Luis Enrique Otero Carvajal

y Santiago de Miguel Salanova (eds.)

La escuela y la despensa

Indicadores de modernidad. España, 1900-1936

ESTA OBRA HA CONTADO CON UNA AYUDA A LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “LA SOCIEDAD URBANA EN LA ESPAÑA DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX. MADRID Y BILBAO, VANGUARDIA DE LA MODERNIDAD, 1900-1936” (HAR2015-65134-C2-1-P) DEL PLAN NACIONAL DE I+D, PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE EXCELENCIA. SUBPROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO FINANCIADO POR MINECO/FEDER.

Diseño de cubierta: MARTA RODRÍGUEZ PANIZO

© Luis Enrique Otero Carvajal, Santiago de Miguel Salanova, Manuel González Portilla, José G. Urrutikoetxea Lizarraga, José Hernando Pérez, David Martínez López, Manuel Martínez Martín, Susana Serrano Abad, Ana Belén Gómez Fernández, Mercedes Fernández-Paradas, Nuria Rodríguez-Martín, Carlos Larrinaga Rodríguez, Manuel Montero García, Cristina de Pedro Álvarez, Diego Ramiro Fariñas, Yolanda Piedad Casado Ruiz, Sergio Cuartero Miranda, Gracia Moya García y Arantza Pareja Alonso, 2018

© Los libros de la Catarata, 2018

Fuencarral, 70

28004 Madrid

Tel. 91 532 20 77

www.catarata.org

La escuela y la despensa.

Indicadores de modernidad. España, 1900-1936

ISBNE: 978-84-9097-874-0

ISBN: 978-84-9097-574-9

DEPÓSITO LEGAL: M-36.671-2018

IBIC: HBLW/HBTB/JF

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

Introducción

CAMBIO SOCIAL Y TRANSFORMACIÓN URBANA EN ESPAÑA, 1900-1936

En el primer tercio del siglo XX la sociedad española asistió a un intenso proceso de cambio económico, social y cultural que culminó, en el plano político, con la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Un proceso acelerado a raíz de la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial y de los efectos de la segunda industrialización. Entre la Belle Époque y el estallido de la Segunda Guerra Mundial se produjo la irrupción de la sociedad de masas en Europa. La intensidad de este cambio alteró las coordenadas económicas, sociales, culturales y políticas del mundo burgués del siglo XIX. Nuevas fuerzas políticas irrumpieron como consecuencia de la progresiva implantación del sufragio universal, primero masculino y progresivamente también femenino, que alteraron la agenda social y política de las sociedades europeas del primer tercio del siglo XIX.

El desarrollo urbano, acelerado desde la segunda mitad del siglo XIX e impulsado por los intensos movimientos migratorios interiores, estuvo en la base de la creación de las metrópolis del cambio de siglo. Millones de personas desbordaron los planes de ensanche puestos en marcha en la segunda mitad del XIX. La expansión urbana agravó los problemas de hacinamiento e insalubridad de las grandes urbes europeas, particularmente en los barrios donde se concentraban unas masas pauperizadas por las infames condiciones de vida de las clases trabajadoras de la primera industrialización denunciadas por la literatura de Dickens, London, Zola o Baroja. Clases trabajadoras devenidas en clases peligrosas desde múltiples puntos de vista.

De una parte, el azote de epidemias como el cólera, el tifus o la gripe vinculadas a la insalubridad de los barrios bajos, o las pandemias asociadas al hacinamiento y deterioradas condiciones de vida de las clases bajas urbanas, agravadas por la deficiente situación de las infraestructuras urbanas, en particular el abastecimiento de agua potable y las redes de alcantarillado y eliminación de las basuras, hicieron de la salud pública un problema de primer orden, denunciado por médicos y urbanistas, que generó una creciente alarma social que obligó a las autoridades públicas a tomar cartas en el asunto.

Por otra parte, la creciente influencia social de sindicatos y partidos obreros y su irrupción en las instituciones —ayuntamientos y parlamentos— alteró las coordenadas de las políticas públicas, al llevar las reivindicaciones de las clases trabajadoras a las instituciones y llevar iniciativas en aras a mejorar las condiciones de vida de la población.

Asimismo, las innovaciones de la segunda industrialización (electricidad, automóviles, industria química y farmacéutica, etc.) impulsaron el cambio urbano y facilitaron el advenimiento de una modernidad que se materializó en los nuevos estilos de vida y en la irrupción de la sociedad de consumo en los felices años veinte. Una gran transformación que alteró, hasta arrasar, el mundo de ayer de la Europa burguesa para entrar de lleno en la sociedad de masas del siglo XX.

España no fue ajena a este proceso de cambio. La neutralidad en la Primera Guerra Mundial favoreció el cambio económico, social y cultural de la sociedad urbana. Crecimiento demográfico, intensificación de los procesos migratorios del campo a las ciudades, reducción de las tasas de analfabetismo, expansión de la segunda industrialización, transformación de los mercados laborales, terciarización, consolidación de los partidos y sindicatos de masas, elevación de los niveles de vida, primera irrupción de la sociedad de consumo, nuevos hábitos y estilos de vida fueron algunos de los indicadores de la gran transformación que, con cierto retraso respecto a otras sociedades europeas, registró España en el primer tercio del siglo XX.

Ese proceso fue liderado por la sociedad urbana, como pone de manifiesto la evolución del porcentaje de población según el tamaño de los municipios. Mientras la población residente en municipios de menos de 10.000 habitantes pasó del 67,79% en 1900 al 51,2% de 1940, en los municipios de entre 10.001 a 50.000 habitantes pasó del 18,6 al 23,88%, mientras el 13,61% residente en municipios mayores de 50.000 habitantes en 1900 alcanzó el 24,92% en 1940. El crecimiento de la población se concentró especialmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes (tabla 1).

Tabla 1

España. Distribución de la población por el tamaño de los municipios, 1900-1940 (miles de habitantes)

1900

1940

Miles de habitantes

%

Miles de habitantes

%

Menos de 2.000

5.125

27,53

4.777

18,36

De 2.001 a 10.000

7.496

40,26

8.539

32,82

De 10.001 a 50.000

3.462

18,60

6.213

23,88

De 50.001 a 100.000

857

4,60

1.512

5,81

De 100.001 a 500.000

604

3,24

2.802

10,77

Más de 500.000

1.073

5,76

2.170

8,34

Total

18.617

100,00

26.015

100,00

Fuente: A. Carreras y X. Tafunell (2005: 484).

La población española pasó de 18,6 millones de habitantes en 1900 a 24,8 en 1936, un crecimiento del 33,3%. La esperanza de vida ascendió de 34,8 años en 1900 a 50 años en 1930, y la estatura media de los reclutas se incrementó en 2,3 centímetros entre 1900 y 1936. Al mismo tiempo, el PIB creció entre 1900 y 1935 un 91,17%, y el PIB per cápita lo hizo en un 30,75% (tabla 2). Finalmente, la distribución de la población activa refleja la intensidad del cambio producido. La ocupación en actividades de agricultura y pesca pasó del 70% de 1900 al 52,9% de 1940, las industrias manufactureras del 9,5 al 15,15%, el comercio del 1,86% al 3,79%, y transportes y comunicaciones del 1,86 al 3,79% (tabla 3).

Tabla 2

España. PIB a precios constantes a precios de mercado (millones de pesetas de 1995) y PIB per cápita (miles de pesetas de 1995)

PIB p.m.

Crecimiento respecto a 1900

PIB per cápita

1900

4.537.252

244,4

1910

5.147.700

13,45

259,2

1920

6.218.565

37,06

292,9

1930

8.370.706

84,49

357,0

1935

8.673.581

91,17

352,9

Fuente: A. Carreras y X. Tafunell (2005: 1337 y 1342).

Tabla 3

España. Población activa, 1900-1940

1900

1940

Hombres

Mujeres

Total

%

Hombres

Mujeres

Total

%

I. Agricultura y pesca

4.392,3

817,3

5.209,6

70,04

4.525,0

262,1

4.787,1

51,93

II. Industrias extractivas

81,0

0,6

81,6

1,08

122,9

0,5

123,4

1,34

III. Industrias manufactureras

531,9

174,4

706,3

9,50

1.102,9

293,9

1.396,8

15,15

IV. Construcción

270,1

1,0

271,1

3,65

460,9

1,8

462,7

5,02

V. Electricidad, gas y agua

VI. Comercio

262,8

32,1

294,9

3,97

585,7

73,0

658,7

7,14

VII. Transportes y comunicaciones

136,2

2,2

138,4

1,86

343,8

6,3

350,1

3,79

VIII. Otros servicios

409,1

327,1

736,2

9,90

962,0

478,9

1.440,9

15,63

IX. Actividades mal especificadas

X. Total población activa

6.083,4

1.354,7

7.438,1

100,00

8.103,2

1.116,5

9.219,2

100,0

Fuente: A. Carreras y X. Tafunell (2005: 149).

Distintos y variados indicadores reflejan el creciente dinamismo de la sociedad urbana durante el primer tercio del siglo XX, en particular desde la Gran Guerra hasta el estallido de la Guerra Civil, a pesar de la persistencia de las debilidades de la Hacienda Pública y de una estructura económica todavía dominada por el textil catalán, la minería y la metalurgia vasca y asturiana, la producción cerealística del interior peninsular y la agricultura mediterránea del levante, aunque con importantes innovaciones vinculadas a la irrupción de la industria de la segunda industrialización y a la expansión de un cada vez más potente y moderno sector servicios, relacionado con la irrupción de la nueva sociedad de masas. A lo largo de las páginas que siguen se tratan algunas de las transformaciones que marcaron este proceso de cambio, desde la reducción del analfabetismo a la caída de la mortalidad y la elevación de la estatura media de los jóvenes reclutas, pasando por la mejora de la salud, de las infraestructuras públicas (agua, alcantarillado, gas y electricidad) y de la situación de las mujeres urbanas, tanto en sus niveles educativos como por su incorporación a los nuevos mercados laborales surgidos en la economía urbana de la España del primer tercio del siglo XX.

El crecimiento económico, la aceleración de la expansión de la sociedad urbana, los avances de las organizaciones obreras y su creciente implantación en los principales centros urbanos del país (fenómeno ratificado por el ingreso del PSOE en el Parlamento en 1910), la difusión del espíritu de la Institución Libre de Enseñanza entre sectores destacados de las clases medias urbanas, la prensa y determinados círculos reformistas de la clase política de la Restauración fueron factores que favorecieron el rápido avance de la modernización económica y social del país. Este desarrollo fue más significativo que en el sistema político, atravesado por la crisis del modelo turnista de partidos y por el difícil encaje de la democracia de masas, donde las grandes ciudades actuaron de impulsoras de la modernidad. Los avances sanitarios y las conquistas laborales de los trabajadores mejoraron sustancialmente las condiciones de vida de una parte significativa de la población, con diferencias notables según el nivel de desarrollo regional.

La mejora de las condiciones de vida se tradujo en la reducción de las tasas de mortalidad infantil y adulta, hasta entonces más deudoras de la pobreza y la insalubridad que de ciclos epidémicos y enfermedades infectocontagiosas. En este cambio desempeñó un papel de primer orden la creciente actividad de los poderes públicos, especialmente municipales, para sanear las ciudades y desarrollar una infraestructura sanitaria que mejoró las condiciones de salubridad de la población urbana. Se crearon nuevas instituciones como el Instituto de Puericultura, se fundaron nuevos hospitales, se rehabilitaron los existentes, se desarrolló una infraestructura sanitaria municipal alrededor de las Casas de Socorro y los laboratorios municipales que dieron lugar a la creación de cientos de nuevos puestos de trabajo en el sector sanitario —médicos, veterinarios…— y miles de puestos auxiliares —enfermeras, matronas, practicantes…—, estos últimos con un marcado componente femenino, que contribuyó a modificar los mercados laborales urbanos, engrosando las filas de los trabajadores cualificados y las nuevas clases medias urbanas.

El desarrollo del nuevo sector servicios y de las actividades de gestión, administración y comercialización de una economía cada vez más compleja amplió la demanda de trabajadores de cuello blanco y empleados (ingenieros, economistas, abogados, técnicos, escribientes, contables, secretarios, taquígrafos y demás oficinistas). La creciente complejidad de las actividades del estado y la sociedad del primer tercio del siglo XX expandió los mercados laborales a nuevos segmentos de la población femenina, con el desempeño de nuevos trabajos como maestras, secretarias, mecanógrafas, taquígrafas, telefonistas. Este proceso fue decisivo para la aparición de nuevas generaciones de mujeres urbanas cuyos estilos de vida, mayores niveles educativos y ansias de autonomía e independencia chocaban con los roles tradicionales asignados a la mujer burguesa como ángel del hogar.

La vida de las ciudades se estaba transformando a gran velocidad. Una nueva sociedad urbana más dinámica y pujante hacía acto de presencia, cambiando pautas culturales, estilos de vida y costumbres. En los años veinte la irrupción de la modernidad de la mano de la electricidad, el teléfono, el automóvil, el cinematógrafo, la prensa, la radio, el deporte, la moda y la publicidad era un hecho incontestable en las principales avenidas de la España urbana. Los cambios tecnológicos, económicos y sociales transformaron la vida cotidiana. La aparición de nuevas actividades y empleos hizo crecer el número de empleados en los núcleos urbanos, otro tanto sucedió con la aparición de los nuevos comercios que poblaron con sus escaparates los centros de las ciudades y con los primeros grandes almacenes. Las calles comenzaron a llenarse de centros de esparcimiento y ocio, como los cafés, los teatros, los cines o los pabellones deportivos. Se multiplicó la movilidad gracias a los nuevos medios de transporte público (tranvías, autobuses y metro), se iluminaron las principales avenidas, calles y viviendas con la extensión de las redes eléctricas y los nuevos aparatos tecnológicos hicieron más llevadera la vida doméstica. Agua corriente, calefacción, bombillas, teléfonos, radios, máquinas de coser y todo un sin fin de nuevos productos comenzaron a llenar las residencias de los sectores urbanos acomodados. Esta gran transformación encontró eco en los barrios bajos de las grandes urbes del país, donde jornaleros, sirvientas, lavanderas, modistillas, dependientes de comercio vieron crecer la presencia en sus calles a los trabajadores cualificados de los nuevos sectores de la economía vinculados a la segunda industrialización y a la expansión del sector servicios.

La realidad social, económica y cultural de la España urbana se estaba transformando más rápidamente de lo que sus propios protagonistas podían intuir y el sistema político de la Restauración estaba dispuesto a aceptar. Si este último daba claras muestras de incapacidad a la hora de adaptarse a las transformaciones de la sociedad de masas, no sucedía lo mismo respecto a los cambios que se estaban produciendo en las calles de las principales ciudades del país abanderadas de una modernidad cada vez más cosmopolita. La proclamación de la Segunda República y el proyecto reformista que encarnaba trató de ser la respuesta en el plano político a la bancarrota del sistema político de la Restauración, y en los planos económico, social y cultural a la intensificación del ritmo de cambio que estaba protagonizando la España urbana del primer tercio del siglo XX, donde los grandes núcleos urbanos con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Bilbao actuaron como estandartes de una modernidad arrolladora.

Esta obra, en la que participan reconocidos especialistas en cada uno de los campos que abordan, analiza este proceso de cambio a través de diversos indicadores que reflejan con nitidez los avances de la modernidad en la España urbana de los años veinte y treinta. Un trabajo que se incardina en un amplio proyecto de investigación que ha contado con la financiación del Plan Nacional de I+D+I y que ha encontrado acogida en los libros de la Catarata, merced a la generosidad de Javier Sénen y la competencia editorial de Arantza Chivite, a quienes queremos agradecer sinceramente su respuesta cuando en 2015 les planteamos este proyecto, traducido en la publicación de los libros Las nuevas clases medias urbanas. Transformación y cambio social en España, 1900-1936 (2015), La sociedad urbana en España, 1900-1936. Redes impulsoras de la modernidad (2017), La ciudad moderna. Sociedad y cultura en España, 1900-1936 (2018) o La sociedad urbana en el Madrid contemporáneo (2018). Obras, todas ellas, que junto con la aquí presentada han contribuido a renovar la visión de la sociedad urbana en la España del primer tercio del siglo XX y a reevaluar la intensidad y alcance de la gran transformación protagonizada por la sociedad de la época y bruscamente interrumpida por el estallido de la guerra civil y su desenlace con la dictadura franquista.

Esta obra no habría sido posible sin la financiación del proyecto de investigación La sociedad urbana en la España del primer tercio del Siglo XX. Madrid y Bilbao, vanguardias de la modernidad, HAR2015-65134-C2-1-P, del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento, MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad)/Unión Europea, FEDER.

Luis Enrique Otero Carvajal y Santiago de Miguel Salanova

Universidad Complutense de Madrid

CAPÍTULO 1

LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA, LA APUESTA POR LA MODERNIDAD. REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL SISTEMA EDUCATIVO, 1900-1936

LUIS ENRIQUE OTERO CARVAJAL

A lo largo del siglo XIX la educación en España se enfrentó a dos grandes obstáculos: la férrea oposición de los sectores ultramontanos del catolicismo español a su reforma y la escasez de recursos. Ambos factores dificultaron extraordinariamente los proyectos de renovación del sistema educativo y la introducción de la ciencia moderna. El proyecto liberal terminó por imponerse en su versión moderada tras el fin de la primera guerra carlista, con el fin de restablecer las relaciones entre la Iglesia católica y el liberalismo, dañadas por el proceso desamortizador, que el Gobierno moderado de Narváez firmó con el Vaticano el Concordato de 1851, que estableció en su primer artículo a la religión católica como “la única de la nación española”, y en el segundo otorgó el control y sometimiento de la educación en todos sus niveles “a la doctrina de la misma religión católica”, para lo que no se “pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas”.

La ley de instrucción pública de 1857 —conocida como ley Moyano, por Claudio Moyano Samaniego, ministro de Fomento que la promulgó— organizó el sistema educativo bajo los presupuestos del liberalismo moderado, cuya estructura organizada en tres niveles —primaria, secundaria y superior— se mantuvo en vigor, sin grandes modificaciones, hasta la promulgación de la ley general de educación en 1970. Ante la penuria presupuestaria del Estado, la ley hizo descansar sobre los municipios la responsabilidad de la enseñanza primaria, en las diputaciones provinciales la segunda enseñanza —bachillerato— y las Escuelas Normales de maestros y maestras —una por capital de provincia y una central en Madrid— y en el Estado la enseñanza superior —universidades y escuelas profesionales superiores—; asimismo fijaba la enseñanza primaria obligatoria de los 6 a los 9 años, y su gratuidad en las escuelas públicas. Las dificultades presupuestarias de los municipios dificultaron durante el siglo XIX la generalización de la enseñanza primaria, uno de los factores determinantes de la altas tasas de analfabetismo existentes a la altura de 1900. Además, permitía la apertura de centros de primera y segunda enseñanza a las congregaciones religiosas, y encomendaba a las autoridades civiles y académicas velar por garantizar el control de los obispos sobre “la pureza de la doctrina de la Fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud”.

La educación fue uno de los pilares sobre los que giró el enfrentamiento entre modernos y tradicionalistas. Se contraponían dos concepciones sobre las consecuencias de la modernidad y sus implicaciones políticas, sociales, culturales, científicas y morales en la sociedad española. Enfrentamiento que se materializó en las llamadas “dos cuestiones universitarias”, protagonizadas por el ministro de Fomento, Manuel Orovio, que se saldaron con la expulsión de la Universidad de los catedráticos reformistas partidarios de la ciencia moderna, de la separación de la Iglesia y el Estado y la no intervención de la jerarquía eclesiástica en la enseñanza.

La defensa del darwinismo, por Augusto González Linares y Laureano Calderón, catedráticos de la Universidad de Santiago, fue el detonante de la segunda cuestión universitaria, tras la restauración de la dinastía borbónica; ambos fueron expedientados y separados de sus cátedras el 12 de abril 1875. El movimiento de solidaridad llevó a Francisco Giner de los Ríos a la cárcel; Emilio Castelar, Laureano Figueroa y Eugenio Montero Ríos, entre otros, renunciaron a sus cátedras. Tras ser puesto en libertad, Giner de los Ríos fundó en Madrid la Institución Libre de Enseñanza el 10 de marzo de 1876.

En paralelo al debate entre darwinistas y antidarwinistas se desarrolló la llamada “polémica de la ciencia”, iniciada en 1876. Los ultramontanos afirmaron la indisoluble unión entre catolicismo y patria sobre la base de una visión providencialista de la historia de España. Era un programa ideológico que destilaba una abierta hostilidad hacia el Estado liberal, cuyas políticas concebían como el mayor enemigo de la subordinación del Estado a la Iglesia. Antimodernidad, antilustración y contrarrevolución fueron los fundamentos sobre los que se construyó el pensamiento del neocatolicismo. Lo español, en todos los órdenes de la cultura, de la sociedad y de la política, fue asociado de manera indisoluble con el catolicismo; todo lo demás era anticatolicismo y, en consecuencia, antiespañol.

La trascendencia de la Institución Libre de Enseñanza rebasó los límites de su actividad educativa, al convertirse en depositaria de la defensa de la libertad de cátedra, del Estado laico y de la neutralidad religiosa en la enseñanza. Salmerón denunció “la funesta y hasta impía alianza del altar y el trono”. Los institucionistas se convirtieron en los abanderados de la necesidad de proceder a una profunda reforma del sistema educativo.

El ambiente intelectual de finales de siglo quedó caracterizado por la llamada “literatura regeneracionista”, en la que un abigarrado conjunto de polemistas no se cansaron de denunciar los males del país. El diagnóstico era claro y contundente, España agonizaba. La crisis del 98 cargó de argumentos a institucionistas y regeneracionistas sobre los males de la patria, causa y efecto del anquilosamiento de sus estructuras políticas, atrapadas en la espesa red del caciquismo; económicas, en las que el proteccionismo actuaba de rémora para el despegue definitivo del proceso industrializador; sociales, donde una extremada polarización quedaba al descubierto en la preeminencia de las redes clientelares del caciquismo y la exclusión social de amplias capas de la sociedad; y, en fin, culturales, fruto de las altas tasas de analfabetismo y de las permanentes dificultades presupuestarias de una Universidad que trataba de incorporarse a la senda de la modernidad.

Esta desesperanzadora situación ganó para las corrientes reformistas a una parte importante de los sectores ilustrados del cambio de siglo, alineados en torno a un amplio a la vez que vago proyecto reformista, que encontró sus principales adalides en la Institución Libre de Enseñanza y el reformismo social de la1 Comisión de Reformas Sociales. La mejora y reforma de la educación fue una de las preocupaciones de institucionistas, reformadores sociales, regeneracionistas, liberales, socialistas y anarquistas de la España del primer tercio del siglo XX. Salvar la brecha que separaba a España de las más dinámicas naciones europeas pasaba por renovar el sistema educativo del país, sus estructuras, métodos, objetivos y contenidos. Segismundo Moret y otros miembros del partido liberal como Amalio Gimeno, Santiago Alba y Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, se alinearon con las tesis de la Institución Libre de Enseñanza. A ellos se unieron desde las filas del republicanismo viejos miembros de ella como Nicolás Salmerón o Gumersindo de Azcárate.

La creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, el 28 de abril de 1900, fue un primer paso para la reforma de la educación y el impulso de la investigación científica. Antonio García Alix, primer ministro de Instrucción Pública, imbuido de los planteamientos regeneracionistas, entendía que “por medio de la instrucción pública, bien dirigida y organizada, podrá adelantarse mucho en la obra regeneradora que impone el estado presente, y sobre todo el porvenir de nuestro país”. En 1901, Romanones como ministro de Instrucción Pública restableció la libertad de cátedra e hizo que el Gobierno asumiera el pago de los maestros y maestras —salvo en el País Vasco y Navarra, hasta diciembre de 1912—, y reformó el plan de estudios de la enseñanza primaria vigente desde la ley Moyano —que se mantuvo en vigor hasta el estallido de la Guerra Civil—, mientras los municipios debían seguir financiando y manteniendo las escuelas. En 1915 el 70% del gasto correspondió a los ayuntamientos y el 30% al Gobierno, años antes, en 1887, el Gobierno se había hecho cargo de la financiación de los institutos de bachillerato y del pago de su profesorado. Se avanzaba así en el objetivo de asunción por parte del Estado de la responsabilidad del sistema educativo. Fue un paso adelante, pero todavía insuficiente para elevar el nivel educativo y reducir las elevadas tasas de analfabetismo, que hipotecaban el desarrollo del país. Bajo el Gobierno de Antonio Maura (1907-1909) se creó la Escuela Superior de Magisterio y se amplió la escolaridad obligatoria hasta los 12 años, frente a los 9 años establecidos por la ley Moyano en 1857.

Romanones trató de reorganizar el bachillerato en 1901 sin éxito, salvo la conversión de la asignatura de religión en optativa, con la consiguiente protesta de los sectores tradicionalistas y la Iglesia. En 1903 Gabino Bugallal, ministro de Instrucción Pública, aprobó un nuevo plan de estudios que estableció su duración en seis años, plan que se mantuvo hasta 1926. En 1910 se aprobó el acceso de las mujeres al bachillerato oficial, al tiempo que se les abrían las puertas a la Universidad. En 1918, bajo el impulso de la Junta de Ampliación de Estudios, se creó el Instituto-Escuela en Madrid —actual Instituto Ramiro de Maeztu—, con el fin de extender al bachillerato el ideario educativo inspirado por la Institución Libre de Enseñanza. En años posteriores se abrieron los Institutos-Escuela de Barcelona, Sevilla y Valencia, con el fin de renovar progresivamente la segunda enseñanza para darle un mayor contenido práctico y profesional. Los profesores de los Institutos-Escuela, tras obtener las cátedras de bachillerato, serían los adalides de la reforma de la enseñanza secundaria.

La dictadura de Primo de Rivera restableció el control gubernamental sobre la enseñanza, para lo que impuso el control de los manuales escolares oficiales, con el fin de restringir la libertad de cátedra reintroducida en 1901, y aprobó en agosto de 1926 la reforma del bachillerato. Esta reforma, bajo el mandato de Eduardo Callejo, ministro de Instrucción Pública, incluía la creación del bachillerato elemental y el universitario, cada uno de ellos de tres años de duración, y tres exámenes: uno de ingreso en la enseñanza media, otro al finalizar el elemental, y el tercero para obtener el título de bachiller universitario. En este último, bajo control de la Universidad, se igualaba la presencia del profesorado de los centros públicos y privados —mayoritariamente en manos de la Iglesia—, lo que provocó importantes protestas del profesorado y del estudiantado. Por otra parte, se amplió el número de institutos de bachillerato, para hacer frente a la creciente demanda, materializada en el crecimiento sostenido del número de estudiantes —varones y femeninos—. Entre 1927 y 1929 se abrieron 29 institutos (de 60 a 89).

La Segunda República llevó a la Constitución la propuesta del programa reformista en el ámbito de la educación, en su artículo 48 establecía la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria; la libertad de cátedra; el carácter laico; el reconocimiento de la enseñanza en las distintas lenguas del Estado y la enseñanza obligatoria del castellano; la igualdad de oportunidades y acceso a todos los niveles de la enseñanza a todos los españoles por su “aptitud y vocación”, independientemente de su renta; y (en su artículo 26) la prohibición del ejercicio de la enseñanza a las todas confesiones religiosas. El carácter laico de la enseñanza y, consecuentemente, la prohibición a las confesiones religiosas de participar en el sistema educativo fue uno de los principales motivos de confrontación con la Iglesia y el conservadurismo católico; la mayoría de los centros de enseñanza en manos de las congregaciones religiosas eludió la prohibición al transferir su titularidad a seglares. En 1933 había 3.965 escuelas católicas —frente a las 5.014 de 1908—, con 352.004 niños matriculados —130.225 niños y 221.779 niñas—, frente a los 2.397.521 alumnos matriculados en las 12.567 escuelas nacionales —1.218.669 niños y 1.178.863 niñas— (INE anuarios 1912, 1932-1933 y 1934).

En el programa reformista del primer bienio republicano tuvo un papel destacado la política educativa del Ministerio de Instrucción Pública, a cuyo cargo estuvieron Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos; se elaboró un ambicioso programa de construcción de escuelas y se aprobó la creación de 7.000 nuevas plazas de maestros nacionales con el fin de acabar con el analfabetismo. En la segunda enseñanza el modelo a implantar era el desarrollado por los Institutos-Escuela. Marcelino Domingo suspendió el plan de 1926 y restableció el de 1903, a la espera de uno nuevo que no vio la luz. El cambio de Gobierno tras las elecciones de 1933 paralizó la reforma educativa. En 1934 se aprobó un nuevo plan de bachillerato de corte tradicional, bajo el mandato del ministro Filiberto Villalobos, con una duración de siete años, que reorganizó los institutos de secundaria en nacionales y elementales, en los que se podía completar el bachillerato, quedando para los primeros las competencias de examen de los estudiantes libres y colegiados.

Hacia una sociedad alfabetizada

La población española pasó de los 18,6 millones de habitantes de 1900 a los 24,8 de 1936, un crecimiento del 33,3%, y la esperanza de vida, de 34,8 años en 1900 a 50 años de 1930. La estatura media de los reclutas se incrementó en 2,3 centímetros entre 1900 y 1936; el PIB creció entre 1900 y 1935 un 91,17%; y el PIB por cápita, en un 30,75%. La distribución de la población activa refleja la intensidad del cambio producido, agricultura y pesca pasó del 70% de 1900 al 52,9% de 1940; las industrias manufactureras pasaron del 9,5 al 15,15%; el comercio, del 1,86% al 3,79%; y transportes y comunicaciones, del 1,86 al 3,79% (Carreras y Tafunell, 2005). El presupuesto lo hizo en un 310,68% entre 1910 y 1935 —de los 1.133,6 a los 4.655,4 millones de pesetas— debido a la creciente complejidad de las funciones que el Estado asumió durante el primer tercio del siglo XX. El presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública creció a un ritmo superior entre 1910 y 1935, hasta alcanzar el 530,69%, pasando del 4,59% de su participación en el presupuesto del Estado de 1910 al 7,05% de 1935 (tabla 1). El crecimiento del presupuesto de Instrucción Pública revela la importancia otorgada por los distintos gobiernos y contribuye a explicar la reducción sostenida de las tasas de analfabetismo en hombres y mujeres durante el periodo, por el incremento y mejora de la formación y condiciones laborales de maestros y maestras y la apertura de nuevas escuelas por parte del Estado.

En 1900 España, Portugal, Italia, Grecia, Rusia y los países de la Europa del Este seguían presentando las tasas de analfabetismo más elevadas de Europa (tabla 2).

La prioridad del Ministerio de Instrucción Pública fue la enseñanza primaria, que absorbió la mayor parte del presupuesto educativo, el 62% en 1902 y el 69% en 1930. A ello contribuyó la creación de la Dirección General de Primera Enseñanza en 1911, a cuyo frente se situó Rafael Altamira hasta 1913. Hasta 1925 no se creó la Dirección General de Segunda Enseñanza y Superior.

TABLA 1

POBLACIÓN, PIB Y PRESUPUESTOS, 1900-1935

Año

económico

Población (millones de habitantes)

PIB* (miles

de pesetas

de 1995)

Crecimiento respecto

a 1900

PIB per

cápita

Presupuesto

Presupuesto instrucción pública

% sobre el presupuesto total

Enseñanza universitaria

% sobre presupuesto instrucción pública

1900

18,6

4.537.252

244,4

1910

19,9

5.147.700

13,45

259,2

1.133.569.000

52.029.000

4,59

6.070.000

11,67

1920-1921

21,4

6.218.565

37,06

292,9

2.984.016.000

146.213.000

4,90

15.001.000

10,26

1930

23,5

8.370.706

84,49

357,0

3.795.239.000

187.571.000

4,94

30.684.000

16,36

1935

25,3

8.673.581

91,17

352,9

4.655.443.000

328.144.000

7,05

20.371.000

6,21

*Según estimación de Carreras y Tafunell.

Fuente: Elaboración propia a partir de VV AA (1976: 917-949) y Carreras y Tafunell (2005: 1337-1342).

TABLA 2

TASAS DE ANALFABETISMO, 1900-1940

Año

Bélgica

Chile

Francia

España

Estados Unidos

Italia (mayores

de 15 años)

México

Portugal

1900

19,6%

58,7%

11,2%

77,7%

73,1%

1901

16,5%

57,0%

1907

49,9%

1910

13,4%

52,2%

8,2%

72,3%

1911

11,9%

45,1%

69,1%

1920

7,8%

36,6%

44,0%

6,5%

65,3%

1921

8,2%

31,7%

66,2%

1930

5,9%

25,3%

4,8%

61,5%

60,5%

1931

5,3%

26,9%

1936

3,3%

1940

27,1%

23,2%

4,2%

54,0%

52,3%

Fuente: UNESCO (1957).

La reducción del analfabetismo fue posible por la conjugación de una serie de factores entre los que destacaron, además de la acción gubernamental, los procesos de cambio social, económico y demográfico, acentuados tras los efectos de la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial y los de la segunda industrialización. La aceleración del proceso de urbanización, la expansión de la cultura impresa y los avances de la sociedad de masas, con la creciente influencia del asociacionismo republicano y obrero —socialista, anarquista y católico—, unidos a las crecientes exigencias educativas de los nuevos sectores y empresas vinculadas a la nueva cultura corporativa de la segunda industrialización, impulsaron la alfabetización y la formación de la población adulta. La primera campaña estatal de alfabetización de adultos tuvo lugar en 1922.

La mejora de la situación económica y profesional de los maestros —desde 1901 convertidos en funcionarios del Estado—, su incremento (de los 24.789 de 1916 a los 46.805 de 1935, un aumento del 88,81%) y la creación de nuevas escuelas (en 1915 había 24.337 escuelas nacionales para alcanzar en 1934 las 42.766, un crecimiento del 75,72% en 19 años) estuvieron en la base de la reducción de las tasas de analfabetismo, a lo que también contribuyó la mejora en la formación de maestros y maestras, por las reformas introducidas en las Escuelas Normales, la creación de la cátedra de Pedagogía en la Universidad Central de Madrid en 1904, ocupada por Manuel B. Cossío hasta su jubilación en 1929, y la creación de la Escuela Superior de Magisterio en 1909. Asimismo, la progresiva transformación de las escuelas unitarias —donde los alumnos de distintas edades compartían la misma aula— a escuelas graduadas —separación por edades y niveles— elevó la formación y rendimiento del alumnado, en especial entre la población urbana (tabla 3).

TABLA 3

ESCUELAS PRIMARIAS EN ESPAÑA, 1916-1935

Escuelas primarias

Maestros

Maestras

Total

1915

24.337

1916

24.789

13.034

11.755

24.789

1925

27.883

17.105

14.769

31.874

1930

35.989

35.680

1932-1933

38.499

25.841

23.327

49.168

1934-1935

42.766

24.318

22.487

46.805

Fuente: INE anuarios 1915-1936.

El esfuerzo presupuestario realizado durante el primer tercio del siglo XX se tradujo en la reducción significativa de las tasas de analfabetismo. En 1900 el 45,7% de los hombres por encima de los 10 años era analfabeto; al finalizar la Guerra Civil —1940— la tasa de analfabetismo masculina se situó en el 17,2%, una disminución de 28,5 puntos. En el caso de las mujeres los resultados fueron todavía más significativos: del 66% de 1900 al 28,2% de 1940, una reducción de 37,8 puntos; que situaron la tasa general de analfabetismo del 56,2% al 23,1%, una disminución de 33,1 puntos, que hizo realidad la llamada “transición a la alfabetización”, al situarse la tasa de alfabetización por encima del 70% de la población (tabla 4).

TABLA 4

ALFABETIZACIÓN Y ANALFABETISMO EN ESPAÑA, 1900-1940 (EN MILLONES DE HABITANTES)

Año

Analfabetismo

Saben leer y escribir

Analfabetismo neto, por encima de los 10 años, en %

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

1900

5,07

6,81

11,87

3,83

2,40

6,23

45,7

66,0

56,2

1910

5,11

6,76

11,87

4,46

3,25

7,72

41,4

59,1

50,6

1920

4,80

6,37

11,17

5,44

4,46

9,90

35,4

50,6

43,3

1930

4,27

5,75

10,25

7,10

6,07

13,20

24,8

39,4

32,4

1940

3,68

5,08

8,76

8,73

8,38

17,10

17,2

28,2

23,1

Fuente: INE censos de población de 1900-1940.

La reducción del analfabetismo no fue homogénea desde el punto de vista territorial, múltiples factores contribuyeron a ello. Las desigualdades en los niveles de instrucción se remontaban a siglos atrás, anteriores a la promulgación de la ley Moyano de 1857, situación que se arrastraba a comienzos del siglo XX. En 1900 las provincias de Almería, Jaén, Granada, Málaga, Castellón, Baleares, Albacete, Canarias, Murcia, Alicante, Córdoba, Badajoz, Orense y Ciudad Real presentaban tasas de analfabetismo superiores al 70% de la población mayor de 10 años —se incluyen las personas semianalfabetas, aquellas que solo saben leer—, hasta 25 provincias se situaban por encima del 60%, umbral de alfabetización establecido por Solow en 1957, mientras la media española alcanzaba el 59% —22 provincias se encontraban en el rango intermedio de entre el 60 y el 30% de la población analfabeta—, solo las provincias de Madrid y Álava presentaban una tasa de analfabetismo del 30%, límite para considerar a una sociedad alfabetizada (tabla 5 y figura 1). El esfuerzo realizado entre 1900 y 1939 en la lucha contra el analfabetismo se vio recompensado por la reducción significativa de las tasas de analfabetismo, en 1940 no había ninguna provincia con tasas superiores al 60% de la población mayor de 10 años, 15 provincias estaban en el rango intermedio y 34 provincias registraban tasas inferiores al 30% (tabla 5 y figura 2). El debate sobre la relación entre educación y desarrollo económico ha sido amplio desde los trabajos de Solow en 1957 y la formulación por Schultz de la teoría del capital humano en 1961. Bowman y Anderson estudiaron los niveles de alfabetización y renta en los países en vías de desarrollo en 1963, donde establecieron tres fases en el proceso de transición a la alfabetización: la primera, en la que la tasa de alfabetización se situaría entre el 30-40% de la población, la segunda entre el 40-70% y, finalmente, la tasa por encima del 70% culminaría la transición a una sociedad alfabetizada.

tABLA 5

TASA DE ANALFABETISMO POR PROVINCIAS, 1900-1940

1900

1940

Superior al 60%

Almería (76), Jaén (76), Granada (75), Málaga (75), Castellón (74), Baleares (73), Albacete (73), Canarias (72), Murcia (72), Alicante (72), Córdoba (71), Badajoz (71), Orense (71), Ciudad Real (70), La Coruña (68), Valencia (68), Lugo (67), Cuenca (66), Pontevedra (66), Toledo (65), Teruel (64), Cáceres (63), Cádiz (61), Lérida (61), Tarragona (61).

Entre el 60 y el 30%

Huelva (60), Zaragoza (60), ESPAÑA (59), Sevilla (59), Huesca (58), Gerona (53), Guadalajara (51), Ávila (51), Oviedo (50), León (48), Barcelona (48), Zamora (46), Guipúzcoa (46), Salamanca (42), Logroño (42), Soria (40), Navarra (40), Valladolid (39), Vizcaya (37), Palencia (34), Segovia (34), Santander (32), Burgos (32).

Murcia (48), Jaén (43), Albacete (42), Ciudad Real (41), Granada (39), Málaga (39), Córdoba (38), Canarias (38), Badajoz (37), Cáceres (37), Almería (36), Huelva (35),

Cuenca (35), Castellón (33), Alicante (32).

Inferior al 30%

Madrid (30), Álava (30).

Cádiz (30), Sevilla (30), La Coruña (25), Orense (25), Pontevedra (25), ESPAÑA (23), Baleares (23), Lugo (23), Teruel (22), Tarragona (22), Huesca (19), Valencia (19), Zaragoza (17), Guadalajara (17), Ávila (17), Zamora (17), Lérida (17), Toledo (15), Gerona (14), Logroño (13), León (12), Salamanca (12), Valladolid (12), Barcelona (12), Navarra (10), Burgos (9), Soria (9), Madrid (9), Guipúzcoa (9), Oviedo (8), Segovia (8), Vizcaya (7), Santander (6), Palencia (5), Álava (5).

Las tasas se refieren a las personas mayores de 10 años; se considera analfabetas a las que no saben escribir; incluye, pues, a las personas semianalfabetas, aquellas que solo saben leer.

Fuente: Vilanova Ribas y Moreno Juliá (1992).

FIGURA 1

TASA DE ANALFABETISMO, 1900

Tasa de analfabetismo en España en 1900. España: 59%

Inferior al 30% Entre el 60 y el 30% Superior al 60%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 5.

FIGURA 2

TASA DE ANALFABETISMO, 1940

Tasa de analfabetismo en España en 1940. España: 23%

Inferior al 30% Entre el 60 y el 30% Superior al 60%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 5.

Las figuras 1 y 2 nos informan de una España dual respecto a las tasas de analfabetismo en 1900; por un lado, el centro y norte peninsular, con Álava y Madrid en posiciones destacadas —tasas de alfabetización del 70%—, con Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, las provincias de Barcelona y Gerona; y en el sur peninsular las provincias de Huelva y Sevilla en el rango intermedio, con tasas de alfabetización entre el 70 y el 40%, mientras que la mitad sur y la costa mediterránea presentaban tasas de alfabetización inferiores al 40% (figura 1). Una realidad que cambió drásticamente al finalizar la Guerra Civil, a pesar de lo cual la división dual de España permanecía, con algunas variaciones significativas. Ninguna provincia tenía tasas de alfabetización de la población adulta inferiores al 52% —Murcia—, y la mitad norte peninsular, incluida Cataluña, Galicia, y Baleares, así como las provincias de Valencia, Sevilla y Cádiz, superaban el 70% de población adulta alfabetizada (figura 2).

La reducción del analfabetismo fue liderada por la sociedad urbana. La comparación de la evolución de la reducción de las tasas de analfabetismo entre las provincias y sus capitales nos informa, como era de esperar, de la mayor intensidad de la reducción del analfabetismo en las capitales sobre el conjunto provincial. En la tabla 6, en los gráficos 1 y 2 y en las figuras 3 y 4 se puede apreciar el diferencial entre las tasas provinciales y las capitales de provincia. La mayor dotación de escuelas y maestros en los mayores núcleos urbanos; la naturaleza de la economía urbana frente la economía rural, en la que el ciclo agrario actuaba de potente motor del absentismo escolar en determinadas fases y actividades de la actividad agrícola, en las que el trabajo infantil era habitual; y la creciente demanda de formación en unas economías urbanas cada vez más complejas, que incrementaba el interés de las familias por la educación y los nuevos estilos de vida vinculados a la modernidad contribuyen a explicar dicho diferencial.

TABLA 6

TASAS DE ANALFABETISMO, PROVINCIAS Y CAPITALES, 1900 Y 1940

1900

Provincia

Capital

1940

Provincia

Capital

Madrid

36,75

30,33

Oviedo

11,22

3,61

Álava (Vitoria)

34,29

30,36

Palencia

6,47

3,70

Burgos

40,82

32,68

Ávila

21,13

5,99

Segovia

42,68

36,84

Soria

12,48

6,02

Vizcaya (Bilbao)

46,75

38,37

Navarra (Pamplona)

13,03

6,24

Santander

40,54

38,65

Álava (Vitoria)

10,39

6,92

Salamanca

50,93

38,84

Guipúzcoa (San Sebastián)

12,23

7,09

Valladolid

47,87

40,9

Vizcaya (Bilbao)

9,98

7,52

Guipúzcoa (San Sebastián)

46,26

41,22

Zaragoza

19,31

8,10

Cádiz

66,4

41,94

Madrid

14,19

8,49

Soria

46,97

42,11

Burgos

13,37

8,56

Palencia

40,45

43,35

Valencia

22,23

8,98

Zamora

51,73

44,83

León

17,08

9,07

Navarra (Pamplona)

44,60

45,26

Gerona

14,12

9,09

León

52,66

46,95

Salamanca

16,17

9,20

Oviedo

53,98

47,00

Santander

9,68

9,28

Logroño

51,07

48,58

Segovia

15,46

10,75

Barcelona

54,18

49,00

Toledo

20,32

11,04

Guadalajara

57,00

49,49

Logroño

17,16

11,10

Zaragoza

65,67

50,21

Lérida

18,30

11,24

Ávila

57,41

51,22

Barcelona

13,77

11,31

Sevilla

64,93

52,44

Guadalajara

22,12

12,26

Tarragona

66,65

53,54

Valladolid

17,90

12,67

Toledo

70,19

55,2

Coruña, La

30,32

13,21

Huesca

61,8

57,08

Huesca

21,49

13,32

Gerona

59,11

57,98

Baleares (Mallorca)

24,41

14,61

Valencia

72,16

59,08

Orense

28,38

14,67

Córdoba

74,79

59,14

Teruel

26,14

15,99

Badajoz

75,27

60,17

Zamora

21,93

16,15

Huelva

64,55

60,18

ESPAÑA

27,56

16,23

Teruel

69,28

62,9

Tarragona

24,42

16,44

Cuenca

70,46

63,03

Cádiz

34,28

20,04

Santa Cruz de Tenerife

63,07

Sevilla

35,67

20,24

Alicante

75,72

63,31

Cuenca

39,92

20,48

Cáceres

67,97

64,28

Lugo

28,54

20,72

Coruña, La

71,00

65,41

Pontevedra

29,86

23,66

Ciudad Real

74,92

65,49

Alicante

36,54

25,03

Lérida

64,69

65,61

Granada

43,67

25,05

Lugo

68,81

65,69

Cáceres

40,92

27,52

Málaga

78,06

65,85

Huelva

38,64

27,99

Orense

70,27

66,10

Ciudad Real

46,98

28,87

Baleares (Mallorca)

77,03

68,59

Badajoz

41,48

28,93

Albacete

77,62

68,69

Castellón

36,88

29,40

Granada

80,12

68,86

Córdoba

43,79

32,17

Pontevedra

68,94

70,00

Almería

41,56

34,20

Almería

79,77

72,67

Santa Cruz de Tenerife

45,44

34,35

Jaén

80,29

73,98

Málaga

43,60

34,59

Murcia

77,41

74,28

Las Palmas

41,41

36,10

Castellón

77,54

77,21

Jaén

48,09

37,83

Canarias (las Palmas)

75,26

Albacete

48,96

37,86

Murcia

52,63

56,04

Nota: Los datos se refieren a la población total, de ahí las diferencias con las tasas provinciales de la tabla 5,

que se centran en la población mayor de 10 años.

Fuente: INE porcentajes de analfabetos por provincias y capitales censos de 1900, anuario 1923-1924. Censo de 1940.

GRÁFICO 1

TASAS DE ANALFABETISMO POR PROVINCIAS Y CAPITALES, 1900

uente: INE censo de 1900.F

GRÁFICO 2

TASAS DE ANALFABETISMO POR PROVINCIAS Y CAPITALES, 1940

Fuente: INE censo de 1940.

FIGURA 3

TASAS DE ANALFABETISMO EN LAS CAPITALES DE PROVINCIA, 1900

España: 59%

Inferior al 30% Entre el 60 y el 30% Superior al 60%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 6.

Si importante fue la reducción del analfabetismo entre 1900 y 1939, no menos transcendente fue la disminución del analfabetismo femenino, frente a los 28,5 puntos registrados entre la población masculina, el analfabetismo entre la población femenina se redujo en los 37,8 puntos, casi diez puntos de diferencia que no solo se explican por las tradicionales mayores tasas de analfabetismo entre las mujeres y por el esfuerzo gubernamental a favor de la generalización de la enseñanza primaria.

La transformación de los mercados laborales en los principales núcleos urbanos del país, con la aparición de nuevas profesiones con una fuerte presencia femenina, incrementaron el interés de las familias y de las jóvenes urbanas por mejorar su formación, requisito imprescindible para ingresar en la economía formal como forma de escapar al destino tradicional del servicio doméstico y el trabajo informal —lavanderas, costureras, planchadoras…— que dominó el trabajo femenino en las urbes de la segunda mitad del siglo XIX. Estos trabajos se mantuvieron, pero vieron cómo ascendía el peso del trabajo femenino en los mercados laborales formales urbanos, para los que resultaba imprescindible una creciente educación y formación profesional (tablas 4 y 7).

FIGURA 4

TASAS DE ANALFABETISMO EN LAS CAPITALES DE PROVINCIA, 1940

España: 23%

Inferior al 30% Entre el 60 y el 30% Superior al 60%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 6.

TABLA 7

PORCENTAJES DE ANALFABETISMO, CAPITALES DE PROVINCIA Y PROVINCIAS, 1900-1940

1900

1920

1940

Capital

Provincia

Capital

Provincia

Capital

Provincia

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

ANDALUCÍA

Almería

67,23

77,86

72,67

74,24

85,00

79,77

60,64

71,00

66,13

60,64

71,00

66,13

26,21

41,38

34,20

33,22

48,76

41,56

Cádiz

36,92

46,38

41,94

62,69

70,10

66,40

38,12

35,42

36,68

38,12

35,42

36,68

15,54

24,06

20,04

30,28

40,80

34,28

Córdoba

54,24

64,10

59,14

69,71

79,94

74,79

46,04

58,01

51,97

46,04

58,01

51,97

24,13

39,92

32,17

37,73

49,42

43,79

Granada

63,81

73,63

68,86

75,47

84,73

80,12

51,65

60,20

56,09

51,65

60,20

56,09

20,39

29,28

25,05

36,60

50,30

43,67

Huelva

55,28

64,92

60,18

58,70

70,36

64,55

52,50

59,11

55,86

52,50

59,11

55,86

22,06

33,31

27,99

33,15

43,57

38,64

Jaén

68,95

79,07

73,98

75,56

85,14

80,29

64,07

73,69

68,89

64,07

73,69

68,89

30,12

45,68

37,83

40,62

55,13

48,09

Málaga

70,75

70,40

65,85

74,49

81,52

78,06

53,09

65,46

59,62

53,09

65,46

59,62

29,53

38,94

34,59

38,59

48,16

43,60

Sevilla

45,73

58,64

52,44

59,94

69,85

64,93

34,45

42,56

38,68

34,45

42,56

38,68

13,85

25,77

20,24

29,37

41,51

35,67

ARAGÓN

Huesca

47,43

67,13

57,08

50,85

73,15

61,80

39,00

49,53

44,12

39,00

49,53

44,12

13,41

13,24

13,32

17,40

25,54

21,49

Teruel

51,20

74,85

62,90

58,69

79,83

69,28

43,00

62,09

52,17

43,00

61,09

52,17

10,92

21,77

15,99

19,85

32,20

26,14

Zaragoza

42,47

57,37

50,21

57,84

73,31

65,67

32,12

42,65

37,53

32,12

42,65

37,53

5,66

10,42

8,10

16,02

22,47

19,31

ASTURIAS

Oviedo

35,58

57,15

47,00

41,28

64,90

53,98

33,61

44,87

39,55

33,61

44,87

39,55

1,78

5,25

3,61

8,02

14,03

11,22

BALEARES

Baleares

(Mallorca)

61,82

74,49

68,59

71,53

82,18

77,03

44,99

54,48

50,10

44,99

54,48

50,10

11,08

17,72

14,61

18,63

29,93

24,41

CANARIAS

Las Palmas

73,60

76,70

75,26

30,38

41,36

36,10

38,46

44,11

41,41

Santa Cruz

de Tenerife

57,57

68,85

63,07

59,11

60,81

60,03

59,11

60,81

60,03

28,63

39,85

34,35

42,41

48,20

45,44

CANTABRIA

Santander

34,07

42,64

38,65

33,15

47,11

40,54

20,87

22,23

21,60

20,87

22,23

21,60

7,35

10,91

9,28

7,72

11,42

9,68

CASTILLA-LA MANCHA

Albacete

59,15

77,88

68,69

70,41

84,85

77,62

51,63

67,89

59,82

51,63

67,89

59,82

29,80

45,59

37,86

41,18

56,34

48,96

Ciudad Real

57,76

72,58

65,49

67,86

81,89

74,92

50,09

64,63

57,56

50,09

64,63

57,56

21,97

35,13

28,87

38,46

54,55

46,98

Cuenca

52,01

73,89

63,03

60,57

80,25

70,46

44,63

64,09

54,45

44,63

64,09

54,45

14,82

27,34

20,48

31,14

48,36

39,92

Guadalajara

41,40

57,68

49,49

44,71

69,34

57,00

33,07

44,89

38,93

33,07

44,89

38,93

8,77

17,07

12,26

18,20

26,04

22,12

Toledo

46,68

63,73

55,20

63,36

77,07

70,19

43,57

54,78

49,17

43,57

54,78

49,17

84,45

13,66

11,04

14,99

25,26

20,32

CASTILLA Y LEÓN

Ávila

41,00

61,07

51,22

47,63

66,91

57,41

32,82

44,86

38,99

32,82

44,86

38,99

3,91

7,94

5,99

17,47

24,64

21,13

Burgos

24,13

41,30

32,68

29,52

51,96

40,82

22,06

29,94

25,97

22,06

29,94

25,97

7,36

10,08

8,56

11,31

15,49

13,37

León

32,76

60,76

46,95

37,35

66,78

52,66

24,67

28,02

31,45

24,67

28,02

31,45

6,86

11,26

90,07

12,20

21,68

17,08

Palencia

33,20

53,18

43,35

30,65

50,05

40,45

26,90

32,06

29,53

26,90

32,06

29,53

2,22

5,02

3,70

4,54

8,27

6,47

Salamanca

31,70

45,52

38,84

43,80

60,81

50,93

26,04

35,12

30,74

26,04

35,12

30,74

6,17

11,92

9,20

12,19

19,87

16,17

Segovia

27,51

46,06

36,84

32,00

53,33

42,68

21,73

30,41

26,08

21,73

30,41

26,08

7,97

13,57

10,75

12,46

18,49

15,46

Soria

28,55

53,70

42,11

31,64

61,21

46,97

25,73

39,37

32,97

25,73

39,37

32,97

4,03

7,67

6,02

8,46

16,31

12,48

Valladolid

31,32

49,45

40,90

37,93

57,35

47,87

21,84

31,50

26,90

21,84

31,50

26,90

9,81

15,28

12,67

14,08

21,50

17,90

Zamora

32,57

56,53

44,83

35,08

67,28

51,73

27,46

43,17

35,60

27,46

43,17

35,60

12,10

20,37

16,15

15,21

28,12

21,93

CATALUÑA

Barcelona

41,73

55,67

49,00

46,34

61,58

54,18

21,66

31,19

26,69

21,66

31,19

26,69

7,50

14,44

11,31

9,87

17,05

13,77

Gerona

47,69

68,20

57,98

48,82

69,36

59,11

32,37

46,35

39,40

32,37

46,35

39,40

5,90

12,56

9,09

10,17

17,86

14,12

Lérida

58,81

72,64

65,61

55,67

74,15

64,69

38,32

51,25

44,72

38,32

51,25

44,72

8,06

14,75

11,24

15,17

21,37

18,30

Tarragona

46,05

60,95

53,54

59,47

73,77

66,65

28,71

38,65

33,69

28,71

38,65

33,69

12,36

20,28

16,44

20,74

27,68

24,42

EXTREMADURA

Badajoz

55,12

65,77

60,17

70,48

80,15

75,27

44,41

56,38

50,16

44,41

56,38

50,16

23,24

34,20

28,93

36,00

46,51

41,48

Cáceres

54,51

74,27

64,28

58,65

77,32

67,97

49,48

65,93

57,73

49,48

65,93

57,73

20,09

35,48

27,52

32,18

49,34

40,92

GALICIA

La Coruña

58,26

71,63

65,41

58,05

81,28

71,00

43,94

56,78

50,85

43,94

56,78

50,85

9,29

16,82

13,21

22,02

37,31

30,32

Lugo

51,66

78,99

65,69

54,31

81,85

68,81

41,25

64,87

53,81

41,25

64,87

53,81

14,15

27,08

20,72

20,66

35,83

28,54

Orense

54,22

76,20

66,10

56,62

82,15

70,27

45,57

58,71

52,81

45,57

58,71

52,81

10,05

18,94

14,67

21,72

34,26

28,38

Pontevedra

56,85

80,35

70,00

53,30

80,35

68,94

47,82

65,03

57,27

47,82

65,03

57,27

14,85

32,84

23,66

21,77

36,45

29,86

LA RIOJA

Logroño

40,18

56,77

48,58

42,13

59,68

51,07

30,77

40,34

35,61

30,77

40,34

35,61

7,85

14,09

11,10

14,09

20,06

17,16

MADRID

Madrid

22,34

37,15

30,33

29,66

43,21

36,75

18,15

24,23

21,46

18,15

24,23

21,46

6,95

9,69

8,49

11,68

15,99

14,19

MURCIA

Murcia

70,06

78,33

74,28

72,34

82,44

77,41

59,74

75,12

67,71

59,74

75,12

67,71

48,88

62,67

56,04

45,75

59,11

52,63

NAVARRA

Navarra

(Pamplona)

42,02

48,41

45,26

40,32

48,79

44,60

33,37

35,85

34,62

33,37

35,85

34,62

5,25

7,14

6,24

11,84

14,20

13,03

PAÍS VASCO

Álava (Vitoria)

26,04

34,74

30,36

28,94

39,70

34,29

22,64

28,11

25,34

22,64

28,11

25,34

6,18

7,68

6,92

9,54

11,27

10,39

Guipúzcoa

(San Sebastián)

40,63

41,77

41,22

44,63

47,82

46,26

30,96

30,86

30,90

30,96

30,86

30,90

6,35

7,70

7,09

11,99

12,49

12,23

Vizcaya (Bilbao)

32,50

43,79

38,37

40,51

53,05

46,75

22,97

28,20

25,72

22,97

28,20

25,72

5,82

8,96

7,52

7,88

11,87

9,98

VALENCIA

Alicante

56,78

69,27

63,31

70,18

81,07

75,72

41,83

51,12

46,78

41,83

51,12

46,78

18,09

31,34

25,03

29,50

42,91

36,54

Castellón

71,45

82,71

77,21

70,88

84,17

77,54

50,62

65,96

58,49

50,62

65,96

58,49

20,96

37,55

29,40

29,73

43,43

36,88

Valencia

50,82

66,77

59,08

65,69

78,57

72,16

34,93

47,33

41,40

34,93

47,33

41,40

6,23

11,31

8,98

17,89

26,15

22,23

Totales

12,64

19,39

16,23

22,56

32,12

27,56

Fuente: INE censos de 1900 y 1920, anuario de 1923-1924; censo de población de 1940.

La enseñanza secundaria

La apuesta por la educación también se manifestó, aunque con menor intensidad, en la enseñanza secundaria. El incremento del número de estudiantes de bachillerato estuvo directamente relacionado con la gran transformación que experimentó la sociedad urbana de la España del primer tercio del siglo XX. Los cambios económicos y sociales vinculados a la segunda industrialización y la creciente complejidad y tamaño de la Administración Pública impulsaron la aparición y expansión de las nuevas clases medias urbanas, sobre todo a partir de los años veinte, que transformaron, junto con los trabajadores cualificados y empleados vinculados al sector privado y las nuevas industrias, la estructura social de las ciudades españolas. La ampliación de las clases medias urbanas explica el aumento de los estudiantes de bachillerato —hombres y mujeres— como instrumento para acceder a la Universidad, a la Administración Pública o a los nuevos empleos de gestión, administración y gerencia de una economía en transformación, donde los empleados públicos y privados adquirieron un creciente peso en la economía urbana. La educación fue contemplada por las nuevas clases medias urbanas como el ascensor social imprescindible para consolidar la posición conquistada, en muchos casos recientemente, y garantizar un futuro ascendente a sus vástagos. La ampliación del número de estudiantes de bachillerato entre 1910 y 1936 fue constante, de los 34.000 del curso 1909-1910 a los 145.000 del curso en 1933-1934. Los institutos de bachillerato se localizaban en las capitales de provincia y en algunas, escasas, de las principales ciudades del país.

Tan significativo como el aumento del número de bachilleres fue el incremento de la presencia femenina, del insignificante 2,82% de alumnas matriculadas en el curso 1914-1915 (1.373) se pasó al 28,91% en 1933-1934 (41.922) de total de estudiantes de bachillerato elemental y superior, expresión del intenso proceso de cambio social registrado entre 1915 y 1936 bajo el liderazgo de la sociedad urbana. La creciente complejidad de las administraciones públicas y la expansión del sector servicios implicaron un gran crecimiento de las tareas de administración, gerencia y comercialización, con la aparición de nuevas profesiones, muchas de ellas con un marcado carácter femenino, como mecanógrafas, telefonistas, taquígrafas, maestras, enfermeras, matronas, empleadas de comercio o administrativas, ofrecieron a las jóvenes con una creciente formación una atractiva salida profesional, con la creación de miles de puestos de trabajo (tabla 8).

TABLA 8

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO, 1909-1934

Curso

Nº INSTITUTOS

NACIONALES

Estudiantes matriculados

Estudiantes bachillerato totales

Oficiales

Colegiados

Libres

Total

%

Hombres %

Mujeres %

Total

%

Hombres %

Mujeres %

Total

%

Hombres %

Mujeres %

Total

%

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

1909-1910

58

11.890

9.035

13.081

34.006

1914-1915

58

97,46

2,54

16.550

33,95

99,71

0,29

11.710

24,02

95,51

4,49

20.490

43,25

42

1.373

48.750

97,18

2,82

1920-1921

58

89,32

10,68

16.521

31,60

98,68

1,32

10.884

20,81

87,26

12,74

24.883

47,59

47.221

5.067

52.288

1925-1926

60

85,14

14,86

22.792

30,44

97,49

2,51

12.334

16,47

85,80

14,20

39.748

53,09

65.533

9.341

74.874

87,52

12,48

1931-1932

Institutos

nacionales

94

79,08

20,92

26.265

24,86

95,11

4,89

10.705

10,13

73,99

26,01

68.679

65,01

81.771

23.878

105.649

77,40

22,60

1931-1932

Institutos

elementales

21

74,88

25,12

1.688

24,18

73,24

26,76

5.292

75,82

5.140

1.840

6.980

73,64

26,36

1933-1934

Institutos

nacionales

111

65,47

34,52

50.009

38,25

91,92

8,08

11.900

9,10

71,43

28,57

68.843

52,65

92.854

37.898

130.752

71,02

28,98

1933-1934

Institutos

elementales

56

69,81

30,19

6.021

42,24

100,00

105

100,00

72,86

27,14

8.129

71,77

10.231

4.024

14.255

71,77

28,23

Fuente: INE anuarios 1912-1936.

Además de los institutos de bachillerato, proliferaron los centros de enseñanza privados, particulares o en manos de asociaciones, instituciones, sindicatos y empresas, destinados a ampliar o mejorar la formación recibida. Numerosas academias ofrecían cursos de mecanografía, taquigrafía, contabilidad y otras herramientas necesarias para la incorporación al mercado laboral como empleados de la administración, del sector servicios o de la industria. Otro tanto ocurría con la formación profesional ofrecida por las grandes empresas, imbuidas por la nueva cultura corporativa, que ofrecían a sus trabajadores una formación y una carrera profesional en el interior de la empresa. La prensa diaria se llenó de anuncios de academias, y los edificios de las calles principales y del centro de las ciudades se poblaron de academias y centros de enseñanza privados.

Actividad en la que también se desempeñaron los ateneos obreros, como forma de mejorar la condición obrera a través de la educación y la formación. La Escuela Moderna, fundada por Francisco Ferrer Guardia en Barcelona en 1901, fue la alternativa educativa vinculada a los presupuestos de la pedagogía libertaria, que inspiró la actividad de los ateneos libertarios y las universidades populares de matriz libertaria, Ferrer se convirtió en mártir del obrerismo barcelonés tras ser acusado injustamente y sin pruebas de ser el instigador de los sucesos de la Semana Trágica —26 de julio a 2 de agosto de 1909— y fusilado tras una farsa de juicio el 13 de octubre de 1909; mientras la Escuela Nueva, fundada por Manuel Núñez Arenas en Madrid en 1910, sintetizó la alternativa socialista a la educación de los trabajadores.

La mejora de la formación femenina, puerta de acceso a los nuevos mercados laborales

El libre acceso de las mujeres a la Universidad desde 1910 les abrió las puertas de los mercados laborales, en los que la formación superior resultaba imprescindible. Por ejemplo, en el sistema educativo, más allá de su tradicional presencia como maestras, que se remontaba a la creación de las Escuelas Normales, entre 1915 y 1936 las estudiantes se situaron entre el 64,6% y el 45,7% del total de alumnado. Las 11.755 maestras de 1916 representaban el 47,42% del total del profesorado (24.789 a 31 de diciembre de 1916); alcanzaron la cifra de 22.487, el 48,04% del profesorado en el curso 1934-1935 (46.805), sin contar los centros privados y religiosos (tabla 3). Una presencia destacada que también alcanzó al profesorado de las Escuelas Normales, en 1933 las profesoras representaban el 52,18% (659), frente al 47,82% (604) de profesores (tablas 9 y 10).

TABLA 9

ESCUELAS NORMALES DE MAGISTERIO, 1915-1936

Curso

Nº Escuelas

Normales

Estudiantes

%

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

1915-1916

91

8.158

10.531

18.689

43,70

56,30

1920-1921

91

6.182

11.282

17.464

35,40

64,60

1925-1926

89

10.413

11.103

21.516

48,40

51,60

1930-1931

52

20.900

20.717

41.617

50,20

49,80

1931-1932

52

20.330

19.522

39.852

51,00

49,00

1932-1933

54

15.048

15.076

30.124

50,00

50,00

1933-1934

54

10.714

10.609

21.323

50,20

49,80

1934-1935

52

8.172

7.345

15.517

52,70

47,30

1935-1936

52

5.816

4.888

10.704

54,30

45,70

Fuente: INE anuarios 1912-1936.

TABLA 10

ESCUELAS NORMALES DE MAGISTERIO, PROFESORES/AS, 1930-1934

Curso

Nº Escuelas Normales

Hombres

Mujeres

Total

1930-1931

52

662

666

1.328

1933-1934

54

604

659

1.263

Fuente: INE anuarios 1912-1936.

TABLA 11

PROFESORES/AS DE BACHILLERATO, 1928-1934

Curso

Nº institutos

nacionales

Hombres

%

Mujeres

%

Total

1928-1929

89

1.829

94,28

111

5,72

1.940

1930-1931

94

1.908

92,98

144

7,02

2.052

1933-1934 institutos nacionales

111

2.432

88,79

307

11,21

2.739

1933-1934 institutos elementales

56

615

87,73

86

12,27

701

1933-1934 institutos nacionales + elementales

167

3.047

88,58

393

11,42

3.440

Fuente: INE anuarios 1928-1936.

La apertura de nuevos centros escolares, institutos de bachillerato y academias creó cientos de puestos de trabajo donde las jóvenes licenciadas encontraron empleo, otro tanto ocurrió con las plazas de archiveras y, en especial, de bibliotecarias, creadas entre 1920 y 1936. De las 111 profesoras de instituto de 1928 —el 5,72% del profesorado— se pasó en el curso 1933-1934 a 393, el 11,42% del profesorado de los institutos nacionales (tabla 11).

Si significativa fue la presencia femenina en el mundo de la enseñanza, las mujeres monopolizaron los estudios de enfermería —el 99,8% de alumnas matriculadas en el curso 1935-36— y de matronas —98,31%—, al ofrecer una atractiva salida profesional para aquellas jóvenes que buscaban su integración en el mercado laboral formal. En la formación de practicantes el porcentaje de alumnas alcanzó el 15,5%. De las 83 estudiantes de 1917 a las 2.031 estudiantes de enfermería en 1935 —frente a los 4 varones—, o las 291 matronas de 1935 y solo 5 varones, o las 302 practicantes —el 15,55% de los 1.949 estudiantes—. Una expansión vinculada a la profesionalización de la sanidad y la creciente atención de los poderes públicos a la salud de la población, que llevó a la modernización y creación de nuevos centros hospitalarios y casas de socorro por las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, que estuvieron en la base de la reducción de las tasas de mortalidad vinculadas a las enfermedades infectocontagiosas o a la falta de higiene y salubridad de las urbes, por la deficiencia o ausencia de infraestructuras como el abastecimiento de agua potable, la eliminación de aguas negras y basuras, infraestructuras que mejoraron mediante la extensión de las redes de agua y alcantarillado en las principales ciudades españolas en el primer tercio del siglo XX (tabla 12).

TABLA 12

ESTUDIANTES MATRICULADOS DE ENFERMERÍA, MATRONAS Y PRACTICANTES, CURSOS 1917-18 A 1935-1936

Curso

Enseñanza de enfermeras

Enseñanza de matronas

Enseñanza de practicantes

%

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

1917-1918

83

83

268

268

892

102

999

89,30

10,70

1920-1921

64

64

299

299

933

116

1.049

88,90

11,10

1925-1926

30

30

642

642

1.480

332

1.812

81,70

18,30

1930-1931

366

366

73

73

402

40

442

91,00

9,00

1935-1936

4

2.031

2.035

5

291

296

1.647

302

1.949

84,50

15,50

Fuente: INE anuarios estadísticos 1918-1936.

