ALAN GREENSPAN

LA ERA DE LAS TURBULENCIAS AVENTURAS EN UN NUEVO MUNDO

A mi amada Andrea

Introducción para la sección europea

Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, y yo nos encontramos docenas de veces en el desempeño de nuestro cometido como jefes de los dos bancos centrales más grandes del mundo. Aun así, por mucho que mirara al otro lado de la mesa en los desayunos rituales del G-7, el G-10 u otros encuentros en todo el mundo, nunca dejó de asombrarme el extraordinario logro que habían demostrado su institución y su moneda, el euro. En la campaña hacia la creación de la moneda única para Europa a principios de la década de 1990, albergaba serias dudas sobre si el poder del célebre Bundesbank alemán podía replicarse a escala continental. Además, dudaba de que un nuevo banco central fuera siquiera necesario: Europa ya tenía un banco central de facto en el Bundesbank. Tampoco estaba convencido de que un banco central europeo fuese a funcionar. Recuerdo una conversación con Alexandre Lamfalussy, ex director ejecutivo durante mucho tiempo del Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlements). Acababan de nombrarlo director del nuevo Instituto Monetario Europeo, embrión de la institución que surgiría como Banco Central Europeo bajo el Tratado de Maastricht de 1992. Dada la diversidad de políticas fiscales y económicas de todo tipo en toda Europa y su efecto sobre el equilibrio de los tipos de cambio, pregunté a Lamfalussy si era deseable congelar de forma permanente los tipos de cambio de 11 (hoy 13) economías. ¿Obligaría a las políticas económicas a converger el cerrojo sobre los tipos de cambio, tal como era la esperanza oficial? ¿O condenaría a algunas economías con monedas inadvertidamente sobrevaloradas a luchar para volverse competitivas y a aquellas con monedas infravaloradas a una batalla crónica contra la inflación? Gran Bretaña retomó el patrón oro en 1925 a sus tipos de cambio previos a la Primera Guerra Mundial que, en retrospectiva, parecen haber estado significativamente sobrevalorados. La maniobra impuso una presión a la baja sobre los precios; a resultas de ello, la producción se estancó y aumentó el paro. Aun así, Lamfalussy no compartía mis recelos sobre el euro y resultó tener razón. Para mi sorpresa, la transición de 11 monedas distintas al euro fue notablemente suave. Con el significativo poder autónomo que le concedió el Tratado de Maastricht, el Banco Central Europeo ha surgido como una fuerza de primer orden en los asuntos económicos mundiales. Los ataques al banco por sus políticas antiinflacionarias y los intentos de mermar su autoridad han fracasado. Salvo en caso de crisis, dudo que pudiera alcanzarse un consenso para alterar la autonomía del banco. Nos queda en consecuencia una institución históricamente única, un banco central independiente con la estabilidad de precios como mandato único para una zona económica que produce más de una quinta parte del PIB mundial. Es un logro extraordinario. Nunca ha dejado de fascinarme la hazaña de mis colegas europeos. Al ver las dificultades de la puesta en práctica de la agenda de Lisboa -un plan trazado en 2000 para llevar a la Unión Europea a una posición de liderazgo mundial en alta tecnología-, tengo la firme sospecha de que el Tratado de Maastricht encontraría grandes problemas a día de hoy para atraer el consenso que reflejó cuando entró en vigor en 1992. El entusiasmo por una UE que enlazara a los estados soberanos de Europa se ha debilitado en el inclemente mundo de las realidades del mercado. Es irónico que la misma dificultad aumentada para obtener un consenso paneuropeo en la actualidad sea la que frustra cualquier empeño por reducir la independencia del Banco Central Europeo. Cualquier miembro individual de la eurozona podría, por supuesto, abandonar de forma unilateral la moneda común y reinstaurar su antecesor propio del euro. Italia, enfrentada a un magro crecimiento de la productividad en la última década (menos de la mitad de la media de la eurozona), se las ve con una estructura de costes cada vez menos competitiva. De no estar encadenada al euro, sin duda habría devaluado, como hizo crónicamente en el pasado. Sin embargo, si Italia reinstaurase la lira (es de suponer que a un tipo devaluado), los italianos tendrían que decidir qué hacer con las actuales obligaciones legales denominadas en euros. El servicio de las deudas en euros resultaría muy caro e incierto dado que el tipo de cambio lira-euro casi a ciencia cierta sería volátil, al menos por un tiempo. Imponer por ley una conversión tanto privada como pública de las deudas a liras a algún tipo de cambio arbitrario equivaldría a todos los efectos a declararse en bancarrota, lo que socavaría la solvencia de la nación de cara a los créditos. Tras asomarse a ese abismo, los dirigentes italianos han tenido la sensatez de descartar cualquier iniciativa en ese sentido. El Tratado de Maastricht y el asociado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al retirar la política monetaria del control soberano de los miembros individuales y restringir el abanico de gasto deficitario en la práctica exigió a las economías que regresasen a los ajustes automáticos del mercado. De ahí que la Unión Monetaria Europea presentase algunas de las características del viejo patrón oro. Yo estaba muy impresionado, pero era escéptico, y en esto mi escepticismo se demostró atinado. Por motivos que perfilo en este libro, la adopción europea del Estado del bienestar ha sido demasiado profunda para aceptar todas las restricciones a las acciones discrecionales de política económica. Por ejemplo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento imponía un límite del 3% al déficit presupuestario con cuantiosas multas en caso de incumplimiento. Varias naciones no tardaron en rebasar ese límite, y aun así la imposición y cobro de las multas se demostró políticamente inviable. En lugar de eso, la norma se ha convertido en tan sólo una vaga directriz. Maastricht no pudo cambiar los imperativos del Estado del bienestar. Sin embargo, en el cometido fundamental de crear una moneda única para 13 países, con todas sus ventajas, el euro y el Banco Central Europeo han sido un éxito extraordinario. Se han eliminado los riesgos de los tipos de cambio y reducido los costes de las transacciones. Y aunque la ley económica del precio único nunca haya llegado a cumplirse del todo (el precio de muchos bienes de marca difiere según el país en más que los costes de transporte), las diferencias de precios entre países han menguado notablemente. El marco, el franco y las otras nueve monedas originales que se combinaron en el euro eran demasiado pequeñas para desafiar por su cuenta al dólar estadounidense como divisa de reserva. El euro puede y lo hace. La liquidez combinada de las ya 13 monedas de la eurozona elevó el euro a la condición de divisa de reserva, no muy por detrás del dólar estadounidense, y gana terreno. A finales de septiembre de 2006, el euro ascendía al 25 por ciento de las reservas de los bancos centrales y al 39 por ciento de los títulos líquidos transfronterizos del sector privado. El dólar estadounidense, con el 66 y el 43 por ciento respectivamente, no le llevaba tanta ventaja, teniendo en cuenta que los títulos privados son ocho veces los de los bancos centrales. Como en el caso del dólar, la acumulación de reservas ha reducido los tipos de interés del euro, y sin duda ha contribuido al crecimiento económico europeo. Es posible que el euro pueda desplazar al dólar como divisa de reserva primaria del mundo, sobre todo si se aplica con éxito la agenda de Lisboa, pero la mengua que se prevé en la fuerza de trabajo europea obra en su contra. Pese a todo, la discreción con la que el BCE y el euro han surgido como potencias internacionales es demasiado extraordinaria para pasarla por alto. Mi amigo Jean-Claude debe de estar contento.

Introducción

La tarde del 11 de septiembre de 2001 me hallaba en el vuelo 128 de Swissair, de vuelta a Washington tras una reunión internacional ordinaria de banqueros en Suiza. Estaba paseando por el pasillo cuando el jefe del destacamento de seguridad que me escoltaba en los viajes al extranjero, Bob Agnew, me paró en el pasillo. Bob es un ex agente del Servicio Secreto, simpático pero no especialmente hablador. En ese momento tenía muy mala cara. «Señor presidente -me dijo con calma-, el capitán desea verlo delante. Se han estrellado dos aviones contra el World Trade Center.» Debió de quedárseme cara de pasmado, porque luego añadió: «No es broma.» En la cabina, el capitán parecía muy nervioso. Nos dijo que se había producido un atentado espantoso contra nuestro país: habían secuestrado varios aviones de pasajeros, de los que habían estrellado dos contra el World Trade Center y uno contra el Pentágono. Otro estaba desaparecido. Era toda la información de la que disponía, dijo en su inglés con un ligero acento. Dábamos la vuelta hacia Zurich, y no pensaba anunciar el motivo al resto de pasajeros.

- ¿Es preciso que volvamos? -pregunté yo-. ¿Podemos aterrizar en Canadá?

Me dijo que no, que tenía órdenes de poner rumbo a Zúrich. Volví a mi asiento mientras el capitán anunciaba que los controladores aéreos nos desviaban a Zúrich. Los teléfonos de los asientos quedaron desactivados en el acto, y me fue imposible contactar con tierra. Los colegas de la Reserva Federal que habían estado en Suiza conmigo ese fin de semana ya se encontraban en otros vuelos. De modo que, sin manera de enterarme del desarrollo de los acontecimientos, no me quedó otra cosa que hacer salvo pensar durante las siguientes tres horas y media. Miré por la ventanilla, el trabajo que me había llevado, los montones de memorandos e informes económicos, olvidados en mi bolsa. ¿Eran esos ataques el inicio de una conspiración más amplia?

Mi primer pensamiento fue para mi mujer: Andrea es la corresponsal jefe de Internacional de la NBC en Washington. No estaba en Nueva York, lo que era un gran alivio, y visitar el Pentágono no se encontraba en su agenda ese día. Supuse que estaría en la oficina de la NBC en el centro de la ciudad, metida hasta las cejas en el seguimiento de la noticia. De modo que no estaba profundamente inquieto, me dije… pero ¿y si le había surgido alguna visita de última hora a un general del Pentágono?

Me preocupaban mis colegas de la Reserva Federal. ¿Estaban a salvo? ¿Y sus familias? El personal andaría como loco para responder a la crisis. Ese ataque -el primero sobre suelo estadounidense desde Pearl Harbor- pondría el país patas arriba. La cuestión en la que yo debía concentrarme era si perjudicaría a la economía.

Las posibles crisis económicas eran si acaso demasiado evidentes. Lo peor, que se me antojaba sumamente improbable, sería un colapso del sistema financiero. La Reserva Federal está a cargo de los sistemas electrónicos de pago que transfieren más de 4 billones al día en dinero y valores entre bancos de todo el país y buena parte del resto del mundo.

Siempre habíamos pensado que, si alguien quería paralizar la economía estadounidense, el mejor método era eliminar los sistemas de pago. Los bancos se verían obligados a retomar las ineficientes transferencias físicas de dinero. Los negocios recurrirían a los trueques y pagarés; el nivel de actividad económica del país caería en picado.

Durante la guerra fría, como precaución para un ataque nuclear, la Reserva Federal había incorporado una gran cantidad de redundancias a las instalaciones de comunicación e informática de las que depende el sistema monetario. Tenemos todo tipo de salvaguardias para que, por ejemplo, los datos de un banco de la Reserva Federal dispongan de copia de seguridad en otro situado a centenares de kilómetros de distancia o en alguna ubicación remota. En caso de un ataque nuclear, estaríamos de nuevo en marcha en todas las zonas no irradiadas con mucha rapidez. Ese sistema era el que Roger Ferguson, vicepresidente de la Fed, estaría activando ese día. Yo estaba seguro de que él y nuestros colegas estarían tomando todas las medidas necesarias para mantener en funcionamiento el sistema mundial del dólar.

De todos modos, por bien que pensase todo eso, dudaba de que el trastorno del sistema financiero fuera lo que los secuestradores tenían en mente. Era mucho más probable que aquello quisiese ser un acto simbólico de violencia contra la América capitalista, como la bomba en el aparcamiento del World Trade Center de ocho años antes. Lo que me preocupaba era el miedo que crearía un atentado como ése, sobre todo si estaban por venir más ataques. En una economía tan sofisticada como la nuestra, la gente tiene que interactuar e intercambiar artículos constantemente, y la división del trabajo está articulada hasta tal extremo que todo hogar depende del comercio para la mera supervivencia. Si las personas se retiran de la vida económica cotidiana -si los inversores se deshacen de sus acciones, los empresarios rehúyen el comercio o los ciudadanos se quedan en casa por miedo a ir a los centros comerciales y exponerse a un atentado suicida- se produce un efecto de bola de nieve. Es la psicología que conduce a los pánicos y las recesiones. Un impacto como el que acabábamos de padecer podía causar una retirada masiva y una aguda contracción de la actividad económica. La miseria podía multiplicarse.

Mucho antes de que mi vuelo tomara tierra, había concluido que el mundo estaba a punto de cambiar en modos que todavía no podía definir. La complacencia con la que habíamos vivido los americanos durante la década posterior al final de la guerra fría acababa de quedar despedazada.

Llegamos por fin a Zúrich pasadas las 8:30 de la noche, hora local: en Estados Unidos todavía era mediodía. Varios funcionarios de banca suizos me recibieron en cuanto bajé del avión y me llevaron a toda prisa a una sala privada de la zona de preembarque. Se ofrecieron a enseñarme imágenes del derrumbe de las Torres Gemelas y el incendio del Pentágono, pero rehusé. Había trabajado en las inmediaciones del World Trade Center durante gran parte de mi vida y tenía amigos y conocidos allí. Di por sentado que las cifras de víctimas serían horrendas e incluirían a personas que conociese. No quería ver la destrucción; sólo quería un teléfono que funcionara.

Encontré por fin a Andrea en su móvil pocos minutos antes de las nueve, y supuso un gran alivio oír su voz. En cuanto nos hubimos asegurado mutuamente que estábamos bien, me dijo que tenía prisa: estaba en el plató, a punto de entrar en directo con las últimas noticias.

- Sólo dime en un segundo lo que está pasando -le pedí.

Andrea tenía el móvil pegado a una oreja mientras por el auricular de la otra le hablaba, casi a gritos, el productor de sucesos especiales de Nueva York:

- ¡Andrea, Tom Brokaw te da paso! ¿Estás lista?

Lo único que tuvo tiempo de decirme fue:

- Escucha.

Dicho eso, dejó el teléfono abierto en el regazo y se dirigió a las cámaras. Oí exactamente lo que Estados Unidos estaba oyendo en ese momento: que el Vuelo 93 desaparecido de United se había estrellado en Pensilvania.

Luego pude hacer llegar una llamada a Roger Ferguson, en la Fed. Repasamos nuestra lista de gestión de crisis y, tal como me había figurado, tenía las cosas controladas. Entonces, con todo el tráfico aéreo civil a Estados Unidos cancelado, me puse en contacto con Andy Card, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, para solicitar transporte de vuelta a Washington. Por último me fui al hotel, escoltado por mi dispositivo de seguridad, para dormir un poco y esperar instrucciones.

Al amanecer volvía a estar en el aire, en la cabina de mando de un avión cisterna KC-10 de las Fuerzas Aéreas; es posible que fuera la única aeronave disponible. La tripulación estaba acostumbrada a realizar salidas de repostaje sobre el Atlántico Norte. En la cabina reinaba un estado de ánimo sombrío:

- No se lo creerá -me dijo el capitán-. Escuche.

Acerqué el oído a los auriculares pero no oí nada más que estática.

- Normalmente el Atlántico Norte va lleno de parloteo de radio -me explicó-. Este silencio pone los pelos de punta.

Al parecer no había nadie más ahí fuera.

Cuando bajamos por la Costa Este y entramos en el espacio aéreo prohibido estadounidense, nos salieron al paso y nos escoltaron un par de cazas F16. El capitán obtuvo permiso para sobrevolar lo que había sido el enclave de las Torres Gemelas en la punta sur de Manhattan, en esos momentos una ruina humeante. Durante décadas, mis oficinas nunca habían estado a más de unas pocas manzanas de allí; a finales de los 60 y principios de los 70 había visto crecer día tras día las Torres Gemelas. Ahora, desde treinta y cinco mil pies de altura, sus cascotes humeantes eran el rasgo más visible de Nueva York.

Esa tarde fui directamente a la Fed, acompañado por una escolta policial a través de calles con barricadas. Luego nos pusimos a trabajar.

En su mayor parte, los flujos electrónicos de fondos marchaban bien. Sin embargo, con el tráfico aéreo civil cancelado, el transporte y la compensación de los cheques de toda la vida se estaban retrasando. Era un problema técnico: sustancial, pero nada que el personal y los bancos individuales de la Reserva Federal no pudieran manejar sin problemas mediante la extensión temporal de crédito adicional a los bancos comerciales.

Pasé la mayor parte del tiempo de los días sucesivos atento a posibles indicios de una ralentización catastrófica de la economía. En los siete meses anteriores al 11-S, la economía había pasado por una recesión muy leve, mientras se sacudía de encima los persistentes efectos de la quiebra de las «puntocom» de 2000. Pero las cosas habían empezado a cambiar de signo. Habíamos estado bajando con rapidez los tipos de interés, y los mercados empezaban a estabilizarse. Para finales de agosto la atención del público se había desplazado de la economía a Gary Condit, el congresista californiano cuyas declaraciones poco esclarecedoras sobre una joven desaparecida dominaban las noticias de la noche. Andrea no lograba salir en directo con nada de relevancia global, y recuerdo haber pensado lo increíble que se antojaba eso: el mundo debía de andar bastante bien si las noticias de la tele se centraban ante todo en un escándalo nacional. Dentro de la Fed, el problema más grande que afrontábamos era hasta qué punto rebajar los tipos de interés.

Después del 11-S, los informes y datos que llegaban de los bancos de la Reserva Federal eran harina de otro costal. El Sistema de la Reserva Federal consiste en doce bancos estratégicamente situados de punta a punta del país. Todos regulan los bancos de su región y les prestan dinero. Los bancos de la Reserva Federal también actúan como una ventana a la economía estadounidense: los cargos y el personal se mantienen en contacto permanente con los banqueros y empresarios de sus distritos, y la información que recogen sobre pedidos y ventas va hasta un mes por delante de los datos de publicación oficial.

Lo que nos estaban contando en ese momento era que a lo largo y ancho del país la gente había dejado de gastar en nada que no fueran artículos comprados en previsión de posibles ataques adicionales: crecían las ventas de comestibles, dispositivos de seguridad, agua embotellada y seguros; el sector entero de los viajes, el ocio, la hostelería, el turismo y las convenciones iban a la baja. Sabíamos que el envío de verduras frescas de la Costa Oeste a la Este se vería alterado por la suspensión de los vuelos de mercancías, pero nos sorprendió un tanto la rapidez con la que se vieron afectados muchos otros sectores. Por ejemplo, el flujo de repuestos automovilísticos desde Windsor, Ontario, a las plantas de Detroit se ralentizó hasta quedar bajo mínimos en los pasos fluviales que unen las dos ciudades: un factor que influyó en la decisión de Ford Motor de cerrar temporalmente cinco de sus fábricas. Años antes, muchos fabricantes se habían pasado a la producción «just in time»: en vez de almacenar piezas y suministros en la planta, confiaban en el transporte aéreo para recibir los componentes cruciales a medida que los necesitasen. El cierre del espacio aéreo y la intensificación de los controles de seguridad en las fronteras provocaron cortes, embotellamientos y turnos cancelados.

Entretanto, el Gobierno estadounidense había puesto la directa. El viernes 14 de septiembre, el Congreso aprobó una partida inicial de emergencia de 40.000 millones de dólares y autorizó al presidente a usar la fuerza contra las «naciones, organizaciones o personas» que nos habían atacado. El presidente Bush movilizó a la nación con lo que probablemente pasará a la historia como el discurso más eficaz de su presidencia. «Estados Unidos ha sido escogido como blanco porque somos el faro más importante para la libertad y la oportunidad en el mundo -dijo-. Y nadie impedirá que esa luz resplandezca.» Sus índices de popularidad subieron disparados hasta el 86 por ciento y la política, aunque fuera sólo por un breve período, se volvió consensuada. En el Capitolio corrían muchas ideas para ayudar a la nación a recobrarse. Había planes que incluían inyectar fondos en las compañías aéreas, el turismo y el ocio. Había un montón de propuestas para extender exenciones fiscales a las empresas con el fin de fomentar la inversión de capital. Se debatió mucho sobre los seguros contra terrorismo: ¿cómo se asegura uno contra sucesos catastróficos de ese tipo, y qué papel tiene en ello el Gobierno, si es que tiene alguno?

A mí me parecía urgente que los vuelos comerciales despegasen de nuevo, para abortar la oleada de efectos negativos. (El Congreso aprobó con celeridad un paquete de urgencia de 15.000 millones de dólares para el transporte aéreo.) Sin embargo, más allá de eso, presté menos atención a la mayoría de esos debates, porque estaba decidido a hacerme una composición de lugar más general, que todavía no tenía clara. Estaba seguro de que la respuesta no se hallaría en los gestos grandes, apresurados y costosos. Es típico que, en momentos de gran urgencia nacional, todo congresista sienta que tiene que proponer una ley; los presidentes también notan la presión para actuar. En esas condiciones pueden obtenerse políticas miopes, ineficaces y a menudo contraproducentes, como el racionamiento de gasolina que impuso el presidente Nixon durante la primera crisis del petróleo de 1973. (Esa política provocó colas en las gasolineras de algunas zonas del país ese otoño.) Sin embargo, con catorce años en la presidencia de la Fed a mis espaldas, había visto a la economía superar muchas crisis, entre ellas el peor crack de un día de la historia del mercado de valores, que se produjo a las cinco semanas de que asumiera el cargo. Habíamos sobrevivido al boom y el derrumbe inmobiliario de la década de 1980, a la crisis de las instituciones de ahorro y préstamo y a las agitaciones financieras asiáticas, por no hablar de la recesión de 1990. Habíamos disfrutado del mayor auge de la Bolsa de la historia y luego habíamos capeado el desplome de las puntocom. Poco a poco empezaba a creer que la mejor baza de la economía estadounidense era su aguante: su capacidad para absorber perturbaciones y recuperarse, a menudo con modos y ritmos que nadie sería capaz de predecir, y mucho menos dictar. Aun así, en esa espantosa coyuntura, no había manera de saber lo que pasaría.

Yo pensaba que la mejor estrategia era observar y esperar hasta que comprendiéramos mejor cuáles serían las secuelas exactas del 11-S. Es lo que les dije a los líderes del Congreso en una reunión en el despacho del presidente de la Cámara de Representantes la tarde del 19 de septiembre. El presidente Dennis Hastert, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Dick Gephardt, el líder de la mayoría del Senado Trent Lott y el líder de la minoría del Senado Tom Daschle, junto con Bob Rubin, ex secretario del Tesoro con el presidente Clinton, y el asesor económico de la Casa Blanca Larry Lindsey, estaban todos reunidos en una sencilla sala de juntas aneja al despacho de Hastert en el lado de la Cámara de Representantes del Capitolio. Los legisladores querían oír las evaluaciones del impacto de los ataques que hacíamos Lindsey, Rubin y yo. El posterior debate se condujo con una gran seriedad, sin alardes. (Recuerdo que pensé: «Así debería funcionar el Gobierno.»)

Lindsey puso sobre la mesa la idea de que, ya que los terroristas habían dado un golpe a la confianza estadounidense, el mejor modo de contrarrestarlo sería un recorte fiscal. Él y otros se manifestaron a favor de inyectar unos 100.000 millones de dólares en la economía en cuanto fuera posible. La cifra no me alarmó: venía a ser un 1 por ciento de la producción anual del país. Pero les dije que todavía no teníamos manera de saber si 100.000 millones eran demasiado o demasiado poco. Sí, las industrias de las líneas aéreas y el turismo se habían llevado un duro golpe, y los periódicos iban cargados de artículos sobre todo tipo de despidos. Aun así, el lunes 17 de septiembre, asombrosamente, la Bolsa de Nueva York había logrado reabrir a apenas tres manzanas de la Zona Cero. Se trataba de un paso importante porque devolvía al sistema una sensación de normalidad: un rayo de luz en el cuadro que todavía estábamos ensamblando en la Fed. Al mismo tiempo, el sistema de pago de cheques se estaba recuperando, y el mercado de valores no se había venido abajo: los precios se habían limitado a descender para luego estabilizarse, una señal de que la mayoría de empresas no se hallaban en graves apuros. Les dije que el curso prudente era seguir trabajando en opciones y volvernos a reunir al cabo de dos semanas, cuando tuviéramos más datos.

Transmití el mismo mensaje a la mañana siguiente en una sesión pública del Comité de Banca del Senado, aconsejando paciencia: «Nadie tiene la capacidad de predecir plenamente las consecuencias de la tragedia del 11 de septiembre. Sin embargo, en las semanas venideras, a medida que remita la impresión, deberíamos ser capaces de calibrar mejor el modo en que la dinámica en curso de estos acontecimientos está configurando el panorama económico inmediato.» También recalqué: «A lo largo del último par de décadas, la economía estadounidense se ha vuelto cada vez más resistente a los sobresaltos. Unos mercados financieros desregulados, unos mercados de trabajo mucho más flexibles y, en fechas más recientes, los grandes avances en tecnología de la información han mejorado nuestra capacidad para absorber alteraciones y recuperarnos.»

En realidad, estaba pintando la situación de un color mejor del que temía fuera el auténtico. Como la mayoría de integrantes del Gobierno, estaba seguro de que habría más ataques. Era una sensación que en buena medida permanecía inexpresada en público, pero que podía apreciarse en la unanimidad de las votaciones del Senado: 98-0 para autorizar el uso de la fuerza contra terroristas, 100-0 para el proyecto de ley de seguridad aérea. A mí me preocupaban en especial las armas de destrucción masiva, posiblemente un dispositivo nuclear robado del arsenal soviético durante el caos del derrumbe de la URSS. También contemplaba la contaminación de nuestros embalses. Aun así, en el plano oficial adopté una postura menos pesimista porque, de haber expresado plenamente lo que a mi entender eran las probabilidades, habría dejado tiritando de miedo a los mercados. Con todo, me daba cuenta de que lo más probable era que no estuviese engañando a nadie; la gente de los mercados me oiría y diría: «Desde luego, espero que tenga razón.»

A finales de septiembre llegaron los primeros datos contrastados: por lo general, el primer indicador claro de lo que sucede en la economía es la cifra de nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo, un dato que el Departamento de Trabajo recopila todas las semanas. Para la tercera semana del mes, las solicitudes alcanzaron un máximo de 450.000, en torno a un 13 por ciento por encima de su nivel a finales de agosto. La cifra confirmaba el alcance y la gravedad de los apuros que veníamos viendo en las noticias sobre personas que habían perdido su trabajo. Me imaginaba a esos millares de trabajadores de hoteles, centros turísticos y otros lugares en el limbo, sin saber de qué vivirían ellos y sus familias. Estaba llegando a la conclusión de que no íbamos a recobrarnos con rapidez. El impacto era lo bastante grave para que hasta una economía sumamente flexible tuviera problemas para afrontarlo.

Como muchos otros analistas, los economistas de la Fed estaban estudiando todos los paquetes de gasto y recortes fiscales propuestos, y los números asociados a ellos. En todos los casos intentábamos abrirnos camino entre los detalles para calibrar el orden de magnitud; no deja de ser interesante que todos se encuadrasen en el entorno de los 100.000 millones: la sugerencia inicial de Larry Lindsay.

Nos reencontramos en la sala de juntas de Hastert el miércoles, 3 de octubre, para hablar de nuevo sobre la economía. Había pasado otra semana, y la cifra inicial de solicitudes de paro había empeorado: 517.000 personas más habían pedido prestaciones por desempleo. A esas alturas, había tomado una decisión. Por bien que todavía esperaba más ataques, no había manera de conocer lo devastadores que serían o el modo de proteger la economía por adelantado. Dije al grupo que deberíamos tomar medidas para compensar los daños que podíamos medir, y que en verdad era hora de un estímulo forzado. Lo que se antojaba correcto era un paquete de acciones en las inmediaciones de los 100.000 millones de dólares: suficiente, pero no tanto que sobreestimulásemos la economía y provocáramos un aumento de los tipos de interés. Los legisladores parecieron estar de acuerdo.

Esa noche me fui a casa pensando que lo único que había hecho era articular y reforzar un consenso; la cifra de los 100.000 millones de dólares había surgido en un principio de Larry. De modo que me sorprendió leer la versión que los medios daban de la reunión, que casi transmitía la impresión de que yo había llevado la voz cantante (La revista Time, por ejemplo, opinaba el 15 de octubre de 2001: «El viraje de Greenspan proporcionó la luz verde que los legisladores llevaban esperando […]). Por gratificante que fuera oír que el Congreso y la Administración me hacían caso, esas informaciones me desasosegaban. Nunca me he sentido del todo cómodo cuando me endosan el papel de quien corta el bacalao. Desde mi primera época me había visto como un experto entre bastidores, un ejecutor de órdenes, más que el líder. Hizo falta la crisis bursátil de 1987 para que me sintiera cómodo tomando decisiones estratégicas cruciales. Sin embargo, aun hoy en día me siento a disgusto en el candelero. No soy lo que se dice un extrovertido.

Por supuesto, lo irónico fue que, a pesar de mi supuesto poder persuasivo, en las semanas posteriores al 11-S nada funcionó como yo había esperado. La previsión de un segundo ataque terrorista fue probablemente una de las peores predicciones que jamás he realizado. Y el «estímulo forzado» al que supuestamente había dado luz verde tampoco se produjo. Quedó empantanado en la política y se frenó. El paquete que por fin salió a la luz en marzo de 2002 no sólo llegaba meses tarde sino que además tenía poco que ver con el bien común: era una embarazosa mezcolanza de proyectos asignados a dedo.

Con todo, la economía se enderezó sola. La producción industrial, tras apenas un mes más de leve declive, tocó fondo en noviembre. Para diciembre la economía volvía a crecer, y las reclamaciones por desempleo remitieron y se estabilizaron en su nivel previo al 11-S. La Fed tuvo algo que ver en eso, pero fue sólo acelerando lo que llevábamos haciendo desde antes del 11-S: rebajar los tipos de interés para que la gente tuviera más fácil pedir prestado y gastar.

No me importó ver incumplidas mis expectativas, porque la extraordinaria respuesta de la economía a las consecuencias del 11-S fue prueba de un hecho de enorme importancia: nuestra economía se había vuelto sumamente resistente. Lo que con tanto optimismo había dicho ante el Comité de Banca del Senado se demostró cierto. Tras esas primeras semanas atroces, los hogares y negocios estadounidenses se recuperaron. ¿Qué había generado semejante grado de flexibilidad económica sin precedentes?, me preguntaba a mí mismo.

Los economistas llevan intentando responder a preguntas como ésa desde los tiempos de Adam Smith. Creemos que hoy en día bastante tenemos con intentar comprender nuestra economía globalizada, pero Smith tuvo que inventarse la economía casi desde cero como un modo de vérselas con el desarrollo de las complejas economías de mercado del siglo XVIII. Mal puedo compararme yo con Adam Smith, pero siento la misma curiosidad por entender las fuerzas amplias que definen nuestra época.

Este libro es en parte una historia detectivesca. Después del 11-S supe, si es que necesitaba más indicios, que vivimos en un mundo nuevo: el mundo de una economía capitalista global que es sumamente más flexible, resistente, abierta, autocorrectora y dinámica de lo que era hace incluso un cuarto de siglo. Es un mundo que nos ofrece enormes posibilidades nuevas pero también enormes nuevos desafíos. La era de las turbulencias es mi intento de entender la naturaleza de este nuevo mundo: cómo hemos llegado aquí, qué estamos viviendo y qué espera en el horizonte, para bien o para mal. En la medida de lo posible, transmito mi comprensión en el contexto de mis propias experiencias. Lo hago por sentido de la responsabilidad hacia el registro histórico y para que los lectores sepan de dónde vengo. El libro está dividido, en consecuencia, en dos mitades: la primera es mi empeño por remontar el arco de mi curva de aprendizaje, y la segunda es un esfuerzo más objetivo por utilizarlo como fundamento sobre el que erigir un marco conceptual que permita comprender la nueva economía global. Por el camino exploro elementos cruciales de este entorno global emergente: los principios de su gobernación que emanaron de la Ilustración dieciochesca, la inmensa infraestructura energética que lo alimenta, los desequilibrios financieros globales y los drásticos desplazamientos en la demografía mundial que lo amenazan y, a pesar de su éxito incuestionable, la preocupación crónica por la justicia de la distribución de sus beneficios. Por último, reúno lo que nos es razonable conjeturar sobre el rostro de la economía mundial en 2030.

No aspiro a conocer todas las respuestas. Sin embargo, desde mi posición ventajosa en la Reserva Federal tuve acceso privilegiado a lo mejor que se había pensado y dicho sobre una amplia gama de temas. Dispuse de acceso al amplio espectro de literatura académica que abordaba muchos de los problemas con los que mis colegas de la Fed y yo teníamos que pelearnos a diario. Sin el personal de la Fed, jamás habría podido afrontar el mero volumen de producción académica, a veces fascinante y a veces tediosa. Tenía el privilegio de llamar a uno o más de los miembros del personal económico de la Junta de la Reserva Federal para preguntar por trabajos académicos de interés actual o histórico. Al poco recibía evaluaciones detalladas de los pros y contras de prácticamente cualquier tema, desde los últimos modelos matemáticos desarrollados para evaluar la neutralidad de riesgos hasta el surgimiento e impacto de los colegios superiores en tierras concedidas en el Medio Oeste americano. De modo que no me he echado atrás a la hora de esbozar hipótesis bastante generales.

Una serie de fuerzas globales han alterado, gradual y en ocasiones casi clandestinamente, el mundo tal y como lo conocemos. La más visible para la mayoría de nosotros ha sido la creciente transformación de la vida cotidiana gracias a los teléfonos móviles, los ordenadores personales, el correo electrónico, los BlackBerries e Internet. La exploración, tras la Segunda Guerra Mundial, de las características electrónicas del silicio condujo al desarrollo del microprocesador, y cuando la fibra óptica se combinó con el láser y los satélites revolucionaron las capacidades de comunicación, la gente desde Pekín, Illinois, hasta Pekín, China, vio cambiar su vida. Un elevado porcentaje de la población mundial obtuvo acceso a tecnologías que, al emprender mi larga carrera en 1948, no podría haber imaginado, salvo en el contexto de la ciencia ficción. Esas nuevas tecnologías no sólo abrieron un panorama nuevo por completo de comunicaciones de bajo coste sino que también permitieron importantes avances en las finanzas que supusieron una gran mejora de nuestra capacidad para dirigir los ahorros a inversiones de capital productivas, un elemento propiciador crucial de la globalización y la prosperidad en rápida expansión.

Las barreras arancelarias descendieron en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, a resultas del reconocimiento generalizado de que el proteccionismo previo al conflicto había conducido a una espiral descendente del comercio: una inversión de la división internacional del trabajo que contribuyó al práctico derrumbe de la actividad económica mundial. La liberalización del comercio de la posguerra ayudó a abrir nuevas fuentes de materia prima de bajo coste; eso, sumado al desarrollo de nuevas instituciones y productos financieros (posibilitados en parte por las tecnologías basadas en el silicio), facilitó el impulso adelante hacia un capitalismo de mercado global aun en los años de la guerra fría. En el siguiente cuarto de siglo, la adopción del capitalismo de libre mercado ayudó a aletargar la inflación y llevar los tipos de interés a dígitos únicos a escala global.

El momento decisivo para las economías mundiales fue la caída del Muro de Berlín en 1989, que reveló tras el Telón de Acero un estado de ruina económica que superaba con creces las expectativas de los economistas occidentales mejor informados. La planificación central quedó destapada como un fracaso estrepitoso; sumado y reforzado por la creciente desilusión con las políticas económicas intervencionistas de las democracias occidentales, el capitalismo de mercado empezó a sustituir discretamente a esas políticas en buena parte del mundo. La planificación central ya no era digna de debate. No hubo panegíricos. Salvo en Corea del Norte y Cuba, desapareció de la agenda económica mundial.

No sólo las economías del antiguo bloque soviético, tras cierto caos, abrazaron la doctrina del capitalismo de mercado, sino que también lo hizo la mayor parte de lo que antes llamábamos Tercer Mundo: países que habían sido neutrales en la guerra fría pero habían practicado la planificación central o habían estado tan regulados que venía a ser lo mismo. La China comunista, que había iniciado un lento avance hacia el capitalismo ya en 1978, aceleró el movimiento de su ingente y férreamente regulada población activa, formada entonces por más de 500 millones de personas, hacia las Zonas de Libre Comercio del delta del río Perla.

El desplazamiento de China hacia la protección de los derechos de propiedad de los extranjeros, por bien que sutil, fue lo bastante sustancial para inducir una auténtica explosión en la inversión extranjera directa (IED) en China a partir de 1991. De un nivel de 57 millones de dólares en 1980, la IED fue creciendo hasta alcanzar los 4.000 millones en 1991, para después acelerar a un ritmo anual del 21 por ciento y llegar a los 70.000 millones en 2006. La inversión, unida a la abundancia de mano de obra barata, dio como resultado una potente combinación que ejerció una presión descendente sobre los salarios y precios de todo el mundo desarrollado. Antes, los llamados Tigres asiáticos, mucho más pequeños, sobre todo Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwan, habían abierto el camino adoptando tecnologías de los países desarrollados para propiciar un brusco aumento de sus niveles de vida mediante las exportaciones a Occidente.

El índice de crecimiento económico de ésas y muchas otras naciones en vías de desarrollo superó sobradamente el ritmo de crecimiento de cualquier otra región. El resultado ha sido el desplazamiento de una porción significativa del producto interior bruto (PIB) del planeta al mundo en vías de desarrollo, una tendencia con dramáticos efectos de onda. Los países en vías de desarrollo por lo general poseen unos índices de ahorro muy superiores a los de las naciones industrializadas, en parte porque las redes de seguridad social de esos países son más débiles y por tanto los hogares, como es natural, reservan más dinero para imprevistos y jubilaciones. (Inciden también otros factores. En ausencia de culturas de consumo afianzadas, por ejemplo, los hogares tienen menos inclinación a gastar.) El desplazamiento de porciones del PIB mundial de países desarrollados poco ahorradores a países en vías de desarrollo propensos al ahorro a partir de 2001 ha incrementado tanto el ahorro mundial que su crecimiento agregado a escala planetaria ha superado con creces las inversiones planificadas. El proceso de mercado que equipara ahorro global real e inversión, debemos deducir, ha provocado un acusado descenso en los tipos de interés reales (tipos de interés nominales ajustados en función de las expectativas de inflación). O, por decirlo de otra manera, la oferta de fondos en busca del rendimiento de una inversión ha crecido más rápido que la demanda de los inversores.

El aparente exceso de ahorro, combinado con la globalización, los aumentos en la productividad fruto de la tecnología y el desplazamiento de poblaciones activas de economías de planificación central a mercados competitivos, ha contribuido a contener los tipos de interés tanto reales como nominales y los índices de inflación de todas las naciones desarrolladas y la práctica totalidad de los países en vías de desarrollo. Es por eso que los índices anuales de inflación de casi todo el mundo (con las notables excepciones de Venezuela, Zimbabue e Irán) se cifran en la actualidad en un solo dígito: una de las pocas ocasiones, tal vez la única, que esto sucede desde el abandono del patrón oro y la adopción del dinero fiduciario, o papel moneda, en la década de 1930. Lo que llama en especial la atención en este conjunto de fuerzas es que, en buena parte por serendipia, coincidieron todas en el comienzo del siglo XXI. La política monetaria de los bancos centrales no fue la causa primordial del persistente descenso en los índices de inflación y los tipos de interés a largo plazo, pero los banqueros centrales optamos por alterar nuestras políticas para maximizar los beneficios a largo plazo de esos desplazamientos tectónicos en las finanzas globales. Aun así, por motivos que expondré más adelante, es improbable que ninguna de esas fuerzas sea permanente. La inflación en un mundo de dinero fiduciario es difícil de contener.

La caída de los tipos de interés reales (ajustados a la inflación) a largo plazo que se ha producido en las últimas dos décadas ha sido relacionada con los crecientes ratios precio-beneficio de las acciones, las propiedades inmobiliarias y a decir verdad todos los activos rentables. El valor de mercado de los activos de todo el mundo creció en consecuencia entre 1985 y 2006 a un ritmo superior que el PIB mundial nominal (la notable excepción fue el período 2001-2002). Eso generó un importante aumento en la liquidez mundial. Los precios de acciones y bonos, viviendas, inmuebles comerciales, cuadros y poco más o menos todo lo demás se sumaron al boom. Los propietarios de viviendas de muchos países desarrollados pudieron echar mano de su capital inmobiliario creciente para financiar adquisiciones más allá de lo que sus rentas podían financiar. El aumento en el gasto de los hogares, sobre todo en Estados Unidos, absorbió gran parte del aluvión de exportaciones procedentes de la rápida expansión del mundo en vías de desarrollo. Como señaló The Economist a finales de 2006, «tras crecer a un ritmo anual del 3,2 por ciento per cápita desde 2000, la economía mundial ha superado el ecuador de su avance hacia el cierre de la mejor década de la historia. Si sigue marchando a este paso, superará las supuestamente idílicas de 1950 y 1960. El capitalismo de mercado, el motor que mueve la mayor parte de la economía mundial, parece estar haciendo bien su trabajo». Esos acontecimientos han sido en general tanto arrolladores como positivos. La reinstauración de los mercados abiertos y el libre comercio durante el último cuarto de siglo ha sacado de la pobreza a muchos centenares de millones de habitantes del mundo. Hay que reconocer que muchos otros siguen necesitados en todo el planeta, pero grandes segmentos de la población del mundo en vías de desarrollo han llegado a experimentar un grado de prosperidad que desde hacía tiempo era monopolio de los llamados países desarrollados.

Si la historia del último cuarto de siglo puede resumirse en una sola línea, se trata del redescubrimiento del poder del capitalismo de mercado. Tras verse batido en retirada por sus fracasos de la década de 1930 y la subsiguiente expansión de la intervención estatal hasta los años 60, el capitalismo de mercado resurgió poco a poco como una fuerza potente, que empezó a dejarse notar en la década de 1970 hasta dominar en la actualidad casi todo el mundo en mayor o menor medida. La difusión del Estado de derecho y sobre todo la protección de los derechos de propiedad han fomentado un movimiento emprendedor a escala mundial. Eso, a su vez, ha conducido a la creación de instituciones que en la actualidad guían de forma anónima una parcela cada vez mayor de la actividad humana: una versión internacional de la «mano invisible» de Adam Smith.

Como consecuencia, el control de los gobiernos sobre la vida cotidiana de sus ciudadanos ha menguado; las fuerzas del mercado han sustituido de manera gradual algunos poderes significativos del Estado. Se han desmantelado muchas normativas que asignaban límites a la vida comercial. A lo largo de los primeros años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, los flujos de capitales internacionales estaban controlados y los tipos de cambio se hallaban a merced de los ministros de finanzas. La planificación central gozaba de gran aceptación tanto en el mundo desarrollado como en los países en vías de desarrollo, incluidos algunos vestigios de la anterior planificación dirigista todavía prominentes en Europa. Se adoptó como evangelio que los mercados necesitaban la guía de los gobiernos para funcionar con eficacia.

En los encuentros de mediados de los 70 del Comité de Política Económica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), compuesto por altos cargos de veinticuatro países, sólo Hans Tietmeyer de Alemania Occidental y yo insistíamos en una formulación política basada en los mercados. Formábamos una minoría muy pequeña en un comité muy grande. Las opiniones de John Maynard Keynes, el gran economista británico, habían reemplazado a las de Adam Smith y su economía clásica cuando la Gran Depresión de la década de 1930 incumplió el modelo del supuesto comportamiento de las economías formulado por este último. Keynes ofreció una solución matemáticamente elegante que explicaba por qué la economía mundial se había estancado y cómo el gasto deficitario gubernamental podía obrar una pronta recuperación. El intervencionismo keynesiano seguía siendo el paradigma abrumadoramente dominante a mediados de los 70, aunque ya se hallaba al borde de la pendiente de bajada. El consenso dentro del Comité de Política Económica era que permitir que el mercado fijase los salarios y los precios era inadecuado y poco fiable, y había que complementarlo con «políticas de rentas». Éstas diferían según el país, pero por lo común establecían directrices para la negociación de los salarios entre los sindicatos, que eran mucho más populares y poderosos que hoy, y la patronal. Las políticas de rentas no llegaban a ser un control total de salarios y precios en cuanto que en apariencia eran voluntarias. Las directrices, sin embargo, por lo general iban respaldadas por los resortes reguladores del Gobierno, que se empleaban para «persuadir» a los transgresores. Cuando esas políticas fracasaban, la respuesta a menudo pasaba por un control formal de los salarios y los precios. Los malhadados, aunque en un principio inmensamente populares, controles de salarios y precios que el presidente Nixon estableció en 1971 se contaron entre los últimos vestigios en el mundo desarrollado del intervencionismo general de la posguerra en materia de salarios y precios.

En mis años de formación, había aprendido a apreciar la elegancia teórica de los mercados competitivos. En las seis décadas transcurridas desde entonces, he aprendido a apreciar cómo funcionan (o a veces no) las teorías en el mundo real. En particular, he tenido el privilegio de haber interactuado con todos los actores clave de la política económica de la pasada generación y haber dispuesto de un acceso sin parangón a la información, tanto numérica como anecdótica, que medía las tendencias mundiales. Era inevitable que generalizase a partir de mis experiencias. Hacerlo me ha conducido a un aprecio más hondo si cabe de los mercados libres competitivos como fuerza benefactora. A decir verdad, más allá de unos pocos accidentes ambiguos, no se me ocurre ninguna circunstancia en que la expansión del Estado de derecho y la mejora de los derechos de propiedad no haya logrado aumentar la prosperidad material.

Pese a todo, impera un persistente y difundido cuestionamiento de la justicia del modo en que la competencia sin trabas distribuye sus beneficios. A lo largo de este libro reseño la continua ambivalencia de la gente hacia las fuerzas del mercado. La competencia es estresante porque los mercados competitivos crean ganadores y perdedores. Este libro intentará examinar las ramificaciones de la colisión entre una economía globalizada en rápido cambio y una naturaleza humana inmutable. El éxito económico del último cuarto de milenio es el resultado de esta lucha; también lo es la ansiedad que ha conllevado un cambio tan rápido.

Rara vez contemplamos de cerca la principal unidad operativa de la actividad económica: el ser humano. ¿Qué somos? ¿Qué parte de nuestra naturaleza es fija e inasequible a los cambios, y cuánta discreción y libre albedrío tenemos para actuar y aprender? Llevo a vueltas con esta pregunta desde que estuve en condiciones de formularla.

En mis viajes por todo el mundo durante casi seis décadas, he descubierto que la gente exhibe notables semejanzas que ningún esfuerzo de la imaginación puede achacar a la cultura, la historia, el lenguaje o el azar. Todas las personas parecen motivadas por un afán congénito de autoestima que en gran parte viene fomentado por la aprobación ajena. Ese afán determina buena parte de aquello en lo que los hogares gastan su dinero. También seguirá induciendo a la gente a trabajar en plantas y despachos codo con codo, aunque pronto dispongan de la capacidad técnica de contribuir desde el aislamiento vía ciberespacio. La gente posee una necesidad innata de interactuar con otras personas. Es algo esencial si pretendemos recibir su aprobación, que todos buscamos. El auténtico ermitaño es una infrecuente aberración. Lo que contribuye a la autoestima depende de la amplia gama de valores aprendidos o escogidos conscientemente que, según cada persona cree, con acierto o no, mejoran su vida. No podemos funcionar sin un conjunto de valores que guíe la multitud de decisiones que debemos tomar todos los días. La necesidad de valores es congénita. Su contenido, no. Esa necesidad viene impulsada por un sentido moral innato que reside en todos nosotros, la base sobre la que una mayoría ha buscado la orientación de las numerosas religiones que los humanos han adoptado a lo largo de los milenios. Parte de ese código moral innato es un sentido de lo que es justo y apropiado. Todos tenemos distintas opiniones sobre lo que es justo, pero nadie puede evitar la necesidad congénita de emitir esos juicios. Esa necesidad congénita forma la base de las leyes que gobiernan toda sociedad. Es la base sobre la que responsabilizamos a las personas de sus acciones.

Los economistas no pueden evitar ser estudiosos de la naturaleza humana, en especial de la euforia y el miedo. La euforia es una celebración de la vida. Tenemos que percibir la vida como algo placentero para desear sostenerla. Por desgracia, una oleada de euforia a veces provoca también que la gente sobrepase lo posible; cuando la realidad vuelve a imponerse, la exuberancia da paso al miedo. El miedo es una respuesta automática, que todos llevamos dentro, a las amenazas contra la más profunda de todas nuestras propensiones congénitas, nuestra voluntad de vivir. También constituye la base de muchas de nuestras respuestas económicas, la aversión al riesgo que limita nuestra disposición a invertir y comerciar, sobre todo lejos de casa, algo que, llevado al extremo, nos induce a desconectarnos de los mercados, lo que precipita un grave decaimiento de la actividad económica.

Un aspecto importante de la naturaleza humana -el nivel de inteligencia humana- tiene mucho que ver con nuestro éxito de cara a conseguir el sustento necesario para la supervivencia. Como señalo al final de este libro, en las economías con tecnología de vanguardia, las personas, de media, parecen incapaces de aumentar su rendimiento por hora a un ritmo superior al 3 por ciento anual durante un período prolongado. Al parecer se trata de la tasa máxima a la que la innovación humana puede adelantar los estándares de vida. Al parecer no somos lo bastante listos para hacerlo mejor. El nuevo mundo en el que vivimos en el día de hoy está dando a muchos ciudadanos mucho que temer, incluido el desarraigo de numerosas fuentes de identidad y seguridad anteriormente estables. Donde más rápido es el cambio, las crecientes disparidades en la distribución de la renta suponen una preocupación clave. Se trata en verdad de una era de turbulencias, y sería imprudente e inmoral minimizar el coste humano de sus trastornos. A la luz de la creciente integración de la economía global, los ciudadanos del mundo afrontan una trascendente elección: abrazar los beneficios a escala mundial de los mercados y las sociedades abiertos que sacan a la gente de la pobreza y la hacen ascender por la escalera de las habilidades hasta una vida mejor y más plena, sin perder de vista las cuestiones fundamentales de la justicia; o rechazar la oportunidad y abrazar el regionalismo, el tribalismo, el populismo y en verdad todos los «ismos» a los que se acogen las comunidades cuando sus identidades se hallan bajo asedio y no pueden percibir una opción mejor. Nos esperan enormes obstáculos en las décadas venideras, y de nosotros depende si los superamos. En el caso de Estados Unidos, la apertura de nuestras fronteras a la mano de obra cualificada del mundo y la reforma de la educación deben ocupar un lugar destacado en la agenda política, como también la búsqueda de una solución para la crisis de la asistencia sanitaria Medicare que se cierne sobre nosotros. Son temas a los que regresaré al final del libro. Concluyo en el último capítulo que, a pesar de las muchas carencias de los seres humanos, no es casualidad que perseveremos y avancemos ante la adversidad. Está en nuestra naturaleza: algo que, a lo largo de los años, ha fortalecido mi optimismo respecto a nuestro futuro.

1 Chaval de ciudad

Quien vaya al West Side de Manhattan y tome el metro en dirección norte, hasta dejar atrás Times Square, Central Park y Harlem, llegará al barrio donde crecí. Washington Heights está casi en el extremo opuesto de la isla respecto de Wall Street, y no muy lejos del prado donde se dice que Peter Minuit compró Manhattan a los indios por 24 dólares (señalado en la actualidad por una roca conmemorativa).

El barrio consistía más que nada en edificios bajos de pisos de ladrillo llenos de familias de inmigrantes judíos que habían acudido a raudales antes de la Primera Guerra Mundial, además de varias de origen irlandés o alemán. Las dos partes de mi familia, los Greenspan y los Goldsmith, llegaron con el cambio de siglo, los Greenspan de Rumanía y los Goldsmith de Hungría. La mayoría de familias del barrio, entre ellas la nuestra, eran de clase media baja, a diferencia de los judíos sumidos en la pobreza del Lower East Side. Ni siquiera en los peores años de la Depresión, cuando iba al colegio, nos faltó de comer; si alguno de nuestros parientes experimentó privaciones, yo no me enteré. Tenía hasta paga: 25 centavos por semana.

Fui hijo único, nacido en 1926, y mis padres no tardaron en divorciarse. Se separaron antes de lo que alcanzan mis recuerdos. Mi padre, Herbert, se mudó de vuelta a Brooklyn, donde se había criado. Vivió con sus padres hasta que al final volvió a casarse. Yo me quedé con mi madre, Rose, que me crió. Aunque sólo tenía veintiséis años y era muy atractiva, recuperó su apellido de soltera y nunca volvió a contraer matrimonio. Encontró trabajo de dependienta en la tienda de muebles Ludwig-Baumann del Bronx y fue capaz de conservarlo a lo largo de la Depresión. Ella era quien nos hacía llegar a fin de mes.

Era la más joven de cinco hermanos, de modo que formábamos parte de una familia más amplia. Mis primos, tíos y tías siempre andaban entrando y saliendo en nuestras vidas, lo que hasta cierto puntocompensaba la ausencia de un padre o hermanos. Durante una temporada mi madre y yo vivimos con mis abuelos, Nathan y Anna. Los Goldsmith eran una tropa animada y dada a la música. Mi tío Murray era un pianista capaz de repentizar las obras maestras más célebres por su complejidad. Tras cambiarse el nombre por el de Mario Silva, entró en el negocio del espectáculo y fue coautor de un musical de Broadway, Song of Love, sobre el compositor Robert Schumann. Con el tiempo se trasladó a Hollywood, donde convirtieron Song of Love en una película, Pasión inmortal, protagonizada por Katharine Hepburn y Paul Henreid. En las reuniones familiares que celebrábamos cada tantos meses, mi tío tocaba y mi madre cantaba; tenía una conmovedora voz de contralto y le gustaba imitar a Helen Morgan, una intérprete de canciones de amor y actriz de Broadway famosa por popularizar temas como «Can’t Help Lovin’ Dat Man». Por lo demás mi madre llevaba una vida tranquila y centrada en la familia. Era optimista y serena, sin un ápice de intelectualidad. Sus lecturas consistían en el Daily News, un tabloide; en vez de librerías nuestro salón tenía a gala un piano, de media cola.

Mi primo Wesley, que me lleva cuatro años, fue lo más parecido a un hermano que tuve. Durante los meses de verano de principios de los años 30, su familia alquilaba una casa no muy lejos del océano en un barrio llamado Edgemere, muy abajo en los confines meridionales de Queens. Wesley y yo peinábamos las playas en busca de monedas. Se nos daba muy bien. Aunque nos hallábamos en plena Gran Depresión, todavía podía confiarse en que la gente se llevara monedas a la playa y las perdiera en la arena. El único legado evidente de nuestra afición es mi hábito de caminar con la cabeza gacha; si alguien pregunta, le digo: «Estoy buscando dinero.»

Aun así, no tener padre dejó un gran hueco en mi vida. Cada mes, más o menos, tomaba el metro y me iba a visitarlo a Brooklyn. Trabajaba en Wall Street de agente de Bolsa, o lo que en aquellos tiempos llamaban «hombre del cliente», para pequeñas empresas de las que nadie habrá oído hablar. Era un tipo esbelto y agraciado con cierto parecido a Gene Kelly, y sabía venderse. De todas formas, nunca ganó mucho dinero. Siempre parecía sentirse incómodo cuando hablaba conmigo, lo cual me incomodaba también a mí. Era listo, con todo, y en 1935, cuando yo tenía nueve años, escribió un libro llamado Recovery Ahead!, que me dedicó. Predecía que el New Deal de Franklin Roosevelt iba a traer de vuelta los buenos tiempos a la economía estadounidense. Me regaló con mucha solemnidad una copia, que llevaba la siguiente dedicatoria:

A mi hijo Alan: Que este mi esfuerzo inicial contigo siempre presente se ramifique en una cadena sin fin de esfuerzos parecidos para que en tu madurez puedas echar la vista atrás y afanarte por interpretar el razonamiento que hay detrás de estas predicciones lógicas y comiences una obra similar de tu propia cosecha.

Tu padre

Durante mis años en la presidencia de la Fed, se la enseñaba a la gente de vez en cuando. Todos concluían que la capacidad de realizar declaraciones inescrutables ante el Congreso debía de ser heredada. A los nueve años, sin embargo, me quedé completamente a oscuras. Observé el libro, leí un par de páginas y lo dejé a un lado.

Es probable que, en efecto, mi afinidad con los números proviniera de él. Cuando era muy pequeño, mi madre solía lucirme delante de algún pariente y decir: «Alan, ¿cuánto es treinta y cinco más noventa y dos?» Yo anunciaba la respuesta tras sumar de cabeza. Luego usó números más altos, después pasó a la multiplicación, etcétera. A pesar de este temprano asalto a la fama, no era un niño confiado. Si bien mi madre podía erigirse en la estrella de la fiesta familiar, yo era más propenso a sentarme en un rincón.

A los nueve años, me convertí en un aficionado incondicional al béisbol. El estadio Polo Grounds estaba a apenas una breve caminata de distancia, y los chicos del barrio a menudo podían entrar gratis para ver jugar a los Giants. Mi equipo favorito eran los Yankees, sin embargo, y llegar al Yankee Stadium precisaba un viaje en metro, de modo que, más que nada, leía sobre ellos en los periódicos. Aunque las retransmisiones radiofónicas regulares de los partidos no llegaron hasta 1939, las Series Mundiales de 1936 fueron radiadas, y yo desarrollé mi propia técnica para llevar las estadísticas. Siempre usaba papel verde, y tomaba nota de cada partido lanzamiento a lanzamiento, usando un elaborado código de mi invención. Mi cabeza, que hasta ese momento había estado básicamente vacía, se llenó de estadísticas de béisbol. A día de hoy todavía puedo recitar la alineación titular de los Yankees, además de sus posiciones y medias de bateo, para esas Series Mundiales. (Fue la temporada del debut de Joe DiMaggio -promedió un 0,323- y los Yankees ganaron a los Giants cuatro partidos a dos.) Aprendí las fracciones haciendo medias de bateo: 3 de 11 era 0,273, 5 de 13 era 0,385, 7 de 22 era 0,318. Nunca se me dio tan bien convertir fracciones por encima del 4 de 10, ya que pocos bateadores superan el 0,400.

Yo también quería ser jugador, llegado el momento. Jugué en equipos del barrio, y era bastante bueno: soy zurdo, y tenía agilidad y reflejos suficientes para ser un primera base decente. Cuando tenía catorce años, uno de los mayores, que tendría a lo mejor dieciocho años, me dijo: «Si sigues a este ritmo, puede que algún día llegues a las ligas de arriba.» Huelga decir que aquello me emocionó, pero ése fue el preciso instante en que mi progresión se detuvo. Después de aquella temporada ya nunca jugué igual de bien. Había tocado techo a los catorce.

Aparte del béisbol, me dio por el código Morse. A finales de la década de 1930 estaban de moda las películas de vaqueros: pagábamos 25 centavos para entrar en el cine local a ver la última aventura de Hopalong Cassidy. Pero los personajes que a mí me intrigaban de verdad eran los operarios del telégrafo. No sólo tenían el poder de la comunicación instantánea en la punta de los dedos -en momentos cruciales de la trama podían pedir ayuda o advertir de un inminente ataque indio, siempre que no hubieran cortado las líneas-, sino que además había cierto arte de por medio. Un telegrafista capaz podía comunicar cuarenta o cincuenta palabras por minuto, y una persona no menos cualificada en el otro extremo no sólo recibiría el mensaje sino que sabría distinguir quién lo transmitía sin más ayuda que el ritmo y sonido distintivos del código. «Ése es el puño de Joe», diría. Mi amiguete Herbie Homes y yo ensamblamos una batería y dos teclados y practicamos el envío de mensajes. No llegamos a superar la velocidad de tortuga, pero el mero hecho de conocer el código me proporcionaba la emoción de ese mundo. Mucho más adelante, pude experimentar esa misma sensación de sobrecogimiento al comunicarme de un continente a otro vía satélite con mis colegas banqueros centrales.

Anhelaba en secreto salir de Nueva York. Por las noches, a veces, me acurrucaba ante la radio y giraba el dial en un intento de captar emisoras lejanas. Desde los once años, más o menos, hice colección de horarios de trenes de todo el país. Pasaba horas memorizando las rutas y los nombres de las poblaciones de los cuarenta y ocho estados. Metódicamente me imaginaba haciendo un viaje a bordo de, pongamos, la Great Northern, cruzando las vastas llanuras de Minnesota, Dakota del Norte y Montana, parando en lugares como Fargo, Minot y Havre, para luego seguir adelante al otro lado de las Rocosas.

A los trece, mi padre me invitó de improviso a un viaje de negocios a Chicago. Fuimos a la Penn Station y nos subimos al Broadway Limited, tren insignia de la Pennsylvania Railroad, que bajaba hasta Filadelfia antes de virar hacia el Oeste. Después nos llevó a través de Harrisburg y Altoona y, para cuando llegamos a Pittsburg, era de noche. A oscuras pasamos por delante de los enormes hornos de acerería que escupían chispas y llamas: mi primer contacto con la industria que se convertiría en mi especialidad en años posteriores. En Chicago saqué fotos de monumentos como la Torre del Agua y el Paseo de Lake Shore, y al volver a casa las revelé en mi cuarto oscuro (la fotografía era otra de mis aficiones). Ese viaje contribuyó a dar cuerpo a mi sueño de encontrar una vida más interesante que ser un chaval del montón en Washington Heights. Sin embargo, nunca se lo comenté a un alma. Aunque mi madre sabía que coleccionaba horarios, estoy seguro de que no se daba cuenta de lo que significaban para mí. Era su mundo del que escapaba.

Mi otra gran pasión era la música. Empecé con el clarinete a los doce años, después de oírselo tocar a mi prima Claire, y practicaba con total dedicación, entre tres y seis horas al día. Al principio me centré en la música clásica, pero no tardé en ampliar horizontes hacia el jazz. Un amigo que tenía fonógrafo me invitó a su casa y me puso un disco de Benny Goodman y su orquesta tocando «Sing, Sing, Sing»; me enganché en el acto.

Corrían tiempos emocionantes para la música. Goodman, Artie Shaw y Fletcher Henderson habían desencadenado una nueva era al combinar la música de baile de los años 20 con elementos de ragtime, espirituales negros, blues y música europea para crear el llamado sonido big-band. Se hizo tan popular e influyente que, en 1938, Goodman y su orquesta fueron invitados a dar el primer concierto no clásico en el Carnegie Hall. Empecé a tocar el saxo además del clarinete; a mi oído, el saxo era el elemento más satisfactorio y «jazzista» del sonido bigband.

Uno de mis héroes era Glenn Miller, que confirió a la música una nueva dimensión aterciopelada al conjuntar un clarinete con dos saxos altos y dos tenores en su banda. En 1941, a los quince años, fui en metro hasta el Hotel Pennsylvania para oírles tocar. Pude escurrirme hasta delante mismo del escenario, a apenas tres metros del mismísimo Glenn Miller. El grupo empezó a tocar un arreglo bailable de la Sexta sinfonía de Chaikovski. Yo exclamé «¡Es la Patética!», y Miller me miró y dijo: «Muy bien, chaval.»

El instituto George Washington, a unos dos kilómetros y medio de nuestro piso, era uno de los centros públicos más grandes y prestigiosos de la ciudad. Cuando empecé en otoño de 1940, tenía cabida para tres mil estudiantes, incluidos los de la escuela nocturna, pero asistíamos muchos más. Si eras de fuera del barrio, tenías que competir por la admisión, y las clases eran ferozmente competitivas. En parte se debía a la Depresión: muchos teníamos la impresión de que partíamos sin ninguna ventaja, de modo que era imperativo que trabajásemos duro (La misma competitividad se ponía de manifiesto en el terreno de juego: GW era una potencia entre los centros de la ciudad tanto en béisbol como en fútbol americano). También estaba la incertidumbre añadida de la guerra. Aunque Pearl Harbor se encontraba todavía a más de un año de distancia, la Alemania nazi acababa de conquistar Europa occidental. La radio informaba a todas horas de mercantes hundidos en el Atlántico por los submarinos, y las retransmisiones llenas de interferencias de Edward R. Murrow daban parte del Londres asediado por la Luftwaffe.

Nosotros éramos especialmente conscientes de la guerra porque nuestras aulas se habían llenado de refugiados, sobre todo judíos cuyas familias habían huido de los nazis unos cuantos años antes. Henry Kissinger estaba en el último curso cuando me matriculé, aunque no coincidiríamos en tres décadas. Recuerdo que en clase de matemáticas me sentaba con John Kemeny, un refugiado húngaro que un día se convertiría en el ayudante matemático de Albert Einstein y coinventaría el lenguaje informático BASIC con Thomas Kurtz (y más tarde aún sería presidente del Dartmouth College). John no llevaba mucho en Estados Unidos y hablaba con un acento marcado, pero era brillante en mates. Yo me preguntaba si eso no sería, por lo menos en parte, resultado de la formación superior que había recibido en Hungría. De modo que le pregunté: «¿Es porque eres de Europa?» Esperaba que me respondiera que sí porque eso significaría que su ventaja no era innata y me era posible ponerme a su nivel estudiando con ahínco. Pero la pregunta sólo pareció hacerle gracia. Se encogió de hombros y me dijo: «Todo el mundo lo es.»

Trabajé duro en el George Washington pero no todas mis notas fueron estupendas. Cuando me concentraba era buen estudiante, y se me daban realmente bien las matemáticas, pero en las asignaturas que no me interesaban hacía sólo lo justo porque el béisbol y la música se comían una buena parte de mi tiempo. La música se estaba volviendo cada vez más fundamental en mi vida. Tocar era una fuente de dinero: me uní a bandas de baile y podía sacarme 10 dólares cada fin de semana tocando en un par de conciertos.

Recuerdo con exactitud dónde estaba el día en que los japoneses atacaron Pearl Harbor: en mi cuarto practicando con el clarinete. Había encendido la radio para tomarme un descanso, y se produjo el anuncio. Yo no sabía dónde estaba Pearl Harbor; nadie lo sabía. No pensé de inmediato: «Oh, nos vamos a la guerra.» En lugar de eso, confié en que esa calamidad se olvidase sin más. Cuando uno es un crío de quince años, se desentiende de muchas cosas. Te concentras sólo en lo que estás haciendo.

Por supuesto, era imposible no hacer caso de la guerra. El racionamiento empezó en primavera, y la mayoría de chavales se incorporaban derechos a filas nada más acabar de cumplir los dieciocho. En el verano de 1942, me sumé a una banda de seis músicos que fue a tocar toda la temporada a un hotel de un enclave turístico de las montañas Catskills. No había muchos jóvenes alojados allí -tocábamos mayormente para gente de la edad de nuestros padres- y los ánimos estaban decaídos. A lo largo de toda la primavera habíamos estado perdiendo a marchas forzadas la guerra en el Pacífico e, incluso después de la decisiva batalla de Midway, la censura era tanta que era imposible saber a ciencia cierta lo que pasaba. Pero rara vez parecía bueno.

Me gradué en el GW en junio de 1943 y no me interesaba la universidad. Cumpliría los dieciocho en marzo de 1944 y quería aprovechar el tiempo antes de que me llamaran a filas para profundizar en mi formación musical. De modo que seguí tocando en pequeñas bandas y me inscribí a clases en el Julliard, el espléndido conservatorio privado de la ciudad, donde estudié clarinete, piano y composición. Si tenía algún plan de futuro, era la idea de que tal vez pudiera incorporarme a una banda militar.

La junta de reclutamiento me llamó a filas a la primavera siguiente. Realicé el largo trayecto en metro hasta el centro para mi reconocimiento médico, que se realizaba en la gran oficina de reclutamiento que habían montado en la antigua Aduana de Battery Park, un enorme edificio con esculturas, murales y altos espacios retumbantes en los que centenares de hombres de mi edad formaban colas. Todo discurrió de manera rutinaria hasta que me hicieron la fluoroscopia, la técnica con la que estudiaban los pulmones para detectar la tuberculosis. Un sargento me hizo salir de la cola y acercarme a su mesa. «Te hemos encontrado una mancha en los pulmones -me dijo-. No podemos saber si está activa.» Dicho eso, me dio unos papeles y la dirección de un especialista en tuberculosis; tenía que ir a verlo e informar del resultado. Cuando visité al especialista al día siguiente, fue incapaz de emitir un diagnóstico definitivo. Me dijo: «Tendremos que vigilarlo durante un año.» Se me clasificó de no apto para el servicio.

Me quedé desolado. Todo el mundo estaba en el Ejército; yo era el raro, el excluido. También estaba el miedo, más profundo, a tener algo grave. No presentaba síntomas, ni problemas respiratorios ni nada por el estilo; como clarinetista y saxofonista, lo hubiese notado. Sin embargo, la sombra presente en la radiografía no podía negarse. Recuerdo haberle dicho a una novia, esa semana, en una pendiente de hierba con vistas al puente George Washington: «Si tengo tuberculosis, supongo que se acabó mi vida.»

Fue mi profesor de saxo tenor, Bill Sheiner, quien me ofreció una salida de este limbo. Bill era uno de los mentores legendarios de los músicos de jazz. Su método consistía en organizar pequeños conjuntos de cuatro o cinco saxofones y un clarinete y que los estudiantes compusieran parte de la música ellos mismos. En nuestro pequeño grupo, Sheiner me puso al lado de un chico de quince años llamado Stanley Getz. Los historiadores del jazz hoy en día sitúan a Getz al nivel de Miles Davis y John Coltrane; cuando Sheiner me pidió que fuera a la par con él vino a ser como pedirle a un pianista de bar que intercambiara arpegios con Mozart. Getz y yo nos llevábamos bien, pero cuando él tocaba yo me limitaba a escuchar sobrecogido. A veces, cuando tenemos delante a una persona de insuperable talento, podemos ver el camino que lleva a ese nivel de habilidad y esperar seguirlo nosotros algún día; con otros, el talento posee una fuente más genética, y por mucho que practiquemos nunca estaremos a su altura. Stan Getz pertenecía a esa segunda categoría; supe instintivamente que jamás podría aprender a hacer lo que él hacía.

Pese a todo, esas sesiones sí me convirtieron en un saxofonista mucho mejor, lo cual evidencia la sagacidad de Sheiner como profesor. Cuando le dije que me habían rechazado para el servicio militar, tan sólo se rio. «Eso significa que no hay nada que te impida conseguir un trabajo», dijo. Y me explicó que había una plaza libre en el grupo de Henry Jerome.

La orquesta de Henry Jerome era un conjunto de catorce músicos que había alcanzado cierta fama en la Costa Este. Cuando me invitaron a incorporarme tras la audición, supuso un gran cambio en mi vida. No acababa de ser como llegar a la primera división, más bien una categoría por debajo, pero aun así era un empleo profesional con todas las de la ley, en el que pagaba cuotas sindicales y cobraba bastante para los tiempos que corrían. Además, como la banda pasaba una mitad de su tiempo en la ciudad y la otra de gira por el este de Estados Unidos, también me sacó por mi cuenta de Nueva York por primera vez.

Era con diferencia la mejor banda en la que había tocado. Henry Jerome formaba parte de la vanguardia; su orquesta más tarde trasladó el sonido bop de Charlie Parker y Dizzy Gillespie al menú convencional de la big-band añadiendo mucha percusión y espectacularidad. Y aunque la banda nunca alcanzó una fama duradera, una cantidad sorprendente de mis compañeros y nuestros sucesores tuvieron carreras memorables. Johnny Mandel, uno de nuestros trombones, se fue a Hollywood y compuso «The Shadow of Your Smile» y la banda sonora de M*A*S*H y ganó un Oscar y cuatro Grammys. Un batería, Stan Levey, tocó más tarde con Charlie Parker. Larry Rivers se convirtió en un famoso músico de pop. Y mi compañero saxofonista, Lenny Garment, fue abogado del presidente Nixon.

Nuestra música era la que gustaba en el momento en que cambiaron las tornas de la guerra en 1944. Durante los siguientes dieciséis meses, tocamos en locales famosos como la Blue Room del Hotel Lincoln de Nueva York y el Child’s Paramount Restaurant de Times Square. Tocamos en bailes en Virginia Beach, delante de Newport News, donde el público consistía ante todo en trabajadores de astillero y familias marineras. Actuamos en teatros donde a veces compartíamos cartel con números de vodevil: conjuntos infantiles de baile precalentando para una intentona en Hollywood y cantantes que habían destacado en los buenos tiempos de Al Jolson y seguían en la brecha. Pasamos el mes de diciembre de 1944 como cabezas de cartel del Roosevelt Hotel de Nueva Orleans, que era lo más lejos de casa que había estado. Una noche que paseaba por una calle cerca del río, alcé la vista y vi pasar un petrolero. No me he quitado nunca de la cabeza hasta qué punto está Nueva Orleans por debajo del nivel del mar. Cuando los diques cedieron tras el huracán Katrina en 2005, aquella experiencia de juventud me ayudó a comprender en el acto la magnitud del desastre.

Durante mi época con la banda, seguíamos una rutina dictada por las normas sindicales: cuarenta minutos en el escenario y veinte de descanso. A mí me encantaban los cuarenta minutos arriba: la experiencia de tocar en una banda buena es completamente distinta a lo que se oye escuchando sin más en primera fila. Las voces y los armónicos te llegan de todas partes, sientes la sección de ritmos en los huesos y todos los integrantes de la banda interactúan dinámicamente. Los solistas pueden partir de esa base para expresar su visión del mundo. Yo idolatraba a los grandes improvisadores como Benny Goodman y Artie Shaw, pero rara vez buscaba el papel de solista. Me conformaba con ser un intérprete y tocar notas escritas por otro.

Pasaba por el intelectual de la banda. Me llevaba bien con los demás músicos (les hacía la declaración de la renta), pero mi estilo era distinto al de ellos. Entre actuaciones, muchos desaparecían en la sala de descanso, que no tardaba en cargarse de olor a tabaco y marihuana. Yo me pasaba esas pausas de veinte minutos leyendo. En el transcurso de una noche podía juntar a lo mejor una hora de lectura. Los libros que sacaba prestados de la Biblioteca Pública de Nueva York no eran necesariamente lo que uno esperaría encontrar leyendo a un joven saxofonista. Ya porque mi padre trabajaba en Wall Street, ya por mi afinidad con los números, lo que despertaba mi curiosidad eran los negocios y las finanzas. Uno de los primeros libros que leí trataba de la Bolsa británica: me fascinó descubrir que utilizaban términos exóticos como «acciones ordinarias». Leí Recuerdos de un operador de acciones, un libro de Edwin Lefèvre sobre Jesse Livermore, un famoso especulador de los años 20 cuyo apodo era «the Kid Plunger of Wall Street». Cuenta la leyenda que se embolsó 100 millones de dólares vendiendo al descubierto en vísperas del crack de 1929. Se hizo rico y se arruinó tres veces antes de acabar suicidándose en 1940. Fue un magnífico estudiante de la naturaleza humana; el libro de Lefèvre es una fuente de sabiduría inversora, con dichos de Livermore tales como «Los toros y los osos ganan dinero, pero los cerdos acaban en el matadero».

También leí todos los libros que cayeron en mis manos sobre J. P. Morgan. No sólo financió la formación de U.S. Steel, consolidó los ferrocarriles y participó en la constitución de General Electric, sino que también fue la principal fuerza estabilizadora del sistema financiero estadounidense antes de la creación de la Reserva Federal. Su riqueza me maravillaba: al desmontar sus trusts justo antes de la Primera Guerra Mundial, el Congreso oyó testificar que Morgan controlaba más de 20.000 millones de dólares. Y me impresionaba aún más su carácter: J. P. Morgan era famoso por ser un hombre de palabra, y en 1907 fue su influencia personal sobre los demás banqueros lo que ayudó a atajar un pánico financiero que podría haber sumido el país en una depresión (Como miembro del consejo de administración de JPMorgan en 1977 me sentaba en las mismas salas de juntas del 23 de Wall Street en que se había resuelto buena parte del caos financiero de 1907. La historia se hacía notar en el 23 de Wall. Lo lamenté cuando J. P. Morgan lo vendió en 2003).

Aquellas historias me hablaban de un modo muy parecido a como lo habían hecho los horarios de tren. Wall Street era un lugar emocionante. No pasó mucho tiempo antes de que decidiese que allí era donde quería ir a continuación.

Con la guerra acercándose a su final, el futuro abría sus puertas. En 1944 se aprobó la Ley de Reinserción de los Soldados (GI Bill), y los veteranos ya empezaban a volver a casa y apuntarse a cursos. Yo empezaba a creer que tenía futuro: el especialista en tuberculosis iba reconociéndome los pulmones periódicamente y estaba cada vez más seguro de que la mancha, fuera lo que fuese, estaba inactiva.

No las tenía todas conmigo sobre mi éxito en las finanzas. Cuando me inscribí en la Escuela de Comercio, Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Nueva York (NYU) para el otoño de 1945, después de un par de años sin estudiar, me inspiraba aprensión mi rendimiento. De modo que ese verano me procuré los libros de texto de todas las asignaturas de primero y me los leí antes de asistir a mi primera clase. Me sorprendió sacar dos notables y el resto excelentes en mi primer semestre, y después todo excelentes. En la universidad era un estudiante mucho mejor de lo que había sido en el instituto George Washington.

La Escuela de Comercio era la parte más grande y posiblemente menos prestigiosa de la NYU: tenía diez mil estudiantes, y la gente la veía más como una formación profesional que como una auténtica facultad. (Un decano la describió una vez con orgullo como «una enorme fábrica educacional».) Pero a mis ojos eso era injusto; yo recibí una muy buena formación. Entré en contacto con un plan de estudios interesante de humanidades y, por supuesto, contabilidad, economía básica, administración de empresas y banca y finanzas. Me atraían las materias que precisaban lógica y datos, y me cargué de cursos de matemáticas avanzadas.

La economía me atrajo desde el primer momento: me cautivaban las curvas de la oferta y la demanda, la idea del equilibrio de mercado y la evolución del comercio internacional. La economía era un tema de actualidad en aquellos primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial (probablemente la única disciplina más candente era la física nuclear). Tenía sus motivos: a nadie se le escapaba que la economía estadounidense, bajo la dirección de los planificadores de nuestro Gobierno, había sido el motor industrial de la victoria aliada. Es más, se estaban creando nuevas instituciones económicas y estaba cobrando forma un nuevo orden económico ante nuestros propios ojos. Los dirigentes del mundo occidental se habían reunido en 1944 en Bretton Woods, New Hampshire, para crear el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Eso marcó lo que Henry Morgenthau calificó de «el fin del nacionalismo económico»: los dirigentes acordaron que, si la prosperidad mundial quería ser sostenida, debía ser compartida, y era responsabilidad de las naciones industriales garantizar la reducción de las barreras al comercio y las finanzas.

La base teórica de buena parte de esas novedades la formuló el gran economista de Cambridge John Maynard Keynes. Su obra maestra, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, había aportado el sostén intelectual del New Deal de Roosevelt, y como estudiantes todos nos la leímos. En ese libro, Keynes creó la disciplina conocida en la actualidad como macroeconomía. Sostenía que los mercados libres, dejados a su aire, no siempre aportan el bien óptimo a la sociedad y que, cuando el empleo se estancaba, como sucedió a una escala catastrófica en la Gran Depresión, el gobierno debía tomar cartas en el asunto.

Costaría inventar una figura más al pelo para encender las imaginaciones adolescentes. Un compañero de clase mío de la Escuela de Comercio era Robert Kavesh, en la actualidad profesor emérito de economía en la Universidad de Nueva York, que no hace mucho declaró para la BBC que los estudiantes de economía de finales de los 40 estaban embarcados en una misión: «Lo que de verdad nos unía era la sensación de que la economía estaba atravesando una transición y nosotros nos encontrábamos en la frontera. Cualquiera que estudiase economía en esa época estaba decidido a que nunca más hubiese otra depresión. La de la década de 1930 había conducido a la Segunda Guerra Mundial, y por eso estábamos allí, imbuidos de la sensación de que no podíamos dejar que ese desastre se repitiese. Era difícil encontrar a alguien que no estuviera fuertemente influenciado por el Partido Demócrata y John Maynard Keynes y su idea del papel muy potente que el gobierno podía y debía desempeñar en el manejo de los asuntos económicos.»

Aunque Bob y la mayoría de mis compañeros de clase eran fervorosos keynesianos, no era mi caso. Me había leído dos veces la Teoría general: es un libro extraordinario. Sin embargo, lo que me fascinaban eran las innovaciones matemáticas y los análisis estructurales de Keynes, no sus ideas sobre política económica. Todavía tenía la psicología del instrumentista: prefería centrarme en los desafíos técnicos y desentenderme de la visión «macro». La política económica no me interesaba.

Tanto Bob como yo adorábamos la música clásica. Entre clases deambulábamos por Washington Square Park mirando chicas y, cuando había poco ambiente, nos tarareábamos conciertos para piano de Mozart el uno al otro y nos preguntábamos: «¿Qué número es?» Aunque ya no tocaba como profesional, la música seguía siendo el centro de mi vida social: cantaba en la coral, tocaba el clarinete en la orquesta y cofundé un club llamado Sociedad Sinfónica, que se reuniría una vez por semana para escuchar discos o charlas de invitados.

Sin embargo, mi obsesión primordial eran las matemáticas. A los profesores les gustan los estudiantes diligentes, y mis ansias de aplicarme debían de ser evidentes. Mi primer empleo pagado como economista llegó en el verano de mi tercer año. Mi profesor de Estadística, Geoffrey Moore, que más tarde fue comisionado de estadística laboral bajo el presidente Nixon, me llamó a su despacho y me dijo que fuera a Brown Brothers Harriman para ver a un socio llamado J. Eugene Banks. Brown Brothers Harriman se contaba entre los bancos de inversión más antiguos, importantes y prestigiosos de Nueva York; W. Averell Harriman, el legendario estadista, había sido socio general antes de irse a trabajar para Franklin Roosevelt. Prescott Bush, padre de George H. W. Bush y abuelo de George W. Bush, fue socio antes y después de su paso por el Senado de los Estados Unidos. La empresa estaba literalmente en Wall Street, al lado mismo de la Bolsa, y la mañana que fui a ver al Sr. Banks fue la primera vez que pisé ese lugar. Entrar en aquellas oficinas, con sus techos dorados, sus burós y sus gruesas alfombras, era como adentrarse en el sanctasanctórum de la riqueza venerable, una sensación sobrecogedora para un chaval de Washington Heights.

Gene Banks era un hombre esbelto, agradable y de voz suave, cercano a la cuarentena, cuyo trabajo consistía en seguir la pista de la economía para la empresa. Me explicó como quien no quiere la cosa que deseaba un ajuste estacional semanal para la serie estadística de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las ventas de los grandes almacenes: básicamente, una versión más refinada de las cifras ajustadas mensuales que el Gobierno publicaba. Hoy en día, en unos minutitos y con apenas unas pocas instrucciones tecleadas en el ordenador, podría construir el conjunto de datos que pedía. Pero en 1947 tales estadísticas debían elaborarse minuciosamente mediante conjuntos superpuestos de datos, uno encima de otro, usando lápiz y papel, reglas de cálculo y máquinas calculadoras.

Banks no me dio instrucciones detalladas, cosa que no me arredró. Me fui a la biblioteca de la Escuela de Comercio y miré en los libros de texto y los artículos de las publicaciones profesionales para encontrar cómo afrontaría la tarea de construir un ajuste estacional semanal. Luego reuní los datos componentes y me puse manos a la obra con sólo alguna consulta ocasional a Banks. La cantidad precisa de cálculos y trazado manual de gráficos era enorme, pero no cejé en los siguientes dos meses. Banks quedó muy complacido con el resultado, y yo aprendí mucho, no sólo sobre el supuesto funcionamiento de los ajustes estacionales, sino también sobre el modo de organizar datos para llegar a una conclusión.

Mi licenciatura a la primavera siguiente fue una formalidad. Ya había decidido quedarme en la NYU y aceptado una beca para cursar un máster por las noches. Sin embargo, todavía tenía que encontrar un trabajo para llegar a fin de mes. Tenía dos ofertas: una de una agencia publicitaria y otra de la Junta de la Conferencia Nacional de Industria, donde uno de mis profesores era el economista jefe. Aunque el empleo en publicidad estaba mucho mejor pagado -60 dólares por semana frente a 45-, opté por la Junta de la Conferencia, por imaginarme que aprendería más. La Junta era una institución privada apoyada por las principales corporaciones. Había sido fundada en 1916 como plataforma reivindicativa, pero en la década de 1920 desplazó su cometido a la realización de investigaciones concienzudas y disciplinadas, basándose en la teoría de que la disponibilidad de conocimientos objetivos podía ayudar a empresarios y líderes sindicales a encontrar un terreno común. Su composición incluía a más de doscientas empresas, entre ellas General Electric, International Harvester, Brown Brothers Harriman y Youngstown Sheet amp; Tube. Hacía tiempo que era la mejor fuente privada de investigación empresarial; por ejemplo, sus analistas desarrollaron el índice de precios al consumo en 1913, y fue la primera organización en estudiar la seguridad laboral e interesarse por las mujeres como parte de la fuerza de trabajo. En algunos casos su información era mejor que la del Gobierno. Durante la Depresión, la Junta había sido la fuente original de los datos sobre el alcance del desempleo.

Cuando llegué en 1948, era un lugar trepidante, con una planta grande de oficinas en Park Avenue, cerca de la estación Grand Central. Había docenas de investigadores sentados ante hileras de escritorios y una bulliciosa sala de gráficos donde los diseñadores, encaramados en taburetes frente a mesas de dibujo, creaban complejas presentaciones y diagramas. Para mí, lo más grande fue la biblioteca. Descubrí que la Junta de la Conferencia había amasado un tesoro de datos sobre todas las industrias importantes de Estados Unidos que se remontaba medio siglo y más. También había estante sobre estante de libros que explicaban cómo funcionaban en la práctica las industrias. La colección cubría el espectro entero de la economía, desde la minería a la venta al por menor, de los textiles al acero, de la publicidad al comercio exterior. Había un voluminoso tomo titulado Cotton Counts Its Customers, por ejemplo: un estudio anual del Consejo Nacional del Algodón que explicaba con todo lujo de detalles la que entonces era la industria del algodón dominante en el mundo. Podía explicar al lector todo lo que quisiera saber sobre los tipos y calidades del algodón, cómo se usaban y qué se consideraba tecnología puntera en equipo, procesos e índices de producción entre los fabricantes.

No había espacio para trabajar en las atestadas estanterías de la biblioteca, de modo que acarreaba brazadas de material hasta mi mesa. Por lo general tenía que desempolvar los libros a soplidos. El economista jefe asignaba los proyectos de investigación, y al cabo de apenas unos meses la gente empezó a conocerme como el tipo que sabía todos los datos. En cierta medida, era verdad. Se convirtió en mi pasión dominar todo el saber de esas librerías. Leí sobre los «barones ladrones»; pasé horas estudiando el censo de población de 1890; estudié la carga de los vagones de mercancías de esa época, las tendencias en los precios del algodón de fibra corta en las décadas posteriores a la Guerra Civil y un sinfín más de detalles de la ingente economía estadounidense. No se me hacía pesado, todo lo contrario. En vez de leer Lo que el viento se llevó, disfrutaba sumergiéndome en «Los depósitos de mineral de cobre en Chile».

Casi desde el principio, empecé a publicar artículos en Business Record, el boletín mensual de la Junta de la Conferencia. El primero, sobre las tendencias en los beneficios de los pequeños fabricantes, se basaba en una novísima serie estadística de la Comisión Federal de Comercio y la Comisión del Mercado de Valores (Securities and Exchange Commission, SEC). Tras exprimir hasta el último detalle de los datos, declaraba, con todo el entusiasmo de la juventud: «Dado que la pequeña empresa puede actuar de barómetro de los movimientos cíclicos, un estudio de las tendencias tanto inmediatas como a largo plazo en la pequeña fabricación empresarial resulta de especial interés.»

A lo largo de los siguientes años, mi trabajo fue cobrando impulso. Uno de mis artículos llegó a manos de alguien que escribió sobre él en The New York Times e incluso citó mi nombre. Acabé mi máster en la NYU y seguí publicando sin pausa: artículos sobre adquisición de nuevas viviendas, el mercado de coches nuevos, el crédito al consumidor y otros temas del momento. Iba cobrando confianza en mi capacidad para reunir datos y hacer que contasen algo. Y si bien estaba lejos de sentirme cómodo intentando entender la economía como un todo -«deja eso para los keynesianos»-, comprendía cada vez más sobre sus partes y cómo estaban conectadas.

Visité Levittown por primera vez durante las Navidades de 1950. Por supuesto, había leído sobre las jóvenes parejas que dejaban la ciudad para fundar familias y vivir el sueño americano de tener una casa en las afueras. Los únicos lugares en que había residido yo habían sido pisos de Manhattan, y lo que me asombró de Levittown fue la tranquilidad. Las casas eran pequeñas, pero todas tenían jardín con hierba delante y detrás, las calles eran anchas y no había edificios altos. Podías comprarte una de esas casas por 8.000 dólares. Parecía el Nirvana.

Me había invitado a cenar Tilford Gaines, un amigo de la facultad que en ese momento trabajaba de vicepresidente adjunto del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Se acababa de mudar allí con su mujer, Ruth, y su hijita, Pam. También estaba otro colega suyo, un licenciado en Princeton de veintitrés años que acababa de empezar a trabajar en la Fed de Nueva York, un coloso de dos metros llamado Paul Volcker.

Tengo una imagen de esa velada grabada en la mente: estamos sentados y bromeando en el acogedor salón, ante el fuego (la casa tenía una chimenea de verdad, que funcionaba). El optimismo era la nota dominante, no sólo de esa noche sino del período en general. Estados Unidos iba viento en popa. Su economía dominaba el mundo, sin competencia alguna. Las plantas estadounidenses de montaje de automóviles eran la envidia de las naciones. (Yo había viajado hasta Levittown con mi flamante Plymouth azul, pagado con las ganancias de mis investigaciones.) Nuestras empresas textiles y del acero nunca se preocupaban por las importaciones, ya que no había ninguna digna de notar. A la salida de la Segunda Guerra Mundial, nuestra mano de obra tenía los mejores supervisores y los trabajadores más cualificados. Y gracias a la Ley de Reinserción de los Soldados, los niveles de educación subían a ojos vistas.

Aun así, ese diciembre, también empezábamos apenas a reconocer un espantoso peligro nuevo. La confrontación nuclear se había antojado muy abstracta como amenaza dieciocho meses atrás, cuando la Unión Soviética había detonado su primera bomba atómica. Sin embargo, a medida que la guerra fría empezaba a dejarse notar en casa, el peligro iba pareciendo más concreto. Habían declarado al funcionario de exteriores Alger Hiss culpable de perjurio en un escándalo de espionaje, y Joseph McCarthy había realizado su famoso discurso del «tengo aquí en la mano una lista de doscientos cinco comunistas conocidos». Fuerzas estadounidenses habían empezado a efectuar una «acción policial» en Corea. Eso había detonado un toque a rebato del Pentágono para reconstruir divisiones de infantería y escuadrones de cazas y bombarderos que se habían desmovilizado tras la Segunda Guerra Mundial. Todos nos preguntábamos en qué acabaría aquello.

Ese otoño me había inscrito en un programa de doctorado de la Universidad de Columbia, y hacía malabarismos para encajar mis estudios con las investigaciones para la Junta de la Conferencia. (Ya en aquellos tiempos, uno por lo general necesitaba un doctorado si quería progresar como economista.) Mi tutor era Arthur Burns, que además de catedrático era investigador de alto rango en la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), a la sazón afincada en Nueva York. Sigue siendo la mayor organización investigadora económica independiente de Estados Unidos. En aquel entonces era conocida más que nada por haber colaborado con el Gobierno en la década de 1930 para organizar lo que se conoce como contabilidad de la renta nacional: el colosal sistema contable que ofreció a Washington su primera representación fidedigna del producto interior bruto. Cuando Estados Unidos se movilizó para la guerra, el sistema ayudó a los planificadores a fijar metas para la producción militar y calibrar cuánto racionamiento haría falta en el país para apoyar el esfuerzo bélico. La NBER es también la autoridad sobre los altibajos del ciclo económico; sus analistas determinan aún hoy en día las fechas en que empiezan y acaban las recesiones.

Arthur Burns era un erudito paternal y fumador de pipa. Dejó profunda huella en la investigación sobre el ciclo económico: su libro de 1946, escrito con Wesley Clair Mitchell, fue el análisis fundamental de los ciclos económicos estadounidenses de 1854 a 1938. Su devoción por las pruebas empíricas y la lógica deductiva lo marginaban de la corriente dominante en economía.

A Burns le encantaba provocar disensos entre sus estudiantes de postgrado. Un día, en una clase sobre el efecto corrosivo de la inflación en la riqueza nacional, se pasó por el aula preguntando: «¿Qué causa la inflación?» Ninguno supimos darle una respuesta. El profesor Burns dio una calada a su pipa, se la sacó de la boca y declaró: «¡La inflación la causa el gasto gubernamental excesivo!»

Fue un mentor diferente, que me permitió ver que algún día podría intentar comprender y predecir la economía como un todo. En 1951 me apunté a un curso de estadística matemática, una disciplina técnica basada en la noción de que el funcionamiento interno y las interrelaciones de una economía importante pueden investigarse, medirse, modelarse y analizarse matemáticamente. Hoy en día esa disciplina se conoce como econometría, pero en aquel entonces el campo era apenas un conglomerado de conceptos generales, demasiado nuevo para disponer de un libro de texto o ni siquiera un nombre. El profesor era Jacob Wolfowitz, a cuyo hijo Paul llegaría a conocer durante sus años en la Administración de George W. Bush y en la presidencia del Banco Mundial. El profesor Wolfowitz escribía las ecuaciones con tiza en la pizarra y nos las daba para estudiarlas en folios mimeografiados. Reconocí de inmediato el poder de esas nuevas herramientas: si podían formarse modelos certeros de la economía mediante los datos empíricos y las matemáticas, era posible derivar predicciones a gran escala de forma metódica, sin la intuición pseudocientífica que empleaban tantos adivinos económicos. Me imaginaba el partido que podía sacársele a aquello. Lo que es más importante, a los veinticinco años había encontrado un campo en expansión en el que podía destacar.

En años posteriores desarrollé cierta maña en la construcción de grandes modelos econométricos, y llegué a apreciar más a fondo sus usos y, sobre todo, sus limitaciones. La economía moderna y dinámica no se queda quieta lo suficiente para permitir una lectura certera de sus estructuras subyacentes. Los primeros retratistas fotográficos precisaban que sus modelos estuvieran inmóviles el tiempo necesario para conseguir una imagen aprovechable; si el sujeto se movía, la foto salía borrosa. Así también con los modelos económicos. Los económetras utilizan ajustes ad hoc de la estructura formal de sus modelos para crear unas predicciones razonables. En el oficio se conoce como el add-factoring de las ecuaciones de un modelo; esos factores correctores a menudo son mucho más importantes para la predicción que los resultados de las propias ecuaciones.

Si los modelos tienen tan poco poder de predicción, ¿para qué sirven? La ventaja menos publicitada de los modelos formales es que el sencillo ejercicio de utilizarlos asegura que se están aplicando reglas básicas de contabilidad nacional y coherencia económica a un conjunto de premisas. Además, no hay duda de que los modelos pueden ayudar a maximizar la eficacia de las escasas parcelas de información que pueden tomarse como premisas con certidumbre. Cuanto más específico y rico en datos sea el modelo, más eficaz resultará. Siempre he sostenido que un conjunto actualizado de las estimaciones más detalladas para el último trimestre disponible es mucho más útil para la precisión predictiva que una estructura de modelado más sofisticada.

Al mismo tiempo, por supuesto, la estructura de un modelo resulta de gran importancia para su éxito. No se puede (o al menos yo no puedo) trazar modelos abstractos a partir de la nada. Hay que inferirlos de los hechos. Por mi cabeza no flotan abstracciones, desvinculadas de las observaciones del mundo real. Necesitan un ancla. Por eso me afano por desentrañar hasta la última observación o dato concebible sobre un suceso. Cuantos más detalles, más probabilidades tendrá el modelo abstracto de ser representativo del mundo real que pretendo entender.

Mi formación temprana fue sumergirme con todo detalle en el funcionamiento de alguna parte pequeña del mundo e inferir de esos detalles el modo en que se comporta ese segmento del mundo. Ése es el método que he aplicado a lo largo de toda mi carrera. Siento una profunda nostalgia cada vez que hojeo los artículos que escribí antes de cumplir los treinta. La sustancia es de un mundo mucho más sencillo, pero el método de análisis es tan actual como cualquiera que pudiera aplicar hoy en día.

2 La formación de un economista

A menudo trabajaba con la radio encendida. Corea dominó las noticias en 1950 y 1951: nuestras Fuerzas Armadas libraban ya encarnizadas batallas contra los chinos, y el presidente Truman retiró al general MacArthur por su insistencia pública en que Estados Unidos debía declarar la guerra a China, sin medias tintas. En casa, las pruebas de bombas atómicas se desplazaron de Nuevo México a Nevada, y tuvimos el Miedo Rojo: los Rosenberg fueron condenados a la silla eléctrica por espionaje. Entre tanta agitación, lo que captaba mi imaginación era el amanecer de la era atómica. Se estaba desclasificando en ese mismo momento parte del trabajo científico realizado durante la Segunda Guerra Mundial, y en mis ratos libres empecé a leer en profundidad sobre la física atómica. Mi primera incursión fue un mamotreto técnico llamado Sourcebook on Atomic Energy, una síntesis subvencionada por el Gobierno de la información disponible y no clasificada sobre la materia. De ahí pasé a los libros sobre astronomía, la física más general y la filosofía de la ciencia.

Como muchas personas de mentalidad científica, yo creía que la energía atómica era la frontera más importante que abriríamos en nuestras vidas. Era la otra cara del miedo que sentíamos todos a la guerra nuclear. La ciencia resultaba extremadamente cautivadora. El átomo concedía a la humanidad un poder capaz de inaugurar toda una nueva fase de empeños. Eso, a su vez, exigía una nueva manera de pensar.

Descubrí que algunos de los científicos del proyecto Manhattan suscribían una filosofía llamada positivismo lógico, una variación del empirismo. Con Ludwig Wittgenstein como pionero, se trata de una escuela de pensamiento cuyo postulado fundamental es que el conocimiento sólo puede adquirirse a partir de los hechos y los números: hace un gran hincapié en la comprobación rigurosa. No hay absolutos morales: los valores, la ética y el comportamiento de las personas son reflejo de la cultura y no están sujetos a la lógica. Varían de una forma tan arbitraria que están fuera del ámbito del pensamiento serio.

El matemático que llevaba dentro abrazó este credo analítico descarnado. Parecía la filosofía exacta para la época. El mundo se convertiría en un lugar mejor, pensaba yo, si la gente se concentraba en exclusiva en lo que era cognoscible e importante, cual era precisamente el objetivo del positivismo lógico.

Para 1952 andaba alegremente enfrascado en el trabajo en pos de un doctorado en Economía y ganaba más de 6.000 dólares al año. Ninguno de mis amigos o colegas tenía mucho dinero, y aquello era más de lo que necesitaba. Mi madre y yo nos mudamos a las afueras: no hasta Levittown, sino a una casa bifamiliar en Forest Hills, Queens, un barrio residencial a pocos pasos del tren de cercanías. Al fin había encontrado un modo de escapar de la congestión urbana. Fue un gran paso adelante.

Si alguien me hubiera dicho entonces que estaba a punto de entrar en la fase más confusa y tumultuosa de mi vida, me habría mostrado incrédulo. Y aun así, a lo largo de los siguientes dos años, me casaría y separaría, abandonaría el doctorado, dejaría mi empleo para trabajar por mi cuenta… y cambiaría mi manera entera de ver el mundo.

La mujer con la que me casé era Joan Mitchell, una historiadora del arte de Winnipeg, Manitoba, que había acudido a Nueva York para estudiar en el Instituto de Bellas Artes de la NYU. Nos conocimos en una cita a ciegas: entré en su piso y tenía puesta una de mis grabaciones favoritas. La música clásica era una pasión compartida. Salimos durante varios meses, nos casamos en octubre de 1952 y nos separamos al cabo de un año, más o menos. Sin entrar en detalles, diré que yo fui el principal problema. No tenía una comprensión real del compromiso necesario para el matrimonio. Había tomado una decisión intelectual, no emocional, diciéndome: «Esta mujer es muy inteligente. Muy bella. No encontraré nada mejor.» Mi error fue si cabe más doloroso porque Joan es una persona extraordinaria. Por suerte, seguimos siendo amigos en la actualidad.

