante. En esencia, es lo que hacíamos en la década de los sesenta. —Y añadía—: ¿Recuerdas la “misión de entrenamiento” en Vietnam? Así es como se disfraza». Las fuerzas armadas estadounidenses aparecen de vez en cuando en Bolivia. En 2008, tan solo cuatro semanas antes del asalto al Hotel Las Américas, el veterano de la guerra de Iraq y capitán de corbeta Gregory Michel fue detenido en Santa Cruz por amenazar con una pistola a una prostituta. La embajada estadounidense consiguió que fuera puesto en libertad recurriendo a la «inmunidad diplomática». Los cables de WikiLeaks también muestran que se estaban utilizando aparatos C-130 y helicópteros propiedad de la Sección de Asuntos de Narcóticos (NAS, Narcotics Affairs Section), con base en la embajada estadounidense, para transportar «erradicadores y soldados». En otros lugares, la embajada hacía notar acusaciones de que la DEA, el ejército estadounidense y la policía nacional boliviana dirigían las labores bolivianas contra las drogas «desde una base militar estadounidense» del departamento de Cochabamba. En alusión a este detalle, el cable apuntaba: «Estados Unidos apoya los esfuerzos de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico en el aeropuerto de Chimore y tiene efectivos allí desplazados, pero en Bolivia no hay ninguna base militar estadounidense como tal». Como tal. Los cables de WikiLeaks traslucen que la embajada está preocupada por la renovación de la cooperación «mil-mil» (militar con militar) y la concertación de un acuerdo de «establecimiento de tropas». Sin embargo, el gobierno boliviano era reacio a firmarlo; además, se negaba a ratificar el «artículo 98», que exime a los ciudadanos estadounidenses de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, una exigencia habitual planteada por Estados Unidos que supone un deshonesto intento nacional de no someterse a la legislación internacional.

Pero, como sabe Estados Unidos, Bolivia sigue presa del ejército estadounidense. Un cable señalaba: «Bolivia no ha gastado dinero alguno en munición en dos años y su capacidad de desplazar tropas con rapidez sigue siendo dudosa».

Dar las gracias

A principios de 2006, un cable remitido desde La Paz recordaba «los millones de dólares de ayuda estadounidense entregados en las últimas décadas» y decía que el embajador opinaba que el gobierno estadounidense «valoraría de vez en cuando alguna buena palabra o un agradecimiento» del presidente Morales. Hasta el día de hoy, el gobierno de Morales y su partido, el MAS, no han «agradecido» el apoyo de Estados Unidos porque desde 2005, y antes, ese apoyo ha estado dirigido a acabar con ellos y, por extensión, con la democracia en Bolivia. En muchos aspectos, Bolivia es en la actualidad la nación más democrática del mundo. Cuando se recorre el país se percibe la participación de los ciudadanos en la política de su comunidad local, así como en el plano nacional, de un modo llamativamente inexistente en Estados Unidos o el Reino Unido. En América Latina y otras regiones hay una sencilla fórmula para la política exterior estadounidense: apoyar la democracia si la población vota de la manera correcta. Si no lo hacen y el partido político ganador amenaza con desbancar el orden «natural» de las cosas y, con él, los intereses empresariales de Estados Unidos y otras compañías extranjeras, entonces se pone en marcha un programa de subversión y desestabilización. Esta investigación se ha centrado en los detalles del caso de Bolivia, pero las pautas generales se han reproducido por toda América Latina desde Venezuela a Ecuador y desde Brasil hasta Perú.

En otro cable se decía: «La elección de Evo Morales en diciembre de 2005 fue un terremoto político en Bolivia que barrió las expectativas que han definido la política boliviana desde hace generaciones y, al mismo tiempo, abre fisuras y ofrece nuevas posibilidades». Son estas nuevas posibilidades las que asustan al gobierno estadounidense, la amenaza del «virus del buen ejemplo», un gobierno capaz de atender a sus ciudadanos al tiempo que hace crecer la economía. La embajada estadounidense desprecia incluso el admirable liderazgo de Bolivia en el cambio político calificándolo de «un vehículo para elevar la estatura política internacional de Bolivia [y de Morales]». Estados Unidos está perdiendo poco a poco la propiedad que ha ostentado de la sociedad boliviana durante décadas. Por primera vez desde que se recuerda, el pueblo boliviano está decidiendo su destino de acuerdo con sus necesidades, ideas y esperanzas; no con las de Estados Unidos. Por esta razón se ha declarado la guerra contra la democracia boliviana, además de contra cualquier otra democracia que no entienda que su raison d’être es apoyar los intereses estadounidenses en detrimento de su propia población. Pero no fue solo la población indígena de América Latina la que demostró ser un problema para los extorsionistas. Cuando se desató la crisis financiera, su propia población indígena también dejó de ser tan fácil de explotar. La extorsión en el exterior se da cita con la extorsión en el interior del país.

10
Los pueblos originarios
de Estados Unidos
y sus tierras

Oklahoma, Delaware

Cuando los conocí, en la época en que la neblina de la crisis económica había engullido a la comunidad, la Nación Delaware tenía un proyecto muy simple para crear puestos de trabajo para los casi dos tercios de sus miembros indigentes y desempleados: quería fabricar lámparas. La comunidad indígena americana ya distribuía lámparas, de manera que conocía bien el sector; ahora querían fabricar dispositivos LED. Solo que no podían. Nadie les habría prestado el dinero que necesitaban para poner en marcha el proyecto. No eran blancos y no tenían recursos naturales en sus áridas reservas, de manera que los agentes económicos, los extorsionistas que todo lo mueven en Estados Unidos, les volvían la espalda. Aquella no era más que la última fase de una batalla secular por la dignidad básica que libraba el primer pueblo aborigen de Estados Unidos contra los usurpadores y magos de las finanzas que los han condenado al subdesarrollo. Seguían perdiendo. «La economía se ha desplomado por completo —me contaba Kerry Holton, el elocuente presidente de la tribu—. Los bancos no van a asumir ningún tipo de riesgo; no les interesa prestarte, a menos que tengas el doble de activos de lo que quieres que te presten». Esto significaba que los ricos podían suscribir préstamos, pero los pobres no, de ninguna manera.

El pueblo indígena de los lenape se ubicaba originalmente en grandes franjas de la costa oriental del actual Estados Unidos, en regiones como Nueva Jersey, Nueva York, Delaware y Pensilvania, y la suya fue la primera tribu que firmó un acuerdo formal con el recién instaurado gobierno en 1778. Más de doscientos años después, ese mismo pueblo —ahora en parte diezmado y por completo desplazado— se llama Nación Delaware, denominación que el hombre blanco atribuyó al pueblo que emigró de la costa oeste y acabó en Oklahoma. En el siglo XXI todavía padecen la barbarie de sus conquistadores, que ya no llegan en forma de colonos británicos saqueadores de tierras, sino de modernos financieros. En la actualidad la tribu padece el desempleo en su mayoría, ha quedado sumida en un nivel de deuda insuperable y por todas las tierras que habitan desde hace ciento cincuenta años cunde la típica desesperanza generalizada de las comunidades indígenas sacudidas por el sector financiero. Pero la Nación Delaware está gobernada con más eficiencia que las instituciones del Estado que masacró a sus antepasados y ahora adora predicar la «excepcional» naturaleza de su democracia. Tienen un pequeño consejo de gobierno formado por seis miembros, compuesto por ancianos y jóvenes de la comunidad, que toma las decisiones.

La Nación Delaware solo tiene un casino —un condescendiente regalo de la clase dominante blanca cuando se apoderó de sus tierras—, que quieren utilizar como trampolín para otros avances económicos, incluido el desarrollo de energía verde. Pero la tribu no tiene posibilidad de obtener la financiación para arrancar. «Podemos hacer un poco nosotros mismos, pero necesitamos millones para poner en marcha algo así —decía el señor Holton—. Nos dimos cuenta enseguida de que los bancos no sirven de nada. Queremos crear puestos de trabajo, pero los casinos no sirven para lograrlo. Crean algunos, pero no es suficiente». La Nación Delaware ya adquirió con financiación una empresa de la que pasó a ser accionista mayoritaria y se convirtió en una de las principales redes de distribución de semiconductores para iluminación LED de Estados Unidos. Todo está listo para pasar a la fabricación. «Solo necesitamos capital para conseguir existencias y contratos. Pero ahí ha aparecido el escollo. Aun cuando tenemos contratos, acudimos a una institución financiera y no podemos conseguir un préstamo con base ese contrato». Esta tribu de 1.500 miembros no es más que una de las muchas víctimas indígenas americanas de la congelación de los mercados crediticios posterior a la crisis económica.

La burbuja

Muchas tribus cayeron en la tentación de la burbuja crediticia para expandir sus aventuras empresariales, a menudo de lujo. Los pequot de Mashantucket, que viven en la misma reserva de Connecticut desde 1666, anunciaron en abril de 2008 sus planes para construir un «alentador» centro turístico nuevo de 700 millones de dólares en su Foxwoods Resort Casino, que ya era el más grande del mundo, junto con un nuevo Hilton.[60] A los pocos días de su inauguración, ese mismo verano, Lehman Brothers quebró y, detrás, la economía mundial se derrumbó. Poco después, la tribu luchaba por devolver la deuda enormemente onerosa que había contraído. En enero de 2010 consiguieron llegar a un acuerdo con una entidad de préstamo para ampliar los plazos de devolución y reestructurar una deuda de 2.300 millones de dólares de atrasos. «Es la misma historia de siempre —explicaba Joseph Kalt, codirector del proyecto de la Universidad de Harvard sobre desarrollo económico indígena americano—: un montón de dinero en efectivo para tribus que invierten como locas y que después son golpeadas por la recesión».

Pero los retos económicos de los gobiernos tribales son más amplios que los derivados de la reciente recesión. Siempre ha sido difícil atraer crédito de calidad. Las tribus carecen del poder fiscal de los gobiernos locales, un apuro que se ha visto acentuado por las presiones presupuestarias estatales y por las disputas entre gobiernos sobre cuestiones fiscales y de ingresos. Las naciones tribales solo han gozado de autogobierno desde la década de los setenta, cuando los gobiernos de Gerald Ford y Richard Nixon realizaron grandes progresos al respecto. Aunque existían desde mucho antes que los propios Estados Unidos, en el sentido actual solo llevaban cuarenta y cinco años de autodeterminación. Esto las ha dejado expuestas a la explotación de los bancos. «Cualquier política de gestión de la deuda de una tribu ha tenido relativamente poco tiempo para ajustar sus estructuras de gobierno», decía Jeffrey Carey, director general y especialista en finanzas tribales del Bank of America Merrill Lynch. Muchos creen que esta circunstancia las ha vuelto más susceptibles de ser objeto de las peores prácticas bancarias.

También se ha erosionado la protección del monopolio del juego del que se aprovechaban, aunque el entorno macroeconómico sigue planteando grandes desafíos por su dependencia de activos limitados frente a las bases imponibles amplias de un estado o localidad. También sufren otros perjuicios colaterales, ya que —según la clasificación de The Federal Trust— el gobierno federal deteriora sus activos, limitando su capacidad de acceso a los mercados de bonos o de capital. Holton me confesaba: «Una de las consecuencias de la recesión es que nos ha hecho tomar conciencia de que no podemos conseguirlo todo a través del casino, tenemos que diversificar para poder reforzar nuestros programas y asegurarnos de que están allí cuando las personas los necesitan. Todo el mundo tenía la sensación de que los casinos eran negocios a prueba de balas, pero no lo son». También el señor Carey insistía: «La diversificación es ahora el asunto omnipresente de las economías tribales. Ahora hay mayor obligación de invertir en infraestructuras y servicios para los ciudadanos y en establecer vías de colaboración con gobiernos no tribales». En Alabama, la reserva Poarch Creek Indian colabora con el gobierno local en múltiples cuestiones, incluidas la protección policial y las carreteras. Es un modelo de cooperación entre lo tribal y lo no tribal que está ganando terreno por todo el país.

Para añadir insultos a la ofensa, en mitad de toda esta incertidumbre, el gobierno del presidente Barack Obama decidió recortar de forma drástica el programa de garantía de préstamo para indígenas norteamericanos, que respalda los préstamos a las tribus. Para el año 2012 el programa se redujo casi en dos tercios, de modo que se quedó en tres millones de dólares en vez de los ocho millones que tenía asignados en 2010. «Las realidades presupuestarias en las que vivimos inmersos ahora mismo requieren descuentos», argumentaba Larry Echo Hawk, ayudante del secretario del interior para asuntos indígenas. Pero todo era mentira. «El gobierno de Obama ha tratado de marcar una diferencia, y eso se ha notado en las tribus: suena bien en la prensa; sin embargo, en lo tocante a las tribus no ha sido beneficioso», comentaba Holton. Los bonos para el desarrollo económico tribal son inservibles para muchas tribus, porque carecen de infraestructuras en las que se pueda hacer algo con ellos. «La ironía es que los bancos ahora están empezando a volver a conceder préstamos, pero el daño ya está hecho y los recortes propuestos por el gobierno de Obama diezmarán el programa de garantía de préstamo —me explicaba Gavin Clarkson, un profesor de la Universidad de Houston y el especialista más destacado del país en finanzas tribales—. Se le puso una prueba al país indígena, pero esa prueba estaba amañada».

El paquete de estímulo del señor Obama incluía 2.000 millones de dólares en asignaciones de bonos con exención fiscal. Pero los mercados estaban tan mal y los criterios de préstamo eran tan onerosos que, aun cuando las tribus dispusieran de las asignaciones, las instituciones financieras los rechazaban de plano. «Los crearon para nosotros, pero no se puede hacer nada con ellos —se lamentaba el señor Holton—. No han sido más que papel mojado». El programa de garantía de préstamo servía sobre todo a las tribus que no tuvieran acceso a los mercados de capital. Ahora ya ha desaparecido prácticamente, pues Washington ha demostrado que los indígenas americanos no son capaces de atraer inversiones. Pero, del mismo modo que los colonos antes que ellos, que redactaron los contratos de las tierras y después los incumplieron, los bancos siempre han considerado que las tribus indígenas son una oportunidad para ganar dinero rápido, una esponja de usar y tirar que se puede exprimir cuando las cosas se ponen feas y de la que después se puede uno deshacer con facilidad. En 2011, por ejemplo, la Securities and Exchange Commission (SEC) descubrió que el banco Wachovia había sobrevalorado un tramo de obligaciones de deuda avalada y se lo había vendido a la tribu indígena de los zuñi de Nuevo México. El banco pagó once millones de dólares de intereses a la SEC y por este motivo los medios de comunicación prestaron atención. En cambio, para quienes tenían conocimiento de cómo era la economía indígena no representaba nada nuevo. «Los bancos definitivamente se aprovechan de las tribus, sobre todo si se dedican al juego —explicaba el señor Holton—. Eso es lo que les interesa. En el mundo de los negocios de los no indígenas, se recibe un trato muy diferente si eres indígena o miembro de una tribu. Piensan que ya te tienen en el bolsillo y eso lo hace todo muy difícil muy difícil; muchas veces es preferible presentarte sin decirles que perteneces a una tribu».

Los extorsionistas trabajan para que los países subdesarrollados sigan siendo pobres, y actúan del mismo modo con las tribus que viven dentro de sus propias fronteras. «Los grandes bancos minoristas se alegraban de ganar montones de dinero a cuenta de las tribus cuando financiaban casinos —decía el señor Holton—. Pero cuando llegó el momento de financiar empresas o fábricas, lo que hace falta para que la economía funcione, siempre había algún obstáculo». No es casualidad: apoyar la capacidad de las comunidades indígenas para que gestionen sus propios negocios sin depender de ayudas económicas del Estado podía poner en peligro su subordinación al sistema; esto, por supuesto, no funcionaría. Lo que ha generado esta situación es una larga historia de ferocidad financiera que no es en absoluto inevitable. Mientras tanto, Bank of America Merrill Lynch calculaba que en la década anterior se habían emitido más de 17.000 millones de dólares en valores tribales, además de 25.000 millones de dólares del capital recaudado por los mercados tribales. Pero esas estadísticas pueden resultar engañosas, pues la gran masa de esta financiación ha ido a parar a aquellas tribus que han tenido éxito y, por tanto, son dignas de recibir créditos. «Los recortes afectan de manera muy desproporcionada a las tribus más necesitadas, así que ha sido una gran decepción para la nación india ver que se recortaba justo cuando más necesidades tenían», concluía Jeffrey Carey, director general de Bank of America Merrill Lynch y especialista en finanzas de las tribus.

El efecto de la crisis financiera no ha sido uniforme en todas las tribus. Se las puede clasificar en tres grandes grupos diferentes. Las tribus de casino, cuya economía gira en torno a ese único negocio, vieron caer sus ingresos enseguida, en muchos casos en más de un 30 por ciento. En Florida, la tribu de los seminola se hizo famosa cuando en el año 2006 Bank of America Merrill Lynch les ayudó a comprar Hard Rock International, una adquisición que les costó 965 millones de dólares. The Wall Street Journal elogió la operación en su portada y la prensa económica sonreía. Pero cuando se desató la crisis financiera, la situación empeoró y acabó con la renuncia del jefe de la tribu, que ostentaba su cargo desde hacía mucho tiempo.

Un segundo grupo de tribus no se vio tan gravemente afectado, porque eran titulares de lucrativos contratos de defensa del gobierno que se mantuvieron durante la crisis. La reserva india Flathead de Montana tiene una empresa llamada S&K Electronics que produce artículos como ventiladores para los cascos del ejército que se utilizan en Iraq y Afganistán. En Nebraska, la tribu más grande hace labores de apoyo al ejército preparando equipos militares de campaña, organizando los paquetes que los soldados se llevan al campo de batalla. «En general, las tribus manufactureras han capeado muy bien la recesión, porque las contratas del gobierno han resistido bien debido a las guerras», contaba Joseph Kalt.

Por último, hay tribus con una tasa de desempleo de entre un 70 y un 80 por ciento; eran tan pobres y estaban tan privadas de inversiones —carecían de casinos y de contratos del gobierno— que la recesión no representó una gran diferencia. A partir de la década de los noventa, más o menos en la época en que se estaba hinchando la burbuja de las puntocoms, unas cuantas empresas financieras se interesaron en que las tribus ganaran autosuficiencia económica al amparo de la autodeterminación política de la década de los setenta. También obtuvieron activos por sus recursos naturales por la Ley de Caza de 1988 (Indian Gaming Regulatory). Ahora se podía ganar dinero rápido y el mundo financiero despertó. Merrill Lynch tenía cuentas con las tribus desde la década de los sesenta, mientras que Wells Fargo y Bank of America trabajaban con las tribus más bien a escala regional. Para alcanzar la autodeterminación muchas tribus obtuvieron acuerdos sobre tierras u otras indemnizaciones, cantidades para adquirir tierras o recursos naturales, que acabaron siendo activos de inversión. Esa dinámica aumentó a principios del siglo XXI, cuando entre cincuenta y cien tribus obtuvieron activos de inversión y una consideración de empresa que les garantizaba algo más que la cobertura de un banco local. «Creo que las tribus han sido objeto de prácticas depredadoras durante toda la historia de Estados Unidos», comentaba Jeffrey Carey.

Cuando el gobierno se apartó de la autodeterminación, las tribus tuvieron que hacer frente a una serie de retos, entre ellos el de desarrollar políticas de inversión. No tenían experiencia, mientras que el sector financiero veía un gran negocio potencial. «Hay una curva de aprendizaje de las tribus, pero ha sido todo un obstáculo para ellas —explicaba Carey—. Creo que han existido prácticas depredadoras desde hace siglos. Estoy seguro de que todavía hay elementos de ellas que perviven, y no se limitan a las instituciones financieras, también a quienes las desarrollan, a las tierras o a los recursos naturales». Hubo un ataque generalizado contra las tribus que, en un principio, vino encabezado por el gobierno federal. En Estados Unidos hay 565 tribus y la mayoría siguen viviendo en el umbral de la pobreza o por debajo de él, y padecen elevadas tasas de desempleo.

Naoma

Una vez que se han apropiado de las tierras de los indígenas americanos, los extorsionistas tratan de destruirlas en su afán por generar aún más capital, en lo que constituye un ciclo interminable de codicia y avidez. El símbolo de la política actual de Estados Unidos es la destrucción literal de algunas de las formaciones montañosas más hermosas del país, junto con la población que las habita, para liberar una de las fuentes de energía más sucias del mundo: el carbón. El hecho de que el calentamiento global antropogénico sea un fantasma que sobrevuela la estirpe humana no preocupa a las corporaciones, porque se trata de una «externalidad», algo que tendremos que pagar todos mientras ellos privatizan los beneficios. La minería de remoción de cima (MTM, mountaintop removal mining) o minería de montaña es un método de extracción relativamente nuevo que comporta levantar con explosivos la cubierta de las montañas para acceder al carbón del interior. Se ha popularizado cada vez más en los Apalaches, a pesar del tremendo perjuicio que causa en la salud de quienes viven en localidades cercanas, así como de los daños que ocasiona en el entorno natural. Pero, por supuesto, el dinero manda. Y así anda la cosa, pero no sin batalla.

Vernon Haltom, de cuarenta y ocho años y padre de tres hijos, vivía antes en la pequeña ciudad de Naoma, en Virginia Occidental, cerca del pie de una mina de montaña. Se marchó de allí en el año 2009 porque, según decía, la mina le hacía la vida imposible. «Una de las cosas que no se dejan de oír son las voladuras —me decía—. Todas las semanas, las empresas hacen detonar en los Apalaches la cantidad de explosivos equivalente a una bomba como la de Hiroshima. Parece un terremoto; a veces no lo oyes, solo lo sientes». Ahora se ha convertido en uno de los combatientes frontales contra la destrucción del legado natural de Estados Unidos y fue cofundador de Coal River Mountain Watch. Durante todo este tiempo se ha puesto en peligro; otra de las razones por las que se marchó de Naoma fueron las amenazas de muerte que recibía de Massey Energy, la inmensa compañía que en esta zona está al frente de la minería de remoción de cima. También se quejaba del polvo que las explosiones hacían descender sobre las poblaciones. «El verdadero problema de las explosiones es el polvo, polvo de sílice y cualesquiera otras partículas que se liberen en la atmósfera después de llevar allí depositadas cientos de millones de años, como nitratos y demás subproductos de las explosiones, que caen sobre los lugares donde la gente vive y respira; es algo que se supone que deberían regular las agencias, pero se niegan a hacer nada, no piensan siquiera que sea un asunto digno de mención».

Rememoraba un episodio sucedido cuando regresaba a casa desde el trabajo y pasó andando por delante de Marsh Fort, la escuela de primaria de la localidad. Sobre la escuela, en el cielo solo se veía el sol tenuemente a través de la nube de polvo. «La agencia jamás se preocupó de venir a investigar», me dijo todavía enfadado pese al paso de los años.

Un corpus cada vez mayor de estudios científicos ha resumido el impacto sobre la salud en las poblaciones de las zonas donde se lleva a cabo minería de remoción de cima. En julio de 2001, la revista científica Journal of Community Health publicó un estudio que postulaba que entre las 1.200.000 personas que vivían en las poblaciones de la zona central de los Apalaches afectada por la minería de remoción de cima se contabilizaba un incremento de 60.000 casos de cáncer directamente relacionados con esta práctica. En el mes anterior, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Virginia Occidental detectó una tasa superior de malformaciones congénitas en bebés nacidos en las zonas de los Apalaches donde se lleva a cabo minería de remoción de cima en comparación con otras zonas no explotadas. Entre las malformaciones, las hay relacionadas con el sistema nervioso central y gastrointestinales.

La triste realidad es que las agencias estatales han caído presas de la extorsión y ahora trabajan más para las compañías que para la gente a la que se pretende que representen. En lugar de actuar de acuerdo con sus competencias para regular el sector y hacer cumplir la legislación y la normativa, se limitan a ser la herramienta legitimadora a través de la cual operan las grandes empresas. La corrupción está incorporada en el sistema en forma de puertas giratorias que conectan los organismos reguladores y las empresas. Un inspector dedica un par de años a «regular» y después se traslada a una compañía minera sin pestañear. «Llevamos años haciendo encuestas para mostrar que la gente está en contra de la minería de remoción de cima, pero por desgracia a los políticos no les importa lo que sea correcto, se dejan convencer más por las acaudaladas empresas que financian sus campañas que por la gente», se quejaba el señor Haltom. El día siguiente al de las elecciones en Virginia Occidental, tanto los demócratas como los republicanos se mostraban encantados con la minería de remoción de cima. «Pero, dadas las cantidades con las que la industria del carbón los financia —añadía—, juegan con las dos barajas: da igual si junto a su nombre llevan la D de demócrata o la R de republicano, porque la que deberían llevar es la C, por el Partido del Carbón».

«Hay un corpus científico emergente [acerca de] los efectos para la salud en las poblaciones afectadas por la minería de remoción de cima —me decía Melissa Wage, directora de campañas del Natural Resources Defense Council, un grupo ecologista—. Dos estudios importantes publicados el mes pasado indican un aumento de las tasas de malformaciones congénitas y de cáncer. Los activistas los han presentado en Washington, donde han dicho que esto está matándonos literalmente y que no vamos a aceptarlo».

Como es natural, a los funcionarios de la extorsión les faltó tiempo para legitimarlo con la habitual excusa para la explotación: la inversión. «La minería de remoción de cima ha mejorado la economía de los mineros de los Apalaches —argumentaba John Bridges, analista estadounidense del sector del carbón de JP Morgan—. Ha reducido los costes y ha mejorado la productividad en un sector muy competitivo». Así que todas las personas cuyos hijos están muriendo de cáncer deberían estar agradecidas. Pero reconoce que para estos destructores es ahora más difícil realizar su trabajo. «Estamos en una situación en la que la minería tradicional más accesible ya se ha agotado y los costes ascienden. Y los grupos de presión ecologistas se oponen a este método, así que es mucho más difícil conseguir las autorizaciones». Las propias compañías mineras del carbón intervienen en el debate y reproducen el mismo argumento que los intereses corporativos utilizan en todo el mundo, tal como hemos visto en Haití: «¡Pero creamos puestos de trabajo!». «No cabe duda de que la Agencia de Protección Medioambiental [EPA, Environmental Protection Agency] pone obstáculos a la creación de empleo en una época en que la economía estadounidense pasa apuros y los puestos de trabajo y la economía son la principal preocupación de la mayoría de los estadounidenses», declaraba Deck Slone, vicepresidente de relaciones gubernamentales de Arch Coal, uno de los peores infractores. En el año 2010, la EPA despertó las iras de las compañías mineras y algunos políticos locales cuando hizo más rígidas las orientaciones sobre los criterios de concesión de licencias para la explotación de yacimientos de minería de remoción de cima. Después, el organismo regulador apartó ochenta propuestas de proyectos de explotación minera para «revisarlas más a fondo».

Lenny Kohm, exdirector de campañas de Appalachian Voices, una de las muchas organizaciones de base que han proliferado para oponerse a la minería de remoción de cima, afirmaba que el activismo está funcionando. «Sin duda ha tenido su efecto —decía—. Hasta hace solo unos años ese sector tenía carta blanca. Si solicitaban una autorización, se les concedía de forma automática. Gracias a los esfuerzos de nuestro grupo y de otros grupos, gracias a los cauces legislativos, pero también a la acción directa y al trabajo con las agencias, hace aproximadamente un año que la EPA, que es responsable de expedir las licencias, apartó ochenta autorizaciones, las retuvieron para estudiarlas con mayor detenimiento y las más importantes fueron denegadas. —Y añadía—: Apuesto a que en los próximos cinco años ni siquiera existe la minería de remoción de cima. Lo que más nos va a ayudar a llegar a la meta es que nuestros esfuerzos se centran en convertirlo en una campaña nacional y llevar la cuestión por todo el país. Voy a alardear un poco: no creo que quede mucha gente que no haya oído hablar de este tema, y eso que hace seis años nadie había oído hablar de él».

La lucha de la gente de los Apalaches por sus hogares y por los derechos del entorno natural muestra que todavía se puede vencer al capital y su necesidad de reproducción incesante si la población en general toma conciencia de la cuestión sin dejarse llevar por la propaganda respaldada por el sector corporativo. De hecho, ahí reside la clave para derrotar a la extorsión. Tanto los republicanos como los demócratas dependen del dinero del carbón para ser reelegidos, de modo que trabajar en el ámbito de la dinámica política puede resultar inútil.

La lucha se vuelve más ardua porque las corporaciones tienen todo el dinero; disponen de millones de dólares para sobornar a cargos electos, influir en los medios de comunicación de ámbito nacional y hacer oír su voz en Washington. Los habitantes de la región de los Apalaches no tienen tanto dinero, pero, aun así, su voz se deja oir entre el estruendo de mentiras y ocultaciones. «Para resumir nuestra estrategia, podemos decir que queremos crear opinión pública y, después, influir con ella para aglutinar voluntad política», explicaba Lenny. La dinámica política oficial se ha quebrado, de modo que la gente tiene que trabajar al margen de ella, erigir sus propias redes de difusión de información y crear conciencia de lo que pretende esta extorsión: meter sus tentáculos en todos y cada uno de los rincones de nuestra vida.

El fracking

Entre los pocos baluartes contra el poder del capital de campar a sus anchas por Estados Unidos, están los organismos reguladores existentes para que se cumpla la ley. Por ello, estos organismos son objeto de ataques coordinados. Cuando estaba en Washington, un asunto irrumpió en la agenda periodística: un yacimiento de gas de Pensilvania explotó y expulsó miles de metros cúbicos de líquidos a través de la zona de perforación y los vertió en un río de la localidad. Los líquidos estaban contaminados por una mezcla de productos químicos peligrosos, lo que obligó a evacuar de sus casas a siete familias. El accidente desencadenó una gran polémica sobre el método de extracción de gas conocido como fractura hidráulica. Sus defensores en el mundo empresarial afirman que pondrá fin a la dependencia estadounidense del petróleo extranjero y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero.

El fracking se conoce desde hace décadas, pero solo a partir del año 2000 se encontraron en Estados Unidos grandes depósitos de gas de esquisto. La extorsión apenas podía disimular su nerviosismo. El accidente se produjo en una zona de perforación desde la que se explotaba el depósito de esquisto conocido como Marcellus Shale, que se extiende bajo Nueva York, Pensilvania y Virginia Occidental y es el mayor depósito de gas natural de Estados Unidos. En la primera mitad de este siglo, está previsto perforar a lo largo de toda la formación nada menos que 100.000 pozos, si se permite actuar sin restricciones.

La fractura hidráulica consiste en inyectar agua a alta presión en la roca de esquisto para liberar el gas natural de su interior. Muchos países de todo el mundo están apostando por el gas de esquisto como gran fuente de energía futura cuando se agoten los tradicionales yacimientos de petróleo. Sin embargo, mientras la prensa económica estaba embelesada y las compañías mineras cantaban alabanzas a este nuevo método de extracción y sus beneficios, los ciudadanos estadounidenses de a pie se manifestaban contra una técnica que potencialmente puede devastar poblaciones y paisajes y poner a la gente en riesgo de padecer cáncer y otras enfermedades. Cuadrilla Resources, la primera empresa que exploró las posibilidades que ofrecía el gas de esquisto en el Reino Unido, suspendió sus operaciones en un yacimiento por temor a que pudiera haber desencadenado dos pequeños terremotos cerca de Blackpool, en el noroeste de Inglaterra. En Estados Unidos, las comunidades locales se han alzado en contra de esta práctica. Las cámaras legislativas de los estados de todo el país están aprobando nuevas leyes para cortar de raíz los efectos medioambientales que se perciben. Pero los fluidos utilizados para fracturar la roca contaminan las aguas. «Sin duda, la contaminación del agua es un gran problema, así como el impacto sobre la calidad del aire». Myron Arnowitt, de Clean Water Action, un grupo ecologista, me decía lo siguiente: «Tenemos que asegurar que se protejan los suministros de agua potable y se deje de verter agua contaminada en los ríos sin tratarla de ningún modo».

Las empresas actúan como criminales del Salvaje Oeste. En el año 2010, la agencia medioambiental del estado de Pensilvania detectó 1.200 delitos medioambientales en perforaciones de yacimientos de gas, y uno de cada seis pozos cometía infracciones. Hay registros evidentes de que la industria de la fractura hidráulica lleva a cabo una pésima gestión medioambiental y, cuando las cosas salen mal, las consecuencias son muy graves para las comunidades locales. «Los estados están reaccionando ante los acontecimientos sobre el terreno: la contaminación de los ríos, las explosiones de pozos, las filtraciones que encontraban en el revestimiento de los pozos —explicaba el señor Arnowitt—. El problema es que los estados nunca se plantean dejar de perforar y pararse a pensar qué sucederá si perforamos todos estos pozos». Estas empresas ni siquiera tienen que notificar qué productos químicos utilizan. La cámara de representantes de Texas fue la única institución que aprobó una ley que exigía a las empresas de perforación de fractura hidráulica notificar los productos químicos que emplean. «Aunque no ha habido ningún caso en que el proceso contamine las aguas subterráneas de Texas, la gente dice que quiere conocer lo que compone el fluido utilizado en el proceso», comentaba el promotor de esta ley en Texas, el republicano Jim Keffer. Mientras tanto, la presidenta de Texas Railroad Commission, Elizabeth Annes Jones, declaraba en una sesión del departamento de energía de Estados Unidos que era «geológicamente imposible que el fluido empleado para la fractura hidráulica llegara a la capa freática», porque el proceso se llevaba a cabo en capas demasiado profundas de la tierra. Texas se encuentra en la frontera de algunos de los mayores descubrimientos de rocas de esquisto, sobre todo en el sur del estado. Una formación descubierta hace poco que va desde la frontera mexicana hasta el sur de San Antonio se ha calificado como el mayor hallazgo de petróleo o gas natural litoral de los últimos cincuenta años. Entretanto, en California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York se han presentado proposiciones de ley para detener la fractura hidráulica.

La EPA, la única herramienta que el pueblo estadounidense tiene en este caso contra las grandes empresas, ha sido extremadamente lenta a la hora de reaccionar ante esta preocupación. Sus portavoces dudaban qué línea de argumentación adoptar cuando hablé con ellos. Por supuesto, como institución capaz de traspasar líneas empresariales básicas en Estados Unidos, sufría un ataque generalizado por parte del sector empresarial. «[Si la EPA interviene,] perderemos varios años de desarrollo y tendremos que gastar dinero en traer recursos naturales de todo el mundo», argumentaba Ray Ludwiszewski, quien en la década de los noventa fue asesor de la EPA y hoy es abogado de Gibson Dunn. Esta es otra faceta de la extorsión: los extorsionistas utilizan cualquier excusa para abrirse camino y salirse con la suya. En el caso de la fractura hidráulica, las empresas y sus lacayos utilizaron la excusa de que Estados Unidos depende del petróleo extranjero —una preocupación muy seria— cuando el gas de esquisto podría satisfacer sus necesidades.

Deshacerse del organismo regulador

En 1998, Arch Coal, el segundo mayor productor de carbón de Estados Unidos, desveló su plan de construir la mayor explotación extractora de minería de remoción de cima de la historia de Virginia Occidental, un yacimiento de más de 1.200 hectáreas con unos depósitos de mineral inmensos. La empresa, con sede en Misuri, pasó la década siguiente sorteando diversos obstáculos logísticos hasta que en el año 2007 el cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense le concedió una licencia para el proyecto. Pero el proyecto topó con un imprevisto en 2009 cuando la EPA retiró la licencia amparándose en la Ley de Agua Limpia (CWA, Clean Water Act). La EPA dictaminó que el nuevo proyecto «puede traducirse en impactos adversos inaceptables para los recursos piscícolas y la naturaleza». A lo que añadía: «El daño derivado de este proyecto sería irreversible». El proyecto continúa parado. Arch Coal presentó una demanda para defender la concesión original de la licencia frente al veto de la EPA.

Cualquiera podría pensar que aquí la EPA estaba cumpliendo su misión y actuaba para preservar la naturaleza de Estados Unidos y su población, pero al mismo tiempo estaba faltando al respeto a las grandes empresas, lo que la convirtió en el enemigo público número uno en Washington. Esta historia, junto a muchísimas otras, se convirtió en cause célèbre para el Partido Republicano y sus aliados de la comunidad empresarial.

«Todo este exceso de regulación empezó con el gobierno de Obama —me contaba William Kovacs, director de medio ambiente y regulación de la Cámara de Comercio estadounidense—. Al cabo de cuatro meses, quedó claro que estaban vertiendo muchos gases de efecto invernadero y que había una serie de normativa complementaria que querían volver a redactar». Algunos podrían señalar que salvar del calentamiento global al planeta tal vez no fuera muy mala idea, pero en Estados Unidos casi no hay ninguna entidad tan extremista como la Cámara de Comercio, la organización que representa los intereses del gran capital. En su calidad de grupo de presión empresarial más poderoso de Washington, solo veía dólares; en cambio, la destrucción del mundo no entraba en su ecuación. La Cámara de Comercio estadounidense publicó Project No Project, donde se enumeraban un sinfín de proyectos por todo el país que estaban paralizados a causa de «una regulación excesiva», incluidos los de minería de remoción de cima de Arch Coal.

No van contra la EPA porque esté actuando de forma incorrecta, sino porque es el organismo regulador más activo y poderoso, cuyas directrices afectan a grandes sectores de todos los ámbitos de negocio estadounidense. Por supuesto, la Cámara de Comercio esgrimió enseguida la excusa habitual para solicitar que se permitiera a las empresas hacer lo que quisieran: «Muchas veces, la EPA tiene en muy poca consideración la pérdida de puestos de trabajo y las consecuencias económicas de su actuación». Según esta línea de argumentación, todo lo que las empresas quieren hacer es permisible, pues cualquier control sobre la capacidad de expansión y acumulación tendría un impacto sobre el número de personas a las que pueden emplear. Es una visión apocalíptica, pero, de hecho, estas fuerzas se van imponiendo en Estados Unidos, y los espacios para la gente al margen de la carrera enloquecida de acumulación de capital siguen menguando. Los republicanos, siempre fieles al gran capital, trataron de despojar a la EPA de sus competencias reguladoras y traspasarlas al Congreso, además de prohibir que regulara las emisiones de CO2. «Los grandes contaminadores van a desobedecer las restricciones legales sobre el vertido de contaminantes en el aire, en los ríos y en el suelo», declaró ante el Congreso Linda Jackson, directora de la EPA. Hablé con Henry Waxman —presidente del comité de comercio y energía y demócrata veterano—, quien me comentó: «Los republicanos niegan la ciencia. No solo quieren limitar la normativa, sino que tienen una proposición para concluir que la EPA estaba equivocada cuando anunció que los gases de efecto invernadero son una amenaza». En efecto, la clase política dominante estadounidense no solo consideraba que la tierra era prescindible, también le daba esa consideración a la población del país, que durante décadas ha sido sacrificada para poder satisfacer la ambición de dinero de la extorsión.