Asimismo, la transformación de las ciudades y la progresiva irrupción en sus calles de la vida moderna encontró una de sus manifestaciones más emblemáticas en el comercio moderno, con los grandes almacenes como sus principales adalides. Las actividades comerciales en las grandes ciudades españolas comenzaron a hacerse más sofisticadas y complejas, generando miles de puestos de trabajo y nuevos negocios. Nuevos comercios y nuevas prácticas comerciales transformaron los mercados laborales del sector, con la aparición de nuevos puestos de trabajo —gerenciales, administrativos, comerciales…— que exigían una creciente cualificación profesional, que propició el aumento de las escuelas de comercio, de 13 a 23 entre 1917 y 1935, en las que las mujeres tuvieron una notable presencia, desde el 8,3% del total del estudiantado en 1917 al 31,1% en 1935 —4.471 alumnas— (tabla 13).

TABLA 13

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS ESCUELAS DE COMERCIO, CURSOS 1917-1918 A 1935-1936

Curso

Nº escuelas

Estudiantes matriculados

%

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

1917-1918

17

4.515

407

4.922

91,7

8,30

1920-1921

17

6.717

1.006

7.723

87,0

13,0

1925-1926

23

7.382

1.367

8.749

84,4

15,6

1930-1931

23

11.472

3.054

14.526

79,0

21,0

1935-1936

23

9.895

4.471

14.366

68,9

31,1

Fuente: INE anuarios estadísticos 1918-1936.

La reforma y modernización de la Universidad

La Universidad española del siglo XIX se había caracterizado por la precariedad de medios, la escasa renovación de sus estudios, muchos de ellos anquilosados en las viejas estructuras y contenidos de la época de la Contrarreforma, la alergia, cuando no abierta oposición, a las corrientes racionalistas y a las nuevas corrientes científicas y de pensamiento. Al iniciarse el siglo XX la ciencia española, salvo en el campo de las ciencias biomédicas, se encontraba en un marcado estado de postración. La sempiterna escasez de recursos públicos, el insuficiente desarrollo económico del país y el anquilosamiento de las estructuras universitarias hacían prácticamente inviable la investigación científica. La distancia con los países europeos más desarrollados era abismal y la penuria de medios continuaba siendo una constante en la Universidad española al iniciarse el siglo XX.

La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), creada en 1907, constituyó el esfuerzo más importante y el mayor logro del recién creado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes con vistas a modernizar la Universidad y la investigación científica en España. Desde un principio la JAE tuvo que lidiar con la animadversión del conservadurismo español, tanto desde el Gobierno como desde la Universidad, al ver en ella un instrumento para poner en práctica el ideario de la Institución Libre de Enseñanza. La respuesta sintetizaba la prevención, cuando no abierta oposición, de los sectores tradicionalistas del conservadurismo español respecto a la ciencia moderna y el contacto con el exterior, temerosos, con razón, de que la apertura a Europa acabara con el dominio del que habían disfrutado en las estructuras políticas, sociales y culturales en la España del siglo XIX.

La oposición a la JAE quedó, no obstante, circunscrita a los sectores más conservadores del Parlamento y la Universidad. El prestigio incontestable de Ramón y Cajal, su presidente, la dirección de sus centros por las figuras más destacadas de la ciencia española de la época y los resultados de su labor hicieron que no peligrase su existencia. Los científicos más destacados de la España de la época estaban vinculados a la JAE y eran, a su vez, catedráticos de Universidad. Alrededor de ellos se forjó una nueva generación de jóvenes investigadores con una sólida formación, obtenida de sus estancias en el extranjero —gracias a la política de pensiones— y de su incorporación a los grupos de investigación e instituciones científicas amparadas por la JAE.

La proclamación el 14 de abril de 1931 de la Segunda República alentó las esperanzas del programa educativo y científico encarnado por la JAE. La reforma universitaria del 15 de septiembre de 1931 renovó los sistemas de enseñanza universitaria sobre la base de criterios pedagógicos y científicos modernos, para lo cual se aprobaron nuevos planes de estudio para las facultades de Filosofía y Letras, Farmacia y Ciencias. La labor de la JAE había producido sus frutos, España estaba en condiciones de plantearse sobre bases realistas la formación de un verdadero sistema científico.

En el curso 1935-1936 el 8,8% del total del alumnado universitario eran mujeres, desde las 488 alumnas matriculadas en el curso 1915-1916 —el 2% del total de estudiantes universitarios en España— a las 2.588 del curso 1935-1936 (tabla 14). Tan significativo como su crecimiento fue la progresiva presencia en las aulas universitarias de alumnas en carreras hasta entonces de presencia exclusiva masculina, como las ingenierías, la escuela de Odontología o la de Veterinaria en los años treinta. En el curso 1932-1933 las alumnas representaban el 11,1% del total de estudiantes matriculados en las facultades de Ciencias, el 19,96% en las facultades de Farmacia y el 2% en las facultades de Medicina. Aunque reducida, la presencia de mujeres entre el profesorado universitario comenzaba a ser una realidad durante la Segunda República, 19 mujeres frente a 1.233 varones en el profesorado universitario, que también encontró un espacio minoritario entre el personal científico de los Centros de Investigación de la JAE, como el Instituto Nacional de Física y Química, dirigido por Blas Cabrera y Enrique Moles; el Museo Nacional de Ciencias Naturales, dirigido por Ignacio Bolíva; el Centro de Estudios Históricos, dirigido por Ramón Menéndez Pidal; o los laboratorios de la JAE.

TABLA 14

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA, 1915-1936

Curso

Nº

universidades

Estudiantes

%

Títulos expedidos

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

1915-1916

11

21.029

438

21.467

98,0

2,0

1.599

1920-1921

11

22.588

920

23.508

96,1

3,9

2.199

1925-1926

11

29.412

2.149

31.561

93,2

6,8

3.013

1930-1931

12

33.471

2.246

35.717

93,7

6,3

3.079

1935-1936

12

26.661

2.588

29.249

91,2

8,8

2.310

Fuente: INE anuarios 1912-1936.

TABLA 15

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. PROFESORES, 1929-1933

Nº universidades

Hombres

Mujeres

Total

1929-1930

12

1.167

11

1.178

1930-1931

12

1.233

19

1.252

1931-1932

12

1.158

21

1.179

1932-1933

12

2.071

64

2.282

Fuente: INE anuarios 1930-1936.

El fin de un sueño, la conquista de la modernidad a través de la educación

La continuidad de la actividad científica y del espíritu con el que nació la JAE y que impulsó la renovación y modernización del sistema educativo fue imposible tras la finalización de la Guerra Civil. El carácter ultramontano y reaccionario que alimentaba el llamado bando nacional veía a la Junta, al ideario que la inspiró y vio nacer y a sus hombres como enemigos y causantes del mal que se pretendía extirpar a sangre y fuego. Fueron innumerables las voces que retomaron con renovada virulencia las críticas que desde los sectores más conservadores se habían pronunciado desde su nacimiento.

El 8 de noviembre de 1936 se crearon por decreto las Comisiones Depuradoras del personal de la Enseñanza. El exilio y la expulsión del sistema educativo de cientos de maestros y maestras, profesores de instituto y de universidad tuvo unos efectos devastadores para el sistema educativo. Escuelas científicas como la de Histología, fundada por Ramón y Cajal y continuada por Jorge Francisco Tello, Fernando de Castro Rodríguez y Pío del Río Hortera; la de Fisiología, alentada por Juan Negrín; o la Psiquiatría y Neurología, impulsada por Gonzalo Rodríguez Lafora, fueron arrasadas. En ciencias naturales la ingente labor desarrollada por Ignacio Bolívar Urrutia desapareció, o quedó tan seriamente dañada que no logró recuperarse del daño ocasionado. Otro tanto sucedió con el Instituto Nacional de Física y Química, dirigido por Blas Cabrera y Enrique Moles. La historia, la filosofía, el derecho y la filología sufrieron daños similares (tablas 16 y 17). Los postulados del nacionalcatolicismo, con su abierta animadversión a todo lo que significara una enseñanza basada en criterios vinculados a las nuevas pedagogías y la ciencia moderna, provocaron el fin del proceso reformista que había tenido en la educación una de sus manifestaciones más transcendentes en el cambio social que España registró durante el primer tercio del siglo XX.

Un retroceso histórico que tuvo especial incidencia en la posición de las mujeres durante el franquismo. Adolfo Maillo, reconocido pedagogo franquista, denunciaba a las “legiones de bachilleras que saben acaso mucha trigonometría y química, pero son incapaces de freír un huevo o zurcir un calcetín”. Pilar Primo de Rivera, jefa de la Sección Femenina, defendía que las “mujeres nunca descubren nada: les falta desde luego el talento creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles”. Enrique Herrera Oria, jesuita, sostenía “muchachas que siguen la Segunda Enseñanza, muchas veces con aspiraciones a continuar los cursos universitarios […], se encuentran convertidas en pequeñas intelectuales y sin formación para la vida doméstica […] ¡Quién se va a encargar el día de mañana del gobierno de la familia! En los quehaceres propios de la mujer, ¿va a ser el marido? Las consecuencias fatales para el hogar las ve cualquiera”. Opinión compartida por José Pemartín, director general de Enseñanzas Superior y Media del Ministerio de Educación Nacional, “se debe tratar de encauzar la gran corriente de estudiantes, apartándolas de la pedantería feminista de bachilleras y universitarias, que deben ser la excepción, orientándolas hacia su propio magnífico ser femenino, que se desarrolla en el hogar”. Los avances registrados en la educación y su incorporación al mercado laboral durante el primer tercio del siglo XX fueron frenados por el franquismo al privilegiar su función de madres, esposas y amas de casa.

TABLA 16

CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD DEPURADOS POR EL FRANQUISMO

Universidad

Catedráticos

Catedráticos

depurados

% Depurados

sobre total

de catedráticos

Catedráticos

expulsados

de la Universidad

% Catedráticos

expulsados sobre

total de depurados

Madrid

124

56

45,16

41

73,21

Barcelona

71

27

38,03

25

92,59

Granada

54

11

20,37

8

72,72

Zaragoza

49

14

28,57

9

64,29

Valencia

48

14

29,17

9

64,29

Salamanca

46

10

21,74

6

60

Sevilla

45

10

22,22

11

110

Santiago

43

12

27,91

6

50

Valladolid

42

13

30,95

8

61,54

Cádiz

(Medicina)

26

6

23,08

4

66,67

Oviedo

24

10

41,67

6

60

La Laguna

14

6

42,86

5

83,33

Murcia

14

4

28,57

2

50

Total

600

193

32,17

140

72,54

Fuente: Baldó Lacomba (2011: 35).

TABLA 17

PROFESORADO DE INSTITUTO DEPURADO Y SANCIONADO POR EL FRANQUISMO, 1936-1942

Profesorado

No sancionados

Sancionados

Total

%

Total

%

Total

%

Profesores

1.521

71,51

606

28,49

2.127

100,00

Profesoras

252

79,50

66

20,50

318

100,00

Total

1.773

72,52

672

27,48

2.445

100,00

Fuente: Sanchidrián Blanco, Grana Gil y Martín Zúñiga (2011: 382).

NOTA

Este capítulo forma parte de las actividades del Proyecto del Plan Nacional I+D+i HAR2015-65134-C2-1-P La sociedad urbana en la España del primer tercio del Siglo XX. Madrid y Bilbao, vanguardias de la modernidad Convocatoria 2015, Modalidad 1: Proyectos de I+D, del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento, MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad) / Unión Europea. FEDER.

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CAPÍTULO 2

PRIMERA INDUSTRIALIZACIÓN, URBANIZACIÓN E INDICADORES DE BIENESTAR. LA RÍA DE BILBAO, 1877-1930

MANUEL GONZÁLEZ PORTILLA, JOSU HERNANDO PÉREZ

Y JOSÉ URRUTIKOETXEA LIZARRAGA

INTRODUCCIÓN

El trabajo se inserta dentro de la línea que viene siguiendo el Grupo de Investigación de Demografía Histórica e Historia Urbana (DHHU). Esta andadura, que se inició hace casi cuatro décadas bajo la dirección de M. González Portilla, ha atravesado distintas etapas estrechamente interrelacionadas. Del estudio de La formación de la sociedad capitalista en el País Vasco se pasó al análisis de la metrópoli industrial de la Ría y de sus ciudades (Bilbao, Getxo, municipios mineros, Leioa, cuenca del Kadagua, Medio y Alto Nervión, etc.). Finalmente, esta lógica empujó a trasladar su preocupación al contexto más amplio de las “otras industrializaciones” del País Vasco.

De la mano de estos trabajos, se han ido desarrollando líneas complementarias interesadas por aspectos más específicos y transversales: desarrollo del medio urbano e infraestructuras, vivienda obrera y abastecimiento de agua, transición sanitaria, modelos y comportamientos familiares, capital humano, etc. La preocupación por las condiciones de vida de los protagonistas de este proceso venía reclamando su lugar dentro de este panorama analítico.

Heredero de estas preocupaciones y deudor, al mismo tiempo, de otros trabajos —en especial de los de Pérez-Castroviejo para el País Vasco—, el capítulo que presentamos se propone realizar una aproximación al tema complejo de la intensidad y el sentido en que se producen las interrelaciones entre primera industrialización y primer proceso urbanizador (1876-1936), por una parte, y la mejora de las condiciones de vida de sus protagonistas, por otra.

Contamos para ello con tres soportes documentales básicos: el Basque Country Population Database (BCPD), los registros eclesiásticos y civiles de la comarca de la Ría y la información sobre las tallas de los reclutas españoles (1885-1995) del Archivo Histórico del Ejército ubicado en Guadalajara. Sus características respectivas se detallan en el comienzo del apartado correspondiente.

Dentro de la extensa oferta analítica que la historiografía actual pone al alcance del investigador, nuestro trabajo se centra en cinco ejes analíticos: evolución de la población y sus componentes, transición demográfica (mortalidad/natalidad/fecundidad), esperanza de vida (E0), talla y nivel educativo.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN: NATIVOS, INMIGRANTES Y ‘NATIVIZADOS’

La documentación correspondiente a este apartado está recogida en el fondo documental creado por nuestro grupo a lo largo de cuatro décadas (Basque Country Population Database (BCPD) (González Portilla, Hernando Pérez, Revuelta Eugercios y Urrutikoetxea Lizarraga, en prensa). Contiene la información de 320 padrones correspondientes a 78 municipios representativos de las tres provincias vascas. Los individuos recogidos en 11 cortes temporales ascienden a 952.255 (un 25% del total de los incluidos en los padrones). Los datos procedentes de los registros eclesiásticos y civiles aportan, por su parte, información detallada sobre el nacimiento/bautizo, casamiento y defunción de todos los individuos estudiados.

Con anterioridad a 1930, las áreas metropolitanas de Barcelona, Madrid y Bilbao concentran la parte nuclear de la industrialización española. En el caso de Bilbao, su crecimiento se atiene a un calendario preciso. En 1877, año inicial del recorrido, la comarca, formada por dieciséis municipios agrupados en cinco zonas diferenciadas —municipios mineros del coto de Triano-Somorrostro, municipios industriales de ambas márgenes del tramo medio de la Ría, zona residencial del Abra, municipio de Bilbao y Basauri— suma unos muy modestos 62.066 habitantes. Durante los veintitrés años siguientes (1877-1900) la industrialización arraiga en ella: su población se multiplica por 2,68 y alcanza 166.220 habitantes. Para 1930, la situación ha cambiado radicalmente: sus habitantes llegan a 304.355. En este medio siglo, su población se ha multiplicado casi por cinco, fruto de la nueva economía industrial, el desarrollo urbano y las intensas migraciones, especialmente las del periodo 1877-1900 (González Portilla, 2001).

TABLA 1

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LA COMARCA METROPOLITANA DE LA RÍA DE BILBAO, 1860-1930

ZONAS /MUNICIPIOS

CENSOS

1860

1877

1900

1930

Hab

Índices

Hab

Índices

Hab

Índices

Hab

Índice

ZONA MINERA (a)

Abanto-Zierbena

Muskiz

Ortuella

San Salvador del Valle

1.227

1.365

912

798

100,0

100,0

100,0

100,0

2.260

1.511

1.484

1.033

184,2

110,7

162,7

129,4

8.853

2.831

4.975

6.748

721,5

207,4

545,5

845,6

9.878

4.424

6.393

8.228

805,1

324,1

891,9

1.031,1

TOTAL (a)

4.292

100,0

6.288

146,5

23.407

545,4

29.123

678,5

TRAMO MEDIO RÍA (b)

Barakaldo (margen izquierda)

Sestao (margen izquierda)

Erandio (margen derecha)

Leioa (margen derecha)

2.688

341

1.678

643

100,0

100,0

100,0

100,0

4.710

1.077

1.813

781

175,2

315,8

108,0

121,5

15.013

10.833

6.385

1.846

558,5

3.176,8

380,5

287,1

34.209

18.335

11.268

5.096

1.272,7

5.376,8

671,5

729,5

TOTAL (b)

5.350

100,0

8.381

156,7

34.077

637,0

68.908

1.288,0

ABRA (c)

Getxo

Portugalete

Santurtzi

2.156

1.527

710

100,0

100,0

100,0

2.651

3.053

1.130

123,0

199,9

159,2

5.442

5.182

2.806

252,4

339,4

395,2

16.859

10.169

8.074

782,0

665,9

1.137,2

TOTAL (c)

4.393

100,0

6.834

155,6

13.430

305,7

35.102

799,0

BILBAO (d)

Bilbao

Abando

Begoña

Deusto

17.923

5.079

4.535

1.899

100,0

100,0

100,0

100,0

32.734

2.771

1.867

2.323

182,6

54,6

41,2

122,3

83.306*

(—)

5.802

4.142

464,8

(—)

127,9

218,1

161.978**

(—)

(—)

(—)

903,7

(—)

(—)

(—)

TOTAL (d)

29.436

100,0

39.695

134,9

93.250

316,8

161.978

550,3

CABEZA ESTUARIO (e)

Basauri

831

100,0

868

104,5

2.056

247,4

9.444

1.136,5

TOTAL (a)+(b)+(c)+(d)+(e)

44.302

100,0

62.066

140,1

166.220

375,2

304.555

687,5

* El municipio de Bilbao ha anexionado ya al antiguo municipio de la anteiglesia de Abando.

** El municipio de Bilbao ha anexionado los antiguos municipios de las anteiglesias de Begoña y Deusto.

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos.

Pero no todas sus zonas avanzan al mismo ritmo. Durante el último cuarto del siglo XIX, el crecimiento demográfico de la Ría se materializa básicamente en tres subcomarcas (minera, industrial de la margen izquierda y Bilbao) y se sustenta fundamentalmente en la inmigración. Esta contribuye al crecimiento demográfico de la Ría con el 78,1%, mientras que el saldo aporta el 21,9%. Para 1900, la inmigración supone prácticamente la mitad de la población (48,2%). Se trata de una inmigración compuesta por matrimonios jóvenes, niños y jóvenes solteros de ambos sexos, que serán el soporte básico del crecimiento natural de los siguientes treinta años. En las restantes subcomarcas, el crecimiento demográfico es más escaso, sobre todo en aquellas en las que las viejas estructuras agrarias son todavía dominantes.

Entre 1900-1930, la población de la Ría se multiplica por 1,83; pasa de 166.220 habitantes a 304.355. En este momento, el crecimiento afecta ya a todas las zonas de la comarca. Pero lo hace con un matiz importante: ahora, el ritmo más intenso se localiza en las subcomarcas de viejo predominio agrario. Margen derecha industrial y Basauri y su hinterland crecen más intensamente que las tres zonas industriales clásicas.

Pero, a partir del cambio de siglo, se invierte la relación entre crecimiento natural e inmigración. Contrariamente a lo que ocurría con anterioridad, entre 1900-1930 el saldo natural aporta el 55,7% del crecimiento demográfico y la inmigración el 44,3%. A partir de aquí, la transición demográfica explica la parte más sustancial del crecimiento demográfico de la comarca, aunque la inmigración sigue teniendo un papel primordial. Resultado de la larga dinámica de medio siglo, en 1930 la población propiamente nativa —se considera como tal a la que consta en el corte censal de 1860 y a sus descendientes— supone la quinta parte del total de la población (22,2%), la inmigración vasca contribuye con el 10% (10,7%) y la inmigración proveniente del resto de España (inmigrantes y sus descendientes) alcanza sus dos terceras partes (67,2%) (tabla 2).

TABLA 2

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA COMARCA DE LA RÍA DE BILBAO SEGÚN SU ORIGEN, 1930

Procedencia

Individuos

%

Población nativa

67.498

22,18

Inmigración vasca

32.463

10,67

Inmigración española

204.394

67,15

TOTAL

304.355

100,00

Fuente: Elaboración propia sobre censos, padrones y registros eclesiásticos y civiles.

Desde lo temprano de su mestizaje, los datos ponen de manifiesto una realidad demográfica muy distinta de la descrita en determinados análisis centrados en aspectos ideológicos y culturales. Una parte significativa de los nuevos votantes nacionalistas de principios del siglo XX está compuesta por “nativizados”. Más allá de la divisoria “nativos”/“inmigrantes”, existe un amplio colectivo que es preciso tomar en consideración a la hora de tratar de comprender la compleja estructura sociodemográfica de la comarca. Es esa parte cada vez más significativa de la población que comparte una doble identidad: ha nacido en la Ría y crece en ella, pero lo hace en el seno de familias en las que una parte importante de sus integrantes son inmigrantes. Son los que forman ese colectivo al que hemos definido como de “nativizados”.

URBANIZACIÓN Y TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA: CRUDEZA DE LOS INICIOS Y LOGROS EN EL LARGO PLAZO (1881-1930)

Se ha adelantado que el cambio de siglo asiste a la inversión en la relación entre saldos naturales y saldos migratorios en cuanto que factores explicativos del crecimiento demográfico: paulatinamente, los primeros tienden a hacerse con la primacía. Detrás de ello se oculta una de las grandes revoluciones que vive la comarca a partir de 1900 y que la asientan en la modernidad: la transición demográfica. En su primera etapa, esta conjuga un nada casual descenso de las tasas brutas de mortalidad (TBM) con el tampoco casual mantenimiento de elevadas tasas brutas de natalidad (TBN).

Es obvio que este proceso modernizador (industrialización/urbanización) ha producido profundas modificaciones en las estructuras socioproductivas. Para 1920-1930, la sociedad industrial es ya una realidad consolidada: los activos campesinos han quedado reducidos a un residual 1,8%. Los trabajadores industriales (68% de los activos) y, en menor medida, los del sector de servicios terminan por hacerse con el protagonismo del panorama productivo (tabla 3).

TABLA 3

SECTORES PRODUCTIVOS EN LA COMARCA DE LA RÍA DE BILBAO, 1900-1930 (%)

1900

1920-1930

Labradores

12,6

1,8

Obreros industriales

60,0

68,0

Sector terciario (servicios)

27,4

30,2

TOTAL

100

100

Fuente: Elaboración propia sobre padrones.

Triple eje rector: Zona minera, margen izquierda industrial y Bilbao

Pero, como sabemos, este proceso de transformación se atiene a diferentes geografías y calendarios. Es totalmente lógico que lo tomemos en consideración. Y lo hacemos a la hora de analizar la trayectoria de las dos grandes variables sobre las que se construye la transición demográfica: mortalidad y fecundidad/natalidad.

LA MORTALIDAD COMO INDICADOR DE PARTIDA DE LOS NIVELES DE CALIDAD DE VIDA

Como se ha indicado, el periodo de más intenso crecimiento de esta triple zona transcurre entre 1877 y 1900. El peso demográfico que alcanzan en esta última fecha los cinco municipios que representan la industrialización más avanzada de Bizkaia agrupan al 75% de la población de la comarca. Se trata de San Salvador del Valle y Abanto-Zierbena (zona minera), Barakaldo y Sestao (ciudades fabriles de la margen izquierda) y Bilbao como capital dinamizadora del cambio. La evolución de las tasas de crecimiento acumulativo anual, medidas desde los censos, desvela las distintas trayectorias y las significativas diferencias internas que se detectan en el interior de la comarca (tabla 4). Por otro lado, la información contenida en los registros eclesiásticos y civiles nos permite completar esa primera imagen desde la perspectiva de sus dos variables vitales básicas: la mortalidad (TBM) y la natalidad (TBN).

TABLA 4

TASAS DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO ACUMULATIVO ANUAL EN LA RÍA DE BILBAO, 1877-1900 (%)

Subcomarcas

Municipios

1877-1887

1877-1900

Zona minera

San Salvador del Valle

Abanto-Zierbena

17,35

12,21

8,50

6,12

Zona industrial margen izquierda

Barakaldo

Sestao

6,35

15,04

5,17

10,56

Bilbao

Bilbao

4,49

4,14

Basauri

Basauri

1,80

3,82

Ría de Bilbao

5,37

4,35

Fuente: Elaboración propia sobre censos.

El máximo crecimiento demográfico de la Ría se registra entre 1877 y 1891. Los municipios mineros cuadruplican su población, los fabriles de la margen izquierda prácticamente la triplican y Bilbao casi la duplica. Por el contrario, los municipios de carácter agrario (Basauri) presentan crecimientos mucho más moderados.

La rápida industrialización de las tres primeras zonas conlleva una afluencia masiva de inmigrantes. El desajuste que se produce durante estos años entre la intensa industrialización y el fuerte crecimiento demográfico, por una parte, y las deficientes infraestructuras de todo tipo, por otra, provoca que las TBM se disparen a cotas extremadamente elevadas, especialmente en la década de los ochenta y primeros noventa. En ocho de estos catorce años, las TBM de la comarca de la Ría se sitúan entre el 33-40‰. Mortalidad desbordada y natalidad igualmente desbordada componen las dos caras de los comportamientos demográficos del momento (Pérez-Castroviejo y Martínez Catroviejo, 1996 y 2006; González Portilla y Zarraga Sangroniz, 1998; González Portilla, 2001).

TABLA 5

EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD (TBM), RÍA DE BILBAO Y ZONAS INDUSTRIALES, 1881-1930 (‰)(TENDENCIAS DOMINANTES)

Periodo

de referencia

Ría de Bilbao

Zona minera

Barakaldo+Sestao

Bilbao

1881-1894

40-33‰

50-45‰ (1877-1897)

> 45‰ (1888-1894)

36-30‰ (1879-1903)

1895-1908

32-24‰

37-27‰ (1898-1903)

36-27‰ (1895-1903)

36-30‰ (1879-1903)

1909-1921

23-18‰

18-13‰

26-19‰ (1904-1921)

28-24‰ (1907-1922)

1922-1930

17-15‰

18-13‰

< 15‰ (1922-1930)

22-17‰ (1923- 1930)

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros civiles y eclesiásticos.

Con la consolidación industrial y urbana, ya en la divisoria entre siglos, las TBM de este “triple eje rector” experimentan un proceso de contracción intenso y gradual (González Portilla, 2001). En un periodo de cincuenta años, descienden del 40‰ al 20/15‰ (tabla 5). Todo responde a la gradualidad con que se está produciendo el cambio sistémico que vive la Ría: se reduce la presión demográfica y mejoran el suministro de agua, el alcantarillado y las condiciones de habitabilidad.

Pero no se trata de una trayectoria absolutamente homogénea; persisten las diferencias, muy notables en ocasiones, entre estas tres subcomarcas. Desde un punto de vista cuantitativo, la zona minera y la zona fabril de la margen izquierda son las que arrojan mayores tasas de crecimiento acumulativo anual entre 1877-1787-1900. Las tasas de los dos municipios mineros son del 17,3% y 12,2% en el decenio 1877-1887 y las de Barakaldo y Sestao del 6,3% y 15%. Las de Bilbao quedan más atrás con su 4,5% (tabla 4). Pero el extremado crecimiento de las dos primeras subcomarcas choca con un muro infranqueable, su evidente incapacidad de absorberlo en condiciones mínimamente aceptables. Hacinamiento, escasez de recursos y contaminación de las aguas provocan que las enfermedades infectocontagiosas aumenten la vulnerabilidad de los individuos, especialmente la de los niños de hasta los 9 años, lo que repercute, no solo en la Eo de las personas; sino también en el desarrollo de sus capacidades físicas y cognitivas.

La cronología resulta crucial para una recta valoración del fenómeno. En la primera fase (1881-1894), las TBM de la zona minera y fabril, la de más intenso crecimiento, se disparan a niveles superiores al 40-45‰. Entre 1877-1897, periodo del despegue minero, alcanzan cotas desmesuradamente elevadas que, en la mayor parte de los años, superan el 40‰; en seis de ellos, el 60‰. En Barakaldo y Sestao, las máximas se alcanzan algo más tarde. Entre 1888-1894 superan el 45‰, y lo hacen de la mano de su primer impulso industrial. En Bilbao, con un crecimiento demográfico más gradual y contenido, las TBM del periodo 1879-1903 se mantienen en niveles del 30-36‰.

A partir de finales de siglo, la transición de la mortalidad comienza a ser ya una realidad. La crisis minera y el estancamiento de su población reducen la presión demográfica en la zona minera, lo que favorece la mejora de las condiciones de vida y, consecuentemente, el descenso de la mortalidad. Las ciudades fabriles de la margen izquierda y Bilbao experimentan también ritmos de crecimiento demográficos menores, lo que va acompañado de mejoras sustanciales en vivienda, servicios higiénicos, hídricos y sanitarios. Paralelamente, el sistema educativo experimenta avances sustanciales que desembocan en la alfabetización universal.

En resumen; en las tres zonas de máximo crecimiento, el descenso de la mortalidad comienza a dejarse sentir con fuerza a partir de la última década del siglo XIX. En cuarenta años, la mortalidad —uno de los pilares de la transición demográfica— se ha reducido prácticamente a la mitad. Y lo hace desde un doble mensaje graduado en el tiempo. Por una parte, pone de manifiesto las carencias y la extremada crudeza de los primeros años de la experiencia industrial y urbana. Por otra, nos sitúa ante una tendencia de largo-medio plazo de sentido más favorable: los efectos socioeconómicos, higiénico-sanitarios, nutricionales y educativos vinculados al proceso de modernización mejoran paulatinamente la calidad de vida de los habitantes de la comarca.

Pero los brutales costes iniciales y las ventajas posteriores que se manifiestan en este proceso tienen una plasmación desigual desde el punto de vista cronológico, espacial y social. Lo podemos sintetizar del siguiente modo. Primero; en las fases iniciales, la morbilidad y las TBM son más elevadas en aquellas zonas y municipios en los que el crecimiento demográfico es más intenso. Segundo; los costes máximos se detectan en la zona minera, siguen por la zona industrial y se amortiguan relativamente en Bilbao. Los comportamientos de las zonas escasamente industrializadas siguen una dinámica de perfiles menos gravosos en sus inicios, pero de caminar más lento en la culminación. Tercero; el colectivo que arrostra los mayores costes está compuesto mayormente por la población inmigrante: hacinamiento y mala salubridad, larga y penosa jornada laboral, hábitat deficiente, etc. Cuarto; la población infantil menor de nueve años constituye el segmento más claramente perjudicado.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA: NATALIDAD Y FECUNDIDAD

En el otro lado de la balanza, el de la natalidad/fecundidad, la llegada masiva de inmigrantes contribuye al rejuvenecimiento y fortalecimiento de la estructura demográfica, cuando menos hasta 1900.

FIGURA 1

POBLACIÓN SEGÚN ORIGEN (NATIVOS E INMIGRANTES), EDAD Y SEXO, ZONA MINERA (ORTUELLA, 1890)

Fuente: Elaboración propia a partir de los padrones municipales.

La inmigración se hace especialmente presente en dos tramos de población: el menor de 14 años y el de quienes se encuentran en edad reproductiva (25-45 años). Esto se observa con total nitidez en las pirámides de las zonas industrializadas de finales del siglo XIX (figuras 1 y 2). Las TBN aumentan durante estos años y alcanzan sus niveles máximos en los municipios con mayores tasas de crecimiento demográfico: zona minera y municipios industriales de la margen izquierda.

FIGURA 2

POBLACIÓN SEGÚN ORIGEN (NATIVOS E INMIGRANTES), EDAD Y SEXO, CIUDADES INDUSTRIALES (BARAKALDO, 1890)

Fuente: Elaboración propia a partir de los padrones de Barakaldo, 1890.

El calendario al que se atiene la evolución de las TBN entre 1881 y 1930 nos ofrece nuevas pistas. Entre 1877 y 1908, las TBN medias de la Ría se sitúan indefectiblemente por encima del 35-40‰. Sin embargo, hasta 1894 estas tasas apenas llegan a cubrir el vacío que provoca una mortalidad que se mueve en los niveles que conocemos. Consecuentemente, durante esta primera fase, el crecimiento demográfico de estas tres zonas se nutre básicamente de los flujos inmigratorios. En un segundo momento, entre 1895 y 1908, la relación entre saldos naturales y saldos inmigratorios presenta ya unos primeros síntomas de cambio. Con unas TBM en descenso (32-24‰), el mantenimiento de las TBN en las cotas previas (>40-35‰) hace que ahora el crecimiento natural se convierta en el primer factor del crecimiento demográfico. Finalmente, entre 1909 y 1930, la situación mantiene sus balances finales favorables, pero, a partir de ahora, lo hace sobre bases renovadas: la transición demográfica entra en su fase culminante, la del descenso de la natalidad (tabla 6).

Obviamente, los municipios que reciben un mayor aporte inmigratorio compuesto por población joven (zona minera, margen izquierda fabril y Bilbao) son los que presentan TBN más acusadas y sostenidas (tabla 7).

Entre 1877 y 1900, periodo álgido de la explotación de su vena, la zona minera intensifica extraordinariamente sus tasas (40-70‰), con tres picos desmesurados: 69,7‰ (1802), 67,1‰ (1883) y 66,7‰ (1884). Luego, hasta 1930, modera su ritmo (37-30‰). El declive de la minería va ineludiblemente acompañado de un menor crecimiento demográfico. Se pìerde parte del crecimiento natural. En el caso de las ciudades fabriles de la margen izquierda (Barakaldo y Sestao), las cotas máximas de natalidad (45-55‰) se concentran en el periodo 1884-1914, el de su despegue industrial. A partir de 1915, se sitúan regularmente por debajo del 40‰; y por debajo del 30‰ a partir de 1926. Se está iniciando la transición de su fecundidad/natalidad. Dentro de este escenario relativamente común, Bilbao presenta un modelo de natalidad más regulado y de evolución más precoz. En un inicio (1877-1908), sus TBN se sitúan por encima del 40‰ (42-46‰). Luego, a partir de 1909, inician un progresivo declive que alcanza sus mínimos en 1925-1930 (23-20‰). La transición de la natalidad y fecundidad muestra en Bilbao su cara más más avanzada.

TABLA 6

EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD Y LA NATALIDAD, RÍA DE BILBAO, 1881-1930 (‰) (TENDENCIAS DOMINANTES)

Periodo

Natalidad (‰)

Mortalidad (‰)

Crecimiento natural (‰)

1881-1894

> 40-35‰

40-33‰

< 2‰

1895-1908

> 40-35‰

32-24‰

8-11‰

1909-1921

35-30‰

23-18‰

10-12‰

1922-1930

29-27‰

17-15‰

12-14‰

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros civiles y eclesiásticos.

TABLA 7

EVOLUCIÓN DE LA NATALIDAD, LA RÍA DE BILBAO Y ZONAS INDUSTRIALES, 1881-1930 (‰) (TENDENCIAS DOMINANTES)

Periodo

La ría

Zona minera

Barakaldo+Sestao

Bilbao

1881-1894

> 40-35‰

> 55-40‰

55-45‰

48-40‰

1895-1908

40-35‰

40-33‰

55-45‰

48-40‰

1909-1921

35-30‰

35-29‰

40-30‰

38-32‰

1922-1930

29-27‰

35-31‰

30-25‰

23-20‰

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros civiles y eclesiásticos.

Independientemente de la trayectoria concreta que sigue en cada uno de los casos, para la segunda década del siglo XX, la transición demográfica comienza a consolidarse como marco integral de comportamiento. El crecimiento demográfico cuenta ya con cauces que no pasan por extremar los costes. Una mortalidad a la baja facilita el recurso a estrategias de fecundidad menos rigurosas y costosas para la familia y, sobre todo, para la mujer.

La ‘otra ría’: de una economía agraria a una modernización más tardía (el caso de Basauri)

En el último cuarto del siglo XIX, los municipios de la comarca de carácter más agrario (Basauri) presentan comportamientos demográficos distintos de los que se acaban de analizar. Su población y sus tasas de crecimiento demográfico arrojan cifras más modestas, al tiempo que sus TBM se mueven en cotas alejadas de las del resto de los municipios de la Ría. En la mayoría de los años del periodo 1877-1896, no superan el 30‰ (tabla 8).

TABLA 8

EVOLUCIÓN DE LAS TBM DE BASAURI EN EL CONTEXTO DE LA RÍA (TENDENCIAS DOMINANTES) (‰)

Periodo de referencia

Ría de Bilbao

Basauri

1881-1894

40-33‰

26-30‰ (1877-1896)

1895-1908

32-24‰

45-23‰ (1897-1910)

1909-1921

23-18‰

< 16‰ (1911-1930)

1922-1930

17-15‰

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros civiles y eclesiásticos.

A la hora de explicar el carácter “atípico” de estas cifras, conviene tener presente que las TBM de finales del Antiguo Régimen (régimen foral) en la mayor parte del País Vasco húmedo o cantábrico se mueven en niveles más bajos que los habituales en el País Vasco mediterráneo y en la mayor parte de la España interior. Los patrones socioeconómicos, alimenticios y demofamiliares vigentes en una parte importante de su mundo campesino favorecen la consecución de un relativo equilibrio entre recursos y población. La diversificación de su economía, su especialización agroganadera y el consiguiente acceso a fuentes de proteínas (leche y carne) lo convierten “en un territorio aventajado en términos de estado nutricional” (Martínez Carrión, Cámara y Pérez Castroviejo, 2016; Collantes Gutiérrez, 2017).

Ese relativo equilibrio alcanza su cota más elevada en las comarcas guipuzcoanas y vizcaínas, que se rigen por las pautas familiares de tradición troncal: baja nupcialidad/baja natalidad/baja mortalidad infantil (baja mortalidad general). La cohabitación de tres generaciones en estos hogares favorece la atención que se dispensa a los menores. En todo caso, estas ventajas no están exentas de importantes costes: edad tardía al matrimonio, elevadas cotas de soltería definitiva, exclusión de los segundones (emigración) y tasas elevadas de ilegitimidad (Urrutikoetxea Lizarraga, 1992).

La tardía industrialización de Basauri marca la frontera entre los dos momentos de la mortalidad de este municipio. Aproximadamente hasta la divisoria de entre siglos (1897-1900), las relativamente bajas TBM de Basauri (26-30‰) reproducen esos esquemas demográficos pretransicionales. A partir de ese momento, el municipio se suma paulatinamente al modelo transicional del resto de las zonas de la Ría. Inicialmente, lo hace cargando con el coste de un recrudecimiento de su mortalidad. Luego, a medio y largo plazo, se beneficia de los efectos positivos de la transición demográfica. Sus cifras, muy similares a las del resto de la Ría, hablan de lo avanzado de la transición de su mortalidad (tabla 8).

Por lo que respecta a su natalidad, no puede extrañar que las TBN del Basauri del último cuarto del siglo XIX (25-35‰) se alejen de las que caracterizan a las de las tres zonas de la Ría tempranamente industrializadas (tabla 9). Hasta ese momento, Basauri reproduce los viejos modos sociodemográficos y familiares del mundo tradicional vasco-húmedo.

TABLA 9

EVOLUCIÓN DE LA NATALIDAD (TBN), LA RÍA MÁS AGRARIA (BASAURI), 1881-1930 (‰)

Periodo

La Ría

Basauri

1881-1894

35%- > 40‰

25-35‰

1895-1908

35-40‰

35-40‰

1909-1921

30-35‰

> 35‰

1922-1930

27- 29‰

30-42‰

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros civiles y eclesiásticos.

Luego, entre 1896 y 1920, la reciente industrialización, el intenso crecimiento demográfico (fuerte inmigración) y la hegemonía inequívoca de las pautas familiares nucleares refuerzan una natalidad que se dispara al 35-40‰. Finalmente, la década de los veinte nos sorprende con un mantenimiento e incluso repunte inesperado de las TBN, muy superiores a las medias de Bilbao y de los municipios fabriles. En Basauri, y en los municipios más rurales a los que representa, la transición de la natalidad y de la fecundidad se hace esperar. La andadura de estos últimos treinta y cinco años (1896-1930) define las claves del proceso industrializador de estos municipios de modernización tardía.

LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA: UNA VALORACIÓN FINAL EN TÉRMINOS DE BIENESTAR

Es obvio que los efectos de la industrialización/urbanización transforman profundamente la estructura demográfica de la Ría. Pero esta valoración exige matizarse atendiendo a distintos ritmos y momentos. En una primera fase (1881-1894), ventajas (crecimiento generalizado) y costes (desequilibrio entre crecimiento demográfico incontrolado y escasez de recursos) caminan en paralelo. Esto se traduce en el desbordamiento de la mortalidad general e infantil. Sin embargo, una lectura a largo plazo ofrece una perspectiva complementaria. Durante este medio siglo, la transición demográfica suaviza el extremado rigor de la etapa inicial.

Es obvio, en todo caso, que esta valoración ha de entenderse en términos relativos. Las desigualdades entre zonas, municipios, barrios y clases sociales siguen presentes como realidad y como reto social y académico.

Esperanza de vida (E0) y crecimiento económico

La implementación de las políticas higiénico-sanitarias y educativas que acompañan al proceso de modernización que nos ocupa contribuye a la reducción de las enfermedades infectocontagiosas y, consecuentemente, a la mejora de la salud de la población. La contracción de las TBM habla de ese progreso. Pero, con su capacidad sintética, la esperanza de vida (E0) permite afinar los términos de ese avance.

Desde principios del siglo XX, las sociedades industrializadas asisten a una mejora constante de sus niveles nutricionales. La mayor disponibilidad de grasas y proteínas destinadas a los individuos se traduce en una reducción progresiva de la morbilidad por enfermedades infectocontagiosas. Con ello mejoran, no solo las capacidades físicas y productivas de los individuos, sino también las cognitivas, incluido el crecimiento del coeficiente intelectual (CI/IQ) (Flynn, 2012; Pietsching y Voraceck, 2015; Pinker, 2018). El cerebro, el gran consumidor de energía del cuerpo humano, absorbe en situación basal más del 20% de las calorías ingeridas en forma de grasas y proteínas. Una alimentación escasa en estos nutrientes y el padecimiento frecuente de enfermedades infectocontagiosas, especialmente en la infancia, deterioran aquellas capacidades (Cussó y Gabarrou, 2007; Collantes, 2014; Pujol y Cussó, 2014).

En la fase inicial de la primera industrialización de la Ría, la elevada mortalidad que se detecta en sus municipios más emblemáticos (Pérez-Castroviejo, 2016) se traduce inevitablemente en unas muy bajas expectativas de vida al nacer. En 1888, la E0 de San Salvador del Valle (ciudad minera) y Sestao (ciudad industrial) se sitúa en unos alarmantemente bajos 17,1 y 16 años respectivamente. Mortalidad extrema —sobre todo infantil— y muy baja E0 van estrecha y luctuosamente unidas. Los 22,8 años de Barakaldo en 1890 mejoran levemente este sombrío panorama. No es exactamente el caso de Bilbao, que mejora notablemente su E0: 34,2 años. Nuevamente, las diferencias socioproductivas marcan la diversidad de los comportamientos de las distintas zonas.

En un segundo momento, el inicio de la transición demográfica —descenso de la mortalidad que se concentra fundamentalmente en los niños de 0-9 años— se traduce en una mejora sustancial de la E0. Para 1910, esta se sitúa en 43,4 años en Barakaldo y 40,2 en Bilbao. Veinte años después (en 1930), alcanza los 53,9 y 47,4 años respectivamente. El salto resulta tan llamativo como lo era el del descenso de la mortalidad (tabla 10).

TABLA 10

EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD Y LA ESPERANZA DE VIDA EN LA COMARCA DE LA RÍA DE BILBAO, 1881-1930 (‰)

Periodo

de referencia

Mortalidad

Ría (‰)

Esperanza de Vida (E0) (en años)

Bilbao

Barakaldo

1881-1894

40-33‰

34,2 (1890)

22,8 años (1890)

1895-1908

32-24‰

1909-1921

23-18‰

40,2 (1910)

43,4 años (1910)

1922-1930

17-15‰

47,4 (1930)

53,9 años (1930)

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros civiles y eclesiásticos.

Al comienzo del periodo analizado, la industrialización de la Ría se ve acompañada de una situación de enorme precariedad en lo que respecta a los niveles de calidad de vida de la población de la comarca, especialmente en las zonas minera y siderometalúrgica. A partir de la segunda década del siglo XX, la situación mejora de manera ostensible y se reducen las diferencias entre las distintas zonas. Ambas líneas de fuerza ponen de manifiesto un claro proceso de mejora en los niveles de bienestar de sus habitantes. Una parte significativa del crecimiento del PIB de la comarca y del PIB per cápita está directamente vinculada a la mejora de la salud y de la nutrición.

LAS TALLAS COMO INDICADOR SINTÉTICO DE LOS NIVELES DE CALIDAD DE VIDA

El indicador de las tallas permite dar un nuevo paso en el estudio de las interrelaciones entre industrialización, urbanización y niveles de bienestar. Su evolución en el tiempo y su distribución geográfica y socioprofesional se ponen en contacto con aspectos relacionados con la calidad de vida de los individuos: nutrición, circunstancias medioambientales, salud y enfermedades, especialmente las padecidas durante la infancia, niveles nutricionales del feto recibidos por vía materna. Ciertas carencias sufridas en esta primera fase de la vida —hasta la pubertad— condicionan el futuro desarrollo del individuo.

Unas primeras referencias de contexto

La documentación de que disponemos procede del Archivo Histórico del Ejército ubicado en Guadalajara, y abarca el periodo 1885-1955 —la ley de protección de datos nos ha impedido consultar la información posterior a esa fecha— y cubre información sobre los reclutas españoles medidos en el momento de su incorporación. Esta hace referencia a la edad, talla, origen, profesión, grado de alfabetización/nivel educativo y provincia de reclutamiento. Se añaden, además, referencias al perímetro torácico.

Nuestro corpus reúne un número aproximado de 60.000 reclutas tallados en la comunidad autónoma del País Vasco entre 1891 y 1935. La recogida se ha realizado de acuerdo con cortes temporales de cinco años y con un nivel de muestreo superior al 50% por corte y provincia. En este caso concreto, el análisis se circunscribe al estudio de las tallas en el conjunto de los municipios de la Ría de Bilbao.

Durante la segunda mitad del siglo XX, los médicos —especialmente los pediatras— americanos y europeos comienzan a centrar su atención en el estudio de este indicador. La relación peso/talla se convierte en uno de los parámetros más utilizados para medir el estado nutricional de una población (González Portilla, 2001: 186-187). Destacan en este esfuerzo pionero los equipos de Tanner, Debré, Karlberg, Prader, Jordan, Universidad de Harvard (USA) o el del español M. Hernández y la Fundación Faustino Orbegozo.

En los últimos treinta años, los estudios históricos han reparado en este indicador en sus análisis sobre el desarrollo. Los primeros pasos de los años ochenta arraigan con fuerza en la década de los noventa y se asientan definitivamente en los últimos años (Komlos, Floud, Steckel, Fogel, Harris, Hong, etc.). Las grandes cuestiones atravesadas por el crecimiento económico, el desarrollo, los niveles de vida y la desigualdad buscan la luz a través de una lectura centrada en la transición nutricional y las tallas.

La historiografía española conecta con estas inquietudes básicamente a partir de los años ochenta (Gómez Mendoza y Pérez-Moreda, Martínez-Carrión, Cámara, Pérez-Castroviejo, etc.). La historiografía vasca se muestra también atenta a este ámbito de preocupaciones. Destacan en este empeño M. González Portilla y P. M. Pérez-Castroviejo.

Tallas y bienestar en la ría de Bilbao (1891-1935)

En este análisis se miden y comparan dos universos. Por una parte, se atiende al conjunto de todos los reclutas tallados durante este periodo en la Ría. Posteriormente se procede al análisis desagregado de cada uno de los municipios de Bilbao, Barakaldo, zona minera y Erandio/Leioa.

Un primer repaso: calendarios y primeros puntos de referencia

Comencemos con un rápido repaso del calendario que sigue el conjunto de la comarca (tabla 11).

TABLA 11

EVOLUCIÓN DE LA TALLA MEDIA DE LOS RECLUTAS (CM), RÍA DE BILBAO, 1891-1935

Año de recluta

Reclutas

Estatura

1891

184

164

1895

311

164

1901

404

164

1905

351

164

1910

351

165

1915

606

165

1920

503

166

1925

574

166

1930

318

167

1935

341

168

Fuente: Elaboración propia sobre tallas de reclutas. Archivo Histórico del Ejército (Guadalajara).

La estatura media de los 184 reclutas tallados en el conjunto de la Ría en 1891 se sitúa en 164 cm, una media relativamente alta, si se la compara con la talla media española (162 cm), pero inferior a la talla media vizcaína. No se olvide que los cortes de 1891, 1895 y 1901 de la comarca de la Ría vienen marcados por una presencia significativa de inmigrantes. Por el contrario, en los cortes de 1930 y 1935 se impone la presencia mayoritaria de mozos nativos, consecuencia del peso que el crecimiento vegetativo alcanza en el crecimiento global de la población durante esta segunda etapa.

Entre 1903 y 1906, las tallas medias de Bizkaia y Gipuzkoa (165,86 y 165,64 cm), las más elevadas de toda España junto con la canaria, superan a la media de la Ría (164 cm) (Martínez-Carrión, Cámara y Pérez-Castroviejo, 2016). Luego, entre 1906 y 1935, la talla de los reclutas de la Ría gana cuatro centímetros. Este avance sustancial se atiene a un ritmo gradual y acelerado que guarda una relación inversa con la pérdida de peso de la inmigración y con el descenso que experimentan la morbilidad y la mortalidad. La talla aumenta al ritmo que mejora la salud de la población, estrechamente vinculada a la mejora en la nutrición. Mejoran las capacidades físicas y cognitivas del individuo, factores básicos del desarrollo económico del periodo.

LA INDUSTRIALIZACIÓN COMO MECANISMO HOMOGENEIZADOR EN UN CONTEXTO DUAL

Pero vayamos con un análisis atento a las diferencias intracomarcales que definen este proceso. Para ello, se ha optado por agrupar la información en dos grandes bloques cronológicos. En el primero se agregan los datos correspondientes a los cortes de 1891, 1895 y 1901; en el segundo, los de 1930 y 1935, lo que permite disponer de dos muestras amplias y representativas: los reclutas del primer corte suman 899; los del segundo, 659. A partir de estos números es posible abordar análisis desagregados y cruzar las tallas con variables como el origen, la localidad de reclutamiento, la profesión o la alfabetización (tabla 12).

Entre 1891 y 1935, las tallas de la Ría experimentan un crecimiento medio de cuatro centímetros. En la primera década (1891-1901), el 52,44% de los mozos no alcanza los 163 centímetros y tan solo el 27,44% supera los 167. Nos hallamos en la fase de más intensa inmigración en la Ría de Bilbao. Cuarenta años más tarde (1930-1935), los porcentajes se alteran significativamente: los mozos de menos de 163 cm no pasan ahora del 22,10%, mientras que los que superan los 167 cm se elevan al 60,6%. Es más; los que superan los 170 cm suponen una tercera parte del total (36,32%). Son los momentos en los que el crecimiento vegetativo aporta la mayor parte del crecimiento demográfico de la Ría. Gran parte de los mozos tallados en estos años ha nacido en la Ría.

TABLA 12

EVOLUCIÓN DE LAS TALLAS DE LOS RECLUTAS, RÍA DE BILBAO, 1891-1895-1901, 1930-1935

1891-1895-1901

1930-1935

Talla (cm)

Nº reclutas

%

Talla (cm)

Nº reclutas

%

< 162,9

163,0-166,4

> 1,665

TOTAL

86

33

45

164

52,44

20,12

27,44

100,00

< 162,9

163,0-166,4

> 1,665

TOTAL

143

112

392

647

22,10

17,31

60,59

100,00

< 160,0

> 170,0

26,23

5,19

< 160,0

> 170,0

9,28

36,32

Fuente: Elaboración propia sobre tallas de reclutas. Archivo Histórico del Ejército (Guadalajara).

No cabe duda; durante los años de la primera industrialización y urbanización (1891-1935), la población de la Ría mejora sustancialmente su talla. Nos movemos en ganancias que, según zonas, oscilan entre 3-7 centímetros.

Una lectura más detenida nos sitúa ante un panorama dual que nos resulta conocido, al menos si nos atenemos a lo que se ha visto al analizar los comportamientos diferenciales de la mortalidad. Las tallas de los municipios de las tres zonas tempranamente industrializadas (Bilbao, Barakaldo y zona minera) son muy parejas y evolucionan en la misma dirección y con ritmo similar. Al final de estos años, las tallas medias de la subcomarca mejoran, por término medio, en 4 centímetros. Bilbao y Barakaldo nos proponen el calendario de esta progresión (tabla 13).

TABLA 13

EVOLUCIÓN DE LAS TALLAS DE LOS RECLUTAS, RÍA DE BILBAO, 1891-1935

Bilbao

Barakaldo

Zona minera

Erandio/Leioa

Nº

Talla

Nº

Talla

Nº

Talla

Nº

Talla

1891

1895

1901

1905

1910

1915

1920

1925

1930

1935

58

86

132

123

132

196

159

197

133

128

163,7

164,1

164,0

164,8

165,4

165,5

165,8

166,0

167,4

167,6

15

20

41

30

42

37

54

47

35

49

163,2

164,7

165,6

163,8

165,5

165,1

164,9

165,5

168,5

167,2

13

12

36

34

47

46

49

63

30

—

163,9

166,8

164,9

164,4

166,1

167,7

165,1

166,9

165,9

—

16

17

22

15

19

—

28

30

—

23

165,2

165,5

164,6

165,8

165,6

—

166,0

166,5

—

167,7

Fuente: Elaboración propia sobre tallas de reclutas. Archivo Histórico del Ejército (Guadalajara).

Los municipios de industrialización más tardía (Erandio y Leioa) presentan tallas y calendarios distintos. Lo hacen de acuerdo a parámetros que ya hemos observado al estudiar la evolución de su población y de su mortalidad. En el punto de partida, marcado por una escasa inmigración, su talla media supera en 1,5 centímetros a la de las poblaciones de rápida industrialización y notable inmigración. Con el transcurso de su proceso modernizador, esta ventaja inicial se diluye de modo que, al final del periodo, sus tallas se sitúan en las mismas cotas que las del resto de la Ría.

En conclusión, la intensa inmigración que recibe la Ría en el último cuarto del siglo XIX ayuda a entender las diferencias internas que inicialmente se registran entre las distintas subcomarcas. Sin embargo, entre 1930 y 1935, la mayor parte de los reclutas tallados han nacido ya en la Ría. Pero hay otro factor realmente decisivo para la mejora de la salud y de la talla: el descenso de la elevada morbilidad/mortalidad de los primeros años. Este descenso y el peso elevado que comienza a experimentar la natalidad explican que el crecimiento vegetativo interior se convierta en el soporte fundamental del crecimiento demográfico del primer tercio del siglo XX. Fruto de esta doble dinámica, las diferencias de talla tienden a desaparecer; para 1930, las tallas medias de la Ría y de Bilbao, Barakaldo y Erandio/Leioa son idénticas (167 cm).

DIFERENCIAS INTERNAS: VARIACIONES TEMPORALES Y DESIGUALDADES TERRITORIALES

La agrupación de los datos en dos cortes permite profundizar en un análisis más desagregado y descubrir hasta qué punto se benefician los distintos colectivos de las ventajas que se derivan de este proceso de la modernización. Para ello, nos centramos en dos variables: el origen de los reclutas y su profesión.

a) Cartografía de las tallas: el origen geográfico de los reclutas

La información referida a los reclutas tallados en la Ría de Bilbao permite construir una cartografía precisa de las tallas según su comunidad autónoma de origen (tabla 15).

En un primer momento (cortes de 1891-1895-1901), las tallas medias de los reclutas que llegan a la Ría de Bilbao procedentes básicamente de las actuales comunidades autónomas del Cantábrico y de la submeseta norte se atienen a una gradación precisa. Los reclutas de origen vizcaíno-guipuzcoano presentan las tallas más elevadas: 164/165 cm; les siguen madrileños y alaveses (163 cm); luego, ya a 4-5 cm, se sitúa un amplio grupo de “mozos” procedentes de Cantabria, Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia.

Esta gradación encuentra su explicación en los ritmos e intensidades que caracterizan dos contextos distintos, ambos herederos de una dualidad de modelos socioeconómicos característicos de la etapa final del Antiguo Régimen: el rural campesino dominante en la España interior, básicamente cerealista y vitivinícola, y el protoindustrial de las provincias costeras (básicamente Bizkaia y Gipuzkoa), caracterizado por la diversidad: industria artesanal, economía marítima (comercial y pesquera) y ganadería vacuna (carne y leche). En este soporte de larga trayectoria temporal, se inserta luego una segunda línea de fuerza de carácter más intenso y de proyección futura: la expansión de una industrialización precoz e intensa.

TABLA 14

EVOLUCIÓN DE LAS TALLAS (EN CM). COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL NORTE DE ESPAÑA, 1891-1935

Comunidad

autónoma

1891-1900

(a)

1930-1935

(b)

Diferencia

(b) – (a) (cm)

Aragón

160

164

4,0

Castilla y León

161

164

3,0

Galicia

161

163

2,0

La Rioja

161

163

2,0

Madrid

163

166

3,0

Navarra

161

164

3,0

Cantabria

161

168

7,0

Bizkaia

165

168

3,0

Gipuzkoa

164

169

5,0

Araba/Álava

163

166

3,0

Fuente: Elaboración propia sobre tallas de reclutas. Archivo Histórico del Ejército (Guadalajara).

Entre 1891-1935, las mejoras son ostensibles, con ganancias que oscilan entre 2 y 4 cm. El proceso modernizador se ha consolidado y generalizado. No obstante, se mantienen las diferencias entre la España interior septentrional y las provincias más industrializadas. La talla media de Cantabria, Bizkaia, Gipuzkoa y Madrid oscila entre los 166 cm de Madrid y los 169 de Gipuzkoa. Por el contrario, las comunidades del interior se mueven en 163-164 cm. La presencia de la vieja economía agraria cerealista se deja notar en el avance moderado de las tallas.

b) Diferencias socioprofesionales

Se observa algo similar cuando el análisis se aborda desde la perspectiva de la profesión. Ello remite inevitablemente a diferencias en el estado nutricional y estas, a los distintos niveles de renta de cada colectivo, lo que apunta obviamente a situaciones diferenciales en salud, educación, etc. Obviamente, los dos cortes temporales permiten medir el avance que experimentan las tallas agrupadas por profesiones, pero permiten, también, identificar los colectivos más favorecidos por la modernización (tabla 15).

TABLA 15

EVOLUCIÓN DE LAS TALLAS (TRAMOS), RÍA DE BILBAO, 1891-1895-1901, 1930-1935

1891-1895-1901

1930-1935

Tramo/Talla

(A)

Profesión

Número

reclutas

Talla

Tramo/Talla

(B)

Profesión

Número

reclutas

Talla

TRAMO 1

< 163 cm

Impresor

Pintor

Zapatero

Jornalero

Trabajador del metal

Ebanista

Otros

SUBTOTAL

10

15

17

346

61

18

86

553

(53,1%)

160,2

160,5

161,1

162,7

162,9

162,9

—

TRAMO 1

< 165 cm

TRAMO 2

163-165,9 cm

Panadero

Labrador

Herrero

Sin dato

Otros

SUBTOTAL

20

106

14

10

33

183

(17,6%)

163,0

163,8

164,3

164,3

—

TRAMO 2

165-167 cm

Peón

Otros

Carpintero

Ebanista

Mecánico

Dependiente

Jornalero

39

49

17

12

28

22

103

SUBTOTAL

165,1

165,1

165,7

165,8

166,7

166,8

166,8

292

(44,3%)

TRAMO 3

> 166,0 cm

Escribiente

Carpintero

Empleado

Estudiante

Dependiente

Comerciante

Otros

SUBTOTAL

36

20

15

118

48

23

45

305

(29,3%

166,0

166,2

166,8

167,1

167,8

167,8

—

TRAMO 3

> 167,0 cm

Sin calif.

Labrador

Calderero

Oficinista

Oficios varios

Estudiante

Ajustador

Albañil

Tornero

Oficios varios

33

16

22

38

37

43

20

12

11

85

SUBTOTAL

167,0

167,0

168,0

168,0

169,0/168,0

169,0

169,0

169,0

169,0

> 169,0

367

(55,7%)

TOTAL

1.041

(100,0%)

TOTAL

659

(100,0%)

Fuente: Elaboración propia sobre tallas de reclutas. Archivo Histórico del Ejército (Guadalajara).

En el primero de los cortes (finales de siglo XIX), la población con talla inferior a 163 cm está compuesta básicamente por los trabajadores industriales de la nueva economía: jornaleros, ebanistas, impresores, pintores, trabajadores del metal, etc. En el nivel inmediatamente superior (164 cm), se encuentra el reducido colectivo de herreros y panaderos y el más importante de labradores (vizcaínos). Por último, en el tramo de tallas más altas (> 166 cm) se localizan las profesiones relacionadas con el sector de servicios: comerciantes, empleados, dependientes, escribientes… y “estudiantes”, estos últimos futuros activos relacionados con profesiones liberales o industriales de elevada cualificación (ingenieros, peritos, etc.). No conviene olvidar que, en este periodo, la población de la Ría está constituida básicamente por inmigrantes.

En el segundo corte (1930-1935), el panorama cambia ostensiblemente. Todos los colectivos superan los 165 cm. En el tramo 2, el más bajo de la escala (165-167 cm), están ubicados los peones y otros oficios varios. Ligeramente por encima (entre 166-167 cm) se sitúan carpinteros, ebanistas, mecánicos, dependientes y jornaleros. Algunos de estos colectivos (jornaleros o ebanistas) ganan entre 3 y 6 cm respecto del primer corte temporal. Finalmente, en la parte media-alta (> 167 cm) se localiza el mayor número de colectivos y de individuos. Destaca la concurrencia en este tramo de profesiones tan dispares como las vinculadas a los servicios (oficinistas, estudiantes), a los trabajos cualificados del sector industrial (albañiles, caldereros, torneros, ajustadores, etc.) o a la labranza. Sin que llegue a difuminarse, en esta fase final del recorrido la polarización socioprofesional camina hacia una cierta suavización: el primer tramo brilla por su ausencia, el segundo agrupa al 44,3% de los reclutas y el tercero, al 55%. Industrialización y urbanización ejercen como factores transformadores de la realidad social. Lo pone de manifiesto, sobre todo, la mejora de la posición de los colectivos vinculados al proceso industrial: albañiles, caldereros, torneros y ajustadores.

c) Diferencias educativas

Desde la información que ofrecen las referencias al nivel educativo es posible ensayar también una aproximación a la relación existente entre capacitación del “capital humano” (nivel educativo) y tallas (calidad de vida). La sencilla comparación entre los reclutas alfabetizados y los analfabetos ofrece una pista inequívoca: las diferencias favorecen siempre a los reclutas alfabetizados, poco importa que sean nacidos en Bizkaia (1,2 cm) o en Castilla y León (1,6 cm). El plus que aporta la educación se trasluce directamente en una mejora de la talla (tabla 16).

TABLA 16

TALLAS, NIVEL EDUCATIVO Y PROCEDENCIA DE LOS RECLUTAS MEDIDOS EN LA RÍA DE BILBAO, 1905- 1910

Nivel alfabetización

Nacidos en Bizkaia (a)

Nacidos en Castilla

y León (b)

(a)– (b)

Número

Talla (en cm)

Número

Talla (en cm)

Talla

Alfabetizados (1)

733

165,8

159

161,1

4,7 cm

Analfabetos (2)

214

164,6

34

159,5

5,1 cm

(1)-(2)

1,2 cm

1,6 cm

Fuente: Elaboración propia sobre tallas de reclutas. Archivo Histórico del Ejército (Guadalajara).

Pero disponemos, además, de una información adicional que nos pone en contacto con los niveles educativos superiores, el de los reclutas “estudiantes” que realizan estudios terciarios o universitarios. Los datos son claros: constituyen uno de los colectivos que alcanzan tallas más elevadas a lo largo de todo el periodo analizado.

Es, sin duda, el momento preciso para dar el paso al análisis monográfico de las virtualidades que ofrece el estudio de los niveles educativos.

NIVEL EDUCATIVO, DESARROLLO Y BIENESTAR

Hace ya más de medio siglo que la historiografía viene ocupándose de las relaciones existentes entre la formación del capital humano y el crecimiento económico. La nómina de los autores extranjeros que desbrozaron el terreno es amplia (Schultz, 1971 y 1991; Gerschenkron, 1962; Becker, 1964; Anderson y Bowman, 1965). Y cabe decir lo mismo de la historiografía española. Los primeros ecos se hacen escuchar relativamente pronto (Pérez Moreda, 1977; Reher, 1977), situación que se consolida a partir de las dos últimas décadas del pasado siglo (Viñao Frago, 1982; Nuñez, 1992; Nuñez y Tortella, 1993; Collantes Gutiérrez, 2004). Por esos mismos años, la historiografía vasca, que se ha sumado a estas preocupaciones, traza un recorrido que parte de las inquietudes relacionadas con la pedagogía (Benito Pascual, 1990 y 1994; Dávila Balsera, 1995, 1997 y 2004), pasa luego por el estudio de las políticas educativas (Dávila Balsera, 1995 y 2004) y desemboca finalmente en los análisis económicos y sociales (García Abad, Pareja Alonso y Zarraga Sangroniz, 2007; García Abad, 2012; Ruiz de Loizaga, 2015). En esta última línea se sitúan algunos de nuestros trabajos (González Portilla y Urrutikoetxea Lizarraga, 2016).

Las últimas publicaciones no se limitan, sin embargo, a confirmar el valor ya contrastado de la relación entre niveles educativos, producción/productividad, desarrollo y bienestar. El estudio de los niveles educativos nos sitúa ante escenarios mucho más abiertos y sugerentes. Hablamos de ahondar en el crecimiento que viene experimentando el coeficiente intelectual (CI/IQ) del ser humano, fruto de la conjunción multifactorial entre las revoluciones industriales y las transiciones demográfica, nutricional y educativa; es el conocido “efecto Flynn” (Flynn, 2012; Pietsching y Voraceck, 2015). Y hablamos también de lo que significa el conocimiento como capacidad de optar por unos menores costes humanos, de superar mitos y dogmas, de progreso moral (Pinker, 2018); de bienestar, en definitiva. El índice de conocimiento “explicaría” nada menos que el 70% de la variación en los valores emancipadores entre los diferentes países (Welzel, 2013).

Un primer marco general

a) Alfabetización (población > 10 años)

En el momento inicial de la primera industrialización de la Ría (1877), sus dos zonas más desarrolladas y urbanizadas, Bilbao y Abra (Portugalete), presentan niveles de alfabetización (62%) muy superiores a las media española (30%), vasca y vizcaína (45,6%). Semejantes logros son posibles gracias a la combinación de dos factores de diseño y alcance temporal distintos: una compleja y rica estructura socioproductiva de largo aliento temporal y el embrionario despegue industrial. Les siguen en la distancia la zona minera y la incipientemente industrializada Barakaldo (41%). Más lejos (entre el 25 y el 30%) quedan los municipios campesinos de la comarca: margen derecha y Basauri. En el otro extremo, la permanencia de los municipios de la zona rural vascófona en el marco campesino tradicional se traduce en niveles muy inferiores (16-24%).

Esta doble línea de correlación se reafirma treinta años más tarde. En 1900, Bilbao (76,8%), Portugalete (73%) y el municipio residencial de Getxo (66%) refuerzan la modernidad de su modelo socioeconómico con el logro del segundo umbral de alfabetización (70%). La zona minera y la industrial de las márgenes izquierda y derecha muestran también el relativo vigor de su desarrollo económico: San Salvador del Valle (63%), Sestao (59,7%), Barakaldo (58,3%) e incluso Erandio (52,4%). Las medias vizcaína (62,4%) y vasca (61,2%), próximas a ese umbral, son, por su parte, fiel reflejo de una industrialización que ha comenzado a cuajar. Finalmente, y aunque continúan en lo inferior del ranking, los municipios rurales de la Ría mejoran su imagen (30-40%).