Joan era la mejor amiga de la esposa de Nathaniel Branden, que era el joven colaborador de Ayn Rand y años más tarde se convertiría en su amante. Así es como conocí a Ayn Rand. Era una emigrada rusa cuya novela El manantial había sido un fenómeno de ventas durante la guerra. Se había mudado hacía poco de Hollywood a Nueva York, y había desarrollado una corte pequeña e intensa. Yo me había leído la novela y la encontraba intrigante. Es la historia de un arquitecto llamado Howard Roark que se resiste heroicamente a todas las presiones para desvirtuar su visión -llega a saltar por los aires un proyecto de viviendas de protección oficial cuando se entera de que el constructor ha alterado sus planos- y en última instancia triunfa. Rand escribió la historia para ilustrar una filosofía a la que había llegado, una filosofía que recalcaba la razón, el individualismo y el egoísmo ilustrado. Más tarde lo bautizaría como objetivismo; hoy en día la llamarían libertaria.

El objetivismo propugnaba el capitalismo del laissez-faire como forma ideal de organización social; como no es de extrañar, Ayn Rand aborrecía el comunismo soviético, en el que se había formado. Lo veía como la encarnación del colectivismo brutal. Y, en la cúspide del poder soviético, sostenía que el sistema era tan intrínsecamente corrupto que con el tiempo se derrumbaría desde dentro.

Ella y su círculo se hacían llamar el Colectivo, una broma de consumo interno porque el colectivismo era el extremo opuesto de su creencia. Se reunían en el piso de Rand de la Calle 34 Este al menos una vez por semana para debatir sobre la actualidad mundial y discutir hasta altas horas de la madrugada. La noche que Joan me presentó, el grupo era reducido, unas siete u ocho personas sentadas en el austero salón: Rand, su marido pintor Frank O’Connor, los Branden y un par más de invitados. Ayn Rand era de apariencia poco agraciada: baja, de cuarenta y muchos años. Tenía la cara dramática, casi severa, con la boca ancha, la frente alta y unos fantásticos ojos oscuros e inteligentes. Tenía un marcado acento ruso a pesar de llevar veinticinco años en Estados Unidos. Era implacablemente analítica, presta a diseccionar cualquier idea hasta reducirla a lo más básico y sin ningún interés en la charla trivial. Aun así, pese a su aparente ferocidad, percibí franqueza en su modo de abordar la conversación. Parecía dispuesta a tener en cuenta cualquier idea de cualquier persona, y juzgarla estrictamente por sus méritos.

Tras escuchar durante unas cuantas veladas, enseñé mis credenciales neopositivistas. No recuerdo el tema que se trataba, pero algo me movió a postular que no hay absolutos morales. Ayn Rand entró al trapo:

- ¿Y eso cómo es? -preguntó.

- Porque, para ser verdaderamente racional, uno no puede tener una convicción sin pruebas empíricas significativas -expliqué.

- ¿Y eso cómo es? -volvió a preguntar-. ¿Acaso no existes tú?

- No… no puedo estar seguro -reconocí.

- ¿Estarías dispuesto a decir que no existes?

- Tal vez…

- Y por cierto, ¿quién está haciendo esta afirmación?

A lo mejor habría que estar allí -o, para ser más precisos, a lo mejor habría que ser un adicto a las matemáticas de veintiséis años-, pero este diálogo me afectó en lo más hondo. Vi que estaba demostrando con suma eficacia la naturaleza contradictoria de mi posición.

Sin embargo, no fue sólo eso. Yo me enorgullecía de mi capacidad de raciocinio y me creía capaz de vencer a cualquiera en un debate intelectual. Hablar con Any Rand fue como empezar una partida de ajedrez teniéndome por bueno y descubrirme de repente en jaque mate. Caí en la cuenta de que mucho de lo que había concluido que era cierto probablemente era erróneo de medio a medio. Por supuesto, estaba demasiado obcecado y avergonzado para reconocerlo de inmediato; en lugar de eso, me cerré en banda.

Rand salió de esa velada con un mote para mí. Me apodó «el Enterrador», en parte por mi seriedad y en parte porque siempre llevaba traje y corbata oscuros. A lo largo de las siguientes semanas, descubrí más tarde, fue preguntando a la gente: «Y bien, ¿ha decidido ya el Enterrador si existe?»

Por lo menos mi trabajo en la Junta de la Conferencia iba bien. Andaba muy enfrascado en mi proyecto más ambicioso, un análisis de la acumulación de cazarreactores, bombarderos y otros aviones nuevos por parte del Pentágono a la luz de Corea y la guerra fría. Iba a exigir mucho trabajo detectivesco. En cuanto empezó la guerra de Corea, el Departamento de Defensa clasificó sus planes de adquisición. Si bien los fabricantes aeronáuticos conocían sus libros de pedidos, el secreto militar mantenía en la ignorancia a Wall Street y el resto de la industria estadounidense. Con todo, el impacto económico era demasiado grande para pasarlo por alto: tras la calma del período posterior a la Segunda Guerra Mundial, para el año fiscal de 1953 el gasto militar se había disparado una vez más hasta casi el 14 por ciento del PIB (en 2006 suponía un 4 por ciento). Aquello estaba poniendo patas arriba la demanda de materias primas y equipo, por no hablar de la de operarios cualificados e ingenieros, y estaba colocando un descomunal signo de interrogación sobre el panorama económico. Los más afectados por la campaña de construcción de aeronaves fueron los fabricantes de aluminio, cobre y acero, todos los cuales fueron clasificados como materiales controlados esenciales para el esfuerzo bélico.

Yo ya sabía mucho sobre los mercados de los metales, de modo que me ofrecí voluntario para analizar la escalada armamentística, y mis jefes dieron el visto bueno. Empecé con la información pública, que no sirvió casi de nada: las sesiones del Congreso sobre calendarios de producción militar se celebraban a puerta cerrada, y las actas publicadas estaban llenas de correcciones. Dejaban en blanco la cantidad y tipo de los aviones nuevos, el número de unidades por escuadrón, la cifra de escuadrones por ala, las aeronaves destinadas a la reserva y el total de pérdidas que no fueran en combate por tipo: todo eso estaba tachado. Entonces decidí examinar las sesiones del Congreso de finales de los 40, que sospechaba contendrían buena parte de la información que necesitaba. En aquel entonces el secreto no habría estado a la orden del día. El Pentágono seguía inmerso en el proceso de reducción, y los altos mandos comparecían ante el subcomité de adquisiciones militares para explicar con todo lujo de detalles cómo se estaba calculando todo. Sin duda las Fuerzas Armadas lo harían del mismo modo en 1950 que en 1949.

Tomé esa información como punto de partida. A continuación necesitaba reunir todos los datos a disposición del público. Rebusqué en manuales técnicos y de ingeniería, organigramas, las ingentes tablas estadísticas del presupuesto federal y el enrevesado lenguaje de los pedidos de material salidos del Pentágono. Poco a poco los datos empezaron a encajar. Por ejemplo, sabía el peso de aviones concretos y podía conjeturar las proporciones de aluminio, cobre y otros materiales destinados a cada tipo. Con todo eso presente, podía estimar la demanda.

Mi investigación apareció en dos largos artículos del Business Record de la primavera de 1952 titulados «The Economics of Air Power». Después oí de terceras personas que algunos mandos del Pentágono se habían quedado sorprendidos por lo mucho que se acercaba el análisis a sus números clasificados. Más importante para mí, sin embargo, fue que mi público se abalanzó sobre la información. Me llegaron peticiones de empresas miembro para que ofreciera detalles adicionales de mis cálculos.

Por esas fechas empecé a recibir encargos de investigación por cuenta propia de un compañero analista de la Junta de la Conferencia llamado Sanford Parker. Sandy, como lo llamábamos todos, era un remolino bajito y despeinado, unos diez años mayor que yo, que se había labrado una reputación escribiendo comentarios semanales en Business Week desde 1939. Ahora que trabajaba para la Junta, se pluriempleaba redactando artículos económicos para Fortune. Cuando se ofreció a relegar en mí parte del trabajo analítico, no me lo pensé dos veces.

Los encargos a Sandy eran el modo que tenía Fortune de sacar partido a lo que según los editores era una tendencia incipiente. Aunque el mundo de los negocios no fuera muy intelectual, daba la impresión de que los industriales y financieros empezaban a interesarse por lo que la economía tenía que decirles. (John Kenneth Galbraith figuraba en la redacción a finales de los 40, pero dudo que ayudara a configurar esa concienciación.) Sandy era una auténtica autoridad, y tenía todas las habilidades que a mí me faltaban. Para empezar, sabía cómo escribir con claridad a base de oraciones cortas e ilustrativas. Intentó enseñarme y casi lo consiguió; fue una habilidad que tuve que desaprender como presidente de la Fed. A los editores de Fortune les gustaba porque podía escribir con convicción sobre la economía en su conjunto y porque era creativo: a menudo se sacaba de la manga enfoques sorprendentes para detectar y analizar tendencias.

Al trabajar con Sandy, empecé a ver que extraía su autoridad en gran medida del mero hecho de saber más que nadie de economía. Mis conocimientos no eran tan extensos como los suyos, pero la brecha no era ancha. Estaba aprendiendo a diario haciendo el trabajo que me gustaba; si seguía así, pensaba, podría pillarlo.

A finales de los 50, Sandy dejó la Junta de la Conferencia para convertirse en el primer jefe de economía de Fortune. Me esperaba pescar un trabajo en el departamento que estaba construyendo, pero en lugar de eso Fortune me ofreció un encargo por cuenta propia para trabajar con Sandy y otros escritores en la preparación de una importante serie de artículos titulada «The Changing American Market». (Al final apareció en doce partes a lo largo de un período de dos años.) Disponer de esa nueva fuente de ingresos me hizo sentir que podía permitirme asumir algunos riesgos.

Me había estado llamando un asesor de inversiones llamado William Wallace Townsend, que era el socio mayoritario de una compañía llamada Townsend Skinner, uno de los miembros más pequeños de la Junta de la Conferencia. Había leído mis artículos y los habíamos comentado un poco por teléfono. A principios de 1953, me llamó y me dijo: «¿Por qué no bajas y comes conmigo en el Bankers’ Club?» Dije que sí.

Fui en metro hasta el centro. El Bankers’ Club ocupaba tres pisos en lo más alto de un edificio emblemático del distrito financiero llamado Equitable Building, con la recepción en la primera planta del club y una biblioteca y un comedor en las de arriba. Había buenas vistas desde las ventanas, y alfombras, cortinajes y muebles macizos. Por nuestras conversaciones telefónicas, me imaginaba que Townsend tendría unos cuarenta años; él había pensado lo mismo de mí. Pero cuando salí del ascensor y le pedí a alguien que me lo señalase, resultó que Bill estaba más cerca de los sesenta y cinco. Me acerqué, me presenté y los dos rompimos a reír. Nos entendimos de inmediato.

Bill había nacido en 1888 en la parte alta del estado de Nueva York y había encadenado una serie de altibajos impresionantes. Había ganado un par de millones de dólares en Wall Street en la década de 1920 como experto en bonos corporativos; había escrito el libro de la Independent Bankers’ Association sobre venta de bonos. Luego lo había perdido todo en el crack de la bolsa de 1929. En los 30 se las había ingeniado para volver a lo más alto fundando una pequeña empresa que componía índices estadísticos para la predicción de los mercados de valores y de bonos.

Cuando nos conocimos, Townsend también estaba escribiendo algo llamado Savings and Loan Letter, un informe técnico al que se suscribían las instituciones de ahorro y préstamos. Su socio había sido Richard Dana Skinner, vástago de una familia de Nueva Inglaterra y tataranieto de Richard Henry Dana Jr., autor de Dos años al pie del mástil. La empresa tenía muchos clientes famosos, como Donald Douglas, el pionero de la aviación que fundó Douglas Aircraft, y el ex presidente Herbert Hoover, que en ese momento vivía en las Torres Waldorf y al que Bill visitaba de forma periódica. Sin embargo, Skinner había muerto unos años antes, y hacía poco habían ofrecido al yerno de Townsend, que también trabajaba en la compañía, un puesto como agente fiscal del sistema del Banco Federal de Préstamos para la Vivienda. Eso, me explicó Townsend, era lo que nos había llevado a esa comida. «Me gustaría que te unieses a mí», me dijo.

El cambio de empleo fue una decisión sorprendentemente fácil.

Además del trabajo para Fortune, recibía un caudal constante de proyectos de investigación por cuenta propia, y no paraban de llamar nuevos clientes. No tenía auténticas obligaciones: Joan y yo ya habíamos decidido separarnos, y al cabo de unos meses me mudaba a Manhattan y alquilaba un piso en la Calle 35.

Townsend-Greenspan abrió sus puertas en septiembre de 1953. (Nos constituimos oficialmente en 1954.) Teníamos las oficinas en Broadway, algo al sur de la Bolsa de Nueva York. El espacio era anodino, con apenas un despacho para Bill, otro para mí y una zona común donde trabajaban dos ayudantes de investigación y una secretaria.

Bill y yo trabajábamos por vías separadas. Él siguió sacando su boletín y asesorando a sus clientes inversores. Mis primeros clientes fueron personas que me conocían de la Junta de la Conferencia. El Wellington Fund, predecesor del grupo Vanguard, fue el primero en firmar. Republic Steel, la tercera acerera de Estados Unidos, fue la siguiente y, al cabo de dos años, se les habían unido diez empresas más del sector, entre ellas U.S. Steel, Armco, Jones amp; Laughlin, AlleghenyLudlum, Inland y Kaiser. Para Townsend-Greenspan aquello era la mejor publicidad posible. El acero era el símbolo de la potencia estadounidense, y quien pasase el dedo por la lista del Fortune 500, que apareció por primera vez en 1955, encontraría esos nombres cerca de las primeras posiciones. Fuimos sumando de manera gradual un amplio abanico de clientes: Alcoa, Reliance Electric, Burlington Industries, Mellon National Bank, Mobil Oil, Tenneco y muchos más.

Una baja fue mi doctorado: estaba sencillamente demasiado ocupado para sacarlo adelante. Varias veces al mes tenía que saltar a un avión para visitar a clientes de Pittsburg, Chicago o Cleveland; el resto del tiempo andaba contrarreloj para redactar informes. Me costó porque me gustaba el tema que había elegido para mi tesis: los patrones de gasto y ahorro de los hogares estadounidenses. Pero presentarme a los exámenes orales y terminar la tesis exigiría al menos seis meses enteros, y para eso tendría que rebajar mi volumen de trabajo. Me convencí de que no perdía nada por dejarlo, porque seguiría leyendo y estudiando economía en mi trabajo. Sin embargo, cada tantos meses, topaba con el profesor Burns. Siempre me decía: «¿Cuándo vas a volver al trabajo?» Siempre sentía una punzada de remordimientos. (Mucho más tarde, en los 70, en efecto regresé a la escuela de postgrado de la NYU y terminé mi doctorado.)

La clave del atractivo de Townsend-Greenspan era nuestra capacidad para traducir los análisis económicos a un formato que los altos cargos empresariales pudieran aplicar para la toma de decisiones. Pongamos que la economía estaba entrando en un período de crecimiento. El típico director general industrial era las más de las veces un vendedor, un ingeniero o un administrador general que había ido escalando posiciones en la empresa. Saber lo que iba a hacer el producto interior bruto (PIB) no le resultaba de utilidad. Pero si hablabas con el director general de una empresa fabricante de repuestos de automóvil y podías decirle que «los montajes de Chevrolet de los próximos seis meses van a ser diferentes de lo que General Motors ha anunciado», eso era algo que podía entender y tomar en consideración.

Las cadenas de suministros de hoy en día están tan totalmente integradas que la información entre proveedores y fabricantes fluye libremente: es el modo de funcionar de la moderna fabricación just in time. Pero en aquel entonces, la relación entre fabricantes y proveedores tenía más que ver con una partida de póquer. Si uno era director de adquisiciones de un fabricante de electrodomésticos deseoso de comprar planchas de acero para hacer neveras, contarle al representante de la proveedora cuánto acero tenías ya en existencias no haría sino debilitar tu posición negociadora.

La ausencia de esa información hacía que la acerera diese palos de ciego al planificar su producción. Además, muchos de los clientes de nuestros asesorados del acero sólo conocían su parte del mercado. Las perspectivas del acero podían verse drásticamente afectadas por un desplazamiento en la demanda de coches de pasajeros, construcción de rascacielos, tubos de perforación petrolífera o incluso latas de conserva. Y esa demanda, a corto plazo, era un reflejo de la demanda de existencias además de la de acero a consumir.

Un sistema de predicción sólo vale lo que la precisión de su base de datos históricos, a partir de los cuales pueden proyectarse los futuros cambios de un ciclo. Yo tomaba en cuenta los niveles históricos de producción de coches y camiones, los aviones montados y más cosas. Los datos sobre envíos de acero por producto e industria consumidora los sacaba cada mes del Instituto Americano del Hierro y el Acero, y los datos sobre exportaciones (Estados Unidos era un gran exportador de acero en aquella época) e importaciones (casi ninguna), del Departamento de Comercio. Combinar los envíos de productos del acero de elaboración nacional con las importaciones y exportaciones me daba el tonelaje de recibos de cada producto por industria consumidora. El siguiente desafío era figurarse qué porcentaje de las remesas de acero de cada trimestre histórico habían consumido los compradores, y cuánto habían «añadido a» o «restado de» sus existencias. Para eso me remonté a los datos de la Segunda Guerra Mundial y Corea: el Gobierno había desclasificado un sinfín de datos estadísticos sobre las industrias del metal procedentes de la Junta de Producción de Guerra, que había estado a cargo del sistema de racionamiento industrial del Tío Sam. Cada industria que consumía acero -automóviles, maquinaria, construcción, perforación petrolífera- tenía un ciclo de existencias particular, y todos estaban documentados allí.

Analizadas más a fondo, esas cifras, sumadas a mis recién adquiridas capacidades de predicción macroeconómica (gracias a Sandy Parker), nos permitían pronosticar el nivel de envíos totales de productos de la industria del acero. Con el tiempo, también fuimos capaces de seguir el rastro de las cuotas de mercado de una acerera individual, lo que suponía que un fabricante podía tomar decisiones fundamentadas, dadas las perspectivas de envíos, sobre la dirección en la que desplazar sus recursos en los trimestres venideros para maximizar sus beneficios.

Para 1957 llevaba varios años trabajando con las acereras. A finales de ese año, volé a Cleveland para realizar una presentación ante el comité ejecutivo de Republic Steel, cuyo director general era Tom Patten. Mi sistema indicaba que las existencias se estaban acumulando con rapidez y que el índice de producción del sector estaba en consecuencia muy por encima del ritmo al que se consumía el acero. La producción iba a tener que reducirse mucho sólo para frenar la acumulación. Y no era la industria del acero en exclusiva la que afrontaba un grave problema. «Mil novecientos cincuenta y ocho va a ser un año malísimo», les dije. Patten discrepaba: «Bueno, los libros de pedidos pintan bastante bien», dijo. Republic Steel mantuvo su calendario de producción.

Unos tres meses después, la demanda de acero cayó en picado. Fue el pistoletazo de salida de la recesión de 1958, que se demostraría el bajón económico más pronunciado desde la guerra. La siguiente vez que estuve en Cleveland, Patten reconoció generosamente ante el comité ejecutivo: «Bueno, tenías razón, amigo mío.»

Predecir el bajón que se convirtió en la recesión de 1958 fue mi primer pronóstico de la economía en su conjunto. Dedicar tanto tiempo al estudio de la industria del acero como el que dedicaba yo me situaba en una posición excelente para ver venir el bache. En aquel entonces el acero era una fuerza muy fundamental en la economía estadounidense: la potencia de la economía se basaba mucho más en los bienes duraderos, la mayor parte de los cuales están hechos de acero. Podía extrapolar las consecuencias más amplias del debilitamiento del acero y advertir a otros, aunque fueran clientes de otros sectores.

Aun así, por bien que avisar de la recesión de 1958 beneficiase a nuestra reputación, lo que nuestros clientes encontraban más útil no era el pronóstico macroeconómico acertado de por sí. Nuestro trabajo era una evaluación analítica de las fuerzas que provocaban que la economía del momento presente hiciera lo que hacía. El pronóstico no es más que una proyección de cómo se resolverán en última instancia los desequilibrios del presente. Nuestro servicio consistía en profundizar la comprensión que tenían nuestros clientes de la naturaleza exacta de las relaciones entre fuerzas; lo que hicieran con esa información era cosa suya. Los directores generales de las grandes corporaciones no van a aceptar el veredicto de un chaval de treinta años sobre adónde va la economía. Sin embargo, es bien posible que escuchen lo que según él son los diversos equilibrios aquí y allá, sobre todo si pueden contrastar esos datos con lo que ellos saben. Yo intentaba hablarles en su lenguaje: no «¿Cómo va el PIB?» sino «¿Qué demanda de máquinas herramienta habrá dentro de seis meses?» o «¿Qué probabilidades hay de que cambie el margen de beneficios entre los tejidos de hebra ancha por un lado y la demanda de trajes de caballero por el otro?» Yo definía lo que sucedía en términos generales y luego lo traducía a sus implicaciones para las empresas individuales. Ése era mi valor añadido, y prosperamos.

Trabajar con la industria pesada me proporcionó una profunda apreciación de la dinámica central del capitalismo. La «destrucción creadora» es una idea que articuló el economista de Harvard Joseph Schumpeter en 1942. Como muchas ideas poderosas, la suya es sencilla: una economía de mercado se revitalizará sin cesar desde dentro desarbolando empresas viejas y fallidas para luego redistribuir los recursos hacia otras nuevas y más productivas. Leí a Schumpeter antes de cumplir los treinta y siempre he pensado que tiene razón; he observado el proceso en acción a lo largo de toda mi carrera.

El telégrafo fue una ilustración perfecta. Para cuando mi amigo Herbie y yo nos pusimos a aprender el código Morse, de niños, a finales de los 30, la industria del telégrafo se hallaba en su apogeo. Desde los tiempos gloriosos de aquellos telegrafistas de dedos rápidos de las décadas de 1850 y 1860, había transformado la economía estadounidense entera. Para finales de la de 1930, se mandaban bastante más de medio millón de telegramas al día, y el mensajero de la Western Union era una visión tan familiar como lo es ahora el de Federal Express. Los telegramas enlazaban ciudades y pueblos de punta a punta de Estados Unidos, comprimiendo la cantidad de tiempo necesaria para que se comunicasen empresas y personas, y conectaron los mercados industriales y financieros estadounidenses con el resto del mundo. Eran el modo en que llegaban todas las noticias importantes o urgentes, familiares o económicas.

Aun así, a pesar de ese enorme éxito, la industria estaba al borde de la desaparición. Aquellos telegrafistas rápidos como el rayo a los que idolatraba habían dejado de existir hacía mucho. Los teletipos habían sustituido a los viejos equipos de transmisión de una tecla, y los operarios de Western Union eran ya básicamente mecanógrafos que remitían los mensajes en su idioma, y no en Morse. Aprender ese código se había convertido de manera literal en un juego de niños.

En ese momento los teléfonos eran el nuevo negocio en expansión: reemplazarían al telégrafo como mejor herramienta para la comunicación a distancia. Para finales de la década de 1950, en Townsend-Greenspan, Bill Townsend tal vez mandara un telegrama a un antiguo cliente de vez en cuando, pero el telégrafo ya no desempeñaba ningún papel importante en la empresa. Usábamos teléfonos para mantener el contacto con los clientes entre visitas: eran eficaces, económicos y, por tanto, productivos. Siempre sentí nostalgia por la artesanía perdida cuando la nueva tecnología acabó con el trabajo de los expertos en código Morse. (Aunque bien pensado, fueron ellos quienes desplazaron al Pony Express.)

Vi repetirse este patrón de progreso y obsolescencia una y otra vez. Durante mi etapa de consultor, asistí en primera fila al fallecimiento de la hojalata. Los 50 fueron la época de las cazuelas de atún y la sopa enlatada; hacer la cena para la familia a partir de comida enlatada y empaquetada era un distintivo del estilo de vida de los barrios residenciales, y el abrelatas era un instrumento esencial en la cocina moderna. A los fabricantes de comida les encantaba la lata: ofrecía un medio de empaquetar verduras, carnes y bebidas que permitía el envío a gran distancia y el almacenaje durante largos períodos. El colmado a la vieja usanza, donde un dependiente pesaba la comida que el cliente deseaba comprar, nunca tuvo nada que hacer. Fue reemplazado por los supermercados de autoservicio, que eran más eficaces y ofrecían precios más baratos.

Aquellas latas de hojalata de los 50 estaban hechas de acero estañado, y las acereras para las que actuaba de consultor en Townsend-Greenspan lo vendían a montones. En 1959, ascendía a cinco millones de toneladas, o cerca de un 8 por ciento de la producción total de la industria del acero. En ese momento, el sector estaba en horas bajas. Una enconada huelga a escala nacional había parado en seco la producción durante casi cuatro meses, en los cuales, por primera vez, el Gran Acero tuvo que vérselas con una competencia seria de sus rivales alemanes y japoneses.

La industria del aluminio también andaba de capa caída: la recesión estaba asfixiando los beneficios de los tres grandes productores, Alcoa, Reynolds y Kaiser. Cinco millones de toneladas al año era un montón de hojalata, y el mercado parecía una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Las latas de aluminio, que se estaban desarrollando en ese preciso instante, eran más ligeras y sencillas de elaboración que las de acero: precisaban dos trozos de metal en vez de tres. El aluminio también era más fácil de estampar con un etiquetado llamativo. A finales de la década de 1950 ya empezaba a usarse para hacer los fondos de los recipientes de zumo concentrado congelado. Luego la Coors Brewing Company se ganó un culto de seguidores al vender cerveza en latas de aluminio de 218 gramos, en lugar de las convencionales de acero de 373. La menor cantidad no parecía sino contribuir al atractivo, aunque la verdad era que nadie se había figurado todavía cómo fabricar latas de cerveza de aluminio de tamaño normal. Sin embargo, para principios de los 60 los productores de latas ya habían resuelto el rompecabezas.

La innovación que tuvo el mayor impacto fue el «abrefácil», introducido en 1963. Eliminaba la necesidad de abrelatas estilo «llave de iglesia», y las lengüetas podían hacerse sólo de aluminio. El mayor productor de aluminio, Alcoa, era cliente mío; su director general buscaba modos de diversificar más allá del aluminio básico para entrar en zonas nuevas y provechosas, tal y como había hecho Reynolds al convertirse en pionero del papel de aluminio para el hogar. Su vicepresidente ejecutivo era un fanático de las latas: «¡Las latas de cerveza son el futuro de Alcoa!», decía. Cuando llegaron los abrefáciles, él y el director general se volcaron en la idea.

La primera gran cervecera en vender latas con abrefácil fue Schlitz. No tardaron en sumársele otras y, para finales de 1963, el 40 por ciento de las latas de cerveza de Estados Unidos tenían lengüetas de aluminio. A continuación llegaron los gigantes de los refrescos: tanto Coca-Cola como Pepsi se pasaron a las latas cien por cien de aluminio en 1967. La lata de bebida de acero corrió la suerte de la tecla del telégrafo, y el dinero siguió a la novedad. La transición a las latas de aluminio ayudó a elevar los beneficios de Alcoa en otoño de 1966 hasta el nivel más alto de cualquier trimestre de sus setenta y ocho años de historia. Y en el caliente mercado de valores de finales de los 60, los inversores se lanzaron en tropel sobre las acciones del aluminio.

Para las acereras, la pérdida del mercado de las latas de cerveza y refrescos gaseosos fue apenas un paso más en una angustiosa decadencia a largo plazo. Hasta ese momento, Estados Unidos no había importado mucho acero, porque imperaba la idea de que el acero extranjero no estaba a la altura de los estándares de calidad estadounidenses. Sin embargo, cuando la huelga de 1959 se prolongó hasta su segundo y luego su tercer mes, los fabricantes de automóviles y otros grandes clientes tuvieron que buscar otras fuentes. Descubrieron que parte del acero procedente de Europa y Japón era de primera clase, y en buena medida más barato. Para finales de los 60, el acero había perdido su condición de icono de la empresa estadounidense, y el prestigio pasó a compañías de elevado crecimiento como IBM. Lo que Schumpeter calificó de «perpetuo vendaval de la destrucción creadora» empezaba a azotar al Gran Acero.

Aunque mi trabajo en Townsend-Greenspan andaba solicitado, me guardé de expandirme demasiado. En lugar de eso me concentré en mantener alto nuestro margen de beneficios -en el orden del 40 por ciento- y en nunca depender tanto de un solo cliente o grupo que perderlo pusiera en peligro la empresa. Bill Townsend estaba completamente de acuerdo con este enfoque. Siguió siendo en todo momento el mejor socio imaginable. Aunque sólo lo tuve durante cinco años -murió de un infarto en 1958- desarrollamos una estrechísima relación. Era como el padre benevolente por antonomasia. Insistía en repartir los beneficios de forma equitativa: hacia el final yo me llevaba a casa una porción considerablemente más grande. Jamás hubo sensación alguna de celos o competitividad. A su muerte, compré sus acciones a sus hijos, pero les pedí permiso para mantener su nombre en la puerta. Me parecía lo correcto.

Ayn Rand se convirtió en una fuerza estabilizadora en mi vida. No tardamos mucho en tener un encuentro de maneras de pensar -más que nada mi pensamiento se encontró con el suyo-, y en los 50 y principios de los 60 fui asiduo de las reuniones semanales en su piso. Era una pensadora plenamente original, agudamente analítica, de firme voluntad y elevados principios, y muy insistente en la racionalidad como valor supremo. En ese aspecto, nuestros valores eran congruentes: estábamos de acuerdo en la importancia de las matemáticas y el rigor intelectual.

Sin embargo, ella había ido mucho más allá, pensando en términos más amplios de los que yo jamás osaría. Era una devota aristotélica, con la idea central de que existe una realidad objetiva que es independiente de la consciencia y susceptible de ser conocida. En consecuencia llamaba a su filosofía objetivismo. Y aplicaba postulados clave de la ética aristotélica: a saber, que los individuos poseen una nobleza innata y que el deber supremo de todo individuo es florecer mediante la realización de ese potencial. Explorar ideas con ella era una extraordinaria lección de lógica y epistemología. Las más de las veces podía seguirle el ritmo.

El Colectivo Rand se convirtió en mi primer círculo social fuera de la universidad y la profesión de economista. Participaba en los debates que duraban toda la noche y escribía comentarios vehementes para su boletín con el fervor de un joven acólito inmerso en todo un conjunto nuevo de ideas. Como cualquier converso reciente, tendía a enmarcar los conceptos en sus términos más descarnados y sencillos. Casi todo el mundo ve el perfil simple de una idea antes de que se asienten la complejidad y los matices. Si no lo hiciéramos, no habría nada que matizar, nada que aprender. Fue sólo cuando empezaron a surgir las contradicciones inherentes a mis nuevas nociones cuando el fervor perdió fuelle.

Una contradicción se me antojó especialmente reveladora. De acuerdo con los preceptos objetivistas, la fiscalidad era inmoral porque permitía la apropiación gubernamental de la propiedad privada por la fuerza. Aun así, si la fiscalidad estaba mal, ¿cómo podían financiarse de manera fiable las funciones esenciales del gobierno, entre ellas la protección de los derechos de las personas por medio del poder policial? La respuesta «randiana», que quienes veían de manera racional la necesidad de Gobierno contribuirían voluntariamente, era insuficiente. La gente tiene libre albedrío; ¿y si se negaban?

Todavía me cautivaba la filosofía más amplia de una competencia de mercados sin ataduras, como me cautiva hoy en día, pero a regañadientes empecé a caer en la cuenta de que, si existían matizaciones en mi edificio intelectual, no podía sostener que los demás debían aceptarlo de buenas a primeras. Para cuando me sumé a la campaña de Richard Nixon a la presidencia en 1968, había decidido hacía mucho participar en esfuerzos por propulsar el capitalismo de libre mercado desde dentro, más que como panfletista crítico. Cuando accedí a aceptar la presidencia del Consejo de Asesores Económicos del presidente, sabía que tendría que jurar respetar no sólo la Constitución sino también las leyes del país, muchas de las cuales me parecían incorrectas. La existencia de una sociedad democrática gobernada por un Estado de derecho implica una ausencia de unanimidad en casi todos los aspectos de la agenda pública. El compromiso acerca de los asuntos públicos es el precio de la civilización, no una derogación de los principios.

No pasó desapercibido que Ayn Rand estuvo a mi lado cuando juré el cargo en presencia del presidente Ford en el Despacho Oval. Ayn Rand y yo seguimos siendo buenos amigos hasta su muerte en 1982, y estoy agradecido por la influencia que tuvo en mi vida. Yo estaba intelectualmente limitado hasta que la conocí. Todo mi trabajo había sido empírico y basado en los números, nunca orientado hacia los valores. Era un técnico de talento, pero no pasaba de ahí. Mi positivismo lógico había desechado la historia y la literatura: si alguien me hubiera preguntado si valía la pena leer a Chaucer, le habría dicho: «No te molestes.» Rand me convenció de observar a los seres humanos, sus valores, su manera de trabajar, lo que hacen y por qué lo hacen y cómo piensan y por qué piensan. Eso ensanchó mis horizontes mucho más allá de los modelos de economía que había aprendido. Empecé a estudiar cómo se forman las sociedades y se comportan las culturas, y a darme cuenta de que la economía y las predicciones dependen de esos conocimientos: las diferentes culturas crecen y crean riqueza material de modos profundamente distintos. Todo eso empezó para mí con Ayn Rand. Me introdujo en un reino inmenso del que me había mantenido desterrado yo solo.

3 La economía se cruza con la política

La predicción económica tomó Washington al asalto en la década de 1960. Empezó cuando Walter Heller, un ingenioso y culto profesor de Minnesota que era presidente del Consejo de Asesores Económicos, le dijo al presidente Kennedy que una rebaja fiscal estimularía el crecimiento económico. Kennedy se opuso a la idea: a fin de cuentas, había llegado a la presidencia con un llamamiento al sacrificio por parte del pueblo estadounidense. Además, dadas las circunstancias, un recorte de impuestos hubiese supuesto un cambio radical de política fiscal, puesto que el Gobierno ya se encontraba en déficit. La economía estaba gobernada en aquel entonces por el modelo de las finanzas del hogar: se suponía que uno debía equilibrar el presupuesto y llegar a fin de mes. Un año, el presidente Eisenhower llegó a pedir disculpas al pueblo estadounidense por incurrir en un déficit de 3.000 millones de dólares.

Sin embargo, después de la crisis de los misiles cubanos, con las elecciones de 1964 ya a la vista, la economía crecía con excesiva lentitud, y Kennedy por fin se dejó convencer. El recorte fiscal de 10.000 millones de dólares que propuso al Congreso en enero de 1973 era drástico: sigue siendo en el día de hoy la mayor rebaja fiscal desde la Segunda Guerra Mundial, con los debidos ajustes al tamaño de la economía, y es casi tan grande como los tres recortes de George W. Bush juntos.

Lyndon Johnson dio forma de ley a la rebaja fiscal con su firma al poco de la muerte de Kennedy. Para delicia de todos, tuvo el efecto que el Consejo de Asesores Económicos había prometido: para 1965 la economía iba viento en popa. Su índice de crecimiento anual superaba el 6 por ciento, en justa consonancia con el pronóstico econométrico de Walter Heller.

Los economistas no cabían en sí de gozo. Creían haber resuelto por fin el acertijo de la predicción, y no tuvieron pelos en la lengua para congratularse: «Se avecina una nueva era para la política económica -declaraba el Informe Anual del CAE de enero de 1965-. Las herramientas de política económica se están volviendo más refinadas, más eficaces y cada vez más libres de las inhibiciones impuestas por las tradiciones, los malentendidos y las polémicas doctrinarias.» Decía que los gestores de la política económica ya no debían limitarse a responder pasivamente a las novedades, sino «prever y configurar los acontecimientos futuros». La Bolsa vivió un boom, y a finales de año la revista Time sacó a John Maynard Keynes en portada (aunque llevaba muerto desde 1946) y declaró: «Ahora todos somos keynesianos.» (Richard Nixon se apropió de la frase y la usó como presidente en 1971 en defensa de los déficits fiscales y el intervencionismo económico de su Administración).

Yo apenas podía creérmelo. Nunca me había sentido confiado al realizar predicciones macroeconómicas y, por bien que TownsendGreenspan las ofreciera a sus clientes, no eran esenciales para nuestro negocio. No podía por menos que admirar lo que había logrado Heller. Pero también me recuerdo sentado en mi despacho del 80 de Pine Street con sus vistas al Puente de Brooklyn y pensando: «Madre mía, me alegro de no tener el trabajo de Walter Heller.» Sabía que los pronósticos macroeconómicos tienen mucho más de arte que de ciencia.

Aquellos resultados económicos halagüeños se deterioraron a medida que la Administración Johnson empezó a inyectar ingentes sumas de dinero en la guerra de Vietnam y los programas sociales de la Great Society. Más allá de las necesidades del funcionamiento cotidiano de Townsend-Greenspan, desarrollé un profundo interés por la política fiscal gubernamental y a menudo escribía artículos de opinión para periódicos y revistas económicas en los que me mostraba crítico con la Administración. La vertiente económica de la guerra de Vietnam me interesaba en particular por mi trabajo anterior sobre el gasto en la guerra de Corea. Cuando mi antiguo colega Sandy Parker, que todavía era economista jefe en la revista Fortune, pidió a Townsend-Greenspan a principios de 1966 que les ayudara a examinar el coste de la guerra, acepté de buena gana.

Había algo en la contabilidad del presidente Johnson que no cuadraba. Las estimaciones que hacía la Administración de los costes de la guerra parecían bajas, a juzgar por lo que se estaba dando a conocer sobre el incremento del despliegue estadounidense; se decía que el general William Westmoreland iba pidiendo a puerta cerrada un aumento hasta los cuatrocientos mil soldados. Desmonté el presupuesto presentado por el presidente al Congreso para el año fiscal que empezaba el 1 de julio de 1966 y, aplicando lo que sabía sobre los patrones y prácticas de gasto del Pentágono, calculé que el presupuesto subestimaba el coste probable de la guerra para ese año en al menos un 50 por ciento: 11.000 millones o más. (El presupuesto también daba por sentado, en una reveladora nota a pie de página que apuntaba hacia 1967, que las operaciones de combate finalizarían el 30 de junio de ese año, de modo que tras esa fecha no sería necesario ningún costoso desplazamiento de aviones o demás equipo.)

Fortune destapó la historia en un artículo de abril de 1966 titulado «The Vietnam War: A Cost Accounting», que concluía sin ambages: «El presupuesto apenas empieza a sugerir el nivel de gasto que se avecina en la guerra de Vietnam.» Viniendo de una respetada publicación económica, el artículo echó leña al creciente debate sobre si LBJ y su Administración estaban ocultando el coste de la guerra (El presidente Johnson fue impreciso con los números desde el principio. El historiador y ex asesor de LBJ Eric Goldman, por ejemplo, describió en una memoria de 1969 cómo Johnson indujo a error a los periodistas sobre su primer presupuesto para «reforzar la impresión de devoción a la economía y de habilidad para lograrlo»).

Aparte de mis recelos sobre la economía de la guerra, sin embargo, estaba bastante desligado de los tiempos que corrían. Cuando la gente piensa en los 60, piensa en marchas por los derechos civiles, manifestaciones contra la guerra y sexo, drogas y rock and roll: una cultura en dramática y exuberante agitación. Pero yo estaba en el otro lado de la brecha generacional. Había cumplido los cuarenta en 1966, lo que significaba que me había hecho adulto en los 50, cuando se llevaba americana y corbata y se fumaba en pipa (con tabaco dentro). Todavía escuchaba Mozart y Brahms, y Benny Goodman y Glenn Miller. La música popular se volvió extraña casi por completo para mí con la llegada de Elvis: para mis oídos, estaba al borde del ruido. Creía que los Beatles eran unos músicos razonablemente buenos; podían cantar bien, tenían personalidades interesantes y, comparada con parte de lo que no tardó en seguirles, su música era casi clásica. La cultura de los sesenta me era ajena porque la consideraba antiintelectual. Yo tenía un conservadurismo profundo y fe en la urbanidad. De modo que no me identificaba con el flower power. Tenía la libertad de no participar, y no lo hice.

Mi implicación en la vida pública empezó en 1967 con la campaña a la presidencia de Nixon. Había estado escribiendo en mis ratos libres un libro de texto de economía con un profesor de finanzas de la Universidad de Columbia llamado Martin Anderson. Marty se había labrado una reputación en los círculos conservadores con un libro llamado The Federal Bulldozer, una crítica de la renovación urbana que había llamado la atención de Nixon. Nuestro plan había sido colaborar en un libro de texto que describiese un sistema capitalista de laissez-faire; con cierto sentido de la ironía, habíamos decidido que Marty, el académico, escribiera los capítulos sobre negocios, mientras que yo, el consultor económico, me encargaría de los dedicados a la teoría. Pero no habíamos llegado muy lejos cuando Nixon pidió a Marty que se sumase a su campaña presidencial como asesor jefe de política interior.

En cuanto se incorporó a la campaña, Marty me preguntó si podría ayudar a su pequeño equipo a desarrollar políticas y redactar discursos. El cuadro directivo de la campaña lo formaban en ese momento sólo cuatro personas además de Marty: Pat Buchanan, que era jefe de Gabinete, William Safire, Ray Price y Leonard Garment. Len era el único al que conocía, aunque nos habíamos visto sólo en contadas ocasiones desde que tocáramos juntos en la orquesta de Henry Jerome hacía más de veinte años. En ese momento era socio en el bufete de abogados de Nixon en Nueva York, Nixon Mudge Rose Guthrie Alexander amp; Mitchell. Fuimos los seis a comer y charlamos sobre lo que podía hacer yo por la campaña. Les gustaron algunas de mis ideas, y al final Buchanan sugirió que, antes de que fuéramos más allá, debía hablar con el candidato.

Un par de días más tarde fui a encontrarme con Nixon en su despacho. Me intrigaba su regreso al juego político. Como todos, recordaba su pulla de despedida a los periodistas tras perder las elecciones a gobernador de California en 1962, en las que creía haber tenido a la prensa en contra: «Se les ha acabado dar de patadas a Nixon, porque, caballeros, ésta es mi última rueda de prensa.» El despacho de Nixon en Nixon Mudge Rose estaba lleno a rebosar de recuerdos y fotos autografiadas: me dio la impresión de hallarme ante un personaje antaño importante al que habían relegado a un cuartito lleno de memorias. Pero Nixon iba vestido con mucha elegancia, y no sólo encajaba con la imagen del socio abogado neoyorquino de éxito en su apariencia, sino también con los actos. Sin perder tiempo en formalidades, me sacó la información con meditadas preguntas sobre economía y política. Cuando planteó sus ideas, lo hizo con frases y párrafos perfectamente formulados. Quedé muy impresionado. En momentos posteriores de la campaña, a veces tuve que poner a Nixon al día sobre un tema antes de que hablara para los medios, y él adoptaba esa misma actitud de abogado, intensa y orientada a los hechos. Era capaz de escuchar durante cinco minutos sobre un tema del que era imposible que supiese gran cosa -un acontecimiento de última hora, por ejemplo- y luego salir a la palestra y sonar tan entendido como un catedrático. Diría que él y Bill Clinton fueron con diferencia los presidentes más listos con los que he trabajado.

El comité Nixon for President tenía sus oficinas en Park Avenue con la Calle 57, en el antiguo edificio de la American Bible Society. Al principio trabajaba un par de tardes por semana, que aumentaron a cuatro, cinco o incluso más a medida que la campaña cogía ritmo. Me nombraron «asesor de política económica e interior», pero fui siempre estrictamente un voluntario. Trabajé codo con codo con Marty, que se había tomado una temporada sabática en la Columbia y trabajaba en la campaña a jornada completa. Parte de mi trabajo consistía en coordinar las respuestas a cualquier asunto que surgiera: corríamos para reunir la investigación necesaria y mandársela por fax a Nixon y el equipo de campaña de la noche a la mañana. Él quería dar imagen de informado, y ayudé a organizar grupos de trabajo sobre asuntos económicos. El principal objetivo de esos grupos era incorporar gente a su bando. En Estados Unidos había casi el doble de demócratas registrados para el voto que de republicanos, (La distribución de votantes, según el Centro para el Estudio del Electorado Estadounidense, era de diecisiete millones de demócratas registrados frente a nueve millones de republicanos) y Nixon necesitaba incluir a todo el que pudiera. Todos los grupos de trabajo se reunían, los miembros le decían a Nixon lo que pensaban y todos sonreían, se daban la mano y sacaban fotos. Pero el trabajo con el que más disfrutaba, y mi contribución más original, fue la integración de los sondeos estatales y locales. Durante la campaña electoral de 2004, los políticos podían acudir a Internet y consultar cada día un recuento electoral actualizado basado en sondeos realizados dentro de los cincuenta estados. Esa tecnología no existía en 1968, pero yo construí algo todo lo parecido que era posible. Junté todos los sondeos estatales que pudimos encontrar, los relacioné con los patrones y tendencias de voto pasados y realicé extrapolaciones para los estados que no tenían encuestas: todo para hacer proyecciones del voto popular y el voto electoral.

A finales de julio de 1968, apenas una semana antes del congreso del Partido Republicano, Nixon reunió a los responsables de su campaña en Gurney’s Inn, un centro turístico de playa en Montauk, en el extremo oriental de Long Island. Había presentes unas quince personas, todo el personal con responsabilidad incluido el puñado con el que yo había empezado hacía muchos meses. Nixon ya sabía que contaba con votos suficientes para la nominación, y aquello pretendía ser una sesión de trabajo para elaborar los temas que quería tocar en su discurso de aceptación. Cuando nos sentamos a la mesa de juntas, sin embargo, por algún motivo estaba enfadado. En lugar del debate sobre políticas que me esperaba, se embarcó en una diatriba sobre que los demócratas eran el enemigo. No alzó la voz, pero su discurso fue tan intenso y cargado de blasfemias que hubiera sonrojado a Tony Soprano. Me quedé estupefacto: aquél no era el hombre con el que había tratado. Entonces no tenía ni idea de que estaba contemplando una parte importante de la personalidad de Nixon. No podía entender que un solo ser humano tuviera caras tan diferentes. Al cabo de un rato se apaciguó y la reunión siguió adelante, pero después de eso nunca volví a verlo con los mismos ojos. Me afectó tanto que, después de las elecciones, cuando me invitaron a sumarme al equipo de la Casa Blanca, contesté: «No, prefiero mucho más volver a mi trabajo.»

La vertiente malhablada de Nixon se dio a conocer cinco años más tarde con la publicación de las cintas del Watergate, por supuesto. En ellas queda como un hombre sumamente listo que es tristemente paranoico, misántropo y cínico. Un miembro de la Administración Clinton acusó en una ocasión a Nixon de antisemitismo, y yo le dije: «No lo entiendes. No era exclusivamente antisemita. Era antisemita, antiitaliano, antigriego y antieslovaco. No sé de nadie de quien estuviera a favor. Odiaba a todo el mundo. Decía atrocidades de Henry Kissinger, y aun así lo nombró secretario de Estado.» Cuando Nixon dejó la presidencia, sentí alivio. Era imposible saber de lo que era capaz, y el presidente de Estados Unidos tiene tanto poder que da miedo; a un oficial militar que ha jurado respetar la Constitución le resulta muy difícil decir: «Señor presidente, no voy a hacer eso.»

Desde luego, Nixon era un caso extremo. Pero llegué a ver que las personas que ocupan la cúspide de la pirámide política son en verdad diferentes. Jerry Ford era lo más normal que puede encontrarse en un presidente, pero nunca fue elegido. Hay una enmienda constitucional que llevó años queriendo imponer sin éxito. Dice lo siguiente: «Cualquiera dispuesto a hacer lo que hace falta para ser presidente de Estados Unidos queda en adelante impedido de ocupar ese cargo.» Sólo bromeo a medias.

Aunque no acepté un empleo permanente en la Administración, Washington se convirtió en una parte importante de mi vida. Trabajé de director provisional del presupuesto antes de la investidura y ayudé a planificar el primer presupuesto federal de Nixon. Participé en grupos de trabajo y comisiones, la más importante de las cuales fue la Comisión sobre unas Fuerzas Armadas Exclusivamente Voluntarias del presidente, de la que Martin Anderson fue el cerebro y que allanó el camino en el Congreso para la abolición del servicio militar obligatorio (Aunque Anderson montó la comisión, no trabajó en ella. La presidió Thomas S. Gates Jr., que había ocupado la Secretaría de Defensa con Eisenhower). Y con amigos y conocidos de profesión ocupando muchos de los puestos clave del Gobierno en política económica e interior, me encontré pasando cada vez más tiempo en la capital.

La economía tuvo un comportamiento errático mientras las empresas capeaban los efectos de Vietnam y la agitación interna. Un recargo del 10 por ciento sobre el impuesto federal de la renta, metido a última hora y con calzador por el presidente Johnson y mantenido en tiempos de Nixon para ayudar a costear la guerra, no estaba teniendo un efecto saludable. En 1970 embocamos una recesión que impulsó el desempleo hasta el 6 por ciento: unos cinco millones de personas estaban en el paro.

Al mismo tiempo, la inflación parecía estar cobrando vida propia. En lugar de caer, como todos los modelos de predicción decían que debería, presentaba un índice anual del 5,7 por cien, bajo en comparación con lo que vino después, pero alto para los estándares de la época. Bajo la visión keynesiana de la economía que predominaba, el desempleo y la inflación son como niños en un balancín: cuando uno sube, el otro baja. Simplificando mucho, se sostenía que, cuanta más gente está sin empleo, menos presión ascendente existe sobre los salarios y los precios. A la inversa, cuando cae el desempleo y el mercado laboral se encoge, son probables los aumentos de salarios y precios.

Pero los modelos económicos keynesianos no contemplaban la posibilidad de que el desempleo y la inflación crecieran a la par. Este fenómeno, que llegó a conocerse como estanflación, dejó desorientados a los políticos. Las herramientas de predicción que habían hecho que los economistas del Gobierno parecieran tan clarividentes una década antes en realidad no eran lo bastante buenas para dejar que el Gobierno ajustara la economía. (Una encuesta realizada pocos años después reveló que la opinión pública equiparaba ya la capacidad de predicción de los economistas a la de los astrólogos. Eso me hizo preguntarme qué habían hecho mal los astrólogos.)

La presión política sobre la Administración para que resolviese esos problemas se volvió intensa. Arthur Okun, que había presidido el Consejo de Asesores Económicos de Johnson y era conocido por su sardónico sentido del humor, inventó un «índice de descontento» para describir el dilema. Era la simple suma del índice de desempleo y el de la inflación. El índice de descontento ascendía ya al 10,6 por ciento, y desde 1965 no había hecho otra cosa que subir (El índice de descontento fue rebautizado más tarde como índice de miseria y pasó a figurar en al menos dos campañas presidenciales. Jimmy Carter lo usó para criticar al presidente Ford en 1976, y Ronald Reagan hizo lo propio con Carter en 1980).

Observé mientras mis amigos de Washington daban bandazos de un remedio a otro. Para contrarrestar la recesión y el efecto enfriador del recargo sobre el impuesto de la renta, la Fed rebajó los tipos de interés e inyectó dinero en la economía. Eso ayudó a que el PIB remontase, pero empeoró aún más la inflación. Mientras, entre los hombres del presidente Nixon iba cobrando fuerza un movimiento en pro de medidas que eran anatema para nosotros, los economistas del libre mercado que habíamos ayudado a que Nixon saliera elegido: controles de salarios y precios. Hasta mi viejo amigo y mentor Arthur Burns, al que Nixon nombró presidente de la Reserva Federal en 1970, empezó a hablar de algo parecido: políticas de rentas. Me dejó helado la conversión de Arthur: lo achaqué a las exigencias políticas combinadas con cualesquiera acontecimientos alarmantes en la economía que debiera de estar observando desde su nueva posición estratégica. Era evidente que la Fed estaba preocupada. (Visto en retrospectiva, sospecho que Burns intentaba adelantarse a unos controles de salarios y precios formales.) Por último, el domingo 15 de agosto de 1971, sonó el teléfono de mi casa: era Herb Stein, que entonces era miembro del Consejo de Asesores Económicos de Nixon. «Llamo desde Camp David -me dijo-. El presidente quería que te dijera que hablará para la nación y anunciará controles de salarios y precios.» Esa noche se me ha quedado grabada en la memoria por dos motivos: en primer lugar, Nixon pisó Bonanza, la serie del oeste favorita de Estados Unidos, que además a mí me encantaba, para anunciar su medida; segundo, me estiré para recoger algo del suelo y me disloqué la espalda. Tuve que guardar cama durante seis semanas. Aún hoy en día me gusta creer que fueron los controles de precios y salarios los que me machacaron.

Me alegraba de no estar en el Gobierno. Burns y su mujer vivían en el complejo de apartamentos Watergate, y a veces cenaba con ellos en su casa. Arthur cavilaba sobre la última iniciativa de la Casa Blanca y decía: «Madre mía, y ahora ¿qué se proponen hacer?» Después de que Nixon impusiera los controles de precios y salarios, a veces volaba al sur para encontrarme con Don Rumsfeld, que era director del Programa de Estabilización Económica, la burocracia creada para administrarlos. También dirigía el Consejo del Precio de la Vida, donde Dick Cheney era su segundo. Me pidieron consejo porque yo sabía bastante sobre el funcionamiento de las industrias concretas, pero lo único que pude hacer por ellos fue indicar el tipo de problema que crearía cada tipo de congelación de precios. Con lo que estaban topando era con el problema de una planificación central en una economía de mercado: el mercado siempre socavará cualquier tentativa de control. Una semana el problema eran los textiles. A causa del poder político de los granjeros, el Gobierno no podía poner topes de precios al algodón en rama, de modo que el precio del algodón subía. Pero el Gobierno sí congelaba el precio de los artículos en crudo: telas tejidas sin blanquear ni teñir, que son la primera etapa de la producción textil. De modo que los fabricantes de artículos en crudo se veían asfixiados -sus costes subían pero ellos no podían aumentar los precios- y las compañías abandonaban esa parte del negocio. De repente, los especialistas en acabado de tejidos y los fabricantes de ropa se quejaban de no recibir los suficientes artículos en crudo. Rumsfeld me preguntó: «¿Qué hago?» Yo le respondí: «Fácil: sube el precio.» Situaciones como ésa surgían semana tras semana, y al cabo de un par de años el sistema entero se vino abajo. Mucho más tarde Nixon dijo que los controles de precios y salarios habían sido su peor política. Pero lo triste era que supo que eran una mala idea en todo momento. Fue puro oportunismo político: un montón de empresarios habían dicho que querían congelar los salarios, y a un montón de consumidores le gustaba la idea de congelar los precios, de modo que decidió que tenía que hacerlo.

El embargo petrolero árabe de octubre de 1973 no hizo sino agravar la inflación y el desempleo, por no hablar del daño que causó a la confianza y autoestima de Estados Unidos. El índice de precios al consumo se disparó: el año 1974 vio nacer la expresión «inflación de dos dígitos» cuando el índice subió hasta la friolera del 11 por ciento. El paro seguía en el 5,6 por ciento, la Bolsa se hallaba en caída libre, la economía estaba a punto de sumirse en la peor recesión desde la década de 1930 y el escándalo Watergate lo empañaba todo.

En mitad de todas estas noticias infaustas, el secretario del Tesoro Bill Simon llamó para preguntarme si aceptaría la presidencia del Consejo de Asesores Económicos. Herb Stein, presidente a la sazón, se estaba preparando para partir. La presidencia del CAE es uno de los tres puestos más altos que puede ocupar un economista en Washington, siendo los otros dos la secretaría del Tesoro y la presidencia de la Reserva Federal. En cualquier otra circunstancia habría dicho que sí sin pensármelo dos veces. Pero no estaba de acuerdo con muchas de las políticas del presidente, y de ahí que pensara que no estaría en condiciones de trabajar con eficacia. Le dije a Simon que me sentía honrado y que sería un placer sugerir otros candidatos, pero mi respuesta era que no. Me llamó una segunda vez al cabo de una semana o así, y le dije: «Bill, lo agradezco, pero hablo en serio.» «Bueno, ¿aceptarías por lo menos ir a hablar con Al Haig?» Haig era el jefe de Gabinete del presidente Nixon. Acepté, y un día más tarde Haig me preguntó si iría a verlo a cayo Vizcaíno, Florida, donde al presidente le gustaba pasar alguna temporada. Haig hizo una auténtica demostración del interés de la Casa Blanca: mandó un avión militar de uso particular con auxiliar de vuelo incluido para que me llevase hasta cayo Vizcaíno. Al llegar, sostuvimos una larga charla. Yo le dije: «Estáis cometiendo un error. Si entro como presidente y la Administración empieza a imponer políticas con las que no estoy de acuerdo, tendré que dimitir. Eso no es lo que necesitáis.» Los controles de salarios y precios se habían levantado en su mayor parte a esas alturas, pero llegaba mucha presión del Congreso para reimponerlos a causa de la inflación. Le dije que tendría que dimitir si eso ocurría. Haig dijo: «No es ésa la dirección en la que vamos. No sentirás necesidad de dimitir.» Cuando me preparaba para partir, me preguntó: «¿Quieres hablar con él?» Se refería a Nixon. Yo contesté: «No veo ningún motivo.» La verdad era que el hombre todavía me incomodaba mucho. Tampoco las tenía todas conmigo acerca de la oferta de trabajo, y me parecía que lo más difícil del mundo sería decir que no al presidente de Estados Unidos.

Apenas había regresado a mi oficina de Nueva York cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Arthur Burns. Me pidió que fuera a verlo a Washington, cosa que hice. Ése fue mi error. Mi viejo mentor, entre calada y calada de su pipa, sacó partido de mi mala consciencia. En referencia al escándalo Watergate, dijo: «Este Gobierno está paralizado, pero la economía sigue y todavía tenemos que hacer política económica. Le debes tus servicios a tu país.» Además, señaló, llevaba veinte años construyendo Townsend-Greenspan; ¿no era hora de ver si la empresa se las arreglaba sola? Para el final de la conversación estaba convencido de que a lo mejor podía hacer algo útil en Washington. Pero me dije que alquilaría un piso mes a mes y, por lo menos figuradamente, mantendría una maleta hecha al lado de la puerta.

Si Nixon no se hubiera encontrado en tales apuros, dudo que hubiera aceptado el puesto. Lo veía casi como un trabajo provisional, para ayudar a sostener las cosas de una pieza. Esperaba pasar allí una temporada relativamente corta. Si Nixon de algún modo hubiera continuado en el cargo hasta el final de su mandato, es probable que no me hubiese quedado más de un año. Pero los acontecimientos dieron un giro radicalmente distinto. La sesión de mi confirmación ante el Senado fue la tarde del jueves, 8 de agosto de 1974; esa misma noche, Nixon salió en televisión para anunciar su dimisión.

Sólo había coincidido una vez con el vicepresidente Ford, en una conversación de una hora sobre la economía unas pocas semanas antes. Pero nos habíamos entendido y, a instancias de Don Rumsfeld, que dirigió su equipo de transición, confirmó mi nombramiento por parte de Nixon.

El Consejo de Asesores Económicos básicamente es una pequeña empresa consultora con un único cliente: el presidente de Estados Unidos. Tiene su sede en el Old Executive Office Building, al otro lado de la calle de la Casa Blanca, y lo forman tres consejeros y una pequeña plantilla de economistas, en su mayor parte profesores con un año sabático o dos de sus universidades. Bajo Nixon, el CAE se había vuelto bastante político, y Herb Stein muchas veces hablaba en representación del presidente Nixon. Aunque fue un presidente del consejo eficaz, es muy difícil ser consejero y portavoz a la vez (por lo general es el secretario del Tesoro quien oficia de portavoz económico de la Administración), y yo quería devolver al organismo su papel consultivo. Tras debatirlo brevemente con los otros consejeros, William Fellner y Gary Seevers, cancelé las ruedas de prensa mensuales ordinarias. Decidí que haría la menor cantidad de discursos posible y los mínimos contactos necesarios con el Congreso; por supuesto, tendría que comparecer cuando me llamaran a ello.

Como presidente fui una elección inusual, pues todavía no tenía un doctorado y tenía una perspectiva de la economía diferente a la de la mayoría de académicos. En Townsend-Greenspan teníamos ordenadores y modelos econométricos último modelo que cualquier profesor reconocería, pero nuestro foco fue siempre el análisis a nivel de industria, no macrovariables tales como el desempleo y el déficit federal.

Ford y Nixon eran como el día y la noche. Ford era un hombre seguro, con menos complejos psicológicos que cualquier persona que hubiera conocido. Nunca daba mala espina, jamás transmitía una sensación de motivos ocultos. Si estaba enfadado, lo estaba por alguna razón objetiva. Aunque eso era raro: era excepcionalmente ecuánime. En 1975, poco después de la caída de Saigón, los Jemeres Rojos de Camboya secuestraron el Mayagüez, un buque portacontenedores con bandera estadounidense, en ruta marítima ante sus costas. Yo estaba sentado al lado de Ford en una reunión de economía cuando Brent Scowcroft, el subdirector del Consejo Nacional de Seguridad, entró y le puso delante una nota. El presidente la abrió y la leyó. Era la primera noticia que tenía del incidente. Se volvió hacia Scowcroft y dijo: «Vale, siempre que no disparemos nosotros primero.» Después devolvió su atención a la reunión y siguió con el debate. No llegué a leer la nota, pero saltaba a la vista que el presidente acababa de autorizar que el Ejército respondiese al fuego de las fuerzas de los Jemeres Rojos si era necesario.

Siempre entendió lo que sabía y lo que no sabía. No creía ser intelectualmente superior a Henry Kissinger ni saber más de política exterior, pero no se dejaba intimidar. Ford estaba seguro de sí mismo: probablemente, una de esas raras personas que en verdad saldría normal en las pruebas psicológicas.

Aunque no era un dechado de claridad al hablar de economía, descubrí que el presidente Ford tenía una perspectiva sofisticada y coherente sobre la política económica. Años en el Comité de Adquisiciones de la Cámara de Representantes le habían enseñado todo lo que había que saber sobre el presupuesto federal, y sus presupuestos como presidente fueron genuinamente suyos. Más importante aún, creía en la contención del gasto federal, en un presupuesto equilibrado y un crecimiento estable a largo plazo.

La prioridad de Ford era dar con una solución a la inflación, que en su primera alocución ante el Congreso identificó como enemigo público número uno. Después de que el dólar perdiese más de un 10 por ciento de su poder adquisitivo ese año, la inflación tenía a todo el mundo asustado. La gente recortó sus gastos porque le preocupaba llegar a final de mes. En los negocios, la inflación crea incertidumbre y riesgo, lo que dificulta la planificación y disuade a los gestores de contratar, construir fábricas o, a decir verdad, de realizar inversión alguna para crecer. Eso es lo que pasó en 1974: el gasto de capitales básicamente se congeló, lo que agravó mucho más la recesión.

Yo estaba de acuerdo con las prioridades del presidente, pero me horroricé al enterarme de cómo pretendía abordar el problema el equipo de la Casa Blanca. Mi primera experiencia de política ejecutiva en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca casi me manda corriendo de vuelta a Nueva York. Fue una reunión de altos cargos en la que el departamento de redacción de discursos desveló una campaña llamada Whip Inflation Now («Barrer la Inflación Ya»). El WIN («ganar»), como querían darlo a conocer («¿Lo pillan?», preguntó uno), era un programa enorme que conllevaría una congelación voluntaria nacional de precios, una cumbre en Washington en octubre para debatir la inflación con grupos de trabajo y minicumbres preliminares en todo el país, y muchas otras características. Los redactores de discursos habían encargado millones de chapas de Barrer la Inflación Ya, muestras de las cuales hicieron circular por la sala. Era surrealista. Yo era el único economista presente, y me dije: «Esto es de una estupidez increíble. ¿Qué hago aquí?»

Como era nuevo, no estaba seguro del protocolo. No me pareció que debiera decir lo que pensaba, tal cual. De modo que me concentré en las cosas que no tenían ningún sentido económico. Señalé: «No podéis pedir a los propietarios de pequeñas empresas que prescindan voluntariamente de subir los precios. Esa gente opera sobre unos márgenes estrechos, y no pueden evitar que sus proveedores aumenten los precios.» A lo largo de los días siguientes, conseguí que suavizaran un puñado de las estipulaciones, pero Barrer la Inflación Ya salió adelante a bombo y platillo ese otoño. Fueron horas bajas para la política económica. Me alegré de haber cancelado las ruedas de prensa del CAE, porque nunca me reclamaron que defendiera en público el programa. Para finales de año lo había eclipsado por completo el empeoramiento de la recesión.

El principal grupo de política económica de la Casa Blanca se reunía todos los días laborables a las 8.30 de la mañana y, dado que la economía estaba en el candelero político, todo el mundo quería participar. El grupo incluía a cinco o seis cargos del Gabinete, al director del presupuesto, al llamado zar de la energía y más. Cuando se trataban asuntos cruciales Arthur Burns participaba para asesorar. Muchos días se juntaban veinticinco personas en la sala. Era un buen foro en el que airear los problemas, pero no un lugar para tomar las decisiones reales. El círculo interno de la asesoría económica era mucho más reducido: el secretario del Tesoro Simon, el director del presupuesto Roy Ash (luego su sucesor, Jim Lynn), Arthur Burns y yo.

Al principio parecía que lo único que hacía cualquiera de nosotros era llevar malas noticias al presidente. A finales de septiembre, el paro de repente experimentó una subida. Al cabo de poco los pedidos, la producción y el empleo empezaron todos a caer. Para Acción de Gracias yo le decía al presidente: «Existe la posibilidad de que tengamos problemas muy graves que se prolonguen hasta la primavera que viene.» En Nochebuena, el grupo de política escribió un memorándum en el que le advertía que esperase más desempleo y la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. No fue un regalo bonito.

Peor aún, tuvimos que decirle que no sabíamos lo grave que sería la recesión. Las recesiones son como los huracanes: van desde lo ordinario hasta lo catastrófico. Las ordinarias forman parte del ciclo económico: suceden cuando las existencias de las empresas superan la demanda y las compañías recortan la producción drásticamente hasta vender el exceso de stock. Las del tipo Categoría 5 se producen cuando se viene abajo la demanda en sí: cuando los consumidores dejan de gastar y las empresas dejan de invertir. Cuando repasamos las posibilidades, al presidente Ford le preocupó que Estados Unidos se viera atrapado en un círculo vicioso de caída de la demanda, despidos y pesimismo. Puesto que ninguno de los modelos de predicción podía abordar las circunstancias que afrontábamos, íbamos a ciegas. Lo único que pudimos decirle fue que aquélla podía ser una recesión basada en las existencias, agravada por el sobresalto del petróleo y la inflación; quizás una Categoría 2 o 3. O tal vez fuera una Categoría 5.

El presidente tenía que tomar una decisión. Con el índice de descontento acercándose al 20 por ciento, el Congreso ejercía una tremenda presión política en pos de una espectacular rebaja fiscal o una inyección masiva de gasto gubernamental. Ése era el modo de afrontar una Categoría 5. Podía reanimar el crecimiento a corto plazo, aunque se corría el riesgo de aumentar más si cabe la inflación, con efectos potencialmente desastrosos a largo plazo. Por otro lado, si nos las veíamos tan sólo con una recesión de existencias, la respuesta óptima -económica, no política- era hacer lo menos posible; si podíamos mantener la mano alejada del botón de alarma, la economía se corregiría sola.

Ford no era un hombre dado al pánico. A principios de enero de 1975, nos dio instrucciones de desarrollar el plan más suave posible. Terminó incluyendo pasos para aliviar la crisis energética, restricciones al crecimiento del presupuesto federal y una única devolución de impuestos para dar un espaldarazo a las familias. La devolución era idea de Andrew Brimmer, un economista del sector privado que en tiempos de LBJ había sido el primer consejero afroamericano de la Junta de la Reserva Federal. Unos días antes de presentar el plan al público, el presidente Ford me interrogó a conciencia sobre si una devolución de impuestos por valor de 16.000 millones de dólares dañaría nuestras perspectivas de crecimiento a largo plazo. Desde un punto de vista económico, la devolución era una respuesta prudente, le dije, y expliqué: «Siempre que sea asunto de una sola vez y no se vuelva permanente, no hará mucho daño.»

Me quedé un tanto sorprendido cuando respondió: «Si eso es lo que cree que debe hacerse, lo propondré.» Desde luego, también consultaba a asesores con más responsabilidad que yo, pero pensé: «Esto es interesante. El presidente de Estados Unidos hace caso de mis consejos.» Me entró una gran sensación de responsabilidad… y gratificación. Ford no me debía nada, políticamente o de otro modo. Tenía ante mí una prueba de que las ideas y los hechos en verdad importaban.

Su programa contenido era económicamente sensato. Cuadraba con mi filosofía propia de toma de decisiones. Al revisar una política, siempre me planteaba la pregunta: «¿Qué coste tendrá para la economía si me equivoco?» Si no hay riesgo de contrapartidas, puedes probar la política que quieras. Si el precio del fracaso es en potencia prohibitivo, deberías evitar esa medida aunque la probabilidad de éxito supere el 50 por ciento, porque no puedes aceptar el coste del fracaso. De todos modos, la decisión que tomó el presidente Ford requería mucho coraje político. Era muy consciente de que tacharían su programa de insuficiente… y de que podía, si se demostraba demasiado suave, prolongar el bajón económico.

Decidí que el CAE debía tratar la situación como una emergencia. El presidente necesitaba saber si nos las veíamos con un susto temporal fruto de las existencias o con un grave colapso de la demanda. La única manera contrastada de medirlo era el producto nacional bruto, una descripción exhaustiva de la economía que la Oficina de Análisis Económico (BEA) derivaba de una inmensa aglomeración de estadísticas. Por desgracia, la BEA producía el PNB sólo una vez por trimestre, a toro pasado. Y no puede conducirse usando un retrovisor.

Mi idea era armar un juego de faros de emergencia: una versión semanal del PNB que nos permitiera observar la recesión a tiempo real. Lo creía posible porque en Townsend-Greenspan habíamos desarrollado un PNB mensual. Atraía a los clientes que debían tomar decisiones y no querían esperar a que se anunciaran las cifras trimestrales oficiales. De modo que los cimientos analíticos estaban ahí; crear una medición semanal significaría ante todo más trabajo. Algunas estadísticas cruciales, como las ventas al por menor y las nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo, ya estaban disponibles de forma semanal, de modo que ésas eran fáciles. Otros datos clave, como las ventas de automóviles o las estadísticas sobre pedidos y envíos de artículos duraderos (material de fábrica, ordenadores, etc.) se comunicaban por lo general cada diez días o una vez al mes. Los datos de existencias también eran mensuales, con la complicación añadida de que los estudios a menudo eran imprecisos y susceptibles de grandes revisiones.

Un modo de llenar esas gigantescas lagunas de información era echar mano del teléfono. A lo largo de los años había construido una extensa red de clientes y contactos en empresas, asociaciones empresariales, universidades y entes reguladores, y muchas de esas personas respondieron con generosidad cuando las llamé para pedir ayuda. Las compañías compartieron información confidencial sobre sus libros de pedidos y planes de contratación; líderes y expertos del mundo empresarial nos orientaron con sus observaciones e ideas. Fuimos capaces de formarnos una imagen más clara de las existencias, por ejemplo, al combinar esa información anecdótica con mediciones sensibles de los precios de las materias primas, las importaciones y exportaciones, los calendarios de entrega y más datos.

Los indicios que reunimos seguían siendo fragmentarios, para nada equiparables al estándar que utilizaba la Oficina de Análisis Económico en el cálculo del PNB para su divulgación pública, pero satisfacía nuestras necesidades especiales. Cuando los economistas y estadísticos de la BEA se enteraron de lo que intentábamos, arrimaron el hombro y nos ayudaron a estructurar nuestro análisis. Al cabo de dos o tres semanas de quemarnos las cejas -nuestro limitado personal también estaba ocupado en la preparación de su evaluación anual de la economía, que se publica a principios de febrero-, el sistema semanal del PNB estaba en marcha. Por fin pude empezar a acudir al presidente Ford con datos actualizados en lugar de estimaciones a ojo.

Los asuntos de política cobraron mucha mayor nitidez después de eso. Todas las semanas, en la reunión ordinaria del Gabinete, ponía al día el panorama de la recesión. A medida que observábamos las cifras de ventas automovilísticas cada diez días, las ventas al por menor semanales, los datos sobre cédulas de habitabilidad y nueva vivienda, los informes detallados procedentes del sistema de prestaciones por desempleo y demás, fuimos convenciéndonos de que nos las veíamos con la variedad más leve de tormenta. Los consumidores, como se comprobó, seguían comprando a un ritmo saludable a pesar de todo lo que habían pasado. Lo que era más importante: las existencias se estaban liquidando a un paso muy rápido, un ritmo que no podría durar mucho tiempo o las empresas no tardarían en quedarse sin mercaderías. Eso significaba que la producción pronto tendría que aumentar para cerrar la distancia con el consumo.

Así, me vi en condiciones de informar al presidente y el Gabinete de que la recesión estaba tocando fondo. Dije, con lo que para mí era certidumbre: «No puedo darle los datos exactos, pero a menos que se produzca un colapso en los mercados de consumo o la vivienda, tiene que suceder de ese modo.» Semana tras semana, los datos eran inequívocos: resultó ser una de esas raras y afortunadas ocasiones de la economía en las que los hechos son claros y puede saberse con certeza lo que pasa. De modo que, cuando en marzo de 1975 me llegó el turno de declarar ante el Congreso, tuve la firmeza de convicción necesaria para poder decir que Estados Unidos avanzaba hacia una recuperación «según lo previsto». Declaré que nos esperaba otro trimestre malo y que el desempleo podía llegar al 9 por ciento, pero aun así ya era posible ser «ligeramente optimistas». Además, desaconsejé los aumentos del gasto o las rebajas fiscales fruto del pánico, que sobreestimularían la economía y desencadenarían otra espiral inflacionaria.

La tormenta política que se abatió sobre el plan económico del presidente esa primavera fue un espectáculo digno de verse. En el Congreso reinaba un miedo tremendo. Yo solía bromear diciendo que tenía que ponerme el chaleco antibalas y una armadura cuando subía a declarar al Capitolio. La revista Newsweek me sacó en su portada de febrero de 1975 bajo el titular «¿Dónde está el fondo?». El congresista Henry Reuss pensaba que Ford, como Herbert Hoover en 1930, nos dejaría precipitarnos hacia una depresión, y aparecía citado diciendo: «El presidente está recibiendo el mismo tipo de consejo económico que le dieron a Herbert Hoover.» Cuando comparecí ante el Comité Presupuestario del Senado, su presidente, Ed Muskie, afirmó que la Administración estaba haciendo «demasiado poco y demasiado tarde». Los congresistas lanzaban propuestas para estimular la economía que hubieran impulsado el déficit hasta los 80.000 millones de dólares y más, una cifra espeluznante para la época. George Meany, presidente de la confederación sindical AFL-CIO, se mostró más vociferante todavía. «Estados Unidos se encuentra en la peor emergencia económica desde la Gran Depresión -declaró-. La situación es ya temible y se vuelve más ominosa con cada día que pasa. Esto no es una simple recesión más, porque no tiene parangón en las cinco recesiones del período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ha dejado muy atrás el punto en que la situación podía corregirse sola. Hace falta una acción masiva del Gobierno.» Meany quería que la Administración incurriera en un déficit de 100.000 millones de dólares, que incluyera enormes rebajas fiscales para las familias de renta baja e intermedia, con el fin de estimular el crecimiento.

Algo que sorprendió a propios y extraños fue la ausencia de protestas públicas. Tras una década de marchas contra la guerra de Vietnam y en pro de los derechos civiles, cualquiera que pudiera haber previsto un paro del 9 por ciento hubiese esperado manifestaciones masivas y barricadas en las calles, no sólo en Estados Unidos sino también en Europa y Japón, donde los problemas económicos eran igual de graves. Y aun así, no se produjeron. A lo mejor el mundo estaba, sin más, demasiado agotado por la crisis del petróleo y la década que había conducido hasta ella. Pero la era de las protestas había pasado. Estados Unidos atravesaba ese período con lo que parecía un nuevo sentido de la cohesión.

El presidente Ford mantuvo a raya la presión y su programa económico al final se convirtió en ley (el Congreso sí elevó la devolución fiscal en casi un 50 por ciento, hasta los 125 dólares por hogar medio). Lo que es más importante: la recuperación empezó cuando le prometió a la ciudadanía que lo haría, a mediados de 1975. El crecimiento del PNB se disparó: para octubre la economía se expandía al ritmo más alto en veinticinco años. La inflación y el desempleo comenzaron a remitir poco a poco. Como suele suceder, la hipérbole política no sólo cesó prácticamente de la noche a la mañana, sino que además las predicciones catastrofistas quedaron olvidadas con prontitud. En julio, superada la crisis, retiramos nuestro programa de supervisión semanal de emergencia del PNB, para gran alivio de la plantilla del CAE.

La desregulación fue el gran logro no debidamente reconocido de la Administración Ford. Cuesta hacerse una idea de lo encorsetada que estaba la empresa estadounidense en aquella época. Líneas aéreas, transportes por carretera, ferrocarriles, autobuses, gasoductos, teléfonos, televisión, corredores de Bolsa, mercados financieros, cajas de ahorros, servicios públicos… todos funcionaban bajo estricta regulación. Las operaciones eran supervisadas hasta el más mínimo detalle. Mi descripción favorita de la situación la hizo Alfred Kahn, un economista bromista de la Universidad de Cornell al que Jimmy Carter puso al mando de la Junta de Aeronáutica Civil y que pasó a la fama como el padre de la Desregulación de las Líneas Aéreas. Hablando en 1978 sobre la necesidad de cambios, Fred no pudo resistirse a hacer un repaso de los millares de decisiones nimias que se requerían de su junta: «¿Puede una compañía de aerotaxi adquirir un avión de cincuenta plazas? ¿Puede una compañía chárter llevar caballos desde Florida hasta algún punto del Noreste? ¿Deberíamos permitir que una compañía regular embarcase clientes de chárter que se han quedado sin vuelo y llevarlos en asientos que de otro modo estarían vacíos, a tarifas de chárter? […] ¿Puede una compañía introducir una tarifa especial para esquiadores pero reembolsar el coste de sus billetes si no hay nieve? ¿Pueden llevar uniformes parecidos los empleados de dos compañías aéreas financieramente afiliadas?» Luego miró a los congresistas y dijo: Acaso es de extrañar que me pregunte todos los días: “¿Es necesaria esta acción? ¿Para esto me educó mi madre?”»

El presidente Ford lanzó su campaña para eliminar semejante locura en un discurso pronunciado en Chicago en agosto de 1975. Prometió a un público del mundo de los negocios «retirar las cadenas a los empresarios estadounidenses» y «mantener al Gobierno federal tan lejos de vuestros negocios, vuestras vidas, vuestras carteras y vuestra vista como me sea posible». La elección de Chicago se antojaba apropiada: la base económica de la desregulación procedía ante todo de Milton Friedman y el resto de inconformistas de la llamada Escuela de Chicago. Esos economistas habían construido un gran e impresionante corpus de trabajo en torno a la teoría de que los mercados y los precios, y no los planificadores centrales, eran los mejores distribuidores de los recursos de la sociedad. La premisa keynesiana que había imperado en Washington desde la Administración Kennedy era que la economía podía gestionarse de forma activa; los economistas de Chicago sostenían que el Gobierno debía intervenir menos, no más, porque la regulación científica era un mito. En ese momento, tras años de estanflación y con el fracaso de los controles de precios y salarios fresco en el imaginario colectivo, los políticos de ambos signos estaban dispuestos a reconocer que la microgestión gubernamental había llegado demasiado lejos. Era hora de hacer menos.

En realidad, en Washington cobró forma un sorprendente consenso sobre política económica, una convergencia de actitudes entre la izquierda liberal y la derecha conservadora. De repente todo el mundo pretendía contener la inflación, recortar el gasto deficitario, reducir la regulación y fomentar la inversión. La campaña desreguladora de Ford tuvo como primer objetivo los ferrocarriles, el transporte por carretera y las compañías aéreas. Y, a pesar de la oposición masiva de empresas y sindicatos, en espacio de unos pocos años el Congreso liberalizó los tres sectores.

Cuesta exagerar la importancia de la desregulación de Ford. Cierto es que la mayor parte de los beneficios tardaron años en evidenciarse: las tarifas de transporte ferroviario, por ejemplo, apenas se movieron un milímetro al principio. Aun así, la desregulación sentó las bases para una enorme oleada de destrucción creadora en la década de 1980: la desintegración de AT amp;T y otros dinosaurios, el nacimiento de nuevas industrias como la de los ordenadores personales y la de los envíos de un día para otro, el boom de las fusiones y adquisiciones en Wall Street y la recreación de empresas serían los sellos distintivos de la era Reagan. Además, como descubriríamos en última instancia, la desregulación también aumentó enormemente la flexibilidad y el aguante de la economía.

Jerry Ford y yo desarrollamos una muy buena relación. Él no cejó en su opinión de que la economía necesitaba más que nada un regreso a la confianza y la calma. Eso suponía mantenerse alejado del intervencionismo agresivo que empezó en tiempos de Kennedy y la legislación abrupta y políticamente reactiva que tanto pánico e incertidumbre sembró en la nación bajo Nixon. Ford quería desacelerar el ritmo de la acción política, calmar el déficit, la inflación y el desempleo y con el tiempo lograr una economía estable y equilibrada de crecimiento paulatino. Dado que ésas eran en muy buena medida mis ideas, el funcionamiento del Consejo de Asesores Económicos devino muy fácil. No nos hacía falta comprobar en todo momento lo que él pensaba. Podíamos reducir un problema a un conjunto de opciones y luego coger el teléfono y decir: «Tenemos la siguiente situación. Éstas son las opciones. ¿Cómo le gustaría actuar: uno, dos, tres o cuatro?» Podíamos sostener una conversación de tres minutos, de la que yo saldría con instrucciones muy claras sobre lo que él quería hacer.

Debo reconocer que estar en el meollo de las cosas era divertido. En enero de 1976, estaba ayudando a Jim Lynn a perfilar la sección económica del discurso del Estado de la Unión del presidente. Las cosas estaban cambiando a toda velocidad y tuvimos que reescribir partes hasta el último momento. Una noche nos encontrábamos trabajando tarde en la Casa Blanca haciendo revisiones, una tarea farragosa porque no había procesadores de texto, y Jim dijo: «Me pregunto cómo me sentiré al dejarlo. A lo mejor estoy fuera de este edificio, con la nariz apretada contra el cristal, preguntándome qué hace toda esa gente tan poderosa.» Rompimos a reír. Sí, estábamos trabajando con tijeras, celo y líquido corrector, pero estábamos escribiendo el discurso del Estado de la Unión.

La Casa Blanca también fue de maravilla para mi tenis. No jugaba desde que era adolescente, pero en cuanto empezó a hacer más calor y la crisis se enfrió, comencé de cero en la pista de la Casa Blanca. Está al aire libre, cerca de la entrada suroeste, y su gran ventaja es que queda completamente oculta por las vallas. Mi contrincante era Frank Zarb, el zar de la energía, que tampoco había jugado al tenis en mucho tiempo, de modo que era una gran suerte que nadie pudiera vernos.

Viajaba de ida y vuelta a Nueva York cada sábado o domingo; regaba las plantas de mi piso y pasaba tiempo con mi madre. Esos viajes no tenían que ver con los negocios: para cumplir las normas sobre conflictos de intereses, me había retirado por completo de las operaciones de Townsend-Greenspan y relegado mi propiedad a un fondo fiduciario «ciego». La compañía estaba en manos de mis vicepresidentas, Kathy Eichoff, Bess Kaplan y Lucille Wu, y la ex vicepresidenta Judith Mackey, que había vuelto temporalmente para echar una mano. Townsend-Greenspan era inusual dentro de las asesorías económicas en cuanto que los hombres trabajaban para las mujeres (teníamos en total unos veinticinco empleados). Mi contratación de mujeres economistas no respondía a criterios de liberación femenina. Tan sólo era de lo más sensato desde un punto de vista empresarial. Yo valoraba a hombres y mujeres por igual, y, a diferencia del resto de patronos, descubrí que las buenas economistas eran menos caras que los varones. Contratar mujeres conseguía dos cosas: daba a Townsend-Greenspan trabajo de calidad superior por el mismo dinero, y elevaba ligeramente el valor de mercado de las mujeres.

Los fines de semana siempre llevaba conmigo algo de trabajo del CAE. Durante la semana, por lo general trabajaba en jornadas de diez a doce horas. Seguía una rutina muy satisfactoria, que empezaba con un baño largo y caliente al amanecer. Ese hábito nació cuando me disloqué la espalda en 1971. Como parte de mi proceso de rehabilitación, mi ortopeda me había recomendado sumergirme en un baño caliente durante una hora todas las mañanas. Descubrí que me gustaba. Era un entorno ideal para el trabajo. Podía leer, podía escribir y gozaba de una perfecta intimidad. Podía procurarme ruido blanco encendiendo el extractor. Con el tiempo se me curó la espalda, pero para entonces el baño era una actividad voluntaria.

Salía por la puerta a las 7.30 de la mañana, y mi piso en el Watergate estaba lo bastante cerca del Old Executive Office Building para ir caminando al trabajo de vez en cuando. Las calles que rodeaban la Casa Blanca eran mucho más plácidas que en tiempos de la Administración Nixon, cuando en las visitas a la ciudad a menudo tenía que abrirme paso entre manifestantes. Mi rutina era muy parecida a la de cualquiera envuelto en la vida pública. El equipo de la Casa Blanca se reunía a las 8.00, la Junta de Política Económica a las 8.30, y luego arrancaba la jornada. Por lo general trabajaba hasta las 7.00, con pausas para el tenis o alguna partida de golf ocasional. El presidente me invitaba de forma periódica a jugar al golf con él en Burning Tree, un club de campo de las afueras de Washington que se hizo famoso por excluir a las mujeres. Hoy en día, ningún presidente podría hacer eso, pero pocos se quejaron a principios de los 70. Luego me iba a cenar o a un concierto, a menudo sentado en el palco presidencial, o me presentaba en alguna recepción. No me tomaba auténticos días libres, pero no me importaba. Estaba haciendo lo que me gustaba.

La recuperación económica dio un gran espaldarazo a las posibilidades de Ford de salir elegido en 1976. Dados los agrios recuerdos públicos del Watergate, el indulto de Nixon, la inflación y la OPEP, muchos expertos empezaron a vaticinar que era prácticamente imposible que ganara Ford o cualquier republicano. Antes de los congresos veraniegos de los partidos, las encuestas lo situaban con más de 30 puntos de desventaja. Sin embargo, la prudencia y ecuanimidad de Ford -y sus resultados- estaban ganando respeto, y esa brecha no tardó en estrecharse.

Me habría interesado un puesto en su nueva administración; a pesar de mi inicial escepticismo sobre el trabajo en el Gobierno, me había convencido de que a veces era posible hacer el bien en Washington. Me habría encantado una oportunidad de ser secretario del Tesoro. Pero cuando me preguntaron en un primer momento si quería participar en su campaña, dije que no. Me parecía inapropiado para un presidente del CAE. Ciertos funcionarios del Gobierno -el secretario de Estado, el fiscal general y el presidente del CAE- no deberían, creía yo, implicarse en la política electoral, porque dirigen instituciones de las que se supone que generan información que no depende del color político. El presidente pensaba que había tomado la decisión correcta.

Con todo, mientras Ford se preparaba para medirse contra Jimmy Carter, aporté sin querer la cantinela que se usó contra el presidente a lo largo de toda la campaña. El debate económico central de la campaña del 76 versaba sobre si la recuperación se había colapsado. Después de crecer a una velocidad extraordinaria durante el primer trimestre del año -a una tasa anual de «tigre» del 9,3 por ciento-, la economía se había enfriado de repente, hasta un índice de crecimiento de menos del 2 por ciento durante el verano. Desde el punto de vista de un economista, no era motivo de preocupación. Dado que una economía moderna participa de tantos componentes móviles, rara vez acelera o desacelera de forma regular, y en ese caso todos los demás indicadores de importancia -la inflación, el desempleo, etc.- pintaban bien.

Expuse esto en una reunión del Gabinete en agosto, usando gráficos para demostrar que esa recuperación era fiel reflejo de las pasadas. «El patrón consiste en avance y pausa, avance y pausa -les dije-. Nos encontramos en uno de esos períodos de pausa. Pero la recuperación básica sigue firme en su sitio, sin ninguna evidencia de deterioro subyacente.» Esas observaciones, transmitidas por el secretario de prensa Ron Nessen a los medios, se demostraron carnaza para los críticos del presidente. Para ellos, «pausa» era el eufemismo de la Administración para decir «hemos fracasado».

De repente se reavivó el debate de principios de 1975, y Ford volvió a verse sometido a una tremenda presión -del Congreso e incluso de su propio equipo de campaña- para que abandonara su compromiso con una recuperación sostenible a largo plazo y diera rienda suelta al estímulo económico. En el debate presidencial de ese octubre, el columnista Joseph Kraft preguntó sin circunloquios: «Señor presidente, el país se encuentra ahora en algo que sus asesores llaman pausa económica. Creo que a la mayoría de estadounidenses eso les suena como un término aséptico para bajo crecimiento, desempleo, parálisis de alto, muy alto nivel, descenso del sueldo neto, menores ganancias para las fábricas, más despidos. ¿No es eso en realidad una hoja de servicios pésima y no recae sobre su Administración la mayor parte de la culpa?» Ford defendió su logro con estoicismo, y la historia le dio la razón: el crecimiento económico siguió acelerando durante otro año entero. Sin embargo, para cuando eso quedó de manifiesto, las elecciones habían llegado y pasado, y Ford había perdido ante Jimmy Carter por un estrecho margen, poco más de 1,5 millones de votos. Años después Henry Kissinger decía para tomarme el pelo: «Tenías razón con lo de la pausa. Es una pena que justamente coincidiera con unas elecciones presidenciales.»

El 20 de enero de 1977, Jimmy Carter fue investido como trigésimo noveno presidente de Estados Unidos. Mientras juraba el cargo delante del Capitolio, yo regresaba a Nueva York en el tren del mediodía.

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4 Ciudadano particular

Nunca es fácil estar en el bando perdedor. Aun así, encontré motivos de sobra para alegrarme de volver a Nueva York. Los servicios de Townsend-Greenspan estaban más solicitados que nunca. Se me abrieron todo tipo de puertas, y acepté todos los compromisos interesantes que me permitió el calendario. Me reincorporé a la Junta de Economistas de la revista Time y al Brookings Panel on Economic Activity, con personas como Walter Heller, Martin Feldstein, George Perry y Arthur Okun. Intensifiqué mi actividad de conferenciante, hasta aparecer dos o tres veces al mes ante empresas, grupos de la patronal y asociaciones, ante todo para hablar de sus negocios y de las perspectivas económicas.

También me vi solicitado como consejero de administración, y me incorporé a las juntas de Alcoa, Mobil, JPMorgan, General Foods, Capital Cities/ABC y más. La gente se une a los consejos de administración del Fortune 500 por muchos motivos, pero el primordial para mí era que me daba la oportunidad de aprender el funcionamiento económico de cosas que son familiares pero nunca he entendido del todo, como el sucedáneo de nata montada Cool Whip y los cereales Post Toasties: hasta que me hice consejero de General Foods, no supe cómo funcionaba el negocio de los alimentos procesados. Townsend-Greenspan había realizado un montón de análisis sobre el trigo, el maíz y la soja, pero nunca de los alimentos que se ven en los anuncios y los supermercados. Por ejemplo, General Foods era propietaria de Maxwell House, una marca dominante de café en aquellos tiempos, antes de que la gente quedara cautivada por Starbucks. Me asombró descubrir (aunque una vez sabido tenía mucho sentido) que los principales competidores de Maxwell House no eran sólo el resto de cafés sino también los refrescos y la cerveza: los comercializadores competían por un segmento de la capacidad estomacal de la nación. General Foods también me hacía sentir próximo a la historia de los negocios: la compañía todavía llevaba el sello de su fundadora, la heredera Marjorie Merriweather Post. Sólo tenía veintisiete años cuando murió su padre y la dejó a cargo de la empresa familiar, la Postum Cereal Company; con el segundo de sus cuatro maridos, el financiero de Wall Street E. F. Hutton, transformó Postum en General Foods. Había fallecido apenas unos años antes de que yo me sumara al consejo de administración, pero su única hija, la actriz Dina Merrill, era una presencia real en la compañía.

Tras todos los años que había pasado estudiando economía empresarial, me seguía costando apreciar lo grandes que eran algunas de esas compañías. Mobil, que en 1977 presentó 26.000 millones de dólares en ventas y ocupaba el número cinco en el Fortune 500, operaba en todas partes: en el mar del Norte, en Oriente Próximo, en Australia, en Nigeria… En mi primera cena con el resto de consejeros ofrecí un brindis en el que incluí una broma que sólo podía apreciar un economista: «Aquí me siento como en casa. Mobil se encuentra en el mismo orden de magnitud que el Gobierno estadounidense: el número 0,1 en un estado contable significa 100 millones de dólares.»

De entre todos los consejos de administración a los que me incorporé, el de JPMorgan fue el que me pareció más interesante. Era la sociedad matriz de Morgan Guaranty, posiblemente el primer banco del mundo a la sazón. La junta era un elenco de la elite empresarial estadounidense: Frank Cary de IBM, Walter Fallon de Eastman Kodak, John Dorrance de Campbell’s Soup, Lewis Foy de Bethlehem Steel… y yo. Nos reuníamos en el 23 de Wall Street, que había construido el mismísimo J. P. Morgan en la época en que reinaba sobre las finanzas del país. En la fachada estilo fortaleza todavía podía apreciarse los orificios del atentado terrorista de 1920, cuando en mitad de una bulliciosa jornada detonaron un carro con tiro de caballos lleno de dinamita y metralla delante del banco, que mató e hirió a docenas de personas. El atentado fue achacado a anarquistas pero nunca se resolvió. Dentro, la empresa había conservado la decoración, con sus techos altos y sus burós. La primera vez que tomé asiento en esa sala de juntas me sentí un poco intimidado. Había un retrato de J. P. Morgan en la pared por encima de la mesa y, desde donde por casualidad me senté, al alzar la cabeza, me miraba directo a los ojos.

Podría haberse esperado que quienes dirigían Morgan estuvieran cargados de pedigríes y formalismos. En cambio, la compañía era una meritocracia. Un buen ejemplo era Dennis Weatherstone, que ascendió a director general en la década de 1980. Dennis no llegó a ir a la universidad; empezó recién salido del politécnico como operador en la sucursal londinense de Morgan. Su éxito poco tuvo que ver con las relaciones sociales, porque no tenía ninguna.

Estar en el consejo de Morgan era una oportunidad maravillosa para aprender el funcionamiento interno de las finanzas internacionales. Me intrigaba, por ejemplo, que mes tras mes el banco sistemáticamente presentase beneficios con el comercio de divisas. Sabía que, gracias a la eficiencia de los mercados de divisas, la predicción de los tipos de cambio de las principales monedas es tan precisa como el pronóstico del resultado del lanzamiento de una moneda. Al final interrogué a la gerencia: «Miren, caballeros, todos los estudios de los que tengo conocimiento dicen que no pueden obtener beneficios sistemáticamente con las divisas.»

«Eso es cierto -explicaron-. Pero no es la predicción lo que nos enriquece. Somos creadores de mercados; sacamos dinero del diferencial entre la cantidad que se ofrece y la que se pide, con independencia de la dirección en que vayan los tipos.» Como eBay en el día de hoy, se llevaban una pequeña comisión de todas las transacciones en las que actuaban de intermediarios, y lo hacían a una escala enorme. Uno de los integrantes del consejo asesor internacional de JPMorgan era un multimillonario saudí llamado Suleiman Olayan. Se trataba de un empresario pocos años mayor que yo que había empezado conduciendo camiones para la petrolera árabe americana Aramco en la década de 1940. En poco tiempo había ampliado aquello hasta convertirlo en un negocio que vendía agua, entre otras cosas, a los perforadores, y ofrecía otros servicios. De ahí se diversificó hacia la construcción y la fabricación; también era el hombre que había introducido los seguros en el reino.

Ya era enormemente rico cuando Arabia Saudí nacionalizó Aramco y se hizo con el control de su propio petróleo. Y, con el auge de la OPEP, se había aficionado a los bancos estadounidenses. Había comprado un 1 por ciento de las acciones no sólo de JPMorgan, sino también de Chase Manhattan, Mellon, Bankers Trust y cuatro o cinco grandes nombres más. Me encantaban él y su mujer, Mary, una americana que trabajaba para Aramco cuando se conocieron. Olayan era una esponja de información, más incluso que yo: no paraba de hacerme preguntas sobre diferentes aspectos de la economía estadounidense.

Nunca le pregunté al respecto, pero más tarde se me ocurrió que estar en el consejo de Morgan tal vez le ofreciera una mejor apreciación de los flujos de petrodólares. Un negocio de primer orden de los bancos estadounidenses en aquella época era ingresar enormes depósitos de beneficios de Arabia Saudí y otros países de la OPEP y buscar sitios, sobre todo en Latinoamérica, para prestar ese dinero. La OPEP no quería asumir los riesgos de invertir su superávit. Los bancos, como tendrían ocasión de lamentar, sí.

Al volver a Nueva York desde la Administración Ford, seguí saliendo con Barbara Walters, a la que había conocido en 1975 cuando vivía en Washington, en un té danzante celebrado por el vicepresidente Nelson Rockefeller. La primavera siguiente, la ayudé a recapacitar sobre una decisión profesional difícil y de mucha relevancia: si dejar el programa Today de la NBC, en el que llevaba trabajando doce años y había ido cobrando importancia hasta convertirse en una copresentadora enormemente popular, para unirse a ABC News, donde sería la presentadora del primer noticiario de tarde de la televisión. Para atraerla, ABC ofrecía un salario récord de 1 millón de dólares al año; como todo el mundo sabe, al final optó por el cambio.

No me siento amenazado por una mujer poderosa; a decir verdad, ahora estoy casado con una. La actividad más aburrida que podía imaginar era salir con una mujer vacua, algo que había aprendido a las malas en mis años de soltería.

Antes de conocer a Barbara, una típica velada mía sería una cena profesional con otros economistas. Barbara, sin embargo, se relacionaba constantemente con personalidades de las noticias, el deporte, los medios y el entretenimiento, y entrevistaba a un abanico increíble de personas, desde Judy Garland a Marnie Eisenhower, de Richard Nixon a Anuar el Sadat. También tenía raíces en el mundo del espectáculo. Su padre, Lou, había sido un importante propietario de clubes nocturnos y productor de Broadway: sus clubes Latin Quarter de Manhattan y Miami Beach eran el equivalente en los 50 del Stork Club de los 30 o, más al caso por esas fechas, el Studio 54 de la era disco.

Durante los varios años en que salimos, y después (seguimos siendo buenos amigos), acompañé a Barbara a montones de fiestas en las que conocí a personas con las que de otro modo nunca habría coincidido. Por lo general la comida me parecía buena, pero la conversación sosa. Por supuesto, es probable que ellos pensaran lo mismo de mí. Los economistas de empresa no son lo que se dice el alma de las fiestas.

Aun así, sí me formé un maravilloso círculo de amistades. Barbara organizó una fiesta para celebrar mis cincuenta años en su casa. Los invitados eran las personas a las que había llegado a considerar mis amigos de Nueva York: Henry y Nancy Kissinger, Oscar y Annette de la Renta, Felix y Liz Rohatyn, Brooke Astor (la conocí como una niña de setenta y cinco años), Joe y Estée Lauder, Henry y Louise Grunwald, «Punch» y Carol Sulzberger y David Rockefeller. Sigo siendo amigo de muchos de ellos hoy en día, más de treinta años después.

La red social de Barbara se extendía hasta Hollywood, por supuesto. Iba por negocios cinco o seis veces al año a Los Ángeles, donde jugaba al golf en el club de campo Hillcrest, el lugar donde Jack Benny, Groucho Marx, Henny Youngman y otros comediantes solían celebrar mesa redonda todos los días a la hora de comer. (Ronald Reagan también era miembro del club.) Aprendí un poco sobre la industria de los medios trabajando para la agencia William Morris, que era cliente de Townsend-Greenspan, y del tiempo que pasé con el legendario productor Lew Wasserman. Además, acompañaba a Barbara a fiestas en Beverly Hills, donde me sentía totalmente fuera de lugar. Nunca olvidaré el momento en que Sue Mengers se me acercó en una fiesta que estaba celebrando para Jack Nicholson y me dio un abrazo. Era con diferencia la agente más poderosa de Hollywood, representante de estrellas como Barbra Streisand, Steve McQueen, Gene Hackman y Michael Caine. «Sé que no te acuerdas de mí», empezó. Luego me explicó que, cuando yo tenía quince años y ella trece, nos juntábamos con otros chicos de Washington Heights en el muro del Riverside Park. «Tú nunca te fijaste en mí, pero yo siempre te admiré», me dijo. Me quedé tan mudo como probablemente me habría quedado a los quince.