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Los Estados Unidos
trabajadores

Occupy, Nueva York

A principios del año 2011 tuve noticia de una protesta que se realizaba al final de la calle en la que estaba nuestra oficina de Washington DC. Como sabía que no llegaría hasta el edificio de The Financial Times —era una sentada ante Bank of America—, decidí acercarme y hacer un reportaje sobre ella. El grupo se llamaba US Uncut y estaba llevando a cabo protestas en más de cincuenta ciudades de todo Estados Unidos, fijándose como blanco los enormes recortes de servicios públicos realizados para pagar la codicia empresarial que nos había llevado a la crisis financiera. Se inspiraba en un grupo que había hecho una labor semejante en el Reino Unido y que concentraba su atención en los impuestos que gravaban a la población más rica de su sociedad —que solía eludirlos— para reducir el déficit fiscal. El grupo iba armado de datos y esgrimía un estudio del Congreso realizado en 2008 que reveló que casi dos tercios de las empresas estadounidenses no pagan el impuesto federal sobre la renta gracias a la utilización de resquicios del sistema y a los paraísos fiscales. Bank of America era el primer objetivo de estas protestas y sentadas coordinadas, porque era el banco más grande del país por su número de depósitos. Acrecentaba la ira de los manifestantes que este mismo banco hubiera sido rescatado con 45.000 millones de dólares del gobierno federal inmediatamente después de que estallara la crisis financiera. Decidí pasarme por el Bank of America para conocer su punto de vista sobre lo que parecía una protesta totalmente legítima. «No sé si están protestando contra nosotros —me contestó un portavoz del banco, no precisamente ingenuo—. El banco devolvió en 2009, con intereses, todo el dinero del rescate financiero (TARP, Troubled Asset Relief Program). Nuestra práctica es cumplir todas las medidas fiscales pertinentes y pagar impuestos cuando hay que pagarlos».

UK Uncut, el grupo británico análogo que había servido de inspiración, ocupó los titulares de la prensa cuando escogió como blanco al minorista Topshop y a su propietaria, Philip Green, así como a la empresa de telefonía móvil Vodafone y se produjeron manifestaciones espontáneas en sus tiendas de Londres y todo el país. Ambas empresas se habían hecho famosas por eludir impuestos.

La lenta recuperación de la economía estadounidense desde la recesión había ocasionado recortes injustos en servicios públicos, mientras las grandes corporaciones obtenían beneficios récord. De hecho, muchos se preguntaban por qué había tardado tanto en aparecer un movimiento similar en Estados Unidos. Realicé una visita a US Uncut para averiguar qué pretendían conseguir. «En el Reino Unido es un modelo con mucho éxito para instar a la gente a organizarse», me explicaba Rizvi Qureshi, una convocante radicada en Washington. El grupo afirmaba ser una red descentralizada de personas organizadas de forma horizontal que utilizaba la página web de US Uncut como núcleo de intercambio de mensajes. Era un movimiento de base «concebido para combatir los dolorosos recortes presupuestarios y reclamar el fin de la evasión fiscal corporativa». Los organizadores del movimiento confiaban en canalizar las manifestaciones sindicales y de trabajadores de Madison (Wisconsin) para crear «un movimiento progresista del Tea Party» más amplio, desplazando los ataques dirigidos contra los programas de ayuda hacia las grandes empresas y los bancos. US Uncut quería convertir los lugares donde realizaba las protestas en símbolos del recorte del gasto de las instituciones públicas en el reciente presupuesto de 2011. «Una idea es que la gente utilice elementos de atrezo y convierta el banco en una escuela para protestar por los recortes en la financiación de las becas federales del programa Pell», contaba el señor Qureshi. Las becas del programa Pell contribuyen a sufragar la enseñanza universitaria de estudiantes de familias con rentas bajas. Pero, después de aquello, el movimiento pareció apagarse y, hoy en día, el precursor de Occupy está casi olvidado. Hubo protestas que recogieron los medios de comunicación locales y a continuación cada cual volvió a su casa.

Después, una mañana del mes de septiembre, cuando yo ya me había mudado a Nueva York, vi en Internet un mensaje sobre una protesta en Wall Street que pretendía ocupar la zona y convertirla en un espacio democrático donde la gente pudiera debatir cuáles eran los cambios positivos que el país necesitaba con urgencia. Se lo dije a mi jefe, que de nuevo se mostró confundido y comenzó a preguntarse por qué creía yo que aquello era digno de un reportaje. «Claro, ve, pero esas cosas pasan continuamente». Así que me pasé por allí, más como activista que cualquier otra cosa. Y aquello fue distinto, aquello causaba irritación. En las semanas y meses siguientes, Occupy Wall Street, el movimiento por el 99 por ciento, se impondría en la escena política estadounidense. Di cobertura informativa para The Financial Times a todas y cada una de las protestas realizadas en esa época, a menudo con mi colega Shannon Bond, y presencié en directo qué aspecto tenía la resistencia a la extorsión en Estados Unidos. Se propagó como un incendio incontrolado. En Boston, centenares de manifestantes desfilaron ante la cámara legislativa del estado, mientras los manifestantes de Chicago hacían sonar sus tambores ante la Reserva del Banco Federal. En Nueva York, el premio Nobel Joseph Stiglitz, la actriz Susan Sarandon y el cineasta Michael Moore se pasaron por Zuccotti Park para mostrar su apoyo. Pese a la prohibición de instalar tiendas de campaña y sacos de dormir en el parque, los manifestantes convirtieron la zona en una aldea improvisada. Había zonas separadas para dormir y confeccionar pancartas, al tiempo que se habilitaron espacios para recibir atención médica gratuita y para repartir ropa, artículos de aseo personal y alimentos. Otro espacio se llenó de gente que trabajaba con ordenadores portátiles y equipos de edición de vídeo.

Un día me puse a charlar en Zuccotti Park con Victoria Sobel, que me contó que sus padres habían trabajado mucho toda su vida pero seguían teniendo problemas para llegar a fin de mes. Esa es la razón por la que la estudiante de veintiún años de la universidad Cooper Union llevaba durmiendo al raso en el centro de Manhattan desde hacía casi tres semanas y no tenía previsto regresar a casa a corto plazo. Llevaba allí desde el primer día. «Estoy harta de cómo está estructurado nuestro sistema financiero —me contó—. Mis padres trabajan más que ninguna otra persona que conozca, pero he tenido que verlos realmente en la obligación de pedir. Esa es mi realidad y la de mucha gente. No es una situación imaginaria —añadía—. Estamos viviendo una situación crítica que va a seguir más allá de este movimiento». Me dijo que ella no es la representante típica de los manifestantes jóvenes de Occupy Wall Street…, porque no hay ningún manifestante típico. «Formamos un espectro muy amplio desde el punto de vista social, étnico e ideológico —explicaba—. Está muy diseminado». La gente estaba decidida a crear un entorno operativo e igualitario en el corazón del sistema del dinero y la codicia más descabellado que el mundo haya conocido. «La moral está alta, estamos en un momento clave —proseguía Victoria—. Necesitamos urgentemente empezar a ocuparnos de las infraestructuras y la sostenibilidad, queremos crear un entorno que sea favorable para llevar a cabo el trabajo». Consciente de la forma en que los medios de comunicación suelen presentar a todo aquel que se oponga de verdad a los intereses de los poderosos, ya sean públicos o privados, Victoria creía que había que cuidar la imagen de los manifestantes. «Concretamente, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, porque nos están poniendo el listón muy alto —me decía—. Estoy aquí para recorrer todo el camino».

Algunos observadores, entre ellos Van Jones, exasesor del presidente Barack Obama, calificaban las protestas de Occupy Wall Street como el origen de una versión «progresista» del movimiento del Tea Party. «Vas a ver un periodo estadounidense, un otoño estadounidense, igual que vimos las primaveras árabes», decía el señor Jones.

Cuando los manifestantes ampliaron su estancia a una tercera semana en Nueva York y se desataron manifestaciones similares por todo el país, hasta a Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, le preguntaron por aquel incipiente movimiento durante una comparecencia en el Congreso de Estados Unidos. «Como cualquiera, estoy insatisfecho con el funcionamiento actual de la economía», declaraba el señor Bernanke, y añadió que los manifestantes tenían motivos para estar descontentos con las cuestiones económicas y políticas.

Por supuesto, Occupy Wall Street y sus derivaciones encontraron poco apoyo entre los demócratas, aparte de unos cuantos legisladores del ala izquierdista del partido. «Creo que [el movimiento] refleja una ira y frustración crecientes ante el fracaso de los gobiernos de Bush y Obama para contener a las personas ante las actividades ilícitas en los últimos años», me decía Eric Foner, profesor de la Universidad de Columbia que imparte clases de historia del radicalismo estadounidense. Decía que si la historia podía servir de juez, el hecho de que las demandas de los manifestantes de Occupy Wall Street fueran tan «indefinidas» no significaba que no pudieran evolucionar para convertirse en un movimiento de masas. «En la década de los años treinta los trabajadores realizaron manifestaciones y huelgas poco definidas que respondían a fenómenos muy específicos; después evolucionaron hasta convertirse en el movimiento sindical moderno». Añadía que parte de sus alumnos se habían sumado a las protestas y que muchos eran en 2008 entusiastas partidarios de la campaña presidencial de Barack Obama. «Creo que es una señal de advertencia al gobierno de Obama de que ese tipo de entusiasmo ya no existe».

«El mensaje de Occupy Wall Street es que pensamos que los dos principales partidos políticos están en manos de los mismos tipos —me decía David Graeber, exprofesor de antropología de Yale que se sumó a las protestas—. Si la democracia quiere ser algo, eso significa que todo el mundo tiene que intervenir en el proceso de cómo se genera dinero y cómo se renegocian las promesas. —Y añadía—: Creo que [Occupy Wall Street] es verdaderamente prometedor, porque después de lo sucedido en 2008 la gente se ha dado cuenta de que la historia que nos han contado a todos no es cierta. En realidad, los mercados no actúan solos, las deudas no son sagradas».

El despegue de un movimiento

La gente estaba sentada formando un semicírculo para escuchar a otros activistas de Zuccotti Park, donde los días venían marcados por lo que los manifestantes llamaban «asambleas generales», foros en los que los activistas debatían cuestiones políticas y económicas y hacían públicos sus planes de actuación. Para amplificar la voz de los intervinientes, la multitud iba repitiendo cada frase y creando un cántico de llamada y respuesta que resonaba por todo el parque. Un orador anunció una marcha en solidaridad con la huelga de los 45.000 trabajadores de Verizon. Otro pedía a la gente que les acompañara en una excursión a primera hora de la mañana a los estudios de Good Morning America, el programa de entrevistas de la cadena ABC. Con el tiempo, los sindicatos, que representan a los trabajadores de todo Nueva York y del país, acudieron en bloque para mostrar su apoyo a los manifestantes. El Transport Workers Union —que cuenta con 38.000 afiliados— se enfrentó a la policía y la autoridad de tráfico de la ciudad cuando requisaron los autobuses urbanos y exigieron a los conductores trasladar a parte de los 700 manifestantes detenidos en una marcha por el puente de Brooklyn. Un juez federal anuló la orden. Después de que prestaran tan heroica ayuda, visité el sindicato para averiguar qué opinaban de este gran levantamiento contra el 1 por ciento. «Los manifestantes han tocado una fibra sensible de los obreros y las familias trabajadoras —me explicaba Jim Gannon, portavoz sindical—. Se nos pide que paguemos la implosión de Wall Street con nuestros puestos de trabajo, salarios y prestaciones sociales. Los manifestantes están poniendo esta cuestión en primer plano. Tratamos de hacer lo que podemos para alimentar ese foco de atención». El señor Gannon comentaba que el sindicato se había puesto en contacto con los organizadores de Occupy Wall Street para ver cómo podía ayudar. «Dijeron que no necesitaban nada en ese momento, están organizados —añadía—. Así que vamos a prestarles apoyo moral y, en las semanas y meses próximos, les iremos dando el apoyo material que necesiten».

Los sindicatos obreros estadounidenses aprovecharon el empuje de las protestas contra Wall Street para amplificar las preocupaciones de sus afiliados en un momento en que los derechos de negociación colectiva se veían amenazados en todo el país. En Wisconsin, los trabajadores del sector público perdieron el derecho a la negociación colectiva tras una prolongada lucha con el gobernador Scott Walker, mientras que la Federación de Empleados Públicos de Nueva York, que representa a 54.000 trabajadores del estado, aceptó una congelación salarial de tres años que ahorraría 400 millones de dólares a la administración. Era la última muestra de apoyo a las protestas que se propagaban por todo el país de un movimiento sindical que había recibido golpes muy fuertes tras la recesión, con pérdida de puestos de trabajo, una elevada tasa de desempleo, déficit del presupuesto público y un entorno político a menudo hostil.

Varios centenares de miembros del sindicato 32BJ SEIU, el mayor por afiliación en el ámbito de los trabajadores de servicios, se concentraron cerca de la Bolsa de Nueva York, en el centro de Manhattan, para reclamar mejoras en los contratos y «un trato justo» para los trabajadores estadounidenses. El sindicato, que representa a 120.000 empleados de limpieza y otros profesionales de servicios de todo el país, convocó también concentraciones en Filadelfia y Washington. Faidla Mrkulic, de sesenta años, limpiadora de la oficina de Pfizer en el centro de la ciudad, me decía: «Yo pude mandar a mis hijos a la escuela, poner comida en la mesa, pagar el alquiler. Los jóvenes se merecen algo mejor. Quiero que tengan lo que yo tuve».

«Esta es la ocasión para solidarizarse con los trabajadores —comentaba Nelini Stamp, un portavoz de Occupy Wall Street—. Todo el mundo está pasando apuros: perdiendo pensiones, sufriendo ejecuciones hipotecarias, padeciendo deuda por estudios». «Los primeros días tuvimos dificultades, porque casi ninguno habíamos vivido la auténtica democracia, que es lo que es esto —explicaba Danny Garza, de veintiséis años, estudiante de Sacramento (California), que aseguraba que había prestado servicio en la guerra de Iraq—. Todo el mundo tiene voz y su voto vale igual que el resto». El señor Garza declaró que los objetivos eran «poner fin al corporativismo», independizar al gobierno de las empresas privadas y promover los derechos de los ciudadanos con bajos ingresos. «La gente que no participa piensa que no sabemos por qué estamos aquí ni qué queremos —comentaba—. Esto es una revolución». David Good, de veinticuatro años, artista y activista en la lucha contra el SIDA, decía: «Esto no tiene nada que ver con derrocar al gobierno, es para llamar la atención [sobre la desigualdad y la destrucción de la red de seguridad social]. —Y añadía—: Las personas a quienes hemos rescatado están acumulando unos beneficios récord […]. Me gustaría ver al Congreso sacándoles a ellos los impuestos. Quiero que los bancos y Wall Street paguen lo que les corresponde en justicia».

La indignación contra las injusticias financieras no dejaba de aflorar. En una manifestación en Times Square se oía gritar por todas partes: «Occupy Wall Street, occupy Times Square, occupy everywhere» [«Ocupa Wall Street, ocupa Times Square, ocupa todas partes»], mientras la policía a caballo cortaba la calle y obligaba a los manifestantes a subirse a las aceras. Rebekah, una estudiante de Filadelfia que no quiso decir su apellido, me contó: «Creo que es importante que construyamos una comunidad de descontentos con lo que está sucediendo en la sociedad estadounidense». Decía que había acudido a Manhattan para pasar el día y unirse a las protestas. «He venido porque estoy en contra de la desigualdad y de que las empresas sean propietarias de nuestra sociedad».

Las víctimas estudiantiles

De hecho, los estudiantes acudían en masa a las manifestaciones; eran otro sector demográfico que la extorsión consideraba prescindible. Cuando se desató la crisis financiera, la educación superior —en manos de algunas de las instituciones de las que más alardea Estados Unidos— fue arrojada a los tiburones. Justo antes de que se iniciaran las propuestas de Occupy, el presupuesto de California recortó 650 millones de dólares de financiación de la Universidad de California. Esta brillante universidad, a la que asistí en 2004 y 2005 y que comprende diez campus en todo el estado, se enfrentaba a un déficit de 2.500 millones de dólares. Míchigan, que había pasado ya por una década de recortes de financiación estatal a las universidades, redujo al mismo tiempo el gasto en educación superior un 15 por ciento, lo que hizo caer la proporción del coste total de la educación de la que se hacía cargo el estado al 22 por ciento, su cota más baja. En comparación con estos datos, en 1987 el Estado sufragaba el 60 por ciento de los costes. «Es la receta para la catástrofe a largo plazo —argumentaba Molly Corbet Broad, presidenta del American Council on Education, una asociación del sector—. El tipo de puestos de trabajo que genera exportaciones está cambiando radicalmente y requieren destrezas y gente con mucha formación. Si perdemos una generación de estudiantes en edad universitaria porque no tienen oportunidad de acudir a la universidad, sufriremos las consecuencias».

Tras la recesión y el consiguiente aumento de la tasa de desempleo, muchos jóvenes estadounidenses han visto en la universidad un refugio donde resguardarse del complicado mercado laboral. Pero el coste de asistir a la universidad pública siguió aumentando, pues la extorsión consideró que era una oportunidad para introducir a las universidades públicas en el «mercado». «Es un impuesto oculto y masivo sobre las familias», me reconocía Michael Boulus, director ejecutivo del Presidents Council of the State Universities of Michigan [Consejo de Rectores de las Universidades del Estado de Míchigan]. En la Universidad de Míchigan, el campus emblemático del estado, la matrícula para aquel año escolar era un 6,6 por ciento más cara que el año anterior. La Universidad de California elevó el precio de la matrícula un 9,8 por ciento después de haberlo subido ya antes otro 8 por ciento, y las autoridades han propuesto nuevos aumentos en el futuro vinculados a la previsión de recortes de la financiación estatal. «El sistema de la Universidad de California está a punto de desmoronarse —me comentó Peter McLaren, un profesor de pedagogía de la Universidad de California—. Se suponía que iba a ser asequible para quienes lograran ingresar, pero ahora no es asequible para nadie. Es un sueño que no solo ha sido aplazado, sino que se ha extinguido». La carga de las deudas también aumentaba. En el segundo cuatrimestre de 2011 los préstamos universitarios se dispararon hasta los 550.000 millones de dólares, mientras que en 1999 eran de 90.000 millones. Ante el aumento de la factura por su educación, muchos estudiantes cambiaban sus prioridades, dejando de lado todo idealismo. «Al final percibí una gran diferencia de calidad —me explicó Víctor Sánchez, un recién licenciado de la Universidad de California—. Ves un montón de recortes, lo que produce falta de compromiso. La gente se limita a entrar y salir».

La deuda estudiantil casi se había multiplicado por siete, pues pasó de los 80.000 millones de dólares en 1999 a los 550.000 millones a finales de junio de 2011. Otras estimaciones del Departamento de Educación cifraban los préstamos estudiantiles pendientes de pago en nada menos que 805.000 millones de dólares. Pero la tasa de desempleo entre los jóvenes de veinte a veinticuatro años era casi del 15 por ciento (más elevada que la tasa general, de un 9,1 por ciento), lo que ponía en peligro la capacidad de los licenciados para amortizar sus crecientes deudas. La morosidad estudiantil había aumentado desde el 6,5 por ciento en 2003 al 11,2 por ciento en junio de 2011, alcanzando casi la cota del 12,2 por ciento en tarjetas de crédito. «La perspectiva a largo plazo para los préstamos y los prestatarios estudiantiles sigue siendo preocupante —aseguraba en un informe la agencia de calificación Moody’s—. A diferencia de otros segmentos de la economía de créditos para el consumo, el comportamiento de los préstamos universitarios no ha mostrado una gran mejoría a pesar de ciertos avances en la situación económica general».

Alberto Gutiérrez, un estudiante de doctorado de treinta y ocho años de la Universidad de California, en Los Ángeles, me dijo que había tenido que pedir más dinero prestado y aceptar un trabajo a tiempo parcial para afrontar sus gastos, incluido un plazo mensual de 3.000 dólares de una hipoteca. Recibió un poco de ayuda económica, pero no tanta como esperaba. «Es una universidad pública, así que han recortado mucho. Los recursos son bastante escasos», comentaba. Para tratar de salir del apuro, el señor Gutiérrez suscribió otro préstamo de 10.000 dólares. «Cuando termine, voy a tener unos 25.000 dólares de deuda. Nunca he debido tanto dinero». El señor Gutiérrez no espera ser rescatado como los bancos. Cuando se doctore, quiere quedarse en la educación superior, pero encontrar trabajo será difícil. Asume que podría acabar siendo moroso. «En California las universidades no contratan, tendré que trasladarme y, aun así, la mayoría de las contrataciones no ofrecen posibilidades de promoción académica —explicaba—. Lo que pienso es que acabaré con una plaza de profesor adjunto que tendré que compaginar como pueda con algún otro empleo a tiempo parcial».

Como siempre, la carga del aumento de los préstamos estudiantiles ha recaído de forma desproporcionada sobre los estudiantes más pobres. Mientras que en el curso 2010-2011 una familia media pagaba por la universidad un 9 por ciento menos que el año anterior, lo que paga una familia que gana menos de 35.000 dólares al año aumentó un 14 por ciento. Para atender este aumento de la demanda, los padres con bajos ingresos han aportado más con su sueldo y suscrito préstamos. Y aunque los estudiantes recibían más ayudas y becas —un dinero que no tienen que devolver—, la mayor parte de ese incremento recayó sobre las familias con ingresos medios y altos. La Universidad de California registró un fuerte incremento de las solicitudes de ayuda económica de estudiantes cuando la enseñanza elevó el precio de la matrícula para hacer frente a la cada vez mayor brecha presupuestaria. «Claramente, también nos preocupa y reconocemos que es más complicado que nunca», declaraba Nancy Coolidge, adjunta a la dirección de apoyo económico a los estudiantes del sistema de la Universidad de California. Contaba que había más alumnos que cumplían los requisitos de pobreza y más familias de todos los niveles de renta que habían incrementado los préstamos. El complicado mercado laboral ha afectado al tiempo que los estudiantes tardan en poder devolver el préstamo. La señorita Coolidge añadía: «Todavía no hemos presenciado un gran descenso de aquellos que obtienen empleo, pero hemos visto que los ingresos no repuntan, sobre todo durante los primeros cinco años tras la graduación».

Los sistemas de la Universidad de California y la Universidad del Estado de California incluso han suprimido programas que van desde la enfermería hasta la tecnología informática o los clásicos en algunos campus, y la Universidad de California en Riverside ha pospuesto la apertura de una nueva escuela de medicina debido a las restricciones de financiación. «Una de nuestras preocupaciones es que las universidades están ingresando cada vez más en un sistema de mercado, en lugar de producir conocimiento para el bien de la sociedad —se lamentaba John Curtis, director de políticas públicas de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (American Association of University Professors)—. Todo esto empuja a cualquiera que pretenda cursar educación superior a pensar más en cuánto puede ganar que en el tipo de cosas que le apasionan».

Los estudiantes no eran los únicos que sufrían. Las autoridades académicas se quejan de que los recortes salariales, la reducción de los paquetes de pensiones —que son menos generosos— y la disminución de puestos con posibilidad de promoción académica dificultan conservar el profesorado y competir por tener una plantilla de máximo nivel. «La mayoría de los profesores se marchan a otras universidades; se van a su lugar de origen, a otros países o a universidades privadas con mucho presupuesto», exponía la señora Broad. Desde que comenzó la recesión en 2008, la diferencia de salario entre las universidades públicas y privadas ha aumentado cada año académico. «La conclusión es que en los últimos años los salarios de la plantilla contratada a tiempo completo se han estancado —explicaba el señor Curtis—. Parece que cada vez hay una tendencia más marcada a contratar profesores sin ofrecerles ninguna posibilidad de promoción académica». El aumento de la incertidumbre también deteriora la calidad de la enseñanza. «Cuando los puestos de trabajo del profesorado no son seguros, la libertad académica se ve amenazada. Tienen la sensación de que no pueden plantear cuestiones polémicas, no tienen tiempo para trabajar con los alumnos […], no disponen de tiempo necesario». Era el resultado perfecto para la extorsión: menos críticos molestos con los que tiene que lidiar el sistema.

La batalla inacabada

De vuelta en Occupy, los propietarios de Zuccotti Park, Brookfield Properties, pidieron al final a los manifestantes que se marcharan para que pudieran limpiar la zona. Brookfield pidió a la policía de Nueva York que despejara el parque y el gobierno de Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York, indicó a los manifestantes que debían abandonar la plaza provisionalmente. Occupy Wall Street calificó los planes de limpieza de Brookfield de «desalojo» y convocó a sus partidarios en el parque para participar en «un acto no violento». El grupo también organizó equipos de trabajo para que barrieran y limpiaran el parque antes de que se acabara el plazo, a las siete de la mañana. Finalmente, poco antes de esa hora, el ayuntamiento declaró que Brookfield había pospuesto la operación de limpieza. Una declaración de Cas Holloway, teniente de alcalde de Nueva York, decía: «Brookfield cree que pueden alcanzar un acuerdo con los manifestantes que garantice que el parque siga limpio, seguro, abierto al uso público y que la situación sea respetuosa con los residentes y los comercios del centro, y nosotros seguiremos supervisando la situación». Por su parte, Yotan Marom, que vivía en Zuccotti Park, aseguraba: «El hecho de que diera marcha atrás es una señal clara de que este movimiento está demostrando tener mucho poder».

No dejaba de acudir gente al centro de la ciudad para manifestar su apoyo. «Aparte de nuestra opinión personal sobre la codicia empresarial, ayer nos enteramos de que nuestro sindicato ha apoyado a Occupy Wall Street —señalaba Richard Addeo, un electricista de Nueva York de sesenta años que acudió allí con compañeros del Gremio Internacional de Electricistas (International Brotherhood of Electrical Workers)—. Tenemos que respetar lo que dicen y además creemos en ello». Algunos directivos de empresa también dijeron que comprendían las quejas de los manifestantes. Hasta el portavoz de la extorsión mostró su apoyo. Laurence Fink, director ejecutivo de BlackRock, comentó que estaba «muy animado» por las protestas y sorprendido de que no se hubieran producido antes. Dijo también que sería ridículo «volver la espalda a este movimiento de protesta».

En Nueva York, el 10 de octubre, fuimos a la casa de Rupert Murdoch, director ejecutivo de News Corp. Los manifestantes se plantaron en la entrada de su edificio de la Quinta Avenida cantando: «Murdoch, ¡paga lo que toca!». Al cabo de diez minutos, los organizadores llevaron a los manifestantes a la siguiente parada: la casa de David Koch, copropietario de Koch Industries y donante de los grupos de derechas del Tea Party. «Murdoch es uno de los peores, pero hay muchos más millonarios y multimillonarios», gritaba un manifestante. Casi todas las pancartas y carteles reclamaban un aumento de los impuestos a los ricos y la reducción de la desigualdad. El movimiento Occupy Wall Street se autodenomina «el 99 por ciento», en alusión al hecho de que el 1 por ciento de los estadounidenses controla la mayor parte de la riqueza del país. La manifestación marcó una nueva estrategia para el incipiente movimiento en Nueva York, que hasta ese momento se había concentrado en las inmediaciones de Wall Street. «Creo que es una táctica excelente. Estas personas son símbolos de un sistema basado en la codicia», declaraba Ted Auerbach, un activista de sesenta y tres años. «Esto no va a parar hasta que alguien con autoridad venga y nos diga unas palabras», añadía Patricia Malcolm, miembro de una coalición interconfesional de sacerdotes y pastores que se habían sumado a las protestas. Eric Breeding, un espectador que trabaja para una casa de subastas de arte en el Upper East Side, decía que apoyaba la manifestación. «Es una buena forma de conseguir que los medios de comunicación cubran la noticia. Tal vez algunos ricos presten atención ahora», señalaba.

El movimiento Occupy Wall Street hizo pública una declaración donde esbozaba las quejas de los manifestantes, que abarcaban desde la lesión de los derechos de negociación colectiva de los trabajadores hasta la tortura de ciudadanos extranjeros o la percepción de la influencia que los intereses empresariales ejercen sobre los políticos. «Este es hoy día el aspecto de un movimiento de base —me comentaba Tim Robbins, el actor—. Es un poco improvisado y desorganizado, pero desborda pasión». Había ánimo festivo y algunos manifestantes y grupos disfrazados cantaban: «Blame Wall Street, not Main Street» [«Culpa a Wall Street, no a la calle»]. Un orador arrancó un rugido de la multitud diciendo: «Tenemos que empezar por gravar con más impuestos a los ricos». La mayoría de los participantes llevaba carteles hechos por ellos mismos, cuyos mensajes comprendían desde eslóganes contrarios a la guerra hasta condenas a la brutalidad policial. La inmensa mayoría señalaba al sector financiero y denunciaba la desigualdad rampante en Estados Unidos. Un hombre llevaba una pancarta que decía: «Money talks, 99 per cent walks» [«El dinero manda, el 99 por ciento marcha»].

En la última manifestación a la que asistí, los helicópteros merodeaban por el cielo sobre el parque y la policía de Nueva York utilizaba vallas metálicas para dirigir el caudaloso flujo de tráfico peatonal. Muchos estudiantes sostenían pancartas reclamando el alivio de sus préstamos. Ani Monteleone, de veintinueve años, licenciada en el año 2006 en el Oregon College of Art and Craft, decía: «Nuestra sociedad no está creando suficientes puestos de trabajo para absorber a las personas que salen de la universidad». Ross Fuentes, una joven de veintitrés años que sostenía un cartel del Freedom Socialist Party, añadía: «La situación se ha puesto tan mal que todo el mundo quiere participar en esto». Contaba que en 2008 era una joven entusiasmada con la carrera presidencial de Barack Obama, pero que ahora estaba decepcionada. «Obama hizo una campaña magnífica, pero después cerró las puertas a todo», concluía. Aunque los medios de comunicación casi siempre caracterizaron las protestas como movimiento juvenil, también atrajo a gente mayor. «Ha llegado el momento de que la gente se levante y manifieste la necesidad de un cambio profundo», señalaba Barbara, una agente literaria de setenta años que declinó dar su apellido. Su esposo, John, editor jubilado y también de unos setenta años, aseguraba que le gustaría ver una subida de impuestos a los estadounidenses ricos y que regresara la distinción entre banca de inversión y banca comercial que establecía la Ley Glass-Steagall, promulgada durante la Gran Depresión y derogada en 1999. «En los últimos cuarenta años, la situación ha ido de mal en peor», comentaba.

La ruina de los trabajadores estadounidenses y su sindicato

Uno de los que habían experimentado que «la situación ha ido de mal en peor» era Pat Buzzee, un hombre de cincuenta y ocho años y voz suave que había pasado toda su vida laboral como maquinista de Electric Boat, un fabricante de submarinos próximo a su casa, junto al estrecho de Long Island, en Connecticut. Al principio de su carrera, en la década de los ochenta, el señor Buzzee era una de las 30.000 personas que trabajaban en la próspera industria naviera del sur de Connecticut. Ahora trabaja como inspector, pero el sector perdió otros 20.000 empleados en la zona a lo largo de las dos últimas décadas. Muchos siguen todavía desempleados y algunos han tenido que aceptar salarios más bajos en otros sectores. Las dificultades persistieron incluso para quienes conservaron su puesto de trabajo. «A finales de la década de los años ochenta, competíamos con otro astillero de aquí, de modo que la empresa, para ser competitiva, bajó los salarios —me contaba el señor Buzzee—. Durante cinco años jamás recibimos un aumento salarial general. Al cabo de unos cuantos años más, eso acaba pasándote factura. El coste de la vida sube, pero el salario no. —Y añadía—: Me considero de clase trabajadora y las dos últimas décadas han sido muy duras para las personas como yo. Si no fuera por el sindicato, no disfrutaría del nivel de vida que tengo hoy. Creo que todo el mundo debería tener derecho a afiliarse a un sindicato; si la ley fuera igual para ambas partes, veríamos más gente organizada». Los datos económicos revelan que las presiones desde arriba que el señor Buzzee ha sufrido durante años se propagaban por toda la clase media estadounidense desde hace mucho tiempo. Desde el año 2006, el salario medio no ha dejado de caer de forma generalizada en Estados Unidos y nunca se ha recuperado por completo de la crisis financiera de 2000-2001, cuando estalló la burbuja de las puntocoms. El verdadero ingreso medio por familia alcanzó su cota más alta en 1999, con 53.252 dólares. Para los trabajadores masculinos estadounidenses, la tendencia a largo plazo ha sido incluso más desalentadora. «Lo que le ha sucedido al varón estadounidense desde principios de la década de los setenta es absolutamente dramático», me contaba Michael Greenstone, un miembro de Brookings Institution. En 2009, los varones contratados a tiempo completo de entre veinticinco y sesenta y cuatro años ganaban una media de 48.000 dólares, que es más o menos lo mismo que en 1969 en términos reales. Mientras tanto, durante ese mismo periodo de cuarenta años, los ingresos del 2 por ciento más rico de los varones en edad laboral se han disparado un 75 por ciento. Pero el varón estadounidense medio no solo ha perdido cuarenta años de aumento salarial, sino que, de hecho, los salarios no han dejado de estar en caída libre. Como la mano de obra se ha fragmentado y se ha vuelto más flexible, un número cada vez mayor de hombres ha empezado a trabajar a tiempo parcial o con contratos de menor duración. Si incluimos a los trabajadores a tiempo parcial, el salario medio de un varón estadounidense ha caído un 28 por ciento desde 1970 en términos reales. «Es una estadística espeluznante. Creo que lo cambia todo —comentaba el señor Greenstone—. Si lo situamos con cierta perspectiva, en términos reales, eso coloca a los trabajadores en el mismo lugar que estaban en la década de los años cincuenta. No creo que haya habido otro periodo de la historia estadounidense en el que se haya producido un declive tan enorme, sistémico y de larga duración».

Ahora, cada vez menos varones estadounidenses pueden trabajar una semana completa de cuarenta horas y, en consecuencia, su capacidad para mantener a su familia ha disminuido de forma muy significativa. «Ha cambiado el carácter de la familia estadounidense», aseguraba el señor Greenstone. Al mismo tiempo, la «historia vital» del varón trabajador estadounidense se ha desintegrado. El camino por el que un joven trabajador o de clase media escogía una profesión, se formaba, se afiliaba a un sindicato o seguía los pasos de su padre ya no existe. En los Estados Unidos actuales, los cimientos del sistema económico se han desplazado con la aparición de la informatización, la tecnología y el aumento del comercio mundial. Facebook ha sustituido a la empresa productora de acero US Steel. «Este nuevo capitalismo (el de los sectores financieros, la industria cultural o la alta tecnología) es muy elitista, así que la gente con ingresos medios que trabaja en este sector se estanca y la gente de la cima de la pirámide se enriquece mucho», me contaba Richard Sennett, profesor de la Universidad de Nueva York y autor de La cultura del nuevo capitalismo. A su juicio, para compensar, los sindicatos tienen que replantear su trabajo y centrarse más en la historia vital de los trabajadores, no solo en los salarios. «Es muy difícil para los hombres de esta nueva modalidad de capitalismo obtener mucha autoestima de su trabajo», comentaba el señor Sennett. En toda la costa de Connecticut, los hombres culpan de sus aprietos a una mezcla de factores: la caída de la afiliación a los sindicatos, el desplazamiento de los puestos de trabajo al extranjero debido a la disminución de la tasa de beneficio de la producción y el estancamiento de salarios. Las consecuencias de todo esto sobre la historia laboral moderna han creado un nuevo «precariado»: un proletariado que padece infinidad de empleos precarios a tiempo parcial. Desde la descomposición en la década de los setenta del sistema de Bretton Woods, que aporta poco a la economía real, si es que aporta algo, y puede incluso deteriorarla, también hemos sido testigos de la «financiarización» de la economía estadounidense. «Hace poco fui a la iglesia y en el aparcamiento estuve hablando con un tipo y con su esposa que, en esencia, me decían: “Ya no podemos permitirnos seguir viviendo” —refería Joe Courtney, congresista demócrata del distrito donde se encuentra el sector naviero—. Este hombre sobrevivía a base de cupones de comida o algo así», me contaba. Como muchas otras personas en las decadentes ciudades industriales, el señor Courtney, que es el gran defensor del sector naviero de Capitol Hill, echaba la culpa de la desaparición de puestos de trabajo a los acuerdos de libre comercio y al paulatino declive del poder de los sindicatos desde los tiempos del presidente Ronald Reagan. «El descenso de la afiliación sindical es sin duda atribuible a los acuerdos de libre comercio. Hemos pasado de una situación donde la afiliación sindical era bastante generalizada a otra en la que es minoritaria». En la década de los cincuenta, aproximadamente un tercio de la mano de obra estadounidense estaba sindicada; en el año 2006, la cifra había caído al 12 por ciento.

John Olsen, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), con sede en Connecticut desde hace veintitrés años, culpaba de lleno del estancamiento de los salarios a las décadas de ataques contra los sindicatos. «Si se observa la curva descendente de los salarios y de la afiliación sindical, se ve que ambas descienden juntas, que guardan una correlación casi exacta», señalaba. «Mientras que los ricos se enriquecen más, todos hemos percibido que podemos permitirnos cada vez menos cosas —añadía el señor Buzzee, que tiene una esposa desempleada y una hija a la que mantener—. Ahora no te sobra la misma cantidad de dinero que antes, cuando podías salir a cenar fuera con la familia un par de veces a la semana. Como mucho sales una vez cada dos semanas». No ve el futuro con optimismo. Cuando era pequeño, recuerda que sus padres y sus dos hermanos «nunca salían sin nada». Su madre no tenía que trabajar y su padre ganaba lo suficiente en la Coast Guard. «Nunca pareció que pasáramos apuros con la comida ni con nada, teníamos las espaldas cubiertas». Pero aquellos días ya pasaron, decía, y tal vez no regresen jamás. «Hoy es imposible que un solo progenitor mantenga a la familia, y hay que hacer auténticos malabarismos incluso cuando los dos trabajan».

Las secuelas de la crisis financiera también han incrementado el número de hombres que no tienen absolutamente ningún ingreso. Desde 1970, su proporción ha pasado de un 6 por ciento al 18 por ciento. En un centro profesional de financiación pública de Largo (en Maryland), un grupo de hombres entrados en la cincuentena son el rostro humano de esa estadística. Acuden para tratar de aprender de nuevo las habilidades que pierden con rapidez mientras están desempleados, desesperados por encontrar trabajo. Bert Smith, de cincuenta y seis años, perdió su último puesto de trabajo en el mundo de los seguros poco después de que se desatara la crisis financiera, tras treinta años en el sector. «Estoy teniendo dificultades para encontrar un empleo, mis destrezas profesionales están un poco oxidadas —me decía—. Si quiero reingresar en el mercado laboral ahora mismo, tendré que aceptar un descenso importante en el salario». Sin embargo, el hecho de tener esposa e hijos que mantener puede obligarle a tomar esa decisión antes de lo que le gustaría. «Ojalá nos fuera mejor, pero, si uno se obsesiona con ello, se deprime —comentaba—. Al menos, tengo la oportunidad de encontrar un empleo —añadía agradecido por las pequeñas ventajas que reportan los Estados Unidos actuales—. Hay otras economías que se están desmoronando».