TABLA 17

TASAS DE ALFABETIZACIÓN (> 10 AÑOS), RÍA DE BILBAO Y SUBCOMARCAS, 1877-1930

SUBCOMARCAS Y MUNICIPIOS

1877

1900

1930

MARGEN IZQUIERDA

40,4

58,7

82,4

Zona minera

(San Salvador del Valle/Abanto-Zierbena)

41,1

56,3

77,1

Zona industrial (Barakaldo/Sestao)

39,5

58,6

83,1

MARGEN DERECHA (Erandio/Leioa)

27,7

51,1

71,5

BILBAO

62,0

76,8

90,0

ABRA (Portugalete/Getxo)

52,8

68,9

87,7

FONDO DEL ESTUARIO (Basauri)

30,5

53,7

77,3

TOTAL RÍA

42,8

69,2

86,4

ZONA RURAL VASCÓFONA

16-24%

30-40%

70-80%

BIZKAIA

45,6

62,4

86,0

PAÍS VASCO/EUSKADI

45,6

61,2

86,0

ESPAÑA

30,0

47,0

68,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos.

Para 1930, momento final del recorrido, el mapa alfabetizador no puede ser más elocuente. La comarca de la Ría, en su integridad, ha superado el segundo umbral de alfabetización (>70%) y se aproxima a la alfabetización universal (> 85-90%). Y lo que es al menos tan significativo: las diferencias entre el medio urbano y el rural se han reducido ostensiblemente: la ciudad “ha penetrado” en la aldea.

b)Estudios medios y superiores

Esta progresión en la formación de un capital humano cada vez más cualificado encuentra su manifestación última en el avance que experimentan los estudios medios y superiores: “estudiantes” de 13-18 años. En tan solo treinta años (1900-1930), sus porcentajes crecen de manera evidente: se triplican entre los hombres y prácticamente se cuadruplican entre las mujeres. Y, aunque con números absolutos lógicamente mucho más bajos, se observa una progresión similar entre aquellos otros “estudiantes” —de 19 a 24 años— que cursan estudios superiores.

Para 1930, un tercio de la población masculina de la Ría de ese tramo de edad ha tenido una escolarización mínima de 10 años; y ocurre otro tanto con la femenina (21%). Esto posibilita que la productividad aumente y que lo haga en paralelo al descenso que experimenta el número de horas trabajadas. Se pasa de trabajar diez-doce horas/día por término medio en el último cuarto del siglo XIX a ocho horas a finales del periodo (1920-1930). Pero estos avances no solo mejoran la productividad y las rentas de las clases medias y trabajadoras; aceleran, al mismo tiempo, la transición de la natalidad/fecundidad, lo que comporta evidentes logros en el proceso emancipador de la mujer. Será a partir de estos colectivos de donde vayan surgiendo con fuerza las clases medias y los obreros más cualificados y mejor pagados.

tABLA 18

ESTUDIOS SECUNDARIOS Y MEDIOS (% SOBRE POBLACIÓN > 13 AÑOS), RÍA DE BILBAO, 1900-1930

1900

1930

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Estudiantes 13-18 años

10,22

5,69

30,96

19,76

Estudiantes 19-24 años

1,09

0,43

3,51

1,47

Fuente: Elaboración propia sobre padrones.

CONCLUSIONES

Desarrollo económico, expansión urbana y crecimiento de la población, por un lado, y mejoras generalizadas y acortamiento de las diferencias internas (demográficas, antropométricas y educativas), por otro, son las dos caras del proceso modernizador que protagoniza la Ría de Bilbao durante su primera industrialización (1877-1930). Fuerte descenso de la mortalidad, sustancial incremento de la E0, mejora del capital humano, aumento importante de las tallas, incremento de la producción y de la productividad, primeros pasos en el proceso de emancipación de la mujer, etc., son las facetas destacadas de un proceso que avanza hacia el logro de mejoras sustanciales en términos de la calidad de vida, de bienestar.

Sin embargo, esta primera línea conclusiva de carácter general se debe entender desde una lectura críticamente matizada. Lo exigen los distintos espacios, etapas, colectivos (“nativos”, “inmigrantes” y “nativizados”) y grupos sociales que protagonizan esta historia.

Desde una perspectiva cronológica, los efectos de la primera industrialización requieren, cuando menos, una valoración doble; una a corto plazo y otra a medio/largo. En la primera fase de este recorrido de más de medio siglo, la comarca de la Ría de Bilbao se constituye como punto de encuentro de realidades sociohistóricas diferentes y diferenciadas. Unas realidades arraigan en el complejo y relativamente inclusivo entramado tradicional del país. Otras, las vinculadas con la inmigración intensiva de las primeras décadas, conectan con modos socioeconómicos, demofamiliares y culturales de carácter más segregado. En definitiva, las líneas de dispersión se interfieren entre distintos planos: lo hacen entre herencias recibidas y cambio, entre mundo campesino y urbano, entre nativos e inmigrantes.

En la primera fase, las áreas de más temprana industrialización, de crecimiento más intenso y de presencia inmigratoria desbordada, se enfrentan a situaciones de extremada dificultad, a niveles de calidad de vida particularmente precarios. Pero son, sobre todo, determinados grupos los que corren con la peor parte de estos costes: la población inmigrante, los grupos menos cualificados, los niños y las mujeres. Para el momento final del recorrido, el panorama de la comarca ha cambiado de manera clara, tanto en lo que se refiere a la generalización de las mejoras como a la reducción de las diferencias internas.

Las distintas variables ofrecen muestras inequívocas de ese avance. A medio y largo plazo, industrialización y urbanización llegan acompañadas de una transformación integral. Transición nutricional, transición higiénico-sanitaria, transición demográfica, avances en la E0 y transición educativa son los grandes pilares que sustentan este cambio sistémico y “revolucionario”. El crecimiento demográfico exige ahora costes mucho más controlados, tanto en lo que concierne a la mortalidad como a la natalidad/fecundidad.

Pero, con ser importante, esta mejora generalizada no es sino una de las dos caras de este proceso. La segunda está relacionada con la homogeneización relativa de estos avances. La mejoría en las tasas de mortalidad y natalidad, E0, medidas antropométricas, alfabetización/estudios llega paulatinamente al conjunto social. Esto no debe hacernos olvidar, en ningún caso, que hablamos de parámetros medios y de avances de carácter relativo. La desigualdad se mitiga, pero no se erradica. Las diferencias sociales siguen siendo un hecho. A día de hoy —en pleno 2018—, lo ponen de manifiesto, por ejemplo, los seis años de diferencia que separan la E0 de los barrios céntricos y periféricos de Bilbao. Las diferencias entre distintos medios (urbanos y rurales), barriadas, grupos sociales, grupos étnicos y sexos siguen siendo bastante más acusadas de lo deseable.

NOTA

Este trabajo se enmarca en el Proyecto MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad) HAR2015-65134-C2-2-P: La sociedad urbana en la España del primer tercio del Siglo XX. Madrid y Bilbao, vanguardias de la modernidad.

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CAPÍTULO 3

URBANIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y DESIGUALDAD SOCIAL. EL AVANCE DE LA ALFABETIZACIÓN EN LAS CAPITALES ANDALUZAS, 1900-1930

DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ Y MANUEL MARTÍNEZ MARTÍN

Una de las manifestaciones de la modernización de la sociedad española durante el primer tercio del siglo XX se desarrolló en el terreno educativo. Y se sustanció, fundamentalmente, en el avance de la alfabetización. La población andaluza fue copartícipe de dicho progreso, sobre todo la que residía en las principales ciudades (la información utilizada proviene de los censos de población de 1900, 1910, 1920 y 1930 y de los padrones de habitantes de Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga de 1930). Dos factores se conjugaron en el avance de la alfabetización: la atención que el Estado prestó a la educación escolar y la importancia que las familias y los individuos otorgaron a la adquisición de habilidades lectoescritoras. Mientras que el primer factor afectó al conjunto del territorio español, la incidencia del segundo factor dependió de la estructura social de cada ámbito.

El avance de la alfabetización entre la población andaluza fue menor que el de la población española. En ello tuvo mucho que ver la configuración económica regional. En lo que no varió la evolución andaluza fue en la mayor intensidad que el fenómeno de la alfabetización adquirió entre la población urbana, sobre todo en la de las capitales provinciales. En Andalucía, como en el resto del país, el avance de la alfabetización en las capitales alcanzó cotas inéditas.

La presencia de las instituciones del Estado —el aparato administrativo y burocrático, las diputaciones, los grandes ayuntamientos, etc.— y la específica configuración social de la ciudad lo favorecieron. Además, la aceleración del proceso de urbanización, con el incremento demográfico y los cambios laborales que provocó, convirtieron a las capitales en el principal escenario del avance de la alfabetización: entre 1900 y 1930 su población pasó de 577.100 a 852.419 habitantes, una cifra de población cercana a la de Madrid o Barcelona; lo que supuso un aumento total (47%) y relativo —del 16,2% al 18,4% de la población regional— de su peso demográfico.

El avance de la alfabetización

Durante el primer tercio del siglo XX la alfabetización avanzó en España (tabla 1). En tres décadas la población alfabetizada pasó del 36,2% al 57,6%, y ganó 21,4 puntos. La evolución se dio a partir de 1910, y se aceleró en la década de 1920. Según la pauta de la evolución de la alfabetización de Bowman y Anderson (1963), tres etapas jalonan la extensión de la alfabetización en una población: una primera, en la que menos del 40% de los individuos está alfabetizado; una segunda, en la que el umbral de la alfabetización se sitúa entre el 40 y el 70%; y una tercera, la que culmina la transición, en la que la población alfabetizada supera el 70%. Pues bien, la población española penetró en 1910 en el segundo estadio. Aunque todavía lejos de la alfabetización universal, ya alcanzada por países europeos, no cabe duda de la importancia del progreso.

La población andaluza compartió el avance. Como la española, penetró en el segundo estadio de la transición demográfica: entre 1900 y 1930 la tasa bruta de alfabetización en Andalucía pasó del 26,1% al 46,2%, y ganó 20,1 puntos. Si bien el tránsito de la primera a la segunda etapa de la transición se pospuso una década, hasta después de 1920 la población andaluza no superó el 40% de alfabetizados. Además, el inferior nivel de partida —a principios de siglo Andalucía se situaba en la cola de la alfabetización regional (Heredia Flores y Parejo Barranco, 2007: 106)— impidió acortar el diferencial respecto a la población española.

Donde el avance de la alfabetización regional se manifestó con más vigor fue en la ciudad (Martínez López, Martínez Martín y Moya García, 2011). Todas las capitales andaluzas avanzaron considerablemente, en la línea en que lo hicieron el conjunto de las capitales del país (tablas 1 y 3). Si dos de ellas (Almería y Jaén) se encontraban en 1930 entre las capitales españolas menos alfabetizadas, otras dos (Córdoba y Huelva) se situaban en una posición intermedia y las restantes (Cádiz, Granada y Sevilla) contaban con un elevado nivel de alfabetización, similar al de capitales como Barcelona, A Coruña, Logroño, Oviedo, Toledo, Valencia, Valladolid o Zaragoza. En fin, en las capitales andaluzas el impulso de la transición de la alfabetización fue indudable. Avanzó más y lo hizo una década antes que en los restantes núcleos de población de la región.

TABLA 1

TASAS DE ALFABETIZACIÓN BRUTA DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA (1900-1930)

1900

1910

1920

1930

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Capitales andaluzas

49,4

38,3

43,6

52,3

45,5

46,7

57,9

49,5

53,5

70,4

60,8

65,4

Andalucía sin capitales andaluzas

27,4

18,1

22,7

28,9

19,8

24,3

34,6

24,6

29,6

47,9

35,7

41,8

Andalucía

30,8

21,5

26,1

32,5

23,4

27,9

38,5

29,0

33,7

51,9

40,5

46,2

España

44,2

28,5

36,2

47,4

34,2

40,6

53,7

42,2

47,8

63,1

52,5

57,6

Diferencia entre capitales andaluzas y Andalucía (sin capitales)

22,0

20,2

20,9

23,4

25,7

22,4

23,3

24,9

23,9

22,5

25,1

23,6

Diferencia entre las tasas de alfabetización de 1900 y 1930

Hombres

Mujeres

Total

Capitales andaluzas

21,0

22,5

21,8

Andalucía sin capitales andaluzas

20,5

17,6

19,1

Andalucía

21,1

19,0

20,1

España

18,9

24,0

21,4

Fuente: Censos de población de 1900, 1910, 1920 y 1930.

La tasa neta de alfabetización (tabla 2), que no contabiliza a la población menor de 10 años, ofrece una visión más precisa de los progresos de la capacidad lectoescritora de la población urbana. Esto se debe a que la exclusión de la población menor de 10 años neutraliza la distorsión estadística que supone el peso demográfico de los grupos de edad de 0-5 años —sin escolarizar— y de 6-10 años —con un bajo nivel relativo de alfabetización, fruto de la pauta de incorporación tardía a la escuela (Pérez Díaz, 2007: 137-163)—. La tasa neta de alfabetización de la población andaluza no residente en las capitales partió y se mantuvo en niveles muy bajos, del 28% de 1900 al 51,1% de 1930; no obstante, creció 23,1 puntos. La evolución de la tasa en las capitales pasó del 50,3% al 77%; es decir, creció más, 26,7 puntos.

La evolución de la tasa neta de alfabetización arroja una visión más acentuada de la distancia que separaba la alfabetización de la población de las capitales de la del resto. Si la distancia entre las tasas brutas de alfabetización de las capitales y del resto de núcleos de población pasó de los 20,9 (1900) a los 23,6 puntos (1930), la distancia entre las tasas netas se amplió más, de 22,3 a 25,1 puntos.

El adelanto de la alfabetización urbana no señala a la ciudad como espacio exclusivo de la modernización educativa en Andalucía, pues tanto en el mundo rural como en el urbano hubo avances. Sí indica, por el contrario, que la brecha entre el nivel de alfabetización de la población urbana y el de la población rural se amplió. Mientras que la población de las capitales andaluzas inició en 1930 la senda de la alfabetización universal, el mundo rural permanecía alejado de esta. Si a esto se suma que las capitales ganaron peso demográfico, resultan dos aspectos de interés para la comprensión del papel de la ciudad en el cambio social de la Andalucía del primer tercio del novecientos. Por un lado, las capitales fueron la punta de lanza de la extensión de la alfabetización. Por otro, las capitales andaluzas contaron con una fuerza de trabajo más adaptada a los requerimientos de las modernas formas de producción (automoción y mecanización, electrificación, etc.) y gestión (más burocratizada) económica.

TABLA 2

TASAS DE ALFABETIZACIÓN NETA DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA (1900-1930)

1900

1910

1920

1930

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Capitales andaluzas

58,2

43,4

50,3

62,4

48,2

54,9

68,3

56,9

62,3

84,1

70,6

77,0

Andalucía sin capitales andaluzas

34,1

21,9

28,0

36,7

24,8

30,7

42,3

29,6

35,9

59,2

43,0

51,1

Andalucía

37,9

25,7

31,8

40,9

28,9

34,8

46,7

34,7

40,6

63,7

48,5

56,0

España sin Andalucía

58,3

35,9

46,6

62,9

43,6

52,8

68,9

52,6

60,4

77,9

63,3

70,3

España

54,3

34,0

43,8

58,6

40,8

49,4

64,4

49,2

54,5

75,1

60,5

67,6

Diferencia entre capitales andaluzas y Andalucía

(sin capitales)

23,7

21,5

22,3

25,7

23,4

24,2

26,0

27,3

26,4

24.9

27,6

25,9

Diferencia entre España y Andalucía

16,4

8,3

12,0

17,7

11,9

14,6

17,7

14,5

13,9

11,4

12,0

11,6

Diferencial entre tasas de alfabetización neta (1900-1930)

hombres

mujeres

total

Capitales andaluzas

25,9

27,2

26,7

Andalucía sin capitales andaluzas

25,1

21,1

23,1

Andalucía

25,8

22,8

24,2

España

20,8

26,5

23,8

Fuente: Censos de población de 1900, 1910, 1920 y 1930.

TABLA 3

TASA NETA DE ALFABETIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS CAPITALES

CAPITALES ANDALUZAS

1900

1910

1920

1930

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

43,1

72,2

56,1

52,8

60,0

44,5

48,0

70,4

29,2

60,3

43,8

39,5

45,5

29,4

33,7

51,5

35,9

65,8

50,0

45,7

52,4

36,9

40,2

60,3

44,1

76,6

58,4

68,4

64,9

54,1

50,5

69,1

35,5

65,6

48,4

57,5

49,4

38,8

36,2

51,0

39,6

72,1

53,5

62,5

57,1

49,0

42,8

59,5

52,6

67,7

66,6

68,2

60,4

48,2

58,3

84,6

38,3

70,5

52,2

56,7

54,2

33,7

41,3

72,8

44,9

69,2

59,5

62,0

57,2

40,7

49,1

78,2

74,0

90,7

82,1

87,5

80,6

69,8

79,2

90,5

59,3

79,0

65,8

74,8

69,0

55,1

63,0

79,0

66,2

84,3

74,0

80,7

74,5

62,4

70,6

84,3

Total Capitales

58,2

43,4

50,3

62,4

48,2

54,9

68,3

56,9

62,3

84,1

70,6

77,0

Diferencial H-M

14,8

14,2

11,4

13,5

CAPITALES ESPAÑOLAS DE MAYOR TAMAÑO EN SU REGIÓN

Badajoz

Barcelona

Coruña

Las Palmas

Logroño

Madrid

Mallorca

Murcia

Oviedo

Pamplona

Santander

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria

Zaragoza

47,3

59,1

67,6

46,4

71,1

78,4

45,2

32,9

71,4

79,8

76,5

59,5

51,4

71,6

85,5

61,1

57,4

85,5

79,9

59,5

86,2

92,3

70,7

54,7

79,8

93,3

90,7

78,8

78,7

80,1

93,0

82,4

Fuente: Censos de población de 1900, 1910, 1920 y 1930.

Pero la evolución de la alfabetización urbana no fue territorialmente homogénea, sino que varió en cada capital (tabla 3). La mayoría —seis de las ocho— presenta en 1930 tasas netas de alfabetización por encima del 70%. Entre estas, no obstante, se distinguían dos posiciones: la de Sevilla, Cádiz y Granada, con tasas netas que apuntan a la alfabetización universal; y la de Huelva, Córdoba y Málaga, con elevadas tasas, pero alejadas aún de la culminación de la transición. Las capitales restantes, Jaén y Almería, presentan en 1930 tasas netas de alfabetización muy bajas. El distinto ritmo de la transición hacia la alfabetización universal, como se verá, estuvo relacionado con las características económicas de cada ciudad. Pese a todo, se observa una tendencia a la convergencia a lo largo del periodo. La distancia que separaba a las capitales con la tasa neta de alfabetización más alta y más baja era de 29,9 puntos en 1900 —Cádiz (65,8%) y Jaén (36,9%)— y de 21,9 puntos en 1930 —Cádiz y Sevilla (84,3%) y Jaén (62,4%)—; es decir, en tres décadas se achicó 8 puntos.

El desigual acceso a la alfabetización

En términos sociales, la difusión de la alfabetización tampoco fue un proceso homogéneo. Distintos factores —el sexo, la edad y la ocupación— lo condicionaron, haciéndolo muy desigual.

El diferencial sexual

El avance de la alfabetización femenina, ligeramente superior a la masculina (tablas 3 y 4), manifiesta una tendencia al cierre del diferencial sexual en educación (Núñez, 159 y 175). Este es un aspecto que confirma a la mujer como agente de la socialización educativa; la mejora de la alfabetización femenina redundaría en un incremento general de la demanda educativa, un círculo virtuoso que incidiría sobre todo en la población juvenil, donde sí se neutralizaría el diferencial entre sexos. Con todo, el positivo comportamiento de la alfabetización femenina no logró acortar sustancialmente la brecha educativa para el conjunto de la población: los 14,8 puntos que separaban en 1900 a la alfabetización neta masculina de la femenina tan solo se redujeron a 13,5 puntos en 1930.

El avance de la alfabetización femenina adquiere, no obstante, otra dimensión al compararlo con lo que ocurrió fuera de las capitales. Entre el conjunto de la población andaluza —descontada la población de las capitales— sucedió lo contario: no solo el avance de la alfabetización neta femenina fue inferior —en las capitales sumó 27,2 puntos y entre el resto de la población, 21,1 puntos—, sino que fue 4 puntos inferior al de la masculina. Es decir, mientras que la brecha sexual se amortiguó en las capitales, se abrió en los restantes núcleos de población.

La respuesta al distinto comportamiento de la alfabetización femenina en las capitales y fuera de ellas puede encontrase en dos tipos de explicaciones. Por un lado, se puede apelar a los menores obstáculos que encontraba la escolarización femenina en la ciudad. En este caso, la capital andaluza de la época sería un espacio más equitativo; lo que daría razón a las explicaciones (Ortega, 2015) que han encontrado una de las motivaciones del “éxodo rural” de la mujer en la atracción ejercida por un espacio más abierto como el urbano. Desde otra perspectiva, sin embargo, se podría tener en cuenta el peso de la estructura socioeconómica. En este sentido, el mayor tamaño de la nueva (y creciente) clase media urbana explicaría el alcance de la alfabetización femenina en las capitales. Es probable que ambas interpretaciones no sean incompatibles, pero, a la luz del actual conocimiento historiográfico, la segunda explicación adquiere más significado.

TABLA 4

DIFERENCIAL EN TASA NETA DE ALFABETIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS CAPITALES (1900-1930)

hombres

mujeres

total

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

30,9

18,5

26,0

34,7

20,6

25,3

31,2

20,1

30,1

18,7

22,0

35,3

23,5

25,7

29,3

27,5

30,3

18,5

24,0

35,0

22,1

25,5

30,4

24,0

Total capitales

25,9

27,2

26,7

Andalucía sin capitales andaluzas

25,1

21,1

23,1

Andalucía

25,8

22,8

24,2

Fuente: Censos de población de 1900 y 1930.

El desigual acceso generacional

El acceso de las distintas cohortes de la población urbana a la alfabetización también varió (tabla 5). La población nacida antes de 1884, la de los individuos con más de 46 años en 1930, presenta el nivel de alfabetización más bajo, situándose en el segundo estadio de la transición: aproximadamente dos tercios de la misma cuenta con habilidades lectoescritoras. En torno a tres de cada cuatro de los individuos nacidos entre 1885 y1904, los de más de 26 y menos de 45 años en 1930, están alfabetizados; por tanto, esta cohorte ya ha penetrado en el tercer estadio. La población nacida después de 1904, la de los menores de 26 años, es la que alcanza las cotas de alfabetización más elevadas, al menos cuatro de cada cinco individuos están alfabetizados y, en especial, sobresale la del grupo de edad de 11-15 años, la de los nacidos tras 1915, encaminada a la alfabetización universal (87,1%).

Del análisis de la población de 1930 por grupos de edad se colige que el avance de la alfabetización se desarrolla de forma paulatina, que se despliega en el ochocientos para acelerar en la segunda década del novecientos. La atención que el Estado prestó desde principios de siglo XX a la educación (Núñez, 2005: 159), sustanciada en la creación en 1900 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en la implantación de la escuela graduada (Ruiz, 1992: 107) o en la ampliación en 1909 de la escolarización obligatoria hasta los 12 años, contribuyó a dicha aceleración. Además, del elevado nivel de alfabetización de los nacidos tras 1905 se infiere que la enseñanza formalizada, impartida en escuelas públicas y colegios privados, era a la altura de 1910 un instrumento eficaz de socialización educativa en las capitales andaluzas.

La mejora del nivel educativo de la población más joven redundó en una modernización del mercado laboral. La generación de hombres y de mujeres que se incorpora al trabajo tras 1915 cuenta con habilidades lectoescritoras y, seguramente, con destrezas en cálculo matemático elemental. La plasmación de esta mejora en la formación de la población, sin embargo, apenas podrá realizarse; el estancamiento económico de muchas de las economías urbanas andaluzas en la tercera década del siglo y, luego, la Guerra Civil, lo impedirán. En cualquier caso, el stock de capital educativo aquilatado por la nueva generación —que acumuló más años de escolarización y más nivel de alfabetización que ninguna de las anteriores— marca un hito en la historia de la alfabetización de la población andaluza.

Por otra parte, cada capital mantuvo un ritmo distinto de difusión generacional de la alfabetización. La población juvenil de los grupos de edad de 11-15 y 16-20 años de las dos capitales económicamente más dinámicas en el periodo intersecular, Sevilla y Granada, presenta una tasa de alfabetización superior al 92% en el primer grupo de edad y al 87% en el segundo; es decir, sus mercados laborales están incorporando en la tercera década del siglo a una población juvenil formada desde el punto de vista de la alfabetización. Cádiz, Huelva y Málaga, con tasas del 84,7 y del 87,3% para el grupo de edad de 11-15 años, siguen a las dos primeras en la mejora educativa de la población joven. En Almería, Córdoba y Jaén los grupos de población joven siguen alejados de la alfabetización universal; el estancamiento económico de Almería desde fines del siglo XIX y el estrecho vínculo con la agricultura de Córdoba y Jaén debieron de influir en ello.

TABLA 5

TASA DE ALFABETIZACIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE LA POBLACIÓN DE LAS CAPITALES (1930)

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

> 60

0,1

55,2

79,7

80,2

70,5

63,1

65,2

59,2

64,9

56,3

63,6

51,0

47,6

0,7

67,4

87,3

89,4

87,7

87,0

87,0

82,9

82,3

77,5

79,4

76,2

72,7

0,4

64,6

80,9

80,6

78,3

76,4

76,9

71,7

70,9

65,8

67,9

62,2

59,3

0,3

61,5

92,5

87,7

86,2

81,1

81,4

77,5

71,4

71,9

74,5

67,5

62,0

0,1

56,9

85,9

81,7

79,5

75,5

74,4

69,9

70,5

66,5

72,3

63,6

57,5

0,3

55,5

73,6

69,2

67,5

64,1

67,5

60,7

59,0

55,9

57,2

52,6

47,0

0,5

55,3

84,7

77,2

76,3

66,2

72,1

63,7

65,5

57,4

62,6

56,6

47,7

0,4

61,9

92,7

88,9

87,8

85,4

84,7

81,2

82,8

79,4

79,9

77,1

72,5

0,4

60,0

87,1

83,4

81,6

76,8

78,6

72,9

73,5

68,5

72,0

65,9

63,3

Total

55,5

73,2

63,0

67,7

63,6

52,8

58,9

72,3

65,2

Fuente: Censo de población de 1930.

Segmentación laboral y desigualdad educativa

Las mayores distancias en los niveles de alfabetización se presentan al desagregar a la población activa, la de 16-60 años, en grupos ocupaciones (tabla 6). Resulta una estructura socioocupacional tripartita: un segmento de población activa con tasas de alfabetización muy elevadas; un segmento de activos con tasas muy bajas y un segmento con niveles intermedios. El primer segmento agrupa a la población con tareas y empleos que requieren de habilidades lectoescritoras y contables. Dentro del mismo se encuentran los profesionales liberales y los técnicos, los administrativos y los oficinistas, con un nivel cercano al 100%; y los activos del comercio, con tasas también elevadas. El segmento con menos recursos educativos está integrado por las trabajadoras del servicio doméstico, los trabajadores del campo y del mar y los jornaleros. Estos trabajadores, dedicados a tareas manuales para las que no se requiere saber leer y escribir, conformaban el jornalerismo urbano y el servicio doméstico (Martínez Martín, Martínez López y Moya García, 2014). Los mecánicos, los obreros del metal y las operarias del textil y la confección, con tasas que rondaban el 80%, integran el segmento intermedio. El requerimiento de habilidades técnicas para el desempeño de muchas de estas ocupaciones semicualificadas o especializadas exigía un mínimo nivel educativo.

TABLA 6

TASAS DE ALFABETIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA (16-60 AÑOS) POR GRUPOS DE OCUPACIÓN (1930/1935)

HISCO GROUPS

Almería 1935

Córdoba 1935

Granada 1930

Jaén 1930

Málaga 1930

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

0/1/2/3. Profesionales liberales,

administrativos

y oficinistas

92,3

—

92,5

94.5

96,0

94,7

94,5

93,3

94,4

98,3

100

98,6

97,4

81,2

96,8

4. Trabajadores del comercio

76,9

—

73,8

89,8

—

90,7

90,0

66,6

88,2

98,0

0,0

98,0

92,7

87,5

92,4

5. Trabajadores de servicios

54. Servicio

doméstico

87,2

100,0

36,7

39,2

56,6

43,6

90,8

—

53,2

51,3

64,7

50,6

86,1

54,5

51,6

48,2

65,0

48,6

91,3

71,4

37,5

37,7

62,8

40,0

79,5

70,0

38,1

40,3

51,3

42,5

6. Trabajadores

agrarios y mar

62. Agrarios

64. Del mar

42,2

50,6

17,2

—

—

0,0

42,3

50,6

17,2

63,8

64,9

0,0

—

—

0,0

63,6

63,8

0,0

41,9

41,0

0,0

—

—

0,0

42,1

41,2

0,0

46,7

45,3

0,0

—

0,0

0,0

47,6

45,3

0,0

48,4

54,0

22,6

—

—

0,0

48,6

54,2

22,6

7/8. Trabajadores mecánicos, del metal

y del textil

74,1

85,0

76,2

85,3

53,3

80,9

82,6

80,6

82,3

85,8

76,5

84,7

83,5

76,7

82,2

9. Trabajadores

de la producción

95. Construcción

99. Jornaleros

56,8

59,6

44,4

—

0,0

0.0

55,8

57,7

44,4

74,0

74,3

73,3

61,9

0,0

60,0

73,7

74,3

72,9

65,7

72,2

60,4

60,0

0,0

62,5

65,6

72,2

60,4

59,0

88,1

53,9

42,8

0,0

40,4

58,6

88,1

53,6

66,1

75,9

65,4

45,5

0,0

42,1

65,5

75,9

64,6

-1. No activos

y sin declarar

66,4

46,0

49,5

78,4

63,5

64,6

88,6

63,4

65,2

74,5

51,7

54,9

83,7

59,4

61,3

Cifras

450

326

776

1.150

1.014

2.164

1.135

1.163

2.298

1.038

747

1.785

1.221

1.052

2.273

Fuente: Padrones municipales de habitantes de Almería (1935), Córdoba (1935), Granada (1930), Jaén (1930) y Málaga (1930).

Nota: Los datos de las tablas 6, 7 y 8 —obtenidas de los Padrones de habitantes a través un muestreo estadístico de carácter aleatorio con un grado de fiabilidad del 99% (grado de error de +/- 2%)— resultan de la información nominal de 24.647 habitantes: 2.833 individuos de Almería (1935), 5.304 de Córdoba (1935), 5.670 de Grabada (1930), 5.091 de Jaén (1930) y 5.749 de Málaga (1930).

La distribución social de los recursos educativos condicionó, según fuera más o menos acentuada, el progreso de la transición de la alfabetización en cada capital.

Alfabetización, reproducción social y capital humano

Desde diferentes supuestos teóricos se ha subrayado la importancia económica y sociológica de la extensión de la alfabetización. En perspectiva microsocial, se ha señalado que la difusión de la alfabetización posibilitaba el acceso al desempeño de la mayor parte de las ocupaciones generadas en la época por el fortalecimiento burocrático del Estado (empleo administrativo y de oficina), por la revolución tecnológica (industrialización, electrificación y mecanización, etc.) y por el cambio social en su conjunto (trabajo en comercio y hostelería). Ante las posibilidades de ascenso laboral y de mejora del nivel de vida de la época, los individuos y las familias responderían con una demanda generalizada de escolarización y alfabetización. La teoría del capital humano, por su parte, ha subrayado, situándola a la altura de otros requisitos clásicos del crecimiento y la industrialización (capital y mercados, financiación, tecnologías, etc.), los positivos efectos económicos que representaba una población bien formada. Al hilo de esto, la historiografía con frecuencia ha insertado el papel de la alfabetización en los primeros episodios del crecimiento económico y de la industrialización.

Los procesos históricos concretos, sin embargo, no siempre se engastan con naturalidad en los modelos explicativos de carácter general o en las experiencias ajenas.

Alfabetización, ocupación y reproducción social

La elevada proporción de jóvenes alfabetizados en 1930 muestra que la alfabetización se había instalado, constitutivamente, en la sociedad urbana. Como la sociología y la historia de la educación han desvelado, la universalización de la alfabetización resultó de la conjunción de dos factores: la mejora de la oferta educativa y la generalización de la demanda educativa.

El cambio de siglo modificó la situación de la educación en España, a ello contribuyó la atención que las políticas públicas prestaron a la escuela. La mejora de la oferta educativa redundó, inmediatamente, en el progreso de la escolarización y en el impulso de la alfabetización. Como se ha visto, en la Andalucía urbana los esfuerzos estatales por hacer efectiva la escolarización obligatoria y por promover la alfabetización se hicieron notar. Sin la mejora de la oferta educativa, la extensión de la alfabetización entre la población juvenil no habría sido factible, ya que el bajo nivel de renta de la mayoría de las familias impedía el recurso de la enseñanza privada. Una mejora que, sin embargo, no invalida las críticas de los publicistas coetáneos al tibio compromiso del poder económico y del político con la escolarización y la alfabetización popular en la región (Escolano, 1988: 41-42). La red escolar urbana arrastró carencias que, solo en parte, explican los obstáculos que la universalización de la alfabetización encontró en algunas capitales.

La demanda educativa de las familias urbanas también creció. Sin ella, con las limitaciones que mantuvo la oferta educativa, el progreso de la alfabetización juvenil habría sido inviable. No obstante, la generalización de la demanda educativa distó de ser completa.

Durante el siglo XIX, la fragilidad de la red de educación pública depositaba la responsabilidad de educación escolar en dos ámbitos (Reher, 1997: 258; Núñez, 2005: 158): uno informal, el de la familia y el trabajo; y otro formalizado, el de los colegios privados. Ámbitos que marcaban una importante diferenciación social en las capitales andaluzas. La notable proporción de familias que subsistían en ellas por medio de ocupaciones manuales que no precisaban de capacidades lectoescritoras determinaba la existencia de un amplio sector social alejado de la cultura escrita. Los escasos incentivos de los miembros de estas familias hacia la alfabetización mantuvieron bajo mínimos la demanda de educación escolar. No obstante, cuando alguno de ellos encontraba una motivación para aprender a leer y escribir, solía recurrir a los ámbitos informales. Las familias de la mesocracia administrativa (burócratas y funcionarios, etc.), económica (comerciantes, industriales, etc.) o intelectual (catedráticos y profesores, abogados y médicos, profesionales liberales, etc.), un magro sector social en estas capitales durante el ochocientos, acudía normalmente a los colegios privados. En definitiva, factores de oferta —la raquítica red escolar— y de demanda —la escasa presencia de la nueva clase media y del gran tamaño del trabajo manual tradicional— mantuvieron durante el siglo XIX la tasa de alfabetización de las ciudades andaluzas en niveles muy bajos.

TABLA 7

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTIVA (16-60 AÑOS) POR GRUPOS DE OCUPACIÓN (1930/1935)

HISCO GROUPS

ALMERÍA 1935

CÓRDOBA 1935

GRANADA 1930

JAÉN 1930

MÁLAGA 1930

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

0/1/2/3. Profesionales liberales, administrativos y oficinistas

7,0

—

3,5

12,3

1,6

6,7

15,1

0,8

7,4

11,5

3,0

7,4

13,9

0,8

7,2

4. Trabajadores del comercio

5,2

—

2,8

3,3

—

1,8

7,0

0,5

3,5

3,3

0,0

1,7

6,6

0,4

3,4

5. Trabajadores de servicios

54. Servicio doméstico

5,1

0,5

8,2

7,0

6,6

3,8

5,2

0,4

10,7

9,7

8,1

5,2

7,3

0,7

9,8

8,9

8,7

5,1

6,0

0,5

7,3

6,9

6,6

3,6

4,4

0,6

8,6

6,8

6,6

3,9

6. Trabajadores agrarios

y mar

62. Agrarios

64. Del mar

19,8

11,9

3,8

—

—

0,0

10,0

6,1

1,9

7,1

3,9

0,0

—

—

0,0

3,5

1,9

0,0

18,6

18,1

0,0

—

—

0,0

8,5

8,3

0,0

10,8

7,7

0,0

—

0,0

0,0

5,8

4,0

0,0

14,7

10,6

3,2

—

—

0,0

7,1

5,1

1,5

7/8. Trabajadores mecánicos, del metal

y del textil

7,8

2,2

5,0

5,5

0,5

2,9

11,0

1,7

5,9

7,9

1,2

4,6

10,2

2,4

6,1

9. Trabajadores

de la producción

95. Construcción

99. Jornaleros

31,1

12,4

6,1

—

—

0,0

15,8

6,4

3,1

57,7

2,6

53,0

1,3

0,0

1,2

28,2

1,3

25,9

30,3

3,4

22,4

0,6

0,0

0,4

14,1

1,6

10,5

44,7

2,8

38,0

1,0

0,0

0,7

23,6

1,4

20,0

42,0

3,2

32,0

1,2

0,0

1,0

20,8

1,5

15,9

-1. No activos y sin declarar

21,4

87,7

54,6

7,9

84,9

48,2

10,7

86,7

51,8

15,8

87,2

50,4

8,1

86,4

49,0

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Cifras

764

771

1.535

1.469

1.614

3.083

1.565

1.852

3.417

1.522

1.427

2.949

1.663

1.810

3.473

Fuente: Padrones municipales de habitantes de Almería (1935), Córdoba (1935), Granada (1930), Jaén (1930) y Málaga (1930).

El proceso de urbanización del primer tercio del siglo XX alteró la estructura ocupacional de las capitales andaluzas (Martínez López, 2015), provocando diversos cambios. Algunos de ellos incentivaron la alfabetización. Con la mecanización fabril y la automoción, con el dinamismo comercial de la época y con las nuevas formas de ocio, se renovó y se amplió la oferta laboral. Los dependientes y los trabajadores de la hostelería (camareros, cocineros, etc.) aumentaron e irrumpieron nuevas figuras laborales (chóferes, mecánicos, etc.). Por otra parte, el reforzamiento de la Administración Pública durante la Restauración y la creciente demanda de servicios de la urbanización ampliaron la oferta de trabajo no manual (empleados, profesionales liberales y técnicos, burócratas, etc.) y la base social de la nueva clase media.

Pero el proceso de urbanización también consolidó la presencia del jornalerismo, un importante segmento social de las capitales andaluzas poco permeable a las bondades de la cultura escrita (tabla 7). La escolarización y la alfabetización encontraron en este sector social su mayor obstáculo. Así lo indica la baja tasa de alfabetización de los jornaleros urbanos (tabla 8). Y así lo refleja un testimonio acerca de la situación escolar en el Jaén de la década de 1920:

(Cursiva de la cita original) “¿Qué es tu padre? ¿En qué trabaja?”. “Es albañil. Es molinero. Hoy ha ido al campo. Va a la labor. A los olivos. A la tienda. Está parao…”. Todos son pobres. Con rara excepción hijos de proletarios, jornaleros […]. Las escuelas pueden ser distintas, pero los muchachos que se sientan en sus bancas tienen un denominador común: la pobreza. “¡Escuela pública, escuela para pobres!”. […] “¡Son pobres, van vestidos humildemente! […]. Lo que trabajan Dios y el maestro lo saben. Tienen sus planas, sus cuadernitos, su pizarra; sus horas y su régimen… Como en todas partes. El resultado… Los padres se llevan a los chicos muy pronto… Conviene apuntarlo: antes que en todas partes. Cuando salen de la escuela, la mayoría de estos muchachos apenas ha empezado a rebullirse del montón. Pueblo de labradores, pronto viene a llamarlo la tierra, que, como veis, los sepulta dos veces” (Bello, 2007: 351-353).

En definitiva, la estructura ocupacional condicionó la extensión de la demanda educativa. El diferente progreso de la alfabetización juvenil en cada capital (tablas 5 y 8) lo confirma. Capitales como Córdoba o Jaén, con una presencia abrumadora de jornalerismo, se situaron en el vagón de cola de la alfabetización juvenil. Granada, en cambio, con una relación más equilibrada entre el mundo del jornalerismo y el mundo de la nueva clase media, se encontraba en la vanguardia.

TABLA 8

POBLACIÓN ACTIVA (16-60) MASCULINA DE OCUPACIONES NO MANUALES Y DEL JORNALERISMO (1930/1935)

HISCO GROUPS

Peso sobre el total de población activa masculina

Almería

1935

Córdoba

1935

Granada

1930

Jaén

1930

Málaga

1930

0/1/2/3. Profesionales liberales, administrativos

y oficinistas

7,0

12,3

15,1

11,5

13,9

62/64/95/99. Jornalerismo urbano

34,7

59,9

44,6

49,0

49,6

Total

100

100

100

100

100

Cifras

764

1.469

1.565

1.522

1.663

TASAS DE ALFABETIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA (16-60 AÑOS)

0/1/2/3. Profesionales liberales, administrativos y oficinistas

92,3

94,5

94,5

98,3

97,4

62/64/95/99. Jornalerismo urbano

53,9

72,5

53,4

54,6

63,6

Totales

62,7

78,3

72,5

69,9

73,4

Fuente: Padrones municipales del Archivo Histórico Municipal de cada ciudad y fecha.

De la teoría del capital humano a la historia de la alfabetización

La aplicación de la teoría del capital humano al estudio histórico del desarrollo económico en España ha puesto el acento en la dimensión económica del proceso de alfabetización (Núñez, 1992 y 2005; González Portilla, Hernando Pérez y Urrutikoetxea Lizarraga, 2017). Según esta teoría, el crecimiento económico contemporáneo halló uno de sus fundamentos en la dotación educativa de la población; puesto que la formación y la disponibilidad de capital humano facilitaría la innovación, la atracción de los capitales y, en consecuencia, el crecimiento de la productividad y el desarrollo económico.

El progreso de la educación, por tanto, constituiría un factor del cambio económico. Y a la alfabetización le correspondería, en el periodo de la industrialización, un destacado papel en la formación del capital humano. La aplicación de este enfoque, fraguado como relato explicativo de carácter general, al análisis de procesos históricos específicos dista de ser sencilla (Viñao, 1984: 155; Reher, 1996: 255). Y sus resultados son dispares. Un ejemplo historiográfico de la aplicación de este paradigma lo encontramos en la historia de la industrialización en las ciudades del País Vasco (García Abad et al., 2011; González Portilla, Urrutikoetxea Lizarraga y Zarraga Sangroniz, 2015). En este caso, la rápida transición de la población hacia la alfabetización universal en el primer tercio del siglo XX supuso un factor decisivo en la industrialización. Una transición que solo fue posible gracias a las elevadas tasas de partida de la población —tanto la nativa como la inmigrada desde el centro-norte peninsular— que participó en el proceso de urbanización.

La aplicación de este enfoque a la urbanización andaluza resulta más difícil. La sociedad urbana andaluza experimentó durante el primer tercio del siglo XX una indudable mejora educativa, como pone de manifiesto el avance de la alfabetización entre las cohortes más jóvenes de su población. Sin embargo, este cambio no se vio acompañado de un estímulo industrializador, ni despejó una etapa de crecimiento económico. Más bien se podría afirmar que sucedió lo contario. En algunas capitales andaluzas el avance de la alfabetización a partir de 1910 coincidió con una fase de desindustrialización, como pasó en Sevilla en la segunda década del novecientos (Arenas, 1995), o de estancamiento económico, como sucedió en la Granada de la década de 1920; en otras, el avance no logró neutralizar la decadencia industrial, como la que arrastraba la ciudad de Málaga desde el periodo intersecular (Sánchez, 1992), o el impulso de la industrialización, cosa que no ocurrió en Córdoba. Por ende, en el caso andaluz no hubo simbiosis alguna entre modernización educativa (alfabetización), industrialización y crecimiento económico.

Todo lo anterior sugiere la hipótesis de que en la urbanización andaluza el orden de los factores que propone la teoría del capital humano se invirtió: la alfabetización fue, más que factor, consecuencia de la etapa de dinamismo económico y social que disfrutaron la mayor parte de las capitales andaluzas entre fines del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX. Por otra parte, la excepcional coyuntura de la década de 1930, con la interrupción del proceso de modernización social y económica por la Guerra Civil y la posguerra (Parejo, 2009: 83-86), impidió a las economías urbanas la incorporación de ese recién formado capital humano.

En cualquier caso, la alfabetización es una cuestión que transciende una lectura unidimensional, meramente económica. El avance de la alfabetización representa un aspecto importante de la modernización urbana en Andalucía. El conocimiento historiográfico aún no permite ponderar con precisión su repercusión en las capitales andaluzas, pero a la luz de lo revelado en otros contextos históricos sí se pueden apuntar algunos de sus posibles efectos: la relación de la alfabetización femenina con la mejora de la higiene doméstica, la salud y la reducción de la mortalidad, o la contribución de la alfabetización al avance de la ciudadanía política y a la difusión de las nuevas formas de ocio y sociabilidad.

Bibliografía

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CAPÍTULO 4

EDUCACIÓN Y CAPITAL HUMANO, EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LA ECONOMÍA URBANA (BILBAO Y JAÉN)

SUSANA SERRANO ABAD Y ANA BELÉN GÓMEZ FERNÁNDEZ

La educación y la formación en los procesos de industrialización y modernización han centrado la atención de las investigaciones que, en los últimos años, han visto la luz en el ámbito de las ciencias sociales, en buena medida debido a la redefinición conceptual y metodológica de las transformaciones que conllevan dichos procesos. Desde las nuevas propuestas de análisis, se ha medido el alcance de la correlación entre educación escolar básica y desarrollo económico, se ha examinado la formación del capital humano partiendo de la alfabetización, pero atendiendo a la propia complejidad del concepto, y se ha iniciado la reconstrucción del mundo laboral del colectivo activo femenino que había permanecido oculto.

Partiendo de estas renovadas aportaciones teóricas, analíticas y explicativas, el propósito es continuar ahondando en las interrelaciones múltiples entre alfabetización, crecimiento económico e innovación social, como bien han definido González Portilla y Urrutikoetxea Lizarraga (2016: 56-59), en el marco de las urbes españolas de comienzos del siglo XX. Los cambios acaecidos en dichas ciudades cristalizan en la República, se visualizan a través de nuevas actitudes y prácticas sociales, nuevos mercados laborales y profesiones y nuevas formas de vida; y parte de esta realidad transformada va ser encarnada por la mujer liberada, o bien estudiante o bien trabajadora, presente ya en el espacio público.

Dado que los procesos de modernización no responden a un modelo único, y teniendo en cuenta la multiplicidad de factores y variables que intervienen en los mismos, el presente trabajo pretende ahondar en las interrelaciones mujer, educación y economía urbana desde el análisis de dos escenarios bien diferenciados, las ciudades de Jaén y de Bilbao, abordados en estudios anteriores por Hernández (1999), González Portilla, Beascoechea Gangoiti y Zárraga Sangróniz (2011), Martínez, Martínez y Moya (2011), Cruz y Sancho (2014) y González Portilla, Urrutikoetxea Lizarraga y Zárraga Sangróniz (2015). En el presente, partimos de los niveles de alfabetización y de las oportunidades que se van generando en torno a la enseñanza básica y la formación juvenil, no siempre necesariamente reglada, para en último término definir las nuevas dinámicas y comportamientos que se observan en el mercado laboral femenino que, en los años treinta, manifiesta aún continuidades, pero también elementos de innovación.

EL PROBLEMA DEL ANALFABETISMO EN JAÉN, 1900-1935

Al iniciar el siglo XX España comienza con una de las tasas más altas de analfabetismo en Europa (Cipolla, 1983). La necesidad de paliar la lacra del analfabetismo trató de remediarse con la creación del Ministerio de Instrucción Pública en 1900 y con el paulatino cambio en la modificación de la tutela de la enseñanza primaria, que iría gradualmente pasando de la arbitrariedad de los ayuntamientos a depender del Estado. Pese a su reducción a lo largo del primer tercio de siglo, los desequilibrios regionales serán la tónica determinante del proceso de alfabetización de la sociedad española (Núñez, 1992). Frente a la cornisa cantábrica, que alcanza las mayores tasas de alfabetización, conforme se avanza hacia el sur se van reduciendo considerablemente. En este escenario, a la altura de 1920 la provincia de Jaén representaba el porcentaje más alto de analfabetismo en España, con un 75,03%, frente a Santander, que tenía un 27,41% (Ruiz, 1992: 99). El periodista Luis Bello, en su crónica por las escuelas de Andalucía en los años veinte, denunciaba la situación de la capital, calificada como la ciudad “más retrasada entre todas nuestras ciudades españolas” (Bello, 2007: 351). Jaén alcanzaba la cifra más alta de analfabetismo entre las capitales de provincia andaluzas, situación que se mantuvo en las tres primeras décadas del siglo XX a pesar de una reducción de 18,43 puntos. Además, esta situación se incrementa de forma importante en el caso de las mujeres, donde la tasa de analfabetismo en 1930 sigue siendo la más alta de las capitales andaluzas, con un 52,92% (tabla 1). La idea tradicional de la educación femenina, que impedía a las mujeres competencias que fueran más allá de pautas de comportamiento o el simple adiestramiento básico, la necesidad de las familias de contar con las niñas para la ayuda doméstica y el cuidado de los hermanos, junto con la escasa red de escuelas públicas y la limitación en la educación de adultos justifican los bajos niveles de instrucción de las mujeres. El resultado fue que a principios de siglo XX la diferencia de analfabetos entre hombres y mujeres fuera más que apreciable, con cifras superiores al 15% entre los hombres y dos tercios entre las mujeres (Viñao, 2004). En este sentido, la región andaluza se ha caracterizado por ser una de las comunidades con la tasa más alta de mujeres analfabetas (Capel, 1986), con más del 80% en ciudades como Antequera o La Línea (tabla 1).

TABLA 1

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE ANALFABETISMO EN POBLACIONES MAYORES DE 30.000 HABITANTES Y EN PROVINCIAS ANDALUZAS

CIUDADES

1900

1930

Diferencia 1900-1930

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Almería

64,72

74,29

69,50

39,74

49,81

44,77

24,98

24,48

24,73

Antequera

78,79

84,05

81,42

55,68

64,84

60,26

23,11

19,21

21,16

Cádiz

36,92

46,37

41,64

23,11

28,85

25,98

13,81

16,52

15,16

Córdoba

52,10

62,29

57,20

30,63

43,80

37,21

21,47

18,49

19,28

Granada

56,65

66,65

61,65

27,67

36,15

31,91

28,98

30,05

29,51

Huelva

47,44

60,13

53,78

31,96

40,38

36,17

15,48

19,75

17,61

Jaén

63,28

73,69

68,49

41,46

52,92

47,19

21,82

20,77

21,29

Jerez

56,99

66,69

61,84

41,59

59,07

50,33

15,40

07,28

11,34

La Línea

70,60

83,20

76,90

42,17

49,01

45,59

28,43

34,19

31,31

Linares

65,60

78,45

72,02

39,35

54,25

46,80

26,25

24,20

25,22

Málaga

57,73

67,93

62,83

34,42

46,06

40,24

23,31

21,87

22,59

Ronda

71,26

78,15

74,70

49,93

53,03

51,48

21,33

25,12

23,22

Sevilla

40,35

54,88

47,61

23,25

31,22

27,23

17,10

23,66

20,38

PROVINCIAS

Almería

74,24

84,99

79,61

49,76

62,29

56,02

24,48

22,70

23,59

Cádiz

62,28

70,09

66,18

45,00

53,06

49,03

17,68

17,03

17,35

Córdoba

69,70

79,93

74,81

48,10

63,21

55,65

21,60

16,72

19,16

Granada

75,47

84,72

80,10

50,27

61,71

55,99

25,20

22,97

24,08

Huelva

58,69

70,36

64,52

44,19

53,25

48,72

14,50

17,11

15,80

Jaén

75,55

85,14

80,34

54,98

68,85

61,91

20,57

16,29

18,43

Málaga

74,49

81,51

78,00

50,03

60,25

55,14

24,46

21,26

22,86

Sevilla

59,93

69,84

64,88

42,02

51,42

46,72

17,91

18,42

18,16

Andalucía

68,93

78,32

73,62

48,04

59,26

53,65

20,80

19,06

19,93

Fuente: INE anuario estadístico, 1900-1930 y Guereña (1996).

Con el objetivo de remediar el lamentable estado de instrucción, en 1922 se decidió crear la Comisión Nacional contra el Analfabetismo, que en un primer momento criticó la acción de los maestros, aunque posteriormente se pusieron sobre la mesa otros factores, sobre todo la falta de escuelas y las precarias condiciones en las que se encontraban (Hernández, 1988: 56). La educación se caracterizaba por ser un patrimonio que no estaba al alcance de todos, y sobre todo hay que tener en cuenta que la alfabetización no es un bien dado, aislado de cualquier otra circunstancia o contexto. El atraso cultural de Jaén y su limitado proceso de alfabetización no es más que el reflejo de unos condicionantes socioeconómicos basados en una economía agraria tradicional y una estructura social desigual, junto con el tardío y deficitario fomento institucional (Hernández, 1999; Martínez, Martínez y Moya, 2001). Ante este panorama, se puso en marcha todo un proyecto de construcción de escuelas y mejora de las existentes, de tal forma que a principios de los años treinta en la capital giennense se alcanzaron más de 20 escuelas nacionales, haciendo un especial hincapié en las de niñas, de las que al menos hubo una en cada distrito de la capital, para una población que rondaba los 40.000 habitantes (figura 1).

La escolarización debía de ocasionar verdaderos problemas en la economía doméstica, de forma que se convertía en un obstáculo, ya que el salario infantil o la contribución en el trabajo familiar era fundamental para ayudar al sustento de las familias (Guereña, 1996). Y es que, como apunta Bello, “los padres se llevan a los chicos muy pronto […]. Antes que en todas partes. Pueblo de labradores, pronto viene a llamarlos la tierra, que como veis los sepulta dos veces” (Bello, 2007: 357). Pese a ello, el progresivo crecimiento del sector terciario en forma de modernización y la emergencia de nuevas posibilidades laborales estimuló a las familias en la inversión en educación. Desde otro punto de vista, las escuelas públicas trataron de incentivar la escolarización a través de diferentes vías, que contribuyeron a mitigar los efectos negativos que podía suponer para las familias más pobres. En este sentido, son bastante numerosas las peticiones que las familias realizaban a los ayuntamientos para escolarizar a los hijos, sobre todo en las edades más tempranas. Situación motivada por el hecho de encontrar en la escuela un mecanismo para que los hogares con menos recursos pudieran contribuir con el trabajo femenino fuera del hogar a su precaria economía a través de un jornal o como empleada en el servicio doméstico. Otro mecanismo frecuente de aliciente para la escolarización fue el hecho de que las escuelas públicas se encargaran de proporcionar a los niños con menos recursos como mínimo una comida al mediodía y, en ocasiones, una merienda. De forma que las cantinas formarían parte de la esfera escolar, atrayendo a las clases más necesitadas, destacando la del grupo escolar femenino de La Alameda. Pero no solo la alimentación contribuyó a la escolarización, los diferentes premios en material escolar, junto con la creación de roperos y su distribución a los escolares se convirtieron en compañeros indispensables para la educación.

FIGURA 1

DISTIBUCIÓN DE LAS ESCUELAS NACIONALES EN JAÉN, 1928-1933

Fuente: AHMJ. Distribución por distritos de las Escuelas Nacionales de esta capital. Legajo 334 (36).

LA PROMOCIÓN SOCIAL FEMENINA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN EN JAÉN, 1915-1935

Durante el siglo XIX la dirección tomada por el liberalismo provocó una actuación de los reformistas por extender la instrucción pública, que vio la luz a partir de una serie de medidas legislativas en las que se incorporaron decisiones relacionadas con la instrucción femenina. La plasmación en la ley del 28 de julio de 1838 de la obligación de abrir escuelas para niñas en las poblaciones de más de 100 habitantes sentó las bases para la introducción de la enseñanza en ambos sexos, aunque en la práctica el hecho de construir escuelas separadas para niñas donde económicamente fuera posible derivó en la creación única de escuelas para niños. No sería hasta la ley Moyano de 1857 cuando de forma definitiva se estableció la educación obligatoria para todos los españoles. Sin embargo, la ley fijó materias diferentes para niñas, cuyos contenidos no hacían sino asentar la función asignada tradicionalmente a la mujer, siendo educada a partir de las obligaciones que imponía su sexo, y por lo tanto excluida del sistema productivo (Ballarín, 2001).

Es a comienzos del siglo XX cuando se inicia “la plena feminización de los sistemas educativos” (Viñao, 2004: 246), a partir de un cierto nivel de igualdad en la instrucción primaria. En Jaén la educación femenina se encontraba prácticamente arrinconada en el siglo XIX por el sector público. Sin embargo, se elevaron una serie de voces, especialmente de los miembros de la Junta de Instrucción Pública, que denunciaron su precaria situación y defendieron su importancia, sobre todo al hilo del papel que iba adoptando la mujer en la sociedad y la necesidad que había de prepararla adecuadamente. De hecho, el número de matriculaciones femeninas entre 1915 y 1932 se duplicó en la capital giennense, pasando de 468 a superar las 1.000 matrículas, situación seguida en el resto de capitales andaluzas, donde el crecimiento de las mujeres en los estudios primarios aumentó cuatro veces (tabla 2).

TABLA 2

ALUMNADO MATRICULADO EN ENSEÑANZA PRIMARIA EN JAÉN Y CAPITALES ANDALUZAS

AÑO

JAÉN

ANDALUCÍA

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

1915-1916

500

468

968

9.062

8.533

17.595

1932-1933

1.232

1.003

2.235

24.280

25.941

50.221

Fuente: INE anuario estadístico 1915 y 1932.

Esa situación hizo que lentamente se fuera extendiendo a los niveles superiores, vetados hasta este momento para las mujeres. Tradicionalmente la enseñanza en estos niveles estaba dirigida a las clases medias o altas, y aunque en realidad nunca existió una prohibición legal para que las mujeres cursaran dichos estudios, estas no lo hicieron porque la legislación no contemplaba que se pudiera producir esa situación (Capel, 1986: 115). Sin embargo, en el último tercio del siglo XIX, durante el Sexenio Democrático, hubo un propósito de formalización de matrícula de ingreso por parte de las primeras mujeres en algunos institutos españoles y andaluces como en Cádiz, Huelva o Baeza (Flecha, 1998: 165-166). Esta situación dio lugar a que se les permitiera a las jóvenes matricularse y examinarse, aunque no podían acudir a clase. Finalmente, en 1910 se autorizó la matrícula de alumnos y alumnas por igual tanto en la enseñanza oficial como no oficial y en la Universidad.

Las alumnas matriculadas en la segunda enseñanza fueron muy escasas a lo largo del último tercio del siglo XIX, de forma que a inicios del siglo XX solo 44 mujeres cursaron bachillerato, de las cuales 6 eran andaluzas (Fernández, 2000: 129). Fue a partir de 1915 cuando se inició un importante crecimiento, pasando en diez años de 210 a más de 800 las matriculadas, cifra que siguió en aumento hasta los años treinta, cuando las mujeres que cursaban estudios medios superaban las 2.000 en las capitales andaluzas. Sin embargo, Jaén seguiría un ritmo de crecimiento mucho más lento, ya que se pasó de 34 en 1915 a 71 matriculadas en 1932 (tabla 3). Cifras que vienen a señalar en una ciudad como Jaén las características de unos estudios que iban a tener una repercusión mínima, aunque suficiente para ser sintomática de los nuevos tiempos.

TABLA 3

ALUMANDO MATRICULADO EN ENSEÑANZA SECUNDARIA EN JAÉN Y CAPITALES ANDALUZAS

AÑO

JAÉN

ANDALUCÍA

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

1915-1916

499

34

533

7.032

210

7.242

1920-1921

531

67

598

7.052

455

7507

1925-1926

629

67

696

9.630

834

10.464

1932-1933

892

71

963

10.674

2.184

12.858

Fuente: INE anuario estadístico 1915, 1920, 1925 y 1932.

Los cambios no dejarían de sucederse, y durante las primeras décadas del siglo XX se implantaron diferentes titulaciones profesionales como matrona (1911), taquígrafa-mecanógrafa (1916) y enfermera (1917). Se crearon las primeras plazas para mujeres en la Inspección de Enseñanza Primaria (1913) y el acceso a la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, donde se formaba la futura inspección de enseñanza primaria y profesoras de Escuelas Normales. Igualmente, en 1918 la Administración del Estado abrió sus puertas a la incorporación de las mujeres. Unos cambios que se vieron acompañados del progresivo peso del sector servicios y la apertura de nuevos horizontes profesionales, determinantes para que las familias decidieran invertir en la educación de las mujeres como mecanismo de ascenso social.

En este sentido, el magisterio se convirtió en una profesión idónea para todas aquellas jóvenes que querían estudiar (Fecha, 1996: 36). De hecho, en los estudios para el magisterio primario las mujeres podían matricularse de forma oficial a principios del siglo XX (Viñao, 2004: 247). Tras un largo recorrido, en 1913 abrió sus puertas la Escuela Normal Superior de Maestras en Jaén, no sin problemas y con unas instalaciones muy deficitarias (Cruz y Sancho, 2014: 37-38). Tal fue su impacto, sobre todo en pequeñas ciudades como Jaén, que en los años veinte el número de mujeres matriculadas superó al de hombres, de forma que se convirtió prácticamente en una profesión feminizada, alcanzando las 200 alumnas en Jaén y casi las 3.000 en las capitales andaluzas en 1930 (tabla 4). Así, las escuelas de magisterio se convirtieron prácticamente en la opción mayoritaria para la salida profesional de las mujeres y empezaron a ocupar el vacío que existía en la educación y formación femenina (Capel, 1986). Además, se constituyeron en uno de los centros más importantes de la cultura femenina, sobre todo en ciudades de provincia.

TABLA 4

ALUMNADO MATRICULADO EN MAGISTERIO EN JAÉN Y CAPITALES ANDALUZAS

AÑO

JAÉN

ANDALUCÍA

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

1915-1916

144

103

247

1.097

1.276

2.373

1920-1921

133

178

311

1.056

1.691

2.747

1925-1926

129

136

265

1.664

1.575

3.239

1930-1931

281

201

482

3.398

2.970

6.368

1932-1933

206

130

336

2.294

1.943

4.237

Fuente: INE anuario estadístico 1915, 1920, 1925, 1930 y 1932.

La extensión de la educación, como consecuencia del desarrollo de las ideas del liberalismo y ante la demanda de una economía donde el sector terciario empezaba a crecer y requería mayores tasas de alfabetización, supuso no solo en las grandes urbes sino también en el resto de ciudades todo un campo de incorporación laboral donde las mujeres no quedaron al margen (Pallol, 2015). De forma que el surgimiento de nuevos mercados de trabajo abrió nuevas oportunidades para aquellas jóvenes con una formación apropiada (Otero, 2018: 46).

Durante estos años las mujeres que declaraban tener una actividad laboral según el padrón municipal de 1935 en Jaén se dedicaban fundamentalmente a los servicios personales. La mayoría de ellas eran empleadas del servicio doméstico o criadas (60,51%) que, si bien trabajaban de forma interna en casas de familias acomodas, también lo hacían en aquellas clases medias emergentes, aunque fuera algunos días a la semana, para ayudar a las tareas del hogar. Las trabajadoras manuales alcanzan cifras mínimas, salvo las que se dedicaban a labores de costura como modistas o sastras, que alcanzan un 12,76% de la población femenina trabajadora. El resto de mujeres empleadas en fábricas, talleres, explotaciones agrícolas, etc., y de escasa cualificación como las jornaleras arrojan cifras mínimas. No obstante, el subregistro de la actividad laboral femenina, sobre todo en el sector secundario, ha quedado demostrado en otras ciudades andaluzas, como el caso granadino (Martínez y Moya, 2011).

TABLA 5

GRUPOS PROFESIONALES DE LAS MUJERES TRABAJADORAS EN JAÉN, 1935

HISCO MINOR GROUPS

1935 (%)

05. Científicos de la vida y técnicos relacionados

1

0,06

06-07. Médicas, enfermeras, dentistas, veterinarias y trabajadoras similares

30

2,01

11. Contables

1

0,06

13. Profesoras y maestras

78

5,24

14. Religiosas

105

7,05

17. Artistas

6

0,40

30. Oficinistas y similares (especialidad desconocida)

2

0,13

31. Oficiales ejecutivas del Estado

7

0,48

32. Taquígrafas, mecanógrafas, teletipistas y operadoras de máquinas perforadoras de tarjetas y cintas

6

0,40

33. Contadoras, tenedoras de libros, cajeras y similares

1

0,06

37. Repartidoras de correo

1

0,06

38. Operadoras de teléfonos o telégrafos

7

0,48

39. Oficinistas y similares no clasificados en otros grupos

24

1,61

45. Vendedoras, empleadas de comercio y similares

7

0,48

51. Gerentes propietarias (catering, alojamiento y servicios de ocio)

6

0,40

53. Cocineras, camareras y similares

9

0,60

54. Criadas y trabajadoras de servicio doméstico sin clasificar en otros grupos

901

60,51

55. Guardas de edificios, personal de mantenimiento, limpieza y similares

43

2,89

56. Lavanderas, limpiadoras en seco y planchadoras

3

0,20

57. Peluqueras, barberas, especialistas en tratamientos de belleza y similares

4

0,27

61. Explotadoras agrícolas (granjeras)

6

0,40

62. Trabajadoras agrícolas y en la cría de ganado

39

2,62

71. Mineros, canteros, perforadores y similares

1

0,06

77. Trabajadoras en el proceso de comida y bebida

5

0,33

79. Sastras, modistas y similares

190

12,76

80. Zapateros y trabajadores de la confección de cueros

1

0,06

94. Otros obreros manufactureros y trabajadores similares no clasificados en otros grupos

3

0,20

99. Trabajadores sin clasificar en otros grupos

2

0,13

TOTAL

1.489

100

Fuente: Elaboración propia a partir de AMHJ. Padrón municipal de Jaén, 1935.

Frente a estos sectores, tímidamente empezaron a surgir una serie de profesiones femeninas que marcaban los inicios de la terciarización de la economía en los años treinta y que representaron el modelo de mujer de los nuevos tiempos (Borderías, 1993; Luengo, 2008). Por un lado, nos encontramos con algunas trabajadoras de oficina, mecanógrafas, telefonistas, telegrafistas y funcionarias, que pese a su reducido peso en el padrón, fueron sintomáticas de los cambios ocurridos que afectarían al empleo femenino. Por otro lado, tenemos la presencia de mujeres profesionales, técnicos y trabajadores similares, fundamentalmente las registradas en el padrón a través de profesiones docentes. La relativa facilidad de su incorporación como maestras o profesoras, debido fundamentalmente a su identificación con labores próximas a la maternidad, dio lugar a que estas mujeres alcanzaran una cifra relativamente importante, un 5,24% del total de trabajadoras. Igualmente sucedía con el trabajo de enfermera, matrona o practicante, que se identificaba con el rol que la mujer desempeñaba en el cuidado de su familia, acaparando un 2,01%. Así, las mejoras y ampliación en los servicios educativos y sanitarios se convirtieron en dos nichos fundamentales de empleo para las mujeres con unas buenas condiciones laborales, situación que sentaba las bases para el avance de la mujer en el mercado laboral (tabla 5).

HACIA LA ALFABETIZACIÓN UNIVERSAL, BILBAO 1876-1900

En la vida local bilbaína, una vez finalizada la última guerra carlista (1872-1876), se inicia una nueva etapa marcada por la modernización de la ciudad, tanto a nivel económico como urbanístico, y por la reforma de la gestión municipal, liderada por una figura clave, Pablo Alzola (Serrano Abad, 2002: 489-508 y 2016: 142-148), alcalde de Bilbao (1877-1879) y coautor del Plan de Ensanche de Bilbao (1876). En su discurso de toma de posesión, Pablo Alzola definía al Ayuntamiento que iba a dirigir como un Ayuntamiento reformador, tanto por el propio carácter administrativo que debía asumir, “huyendo del yugo político” al que la gestión municipal había estado sometida años atrás, como por el reto que había de encarar de construir un nuevo Bilbao. Desde esta perspectiva, las líneas de actuación a seguir se centraban en la consecución de mejoras en el plano intelectual y en el material, pese a las deudas contraídas en la guerra. Desde luego, las mejoras intelectuales reclamaban la difusión de la instrucción pública, a nivel de la instrucción primaria y, en mayor medida, de la orientada a las artes y oficios, a las “clases artesanas”.

Sin duda, fue la pauta que guió a las venideras corporaciones locales hasta comienzos del siglo XX. De este primer impulso, se derivó en 1878 la constitución de la Junta Local de Enseñanza y la solicitud para la apertura de la Escuela de Artes y Oficios. Tras los sucesivos informes de la mencionada junta, en 1882 la corporación municipal presidida por el alcalde Eduardo Victoria de Lecea (Serrano Abad, 2002: 375-406) aprobaba un proyecto de reforma de la primera enseñanza en el que se recogía toda una filosofía educativa entroncada con la Institución Libre de Enseñanza, y que comprendía edificios de escuelas, personal, enseñanza y material (Ruiz de Loizaga Vélez, 2009: 108 y ss.). El proyecto, además de incidir en la parte constructiva de las escuelas, elaborando un prototipo, se adelantaba a la legislación española en temas tan decisivos como la unificación de los programas de enseñanza y de los textos escolares. En cuanto a la modernidad genérica del mismo, esta quedaba patente al aplicar los modelos europeos franceses e ingleses, así como el reformismo pedagógico español. Asimismo, se proyectó una nueva escuela superior de niñas, de la que carecía Bilbao, se creó el cargo de inspector económico y se programaron visitas médicas, entre los aspectos más destacados. En definitiva, con este plan la corporación municipal tomaba medidas para favorecer la universalización de hecho de la enseñanza primaria.