Por entretenido que fuera todo eso, no perdí Washington de vista. Jimmy Carter no me necesitaba para nada; coincidimos sólo en un par de ocasiones y nunca congeniamos. (Desde luego, yo había formado parte de la Administración de Ford, a quien él había derrotado.) Pero, desde el retiro de Nueva York, veía mucho que celebrar en el Gobierno. Muchas de las medidas que tomaron la Administración y el Congreso eran las mismas que habría impulsado yo de haber estado allí.

La más importante fue que la Administración Carter siguió adelante con la iniciativa de desregulación que había empezado con Jerry Ford. El proyecto de ley de desregulación de las compañías aéreas, auspiciado por Teddy Kennedy, fue aprobado en 1978. (La mano derecha de Kennedy en ese proyecto fue Stephen Breyer, que se había tomado una temporada sabática de la Escuela de Derecho de Harvard y más tarde sería magistrado del Tribunal Supremo y buen amigo mío.) Después de eso, el Congreso avanzó de manera metódica hacia la liberalización de las telecomunicaciones y media docena de industrias más. La desregulación ejerció un efecto duradero no sólo en la economía sino también en el Partido Demócrata, al poner fin a su dominación por parte del laborismo y abrirlo a la empresa. Sin embargo, por importantes que fuesen esos cambios, el presidente Carter obtuvo poco reconocimiento por ellos, sobre todo por su estilo. A diferencia de Reagan, que sabía presentar la renovación económica como algo enardecedor, Carter daba imagen de vacilante y desanimado: hacía que el cambio pareciese algo que se hacía porque no quedaba más remedio.

La economía no obró a favor de Carter. Durante un año, más o menos, su Administración disfrutó de los beneficios de la recuperación que había comenzado bajo Ford. Luego el crecimiento perdió velocidad y la inflación retomó un ascenso paulatino y ominoso. Proyectaba una nube de incertidumbre sobre las negociaciones salariales y las decisiones de inversión. También afectó al resto del mundo, porque otros países dependían de la estabilidad del dólar, y el dólar se estaba debilitando. A lo largo de todo 1978 la inflación fue incrementándose: desde el 6,8 por ciento de principios de año hasta el 7,4 en junio y el 9 para Navidad. Después, en enero de 1979, los fundamentalistas islámicos derrocaron al sha de Irán y empezó la segunda crisis del petróleo. Mientras en las gasolineras se formaban colas por culpa de los controles del precio del combustible, la economía empezó a trazar una espiral descendente hacia otra recesión y la inflación cruzó una vez más la barrera de los dos dígitos, hasta alcanzar el 12 por ciento en otoño.

No es que Carter no lo intentara. Su Administración propuso nada menos que siete programas económicos. Pero ninguno fue lo bastante fuerte para contener lo que se estaba convirtiendo a marchas forzadas en una crisis. De mis conversaciones con mis amigos y contactos profesionales en la Administración, creía entender su problema. Carter se sentía obligado a serlo todo para todo el mundo. De modo que proponía nuevos programas sociales a la vez que intentaba reducir el déficit, rebajar el desempleo y recortar la inflación. Entre todos esos objetivos en buena medida incompatibles, el control de la inflación era el más fundamental para la prosperidad a largo plazo. Bajo Carter nunca recibió la prioridad que merecía. Ése fue el análisis que presenté a The New York Times a principios de 1980. Comparé la posición de Carter con la del presidente Ford: «Nuestra política general fue que, hasta acabar con la inflación, no íbamos a hacer nada más.»

La Reserva Federal -independiente por ley de la Casa Blanca- sólo parecía hacerse eco de la indecisión de Carter. Mi viejo mentor Arthur Burns y su sucesor, Bill Miller, siguieron tratando de encontrar un término medio en política monetaria que reconciliase necesidades económicas contradictorias. No querían facilitar tanto el crédito que dieran más alas a la inflación, pero tampoco querían dificultarlo tanto que ahogaran la economía hasta provocar otra recesión. Por lo que me era dado entender, ese término medio que buscaban no existía.

Sin embargo, me encontraba en minoría. Para los más, el peligro para la economía no estaba claro. En Washington cundía la sensación de que, puesto que era imposible bajar la inflación sin causar más paro, el precio no valía la pena.

Algunos, en la derecha y en la izquierda, empezaron incluso a sostener que una inflación de un orden tan elevado como, pongamos, el 6 por ciento al año, podía ser llevadera; al igual que en Brasil, podíamos indexar los salarios en consonancia. (Como cualquier buen economista habría previsto, Brasil acabó más tarde con una inflación del 5.000 por ciento y un colapso económico total.) Esa complacencia se hacía extensiva incluso a Wall Street. Se apreciaba con máxima claridad en el mercado de los bonos, que, por bien que se lleve menos titulares que su escandaloso primo el mercado de valores, es más grande incluso (Según la Securities Industry and Financial Markets Association, el mercado de bonos de Estados Unidos en 1980 presentaba un valor total de 2,24 billones de dólares, frente a los 1,45 billones del mercado bursátil. A finales de 2006, las cifras eran de 27,4 billones y 21,6 billones, respectivamente). Los tipos de interés sobre bonos del Tesoro a diez años, uno de los mejores indicadores de las expectativas de inflación a largo plazo de los inversores, ascendieron con bastante regularidad hasta el verano de 1979, pero sólo modestamente por encima de sus valores de 1975. Eso daba a entender que los inversores seguían apostando por que la economía estadounidense era resistente a la inflación… y el problema de algún modo desaparecería sin más.

Las colas de las gasolineras fueron lo que despertó a todo el mundo de sopetón. La llegada al poder de los ayatolás de Irán y la consiguiente guerra Irán-Irak redujo la producción de petróleo en millones de barriles al día, y la escasez resultante ante el surtidor tuvo un escalofriante efecto de cascada. Los cortes de suministro hicieron subir los precios del petróleo lo bastante para espolear más aún la inflación, y los precios altos aumentaron más si cabe la inestabilidad al poner a los bancos en la situación de tener que reciclar incluso más petrodólares. El salto de la inflación por fin obligó al presidente Carter a tomar medidas. En julio de 1979 reorganizó su Gabinete y a la vez nombró a Paul Volcker para sustituir a Bill Miller en la presidencia de la Reserva Federal. En los años transcurridos desde que conociera a Paul como flamante licenciado de Princeton, había ido escalando posiciones hasta hacerse presidente de la Fed de Nueva York, el banco más importante del Sistema de la Reserva Federal. Más tarde salió a la luz que, hasta el momento de nombrarlo, Carter ni siquiera sabía quién era Volcker; David Rockefeller y el banquero de Wall Street Robert Roosa lo habían encarecido ante el presidente como la elección necesaria para calmar al mundo financiero. Volcker plasmó el pesimismo del momento cuando al jurar su cargo dijo: «Nos encontramos cara a cara con dificultades económicas realmente únicas en nuestra experiencia. Hemos perdido aquella euforia que teníamos hace 15 años, la de creer saber todas las respuestas al manejo de la economía.»

Volcker y yo no éramos amigos personales. Con sus dos metros de estatura y su omnipresente puro, causaba una honda impresión, pero en la conversación siempre se me antojó introvertido y reservado. Ni jugaba al tenis ni al golf; en lugar de eso, le gustaba ir a pescar con mosca por su cuenta. Para mí estaba envuelto en cierto halo de misterio. Desde luego, saber jugar con las cartas bien tapadas es un punto a favor de un banquero central, y era evidente que bajo aquella fachada excéntrica Paul tenía una extraordinaria fuerza de carácter. Habiendo sido funcionario durante la mayor parte de su carrera, no tenía mucho dinero. Mantuvo a su familia en su casa de las afueras de Nueva York durante toda su presidencia de la Reserva Federal. Lo único que tenía en Washington era un minúsculo apartamento: me invitó una vez a principios de los 80 para hablar de la crisis de la deuda mexicana, y estaba lleno de montones de periódicos viejos y demás trastos propios de un piso de soltero.

Desde el momento en que juró el cargo, Volcker supo que su cometido era, como diría más tarde, «matar el dragón inflacionario». No tuvo mucho tiempo para preparativos. Llevaba apenas dos meses de presidente de la Fed cuando estalló una crisis: los inversores de todo el mundo empezaron a inundar el mercado de bonos a largo plazo. El tipo de interés sobre los bonos del Tesoro a diez años saltó hasta casi el 11 por ciento el 23 de octubre. De repente los inversores empezaron a imaginarse una espiral inflacionaria inducida por el petróleo que llevaría a colapsos en el comercio, una recesión global o algo incluso peor. Todo eso empezó a suceder mientras Volcker se encontraba en una reunión del FMI en Belgrado, a la que había acudido a hacer un discurso. Dejó a medias su viaje -de modo muy parecido a como haría yo años más tarde en el Lunes Negro de 1987, cuando la Bolsa se derrumbó- y corrió a convocar una reunión de emergencia del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) para la mañana del sábado.

Lo que pergeñó ese sábado fue, posiblemente, el cambio de política económica más importante en cincuenta años. El comité decidió a instancias suyas que dejaría de intentar ajustar la economía centrándose en los tipos de interés a corto plazo; en lugar de eso, tomaría medidas drásticas contra la cantidad de dinero disponible en la economía.

La oferta monetaria, medida entonces con una estadística llamada M1, consiste ante todo en la moneda en circulación y los depósitos a la vista, tales como las cuentas corrientes. Cuando el dinero se expande más rápido que el total de artículos y servicios producidos -en otras palabras, cuando demasiados dólares persiguen a demasiado pocos bienes-, el dinero de todo el mundo tiende a valer menos; es decir, que los precios suben. La Fed podía controlar indirectamente la oferta de dinero controlando la base monetaria, principalmente el efectivo y las reservas de los bancos. Los monetaristas como el legendario Milton Friedman llevaban mucho tiempo sosteniendo que hasta contener la oferta monetaria no se habría domado la inflación. Sin embargo, la medicina necesaria para conseguirlo se consideraba extremadamente amarga. Nadie sabía hasta qué punto sería preciso tirar de las riendas de la base monetaria o cuán elevada tendría que ser la subida asociada de los tipos de interés a corto plazo, antes de ahogar la inflación. Significaría con casi total seguridad más desempleo, probablemente una profunda recesión y posiblemente un gran estallido de disturbios sociales. El presidente Carter respaldó a Volcker en la primavera de 1980 y declaró que la inflación era el problema número uno del país. Eso llevó al senador Ted Kennedy, a la sazón rival de Carter para la candidatura a la presidencia, a quejarse de que la Administración no estaba prestando la suficiente atención a los pobres o a las rebajas fiscales. Para octubre, con las elecciones a un tiro de piedra, el propio Carter había empezado a recular. También él se puso a hablar de recortes de impuestos y criticó a la Reserva Federal por jugárselo todo a la carta de una política monetaria estricta.

Para hacer lo que hizo Volcker era necesario un coraje extraordinario; lo pensé en su momento y lo creí con mayor firmeza incluso al convertirme a mi vez en presidente de la Fed. Aunque rara vez comentamos su experiencia de aquellos acontecimientos, puedo imaginarme lo duro que fue para él precipitar Estados Unidos a la brutal recesión de principios de los 80.

Las consecuencias de su política fueron más severas incluso de lo que Volcker había esperado. En abril de 1980 los tipos de interés de Estados Unidos subieron hasta superar el 20 por ciento. Los coches se quedaban sin vender, las casas sin construir, y millones de personas perdieron su trabajo: el paro ascendió hasta rozar el 9 por ciento a mediados de 1980, rumbo al 11 por ciento que estaría a punto de alcanzar para finales de 1982. A principios de 1980, el despacho de Volcker se inundó de cartas de personas que se habían quedado en la calle. Los constructores le enviaron a él y otros funcionarios tablones partidos para simbolizar las casas que eran incapaces de construir. Los vendedores de coches mandaban llaves en representación de los vehículos que no habían vendido. Sin embargo, para mediados de año, tras alcanzar un tope de casi el 15 por ciento, la inflación empezó a descender poco a poco. Los tipos de interés a largo plazo también comenzaron a menguar tímidamente. Aun así, harían falta tres años para que la inflación quedara plenamente controlada. La miseria económica, sumada a la crisis de los rehenes iraníes, costó a Jimmy Carter las elecciones de 1980.

De los tiempos de Ford yo era el economista republicano ex oficio de mayor responsabilidad: el último que había ocupado un cargo público de alto nivel. De modo que era natural que me implicase en la campaña de Ronald Reagan. No era ningún obstáculo que Ford y Reagan hubieran competido cuatro años antes por la candidatura republicana de 1976. Mi viejo amigo y aliado Martin Anderson se unió al equipo de Reagan -Marty había pasado los años post Nixon como miembro de la Hoover Institution- y yo también retomé mi antiguo cometido de campaña. Marty era asesor jefe de política interior, un puesto a jornada completa en la plataforma electoral, y yo era consultor no retribuido del equipo, a tiempo parcial, una relación muy parecida a la que había tenido con la campaña de Nixon en 1968.

Trabajaba básicamente desde Nueva York, pero de vez en cuando tomaba un avión y pasaba unos días con la campaña. Fue en uno de esos viajes, a finales de agosto, cuando realicé sin querer la que probablemente fue mi contribución más importante a la elección de Ronald Reagan. A esas alturas ya había recibido la nominación republicana y había intensificado sus críticas a la Administración Carter. Hablando en una comida del sindicato del transporte en Ohio, declaró que las vidas de los trabajadores se habían visto despedazadas por «una nueva depresión: la depresión Carter». Eso, por supuesto, era técnicamente incorrecto: yo había escrito buena parte de ese discurso, y la fórmula había sido «una de las principales contracciones económicas de los últimos cincuenta años». Reagan lo había cambiado al vuelo. Marty Anderson y yo nos afanamos por explicar a los periodistas esa tarde que el gobernador se había confundido. Lo que de verdad quería decir era «una severa recesión».

Reagan nos dio las gracias por aclarar las cosas, pero también se mantuvo en sus trece. Cuando los demócratas empezaron a echarle en cara su error, dijo a los periodistas: «Por lo que a mí respecta, la línea entre recesión y depresión no puede medirse en términos estrictamente económicos, sino que debe calibrarse en términos humanos. Cuando nuestros trabajadores -incluidos los desempleados- deben soportar la peor miseria desde los años 30, yo creo que deberíamos reconocer que ellos lo consideran una depresión.» Me impresionó el modo en que había sabido dar la vuelta a un error en su beneficio político.

Di por sentado que con eso se acabaría el asunto, pero al parecer el episodio puso en marcha una asociación de la memoria de Reagan. A la semana siguiente añadió un nuevo golpe de efecto a su discurso electoral. Empezaba diciéndole al público que el presidente se agazapaba detrás de un diccionario. «Si es una definición lo que quiere, yo le daré una -proseguía Reagan-. Una recesión es cuando tu vecino pierde su trabajo. Una depresión es cuando pierdes el tuyo. ¡Y la recuperación viene cuando Jimmy Carter pierde el suyo!»

Al público le encantó, y se convirtió en una de sus citas más repetidas. Había que reconocérselo a Reagan: aunque en realidad no fuera el presidente Carter quien había corregido su economía y aunque las dos primeras cláusulas de la parrafada fueran un viejo chiste de Harry Truman, Reagan había convertido el episodio en una divertida y potente anécdota de campaña.

Lo que me atraía de Reagan era la claridad de su conservadurismo. Había otra sentencia que a menudo utilizaba en sus mítines: «El Gobierno existe para protegernos a los unos de los otros. Donde el Gobierno se ha extralimitado es al decidir protegernos de nosotros mismos.» Un hombre que habla en semejantes términos tiene claro lo que cree. En aquellos tiempos era muy raro encontrarse a conservadores que no se salieran por la tangente al tratar temas sociales. Pero el tipo de conservadurismo de Reagan consistía en decir que el amor con mano dura es bueno para el individuo y bueno para la sociedad. Esa proposición parte de un juicio sobre la naturaleza humana. Si es cierto, entonces conlleva mucho menos apoyo del gobierno para los oprimidos. Aun así, la corriente dominante de los republicanos tenía un conflicto para pensar o hablar en esos términos, porque parecían contrarios a los valores judeocristianos. No era el caso de Reagan. Como Milton Friedman y otros libertarios tempranos, nunca daba la impresión de estar intentando situarse en los dos lados del problema. No es que no hubiera comprensión para las personas que, sin tener la menor culpa, se encontraban en apuros; tampoco se encontraría a nadie más deseoso de ayudar en persona a los oprimidos que los libertarios; pero ése no era el papel del gobierno, según Reagan. El amor con mano dura, a la larga, es amor.

Un poco más adelantada la campaña, me metieron en el avión con Reagan durante un vuelo de punta a punta del país. Me encomendaron una tarea muy concreta. Se acercaban los debates electorales, y a los principales asesores del gobernador les preocupaban las críticas de que Reagan en ocasiones parecía desentenderse de los hechos. Martin Anderson me preguntó si aprovecharía un vuelo a través del país para instruir a consciencia al candidato: no sólo sobre la economía, sino sobre todos los temas nacionales significativos. «Sabe que fuiste un buen asesor para Ford -me dijo Marty-. Te escuchará.» Cuando accedí, Marty sacó un dossier y me lo pasó. Era una carpeta etiquetada como Política Interior que debía de tener medio centímetro de grosor. Me dijo: «Tú asegúrate de tocar todos los temas.»

Estudié el material y, ese mismo día, cuando embarcamos en el vuelo, el equipo de Reagan me sentó ante una mesa delante del gobernador, con Marty a su lado. Me di cuenta de que habían tenido el detalle de proporcionar una copia del tomo encuadernado a todos los presentes. Sin embargo, Reagan estaba comunicativo y, para cuando el avión despegó, iba planteando preguntas afables sobre Milton Friedman y otros conocidos mutuos. La conversación floreció a partir de ahí. Creo que en el transcurso de ese vuelo oí más anécdotas inteligentes que en cualquier otro período de cinco horas de mi vida. Marty no paraba de lanzarme miraditas, pero no conseguí que Reagan abriese el dossier. Intenté en un par de ocasiones llevar la conversación por esos derroteros, y al final me rendí. Cuando aterrizamos, dije: «Gracias, gobernador. He disfrutado mucho de este viaje.» Y Reagan contestó: «Ah, ya sé que a Marty no le gusta que no haya abierto su libro.»

Su temperamento me fascinaba. Llevó a la presidencia una alegría y benevolencia que nunca flaqueaban, aunque tuviera que vérselas con una economía disfuncional y el peligro global de una guerra nuclear. Almacenados en la cabeza debía de tener cuatrocientas anécdotas y dichos; aunque la mayoría eran chistosos, era capaz de recurrir a ellos al instante para transmitir una idea política o ejecutiva. Era una variedad extraña de inteligencia, y la usó para transformar la imagen que el país tenía de sí mismo. Con Reagan, los estadounidenses pasaron de creer que eran una antigua gran potencia a recobrar la confianza.

Sus anécdotas a veces tenían retranca. En el avión me contó una que parecía hecha a mi medida. Empezaba con Leonid Brezhnev pasando revista durante el desfile del Primero de Mayo ante el Mausoleo de Lenin, rodeado de subalternos. Ahí está el poderío militar de la Unión Soviética al completo. Primero pasan los batallones de tropas de elite, soldados imponentes, todos de metro ochenta y cinco, marchando con absoluto acompasamiento. Detrás mismo de ellos llegan falanges de cañones y tanques último modelo. Luego desfilan los misiles nucleares: es una demostración de fuerza sobrecogedora. Sin embargo, después de los misiles llega una cola de seis o siete civiles, desaliñados, mal vestidos, totalmente fuera de lugar. Un asesor se acerca corriendo a Brezhnev y suplica perdón. «Camarada secretario, mis disculpas, no sé quién es esa gente ni cómo se ha colado en nuestro desfile.»

«No te preocupes, camarada -responde Brezhnev-. Yo soy el responsable. Son nuestros economistas, y ni te imaginas el daño que pueden hacer.»

Tras el chiste estaba la inveterada desconfianza de Reagan hacia los economistas que fomentaban lo que él veía como interferencia destructora del Gobierno en el mercado. Era, por supuesto, un incondicional del libre mercado hasta las cachas. Quería derribar las barreras en la economía. Aunque sus conocimientos de la materia no eran muy profundos ni sofisticados, entendía la tendencia de los mercados libres a corregirse solos y el fundamental poder creador de riqueza del capitalismo. Confiaba en que la mano invisible de Adam Smith fomentaba la innovación y además producía resultados que en general percibía como justos. Por eso en ocasiones tenía sentido dejar cerrado el dossier teórico. El énfasis de Reagan en la perspectiva general le ayudó a derrotar a un presidente que parecía encadenado a la microgestión (Años más tarde, descubrí que a Reagan siempre le preocupó que sus asesores lo «sobreinformaran»; en la campaña de 1984, culpó a la sobreinformación de su pobre imagen contra Mondale en el primer debate televisado).

Mi participación en la campaña me convirtió en actor secundario en la elección de pareja de candidatura de Reagan, un drama que se representó en el congreso republicano de finales de julio. Para entonces, Reagan tenía la nominación bien atada, pero la carrera contra el presidente Carter parecía reñida. Las encuestas indicaban que la elección de aspirante a vicepresidente podía resultar crucial. En concreto, una candidatura de Ronald Reagan y Jerry Ford ganaría 2 o 3 puntos porcentuales, suficiente para triunfar.

Me enteré de eso en pleno congreso, que ese año se celebraba en Detroit. Reagan tenía una suite en el piso sesenta y nueve del Renaissence Center Plaza Hotel, y el martes de la semana del congreso nos hizo llamar a Henry Kissinger y a mí a su habitación para preguntarnos si tantearíamos al ex presidente. Él y Ford habían sido rivales políticos durante años, pero habían enterrado el hacha de guerra varias semanas atrás, cuando Reagan lo había ido a visitar a Palm Springs. Era evidente que el gobernador había abordado entonces la idea de una candidatura conjunta; y si bien Ford había dicho que no, también le había dejado claro que quería contribuir a la derrota de Jimmy Carter. Reagan nos dijo que le había planteado a Ford la posibilidad de la vicepresidencia en un momento anterior de ese mismo día y que ahora nos metía a nosotros porque nos habíamos contado entre sus asesores de más confianza (Kissinger, huelga decir, había sido su secretario de Estado).

Ford se alojaba en una suite apenas un piso por debajo de la de Reagan, y Henry y yo llamamos y preguntamos si podíamos pasar a verlo. Nos reunimos con él y charlamos un ratito esa noche. Volvimos la tarde siguiente para que Henry pudiera presentar una lista de puntos de debate sobre la vicepresidencia escrita por el asesor de Reagan Ed Meese y otros integrantes de su equipo. Dado que un ex presidente nunca había ocupado la vicepresidencia, estaban ideando unas atribuciones ampliadas que hicieran el cometido atractivo y apropiado para Ford. De acuerdo con su propuesta, Ford sería el jefe de la oficina ejecutiva del presidente, con poderes sobre la seguridad nacional, el presupuesto federal y más. En la práctica, mientras que Reagan sería el director general de Estados Unidos, Ford sería su director de operaciones.

Personalmente, yo esperaba que Ford aceptase; creía que la nación necesitaba de sus habilidades. Sin embargo, si bien sentía el tirón tanto del deber como de los focos, Ford era escéptico acerca del funcionamiento en la práctica de una «supervicepresidencia». Para empezar, suscitaba interrogantes constitucionales: el papel rebasaba a todas luces lo que los Fundadores habían previsto. Por si eso fuera poco, dudaba que cualquier presidente pudiera o debiera aceptar una dilución de poder en el desempeño del cargo que había jurado. Tampoco tenía claro el regreso a Washington. «Llevo cuatro años sin ningún cargo, y tengo una vida maravillosa en Palm Springs», nos dijo. Aun así, era verdad que quería ayudar a echar a Carter, a quien tenía por un presidente débil. Hubo muchos tiras y aflojas entre ambos bandos, y hacia el final del día Ford nos dijo: «La respuesta ahora sigue siendo no, pero me lo pensaré.»

Los rumores de una «candidatura de ensueño» Reagan-Ford, entretanto, campaban entre los asistentes al congreso. Cuando Ford realizó una aparición programada de antemano en el informativo CBS Evening News, Walter Cronkite le preguntó a las claras por la posibilidad de una «copresidencia». Ford respondió con su característica franqueza. Jamás regresaría como «vicepresidente decorativo», dijo. «Tengo que ir allí con la certeza de que desempeñaré un papel significativo en todos los ámbitos y en las decisiones básicas, cruciales e importantes.»

Se dice que eso enfureció a Reagan, que estaba mirando la entrevista. No podía creerse que Ford aireara su negociación privada en la televisión nacional. Pero para entonces creo que ambos hombres estaban concluyendo que redefinir el cometido del vicepresidente era una tarea demasiado importante y compleja para acometerla al vuelo. Henry, ya lanzado a la diplomacia de puente aéreo, esperaba seguir con las conversaciones el jueves, pero tanto Reagan como Ford sabían que prolongar la incertidumbre perjudicaría la imagen del candidato. De modo que Ford tomó una decisión. Fue a la suite de Reagan alrededor de las diez y le dijo que podía ayudar más a la candidatura haciendo campaña como ex presidente a favor de Reagan que como compañero de cartel. «Fue un caballero -dijo Reagan más tarde-. Tengo la impresión de que ahora somos amigos.» Seleccionó enseguida a George H. W. Bush como candidato a la vicepresidencia y lo anunció esa misma noche.

No esperaba un cometido en la nueva administración y no estaba seguro de desearlo. Al entrar en la Casa Blanca, Reagan tenía más personas con talento y experiencia que puestos donde colocarlas. Eso podía suponer un problema o una oportunidad, según lo que se hiciera al respecto. Anderson, que había sido nombrado asistente del presidente para el desarrollo de política interior, gusta de bromear diciendo que fue a ver a Reagan y Meese, que dirigía la transición, y les dijo: «Tenemos a estas personas increíbles pero, si no las usamos prontito, nos atacarán.» En vez de disolver el equipo que le había ayudado a ganar, Reagan instituyó un grupo consultivo llamado Junta de Política Económica. La presidía George Shultz, e incluía a Milton Friedman, Arthur Burns, Bill Simon, yo y varios economistas destacados más.

Uno de los primeros cargos de nivel ministerial que recibió su nombramiento fue David Stockman, el director del Presupuesto. Reagan había hecho las promesas electorales de bajar los impuestos, reforzar el Ejército y recortar el tamaño del Gobierno. La estrategia previa a la investidura consistía en dar ventaja de partida a Stockman con el presupuesto, para poder presentar los severos recortes a los miembros entrantes del Gabinete como un hecho consumado. Stockman era un congresista brillante y ambicioso de treinta y cuatro años procedente del Michigan rural, que disfrutaba siendo la avanzadilla de lo que llegó a conocerse como la Revolución Reagan. En sus discursos Reagan había comparado la reducción del Gobierno a la aplicación de la disciplina paterna: «Sabéis, podemos sermonear a nuestros hijos sobre el despilfarro hasta quedarnos afónicos. O podemos curar su despilfarro sencillamente reduciéndoles la paga.» En la versión de Stockman esta filosofía tenía un nombre más aguerrido: se llamaba «matar de hambre a la bestia».

Trabajé codo con codo con Stockman durante la transición, mientras daba forma a un presupuesto que era duro como el acero. Y estaba presente el día, poco antes de la investidura, en que se lo presentó a Reagan. El presidente dijo: «Sólo dime una cosa, David: ¿tratamos igual a todo el mundo? Tienes que ser igual de puñetero en los recortes con todo el mundo.» Stockman le aseguró que era así, y Reagan le dio el visto bueno.

La Junta de Política Económica se vio llamada a la acción antes de lo que nadie habría esperado. La piedra angular de los recortes fiscales de Reagan era un proyecto de ley que habían propuesto el congresista Jack Kemp y el senador William Roth. Reclamaba una drástica reducción del 30 por ciento, a tres años, de los impuestos sobre las personas y también las empresas, y estaba diseñado para despertar a la economía de la crisis, que entraba ya en su segundo año. Yo creía que, si el gasto se contenía tanto como se proponía y, siempre y cuando la Reserva Federal siguiera imponiendo un estricto control de la oferta monetaria, el plan era creíble, aunque sería difícil de vender. Ése era también el consenso del resto de la junta económica.

Pero Stockman y Don Regan, el secretario del Tesoro entrante, empezaban a tener dudas. Recelaban del creciente déficit federal, que ya superaba los 50.000 millones de dólares al año, y empezaron a decirle discretamente al presidente que debía aplazar cualquier rebaja fiscal. En lugar de eso, querían que tratara de conseguir que el Congreso recortara antes el gasto, para luego ver si el ahorro resultante daba cabida a las bajadas de impuestos.

Siempre que esas recomendaciones de aplazamiento se intensificaban, George Shultz convocaba la junta de asesoramiento económico en Washington. Sucedió cinco o seis veces durante el primer año de Reagan. Nos reuníamos en la Sala Roosevelt de 9.00 a 11.00 de la mañana y comparábamos nuestras evaluaciones del panorama económico. A las 11.00 en punto, se abría la puerta y entraba Reagan. Nuestro grupo lo informaba directamente a él. Y le decíamos: «Bajo ninguna circunstancia debería postergar la rebaja fiscal.» Él sonreía y bromeaba; Shultz, Friedman y otros eran viejos amigos suyos. Reagan y Stockman, que tenían permiso para asistir a las reuniones pero no para tomar asiento a la mesa de juntas o votar, se sentaban pegados a la pared y rabiaban. Entonces se levantaba la sesión y Reagan se marchaba, reforzado en su determinación de propulsar sus rebajas fiscales. Al final, por supuesto, el Congreso aprobó una versión de su plan económico pero, como rehuyó la necesaria limitación del gasto, el déficit siguió siendo un enorme y creciente problema.

Ese primer año desempeñé un modesto papel en otra decisión presidencial: no entrometerse en la Reserva Federal. A Reagan le instaban a hacerlo muchas personas de ambos partidos, entre ellas varios de sus principales asesores. Con los tipos de interés de dos dígitos entrando ya en su tercer año, la gente quería que la Fed ampliara el crecimiento de la oferta monetaria. No es que Reagan pudiera ordenarle al presidente de la Reserva Federal que lo hiciera, pero, rezaba la teoría, si criticaba en público a la Fed, quizá Volcker se sintiera obligado a aflojar.

Siempre que surgía esa cuestión, yo le decía al presidente: «No presione a la Fed.» Para empezar, la política de Volcker parecía correcta: la inflación en verdad parecía estar siendo controlada poco a poco. Además, una desavenencia declarada entre la Casa Blanca y la Fed sólo podía alterar la confianza de los inversores y así frenar la recuperación.

Volcker no le puso las cosas fáciles al nuevo presidente. Nunca habían coincidido y, al cabo de unas semanas de asumir el cargo, Reagan quiso que se conocieran. Para evitar dar la impresión de que convocaba al presidente de la Reserva Federal a la Casa Blanca, preguntó si podría ir a ver a Volcker a la Fed, sólo para que éste le hiciera llegar la respuesta de que semejante visita sería «inapropiada». Me quedé atónito: no veía cómo podía poner en entredicho la independencia de la Fed una visita del presidente.

Pese a todo, Reagan insistió, y al final Volcker transigió expresando su disposición a encontrarse en el Departamento del Tesoro. La frase inicial del presidente en su comida en el despacho de Don Regan se incorporó a la leyenda de Reagan. Le dijo a Volcker con tono suave: «Tengo curiosidad. La gente me pregunta para qué necesitamos una Reserva Federal.» Me cuentan que Volcker se quedó boquiabierto; tuvo que recuperarse antes de replicar con una persuasiva defensa de la institución. Es evidente que satisfizo a Reagan, que retomó su característica cordialidad. Había comunicado que la Ley de la Reserva Federal era susceptible de cambios. Desde ahí los dos hombres cooperaron con discreción. Reagan proporcionó a Volcker la cobertura política que necesitaba; por mucho que la gente se quejase, el presidente tomó el hábito de no criticar nunca la Fed. Aunque Volcker era demócrata, cuando terminó su presidencia en 1983, Reagan volvió a nombrarlo.

A finales de 1981, Reagan me pidió que llevara la batuta en la atención a un quebradero de cabeza colosal que llevaba años cocinándose: la Seguridad Social se estaba quedando sin dinero. Durante la Administración Nixon, cuando el programa parecía rebosante de reservas, el Congreso había dado el fatídico paso de indexar las prestaciones a la inflación. A medida que ésta se disparó durante los años 70, también lo hicieron los aumentos de los cheques de la Seguridad Social para adaptarlos al coste de la vida. El sistema pasaba por tales apuros financieros que iba a hacer falta un añadido de 200.000 millones de dólares a fecha tan temprana como 1983 para mantener el programa a flote. Las perspectivas a largo plazo parecían incluso peores.

Reagan había evitado hablar de la Seguridad Social con algún detalle durante su campaña; cuando surgía la cuestión, se limitaba a prometer que conservaría el sistema. Y no es de extrañar. La Seguridad Social es verdaderamente el tercer raíl de la política estadounidense. No había nada más explosivo que una reforma de la Seguridad Social: todo el mundo sabía que, por mucho que la disfrazasen, cualquier solución al final iba a pasar por subir los impuestos o rebajar las prestaciones de un bloque enorme y poderoso de votantes, o las dos cosas.

Aun así el problema era grave, y los dirigentes de ambos partidos entendían que había que hacer algo; eso, o afrontar la probabilidad de no poder mandar los cheques a treinta y seis millones de ciudadanos jubilados y discapacitados estadounidenses. Se nos acababa el tiempo. El gambito inicial de Reagan, en su primer presupuesto, fue proponer una reducción de 2.300 millones de dólares en los desembolsos de la Seguridad Social. Eso desencadenó semejante avalancha de protestas que se vio obligado a dar marcha atrás. Tres meses más tarde volvió por sus fueros, con una propuesta de reforma que recortaría 46.000 millones en prestaciones a lo largo de cinco años. Pero estaba claro que un compromiso de ambos partidos era la única esperanza. Así nació la Comisión Greenspan.

La mayoría de comisiones, por supuesto, no hacen nada. Pero Jim Baker, el arquitecto de ésta, creía con apasionamiento que era posible lograr que el Gobierno funcionase. La comisión que construyó fue una demostración magistral de cómo obtener resultados en Washington. Era un grupo formado por ambos partidos, con cinco miembros escogidos por la Casa Blanca, cinco por el líder de la mayoría del Senado y cinco por el presidente de la Cámara de representantes. La práctica totalidad de los miembros eran primeras espadas en su campo. Había pesos pesados del Congreso como Bob Dole, presidente del Comité de Finanzas del Senado, Pat Moynihan, el brillante senador inconformista de Nueva York, y Claude Pepper, el congresista de Florida de ochenta y un años sin pelos en la lengua que era un icono de la Tercera Edad. Lane Kirkland, el cabeza de la confederación sindical AFL-CIO, era miembro y se convirtió en un buen amigo; también lo era Alexander Trowbridge, director de la Asociación Nacional de Fabricantes. El presidente de la Cámara Tip O’Neill nombró al jefe de los demócratas, Bob Ball, que había dirigido la Administración de la Seguridad Social para LBJ. Y Reagan me nombró presidente a mí.

No entraré en las complejidades de demografía y finanzas que vencimos o los debates sobre política y las sesiones que se comieron más de un año. Dirigí la comisión con el espíritu que Jim Baker había imaginado, con miras a un compromiso eficaz entre ambos partidos. Dimos cuatro pasos clave para que todo aquello funcionara, que mencionaré porque he usado variaciones de ellos desde entonces.

El primero fue limitar el problema. En ese caso, suponía no abordar la cuestión de la futura financiación del programa público de asistencia sanitaria Medicare; por bien que técnicamente formase parte de la Seguridad Social, Medicare era un problema mucho más complejo, e intentar resolverlos los dos podía significar que no arreglásemos ninguno.

El segundo fue poner a todos de acuerdo sobre las dimensiones numéricas del problema. Como más tarde diría Pat Moynihan: «Tienes derecho a tener tu propia opinión, pero no tus propios datos.» Cuando quedó claro que un déficit a largo plazo era real, los miembros de la comisión perdieron su capacidad de hacer demagogia. Tuvieron que apoyar recortes en las prestaciones y/o un aumento de los ingresos. La vuelta a la evasiva de financiar la Seguridad Social a partir de los «ingresos generales» del gobierno federal fue descartada categóricamente desde un primer momento por Pepper, a quien preocupaba que provocase la transformación de la Seguridad Social en un programa asistencial.

La tercera táctica ingeniosa salió de Baker. Si queríamos que prosperase un compromiso, sostenía, teníamos que incorporar a todo el mundo. De modo que nos cuidamos de mantener informados tanto a Reagan como a O’Neill mientras trabajábamos. Se convirtió en tarea de Bob Ball dar parte a O’Neill, y Baker y yo nos encargamos de informar al presidente.

Nuestra cuarta medida fue acordar entre los miembros de la comisión que, una vez alcanzado un compromiso, nos mantendríamos firmes ante cualquier enmienda que quisiera imponer cualquiera de los dos partidos. Más tarde les dije a los periodistas: «Si se quitan fragmentos del paquete, se perderá el consenso, y el acuerdo entero empezará a desmoronarse.» Publicamos nuestro informe en enero de 1983; cuando por fin llegó el momento de presentar las propuestas de reforma al Congreso, Ball y yo decidimos salir al estrado juntos. Cuando un republicano hiciera una pregunta, contestaría yo. Cuando fuera un demócrata, se encargaría él. Que es exactamente lo que intentamos hacer, aunque los senadores no cooperaron del todo.

Por variopinta que fuese nuestra comisión, encontramos modos de ponernos de acuerdo. Lo que unió a hombres como Claude Pepper y el jefe de los fabricantes fue la atención que pusimos en repartir la carga. Las Enmiendas a la Seguridad Social, que la firma de Reagan convirtió por fin en ley en 1983, conllevaban contratiempos para todos. La patronal tenía que absorber aumentos adicionales en el impuesto sobre las remuneraciones; los empleados también afrontaban mayores impuestos y, en algunos casos, veían la fecha en la que podrían prever la recepción de prestaciones desplazada a un momento posterior del futuro; los jubilados tuvieron que aceptar el aplazamiento de los aumentos por el coste de la vida, y los más ricos empezaron a tributar por sus prestaciones. Sin embargo, mediante todo eso, conseguimos financiar la Seguridad Social para el período de planificación de setenta y cinco años que es la convención para ese tipo de programas. Moynihan, con su habitual elocuencia, declaró: «Tengo la poderosísima sensación de que hemos ganado todos. Lo que hemos ganado es una solución al espantoso miedo de este país a que el sistema de la Seguridad Social fuese, como una cadena de cartas, una especie de fraude.»

Mientras todo eso sucedía en 1983, me encontraba un día en mi oficina de Nueva York repasando proyecciones demográficas cuando sonó el teléfono. Era Andrea Mitchell, periodista de la NBC. «Tengo algunas preguntas sobre las propuestas presupuestarias del presidente», me dijo. Me explicó que había estado intentando dilucidar si las últimas premisas de política fiscal de la Administración Reagan eran creíbles, y que David Gergen, el ayudante del jefe de comunicaciones de la Casa Blanca, había sugerido mi nombre. Me contó que Gergen había dicho: «Si de verdad quiere informarse sobre economía, ¿por qué no llama a Alan Greenspan? Sabe más que nadie.»

«Apuesto a que se lo dice a todos los economistas -respondí yo-, pero claro, hablemos.» Me había fijado en Andrea en los informativos de la NBC. Era corresponsal en la Casa Blanca. Me parecía que se expresaba muy bien y que su voz tenía una preciosa resonancia de autoridad. Además, había reparado en que era una mujer muy atractiva.

Hablamos ese día y unas cuantas veces más, y pronto me convertí en una fuente habitual. A lo largo de los dos años siguientes, Andrea me llamaba siempre que tenía una gran noticia económica en marcha. Me gustaba su manera de manejar el material en televisión; hasta cuando los temas eran demasiado complejos para presentarlos con todos sus detalles técnicos, ella encontraba el meollo de la cuestión. Y era precisa con los datos.

En 1984 Andrea me pidió si la acompañaría a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en la que los periodistas invitan a sus fuentes. Tuve que decirle que ya había accedido a ir con Barbara Walters, pero añadí: «¿Vienes alguna vez a Nueva York? A lo mejor podríamos cenar.»

Hicieron falta ocho meses más para que conectásemos: era año de elecciones, y Andrea estuvo sumamente ocupada durante todo noviembre, cuando Reagan obtuvo una victoria aplastante sobre Mondale. Por fin, cuando llegaron las vacaciones, programamos una cita, e hice una reserva en Le Périgord, mi restaurante favorito de Nueva York, para el 28 de diciembre. Era una noche de nieve y Andrea llegó tarde y corriendo, muy guapa por bien que algo despeinada tras un día de conexiones en directo e intentos de parar taxis bajo la nieve.

Esa noche descubrí que había sido música como yo; había tocado el violín en la Sinfónica de Westchester. Nos encantaba la misma música; su colección de discos era parecida a la mía. Le gustaba el béisbol. Pero, sobre todo, compartíamos un vivo interés por la actualidad: estratégica, política, militar, diplomática. No andábamos cortos de temas de conversación.

Tal vez no sea la idea que tiene todo el mundo de una charla de primera cita, pero en el restaurante acabamos hablando de monopolios. Yo le dije que había escrito un ensayo sobre el tema y la invité a mi casa para leerlo. Ahora me toma el pelo con eso, y me dice: «¿Qué pasa, no tenías ninguna colección de sellos?» Pero la cuestión es que fuimos a mi piso y le enseñé aquel ensayo sobre legislación antitrust que había escrito para Ayn Rand. Se lo leyó y lo comentamos. Actualmente, sigue afirmando que la puse a prueba. Pero no era eso; sólo hacía todo lo que se me ocurría para retenerla.

Durante buena parte del segundo mandato de Reagan, Andrea fue mi principal motivo para ir a Washington. Permanecí en contacto con gente del Gobierno, pero mi atención estaba volcada casi por completo en el mundo empresarial y económico de Nueva York. A medida que la economía de empresa maduraba como profesión, me había ido implicando en profundidad en sus organizaciones. Era presidente de la Asociación Nacional de Economistas de Empresa y de la Conferencia de Economistas de Empresa, y candidato a la presidencia del Club Económico de Nueva York, el equivalente en el mundo financiero y empresarial al Consejo de Relaciones Exteriores.

La propia Townsend-Greenspan había cambiado. Las grandes firmas económicas con nombres como DRI y Wharton Econometrics habían crecido hasta suministrar buena parte de los datos básicos que necesitaban los planificadores de las empresas. Los modelos informáticos estaban mucho más difundidos, y muchas corporaciones tenían sus propios economistas. Yo había experimentado con la diversificación hacia la consultoría de inversiones y fondos de pensiones pero, aunque esas operaciones daban dinero, no eran tan lucrativas como la asesoría corporativa. Además, más proyectos significaba más empleados, lo que significaba tener que dedicar más tiempo a manejar el negocio.

Al final concluí que el mejor curso era centrarme en exclusiva en lo que hacía mejor: resolver interesantes rompecabezas analíticos para clientes sofisticados que necesitaban respuestas y podían pagar tarifas de gama alta. De modo que, en la segunda mitad de la Administración Reagan, me proponía devolver Townsend-Greenspan a su tamaño anterior. Pero antes de poder llevar a la práctica esos planes, en marzo de 1987, recibí una llamada telefónica de Jim Baker. A esas alturas Baker era secretario del Tesoro; tras cuatro intensos años como jefe de Gabinete de la Casa Blanca, había realizado un inusual trueque de empleo, intercambiando su puesto con el de Don Regan en 1985. Jim y yo éramos amigos desde los tiempos de Ford, y le había ayudado a preparar su sesión de confirmación por parte del Senado la primavera que se puso al mando de Tesoro. Hizo que me llamara su ayudante para preguntarme si podía encontrarme con él en Washington, en su casa. Eso me extrañó: ¿por qué no reunirnos en su oficina? Pero dije que sí.

La mañana siguiente un chofer de Washington me dejó en la antigua y bella casa colonial georgiana de Baker, en un elegante tramo de Foxhall Road. Me sorprendió encontrar esperándome no sólo a Jim sino a Howard Baker, el jefe de Gabinete del presidente Reagan en ese momento. Howard fue directo al grano. «Es posible que Paul Volcker se vaya este verano, cuando acabe su mandato -empezó-. No estamos en condiciones de ofrecerte el cargo, pero nos gustaría saber si lo aceptarías en caso de que te lo ofreciéramos.»

Durante un instante me quedé sin palabras. Hasta hacía unos años, nunca me había imaginado como potencial presidente de la Reserva Federal. En 1983, cuando acababa el primer mandato de Volcker, me quedé anonadado cuando una de las firmas de Wall Street realizó un sondeo informal sobre quién podría reemplazar a Volcker si éste tuviera que irse y mi nombre salió el primero de la lista.

Por bien que me llevara con Arthur Burns, la Fed siempre había sido una caja negra para mí. Tras ver sus desvelos, no me sentía capacitado para hacer el trabajo; fijar tipos de interés para una economía entera parecía precisar mucho más de lo que yo sabía. El trabajo se antojaba amorfo, el tipo de cometido en el que es muy fácil equivocarse aunque se disponga de un conocimiento prácticamente pleno. Predecir una economía compleja como la nuestra no es una fórmula noventa-diez. Puedes darte con un canto en los dientes si llegas al sesenta-cuarenta. De todas formas, el desafío era demasiado grande para rechazarlo. Le dije a los Baker que, si se me ofrecía el cargo, lo aceptaría.

Tuve tiempo de sobra para echarme atrás. A lo largo de los siguientes dos meses, Jim Baker me llamaba y me decía cosas del estilo de «sigue debatiéndose» o «Volcker está pensando en si quiere quedarse». Me sentía a ratos fascinado por la posibilidad y a ratos un poco inquieto. No fue hasta justo antes del Día de Recuerdo a los Caídos cuando Baker me llamó y dijo: «Paul ha decidido dejarlo.» Me preguntó si seguía interesado y le respondí que sí. Él dijo: «Recibirás una llamada del presidente uno de estos días.»

Dos días más tarde me encontraba en el despacho de mi ortopeda y entró la enfermera para decir que la Casa Blanca estaba al teléfono. La llamada había tardado unos minutos en llegarme, porque la recepcionista la había tomado por una broma. Me dejaron usar el despacho privado del médico para recibir la llamada. Levanté el auricular y oí aquella voz familiar y natural. Ronald Reagan dijo: «Alan, quiero que seas mi presidente de la Junta de la Reserva Federal.»

Le dije que sería un honor. Luego charlamos un rato. Le di las gracias y colgué. Al volver al pasillo, la enfermera parecía muy preocupada. «¿Se encuentra bien? -me preguntó-. Tiene cara de haber recibido malas noticias.»

5 Lunes negro

Llevaba escudriñando la economía todos los días laborables desde hacía décadas y había visitado la Reserva Federal docenas de veces. Aun así, cuando me nombraron presidente, supe que tenía mucho que aprender. Esa impresión se vio reforzada en el mismo instante en que atravesé la puerta. La primera persona que me dio la bienvenida fue Dennis Buckley, un agente de seguridad que estaría conmigo durante todo mi mandato. Se dirigió a mí como «Sr. presidente».

Sin pensar, le dije: «No seas tonto. Todo el mundo me llama Alan.»

Él me explicó con buenos modos que tutear al presidente no era como se hacían las cosas en la Fed.

De modo que Alan se convirtió en el Sr. presidente.

El personal, descubrí a continuación, había preparado una serie de tutoriales intensivos diplomáticamente calificados de «seminarios unipersonales», en los que yo era el estudiante. Eso significaba que, durante los siguientes diez días, altos cargos del equipo profesional se reunían en la sala de reuniones del cuarto piso de la Junta y me enseñaban mi trabajo. Aprendí sobre secciones de la Ley de la Reserva Federal que ni siquiera sabía que existieran, y de las que en adelante sería responsable. El personal me enseñó misterios de la normativa bancaria que, habiendo sido consejero tanto de JPMorgan como Bowery Savings, me asombraba no haber encontrado nunca. Por supuesto, la Fed tenía expertos en todas las dimensiones de la economía nacional e internacional, además de la capacidad de recabar datos de cualquier parte: un acceso privilegiado que estaba ansioso por explorar.

Aunque había sido consejero de administración, la Junta Directiva del Sistema de la Reserva Federal, como se la conocía formalmente, poseía un orden de magnitud más que cualquier cosa que hubiera dirigido; hoy en día la plantilla de la Junta de la Reserva Federal cuenta con unos dos mil empleados y tiene un presupuesto anual cercano a los 300 millones de dólares. Por suerte, dirigirla no era mi trabajo: la práctica consagrada es designar a uno de los otros miembros de la Junta como gobernador administrativo para que supervise las operaciones cotidianas. Así, al presidente sólo le presentan asuntos que se salen de lo corriente o susceptibles de despertar el interés del público o el Congreso, como el descomunal desafío de mejorar el sistema de pagos internacionales para el cambio de milenio. De este modo está libre para concentrarse en la economía, justo lo que yo estaba ansioso por hacer.

El presidente de la Fed tiene menos poder unilateral de lo que el título podría sugerir. Por ley yo controlaba sólo el orden del día de las reuniones de la Junta Directiva: la Junta toma todas sus decisiones por mayoría, y el presidente era tan sólo un voto más entre siete. Además, el cargo no conllevaba automáticamente la presidencia del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC), el poderoso grupo que controla el tipo de los fondos federales, principal palanca de la política monetaria estadounidense (Cuando el FOMC cambia ese tipo, el comité encarga a la llamada mesa del mercado abierto de la Fed en Nueva York que compre o venda bonos del Tesoro, a menudo por valor de miles de millones de dólares en un día. Las ventas por parte de la Fed actúan como freno, al retirar de la economía el dinero recibido en la transacción e impulsar hacia arriba los tipos de interés a corto plazo, mientras que la compra actúa a la inversa. Hoy en día se anuncia públicamente el tipo de fondos federales que busca el FOMC, pero en aquellos tiempos no era así, de modo que las firmas de Wall Street encomendaban a «vigilantes de la Fed» que adivinasen los cambios de política monetaria a partir de las acciones de nuestros operadores o los cambios en nuestro balance, que se daba a conocer cada semana). El FOMC está compuesto por los siete miembros de la Junta y los presidentes de los doce bancos regionales de la Reserva Federal (sólo pueden votar cinco en un momento dado), y también adopta las decisiones por mayoría. Si bien la tradición dicta que el presidente de la Junta presida también el FOMC, los miembros deben elegirlo todos los años, y son libres de nombrar a cualquier otro. Yo esperaba que se impusiera el precedente, pero siempre fui consciente de que una sublevación de los otros seis miembros de la Junta podía despojarme de toda mi autoridad, salvo en la redacción del orden del día.

Agarré rápidamente a Don Kohn, el secretario del FOMC, y le hice darme un curso acelerado sobre el protocolo de una reunión. (Don, que se demostraría el asesor de políticas más eficaz del sistema de la Fed durante mis dieciocho años, es en la actualidad vicepresidente de la Junta.) El FOMC celebraba sus reuniones en secreto, de modo que no tenía ni idea de cuál era el orden del día o el calendario estándar, quién hablaba primero, quién daba preferencia a quién, cómo llevar a cabo una votación, etc. El comité también tenía su propia jerga con la que necesitaba familiarizarme. Por ejemplo, cuando el FOMC quería autorizar al presidente a subir un poco el tipo de los fondos federales si ello era necesario antes de la siguiente sesión ordinaria, no decía: «Puedes subir los tipos de interés si decides que es necesario»; en lugar de eso votaba para conceder una «directiva asimétrica hacia el endurecimiento» (Para que conste en acta, a la vez que aprendía la jerga de la Fed, le decía en broma al personal: «¿Qué ha sido de la lengua inglesa?»). Tenía programado dirigir una de esas reuniones a la semana siguiente, el 18 de agosto, de modo que fui un estudiante sumamente motivado. Andrea todavía se ríe de mi llegada a su casa ese fin de semana para repantigarme en el sillón con el Robert’s Rules of Order.

Sentía una necesidad real de ponerme las pilas porque sabía que la Fed pronto afrontaría decisiones de calado. La expansión de la era Reagan estaba bien entrada en su cuarto año y, si bien la economía iba a plena marcha, también mostraba claros indicios de inestabilidad. Desde principios de año, cuando el Índice Industrial Dow Jones se había elevado por encima de los 2.000 por primera vez, la Bolsa había subido más de un 40 por ciento, hasta situarse en ese momento en más de 2.700, y Wall Street vivía una banalidad especuladora. Algo parecido estaba pasando con el suelo comercial.

Los indicadores económicos, entre tanto, eran todo menos esperanzadores. El enorme déficit gubernamental en que se había incurrido con Reagan había provocado que la deuda pública nacional casi se triplicase, de los poco más de 700.000 millones de dólares del principio de su presidencia hasta los más de 2 billones de finales del año fiscal 1988. El dólar estaba cayendo, y a la gente le preocupaba que Estados Unidos perdiera su ventaja competitiva: los medios iban cargados de rumores alarmistas sobre la creciente «amenaza japonesa». Los precios de consumo, que en 1986 habían subido apenas un 1,9 por ciento, estaban creciendo a casi el doble de ese ritmo en mis primeros días en el cargo. Aunque una inflación del 3,6 por ciento era mucho más llevadera que la pesadilla de dos dígitos que la gente recordaba de los 70, una vez que la inflación empieza, suele ir a más. Nos exponíamos a malgastar la victoria obtenida a expensas de una miseria y un coste tan grandes en tiempos de Paul Volcker.

Eran cuestiones económicas inmensas, por supuesto, cuya resolución estaba mucho más allá del poder de la Fed a solas. Aun así, lo peor hubiera sido quedarse de brazos cruzados. Yo pensaba que un aumento de los tipos sería prudente, pero la Fed llevaba tres años sin elevar los tipos de interés. Subirlos en ese momento sería un bombazo. Cada vez que la Fed cambia de rumbo, se expone a sacudir los mercados. El peligro de tomar medidas drásticas durante un arrebato alcista de la Bolsa resulta especialmente agudo: puede pinchar la burbuja de la confianza de los inversores y, si eso asusta a la gente lo bastante, desencadenar una grave contracción económica.

Aunque me llevaba bien con muchos de los miembros del comité, no era tan iluso de creer que un presidente que llevaba una semana en el cargo podía entrar en una reunión y dar forma a un consenso sobre una decisión tan arriesgada. De modo que no propuse una subida de tipos; me limité a escuchar lo que los demás tenían que decir. Los dieciocho miembros del comité eran todos experimentados banqueros centrales y economistas y, a medida que dábamos la vuelta a la mesa comparando evaluaciones de la coyuntura, quedó de manifiesto que también ellos estaban preocupados. Gerry Corrigan, el brusco presidente de la Fed de Nueva York, dijo que teníamos que subir los tipos; Bob Parry, presidente de la Fed de San Francisco, informó de que en su distrito se vivía un buen crecimiento, un elevado optimismo y pleno empleo, motivos todos para recelar de la inflación; Si Keehn de Chicago estuvo de acuerdo, y refirió que las fábricas del Medio Oeste funcionaban casi a pleno rendimiento y que hasta las perspectivas de las granjas habían mejorado; Tom Melzer de la Fed de St. Louis contó que hasta las fábricas de zapatos de ese distrito operaban al cien por cien; Bob Forrestal de Atlanta describió que su plantilla se había sorprendido por la fuerza de las cifras de empleo incluso en sectores crónicamente deprimidos del Sur. Creo que todos salimos convencidos de que la Fed pronto tendría que subir los tipos.

La siguiente oportunidad de hacerlo se presentó dos semanas más tarde, el 4 de septiembre, en una reunión de la Junta Directiva. La Junta controla la otra gran palanca de política monetaria, la «tasa de descuento» a la que la Reserva Federal presta a las instituciones depositarias. Esa tasa se mueve por lo general a la par con el tipo sobre los fondos federales. Antes de la reunión programada de la Junta, pasé unos cuantos días pasillo arriba y abajo en busca de los miembros en sus despachos, edificando un consenso. La reunión, cuando llegó, dio paso con rapidez a una votación: el aumento de la tasa, del 5,5 por ciento al 6 por ciento, fue aprobado por unanimidad.

Para contener las presiones inflacionarias, intentábamos frenar la economía haciendo que el dinero fuera más caro de pedir prestado. No hay modo de predecir lo grave que será la reacción de los mercados a una medida como ésa, sobre todo cuando los inversores son presa de un fervor especulador. No podía evitar recordar las historias que había leído sobre los físicos de Alamogordo la primera vez que detonaron una bomba atómica. ¿Fallaría la bomba? ¿Funcionaría como ellos esperaban? ¿O se descontrolaría de alguna manera la reacción en cadena y prendería fuego a la atmósfera terrestre? Cuando acabó la reunión, tuve que volar a Nueva York; de ahí tenía programado partir para pasar el fin de semana en Suiza, donde asistiría a mi primer encuentro con los banqueros centrales de los diez primeros países industrializados. La esperanza de la Fed era que los mercados clave -acciones, futuros, divisas, bonos- se tomarían el cambio con calma, a lo mejor con un leve enfriamiento de las acciones y un refuerzo del dólar. No paraba de llamar a la oficina para consultar cómo estaban respondiendo los mercados.

El cielo no ardió ese día. Las acciones sufrieron un bajón, los bancos subieron sus principales tipos de préstamo en consonancia con nuestra maniobra, y el mundo financiero, como esperábamos, observó que la Fed había empezado a actuar para contener la inflación. A lo mejor el impacto más dramático quedó reflejado en un titular de The New York Times unos días más tarde: «La subida más alta de Wall Street: la ansiedad.» Me estaba permitiendo por fin exhalar un suspiro de alivio cuando me llegó un mensaje de Paul Volcker: «Felicidades -rezaba-. Ya eres un banquero central.»

No pensé ni por un momento que estuviéramos fuera de peligro. Las señales de problemas en la economía seguían acumulándose. La desaceleración del crecimiento y otro debilitamiento del dólar pusieron a Wall Street con los nervios a flor de piel, mientras los inversores e instituciones empezaban a asimilar la probabilidad de que miles de millones de dólares en apuestas especuladoras no llegaran a dar rendimiento. A principios de octubre, ese miedo dio paso a unos principios de pánico. La Bolsa patinó, un 6 por ciento la primera semana, luego otros 12 puntos a la siguiente. La peor bajada llegó el viernes 16 de octubre, cuando el índice Dow Jones cayó 108 puntos. Desde finales de septiembre se había evaporado casi medio billón de dólares de riqueza en papel sólo en la Bolsa, por no hablar de las pérdidas de moneda en otros mercados. El declive era tan pasmoso que la revista Time dedicó esa semana dos páginas enteras al mercado de valores bajo el título: «Wall Street’s October Massacre.»

Yo sabía que, desde una perspectiva histórica, esta «corrección» no era ni por asomo la más severa. La crisis de 1970 había sido proporcionalmente el doble de grande, y la Gran Depresión había arrasado con el 80 por ciento del valor del mercado. Sin embargo, a la vista de lo mal que había terminado la semana, a todo el mundo le preocupaba lo que pudiera pasar cuando los mercados reabrieran el lunes.

Yo tenía previsto volar el lunes a Dallas, donde el martes debía hablar en la convención de la Asociación Americana de Banqueros, mi primer discurso importante como presidente de la Reserva Federal. El lunes por la mañana hablé con la Junta Directiva y acordamos que debía seguir adelante con el viaje, para no dar la impresión de que la Fed era presa del pánico. Esa mañana el mercado abrió con debilidad, y para cuando tuve que partir tenía una pinta espantosa: una bajada de más de 200 puntos. En el avión no había teléfono, de modo que lo primero que hice al llegar fue preguntarle a una de los representantes del Banco de la Reserva Federal de Dallas que me vinieron a recibir: «¿Cómo ha ido al final la Bolsa?»

«Ha bajado cinco cero ocho», me dijo. Por lo general, cuando alguien dice «cinco cero ocho» se refiere a 5,08. De modo que el mercado había bajado sólo 5 puntos. «Genial -dije yo-. Qué repunte más estupendo.» Pero, en el mismo momento de decirlo, vi que la expresión de su cara no era de alivio compartido. En realidad, el mercado se había hundido 508 puntos, una caída del 22,5 por ciento, la mayor pérdida en un día de la historia, peor incluso que la del día en que empezó la Gran Depresión, el Viernes Negro de 1929.

Fui directo al hotel, donde me quedé al teléfono hasta entrada la noche. Manley Johnson, el vicepresidente de la Junta de la Fed, había montado un gabinete de crisis en mi oficina de Washington, y sostuvimos una serie de llamadas y teleconferencias para trazar planes. Gerry Corrigan me puso al día de las conversaciones que había mantenido en Nueva York con ejecutivos de Wall Street y trabajadores de la Bolsa; Si Keehn había hablado con los máximos responsables de los mercados de futuros y operadoras de materias primas de Chicago; Bob Parry de San Francisco refirió lo que estaba oyendo de los jefes de las instituciones de ahorros y préstamos, que tenían sus sedes sobre todo en la Costa Oeste.

El cometido de la Fed durante un pánico de la Bolsa es conjurar la parálisis financiera: un estado caótico en que las empresas y bancos dejan de realizar los pagos que se deben entre ellos y la economía se para en seco. Para los altos cargos con los que hablé por teléfono esa noche, la urgencia y gravedad de la situación era patente: aunque los mercados no empeorasen más, el sistema se tambalearía durante semanas. Empezamos a explorar caminos por los que pudiéramos aportar liquidez si las grandes instituciones se quedaban cortas de efectivo. No todos nuestros miembros más jóvenes comprendían la gravedad de la crisis, sin embargo. Cuando debatíamos sobre la declaración pública que debería hacer la Fed, uno sugirió: «A lo mejor estamos exagerando. ¿Por qué no esperar unos días, a ver qué pasa?»

Aunque yo era nuevo en el cargo, llevaba demasiado tiempo estudiando historia financiera para creer que eso tenía algún sentido. Fue el único momento en que subí el tono con alguien durante esa noche. «No nos hace falta esperar para ver qué pasa -le dije-. Sabemos perfectamente lo que va a pasar.» Luego recogí velas un poco y me expliqué: «¿Sabes lo que dice la gente de cuando te pegan un tiro? ¿Que notas como si te hubieran pegado un puñetazo, pero el traumatismo es tan grave que no sientes el dolor de inmediato? Dentro de veinticuatro o cuarenta y ocho horas, vamos a sentir mucho dolor.»

Cuando terminó la deliberación, estaba claro que el día siguiente iría cargado de decisiones importantes. Gerry Corrigan se aseguró de decirme con tono solemne: «Alan, depende de ti. Todo esto recae sobre tus espaldas.» Gerry es un tipo duro y no supe distinguir si aquello querían ser unas palabras de ánimo o un desafío para el nuevo presidente. Me limité a decir: «Gracias, Dr. Corrigan.»

No me sentía tentado a dejarme llevar por el pánico, porque entendía la naturaleza de los problemas que afrontaríamos. Aun así, cuando colgué el teléfono alrededor de medianoche, me pregunté si podría dormir. Ésa sería la auténtica prueba. «Ahora veremos de qué estás hecho», me dije. Me metí en la cama y, me enorgullezco de decir, dormí cinco horas buenas.

A primera hora de la mañana siguiente, mientras perfeccionábamos el tono de la declaración pública de la Fed, la telefonista del hotel nos interrumpió con una llamada de la Casa Blanca. Era Howard Baker, el jefe de Gabinete del presidente Reagan. Como conocía a Howard desde hacía tiempo, me comporté como si no pasara nada fuera de lo normal. «Buenos días, senador -dije-. ¿En qué puedo ayudarle?» «¡Socorro! -respondió él con burlón tono quejumbroso-. ¿Dónde estás?»

«En Dallas -dije-. ¿Sucede algo?» El manejo de la respuesta de la Administración a una crisis de Wall Street suele ser cometido del secretario del Tesoro. Pero Jim Baker estaba en Europa intentando regresar, y Howard no quería lidiar con aquello a solas. Accedí a cancelar mi discurso y volver a Washington; es lo que me pedía el cuerpo de todas formas, porque, vista la caída de 508 puntos del mercado, volver parecía el mejor modo de asegurar a los banqueros que la Fed se estaba tomando el asunto en serio. Baker mandó un avión militar del Ejecutivo para recogerme.

Esa mañana los mercados bailaron desenfrenadamente: Manley Johnson me fue dando las últimas noticias desde nuestro improvisado centro de operaciones mientras yo volaba. Cuando me metí en un coche en la Base de las Fuerzas Aéreas de Andrews, me contó que la Bolsa de Nueva York había llamado para notificarnos que planeaba cerrar durante una hora: las operaciones con valores clave se habían estancado por falta de compradores. «Eso será el acabose para todos -dije yo-. Si cierran, tenemos una auténtica catástrofe entre manos.» Cerrar un mercado durante un crack no hace sino exacerbar el dolor de los inversores. Por temibles que parezcan las pérdidas sobre el papel, mientras el mercado permanezca abierto los inversores siempre saben que pueden salir. Sin embargo, quita la salida y extremarás el miedo. Retomar las operaciones después se vuelve extraordinariamente difícil, porque nadie sabe cuáles deberían ser los precios y nadie quiere ser el primero en pujar. El proceso de resurrección puede llevar muchos días, y el riesgo consiste en que entretanto se frenará el sistema financiero entero, y la economía sufrirá un impacto catastrófico. No hubiésemos tenido gran cosa que hacer para detener a los ejecutivos de la Bolsa, pero el mercado nos salvó por su cuenta. Durante esos sesenta minutos se materializaron suficientes compradores para que la Bolsa de Nueva York decidiera aparcar su plan.

Las siguientes treinta y seis horas fueron intensas. Yo decía en broma que me sentía como un empapelador de siete brazos, yendo de un teléfono a otro, hablando con la Bolsa, los mercados de futuros de Chicago y los diversos presidentes de banco de la Reserva Federal. Mis conversaciones más angustiosas fueron con financieros y banqueros a los que conocía desde hacía años, pesos pesados de compañías muy grandes de todo el país, que tenían la voz tensa de miedo. Eran hombres que habían acumulado riqueza y estatus social a lo largo de prolongadas carreras y en ese momento se descubrían plantados ante el abismo. La claridad de juicio se vuelve menos que perfecta cuando se está espantado. «Calma -no paraba de decirles-, es contenible.» Y les recordaba que mirasen más allá de la emergencia, hacia dónde podían estribar sus intereses empresariales a largo plazo.

La Fed atacó la crisis desde dos frentes. Nuestro primer reto fue Wall Street: teníamos que convencer a gigantescas operadoras y bancos de inversión, muchos de los cuales se tambaleaban por las pérdidas, de que no se abstuviesen de hacer negocios. Nuestra declaración pública de primera hora de esa mañana había sido redactada con mucho esmero para sugerir que la Fed ofrecería una red de seguridad para los bancos, con la esperanza de que ellos, a su vez, ayudaran a apoyar a otras compañías financieras. Era tan breve y concisa como el Discurso de Gettysburg, pensaba yo, aunque posiblemente no tan conmovedora: «La Reserva Federal, en cumplimiento de sus responsabilidades como banco central de la nación, ha afirmado hoy su disposición a actuar de fuente de liquidez para apoyar el sistema económico y financiero.» Pero mientras los mercados siguieran funcionando, no sentíamos ningún deseo de apuntalar a las empresas con efectivo.

Gerry Corrigan fue el héroe en este empeño. Fue cometido suyo como cabeza de la Fed de Nueva York convencer a los operadores de Wall Street de que siguieran prestando y comerciando, de que siguieran en la brecha. Protegido de Volcker de formación jesuita, llevaba toda su carrera siendo banquero central; no había nadie más despabilado o mejor cualificado para ejercer de brazo ejecutor principal de la Fed. Gerry tenía la personalidad dominante necesaria para hacerse oír por los financieros, pero entendía que, incluso en una crisis, la Fed debe ejercer la contención. Ordenar sin más a un banco que haga un préstamo, por decir algo, constituiría un abuso de poder gubernamental y perjudicaría el funcionamiento del mercado. En cambio, el meollo del mensaje de Gerry para el banquero tenía que ser: «No te estamos diciendo que prestes; lo único que pedimos es que te plantees los intereses en general de tu negocio. Recuerda que la gente tiene mucha memoria, y que si le cancelas el crédito a un cliente sólo porque te pone un poco nervioso, pero sin un motivo concreto, lo va a recordar.» Esa semana Corrigan sostuvo docenas de conversaciones de este cariz y, aunque nunca supe los detalles, algunas de aquellas llamadas debieron de ser muy broncas. Estoy seguro de que levantó unas cuantas ampollas.

Mientras sucedía todo eso, íbamos con cuidado de seguir aportando liquidez al sistema. El FOMC ordenó a los operadores de la Fed de Nueva York que compraran miles de millones de dólares en bonos del Tesoro en el mercado abierto. Eso tuvo el efecto de meter más dinero en circulación y reducir los tipos a corto plazo. Aunque antes del crack estábamos restringiendo los tipos de interés, en ese momento los aflojábamos para ayudar a mantener la economía en movimiento.

A pesar de todos nuestros desvelos, hubo media docena de conatos de desastre, en su mayor parte concernientes al sistema de pagos. Muchas de las transacciones de una jornada laboral en Wall Street no se realizan a la vez: las empresas harán negocios con los clientes de otras, por ejemplo, para luego arreglar cuentas al final del día. La mañana del miércoles Goldman Sachs tenía programado realizar un pago de 700 millones de dólares al Continental Illinois Bank de Chicago, pero en un principio lo retuvo, pendiente de la recepción de fondos que se esperaban de otras fuentes. Luego se lo pensó mejor y efectuó el pago. Si Goldman hubiese retenido una suma tan abultada, habría desencadenado una cascada de déficit en todo el mercado. Posteriormente, un alto cargo de Goldman me confesó que, si la compañía hubiera previsto las dificultades de las semanas posteriores, no habría pagado. Y en futuras crisis como ésa, sospechaba, Goldman se lo pensaría dos veces antes de realizar tales pagos no compensados.

También nos pusimos manos a la obra en el frente político. Pasé una hora del martes en el Departamento del Tesoro en cuanto volvió Jim Baker (había podido coger el Concorde). Nos apiñamos en su despacho con Howard Baker y otros funcionarios. La reacción inicial del presidente Reagan a la calamidad de Wall Street el lunes había sido hablar con optimismo de la economía. «Hay que mantener el rumbo -dijo, para luego añadir-: No creo que nadie deba espantarse, porque todos los indicadores económicos son estables.» Eso tenía la intención de tranquilizar, pero a la vista de los acontecimientos recordaba peligrosamente a la declaración de Herbert Hoover tras el Viernes Negro, cuando dijo que la economía era «sólida y próspera». El martes por la tarde me reuní con Reagan en la Casa Blanca para sugerirle que probara un enfoque distinto. La respuesta más constructiva, sosteníamos Jim Baker y yo, sería ofrecerse a colaborar con el Congreso en el recorte del déficit, puesto que ése era uno de los riesgos económicos a largo plazo que perturbaban a Wall Street. Aunque Reagan las había tenido tiesas con la mayoría demócrata, reconoció que la idea tenía sentido. Esa tarde informó a la prensa de que se plantearía cualquier propuesta presupuestaria salida del Congreso, siempre que no pasara por recortar la Seguridad Social. Aunque ese primer paso nunca llevó a nada, sí ayudó a calmar los mercados.

Teníamos gente en el centro de operaciones las veinticuatro horas. Seguíamos la pista de los mercados de Japón y Europa; a primera hora de cada mañana recopilábamos las cotizaciones de las acciones de las compañías estadounidenses que operaban en las bolsas europeas y sintetizábamos nuestro propio Índice Industrial Dow Jones para tener un adelanto de lo que era probable que hicieran los mercados neoyorquinos al abrir. Hizo falta bastante más de una semana para que todas las crisis completaran su desarrollo, aunque la mayoría pasaron desapercibidas para la opinión pública. Días después del crack, por ejemplo, el mercado de opciones de Chicago estuvo a punto de derrumbarse cuando su mayor operadora se quedó sin efectivo. La Fed de Chicago ayudó a urdir una solución. Poco a poco, sin embargo, los precios de los diversos mercados se estabilizaron, y para principios de noviembre los miembros del equipo de gestión de crisis volvieron a su trabajo de costumbre.

En contra de los temores generalizados, la economía aguantó firme, y a decir verdad creció a un ritmo anual del 2 por ciento durante el primer trimestre de 1988 y a una tasa acelerada del 5 por ciento durante el segundo. Para principios de 1988 el Dow Jones se había estabilizado en torno a los 2.000 con que había empezado 1987, y las acciones retomaron una trayectoria ascendente mucho más modesta y sostenible. El crecimiento económico entró en su quinto año consecutivo. Eso no era ningún consuelo para los especuladores que habían perdido hasta la camisa, o las docenas de pequeñas agencias de valores y Bolsa que quebraron, pero la gente común no había sufrido.

Visto en retrospectiva, fue una primera manifestación del aguante económico que tanto se destacaría en los años siguientes.

La Reserva Federal y la Casa Blanca no son aliados automáticos. Al concederle a la Fed sus modernas atribuciones en 1935, el Congreso se cuidó mucho de protegerla de la influencia del proceso político. Si bien los directivos son nombrados todos por el presidente, sus cargos son semipermanentes: los miembros de la Junta sirven en plazos de catorce años, más que cualquier cargo nombrado, salvo los magistrados del Tribunal Supremo. La presidencia en sí es un nombramiento de cuatro años, pero el presidente poco puede hacer sin los votos del resto de miembros de la Junta. Y, por bien que la Fed deba rendir cuentas dos veces al año al Congreso, controla su propia cartera al financiarse con los réditos de los intereses procedentes de los bonos del Tesoro y demás activos que posee. Todo eso libera a la Reserva Federal para centrarse en la que por ley es su misión: imponer las condiciones monetarias necesarias para el máximo crecimiento y empleo sostenibles a largo plazo. A ojos de la Reserva Federal y la mayoría de economistas, una condición necesaria para el máximo crecimiento económico sostenible son los precios estables. En la práctica, eso significa unas políticas de la Reserva Federal que contengan las presiones inflacionarias más allá del ciclo electoral del momento.

No es de extrañar que los políticos a menudo encuentren un incordio a la Fed. Es posible que su parte más altruista quiera centrarse en la prosperidad a largo plazo de Estados Unidos, pero están mucho más sujetos a las exigencias inmediatas de sus electores. Eso tiene un reflejo inevitable en sus preferencias de política económica. Si la economía se encuentra en expansión, quieren expandirla más rápido; si ven un tipo de interés, quieren que sea más bajo, y la disciplina monetaria de la Fed interfiere. Como se dice que lo expresó William McChesney Martin, Jr., legendario presidente de la institución en los 50 y 60, el papel de la Reserva Federal es ordenar «que se lleven la fuente de ponche justo cuando la fiesta empieza a animarse».

Era patente la frustración en la voz del vicepresidente George Herbert Walter Bush en la primavera de 1988 cuando hacía campaña para la nominación presidencial republicana. Les dijo a los periodistas que tenía «una advertencia» para la Fed: «No me gustaría verlos sobrepasar alguna [línea] que redujera, que contuviera el crecimiento económico.»

En realidad, contener era precisamente lo que hacíamos. En cuanto quedó claro que el crack de la Bolsa no había perjudicado gravemente la economía, el FOMC había empezado a subir poco a poco los tipos de los fondos federales en marzo. Lo habíamos hecho porque volvían a acumularse indicios de que las presiones inflacionarias estaban creciendo y el largo boom de la era Reagan había tocado techo: las fábricas estaban llenas y el paro se hallaba en su nivel más bajo en ocho años. Esa contención se prolongó durante el verano, y para agosto fue necesario elevar también la tasa de descuento.

Dado que la tasa de descuento, a diferencia del tipo de los fondos federales, se anunciaba públicamente, elevarla tenía un potencial explosivo mucho mayor: los trabajadores de la Fed llamaban a esa maniobra «tocar el gong». El momento para la campaña de Bush no podía haber sido más inoportuno. Bush quería subirse a cuestas del éxito de Reagan, y su contendiente demócrata, Michael Dukakis, le llevaba hasta 17 puntos de ventaja en los sondeos. El personal de campaña del vicepresidente era hipersensible a cualquier noticia que pudiera apuntar a una desaceleración de la economía o empañar de cualquier otro modo el lustre de la Administración. Así pues, cuando aprobamos subir la tasa apenas unos días antes del congreso republicano, entendíamos que muchos se lo iban a tomar mal.

Yo soy partidario de dar las malas noticias en persona, en privado y por adelantado, sobre todo en Washington, donde los funcionarios odian estar desinformados y necesitan tiempo para decidir lo que quieren manifestar en público. No disfruto con ello, pero no hay alternativa si más tarde se quiere tener alguna relación. De modo que, en cuanto votamos, salí de la oficina y fui en coche hasta el Departamento del Tesoro para ver a Jim Baker. Acababa de anunciar que dejaba su cargo de secretario del Tesoro para convertirse en jefe del gabinete electoral de Bush. Jim era un viejo amigo y, como secretario del Tesoro, tenía que saberlo.

Cuando nos sentamos en su despacho, lo miré a los ojos y dije: «Estoy seguro de que no te hará ninguna gracia, pero después de una larga deliberación de todos los factores -cité unos cuantos- hemos llegado a la decisión de subir la tasa de descuento. Va a anunciarse en una hora.» El aumento, añadí, no era el habitual cuarto de punto, sino el doble de eso, del 6 al 6,5 por ciento.

Baker se recostó en su silla y se clavó el puño en el estómago. «Me has dado justo aquí», gruñó. «Lo siento, Jim», dije.

Luego se desmelenó y arremetió contra mí y contra la Fed por no cuidar de las necesidades reales del país, y verbalizó todos los demás pensamientos furiosos que se le pasaban por la cabeza. Dada nuestra larga amistad, yo sabía que aquel arrebato era mero teatro. De modo que, cuando paró para tomar aliento, le sonreí. Entonces se rió. «Sé que teníais que hacerlo», dijo. Al cabo de unos días, respaldó en público el aumento de la tasa como algo esencial para la estabilidad a largo plazo del sistema. «En el medio y largo plazo será bueno para la economía», añadió.

Cuando George Bush ganó ese otoño, tuve esperanzas de que la Fed y su Administración se entendieran. Todo el mundo sabía que quienquiera que sucediese a Reagan afrontaría grandes desafíos económicos: no sólo un eventual descenso del ciclo económico, sino déficits de vértigo y una rápida acumulación de la deuda nacional. Yo pensaba que Bush había subido la apuesta de manera sustancial cuando en su discurso de aceptación en el congreso republicano había declarado: «Léanme los labios: ni un impuesto nuevo.» Era una frase memorable, pero en algún momento iba a tener que atacar el déficit… y se había atado una mano a la espalda.

A la gente le sorprendió el tesón con el que la nueva Administración sustituyó a los nombramientos de Reagan. Mi amigo Martin Anderson, que desde hacía tiempo había cambiado Washington por la Hoover Institution de California, bromeaba diciendo que Bush había despedido a más republicanos de los que habría echado Dukakis. Pero le dije que no me importaba. Era la prerrogativa de un presidente nuevo, y las decisiones no afectaban a la Fed. Además, la cúpula económica entrante -el secretario del Tesoro Nicholas Brady, el director del Presupuesto Richard Darman, el presidente del Consejo de Asesores Económicos Michael Boskin, y otros- eran conocidos profesionales y amigos míos. (Jim Baker, claro está, ascendió al cargo de secretario de Estado.)

Mi principal preocupación, compartida por muchos altos cargos de la Fed, era que la nueva Administración acometiese el déficit en el acto, mientras la economía todavía era lo bastante fuerte para absorber el impacto de unos recortes en el gasto federal. Los grandes déficits ejercen un efecto insidioso. Cuando el Gobierno gasta de más, tiene que pedir prestado para equilibrar sus cuentas. Toma prestado vendiendo bonos del Tesoro, lo que desvía un capital que de otro modo podría invertirse en el sector privado. Nuestros déficits estaban alcanzando unas cifras tan altas -muy por encima de los 150.000 millones de dólares al año de media durante cinco años- que estábamos socavando la economía. Destaqué el problema justo después de las elecciones, al declarar ante la Comisión Económica Nacional, un grupo formado por representantes de los dos partidos que Reagan había montado a renglón seguido del crack de 1987. El déficit ya no era un problema del mañana, les dije: «El largo plazo se está convirtiendo a marchas forzadas en el corto plazo. Si no actuamos enseguida, los efectos serán cada vez más perceptibles, y con cierta inmediatez.» Como era de prever, dada la promesa del no a los nuevos impuestos de Bush, la comisión alcanzó un punto muerto, con los republicanos sosteniendo que había que recortar el gasto y los demócratas abogando por una subida de impuestos, y nunca llegó a nada.

No tardé en encontrarme en el mismo conflicto público con el presidente Bush que había vivido durante la campaña. En enero, declaré para el Comité de Banca de la Cámara de Representantes que los riesgos de inflación seguían siendo lo bastante altos para que la política de la Fed fuera «pecar antes de restrictiva que de estimulante». El día siguiente, con la prensa delante, el presidente puso en entredicho ese enfoque. «No quiero vernos tan volcados contra la inflación que impidamos el crecimiento», dijo. Por lo general esas discrepancias se aireaban y resolvían entre bastidores. Yo había tenido la intención de entablar la misma relación de colaboración con la Casa Blanca que había visto durante la Administración de Ford y que sabía había existido en ocasiones entre Reagan y Paul Volcker. No iba a poder ser. En la guardia de George Bush sucedieron grandes cosas: la caída del Muro de Berlín, el final de la guerra fría, una clara victoria en el golfo Pérsico y la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para liberar el comercio en el continente. Pero la economía fue su talón de Aquiles, y a resultas de ello acabamos con una relación nefasta.

Bush se las vio con un empeoramiento del déficit comercial y el fenómeno, políticamente perjudicial, del traslado de las fábricas al extranjero. La presión para recortar el déficit federal por fin lo obligó, en julio de 1990, a aceptar un compromiso presupuestario con el que faltó a su promesa de no imponer impuestos nuevos. Apenas días después llegó la invasión iraquí de Kuwait. La subsiguiente guerra del Golfo se demostró estupenda para sus índices de popularidad, pero la crisis también precipitó la economía hacia la recesión que nos temíamos, cuando los precios del petróleo subieron y la incertidumbre dañó la confianza de los consumidores. Peor aun: la recuperación, que arrancó a principios de 1991, fue inusualmente lenta y anémica. La mayor parte de esos acontecimientos escapaban a cualquier control, pero aun así convirtieron el lema «la economía, estúpido» en un medio eficaz para que Bill Clinton derrotase a Bush en las elecciones de 1992, a pesar de que la economía durante ese año había crecido un 4,1 por ciento.

Dos factores complicaron enormemente el panorama económico. El primero fue el derrumbe del sector estadounidense de las instituciones de ahorro y préstamo, que supuso una sangría grande e inesperada para el presupuesto federal. Dichas entidades, que habían sido instituidas en su forma moderna para financiar la construcción de los barrios residenciales tras la Segunda Guerra Mundial, llevaban una década fracasando en oleadas. La inflación de los años 70 -agravada por una desregulación mal gestionada y, en última instancia, el fraude- acabó con centenares de ellas. En su concepción original, estas entidades eran una simple máquina de hacer hipotecas, no muy distintas del Bailey Building and Loan dirigido por Jimmy Stewart en ¡Qué bello es vivir! El cliente típico depositaba dinero en una libreta de ahorros, que ofrecía sólo un 3 por ciento de interés pero contaba con aseguramiento federal; luego la institución de ahorro y préstamo dejaba esos fondos en forma de hipotecas a treinta años con un 6 por ciento de interés. Como resultado, estas instituciones fueron durante décadas inversiones rentables y fiables, y el sector se volvió enorme, con más de 3.600 entidades y 1,5 billones de dólares en activos a fecha de 1987.

Sin embargo, la inflación auguró el fin de esta bonita situación. Provocó un brusco aumento de los tipos de interés tanto a corto como largo plazo, lo que situó a las instituciones de ahorro y préstamo en tremendos aprietos. Es un caso típico, el coste de los depósitos se disparó de inmediato pero, como la rotación de las carpetas de hipotecas era lenta, los ingresos se hacían esperar. Al cabo de poco muchas de ellas se encontraban en números rojos, y para 1989 la gran mayoría eran técnicamente insolventes: si hubieran vendido todos sus préstamos, no habrían tenido suficiente dinero para pagar a todos sus clientes.

El Congreso realizó repetidos intentos de apuntalar la industria, pero más que nada logró empeorar el problema. Justo a tiempo para el boom de la construcción de la era Reagan, aumentó el nivel de garantía de depósitos financiado por el contribuyente (de 40.000 a 100.000 dólares por cuenta) y relajó las restricciones sobre los tipos de préstamos que las instituciones de ahorro y préstamo podían realizar. Al poco tiempo, los envalentonados ejecutivos de las entidades financiaban rascacielos, centros turísticos y millares de proyectos más que en muchos casos apenas comprendían, y a menudo perdían hasta la camisa.

Otros se aprovecharon del relajamiento de las normas para cometer fraude; el caso más notorio fue el de Charles Keating, un empresario emprendedor de la Costa Oeste que acabó en la cárcel por crimen organizado y fraude tras haber engañado a los inversores por medio de transacciones inmobiliarias falsas y la venta de bonos basura sin valor. Se dice que los vendedores del Lincoln Savings de Keating también convencieron a personas ingenuas de que transfirieran su dinero de las libretas de ahorros a inversiones arriesgadas y sin seguro controladas por él. Cuando el negocio se vino abajo, la resolución del desaguisado costó a los contribuyentes 3.400 millones de dólares, y hasta veinticinco mil compradores de bonos perdieron un total estimado de 250 millones. La revelación, en 1990, de que Keating y otras instituciones de ahorro y préstamo fueron grandes contribuyentes a campañas al Senado dio pie a un drama washingtoniano con todas las de la ley.

Tuve una implicación complicada en este desbarajuste no sólo por mi cargo, sino también por un estudio que había realizado cuando todavía era consultor privado. Años antes, en Townsend-Greenspan, un importante bufete de abogados que representaba a Keating me había contratado para evaluar si Lincoln gozaba de la suficiente salud financiera para que se le permitiera invertir directamente en bienes inmobiliarios. Yo había concluido que, con su a la sazón sumamente líquido balance, podía hacerlo con seguridad. Eso fue antes de que Keating se embarcara en peligrosos aumentos del apalancamiento de su balance y mucho antes de que lo destaparan como sinvergüenza. Aún hoy no sé si había empezado a delinquir para cuando empecé mi investigación. Mi informe salió a relucir cuando el Comité de Ética del Senado abrió sesiones para investigar la relación de Keating con cinco senadores, que llegaron a conocerse como los Cinco de Keating. John McCain, uno de los sometidos a investigación, declaró que mi evaluación había contribuido a tranquilizarlo. Declaré para The New York Times que me avergonzaba mi incapacidad para prever lo que haría la empresa, y añadí: «Me equivoqué con Lincoln.»

El incidente me resultó doblemente doloroso porque también le causó problemas a Andrea. Para entonces se había convertido en la principal corresponsal en el Congreso de la cadena, y estaba cubriendo el escándalo de Keating. Andrea siempre había ido con extremo cuidado de mantener lo que ella llamaba un cortafuegos entre mi trabajo y el suyo a medida que nuestra relación iba a más. Por ejemplo, jamás asistió a ninguna de mis declaraciones ante el Congreso; se afanaba para evitar incluso la apariencia de un conflicto de intereses. Las sesiones de Keating pusieron a prueba ese empeño. A regañadientes, decidió apartarse de la historia mientras los medios informativos exploraban mi conexión con el caso.

Nadie sabía cuánto les costaría a los contribuyentes la limpieza final del sector de las instituciones de ahorro y préstamo: las estimaciones se cifraban en cientos de miles de millones de dólares. Mientras avanzaba el trabajo, la sangría al Tesoro se hizo perceptible y empeoró el desafío fiscal para el presidente Bush. La tarea de intentar resarcirse de parte de las pérdidas recayó sobre la Resolution Trust Corporation, que el Congreso había creado en 1989 para liquidar los activos de las compañías arruinadas. Yo estaba en su junta de supervisores, que presidía el secretario del Tesoro Brady e incluía a Jack Kemp, a la sazón secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, al promotor inmobiliario Robert Larson y al ex directivo de la Fed Philip Jackson. La RTC contaba con una plantilla profesional, pero para mí, a principios de 1991, estar en la junta de supervisión fue casi como tener un segundo empleo. Pasaba cantidades enormes de tiempo repasando documentos detallados y asistiendo a reuniones. La cifra descomunal de inmuebles desocupados que gestionábamos se estaba deteriorando rápidamente por falta de mantenimiento y, a menos que actuáramos con presteza para desembarazarnos de ellos, acabaríamos con una enorme cancelación de deuda. Además, probablemente nos las veríamos con el lastre de una factura para echar muchos de ellos abajo. No paraba de sumar los costes en mi cabeza. No era una idea agradable.

Las hipotecas de las instituciones de ahorro y préstamo que todavía ofrecían intereses se habían vendido sin problemas en el mercado. Pero ahora la RTC había llegado a los activos que nadie parecía querer: centros comerciales a medio construir en pleno desierto, puertos deportivos, campos de golf, nuevas urbanizaciones horteras en mercados residenciales sobreconstruidos, edificios de oficinas medio vacíos recuperados, minas de uranio… La magnitud del problema nublaba la imaginación: Bill Seidman, que presidía tanto la RTC como la Corporación Federal de Aseguramiento de Depósitos, calculó que, si la RTC liquidaba 1 millón de dólares en activos al día, tardaría trescientos años en venderlos todos. Saltaba a la vista que necesitábamos un enfoque distinto.

No estoy seguro de quién se sacó de la manga la idea de las ventas creadoras. Tal y como lo presentamos al final, el plan consistía en agrupar las propiedades en bloques de 1.000 millones de dólares. Para el primer paquete, que sacamos a subasta, solicitamos especialmente las pujas de unas pocas docenas de compradores cualificados, en su mayor parte empresas con antecedentes de saneamiento de propiedades en mal estado. «Cualificados» no quiere decir necesariamente «impecables»: los grupos a los que abordamos incluían lo que se conoce como fondos buitres y especuladores a cuya reputación le habría ido bien una limpieza de cutis.

Sólo se materializó un puñado de pujas, y el paquete se vendió por lo que vendría a ser una pequeñez: poco más de 500 millones de dólares. Es más: el postor que ganó tuvo que pagar por adelantado tan sólo una fracción del precio, y luego unos plazos basados en el efectivo que generasen las propiedades. El trato parecía una ganga y, como nos esperábamos, los organismos públicos de control y el Congreso se indignaron. Pero no hay nada como un saldo para estimular la demanda. Grandes cantidades de inversores codiciosos se abalanzaron sobre la ocasión, los precios de los bloques de propiedades restantes se dispararon y, en cuestión de unos pocos meses, la RTC se había quedado sin existencias. Para cuando se disolvió en 1995, había liquidado 744 instituciones de ahorro y préstamo, más de una cuarta parte del sector. Sin embargo, gracias en parte a las ventas de activos, la factura total para los contribuyentes fue de 87.000 millones, mucho menos de lo que en un principio se temía.

Los bancos comerciales también se hallaban en graves apuros. Eso suponía un quebradero de cabeza mayor incluso que el anterior, porque los bancos representan un sector mucho más grande e importante de la economía. Los últimos años de la década de 1980 fueron su peor período desde la Depresión; centenares de bancos pequeños y medianos quebraron, y gigantes como Citibank y Chase Manhattan lo estaban pasando mal. Su problema, como en el caso de las instituciones de ahorro y préstamo, era un exceso de préstamo especulador: a principios de los años 80, los principales bancos habían jugado con la deuda latinoamericana, y luego, cuando esos préstamos salieron mal, como los jugadores aficionados que intentan cubrir pérdidas, apostaron incluso más conduciendo a toda la industria a una bacanal de préstamos de suelo comercial.

El inevitable derrumbe del boom inmobiliario dejó verdaderamente malparados a los bancos. La incertidumbre sobre el valor de los bienes inmuebles que tenían como garantía de sus préstamos sumió a los banqueros en la duda sobre el capital del que disponían en realidad, lo que dejó a muchos de ellos paralizados, asustados y reacios a prestar más. Las grandes firmas pudieron recurrir a otras fuentes de fondos, como los innovadores mercados de deuda de Wall Street, un fenómeno que ayudó a que la recesión de 1990 no pasara de lo superficial. Pero a los pequeños y medianos fabricantes y comerciantes de todo el país se les estaba haciendo cuesta arriba conseguir la aprobación de tan siquiera un préstamo a empresas rutinario. Y eso, a su vez, hacía inusualmente difícil quitarse de encima la recesión.

Nada de lo que hacíamos en la Fed parecía funcionar. Habíamos empezado rebajando los tipos de interés bastante antes de que golpeara la recesión, pero la economía había dejado de responder. Aunque bajamos el tipo de los fondos federales nada menos que veintitrés veces en el trienio entre julio de 1989 y julio de 1992, la recuperación fue una de las más lentas que se recuerdan. «El mejor modo de describir la economía estadounidense es diciendo que avanza, pero con un viento en contra de ochenta kilómetros por hora», fue como expliqué la situación para un público de preocupados empresarios de Nueva Inglaterra en octubre de 1991. No podía ser muy optimista, porque no sabía cuándo acabaría la contracción del crédito.

Me veía con el presidente Bush cada seis o siete semanas, por lo general en el contexto de una reunión con más gente pero a veces cara a cara. Nos conocíamos desde los tiempos de Ford. Hasta me había tenido un día a comer en Langley cuando era director de la CIA en 1976. Durante los primeros meses de la campaña de 1980, a menudo me llamaba para consultar temas de política económica. Mientras fue vicepresidente, me encontraba con él de tanto en cuando en la Casa Blanca. Era inteligente y en persona siempre nos llevamos bien. Estaba especialmente prendado de su mujer, Barbara, una mujer de armas tomar. Sin embargo, durante su presidencia, estuvo mucho menos concentrado en la economía que en los asuntos exteriores.

Aunque su padre había trabajado en Wall Street y él se había especializado en economía en Yale, nunca había experimentado los mercados de primera mano. No veía los tipos de interés como algo que impusieran ante todo las fuerzas del mercado; parecía creer que eran cuestión de preferencias. No era una concepción reflexiva. Prefería delegar la política económica en sus principales asesores. Eso significaba que sobre todo hablaba con Nick Brady, Dick Darman y Mike Boskin.

Darman, el director del Presupuesto, se parecía en muchos sentidos a David Stockman: un intelectual político de primer orden y un creyente en la gestión fiscal sólida. A diferencia de Stockman, sin embargo, Dick a menudo no era todo lo directo posible con la gente y se dejaba llevar más por el oportunismo político. Con el tiempo aprendí a guardar las distancias.

Darman escribió años más tarde que, a puerta cerrada en la Casa Blanca, se había opuesto con denuedo al cumplimiento de la promesa de «ningún impuesto nuevo». En lugar de eso intentó convencer al presidente de que atacase el déficit de buen principio, cuando podían haber dejado resuelta la cuestión con rapidez. Pero el presidente no se dejó persuadir. A medida que avanzaba 1989, la Casa Blanca se encontró enfrentada con el Congreso demócrata. Sobre el presupuesto seguía pendiendo tanta deuda que, cuando llegó la recesión, la Administración no disponía de la flexibilidad fiscal necesaria para abordarla.

Al cabo de poco, la Administración empezó a culpar de sus problemas a la Fed. Supuestamente estábamos ahogando la economía al mantener demasiado constreñida la oferta monetaria. Tuve mi primera ración de ese enfoque en agosto de 1989, cuando Andrea y yo visitábamos al senador John Heinz y su mujer, Teresa, en su residencia veraniega de Nantucket. Pusimos los programas de entrevistas del domingo por la mañana y ahí estaba Dick Darman en Meet the Press. Sólo prestaba atención a medias cuando le oí decir: «Es importante, no sólo para el presidente Greenspan sino para el resto de miembros de la Junta y el FOMC […] prestar más atención a la necesidad de evitar inclinar esta economía hacia una recesión. No estoy seguro de que lo tengan del todo presente.» Casi escupo el café. «¡Qué!», exclamé. Al escuchar su argumento, pensé que no tenía ningún sentido económico. Pero luego caí en la cuenta de que no lo necesitaba: era retórica política.

Al secretario del Tesoro Brady tampoco le gustaba la Fed. Él y el presidente eran amigos y tenían mucho en común: los dos eran patricios ricos, educados en Yale y miembros de la sociedad secreta Skull and Bones. Nick había pasado más de tres décadas en Wall Street, donde había escalado posiciones hasta convertirse en presidente de una gran compañía inversora. Llevó consigo a Washington profundidad en la experiencia comercial del mundo real y el hábito de mandar.

A lo largo de toda la Administración Bush, Nick y yo cooperamos en muchos asuntos cruciales: viajamos a Moscú en 1991 y trabajamos codo con codo y con eficacia en complejas materias de regulación bancaria y divisas. No sólo trabajábamos juntos, sino que llegó a invitarme al Augusta National a jugar al golf, y Andrea y yo manteníamos relaciones sociales con él y su mujer, Kitty.

Sin embargo, Nick reforzó la visión instrumental de la política monetaria del presidente Bush. Para él, recortar a lo bestia los tipos de interés a corto plazo parecía una medida sin ningún riesgo: si la Fed inundaba de dinero la economía, la economía crecería más rápido. Tendríamos que estar pendientes de un posible rebrote de la inflación, por supuesto, pero si eso sucedía, la Fed podía ponerla a raya. Si hubiese hecho lo que querían, habría propulsado recortes más rápidos y pronunciados, y sin duda el mercado se habría cobrado mi cabeza… merecidamente.

El secretario del Tesoro, sin embargo, no estaba abierto al debate. Como muchos comerciantes, había alcanzado grandes éxitos fiándose de su instinto; en materias como la política de tipos de cambio, su sentido de los mercados se me antojaba bastante agudo. Pero no era dado a la conceptualización, ni a adoptar la perspectiva a largo plazo. Nick y yo celebrábamos un desayuno de trabajo una vez por semana y, siempre que surgía el tema de la política monetaria, no hacíamos otra cosa que dar vueltas a lo mismo.

Este impasse doblaba la dificultad de abordar el déficit y la recesión, porque significaba que la Administración siempre andaba en busca de un quid pro quo con la Fed. Cuando estaba sobre la mesa el presupuesto de 1990 -y el presidente Bush por fin afrontó la necesidad de incumplir su promesa sobre los impuestos- Nick me pidió que me comprometiera a que, si se aprobaba el presupuesto, la Fed bajaría los tipos de interés.

La verdad es que el paquete presupuestario me impresionó. Incluía un par de novedades de Darman que me parecieron muy prometedoras, como una regla «pay-go» que obligaba a todo nuevo programa de gasto a disponer de alguna fuente compensatoria de financiación, fuese un nuevo impuesto o un recorte presupuestario («pay-go» era la abreviatura de Washington para «pay as you go», «pago sobre la marcha»). El presupuesto que se proponía no recortaba el déficit con tanta profundidad como habría podido, pero el consenso en la Fed, con el que yo coincidía, era que se trataba de un gran paso en la dirección correcta. En una sesión del Congreso en octubre, cuando por fin el presupuesto se presentaba para su aprobación, califiqué el plan de «creíble», que puede parecer una alabanza desganada pero bastó para que el mercado de valores saltara, cuando los operadores apostaron por que la Fed rebajaría al instante los tipos de interés. Por supuesto, no teníamos ni la más mínima intención de hacerlo: antes de facilitar los créditos, necesitábamos ver si los recortes del presupuesto se convertían realmente en ley y, más importante aun, si tenían algún efecto económico real.