Poco después de visitar el centro de formación profesional hablé con John Harris, que a sus cincuenta y dos años no esperaba tener que estar viviendo con sus padres. Sin embargo, casi dos años después de perder su empleo de 150.000 dólares al año en una empresa de productos químicos, se mudó a casa de sus padres, en New Hope, una pequeña ciudad en la frontera entre Pensilvania y Nueva Jersey, para ahorrar. Aunque sea licenciado en ingeniería eléctrica por la Universidad Estatal de Pensilvania, no deja de costarle encontrar trabajo. «La mayoría de los empleos que veo sé que puedo llevarlos a cabo, estoy cualificado para hacerlo —aseguraba—. Son los empleadores, que sencillamente no contratan».

La vida iba a complicársele aún más. En los dos últimos años, el señor Harris ha recibido una prestación por desempleo; desembolsos periódicos del multimillonario programa conjunto federal y del estado que mantenían a flote a muchos desempleados tras la recesión. Pero el mes anterior recibió el último pago. Unos 7,3 millones de trabajadores estadounidenses reciben alguna forma de prestación por desempleo, pero en 2011 el ingreso medio semanal no llegaba a 300 dólares. Contrasta con los 2,8 millones de desempleados con prestación de diciembre de 2007. Por lo general, los organismos del estado pagan prestaciones durante veintiséis semanas y el gobierno federal completa hasta setenta y tres semanas más. Pero cuando el aumento del desempleo obligó a más gente a depender de la prestación, tanto el estado como el gobierno federal fueron limitando cada vez más sus desembolsos.

La cuantía ascendía a un total de 159.400 millones de dólares al año a fecha de junio de 2010, frente a 31.100 millones en los doce meses previos a junio de 2006, en sintonía con el aumento del desempleo. Ahora el afán de los legisladores por recortar gastos tiene estos desembolsos en el punto de mira. «Creo que a todo el mundo le preocupa cómo va a afectar a esta prestación el empecinamiento en que la gente no busca trabajo activamente», me confesaba Jane Oates, adjunta a la secretaría de empleo y formación del Departamento de Trabajo.

En 2011, seis estados habían realizado unos recortes sin precedentes en los programas de prestaciones para el desempleo con la intención de reducir la duración de los pagos a menos de las veintiséis semanas habituales. Míchigan, Misuri y Carolina del Sur redujeron la duración máxima a veinte semanas, mientras que Florida aprobó una escala variable cuya cota más baja puede llegar a ser de doce semanas. Otros muchos estados también limitaron la cantidad máxima de dinero que ofrecen a través de los seguros de desempleo. La cuantía semanal máxima de Florida estaba fijada en 275 dólares. «Durante el periodo comprendido entre el año 2008 y la actualidad las demandas por desempleo se han disparado», me dijo George Wentworth, analista del National Employment Law Project.

En consecuencia, los fondos financieros para el desempleo de treinta estados —el dinero que los empleadores pagan como impuesto sobre el salario y del que se obtiene el dinero para el seguro de desempleo— se han vuelto insolventes. «La mayoría de los estados no ahorran para cuando llueve —explicaba la señora Oates—. Por ejemplo, cuando se veían con unos cuantos dólares en el fondo, suprimían el impuesto a las empresas». Las ampliaciones aportadas por el gobierno federal a las prestaciones por desempleo de los estados también se veían amenazadas. Durante periodos de desempleo elevado, el Congreso suele ampliar el número de semanas de seguro de desempleo una vez que las obligaciones estatales han vencido. En la actualidad hay un máximo de noventa y nueve semanas de prestación, aunque varía de un estado a otro. La elevada tasa de desempleo de larga duración obligó al Congreso a detraer cantidades de los ingresos públicos para hacer frente a los pagos.

Los defensores del seguro de desempleo sostienen que tiene un efecto muy importante sobre la economía estadounidense en las fases de desaceleración económica y lo considera una especie de «rescate del trabajador». Según estimaciones del Departamento de Trabajo, por cada dólar que se gasta en la prestación, la economía recibe un estímulo de dos dólares. «La gente que recibe prestaciones [por desempleo] no guarda el dinero debajo del colchón: el dinero acaba bombeado de nuevo a la economía local», argumentaba la señora Oates. Desde la posición del señor Harris, que tiene dos hijos en la universidad, esta perspectiva puede parecer un tanto optimista. «Es muy duro. No gasto dinero en nada —me contaba—. La situación va a empeorar, pero cuando tengo un mal día simplemente pienso en toda la gente de todo el país que tiene menos suerte que yo».

Divide y vencerás

Uno de los métodos de la extorsión para fracturar a la clase trabajadora y los sindicatos consistió en negociar estructuras salariales «en dos niveles». En septiembre de 2011, Trabajadores de Automoción Unidos (United Auto Workers, UAW) aceptó un convenio nuevo con General Motors que implantaba dos niveles salariales para los trabajadores según fueran titulares o nuevos empleados. Poco después, Chrysler, el fabricante de automóviles, llegó a un acuerdo con UAW por el que se creaban 2.100 puestos de trabajo. Aunque no se hicieron públicas las condiciones del contrato, se daba por sentado que parte del acuerdo era alguna variante de los salarios «en dos niveles». La medida reflejaba la debilidad de los sindicatos tras la recesión, cuando las empresas amenazaban con grandes despidos a menos que aquellos aceptaran bajar el listón en las negociaciones. Esta táctica ha reaparecido en Detroit en 2007, cuando UAW aceptó contratos con tres fabricantes de automóviles que incorporaban el sistema salarial en dos niveles. Los nuevos trabajadores ganaban catorce dólares por hora, mientras que los antiguos cobraban casi el doble.

El sistema de salarios en dos niveles comenzó durante el gobierno de Reagan, en la década de los ochenta, pero aquella innovación no duró demasiado: al cabo de pocos años de la firma de los contratos, los salarios se desplomaron al unísono. «Se hizo en la década de los años ochenta. En aquel entonces se consideraba casi revolucionario —decía Gary Burtless, un experto en relaciones laborales de Brookings Institution—. Al final, los sindicatos hicieron grandes concesiones». La reaparición del modelo salarial en dos niveles refleja un movimiento sindical que acusa las presiones mientras se afana por capear el temporal de los ataques de los republicanos de todo el país. «Corren tiempos difíciles, sin duda —decía Thea Lee, vicesecretario de personal de la federación de trabajadores AFL-CIO—. La pérdida de tantos puestos de trabajo en sectores sindicados, como los de las manufacturas o la construcción, plantea una amenaza para nuestra supervivencia. —Y concluía—: Es difícil negociar un contrato fuerte cuando la economía es débil y el desempleo aumenta».

Los trabajadores del sector público de Wisconsin perdieron la capacidad de negociación colectiva tras una larga lucha que incluyó acciones como ocupar la capital del estado y una revocación sin precedentes del mandato de los legisladores conservadores. «En los últimos años ha habido una tendencia a despojar de su capacidad de negociación al sector público —comentaba el señor Burtless—. Mi interpretación es que eso parece haberse asimilado; dicho de otro modo, los sindicatos no han sido capaces de recuperarse». No fueron solo los estados conservadores, como Texas, los que experimentaron el cambio de tendencia. Incluso en bastiones tradicionales de las organizaciones sindicales, como Ohio, Míchigan o Wisconsin —estados con gobernador o mayoría legislativa demócrata—, los sindicatos también han hecho grandes concesiones.

Los economistas del trabajo sostienen que, a corto plazo, la solución de los salarios en dos niveles gana popularidad entre los trabajadores ya activos, porque mantiene su salario inalterado. «Pero, en esencia, es un mecanismo para inmovilizar a los sindicatos —aseguraba el señor Burtless—. A largo plazo, la mayoría de los trabajadores sindicados están en última instancia en el nivel bajo. Los dirigentes sindicales suelen ser despedidos o se fusionan los dos niveles. Los afiliados con derecho a voto del nivel salarial bajo no van a votar para que los salarios bajen mucho tiempo».

«En el sector privado, si las empresas estaban al borde de la quiebra, los sindicatos se mostraban receptivos para proponer contratos que ayudaran a los empleadores a sortear la recesión», explicaba Iain Gold, director de investigación estratégica del sindicato de camioneros Teamsters. En 2008, Teamsters alcanzó un acuerdo salarial en dos niveles con su principal empresa proveedora, YRC Worldwide. Cuando los mercados financieros se vinieron abajo, el volumen de fletes se desplomó e YRC descubrió que no podía sobrevivir sin reclamar concesiones importantes al sindicato. «En determinado contexto, lo último que necesitamos es que los empleadores quiebren. La gente hará lo que sea necesario, pero también lo que se le pida», aseguraba el señor Gold. La afiliación también desciende. Desde principios de 2008, el número de afiliados a Teamsters ha caído casi la mitad debido a los despidos y los cierres. «Vivimos un momento crítico de nuestra historia», sentenciaba.

Aunque el ataque al sector público parece nuevo y ha llamado mucho la atención, el señor Gold sostenía que desde la década de los ochenta ha habido un ataque mucho más sutil en el sector privado. «El descarado ataque de Wisconsin ha enseñado a los trabajadores del sector público lo que los del sector privado llevan décadas sufriendo. En el proceso, la organización de los trabajadores ha aumentado por todo el país». En el marco de las protestas de Occupy Wall Street, el mayor sindicato del sector privado del estado de Nueva York convocó una manifestación en el distrito financiero para adelantarse a las negociaciones de un nuevo contrato que sustituyera al que estaba a punto de expirar. Se les unieron trabajadores de la casa de subastas de arte Sotheby’s, que llevaban más de dos meses en huelga por una disputa todavía en curso, así como trabajadores de Verizon, que presionaban para firmar nuevos contratos.

Hoy día viven en la pobreza más estadounidenses que en cualquier otro momento desde que empezaron a registrarse datos, hace más de cincuenta años; la frágil recuperación económica no ha conseguido elevar los ingresos. En el año 2010, eran 46,2 millones de estadounidenses los que vivían por debajo del umbral de la pobreza —cifrado en una renta anual de 22.314 dólares para una familia de cuatro miembros— y en 11.139 dólares para un solo individuo, según la Oficina del Censo Estadounidense (US Census Bureau). El incremento elevó la tasa de pobreza al 15,1 por ciento de la población estadounidense, la más elevada desde 1993 y casi un punto porcentual más alta que el año anterior. «Haber llegado al 15,1 por ciento es verdaderamente extraordinario —me comentó Alice O’Connor, una profesora de la Universidad de California en Santa Bárbara que estudia la pobreza—. Estamos ingresando en un territorio que parece incluso más propio de la época anterior a cuando empezamos a librar la “guerra contra la pobreza” en la década de los sesenta. Es de todo punto asombroso. Es una declaración terrible sobre la profundidad de la Gran Recesión, pero, lo que es aún más importante, también sobre la recuperación, que ha abandonado por completo a los más pobres». Las secuelas de la recesión han determinado una recuperación «a dos velocidades» para los estadounidenses, pues los más ricos conservan sus hábitos de gasto y su estilo de vida mientras que una cifra récord de sus conciudadanos vive atrapada en la pobreza. «Descenso de salarios, aumento de la pobreza, reducción o congelación de los seguros sanitarios. Las noticias sobre el bienestar económico en Estados Unidos no son buenas», me decía Ron Haskins, un miembro veterano de Brookings Institution. Casi una cuarta parte de los niños y niñas estadounidenses viven en la pobreza. En 2011, la pobreza infantil alcanzó su cota más alta desde mediados de la década de los sesenta. Los analistas no esperan ningún vuelco en las cifras a corto plazo. «Dadas las proyecciones comúnmente aceptadas de que tanto el desempleo como, más concretamente, el desempleo de larga duración seguirán en una tasa muy alta en los próximos años, podemos aventurar que esta pauta de mantenimiento de los bajos ingresos y elevadas tasas de pobreza va a durar muchos años», añadía el señor Haskins.

Mientras, el mismo día que se hicieron públicas las cifras de pobreza, Ipsos Mendelsohn, el grupo de investigación en medios de comunicación, hizo públicas las cifras que mostraban que las cosas parecían empezar a mejorar para el nivel alto de los asalariados estadounidenses. El estudio anual de este grupo de los estadounidenses acomodados reveló que el número de hogares donde se ganaban más de 100.000 dólares al año era de 44,2 millones en 2011, mientras que el año anterior había sido de 44,1 millones. El nivel de gasto permaneció en los 1.400 miles de millones de dólares después de haber caído anteriormente. «Su vida se ha estabilizado —decía Bob Shullman, presidente de Ipsos Mendelsohn—. Todo el mundo nota cuando caen sus ingresos, pero cuando las rentas son menos holgadas se nota más. [A los ricos] no les hace tanto daño». La investigación, cuya muestra eran 14.405 adultos acomodados, revelaba: «Casi todos los ricos planean realizar un amplio abanico de actividades el año próximo, una lista de proyectos encabezados por viajar, reformar su vivienda o invertir». Pero había una inmensa mayoría de estadounidenses que vivían al día, esforzándose al máximo por sobrevivir en una sociedad que les trataba como residuos a los que se podía desechar cuando no se podía ganar dinero con ellos.

12
Los Estados Unidos
indigentes

Muertos de hambre, Washington DC

Uno de los efectos colaterales de la crisis financiera fue la incapacidad de millones de estadounidenses de alimentarse por falta de dinero. Sentado delante de mi ordenador en Washington DC, pasó por la pantalla un titular de noticias que aseguraba que, tras la crisis, 44,1 millones de estadounidenses se alimentaban en parte gracias al programa de cupones de alimentos, que había sido rebautizado con el nombre de Programa de Ayuda de Alimentación Suplementaria (SNAP, Supplemental Nutrition Assistance Program). Esa cifra, la más alta de la historia de Estados Unidos, me parecía inadmisible; representaba casi un tercio del total de la población adulta estadounidense. No podía ser correcta. Al día siguiente fui a la oficina de la seguridad social en una zona deteriorada de Washington. Justo al otro lado de New York Avenue encontré a Jamie Cremeans, originaria de California, de treinta y un años de edad, fumando un cigarrillo en la puerta con su novio y esperando el sustento que los mantiene a flote. Estuve hablando con ellos y me contó entristecida los apuros que pasaban, una historia que conocen millones de personas en todo el país, pues a los pobres se les hace pagar los delitos económicos de los ricos. Su novio, Ronald, había perdido la vista parcialmente y recibía prestaciones por discapacidad desde hacía años, pero Jamie era nueva en esto. La primera vez que había recibido cupones de alimento fue cuando se lanzó a buscar empleo. La pareja se había mudado a Washington para encontrar trabajo después de que ella perdiera su empleo durante la recesión, pero todavía no le había salido nada. «Nos mudamos aquí porque allí no hay trabajo. Solo quiero trabajar —recalcaba Jamie enfatizando la palabra “trabajar”—. Probablemente, solicito unos cinco empleos cada semana». Había tenido su último empleo a principios de 2010, hacía más de un año, cuando realizó un trabajo estacional con el censo estadounidense. «Además, en California me pagaban por cuidar de Ronald —explicaba—. En cambio, aquí no recibo esa ayuda». Sin alojamiento, la pareja vivía con un amigo en las afueras, al norte del distrito de Columbia, y Jamie decía que era casi imposible mantener a raya la depresión. «El dinero que recibimos ni siquiera es bastante para mí sola, menos aún para alimentarnos los dos. Y en California, al menos, se podían utilizar los cupones de comida en los restaurantes, pero aquí no».

La ayuda media de alimentos asciende a 130 dólares al mes y solo comprende comida, nada en absoluto que se aproxime a mantener sano a un ser humano. Solo alcanza para mantenerlo vivo. La extorsión no quiere pasar el bochorno de que la gente se muera de hambre en el país más rico de toda la historia de la humanidad, pero para que tuvieran algún tipo de vida, bueno…, eso requeriría más de 32 dólares a la semana. «Nunca tenemos comida suficiente, a veces simplemente nos quedamos sin comer —me contaba Jamie—. Pero hay un montón de programas diferentes, montones de iglesias echan una mano con alimentos». Hay que ser casi un indigente para cumplir con los requisitos del programa. Tiene derecho a esa ayuda todo aquel que viva por debajo del umbral de la pobreza designado por el gobierno, que no disponga de más de 2.000 dólares en efectivo o casa en propiedad. Se dispensa a través de una tarjeta de débito que se recarga de forma automática a principios de mes. Acompañé a Jamie y Ronald al interior de la oficina, pequeña y destartalada. Había gente protestando a gritos, al parecer porque les habían denegado su solicitud de cupones de comida.

A medida que Estados Unidos sufría el embate de las pertinaces y elevadas cifras de desempleo, en los tres años transcurridos hasta 2011, el número de ciudadanos que recurría al programa se disparó en casi 17 millones, un incremento del 61 por ciento. Por si fuera poco, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) calcula que, en realidad, solo el 66 por ciento de los que tienen derecho reclaman la prestación, lo que significa que la verdadera cifra de estadounidenses que cumple los requisitos del SNAP es de 70 millones, casi la cuarta parte de la población total. Además, las prestaciones del SNAP a comunidades donde se gasta el dinero han contribuido a que el programa eluda el escrutinio de los halcones del déficit. El USDA calcula que cada 5 dólares de dinero del SNAP gastado en la comunidad local genera 9 dólares de actividad económica. Muy pocos pueden permitirse ahorrar los cupones de comida. A mediados de la primera década del siglo XXI, los últimos años de los que hay registro, el 44 por ciento de los cabezas de familia de hogares con SNAP decía que era de raza hispana o afroamericana, aunque solo representan un 29 por ciento de la población total.

Quise hablar con la gente del gobierno que gestionaba el programa. Me parecía raro. En la encendida batalla por los recortes de gasto, el programa, que en 2010 costaba 69.000 millones de dólares, salió ileso. Era raro porque el Partido Republicano insistía en recortar cualquier programa que ayudara a los pobres a evitar la pobreza y la indigencia. ¿Por qué no los cupones de comida? Averigüé que, por supuesto, tenía que ver con el dinero. Fui a ver al subsecretario de alimentación, nutrición y servicios al consumidor del USDA, que gestiona el programa. «La razón por la que goza de apoyo político es que beneficia a los agricultores y los rancheros —me contó Kevin Concannon. A lo que añadió—: Apoya zonas del país que son más republicanas que demócratas». Hay que gastar los cupones de comida en alimentos; no se puede comprar pasta dentífrica ni papel higiénico, ni otros artículos que no sean alimentos, así que las grandes cadenas de supermercados también se benefician del negocio que generan. Una vez más, el poder de la comunidad empresarial determina la viabilidad del programa. «El principio subyacente es cómo satisfacer unas mínimas orientaciones dietéticas al precio más bajo posible», añadía Jean Daniel, portavoz del USDA.

No hay ningún límite en la cantidad de tiempo que una familia puede recibir cupones de comida, pero las personas solteras sin hijos solo pueden beneficiarse de esta prestación durante tres meses. Pasado ese tiempo, se cierra el grifo. «Cuando ingresan en el SNAP saben lo que van a recibir —aseguraba la señora Daniel—. Trabajan con servicios sociales para regresar a la vida activa, hay un programa de formación para el empleo». Pero, según el USDA, el tiempo medio que un usuario pasa con cupones de comida es nueve meses, lo que sin duda deja a algunos estadounidenses solteros y sin hijos sin ningún alimento durante largos periodos. «Como estadounidenses, nos gusta tener buen concepto de las cosas buenas de nuestro país. Nos esforzamos para no tener que reconocer que en nuestro entorno hay personas que pasan hambre —explicaba el señor Concannon—. Cuando me dirijo a los grupos de usuarios del programa, suelo decirles que programas de alimentación como los que hay aquí nunca han sido una necesidad tan urgente como ahora mismo, en el tiempo que nos ha tocado vivir, salvo en la época de la Gran Depresión de la década de los años treinta».

La crisis financiera ha obligado a muchas familias de clase media a incorporarse al programa, lo que ha encendido la mecha en empresas alimentarias que antes se oponían a aceptar pagos del SNAP. Antes de la crisis financiera, por ejemplo, los grandes almacenes Costco y BJ’s no formaban parte del programa, pero ahora se han incorporado. La cadena Costco se vio obligada a incluir a su nueva tienda de Nueva York en el programa del SNAP cuando se dio cuenta de que había sido un error negarse a aceptarlo. Pero muchos se quejan de que, aun con la participación de estas nuevas tiendas, el privilegio de gozar de la prestación del SNAP no basta para mantener unos niveles de nutrición saludables. «Todas las evidencias indican que no es suficiente para llevar una dieta saludable, sino solamente para evitar que la gente se muera de hambre, para evitar la malnutrición severa», afirma Jim Weill, presidente de Food Research and Action Center, que investiga y realiza labores de apoyo y estudio. No es solo la falta de fondos lo que causa malnutrición en los usuarios del SNAP. «Tal vez vivan en lo que podríamos llamar “desierto alimenticio”, donde hay escasez de alimentos saludables y cuando los hay suelen ser caros», señala Alexandra Ashbrook, coordinadora de DC Hunger Solutions, que ayuda a la gente a presentar reclamaciones.

Los Estados Unidos sin hogar

Me acerqué dando un paseo al Girard Street Family Shelter (GSFS), en Washington, para hablar con Juaquina Miller, una madre soltera de veinticinco años —con dos hijos— que había conseguido un hogar temporal gracias a uno de los programas de los servicios públicos atacados por la extorsión. Después de una infancia en acogida seguida por una adolescencia itinerante, para Juaquina este nuevo hogar era un lujo del que en raras ocasiones había disfrutado. Me dijo que ella y su familia vivían con una renta de 306 dólares mensuales. «No sé dónde estaríamos si no existiera este lugar —comentaba en su apartamento, sentada en una silla rodeada de los juguetes de los niños—. No tengo hogar desde que tenía diecisiete años». El GSFS es una de las muchas instalaciones de alojamiento temporal que hay por todo Estados Unidos para ofrecer cobijo a la población sin hogar, que ha aumentado de forma muy significativa en los años posteriores a la crisis de las hipotecas basura. Ofrece apartamentos a veinte familias con niños sin hogar y también hay servicios de apoyo, como tratamiento a gente con problemas de abuso de sustancias o preparación para el empleo. «Tengo que darme mucha prisa —decía la señorita Miller cuando entramos en la sala de estar de su apartamento—. ¡Tengo clase dentro de un minuto!». Me contó que quiere conseguir un empleo en los cuerpos de seguridad. Por desgracia, aunque parecía un hogar, el alojamiento era temporal y había superado ya la habitual estancia de seis meses. Llevaba en una lista de espera para alojamiento permanente desde 2007 y todavía seguía esperando.

A un par de manzanas del albergue, los legisladores de Capitol Hill acababan de aprobar un presupuesto en el que se imponían recortes masivos con toda tranquilidad a programas que tratan de reducir el número de estadounidenses que duermen en la calle o deambulan de un sitio a otro. «Lo vamos a ver reflejado de un modo muy concreto», me comentó Steve Berg, vicepresidente de programas de la National Alliance to End Homelessness, que colabora con las políticas federales. La situación empeoró con la posterior crisis de las hipotecas basura; raras veces ha habido un momento en la historia de Estados Unidos en el que la vivienda social fuera tan importante como entonces, pero para los republicanos y el capital que representan era irrelevante.

Los recortes más importantes para la población sin techo afectan a dos programas gestionados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, Housing and Urban Development Department). Los fondos de ayuda para apartamentos comunitarios ofrecen apoyo a las ciudades para pagar a personal que saque de las calles a las personas sin techo y las acomode en alojamientos permanentes. Los republicanos propusieron un recorte del 62 por ciento en el programa, mientras que Barack Obama defendía una reducción del 8 por ciento. En última instancia, el presupuesto comprendió 3.300 millones de dólares para las Ayudas para Apartamentos Comunitarios (CDBG, Community Development Block Grant), un descenso de 650 millones de dólares, el 16 por ciento con respecto al ejercicio fiscal de 2010. «Los recortes de 2011 en la financiación para apartamentos comunitarios y vivienda pública fueron significativos y causarán auténtico dolor en las familias en un momento en que la economía todavía está en fase de recuperación», me decía Robert Menendez, senador por Nueva Jersey y presidente del subcomité de vivienda. Los principales afectados han sido los empleados del gobierno que supervisan los programas en diferentes ciudades, lo que dificultará organizar instalaciones ya existentes como el GSFS.

El segundo recorte afectó al programa de vivienda pública, que ofrece edificios de apartamentos de titularidad pública con alquileres muy baratos, uno de esos sitios adonde le gustaría mudarse a Juaquina Miller, pero donde no puede ir por el momento. El último presupuesto reservaba 4.600 millones de dólares para el fondo de gestión de vivienda pública, un decremento de 149 millones de dólares con respecto a los niveles de 2010. «El presupuesto de 2011 regresa a las pautas tradicionales de insuficiencia de financiación para mantenimiento y reparaciones —decía Berg—. Cualquiera que se dedique a cuestiones inmobiliarias sabe que postergar el mantenimiento significa clausurar las viviendas, significa que habrá más gente sin hogar». El problema de las personas sin techo empeoraba en Estados Unidos, al tiempo que la maltrecha economía, la crisis de los desahucios y la elevada tasa de desempleo continuaban causando estragos. Muchas personas ya no podían permitirse pagar una vivienda. El número disminuyó entre 2005 y 2008, pero desde la recesión las cifras han vuelto a repuntar, sobre todo debido a la situación del empleo. Los recortes federales llegan en una época en que los presupuestos estatales y locales pasan apuros. Tradicionalmente, en ese escenario el gobierno federal acudía a prestar ayuda, pero con el nuevo presupuesto fiscal ha sucedido lo contrario. «Para hacernos una idea de la envergadura de la población sin hogar, realizamos un “recuento de lugares en determinado momento” que nos da una imagen aproximada de la cantidad en una determinada noche», refería Mark Johnstone, adjunto a la secretaría del HUD. Una noche de enero de 2010, la agencia contabilizó unas 650.000 personas viviendo en parques o estaciones de ferrocarril, así como en instalaciones para personas sin hogar, como albergues. Pero esto no es toda la historia. «Hay en realidad unos dos millones de personas que carecen de hogar, porque las personas entran y salen continuamente de la situación de carencia de hogar y esa noche concreta podrían haber encontrado algún sitio», señalaba Johnstone. Añadía que cada persona sin hogar puede costar a los estados más de 40.000 dólares al año en vigilancia policial y servicios médicos.

Una normativa secuestrada

Pero, en un sistema político que ha dejado de funcionar, la probabilidad de que las personas sin techo encontraran vivienda en algún momento próximo era igual a cero —aun cuando tuviera sentido desde el punto de vista económico—. Con estos recortes se pedía a los estadounidenses más pobres, que jamás han oído hablar de una quiebra del sistema de crédito o de avalar una deuda con una hipoteca, que volvieran a pagar.

Otra víctima, en una región diferente de Estados Unidos, pero también presa de la depredación de la extorsión, era Jylly Jakes. Al terminar la Navidad del año 2007 se dio cuenta de que ya no podía seguir pagando los plazos de su hipoteca. Dieciocho meses después de perder su empleo como vendedora de bonos, se quedó sin opciones. «Me pasé por mi agencia de servicios bancarios [la institución encargada de recaudar los plazos de la hipoteca] y pedí una prórroga de seis meses», me dijo. El banco se la denegó. A los pocos meses, la señorita Jakes encontró trabajo en una agencia financiera y propuso pagar los cinco plazos retrasados a lo largo de doce meses y ponerse al día en los pagos de su hipoteca. El banco volvió a denegar la propuesta e inició los trámites de ejecución hipotecaria. Pero a finales de 2008 creyó encontrar una solución. La señorita Jakes suscribió un programa de modificación de hipotecas de la vivienda del gobierno federal concebido para ayudar a millones de propietarios estadounidenses que se enfrentaban a un desahucio. Tres años más tarde, al cabo de tres modificaciones registrales al amparo del Programa de Modificación para el Acceso a la Vivienda (HAMP, Home Affordable Modification Program), la señorita Jakes seguía defendiéndose de la ejecución hipotecaria de su casa. El capital pendiente de pago ahora es de casi 50.000 dólares más que la hipoteca original debido a las tasas mensuales. «Está concebido para que fracase —me dijo—. Creo que lo montaron para que fuera una especie de teatrillo que hiciera parecer que se iba a prestar ayuda a la gente que había sido víctima de una burbuja inmobiliaria inflada de forma artificial».

El presidente Obama presentó ostentosamente el HAMP en febrero de 2009, pero quienes se han amparado en él lo consideran un fracaso. En octubre de 2011, son 735.464 propietarios de viviendas los acogidos a programas de modificación, aproximadamente el 20 por ciento de la población a la que se dirigía. El programa, de 29.900 millones de dólares y gestionado por el Departamento del Tesoro estadounidense, pretendía ayudar a entre tres y cuatro millones de propietarios a modificar sus hipotecas y evitar la ejecución hipotecaria. El Tesoro informó de que en noviembre de 2010 las nuevas modificaciones permanentes amparadas en el HAMP habían caído a 26.000 desde las 40.000 del mes anterior. El gobierno de Obama amenazó con retener los pagos del HAMP al Bank of America y JPMorgan Chase por tercer trimestre consecutivo diciendo que ninguna de esas instituciones había cumplido la letra de la ley. según el Tesoro, hasta ese momento el gobierno estadounidense había entregado 666 millones de dólares en incentivos para esos servicios. «Estamos decepcionados con nuestro rendimiento y seguiremos esforzándonos para mejorar nuestros procesos y controles», decía JPMorgan. Y Bank of America añadía: «Aunque estamos decepcionados por esta decisión, estos incentivos financieros no son los que impulsan nuestro afán por ayudar a nuestros clientes necesitados».

Mientras tanto, la crisis de las ejecuciones hipotecarias no daba ninguna señal de amainar. «Tenemos en proceso de ejecución 3,5 millones de préstamos de hipotecas no subrogadas o una cifra similar —decía Mark Zandi, economista jefe de Moody’s, la agencia de calificación—. Para hacernos una idea, solo tenemos pendientes de pago unos 50 millones de dólares en estas hipotecas, así que supone un buen montón de préstamos. De modo que nos va a costar tres, cuatro o cinco años reducir de forma significativa ese catálogo de ejecuciones». Los bancos estadounidenses se enfrentan a una presión creciente de los políticos, los tribunales y los organismos reguladores por sus lamentables procedimientos de ejecución hipotecaria. Phyllis Caldwell, jefa de la Oficina de Preservación de Hogares del Tesoro (HPO, Homeownership Preservation Office), que supervisa el HAMP, dice que el sistema vigente para gestionar el impago de hipotecas no fue diseñado para hacer frente a una crisis de ejecuciones hipotecarias de la actual envergadura. «Con el repunte de la morosidad a escala nacional, todo se desata al mismo tiempo: hubo un gran problema de prestación de servicios a los clientes, la gente no podía atender al teléfono, se perdían documentos», comentaba. Los propietarios de viviendas se quejan de que el HAMP no logra enderezar unos incentivos sesgados que redundan en intereses de las agencias para ejecutar las hipotecas. «En última instancia, los bancos importantes responsables de prestar servicio a esas hipotecas nunca se han comprometido con el diseño del programa del HAMP, y el Departamento del Tesoro no ha mostrado disposición para hacer cumplir la normativa», señalaba Alan White, profesor de derecho en la Universidad de Valparaíso y especialista destacado en ejecuciones hipotecarias. Él opina que el HAMP ha beneficiado a las agencias que conceden hipotecas, en lugar de ocuparse de cuidar a los propietarios. «La gente se siente increíblemente frustrada con las agencias financieras, las cuatro más grandes de las cuales también pertenecen a los cuatro bancos más grandes —explicaba—. No les atienden por teléfono, envían documentos tres o cuatro veces. Ha habido un simple problema de funcionamiento por parte de las agencias que gestionan las hipotecas». La vivienda tal vez sea el requisito más elemental para que un ser humano prospere. Sin embargo, en Estados Unidos, si eres pobre, tienes que arreglártelas solo.

Vivir en Nueva York

Cuando vivía en Nueva York decidí averiguar cómo era la vida de quienes no residían en el Upper East Side ni en ninguna de las demás zonas fabulosamente ricas de Manhattan. Un proyecto de vivienda en Brooklyn llamaba la atención de los medios de comunicación y, según las notas de prensa, sus progresos se ajustaban a los planes previstos. Después de décadas a merced de propietarios sin escrúpulos que cobraban alquileres altísimos, los residentes en el complejo de viviendas de Noble Drew Ali Plaza, en Brownsville, encontraron un salvador en un exjugador de béisbol de los Mets de Nueva York y su empresa Omni New York LLC. Según decía la propaganda, este era el hombre que iba a transformar el decadente proyecto de edificación en cinco plantas para que dejara de ser lo que los agentes de narcóticos llamaban «New Jack City» —por la película de 1991 de Wesley Snipes en la que un señor de la droga convierte todo un edificio en un cártel de venta y distribución de crack— y transformarlo en un complejo de viviendas limpio y seguro.

Omni New York adquirió el complejo de 365 viviendas por 20 millones de dólares en junio de 2007, en el momento de la compra la policía detuvo a treinta y cinco residentes en una redada antidroga realizada a primera hora de la mañana. Fue una declaración de intenciones. Durante los meses siguientes, empezaron a aparecer por todo el edificio docenas de cámaras de seguridad que vigilaban a los habitantes en la explanada del complejo, el centro de reunión de sus habitantes; el objetivo era disponer de cuatrocientas cámaras plenamente operativas. De ello se encargó la empresa de seguridad Secure Watch 24 y el horario de vigilancia pasó de ser solamente desde las 8.00 hasta las 16.00 a cubrir las veinticuatro horas del día. Mo Vaughn invitó a los medios de comunicación a una visita guiada por el interior del complejo; iba vestido con un traje lleno de broches, firmaba autógrafos y aceptaba la veneración de sus entusiasmados admiradores. Pero aquí era donde terminaba el cuento de hadas y empezaba la realidad de la adquisición de Omni. Los residentes a quienes se permitió quedarse en el complejo recibieron buenos augurios. Se les prometió que se instalarían estufas, cocinas y ventanas nuevas para todos. Los dos bloques más deteriorados, el 230 y el 240, serían reformados por completo. Pero había otro conjunto de residentes para quienes la llegada de Vaughn fue menos afortunada. Numerosos residentes recibieron una orden de desalojo y tuvieron que afrontar que su siguiente vivienda sería la calle. Algunos residentes de los edificios 230 y 240 vieron también cómo todo alrededor de sus viviendas quedaba hecho un desastre, con polvo y escombros acumulados por todas partes. Entre este grupo de residentes había dos hombres en silla de ruedas. Era la típica táctica del divide y vencerás de los constructores ricos de Estados Unidos.

El complejo de viviendas Noble Drew se construyó en 1972 en una zona pobre de Brownsville rodeada de casas bajas y parcelas vacías. «En aquella época era un lugar maravilloso para vivir —me contó Paulette Jackson-Forbes, de cuarenta y cinco años, presidenta de la asociación de inquilinos y residente en el lugar desde su creación—. Teníamos incluso intercomunicadores en el televisor, de modo que podíamos ver quién estaba abajo. ¡La gente se abochornaba si su planta no estaba limpia!». El promotor inicial fue Joe Jeffries-El, un constructor formado en la Universidad de Pensilvania. «Había veinte familias de agentes de policía, enfermeras, conductores de autobús, maestros…, ya sabe —contaba Jacson-Forbes—. Era un lugar idílico». A principios de la década de los ochenta le arrebataron los edificios a Jeffries-El y el complejo inició su declive en picado. En esa década la propiedad y la dirección cambiaron de manos en cuatro ocasiones. «Entonces todo se volvió atroz —señalaba Jackson-Forbes—. Gente deambulando por ahí, epidemia de crack, ninguna seguridad, barra libre de drogas… En aquella época éramos realmente víctimas». Al final, la asociación de inquilinos tomó medidas. A la presentación de una demanda judicial siguió un nuevo propietario, Lyndon Realty. «Hicieron algunas reformas razonables —proseguía Jackson-Forbes—. Trajeron una empresa de seguridad nueva; los propietarios eran judíos, pero contrataron seguridad musulmana; desaparecieron todas las drogas. Se podía dormir con las ventanas abiertas, las puertas abiertas, todas esas cosas». En última instancia, se descubrió que Lyndon Realty estaba robando y malversando fondos; utilizaba uno de los edificios como tapadera de la supuesta reforma cuando, en realidad, estaba llevándose dinero del complejo de viviendas. En 1992 se practicaron detenciones y el complejo quedó en manos de un administrador.

Fue entonces cuando Abdur Rahman Farrakhan, elegido por votación de la revista Village Voice uno de los diez peores arrendadores de la ciudad de Nueva York, adquirió la propiedad por diez dólares. Su gestión se prolongó hasta 2006, cuando la justicia entregó la gestión a West Center Management, que a fecha de hoy todavía gestiona el funcionamiento cotidiano del complejo. «Con Farrakhan el lugar simplemente se desmoronó —explicaba Jackson-Forbes—. Sin ascensores, sin agua caliente, sin obras de reforma, sin seguridad». Al final se supo que Farrakhan y un socio habían organizado una estafa y sacaban dinero del complejo sirviéndose de la concesión de ayudas oficiales para servicios de alojamiento. Vaciaron dos edificios y llegaron a un acuerdo con el Departamento de Servicios para Personas Sin Hogar, según el cual gestionaban los edificios como albergues. El alquiler que recaudaban ascendía a casi 3.000 dólares por apartamento gracias a las subvenciones del gobierno federal, mucho más que el alquiler de viviendas individuales, que a veces era incluso de tan solo 68 dólares. Al final, pillaron a Farrakhan malversando fondos. Las acciones judiciales emprendidas por la asociación de inquilinos, representada por la abogada Mimi Rosenberg, empezaron en febrero de 2002 en lo que al final se convertiría en un litigio de cinco años. En el año 2007 ganaron el juicio; el demandado fue declarado en quiebra y la propiedad fue puesta a la venta. Los inquilinos reclamaron que quien lo adquiriera cumpliera con unos criterios rigurosos: una rehabilitación de veintiocho millones de dólares, restauración y ayudas para asegurar la Sección A, y que los residentes pudieran empezar de nuevo con el pago de alquileres, sin atrasos que pudieran reclamarse por la gestión de Farrakhan. Omni New York fue la única empresa que cumplía estos criterios.