Las inversiones destinadas en adelante al impulso de la enseñanza pública dieron prioridad a poder disponer de edificios y locales propios, dado que algunos eran simples viviendas o habitaciones en régimen de alquiler. Nuevas escuelas municipales que se fueron construyendo y habilitando en los diferentes distritos de la ciudad (casco viejo, ensanche, barrios obreros y extrarradios), una ciudad que, por otro lado, en 1890 se había ampliado con la anexión de los municipios colindantes de Abando y Begoña. Y con la entrada en el nuevo siglo, concretamente en 1905, se inauguraba el primer grupo escolar, las “Escuelas de Cervantes”, con aulas destinadas a la docencia directa y otras instalaciones educativas necesarias para la formación. A este primer grupo escolar se sumarían los de Múgica, Indautxu e Iturribide (1915-1917).

En aquel cambio de siglo, Bilbao alcanzaba una tasa de alfabetización de la población mayor de 10 años del 77%, que permitía hablar de una sociedad que casi había logrado la alfabetización universal (≥80-85%) —según los datos del padrón municipal de habitantes de Bilbao de 1900, la tasa de alfabetización de la población mayor de 10 años asciende a un 78,1%, pero se han utilizado los censos de población para realizar un análisis comparativo entre las provincias españolas— al aproximarse al tercer umbral del proceso alfabetizador que, a su vez, posibilitaría el desarrollo de una economía de alto nivel de innovación. Comportamiento precoz, dinámico que salta a la vista en el escenario vasco, en el que, no obstante, la capital vizcaína se encuentra compitiendo desde el último cuarto del siglo XIX con Vitoria-Gasteiz. El fuerte proceso de industrialización y urbanización en marcha desde décadas atrás y los proyectos de reforma de la enseñanza aplicados en Bilbao, pese a ser significativos, no han conseguido aún, en torno a 1900, restar peso al protagonismo que sigue ejerciendo la capital alavesa (83%). No obstante, desagregados los datos del padrón municipal de habitantes de Bilbao de 1900 por género, se confirma la alfabetización universal de la población masculina (87,6%), también obviamente el reto pendiente, la alfabetización universal femenina (70,3%).

La correlación múltiple, como apuntan M. González Portilla y J. Urrutikoetxea Lizarraga, entre orografía accesible, hábitat concentrado, contexto sociolingüístico hegemónicamente castellano, fondo cultural pequeño-hidalgo de larga duración y función mercantil de la ciudad vitoriana explica su posición privilegiada, sin que, por lo tanto, sea un factor determinante, ni obstáculo alguno su tardanza en sumarse al proceso de modernización económica. Donostia-San Sebastián, que se incorpora con anterioridad y mayor impulso que Vitoria-Gasteiz al mismo a lo largo del último cuarto del siglo XIX, se sitúa a la cola, con una tasa de alfabetización del 72%. Este caso, por tanto, nos permite afirmar que es posible alcanzar la alfabetización universal desde diferentes modelos socioeconómicos porque en esta fase del proceso de modernización aún el peso de la herencia recibida sigue marcando con fuerza las líneas fundamentales del proceso alfabetizador (González Portilla y Urrutikoetxea Lizarraga, 2016: 72).

TABLA 6

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ALFABETIZACIÓN EN EL PAÍS VASCO, 1900-1930 (porcentajes ≥ 10 años)

1877

1900

1930

Álava

Vitoria-Gasteiz

56

68

73,3

83

89,2

91

Bizkaia

Bilbao

45,6

62

62,5

77

86

90

Gipuzkoa

Donostia-San Sebastián

35,8

52

53,7

72

86

92

País Vasco

45,6

61,2

86

España

30

47

68

Fuente: Elaboración propia a partir de censos de población, INE.

De cualquier manera, las tres capitales de las provincias vascas comparten esa relativa precocidad en la alfabetización a comienzos del siglo XX en España, cuya tasa media de alfabetización es de un 47%. No obstante, las tasas medias correspondientes a los territorios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, más contenidas en sus valores, mostrarían la diversidad interna a nivel comarcal, así como una Gipuzkoa con los índices más bajos y, por tanto, más cercanos a la media española, comportamiento sostenido a lo largo del último cuarto del siglo XIX. Por otra parte, una España amplia, representada por Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Valencia, no alcanza en 1900 el primer umbral de alfabetización, considerado como mínimo para el inicio de un crecimiento económico sostenible.

FIGURA 2

GRADO DE ALFABETIZACIÓN MASCULINA EN ESPAÑA, 1900 (porcentajes sobre la población total)

% Sobre la población total

> 60 50-60 40-50 30-40 < 30

Fuente: Elaboración propia a partir de censos de población, INE.

La distribución territorial de la tasa de alfabetización, desagregada por género, nos va a dibujar un mapa interesante a la vez que preocupante. Además de ser amplia la brecha que separa a hombres y mujeres respecto al nivel de alfabetización, no resulta exagerado hablar de una España femenina analfabeta, de la que tan solo escapa a tal calificativo el pasillo que conecta la capital madrileña con la franja costera, en su recorrido por Segovia, Burgos, Cantabria, País Vasco y Navarra y con irradiaciones hacia Salamanca, Valladolid, Palencia, Soria y La Rioja. También en este marco, reforzado y levemente ampliado, se registran las tasas masculinas de alfabetización más elevadas. Marco espacial que nos remite a una sociedad que, desde el medievo, acoge a una elevada población noble y cortesana, dinámicos núcleos portuarios, mercantiles y artesanos, además de instituciones y centros artístico-culturales.

FIGURA 3

GRADO DE ALFABETIZACIÓN FEMENINA EN ESPAÑA, 1900 (porcentajes sobre la población total)

% Sobre la población total

> 40 30-40 20-30 < 20

Fuente: Elaboración propia a partir de censos de población, INE.

TABLA 7

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ALFABETIZACIÓN EN BILBAO, 1900-1935 (porcentajes -> 10 años)

ALFABETOS

H - M - T

SEMIALFABETOS

H - M - T

ANALFABETOS

H - M – T

NO CONTESTA

1900

87,6 – 70,3 – 78,1

0,68 – 2,98 – 1,94

11,8 – 26,8 – 19,9

1935

96,3 – 91,5 – 93,7

2,49 – 7,05 – 5,01

1,18 – 1,4 – 1,3

Fuente: Elaboración propia a partir de padrones municipales de habitantes 1900 y 1935.

El escenario ha cambiado en 1930 y es del todo concluyente: las tres capitales vascas igualan sus tasas (≥ 90) a través de procesos de modernización diferenciados. Bilbao y la Ría experimentaron un intenso y rápido proceso de industrialización, de concentración espacial y especialización industrial que culminó con la formación en 1900 del primer asentamiento siderometalúrgico de España y uno de los principales centros financieros; Gipuzkoa vivió un desarrollo más lento y prolongado en el tiempo, una mayor diversificación de las actividades industriales y una más amplia distribución espacial de las mismas, y en Álava, tan solo la capital y el triángulo noroccidental en torno a Laudio/Llodio y Amurrio se sumaron al moderno proceso de industrialización, retrasándose la incorporación completa hasta la llamada “segunda industrialización”. Los tres territorios rebasan el tercer umbral de la alfabetización, alcanzan con rotundidad la alfabetización universal, mientras la media española ni tan siquiera aún ha dado el salto para incorporarse al segundo umbral (ver tabla 6). Significa que, a nivel intraterritorial, las distintas comarcas han acelerado su proceso hacia cotas más elevadas y que, en concreto, Gipuzkoa “ha corrido” hasta alcanzar a Bizkaia, sin que ambas consigan aventajar a Álava, pese al desarrollo industrial alcanzado y al afianzamiento de las funciones urbanas de las dos provincias costeras vascas.

TABLA 8

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ALFABETIZACIÓN FEMENINAS SEGÚN DISTRITO, BILBAO, 1900 (porcentajes mujeres mayores de 10 años)

DISTRITOS

ALFABETAS

SEMIALFABETAS

ANALFABETAS

Atxuri

63,9

4,55

31,6

Bilbao La Vieja

47,2

4,57

48,2

Casas Consistoriales

78,8

3,42

17,8

Cortes

46,3

2,05

51,7

Estación

77,1

3,51

19,4

Gran Vía

83,1

2,05

14,9

Hospital

58,5

3,32

38,2

San Francisco

71,8

1,57

26,6

San Vicente

75,5

0,94

23,6

Santiago

82,7

3,08

14,2

TOTAL

70,3

2,98

26,8

Fuente: Elaboración propia a partir del padrón municipal de habitantes de 1900.

TABLA 9

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ALFABETIZACIÓN FEMENINAS SEGÚN DISTRITO, BILBAO, 1935 (porcentajes mujeres mayores de 10 años)

DISTRITOS

ALFABETAS

ANALFABETAS

NO CONTESTA

Abando

89,6

9,89

0,54

Atxuri

92,4

7,61

0

Begoña

89,7

7,69

2,64

Bilbao La Vieja

85,7

14,3

0

Deusto

93,9

5,79

0,31

Diputación

97,1

2,2

6,66

Estación

87,1

12,4

0,46

Hospital

93,9

5,13

0,93

San Vicente

94,6

3,54

1,88

Santiago

90

4,55

5,41

TOTAL

91,5

7,05

1,4

Fuente: Elaboración propia a partir del padrón municipal de habitantes de 1935.

En Bilbao, hombres y mujeres han logrado la alfabetización en 1935 con elevadas tasas entre las que tan solo distan cinco puntos porcentuales, 96,3% y 91,5% respectivamente, según el padrón municipal de habitantes del mencionado año. Significativo avance de la alfabetización femenina y este, sin duda, el verdadero cambio, ya que en el transcurso del primer tercio de siglo ha despegado del segundo umbral (70,3%) para instalarse en el tercero de forma contundente, con un descenso de la tasa de analfabetismo del 26,8% al 7%.

La segregación socioespacial propia de la ciudad llama a descender de escala analítica, análisis por barrios que evidenciaba en 1900 la correspondencia en la distribución espacial del analfabetismo femenino y de la pobreza, radicada en la periferia que, arrancando del casco viejo (Santiago 14,2%) hacia Atxuri (31,6%) y siguiendo la margen izquierda de la ría (Bilbao la Vieja, 48,2%), remontaba hacia el distrito minero bilbaíno (Cortes, 51,7%), gran asentamiento de condición obrera y emigrante. Es en ambos distritos de Bilbao la Vieja y Cortes donde el colectivo analfabeto femenino se corresponde con la inmigración de procedencia más alejada (Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha). Sin embargo, el eje que unía el casco antiguo y la moderna ciudad del ensanche, este aún no convertido en nuevo centro urbano, presentaba unas tasas de analfabetismo más moderadas (Casas Consistoriales, 17,8% y Estación, 19,4%), que se atenuaban levemente en la Gran Vía bilbaína (14,9%) y en el casco viejo (Santiago, 14,2%).

FIGURA 4

TASAS DE ANALFABETISMO FEMENINO EN BILBAO, 1900

Fuente: Elaboración propia a partir del padrón municipal

de habitantes de 1900.

Treinta años más tarde, el analfabetismo femenino se constriñe únicamente a los distritos obreros y marginales de Bilbao la Vieja (14,3%) y Estación (12,4%), mientras que el ensanche (Diputación, 2,2% y San Vicente, 3,5%), consolidado como centro burgués, registra los valores más bajos. Rotunda alfabetización universal femenina que es visible también desde el análisis del colectivo profesional femenino, en el que las tasas de analfabetismo más elevadas afectan a las mujeres dedicadas a “sus labores” (8,17%) y las “improductivas” (6,31%), mientras que “jornaleras” cualificadas (2,11%) y sin cualificar (3,81%) y “sirvientas” (3,91%) presentan los valores más bajos.

Para estas fechas, era ya amplia la oferta de centros de formación juvenil, impulsados en buena medida por el Ayuntamiento y la Diputación de Bizkaia. La antigua Escuela de Comercio del Consulado de Bilbao (1818) alcanzaba la oficialidad en 1851, en 1888 pasaba a ser Escuela Superior y, en 1920, se transformaba en Escuela de Altos Estudios Mercantiles, a la que se le conferían los Grados de Intendente Mercantil (equivalente a Licenciado) y Actuario de Seguros. La Escuela de Artes y Oficios, inaugurada en 1879, fue ampliando estudios, a los que incorporó la denominada Enseñanza de la Mujer, con clases de dibujo de adorno y corte de vestido, así como la Enseñanza Mercantil de la Mujer. En 1886 un nuevo centro educativo abría sus puertas, el Colegio de Estudios Superiores de Deusto, ofertando los estudios completos de Derecho, Filosofía y Letras y la Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos (Garaizar Axpe, 2008: 81), esta última absorbida en 1905 por la creación de una Facultad de Ciencias. Son los orígenes de la Universidad de Deusto. La Escuela Especial de Ingenieros Industriales iniciaba su andadura en el curso 1899-1900, la Escuela Normal Superior de Maestras era creada en 1902 y en 1913 obtenía el reconocimiento oficial la Escuela de Capataces de Minas.

Por otra parte, diversos centros de formación que fueron surgiendo a lo largo de la década de los años veinte, como se refleja en los anuarios comerciales de la provincia de Bizkaia, consolidaron con fuerza los estudios mercantiles que, además de constituir una especificidad bilbaína junto con ingeniería y náutica, integraron al colectivo femenino y ampliaron la oferta formativa con la incorporación de materias que propiciarían nuevas salidas en el mercado laboral (contabilidad, taquigrafía y mecanografía, corte y confección en color, etc.). Dentro de esta oferta formativa, distinguimos: los centros de formación reglada, como fueron la Escuela Especial de Intendentes Mercantiles (1920), la Escuela de Vulgarización Comercial, costeada por el Estado, aneja a la Escuela de Altos Estudios Mercantiles, con sección femenina y masculina, y la Escuela del Hogar, dedicada a las enseñanzas domésticas, pero de carácter innovador, como se imponía en centros extranjeros (Pérez-Villanueva Tovar, 2015), además de establecimientos y academias particulares de carácter menos normativo (academias preparatorias, de contabilidad, taquigrafía, etc.).

CONTINUIDADES Y NOVEDADES EN EL MERCADO LABORAL FEMENINO DE BILBAO 1900-1930

El mundo laboral bilbaíno cambió durante el primer tercio del siglo XX; la estructura profesional de la población activa, los nuevos negocios o la prensa son indicadores que apuntan en este sentido.

El puerto y la industria generaron abundantes puestos de trabajo, de variada cualificación, a lo largo de la primera fase de expansión económica, que culminó en torno a 1900, cuando se registra la elevada tasa de población activa, un 56%, en el sector secundario (Pareja Alonso y Serrano Abad, 2015: 189-190), donde los trabajadores de la producción y el transporte representaban un 57,17%. La población activa femenina, que apenas participó en dicho mercado industrial (10,77%), lo hizo en mayor medida en el ámbito de los servicios, en labores de sirvienta (18,11%), figura tradicional de las grandes ciudades (Pareja Alonso y Serrano Abad, 2015: 196-197). Por otra parte, el padrón municipal de habitantes de 1900 indica que el 35,78% de las mujeres en edad activa eran amas de casa y el 32,62% no declaraba profesión alguna. De manera que su presencia en el mercado laboral era reducida, moviéndose en el precario e informal ámbito del pequeño comercio y los servicios.

Treinta años después se advierten continuidades, pero también novedades. Las continuidades hacen clara referencia al restringido marco del hogar al que se encuentran vinculadas las activas femeninas, o bien como amas de casa o como sirvientas (87,4% de “servicios”), un 65,12% de la población activa, según la información que ofrece el padrón municipal de habitantes de Bilbao de 1935. Un 5,65% se inscribe dentro de las trabajadoras de la industria, un 1,29% en el grupo de profesiones liberales y un 1,08% en compra-venta. En cuanto a estas mujeres dedicadas a “sus labores”, a la “casa”, hay que matizar que representan el nada despreciable 28% dentro del total de la población activa bilbaína, potente colectivo más que equiparable al dedicado al comercio y los servicios (27,1%) y a la industria (23,8%).

TABLA 10

ESTRUCTURA PROFESIONAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA DE BILBAO, 1935 (PROFESIONES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN HISCO)

PROFESIONES

MUJERES (%)

TOTAL (%)

Inactivos

18,89

13,42

Profesiones liberales y técnicos ciencias aplicadas

0,15

1,51

Profesiones liberales y técnicos ciencias sociales

1,29

1,88

Gestión y administración

0,15

1,27

Empleados y trabajadores de cuello blanco

0,62

4,33

Compra-venta

1,08

4,09

Servicios

14,38

14,08

Agricultura y pesca

0,89

0,98

Trabajadores producción 1

2,69

2,17

Trabajadores producción 2

0,12

1,67

Trabajadores producción 3 no cualificados

2,96

19,90

Labores

51,74

28,52

Desempleo

—

0,30

Desconocido

5,86

5,87

TOTAL

100

100

Fuente: Elaboración propia a partir del padrón municipal de habitantes de 1935.

No obstante, las novedades proceden de la información que proporcionan los libros de registro municipales de solicitudes de alta en industria y comercio de 1924 a 1934, fuente fiscal que registra los nuevos negocios de la ciudad. Tomados como muestra los datos correspondientes a los años 1924 y 1927 de los mencionados libros, se advierte en ambos que un 18%, en torno a 200 en cifras absolutas, de los nuevos negocios emprendidos en dichos años son encabezados por mujeres.

TABLA 11

NUEVOS NEGOCIOS EN BILBAO, 1924 Y 1927

ACTIVIDAD

1924

1927

No.

%

No.

%

Sector comercial

517

44,8

568

46,6

Restauración y alojamiento

Gestión empresarial

148

59

12,8

5,1

127

87

10,4

7,1

Intermediarios del comercio

Ocio y recreativos

Fábricas y talleres

162

9

84

14,0

0,8

7,3

139

8

75

11,4

0,7

6,2

Profesiones liberales

64

5,6

52

4,3

Oficios y servicios personales

111

9,6

163

13,4

TOTAL*

1.154

100

1.219

100

Fuente: Archivo Municipal de Bilbao. Libros de registro 0512, 0515, 2161-2165 y 2173-2176.

*Nota: % mujeres sobre el total (1924: 18.0%; 1927: 18,6%).

De acuerdo con la información que ofrece dicha fuente, el comercio y los servicios se hallan en expansión en estos años veinte y, en concreto, el comercio continúa imponiéndose como negocio, máxime el asociado a las necesidades básicas de alimentación, bebidas, textil y calzado, aunque también se encuentran en alza los locales dedicados a la restauración y el alojamiento, que se distribuyen por toda la ciudad. Por su parte, la mujer se afianza en el mercado laboral, situándose en mayor proporción al frente de negocios de cualificación y especialización, como son preferentemente la confección (ropa blanca, encajes y bordados, corsés, vestidos), en un amplio espectro en el que domina el sombrero; la docencia, tanto reglada como particular (academias de corte, profesoras de partos y de música); la gestión y administración de fincas; la venta a comisión; así como los concernientes a los servicios personales (tintorería, peluquería, perfumería), vinculados al desarrollo de la vida urbana y de los niveles de bienestar.

En este ámbito laboral de los nuevos negocios, centramos la mirada en las corredoras de fincas por el hecho de representar al sector innovador de la compra-venta de fincas que irrumpe en la ciudad en torno a 1920, de hecho, un año después ya se ha constituido el Colegio de Corredores de Fincas de Bizkaia, cuyo número y volumen de negocio va ascendiendo con fuerza a lo largo de la década, como también lo será su visualización en la esfera pública. Los libros de registro municipales (1924-1934) y los anuarios comerciales de Bizkaia (1903-1930) nos han permitido seleccionar a un grupo de 17 corredoras de fincas que operan desde 1920 hasta 1934, luego, se han dado de alta para ejercer la actividad, tienen licencia municipal y anuncian sus servicios profesionales a través de la prensa local, preferentemente El Noticiero Bilbaíno, donde presentan y lanzan sus ofertas de terrenos, pisos o locales, como también la posibilidad de gestionar préstamos.

De las mismas, se han localizado 11 en los padrones municipales de habitantes de Bilbao de 1920 y 1935, lo que nos permite acercarnos al perfil social de dicho colectivo que, realmente, es amplio y diverso. Ninguna de ellas declara en el padrón su actividad, figuran bajo los epígrafes consabidos de “sus labores”, “su casa”, “su sexo” o “ninguna”; un caso más de la ocultación de la vida laboral femenina que obstaculiza su reconstrucción (Pareja Alonso, 2006 y 2012). Casadas (6), solteras (3) y viudas (2), con descendencia a su cargo, de edades superiores a la treintena y con trayectoria y volumen de negocio diferenciado en un sector dominado por hombres, que compaginan varias ocupaciones (préstamos, venta a comisión, docencia, etc.). Tres mujeres encabezan y lideran este colectivo, María Piedad Corcuera, Josefina Deprit y Lucila Corral, a las que hemos seguido también a través del Archivo Municipal de Bilbao, intensificando el cruce de fuentes. Estas emprendedoras se mueven con agilidad en el mercado inmobiliario bilbaíno mediante la compra-venta de propiedades particulares, pero también adquieren terrenos en el ensanche y su extensión hacia Indautxu, así como en el municipio anexionado de Begoña, y van construyendo inmuebles de cuidado gusto arquitectónico que encargan a profesionales de la talla del arquitecto Pedro Guimón. El liderazgo empresarial propio del cabeza de la familia Deprit —Amadeo Deprit, de origen belga y vecino de Begoña, prestigioso vidriero, fundó en 1877 la compañía Deprit y Cía y fue socio fundador en 1890 de la Fábrica de Vidrios de Lamiaco, gran empresa del sector que dio lugar a la creación de un asentamiento industrial en la desembocadura de la Ría de Bilbao, sus vidrieras policromadas decoraron el nuevo Ayuntamiento de Bilbao, inaugurado en 1892— trasciende a su hija, que amplía sus negocios con la creación de una red de modernas lavanderías, “al estilo belga”, por el casco viejo y barrios obreros de la ciudad.

En definitiva, fueron más, muchas más las mujeres que participaron en el mercado laboral bilbaíno, tan solo el porcentaje de activas y el de sus negocios llaman a continuar en esta línea de investigación que propone la relación múltiple de fuentes cuantitativas y cualitativas. Esta serie de datos y primeras reflexiones que ofrecemos permiten apreciar las posibilidades que el cruce de fuentes ofrece para el ajuste de los propios datos extraídos y la mejor comprensión de la realidad estudiada.

CONCLUSIONES

El avance en el proceso de modernización que España inició en el primer tercio del siglo XX tuvo un desarrollo desigual y heterogéneo debido a la diversidad de condicionantes y factores en el conjunto nacional. La educación y la reducción del analfabetismo se convirtió en una de las mayores preocupaciones al iniciarse el siglo, pero sería sobre todo bajo Primo de Rivera y la Segunda República cuando se consiguieron los mayores logros. Las ciudades de Bilbao y Jaén sirven de radiografía para analizar las notables diferencias entre espacios y ejemplifican el proceso tan heterogéneo de alfabetización que vivió España. Unas ciudades que, a partir de la interrelación de variables diversas, representan, por un lado, el éxito del proceso de alfabetización con tasas que alcanzan la alfabetización universal, como es el caso de Bilbao, frente a los obstáculos que dicho proceso encuentra en el sur peninsular, representado por Jaén, que a la altura de los años treinta se encontraba aún en el segundo umbral de alfabetización. Una situación que se acentúa en el caso de la mujer, que alcanza mayores cifras de analfabetismo, especialmente importantes en la zona meridional de España. A partir de los diferentes niveles de alfabetización y el paulatino acceso de las mujeres a la educación, junto con la emergencia de nuevos mercados laborales a la altura de los años treinta, abrieron la puerta para la incorporación de jóvenes con una preparación adecuada a la economía formal. Nuevas profesionales y trabajadoras que en ambas capitales marcaron un antes y un después en la incorporación femenina al mercado laboral.

Nota

Este capítulo se enmarca dentro de los resultados de dos proyectos de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad, titulados La sociedad urbana en la España del primer tercio del Siglo XX. Madrid y Bilbao, vanguardia de la modernidad, 1900-1936 (HAR2015-65134-C2-2-P) y La definición de la sociedad de masas. Bilbao, un engranaje urbano, 1910-1936 (HAR2016-76759-P).

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CAPÍTULO 5

EL PAPEL DE LAS INFRAESTRUCTURAS: AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD EN LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA SOCIEDAD URBANA (MADRID Y BILBAO)

MERCEDES FERNÁNDEZ-PARADAS, CARLOS LARRINAGA

Y NURIA RODRÍGUEZ-MARTÍN

Introducción

El desarrollo de las infraestructuras urbanas se considera un elemento clave en la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de una ciudad. A este respecto, en este capítulo nos vamos a centrar en tres de estos servicios públicos: agua, gas y electricidad. Los dos primeros, sobre todo el gas, habían alcanzado un cierto avance a lo largo del siglo XIX. De hecho, la ley municipal de 1877 señalaba como de exclusiva competencia de los ayuntamientos la gestión y el gobierno de los intereses peculiares de los pueblos, en particular cuanto tuviera relación con la creación de servicios municipales (Novo, 2006: 650). Pero, a diferencia de otros tipos de servicios urbanos o de otras tecnologías propias del siglo XIX, como el ferrocarril o la telegrafía, la característica propia de la distribución de agua, gas o electricidad es que precisa de tecnologías efectivas en red. O lo que es lo mismo, es menester articular redes para suministrar el servicio. Fue imprescindible, por lo tanto, construir una red básica a partir de la cual expandir el servicio. Para finales del siglo XIX los abastecimientos de gas y agua estaban ya consolidados, con problemáticas bien distintas. En el primer caso, por competencia de una nueva fuente de energía, como era la electricidad. En el segundo, derivado de la necesidad de más cantidad de litros por habitante, en consonancia con los nuevos hábitos higiénicos y de bienestar. Por el contrario, la electricidad se expandió fundamentalmente en el primer tercio del siglo XX, en especial a partir de la Primera Guerra Mundial, por los elevados precios del carbón que alimentaban las gasistas o la producción de electricidad a partir del carbón. De manera que, en la medida en que la hidroelectricidad fue ganando peso, España asistió a un incremento considerable del consumo de electricidad, mejorando poco a poco los estándares de vida de sus ciudadanos. Mientras el alumbrado privado a gas fue sustituido por el eléctrico, el gas vivió una nueva oportunidad gracias a usos domésticos hasta entonces poco explorados y que mejoraron las condiciones de vida de los usuarios. A partir de lo dicho, en este trabajo vamos a tratar de analizar estos cambios en dos grandes ciudades, Madrid y Bilbao, que experimentaron sensibles transformaciones en este primer tercio del siglo XX.

El suministro de agua a domicilio

El suministro de agua potable a Madrid representó un caso específico y único dentro de las ciudades españolas. Su rol de capital del Estado, es decir, su condición estratégica y representativa, determinó en gran medida que el Estado se hiciera cargo de la ejecución de una gran obra pública para proveer de agua limpia a la ciudad, el Canal de Isabel II. La incapacidad financiera del Ayuntamiento para implantar y proporcionar este servicio público, así como los fracasos para ofrecerlo mediante el sistema de concesión a compañías privadas (Novo López y Matés-Barco, 2017: 209-210), puestos ambos de manifiesto a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, llevaron al Gobierno a tomar en sus manos el mismo. Así, el 18 de junio de 1851 se promulgó el Real Decreto que puso en marcha la construcción de una obra —la mayor obra pública ejecutada hasta la fecha en España— que fue decisiva para el crecimiento de la ciudad y la mejora de sus condiciones sanitarias. En el preámbulo del decreto, el Gobierno justificó su actuación en los siguientes términos:

Madrid, residencia de los Reyes y de los altos poderes públicos, patria común de los españoles, ve amenazada su existencia por la escasez de agua; y aparte los trastornos de todo género á que esto podría dar lugar, ha de ocasionar grandes pérdidas por el desmerecimiento de su riqueza urbana, que entra por una parte notable en la general del país. Donde quiera que existe un peligro tan grave e inminente, el Estado se halla en el deber de concurrir á evitarlo (Gaceta de Madrid, 1851).

Hasta la puesta en marcha del Canal, la población de Madrid se había abastecido de agua potable mediante los viajes de agua o “viajes antiguos”, redes de galerías subterráneas, de propiedad municipal, que servían para la captación y distribución de agua filtradas, que eran conducidas hacia fuentes públicas (Ayuntamiento de Madrid, 1929; Pozuelo, 2016). Las aguas del río Manzanares, a su paso por la ciudad, eran empleadas para riegos de huertas, lavado de ropas, vertido de aguas fecales, etc. Dado el aumento poblacional que estaba experimentando la ciudad, el escaso caudal que proporcionaban los viajes de agua —unos 2.000 m3 diarios hacia 1848, 10 l/hab/día— y los debates en torno a la reforma urbana de Madrid, que se sustanciaron finalmente en la aprobación en 1860 de un proyecto de ensanche formulado por Carlos Mª de Castro (Bonet, 1978), la construcción del Canal se convirtió en un elemento fundamental para el desarrollo y crecimiento de la capital española.

Con una inversión de 53 millones de pesetas, se ejecutaron entre 1851 y 1866 las principales obras del Canal, que comprendían las presas, un depósito con capacidad para 58.000 m3 de agua, puentes, sifones, red subterránea de distribución y alcantarillas y el canal de conducción propiamente dicho, que transcurría a lo largo de 77 kilómetros, transportando el agua desde el río Lozoya a Madrid. Gracias al Canal se incrementó extraordinariamente la disponibilidad y consumo de agua en la ciudad. Según las estadísticas de la propia entidad, el consumo máximo diario en 1860 —dos años después de la llegada de las aguas del Lozoya a Madrid— se situó en 9.600 m3, 76.000 m3 en 1890, 98.000 m3 en 1900. A pesar de este aumento extraordinario, al comenzar el siglo XX el suministro de agua a la capital mostraba serias deficiencias que la población soportaba con creciente malestar. Las estadísticas que elaboraba el Canal mostraban una ciudad bien abastecida de agua potable y, de hecho, los datos de disponibilidad de agua por habitante no solo estaban entre los más elevados de España, sino de gran parte de las capitales occidentales. En 1904 los cálculos ofrecidos por los ingenieros de la entidad establecían un consumo máximo diario de 140.00 m3 en Madrid, lo que suponía 250 litros por habitante al día, muy superior al de Bilbao, muy cercano al de Nueva York (300 l/hab/día) y por encima de ciudades como París (215 l/hab/día), Londres (159 l/hab/día) y Berlín (80 l/hab/día) (Canal de Isabel II, 1907).

En la práctica, el abastecimiento “abundante, inagotable e ininterrumpido” de agua para la ciudad, pretendido y ambicionado por las autoridades técnicas, sanitarias y políticas del Madrid de la época (Amezúa y Mayo, 1924: 14), era una utopía. El crecimiento urbano y demográfico que experimentó Madrid a lo largo del último tercio del siglo XIX y primero del XX provocó un aumento exponencial de la demanda del suministro de agua potable, a la que se añadían las necesidades crecientes derivadas de la aparición de nuevos usos, costumbres y hábitos higiénicos. Hay que considerar a este respecto que, en el momento de inaugurarse la traída de aguas del Lozoya a Madrid en 1858, la población ocupaba una superficie de 777 hectáreas en la que vivían 271.254 habitantes, y que la existencia de grifos en los domicilios se consideraba un lujo. En 1900 la población se había duplicado y el crecimiento urbano había desbordado todas las previsiones realizadas al aprobarse en 1860 el Anteproyecto de Ensanche para Madrid, que conllevó triplicar el perímetro de la ciudad, ahora fijado en 2.294 hectáreas. Si bien la ocupación del ensanche fue lenta y desigual, Madrid comenzó a crecer, más allá de aquel, sin ningún tipo de planificación, en la zona que genéricamente se denominó “el extrarradio”, que comenzaba en el límite del ensanche y se extendía hasta el límite del término municipal. La sociedad también se transformaba. Las actuaciones para mejorar las condiciones sanitarias de la urbe, la difusión de nuevas prácticas higiénicas y el aumento del bienestar material a lo largo del periodo contribuyeron a transformar la percepción sobre la existencia de elementos como grifos, retretes, duchas o bañeras en los propios domicilios que, progresivamente, y a medida que se socializaba su uso, fueron considerados más una necesidad que un lujo.

El Canal afrontó así una creciente demanda en el suministro de agua potable en Madrid, a la que dio respuesta a pesar de enormes dificultades, y así lo refleja la evolución de las cifras globales de consumo anual: 35.770.000 m3 en 1900 (539.835 habitantes) y 229.000.000 m3 en 1930 (952.832 habitantes) (Amezúa y Mayo, 1924: 13; ES AGCYII C59.1-AH). Igualmente, la progresión del número de abonados de la entidad: 10.524 en el año 1903, 27.638 en 1933. En esta época los contratos estaban adscritos a las fincas, no a las viviendas. El propietario de un edificio era el abonado del Canal y en el recibo de alquiler de los cuartos alquilados incluía el pago del agua a sus inquilinos. Recuérdese que en este periodo en Madrid, como en la mayoría de ciudades españolas, más de la mitad de la población vivía en régimen de alquiler, no de propiedad, modelo este que se implantó durante el desarrollismo franquista. Sin embargo, si miramos más allá de los datos generales y atendemos a las quejas y denuncias de la población sobre el servicio y sus deficiencias, vemos que el abastecimiento de agua potable no fue en absoluto homogéneo en la ciudad, y que barrios enteros de la misma se encontraban claramente sedientos. Contrariamente a lo que creían muchos vecinos, el Canal poseía la capacidad para transportar agua a Madrid en cantidad suficiente para responder a la demanda y las cuencas en las que se abastecía ofrecían aforos suficientes incluso en época de estiaje y en periodos de sequía.

Es cierto que al comenzar el siglo XX algunas de sus infraestructuras habían quedado obsoletas y que se requerían importantes inversiones económicas para actualizarlas y ampliarlas, como quedó de manifiesto de forma dramática con motivo de algunos accidentes que dejaron sin suministro de agua a la ciudad durante varios días, tal como ocurrió en marzo de 1925, cuando se produjo una grave avería en el acueducto del Sotillo. También que el crecimiento de la ciudad obligaba a la creación de nuevas instalaciones, como depósitos elevados y máquinas elevadoras de agua, para atender el suministro de los barrios que iban creciendo en la zona del ensanche, que estaban situados a una cota más elevada que la de los primeros depósitos construidos antes de la aprobación del plan de extensión. Sin embargo, la principal dificultad para un reparto más homogéneo y constante del agua potable a los habitantes de Madrid residía en la red de distribución, que no creció al mismo ritmo con el que se urbanizaba la ciudad. La dirección del Canal reconocía los problemas en el abastecimiento de agua a la población y comprendía el malestar que cotidianamente provocaba en los vecinos la falta de presión en el suministro en los domicilios, las frecuentes interrupciones del servicio, el mal estado de las bocas de riego en las calles, los hundimientos que periódicamente sucedían en el suelo y subsuelo de la ciudad, etc. (Canal de Isabel II, 1909: 50-51).

Paradójicamente, mientras que por esos motivos el agua resultaba un bien escaso para muchos madrileños, se producían despilfarros del preciado líquido que los técnicos del Canal se esforzaban por corregir, a veces sin éxito. En el verano de 1921, por ejemplo, el ingeniero encargado del servicio de distribución reportaba cómo en pleno estío en 168 fuentes públicas que corrían a caño libre se desaprovechaba un caudal de más de 7.500 m3 al día. A juicio del Canal, también perjudicaba al vecindario el uso desmedido que del agua conducida a Madrid hacía el Ayuntamiento, uno de los mayores consumidores, lo que generó cruces de acusaciones y tensiones entre ambas entidades. El Canal acusaba al Ayuntamiento de despilfarrar agua en la ejecución de labores como el riego de parques y jardines y la limpieza de calles y alcantarillas. Este, por su parte, invocaba la necesidad de atender un amplio conjunto de servicios públicos de los que se beneficiaba la población en su conjunto. Servicios que incluían la provisión de evacuatorios y urinarios públicos, la extinción de incendios, riego de calles y de arbolado de las vías públicas y de los parques y jardines, limpieza de alcantarillado o mantenimiento de instalaciones que requerían de grandes consumos de agua, como mataderos, mercados, escuelas, centros asistenciales, casas de socorro, baños públicos, etc.

Un ambicioso plan de obras formulado en 1907, cuando la demanda de agua de la población crecía imparable, quedó paralizado por el litigio entablado contra la entidad por la sociedad Hidráulica Santillana, la cual reclamaba el derecho exclusivo de abastecimiento de agua a los “barrios altos” de Madrid (noreste), tras otorgar el Gobierno una concesión al marqués de Santillana, propietario de la compañía, para surtir de agua a la zona alta de la ciudad en 1904. Solo en 1928 el Gobierno desbloqueó la situación con una Real Orden que autorizó al Canal a ejecutar las obras y a emitir un empréstito de hasta 70 millones de pesetas para ejecutarlas. La orden desestimó las pretensiones del marqués de Santillana y estableció que ambas entidades podían surtir de agua, en régimen de concurrencia, a los barrios de Madrid objeto de la demanda. Entre 1928 y 1935 el Canal ejecutó importantes obras que aumentaron la capacidad de almacenamiento y distribución del agua captada en el Lozoya, incluyendo la ampliación de la presa de Puentes Viejas, la construcción de un cuarto depósito con capacidad para 720.000 m3 y la extensión de la red de tuberías (solo en los años 1930-31 se instalaron más de 56 km de tuberías de distintos diámetros). Otras obras proyectadas no llegaron a materializarse antes del estallido de la Guerra Civil, como un nuevo canal de conducción, un quinto y sexto depósitos y una segunda central elevadora. No obstante, los planes eran, si cabe, más ambiciosos, porque las nuevas autoridades republicanas trazaron el futuro de Canales de Lozoya —el nombre de la entidad en los años de la Segunda República— en clave comarcal. El empréstito de 101 millones de pesetas autorizado por el Gobierno en agosto de 1934 debía corregir las deficiencias del suministro en Madrid (falta de presión en viviendas y dotación escasa), prever las necesidades de una población en crecimiento constante y llevar el agua a los municipios colindantes a la capital (Fuencarral, Chamartín, El Pardo, Aravaca y Pozuelo, Hortaleza, Canillas, Canillejas, los Carabancheles, Vicálvaro y Vallecas) (Luz, 17 de agosto de 1934).

Si pasamos ahora a analizar el caso de Bilbao, a pesar de contar con una pluviometría abundante, el suministro de agua potable ha sido históricamente un problema, lo cual puede achacarse, sobre todo, a un déficit de infraestructura hidráulica o a una explotación errónea de los recursos (Novo, 2006: 664). Sea como fuere, lo cierto es que muy pronto los manantiales existentes dentro y fuera de la villa resultaron insuficientes, por lo que hubo que recurrir al establecimiento de cañerías desde los montes próximos para lograr el suministro de agua potable. No obstante, a finales del siglo XIX este precario equilibrio se rompió como consecuencia de la fuerte expansión demográfica experimentada por la capital vizcaína y sus alrededores a consecuencia del intenso proceso de industrialización. De ahí la necesidad de lograr nuevas captaciones y de establecer nuevas redes. En principio, se optó por dos redes. Una primera de agua potable, establecida con las tomas anteriores existentes y con el nuevo manantial de Arrigorriaga, y una segunda de agua no potable, procedente del río Nervión y elevada mediante la utilización de bombas (González Portilla, 1995: 452). En septiembre de 1890 se presentaba otra petición para aprovechar 60 litros por segundo del arroyo de Larrumbe, y se tardó cuatro años en terminar las obras. Ese año, con la anexión total de Abando, donde se desarrolló el ensanche de Bilbao, se condujo agua desde Castrejana y Altamira para abastecer los barrios de Zorroza y Olaveaga (Novo, 2006: 653). En total estaríamos hablando de 3.000 m3 más otros 200 provenientes de estas últimas captaciones, lo que hacía un total de 55 litros/día per cápita, en un momento en que se estaba hablando de la necesidad de 138 litros (Matés y Novo, 2017: 203). De ahí que estas medidas no fueran suficientes y al doblar el siglo la ciudad siguiera teniendo importantes problemas de abastecimiento de agua.

Para abordar esta cuestión de primer orden, en 1896 el Ayuntamiento publicó las bases de un concurso público de ideas. En ellas se establecía que el volumen mínimo a conducir hasta la capital vizcaína sería de 250 litros por segundo. Se presentaron cinco propuestas, pero ninguna salió adelante por el alto coste que todas ellas implicaban. Mientras, el problema no dejaba de agravarse, en tanto en cuanto la población de Bilbao seguía creciendo: de 32.734 en 1877 a 50.772 en 1887 y 83.306 (incluido Abando) en 1900 (González Portilla, 1995: 198). En tales circunstancias cada vez era más necesario abordar una problemática que no hacía sino agudizarse. No es de extrañar, pues, que en 1904 el Ayuntamiento organizara un nuevo concurso pensando en una ciudad de 200.000 habitantes y un consumo estimado entre 120 y 150 l/hab/día, cuando en 1900 el consumo era de tan solo 48 litros (Novo, 2006: 655). Se presentaron nueve proyectos, aunque el concurso quedó nuevamente desierto, sobre todo porque la viabilidad de algunas de las propuestas pasaba por la contracción de una fuerte deuda. En concreto, 18 millones de pesetas era el coste estimado para la traída de aguas de los ríos Cerneja y Ordunte (Novo, 2006: 660-661). Solución que en esos momentos fue descartada, pero que finalmente salió adelante. Por el momento, en 1908 quedó inaugurado el depósito de Larrasquitu, que tenía como objetivo garantizar el consumo de al menos 20.000 habitantes. Desde luego, no era la solución definitiva, pero sí un paso importante. Con todo, existía un grave problema de salubridad al que habría que dar solución más pronto que tarde, ya que una parte del abastecimiento se seguía realizando mediante la depuración de las aguas de la ría. Una ría cada vez más contaminada por la alta presencia industrial en sus orillas. Evidentemente, el Ayuntamiento se vio obligado a actuar y desde 1923 pudo utilizarse el embalse de Cruceta, con una capacidad de almacenaje de 400.000 m3. Este nuevo depósito y las dos depuradoras de Bolincho y Larrasquitu sirvieron para paliar la situación. A este respecto, no debemos olvidar que el Estatuto Municipal de 1924 establecía como obligatorio para los municipios de más 15.000 habitantes 200 litros por persona y día, de calidad química y bacteriológica garantizadas (Novo, 2006: 663), muy superior al establecido por la ley de aguas de 1879: 50 l/hab/día, de los cuales 20 debían ser potables.

En consecuencia, el suministro de agua potable en la capital no estaba aún resuelto, aunque se había avanzado mucho desde un punto de vista cualitativo. En efecto, entre 1875 y 1920 se pasó del suministro por fuente pública al domiciliario, quedando en esta última fecha solo un 6,5% sin él (Antolín, 1991: 297). Pese a este avance, en 1925 el Ayuntamiento aprobó un Plan de Abastecimiento de Aguas de Bilbao, que proponía pasar de una dotación por habitante y día de 70 a 250 litros per cápita en el lapso de cincuenta años. Sin duda, se trataba de un plan sumamente ambicioso que trataba de poner fin de una vez por todas a las penurias de suministro de agua y, por consiguiente, de mejorar sensiblemente la calidad de vida de los bilbaínos. Entre los proyectos presentados ganó el titulado “Aprovechamiento de las aguas de los ríos Cerneja y Ordunte”. Las obras comenzaron en 1926 y dicho proyecto se completó en 1928 con una Real Orden que otorgaba al municipio la explotación a perpetuidad de los cauces de dichos ríos. Para ello se había empezado a construir un embalse con capacidad de más de 22 millones de m3. De manera que en 1933 quedó comunicado el pantano de Ordunte con la red de agua potable y con el depósito de Larrasquitu, lográndose, al fin, una solución eficaz que vino a solventar, de momento, el problema de abastecimiento de agua que había caracterizado a Bilbao prácticamente desde la Baja Edad Media (González Portilla, 1995: 453; Novo, 2006: 667-669).

TABLA 1

Bilbao, 1916-1929. Consumo medio en litros por habitante y día de agua potable y de río

AÑOS

AGUA POTABLE

PORCENTAJE (%)

AGUA DE RÍO

PORCENTAJE (%)

1916

46,6

12,8

318,4

87,3

1917

54,6

15,4

293,1

84,6

1918

53,9

15,2

304,7

84,8

1919

56,9

15,5

314,9

84,6

1920

55,0

14,1

317,2

85,9

1922

52,0

15,0

295,6

85,0

1923

55,9

15,4

309,2

82,5

1924

58,1

15,4

323,7

84,6

1925

63,2

15,9

333,2

84,1

1926

72,9

17,8

336,6

79,8

1927

53,8

15,0

306,6

85,0

1928

70,4

18,9

301,6

81,1

1929

61,2

14,5

357,7

85,5

Fuente: Matés y Novo (2017: 208).

Como puede observarse en esta tabla, el agua potable, para consumo en boca, proveniente de arroyos y manantiales suponía un porcentaje muy inferior al consumo de agua proveniente del río, que, salvo, con pequeñas variaciones, sobrepasó casi siempre el 80% del agua consumida por los bilbaínos. Eran aguas empleadas en los lavaderos, retretes, fregaderos, riego de las calles, alcantarillado y usos industriales. Incluso, para tomar verdadera conciencia de la penuria de agua potable de la población antes de la construcción del pantano de Ordunte, hay que considerar igualmente la estacionalidad de los caudales. En concreto, esos arroyos y manantiales que abastecían de agua potable a la ciudad sufrieron con intensidad los periodos de estiaje, precisamente en los momentos de mayor demanda del preciado líquido. Estiaje que se prolongaba durante tres meses (Antolín, 1991: 296).

Crisis del alumbrado de gas y crecimiento de otros usos del gas

Madrid estuvo entre las primeras ciudades españolas que conoció la luz de gas, en 1832. Un año después el Ayuntamiento concedió a José Medrano la contrata del alumbrado público de gas, que resultó fallida. En 1847 la capital, merced a la Sociedad Madrileña para el Alumbrado de Gas en Madrid, en manos de capitalistas británicos, franceses y españoles, comenzó a disfrutar de este sistema de iluminación de manera regular. Las dificultades ocasionadas por la crisis de 1848 provocaron el abandono de los británicos, siendo la empresa refundada en 1854 con la denominación de Compañía Madrileña para el Alumbrado por Gas (Compañía de Gas), controlada por el Crédito Mobiliario Español de los franceses Isaac y Émile Pereire (Simón Palmer, 1989; Arroyo, 2002).

En la segunda mitad del ochocientos el mercado potencial de consumidores de gas aumentó por el crecimiento demográfico: 298.000 habitantes en 1860, 539.835 en 1900. Restringieron el desarrollo del gas la localización geográfica de Madrid, que encarecía el carbón, y el tejido industrial destinado a un consumo suntuario, por tanto, limitado. Pese a ello, el consumo de gas se extendió. En 1861 los madrileños consumieron 3.100.000 m³ y, en 1881, 12.473.613 m³. Desde ese año continuó creciendo hasta llegar al cénit en 1890 con 17.660.438 m³. A partir de ese momento descendió, del orden del 25%, hasta situarse en 1900 en 13.342.706 m³ (Tortella, 1982: 119; Simón Palmer, 1989: 280), retroceso que también se dio en Bilbao, como consecuencia de la competencia de la electricidad.

A finales del siglo XIX, de un total de 9.468 faroles, 8.684 eran de gas, 784 de petróleo y no había de electricidad. En las grandes ciudades europeas, sin embargo, lo habitual era el alumbrado mixto de gas-electricidad (Fernández-Paradas y Rodríguez Martín, 2018a). La resistencia de la gasista frente al consistorio para que no implantase la electricidad dio resultado: en 1910 había 196 faroles eléctricos y hasta 1919 solo el distrito Centro de la zona del interior disfrutó de alumbrado por electricidad. Además, controló las principales eléctricas que surgieron a finales de la centuria. En 1889 Crédit Mobilier creó la Compañía General Madrileña de Electricidad con capital germano, que salió en 1894. También adquirió The Electricity Supply for Spanish Limited, fundada por británicos en 1889 (Cayón, 1997: 5). Estas adquisiciones resultaron un mal negocio (Martínez-López, 2018: 5). En 1898 logró la nueva concesión del alumbrado público en exclusividad hasta 1914, no para particulares. A principios del novecientos la Compañía de Gas era la única suministradora de gas y de la mayor parte de la electricidad, con la excepción de pequeñas eléctricas. Empero, en el negocio de la electricidad fracasó porque no se hizo con grandes saltos de agua para generar electricidad. Unos años después, el Gobierno aprobó diversas medidas en favor de las empresas nacionales, que imposibilitaron a las extranjeras, como la Compañía de Gas, acceder a esas infraestructuras para poder competir (Fernández-Paradas y Larrinaga, 2018).

Este contexto de dominio de la empresa de gas comenzó a cambiar radicalmente desde finales del ochocientos por las positivas consecuencias que sobre la economía tuvo la pérdida de Cuba en 1898, con la repatriación de capitales que se destinaron a la creación de grandes sociedades, entre ellas eléctricas, que dieron un gran impulso a los sectores de la segunda revolución tecnológica. La electricidad permitió liberarla de las limitaciones que conllevaba el carbón, ya que era posible transportarla a grandes distancias. Esto suponía una mayor economía de escala al aumentar el número de consumidores y, por tanto, posibilitaba menores costes y reducir precios. La electricidad impulsó el despegue industrial que Madrid experimentó durante el primer tercio del novecientos (Vicente, 2015: 14). El gas no pudo competir por su mayor coste respecto de la electricidad, especialmente desde aproximadamente 1910, con la explotación de los grandes saltos de agua, y porque esta era más versátil (luz, calor, fuerza y movimiento), pues hacía posible el funcionamiento de los ascensores, frigoríficos, radio…, para los que no servía el gas. El mercado potencial de consumidores creció espectacularmente: 539.835 habitantes en 1900, 952.832 en 1930. Además, el desarrollo de las clases medias hizo posible demandantes de mejoras en sus niveles de confort (Beasgoechea Gangoiti y Otero Carvajal, 2015; Pallol Trigueros, 2015), entre ellos el gas y la electricidad.

Es escasa la información de que disponemos sobre el consumo de gas en Madrid durante el primer tercio del siglo XX. Solo contamos con datos para elaborar una serie sobre el destinado a alumbrado (tabla 2): en 1900 sumó 13.342.706 m³. Desde entonces decreció, especialmente durante la Gran Guerra y la posguerra, debido principalmente a las dificultades para acceder al carbón y su encarecimiento, las cuales obligaron a la supresión del suministro. Problemas que el Ayuntamiento quiso solventar mediante la municipalización de la fábrica de gas entre 1917 y 1922, aunque su gestión dejó mucho que desear (Fernández-Paradas y Rodríguez Martín, 2018b). Al menos desde mediados de los veinte el consumo para iluminación comenzó a crecer, a ritmo más rápido en la primera mitad de los treinta, pero no recuperó el nivel de 1900. Respecto del reparto del mismo, en 1913 el gas para luces públicas sumaba 7.018.736 m³. Desconocemos el consumo total de alumbrado, pero, si lo comparamos con el de 1908, supondría en torno al 20% del total, un porcentaje elevado. Gracias a lo recaudado a los consumidores por el impuesto que gravaba el consumo de luz de gas, podemos estimar el reparto de la misma entre el alumbrado público y el de particulares desde 1915; en ese año de lo ingresado el 73,1% y el 26,9%, respectivamente; en 1934 el 97% y el 3%. En Europa lo habitual era el predominio en ambos segmentos del mercado de la electricidad (Seeger, 1935; Fernández-Paradas y Rodríguez Martín, 2017: 234-244). En lo que respecta al consumo de gas para alumbrado por habitante, en 1901 fue de 24,7 m³, bastante por debajo del promedio español (30,5 m³), en 1934 con 13,5 m³ en la capital, en España de 7 m³ (Martínez y Mirás, 2018: 95). Por tanto, en Madrid, el retroceso fue mucho menor. Este promedio ocultaba diferencias importantes en la calidad del servicio según las zonas, ya que era mucho mejor el alumbrado en el casco antiguo y en las vías principales.

TABLA 2

Consumo por alumbrado de gas en Madrid, 1900-1935

Años

M3

1900

13.342.706

1901

11.436.545

1902

11.826.000

1903

12.045.000

1904

11.528.525

1905

11.547.870

1906

11.823.752

1908

11.843.768

1916

8.680.269

1917

1.885.478

1918

2.044.793

1919

268.080

1920

722.533

1921

3.349.938

1925

6.258.956

1927

4.563.749

1928

8.128.455

1931

8.734.547

1932

12.950.900

1933

10.679.311

1934

12.851.253

Fuente: Elaboración propia a partir de Simón Palmer (1989: 280).

En cuanto a los abonados, en 1918 eran 16.000 y en 1935, 27.409; es decir, se habían multiplicado por 1,7. Un aumento importante del consumo privado que debió destinarse, por lo que sabemos que sucedió en el conjunto de país, preferentemente a consumo doméstico, especialmente a calefacción (Martínez y Mirás, 2018: 97). Al respecto, pueden servimos de referencia los datos ofrecidos sobre las ventas de gas de la Compañía de Gas, si bien con prudencia, ya que comprenden todas sus ventas, incluidas las de Madrid, Jerez, Valladolid y Burgos —en 1922 se desprendió del negocio de Burgos—, aunque la mayor parte correspondían a la capital: por ejemplo, en 1908 representaron más del 72%. Dicha trayectoria indica que durante el primer tercio del siglo el consumo total de gas se multiplicó por 3,1, al pasar de los 13.342706 m³ de 1901 a los 36.210.880 de 1935 (Simón Palmer, 1989). La mayor parte de este aumento tuvo lugar en los años veinte y primera mitad de los treinta. Este desarrollo del consumo se debió principalmente a tres factores: en primer lugar, la mejora de la calidad del gas tras la remodelación de la fábrica en 1926 (Fernández-Paradas y Larrinaga, 2018: 44); en segundo lugar, la prolongación de la red de tuberías, exclusivamente en el municipio de Madrid, con 346 y 429 kilómetros respectivamente en 1914 y 1929 (Fernández-Paradas y Rodríguez Martín, 2017: 240), a diferencia la de electricidad que llegó a otros municipios (Carabanchel, Vallecas, Fuencarral, El Pardo…) (Estadística del Impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio. Años 1901-1934); y, finalmente, el precio del producto, que resultó favorable para el consumidor. Por ejemplo, el del alumbrado público se mantuvo con ligeras modificaciones en torno a las 0,20 ptas/m³ desde 1900 a 1914, año en el que el nuevo contrato de suministro firmado con el consistorio lo fijó en 0,18 para las luces públicas y 0,22 para particulares, coste que se mantuvo hasta 1918, uno de los más económicos del país (Ayuntamiento de Madrid, 1918: 16), en 1919 subió hasta las 0,55 y 0,40 pesetas respectivamente. Desde 1922 y hasta 1930 bajó el del alumbrado público hasta 0,31 pesetas, dos años después era de 0,33. El de los particulares también menguó a 0,36 pesetas en 1930, subiendo a 0,38 en 1933 (Simón Palmer, 1989; Cayón, 1997). Si consideramos la inflación que experimentó la economía española en estos años, el precio real del producto se redujo.

Bilbao, como Madrid, se engloba dentro de ese puñado de ciudades españolas que contó con una fábrica de gas desde mediados del siglo XIX. En diciembre de 1847 fue inaugurado el servicio. Inicialmente, estaríamos hablando de alumbrado público, aunque la Société pour l’Éclairage de la Ville de Bilbao trataba de aprovechar este servicio para ir ganando abonados privados. Las ventajas del gas frente a otras fuentes de iluminación como el aceite, el queroseno o el petróleo abrían un campo de posibilidades por explorar. Y, de hecho, pese a carecer de series y siendo la información muy fragmentada, es evidente que el consumo privado fue en aumento en la segunda mitad del siglo XIX (Fernandez, 2009: 105-133; Larrinaga, 2017). No obstante, las cada vez más tensas relaciones entre el Ayuntamiento y la compañía derivaron en la municipalización del servicio en 1886.

Pues bien, el consumo de gas tras la municipalización experimentó un crecimiento de más del 111% entre 1886 y 1904 (Fernandez, 2009: 242-243). Evidentemente, se trata de una cifra considerable, aunque sujeta a algunas precisiones. En primer lugar, un descenso en picado, del 40%, del suministro del alumbrado privado entre 1897 y 1904, sin duda, como consecuencia de la competencia ejercida por la electricidad. A este respecto, hay que apuntar que en esa década se fue constituyendo un incipiente mercado eléctrico en el que empezaron a operar varias compañías. Así, no debemos olvidar que estas se dirigieron fundamentalmente al consumo privado, de tipo industrial en muchos casos (Garrués, 1997: 70), iniciando, por tanto, una fuerte competencia con la fábrica de gas. Por contra, se constata una importancia cada vez mayor en el apartado de motores para la generación de fuerza motriz y calefacción. Esto nos indica el desarrollo de nuevos usos del gas, ya no vinculado casi en exclusiva al alumbrado, como había ocurrido hasta entonces. De hecho, estos dos conceptos pasaron de representar el 1,5% del total consumido en 1886-87 a más del 15% en 1904, lo que nos da una buena idea del peso de estas modalidades en el empleo del gas. Y, en segundo lugar, hay que mencionar un aumento considerable de la iluminación pública, donde el suministro de gas siguió siendo el prevalente. En un momento en que se estaba dando una expansión urbanística vinculada al ensanche, las necesidades de aprovisionamiento de gas fueron a más, de suerte que el incremento en el consumo de gas en el Bilbao de entresiglos estuvo determinado fundamentalmente por el alumbrado público.

Careciendo de datos específicos sobre demanda privada, podemos fijarnos en los datos referidos al consumo privado. En primer lugar, se observa un descenso paulatino desde 1905 en el consumo total de gas, en competencia con la electricidad. Competencia que fue en aumento a partir de la Primera Guerra Mundial, debido, sobre todo, a los altos costes del carbón. A partir de ese momento la competencia de la hidroelectricidad era ya evidente. A este respecto, no olvidemos que en torno a Bilbao se constituyó uno de los focos de inversión más importantes de España en este tipo de energía. Dicho descenso se observa claramente en el apartado de motores y calefacción, por ejemplo. En segundo lugar, el repunte que se da en el apartado de consumo privado en los años veinte tendría que ver, sustancialmente, con los nuevos usos del gas, no tanto con el alumbrado privado. En concreto, nos estamos refiriendo a cocinas, hornillos, plancheros, radiadores, calienta-baños, etc. Aparatos de uso doméstico que, sin duda, contribuyeron a mejorar la calidad de vida de los usuarios de los mismos, suponiendo un respiro para la industria gasista frente a la eléctrica (Martínez y Mirás, 2018). En la medida en que la luz eléctrica debió ir poco a poco penetrando en más hogares bilbaínos, el uso de gas en este tipo de dispositivos fue ganando un nuevo nicho de mercado nada desdeñable, muy vinculado al bienestar.

TABLA 3

Consumo de gas en Bilbao, 1905-1934

Ejercicio

Abonados

contador

Abonados

fijos

(caño libre)

Motores,

calefacción

TOTAL

Consumo

privado*

Consumo

público **

TOTAL***

1905

571.873

5.684

413.037

1.021.068

2.132.448

3.156.142

1906

508.823

15.815

340.479

884.566

2.086.116

2.972.482

1907

468.512

27.208

319.466

826.035

2.945.689

2.977.089

1908

455.884

26.564

283.323

773.624

2.134.092

2.909.598

1909

354.497

3.684

252.242

618.623

2.189.432

2.810.805

1910

281.709

2.216

282.807

568.887

2.229.010

2.798.997

1911

220.994

2.121

307.664

531.975

2.254.834

2.790.759

1912

176.706

2.121

290.461

209.438

2.479.621

2.693.034

1913

156.223

2.103

380.230

539.791

1.989.250

2.529.991

1914-I sem

67.747

900

217.520

286.531

995.047

1.286.403

1914-1915

624.501

2.431

626.932

2.726.872****

3.353.805

1915-1916

701.132

2.302

703.434

2.725.724

3.429.160

1916-1917

783.303

1.378

784.681

2.444.057

3.228.740

1917-1918

814.279

1.248

815.527

1.884.941

2.700.470

1919-1920

795.772

936

796.708

1.917.430

2.714.140

1920-1921

775.952

884

776.836

1.359.369

3.245.465

1923-1924

781.499

781.499

944896

1.726.396

1924-1925

799.217

799.217

672.619

1.471.838

1925-1926

755.391

755.391

553.044

1.308.437

1926-927

816.839

816.839

433.683

1.250.524

1927-1928

799.395

799.395

371.564

1.170.961

1928-1929

863.041

863.041

357.427

1.220.469

1929-1930

904.012

904.012

397.339

1.301.352

1930-1931

937.046

937.046

420.702

1.357.749

1931-1932

1.009.138

1.009.138

369.609

1.378.748

1932-1933

998.996

998.996

373.858

1.372.856

1933-1934

1.161.711

1.161.711

431.899

1.593.612

*Están incluidas otras pequeñas partidas: Asociación Vizcaína de Caridad y el consumo fuera de la jurisdicción.

**Se incluye el consumo del alumbrado público, de las dependencias municipales, de kioscos de música, de festejos, de la propia fábrica, de la central eléctrica y las posibles pérdidas (fugas y condensaciones).

***Incluye las existencias anteriores.

****Desde esta fecha incluye existencias a 30 de junio (fin del ejercicio).

Fuente: AFB, Memorias correspondientes a la Fábrica de Gas de Bilbao.

El consumo de electricidad: un mercado en ascenso

Como hemos explicado, en la capital de España la electricidad se convirtió en el gran motor del cambio social y económico. Como el alumbrado público estaba en manos de la Compañía de Gas, las eléctricas que operaron en Madrid tuvieron que esforzarse por captar clientes particulares. A principios del novecientos convivían en la ciudad dos tipos de empresas, uno formado por varias compañías de pequeño tamaño que no suponían una competencia seria para la gasista, el otro constituido por la Madrileña —vinculada a la empresa de gas— y la Sociedad de Electricidad de Chamberí, constituida en 1895, y cuyo fundador creó la Sociedad de Electricidad del Mediodía, actuando ambas conjuntamente hasta 1903. Aubanell (1992) ha señalado que en los primeros compases del siglo XX la competencia entre las eléctricas tuvo consecuencias positivas para los madrileños, que se beneficiaron, por ejemplo, del abaratamiento de tarifas de 1902 y el suministro de lámparas e instalaciones gratuitas. Para impedir la competencia, las tres mayores compañías —Madrileña, Chamberí y Mediodía— acordaron un convenio que la redujo considerablemente.

En 1907 se fundaron la Sociedad Hidroeléctrica Española y Salto del Bolarque para aprovechar la energía hidráulica de saltos del río Júcar y la Hoya de Bolarque, en la unión de los ríos Tajo y Guadiana. El fluido generado en estos saltos llegó a la capital en 1910. En 1909 se fundó la Cooperativa Eléctrica para extender la red eléctrica y rebajar los precios mediante el aprovechamiento hidroeléctrico de las aguas del Canal de Isabel II. Simultáneamente se había constituido Electra de Madrid, propiedad de Hidroeléctrica Española. En 1910 se fusionaron Cooperativa Eléctrica y Electra de Madrid bajo la razón social Cooperativa Electra Madrid, que se convertía en filial de Hidroeléctrica Española, la cual contaba con el apoyo financiero del Banco de Vizcaya. En 1912 se creó la Unión Eléctrica Madrileña a partir de la Compañía General Madrileña de Electricidad, la Sociedad de Gasificación Industrial —fundada en 1905— y Salto de Bolarque, con el sustento financiero del Banco Urquijo. Por tanto, desde 1913 el mercado eléctrico de Madrid estuvo dominado por Hidroeléctrica Española y Unión Eléctrica Madrileña. Desde 1922 dominaron el mercado energético madrileño al constituir Gas Madrid en 1921, del que los accionistas de la Compañía de Gas quedaron como socios minoritarios. En agosto de 1922 el Ayuntamiento le traspasó la fábrica de gas.

Como muestra la tabla 4, las guerras de precios de principios de siglo y, desde 1913 y hasta mediados de los años veinte, el mantenimiento de la misma tarifa favorecieron el desarrollo de la electricidad para alumbrado. Este duopolio hizo posible que HE y UEM establecieran una tarifa común en 1913, 0,60 pesetas el Kwh para alumbrado y 0,25 para la industria, que se mantuvo hasta mediados de los años veinte, es decir, no aumentó durante los años de hiperinflación de la Gran Guerra; por tanto, en términos reales se abarató. En 1935 la de alumbrado era de 0,70 pesetas/kwh (Arrué Astiazarán, 1935: 15; Otero Carvajal y Rodríguez Martín, 2019). Las cifras ponen de manifiesto un espectacular crecimiento, mayor a finales de los años veinte y primera mitad de los treinta. Por el contario, hemos demostrado que las ventas de gas para iluminación no crecieron entre comienzos de siglo y mediados de los treinta. En definitiva, el aumento del mercado energético de alumbrado fue absorbido por las eléctricas.

TABLA 4

Consumo de electricidad para alumbrado en Madrid, 1901-1934

Años

Kilovatios hora

1901

12.239.910

1902

13.832.770

1903

12.522.420

1904

17.567.815

1905

19.933.015

1906

14.669.279

1908

15.308.245

1927

48.011.027

1928

48.063.439

1932

60.234.687

1933

60.485.145

1934

56.450.843

Fuente: Elaboración propia a partir de la estadística del impuesto sobre el consumo de luz, gas, electricidad y carburo de calcio (años 1901-1908, 1927-1928 y 1932-1934).

Varias informaciones confirman esta conclusión. El consumo de luz eléctrica por habitante pasó de 22,7 kwh por habitante en 1901 a 59,2 en 1934. El consumo total de electricidad per cápita de 1914 refleja el gran desarrollo que la electricidad había logrado, con 67,2 kwh, muy por encima del de ciudades tan dinámicas como París (30,26) y Roma (17,9), esta última más comparable en cuanto a su desarrollo económico (Aubanell, 1992: 169). Ello se debió principalmente a la mayor difusión del alumbrado privado en Madrid. Si comparamos el promedio de abonados a la electricidad por 100 habitantes (15,49) para 1914, con Chicago (8,47), París (5,08) o Roma (2,78), resulta que era la urbe con mayor extensión de la electricidad. Las cifras de abonados confirman esta apreciación: 37.226 en 1903, 47.622 en 1909, solo Madrileña, Chamberí y Mediodía con 95.289 en 1914 y 245.000 en 1936 (Aubanell, 1992: 154 y 166; Otero Carvajal y Rodríguez Martín, 2019). Recuérdese que en 1918 los abonados de gas solo eran 16.000.

Unos elevados niveles de extensión de la electricidad que convivían con cierta conflictividad entre eléctricas y abonados, provocada por el fraude, con prácticas extendidas que consistían en la manipulación del contador para que no registrase el consumo real, al que respondían las empresas cortando el suministro. Por su parte, los usuarios se quejaban de que la electricidad era cara, las compañías intentaban que pagasen un consumo mínimo y el alquiler de los contadores era elevado. En 1933 más de 25.000 vecinos se resistían a pagarlo (Rodríguez Martín, 2015: 222-225).

Al mismo tiempo, las compañías productoras y distribuidoras de electricidad emprendían acciones publicitarias y de marketing para ampliar el mercado de consumidores y aumentar el consumo doméstico y comercial de electricidad. De este modo, complementaban y reforzaban las campañas de publicidad de los fabricantes de aparatos eléctricos domésticos, que solían apelar al beneficioso impacto de estos en la salud, el bienestar y el confort de las familias. El proyecto más importante, sin duda, fue la creación en 1929 de la Asociación Española de Luminotecnia (AEL), una iniciativa de la Cámara Oficial de Productores y Distribuidores de Electricidad. Según recogían sus estatutos, su finalidad era el fomento del estudio y la investigación de todo lo relacionado con los problemas de la visión en relación con la iluminación, así como la difusión de los métodos y reglas para el uso científico y racional de la luz artificial (Asociación Española de Luminotecnia, 1929). Con domicilio en Madrid, la AEL abrió salas de demostraciones en el mismo Madrid, Gijón, Córdoba y Bilbao y a lo largo de su existencia mantuvo una intensa actividad a través de la organización de conferencias y exposiciones, la edición de publicaciones, la convocatoria de concursos —particularmente de concurso de escaparates comerciales iluminados—, así como otras actividades en colaboración con otras entidades, como la Semana de la Electricidad Aplicada al Hogar, en abril de 1936 (Rodríguez Martín, 2015: 226-230).