De modo que siempre fui con mucho cuidado con lo que le decía en privado a Nick. Le dije: «Un presupuesto sólido bajaría los tipos de interés a largo plazo porque caerían las expectativas de inflación. La política monetaria, apropiadamente, debería responder a eso bajando los tipos a corto plazo.» Era la política estándar de la Fed, pero a Nick le frustraba porque no era la promesa que buscaba.

Cuando la recesión se nos vino encima ese otoño, la fricción no hizo sino empeorar. «Ha habido demasiado pesimismo -declaró el presidente Bush en su discurso del Estado de la Unión de 1991-. Los bancos solventes deberían estar ahora haciendo préstamos solventes, y los tipos de interés deberían ser más bajos, ya.» La Fed, por supuesto, llevaba más de un año bajando los tipos, pero la Casa Blanca quería más rebajas y más rápidas.

Todavía conservo una carta que Nick me mandó en aquella época. Había dado el paso extraordinario de invitar a ocho destacados economistas de la industria y el mundo académico a la Casa Blanca para que comieran con el presidente. En la comida, se le preguntó a cada uno si la Fed debería rebajar más los tipos a corto plazo. Puestos en el disparadero ante el presidente, escribió Nick, «todos y cada uno respondieron que no haría daño», y prácticamente todos tenían la impresión de que ayudaría. «Alan, en mis viajes estás solo en tu opinión», proseguía la carta, deplorando sin medias tintas la «ausencia de un liderazgo enérgico por parte de la Fed».

Llegado el momento, el ladrido de la Administración se demostró peor que su mordisco. Cuando terminó mi período en la presidencia de la Fed en verano de 1991, hubo una reunión entre bastidores en la que el secretario del Tesoro andaba a la caza de un compromiso para relajar más aún la política monetaria a cambio de una segunda presidencia. Nick afirmó más tarde que yo había suscrito ese pacto. En la práctica no tenía ningún modo de comprometerme a eso, aunque hubiese querido (y a pesar de que para mis adentros pensaba que nuestros descensos de los tipos podían continuar). Con todo, el presidente Bush volvió a nombrarme. Creo que concluyó que era su mal menor: la Fed en sí, a decir de todos, funcionaba bien, no había otro candidato al que Wall Street pareciese preferir y un cambio habría alborotado los mercados.

El impasse en política monetaria puso difícil que Nick y yo siguiéramos siendo amigos; aunque proseguimos colaborando profesionalmente, canceló nuestros desayunos semanales, y nuestra vida social mutua tocó a su fin. Con la proximidad del año de las elecciones, la Administración decidió cambiar su acercamiento a la Fed y su testarudo presidente. La «cuenta Greenspan», como la llamaban en la Casa Blanca, pasó a manos del presidente del CEA Mike Boskin y el propio presidente Bush.

La recuperación en verdad estaba cobrando fuerza cuando empezó la campaña electoral. Para julio me sentía lo bastante confiado para declarar que el viento en contra de ochenta kilómetros por hora había amainado en parte. Análisis posteriores mostraron que, para primavera, el PIB (que en 1990 sustituyó al PNB como medida estándar de producción agregada) estaba creciendo a un saludable ritmo anual del 4 por ciento. Pero eso era difícil de discernir en su momento, y el presidente, comprensiblemente, estaba preocupado por que el crecimiento fuera todo lo vigoroso y evidente posible.

Ese año me reuní con el presidente en contadas ocasiones. Siempre fue extremadamente cordial. «No quiero machacar a la Fed», decía. Lanzaba globos sonda y planteaba preguntas enjundiosas basadas en lo que le llegaba de sus contactos empresariales. Preguntaba cosas como: «Dice la gente que las restricciones a las reservas de los bancos son parte del problema; ¿qué postura debería adoptar?» No eran preguntas que Reagan hubiera planteado -no tenía paciencia para departir sobre política económica-, y a mí me encantaba que Bush quisiera informarse. Me sentía mucho más cómodo tratando con él que con Brady, porque la conversación no era nunca hostil. Pero cuando hablamos sobre los tipos de interés, nunca pude convencerlo de que bajar más y más rápido los índices casi a ciencia cierta no habría acelerado la recuperación y sí habría aumentado el riesgo de inflación.

La cuestión era que la economía se estaba recuperando, sólo que no lo bastante rápido para salvar las elecciones. Es probable que el déficit hiciera más daño a Bush que cualquier otra cosa. Aunque los tardíos recortes presupuestarios y subidas de impuestos de 1990 habían aportado al país cierta mejoría de la solvencia fiscal, la recesión hizo tanta mella en los ingresos federales que por un momento el déficit se salió de madre. Llegó a los 290.000 millones de dólares en el último año del mandato de Bush. Ross Perot pudo machaconear con eso en la campaña y consiguió dividir el voto republicano lo bastante para hundir a Bush.

Años más tarde me apenó descubrir que el presidente Bush me culpaba de su derrota. «Yo lo reelegí y él me falló», le dijo a un entrevistador de televisión en 1998. No soy dado a la suspicacia. Sólo en retrospectiva caí en la cuenta de hasta qué punto Brady y Darman habían convencido al presidente de que la Fed lo estaba saboteando. Su resentimiento me sorprendió; yo no lo correspondía. Su derrota en las elecciones me recordaba a cuando los votantes británicos habían expulsado a Winston Churchill inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta donde alcanzo a ver, Bush había hecho un trabajo ejemplar en los asuntos más importantes que afrontaba Estados Unidos, nuestra confrontación con la Unión Soviética y la crisis en Oriente Medio. Si un presidente puede ganarse la reelección, él lo había hecho. Aunque también lo hizo Winston Churchill.

6 La caída del muro

Era el 10 de octubre de 1989. Jack Matlock, embajador estadounidense en la Unión Soviética, me estaba presentando a un público de economistas y banqueros soviéticos en la Casa Spaso, residencia oficial del embajador en Moscú. Mi cometido era explicar las finanzas capitalistas.

Por supuesto, ni se me pasaba por la cabeza que en un mes derribarían el Muro de Berlín o que en poco más de dos años la Unión Soviética dejaría de existir. Tampoco sabía que, en los años posteriores al derrumbe del bloque del Este, sería testigo de un acontecimiento extraordinario: el surgimiento de unas economías de mercado competitivo a partir de las cenizas de unas de planificación central. En el proceso, la defunción de la planificación central reveló la magnitud casi inimaginable de la podredumbre que había acumulado a lo largo de las décadas.

Sin embargo, la sorpresa más grande que me esperaba fue una lección extraordinaria sobre las raíces del capitalismo de mercado. Es el sistema con el que, por supuesto, estoy más familiarizado, pero mi comprensión de sus fundamentos era de todo punto abstracta. Me crié en una sofisticada economía de mercado con sus muchas leyes, instituciones y convenciones de apoyo, existentes desde hacía tiempo y ya maduras. La evolución que estaba a punto de presenciar en Rusia se había producido en las economías occidentales docenas de años antes de que yo naciera. Mientras Rusia luchaba por recuperarse del hundimiento de todas las instituciones relacionadas con la antigua Unión Soviética, me sentí como un neurólogo que aprende observando cómo se desenvuelve un paciente cuando tiene impedida una parte del cerebro. Contemplar los intentos de funcionar de los mercados en ausencia de una protección de los derechos de propiedad o una tradición de confianza fue una experiencia completamente nueva para mí.

Pero todo eso aguardaba en el futuro mientras observaba al centenar aproximado de personas congregadas ante mí en la Casa Spaso y me preguntaba: «¿Qué estarán pensando? ¿Cómo puedo llegarles?» Daba por sentado que todos eran producto de las escuelas soviéticas y estaban adoctrinados a fondo en el marxismo. ¿Qué sabían ellos de las instituciones capitalistas o la competencia de mercado? Siempre que me dirigía a un público occidental, podía calibrar sus intereses y grado de conocimiento y ajustar en consecuencia mis observaciones. Pero en la Casa Spaso, todo eran conjeturas.

La conferencia que había preparado era una presentación seca y difusa sobre los bancos en las economías de mercado. Tocaba temas como el valor de la intermediación financiera, los diversos tipos de riesgo que afrontan los bancos comerciales, los pros y contras de la regulación y los deberes de los bancos centrales. El discurso avanzaba muy lentamente, sobre todo porque tenía que hacer una pausa tras cada párrafo para que el traductor volcara mis palabras al ruso.

Aun así el público se mostraba muy atento: la gente no se despistó en ningún momento, y varios parecían estar tomando apuntes detallados. Hubo manos levantadas cuando por fin llegué al final, y el embajador Matlock abrió el turno de preguntas. Para mi sorpresa y placer, la siguiente media hora de charla puso de manifiesto que algunas personas habían comprendido de lo que hablaba. Las preguntas que plantearon revelaban una comprensión del capitalismo que me asombró por su sofisticación (¿Cómo sabían tanto esas personas? En 1991 por fin se lo pregunté a Grigori Yavlinski, uno de los principales reformadores de Gorbachov. Se rió y me lo explicó: «Todos teníamos acceso a libros de econometría en las bibliotecas universitarias. El Partido dictaminó que, puesto que se trataba de obras matemáticas, eran puramente técnicas y estaban desprovistas de contenido ideológico.» Por supuesto, la ideología del capitalismo estaba encarnada en muchas de las ecuaciones: los modelos econométricos giran en torno a las fuerzas motrices de la elección del consumidor y la competencia de mercado. Así, dijo Yavlinski, los economistas soviéticos habían adquirido un considerable conocimiento de cómo funcionaban los mercados.).

Me había invitado Leonid Abalkin, el viceprimer ministro encargado de la reforma. Yo había esperado que nuestra reunión de esa semana fuese en buena medida ceremonial, pero resultó todo lo contrario. Abalkin, economista académico cercano a los sesenta años y miembro de la camarilla reformista de Gorbachov, se había labrado una reputación por su flexibilidad política y su cortesía. Su mala cara daba la impresión de que soportaba mucha tensión, y había motivos de sobra para que así fuera. Llegaba el invierno, se hablaba de una inminente escasez de electricidad y comida, Gorbachov hablaba públicamente del riesgo de anarquía y el primer ministro acababa de solicitar al Parlamento poderes de emergencia para prohibir las huelgas. La perestroika, la ambiciosa iniciativa cuatrienal de reforma económica de Gorbachov, corría el peligro de venirse abajo. Me dio la impresión de que Abalkin iba de cráneo porque su jefe entendía muy poco de la mecánica de los mercados.

Abalkin me pidió mi opinión sobre una propuesta que estaban vendiendo los planificadores estatales soviéticos. Se trataba de un plan de lucha contra la inflación que giraba en torno a la indexación -la vinculación de los salarios a los precios- como medio para garantizar a la población que el poder adquisitivo de sus salarios no se vería destruido. Le expuse cuatro pinceladas sobre la lucha continua del Gobierno estadounidense para pagar la factura por haber indexado las prestaciones de la Seguridad Social y expuse mi firme convicción de que indexar es tan sólo un paliativo que, a largo plazo, tiene visos de causar problemas más graves incluso. Abalkin no pareció sorprendido. Dijo que pensaba que la transición de una planificación central burocrática al mercado privado, que calificó de «la forma más democrática de regular la actividad económica», llevaría muchos años.

Los presidentes de la Fed se habían aventurado al otro lado del Telón de Acero con anterioridad -tanto Arthur Burns como William Miller habían visitado Moscú durante el período de la distensión de los años 70-, pero yo sabía que nunca habían sostenido una conversación como ésa. En aquellos tiempos había poco que discutir: la brecha ideológica y política entre las economías de planificación central del bloque soviético y las de mercado de Occidente era, sencillamente, demasiado extensa. Con todo, los últimos años de la década de 1980 habían traído cambios asombrosos, más evidentes en Alemania del Este y otros satélites, pero también perceptibles en la propia Unión Soviética. Esa misma primavera, Polonia había celebrado sus primeras elecciones libres, y los acontecimientos subsiguientes habían maravillado al mundo. Primero, el sindicato Solidaridad se impuso claramente al Partido Comunista y, luego, en lugar de mandar al Ejército Rojo a reinstaurar el control, Gorbachov declaró que la URSS aceptaba el resultado de unas elecciones libres. Más recientemente, Alemania del Este había empezado a disolverse: millares de sus habitantes aprovecharon el debilitamiento del dominio estatal para emigrar ilegalmente al Oeste. Y apenas unos días antes de que llegara a Moscú, el Partido Comunista de Hungría renunció al marxismo en favor del socialismo democrático.

La propia Unión Soviética atravesaba una crisis evidente. El hundimiento de los precios del petróleo unos años antes había eliminado su única fuente real de crecimiento, y en ese momento no había nada que compensara el estancamiento y la corrupción que se habían vuelto endémicos en la era de Brezhnev. Para agravarlo todo estaba la guerra fría, cuya presión había aumentado enormemente la descomunal carrera armamentística estadounidense en tiempos del presidente Reagan. No sólo estaba perdiendo la Unión Soviética su dominio sobre los satélites, sino que tenía problemas para dar de comer a su población: sólo importando millones de toneladas de cereales de Occidente pudo mantener los mercados surtidos de pan. La inflación, preocupación inmediata de Abalkin, estaba en verdad descontrolada: había visto con mis propios ojos largas colas ante las joyerías, donde según decían los clientes desesperados por convertir rublos en artículos de valor duradero se estaban viendo limitados a una compra por visita.

Gorbachov, por supuesto, iba todo lo deprisa que podía para liberalizar el sistema y dar marcha atrás al declive. El secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética se me antojó un hombre extraordinariamente inteligente y abierto, pero indeciso. La inteligencia y la apertura eran sus problemas, en cierto sentido. Le hacían imposible pasar por alto las contradicciones y mentiras que el sistema le presentaba día sí, día también. Aunque se había criado con Stalin y Jruschov, podía distinguir que su país se estaba estancando y por qué, lo que desmantelaba su adoctrinamiento.

El gran misterio para mí era por qué Yuri Andrópov, el exponente de la línea dura que había precedido a Gorbachov, lo había privilegiado. Gorbachov no acabó con la Unión Soviética a propósito, pero tampoco tomó medidas para impedir su disolución. A diferencia de sus predecesores, no mandó tropas a Alemania del Este o Polonia cuando éstas avanzaron hacia la democracia. Además, estaba haciendo llamamientos para que su país se convirtiera en una gran fuerza del comercio mundial; es indudable que entendía que eso era implícitamente procapitalista, por mucho que no comprendiese la mecánica de los mercados de valores y demás sistemas económicos occidentales.

Mi visita se encuadraba en el creciente esfuerzo de Washington por animar a los soviéticos de mentalidad reformista bajo la política de apertura de Gorbachov, la glasnost. En cuanto la KGB permitió que la gente asistiera a reuniones nocturnas, por ejemplo, la embajada estadounidense organizó una serie de seminarios en los que historiadores, economistas y científicos podían asistir a conferencias impartidas por sus equivalentes occidentales sobre materias previamente prohibidas como los mercados negros, los problemas ecológicos en las repúblicas meridionales y la historia de la era de Stalin.

Un buen tramo de mi itinerario consistía en reuniones con altos cargos. Todos me sorprendieron a su manera. Por bien que llevara gran parte de mi vida estudiando la economía de libre mercado, encontrarme con la alternativa y verla en crisis me obligó a reflexionar con mayor profundidad que nunca sobre los fundamentos del capitalismo y en qué se diferenciaba de un sistema de planificación central. Mi primer atisbo de esa diferencia había llegado durante el trayecto a Moscú desde el aeropuerto. En un campo pegado a la carretera había avistado un tractor a vapor de los años 20, un trasto ruidoso e incómodo de manejar con grandes ruedas metálicas. «¿Por qué cree que todavía usan eso?», le pregunté al agente de seguridad que me acompañaba en el coche. «No lo sé -me contestó-. ¿Porque todavía funciona?» Al igual que los Chevrolet de 1957 de las calles de La Habana, ejemplificaba una diferencia clave entre una sociedad centralmente planificada y otra capitalista: allí no había destrucción creadora ni impulso para construir mejores herramientas.

No es de extrañar que los sistemas económicos de planificación central tengan grandes dificultades para mejorar las condiciones de vida y crear riqueza. La producción y la distribución vienen determinadas por instrucciones específicas de las agencias planificadoras a las fábricas, en las que indican de quién y en qué cantidades deben recibir materias primas y servicios, qué deben producir y a quién deben distribuir su producción. Se da por sentado que la población activa goza de pleno empleo y los salarios están predeterminados. Falta el cliente definitivo, que en una economía de planificación central se da por sentado que acepta pasivamente los bienes que las agencias planificadoras ordenan producir. Ni siquiera en la URSS los clientes se comportaban de ese modo. Sin un mercado efectivo que coordine la oferta con la demanda de los consumidores, las consecuencias típicas son enormes excedentes de bienes que nadie quiere y enormes carestías de productos que las personas sí desean pero no se producen en cantidades adecuadas. Las carestías provocan racionamientos o su famoso equivalente moscovita: las interminables esperas haciendo cola en las tiendas. (El reformista soviético Yegor Gaidar, recapacitando sobre el poder de quien dispensa bienes escasos, diría más tarde: «Ser vendedor en un centro comercial era lo mismo que ser millonario en Silicon Valley. Era prestigio, era influencia, era respeto.»)

Los soviéticos habían apostado la nación entera a la premisa de que la planificación central, y no la competencia abierta y los mercados libres, eran el modo de conseguir el bien común. Meditar sobre eso espoleó mi deseo de encontrarme con Stepan Sitarian, la mano derecha del director del Gosplan, el comité estatal de planificación. La Unión Soviética tenía una burocracia para todo, y los nombres de las cruciales empezaban por gos, abreviatura de «Estado». El Gosnab asignaba materias primas y suministros a la industria, el Gostrud fijaba los salarios y la normativa laboral, el Goskomtsen determinaba los precios. En la cúspide se hallaba el Gosplan, que, en las memorables palabras de un analista, dictaba «el tipo, cantidad y precio de todo artículo elaborado en cada una de las fábricas y plantas repartidas a lo largo de 11 franjas horarias». El inmenso imperio del Gosplan abarcaba las fábricas militares, que tenían acceso a la mejor mano de obra y los mejores materiales y eran universalmente contempladas como lo más selecto de la URSS (En verdad, los consumidores supuestamente pasivos de la URSS acudían en tropel siempre que podían a adquirir los artículos domésticos superiores que se elaboraban en las fábricas militares. Esos consumidores eran tan sofisticados como cualquiera de Occidente). En total, calculaban los analistas occidentales, la agencia controlaba entre el 60 y el 80 por ciento del PIB de la nación. Y Sitarian y su jefe, Yuri Masliukov, eran los funcionarios al mando.

Hombre diminuto, de pelo blanco encopetado y un buen dominio del inglés, Sitarian me puso en manos de un alto asesor del Gosplan que recitó de memoria complejas matrices de entradas y salidas, cuya base matemática habría deslumbrado al propio Wassily Leontief, el economista de Harvard de origen ruso que había sido su pionero. La idea de Leontief era que se podía caracterizar con precisión cualquier economía cartografiando el flujo de materiales y mano de obra que la recorría. Realizado con meticulosidad, el modelo sería el panel de instrumentos ideal. En teoría permitiría prever todos los impactos en todos los segmentos de la economía a partir del cambio de una salida, como la producción de tractores o, más pertinente en la era de Reagan, un gran aumento en la producción militar para responder a la escalada armamentística estadounidense para la defensa de misiles de la «guerra de las galaxias». Sin embargo, los economistas occidentales en general consideraban que las matrices de entradas y salidas poseían una utilidad limitada porque no lograban plasmar el dinamismo de una economía: en el mundo real, las relaciones entre entradas y salidas se desplazan casi invariablemente más rápido de lo que puede estimarse.

El modelo de entradas y salidas del Gosplan se había perfeccionado hasta cotas ptolemaicas. Sin embargo, a juzgar por las observaciones del asesor, no me pareció que ninguna de las limitaciones hubiera sido resuelta. De modo que pregunté cómo tomaba en cuenta el modelo el cambio dinámico. Se limitó a encogerse de hombros y cambiar de tema. Nuestra reunión lo obligaba a sostener el pretexto de que los planificadores podían fijar calendarios de producción y gestionar una economía inmensa con mayor eficacia que los libres mercados. Yo sospechaba que en realidad el asesor no se lo creía, pero no supe discernir si lo que en verdad sentía era cinismo o duda.

Podría haberse pensado que unas autoridades planificadoras avispadas deberían de haber sido capaces de ajustarse a las carencias de sus modelos. Las personas como Sitarian son avispadas, y lo intentaron. Pero tenían demasiado peso a sus espaldas. Sin las señales inmediatas de los cambios de precios que hacen funcionar los mercados capitalistas, ¿cómo iba a saber nadie qué cantidad de cada producto fabricar? Sin la ayuda de un mecanismo de precios de mercado, la planificación económica soviética carecía de un feedback eficaz que la guiase. Lo que no es menos importante: los planificadores no disponían de las señales de las finanzas para ajustar la asignación de ahorros a inversiones productivas reales que satisficieran los cambiantes gustos y necesidades de la población.

Años antes de ser nombrado presidente de la Fed, había llegado a intentar ponerme en el papel de planificador central. De 1983 a 1985, fui miembro bajo Reagan de la Junta Asesora de Inteligencia Extranjera del Presidente (PFIAB), en la que me encomendaron revisar las evaluaciones estadounidenses de la capacidad soviética para absorber la tensión del aceleramiento armamentístico. Lo que estaba en juego era enorme: la estrategia de la «guerra de las galaxias» del presidente se basaba en la suposición de que la economía soviética no era rival para la nuestra. Démosle un empujón a la carrera armamentística, se pensaba, y los soviéticos se vendrán abajo intentando mantener el ritmo, o querrán negociar; en cualquiera de los dos casos, les tenderíamos la mano y la guerra fría terminaría.

Estaba claro que el encargo era demasiado importante para rechazarlo, pero me amedrentaba. Sería un esfuerzo hercúleo aprender los entresijos de un sistema de producción y distribución tan distinto al nuestro. En cuanto me enfrasqué en el proyecto, sin embargo, no me llevó más que una semana concluir que era imposible: no había ningún modo fiable de evaluar su economía. Los datos del Gosplan eran un desastre: los gestores soviéticos de todos los niveles del escalafón tenían todos los incentivos del mundo para exagerar la producción de sus fábricas e hinchar sus nóminas. Peor aun: existían grandes inconsistencias internas en sus datos que me era imposible reconciliar, y sospecho que también al Gosplan. Informé a la PFIAB y al presidente de que no podía prever si el reto de la «guerra de las galaxias» sobrecargaría la economía soviética, y de que estaba bastante seguro de que los soviéticos tampoco lo sabían. Al final, huelga decirlo, resultó que los soviéticos no intentaron igualar el programa: Gorbachov llegó al poder y lanzó sus reformas.

No les mencioné nada de eso a los funcionarios del Gosplan, pero me alegré de no estar en el pellejo de Sitarian: el trabajo de la Fed era un desafío, pero el del Gosplan era surrealista.

El encuentro con el director del banco central soviético, Víktor Geraschenko, fue mucho menos tenso. Oficialmente era mi homólogo, pero en una economía planificada, donde el Estado decide quién se lleva fondos y quién no, la banca desempeña un papel mucho menor que en Occidente: el Gosbank era poco más que un tesorero y documentalista. Si un prestatario se retrasaba con los pagos de un préstamo o los suspendía, ¿qué más daba? Los préstamos eran básicamente transferencias entre entidades pertenecientes todas al Estado. Los banqueros no tenían que preocuparse por los estándares de crédito, los riesgos de los tipos de interés o los cambios de valor del mercado: las señales financieras que determinan quién recibe crédito y quién no, y por tanto quién produce qué, y a quién se lo vende, en una economía de mercado. Todos los temas sobre los que había hablado la velada anterior sencillamente no formaban parte del mundo del Gosbank.

Geraschenko se mostró comunicativo y simpático; insistió en que nos llamásemos Víktor y Alan. Hablaba un inglés excelente, pues había pasado varios años dirigiendo un banco de propiedad soviética en Londres, y comprendía la práctica bancaria occidental. Como muchas personas, fantaseaba con que la Unión Soviética no iba muy a la zaga de Estados Unidos. Me buscó a mí, y a otros banqueros occidentales, porque quería formar parte del prestigioso establishment de la banca central. Me pareció completamente benigno, y tuvimos una charla agradable.

Apenas cuatro semanas después, el 9 de noviembre de 1989, cayó el Muro de Berlín. Yo estaba en Tejas por asuntos de la Fed, pero como todo el mundo esa noche me quedé pegado a la tele. El suceso en sí fue extraordinario, pero en los días siguientes se me antojó más asombrosa si cabe la ruina económica que la caída del muro reveló. Uno de los debates más trascendentales del siglo XX había sido el interrogante de qué cantidad de control gubernamental es la mejor para el bien común. Tras la Segunda Guerra Mundial, todas las democracias europeas avanzaron hacia el socialismo, y el equilibrio se inclinó del lado del control gubernamental central incluso en Estados Unidos: el esfuerzo bélico entero de la industria americana había sido planificado centralmente con eficacia.

Ése fue el telón de fondo de la guerra fría. En esencia, se demostró una competición no sólo entre ideologías sino entre dos grandes teorías de organización económica: las economías de libre mercado frente a las de planificación central. Y en los últimos cuarenta años, habían parecido casi igualadas. Existía la creencia generalizada de que, aunque la Unión Soviética y sus aliados anduviesen rezagados en lo económico, estaban alcanzando a las despilfarradoras economías de mercado occidentales.

Los experimentos controlados casi nunca suceden en economía. Pero no podría haberse creado uno mejor que los de las Alemanias Occidental y Oriental aunque se hubiera probado en un laboratorio. Los dos países partieron con la misma cultura, el mismo idioma, la misma historia y el mismo sistema de valores. Después, durante cuarenta años, compitieron en lados opuestos de una línea, con muy poco comercio entre sí. La principal diferencia sometida a prueba eran sus sistemas político y económico: capitalismo de mercado contra planificación central.

Muchos creían que era una carrera reñida. Alemania Occidental, por supuesto, fue escenario del milagro económico de la posguerra, al elevarse de las cenizas del conflicto para convertirse en la democracia más próspera de Europa. Alemania del Este, entretanto, devino el motor del bloque oriental; no sólo era el mayor socio comercial de la Unión Soviética, sino también un país cuyas condiciones de vida se percibían como apenas modestamente peores que las de su vecino.

Yo había comparado las economías de Alemania Occidental y Oriental como parte de mi trabajo para la PFIAB. Los expertos habían estimado que el PIB per cápita de Alemania del Este era del 75 al 85 por ciento del de Alemania Occidental. A mí me parecía que eso no podía ser correcto: bastaba con mirar los destartalados bloques de pisos del otro lado del Muro de Berlín para concluir que los niveles de productividad y las condiciones de vida estaban muy por detrás de las del esplendoroso Oeste. Lo irónico era que las estimaciones del PIB de Alemania del Este no parecían desencaminadas. El estrecho diferencial entre las condiciones de vida alemanas en el Oeste y el Este parecía fruto de que Alemania Occidental subestimaba sus avances. Los dos países, por ejemplo, contaban el número de coches que producían. Pero las estadísticas de Alemania Occidental no acababan de recoger la diferencia de calidad entre un Mercedes de 1950, pongamos, y uno montado en 1988. Entretanto, el diseño del Trabant, el contaminador sedán tipo caja de zapatos de Alemania del Este, no había cambiado en treinta años. De modo que la brecha de producción que separaba ambos países, ajustada en función de la calidad, era casi a ciencia cierta más ancha de lo que se pensaba.

La caída del muro desveló un grado de podredumbre económica tan devastador que asombró incluso a los escépticos. La fuerza de trabajo de Alemania Oriental, resultó, tenía poco más de un tercio de la productividad de su equivalente occidental, muy lejos del 75 o el 85 por ciento. Lo mismo valía para las condiciones de vida de la población. Las fábricas del Este producían unos artículos tan chapuceros, y los servicios del país estaban gestionados con tanto descuido, que la modernización iba a costar centenares de miles de millones de dólares. Se juzgaba que al menos un 40 por ciento de las empresas de Alemania Oriental eran tan irremisiblemente obsoletas que tendrían que cerrar; la mayor parte del resto precisaría años de apuntalamiento para poder competir. Millones de personas estaban quedándose sin trabajo. Esas personas necesitarían formación nueva y nuevos empleos, o si no probablemente se unirían a las masas que emigraban al Oeste. La magnitud de la devastación tras el Telón de Acero había sido un secreto muy bien guardado, pero había salido a la luz.

Los alemanes del Este por lo menos podían buscar ayuda en los del Oeste. El resto de naciones del bloque oriental padecían todas los mismos o peores problemas, mas tenían que defenderse solas. El gran reformista de Polonia, Leszek Balcerowicz, estaba siguiendo los pasos de otro gran reformista económico, Ludwig Erhard. Director económico de Alemania Occidental bajo la ocupación aliada en 1948, Erhard puso en marcha el renacimiento de la devastada economía declarando de improviso el fin de los controles de precios y producción. Puede decirse que Erhard excedió su autoridad al hacerlo, pero realizó el anuncio en fin de semana y los precios habían cambiado por completo para cuando la Administración de ocupación estuvo en condiciones de reaccionar. La jugada funcionó. Para maravilla de los críticos, las tiendas de Alemania Occidental, que habían sido presa de escaseces crónicas de alimentos y mercancías, se inundaron en un visto y no visto de artículos, y sus notorios mercados negros se secaron. Al principio los precios eran desorbitados, pero fueron bajando cuando la oferta adicional abrumó a la demanda.

Profesor de economía de formación occidental nacido en la Polonia central, Balcerowicz siguió el ejemplo de Erhard y propuso lo que él llamaba una revolución de mercado. Todos los demás lo llamaban sencillamente terapia de choque. Cuando Solidaridad ganó las elecciones polacas en agosto de 1989, la economía se hallaba al borde del colapso. Había escasez de alimentos en las tiendas, la hiperinflación estaba destruyendo el valor del dinero de la gente y el Gobierno se encontraba en la bancarrota y no podía pagar sus deudas. A instancias de Balcerowicz, el nuevo Gobierno designó el 1 de enero de 1990 como día del big bang, en el que la práctica totalidad de los controles de precios cesarían. Coincidí con él por primera vez en un encuentro internacional de banqueros celebrado en Basilea, Suiza, unas pocas semanas antes del acontecimiento, y me dejó pasmado al afirmar que no sabía si la estrategia funcionaría. Pero, me dijo, «no se puede reformar a pasitos». Estaba convencido de que, en una sociedad en la que el Gobierno había dictado todos los aspectos de la compra y la venta durante cuatro décadas, no podía haber nada parecido a una transición gradual de la planificación central a los mercados competitivos. Hacía falta una acción drástica para espolear a la gente a que empezara a tomar sus propias decisiones y, por decirlo en sus palabras, convencerse de que el cambio era inevitable.

Su big bang, como era de esperar, provocó enormes trastornos. Tal y como había sucedido en la Alemania de Erhard, los precios en un principio se dispararon; el zloty perdió casi la mitad de su poder adquisitivo en las primeras dos semanas. Pero aparecieron más productos en las tiendas, y poco a poco los precios se nivelaron. Balcerowicz tenía a gente comprobando las tiendas a todas horas y, como más tarde recordaría, «fue un día muy importante cuando me dijeron: “El precio de los huevos está cayendo”». No había señal más elocuente de que el desplazamiento hacia un mercado libre había empezado a funcionar.

El éxito de Polonia animó a Checoslovaquia a probar una reforma más osada si cabe. Václav Klaus, el ministro de Economía, quería entregar las empresas propiedad del Estado al sector privado. En vez de intentar distribuirlas por subasta entre grupos de inversión -nadie en Checoslovaquia tenía tanto efectivo disponible- propuso repartir la propiedad entre toda la población mediante el empleo de vales. Cada ciudadano recibiría una asignación igual de vales, que podían canjearse, venderse o intercambiarse por acciones en una empresa de propiedad estatal. De este modo, Klaus pretendía no sólo propiciar «la transformación radical de los derechos de propiedad» sino también sentar las bases de un mercado de valores.

Klaus habló de ése y de muchos planes ambiciosos más en una presentación realizada en una conferencia de la Fed en Jackson Hole, Wyoming, en agosto de 1990. Era un hombre de figura cuadrada y bigote poblado, vehemente acerca de la urgencia de las reformas. «Perder tiempo significa perderlo todo -nos dijo-. Tenemos que actuar con rapidez porque una reforma gradual ofrece una cómoda excusa para que los intereses creados, los monopolistas de toda laya, todos los beneficiarios del socialismo paternalista no cambien nada en absoluto.» Aquello sonaba tan exaltado y radical que, cuando llegó el turno de preguntas, saqué a colación el impacto de las reformas sobre los empleos de la gente. «¿Se plantean proporcionar algún tipo de red de seguridad social para los parados?», pregunté. Klaus no me dejó terminar. «En su país pueden permitirse esos lujos -dijo-. Para salir adelante nosotros necesitamos cortar de raíz con el pasado. El mercado competitivo es el modo de producir riqueza, y eso es en lo que vamos a concentrarnos.» Nos hicimos buenos amigos, pero ésa fue la primera vez en mi vida que alguien me reñía por no apreciar suficientemente el poder de los mercados libres. Fue una experiencia singular para un admirador de Ayn Rand.

Mientras los países de Europa del Este avanzaban a la carrera con las reformas, la inestabilidad de Moscú sólo parecía ir a peor. Desde Occidente resultaba difícil determinar siquiera qué era lo que pasaba. Apenas una semana después de ser elegido presidente de la República Rusa en junio de 1991, Boris Yeltsin visitó Nueva York y habló en la Fed de esa ciudad. Yeltsin había empezado como jefe de la industria de la construcción y había sido alcalde de Moscú en la década de 1980; luego había dejado el Partido Comunista para tomar la causa de la reforma radical. Su elección por una mayoría del 60 por ciento a escala nacional fue una derrota aplastante para el comunismo. Aunque estaba subordinado a Gorbachov, su popularidad sumada a su impetuosidad hacían de él un atractivo imán: como Jruschov en una etapa anterior, parecía personificar las desconcertantes contradicciones de su país. Su primer viaje a Estados Unidos en 1989 había sido un desastre: la gente recordaba más que nada las imágenes en los telediarios de su comportamiento errático y su borrachera de Jack Daniel’s.

Gerald Corrigan, presidente de la Fed de Nueva York, había sido el primero en animar a Wall Street a ponerse en contacto con los reformistas soviéticos, algo que la Administración Bush quería ver hecho realidad. De modo que, cuando llegó Yeltsin a la ciudad, la Fed de Nueva York lo invitó a hablar en una cena ante unos cincuenta banqueros, financieros y grandes empresarios. Yeltsin llegó con un séquito nutrido, y Corrigan y yo hablamos unos instantes con él antes de que lo presentaran a los comensales asistentes. El Yeltsin que conocimos esa noche no era ningún bufón borracho; parecía listo y resuelto. En el estrado, habló convincentemente sobre la reforma por espacio de veinte minutos y sin notas, y luego respondió a las preguntas detalladas y concretas del público sin pedir ayuda a sus asesores.

Cada vez estaba menos claro si Gorbachov, o quien fuera, podía acabar con el régimen comunista sin provocar una caída total en la violencia. Cuando Gorbachov disolvió el Pacto de Varsovia en junio y lanzó su plan para reconstituir la URSS como confederación voluntaria de estados democráticos, la resistencia que tenía enfrente quedó brutalmente de manifiesto. En una intentona de golpe de Estado en agosto, los estalinistas de línea dura estuvieron a punto de derrocarlo; para muchos fue sólo el inspirado teatro de Yeltsin, que se subió a un tanque ante el Parlamento soviético, lo que permitió que Gorbachov sobreviviese.

Occidente empezó a buscar maneras de ayudar. Ése fue el motivo por el que el secretario de Estado Nick Brady y yo encabezamos un equipo que voló a Moscú en septiembre para encontrarse con Gorbachov y hablar con sus asesores económicos. Nuestra misión oficial era evaluar qué reformas necesitaba la Unión Soviética para unirse al Fondo Monetario Internacional, pero más que nada queríamos ver con nuestros propios ojos lo que pasaba.

Desde la perspectiva de la Fed y el mundo occidental, en términos puramente económicos la Unión Soviética no era una gran preocupación. Su economía no era tan grande; desde luego no había estadísticas fiables, pero los expertos calculaban que su PIB venía a ser del mismo tamaño que el del Reino Unido, o una sexta parte del de toda Europa. El Telón de Acero la había mantenido tan aislada que su porción del comercio mundial era reducida. Lo mismo cabía decir de la magnitud de su deuda con las naciones occidentales, que podría quedar expuesta a impago si el Gobierno se derrumbaba. Pero nada de eso tomaba en cuenta las cabezas nucleares. Todos éramos muy conscientes del peligro que un colapso soviético supondría para la estabilidad y la seguridad del mundo.

Sólo por ese motivo, quedamos horrorizados por la estampa que nos encontramos durante nuestra estancia.

Saltaba a la vista que el Gobierno se venía abajo. Todas las instituciones de planificación central empezaban a fallar, y el bienestar de la población estaba amenazado. Eduard Shevardnadze, que por esas fechas era ministro de Exteriores, nos habló de disturbios en las repúblicas soviéticas de la frontera rusa; dijo que la vida de los veinticinco millones de personas de etnia rusa que habitaban esas regiones podía estar en peligro. Peor aún, según él, era el riesgo de que Rusia y Ucrania, poseedoras ambas de armas del arsenal nuclear soviético, pudieran acabar enfrentadas.

Los datos económicos, que eran fragmentarios en el mejor de los casos, resultaban no menos alarmantes. La inflación estaba descontrolada, con precios que subían desde un 3 a un 7 por ciento por semana. Eso se debía a que todos los mecanismos centrales de producción y distribución se estaban descomponiendo, y cada vez más dinero perseguía a cada vez menos artículos. En un esfuerzo por mantener un mínimo de movimiento, el Gobierno estaba inundando de dinero la economía. Un asesor de Gorbachov me dijo: «Las imprentas no dan abasto. Estamos imprimiendo rublos las veinticuatro horas del día.»

Sobre todo este panorama pendía la sombra de la incapacidad para llevar comida a las tiendas. Habían existido momentos del pasado en que la producción de Ucrania le había valido la fama de granero del mundo. Pero si bien las cosechas todavía eran relativamente abundantes, algunos de los cultivos se habían podrido en los campos porque no había manera de recoger y distribuir los productos y el grano. Las adquisiciones soviéticas de cereal extranjero ascendían hasta cuarenta millones de toneladas al año. Las carestías de pan eran una llaga en la memoria nacional: fueron los Disturbios del Pan de 1917, cuando las ancianas de San Petersburgo se rebelaron, los que ayudaron a provocar la caída del zar.

Una conversación por separado me ofreció un atisbo de lo quebradiza que era aquella economía y lo difícil que sería de cambiar. Boris Nemtsov, un economista reformista, me habló en confianza: «Deje que le hable de las ciudades militares», y soltó una retahíla de nombres que nunca había oído. De punta a punta de la nación, explicó Nemtsov, había al menos veinte ciudades, cada una con dos millones de habitantes o más, que se habían construido alrededor de plantas militares. Estaban aisladas y especializadas, y no tenían otra razón de ser que servir al Ejército soviético. Estaba claro lo que sugería: poner fin a la guerra fría y pasarse a una economía de mercado dejaría a ciudades enteras y millones de trabajadores con poco que hacer y ningún medio fácil de adaptarse. La rigidez integral del sistema económico soviético era mucho más extrema que cualquier cosa que hubiera conocido en Occidente. Entre las muchas inquietudes estaba la de que, para sobrevivir, esos trabajadores militares, entre los que se contaban científicos, ingenieros y técnicos de talla mundial, con el tiempo tendrían que vender sus talentos a estados canallas.

Hubo más sesiones informativas, pero el mensaje era el mismo. Cuando nos reunimos con el presidente Gorbachov y reiteró su meta de convertir la nación en «una gran fuerza comercial en el mundo», admiré su valentía. Pero en el margen de mi cuaderno apunté: «La URSS es una tragedia griega en ciernes.»

Grigori Yavlinski, economista jefe del Consejo de Ministros de Gorbachov, dirigió en octubre de 1991 una delegación a Tailandia, donde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional celebraban su reunión anual. Fue un momento genuinamente histórico: la primera vez que unos funcionarios soviéticos se sentaban con los gestores clave de la política económica del mundo capitalista.

Ya se le había concedido a la Unión Soviética un estatus provisional que formalmente le daba acceso al consejo del FMI y el Banco Mundial, pero no a préstamos. Yavlinski y su equipo acudieron para sostener que la confederación de repúblicas soviéticas restantes debería recibir la condición de miembro de pleno derecho. La cuestión de unos préstamos occidentales masivos no figuró inmediatamente en el orden del día: los soviéticos insistían en que podían gestionar la transición a una economía de mercado por su cuenta, y ninguna de las naciones del G7 se ofrecía.

Los debates duraron dos días enteros, y si tuviera que elegir una palabra para describir lo que sintieron los banqueros centrales y ministros de Economía occidentales, sería «impotencia». Sabíamos que lo que quedaba de la Unión Soviética se estaba resquebrajando; sabíamos que las Fuerzas Armadas no habían cobrado y que un colapso del Ejército podría suponer una grave amenaza para la paz mundial. Nos inspiraba una honda preocupación lo que pasara con las armas nucleares. El deterioro era interno y político. Lo único que podía hacer el FMI era hablar de dinero, y el dinero no era el problema. Acabamos haciendo lo que suelen hacer las organizaciones en esas circunstancias: delegamos un comité para seguir estudiando y deliberando (en este caso, los viceministros de Finanzas del G7 debían ir a Moscú al cabo de unas semanas para hacer consultas). De modo que todo dependía de los reformadores soviéticos. Los retos que afrontaban eran más difíciles que los planteados a sus equivalentes en Europa del Este. Los dirigentes polacos y checoslovacos habían podido ampararse en la buena disposición de la población; por duras que fueran las circunstancias económicas, sus naciones se estaban liberando de las garras de Moscú. Pero muchos ciudadanos soviéticos se habían enorgullecido de la condición de superpotencia de su país y habían sacrificado mucho para alcanzarla. Para ellos, los trastornos no traían más que pena: una gran pérdida de prestigio nacional. La humillación ponía las cosas mucho más difíciles a los reformistas.

Es más: en la Unión Soviética habían pasado demasiados años desde 1917; apenas quedaba nadie vivo que recordara siquiera la propiedad privada o tuviera experiencia o formación empresarial de primera mano. No había contables, auditores, analistas financieros, comerciales o abogados mercantiles, ni siquiera entre los jubilados. En Europa del Este, donde el comunismo había reinado durante cuarenta años en vez de ochenta, los mercados libres podían reinstaurarse; en la Unión Soviética había que resucitarlos de entre los muertos.

Gorbachov no permaneció en el poder lo suficiente para supervisar las reformas del mercado; dimitió en diciembre de 1991 cuando la Unión Soviética se descompuso de forma oficial para dar paso a una laxa confederación económica de repúblicas ex soviéticas. «Fin de la Unión Soviética; Gorbachov, último líder soviético, dimite; EE.UU. reconoce la independencia de las repúblicas», rezaba el titular de The New York Times del 26 de diciembre; lo miré y me apesadumbró que Ayn Rand no hubiera vivido para verlo. Ella y Ronald Reagan habían sido de los pocos que habían predicho con décadas de antelación que la URSS en última instancia se derrumbaría desde dentro.

El hombre al que Boris Yeltsin escogió para lanzar las reformas económicas en Rusia fue Yegor Gaidar. En los años 80, cuando él y otros jóvenes economistas habían soñado con crear una economía de mercado en la Unión Soviética, se habían imaginado una transición organizada y metódica. Sin embargo, en ese momento, sumidos en un caos creciente, no había tiempo para eso: a menos que el Gobierno consiguiera arrancar los mercados, la gente podría morir de hambre. De modo que, en enero de 1992, Gaidar, como primer ministro interino de Rusia, recurrió a la estrategia que había funcionado en Polonia: un súbito final de los controles de precios.

La terapia de shock sacudió a los rusos mucho más que a los polacos. El tamaño del país, la rigidez del sistema, el hecho de que el Estado llevara dictando los precios durante toda la vida de los habitantes… todos esos factores se conjuraban ahora en su contra. La inflación subió con tanta rapidez que los salarios de la gente, cuando podían cobrarlos, perdieron todo su valor, y sus escasos ahorros fueron exterminados. El rublo perdió tres cuartas partes de su valor en cuatro meses. Los artículos seguían escaseando en las tiendas, y el mercado negro floreció.

Entonces, en octubre, Yeltsin y sus economistas desencadenaron la segunda reforma masiva: emitieron vales para 144 millones de personas y empezaron a privatizar las empresas y bienes inmuebles de propiedad estatal a escala masiva. También esa reforma fue mucho menos eficaz que en Europa del Este. Millones de personas acabaron con acciones en empresas o la propiedad de sus pisos, cual era el objetivo, pero millones más perdieron sus vales a manos de estafadores. Industrias enteras terminaron en manos de un puñado de oportunistas a los que llegaron a conocer como los oligarcas. Al igual que Jay Gould y algunos de los magnates del ferrocarril de Estados Unidos decimonónicos, que acumularon inmensas fortunas en parte manipulando concesiones de tierras gubernamentales, los oligarcas constituyeron una clase adinerada nueva por completo y agravaron el caos político.

Me fascinó presenciar el curso de esos acontecimientos. Los economistas han tenido una considerable experiencia en la observación de cómo unas economías de mercado se convierten a la planificación central; en verdad, el desplazamiento hacia el comunismo en el Este y el socialismo en Occidente fue la tendencia económica dominante del siglo XX. Aun así, hasta hace pocos años, hemos tenido poco contacto con el movimiento en la dirección opuesta. Hasta que cayó el Muro y se puso de manifiesto la necesidad de desarrollar economías de mercado a partir de los escombros de los regímenes de planificación central de Europa del Este, pocos economistas habían dedicado tiempo a reflexionar sobre los cimientos institucionales que precisan los mercados libres. En ese momento, sin querer, los soviéticos estaban realizando un experimento para nosotros. Y algunas de las lecciones eran asombrosas.

El colapso de la planificación central no estableció de manera automática el capitalismo, en contra de las optimistas predicciones de muchos políticos de inclinación conservadora. Los mercados occidentales poseen un inmenso sostén de cultura e infraestructura que ha evolucionado a lo largo de generaciones: leyes, convenciones, comportamientos y clases y prácticas empresariales de las que no había necesidad en un Estado centralmente planificado.

Obligados a dar el salto de la noche a la mañana, los soviéticos no consiguieron un sistema de libre mercado sino uno de mercado negro. Los mercados negros, con sus precios no regulados y su competencia abierta, en apariencia replican lo que sucede en una economía de mercado, pero sólo en parte. No cuentan con el apoyo del Estado de derecho. No hay derecho a tener propiedad y disponer de ella respaldado por el poder impositivo del Estado. No existe derecho contractual, bancarrota u oportunidad de llevar las disputas a los tribunales para su resolución. Falta el eje de una economía de libre mercado, los derechos de propiedad.

El resultado es que los mercados negros aportan pocos de los beneficios para la sociedad del comercio con sanción legal. Saber que el gobierno protegerá su propiedad anima a los ciudadanos a asumir riesgos en los negocios, un prerrequisito de la creación de riqueza y el crecimiento económico. Pocos arriesgarán su capital si las recompensas van a estar sujetas a la apropiación arbitraria por parte del gobierno o una mafia.

Para mediados de los 90, ése era el panorama en buena parte de Rusia. Para las generaciones de personas que se habían criado con la noción marxista de que la propiedad privada es un robo, la transición hacia una economía de mercado ya suponía un reto a su sentido de lo correcto y lo incorrecto (No puede decirse que Marx fuera el primero en condenar la propiedad privada; la noción de que es pecaminosa, junto con el lucro y el préstamo con interés, está profundamente arraigada en el cristianismo, el islam y otras religiones. Sólo con la Ilustración surgieron principios compensatorios que aportaban una base moral para la propiedad y el lucro. John Locke, el gran filósofo británico del siglo XVII, escribió acerca del «derecho natural» de todo individuo a «la vida, la libertad y el patrimonio». Ese pensamiento influyó profundamente a los Padres Fundadores de Estados Unidos y ayudó a fomentar el capitalismo de libre mercado en el paísNo puede decirse que Marx fuera el primero en condenar la propiedad privada; la noción de que es pecaminosa, junto con el lucro y el préstamo con interés, está profundamente arraigada en el cristianismo, el islam y otras religiones. Sólo con la Ilustración surgieron principios compensatorios que aportaban una base moral para la propiedad y el lucro. John Locke, el gran filósofo británico del siglo XVII, escribió acerca del «derecho natural» de todo individuo a «la vida, la libertad y el patrimonio». Ese pensamiento influyó profundamente a los Padres Fundadores de Estados Unidos y ayudó a fomentar el capitalismo de libre mercado en el país). El auge de los oligarcas socavó aún más el apoyo popular. Desde el principio, la aplicación de la ley en defensa de la propiedad privada fue extremadamente desigual. De la tarea se encargaron en buena medida las fuerzas de seguridad, y las ocasionales guerras entre ellas agravaron más aun la sensación de caos.

No estaba nada claro que el propio Gobierno de Yeltsin entendiera cómo debía funcionar el sistema legal de una economía de mercado. En 1998, por ejemplo, un influyente académico ruso explicó a The Washington Post: «El Estado cree […] que el capital privado deben defenderlo quienes lo poseen […]. Es una política plenamente consciente por parte de las autoridades de la ley y el orden desentenderse de la defensa del capital privado.» A mí eso me sugería una ignorancia básica de la necesidad de encarnar los derechos de propiedad en el sistema judicial. El uso de fuerzas policiales privadas rivales no es el imperio de la ley; es el imperio del miedo y la fuerza.

La confianza en la palabra de los demás, sobre todo de los desconocidos, era otro elemento palmariamente ausente en la nueva Rusia. Apenas pensamos nunca en esta faceta del capitalismo de mercado, pero es crucial. A pesar del derecho que en Occidente tiene toda persona a presentar una demanda para resolver lo que percibe como un agravio, si hubiera que arbitrar sobre más de una pequeña fracción de los contratos, nuestros tribunales estarían empantanados hasta la parálisis. En una sociedad libre, la inmensa mayoría de las transacciones son pues, por necesidad, voluntarias. El intercambio voluntario, a su vez, presupone confianza. Siempre me ha impresionado que, en los mercados financieros occidentales, transacciones que mueven centenares de millones de dólares a menudo sean meros acuerdos orales que sólo se confirman por escrito en fechas posteriores, y en ocasiones tras muchos movimientos de precios. Pero la confianza hay que ganársela; la reputación a menudo es el activo más valioso de una empresa.

La caída de la Unión Soviética concluyó un descomunal experimento: el prolongado debate sobre las virtudes de aquellas economías organizadas en torno a los mercados libres y de aquellas gobernadas por un socialismo de planificación central está básicamente finiquitado. Sin duda, existen todavía unos pocos partidarios del socialismo a la vieja usanza. Pero lo que la inmensa mayoría del resto de socialistas propugna ahora es una variedad sumamente diluida, denominada a menudo socialismo de mercado.

No estoy diciendo que el mundo esté a punto de abrazar el capitalismo de mercado como única modalidad relevante de organización económica y social. Ingentes cantidades de personas siguen considerando degradante el capitalismo, con su énfasis en el materialismo. Y uno puede buscar el bienestar material y aun así opinar que los mercados competitivos están sujetos a un exceso de manipulación por parte de publicistas y comerciales que trivializan la vida al promocionar valores superficiales y efímeros. Algunos gobiernos, como el de China, aun hoy en día intentan imponerse a las preferencias evidentes de sus ciudadanos limitando su acceso a los medios extranjeros, de los que temen que socavarán su cultura. Por último, sigue existiendo un proteccionismo latente, en Estados Unidos y en todas partes, que podría surgir como una fuerza potente contra el comercio y las finanzas internacionales y el capitalismo de libre mercado que sustentan, en especial si la economía mundial de alta tecnología de la actualidad vacilase. Con todo, el veredicto sobre la planificación central está dictado, y es inequívocamente negativo.

7 La agenda de un demócrata

La noche del 17 de febrero de 1993, me encontré bajo el incómodo fulgor de los focos de la televisión en una sesión conjunta del Congreso, sentado entre Hillary Clinton y Tipper Gore. La primera fila de la tribuna no era exactamente donde había esperado presenciar la primera alocución parlamentaria importante del presidente Clinton. Había dado por supuesto que mi invitación a acompañar a la primera dama era una cuestión de cortesía y que estaría al fondo del palco con los asesores de la Casa Blanca. Supongo que era agradable saber que la Reserva Federal se consideraba un activo nacional valioso tras el trato algo menos que favorable que nos había dispensado el presidente Bush, pero evidentemente me habían colocado en primera fila por motivos políticos. La señora Clinton llevaba un vestido rojo brillante y, mientras hablaba el presidente, las cámaras nos enfocaban una y otra vez.

Después resultó que no a todo el mundo le había hecho gracia verme allí, con el argumento de que podía poner en entredicho la independencia de la Fed. Ésa no era en absoluto mi intención, claro está. Sin embargo, estaba decidido a entablar una relación de trabajo con aquel presidente, que parecía seriamente responsable en materia fiscal.

Había conocido a Clinton a principios de diciembre, cuando era presidente electo. Todavía no se había mudado a Washington, de modo que verlo significaba volar hasta Little Rock, Arkansas. Él y su equipo de transición se habían instalado en la mansión del gobernador, que resultó ser un gran edificio de ladrillo rojo con pilares blancos erigido sobre hectáreas de hierba lisa y jardines cerca del centro de la ciudad.

Mientras me hacían pasar a una antesala, no estaba seguro qué esperar. Una cosa que había oído de él, no obstante, era que siempre se retrasaba, de modo que había llevado conmigo varios informes económicos para leer y me mantuve ocupado durante veinte minutos o así hasta que apareció. «Señor presidente», dijo mientras avanzaba hacia mí con paso firme, sonriente y con la mano extendida. Vi por qué tenía fama de ser un gran político en las distancias cortas. Me hizo creer que de verdad tenía ganas de verme.

Clinton había esbozado una amplia y ambiciosa agenda económica durante su campaña. Quería rebajar los impuestos sobre la clase media, reducir a la mitad el déficit federal, estimular el crecimiento de empleo, aumentar la competitividad de Estados Unidos por medio de nuevos programas de educación y formación, invertir en la infraestructura de la nación y más cosas. Yo había visto y participado en muchas campañas presidenciales. Los candidatos prometían algo para todo el mundo. Pero me preguntaba cuáles eran las auténticas prioridades de Clinton. Debió de leerme el pensamiento; una de las primeras cosas que me dijo fue: «Necesitamos fijar nuestras prioridades económicas, y me interesa su percepción de la economía.»

Desde la perspectiva de la Fed, si quería abordar la salud a largo plazo de la economía, el déficit era con diferencia la preocupación más acuciante. Ya había expuesto ese argumento al principio del mandato de Bush, y ahora el problema era cuatro años peor. La deuda nacional en manos del público había crecido hasta los 3 billones, lo que provocaba que los pagos de intereses se convirtieran en el tercer gasto federal por magnitud, después de la Seguridad Social y la defensa. De modo que, cuando Clinton solicitó mi evaluación económica, tenía el discurso preparado.

Los tipos de interés a corto plazo estaban por los suelos -los habíamos rebajado hasta el 3 por ciento- y la economía se estaba sacudiendo poco a poco los efectos de la contracción del crédito y creciendo a un ritmo bastante razonable, le expliqué. Se habían creado más de un millón de nuevos empleos netos desde principios de 1991. Pero los tipos de interés a largo plazo seguían empecinadamente altos. Estaban actuando de freno para la actividad económica al elevar los costes de las hipotecas de viviendas y la emisión de bonos. Reflejaban una expectativa de inflación continua para la que los inversores habían llegado a requerir un margen extra de interés que compensara la incertidumbre y los riesgos añadidos.

Mejorando las expectativas de los inversores, le dije a Clinton, los tipos a largo plazo podrían caer y así impulsar la demanda de nuevos hogares y los electrodomésticos, muebles y toda la gama de artículos de consumo asociados a la propiedad de una vivienda. Los valores de las acciones también subirían, a medida que los bonos fueran siendo menos atractivos y los inversores se pasasen a los valores de renta variable. Los negocios se ampliarían y crearían empleo. Entre una cosa y otra, la segunda mitad de la década de 1990 podía pintar de maravilla. No se me escapaba el hecho de que 1996 sería año de elecciones presidenciales. El camino a un futuro beneficioso, le dije al presidente electo, era bajar la trayectoria a largo plazo de los déficits presupuestarios federales.

Para mi gran alegría, Clinton pareció plenamente comprometido. Daba la impresión de haberse contagiado de mi sensación de urgencia sobre el déficit, e hizo un montón de preguntas inteligentes que los políticos no suelen plantear. Nuestra reunión, que tenía prevista una hora de duración, se convirtió en un animado debate que se prolongó durante casi tres. Tocamos todo un abanico de temas al margen de la economía -Somalia, Bosnia y la historia rusa, los programas de formación laboral, la educación- y me pidió mi evaluación de los dirigentes mundiales a los que todavía no había tenido ocasión de conocer. Al cabo de un rato, unos asesores trajeron de comer.

De modo que el saxofón no era lo único que teníamos en común. Tenía ante mí a un compadre sabueso de la información y, como yo, Clinton disfrutaba a las claras explorando ideas. Me fui impresionado, mas no del todo seguro de lo que pensaba. A todas luces, por pura inteligencia, Bill Clinton estaba a la par con Richard Nixon, quien, a pesar de sus evidentes defectos, era el presidente más listo que había conocido hasta ese momento. Además, o bien Clinton compartía muchas de mis opiniones sobre el modo en que estaba evolucionando el sistema económico y lo que debía hacerse, o bien era el camaleón más astuto con el que hubiera topado. Cavilé sobre todo eso en el avión que me llevaba a casa. Al llegar a Washington, le dije a un amigo: «No sé si habría cambiado el voto, pero me ha dejado tranquilo.»

Esa sensación se vio reforzada una semana más tarde cuando Clinton anunció como cúpula económica a una serie de rostros conocidos. Para secretario del Tesoro había escogido a Lloyd Bentsen, el presidente del Comité Financiero del Senado, con Roger Altman, un banquero inversor muy inteligente de Wall Street, como su segundo. Como director del Presupuesto nombró a Leon Panetta, un congresista de California que presidía el Comité Presupuestario de la Cámara de Representantes, con la economista Alice Rivlin de subdirectora. Era la única economista del equipo, y sus credenciales resultaban impresionantes: había sido la directora fundadora de la Oficina del Presupuesto del Congreso y una de las primeras receptoras de las becas para genios de la Fundación MacArthur. No menos interesante era la elección por parte de Clinton de Robert Rubin, el copresidente de Goldman Sachs, para que dirigiera un nuevo consejo de la Casa Blanca dedicado a la política económica. Según explicó The New York Times, Rubin debía actuar como el equivalente económico de un asesor de seguridad nacional: su cometido sería obtener ideas de Tesoro, Estado, la oficina del Presupuesto, el Consejo de Asesores Económicos y otros departamentos y entretejerlas hasta formar opciones políticas para el presidente. Lo que me llamó la atención fue que Clinton estaba siguiendo los pasos de John F. Kennedy. Todos los nombramientos de política económica de Clinton eran centristas fiscalmente conservadores como Doug Dillon, el banquero republicano al que Kennedy escogió como secretario del Tesoro. Elegirlos a ellos hacía que Bill Clinton pareciera tan alejado del clásico liberal del «gasta y pon impuestos» como se podía estar sin dejar de ser demócrata.

Como toda nueva administración, la Casa Blanca de Clinton tuvo que correr para pergeñar su primer presupuesto, que debía remitirse al Congreso a principios de febrero. Según dicen todos, el presidente lo pasó mal para abordar las recomendaciones de su equipo económico. La magnitud plena de los problemas fiscales que se abrían ante ellos sólo entonces empezaba a ponerse de manifiesto: en diciembre la Oficina de Gestión y Presupuesto ofreció un análisis revisado cuya proyección era que el gobierno se encaminaba hacia un déficit de 360.000 millones de dólares en 1997, unos 50.000 millones más que en su estimación previa. Eso dejaba claro que, para acercarse aunque fuera un poco a su meta de demediar el déficit, Clinton tendría que abandonar o posponer otros planes muy queridos, como la rebaja fiscal a la clase media y las «inversiones» en formación y empleo.

Me mantuve al día del proceso de elaboración del presupuesto ante todo gracias a Lloyd Bentsen. El nuevo secretario del Tesoro me había llamado la atención por primera vez en las primarias de 1976; al final Jimmy Carter lo derrotó en la nominación demócrata, pero me pareció que Bentsen había dado imagen de presidente y actuado como tal. Distinguido, canoso y sofisticado, era un antiguo piloto de bombardero B-24 en la Segunda Guerra Mundial que había participado en cuatro legislaturas del Senado, donde se había ganado a pulso una reputación de buen tino y de sacar adelante las cosas con discreción. Andrea y yo teníamos trato social con Bentsen y su impresionante mujer, B. A., desde hacía algún tiempo. No me sorprendió descubrir que era un placer trabajar con él, incluso cuando discrepábamos.

Bentsen y el resto de integrantes del equipo económico se cuidaron de reconocer los límites de la Fed. De hecho, su decisión de no hacer comentarios públicos sobre política monetaria supuso una gran ruptura con el pasado y nos ayudó tanto a nosotros como a ellos al fomentar nuestra independencia. Cuando él y Panetta fueron a informarme a mediados de enero sobre la evolución del plan presupuestario, evitaron pedirme un respaldo o ni siquiera una opinión. Me limité a indicar que lo entendía, y en eso lo dejamos. En realidad, el plan me pareció no inflacionario y así lo declaré en el Congreso a finales de mes.

Bentsen me pidió que terciara ante el presidente en una sola ocasión: el día después de que declarase por primera vez a favor de su enfoque general. (Me había guardado de comentar los detalles del programa de Clinton.) A medida que el equipo hacía cuentas y el presupuesto iba cobrando forma, Clinton se las veía con una elección que era cada vez más descarnada. O bien optaba por un paquete de programas de gasto que cumpliera parte de sus promesas electorales, o bien se inclinaba por un plan de reducción del déficit cuyo éxito dependería de la impresión que causase en los mercados financieros y que tendría su recompensa principalmente a largo plazo. No había opción intermedia: no podíamos permitirnos las dos cosas. Ese dilema había abierto una brecha en el equipo de la Casa Blanca, algunos de cuyos integrantes ridiculizaban en privado el enfoque de la reducción del déficit como una bajada de pantalones ante Wall Street. Por eso Bentsen me pidió que acudiera a la Casa Blanca, para recalcar una vez más la urgencia de la reforma presupuestaria.

Nos encontramos con el presidente en el Despacho Oval la mañana del 28 de enero; Bob Rubin se nos unió. Clinton no era dado a los circunloquios, de modo que fui directo al grano. Me centré en el peligro de no afrontar el déficit de inmediato, vaticinando para él cómo, en ese caso, era probable que marchara la década. Debido al fin de la guerra fría, le dije, «el gasto en defensa se reducirá a lo largo de los siguientes años y eso enmascarará un montón de problemas. Pero para 1996 o 1997, será difícil que la opinión pública no haga caso de los déficits. Puede verlo en los datos». Y le esbocé el aumento que se preveía en los desembolsos exigibles de la Seguridad Social y otras prestaciones sociales, que provocarían que las simas del déficit se abrieran aun más. «De modo que la deuda crece acusadamente hasta entrado el siglo XXI, y crece el interés sobre la deuda, lo que amenaza con una espiral de déficits crecientes. A menos que se aborte, podría conducir a una crisis financiera», dije. Cuando terminamos, Clinton, como no era de extrañar, tenía mala cara.

Aunque no lo había expresado con todas las letras, la verdad esencial era que Reagan había tomado prestado de Clinton, y Clinton tenía que pagarlo. No había motivo para sentirlo por él: esos mismos problemas eran los que le habían permitido derrotar a George Bush. Pero me impresionó que no pareciera estar intentando rehuir la realidad en la medida en que lo hacían los políticos de ordinario. Se estaba obligando a vivir en el mundo real en lo relativo al panorama económico y la política monetaria. Su subsiguiente decisión de tirar adelante la lucha por los recortes del déficit fue un acto de valentía política. Habría sido muy fácil seguir el otro camino. No muchos se habrían enterado hasta pasado un año, dos o incluso tres.

Di un paso más para ayudar a los halcones del déficit: aconsejé a Bentsen sobre la profundidad con la que me parecía que habría que reducir el déficit para convencer a Wall Street y así hacer caer los tipos de interés a largo plazo. «No menos de 130.000 millones de dólares al año para 1997», fue su descripción abreviada de lo que dije. En realidad el consejo que le di fue más complejo. Perfilé un abanico de posibilidades, con una probabilidad asignada a cada uno, sin dejar de recalcar con atención en todo momento que la sustancia y credibilidad del programa serían más importantes que los números. Pero lo entendí cuando al final me dijo: «Sabes que no puedo trabajar con algo tan complicado.» La cifra que él extrajo se abrió camino hasta el presidente y ejerció un efecto poderoso. Dentro de la Casa Blanca, los 130.000 millones de dólares se convirtieron en el «número mágico» al que tenían que llegar los recortes del déficit.

El presupuesto fue un notición cuando por fin apareció. «El plan de Clinton para rehacer la economía busca gravar la energía y las grandes rentas» fue el titular de portada de The New York Times la mañana después del discurso de Clinton. «Un ambicioso programa apunta a una reducción del déficit de 500.000 millones en 4 años.» USA Today anunciaba «Una batalla declarada» y describía las propuestas de Clinton como «un paquete quinquenal de dolor». La cobertura mediática se centró ante todo en quién cargaría con los recortes (todos los sectores salvo los hogares pobres: el plan afectaba a los ricos, la clase media, los jubilados y las empresas). No deja de ser interesante que la reacción pública fuera en un principio favorable: las encuestas revelaban a unos estadounidenses de repente receptivos a la idea de hacer sacrificios para ordenar las cuentas de la nación.

La mayoría de nuevos presidentes obtienen un período de gracia del Congreso, pero Clinton se las vio con una guerra de trincheras. A pesar de la popularidad inicial del plan presupuestario, una mayoría de congresistas lo odiaban; no era de extrañar, dado que apuntaba a objetivos abstractos y lejanos y no ofrecía nuevos proyectos de autopistas, programas de armamentos u otras alegrías lucrativas que llevarse a casa para el electorado. Creo que a Clinton lo sobresaltó el grado de oposición. Los republicanos rechazaron en redondo el presupuesto y muchos demócratas se rebelaron, y los debates se prolongaron hasta bien entrada la primavera. Aunque los demócratas tenían una mayoría de 258 a 177 en la Cámara de Representantes, había serias dudas sobre si el presupuesto se aprobaría, y sus perspectivas en el Senado se antojaban incluso peores. El conflicto se hacía extensivo al interior de la Casa Blanca, donde figuras clave seguían propugnando una agenda menos compatible con Wall Street. Una era el asesor de Clinton, James Carville, a quien se debe la famosa burla: «Antes pensaba que, si existe la reencarnación, yo quería volver como presidente, papa o bateador con una media de 0,400, pero ahora quiero regresar como mercado de bonos. Puedes intimidar a quien sea.» El desacuerdo, que fue ampliamente difundido por los medios, hizo que Clinton pareciera débil, y su popularidad inicial se desvaneció. Para finales de primavera su índice de aprobación se hundió hasta un abismal 28 por ciento.

El presidente estaba de los nervios cuando lo volví a ver el 9 de junio. La Cámara de Representantes había aprobado por fin su presupuesto dos semanas antes… por un solo voto de diferencia. Y en el Senado apenas había empezado la lucha. Yo había recibido una llamada de David Gergen, el asesor de Clinton. «Está hecho polvo», me dijo, y me pidió si podía pasarme a levantarle el ánimo al presidente. Conocía a Gergen desde hacía veinte años, como consejero de Nixon, Ford y Reagan. Clinton lo había reclutado en parte porque era un profesional de Washington equilibrado, no neurótico, y en parte por ser republicano: el presidente esperaba reforzar su imagen de centrista.

Cuando entré en el Despacho Oval esa mañana, se notaba que la gente estaba agobiada. Se decía que llevaban tiempo trabajando día y noche, incluso Bentsen, que tenía setenta y dos años. (Andrea lo confirmaba; ya era la principal corresponsal de la NBC en la Casa Blanca.) Llevaban un tira y afloja con el Congreso, en un intento de que los números cuadrasen, y sin duda se sentían enfrentados a un problema imposible. El propio presidente parecía apagado. No costaba imaginar por qué. Estaba gastando su capital político, y aun así el presupuesto por el que tanto había sacrificado peligraba.

Lo animé lo mejor que pude. Le dije que su plan era nuestra mejor oportunidad en cuarenta años de conseguir un crecimiento estable a largo plazo. Intenté hacerle ver que la estrategia estaba en marcha, que estaba funcionando; los tipos a largo plazo ya presentaban una tendencia descendente, le enseñé. El hecho mismo de que hubiera reconocido en público que había que hacer algo con el déficit era un plus muy importante. Pero también le advertí que no sería fácil. Y en verdad, Clinton tuvo que luchar, presionar y regatear durante dos meses más para pasar su presupuesto por el Senado. Al igual que en la Cámara de Representantes, fue aprobado por un solo voto de diferencia; en esa ocasión un voto de calidad del vicepresidente Al Gore.

Clinton volvió a impresionarme ese otoño al luchar por la ratificación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido con las siglas en inglés, NAFTA). El tratado, negociado bajo el presidente Bush, fue diseñado ante todo para retirar paulatinamente los aranceles y otras barreras comerciales entre México y Estados Unidos, aunque también incluía a Canadá. Los sindicatos lo odiaban, y también la mayoría de demócratas, además de algunos conservadores; pocos observadores del Congreso le veían futuro. Pero Clinton sostenía, a todos los efectos, que no se puede impedir que el mundo gire; gustase o no, Estados Unidos estaba cada vez más integrado en la economía internacional, y el TLCAN encarnaba la creencia de que el comercio y la competencia crean prosperidad, y que para eso hacen falta mercados libres. Él y el equipo de la Casa Blanca no escatimaron esfuerzos, y tras dos meses de pelea consiguieron que el tratado fuese aprobado.

Todo eso me convenció de que nuestro nuevo presidente no hacía ascos a los riesgos ni se conformaba con el statu quo. Había mostrado una vez más su preferencia por atenerse a los hechos. Y en lo relativo al libre comercio, el hecho era el siguiente: la distinción entre competencia interna y competencia transnacional carece de significado económico. Si uno trabaja en una fábrica de Dubuque, Iowa, da igual si compite con alguien de Santa Fe o del otro lado de la frontera. Desaparecida ya la presión geopolítica de la guerra fría, Estados Unidos disponía de la oportunidad histórica de entrelazar más estrechamente la economía internacional. A menudo se criticaba a Clinton por su incoherencia y su tendencia a adoptar todas las posiciones de un debate, pero ése no fue nunca el caso de su política económica. Una concentración constante y disciplinada en el crecimiento económico a largo plazo se convirtió en el rasgo distintivo de su presidencia.

La Fed tuvo sus propias dificultades con el Congreso ese año, y por varios de los mismos motivos. Nuestro crítico más feroz era el congresista Henry B. Gonzalez de Tejas, el presidente del Comité de Banca de la Cámara de Representantes. Gonzalez, un irascible populista de San Antonio, era famoso por haberle dejado un ojo morado a un votante que le llamó comunista en un restaurante. En diversas sesiones del Congreso, Gonzalez había reclamado el impeachment de Reagan, Bush y Paul Volcker. Sentía una profunda desconfianza por lo que calificaba de «tremendo poder de la Fed»; me parece que simplemente daba por sentado que la Junta era un conciliábulo de nombramientos republicanos que dirigían la política monetaria pensando más en Wall Street que en el trabajador de a pie. En el otoño de 1993, Gonzalez cargó las tintas de verdad.

La Fed nunca le había hecho mucha gracia al Congreso, y es probable que nunca se la haga, aunque fuera el Congreso quien la creó. Existe un conflicto inherente entre el foco de la Fed, largoplacista por sus estatutos, y las necesidades a corto plazo de la mayoría de políticos con electores a los que contentar.

Esa fricción a menudo salía a relucir en las sesiones de supervisión. La Fed estaba obligada a presentar un informe bianual sobre sus decisiones de política monetaria y el panorama económico. A veces esas sesiones desencadenaban debates sustanciales sobre asuntos de primer orden. Pero con la misma frecuencia suponían un teatro en el que yo actuaba de atrezo; el público eran los votantes en sus casas. Durante la Administración Bush, el presidente del Comité de Banca del Senado, Alfonso D’Amato, de Nueva York, rara vez dejaba escapar una ocasión de poner verde a la Reserva Federal. «La gente va a morirse de hambre ahí fuera, y ustedes van a preocuparse de la inflación», me decía. Ese tipo de comentarios siempre los dejaba pasar. Pero cuando él o cualquier otro afirmaba que los tipos de interés estaban demasiado altos, respondía y explicaba por qué habíamos hecho lo que habíamos hecho. (Procuraba, como es natural, formular cualquier debate sobre posibles maniobras futuras en la jerga de la Fed, para no perturbar los mercados.)

Gonzalez emprendió una cruzada para hacer que la Fed fuera más transparente, centrándose en lo que él consideraba nuestro excesivo secretismo. Quería que el Comité Federal del Mercado Abierto, en particular, desempeñase sus funciones en público, y hasta abrir sus deliberaciones a la cobertura televisiva en directo. En un momento dado arrastró a dieciocho miembros del FOMC al Capitolio para que declarasen bajo juramento y denunció la consabida práctica del FOMC de jamás anunciar públicamente las medidas políticas o los cambios de tipos. La única constancia pública de cada reunión era un sucinto juego de actas publicadas con seis semanas de retraso; para los mercados financieros, una práctica eternidad. A consecuencia de ello, cualquier señal procedente de las operaciones de mercado abierto de la Fed o declaración pública de uno de sus miembros era objeto de ávido escrutinio en Wall Street.

Por su parte, la Reserva Federal, en aras de la estabilidad económica, hacía tiempo que buscaba fomentar unos mercados de deuda sumamente líquidos mediante el uso de lo que llamábamos ambigüedad constructiva. La idea era que unos mercados indecisos acerca de la dirección de los tipos de interés crearían un deseado gran colchón tanto de pujas como de ofertas. Para principios de los 90, sin embargo, los mercados se estaban volviendo lo bastante amplios y líquidos sin este apoyo de la Fed. Además, la ventaja de que los participantes en el mercado pudieran prever las futuras maniobras de la Reserva Federal se veía como un factor estabilizador de los mercados de la deuda. Habíamos emprendido el camino hacia una mayor transparencia en nuestras deliberaciones y operaciones, pero estábamos a años luz de la política que Henry Gonzalez habría querido vernos practicar.

Yo me oponía a la idea de celebrar esas reuniones a puerta abierta. El FOMC era nuestro principal organismo de toma de decisiones. Si sus deliberaciones eran del dominio público, con detalles de quién dijo cada cosa y a quién, las sesiones se convertirían en una serie de presentaciones sosas y escritas. Se perderían las ventajas del debate sin restricciones para la formulación de políticas.

Mi empeño por transmitir este argumento en las sesiones, sin embargo, no prosperó. Cuando Gonzalez fue a dar en la cuestión de qué registros manteníamos, me vi en una situación sumamente incómoda. En 1976, durante la Administración Ford, Arthur Burns había encargado al personal que grabase en cinta las reuniones del FOMC para ayudar a la redacción de las actas. La práctica seguía en vigor, y yo lo sabía, pero siempre había dado por sentado que las cintas eran borradas una vez escritas las actas. Al preparar la comparecencia ante el Comité de Banca, descubrí que no era ése exactamente el caso: aunque las cintas sí se borraban de manera rutinaria, el personal guardaba copias de las transcripciones completas, sin editar, en un archivador cerrado con llave al fondo del pasillo de mi oficina. Cuando revelé la existencia de las transcripciones, Gonzalez saltó. Más convencido que nunca de que conspirábamos para ocultar secretos embarazosos, amenazó con reclamar las grabaciones mediante orden judicial.

Gonzalez recelaba en especial de dos teleconferencias que el FOMC había realizado durante la preparación de las sesiones. No queríamos entregar esas cintas, por miedo a sentar un precedente. Tras negociar un poco, accedimos a permitir que los abogados del comité -uno demócrata y otro republicano- acudieran a la Fed y las escuchasen.

Las cintas del Watergate habían sido mucho más emocionantes, como no tardaron en descubrir. Tras escuchar pacientemente durante poco menos de dos horas las deliberaciones del FOMC, el demócrata se fue sin mediar palabra y el republicano comentó que habría que usar la cinta para enseñar a los estudiantes de las clases de civismo en el instituto cómo deberían funcionar las reuniones gubernamentales (The New York Times (16 de noviembre, 1993) citaba unas declaraciones del congresista Gonzalez en las que se quejaba de que las cintas incluían «comentarios despectivos sobre un distinguido miembro del Comité de Banca de la Cámara de Representantes y los miembros de dicho comité en general»).

Aun así, mis colegas estaban indignados: sobre todo con Gonzalez, pero es probable que tampoco estuvieran muy contentos conmigo. Para empezar, la mayoría no sabían que nuestras reuniones se grababan. Y la idea de que cualquier comentario que hubieran realizado pudiera salir a la luz de inmediato si Gonzalez se salía con la suya generaba mucho malestar. En la siguiente reunión del FOMC, el 16 de noviembre, los participantes estaban a todas luces mucho menos dispuestos a exponer ideas. «Se notaba una diferencia, y no para mejor», dijo un directivo a un periodista de The Washington Post.

Tras debatirlo largo y tendido, la Junta decidió resistirse, en los tribunales si era necesario, a cualquier orden judicial o exigencia que pudiera entorpecer la eficacia de la institución. Pero la controversia también aceleró nuestras recientes deliberaciones sobre la transparencia. Al final decidimos que el FOMC anunciaría sus resoluciones inmediatamente después de cada reunión, y que se publicaría la transcripción completa tras un intervalo de cinco años. (La gente decía en broma que aquello era el equivalente de la glasnost para la Fed.) Lo hicimos sabiendo que las transcripciones publicadas harían nuestras sesiones más largas y menos creativas. Llegado el momento, no fue el fin del mundo. Los cambios no sólo dotaron de mayor transparencia al proceso, sino que también nos proporcionaron nuevos medios de comunicarnos con los mercados.

Agradecí que el presidente Clinton se distanciara de toda aquella tormenta en un vaso de agua. «¿Alguien en su sano juicio cree que haríamos cualquier cosa para alterar la independencia de la Fed?», fue lo único que quiso decir después, y añadió: «No tengo una sola crítica para con la Reserva Federal desde que soy presidente.»

En mitad de aquellos melodramas washingtonianos, a veces era fácil olvidar que ahí fuera había un mundo real en el que sucedían cosas reales. Ese verano, las crecidas de los ríos Misisipí y Missouri paralizaron nueve estados del Medio Oeste. Los astronautas de la NASA se pusieron en órbita para reparar el Telescopio Espacial Hubble. Hubo un golpe de Estado fallido contra Boris Yeltsin y Nelson Mandela ganó el premio Nobel de la Paz. Se produjeron desconcertantes brotes de violencia en Estados Unidos: la bomba en el World Trade Center, el sitio de Waco y el asesinato y mutilación de científicos y profesores por parte de Unabomber. En la América corporativa, algo llamado reingeniería de procesos empresariales se convirtió en la última moda de la gestión, y Lou Gerstner inició un empeño por transformar IBM. Más importante, desde el punto de vista de la Fed, fue que la economía parecía haberse desembarazado por fin de sus males de principios de los 90. La inversión empresarial, la vivienda y el gasto de consumo crecieron con fuerza, y el paro bajó. Para finales de 1993, el PIB real no sólo había crecido un 8,5 por ciento desde la recesión de 1991, sino que se expandía a un ritmo anual del 5,5 por ciento.

Todo lo cual llevó a la Fed a decidir que era el momento de endurecer los tipos. El 4 de febrero de 1994, el FOMC aprobó una subida de un cuarto de punto de los tipos de interés de los fondos federales, hasta el 3,25 por ciento. Era la primera subida de tipos en cinco años, y la impusimos por dos motivos. En primer lugar, la contracción del crédito posterior a la década de 1980 por fin había terminado: los consumidores estaban obteniendo las hipotecas que necesitaban y las empresas conseguían préstamos. Durante muchos meses, mientras los créditos fueron restrictivos, habíamos mantenido el tipo de los fondos federales a un nivel excepcionalmente bajo del 3 por ciento. (A decir verdad, si se tenía en cuenta la inflación, que también se acercaba a una tasa anual del 3 por ciento, el tipo sobre los fondos federales se aproximaba al cero en términos reales.) Ahora que el sistema financiero se había recuperado, iba siendo hora de poner fin a esa «postura excesivamente complaciente», como la llamaba yo.

El segundo motivo era el propio ciclo económico. La economía se hallaba en una fase de crecimiento, pero queríamos que la inevitable cuesta abajo, cuando llegase, tuviese menos de montaña rusa: una desaceleración lenta en lugar de una vertiginosa caída hacia la recesión. Hacía tiempo que la Fed intentaba adelantarse a la curva endureciendo los tipos a la primera señal de inflación, antes de que la economía tuviese ocasión de sobrecalentarse seriamente. Pero subir los tipos de esa manera nunca había impedido la recesión. En esa ocasión, optamos por aprovechar la relativa tranquilidad económica para adoptar un enfoque más radical: actuar de manera suave y preventiva, antes de que la inflación apareciese siquiera. Era cuestión de psicología, expliqué al Congreso ese febrero. Basándome en lo que habíamos aprendido en los años recientes sobre las expectativas de inflación, dije: «Si la Reserva Federal espera a que la inflación real empeore antes de tomar contramedidas, habrá esperado demasiado. Unos pasos correctivos modestos ya no bastarán para contener los desequilibrios económicos emergentes […]. En lugar de eso harán falta medidas más radicales, con efectos secundarios adversos e inevitables sobre la actividad económica a corto plazo.»

Como había pasado tanto tiempo desde nuestra última subida de tipos, me preocupaba que la noticia sacudiese los mercados. De modo que, con el consentimiento del FOMC, insinué enérgicamente por adelantado que era inminente un cambio de política. «Los tipos de interés a corto plazo están anormalmente bajos -le dije al Congreso a finales de enero-. En algún momento, a falta de un debilitamiento inesperado y prolongado de la actividad económica, tendremos que alterarlos.» (Esto tal vez suene excesivamente sutil al lector, pero en la escala de las declaraciones públicas de la Fed con anterioridad a una medida, era como una cacerolada.) También visité la Casa Blanca para poner sobre aviso al presidente y sus asesores. «No hemos tomado una decisión definitiva -les dije-, pero las opciones son quedarnos de brazos cruzados, en cuyo caso probablemente tendremos que subir más los tipos, o introducir unos leves aumentos ahora.» Clinton respondió: «Obviamente, preferiría unos tipos bajos», pero me dijo que lo entendía.

El resto del mundo, por el contrario, parecía hacer oídos sordos. Los mercados no hicieron nada por descontar una subida de tipos (normalmente, cuando se espera una crecida, los tipos de interés a corto plazo subían un poco y las acciones bajaban un poco). De modo que, cuando al final actuamos, fue un sobresalto. Fieles a nuestra nueva apertura, en la reunión del FOMC del 4 de febrero decidimos anunciar la subida de tipos en cuanto levantáramos la sesión. Para el final del día, el índice industrial Dow Jones había perdido 96 puntos, casi un 2,5 por ciento. Varios políticos reaccionaron con vehemencia. El senador Paul Sarbanes de Maryland, crítico habitual de la Fed, nos comparó con «un bombardero que pasa y vuela una granja […] porque se cree que el malo, la inflación, está dentro […] cuando en realidad lo que hay […] es una familia feliz disfrutando la reinstauración del crecimiento económico».

Para mí esas reacciones no hacían sino demostrar lo apegados que se estaban volviendo los estadounidenses a unos tipos de interés bajos y estables. En los pasillos de la Fed, varios de los presidentes de banco habían propugnado un aumento de hasta el doble del aplicado. Temeroso de una reacción de pánico por parte del mercado, insté a mis colegas a que este primer paso fuera pequeño.

Seguimos pisando el freno a lo largo de todo 1994, hasta que, para finales de año, el tipo de los fondos federales estaba al 5,5 por cien. Aun así, la economía vivió un año muy bueno: creció a un saludable 4 por ciento, sumó 3,5 millones de nuevos empleos, aumentó la productividad y los beneficios de las empresas subieron. Lo que no es menos importante, la inflación no se incrementó en absoluto: por primera vez desde la década de 1960, llevaba tres años seguidos por debajo de una tasa del 3 por ciento anual. Los precios de bajos a estables se estaban convirtiendo en una realidad y una expectativa, hasta tal punto que, a finales de 1994, cuando hablé para el Business Council, una asociación compuesta por los directivos de grandes compañías, varios de los directores generales se quejaban de que costaba afianzar los aumentos de precios. No me mostré comprensivo. «¿Cómo que tienen problemas? -pregunté-. Los márgenes de beneficios están subiendo. Dejen de quejarse.»

Durante décadas, los analistas se habían preguntado si la dinámica del ciclo económico descartaba la posibilidad de un «aterrizaje suave» para la economía: una desaceleración cíclica sin las pérdidas de empleo y la incertidumbre de una recesión. El término «aterrizaje suave» procedía en realidad de la carrera espacial de los 70, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían por posar sondas no tripuladas en Venus y Marte. Algunas de esas naves espaciales realizaron aterrizajes suaves exitosos, pero la economía no lo había conseguido nunca; de hecho, en la Fed ni siquiera se usaba la expresión. Pero en 1995, un aterrizaje suave fue exactamente lo que pasó. El crecimiento económico perdió velocidad durante todo el año, hasta una tasa anualizada de menos del 1 por ciento en el cuarto trimestre, cuando nuestra nave espacial metafórica tomó tierra con delicadeza.

En 1996, la economía volvió a cobrar impulso. Para noviembre, cuando el presidente Clinton ganaría la reelección, la actividad se estaba expandiendo a un ritmo sólido del 4 por ciento. Los medios celebraron un aterrizaje suave mucho antes de que yo estuviera dispuesto a hacerlo; todavía en diciembre de 1996 recomendaba precaución a mis colegas: «No hemos completado del todo el proceso. Dentro de seis meses podríamos toparnos con una recesión.» Pero en retrospectiva, el aterrizaje suave de 1995 fue uno de los logros de la Fed durante mi etapa de los que más me enorgullezco.

Todo eso esperaba oculto en el futuro, por supuesto, cuando el FOMC endureció los tipos. Saber cuándo empezar a apretar, cuánto y, lo más importante, cuándo parar era un desafío intelectual fascinante y en ocasiones desquiciador, sobre todo porque nadie lo había intentado nunca de esa manera. La sensación no era «Venga, hagamos un aterrizaje suave», sino más bien «Saltemos de este edificio de sesenta pisos e intentemos caer de pie». Lo que más cuesta arriba se les hizo a algunos miembros del comité fue la subida de tipos, que se demostraría la última: un aumento del 0,5 el 1 de febrero de 1995. «Temo que, si actuamos hoy, nuestra maniobra pueda ser la que acabemos por lamentar», dijo Janet Yellen, una consejera que más tarde presidiría el Consejo de Asesores Económicos de Clinton. Era la partidaria más declarada de cambiar a una postura de esperar y observar. El aumento, que acabamos adoptando por unanimidad ese día, llevó el tipo de los fondos federales hasta el 6 por ciento, el doble de su valor cuando habíamos empezado menos de un año atrás. Todos los miembros del FOMC conocían los riesgos. ¿Habíamos dado una vuelta de más a la tuerca? ¿O una de menos? Avanzábamos a tientas. El FOMC siempre ha reconocido que, en un ciclo de endurecimiento, si paramos demasiado pronto, las presiones inflacionarias resurgirán y pondrán muy difícil volver a contenerlas. En consecuencia siempre tendemos a procurarnos el seguro de un aumento adicional de los fondos federales, plenamente conscientes de que tal vez no sea necesario. Poner fin al tratamiento de antibióticos monetarios demasiado pronto nos expone a un rebrote de la infección inflacionaria.

Para el presidente Clinton, entretanto, 1994 había sido un año lamentable. Vino marcado por el hundimiento de su iniciativa de atención sanitaria, seguido por la pasmosa pérdida tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en las elecciones de mitad de mandato. Los republicanos ganaron con el caballo de batalla del «Contrato con América» de Newt Gingrinch y Dick Armey, un plan «anti gran Gobierno» que prometía rebajas fiscales, una reforma del Estado del bienestar y un presupuesto equilibrado.

En cuestión de semanas Clinton se vio sometido a otra prueba. A finales de diciembre, México reveló que estaba al borde del colapso financiero. Su problema eran miles de millones de dólares de deuda a corto plazo, contraída cuando la economía prosperaba. En tiempos recientes el crecimiento había frenado y, cuando la economía se debilitó, hubo que devaluar el peso, lo que hizo que los dólares tomados en préstamo fueran cada vez más caros de devolver. Para cuando los dirigentes mexicanos pidieron ayuda, las finanzas del gobierno se hallaban en una espiral descendente, con pagos de 25.000 millones de dólares que vencían en menos de un año y tan sólo 6.000 millones en reservas de dólares, que menguaban a ojos vistas.

Ninguno habíamos olvidado la crisis de la deuda latinoamericana de 1982, cuando una mora de 80.000 millones por parte de México había desencadenado una avalancha de refinanciamientos de emergencia en Brasil, Venezuela, Argentina y otros países. Aquel episodio estuvo a punto de hundir a varios gigantes estadounidenses de la banca y retrasó en una década el desarrollo económico de Latinoamérica. La crisis de finales de 1994 era más pequeña. Aun así, resultaba difícil exagerar el riesgo. También ella podía extenderse a otras naciones y, a causa de la creciente integración de los mercados financieros y el comercio mundiales, amenazaba no sólo a Latinoamérica sino también a otras partes del mundo en vías de desarrollo. Es más, como el TLCAN demostraba, Estados Unidos era cada vez más interdependiente. Si la economía de México se venía abajo, el flujo de inmigrantes a Estados Unidos se redoblaría y la economía del Sudoeste lo pasaría muy mal.

La crisis golpeó justo cuando Andrea y yo partíamos en una escapada posnavideña a Nueva York. Yo había reservado una habitación en el Stanhope, un elegante hotel de la Quinta Avenida delante mismo de Central Park y el Metropolitan Museum of Art. Teníamos ganas de pasar unos días de conciertos, compras y simples paseos en el relativo anonimato de la ciudad en la que nos habíamos conocido. Habían pasado diez años desde la nevada noche de nuestra primera cita para cenar en Le Périgord, en la Calle 52 Este y, por bien que aquello no fuera un aniversario formal, siempre nos gustaba volver a la ciudad y el lugar de aquella primera cita entre Navidad y Año Nuevo.

En cuanto llegamos, sin embargo, el teléfono empezó a sonar: era mi oficina de la Fed. Bob Rubin, ya designado para la Secretaría del Tesoro, necesitaba hablar urgentemente del peso. Estaba programado que Bob sustituyera de manera oficial a Lloyd Bentsen, que se retiraba, después mismo de Año Nuevo, pero a todos los efectos prácticos ya ocupaba el cargo. Estoy seguro de que se esperaba una transición más fácil que aquélla. En cambio se las veía con un bautismo de fuego.

Andrea se dio cuenta al instante de lo que significaba la llamada. En cualquier crisis financiera extranjera que afecte a Estados Unidos, el Departamento del Tesoro se pone a la cabeza, pero la Fed siempre se implica. «Adiós al romanticismo», suspiró. A esas alturas comprendía más que suficiente sobre mí y mi trabajo; yo agradecía su generosidad y paciencia. De modo que, mientras se desarrollaba la crisis de México, ella se fue de compras y visitó a amigos, y yo me pasé la estancia entera en nuestra habitación de hotel, al teléfono.

En las semanas siguientes, la Administración hizo piña con funcionarios mexicanos, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones. El FMI estaba dispuesto a ofrecer a México la ayuda que estuviera en su mano, pero carecía de fondos para suponer una diferencia decisiva. Entre bastidores yo sostenía, como hacían Bob Rubin y su segundo Larry Summers, amén de otros, que la intervención estadounidense debía ser masiva y rápida. Para atajar un colapso, México necesitaba fondos suficientes para convencer a los inversores de que no se deshicieran de los pesos o exigieran el pago inmediato de sus préstamos. La idea se basaba en el mismo principio de psicología de los mercados que el de amontonar moneda en la ventanilla de un banco para detener un pánico, algo que los bancos estadounidenses hacían durante las crisis del siglo XIX.

En el Congreso, por una vez, los líderes de ambos partidos estaban de acuerdo; el potencial caos en una nación de ochenta millones de habitantes con la que compartíamos una frontera de tres mil kilómetros era demasiado grave para pasarlo por alto. El 15 de enero, el presidente Clinton, Newt Gingrinch, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, y Bob Dole, el nuevo líder de la mayoría del Senado, presentaron de forma conjunta un paquete de 40.000 millones de avales de préstamo para su aprobación en el Congreso.

Por espectacular que fuera el gesto, en cuestión de días quedó claro que políticamente ese rescate no tenía ninguna esperanza. Los americanos siempre han sido refractarios a la idea de que los problemas dinerarios de un país extranjero puedan tener consecuencias importantes para Estados Unidos. La crisis de México, llegada tan a renglón seguido del TLCAN, agravó ese impulso aislacionista. Todo aquel que se había opuesto al TLCAN -trabajadores, consumidores, activistas medioambientales y la derecha republicana- volvió a levantarse para oponerse al rescate. Gene Sperling, uno de los principales asesores económicos de Clinton, resumió el dilema político: «¿Cómo afrontar un problema que a la opinión pública no le parece importante, que parece regalar dinero por las buenas, que parece rescatar a una gente que hizo inversiones tontas?»

Cuando se presentó la propuesta de 40.000 millones de dólares, Newt Gingrinch me pidió que llamase a Rush Limbaugh para explicarle por qué convenía que Estados Unidos interviniese. «No conozco a Rush Limbaugh -le dije-. ¿De verdad cree que llamándolo conseguiremos algo?». «A usted le hará caso», respondió Gingrich. El presentador de radio ultracombativo era una fuerza entre los conservadores. Algunos de los congresistas primerizos habían llegado al extremo de bautizarse como Dittohead Caucus, usando el apodo favorito de los fans de su programa. Ni que decir tiene, Limbaugh se lo estaba pasando en grande machacando la idea de echarle una mano a México. Yo seguía teniendo mis dudas, pero me impresionó que el nuevo presidente de la Cámara Baja estuviera dispuesto a apoyar a un presidente del Gobierno demócrata en un asunto a todas luces impopular. De modo que, a regañadientes, cogí el teléfono.

Limbaugh parecía más incómodo incluso que yo. Escuchó con educación mientras le exponía mis argumentos y me dio las gracias por dedicarle mi tiempo. Eso me sorprendió; me había esperado que se mostrara más hostil.

La situación no podía esperar a que el Congreso se atuviera a razones. A finales de enero, con México tambaleándose al borde del abismo, la Administración se tomó la justicia por su mano. Bob Rubin recurrió a una solución que había sido propuesta y descartada con anterioridad: aprovechar un fondo de emergencia del Tesoro que se había creado en tiempos de Franklin Roosevelt para proteger el valor del dólar. A Rubin lo inquietaba mucho arriesgar decenas de miles de millones de dólares de los contribuyentes. Además, aunque los líderes del Congreso habían prometido consentirlo, existía el riesgo de dar la impresión de que se sorteaba la voluntad del pueblo: una importante encuesta reveló que los votantes se oponían a ayudar a México por un asombroso margen del 79 frente al 18 por ciento.

Metí baza para ayudar a concretar los detalles del plan. Rubin y Summers lo presentaron al presidente Clinton la noche del 31 de enero. Bob todavía tenía voz de sorprendido cuando me llamó después para informarme del resultado. Clinton se había limitado a decir: «Mirad, esto es algo que tenemos que hacer», me contó Rubin, quien luego añadió: «No ha vacilado ni por un momento.»

Esa decisión rompió el punto muerto. El Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales igualaron sobradamente los cerca de 20.000 millones de dólares de avales del Tesoro para ofrecer a México un paquete que ascendía, con todos su componentes, a un total de 50.000 millones, la mayor parte en forma de préstamos a corto plazo. No era dinero perdido, como nuestros oponentes habían afirmado; en realidad, los términos fueron tan rígidos que México acabó usando tan sólo una fracción del crédito. En cuanto se reinstauró la confianza en el peso, devolvió el dinero; Estados Unidos en verdad sacó 500 millones de dólares del trato.

Fue una dulce victoria para el nuevo secretario del Tesoro y su equipo. Y la experiencia estableció un lazo duradero entre Rubin, Summers y yo. En las incontables horas que pasamos analizando los problemas, devanándonos los sesos, poniendo ideas a prueba, reuniéndonos con homólogos extranjeros y compareciendo ante el Congreso, nos hicimos camaradas de la trinchera económica. Con Rubin sentía una confianza mutua que no hizo sino intensificarse con el tiempo. Jamás se me habría pasado por la cabeza que él pudiera hacer algo contrario a lo que había dicho que haría sin antes informarme. Espero que él pensase lo mismo. Aunque procedíamos de partidos enfrentados, existía la sensación de que trabajábamos para la misma empresa. Estábamos de acuerdo en muchos temas básicos y a ninguno de los dos nos gustaba la confrontación porque sí, lo que nos facilitaba comunicarnos y despertar ideas el uno en el otro.

Summers, por supuesto, había empezado como el niño prodigio de la economía. Hijo de economistas doctorados y sobrino de dos premios Nobel de economía, fue uno de los profesores más jóvenes de la historia en conseguir una titularidad permanente en Harvard. Antes de incorporarse a la Administración, había sido economista jefe del Banco Mundial. Era experto en finanzas públicas, economía del desarrollo y otros campos. Lo que más me gustaba era que se trataba de un técnico y un conceptualizador como yo, con la pasión de fundamentar la teoría en datos empíricos. También estaba versado en historia económica, que usaba como revisión de la realidad. Le preocupaba, por ejemplo, que el presidente se estuviera dejando llevar por la promesa de la tecnología de la información, como si Estados Unidos no hubiera atravesado nunca períodos de avance tecnológico rápido con anterioridad. «Demasiado contento con la productividad», fue como describió una vez Larry el tecnoentusiasmo de Clinton. Yo discrepaba, y tuvimos debates sobre el potencial de Internet, en los que Bob no perdía detalle. Larry también podía ser astuto: fue idea suya imponer un tipo de interés tan alto en los préstamos mexicanos, para que se sintieran obligados a pagarnos pronto.

Rubin, Summers y yo nos reunimos de manera confidencial para desayunar todas las semanas durante los siguientes cuatro años y medio, y nos llamábamos o nos dejábamos caer por las oficinas de los otros con frecuencia. (Larry y yo prolongamos esa práctica cuando Bob regresó a Wall Street a mediados de 1999 y Larry se convirtió en secretario del Tesoro.) Nos encontrábamos a las 8.30 de la mañana en el despacho de Bob o el mío, nos hacíamos llevar el desayuno y hablábamos por espacio de una hora o dos, poniendo en común la información, haciendo números, trazando estrategias y forjando ideas.

Siempre salía de esos desayunos más sabio de lo que había entrado. Eran el mejor foro que podría imaginarme para desentrañar la llamada Nueva Economía. Las fuerzas duales de la tecnología de la información y la globalización empezaban a imponerse y, como diría más tarde el presidente Clinton, «los manuales estaban desfasados». Los demócratas bautizaron alegremente a la constelación de políticas económicas como «Rubinomía». Volviendo la vista atrás en 2003, un reseñador de las memorias de Bob en The New York Times calificó la Rubinomía como «la esencia de la presidencia de Clinton». La definía como «precios disparados para las acciones, la propiedad inmobiliaria y otros activos, baja inflación, paro a la baja, productividad al alza, un dólar fuerte, aranceles bajos, la voluntad de actuar como gestor de las crisis globales y, por encima de todo, un superávit presupuestario federal previsto enorme». Ojalá pudiera decir que todo eso fue fruto de una política consciente y eficaz surgida de nuestros desayunos semanales. Algo tuvimos que ver, sin duda, pero en su mayor parte fue el reflejo del inicio de una nueva fase de globalización y el resultado económico de la caída de la Unión Soviética, asuntos que analizaré en capítulos posteriores.