Dejar que se pudran

Hoy día, cuando se entra en el complejo de viviendas Noble Drew, se ve uno rodeado de residentes enfadados con la nueva administración. La policía está llevando a cabo un proyecto de limpieza del complejo en colaboración con West Center Management. Según West Center, algunos residentes no han pagado el alquiler durante todo el periodo de gestión de West Center, unos catorce meses. Se han tenido que enfrentar a notificaciones de desalojo. Dorothy Fields es una de estas personas. Víctima del huracán Katrina en el año 2005, huyó con su esposo enfermo y estuvo viviendo en una furgoneta junto a Noble Drew antes de que Alicia Allen, directora adjunta de West Center, se apiadara de ella y llamara a su jefe. Acordaron alojarla en un apartamento de uno de los edificios. El apartamento de Fields está en el edificio 240, que lleva en construcción desde que Mo Vaughn emprendiera su programa de regeneración en julio de 2007. Para llegar a él hay que atravesar montones de bolsas de basura, escombros y polvo desperdigado por todo el vestíbulo. Hay trabajadores deambulando por allí con grandes láminas de cristal, tramos de tubería y otros materiales de construcción. El suelo está cubierto de hormigón, pilas de ladrillos, cristales rotos, botellas de plástico…, lo habitual en una zona en construcción. Los Fields son dos de las dieciséis personas que viven en este edificio mientras los constructores van demoliendo parte de lo que los rodea. Su apartamento interior está en malas condiciones. Michael Fields, que recibió un disparo y no puede andar, está tendido en la cama y se dedica a construir la maqueta de un coche. No hay luz natural, las cortinas están abiertas y una tenue luz amarilla ilumina la habitación. La pantalla de un televisor parpadea al fondo. «Cuando nos dieron este lugar dijeron que no teníamos que pagar alquiler —asegura la señora Fields—. Ahora quieren obligarnos a pagar 5.000 dólares, ¿cómo demonios voy a conseguirlos?». «A veces, casi no puedo ni respirar —apunta el señor Fields desde la cama—. También tengo vómitos, lo cual es espantoso». «El polvo se mete por las ventanas, incluso tengo flemas —interviene la señora Fields—. Y en medio de toda esta basura hay gusanos y gatos muertos por todas partes». La señora Fields me muestra un informe médico donde se certifica sus problemas respiratorios y la relación que estos guardan con el entorno en donde vive. En la fachada del edificio 240 hay un cartel que indica los trabajos con amianto que, al parecer, se están realizando en el sótano cuando los trabajadores retiran tuberías viejas. Lo está llevando a cabo New York Insulation Inc., que no tiene página web y no devuelve las llamadas cuando pregunto por su trabajo. Cuando el equipo de West Center pasa por allí trata de retirar el cartel del amianto ignorando que la finalización de las obras está prevista para el mes de diciembre. Jackson-Forbes me contó después que Farrakhan había pensado en cambiar las tuberías, pero suspendió la reforma cuando se dio cuenta de que había amianto. También va a convocar una reunión de la asociación de inquilinos para analizar los peligros del asbesto.

En el interior del edificio 240, Mike Gorney —de veintiocho años, capataz del DV Group, la subcontrata de la constructora— declaraba: «Aquí hay como seis okupas, no han podido echarlos todavía». Sin embargo, West Center afirma que solo la mitad de las dieciséis personas que viven en el edificio 240 son en realidad okupas. Los otros ocho son simples residentes, están allí por derecho, con el beneplácito de West Center. Una mujer que vive con su hijo de cuatro años en el edificio 240, asegura que no han intentado realojarlos; de hecho, están siendo desalojados. «No nos realojaron y ahora, según parece, debemos 4.000 dólares». Su solicitud de prestación no contempla a su hijo, de modo que no puede pagar el alquiler. «Mi hijo pequeño tiene asma, ¿cómo crees que le afecta todo este polvo? Ni siquiera quiero que esté aquí. Yo estaba viviendo en el complejo 37, pero me trasladaron a este».

En el edificio 230, que está al otro lado de la plaza, hay un cartel en el exterior que dice: «No está permitida la presencia de inquilinos en este edificio. Uso obligatorio de casco». Un día festivo que no había trabajos de construcción encontré a más de diez personas viviendo allí, ocupando casas, se deduce que con pleno conocimiento de West Center, si bien el director de proyecto de DV Group afirmó después no tener constancia de ello. Según parece, la norma del casco se impuso cuando un trabajador de DV Group recibió un golpe en la cabeza por la caída de un ladrillo y ahora todos los trabajadores andan por allí con la cabeza cubierta; los okupas no, en todo caso. Uno de los residentes es Ernest Bethel, de cincuenta y cuatro años, a quien encuentro bajando un tramo de escaleras sentado sobre su trasero y arrastrando una silla de ruedas. Solo tiene una pierna y sufre problemas mentales evidentes. Me dice que tiene que arrastrarse para subir y bajar las escaleras cada vez que quiere salir, pues solo los trabajadores de la obra utilizan los ascensores. Le cuesta aproximadamente una hora, aseguraba. Según West Center Management, Bethel lleva viviendo en el complejo más de un año.

Otra residente del edificio 230 es Rosemary Joiner, de sesenta y nueve años, quien afirma que fue expulsada de su apartamento en otro edificio y trasladada a uno con una única habitación en el edificio 230. West Center coincidía en la descripción de los hechos, pero afirmaba que Rosemary no había pagado ningún alquiler. Ahora vive en el 230 y está angustiada y desatendida. Cuando estuve en la oficina de West Center, se quejaba de que su compañera de piso ocupado la había expulsado de la habitación en la que vivía. West Center Management no va a darle la llave de su antiguo apartamento para que vuelva a meter allí su ropa.

El edificio 230 parece una zona bombardeada, con toda clase de escombros y residuos: ropa, botellas, basura, aparatos electrónicos, hormigón, ladrillos, madera o piezas de metal desparramadas por el suelo. Todos los apartamentos ocupados se pueden identificar por el color de la puerta. Los apartamentos que están siendo reformados tienen una puerta gris nueva; las puertas en las que viven los okupas son rojas y no pueden echarlas abajo. Hay toda clase de gente, en su mayoría ancianos y, según el personal de West Center, consumidores de drogas. West Center afirma que se está tramitando el desalojo de estas personas. Jaswinder Singh, director de proyecto de DV Group, no se lo podía creer. «Aquí no puede vivir nadie», afirmaba. «¿Es seguro para vivir?». «No, no es seguro», se respondía a sí mismo. Decía que había amianto en el sótano, igual que en el edificio 240, pero en el exterior no hay ningún cartel que informe de la realización de obras. Ravi Gukral, director del proyecto en su conjunto, se limitó a afirmar: «Cumplimos órdenes, tienen fecha de desalojo».

Keish Frith, de veintinueve años, auxiliar administrativo de la oficina que West Center tiene sobre el terreno, afirmaba acerca de los dos edificios: «Deberían haber sacado de allí a los residentes antes de empezar. Cuando estás trabajando con diferentes equipos de obreros, cada cual trabaja siguiendo sus propias normas. Tal vez no sea ilegal, pero no es justo». «Todo es para cubrir las apariencias —concluía un hombre que pedía ser identificado como Slasher—. Quieren que tenga buen aspecto por fuera, pero en realidad aquí no están haciendo nada de nada». Estaba esperando en la puerta de la oficina para informar de una presencia sospechosa detectada durante el fin de semana. «Me dijeron que no podían acceder a las grabaciones de las cámaras hasta tres días después —añadía—. Ya han pasado tres días y ahora dicen que las cámaras del interior del edificio no funcionan». Slasher había visto a un desconocido en la salida de incendios a las cuatro de la madrugada mirando por la ventana. «Se lo conté a seguridad esa mañana y me contestaron que ¡no podían rebobinar! —Y añadía—: Lo que quiero decir es que hace dos meses murió aquí una persona, así que cualquiera esperaría que hubieran instalado cámaras en condiciones. No creo ni siquiera que estén encendidas». Esta falta de respeto por la vida de los estadounidenses pobres se debía a que no podían pagar el dinero de la extorsión. Pero, por desgracia para estas mismas personas, no pasaría mucho tiempo antes de que la extorsión reparara en que encerrar a la gente era una forma de sacar dinero de los indigentes y los hambrientos de esperanza de Estados Unidos. Se llamaba «guerra contra la droga».

13
Los Estados Unidos
encerrados

Control social

Al igual que en América Latina, la versión nacional de la guerra contra la droga en Estados Unidos también conlleva un despiado esfuerzo de control social. Se ha centrado casi de forma exclusiva en las comunidades negras y latinas, que representan el 60 por ciento de la población penitenciaria a pesar de ser solamente el 30 por ciento de la población del país. También ha generado miles de millones de dólares, pues la extorsión trabaja para arrancar al sistema penitenciario de las manos del pueblo estadounidense y gestionarlo con un descarado ánimo de lucro. De hecho, a lo largo de las tres últimas décadas el aumento de las prisiones privadas ha coincidido casi exactamente con el auge de la llamada guerra contra las drogas. Un estudio reveló: «La gente de color está representada en las prisiones privadas al menos en diez puntos porcentuales más que en las instalaciones gestionadas por el estado».[61] Cerca de la mitad de los presos en Estados Unidos (el 48,8 por ciento) están encerrados por narcotráfico. Por el contrario, la extorsión jamás mete a los suyos en la cárcel: solo el 0,4 por ciento de la población penitenciaria estadounidense se compone de culpables de delitos financieros.

La decisión de poner a centenares de miles de estadounidenses entre rejas comenzó en la década de los años ochenta, cuando se introdujo en el sistema una «condena mínima obligatoria» por delitos relacionados con las drogas. Significaba que no había margen alguno para la discrecionalidad en casos de drogas; si alguien era detenido con droga, con cualquier cantidad, iría a la cárcel. Al mismo tiempo, se enfatizaba lo que los políticos, ansiosos de conseguir votos, llamaron «ley y orden», lo que supuso un aumento de las condenas punitivas, en relación con las cuales los políticos rivalizaban entre sí para ver quién aplicaba más mano dura. Estaban impulsados en parte por la extorsión, que podía oler el dinero. Las empresas privadas presionaron a las prisiones estatales para desbancarlas de su posición privilegiada en el sistema federal. Empezaron solicitando con afán especulador la construcción de instalaciones penitenciarias en los condados, lo que dio lugar a la aparición de lo que ha acabado por conocerse como «la burbuja penitenciaria». Las empresas privadas aparecían en un condado rural y le proponían construir una cárcel mucho mayor que la que necesitaría para afrontar sus propios problemas de justicia penitenciaria; de este modo, dicho condado estaría en condiciones de ofrecer plazas penitenciarias al gobierno federal mediante contratos de arrendamiento. En Texas, casi una docena de condados entraron en esta burbuja utilizando deuda de los contribuyentes, pero ahora no encuentran presos para llenar las nuevas cárceles. Llegados a este punto, las empresas privadas abandonan las concesiones y dejan a los contribuyentes el saco de la deuda. Así es como funciona el capitalismo: se socializan las pérdidas y se privatizan los beneficios. La cantidad de desgracia y miseria humana que ha creado este sistema es espeluznante. En los veinte años transcurridos hasta 2007, la población penitenciaria nacional de Estados Unidos se triplicó hasta alcanzar 1,6 millones de personas, es decir, casi el 10 por ciento de la población adulta, con diferencia el porcentaje más elevado del mundo. El 9 por ciento de ellos está recluido en instalaciones privadas, donde el coste medio de mantenimiento por interno durante un año asciende a 25.000 dólares. Por desgracia para los intereses privados, ansiosos de ganar dinero, ahora la burbuja parece haber explotado: las tasas de encarcelamiento no aumentaron tan deprisa en los cinco años anteriores a 2011, y en 2010 cayeron por primera vez en veinte años. Pero podemos estar seguros de que estas empresas volverán a presentarse con ingeniosos modos de mantener este lucrativo negocio.

Cuando estuve en Nueva York, esta medida de privatización del sistema penitenciario estaba repuntando de nuevo. La extorsión utilizaba la excusa de que había que combatir el déficit del estado y que el pueblo estadounidense debía ceder la gestión de unas prisiones «caras» a los intereses privados. La extorsión ha utilizado esa misma excusa para echar el guante a toda clase de instituciones públicas, y aquí, a pesar de que no era evidente que supusiera ningún ahorro de dinero a los estados también funcionó. Hay una regla bastante simple para estos asuntos: una vez que la extorsión mete la cabeza en cualquier sector o institución, hay una lógica inevitable que dice que cada vez querrá más. Jamás se contentará con gestionar solo una parte de algo. Florida tenía planes para privatizar veintinueve de sus prisiones. Hablé con una analista de un banco de inversión de Atlanta que financiaba el sistema penitenciario privado y me explicó que era «el programa de privatización de cárceles federales o estatales más grande de la historia de Estados Unidos». Arizona también tenía programada una serie de sesiones públicas de su cámara legislativa dedicadas a añadir miles de plazas penitenciarias gestionadas por el sector privado, mientras que Ohio sacó a la luz sus planes para recaudar doscientos millones de dólares vendiendo cinco prisiones estatales. Definitivamente, algo estaba sucediendo. Después fueron incorporándose otros estados, a medida que los contratistas privados dieron un paso al frente para proponerse como solución a los infortunios fiscales de los estados cortos de liquidez.

El plan de Florida adoptó un nuevo giro. En lugar de subcontratar solo las prisiones de nueva construcción, el estado planeó privatizar también las plazas ya existentes. Visité al senador del estado de Florida que estaba promoviendo esta reforma con la máxima contundencia. Los representantes electos de todo Estados Unidos representan a la extorsión, no a su pueblo, pero merece la pena escuchar sus justificaciones. «Seguramente, en este momento está privatizado el 5 por ciento de las prisiones de Florida —me informaba J. D. Alexander, un republicano muy influyente—. Esta expansión de la privatización situará la proporción en un tercio de las instalaciones penitenciarias». A medida que pasaba el tiempo, me quedaba cada vez más claro que él y sus aliados en el sector empresarial de las cárceles privadas buscaban el 100 por cien de «penetración» en el mercado. La población no sería dueña de nada. Por supuesto, esto no era más que «el estilo de vida americano». «Creo que la competitividad nos hace mejores, es una especie de perspectiva estadounidense: creemos entornos competitivos, privaticemos una parte», añadía. Pero más adelante apareció la idea de que el Estado asumiría veinticinco millones de dólares de pérdidas por las compensaciones a 3.800 trabajadores que perderían sus puestos de trabajo con el programa de privatización. Los funcionarios de prisiones ya se encuentran entre los empleados peor pagados del estado. «Durante el proceso de privatización, quedarán sin empleo y sufrirán ejecuciones hipotecarias —comentaba John Rivera, presidente de la Police Benevolent Association, que representa a los funcionarios de prisiones de Florida y se oponía a la privatización—. Les expropiarán el coche, no podrán pagar la atención médica y el estado tendrá que hacerse cargo. Y quienes tienen más antigüedad supondrán para el estado el gasto de reubicarlos». Los legisladores, en buena medida republicanos, y los contratistas sostienen que las empresas privadas pueden gestionar prisiones de forma más barata —sobre todo ahorrando en salarios y prestaciones para los trabajadores—. Pero los analistas afirman que las estadísticas no encajan. Este ahorro de costes, por ejemplo, viene limitado por el hecho de que hay más sustituciones entre los empleados y mayor número de demandas por la falta de inmunidad propia de las instituciones públicas. Las empresas privadas suelen seleccionar con sumo cuidado a los delincuentes cuyo internamiento representa un coste menor y dejan que el estado se ocupe de los más peligrosos, que cuestan más dinero. «Muchas veces, cuando se comparan las cifras de los costes de la prisión privada con los de la estatal, no se comparan gastos del mismo tipo, pues en las instituciones privadas no se recluye a los delincuentes más peligrosos —explicaba Scott Henson, un analista del sector penitenciario de Estados Unidos—. En Texas, las instalaciones privadas no han querido hacerse cargo de los delincuentes más peligrosos». Las prisiones privadas quieren presos poco conflictivos, independientemente de que sean culpables de delitos menores o graves; lo que no quieren es «el núcleo duro» de los que causan problemas, porque prefieren que sea el estado el que se haga cargo de esos costes. Pero muchos estados todavía tienen que darse cuenta de que se trata de una estafa, o quizá se hayan dado cuenta pero están enriqueciendo a demasiadas personas como para ponerle freno. En las prisiones privadas hay funcionarios menos experimentados y una proporción menor de vigilantes por número de presos, así que en realidad están gestionando un riesgo elevado de motines carcelarios y fugas. La verdadera razón por la que las prisiones privadas no quieren a los auténticos agitadores y prefieren a los presos menos violentos es que pueden gestionar la prisión como si fuera una residencia de estudiantes en vez de una instalación penitenciaria.

Incentivos perversos

También redunda en interés de las empresas mantener cada vez a más gente encerrada, porque acrecienta su cuenta de resultados. Una prisión gestionada por el estado tiene una serie de costes fijos tanto si está llena como si no lo está. En cambio, una cárcel de gestión privada, que cobra por número de presos, tiene un incentivo para que esté llena. A veces se incurre en manifiesta corrupción, como lo es pagar a jueces para enviar a niños a la cárcel, que es un ejemplo extremo de los incentivos torticeros e insensatos que genera la encarcelación privada. En febrero de 2011, un juez de un tribunal de menores del condado de Luzerne, en Pensilvania, fue condenado por extorsión por haber aceptado dinero de un gestor de una prisión privada a cambio de dictar sentencias extremadamente severas con el fin de asegurar que las cárceles estuvieran llenas. «Sencillamente, no se ahorra dinero —explicaba el señor Rivera—. Por ejemplo, hace poco afirmaban ante los legisladores y la comunidad que se ahorrarían 22 millones de dólares al año, pero ahora ya han superado en 25 millones el presupuesto previsto. El argumento de venta de las prisiones privadas es que resultan más baratas. Si pueden hacerlo a menor precio, aun cuando los hechos no lo sustenten, tienen que recortar en algún otro sitio, así que suelen reducir el personal […]. Las cárceles con una plantilla insuficiente tienen consecuencias. En el año 2010, en Kinman (Arizona), tres presos huyeron de una prisión privada y la investigación oficial reveló que la empresa que la gestionaba era demasiado laxa en la formación del personal. Son riesgos muy ciertos. Si una prisión no tiene el personal suficiente, las consecuencias, sin duda, pueden ser muy graves».

Por supuesto, las empresas de este sector son agentes políticos de envergadura y donantes importantes en campañas electorales por todo el país. En realidad, el esfuerzo de privatización vien más determinado por el patrocinio político que un ahorro de costes. Es muy sencillo: cada vez que el lucro es el principal motivador para la seguridad pública se cae en una fórmula pésima. La primera responsabilidad del gobierno debería ser para con su pueblo; la primera responsabilidad de una corporación es hacia sus inversores. «Me recuerda el viejo adagio: “si suena demasiado bueno para ser cierto, seguramente lo es” —me contaba certeramente David Fathi, director del proyecto de prisiones nacionales del American Civil Liberties Union—. La afirmación de que las empresas privadas pueden llevar a cabo la misma tarea con menos coste y, aun así, generar beneficios para los accionistas es bastante inverosímil a primera vista —añadía—. De hecho, no es cierta».

Dos empresas dominan el sector estadounidense de las prisiones privadas: Corrections Corporation of America y GEO Group. En la última década, los dos «grandes» han fagocitado infinidad de empresas más pequeñas y han consolidado el sector. En el año 2010, GEO adquirió la tercera empresa pública que operaba en el mercado, Cornell, por 730 millones de dólares en acciones y efectivo, con lo que creó un «duopolio». No tienen rostro público, ambas rechazaron que las entrevistara. Esta monopolización de los mercados es otro rasgo del capitalismo: el poder y el capital se centralizan. Las empresas no están particularmente bien gestionadas. Están muy endeudadas y acumulan nuevas deudas con rapidez. Ambas recurren al funcionamiento diario para responder al pago de estas deudas. Pero, por lo que parece, la extorsión opina que tendrán más volumen de negocio en el futuro: las acciones de Corrections Corp subieron un 7,5 por ciento desde 2006 hasta 2011. Wall Street se alegra de prestarles dinero con tipos de interés bajos.

Los políticos son un producto de esto: trabajan para el poder real en este debate, y seguramente están financiados por él; no es el valiente senador del estado quien está devorando a la sociedad y todos sus bienes, sino los mastodontes empresariales. Ya poseen más de trescientas prisiones en todo el país y la situación está empeorando. Ahora hay en Estados Unidos unos 135.000 presos en prisiones privadas —el 7 por ciento del total de presos del Estado y el 16 por ciento de los federales—. Las empresas de gestión de prisiones privadas están tratando de ampliar el mercado de sus servicios. En las comunicaciones con sus accionistas, manifiestan con franqueza que están intentando expandir el negocio de la privatización de cárceles y ejercer presión aportando fondos para campañas con criterios estratégicos. Demuestran ser muy sofisticadas en su afán por generar negocio. «Estamos en un punto de inflexión de la política penitenciaria —anunciaba el señor Fathi—. Por primera vez en treinta años, la población penitenciaria disminuyó de hecho el año pasado». No cabe ninguna duda de que las empresas penitenciarias privadas apoyan y reclutan deliberada y selectivamente a políticos proclives a aumentar la tasa de encarcelamiento. Igual que Eisenhower alertó sobre la aparición de un complejo militar-industrial, ahora tenemos un complejo penitenciario-industrial. Las cárceles producirán más dinero cuantas más personas encarcelemos.

La propia policía muchas veces se siente desaprovechada por tener que dedicarse solamente a controlar a la «escoria» de la sociedad. Cuando me di una vuelta por Brooklyn (en Nueva York) con dos policías blancos, su desprecio era evidente. La pareja de policías son compañeros habituales de coche patrulla y trabajan en el turno de 15.30 a 23.30. Sienten auténtico desprecio por sus conciudadanos. «Más gente mugrienta», comentaba el agente Cavanella cuando pasamos ante un proyecto de alojamiento. Este tema se mantuvo en la conversación y él trataba de echar mano de una sociología banal alimentada con mitos del conservadurismo extremo. «Son gente de renta baja que sencillamente no importa —afirmaba—. No nos respetan, no se respetan a sí mismos, no respetan a nadie».

Recortar la justicia

Al mismo tiempo que se obtenían beneficios con la privatización de las prisiones, se recortaban brutalmente fondos de la vertiente pública del sistema de justicia, en consonancia con las prioridades de la extorsión. En Nueva York conocí a Jimmy Boone Amos, que estaba esperando a que saliera su esposo en la puerta de la sala del juzgado del centro de Brooklyn. Eran las 16.00, pero llevaba allí sentada desde por la mañana muy temprano. «Estoy cansada de esperar», me confesó. Su esposo había sido detenido veintitrés horas antes por agarrar a una mujer en la calle durante lo que la señora Amos llama un ataque de diabetes. «Estoy muy preocupada por él —añadía—. Lleva ahí un montón de tiempo y no me han dicho cómo está. No sé si tiene insulina o si le falta algo».

La legislación estadounidense establece que a todo acusado de un delito se le deben leer los cargos ante un juez en un plazo de veintitrés horas. Pero tras los recortes en el ámbito estatal y federal los presupuestos de los juzgados habían quedado devastados y a menudo este objetivo no se cumplía. En un solo un fin de semana del año 2011, el 57 por ciento de estas vistas en Brooklyn excedieron el periodo prescrito. Pero las horas de espera hasta que se leen los cargos no son más que uno de los muchos problemas que los recortes del presupuesto estatal han causado en Nueva York y en Estados Unidos en general. Los más pobres y vulnerables son los que reciben el mayor impacto, como suele suceder cuando se recortan servicios públicos. La señora Amos es una de las muchas neoyorquinas que han tenido que padecer un sufrimiento innecesario porque el estado incumple el mandato constitucional de financiar adecuadamente el sistema de justicia.

Nueva York recortó 170 millones de dólares de su presupuesto de 2.600 millones en 2011, en torno al 6,5 por ciento. Esto causó un impacto importante, más allá de los retrasos en el plazo de comparecencia ante un juez. En todo Nueva York, los tribunales cierran ahora a las 16.30 en lugar de a las 17.00. La capacidad de los jueces de asimilar toda la información que necesitan se ve ahora comprometida, porque tienen que pasar a toda prisa por los casos para poder ajustarse al tiempo establecido. El estado tenía juzgados de familia nocturnos, donde si una mujer necesitaba apoyo o una orden de protección podía acudir después del trabajo o a horas intempestivas. Ahora están cerrados, lo que pone en riesgo a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica y de otro tipo.

Antes, unos pequeños juzgados de Manhattan, el Bronx y Queens, estaban abiertos cuatro noches a la semana, pero ese horario se ha visto reducido a una sola noche —y en el caso del de Staten Island la reducción ha sido de una vez a la semana a una vez al mes—. En esas pequeñas salas es donde los inquilinos pueden enfrentarse a los propietarios de sus viviendas y los consumidores pueden denunciar a las grandes empresas. Ambas funciones, fundamentales, se están derrumbando. «Ahora, en Staten Island, si quieres demandar a Macy’s por la razón que sea, tendrás que esperar nueve meses», explicaba Dennis Quirk, presidente de la asociación de funcionarios judiciales del estado de Nueva York. «Sin duda, la moral está más baja que en años anteriores —añadía Howard Schwartz, un abogado defensor penalista con sede en Brooklyn, sentado en la puerta del mismo juzgado del centro de la ciudad—. Ahora hay más trabajo para menos gente». Dice que a los clientes les cuesta más tiempo llegar a los tribunales, que los casos se dilatan más y que los jueces tienen que prestar menos atención a comparecencias urgentes debido a la carga de trabajo. «El sistema está sobrecargado», añadía. En el año 2011, además de los 2.000 trabajadores que se jubilaron en 2010, el sistema judicial de Nueva York despidió a 441 personas, aproximadamente el 3 por ciento, que vinieron a sumarse a la masa de desempleados de la ciudad. Quienes siguen teniendo trabajo están saturados. «Los recortes están teniendo consecuencias para todo el sistema —añade el señor Quirk—. Todo el mundo tiene demasiado que hacer, lo que arroja como resultado que la gente se pasa todo el día en el juzgado para que le dispensen justicia».

Estados Unidos se enorgullece de ser un Estado de Derecho, pero privar de dinero al sistema judicial está afectando gravemente a la capacidad de los estadounidenses de a pie de recibir justicia. Las pruebas se analizan y reúnen a toda prisa, la gente pasa demasiado tiempo en una celda antes de ser acusada y las personas vulnerables pierden la pequeña protección que tenían frente a sus parientes o parejas violentos o agresivos. Además, los recortes no eran inevitables. En los tres años que estuvo vigente en Nueva York el «impuesto para millonarios» de emergencia, generó 13.800 millones de dólares de ingresos. La ley elevó 2,1 puntos porcentuales la tasa de aportaciones fiscales a los neoyorquinos que ganaban más de 500.000 dólares para dejarla en un 8,97 por ciento. Si volviera a elevarse la aportación fiscal, se podrían resolver muchos de los problemas del sistema judicial de Nueva York y la larga espera de personas como Jimmy Boone Amos y muchos otros estadounidenses de todo el país sería mucho más breve. Pero a la extorsión no le gustan estas ideas. Según la ideología dominante, eso es «lucha de clases». Sin embargo, en muchos lugares de todo el mundo la propaganda incesante y vacía se está gastando y la gente está tomando las riendas de estos asuntos. Aquí es donde comienza la esperanza.

14
La guerra por
el territorio

La Doctrina Monroe

Recapitulemos. Los comienzos del siglo XXI han sido testigos de la mayor transformación del continente americano desde que el mafioso Cristóbal Colón creyera que había llegado al subcontinente indio cuando en realidad «había descubierto» las (ya habitadas) Américas. Desde 1823, con la denominada Doctrina Monroe, el continente americano ha sido designado por los estrategas estadounidenses como «nuestro patio trasero», una inmensa extensión rica en recursos abierta al pillaje y la explotación para beneficio de una élite en Estados Unidos y las muy bien recompensadas élites colaboracionistas y traidoras de los países colonizados. Esta dinámica ha sido constante e ininterrumpida durante dos siglos. Como es obvio, el presidente James Monroe no lo formuló en estos escuetos términos en su alocución al Congreso el 2 de diciembre de 1823, que constituye la base de esta denominada doctrina. Monroe afirmó aquel día que los países del continente americano «en adelante no deben ser considerados objeto de una colonización futura por ninguna potencia europea», lo que parece una buena idea para los pueblos sometidos…, hasta que uno descubre que, en su lugar, Monroe otorga a su propio país el derecho de relevar a las potencias europeas. «Por consiguiente, para mantener las francas y amistosas relaciones existentes entre Estados Unidos y esas potencias —prosigue—, debemos declarar que consideraremos cualquier intento por su parte de extender su sistema a cualquier porción de este hemisferio un peligro para nuestra paz y seguridad». Sencillamente, lo que estaba advirtiendo a las potencias europeas es: «¡Ahora esto es nuestro!». Y así era. Bajo este desnudo imperialismo disfrazado de rancia jerga diplomática, Estados Unidos arrebató Cuba a los españoles en 1852 —hoy día, Estados Unidos sigue ocupando ilegalmente la bahía de Guantánamo— y después Puerto Rico en 1898 —que en la actualidad todavía pertenece a Estados Unidos.

Cuando los imperios europeos se desintegraron tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la idea del imperialismo se fue volviendo cada vez más insostenible a medida que los pueblos indígenas iban expulsando a sus opresores a ritmo acelerado. Pero mientras Europa estaba en ruinas, Estados Unidos ascendía a su condición de superpotencia, por lo que la extorsión no perdería el control de su «patio trasero» durante la subsiguiente Guerra Fría con la Unión Soviética. Ahora bien, la ocupación estaba mal vista, más aún cuando la población estadounidense era culturalmente contraria a los imperios y el imperialismo. Así que, en su lugar, los servicios de inteligencia se dedicaron a derrocar cualquier gobierno latinoamericano que no apoyara los intereses empresariales estadounidenses, ocultándolo a la mirada del pueblo estadounidense. Primero fue Guatemala en 1954, un golpe contra el presidente de centroizquierda Jacobo Arbenz, que se atrevió a redistribuir la tierra entre campesinos desposeídos por la United Fruit Company. La CIA tomó cartas en el asunto, instauró una junta militar y desencadenó una de las guerras civiles más atroces de la historia, que dejó 200.000 muertos.

Cualquier país que eligiera a cualquier tipo de político de izquierdas sufriría una guerra terrorista de agresión antidemocrática. República Dominicana en 1963, Brasil en 1964, Chile durante la década de los sesenta hasta sucumbir finalmente en 1973, Nicaragua en la década de los setenta… y así sucesivamente. Todos los gobiernos que menciono eran democráticos y, en muchos casos, fueron sustituidos por una colección de neonazis, fascistas y demás morralla de la humanidad. Todo quedaba disimulado bajo el disfraz de la guerra contra el «imperio del mal». De forma muy parecida a como se utiliza hoy el fundamentalismo islámico, la Rusia soviética proporcionaba a Estados Unidos una excusa para hacer lo que quisiera. Centenares de miles de personas fueron masacradas por toda América Latina con el apoyo de muchos personajes famosos estadounidenses: John Foster Dulles dio comienzo al baño de sangre guatemalteco, Henry Kissinger a la dictadura de Chile, Ronald Reagan apoyó a la contra fascista frente a los sandinistas democráticamente elegidos en Nicaragua. Hasta el día de hoy, todas estas figuras son aclamadas como grandes héroes de la cultura dominante estadounidense, aunque, por razones obvias, no en el resto del continente. John Perkins, que trabajó durante décadas como lo que él mismo llamó «gánster económico» para una corporación estadounidense, ha escrito un libro donde revela el tipo de tareas que realizaba. Lo describió de forma sucinta en una entrevista: «En esencia, nos entrenaron para erigir el imperio estadounidense, y ese es nuestro trabajo. Generar…, producir situaciones en las que afluya la mayor cantidad posible de recursos a este país, a nuestras empresas y a nuestro gobierno, y de hecho hemos tenido mucho éxito. Hemos forjado el mayor imperio de la historia del mundo. En realidad, lo hemos construido —a lo largo de los últimos cincuenta años, desde la Segunda Guerra Mundial— con muy poca fuerza militar. Solo la utilizamos en casos muy contados, como Iraq, donde el ejército fue el último recurso. A diferencia de cualquier otro imperio de la historia del mundo, este se ha forjado sobre todo a base de manipulación económica, a base de juego sucio, a base de fraudes, a base de seducir a los pueblos para que deseen vivir como nosotros, a base de gánsteres económicos. Yo, en buena medida, formé parte de ello».[62]

Pero, a pesar de esta trágica historia de explotación y asesinatos masivos, el optimismo recorrió el continente cuando se inauguró el siglo XXI. El continente americano, en especial América Latina, se estaba deshaciendo por fin de los grilletes del matón imperialista, y en esta ocasión iba ganando. Nunca más unos líderes escogidos democráticamente, ya sea en Chile, Bolivia, Brasil y Venezuela, permitirán que sus naciones soberanas tengan que retroceder por la amenaza del piso de arriba. Tras proponer planes económicos que otorgaban la riqueza de su tierra a la gente que de hecho vive en ella, en lugar de a las corporaciones ricas y los exiliados en Miami, ya no iban a resignarse a que Estados Unidos tratara de derrocarlos, estarían preparados.

Cuando los grupos paramilitares fascistas de las provincias orientales de Bolivia, como Pando, mataban campesinos indígenas y la élite tradicional de piel blanca intentaba provocar un levantamiento contra el presidente democráticamente elegido Evo Morales, este no toleró el apoyo que Estados Unidos les prestaba y, como hemos visto, expulsó al embajador. También sentó en el banquillo de los acusados al gobernador que había incitado a llevar a cabo la matanza. Por si esta severa medida no bastara, todos los dirigentes de centroizquierda del bloque latinoamericano recién independizado salieron a ayudar a Morales en Naciones Unidas; sabían que juntos constituían una fuerza poderosa que no podría ser aplastada bajo la bota del gobierno estadounidense.

En Venezuela, Hugo Chávez siguió su ejemplo y también expulsó al embajador estadounidense. ¿Y quién puede culparle? En el año 2002, cuando él mismo fue desalojado del poder temporalmente por un golpe de Estado que colocó en el cargo a un empresario multimillonario y suspendió la Constitución y la democracia, el pueblo de los barrios venezolanos respondió manifestándose por centenares de miles en apoyo del primer dirigente que siempre los había considerado dignos merecedores de sus propios recursos naturales. Hubo que devolverle el cargo, porque el pueblo de Venezuela era demasiado poderoso y consciente de sus apuros para quedarse mirando cómo se repetía la historia.

Esta generación concreta de dirigentes de izquierdas ha aprendido del pasado. Conocen la CIA, la National Endowment for Democracy y a otros agentes del gobierno estadounidense, y están comprometidos con la batalla. En Bolivia, por ejemplo, las comunidades indígenas se están equipando para contraatacar; no queda nada de aquella fe equivocada en el pacifismo que esgrimía Salvador Allende; el mensaje ahora es: «Si la derecha trata de liquidar la democracia, combatiremos para defender el civismo». Y como no hay Guerra Fría, al gobierno estadounidense y a las grandes empresas de los medios de comunicación a su servicio les está resultando ahora más difícil acusar a cualquier político que se encuentre ligeramente a la izquierda presentándolo como un agente de la Rusia soviética. Dicho esto, The New York Post sí describió sin complejos a Chávez —uno de los dirigentes elegidos democráticamente más veces en el mundo— como un dictador. Además, el proyecto imperial estadounidense está tan empantanado en Oriente Próximo —donde el apoyo a los dictadores ha sido igual de obsceno— que en muchos aspectos está pensando en las musarañas. Se puede decir que sin el 11 de septiembre la revolución venezolana sería historia en este momento, así como Morales. Aún más, cuando en 1975 Estados Unidos contribuyó a organizar la Operación Cóndor —una red terrorista que abarcaba todo el continente— con su acólito el general Pinochet, contaban con la conformidad de los Estados de seguridad que habían contribuido a establecer. Ahora se ha dado la vuelta a la tortilla. Con la elección de Fernando Lugo en Paraguay, todo el continente se ha convertido en un bloque de izquierdas independiente y, aunque en 2012, por desgracia, Lugo fue derrocado con lo que él denominó «un golpe de Estado judicial», por primera vez en muchos siglos las cosas mejoran en América Latina y se está forjando una alianza fuerte. La democracia, la justicia económica y la dignidad están regresando al continente, y la influencia estadounidense ha empezado a desvanecerse.

Una democracia segura

En un artículo del año 2008, el historiador y teórico Perry Anderson se preguntaba por qué tras la Segunda Guerra Mundial las clases capitalistas permitieron que la democracia se asentara en Turquía, pero no en España. En dos breves párrafos explicaba la historia de «la democracia occidental» en el siglo XX. Escribía que, tras la guerra, en España «la democratización era una opción impensable para [el general] Franco, porque habría supuesto correr el riesgo de hacer entrar en erupción de nuevo un volcán político en el que ni el ejército ni la Iglesia ni la propiedad privada habrían estado seguros». Para Franco y los empresarios de su cuerda, la dictadura era la única alternativa. Pero no tenían por qué temer. Transcurridos los treinta y seis años de pesadilla del gobierno del general, «el desarrollo económico había transformado la sociedad española, se había extinguido la política de masas radical y la democracia ya no era peligrosa para el capital. La dictadura había hecho tan bien su trabajo que un socialismo borbónico desdentado fue incapaz siquiera de restaurar la república que Franco derrocó». Entonces, dicho de otro modo, España estaba a salvo para la democracia, que se estableció convenientemente en 1975. «En este laboratorio español se podría encontrar una parábola del futuro —proseguía Anderson— que repetirían los dictadores latinoamericanos de la década de los setenta (Pinochet es el ejemplo paradigmático), convertidos en arquitectos de un orden político en el que los electores, agradecidos por la restauración final de las libertades ciudadanas, renunciarían a alterar el orden social a partir de entonces».[63]

Esta democracia segura, sensible a los intereses partidarios pero no a la voluntad de la población, había sido erigida por todo el mundo, impulsada en primera instancia por el gobierno de Estados Unidos. Cualquier desobediencia al «consenso» se castiga con dureza. Los dirigentes que no la suscriben son vilipendiados en los medios de comunicación estadounidenses y, en general, occidentales, y en el caso de que alguna población en concreto se tome la democracia demasiado en serio, Estados Unidos instalará a un tirano que prepare el terreno para el tipo de democracia correcta. Los ejemplos históricos de democracias «descontroladas» son legión, desde la de Aristide en Haití hasta la de Mosaddeq en Irán. Y los encargados de imponerla son también célebres, desde la contra en Nicaragua hasta Suharto en Indonesia. Pero la historia se vive en directo en el presente y la dinámica de las relaciones internacionales no ha cambiado tanto. Ahora estamos atravesando la fase más reciente, tal vez la última, de esta batalla entre la población mundial que quiere una democracia que otorgue prioridad a las personas, no a las grandes empresas ni al capital, y una clase gobernante que la pretende justo al revés.