Centrándonos ahora en el caso de Bilbao, el primer encendido de arcos voltaicos en algunas de sus calles se produjo en 1883. En realidad, fue un novedoso ensayo de alumbrado público, debiendo aguardar a principios de la siguiente centuria para observar una mayor competencia entre el gas y la electricidad. No debemos olvidar que esta, en sus comienzos, se caracterizó por unos precios muy elevados, solo asequibles a unos pocos consumidores, a quienes la electricidad, como en el pasado el gas, les otorgó un estatus de distinción, considerándola un lujo. Solo desde los años diez y, sobre todo, una vez concluida la Primera Guerra Mundial, es posible hablar de la conformación de un importante mercado eléctrico en el País Vasco, con Bilbao a la cabeza. De hecho, para una fecha tan pronta como 1910, la distribución territorial de la hidroelectricidad en España mostraba la temprana y exitosa implantación en el caso vasco, habiéndose producido una rápida conversión de la hidromecánica a la hidroeléctrica (Bartolomé, 2007: 51). Estaríamos hablando de empresas más capitalizadas, que buscaban mercados más amplios para rentabilizar sus inversiones. En este sentido, Vizcaya en general y la Ría de Bilbao en particular, con su entramado industrial y, sobre todo, con un contingente poblacional considerable, se convirtieron en un destacado mercado para estas nuevas eléctricas. De suerte que, aparte de un consumo industrial propiamente dicho, y el más predominante, es posible hablar también de una demanda doméstica cada vez mayor, en competencia con el gas. Baste recordar el fuerte crecimiento demográfico que se produjo en la Ría de Bilbao en el primer tercio del siglo XX: de 163.389 habitantes en 1900 a 299.940 en 1930 (González Portilla, 1995: 198).

TABLA 5

Kilovatios instalados según el tamaño de la población y el territorio, 1910

REGIÓN

Kw/1.000 habitantes

Kw/km2

Andalucía

Aragón

Asturias-Santander

Baleares

Canarias

Castilla

Cataluña

Extremadura

Galicia

La Mancha

Madrid

País Vasco

Valencia

3,23

16,84

8,01

0,31

0,36

4,57

5,70

0,70

6,89

4,80

3,21

27,11

3,44

0,14

0,34

0,49

0,02

0,02

0,12

0,37

0,02

0,48

0,10

0,35

1,53

0,25

TOTAL

5,97

0,24

Fuente: Bartolomé (2007: 52).

Desde 1900 el consumo eléctrico en Vizcaya creció drásticamente hasta el estallido de la Guerra Civil. Así, en 1907 se alcanzaron los 30 millones de kw/h, triplicándose en 1910. Durante la Gran Guerra se incrementó hasta posiblemente los 130 millones, para duplicarse en 1928 y alcanzar los más de 300 millones en 1935 (Uriarte, 1951: 147). Estas cifras revelan que fue en los años veinte y principios de los treinta cuando el suministro eléctrico fue ganando terreno en competencia, como ya se ha comentado, con el gas. Al margen de los usos industriales, la demanda doméstica de electricidad debió crecer progresivamente en estas décadas. Es lo que se observa en el consumo bruto de electricidad por regiones, donde, desconociendo los datos de Baleares y considerando una cierta subestimación para Cataluña, sobresale, sin duda, la región vasco-navarra. Observando la tabla 6 se detecta, en efecto, una fuerte polarización del consumo en unos pocos mercados (Maluquer, 1985; Maluquer, 2006: 87-88). En términos por habitante, estas dos regiones más que duplicaban la media española, llegando incluso a superar los niveles relativos de países bastante avanzados en la utilización de esta energía como Francia o Italia (tablas 6 y 7), lo que nos da buena idea del avance que se había producido en el consumo de energía eléctrica, aunque, en realidad, el consumo predominante era el industrial, no el privado. Desgraciadamente no hemos encontrado datos de este último.

TABLA 6

Consumo bruto de electricidad por regiones, 1934

Regiones

Consumo bruto

(kwh)

Población

Consumo por habitante

(kwh/hab)

Cataluña

1.005.180.018

2.701.292

372

País Vasco-Navarra

499.385.915

1.237.593

403

País Valenciano-Murcia

448.520.209

1.896.738

236

Andalucía

365.297.180

4.609.870

79

Madrid

284.171.089

1.383.951

205

Asturias-Santander

263.315.290

1.156.002

228

Aragón

210.532.200

1.031.559

204

Galicia

85.935.210

2.230.281

39

Castilla la Vieja

70.215.325

1.984.103

35

Centro

34.16.500

2.646.751

13

Canarias

19.435.230

555.128

35

ESPAÑA

3.286.804.186

21.433.268

153

Nota: Las cifras de Cataluña, según Errandonea, deberían ser algo mayores.

Fuente: Errandonea (1935: 703).

TABLA 7

Producción de electricidad por habitante, 1934

Estados

Producción

(10 Kw/h)

Población

(10 hab)

Kw/h/hab/año

Noruega (1933)

Canadá

Suiza

Suecia

Estados Unidos

Bélgica

Alemania

Gran Bretaña

Francia

Italia

España

9,97

21,1

4,3

6,05

85,5

4,02

31

20,7

15,3

12,09

3,5

2,85

10,76

4,13

6,21

120,00

8,24

65,35

46,61

41,9

42,62

24,24

3.450

1.975

1.040

980

675

490

460

445

365

285

146

Fuente: Errandonea (1935: 699).

Si nos fijamos en la distribución del consumo por utilizaciones finales, sobresalen las tres grandes aplicaciones clásicas de alumbrado, tracción (vinculado en gran medida a los tranvías) y fuerza industrial. Así, para los datos que poseemos para el conjunto de España, en 1933 el consumo para luz supuso el 21,4% del total de los kilovatios/hora facturados, el 11,1% se aplicaba a consumos de tracción y el 67,5% restante para fuerza y aplicaciones industriales. En una comarca tan industrializada como la Ría de Bilbao es evidente que la principal demanda de energía eléctrica respondía a la industria, tal como ya se ha dicho. Ahora bien, semejantes porcentajes, debido a la diversidad de las tarifas correspondientes, se convertían en 45,2%, 3% y 51,8%, respectivamente, si se expresaban en las participaciones respectivas de cada una de aquellas utilizaciones en los ingresos de explotación de las empresas eléctricas (Arrúe Astiazarán, 1935: 26). Esto demuestra la importancia del consumo para alumbrado, ya que, desde la perspectiva de las empresas, constituía una fuente de ingresos fundamental y, por tanto, la clave de su rentabilidad. Algo que se correspondería con lo dicho anteriormente para el gas, en el sentido de que su peso en el apartado de alumbrado fue disminuyendo en beneficio de la implantación de la electricidad. De suerte que todo hace pensar que para la Guerra Civil se había producido una expansión del consumo particular de energía eléctrica por parte de la población de la Ría de Bilbao, aunque aún a mucha distancia de la demanda eléctrica para usos industriales. Es más, en líneas generales, y tomando como referencia el conjunto de España, la distribución porcentual de consumo final de electricidad del año 1933 se había alterado muy poco en 1945 (Maluquer, 2006: 89).

TABLA 8

Estructura porcentual del consumo final de energía eléctrica en España, 1933 Y 1945

Usos

1933

1945

Alumbrado

21,4

20,4

Tracción

11,1

11,5

Industria

67,5

68,1

Fuente: Maluquer (2006: 89).

Conclusiones

Siendo conscientes de que el análisis llevado a cabo se limita únicamente a dos ciudades y que los datos desagregados de consumo, sobre todo, privado, no son los idóneos, sin embargo, pensamos que en el primer tercio del siglo XX se produjo, en efecto, una considerable mejora en las condiciones de vida de los habitantes de Madrid y Bilbao.

Dos ciudades bien distintas, la una capital del Estado e inserta en un incipiente proceso de industrialización; la otra, Bilbao, una ciudad pujante en esas primeras décadas de la centuria, en cuyo crecimiento económico, demográfico y urbano la industrialización había jugado un papel fundamental. En ambas esa expansión poblacional experimentada en esas décadas obligó necesariamente a un crecimiento generalizado de servicios urbanos tales como agua, gas y electricidad, aunque con derivas distintas, tal como se ha podido comprobar. Mientras en el caso del agua, el consumo fue a más, el mercado del gas experimentó sensibles cambios, ya que si, por un lado, descendió el consumo de alumbrado, se produjo un aumento considerable en el consumo de gas dedicado a usos domésticos. Por último, en este primer tercio del XX asistimos a la configuración del mercado eléctrico español, sobre todo, después de la Primera Guerra Mundial, cuando la hidroelectricidad se convirtió en una fuente de energía imprescindible para la industria y la tracción, pero también cada vez más para el alumbrado particular, por no hablar del público.

NOTA

Este texto forma parte de los resultados de los Proyectos I+D de Excelencia HAR2017-82112-P La industria del gas en España: desarrollo y trayectorias regionales (1842-2008), y HAR2015-65134-C2-2-P La sociedad urbana en la España del primer tercio del siglo XX. Madrid y Bilbao, vanguardia de la modernidad, 1900-1936, financiados por el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad de España (MINECO) y Fondos FEDER.

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CAPÍTULO 6

LA MODERNIZACIÓN DE LA MEDICINA Y DE LA FARMACIA DURANTE EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX. LOS NUEVOS TRATAMIENTOS ANTIVENÉREOS

MANUEL MONTERO Y CRISTINA DE PEDRO

Entre los principales componentes de la modernización de la sociedad española estuvieron los cambios sanitarios e higiénicos. Sus consecuencias fueron decisivas. Entre 1900 y 1930 la esperanza de vida pasó en España de 34,8 a 50 años. El factor determinante fueron las mejoras médicas e higiénicas. Además de los nuevos diseños urbanísticos, higienistas, resultaron decisivos varios cambios: la penetración de planteamientos científicos en los cuidados de la salud, la especialización médica, las infraestructuras hospitalarias y las mejoras en los productos farmacéuticos, así como novedosos tratamientos, como los que analizaremos aquí para enfermedades venéreas como la sífilis.

A comienzos del XX la atención médica se segmentaba socialmente, como en los principales países europeos. La asistencia a las clases más desfavorecidas quedaba circunscrita a los hospitales de beneficencia, mientras que las capas superiores contaban con la asistencia domiciliaria y consultas privadas, destacando las de médicos de prestigio. Los grupos intermedios seguían el mismo esquema con médicos modestos. Pese a los avances producidos en la atención médica, muchos doctores —incluso los mejor preparados— tenían cierto desprecio por la terapéutica normada, prefiriendo “tratamientos desorbitados y con frecuencia peligrosos”. De forma aparentemente aleatoria mezclaban sangrías, purgantes, procedimientos que provocaban el vómito y aplicaciones de sanguijuelas (Segovia de Arana, 2000: 419, 423).

La especialización médica

Este modelo evolucionó durante el primer tercio del XX. En el mundo urbano se optimizó notablemente la asistencia médica, con mejorías que afectaron a los diversos segmentos sociales. Subsistieron los médicos de gran prestigio: a veces llegaban a Bilbao doctores con fama bien asentada, que atendían durante algunos días en algún hotel señero (El Noticiero Bilbaíno, 4 de febrero de 1900). Sin embargo, lo más característico fue la especialización médica (Medina Domenech y Rodríguez Ocaña, 1994: 79), la introducción de nuevas técnicas y la difusión social de la atención. Cada vez con mayor frecuencia los médicos que se publicitaban en Bilbao lo hacían como especialistas. Desde los años diez los de aparición más habitual eran “ginecólogos”, “enfermedades nerviosas”, “respiratorias”, “digestivas” y “venéreas”. Además, aparecieron gabinetes médicos con varios especialistas que atendían enfermedades diversas. Por ejemplo, en Bilbao, el Gabinete Médico del Doctor Goti trataba enfermedades nerviosas, estomacales y venéreas.

Durante el periodo aparecieron o se extendieron nuevas técnicas, en particular de la electroterapia y de la radiología, consideradas las representaciones de la modernidad técnica. Los gabinetes médicos solían resaltar que contaban con nuevos instrumentales como microscopios y aparatos de rayos X, o que usaban la electricidad y el ozono para los nervios y una amplia gama de enfermedades.

La caída de la mortalidad fue producto de una toma de postura colectiva, encabezada por médicos e higienistas. En los avances de la medicina científica ocupó un lugar señero el Instituto de Técnica Quirúrgica y Operativa, que se fundó en 1896 en Madrid y que por vez primera en España ofreció una asistencia hospitalaria organizada en unidades especializadas (Tutosaus Gomez, Morán-Barrios y Pérez Iglesias, 2018: 230).

Las iniciativas hospitalarias muestran en Bilbao la modernización médica en una ciudad industrial. En 1880 se fundó el Hospital Minero, con sede en Gallarta. Atendía a los accidentados, se preocupó de las enfermedades derivadas de las precarias condiciones de vida en las minas —sarna, pulmonía, gripe, bronquitis— y combatió las epidemias del cólera. Contó con equipamientos modernos e introdujo la consulta gratuita para todos los mineros y la atención en los hospitales.

El Santo Hospital Civil de Bilbao se inauguró en 1908, considerado “el monumento que más alto pregona la inagotable caridad de este pueblo” (“El nuevo Hospital Civil”, El Noticiero Bilbaíno, 14 de noviembre de 1908), fue sufragado por donaciones de familias principales. Algo alejado del núcleo urbano, en una zona aireada, se diseñó según concepciones modernas, estudiadas en diversas localidades europeas: pabellones aislados, con jardines intermedios, con el objetivo de impedir los contagios. Para combatir la tuberculosis, la Diputación de Vizcaya promovió en 1909 el Sanatorio de Górliz, frente a la playa, que acogía a niños en estancias de larga duración. En 1915 se fundó en Bilbao el Dispensario Antituberculoso. Financiado por filántropos, atendió a entre 1.000 y 1.500 enfermos anuales y realizó una intensa labor de propaganda. En la margen izquierda de la ría y a iniciativa empresarial, en 1920 se fundó una clínica para atender a niños pobres e impedidos. En 1924 se transformó en el Hospital de San Juan de Dios, gestionado por la Orden Hospitalaria de este nombre.

Hubo también cambios significativos en la formación de los profesionales sanitarios. El Santo Hospital Civil de Bilbao, concebido como “hospital de beneficencia”, introdujo hacia 1918 la figura de los “internos”, buscando formar médicos especializados.

La modernización farmacéutica

En los cambios sanitarios fue decisiva la modernización farmacéutica, con medicamentos más especializados, mayor soporte científico y elaboración masiva, al modo industrial, basada en el desarrollo de la industria química.

El paso de la farmacia tradicional a la moderna se inició a mediados del XIX. El boticario se convertía en farmacéutico, un profesional formado en la Universidad, al que se concedió en exclusiva la venta de medicamentos. Sin embargo, pese a la formación científica, era aún un colectivo ligado a la fabricación artesanal, mediante las fórmulas magistrales.

Las Ordenanzas de Farmacia de 1860, desarrollo de la ley de sanidad de 1855, distinguían medicamentos —los productos dispuestos para su consumo inmediato— de “drogas, objetos naturales y productos químicos” que se usaban para prepararlos y “plantas medicinales indígenas” (Buhigas Cardó, Suñé Negre y Bel Prieto, 2012: 18). Estas disposiciones gestaron el modelo liberal para el ejercicio de la farmacia, disponiendo el monopolio profesional de los farmacéuticos, los únicos autorizados para elaborar y vender medicamentos. La segunda y tercera categoría correspondían a drogueros y herbolarios y eran de comercio libre: las disputas entre farmacéuticos y drogueros fueron frecuentes (Moreno Toral, Ramos Carrillo, 2009: 256). El Gobierno prohibió el intrusismo, pero no hizo nada por impedirlo. Había drogueros y tenderos que vendían medicamentos y médicos que confeccionaban sus remedios, con fórmulas no siempre bien conocidas. Surgió un asociacionismo corporativo que buscaba evitar el intrusismo. Sin embargo, no impulsó el desarrollo de la aún precaria industria farmacéutica nacional. Productos de composición reservada, que no podían fabricarse en España, fueron objeto de importación sistemática, pese a que se disponía que “queda absolutamente prohibida por la ley de sanidad la venta de todo remedio secreto, específico o preservativo de composición ignorada, sea cual fuere su denominación” (Ordenanzas de Farmacia, 16, Gaceta de Madrid, 24 de abril de 1860).

En España el desenvolvimiento industrial de la farmacia fue lento. Lo dificultaban las concepciones cuasi artesanales tan extendidas y la invasión de específicos extranjeros, cuyo consumo se aceleró. Productos de composición reservada, que no podían fabricarse en España, fueron objeto de importación sistemática. Había comenzado la época de los específicos o especialidades, pero no desaparecieron las panaceas de entidad indeterminada, pues siguieron vendiéndose durante décadas. Era lo que a fines del XIX se había llamado “charlatanismo”, cuando se ofertaba “un depurativo seguro e infalible de la sangre y demás humores, al que no resiste ninguna enfermedad por más inveterada que sea” (Gil Fresno, 1978: 245). Unos mismos productos se ofertaban para combatir enfermedades muy diversas, una eficacia imposible. Resulta verosímil que su éxito se debiera a incorporar opiáceos, cocaína u otras drogas, que proporcionarían sensación de bienestar o energía.

La innovación española en fabricación de medicinas quedó desprotegida. La ley de 30 de julio de 1878, que disponía sobre la propiedad industrial, establecía que “no pueden ser objeto de patente: 4º. Las preparaciones farmacéuticas o medicamentos de todas clases”. Habida cuenta de la prohibición de patentar medicinas, los pocos laboratorios nacionales carecieron de acicate para innovaciones propias. Debían competir entre ellos y, sobre todo, con productos extranjeros, que tenían sus registros y composiciones no siempre bien conocidas. Según los datos de las importaciones, a fines de XIX y comienzos del XX hubo un extraordinario desarrollo de los productos médicos venidos del extranjero, particularmente de Francia.

La situación cambió en 1919, al establecerse el registro obligatorio de medicamentos. El “Reglamento para la elaboración y venta de especialidades farmacéuticas” creaba la Inspección General de Sanidad y definía las sustancias farmacéuticas. Los fabricantes debían entregar una “fórmula cualitativa completa y la cuantitativa de los elementos a los que debe su acción terapéutica el preparado”, el producto en cuestión, el etiquetado y los prospectos con los que se vendería. Los laboratorios deberían estar dirigidos por médicos o farmacéuticos de competencia probada y serían inspeccionados. “Cada producto necesitará una autorización expresa, y todo producto nuevo necesitará igualmente autorización” (“Reglamento de la elaboración y venta de vacunas y sueros”, 10 de octubre de 1919, La Farmacia Moderna, 25 de octubre de 1919, 8).

El sistema de registros constituyó un paso decisivo para modernizar la farmacia. Ahora bien: a corto plazo su efecto sobre la industria farmacéutica nacional fue limitado. Durante los primeros años se registraron sobre todo productos extranjeros, más habituados al registro, común en sus países (González Bueno, 2007: 4). En su mayoría venían de Francia (51%), Alemania (23%) y Estados Unidos (9%).

La situación cambió definitivamente en 1924. Otro Real Decreto introdujo medidas proteccionistas. Facilitaba el registro de medicamentos españoles y dificultaba la importación, con la obligatoriedad de que tuviese como garante un farmacéutico español. “Para admitir la importación en España de una especialidad extranjera necesitará ser garantizada su legitimidad por un farmacéutico español, cuyo nombre figurará en las etiquetas” (“Reglamento para la elaboración y venta de especialidades farmacéuticas”, 8, Gaceta de Madrid, 13 de febrero de 1824). Cayeron así los registros de medicamentos extranjeros, aunque quizás los de mayor interés se habían registrado ya los años anteriores. Por contra, los registros nacionales experimentaron un brusco ascenso.

El sector farmacéutico

La modernización del sector se reflejó también en las redes de farmacias. En 1930 contabilizamos en Bilbao 48 establecimientos, un número notable (Anuario del Comercio, Industria, Profesiones y Tributación del País Vasco, Bilbao, 1929: 337-338). Tenían particular densidad en el recinto histórico, con 18, al igual que en el ensanche. Proporcionalmente, en los barrios obreros eran menos, pero había 8. Tal distribución sugiere que la rentabilidad económica primaba sobre consideraciones sociales.

La cuestión provocó algunos problemas municipales, de interés para entender cómo funcionaba el servicio farmacéutico. En Bilbao la Beneficencia Domiciliaria suministraba medicamentos gratuitos a los pobres. La minoría socialista entendía en 1902 que tales ayudas eran insuficientes y no llegaban a todos los necesitados (Actas Municipales de Bilbao, 15 de octubre de 1902, fol. 40). Solicitaba la creación de “farmacias municipales”, como una cuestión de justicia que, decían, interesaba también a “las clases medias”. La propuesta se desechó. El argumento: el Ayuntamiento no debía dedicarse al comercio. Sin duda, pesó la resistencia de los farmacéuticos a cambiar el estado de cosas.

En 1912 volvía a plantearse una cuestión farmacéutica. Las izquierdas hacían ver que las “farmacias modernas”, de la casa Barandiarán y Cía., tenían como gerente a Federico Moyúa, alcalde de Bilbao, por lo que incurrían en incompatibilidad, al encargarse del suministro a la Beneficencia Domiciliaria. El pleno rechazó la acusación (Actas Municipales de Bilbao, 19 de julio de 1912, fol. 20).

Era un sector complejo, en el que algunas empresas tenían varias farmacias. En Bilbao la más importante fue Barandiarán y Cía., con cuatro. Tenía un almacén de enormes dimensiones, al que llegaban vías del tren. “Allí se almacenaban drogas, productos químicos y farmacéuticos, aceites de bacalao, emulsiones, jarabes y toda clase de especialidades, pastas, pinturas, barnices, brochas, pinceles, aguas minerales y perfumería de las mejores marcas” (Rev. Bilbao, 2014: 38). En torno a las actividades farmacéuticas, se organizaba una empresa dedicada a todo tipo de suministros químicos.

Otro exponente del desarrollo empresarial fue el Centro Farmacéutico Vizcaíno. Lo fundaron en 1909 unos farmacéuticos locales (Registro Mercantil de Bilbao, 24 de marzo de 1909, tomo 53, fol. 168). Su objetivo social era el “depósito de productos químicos y farmacéuticos y de productos relacionados con el ejercicio de la farmacia”, así como “favorecer los trabajos personales de los socios en la elaboración de productos, recolección de materiales farmacéuticos, etc.”. En la misma línea, en 1933 se formó la Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos, S. A. Representaba también la modernización farmacéutica por la vía industrial.

En otro orden de cosas, estuvo la colaboración de tipo corporativo representada por los colegios farmacéuticos, para evitar el intrusismo. Los primeros se formaron a comienzos de siglo, tras decretarse en 1898 la colegiación obligatoria. En 1917 se dotaron de una estructura estable. Hacia 1918/1919, cuando se formaba la Unión Farmacéutica Nacional, el Colegio de Vizcaya, que se calificaba como sindicato farmacéutico, presentaba una particular agresividad (“Bases de constitución del sindicato farmacéutico de Vizcaya”, La Farmacia Moderna, 25 de noviembre de 1919: 282). Su lema era: “Todo lo que sea medicamento debe ser patrimonio exclusivo de la Farmacia”, y para conseguirlo proponía que los farmacéuticos solo entablasen relaciones comerciales entre sí y con las casas que se comprometiesen a no vender directamente medicamentos al público.

Durante la Segunda República se repetían iniciativas para robustecer las organizaciones colegiadas. Se presentaban como el medio de sanear la actividad sectorial: “la práctica de la moral escapa a todos los rigores y previsiones legales y únicamente puede ser regulada y vigilada eficazmente por las Corporaciones profesionales” (“Estatutos de los Colegios Farmacéuticos. Exposición de motivos”, Orden del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Prevención, 28 de septiembre de 1935). Como la colegiación era obligatoria para ejercer la profesión y el colegio vigilaba la admisión de nuevos socios, a los que podía suspender o expulsar, quedaba a su arbitrio la capacidad de determinar quién podría ejercer la profesión. Para evitar el intrusismo, era una competencia principal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya “poner en conocimiento de la Autoridad correspondiente los casos de ejercicio ilegal de la farmacia” (Reglamento del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya, Bilbao, 1936, 29.c ). La defensa de la farmacia sirvió para modernizar la actividad.

Los nuevos tratamientos y medicinas cambiaban las mentalidades. Según avanzó el XX comenzaron a escasear en la publicidad las panaceas que lo curaban todo, al tiempo que predominaban los específicos, fuese para el reuma, el estómago, los nervios, los niños o los suplementos alimenticios. Además, los anuncios médicos se llenaron de términos químicos: yoduro de hierro, “clorhídrico fosfato de cal”, fosfatado, etc. La modernización social exigía argumentos más apegados a la innovación tecnológica.

Las ‘enfermedades secretas’

Un grupo de medicinas y tratamientos tuvo una evolución propia. Es el relacionado con las enfermedades venéreas, una de las preocupaciones sanitarias de la época. Buena parte de los productos dedicados a estas dolencias desaparecieron de la prensa en la segunda década del XX. La clave fue la aparición del Salvarsán 606 y del Neosalvarsán 914, nombres y dígitos que llegaron a tener gran difusión.

En el siglo XIX y los comienzos del XX la opinión entendía que las “enfermedades secretas” estaban entre los mayores azotes de la sociedad. La impresión venía acrecentada por consideraciones morales. Durante el primer tercio del XX subsistieron los conceptos gestados a fines del XIX, según los cuales las “enfermedades secretas” entraban en la cuestión social. Se propiciaron así medidas de control y de moralización, dedicadas sobre todo a las clases trabajadoras. El control se realizaba de forma estricta en la prostitución.

Las “enfermedades secretas”, motivo de ocultamiento, eran un ámbito proclive a la automedicación, en el que proliferaban los “depurativos” sin principios verificables. A comienzos del XX eran habituales los anuncios de antivenéreos muy diversos, tales como jarabe de zarza, cápsulas o inyecciones. Algunos, de composición vegetal, no podían tener efectos curativos, aunque quizás sí paliarían algunas consecuencias.

Esto cambió radicalmente con la aparición del Salvarsán, el descubrimiento del alemán Ehrling que conseguía curas mucho más eficaces. El descubrimiento se conoció en España en el verano de 1910, y los siguientes meses proliferaron los artículos que lo divulgaban. “Se ha programado una nueva serie de estos compuestos arsénicos y todos han sido ensayados biológicamente” (“Los descubrimientos sensacionales”, La Vanguardia, 29 de septiembre de 1910). Esta terapéutica exigía un tratamiento médico cuidadoso, sin posibilidades de automedicación. En la prensa proliferaron los anuncios de médicos que ofrecían tratamientos con el 606 y el 914. Durante los años veinte este tipo de asistencia cubría los pueblos y barrios obreros.

Pese a la importancia que el discurso otorgó a las enfermedades venéreas, desconocemos su importancia real, por la escasa fiabilidad de los registros. De los datos fragmentarios se deduce que su incidencia fue menor de la que se suponía.

Coincidiendo con la difusión de los nuevos tratamientos, se percibe una nueva actitud pública frente a estas enfermedades. Las “Bases para la reglamentación de la profilaxis pública de las enfermedades venéreo-sifilíticas”, de 1918, significaron una inflexión. Se impulsaron dispensarios antivenéreos, de acceso gratuito, y la propaganda antivenérea, incluyendo educación sexual para prevenir estas enfermedades. En 1918 se creó en Bilbao un Centro de Higiene Especial, con sede en el corazón de los barrios altos de Bilbao. En 1928 se organizó el Instituto Profiláctico Antivenéreo, que oficialmente era “para atender a la consulta de varones afectados de enfermedades venéreas y sifilíticas” y, en la práctica, se crearon dos secciones, de mujeres y de hombres (Actas Municipales de Bilbao, 27 de agosto de 1928). En septiembre de 1932 llegaron a verificarse 2.108 reconocimientos —dos por semana a cada mujer inscrita (alrededor de 250)—. En el tratamiento de la sífilis, se utilizaba preferentemente el Neosalvarsán y en algunos casos el bismuto y mercuriales (Boletín de Estadística del Ayuntamiento de Bilbao, septiembre de 1932: 386. Según esta fuente, se trataron con Neosalvarsán por semana entre 66 y 89 hombres; y entre 33 y 44 mujeres).

Un estudio de caso. La red asistenciaria antivenérea en Madrid y el impacto del 606

Durante las primeras décadas del siglo XX, Madrid empezó a dotarse de una infraestructura higiénico-sanitaria que constituyó uno de los pilares básicos para la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Esta red fue articulándose poco a poco a medida que la capital crecía y se extendía por ensanches y suburbios. Se materializó en la apertura de hospitales, consultas, dispensarios o laboratorios, muchos de ellos dedicados a especialidades médicas concretas, a colectivos específicos o a enfermedades y epidemias —viruela, tifus, tuberculosis— que habían causado estragos en la ciudad (Díaz, 2016: 181-219). Una de las ramas médicas que empezó a desplegar una red asistenciaria cada vez más nutrida y compleja fue la vinculada a lo que se llamó la lucha antivenérea. Las enfermedades venéreas estaban siendo considerados desde finales del siglo XIX uno de los principales “peligros sociales” asociados a los grandes núcleos de población: la sífilis (Hauser, 1902: 133-155).

Disponemos de pocos trabajos relacionados con la incidencia real de la sífilis en las ciudades españolas del primer tercio del siglo XX. La carencia es general en lo que se refiere al desarrollo del equipamiento higiénico-sanitario que desarrollaron los núcleos urbanos españoles, pero el vacío es aún más evidente respecto a las distintas instituciones asistenciales antivenéreas. Sobre ellas no existe, a día de hoy, ningún estudio de peso que permita responder a interrogantes sobre, por ejemplo, el retrato social de los enfermos o la gestión y las medidas puestas en marcha para su control y erradicación. Por el contrario, son abundantes las investigaciones que se han centrado en analizar el discurso emitido desde la llamada “medicina social” en torno a la prostitución y su vínculo con el contagio venéreo. Destacan el fenómeno de la criminalización de la figura de la prostituta como portadora y única responsable de la transmisión y perpetuación de ese “mal social”, la sífilis. Tal criminalización servía para construir socialmente un concepto de “sexualidad peligrosa”, reverso comparativo de las prácticas sexuales legítimas, tolerables e higiénicas (Castejón Bolea, 1995; Castejón Bolea, 2001). Algunos estudios recuperan los debates surgidos en estas décadas al calor de las propuestas eugénicas y la lucha por la educación sexual de la población: la sífilis, junto con el control de la natalidad o la mortalidad infantil, constituía uno de los principales problemas sanitarios que debían ser combatidos con urgencia (Huertas, 2013; Castejón Bolea, 2011: 121-149).

Analizar el despliegue de la red antivenérea madrileña en todos sus aspectos y complejidades —qué etapas atravesó, cuáles fueron sus principales espacios, protagonistas y medios— se presenta imprescindible para entender hasta qué punto a lo largo de las primeras décadas del siglo XX se experimentó un verdadero incremento de la calidad de vida de la población urbana, no solo en términos sanitarios —por la reducción de las secuelas, la agresividad del tratamiento o la disminución de las tasas de mortalidad por sífilis— sino en el fuerte impacto que tenía en el imaginario social en torno a la sexualidad, sus límites y sus riesgos.

La red sanitaria antivenérea en Madrid

Los primeros pasos de la lucha antivenérea en la capital se habían dado antes del siglo XX. El antiguo Hospital de San Juan de Dios, fundado en 1552 por Antón Martín y situado entre la calle Atocha y la de Santa Isabel, era conocido por su especialización en enfermedades venéreas y por la habitual presencia de prostitutas entre sus enfermos (Conde Salazar, 2006: 14). Tras la oleada desamortizadora, en las décadas centrales del siglo XIX, pasó a manos de la Junta de Beneficencia en torno a 1854 y, posteriormente, en 1862, a la Diputación Provincial de Madrid. Pese a las distintas ampliaciones que el hospital fue experimentando desde el XVIII, a finales de la siguiente centuria se encontraba ya viejo y saturado, debido en gran parte al creciente flujo de población que llegaba a la ciudad y para cuya atención el Hospital de San Juan de Dios era desde hacía tiempo insuficiente. A ello se sumó una política urbanística basada en principios higienistas, para los que alejar los hospitales y los enfermos del centro de la ciudad constituía una necesidad de primer orden (Ruiz Palomeque, 1976). El antiguo hospital fue trasladado en 1897 a un nuevo edificio construido para tal fin, situado a las afueras, entre las calles Doctor Esquerdo, Máiquez, Ibiza y Doctor Castelo (García Melero, 2016: 475-602).

El nuevo hospital, especializado en enfermedades venéreas y dermatológicas, distaba mucho del anterior, no solo por sus condiciones, características arquitectónicas o infraestructura, sino por el tipo de diagnósticos y tratamientos que se pusieron en práctica. El hospital contaba con diecinueve pabellones independientemente dispuestos en una parcela cercada por un muro de ladrillo. Los pabellones estaban especializados según la naturaleza de la enfermedad —piel o venéreas—, según el doctor que estuviera al cargo —doctor Azúa, doctor Bombín, doctor Castelo, etc.— o en función del colectivo social al que se atendiera —hombres, mujeres o prostitutas—. En 1908 el hospital contaba con 360 camas solo para las enfermedades venéreas, de las cuales 160 estaban reservadas para prostitutas. Además, tenía escuelas, una capilla, un oratorio, celdas de corrección, un laboratorio de farmacia, almacenes, lavadero y secadero, un obrador y galerías cubiertas (Conde Salazar, 2006: 13-17).

El hospital de doctor Esquerdo disponía también de una sala destinada a lo que se llamó el Museo Olavide, una institución fundada en 1882, trasladada desde su antigua localización en las dependencias del hospital sito en la plaza de Antón Martín. Había sido iniciativa de José Eugenio de Olavide, figura clave de la lucha antivenérea, a través de quien se articuló y vio la luz la primera consulta de dermatología moderna en España. Fue Olavide quien, tras su viaje a París en 1859 y su contacto con la Escuela de Dermatología francesa, dio los primeros pasos en la materia bajo el techo del viejo Hospital de San Juan de Dios, para cuyo ingreso como médico había obtenido una plaza de la Beneficencia Provincial. Allí, junto a otros miembros de la recién fundada Escuela Madrileña de Dermatología —Juan de Azúa, José Sánchez-Covisa, Enrique Álvarez Sáinz de Aja y Julio Bejarano Lozano— (Del Río, 1996), puso en marcha una de las principales aportaciones del momento a la disciplina: la aplicación de las técnicas de laboratorio al diagnóstico, a través del laboratorio micrográfico, que después sería trasladado también al nuevo hospital.

FIGURA 1

PLACAS MUCOSAS EN LENGUA Y PILARES

Fuente: Museo Olavide.

El museo era resultado de los trabajos realizados por Olavide en su consulta de dermatología durante años, destinados, entre otros fines, a enseñar la especialidad a alumnos que acudían al hospital a realizar sus prácticas (en la actualidad se encuentra en el Pabellón 8 de la Facultad de Medicina de la UCM). Formaba una colección de figuras de cera de tamaño natural. Hechas con moldes sobre los propios pacientes del hospital, reproducían fielmente los distintos tipos de lesiones dermatológicas que padecían. Permitían llevar a cabo un estudio exhaustivo de las mismas sin necesidad de permanecer junto a los enfermos. Las figuras, que contaban con una historia clínica detallada en su reverso, acompañaban a otros materiales que se exponían en el museo: moldes, preparaciones, fotografías, fototipias. Todas fueron trasladadas al papel mediante grabados y recopiladas en lo que se llamó el Atlas Olavide (Conde Salazar, 2006: 13-17).

FIGURA 2

LÁMINA ATLAS OLAVIDE. SIFÍLIDE PAPULOSA GENERALIZADA

Fuente: Olavide (1873): Dermatología general y clínica iconográfica de enfermedades de la piel o dermatosis, Madrid, Imprenta de T. Fortanet.

Tanto los informes clínicos hallados en el reverso de las figuras como las reproducciones de historiales del Atlas Olavide contienen información de gran interés para estudiar la incidencia de la sífilis en la ciudad y el tratamiento adoptado desde el hospital para su curación. Muestran el tipo de pacientes que acudían a San Juan de Dios (edad, procedencia, dedicación profesional o hábitos sexuales), los juicios de valor emitidos por los médicos que los atendían e incluso el modo en que se producía su definitiva asistencia al hospital. Así se aprecia en el caso de la historia médica de N. S., una prostituta de 21 años, soltera y natural de Sevilla, que había acudido a la consulta de venéreas en varias ocasiones. Según afirmaba el médico, sr. Bombín, la joven había tenido la primera menstruación a los 14 años y a partir de aquella fecha había seguido una “vida licenciosa”, contrayendo varias afecciones, “unas por capricho o por satisfacer el órgano venéreo, las otras por su profesión aventurera”. En ese estado llegó a los 20 años, en cuya fecha ingresó en el hospital con una úlcera sifilítica. Tratada y curada a los dos meses próximamente, “continuó poniendo en juego su aparato generador con el objeto de satisfacer el apetito genésico”, lo que provocó que fuera nuevamente dada de baja en la Sección de Higiene e ingresara otra vez en San Juan de Dios (Historia clínica de fig. 051. Museo Olavide ). Detalles similares se daban en el caso del historial de T. P., madrileño, soltero, zapatero de oficio y natural de Aranjuez. Se decía que ingresó en la consulta en julio de 1882, a consecuencia de “haber tenido relaciones con una mujer que en otro tiempo fue prostituta, a quien besaba con frecuencia y sin reparo alguno, no obstante haberle observado en la cara algunas manchas rojizas” (Olavide, Dermatología general y clínica iconográfica de enfermedades de la piel o dermatosis, 1873, fig. 037).

La documentación conservada en el museo aporta también información de gran relevancia sobre los tratamientos que se empleaban con los pacientes del Hospital de San Juan de Dios: sus componentes, su efectividad, sus consecuencias o efectos secundarios, etc. Tradicionalmente y hasta la primera década del siglo XX, el procedimiento utilizado en el hospital consistía en aplicar sales mercuriales, ya fuera a través de píldoras, inyecciones o pomadas. De todos los tratamientos probados hasta entonces era el que gozaba de mayor reputación y había dado mejores resultados. No obstante, las curas con mercurio suponían una carga notable para los enfermos, pues eran un tratamiento para toda la vida —en el siglo XVII se popularizó el dicho “Una noche con Venus y toda la vida con Mercurio”—, que requería largos ingresos en el hospital —siendo bastante habitual permanecer internado en torno a unos tres meses— y que además provocaba fuertes efectos secundarios en los pacientes (VV AA, 2017: 3-4).

Así fue el caso, por ejemplo, de M. P., una joven de 26 años de edad, casada, natural de Pozuelo del Rey y dedicada a lo que el médico denominó “lactancia mercenaria”. La nodriza ingresó en la clínica del doctor Olavide el 23 de febrero de 1881 aduciendo que desde hacía aproximadamente dos meses daba el pecho a una niña, notando al poco tiempo “que las aureolas de los pezones se le ponían muy rojas, dolorosas y endurecidas”. Tras pasar un breve examen médico previo, la joven fue sometida a un tratamiento basado en “un lavatorio a los pezones con una disolución acuosa normal de ácido fénico y una píldora de protoioduro de mercurio y tridacio para tomar por la mañana”. Pero la enfermedad no cambiaba su aspecto, generándole además mucho dolor e irritación, motivo por el cual la medicación fue sustituida por “una cura doble con ungüento mercurial”, aumentándose también el número de píldoras a tomar. Pese a todo, al no evolucionar positivamente, se le indicó un nuevo procedimiento basado en la mezcla de “3 gramos de precipitado blanco, 300 miligramos de extracto tebaico y 30 gramos de manteca fresca” para la cura de las erupciones, y en la toma de tres píldoras diarias que luego fueron aumentadas a cuatro. La nodriza no pudo abandonar al hospital hasta un mes después de ingresar, cuando tras la mejora de la erupción le concedieron el alta el 23 de marzo de 1881 (Historia clínica de fig. 023. Museo Olavide).

Salvarsán 606

En los primeros años del siglo XX habían comenzado a probarse otros compuestos para erradicar la sífilis como resultado del descubrimiento del germen que la provocaba —el treponema pallidun—. Y con la llegada del llamado Salvarsán o “606”, el tratamiento de la enfermedad experimentó una verdadera revolución, tanto por la reducción del número de enfermos y la rapidez de la cura como por la positiva influencia que generó en los imaginarios y el temor acerca del contagio venéreo. Era un tipo de arsénico cuya utilidad para la curación de la sífilis fue descubierta gracias a las pruebas con distintas sustancias —en concreto 606 sustancias— llevadas a cabo por el bacteriólogo alemán Paul Ehrlich. Fue conocido también con el nombre de “la bala mágica”, porque actuaba directamente sobre el treponema sin dañar al resto del organismo. Su éxito fue rápido y radical. Tras la publicitación de su descubrimiento en 1910, ese mismo año distintos médicos españoles —entre ellos Azúa— fueron comisionados a Frankfurt para conocer y traer a España el medicamento. El interés suscitado en los círculos científicos españoles fue espectacular. A partir de entonces y desde su primera mención en el Heraldo de Madrid el 24 de agosto de ese mismo año, el seguimiento del “606” en la prensa generalista fue constante (Fesquet Febrer, 2011). “Toda la comunidad médica acogió el descubrimiento como la panacea para la curación y desaparición de una epidemia que llevaba más de tres siglos sin controlar y que, en algunos momentos, afectaba a más del 10% de la población europea” (VV AA, 2017: 4).

El primer tratamiento con Salvarsán en España tuvo lugar en el hospital militar de Carabanchel el 22 de septiembre de 1910. El doctor que lo llevó a cabo, Alberto Bandelac Pariente, era médico en la embajada de París y había viajado a Madrid con varios tubos del “606” (La Correspondencia de España, 30 de septiembre de 1910). El beneficiado fue un soldado que ya había pasado a la segunda fase de la enfermedad tras haber atravesado varias etapas infructuosas de curas con mercurio. Días después de la primera prueba, Bandelac se trasladó al Hospital de San Juan de Dios para aplicar la inyección a distintos enfermos que habían sido seleccionados previamente (VV AA, 2017: 17). A partir de entonces, y tras comprobar los excepcionales resultados del “606”, su uso se generalizó rápidamente.

FIGURA 3

LA FÓRMULA 606 EN ESPAÑA

Fuente: Nuevo Mundo, 29 de septiembre de 1910.

Las ventajas respecto al tratamiento con mercurio eran incomparables. Más allá de la atoxicidad del Salvarsán y de la ausencia de efectos secundarios como los de las sales mercuriales, la respuesta entre los enfermos era rapidísima con solo unas inyecciones. Su superioridad era innegable también por la sencillez de su aplicación y la escasa molestia e incomodidad que en general provocaba en los pacientes. Frente a los meses de ingreso en el hospital sometidos a permanentes curas y cambios de medicación, el “606” permitía una consulta ambulatoria, más cómoda y más discreta. La mejora de la calidad de vida de los enfermos de sífilis era radical. El Salvarsán marcó un antes y un después en la incidencia, tratamiento e impacto emocional de la enfermedad. Así lo publicó el doctor Castelo en un número de la revista Actas Dermosifiliográficas un año después de su introducción en España, en el que mostraba sus conclusiones definitivas tras tratar a 119 pacientes mediante inyecciones de Salvarsán: “En mi larga práctica he podido apreciar las curaciones verdaderamente maravillosas obtenidas por el mercurio y el ioduro potásico, pero puedo asegurar que jamás he visto que los efectos sean tan inmediatos y sorprendentes como con el arbenobenzol” (Actas Dermosifiliográficas, diciembre 1910-enero 1911).

La nueva red antivenérea

Paradójicamente, el descubrimiento del Salvarsán fue el principio del ocaso del Hospital de San Juan de Dios. El aumento de las consultas ambulatorias y la consecuente reducción de los ingresos en los pabellones hizo que el hospital empezara a quedar inutilizado, tendencia que se acentuó aún más con la utilización masiva de la penicilina para el tratamiento de la sífilis, ya a finales de la década de 1940 (Conde Salazar, 2006: 16). A ello contribuyó, además, la aparición de clínicas privadas que ofrecían tratamiento a través de anuncios en prensa (La Libertad, 1 de enero de 1936). Y, sobre todo, fue consecuencia de la inauguración y popularización de los dispensarios antivenéreos, una iniciativa de la Liga Española Antivenérea. Amplió la red asistenciaria madrileña para el tratamiento de la sífilis a través de centros ambulatorios gratuitos dependientes de la Dirección General de Sanidad. Aunque antes existió un pequeño dispensario en la calle Luisa Fernanda, el primer centro con gran repercusión por su publicitación en prensa y su alto nivel de actividad fue el Dispensario Azúa, situado en la calle Segovia, que fue inaugurado en 1924 (La Voz, 25 de junio de 1924). A este le siguió el que primero fue llamado Dispensario Martínez Anido, que después tomaría el nombre de la calle donde se estableció, Sandoval, para terminar siendo conocido como Dispensario Olavide (Palanca, 1929). Su funcionamiento era el propio de un centro ambulatorio. Los dispensarios contaban con amplias salas de espera donde los pacientes permanecían hasta ser atendidos por los facultativos. Tras una breve revisión en las salas de consulta, en las que se elaboraba el diagnóstico y se abría la historia clínica del paciente, este era dirigido a la sala de tratamiento. Allí se preparaba meticulosamente la medicación —el Salvarsán— y se esterilizaban los materiales, para después proceder a aplicarle las inyecciones. El éxito de los dispensarios antivenéreos madrileños fue indiscutible si atendemos a los datos ofrecidos por el Comité Ejecutivo Antivenéreo. Según sus cifras, estos atendieron entre 1925 y 1926 a 245.723 pacientes, hombres, mujeres y niños (“La terrible elección”, Museo Olavide), cifra que había aumentado en 1929 a 519.384 (Actas Dermosifiliográficas, diciembre 1928-enero 1929, Memoria de la Inspección Provincial de Sanidad correspondiente al año 1928).

Además de su labor como centro o consultorio asistenciario, la labor profiláctica de los dispensarios incluía cursos y jornadas médicas especializadas, así como conferencias y charlas abiertas al público sobre educación e higiene sexual (Castejón Bolea, 2004: 240). La Liga Antivenérea desarrolló una intensa política propagandística que se consideraba vital para erradicar la enfermedad y que constituyó uno de los puntos clave de su lucha. Se trataba de atraer pacientes a los dispensarios, y para ello se pusieron en marcha diversas iniciativas a través de la llamada Oficina Social de Propaganda Antivenérea: dar a conocer a los médicos especialistas mediante su participación en la prensa generalista a través de columnas de opinión sobre temas de actualidad —por ejemplo, Sánchez Covisa, Sainz de Aja y Bejarano fueron entrevistados para opinar sobre si era higiénico o perjudicial que las mujeres llevaran el pelo corto— (El Liberal, 15 de abril de 1928), fomentar el reparto de panfletos y cartillas sanitarias o incluso embarcarse en proyectos de gran calibre, como la organización de un concurso de carteles con temática antivenérea para su expedición masiva —18.000 carteles en 1929— (Actas Dermosifiliográficas, diciembre 1928-enero 1929, Perdiguero, Castejón Bolea y Piqueras, 2012) o la elaboración de un film propagandístico para dar a conocer, a través de la historia de un joven que se contagia de sífilis tras un encuentro sexual furtivo una noche en Madrid, las distintas instituciones asistenciarias para combatir la enfermedad disponibles en la capital.

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CAPÍTULO 7

MEJORAS ALIMENTICIAS Y SANITARIAS EN LA ESPAÑA URBANA DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX. EL LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE Y SU CONTRIBUCIÓN A LA MODERNIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE MADRID, 1877-1932

SANTIAGO DE MIGUEL SALANOVA

El acusado crecimiento de las ciudades españolas durante el ochocientos fue decisivo a la hora de reforzar la relevancia que para la salud pública tenía el control de la calidad de las sustancias alimenticias consumidas en ellas (Guillem-Llobat, 2010). Durante esa centuria, los medios antiguos puestos en práctica para atender a las necesidades de sus habitantes en términos de subsistencias se volvieron deficientes y se avanzó hacia una nueva conceptualización de las propiedades de alimentos y bebidas, basada en su composición química. Anteriormente a la aparición de las primeras instituciones especializadas en estas atribuciones (los laboratorios de higiene aquí estudiados con Madrid como caso emblemático), eran las mismas autoridades locales quienes, sin formación específica, giraban visitas a tiendas fijas, puestos ambulantes y mercados de abastos (Vera, 1885). Mediante meras inspecciones visuales, decomisaban o inutilizaban los productos nocivos para la salud pública por cualquier concepto, imponiéndose después las multas y sanciones económicas fijadas en el Código Penal y en las Ordenanzas Municipales de las ciudades.

La imperfección de esa tipología fiscalizadora de subsistencias se hizo palmaria como consecuencia de su creciente adulteración y falsificación. Este problema venía planteándose con anterioridad en las principales ciudades europeas, conectado con los cambios productivos que siguieron a la Revolución Industrial (Oddy y Drouard, 2016). Aunque durante la primera mitad del ochocientos se publicaron trabajos que denunciaron la creciente degeneración de la calidad de los alimentos en el ámbito urbano, como los del químico alemán Friedrich Accum para las ciudades industriales británicas (Canales y Carbajal, 2010), fue a partir de 1850 cuando se tomó verdadera conciencia de ese escenario (Collins, 1993; Burnett y Oddy, 1994; Fenton, 2000; Smith y Phillips, 2000; Atkins, Lummel y Oddy, 2007). Durante aquella época, se profundizó en el conocimiento de la patología humana y animal, con hallazgos en parasitología y bacteriología que resultaron claves para determinar que ciertas enfermedades se transmitían al ser humano mediante el consumo de carnes procedentes de animales enfermos. Asimismo, se produjeron avances fundamentales en química y microbiología que favorecieron el surgimiento de una nueva etapa sanitaria centrada en el control de los alimentos. Todo ello terminaría coadyuvando a la identificación social de médicos, farmacéuticos, veterinarios y químicos como garantes del anterior proceso.

En ese marco cabe valorar la trascendencia que tuvieron los laboratorios municipales de higiene y salubridad surgidos en Europa desde mediados del siglo XIX. Como apuntó Vicente Vera en su clásico estudio de 1885, se formaron inicialmente con reducidos núcleos de peritos químicos y veterinarios que analizaban muestras de alimentos recopiladas en mercados, mataderos y tiendas por inspectores sanitarios y autoridades locales (Vera, 1885). Reino Unido y Alemania fueron pioneros en su creación. En el caso de los laboratorios británicos, los compradores y comerciantes de los núcleos urbanos adquirieron el derecho de mandar analizar en el de su localidad residencial las sustancias alimenticias sobre cuya calidad tuvieran sospechas fundadas (Hardy, 1999). Las autoridades municipales actuaron en sintonía con esos centros, nombrando oficiales de sanidad, inspectores de pesas y medidas y agentes de Policía urbana para la recepción de muestras alteradas o adulteradas. En el caso alemán funcionaba un modelo similar. Se crearon agentes especiales de Policía que verificaban visitas de inspección a los establecimientos comerciales e industriales, previamente autorizados por la municipalidad para tomar muestras de los productos que encontraran en ellos. Aquellas se trasladaban después al laboratorio, donde se efectuaban los análisis por parte de peritos químicos que entregaban a las autoridades el certificado de calidad del artículo en cuestión. Estas últimas, apoyadas en datos objetivos, obraban a continuación contra el comerciante de acuerdo con las leyes generales sobre alimentos, bien mediante sanciones económicas, bien mediante penas de prisión de hasta seis meses.

Sin embargo, fueron los laboratorios municipales de higiene y salubridad franceses (Murard y Zylberman, 1996; Stanziani, 2005) los que sirvieron como modelo para los posteriormente instalados en España. El más importante fue el de París, creado por Charles Girard en 1878 (Laboratoire Central de la Préfecture de Police, 2003; Stanziani, 2007). Inicialmente, se limitó a servir privadamente al consistorio como auxiliar pericial, si bien las evidencias de los beneficios que podían extraerse de su actuación llevaron pronto a un ensanchamiento de sus límites. En 1881 se pusieron sus servicios a disposición del vecindario, encargándose desde entonces de la inspección diaria de la naturaleza y calidad de toda clase de sustancias alimenticias o industriales, así como de las visitas de inspección a establecimientos públicos como cafés, fondas, tabernas o cervecerías, según la manera de estar organizados y servidos.

En el Laboratorio Municipal de París los análisis de alimentos y bebidas protagonizados por peritos químicos se clasificaron en dos tipologías a instancias de las decisiones tomadas por Girard para su organización en 1881. Por un lado, se encontraban los cualitativos, que simplemente determinaban la calidad de la sustancia analizada (buena, regular, mala no perjudicial, mala falsificada o mala perjudicial). Por otro lado, los cuantitativos, que indicaban la composición química del artículo estudiado. Mientras los primeros eran gratuitos, los segundos se hacían conforme a tarifas variables en función de las determinaciones de los estudios. Así por ejemplo, un análisis cuantitativo de leche suponía un coste mínimo de diez francos, y garantizaba posteriormente en un informe resultados relativos a la densidad, el cremor, el extracto, la manteca, los antisépticos, las cenizas y los azúcares contenidos por el artículo. Un análisis más avanzado exigía un dispendio de veinte francos, asegurando un examen bacteriológico del producto que incluía la averiguación de sus gérmenes patógenos (Chicote, 1900).

El laboratorio parisino fue asumiendo nuevas funciones hasta finales del siglo XIX. Estas ya no se basaban únicamente en el análisis químico y veterinario de alimentos, sino también en la inspección de viviendas y en la organización de servicios sanitarios encaminados a reducir las tasas de mortalidad de la ciudad, algo que posteriormente veremos en Madrid durante el primer tercio del novecientos (Chicote, 1900).

Los difíciles inicios del Laboratorio Municipal de Higiene de Madrid (1877-1898)

Al igual que otros países europeos, aunque con cierto retraso, España fue un país en el que se dejaron sentir preocupaciones científicas por el control de la alimentación, principalmente a partir del último cuarto del siglo XIX (Guillem-Llobat, 2017). Fue en esta época cuando comenzaron a surgir laboratorios municipales de higiene y salubridad con competencias en materia alimentaria en numerosas ciudades. Barcelona y Madrid fueron pioneras en esta categoría, si bien no tardaron en seguirlas Valencia, Bilbao, San Sebastián o Sevilla.

En el caso de Madrid, la iniciativa de un Laboratorio Químico de Higiene partió de Luis Justo Villanueva a finales de 1877. Catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, se encontraba en aquel momento en la capital española realizando estudios sobre el aprovechamiento de las aguas que discurrían por las alcantarillas urbanas. Su idea llegó espoleada por una causa concreta: la ingente cantidad de información que sobre la adulteración de alimentos de primera necesidad venía publicándose en los diarios de Madrid en 1876. Los niveles que estaban alcanzando las cifras de mortalidad en la ciudad llevaron a algunos de los principales rotativos de aquella época a llamar la atención de la opinión pública sobre la influencia que jugaba en ese escenario el escaso celo de las autoridades en la inspección de ciertos establecimientos. Entre estos sobresalían las tiendas de ultramarinos y comestibles, por su creciente propensión al fraude alimentario. Una parte del vecindario reaccionó de inmediato ante aquella información. Algunos habitantes llegaron incluso a formar juntas de barrio y distrito para ayudar a los tenientes de alcalde en la supervisión de las infracciones. Sin embargo, la respuesta que se imponía debía tener un carácter científico y oficial. Esto explica que las publicaciones médicas de la época señalaran que lo que en realidad se necesitaba era que el consistorio redoblara sus medios de acción en el control de las subsistencias, dejándolo en manos de especialistas químicos y veterinarios.

Villanueva respondió a esta alarma social proponiendo al Ayuntamiento la utilización de una partida presupuestaria de poco más de cuatro mil pesetas para instalar un laboratorio químico especializado en el análisis de sustancias alimenticias, teniendo presentes tanto los ejemplos franceses como los significativos pasos que en este escenario se habían dado en Barcelona. Estos últimos eran deudores de los esfuerzos científicos del ingeniero industrial Magín Lladós, en aras de responder a los perniciosos resultados que para las clases populares conllevaba la creciente sofisticación en la elaboración de los vinos. La alcaldía de Madrid respondió en un sentido favorable a la iniciativa de Villanueva, lo que llevó a este a consignar los artículos a analizar en las dependencias del futuro laboratorio y los materiales que resultarían imprescindibles para las inspecciones.

Durante sus primeros tres años de funcionamiento, el entonces denominado Laboratorio Químico de Higiene desempeñó un servicio puramente administrativo. No había opción para mucho más, teniendo en cuenta las escasas cantidades económicas que se destinaron para obras de instalación y dotación de personal. En estas condiciones, la nueva institución actuaba prácticamente como un auxiliar pericial a diferentes niveles (con respecto a los tenientes de alcalde en las visitas de inspección de los establecimientos comerciales de los distritos municipales; con el propio consistorio en reconocimientos puntuales de aguas, informes y cuestiones de salubridad a nivel general; con la administración de consumos y con corporaciones e instituciones administrativas de otros municipios) (Puerto Sarmiento y Cobo, 1983). No tardaron en surgir voces que planteaban como inaplazable su inmediata adecuación a las exigencias del público. Había que poner sus oficinas a disposición de los particulares, a fin de que estos pudieran en cualquier momento resolver sus dudas sobre los artículos de consumo adquiridos.

Pese a su apertura al público en agosto de 1881, la trayectoria del laboratorio hasta finales del ochocientos no fue todo lo destacada que debiera haber sido para la mejora de la salud pública de Madrid. Los análisis que practicaba eran muy reducidos y no frenaron los procesos de falsificación y adulteración de alimentos. En su ineficacia incidieron varios factores. Por un lado, la exigua cobertura económica con la que contó por parte del consistorio, lo que evitó una modernización de su personal y de sus materiales. Así, solo tuvo relevancia en espacios muy concretos, como el Mercado de los Mostenses, donde se decomisaron grandes cantidades de jamones, carne de vaca, cordero y cerdo y pescados en descomposición; o en contextos de urgencia demográfico-sanitaria, como el relacionado con la epidemia de cólera de 1885. En este escenario emprendió una campaña muy significativa, basada en la organización de servicios de brigadas sanitarias en las casas afectadas por el contagio y en el establecimiento de depósitos de desinfectantes en casas de socorro, tenencias de alcaldía y puestos de bomberos (Díaz, 2014).

En segundo término, no conviene olvidar que, aunque las modestas tareas del laboratorio servían para evidenciar las escandalosas proporciones de adulteración existentes en ciertos productos de consumo cotidiano, aquellas no siempre quedaban secundadas por sanciones rigurosas de las instancias municipales. No se aplicaban más que mínimamente los artículos del Código Penal o de las Ordenanzas Municipales de la Villa de Madrid que consignaban las multas a satisfacer por quienes incurrían en el fraude alimentario, y tampoco se publicaban listas de comerciantes caracterizados por la mala praxis en la expedición de las subsistencias más básicas.

Asimismo, las tareas del laboratorio tampoco gozaban de una coherencia organizativa, algo que denunciaría posteriormente el encargado de su modernización, César Chicote. Así, por ejemplo, junto a él funcionaba de manera paralela el llamado Gabinete Micrográfico, que a partir de 1881 se encargaría de practicar el reconocimiento diario de los embutidos, jamones, tocinos y carne fresca consumida en la ciudad y que debía actuar, al menos teóricamente hablando, como un auxiliar fundamental para los revisores veterinarios del laboratorio, si bien nunca llegó a existir una unidad de acción.

Así y todo, el camino que conduciría a la verdadera modernización del laboratorio no se abrió hasta finales del siglo XIX. En ese contexto, los ediles del Ayuntamiento comenzaron a sacar a la luz las numerosas carencias del servicio, relativas a su débil organización y a la falta de autonomía con la que contaban sus escasos peritos químicos y sus revisores veterinarios a la hora de garantizar una mejora en la calidad de la alimentación. A pesar de que se habían aprobado reales órdenes como la de 1887, enfocada a garantizar la pureza de los alimentos, y unas nuevas Ordenanzas Municipales para Madrid en 1892, en las que se concedían funciones propias a los integrantes del laboratorio, las tareas de este quedaban condicionadas en no pocas ocasiones por los intereses particulares de ciertas autoridades y por el incumplimiento de los tenientes de alcalde con sus verdaderos cometidos en el control de los alimentos y bebidas vendidos o fabricados a nivel de distrito. Fue a partir de 1898 cuando la institución aquí abordada experimentaría un punto de inflexión en su evolución, gracias a la llegada a su dirección del doctor César Chicote. Su papel resultó clave para la reorganización de sus servicios y para establecer una vinculación más estrecha del laboratorio no únicamente con las autoridades, sino también con el vecindario.

La reorganización del Laboratorio Químico de Higiene en los decenios interseculares

Antes de asumir la dirección del Laboratorio Químico de Higiene de Madrid, César Chicote emprendió trabajos de gran relevancia al frente del situado en San Sebastián (1887-1897). Durante ese decenio, consiguió avances significativos en la detección de alteraciones y falsificaciones en alimentos y bebidas. Las más relevantes fueron las concernientes a las aguas que circulaban por la ciudad, a la leche, vinos, azúcares, carnes, harinas y pan. También destacaron los progresos obtenidos en la desinfección de viviendas. En este escenario se creó una oficina central para recibir avisos de las autoridades y del vecindario a la hora de emprender visitas a los domicilios donde existiesen personas aquejadas de enfermedades infectocontagiosas.

Lo anteriormente señalado resulta relevante en la medida en que Chicote había aplicado para el Laboratorio Municipal de Higiene de San Sebastián el modelo organizativo del de París que se ha mencionado previamente (Etxaniz, 1998). Al llegar a Madrid en 1898, siguió idénticos procedimientos. Desde un primer momento, consignó que la inspección de sustancias alimenticias no había sido atendida hasta entonces con la debida constancia por el consistorio. Hasta finales del ochocientos, el centro del que en ese momento se hacía cargo se había limitado a la resolución de algunas dudas procedentes de la inspección que a las órdenes de los tenientes de alcalde llevaban a cabo los revisores veterinarios de los distritos en la venta del pan, carnes, pescados, leche y frutas y verduras. En un sentido igualmente negativo, destacó la escasa iniciativa de la entidad que pasaba a dirigir, por no haberse encontrado en periodo alguno organizado su servicio en la forma que reclamaba el crecimiento experimentado por la ciudad. Y de sus palabras también se deducía que hasta finales del siglo XIX se había podido vender con impunidad toda clase de alimentos, bebidas y condimentos adulterados y falsificados que, unas veces realmente perjudiciales para la salud pública por contener sustancias nocivas y otras por deficiencia de sus verdaderas condiciones nutritivas, habían predispuesto al organismo de los madrileños a toda clase de enfermedades.

Sobre la base de estas consideraciones, Chicote estableció para el laboratorio una estructura apropiada para lo que debían ser sus verdaderas atribuciones. Dividió los análisis solicitados por particulares en cualitativos y cuantitativos, siguiendo el modelo ya visto en París. El vecindario tendría a partir de este momento mayores posibilidades de pedir reconocimientos de los alimentos y bebidas consumidos en su vida cotidiana, conociendo la calificación de la sustancia presentada de manera gratuita. Los análisis de pago quedarían delimitados por unas tarifas variables, sirviendo ante todo como un mecanismo de propaganda para ciertos comerciantes e industriales. Como se puede apreciar en la prensa del primer tercio del siglo XX, muchos de ellos trataron de otorgar una seña de distinción a los artículos expedidos utilizando los certificados de calidad que el laboratorio entregaba tras sus investigaciones. El resto de servicios de la institución (especialmente los ordenados por las autoridades y por establecimientos sanitarios, de beneficencia y caridad) se considerarían como “gratuitos, ejecutivos y preferentes”.

Al mismo tiempo, se fijaron de manera más nítida las competencias del personal del laboratorio. Hasta entonces habían predominado los peritos veterinarios, escaseando los químicos. Para Chicote, esta desigualdad era una clara señal del atraso que Madrid mostraba en términos de subsistencias con respecto a otras grandes ciudades europeas. En sus contactos con la alcaldía nada más llegar al cargo de director, significó la relevancia de los inspectores químicos en otros laboratorios y puso nuevamente como espejo en el que fijarse el caso del laboratorio de París, que desde su creación en 1878 contó con treinta y dos especialistas de este género. La incorporación progresiva de estas figuras al centro de la capital española se justificaba por las extraordinarias modificaciones que los mecanismos de adulteraciones en alimentos y bebidas habían observado en los años anteriores en dos sentidos. Primero, por el hecho de que quienes cometían las infracciones conocían las disposiciones del Código Penal referentes a estos temas, cuidando cada vez más de no emplear productos tóxicos. Y segundo, porque las adulteraciones respondían a criterios cada vez más científicos, lo que hacía que muchas de ellas fueran difíciles de detectar y pasaran desapercibidas.

Valorando el punto anterior, Chicote dispuso la necesidad de delimitar con mayor claridad las funciones a cubrir en el seno del laboratorio. De una parte quedarían los inspectores veterinarios, encargados de la supervisión de mataderos, fielatos, fábricas de embutidos, mercados y puestos fijos y ambulantes dedicados a la venta de toda clase de carnes, pescados, frutas y verduras. También se encargarían de fiscalizar cabrerías, vaquerías, paradores donde se albergara ganado y fondas, restaurantes y casas de comidas, para detectar anormalidades en los productos de origen animal servidos al consumidor. De otra parte quedarían los inspectores químicos, que, además de supervisar las fábricas de alimentos y bebidas, se encargarían de vigilar la pureza y potabilidad de las aguas de la ciudad. Paralelamente, se determinaría la creación de un cuerpo especial de inspectores de subsistencias bajo dependencia directa de la jefatura del laboratorio. Su misión consistiría en recoger, previa instrucción en la institución científica, todo tipo de muestras de bebidas, alimentos, condimentos y petróleos con las necesarias garantías para asegurar su correcto análisis. Dichos inspectores quedarían provistos de tarjetas de identificación firmadas por el alcalde de Madrid, con las que acreditarían su autoridad ante cualquier comerciante o industrial en el momento de la supervisión.

Finalmente, Chicote demostró su profundo conocimiento de los mecanismos de funcionamiento del laboratorio parisino al plantear la invalidez de las calificaciones que hasta entonces se establecían en los resultados de los análisis cualitativos de sustancias alimenticias realizados en Madrid. A su juicio, la subdivisión de las valoraciones periciales en dos categorías (buenas o malas) daba pábulo a una flexibilidad en los castigos impuestos por las autoridades. En no pocas ocasiones las sanciones eran “suaves” en lugar de “enérgicas”, como merecían, y las multas no iban acompañadas por la inutilización y prohibición de la venta del género negativamente calificado. Por esta razón, se estimó como procedente dictar órdenes para que en los artículos valorados como “malos” se acompañara la palabra “nocivo o no nocivo”, en aras de asegurar el decomiso, la prohibición de la venta del producto e incluso la clausura del negocio afectado.

El aprendizaje del modelo francés en lo que respecta a la organización de los laboratorios de higiene y salubridad por parte de Chicote también desembocó en la modernización del servicio de desinfección en Madrid, falto de recursos hasta entonces como para emprender una actuación continuada. En 1899 se ampliaron significativamente sus presupuestos para materiales, lo que permitió solicitar al extranjero nuevos aparatos pulverizadores para la desinfección de habitaciones, vías públicas y alcantarillado, y para un aumento del personal. Al mismo tiempo, se le otorgó una estructura muy sencilla. El servicio podía recibir avisos para la desinfección en una oficina central a cualquier hora del día y de la noche. En tiempos de epidemia contaría con una guardia permanente, para acudir sin demora a donde fuera necesaria su presencia, y en épocas normales dicha oficina quedaría dispuesta durante las horas laborables con el funcionamiento de una brigada dotada de furgones para el transporte de ropas y objetos contaminados.

Esta reorganización del Laboratorio Químico de Higiene, denominado en lo sucesivo Laboratorio Municipal, daría sus frutos de manera inmediata. Los trabajos que desarrollaría durante los siguientes decenios evidencian con claridad su propósito de convertirse en la principal oficina de comprobación a disposición de los habitantes de la capital española a la hora de informar sobre el estado y las condiciones de alimentos, bebidas y demás sustancias que pudieran afectar a su salud o a su seguridad personal.