Veía al presidente Clinton sólo muy de tanto en cuando. Como Bob y yo nos compenetrábamos tan bien, rara vez había necesidad de que yo asistiera a una reunión de política económica en el Despacho Oval salvo en momentos de crisis, como cuando un enfrentamiento acerca del presupuesto entre Clinton y el Congreso forzó la paralización del Gobierno en 1995.

Con el tiempo me enteré de que el presidente se había sentido irritado conmigo y con la Fed durante buena parte de 1994, mientras subíamos los tipos de interés. «Pensaba que la economía no se había recuperado lo bastante para justificarlo», me explicó años más tarde. Pero nunca llevó la contraria a la Fed en público. Y, hacia mediados de 1995, Clinton y yo habíamos asentado una relación cómoda y espontánea. En una cena o recepción en la Casa Blanca, me llevaba a un aparte para ver qué pensaba o exponerme una idea. Yo no compartía su educación propia del baby boom o su amor por el rock and roll. Es probable que él me encontrara seco; no era el tipo de amiguete con el que fumarse puros y ver el fútbol americano. Pero los dos éramos aficionados a la lectura, curiosos y reflexivos sobre el mundo, y nos entendíamos. Clinton nos calificó públicamente de la extraña pareja económica.

Nunca dejó de sorprenderme su fascinación por el detalle económico: el efecto de la madera canadiense sobre los precios de la vivienda y la inflación, la tendencia hacia la fabricación just in time. También tenía buen ojo para la perspectiva global, como la conexión histórica entre desigualdad de ingresos y cambio económico. Creía que los millonarios «puntocom» eran un efecto secundario inevitable del progreso. «Siempre que se pasa a un nuevo paradigma económico, hay más desigualdad -decía, por ejemplo-. Fue peor cuando pasamos de la granja a la fábrica. Quienes financiaron la Revolución Industrial y construyeron los ferrocarriles amasaron inmensas fortunas.» En ese momento nos hallábamos en la transición a la era digital, de modo que teníamos millonarios puntocom. El cambio era algo bueno, decía Clinton, pero él quería modos de que una mayor proporción de esa nueva riqueza pasara a manos de la clase media.

Siendo la política como es, nunca pensé que Clinton fuera a nombrarme de nuevo al término de mi mandato en marzo de 1996. Era demócrata y sin duda querría a alguien de su partido. Sin embargo, a finales de 1995 mis perspectivas habían cambiado. La empresa estadounidense presentaba unos resultados extraordinarios: los beneficios de las grandes compañías habían subido un 18 por ciento y el mercado de valores presentaba su mayor crecimiento en veinte años. Tanto la política fiscal como la monetaria funcionaban; para 1996, las proyecciones eran que el déficit se encogería a menos de 110.000 millones de dólares y la inflación seguiría por debajo del 3 por ciento. El crecimiento del PIB empezaba a revivir sin recesión. La relación entre la Fed y el Tesoro nunca había sido mejor. Llegó y pasó Año Nuevo, y la prensa empezó a especular con que el presidente tal vez me pidiera que me quedase. En enero, Bob Rubin y yo acudimos a una cumbre del G7 en París. Durante una pausa en las sesiones, nos alejamos dando un paseo. Yo notaba que Bob tenía algo en la cabeza. Todavía veo la escena: estábamos delante de un ventanal de cristal cilindrado del suelo al techo, con una vista panorámica de la ciudad. «Recibirás una llamada del presidente cuando volvamos a Washington», me dijo. No llegó a explicarse más, pero por su lenguaje corporal supe que la noticia debía de ser buena.

El presidente Clinton me planteó un pequeño desafío a mí y a dos funcionarios de la Fed que nombró al mismo tiempo: Alice Rivlin, que debía convertirse en vicepresidenta de la institución, y Laurence Meyer, un analista económico muy bien considerado, que sería directivo de la Fed. «Hay en este momento un debate, un serio debate en este país, sobre si existe un ritmo máximo de crecimiento que podamos tener en cualquier plazo de años sin inflación», dijo el presidente a los periodistas. No era difícil leer entre líneas. Con la economía entrando en su sexto año de expansión y el aterrizaje suave en apariencia confirmado, estaba pidiendo un crecimiento más rápido, unos salarios más altos y nuevos empleos. Quería ver lo que podía hacer aquel cohete.

8 Euforia irracional

El 9 de agosto de 1995 pasará a la historia como el día en que nació el boom de las «puntocom». Lo que lo detonó fue la oferta pública inicial de Netscape, un minúsculo productor de software de Silicon Valley que, con dos años de vida, casi no tenía ingresos y ni un centavo de beneficios. La verdad era que Netscape estaba regalando la mayoría de sus productos. Aun así, su software de búsqueda había alimentado una explosión en el uso de Internet y contribuido a convertir lo que había empezado como un patio online para científicos e ingenieros en la avenida digital para el mundo. El día en que las acciones de Netscape salieron a la venta, se dispararon de los 28 dólares por título a los 71, para asombro de los inversores, desde Silicon Valley hasta Wall Street.

Arrancaba la fiebre del oro de Internet. Más y más nuevas empresas salieron a oferta pública con cotizaciones fabulosas. Las acciones de Netscape siguieron subiendo; para noviembre la compañía tenía una capitalización de mercado superior a la de Delta Airlines, y su presidente Jim Clark se convirtió en el primer multimillonario de Internet. La emoción de la alta tecnología echó leña al fuego de lo que ya era una demanda abrasadora de acciones: el índice industrial Dow Jones superó la marca de los 4.000 y luego la de los 5.000, hasta acabar 1995 con un aumento muy por encima del 30 por ciento. El Nasdaq, muy dependiente de la tecnología, donde constaban las nuevas acciones, terminó mejor incluso, con una ganancia de más del 40 por ciento en su índice compuesto. Y el crecimiento del mercado siguió viento en popa sin retrocesos hasta entrado 1996.

En la Fed por lo general no hablábamos mucho de la Bolsa. En una reunión típica del FOMC, en realidad, la palabra stock se usaba más a menudo referida a capital stock -máquinas herramienta, vagones de tren y, en tiempos más recientes, ordenadores y equipos de telecomunicaciones- que a stock market -mercado de valores-. Por lo tocante al boom tecnológico, nos centrábamos más en las personas que hacen los chips, escriben el software, construyen las redes e integran la tecnología de la información en fábricas, oficinas y ocio. Aun así, todos éramos conscientes de un «efecto riqueza»: los inversores, al sentirse ricos por las ganancias de sus carteras, pedían prestado más y gastaban con mayor liberalidad en casas, coches y bienes de consumo. Más importante, pensaba yo, era el impacto del valor creciente de los valores de renta variable en los desembolsos empresariales en plantas y equipo. Desde que leí una conferencia titulada «Stock Prices and Capital Evaluation» en una oscura sesión del encuentro anual de la Asociación Estadística Estadounidense en diciembre de 1959, me había intrigado el impacto de los precios de las acciones en la inversión de capital y por tanto en el nivel de actividad económica (Esa conferencia, que apareció en el Proceedings of the Business and Economic Statistics Section 1959 de la Asociación, formó parte más adelante de mi tesis doctoral). Demostraba que la ratio entre los precios de las acciones y el precio de las plantas y el equipo de nueva producción presentaba una correlación con los nuevos pedidos de maquinaria. El razonamiento estaba claro para todos los promotores inmobiliarios, que trabajan en función de un principio parecido: si el valor de mercado de los edificios de oficinas en un lugar dado supera el coste de construir uno de cero, brotarán nuevos edificios. Si, en cambio, los valores de mercado se encuentran por debajo del coste de construir un nuevo edificio, la construcción nueva se detendrá.

A mí me parecía que la correlación entre precio de acciones y nuevos pedidos de maquinaria iba por los mismos derroteros: cuando la dirección de las empresas viera en el capital de equipo valores de mercado superiores al coste de adquisición, ese gasto aumentaría, y lo mismo a la inversa. Me llevé una decepción cuando esa sencilla ratio no funcionó tan bien en las predicciones durante los 60 como había sucedido en años anteriores. Pero ésa era, y es, una queja habitual de los económetras. La versión actual de esa relación se convierte a su equivalente en tasas de rendimiento implícitas sobre la inversión de capital que se contempla. Todavía no funciona igual de bien en las predicciones como a mí siempre me pareció que debería, pero la noción era un telón de fondo para mis pensamientos en una reunión del FOMC en diciembre de 1995.

Mike Prell, el mayor experto en economía nacional de la Fed, sostenía que el efecto de riqueza podía aumentar los gastos de consumo en 50.000 millones en el año siguiente, lo que provocaría una aceleración del crecimiento del PIB. Al directivo Larry Lindsey, que con el tiempo sería el principal asesor económico del presidente George W. Bush, eso le parecía poco plausible. La mayoría de acciones estaba en manos de fondos y planes 401(k) de pensiones, argüía, lo que hacía difícil que los consumidores sacaran tajada de sus ganancias. Además, la mayoría de poseedores de grandes carteras de acciones ya tenían dinero más que de sobra, y no eran de los que sucumbían automáticamente a arrebatos de gasto. No estaba seguro de coincidir con él en esto último, pero el tema era nuevo; ninguno sabíamos qué esperarnos.

El debate de esa mañana también reveló lo pez que estábamos acerca de la fuerza creciente del mercado alcista. Janet Yellen predijo que cualquier efecto del boom accionarial sin duda se disiparía pronto. «Habrá desaparecido para finales de 1996», dijo. A mí me preocupaba que el boom de las acciones pudiera sentar las bases para un crack. «El auténtico peligro estriba en que nos hallamos al borde de una burbuja de bonos y acciones», dije. Aun así el mercado no parecía tan sobrecalentado como lo había estado en 1987. Mi conjetura fue que probablemente estuviéramos cerca de «al menos un pico temporal en los precios de las acciones, aunque sólo sea porque los mercados no suben y suben indefinidamente».

Esa declaración no se demostró mi vaticinio más clarividente. Aunque también es cierto que el mercado de valores no era mi principal preocupación ese día. Tenía una agenda distinta. Estaba decidido a hacer que la gente empezara a pensar en el panorama general del cambio tecnológico. Al estudiar lo que pasaba en la economía, me había persuadido de que estábamos al borde de una transición histórica; los precios de las acciones disparados eran apenas una señal de ella.

Estaba previsto que la reunión se concluyera con una propuesta de seguir rebajando el tipo de los fondos federales, y una votación. Pero antes de llegar a eso, le dije al comité, quería dar un paso atrás. Llevábamos meses, les recordé, viendo evidencias de los impactos económicos del cambio tecnológico acelerado. Les dije: «Quiero plantear una hipótesis amplia sobre la dirección en la que avanza la economía a largo plazo, y cuáles son las fuerzas subyacentes.»

Mi idea era que, a medida que el mundo absorbía la tecnología de la información y aprendía a sacarle partido, habíamos entrado en lo que se demostraría un prolongado período de menor inflación, menores tipos de interés, mayor productividad y pleno empleo. «Llevo estudiando los ciclos económicos desde finales de los 40 -dije-. No ha habido nada parecido.» El calado y la persistencia de tales cambios tecnológicos, señalé, «aparecía sólo cada cincuenta o cien años».

Para sugerir la escala global del cambio, aludí a un nuevo fenómeno: la inflación parecía estar remitiendo en todo el mundo. Lo que quería demostrar era que la política monetaria podría estar operando en ese momento al borde del conocimiento, allá donde, al menos por un momento, las reglas básicas consagradas quizá no funcionaran.

Todo aquello era bastante especulativo, sobre todo para una sesión de trabajo del FOMC. Ninguno de los presentes dijo gran cosa a modo de respuesta, aunque un par de los presidentes de los bancos se mostraron tibiamente de acuerdo. La mayoría de miembros del comité pareció aliviada al regresar al terreno conocido de decidir si bajar en un 0,25 por ciento el tipo de los fondos federales; votamos que sí. Sin embargo, antes de hacerlo, uno de nuestros miembros más reflexivos no pudo resistirse a tomarme el pelo. «Espero que me permita coincidir con los motivos que ha dado para bajar el tipo -dijo-, sin apuntarme a su panorama de un mundo feliz, para lo que no estoy del todo preparado».

En realidad no pasaba nada. No esperaba que el comité se mostrara de acuerdo conmigo… todavía. Tampoco les estaba pidiendo que hicieran nada. Sólo recapacitar.

El boom desenfrenado de la alta tecnología es lo que finalmente generalizó la aceptación de la idea de la destrucción creadora de Schumpeter. Se convirtió en la expresión de moda de las puntocom; a decir verdad, cuando uno acelera a la velocidad de Internet, cuesta pasar por alto la destrucción creadora. En Silicon Valley, las compañías no paraban de rehacerse y en todo momento surgían y se apagaban empresas nuevas. Los poderes reinantes de la tecnología -gigantes como AT amp;T, Hewlett-Packard e IBM- tuvieron que correr para no quedarse atrás de la tendencia, y no todos lo consiguieron. Bill Gates, el mayor multimillonario del mundo, lanzó un boletín para los empleados de Microsoft en el que comparaba el auge de Internet con el advenimiento del PC (en el que, ni que decir tiene, se basó el gran éxito de la compañía). El memorándum llevaba por título «El maremoto de Internet». Más valía prestar atención a este último trastorno, advertía; adaptarse a él, o morir.

Aunque no era obvio, la revolución en la tecnología de la información llevaba cuarenta años cociéndose. Empezó tras la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo del transistor, que provocó una avalancha de innovación. El ordenador, los satélites, el microprocesador y la combinación de las tecnologías del láser y la fibra óptica de cara a las comunicaciones habían contribuido todos a sentar las bases para el aparentemente súbito y rápido surgimiento de Internet.

Las empresas disponían ya de una enorme capacidad para recoger y difundir información. Eso aceleró el proceso de destrucción creadora cuando el capital pasó de las compañías e industrias estancadas o mediocres a aquellas en la vanguardia. Firmas de capital riesgo de Silicon Valley con nombres como Kleiner Perkins y Sequoia y bancos de inversión como Hambrecht amp; Quist adquirieron de repente gran fama y riqueza facilitando ese desplazamiento de dinero. Pero la financiación implicaba en realidad, y sigue implicando, a todo Wall Street.

Para tomar un ejemplo más reciente, comparemos Google con General Motors. En noviembre de 2005, GM anunció planes para despedir hasta treinta mil empleados y cerrar doce plantas hasta 2008. Si se examinaban los flujos de dinero de la compañía, se veía que GM estaba dirigiendo miles de millones de dólares que históricamente podría haber usado para crear productos o construir fábricas a fondos para cubrir futuras pensiones y prestaciones sanitarias para trabajadores y jubilados. Esos fondos, a su vez, estaban invirtiendo el capital donde el rendimiento era más prometedor: en ámbitos como la alta tecnología. Al mismo tiempo, Google, por supuesto, estaba creciendo a un ritmo vertiginoso. Los gastos de capital de la empresa casi se triplicaron en 2005, hasta superar los 800 millones de dólares. Y, con la expectativa de que el crecimiento se prolongaría, los inversores pujaron el valor total de mercado de las acciones de Google hasta dejarlas once veces más caras que las de GM. En realidad, el fondo de pensiones de GM tenía acciones de Google, un ejemplo de libro de desplazamiento del capital a resultas de la destrucción creadora.

¿Por qué tuvo la tecnología de la información un efecto transformador tan inmenso? Gran parte de la actividad empresarial está dirigida a reducir la incertidumbre. Durante la mayor parte del siglo XX, los líderes corporativos carecieron de un conocimiento a tiempo de las necesidades de los consumidores. Eso siempre ha pasado factura al balance final. Las decisiones se tomaban en base a una información que tenía un retraso de días e incluso semanas.

La mayoría de empresas iban a lo seguro: mantenían existencias de más y equipos de empleados de refuerzo dispuestos a responder a los errores de previsión y de cálculo. Este seguro normalmente funcionaba, pero su precio era siempre alto. Las existencias y los trabajadores en espera son todos costes, y las horas de «trabajo» en espera no rinden. No producen ingresos ni aportan productividad. La información a tiempo real proporcionada por las nuevas tecnologías ha reducido acusadamente las incertidumbres asociadas a los negocios cotidianos. La comunicación a tiempo real entre la caja de la tienda y la planta de la fábrica y entre los exportadores y los camioneros que transportan la carga ha conducido a una reducción de los tiempos de entrega y de las horas de trabajo necesarias para proveerlo todo, desde libros a equipos de fábrica, desde cotizaciones de acciones a software. La tecnología de la información ha liberado buena parte de las existencias adicionales y las filas de trabajadores de refuerzo para usos productivos y rentables.

También nueva para el consumidor era la comodidad de poder buscar información en la red, seguir el rastro de paquetes enviados y encargar prácticamente cualquier cosa para su entrega de un día para el otro. En general, el boom tecnológico también tuvo un gran efecto positivo sobre el empleo. Se creaban muchos más puestos de trabajo de los que se perdían. En verdad, nuestro índice de paro cayó, del 6 por ciento en 1994 a menos del 4 por ciento en 2000, y por el camino la economía engendró dieciséis millones de empleos nuevos. Aun así, de modo muy parecido a lo que sucedió con los telegrafistas decimonónicos que idealicé en mi juventud, la tecnología empezó a poner patas arriba las ocupaciones de oficina. De repente millones de estadounidenses se encontraron expuestos al lado oscuro de la destrucción creadora. Las funciones administrativas y de secretariado quedaron absorbidas en la programación informática, al igual que los empleos de dibujo en la arquitectura y el diseño automovilístico e industrial. La inseguridad laboral, que históricamente era un problema ante todo de los trabajadores manuales, se convirtió en un quebradero de cabeza a partir de los 90 para las personas más formadas y acomodadas. Eso quedaba de manifiesto dramáticamente en los datos de los estudios: en 1991, en el fondo del ciclo económico, un análisis de los empleados de las grandes corporaciones mostraba que un 25 por ciento temía que lo despidieran. En 1995 y 1996, a pesar de la brusca caída intermedia del índice de desempleo, el temor lo evidenciaba un 46 por ciento. Esa tendencia, por supuesto, puso las preocupaciones laborales de lleno ante los ojos de la opinión pública.

Importante, pero no tan obvio, fue el aumento de la movilidad laboral. Hoy en día los estadounidenses cambian de patrón a una escala verdaderamente formidable. De los casi 150 millones de personas empleadas de la población activa, 1 millón dejan su trabajo cada semana. Unas 600.000 se van de forma voluntaria, mientras que más o menos 400.000 son despedidas, a menudo cuando sus empresas son adquiridas o sometidas a recortes. Al mismo tiempo, todas las semanas un millón de trabajadores son contratados o regresan de despidos a medida que las nuevas industrias se expanden y nuevas compañías se suman a la corriente.

Cuanto más rápido se difundía la innovación tecnológica y más amplio era su impacto, más teníamos que correr los economistas para dilucidar qué aspectos fundamentales habían cambiado y cuáles no. Los expertos de mediados de los 90 dedicaron incontables horas a debatir el llamado nivel natural de desempleo, por ejemplo (técnicamente, la Tasa de Desempleo No Aceleradora de la Inflación, o NAIRU en sus siglas inglesas). Se trata de un concepto neokeynesiano que se usó a principios de los 90 para sostener que, si el paro caía por debajo del 6,5 por ciento, las demandas salariales de los trabajadores se acelerarían y causarían un calentamiento de la inflación.

De modo que, a medida que el desempleo mostraba tendencia a bajar, hasta el 6 por ciento en 1994 y el 5,6 en 1995, de camino al 4 por ciento y menos, muchos economistas arguyeron que la Fed debía echar el freno al crecimiento. Yo me opuse a esa manera de pensar dentro de la Fed y en mis declaraciones públicas. La «tasa natural», por bien que inequívoca en un modelo y útil para los análisis históricos, siempre se ha demostrado esquiva en el momento de calcularla a tiempo real. La cifra padecía constantes revisiones y no ofrecía una plataforma estable para el pronóstico de la inflación o la política monetaria, a mi entender. Con independencia de lo que se suponía que pasaría, durante la primera mitad de la década de 1990 el crecimiento del índice salarial se mantuvo en una horquilla baja y estrecha, y no había indicios de inflación creciente. En última instancia fue la opinión ortodoxa la que cedió: los economistas empezaron a revisar a la baja el nivel natural de desempleo.

Años más tarde, Gene Sperling contó una anécdota de cómo se desarrolló esta controversia en el Despacho Oval. En 1995, a la cúpula de asesores económicos de Clinton -Sperling, Bob Rubin y Laura Tyson- le preocupaba que el presidente se estuviera dejando llevar por sus esperanzas en el boom de la alta tecnología. De modo que reclutaron a Larry Summers para que le diera un baño de realidad. Como sabía por nuestros animados debates de los desayunos, Larry era un escéptico tecnológico. Y por lo general ejercía su influencia sobre el presidente acerca de asuntos internacionales, de modo que Clinton se daría cuenta de que aquello era un acontecimiento extraordinario.

Los economistas entraron en tropel en el Despacho Oval, y Summers hizo una breve presentación sobre por qué el estrechamiento del mercado laboral significaba que el crecimiento tendría que frenar. Luego los otros unieron sus voces. Clinton escuchó durante un rato, hasta que por fin los interrumpió. «Os equivocáis -dijo-. Entiendo la teoría, pero con Internet, con la tecnología, puedo notar el cambio. Puedo ver crecimiento por todas partes.» La cuestión era que Clinton se estaba guiando exclusivamente por el instinto. Había estado hablando con directores generales y empresarios, como siempre hacía. Los políticos nunca quieren creer que existan límites al crecimiento, por supuesto. Pero, en ese momento, es probable que el presidente tuviera una mejor impresión directa de la economía que sus economistas.

Tanto la economía como la Bolsa siguieron viviendo un boom. La producción, medida por el PIB, creció a una tasa supercaliente de más del 6 por ciento en la primavera de 1996, con lo que puso en entredicho otro pedazo de la ortodoxia, el de que un 2,5 por ciento era el máximo crecimiento que la economía estadounidense podía sostener de manera saludable. En la Fed nos estábamos replanteando muchas cosas. Es fácil olvidar la velocidad con la que novedades como Internet y el correo electrónico pasaron de exóticas a omnipresentes. Estaba sucediendo algo extraordinario, y el desafío de intentar descubrir lo que era, a tiempo real, era considerable.

Para cuando convoqué una sesión del FOMC el 24 de septiembre de 1996, habían pasado ocho meses y siete reuniones desde que bajáramos por última vez el tipo de interés. Muchos miembros del comité se inclinaban ya por la otra opción, por un aumento destinado a prevenir la inflación. Querían retirar la fuente del ponche otra vez. Los beneficios empresariales eran muy fuertes, el desempleo había caído bastante por debajo del 5,5 por ciento y había cambiado un factor crucial: los salarios por fin subían. En condiciones de boom como ésas, la inflación era un riesgo evidente. Si las compañías empezaban a tener que pagar más para mantener o atraer trabajadores, pronto podían desplazar ese coste añadido subiendo los precios. La estrategia de manual habría sido endurecer los tipos, para así desacelerar el crecimiento económico y cortar de raíz la inflación.

Pero ¿y si aquello no era un ciclo económico normal? ¿Y si la revolución tecnológica había, por lo menos temporalmente, aumentado la capacidad de la economía para expandirse? Si ése era el caso, subir los tipos de interés sería un error.

Yo siempre recelé de la inflación, por supuesto. Aun así, estaba convencido de que el riesgo era mucho menor de lo que pensaban muchos de mis colegas. En esa ocasión, no era cuestión de revisar la ortodoxia. No creía que los manuales estuvieran equivocados; pensaba que lo estaban nuestros números. Había centrado mi atención en lo que consideraba el acertijo primordial del boom tecnológico: la cuestión de la productividad.

Los datos que nos llegaban de los departamentos de Comercio y Trabajo mostraban que la productividad (medida como producción por hora de trabajo) estaba prácticamente plana a pesar de la duradera tendencia hacia la informatización. No me imaginaba cómo podía ser eso. Año sí, año también, las empresas habían estado vertiendo cantidades ingentes de dinero en ordenadores de sobremesa, servidores, redes, software y demás equipo de alta tecnología. A lo largo de los años había trabajado con una cantidad suficiente de gestores de fábricas en proyectos de inversión de capital para saber cómo se tomaban esas decisiones de adquisición. Encargarían equipo caro sólo si creían que la inversión expandiría su capacidad de producción o permitiría a sus empleados producir más por hora. Si el equipo no lograba como mínimo uno de esos dos fines, los gestores dejarían de comprar. Aun así, seguían inyectando dinero en la alta tecnología. Eso quedó de manifiesto a fecha tan temprana como 1993, cuando los nuevos pedidos de capital de alta tecnología empezaron a acelerarse tras un prolongado período de crecimiento lento. El impulso se extendió a 1994, lo que sugería que la anterior experiencia de beneficios con el nuevo equipo había sido positiva.

Existían otros indicios incluso más convincentes de que las cifras oficiales de productividad iban desencaminadas. La mayoría de compañías estaban declarando unos márgenes de beneficios operativos crecientes. Aun así, pocas habían subido los precios. Eso significaba que sus costes por unidad de producción estaban contenidos o incluso en descenso. La mayor parte de costes consolidados (es decir, de la empresa considerada en su conjunto) son costes laborales. De modo que, si los costes laborales por unidad de producción estaban iguales o bajando, y la tasa de crecimiento de la retribución media por hora de trabajo estaba aumentando, era una certeza aritmética que, si esos datos eran precisos, el crecimiento de la producción por hora debía de estar al alza; la productividad, en realidad, estaba acelerando. Y de ser eso cierto, un aumento de la inflación devenía improbable.

Aunque estaba seguro de que mi análisis era correcto, sabía que era desaconsejable intentar convencer a mis colegas sobre la base de unos cálculos de servilleta. Necesitaba algo más convincente. Con apenas unas semanas de margen antes de la reunión del 24 de septiembre de 1996, solicité al personal de la Fed que desmontara las estadísticas federales de productividad y estudiase los datos subyacentes, industria por industria, para docenas de ellas. Me había mosqueado una aparente discrepancia entre los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales sobre la producción por hora de todas las industrias no agrícolas y una estimación separada por corporaciones. El encaje entre las dos indicaba que en Estados Unidos no existía un crecimiento de la productividad no corporativo, una conclusión improbable.

Cuando pedía un desglose detallado por industrias, por lo general el personal bromeaba diciendo que el presidente quería «adornos y mejoras». En esa ocasión afirmaron que más parecía que les encargase emprender el Proyecto Manhattan. Pese a todo, rebuscaron entre los datos y entregaron su informe justo a tiempo para la reunión del FOMC.

Ese martes, en el comité había división de opiniones. Media docena de miembros querían subir los tipos de inmediato; en palabras de Tom Melzer, el «halcón» presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, «sacarse una póliza de seguros» contra la inflación. Otros estaban a caballo. Alice Rivlin, que entraba en su tercer mes como vicepresidenta de la Junta Directiva, resumió la situación con su habitual gracia: «Las caras de preocupación de esta mesa, creo que no deberíamos perderlo de vista, se están preocupando por el mejor conjunto de problemas que podrían ocurrírsenos. Los banqueros centrales de todo el mundo pagarían por este juego de estadísticas.» Si bien estaba de acuerdo en que nos hallábamos en una «zona de peligro» inflacionario, también señaló que «todavía no hemos visto crecer la inflación».

Cuando me llegó el turno de palabra, entré a degüello con el informe del personal. Parecía que el Gobierno llevaba años subestimando el crecimiento de la productividad. No había, por ejemplo, encontrado ninguna, ni una sola, ganancia de eficiencia en la economía de servicios; a decir verdad, los cálculos gubernamentales daban la impresión de que la productividad se estaba encogiendo. Todos los miembros del comité sabían que aquello era flagrantemente absurdo: los bufetes de abogados, los servicios a empresas, las consultas médicas y las organizaciones de servicio social se habían estado automatizando y racionalizando al mismo ritmo que el sector manufacturero y el resto de la economía.

Nadie sabía explicar de manera convincente por qué erraban las estadísticas, dije (Algunos sostenían que los cálculos atribuían precios erróneos a la adquisición de servicios por parte de fabricantes de artículos y que el crecimiento de la producción total por hora era correcto, pero la manufactura de artículos y su producción por hora se estaban sobrestimando a expensas de la producción y el crecimiento de la productividad de los servicios. Por bien que técnicamente posible, la explicación se antojaba muy improbable). Pero estaba razonablemente convencido de que el riesgo de inflación era demasiado débil para justificar una subida de tipos. Mi recomendación era que nos limitásemos a esperar y observar.

El argumento no convenció a nadie; a decir verdad, todavía estamos debatiendo la naturaleza y magnitud del impacto de la tecnología de la información sobre la productividad. Pero sembró la duda razonable suficiente para que el comité votara por 11 a 1 mantener los tipos como estaban, en el 5,25 por ciento.

No consideramos necesario subir los tipos hasta pasados otros seis meses; y aun entonces sólo al 5,5 por ciento, y por un motivo distinto. El PIB siguió creciendo a un ritmo estable, el paro menguó y la inflación se mantuvo a raya, durante cuatro años más. Al no precipitarnos en subir los tipos de interés, ayudamos a allanar el camino al boom económico más largo del período de posguerra. Fue un ejemplo clásico de por qué uno no puede limitarse a decidir la política monetaria en base a un modelo econométrico. Como tal vez habría señalado Joseph Schumpeter, los modelos también están sometidos a la destrucción creadora.

Ni siquiera un aumento de la productividad podía explicar el disparate de los precios de las acciones. El 14 de octubre de 1996, el índice industrial Dow Jones saltó por encima del listón de los 6.000: un hito superado, declaraba un artículo en la portada del USA Today, «en el día de apertura del séptimo año del mercado alcista más constante de la historia». Los diarios de todo el país también dedicaban sus portadas a la noticia. The New York Times señalaba que cada vez más estadounidenses estaban pasando a acciones sus ahorros para la jubilación, lo que reflejaba «la extendida creencia de que la Bolsa es el único lugar en el que hacer inversiones a largo plazo».

Estados Unidos se estaba convirtiendo en una nación de accionistas. Si se comparaba el valor total de las acciones poseídas con el tamaño de la economía, la importancia del mercado estaba aumentando a marchas forzadas: con 9,5 billones de dólares, ya suponía el 120 por ciento del PIB. A esa cifra se había llegado desde el 60 por ciento en 1990, a un ritmo superado tan sólo por Japón en la cúspide de su burbuja de los 80.

Mantenía conversaciones abiertas con Rubin al respecto. Los dos estábamos algo preocupados. Ya habíamos visto al Dow Jones romper tres «marcas del milenio» -los 4.000, los 5.000 y los 6.000- en apenas un año y medio. Aunque el crecimiento económico era fuerte, nos inquietaba que los inversores se estuviesen dejando llevar. Los precios de las acciones empezaban a encarnar unas expectativas tan desorbitadas que jamás podrían verse cumplidas.

Un boom de la Bolsa es, por supuesto, una ventaja económica: predispone a las empresas a la expansión, hace que los consumidores se sientan ricos y ayuda a que la economía crezca. Ni siquiera un crack es automáticamente malo: el de 1987, por espeluznante que se nos antojara a todos, tuvo muy pocos efectos negativos duraderos. Sólo cuando un mercado en derrumbe puede amenazar con frustrar la economía real hay motivo para que personas como el secretario del Tesoro y el presidente de la Fed se preocupen.

Habíamos visto producirse ese tipo de desastre en Japón, donde la economía aún se resentía del colapso de las acciones y el suelo en 1990. Aunque ni Bob ni yo creíamos que Estados Unidos hubiera llegado ya a la fase de burbuja, no podíamos evitar fijarnos en que cada vez más hogares y empresas se estaban exponiendo a los riesgos de los valores de renta variable. De modo que en los desayunos a menudo discurríamos sobre lo que habría que hacer en caso de burbuja.

Bob creía que un funcionario financiero federal nunca debía hablar sobre la Bolsa en público. Redactor inveterado de listas, ofrecía tres motivos debidamente recogidos en sus memorias: «Primero, no hay modo de saber con seguridad cuándo un mercado está sobrevalorado o infravalorado -decía-. Segundo, no se puede luchar contra las fuerzas del mercado, de modo que hablar de ello no servirá de nada. Y tercero, es probable que cualquier cosa que digas resulte contraproducente y perjudique tu credibilidad. La gente se dará cuenta de que no sabes más que cualquier otro.»

Yo tenía que admitir que todo eso era cierto. Sin embargo, aun así no estaba de acuerdo en que plantear la cuestión en público fuera necesariamente una mala idea. La creciente importancia del mercado de valores era imposible de negar. ¿Cómo podía hablarse de la economía sin mencionar al gorila de trescientos cincuenta kilos? Si bien la Fed no tenía un mandato explícito de velar por la Bolsa, los efectos de la carrera de precios me parecían una inquietud legítima. Al aplacar la inflación, habíamos dictaminado que la estabilidad de precios resulta esencial para el crecimiento económico a largo plazo. (De hecho, uno de los principales factores causantes del aumento de precios de las acciones era la creciente confianza de los inversores en que la estabilidad continuaría.)

Aun así, el concepto de la estabilidad de precios no era tan evidente como parecía. Podía consultarse probablemente diez series estadísticas distintas sobre los precios. Para la mayoría de economistas, la estabilidad de precios hacía referencia a los precios de los productos: el coste de un par de calcetines o un litro de leche. Pero ¿qué pasaba con los precios de los activos rentables, como las acciones o las propiedades inmobiliarias? ¿Y si esos precios se inflaban y volvían inestables? ¿No deberíamos preocuparnos por la estabilidad de precios de los ahorros, y no sólo de los productos de la tienda? No era que quisiese ponerme en pie y gritar: «La Bolsa está sobrevalorada y no acabará bien.» No creía eso. Pero me parecía importante poner el tema sobre la mesa.

El concepto de la euforia irracional se me ocurrió en la bañera una mañana mientras redactaba un discurso. Hoy en día, la bañera sigue siendo el sitio donde me vienen muchas de mis mejores ideas. Mis ayudantes se han acostumbrado a pasar a limpio esbozos garabateados sobre cuadernillos amarillos húmedos, una tarea que se volvió mucho más fácil cuando encontramos una variedad de pluma cuya tinta no se corría. Metido en mi baño, soy tan feliz como Arquímedes cuando contempló el mundo.

Cuando el Dow Jones superó los 6.000 en octubre de 1996, empecé a buscar una ocasión de hablar en alto sobre los valores de los activos. Decidí que la cena anual del Instituto Estadounidense de la Empresa el 5 de diciembre, donde había accedido a dar el discurso inaugural, sería perfecta. Se trata de un evento de mucho postín, que atrae a millares de personas, entre ellas muchos expertos en política pública de Washington, y se produce en un momento lo bastante temprano de las vacaciones para contar como ocasión seria.

Para situar la cuestión del mercado de valores en su justa perspectiva, me parecía que debía envolverla en una historia encapsulada de la banca central estadounidense. Me remonté hasta Alexander Hamilton y William Jennings Bryan y fui avanzando hasta llegar al presente y el futuro. (La tortuosidad de este enfoque habría echado atrás a un público más general, pero venía a ser la velocidad apropiada para la gente del Instituto Estadounidense de la Empresa.)

Escribí el discurso de tal modo que la cuestión del valor de los activos ocupase sólo una docena de frases hacia el final, y enmascaré cuidadosamente lo que tenía que decir en mi consabida jerga de la Fed. Aun así, cuando le enseñé el texto a Alice Rivlin el día del discurso, «euforia irracional» le saltó de inmediato a los ojos. «¿Estás seguro de querer decir eso?», preguntó.

Esa noche, en el atril, leí el pasaje clave sin perder de vista la reacción de los asistentes. «A medida que nos acercamos al siglo XXI», dije, refiriéndome a la Fed, si el Congreso lo aprueba, permaneceremos como guardianes del poder adquisitivo del dólar. Sin embargo, un factor que seguirá complicando esa tarea es la creciente dificultad de fijar la noción de qué constituye un nivel general de precios estable… ¿Dónde marcamos la línea de qué precios importan? Desde luego, los precios de los bienes y servicios que se producen en la actualidad -nuestra medida básica de la inflación-, importan. Pero ¿qué hay de los precios futuros? ¿O, más importante aun, los precios de los títulos sobre futuros bienes y servicios, como los valores de renta variable, las propiedades inmobiliarias y otros activos rentables? ¿Es la estabilidad de esos precios esencial para la estabilidad de la economía?

Está claro que una inflación baja sostenida conlleva menos incertidumbre sobre el futuro y que unas menores primas de riesgo conllevan precios superiores para las acciones y otros activos rentables. Podemos constatarlo en la relación inversa exhibida por las ratios precio/beneficio y el índice de inflación en el pasado.

Pero ¿cómo saber cuándo una exuberancia irracional ha provocado una escalada indebida de los valores de los activos, que luego se verán sujetos a contracciones inesperadas y prolongadas, como ha sucedido en Japón en la última década? ¿Y cómo tenemos en cuenta esa evaluación en la política monetaria? Nosotros, como banqueros centrales, no necesitamos preocuparnos si una burbuja de activos financieros pinchada no amenaza con perjudicar a la economía real, su producción, sus empleos y su estabilidad de precios. En verdad, la brusca fractura de la Bolsa de 1987 tuvo pocas consecuencias negativas para la economía. Pero no deberíamos subestimar o contemplar con complacencia la complejidad de las interacciones entre los mercados de valores y la economía.

Reconozco que no era Shakespeare. Era bastante duro de procesar, sobre todo para quien se hubiera tomado una copa o dos durante la hora del cóctel y tuviera hambre y ganas de que sirvieran la cena. Cuando volví a la mesa, le susurré a Andrea y a nuestros acompañantes: «¿Qué parte creéis que saldrá en las noticias?» Nadie lo sabía. Sin embargo, yo había visto a gente del público sentarse erguida y tomar buena cuenta y, cuando terminó la velada, empezó el runrún. «El presidente de la Fed plantea la gran pregunta: ¿Está demasiado alto el mercado?», escribió The Wall Street Journal al día siguiente; «Denunciada la euforia irracional», decía The Philadelphia Inquirer; «Un estruendoso mensaje enterrado», proclamaba The New York Times. La «euforia irracional» iba camino de convertirse en la coletilla del boom.

Pero la Bolsa no frenó, lo que no hizo sino reforzar mis temores. Es cierto que en un principio mis comentarios causaron un efecto de liquidación en todo el mundo, en parte por la sospecha de que la Fed subiría de inmediato los tipos. Los precios de las acciones cayeron primero en los mercados de Japón, donde ya era de mañana cuando hablé, luego horas después con la apertura de los mercados en Europa y por último en Nueva York al día siguiente. En la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones perdió casi 150 puntos con el campanazo de apertura. Sin embargo, para la tarde los mercados estadounidenses habían repuntado y, tras un día más de actividad, recuperaron todo el terreno perdido. Los mercados de valores de Estados Unidos terminaron el año con un aumento bastante por encima del 20 por ciento.

Y el toro siguió embistiendo. La Media Industrial Dow Jones se acercaba ya al 7.000 cuando el FOMC celebró su primera sesión de 1997, el 4 de febrero. Para entonces sabía, de mis conversaciones privadas con muchos de los directivos y presidentes de banco, que el comité compartía mi preocupación por que el desarrollo de una burbuja accionarial pudiese causar inestabilidad inflacionaria. Aparte de la crecida de la Bolsa, la economía estaba en tan buena forma como seis meses antes, cuando me había resistido a la idea de subir los tipos. Sin embargo, mis temores sobre una burbuja me habían hecho cambiar de opinión. Dije al comité que tal vez necesitásemos un aumento del tipo de interés para intentar contener la euforia. «Tenemos que empezar a pensar en algún tipo de maniobra preventiva -dije-, y cómo comunicarla.»

Estaba escogiendo mis palabras con mucho cuidado porque quedaba constancia de lo que decíamos y estábamos jugando con dinamita política. La Fed por ley no tiene atribuciones explícitas para intentar contener una burbuja de la Bolsa. Indirectamente teníamos autoridad para hacerlo, si creíamos que los precios de las acciones estaban creando presiones inflacionarias. Pero en ese caso habría costado mucho demostrarlo, por lo bien que marchaba la economía.

La Fed no actúa en un vacío. Si hubiésemos elevado los tipos y aducido como motivo nuestra voluntad de contener la Bolsa, habríamos provocado una tormenta política. Nos habrían acusado de perjudicar al pequeño inversor y sabotear las pensiones de los trabajadores. Podía imaginarme el interrogatorio al que me someterían en la siguiente sesión de supervisión del Congreso.

De todos modos, acordamos que tratar de evitar una burbuja era coherente con nuestra misión, y que era nuestro deber arriesgarnos. En nuestra reunión de ese día cavilé en voz alta: «Debemos, por encima de todo, asegurarnos de mantener en niveles bajos la inflación, las primas de riesgo, el coste del capital… Si hablamos de un equilibrio a largo plazo, unos valores de mercado altos son mejores que unos valores de mercado bajos. Lo que intentamos evitar son burbujas que se pinchen, la volatilidad y efectos parecidos.» Con el consentimiento del comité, apunté hacia una inminente subida de tipos en mis comentarios públicos de las siguientes semanas. Eso tenía el fin de no sacudir los mercados con una maniobra abrupta. Luego volvimos a reunirnos el 25 de marzo y subimos los tipos a corto plazo un 0,25 por ciento, hasta el 5,5 por ciento. Escribí en persona la declaración del FOMC que anunciaba la decisión. Hablaba puramente en términos del deseo de la Fed de atender a las fuerzas económicas subyacentes que amenazaban con crear inflación, y no decía una palabra sobre la valoración de los activos o acciones. Tal y como describí el aumento de tipos poco después en un discurso: «Hemos dado un pequeño paso de cara a aumentar las probabilidades de que el buen rendimiento de la economía pueda continuar.»

A finales de marzo y principios de abril de 1997, justo después de nuestra reunión, el Dow Jones perdió alrededor de un 7 por ciento. Eso suponía una pérdida de casi 500 puntos, según algunos una reacción retardada a nuestra subida de tipos. Sin embargo, al cabo de unas semanas, la inercia cambió y el mercado volvió por sus fueros con ánimo redoblado. Recuperó todas sus pérdidas y ganó un 10 por ciento más, de tal modo que, para mediados de junio, bordeaba los 7.800. A todos los efectos, los inversores estaban dando una lección a la Fed. Bob Rubin tenía razón: no puede saberse cuándo un mercado está sobrevalorado y no se puede luchar contra las fuerzas del mercado.

Mientras el boom se prolongaba -durante tres años más, resultaría, aumentando enormemente la riqueza en papel de la nación-, nosotros seguimos lidiando con grandes interrogantes de productividad, estabilidad de precios y otros aspectos de lo que la gente había empezado a llamar Nueva Economía. Buscamos otros modos de abordar el riesgo de burbuja. Pero no subimos más los tipos, y nunca volvimos a intentar poner coto a los precios de las acciones.

Andrea y yo expresamos algo de exuberancia de nuestra propia cosecha cuando por fin nos casamos esa primavera. Ella siempre me toma el pelo diciendo que necesité tres intentos para proponerle matrimonio, porque no paraba de plantear la pregunta en jerga de la Fed, pero eso no es cierto. En realidad se lo propuse cinco veces; un par se le escaparon. El día de Navidad de 1996, con todo, el mensaje por fin llegó a su destino y me dijo que sí. En abril de 1997 la magistrado del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg nos casó en una ceremonia sencilla y bonita celebrada en uno de nuestros lugares favoritos, la Inn at Little Washington, en la campiña virginiana.

Como no podía ser menos, aplazamos la luna de miel: sucedían demasiadas cosas en el mundo profesional de Andrea y el mío. Sin embargo, los amigos no paraban de instarnos a que lo hiciéramos, y recomendaban Venecia. Al final, estudié mi agenda y sugerí añadir una luna de miel al final de una conferencia monetaria internacional en Interlaken, Suiza, en junio, dos meses después de nuestra boda.

En la conferencia monetaria, el canciller alemán Helmut Kohl dio un discurso todo lo árido que era de esperar antes de un almuerzo. Los temas eran la independencia de los bancos centrales y la reevaluación de las reservas de oro de Alemania. Después, Andrea y yo esquivamos a las bandadas de periodistas que deseaban comentarios sobre la coyuntura económica estadounidense y las perspectivas de continuidad del boom de Internet en la Bolsa. Aunque sabían que mi política era no conceder entrevistas, algunos le pedían a Andrea que actuase de intermediaria, imaginándose que una compañera de profesión podría estar dispuesta a ayudar. Lo único que Andrea quería era ir al balneario. Para cuando salimos de Interlaken había declarado nuestro viaje hasta el momento «la luna de miel menos romántica de la historia».

Y entonces llegamos a Venecia. Por necesaria que sea la destrucción creadora para que mejoren las condiciones materiales de vida, no es casualidad que algunos de los lugares más amados del mundo sean aquellos que menos han cambiado a lo largo de los siglos. Nunca había visitado la ciudad y, como tantos viajeros antes que yo, me quedé cautivado. Nuestra idea había sido pasear y hacer cosas de manera completamente espontánea. Y, si bien eso no sucede de verdad cuando uno viaja con escolta, nos acercamos bastante. Comimos en cafés con terraza, fuimos de compras y visitamos iglesias y la vieja judería.

Durante siglos, la ciudad-estado de Venecia fue el centro del comercio mundial, actuando de enlace entre Europa occidental y el Imperio bizantino y el resto del mundo conocido. Tras el Renacimiento, las rutas comerciales se desplazaron al Atlántico, y Venecia decayó como potencia marítima. Aun así, a lo largo de todo el siglo XVIII, siguió siendo la ciudad con más encanto de Europa, un centro de literatura, arquitectura y arte. «¿Qué noticias hay del Rialto?», la famosa cita de El mercader de Venecia, referida al corazón comercial de la ciudad, todavía resuena cargada de cosmopolitismo.

Hoy en día el barrio del Rialto conserva en buena medida el mismo aspecto que cuando los mercaderes descargaban las sedas y especias del Oriente. Lo mismo puede decirse de los palacios renacentistas espléndidamente pintados de la ciudad, la plaza de San Marcos y docenas de puntos de interés más. Si no fuera por las lanchas motorizadas -los vaporetti-, uno podría creerse sin problemas en el siglo XVII o XVIII.

Mientras paseábamos por uno de los canales, el economista que llevo dentro al fin pudo más que yo. Le pregunté a Andrea:

- ¿Cuál es el valor añadido que se produce en esta ciudad?

- Te equivocas de pregunta -replicó ella, y rompió a reír.

- Pero es que la ciudad entera en un museo. Sólo piensa en lo que cuesta mantenerla.

Andrea se detuvo y me miró.

- Tendrías que fijarte en lo bonita que es.

Mi mujer tenía razón, por supuesto. Pero la conversación contribuyó a cristalizar algo que me rondaba por la cabeza desde hacía algunos meses.

Venecia, descubrí, era la antítesis de la destrucción creadora. Existe para conservar y apreciar un pasado, no para crear un futuro. Pero eso, pensé, era exactamente de lo que se trataba. La ciudad satisface una profunda necesidad humana de estabilidad y permanencia, además de belleza y romanticismo. La popularidad de Venecia representa uno de los polos de un conflicto de la naturaleza humana: la lucha entre el deseo de aumentar el bienestar material y el deseo de evitar el cambio y la tensión que lo acompaña.

El nivel de vida material de Estados Unidos sigue mejorando, mas el dinamismo de esa misma economía deja sin trabajo a centenares de miles de personas que no lo deseaban todas las semanas. No es de extrañar que las exigencias de protección contra las fuerzas de la competencia de mercado vayan al alza, a la par que la nostalgia de una época más lenta y sencilla. Nada es más estresante para la gente que la ventolera permanente de la destrucción creadora. Silicon Valley es sin duda un lugar de trabajo emocionante, pero su encanto como destino de luna de miel ha pasado, diría yo, bastante desapercibido por el momento.

La siguiente velada en Venecia, Andrea y yo fuimos a oír un concierto de violoncelo de Vivaldi, interpretado con instrumentos barrocos. Sus melodías llenaron el aire a nuestro alrededor, fascinante complemento a la sombría majestuosidad de la antigua iglesia, con sus sombras, curvas y piedras gruesas que parecían respirar la humedad de los canales. Había oído mejores interpretaciones de Vivaldi, pero nunca lo he disfrutado tanto.

9 La fiebre del milenio

A finales de los años 90, la economía estaba tan fuerte que por las mañanas me levantaba, me miraba en el espejo y me decía: «Recuerda que esto es temporal. Se supone que el mundo no funciona así.»

Me encantaba observar el florecimiento de la economía, además de los desafíos nuevos y extraños que comportaba aquella prosperidad. La aparición de un superávit en el presupuesto federal, por ejemplo. Este prodigioso acontecimiento tuvo lugar por primera vez en 1998. Llegó tras una racha de cinco años en que el déficit federal fue menguando constantemente a partir del pico de casi 300.000 millones del año fiscal de 1992. El superávit derivaba de factores que creíamos entender: conservadurismo fiscal y crecimiento económico. Pero la escala del cambio iba mucho más allá. Nadie en la Fed o en cualquier otra parte previó el surgimiento en el año 2000 del superávit más abultado (en relación con el PIB) desde 1948.

La historia nos decía que booms como ése no podían durar ni durarían eternamente. Aun así, el que vivíamos estaba durando más de lo que me había esperado. A lo largo de los últimos años de la década, la economía creció a un ritmo superior al 4 por ciento anual. Eso se traducía en unos 400.000 millones de dólares de prosperidad -equivalentes en tamaño a la economía entera de la antigua Unión Soviética- que se añadían a la economía estadounidense cada año.

La práctica totalidad de los hogares se beneficiaron. Gene Sperling, el asesor económico de Clinton, gustaba de llamar la atención sobre la amplitud de los efectos sociales: entre 1993 y 2000, la típica familia estadounidense tuvo una ganancia real de renta anual de 8.000 dólares.

Este crecimiento económico dio alas a la psique nacional y cambió la visión que teníamos de nuestro lugar en el mundo. A lo largo de toda la década de 1980 y durante principios de la de 1990, los estadounidenses habían atravesado un período de temor y depresión. A la gente le preocupaba estar perdiendo terreno ante Alemania, la nueva Europa en proceso de unificación y Japón. Como dijo más tarde Larry Summers, esos rivales económicos «estaban más orientados hacia la inversión y la fabricación, tenían menos abogados, más científicos y más disciplina que nosotros».

En los 80, los gigantescos zaibatsu, o conglomerados, de Japón habían parecido suponer una especial amenaza: habían usurpado el lugar de Estados Unidos en el acero y los equipos industriales, habían puesto a nuestros fabricantes de automóviles a la defensiva y nos habían abrumado de tal modo en el ámbito de la electrónica de consumo que hasta los televisores de los que dependíamos para saber las noticias llevaban la marca Sony, Panasonic y Hitachi. Desde los tiempos del Sputnik Estados Unidos no se había sentido tan temiblemente en desventaja. Ni siquiera el final de la guerra fría levantó los ánimos: nuestro inmenso poder militar de repente se antojaba irrelevante, y la potencia económica era lo que definía ya el estatus internacional.

Entonces llegó el boom de la tecnología y lo cambió todo. Hizo de la cultura empresarial estadounidense, audaz, emprendedora y sin miedo a los batacazos, la envidia del mundo. La tecnología de la información estadounidense arrasó en el mercado global, como lo hicieron innovaciones que iban desde los lattes de la cafetería Starbucks a los derivados de crédito. Los estudiantes gravitaban desde otros países hacia las universidades norteamericanas. Los cambios que Estados Unidos había acometido para modernizar su economía -dos décadas de desregulación y recortes, a menudo dolorosos, y la reducción de las barreras al comercio- empezaban todos a dar su fruto. Mientras Europa y Japón se deslizaban hacia un bache económico, Estados Unidos iba hacia arriba.

El superávit del presupuesto federal fue un acontecimiento asombroso. «Tenemos que volver todos a la pizarra para pronosticar los impuestos», dijo un alto cargo de la Fed de Nueva York al FOMC en mayo de 1997, tras un informe de que lo recibido por el Tesoro ese año iba 50.000 millones de dólares por delante de las proyecciones. Los economistas de la Oficina de Gestión y Presupuesto, la Oficina Presupuestaria del Congreso y la Reserva Federal no sabían a qué atenerse. Aunque la economía iba viento en popa, eso no bastaba para explicar un aumento tan grande en la recaudación de impuestos. Sospechamos que podíamos estar presenciando un efecto de la Bolsa, y animé al personal de la Fed a acelerar su trabajo de estimar el espaldarazo que había supuesto para la base imponible de los hogares el ejercicio de la concesión de stock options y las ganancias de capital realizadas. Las opciones sobre acciones, por supuesto, se habían convertido en el principal incentivo usado por las empresas tecnológicas para atraer y conservar a sus empleados: las repartían incluso entre secretarias y administrativos. Era muy difícil medir con precisión esa nueva fuente de riqueza. Años más tarde, esta hipótesis se demostraría correcta, pero en su momento lo único que pudieron hacer nuestros economistas fue confirmar que podría serlo. El déficit federal de 1997 se encogió hasta apenas 22.000 millones de dólares; estadísticamente insignificante en el contexto de un presupuesto federal de 1,6 billones de dólares y un PIB de 10 billones.

Casi de la noche a la mañana, la Administración se las vio con un superávit presupuestario que se expandía con la misma rapidez con la que había menguado el déficit. Apenas había empezado a hablar el presidente Clinton sobre la posibilidad de llegar a equilibrar el presupuesto federal en 1998 cuando sus altos cargos tuvieron que correr para planear qué hacer con el superávit. Y por bien que se tratase de un feliz problema, el éxito, como todo lo demás en términos presupuestarios, hay que gestionarlo. Eso resulta especialmente cierto en Washington, donde si los políticos descubren 1.000 millones se sacan de la manga en el acto maneras de gastarlos por valor de al menos 20.000 millones. Y el superávit se prometía en verdad épico: la proyección de la Oficina Presupuestaria del Congreso en 1998 era de un total de 660.000 millones de dólares a lo largo de diez años (La cifra de 660.000 millones de la Oficina Presupuestaria del Congreso era la suma de las proyecciones de 1999 a 2008. Entretanto, la Casa Blanca preveía superávits de hasta un total de 1,1 billones en la siguiente década. La discrepancia era en parte reflejo del hecho de que las proyecciones de la Oficina del Congreso se basan en la ley vigente, mientras que las de la Administración asumen que las políticas del Gobierno se llevarán a la práctica).

En cuanto se anunció la noticia, los dos partidos quisieron llevarse el mérito. «La política fiscal republicana, con su énfasis en el gasto controlado, menos gobierno y la desgravación, ha llevado el país del déficit al superávit en apenas tres años», declaró un líder de ese partido, el congresista John Boehner de Ohio. El presidente Clinton, por su parte, anunció formalmente el superávit en una ceremonia especial de la Casa Blanca en la que había presentes dirigentes demócratas pero se impidió la asistencia de republicanos. Ni un solo republicano había votado a favor del hito que fue su presupuesto de reducción del déficit de 1993, recordó el presidente al público, para luego añadir que, si lo hubieran hecho, «podrían haber optado a estar presentes aquí hoy».

Como era de prever, la disensión sobre qué hacer con los ingresos adicionales fue intensa. Los demócratas liberales querían dedicar el dinero a programas sociales que según ellos llevaban años aparcados; los republicanos conservadores proponían «devolver» el superávit en forma de rebajas fiscales. Bill Archer, un republicano de Tejas y buen amigo mío que era presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, se llevó el premio a la declaración más divertida del debate: «Por culpa de una carga fiscal récord -afirmó, con tono de broma-, el superávit se está saliendo de madre.»

Los conservadores fiscales como Bob Rubin y yo, entretanto, creíamos que ni las rebajas fiscales ni el gasto nuevo eran el camino correcto. Pensábamos que el superávit debía usarse para ir pagando la deuda pública nacional. Ascendía ya a 3,7 billones de dólares, la consecuencia acumulada de un cuarto de siglo de gasto deficitario (el último año en que el presupuesto había presentado superávit había sido 1969).

Mi implicación desde hacía mucho tiempo en la reforma de la Seguridad Social me había hecho muy consciente de que, en un futuro no muy lejano, la Seguridad Social y Medicare afrontarían exigencias del orden de billones de dólares cuando la generación del boom de natalidad de la posguerra envejeciera. No existía ningún modo práctico de pagar esas obligaciones por adelantado. La política más eficaz sería pagar parte de la deuda y de camino crear ahorros adicionales, que a su vez podrían aumentar la capacidad productiva de la nación y los ingresos federales con los tipos impositivos existentes para cuando los integrantes de esa generación llegaran a la edad de jubilarse.

La devolución de la deuda tenía otra ventaja: era la opción más sencilla. Mientras el Congreso no aprobara una legislación que destinara el dinero a algún otro uso, cualquier ingreso de superávit que entrase en las arcas del Gobierno pagaba automáticamente la deuda. Si tan sólo el Congreso pudiera mantener las manos alejadas de la caja. O, como sugerí con más tacto al Comité Presupuestario del Senado, la deuda nacional acumulada era tan enorme que el Gobierno podía ir raspándola alegremente durante años. «No hará daño a la economía de ningún modo del que yo sea consciente permitir que el superávit se prolongue durante un período de tiempo bastante largo antes de que lo toquen -dije-. Si los superávits están evolucionando, no los miremos como si fueran una amenaza para la economía. Seguro que no lo son.» (La cifra de 660.000 millones de la Oficina Presupuestaria del Congreso era la suma de las proyecciones de 1999 a 2008. Entretanto, la Casa Blanca preveía superávits de hasta un total de 1,1 billones en la siguiente década. La discrepancia era en parte reflejo del hecho de que las proyecciones de la Oficina del Congreso se basan en la ley vigente, mientras que las de la Administración asumen que las políticas del Gobierno se llevarán a la práctica). Aun así, en comparación con las rebajas fiscales o los aumentos del gasto, hay que reconocer que la devolución de la deuda era un patito feo como política. Me preguntaba si Clinton podría mantenerse fiel al conservadurismo fiscal que había caracterizado su primera legislatura, aunque quisiera.

No tuve ningún papel en el hallazgo de la respuesta, pero tengo que admirar la que se sacaron de la chistera Clinton y sus altos cargos. Dieron con un argumento políticamente irrefutable para quitar el dinero de la mesa: atar el superávit presupuestario a la Seguridad Social. Vendió la idea como parte del discurso del Estado de la Unión de 1998:

¿Qué debemos hacer con este superávit que se prevé? Tengo una simple respuesta de cinco palabras: primero salvar la Seguridad Social. Esta noche, propongo que reservemos el 100 por ciento del superávit -es decir, hasta el último centavo de cualquier superávit- hasta haber tomado todas las medidas necesarias para reforzar el sistema de la Seguridad Social de cara al siglo XXI.

El meollo de las «medidas necesarias» de Clinton, como no tardó en saberse, era reservar la parte del león de cualquier superávit para pagar la deuda. Me impresionó que Clinton se hubiera adelantado a gran parte del debate que habría surgido de haberse centrado lisa y llanamente en la reducción de la deuda. «Estoy asombrado -le dije a Gene Sperling-. Habéis encontrado un modo de hacer que la reducción de la deuda sea políticamente atractiva.»

Mientras los superávits presupuestarios iban creciendo a lo largo de los siguientes años -desde los 70.000 millones en 1998 a los 124.000 millones en 1999 y los 237.000 millones en 2000-, vi al Congreso estirar el brazo una y otra vez hacia el dinero. En verano de 1999, los republicanos presentaron un plan para rebajar los impuestos en casi 800.000 millones de dólares en un plazo de diez años, y el Comité de Banca del Senado me convocó a declarar si el plan tenía sentido económico a largo plazo. Tuve que decirles que no, o al menos no todavía. «Probablemente nos iría mejor aplazando una rebaja fiscal -expliqué-, en buena medida porque es evidente que los superávits están haciendo mucho bien a la economía.» Tenía dos argumentos más, añadí. En primer lugar, por mucho que las proyecciones del superávit a lo largo de la siguiente década ascendieran ya a los 3 billones, la incertidumbre sobre la economía ponía en duda esas cifras abultadas. «Podrían cambiar de dirección con la misma rapidez», dije. Segundo, dado lo fuerte que era ya la economía, el estímulo de una gran rebaja fiscal podría ocasionarle un sobrecalentamiento. Por otro lado, añadí, no veía «ningún problema» en postergar esa rebaja.

Aquellas observaciones merecieron un par de titulares pero no disuadieron al Congreso de seguir adelante con el proyecto de ley. Fue aprobado una semana después, sólo para recibir el veto del presidente. «En un momento en que Estados Unidos avanza en la dirección correcta, esta ley nos devolvería a las políticas fallidas del pasado», dijo al firmar el veto en el Rose Garden.

La actitud chapada a la antigua del presidente Clinton hacia la deuda podría haber ejercido un efecto más duradero en las prioridades de la nación. En lugar de eso, su influencia quedó diluida por el escándalo que se montó con Monica Lewinsky, cuyo nombre apareció en las noticias apenas días antes de que desvelara su plan para el superávit. A medida que el escándalo se desarrollaba y aparecían en la prensa los detalles de sus supuestos encuentros, yo no daba crédito a mis ojos. «Es imposible que esas historias sean correctas -les decía a mis amigos-. He estado en la zona de la Casa Blanca entre el Despacho Oval y el comedor privado. Entra y sale gente del personal y del Servicio Secreto a todas horas. Ni hablar.» Más tarde, cuando se descubrió que las historias eran ciertas, me pregunté cómo había podido el presidente correr ese riesgo. Parecía muy impropio del Bill Clinton que yo conocía, y me hizo sentir decepcionado y triste. Además, produjo un efecto devastador; se notaba, por ejemplo, en un par de titulares que aparecieron uno al lado del otro en la página web de la CNN: «Lewinsky decidida a aportar muestras de manuscritos y huellas dactilares» y «Clinton anuncia un superávit presupuestario previsto de 39.000 millones de dólares».

Mientras Estados Unidos vivía su boom, el resto del mundo era presa de convulsiones. Tras el fin de la guerra fría y el finiquito de mucha planificación central, los países en vías de desarrollo andaban en busca de medios para atraer la inversión extranjera reforzando los derechos de propiedad y abriendo grandes sectores de sus economías. Sin embargo, como parte de esas iniciativas, empezó a surgir un patrón inquietante: los inversores estadounidenses, enriquecidos con las ganancias de capital del boom de su país, entraban en tropel en mercados emergentes desconocidos con miras a diversificar. También acudían los grandes bancos, deseosos de conseguir para sus préstamos un rendimiento superior al que podían obtener en Estados Unidos, donde los tipos de interés habían alcanzado mínimos históricos. Para atraer ese capital y fomentar el comercio, algunas naciones en vías de desarrollo habían vinculado su moneda al dólar con un tipo de cambio fijo. De ese modo, los inversores estadounidenses y extranjeros podían considerarse protegidos de los riesgos de los tipos de cambio al menos por un tiempo. Los prestatarios de los dólares, entretanto, los convertirían a la moneda local y prestarían el dinero dentro del país en vías de desarrollo con los tipos altos de interés imperantes. Al hacerlo jugaban a que, cuando se pagara el préstamo, podrían convertir el dinero una vez más a dólares según el tipo de cambio fijo y así reembolsar sus propios préstamos en dólares sin pérdidas fruto del tipo de cambio. Cuando los astutos operadores del mercado, que no creían en el ratoncito Pérez, se dieron cuenta de que los países en vías de desarrollo sólo podrían mantener el tipo de cambio fijo un tiempo limitado y empezaron a vender las monedas domésticas por dólares, se acabó lo que se daba. Los bancos centrales que intentaron mantener fijo su tipo de cambio agotaron con rapidez sus reservas de dólares.

Esta sucesión de acontecimientos llevó al llamado contagio asiático, una serie de crisis financieras que empezó con el derrumbe del baht tailandés y el ringgit malasio en el verano de 1997 y creció hasta convertirse en una amenaza para la economía mundial. Casi de inmediato, Tailandia y Malasia se hundieron en la recesión. Las economías de Hong Kong, Filipinas y Singapur también salieron malparadas. En Indonesia, un país con doscientos millones de habitantes, la rupia hizo implosión, la Bolsa se hundió y el consiguiente descalabro económico provocó disturbios por hambre, una miseria generalizada y en último término la caída del presidente Suharto.

Al igual que la crisis de México dos años antes, el Fondo Monetario Internacional tomó cartas en el asunto con apoyo financiero. Bob Rubin, Larry Summers y el Departamento del Tesoro volvieron a actuar de punta de lanza de la respuesta estadounidense; la Fed desempeñó una vez más un papel ante todo de asesoramiento. Sólo me impliqué más a fondo en noviembre, cuando un alto cargo del Banco de Japón llamó a la Reserva Federal para advertir de que Corea del Sur sería la siguiente. «La presa está cediendo», fueron sus palabras para explicar que los bancos japoneses habían perdido la confianza en Corea y estaban a punto de dejar de renovar decenas de miles de millones de dólares en préstamos.

Eso era un golpe. Símbolo del extraordinario crecimiento de Asia, Corea del Sur era en ese momento la undécima economía del mundo, y doblaba en tamaño a Rusia. Tanto era el éxito de Corea que ya ni siquiera se la consideraba un país en vías de desarrollo; el Banco Mundial la citaba oficialmente como parte del primer mundo. Y si bien los analistas de mercado sabían que había habido problemas recientes, la economía, según todos los indicadores, seguía creciendo con solidez y velocidad. El banco central de Corea, además, tenía bajo el colchón 25.000 millones en reservas de dólares, protección sobrada contra el contagio asiático, o eso creíamos.

Lo que no sabíamos, pero no tardamos en descubrir, era que el Gobierno había jugado con esas reservas. Había vendido o prestado con discreción la mayor parte de los dólares a bancos comerciales surcoreanos, que a su vez los habían usado para apuntalar malos préstamos. De modo que, cuando Charlie Siegman, uno de nuestros principales economistas internacionales, llamó a un banquero central coreano el fin de semana de Acción de Gracias y preguntó: «¿Por qué no ponen en circulación más reservas?», el banquero le respondió: «No tenemos.» Lo que habían publicado como reservas ya estaba apalabrado.

Hicieron falta semanas para que se consumara aquel desaguisado. Los grupos de trabajo de Rubin trabajaron prácticamente día y noche, y el FMI reunió un paquete de apoyo financiero de 55.000 millones, su mayor rescate financiero de la historia. El trato exigía la colaboración de Kim Dae Jung, el recién elegido presidente de Corea, cuya primera gran decisión fue comprometerse a la aplicación de rigurosas reformas económicas. Parte del desafío para el Tesoro y la Fed, entretanto, fue convencer a docenas de los mayores bancos del mundo de que no exigieran el pago de sus préstamos coreanos. Todas esas iniciativas llegaron a su punto culminante al mismo tiempo, lo que llevó a Bob a decir en retrospectiva: «Debemos de haber conseguido algún tipo de récord de perturbar el sueño de ministros de economía y banqueros centrales de todo el mundo.»

Siempre existía la posibilidad de que un rescate de esas proporciones sentara un mal precedente: ¿cuántas veces más los inversores colocarían dinero en economías dispuestas pero endebles, imaginando que, si se metían en problemas lo bastante grandes, el FMI les sacaría las castañas del fuego? Era una versión de lo que la industria de los seguros llama el «riesgo moral» de proteger a los individuos del peligro. Cuanto mayor es la red de seguridad, reza la teoría, mayor es la temeridad con que la gente, las empresas o los gobiernos tienden a comportarse.

Aun así, las consecuencias de permitir que Corea del Sur quebrase habrían sido peores, posiblemente mucho peores. La suspensión de pagos de una nación del tamaño de Corea habría desestabilizado casi a ciencia cierta los mercados globales. Los principales bancos de Japón y otros países probablemente habrían quebrado, provocando más seísmos en todo el sistema. Los inversores traumatizados se habrían retirado no sólo del este asiático sino de Latinoamérica y otras regiones emergentes, provocando un frenazo en el desarrollo. El crédito muy probablemente se habría contraído mucho también en los países industrializados. Y eso dejando al margen el riesgo militar propio de la situación de Corea del Sur. Sólo por su manejo de esa crisis, Bob Rubin y Larry Summers se merecen un puesto en los anales de los ministros de economía.

En Estados Unidos el boom seguía a pleno pulmón, mientras Internet penetraba en los estilos de vida de la gente. El ordenador se estaba volviendo tan esencial en el hogar como el teléfono, la nevera y el televisor. Se convirtió en un modo de obtener noticias: en el verano de 1997, millones de personas habían entrado en la red para ver las maravillosas fotos del Pathfinder, la primera sonda estadounidense que se posaba con éxito en Marte en veinte años. Y se convirtió en una forma de comprar: en 1998, el «comercio electrónico» llegó como un vendaval, y la gente se abalanzó sobre páginas web como Amazon, eToys y eBay, sobre todo durante las festividades.

Pero el contagio asiático no había dicho aún su última palabra. La siniestra hipótesis que habíamos imaginado en la crisis de Corea estuvo a punto de cumplirse peligrosamente ocho meses más tarde: en agosto de 1998, Rusia declaró el impago de una enorme deuda en dólares.

Como las crisis de Asia, la de Rusia era fruto de la tóxica interacción de una inversión exterior atolondrada y una gestión interior irresponsable. El detonante fue una caída del precio del petróleo, que con el tiempo llegó a los 11 dólares por barril, su nivel más bajo en veinticinco años, cuando el impacto económico de las crisis asiáticas minó la demanda mundial. Puesto que el petróleo era una exportación rusa clave, eso significaba grandes problemas para el Kremlin: de repente Rusia ya no podía permitirse pagar el interés de sus deudas.

Mi última visita a Moscú había tenido lugar siete años antes, en vísperas de la disolución de la Unión Soviética, y todavía recordaba las grandes esperanzas de los reformadores económicos y la gris desolación de las calles. Las condiciones, en todo caso, habían empeorado. En el vacío dejado por la caída de la planificación central, los economistas de Boris Yeltsin habían intentado sin éxito propiciar unos mercados fiables que suministrasen alimento, ropa y otros productos básicos. Las familias y empresas salían adelante mayormente en negro, con el resultado de que el Gobierno ni siquiera podía recaudar los impuestos que necesitaba para ofrecer los servicios básicos o pagar sus deudas. Los oligarcas habían llegado a controlar grandes porciones de los recursos y la riqueza de la nación, pero la inflación se desmadraba a intervalos periódicos, amplificando la miseria de decenas de millones de rusos con ingresos limitados. El gobierno había sido incapaz, singularmente, de establecer o incluso comprender la necesidad de consolidar los derechos de propiedad y el Estado de derecho.

Mientras la crisis se desarrollaba, el FMI se aprestó de nuevo con ayuda financiera: en julio anunció un paquete de apoyo de 23.000 millones de dólares. Sin embargo, en cuanto Rusia recibió los primeros pagos, su Parlamento dejó claro que no tenía ninguna intención de aceptar las habituales condiciones del FMI de una mejor gestión fiscal y una reforma económica. Ese desafío llevó al FMI a concluir que el envío del resto de la ayuda sería tirar el dinero: no haría sino posponer, y probablemente agravar, la inevitable suspensión de pagos. Para mediados de agosto, el Banco Central de Rusia (BCR) había quemado más de la mitad de sus reservas de divisas. La frenética diplomacia de última hora fracasó, y el 26 de agosto el banco central retiró su apoyo al rublo. El tipo de cambio perdió un 38 por ciento de la noche a la mañana. El paquete del FMI fue retirado.

La suspensión de pagos, cuando llegó, dejó anonadados a los inversores y bancos que habían vertido dinero en Rusia a pesar de los riesgos evidentes. Muchos actuaron en la suposición de que Occidente siempre acudiría al rescate de la superpotencia caída, aunque sólo fuera porque, como se decía, Rusia era «demasiado nuclear para quebrar». Esos inversores iban errados. Estados Unidos y sus aliados habían trabajado con discreción y eficacia para ayudar al Gobierno de Yeltsin a mantener sus ojivas a buen recaudo; resultó que a los rusos se les daba mucho mejor controlar un arsenal que gestionar una economía. De modo que, tras concienzudas deliberaciones, el presidente Clinton y otros dirigentes concluyeron que la retirada del FMI no aumentaría el peligro nuclear, y aprobaron su decisión de cerrar el grifo. Todos contuvimos la respiración.

En efecto, la onda expansiva del impago ruso hizo mucho más daño a Wall Street que las crisis asiáticas. Tan sólo en los últimos cuatro días de actividad de agosto, el Dow Jones perdió más de 1.000 puntos: un 12 por ciento de su valor. Los mercados de bonos reaccionaron con más violencia si cabe, cuando los inversores buscaron refugio en la seguridad de los bonos del Tesoro. También los bancos echaron el freno a los nuevos préstamos y subieron los tipos de interés de los préstamos comerciales.

Todas aquellas expresiones de incertidumbre reflejaban el miedo creciente a que, después de siete años espectaculares, el boom económico estadounidense estuviese tocando a su fin. Ese miedo, se demostró, era prematuro. Una vez superamos la crisis rusa, el boom se prolongaría por espacio de dos años más, hasta finales de 2000, cuando el ciclo económico por fin dio la vuelta. Pero yo veía los peligros, y sentía que necesitábamos hacer algo al respecto.

A principios de septiembre tenía un compromiso fijado desde hacía tiempo para hablar ante un público de estudiosos de la empresa de la Universidad de California en Berkeley. Mi intención había sido hablar de tecnología y economía, tocar la productividad, la innovación, los círculos virtuosos y demás. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, decidí que no podía limitar mi análisis a la economía nacional. No después de lo que acababa de pasar en Rusia. El problema de Estados Unidos no era que la economía nacional se hubiese quedado sin fuelle; era que los desequilibrios causados por la revolución tecnológica y la rápida globalización de los mercados estaban tensando los sistemas financieros del mundo.

En mi charla, señalé el impacto de las sacudidas en el extranjero. Hasta ese momento, dije, lo único que habían hecho había sido lastrar los precios y frenar la demanda de productos estadounidenses. Pero advertí que, a medida que esas perturbaciones extranjeras crecieran, retroalimentadas en nuestros mercados financieros, esos efectos probablemente se intensificarían. Eso enturbiaba el panorama económico.

«Sencillamente, no es creíble que Estados Unidos pueda seguir siendo un oasis de prosperidad invulnerable a un mundo que está experimentando un enorme aumento de la tensión», dije. Nunca podríamos cosechar todos los beneficios de la revolución tecnológica a menos que el resto del mundo compartiera el crecimiento. El nivel de vida de todas las naciones con las que hacíamos negocios debía ser motivo de preocupación. A gran parte del público, subido al carro de la revolución tecnológica, aquello probablemente le viniera de nuevo.

No creo que mi comentario del «oasis de prosperidad» tuviera mucho impacto ese día. Pero la idea estaba pensada para tener la mecha larga. No hablaba de los siguientes seis meses o del próximo año. El aislacionismo estadounidense está tan arraigado que la gente todavía no se ha desprendido de él. Siempre se da por sentado que, como Estados Unidos somos los mejores, tenemos que ir a nuestro aire.

Al público de Berkeley le dije que la crisis de Rusia había suscitado un gran replanteamiento en la Fed. Nos habíamos centrado tanto en la inflación nacional que no habíamos prestado la debida atención a las señales de advertencia de un posible descalabro financiero internacional. Ésa fue la parte del discurso de la que se hicieron eco los medios: Wall Street oyó alto y claro mi mensaje de que el FOMC tenía previsto bajar los tipos de interés.

La amenaza de una recesión a escala mundial me parecía cada vez más real. Y estaba convencido de que la Fed no tenía poder para plantarle cara a solas. Las presiones financieras que afrontábamos eran de orden global, y el esfuerzo para contenerlas también tendría que serlo. Bob Rubin compartía esa opinión. Entre bastidores, los dos empezamos a ponernos en contacto con los ministros de economía y los banqueros centrales de los países del G7 para intentar coordinar una respuesta. Sostuvimos, sin aspavientos pero con urgencia, la necesidad de aumentar la liquidez y aflojar los tipos de interés en todo el mundo desarrollado.

Algunos de nuestros homólogos se demostraron muy difíciles de convencer. Pero al fin, cuando los mercados de Europa cerraron el 14 de septiembre, el G7 hizo pública una declaración cuidadosamente redactada. «El equilibrio de los riesgos en la economía mundial se ha desplazado», manifestaba. Luego detallaba cómo se desplazaría en consonancia la política del G7, desde la exclusiva batalla a la inflación hacia la inclusión, también, del fomento del crecimiento. Como señaló Rubin con elocuencia en sus memorias, por anodinas que sonaran esas doce palabras, marcaron un cambio trascendental en el panorama financiero global: «Toda guerra tiene sus armas, y cuando te las ves con unos mercados financieros volátiles y unos inversores nerviosos, las sutilezas de un comunicado de esmerada elaboración, firmado por las mayores autoridades financieras de los siete mayores países industrializados del mundo, pueden suponer una diferencia crucial.»

Nada de eso hizo gran cosa al principio para aliviar la sensación de fatalidad en ciernes. Brasil se convirtió en la última víctima de la epidemia, y Rubin y Summers pasaron la mayor parte de septiembre trabajando con el FMI para montar un rescate. Entretanto, Bill McDonough, director de la Fed de Nueva York, asumió el reto de abordar la implosión de uno de los hedge funds (fondos de inversión libre) más grandes y exitosos de Wall Street, Long-Term Capital Management.

Hollywood no habría podido escribir un guión más dramático para un naufragio financiero. A pesar de su aburrido nombre, LTCM era una orgullosa operación de alta visibilidad y mucho prestigio de Greenwich, Connecticut, que había obtenido un rendimiento espectacular invirtiendo una cartera de 125.000 millones de dólares para clientes ricos. Entre sus mandantes había dos economistas galardonados con un Nobel, Myron Scholes y Robert Merton, cuyos modelos matemáticos de última generación formaban el corazón de la máquina de hacer dinero de la firma. LTCM estaba especializada en arbitrajes arriesgados y lucrativos en bonos estadounidenses, japoneses y europeos, para los que apalancaba sus apuestas con más de 120.000 millones de dólares que tomaba prestados a los bancos. También tenía cerca de 1,25 billones de dólares en derivados financieros, contratos exóticos que sólo quedaban parcialmente reflejados en su balance. Algunos eran inversiones especulativas y otros estaban diseñados para cubrir, o asegurar, la cartera de LTCM contra cualquier riesgo imaginable. (Ni siquiera al despejarse el humo nadie llegó a saber con seguridad hasta qué punto estaba apalancado LTCM cuando las cosas empezaron a torcerse. Las mejores estimaciones eran que había invertido bastante más de 35 dólares por cada dólar que poseía en realidad.)

El impago ruso resultó ser la punta del iceberg para este Titanic financiero. Ese acontecimiento crispó los mercados de un modo que ni siquiera los ganadores del Nobel se habrían imaginado nunca. Las fortunas del LTCM dieron un vuelco tan brusco que sus complejas salvaguardas no llegaron a tener ninguna posibilidad de funcionar. Prácticamente de la noche a la mañana, sus estupefactos fundadores vieron esfumarse los casi 5.000 millones de dólares de capital que habían acumulado.

La Fed de Nueva York, cuyo cometido es ayudar a mantener el orden en los mercados de Wall Street, siguió la pista de la espiral mortal del LTCM. Por lo común, a una empresa que cometa una pifia fatal habría que dejarla estrellarse. Pero los mercados ya estaban espantados y asustadizos; a Bill McDonough le preocupaba que, si una compañía del tamaño de LTCM tenía que vender a la baja sus activos en el mercado, los precios se hundirían. Eso pondría en marcha una reacción en cadena que llevaría a la bancarrota a otras firmas. De modo que, cuando llamó para comunicarme que había decidido intervenir, la idea no me hizo gracia pero no pude discrepar.

La historia de cómo apadrinó el rescate de LTCM por parte de sus acreedores se ha contado tantas veces que forma parte de los anales de Wall Street. Reunió literalmente a los altos cargos de dieciséis de los bancos y casas de inversión más poderosos del mundo en una habitación; sugirió con vehemencia que, si comprendían plenamente las pérdidas que afrontarían en una liquidación forzada de los activos de LTCM, encontrarían una solución; y se fue. Tras días de tensas negociaciones, los banqueros se sacaron de la manga una inyección de 3.500 millones de dólares para LTCM. Eso le procuró a la empresa el tiempo necesario para disolverse de una forma ordenada.

No se gastó ningún dinero del contribuyente (salvo quizás en bocadillos y café), pero la intervención de la Fed tocó una fibra sensible del populismo. «La Fed de Nueva York considera un fondo demasiado grande para quebrar y asiste en su rescate», proclamaba The New York Times en portada. Unos días después, el 1 de octubre, McDonough y yo fuimos llamados a declarar ante el Comité de Banca de la Cámara de Representantes para explicar por qué, según decía USA Today, «una empresa privada diseñada por millonarios [debía] ser salvada por un plan que contó con la mediación y el respaldo de una organización gubernamental federal». Las críticas procedían de los dos lados del hemiciclo. El congresista Michael Castle, un republicano de Delaware, dijo medio en broma que sus fondos y sus inversiones en propiedades inmobiliarias no iban muy bien, pero «nadie me está ayudando». Y el congresista Bruce Vento, demócrata de Minnesota, se quejó de que estábamos escudando a los ricos de los efectos inclementes de las fuerzas del mercado que a menudo llevaban a la miseria al ciudadano de a pie: «Se diría que existen dos varas de medir -dijo-, una para el ciudadano de a pie y otra para Wall Street.»

Sin embargo, decirles a los bancos con intereses en LTCM que podrían ahorrarse dinero si facilitaban una liquidación ordenada del fondo no era ni por asomo un rescate. Al afrontar la dura realidad y velar por su propio interés, se habían ahorrado a ellos mismos y, sospechaba yo, a millones de sus conciudadanos de a pie y de Wall Street, un montón de dinero.

Yo iba siguiendo la pista de los indicios de problemas en el mundo financiero con creciente preocupación por el daño que todo eso podría causar a la economía. En un discurso que tenía programado para el 7 de octubre, después de que los bonos del Tesoro a treinta años alcanzaron sus tipos de interés más bajos en treinta años, tiré los apuntes que traía preparados y le dije a un público de economistas: «Llevo cincuenta años observando los mercados estadounidenses y nunca he visto nada parecido.» Concretamente, expliqué, los inversores del mercado de los bonos se estaban comportando de manera irracional: pagando un extra sustancial por los bonos del Tesoro más nuevos y líquidos, aunque los ligeramente más viejos pero menos líquidos fueran igual de seguros. Esas ansias de liquidez carecían de precedentes, señalé, y no reflejaban criterio sino pánico. «Básicamente están diciendo: “Quiero salir. No quiero saber nada sobre si una inversión es arriesgada o no. No soporto el dolor. Sólo quiero salir.”» Los economistas sabían con exactitud adónde quería llegar. El pánico en el mercado es como el nitrógeno líquido: puede causar con rapidez una congelación devastadora. Y en verdad, las investigaciones de la Fed ya mostraban que los bancos eran cada vez más reacios a prestar.

No hizo falta ninguna discusión para conseguir que el FOMC bajara los tipos de interés. Lo hicimos tres veces en rápida sucesión, entre el 29 de septiembre y el 17 de noviembre. Otros bancos centrales europeos y asiáticos, fieles a su nuevo compromiso con el G7, también aflojaron sus tipos. Gradualmente, como habíamos esperado, la medicina fue haciendo efecto. Los mercados del mundo se calmaron y, un año y medio después del inicio de las crisis asiáticas, Bon Rubin por fin se halló en condiciones de tomarse unas vacaciones ininterrumpidas con su familia.

El modo en que la Fed respondió a la crisis rusa fue reflejo de un gradual alejamiento del manual de políticas. En lugar de consagrar toda nuestra energía a la consecución del mejor pronóstico único y luego apostarlo todo a eso, basamos nuestra respuesta política en una serie de hipótesis posibles. Cuando Rusia suspendió los pagos, los modelos matemáticos de la Fed revelaron que era sumamente probable que la economía estadounidense siguiera expandiéndose a buen ritmo a pesar de los problemas de Rusia y sin intervención alguna de la Fed. Aun así, optamos de todas formas por aflojar los tipos de interés a causa de un riesgo pequeño pero real de que el impago alterara los mercados financieros globales lo bastante como para tener un efecto grave en Estados Unidos. Se trataba de un tipo de sacrificio nuevo para nosotros: considerábamos aquel acontecimiento, improbable pero en potencia gravemente desestabilizador, una amenaza mayor para la prosperidad económica que el aumento de la inflación que podría provocar un dinero más fácil. Sospecho que en el pasado de la Fed se habían producido muchas decisiones como ésa, pero el proceso subyacente de toma de decisiones nunca se había sistematizado o explicitado.

Sopesar sistemáticamente de ese modo los costes y los beneficios llegó a convertirse poco a poco en la norma de nuestro enfoque ejecutivo. A mí me gustaba porque generalizaba a partir de una serie de decisiones ad hoc que habíamos tomado en años anteriores. Nos permitía ir más allá de los modelos econométricos para tomar en consideración hipótesis más amplias, aunque de menor precisión matemática, sobre cómo funciona el mundo. Otra ventaja importante fue que también abrió la puerta a las lecciones de la historia: por ejemplo, permitiéndonos explorar cómo el boom de los ferrocarriles de la década de 1870 podía contener pistas sobre el comportamiento de los mercados durante la fiebre de Internet.

Hay economistas que siguen sosteniendo que un enfoque semejante de la política resulta demasiado indisciplinado: excesivamente complejo, en apariencia discrecional, difícil de explicar. Quieren que la Fed fije los tipos de interés en función de parámetros y reglas formales. Deberíamos gestionar la economía, pongamos, para lograr un nivel óptimo de empleo, o «apuntando» a una tasa fija de inflación. Estoy de acuerdo en que sólo pueden trazarse políticas sensatas con la ayuda de unas estructuras analíticas rigurosas. Pero con demasiada frecuencia tenemos que trabajar con datos incompletos y defectuosos, un miedo humano irracional y una claridad legal inadecuada. Por elegante que se haya vuelto la econometría actual, no está a la altura de la tarea de ofrecer prescripciones de política. La economía mundial se ha vuelto demasiado compleja e interconectada. Nuestro proceso ejecutivo debe evolucionar en consonancia con esa complejidad.

Supongo que podríamos haber adivinado que el último año del milenio sería el más loco y vertiginoso de todo el boom. La euforia se adueñó de los mercados estadounidenses en 1999, en parte porque las crisis del este asiático no habían acabado con nosotros. Si habíamos sobrevivido a aquello, se pensaba, el futuro se preveía radiante hasta donde alcanzaba la vista.

Lo que volvía ese optimismo tan contagioso era que se fundamentaba en los hechos. Impulsada por la innovación tecnológica y ayudada por una fuerte demanda de los consumidores y otros factores, la economía vivía un boom verdadero y constante. Aun así, por bien que las oportunidades fueran reales, el grado de exaltación era surrealista. No se podía abrir un periódico ni leer una revista sin encontrarse un artículo sobre los últimos archimillonarios de la alta tecnología. El director de una gran consultoría ocupó titulares cuando la dejó para arrancar Webvan, una empresa dedicada al reparto de ultramarinos encargados por Internet. Recaudó 375 millones de dólares en su oferta pública inicial. Unos diseñadores de alta costura londinenses de los que nunca había oído hablar fundaron algo llamado Boo.com, una página web de ropa que recaudó 135 millones de dólares con una estrategia para convertirse en el líder de ventas global de ropa de sport moderna. Todo el mundo, al parecer, tenía un tío o un vecino que se había forrado con acciones de Internet. La Fed, donde la gente tiene vedada la especulación financiera por las normas que rigen los conflictos de intereses, probablemente fuera uno de los pocos lugares de Estados Unidos donde podía uno subirse a un ascensor sin oír consejos sobre acciones. (Al igual que docenas de nuevas empresas más de Internet, Webvan y Boo.com se dieron un batacazo, en 2001 y 2002 respectivamente.)

El boom de Internet pasó a formar parte de las noticias de la televisión, no sólo en las emisiones en cadena (de las que soy fiel espectador, por Andrea) sino también en la CNBC y otros incipientes canales por cable pensados para hombres de negocios e inversores. El domingo de la Super Bowl de 2000, la mitad de los espacios publicitarios de treinta segundos los compraron diecisiete nuevas empresas de Internet, a 2,2 millones de dólares cada uno: el calcetín marioneta de Pets.com apareció al costado de los caballos Clydesdales de Budweiser y Dorothy de El mago de Oz (en un anuncio de FedEx).

En la cultura pop, yo estaba ahí mismo, con las marionetas de calcetines. La CNBC inventó un truco llamado el «indicador del maletín», en el que las cámaras me seguían en las mañanas de reunión del FOMC cuando llegaba a la Fed. Si mi maletín era delgado, rezaba la teoría, entonces tenía mi mente en calma y la economía iba bien. Pero si iba lleno a rebosar, significaba que me había quemado las pestañas y se avecinaba una subida de tipos. (Para que conste en acta, el indicador del maletín no era certero. El grosor de mi maletín estaba en función exclusiva de si llevaba el almuerzo dentro.)

La gente me paraba por la calle y me daba las gracias por su plan de jubilación 401(k); yo me mostraba cordial en mis respuestas, aunque admito que en ocasiones sentía la tentación de decir: «Señora, yo no he tenido nada que ver con su 401(k).» Es una sensación muy incómoda que te feliciten por algo que no has hecho. Andrea, que oscilaba entre la exasperación y la risa, guardaba una caja llena de «Greenspanalia»: caricaturas, postales y recortes que eran especialmente extraños, por no hablar de camisetas de Alan Greenspan y hasta un muñeco.

Sin duda podría haber evitado parte de eso; habría sido fácil esquivar las cámaras, por ejemplo, entrando con el coche en el garaje de la Fed. Pero tenía la costumbre de recorrer a pie las últimas manzanas antes de la oficina y, cuando empezaron a seguir el indicador del maletín, no quería dar la impresión de estar escondiéndome. Además, no iba con mala intención; ¿por qué ser un aguafiestas?

El indicador del maletín no era una buena manera de transmitir la política monetaria, sin embargo. A menudo, las ideas que debíamos presentar eran sutiles y había que sopesarlas largo y tendido, con lo que también eran mal pasto para cortes de voz. Si los cortes de voz hubieran sido nuestro único contacto con los medios, me habría sentido extremadamente preocupado. Pero la Fed recibía una buena dosis de cobertura especializada. Si bien tenía por norma evitar las entrevistas no extraoficiales, mi puerta estaba abierta para los periodistas serios.

Cuando alguien llamaba con preguntas para un artículo importante, a menudo sacaba tiempo para encontrarnos off the record y repasar las ideas. (Esa práctica ayudaba más a los periodistas de la prensa impresa que a los de televisión, como siempre me recordaba Andrea, pero qué le iba a hacer yo.)

En mitad de toda esa locura quedaba aún trabajo real que hacer. En otoño, Larry y yo tuvimos que dirimir una guerra interna entre el Tesoro y la Fed. La había provocado una campaña del Congreso para revisar las leyes que regían las industrias financieras de Estados Unidos: bancos, aseguradoras, casas de inversión, compañías inmobiliarias y demás. Tras años de elaboración, la Ley de Modernización de los Servicios Financieros acabó por fin con la Ley Glass-Steagall, la cual, creada en tiempos de la Depresión, limitaba la capacidad de los bancos, las inversoras y las aseguradoras para entrar en sus respectivos mercados. Los bancos y demás compañías estaban ansiosos por diversificar: querían poder ofrecer a sus clientes, por ejemplo, un paquete integrado de servicios financieros. Argüían que estaban perdiendo terreno ante los competidores extranjeros, sobre todo los «bancos universales» japoneses y europeos, que no padecían ninguna de esas restricciones. Yo estaba de acuerdo en que la liberalización de esos mercados llevaba ya mucho retraso. El Tesoro creía que la Oficina del Interventor de la Moneda era responsable de la supervisión de todos los bancos registrados nacionalmente. La Fed supervisaba a las compañías poseedoras de bancos y las instituciones registradas estatalmente que escogieran ser reguladas por la Fed. La versión del proyecto de ley de reforma que el Senado había aprobado asignaba la responsabilidad principalmente a la Fed; la versión de la Cámara de Representantes favorecía al Tesoro. Tras interminables esfuerzos por reconciliar las dos versiones, el Congreso se lavó las manos y dio a nuestras instituciones de plazo hasta el 14 de octubre para arreglarnos por nuestra cuenta. De modo que el personal de la Fed y el del Tesoro empezaron a negociar.

No es que fuera OK Corral, pero sí hubo muchos roces. El Tesoro y el personal del interventor opinaban que toda la autoridad reguladora debía corresponderles a ellos, y la plantilla de la Fed pensaba lo mismo. Trabajando a sol y a sombra consiguieron resolver una serie de discrepancias, pero para el 14 de octubre en otras la lucha había llegado a un punto muerto: tenían toda una lista de diferencias irreconciliables. Yo sospechaba que los ánimos se estaban calentando.

Dio la casualidad de que el 14 de octubre era el día en que Larry y yo teníamos programado nuestro desayuno semanal. Nos miramos a la cara y dijimos: «Tenemos que arreglar esto.» Esa tarde fui a su despacho y cerramos la puerta.

Él y yo nos parecemos mucho: a los dos nos gusta debatir a partir de unos principios básicos y de pruebas. Lamento que no tuviéramos una grabadora en marcha, porque aquello fue un ejemplo de libro de actividad política mediante compromisos racionales. Nos sentamos y debatimos punto por punto. A intervalos regulares yo decía: «Tu argumento suena más creíble que el mío», y el Departamento del Tesoro se llevaba ese punto. Con otros temas, Larry aceptaba el argumento de la Fed. Al cabo de una hora o dos, teníamos dividido el pastel. El Tesoro y la Fed acordaron un único proyecto de ley, que subió ese mismo día al Capitolio, donde lo aprobaron. Los historiadores consideran la Ley de Modernización de los Servicios Financieros un hito de la legislación empresarial, y yo siempre la recordaré como un momento no debidamente conmemorado de la política que merecería un pequeño reconocimiento.

El boom creció hasta un clímax a finales de ese mismo año, y para los últimos días de diciembre el índice bursátil Nasdaq se había casi doblado en doce meses (el Dow Jones subió un 20 por ciento). La mayoría de los que habían invertido en acciones se sentían forrados, y con motivo.

Eso presentaba a la Fed un rompecabezas fascinante:

¿Dónde se traza la línea entre un boom económico saludable y emocionante y una burbuja bursátil alocada y especulativa? Como indiqué con sequedad al Comité de Banca del Senado, la cuestión se ve más complicada aún porque los dos fenómenos pueden coexistir: «La interpretación de que en la actualidad estamos disfrutando una aceleración de la productividad no quita que los precios de los valores de renta variable no estén sobreextendidos.» Un ejemplo que me intrigaba era la competencia épica, multimillonaria, que se traían entre manos Qwest, Global Crossing, MCI, Level 3 y otras operadoras de telecomunicaciones. Al igual que los magnates del ferrocarril del siglo XIX, andaban a la carrera para ampliar Internet tendiendo miles de kilómetros de cable de fibra óptica. (La conexión con los ferrocarriles no es sólo metafórica: Qwest, sin ir más lejos, llegó a construir redes de fibra óptica aprovechando viejos derechos de paso de los ferrocarriles.) Eso no tenía nada de malo -la demanda de ancho de banda estaba creciendo de manera exponencial-, salvo que cada competidor estaba tendiendo cable suficiente para satisfacer el cien por cien de la demanda global prevista. De modo que, si bien se estaba construyendo algo de gran valor, parecía evidente que la mayoría de competidores perdería, el valor de sus acciones se hundiría y miles de millones de dólares del capital de sus accionistas se evaporarían.

Le había dado muchas vueltas a si estábamos experimentando una burbuja bursátil y, en caso de ser así, qué hacer al respecto. Si el mercado caía un 30 o un 40 por ciento en un plazo breve, razonaba, estaría dispuesto a estipular que sí, que había habido una burbuja. Pero eso implicaba que, si quería identificar una burbuja, tenía que predecir con seguridad que el mercado iba a perder un 30 o un 40 por ciento en poco tiempo. Era una postura difícil de adoptar.

Aunque la Fed decidiese que existía una burbuja de acciones y quisiéramos desinflarla, ¿seríamos capaces? No las tenía todas conmigo. Lo habíamos intentado sin éxito. A principios de 1994, el FOMC inició un endurecimiento de 3 puntos porcentuales que duró un año. Lo hicimos en respuesta a la preocupación de que se estuvieran acumulando presiones inflacionarias. Pero no pude por menos que reparar en que, cuando nosotros apretamos, el incipiente avance de la Bolsa que había durado la mayor parte de 1993 se aplanó. Luego, cuando nuestro episodio de endurecimiento tocó a su fin en febrero de 1995, los precios de las acciones retomaron su ascenso. Volvimos a endurecer en 1997 sólo para ver reemprender la subida de los precios de las acciones tras el movimiento de tipos. Parecía que en la práctica estábamos dando alas a la tendencia a largo plazo de los precios. Si un endurecimiento de la Fed no podía rebajar los precios de las acciones debilitando la economía y los beneficios, la propiedad de acciones devenía una actividad en apariencia cada vez menos arriesgada. Nuestras modestas incursiones, en consecuencia, no habían sino sentado la base para posteriores aumentos en los precios.

Una subida de tipos gigantesca habría sido harina de otro costal. No me cabía duda de que, subiendo de golpe los tipos de interés en, pongamos, 10 puntos porcentuales, podíamos reventar cualquier burbuja de un día para otro. Pero lo haríamos al precio de arrasar la economía y destruir el mismo crecimiento que pretendíamos proteger. Sería matar al paciente para curar la enfermedad. Tenía una certeza razonable en que intentar desactivar una creciente burbuja mediante un endurecimiento paulatino, como muchos habían recomendado, sería contraproducente. A menos que el endurecimiento quebrara el espinazo del boom económico y con él los beneficios, un endurecimiento gradual, en mi experiencia, reforzaría el poder percibido del boom. Era más probable que un endurecimiento modesto elevase los precios de las acciones que lo contrario.

Tras darle muchas vueltas, decidí que lo mejor que podía hacer la Fed era ser fiel a nuestro objetivo central de estabilizar los precios de productos y servicios. Haciendo bien ese trabajo, adquiriríamos el poder y la flexibilidad necesarios para limitar el daño económico si se producía un crack. Eso se convirtió en el consenso dentro del FOMC. En caso de una grave caída del mercado, acordamos, nuestra política sería tomar cartas con agresividad, bajando los tipos e inundando de liquidez el sistema para mitigar las secuelas económicas. Pero la idea de acometer directamente y por adelantado el boom del mercado de valores parecía fuera de nuestro alcance.

Hubo bastantes cejas alzadas cuando presenté al Congreso esta filosofía de regreso a los principios básicos en 1999. Dije que seguía preocupado por que los precios de las acciones estuviesen demasiado altos, pero que la Fed no intentaría saber más que «centenares de miles de inversores informados». En lugar de eso, la Fed tomaría posiciones para proteger la economía en caso de hundimiento. «Aunque las burbujas que estallan tienen poco de benignas, no hace falta que las consecuencias sean catastróficas para la economía», dije a los legisladores.

Reflexionando al respecto, The New York Times editorializaba: «Suena acusadamente distinto del viejo Greenspan, quien hace 30 meses desaconsejaba a los inversores la “euforia irracional”.» A pesar del tono del artículo -casi se oía el carraspeo-, la impresión del editorialista era correcta. Había llegado a darme cuenta de que nunca sabríamos identificar la euforia irracional con certidumbre, y mucho menos hacer algo al respecto, hasta que fuera demasiado tarde. A los políticos a quienes se lo explicaba no les importaba; al contrario, les aliviaba que la Fed pareciese reacia a intentar terminar la fiesta.

Irónicamente, muy poco después, acabamos endureciendo los tipos de interés de todas formas. Entre mediados de 1999 y de 2000, subimos el tipo de los fondos federales desde el 4,75 por ciento hasta el 6,5 por cien. Lo hicimos en principio para recuperar la liquidez que habíamos añadido al sistema para salvaguardarlo durante la crisis financiera internacional. Luego nos llevamos algo más para reunir «un poco de aseguramiento», en palabras de Bill McDonough, contra la estrechez del mercado laboral estadounidense y el posible sobrecalentamiento de la economía. En otras palabras, nos estábamos situando en posición de intentar otro aterrizaje suave cuando el ciclo económico se decidiese a cambiar. Pero los precios de las acciones siguieron en buena medida impertérritos: no tocaron techo hasta marzo de 2000, y aun entonces el grueso del mercado se movió lateralmente durante varios meses más.