En esta ocasión, el contratiempo es América Latina, la sede principal de la resistencia mundial a la democracia segura. Quizá no sea casualidad que el contraataque se esté consolidando en una región del mundo a menudo despreciada por «irrelevante»: tal vez sea la razón por la que Estados Unidos y sus aliados no han conseguido aniquilarla —aunque, a decir verdad, lo han intentado—. Esa forma de democracia tan querida por Occidente y sus sátrapas de los países en vías de desarrollo, una democracia consistente en una población despreocupada que escoge cada cuatro años entre dos partidos de corte empresarial, está siendo subvertida gravemente por todo el continente. La gran pantomima democrática a la que vivimos sometidos en Occidente —y en las naciones que hacemos a nuestra imagen— no funciona con la población de América Latina. Sus democracias están volviéndose más seguras para sus pueblos. Hay partidos políticos reales, como el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, con verdaderos principios y objetivos reales que se han tomado en serio modificar el orden social para producir cambios positivos.

Como es natural, esta filtración de conocimiento en la opinión estadounidense dominante asusta a los guardianes del discurso político, que han sido capaces de disertar sobre su amor a la democracia durante décadas sin que les preocupe lo más mínimo la existencia de definiciones alternativas de la misma. Ahora es más difícil mantener el engaño y la reacción es tristemente previsible. El desprecio casi inconsciente por los movimientos democráticos de América Latina es el resultado de siglos de dominación irreflexiva, una psicología semejante a la de un matón de patio de colegio, que ha ejercido el control en los recreos durante tanto tiempo que se siente satisfecho de sí mismo. De repente, cuando se dispone a atizar a un pobre chaval con el fin de robarle las golosinas, este decide por fin defenderse. Es difícil de encajar.

A juicio de Perry Anderson, el patrón seguido en España tras la destrucción de la sociedad civil llevada a cabo por Franco «se ha convertido en la fórmula general para la libertad: ya no hay que salvar al mundo para la democracia, sino preservar una democracia segura para este mundo». Gracias a la confluencia de factores históricos, América Latina es el crisol donde se está librando la última oportunidad de salvar al mundo para la democracia. No se debería subestimar la importancia de esta batalla: si fracasa, quizá no tengamos otra oportunidad.

Caracas (Venezuela)

Caracas (capital de Venezuela) es el punto de convergencia de numerosas divisiones en el país. El centro de la ciudad es una mezcla de bulliciosos mercadillos callejeros y rascacielos modernistas alineados a ambos lados de anchas avenidas. En los montañosos barrios residenciales de las afueras viven las élites de la ciudad en bulevares salpicados de bloques de apartamentos ostentosos y pizzerías de moda. Pero tal vez Caracas sea más famosa para los extranjeros por sus barrios: los extensos suburbios en los que miles de viviendas improvisadas se aferran precariamente a las laderas de las colinas. Los barrios son desde hace mucho tiempo el núcleo del apoyo al chavismo. Fue la población de los barrios la que descendió por millares desde las montañas hasta el palacio presidencial para apoyar a Chávez cuando fue depuesto por un breve lapso de tiempo con un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en 2002. Cuando estuve en Caracas, tomé uno de los nuevos metrocables de la ciudad para visitar los barrios. Los metrocables se construyeron para conectar diferentes zonas de los inmensos suburbios. Las líneas de autobús para acceder a esas zonas son muy largas. Antes se tardaba dos horas en recorrer en autobús las sinuosas carreteras de montaña que serpentean por los barrios; ese mismo trayecto se hace ahora en metrocable en diecisiete minutos y cuesta diez céntimos. Los metrocables que planean sobre Caracas han transformado la vida de millares de venezolanos pobres. Son de última generación, limpios y circulan sin ningún problema. Da la impresión de que no se ha escatimado ni un céntimo en su construcción. Si uno pasea por los barrios, es habitual ver pintadas dedicadas a Hugo Frías Chávez, una divinidad secular de Venezuela desde que murió. Algunas son estarcidos pagados y diseñados por el propio gobierno chavista, pero muchas otras son efusiones de agradecimiento improvisadas por el pueblo.

Venezuela debería ser uno de los países más ricos del mundo. Como cuenta con las segundas reservas de petróleo más abundantes del mundo, dispone de unos recursos naturales que convierten en algo bochornoso las grandes franjas que ocupan los guetos y la pobreza que se palpa en el país. Durante los siglos anteriores al gobierno de Chávez, este petróleo se ha extraído teniendo en mente los intereses de la extorsión: el dinero fluía a las multinacionales occidentales y sus accionistas, así como a sus representantes en las oligarquías venezolanas. Con Chávez, por primera vez, la riqueza natural del país se diseminó por toda la sociedad centrándose en los más pobres, como debería ser. Se enviaron misiones de maestros y médicos a los barrios para poner fin a la lacra de la pobreza en un país con semejante abundancia de riquezas naturales. En consecuencia, durante el periodo del chavismo, Venezuela redujo la pobreza más que ningún otro país de América Latina, incluidos Brasil y Bolivia. Esto no quiere decir que no haya problemas con el país y algunos principios del chavismo. La falta de independencia judicial es una cuestión importante, pues el control chavista es casi absoluto. Ha habido escasez de alimentos esenciales y la inflación está por las nubes. Parte de ello es culpa, sin duda, de las élites tradicionales del país, que han tratado de asfixiar la economía para derrocar a Nicolás Maduro, el hombre que sustituyó a Chávez tras su muerte, como también intentaron hacerlo con huelgas masivas al principio del mandato de Chávez. Este «hacer aullar a la economía», como lo llamaba Nixon, obró maravillas en el Chile de la década de los setenta y contribuyó a crear un clima en el que el general Pinochet pudiera derrocar la democracia chilena. Es menos probable que triunfe en Venezuela. A pesar de las protestas contra el gobierno que en el año 2014 reclamaban la salida[64] de Maduro, el gobierno chavista sigue ganando elecciones democráticas con limpieza. ¿Qué tiene que hacer la extorsión?

En el clima de histeria francamente violento que presidió los medios de comunicación estadounidenses se comparaba a Chávez con Sadam Husein, Pol Pot, Idi Amín e, incluso, haciéndose eco de la estupidez de Donald Rumsfeld, con Adolf Hitler. «El señor Chávez tiene mucho en común con estos antiguos dictadores que mataban y pisoteaban los derechos humanos para alcanzar sus propios fines», escribió Douglas MacKinnon en The Washington Post. Chávez tenía algunas de las credenciales más democráticas del mundo. Tras ser elegido democráticamente en 1998 con una victoria apabullante, se postuló de nuevo ante el pueblo venezolano en 1999 y obtuvo la autorización para realizar importantes cambios constitucionales. Ganó otras elecciones generales en julio de 2000, cuando fue elegido con un 60 por ciento de los sufragios, lo que deja pequeñas las cifras de «patrias de la democracia» como Estados Unidos o el Reino Unido. Posteriormente, en diciembre de 2000, ganó un referéndum que reclamaba el seguimiento estatal de las elecciones sindicales. Y después, en agosto de 2004, se forzó un referéndum revocatorio presidencial —consagrado por la Constitución de 1999 de Chávez— cuando los grupos opositores reunieron la firma del 20 por ciento del electorado, como establecía la Constitución. Una vez más, Chávez ganó: el 59 por ciento de la población votó «no» en el referéndum revocatorio en un proceso electoral supervisado por los mejores observadores de elecciones de todo el mundo. Según mis cuentas, todo eso suma tres elecciones generales y dos referéndums ganados en nueve años. Resulta difícil encontrar una población más ejercitada en el mundo entero. Esto contrasta de forma muy marcada, por supuesto, con George W. Bush, que amañó las elecciones del año 2000 —algo que decirlo ahora no despierta ninguna polémica— en un golpe de Estado dictatorial más propio de una república bananera. Y este breve repaso también deja fuera la parte más elocuente de la historia venezolana reciente: el intento de golpe de Estado de grupos derechistas del año 2002, que trató de utilizar al ejército para derrocar al presidente democráticamente elegido. En su libro El código Chávez: descifrando la intervención de los Estados Unidos en Venezuela (2006), la periodista Eva Golinger documenta profusamente, mediante la revelación de documentos del gobierno estadounidense antes calificados de secretos, el auxilio y la ayuda prestada por diversas agencias norteamericanas a este golpe militar antidemocrático, que triunfó por unos instantes hasta que centenares de miles de personas pisoteadas de Caracas tomaron las calles para exigir la liberación de Chávez, que había sido encarcelado por la nueva junta gestora.

Entonces, ¿por qué las mentiras y la desinformación sobre Chávez? La respuesta es sencilla y está profundamente arraigada en las medidas políticas y económicas de Estados Unidos. La Venezuela de Chávez representaba un símbolo para el resto de América Latina y el mundo en su conjunto de cómo sería una sociedad más igualitaria. Tras ser elegido, Chávez creó lo que denominó «misiones bolivarianas», por Simón Bolívar, el gran libertador latinoamericano del siglo XIX, cuyo objetivo era reducir la pobreza masiva y devastadora de los barrios de toda Venezuela. Se construyeron centenares de hospitales que prestaban atención sanitaria gratuita —a muchas personas por primera vez en su vida— y se crearon comités locales de base para resolver sus propios asuntos. La tasa de mortalidad infantil se redujo en 18,2 puntos porcentuales desde 1998 hasta 2006, mientras que la renta de los estratos sociales más pobres de la sociedad venezolana aumentó más de un 150 por ciento entre 2003 y 2006. Por primera vez en muchas décadas, la riqueza petrolera de esta nación extremadamente rica en recursos naturales se canalizaba de nuevo a su pueblo y no, como la historia había exigido hasta entonces, a extranjeros voraces y a sus élites lacayas de Venezuela.

Es un modelo que resulta peligroso, pues puede propagar la sed de este tipo de justicia. A un ejemplo análogo, el Chile del socialista Salvador Allende en la década de setenta, Henry Kissinger lo denominó «un virus que podría infectar a otros». La extorsión sigue tratando de destruirlo, pero en el perfil salpicado de montañas del sureste de México refulge la batalla por la supervivencia y por una existencia digna.

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Luchadores
por la libertad

Chiapas (México)

Oventik se encuentra a dos horas en coche desde San Cristóbal de las Casas, la ciudad colonial española de las tierras altas del estado mexicano de Chiapas. Las calles están bien si no se tienen en cuenta los baches y los animalillos que salen corriendo al paso de la motocicleta. Construidas a base de bloques de hormigón con tejados de chapa ondulada, las viviendas de los pobres del mundo puntean las aceras a ambos lados. Oventik solo está señalizado con un cartel ruinoso junto a la carretera. Estás entrando [en] tierra zapatista,[65] dice el cartel. Al lado hay una puerta vigilada por cuatro personas, todas cubiertas con pasamontañas, unos calcetines negros que tapan el rostro y que tienen unos pequeños cortes a través de los cuales asoman los ojos. Son los miembros del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), que combaten en el estado más pobre de México. Al examinar el largo camino que atraviesa la comunidad, se ven grandes murales en las paredes de todas las edificaciones: el Che Guevara y Emiliano Zapata son motivos recurrentes. Cuando solicito entrar, los guardias toman mi pasaporte y me lo devuelven media hora más tarde. «Puede entrar, pero no hay entrevistas», nos dijeron. Oventik es uno de los trece caracoles dispersos por todo Chiapas. Se ganaron mediante la lucha armada del grupo revolucionario indígena, los zapatistas, cuando se alzaron el 1 de enero de 1994, fecha en la que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, North American Free Trade Agreement) firmado con Estados Unidos y Canadá. En el marco de sus estipulaciones, el gobierno mexicano tenía que cambiar su Constitución casi centenaria, que garantizaba la propiedad común de la tierra. Esta fue la gota que colmó el vaso de las comunidades indígenas, que habían padecido siglos de discriminación y opresión a manos de los latifundistas o grandes terratenientes. El programa neoliberal del NAFTA, que eliminaba de un plumazo la soberanía mexicana, había ido aproximándose poco a poco en los años precedentes. El sistema eljido, por ejemplo, se consagraba en el artículo 27 de la Constitución mexicana. Es una forma de propiedad de la tierra creada tras la revolución, mediante la cual los elijidatirios tienen derecho a la cosecha de la tierra que trabajan. Esta ley justa y humana fue eliminada en 1991 con la modificación del artículo 27 por parte del favorito de Washington, el presidente Carlos Salinas, que reformó la ley agraria en sintonía con los dictados de Bretton Woods. Salinas también puso en marcha el programa de certificación de derechos sobre la tierra que transformó las parcelas en propiedades más pequeñas. Este traspaso de soberanía del pueblo a los capitalistas extranjeros sentó las bases de los zapatistas, que deben su nombre al luchador por la libertad y revolucionario Emiliano Zapata, que reclamó la devolución de un México saqueado por el capital internacional en la primera revolución triunfante del siglo XX.

El largo sendero que conduce hasta la parte más baja del caracol es un camino lleno de barro. A ambos lados hay construcciones de madera dedicadas a la «dignidad de las mujeres», un hospital, una escuela o un campo de baloncesto. Nuestro guía no tiene ganas de hablar; el pasamontañas solo deja ver sus ojos, que ya han recibido demasiadas preguntas. El caracol tiene muchos significados diferentes para los zapatistas. Uno de sus lemas es caminar al paso del más lento, que significa que pueden esperar hasta que el último de los miembros de la comunidad esté listo antes de seguir avanzando. Por todo el caracol hay murales dispersos donde se representan caracoles con el eslogan lento pero avanza, que de nuevo alude a que avanzarán a ritmo de caracol y solo progresarán cuando todos estén preparados. Los zapatistas adoptan la táctica de emplear el silencio como forma de aprendizaje; de escuchar, no gritar. Cuentan los rumores que llevan tiempo preparándose a conciencia y que pronto reaparecerán. Lo que alimenta estos rumores es el anuncio, hecho mientras yo estaba allí, de que los zapatistas organizarían escuelitas en cinco caracoles. En esas escuelitas los zapatistas más experimentados «darán clases sobre su pensamiento y su acción en aras de la libertad según el zapatismo: sus triunfos, sus fracasos, sus problemas, sus soluciones, lo que les ha hecho avanzar, lo que les ha hecho estancarse y lo que echan en falta…, porque lo que falta todavía está por venir», según el subcomandante Marcos, uno de los portavoces más elocuentes de los zapatistas, que ahora ha regresado a Chiapas tras pasar una temporada viviendo en París. En el caracol cunde un sentimiento de empoderamiento e independencia inusual en el mundo, sobre todo en esta región. Al ejército mexicano, que ha realizado innumerables ataques contra las comunidades indígenas, no se le permite, en teoría, acceder a esta comunidad; y cualquiera puede apreciar la diferencia. Los zapatistas son los grupos de resistencia indígena más organizados. Parte de ello se debe a las duras batallas libradas a mediados de la década de los noventa, que desembocaron en los Acuerdos de San Andrés firmados con el gobierno mexicano, a través de los cuales alcanzaron cierto grado de autonomía.

Acteal

Arriba, en las montañas, entre las nubes y los prados naturales, se encuentra Acteal, una pequeña ciudad indígena gestionada en parte por los zapatistas. En 1996 aquí se llevó a cabo la matanza más brutal de las cometidas contra los zapatistas cuando cuarenta y cinco personas fueron asesinadas por un grupo paramilitar mientras rezaban en la iglesia de la localidad. Muchos sospechan que el gobierno mexicano, respaldado por Estados Unidos, estaba implicado o, al menos, fue cómplice de la masacre. Los soldados de un destacamento militar cercano no intervinieron durante el ataque, que se prolongó varias horas. Muchos de ellos fueron vistos al día siguiente limpiando la sangre de las paredes de la iglesia. En aquella época, el gobierno mexicano utilizaba milicias mercenarias para aterrorizar a los zapatistas.

Llegué en mitad de uno de los muchos aguaceros y recorrí la calle principal hasta una cancha de baloncesto auspiciada por el EZLN. La ciudad en su totalidad estaba reunida para animar al equipo local. Al igual que en Oventik, las paredes exteriores de las casas y los edificios comunitarios estaban decoradas con murales donde se representaba a revolucionarios latinoamericanos de izquierda, a santos con pasamontañas zapatistas y a niños de distintas razas agarrados de la mano. Un hombre del lugar se acercó a nosotros, nos preguntó si habíamos visto el monumento erigido para recordar a los muertos en la matanza y señaló en su dirección. El monumento tenía unos seis metros de altura y estaba medio cubierto por las nubes, que descendían con rapidez sobre la aldea. Es una construcción de barro en la que se representa el rostro de los cuarenta y cinco muertos, fundidos en un lamento colectivo. Descendí unos cuantos pasos más hasta el lugar donde se había producido la masacre. Ya no es una iglesia —fue derribada tras la matanza—, sino un auditorio al aire libre con cruces pintadas y clavadas a las paredes en recuerdo de cada uno de los muertos. Entre los fallecidos había niños y mujeres embarazadas. Se nos acercó un hombre; le conté que estaba haciendo una visita y que había llegado procedente del Reino Unido. Me preguntó: «¿Por qué no ha venido antes, antes de que mataran a mis amigos?». No encontré respuesta.

De regreso en San Cristóbal, me senté con Roberto Chankin Ortega, uno de los jóvenes activistas implicados en la lucha desde el primer momento. Bebimos café en una cafetería situada en medio de la plaza principal de la ciudad. «El levantamiento del 1 de enero de 1994 supuso una gran sorpresa para mucha gente. Mi padre decía que no había habido un levantamiento desde hacía cincuenta años, un levantamiento indígena —me contó Ortega—. Pero después hubo mucha simpatía hacia esta causa, las demandas que formulaban eran muy justas, lo que hizo sonar un acorde a escala internacional. —Y proseguía—: Yo era muy joven en aquella época, así que veía cierto romanticismo en la lucha armada, en los comunicados de Marcos, un nuevo lenguaje muy poético, influencia del rock & roll. Un nuevo lenguaje de lucha. Pero también fue duro en ocasiones, muchas veces no se podía salir de casa».

México, en muchos aspectos, es una democracia fallida: la clase política está divorciada del pueblo y los sistemas educativo y sanitario para los pobres están deteriorados. No debería ser así, pues México es un país rico en recursos y con una situación geográficamente afortunada.

Esclavitud de libre mercado

Cuando los zapatistas irrumpieron en escena el día de Año Nuevo de 1994, se hicieron acreedores de una monumental cobertura periodística y apoyo internacional. Este detalle atenuó la brutalidad del contraataque del ejército mexicano. Cuando los zapatistas ocuparon San Cristóbal, muchos iban armados con armas hechas de madera, un símbolo de resistencia. Pero el ejército mexicano era demasiado fuerte y, para evitar una masacre, se retiraron a la selva Lacandona tras las amenazas. El informe de Chase Bank hecho público unas semanas más tarde, Political Update on Mexico [«Actualidad política de México»], se hacía eco de la preocupación de los capitalistas de todo Occidente y afirmaba: «El gobierno tendrá que eliminar a los zapatistas para demostrar que ejerce el control efectivo sobre el territorio nacional y la política de seguridad». Como es natural, fueron la explotación y el racismo furibundo contra el pueblo indígena, presentes desde la época del colonialismo, los que dieron origen al movimiento. Durante siglos, los intrusos blancos trataron a la población indígena como si fueran niños con el fin de ejercer el control; trataron de convertirlos psicológicamente en niños recurriendo a un paternalismo racista. Aplastados en un principio por el yugo de las armas del hombre blanco y después como esclavos de su sistema económico, la situación cambió finalmente en 1994. «Se pusieron en pie —afirmaba Ortega—. Son más dueños de su libertad. Para todos los indígenas ha supuesto recuperar la dignidad. Por supuesto, el gobierno ha invertido mucho dinero en deshacerse del movimiento, que también preocupaba a Estados Unidos». En esencia, el gobierno quiere desplazar a la población indígena de México o, al menos, a quienes habitan tierras cuyo aspecto agrada a los capitalistas extranjeros. En realidad, la sociedad blanca de México sigue pensando que los «indios» son pobres, indigentes e infrahumanos.

A pesar de todo esto, las zonas autónomas representan un gran logro ante la opresión extrema y la presión del gobierno y del ejército mexicano abastecido por Estados Unidos, que no puede entrar en los caracoles. En el interior de estas zonas, los zapatistas tienen sus propios permisos de conducir, taxis y placas de matrícula; son una auténtica comunidad dentro de un Estado. «Siguen construyendo autonomía y resistiendo —explicaba Ortega—. Los medios de comunicación no les prestan ya mucha atención, pero a los zapatistas no les importa demasiado, se están centrando en fortalecer la autonomía y sus logros».

«Sobreviven gracias al apoyo internacional», aseguraba un profesor universitario con el que hablé. Puede ser cierto en parte, pero también sobreviven porque están organizados y concentrados de lleno en su verdadero opresor.

Estados Unidos lleva décadas entrenando al ejército mexicano, compartiendo sus manuales de contrainsurgencia y suministrando miles de millones de dólares para contribuir a la lucha contra las drogas, una tapadera que se suele utilizar para castigar a los sectores disidentes de la población, entre ellos a los zapatistas. «Por todo el mundo, los intereses estadounidenses son peligrosos para mucha gente —me remarcaba Ortega—. El NAFTA ha sido un desastre. Muchas políticas públicas instauradas en el marco del NAFTA han supuesto la privatización de las tierras, que los campesinos hayan sido despojados de tierras, que se hayan vendido o cercado sus tierras». Ese acuerdo de libre comercio ha contribuido concretamente a destruir grandes sectores del tejido industrial antes próspero de México, lo que ha ofrecido a los narcotraficantes aún más carne de cañón de desempleados con la que controlar el país. En palabras de The New York Times, «el NAFTA arrojó unos resultados que eran exactamente lo contrario de lo que se prometía […], se desmantelaron industrias nacionales cuando las empresas multinacionales pasaron a importar componentes de sus propios proveedores». Pero lo que The New York Times no decía era que el NAFTA había sido diseñado así a propósito. El objetivo era convertir a México en un Estado esclavo, más de lo que ya lo era.

La clase dominante mexicana ha gestionado un modelo económico elogiado por las instituciones de Bretton Woods y los editoriales de The Financial Times, a saber: elevadas tasas de crecimiento, abultadas ganancias para los inversores extranjeros y —sobre esto se guarda silencio— desigualdad galopante. Por ejemplo, el crecimiento del país fue del 5,5 por ciento en 2010, el más elevado en diez años, pero ese mismo año el número de mexicanos que vivía en la pobreza aumentó más de 3 millones, lo que situó por debajo del umbral de la pobreza a 52 millones de mexicanos, casi la mitad de la población. The Financial Times alababa semejante estado de cosas en un titular con las palabras «sangriento, pero en expansión acelerada». Sangriento para los pobres, en expansión acelerada para los ricos; un sucinto aforismo que resume la economía mundial.

«No es solo Estados Unidos, son los capitalistas internacionales y sus intereses —explicaba Gaspar Morquecho, un intelectual mexicano radicado en Chiapas a quien se puede ver casi todos los días en el café zapatista del corazón de San Cristóbal—. En África, Asia, América Latina…, en todas partes es lo mismo y resulta muy difícil de combatir». En 1992, el subcomandante Marcos definió esta guerra contra los pobres del mundo como la Cuarta Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial había sido la Guerra Fría, que ganaron los capitalistas, y la Cuarta Guerra Mundial la estaban dirigiendo los vencedores: una guerra de mercados, compañías armamentistas y magnates financieros que oprimen y destruyen países, culturas y economías. En este sentido, estamos viendo en ello la última fase del capitalismo, y la Cuarta Guerra Mundial representa la construcción de una forma de vida distinta. «Estados Unidos tiene muchos planes de guerra; llevan el nombre de Plan Colombia o Plan Mérida —comentaba Morqueño, que se define partidario de la Declaración de la Selva Lacandona, donde se esbozaban los objetivos zapatistas—. Es un proyecto de control del continente y lleva en marcha los últimos doscientos años. Los intereses de Estados Unidos buscan, como poco, controlar la región de América Latina, pero no solo eso; hacen la guerra en Oriente Próximo o provocan a China en Asia. Están introduciendo su brutal ejército y los miles de millones de dólares anuales que gastan en él. No son débiles; la situación en México ha empeorado, las operaciones se han intensificado. No hay debilidad en el imperio, es difícil encontrar oportunidades para el EZLN».

Tiene razón, pero los zapatistas han sabido mostrar cuál es el perfil de una bolsa de resistencia, un esbozo de cómo utilizar técnicas modernas para forjar un apoyo público que es imposible que las autoridades aplasten manteniendo la apariencia de nobleza de la que se alimentan como buitres sedientos de sangre. La represión contra el pueblo indígena ha sido brutal desde que se hicieron dueños de su destino. En los últimos años se ha vuelto más complicado, porque muchas fuerzas económicas poderosas han acudido a Chiapas para ganar dinero fácil atraídas por «el clima de inversión» favorable tras el NAFTA. Al igual que otros satélites estadounidenses, México estaba ahora «abierta a los negocios», como dicen los neoliberales; sería más exacto decir: «México está a la venta». Estas poderosas fuerzas económicas intentan ahora apoderarse del proceso político por completo para sortear la resistencia a la liquidación. Pemex, la empresa petrolera de propiedad estatal, es el más reciente de los activos del pueblo mexicano puestos a la venta.

En la batalla que libra el pueblo indígena por sus tierras, los enemigos no son solo los gobiernos de ámbito estatal o federal. Tras ellos, al timón de la embarcación, está la extorsión del capital privado, las multinacionales que quieren sus recursos, desde el agua hasta el petróleo. En países como México, el Estado actúa como un mero intermediario entre las multinacionales extranjeras y los recursos naturales del país, lo que confiere al poder empresarial un rostro legítimo para descerrajar y desalojar al pueblo. El Estado, contrariamente a las protestas que expresa, no se preocupa un ápice por los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Semejante estado de cosas es el que se da en todos los países de todo el mundo que siguen atrapados bajo la influencia de Estados Unidos.

«En lo que se refiere a la violencia contra las personas, la situación de los derechos humanos ha empeorado en los últimos veinte años —argumentaba Gubi Chamatus, de Frayba, el centro de defensa de los derechos humanos en San Cristóbal, que ha trabajado a fondo en cuestiones relacionadas con los zapatistas—. Antes estos megaproyectos avanzaban sin ninguna resistencia, el pueblo solo decía: “De acuerdo”. Ahora, sin embargo, ese mismo pueblo llega a la zona, dice que no y se planta ante las obras, de modo que las violaciones de sus derechos han aumentado, porque la represión contra estas personas es más despiadada; no quieren que se produzcan estas situaciones, les resulta embarazoso, dejan al descubierto toda esa charlatanería mentirosa del desarrollo y la modernización». Como decía Rosa Luxemburgo, quienes no se mueven no reparan en sus cadenas.

Un ataque frontal y directo

Al igual que el de todos los Estados aliados con Estados Unidos, el gobierno de México predica con la retórica de los derechos humanos, pero la gente corriente no ve que se respeten. Antes de que se levantara y tomara el control, el pueblo indígena era anónimo, los poderosos podían llamarlos libres sin incurrir en ninguna contradicción. Cuando tomaron las armas se convirtieron en el enemigo, ya no eran representantes de «los buenos indígenas». Pero los zapatistas ganaron la guerra de los corazones y las mentes de todo el mundo, así que el ejército mexicano tuvo que hacer concesiones. La propaganda posterior al levantamiento declaró «la paz» en Chiapas. Pero hará falta mucho tiempo para corregir quinientos años de brutalidad y salvajadas. El proceso conducente a la autonomía continúa…, y con él la violencia. «Los derechos humanos de los indígenas no están garantizados —me explicaba Chamatus mientras charlábamos sentados en su oficina—. Cuando un grupo indígena no está de acuerdo con un megaproyecto o algo parecido, el Estado utiliza la fuerza pública para reprimirlo o para desplazarlo». Una vez más, el pueblo de una región es secuestrado para el Dios de la Inversión. El ataque contra los pobres y los indígenas es directo y frontal y procede de las fuerzas económicas, sociales, políticas y militares.

Hasta el momento, a Chiapas no ha llegado la violencia alimentada con la guerra de la droga que se ve en el resto de México. La guerra iniciada por el presidente Felipe Calderón en 2006 ha afectado a casi todos los demás estados de México. Pero en Chiapas no se ha manifestado, tal vez porque Chiapas lleva, en todo caso, muy militarizado desde 1994; la mayor parte del estado ha sido testigo de una presencia militar constante desde el levantamiento. Desde ese periodo, con el entrenamiento y el respaldo estadounidenses, en las comunidades indígenas se han producido violaciones sistemáticas de los derechos humanos. De hecho, en Chiapas el pretexto de la guerra de la droga se está utilizando para apostar más tropas en el estado. «Están fortificando Chiapas —me contaba Chamatus—. Según nuestra experiencia, las violaciones de derechos aumentan con la presencia del ejército. Hay una correlación muy clara. Una de las cosas que han cambiado en Chiapas es que antes la presencia del ejército se debía al EZLN y ahora es más ambigua, podría deberse al EZLN o a los narcotraficantes. Les da licencia para hacer lo que quieran bajo el disfraz de las drogas». Era una historia habitual, que se oye desde Honduras hasta Colombia y Perú. Trajo aparejada una nueva estrategia aplicada por el Estado mexicano, aprendida sin duda del patrón estadounidense, mediante la cual si un grupo habla contra el Estado se le acusa falsamente de estar vinculado con el crimen organizado y, a partir de ahí, el Estado tiene carte blanche para hacer lo que se le antoje. «Lo que pretenden hacer es bastante sencillo. Quieren poner en cuestión la legitimidad de la organización, su credibilidad, y criminalizar la protesta social, criminalizar la defensa de los derechos humanos, criminalizar la discrepancia con el Estado. Esta es la situación actual en Chiapas».

Es una táctica tan vieja como la propia dominación, con la que se pretende atacar a las comunidades del EZLN porque continúan resistiendo. Por esta razón viven atemorizados por un ejército multimillonario que suele ser la institución a la que se confía hacer cumplir los intereses de los capitalistas cuando todos los demás métodos se han agotado. En otras palabras: el pueblo mexicano paga impuestos por un ejército que se utiliza para hacer valer los intereses del capital extranjero.

En las hermosas colinas y ciudades de Chiapas hay destinados de forma permanente más de 70.000 soldados, una cifra que ha ido aumentando poco a poco desde 1994 y ha igualado al conjunto de todas las tropas repartidas por el resto de México. Desde 1995 hasta 1999, la situación de los derechos humanos se deterioró, sobre todo porque se envió al ejército y a los paramilitares para «castigar» al pueblo indígena. La situación no es tan grave ahora, pero su presencia sigue siendo contundente y chantajea de forma habitual a la población y desfigura el paisaje con controles de carretera. La estrategia de dar un manotazo a la disidencia de los zapatistas ha pasado a la criminalización: a ellos y a los grupos de defensa de los derechos humanos que los apoyan se les califica de delincuentes. Se trata, además, de una guerra ideológica: se propagan rumores de que los zapatistas son ricos y roban. «En algunos aspectos, las condiciones del país son peores que en 1994 —reconocía Morquecho—. A partir de 1994 hubo una guerra sucia que dejó 10.000 muertos y muchos desaparecidos. En 2002, hubo una nueva guerra que dejó 70.000 víctimas, 50.000 desplazados y 15.000 desaparecidos; y los últimos seis años ha sido peor. La mitad de la población es pobre, es decir, 50 millones de personas, y 15 millones están fuera del mercado laboral, trabajando en la economía sumergida. La mitad de la población vive en la pobreza extrema, lo que se refleja en lo que sucede en la selva. En este sentido, decimos que las condiciones son peores. Pero el otro problema es que en este país el sistema capitalista es tremendamente brutal y para cualquier acto de rebelión la respuesta es el ejército. Así, el territorio lleva ocupado por el ejército desde 1994, y se aplica una estrategia de contrainsurgencia, no un programa para reducir la pobreza. El objetivo es dejar a los peces sin agua, limitar la capacidad de resistencia de las comunidades zapatistas. El Estado mexicano tiene influencia política y militar para neutralizar al EZLN y sus bases de apoyo, y continúa intentándolo».

Los indígenas siguen viviendo en la pobreza extrema, sin electricidad ni agua corriente, prácticamente en situación de apartheid. Pero el proceso de 1994-1995 es reversible, los triunfos de los movimientos populares, ya sean los zapatistas o cualquier otro, son siempre vulnerables. Cuando estuve allí, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había regresado al poder; hasta el año 2000, estuvo gobernando noventa años en la «dictadura perfecta», desgarrado por la corrupción y comportándose como un violador en serie de los derechos humanos.

Como suele suceder, Estados Unidos se colocó en el lado equivocado de la historia. Podremos decirlo cuando el imperio y su extorsión lleven desaparecidos mucho tiempo, abatidos como el resto de las superpotencias de la historia. Pero por ahora, mientras las inmensas riquezas de un reducido número de personas dependan de su afán saqueador, la verdad permanecerá silenciada y la Era del Mito seguirá reapareciendo para arrasar una sociedad tras otra.

16
Revolucionarios

El Cairo (Egipto)

El 25 de enero de 2011 había prevista una manifestación en El Cairo (la capital de Egipto). Hubo mucha publicidad en las redes sociales, pero eso sucedió antes. La gente sabía que algo iba a ocurrir el martes, aunque nadie sabía exactamente qué. Ese día empezó en Egipto algo que descompondría el orden imperial establecido por Estados Unidos en Oriente Próximo tras la Segunda Guerra Mundial. La gente se rebeló contra el dictador corrupto respaldado por Estados Unidos, Hosni Mubarak, y reclamó derechos reales para sí misma y para su país. En la violencia que siguió a estos hechos, el ejército y la policía asesinaron a centenares de egipcios que luchaban por mejores oportunidades en la vida, la llamada «generación perdida» de jóvenes desempleados y aterrorizados. Todos los cánticos que animaron el comienzo del levantamiento y que impulsaron a más personas a sumarse a las protestas eran de corte económico. La gente tenía hambre de alimentos y de dignidad humana elemental, que les habían sido arrebatados por el régimen. Al final, la gente ganó la batalla, aunque no la guerra. El ejército renunció a asesinarlos en masa, razón por la cual se supone que los egipcios debían estar agradecidos.

Llegué a El Cairo justo un año después para ver cómo el movimiento revolucionario, que no había conseguido su objetivo de derrocar el régimen, sino que solo había mermado su poder, se había organizado y qué enseñanzas se podían extraer por parte de otros pueblos aplastados bajo la bota de una dictadura apoyada por el país más poderoso del mundo. Era la primera vez que iba a la capital egipcia. La vida cotidiana estaba impregnada de agitación en las calles, donde los coches y las personas irrumpían procedentes de todas las calles y aceras. Conocí a Sarrah Abdelrahman, una activista que era una especie de joven emblemática para la revolución egipcia, en un café de la plaza Talaat Harb. Antes de los históricos acontecimientos del mes de enero, esta aspirante a actriz de veinticuatro años era apolítica. Ahora su discurso sobre la lucha por la dignidad con la que ella y su gente estaban comprometidos era imparable, y ella misma lo calificaba de revolucionario. Pero quince meses después de aquellos vertiginosos días estaba desconsolada, como muchos de los jóvenes seculares de izquierda que encabezaron la revuelta. «Era concebible que termináramos con algo aún peor que Mubarak en menos de un año —me decía—. No voy a mentir. Yo pensaba que el ejército y el estamento militar iban a ponerse del lado de la gente, pero ahora parece que obligaron a Mubarak a dejar el cargo para salvar al régimen, no para acabar con él. Lo que quiero decir es que las personas que están ahora en el poder son criminales, en realidad son peor que Mubarak. —Y añadía—: Ahora, la mitad de mi generación está ciega o lisiada, o muerta. La violencia está descontrolada. La gente va a un partido de fútbol y mueren setenta chicos. También masacraron a veinticinco coptos. —Sin embargo, concluía—: Tengo esperanza en mi generación, porque antes no estaban en absoluto politizados, como yo misma. Antes, preguntabas a cualquiera sobre política o alguna cuestión de actualidad o de guerras en la región y solo sabía de cantantes y jugadores de fútbol, pero ahora eso es muy distinto». Habían despertado.

El hombre del saco

Estados Unidos pasó directamente de apoyar al dictador Mubarak a apoyar a su sustituto, el igualmente antidemocrático Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF, Supreme Council of the Armed Forces), y después a apoyar el gobierno del golpe de Abdelfatah Al-Sisi. Estados Unidos permaneció fiel hasta el final apoyando y armando a Mubarak desde que llegó al poder en 1981; su régimen consiguió asustar a Estados Unidos recurriendo al cuento del hombre del saco de los Hermanos Musulmanes y diciendo que estos asumirían el poder si se producía algún movimiento tendente a una democratización. El régimen encarceló a disidentes tras celebrar unos juicios militares irrisorios y practicar torturas; nadie podía organizarse sin desatar la ira de aquel régimen sanguinario. Por esa razón, la sociedad egipcia, como tantas otras de un Oriente Próximo dibujado por Estados Unidos, carecía de un partido de izquierda liberal, no había nada. Lo único que Estados Unidos temía desde la época de Nasser, el dictador egipcio aliado de los soviéticos, era el auge del nacionalismo árabe independiente, que podría concebir nacionalizaciones y alentar el crecimiento del socialismo. Trabajaron a conciencia para destruirlo, recurriendo incluso a la promoción de islamistas radicales, como Hamás en Palestina. Los sindicatos que no habían sido asimilados por completo por Mubarak ofrecieron algunos medios de organización, pero cuando el levantamiento consiguió provocar que se convocaran elecciones, los Hermanos Musulmanes aprovecharon la destrucción de la sociedad civil egipcia llevada a cabo durante el régimen de Mubarak para ganar. Los Hermanos Musulmanes contaban con un liderazgo, tenían acceso a los medios de comunicación y, lo que tal vez fuera más importante, tenían a Dios de su lado. En una población con unos niveles tan bajos de alfabetización y educación, grandes sectores de la población fueron influidos por este piadoso partido, que tenía poco interés en mejorar su situación. Los Hermanos Musulmanes en ningún momento habían sido líderes del levantamiento; al principio se mostraron reticentes, pero después lo apoyaron. Uno de los puntos fuertes de la revolución era que carecía de líderes, pero esto también tenía sus inconvenientes.

Por su parte, la señora Abdelrahman decía que estaba indignada por la reacción de Estados Unidos. «Antes de la revolución, mucha gente de mi generación en realidad era partidaria de Obama —explicaba—. Su campaña propagandística por la esperanza era muy idealista y atractiva para los medios de comunicación. Pero, por lo que hemos visto, los botes de humo que hemos respirado estaban fabricados en Estados Unidos y las declaraciones de Obama e Hillary se han limitado a algo así como: “Ah, solo estamos tanteando el terreno para ver qué hacer”. Supuso una decepción absoluta constatar que solo se guiaba por sus intereses. —Y añadía—: Lo que quiero decir es que eso no tiene que ver con Hollywood o la cultura ni con la gente; el pueblo estadounidense es distinto del gobierno. La política exterior estadounidense es inconsistente, solo persiguen sus propios intereses y simplemente no quieren que nadie sea mejor que ellos».