Principales contribuciones del Laboratorio Municipal de Higiene a la modernización de la salud pública de Madrid en el primer tercio del siglo XX

La intensidad con la que el Laboratorio Municipal de Madrid desarrolló los análisis de alimentos y bebidas tras su reorganización es perfectamente verificable si se toman los datos del periodo comprendido entre 1901 y 1908, año este último en el que se aprobaron, mediante Real Decreto del Ministerio de Gobernación con fecha 22 de diciembre, unas disposiciones oficiales específicas para perseguir las prácticas de adulteración y fraude en la venta de sustancias alimenticias y para castigarla con la dureza que exigía por su consideración de “atentado contra la salud pública”.

En 1901, el primer año del que se tiene una constancia estadística completa sobre los trabajos del Laboratorio Municipal de Madrid, se realizaron 1.650 análisis de alimentos y bebidas, cifra que superaba por holgura las existentes en el último cuarto del siglo XIX. Algo más de un 40% tenían su origen en iniciativas propias de esta institución (690), lo que refleja el impulso que recibió como consecuencia de la reorganización. Sin embargo, llaman la atención dos hechos adicionales. Primero, el escaso número de peticiones de análisis procedente de las autoridades municipales (52), lo que en cierto modo corrobora la escasa preocupación de alcaldes, concejales y tenientes de alcaldes por la salud pública. Y, segundo, la notable respuesta que la modernización del laboratorio tuvo en el vecindario, algo que se deduce del hecho de que 355 de los análisis elaborados (21,51%) fueron producto de sus reclamaciones. Un dato que nos lleva a relativizar (si no a desmentir) la indiferencia a la que constantemente se refirieron las altas instancias municipales a la hora de debatir sobre el interés de la población por los problemas ligados a la higiene alimenticia, tratando quizás con ello de soterrar el escaso compromiso que con frecuencia mostraron por las necesidades del conjunto de la ciudad.

Hasta 1908 el número de análisis creció de manera espectacular, llegando a alcanzar la cifra de 8.675. Al mismo tiempo se produjo una significativa diversificación en la procedencia de las peticiones. Entraron en escena agentes poco visibles siete años atrás, como los facultativos particulares o los pertenecientes a la Beneficencia Municipal de Madrid, y se intensificó la colaboración con las autoridades municipales. Así se explica que algo más del 20% de los análisis practicados en el mencionado año (1.766) fueran deudores de órdenes transmitidas por la alcaldía y sus tenientes en los diez distritos en que se organizaba la ciudad. Un dato que es representativo de los nuevos bríos que adquirió la acción política municipal desde el primer decenio del novecientos y de la preocupación que mostraron por publicitar los trabajos del laboratorio fuerzas políticas no presentes hasta esos años en el consistorio (republicanas y socialistas).

El último resumen estadístico del laboratorio durante el periodo en el que Chicote ejerció su dirección, de 1932, nos aporta una información particularmente sugerente sobre sus progresos a lo largo del primer tercio del siglo XX. Durante aquel año se practicaron 24.648 análisis, de los cuales 20.747 se correspondían exclusivamente con alimentos y bebidas. Teniendo en cuenta que la cifra de análisis presentada por el laboratorio justo antes del inicio de la Segunda República era de 11.655, podemos significar los notables esfuerzos que desarrolló el Ayuntamiento de Madrid saliente de las urnas el 12 de abril de 1931 a la hora de incrementar las atribuciones de esta institución.

El dinamismo del laboratorio fue un hecho evidente durante todo este periodo. La actividad de sus inspectores químicos resultó fundamental a la hora de denunciar las condiciones antihigiénicas de los principales establecimientos industriales y comerciales dedicados a la venta y fabricación de alimentos y bebidas y, sobre todo, a la hora de escudriñar el grado y tipo de sofisticación existente en las adulteraciones de lo consumido en Madrid. Hasta 1932 se avanzó notablemente en la detección y corrección de alteraciones en los vinos (caracterizados inicialmente por una excesiva adición de agua y por ser objeto de prácticas como el enyesado y el encabezado), harinas (muchas de ellas contenían parásitos vegetales o se vendían con déficit de gluten), tés (elaborados con hojas de otros vegetales), cafés (adulterados por exceso de azúcar tostada y de barnizado o por contener carga mineral), vinagres (artificiales o carentes de la suficiente riqueza acética) y productos de confitería y pastelería (con deficiencias en términos de cocción y adición de colorantes no declarados), entre otros muchos artículos.

Sin embargo, los análisis químicos más relevantes fueron los aplicados sobre los productos de consumo cotidiano, como la leche, el pan y el agua. Las investigaciones densimétricas referidas al primer producto permitieron identificar el aguado como una práctica muy extendida en toda la ciudad. A comienzos del novecientos la proporción de leches afectadas por esta adulteración superaba el 80%, porcentaje que se redujo con los años gracias al incremento de las denuncias, tanto por parte de las autoridades municipales como del vecindario, especialmente cuando acontecían episodios de intoxicación. En este apartado tampoco se perdían de vista otras carencias cualitativas del artículo en cuestión, vinculadas al descremado, al exceso o déficit de materia grasa, a la utilización de azúcares para disimular su sabor y a la adición de agentes químicos antisépticos como el bórax. El laboratorio asumió un protagonismo de primera magnitud en la lucha contra este problema hasta la Segunda República, llegando incluso a fijar unas ordenanzas para la producción, venta e inspección del producto en 1924.

En lo que respecta al pan, tenemos constancia para esta época de numerosos casos de fraude asociados a su venta al público falto de peso. Sin embargo, es menor el conocimiento sobre su adulteración. La más importante se relacionaba con la utilización de aguas de pozo para su elaboración, contaminadas en una proporción considerable. A juicio de Chicote, los tahoneros recurrían a aquellas por razones evidentes: no pagaban por su consumo; también blanqueaban harinas de segunda categoría o reducían la cantidad de las mismas (por su mayor proporción de sales) y contribuían a activar la fermentación de la masa (dada su gran cantidad de gérmenes). Los contactos del farmacéutico con la comunidad científica extranjera y el aprendizaje de las disposiciones de higiene pública de París le permitieron dictaminar una serie de reglas que se plantearían para el pan elaborado en Madrid en lo sucesivo, prohibiéndose finalmente el uso de las mencionadas aguas de pozo. Al margen de esto, también se incrementó la vigilancia en los procedimientos de cocción del pan, caracterizado inicialmente por un exceso de humedad que podía llegar a resultar tóxico, como consecuencia del posible desarrollo de vegetaciones criptogámicas en determinadas condiciones de temperatura.

Finalmente, los análisis de las aguas de consumo público constituyeron un eje fundamental de las investigaciones orquestadas por los inspectores químicos del laboratorio. El principal objetivo de dicho estudio fue conocer cuándo y por qué causas adquiría el líquido elemento condiciones de nocividad. A comienzos del siglo XX se fijaron las bases de los trabajos en este apartado, aplicadas sobre las aguas del Lozoya con carácter preferencial (Chicote, 1907), pero también sobre las procedentes de los antiguos viajes. Con ello se buscó conocer la naturaleza de las aguas, el grado de anormalidad en su composición química, las variaciones que podían experimentar en diferentes épocas del año y sus características bacteriológicas. La clasificación de las aguas potables en tres categorías (“buenas”, “regulares” o “malas”) dependía del análisis conjunto de una serie de cuerpos, entre los que se encontraban el total de materia orgánica, la determinación ácida y alcalina, la cantidad de oxígeno disuelto, las proporciones de nitrógeno nitroso, las del amoniacal y albuminoide, las de residuos fijos totales y las de las sustancias en suspensión existentes en las muestras recogidas.

En cuanto a los inspectores veterinarios, la importancia de sus actividades se dejó sentir en el consumo de carnes. Los reconocimientos que practicaban con las reses bovinas, lanares y cerdosas sacrificadas en los mataderos (aunque también con las vendidas en los mercados y con las que ingresaban a Madrid por los fielatos) facilitaron los procedimientos de discriminación entre las que eran y no eran aptas para el consumo. Dichas reses se desechaban e inutilizaban de manera automática si en ellas se detectaba enflaquecimiento, pero también por causas no tan comunes como la presentación de estados febriles, marasmo, tuberculosis, glosopeda, actinomicosis, cisticercosis o triquinosis. Al margen del carácter fundamental que los reconocimientos tenían a la hora de prevenir el contagio de enfermedades transmitidas al ser humano mediante el consumo de productos animales, no hay que olvidar que también daban lugar al planteamiento de instrucciones de higiene y salubridad posteriormente traducidas en disposiciones oficiales del consistorio. Algunas de las más significativas fueron las especificadas para las vaquerías, en aras de garantizar la salubridad del ganado estabulado (reseñas minuciosas del existente a nivel de distrito, formación de registros con dichas reseñas, obligatoriedad de proceder a reconocimientos quinquenales de las reses certificando sus resultados y encaminándolos a evidenciar posibles casos de tuberculosis por cuantos medios de diagnóstico se conocieran e imposición de órdenes a los dueños de las vaquerías de avisar al laboratorio cuando pretendieran sacar reses fuera de Madrid).

Pero al margen de los avances obtenidos en los análisis de sustancias alimenticias, el Laboratorio Municipal de Madrid cosechó logros significativos en términos epidemiológicos. En ciertas ocasiones ejerció una función asistencial en contextos puntuales en los que la ciudad se veía afectada por embates epidémicos de mayor o menor incidencia demográfica. Así ocurrió con ocasión de los brotes de tifus exantemático registrados en 1903 y 1909. En ausencia de un conocimiento sobre la etiología de esa enfermedad, la labor del laboratorio se centró en la intensificación de los procesos de desinfección de los principales focos de la epidemia y en la puesta en marcha de servicios especiales de conducción de los afectados a los principales hospitales de la ciudad. Las desinfecciones domiciliarias del laboratorio también se redoblaron en otro episodio aún más crítico, relacionado con la gripe de 1918-1919. Si bien sus esfuerzos en ese apartado resultaron insuficientes para atenuar la epidemia, debido a la imposibilidad que manifestó para responder a todas las demandas, conviene destacar el protagonismo que asumió en aquellos meses, interesándose por la etiología, el diagnóstico, la profilaxis y el tratamiento de la enfermedad (Porras Gallo, 1997).

Pero al margen de la función asumida por el laboratorio en épocas epidémicas como las señaladas, cabe destacar los progresos que advirtió en la organización de medidas sanitarias profilácticas para luchar contra las enfermedades infectocontagiosas que asolaban tradicionalmente a Madrid. La asunción de los procedimientos más avanzados de la terapéutica biológica en esta época se reflejó en diversas ocasiones y en cuatro niveles diferenciados (Chicote, 1916).

El primero se refiere a los estudios experimentales de vacunas bacterianas, como la anticolérica (desde 1912), la antitífica (puesta en marcha con el objetivo de hallar procedimientos profilácticos y de curación ante la fiebre tifoidea en el contexto de un recrudecimiento de esta endemia a finales de 1911) y la polivalente contra la tuberculosis (presentada en 1914 con el objetivo de combatir su acusada representatividad en los barrios populares).

El segundo nivel se asocia a los avances obtenidos en la preparación de la vacuna antirrábica, técnica en la que Chicote se inició en el Institut Pasteur de París poco antes de iniciarse el último decenio del siglo XIX. Los médicos veterinarios de la entidad se especializaron en la recogida y observación de animales sospechosos de hidrofobia y en el análisis histopatológico de los mismos. Este servicio también tenía un componente público y, aunque por lo general era de pago, se podía proporcionar de manera gratuita a familias pobres o a quienes atestiguaran escasos recursos económicos.

En tercer lugar, destacan las actuaciones emprendidas para fijar bases sociales en la lucha contra la difteria, que contribuía de manera decisiva a la elevación de las tasas de mortalidad infantil. El laboratorio no solo trataría de evitar su propagación mediante la destrucción de gérmenes y la desinfección de habitaciones, ropas y demás enseres de los enfermos, sino también de participar en campañas educadoras de prevención contra la enfermedad (mediante la elaboración y reparto de cartillas a familias con consejos y reglas para disminuir el número de atacados) y, sobre todo, de preparar sueros extraídos de la sangre de caballos previamente inmunizados.

Y, finalmente, no se debe pasar por alto la relevancia que el laboratorio tuvo en la lucha contra la viruela. A raíz de la dramática epidemia vivida por la ciudad en 1900, Chicote propuso a la alcaldía medidas concretas para desarrollar un servicio riguroso de vacunación y revacunación a domicilio, organizado con diez médicos facultativos de la Beneficencia Municipal asistidos por el laboratorio mediante la dotación de materiales. Las dificultades que esta institución tuvo entonces para suministrar los pedidos solicitados llevaron a la resolución de proceder a la elaboración de vacunas de ternera contra la enfermedad en sus propias dependencias, dotándose previamente de los correspondientes aparatos de bacteriología y de linfa procedente del extranjero. Los servicios que la entidad analizada practicó en este escenario fueron ya muy relevantes en la epidemia de 1903-1904, para la cual acondicionó nuevos locales en su edificio. Chicote ya destacaría en aquel contexto la adaptación de su institución a las necesidades de los habitantes de Madrid en lo que se refería a la vacunación, a diferencia de lo ocurrido en episodios epidémicos anteriores (Chicote, 1904). Aquella experiencia sirvió como punto de arranque en el perfeccionamiento del servicio en lo sucesivo, visible en los procedimientos de estudio sobre la condición de las terneras, en los procesos térmicos de su tuberculinización, en las autopsias practicadas sobre las empleadas para la preparación de la linfa vacuna y en la comprobación experimental realizada con quienes acudían a vacunarse al laboratorio, mediante seguimientos periódicos para observar los resultados.

La lucha del Laboratorio Municipal de Madrid por atenuar la incidencia de las enfermedades infectocontagiosas sobre la población exigió un enlace entre las tareas concernientes a la elaboración de vacunas y sueros y las desarrolladas por su servicio de desinfección, reorganizado desde principios del siglo XX. Este llegaría a contar con un parque central, otro auxiliar y tres estaciones donde se desinfectaban todos aquellos objetos y enseres de las viviendas y personas que hubiesen estado en contacto directo con enfermos. Su objetivo principal era destruir los gérmenes de las principales enfermedades contagiosas de la ciudad, como la fiebre tifoidea, el tifus exantemático, la viruela, la escarlatina, el sarampión, la difteria, el crup, la neumonía o la tuberculosis, a nivel domiciliario. Después amplificó sus funciones para extenderlas a niveles preventivos, practicando la desinfección de locales y viviendas desalquiladas antes de ser ocupadas de nuevo, la de los locales en los que la aglomeración cotidiana de personas pudiera constituir un riesgo para la salud pública, la del calzado y ropas usadas destinados a la venta, la de las traperías y almacenes de trapos, la de transportes públicos y la de fondas, hoteles, casas de viajeros, posadas y paradores. Estos trabajos sirvieron para verificar, de primera mano, las brechas sociales y económicas existentes en el espacio urbano, principalmente en el escenario de la vivienda (Chicote, 1914; Huertas, 2002) y en la disposición de servicios e infraestructuras sanitarias a nivel de barrio.

Indudablemente, podemos decir que la incesante actividad del laboratorio contribuyó a la reducción de los niveles de mortalidad causada por enfermedades digestivas e infectocontagiosas en Madrid. Sin embargo, esto no nos debe llevar a transmitir una visión completamente optimista de su evolución. También es necesario tener en cuenta que los diferentes contextos económicos por los que transitó la ciudad durante el primer tercio del siglo XX repercutieron significativamente en la organización de sus trabajos, de su personal y de sus suministros. Así, por ejemplo, las dificultades inherentes a la Primera Guerra Mundial imposibilitaron la reposición de su material científico, generando al mismo tiempo una carencia total de muchos productos químicos importados del extranjero y utilizados en las principales secciones de análisis. Por otro lado, la institución también fue extraordinariamente dependiente de los presupuestos anuales consignados por el consistorio. El raquítico estado de los mismos en determinadas etapas cercenó en no pocas ocasiones las posibilidades de ampliación de las dependencias de esta institución e incluso su traslado a otro edificio más grande que el que se ocupaba desde 1903 en la calle de Bailén, el cual a juicio de ciertos especialistas médicos ya quedaba corto para atender las necesidades de una población que se aproximaba al millón de habitantes en vísperas de la Segunda República.

Nota

Este capítulo forma parte de las actividades del Proyecto del Plan Nacional I+D+i HAR2015-65134-C2-1-P: La sociedad urbana en la España del primer tercio del Siglo XX. Madrid y Bilbao, vanguardias de la modernidad, convocatoria 2015, Modalidad 1: Proyectos de I+D, del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación Del Conocimiento, MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad) / Unión Europea. Feder.

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CAPÍTULO 8

LA EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX Y SU INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO

YOLANDA PIEDAD CASADO RUIZ Y DIEGO RAMIRO FARIÑAS

Introducción

Desde finales del siglo XIX la mala situación higiénico-sanitaria de la ciudad de Madrid fue objeto de preocupación, debido a las elevadas cifras de mortalidad, especialmente de mortalidad infantil, que se experimentaron en la capital. En este sentido, desde mediados de los años setenta del siglo XIX, la prensa científico-profesional, tanto en las academias como en la Sociedad Española de Higiene, comenzaron a poner de manifiesto la importancia y urgencia de implantar medidas higienistas vinculadas al saneamiento urbano. Comienzan, de este modo, a realizarse estudios con el objetivo de conocer y analizar los posibles factores que influían en la alta mortalidad de la capital, valorando desde las condiciones topográficas, climatológicas y urbanas hasta la situación en la que se encontraban las viviendas, hospitales y el sistema de evacuación de aguas fecales (Porras Gallo, 2002: 219-250). Cabe destacar que estos debates tuvieron suma importancia, especialmente en el momento en que la mejora de la higiene pública se tradujo en objeto de actuación de las autoridades municipales, poniendo en práctica toda una serie de mejoras higiénico-sanitarias que contribuyeron a atenuar enfermedades infecciosas, así como a disminuir paulatinamente la mortalidad catastrófica (Hausser, 1902).

Esta sobremortalidad, especialmente infantil, que caracterizó a la capital se ha explicado por la influencia de factores asociados al proceso de industrialización; tales como el hacinamiento, la densidad de población, las pésimas condiciones higiénicas en la ciudad, la elevada frecuencia y variedad de las comunicaciones interpersonales, el uso común de los recursos, especialmente agua y alimentos, etc. (Reher, 2001). Ante estos problemas, surge la necesidad de implementar medidas institucionales que permitieran reducir los niveles de mortalidad y mejorar las condiciones de vida en las ciudades, de manos de la corriente higienista por parte de médicos, políticos y reformistas en general (Alvaro, 1853; Chicote y Eza, 1915; Hauser, 1902; Ocaña, 2005).

Conocida es la expresión de Revenga (1904), en referencia a la ciudad de Madrid, como “ciudad de la muerte”. Esta percepción de la ciudad como lugar insalubre para vivir, lejos de ser exclusiva para el ámbito madrileño, fue captada por igual para buena parte de las ciudades europeas. El urban penalty ha sido estudiado por la historiografía a nivel internacional para explicar la sobremortalidad urbana que tuvo lugar en las ciudades desde el siglo XIX y parte del siglo XX, tomando como factores explicativos principales el proceso de urbanización e industrialización característico de las ciudades en crecimiento (Kearns, 1988; Preston y Van de Walle, 1978; Ramiro‐Fariñas y Sanz‐Gimeno, 2000). La influencia de los efectos de la industrialización sobre el estado de salud de la población urbana ha sido históricamente documentada como factor determinante del estado de salud de las poblaciones (Alvaro, 1853; Gorostiza, 2014). Sin embargo, para el caso español, existen evidencias que permiten pensar que el urban penalty o castigo urbano no se experimentó como tal, sino que los procesos de baja inscripción y producción de los datos, unidos a los efectos de composición, influyeron en parte del exceso de mortalidad registrado en las ciudades (Eugercios y Fariñas, 2016; Fariñas y Oris, 2016; Woods, 2003). Además, el exceso de mortalidad urbana estaba sobredimensionado por el asentamiento de instituciones sanitarias que acogían a población no nativa de la ciudad (Ramiro Fariñas, 2007).

Para el contexto madrileño de principios del siglo XX, ambas perspectivas nos muestran un enfoque que nos permitirá profundizar en el estudio de la mortalidad sucedida en la ciudad de Madrid desde un doble enfoque, temporal y espacial. Se atenderá a las características vinculadas a la habitabilidad de la ciudad (relacionadas con la infraestructura de alcantarillado) y de mortalidad.

Cabe señalar que Madrid, si bien no era una de las ciudades más pobladas del contexto europeo a principios del siglo XX, sí lo era en el ámbito español. Con una población de 470.283 habitantes en 1887, comenzado ya el plan del ensanche y el despliegue del crecimiento de la ciudad (Carballo, Pallol y Vicente, 2008), en 1931 la ciudad de Madrid casi duplicaba la población respecto a cincuenta años antes, alcanzando los 952.832 habitantes. Su crecimiento poblacional ha sido caracterizado por diversos autores como excepcional (Fernández, 1989: 30-32).

GRÁFICO 1

CRECImiento DE LA POBLACIÓN DE MADRID, 1904-1930

Fuente: Elaboración propia a partir de estadística demográfica del Ayuntamiento de Madrid y datos históricos del INE.

FIGURA 1

ZONIFICACIÓN URBANA DE MADRID, 1900-1930

Fuente: Elaboración propia a partir de IDE histórica de la ciudad de Madrid.

FIGURA 2

DISTRITOS DE MADRID, 1900-1930

Fuente: Elaboración propia a partir de IDE histórica de la ciudad de Madrid.

FIGURA 3

BARRIOS DE MADRID, 1900-1930

Fuente: Elaboración propia a partir de IDE histórica de la ciudad de Madrid.

En España, los estudios de carácter histórico sobre la reducción de la mortalidad y sus causas asociadas se han centrado en la descripción del fenómeno de manera agregada. Apenas se encuentran estudios que hayan tomado como fuente de análisis datos individuales o tomado como unidades de estudio elementos menores dentro de una propia ciudad.

Con el objetivo de tener una panorámica general del fenómeno de transición de la mortalidad, en el presente capítulo primeramente se recurrirá al análisis de la distribución de la mortalidad general y la mortalidad por causas de muerte relacionadas con la transmisibilidad a través del agua y alimentos, mediante datos agregados. En un segundo lugar, nos centraremos en el análisis de la distribución de la mortalidad en niños menores de 5 años causada por enfermedades transmitidas a través del agua y los alimentos. Para este segundo proceso, se emplearán datos individuales, que serán posteriormente agregados para realizar un análisis de distribución espacial a nivel de barrio. La complementariedad entre el análisis de la mortalidad general junto con el análisis de la mortalidad en la infancia tiene su explicación en que esta segunda constituye uno de “los componentes básicos dentro de la mortalidad general durante el proceso de la transición demográfica” (Pérez Moreda, Reher y Sanz Gimeno, 2015: 147). Con la disminución de la mortalidad en este periodo de la vida se produjeron ganancias en la esperanza de vida y un crecimiento de la población más rápido. Si bien la tasa de mortalidad infantil tradicionalmente se ha utilizado como indicador de las condiciones generales de la salud de las poblaciones, en la actualidad se considera que la mortalidad juvenil se comporta como mejor indicador (Palloni, Milesi, White y Turner, 2009).

Fuentes de información y metodología empleada

Los datos empleados para llevar a cabo el presente capítulo forman parte Registro Longitudinal de Población Histórica de Madrid (procedentes del conjunto de datos demográficos históricos del CCHS-CSIC) para principios del siglo XX. La gran cantidad de información contenida en estos registros administrativos permite una comprensión profunda que va desde los fenómenos económicos a los sociodemográficos y epidemiológicos, lo que permite la asociación de diferentes tipos de eventos a ubicaciones geográficas, individuos y hogares.

Como fuentes de información de carácter demográfico, se usarán las estadísticas demográficas del Ayuntamiento de Madrid (de 1904 a 1930) y los partes de defunciones del Registro Civil (que nos ofrecen características de los fallecidos, tales como el distrito donde se produce el fallecimiento, el sexo, el nombre, los apellidos, la edad a la que se produce el fallecimiento, el lugar de nacimiento, el estado civil, la profesión, la fecha de fallecimiento, el lugar de residencia —con la calle, el número y el cuarto—, la causa de muerte, el cementerio donde es enterrado y un apartado de observaciones, especialmente útil en aquellos casos en que el fallecimiento se produce en una institución sanitaria o de beneficencia, ya que, en ocasiones, aparece indicado en este apartado) (1905-1907 y 1920-1922). Estas fuentes son de gran relevancia en la medida en que la información recogida ofrece datos de mortalidad anual a nivel de barrio (para el caso de las estadísticas demográficas del Ayuntamiento de Madrid) y datos individualizados (en el Registro Civil), siendo fuentes de relevancia indiscutible en los estudios de demográfica histórica. Además, permiten obtener el componente espacial en que, en buena medida, en el presente estudio se sustenta.

FIGURA 4

PLANO DE FACUNDO CAÑADA, 1902

Fuente: Servicio de cartografía del CCHS-CSIC.

Se realizará una vinculación de los datos obtenidos sobre los sistemas de información geográfica (SIG) utilizados sobre la base cartográfica del Plano de Facundo Cañada de 1902, que constituye el núcleo central de la información espacial en el presente estudio. Este mapa, realizado por el comandante de la Guardia Civil Facundo Cañada López, tiene una escala de 1: 7.500 y consta de seis páginas grandes que se unen para formar un mapa continuo de gran detalle. El mapa original se conserva en la sala de mapas del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales. Para la representación espacial de los fenómenos demográficos, se recurrirá a la IDE histórica de la ciudad de Madrid2.

El análisis de mortalidad en la infancia y, especialmente, la especificación por causas de muerte resultan limitados utilizando estadísticas oficiales que proporcionan agregados de datos. Es por ello por lo que se ha optado por utilizar registros individuales de mortalidad. Se han creado indicadores que representan probabilidades de morir (n q x) a la edad de 5 años, y se han representado las tasas estandarizadas de mortalidad para este momento de la infancia (5q0).

Atendiendo a la operacionalización de causas de muerte, tal y como mantienen algunos autores (Bernabeu-Mestre, Ramiro Fariñas, Sanz Gimeno Y Robles González, 2003; Bernabeu Mestre, 1993), existen dificultades en los análisis de mortalidad en lo que atañe a las expresiones diagnósticas. Es por ello por lo que hemos empleado la propuesta metodológica llevada a cabo por estos autores (Bernabeu-Mestre et al., 2003). Su clasificación permite agrupaciones de las enfermedades, así como el análisis de diagnósticos o principales causas de muerte partiendo de criterios etiológicos y anatómicos, basándose en la Clasificación de Enfermedades propuesta por McKeown en su obra El crecimiento moderno de la población (McKeown, 1976)). Con esta clasificación codifica alrededor del 98% de los casos de causas de muerte registradas entre 1905-1907 y 1920-1922 de niños menores de 5 años3.

Clasificación de causas de muerte modificada a partir de la propuesta por T. McKeown (Bernabeu-Mestre et al., 2003: 173).

1. Enfermedades infecciosas

1.1. Infecciosas transmitidas por agua y alimentos

1.1.1. Fiebre tifoidea

1.1.2. Diarrea y enteritis

1.2. Infecciosas transmitidas por aire

1.2.1. Propias de la infancia

1.2.1.1. Viruela

1.2.1.2. Sarampión

1.2.2. Aparato respiratorio

1.2.2.1. Tuberculosis

1.3. Infecciosas transmitidas por vectores

1.4. Otras infecciosas

1.4.1. Piel y tejido celular subcutáneo

1.4.2. Sistema nervioso

1.4.3. Órganos de los sentidos

1.4.4. Sistema circulatorio

1.4.5. Boca y sus anexos

1.4.6. Aparato genito-urinario

1.4.7. Dentición

1.4.8. Sistema respiratorio

1.4.9. Sistema digestivo

2. Enfermedades no infecciosas

2.1. Enfermedades carenciales

2.1.1. Raquitismo

2.2. Enfermedades metabólicas

2.3. Enfermedades endocrinas e intoxicaciones

2.4. Procesos cerebro-vasculares

2.4.1. Congestión y hemorragia cerebrales

2.5. Enfermedades del sistema nervioso

2.6. Enfermedades del sistema circulatorio

2.7. Enfermedades del aparato respiratorio

2.8. Enfermedades del sistema digestivo

2.8.1. Estómago

2.8.2. Intestino

2.8.3. Hígado y vías biliares

2.9. Enfermedades del sistema genitourinario

2.10. Enfermedades de la piel, del tejido celular subcutáneo y del aparato locomotor

2.11. Patología perinatal

2.11.1. Parto y posparto y embarazo

2.12. Vicios de conformación

2.13. Cáncer y tumores

2.14. Por causas exteriores

2.14.1. Atrepsia

3. Enfermedades mal definidas

Además, con el objetivo de conocer cómo era la situación sanitaria de la ciudad de Madrid del primer tercio del siglo XX, así como su evolución a lo largo de esos treinta años, se realiza una reconstrucción de la evolución de los sistemas de saneamiento. Mediante mapas históricos proyectados sobre la IDE de la ciudad de Madrid, se ha conseguido digitalizar las redes de alcantarillado, así como realizar cálculos de proporción de superficie ocupada de estas sobre los barrios. Para ello, se ha procedido a digitalizar y vectorizar las líneas de alcantarillado para la ciudad de Madrid, partiendo de mapas históricos en los que aparecen representados. Se ha procedido a realizar un cálculo realístico de la superficie de los barrios que estaba ocupada por la red de alcantarillado en la ciudad de Madrid en los tres periodos temporales para los cuales se dispone de información4.

De este modo, se ha creado un indicador que depende del área ocupada por la red de distribución de alcantarillado para cada uno de los barrios de la ciudad de Madrid para 1902 y 1923 y para 1929, a través de la información proporcionada por el plan de saneamiento para la ciudad de Madrid de Hausser (1902), el plan de saneamiento de 1913 a 1923 y los mapas de alcantarillado obtenidos de la memoria de la ciudad de 1929. Estos indicadores nos han permitido crear una escala para evaluar el estado de salud de los barrios de la ciudad y poder relacionarla con la distribución de los niveles de mortalidad de niños menores de 5 años por causas de muerte relacionadas con enfermedades transmitidas a través del agua y los alimentos.

La evolución de la mortalidad general en la ciudad de Madrid

Uno de los cambios más importantes que se han producido en las poblaciones humanas en los dos últimos siglos ha sido, sin duda alguna, el descenso de la mortalidad. Numerosas investigaciones se han realizado en España en torno al tema de la transición de la mortalidad. Pioneros en este ámbito fueron los trabajos de Marcelino Pascua en 1934, con su obra La mortalidad infantil en España (Pascua, 1934).

El periodo de estudio que aquí se contempla se enmarca dentro del contexto demográfico del declive de la mortalidad a nivel europeo. Europa comienza a experimentar un descenso sostenido de la mortalidad durante la segunda mitad del siglo XIX (Schofield y Reher, 1991). En el contexto español, el proceso de transición demográfica que propició el descenso de la mortalidad infecciosa (Dopico y Reher, 1998) tuvo su inicio en el último tercio del siglo XIX, aseverándose a principios del siglo XX (Dopico y Reher, 1998; Pérez Moreda et al., 2015; Ramiro Fariñas y Sanz Gimeno, 1997 y 2002). La primera de las tres fases que caracterizan el declive de la mortalidad en España tuvo lugar entre finales de 1880 y 1910, periodo en el cual se produce “más de la cuarta parte del referido descenso” (Dopico y Reher, 1998). Fue durante estos años cuando Madrid experimenta una serie de cambios, cuya dinámica se perfila muy similar a la ocurrida en el conjunto de España (Sanz Gimeno, 1999).

Durante el periodo 1904-1930 la tasa bruta de mortalidad en la ciudad de Madrid, según datos de las estadísticas demográficas del Ayuntamiento de Madrid, pasó de representar cerca de un 28‰ a un 17‰ (gráfico 2). Las enfermedades transmitidas a través del agua y los alimentos, junto con las transmitidas a través del aire, constituyen la causa de la mayor parte de las muertes; a excepción de los años epidémicos, donde el peso de las infecciones transmitidas por aire sobre la mortalidad general se incrementaba notoriamente, como fue en el caso de la pandemia de gripe de 1918 (Echeverri Dávila, 1993; García Ferrero, 2017; María Isabel Porras Gallo, 1994).

GRÁFICO 2

TASA BRUTA DE MORTALIDAD EN MADRID, 1904-1930

Fuente: Elaboración propia a partir de estadística demográfica del Ayuntamiento de Madrid y datos históricos del INE.

Atendiendo a la evolución de la mortalidad general en la ciudad de Madrid en el primer tercio del siglo XX a nivel de distrito (tabla 1), puede verse de manera clara que existen diferencias en los niveles de mortalidad y su evolución. En términos generales, se pueden agrupar los distritos en tres grandes grupos, en relación a su tasa bruta de mortalidad a lo largo del periodo. Los distritos de Chamberí, Latina y Universidad tuvieron una tasa de mortalidad cercana a la de la media de Madrid en conjunto. Los grupos extremos corresponden a los distritos de Buenavista, Centro, Hospicio y Palacio, por un lado, representando valores menores, e Inclusa y el distrito Hospital, por otro, con las mayores tasas de mortalidad. El distrito Congreso es un caso “especial”, en tanto en cuanto parte a inicio del periodo con una tasa de mortalidad de 23‰, por debajo de la media madrileña, y finaliza la década de los veinte con una tasa de mortalidad superior al 26‰. El cambio de tendencia de la mortalidad en este distrito comenzó a suceder unos años antes de 1925, momento en que la institución de la Inclusa de Madrid se traslada de manera oficial de la Calle Mesón de Paredes, situada en barrio de Cabestreros, a la Maternidad de O’Donnel, en el barrio de Plaza de Toros, perteneciente al distrito de Congreso.

En términos generales, puede afirmarse que aquellos distritos que presentaban mayor mortalidad eran los mismos en los que existían peores condiciones sanitarias e higiénicas, en ellos se concentraban la mayor parte de las viviendas y barrios insalubres, careciendo de alcantarillado, suministro de agua corriente, con habitáculos carentes de luz y aire. Además, allí vivían los jornaleros y clases menesterosas (Maria Isabel Porras Gallo, 2002). Sin embargo, pese a que resulta indudable que las diferencias higiénico- sanitarias presentes entre los distritos de la ciudad de Madrid fueron factores influyentes en la mortalidad, no se debe pasar por alto que un componente de la sobremortalidad existente tiene como determinante la presencia de instituciones de beneficencia o sanitarias en determinadas zonas de la ciudad.

TABLA 1

TASA BRUTA DE MORTALIDAD DE LOS DISTRITOS DE MADRID, 1904-1929

Años

Centro

Hospicio

Chamberí

Buenavista

Congreso

Hospital

Inclusa

Latina

Palacio

Universidad

1904

22,15

22,33

29,10

19,76

23,36

35,81

40,44

31,17

24,24

32,27

1905

21,04

20,77

30,87

20,91

22,42

36,14

41,56

33,16

23,74

29,94

1906

1907

22,78

20,71

26,41

18,66

24,81

32,36

37,27

28,19

23,27

30,72

1908

17,38

18,20

21,71

15,86

19,87

27,27

34,75

25,08

19,56

25,61

1909

20,30

20,64

27,74

20,58

25,84

36,51

47,50

34,58

22,59

32,33

1910

20,08

19,08

22,95

16,48

24,36

33,86

38,22

27,92

20,81

25,04

1911

20,08

18,78

22,94

16,47

21,63

31,77

36,33

24,16

21,22

25,43

1912

20,22

19,89

23,03

17,02

22,78

31,65

36,32

26,93

20,95

27,62

1913

19,35

19,37

25,52

17,98

23,81

32,92

38,39

27,17

20,44

28,09

1914

20,05

20,55

25,91

19,79

24,92

33,59

37,03

26,72

21,98

30,53

1915

20,53

19,33

22,17

17,93

24,60

31,86

40,14

26,55

21,12

26,54

1916

20,24

20,01

22,86

16,92

25,09

32,78

37,82

25,72

21,30

24,98

1917

19,82

18,93

23,42

18,18

25,54

30,20

37,00

23,72

21,92

25,64

1918

23,74

23,43

29,11

22,65

28,78

36,48

43,36

29,78

24,53

33,06

1919

23,83

23,16

27,52

22,63

28,45

34,83

36,01

28,39

27,01

30,67

1920

23,23

21,04

25,50

19,29

27,11

32,02

39,38

28,16

23,71

26,63

1921

20,45

17,76

21,19

16,59

24,77

29,95

36,06

25,06

20,21

24,17

1922

20,55

18,50

21,31

17,75

24,22

28,00

34,11

24,40

20,79

23,23

1923

20,04

18,34

20,47

17,31

26,71

28,59

30,51

23,20

20,10

22,99

1924

17,57

15,22

17,60

15,07

24,59

25,92

23,58

21,32

18,28

20,13

1925

16,02

16,35

18,42

14,40

27,34

25,52

24,12

21,30

17,89

19,62

1926

16,36

16,79

19,80

16,06

26,21

26,27

22,72

21,67

17,76

20,29

1927

15,79

15,79

18,37

15,09

23,73

25,01

20,14

18,35

15,41

18,58

1928

14,94

14,34

17,76

15,70

23,86

24,11

21,28

19,86

16,60

18,25

1929

13,94

14,53

17,95

15,85

26,59

25,66

20,20

19,77

14,67

19,05

Fuente: Elaboración propia a partir de estadística demográfica del Ayuntamiento de Madrid.

Según los datos de la estadística demográfica del Ayuntamiento de Madrid para el periodo 1904-1930, la distribución de la mortalidad teniendo en cuenta el componente geográfico a nivel de barrio muestra que existían patrones diferenciados, persistiendo a lo largo del primer tercio del siglo XX una tendencia de concentración en determinadas zonas de la ciudad. Destacaron, de manera especial, dos barrios; Doctor Fourquet, perteneciente al distrito Hospital, y el barrio de Cabestreros, del distrito Inclusa. Para el primer caso (tabla 2), las altas tasas de mortalidad se producen durante todo el periodo de estudio, pero para el caso del barrio de Cabestreros (tabla 3), puede verse que solo lo hace hasta llegada la segunda década del siglo XX. La explicación a este hecho, muy probablemente, no se encuentra en elementos de mejora de la higiene e infraestructura urbana, ya que, si fuera el caso, estaríamos ante un descenso paulatino, imposible de explicar con un corte anual como es el presente. El año en que se produce el descenso en la mortalidad en el barrio de Cabestreros coincide con el momento en que se produce el traslado de la Inclusa. “Podemos afirmar que la mortalidad infantil que se registra para Madrid está seriamente afectada por la mortalidad expósita” (Revuelta, 2011: 166), de manera que, al menos en principio, la ubicación de la casa de expósitos en la ciudad de Madrid influyó en la evolución de la mortalidad a nivel de barrio.

TABLA 2

TASA BRUTA DE MORTALIDAD DE LOS BARRIOS DEL DISTRITO DE HOSPITAL, 1904-1930

Años

Argumosa

Delicias

Doctor

Fourquet

Jesus y Maria

Lavapies

Ministriles

Pacifico

Primavera

Sta Maria de la Cabeza

Torrecilla

1904

25,1

21,6

109,9

40,8

40,6

20,9

14,4

37,8

43,6

33,1

1905

24,9

28,2

107,3

32,7

47,0

20,5

14,5

37,5

47,5

31,6

1906

1907

28,1

33,4

64,9

28,1

31,8

32,0

12,3

24,4

61,5

31,0

1908

25,5

27,0

55,6

30,3

26,4

27,9

8,4

21,8

50,5

23,1

1909

35,6

41,8

68,5

33,2

38,2

36,4

10,7

32,1

66,0

33,7

1910

26,7

32,5

61,5

26,4

30,6

28,0

7,1

27,1

56,3

31,3

1911

28,3

28,9

69,2

22,5

29,4

30,1

7,7

23,1

47,4

20,1

1912

25,9

30,1

60,0

26,1

32,5

26,0

8,7

21,0

55,1

24,8

1913

30,0

30,9

66,7

21,7

28,1

32,1

10,4

22,2

50,2

25,6

1914

26,1

25,0

70,4

25,5

29,7

26,1

9,8

28,3

55,6

24,8

1915

27,2

32,5

74,8

21,9

23,9

24,7

8,3

24,3

54,5

21,7

1916

34,4

29,7

90,1

25,4

22,0

21,5

12,5

13,0

56,6

17,3

1917

30,6

38,8

77,1

22,3

23,5

21,6

6,0

24,8

44,1

17,5

1918

24,0

35,4

128,4

30,7

31,4

26,0

16,9

31,8

31,7

22,8

1919

26,0

32,0

122,6

34,6

27,2

19,0

17,6

28,1

30,6

24,7

1920

26,9

52,2

77,5

29,1

28,1

20,0

7,3

25,5

60,0

20,5

1921

28,6

42,1

77,3

26,2

19,1

19,0

4,7

24,3

44,5

15,4

1922

27,0

37,8

77,8

24,4

19,8

16,9

4,1

23,5

37,7

14,1

1923

29,4

39,9

77,3

22,5

16,1

18,0

4,3

21,0

45,5

14,7

1924

26,7

39,3

81,7

23,0

13,6

15,2

3,4

16,8

39,0

12,8

1925

24,0

38,9

72,1

19,9

16,3

12,4

2,7

18,0

38,0

9,0

1926

24,8

39,7

81,2

17,7

13,7

11,2

3,2

18,0

37,9

9,8

1927

20,8

38,1

81,4

17,5

12,2

12,0

2,4

14,2

35,0

9,7

1928

21,9

47,1

68,5

18,9

10,8

12,9

2,2

13,2

33,5

8,4

1929

20,1

46,7

82,4

15,5

12,9

11,5

2,7

16,2

33,1

7,9

1930

16,5

43,7

73,4

14,6

11,3

10,2

2,7

13,0

32,0

6,8

Fuente: Elaboración propia a partir de estadística demográfica del Ayuntamiento de Madrid.

TABLA 3

TASA BRUTA DE MORTALIDAD DE LOS BARRIOS DEL DISTRITO DE INCLUSA, 1904-1930

Años

Amazonas

Cabestreros

Caravaca

Duque

de Alba

Gasometro

Huerta

del Bayo

Marques

de Comillas

Miguel

Servet

Peñuelas

Rastro

1904

26,1

111,0

31,2

20,1

40,1

38,7

19,7

37,8

33,2

32,8

1905

24,6

137,7

32,2

17,3

29,6

40,2

19,0

37,7

31,3

34,7

1906

1907

30,5

106,0

33,7

14,3

28,2

32,8

29,0

29,9

18,1

34,4

1908

25,0

111,9

31,2

15,2

21,4

32,8

24,4

27,7

20,3

28,5

1909

34,9

126,5

44,7

14,3

38,9

48,6

43,4

27,9

30,6

44,1

1910

24,1

108,1

36,8

15,0

25,3

27,5

25,3

27,7

21,1

25,0

1911

25,1

103,5

38,8

13,3

28,1

37,3

34,9

24,4

17,6

34,8

1912

26,0

115,1

38,5

15,6

27,2

34,7

35,9

25,9

18,6

31,6

1913

26,2

118,3

38,9

13,1

30,7

37,2

43,3

28,4

20,9

31,4

1914

26,1

105,4

37,7

15,3

32,3

35,3

47,4

21,6

20,4

33,4

1915

28,1

124,3

36,9

16,1

28,8

31,4

49,1

25,8

18,9

26,0

1916

24,3

99,5

29,7

15,5

31,0

31,3

50,5

22,2

16,0

29,2

1917

21,6

113,0

27,4

18,6

29,1

29,8

39,4

22,4

15,0

30,7

1918

24,8

132,8

32,0

29,3

37,2

36,8

45,7

31,0

35,6

28,5

1919

23,5

92,8

34,6

25,8

31,3

33,6

33,2

25,3

36,3

27,1

1920

23,4

113,1

32,6

17,4

33,1

30,9

48,1

23,3

16,0

26,6

1921

22,9

75,1

25,5

14,7

33,0

28,3

46,7

23,2

12,8

25,5

1922

23,7

63,4

25,7

14,9

33,4

31,2

53,4

23,5

10,4

25,3

1923

19,6

53,7

23,0

15,9

30,9

28,8

53,3

19,9

10,2

24,6

1924

19,9

22,3

25,3

10,7

29,0

21,7

59,1

15,3

10,2

22,2

1925

17,8

17,8

17,2

13,1

31,5

26,1

54,7

18,2

12,8

21,8

1926

18,1

19,4

22,9

11,8

21,9

23,5

58,0

18,2

10,0

21,7

1927

15,8

15,0

17,8

10,9

23,2

20,2

57,3

15,9

8,7

23,3

1928

19,0

19,7

19,2

13,3

18,7

21,5

65,9

15,8

10,0

18,4

1929

14,4

16,8

14,9

10,2

17,7

22,7

73,6

16,0

11,5

18,6

1930

14,8

15,4

16,9

9,1

19,8

15,5

53,2

16,0

10,6

18,0

Fuente: Elaboración propia a partir de estadística demográfica del Ayuntamiento de Madrid.

La mortalidad en la infancia

Teniendo en cuenta que hay una larga tradición de utilizar estimaciones de salud para la identificación de áreas de privación en los asentamientos urbanos, y que dentro de esas estimaciones de la salud la mortalidad en la infancia ha sido una de las más utilizadas en el pasado (debido a su papel crucial dentro de estimaciones de la esperanza de vida en general), se tratará de conocer, primeramente, las diferencias existentes en la mortalidad de menores de 5 años en los diferentes barrios de la ciudad de Madrid.

FIGURA 5

MAPA 5Q0, 1905-1907

Fuente: Elaboración propia.

Se ha representado el ECMR estandarizado para la ciudad de Madrid en dos periodos de tiempo, 1905-1907 y 1920-1922, para los 100 barrios de Madrid. Las primeras conclusiones que pueden extraerse de los datos son que hay diferencias marcadas en la mortalidad de menores de 5 años dentro de la ciudad. Tomando los dos periodos de tiempo, se vislumbra un patrón general compartido, pero mucho más atenuado en el periodo 1920-1922.

En 1905-1907 los niveles más elevados de mortalidad en niños menores de 5 años se concentraron en las áreas más alejadas del centro de la ciudad, especialmente en los barrios del extrarradio. Esas áreas fueron receptoras de migrantes que llegaron a Madrid en un periodo de tiempo en el que la ciudad casi duplicó su población. Se establecieron en áreas en expansión de la ciudad, con viviendas deficientes y con la mayor proporción de bajos precios de alquiler. También destacan por su alta mortalidad los barrios del sur de la ciudad cercanos al distrito centro, especialmente los pertenecientes al distrito de la Inclusa, Hospital y Latina. Estos se caracterizaban por tener las peores condiciones higiénicas y concentrar la mayor parte de las viviendas y barrios insalubres, cuyas calles carecían de alcantarillado y en cuyas casas faltaban el agua, la luz y el aire (Hauser, 1902).

FIGURA 6

MAPA 5Q0, 1920-1922

Fuente: Elaboración propia.

Atendiendo a una comparativa entre periodos, puede verse cómo se producen mejoras en la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años de manera notable. Sin embargo, continúan existiendo núcleos de concentración de altas tasas de mortalidad en los barrios pertenecientes a los distritos más al sur, exceptuando barrios como Delicias y Gutenberg (situados en la zona sureste de la ciudad). Cabe destacar la mejora en los niveles de mortalidad infantil que se producen de manera acuciante en los distritos del norte y noroeste, especialmente en el distrito de Universidad (en barrios como Guzmán el Bueno, Bellas Vistas, Santa Lucía, Lozoya, Amaniel o Conde de Toreno), en el distrito de Chamberí (en barrios como Hipódromo, Balmes o Dos de Mayo) y en el distrito de Moncloa (en barrios como y palacio). Estas zonas, como veremos más adelante, sufrieron un desarrollo importante en cuando a la aplicación de medidas sanitarias e higiénicas, especialmente en su infraestructura de alcantarillado. Este hecho pudo ser un factor influyente en la reducción de los niveles de mortalidad.

En términos generales, la distribución geográfica de la mortalidad infantil confirma las hipótesis de gran parte de la literatura. Reflejo de ello es la presencia de una mayor mortalidad infantil en las áreas más pobres y más densamente pobladas, y especialmente en aquellas con viviendas pobres, áreas con el mayor porcentaje de población analfabeta y áreas donde se instalaron los migrantes recientes. Además, hay zonas de la ciudad caracterizadas por un patrón de alta mortalidad de menores de 5 años en los dos periodos de tiempo (algunos barrios de los distritos de Latina, Inclusa y Hospital, principalmente).

La mortalidad por causas y sus factores explicativos

A la hora de determinar la importancia de los distintos elementos sobre el declive de la mortalidad, el análisis de la estructura de mortalidad por causas puede ser un buen indicador (Bernabeu Mestre, 1993; Caselli, 1991; Pérez Moreda et al., 2015). Por ello, y a modo de contextualización de evolución de la mortalidad durante el primer tercio del siglo XX, el análisis que se pretende llevar a cabo intenta examinar la implicación de determinadas causas de muerte en el proceso de transición de la mortalidad.

El análisis de la mortalidad por causas nos permitirá conocer de mejor manera los elementos y mecanismos que explican la evolución de la mortalidad. Los niveles y la estructura de la mortalidad en cada momento vienen condicionados por una serie de circunstancias. Los marcos explicativos de la mortalidad (la transición epidemiológica, la transición sanitaria o las formulaciones de Thomas McKeown), a grandes rasgos, se han basado precisamente en las causas de muerte para sustentar sus explicaciones, enfatizando la importancia de unos u otros factores para poder dar explicación a la caída de la mortalidad. Entre los grupos de factores que se han utilizado para dar explicación a la transición de la mortalidad, cabe destacar aquellos que atañen al nivel de vida y el estatus nutritivo de la población, el papel de las madres y su capacidad para llevar adecuadamente la crianza de sus hijos, las medidas de salud pública destinadas a limitar el contagio o la extensión de las enfermedades y los avances de la ciencia médica y de la práctica sanitaria (Pérez Moreda, Reher y Sanz Gimeno, 2015: 80).

Dentro de las enfermedades infecciosas, en el descenso de la mortalidad tuvieron especial relevancia las enfermedades respiratorias (enfermedades transmitidas por aire) y las gastrointestinales (enfermedades transmitidas por agua y alimentos), con una incidencia especial en la reducción de los niveles de mortalidad en la infancia (Caselli, 1991; Sanz Gimeno y Ramiro Fariñas, 2002; Schofield y Reher, 1991). Las deficiencias higiénico-sanitarias en el hogar, tales como el hacinamiento en las viviendas o la falta de ventilación y la densidad de población tuvieron importancia suma en la propagación e incidencia y letalidad de las enfermedades (Barnes, 1995), especialmente de las de carácter respiratorio, como tuberculosis, bronquitis, neumonía y gripe. En el caso de las enfermedades trasmitidas a través del agua y los alimentos, como la difteria, el cólera y las diarreas infantiles, la ausencia de una adecuada red de alcantarillado y suministro de agua potable jugaron un papel importante.

En esta sección, nos centraremos en este último grupo de causas de muerte, mediante el análisis de la evolución de la mortalidad por causas infecciosas transmitidas por agua y alimentos seleccionadas (1900-1930), así como la distribución de la mortalidad de niños menores de 5 años por enfermedades transmitidas a través del agua y los alimentos, tomando como caso de análisis la ciudad de Madrid a nivel de distrito y de barrio.

Nuestro objetivo será ver si la mejora y extensión del alcantarillado se tradujo en una reducción de la mortalidad causada por enfermedades transmitidas a través del agua y los alimentos.

La evolución de la infraestructura de saneamiento y la mortalidad por enfermedades transmitidas a través del agua y los alimentos en la ciudad de Madrid

Si bien desde finales del siglo XVIII y principios del XIX comenzaron a implantarse medidas destinadas a la eliminación de pozos negros y se desarrolló la primera red de alcantarillado en algunos barrios del casco histórico, quedaban zonas de la ciudad que no estaban provistas de alcantarillas, de forma que los pozos negros y los sistemas de limpieza tradicionales, como las mareas, seguían prevaleciendo. La red de alcantarillado existente se había llevado a cabo sin una planificación conjunta, de manera que estaba realizada por tramos, y tenía una vocación más destinada a la limpieza y a la evacuación que al propio saneamiento de la ciudad. La primera red de alcantarillado moderno que se construyó en la ciudad de Madrid por el Canal de Isabel II tuvo lugar entre 1856 y 1865. A partir de este momento, la red de alcantarillado fue reformada y ampliada bajo gestión municipal.

El enfoque higienista prevalecerá de manera clara en el periodo estudiado, en tanto en cuanto comenzará a tratarse de manera conjunta el problema de la gestión de los residuos urbanos y el estado en que se encontraba el río Manzanares, como lugar al que desaguaban las aguas negras con procedencia del casco histórico de la ciudad.

Hasta comienzos del siglo XX, el desarrollo de las redes de alcantarillado en el ensanche fue deficiente, e incluso inexistente en algunos de sus barrios, en buena medida motivado por la falta de agua corriente en algunos barrios. Y es que, como en otras zonas de la ciudad, también en el ensanche el Ayuntamiento de Madrid había dejado a la iniciativa privada la construcción de las alcantarillas. Así, al particular que quisiera construir un inmueble en estos barrios solo se le obligaba a realizar un pozo negro, y la construcción de la alcantarilla era opcional.

Durante los primeros años del XX comenzó una lenta expansión del alcantarillado, pero fue a partir de 1908 cuando se llevó a cabo un avance notable, fruto de una pugna entre las dos empresas de distribución de agua en la ciudad (la Hidráulica Santillana y el Canal de Isabel II), compitiendo por llevar el agua a las zonas donde todavía no llegaba. Sin embargo, prevalecía el problema de la inexistencia de un Plan General de Saneamiento, por lo que las nuevas alcantarillas se seguían realizando por tramos, sin ningún tipo de orden ni planificación general.

Fue en 1909, con la redacción del Plan General de Saneamiento del subsuelo de Madrid, cuando comenzó verdaderamente una planificación general del alcantarillado de Madrid, comprendiendo la totalidad del suelo urbanizado. En el proyecto aparecen delimitadas 12 zonas (denominadas “cuencas”) con diferentes plazos de ejecución asociados, de manera que, en conjunto, las obras debían estar finalizadas en diez años.

De este modo, tras la publicación de dos concursos públicos, la empresa adjudicataria comenzó las obras en 1913. La nueva red se realizó según el plan previsto, de tal manera que se finalizó en 1923, resultando un nuevo alcantarillado de 395 kilómetros, que incluía 170 kilómetros de alcantarillado antiguo (hasta 1913) y 225 de nuevo (desde 1913 a 1924). Respecto al alcantarillado antiguo, prácticamente fue remodelado en su totalidad, y sus condiciones mejoraron notablemente. Además, en esta etapa las medidas higienistas tomaron un protagonismo sin precedentes, ya que por primera vez se abordó de manera conjunta la gestión de los residuos urbanos y el mal estado del río Manzanares, ya que era aquí donde desaguaban las aguas negras cuya procedencia era el casco histórico de la ciudad. De este modo, se dio paso de una red de evacuación a una red propiamente de saneamiento.

A pesar de las transformaciones y mejoras descritas, autores como Chicote consideraban en 1930 que, de cara a mejorar las condiciones de salubridad de Madrid, las actuaciones municipales deberían tener como principales objetivos, entre otros, ampliar la dotación de agua, cuidando de su abundancia y pureza, y continuar la obra del alcantarillado (Chicote, 1930).

Atendiendo al plano de Hausser (figura 7), se aprecia que a principios del siglo XX el casco histórico era la única parte de la ciudad que estaba bien abastecida de una infraestructura de alcantarillado, aunque todavía existían algunas zonas sin alcantarillar. En lo que respecta a las zonas del ensanche y extrarradio, en el plano se aprecia que al principio la dotación de alcantarillado era casi nula, en especial en los terrenos del extrarradio. Por ejemplo, en barrios como Guindalera o Prosperidad, puede verse que no hay ninguna alcantarilla.

En el ensanche solo algunas calles tenían alcantarillas, pero estas estaban construidas por tramos o trozos bastante dispersos los unos de los otros. En Salamanca y Chamberí podemos ver que algunas calles sí estaban abastecidas de alcantarillado, pero en el barrio de Moncloa, por ejemplo, vemos que solo existía una alcantarilla (en la calle Galileo). Barrios aristocráticos, como Argüelles, presentaban un alcantarillado muy deficiente.

Si en el ensanche norte quedaban muchas calles por dotar de alcantarillado, en la zona del ensanche sur la situación era desoladora, así como en el barrio del Retiro. Si atendemos al mapa, podemos ver que en toda la zona de los barrios de Retiro y Pacífico solo existían alcantarillas en una sección de la calle de O’Donnell.

FIGURA 7

PLANO SANITARIO DEMOGRÁFICO DE MADRID Y PLANO DIGITALIZADO

Fuente: Elaboración propia a partir del Plano Sanitario Demográfico de Madrid (1902).

Las Memorias de Núñez Granés (1909) relativas a los trabajos efectuados tanto en las vías públicas del interior como del ensanche y extrarradio de la ciudad de 1906 a 1908 ponen de manifiesto que se hicieron avances. Sin embargo, pese a la extensión en la distribución del agua y del alcantarillado, hasta 1909 no se estableció un verdadero Plan General de Saneamiento para la villa, y las alcantarillas continuaban construyéndose de forma aislada. En este sentido, por su importancia en la evolución de la infraestructura de alcantarillado, cabe destacar la promulgación del Proyecto General de Saneamiento del subsuelo de Madrid (con arreglo a las reales órdenes de fechas 12 y 16 de septiembre y 22 de diciembre de 1910 y según lo preceptuado en la Real Orden comunicada de fecha 25 de septiembre de 1912). Este proyecto comprendía prácticamente la totalidad del suelo urbanizado del término municipal de Madrid, cuyo ámbito territorial quedó dividido en 12 cuencas de primer orden, subdivididas a su vez algunas en varias cuencas secundarias y vertientes aisladas, además de tres cuencas especiales y de los colectores generales del Abroñigal.

FIGURA 8

REDES DE SANEAMIENTO DE MADRID, 1913-1923 Y 1929

Fuente: Elaboración propia a partir del plano adjunto a las obras del Plan de Saneamiento del subsuelo de Madrid (1913-1923) y los planos adjuntos a la Memoria de la Ciudad del año 1929.

La evolución descrita del sistema de alcantarillado en la capital, tal y como se ha señalado, se ha plasmado mediante la construcción de indicadores a partir de la digitalización de los planos predecesores (figuras 7 y 8), con el objetivo de conocer la distribución de la red de alcantarillado a nivel de barrio en relación a la superficie del propio barrio. El resultado son tres mapas a nivel de barrio que nos muestran la evolución que sufrió el alcantarillado madrileño para los tres momentos temporales para los que disponemos de información.

FIGURA 9

EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS DE MADRID

Fuente: Elaboración propia.

La importancia que tuvieron las reformas de saneamiento en la reducción de la mortalidad desde el siglo XIX y principios del siglo XX ha sido objeto de estudio de la demografía histórica y corrientes médicas y epidemiológicas. Si bien es necesario señalar que los resultados obtenidos no son claros, en la medida en que la influencia del saneamiento en la mortalidad no siempre ha podido ser demostrada. McKeown (1976: 253), por ejemplo, asignaba un papel secundario a la importancia del suministro de agua y al saneamiento como factores influyentes en la reducción de las tasas de mortalidad, focalizando la nutrición como elemento primordial a la hora de relacionar las mejoras en los niveles de vida con la reducción de las tasas de mortalidad. Otra serie de estudios posteriores fueron incorporando un conjunto más amplio de factores, relacionados con los niveles de vida, como argumentos para explicar la disminución de la mortalidad (Grundy, 2004; Murray, Chen y Chen, 1993; Riley, 2001; Schofield y Reher, 1991).

La mayoría de los estudios históricos sobre el papel del suministro de agua en la reducción de las tasas de mortalidad han tenido como objeto de estudio Norteamérica y zonas de Europa Occidental. Bien es cierto que no existen conclusiones unívocas caracterizadas por haber hallado una relación causal entre las mejoras en el suministro de agua y la reducción de la mortalidad. Hay algunos que sí detectan dicha causalidad (Cutler y Miller, 2005; Ferrie y Troesken, 2005, 2008; Meeker, 1971), pero existen otra serie de estudios cuyos resultados no detectan una relación clara entre el desarrollo y mejora de las infraestructuras de saneamiento y la reducción de la mortalidad (Gaspari y Woolf, 1985; Massey, Condran y Denton, 1987) .

En el caso de Madrid, la mortalidad por fiebre tifoidea (tabla 4) presentó una tendencia descendente a lo largo del primer tercio del presente siglo, interrumpida por el brote acaecido en 1909 y, sobre todo, en 1920. Una disminución más mantenida se registra pasada la segunda década del siglo XX.

En cuanto a la distribución de las tasas de mortalidad por fiebre tifoidea a nivel de distritos, cabe señalar que en los primeros años del siglo la mortalidad diferencial frente a la fiebre tifoidea siguió un patrón similar al observado para la mayoría de los procesos analizados en este trabajo.

TABLA 4

TASA BRUTA DE MORTALIDAD FIEBRE TIFOIDEA DE LOS DISTRITOS DE MADRID, 1904-1929

Años

Centro

Hospicio

Chamberí

Buenavista

Congreso

Hospital

Inclusa

Latina

Palacio

Universidad

1904

0,44

0,33

0,31

0,31

0,24

0,55

0,46

0,46

0,38

0,41

1905

0,24

0,23

0,33

0,16

0,37

0,50

0,49

0,52

0,30

0,37

1906

1907

0,20

0,29

0,27

0,39

0,39

0,38

0,32

0,31

0,35

0,47

1908

0,31

0,19

0,25

0,36

0,22

0,33

0,28

0,20

0,17

0,34

1909

0,23

0,32

0,18

0,19

0,23

0,33

0,52

0,73

0,20

0,41

1910

0,11

0,20

0,18

0,13

0,22

0,20

0,28

0,22

0,19

0,36

1911

0,34

0,14

0,21

0,25

0,27

0,25

0,16

0,23

0,23

0,25

1912

0,24

0,25

0,20

0,30

0,38

0,42

0,31

0,35

0,23

0,23

1913

0,37

0,28

0,15

0,21

0,21

0,40

0,37

0,24

0,34

0,34

1914

0,35

0,31

0,36

0,41

0,30

0,54

0,30

0,22

0,37

0,40

1915

0,08

0,22

0,11

0,11

0,24

0,29

0,39

0,27

0,19

0,24

1916

0,17

0,23

0,14

0,24

0,26

0,32

0,26

0,23

0,19

0,18

1917

0,13

0,25

0,24

0,25

0,21

0,31

0,15

0,24

0,24

0,39

1918

0,19

0,25

0,23

0,24

0,35

0,37

0,25

0,25

0,34

0,30

1919

0,29

0,38

0,37

0,40

0,30

0,29

0,26

0,25

0,38

0,29

1920

0,73

0,90

0,47

0,68

0,78

0,48

0,51

0,43

0,58

0,37

1921

0,41

0,27

0,18

0,41

0,43

0,63

0,43

0,49

0,30

0,30

1922

0,23

0,32

0,19

0,23

0,26

0,28

0,23

0,20

0,22

0,17

1923

0,16

0,17

0,15

0,21

0,24

0,20

0,14

0,10

0,17

0,25

1924

0,13

0,15

0,17

0,19

0,25

0,17

0,12

0,18

0,10

0,15

1925

0,15

0,07

0,09

0,13

0,10

0,20

0,15

0,11

0,13

0,11

1926

0,17

0,20

0,31

0,16

0,19

0,27

0,19

0,11

0,12

0,17

1927

0,02

0,07

0,13

0,06

0,05

0,11

0,05

0,06

0,03

0,13

1928

0,04

0,11

0,12

0,19

0,11

0,10

0,13

0,19

0,18

0,12

1929

0,04

0,09

0,10

0,13

0,05

0,08

0,10

0,08

0,06

0,09

Fuente: Elaboración propia a partir de estadística demográfica del Ayuntamiento de Madrid, 1904-1929.

Teniendo en cuenta la distribución de la mortalidad por fiebre tifoidea a nivel de barrio en el periodo comprendido entre 1904 y 1930, atendiendo a los datos de la estadística demográfica del Ayuntamiento de Madrid se observa que, si bien el barrio de Doctor Fourquet, perteneciente al distrito Hospital, nuevamente es el que mayor tasa de mortalidad por fiebre tifoidea representa, a medida que nos situamos en los años más cercanos a 1930 la tasa de mortalidad por fiebre tifoidea para todos los barrios de la capital representa valores menores. A sabiendas de la posible influencia de otros factores, la evolución de la distribución de la red de alcantarillado puede ser un factor explicativo de tal reducción.

Un vez llegados a este punto, y teniendo en consideración que el descenso de la mortalidad por enfermedades infecciosas se asocia a la mejora de infraestructuras de higiene urbana, como los sistemas de distribución y evacuación de aguas, en especial en la mortalidad juvenil por ser más perceptivo a la influencia que el ambiente higiénico y familiar (Preston y Van de Walle, 1978; Woods, 2003), nos centraremos en la evolución de la mortalidad por diarrea de niños menores de 2 años en la ciudad de Madrid (tabla 5).

Se observa una tendencia descendente en todos los distritos de Madrid, a excepción del distrito Congreso, y coincidente temporalmente con el traslado de la inclusa de su local de Mesón de Paredes a la Maternidad de O’Donnell (Alvarez-Sierra, 1952).

En un primer periodo, los distritos de Buenavista, Centro, Congreso, Hospicio y Palacio se caracterizaron por tener cifras más bajas. Las tasas de mortalidad por diarrea para menores de 2 años caracterizaron los distritos de Inclusa (hasta mitad de los años veinte) y más tarde Congreso. Los distritos restantes tuvieron valores parecidos a los de la media de Madrid en conjunto.

TABLA 5

TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR DIARREA EN NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS EN LOS DISTRITOS DE MADRID, 1904-1929

Años

Centro

Hospicio

Chamberí

Buenavista

Congreso

Hospital

Inclusa

Latina

Palacio

Universidad

1904

1,01

0,77

1,72

1,27

0,95

2,16

6,55

1,62

1,01

1,87

1905

0,76

0,78

1,93

1,03

0,89

1,92

7,76

2,17

1,01

1,87

1906

1907

0,51

0,75

1,64

0,99

1,34

1,66

4,87

1,70

1,14

1,58

1908

0,70

0,97

1,52

0,74

1,26

1,59

5,80

1,69

1,07

1,75

1909

0,68

0,53

0,99

0,90

0,99

1,38

6,05

1,69

0,86

1,65

1910

0,63

0,80

0,98

0,70

1,02

1,49

5,32

1,67

0,86

1,41

1911

0,90

0,66

1,70

1,05

1,26

1,81

5,18

1,82

1,02

1,87

1912

0,52

0,59

0,97

0,71

0,91

1,62

4,44

1,74

0,72

1,66

1913

0,87

0,66

1,70

0,98

1,84

1,66

4,61

1,98

1,07

2,10

1914

0,71

0,53

1,47

0,99

1,89

1,61

2,99

1,74

0,79

1,82

1915

0,89

0,81

1,68

1,22

1,97

2,16

3,56

2,12

1,23

2,37

1916

0,63

0,56

1,24

0,82

1,35

1,63

5,50

1,50

0,76

1,34

1917

0,73

0,69

1,42

0,60

1,73

1,59

6,42

1,68

1,05

1,59

1918

0,90

0,88

1,45

0,94

1,24

1,69

6,14

2,10

1,03

1,90

1919

0,48

0,42

1,50

0,96

1,04

1,60

4,24

1,86

0,84

1,86

1920

0,75

0,55

1,40

1,14

1,15

1,79

4,14

1,78

0,95

1,90

1921

0,77

0,53

2,00

1,10

1,74

1,97

5,80

2,29

1,04

2,56

1922

0,83

0,70

1,32

0,99

1,04

1,51

4,82

1,73

0,74

1,54

1923

0,94

0,58

1,50

1,06

2,13

1,52

5,03

2,25

1,11

1,75

1924

0,59

0,33

1,08

0,67

2,39

1,03

2,11

1,77

0,86

1,47

1925

0,73

0,35

0,82

0,65

1,85

1,17

2,04

1,55

0,69

1,27

1926

0,50

0,69

1,18

0,74

1,51

1,25

1,94

1,71

0,91

1,06

1927

0,35

0,36

0,82

0,73

1,09

0,97

1,67

1,22

0,40

0,74

1928

0,44

0,49

0,83

0,68

1,59

1,17

2,01

1,52

0,61

0,98

1929

0,27

0,27

0,90

0,70

1,40

1,03

1,48

1,10

0,46

0,97

Fuente: Elaboración propia a partir de estadística demográfica del Ayuntamiento de Madrid, 1904-1929.