Esos desafíos esperaban en el futuro mientras el mundo se detenía para recibir el Año Nuevo el 31 de diciembre de 1999. La invitación más solicitada de Washington era la cena en el 1600 de la Avenida Pennsylvania, y Andrea y yo estábamos invitados, junto con Muhammad Ali, Sophia Loren, Robert De Niro, Itzhak Perlman, Maya Lin, Jack Nicholson, Arthur Schlesinger Jr., Bono, Sid Caesar, Bill Russell y docenas más. Para celebrar el nuevo milenio, los Clinton tenían planeado un desparrame espectacular: una fiesta hasta el amanecer que empezaría con una cena de gala para 360 personas en la Casa Blanca y luego un número de entretenimiento televisado para toda la nación en el Lincoln Memorial, producido por mis amigos George Stevens Jr. y Quincy Jones. El tema era «Creadores americanos». Después, pasada la medianoche y los fuegos artificiales, se regresaría a la Casa Blanca para desayunar y bailar hasta que saliera el sol.

Yo ya tenía una idea de lo que el nuevo milenio me deparaba: me había llegado a través de John Podesta, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, que el presidente Clinton quería volver a nombrarme para un cuarto mandato. Yo había dicho que sí. Participar en el análisis de la economía más vibrante del mundo y luego poder aplicar ese análisis a decisiones y recibir feedback del mundo real: no se me ocurría nada que me apeteciese más que ser presidente de la Fed. Tenía setenta y tres años, cierto, pero no veía mengua en mi creatividad, mi capacidad para manejar relaciones matemáticas o mi apetito de trabajo, cambios que me habrían hecho cortarme la coleta. En su libro sobre mí, Maestro, Bob Woodward escribió que mi cuarto nombramiento me sumió en «un estado de sobrio éxtasis»; debo reconocerlo, me lo estaba pasando bien.

Todo eso añadió un resplandor alegre a las fiestas, aunque el anuncio de mi confirmación en el cargo todavía no se hubiera realizado y Andrea y yo tuviéramos que guardárnoslo para nosotros. Ella se había comprado un vestido para el fasto en la Casa Blanca -un Badgley Mischka color burdeos y negro de terciopelo labrado- y estaba deslumbrante, aunque había estado trabajando con su consabida intensidad de ritmo y andaba acatarrada.

La Cena del Milenio llenó tanto la Sala Este como el Comedor Estatal, que, según recreó un periodista al día siguiente, «se transformaron en una fantasía de blanco y plata, con orquídeas y rosas blancas dispuestas sobre manteles de terciopelo plateados». Yo no tengo mucho ojo para esas cosas. Pero, mientras picábamos caviar de beluga y tomábamos champán, lo que sí me llamó la atención fue que tanto el anfitrión como la anfitriona parecían genuinamente complacidos: él redondeando su segunda legislatura, ella preparándose para lanzar su carrera política con una candidatura al Senado nacional. El presidente brindó a la salud de los invitados: «No puedo evitar pensar en lo diferente que es Estados Unidos, lo diferente que es la historia, y cuánto mejor, porque quienes estáis presentes en esta sala y aquellos a los que representáis supisteis imaginar, inventar, aspirar.» Después de siete años en la Casa Blanca -tras las pruebas de Bosnia, la sordidez del Monicagate y un boom económico y financiero histórico- ése era el momento Camelot de Clinton.

La cena se disolvió poco después de las nueve, y los asistentes se dirigieron a los autobuses que debían llevarnos al Lincoln Memorial. Pero Andrea y yo nos fuimos por nuestro lado. Teníamos otro encuentro del milenio al que acudir: en la Fed, donde un equipo considerable estaba apostado para trabajar toda la noche supervisando la transición de los sistemas financieros de la nación.

La Fed había dedicado años de esfuerzos a garantizar que el cambio de milenio no fuese un desastre. La amenaza procedía del software obsoleto -el efecto 2000, lo llamaban- integrado en los ordenadores de todo el mundo. Para ahorrar en la preciosa capacidad de almacenamiento de los ordenadores, los programadores en décadas pasadas usaban sólo dos dígitos en lugar de cuatro para representar el año, de modo que por ejemplo «1974» constaría sencillamente como «74». (Había usado esa técnica yo mismo en la década de 1970, escribiendo programas en tarjetas perforadas en Townsend-Greenspan. Nunca se me había pasado por la cabeza que esos programas, parcheados de arriba abajo, podrían usarse todavía a finales de siglo, y nunca me molesté en documentar el trabajo.) Existía una comprensible y generalizada preocupación por que el paso de 1999 a 2000 pudiera hacer que ese software se desquiciara. Ese problema técnico en ocasiones resultaba endiabladamente difícil de detectar y costoso de arreglar. Sin embargo, en las hipótesis apocalípticas del efecto 2000, las consecuencias de no hacerlo eran espeluznantes: se vendrían abajo vitales redes civiles y militares, que harían que se fuera la luz, los teléfonos fallasen, las tarjetas de crédito dejaran de funcionar, los aviones chocasen y cosas peores. Para prevenir un brote de caos en el sistema financiero, el directivo de la Fed Mike Felley había encabezado un descomunal empeño de dos años y medio para modernizar los ordenadores de los bancos estadounidenses y la propia Fed. La Reserva Federal había trabajado duro para movilizar a otros bancos centrales de todo el mundo para que hicieran lo mismo.

Esa noche íbamos a descubrir si todas esas precauciones habían valido la pena. Mike y su equipo habían sacrificado sus vacaciones para montar un puesto de mando en la terraza del edificio William McChesney Martin de la Fed, donde habían equipado una sala grande cercana a la cafetería con teléfonos, pantallas, televisores y áreas de trabajo para un centenar aproximado de personas. La cocina estaba abierta; no había champán pero sí grandes cantidades de espumosa sidra sin alcohol. Cuando Andrea y yo llegamos, el equipo ya llevaba todo el día allí, viendo celebración tras celebración por la tele a medida que el milenio iba avanzando por el planeta. El Año Nuevo había llegado primero a Australia, luego a Japón, después al resto de Asia y a Europa. En cada uno de esos lugares, las noticias televisivas mostraban los fuegos artificiales, por supuesto, pero lo que de verdad miraban Mike y su equipo eran las luces de las ciudades de fondo, para ver si todavía estaban encendidas.

Me sentí fuera de lugar entrando en esta escena vestido de gala; casi todos los demás llevaban una camiseta roja con un parche decorado con un águila sobre un escudo rojo, blanco y azul y las palabras «Junta de la Reserva Federal» y «Y2K». Mike, que me había estado manteniendo al día, dijo que todo iba aún notablemente bien. Gran Bretaña acababa de entrar en el siglo XXI en apariencia sin problemas. En ese momento nos encontrábamos en el paréntesis en que la medianoche cruzaba el Atlántico. Estados Unidos sería la última gran economía de la lista, lo que contribuía al suspense, porque después de tanto aconsejar e insistir a otras naciones, habría sido un bochorno que nuestros propios sistemas fallasen. Pero estábamos extremadamente bien preparados: la industria financiera de Estados Unidos había gastado muchos miles de millones de dólares sustituyendo y modernizando viejos sistemas y programas; había equipos de crisis prestos en cada distrito de la Reserva Federal y cada banco importante. El FOMC había inyectado miles de millones de dólares de liquidez en el sistema financiero, usando opciones y otras técnicas novedosas. Además, en caso de que el sistema estadounidense de tarjetas de crédito o redes de cajeros se viniera abajo, la Fed había montado reservas de dinero en efectivo extra en noventa puntos de Estados Unidos. Habiendo tenido que ver en la creación del problema, ni por asomo podría haberme presentado en la oficina el 3 de enero sin haber visitado a las tropas en las trincheras en la víspera de una potencial catástrofe (Entonces no lo sabíamos, pero la colosal inversión destinada a clarificar y racionalizar todos los programas previos a 2000 sin documentar aumentó en gran medida la flexibilidad y resistencia de la infraestructura empresarial y gubernamental de Estados Unidos. Dejaron de haber las «cajas negras» indocumentadas que intentaban desentrañar cuando algo salía mal. Sospecho que buena parte del salto de productividad de los años inmediatamente posteriores se debió a aquellas inversiones cautelares para 2000).

De ahí, Andrea y yo pusimos rumbo a casa. Sólo eran las 10.30, pero teníamos la extraña sensación de haber visto ya llegar y partir el nuevo milenio. Para cuando la medianoche llegó por fin a Washington -y empezó a cruzar Estados Unidos sin incidentes- estábamos cómodamente metidos en la cama.

10 Cuesta abajo

Mi primer encuentro con el presidente electo Bush tuvo lugar el 18 de diciembre de 2000, menos de una semana después del veredicto del Tribunal Supremo que le permitió proclamarse vencedor de las elecciones. Nos reunimos en el Madison, el hotel situado a unas cinco manzanas de la Casa Blanca, donde él y su equipo se habían instalado. Era su primer viaje a Washington como presidente electo; habíamos coincidido unas cuantas veces a lo largo de los años pero sólo hablamos largo y tendido en una ocasión, en la tarima de un banquete esa primavera.

El desayuno en el Madison contó con la presencia del vicepresidente electo Cheney, el jefe de Gabinete de Bush, Andy Card, y un par de asesores. La situación me resultaba familiar: había informado a cinco presidentes entrantes previos sobre el estado de la economía; incluido, por supuesto, el padre del presidente electo.

En ese caso, me vi obligado a informar de que el panorama a corto plazo no era bueno. Por primera vez en años, parecíamos afrontar la posibilidad real de una recesión.

El desinfle de la burbuja tecnológica había sido el gran drama financiero de los meses previos. El Nasdaq perdió la friolera del 50 por ciento de su valor entre marzo y finales de año. Los mercados más amplios bajaron mucho menos: el S amp;P había perdido un 14 por ciento y el Dow Jones un 3 por ciento. Pero si bien las pérdidas totales eran reducidas en comparación con la riqueza en papel que el mercado alcista había creado, se trataba de caídas significativas, y las perspectivas de Wall Street seguían siendo turbias, lo que cuestionaba la confianza pública.

Más inquietante resultaba el estado general de la economía. Durante buena parte de ese año había parecido que entrábamos en una suave desaceleración cíclica; era algo de esperar a medida que empresas y consumidores se ajustaban a los efectos de tantos años de boom, tanto cambio tecnológico y el desinfle de la burbuja accionarial. En verdad, para fomentar este proceso de ajuste, la Fed había endurecido los tipos de interés en una serie de pasos, desde julio de 1999 a junio de 2000. Esperábamos conseguir otro aterrizaje suave.

Pero en las últimas semanas, dije, los números habían tomado un mal cariz. Se habían producido desaceleraciones de la producción entre los fabricantes de automóviles y otras manufacturas, un descenso de las estimaciones de beneficios empresariales, un aumento de las existencias en muchas industrias, un marcado incremento en las reclamaciones iniciales de prestaciones por desempleo y un debilitamiento de la confianza del consumidor. La energía también estaba lastrando la economía: el petróleo se había disparado hasta superar los 30 dólares por barril a principios de año, y como es natural los precios del gas subieron. Después estaban los casos puntuales. Wal-Mart había anunciado a la Fed que estaba rebajando sus expectativas para las ventas de vacaciones, y FedEx nos informó de que los envíos se encontraban por debajo de las predicciones. No se puede calibrar la salud de la economía por la longitud de las colas para hablar con Papá Noel en los grandes almacenes Macy’s, pero estábamos a mediados de diciembre y cualquiera que hubiese ido a comprar regalos sabía que en las tiendas se respiraba una calma inquietante.

A pesar de todo eso, le dije al presidente electo, el potencial a largo plazo de la economía seguía siendo fuerte. La inflación era baja y estable, los tipos de interés a largo plazo presentaban tendencia a la baja y la productividad seguía en aumento. Además, claro está, el gobierno federal presentaba superávit por cuarto año consecutivo. El último pronóstico para el año fiscal 2001, que acababa de empezar en octubre, situaba ese superávit en casi 270.000 millones.

Cuando el desayuno terminaba, Bush me pidió un momento para hablar en privado. «Quiero que sepa -me dijo- que tengo plena confianza en la Reserva Federal y que no pensamos cuestionar sus decisiones.» Le di las gracias y charlamos un poco más. Luego tuvo que irse para asistir a compromisos en el Capitolio.

Cuando salimos del hotel había cámaras y periodistas esperándonos. Di por sentado que el presidente electo se acercaría sin más a los micrófonos, pero en lugar de eso me pasó un brazo por el hombro y me llevó consigo. En una foto de Associated Press de esa mañana salgo sonriendo de oreja a oreja, como si me acabaran de dar una buena noticia. A decir verdad era así. El presidente electo se había centrado en la cuestión de más acuciante importancia para la Fed: nuestra autonomía. No estaba seguro de qué pensar de George W. Bush, pero me sentía inclinado a creerlo cuando me dijo que no íbamos a reñir por la política monetaria.

Me aliviaba que se hubiera resuelto la crisis electoral. Sus inéditas circunstancias, tras treinta y seis días de papeletas mal perforadas, recuentos, demandas y duras acusaciones de pucherazo y fraude, en otros países habrían provocado disturbios en las calles, pero nosotros por fin habíamos alcanzado una conclusión civil. Aunque soy un republicano libertario de toda la vida, tengo buenos amigos en los dos lados del hemiciclo, y creía entender la desolación de los demócratas al ver llevarse la Casa Blanca a George W. Bush. Pero vale la pena detenerse en lo raro que resulta en el mundo de la política que una enconada disputa termine con los dos candidatos deseándose lo mejor. El discurso de reconocimiento de Al Gore que puso fin a la carrera presidencial fue el más cortés que he oído en mi vida. «Hace casi un siglo y medio -dijo-, el senador Stephen Douglas le dijo a Abraham Lincoln, que lo acababa de derrotar en las presidenciales: “El sentimiento partidista debe ceder ante el patriotismo. Estoy con usted, señor presidente, y que Dios lo bendiga.” Pues bien, con ese mismo ánimo, le digo al presidente electo Bush que hay que dejar de lado cualquier resto de rencor partidista, y que Dios bendiga su administración de este país.»

Aunque no sabía adónde nos conduciría George W. Bush, tenía confianza en el equipo que estaba cobrando forma. Corría el chiste de que Estados Unidos estaba presenciando el segundo advenimiento de la Administración Ford, pero lo que para ellos era una mera agudeza significaba mucho para mí. Había empezado mi carrera pública en la Casa Blanca de Ford, y recordaba esos años como algo especial. Gerald Ford fue un hombre muy decente, abocado a una presidencia que nunca buscó y que probablemente jamás habría podido ganar por su cuenta. Como demostró en su contienda con Jimmy Carter en 1976, no era muy ducho en el politiqueo a puño limpio de una campaña presidencial; su sueño había sido ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes. Aun así, en plena agitación de un presidente dimitido en desgracia, había proclamado: «Ha terminado nuestra larga pesadilla nacional» y había reunido a su alrededor para dirigir el gobierno un grupo de personas tan brillante como cualquiera que yo hubiera visto.

Y en ese momento, en diciembre de 2000, George W. Bush estaba poblando el núcleo de su Gobierno con veteranos de la Administración Ford, un grupo más mayor y mucho más experimentado. El nuevo secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, había sido el primer jefe de Gabinete de la Casa Blanca de Ford. En aquella época se había demostrado excepcionalmente eficaz. Cuando el presidente lo retiró de su cargo de embajador en la OTAN, organizó con rapidez la Casa Blanca de Ford y la dirigió con gran habilidad hasta que el presidente lo transfirió a su primera temporada como secretario de Defensa en 1975. A su regreso al sector privado, Rumsfeld tomó las riendas de una tambaleante G. D. Searle, una farmacéutica de talla mundial. Fui contratado como consultor económico externo de la compañía y me fascinó ver a aquel ex instructor de vuelo de la Marina estadounidense, congresista y funcionario del Gobierno encajar con tanta facilidad en el mundo de los negocios.

Otro veterano de la Administración Ford era el nuevo secretario del Tesoro, mi amigo Paul O’Neill. Paul había impresionado a propios y extraños como subdirector de la Oficina de Gestión y Presupuesto del presidente Ford. El suyo había sido un cargo intermedio, aunque lo habíamos llamado a todas las reuniones importantes porque era uno de los pocos con un dominio cabal de los detalles del presupuesto. Al dejar el Gobierno para incorporarse al mundo de los negocios, había ascendido hasta llegar a director general de Alcoa; yo estaba en el consejo de administración que lo contrató. En sus doce años en el cargo, había cosechado un gran éxito. Pero se disponía a retirarse de la compañía, y me entusiasmó enterarme de que era el primero de la lista para secretario del Tesoro. Dick Cheney llamó para decirme que Paul se había reunido con el presidente electo Bush y nadaba en un mar de dudas. «Tiene dos páginas de pros y contras -explicó Cheney-. ¿Puedes hablar con él?»

Fue un placer coger el teléfono. Valiéndome de las mismas palabras que había usado conmigo Arthur Burns en los días lejanos de la Administración Nixon, le dije: «Aquí te necesitamos de verdad.» El argumento había servido para convencerme de que dejase Nueva York y fuese a trabajar en el Gobierno por primera vez, y con Paul también funcionó. Yo creía que su presencia sería un plus importante para la nueva Administración. ¿Fomentarían los programas y presupuestos del presidente las perspectivas a largo plazo de la economía estadounidense? ¿Cuál sería la talla de sus asesores y su personal económico? Con esos interrogantes en mente, me parecía que hacer de Paul el hombre que firmaba los billetes de dólar era un gran paso en la dirección correcta.

Existía otra consideración, en parte profesional y en parte personal. El presidente Clinton había renovado mi nombramiento a principios de 2000, de modo que tenía por delante al menos tres años más de presidente de la Fed. La Reserva Federal y el Departamento del Tesoro se habían compenetrado de maravilla durante la mayor parte de la década anterior. (Cierto es que hubo roces ocasionales por parcelas de poder.) Habíamos gestionado la política económica a lo largo del boom más largo de la historia estadounidense moderna, improvisando con eficacia en los momentos de crisis y ayudando a la Casa Blanca a rebajar los tremebundos déficits de los 80. Mi colaboración con los tres secretarios del Tesoro de Clinton, Lloyd Bentsen, Bob Rubin y Larry Summers, había contribuido a ese éxito, y nos considerábamos amigos para toda la vida. Quería construir una dinámica igual de fructífera con la Administración entrante, por el bien tanto de la Fed como mío. De modo que fue una alegría cuando Paul por fin dijo que sí.

El veterano de Ford regresado más importante, por supuesto, fue el vicepresidente electo. Dick Cheney había sucedido a Rumsfeld, su mentor, como jefe de Gabinete de la Casa Blanca, para convertirse a los treinta y cuatro años en la persona más joven que jamás hubiera ocupado el cargo. Con su combinación de intensidad y calma en ocasiones digna de una esfinge, había demostrado una habilidad extraordinaria en la tarea. La camaradería que forjamos en aquellos años posteriores al Watergate no se había marchitado. Lo fui viendo en reuniones de Ford y otros actos durante sus años de congresista, y quedé encantado cuando el primer presidente Bush lo nombró secretario de Defensa en 1989. Hay pocos puntos de contacto entre los menesteres del secretario de Defensa y los del presidente de la Reserva Federal, mas no nos habíamos distanciado.

Así pues, ahora era vicepresidente electo. Yo sabía que muchos comentaristas creían que sería mucho más que eso; dado que Cheney tenía mucha más experiencia en asuntos nacionales y globales que George W. Bush, pensaban que se convertiría en el jefe de Gobierno de facto. Yo no lo creía: a juzgar por mis breves contactos con el presidente electo, tenía la impresión de que sabía valerse solo.

En las semanas que siguieron a las elecciones, Cheney buscó mis opiniones, como estoy seguro de que hizo con otros viejos amigos. Él y su mujer, Lynne, todavía no se habían mudado a la residencia vicepresidencial en el Observatorio Naval, de modo que los domingos por la tarde me acercaba en coche a su casa en el suburbio washingtoniano de McLean, Virginia, donde él y yo nos sentábamos a la mesa de la cocina o nos acomodábamos en el estudio.

El tono de nuestra amistad varió con su nueva posición: ya no le llamaba Dick, sino «señor vicepresidente» y, por bien que él no hubiera pedido esa nueva formalidad, la aceptó. Nuestras charlas trataban sobre todo de los desafíos que afrontaba Estados Unidos. A menudo entrábamos en detalles muy específicos. Un tema clave era la energía. El reciente pico en los precios del petróleo había sido un recordatorio de que, aun en el siglo XXI, las reservas de recursos básicos de la era industrial seguían siendo una gran preocupación estratégica. En verdad, el primer gran objetivo de Cheney al llegar al cargo era formar un grupo de trabajo sobre política energética. De modo que le ofrecí mi análisis del papel del petróleo en la economía y de cómo estaban evolucionando los mercados internacionales del crudo y el gas natural; hablamos de la energía nuclear, el gas natural licuado y otras alternativas.

El mayor reto económico en el frente nacional, sostenía yo, era el envejecimiento de treinta millones de personas nacidas en el boom de natalidad de la posguerra. Su jubilación ya no estaba en el horizonte lejano, como había sucedido cuando participé en la reforma de la Seguridad Social en tiempos de Reagan. Los integrantes más mayores de esa generación iban a cumplir los sesenta al cabo de seis años, y las exigencias financieras al sistema se volverían extremadamente gravosas en las décadas siguientes a2010. La Seguridad Social y la asistencia sanitaria Medicare necesitaban una revisión a fondo para seguir siendo solventes y eficaces a ese largo plazo.

Dick dejó claro que la política económica interior no iba a ser su parcela. De todos modos, tenía curiosidad por mis ideas; escuchaba con atención y a menudo tomaba apuntes que supuse que tal vez transmitiría.

Durante esos últimos días de diciembre y los primeros de enero, me permití ciertas fantasías, en las que veía a ése como el Gobierno que podría haber existido si Gerald Ford hubiera cosechado el 1 por ciento extra de votos que le habían faltado para superar a Jimmy Carter y ganarse un segundo mandato. Es más, por primera vez desde 1952, el Partido Republicano se había llevado no sólo la Casa Blanca sino también las dos cámaras del Congreso. (En realidad el Senado estaba dividido mitad y mitad entre republicanos y demócratas pero, como presidente de la cámara, Cheney tendría el voto de calidad.) Me parecía que se nos presentaba una oportunidad de oro para impulsar los ideales de un gobierno eficaz y fiscalmente conservador y unos mercados libres. Reagan había devuelto el conservadurismo a la Casa Blanca en 1980; Newt Gingrinch lo había llevado de vuelta al Congreso en 1994. Pero nadie lo había unificado como esa nueva administración tenía ocasión de hacerlo en ese momento.

Esperaba con ilusión al menos cuatro años de trabajo y compañerismo con muchos de los representantes mejores y más brillantes del Gobierno, hombres con los que había compartido muchas experiencias memorables. Y, a título personal, así fue. Sin embargo, en la vertiente política, no tardaría en ver desviarse a mis viejos amigos en direcciones inesperadas. Las ideas de las personas -y en ocasiones sus ideales- cambian con los años. Yo era una persona distinta de cuando me había expuesto por primera vez al oropel de la Casa Blanca un cuarto de siglo antes. Lo mismo pasaba con mis viejos amigos: no en personalidad o carácter, sino en sus opiniones sobre cómo funciona el mundo y, en consecuencia, qué es importante.

En las semanas previas a la investidura, el FOMC andaba a la carrera para encontrarle sentido a un cuadro complicado: la repentina desaceleración de nuestra economía de 10 billones de dólares al año y las implicaciones prácticas para la Fed de los enormes superávits gubernamentales en curso. Cuando el FOMC se reunió el día después de mi encuentro con el presidente electo, el bajón ocupaba el primer lugar del orden del día.

Resulta peliagudo prever las recesiones porque en parte vienen motivadas por un comportamiento irracional. El sentimiento sobre el panorama económico por lo general no se desplaza con suavidad del optimismo al resquemor pasando por la neutralidad; es como cuando cede un dique: la crecida retrocede hasta que aparecen grietas y se rompe el dique. El aluvión resultante se lleva a su paso cualquier retazo de confianza que hubiese, y lo que queda es el miedo. Parecíamos vérnoslas exactamente con ese fenómeno. Como dijo Bob McTeer, director del Banco de la Reserva Federal de Dallas: «La palabra que empieza por R se usa ya sin tapujos más o menos en todas partes.»

Decidimos que, a menos que mejorasen las condiciones en las siguientes dos o tres semanas, los tipos de interés tendrían que bajar. Por el momento, limitaríamos nuestra posición a expresar inquietud. Como rezaba nuestra declaración pública: «El Comité seguirá supervisando de cerca la evolución de la situación económica […]. Los riesgos cargan principalmente en la dirección de unas condiciones que podrían generar debilidad económica en el futuro predecible.» O, como tradujo con ironía un miembro del comité: «Todavía no nos ha entrado el pánico.»

Pasadas dos semanas, era evidente que la tendencia a la baja no estaba remitiendo. El 3 de enero, primer día laborable del Año Nuevo, volvimos a reunirnos por teleconferencia y bajamos el tipo de los fondos federales medio punto porcentual, hasta el 6 por ciento. Los medios refirieron la maniobra como una sorpresa, aunque la habíamos sugerido antes de Navidad, pero no pasaba nada: la Fed estaba respondiendo a los mercados y la economía.

A decir verdad, creíamos que la rebaja podía ser la primera de las muchas que serían necesarias para estabilizar la economía. Le dije al comité que, en mi opinión, habría que realizar cualquier rebaja subsiguiente con mayor rapidez de lo normal. La misma tecnología que estaba impulsando el crecimiento de la productividad también podía estar acelerando el proceso de ajuste cíclico. Una economía just in time exigía una política monetaria just in time. En verdad, ésa fue nuestra lógica cuando bajamos otro medio punto porcentual los tipos de los fondos federales antes de que acabara enero y de nuevo en marzo, abril, mayo y junio, hasta dejarlo en un 3,75 por ciento.

El otro asunto que traía de cabeza al FOMC era la desaparición de la deuda nacional. Por extraño que pueda parecer visto en retrospectiva, en enero de 2001 la posibilidad era real. Casi una década de crecimiento al alza de la productividad y disciplina presupuestaria había situado al Gobierno estadounidense en condiciones de generar superávit «hasta donde alcanzaba la vista», por tomar prestada la frase acuñada por el director de Presupuesto del presidente Reagan, David Stockman, cuando hizo la proyección de los déficits casi dos décadas antes. Aun teniendo en cuenta la recesión que podría estar arrancando en ese momento, la independiente Oficina Presupuestaria del Congreso se estaba aprestando para elevar su proyección del superávit hasta la friolera de 5,6 billones de dólares en diez años. Eran 3 billones más de lo que había pronosticado en 1999, y 1 billón más de lo que había calculado apenas el julio anterior.

Yo siempre había tenido mis dudas sobre que los superávits presupuestarios pudieran persistir. Dada la tendencia inherente de los políticos a, en caso de duda, gastar, se me hacía difícil imaginar que el Congreso alguna vez acumulase otra cosa que déficits. Mi escepticismo sobre la permanencia de los superávits había sido el motivo de que, un año y medio antes, hubiera instado al Congreso a postergar la rebaja fiscal de casi 800.000 millones de dólares en diez años que el presidente Clinton en última instancia había vetado.

Aun así, tenía que reconocer que el consenso general entre economistas y estadísticos a los que respetaba -no sólo de la Oficina Presupuestaria del Congreso sino también de la Oficina de Gestión y Presupuesto, el Tesoro y la Fed- estipulaba que, con la política vigente, los superávits seguirían creciendo. Parecía que el impulso del crecimiento de la productividad desencadenado por la revolución tecnológica estaba alterando las viejas premisas. A medida que se acumulaban las evidencias de ese superávit continuo, sentía una extraña desorientación. El modelo económico que tenía en la cabeza parecía obsoleto. El Congreso, en efecto, no estaba gastando el dinero con más rapidez de lo que el Tesoro ingresaba. ¿Había cambiado la naturaleza humana? Durante meses había andado a vueltas con la idea de que tal vez fuera posible; era una cuestión de creer en tus viejas teorías locas o en tus ojos engañosos.

Mis colegas del FOMC también parecían un poco desorientados. En nuestra reunión de finales de enero, pasamos horas intentando imaginar cómo operaría la Fed en un mundo feliz de deuda federal mínima. Por supuesto, desembarazarse del lastre de la deuda sería un acontecimiento feliz para nuestro país, pero aun así presentaría un gran dilema para la Fed. Nuestro mecanismo primario de política monetaria era comprar y vender bonos del Tesoro: los pagarés del Tío Sam. Sin embargo, a medida que se fuera pagando la deuda, esos títulos empezarían a escasear, y dejarían a la Fed necesitada de un nuevo conjunto de activos para aplicar la política monetaria. Durante casi un año, los economistas y operadores de la Fed habían estado explorando la cuestión de qué otros activos podríamos comprar y vender.

Un resultado fue un denso estudio de 380 páginas que apareció como por ensalmo en nuestras mesas en enero. La buena noticia era que no nos quedábamos sin trabajo; la mala era que nada resultaba realmente equiparable al mercado de bonos del Tesoro en cuanto a tamaño, liquidez y falta de riesgo. Para aplicar política monetaria, concluía el informe, la Fed tendría que aprender a gestionar una compleja cartera de bonos municipales, bonos emitidos por gobiernos extranjeros, valores respaldados por hipotecas, las subastas de préstamos a corto plazo y otros instrumentos de deuda. Era una perspectiva desalentadora. «Me siento como Alicia en el País de las Maravillas», había dicho Cathy Minehan, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, cuando el tema salió a colación por primera vez, y todos supimos a lo que se refería. El hecho mismo del debate evidenciaba lo profunda y rápidamente que creíamos que podía cambiar el paisaje económico.

El superávit también nos tuvo emocionados a Paul O’Neill y a mí cuando nos reunimos en enero para intercambiar ideas presupuestarias. Los dos sabíamos, por supuesto, que había que desglosar la cifra de 5,6 billones en diez años de la Oficina Presupuestaria del Congreso. Unos 3,1 billones serían dinero intocable, reservado para la Seguridad Social y Medicare. Eso dejaba unos eventuales 2,5 billones en fondos utilizables. Una gran rebaja fiscal, por supuesto, había sido el eje central de la campaña electoral de George Bush. Se había distanciado de su padre prometiendo desde un primer momento: «Esto no es sólo un “Ningún impuesto nuevo”. Es un “Rebajas fiscales, con la ayuda de Dios”.» Bajar los impuestos era el uso mejor y más elevado del superávit, afirmaba Bush, rechazando la postura de Al Gore de que no menos prioritario debía ser reducir la deuda y crear programas sociales. Según lo expresó Bush en el primer debate: «Mi oponente cree que el superávit es dinero del Gobierno. Eso no es lo que pienso yo. Yo pienso que es el dinero del esforzado pueblo estadounidense.» Fiel a las enseñanzas de Reagan, proponía una rebaja generalizada de 1,6 billones de dólares, escalonada a lo largo de diez años y aplicable a todas las franjas impositivas. Gore había hecho campaña por una reducción fiscal de 700.000 millones de dólares.

En el contexto de un gran superávit continuo, cierto tipo de rebaja fiscal era una idea sensata, en eso coincidíamos O’Neill y yo. Como señaló él, los impuestos ascendían ya a más del 20 por ciento del PIB, frente a una media histórica del 18 por ciento. Sin embargo, había usos alternativos del superávit que tener en cuenta. Reducir la deuda gubernamental, por encima de todo; en eso tenía razón Al Gore. La deuda federal al público, según su denominación técnica, sumaba ya 3,4 billones de dólares; más de 2,5 billones de ese total se consideraban «amortizables», o fáciles de pagar (la deuda amortizable incluye los bonos de ahorro y otros títulos que los inversores rehusarían vender).

Otro asunto importante de nuestra lista de deseos era la reforma de la Seguridad Social y Medicare. Hacía tiempo que esperaba ver la Seguridad Social transformada en un sistema de cuentas privadas; lanzar ese cambio a la vez que se cumplían las obligaciones ya contraídas con los trabajadores y jubilados del momento presente probablemente exigiría 1 billón de dólares de fondos adicionales como entrada. Y la nación ni siquiera había empezado a tomar en cuenta los costes de Medicare, cada vez más hinchados. Habíamos sacado ese tema de la mesa cuando había dirigido la comisión de reforma de la Seguridad Social para el presidente Reagan casi veinte años antes, pero con el envejecimiento de la generación del baby boom el desafío se estaba volviendo urgente. Señalé que los estadísticos estaban haciendo las cuentas de la lechera pronosticando superávits a diez años vista. ¿Qué pasaría si no llegaban a materializarse?

O’Neill veía los déficits con tan malos ojos como yo. Su respuesta fue «disparadores»: estipulaciones añadidas a cualquier nueva legislación sobre gasto e impuestos que aplazase o redujese las rebajas si el superávit desaparecía. Me mostré de acuerdo en que algún tipo de mecanismo de topes podía funcionar. Uno de los logros más importantes del Congreso y las últimas dos administraciones había sido hacer del equilibrio presupuestario la ley. El Gobierno funcionaba ya con las llamadas reglas de pagos compensados («pay-go»), en virtud de las cuales si se añadía un programa había que encontrarle una fuente de fondos, ya fuera subiendo los impuestos o recortando otros gastos. «No volveremos a los números rojos», declaré.

En enero los acontecimientos se sucedieron en verdad con extraordinaria rapidez. Los preparativos de una nueva Administración y un nuevo Congreso son siempre frenéticos, y ese año lo fueron por partida doble; por culpa de la prolongada disputa acerca del resultado de las elecciones, Bush y su equipo de transición habían dispuesto sólo de seis semanas en lugar de las diez de costumbre para ponerse a punto de cara al día de la investidura.

Los impuestos eran, como se esperaba, el tema candente. En una conversación privada de mediados de enero, Cheney nos dijo a O’Neill y a mí que, tras las reñidas elecciones, Bush opinaba que era crucial una victoria clara con su rebaja fiscal. Eso cuadraba con el tono inflexible que le había oído adoptar a Cheney en una entrevista televisada el domingo por la mañana unas semanas antes: «Como ha dejado muy claro el presidente electo Bush, se basó en un programa concreto que se había elaborado con mucho esmero; es su programa, es su agenda, y no tenemos la menor intención de desdecirnos de ellas.»

Yo, que llevaba mucho tiempo en Washington, creía reconocer un patrón familiar. Las promesas electorales son el punto de partida de toda nueva presidencia. Cada administración, al jurar el cargo, presenta propuestas presupuestarias y otros planes idénticos a los expuestos en la campaña. El problema de convertir esas promesas en políticas, sin embargo, estriba en que los programas están escritos con miras a la percepción política, no al efecto óptimo. La agenda de campaña suele ser una hoja de ruta elaborada con prisas y basada en las condiciones del momento; por definición, no puede suponer una política plenamente contrastada para una Administración operativa. Inevitablemente, otras fuerzas del gobierno -en el Congreso y el Ejecutivo- ponen las cosas en su sitio, probando y templando los planes. Lo sabía por experiencia; había trabajado para Nixon en su campaña de 1968 y para Reagan en 1980, y en ningún caso la mezcla o predicción de políticas había sobrevivido a las primeras semanas de una nueva administración.

No preveía lo distinta que sería la Casa Blanca de Bush. Su postura era: «Esto es lo que prometimos, esto es lo que daremos», y se lo tomaron al pie de la letra. Se atribuyó escaso valor al debate riguroso de política económica o al sopesamiento de las consecuencias a largo plazo. Como el propio presidente le dijo a O’Neill un par de meses después, al rechazar una sugerencia sobre cómo mejorar el plan de reforma de la Seguridad Social de la Administración: «No es el enfoque que adopté en la campaña.» Mi amigo no tardó en descubrir que estaba solo; para gran decepción mía, la política económica de la Administración Bush quedó firmemente en manos del equipo de la Casa Blanca.

El superávit fue el primer tema que abordó el Comité Presupuestario del Senado cuando se convocó el nuevo Congreso. Así es como me encontré sentado bajo las intensas luces de una sala de sesiones la mañana del jueves, 25 de enero, a punto de provocar un furor político.

Las cuestiones clave, como apuntó el presidente del comité Pete Domenici al darme la bienvenida, eran si el superávit que se preveía a largo plazo sería transitorio o permanente y, en caso de que siguiera subiendo, «¿Qué hacemos con él?». Mi respuesta en años anteriores había sido siempre un simple: «Pagar la deuda.» Pero ahora los superávits previstos eran tan abultados que el pago de la deuda estaría completado en cuestión de muy pocos años. Aun así, los superávits continuarían. Los estadísticos de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) preveían ya, con la política vigente, unos superávits de 281.000 millones de dólares en 2001, 313.000 millones en 2002, 359.000 millones en 2003, etc. Suponiendo que no hubiera cambios importantes de política fiscal, la CBO esperaba que la deuda amortizable estuviera pagada por completo para 2006; cualquier superávit posterior habría que depositarlo en alguna variedad de activos no federales. En 2006 el superávit superaría los 500.000 millones de dólares. De ahí en adelante, más de medio billón de dólares extra engrosarían las arcas del Tío Sam cada año.

Al plantearme esta perspectiva, me sentía algo desconcertado: 500.000 millones de dólares es una acumulación casi inimaginable, el equivalente aproximado a los activos combinados de los cinco mayores fondos de pensiones de Estados Unidos, amontonándose cada año. ¿Qué haría el Tesoro con todo ese dinero? ¿Dónde invertiría?

Los únicos mercados privados lo bastante grandes para absorber esas sumas son los de acciones, bonos y propiedad inmobiliaria, en Estados Unidos y el extranjero. Me descubrí imaginándome a los funcionarios del gobierno estadounidense convertidos en los mayores inversores del mundo. Me había topado con esa perspectiva ya una vez y la idea se me antojaba realmente espeluznante. Dos años atrás, el presidente Clinton había propuesto invertir 700.000 millones de dólares de fondos de la Seguridad Social en la Bolsa. Para evitar la injerencia política en las decisiones de inversión, sugería crear un mecanismo de gestión privada que supervisase los fondos. Sin embargo, con semejante poder financiero a disposición del Gobierno, no me costaba nada imaginar los abusos que podrían producirse bajo un Richard Nixon o un Lyndon Johnson. Como dije al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, no creía que fuese «políticamente factible aislar unos fondos tan enormes de la dirección del Gobierno». Para gran

alivio mío, Clinton abandonó la idea al cabo de poco. Sin embargo, en ese momento era muy probable que volviera a surgir.

Con todo eso en cuenta, tuve una desoladora revelación: unos superávits crónicos podían ser casi tan desestabilizadores como unos déficits crónicos. El pago de la deuda no bastaba. Decidí proponer un modo de que el Tío Sam pagase sus deudas a la vez que dejaba poco o ningún superávit adicional que invertir una vez que la deuda llegase a cero. Habría que aumentar el gasto o rebajar los impuestos, y para mí estaba claro qué curso era preferible. Siempre me ha preocupado que, una vez que se sube el margen de gasto, resulta muy difícil mantenerlo a raya. No sucede lo mismo con las rebajas fiscales (El gasto no tiene tope, pero los ingresos de los impuestos no pueden bajar más allá de cero). Además, bajar los impuestos alivia la carga de la empresa privada, lo que en potencia eleva la base impositiva. Podíamos, alternativamente, esperar un par de años y entonces, si los superávits proseguían, reducir drásticamente los impuestos para eliminarlos. Pero no había manera de saber si ésa sería una opción prudente en su momento; si la inflación apretaba, las rebajas fiscales acabarían estimulando una economía ya sobrecalentada. El único camino que me atraía era actuar de inmediato para colocar la política fiscal en lo que llamé una «pista de aproximación» a un presupuesto equilibrado. Eso supondría rebajar por etapas los superávits a lo largo de los siguientes años, por medio de una combinación de rebajas fiscales y reformas de la Seguridad Social.

Ya había dos piezas de legislación antiimpuestos sobre la mesa. En la primera sesión del nuevo Congreso, los senadores Phil Gramm y Zell Miller habían presentado un proyecto de ley que encarnaba el plan de los 1,6 billones de la campaña de Bush, y el líder de la minoría del Senado Tom Daschle había introducido un plan más modesto de 700.000 millones. Cualquiera de las dos rebajas fiscales serviría para mi objetivo de reducir por etapas el superávit a la vez que se dejaba dinero suficiente para la reforma de la Seguridad Social.

Por supuesto, todavía tenía en un rincón del pensamiento el miedo a que el Congreso y la Casa Blanca volvieran a desmadrarse con el gasto o que los ingresos flaquearan de improviso, situaciones ambas que provocarían un regreso redoblado de los déficits. De modo que, al redactar mi comparecencia, tuve cuidado de incluir la noción de Paul O’Neill de condicionar las rebajas fiscales. Pedí al Congreso que se planteara «estipulaciones que limiten las acciones reductoras del superávit si no se han satisfecho determinados objetivos especificados para el superávit presupuestario y la deuda federal». Si los superávits crónicos que se habían previsto no se producían, entonces habría que restringir las rebajas fiscales o los aumentos del gasto recién aprobados.

No podía olvidar como si tal cosa mi convicción de muchas décadas de que los condicionamientos de nuestro sistema político propician los déficits. De modo que me aseguré de rematar la declaración con una vehemente nota de cautela: «Con la actual euforia en torno a los superávits -escribí-, no cuesta imaginarse disipada con rapidez la contención fiscal desarrollada con tanto esfuerzo en los años recientes. Debemos resistirnos a las políticas que podrían resucitar en un abrir y cerrar de ojos los déficits del pasado y los desequilibrios fiscales que los siguieron.»

Mi oficina proporcionó a los líderes del Comité Presupuestario una copia de mis comentarios con un día de adelanto, como hacíamos a menudo con las comparecencias complicadas que no tenían impacto directo en los mercados financieros. El miércoles por la tarde me sorprendió recibir una llamada del demócrata de más alto rango, Kent Conrad, de Dakota del Norte. Preguntó si podía pasarme por su despacho para charlar. Ex comisario fiscal, Conrad llevaba tanto tiempo en el Senado como yo en la presidencia de la Fed, y tenía fama de conservador fiscal. Después de darme las gracias por encontrar tiempo para visitarlo, el senador fue directo al grano. «Va usted a abrir la caja de los truenos -me dijo-. ¿Por qué respalda la rebaja fiscal de Bush?» Predecía que mi declaración no sólo garantizaría la aprobación de las propuestas de la Casa Blanca sino que también fomentaría que el Congreso tirase por la borda el frágil consenso sobre disciplina fiscal que había construido a lo largo de los años.

«Eso no tiene nada que ver con lo que digo», le expliqué, señalando que mi declaración refrendaba una rebaja fiscal de algún tipo para eliminar el superávit, pero no necesariamente la del presidente. Mis objetivos últimos seguían siendo la reducción de la deuda y el déficit cero. Expuse mi evaluación de lo drásticamente que había cambiado el panorama del superávit y expliqué que el crecimiento de la productividad, de acuerdo con la práctica totalidad de los analistas, parecía inscribirse en una trayectoria al alza permanente, o por lo menos en los años del futuro inmediato. Eso había alterado de manera fundamental el panorama de ingresos. Por último, reconocí que seguía siendo crucial poner énfasis en la contención fiscal, y me ofrecí a ahondar en la necesidad de un mecanismo de seguridad como los disparadores de O’Neill si el senador inquiría al respecto en el turno de preguntas y respuestas.

Cuando me fui, noté que el senador Conrad no estaba del todo satisfecho con la respuesta, pero no me tragué la idea de que el Congreso fuera a actuar en función de mi visto bueno. Los políticos nunca habían vacilado en descartar o pasar por alto mis recomendaciones en el pasado si así les convenía. No recuerdo haber dado la vuelta a la tortilla cuando abogué por un recorte en las prestaciones de la Seguridad Social. No tenía ninguna intención de pronunciarme sobre qué rebaja fiscal era mejor; como le diría al senador Domenici en la sesión de la mañana siguiente, cuando me pidió que respaldase el plan de Bush, ésa era una cuestión fundamentalmente política. Yo era analista, no político; el trabajo habría perdido toda su gracia si hubiese tenido que preocuparme por las implicaciones políticas de todo lo que decía. Estaba ofreciendo lo que me parecía una perspectiva novedosa y esperaba que mi declaración aportase una dimensión importante al debate.

Regresé a la Fed y no llevaba en mi despacho ni siquiera una hora cuando telefoneó Bob Rubin. «Me ha llamado Kent Conrad -explicó-. Dice que tengo que hablar contigo antes de que comparezcas.» Bob no había leído mi declaración pero Conrad lo había puesto en antecedentes, y me dijo que compartía parte de los recelos del senador. Con una gran rebaja fiscal, dijo Bob, «el riesgo es perder la mentalidad política de la disciplina fiscal».

Él y yo habíamos trabajado durante años para fomentar ese consenso, de modo que le pregunté si sabía que estaba presentando la reducción de la deuda como meta definitiva. «Eso lo entiendo», dijo él. Entonces, ¿cuál era el problema? Le pregunté: «Bob, ¿con qué parte de mi declaración no estás de acuerdo?»

Se produjo un silencio. Por fin respondió: «La cuestión no es tanto lo que dices, sino cómo se va a percibir.» «No puedo mandar en las percepciones de la gente -respondí cansinamente-. No funciono así. No puedo funcionar así.»

Resultó que Conrad y Rubin tenían razón. La declaración sobre la rebaja fiscal se demostró políticamente explosiva. El alboroto empezó antes incluso de que llegara al Capitolio: se habían filtrado copias de mi declaración, y USA Today abrió esa mañana con el titular: «Greenspan respaldará la bajada de impuestos.» Tanto Conrad como Domenici aparecían citados en el cuerpo de la noticia, este último confirmando que estaba a punto de cambiar mi postura sobre la rebaja fiscal «por lo grande que es el superávit».

La sala de sesiones en sí estaba más llena que nunca, con veinte senadores y su personal adjunto, además de cámaras y un público nutrido. La lectura de mi declaración llevó casi media hora, y después no estaba seguro de qué esperarme. El senador Conrad empezó por agradecerme lo que en sus palabras había sido un enfoque «muy equilibrado»: un cortés comentario, pensé, ya que no había cambiado ni una coma tras la conversación del día anterior.

Entonces me preguntó:

- Según le he oído declarar, ¿está proponiendo que no abandonemos la disciplina fiscal?

- Exactamente, senador -respondí, bailando el pequeño pas de deux que había sugerido el día anterior. Profundicé en mis opiniones sobre la necesidad inalterada de reducir la deuda y observar cierta contención fiscal.

Luego le llegó el turno al resto de senadores, y durante las dos horas siguientes el interrogatorio se escindió claramente por partidos. Aunque ambos bandos llevaban tiempo proponiendo una bajada de impuestos, los republicanos eran a todas luces los más emocionados por oírme bendecir la idea. «Creo que tenemos una idea bastante buena de hacia dónde estamos yendo -dijo Phil Gramm de Tejas-. Cuanto antes redactemos el presupuesto, mejor, ¡y dejémonos de historias!» Los demócratas, en sus comentarios, expresaban ante todo consternación. «Va usted a iniciar una estampida», dijo Fritz Hollings de Carolina del Sur. Paul Sarbanes, de Maryland, se sumó al coro: «La prensa no iría muy desencaminada si abriera con el titular: “Greenspan quita la tapa de la fuente del ponche.”» La protesta más vehemente fue la del senador con más años de servicio de la historia estadounidense, Bob Byrd. Con su acento de Virginia occidental, empezó: «Veamos, yo soy baptista. Tenemos un cantoral. Tenemos un himno en nuestro cantoral, “El ancla aguanta”. Y le he estado mirando a lo largo de este período de expansión, y le he considerado una gran porción del ancla. Le he escuchado, en estos últimos años, decir que debemos reducir la deuda, que ésa es la necesidad básica. Creo que tenía usted razón entonces y me asombra bastante ver que hoy el ancla parece estar vacilando.»

Comentarios como ése son los que la gente recuerda. Cuando terminó la sesión, sentía con optimismo que las ideas que había planteado -los riesgos de los superávits excesivos, la propuesta de la pista de aproximación, la noción de los disparadores- a largo plazo obtendrían atención a medida que avanzase el proceso legislativo. Sin embargo, por el momento, me resigné a la idea de que mi declaración se encuadrase en un marco político. Más tarde le dije a mi mujer: «Estoy escandalizado, escandalizado, de que haya política en el Capitolio.»

La Casa Blanca no tardó en dar muestras de satisfacción: el presidente Bush en persona reunió esa noche a la prensa para calificar mi comparecencia de «mesurada y correctísima». Los grandes periódicos también entendieron la declaración en clave política. «Los recortes de impuestos son inevitables y tiene sentido que el señor Greenspan evite discrepar con la nueva administración en una fase tan temprana», escribió The Financial Times. The New York Times informó de que estaba ayudando a la Casa Blanca de modo muy parecido a como había apoyado la iniciativa de recorte del déficit del presidente Clinton cuando éste juró el cargo en 1993: «Tal y como su discreto respaldo al plan de Clinton proporcionó una valiosísima cobertura política […] cuando [los demócratas] votaron a favor de una subida de impuestos, su velado refrendo a una rebaja fiscal en la actualidad ha conferido un nuevo impulso al empeño de los republicanos por sacar adelante la mayor bajada de impuestos desde la Administración Reagan.»

Al leer esos comentarios, vi que, aunque hacer política no había sido mi intención, había calculado mal las emociones del momento. Acabábamos de atravesar una crisis constitucional por causa de unas elecciones, circunstancia que, descubrí demasiado tarde, no es la mejor para intentar transmitir una posición matizada basada en un análisis económico. Aun así, habría realizado la misma declaración si Al Gore hubiera sido presidente.

Hice lo posible por mantener activo el concepto de los disparadores durante las semanas que siguieron. En las sesiones del Congreso de febrero y marzo, llamé la atención en repetidas ocasiones sobre lo aproximado de todos los pronósticos, y no paré de dar la lata con la instalación de salvaguardias. «Es crucial que desarrollemos estrategias presupuestarias que tengan en cuenta cualquier decepción que pueda producirse», declaré para un comité de la Casa de Representantes el 2 de marzo.

Al cabo de unos pocos días un pequeño grupo de senadores conservadores fiscales de ambos partidos convocó una rueda de prensa y declaró que los disparadores eran el camino. Me reuní con ese grupo, cinco republicanos y seis demócratas encabezados por Olympia Snowe de Maine, y le di ánimos.

Sin embargo, resulta que los disparadores nunca tuvieron muchas posibilidades. La idea no le gustaba a la cúpula de ninguno de los dos bandos. El día de mi declaración, cuando los periodistas preguntaron al portavoz de la Casa Blanca Ari Fleischer por la incorporación de salvaguardias antideficitarias a la rebaja fiscal del presidente, éste respondió sin ambages: «Debemos darle la condición de ley permanente.» Poco después, la revista Time citaba al principal asesor político, Karl Rove, calificando el concepto de disparadores de «nacido muerto con este presidente». Y cuando el presidente Bush desveló de manera oficial su plan presupuestario para 2002 en febrero, éste incorporaba punto por punto la rebaja fiscal de 1,6 billones de dólares que había propuesto durante la campaña. La dirección del Partido Demócrata rechazó también el concepto de los disparadores. «No hace falta un disparador si se limita el tamaño de una rebaja fiscal», declaró el líder de la minoría Daschle. A principios de marzo, el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes bloqueó de forma decisiva la presentación de una enmienda de disparadores y la Cámara aprobó la rebaja fiscal de Bush prácticamente sin cambios. Cuando el debate pasó al Senado, los disparadores no obtuvieron ningún apoyo adicional.

Al final, Bush se apuntó su victoria. Con 1,35 billones de dólares, la rebaja fiscal que en última instancia vio la luz fue más pequeña de lo que había deseado, algo a medio camino entre los planes republicanos y los demócratas. Pero estaba estructurada al estilo de Bush, como una rebaja en todos los niveles. La ley presentaba tan sólo una característica importante que no había formado parte del plan original: una devolución a los contribuyentes diseñada para reembolsar cerca de 40.000 millones de dólares del superávit de 2001. Estipulaba que cada hogar de trabajadores debía recibir hasta 600 dólares, en función de cuánto hubieran pagado en concepto de impuesto de la renta el año anterior. El Congreso aprobó la «devolución de Bush», como llegó a conocerse, como estímulo a corto plazo con miras a sacar la economía de su letargo con una sacudida. «Los contribuyentes estadounidenses tendrán más dinero en el bolsillo -declaró el presidente-, y la economía recibirá una muy merecida inyección.»

Firmó la ley de la rebaja fiscal el 7 de junio, un plazo récord para una iniciativa presupuestaria de envergadura. Yo estaba dispuesto a ser optimista acerca del efecto de la legislación. Reduciría los superávits antes de que se volviesen peligrosos y, aunque la ley no estaba diseñada como estímulo a corto plazo -la economía no lo había necesitado cuando el personal de Bush la concibió durante la campaña-, podía ejercer ese efecto de rebote. La coyuntura ya era propicia.

Mi pesar por que la legislación se hubiera aprobado sin disparadores, sin embargo, no iba a tardar en volverse mucho más intenso. En cuestión de semanas, resultó que había errado al abandonar mi escepticismo sobre la continuidad del superávit. Aquellas idealizadas predicciones a diez años vista estaban, en efecto, equivocadas de medio a medio.

Aun antes de que los talones de la devolución de Bush estuvieran en el correo, de manera repentina e inexplicable, los ingresos federales se hundieron. El flujo de pagos del impuesto de la renta al Tesoro, con los ajustes estacionales del Departamento de Comercio, empezó a quedarse corto por miles de millones de dólares. El tan cacareado superávit, todavía robusto cuando Bush firmó la bajada de impuestos en junio y cuya duración se preveía para muchos años, quedó a todos los efectos eliminado de la noche a la mañana. A partir de ese julio, los números rojos volvían para quedarse.

Este cambio pilló desprevenidos a nuestros mejores estadísticos; los expertos en presupuestos tardaron muchos meses, tabulando decenas de millones de devoluciones fiscales, para formarse una idea de lo que había pasado. La insuficiencia de ingresos era un claro reflejo del amplio y continuo declive del mercado de valores. (Entre enero y septiembre de 2001, el índice S amp;P perdió más de un 20 por ciento de su valor.) Eso provocó una brusca caída de los impuestos sobre ganancias de capital y el ejercicio de las opciones sobre acciones, una caída mucho más abrupta de lo que habían previsto los expertos. Tal y como el mercado alcista del boom tecnológico había generado el superávit, el mercado bajista posterior a las «puntocom» se lo llevó.

¿Cómo podían haber errado tan clamorosamente los pronósticos? La suavidad de la contracción económica había engañado a los estadísticos fiscales y les había hecho esperar una caída más leve de las entradas. Sin embargo, para 2002, la magnitud del derrumbe era evidente en las cifras. En enero de 2001, la CBO había estimado unos ingresos totales por valor de 2,236 billones de dólares para el año fiscal 2002. Para agosto de 2002, esa cifra se había encogido a 1,860 billones, una revisión a la baja de 376.000 millones de dólares en dieciocho meses. De ese dinero, 75.000 millones reflejaban la rebaja fiscal de Bush y 125.000 millones, el debilitamiento de la actividad económica. Los restantes 176.000 millones, una cifra asombrosamente elevada, reflejaban lo que los autores de presupuestos llaman cambios técnicos: lenguaje en clave para calificar las entradas que no pueden explicarse por lo que está sucediendo en la economía o el Capitolio, como el descalabro de las estimaciones de los impuestos procedentes de las ganancias de capital.

Ese septiembre, Bob Woodward vino a mi oficina para entrevistarme acerca del estado de la economía. Estaba preparando un nuevo capítulo para la edición de bolsillo de Maestro, su best seller sobre mí y la Fed. Le dije que me desconcertaba el rumbo que estaba tomando la recesión de 2001; no se parecía a nada que hubiera visto antes. A partir de la aguda pérdida de confianza de diciembre y el significativo declive de los precios de las acciones a lo largo del verano, me había mentalizado para una severa bajada del PIB. La producción industrial perdió un 5 por ciento durante el año. El PIB, sin embargo, aguantó. En vez de estar en un valle profundo, nos encontrábamos sobre una meseta. (En verdad, se demostraría que la economía en realidad arañó ese año una ligera expansión.)

Lo somero de la recesión parecía ser fruto de unas fuerzas económicas globales que habían tirado a la baja de los tipos de interés a largo plazo y desencadenado un drástico aumento de los precios de la vivienda en muchos lugares del mundo. En Estados Unidos, la vivienda había aumentado tanto de valor que los hogares, sintiéndose prósperos, parecían más dispuestos a gastar. Eso, sumado al crecimiento subyacente de la productividad, parecía haber dotado a la economía estadounidense de todo un nuevo grado de solidez.

Entonces, dijo Woodward, en un intento de resumir, «a lo mejor la historia de la economía de este año es el desastre evitado, más que los reveses».

«Es demasiado pronto para decirlo -respondí-. Hasta que todo se estabilice en un patrón aburrido, no puede saberse.»

La conversación no difirió mucho de la docena de sesiones de trasfondo que había mantenido con periodistas a lo largo del verano, salvo por la fecha. Era el jueves 6 de septiembre, justo antes de que partiera rumbo a una reunión internacional de banqueros en Suiza. La fecha de regreso de mi billete de avión era el martes, 11 de septiembre.

11 Desafío a la nación

Tras el 11 de septiembre de 2001 pasamos un año y medio enteros en el limbo. La economía se las apañó para expandirse, pero su crecimiento fue incierto y débil. Las empresas y los inversores se sentían asediados. Las crisis inmediatas de los primeros meses -la caza de sospechosos de Al-Qaeda, los atentados con ántrax, la guerra de Afganistán- dieron paso a la tensión de baja intensidad que suponía afrontar las inquietudes y costes de la seguridad interna. La bancarrota de Enron en diciembre de 2001 agravó la incertidumbre y el pesimismo; desencadenó una oleada de escándalos de contabilidad y bancarrotas que desveló la codicia y falta de ética infecciosas que habían sido el lado oscuro del gran boom económico.

A veces parecía que las malas noticias no tenían fin: la polémica por la financiación de las campañas, los asesinatos del francotirador de Washington, D.C., el atentado terrorista en un barrio de clubes nocturnos de Bali. En el verano de 2002, el gigante de las telecomunicaciones WorldCom se hundió en una nube de fraude contable; con 107.000 millones de dólares en activos, fue la bancarrota más sonada de la historia.

Luego llegó el SARS, la neumonía atípica que empezó en China y durante semanas perturbó los viajes de negocios y el comercio. A lo largo de ese período, por supuesto, la Administración intensificaba sus ataques contra Saddam Hussein, y en marzo y abril de 2003 la invasión de Irak y el derrocamiento de Saddam dominaron los titulares.

Por detrás de todo se cernía la expectativa de una continuación de

los ataques terroristas sobre suelo estadounidense. En el Washington oficial, sobre todo, costaba sacudirse de encima la sensación de amenaza inminente: había nuevas barreras de tráfico, controles, cámaras de vigilancia y guardias armados hasta los dientes por todas partes. En mi caso, se me había acabado caminar las últimas dos manzanas al trabajo y pasar por delante de las cámaras de televisión para el «indicador del maletín»; todas las mañanas el coche me dejaba en el garaje subterráneo de la Fed, con fuertes medidas de seguridad. Quienes visitaban la Reserva Federal, aunque todavía podían aparcar allí, tenían que esperar mientras un perro olía el coche en busca de explosivos; llegaba a entrar en el maletero.

En Washington no corría una pregunta más acuciante que: «¿Por qué no un segundo atentado?» Si la intención de Al-Qaeda era desbaratar la economía estadounidense, como Bin Laden había declarado, los ataques tenían que continuar. Nuestra sociedad era abierta, nuestras fronteras porosas y nuestra capacidad para detectar armas y bombas, débil. Les hice esa pregunta a muchos integrantes de las más altas esferas del Gobierno, y nadie parecía tener una respuesta convincente.

La expectativa de más actos de terrorismo afectaba a la práctica totalidad de lo que hacía el Gobierno. Además, inevitablemente, la burbuja defensiva que habíamos creado para proteger nuestras instituciones influía en toda decisión. En 2002, se preparó el nuevo programa de seguridad en el territorio nacional que redujo de manera significativa las libertades individuales mediante medidas como la intensificación de las exigencias de identificación, el aumento de los controles de identidad, la restricción a los viajes y el menoscabo de la privacidad (La Ley de Seguridad en el Territorio Nacional en sí era menos draconiana, pero aun así reducía las libertades civiles al ponerle más fácil al Gobierno denegar las peticiones acogidas a la Ley de Libertad de Información, imponer sanciones penales a los funcionarios que revelasen «información sobre infraestructuras críticas» obtenida de empresas privadas y desarrollar un programa que supervisaría la vida cotidiana de los ciudadanos). Los dirigentes de ambos partidos estaban en el mismo barco. Sin embargo, al no producirse más atentados, los políticos fueron volviendo poco a poco a sus posturas previas al 11-S sobre las libertades civiles, algunos con más rapidez que otros. Es interesante elucubrar sobre el aspecto que tendría Estados Unidos hoy si se hubieran producido un segundo, tercero y cuarto atentados. ¿Podría soportarlo nuestra cultura? ¿Seríamos capaces de mantener una economía viable como han hecho los israelíes o hicieron los londinenses durante las décadas de atentados del IRA? Yo tenía una gran confianza en que podríamos… pero siempre queda esa duda.

La respuesta de la Fed a toda esa incertidumbre fue mantener nuestro programa de reducción agresiva de los tipos de interés a corto plazo, que extendió una serie de siete recortes que ya habíamos realizado a principios de 2001 para mitigar el impacto de la caída de las «puntocom» y el descenso generalizado de la Bolsa. Tras los atentados del 11 de septiembre, rebajamos el tipo de los fondos federales cuatro veces más, y luego una vez más en el momento culminante de los escándalos empresariales de 2002. Para octubre de ese año, el tipo de los fondos federales estaba en el 1,25 por ciento, una cifra que la mayoría habríamos considerado inconmensurablemente baja una década antes. (En verdad, los tipos no estaban tan bajos desde los tiempos de Dwight Eisenhower.) Como funcionarios que habíamos consagrado toda nuestra carrera a combatir la inflación, la experiencia de realizar semejantes rebajas se nos hacía marcadamente extraña. Aun así, la economía era a todas luces presa de la desinflación, en la que las fuerzas del mercado se combinan para mantener bajos los salarios y los precios y provocar que las expectativas de inflación, y por ende los tipos de interés a largo plazo, retrocedan.

De modo que la inflación, al menos por el momento, no era un problema. Entre 2000 y 2003, los tipos de interés a largo plazo siguieron bajando: el tipo de los bonos del Tesoro a diez años cayó desde casi el 7 por ciento a menos de un 3,5 por ciento. Estaba claro que la explicación última iba mucho más allá de las orillas estadounidenses, porque los tipos de interés a largo plazo de todo el mundo también mostraban tendencia a la baja. La globalización estaba ejerciendo un impacto desinflacionario.

Dejamos de lado ese asunto más amplio para afrontar el desafío inmediato con el que se las veía la Fed: una economía debilitada. La premisa de trabajo del FOMC era que la subida de precios no suponía una amenaza inminente y que eso nos concedía la flexibilidad necesaria para rebajar los tipos a corto plazo.

Para 2003, sin embargo, el tembleque económico y la desinflación duraban ya tanto tiempo que la Fed tuvo que plantearse un peligro más exótico: un nivel de precios a la baja, la deflación. Consistía en la posibilidad de que la economía estadounidense estuviera entrando en una espiral catastrófica como la que habíamos visto paralizar Japón durante trece años. Se me antojaba una cuestión muy inquietante. En las economías modernas, cuyo quebradero de cabeza crónico es la inflación, la deflación es una enfermedad infrecuente. Al fin y al cabo, Estados Unidos ya no se basaba en el patrón oro. Yo no podía concebir que se produjera una deflación bajo un patrón monetario fiduciario. Siempre había dado por sentado que, si parecía inminente una deflación, podríamos poner en marcha las imprentas y crear todos los dólares que fuera necesario para detener una espiral deflacionaria. Ahora ya no estaba tan seguro. Japón había abierto supuestamente sus grifos de dinero, bajado los tipos de interés a cero e incurrido en un abultado déficit presupuestario, y aun así su nivel de precios había seguido cayendo. Los japoneses parecían incapaces de quitarse de encima la deflación y debían de haber pasado mucho miedo de hallarse en el tipo de espiral descendente que nadie había presenciado desde la década de 1930.

La deflación se convirtió en el blanco de una preocupación creciente dentro de la Fed. Aunque la economía arañó un crecimiento del PIB real del 1,6 por ciento durante 2002, era evidente que se encontraba constreñida. Hasta empresas potentes como Aetna y SBC Communications presentaban beneficios débiles, despedían trabajadores y anunciaban dificultades para conseguir que los aumentos de precios durasen. El paro había crecido desde el 4 por ciento de finales de 2000 hasta el 6 por ciento.

En la reunión del FOMC de finales de junio, en la que aprobamos rebajar aún más los tipos de interés, hasta el 1 por ciento, la deflación constituía el Punto A. Acordamos la reducción a pesar de nuestro consenso en que la economía probablemente no necesitaba aún otra bajada de tipos. La Bolsa por fin había empezado a revivir, y nuestros pronósticos presentaban un crecimiento del PIB mucho más fuerte en la segunda mitad del año. Queríamos cancelar la posibilidad de una deflación corrosiva; estábamos dispuestos a arriesgarnos a que la rebaja de tipos propiciara una burbuja, un boom inflacionario de algún tipo, que a renglón seguido tendríamos que solucionar. Me satisfacía el modo en que habíamos sopesado los factores en liza. El tiempo diría si habíamos tomado la decisión correcta, pero al menos había sido bien ponderada.

El gasto de consumo tiró de la economía durante el malestar posterior al 11-S, y lo que tiró del gasto de consumo fue la vivienda. En muchas partes de Estados Unidos, el suelo residencial, vigorizado por la caída de los tipos de interés de las hipotecas, empezó a ver una crecida de los valores. Los precios de mercado de las viviendas existentes subieron un 7,5 por ciento anual durante 2000, 2001 y 2002, una tasa que era más del doble que apenas unos pocos años antes. No sólo la construcción de vivienda nueva creció hasta alcanzar niveles récord, sino que también cambió de manos una cantidad histórica de viviendas existentes. Este boom proporcionó un gran espaldarazo a la moral: aunque tu casa no estuviera en venta, podías mirar calle abajo y ver las de otras personas ofertadas por lo que se antojaban cantidades astronómicas, lo que significaba que también tu casa valía más.

Para principios de 2003, las hipotecas a treinta años estaban por debajo del 6 por ciento, su nivel más bajo desde los años 60. Las hipotecas ajustadas a los tipos costaban incluso menos. Eso espoleó el movimiento de viviendas que tiró al alza de los precios. Desde 1994, la proporción de estadounidenses que se habían convertido en propietarios de su lugar de residencia se había acelerado. Para 2006, casi el 69 por ciento de los hogares eran propietarios de su vivienda, desde el 64 por ciento en 1994 y el 44 por ciento en 1940. Las ganancias se dejaron notar especialmente entre los hispanos y los negros, a medida que la creciente prosperidad sumada a los incentivos gubernamentales y a los programas de hipotecas subprime permitía a muchos miembros de colectivos minoritarios convertirse en compradores de vivienda por primera vez. Esa expansión de la propiedad concedió a más gente algo que jugarse en el futuro de nuestro país y se prometía buena para la cohesión de la nación, pensaba yo. La propiedad de una vivienda tiene un eco tan fuerte en la actualidad como hace un siglo. Hasta en una era digital, el ladrillo y el cemento (o el contrachapado y el pladur) son lo que nos estabiliza y nos hace sentir en casa.

Las ganancias de capital, sobre todo las realizadas en efectivo, empezaron a quemar en los bolsillos. Los estadísticos no tardaron en poder distinguir un abultamiento del gasto de consumo que concordaba con el aumento de las ganancias de capital. Algunos analistas estimaban que de un 3 a un 5 por ciento del aumento en la riqueza inmobiliaria se dejaba notar anualmente en la demanda de todo tipo de bienes y servicios, desde coches y neveras hasta vacaciones y ocio. Además, por supuesto, la gente volcaba dinero en la renovación y ampliación de viviendas, con lo que alimentaban más aún el boom. Este repunte de los desembolsos se financió en su práctica totalidad a través de aumentos en la deuda hipotecaria, que las instituciones financieras hacían especialmente fácil de aprovechar (Cuando una vivienda cambiaba de manos, el comprador contraía de manera casi invariable una hipoteca que superaba el saldo pendiente de la hipoteca del vendedor. El aumento neto de la deuda sobre la casa iba a parar al vendedor en forma de efectivo. Semejante extracción de valor de la vivienda tiende a seguir, pero no equivale exactamente a la ganancia de capital realizada sobre la venta). El efecto neto lo describió con acierto el columnista de economía Robert Samuelson, que escribió en la Newsweek del 30 de diciembre de 2002: «El boom de la vivienda salvó la economía […]. Hartos de la Bolsa, los estadounidenses nos entregamos a una orgía inmobiliaria. Vendimos y compramos más caro, derribamos y añadimos.»

Los booms, por supuesto, engendran burbujas, como habían aprendido a su pesar los accionistas de las puntocom. ¿Nos estábamos precipitando a un espantoso derrumbe inmobiliario? La preocupación empezó a aflorar en mercados calientes como San Diego y Nueva York, donde los precios en 2002 habían dado un salto del 22 y el 19 por ciento, respectivamente, y donde algunos inversores empezaban a ver las casas y apartamentos como el último grito en pelotazos. La Fed seguía de cerca esos acontecimientos. A medida que el boom se mantenía inexorable, la evidencia de la especulación se volvió difícil de pasar por alto. La demanda de vivienda unifamiliar en Estados Unidos siempre había sido de manera predominante con vistas a la propiedad de un hogar, con una proporción de adquisiciones con fines de inversión o especulación que rara vez superaba el 10 por ciento (Esas adquisiciones las realizan ante todo personas que compran y alquilan viviendas. A menudo, ese individuo es propietario de un bloque de pisos o una casa adosada bifamiliar, de los cuales alquila una unidad). Sin embargo, para 2005, los inversores respondían del 28 por ciento de las viviendas compradas, según la Asociación Nacional de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Se convirtieron en una fuerza del mercado que aumentó la compraventa de casas existentes en casi una tercera parte. Para entonces, los telediarios daban noticias de «flippers»: especuladores de lugares como Las Vegas o Miami, que aprovechaban las facilidades del crédito para cargarse con cinco o seis bloques de pisos nuevos, con miras a venderlos con grandes plusvalías aun antes de que se construyeran. Esos dramas seguían poseyendo una relevancia estrictamente regional, sin embargo. Yo decía en mis conferencias que no nos las veíamos con una burbuja sino con una espuma: montones de burbujas pequeñas y locales que nunca crecían hasta alcanzar una escala que pudiera amenazar la salud de la economía en general.

Fuese burbuja o espuma, la fiesta estaba decayendo para finales de 2005, cuando los compradores de primera vivienda empezaron a encontrarse con que los precios escapaban cada vez más de su alcance. Unos precios más altos exigen hipotecas más grandes, que empezaban a comerse una proporción agobiante de la renta mensual. Los tiempos alegres en que los compradores pagaban por encima de los precios ofertados para llevarse una casa habían terminado. Los precios de oferta de los vendedores se mantuvieron altos, pero los compradores retiraron sus pujas. Los volúmenes de ventas, en consecuencia, cayeron drásticamente tanto para las viviendas nuevas como para las existentes. El boom se había acabado.

Había formado parte de una tendencia internacional histórica. Los tipos de interés de las hipotecas habían caído no sólo en Estados Unidos sino también en Gran Bretaña, Australia y muchos países más que tienen mercados hipotecarios viables. En respuesta a ello, los precios de la vivienda se habían disparado en todo el mundo. The Economist, que analiza los precios de la vivienda en veinte países, ha estimado que entre 2000 y 2005 el valor de mercado de la propiedad residencial en las naciones desarrolladas subió desde los 40 billones de dólares hasta más de 70 billones. La mayor parte de ese aumento -8 billones- se produjo en las viviendas unifamiliares estadounidenses. Sin embargo, la experiencia de otras economías resultaba indicativa porque sus booms empezaron -y terminaron- un año o dos antes que el nuestro. En Australia y Gran Bretaña, la demanda empezó a enfriarse en 2004 por los mismos motivos por los que lo hizo más tarde en Estados Unidos: los compradores de primera vivienda se vieron expulsados del mercado por los precios, y los inversores especuladores se retiraron. Es importante reseñar que, cuando terminaron los booms en esos países, los precios se estabilizaron o bajaron un poco, pero en el momento de escribir estas líneas no se han derrumbado.

A causa del boom de la vivienda y la explosión de nuevos productos hipotecarios que lo acompañó, el hogar estadounidense típico acabó con una vivienda más valiosa y un mejor acceso a la riqueza que representaba. Su hipoteca también es mayor, claro está, pero como la deuda tiene un tipo de interés más bajo, la mella en la renta procedente de los pagos de la deuda como proporción de la renta de un propietario de vivienda no cambió mucho entre 2000 y 2005.

La recuperación posterior al 11-S tuvo un lado oscuro, sin embargo. La afeó un preocupante desplazamiento en la concentración de los ingresos. En los últimos cuatro años, las ganancias en los salarios medios por hora de los trabajadores con atribuciones de supervisión han sobrepasado de manera significativa a las ganancias en las remuneraciones medias por hora de los trabajadores con puestos de producción o no supervisores. (Para muchos hogares, el desfase en ingresos reales se veía compensado por las ganancias de capital sobre sus viviendas, aunque el grueso de las ganancias de capital fue a parar a hogares de los segmentos de clase media alta y alta.)

Podía verse reflejada en las encuestas la divergencia de renta incluso cuando regresó el crecimiento económico. Para 2004, el PIB real se estaba expandiendo a un saludable ritmo del 3,9 por ciento al año, el paro descendía y los sueldos y salarios agregados tampoco iban tan mal. Aun así, la mayor parte del aumento en las rentas medias se debía a unas ganancias desproporcionadas entre los muy cualificados. Hay muchos más trabajadores que cobran en el segmento intermedio de la renta, y a ellos no les ha ido tan bien. En consecuencia, no es de extrañar que los encuestadores que telefonearon a millares de hogares descubriesen que un 60 por ciento creía que la economía era un desastre, mientras que sólo el 40 por ciento consideraba que iba bien. Las economías de doble velocidad son frecuentes en los países desarrollados, pero los estadounidenses no experimentaban semejante desigualdad de ingresos desde la década de 1920. Lo normal antes era que, cuando las cifras agregadas eran buenas, las encuestas también salieran positivas.

En tiempos más recientes, el frenazo del boom inmobiliario ha perjudicado a algunos colectivos. No creó grandes apuros para la gran masa de propietarios de vivienda que había acumulado un valor sustancial en sus casas a medida que crecían los precios. Sin embargo, muchas familias de renta baja que aprovecharon la oferta de hipotecas subprime para convertirse en propietarias de primera vivienda se sumaron al boom demasiado tarde para disfrutar de sus beneficios. Sin un colchón de valor sobre el que caer, están teniendo dificultades para realizar sus pagos mensuales, y un número cada vez mayor afronta una ejecución. De los casi 3 billones de dólares de entradas de hipotecas sobre vivienda de 2006, una quinta parte era subprime y otra quinta parte la formaban las llamadas hipotecas «Alt-A». Estas últimas son hipotecas contraídas por personas con un buen historial de crédito pero cuyos pagos mensuales a menudo se reducen a los intereses y cuya documentación respecto de los ingresos del prestatario y otras características resulta insuficiente. El pobre rendimiento de estos dos quintos de las entradas ha inducido una significativa contracción de la disponibilidad de crédito, con un impacto perceptible en las ventas de viviendas. Yo era consciente de que la relajación de las condiciones de crédito hipotecario para los prestatarios subprime aumentaba el riesgo financiero y de que las iniciativas de propiedad de vivienda subvencionada distorsionan los resultados del mercado. Pero creía, y sigo creyendo, que los beneficios de una ampliación de la propiedad de viviendas compensan el riesgo. La protección de los derechos de propiedad, tan crucial para una economía de mercado, requiere una masa crítica de propietarios que sostenga el apoyo político.

Por mucho que me animara la resistencia general de la economía, me consternaba la actuación del Gobierno. Los números rojos volvieron con fuerza en 2002: incurrimos en un déficit de 158.000 millones de dólares, un deterioro de más de un cuarto de billón de dólares partiendo del superávit de 127.000 millones de 2001.

El presidente Bush seguía dirigiendo su Administración hacia el cumplimiento de las promesas que había realizado durante la campaña electoral de 2000: bajar los impuestos, reforzar la defensa nacional y añadir prestaciones de fármacos con receta a Medicare. Esas metas no habían parecido descabelladas a la luz de unos superávits abultados y previstos. Sin embargo, el superávit desapareció de seis a nueve meses después de que George W. Bush jurara el cargo y, en el mundo revisado de un déficit creciente, los objetivos ya no resultaban del todo apropiados. Pese a todo, él siguió trabajando en pos de sus promesas electorales.

Lo que más me inquietaba era lo dispuestos que estaban tanto el Congreso como la Administración a abandonar la disciplina fiscal. Cuatro años de superávit habían hecho del ahorro un bien cada vez más escaso en el Capitolio. Los superávits resultan irresistibles para unos funcionarios que viven del «almuerzo gratis» político. No puedo contar la cantidad de cartas que recibí del Capitolio en la década de 1990 que esbozaban un plan u otro para gastar más o gravar menos, en el que el requisito del «pay-go» se cumplía mediante alguna oscura prestidigitación de financiamiento, cuyo propósito era ocultar el coste del plan. En el Congreso, la contabilidad por partida doble se había convertido en un arte perdido.

Al final olvidó los miramientos. Durante el último año de la Administración Clinton, el Congreso había hecho caso omiso de sus topes discrecionales de gasto autoimpuestos, hasta aprobar un gasto adicional estimado de 1 billón de dólares a lo largo de diez años. Sin ese gasto, el superávit récord de 237.000 millones de dólares de 2000 habría sido incluso mayor. Después, con George W. Bush llegaron las rebajas fiscales, no compensadas por una reducción del gasto, y, tras el 11 de septiembre, un gasto todavía más desenfrenado.

Las leyes aprobadas tras el 11-S incluían aumentos necesarios para la defensa y la seguridad nacional, por supuesto, pero nuestras medidas fiscales de emergencia nacional también parecían avivar el apetito del Congreso por el «cerdo»: programas de gasto electoralistas. Un ejemplo temprano fue un proyecto de ley de transporte que se aprobó casi por unanimidad en diciembre de 2001. Asignaba cuantiosas sumas a ampliar la seguridad aérea y gravaba con un impuesto los billetes de avión para compensar una parte del coste: medidas sensatas, podría decirse. Sin embargo, también incluía más de 400.000 millones de dólares de puro «cerdo»: financiación de carreteras sustraída del control de los estados y destinada por los legisladores a proyectos viarios favoritos en sus casas.

Me ofendió más si cabe el proyecto de ley agrícola del siguiente mayo. Se trataba de una dádiva de 250.000 millones de dólares en seis años que dinamitaba el presupuesto y daba la vuelta a iniciativas anteriores por las que había habido que luchar mucho y que reducían la escala de los subsidios agrícolas y abrían el sector de granja a las fuerzas del mercado. El nuevo paquete aumentó enormemente las subvenciones al algodón y al cereal, además de apilar nuevos subsidios sobre todo lo demás, desde el azúcar a los garbanzos. El presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, el republicano de Tejas Larry Combest, impulsó el proyecto de ley, como hicieron demócratas del Medio Oeste como el líder del Senado Daschle, de Dakota del Sur.

Existe un remedio para el exceso legislativo: se llama veto presidencial. En conversaciones entre bastidores con altos cargos económicos, no oculté mi opinión de que el presidente Bush debía rechazar unos cuantos proyectos de ley. Transmitiría al Congreso el mensaje de que no tenía carta blanca para gastar. Pero la respuesta que recibí de un alto cargo de la Casa Blanca fue que el presidente no quería enfrentarse con el presidente de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert. «Cree que puede controlarlo mejor si no le lleva la contraria», dijo el funcionario.

Y en verdad, no ejercer el poder de veto devino un rasgo característico de la presidencia de Bush: durante casi seis años en la Casa Blanca, no dio carpetazo a un solo proyecto de ley. Eso carecía de precedente histórico moderno. Johnson, Nixon, Carter, Reagan, George H. W. Bush, Clinton…, todos vetaron docenas de leyes. Y Jerry Ford había vetado todo lo que se le puso a tiro: más de sesenta proyectos de ley en menos de tres años. Eso le permitió, incluso viéndoselas con grandes mayorías demócratas en ambas cámaras del Congreso, afianzar una buena cuota de poder y dirigir a los legisladores en las direcciones que consideraba importantes. A mi entender, el enfoque de «colaborar y no confrontar» de Bush suponía un gran error: le costaba a la nación un mecanismo de revisión y equilibrio esencial para la disciplina fiscal.

La disciplina presupuestaria en Washington pasó a mejor vida el 30 de septiembre de 2002. Ése fue el día en que el Congreso permitió la defunción de la principal ley antideficitaria de Estados Unidos. La Ley de Aplicación del Presupuesto de 1990 había sido un monumento a la automoderación del Congreso. Aplicada con el apoyo de ambos partidos bajo el primer presidente Bush, la ley había desempeñado un papel importante de cara a mantener a raya el déficit federal, por lo que contribuyó a sentar las bases para el boom de esa década. En ella, el Congreso se imponía a sí mismo estrictos topes discrecionales y reglas de compensación que exigían que los nuevos aumentos del gasto o las bajadas de impuestos se equilibrasen en alguna otra partida del presupuesto. La vulneración de esas estipulaciones activaría de manera automática graves sanciones, como reducciones generalizadas en los programas sociales y de defensa, recortes que cualquier político se cuidaría muy mucho de evitar.

Pero la Ley de Aplicación del Presupuesto nunca previó años de superávit (irónicamente, su meta había sido alcanzar un presupuesto equilibrado para 2002). Y en el frenesí gastador de finales de los 90, el Congreso se aprovechó de tecnicismos para desacatar sus reglas. Como dijo un veterano empleado de la Cámara de Representantes: «Nos exigían ser “neutrales con el déficit”, ¡pero no había déficit!» Aun así, con las salvaguardias a punto de expirar, los déficits ya regresaban con fuerzas redobladas.

A mediados de septiembre rogué al Congreso tan encarecidamente como pude que retuviera esa primera línea de defensa. «Se acerca la fecha de caducidad de las normas de aplicación del presupuesto -dije para el Comité Presupuestario de la Cámara de Representantes-. No mantenerlas sería un grave error. Pues sin una dirección clara y unas metas constructivas, el sesgo político intrínseco a favor del déficit presupuestario volverá probablemente a consolidarse […]. Si no mantenemos las reglas presupuestarias y reafirmamos nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal, echaremos a perder años de duros esfuerzos.» Las peores consecuencias no serían inmediatas, reconocí, pero sí severas. Advertí: «La historia sugiere que un abandono de la disciplina fiscal con el tiempo impulsará al alza los tipos de interés, desplazará el gasto de capital, reducirá el crecimiento de la productividad y nos impondrá alternativas más duras en el futuro.»

Mi declaración había circulado por adelantado. Saltaba a la vista que no era un mensaje que los miembros del comité quisieran escuchar. De sus cuarenta y un integrantes, sólo se presentaron cerca de la mitad. Observé las reacciones de los congresistas mientras leía un pasaje que rememoraba el consenso bipartidista histórico que había alumbrado la Ley de Aplicación del Presupuesto. Más que nada me encontré con miradas inexpresivas. Peor aun, el turno de preguntas y respuestas dejó claro que pocos de los legisladores o ninguno tenían el menor interés en perpetuar las restricciones del gasto. En lugar de abordar mi propuesta y el peligro económico mayor al que señalaba, las preguntas se limitaron a cambiar de tema. El debate se centró casi por completo en las rebajas fiscales, presentes y futuras, pros y contras. Y eso fue lo que dominó las escasas noticias que cubrieron mi comparecencia al día siguiente.

En el Senado, Pete Domenici, Phil Gramm, Kent Conrad, Don Nickles y otros conservadores fiscales trabajaron para conservar los mecanismos de equilibrio presupuestario. Pero faltaba la voluntad política. Lo único que lograron fue imponer una ampliación de seis meses de una regla de procedimiento que hacía algo más difícil aprobar una legislación que aumentara el déficit. Sin embargo, sin las sanciones obligatorias de la Ley de Aplicación del Presupuesto, la norma carecía de impulso. La disciplina fiscal que tanto bien nos había hecho estaba muerta y enterrada.

Cuando los republicanos se apuntaron una victoria aplastante en las elecciones al Congreso de mitad de la legislatura, en noviembre de 2002, la situación empeoró. Glenn Hubbard, presidente del Consejo de Asesores Económicos, sostuvo en un discurso de diciembre que para la economía en general importaba poco si el presupuesto era equilibrado o no. «Cabe esperar que la discusión se aleje» de la idea de que un déficit superior impulsará al alza los tipos de interés a largo plazo y enfriará el crecimiento, dijo. «Eso es Rubinomía, y creemos que es totalmente erróneo.» Dejando al margen la pulla a los demócratas, lo que Hubbard decía era cierto en un contexto cortoplacista. Los mercados de valores se han vuelto tan eficientes que los tipos de interés actuales sólo se mueven cuando una información nueva obra cambios en las expectativas de futuros déficits presupuestarios y deuda del Tesoro. Los cambios escalonados e inmediatos en la oferta de obligaciones del Tesoro estadounidense son por lo general bastante pequeños en relación con la oferta global de instrumentos de deuda a largo plazo comparablemente seguros. Los cambios pequeños en los precios relativos (es decir, los tipos de interés) pueden inducir a los inversores a reemplazar cantidades considerables de deuda del Tesoro por cantidades equivalentes de deuda empresarial de alta calidad u obligaciones de gobiernos extranjeros. También sucede a la inversa: esos cambios en la deuda o, por extensión, los déficits, están asociados con cambios sorprendentemente pequeños en los tipos de interés. El tamaño y la eficacia del mercado global de bonos que compiten con los bonos del Tesoro estadounidense oculta la relación subyacente a largo plazo entre déficit federal, deuda y tipos de interés.

A veces, cuando un tema es complejo, resulta un ejercicio útil llevarlo hasta el extremo. Si fuera cierto que el déficit no importa y unas rebajas fiscales no compensadas por recortes del gasto fueran una política pública correcta, ¿por qué no eliminar sin más los impuestos? El Congreso podría pedir prestado tanto como quisiera y gastarlo con el desprendimiento que desease, todo sin miedo a que el océano de deuda en rápida acumulación del Gobierno erosionase el crecimiento económico. Aun así, como hemos visto una y otra vez en los países en vías de desarrollo, un endeudamiento y gasto gubernamental desenfrenados producen hiperinflación y devastación económica.

De modo que el déficit debe importar. La pregunta crucial para quienes deciden las políticas no es «¿Perjudica al crecimiento?» sino «¿Cuánto perjudica al crecimiento?». En realidad, Hubbard, cuyos modelos econométricos muestran sólo un pequeño impacto sobre los tipos de interés provocado por los cambios en la deuda pendiente del Tesoro, aun así escribió hace poco: «Nuestros hallazgos no deberían interpretarse como una afirmación de que el déficit no tiene importancia.

Unos niveles de deuda gubernamental sustancialmente mayores, persistentes e insostenibles con el tiempo pueden imponer una tensión creciente en las fuentes interiores y extranjeras de fondos disponibles […]. En Estados Unidos, en el momento presente, la falta de financiación de las obligaciones implícitas asociadas a los programas de la Seguridad Social y Medicare resulta especialmente preocupante.» Pero las sutilezas del debate económico se perdieron en el mar de las realidades políticas. El Congreso y el presidente veían la moderación presupuestaria como una inhibición a la legislación que deseaban. «El déficit no importa», para gran disgusto mío, se volvió parte de la retórica republicana.

Se me hacía muy difícil aceptar que aquello se hubiera convertido en el espíritu y la política económica dominantes del Partido Republicano. Con todo, había tenido un anticipo de ello muchos años antes, en la década de 1970, en una comida con Jack Kemp, a la sazón un joven congresista de la zona norte del estado de Nueva York. Se quejó de que los demócratas siempre anduvieran comprando votos disparando el gasto a diestro y siniestro. Y al final el déficit resultante aterrizaría en el regazo de una administración republicana para que lo resolviera. «¿Por qué no podemos ser un poco irresponsables nosotros? -preguntó para mi sorpresa-. ¿Por qué no podemos bajar los impuestos y repartir el pastel antes que ellos?» Y en verdad, eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Mi sensibilidad de republicano libertario se sentía ofendida.

A finales de diciembre de 2002 y principios de enero, di el paso inusual de insistir a altos cargos económicos de la Casa Blanca para que adoptaran un enfoque más racional. No puedo decir que mis protestas tuvieran un efecto muy sustancial, pero la Casa Blanca debió de darse cuenta de que «el déficit no importa» sonaba algo extremado, porque ajustó su discurso para cuando el presidente Bush presentó su plan presupuestario de cara a 2004. «Mi Administración cree firmemente en el control del déficit y su reducción mientras se refuerza la economía y se satisfacen nuestros intereses de seguridad nacional», declaró ante el Congreso el 3 de febrero de 2003. Siguió sosteniendo que por el momento el déficit era inevitable a causa de la necesidad de nuevas rebajas fiscales que estimulasen el crecimiento y la de nuevos gastos para financiar la guerra contra el terror. Al día siguiente, John Snow, que había sucedido hacía poco a Paul O’Neill al frente del Departamento del Tesoro, se hizo eco de esa actitud. «El déficit importa», dijo al

Comité de Medios y Arbitrajes de la Cámara de Representantes, pero el previsto en el nuevo presupuesto del presidente era tanto «manejable» como «inevitable».

A mí el nuevo presupuesto se me antojaba algo más descorazonador. Los desembolsos ascendían a más de 2,2 billones de dólares, y el balance final era un déficit previsto de más de 300.000 millones de dólares tanto en 2003 como 2004, y otros 200.000 millones (basándose en premisas más bien optimistas, era de suponer) en 2005. La propuesta, como era de esperar, proveía para sustanciales saltos del gasto en seguridad nacional y defensa. Aun así, no incluía financiación para la guerra en Irak que se avecinaba. (Si se producía, la Administración tendría que buscar una partida especial, que impulsaría más aún el déficit.)

El eje central del presupuesto era una segunda gran ronda de rebajas fiscales, que el presidente Bush había propuesto por primera vez unas semanas antes. De ellas, la más costosa era la eliminación parcial de la doble tributación de los dividendos. Yo llevaba años defendiendo la completa eliminación de la doble tributación de los dividendos empresariales como incentivo para la inversión de capital. El nuevo plan también aceleraba las reducciones generales del impuesto de la renta de Bush para que entraran en vigor de inmediato y hacía permanente la revocación del impuesto estatal. En resumidas cuentas, se preveía que el paquete fiscal añadiría 670.000 millones de dólares (o más de 1 billón, si las rebajas se hacían permanentes), a lo largo de diez años, a los 1,25 billones de coste de la primera ronda de ayudas fiscales de Bush.

Mitch Daniels, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, no tardó en señalar que un déficit presupuestario de 300.000 millones de dólares era el equivalente a tan sólo el 2,7 por ciento del PIB, una cifra relativamente modesta para los estándares históricos. Cierto, pero mi principal preocupación era el no haber abordado la trayectoria a más largo plazo de unas prestaciones prometidas que van a dejar un agujero muy grande en los futuros presupuestos. Deberíamos estar preparándonos para la jubilación de la generación del baby boom con unos presupuestos equilibrados o con superávit para los años difíciles que se avecinan (Los superávits ya no plantean la amenaza de la acumulación de activos privados que presentaban en 2001. El nivel actual de deuda es sustancialmente superior al que se contemplaba en ese año).

Se estimaba que un recorte adicional de los impuestos habría revitalizado el crecimiento económico. Pero en otros análisis, el prolongado letargo reflejaba ansiedad e incertidumbre acerca de la guerra, no una necesidad de más estímulos. Irak acaparaba todas las noticias. El 5 de febrero, Colin Powell había pronunciado su discurso en las Naciones Unidas en el que acusaba a Irak de esconder armas de destrucción masiva; diez días más tarde se produjeron una serie de manifestaciones en contra de la guerra en diversas ciudades del mundo. Mientras no se resolviera el conflicto de Irak, no había forma de saber si la rebaja de los impuestos serviría para algo. El 11 de febrero manifesté al Comité de Finanzas del Senado: «Soy una de las pocas personas que aún duda sobre si, en este momento concreto, el estímulo es una política deseable.»

Mucho más urgente que las bajadas de impuestos, decía yo, era la necesidad de abordar la amenaza que suponían los nuevos déficits disparados. «Recuperen los topes de gasto tipificados y las reglas de compensación de pagos», urgía a los senadores. «Me preocupa que, de no restaurar el mecanismo de aplicación que regía el proceso presupuestario, la resultante ausencia de una dirección clara y unas metas constructivas permita […] que los déficits presupuestarios vuelvan a consolidarse.» Eso, a su vez, engendraría problemas que ningún grado de estímulo resolvería. El argumento del lado de la oferta de que un crecimiento económico más rápido haría más fácil contener los déficits era indudablemente cierto, decía yo. Salvo en el improbable caso de que se ahorre por completo una rebaja fiscal, la parte que se gasta aumenta el PIB y la base impositiva, y por ende la entrada de impuestos. Así, la rebaja fiscal en bruto es mayor que la pérdida en entrada de dinero tributado. Pero sigue habiendo una pérdida. Dada la magnitud de los déficits que afrontábamos, advertí: «No puede contarse con seguridad con que el crecimiento económico elimine el déficit y las difíciles elecciones que harán falta para restaurar la disciplina fiscal.»

El hecho de que estuviera poniendo en entredicho abiertamente el plan de la Administración levantó revuelo. «No, señor presidente: severa regañina de Greenspan por el aumento del déficit» fue un titular de The Financial Times a la mañana siguiente. Pero los titulares de la prensa estadounidense demostraban que no había logrado desplazar el debate al lugar que le correspondía. Yo intentaba que la gente viera la necesidad de moderación fiscal, que abarcase no sólo los impuestos sino también, antes que nada, el gasto. Mas lo único en lo que se centraron todos fue en los impuestos. The Washington Post escribió: «Greenspan dice que las rebajas fiscales son prematuras; se culpa del estancamiento al miedo a la guerra.» «Greenspan recomienda aplazar las rebajas fiscales», decía USA Today. Tampoco ningún máximo responsable del Congreso tomó la causa de los controles presupuestarios.

El tema de las rebajas fiscales se convirtió por un momento en un circo mediático. Esa semana, más de 450 economistas, entre ellos diez premios Nobel, publicaron una carta que sostenía que las bajadas de impuestos propuestas por Bush impulsarían al alza el déficit sin ayudar gran cosa a la economía; la Casa Blanca contraatacó con otra carta, firmada por 250 economistas, que apoyaba su plan. Yo conocía los nombres: los 450 eran ante todo keynesianos y los 250, más que nada, partidarios del lado de la oferta. El debate entero ofreció más acaloramiento que luz, y quedó eclipsado rápidamente por la guerra de Irak. Para mayo, cuando el Congreso concedió al presidente la rebaja fiscal que quería y él la convirtió en ley con su firma, la necesidad de disciplina presupuestaria brillaba por su ausencia en la lista de prioridades. Supe cómo debía de haberse sentido Casandra.

Durante la Administración Bush, en especial tras el 11-S, pasé más tiempo en la Casa Blanca que en ningún otro momento de mi trayectoria en la Reserva Federal. Al menos una vez por semana recorría a pie el breve trecho que llevaba de mi oficina al ascensor que me bajaba al garaje de la Fed para el trayecto de ochocientos metros hasta la puerta sudoeste. Esas excursiones a menudo incorporaban encuentros rutinarios con el jefe del Consejo Económico Nacional Steve Friedman, su sucesor Al Hubbard u otros altos cargos económicos. Me veía de manera periódica con Dick Cheney, Condoleezza Rice, Andy Card o cualquiera de una serie de funcionarios más. Y a veces, por supuesto, iba allí para ver al presidente.

Volvía a ser un consultor. El orden del día de esas reuniones cubría la economía internacional, la dinámica global de la energía y el petróleo, el futuro de la Seguridad Social, la desregulación, el fraude contable, los problemas de los gigantes de financiación de hipotecas Fannie Mae y Freddie Mac y, cuando se terciaba, la política monetaria. Muchas de las ideas que más me esforcé por transmitir aparecen en los capítulos siguientes.

La Administración Bush resultó ser muy distinta de la reencarnación de la Administración Ford que me había imaginado. La actuación política era mucho más dominante. Como presidente de la Fed yo era una fuerza independiente, y llevaba bastante tiempo dando guerra, pero desde luego no contaba como parte del círculo interno, ni tampoco quería.

No tardó en quedar claro que en la Administración no había sitio para un halcón declarado del déficit como Paul O’Neill. Las iniciativas que él y yo pasamos muchas horas planificando -la transición a unas cuentas de la Seguridad Social privadas, por ejemplo, y una nueva y estricta ley que gobernara la responsabilidad de un director general- no obtuvieron una mejor acogida que los disparadores que habíamos defendido durante la primera tanda de rebajas fiscales. La franqueza de Paul lo puso a malas con la Administración, que enfatizaba la lealtad y la fidelidad a las consignas. Paul pasó gran parte de sus dos años como secretario del Tesoro batallando con los economistas de Bush, sobre todo Larry Lindsey, el principal arquitecto de la bajada de impuestos. Tras las elecciones de 2002, la Casa Blanca obtuvo la dimisión de ambos. Sustituyó a Paul con otro ex director general, John Snow, que había dirigido el gigante ferroviario CSX. John demostró ser mejor gestor que Paul y un portavoz de política económica más desenvuelto y mucho más eficaz, que era todo lo que la Casa Blanca esperaba de su secretario del Tesoro.

La relación entre el presidente y yo siguió en buena medida la misma pauta que en aquella primera mañana en el hotel Madison. Varias veces al año me invitaba a almorzar en su comedor privado, por lo general en compañía del vicepresidente Cheney, Andy Card y uno de los asesores económicos. En esos encuentros, como en el primero, yo llevaba el peso de la conversación, sobre las tendencias y los problemas económicos globales. Hablaba tanto que no recuerdo haber tenido nunca tiempo para comer. Acababa llevándome un tentempié al volver a la oficina.

Durante los cinco años en los que coincidimos, el presidente Bush respetó su compromiso con la independencia de la Fed. Por supuesto, durante la mayor parte de esos años mantuvimos los tipos de interés a corto plazo en un nivel extremadamente bajo, de modo que no había gran cosa de que quejarse. Aun así, ni siquiera en 2004, cuando el crecimiento económico regresó y el FOMC empezó a ajustar al alza los tipos, la Casa Blanca hizo algún comentario. Entretanto el presidente siguió mostrándose tolerante, si no receptivo, con mis críticas a su política fiscal. Apenas un mes después de que rebatiera su argumento para la urgencia de otra bajada de impuestos, por ejemplo, anunció que tenía la intención de nombrarme para una quinta presidencia. Eso me pilló por sorpresa; faltaba un año para que terminase mi cuarto mandato.

La Administración también hizo caso de los consejos de la Fed acerca de las políticas que considerábamos esenciales para la salud de los mercados financieros. La más importante fue el esfuerzo que empezó en 2003 para contener los excesos de Fannie Mae y Freddie Mac, las empresas instituidas por el Congreso para ayudar a avalar las hipotecas. Los mercados financieros les conceden una subvención de facto en forma de unos tipos de interés con unas primas de riesgo crediticio muy bajas sobre su deuda: presuponen que el Tío Sam les sacará las castañas del fuego en caso de impago. Fannie y Freddie habían estado usando esa subvención para inflar sus beneficios y crecer. Sin embargo, su actividad había empezado a distorsionar y poner en peligro los mercados y tenía visos de convertirse en un problema cada vez mayor. Las empresas tenían en nómina a lobbystas muy habilidosos y contaban con poderosos defensores en el Congreso. El presidente Bush tenía muy poco que ganar desde un punto de vista político si apoyaba una ofensiva enérgica. Aun así, respaldó a la Fed a lo largo de una lucha de dos años que tuvo su fruto en unas reformas cruciales.