Estados Unidos empezó a reunirse enseguida con los Hermanos Musulmanes, pues los consideró un baluarte contra los salafistas extremistas, y aquellos no tuvieron el menor escrúpulo en renunciar a sus principios: establecieron acuerdos con el SCAF y se reunieron con John McCain y otros dignatarios extranjeros, que corrieron a El Cairo para consolidar la posición del Estado cliente. «Imagine que Egipto es una mujer cubierta de heridas y que no deja de sangrar por todo el cuerpo, pero no se la ve —decía Sarrah—. Fue como si el levantamiento deajara al descubierto todo aquello: la tumefacción, la contaminación, las heridas infectadas».

Estados Unidos entrega al ejército egipcio más de 1.300 millones de dólares anuales, además de entrenamiento militar conjunto. En respuesta a los asesinatos masivos de manifestantes egipcios a manos del ejército y la policía, el Congreso estadounidense aprobó en octubre de 2011 una ley por la que se establecía que Egipto tiene que dar muestras de una transición a la democracia, mientras que los 1.300 millones de dólares llegan a la población egipcia en forma de balas. Además, los 1.300 millones de dólares benefician a la extorsión, pues generan demanda para los exportadores de armas estadounidenses y Egipto subvenciona las inversiones económicas del ejército. Los tanques Abrams M1, por ejemplo, llegan a Egipto por piezas que es preciso ensamblar, por lo que se crean empresas de ensamblaje de tanques. Muchas de ellas son expresamente iniciativas conjuntas con empresas occidentales, como por ejemplo la suscrita con Jeep para fabricar vehículos acorazados y comerciales. «Como el ejército es tan opaco, no sabemos si es un 15 o un 40 por ciento —me contó en El Cairo Sharif Abdel Khouddous, un periodista egipcio a quien conocí trabajando en Democracy Now!, en Nueva York—. Que el margen sea tan amplio dice mucho de lo poco que sabemos».

La política exterior de Egipto ha sido desde hace décadas un mero reflejo de la política exterior estadounidense; incluida la imposición del asedio de Gaza desde el año 2006, cuando Egipto permitió el paso de buques de guerra estadounidense por el canal de Suez. Nada de esto, por supuesto, refleja la voluntad popular. Cuando cayó Mubarak, Egipto era uno de los tres únicos países —los otros dos eran Estados Unidos e Israel— que no tenían relaciones diplomáticas con Irán. Inmediatamente después de la caída de Mubarak, el secretario general de la Liga Árabe fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores y preguntó por qué Egipto permitía que le dictaran su política exterior. Dijo que el país tendría ahora relaciones diplomáticas con Irán y abrió el paso fronterizo de Rafah para entrar en Gaza. Al cabo de pocas semanas fue destituido del cargo.

El papel que Estados Unidos desempeñaba en el respaldo del ejército era el núcleo central de la dictadura. Mubarak llevaba en el poder treinta años, pero el ejército llevaba gobernando sesenta y operaba como un Estado dentro del Estado. «Estados Unidos hablaba igual que los medios de comunicación del Estado; expresó su apoyo a Mubarak hasta que descubrió que era demasiado tarde para él y dijo que tenía que marcharse —señalaba Khouddous—. Pero cuando abandonó el cargo, manifestó su apoyo al SCAF, su sustituto. La cobertura de los medios de comunicación estadounidenses ha sido muy superficial. Lo único que hace es sanear la superficie de lo que está sucediendo. Querían desde el principio que la narración consistiera en que quien encabezó la protesta era un núcleo que movilizó a una multitud de jóvenes desenfadados, proclives a Occidente y coordinados a través de Facebook. Y seguían llamándola revolución pacífica, pero, al final, el 28 de enero había cien comisarías en llamas; hay violencia continuamente. Simplifican, como suelen hacer, y han tardado en dar a conocer los abusos cometidos por el ejército, desde el principio en realidad, pero sobre todo en octubre con la matanza de diecisiete cristianos coptos en Maspero. Cuando el ejército mató a toda esa gente, The New York Times, por ejemplo, lo llamó “disturbios racistas”. Ese tipo de lenguaje lo distorsiona todo».

Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado, declaró en un principio: «Nuestra percepción es que el régimen de Mubarak es fuerte», lo que representaba un apoyo implícito a la dictadura frente a las protestas. Pero cuando quedó claro que Mubarak no podía continuar, incluso la prensa occidental cambió de opinión. Kouddous me contaba: «Había gente como Anderson Cooper, que acudió al principio y lanzó el típico mensaje taquigráfico de los medios de comunicación occidentales (“bueno, el gobierno de Mubarak dice tal cosa y los manifestantes dicen tal otra”). Sin embargo, cuando el régimen envió matones en camello para agredir a los periodistas occidentales y Cooper recibió un golpe en la cabeza, al día siguiente cambió de opinión. Ahora decía: “Es un levantamiento popular masivo contra un autócrata que ocupa el cargo desde hace treinta años”, que era la verdad».

Con semejante violencia, la dictadura de Mubarak no dejó al gobierno de Obama más elección que apoyar al pueblo de Egipto y, al fin, el presidente dijo que Mubarak debía renunciar. Pero Estados Unidos no dejó de actuar en todo momento entre bambalinas, negociando para garantizar lo que ocurriera después: lo primero que hicieron fue apoyar a Omar Suleiman, el jefe de espionaje de Mubarak, para que le sustituyera. El 10 de febrero de 2011, antes incluso de que Mubarak renunciara, Leon Panetta, entonces director de la CIA, declaró que debía irse. Lo que el gobierno de Obama quería ver en el poder era a una juventud secular que no planteara ninguna amenaza a los intereses neoliberales occidentales imperantes en el mundo árabe, pero eso no sucedió; la Primavera Árabe nunca fue eso. El Departamento de Estado y las notas de prensa de la Casa Blanca de aquella época muestran con mucha claridad a la gente de la administración proclamando su apoyo a Mubarak en los primeros días del levantamiento. Solo cuando quedó claro que no sería viable —y todavía no se conoce toda la historia de lo sucedido entre el ejército, Mubarak y el gobierno estadounidense— hubo obviamente algún tipo de acuerdo para que el ejército decidiera sacrificar a Mubarak y tomar el poder. Entonces, Estados Unidos acudió en su apoyo.

La política estadounidense hacia la Primavera Árabe era incoherente: apoyaban las protestas en países donde los gobiernos eran menos amistosos y, con la excepción de Egipto, solían guardar silencio en lugares como Baréin. Una política más coherente habría sido forjar auténticas alianzas con fuerzas políticas civiles en toda la región, algo que raras veces hace Estados Unidos. «Creo que decir que Obama estaba detrás de la Primavera Árabe es un insulto a todos los árabes, un insulto a mi generación y un insulto a toda la gente que estuvo en la plaza Tahrir —aseguraba Soraya Morayef, una activista—. Se ha hablado mucho de que “no habrían podido hacerlo en solitario”. La cuestión es que no fue así. Fue orgánico, fue la reunión de infinidad de facciones diferentes de la sociedad, no solo los jóvenes, no solo los liberales, eran los trabajadores, eran los funcionarios oficiales desencantados, hubo incluso reclutas que desertaban del ejército y se sumaban al movimiento. Es insultante decir que cualquier país, especialmente Estados Unidos, estaba detrás de esto. Porque entre las consignas que se coreaban en la plaza Tahrir durante los 189 días había muchas contra Mubarak y Omar Suleiman, a quienes se consideraba agentes de los estadounidenses. Se gritaba: “Estados Unidos, para esto es para lo que sirve tu dinero, tu dinero mata a nuestro pueblo”. Además, te encontrabas cartuchos de botes de humo y de munición con la inscripción “Made in USA”. Estados Unidos jamás apoyó la revolución; creo que es responsable de seguir pagando al ejército, el cual mata a su propio pueblo».

La economía de la revolución

En el caso de Egipto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) no impuso tras la revolución los tradicionales y severos programas de ajuste estructural, sino que se ocupó de reconstruir Egipto mediante condiciones menos directas. En junio de 2011, el FMI ofreció un préstamo de 3.200 millones de dólares «sin condiciones», algo que nadie se creía; y fue rechazado por el ejército, porque les parecía peligroso desde el punto de vista político aceptar el préstamo. Pero Egipto necesitaba moneda extranjera; habían importado tanto que solo tenían suficiente para pagar tres meses de importaciones. Entonces, el gobierno solicitó formalmente el préstamo de 3.200 millones de dólares. Sin embargo, esta vez, al percibir su desesperación, el FMI dijo que Egipto tenía que confeccionar un programa de reforma económica. El resultado fue un paquete de reformas de ocho páginas, que en muchos casos suponían revalidar las mismas políticas de la era Mubarak; las palabras mágicas eran «ajuste estructural» y las habituales «ampliar la base de recaudación fiscal», «incremento del IVA», «impuestos al comercio».

Antes de la revolución, en Egipto se estaba imponiendo una forma extrema de capitalismo en sintonía con los dictados de Bretton Woods. Los ricos se enriquecían más, mientras que los pobres eran cada vez más pobres. Por si no bastara, se torturaba a los pobres de forma habitual y el ejército respondía con brutalidad a las huelgas. Poco después de la revolución, se aprobó una ley que criminalizaba las huelgas y cualquier otra acción que interrumpiera el trabajo, lo que se traducía en una multa y un año de cárcel. La compañía de autobuses Delta había sufrido una huelga generalizada de doce días en diciembre de 2011, pero el gobierno hizo promesas (que no cumplió). Los trabajadores volvieron a la huelga y en esta ocasión el ejército acabó con ella obligando a los soldados a conducir los autobuses.

Es importante señalar que la revolución no se produjo en el vacío; ocurrió precisamente en el marco de un efecto dominó tras la revolución tunecina. La revolución egipcia estuvo diez años fraguándose a través de organizaciones de base. «Hicieron falta años de establecer coaliciones para contar con movimientos de base que posibilitaran que todo esto estallara —decía Khouddous—. Creo que su éxito fueron los dieciocho días en que se visualizó esta utopía, cuando creamos la República de Tahrir, que tenía los valores y principios que todo el mundo quería para el resto del país, o que la gente de Tahrir quería. Cuando cayó Mubarak, se percibió como el gran momento que fue, pero creo que mucha gente dio por sentado el éxito demasiado pronto y permitió que se incorporaran fuerzas que deberían haberse dejado al margen para seguir luchando con la misma energía. —Y proseguía—: Creo que la revolución es más bien un estado mental, es un estado de revolución que estamos viviendo y que continúa, es algo mucho más desordenado y que produce desencuentros, pero diría que aprendimos que la lucha nunca es fácil, y algunos dicen que nunca termina, siempre vas a tratar de mejorarla. Pero cuando la gente se une no hay nada que pueda pararla. Creo que todavía ahora nada puede pararla».

En Egipto sucedió algo que de hecho no tenía precedentes en la historia: una oleada de huelgas que llevaba vigente siete años sin organizaciones de trabajadores. Otros países habían vivido diez años de huelgas, pero tenían sindicatos, partidos obreros o partidos socialistas revolucionarios. «Aquí, en Egipto, creo que es un milagro que tengamos una oleada de huelgas que lleva en marcha siete años sin que haya siquiera sindicatos activos», me confesaba Hossam el-Hamalawy, un destacado organizador y activista revolucionario. En Egipto, la estructura es muy similar a la existente en la Unión Soviética y Europa del Este: los burócratas del gobierno nombran cargos que afirman representar a los centros de trabajo, pero en realidad no tienen nada que ver con los trabajadores. En realidad, los sindicatos estatales han sido una de las principales razones por las que han fracasado varias huelgas generales importantes; históricamente, esos sindicatos siempre han intervenido en las protestas de los trabajadores al lado de la policía. A pesar de ello, esas huelgas se desarrollaron, aunque no hubiera ningún sindicato dirigido por los trabajadores. Egipto experimentó una curva ascendente de luchas sociales entre 1968 y 1977, encabezadas por trabajadores y estudiantes. Pero todo quedó en nada en 1977, cuando fue aplastado un minilevantamiento. Desde ese momento hasta 2005, Mubarak se las arregló para destruir todas y cada una de las organizaciones que hicieran algo en las calles. «El de Mubarak no fue un régimen totalitario, era un régimen autocrático, todo empezaba y acababa en él —señalaba el-Hamalawy—. Era un tipo tan paranoico con las cifras que hasta uno de los jeques de su órbita fue obligado a marcharse a Gran Bretaña hace unos cuantos años para nada, salvo tal vez para ganarse a algunos partidarios entre la juventud. En realidad, era alguien que no hablaba de política en absoluto, de hecho era muy reaccionario. Pero lo cierto es que estaba bien relacionado y eso enfurece a la seguridad del Estado». Las semillas de la revolución se plantaron en realidad en diciembre de 2006 con una inmensa sucesión de huelgas de trabajadores. «Una vez más, los sindicatos gestionados por el gobierno no participan en las protestas en las industrias, a menos que se trate de una fábrica que esté siendo liquidada y el sindicato estatal no haya recibido su cuota de sobornos, en cuyo caso se ven perjudicados junto a los trabajadores. Estos son los únicos casos en que he visto a los sindicatos estatales conformar la primera línea de la huelga», relataba El-Hamalawy. El levantamiento empezó solo con tres sindicatos independientes, pero ahora hay en Egipto una federación de sindicatos que afirma representar a dos millones de trabajadores.

En un principio, Nasser estuvo asociado con los soviéticos; Estados Unidos solo se convirtió en el principal patrón de Egipto con Anwar el-Sadat. Sin embargo, El-Hamalawy aseguraba que Nasser en realidad sentó los cimientos para las posteriores políticas de Sadat. Hubo una reestructuración concienzuda del sector público a partir de 1968. La creencia generalizada es que el periodo neoliberal comenzó en Egipto en 1974 con las medidas intifah de Sadat, pero en realidad empezó en 1968. Y en 1978, con el Plan Rogers, impulsado por el secretario de Estado estadounidense William Rogers para poner fin al conflicto palestino-israelí, Nasser ya había reconocido a Israel y aceptado que las fronteras israelo-palestinas de 1967 eran legítimas. Pero, aun así, fue Sadat quien arrojó de lleno a Egipto a los estadounidenses, no solo en términos de lealtad y afiliación al imperialismo occidental, sino también en lo relativo a las políticas económicas. El Egipto de Sadat y el Chile de Pinochet fueron probablemente los dos primeros países que empezaron a instaurar reformas neoliberales con aire vengativo: Egipto en 1974, Pinochet en 1973. Pero el programa neoliberal egipcio quedó en suspenso en 1977, durante el levantamiento, y el gobierno empezó a posponer las reformas. «Solo tuvieron la valentía y las pelotas de instaurarlo con el arranque de nuestra guerra contra el terrorismo», sentenciaba El-Hamalawy. En muchos aspectos, la guerra contra el terrorismo y el neoliberalismo siempre van de la mano. En Egipto, la guerra sucia empezó en 1992, y fue entonces cuando Mubarak firmó el acuerdo con el FMI y el Banco Mundial para implantar el Programa de Reforma Económica y Ajuste Estructural (ERSAP, Economic Reform and Structural Adjustment Program), el habitual paquete de reformas neoliberales destinadas a satisfacer las necesidades del capital extranjero y una reducida élite local.

Para comprender lo extraña que es la ausencia de un partido de izquierda de gran representación y organizado es preciso apartarse de la narración de los medios de comunicación occidentales, que presentan la revolución como una rebelión instantánea inspirada por los jóvenes egipcios occidentalizados de clase media a través de Twitter y Facebook. Las raíces de la actual revolución se remontan al año 2004 y comportan años de acciones heroicas y estimulantes de la clase trabajadora, desde El Cairo hasta Alejandría y, de hecho, por todo el delta del Nilo. En el año 2004, el presunto heredero de la cleptocracia de Mubarak, Gamal, repartía carteras de valores a sus amigos ladrones, que instituían las prescripciones del FMI dirigidas a privatizar aún más infinidad de activos de propiedad estatal. Trabajadores de todo el país se resistieron e iniciaron una serie de huelgas triunfantes al margen de los sindicatos tradicionales, que, en esencia, eran brazos del Estado corporativista de Mubarak. Estos grupos elevaron enormemente el número de huelgas. En 2004 la cifra de protestas colectivas de trabajadores ascendió a 202 por todo el país. En el año 2007 se habían multiplicado por más de tres para llegar a las 614 protestas; a menudo recibían por respuesta la severa brutalidad de las fuerzas de seguridad.

El futuro

Es preciso derrotar a esta opresiva historia. «Solo consideraré que esta revolución ha tenido éxito cuando haya derrotado en esta región al imperialismo estadounidense y el sionismo —decía El-Hamalawy—. Lo local y lo regional está entrelazado y, por supuesto, también lo internacional, que es la tercera dimensión. No nos confundamos, la gente como yo, de la izquierda, cree que nuestra revolución quedará aplastada por completo si no se exporta al resto de la región; no se puede construir una democracia en una isla en medio de un océano de dictaduras. Egipto es la joya de la corona del imperialismo estadounidense en la región, los estadounidenses no van a abandonarla, los israelíes no van a abandonarla, los países del Golfo no van a abandonarla, los europeos no van a abandonarla». Dicho de otro modo: si Egipto cae, todo Oriente Próximo caerá… del lado de las potencias imperiales. «Este movimiento político en curso aquí, en Egipto, vino desencadenado por la intifada palestina de hace once años. Yo viví la década de los noventa y no había nada. Era impsoble aunar esfuerzos. El punto de inflexión fue la intifada palestina. Por primera vez en tres décadas, se movilizaron las calles; las movilizaciones tenían por objeto asuntos regionales, es cierto, pero no tardaron ni diez minutos en empezar a transformarse para abordar cuestiones locales. La policía se dejó caer por allí y pegó a la gente, y entonces ésta empezó a cantar: “Abajo Mubarak”. La primera vez que oí cantar “Abajo Mubarak” fue en 2002. Era algo que no tenía precedentes, en la década de los años noventa no se podía gritar contra Mubarak; en última instancia, todo tenía que ver con Palestina».

Occidente nunca guarda silencio; siempre trata de intervenir. Pero la pregunta a la que deben responder los revolucionarios es la siguiente: ¿vais a dejarles intervenir? ¿Vais a organizaros? A lo largo de la historia, esa ha sido la cuestión en relación con los dictadores locales de la extorsión; desde el sah de Irán hasta Suharto en Indonesia. No importa que seas cliente de Estados Unidos, el país más poderoso de la historia de la humanidad: si llega la revolución, los estadounidenses no pueden hacer nada; la gente crea una nuevo imaginario. Nawal El Saadawi, la autora feminista más famosa de Oriente Próximo, estuvo muy implicada en el levantamiento de Egipto. Para ella representaba la culminación de toda una vida dedicada a derrocar la dictadura de su país natal. Fui a verla a su apartamento de una sola habitación en la planta 13 de un bloque del barrio de Shoubra (El Cairo), a orillas del Nilo. «Todos los países del Golfo están colonizados por Estados Unidos. Allá donde hay petróleo, está Estados Unidos —aseguraba El Saadawi—. Solo nos hemos librado de la cabeza, pero el cuerpo del régimen sigue ahí, militarmente, económicamente, en los medios de comunicación, en la educación, en todas partes». Entonces, ¿ha perdido la esperanza en el gran levantamiento? «No, no —contestaba sonriendo—. Soy muy optimista, nunca pierdo la esperanza. La esperanza es poder, la esperanza me hace sonreír, la esperanza me hace vivir. Soy escritora, novelista, necesito esperanza, no puedo vivir con desaliento. Mientras haya jóvenes aquí y vayamos a la plaza Tahrir, tendré esperanza. Vivimos en la selva, no vivimos en una sociedad sana. Tiene que ver con el poder: cuando el padrino tiene dinero, prestigio y poder, viola a la nieta. Cuando cambiamos de mentalidad y ya no es el poder el que domina, sino la justicia, la libertad, el amor, la igualdad…, surge la necesidad de revolución, como ocurrió en la plaza Tahrir, y entonces acabamos con el poder».

Uno de los vecinos de Egipto en el Sahel estuvo a punto de poner fin a la esclavitud impuesta por esta mentalidad de dominación y poder.

17
Resistencia victoriosa

Ciudad de Túnez (Túnez)

Conocí a Mustafa y a Kamal en la avenida Habib Bourguiba, donde se habían manifestado en enero de 2011 para librarse del dictador que gobernó su país con mano de hierro durante veintitrés años. Túnez ha cambiado mucho en el año transcurrido desde entonces. Comimos en el restaurante-bar Opium, uno de los muchos ubicados en el bulevar de estilo francés que lleva el nombre del dictador anterior a Zine al-Abidine Ben Ali. «Esto noo podríamos haberlo hecho antes, de ningún modo —decía Mustafa, un joven de veinticinco años originario de Tabarka, en el norte de Túnez—. Me refiero a que solo podría haberte dicho entonces lo grande que era Ben Ali, lo buen hombre que era». «Si uno hablaba de política en un bar y le oía la policía, le metían en la cárcel —añadió Kamal con indiferencia—. Ahora puedo decirte lo que quiera».

Era extraño llegar a Túnez y escuchar la magnitud de la represión y los abusos policiales durante la época de Ben Ali. Sencillamente, jamás había oído hablar de ello. Antes de que fuera derrocado este déspota respaldado por Estados Unidos y Francia, a nadie en Occidente parecía preocuparle que estuviéramos apoyando a un Estado policial en uno de los destinos turísticos más populares del Reino Unido. Estados Unidos ha suministrado 349 millones de dólares en ayuda militar desde 1987, cuando Ben Ali llegó al poder tras un golpe de Estado. El tirano se formó en la antigua escuela de inteligencia del ejército estadounidense en Fort Holabird (Maryland), como tantos otros monstruos del mundo. Pero la siguiente fase de connivencia occidental con el sometimiento del pueblo tunecino consistió en despertar, tanto política como mediáticamente, un miedo generalizado hacia Al-Nahda, un partido que fue democraticamente elegido y que era islamista. El trayecto que lleva de armar activamente a un dictador cleptócrata, a presionar a los tunecinos para que apoyaran «los valores occidentales» es, por supuesto, habitual. Franz Fanon escribió lo siguiente en The Wretched of the Eart: «Cuando el colonizado comienza a soltar las amarras y a inquietar al colono, se le envían almas buenas que […] le exponen las cualidades específicas y la riqueza de los valores occidentales».[66] Cualquier tunecino de bien entendería, claro está, que el valor occidental más consistente en su país es apoyar a los dictadores. En un principio, cuando los francotiradores disparaban a la gente en las calles de Túnez, Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado estadounidense, decía que Estados Unidos «no quería tomar partido por nadie» y que estaba preocupada por los efectos que «los disturbios y la inestabilidad» pudieran tener sobre la relación de Estados Unidos con Túnez. Al final, perecieron más de doscientas personas. Una vez que venció la revolución, Clinton y el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, pasaron a elogiar «los progresos» realizados en el país al tiempo que manifestaban también su aparente preocupación por el hecho de que Al-Nahda pudiera imponer al pueblo tunecino una dictadura al estilo iraní. (No les importó cuando se trataba de una dictadura al estilo de Pinochet).

Los acontecimientos se desarrollaron según el típico modus operandi imperial estadounidense durante un levantamiento popular contra uno de sus sátrapas dictadores. Es como sigue: ambigüedad pública ante las protestas y apoyo privado al tirano cuando no está claro si el levantamiento va a triunfar. Después, cuando parece que el tirano no va a ser capaz de resistir, un cambio en el apoyo público en favor del levantamiento y apoyo privado al mismo régimen despojado de su figura emblemática, ahora desacreditada. Esta metodología funcionó en Egipto: los egipcios, que tanto tiempo habían sufrido, tienen ahora mubarakismo sin Mubarak; Túnez es diferente. Como decía Fanon, quienes fueron los últimos son ahora los primeros, mientras que quienes fueron primeros son ahora últimos —o están exiliados en Arabia Saudí, como en el caso de Ben Ali—. El miedo a Al-Nahda carecía de sentido y se basaba en el deseo occidental de seguir ejerciendo un férreo control. Hay infinidad de diferencias evidentes entre Túnez y el Irán de 1979, cuando la revolución derrocó a otro tirano torturador respaldado por Occidente, el sah. En primer lugar, Al-Nahda había aglutinado una coalición para formar gobierno que incluía a socialistas y socialdemócratas seculares. El presidente, Moncef Marzouki, es un activista secular en defensa de los derechos humanos que pasó décadas en el desierto combatiendo las atrocidades apoyadas por Estados Unidos que se cometían contra los disidentes en Túnez.

En segundo lugar, la sociedad civil tunecina está comprometida con el proceso, por lo que este solo puede crecer. Una de las pautas retrógradas que se observan en un Oriente Próximo trufado de dictaduras respaldadas por Estados Unidos es que el islamismo suele ser el único cauce para manifestar descontento frente al estado de cosas vigente. El espacio para los movimientos seculares ha sido aplastado desde que el panarabismo de Nasser en Egipto preocupó a Estados Unidos lo bastante para eliminar a la izquierda en toda la región (ayudado por un Israel temeroso de la eficacia del nacionalismo secular de Al-Fatah en los territorios ocupados). Ahora que Ben Ali se ha ido, la tapa de la olla a presión ha saltado por los aires. Los jóvenes tienen espacio para pensar (en realidad, todo el mundoI, y existen oportunidades para la implicación política y el pensamiento independiente. Y ahora, la perspectiva del país no se limita solo al islamismo. Llevará tiempo, quizá un par de generaciones, pero la izquierda secular ahora puede crecer y sin duda ganará relevancia. Muchas de las revoluciones de la Primavera Árabe han sido encabezadas por la izquierda secular joven y tecnologizada, especialmente en Túnez y Egipto, con su gran apoyo del movimiento obrero. Por el contrario, los islamistas, que en muchos aspectos mantenían una relación de simbiosis con los brutales dictadores respaldados por Estados Unidos con los que estaban en guerra, perderán relevancia poco a poco cuando estos Estados policiales se desvanezcan. Tendrán menos de lo que alimentarse y sus políticas soportarán ahora la considerable prueba de gobierno.

En tercer lugar, en Túnez, el ejército actuó con nobleza, a diferencia de lo sucedido en Egipto. Ben Ali huyó cuando los militares se negaron a asesinar a su propio pueblo, lo que los volvió muy populares en el país. Además, el temor a que impulsen un golpe de Estado contra la democracia creada por la Revolución de los Jazmines es caso inexistente. «Están con el pueblo» es una coletilla que se oye a menudo en Túnez. Es comprensible: sin ellos, es probable que Ben Ali todavía siguiera ocupando su cargo y que por la avenida Habib Bourguiba corriera un río de sangre. En el bar Opium, Mustafa me dijo que había votado al CPR, un partido secular de izquierda liderado por el señor Marzouki, porque cree que su programa es bueno para la economía y para las mujeres. Pero decía que no temía a Al-Nahda. «Me gustan», añadía. Por su parte, Kamal votó a Al-Nahda porque cree que son «buena gente […]. No son extremistas. Los salafistas están locos, pero no son muy importantes aquí».

Claramente, lo que asusta a Occidente, más que cualquier islamismo es una izquierda revolucionaria secular opuesta al orden neoliberal que hemos instaurado en los últimos cuarenta años. Eso sí que deterioraría la balanza de cuentas. Los propios islamistas han acogido de buena gana en muchas ocasiones a las instituciones de Bretton Woods y el orden económico neoliberal que representan. Ahora que los sospechosos habituales tratan de imponer esos dictados en Túnez, es casi imposible que los partidos gobernantes intenten hacer otra cosa (aunque quisieran). Hasta el momento, Túnez ha seguido al pie de la letra los dictados de Estados Unidos y Bretton Woods privatizando muchos de los activos de propiedad estatal —al tiempo que engordaba la cartera de Ben Ali— y aniquilando instituciones públicas y ayudas para calefacción y alimentos. De hecho, muchos comparan Al-Nahda con el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Turquía, y no es ningún secreto que el AKP ha representado un escenario de ensueño para los negocios y el capital internacional. En el tiempo que estuvo en el poder, el AKP privatizó un montón de activos públicos, entre ellos Tekel, la compañía tabacalera y de alcohol de propiedad estatal, que aceptó liquidar en el marco de los ajustes estructurales ligados a un acuerdo para obtener un préstamo de 16.000 millones de dólares con el FMI. Antes de que Erdogan empezara a actuar como el nuevo sultán, la prensa económica estaba entusiasmada con el AKP. Esta era la razón por la que me preocupaba Túnez; no por los islamistas, sino por los neoliberales. Como escribió Fanon, «la apoteosis de la independencia se transforma en la maldición de la independencia y, sirviéndose de enormes medios de coacción, la potencia colonial condena a la joven nación a la regresión». O, más brevemente: tomen la independencia y muéranse.

Una vez concluido el periodo de dictadura en Túnez, la economía es ahora el gran asunto, pues hay un 45 por ciento de desempleo. Eso es lo que preocupa a Mustafa y Kemal, ambos estudiantes. «Quiero que el gobierno ayude a la gente creando puestos de trabajo —decía Mustafa—. Tal vez deberían abrir algunas universidades más». Los dictados de Bretton Woods han demostrado en todo el mundo ser una catástrofe como modelo de desarrollo. Al-Nahda debería buscar en otro sitio por su propia supervivencia. La propia ciudad de Túnez es poco representativa del país en su conjunto; cuanto más se aleja uno de la capital y de las regiones turísticas costeras, más se agrava la pobreza. El gobierno tendrá que abrir la mano relativamente pronto… o enfrentarse a más disturbios. La chispa que desató la revolución fue Mohamed Bouazizi (cuyo nombre es ahora también el de una calle), que se prendió fuego en Sidi Bouzid, una ciudad pobre situada a doscientos kilómetros de Túnez. Así es como empezó, y podría volver a entrar en erupción si nada mejora. Las expectativas son altas. Como me dijo Mustafa, «antes lo único que podía hacer era comer, beber, fumar y dormir. Ahora hay más cosas». Ahora la gente también ha perdido el miedo. «Algo sonó en nuestro corazón —añadía Kamal mientras daba un sorbo a una cerveza—. A la gente no le importaba nada más. La gente decía al ejército que les disparara. —Y enseguida continuaba—: WikiLeaks ayudó a que nos diéramos cuenta de lo corruptos que eran Ben Ali y su familia».

En agradecimiento por la ayuda prestada para deshacerse del tirano, Chelsea Manning, quien filtró los cables de WikiLeaks, se enfrenta ahora a tres decenios de prisión. Mientras tanto, los políticos y legisladores estadounidenses que apoyaron a Ben Ali durante veintitrés años no dejan de parlotear en los canales de televisión por cable estadounidenses y son capaces de elogiar la Primavera Árabe sin ironía. Al mismo tiempo, el gran presidente liberal Barack Obama dio instrucciones a su Departamento de Justicia para que interpusiera una demanda contra Julian Assange, cuya valentía (junto con la de Manning) contribuyó a desatar esta oleada de poder popular sin precedentes en todo Oriente Próximo. Son «los terroristas de la alta tecnología». El mundo al revés.

El rescoldo de la revolución

Tras el derrocamiento del dictador Ben Ali, respaldado por Estados Unidos, hubo éxitos inmediatos: se crearon comités para reformar los medios de comunicación, atajar la corrupción y mejorar la situación de los derechos humanos. Floreció la libertad de expresión: ahora se podían debatir los numerosos y acuciantes asuntos políticos, económicos, culturales y sociales. Por primera vez se celebraron unas elecciones gestionadas por un comité independiente compuesto por figuras de la sociedad civil que implicó a todos los grupos sociales; la sociedad civil también desempeñó una labor importante, fundando centenares de nuevas organizaciones que trabajaban en cuestiones de derechos humanos y también en nuevos temas, como la educación para la ciudadanía, el activismo en los medios de comunicación, las movilizaciones de jóvenes por Internet o la tolerancia.

Fui a ver a Abdel Basset Ben Hassen, director de la Arab Human Rights Foundation, radicada en el este de Túnez. «Creo que la revolución también suponía cuestionar qué relaciones internacionales necesitamos para nuestro país —me contaba—. Este nuevo orden debería basarse en una mayor igualdad, en más respeto. Llevo trabajando en el ámbito de los derechos humanos desde 1990. Creo que durante la época de la dictadura los países europeos y occidentales no se mostraron muy firmes contra el régimen de Ben Ali. Creo que el pueblo tunecino ha recuperado su dignidad con la revolución. Se han reintroducido los derechos humanos en nuestra historia; antes de la revolución nuestra imagen era muy pobre. Creo que estamos dando a los países occidentales y al mundo entero otra imagen de cómo ser árabe, cómo ser musulmán y cómo luchar por la democracia y las libertades». Los eslóganes en las calles hablaban ahora de derechos civiles, políticos, económicos y sociales: el derecho a trabajar, el derecho a la salud, el derecho a la educación. También se hablaba de igualdad entre grupos sociales, entre el interior del país y la capital, y entre las ciudades y las zonas rurales. La revolución puso estas cuestiones sobre la mesa, pero no eran solo cuestiones tunecinas, eran asuntos de alcance mundial. «Trabajar en el ámbito de los derechos humanos en los últimos dos años suponía una especie de resistencia —explicaba Hassen—. La labor de defensa de los derechos humanos era una forma de resistir a la opresión, formando a miles de árabes en cómo documentar las violaciones de sus derechos, cómo redactar informes al respecto, cómo organizar una campaña. Ese fue el logro: resistir».

La situación de los países árabes no viene solo determinada por décadas de dictadura, sino también por un enfoque jerárquico del poder que se ha prolongado durante siglos. La revolución tunecina inauguró una época de revoluciones y reformas que va a durar. Todos los agentes sociales trataron de redefinir su papel tras la desaparición de los antiguos regímenes. «Estábamos esperando que llegara la época en la que viéramos a los árabes reclamar su libertad, que pusiera fin a estos amenazadores y espantosos regímenes —comentaba Hassen—. Estábamos esperando poder ofrecer todo el potencial que encerraban estos países, pero, al mismo tiempo, somos conscientes de que será difícil. Sabes que cuando abres la puerta a todos estos cambios podrás utilizar herramientas positivas, pero también encontrarás todos los problemas que estaban aguardando». Tal vez lo que ayudó a Túnez, más que a cualquier otro país árabe atrapado en los tumultos, fue que la sociedad civil todavía era fuerte. Estaban la poderosa federación sindical UGTT, la Liga Tunecina por los Derechos Humanos, el sindicato de jueces, el sindicato de abogados y el sindicato de periodistas. Cuando los jóvenes se licenciaban y entraban a trabajar se afiliaban a un sindicato, porque era el único lugar donde se podía criticar al gobierno sin ser detenido. Túnez es uno de los países más viejos del mundo; ha tenido Estado desde hace casi tres mil años, Cartago. Fue el primer Estado árabe con embajador en Estados Unidos y cuenta con una larga historia de reformismo. En Túnez se prohibió la esclavitud en 1846, diecisiete años antes que en Estados Unidos y dos antes que en Francia. También tuvo la primera Constitución del mundo árabe y en 1956 proclamó la primera ley de la familia, que liberó a las mujeres y abolió la poligamia. Además fue el primer país árabe que tuvo un movimiento de trabajadores fuerte, fundado oficialmente en 1927. El compromiso ciudadano y la educación están profundamente arraigados en el país. En la década de los setenta, el gobierno dedicó casi el 40 por ciento del presupuesto estatal a educación, y donde hay educación, hay actitud crítica.

La nueva generación

Estas organizaciones civiles, y también las élites, sufrieron mucho bajo el régimen dictatorial de Ben Ali. «Además había una gran diferencia entre la generación joven y la generación de Ben Ali —explicaba el señor Hassen—. Quienes tenían entre dieciocho y treinta años, y no solo en Túnez, repetían: “No podemos aceptar este tipo de regímenes tan anticuados”. Los regímenes de los países árabes estaban absolutamente anticuados, y el más estúpido y absolutamente cerrado era el de Túnez, así que llegó un momento en que la gente no pudo aguantarlo más». Los tunecinos no solo vivían oprimidos por un Estado policial, también veían atacada su dignidad por un régimen y una familia que estaba arruinando al país. La familia de Ben Ali ocupaba y robaba todo. En muchos aspectos, el primer levantamiento se produjo contra este ataque a la dignidad. «Puedes aceptar la opresión, pero en determinada fase no puedes aceptar que ataquen tu dignidad», afirmaba Hassen. Empezó en Sidi Bouzid porque el sindicato era poderoso y las élites estaban contra el régimen. «Fue posible porque participaron todas las categorías sociales y porque los eslóganes de la revolución tenían que ver con la dignidad y la libertad (no con la religión o con asuntos locales, regionales o familiares); eso fue lo que dificultó que Ben Ali lo frenara, que abordaba cuestiones universales». Al final, los mecanismos internos del régimen resultaron ser muy débiles; a pesar de la apariencia de fortaleza del régimen, todo era mentira. La situación se volvió explosiva y, cuando se produjo la primera manifestación en Sidi Bouzid, la policía no intentó impedirla. Duró dos días y las demás pequeñas ciudades siguieron su ejemplo. No hubo ninguna reacción política, y surgieron por todo el país confrontaciones que se iban volviendo cada vez más violentas. Después, la policía apoyó a los manifestantes. El partido de Ben Ali no convocó contramanifestaciones y el dictador se quedó completamente aislado.

Hablé con Ahmed Bouazzi, cuyo partido formaba parte de la resistencia contra la dictadura y buscaba debilitar al gobierno de Ben Ali. «Mantuvimos una larga lucha contra Ben Ali —explicaba—. Occidente está asustado, por supuesto, porque el Nahda está trabajando por una política nacional más independiente; por suerte, está defendiendo los intereses de Túnez mejor que en la época de Ben Ali y soy optimista. Tengo una confianza enorme en el pueblo tunecino; a lo largo de nuestra historia, la gente ha demostrado que es valiente y progresista. A Occidente le asusta el islamismo. Creo que en Túnez siguen tratando de librarse del Nahda y pienso que es un gran error, porque los tunecinos son pioneros, liberales y también muy patrióticos, no aceptan que otros hagan aquí su política, así que el Nahda se beneficiará de ello. A menos que haya un golpe de Estado, pero un golpe sería una catástrofe para el país; ahí está el ejemplo de Argelia, donde murieron 200.000 personas en una guerra civil». Decía también que la revolución tuvo un efecto apreciable sobre el alma de sus ciudadanos. «Ser libre es muy extraño. Hoy he estado en el Ministerio del Interior, que es dónde se practicaban las torturas, y allí comentaban lo mucho que ha cambiado todo. En realidad, los cambios se produjeron muy deprisa y, desde el primer momento, la gente empezó a hablar con mucha libertad y sin autocensura. Desde entonces es muy distinto, si me encuentro con policías de paisano no tengo miedo. Antes tenía miedo porque podían detenerme y podía pasar no sé cuánto tiempo en la cárcel hasta que me pusieran en libertad. Ahora la relación entre ciudadanos y policías es completamente distinta, no hay ningún miedo a los policías y ha sucedido muy deprisa».