En aras de conocer aquellos barrios que entre el periodo 1904 y 1930 mostraron un empeoramiento en los niveles de mortalidad por diarrea en niños menores de 2 años, se ha procedido a realizar un cálculo de las tasas de variación para los periodos extremos (tabla 6). Así, vemos que los barrios que han empeorado en 1930 respecto a 1904 fueron Gasómetro, Las Mercedes, Senado, Álamo, Retiro, Jardines, Santa Lucía, Delicias, Vallehermoso, Gutenberg, Alameda, Prosperidad, Marqués de Comillas, Cuatro Caminos y Plaza de Toros. Sin embargo, esto no significó necesariamente que tuvieran una mayor mortalidad que la media general de la ciudad de Madrid en el año fin de nuestro periodo de estudio. Así sucede con barrios como Senado, Álamo, Retiro y Jardines, que, pese a que haber sufrido un aumento general de la mortalidad por diarrea en menores de 2 años, en 1930 tenían una tasa bruta de mortalidad por esta causa de muerte por debajo de 0,9‰, que era la media de la ciudad de Madrid. Muy por encima estaban los barrios de Prosperidad (4,15‰) Marqués de Comillas (7,36‰), Cuatro Caminos (9,66‰) o Plaza de toros (13,82‰).

Por último, tal y como se ha señalado más arriba, se pretende conocer posibles diferencias en los patrones de mortalidad de menores de 5 años en los barrios de Madrid y ver si la extensión en la red de alcantarillado, como mejora higiénico-sanitaria llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid, se tradujo en una mejora de los patrones de mortalidad infantil por causas específicas (diarrea, enteritis y fiebres tifoideas).

Atendiendo a la mortalidad por diarrea y por causas de muerte de menores de 5 años relacionadas con agua y alimentos, se encuentran patrones muy similares (figuras 10-13). En la comparación entre periodos, podemos ver que en 1920-1922 toda la zona correspondiente al noreste y sureste de la ciudad (a excepción del barrio de Pacífico) muestra una tendencia clara de disminución de la mortalidad de menores de 5 años por enfermedades transmitidas a través del agua y los alimentos. Precisamente, aquellas zonas de la ciudad que experimentaron un mejor acondicionamiento de la infraestructura de alcantarillado. Las zonas del extrarradio, tanto norte como sureste, experimentan las mayores tasas estandarizadas de mortalidad de menores de 5 años por enfermedades transmitidas a través del agua y los alimentos en ambos periodos (barrios del norte como Bellas Vistas y Cuatro Caminos o Marqués de Comillas en el sur), así como los barrios de Gasómetro, Peñuelas y Santa María de la Cabeza. El hecho de que la consolidación y ampliación de la red moderna de alcantarillado comenzase en 1866 y no finalizase hasta 1939, con el abastecimiento a los barrios del ensanche y del extrarradio de la ciudad, en la medida en que, por primera vez, se estableció un plan coordinado de alcantarillado para la ciudad (Plan General de Saneamiento del Subsuelo de Madrid, 1909), provocó que las diferencias entre barrios permaneciesen.

TABLA 6

TASA DE VARIACIÓN DE LA MORTALIDAD POR DIARREA EN MENORES DE DOS AÑOS EN LOS BARRIOS DE MADRID, 1904-1930

Barrios

Tasa de variación

Barrios

Tasa de variación

Cabestreros

Bellas Vistas

Sta Maria de la Cabeza

Lavapies

Cardenal Cisneros

Guzman el Bueno

Doctor Fourquet

Balmes

Quiñones

Hipodromo

Jesus y Maria

Moncloa

Jesus del Valle

Goya

Tudescos

Primavera

Torrecilla

Correos

Imperial

Quintana

Amaniel

Monasterio

Aguas

Santa Maria

Casa de Campo

Caravaca

Campoamor

Constitución

San Martin

San Francisco

-49,64

-3,29

-2,97

-2,90

-2,27

-2,06

-1,95

-1,92

-1,66

-1,66

-1,59

-1,56

-1,52

-1,49

-1,44

-1,44

-1,40

-1,33

-1,32

-1,21

-1,16

-1,15

-1,13

-1,08

-1,08

-1,06

-1,05

-1,03

-0,98

-0,97

Alfonso X

Conde Duque

Biblioteca

Muñoz Torrero

Argumosa

Monteleon

Miguel Servet

Gongora

Puerta del Sol

Pacifico

Marques de Salamanca

Rastro

Hernan Cortes

Luchana

Principe

San Isidro

Carlos III

Minas

Huerta del Bayo

Ayuntamiento

Alfonso VI

Carmen

Sandoval

Colon

Floridablanca

Espejo

Apodaca

San Carlos

Almirante

Duque de Alba

-0,69

-0,68

-0,66

-0,63

-0,60

-0,60

-0,60

-0,56

-0,56

-0,55

-0,53

-0,49

-0,49

-0,49

-0,45

-0,44

-0,42

-0,40

-0,35

-0,32

-0,31

-0,27

-0,27

-0,27

-0,25

-0,24

-0,23

-0,18

-0,17

-0,16

Fernando el Santo

Dos de Mayo

Guindalera

Las Torres

Peñuelas

San Pablo

Amazonas

Calatrava

Lozoya

Estrella

Bilbao

Cava

Arganzuela

Humilladero

Ministriles

Trafalgar

San Luis

Argüelles

Isabel II

Conde de Toreno

-0,97

-0,96

-0,92

-0,91

-0,90

-0,88

-0,88

-0,87

-0,86

-0,84

-0,83

-0,82

-0,78

-0,78

-0,77

-0,74

-0,70

-0,70

-0,69

-0,69

Montaña

Cervantes

Conde de Aranda

San Opropio

Cañizares

Gasometro

Las Mercedes

Senado

Alamo

Retiro

Jardines

Santa Lucía

Delicias

Vallehermoso

Gutenberg

Alameda

Prosperidad

Marques de Comillas

Cuatro Caminos

Plaza de Toros

-0,15

-0,13

-0,11

-0,05

-0,03

0,05

0,10

0,14

0,19

0,22

0,25

0,31

0,34

0,68

0,73

0,89

1,26

5,60

6,55

11,79

Fuente: Elaboración propia a partir de estadística demográfica del Ayuntamiento de Madrid, 1904-1930.

Sin embargo, se pone de manifiesto que las mejoras higiénico-urbanísticas que se pusieron en práctica en la ciudad y, especialmente, la mejora y extensión del abastecimiento de agua a los barrios altos de la capital y el aumento de la red de alcantarillado se tradujeron en una reducción de la mortalidad infantil en Madrid a principios de siglo XX.

Una vez más, se observa una relación entre la mortalidad diferencial vinculada a la estructuración social, económica, higiénica y urbana, así como la importancia de la presencia en la capital de algunas instituciones benéfico-asistenciales en las tasas de mortalidad.

FIGURA 10

MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS A TRAVÉS DEL AGUA Y ALIMENTOS DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, 1905-1907

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 11

MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS A TRAVÉS DEL AGUA Y ALIMENTOS DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, 1920-1922

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 12

MORTALIDAD POR DIARREA DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, 1905-1907

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 13

MORTALIDAD POR DIARREA DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, 1920-1922

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Teniendo en consideración que el crecimiento poblacional experimentado desde finales del siglo XIX fue debido al declive de la mortalidad infecciosa, especialmente de la mortalidad infantil infecciosa, la presente investigación ha representado la evolución de la mortalidad general y por causas infecciosas seleccionadas (1900-1930), así como la distribución de la mortalidad en la infancia, tomando como caso de análisis la ciudad de Madrid a nivel de distrito y de barrio. Este periodo estuvo caracterizado, grosso modo, por un proceso de modernización económica, mejora de las infraestructuras y una extensión de la urbanización sin precedentes, paralela al crecimiento poblacional que experimentó la ciudad, fruto del fenómeno migratorio hacia la ciudad y el proceso de transformaciones en la mortalidad y la fecundidad (Bahamonde Magro y Otero Carvajal, 1989; Carbajo Isla, 1985; Fernández, 1989; Fernández García, 2001; Gómez Redondo, 1985).

Hemos podido observar una tendencia clara de disminución de la mortalidad, reflejo de los elementos característicos de la transición demográfica. Para ello, han sido abordados algunos de los factores que la historiografía ha considerado relevantes a la hora de explicar el exceso de mortalidad urbana en relación a las condiciones de vida de los individuos a nivel de distrito y barrio. En este sentido, estas unidades intraurbanas, especialmente el barrio, se han representado como elemento diferenciador de condiciones socioeconómicas e higiénico-sanitarias de sus habitantes, pues la literatura médica, social y sanitaria de la época puso de manifiesto la clara asociación entre el exceso de mortalidad, la vivienda insalubre y la clase social (Chicote y Eza, 1915; Hauser, 1902).

Las deficiencias higiénico-sanitarias y urbanísticas de la ciudad estaban muy relacionadas con las elevadas tasas de mortalidad, así como con las disimilitudes entre distritos y barrios. De hecho, las peores condiciones higiénicas y la mayor mortalidad correspondían a los distritos menos favorecidos, caracterizados por concentrar la mayor parte de las viviendas y barrios insalubres, careciendo la mayoría de sus calles de alcantarillado y faltando el agua, la luz y el aire a las casas (correspondientes a los distritos de Inclusa, Hospital, Latina y Universidad). Por el contrario, los distritos con mejores condiciones (Centro, Congreso y Buenavista) presentaban a su vez las menores tasas; y el resto de distritos ocupaban una posición intermedia (Hauser, 1902). En este hecho tuvo que ver, en buena medida, la tardanza con la que se pusieron en práctica las mejoras de extensión y acondicionamiento de la red de alcantarillado en la ciudad de Madrid. Pues, si bien desde los inicios del siglo XX se llevaron a cabo intervenciones puntuales orientadas a la mejora de la higiene de la ciudad, no fue hasta pasada la epidemia de gripe española cuando comenzó la puesta en marcha de un verdadero plan de saneamiento para la ciudad: comenzó la prohibición de fosas sépticas, se produjo la reorganización de los servicios de limpieza, se modernizó el laboratorio municipal, se construyeron baños y servicios públicos y se produjo la extensión de la distribución de aguas, entre otras medidas (Huertas, 2002: 272; Maria Isabel Porras Gallo, 2002).

A través de los mapas de distribución de la infraestructura de alcantarillado, hemos podido mostrar de manera fehaciente la evolución del sistema de evacuación de la ciudad, reflejo de las etapas diferenciadas en lo que se refiere a la aplicación de medidas de mejora de la red de alcantarillado (hasta el año 1900 había 104,85 kilómetros de red construidos; entre 1900 y 1913, 65,15 kilómetros y, construidos por el Plan General, entre 1913-1924, 225 kilómetros [Pinto Crespo, 2015: 254]). Esto nos ha permitido conocer, por un lado, que la extensión y mejora de acondicionamiento de la red de alcantarillado vino acompañada de una disminución de la mortalidad por causas específicas transmitidas por el agua (diarrea, enteritis y fiebres tifoideas), pero, por otro, que las disimilitudes existentes en diferentes zonas de la ciudad continuaron existiendo.

Se ha puesto de manifiesto la presencia de focos de mortalidad en la ciudad de Madrid, fruto, en buena medida, de las condiciones de saneamiento de los barrios, actuando como determinantes del estado de salud de los individuos. El estado de la infraestructura de alcantarillado en la ciudad de Madrid nos ha servido como factor a la hora de explicar los diferentes patrones de evolución de la mortalidad, especialmente de la mortalidad por enfermedades transmitidas a través del agua y de alimentos.

El estado y evolución de la infraestructura de saneamiento supuso, de manera ineludible, un indicador de modernización de las ciudades, reflejo de la necesidad de mejora de las condiciones de vida de los individuos con medidas gubernamentales.

Para el caso del Madrid del primer tercio del siglo XX, si bien en términos generales se produjo una reducción de la mortalidad y, especialmente, de la mortalidad infecciosa, a la altura de 1930 seguían existiendo factores que determinaban, o cuanto menos, influían, en las diferencias intraurbanas de la mortalidad existentes en el Madrid de la época, que no era más que el reflejo del disímil estado higiénico y sanitario de las diferentes zonas de ciudad de Madrid en estos años del siglo XX previos a la Guerra Civil.

Bien es cierto que la ciudad de Madrid comenzó, en estos años, su camino hacia la evolución y afianzamiento de un sistema de infraestructura urbana de saneamiento más moderno y de mayor amplitud territorial. Durante este periodo, poco a poco se fue pasando de una simple red de evacuación a otra más desarrollada de saneamiento. Pero todavía podía caracterizarse como un sistema que no es que no fuera totalmente eficiente, sino cuya repercusión en la salud de la población no abarcaba a todos por igual. Continuó, de este modo, la perpetuación de desigualdades en el ámbito socioeconómico, demográfico y urbanístico de las diferentes zonas de la capital.

Sin embargo, pasada la primera década del siglo XX y, especialmente, tras la gripe española, la capital asistió a un periodo caracterizado por la realización de complejas y costosas obras de ingeniería que contribuyeron a dotar a la ciudad de Madrid de una nueva escala urbana, propia ya, no de una simple ciudad, sino de una incipiente metrópoli (Pinto Crespo, 2015: 211). De este modo, en los años treinta del siglo XX ya comenzaba a intuirse el albor de la repercusión que tuvieron las mejoras en la infraestructura urbana, como elemento de modernidad, en las condiciones de salud y, más concretamente, en la atenuación de las enfermedades infecciosas.

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CAPÍTULO 9

MUJERES MODERNAS EN LAS OFICINAS Y EN LAS FÁBRICAS. LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EN EL MADRID METROPOLITANO, 1900-1936

SERGIO CUARTERO MIRANDA Y RUBÉN PALLOL TRIGUEROS

A comienzos del siglo XX, la aparición de la mujer moderna fue uno de los signos más evidentes de la ruptura con el pasado y con la tradición. Por mujer moderna se entendía aquella que no solo adoptaba un aspecto y unas costumbres que la distinguían de sus madres. Esas chicas jóvenes que podían imitar en sus peinados y en sus vestidos las líneas netas de vanguardia que difundían las películas extranjeras y las revistas de moda, que participaban en espacios antes considerados exclusivamente masculinos, como las tertulias literarias o que practicaban deportes y tímidamente se hacían ver en la Universidad. Siendo importantes estos fenómenos, lo que realmente marcaba una ruptura con el pasado era la creciente participación de las mujeres en los mercados laborales más formalizados, aquellos que las llevaban a trabajar fuera del ámbito doméstico y de los sectores más tradicionales. Las mujeres modernas eran esas que se hacían notar en las oficinas y en las fábricas, que habían logrado hacerse un hueco en sectores de contratación asalariados y con ello tener la posibilidad de disfrutar de la independencia económica de unos ingresos fijos y propios.

En este capítulo se abordarán los cambios en las formas de participación de las mujeres en el mercado laboral, con la intención de evaluar el alcance y los límites de la modernización en el área metropolitana de Madrid entre 1900 y 1936. Un proceso que, necesariamente, había de manifestarse de manera heterogénea en una articulación urbana compleja como la que formaba la capital española y los núcleos de población que la rodeaban y que ya habían sido integrados en su economía. Para abordar este análisis partiremos de un ejercicio de comparación entre la evolución de la ciudad de Madrid y la de uno de los municipios cercanos, situado al sur y formalmente independiente, pero que poco a poco fue integrándose en la órbita económica de la metrópoli madrileña, Getafe. Primero se describirán las diferentes (aunque complementarias) evoluciones de los modelos productivos de uno y otro núcleo de población en las tres primeras décadas del siglo XX, señalando tanto los sectores productivos más importantes como la estructura de su mercado laboral. Y, en segundo lugar, se presentará el modo en que las mujeres se integraron en el mundo del trabajo en uno y otro contexto, para entender las diferencias entre ser mujer moderna en los barrios centrales de la gran capital y en uno de sus suburbios alejados, así como para evaluar el alcance y las limitaciones de la emancipación de las mujeres de los lazos sociales tradicionales en estos distintos entornos laborales y urbanos.

Evolución económica de la metrópoli madrileña y oferta de trabajo

Salvo las más privilegiadas, las mujeres siempre habían trabajado tanto en Madrid ciudad como en los municipios de alrededor. En la economía gremial del Antiguo Régimen, aunque los dueños de los talleres fueran los maridos y fueran ellos los que figuraran en las listas fiscales de maestros y miembros de los oficios, sus esposas e hijas bien podían realizar tareas de producción en el taller o atender la tienda donde se despachaba la producción. Lo mismo cabe decir del pequeño comercio, donde era y aún es habitual que toda la familia participase en la gestión cotidiana del negocio. Y tampoco cabe distinguir entre trabajador y ama de casa en las economías campesinas. Tanto entre los pequeños propietarios como entre las familias que vivían de emplearse como jornaleros, hombres y mujeres arrimaban el hombro para asegurar el sustento familiar. El que las mujeres compatibilizaran su trabajo con las tareas que aseguraban la reproducción de la familia, como era el cuidado de los hijos o del resto de la familia, no debe hacer olvidar su implicación en la producción, ya fuera en el taller, en la tienda o en el campo de cultivo. Por ello, seguir hablando de la incorporación de las mujeres al trabajo como una de las manifestaciones de la modernización urbana resulta relativamente inexacto. Es más preciso señalar que, en las ciudades, la modernidad económica se expresó en las cada vez más abundantes oportunidades a la entrada de mujeres en mercados laborales formales, fuera de sus hogares, donde tenían un empleador ajeno y por las que cobraban un salario fijo o más o menos estable.

En un principio, la transformación social que trajeron consigo la industrialización y la urbanización, de hecho, tendieron a ocultar aún más la contribución de las mujeres a la economía de los hogares, ya por arrinconarla en formas más o menos informales de trabajo, ya porque directamente no se declaraba en los registros oficiales. La ruptura de la antigua unidad entre hogar y lugar de trabajo es una de las claves de que esto sucediera. En la ciudad del Antiguo Régimen las familias se integraban todas, por lo general, en un mismo oficio o sector de empleo, pero a medida que fueron desapareciendo los pequeños talleres y se fueron concentrando en centros con más trabajadores y un solo patrón, la participación de las mujeres se hizo más discontinua y fragmentaria. La obligación de las mujeres, culturalmente creada, de compatibilizar el cuidado de hijos y familia con el trabajo y el mayor salario que se ofrecía a los varones sobre las mujeres desembocaron en estrategias económicas familiares que implicaban un desigual acceso al mercado de trabajo y al espacio público. Los hombres aspiraban a ser contratados de manera continua fuera del hogar (aunque se sabe que muchas veces esto desembocaba en su caída en la condición de jornalero, alternando días de contratación con abundantes de paro forzoso) mientras que las mujeres, en cambio, buscaban formas flexibles de empleo, muchas veces en el hogar o en lo que hoy podríamos llamar “autoempleo”. De lo primero eran representativas las costureras a destajo, que realizaban tareas para talleres desde sus casas, por encargo, cobrando a la pieza; mientras que lo segundo era evidente a finales de siglo XIX en la nutrida presencia en las calles de Madrid y de cualquier municipio de sus alrededores de vendedoras ambulantes, muchas de ellas esposas de familias de clases populares que buscaban completar por esta vía y por otras los escasos ingresos de sus hogares.

Esto en parte explica las diferencias en las tasas de actividad que arroja la documentación tanto para Madrid como para Getafe. A comienzos del siglo XX se abría una amplia brecha entre hombres y mujeres en su participación en el mercado laboral. En Madrid, mientras que más de 8 de cada 10 varones mayores de 14 años declaraban una profesión, empleo o modo de ganarse la vida, solo lo hacían 1 de cada 4 mujeres. En Getafe, el municipio situado al sur de la capital, el contraste era más fuerte: casi el 90% de los hombres decían estar empleados, mientras que entre las mujeres la cifra no superaba el 7,5%.

TABLA 1

TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE HECHO DE MADRID Y DE GETAFE, 1905

1905

Población activa

Población no activa

Total

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

Madrid

Hombres

57.426

82,99

11.762

17,01

69.188

Mujeres

24.287

26,76

66.455

73,24

90.742

Total

81.713

51,09

78.217

48,91

159.930

Getafe

Hombres

1.281

87,50

183

12,50

1.464

Mujeres

107

7,47

1.325

92,53

1.432

Total

1.388

47,93

1.508

52,07

2.896

Nota: Se ha considerado población en edad laboral aquella con edades iguales o superiores a 14 años.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en los padrones municipales de Madrid y Getafe de 1905. Archivo de Villa de Madrid y Archivo Municipal de Getafe.

Es ya conocido que estas diferencias entre hombres y mujeres están distorsionadas y exageradas en la documentación disponible de acuerdo con los valores ideales de la época. Ese discurso moral, de origen burgués, que consideraba que las esferas de actividad de hombres y mujeres debían separarse, siendo los primeros quienes se consagraran al espacio público y productivo y las segundas las que se ocuparan del espacio hogareño y reproductivo, habría conducido a la ocultación del trabajo de muchas mujeres en los registros oficiales, ya por decisión propia o de sus maridos (que declaraban ante los agentes censales o de empadronamiento). Por ejemplo, se sabe que muchas mujeres jóvenes que trabajaban en las primeras fábricas industriales con jornadas regulares y contratos constantes no lo declaraban en los registros de población (Camps, 1999). También, como ya se ha sugerido antes, tiene que ver con los cambios en el modelo productivo que se estaban produciendo en unas economías de Antiguo Régimen en disolución, que muchas veces no habían visto aparecer nuevas formas de estructuración. Esto era especialmente grave en el área metropolitana madrileña, donde la población había ido creciendo, en un despegue urbanizador sin precedentes, sin que se hubiera producido un despegue industrializador como el que había dinamizado las economías de otras ciudades.

La carencia y carestía de materias primas y fuentes de energía (un carbón y un hierro que resultaban caros de hacer llegar al centro de la península) están detrás de este problema de lento despertar industrial madrileño. Y explican en parte por qué la ampliación del mercado laboral de la capital española, necesaria para integrar a la población creciente, se produjo fundamentalmente en dos sectores. Por un lado, en la construcción, donde el empleo era prácticamente masculino de manera exclusiva; y en menor medida en el sector público, en una burocracia del Estado en expansión al calor de las reformas liberales y que también tenía en sus primeros tiempos las puertas cerradas a la incorporación de las mujeres. Solo un sector pujante reclamaba mujeres sin tregua a finales del siglo XIX: el servicio doméstico, crecientemente feminizado y que en la capital era de gran abundancia en razón de la concentración de familias de clase media y de la aristocracia. Por su parte, Getafe seguía siendo a comienzos de siglo XX una comunidad rural de poco más de 4.000 habitantes, cuya estructura productiva ofrecía aún menos posibilidades para la integración de sus mujeres en formas de contratación asalariadas y formalizadas. Casi toda su economía se orientaba al abastecimiento de Madrid, principalmente de productos agropecuarios, como muchos otros municipios de los alrededores. La capital española ya había rebasado los 500.000 habitantes y demandaba incesantemente materias primas de los pequeños municipios de alrededor. Si Getafe le proporcionaba cereales y vinos, las hortalizas y aguardientes llegaban de Leganés y las cerámicas y tejas, de Villaverde, así como otros productos de toda una constelación cada vez mayor y más diversificada que se dinamizaba alrededor de la gran ciudad.

TABLA 2

TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE HECHO DE MADRID Y GETAFE, 1930

1930

Población activa

Población no activa

Total

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

Madrid

Hombres

91.176

77,11

27.056

22,89

118.232

Mujeres

40.975

24,36

127.224

75,64

168.199

Total

132.151

46,14

154.280

53,86

286.431

Getafe

Hombres

3.576

92,26

300

7,74

3.876

Mujeres

209

8,95

2.125

91,05

2.334

Total

3.785

60,95

2.425

39,05

6.210

Nota: Se ha considerado población en edad laboral aquella con edades iguales o superiores a 14 años.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en los padrones municipales de Madrid y Getafe de 1930. Archivo de Villa de Madrid y Archivo Municipal de Getafe.

Un cuarto de siglo después, la situación apenas parecía haber cambiado y las tasas de actividad femenina eran las mismas, con un pequeño aumento en Getafe e incluso algo de retroceso en la ciudad de Madrid. Y, sin embargo, sabemos que se habían producido cambios significativos en el tamaño de las poblaciones y en el modelo productivo de sendos núcleos de población, así como en las relaciones de interdependencia que se habían establecido entre ambos lugares. En 1930, tanto la capital española como los municipios limítrofes con esta se vieron interconectados en un tejido urbano común que conformaba un área metropolitana económica. Sin que existiera una organización política que los integrara en unidad, la red de transportes, por un lado, y una cada vez mayor especialización en la orientación económica de cada una de las partes del conjunto, por otro lado, crearon unas relaciones de complementariedad que se vieron favorecidas por la abundante llegada y circulación de inmigrantes hacia el conjunto (Beascoechea y Otero, 2015; San Andrés, 2017: 164-188). Así, en vísperas de la proclamación de la Segunda República, el área metropolitana madrileña contaba con cerca de 1.200.000 habitantes, de los que 950.000 correspondían a Madrid y el resto a los municipios de su alrededor (para entonces Getafe ya casi alcanzaba los 8.500 habitantes).

Dicho crecimiento no se puede entender sin la llegada de una inmigración creciente que se dirigía a la capital y se redistribuía por la red de municipios limítrofes. Una inmigración compuesta por trabajadores de toda condición en busca de las oportunidades laborales que no encontraban en sus lugares de origen y que, en cambio, Madrid ofrecía cada vez en más abundancia y en mejores condiciones (Pallol Trigueros, 2014; Cuartero, 2017). Para entonces el área metropolitana madrileña había reorientado radicalmente su modelo productivo en dos sectores, fundamentalmente. Por un lado, entró definitivamente en el ciclo industrial al superar las desventajas comparativas que le habían lastrado durante el siglo XIX: la llegada de la energía eléctrica, la conformación de la red de ferrocarriles y el desarrollo de sectores de producción menos pesados como el químico permitieron que se abrieran fábricas en el centro de la península, a donde ya no era caro hacer llegar ni las materias primas ni la energía. Por el otro lado, como consecuencia de la internacionalización de la economía española durante la Primera Guerra Mundial, así como de la progresiva integración de un mercado español cada vez más interdependiente, Madrid fue asumiendo un rol como capital económica del país que se iba perfilando intensamente. En el centro del país se afincaron las sedes de las nuevas entidades financieras, las compañías aseguradoras, las empresas de telecomunicaciones y transportes, las agencias de representación y, en fin, las oficinas centrales de firmas y empresas de todo tipo que ya no operaban localmente, sino en marcos cada vez más amplios, y para lo cual resultaba vital establecerse tanto cerca del poder político como en el lugar donde confluían todas las redes de comunicaciones y transportes, es decir, Madrid. Esta concentración de oficinas, en su mayoría privadas, generó abundantes empleos de cuello blanco de todo tipo: contables, escribientes, telegrafistas y telefonistas, secretarios y agentes de viaje, botones y conserjes, que se unían a una tradicional oferta de trabajo muy similar procedente del sector público y que también crecieron en estos años de manera paralela a un Estado que no dejaba de asumir nuevas funciones. El cuadro que presentamos se completa con el sector de la construcción, que había protagonizado la economía madrileña de finales de siglo XIX. La oferta de trabajo para albañiles, carpinteros y otros especialistas de la edificación siguió siendo fuerte. Al fin y al cabo, la ciudad y sus suburbios estaban inmersos en una intensa dinámica de crecimiento que demandaba más viviendas y mejores infraestructuras. Pero Madrid ya no era el destino solo de albañiles y jornaleros, como había parecido tan solo tres décadas atrás, sino el lugar de convertirse en muchas otras cosas más, al calor de una economía dinámica y un mercado laboral muy diversificado.

GRÁFICO 1

ESTRUCTURA SOCIOPROFESIONAL DE MADRID Y GETAFE, 1905

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en los padrones municipales de Madrid y Getafe de 1905. Archivo de Villa de Madrid y Archivo Municipal de Getafe.

Esta reorientación económica no se produjo de manera homogénea en el conjunto de núcleos de población que conformaban el área metropolitana madrileña. Como se ha indicado, el rasgo característico fue la especialización funcional de cada uno de los fragmentos que conformaban el puzle metropolitano. Un fenómeno ya advertido por los observadores del momento en las grandes ciudades occidentales y que se manifestaba en la concentración de las actividades financieras, comerciales y de ocio en los centros de las ciudades; la mudanza de las áreas residenciales a los barrios exteriores y a los nacientes suburbios y la concentración de las fábricas, así como otras actividades, a zonas cada vez más externas, en razón de la necesidad de espacio para las nuevas formas de producción o de los perjuicios que podían producir ciertas instalaciones como mataderos, plantas de generación de energía o plantas depuradoras.

En el caso del área metropolitana madrileña, este proceso de especialización funcional se puede rastrear ya a comienzos de siglo XX, tal y como se deduce de las diferencias entre las estructuras profesionales de Madrid capital y del municipio de Getafe. En la capital tenía mayor trascendencia el sector servicios, en razón de la concentración de empleados públicos y de oficinas privadas (grupo 3), de su mayor vida comercial (grupo 4) y sobre todo de los trabajadores de los servicios personales (grupo 5), representando estos últimos hasta el 33% de toda la población activa recogida en las estadísticas. Aunque entre estos trabajadores se cuentan servidores civiles como porteros, serenos o guardias municipales, el grueso lo constituían los trabajos relacionados con el servicio doméstico, que generalmente eran realizados por mujeres (García Abad y Pallol Trigueros, 2017: 169-200; Pallol Trigueros, 2017). En Getafe no había tantas familias de clase media como en Madrid, y tampoco una oferta de servicios públicos equivalente, lo que explica el menor peso de este tipo de trabajadores. Por contra, gozaban de mayor representación las profesiones agropecuarias, forestales y de caza y pesca (grupo 6), prácticamente inexistentes en la capital, donde al ya incipiente carácter terciario de Madrid se contraponía la persistencia de componentes rurales en Getafe (Quirós Linares, 1960; Rodríguez Martín, 2015).

Con el cambio de siglo, el rasgo común de ambas economías estuvo en que el grueso de sus trabajadores se situaron entre las profesiones manuales y de producción (grupos 7, 8 y 9), y más concretamente en torno al oficio de “jornalero”, una figura laboral que corrobora el avanzado estado en que se encontraba el proceso de descomposición de los oficios tradicionales de corte gremial, que en Getafe empleaba al 20,75% de la población activa y en Madrid al 22,71% (Pallol Trigueros, 2014: 122). No obstante, es preciso advertir divergencias entre los jornaleros de una y otra localidad, pues en Madrid realizaban tareas ligadas a la construcción o a trabajos de fuerza en estaciones, en servicios públicos o en grandes talleres y fábricas, mientras que en Getafe, como en otras comunidades rurales, eran netamente trabajadores del campo (Martínez Martín et al., 2014). Finalmente, a menor escala tuvieron representación las profesiones liberales (grupos 0 y 1), que, pese a constar de valores equivalentes en ambos núcleos, al mismo tiempo presentaban disparidades, ya que en Madrid primaron juristas, profesores y empleados de la salud (médicos, dentistas, veterinarios, etc.) y en Getafe, fundamentalmente personal de la Iglesia católica, ya fueran sacerdotes o miembros de comunidades religiosas que podían ofrecer o no servicios a la población.

GRÁFICO 2

ESTRUCTURA SOCIOPROFESIONAL DE MADRID Y GETAFE, 1930

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en los padrones municipales de Madrid y Getafe de 1930. Archivo de Villa de Madrid y Archivo Municipal de Getafe.

A partir de la Primera Guerra Mundial, la cual imprimió el impulso y la aceleración necesaria para la transformación de la economía española en general y del área metropolitana madrileña en particular, la especialización funcional de estos núcleos urbanos se reconfiguró, acentuando algunos de sus rasgos y atenuando otros. Tanto en Madrid como en Getafe perdieron peso en el conjunto del mercado laboral los oficios manuales y ligados a la producción (grupos 7/8/9). Esto no quiere decir que no aumentaran estos trabajadores, sino que lo hacían a menor ritmo que los de otros sectores. De hecho, hacia 1930 el proceso de industrialización había generado en ambos lugares abundantes empleos y, en el caso de Getafe, con la apertura de fábricas como la de harinas, de aguardientes y licores, de pastas, de cepillos y peines, de componentes de telefonía o de complementos aeronáuticos, se puede apuntar a su progresivo perfilamiento como distrito suburbial industrial. Más acusada aún fue la reducción del número de jornaleros, en parte porque muchos de los trabajos manuales perdían su carácter informal y se registraban como obreros. En el caso particular de Getafe, aumentaron quienes se consideraban ahora obreros agrícolas, que engrosaban los trabajadores de un sector agropecuario (grupo 6) que seguía dando el tono al municipio.

En toda el área metropolitana, sin embargo, el efecto más disruptivo lo produjo el crecimiento del empleo vinculado al sector terciario, que constituía el rasgo distintivo de la economía madrileña. En las calles centrales de la ciudad aumentó el peso de las profesionales liberales (grupos 0 y 1), de los empleados que se integraban en sus multiplicadas oficinas (grupo 3) y de los trabajadores de un sector comercial pujante (Pallol Trigueros, 2014). Los trabajadores de los servicios personales (grupo 5) seguían siendo numerosos en las calles de la ciudad de Madrid, pues el recurso al servicio doméstico seguía siendo frecuente entre las familias de clase media y alta, pero fue en Getafe donde este grupo creció de manera más acusada, tanto hasta convertirse en el que más concentraba en el suburbio del sur. No eran criadas ni niñeras, tampoco camareros ni trabajadores de otros servicios comerciales como en Madrid, sino que en su mayor parte se trataba de militares destinados a Getafe como consecuencia de la implantación en 1904 del Cuartel de Artillería Ligera General Elorza y de la inauguración en 1919 de la base aérea militar. Ambos establecimientos conllevaron para el municipio que una cuarta parte de su población fuesen militares o miembros de otros cuerpos de seguridad del Estado (Cuartero, 2017).

La apertura de los cuarteles es otra de las manifestaciones de la especialización funcional que adquirieron los distintos núcleos que componían el área metropolitana madrileña. Getafe se presentaba así como un suburbio en que persistían sus funciones de suministrador de materias primas y alimentos para la gran capital, a la par que había unido la recepción de algunos establecimientos ya inasumibles en el seno de la gran ciudad, como algunas fábricas, los cuarteles o el aeródromo. En cambio, el distrito central madrileño se volcaba cada vez más en el sector servicios, puntero en un nuevo capitalismo cada vez más necesitado de gestión y financiación, si bien otras actividades como el comercio, la producción fabril o la construcción seguían siendo de importancia. Esto configuraba dos estructuras de oportunidades muy diferentes para el empleo de las mujeres que merecen ser analizadas en detalle.

Trabajadoras de suburbio

Ser mujer y buscar trabajo había de ser una experiencia muy diversa en el primer tercio del siglo XX. Los cambios acontecidos en los modelos productivos tanto de Madrid como de Getafe abrieron diferentes caminos para la inserción en los mercados formales y esa presencia de la mujer en el espacio público que se identificaba con la modernidad. Es verdad que las mujeres enfrentaban en ambos lugares problemas comunes, siendo uno de los más importantes el de la minusvaloración y de la invisibilización de sus actividades económicas. Esto es en parte una complicación para el historiador, que debe afrontar el problema del silencio que guardan las fuentes documentales al respecto. Como ya se ha apuntado antes, los registros oficiales de población (incluidos los padrones municipales de habitantes que aquí se analizan) ocultaban casi sistemáticamente el trabajo femenino, ofreciendo una visión más ideal que real de la sociedad. En estas fuentes solo declaraban una actividad aquellas que desempeñaban profesiones feminizadas (las de criada, lavandera, costurera y demás tareas que se consideraban propias de mujeres) mientras que el resto de mujeres solían aparecer dedicadas a “su sexo” o “sus labores”, a pesar de que pudieran realizar otro tipo de tareas complementarias, como la venta ambulante, o que incluso desempeñaran un trabajo con carácter fijo en un taller o una fábrica (Borderías et al., 2011; Borderías, 2012; Dubert y Muñoz Abeledo, 2014; Muñoz Abeledo et al., 2015; Pareja Alonso, 2012; Villar, 2016). Con todo, las estadísticas oficiales nos indican pautas muy claras sobre la manera en que se distribuyeron los diferentes trabajadores y trabajadoras en los distintos sectores económicos, tanto en el suburbio como en la gran ciudad, así como de en qué medida se abrieron oportunidades para las mujeres a la vez que se profundizaba en el proceso de transformación socioeconómico que se desató al calor de la urbanización y del desarrollo industrial y terciario de la economía metropolitana madrileña.

Así en Getafe, parece que la transformación de su modelo productivo se tradujo en una reducción, incluso, de los sectores económicos en que las mujeres podían participar como trabajadoras. A comienzos de siglo eran tres los campos que se abrían aparentemente para la contratación de las mujeres, todos relacionados con el sector servicios. Fundamentalmente había sirvientas (incluidas en el grupo 5), empleadas tanto en casas de familias más o menos acomodadas como en hogares de vocación campesina, donde eran necesarias para complementar las necesidades de la casa que, de manera habitual, madres e hijas cubrían (y que, en muchos casos, no podían realizar al desempeñar tareas agrícolas). También eran abundantes las religiosas (incluidas en el grupo 1, junto a las profesiones liberales), concentradas en congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza, como la orden de la Sagrada Familia de Burdeos, que contaba con un colegio para niñas en la calle Madrid. Y, por último, destacaban las mujeres que aparecían como vendedoras, en general al frente de un pequeño comercio tradicional, de abastecimiento de primera necesidad en materias de comer, beber y arder (Cuartero, 2017). Ese era el caso de Gregoria González Beltrán, una griñonense afincada en Getafe que se registraba en el padrón de habitantes como “industrial”. Una denominación genérica detrás de la cual se escondía un negocio al frente de un horno de pan, en el que participaban sus hijos como trabajadores. En definitiva, las mujeres aparecían imbricadas en el Getafe de comienzos del siglo XX en relaciones laborales de un mundo tradicional, de negocios familiares y de pequeña escala y en el que sus tareas no parecían alejarse de lo doméstico. Cabe destacar que la ocultación del trabajo femenino debió de ser mayoritaria entre las trabajadoras del campo, en tanto que, en contextos agrarios, por fuerza, todos los miembros del hogar debían aportar a la economía doméstica, pero las mujeres de estas familias, esposas e hijas, se registraban casi sistemáticamente como amas de casa, dedicadas a sus labores o a las tareas de su sexo. La economía de Getafe, pues, seguía moviéndose en formas entre lo familiar y lo informal, en que era fácil que el subregistro de la actividad femenina fuera abundante.

GRÁFICO 3

SEGMENTACIÓN SEXUAL DEL MERCADO DE TRABAJO EN GETAFE, 1905

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en el padrón municipal de Getafe de 1905. Archivo Municipal de Getafe.

GRÁFICO 4

SEGMENTACIÓN SEXUAL DEL MERCADO DE TRABAJO EN GETAFE, 1930

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en el padrón municipal de Getafe de 1930. Archivo Municipal de Getafe.

Hacia 1930, habiéndose producido ya la reconfiguración del modelo productivo getafense con la llegada de industrias y fábricas, la instalación de los cuarteles militares y el aeródromo, no parece que se abrieran más sectores a la contratación de mujeres. Es más, se redujo su presencia notablemente en algunos de ellos. Es lo que sucedía en el de servicios personales, donde los varones les comían el terreno (grupo 5). Al fin y al cabo, este sector se había ampliado por la llegada de militares y otros trabajadores del Estado y en donde las mujeres tenían el acceso vedado. También se redujo la proporción de mujeres que aparecían al frente de un comercio, hecho que tuvo que ver más con la asunción de valores burgueses en cuestión de género y que llevaba a muchas mujeres a presentarse como amas de casa, aunque realmente estuvieran al frente o participando en el negocio de una tienda. Solo se mantuvieron con fuerza las religiosas que, como maestras y trabajadoras en el sector educativo, representaban una parte importante de los trabajadores en las profesiones liberales.

La documentación de archivo solo registra un tímido aumento de las mujeres entre los trabajadores manuales: el padrón municipal de Getafe señala que apenas empleaba a un 2% de mujeres. Y esto a pesar de que se habían instalado en el suburbio empresas de gran importancia y con importantes plantillas, como eran Construcciones Aeronáuticas, S. A., la industria de electricidad Ericsson o algunas de tamaño menor pero de clara vocación modernizadora como era Pastas Pages, dedicada a la producción de alimentos procesados (Erro Gasca, 2012; VV AA, 2015). Las fotografías de época y otra documentación, como los habituales reportajes que aparecían en la prensa glosando las bondades de estas nuevas empresas, dejan ver que la participación de las mujeres como trabajadoras en dichas empresas era más intensa de lo que las estadísticas oficiales reconocen. También permiten evaluar, sin triunfalismos, hasta qué punto esto suponía para ellas una ruptura con los lazos tradicionales de subordinación a los que se habían visto sometidas las mujeres en las economías tradicionales.

Un buen ejemplo nos lo ofrece CASA, acrónimo de Construcciones Aeronáuticas, S. A., cuya llegada al suburbio madrileño se produjo una vez se despertó el interés en España por la aeronáutica. En Getafe se había creado uno de los primeros aeródromos de España, a raíz de la celebración en 1911 del final de la carrera aérea París-Madrid y de la llegada triunfante del aviador francés Jules Védrines. Sin embargo, su importancia vino con el impulso estatal. Primero en 1919, cuando el aeródromo de Getafe pasó a ser utilizado por el Ejército, y después en 1923, momento en que el Estado convocó un concurso para proveer de aeronaves a la Aviación Militar. Dicho concurso lo ganó el ingeniero y militar alcarreño José Ortiz-Echagüe, quien ese mismo año había promovido la creación de la sociedad empresarial Construcciones Aeronáuticas S. A., contando con la participación de ingenieros militares, banqueros y empresarios ligados al sector metalúrgico y aeronáutico (Erro Gasca, 2012: 65-73). La empresa se emplazó a las afueras de Getafe, lindando con la línea férrea Madrid-Alicante y la base aérea militar. Una situación inmejorable que permitía un rápido transporte de las aeronaves y otros materiales a través del ferrocarril y la posibilidad de realizar pruebas sin alejarse demasiado de los talleres.

Según la prensa, a la altura de 1930 CASA empleaba a quinientos trabajadores y, de entre estos, una quinta parte eran mujeres. Las fotografías de la época también evidencian esta presencia en los talleres de la gran fábrica que, sin embargo, no son recogidos en las estadísticas oficiales. Y en revistas como Estampa quedó constancia de las rutinas que implicaba esta participación de las mujeres en la fábrica de CASA. En primer lugar, sabemos que un elevado número de trabajadoras residían en Getafe, así como que gran parte de estas entraron a formar parte de la empresa en el momento en que se erigió la fábrica. No obstante, también se contrataron trabajadoras venidas de Madrid, símbolo de que en los años veinte y treinta se conformó un mercado laboral integrado en toda el área metropolitana, donde el trabajo no iba ligado al lugar de residencia. Mujeres y hombres entraban a trabajar a las ocho menos diez de la mañana, acompañadas por los primeros rayos del sol en verano y la fría brisa nocturna en invierno. Trabajaban cuatro horas y media, entre el ruido de las máquinas, hasta que a las doce y veinte de la tarde realizaban una pausa de cuarenta minutos para comer. Entonces tenían la opción de acudir a la cantina, donde saciaban su hambre con el menú del día, o alimentarse con lo traído de casa, para luego reanudar el trabajo a la una y no volver a pisar la calle hasta las cuatro y media de la tarde, momento en que finalizaba su jornada. En total, ocho horas de trabajo —como dictaba la ley— que permitían a empleadas como Joaquina y su hija Teresa, ambas residentes en Getafe, que una vez fuera de la fábrica pudieran atender las tareas del hogar que no realizaba el marido, acaso acudir a la compra y, con suerte, sentarse a la fresca junto a otras vecinas para conversar sobre preocupaciones cotidianas.

Modernidad y tradición se conjugaban en las obreras de la fábrica CASA, que lo mismo podían haberse incorporado a la cadena de montaje y trabajar con la misma intensidad que los varones y, sin embargo, seguir sometidas a un desigual reparto de tareas en el hogar y en los cuidados familiares que, en realidad, eran coherentes con estrategias económicas pasadas. En el fondo, la incorporación de las mujeres a los mercados laborales formales seguía siendo considerada como una anomalía, cuando no era desvalorizada en el discurso social. Como muestra cabe citar las palabras del reportero José Díaz Morales, quien titulara “también las mujeres ayudan a construir aeroplanos” y comentara, en alusión a la fotografía de una trabajadora, que “esta linda operaria sabe manejar los alicates y trabajar el acero lo mismo que un hombrecito” (Revista Estampa, 11 de febrero de 1930). Unas afirmaciones en tono de sorna que propendían a cuestionar la pretendida igualdad que afirmaban entre hombres y mujeres, y que tendían a valorar más a estas por su aspecto físico o un carácter afable que por sus cualidades técnicas e intelectuales.

En realidad hombres y mujeres trabajaban en la fábrica en varias secciones, desde tornos, ajustes y prensa hasta montaje de largueros, costillas o alas. Sin embargo, en cada una de dichas secciones tomaban caminos diferentes, encargándose los primeros de tareas de fuerza, cálculo o planificación y las segundas de actividades que precisaban una extremada paciencia. Aunque no siempre ejercían funciones segregadas, pues había ocasiones en que las necesidades del trabajo obligaban a trabajar junto a los hombres, todas ellas se encontraban bajo la supervisión de un jefe de sección —varón— que, a su vez, respondía ante un jefe de taller. Un trabajo que, en términos de horario, era similar al masculino pero que, en salario, era sensiblemente inferior. Así lo relató una empleada de la compañía, quien al ser preguntada por su sueldo aseveró lo siguiente:

“¡Una miseria! Entramos ganando dos cincuenta. Con este sueldo estamos bastante tiempo. No nos lo suben hasta que, pasados muchos meses, demostramos suficiencia, capacidad, aplicación. La mayor o menor permanencia en la casa también influye mucho en el sueldo” (Revista Estampa, 11 de febrero de 1930).

Además, añadió que las mejor pagadas percibían 4 pesetas diarias, pudiendo alcanzar como tope salarial las 6 pesetas. Una realidad que nada tenía que ver con la de los hombres, donde nos encontramos desde experimentados delineantes que cobraban 16 pesetas de jornal hasta jóvenes ajustadores que recibían 5 pesetas. Esta desigualdad salarial no era incompatible con las innovadoras medidas de socorro ante el embarazo que promovió CASA para sus trabajadoras, a las que concedían licencias de maternidad en el momento de dar a luz y a quienes proporcionaron una póliza de seguros para que pudieran seguir cobrando jornal de 3 pesetas durante los tres primeros meses tras el parto. Por supuesto que estas prácticas estaban provocadas por el interés de conservar una mano de obra femenina que, por mucho que se desvalorizara, era valiosa para los empleadores de CASA. Tales medidas, aunque no desafiaran la desigualdad que se conservaba entre hombres y mujeres, al tiempo permitían que se fuera desafiando una de las trabas que había impedido que las mujeres proyectaran carreras laborales más allá del matrimonio, cuando normalmente se retiraban del espacio público para recluirse en el hogar, en actividades que fueran compatibles, ya fuera trabajando a destajo a domicilio o en el comercio más o menos esporádico. Sin embargo, como se verá a continuación, dichas oportunidades se abrieron de manera más clara en otros entornos laborales, como los que ofrecían las calles centrales de la metrópoli.

Empleadas y obreras de la capital

El mercado laboral de la ciudad de Madrid ofrecía vías de participación muy diferentes a las mujeres respecto a las de Getafe. Es verdad que la capital tenía en común con el suburbio la existencia de un sector, el de los servicios personales (grupo 5), tradicionalmente feminizado. En este caso, el grueso de esas trabajadoras, abrumadoramente mayoritarias respecto a los varones, eran sirvientas, criadas, lavanderas y niñeras, es decir, toda esa legión de trabajadoras de apoyo para el mantenimiento de las tareas reproductivas del hogar y que eran contratadas por las familias de clase media y clase alta. Y a diferencia de lo que ocurría en Getafe, estas no perdieron peso en el mercado laboral madrileño, no obstante las profundas transformaciones que se produjeron entre 1900 y 1930.

GRÁFICO 5

SEGMENTACIÓN SEXUAL DEL MERCADO DE TRABAJO EN MADRID EN 1905

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en los padrones municipales de Madrid de 1930. Archivo de Villa de Madrid.

GRÁFICO 6

SEGMENTACIÓN SEXUAL DEL MERCADO DE TRABAJO EN MADRID EN 1930

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en los padrones municipales de Madrid de 1930. Archivo de Villa de Madrid.

Madrid podría haberse industrializado y haber visto cómo crecían hasta el cielo los primeros rascacielos en sus calles, muchos de ellos para albergar las oficinas de las nuevas firmas bancarias y de comercio que empleaban a tanto oficinista. Sin embargo, entre tantas novedades, la criada, como figura profesional venida del pasado, mantenía un importante peso social (Carballo et al., 2016). Probablemente muchas de ellas ya no guardaban las mismas actitudes respecto a sus empleadores, sus señores, y desde luego no fueran ya únicamente esas inmigrantes pueblerinas de antaño, de costumbres rurales, sino que también participaran de las costumbres de esa mujer moderna que imitaban tras sus horas pasadas en el cine o en el baile en el centro de la ciudad. No obstante, en otros aspectos las cosas seguían siendo igual: vivían en casa de sus empleadores, con una autonomía limitada además por su escaso salario, una parte pagada en especie en forma de manutención, y una vida laboral con caducidad, pues muchas de ellas abandonaban su puesto de trabajo al llegar la edad de casarse. De nuevo, incluso en el corazón de la metrópoli, la modernidad se construía con materiales tradicionales.

Como en Getafe, en Madrid a comienzos de siglo XX había otros sectores tradicionales en los que las mujeres ya tenían cierto peso, siempre escaso de todas maneras, sin superar el 10% del total de los trabajadores. Es el caso de las profesionales liberales, en las que hay que contar, como en el suburbio, a las mujeres dedicadas a la enseñanza, ya como religiosas pero también como maestras laicas, y a las que se fueron añadiendo otras profesiones a medida que la educación secundaria abrió sus puertas a ambos sexos: así avanzaron las trabajadoras en la sanidad, las primeras técnicas y peritas, y otras profesiones que harían que aumentasen las mujeres en este segmento (grupo 1). También eran un grupo significativo las trabajadoras en el comercio, muchas de ellas dueñas de un negocio familiar de pequeño tamaño (grupo 4). Estas no desaparecieron en 1930, pero se vieron cada vez más acompañadas por las trabajadoras que sí representaron una ruptura con el pasado: las empleadas de tienda. El trabajo como hortera había sido copado en el pasado por los muchachos varones, muchos de ellos inmigrantes, que acudían a la ciudad siguiendo trayectorias similares a las de las criadas. Eran trabajos temporales, circunscritos a una etapa de la vida, antes de la inserción en la vida adulta; muchas veces lo justo para ahorrar y volver al pueblo, otras para, siguiendo las tradiciones gremiales, abrir negocio por cuenta propia posteriormente. Los cambios en las formas de distribución comercial y particularmente la aparición de negocios de cada vez mayor envergadura trajeron también nuevas formas de entender la contratación de trabajadores (Rodríguez Martín, 2015). Fueron particularmente los grandes almacenes de las avenidas céntricas de la ciudad y las tiendas que los imitaban los que fueron introduciendo a mujeres en sus plantillas. En ello jugaba, por supuesto, un papel decisivo que los salarios de las mujeres fueran más bajos y por tanto una vía para abaratar costes de las nuevas empresas capitalistas. También la emulación: los nuevos palacios del consumo que surgían en la Gran Vía madrileña y sus alrededores querían parecerse a los de las otras grandes capitales europeas y norteamericanas y, sobre todo, a la imagen que de ellos proyectaban revistas ilustradas y películas de Hollywood. En esa imitación, las dependientes jóvenes, de aire cosmopolita y moderno, cumplían un papel fundamental.

Además de las dependientas de comercio, también en Madrid representaban un símbolo de la mujer moderna las obreras de fábrica que, igual que en Getafe, aumentaron su importancia en los mercados formales de contratación tras la Primera Guerra Mundial. En realidad, las mujeres habían continuado participando en el sector manufacturero incluso después de la dislocación de las estructuras de organización de trabajo gremial. En Madrid, a finales del siglo XIX, no había las grandes fábricas de textil que sí había, por ejemplo, en Cataluña, y que desde la primera industrialización habían incorporado masivamente a mujeres en sus plantillas de trabajadores. Pero sí que se ofrecía trabajo en abundancia a mujeres en forma de encargos a domicilio, particularmente en la zapatería, como guarnecedoras, o en la confección, como costureras. Sin embargo, la gran mayoría de esas trabajadoras, por la naturaleza discontinua e informal de su ocupación, no aparecían en los registros, lo que explica el poco peso de las obreras respecto a los varones hacia 1905 (grupo 7/8/9).

El empuje industrializador de las décadas posteriores también trajo a Madrid la apertura de grandes fábricas, algunas con importantes plantillas de mujeres como operarias. A pesar de ello, a la hora de registrar en la documentación la actividad laboral siguieron pesando más los discursos ideales de moralidad, y muchas obreras siguieron ocultando su profesión. Pero lo mismo que en Getafe, en Madrid la prensa daba nutrida información de algunas de estas empresas, que tanto llamaban la atención por la presencia de mujeres en sus talleres. Una de ellas era la fábrica de productos de perfumería Gal, cuyos modos de integrar a hombres y mujeres de manera diferenciada en sus rutinas de trabajo son bien conocidos (Candela, 2003). Así, aunque en esta fábrica se ofrecía empleo a centenares de mujeres, tantas casi como hombres, los caminos profesionales que se les ofrecían a unos y otros eran muy diferentes. Los beneficiados eran los primeros, que ocupaban los mejores puestos, con altos salarios y condiciones laborales relativamente buenas. La modernización tecnológica no les había perjudicado y algunos seguían considerados como mano de obra cualificada y especializada. Por ello recibían altos salarios, como las 5.000 pesetas anuales que recibían los mecánicos o las 11 pesetas de jornal diario de un jabonero. Al mismo tiempo, la mecanización y la segmentación de la producción también dieron lugar a tareas que no requerían demasiada cualificación, como el cortado de las barras de jabón en pastillas, el troquelado para inscribir la marca, el envasado y empaquetado de los productos o el embotellado de colonia y su almacenaje en cajas y paquetes. Eran tareas sencillas y repetitivas, en las que se concentraban las mujeres inscritas en el padrón municipal con profesiones como “jornalera, obrera, cajera, empaquetadora” o dedicadas al “pegado de frascos”. Los salarios eran mucho menores, y las mujeres mejor pagadas no alcanzaban las 4 pesetas diarias. Esta diferenciación sexual se trasladaba a las trayectorias profesionales: los varones podían ir adquiriendo cualificación profesional e ir aumentando salario, mientras que ellas no tenían expectativas de escapar de los salarios de miseria.

Con esta estructura de incentivos, era lógico que las obreras de la fábrica Gal y de otras participaran en el mercado laboral como obreras a tiempo completo solo mientras eran solteras y menores de treinta años, siguiendo pautas de otros sectores en los que habían participado intensamente, como el servicio doméstico; las mujeres trabajaban plenamente solo durante su juventud, pero no podían convertirlo en su forma de vida, pues los salarios eran demasiado bajos incluso para mantenerse solo a ellas, sin incluir hijos o marido. En el mundo fabril urbano, la mujer moderna como trabajadora, con su salario propio y su socialización fuera del hogar, era una especie de vida limitada, que solo podía desarrollarse durante unos años de la vida.

Madrid ofrecía aún otro sector más para el desarrollo profesional de las mujeres, que fue el que se convirtió en distintivo de la metrópoli y el que ofreció caminos más amplios para la afirmación de esta mujer moderna y emancipada a través de su trabajo. El sector terciario surgido al calor de la asunción creciente de un papel como capital económica de España, en un capitalismo cada vez más necesitado de servicios de gestión de financiación, creó una gran cantidad de empleos que se abrieron también a las mujeres en las oficinas, como secretarias, mecanógrafas, recepcionistas, telegrafistas y telefonistas. Y es este el único sector (grupo 1) en que se hizo visible nítidamente el avance de la presencia de mujeres frente a los hombres, a los que iban comiendo el terreno. De entre estas nuevas profesiones de cuello blanco ejercidas por las mujeres, quizá las últimas, las telefonistas, puedan ser consideradas la vanguardia de esa trabajadora moderna por su impacto en el imaginario social y por los perfiles sociales concretos que ofrecían. Por otro lado, la Compañía Nacional Telefónica de España, creada en 1924 con capital norteamericano y con pautas de organización también introducidas desde aquel país, fue quizá el escenario donde pudo visibilizarse con más nitidez cuán modernas podían llegar a ser las nuevas trabajadoras del Madrid metropolitano.

En la Compañía Telefónica se daba un fenómeno similar al de las fábricas (Pallol, 2017). Las mujeres que trabajaban en ella solo desempeñaban determinadas figuras profesionales, como las de telefonista y operadora, además de mecanógrafa, para las que en cambio los varones eran raros. También los sueldos medios de las empleadas mujeres eran mucho más bajos (2.278 pesetas anuales) que los de sus colegas varones (5.570 pesetas). Para muchas de ellas, solteras y de menos de treinta años, los ingresos no superaban las 2.000 pesetas anuales, que era lo justo para ayudar a sus familias y permitirse ciertos gastos, pero escaso para vivir por cuenta propia. Sin embargo, a diferencia de las fábricas y de las trabajadoras manuales, en la Compañía Telefónica algunas de sus trabajadoras (no tantas como los varones) también podían disfrutar de carreras profesionales, con progresivos ascensos. Una pequeña parte seguía trabajando en la empresa más allá de la treintena, alcanzando salarios de más de 2.000 y hasta de 3.000 pesetas anuales. Así, en 1930, era posible encontrar a Carmen Mora Jiménez, de 31 años y empleada de Telefónica, con sueldo de 3.000 pesetas anuales, viviendo sola en una casa de cuatro habitaciones de la calle García de Paredes. O a Ángela Ibeas Mullany, de 35 años, con sueldo de 3.300 pesetas anuales figurando como cabeza de un hogar en el que convivía con su madre viuda de 66 años y una criada de 18 años. También residía allí un ingeniero francés de 33 años y alto sueldo, 15.000 pesetas, que bien podía ser su pareja, aunque no hubieran formalizado su relación. O a Úrsula Pardo, de 42 años, también empleada de Telefónica y con el mismo sueldo de 3.000 pesetas, viviendo en un piso de tres habitaciones de la calle Eloy Gonzalo, junto a su hijo, al que había tenido siendo soltera y que había cumplido los 18 por aquel entonces.

Estas tres mujeres encabezaban hogares singulares, que no se ajustaban a lo considerado normal y tradicional en el discurso social. Eran mujeres modernas, sin duda. Porque eran autónomas e independientes, capaces de costearse una forma de vida alternativa y sin necesidad de contar con un marido para ello. Eran pocas, sí. Y solo era posible encontrarlas en las calles céntricas de la ciudad. Algunas practicaban esta forma de vida de manera efímera, mientras eran jóvenes, y luego adoptaban dinámicas más ajustadas a las formas convencionales de vida, en las que la subordinación de género y la menor presencia en el espacio físico eran la norma. Sin embargo, lo que resulta significativo es que ellas eran un tipo de ideal de un fenómeno que en mayor o menor medida estaba calando en muchos rincones de toda el área metropolitana madrileña, si no en toda la sociedad urbana que se estaba forjando en la Europa de aquel tiempo. Hasta en un todavía algo recóndito suburbio de Getafe, las nuevas obreras participaban de esta independencia, porque por primera vez tenían un salario. Incluso entre profesiones como la de criada interna, que no podían representar mejor el mundo del pasado, se dejaba sentir el soplo de lo nuevo; bastaba con mirar a las muchachas de servir que con cada vez mayor frecuencia se cortaban el pelo para parecerse a las estrellas de Hollywood. En fin, la modernidad era ya una cuestión de grado, no de presencia. Pues en un área metropolitana como la madrileña, cada vez más integrada e interdependiente, esta ya había irrumpido. Las nuevas mujeres trabajadoras así lo atestiguaban, desde el rascacielos de oficinas de la Gran Vía hasta la fábrica del suburbio, desde el corazón de Madrid hasta el hasta hace poco lejano Getafe.

NOTA

Este texto forma parte de las actividades vinculadas al proyecto de investigación La sociedad urbana en la España del primer tercio del siglo XX. Madrid y Bilbao, vanguardia de la modernidad, 1900-1936 (HAR2015-65134-C2-1-P) del Plan Nacional de I+D, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento financiado por MINECO/FEDER.

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CAPÍTULO 10

TRABAJADORAS DEL TEXTIL Y NIVELES DE VIDA EN ANDALUCÍA Y EL PAÍS VASCO DURANTE EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

GRACIA MOYA GARCÍA Y ARANTZA PAREJA ALONSO

Cuando contemplamos la nueva sociedad que surge después de la irrupción del proceso de industrialización/modernización que en España podemos situar hacia mediados y último tercio del siglo XIX, los mercados laborales se han modificado de tal manera que apenas recuerdan a aquellos de la sociedad agraria del Antiguo Régimen. A partir de entonces las familias deberán vivir en nuevos barrios poco higiénicos y en viviendas precarias de los arrabales de las antiguas capitales o en las nuevas ciudades industriales. Vivir de un salario como jornaleros/as, que asegure el sustento y la supervivencia de todos los miembros de las nuevas familias urbanas, será la norma para la mayoría de la población.

En este contexto, si se pretende comprender los niveles de vida que hubieron de enfrentar nuestros antepasados, debemos disponer de nuevas fuentes de documentación que nos informen; por un lado, del monto económico de los jornales en el nuevo sector industrial y de servicios urbano y, a la vez, de las oscilaciones de estos a lo largo del tiempo —al menos desde principios del siglo XX—; de quiénes los cobraban realizando qué trabajos y bajo qué condiciones laborales. Y, por último, qué costaba lo esencial de la cesta de la compra para adquirir alimentos y carbón, pagar la renta de la vivienda y del margen existente para poder abastecerse de ropa y calzado.

Las últimas investigaciones históricas en Europa han insistido hasta la saciedad en que con la escasa y parcial documentación de que disponemos para contestar a estas preguntas se dibuja un nuevo modelo de familia urbana basada en la especialización de funciones. Así, los varones —esposos/jefes de familia/ganapanes— se encargaban de proveer el dinero para el sustento de toda la familia por medio del trabajo asalariado y las mujeres, máximo si estaban casadas y eran madres, se dedicaban plenamente al trabajo de ama de casa centrado en su propia familia, trabajo por el cual no se percibía salario alguno. En resumen, el nuevo mercado laboral urbano aparecía como fruto de la división sexual del trabajo en donde cada sexo ocupaba su lugar: unos fuera de casa, no solamente para trabajar y ganar dinero, también para el ocio y el consumo; y otras dentro de las paredes de su hogar, atendiendo y cuidando a los mayores y pequeños del grupo familiar.

Las fuentes históricas más fácilmente disponibles —provenientes de las nuevas oficinas estadísticas estatales y municipales— corroboran esta imagen en todos los lugares europeos y allende los mares, en donde se realizó esta transición hacia la Revolución Industrial. Sin embargo, fuentes contemporáneas más de índole cualitativa como la prensa obrera, o los informes de la Comisión de Reformas Sociales en el caso español, ya señalaban que esa nueva familia urbana ideal no existía. Atendiendo a fuentes escasas y dispersas, especialmente las referidas a los presupuestos familiares, y a fuentes cualitativas y parciales, los historiadores no han dejado de exponer sus sospechas, con mayor o menor fundamento, de que los salarios de los varones no fueron realmente “familiares” hasta bien entrado el siglo XX, al menos en el caso español.

La línea historiográfica de los estudios de género relacionada con el análisis de los nuevos mercados laborales ha sido la más insistente en la falta de fundamento de este ideal familiar (Arbaiza, 2002 y 2003; Sarasúa y Gálvez, 2003; Borderías, 2006; Sarasúa, 2006; Gálvez, 2006). Durante varias décadas desde el último tercio del siglo XIX hasta los primeros años del XX los bajos salarios percibidos por los varones que trabajaban en las ciudades —en su mayoría jornaleros sin especialización alguna— no alcanzaban ni de lejos para el mínimo sustento de una familia, que como media podía estar formada por cinco o seis personas. Dejando de lado por el momento cuestiones tan palpitantes como las largas jornadas de trabajo sin apenas descanso semanal, la mala calidad de los alimentos que la mayoría de la población podía adquirir o las deficiencias higiénicas de la escasa vivienda obrera y de los suburbios urbanos, lo cierto es que la población hubo de enfrentar serios problemas microeconómicos. Entre los estudiosos de los niveles de vida del mundo contemporáneo existe cada vez mayor consenso en que los mercados de trabajo urbanos, al menos en su primera fase, recurrieron amplia e intensamente primero a la mano de obra infantil (Borrás, 2013) y después a la mano de obra femenina, aun cuando las mujeres estuvieran casadas (Borderías y Pérez-Fuentes, 2009). En definitiva, la suma de salarios aportados por todos los miembros de la familia que cohabitaba en una habitación de un piso a renta con derecho a cocina fue la norma más que la excepción para una gran parte de la población hasta los años veinte.

En este capítulo trataremos de recuperar a una parte de aquellas mujeres que trabajaron en el sector textil fuera de Cataluña, en el País Vasco y en Andalucía. Las estadísticas oficiales las han ocultado detrás de lo que ellas mismas consideraban su profesión/oficio/ocupación principal como amas de casa. Para ello, utilizaremos fuentes históricas como los padrones municipales de habitantes cruzados junto con los libros de jornales de un pequeño número de fábricas de este sector, que nos permitirá averiguar cuántas eran, y lo que seguramente sea más relevante: cuál era el patrón de ocultación de las trabajadoras del textil en diferentes culturas obreras.

Las fuentes estadísticas clásicas

El nacimiento de las primeras oficinas estadísticas nacionales (en España a partir desde mediados del siglo XIX), a través de la realización de los censos de población, va a proporcionar los datos básicos que nos permitirán calcular la tasa de participación laboral por sexo y edad; así como cuantificar la población implicada en cada sector económico. Esto último, con una secuencia de diez años que presenta datos agregados publicados a nivel nacional, provincial y de capital de provincia, desde 1877. El gráfico de la serie continua de tasas de población activa por sexo para España (gráfico 1) constituye el único instrumento cuantitativo del que los historiadores pueden disponer. No será hasta finales de los años setenta cuando se comiencen a elaborar indicadores más sofisticados y fiables. De este gráfico lo que primeramente podemos concluir es que los varones españoles de edad laboral activa permanecieron casi en el pleno empleo durante los cien años transcurridos hasta el último tercio del siglo XX. En cambio, las mujeres no superarán la tasa del 20% hasta la década de los noventa del siglo XX. Esta tasa tan exigua que las fuentes presentan para las mujeres abona la idea de que estas trabajaron como asalariadas fuera de casa solamente en los primeros años, cuando eran jóvenes, o, en su caso, si quedaban viudas jóvenes; el resto abandonaría el mercado laboral regular cuando contrajeran matrimonio y llegaran los primeros niños.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las fuentes cualitativas afirman la existencia de mujeres trabajando en muchos tipos de industria, independientemente de su edad y estado civil, no se puede concluir otra cosa que las fuentes estadísticas tenían carencias importantes e inexplicables. Así se pudo confirmar en el estudio de Pilar Pérez-Fuentes (1995), en donde analizaba todos los censos de población que publicaban tablas de estructura del mercado laboral en España hasta vísperas de la Guerra Civil. Concluyó que los censos ofrecían para el trabajo femenino una “ilusión estadística”, que reflejaba solo una parte de la realidad de los mercados laborales como “deberían ser”, pero evidentemente no eran.

Gráfico 1

TASA DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LABORAL POR SEXO (% 15-64) EN ESPAÑA ENTRE 1877 Y 2001

Fuente: INE. Censos de población de España.

Paradójicamente, estas tasas continúan utilizándose en la actualidad. Los historiadores de la economía suelen señalar que no hay fuentes alternativas para valorar adecuadamente el trabajo femenino más allá de estas. Y si existen, no resultan muy fiables o precisan de la inversión de demasiado tiempo y esfuerzo de los/as investigadores/as, para llegar a conclusiones demasiado locales, que a duras penas se podrían extrapolar a nivel regional o nacional (Humphries and Sarasúa, 2012).