Mi mayor frustración seguía siendo la poca disposición del presidente a aplicar su veto contra el gasto descontrolado. No hace mucho tuve ocasión de evaluar el cambio en el estatus fiscal de Estados Unidos desde enero de 2001, cuando la Administración llegó al poder. Comparé la previsión presupuestaria hasta septiembre de 2006, bajo la política entonces en vigor (la ley y las convenciones presupuestarias existentes), según las estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso, con los resultados reales observados a lo largo de 2006. La deuda pública pendiente pronosticada para finales de septiembre de 2006 era de 1,2 billones de dólares. El resultado real era de 4,8 billones. Es un desfase más bien abultado. Desde luego, una parte significativa de la diferencia en los ingresos se debía a la incapacidad de la CBO para calibrar debidamente el descenso que se avecinaba en las ganancias de capital y otros impuestos relacionados con el declive de la Bolsa. Pero para 2002, eso ya lo sabían la Administración y el Congreso, y variaron muy poco su enfoque político.

El resto del desfase se debe a la política: rebajas fiscales y aumentos del gasto. El coste de la guerra de Irak y las medidas antiterroristas no explican la brecha. Ambas partidas supusieron un total de 120.000 millones de dólares en el año fiscal 2006, según las estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso. Es una cifra abultada, pero en una economía de 13 billones de dólares resulta fácil de absorber. Los desembolsos federales en defensa nacional, que en el año fiscal 2002 alcanzaron un mínimo en sesenta años del 3 por ciento del PIB, saltaron de vuelta al 4 por ciento en 2004 y desde entonces se han equilibrado: en 2006 ascendían a un 4,1 por ciento. (En comparación, el gasto en defensa nacional en el momento culminante de la guerra de Vietnam absorbía un 9,5 por ciento del PIB, y más de un 14 por ciento durante la guerra de Corea.)

Sin embargo, el gasto en el sector civil, los llamados desembolsos discrecionales ajenos a la defensa, se ha disparado más allá de las proyecciones realizadas en los tiempos ricos en superávit del nuevo milenio. Lo que más me desanimó fue la entrada en vigor a finales de 2003 de la ley de fármacos con receta. En vez de incorporar unas muy necesarias reformas a Medicare, se estimaba que añadiría más de 500.000 millones de dólares a lo largo de diez años a los ingentes e intratables costes del sistema. Por bien que permitiera al presidente tachar de la lista otra de sus promesas electorales, no ofrecía ningún modo de reunir los fondos necesarios.

No se trató de un acontecimiento aislado. Mientras la Administración y el Congreso emprendían el rumbo hacia un déficit federal de más de 400.000 millones de dólares en 2004, los republicanos llegaron a intentar racionalizar el abandono del ideal libertario del gobierno pequeño. «Resultó que el pueblo americano no quería una gran reducción del gobierno», escribió el congresista John Boehner de Ohio en un informe poco después de la aprobación de la ley de los fármacos. Boehner había sido el arquitecto de la toma republicana de la Cámara de Representantes nueve años antes. Pero en ese momento el partido afrontaba «nuevas realidades políticas», decía. En lugar de encoger el tamaño del gobierno, lo más que podía esperarse era frenar su crecimiento. «Los republicanos han aceptado esas realidades como los gajes del gobierno por mayoría», escribía. La nueva meta debía ser un gobierno mayor pero más eficaz, sostenían él y otros dirigentes del partido. Consiguieron lo primero, pero no lo segundo.

La realidad era más desagradable todavía. Para muchos dirigentes del partido, alterar el proceso electoral para crear un gobierno encabezado a perpetuidad por los republicanos se convirtió en un gran objetivo. El presidente de la Cámara de Representantes Hastert y el líder de la mayoría Tom DeLay parecían inclinados sin problemas a rascar el bolsillo federal en cualquier momento en que pudiera contribuir a añadir unos cuantos escaños más a la mayoría republicana. Las máximas autoridades del Senado se demostraron tan sólo algo mejores. El líder de la mayoría Bill Frist, un médico de excepcional inteligencia partidario de la disciplina fiscal, carecía de la fuerza de personalidad necesaria para dar un puñetazo sobre la mesa. Conservadores como Phil Gramm, John McCain, Chick Hagel y John Sununu por lo general veían desatendidas sus advertencias.

El Congreso estaba demasiado ocupado comiendo del pesebre. El abuso de las asignaciones a programas particulares (earmarks) alcanzó proporciones extremas, a medida que los políticos ejercían ese poder para dirigir el gasto gubernamental a proyectos de su interés, lo que condujo a escándalos relacionados con los grupos de presión y la corrupción en 2005. La Pork Barrel Reduction Act, introducida más tarde por un grupo integrado por elementos de ambos partidos y dirigido por McCain, observó que las earmarks incluidas en las partidas del Congreso habían proliferado desde 3.023 en 1996, al final del primer mandato de Clinton, hasta casi 16.000 en 2005, inicio del segundo de Bush. La cantidad total de «cerdo» en dólares era más difícil de calcular -hay earmarks legítimas- pero, según cualquier definición, se cifraba en decenas de miles de millones de dólares. Hay que reconocer que tales sumas suponen un porcentaje muy pequeño de los 2 billones y pico del presupuesto federal, pero ésa no es la cuestión. Las earmarks son los canarios en la mina de carbón por lo que respecta al derrumbe de la disciplina fiscal. Y los canarios tenían mala cara.

Cuando los republicanos perdieron el control del Congreso en las elecciones de noviembre de 2006, el ex líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes Dick Armey publicó un agudo artículo de opinión en The Wall Street Journal. Se titulaba «El fin de la Revolución», y se remontaba a la toma republicana del Congreso en 1994:

Nuestra pregunta primordial en aquellos primeros años era: «¿Cómo reformamos el gobierno y devolvemos el dinero y el poder al pueblo americano?» Con el tiempo, los innovadores políticos y el «Espíritu del 94» fueron reemplazados en buena medida por burócratas políticos estrechos de miras. Su pregunta pasó a ser: «¿Cómo nos agarramos al poder político?» El comportamiento aberrante y los escándalos que acabaron definiendo a la mayoría republicana en 2006 fueron consecuencia directa de esa transición.

Armey había dado en el clavo. Los republicanos del Congreso perdieron el norte. Trocaron principios por poder. Acabaron sin ninguna de las dos cosas. Merecían perder.

Se me poblaban los ojos de lágrimas al observar la multitud de estadounidenses que rendían silencioso homenaje a Gerald R. Ford en los días menguantes de 2006. Jalonaban las calles mientras una comitiva de automóviles trasladaba el cuerpo del trigésimo octavo presidente de Estados Unidos desde la Base de las Fuerzas Aéreas de Andrews al Capitolio, donde se instauraría la capilla ardiente. Con sus noventa y tres años, había sido nuestro presidente más longevo. Fue extraordinario ver Washington, D.C., tan desgarrado por las rencillas partidistas y sede de un gobierno disfuncional, abrazar de manera universal ese símbolo de camaradería entre partidos de una era lejana. Fue un tributo a esa alma cordial, pero también una prueba del anhelo de los americanos por la cortesía en política que Ford representaba y que había desaparecido desde hacía mucho.

Ford perdió ante Jimmy Carter en las elecciones presidenciales de 1976, y fue un gesto simbólico que Carter leyera uno de los panegíricos mientras Ford recibía sepultura en Grand Rapids, Michigan, despedido por las personas a las que había representado en el Congreso durante un cuarto de siglo. Lo que costó a Ford las elecciones de 1976 fue el indulto que le concedió a Richard Nixon. Aquella decisión había desatado una tormenta entre los demócratas, que querían que Nixon respondiera por sus desafueros en el cargo. Aun así, con el paso de los años, muchos demócratas destacados llegaron a creer que el indulto de Ford había sido esencial para dejar atrás el trauma del Watergate. El senador Ted Kennedy lo calificó de «extraordinario acto de valor» (El senador Kennedy realizó esas declaraciones el 21 de mayo de 2001, cuando Ford recibió el Premio John F. Kennedy al Valor otorgado por la Biblioteca Kennedy de Boston).

Al mirar ese día soleado por la ventanilla de mi coche en la procesión, a apenas unos metros del vehículo fúnebre que transportaba el féretro de Ford (yo era portador honorario), no pude evitar preguntarme qué le había pasado a la política estadounidense desde que Jerry Ford guerrease con Tip O’Neill, entonces presidente de un Congreso demócrata, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero aun así invitara a su amigo de toda la vida a tomar cócteles por la noche en la Casa Blanca.

Me incorporé a la Administración Ford en 1974, con Washington todavía sumido en el trauma del Watergate. Aun así, el fervor partidista se dejaba de lado en buena medida a la puesta del sol. Las cenas a las que asistí (un ritual político washingtoniano) contaban inevitablemente con invitados de ambos partidos. Los senadores y representantes republicanos y demócratas se codeaban con veteranos de la Administración, periodistas y los mediadores del poder social de la ciudad. Durante 2005, mi último año entero en el Gobierno, las cenas rituales seguían ahí, pero se habían vuelto intensamente partidistas. En muchas ocasiones yo era el único republicano presente. Y en las «cenas republicanas» a las que asistí, había pocos demócratas, si es que había alguno. Las galas anuales patrocinadas principalmente por los medios de comunicación -la barbacoa y otros banquetes con la prensa- eran tan bipartidistas como lo habían sido en mis años con Ford, pero la camaradería de esos eventos era forzada y artificial.

Existe bastante análisis académico pero poco consenso sobre las causas de las fricciones entre partidos. Corre incluso una curiosa tesis según la cual los buenos tiempos de la camaradería bipartidista de los 50 y los 60 fueron la anomalía histórica y las fricciones actuales no desentonan mucho con la historia. Desde mi más limitada atalaya, donde vi evolucionar con éxito la «estrategia sureña» de Nixon en su campaña de 1968, parecía que las raíces de nuestra disfunción política se remontaban a un desplazamiento en la representación conservadora del sur en el Congreso, que pasó del control demócrata al republicano tras la Ley de Derechos Civiles de 1964. Los demócratas superaban ampliamente en número a los republicanos en la década de 1960, y durante casi todos los años desde el New Deal habían controlado el Congreso y la Casa Blanca. Con el Sur en el bolsillo, los demócratas sureños acumularon una jerarquía importante en el Congreso y habían dominado como presidentes de comité desde la presidencia de Franklin D. Roosevelt. La precaria coalición de liberales del norte y conservadores del sur todavía tenía que fragmentarse a propósito de los derechos civiles y la política fiscal.

Cuenta la leyenda que Lyndon Johnson declaró del Partido Demócrata al firmar la Ley de Derechos Civiles: «Hemos perdido el Sur para una generación.» Si lo dijo, fue profético. Los senadores demócratas sureños encabezados por Richard B. Russell de Georgia se sintieron traicionados por su líder tejano. La representación senatorial demócrata de los estados del Sur Profundo descendió de diecisiete de dieciocho en 1964 a cuatro de dieciocho en el Congreso elegido en 2004. La proporción de demócratas en la Cámara de Representantes se redujo en consonancia. Con el movimiento de la industria del norte al Sur, una tendencia que empezó tras la Segunda Guerra Mundial, el cerrojo que los demócratas tenían echado sobre la política sureña estaba condenado a cambiar. Existen pocas dudas, sin embargo, sobre que la Ley de Derechos Civiles aceleró el proceso. Me entristece que, desde un punto de vista republicano, se llegara a un resultado positivo por los motivos erróneos.

Los cuatro bloques del Congreso, dos por cámara, han experimentado una drástica transformación con el paso de los años. Cada bloque, dos republicanos y dos demócratas, antes comprendía liberales, moderados y conservadores. Sin duda, las proporciones diferían según el partido, pero rara vez existía la cohesión suficiente para producir mayorías aplastantes a favor de cualquier artículo de legislación en ninguno de los cuatro bloques. Una típica votación sobre legislación sería un 60 por ciento de demócratas a favor y un 40 por ciento en contra, y un 40 por ciento de republicanos a favor y un 60 por ciento en contra, y viceversa.

Los actuales bloques del Congreso, en un reflejo de la reorientación de las afiliaciones partidistas del Sur, se han vuelto o bien predominantemente liberales (los demócratas) o bien conservadores (los republicanos). En consecuencia, un proyecto de ley que antes segmentaba los votos de cada partido en un 60 y un 40 por ciento ahora tiene más visos de obtener una relación de 95 a 5 por ciento. La legislación, en consecuencia, se ha vuelto sumamente partidista.

Podría sostenerse que, en el transcurso de nuestra larga historia, nunca ha habido mucho amor entre liberales y conservadores. Sin embargo, las personas no cerraban filas en torno a un «Partido Conservador» o un «Partido Liberal». Los mecanismos de gobierno -asignaciones a comités y puestos de liderazgo- eran demócratas o republicanos, y el poder del partido ejercía su dominio. La llegada de la predominancia de los republicanos en la política estatal sureña supuso la paridad numérica para los dos grandes partidos pero, de camino, abrió una brecha ideológica entre republicanos conservadores y demócratas liberales. Ha dejado un inmenso centro desatendido del que sería concebible que emergiera un candidato a presidente viable, bien financiado e independiente en 2008 o, si no entonces, en 2012.

La sima política ha superado el umbral de emoción de los expertos en política. La gobernancia se ha vuelto peligrosamente disfuncional. Los medios de comunicación y las grandes aglomeraciones que rindieron un tributo extraordinario a Gerald Ford lloraban también el fallecimiento de la camaradería en política. Los americanos, con sus votos, habían expulsado de la dirección del Congreso a los republicanos menos de dos meses antes. No creo que ganaran los demócratas. Fueron los republicanos quienes perdieron. Los demócratas llegaron al poder en el Congreso porque eran el único partido que quedaba.

A menudo me pregunto si una candidatura formada por un republicano para presidente y un demócrata para vicepresidente, o a la inversa, atraería al inmenso centro desatendido. A lo mejor la cuestión carecería de importancia si el mundo estuviera en paz. Con la creciente prominencia de la «mano invisible» de la globalización supervisando a todos los efectos los miles de millones de decisiones económicas diarias, tendría menos importancia quiénes fueran los líderes. Pero no ha sido ése el caso desde el 11-S. Quién lleve las riendas del Gobierno, importa.

12 Los universales del crecimiento económico

Como presidente de la Fed, a menudo me encontré con que afrontar los asuntos urgentes que acuciaban a la política económica estadounidense requería explorar las muchas maneras en que interactúan la naturaleza humana y las fuerzas de mercado. He contado en los capítulos anteriores la historia de cómo llegué a entender el funcionamiento del mundo económico, un proceso de aprendizaje de sesenta años. En los capítulos que siguen, plantearé algunas de las conclusiones a las que he llegado; intentaré transmitir mi visión de las fuerzas que mantienen unida la economía mundial e impulsan su evolución, además de las que amenazan con despedazarla.

En un momento temprano de mi carrera profesional identifiqué la competencia como motor primario del crecimiento económico y el nivel de vida en Estados Unidos. Al pasar a un contexto global décadas más tarde, no tuve necesidad de alterar mucho mi perspectiva. Cuando en 1987 el presidente Reagan me nombró para la presidencia de la Junta de la Reserva Federal, numerosos comentaristas expresaron su preocupación por mi falta de experiencia en economía internacional. Y con motivo. Al dirigir Townsend-Greenspan, una empresa orientada al interior, había tenido escaso contacto con la economía internacional más allá de las particularidades del petróleo. Mi temporada en el Consejo de Asesores Económicos a mediados de los 70 sí me expuso a los éxitos y las tribulaciones de Europa y, hasta cierto punto, del Asia emergente. Pero no fue hasta que llegué a la Reserva Federal en agosto de 1987 cuando me sumergí en los detalles del resto del mundo y las fuerzas

que lo impulsaban. Las crisis periódicas de Latinoamérica durante las décadas de 1980 y 1990, el derrumbe de la Unión Soviética y su economía, el conato de quiebra de México en 1995 y las terroríficas crisis financieras que se extendieron por los mercados emergentes y culminaron con la quiebra de Rusia en 1998 reorganizaron drásticamente mis prioridades y foco. Mi primer tutor en la Reserva Federal fue el director de su División de Finanzas Internacionales, Ted Truman. Pariente lejano del presidente Harry Truman, se había doctorado en Yale, donde enseñó varios años antes de incorporarse a la plantilla de la Fed. Absorbí de Ted mucha información pero, tras una larga y distinguida carrera en la Reserva Federal, en 1998 fue nombrado vicesecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales. Su sucesora, Karen Johnson, con un doctorado del MIT, continuó mi educación.

Durante mis años en la Fed, me relacioné con expertos en prácticamente todos los aspectos imaginables de la economía internacional, desde las crípticas reglas de contabilidad presupuestaria que rigen nuestras contribuciones al FMI hasta la economía del delta del río Perla chino. También tuve que recalibrar continuamente mis opiniones sobre cómo funcionaba la economía estadounidense en el contexto de una globalización en perpetua expansión. Además de Don Kohn, supervisó mi educación en la economía estadounidense David Stockton, economista jefe de la Fed desde 2000 y miembro de su plantilla desde 1981. Nunca buscó ni recibió la prensa que reciben los directivos de la Fed pero, cuando éstos daban discursos, era su pronóstico de la economía estadounidense lo que recibían los oyentes. Los directivos aprendimos a verlo como el empleado indispensable en la cocina (David es tan discreto que no me enteré hasta después de que lleváramos años trabajando codo con codo de que su antepasado remoto, Richard Stockton, fue signatario de la Declaración de Independencia).

Mucho antes de que Adam Smith escribiera su obra maestra de 1776 Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, la gente discutía sobre el camino más corto y directo a la prosperidad. En realidad es un debate inagotable. Aun así, los datos apuntan a tres características importantes que influyen en el crecimiento global: (1) el grado de competencia interior y, sobre todo en el caso de los países en vías de desarrollo, el grado de apertura de una nación al comercio y su integración con el resto del mundo; (2) la calidad de las instituciones que hacen funcionar la economía de un país; y (3) el éxito de sus dirigentes en la aplicación de las medidas necesarias para la estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, aunque parezca existir un consenso generalizado en que esas tres condiciones son esenciales para la prosperidad, sospecho que, si se realizara una encuesta entre los expertos en desarrollo económico, muchos las expondrían en diferentes órdenes de importancia y probablemente destacarían también distintos aspectos de cada una. Mi experiencia me lleva a considerar los derechos de propiedad garantizados por el Estado como la institución clave para la mejora del crecimiento. Porque, si no se garantizan esos derechos, el comercio abierto y los enormes beneficios de la competencia y la ventaja comparativa se verían seria y dramáticamente obstaculizados.

Las personas, por lo general, no se esfuerzan por acumular el capital necesario para el crecimiento económico a menos que puedan poseerlo. La propiedad, por supuesto, puede ser muy condicional. ¿Poseo sin más una parcela de terreno, o existen tantos arriendos que tiene poco valor para mí? O, más importante aun, si los gobiernos pueden apropiarse a su discreción de mi propiedad, ¿qué valor tienen mis derechos de propiedad? Bajo un miedo constante a la expropiación, ¿qué esfuerzo me impondré para mejorar mi propiedad? ¿Y qué precio puedo ponerle si decido venderla?

Ha sido sorprendente constatar con el paso de los años lo que puede lograr hasta un poco de propiedad privada. Cuando China concedió unos derechos de propiedad sumamente diluidos a los residentes rurales que cultivaban inmensos terrenos agrícolas de propiedad comunitaria, el rendimiento por hectárea y el nivel de vida rural crecieron de manera perceptible. Para la planificación central de la Unión Soviética fue un borrón incesante el que un porcentaje muy sustancial de sus cosechas procediera de terrenos de «propiedad privada» que cubrían tan sólo una pequeña fracción de la tierra cultivada.

Dado que vivir requiere propiedad física -alimento, ropa, vivienda-, la gente necesita protección legal para tener y disponer de esa propiedad sin la amenaza de una confiscación arbitraria por parte del Estado o la muchedumbre de las calles. Sin duda, la gente debe sobrevivir y sobrevive en sociedades totalitarias, pero la suya es una existencia inferior. John Locke, el filósofo británico del XVII cuyas contribuciones a la Ilustración suscitaron un conjunto de principios que influyó profundamente en las nociones de los Padres Fundadores de Estados Unidos, escribió en 1690 que el hombre «tiene por naturaleza un poder» para preservar «su vida, libertad y patrimonio, contra las lesiones e intentos de otros hombres» (La afirmación de Locke, en su Segundo tratado sobre el gobierno civil, merece una cita completa: «Nacido el hombre, como se ha demostrado, con derecho a una libertad perfecta y un disfrute incontrolado de todos los derechos y privilegios del derecho natural, en pie de igualdad con cualquier otro hombre o serie de hombres en el mundo, tiene por naturaleza un poder, no sólo para preservar su propiedad, es decir, su vida, libertad y patrimonio, contra las lesiones e intentos de otros hombres, sino también para juzgar y castigar las infracciones de esa ley por parte de otros, según sea su convicción que merece el delito, incluso con la propia muerte, en los crímenes en que la atrocidad del hecho, en su opinión, lo exija» (capítulo 7, sección 87)).

Por desgracia, la noción de los derechos al capital y otros activos con rentabilidad sigue siendo conflictiva, sobre todo en las sociedades que todavía creen que la búsqueda de beneficios no es del todo moral. Un propósito clave de los derechos de propiedad, al fin y al cabo, es proteger los activos para sacarles provecho. Esos derechos no pueden sostenerse en una sociedad que conserve cualquier vestigio significativo del concepto marxista de la propiedad como «robo». Esa noción se basa en la premisa de que la riqueza creada bajo una división del trabajo se produce conjuntamente y, por tanto, es de propiedad colectiva. Cualquier derecho inherente a un individuo, en consecuencia, debe ser «robado» de la sociedad en su conjunto. Ese punto de vista, desde luego, es anterior a Marx y posee raíces profundas en muchas religiones.

La asunción de la propiedad privada individual y la legalidad de su transferencia deben estar profundamente integradas en la cultura de una sociedad para que las economías de libre mercado funcionen con eficacia. En Occidente, la validez moral de los derechos de propiedad está aceptada, o al menos consentida, por la práctica totalidad de la población. Las actitudes hacia la propiedad privada se transmiten de una generación a otra a través de los valores familiares y la educación. Esas actitudes derivan de los valores rectores de la interacción social más profundos que tienen las personas. En consecuencia, cabe esperar que la transición desde los llamados derechos colectivos de las economías socialistas a los derechos de propiedad individual de las economías de mercado sea lenta. Alterar lo que una nación enseña a sus hijos es difícil, y no puede conseguirse de la noche a la mañana.

Está claro que no todas las democracias protegen el derecho privado de propiedad con el mismo fervor. A decir verdad, las variaciones son enormes. India, la democracia más grande del mundo, tiene tanta regulación de la actividad empresarial que debilita significativamente el derecho a usar y disponer libremente de la propiedad individual, una medida esencial del grado de protección de los derechos de propiedad. Tampoco se da que todas las sociedades con unos derechos de propiedad firmemente protegidos acaten de forma invariable la voluntad mayoritaria del pueblo en todos los asuntos públicos. Ciertamente, en sus primeros años, Hong Kong no tenía un proceso democrático sino una «lista de derechos» protegidos por el derecho consuetudinario británico. Singapur, procedente de una herencia similar, protege los derechos de propiedad y contractuales, pilares cruciales de la eficacia del mercado, pero carece de otras características de las democracias occidentales con las que estamos familiarizados. Con todo, las democracias con una prensa libre y una protección de los derechos de las minorías son la variedad más efectiva de gobierno para la salvaguarda de los derechos de propiedad, en buena medida porque esas democracias rara vez dejan que el descontento alcance tales cotas que conduzca a cambios explosivos en el régimen económico. El capitalismo autoritario, en cambio, es inherentemente inestable porque obliga a los ciudadanos maltratados a buscar justicia fuera de la ley. Ese riesgo se capitaliza en unos costes de financiación superiores.

Por bien que el debate sobre derechos de propiedad y democracia sin duda pervivirá, quedé prendado de una observación realizada por Amartya Sen, premio Nobel de economía: «En la terrible historia de las hambrunas del mundo, jamás se ha producido una hambruna sustancial en ningún país independiente y democrático con una prensa relativamente libre. Es imposible encontrar excepciones a esta regla, por mucho que busquemos.» Con la tendencia a la autocensura de los medios en los regímenes autoritarios, las políticas de mercado intervencionistas -la causa más frecuente de las alteraciones en la distribución de los alimentos- pasan desapercibidas y sin corregir hasta que es demasiado tarde.

La importancia de los derechos de propiedad es un tema que va más allá de la creación de incentivos a la inversión de las empresas establecidas o incluso los incentivos para inversores que trastean en un garaje. Hernando de Soto, el economista peruano, fue a la Reserva Federal en enero de 2003 para informarme sobre una idea en apariencia radical para elevar el nivel de vida de un segmento significativo de los pobres del mundo. Uno de los aspectos de mi trabajo era reunirme con visitantes extranjeros que pasaban por mi despacho cuando estaban en la ciudad. Esas oportunidades suponían una fuente valiosa de información para mí y para los miembros del personal de la Fed que a menudo asistían a las reuniones. La reputación de De Soto, por lo menos en la medida en que yo podía juzgarla, era la de un idealista bienintencionado pero equivocado o, en términos algo menos favorecedores, la de un Quijote atacando molinos. Su sencilla noción era que la mayoría de los ocupantes ilegales empobrecidos disponían de un uso efectivo de la propiedad -vivienda o terreno- pero padecían de la ausencia de acreditación legal que les permitiera vender la propiedad a cambio de dinero o usarla como garantía para un préstamo de un banco o de otra institución financiera. Si podía establecerse un título claro y legal sobre la propiedad, se pondrían en circulación grandes cantidades de riqueza. Me pareció una idea novedosa y digna de consideración; desde luego, otras teorías del desarrollo tenían poca enjundia, a pesar de las inmensas sumas de ayuda exterior oficial invertidas en ellas desde la Segunda Guerra Mundial.

En cualquier caso, me intrigaba lo suficiente para encontrarme con De Soto. Sus cálculos sugerían unos valores de propiedad sin explotar que superaban los 9 billones de dólares a escala mundial. Si eran siquiera mínimamente exactos, supondrían una notable adición al valor de la propiedad legalmente protegida. Se había estado reuniendo con políticos de muchos países en vías de desarrollo para intentar llevar claridad jurídica a buena parte de la propiedad de facto de tierras del mundo afectado por la pobreza. De Soto era optimista, pero yo no creía que tuviera muchas probabilidades de conseguir todo el avance que esperaba.

A su partida, me pregunté: ¿Es posible que esté propugnando algo que de algún modo se nos ha pasado por alto? Para mí era evidente que tendría dificultades para convencer a unos políticos a menudo corruptos de que cedieran los derechos a lo que equivalía de facto, si no de iure, a propiedad estatal. Había dos obstáculos en apariencia insuperables ante los objetivos de De Soto. En primer lugar, una cantidad significativa de los políticos del mundo en vías de desarrollo creen en alguna forma de propiedad colectiva, aunque se abstengan de hablar de que la propiedad es un robo. Más relevante quizá, la concesión de autoridad legal para vender u ofrecer como garantía la tierra de quienes la ocupaban conferiría poder a un segmento significativo de la sociedad, con la correspondiente dilución del poder de los políticos. La legalización eliminaría el poder latente de confiscar a placer grandes segmentos de la tierra de los ocupantes. Sin embargo, incidentes recientes en China sugieren lo políticamente desestabilizador que puede ser eso. En su empeño por modernizar, muchas autoridades provinciales y locales chinas, en su versión de la destrucción creadora, confiscan periódicamente tierras de los campesinos para desarrollarlas. Han abundado los disturbios. Conceder a los campesinos unos derechos claros y legales de propiedad sobre la tierra que trabajan sería un gran paso de cara a poner punto final a ese descontento (El «reconocimiento» de los derechos de propiedad por parte del Congreso Popular Nacional de China en marzo de 2007 se abstuvo de otorgar unos derechos inequívocos a la tierra rural). Aunque es posible que los medios para llegar allí no estén del todo claros, el objetivo de De Soto resulta muy atractivo.

La protección de la propiedad siempre ha sido un blanco móvil a medida que el derecho intenta continuamente mantener el ritmo de la naturaleza del cambio económico. Hasta en Estados Unidos, donde los derechos de propiedad gozan de una amplia protección, las reclamaciones de los propietarios de New London, Connecticut, de cuyas tierras se había apropiado el ayuntamiento en 2005 para un plan de renovación comercial, llegaron al Tribunal Supremo de Estados Unidos. La sentencia a favor del gobierno de la ciudad provocó un escándalo sonado en el Congreso. De modo que no es de extrañar que culturas distintas tengan puntos de vista diferentes sobre si hay que proteger la propiedad privada y hasta qué punto. La cuestión se está volviendo acuciante a medida que la propiedad deviene cada vez más intelectual. Me adentraré en esas aguas en el capítulo 25.

Aunque el Estado de derecho y los derechos de propiedad se me antojen los pilares institucionales más destacados del crecimiento económico y la prosperidad, hay otros factores que también resultan claramente esenciales.

Históricamente, las sociedades que buscan altos niveles de gratificación instantánea y están dispuestas a tomar prestado contra futuras rentas para conseguirla, las más de las veces han sufrido inflación y estancamiento. Las economías de esas sociedades tienden a incurrir en mayores déficits presupuestarios gubernamentales financiados con dinero fiduciario salido de una imprenta. Con el tiempo, la consiguiente inflación conduce a la recesión o algo peor, a menudo porque los bancos se ven obligados a tomar medidas drásticas. Luego el proceso empieza otra vez desde el principio. Muchos países de Latinoamérica han sido especialmente propensos a este mal «populista», como trataré en el capítulo 17. Lamento que Estados Unidos no haya sido del todo inmune a él.

Un determinante macroeconómico rara vez comentado, pero importante, del éxito económico es el grado de flexibilidad de una economía y por ende su resistencia a los sobresaltos. La recuperación de la economía estadounidense tras el 11-S es testimonio de la importancia de la flexibilidad, como he señalado. Además, la flexibilidad y la amplitud de los derechos de propiedad están relacionadas. Para obtener flexibilidad, el mercado competitivo debe ser libre para ajustarse, lo que significa que los agentes del mercado deben ser libres para colocar la propiedad como les parezca oportuno. Las restricciones a los precios, préstamos, afiliaciones y prácticas de mercado en general han frenado el crecimiento. Su anverso, la desregulación, está cada vez más asociado con la «reforma». (En fechas tan reciente como los años 60, la «reforma» se asociaba con la regulación de los negocios. Las ideas gobiernan la política.)

Otro requisito importante para el adecuado funcionamiento del capitalismo de mercado tampoco se cubre a menudo, si es que se cubre, en las listas de factores que contribuyen al crecimiento económico y el nivel de vida: la confianza en la palabra ajena. Donde impera el Estado de derecho, a pesar del derecho universal al resarcimiento legal de un desagravio percibido, si existe más de una pequeña fracción de contratos pendientes que requieran adjudicación, los sistemas de tribunales se verían abrumados, al igual que la capacidad de la sociedad para regirse por el Estado de derecho.

Eso implica que, en una sociedad libre regida por los derechos y responsabilidades de sus ciudadanos, la inmensa mayoría de las transacciones deben ser voluntarias, lo cual, por necesidad, presupone confianza en la palabra de aquellos con quienes hacemos negocios; en casi todos los casos, desconocidos. Llama la atención que, como señalé en un capítulo anterior, una gran cantidad de contratos, sobre todo en los mercados financieros, sean en un principio orales, confirmados mediante documento escrito sólo en un momento posterior, incluso después de muchos movimientos de precios. Llama la atención la confianza que depositamos en el farmacéutico que llena la receta encargada por nuestro médico. O la confianza que tenemos en que los vehículos de los fabricantes de automóviles funcionarán como se certifica. No somos unos primos. Contamos con el interés de las otras partes en los negocios. Basta contemplar los pocos negocios que se rematarían si ésa no fuera la cultura dominante en el mundo en que vivimos. La división del trabajo tan esencial para nuestro nivel de vida no existiría.

Como he señalado con anterioridad, el bienestar material -es decir, la creación de riqueza- requiere que la gente asuma riesgos. No podemos estar seguros de que nuestras acciones para conseguir alimento, ropa y cobijo, por ejemplo, tendrán éxito. Sin embargo, cuanta más confianza tengamos en las personas con las que comerciamos, mayor será la acumulación de riqueza. En un sistema de mercado basado en la confianza, la reputación tendrá un valor económico significativo.

La reputación, capitalizada formalmente como «fondo de comercio» en los balances o de otro modo, es un importante factor contribuyente al valor de mercado de una empresa. La reputación y la confianza que propicia siempre me han parecido los atributos necesarios nucleares del capitalismo de mercado. Las leyes, en el mejor de los casos, sólo pueden prescribir una pequeña fracción de las actividades cotidianas del mercado. Cuando se pierde la confianza, la capacidad de una nación para hacer negocios se ve palpablemente perjudicada. En el mercado, las incertidumbres creadas por unas contrapartes que no siempre son de fiar elevan el riesgo crediticio y en consecuencia aumentan los tipos de interés reales.

Como regulador de un banco durante más de dieciocho años, llegué a reconocer que la regulación gubernamental no puede ser sustituta de la integridad individual. A decir verdad, cualquier variedad de garantía gubernamental de crédito reduce la necesidad de que las contrapartes financieras se labren una reputación de honestidad en los negocios. Resulta concebible, por supuesto, que las garantías gubernamentales sean superiores a la reputación de un individuo. Pero las garantías -incluso las que gozan de mayor aceptación, como la garantía de depósitos- tienen consecuencias costosas. Concluí, y sospecho que la mayoría de reguladores estarán de acuerdo, que la primera y más eficaz línea de defensa contra el fraude y la insolvencia es la supervisión de las contrapartes. Por ejemplo, JPMorgan escudriña a consciencia el balance de Merrill Lynch antes de prestar. No acude al regulador del mercado de valores (SEC) para verificar su solvencia.

Aunque la banca y la medicina tal vez sean los ejemplos más visibles del valor que el mercado otorga a la reputación, se trata de un fenómeno extensible a todas las profesiones. De pequeño, los chistes sobre los escrúpulos de los vendedores de coches de segunda mano eran populares, pero en la realidad un vendedor de coches usados flagrantemente inescrupuloso es uno que se quedará sin negocio antes de que pase mucho tiempo. Hoy en día, casi todo ámbito profesional está limitado por algún marco regulador, de modo que es más difícil que antaño aislar el efecto de la reputación, pero un sector en el que se puede es el comercio electrónico. Alibris, por ejemplo, es una página web que actúa de intermediario entre vendedores y compradores de libros usados. Si alguien arde en deseos de comprarse una edición antigua de La riqueza de las naciones de Adam Smith, puede buscar en Alibris nombres de librerías de todo el país con copias a la venta. Se ofrece a los clientes la oportunidad de puntuar la fiabilidad de los libreros de los que han adquirido como mínimo un libro, y esas puntuaciones sin duda desempeñan un papel importante en las decisiones sobre a cuál de las librerías recurrir. Esta variedad de feedback público es un poderoso incentivo para que los libreros sean honestos acerca del estado de sus artículos y satisfagan los pedidos de manera completa y puntual. Pero nadie es inmune al escepticismo del cliente: como presidente de la Fed, mis colegas banqueros centrales con grandes reservas de dólares estadounidenses me preguntaban si los dólares eran inversiones seguras.

Más sorprendente que cualquier lista de factores clave para el crecimiento y la mejora del nivel de vida es lo que no aparecería en esa lista. ¿Cómo es posible que una superabundancia de recursos naturales -petróleo, gas, cobre, mineral de hierro- no contribuya de manera significativa a la producción y riqueza de una nación? Paradójicamente, la mayoría de analistas concluyen que, sobre todo en los países en vías de desarrollo, los filones de recursos naturales tienden a reducir, más que aumentar, los niveles de vida.

El peligro adopta la forma de una afección económica apodada «mal holandés». (The Economist acuñó el término en la década de 1970 para describir las tribulaciones de los fabricantes neerlandeses tras el descubrimiento en su país de gas natural.) El mal holandés golpea cuando la demanda extranjera de una exportación impulsa al alza el valor de cambio de la moneda del país exportador. Ese aumento en el valor de la moneda hace que el resto de productos exportados del país resulten menos competitivos. Los analistas a menudo citan este patrón como motivo por el que Hong Kong, Japón y Europa Occidental, relativamente pobres en recursos, han prosperado mientras la petrolífera Nigeria y otros países no lo han hecho (En el caso holandés, la fuerte demanda extranjera de gas condujo a grandes adquisiciones de florines, que elevaron el valor de la moneda holandesa en relación con el dólar, el marco alemán y el resto de principales divisas. Eso supuso que las exportaciones holandesas de cualquier producto que no fuera gas natural se vieran en desventaja competitiva en los mercados mundiales. Los productores de bienes de exportación pagaban los salarios y demás costes en florines, que con su superior valor de cambio extranjero significaban mayores costes denominados en dólares y otras monedas. Para ser competitivos en los mercados exteriores, los exportadores holandeses no gasísticos recibirían menos florines por sus artículos y tendrían que vivir con márgenes de beneficios inferiores o -más probable- subir los precios en dólares y vender menos. El problema llegó a conocerse como mal holandés aunque los Países Bajos lo manejaron sin grandes descalabros).

«Dentro de diez años, dentro de veinte años, ya lo verán: el petróleo nos llevará a la ruina», fue como lo expresó el ex ministro de Petróleo venezolano y cofundador de la OPEP Juan Pablo Pérez Alfonso en los años 70. Previó con acierto la incapacidad de la práctica totalidad de países de la OPEP para usar sus riquezas en cualquier diversificación significativa más allá del petróleo y los productos relacionados. Aparte de distorsionar el valor de la moneda, la riqueza de recursos naturales a menudo posee efectos sociales devastadores. Resulta que la riqueza fácil y no trabajada tiende a mermar la productividad. Algunos países petrolíferos del Golfo han extendido tantos servicios públicos a sus ciudadanos que quienes carecen de una voluntad de trabajo innata no trabajan. Las tareas mundanas recaen en los inmigrantes y trabajadores extranjeros que cobran de mil amores lo que para ellos es un buen salario. También hay efectos políticos: una camarilla gobernante puede usar parte de los ingresos de los recursos para aplacar a la población y evitar que el pueblo se movilice contra el régimen.

No es de extrañar que el minúsculo Santo Tomé y Príncipe, ante la costa occidental africana, cuando se descubrió en sus aguas territoriales reservas significativas de crudo, reaccionara de forma ambigua al pensar en su explotación. El presidente Fadrique de Menezes comentó en 2003: «He prometido a mi pueblo que evitaremos lo que algunos llaman “el mal holandés”, “el despertar crudo” o “la maldición del petróleo”. Las estadísticas muestran que los países en vías de desarrollo ricos en recursos presentan resultados acusadamente peores en términos de desarrollo del PIB que los países pobres en recursos. Sus indicadores sociales también están por debajo de la media. En Santo Tomé y Príncipe estamos decididos a evitar esta paradoja de la abundancia.»

El mal holandés afecta principalmente a los países en vías de desarrollo porque están mal preparados para combatirlo. Al mismo tiempo, la escala del desafío tiende a ser mayor: dado que la naturaleza distribuye sus tesoros sin parar mientes en el tamaño o la sofisticación de las economías nacionales, los filones de recursos tendrán más posibilidades de eclipsar el PIB de un país en vías de desarrollo que el de uno desarrollado. En general, parece que, si un país está «desarrollado» antes del descubrimiento de un filón de recursos naturales, será inmune a cualquier efecto pernicioso duradero. A pesar de todo, el mal holandés puede golpear en cualquier parte. Gran Bretaña padeció un aparente brote a principios de los 80, a raíz del desarrollo del petróleo del mar del Norte. Cuando el país pasó de ser un importador neto de petróleo a un exportador neto, el tipo de cambio dólar-libra esterlina subió y los precios de los bienes de exportación británicos se volvieron de forma temporal cada vez menos competitivos. Noruega, con una población de menos de cinco millones de habitantes, tuvo que tomar medidas drásticas para aislar su pequeña economía del filón petrolífero del mar del Norte. El país creó un gran fondo de estabilización que redujo la presión sobre el tipo de cambio de la corona después de que tocara techo a finales de la década de 1970. Y en la estela del derrumbe del comunismo, Rusia está luchando en la actualidad con una variedad leve del mal holandés.

A lo largo de los últimos treinta y cinco años, en los que muchos países se han afanado por liberalizar sus economías y mejorar la calidad de sus políticas, la renta per cápita global ha aumentado progresivamente. Ha sido así especialmente en países que antes funcionaban con una planificación central plena o parcial y que, desde la caída del Muro de Berlín, han abrazado alguna modalidad de capitalismo de mercado. Reconozco que es notoriamente difícil cuantificar los índices de pobreza pero, de acuerdo con el Banco Mundial, la cantidad de personas que vive con menos de un dólar al día, un umbral de pobreza extrema de uso común, ha caído drásticamente desde 1.247 millones en 1990 a 986 millones en 2004. Además, desde 1970, la tasa de mortalidad infantil se ha reducido en más de la mitad, los índices de escolaridad han crecido constantemente y las tasas de alfabetización van al alza (Las cifras sobre los índices mundiales de pobreza proceden del Banco Mundial y de un estudio del economista de la Universidad de Columbia Xavier).

Si bien, desde una perspectiva global, la riqueza y la calidad general de vida han aumentado, el éxito no ha tenido una distribución uniforme por regiones o países. Las economías del este asiático son historias de éxito comúnmente mencionadas. Algunas, entre ellas China, Malasia, Corea del Sur y Tailandia, destacan no sólo por un crecimiento muy fuerte sino también por haber experimentado los mayores descensos en los índices de pobreza. Además, Asia no estaba sola. Las rentas per cápita en Latinoamérica también se expandieron durante el período, y bajaron los índices de pobreza, aunque el avance fue algo más lento. Sin embargo, por desgracia, los niveles de renta per cápita de muchos países del África subsahariana han caído (Sala i Martin. El umbral de un dólar al día está medido en dólares de 1985 sobre una base de paridad de poder adquisitivo. Los economistas usan la paridad de poder adquisitivo como alternativa a los tipos de cambio del mercado cuando calibran y comparan las salidas y entradas de un país a otro. Se trata de un modo útil, por bien que inexacto, de medir el nivel de vida de los residentes de una economía, en parte porque tiene en cuenta los bienes y servicios «no comerciables», por ejemplo, un corte de pelo. El Banco Mundial basa la PPA en los precios de 1985 de los bienes y servicios básicos en las monedas locales, ajustados a la inflación. Utiliza la paridad de poder adquisitivo en sus cálculos de los índices mundiales de pobreza de 1 dólar y 2 dólares por día).

Me resulta sorprendente que nuestras ideas sobre la eficacia de la competencia de mercado hayan permanecido esencialmente inalteradas desde la Ilustración del siglo XVIII, cuando surgieron por primera vez y en un grado asombroso de la mente de un solo hombre, Adam Smith. Con la caída de la planificación central a finales del siglo XX, las fuerzas del capitalismo han tenido rienda suelta, impulsadas por una globalización en continua expansión. Sin duda, las opiniones de los economistas sobre lo que funciona para mejorar el bienestar material seguirán evolucionando con el tiempo. Aun así, en cierto sentido, la historia de la competencia de mercado y el capitalismo que representa es la historia del flujo y reflujo de las ideas de Smith. En consecuencia, la historia de su obra y su acogida merece una especial atención. También sirve para allanar el camino a mi siguiente capítulo, que aborda el gran «problema» inherente al capitalismo: el de que la destrucción creadora sea vista a menudo, y por muchísima gente, como mera destrucción. La historia de las ideas de Smith es la historia de las actitudes hacia los trastornos sociales que acarrea el capitalismo y sus potenciales remedios.

Nacido en Kirkcaldy, Escocia, en 1723, Smith vivió en una época influida por las ideas y acontecimientos de la Reforma. Por primera vez en la historia de la civilización occidental, los individuos empezaban a verse capaces de actuar con independencia de las limitaciones eclesiásticas y estatales. Las nociones modernas de libertad política y económica ganaron aceptación. Esas ideas, tomadas en su conjunto, fueron los inicios de la Era de la Ilustración, sobre todo en Francia, Escocia e Inglaterra. De repente, existía la visión de una sociedad en la que unos individuos guiados por la razón eran libres de escoger sus destinos. Lo que hoy en día conocemos como Estado de derecho -concretamente, la protección de los derechos y propiedades de los individuos- se asentó con firmeza, lo que animó a la gente a producir, comerciar e innovar. Las fuerzas del mercado empezaron a erosionar las rígidas costumbres que pervivían de los tiempos feudales y medievales.

Al mismo tiempo, la incipiente Revolución Industrial estaba causando agitaciones y trastornos. Fábricas y ferrocarriles reconfiguraron el paisaje inglés, las granjas se convirtieron en pastos de ovejas para abastecer a una nueva y floreciente industria textil y cantidades ingentes de campesinos quedaron desarraigados. La nueva clase industrialista entró en conflicto con la aristocracia, cuya riqueza se basaba en las tierras heredadas. El pensamiento proteccionista conocido como mercantilismo, que obraba en beneficio de los terratenientes y colonialistas, empezó a perder su dominio sobre el comercio.

Rodeado de esas circunstancias complejas y desconcertantes, Adam Smith identificó un conjunto de principios que arrojaron claridad conceptual sobre el aparente caos de la actividad económica. Smith dio forma a una visión global de cómo funcionaban las economías de mercado, que a la sazón empezaban a emerger. Ofreció el primer análisis exhaustivo de por qué algunos países son capaces de lograr altos niveles de vida mientras otros realizan pocos avances.

Smith empezó como profesor en Edimburgo; no tardó en mudarse a Glasgow, donde había cursado estudios universitarios, como catedrático. Una de sus especialidades era lo que él llamaba «el progreso de la opulencia» en la sociedad (en cuanto profesión, la economía todavía no tenía siquiera nombre). A lo largo de los años la fascinación de Smith por el comportamiento del mercado se intensificó y, tras una lucrativa temporada de dos años en Francia como tutor de un joven lord escocés, volvió a su Kirkcaldy natal en 1766 y se consagró en cuerpo y alma a su obra magna.

El libro que produjo diez años más tarde, que llegó a conocerse simplemente como La riqueza de las naciones, es uno de los grandes logros de la historia intelectual. En la práctica, Smith intentó responder a la que probablemente sea la pregunta macroeconómica más importante: ¿Qué hace crecer a una economía? En La riqueza de las naciones, identificó con acierto la acumulación de capital, el libre comercio, un papel apropiado -pero restringido- para el gobierno y el Estado de derecho como las claves de la prosperidad nacional. Más importante aun: fue el primero en destacar la iniciativa personal: «El esfuerzo natural de cada individuo por mejorar su situación, cuando se tolera su ejercicio con libertad y seguridad, constituye un principio tan poderoso que es, por sí solo y sin asistencia alguna […] capaz de desplazar la sociedad hasta la riqueza y la prosperidad.» Concluía que, para mejorar la riqueza de una nación, todo hombre, en consonancia con la ley, debía ser «libre para velar por su propio interés a su manera». La competencia era un factor clave porque motivaba a todas las personas a volverse más productivas, a menudo por medio de la especialización y la división del trabajo. Y cuanta más productividad, más prosperidad.

Eso condujo a Smith a su expresión más famosa: los individuos que compiten por sus ganancias privadas, escribió, actúan como «guiados por una mano invisible» en beneficio del bien público. La metáfora de la mano invisible, por supuesto, cautivó la imaginación del mundo, posiblemente porque parece imputar una benevolencia y una omnisciencia divinas al mercado, cuyo funcionamiento es en realidad tan impersonal como la selección natural, a la que Darwin llegó para describir más de medio siglo después. La expresión «mano invisible» no parece haber tenido una especial importancia para Smith; en todos sus escritos, la usó sólo en tres ocasiones. El efecto que describe, sin embargo, es algo que él discierne en todos los niveles de la sociedad, desde los grandes flujos de bienes y materias primas entre naciones hasta las transacciones vecinales cotidianas: «No es de la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero de la que esperamos nuestra cena, sino de su atención a su propio interés.»

La revelación de Smith sobre la importancia del interés personal fue más revolucionaria aun en cuanto que, a lo largo de la historia de muchas culturas, actuar de manera interesada -y en verdad, la búsqueda de acumular riqueza- se había percibido como degradante e incluso ilegal. Aun así, en opinión de Smith, si el gobierno se limita a ofrecer estabilidad y libertad y por lo demás se quita de en medio, la iniciativa personal cuidará del bien común. O, como dijo en una conferencia de 1755: «Para llevar un Estado al grado más alto de opulencia desde la más baja barbarie, hace falta poco más que paz, unos impuestos suaves y una administración de justicia tolerable: todo lo demás lo aporta el curso natural de las cosas.»

Smith logró extraer amplias inferencias sobre la naturaleza de la organización y las instituciones comerciales basándose en unas pruebas empíricas llamativamente escasas: a diferencia de los economistas actuales, no tenía acceso a un sinfín de datos gubernamentales e industriales. Aun así, con el paso del tiempo, los números le darían la razón. A lo largo y ancho de buena parte del mundo civilizado, la actividad de libre mercado creó en primer lugar niveles de sustento adecuados para hacer posible que la población creciera y luego -mucho más tarde- la bastante prosperidad para propiciar un aumento general en los niveles de vida y un incremento en la esperanza de vida. Los acontecimientos posteriores abrieron la posibilidad de que los individuos de los países desarrollados se fijaran metas personales a largo plazo. Ese lujo había estado fuera del alcance de todos salvo una mínima fracción de los integrantes de las generaciones anteriores.

El capitalismo también trajo un cambio de estilo de vida. Durante la mayor parte de la historia conocida, la gente había vivido en sociedades que eran estáticas y predecibles. Un joven campesino del siglo XII podía contar con que labraría la misma parcela de tierra de su señor hasta que la enfermedad, el hambre, un desastre natural o la violencia pusieran fin a su vida, momento que a menudo llegaba pronto. La esperanza de vida en el momento de nacer era, de media, veinticinco años, más o menos la misma que durante el milenio anterior. Además, el campesino podía esperar que sus hijos y los hijos de sus hijos labrasen la misma parcela. Quizás esa vida rígidamente programada confería la sensación de seguridad que acompaña a lo absolutamente predecible, pero dejaba poco margen a la iniciativa individual.

Sin duda, la mejora de las técnicas agrícolas y la expansión del comercio más allá del feudo, en buena medida autosuficiente, aumentaron la división del trabajo, elevaron el nivel de vida y permitieron que la población creciera en los siglos XVI y XVII. Pero el ritmo de crecimiento era glacial. En el siglo XVII, la inmensa mayoría de las personas seguían dedicadas a las mismas prácticas productivas de sus antepasados de muchas generaciones atrás.

Smith sostenía que un trabajo más inteligente, y no sólo más duro, era el camino a la riqueza. En los primeros párrafos de La riqueza de las naciones, subrayó el papel crucial que desempeñaba la expansión de la productividad del trabajo. Un factor determinante del nivel de vida de una nación, decía, era «la habilidad, destreza y buen criterio con el que se aplica en general el trabajo». La idea se desentendía de teorías anteriores, como el precepto mercantilista de que la riqueza de una nación se medía en las reservas de lingotes de oro, o el principio fisiocrático de que el valor derivaba de la tierra. «Sea cual sea el suelo, clima o superficie de territorio de una nación dada -escribió Smith-, la abundancia o escasez de su oferta anual» debe depender de «los poderes productivos del trabajo». Dos siglos de pensamiento económico después, se ha añadido poco a estas formulaciones.

Con la ayuda de Smith y sus sucesores inmediatos, el mercantilismo fue gradualmente desmantelado y la libertad económica se difundió de manera generalizada. En Gran Bretaña, este proceso llegó a su apogeo con la revocación en 1846 de las Leyes del Grano, un conjunto de aranceles que durante muchos años había bloqueado las importaciones de cereales, manteniendo los precios y en consecuencia las rentas de los terratenientes en unos niveles artificialmente elevados, además de incrementando, por supuesto, el precio que pagaban los cobradores de salarios industriales por una hogaza de pan. La aceptación de la economía de Smith estaba, para entonces, propiciando ya la reorganización de la vida comercial en gran parte del mundo «civilizado».

Con todo, la reputación e influencia de Smith fue menguando a medida que se extendía la industrialización. No era ningún héroe para muchas personas que durante los siglos XIX y XX lucharon contra lo que veían como la barbarie e injusticia que acompañaban a las economías de mercado del tipo laissez-faire. Robert Owen, un próspero propietario de fábrica británico, creía que el capitalismo laissez-faire por su misma naturaleza podía conducir sólo a la pobreza y la enfermedad. Fundó un movimiento utópico, que propugnaba, en palabras de Owen, «aldeas de cooperación». En 1826, sus partidarios fundaron New Harmony, Indiana. Irónicamente, las riñas entre residentes llevaron New Harmony al colapso en menos de dos años. Pero el carisma de Owen siguió atrayendo a muchos seguidores entre quienes sufrían para ganarse la vida en unos entornos de trabajo atroces.

Karl Marx desdeñaba a Owen y sus utopistas, pero no era ningún devoto de los seguidores de Smith. Si bien lo atraía el rigor intelectual de Smith -en opinión de Marx, Smith y otros llamados economistas clásicos habían descrito con acierto los orígenes y el funcionamiento del capitalismo-, creía que el escocés había pasado por alto lo principal, que el capitalismo no era más que un paso. Marx lo veía como una etapa histórica dentro de un progreso inevitable hacia la revolución del proletariado y el triunfo del comunismo. Sus seguidores llegaron a apartar a un segmento sustancial de la población mundial del camino del capitalismo… por un tiempo.

A diferencia de Marx, los socialistas fabianos de finales del XIX no buscaban la revolución. El grupo se puso el nombre en honor del general de la antigua Roma Fabio, que contuvo al ejército de Aníbal con una estrategia militar de desgaste en lugar de confrontación directa. De modo parecido, los fabianos no pretendían destruir el capitalismo sino contenerlo. El gobierno, creían, debía salvaguardar activamente el bienestar público de la brutal competitividad del mercado. Defendían el proteccionismo en el comercio y la nacionalización de la tierra, y contaban entre sus filas a figuras tan insignes como George Bernard Shaw, H. G. Wells y Bertrand Russell.

Los fabianos sentaron las bases de la moderna socialdemocracia, y su influencia en el mundo acabaría siendo al menos tan poderosa como la de Marx. Aunque el capitalismo fue un éxito brillante en cuanto a la consecución de unos niveles de vida cada vez más altos para los trabajadores a lo largo de los siglos XIX y XX, fue el efecto moderador del socialismo fabiano el que según muchos haría las economías de mercado políticamente digeribles y evitaría la difusión del comunismo. Los fabianos participaron en la fundación del Partido Laborista británico. También ejercieron una poderosa influencia en las colonias británicas cuando éstas adquirieron la independencia: en India, en 1947, Jawaharlal Nehru se inspiró en los principios fabianos para disponer la política económica para una quinta parte de la población del mundo.

Cuando leí por primera vez a Adam Smith después de la Segunda Guerra Mundial, la apreciación de sus teorías se encontraba en horas bajas. Y durante buena parte de la guerra fría, las economías de ambos lados del Telón de Acero permanecieron profusamente reguladas o centralmente planificadas. Laissez-faire era prácticamente un término de oprobio; los defensores más destacados del capitalismo de libre mercado eran iconoclastas como Ayn Rand y Milton Friedman. El péndulo del pensamiento económico empezó a oscilar a favor de Smith a finales de los 60, justo cuando yo arrancaba mi carrera pública. El regreso ha sido largo y lento, sobre todo en su tierra natal. Un economista estadounidense que buscaba la tumba de Smith en un cementerio de Edimburgo en 2000 explicó que había tenido que apartar latas de cerveza y basura para leer la desgastada inscripción de la lápida:

AQUÍ YACEN LOS RESTOS DE ADAM SMITH. AUTOR DE LA TEORÍA DE LOS SENTIMIENTOS MORALES Y LA RIQUEZA DE LAS NACIONES.

Aun así, también Escocia ha acabado por conceder a Smith la clase de honor que se merece. El camino a la sepultura está señalado ahora por una piedra recién instalada que cita de La riqueza de las naciones, y una facultad cercana a Kirkcaldy se ha cambiado de nombre en honor a él. Está prevista una estatua suya de tres metros de bronce para la Milla Real de Edimburgo. Como no podía ser menos, se está costeando con financiación privada. Además, a título personal, a finales de 2004 tuve el placer de aceptar una petición de mi buen amigo Gordon Brown, el titular de Economía de Gran Bretaña desde hace mucho y actual primer ministro, para dar la primera conferencia Adam Smith Memorial en Kirkcaldy. Que el líder del Partido Laborista británico, cuyas raíces en el socialismo fabiano están tan alejadas de los postulados de Smith, patrocinara un evento como ése da una auténtica idea del cambio. Como comentaré, Gran Bretaña se ha esforzado por unir algunos de los principios de los fabianos con el capitalismo de mercado, un patrón que se repite en mayor o menor medida en todo el mundo comercial.

13 Las modalidades del capitalismo

Entre las intervenciones de los presentes en la gran sala de juntas abarrotada de la sede del FMI, oía los cánticos y gritos de los disidentes antiglobalización de la calle. Era abril de 2000, y una cifra de entre diez y treinta mil estudiantes, miembros de grupos religiosos, sindicalistas y ecologistas había convergido en Washington para protestar ante la asamblea de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Aunque los ministros de finanzas y banqueros centrales de la sala no distinguíamos las consignas de los cánticos, no era difícil captar por dónde iban los tiros. Protestaban por lo que veían como depredaciones del comercio global aumentado, en especial la opresión y explotación de los pobres en los países en vías de desarrollo. A mí me apenaban, y me apenan, esos actos, dado que, si los manifestantes lograsen destruir el comercio global, los más perjudicados serían los centenares de millones de pobres del mundo, las mismas personas en cuyo nombre los manifestantes afirmaban hablar.

Por mucho que la planificación central ya no sea una forma creíble de organización económica, está claro que la batalla intelectual a favor de su rival -el capitalismo de mercado y la globalización- está lejos de ser ganada. Durante doce generaciones, el capitalismo ha logrado un avance tras otro, ya que las condiciones y la calidad de vida han subido a un ritmo sin precedentes en grandes sectores del planeta. La pobreza se ha reducido drásticamente y la esperanza de vida se ha más que doblado. El incremento en bienestar material -una multiplicación por diez de la renta per cápita real a lo largo de dos siglos- ha permitido que la Tierra sustente una sextuplicación de su población. Aun así, para muchos, el capitalismo sigue siendo difícil de aceptar, y mucho menos de abrazar.

El problema es que la dinámica que define el capitalismo, la de una implacable competencia de mercado, choca con el deseo humano de estabilidad y certidumbre. Más importante aún, un gran sector de la sociedad percibe una creciente sensación de injusticia sobre la distribución de los beneficios del capitalismo. La competencia, la mayor fuerza del capitalismo, crea ansiedad en todos nosotros. Una de sus principales fuentes es el miedo crónico a quedarse sin trabajo. Otra angustia, de más hondo calado, deriva de la perpetua alteración que la competencia ocasiona en el statu quo y el estilo de vida, buenos o malos, que reconfortan a la mayoría. Estoy seguro de que los fabricantes estadounidenses de acero a los que asesoraba en los 50 habrían estado perfectamente satisfechos si las acereras japonesas no hubieran mejorado su calidad y productividad de manera tan acusada. A la inversa, dudo que a IBM le emocionara ver que los procesadores de texto informáticos eclipsaban a la venerable máquina de escribir Selectric.

El capitalismo crea un tira y afloja dentro de cada uno de nosotros. Somos alternativamente el empresario agresivo y el teleadicto, que subliminalmente prefiere la tensión competitiva reducida de una economía en la que todos los participantes dispongan de iguales ingresos. Aunque la competencia sea esencial para el progreso económico, no puedo decir que personalmente disfrute siempre del proceso. Nunca me inspiraron ternura las empresas rivales que pretendían llevarse clientes de Townsend-Greenspan. Sin embargo, para competir, tuve que mejorar. Tuve que ofrecer un mejor servicio. Tuve que volverme más productivo. Al final, por supuesto, salí ganando por ello. También mis clientes, y sospecho que mis competidores, de paso. En el fondo ése es probablemente el mensaje del capitalismo: la «destrucción creadora» -la extinción de viejas tecnologías y modos de hacer las cosas a favor de otros nuevos- es el único modo de aumentar la productividad y en consecuencia el único modo de incrementar el nivel de vida medio de forma sostenible. Encontrar oro, petróleo u otra riqueza natural, nos enseña la historia, no consigue eso.

No puede negarse el historial del capitalismo. A lo largo de los siglos las economías de mercado han prosperado erradicando a consciencia a los ineficaces y mal preparados y recompensando a quienes se adelantan a la demanda de los consumidores y le salen al paso con el uso más eficaz de la mano de obra y los recursos de capital. Las tecnologías más nuevas impulsan cada vez más este proceso capitalista implacable a una escala global. En la medida en que los gobiernos «protegen» a segmentos de sus poblaciones de lo que perciben como brutales presiones competitivas, consiguen un nivel material de vida general más bajo para su pueblo.

Por desgracia, el crecimiento económico no puede producir satisfacción o felicidad duraderas. De ser así, la multiplicación por diez del PIB per cápita real del mundo en los últimos dos siglos habría propiciado un incremento eufórico en la satisfacción humana. Las pruebas sugieren que el aumento de la renta sí aumenta la felicidad, pero sólo hasta cierto punto y durante un tiempo. Más allá del punto en el que se satisfacen las necesidades básicas, la felicidad es un estado relativo que, a largo plazo, es en buena medida independiente del crecimiento económico. Las pruebas muestran que viene determinada ante todo por cómo vemos nuestras vidas y logros en comparación con los de nuestros iguales. A medida que se extiende la prosperidad, o tal vez incluso a resultas de su extensión, muchas personas temen la competencia y el cambio que amenazan su sensación de estatus, que es crucial para su autoestima. La felicidad depende mucho más de la relación entre los ingresos de una persona y los de quienes percibe como sus iguales, o incluso los de sus modelos de conducta, que de cómo le vaya en cualquier sentido material absoluto. Cuando se preguntó a los estudiantes de postgrado de Harvard hace un tiempo si estarían más contentos con 50.000 dólares al año si sus compañeros cobrasen la mitad, o con 100.000 si cobraran el doble, la mayoría escogió el salario inferior. Cuando leí por primera vez la noticia, solté una risilla y me dispuse a restarle importancia. Sin embargo, tocó una fibra que despertó un recuerdo largo tiempo enterrado de un fascinante estudio de 1947 obra de Dorothy Brady y Rose Friedman.

Brady y Friedman presentaban datos que revelaban que la proporción de renta que una familia estadounidense gastaba en servicios y bienes de consumo venía determinada en buena medida no por el nivel de renta familiar sino por su nivel relativo a la renta familiar media de la nación. Así, su estudio sugiere que de una familia con la renta nacional media en 2000 se esperaría que gastase la misma proporción de su renta que una familia con la renta familiar media de 1900, aunque en términos ajustados a la inflación la renta de 1900 era sólo una pequeña fracción de la de 2000. Reproduje y puse al día sus cálculos y confirmé su conclusión (El Departamento de Trabajo de Estados Unidos y sus predecesores llevan publicando estudios periódicos de muestreo de las rentas y desembolsos de los consumidores estadounidenses desde 1888. Recopilé datos de siete estudios de 1888 a 2004. Los datos de muestreo en bruto parecían no tener un patrón sistemático hasta que comparé la ratio entre gasto e ingresos de cada segmento de rentas con la renta familiar media de cada año en concreto. Entonces, como en el caso de Brady y Friedman, en los siete estudios, la ratio de gasto sobre ingresos de aquellos hogares con un tercio de la renta media de la nación se concentra en torno al 1,3 (su gasto supera a los ingresos en un 30 por ciento). La ratio gasto/ingresos va decayendo luego hasta más o menos el 0,8 con el doble del nivel de renta medio). El comportamiento de los consumidores no ha cambiado gran cosa en el último siglo y cuarto.

Los datos dejaban claro que lo que gastaba o ahorraba la gente venía determinado no por el nivel de su poder adquisitivo real, sino por su jerarquía en la escala de rentas, su renta relativa a la ajena (Un modo alternativo de llegar a la misma conclusión es observar que no existe tendencia a largo plazo discernible en el índice de ahorro por hogar de la nación. Aun así, todos los estudios muestran que el índice de ahorro es superior en los hogares de renta alta que en los de renta baja. Para que ambas afirmaciones sean ciertas (y si la distribución de rentas no se aleja de su abanico histórico), los hogares en cualquier nivel de renta en dólares dado deben de estar ahorrando menos a medida que las rentas agregadas crecen con el tiempo. El grado del descenso paulatino del ahorro debe poseer una relación directa con el ritmo de crecimiento de la renta media por hogar). Lo que resulta más extraordinario si cabe de este hallazgo es que tenía validez incluso en las postrimerías del siglo XIX, cuando los hogares gastaban una proporción mucho mayor de sus ingresos en comida que en 2004 (La comida, por supuesto, es una representación muy útil del nivel de subsistencia, que no debería vincularse al puesto que ocupe una familia en la jerarquía de las rentas) .

Nada de esto habría sorprendido a Thorstein Veblen, el economista estadounidense que en su libro Teoría de la clase ociosa, escrito en 1899, ofreció al mundo el famoso legado de la expresión «consumo conspicuo». Señaló que la adquisición de bienes y servicios de un individuo está vinculada con la mítica comparación con el vecino. Si Katie tenía un iPod, Lisa debía tener otro. A mí siempre me pareció que Veblen llevaba su análisis a un extremo, pero existen pocas dudas de que identificó un elemento muy importante del modo de comportarse de la gente. Como muestran los datos, todos somos competitivamente sensibles a lo que nuestros iguales ganan y gastan. Puede que sean amigos, pero también se ven como rivales en la jerarquía. Es demostrable que los individuos están más felices y menos estresados a medida que sus rentas suben con una economía nacional al alza, y los ricos, muestran los estudios, son por lo general más felices que quienes ocupan puestos más bajos en la escala de las rentas. Sin embargo, siendo la psicología humana como es, la euforia inicial de un nivel de vida más alto no tarda en desvanecerse a medida que los recién prósperos se ajustan a su mejor estatus en la vida. El nuevo nivel se percibe con rapidez como «normal». Cualquier ganancia en satisfacción humana es transitoria (Por suerte, la psicología también funciona a la inversa. Las adversidades financieras bruscas provocan una honda depresión. Pero las personas que no estén incapacitadas psicológicamente de algún otro modo se recuperan con el tiempo. Les vuelve la sonrisa).

Las contradictorias reacciones de la gente al capitalismo han engendrado una gama de modalidades de práctica capitalista en los años de la posguerra, desde sumamente regulada a ligeramente constreñida. Aunque cada cual tenga una opinión, existe una tendencia visible en gran parte de una sociedad a converger alrededor de un punto de vista común, que a menudo difiere mesurablemente de las opciones de otras sociedades. Esto, me da la impresión, es resultado de la necesidad de las personas de pertenecer a grupos definidos por la religión, la cultura y la historia, que, a su vez, se ve espoleada por una necesidad innata de líderes: de la familia, la tribu, la aldea, la nación. Es un rasgo universal que probablemente refleje el imperativo individual de tomar decisiones que guíen su comportamiento cotidiano. La mayoría de las personas, buena parte del tiempo, no se sienten a la altura de la tarea y buscan orientación en la dirección religiosa, las recomendaciones de los familiares y las declaraciones de los presidentes. Casi todas las organizaciones humanas reflejan esta necesidad de jerarquía. Los puntos de vista compartidos de cualquier sociedad, en la práctica, son puntos de vista adoptados por sus dirigentes.

Si la felicidad estuviera vinculada tan sólo al bienestar material, sospecho, todas las formas de capitalismo convergerían hacia el modelo americano, que ha sido el más dinámico y productivo. Sin embargo, también es el que crea mayor estrés, sobre todo en el mercado laboral. Como he señalado en el capítulo 8, unos cuatrocientos mil estadounidenses pierden su empleo todas las semanas, y otros seiscientos mil cambian de trabajo o lo dejan de forma voluntaria. La ocupación media de un puesto de trabajo en Estados Unidos es de 6,6 años, muy por debajo de los 10,6 años de los alemanes o los 12,2 de los japoneses. Las sociedades basadas en el mercado, lo que hoy en día significa prácticamente todas, han tenido que elegir en qué parte del espectro deseaban residir, entre dos extremos que podrían simbolizarse mediante dos puntos en el mapa: el frenético pero sumamente productivo Silicon Valley en uno, y la inmutable Venecia en el otro.

Para cada sociedad, la elección, en la práctica un trueque de riqueza material por falta de estrés, parece descansar en la historia y la cultura que ha engendrado. Por cultura entiendo los valores compartidos de los miembros de una sociedad que se inculcan a una edad temprana e impregnan todos los aspectos de la vida.

Algunos aspectos de la cultura de una nación acaban afectando de manera visible al PIB. Las actitudes posesivas hacia el éxito empresarial, por ejemplo, una respuesta profundamente cultural, con el transcurso de las generaciones han constituido un importante trampolín hacia el bienestar material. Está claro que una sociedad con esas actitudes concederá a las empresas mucha más libertad para competir que una sociedad que perciba la empresa competitiva como poco ética o desestabilizadora. En mi experiencia, aún muchos de quienes reconocen las ventajas del capitalismo competitivo para el bienestar material tienen dudas por dos motivos algo relacionados. En primer lugar, la competencia y la asunción de riesgos provocan estrés, que la mayoría de personas desean evitar; segundo, muchos sienten una arraigada ambivalencia hacia la acumulación de riqueza. Por un lado, la riqueza es un medio muy buscado de alardear de estatus (Veblen lo entendería). Pero ese punto de vista se opone a la bien alimentada creencia que tiene su mejor plasmación en el decreto bíblico de que «es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios». La ambivalencia respecto a la acumulación de riqueza material tiene una larga historia cultural que impregna la sociedad hasta nuestros días. Ha ejercido una profunda influencia en el desarrollo del Estado del bienestar y la red de seguridad social que se encuentra en su núcleo. Se sostiene que la asunción de riesgos desatada aumenta la concentración de renta y riqueza. El propósito del Estado del bienestar es reducir la concentración de renta y riqueza, cosa que consigue ante todo mediante una legislación que, a golpe de regulación, contiene la asunción de riesgos y, a golpe de impuestos, reduce las recompensas pecuniarias que podrían resultar de la asunción de riesgos.

Aunque las raíces del socialismo son laicas, su trayectoria política es análoga a muchas de las prescripciones religiosas para una sociedad civil, que apunta a mitigar la angustia de los pobres. La búsqueda de riqueza se ha considerado poco ética, si no inmoral, desde mucho antes del surgimiento del Estado del bienestar.

Esta ética antimaterialista siempre ha sido un inhibidor de baja intensidad para la aceptación de la competencia dinámica y las instituciones sin trabas del capitalismo. Muchos de los titanes empresariales de la industria estadounidense del XIX tenían sentimientos contradictorios sobre la moralidad de aferrarse a las ganancias materiales de su actividad y donaron buena parte de su riqueza. En la actualidad existe aún un residuo de culpabilidad por la acumulación de riqueza bajo la superficie de nuestra cultura de mercado, pero el grado de ambivalencia hacia esa acumulación y las actitudes hacia la asunción de riesgos difieren ampliamente de un punto a otro del orbe. Tomemos Estados Unidos y Francia, por ejemplo, países ambos cuyos valores más fundamentales tienen sus raíces en la Ilustración. Una encuesta reciente revela que un 71 por ciento de los estadounidenses están de acuerdo en que el libre mercado es el mejor sistema económico disponible. Sólo un 36 por ciento de franceses creen lo mismo. Otra encuesta indica que tres cuartas partes de los jóvenes franceses aspiran a conseguir un empleo en la Administración. Muy pocos jóvenes estadounidenses expresan esa preferencia.

Esas cifras hablan de una diferencia notable en la tolerancia de riesgos. Los franceses sienten mucha menos inclinación a padecer las presiones competitivas de un mercado libre y buscan de forma abrumadora la seguridad de un empleo para el gobierno, a pesar de las difundidas evidencias de que la asunción de riesgos es esencial para el crecimiento económico. No puedo decir que, cuanto mayor sea la asunción de riesgos, mayor será el ritmo de crecimiento. Obviamente, al final las apuestas temerarias rara vez compensan. La asunción de riesgos de la que hablo es la variedad racional y calculada de la mayoría de juicios empresariales. Debe darse que las limitaciones a la libertad de actuación, esencia de la regulación gubernamental de los negocios, o la carga fiscal pesada a las empresas exitosas, inhiben la voluntad de actuar de los agentes del mercado. A mi entender, el grado de voluntad de asumir riesgos es, al final, la principal característica definitoria que separa a los países en modalidades diversas de capitalismo. La distinción de si los diferentes grados de aversión al riesgo derivan de una antipatía ética hacia la acumulación de riqueza o de la tensión de la batalla competitiva no afecta a las consecuencias. Ambas opciones quedan plasmadas en la elección de inhibiciones legales impuestas a la competencia que diluyen el capitalismo de laissez-faire, un propósito importante del Estado del bienestar.

Sin embargo, también existen otros inhibidores menos fundamentales del comportamiento competitivo. El de mayor relevancia política es la inclinación de muchas sociedades a proteger los «tesoros nacionales» de los vientos de la destrucción creadora o, peor, la propiedad extranjera. Se trata de una limitación peligrosa a la competencia internacional y otro aspecto que diferencia a una cultura de otra. En 2006, por ejemplo, los funcionarios franceses bloquearon el intento de una firma italiana de comprar Suez Company, una gran empresa de servicios públicos con sede en París, fomentando la fusión de Suez y Gaz de France. Tanto España como Italia han realizado maniobras similarmente proteccionistas.

Estados Unidos no puede dárselas de inocente respecto a ese comportamiento. Por ejemplo, en junio de 2005, la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), una filial de la tercera petrolera china, hizo una oferta para comprar Unocal, una petrolera estadounidense, por 18.500 millones de dólares en efectivo. Eso superaba una oferta anterior de 16.500 millones de dólares en efectivo y acciones de Chevron. Chevron se llevó las manos a la cabeza, diciendo que la oferta suponía competencia desleal procedente de una compañía de control gubernamental. Los legisladores estadounidenses se quejaron de que la «búsqueda gubernamental de China de los recursos energéticos mundiales» representaba una amenaza estratégica. Para agosto la oposición política alcanzó tales cotas que la CNOOC retiró su oferta, diciendo que la polémica había producido «un nivel de incertidumbre que supone un riesgo inaceptable». Chevron se llevó el negocio, a expensas de un valioso activo estadounidense: nuestra reputación de juego limpio internacional no discriminatorio, en especial nuestro compromiso de tratar a las empresas extranjeras igual que a las nacionales a efectos de regulación.

Apenas tres meses después, una corporación árabe llamada Dubai Ports World compró una compañía que gestionaba terminales de contenedores en la Costa Este estadounidense y el Golfo. El trato desencadenó más protestas en el Congreso, donde legisladores de ambos partidos afirmaron que la gestión árabe de puertos estadounidenses socavaría los esfuerzos antiterroristas y perjudicaría a la seguridad nacional. Al final, en marzo de 2006, bajo presión, Dubai Ports World anunció que transferiría la gestión de los puertos a una empresa estadounidense sin especificar. Nunca se había demostrado que existiera ninguna amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En un plano más amplio, el calado de la reverencia de un país por la tradición y sus esfuerzos, por desencaminados que vayan, por protegerla, tienen sus raíces en la necesidad de las personas de disponer de un entorno inmutable, uno al que se hayan acostumbrado y les proporcione alegría y orgullo.

Aunque soy un ferviente defensor del «adentro con lo nuevo, afuera con lo viejo», no estoy a favor de demoler el Capitolio de Estados Unidos y sustituirlo por un edificio de oficinas más moderno y eficiente. Sin embargo, con independencia de la profundidad con que uno sienta esos asuntos, en la medida en que se contiene la destrucción creadora para conservar iconos, se prescinde de alguna mejora en el nivel de vida material.

Por supuesto, existen otros ejemplos inquietantes y contraproducentes de intervención gubernamental en los mercados competitivos de un país. Cuando los dirigentes de un gobierno buscan por sistema a individuos o empresas del sector privado y, a cambio de apoyo político, les conceden favores, se dice que la sociedad es presa del «capitalismo de amiguetes». Especialmente lamentables fueron la Indonesia de Suharto en el último tercio del siglo XX, la Rusia inmediatamente posterior a la caída de la Unión Soviética y México durante sus muchos años bajo el PRI (Partido Revolucionario Institucional). Los favores suelen adoptar la forma de acceso monopolístico a ciertos mercados, acceso preferente a las ventas de activos gubernamentales o acceso especial a quienes ocupan el poder político. Tales acciones distorsionan el uso eficaz del capital y, en consecuencia, reducen los niveles de vida.

Después está el asunto más amplio de la corrupción del que el capitalismo de amiguetes no es sino una parte. En general, la corrupción tiende a existir siempre que los gobiernos tienen favores que prestar o algo que vender. Si existiera un flujo de bienes y personas de un lado a otro de las fronteras nacionales libre de trabas, los funcionarios de aduanas e inmigración, por ejemplo, no tendrían nada que vender. A decir verdad, sus trabajos no existirían. Era lo que sucedía en buena medida en Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial. A un estadounidense del siglo XXI le cuesta entender lo desligado que estaba el Gobierno de los negocios en aquellos años. La escasa corrupción existente se denunciaba con grandes titulares en los periódicos. Hubo transacciones cuestionables relacionadas con la construcción de canales a principios de la década de 1800. Asimismo, el tendido de la red ferroviaria transcontinental, con sus enormes subsidios en forma de concesiones de tierra, engendró muchas trampas, que condujeron al escándalo Union Pacific-Crédit Mobilier de 1872. Por infrecuentes que fuesen, son esos escándalos lo que la gente recuerda de aquel período.

A pesar de la intensa implicación del gobierno en los negocios desde la década de 1930, una serie de países han conseguido buenas notas en el empeño de mantenerse libres de la corrupción, aunque sus funcionarios posean una discrecionalidad potencialmente vendible en el ejercicio de sus funciones reguladoras. Especialmente impresionantes se han demostrado Finlandia, Suecia, Dinamarca, Islandia, Suiza, Nueva Zelanda y Singapur. Es evidente que la cultura tiene que ver con el nivel de corrupción de una sociedad. Mi buen amigo de toda la vida Jim Wolfensohn, como presidente del Banco Mundial de 1995 a 2005, dio forma a las políticas del banco para contener la corrupción en el mundo en vías de desarrollo. Siempre me pareció que había sido una contribución crucial para el desarrollo mundial.

No existe una medida directa del impacto de las costumbres culturales sobre la actividad económica. Sin embargo, una iniciativa conjunta de la Heritage Foundation y The Wall Street Journal ha combinado en años recientes estadísticas del FMI, la Unidad de Inteligencia Económica y el Banco Mundial para calcular el Índice de Libertad Económica de 161 países. El índice combina, entre otras consideraciones, la fuerza estimada y el grado de imposición de los derechos de propiedad, las facilidades para arrancar y cerrar un negocio, la estabilidad de la moneda, el estado de las prácticas laborales, la apertura a la inversión y el comercio internacional, la libertad de corrupción y la proporción de la producción nacional que se adjudica a propósitos públicos. Existe, por supuesto, una buena dosis de subjetividad en la asignación de cifras a unos atributos tan cualitativos. Pero, en la medida en que puedo juzgarlo, sus evaluaciones parten de datos que parecen concordar con mis observaciones más informales.

El índice de 2007 cita a Estados Unidos como la más «libre» de las grandes economías; irónicamente, Hong Kong, en la actualidad parte de la poco democrática China, también ocupa los primeros puestos de la lista. Tal vez no sea una coincidencia que las primeras siete economías (Hong Kong, Singapur, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda e Irlanda) tengan todas raíces en Gran Bretaña, hogar de Adam Smith y la Ilustración británica. Sin embargo, la britanidad, como es evidente, no deja una huella indeleble. Zimbabue, una ex colonia británica (como Rodesia del Sur), consta casi como farolillo rojo.

Cuanta mayor libertad económica, mayor será el margen para el riesgo empresarial y su compensación, los beneficios, y por tanto mayor la inclinación a asumir riesgos. Las sociedades que cuentan con personas arriesgadas forman gobiernos cuyas reglas fomentan la asunción de riesgos económicamente productiva: derechos de propiedad, comercio abierto y apertura de oportunidades. Tienen leyes que ofrecen pocos beneficios reguladores que los funcionarios puedan vender o intercambiar por dinero o favores políticos. El índice mide el grado de esfuerzo consciente de un país por restringir los mercados competitivos. Las puntuaciones, en consecuencia, no son necesariamente una medida de «éxito» económico, ya que cada nación, a largo plazo mediante sus políticas y leyes, escoge el grado de libertad económica que desea (En algunos casos, sin embargo, impedimentos políticos han evitado que los gobiernos creen o cancelen instituciones para reflejar mejor las opciones culturales de sus electores). Por ejemplo, Alemania, que ocupa el decimonoveno puesto de la general, ha optado por mantener un Estado del bienestar amplio que exige un sustancial desvío de producción económica. Además, los mercados laborales alemanes son muy restrictivos; despedir trabajadores sale muy caro. Aun así, al mismo tiempo, Alemania figura entre los primeros en términos de la libertad de sus habitantes para abrir y cerrar negocios, la protección de los derechos de propiedad y el Estado de derecho en general. Francia (número cuarenta y cinco) e Italia (número sesenta) presentan perfiles similarmente mixtos.

La prueba definitiva de la utilidad de semejante proceso de puntuación es si se corresponde con el rendimiento económico. Y lo hace. El coeficiente de correlación de 157 países entre su «Puntuación de Libertad Económica» y el registro de su renta per cápita es del 0,65, una cifra impresionante para un cuerpo tan heterogéneo de datos (Al calcular el índice se concede el mismo peso a los diez elementos. Permitir que ese peso cambiase en función de correlaciones con base en el tiempo aumentaría el grado de correlación).

Así pues, nos queda un interrogante crucial: partiendo de la base de que los mercados competitivos abiertos fomentan el crecimiento económico, ¿existe un equilibrio óptimo entre el rendimiento económico y la tensión competitiva que impone, por un lado, y el civismo que, por ejemplo, los europeos continentales y muchos otros propugnan? Muchos europeos califican con desdén el régimen económico estadounidense de «capitalismo a lo cowboy». Ven los mercados libres tan sumamente competitivos como obsesivamente materialistas y carentes en buena medida de valores culturales significativos. Esa acusada diferencia entre Estados Unidos y la Europa continental acerca del apoyo a los mercados competitivos se me puso de manifiesto de manera clarísima hace unos años en un soliloquio atribuido al ex primer ministro conservador de Francia Édouard Balladur, que preguntó: «¿Qué es el mercado? Es la ley de la selva, la ley de la naturaleza. ¿Y qué es la civilización? Es la lucha contra la naturaleza.» Aun reconociendo la capacidad de la competencia para fomentar el crecimiento, muchos observadores de la misma mentalidad siguen preocupados de que los agentes económicos, para lograr ese crecimiento, deban comportarse de un modo regido por la ley de la selva. Entonces esos observadores optan por un crecimiento menor a cambio de más civismo, o al menos eso creen.

Sin embargo, ¿existe un equilibrio sencillo entre conducta cívica, tal y como la definen quienes encuentran deplorable el comportamiento competitivo en crudo, y la calidad de vida material que la mayoría busca pese a todo? No es evidente, desde una perspectiva a largo plazo, que exista esa compensación en ningún sentido significativo. Durante el siglo pasado, por ejemplo, el crecimiento económico impulsado por el mercado competitivo en Estados Unidos creó recursos muy sobrados respecto de los necesarios para mantener la subsistencia. Ese superávit, aun en las economías más agresivamente competitivas, se ha empleado en gran medida para mejorar la calidad de vida en muchas dimensiones. Por citar una breve lista: (1) mayor longevidad, gracias en primar lugar al desarrollo generalizado del agua limpia y potable y más tarde a los rápidos avances en tecnología médica; (2) un sistema universal de educación que permitió una movilidad social muy superior; (3) unas condiciones de trabajo inmensamente mejoradas; y (4) la capacidad de mejorar el entorno dejando a un lado recursos naturales en parques nacionales en lugar de tener que emplearlos para sostener un nivel mínimo de subsistencia (La tragedia del despojo de las selvas tropicales amazónicas de Brasil es que los habitantes de la región necesitan cortar árboles para sobrevivir). En un nivel fundamental, los estadounidenses han usado los sustanciales aumentos en la riqueza generada por nuestra economía impulsada por el mercado para adquirir lo que muchos verían como más civismo.

Claro está que no todas las actividades emprendidas en los mercados son cívicas. Muchas, aunque legales, son decididamente sucias. El incumplimiento de la ley y las faltas a la confianza socavan la eficacia de los mercados, pero la disciplina de los agentes estadounidenses, por poner un ejemplo, está lo bastante arraigada en un Estado de derecho para limitar esas aberraciones. Es instructivo que, a pesar de las clamorosas faltas a la confianza de algunos líderes empresariales y financieros estadounidenses en las décadas recientes, el crecimiento de la productividad, una medida importante de la eficacia corporativa, se haya acelerado entre 1995 y 2000. Tendré más que decir sobre la gobernación corporativa en el capítulo 23.

¿Qué puede contarnos la historia sobre la estabilidad de las culturas económicas a lo largo de las generaciones? ¿Qué sugiere sobre el impacto de la cultura en los resultados futuros? Hoy en día, la cultura estadounidense ha cambiado mucho respecto de lo que era en nuestra fundación, aunque siga arraigada en los valores de nuestros Padres Fundadores. Por desencadenado que se antoje el capitalismo estadounidense actual, es un pálido reflejo del capitalismo de nuestros inicios. Probablemente llegamos todo lo cerca que llegaremos nunca del capitalismo puro en las décadas previas a nuestra Guerra Civil. Después de una política primordial pero no plenamente de laissez-faire hacia los negocios y su práctica, el gobierno federal ofrecía una red de seguridad exigua o inexistente para los aspirantes a capitalista en la carrera por la creación de riqueza. Si uno fracasaba, como hacían muchos, se esperaba que se recuperase y empezara de cero, a menudo en los asentamientos que proliferaban con rapidez en la frontera americana. Décadas más tarde Herbert Spencer, un seguidor de Charles Darwin, acuñó la expresión «supervivencia del más apto», una filosofía de la competencia que plasmaba gran parte de los valores dominantes en los Estados Unidos tempranos. El New Deal de Franklin Roosevelt todavía estaba a un siglo de distancia.

Cuando tenía veintipocos años, me atraía esa imagen de una sociedad capitalista a las bravas, basada, fantaseaba yo, principalmente en el mérito. Pasaba por alto las flagrantes contradicciones constitucionales de la esclavitud y su tratamiento de las personas como propiedad. A pesar de ciertas restricciones a la práctica empresarial aprobadas y hechas ley a instancias populistas a finales del siglo XIX, la economía estadounidense hasta la década de 1920 conservó buena parte del resplandor laissez-faire de la América de principios del siglo anterior.

Desde luego, los años del New Deal produjeron una inmensa red constrictora de nuevas regulaciones gubernamentales sobre una competencia previamente desencadenada, buena parte de la cual sigue vigente hoy en día. Se eliminaron algunas de las aristas más hirientes de la destrucción creadora a golpe de legislación. El Congreso aprobó la Ley de Empleo de 1946, que formalizó muchas de las iniciativas ad hoc de la década de 1930. Comprometía al gobierno estadounidense a organizar sus políticas de modo que garantizasen el empleo para «aquellos capaces y deseosos de buscar trabajo». Aquello tenía poco de grito de guerra marxista, pero era un drástico cambio respecto del papel del gobierno en los asuntos económicos que había existido antes del New Deal de Roosevelt. Establecía el Consejo de Asesores Económicos, que yo presidiría veintiocho años después. El nuevo compromiso con una presencia permanente del gobierno en los asuntos económicos rebajó de forma palpable el papel de los mercados.

Con todo, asistida por la oleada de desregulaciones de mediados de los 70, la economía estadounidense actual sigue siendo la gran economía más competitiva del mundo, y la cultura americana todavía exhibe gran parte del aprecio por el riesgo y la aventura de los primeros años del país. Más de un siglo después de que Frederick Jackson Turner declarara en 1893 que la frontera estaba cerrada, los estadounidenses disfrutaban con las historias de las hazañas de los vaqueros de espíritu libre que, después de la Guerra Civil, trashumaban el ganado por la Ruta Chisholm desde Tejas hasta las estaciones ferroviarias de Kansas.

Los cambios culturales en Estados Unidos son perceptibles, sin duda, pero más bien estrechos en el contexto de más de dos milenios de una historia humana registrada que se ha caracterizado por los cambios tectónicos en las instituciones. Es más, creo que Estados Unidos tiene la suficiente estabilidad cultural para esperar pocos cambios en la próxima generación y la siguiente. Lo digo a pesar de que la inmigración continua de Latinoamérica alterará la composición cultural de nuestra sociedad. Pero se trata de personas que han elegido dejar sus países de origen, un aparente rechazo de gran parte de la cultura populista que tanto ha inhibido el crecimiento económico de Latinoamérica. Lo mismo sucedió con la inmigración abierta del cambio de siglo pasado. Aquellos inmigrantes fueron absorbidos con éxito en el «crisol» de nuestra nación.

En el período menos acuciante que siguió a la Segunda Guerra Mundial, pero antes de que impusiera su ley la globalización, los gobiernos pudieron reconstruir las redes sociales de seguridad y adoptar otras políticas para cobijar a los ciudadanos de la ventolera de la destrucción creadora. En Estados Unidos, las grandes ampliaciones de la Seguridad Social, la prestación por desempleo, la legislación de seguridad laboral y, por supuesto, Medicare encabezaron una lista mucho más larga. La mayoría de naciones industrializadas hicieron lo mismo. La proporción del PIB estadounidense representado por las prestaciones sociales del Gobierno creció del 3,4 por ciento en 1947 al 8,1 por ciento en 1975 (y desde entonces ha seguido subiendo). Aunque a menudo se reconocía que esas iniciativas de red de seguridad añadían costes sustanciales a los mercados laboral y productivo, con lo que reducían su flexibilidad, los políticos no las juzgaron impedimentos significativos al crecimiento económico. La demanda acumulada contenida durante la Depresión y la Segunda Guerra Mundial tiraron adelante del PIB mundial.

En unas economías no sujetas ampliamente al comercio internacional, la competencia no era tan rigurosa con los menos eficaces como hoy en día, y existe a todas luces un segmento significativo de la sociedad que recuerda con nostalgia aquellas circunstancias. En los mercados competitivos globales de la actualidad, mantener el tipo de red de seguridad que evolucionó en épocas anteriores se está demostrando cada vez más problemático, notablemente en la mayoría de países de la Europa continental, donde el paro elevado parece crónico. Los gobiernos de toda laya todavía pueden optar por ayudar a la gente a adquirir las habilidades que necesita para utilizar las nuevas tecnologías. Y por lo general intentan apoyar las rentas de quienes han sido menos capaces de adaptarse. Sin embargo, la tecnología y la competencia internacional están cobrándose un elevado precio para las variedades más incisivas de intervención que mellan los incentivos de mercado para trabajar, ahorrar, invertir e innovar. En India, por ejemplo, las entradas de inversión extranjera directa se están viendo claramente inhibidas por un grado todavía opresor de regulación.

Los gobiernos europeos que surgieron de la Segunda Guerra Mundial, en un reflejo de su sesgo colectivista, instauraron unas redes de seguridad más grandes que el gobierno de Estados Unidos y, en consecuencia, las economías europeas son estructuralmente más rígidas aun actualmente. Como señalé en un capítulo anterior, al empezar como economista justo después de la Segunda Guerra Mundial, la confianza en el capitalismo se encontraba en su momento más bajo desde sus inicios en el siglo XVIII. En los círculos académicos el capitalismo se consideraba pasado de moda. La mayor parte de Europa estaba cautivada por una o más de las diversas variedades de socialismo. Socialistas y comunistas disponían de una presencia significativa en los parlamentos europeos. En 1945, los comunistas cosecharon una cuarta parte del voto francés. Gran Bretaña dio un drástico vuelco hacia una economía planificada bajo su gobierno laborista de posguerra, y no puede decirse que fuera la única. La Alemania Occidental bajo ocupación aliada estaba profusamente regulada en un principio. En buena medida por una errónea evaluación de la potencia económica soviética, la planificación central, aunque fuera en alguna variedad algo diluida, tenía bien sujeto el pensamiento económico europeo.

Después de la guerra, Europa y Japón estaban en ruinas, por supuesto, y hasta en Estados Unidos pocos predecían con confianza un crecimiento económico. A decir verdad, los recuerdos de la década de 1930 eran tan vívidos que la gente temía que la Depresión volviera a la carga por donde lo había dejado. En Gran Bretaña, lugar de nacimiento del capitalismo, el temor por el mundo económico de la posguerra era tan profundo que su reverenciado líder en tiempos de guerra, Winston Churchill, no fue considerado lo bastante centrado en las necesidades económicas internas y fue depuesto del cargo sin contemplaciones mientras se reunía en Potsdam con Truman y Stalin. El recién instalado gobierno laborista nacionalizó un segmento significativo de la industria británica. En Alemania se amplió el sistema de seguridad social iniciado bajo Bismarck en la década de 1880.

Suele atribuirse la recuperación de Europa al Plan Marshall. Yo no dudo de que el plan ayudara, pero fue demasiado pequeño para responder de la extraordinaria dinámica de la recuperación de la posguerra. Consideraría la liberación de los mercados de productos y financieros en 1948 obra del director de economía de Alemania Occidental Ludwig Erhard el acicate más importante con diferencia para la recuperación posbélica de Europa occidental. Alemania Occidental, por supuesto, se convertiría en la potencia económica dominante de la región. Con el paso de los años, cobró fuerza un creciente desengaño con la rigidez y los resultados de la planificación económica gubernamental, y todas las economías europeas se desplazaron hacia el capitalismo de mercado, aunque en diferentes marcos temporales y en diferente grado. En su mayor parte, por bien que reconocieran el lado malo de la destrucción creadora, los defensores de los mercados convencieron a sus poblaciones de los beneficios del capitalismo, con lo que adquirieron el predominio electoral. A causa de las profundas diferencias entre culturas, sin embargo, cada nación practicó su propia versión matizada.

Gran Bretaña descarriló de su vía socialista en parte por las periódicas crisis de divisas que la obligaron a ceder ante mercados más competitivos. Margaret Thatcher hizo virar bruscamente al país hacia el paradigma capitalista. Coincidí por primera vez con Thatcher en septiembre de 1975, en un acto de la Embajada Británica en Washington, al poco de que se convirtiera en líder del Partido Conservador. Fue todo un encuentro. Sentado a su lado en la cena, estaba preparado para una aburrida velada con un político. «Dígame, presidente Greenspan -preguntó-, ¿por qué en Gran Bretaña no podemos calcular el M3?» Me desperté. El M3 es una esotérica medición de la oferta monetaria adoptada por los seguidores de Milton Friedman. Pasamos la noche departiendo sobre economía de mercado y los problemas que afrontaba la economía británica. Repetí una preocupación que ya le había expuesto al presidente Ford el abril anterior: «La economía británica parece encontrarse en el punto en que deben acelerar la cantidad de estímulo fiscal gubernamental sólo para quedarse como están. Es claramente una situación muy peligrosa.»

Mis primeras impresiones favorables de Thatcher se vieron reforzadas cuando llegó a primera ministra. Elegida para ese cargo en 1979, arremetió de cabeza contra la esclerótica economía británica. Su batalla fundamental fue con los mineros que se declararon en huelga en 1984 después de que Thatcher anunciara el cierre de varias minas de carbón propiedad del gobierno que no eran rentables. Una huelga del sindicato de mineros en 1973 había sido crucial para la caída del Gobierno de Edward Heath. Pero la estrategia de Thatcher de acumular grandes reservas de carbón antes de anunciar el cierre aisló el país de los cortes de energía que habían sido la mejor baza negociadora del sindicato en el pasado. Superados, los militantes obreros capitularon tras un año y volvieron a la mina.

La adopción del capitalismo de mercado por parte de Thatcher se ganó la aceptación a regañadientes del electorado británico. Fue reelegida en 1983 y 1987, y se convirtió en el primer ministro con más años consecutivos en el cargo desde 1827. Su espectacular trayectoria se vio al final interrumpida no por el electorado general británico sino por una revuelta dentro del Partido Conservador. Se vio obligada a dejar vía libre a finales de 1990. Thatcher no perdió el rencor hacia quienes la retiraron del poder. El insulto todavía escocía en septiembre de 1992 cuando, al poco de la humillante retirada forzosa de Gran Bretaña del Mecanismo de Tipos de Cambio de la Comunidad Europea, me encontré cenando con ella y su marido, Denis Thatcher. Denis, henchido de esperanzas de una reinstauración, contó la anécdota del comentario de un taxista londinense a renglón seguido de la debacle financiera: «Jefe, espero verle de vuelta en el número 10 en menos de un mes.» No sucedería.

El Partido Conservador bajo el primer ministro John Major seguía en el poder dos años más tarde, cuando la muerte prematura de John Smith catapultó a sus lugartenientes, Gordon Brown y Tony Blair, a la cúpula del Partido Laborista. Poco después, en otoño de 1994, Brown y Blair subieron a mi oficina en la Reserva Federal. Mientras intercambiábamos saludos, me dio la impresión de que Brown era quien llevaba la voz cantante. Blair se quedó en segundo plano mientras Brown casi en exclusiva hablaba de un «nuevo» laborismo. Olvidados quedaban los principios socialistas de líderes de posguerra como Michael Foot y Arthur Scargill, el fogoso cabecilla del sindicato de mineros. Brown defendía la globalización y los mercados libres y no parecía interesado en dar marcha atrás a mucho de lo que Thatcher había cambiado en Gran Bretaña. El hecho de que él y Blair hubieran llegado a la puerta de un conocido defensor del capitalismo (a saber, yo) consolidaba mis impresiones.

Al mando de 1997 en adelante, Tony Blair y Gordon Brown, cabezas de un Partido Laborista rejuvenecido y más centrista, aceptaron los cambios estructurales profundamente importantes de Thatcher en los mercados británicos laboral y de productos. En verdad Brown, Chancellor of the Exchequer durante una cantidad récord de años, parecía deleitarse en el notable aumento de la flexibilidad económica de Gran Bretaña. (Brown me animó a hacer proselitismo entre nuestros colegas del G7 sobre la importancia de la flexibilidad para la estabilidad económica.) Lo que quedara de socialismo en la Gran Bretaña del siglo XXI estaba muy rebajado. El socialismo fabiano todavía tenía su reflejo en la red social de seguridad británica pero, desde mi punto de vista, en su variedad más diluida. El éxito del país con el impulso hacia el libre mercado de Thatcher y el «Nuevo Laborismo» sugiere que sus reformas favorables al PIB tienen visos de persistir a lo largo de la siguiente generación.

La evolución de Gran Bretaña desde la economía anquilosada de los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial a una de las economías más abiertas del mundo queda reflejada en el periplo intelectual de Gordon Brown, que me describió su educación en un e-mail en el 2007: «Llegué a la economía ante todo a causa de la preocupación por la justicia social que mi padre me inculcó. Como los primeros socialistas fabianos, me parecía que eso era un fracaso de la economía, de modo que la respuesta era keynesiana: más demanda, que al menos posibilita empleos. En los 80, vi que necesitábamos una economía más flexible para crear empleo. Mi perspectiva de una globalización inclusiva es que debemos combinar estabilidad, libre comercio, mercados abiertos y flexibilidad con inversión en la formación de personas para los empleos del futuro, sobre todo por medio de la educación. Espero que en Gran Bretaña nos hayamos preparado lo mejor posible para el desafío económico global, apuntalando nuestras políticas de estabilidad mediante el compromiso con el libre comercio, y no el proteccionismo, la política de competencia más abierta del mundo, unos mercados flexibles y una inversión sustancialmente aumentada en las personas a través de la educación y medidas relacionadas.»