El muro del miedo había caído. Era algo que se podía percibir en las calles. Los tunecinos ya no guardaban silencio; no temían a la autoridad como antes. Había sentadas y protestas. La mentalidad tunecina se había liberado.

18
La cultura como
arma de resistencia

¿Cuál es el papel del arteen todo esto?

«El arte de un pueblo es la génesis de su libertad».

CLAUDIA JONES,

pionera del activismo político (1915-1964)

Cuando Soraya Morayef, activista y conservadora de arte en ciernes, entró en la galería Townhouse de El Cairo después de que Hosni Mubarak fuera desalojado del poder, esperaba recibir el desdén habitual. Sus amigos ya habían realizado antes exposiciones de sus respectivas pasiones: los grafiti y los estarcidos. Siempre les habían vuelto la espalda. Pero ahora no. «Cuando me dirigí a ellos, no pensaba de verdad que me hicieran caso —me confesó—. No tenía ningún tipo de credencial ni un amplio bagaje. Pero ahora se ha despertado este interés nuevo y cada vez mayor por el grafiti y el arte callejero, razón por la cual finalmente me llamaron». Morayef era beneficiaria de un cambio de tendencia en el mundo artístico egipcio desde que la revolución del país desencadenara una explosión de pintura y carteles en las paredes de ciudades de todo el país. «La revolución ha impactado de forma masiva en la escena artística de Egipto, ahora es mucho más diversa que antes y hay muchas obras inspiradas o basadas en la revolución», contaba Morayef.

Esa misma pauta se ha reproducido por todo el mundo árabe una vez que la población se ha liberado de sus cadenas gracias a la Primavera Árabe. Los servicios de inteligencia occidentales ya no tienen que tomar la temperatura de «las calles árabes» mediante entrevistas clandestinas, basta con mirar las paredes de las ciudades. En árabe se llama el-fann midan, que traducido literalmente significa «arte en la plaza». Las experiencias combinadas de euforia, duelo y pérdida se han representado de forma creativa por todas las ciudades del levante mediterráneo.

«El arte ha desempeñado un papel importante en la revolución egipcia, sobre todo porque en sus modalidades occidentales el arte callejero y el grafiti sencillamente no existían y ahora están por todas partes —señalaba Omar Ozalp, copropietario de la galería Articulate Baboon, en las afueras de El Cairo—. Y lo más importante: todos tienen un mensaje, ya sea político o social, lo que por una vez hace pensar a la población egipcia». El otro copropietario de la galería, Adam Maroud, añadía: «Un rincón tras otro se veían engalanados de repente con un grito de batalla en letras apresuradas o con los perfiles estarcidos de la sátira política de la cultura pop, y era hermoso y estimulante ver cómo se propagaban por todas partes. Para mí, nada personifica mejor la libertad creadora que un grafiti en una pared pública».

Y no es solo en Oriente Próximo. Con este torrente revolucionario el arte ha florecido por todo el mundo, desde Haití hasta Chile o China, a medida que la población respondía contra gobiernos totalitarios y trataba de dar sentido a unas sociedades maltrechas utilizando pinceles y ladrillos. Para muchos jóvenes, el arte callejero se convirtió en «el crimen perfecto» cuando vivían en una dictadura rigurosa sin prensa libre. Si no te sorprenden en el acto, la mayor parte de las veces no hay forma de que las autoridades te encuentren.

«Creo que la producción creativa durante esta revolución inacabada forma parte intrínseca de su continuación y de la orientación que vaya a adoptar», comentaba Ganzeer, el artista callejero más destacado de Egipto, que fue detenido por hacer pintadas en el momento culminante de las protestas. Sus vistosos cuadros de mártires muertos a manos de las fuerzas de seguridad salpican todo El Cairo, como también sus montajes donde se yuxtapone la brutalidad infligida a los manifestantes con información sobre la ayuda estadounidense al régimen militar. Para Ganzeer, que las galerías salgan a las calles, propiciando así que los artistas acerquen su obra a la gente, también representa cierta «democratización» de las artes creadoras. «Las calles son para todo el mundo. La galería es un nicho especializado para quienes buscan arte. Es un error gravísimo que las calles estén tan abiertas al lavado de cerebro de los publicistas del capitalismo y tan cerradas para el arte honesto. Las galerías tienen que existir, pero no deberían ser la única forma de poder vivir el arte».

En una Europa arruinada por la crisis, los indignados[67] de España, así como los jóvenes de Alemania, Grecia y Francia, también utilizaron las paredes de sus ciudades como lienzos para hacer entender sus mensajes. Evol es un artista alemán cuyo trabajo se exponía en una galería de Londres, pero las principales obras de este hombre de treinta y nueve años son los estarcidos en las losas y bloques de hormigón del suelo de las calles, que convierte en viviendas grises a escala. «La vida es un reflejo de las circunstancias en las que vivo —explicaba—. Trato de trasladar al arte cualquier cosa que me suceda». Ganzeer siente algo parecido: «Tengo la sensación de que el propósito central de las artes creativas reside en su relevancia social».

En la pasada década, el arte callejero ha canalizado la imaginación de toda una generación de artistas jóvenes de Occidente, cuyo símbolo el artista británico Banksy. Pero aunque este ciudadano anónimo de Bristol haya acumulado buena parte de la atención, ahora hay trabajando junto a él todo un ejército de garabateadores esforzados cuya cifra se ha disparado como la espuma, todos los cuales se han «globalizado». Para muchos miembros de esta nueva generación, el periodo en que el afán de dinero parecía gobernar todas las formas de creatividad —representado por la canonización de Jeff Koons o Damien Hirst— ha terminado. La ironía postmoderna del Young British Artists ha quedado destruida por la inmediatez de la crisis humanitaria que se vive en todos los rincones del mundo. Los artistas jóvenes sienten ahora la necesidad de reflexionar sobre el caos de los acontecimientos globales a través de su arte. No pretenden comprometerse con el mundo de forma retrospectiva, sino formando parte de las batallas en curso y con la esperanza de provocar cambios reales y palpables. En este sentido, no es solo el lugar de exposición lo que ha cambiado (de la galería a la calle), sino también el contexto.

«Antes de la revolución incurríamos en estereotipos y tratábamos de expresar nuestras ideas entre paréntesis —afirmaba Khaled Hafez, un destacado artista egipcio del entorno tradicional de las galerías—. Pero desde el 11 de septiembre, cada vez se expresan más cuestiones políticas mediante las prácticas de las instalaciones artísticas. La Primavera Árabe ha acelerado ese proceso». Los artistas de la resistencia son los herederos modernos de una tradición que se remonta cientos de años atrás y presume de contar con algunos de los grandes de todos los tiempos, entre ellos Picasso o Goya. Pero, aun con una historia tan rica y tan honrosa, hoy día las perspectivas son más emocionantes que nunca. El arte se ha democratizado gracias a la capitulación de la tiranía que una multitud de intelectuales imponía a los quehaceres estéticos y a una revolución tecnológica que es capaz de poner una cámara, un bote de aerosol o una lata de pintura en manos de cualquier chico sediento de creatividad.

Esto no se puede comprar

En paralelo con el despertar político de la población, el reciente auge del arte callejero revolucionario ha puesto en cuestión de manera contundente a muchas de las vacas sagradas de los círculos artísticos tradicionales. Desde las seminales protestas de 1999 contra la Organización Mundial del Comercio en Seattle ha habido un resurgir de formas artísticas comprometidas con la protesta social y política. La idea de lo que constituye arte, de dónde se exhibe y de quién lo hace se ha visto sacudida con violencia. La lucha contra el modelo basado en las galerías y museos ha tenido tanto éxito que el mundo del arte tradicional intenta ahora ponerse al día. Las élites artísticas de los museos de Occidente, representantes de la visión más tradicional, se han replegado, y la situación no es muy distinta en Egipto. «Debemos recordar que Oriente Próximo sigue siendo conservador —apuntaba Hafez—. El arte callejero no es el arte de las galerías, pero vivimos en una situación revolucionaria y ha contribuido a movilizar a la gente. Había un fabuloso arte de grafitis y, a mi juicio, creo que el cambio es inminente. —Y añadía—: He aprendido mucho de la generación más joven, como Ganzeer». En opinión de Ganzeer, a los sectores tradicionales del mundo artístico de Egipto les ha salido el tiro por la culata al no mostrar más entusiasmo por la nueva generación. «Creo que, con su incapacidad para comprometerse artísticamente con la revolución, la mayoría de las élites artísticas tradicionales ha demostrado la incapacidad de su arte para hablar de la sociedad o relacionarse con ella —aseveraba—. Muchos quizá se hayan comprometido como ciudadanos y hayan protestado igual que todo el mundo, pero pocos han sido capaces de comprometerse desde el punto de vista artístico».

El compromiso directo con cuestiones sociales no es algo nuevo en el mundo del arte. Se remonta a la obra de los constructivistas rusos, como Alexander Rodchenko o El Lissitzky, que pretendían hacer un arte a base de elementos abstractos que representaran los movimientos de la sociedad y de la revolución bolchevique. Dejaron de crear obras de arte únicas para producir material impreso, carteles, panfletos y letreros que pudiera utilizar el pueblo ruso. Su obra fue prohibida posteriormente por Stalin, que buscaba una forma de arte más dictatorial, o pura propaganda, que no estuviera comprometida con la abstracción más vanguardista. Ahora ya no tenemos a Stalin, pero sí grandes empresas que son propietarias del espacio disponible en entornos públicos para anunciar sus productos.

Entre los artistas de corte político que evolucionaron a partir de los constructivistas se encuentra el artista antifascista alemán John Heartfield, que concibió una forma de fotomontaje que acabó convirtiéndose en un arma contra el ascenso del nazismo. Eran unas obras tan contundentes que pasó a ser uno de los principales blancos de los ataques de los nazis y tuvo que huir de Alemania. En uno de sus montajes más célebres, Hitler aparecía realizando su tradicional saludo mientras un empresario gigantesco le entregaba dinero, lo que destacaba que tras toda la retórica socialista de Hitler estaban las grandes empresas que apoyaron su ascenso al poder. La imagen no se expuso en ninguna galería de arte: apareció en la portada del semanario alemán AIZ. En muchos aspectos, el «arte callejero» se remonta a las cuevas de Lascaux, donde los hombres (y mujeres) prehistóricos decoraban las paredes con dibujos de caballos, venados y bisontes. En aquella época no había fuerzas de seguridad egipcias ni servicios de inteligencia chinos que encarcelaran a los artistas. Ahora sí los hay.

Como es natural, el arte no puede iniciar la transformación social por sí solo, pero es cada vez más esencial para ensanchar la imaginación de quienes trabajan para que se produzca esa transformación. El conocimiento de cómo funciona el mundo que se obtiene exclusivamente de los artículos de prensa y los libros académicos suele despertar nuestros impulsos más cínicos y fatalistas; estos impulsos predominan entre los jóvenes y se vuelven más frecuentes ahora que las malas noticias viajan tan deprisa. Contemplar una imagen que vincula acontecimientos a través de formas que nos resultan novedosas o una instalación que reconstruye de forma visceral algo que hemos leído puede servir para eliminar este cinismo que siente la generación más joven hacia la acción. Las posibilidades de la cooperación artística y la capacidad de decir algo sobre el mundo sin tener que caer en las deprimentes banalidades del discurso político cotidiano suponen un oasis para las generaciones más jóvenes, alimentadas con lo que se suele llamar política «dominante».

Algunos dicen que todo el arte es político. Es como decir que todos los políticos son políticos: técnicamente es cierto, pero en realidad la mayoría confeccionan sus creencias a la medida de las exigencias de sus respectivos sistemas políticos para acabar convertidos en meros comisarios. El poder es el elemento motivador y la política es el primero de la cola de los asuntos a revisar. Lo mismo se puede decir de los propios comisarios de arte, cuya labor está concebida y se vende como un artículo de consumo más, equipado con su máquina de catalogar y todas las alharacas afines proporcionadas por la prensa acerca de la «polémica» o los «compradores de obras famosas». Todo esto no tiene nada de «político»; de hecho, la catalogación y el etiquetado representan la antítesis de lo político, pues, en lugar de poner en cuestión la situación actual, acepta todas sus presuposiciones —con independencia de si son violentas o injustas— y trata de subirse a la espuma del dinero y la fama que coronan esta ola. El verdadero arte político, diferenciado de su primo banal y pasajero, trata de cambiar el mundo y no tanto de observarlo. Pretende escarbar en las pesadillas de la conciencia contemporánea, investigar en las cavidades más profundas y dejar al descubierto los secretos y los miedos más diligentemente reprimidos. Reformula imágenes y signos y nos brinda a todos un medio con el que reinterpretar el mundo. Unir la línea de puntos se vuelve revolucionario, lo cual seguramente dice menos sobre el arte que sobre la ideología dominante, nos permite vivir alegremente sin tomar conciencia de las relaciones existentes entre la violencia que desatamos y los cadáveres que aparecen por todo Oriente Próximo, el este de Asia, África y América Latina y que conforman nuestro testimonio.

Quitarse la camisa de fuerza

Entrevisté a una serie de músicos y actores famosos que suscribían una sonora posición política antibélica y antiextorsión. Robert del Naja, vocalista de Massive Attack, siempre ha adoptado una actitud en extremo política. Durante la escalada que condujo a la guerra de Iraq contrató —junto con Thom Yorke, de Radiohead— una página completa de publicidad en la revista NME para denunciar la acción militar. Me dijo lo siguiente: «Nuestra cultura, la forma en que nos explican la política, la manera de leernos las noticias, el modo en que se maquillan nuestras decisiones, todo eso se hace a través de los medios de comunicación. Estas son las cosas que deberían preocupar más a la gente». ¿Por qué se erige esta barrera artificial, entonces, entre la política y el arte? «A los negocios y los intereses políticos de mucha gente les conviene tratar de aislar ambos elementos, cuando en realidad están auténticamente vinculados desde su raíz —argumentaba con perspicacia—. A veces creo que tratamos de presentar la música como si fuera solo música; en muchas ocasiones no se quiere que tenga carga política porque se pretende que sea una simple experiencia musical, una forma de evasión. Otras veces la carga política forma parte intrínseca de ella, sin duda».

Gael García Bernal es un actor mexicano que nunca ha eludido dar opiniones políticas y habla con conocimiento de causa de la política latinoamericana y mundial. Gael, célebre por su interpretación del Che Guevara en la película Diarios de motocicleta, se declara abiertamente «de izquierdas» y es activista desde una época tan remota como el levantamiento zapatista de 1994 en Chiapas (México), el primer día de vigencia del NAFTA. «Me repiten: “Usted es actor, no puede hablar de política, no sabe nada de política” —me contaba Gael—. Sigue funcionando ese mito de que quien no sea un “experto” en política no puede tener opinión política. Es ridículo, porque somos animales políticos. —Y añadía—: Un actor se ocupa de explorar zonas inciertas más que de tener una idea o una respuesta preconcebida. Tiene que ver más con la provocación y con formular las preguntas terribles. Mi posición, por tanto, a veces es un poco gris, porque no me convencen los panfletos. Lo motivador es que el público plantee nuevas preguntas y acceda a nuevas percepciones, no que se les dé una opinión digerida, una respuesta cerrada». Bernal se muestra optimista ante el futuro de América Latina, en especial por la «marea rosa» de los gobiernos de la izquierda democrática que han invadido la región en la última década y que no dan ninguna señal de que vayan a ser desbancados (todavía). «Como dice [Slavoj] Zizek, Bush se merece el Premio Nobel de la Paz por haber erradicado la hegemonía de Estados Unidos, él solo la ha eliminado por completo —comentaba Bernal—. Ahora vivimos en un mundo muy diferente. Argentina, por ejemplo, hace la mayor parte de sus negocios con China; y Brasil también. Hay mucha esperanza en ese sentido, no es el mundo en el que crecimos nosotros, es un mundo muy diferente. Creo que la izquierda en América Latina sigue teniendo muchas deudas contraídas en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta es algo que tienen que cerrar para librarse de ello. Argentina es el único país que se ha ocupado de las personas que participaron en el golpe y la junta militar, metiéndolas en la cárcel, el único país que lo ha hecho; eso es razón suficiente para apoyar a [la presidenta] Cristina Kirchner». Bernal es un personaje inusual en el mundo del espectáculo; tiene opiniones políticas y puede defenderlas por extenso y con conocimiento real de la situación. Es una cualidad rara en un mundo donde la mayoría de los famosos parecen obligados a sostener una especie de «activismo social» blando e inespecífico, sin apenas poner en cuestión las líneas promocionales y publicitarias que les suministran sus agentes. «Me encantaría que los atletas y las figuras del deporte tuvieran más interés por la política —se quejaba—. Recuerdo que Sócrates, el futbolista brasileño, era muy crítico con la junta de aquí. O los tipos de los Juegos Olímpicos de 1968, en México, con el black power. Sus hazañas adquieren una mayor profundidad, es fantástico cuando lo hacen, pero ahora mismo no se les ve implicados en nada».

Damon Albarn, vocalista de Blur y Gorillaz, ha estado en primera línea de los movimientos antibelicistas y de condonación de la deuda. Cuando le visité en su casa, al sur de Londres, me contó: «La guerra de Iraq fue el resultado de nuestra incapacidad para expresar lo que pienso que era un consenso: que se trataba de una idea espantosa y muy mal pensada». Se muestra particularmente mordaz con sus compañeros músicos, que hicieron gala de una cobardía vergonzante al no unirse a él y a Robert del Naja, de Massive Atack, cuando alcanzaron la voz. «Era muy difícil encontrar a alguien. Y no quiero dar nombres, porque son personas a quienes respeto por una u otra razón, pero se mostraron muy reacios a aparecer con nosotros […]. En aquel momento concreto, mucha gente que ahora asociaríamos con el antibelicismo no parecía preparada para hacerlo».

Tom Morello, guitarrista de la banda Rage Against the Machine, resaltó en una ocasión: «Una buena canción debería provocar en ti que quieras mover los pies y bailar con tu novia. Una canción magnífica destruiría coches de policía y prendería fuego a los barrios residenciales. A mí solo me interesa escribir canciones magníficas». Cuando conocí a Thom Yorke, de Radiohead, le pregunté cuál era su opinión sobre la relación, en apariencia tensa, entre la política y la creación. «Me pregunto qué descubrirías si dibujaras un diagrama de Venn para encontrar las coincidencias o si realizaras una encuesta informal sobre los gustos en términos artísticos —respondió—. Supongo que depende de lo amplias que sean las definiciones de política y las de arte o música. Si entiendes el arte y la música como algo que trasciende ese pequeño trozo de plástico que entra en el reproductor de CD y la política como algo que no solo sucede en los parlamentos, entonces creo que esa polémica no tiene ningún sentido; es una gilipollez». Pero «no vas a cambiarlos nunca», decía Yorke cuando le pregunté por la tentación de presionar a los políticos. «Por lo general, te sacan más de lo que tú sacas de ellos». A pesar de su manifiesta vehemencia, Yorke parecía reacio a asumir ningún papel representativo como voz de su generación. «Me encantaría de verdad que no me interesara nada en absoluto —comentaba—. En última instancia, es un terreno demasiado estéril, como para dedicarle mucho tiempo. Ya en la época del colegio te implicas en él, pero después ves todas las discusiones y piensas: “Esto es patético”, y quieres apartarte de todo aquello de verdad». Cuando pregunté a Yorke por la conciencia que tenía la población estadounidense de las perversas acciones que llevaba a cabo su país en todo el mundo, exclamó: «¡No tienen ni idea! Pero creo que lo de Iraq ha sido interesante; la prensa mayoritaria tardó mucho tiempo en convencerse, pero cuando lo hizo fue algo importante. Desde el momento en que empezaron a convencerse, lo expusieron tal como era».

El arte y la política

La interfaz entre la política y el arte siempre ha sido tensa, y algunos de los elementos más conservadores del mundo del arte acusan al arte político de ser agitprop. Sostienen que comprometerse directamente con la política merma la sofisticación del artista. Pero las cosas están cambiando. «En el mundo del arte hay una corriente muy reaccionaria según la cual no se debe hacer una obra abiertamente política —comentaba Peter Kennard, un profesor de fotografía en el Royal College of Art de Londres, uno de los artistas políticos más importantes de Gran Bretaña, además de mi padre—. Se puede insinuar, pero también tiene que ver con que el mundo del arte intenta vender obras. —Y añadía—: Nuestra interpretación del arte se ha vuelto en exceso esteticista y creo que lo único que puede cambiar esta situación, lo único que la está cambiando, es la presión de las crisis en el mundo». Si se contempla la obra de Kennard, además de apreciar una belleza espeluznante, se percibe desaliento y brutalidad. Los pobres y los desposeídos gritan desde las páginas de la prensa económica, los traficantes de armas juegan a la ruleta con armas multimillonarias y se conceden medallas a los soldados estadounidenses y británicos por los crímenes de guerra. Y sin embargo, a pesar del espíritu de su obra, conserva una filosofía semejante al «pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad» gramscianos: la opinión de que el arte crítico tiene poder para transformar el mundo y las actitudes. «La gente sí piensa críticamente el mundo a través del arte —explicaba—. Transformar las imágenes que ofrecen las noticias puede permitirte contemplar juntas imágenes conectadas que muestran cuál es la vinculación de estas facetas en el mundo. De modo que con un fotomontaje se obtienen imágenes reales de acontecimientos que han sucedido, pues alguien tomó esa fotografía, pero al mezclarla con otras se pueden establecer relaciones a través de las cuales se muestre cómo está ensamblado el mundo en realidad. En los medios de comunicación lo vemos todo aislado (los anuncios, los reportajes…), todo está desvinculado entre sí y disperso por todas partes. Cuando lo reúnes puedes mostrar dónde está el vínculo, lo cual es muy importante».

En lugares como Palestina, el uso de la expresión artística para dar sentido a ese mismo mundo inconexo es muy habitual. El testimonio más conmovedor y potente del padecimiento de los pueblos ocupados en Gaza y Cisjordania se ha dejado ver en exposiciones como «100 Shaheed. 100 Lives», que fue inaugurada en febrero de 2001 y era una reacción contra la escalada de violencia israelí de octubre de 2000. La exposición pretendía rendir homenaje a la vida ordinaria de las primeras cien víctimas de esta violencia mostrando objetos cotidianos muy queridos por cada uno de los muertos que habían sido reunidos por un grupo de investigadores sobre el terreno. Este ejemplo de Palestina es un síntoma de la paulatina politización de la creatividad, tanto en la literatura como en el arte, por todo el mundo. «Creo que ahora la gente no es tan irónica ni tan cínica —reflexionaba Kennard—. La gente trata de averiguar qué relación guardan como individuos con el mundo, porque el mundo está afectando muchísimo a nuestra vida; no podemos seguir negando que hay una crisis desatada en el mundo que afecta a las obras que se hacen. Eso no implica que se tengan que crear imágenes muy directas sobre esta cuestión, sino que la angustia que produce nuestra forma de vida y lo que hacemos en el mundo aflore en la obra».

Como no puede ser de otra manera, el radicalismo político siempre comporta riesgos, incluso en las sociedades en apariencia más libres. Quienes detentan el poder económico y político siempre han mirado con desconfianza a los artistas, sobre todo cuando son directos y cáusticos en sus obras. La libre creación siempre ha sido una antítesis frontal de la fría lógica del poder.

Hace unos cuantos años, Damon Albarn encargó a Kennard que hiciera un montaje en el marco de la campaña Light Up London de Orange. Su fotomontaje de la Virgen María con el logotipo de CND en lugar de un halo y con la tierra por cabeza no fue aprobado porque sufrió la censura de Orange, que lo consideró ofensivo para «las ancianas y los niños pequeños». «Ahora todas las grandes exposiciones en galerías tienen que estar patrocinadas, porque no hay suficiente dinero público —explicaba Kennard—. El patrocinador quiere que la imagen que se ofrezca concuerde con la de su empresa, así que le gustan ese tipo de cosas que no son concretas, del estilo de Damien Hirst. Si eres explícito desde el punto de vista político en lo que haces, es muy difícil encontrar patrocinadores y que puedas participar en una gran exposición pública, de modo que el patrocinio tiene efectos colaterales. Es algo mucho más silencioso y pérfido que la censura, pues supone que determinadas cosas no se llegan a ver. Así que aparentemente promueven la disidencia, pero cuando la cosa se pone demasiado seria la rechazan».

Le pregunté si pensaba que la necesidad de patrocinio quitaba punta a la disidencia. «Bueno, la gente trabaja al margen del sistema; construye sus propios espacios, trabaja colectivamente, trabaja en la calle y en espacios más reducidos —me explicó—. Así que hay muchas formas distintas de presentar una obra. Y hay montones de personas cooperando».

Quise saber si este tipo de censura era un fenómeno nuevo. —No, siempre ha sido así. En este siglo, las obras con un carácter político muy marcado son clandestinas; a mucha obra realmente buena solo se le permite aparecer cuando el autor está muerto y los temas que aborda han pasado. No es nuevo, pero ahora es más poderoso en el sentido de que el dinero privado es tan esencial para el mundo del arte que resulta verdaderamente difícil trabajar sin él». Kennard escribió en su artículo para The Guardian: «La censura es algo de lo que no se habla en el libre mercado; trae recuerdos de Lady Chatterley y Lord Chamberlain».

Tal vez la incidencia de la política y la violencia en la vida cotidiana de los artistas sea nueva en la Inglaterra posterior al 11 de septiembre, pero en Irlanda del Norte lleva presente desde hace décadas. El artista norirlandés Liam Kelly escribió: «Durante el periodo en que fue más intenso el conflicto político en Irlanda del Norte (1968-1998 y el primer alto el fuego del IRA), el panorama no era algo susceptible de ser celebrado, sino cuestionado y denunciado». Los temas de la tierra y el territorio aparecen una y otra vez cuando se contempla el arte de resistencia en este convulso lugar. Pensemos en Willie Doherty, cuya instalación de 1987 In the Walls presenta un texto que ocupa zonas de una vista panorámica horizontal de la zona Bogside, en Derry, a plena luz del día. Se presentaba de forma que, en palabras de Kelly, «nosotros/el artista o el colonizado/el colonizador ingresen en la imagen y adopten una posición».

El desmoronamiento de la economía argentina en el año 2001 también fue testigo de una explosión de creatividad artística. Cuando las clases medias mermaron y el 50 por ciento de la población quedó sumida por debajo del umbral de la pobreza, muchos ciudadanos empezaron a utilizar los objetos y espacios de su alrededor para crear un arte que hablaba de los agravios sufridos y sus deseos de cambio. Como consecuencia del crac económico, un colectivo de artistas radicado en la ciudad costera de Mar del Plata empezó a ocupar edificios abandonados y a crear instalaciones en ellos.

Cosas similares están sucediendo en la región mexicana de Chiapas, donde los zapatistas luchan por el derecho a la tierra (como ya hemos expuesto). Gustavo CP es un famoso muralista de los territorios controlados por los zapatistas en el sureste de México y viaja con frecuencia a Europa para exponer la obra que él y otros están confeccionando en el marco de uno de los movimientos populares más emocionantes del mundo. «Como todos los actos de nuestra vida —comentaba—, la forma en que nos relacionamos unos con otros y en que vivimos y reunimos nuestros sueños forma parte de la creación de nuestros valores culturales. Y plasmarla en las paredes con estos murales no es una tarea fácil. No es tampoco la labor de una sola persona ni una tarea para un grupo específico de personas. Es el trabajo de toda una sociedad que, por naturaleza, impacta sobre determinadas personas que, a cambio, quieren aportar algo a la comunidad. En este sentido, se establece una relación dinámica y enriquecedora de creación colectiva, que puede conducir a muchos otros sueños y posibilidades».[68]

En lugares como el Afganistán de los talibanes «la fotografía estuvo absolutamente prohibida», explicaba Thomas Dworzak, que visitó Afganistán como reportero gráfico en 2001. Todas las representaciones de criaturas vivas, incluidos animales, eran eliminadas de la vista pública y el retrato fotográfico era ilegal. Los fotógrafos de estudio de Kandahar explicaron a Dworzak que los talibanes volverían a retratarse cuando se autorizase de nuevo la fotografía para expedir pasaportes y entonces posarían maquillados y armados ante un fondo chillón y artificial de jardines llenos de flores. Estas imágenes se han convertido ahora en obras de arte por derecho propio, pues dicen más del narcisismo y la inmoralidad del gobierno talibán que mil palabras. El indestructible instinto humano para el arte y las imágenes queda demostrado con claridad con esta estampa; y en todas partes se oyen historias que hablan de un arte de resistencia creado por quienes por todo el mundo viven bajo dictaduras que los atrofian.

Desde que Puerto Príncipe sufrió el azote del terremoto de enero de 2010, que dejó a toda una sociedad traumatizada, un artista se ha dedicado a decorar la ciudad con hermosos murales y grafitis con los que expresa sus esperanzas y temores sobre el país. «Nunca he sido un gran entusiasta de la política —me decía Jerry Rosembert, para añadir a continuación que el alcance del trauma en Haití le había forzado a comprometerse—. Estoy obligado a hablar de lo que pasa en mi país, porque las cosas van mal y para mí es el mejor modo de dar solidez y valor a mis opiniones». Su arte no es más que otra forma de transmitir un mensaje: un grito que se haga oír en una sociedad a la que una catástrofe natural ha dejado muda. «Algunas personas, a su modo, a veces hacen esto en los periódicos o en la televisión, pero el grafiti me representa más y es una forma de opinar con la que disfruto».

La Primavera Artística se ha extendido hasta América del Sur, donde las protestas estudiantiles chilenas han servido de inspiración a una marea de grafitis y viñetas en las calles de Santiago y otras ciudades. El caricaturista político brasileño Carlos Latuff fue a Chile durante las protestas y aseguró que veía a los estudiantes de arte y los transeúntes elaborar en las paredes viñetas y pintadas en apoyo al levantamiento con una profusión que jamás había conocido en América Latina. Desde las protestas de Seattle en 1999, la polinización transfronteriza del arte contra la Organización Mundial del Comercio ha sido inmensa. Latuff está muy cotizado en Egipto y en muchas otras zonas de Oriente Próximo. Antes incluso de la protesta del 25 de enero que desencadenó la revolución egipcia, Latuff recibía de los manifestantes peticiones para que ilustrara determinados aspectos. «Resultaba de todo punto asombroso —contaba—. Suelo hacer mi obra sabiendo que se va a utilizar, pero aquello era distinto: hacían peticiones concretas. Les parecía que las viñetas y el arte podían ayudarles en su lucha».

Al principio de la guerra civil de Siria, el caricaturista político más famoso del país, Ali Farzat, fue agredido una noche cuando circulaba en su coche por Damasco. «Te vamos a romper las manos para que dejes de dibujar», le dijeron los matones justo antes de agredirle. Lo arrojaron a la cuneta. «Esto es más que una advertencia», le dijeron. En China, Ai Weiwei, el emblemático artista cuya obra ha abordado con valentía el tema de la represión en su país natal, fue detenido por las autoridades y permaneció incomunicado durante meses como consecuencia de falsas acusaciones que todavía están en vigor. En Honduras, las dos primeras personas detenidas tras el golpe de Estado de 2009 fueron el presidente Manuel Zelaya y el caricaturista Allan McDonald, que había publicado viñetas en apoyo del presidente depuesto. En 2003, el gobierno estadounidense pidió que se cubriera con un telón azul una copia de la obra maestra antibelicista de Picasso, el Guernika, que se exhibe de forma permanente en la sede de Naciones Unidas, cuando Colin Powell pronunció el infame discurso repleto de errores sobre las armas de destrucción masiva iraquíes y la necesidad de la invasión. Parece que va contra el sentido común. ¿Por qué el país más poderoso del mundo iba a preocuparse por una obra de arte que decoraba una sala de Naciones Unidas? ¿Y por qué la superpotencia más reciente del mundo iba a preocuparse por un hombre que acumulaba semillas en un estudio de Pekín? «Los artistas, sobre todo los caricaturistas, pueden facilitar mucho que todo el mundo comprenda una declaración política complicada —afirmaba Carlos Latuff, cuyas viñetas se han convertido en compañía habitual de levantamientos por todo el mundo—. Tenemos la capacidad para reírnos de los dictadores, y, por supuesto, los dictadores no tienen sentido del humor».

Arte en las calles

Hay cierto debate acerca del significado real del término «arte callejero». Es un apelativo que describe un género artístico más que una mera obra hecha en el exterior. Pero Swoon, una de las pocas mujeres que trabaja en este campo, opina que es equívoco. «A mi juicio, si trabajo en el exterior…, bueno, llámalo arte callejero, pero si trabajo en el interior es una instalación —decía—. Para mí no resulta una distinción muy útil». Muchos de quienes lo practican creen que la etiqueta es otra forma de degradar una forma de arte que amenaza a una élite nerviosa. «A veces, parece que la gente necesita un nombre para las cosas; si no lo conocen por un nombre, no lo comprenden —sentencia Evol—. Me desagrada la expresión». Como nos recordaba Proudhon hace un siglo, la propiedad es robo, y emplear la propiedad privada como lienzo para expresarse es una forma de reclamar la riqueza privatizada y volverla pública. En ese instante crítico, el lienzo del edificio de algún banco o la fachada de un comercio pasa a ser suyo, nuestro. «Nuestro» porque el grafiti es una de las formas artísticas más altruistas; obras complejas y coloridas instaladas en nuestro beneficio que contemplamos mientras paseamos, y que a menudo representan un considerable coste económico y, en ocasiones, legal para el artista. Pensemos, por ejemplo, en la publicidad, que está por todas partes: en todos los edificios, paredes, medios de transporte o escuelas. Eso está ahí simplemente para manipularnos y sacarnos dinero, pero cuando la publicidad se introduce por cada rincón y cada grieta de nuestros espacios públicos y privados no se ve por ninguna parte a ningún cuerpo de seguridad que vele por el cumplimiento de la ley.

Artistas como Banksy no han sido capaces de resistir a la normalización de su arte a manos de la opinión dominante. Herbert Marcuse denominó a este proceso «tolerancia represiva», y el situacionista Guy Debord lo calificó de «sociedad del espectáculo». Es un riesgo que corren todos los artistas que tratan de subvertir la extorsión cuando trabajan bajo la influencia de la extorsión. Obras que empezaron siendo una crítica de la guerra y la desigualdad social pueden ser asimiladas a la corriente dominante y mercantilizadas y vendidas a la gente con la que en un principio eran críticas, que las vacía de su mensaje. Naomi Klein señala en su libro No logo, publicado en las semanas posteriores a los acontecimientos de Seattle, que Nike había empezado a contratar a jóvenes artistas del grafiti para que dibujaran carteles de Nike que les dieran más credibilidad en las calles. Cuando estos mastodontes empresariales se proponen inhalar toda la creatividad e integrar las idea antisistema, los artistas que no quieren acabar siendo decoradores de grupos de presión de Goldman Sach deben luchar para lograrlo. Cuando Diego Rivera pintó un fresco por petición de los Rockefeller para su centro de Manhattan en la década de los años treinta, incluyó una manifestación del día de los trabajadores y una imagen de Lenin. Rockefeller se enfadó mucho y le pidió que eliminara a Lenin; cuando Rivera se negó, ordenó que destruyeran el fresco.

Los artistas con integridad suficiente para seguir operando al margen de las corrientes dominantes deberían poner en cuestión la represión ejercida de forma activa por el totalitarismo y la ejercida a fuego lento por el control empresarial. Como el arte y la expresión creadora se desenvuelven más allá de las coordenadas habituales del control, tienen el poder de atemorizar a las cúpulas. Los intelectuales y los académicos de la industria del arte que llevan apuntando desde hace tiempo que el arte político no es más que mera agitprop están quedando como estúpidos gracias a una nueva generación de artistas que no considera que su papel sea crear imágenes bonitas y diseñar conceptos ingeniosos para salas de juntas. Emplean la creatividad como un elemento intrínseco de un movimiento todavía incipiente en defensa de la justicia, pero que adquiere cada vez mayor sustancia y definición. Han interiorizado la sentencia intemporal de Brecht según la cual «el arte no es un espejo alzado ante la realidad, sino un martillo con el que darle forma».

El auge de la tecnología y las redes sociales ha sido un corolario vital para este movimiento. Facebook y Twitter no solo han permitido a los activistas organizarse, sino que también les han suministrado una herramienta clave para difundir imágenes. Han acelerado esta «democratización» del arte y facilitado muchísimo eludir a las galerías, que antes eran requisito imprescindible para crearse un público. «Sobre todo en el último año he estado utilizando Twitter y Facebook para difundir las obras, lo que ha desempeñado un papel importante para darles salida —informaba Carlos Latuff—. Subo una única viñeta y a veces en solo 15 minutos obtiene 3.000 visitas, en función del tema. Es asombroso que una simple viñeta se propague como un incendio». Salir de la galería también cambia al público. En una situación revolucionaria, el objetivo suele ser llegar al mayor número posible de gente. El arte callejero es, en cierto modo, intrínsecamente político de un modo que el arte de las galerías no lo es. La gente que lo ve no tiene elección, a diferencia de quienes se aventuran a entrar en una galería un domingo por la tarde. Ahora, las paredes son la galería, y el público se ha multiplicado exponencialmente. «Utilizo el espacio para que lo vea todo el mundo que vive o pasa por un lugar, hablo de forma espontánea con cualquier transeúnte —contaba Evol—. Nadie me pidió que lo hiciera, así que, en cierto modo, no puedo pedir una reacción».

Krzysztof Wodiczko es un artista polaco que imparte clases en la Universidad de Harvard y es famoso por sus proyecciones, entre ellas la de una esvástica en la embajada de Sudáfrica en Londres durante la época del apartheid. En los últimos cuarenta años ha utilizado sus obras para apoyar las causas en las que cree. Pero decía que nunca había estado tan nervioso. «En 1968 había críticas legítimas de que el arte estaba siendo demasiado conservador en la elección de los medios y, por tanto, en su capacidad para llegar a quienes en realidad tenía que llegar. Los artistas disfrutaban diseñando algún cartel, pero lo que hacía falta era algo que llegara a los medios de comunicación de masas». Ahora, decía, «la totalidad de la geografía cultural de la resistencia se aprovecha de la comunicación mediante el teléfono móvil. Aun cuando las autoridades traten de imponer la censura, siempre habrá modos de sortearla con otros inventos».