Quizá el mayor problema es la ausencia de datos estadísticos fiables para todo el territorio nacional antes de los primeros datos ofrecidos por los primeros censos (1877 en adelante). Según los primeros censos de población (1787, 1857 y 1860), no es posible calcular tasas de actividad por edad, sexo y sector económico. Esto imposibilita saber de qué niveles partimos cuando irrumpe la sociedad industrial. Hay que recordar que los mercados laborales urbanos ya existían en la sociedad agraria en la época moderna. Estudios a nivel local nos permiten vislumbrar que la presencia de mujeres en los mismos, que además las fuentes primarias no ocultan, da como resultado unos niveles bastante más altos de lo supuesto por la academia hasta ahora. Es el caso estudiado por Carmen Sarasúa (2018: 7), en el que sobre una muestra de 22 localidades rurales/urbanas de Castilla-La Mancha, utilizado el Catastro de la Ensenada —1750-55—, la participación femenina (10-60 años) era como media del 32,3%. Un poco más adelante, en la provincia de Bizkaia, Pilar Pérez-Fuentes (2013) encontró una media provincial de un 68,6% según el Censo de Policía de 1825; y más concretamente, en la villa de Bilbao de esa misma fecha, un 59,2% de las mujeres aparecen recogidas con profesión/ocupación (Pareja y Zarraga, 2006: 39). En esta tasa están incluidas aquellas que trabajaban en el servicio doméstico, pero también como jornaleras o artesanas.

Una alternativa de recuperación: los padrones municipales de habitantes y los libros de jornales de empresa

Los padrones municipales de población eran documentos realizados por los ayuntamientos que tenían como objeto la recogida de información sobre la población de derecho (empadronada) y de hecho (residente) agrupadas por hogares. El empadronamiento era obligatorio y se realizaba en cédulas que se repartían por hogares y que debían reflejar la residencia de la población a 31 de diciembre del año en curso. Los padrones se realizaban por ley cada 5 años, aunque había ayuntamientos que los ordenaban con mayor frecuencia. Incluían información nominal sobre los miembros residentes en el hogar (edad, estado civil, lugar de nacimiento, parentesco con el cabeza de familia, tiempo de residencia, nivel de alfabetización y profesión). Solo raramente la renta y salario, que como excepción se recogió en el padrón de 1924 para toda España, con desigual calidad (Borderías y Muñoz, 2017).

Esta fuente se puede utilizar para conocer mucho mejor los mercados laborales del mundo contemporáneo a pesar de la inversión en tiempo que hay que realizar para obtener resultados significativos (González Portilla et al., 2009; Carballo, Pallol y Vicente, 2008; Moya y Martínez, 2013). En el caso en que se ha podido comparar la tasa de actividad femenina calculada desde el censo junto con la obtenida de padrones de idénticas fechas, dicha última tasa resulta más elevada (Moya y Martínez, 2011; Pareja, García y Zarraga, 2014).

La utilización de esta fuente contiene la ventaja añadida de que, al ser una fuente nominativa, puede utilizarse aprovechando otras fuentes nominativas de diversos orígenes pero de similares fechas, llegando a disponer de bases de datos muy enriquecidas en cuanto al nivel de información del que los investigadores pueden disponer.

Las posibilidades de cruzar información padronal con otras fuentes nominativas pueden variar mucho teniendo en cuenta que los archivos locales contienen documentación a veces conservada, otras no, y no siempre comparable para todo el espacio nacional. Una de las posibilidades, cuando existe, es la utilización de los libros de jornales de las empresas. En ellos, se encuentra la lista de los nombres de la plantilla de trabajadores detallando el jornal diario, las horas extraordinarias, la paga semanal, etc. Finalmente, dan lugar a la creación de nuevas metodologías para detectar y contabilizar la auténtica presencia de mujeres trabajadoras en el pasado.

La reconstrucción del trabajo de las mujeres en el sector textil

Algunas fuentes históricas nos informan de la existencia de mujeres que trabajaban en el sector secundario, especialmente en el sector textil, toda vez que en Gran Bretaña comenzó una Revolución Industrial auspiciada precisamente desde este sector mediante la maquinización de la producción de textiles de algodón u otros materiales (Borderías y Ferrer, 2015). La exportación de este modelo industrial a otros países, como España, implicó la creación, sobre todo en Cataluña, de numerosas pequeñas fábricas textiles dedicadas a la producción de algodón, lana o yute, y cuya plantilla estaba formada casi íntegramente por mujeres. Toda vez que se dispone de una base de datos nominativa procedente de un padrón, el trabajo de investigación consiste en localizar a todos los/as trabajadores/as en ese momento en activo y comprobar, primero, si en la casilla de profesión de cada trabajadora en el padrón han apuntado verazmente su profesión y en ocasiones el jornal percibido. Este primer paso es muy laborioso, pero resulta eficaz para descubrir las inexactitudes u omisiones, corregir al alza las tasas de actividad femenina y, ulteriormente, descubrir el patrón de “invisibilidad” que pudiera existir al confeccionar los padrones. En este artículo se ha hecho este trabajo de reconstrucción, a veces casi manual, para dos empresas textiles del País Vasco —en Gipuzkoa y en Bizkaia— y una empresa en la ciudad de Granada.

El caso de dos localidades industriales en el País Vasco

La historiografía tiene que reconocer que en aquellas regiones de industrialización tardía, y liderada por otro sector industrial como la minería y la siderurgia, apenas si se vislumbra el trabajo industrial femenino. Este sector no demandaba mano de obra femenina, a pesar de tener toda la que necesitara en forma de inmigración principalmente del norte de Castilla (González Portilla, 2009), ya que se entendía que estos trabajos necesitaban una fuerza y dureza de las que las (algunas) mujeres se presumía que carecían.

A pesar de eso, las empresas dedicadas al sector textil proliferaron especialmente en territorio guipuzcoano desde mediados del siglo XIX. Se puede afirmar que Gipuzkoa toma la delantera del sector textil en el País Vasco. Un breve recuento de las pequeñas fábricas que se implantaron resulta muy ilustrativo: de algodón: Bergara (1846), Lasarte (1846), Andoain La Guipuzcoana (1857-58), Billabona la Subijana (1858-60); de lana: en Zarautz (1859), Errenteria, Fabril Lanera (1899); de lino: Errenteria Sociedad de Tejidos de Lino; de yute: Rentería. Manufacturas de yute (1901); y de boinas: Tolosa Elosegi (1857) (Serrano, 2010: 22). La concentración de fábricas de textil en la localidad de Errenteria ha dado lugar a que los historiadores podamos calificarla como la “pequeña Manchester”. Todas estas fábricas presentaban una media de alrededor de 250-300 trabajadoras en sus plantillas, que se nutrían mayoritariamente de mano de obra local.

En cambio, en Bizkaia, más enfocada en el sector siderúrgico concentrado alrededor de la Ría de Bilbao, las empresas textiles suponen una menor relevancia y una implantación tardía. Así, podemos nombrar en Bilbao una fábrica de lencería desde 1854; dos fábricas de yute en Alonsótegi (1903) y Gueñes (1891); y, por último, la fábrica de boinas en Balmaseda La Encartada desde 1892.

En la figura 1 se pueden situar todas las fábricas del textil que funcionaron en el País Vasco, a la vez que señala la localización de las dos fábricas que vamos a utilizar para este estudio.

FIGURA 1

situación de las fábricas textiles en las comarcas industriales del país vasco

Estas son la fábrica de tejidos de lana La Fabril Lanera en Errenteria, Gipuzkoa, en funcionamiento desde 1899 a 1976, y la fábrica de boinas y géneros de punto La Encartada, en Balmaseda, Bizkaia. Esta última tuvo larga vida, desde 1892 hasta que cerró en 1992, y actualmente se ha convertido en una fábrica-museo. En los archivos municipales de las respetivas localidades se encuentra toda la documentación de cada empresa. En los mismos archivos municipales se encuentran algunos padrones que pueden relacionarse en fechas concretas a los libros de jornales.

Así, para este estudio que presentamos aquí, se ha utilizado el padrón de Errenteria de 1929 junto al libro de jornales de ese mismo año. Este municipio tenía una población de 8.722 habitantes, y en la fábrica trabajaban 234 mujeres y 195 hombres en esa fecha. Por otro lado, en Balmaseda, que en 1924 tenía 3.728 habitantes, se han utilizado tres padrones en las fechas de 1899, 1910 y 1924 —contiene salarios—, y los libros de jornal en los años correspondientes.

En la tabla 1 se pueden ver los primeros resultados del cálculo de la tasa de actividad femenina extraída de los padrones, la comparación con el cálculo obtenido del censo para cada provincia y los niveles de tasa que se pueden alcanzar con la información proveniente de las dos fábricas. En primer lugar, no hay duda de que las cifras de la TAF (tasa de actividad femenina) calculadas desde los censos subestiman a la baja el trabajo femenino tanto en Gipuzkoa como en Bizkaia. Por otro lado, la intensidad del trabajo femenino en Gipuzkoa es superior en dos o tres veces del que presenta Bizkaia en las mismas fechas. La causa que explique esto puede que tenga relación con el diferente modelo productivo adoptado en cada provincia, que se nutre de uno o de otro sexo en función de la demanda de cada sector: siderurgia/varones o textil/mujeres.

TABLA 1

Tasas de actividad femenina (% 15-64) en los censos, padrones de dos localidades fabriles y tasa de actividad corregida con los libros de jornales de DOS empresas textiles

%

% TAF Corregida

Errenteria padrón 1910

43,52

Errenteria padrón 1929

34,86

38,28

Gipuzkoa censo 1930

14,70

Bizkaia censo 1930

12,44

Balmaseda padrón 1899

6,10

15,34

Balmaseda padrón 1910

10,46

18,59

Balmaseda padrón 1924

9,91

19,25

Fuente: Libros de jornales de La Encartada, Balmaseda (Bizkaia) y de La Fabril Lanera, Errenteria (Gipuzkoa); padrones municipales de años correspondientes.

La localización total de trabajadores en el padrón nunca es posible, ya que siempre existe la posibilidad de que haya operarias que residan en municipios cercanos. Sin embargo, en estos dos casos, el porcentaje de localización ha sido muy alto (±75%), hecho que se traduce en la mejora al alza de la TAF a nivel local, de forma muy llamativa en Balmaseda y algo menor en Errenteria. Conviene recordar que en esta tabla se ofrecen solamente las correcciones de las tasas femeninas en función de la ocultación de una fábrica en cada localidad. Este primer resultado anima a seguir buscando más fuentes de empresa y proceder de la misma manera sobre el padrón para llegar a una TAF mucho más realista.

TABLA 2

Porcentaje de ocultación de la actividad laboral de los trabajadores por sexo en dos fábricas del país vasco

Balmaseda 1899

Balmaseda 1910

Balmaseda 1924

Errenteria 1929

%

%

%

%

Mujeres

98,08

91,23

88,89

32,65

Hombres

21,05

10,53

0

0

Fuente: Libros de jornales de La Encartada, Balmaseda (Bizkaia) y La Fabril Lanera, Errenteria (Gipuzkoa); Padrones municipales de años correspondientes.

Por último, se ha intentado encontrar un patrón de invisibilidad de la profesión de mujeres y hombres en los padrones. Esto no sería raro, ya que muchas veces las hojas familiares las rellena el mismo cabeza de familia. Si posteriormente no se procede a la comprobación de los datos contenidos en ellas por parte de los ayuntamientos, la calidad de la declaración de profesión puede resultar muy baja. Así, en la tabla 2 presentamos los datos del porcentaje de ocultación de profesión de trabajadores/as de las dos fábricas. Por un lado, y a pesar de lo que inicialmente se podía pensar, la ocupación de los hombres tiene un cierto nivel de ocultación no desdeñable en 1899 en Balmaseda, que, sin embargo, va corrigiendo a partir del cambio de siglo. Y, por último, la conclusión más relevante es que la invisibilidad de las trabajadoras de la fábrica vizcaína de boinas es casi total, al contrario de lo que ocurre en Errenteria. Efectivamente, mujeres trabajadoras del sector textil en Bizkaia se ocultan bajo ausencia de declaración profesional, o bien tras los consabidos “su sexo”, “labores de casa” y similares, que implican al menos en principio una inactividad laboral. Llegado este punto, la pregunta pertinente es cuál es la razón de que en un mismo sector productivo, el textil, separado por muy pocos kilómetros de distancia entre sí, a unas mujeres se les reconozca su profesión en el padrón y a otras, casi nada en absoluto. Finalmente, hay que insistir en que trabajar a nivel micro determinadas cuestiones como la invisibilidad del trabajo femenino ofrece buenos resultados para poder modificar las sempiternas exposiciones que los historiadores han venido ofreciendo. Son ya numerosos los trabajos en esta línea de investigación que nos permiten afirmar que las mujeres adultas, también las que estaban casadas, aportaron un tercio menos de jornal que sus cónyuges varones, pero aportaron una cantidad nada desdeñable a los presupuestos familiares.

El caso de la ciudad de Granada. La Fábrica de Tejidos San Miguel en 1930

En 1930 la ciudad de Granada continúa inmersa en el proceso de urbanización y cambio social que iniciara en el último tercio del siglo XIX (Martínez Martín y Moya García, 2011: 127-144). Dicho proceso ha promovido una serie de transformaciones a nivel económico, social, poblacional, urbano, de infraestructuras, de transportes, etc., que otorgan a la capital una faz muy diferente a la que mostraba a finales de la centuria decimonónica. Por ejemplo, entre 1887 y 1930 la capital ha pasado de los 73.006 habitantes a los 118.179, ha conocido un importante ensanche urbano y ha diversificado y renovado sobremanera su estructura socioprofesional. De capital importancia en esta evolución ha sido la extensión del cultivo de la remolacha azucarera por la vega granadina desde finales del XIX y la aparición de la industria de transformación a este asociada, que dará lugar a una ola de prosperidad económica, principal responsable de los cambios mencionados. Si bien tampoco se puede olvidar que a lo largo de este periodo Granada sigue consolidándose en su papel de centro político y administrativo de la provincia, amén del mantenimiento del tradicional carácter cultural que siempre la ha distinguido.

En este proceso de cambios, los que afectan a la ocupación y actividad de los habitantes de la ciudad son algunos de los más llamativos. Entre 1890 y 1930, la población activa granadina ha optado preferentemente por las actividades relacionadas con el sector servicios, que a estas alturas acoge al 43,3% del total de esta, rebajándose así, de forma muy significativa, la presencia en la estructura socioprofesional de la ciudad de las actividades de tipo primario, que se alzan con el 18,2% de los activos granadinos, y, sobre todo, de las relacionadas con la industria, principal receptáculo de población activa en las décadas finales del siglo XIX e incapaz de acoger en estas fechas a más del 19,6% de los activos granadinos. En realidad, las actividades artesanales y manufactureras ya venían mostrando un importante deterioro desde tiempo atrás (Gay Armenteros y Viñes Millet, 1982: 24-35; Bosque Maurel, 1988: 195-203) y lo que hace en 1930 es concretar ese debilitamiento. Aparte de perder uno de los principales viveros de ocupación y empleo, la decadencia de las actividades industriales en la capital granadina va a suponer un aumento del trabajo precario y sin cualificar, así como una rebaja muy importante de las posibilidades laborales que tenía la mano de obra femenina, tan presente hasta entonces en las artesanías y manufacturas repartidas en régimen de economía familiar por el tejido urbano (Martínez Martín, Moya García, 2011: 137-144).

Con todo, el sector industrial granadino de finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX intentará agarrarse con todas sus fuerzas a cualquier oportunidad que se brinde, y una de estas es la que va a llegar desde el sector remolachero-azucarero y su demanda de sacos y telas para la industria. Es en este contexto en el que tiene lugar la fundación, en 1889, de la Fábrica de Tejidos San Miguel, situada en el Albaicín, a iniciativa de Miguel Ferrer Salinas. En un primer momento es una industria bastante modesta, que trabaja el algodón y el cáñamo y utiliza telares manuales. Su producto está destinado al mercado rural, al que proporciona sacos, costales y albardas principalmente. Si bien, con la aparición y extensión de la industria azucarera de remolacha, su producción se diversificará desde inicios del siglo XX, cubriendo la demanda de filtros para las prensas y elaboración de jarabes que de esta provenía. Será entonces cuando la fábrica comience a crecer y renovarse, sustituyendo los primeros telares manuales por telares mecánicos que, en muchas ocasiones, es un material de segunda mano de origen británico y catalán. En 1923, Francisco Ferrer Puertollano sucederá a su padre en la dirección de la fábrica, quien, aprovechando el boyante momento que vive el sector algodonero granadino, ampliará el negocio, abriendo un nuevo edificio, que en vísperas de la Guerra Civil daba trabajo a más de ochenta personas y ya contaba con sus propias tintorerías. El paréntesis de la Guerra Civil supondrá el inicio de una nueva etapa para esta industria, muy afectada por la crisis que el sector remolachero-azucarero arrastra desde principios de los años treinta. En 1957 la antigua fábrica cierra y es sustituida por otra más pequeña denominada Hijos de Francisco Ferrer, que irá languideciendo al compás de la mecanización del sector agrario y la aparición de los plásticos. Finalmente, en febrero de 1976, se produce su cierre, siendo su titular Francisco Ferrer Cuesta, nieto del fundador de la Fábrica San Miguel.

El presente epígrafe tiene tres objetivos básicos: visualizar la mano de obra femenina empleada en la Fábrica de San Miguel en 1930 y proceder a una reconstrucción de la tasa de actividad femenina en la ciudad de Granada en la fecha indicada; caracterizar sociológicamente a estas mujeres; establecer, a partir del estudio de los salarios que percibieron, la importancia del trabajo de estas mujeres en las estrategias de reproducción de las familias granadinas pertenecientes a las clases populares. Ello ha sido posible gracias al cruce de información entre el libro de personal de la fábrica con fecha de 2 de febrero de 1929 hasta el 11 de enero de 1930, en el cual consta el nombre del/de la trabajador/a, la labor realizada, los días trabajados y el salario percibido, y las hojas padronales del barrio del Albaicín de 1930.

Teniendo en cuenta las altas y bajas producidas, entre el 2 de febrero de 1929 y el 11 de enero de 1930, trabajaron en la Fábrica de Tejidos San Miguel un total de 98 mujeres. La semana que más mano de obra femenina reclutó suma un total de 78 mujeres y la que menos, 67, siendo lo más frecuente un total de 74, 75 o 76 mujeres por semana. Junto a ellas, cinco hombres: dos maestros, dos tintoreros y un mecánico. Concluyendo, a la altura de 1930 la Fábrica de Tejidos San Miguel se sustentaba sobre todo en mano de obra femenina, que abastecía buena parte de las necesidades textiles del campo y la industria granadina de aquel entonces. Distribuidas entre tejedoras —las más numerosas, prácticamente el 50%—, canilleras, carreteras, atadoras, urdidoras y costaleras, trabajaban seis días a la semana, de lunes a sábado, y percibían un salario semanal en función de los días trabajados y el rendimiento producido. Algo, por lo demás, muy habitual a lo largo del tiempo en lo que se refiere al trabajo de la mujer en el sector textil (Albuera Guirnaldos, 2006: 227-238; Díaz Sánchez, 2001: 100-112).

Del total de 98 mujeres que pasaron por el taller de la Fábrica de Tejidos San Miguel en el periodo de tiempo indicado, han sido localizadas 79, es decir, el 80,6%, que aparecen repartidas en un total de 66 hogares. Efectivamente, tal y como suponíamos, la demanda de mano de obra femenina de esta industria textil se nutrió de las mujeres que habitaban el barrio albaicinero en estas fechas, barrio, por demás, de larga tradición textil y artesanal en la ciudad granadina.

La gran mayoría de estas mujeres, que, a lo largo de fatigosas jornadas de trabajo, tejían, urdían o llenaban las canillas de hilo, fueron invisibilizadas por el mercado laboral granadino de 1930. Es decir, de las 79 mujeres localizadas en las hojas padronales solo 14 declaran como profesión la de “tejedora”, quedándole al resto adjudicada la categoría de “su sexo”, “su casa” o “sus labores”. En definitiva, al incorporar al mercado laboral de la ciudad de Granada la actividad no declarada de las trabajadoras de la Fábrica de Tejidos San Miguel en 1930, la tasa de actividad femenina pasaría del 17,3% (Martínez Martín, Moya García, 2011: 137) al 20,6% (gráfico 2), devolviéndonos una imagen más ajustada de lo que debió de ser la realidad sociolaboral granadina en 1930.

GRÁFICO 2

TASA DE ACTIVIDAD FEMENINA DE GRANADA EN 1930 (%)

Fuente: Padrón municipal de habitantes de 1930. Barrio del Albaicín.

Libro de personal de la Fábrica de Tejidos San Miguel, 1929-1930

Por otro lado, es muy probable que el decaimiento del sector artesanal y manufacturero en la ciudad de Granada llevara a un aumento de la proletarización y precarización en la zona del Albaicín, tan apegada hasta entonces a este tipo de actividades. Proletarización y precarización que, en no pocos casos, trataría de encontrar alivio en el empleo del resto o parte de miembros de la familia en edad de trabajar, lo que en nuestro caso enlazaría con el alto porcentaje de hogares habitados por trabajadoras de la fábrica y encabezados por un “jornalero” o un “del campo” (tabla 3). Se manifestó, igualmente, la necesidad de allegar recursos a los hogares más vulnerables y desvalidos en el alto porcentaje representado asimismo por los encabezados por una viuda con profesión “sus labores” o “su sexo”. Por lo demás, el rastro del pasado artesanal y manufacturero del Albaicín puede seguirse fácilmente a partir de los hogares encabezados por zapateros, sombrereros, sastres, curtidores, tejedores, alfareros, etc.

TABLA 3

TIPO DE HOGARES DONDE RESIDEN LAS TRABAJADORAS DE LA FÁBRICA SAN MIGUEL SEGÚN LA PROFESIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

Hogar

Nº Hogares

%

Nº Trabajadoras

%

Albañil

Alfarero

Campanero

Carrero

Cerrajero

Ciego

Curtidor

Chófer

Herrero

Jornal./Del campo

Lavandera

Obrero

Sastre

Sirvienta

Sombrerero

Sus Labores

Tejedor

Vendedor

Zapatero

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

1

1

1

1

2

16

2

1

8

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

37,8

1,5

1,5

1,5

1,5

3,0

24,2

3,0

1,5

12,0

1

3

1

1

1

1

1

1

1

30

1

1

1

1

3

19

2

1

9

1,3

3,8

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

37,9

1,3

1,3

1,3

1,3

3,8

24,0

2,5

1,3

11,4

Total

66

100

79

100

Fuente: Padrón municipal de habitantes de 1930. Barrio del Albaicín. Libro de personal de la Fábrica de Tejidos San Miguel, 1929-1930.

Son, por lo demás, estas trabajadoras de la fábrica textil en su mayoría jóvenes (tabla 4) y solteras (gráfico 3); hijas, sobre todo (gráfico 4), que apoyarían al grupo familiar en sus estrategias de reproducción con los ingresos semanales obtenidos en la fábrica de tejidos o, al menos, con parte de ellos. Escasa es, por su parte, la participación de la mujer casada en la plantilla de trabajadoras de la Fábrica San Miguel, quien difícilmente podría compaginar el horario fabril con el cuidado de los hijos y/o mayores y la realización de las tareas domésticas. En caso de necesidad, probablemente las llevara a utilizar estrategias más flexibles para aportar recursos al hogar, como por ejemplo su contratación por horas en el servicio doméstico, o como lavandera, planchadora, costurera, vendedora, etc.

TABLA 4

EDAD DE LAS TRABAJADORAS DE LA FÁBRICA DE TEJIDOS SAN MIGUEL

Grupos de edad

Nº Trabajadoras

%

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

32

25

12

2

2

2

1

1

2

0

40,5

31,6

15,2

2,5

2,5

2,5

1,2

1,2

2,5

0

Total

79

100

Fuente: Padrón municipal de habitantes de 1930. Barrio del Albaicín. Libro de personal de la Fábrica de Tejidos San Miguel, 1929-1930.

En cuanto al salario percibido, tal y como ya se ha indicado, dependía de los días trabajados y el rendimiento producido, lo que va a suponer no solo importantes diferencias entre unas trabajadoras y otras, sino también entre la misma trabajadora. Por ejemplo, una misma tejedora trabajando seis días a la semana podía variar su sueldo desde las 17,20, las 20,50 o las 24,90 pesetas, mientras que dos tejedoras trabajando el mismo número de días podían variarlo desde las 16,30 a las 9,25 pesetas. Existe además una importante diferencia entre el salario percibido por tejedoras y urdidoras, los más elevados, y el del resto de trabajadoras de la fábrica; esto es, canilleras, carreteras, atadoras y costaleras, más bajos y bastante más regulares —en torno a las 9-12 pesetas por seis días de trabajo—, lo que parece indicar que la fábrica tenía establecido un sistema de jerarquización de sueldos y de las primas recibidas. Además, es muy probable que los fallos en el trabajo realizado (aparición de marras, casamientos, etc.) fuesen penalizados por la empresa en el salario percibido. Solo así se podría explicar que por seis días trabajados una tejedora llegase a percibir solo 3,40 pesetas.

GRÁFICO 3

ESTADO CIVIL DE LAS TRABAJADORAS DE LA FÁBRICA SAN MIGUEL (%)

Fuente: Padrón municipal de habitantes de 1930. Barrio del Albaicín. Libro de personal de la Fábrica de Tejidos San Miguel, 1929-1930.

GRÁFICO 4

PARENTESCO CON EL CABEZA DE FAMILIA (%)

Fuente: Padrón municipal de habitantes de 1930. Barrio del Albaicín. Libro de personal de la Fábrica de Tejidos San Miguel, 1929-1930.

En definitiva, las trabajadoras de la Fábrica de Tejidos San Miguel dan visibilidad al trabajo oculto de la mujer en la Granada de 1930, sacando a la luz un mercado laboral menos masculinizado que el que las fuentes y estadísticas oficiales muestran. Es decir, un mercado laboral más compartido por hombres y mujeres, mujeres que con su trabajo y aportaciones contribuyeron a la subsistencia y mejora de las condiciones de vida de los grupos sociales más humildes y modestos de la capital granadina a inicios de la década de los años treinta del siglo pasado.

NOTA

Esta investigación ha sido financiada por los siguientes proyectos y subvenciones: 1) La definición de la sociedad de masas. Bilbao, un engranaje urbano, 1910-36, Ministerio de Ciencia e Innovación MINECO (HAR2016-76759-P), IP: Jose Mª Beascoechea Gangoiti; 2) Grupos de Investigación del Sistema Universitario Vasco, Grupo A (IT-1085-16), IP: Jose G. Urrutikoetxea Lizarraga; 3) Mercados laborales, condiciones de vida y movilidad social: la Andalucía urbana (1880-1945), Ministerio de Economía y Competitividad, IP: David Martínez López.

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RESÚMENES

La educación en España, la apuesta por la modernidad. Reducción del analfabetismo y participación de las mujeres en el sistema educativo, 1900-1936

Luis Enrique Otero Carvajal, Universidad Complutense de Madrid

Resumen. La mejora y reforma de la educación fue una de las preocupaciones de institucionistas, reformadores sociales, regeneracionistas, liberales, socialistas y anarquistas de la España del primer tercio del siglo XX. Salvar la brecha que separaba a España de las más dinámicas naciones europeas pasaba por renovar el sistema educativo del país, sus estructuras, métodos, objetivos y contenidos. La reducción del analfabetismo fue posible por la conjugación de una serie de factores entre los que destacaron, además de la acción gubernamental, los procesos de cambio social, económico y demográfico, acentuados tras los efectos de la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial y los efectos de la segunda industrialización. El esfuerzo presupuestario realizado durante el primer tercio del siglo XX se tradujo en la reducción significativa de las tasas de analfabetismo, la tasa general de analfabetismo pasó del 56,2% en 1900 al 23,1%, en 1940, una disminución de 33,1 puntos, que hizo realidad la llamada “transición a la alfabetización”. No menos transcendente fue la reducción del analfabetismo femenino, frente a los 28,5 puntos registrados entre la población masculina, la reducción del analfabetismo entre la población femenina alcanzó los 37,8 puntos, casi diez puntos de diferencia. La transformación de los mercados laborales en los principales núcleos urbanos del país, con la aparición de nuevas profesiones con una fuerte presencia femenina, incrementaron el interés de las familias y de las jóvenes urbanas por mejorar su formación, requisito imprescindible para ingresar en la economía formal como forma de escapar al destino tradicional del servicio doméstico y el trabajo informal.

La apuesta por la educación también se manifestó, aunque con menor intensidad, en la enseñanza secundaria. El incremento del número de estudiantes de bachillerato estuvo directamente relacionado con la gran transformación que experimentó la sociedad urbana de la España del primer tercio del siglo XX. La ampliación de las clases medias urbanas explica el aumento de los estudiantes de bachillerato —hombres y mujeres— como instrumento para acceder a la Universidad, a la Administración Pública o a los nuevos empleos de gestión, administración y gerencia de una economía en transformación. La ampliación del número de estudiantes de bachillerato entre 1910 y 1936 fue constante, de los 34.000 del curso 1909-1910 a los 145.000 del curso 1933-1934. Tan significativo como el aumento del número de bachilleres fue el incremento de la presencia femenina, del insignificante 2,82% de alumnas matriculadas en el curso 1914-1915 (1.373) se pasó al 28,91% (41.922) del total de estudiantes de bachillerato elemental y superior. El libre acceso de las mujeres a la Universidad desde 1910 abrió a las mujeres aquellos mercados laborales en los que la formación superior resultaba imprescindible.

La continuidad de la actividad científica y del espíritu con el que nació la Junta para Ampliación de Estudios y que impulsó la renovación y modernización del sistema educativo fue imposible tras la finalización de la Guerra Civil. Los postulados del nacionalcatolicismo impuestos, con su abierta animadversión a todo lo que significara una enseñanza basada en criterios vinculados a las nuevas pedagogías y la ciencia moderna, provocaron el fin del proceso reformista que había tenido en la educación una de sus manifestaciones más transcendentes en el cambio social que España registró durante el primer tercio del siglo XX.

Abstract. During the first third of the twentieth century, the improvement and reform of education was one of the main concerns of institutionalists, social reformers, regenerationists, liberals, socialists and anarchists in Spain. Bridging the gap that separated that country from the most dynamic European nations required the renewal of its educational system in all its sections (structures, methods, objectives and contents). The reduction of illiteracy rates was possible due to the confluence of several factors, among which we can highlight the governmental action and the processes of social, economic and demographic changes, accentuated by the effects of Spanish neutrality in the First World War and those caused by the Second Industrial Revolution. The budgetary effort made during the first third of the twentieth century resulted in a significant reduction in illiteracy rates (the general one went from 56,2 per cent in 1900 to 23,1 per cent in 1940, making possible the emergence of the so-called transition to universal literacy). Equally important was the reduction in female illiteracy rates, which reached 37,8 points. The transformation of labour markets in the main urban centres, with the emergence of new professions characterised by a strong female participation, increased the interest of families and urban young women to improve their education. This last requirement was essential to participate in the formal economy as a way to escape the traditional destinies of domestic service and informal work.

Although with less intensity, the official commitment to education was also manifested in secondary education. The increase in the number of high school students was directly related to the great transformation experienced by the urban society in Spain in this period. The expansion of the urban middle classes explains that progress as an instrument to reach university studies and new employments in civil service, administration and management in the framework of a changing economy. The number of high school students between 1910 and 1936 grew constantly (from 34.000 in the 1909-1910 academic year to 145.000 in 1933-34). Equally significant was the rise of female presence (from 2,82 per cent of the students enrolled in the 1914-15 academic year to 28,91 per cent of the elementary and high school students in 1933-34). In addition, the free access of women to the university since 1910 allowed their entry into those sections of labour markets in which higher education was demanded.

The continuity of the scientific activity and the spirit with which was created the Junta de Ampliación de Estudios, crucial for the renovation and modernisation of the educational system, was impossible after the Spanish Civil War. The ideologies imposed by National Catholicism, with its antagonism to everything that meant teaching based on new pedagogies methods and modern science, brought an end to the reformist process that, during the period of social changes registered by Spain in the first third of the twentieth century, had one of its most transcendental manifestations in education.

Primera industrialización, urbanización e indicadores de bienestar. La Ría de Bilbao, 1877-1930

Manuel González Portilla, Josu Hernando Pérez

y Josetxo Urrutikoetxea Lizarraga, Universidad del País Vasco

Resumen. La primera industrialización de la Ría de Bilbao (1877-1930) ofrece un marco adecuado para el estudio de las relaciones entre desarrollo económico y bienestar. Crecimiento de la población, transición demográfica, aumento de la E0, incremento de las tallas y formación del capital humano son facetas que confirman evidentes logros en términos de bienestar. Sin embargo, esta valoración de carácter general se debe entender desde una lectura críticamente matizada. Lo exigen los distintos espacios, etapas, grupos sociales y colectivos diversos que protagonizan esta historia.

A una primera fase de extremada precarización, le sucede una tendencia a largo plazo de mejora en los niveles de bienestar y de reducción de las diferencias internas. Pero en este proceso no todos los grupos corren la misma suerte. Inmigrantes, grupos socioproductivos menos cualificados, niños y mujeres se enfrentan a las situaciones más precarias. Es obvio, por otro lado, que se trata de una andadura siempre pendiente. La desigualdad se mitiga, no desaparece. En 1930, después de medio siglo de andadura, las diferencias entre hábitats, barriadas, grupos sociales, grupos étnicos y otros (sexo y edad) siguen vigentes. Incluso hoy, son mucho más acusadas de lo deseable.

Abstract. The first industrialization of the Ría de Bilbao (1877-1930) offers an adequate framework for the study of the relations between economic development and welfare. Population growth, demographic transition, increase in E0, increase in height and formation of human capital are facets that confirm evident achievements in terms of welfare. However, this general assessment must be understood from a critically nuanced reading. It is demanded by the different spaces, stages, social classes and diverse groups that live this history.

After a first phase of extreme precarization, follows a long-term trend of improvement in levels of well-being and reduction of internal differences. But in this process, not all groups suffer the same fate. Immigrants, less qualified socio-productive groups, children and women face the most precarious situations. It is obvious, on the other hand, that it is a journey that is always pending. Inequality is mitigated, it does not disappear. In 1930, after half a century, the differences between habitats, slums, social groups, ethnic groups and others (sex and age) are still standing. Even today, they are much more accused of what is desirable

Urbanización, modernización y desigualdad social. El avance de la alfabetización en las capitales andaluzas, 1900-1930

David Martínez López, Universidad de Jaén,

y Manuel Martínez Martín, Universidad de Granada

Resumen. Durante el primer tercio del siglo XX se desarrolló una fase crucial de la urbanización en Andalucía. Las capitales fueron su escenario principal; el crecimiento demográfico y la modernización social, los motores del cambio; y la transición de la alfabetización, una de sus manifestaciones más relevantes. Por su carácter transversal, afectó a múltiples dimensiones (laboral, familiar, política, etc.) de la vida urbana. El avance de la alfabetización, sin embargo, no se desplegó de forma homogénea. En términos sociales, la difusión de la lectura y la escritura no fue igualitaria, y su alcance varió en las distintas capitales. Pese a esto, la extensión de la alfabetización contribuyó decisivamente a la aceleración de la modernización social en la Andalucía urbana.

Abstract. During the first third of the 20th century, a crucial phase of urbanization in Andalusia developed. Capitals were its main stage. Population growth and social modernization were the drivers of change. And the transition of literacy was one of its most relevant manifestations. Due to its transversal nature it affected multiple dimensions (work, family, politics, etc.) of urban life. The advance of literacy, however, did not unfold homogeneously. In social terms, the dissemination of reading and writing was not equal and its scope varied in the different capitals. Despite this fact, the extension of literacy contributed decisively to the acceleration of social modernization in urban Andalusia.

Educación y capital humano, el papel de las mujeres en la economía urbana (Bilbao y Jaén)

Susana Serrano Abad, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, y Ana Belén Gómez Fernández, Universidad de Jaén

Resumen. A lo largo del primer tercio del siglo XX España vivió un proceso de cambio social a partir de diferentes indicadores como la reducción del analfabetismo, el crecimiento económico, la terciarización de la economía, la elevación del nivel de vida, los nuevos hábitos sociales, etc. liderado por las ciudades. Sin embargo, el proceso de modernización no fue algo homogéneo y único, debido a una gran diversidad de factores. Este trabajo se centra en dos ámbitos totalmente diferentes, las ciudades de Bilbao y Jaén, para analizar la relación entre los niveles de alfabetización y educación y su consecuencia en el mercado laboral femenino, donde afloran una serie de profesiones que representan a la mujer de los nuevos tiempos.

Abstract. Throughout the first third of the twentieth century, Spain experienced social changes based on various factors, such as reduction in illiteracy, economic growth, economic tertiarisation, improved living standards and new social behaviour headed by certain cities. However, the modernisation process was not consistent, nor unique, due to a large variety of factors. This project focuses on two completely independent areas, the cities of Bilbao and Jaén; analysing the relationship between literacy levels, education and its consequences in the female labour market, through a series of professions to represent modern day women.

El papel de las infraestructuras: agua, gas y electricidad en la mejora de las condiciones de vida de la sociedad urbana (Madrid y Bilbao)

Mercedes Fernández-Paradas, Universidad de Málaga;

Carlos Larrinaga, Universidad de Granada; y Nuria Rodríguez Martín,

Universidad Complutense de Madrid

Resumen. En este capítulo se estudia la implantación, desarrollo y extensión de tres servicios públicos —agua, gas y electricidad— en Madrid y Bilbao, con objeto de mostrar cómo influyeron decisivamente en la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. El aumento poblacional que ambas ciudades experimentaron a lo largo del primer tercio del siglo XX obligó a un crecimiento generalizado de estos servicios urbanos, aunque con derivas distintas. Mientras en el caso del agua el consumo fue a más, el mercado del gas experimentó sensibles cambios, descendiendo su consumo en el alumbrado público, al tiempo que se producía un aumento considerable en el consumo de gas dedicado a usos domésticos. Además, en las primeras décadas del siglo XX, se configuró el mercado eléctrico español, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, cuando la hidroelectricidad se convirtió en una fuente de energía imprescindible para la industria, la tracción y para el alumbrado, tanto particular como público.

Abstract. This chapter studies the implementation and development of water, gas and electricity supply in Madrid and Bilbao, in order to measure their impact on the improvement of the living conditions of its inhabitants. Population growth in both cities throughout the first third of the XX century required a generalized growth of these urban services, although with different drifts. While water consumption increased, the gas market underwent sensible changes, decreasing its consumption in the public lighting, meanwhile there was a considerable increase in domestic uses. In addition, during the first decades of the XX Century, the Spanish electricity market was set up, particularly after the First World War, when hydroelectricity became an essential source of energy not only for the industry, but to traction systems and lighting (domestic and public) as well.

La modernización de la medicina y de la farmacia durante el primer tercio del siglo XX. Los nuevos tratamientos antivenéreos

Manuel Montero, Universidad del País Vasco, y Cristina de Pedro Álvarez, Universidad Complutense de Madrid

Resumen. Esta investigación pretende analizar cómo la modernización de la medicina y la articulación de las primeras redes sociosanitarias en las principales ciudades españolas a lo largo del primer tercio del siglo XX fueron algunas de las principales vías para la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones urbanas. Concretamente, se analiza cómo el desarrollo de una amplia red asistenciaria antivenérea en Madrid a través de hospitales y dispensarios, unido al descubrimiento de un nuevo fármaco para el tratamiento de la sífilis —el 606 o Salvarsán—, supuso una mejora notable en dos direcciones: tanto en el descenso drástico de los fallecimientos por sífilis o las consecuencias y efectos secundarios del propio tratamiento como en la forma en que los enfermos se enfrentaban al contagio y el variable significado que para ellos pudo adquirir una enfermedad que desde las décadas finales del siglo XIX había empezado a considerarse uno de los principales peligros sociales del momento.

Abstract. This research aims to analyse how the modernization of medicine and the articulation of the first socialhealth networks in the main Spanish cities during the first third of the twentieth century was one of the main ways of improving the living conditions of urban populations. Specifically, it analyzes how the development of a wide network of anti-venereal assistance in Madrid through hospitals and clinics, coupled with the discovery of a new drug for the treatment of syphilis -606 or Salvarsan, was a notable improvement in two directions: both in the drastic decrease of the deaths due to syphilis or the consequenses and side effects of the treatment itself, as in the way in which the patients were faced with the contagion and the variable meanig that for them could acquire a disease that since the late nineteenth century had begun to be considered one of the main social dangers of the moment.

Mejoras alimenticias y sanitarias en la España urbana del primer tercio del siglo XX. El Laboratorio Municipal de Higiene y su contribución a la modernización sociodemográfica de Madrid, 1877-1932

Santiago de Miguel Salanova, Universidad Complutense de Madrid

Resumen. Este capítulo plantea una línea de trabajo en un aspecto específico de la evolución de la salud pública en Madrid entre finales del siglo XIX y el primer tercio del XX, relacionada con la contribución del Laboratorio Municipal de Higiene a la mejora de la situación de la ciudad en materia de subsistencias y en términos demográfico-sanitarios. A través de la comparación inicial con instituciones de estas características inauguradas con anterioridad en el continente europeo, se pondrán de manifiesto dos cuestiones. Por un lado, el influjo que aquellas tuvieron sobre el mencionado laboratorio madrileño en la organización de los servicios de análisis de sustancias alimenticias, especialmente evidentes si se toma el caso de París. Por otra parte, la asunción de unas dinámicas de modernización adquiridas por la entidad madrileña de acuerdo con las circunstancias sociales, económicas y culturales arquetípicas de la ciudad en la que ejercía sus funciones.

Abstract. This chapter proposes a line of research in a specific topic of the evolution of public health in Madrid between the late 19th century and the first third of the 20th, related to the contribution of the Municipal Laboratory of Hygiene in the improvement of the city, in nutrition and demographic terms. Through an initial comparison with institutions of these characteristics inaugurated previously in Europe, two issues will be revealed. On the one hand, the influence that the European laboratories of hygiene had in the organization of food analysis services in Madrid, especially evident if the case of Paris is taken into account. On the other hand, the assumption of modernisation dynamics acquired by the laboratory of Madrid in accordance with the social, economic and cultural circumstances of the city in which it exercised its main functions.

La evolución de la mortalidad en la ciudad de Madrid en el primer tercio del siglo XX y su infraestructura de saneamiento

Yolanda Piedad Casado Ruiz, CSIC y Universidad de Salamanca,

y Diego Ramiro Fariñas, CSIC

Resumen. El capítulo que aquí se presenta aborda el estudio de la mortalidad en la ciudad de Madrid durante el primer tercio del siglo XX. Para atender de forma óptima los patrones de mortalidad y obtener una visión temporal y espacial del fenómeno, se analiza la evolución de la mortalidad en la ciudad de Madrid desde dos perspectivas y a través de dos tipos de fuentes. Por un lado, se procede a la reconstrucción de series anuales para el análisis de la mortalidad general y por causas transmitidas a través del agua y de alimentos y, además, se realiza una comparativa entre dos periodos (1905-1907 y 1920-1922) para el análisis de la mortalidad de niños menores de 5 años. Se pretende, además, identificar la presencia de focos de mortalidad en la ciudad de Madrid, así como analizar las condiciones del saneamiento urbano como elemento explicativo de la mortalidad.

Abstract. This chapter studies mortality in the city of Madrid during the first third of the 20th century. To address the mortality patterns and obtain a temporal and spatial view of the phenomenon, the evolution of mortality in the city of Madrid is analyzed from two perspectives and through two types of sources.

On the one hand, we proceed to the reconstruction of annual series for the analysis of general mortality and by waterborne diseases, and, in addition, a comparison is made between two periods (1905-1907 and 1920-1922) for child mortality analysis. In addition, the aim is to identify the presence of mortality centers in the city of Madrid, as well as to analyze the conditions of urban sanitation as an explanatory element of mortality.

Mujeres modernas en las oficinas y en las fábricas. La participación laboral de las mujeres en el Madrid metropolitano, 1900-1936

Sergio Cuartero Miranda y Rubén Pallol Trigueros,

Universidad Complutense de Madrid

Resumen. Este capítulo analiza los indicadores de modernidad acontecidos en la España del primer tercio del siglo XX y, en particular, un indicador concreto, como fue la progresiva incorporación de la mujer a los mercados laborales formales, aspecto que esta investigación ha atendido sobre la base de la metropolitización madrileña. Para ello, realizaremos un ejercicio comparativo e integrado, donde se contrapongan los municipios de Madrid y Getafe, y que utilizará como fuentes de reconstrucción histórica tanto la información contenida en los padrones municipales de habitantes como diversas fuentes periodísticas.

Abstract. This chapter analyses the indicators of modernity occurred in Spain in the first third of the 20th century and, in particular, a specific indicator such as the progressive incorporation of women in formal labor markets, an aspect that this research has addressed on the basis of the metropolitization of Madrid. For this, we will perform a comparative and integrated exercise between the municipalities of Madrid and Getafe, and which will use as sources of historical reconstruction both the information contained in the municipal registers of inhabitants and various journalistic sources.

Trabajadoras del textil y niveles de vida en Andalucía y el País Vasco durante el primer tercio del siglo XX

Gracia Moya, Universidad de Jaén y Arantza Pareja,

Universidad del País Vasco

Resumen. Tradicionalmente el sector textil ha sido uno de los mayores demandantes de mano de obra femenina. Sin embargo, la ocultación de este trabajo en las fuentes y censos oficiales ha impedido que se realicen estudios acertados acerca del mercado laboral existente en un lugar y periodo determinado. En este trabajo se presentan tres casos de trabajo femenino en industrias textiles (dos empresas en el País Vasco y una en la ciudad de Granada) en los que ha sido posible proceder a la visualización de la actividad realizada por mujeres. Esto ha permitido corregir la tasa de actividad femenina que ofrecen las fuentes oficiales, estableciendo una caracterización mucho más precisa y correcta de lo que fueron los mercados labores en los que se insertó este trabajo femenino. Por otro lado, la información acerca de los jornales o salarios percibidos por estas trabajadoras textiles permite establecer el alcance que sus ingresos tuvieron en la reproducción y mejora de las condiciones de vida de las familias de las que formaban parte.

Abstract. The textile sector has been one of the largest demand for female labor. However, the concealment of this work in official sources and national censuses has prevented successful studies on the existing labor market in a specific place and period. This paper presents three cases of female work in textile industries (two companies in the Basque Country and one in the city of Granada) in which it has been possible to visualize the activity carried out by women. This has made it possible to correct the rate of female activity offered by official sources by establishing a much more precise and correct characterization of what were the labor markets in which this female work was inserted. On the other hand, the information about wages obtained by these workers, allows to establish the scope that their income had in the reproduction and improvement of the living conditions of the families of which they were a part.

SOBRE LOS AUTORES

Luis Enrique Otero Carvajal es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido decano de la Facultad de Geografía e Historia de la misma universidad (2010-2018) y es director del Grupo de Investigación Complutense Espacio, Sociedad y Cultura en la edad contemporánea. Profesor visitante de la Universidad de Puerto Rico (2007), ha dirigido más de 20 tesis doctorales y es autor de numerosos libros, artículos científicos y capítulos de libros, entre los que destacan La destrucción de la ciencia en España. Depuración universitaria en el franquismo (UCM, 2006), La lucha por la Modernidad. Las Ciencias Naturales y la Junta para Ampliación de Estudios (Residencia de Estudiantes-CSIC, 2012), La universidad nacionalcatólica. La reacción antimoderna (Dykinson, 2014), La ciencia en España, 1814-2017. Exilios, retornos, recortes (Catarata, 2017), Las comunicaciones en la construcción del estado contemporáneo en España, 1700-1936 (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 1993), Las telecomunicaciones en España. Del telégrafo óptico a la sociedad de la información (Ministerio de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la información, 2002), Historia de España, siglo XX, 1939-1996 (Cátedra, 1999), Las nuevas clases medias urbanas. Transformación y cambio social en España, 1900-1936 (Catarata, 2015), La sociedad urbana en España, 1900-1936. Redes impulsoras de la modernidad (Catarata, 2017), La ciudad moderna. Sociedad y cultura en España, 1900-1936 (Catarata, 2018) o La sociedad urbana en el Madrid contemporáneo (Catarata, 2018).

Santiago de Miguel Salanova es investigador del Programa de Captación de Talento de la Comunidad de Madrid en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor de Historia Contemporánea de la Universidad París IV-Sorbona, doctor en Historia por la UCM, miembro del Grupo de Investigación Complutense Espacio, Sociedad y Cultura en la edad contemporánea y ganador del premio de la Asociación de Historia Social (noviembre de 2016). Investiga sobre la historia urbana, historia social, historia del trabajo e historia de la movilización política y electoral en el Madrid de la Restauración. Entre sus publicaciones destacan Madrid, sinfonía de una metrópoli europea (Catarata, 2016), Las nuevas clases medias urbanas. Transformación y cambio social en España, 1900-1936 (Catarata, 2015) y Republicanos y socialistas. El nacimiento de la acción política municipal en Madrid, 1891-1909 (Catarata, 2017).

Manuel González Portilla es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, donde ha sido vicerrector (1981-1983), decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación (1987-1990) y director del Departamento de Historia Contemporánea (1990-1999). Es investigador principal del grupo “Demografía histórica e historia urbana” de la UPV. Ha sido director de la Revista de Historia Contemporánea. Sus líneas de investigación más relevantes se han centrado en la industrialización y en la demografía histórica. Es autor de numerosos libros, artículos científicos y capítulos de libros, entre los que destacan Bilbao en la formación del País Vasco Contemporáneo. Economía, población y ciudad (Fundación BBV, 1995), Los orígenes de una metrópoli industrial: la Ría de Bilbao (Fundación BBVA, 2 vol., 2001), Vivir en familia, organizar la sociedad. Familia y modelos familiares: las provincias vascas a las puertas de la modernización (1860) (UPV, 2003), Las “ciudades mineras” de la Ría de Bilbao durante el boom minero. Inmigración, capital humano y mestizaje (UPV, 2007), La consolidación de la Metrópoli de la Ría de Bilbao (Fundación BBVA, 2 vol., 2009), Nacimiento y desarrollo de la ciudad industrial. Leioa: de la sociedad tradicional a la sociedad posindustrial (1880-2000). Industrialización, urbanización, inmigración e innovación social (UPV/EHU, 2010), Las nuevas clases medias urbanas. Transformación y cambio social en España, 1900-1936 (Catarata, 2015) o La sociedad urbana en España, 1900-1936. Redes impulsoras de la modernidad (Catarata, 2017).

José G. Urrutikoetxea Lizarraga es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco y miembro del Grupo Consolidado de Demografía Histórica e Historia Urbana de la misma universidad. Ha sido secretario de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información de la UPV (1995-1997) y director académico de las Aulas de la Experiencia (2001-2013). Sus principales líneas de investigación son la demografía histórica, los modelos familiares y sociales, y el capital humano y la alfabetización. Es autor de numerosos libros, artículos científicos y capítulos, entre los que destacan Bilbao en la formación del País Vasco Contemporáneo. Economía, población y ciudad (Fundación BBV, 1995), Los orígenes de una metrópoli industrial: la Ría de Bilbao (Fundación BBVA, 2 vol., 2001), Vivir en familia, organizar la sociedad. Familia y modelos familiares: las provincias vascas a las puertas de la modernización (1860) (UPV, 2003), Las “ciudades mineras” de la Ría de Bilbao durante el boom minero. Inmigración, capital humano y mestizaje (UPV, 2007), La consolidación de la Metrópoli de la Ría de Bilbao (Fundación BBVA, 2 vol., 2009), Nacimiento y desarrollo de la ciudad industrial. Leioa: de la sociedad tradicional a la sociedad posindustrial (1880-2000). Industrialización, urbanización, inmigración e innovación social (UPV/EHU, 2010), Las nuevas clases medias urbanas. Transformación y cambio social en España, 1900-1936 (Catarata, 2015) o La sociedad urbana en España, 1900-1936. Redes impulsoras de la modernidad (Catarata, 2017).

Josu Hernando Pérez es doctor en Historia por la Universidad del País Vasco, licenciado en Historia por la Universidad de Deusto y máster en Historia Contemporánea por la UPV/EHU. Becario predoctoral del Gobierno Vasco, es miembro del grupo de investigación “Demografía histórica e historia urbana” de la UPV/EHU. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libro entre los que destacan Las nuevas clases medias urbanas. Transformación y cambio social en España, 1900-1936 (Catarata, 2015) o La sociedad urbana en España, 1900-1936. Redes impulsoras de la modernidad (Catarata, 2017).

David Martínez López es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Jaén. Ha sido profesor de la Universidad Pablo de Olavide e imparte clases de posgrado en la Universidad de Granada. En la actualidad es subdirector de la revista Historia Agraria. Su perspectiva metodológica se ha desarrollado entre los campos de la historia social de la población, la historia agraria y la historia urbana. En los últimos años su trabajo historiográfico se ha centrado en el estudio de la migración campo-ciudad, de distintos aspectos del funcionamiento de los mercados de trabajo urbanos y de la movilidad social. Ha publicado en revistas como Historia Agraria, Études Rurales, Historia Contemporánea, Papeles de Economía Española, Revista de Demografía Histórica, Historia Social, Demografía Histórica o Journal of Historical Geography. Entre los libros publicados destacan Tierra, herencia y matrimonio. Un modelo sobre la formación de la burguesía andaluza (Universidad de Jaén, 1996), Historia contemporánea de Andalucía. Nuevos contenidos para su estudio (Junta de Andalucía, 2000) o Urbanización, modernización y cambio social en la Andalucía contemporánea (Centro de Estudios Andaluces, 2015).

Manuel Martínez Martín es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, donde ha impartido e imparte su docencia tanto de grado como de máster y posgrado. Ha sido director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada entre los años 2008-2016. Sus trabajos se han centrado en temas relacionados con la historia agraria, la historia urbana y la historia social de la población, prestando atención en los últimos años las relaciones migratorias entre el campo y la ciudad y a la movilidad social. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y ha publicado en distintas revistas como Revista de Demografía Histórica, y entre sus libros publicados destacan Transformaciones liberales y cambio agrario en la Alta Andalucía (Universidad de Granada, 1994), Mancha Real: un modelo de crecimiento agrario y campesinización, 1752-1875 (Universidad de Jaén y Ayuntamiento de Mancha Real, 1995) o Historia contemporánea de Andalucía. Nuevos contenidos para su estudio (Junta de Andalucía, 2000).

Susana Serrano Abad es doctora en Historia y profesora titular de Historia Contemporánea en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco. Asimismo, desde 1995 viene impartiendo docencia en el programa University Studies Abroad Consortium (USAC) que la Universidad de Reno (Nevada) tiene establecido en el Campus de Bizkaia de la UPV/EHU. Compagina las actividades docentes con la investigación, que desarrolla en el grupo de investigación “Demografía histórica e historia urbana”, dirigido por el catedrático Manuel Montero García. Es autora de diversas publicaciones, individuales y colectivas, entre las que destacan Los orígenes de una metrópoli industrial: La Ría de Bilbao (Fundación BBVA, 2001), La consolidación de la metrópoli Ría de Bilbao (Fundación BBVA, 2009) o Las nuevas clases medias urbanas. Transformación y cambio social en España, 1900-1936 (Catarata, 2015).

Ana Belén Gómez Fernández es profesora contratada doctora interina en el Departamento de Antropología, Geografía e Historia de la Universidad de Jaén. Es licenciada en Humanidades y doctora en Historia por la Universidad de Jaén. Su labor investigadora se ha centrado en la construcción de la ciudadanía y la democracia y el proceso de cambio de régimen de la dictadura a la democracia. Entre sus publicaciones destaca La voz de la democracia. Comportamiento político y electoral en Jaén durante la transición democrática (1976-1986) (IEG, 2014) y su participación en Historia social, movimientos sociales y ciudadanía (IER, 2011), Atlas electoral de Andalucía 1890-2008. El voto al Congreso de los diputados en los municipios (UJA, 2014) o La colonización rural en la provincia de Jaén durante la edad contemporánea (Comares, 2018).

Mercedes Fernández-Paradas es doctora en Historia y profesora titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga. Especialista en historia urbana e historia económica, sus principales líneas de investigación se centran en la historia empresarial, la historia industrial, las fuentes de energía y los servicios públicos. Es autora de diversos libros, entre ellos, La industria del gas en Córdoba, 1870-2007 (LID Editorial/Fundación Gas Natural, 2009) y La industria del gas en Cádiz, 1845-2015 (LID, 2015) y coautora de Globalización, nacionalización y liberalización de la industria del gas en la Europa latina, siglos XIX-XXI (Marcial Pons, 2017). Ha realizado estancias de investigación en The London School of Economics and Political Science. Ha obtenido varios galardones, entre los que destaca el Premio Extraordinario de Doctorado en Filosofía y Letras por la sección de Historia de la Universidad de Málaga.

Nuria Rodríguez-Martín ha sido investigadora Juan de la Cierva en la Universidad del País Vasco y lectora de español en la Universidad París IV-Sorbona. Es licenciada en Ciencias de la Información y en Historia y doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Grupo de Investigación Complutense Espacio, Sociedad y Cultura en la edad contemporánea. Es autora, entre otras publicaciones, de la obra La capital de un sueño. Madrid en el primer tercio del siglo XX (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015) —galardonada en los XIX Premios Nacionales de Edición Universitaria como la mejor monografía en el área de Arte y Humanidades (2016)—, Las nuevas clases medias urbanas. Transformación y cambio social en España, 1900-1936 (Catarata, 2015), La sociedad urbana en España, 1900-1936. Redes impulsoras de la modernidad (Catarata, 2017) o La ciudad moderna. Sociedad y cultura en España, 1900-1936 (Catarata, 2018).

Carlos Larrinaga Rodríguez es licenciado en Historia y en Ciencias Políticas, doctor en Historia Contemporánea y profesor titular de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Granada. Ha sido, además, profesor visitante en varias universidades europeas y ha realizado diferentes estancias de investigación en distintas universidades españolas y europeas. Investigador principal de tres proyectos del Ministerio de Economía, sus principales líneas de investigación se centran en la historia del turismo, la historia de los ferrocarriles y la historia de los servicios urbanos. Es autor de numerosos artículos en revistas especializadas sobre esta materia. Entre sus últimos libros destacan Diputaciones Provinciales e infraestructuras en el País Vasco durante el primer tercio del siglo XX, 1900-1936 (UPV, 2013) y Del siglo industrial a la nueva era del turismo. Bilbao, de 1875 a comienzos del siglo XXI (UPV, 2018).

Manuel Montero García es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco (UPV), ha sido rector de dicha universidad (2000-2004) y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV (1997-2000). Ha publicado diversas obras relacionadas con la historia económica y política del País Vasco y ha llevado a cabo estudios sobre la transición, el nacionalismo vasco y la historia de la vida cotidiana. Es director del grupo de investigación “Demografía histórica e historia urbana” de la UPV. Autor de numerosos libros entre los que destacan La California del hierro. Las minas y la modernización económica y social de Vizcaya (Beta III Milenio, 1995), Ferrocarriles y desarrollo. Red y mercados en el País Vasco, 1856-1914 (UPV, 1996), Vida cotidiana en los siglos XIX y XX. Trabajo, amor, diversión, modas, delitos, corrupción política (Txertoa, 1997), Historia general del País Vasco (Txertoa, 2008), En el nombre de Bilbao. Los imaginarios urbanos, los modos de vida y el desarrollo de la villa. Comportamientos históricos y primera modernización (Sílex, 2017), Algo habré hecho. País Vasco: del terrorismo a la paz ritualizada (Comares, 2016), Las guerras de Cuba y Filipinas contadas por soldados del pueblo. Cartas de Baracaldo (Beta III Milenio, 2015), Voces vascas. Diccionario de uso (Tecnos, 2014) o El sueño de la libertad. Mosaico vasco de los años de terror (Nobel, 2018), por el que recibió el Premio Internacional Ensayo Jovellanos.

Cristina de Pedro Álvarez es investigadora predoctoral en el Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral, actualmente en curso, se centra en la evolución y transformación de las prácticas e identidades sexuales en el mundo urbano madrileño del primer tercio del siglo XX (1900-1936). Es coautora del libro La ciudad moderna. Sociedad y cultura en España, 1900-1936 (Catarata, 2018).

Diego Ramiro Fariñas es jefe del Departamento de Estudios de Población del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De 1998 a 2000 ha sido Marie Curie Fellow en el Grupo de Cambridge para la Historia de la Población y la Estructura Social de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Desde 2001, es científico titular en el CSIC, y, desde 2002, jefe del Departamento de Demografía. Ha sido vicedirector (2010-2012) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, presidente (2011-2017) de la Asociación de Demografía Histórica (ADEH). Desde 2011 es miembro del Consejo Asesor Internacional de la Muestra Histórica de los Países Bajos y, desde 2012, miembro del Consejo de Asesores de Population Europe, la Red de Centros de Investigación Demográfica de Leading en Europa. A partir de 2013, jefe del Departamento de Población; desde 2014, presidente del Panel de Demografía Histórica en IUSSP; desde 2015, secretario general y tesorero de la Sociedad Europea de Demografía Histórica, miembro del Consejo Asesor de la Base de Datos Latinoamericana de Mortalidad de la Universidad de Wisconsin-Madison y miembro del Consejo de Redacción de Peter Lang Editors, Population, Family and Society series. Desde 2016 es miembro del Consejo Editorial de Demography PAA Journal, y PI y coordinador del proyecto ITN Marie Curie H2020 LONGPOP, y desde 2017 es investigador científico del CSIC. Sus principales áreas de interés son el estudio de la mortalidad y la salud, el análisis demográfico, la demografía histórica y los estudios longitudinales.

Yolanda Piedad Casado Ruiz es estudiante de doctorado en Ciencias Sociales en la especialidad de Sociología en la Universidad de Salamanca. Ha realizado el Máster en Servicios Públicos y Políticas Sociales (2012) y la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología (2011) en la Universidad de Salamanca. Desde el año 2013 trabaja en el CSIC con una beca predoctoral y desde 2017 como personal contratado en el Departamento de Población. Está desarrollando su doctorado, dirigido por los doctores Diego Ramiro Fariñas y Alberto del Rey Poveda, sobre condiciones de vida y mortalidad, especialmente sobre la importancia del saneamiento urbano. Ha sido personal visitante en el Departamento de Estadísticas Sociales y Demografía de la Universidad de Southampton (2014). Su capacitación en demografía y estadísticas se ha orientado hacia la investigación sobre aspectos de salud y mortalidad en la demografía histórica, especialmente enfocada en la infancia, el ciclo vital y las diferencias socioeconómicas en salud y mortalidad. Sus principales áreas de interés son el estudio de la mortalidad y la salud, el saneamiento y la mortalidad, el análisis demográfico y los estudios longitudinales.

Rubén Pallol Trigueros es profesor ayudante doctor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, donde es miembro del Grupo de Investigación Complutense Espacio, Sociedad y Cultura en la edad contemporánea. Ha sido profesor de la Universidad París IV-Sorbona. Especialista en historia urbana, con mención especial a su conocimiento de la historia de Madrid en la edad contemporánea, sus líneas de investigación se extienden también hacia la historia de la mujer y las relaciones de género, o la universidad durante el franquismo. Entre sus publicaciones destacan los libros como autor o coautor de Una ciudad sin límites (Catarata, 2013), El Ensanche Norte. Chamberí, 1860-1931 (Catarata, 2015), Las nuevas clases medias urbanas. Transformación y cambio social en España, 1900-1936 (Catarata, 2015), Inmigrantes en la Ciudad. Dinámicas demográficas, mercados de trabajo y desarrollo urbano en la España contemporánea (UPV, 2017), La sociedad urbana en España. Redes impulsoras de la modernidad, 1900-1936 (Catarata, 2017) o La ciudad moderna. Sociedad y cultura en España, 1900-1936 (Catarata, 2018).

Sergio Cuartero Miranda es investigador en formación de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Grupo de Investigación Complutense Espacio, Sociedad y Cultura en la edad contemporánea. En la actualidad se encuentra realizando su tesis doctoral sobre el proceso de metropolitización y suburbanización madrileño del primer tercio del siglo XX.

Gracia Moya García es profesora contratada doctora de la Universidad de Jaén, especialista en historia urbana e historia de género. Ha participado como investigadora en distintos proyectos del Plan Nacional de I+D+I, y es autora de numerosos artículos y capítulos de libros, entre los que destacan: El capital humano en el mundo urbano. Experiencias desde los padrones municipales, 1850-1930 (UPV, 2011) o Ciudad y Modernización en España y México (Universidad de Granada, 2013).

Arantza Pareja Alonso pertenece al Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco como investigadora y docente. Se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Deusto en 1988 y se doctoró en la UPV/EHU en 1997. Es autora de numerosas publicaciones cuyas líneas de investigación siempre se han centrado en torno a cuestiones de demografía histórica, la historia urbana, migraciones internas contemporáneas, historia de la vejez, historia de la familia, historia de la educación, así como historia del género y el trabajo, entre las que destacan Profesiones, oficios y tareas de las mujeres en Bizkaia. Imágenes de ayer y hoy (Diputación Foral de Bizkaia, 2006), La consolidación de la metrópoli de la Ría de Bilbao (Fundación BBVA, 2009), Nacimiento y desarrollo de la ciudad industrial. Leioa, de la sociedad tradicional a la sociedad postindustrial (1880-2000). Industrialización, urbanización, inmigración e innovación social (UPV, 2010), El capital humano en el mundo urbano. Experiencias desde los padrones municipales, 1850-1930 (UPV, 2011) o Las nuevas clases medias urbanas. Transformación y cambio social en España, 1900-1936 (Catarata, 2015).

NOTAS

1. Este capítulo se enmarca dentro de los resultados de dos proyectos de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad, titulados La sociedad urbana en la España del primer tercio del Siglo XX. Madrid y Bilbao, vanguardia de la modernidad, 1900-1936(HAR2015-65134-C2-2-P) y la definición de la sociedad de masas.Bilbao, un engranaje urbano, 1910-1936(HAR2016-76759-P)

2 . Disponible en http://www.idehistoricamadrid.org/hisdimad/index.htm

3 . Si bien no es nuestro cometido en el presente caso extendernos en el proceso de limpieza y depuración de los campos que aparecen registrados en cada hoja, sí consideramos necesario responder brevemente a algunas de las dificultades que hemos encontrado en relación principalmente con la codificación y el procesamiento de datos. Uno de los problemas tiene que ver con la correcta codificación de las direcciones postales. En nuestro primer intento, para el periodo 1905-1907, logramos codificar el 96% de las direcciones postales; el 4% restante no fue posible por dos causas principales: porque en el Registro Civil aparecían domicilios sin números de portal o porque no fuimos capaces de encontrar la dirección postal en el mapa. En este segundo caso, se trata de un problema derivado de la estructuración del mapa de 1902 (Plano de Madrid y pueblos colindantes, por Facundo Cañada López), ya que contiene algunas calles donde no se especifican los números del portal. Debido a esto, incluso en los casos en que la dirección de la calle es correcta, y logramos codificarla, existe una incapacidad para vincularla al mapa, debido a la falta de información sobre la ubicación exacta del número de portal dentro del propio plano. En otras ocasiones aparecen denominaciones de lugares que no se refieren específicamente a una calle y número de portal, sino a barrios con nombres informales o unidades de vivienda (como “Casas del Cabrero”, “Tejar de Sixto”, “chozas de la Alhóndiga”, entre muchas otras), cuya ubicación conocemos por la prensa de la época.

El problema aumenta a medida que nos ubicamos en años más lejanos a la fecha de la que data el mapa utilizado, 1902. En este sentido, para el periodo 1920-1922, solo el 53% de las direcciones postales se codificaron con precisión utilizando el mapa de calles de 1902, asociado al mapa. Esto nos hizo pensar en la necesidad de usar calles que datan más allá de la creación del plano de Facundo Cañada, y así poder ubicar aquellas casas situadas en nuevas áreas urbanizadas de la ciudad (ensanche y extrarradio, principalmente). De esta manera, hemos utilizado la “Guía de las vías públicas de Madrid” (1916), que forma parte de las publicaciones oficiales del Ayuntamiento de Madrid. Con esta guía oficial hemos logrado codificar 22.356 direcciones postales diferentes de la ciudad de Madrid, lo que se traduce en una codificación exacta del 95% de los casos individuales (con la asignación de una única dirección postal, nombre del distrito y del barrio).

Otra dificultad encontrada tiene que ver con la mortalidad institucional, es decir, la mortalidad que tiene lugar en hospitales y organizaciones benéficas. Alrededor del 30% del total de muertes se produjo en una institución.

4 . Para ello, hemos empleado herramientas de análisis espacial, que se han basado en el cálculo de buffers de 25 metros de distancia respecto a los lados de la línea de alcantarillado, teniendo en consideración la superficie en metros cuadrados del barrio. Los buffers se han intersectado con la capa de calles “calles”, donde se ha identificado a qué barrio pertenece cada calle, y mediante un dissolve se han obtenido los datos a nivel unitario de barrio. Para finalizar, se ha calculado la longitud del alcantarillado en cada barrio entre el área total del barrio, obteniendo así el porcentaje de la superficie de aquellas calles cubiertas por alcantarillado sobre el total de la superficie del barrio. Una vez hecho esto, se ha añadido esta información a una capa de polígonos de barrios, dando lugar a un mapa de coropletas en el que aparece representada la proporción de alcantarillado sobre la superficie del barrio.