Cultura ocupada

En el momento culminante de las protestas de Occupy Wall Street de Nueva York, yo estaba en una manifestación nocturna por el puente de Brooklyn cuando, de repente, todos tuvimos la sensación de ser superhéroes de la disidencia. Cuando levantamos la vista, el edificio de Verizon que está al pie del puente empezó a iluminarse con proyecciones; exactamente igual que cuando se llama a Batman en el momento que hace falta que se ocupe del mal en Gotham. Un enorme «99 por ciento» relampagueó en la fachada junto con eslóganes como «Otro mundo es posible» u Occupy Earth — We Are Winning («Ocupa la Tierra. Vamos ganando»). Los vítores se apoderaron de los manifestantes, pero nadie sabía quién era el responsable de aquello. La inmensa e impenetrable sede empresarial de Verizon, que era objeto de críticas por el trato que dispensaba a los trabajadores en huelga, había sido secuestrada y no había nada que la policía o la empresa pudieran hacer. Corrieron rumores sobre quiénes habían proyectado las imágenes, hasta que en los siguientes días se dio a conocer que había sido Dawn of Man, una productora radicada en la ciudad que llevaba activa varios años pero solo ahora estaba haciendo una labor directamente política. Como a tantos otros, los levantamientos de 2011 la impulsaron a comprometerse por primera vez. «Personalmente, me he sentido animado —explicaba Max Nova, un joven artista de Colorado y la mitad del colectivo Dawn of Man—. No solo para adoptar una actitud política, sino para hacer una obra centrada en producir un cambio, en concienciar sobre cuestiones importantes». El movimiento Occupy ha sido sinónimo de pancartas, carteles e instalaciones artísticas desde el primer momento. Lo primero en lo que uno reparaba al llegar a Zuccotti Park era que todo el mundo tenía su propia pancarta, algunas garabateadas en cajas de pizza, otras impresas con profesionalidad en forma de fotomontaje. Había una necesidad evidente de expresar de forma creativa la insatisfacción, en lugar de limitarse solo a gritarla. Nova decía que las proyecciones de aquella noche se habían hecho desde una vivienda privada. «Teníamos a la poli llamando a la puerta del apartamento, pero no podían entrar sin una orden judicial —explicaba—. Es interesante ver cómo el arte se ha convertido en un factor fundamental —proseguía—. Si observas los grupos de trabajo de Occupy Wall Street Nueva York, el grupo de arte y cultura destaca por estar entre los más numerosos. Un montón de artistas se sienten atraídos por esta labor».

Krzysztof Wodiczko establece de hecho una distinción entre dos formas diferentes de arte político: la directa y la indirecta. «Mi experiencia en Polonia con el régimen anterior era que, como tenía esa imagen de sistema abierto o de un sistema con rostro humano que se transformaba en mayor democracia, en realidad le daba mucho miedo que la disidencia pudiera llevarle la contraria. De modo que se permitía a los artistas expresarse y abordar cuestiones políticas siempre que lo hicieran de manera indirecta, metafórica. Si, en cambio, adoptaba una forma de expresión más directa o la gente los reconocía como activistas políticos además de como artistas, entonces acababan en la cárcel o se les impedía hablar o comunicarse». Latuff es un ejemplo de ello. Está prohibido en Israel porque ha hecho viñetas críticas sobre el trato que dispensa el gobierno a los palestinos. En Brasil ha sido detenido en tres ocasiones por distribuir sus obras. «Creo en lo que el Che Guevara llamaba internacionalismo, la solidaridad con los pueblos —concluía—. Si tengo una habilidad, creo que es necesario ponerla al servicio de los movimientos sociales. El artista no puede ignorar que el arte es una herramienta de cambio. Menos aún ahora».

Según parece, la cooptación de la cultura por parte de la resistencia constituye el ejemplo más poderoso de que la lucha contra la extorsión es real, es global y está interrelacionada. Desde los manifestantes de Occupy hasta los palestinos que resisten a la opresión del Estado israelí, la extorsión está sufriendo el ataque combinado desde dentro y fuera de sus cuarteles generales en Estados Unidos de América. Las víctimas de este sistema —el 99 por ciento de la humanidad, convertida en sierva— están viendo que tienen más en común con las personas del otro lado de sus fronteras nacionales que con los extorsionistas que ocupan la cima de su sociedad. Al igual que los artistas disidentes, debemos emplear todas las herramientas de cambio disponibles para acabar con la extorsión, aplastar su sindicato del crimen y construir un futuro justo. Todos tenemos un papel que desempeñar. Parafraseando a Arundhati Roy, ha llegado el momento de dejar de adorar a nuestros opresores, que son zombis, y aprender a amarnos a nosotros mismos. Ya sabes lo que hay que hacer: ármate y únete a la guerra de independencia para liberarnos de la extorsión de una vez para siempre.

Epílogo

Nuestro mundo está gobernado por la extorsión. Esta extorsión está constituida por una amalgama de agentes diversos, entre los que se encuentran empresas transnacionales, bancos, fondos financieros de inversión y compañías de seguros; en realidad, las muy dispares concentraciones de riqueza privada existentes en nuestra sociedad. Raras veces conocemos el nombre de las personas que gestionan estas instituciones, pero detentan el poder real en nuestro mundo y están respaldadas por el gobierno estadounidense y, como último recurso, por el ejército estadounidense.[69] Pero la extorsión no es nada sin los medios de comunicación. Los medios de comunicación confieren apariencia de moralidad a las trapaceras acciones de esta red y mantienen las potentes ideologías mediante las cuales los robos de los ricos a los pobres se traducen en proyectos formulados para los pobres del mundo. Tras la publicación de la primera edición de La extorsión, algunos curiosos me preguntaron por qué, si lo que yo decía era cierto, esta élite más parecida a una mafia actuaba impunemente con tanta facilidad y nadie parecía enterarse de lo que de verdad sucedía. La respuesta reside en los medios de comunicación; así que en este epílogo trataré de mostrar cómo funcionan en la práctica.

Para empezar, la consideración más importante es que los medios de comunicación, como es natural, son propiedad de la extorsión, de modo que no puede sorprendernos que reflejen las prioridades de la extorsión. En Estados Unidos, seis empresas son propietarias del 90 por ciento de los medios de comunicación.[70] En el Reino Unido, la empresa de medios de comunicación News International, de Rupert Murdoch, aun tras el cierre de News of the World, sigue comprendiendo el 34 por ciento de la distribución de prensa escrita en el país y, de no haber sido por las revelaciones hechas públicas mediante escuchas telefónicas, habría adquirido casi con total seguridad el cien por cien de la cadena antes llamada BSkyB.[71]

En segundo lugar, todo el mundo llega a la cima pensando lo que se debe pensar. En The Financial Times aprendí enseguida que la extorsión y los medios de comunicación son, en esencia, lo mismo y que los periodistas cumplen sus órdenes sin realizar siquiera un esfuerzo consciente. No es preciso un programa intensivo de lavado de cerebro. Los directores y jefes de redacción dan por supuesto que, cuando un periodista llega a la cima de estas instituciones ideológicas, ya ha interiorizado lo que puede y no puede decir. Y sabrá, por ejemplo, que Occidente no es como el resto del mundo. O que el Reino Unido y Estados Unidos son nobles, aun cuando a veces cometan errores que se nos permite criticar. En última instancia, cuando llega el momento de las conclusiones, nosotros somos los buenos. Esta es otra faceta de cómo se mantiene la farsa: el sistema de los medios de comunicación en Occidente no funciona mediante una censura manifiesta. La belleza del sistema reside en que no hace falta decir a los periodistas lo que tienen que escribir: ellos sustentan el statu quo sin pensarlo. Los propietarios actúan basándose en el principio de «tú dices lo que quieres y nos gusta lo que dices». Cuando uno empieza a poner a prueba los límites de nuestra «prensa libre», lo aprende… y se queda sin empleo. Nos viene de nuevo a la memoria Rosa Luxemburgo, a quien cité en el capítulo 15: quienes no se mueven no perciben las cadenas que los atan. Muy pocos periodistas de las grandes empresas de medios de comunicación se mueven, de manera que creen que tenemos una prensa libre. Yo puedo confirmar que no es así.[72]

Cuando he visto aparecer a periodistas jóvenes en el sector he percibido que sus opiniones cambiaban o se moderaban a medida que iban aclimatándose a la institución. Hay una frase célebre de Winston Churchill que dice que si no se es socialista a los veinte años no se tiene corazón y si no se es conservador a los treinta no se tiene cerebro. Churchill tenía razón a medias, pero se equivocó con el ejemplo. En lo que se refiere a los medios de comunicación, si no se es conservador a los treinta años no quiere decir que no se tenga cerebro, sencillamente significa que uno no se ha aclimatado a los medios de comunicación conservadores que han sido creados para que ingrese en ellos. No es casualidad que la gente se vuelva menos idealista a medida que envejece. Así es como actúa el sistema para arrancar de él las ideas peligrosas y mantener el control en manos de quienes ocupan la cima. De este modo, poco a poco, uno deja de expresar opiniones diferentes de las de todos los demás y abandona cualquier idealismo que alimentara con anterioridad. Si uno sigue pensando como antes, enseguida se convierte en un «inconformista» o, lo que es aún peor, en alguien «inmaduro» o «infantil». Es difícil ir a trabajar todos los días para desarrollar toda una carrera profesional bajo este tipo de presión por parte de un grupo y no volverse loco. Pocos lo intentan de forma muy continuada. Por mi experiencia, no se trata de algo maquiavélico, la gente no piensa expresamente: «Voy a convertirme en un guerrillero neoliberal para poder ascender en el escalafón de mi periódico». Pero atempera poco a poco sus opiniones y suaviza de forma paulatina sus «filos más cortantes» con el fin de acabar formando parte del pensamiento institucionalizado. Cuando se entra a formar parte de una empresa como The Financial Times, todo el mundo tiene una idea muy estricta de cómo funciona la economía global, y, si no se comparte esa idea, acaba uno fuera. Por supuesto, así es como funcionan todos los sistemas de poder. No funcionan promocionando a los disidentes ni a las personas que piensan de manera distinta a todos los demás; si lo hicieran, no durarían mucho.

Inhumanidad

Dado el papel central que la prensa económica desempeña para engrasar los eslabones del sistema económico, tal vez seguir los medios dedicados a cubrir el funcionamiento interno de la extorsión, como The Financial Times, sea el mejor modo de comprender el yo capitalista. A mi juicio, los medios económicos especializados, sobre todo sus sectores menos educados, constituyen el mejor medio pata comprender el mal que anida en las raíces de nuestro mundo. En su emblemática obra Psicoanálisis de la sociedad contemporánea: hacia una sociedad sana, el psicoanalista Erich Fromm escribió lo siguiente: «El hecho de que millones de personas padezcan las mismas formas de patología mental no hace de esas personas gentes equilibradas». Un reportaje de CBS News emitido poco después de la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez representa el ejemplo perfecto. Revela de manera maravillosa las inhumanas prioridades de los medios de comunicación de la extorsión y, por extensión, del conjunto de nuestro sistema económico. Después de hablar de la reacción del mercado petrolero ante la noticia de la muerte de Chávez —el líder democráticamente elegido de Venezuela que había cosechado éxitos inmensos en la reducción de la pobreza y la indigencia—, el periodista pasaba a decir —y recuérdese que no es una sátira—: «Chávez invirtió la riqueza petrolera de Venezuela en programas sociales, como mercados de alimentos estatales, prestaciones en efectivo para familias pobres y hospitales y programas educativos gratuitos. Pero los beneficios fueron exiguos comparados con los espectaculares proyectos de construcción que la riqueza petrolera espoleó en ciudades de Oriente Próximo, entre los que se encuentran el edificio más alto del mundo en Dubái y los planes de abrir sucursales de los museos del Louvre y Guggenheim en Abu Dabi».[73]

Para el yo capitalista, mucho más importante que toda la valiosa ideología sobre la reducción de la pobreza mediante el crecimiento y la liberalización económica es este tipo de cálculos. La sanidad y la educación gratuitas para la mayoría pobre, que durante siglos ha vivido apartada de la riqueza mineral de su propio país, es irrelevante, carece de importancia. Según esta interpretación del mundo, los seres humanos son de segunda categoría. Lo importante es el objeto, el vistoso edificio donde los ricos se pueden sentir importantes e hincharse de prestigio. Esto sigue sucediendo en todas partes, si bien las prioridades de los medios de comunicación de la extorsión no suelen exponerse de forma tan descarada. El día siguiente a la matanza de treinta y cuatro mineros en huelga en la ciudad sudafricana de Marikana, por ejemplo, yo estaba escribiendo un reportaje para The Financial Times y una entrada en el blog del periódico sobre la empresa que daba empleo a los mineros titulaba: «Lonmin: Killings Cast a Long Shadow» [«Lonmin: los muertos proyectan una larga sombra»]. La larga sombra no era el impacto sobre las familias de los muertos ni la responsabilidad criminal de la empresa en contra de la cual los mineros estaban en huelga. Más bien, la entradilla señalaba la tragedia que suponía que las acciones de Lonmin, el grupo extractor de platino que ocupaba el centro de la disputa, «habían caído un 10 por ciento en Johannesburgo a primera hora de la mañana del viernes, cuando se dieron a conocer los detalles del tiroteo en el complejo minero que la empresa tiene en Marikana, cerca de Rustenburg». Proseguía diciendo algo que era mucho peor: «Una tragedia de esta envergadura causará un impacto político, económico y social, lo que parece indudable que afectará al clima de inversión».[74] Damas y caballeros, he aquí la más alta cima de los delitos de la prensa económica. ¿Trabajadores asesinados?…, bueno, así es la vida. Pero deteriorar el clima de inversión…, ¡eso sí que es una crisis! En la revista Business Day de Sudáfrica la preocupación tras los hechos se centraba de forma similar en lo que la matanza supondría para los inversores. Alertaban de que «el tiroteo a muerte de Marikana podría disuadir a los inversores, advierten los economistas».

Los ejemplos de semejante falta de humanidad son legión. Cuando The Wall Street Journal publicó un artículo sobre la muerte del general Suharto, el dictador indonesio asesino de masas armado por Estados Unidos, señaló: «Merecen ser destacadas […] las aportaciones positivas del hombre que convirtió a Indonesia en un miembro respetado de la comunidad internacional».[75] Este es el hombre que llevó a cabo en Timor Oriental uno de los mayores genocidios del siglo XX. Pese a todo, era bueno para los negocios, que es lo único que le pedimos para escribir sobre él una buena crítica. Cuando el presidente conservador colombiano Álvaro Uribe dejó el cargo, The Financial Times publicó un artículo titulado «After the Saviour, What Happens Next?» [«¿Qué viene después del salvador?»]. Este es el hombre que presidió las matanzas masivas y se alió con grupos paramilitares ultraviolentos de derecha en su guerra contra las FARC, así como contra los disidentes en general. «Deja una huella muy difícil de emular», concluía The Financial Times. Sin ningún género de duda eso es así…, si la vara de medir es el número de muertos que uno puede acumular siendo presidente.

Muchas veces se puede rastrear la reacción positiva de la prensa económica y también de la prensa en general en función de lo amables que son los dirigentes con las empresas transnacionales y el capital extranjero. Luiz Inácio «Lula» da Silva, presidente de Brasil desde 2003 hasta 2010, se convirtió en el favorito de la prensa occidental durante su mandato debido a unas reformas sociales que, aunque buenas en sí mismas, no ponían en cuestión el gobierno del capital en su país. Sin embargo, como hemos visto, Evo Morales y Hugo Chávez asumieron el poder y se lo devolvieron a su pueblo mediante nacionalizaciones y cancelaciones de contratos de explotación. Por eso fueron vilipendiados y acusados de ser dictadores y terroristas. Uno de mis artículos favoritos de The Wall Street Journal, titulado «Bolivia’s Descent into Rogue State Status» [«El descenso de Bolivia a la categoría de Estado canalla»], señalaba que el país se ha convertido en «una placa de Petri en la que proliferan la cultura del crimen organizado, la política radical y el fundamentalismo religioso». Ese es el castigo que espera en los medios de comunicación de la extorsión si se anteponen los intereses del pueblo a los de la cuenta de resultados del 1 por ciento.

Hace poco tomé un ejemplar de The Economist de un día festivo. Cualquiera pensaría que como he escrito un libro sobre los inmorales tratos de los extorsionistas estadounidenses estoy acostumbrado a este tipo de ejemplos, pero aun así me impresionó la falta de toda tentativa de ocultamiento. Un artículo sobre Angola, el «prodigio económico que ha sufrido una desgracia», se lamentaba del enfriamiento de la economía angoleña. Las patologías del yo capitalista daban a conocer detalles cuando la revista afirmaba: «El 7 de mayo el gobierno anunció el fin de los subsidios al combustible, que antes consumía un ingente 4,5 por ciento del PIB. Esta, a juicio de todos, sensata medida (pues las ayudas distorsionaban el mercado y promovían el contrabando) afectará a los pobres con especial crudeza en una sociedad ya enormemente desigual». Una vez desmontada, esa frase dice que una política que «afecta a los pobres con especial crudeza en una sociedad ya enormemente desigual» es «sensata a juicio de todos». Y es cierto… desde el punto de vista de un rico inversor o un oligarca local, porque para ellos no es importante que el Estado ayude a sus ciudadanos más pobres a poder permitirse el combustible para sus vehículos u hogares. De hecho, la ideología del libre mercado, que sostiene que toda intervención estatal en favor de los más pobres constituye una «distorsión del mercado», convierte semejante medida no solo en algo «sensato», sino también necesario. La muerte de los pobres es necesaria. En un artículo sobre Egipto aparecido en ese mismo número, donde se aludía a los «éxitos» del brutal dictador y asesino de masas egipcio Abdelfatah Al-Sisi, The Economist apenas podía ocultar su gozo cuando se refería no solo a las matanzas llevadas a cabo por sus tropas, ¡sino también a los grandes beneficios obtenidos por los inversores! El artículo se titulaba «The Lure of Sisi» [«El encanto de Sisi»] y afirmaba que el mercado de valores de Egipto proporcionaba a los inversores los mejores beneficios del año 2014. De manera que sí, un año fantástico para los inversores.[76] Pero según Amnistía Internacional el año anterior no fue tan bueno si uno era un manifestante pacífico. En los seis últimos meses del año 2013 murieron en manifestaciones casi 1.500 personas, la mayoría a manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad egipcios. Sin embargo, The Economist señalaba: «Sisi ha consolidado el poder y ha aplastado la disidencia sin piedad. Su gobierno firme y su programa de desarrollo económico también han atraído las muy necesarias inversiones. “Es preciso sacrificar las libertades en aras del progreso”, sostiene el presidente. Por ahora, al menos, se puede sentir justificado». Justificado.

En ciertos aspectos admiro la honestidad de The Economist. Ni The New York Times ni The Washington Post ignoran que Estados Unidos es responsable de sostener y apoyar a muchos gobiernos profundamente represores y asesinos, pero encuentran algún modo de vestir esta realidad para que sus lectores liberales se sientan bien con ella; en el caso de Egipto, lo más probable es que utilicen la «amenaza» de los Hermanos Musulmanes. Al menos, The Economist tiene la honradez de decir qué es lo importante de todo esto: la posibilidad para los inversores de ganar mucho dinero. The Wall Street Journal hace gala de similar honradez al manifestar a favor de qué equipo están. En un editorial publicado tras el golpe de Estado en Egipto que situó en el poder a Sisi, el redactor afirmaba: «Los egipcios tendrán suerte si los nuevos generales que gobiernan resultan estar hechos a imagen y semejanza del chileno Augusto Pinochet, que asumió el poder en medio del caos pero designó a reformadores del libre mercado y alumbró una transición hacia la democracia». Esa «transición» de la que habla The Wall Street Journal supuso un golpe de Estado contra un presidente democrático constitucional, Salvador Allende, y diecisiete años de dictadura fascista, además de miles de muertos. Pero…, bueno…, mucha gente se hizo rica.

La hoja de parra

Cuando me marché de los medios de comunicación de la extorsión y traté de escribir para otros periódicos que yo consideraba que reflejaban mejor mis puntos de vista políticos, me di cuenta de que había algo aún más perturbador que lo que había visto en su interior: el control que la extorsión ejerce sobre los medios de comunicación de masas es absoluto. Los sectores liberales e izquierdistas de los medios de comunicación dominantes están tan comprometidos con el dinero empresarial y los intereses privados como sus rivales conservadores, o tal vez aún más. Y son estos medios progresistas los que resultan esenciales para mantener la fachada de que los medios de comunicación son libres y justos. Producen la impresión de que luchan contra la extorsión, cuando en realidad la apoyan en sus elementos fundamentales. Me di cuenta de que, en realidad, un periódico como The Guardian del Reino Unido, seguramente el periódico de izquierdas más influyente en el mundo occidental, es una de las instituciones más sesgadas y mojigatas. Está abarrotado de licenciados de escuelas privadas de Oxford y Cambridge que se consideran liberales en una cruzada contra el poder estatal y empresarial.[77] Pero si uno da un pequeño paso a la izquierda se enterará. Guardan su flanco izquierdo religiosamente y dan instrucciones al mundo de que todo aquel que opere en esa zona se está pasando de la raya. Eso mismo se puede decir de The New York Times en Estados Unidos.

Cuando empecé a examinarlo con detalle, vi que The Guardian está en realidad profundamente implicado con la extorsión y depende de ella para realizar sus operaciones informativas cotidianas. Si se indaga en la sección «Cities» de su página web, se descubre que toda ella está patrocinada por la neoliberal Fundación Rockefeller. Si se navega por la sección «Global Development», se verá que está patrocinada por la igualmente neoliberal Fundación Gates. Y así sucede en otras secciones.[78] El poder de las empresas ha hundido a fondo sus garras en The Guardian. Escarbe aún más en su página web y encontrará la «Sustainable Business Zone», donde el patrocinador de su sección «Social Impact» es el gigante de la minería Anglo-American y el de la sección «Sustainable Living» es el mastodonte de los artículos de consumo Unilever. Así, estas empresas campan a sus anchas y publican datos absurdos sobre responsabilidad social corporativa, en un intento por mejorar su imagen para tener menos problemas a la hora de explotar los países en los que obtienen sus beneficios. El propio The Guardian afirma oficialmente que este patrocinio no tiene ninguna consecuencia sobre sus reportajes e informaciones. Pero yo mismo comprendí que tal vez no era del todo cierto cuando informé desde una ciudad salvadoreña llamada Nejapa, donde muchos habitantes y familias no podían permitirse el agua potable a pesar de que vivían sobre un acuífero gigantesco.[79]

En la época que estuve preparando aquel reportaje con un colega, cuando pedí unas declaraciones a la empresa cervecera SABMiller empezaron a ponerse pesados, porque querían saber qué iba a escribir en el artículo. Me enviaron un informe desmadejado sobre Nejapa que habían elaborado con Oxfam —con lo que, al mismo tiempo, mostraban que la extorsión extiende ahora sus tentáculos también por las ONG—. En última instancia, en nuestro artículo solo se mencionaba de forma tangencial a SABMiller y se citaba a uno de sus portavoces.[80] Pero al cabo de unos días reparé en que The Guardian contenía en su página web un artículo al respecto, patrocinado por la Fundación Gates, por supuesto. Era una entrevista de novecientas palabras con Karl Lippert, presidente de la división latinoamericana de SABMiller, que parecía una nota de prensa de la compañía. Se le cedía un amplio espacio para extenderse sobre el compromiso sin ambages de su empresa con la seguridad del abastecimiento de agua. A continuación, respondía por extenso a las críticas de nuestro artículo sobre el control que las empresas ejercen sobre el agua en Nejapa. Pensé que era raro que The Guardian lo presentara en forma de reportaje. Lippert es un completo desconocido, y en buena parte del artículo hablaba del reportaje que habíamos publicado nosotros. Según me enteré después, The Guardian tenía en su página web una «zona de colaboradores» patrocinada por SABMiller.

El equivalente de The Guardian en Estados Unidos no es mucho mejor; en realidad, es peor. Al menos, The Guardian no apoyó el golpe de Estado antidemocrático contra el gobierno de Hugo Chávez en el año 2002. The New York Times sí lo apoyó. Dos días después del golpe describía del siguiente modo el derrocamiento de la democracia, la suspensión de la Constitución y el nombramiento de un tirano millonario: «El hombre que ocupa el palacio presidencial ha dejado de ser un redomado populista rencoroso famoso por sus discursos erráticos, y ahora es un empresario apacible que escoge cada palabra con sumo cuidado». En otro artículo continuaba diciendo: «Con la renuncia de ayer del presidente Hugo Chávez, la democracia venezolana ya no se ve amenazada por un dictador en potencia. El señor Chávez, un demagogo ruinoso, renunció al cargo cuando intervino el ejército y entregó el poder a un dirigente empresarial respetado, Pedro Carmona».[81]

¿Qué esperanza podemos albergar si este es el extremo progresista de los medios de comunicación dominantes en Estados Unidos y el Reino Unido?

La extorsión que nos gobierna queda aún más autorizada y reforzada por periódicos como The Guardian y The New York Times que por Rupert Murdoch o The Financial Times, pues aquellos definen lo que es la opinión progresista aceptable y nos dicen hasta dónde podemos llegar si queremos seguir siendo «respetables» y tener una carrera periodística profesional en grandes medios. Las restricciones sobre nuestra imaginación nos obligan a adorar a nuestros opresores y producen la ilusión de que luchamos por la justician al tiempo que debilitamos a los dirigentes y los movimientos populares que la harán realidad. La extorsión está profundamente arraigada en todas y cada una de las fisuras de los medios de comunicación de masas y no seremos libres hasta que esa garra no se suelte.

Por fortuna, la garra ya se está soltando. Por todo el mundo proliferan medios de comunicación independientes del control empresarial y desvinculados de las calamidades de los temas de discusión de la extorsión. Estamos viviendo una época apasionante para los medios de comunicación, pero no para los medios tradicionales. Lo que está sucediendo ahora es un desplazamiento masivo e irreversible del poder hacia las personas. Durante dos siglos, las clases altas han sido propietarias de los medios de producción intelectual, desde periódicos hasta imprentas y todo lo que fuera necesario para proyectar sobre la sociedad a escala masiva una determinada visión. Pero ahora, con la aparición de Internet, hay muchas más formas de sortear lo que ha acabado por ser un sistema auténticamente putrefacto. Que no quepa ninguna duda: asusta a las clases dominantes más insensatas. Han tenido el control de todo esto muchísimo tiempo y no quieren que se les escape.

Desde España hasta Grecia, el nacimiento de movimientos populares ha llevado al poder a verdaderos progresistas, lo que ha sucedido en buena medida sorteando las rancias y viejas redes de medios de comunicación mundial. Podemos logró obtener el 21 por ciento de los votos en las elecciones de diciembre de 2015 celebradas en España; hacía solo dos años que se había fundado el partido, lo que sucedió bajo una enorme hostilidad por parte de los medios de comunicación. Pocos meses antes, en el Reino Unido, Jeremy Corbyn fue elegido dirigente del Partido Laborista con un número de electores avasallador que estimuló una corriente progresista adormecida hacía mucho en Gran Bretaña, una vez más bajo la campaña de acoso político-mediático más intensa de la historia reciente. El senador Bernie Sanders ha agitado de manera similar el espectro político estadounidense con su exitosa campaña por la nominación como candidato demócrata a la presidencia, aun cuando las grandes empresas de medios de comunicación arrojaran todo el fango posible sobre su autoproclamado «socialismo». Mientras tanto, Syriza, un partido de izquierdas, ha tomado el poder en Grecia y sigue siendo popular, pese a que los medios de comunicación tradicionales propiedad de las oligarquías se le han tirado al cuello. El ámbito de lo posible se está ensanchando. La gente sale a buscar noticias en los medios de comunicación tradicionales y ve que la verdad no reside en las instituciones «respetables» en las que antes confiaba. La descomposición del centro político en Occidente encuentra paralelismo en la descomposición del núcleo central de los medios de comunicación. Cuando ambos procesos hayan concluido, podremos quedarnos mirando larga y fijamente la maquinaria podrida que gestiona nuestra economía y arrojarla a la papelera de la historia. El centro cede.

MATT KENNARD

Londres

Enero de 2016

Notas

[1] Expresión alusiva a Mateo 5, 14. Ha sido empleada con frecuencia por diferentes presidentes estadounidenses, entre ellos J. F. Kennedy, R. Reagan y B. Obama. (N. del T.) <<

[2] Working for the Few. Political Capture and Economic Inequality. Documento 178 de Oxfam, 20 de enero de 2014 [Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica. Disponible en https://www.oxfam.org/es/informes/gobernar-para-las-elites]. El régimen nazi mató a más de 1,5 millones de niños en Europa. Se estima que cada año mueren de malnutrición 3,1 millones de niños. <<

[3] Datos proporcionados al autor por el Banco Mundial. <<

[4] www.wikileaks.org/plusd/cables/05PORTAUPRINCE1455_a.html <<

[5] Isabeau Doucet (2013): «One Year on, Haiti hasn’t “Built Back Better”», en The Nation, 12 de enero de 2013. <<

[6] Citado en Murray N. Rothbard (2000): A History of Money and Banking in the United States: The Colonial Era to World War II. Ludwig von Mises Institute, p. 480. <<

[7] Fidelis Alpozike Etinye Paki y Jude Cocodia (2011): «Africa in post-Cold War World Politics», en Africana, 5(3): 5. <<

[8] Ute Pieper y Lance Taylor, CEPA (1996, revisado en 1998): «The Revival of the Liberal Creed: The IMF, the World Bank, and Inequality in a Globalized Economy», en Globalization, Labor Markets, and Social Policy Working Paper, n.º 4. <<

[9] David Rock (2002): «Racking Argentina», en New Left Review, septiembre-octubre. [Hay traducción al castellano: «Arruinar Argentina», en NLR, 17, p. 57]. <<

[10] Citado ibíd. <<

[11] Thomas L. Friedman (2000): The Lexus and the Olive Tree. Farrar, Straus and Giroux. <<

[12] Karl Moore y David Lewis (2009): The Origins of Globalization. Routledge, p. XIV. <<

[13] Ziauddin Sardar y Merryl Wyn Davies (2002): Why Do People Hate America? Disinformation Company. [Hay traducción al castellano (2009): ¿Por qué la gente odia Estados Unidos?: deudas pendientes de la era neoconservadora. Trad. de Isabel Campos Adrados. Barcelona: Gedisa, p. 125]. <<

[14] John Bellamy Foster (2003): «The New Age of Imperialism», en Monthly Review, 55(3). <<

[15] Ernest H. Preeg (ed.) (1985): Hard Bargaining Ahead: US Trade Policy and Developing Countries. Transaction, p. 38. <<

[16] Citado en Noam Chomsky (1997): «The Passion for Free Markets», en Z Magazine, mayo. <<

[17] Andrew Gamble y Anthony Payne (eds.) (1986): Regionalism and World Order. Palgrave Macmillan. <<

[18] Citado en Noam Chomsky (1991): Deterring Democracy. South End Press. Disponible en http://zcomm.org/wp-content/uploads/zbooks/www/chomsky/dd/dd-c01-s15.html <<

[19] Ibíd. <<

[20] (1998): «New Perspectives on the Cold War: A Conversation with Melvyn Leffler», en Humanities, 19(6), noviembre-diciembre. <<

[21] Matt Kennard (2010): «Miners’ Efforts Fail to Cut Death Toll», en The Financial Times, 18 de enero. <<

[22] (2010): «Nigeria: “We Want to Add Value to Our Cocoa”», en All Africa, 25 de febrero, http://allafrica.com/stories/201002251272.html <<

[23] Citado en Howard Zinn: A People’s History of the United States. HarperCollins. <<

[24] Ellen Meiskins Wood (2003): Empire of Capital. Verso, p. 132. <<

[25] Citado en Noam Chomsky (2003): Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance. Metropolitan Books. [Hay traducción al castellano (2004): Hegemonía o supervivencia: la estrategia imperialista de los Estados Unidos. Trad. de Miquel Izquierdo. Barcelona: Ediciones B, p. 47]. <<

[26] Citado en Francis X. Clines (1983): «It Was a Rescue Mission, Says Reagan», en The New York Times, 4 de noviembre. <<

[27] Citado en William Henry Chafe (2003): The Unfinished Journey: America Since World War II. Oxford University Press, p. 56. <<

[28] Citado en Greg Behrman (2007): The Most Noble Adventure: The Marshall Plan and the Time When America Helped Save Europe. Free Press, p. 21. <<

[29] Citado en Noam Chomsky (1999): Profit Over People: Neoliberalism and Global Order. Seven Stories Press, p. 140. [Hay traducción al castellano (2014): El beneficio es lo que cuenta: neoliberalismo y orden global. Trad. de Antonio Desmonts. Barcelona: Crítica, p. 157]. <<

[30] Citado en Noam Chomsky (2002): «A Modest Proposal», en Znet, 3 de diciembre. <<

[31] Citado en Walter LaFeber (1989): The American Age: US Foreign Policy at Home and Abroad 1750 to the Present. WW Norton, p. 546. <<

[32] Citado en Noam Chomsky (1993): «The Israel-Arafat Agreement», en Z Magazine, octubre. <<

[33] «US Financial Aid to Israel: Figures, Facts, and Impact», en Washington Report on Middle East Affairs, www.wrmea.org/wrmea-archives/494-congress-a-us-aid-to-israel/9748-u-s-financial-aid-to-israel-figures-facts-and-impact.html <<

[34] Citado en Everett Thiele (2003): «Whither Goes Turkey?», 17 de marzo <<

[35] (2004): «Bush Praise for Key Ally Turkey», en BBC News, 27 de junio. <<

[36] En turco, «chabola» (traducido literalmente significa «construido por la noche», pues las autoridades suelen destruirlas de día). <<

[37] The North Atlantic Treaty, Washington DC, 4 de abril de 1949, www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm <<

[38] Martin McLaughlin (1999): «Clinton’s Speech on Yugoslavia: Piling Lie upon Lie», en World Socialist Web Site, 12 de junio, www.wsws.org <<

[39] Citado en John Pilger (2008): «Don’t Forget what Happened in Yugoslavia», en The New Statesman, 14 de agosto. <<

[40] Blaine Harden (1999): «Waging War on the Serbs: Old Problem, New Lesson», en The New York Times, 6 de junio. <<

[41] William Pfaff (1999): «Land War in Kosovo?», en The New York Review of Books, 6 de mayo. <<

[42] Michael Dobbs (1996): «With Albright, Clinton Accepts New US Role», en The Washington Post, 8 de diciembre. <<

[43] (2011): «FT Interview Transcript: Juan Manuel Santos», en The Financial Times, 13 de febrero. <<

[44] En español en el original. (N. del T.) <<

[45] En español en el original. (N. del T.) <<

[46] En español en el original. (N. del T.) <<

[47] Frank Bajak (2009): «US Rancher at Center Stage in Bolivia Land Dispute», en Associated Press, 8 de febrero. <<

[48] En español en el original. (N. del T.) <<

[49] En español en el original. (N. del T.) <<

[50] Contenido en los documentos extraídos del ordenador del CPSC. <<

[51] Matt Kennard (2013): «Bolivian Democracy vs the United States», en OpenDemocracy, 3 de junio. <<

[52] En español en el original. (N. del T.) <<

[53] Doug Palmer (2008): «US Moves to Suspend Trade Benefits for Bolivia». Reuters, 26 de septiembre. <<

[54] En español en el original. (N. del T.) <<

[55] Carlos Quiroga (2008): «Bolivia’s Morales Bars “Spying” US DEA Agents». Reuters, 1 de noviembre. <<

[56] Carlos Valdez (2009): «Bolivian Leader Says Obama “lied” about Cooperation». Associated Press, 2 de julio. <<

[57] Jean Friedman-Rudovsky y Brian Ross (2008): «Exclusive: Peace Corps, Fullbright Scholar Asked to “Spy” on Cubans, Venezuelans», en ABC News, 8 de febrero. <<

[58] Conversación entre el asesor del presidente para asuntos de seguridad nacional (Kissinger) y el presidente Nixon. Washington, 11 de junio de 1971. <<

[59] Roberto Bardini (2008): «Mal momento para “errores inocentes”», en Tinku, 3 de mayo. <<

[60] A menos que se indique lo contrario, todas las estadísticas y las citas de los capítulos de esta tercera parte proceden de mi trabajo en The Financial Times desde el año 2011. <<

[61] Michaela Pommelis (2014): «Study: More People of Color Sentenced to Private Prisons than Whites», en Huffington Post, 21 de febrero. <<

[62] (2004): «Confessions of an Economic Hit Man: How the US Uses Globalization to Cheat Poor Countries out of Trillions», entrevista a John Perkins en Democracy Now!, 9 de noviembre. <<

[63] Perry Anderson (2008): «After Kemal», en London Review of Books, 25 de septiembre. <<

[64] En español en el original. (N. del T.) <<

[65] En español en el original, como todo lo que aparece en cursiva en este capítulo. (N. del T.) <<

[66] www.openanthropology.org/fanonviolence.htm <<

[67] En español en el original. (N. del T.) <<

[68] (2005): «Painting with the Zapatista in Scotland», en Indymedia, 2 de febrero, www.indymedia.org.uk/en/regions/world/2005/02/304693.html <<

[69] «Conservative Party “Bankrolled by Hedge Fund Managers”», en www.theguardian.com/politics/2015/feb/05/conservatives-bankrolled-hedge-fund-managers; «Why the War in Iraq Was Fought for Big Oil», en edition.cnn.com/2013/03/19/opinion/iraq-war-oil-juhasz <<

[70] «These 6 Corporations Control 90% of the Media In America», en www.businessinsider.com/these-6-corporations-control-90-of-the-media-in-america-20126#ixzz3ZdBzk13P <<

[71] «Labour Takes aim at Murdoch with New Call for Media Ownership Cap», en www.newstatesman.com/politics/2013/06/labour-takes-aim-murdoch-new-call-mediaownership-cap <<

[72] «CNN Anchors Resigns After Criticising Israeli Propaganda», en www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/16418-cnn-anchor-resigns-after-criticisingisraeli-propaganda <<

[73] «Little Nation in Oil Market to Chavez Death», en www.cbsnews.com/news/little-reaction-in-oil-market-to-chavez-death <<

[74] Http://blogs.ft.com/beyond-brics/2012/08/17/lonmin-killings-cast-a-longshadow <<

[75] «Judging Suharto», en www.wsj.com/articles/SB120147529291320743 <<

[76] «The Music Stops», en www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21651280-economic-wunderkind-comes-cropper-music-stops; «The Lure of Sisi», en www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21651278-president-hassecured-investmment-not-yet-fixed-economy-lure <<

[77] «Study Reveals Growing Dominance of Privately-Educated Elite at the Top of UK Journalism», en www.pressgazette.co.uk/study-reveals-growing-dominance-privately-educated-elite-top-uk-journalism; «Survey Suggest Oxbridge Dominance on Staff of The Guardian and Observer», en www.pressgazette.co.uk/wire/7885 <<

[78] Véanse dichas secciones en www.theguardian.com/cities y www.theguardian.com/global-development <<

[79] «Water Everywhere for Profit in Nejapa, but Few Drops for Local People to Drink», en www.theguardian.com/global-development/2014/nov/03/nejapa-water.access-elsalvador-business-profit-locals <<

[80] «Latin America’s Water Woes Blamed on Politics and Poor Infrastructure», en www.theguardian.com/global-development/2014/nov/06/latin-america-water-accesskarl-lippert-sabmiller <<

[81] «Hugo Chávez Departs», en www.nytimes.com/2002/04/13/opinion/hugo-chavez-departs.html <<