El nivel de actividad económica requerido para restaurar la infraestructura económica alemana destruida por la guerra y ponerse al día en las tecnologías desarrolladas durante la guerra impulsó el crecimiento del PIB alemán. De manera casi por completo imprevista, el «milagro económico» alemán llevó a la República Federal a la condición de potencia económica mundial apenas cuatro décadas más tarde. El crecimiento de Alemania Occidental presentó una asombrosa media del 6 por ciento anual entre 1950 y 1973. El índice medio de paro se mantuvo en mínimos a lo largo de la década de 1960, un resultado inconcebible en los años de la Depresión previa a la guerra. Cuando empecé a realizar predicciones sobre la economía estadounidense en su conjunto a finales de la década de 1950, veía Europa como un grupo de mercados al que exportábamos, financiados con ayuda estadounidense, no como economías con las que compitiésemos. Unas décadas más tarde, Europa se había convertido en una fuerza competitiva formidable.

La estructura de posguerra de la industria y el comercio estadounidenses reflejaba la antipatía histórica hacia lo grande propia de una sociedad de pequeñas granjas (fruto en parte de las concesiones decimonónicas de tierras del oeste para la colonización) y pequeña empresa. Rara vez se concedía estatutos de banco a empresas corporativas. Una corporación de propiedad gubernamental que tuviera competencia en el sector privado era algo inusual. El asalto populista contra las estructuras enormes arremetió contra los grandes trusts empresariales y culminó con el histórico veredicto del Tribunal Supremo que disolvió el Standard Oil Trust en 1911.

Con esa tradición enemiga de lo grande, Estados Unidos difería de Alemania y de Europa en general. Las economías europeas de posguerra se valieron de mucha propiedad gubernamental de empresas y, por ley, fomentaron grandes sindicatos generales y la negociación de salarios a escala nacional. En Alemania, se volvió obligatoria la representación de la mano de obra en las juntas de supervisión. Grandes empresas y sindicatos controlaban la economía. Se animaba a grandes bancos llamados universales a invertir en y prestar a las principales empresas corporativas. Este espíritu de lo grande tenía sus raíces en la cartelización económica de finales del siglo XIX que vino propiciada entre otras cosas por las necesidades militares.

En las décadas inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la destrucción creadora en Europa fue más que nada «creadora». De la mayor parte de la «destrucción» de lo que habrían sido instalaciones obsolescentes tras la guerra se habían encargado los bombardeos durante ella. La tensión del proceso capitalista y la necesidad de una red de seguridad económica a lo largo de la década de 1970 fueron mínimas. Las empresas alemanas se expandieron con rapidez, incluso con el lastre de unas tremendas limitaciones reguladoras y culturales.

Para finales de los 70, sin embargo, el milagro económico alemán se estaba esfumando. Alemania Occidental había cumplido en buena medida el trabajo atrasado de la demanda de la construcción que tanto impulsó su economía. La demanda estaba aflojando y el crecimiento económico perdía velocidad. La destrucción creadora -la necesidad de dolorosos cambios económicos y una redistribución de los recursos-, en buena medida aletargada desde la guerra, resurgió. Gran parte de la infraestructura económica que se había instalado en los años 50 se acercaba a la obsolescencia. Las empresas y sus empleados empezaban a notar la tensión.

Las leyes laborales impuestas para proteger los empleos poco después de la guerra tenían poco que hacer en un período de demanda de trabajo inesperadamente enorme. En los años del crecimiento económico rápido los patronos estaban bajo presión para contratar al número de trabajadores suficiente para satisfacer la floreciente demanda. Rara vez se planteaban los nuevos costes que la ley imponía al despido de trabajadores puesto que las probabilidades de incurrir en ellos parecían remotas. Ahora el equilibrio estaba cambiando porque la reconstrucción de la posguerra casi se había completado. El coste de despedir a trabajadores pronto hizo a los empresarios reacios a contratar. En Alemania Occidental, el índice de desempleo se disparó desde un mínimo del 0,4 por ciento en 1970 hasta casi el 7 por ciento para 1985 y más del 9 por ciento en 2005. Una buena racha cíclica global espoleó un crecimiento alemán tirado por las exportaciones que bajó el índice de paro al 6,4 por ciento en la primavera de 2007. Los problemas estructurales a más largo plazo, sin embargo -el alto desempleo y las carencias en productividad-, todavía tienen que abordarse de manera apropiada. Los costes de los despidos han sido un elemento disuasorio clave para la contratación.

En un plano más general, la OCDE identifica los elevados impuestos a empresas sobre la compensación a empleados y unas prestaciones de desempleo generosas como factores que también contribuyen a un nivel de paro que en Europa Occidental supera de manera significativa el de Estados Unidos. Según el FMI, la productividad del trabajo en la UE de los 15 (los países miembros de la Unión Europea antes de la ampliación de 2004) ascendía a sólo el 83 por ciento de la de Estados Unidos, un descenso respecto del 90 por ciento de 1995. En la actualidad, ningún miembro posee un nivel de productividad del trabajo que supere al estadounidense. El FMI atribuye el creciente desfase respecto de Estados Unidos «a la recepción más lenta de las nuevas tecnologías, sobre todo los rápidos avances en tecnología de la información y las comunicaciones (TIC)», fruto del retraso de la inversión en TIC en las finanzas y el comercio al por menor y el por mayor. El FMI sugiere que eso conlleva la necesidad de que Europa reduzca sus barreras a la competencia.

El golpe de gracia al anterior rendimiento del crecimiento económico de Alemania Occidental fue la fatídica decisión de que, como parte de la unificación de las dos Alemanias, los activos y pasivos denominados en marcos orientales se convertirían a marcos alemanes occidentales a razón de uno a uno. Cuando se descubrió que los niveles de productividad de Alemania del Este antes de la unificación habían sido muy inferiores a los de Alemania Occidental, se temió que la industria oriental fuera a carecer de toda competitividad y caer en la bancarrota. Sin embargo, una conversión que no fuese uno a uno habría provocado una estampida en masa de la mano de obra productiva del Este al Oeste, arguyó el entonces canciller Helmut Kohl, probablemente con acierto. En cualquier caso, la industria de Alemania Oriental debería recibir subvenciones de la República Federal para sobrevivir. Además, el Este cobró acceso a la generosa red de seguridad social de Alemania Occidental, que desde entonces ha requerido la transferencia de cerca de un 4 por ciento o más del PIB alemán al apoyo a los jubilados y parados del Este.

A medida que los niveles de vida en Alemania del Este con el tiempo fueran equiparándose a los del Oeste, el canciller Kohl concluyó que las dificultades económicas se resolverían y la sangría para los contribuyentes occidentales llegaría a su fin. Kohl creía que el ajuste podía llevar de cinco a diez años. Karl Otto Pöhl, el muy eficiente presidente del Deutsche Bundesbank, el banco central de Alemania Occidental, nos contó a mí y a otros en los días previos a la unificación que temía que las consecuencias para Alemania serían severas. Su juicio se demostró clarividente.

Los franceses son algo especiales en la medida en que su sentido del civismo y la historia guía de manera muy consciente su economía. La mayoría de franceses rechazan la competencia de mercado, la base misma sobre la que funcionan las economías capitalistas. Se ve como incívica, o la «ley de la selva», en palabras de Balladur. Aun así, protegen las instituciones del capitalismo -el Estado de derecho y sobre todo los derechos de propiedad- tan bien como cualquier otra nación desarrollada.

El conflicto intelectual se dirime a diario en el funcionamiento de la economía. Los franceses evitan públicamente el liberalismo económico de los mercados abiertos y la globalización. En 2005, el entonces presidente Jacques Chirac declaró con desparpajo que «el ultraliberalismo supone una amenaza tan grande como el comunismo en su momento». Aun así, Francia tiene todo un elenco de compañías de talla mundial que compiten con mucha eficacia en el ruedo global (y obtienen del extranjero cuatro quintas partes de sus beneficios). Francia, junto con Alemania, abrió la marcha hacia la zona económica de libre comercio de la Unión Europea, que celebró su cincuenta aniversario en marzo de 2007. (Sin duda, los motivos fueron menos económicos y más un paso hacia la integración política del continente, que había vivido la devastación de dos guerras mundiales en un tercio de siglo.) Con todo, la no aprobación de una nueva constitución europea en un referéndum celebrado en Francia (y otros países) ha detenido el proceso de integración.

Aunque la representación sindical en el sector privado francés es relativamente baja, los acuerdos nacionales de negociación colectiva son vinculantes para todos los empleados, sindicados o no. Los sindicatos, en consecuencia, tienen un poder considerable en el mercado, y sobre todo en el gobierno. En Francia, como en Alemania, las regulaciones propiciadas por los sindicatos para proteger los empleos encareciendo los despidos han refrenado la contratación, con el efecto de que el paro ha sido significativamente superior que en economías donde el coste de despedir trabajadores es bajo, como en Estados Unidos.

La carga de los costes del empleo sobre las empresas (en especial los costes de jubilación) induce de manera periódica a los gobiernos franceses, desesperados, a iniciar modestas reformas, sólo para verse frustrados cuando la oposición toma los Campos Elíseos, una táctica que ha dado al traste con más de un gobierno francés.

Cuesta no mostrarse pesimista acerca de las perspectivas económicas de Francia. En los índices mundiales de renta per cápita, Francia ha caído del undécimo puesto en 1980 al decimoctavo en 2005, según datos del FMI. El índice del paro a principios de los 70 presentaba una media del 2,5 por ciento. A partir de finales de los 80 ha oscilado entre el 8 y el 12 por ciento (En abril de 2007 estaba en el 8,2 por ciento). Aun así, el sentido de la libertad y el nacionalismo del pueblo francés son tan hondos que, cuando se sienten acorralados, parecen reagruparse y arrastrar consigo de manera productiva a la comunidad global. Sospecho que veremos más de lo mismo ahora que Nicolas Sarkozy ha sido elegido presidente. Desde mi punto de vista, ofrece esperanza. Sin duda, en público se ha mostrado proteccionista a ultranza. Pero en mis conversaciones con él cuando era ministro de Economía en 2004, dio muestras de admiración por el modelo económico de flexibilidad de Estados Unidos. Unos mercados competitivos a escala mundial lo impulsarán en esa dirección en cualquier caso. Cultura y bienestar económico están destinados a chocar.

Italia alberga muchos de los problemas de Francia y en muchos sentidos presenta el mismo panorama. Roma lleva más de dos milenios ocupando el centro de la civilización. Al igual que Francia, Italia ha tenido sus altibajos, pero sigue adelante con esfuerzo. La adopción del euro en 1999 aportó de inmediato al país el poder económico de una moneda fuerte (la lira tuvo que perder valor de manera continua para mantener la competitividad global del país), unos tipos de interés más bajos y una reducida inflación. Sin embargo, su cultura de extravagancia fiscal no fue a menos con la nueva moneda. Sin la válvula de seguridad de las depreciaciones periódicas, la economía italiana se ha quedado atrás. Hablar del regreso del país a la lira (y las devaluaciones) es más que nada hablar por hablar. El problema de cómo y cuándo Italia podría regresar a la lira es de una complejidad descomunal y extremadamente costoso. Asomarse a ese abismo y espantarse del panorama con el tiempo obligará a los gobiernos italianos a emprender la reforma cuya necesidad es manifiesta tanto para los italianos como para sus socios globales.

Pero la historia y una cultura de civismo no sostendrán por sí solas la economía de la eurozona, o la Unión Europea en general. La cumbre de los dirigentes europeos en Lisboa de marzo de 2000 reconoció que el modelo económico europeo andaba necesitado de un ajuste competitivo. Lanzaron lo que llegó a conocerse como la Agenda de Lisboa, que fijó una Europa plenamente innovadora y competitiva como meta a diez años vista. Hasta la fecha, los avances se han quedado muy cortos en ese laudable objetivo. Hace falta ponerse las pilas. En el último año, más o menos, Europa ha dado muestras de un crecimiento cíclico impulsado por una economía mundial boyante. Sin embargo, por razones que perfilaré en el capítulo 25, el ritmo del crecimiento mundial perderá velocidad y, a menos que se aborden, los problemas económicos estructurales motivados por la cultura de la eurozona seguirán ahí (Partes de la eurozona, sin embargo, ya han acometido considerables reformas. Irlanda y los Países Bajos, en particular, han desarrollado programas que redujeron el índice de desempleo. Y las reformas laborales incompletas iniciadas por Alemania a principios de la década quizás estén teniendo un impacto mayor del que se contemplaba con anterioridad).

Japón es, probablemente, la sociedad con mayor uniformidad cultural de las principales potencias industriales. Sus leyes de inmigración en general desaniman a todo aquel que no sea de origen japonés y fomentan el conformismo. Se trata de una sociedad muy cívica, que se abstiene de la destrucción creadora. Los japoneses ven mal el gran movimiento de puestos de trabajo y los frecuentes despidos asociados con la eliminación o evolución de las compañías obsolescentes. Pese a todo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989, Japón logró desarrollar una de las economías capitalistas más exitosas del mundo. La reconstrucción de posguerra absorbió toda la población activa; muy pocos trabajadores eran despedidos y Japón se hizo famoso por su defensa del empleo vitalicio. Asimismo, el aumento de la demanda sacó las castañas del fuego a las empresas mal dirigidas. Para 1989, se decía que el valor que los inversores del mundo atribuían a la tierra en que se erige el Palacio Imperial equivalía al de todo el suelo de California. Recuerdo que en su momento pensé en lo descabelladas que eran esas valoraciones.

En los años recientes, Japón ha tenido que recuperarse con mucho esfuerzo del descalabro de la Bolsa y el suelo de 1990. Los bancos japoneses invirtieron con fuerza en préstamos garantizados por propiedades inmobiliarias, a medida que los precios del suelo se disparaban. Cuando llegó el momento y los precios cayeron en picado, la garantía se volvió insuficiente. Sin embargo, en vez de reclamar los préstamos, como harían la mayoría de bancos occidentales, los banqueros se refrenaron. Hicieron falta años y muchos rescates gubernamentales para que los precios inmobiliarios se estabilizasen y el sistema bancario regresara a una actividad de préstamo normal, con estimaciones realistas de los préstamos impagados y, por ende, el capital.

Concluí de éste y otros episodios históricos que Japón se comportaba de modo distinto a los demás países capitalistas. Mi epifanía fue caer en la cuenta de lo humillante que es para los japoneses «quedar en evidencia». En enero de 2000, me reuní con Kiichi Miyazawa, el ministro de Economía y ex primer ministro de Japón, en sus oficinas de Tokio. Tras nuestro consabido intercambio de cortesías (habla un inglés fluido), me embarqué en un detallado análisis del deterioro del sistema bancario japonés. Había sostenido muchas conversaciones de ese tipo con Miyazawa, un político muy eficaz. En ese momento le conté la historia de cómo en Estados Unidos habíamos establecido la Resolution Trust Corporation para liquidar los activos de nuestras aproximadamente 750 instituciones de ahorro y préstamo quebradas y cómo, en cuanto la mayor parte de las propiedades en apariencia invendibles hubieron pasado por caja, el mercado inmobiliario revivió y la nueva industria de dichas instituciones, más modesta, empezó a prosperar. Sugerí que la estrategia del gobierno estadounidense de (1) declarar en bancarrota a buena parte de nuestra fallida industria de las instituciones de ahorro y préstamo, (2) colocar sus activos en un vehículo de liquidación y (3) descargar esos activos con grandes descuentos de una manera que devolviera la liquidez al mercado inmobiliario encajaba bastante al dedillo con la situación japonesa.

Tras escuchar con paciencia mi sermón, Miyazawa sonrió con cortesía y me dijo: «Alan, has analizado nuestros problemas bancarios con mucha perspicacia. En cuanto a tus soluciones, ése no es el estilo japonés.» Abocar a los deudores delincuentes a la bancarrota y ejecutar sus garantías bancarias era algo que debía evitarse, como los despidos. Los japoneses observaban un código de civismo que hacía prácticamente inconcebible dejar a alguien en evidencia.

Hoy en día, como entonces, no me cabe duda de que una estrategia al estilo de la RTC llevada a la práctica durante el período de estancamiento económico japonés, de 1990 a 2005, habría acortado el período de ajuste y devuelto el país a una economía de funcionamiento normal años antes. A lo largo de la mayoría de estos años, los analistas, yo entre ellos, no parábamos de pronosticar una recuperación. Pero no parecía producirse nunca. ¿Cuál era la fuerza económica invisible que frenaba a Japón? Mi conversación con Miyazawa me la dio. La fuerza imperceptible no era económica, sino cultural. Los japoneses habían aceptado con consciencia de causa un estancamiento económico de coste desorbitado para ahorrarles un bochorno mayúsculo a muchas compañías y personas. Soy incapaz de imaginarme la política económica estadounidense siguiendo esa línea.

Por extraño que parezca, es probable que ese mismo sentido de la solidaridad colectiva rescate a la economía japonesa de las exigencias de la financiación de jubilaciones que afrontarán la práctica totalidad de los grandes países desarrollados en los años venideros. Hace poco le pregunté a un alto cargo japonés cómo manejaría su nación lo que parece ser un nivel de compromisos con los futuros jubilados que el gobierno tal vez no sea capaz de cumplir. Respondió que se rebajarían las prestaciones y que hacerlo no supondría un problema: los japoneses verían los cambios como un sacrificio por el bien de la nación, y con eso bastaría. No puedo imaginarme al Congreso o los votantes estadounidenses comportándose de un modo tan razonable.

La Europa continental pudo reconstruir su economía destrozada por la guerra a un ritmo capitalista a pesar de las inhibiciones impuestas por la cultura socialdemócrata que era omnipresente al final del conflicto. Del mismo modo en que la excepcional demanda para reconstruir el continente jamás sometió a una prueba exigente a la red de seguridad del Estado del bienestar, el similar crecimiento rápido de Japón en las tres primeras décadas posteriores a la guerra jamás exigió una cantidad significativa de despidos o que los bancos declarasen en bancarrota a los deudores. La «honra» nunca estuvo en peligro.

A medida que el ritmo de crecimiento de Europa perdía velocidad en los 80, los costes del Estado del bienestar subieron y reforzaron la desaceleración. Algo parecido sucedió en Japón: cuando la burbuja de los precios inmobiliarios se pinchó, la negativa de los bancos a ejecutar los préstamos agravó el problema económico. Con el mercado inmobiliario prácticamente parado en seco, los bancos no podían realizar estimaciones realistas del valor de las garantías que respaldaban sus activos, y por tanto no podían juzgar si ellos mismos seguían siendo solventes. En consecuencia, la precaución dictaba que se limitara el préstamo bancario a nuevos clientes y, dado que los bancos dominaban el sistema financiero japonés, la intermediación financiera tan vital para cualquier gran economía desarrollada poco menos que se secó. Las fuerzas deflacionarias impusieron su ley. Hizo falta que el largo declive de los precios inmobiliarios tocara fondo en 2006 para que fueran posibles unas evaluaciones razonables de la solvencia bancaria. Sólo entonces cupo esperar nuevos préstamos, que obraron un acusado resurgimiento de la actividad económica.

Si bien he dedicado buena parte de este capítulo a seguir la pista del impacto de las fuerzas económicas en las economías más grandes, un conjunto de fuerzas muy parecido opera, por ejemplo, en Canadá, Escandinavia y los países del Benelux. No he concedido a Canadá, nuestro principal socio comercial, con el que compartimos la frontera no defendida más larga del mundo, la atención que se merece, porque muchas tendencias económicas, políticas y culturales de Canadá se ven reflejadas por las de Gran Bretaña y Estados Unidos, que ya ocupan mucho lugar en este libro.

Australia y Nueva Zelanda presentan un interés especial en su desarrollo tras adoptar reformas de apertura de mercados y aumentar poco a poco sus lazos con Asia, sobre todo China. En verdad, Australia y Nueva Zelanda son dos de los en apariencia inagotables ejemplos ofrecidos por el último cuarto de siglo de cómo la apertura a la competencia de una economía por lo demás anquilosada da fruto en forma de grandes mejoras del nivel de vida. El primer ministro laborista australiano Bob Hawke, en los 80, viéndoselas con una economía mantenida a raya por una regulación asfixiante para la competencia, emprendió una serie de reformas significativas pero dolorosas, sobre todo en los mercados laborales. Se produjo un acusado descenso de los aranceles, y se permitió que flotara el tipo de cambio. Esas reformas desencadenaron una asombrosa recuperación económica. El renacer económico que empezó en 1991 perseveró hasta 2006 sin recesión, aumentando la renta per cápita real en más de un 40 por ciento. Nueva Zelanda, a instancias de su ministro de Economía Roger Douglas, emprendió reformas parecidas a mediados de los 80, con los mismos resultados impresionantes.

Australia siempre me ha fascinado por parecerme un microcosmos de Estados Unidos en muchos sentidos. Es una tierra de vastos espacios abiertos, parecida en muchos aspectos al Oeste americano. La marcha de los primeros exploradores australianos al extenderse por su enorme y prácticamente deshabitado continente recuerda a la exploración del Noroeste americano por parte de Lewis y Clark. De ser un vertedero para delincuentes británicos a finales del siglo XVIII, la sociedad australiana se metamorfoseó hasta alcanzar un nivel de cultura cuya imagen más representativa es el Teatro de la Ópera de Sydney. Sé que no puedo generalizar al amparo de unos pocos años de observaciones, pero aun así durante mi presidencia de la Fed me descubrí estudiando Australia como mejor indicador de muchos aspectos del rendimiento económico estadounidense. Por ejemplo, el reciente boom de la vivienda se desarrolló y terminó en Australia con un año o dos de adelanto respecto de Estados Unidos. Analizo continuamente el actual déficit contable de Australia, que se prolonga desde hace mucho más que el de Estados Unidos (desde 1974) sin ningún impacto macroeconómico significativo evidente más allá de una gran y creciente propiedad extranjera de activos corporativos australianos.

Los estrechos lazos que se desarrollaron entre Australia y Estados Unidos durante los angustiosos primeros años de la Segunda Guerra Mundial siguen vigentes en el día de hoy. Australia, en la actualidad poseedora de una vibrante economía de mercado, tiene un peso inusualmente destacado en Estados Unidos si se tiene en cuenta su población (21 millones de habitantes) y su lejanía (12.000 kilómetros de Sydney a Los Ángeles). Siempre me ha impresionado la profundidad del talento económico en un país tan pequeño. Encontré a Ian McFarlane, gobernador durante muchos años del Banco de la Reserva de Australia (el banco central del país) inusualmente perspicaz en asuntos globales, como lo es Peter Costello, el ministro de Economía. El primer ministro John Howard me impresionó por su profundo interés en el papel de la tecnología en el crecimiento de la productividad en Estados Unidos. Mientras que la mayoría de jefes de gobierno rehúyen ese nivel de detalle, él me buscó para consultarme acerca de esos temas durante numerosas visitas a Estados Unidos entre 1997 y 2005. No necesitaba ninguna incitación mía sobre política monetaria. En 1996 su gobierno había concedido plena independencia al Banco de la Reserva de Australia.

Este capítulo ha tratado el surgimiento de los diversos modelos de práctica capitalista en las economías de mercado desarrolladas. Sin embargo, quedan tres naciones importantes que no pueden contemplarse sin más como un simple juego de equilibrios entre competencia sin trabas y las limitaciones de una red social de seguridad: China, Rusia e India. Todas siguen reglas de mercado hasta cierto punto, pero con desviaciones significativas que no son fáciles de clasificar o pronosticar. China se está volviendo cada vez más capitalista, con sólo unas reglas formales parciales sobre la propiedad. Rusia tiene reglas, pero la conveniencia política dicta el grado en que se impone su cumplimiento. India, por último, tiene unos derechos de propiedad legal tan matizados por regulaciones específicas, de imposición a menudo discrecional, que no son todo lo vinculantes que sería necesario para atraer la inversión extranjera directa. Esos países comprenden dos quintas partes de la población del mundo, pero menos de un cuarto de su PIB. La evolución de sus políticas, culturas y economías a lo largo del próximo cuarto de siglo dejará una huella muy honda en el futuro económico del planeta.

14 Las decisiones que esperan a China

En mi última visita a China como presidente de la Fed en octubre de 2005, Zhu Rongji, el ex primer ministro chino, y su esposa, Lao An, celebraron un pequeño banquete de despedida en el elegante Parador Estatal Diaoyutai, donde la cúpula del país acoge a los dignatarios de visita. Zhu y yo tuvimos ocasión de charlar durante un té formal antes de la cena, y su manera de hablar me hizo albergar serias dudas sobre si en verdad se había jubilado, como sostenía con tanta unanimidad la prensa oficial. Estaba plenamente interesado e informado sobre los asuntos clave entre nuestras naciones y se mostró tan sagaz e incisivo como había sido a lo largo de los once años de nuestra amistad.

Cuando comparamos opiniones sobre el tipo de cambio de China y los desequilibrios comerciales de Estados Unidos, me maravilló su conocimiento detallado de las carencias económicas chinas y los remedios necesarios. Volvió a asombrarme el nivel de sofisticación que aportaba a tales asuntos, inusual incluso entre líderes mundiales. Con el paso de los años habíamos explorado muchas cuestiones: cómo podía China desprender su red social de seguridad de las empresas estatales en proceso de desintegración de las que dependía, la variedad óptima de supervisión bancaria, la necesidad de que se dejara al entonces incipiente mercado de valores chino desarrollarse a su aire y más temas.

Le había cogido mucho cariño a Zhu y me entristeció descubrir que era improbable que volviéramos a coincidir. Nos habíamos hecho amigos cuando era viceprimer ministro y director del banco central de China, y yo había seguido su carrera con atención. Era el heredero intelectual de Deng Xiaoping, el gran reformador económico que había llevado a China de la era de la bicicleta a la del vehículo a motor con todo lo que eso conlleva. A diferencia de Deng, que tenía una amplia base política, Zhu era un técnico; su influencia, hasta donde se me alcanza, provenía del profundo apoyo de Jiang Zemin, presidente de China de 1993 a 2003 y líder del Partido de 1989 a 2002. Fue Zhu quien llevó a la práctica muchas de las trascendentales reformas institucionales que Deng había iniciado.

Tan pragmático como Marx, Deng había arrancado la transformación de China de enclaustrada economía agraria de planificación central a presencia formidable en el ruedo económico. La marcha de la nación hacia el mercado empezó en 1978, cuando, por culpa de una grave sequía, las autoridades se vieron obligadas a aflojar los férreos controles administrativos que desde hacía tiempo gobernaban los sembrados de los granjeros individuales. Las nuevas reglas permitían a los agricultores guardar una parte significativa de sus productos para el consumo o la venta. Los resultados fueron asombrosos. La producción agrícola creció de manera extraordinaria, lo que propició más desregulación y el desarrollo de mercados agrícolas. Tras décadas de estancamiento, la productividad agrícola floreció.

El éxito en la granja animó la extensión de la reforma a la industria. Una vez más, una modesta relajación de las trabas produjo un crecimiento mayor del esperado, lo que dio alas a los argumentos de los reformistas que deseaban avanzar con mayor rapidez hacia un patrón de mercado competitivo. Ningún portavoz se atrevió jamás a llamar «capitalismo» al nuevo modelo. Usaban eufemismos como «socialismo de mercado» o, según la famosa expresión de Deng, «socialismo con características chinas».

Los dirigentes de China eran demasiado sagaces para no ver las contradicciones y limitaciones de la economía socialista y las pruebas del éxito capitalista. En verdad, ¿por qué sino habrían emprendido una iniciativa tan ambiciosa y tan ajena a las tradiciones del Partido Comunista? A medida que China se adentraba inexorablemente más y más en la senda hacia el capitalismo, el progreso económico se volvió tan convincente que el debate ideológico de los años anteriores pareció haber pasado a la historia.

Pisé China por primera vez en 1994, mucho después de que empezaran las reformas. He vuelto varias veces. Como a todos los visitantes, me han impresionado y a menudo asombrado los cambios obrados de una visita a otra. La economía china, medida por paridad de poder adquisitivo, se ha vuelto la segunda en tamaño después de la estadounidense. China también se ha destapado como el mayor consumidor mundial de materias primas en general, el segundo consumidor de petróleo y el mayor productor de acero, y ha evolucionado desde la economía de la bicicleta de finales de los 80 hasta ser un país que produjo más de siete millones de vehículos motorizados en 2006, con instalaciones planificadas para llegar mucho más allá. Brotan los rascacielos en campos que durante milenios permanecieron inmutables de cosecha a cosecha. El sobrio código de vestir universal de generaciones de chinos ha cedido ante una desenfrenada paleta de colores. Y, a medida que las rentas crecen con la prosperidad, está surgiendo una cultura del consumo. Hoy en día la publicidad, antaño desconocida, es una de las industrias chinas de más rápido crecimiento, y gigantes internacionales del detalle como Wal-Mart, Carrefour y B amp;Q rivalizan con el recientemente innovador tendero chino.

En una tierra no muy alejada en el tiempo de la granja colectiva, parece velarse por el cumplimiento de unos derechos de propiedad urbana de vaga articulación; de otro modo, la inversión extranjera en propiedades inmobiliarias, fábricas y valores se habría secado hace mucho. Los inversores se comportan como si esperasen obtener beneficios de sus inversiones y la recuperación del principal. Y así ha sido (Sin duda la drástica liberalización de los precios de un gran segmento del mercado al por menor fomentó la inversión extranjera. Para 1991, casi el 70 por ciento de los precios al detalle estaban orientados al mercado, un porcentaje que casi duplicaba el de 1987, cuando aparecieron los primeros indicios de que la planificación central del otro lado del Telón de Acero flaqueaba. A finales de los 80, el impuesto sobre la importación de componentes para la construcción de bienes de exportación descendió, lo que aumentó la rentabilidad de las exportaciones). Se ha concedido a los ciudadanos chinos derecho a poseer y vender casas, lo que ha creado una gran oportunidad de acumular capital. Hernando de Soto, supongo, estará complacido. Y en marzo del 2007, el Congreso Popular Nacional aprobó un derecho de propiedad más completo que otorga la misma protección legal a la propiedad que al Estado. Sin embargo, el derecho a tener propiedad todavía no alcanza al estado de los derechos de propiedad en los países desarrollados. Esos derechos exigen no sólo una legislación sino también un sistema administrativo y judicial que imponga la ley. En este aspecto, China anda retrasada. Un poder judicial imparcial sigue siendo una meta en el horizonte chino. Existen vulneraciones, sobre todo en los derechos de propiedad intelectual: abundan las quejas por parte de inversores extranjeros en empresas conjuntas de que la tecnología que se lleva a una nueva planta aparece duplicada en una planta de propiedad completamente china y en competencia directa.

Una importante víctima de la creciente prosperidad de China es el compromiso de la nación con sus raíces revolucionarias comunistas. En el sinfín de encuentros que tuve con cargos económicos y financieros chinos, no recuerdo haber oído jamás las palabras «comunismo» o «Marx». Por supuesto, yo trataba ante todo con «liberales». Sí participé en un intercambio ideológico: en 1994, cuando «debatí» sobre el capitalismo de libre mercado con Li Peng, ferviente marxista y predecesor de Zhu como primer ministro. Estaba muy informado sobre la práctica económica estadounidense, y era un contertulio formidable. Desde el principio mismo quedó claro que no me las veía con una dialéctica marxista del tipo que me había encontrado en la universidad. Li escuchó con atención mi postura razonada con esmero sobre por qué China debía abrir sus mercados con mayor rapidez. Respondió preguntando cómo, si Estados Unidos estaba tan volcado en la desregulación de los mercados, podía responder de los controles de salarios y precios de Nixon en 1971. Me encantó que supiera preguntar por eso. No sólo estaba conectado con el mundo real, sino que también, para ser un supuesto exponente de la línea dura, sonaba casi razonable. Reconocí que los controles de precios habían sido una mala política y que lo único que los salvaba era que habían reafirmado que ese tipo de mecanismos no funcionan. Añadí que desde entonces no habíamos sentido la tentación. No esperaba convencerlo, sin embargo. Nos encontrábamos los dos en la triste posición de los funcionarios del gobierno que participan en un debate, mas carecen de autoridad para reconocer el error aunque el otro lo demuestre. Por mucho que me esforzara en convencerlo, o él a mí, ninguno podíamos desviarnos en público de las políticas declaradas de nuestros gobiernos.

Hace años que no hablo con Li Peng y sólo puedo preguntarme qué debió de pensar cuando, en 2001, China se incorporó a la Organización Mundial del Comercio, el bastión del comercio competitivo libre. Yo había sido un firme partidario de una legislación que crease unas relaciones comerciales normales y permanentes con China, en la creencia de que su plena aceptación en el sistema comercial mundial beneficiaría a los ciudadanos chinos, que verían aumentar su nivel de vida, y a las empresas y granjeros estadounidenses, que encontrarían un mercado mejor dispuesto y hasta el momento desaprovechado. En mayo de 2000, a petición del presidente Clinton, hablé en la Casa Blanca de mi esperanza de la plena incorporación de China al mercado global, arguyendo que esa medida fomentaría los derechos individuales y reforzaría el Estado de derecho. Les dije a los periodistas: «La historia ha demostrado que implícita en cualquier retirada del poder de los planificadores centrales y consiguiente ampliación de los mecanismos de mercado, como las que se producirían bajo la OMC, se encuentra una extensión más general de los derechos a los individuos.» (Para subrayar el motivo de mi presencia, Clinton añadió con picardía: «Todos sabemos que, cuando el presidente Greenspan habla, el mundo escucha. Sólo espero que el Congreso esté escuchando hoy.»)

La incorporación de China a las instituciones de las finanzas globales trajo otros beneficios. Los banqueros centrales chinos en la actualidad desempeñan un papel crucial en el Banco de Pagos Internacionales (Bank for Internacional Settlements, BIS) de Suiza, una entidad asociada desde hace tiempo con las finanzas internacionales capitalistas. Zhou Xiaochuan, que fue nombrado gobernador del banco central de China en 2002, gozaba de una acogida especialmente buena en las reuniones ordinarias del BIS que celebraban banqueros centrales de los principales países en vías de desarrollo. Además de su dominio del inglés y las finanzas internacionales, Zhou aportaba una franca evaluación de lo que estaba sucediendo en China que pocos podíamos equiparar a la de otras fuentes. A menudo entraba en detalles sobre la evolución de los mercados financieros chinos y me daba una nueva perspectiva. En 2006, después de dejar la Fed, trabajé con Zhou en un comité para examinar asuntos financieros relacionados con el Fondo Monetario Internacional. Él y sus colegas, que habían dejado atrás la planificación central hacía apenas unos años, se han convertido en agentes de primer orden en el funcionamiento del sistema financiero global.

También es significativo que China esté absorbiendo mucha cultura occidental. El HSBC, uno de los primeros bancos internacionales, lleva los últimos dos años patrocinando un torneo de golf multimillonario en Shangai. Han ido brotando campos de golf por toda China, y lo sorprendente no es tanto eso como que nadie parezca haberlo considerado inusual (Tiger Woods quedó segundo en ambos torneos de Shangai. Sin embargo, de un tiempo a esta parte el golf ha sido motivo de polémica en algunas universidades chinas, donde los estudiantes se han manifestado contra los esfuerzos de la Administración por construir «campos de entrenamiento» de golf en los que enseñar el deporte. Con todo, en marzo de 2007, se organizó otro torneo internacional en la isla china de Hainan). Pocos deportes son tan simbólicamente capitalistas como el golf. La Unión Soviética tenía tenistas profesionales, pero no golfistas.

Me cuentan que en verdad hay más orquestas sinfónicas clásicas occidentales en China que en Estados Unidos. Y me quedé de una pieza cuando el presidente Jiang Zemin me dijo que su compositor favorito era Franz Schubert. Todo eso tiene muy poco que ver con la cultura que recibió al presidente Nixon en su visita a China de 1972.

Siempre he sido de la opinión de que la glasnost y la perestroika de Mijail Gorbachov fueron la causa inmediata de la disolución de la Unión Soviética. Expusieron al pueblo soviético a valores «liberales» que Stalin y la mayoría de sus sucesores llevaban tiempo reprimiendo. Una vez abierta la Caja de Pandora, dado el modo en que se difunden las ideas, la caída del colectivismo en la Unión Soviética y sus satélites era sólo cuestión de tiempo. Los esfuerzos del Politburó comunista chino por controlar la información en Internet me sugieren que ha llegado a la misma conclusión y no desea ver repetirse la historia.

En 1994, hallándome cerca del punto de la Plaza de Tiananmen donde, en 1949, Mao Zedong anunció la fundación de la República Popular China, no pude por menos que maravillarme de cuán difícil ha sido la transición del país a la modernidad, y aun así, en años recientes, cuán exitosa. Allí, donde se había producido una masacre liberticida de estudiantes cinco años antes, también me descubrí preguntándome cómo, tras generaciones de adoctrinamiento marxista, una sociedad de 1.300 millones de personas podía dar un brusco viraje y abandonar los valores inculcados durante los impresionables años de la infancia. A lo mejor, a pesar del drástico avance de China, esos valores son más persistentes de lo que parecen. Aunque el cambio se aprecia en todas partes, la cara del presidente Mao sigue adornando la moneda china, un indicio de que el tirón de la tradición todavía es fuerte.

El Partido Comunista llegó al poder por medio de la revolución, y desde su inicio buscó la legitimidad política como proveedor de una filosofía que era justa y ofrecía bienestar material para toda la población. El bienestar material, sin embargo, sólo supone una parte de lo que los seres humanos se afanan por conseguir, y por sí sólo es incapaz de sostener un régimen autoritario. La euforia de la nueva prosperidad se esfuma con rapidez y, con el tiempo, deviene la base a partir de la cual evolucionan adicionales e incluso superiores expectativas. En el último cuarto de siglo, han sido los rápidos aumentos en el nivel de vida los que se han ganado el apoyo del pueblo.

En cualquier caso, era sólo cuestión de tiempo que las contradicciones inherentes de la ideología comunista quedaran de manifiesto. Los espectros de Marx y Mao, yacentes e inactivos durante los años de prosperidad acelerada, se revolvieron en 2006 en la persona de Liu Guoguang, un economista marxista octogenario jubilado que dio al traste con una propuesta de enmienda constitucional para clarificar y ampliar los derechos de propiedad. Enarboló la bandera ideológica del Estado comunista y, al atraerse un apoyo inesperado, impuso su criterio en el Congreso Popular Nacional. Habían allanado el camino las encendidas observaciones de Gong Xiantian, un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pekín, que habían circulado por Internet. En respuesta a las críticas de la izquierda marxista, el presidente Hu Jintao declaró que China debía «persistir sin flaquear en la reforma económica». Queda por ver si esta erupción ideológica es el último estertor de una generación caduca o una carga de profundidad más fundamental en el trayecto de China al capitalismo. Motivo de optimismo, como he señalado, fue la aprobación de la enmienda con apenas unos cambios de poca importancia en la sesión del Congreso Popular Nacional de marzo de 2007.

Durante la pasada generación, los dirigentes chinos se han demostrado muy inventivos de cara a evitar lo que prácticamente todos han concluido: a pesar de su brillantez, Marx se equivocó en su análisis del modo en que las personas pueden organizarse para crear valor con éxito. Para Marx, la propiedad estatal de los medios de producción era la característica esencial para la capacidad de una sociedad de producir riqueza y justicia. El derecho a la práctica totalidad de la propiedad en la sociedad de Marx, por tanto, debía recaer en el Estado, en fideicomiso para el pueblo. Los derechos de propiedad concedidos a individuos eran instrumentos de explotación y sólo podían existir a expensas del «colectivo», es decir, de la sociedad en su conjunto. Defendía la colectivización de la división del trabajo. El trabajo de todos juntos por una única meta sería mucho más productivo que unos mercados que reunieran las elecciones dispares de unos individuos. ¿Optimizan su potencial los seres humanos en una sociedad colectivizada? El árbitro definitivo de todos los paradigmas de este tipo es la realidad. ¿Funciona como se postuló? El modelo económico de Marx, en la práctica -en la URSS y otros países- no pudo producir riqueza ni justicia, como en la actualidad se reconoce de manera generalizada. La lógica de la propiedad colectiva falló.

Los socialistas de Occidente, ajustándose al fracaso de la economía marxista, han redefinido el socialismo de tal modo que ya no requiere que el Estado posea todos los medios de producción. Algunos propugnan sencillamente una regulación gubernamental, más que una propiedad estatal, para fomentar el bienestar social.

Deng Xiaoping, al vérselas con la caída en desgracia de Marx, sorteó la ideología comunista y fundamentó la legitimidad del Partido en su capacidad para satisfacer las necesidades materiales de más de mil millones de personas. Puso en marcha un proceso que condujo a un aumento sin precedentes del PIB per cápita, que se multiplicó casi por ocho, una caída de la mortalidad infantil y una mayor esperanza de vida. Pero, como muchos integrantes de la cúpula del Partido temían, la sustitución de los controles gubernamentales por los precios del mercado empezó a debilitar el control político del Partido.

Vi cómo funcionaba el asunto en una visita a Shangai en 1994. Un alto cargo contó la anécdota de que cinco años antes le habían encomendado la supervisión de la central de abastos agrícolas. Tenía que estar presente todas las mañanas a las cinco en punto para distribuir los productos de granja que llegaban a Shangai, me explicó. Su cometido era dictar quién se llevaba cada cosa. Aunque no profundizó en cómo tomaba esas decisiones, estaba claro que ejercía un dominio considerable: me imaginé los favores que debían de ofrecerle los distribuidores ansiosos por granjearse su buena voluntad. De todos modos, me dijo, le había encantado que convirtiesen el depósito en un mercado abierto, en que los distribuidores pujaban por los productos. Ahora, en vez de un tipo que decidía quién se llevaba los brotes de bambú y a qué precio, compradores y vendedores regateaban hasta llegar a un acuerdo. El mercado fijaba el precio, y los productos se distribuían en función de la oferta y la demanda, una clara ilustración de la diferencia fundamental entre una economía de mando y una economía de mercado. Gracias a ese cambio, me confió el funcionario con alegría, su vida se había vuelto mucho más fácil. «Ahora no tengo que levantarme a las cuatro de la mañana. Puedo dormir y dejar que el mercado se encargue de mi trabajo.»

Yo me dije: «¿Es posible que entienda lo que acaba de decir?» Cuando los mercados toman las riendas, el control del Partido Comunista se encoge. El sistema comunista es una pirámide en la que el poder se mueve de arriba abajo. El secretario general permite que, pongamos, diez personas que responden ante él tengan poderes discrecionales. Cada una de éstas, a su vez, concede poder discrecional a una cantidad mucho mayor de personas que están directamente por debajo de ellas. La transferencia sigue y se ensancha a medida que desciende hasta el pie de la pirámide. El sistema se sostiene porque cada funcionario está en deuda con la persona que tiene directamente encima. Ésa es la fuente del poder político. Así gobierna el Partido. Sin embargo, si los precios del mercado vienen a sustituir algún nivel de la pirámide, el control político se pierde. No se puede tener precios de mercado y a la vez control político. Una cosa excluye a la otra. Eso ya está causando serias tensiones dentro de la estructura de poder del Partido.

Hasta la fecha, los ancianos del Partido parecen haber sorteado con ingenio ese dilema fundamental. Aun así, la creciente prosperidad está liberando poco a poco al campesino chino de la tierra y la subsistencia y le está permitiendo el lujo de poder protestar ante lo que percibe como injusticias. No puedo creer que el Partido desconozca que la prosperidad y las recientes iniciativas en materia de educación están desplazando China hacia un régimen mucho menos autoritario. En la actualidad, el presidente Hu parece ejercer menos poder político que Jian Zemin, y éste, menos que Deng Xiaoping. Y Deng mucho menos que Mao. Al final de este camino de poder cada vez más reducido está el Estado del bienestar democrático de Europa occidental. En su recorrido hay muchos obstáculos que todavía separan a China de la condición de «economía desarrollada», la meta prometida por Deng. Muchos de los enormes desafíos que afrontan los reformistas chinos son bien conocidos: la vieja guardia reaccionaria, la inmensa población rural que por el momento apenas comparte el boom y con modestas excepciones tiene prohibido emigrar a las ciudades, los enormes vestigios de economía de mando de corte soviético, entre ellos unas empresas estatales todavía hinchadas e ineficaces, la ausencia de experiencia financiera y contable moderna, la corrupción, subproducto casi necesario de cualquier estructura de poder piramidal basada en la discrecionalidad y, por último, la falta de libertad política, que quizá no sea necesaria para el funcionamiento de los mercados a corto plazo pero es una importante válvula de seguridad para el malestar público fruto de la injusticia y la desigualdad. Además, los dirigentes chinos tienen que vérselas con la extendida envidia a los nuevos ricos y la indignación popular por la contaminación industrial. Cualquiera de esos factores podría desencadenar una conflagración. A pesar de haber abierto segmentos significativos de su economía a las fuerzas del mercado, China sigue dominada por los controles administrativos, restos de la planificación central. A consecuencia de ello, la economía sigue siendo rígida y me temo que no sea capaz de absorber impactos debilitadores como hizo Estados Unidos tras el 11-S.

La mejor medida del calado de los problemas que restan a China es la dificultad que ha tenido la cúpula para desmantelar los controles propios de la planificación central que quedaban. Tras la oleada inicial de prosperidad engendrada por el descontrol que siguió a la reforma de Deng en los 80, los posteriores avances se vieron inhibidos durante años. Los principales culpables fueron el régimen de tipo de cambio extranjero de China y las leyes que reprimían férreamente la libertad de los ciudadanos para emigrar entre entornos rurales y urbanos, o entre pueblos y ciudades. Hizo falta un gran, aunque incompleto, desmantelamiento de esos dos aspectos significativos de la planificación central para mantener a China en la senda del aumento del crecimiento experimentado en la década anterior.

El primer objetivo fue el régimen de tipo de cambio de la moneda china, el renminbi o RMB para abreviar. No, el tipo de cambio no era demasiado bajo, como se quejan la mayoría en el día de hoy; a principios de los 80 era demasiado alto. Los planificadores centrales habían fijado el RMB en un tipo poco realista a la vista del mucho más bajo que prevalecía en el mercado negro. El comercio internacional al tipo oficial de principios de los 80 era, como no podía ser menos, lento. Los exportadores chinos cuyos costes se cifraban en RMB para recuperarlos tenían que cobrar unos precios en dólares tan altos que no eran competitivos. Cuando el contraste con el recién desregulado y floreciente comercio interior se hizo evidente, las autoridades monetarias fueron devaluando progresivamente el RMB. Pero el proceso les llevó catorce años. Para 1994 se liberó por completo para las transacciones comerciales, y el mercado negro de RMB desapareció. El RMB pasó de menos de dos a más de ocho por dólar.

Tras un bache inicial, las exportaciones chinas explotaron, elevándose de 18.000 millones de dólares en 1980 a 970.000 millones en 2006, una tasa de crecimiento anual de casi el 17 por ciento. Bastante más de la mitad de las exportaciones chinas se fabrican a partir de materiales importados, y esas exportaciones se están desplazando hacia productos de valor cada vez más alto, como demuestra el aumento de los precios medios de las exportaciones, que superaba los índices de precios basados en una cesta fija de bienes (El Departamento de Comercio estadounidense, por ejemplo, calcula los precios de los bienes importados de China según una cesta fija. En 2005, Estados Unidos respondía del 21 por ciento de las exportaciones totales chinas). Lo que no está claro, sin embargo, es qué parte de ese aumento en los precios medios es un simple reflejo de la mayor calidad de los productos intermedios importados para su montaje en productos finales de exportación.

Eso es importante, porque cuanto mayor sea el grado en que las exportaciones chinas se estén volviendo de alta tecnología, mayor será el impacto competitivo de China en el mundo desarrollado. Es posible que China esté ascendiendo por la escalera de la tecnología. Está exportando productos mucho más sofisticados que hace una década. Pero ¿son los chinos quienes están creando el nivel superior de sofisticación? ¿O China se limita a montar productos más sofisticados elaborados por otros? The Economist, haciéndose eco en parte de las opiniones de Nicholas Lardy del Instituto Peterson de Economía Internacional, comentó en la primavera de 2007 que «el modelo de exportación de China […] consiste en gran medida en contratar mano de obra y tierra baratas a los extranjeros. Hasta la empresa de informática nacional más exitosa de China […] contrata su producción a compañías tailandesas». Doy por sentado, sin embargo, que es sólo cuestión de tiempo que China sea la responsable de una proporción creciente del valor de sus exportaciones. Espero que los chinos sustituyan gradualmente sus materiales importados por componentes de producción nacional y elevado valor añadido.

La trayectoria ascendente de las exportaciones reflejaba el hito del desplazamiento de los trabajadores rurales a las ciudades. La población rural tocó techo en 1995 con casi 860 millones de personas. Once años más tarde había bajado a 737 millones. Ese desplazamiento era resultado no sólo de la emigración de las personas a las ciudades y algunos cambios de definición, sino también de la urbanización de tierras rurales a medida que empezaban a brotar nuevos enclaves manufactureros, sobre todo en el delta del río Perla contiguo al vibrante Hong Kong. En los 70 esta fértil zona era hogar de plácidas granjas y aldeas, pero en los últimos quince años inversores extranjeros pioneros de Hong Kong y otros lugares han avivado el crecimiento de la región. En la actualidad el delta produce desde juguetes a productos textiles, la mayor parte de ellos fabricados para la exportación. El ejemplo y la asistencia de Hong Kong en el desarrollo de la economía del delta del río Perla han sido asombrosos.

Cuando China reestableció su soberanía sobre Hong Kong en 1997, yo no albergaba muchas esperanzas de que el capitalismo de la ciudad sobreviviera. La noción de que China cumpliría su promesa de que Hong Kong seguiría siendo un bastión del capitalismo durante cincuenta años se me antojaba bastante candorosa. La coexistencia de capitalismo y comunismo uno al lado del otro bajo la misma autoridad soberana sencillamente no era creíble. Pero la década del «Un país, dos sistemas» de Deng ha resultado muy distinta de lo que me temía. China, en vez de reemplazar la cultura y la economía de Hong Kong con su sello comunista, se ha descubierto cada vez más influenciada por las reglas culturales y económicas de la ciudad.

La transformación media anual neta de un 1,4 por ciento de población rural en urbana a lo largo de la última década ha aumentado de manera mesurable la productividad de China: el capital en las zonas urbanas es significativamente más sofisticado que el de la China rural. Esa difusión ha creado una producción urbana por hora que triplica y más la del sector rural. Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) inauguradas en 1980, que se centraban en la fabricación de productos de exportación en instalaciones financiadas con capital extranjero, se han demostrado sumamente exitosas. La privatización de algunas empresas de propiedad estatal (EPE) ha dado pasos significativos, y otras EPE están siendo sometidas a grandes reestructuraciones. A consecuencia de ello, el empleo en esas organizaciones ha caído en picado, una muestra de que la destrucción creadora avanza a un ritmo razonablemente bueno.

La reestructuración de una serie de EPE y la privatización de la mayoría de las restantes ha exigido el paso de las obligaciones de aseguramiento y bienestar social de las EPE a otras entidades gubernamentales o a financiación privada. Las EPE evidentemente serían incapaces de competir si tuvieran que cargar con los costes completos de la red social de seguridad en sus cuentas. Hinchar las plantillas de las EPE como modalidad indirecta de prestación de desempleo es una práctica en desaparición. En uno de esos tradicionales tés en el Gran Pabellón del Pueblo, el presidente chino Jiang Zemin me describió en 1997 cómo había dirigido un gran complejo siderúrgico de propiedad estatal. Se enorgullecía de haber conseguido producir tanto acero como una EPE rival del noreste de China con una cantidad sustancialmente menor de trabajadores.

Sólo cabe conjeturar si la migración rural a las ciudades habría sido más rápida aún de no ser por la persistencia de las restricciones a la migración interior. Esas restricciones en su forma actual se remontan a 1958. Se exige a todo el mundo que desde el nacimiento viva en la zona geográfica de su madre. El permiso oficial para mudarse se concede sólo a una pequeña fracción de la población. Esa inmovilidad impuesta satisface la necesidad que tienen los planificadores centrales de que las piezas de la economía permanezcan en un solo sitio para propiciar el resultado del plan central, aunque el control político es sin duda también un objetivo. Las restricciones a la migración también limitan en la práctica la elección de ocupación de las personas.

No alcanzo a imaginarme cómo pueden salir adelante las personas en un entorno como ése, aunque supongo que es una mejora viniendo de la pesadilla de la Revolución Cultural. Los continuos esfuerzos de la cúpula actual por relajar esas restricciones son importantes y bienvenidos, pero el miedo a un éxodo en masa de las granjas a las ciudades y los disturbios que lo seguirían han inhibido el cambio en este sentido, como en tantos aspectos de la vida china.

Sin embargo, reprimir las frustraciones impuestas al habitante medio de las zonas rurales, donde todavía reside la mayor parte de la población, es garantía de insurrecciones. A medida que el rápido crecimiento de la economía libere a grandes cantidades de chinos para ir más allá de la búsqueda de la mera subsistencia, tendrán el margen suficiente para contemplar las injusticias percibidas, reales o imaginarias. China carece de la válvula de seguridad de la democracia para diluir esa inquietud. Las personas agraviadas que no tienen la opción de echar del cargo a los funcionarios con su voto tienden a rebelarse.

A menudo se cita la hiperinflación de China de finales de los 40 como causa de los levantamientos que llevaron al poder a los comunistas en 1949, una lección que aprendieron bien. De modo que es comprensible que el mayor temor económico de los comunistas sea una inflación que desestabilice a la sociedad. Como señaló John Maynard Keynes en 1919: «Lenin sin duda tenía razón. No existe medio más sutil ni seguro de dar un vuelco a la base existente de la sociedad que corromper la moneda. El proceso pone todas las fuerzas ocultas de la ley económica al servicio de la destrucción, y lo hace de un modo que ni un hombre entre un millón es capaz de diagnosticar.»

Los dirigentes chinos albergan la arraigada aprensión de que, a menos que se contenga la inflación, la economía se tambaleará e inducirá un aumento del paro en las zonas urbanas que desencadenará disturbios. Ven un tipo de cambio estable como algo necesario para evitar la temida inestabilidad del mercado laboral. Se equivocan. La actual política de reprimir el tipo de cambio corre el riesgo de una perturbación mucho más grave. Como el PIB per cápita chino ha crecido más rápido que el de los socios comerciales del país, gracias en buena medida a la tecnología «prestada» por las economías desarrolladas, la competencia internacional ha tendido a elevar la demanda de moneda china (La demanda de productos de los países de mano de obra de bajo coste aumenta la demanda de la moneda del país productor en relación con los demás países. El valor de la moneda con la demanda aumentada crecerá en relación con las demás. Y ese crecimiento tenderá a continuar hasta que el valor de los salarios ajustado por el tipo de cambio (y los diferenciales de productividad) se eleve hasta el nivel de los demás países competidores). Compensar esa demanda y mantener el RMB relativamente estable de 2002 a 2007 ha exigido adquisiciones acumulativas con RMB por parte de las autoridades monetarias chinas muy por encima del billón de dólares (El imperativo político chino de resistirse a una subida del valor del RMB ha causado gran consternación entre los políticos estadounidenses y de otros países; ellos creen, erróneamente, que la supresión del RMB es la causa principal de las importaciones estadounidenses y por tanto de las pérdidas de empleos manufactureros. Una subida del RMB probablemente reduciría el déficit comercial con China, pero no el déficit general de Estados Unidos. Los importadores americanos se limitarían a buscar otros países con mano de obra barata para sustituir a las exportaciones chinas cuando dejaran de ser competitivas. (El billón de dólares en adquisiciones de China desde 2001 incluye dólares estadounidenses y otras monedas convertidas a dólares.)). Para absorber, o esterilizar, el exceso de efectivo que ha creado el banco central al adquirir activos extranjeros, el banco central chino ha emitido ingentes cantidades de deuda denominada en RMB. Pero no ha bastado con eso. La oferta monetaria, en consecuencia, ha estado creciendo a un ritmo inquietantemente superior al crecimiento del PIB nominal. Eso es leña para la inflación.

Un problema distinto pero no menos preocupante para los líderes chinos es el rápido incremento de la concentración de ingresos. Partiendo de una concentración muy escasa en los 80, cuando todo el mundo era pobre por igual, el surgimiento de una sociedad a la que el Banco Mundial atribuye una disparidad de rentas superior tanto a la de Estados Unidos como a la de Rusia resulta realmente asombroso. Otro quebradero de cabeza es el sistema bancario chino, que en la actualidad sigue muy lejos de estar eficazmente reformado. Aun así, los precios de las acciones de los bancos chinos crecieron como la espuma a lo largo de 2006 y entrado 2007. El Banco Industrial y Comercial de China, controlado por el Estado, recaudó 22.000 millones de dólares en 2006, la oferta pública de venta de acciones más grande de la historia. Otros bancos controlados por el Estado también tuvieron OPV abultadas y acciones cotizadas en el extranjero. Sin embargo, gran parte de la avalancha sobre las instituciones controladas por el Estado chino refleja la suposición de los inversores de que el Gobierno de China en efecto garantiza el pasivo de esos bancos. Ya los ha recapitalizado con 60.000 millones de dólares de las enormes reservas chinas de moneda extranjera, y en el proceso ha eliminado muchos de los préstamos morosos de las instituciones. Los bancos chinos históricamente han financiado mucha inversión políticamente útil, pero de la que gran parte, obviamente, carecía de todo propósito económico.

Además, el sistema bancario todavía embrionario no permite el grado de flexibilidad necesario para el ajuste económico. Las economías basadas en el mercado incurren en continuos desequilibrios, pero los cambios impulsados por el mercado en los tipos de interés y de cambio, junto con los ajustes de precio de productos y activos, no tardan en reequilibrarlas. El Gobierno chino no permite que los tipos de interés floten con la oferta y la demanda, pero los cambia por vía administrativa junto con los cambios en los requisitos de reserva de los bancos, aunque sólo cuando las pruebas de desequilibrio económico resultan incontrovertibles. Eso quiere decir, invariablemente, demasiado tarde, y en buena parte de las ocasiones las medidas resultantes son insuficientes o incluso contraproducentes. Los funcionarios monetarios ofrecen orientación administrativa a los bancos sobre el crecimiento de los préstamos cuando perciben que éste es demasiado grande, pero de nuevo con retraso. Esas iniciativas rara vez abordan como deberían los desequilibrios financieros. Irónicamente, la desconexión entre las finanzas de China y el resto del mundo aisló al país asiático de la crisis financiera que recorrió el planeta en 1997-98.

China tiene una necesidad acuciante de experiencia financiera. No es de extrañar, porque personas con esa formación tenían poco que hacer con la planificación central. Lo mismo sucedía con los comerciales de empresa, contables, gestores de riesgo u otros expertos tan esenciales para el funcionamiento cotidiano de una economía de mercado. Esas habilidades han entrado en el plan de estudios chino en años recientes, pero hará falta un tiempo para que la economía, sobre todo en el sector bancario, esté en manos de un personal capacitado. En diciembre de 2003, Liu Mingkang, el nuevo presidente de la Comisión Reguladora de la Banca China, visitó la Junta de la Reserva Federal. Reconoció que los bancos chinos carecían de experiencia profesional suficiente para juzgar qué garantizaba el pago de un préstamo. Liu indicó que aumentar la presencia de banca extranjera podría ayudar. Le sugerí que lo que China necesitaba de verdad eran personas que hubieran trabajado en una economía de mercado y tuvieran el buen ojo y el criterio competitivo de los buenos especialistas en préstamos de Occidente. Desde entonces se ha avanzado mucho, pero aún queda mucho por hacer.

Como las finanzas tienen un papel reducido en la planificación central, los bancos chinos no han sido bancos tal y como los conocemos en Occidente. Respondiendo a directivas políticas, los bancos de propiedad estatal en los años pasados transferían fondos para pagar compromisos contraídos por el Estado. No había encargados de préstamos bancarios para extender créditos de los que se esperase su devolución, sino agentes de transferencias. Las deudas incobrables en la contabilidad de la renta nacional forman parte de la reconciliación entre el PIB, el presunto valor de mercado de la producción, y la remuneración a empleados y los beneficios, los destinatarios de esa producción. En la medida en que existen muchas inversiones calamitosas, parte del PIB medido es derroche y carece de valor. Sin embargo, debería señalar que hasta las inversiones que resultan carecer de todo valor continuo consumen pese a ello materias primas. En consecuencia, los niveles publicados del PIB chino probablemente sean razonablemente útiles de cara a evaluar los recursos necesarios para su producción: es decir, como medida del valor del input necesario.

Aun después de hacer los ajustes necesarios por la cuestionable calidad de algunos de los datos de China, los resultados de las reformas que empezaron a finales de los 70 siguen siendo verdaderamente notables. Basta con observar los inmensos cambios acaecidos en Pekín, Shangai y Shenzhen, y las transformaciones menores pero aun así reales en el resto del país, para concluir que China es cualquier cosa menos una aldea Potemkin.

En mi experiencia, han sido los tecnócratas del Gobierno chino -ante todo en el banco central, el Ministerio de Economía y, sorprendentemente, las agencias reguladoras- quienes han impulsado las iniciativas de mercado. La mayoría, sin embargo, ocupan sólo cargos consultivos. Las decisiones políticas clave las toman el Consejo Estatal y el Politburó, y les honra el que en buena medida hayan prestado oído a los consejos a favor del mercado. Un obstáculo crítico que queda, y uno que amenaza el dominio del Partido Comunista en su propia esencia, es su desafío ideológico. La meta de Deng Xiaoping de elevar a China a la condición de «país desarrollado intermedio» para mediados de siglo exige un refuerzo adicional de los derechos de propiedad, a pesar de toda la resistencia de la vieja guardia marxista.

Se han producido avances en los derechos a la propiedad urbana. Los derechos sobre la tierra en el campo, donde residen 737 millones de chinos, son harina de otro costal. Conceder derechos de propiedad a las tierras de labranza es una ruptura demasiado obvia con la tradición comunista para que se afronte a la ligera. Los granjeros pueden prestar tierra y vender productos en los mercados abiertos, pero no tienen derecho legal a la tierra que labran, y por tanto no pueden venderla, comprarla o usarla como aval para un préstamo. En décadas recientes, a medida que la urbanización ha invadido la China rural, las autoridades locales han expropiado enormes extensiones, por las que han concedido a modo de indemnización tan sólo una pequeña fracción de lo que habría valido la tierra como parte de un enclave urbano. Esas expropiaciones han sido uno de los principales factores contribuyentes al reciente aumento del nivel de protestas y agitación. Un alto mando de la policía china informó de que el número de protestas públicas a escala nacional subió hasta setenta y cuatro mil en 2004 desde las diez mil de una década antes. Las estimaciones para 2006 eran algo inferiores. Conceder un título legal sobre la tierra de labranza podría estrechar sustancialmente de un plumazo la brecha de riqueza entre los residentes urbanos y los rurales.

Por bien que la supremacía económica ocupe un lugar destacado en las iniciativas del Partido, la cúpula tienes otras agendas, de las cuales no va a la cola el estatus de Taiwan. Muchos, tal vez la mayoría, de los líderes saben que un enfrentamiento militar espantaría a la inversión de capital extranjero y perjudicaría gravemente la aspiración del país de construir una economía de talla mundial.

En pocas palabras, los dirigentes del Partido Comunista se las ven con decisiones muy difíciles. El camino que lleva en este momento, en última instancia conducirá al Partido a abandonar sus raíces filosóficas y abrazar de forma más oficial alguna variedad de capitalismo de mercado. ¿Se metamorfoseará entonces en un partido socialdemócrata, como ha sucedido en muchos estados del antiguo bloque soviético? ¿Consentirá el pluralismo político, que es una probable consecuencia de ese cambio y que por consiguiente amenazará la hegemonía del Partido? ¿O abandonará el Partido la reforma y recaerá en un régimen ortodoxo de planificación central y autoritarismo, que casi a ciencia cierta socavaría la prosperidad de la que depende la legitimidad de los líderes?

No me cabe duda de que el Partido Comunista de China puede mantener un régimen autoritario, cuasi capitalista y relativamente próspero durante un tiempo. Pero sin la válvula de seguridad política del proceso democrático, pongo en duda el éxito a largo plazo de un régimen así. La evolución de esas decisiones tendrá implicaciones profundas no sólo para China sino también para el mundo en su conjunto, asunto al que volveremos.

15 Los tigres y el elefante

Antes de que China se reinventara como el gorila económico de trescientos cincuenta kilos del este asiático, las naciones apodadas los «tigres asiáticos» ensayaron y perfeccionaron el modelo económico que China ha decidido buscar. La explosión de crecimiento económico empujado por las exportaciones de China ha seguido a todas luces el camino anterior recorrido por esos tigres, en especial Hong Kong, Taiwan, Corea y Singapur. Su modelo es sencillo y eficaz. La nación en vías de desarrollo abre una parte de su economía a la inversión extranjera para que ésta emplee a una mano de obra de salarios bajos pero a menudo educada. A veces resulta más fácil políticamente fijar áreas geográficas para ello, como las Zonas Económicas Especiales de China, donde acoger a la inversión extranjera y su tecnología. Crucial para este modelo es que los inversores reciban garantías de que, en caso de tener éxito, podrán cosechar las recompensas. Eso exige que el país en vías de desarrollo respete los derechos de propiedad.

Dada la devastación de Asia en la Segunda Guerra Mundial y las guerras de Corea y Vietnam, el progreso económico partía de una base muy baja. El PIB per cápita de gran parte del este asiático no superaba de mucho los niveles de subsistencia. Fue posible un gran avance simplemente uniendo capital de inversión protegido y mano de obra de bajo coste. Al principio no eran economías de libre mercado. Eran comunes varias formas de planificación central y propiedad estatal. Corea, a imitación de Japón, concedió posiciones de favor a grandes conglomerados empresariales (chaebol). Taiwan tenía importantes compañías de propiedad gubernamental y, como otros tigres, una intensa protección comercial de la industria nacional.

La mayoría tenían líderes carismáticos pero autoritarios. Lee Kuan Yew, de Singapur, propició el surgimiento de una ciudad pequeña pero de talla mundial; puede argüirse que otros autócratas, como el general Suharto, que regía el sistema de capitalismo de amiguetes de Indonesia, tuvieron menos éxito. El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, que todavía albergaba rencor por el pasado colonial de su país, fue un líder nacionalista muy enérgico.

He coincidido con muchos de esos dirigentes, pero no puedo decir que llegara a conocerlos. Con los años, con quien he tenido más contacto es con Lee Kuan Yew, el más reciente en 2006, y siempre me ha parecido impresionante, aunque no siempre coincidamos. Lo conocí cuando era invitado de George Shultz en el famoso (o infame, según se mire) Bohemian Grove, un refugio de camaradería sólo para hombres entre las secuoyas de California. (La revista Time mandó en una ocasión a una mujer disfrazada de hombre para informar sobre las actividades clandestinas del club.)

Cuando visité al Dr. Mahathir en Blair House (la residencia oficial en Washington para jefes de Estado y otros dignatarios de visita) en mayo de 2002, lo encontré menos fiero de lo que me esperaba. A decir verdad, parecía tanto reflexivo como interesante, siempre que procurase no pensar en que había encarcelado a Anwar Ibrahim, ministro malasio de Economía y presunto heredero político de Mahathir. Anwar era muy respetado entre quienes ocupábamos puestos destacados en las finanzas internacionales. Sospecho que el vicepresidente de Estados Unidos Al Gore habló por la mayoría de nosotros cuando en 2000 denunció «el juicio circense […] [que] se mofa de los estándares internacionales de justicia». Ni siquiera en nuestros arrebatos más partidistas puedo imaginarme tanta mala sangre en la política estadounidense.

Cuando los ministros de Economía y banqueros centrales del G7 visitamos Tailandia en 1991 e hicimos un recorrido por el lujoso palacio, no paré de buscar rastros de Anna Leonowens, la legendaria institutriz inglesa a la que contrataron en el siglo XIX para educar a los hijos del rey del país a la sazón conocido como Siam. Uno de sus descendientes, el rey Bhumibol Adulyadej, lleva reinando ya más de sesenta años. Siento una especial fascinación por el papel que juega la monarquía en Tailandia. El rey Bhumibol posee una autoridad legal poco clara pero se le tiene reverencia y al parecer cuenta con una considerable autoridad moral. Cuando un impasse político condujo a un golpe de Estado militar en septiembre de 2006, el rey suavizó la transición de gobierno apareciendo en televisión junto al cabecilla del golpe, el oficial del Ejército Sonthi Boonyaratglin.

Todos los dirigentes de esos gobiernos autoritarios tuvieron un éxito inicial al reavivar sus postradas economías. Las industrias del este asiático, fuertemente subvencionadas y protegidas, produjeron un aumento de las exportaciones y los niveles de vida de sus habitantes hasta entrada la década de 1970. A pesar de los enormes despilfarros e ineficiencias de unas economías planificadas o cuasi planificadas, muchos cosecharon avances. Sin embargo, la rigidez de unas economías encorsetadas por una intensa intervención sólo puede avanzar hasta cierto punto. De modo que, para no quedarse estancados, los tigres del este asiático redujeron sus barreras al comercio extranjero y, para los 80, se habían desprendido en buena medida de las subvenciones destructoras de la competencia a las que todavía era adicta gran parte de la economía asiática, excluyendo sus industrias de exportación.

Los productores de exportaciones siguieron compitiendo con eficacia en los mercados internacionales, a medida que las tecnologías que mejoraban la productividad (que se tomaron prestadas de los países desarrollados) se emparejaban con unos salarios bajos para crear elevadas tasas de rendimiento. A su vez, las empresas orientadas a la exportación se vieron obligadas a subir los salarios para atraer a la mano de obra que necesitaban para satisfacer el rápido crecimiento de nuevos pedidos, y las industrias nacionales, a modo de respuesta, tuvieron que elevar sus salarios para retener a sus trabajadores. Las condiciones de vida de los trabajadores del este asiático, en consecuencia, experimentaron una sustancial mejoría.

Los tigres, además de exportar a países desarrollados en los 80, no tardaron en empezar a comerciar entre ellos. La concentración en tareas cada vez más estrechas (especializadas) casi siempre mejora la competencia y la producción por trabajador. Se trata de algo especialmente cierto cuando los competidores son vecinos y en consecuencia los costes de transporte son bajos. Los tigres, enfrentados a unos mercados laborales más exigentes y unos salarios al alza, llevan un tiempo perdiendo su anterior ventaja competitiva en bienes de mano de obra intensiva frente a los competidores más baratos de Asia, Latinoamérica y, de un tiempo a esta parte, Europa del Este. Por suerte, la formación fue una de las primeras prioridades en el impulso de los tigres hacia la competitividad. Así, el este asiático ha podido desplazarse hacia productos más complejos: semiconductores, ordenadores y la amplia gama de artículos de alta tecnología que cosechan un alto valor añadido en el mercado internacional. El capital y unas poblaciones activas más sofisticadas han catapultado a una serie de los tigres a rentas y estatus propios de una economía desarrollada.

Con todo, ¿se trata de unas ganancias obtenidas a expensas del resto del mundo, en especial, como se afirma, de Estados Unidos y Europa? La respuesta es «no». La expansión comercial no es un juego de suma cero. En realidad, las exportaciones e importaciones globales llevan medio siglo creciendo a un ritmo significativamente más rápido que el PIB mundial. En el caso de los tigres eso ocurrió porque los aranceles elevados y muchas otras barreras al comercio inducían amplias y persistentes diferencias entre los costes, sobre todo los laborales, de la manufactura. Cuando cayeron las barreras a resultas de las negociaciones globales sobre comercio y las grandes mejoras en las tecnologías del transporte y las comunicaciones, la fabricación se desplazó hacia el este asiático y Latinoamérica, elevando sus rentas reales. Al mismo tiempo, Estados Unidos y otros países desarrollados se especializaron cada vez más en productos conceptuales y servicios intelectuales que gozan de un elevado valor en el mercado. En Estados Unidos, por ejemplo, el valor añadido en las finanzas y los seguros subió desde el 3,0 por ciento del PIB en 1953 hasta el 7,8 en 2006, mientras que en la fabricación bajó de manera significativa durante el mismo período. En el capítulo 25 abordaré las causas e implicaciones para Estados Unidos de este drástico desplazamiento.

Los desplazamientos de la producción, como es la transferencia de parte de la manufactura de textiles y ropa estadounidenses al extranjero, han liberado recursos para dedicarlos a la elaboración de productos y servicios que los consumidores mundiales valoran más. El resultado neto ha sido un aumento de las rentas reales, de media, tanto para los trabajadores estadounidenses como, por ejemplo, los del este asiático. El «neto», por supuesto, oculta el trauma de la pérdida de trabajo que han sufrido los trabajadores estadounidenses de las industrias textil y de la confección.

Las economías del este asiático han recorrido mucho camino desde sus humildes raíces de hace medio siglo. Sin embargo, ¿pueden seguir avanzando, sobre todo al ritmo de los años recientes? Volverá a ver

se interrumpido el progreso de la región por una crisis financiera, como la que hizo tantos estragos en 1997? Es improbable otra crisis así, por lo menos en una forma similar. Desde 1997, los tigres asiáticos han enmendado a consciencia su escasez de reservas de moneda extranjera. Más importante aún, han desbloqueado sus tipos de cambio con el dólar, lo que ha eliminado gran parte de las inversiones carrytrade de horizonte corto cuyo devenir, en el contexto de unas reservas insuficientes, desencadenó la crisis (Con unos tipos de cambio fijos frente al dólar, se tomaban prestados dólares estadounidenses para financiar inversiones en préstamos de mayor rendimiento a prestatarios del este asiático. Con unos tipos de cambio flotantes, el riesgo percibido de semejantes transacciones experimentó un drástico aumento). Así, los sobresaltos económicos inesperados deberían resultar más fáciles de absorber que hace una década.

Sin embargo, ¿pueden seguir creciendo de manera indefinida el comercio y los niveles de vida? Sí. Es la habilidad de los mercados libres competitivos y la acumulación irreversible de tecnología. El volumen de comercio transfronterizo tiene pocos límites nacionales (Para cualquier país dado, las exportaciones menos las importaciones no pueden ser mayores que el PIB menos el cambio de existencias y, para el mundo en su conjunto, las exportaciones son iguales a las importaciones. Pero no existe límite a los flujos en bruto). Las exportaciones de Luxemburgo, por ejemplo, eran el 177 por ciento del PIB en 2006, y sus importaciones, el 149. A pesar de todo, tras la gran apertura de los mercados mundiales, sobre todo a raíz de la caída de la Unión Soviética, ya se han eliminado muchas barreras e ineficacias. En cierto sentido, la mayor parte del fruto maduro de la apertura comercial ya se ha recogido. Sin duda, la incapacidad de completar la ronda de Doha de negociaciones comerciales en 2006 debería darnos que pensar a todos sobre el ritmo futuro de la mejora global de los niveles de vida mundiales. El ritmo de descenso de las barreras comerciales va a bajar casi a ciencia cierta a medida que nos acerquemos al punto intratable de resistencia política a mayores reducciones. Eso sugiere que el crecimiento de las economías orientadas a la exportación, como las del este asiático, no tiene visos de ser más rápido que el de las últimas seis décadas.

Con el tiempo, la convergencia, o por lo menos la reducción, de los márgenes de costes ajustados al riesgo entre los competidores de bienes comerciados a escala internacional -manufacturas y materias primas- reducirá la eficacia de las estrategias de crecimiento orientadas a la exportación. Y, si bien las políticas de crecimiento orientadas a la exportación de servicios son muy visibles -por ejemplo, India exportando servicios de central telefónica e informática a Estados Unidos, el proceso conocido como externalización-, esos mercados siguen siendo muy pequeños.

Un impedimento a las proporciones de exportación en perpetuo aumento de China y los tigres son sus crecientes costes de producción. En una de las grandes ironías de los años de la posguerra, en la actualidad se busca a Vietnam como próxima plataforma de producción para expandir el comercio basado en el mercado (léase capitalista). Bajo el Acuerdo Bilateral de Comercio Estados Unidos-Vietnam de 2001, las exportaciones vietnamitas a Estados Unidos se multiplicaron por ocho, de 1.100 millones de dólares en 2001 a 9.300 millones en 2006. Las exportaciones estadounidenses a Vietnam han crecido hasta más del doble.

La historia de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial recoge dos derrotas militares en nuestra guerra para contener el comunismo. La primera fue la rápida retirada de las fuerzas estadounidenses ante las masas de soldados chinos que cruzaron el río Yalu para entrar en Corea del Norte en el invierno de 1950; la segunda, nuestra humillación al abandonar Vietnam del Sur en 1975. Puede que hayamos perdido las batallas, pero no la guerra. Tanto la China como el Vietnam comunistas se han estado afanando por aflojar sus corsés de planificación central en pos de la libertad económica del capitalismo, a la vez que intentan no decir en voz alta lo que están haciendo. En 2006, la estadounidense Merrill Lynch, siguiendo a Citygroup un año después, obtuvo derecho a comprar, vender y comercializar acciones vietnamitas en la incipiente Bolsa de Ho Chi Minh City. Cuando Bill Gates, el capitalista más rico del mundo, visitó Hanoi, fueron a recibirlo los más altos cargos del Partido Comunista de Vietnam y una multitud admirada. ¿No cesarán nunca los milagros? Las ideas sí importan. En verdad, las ideas capitalistas de Estados Unidos han parecido más fuertes que nuestra espada.

Más quizá que cualquiera de los otros países importantes comentados en este libro, India simboliza poderosamente tanto la productividad del capitalismo de mercado como el estancamiento del socialismo. India se está convirtiendo a marchas forzadas en dos entidades: un núcleo en alza de modernidad de talla mundial dentro de una cultura histórica que ha permanecido en su mayor parte estancada durante generaciones.

Ese núcleo de modernidad parece haber sorteado a grandes rasgos el modelo de manufactura para la exportación con mano de obra intensiva del siglo XX adoptado por China y el resto del este asiático. En lugar de eso, India se ha centrado en los servicios globales de alta tecnología del siglo XXI, el segmento de más rápido crecimiento de la actividad económica mundial. La chispa de la modernidad ha detonado avances en todo el sector servicios indio, incluidos el comercio, el turismo y la construcción turística. El repunte del crecimiento del PIB, desde el 3,5 por ciento entre 1950 y 1980 hasta el 9 por ciento en 2006 ha sido realmente extraordinario. Esos avances han elevado a más de 250 millones de personas por encima de unas rentas de subsistencia de pobreza extrema de menos de 1 dólar al día.

Aun así, el PIB per cápita indio, que estaba a la par del chino a principios de los 90, en la actualidad es de apenas dos quintos del de China. De hecho, con sus 730 dólares por persona, se encuentra por debajo del PIB per cápita de Costa de Marfil y Lesotho. El motivo de la incapacidad de India para seguir a China en su alejamiento de los peldaños más bajos de las naciones en vías de desarrollo a lo largo de los últimos quince años es una idea.

Cuando Gran Bretaña declaró la independencia de la India en 1947, retiró todos los aspectos del gobierno inglés, pero dejó atrás un concepto que cautivó a la elite india: el socialismo fabiano. Jawaharlal Nehru, discípulo del reverenciado Mahatma Gandhi y primer ministro indio durante dieciséis años tras la independencia, sentía una fuerte atracción por los argumentos de los fabianos, y percibía la competencia de mercado como económicamente destructiva. Por él, el socialismo ha conservado una poderosa influencia sobre la política económica india mucho después de que los ingleses lo abandonaran.

Nehru estaba embelesado con la planificación central en cuanto extensión racional de una acción humana concertada capaz de producir bienestar material para muchos en lugar de para unos pocos. Como primer ministro, en un principio se concentró en la propiedad estatal de las industrias estratégicas, sobre todo la energía eléctrica y la industria pesada, a la vez que imponía controles significativos a todas las demás, administrados por un cuadro de funcionarios gubernamentales con conocimientos y ostensiblemente benevolentes.

Pronto esos controles ubicuos, el «raj de los permisos», como llegaron a conocerse, habían penetrado en la práctica totalidad de la actividad económica india. En apariencia hacía falta un permiso, licencia o sello para cualquier acción económica concebible. Con esas limitaciones, India se afianzó en una plácida tasa de crecimiento que llegó a conocerse en tono burlón como el «3 por ciento hindú». La burocracia no sabía qué hacer. Se suponía que su sistema «científico» debía elevar el crecimiento. No lo hacía. Aun así, abolir los controles significaría abandonar los principios igualitarios del socialismo fabiano.

Visto que la retahíla de licencias, permisos y sellos no parecía ayudar a la economía (a decir verdad, la asfixiaba), las decisiones que tomaba la burocracia al conceder los permisos pronto perdieron todo fin altruista y se volvieron arbitrarias. Sin embargo, como he señalado al describir la pirámide de autoridad del Partido Comunista chino, la discrecionalidad es poder. Hasta los funcionarios indios con más principios eran reacios a cederlo, y los menos nobles tenían algo que vender. No es de extrañar que India obtuviese (y obtenga) puntuaciones bastante bajas en todos los índices de corrupción.

Así pues, una burocracia que abarcaba casi todos los segmentos de la economía india ejercía un firme control y sólo cedía el poder a regañadientes. Esa poca voluntad se veía reforzada y apuntalada por los poderosos y consolidados sindicatos del país, y en especial por los partidos comunistas que siempre han estado en el primer plano de la política india. El socialismo no sólo es una forma de organización económica sino que también, a causa de su premisa fundamental de la propiedad colectiva, posee hondas implicaciones culturales, la mayor parte de las cuales han adoptado una mayoría de los indios.

Un dato impresionante es que India es la democracia más grande del mundo. La democracia elige a personas que representan a la población y, en el caso de India, ha seguido favoreciendo significativamente a quienes creen en los principios colectivos del socialismo. La noción de que los intelectuales del gobierno, motivados por el bien general de la sociedad, pueden determinar mucho mejor que las fuerzas «erráticas» del libre mercado la apropiada distribución de los recursos será difícil de desterrar.

En junio de 1991, un funcionario de la vieja guardia, P. V. Narasimha Rao del izquierdista Partido del Congreso, fue elegido primer ministro. La economía se tambaleaba al borde del colapso, reflejo de más de cuatro décadas de planificación central a todos los efectos. En ese momento, a medida que se hacía evidente que India padecía del mismo paradigma fallido que había asolado Europa del Este, se avecinaba un cambio extraordinario. Para sorpresa de propios y extraños, Rao rompió con la inveterada tradición y, con una crisis de la balanza de pagos en ciernes, tomó medidas para eliminar aspectos de la mano entorpecedora de los controles. Nombró ministro de Economía a Manmohan Singh.

Singh, un economista orientado a los mercados, fue capaz de practicar un modesto agujero en la economía reglamentada -emprendió pasos liberalizadores en un amplio abanico de ámbitos- y demostró una vez más que un poco de libertad económica y competencia puede ejercer una influencia extraordinaria en el crecimiento económico. Las voces anticapitalistas quedaron temporalmente acalladas por la gravedad de la crisis, que abrió una ventana a la oportunidad de la desregulación. El capitalismo de mercado pudo poner un pie y demostrar su eficacia.

Gran parte de la historia económica global reciente es la de los estados centralmente planificados de Europa del Este y China que adoptaron la competencia de mercado y fueron recompensados con un rápido incremento del crecimiento económico. La de India no es del todo esa historia. Sin duda, Singh introdujo un gran número de reformas, pero en muchos sectores cruciales se vio limitado por las persistentes inclinaciones socialistas de su coalición de gobierno. Aun en el día de hoy, las empresas con más de cien empleados, con pocas excepciones, no pueden despedir a nadie sin permiso del Gobierno.

Las reformas iniciadas por Singh en 1991 siguen desarrollándose. Unas barreras arancelarias algo reducidas han liberado a los empresarios para participar en los mercados competitivos internacionales (Pese a ello, los aranceles de India siguen doblando los niveles medios de los países del sureste asiático, lo que aumenta los costes de los materiales consumidos en la producción para la exportación. India todavía comprende sólo el 2,5 por ciento del comercio global en bienes y servicios. China responde del 10,5 por ciento). Tanto las exportaciones como las importaciones de bienes han subido drásticamente en relación con el PIB nominal, y las exportaciones netas de software pasaron de 5.800 millones de dólares en 2001 a 22.300 millones en 2006. Por supuesto, los exportadores indios todavía tienen que lidiar con el papeleo en casa, pero para ellos la protección de los derechos de propiedad y la fijación de precios y costes están en buena medida más allá del alcance de la burocracia (Los derechos de propiedad en India cuentan con el significativo obstáculo del coste de hacer respetar un contrato. Según el Banco Mundial, hace falta de 425 a 1.165 días (dependiendo del estado) para imponer el cumplimiento de un contrato en los tribunales indios. Nueve décimas partes de la tierra india están sometidas a disputas sobre su propiedad).

Las liberalizaciones de Singh, combinadas con la caída de los costes de las comunicaciones globales, el dominio del inglés de los indios cualificados y los bajos salarios impulsaron a India al primer plano de los servicios a empresas externalizados al extranjero: centrales telefónicas, ingeniería de programas, procesamiento de reclamaciones de seguros, préstamos hipotecarios, contabilidad, evaluación de radiografías y un abanico cada vez más amplio de servicios basados en Internet. Los ingenieros de programas indios ayudaron al mundo a estar a la altura del desafío del nuevo milenio.

La imagen de India como gran proveedor de externalización fue especialmente evidente para los estadounidenses, quienes tenían la exagerada percepción de que India estaba apropiándose de una amplia franja de empleos cualificados de oficina americanos. Sin embargo, la incursión competitiva de India ha sido modesta hasta la fecha, sobre todo en proporción con su población activa de casi 450 millones de personas.

El empleo total en la industria india de la tecnología de la información es en la actualidad de cerca de 1,5 millones de personas, el quíntuple de su nivel de 1999. Casi todo el aumento está relacionado con las exportaciones. En apariencia se han creado otros 3 millones de puestos de trabajo en las telecomunicaciones, la energía y la construcción a caballo de las tecnologías de la información (TI). En términos directos e indirectos, eso supone apenas un 1 por ciento del empleo total en India. Y ése es el problema.

La industria de las TI y otros servicios aislados en las grandes ciudades de Bangalore, Delhi y Bombay se han saltado el siglo XX y pasado directamente al XXI. Pero, como se quejó un funcionario del Gobierno a un entrevistador de la BBC a principios de 2007: «Salga del oropel de algunas de las ciudades y regresará al siglo XIX.» Para que India se convierta en el peso pesado del ruedo internacional que aspira a ser, necesitará construir fábricas que atraigan a una parte muy grande de sus trabajadores agrícolas a enclaves urbanos para producir exportaciones de mano de obra intensiva, la senda consagrada de los exitosos tigres asiáticos y China.

La fabricación en India, sin embargo, incluso la de alta tecnología, se ha visto perjudicada durante décadas por unas leyes laborales destructoras de empleos, una infraestructura decrépita incapaz de ofrecer un suministro eléctrico fiable (Muchos locales de empresa han instalado pequeños generadores propios para procurarse energía) y unas carreteras y vías férreas que inhiben el movimiento de componentes manufacturados y productos acabados entre plantas y mercados. Por culpa de las gravosas leyes laborales que se aplican a los establecimientos de diez o más empleados, más del 40 por ciento del empleo de todas las manufacturas tiene lugar en empresas que contratan de cinco a nueve trabajadores. Puede compararse con el 4 por ciento de Corea, por ejemplo. La productividad de esas pequeñas empresas indias es un 20 por ciento inferior a la de las firmas más grandes; es evidente que las compañías pequeñas no pueden crear las economías de escala al alcance de las grandes. Si la fabricación en masa tiene que acortar algún día la brecha en niveles de vida entre India y China, el rival con el que tan a menudo se la compara, India necesitará propiciar que la mano de obra agrícola emigre al sector manufacturero de las ciudades. Y para fomentar que los trabajadores atados a la tierra se vayan, la fabricación tendrá que adquirir competitividad global. Eso precisará un desmantelamiento a consciencia de los vestigios del raj de los permisos. Está en juego el destino de las tres quintas partes de la población activa india que trabajan con sacrificio y sin eficacia en las granjas. Necesitan un cambio drástico a mejor.

La India rural está empantanada en un nivel de pobreza tan sólo superado en el mundo por el del África subsahariana. Es allí donde reside una elevada concentración de los analfabetos del país (dos quintos de la población adulta) y la mayoría de los más de 250 millones de indios que viven con menos de 1 dólar al día. La mitad de los hogares indios no dispone de electricidad. La productividad de las granjas es sólo una cuarta parte de la existente en zonas no agrícolas. El rendimiento del arroz es la mitad del de Vietnam y una tercera parte del de China. El rendimiento comparativo del algodón indio es todavía peor. El del trigo, que tanto se benefició de la simiente mejorada de la revolución verde de los 70, sigue siendo sólo tres cuartas partes del de China. Sólo en el té India es más productiva que sus competidores asiáticos. Además, el trazado indio de carreteras para unir granjas y ciudades es tan deficiente que la producción de cosechas perecederas está restringida en buena medida al consumo en la granja; hay informes de que una tercera parte de las cosechas se pudre en el trayecto al mercado.

El crecimiento de la productividad agrícola se ha desacelerado desde los 80. Aunque la culpa ha sido en parte del clima, la principal responsable es una agricultura sumamente subvencionada y dirigida por el Gobierno que impide que las fuerzas del mercado ajusten el uso de la superficie sembrada. En años recientes el Gobierno se ha gastado más del 4 por ciento del PIB en subsidios, sobre todo para alimentos y fertilizante, a la vez que la subvención estatal de la energía y la irrigación ha sumado considerablemente más. Si se anima a los trabajadores agrarios a migrar a las ciudades, más productivas, como ha sucedido en China, hay que mantener un nivel de producción agrícola que alimente a 1.100 millones de personas. La capacidad india de ampliar las importaciones de alimentos es limitada. En consecuencia, el crecimiento de la productividad agrícola es el único modo viable de mantener la disponibilidad de alimentos a medida que la manufactura atraiga a trabajadores de la India rural. Hace mucha falta competencia de mercado en la agricultura.

Martin Feldstein, el prestigioso economista de Harvard, en un contexto algo diferente, subrayó una ironía que es aplicable al dilema de la política agrícola india en un ensayo aparecido en The Wall Street Journal (16 de febrero, 2006): «El servicio de telefonía móvil está al alcance de casi todos [en India] a bajo coste porque fue considerado un lujo y en consecuencia lo dejaron en manos del mercado, mientras que la electricidad es difícil de conseguir porque se la consideró una necesidad y en consecuencia la gestiona el Gobierno.»

Por desgracia, el desmantelamiento de las grandes subvenciones agrarias no parece más probable en Delhi que en París o Washington. Los subsidios a largo plazo se capitalizan en el valor de la tierra. Sus beneficiarios netos son siempre quienes poseen la tierra cuando se crean los subsidios. Los propietarios futuros pagan la expectativa de un flujo continuado de subvenciones en forma de un precio de adquisición de la tierra elevado. No son, en principio, beneficiarios netos. Los propietarios de granjas no se toman a la ligera los aumentos de impuestos sobre las tierras de labranza, que es, a todos los efectos prácticos, lo que supone una reducción de las subvenciones no compensada. Se ha logrado cierto avance en forma de recortes marginales de esos subsidios, pero será difícil un asalto frontal si se tienen en cuenta las inclinaciones del Partido del Congreso y sus veintitrés socios de coalición, entre ellos los comunistas. El primer ministro Singh es un economista de corte reformista y excelente reputación, pero no tiene el peso autoritario que permitió a Deng Xiaoping arrancar la reforma agrícola de China en 1978. La democracia india está a la altura de la tarea; tan sólo le hace falta centrarse en las necesidades urgentes de la población. Una dosis muy grande de desregulación y competencia puede extender la revolución india en las TI al resto del país (El crecimiento de la producción industrial de India se ha acelerado desde 2004, pero la nación sigue en desventaja respecto del crecimiento chino en servicios y sobre todo en producción industrial).

El rápido crecimiento del sector indio de las TI es en gran parte fruto de unos programadores e ingenieros de software locales. Si bien los empresarios indios están obteniendo unos resultados excepcionales en los servicios de alta tecnología, no les está yendo igual de bien con el hardware de alta tecnología, que padece muchas de las carencias de la manufactura india en su conjunto.

El modelo de fabricación para la exportación que India necesita adoptar urgentemente posee un historial impresionante de éxitos en el resto de Asia. Es un modelo que emplea a trabajadores rurales con alguna educación y salario bajo en masivos centros urbanos de manufactura. Un ingrediente crucial ha sido la inversión extranjera directa (IED) encarnada en tecnologías avanzadas y atraída por leyes (a menudo de reciente redacción) que protegen los derechos de propiedad. Con la caída de la planificación central, este modelo se ha extendido por todo el mundo en vías de desarrollo, sobre todo China.

Sin embargo, es evidente que el raj de los permisos ha desincentivado la inversión extranjera directa. India recibió 7.000 millones de dólares en IED en 2005, una suma eclipsada por los 72.000 millones de China. La reserva acumulada de IED india del 6 por ciento del PIB a finales de 2005 se compara con el 9 por ciento de Pakistán, el 14 por ciento de China y el 61 por ciento de Vietnam. El motivo del clamoroso retraso de la IED en India quizá tenga su mejor ilustración en la poca voluntad del país por adoptar plenamente las fuerzas del mercado. Es algo que queda de manifiesto en la respuesta india a los problemas económicos, a menudo estatalista. Al vérselas con una creciente inflación de los alimentos a principios de 2007, la respuesta no fue permitir que los precios al alza propiciaran un aumento de la oferta, sino prohibir las exportaciones de trigo durante el resto del año y suspender el comercio de futuros para «contener la especulación», las mismas fuerzas de mercado que necesita la economía india para romper el yugo de la burocracia.

16 Los afilados codos de Rusia

Decir que me quedé atónito no hace justicia al momento. El principal asesor económico de Vladímir Putin, Andréi Illarionov, me abordó tras un encuentro bilateral Estados Unidos-Rusia en el Fondo Monetario Internacional en octubre de 2004 y me preguntó: «La próxima vez que pase por Moscú, ¿estaría dispuesto a encontrarse conmigo y algunos de mis amigos para hablar de Ayn Rand?» Que Rand, la defensora a ultranza del capitalismo de laissez-faire y enemiga jurada del comunismo, hubiese penetrado en el enclave enclaustrado de la cúpula intelectual rusa se me antojaba alucinante. Putin, sin duda, debía de estar al corriente de la firme defensa de los mercados competitivos libres de Illarionov cuando lo contrató. Entonces, ¿era Illarionov una ventana a las inclinaciones políticas de Putin? ¿Se estaba destruyendo con tanta rapidez la cultura en la que se habían criado todos los rusos? Parecía increíble que Putin, ese ex miembro de la KGB, pudiera haber desarrollado una perspectiva tan poco soviética en tan poco tiempo.

La realidad, obviamente, es mucho más compleja. Cuando Boris Yeltsin nombró presidente en funciones a Putin a finales de 1999, tocó el techo de un fulgurante ascenso que había empezado apenas cuatro años antes, cuando entró a trabajar en Moscú como asesor presidencial. Fue nombrado subdirector de la administración presidencial en 1997 y se dio a conocer en el mundo en 1998 cuando, como director del Servicio Federal de Seguridad, ordenó la entrada de tropas rusas en Chechenia. Los reformistas acogieron su presidencia con ilusión, porque estaban convencidos de que fomentaría una evolución continuada hacia una economía de mercado. Desde el principio, Putin expresó su apoyo a esas reformas, aunque sostenía que debían concertarse con «las realidades rusas», entre ellas la tradición del Estado paternalista.

En espacio de dos años, Putin, junto con Illarionov, hizo pasar por la Duma un programa agresivo de reforma fiscal, desregulación y cierta privatización de la tierra, con el claro objetivo de incorporar a Rusia a la economía global.

Sin embargo, tras esta prometedora adopción del capitalismo, Putin empezó a recular hacia el autoritarismo. En apariencia, temía que Rusia quedara sometida a unas fuerzas de mercado sobre las que no tenía control. En especial, los oligarcas -empresarios oportunistas que se habían hecho con buena parte de la riqueza productiva de Rusia a través de acuerdos especiales de préstamos por acciones con el Kremlin durante la década de 1990- no tardaron en verse como personas que utilizaban sus riquezas para subvertir el régimen. En consecuencia, a partir de 2003, empezó a surgir una estrategia económica diferente. Por medio de la imposición selectiva de leyes nuevas y ya existentes, Putin arrebató el control de un sinfín de activos energéticos para que volvieran a la órbita del Kremlin. El motor clave del crecimiento económico ruso -el petróleo y el gas- se está nacionalizando cada vez más en forma de monopolios poseídos o controlados por el Gobierno como Gazprom, que domina el gas natural, y Rosneft, que domina el petróleo. Mijaíl Jodorkovski, fundador de Yukos Oil, fue encarcelado y despojado de sus activos, que a continuación engulló Rosneft.

No aspiro a saber si Jodorkovski era culpable de los delitos que le imputaron. Sin embargo, el brusco distanciamiento del anterior liberalismo de mercado del Kremlin desilusionó a todas luces a Illarionov, que no tardó en criticar públicamente a su jefe. Calificó sin ambages de la reclamación de impuestos retroactiva sobre los activos de Yukos y las apenas ocultas manipulaciones financieras a favor de Rosneft de «estafa del año».

Dadas las raíces en la KGB de Putin y su educación en una sociedad colectivizada, es improbable que posea una comprensión profunda de cómo funcionan los mercados libres. Pero su elección de Illarionov como principal asesor económico tenía que significar que lo había atraído el evidente éxito del capitalismo en el fomento de un elevado nivel de vida. En última instancia, sin embargo, es posible que se sintiera cada vez más amenazado por la aparente anarquía del capitalismo de Yeltsin que inspirado por la fuerza estabilizadora de la mano invisible de Adam Smith. Bien es cierto que dudo que Adam Smith fuera la presencia dominante en el pensamiento de Putin. Su apropiación de la riqueza petrolífera y gasística de Rusia y su torpe corte del suministro de gas natural a Ucrania y Europa Occidental durante dos días en enero de 2006 probablemente tenían el fin de restaurar la relevancia internacional de su país.

Lo que más llama la atención en todo esto es que tardaran tanto en degradar a Illarionov. Al final lo apartaron de su papel de representante presidencial ante los jefes de gobierno del G8 y en 2005 dimitió, tras afirmar que Rusia ya no era un país libre. Sin embargo, la prolongada presencia de Illarionov en el Kremlin quizá refleje una atracción a regañadientes de Putin por el paradigma capitalista. Su ambivalencia acerca de una retirada completa de la democracia de Yeltsin salió a relucir en una reveladora conversación con el ex líder soviético Mijaíl Gorbachov, quien la describió en una entrevista radiofónica en 2006. Gorbachov citó al presidente Putin diciendo que «la influencia de los grupos mafiosos y otros elementos parecidos es tan fuerte que las elecciones se convierten en situaciones de compraventa». Eso era malo, dijo Gorbachov que le explicó Putin, «porque no puede haber democracia y lucha contra el crimen y la corrupción si los elementos criminales pueden infiltrarse en las filas del gobierno de ese modo» (En esa misma entrevista del 1 de marzo de 2006, Gorbachov dijo: «Como país en transición, es inevitable que se resientan algunas libertades y se cometan algunos errores. Pero estoy convencido de que nuestro presidente no intenta instalar ninguna clase de control autoritario.» Irónicamente, hizo esas declaraciones a Radio Europa Libre, el sistema de transmisiones estadounidense creado para contrarrestar la propaganda soviética. Añadió en una entrevista del 18 de agosto del 2006, también para Radio Europa Libre: «Existen frecuentes acusaciones de que se está oprimiendo la democracia y vulnerando la libertad de prensa. La verdad es que la mayoría de rusos discrepan de ese punto de vista. Nos encontramos en una encrucijada histórica muy compleja. Nuestra transición a la democracia no ha sido fácil […]. Cuando Putin llegó al poder, creo que su prioridad era evitar que el país se desintegrase, y eso exigía ciertas medidas que no cabrían exactamente en la definición de manual de la democracia. Sí, existen ciertas tendencias antidemocráticas preocupantes […]. Sin embargo, yo no dramatizaría la situación.»).

¿Es Putin alguien que se sentiría atraído por la democracia si la mayor parte de la delincuencia y la corrupción se eliminaran, o no es más que un orador eficaz del lado del autoritarismo? Gorbachov parece creer lo primero. Desde luego, una parte significativa de la economía rusa bajo Putin sigue desembarazándose de las cadenas de la planificación central soviética, un indicador de aceptación de mayores libertades (Una flagrante excepción es el monopolio ruso de gas natural: Gazprom, creado en 1992. Su política de precios y racionamiento de la oferta recuerdan la opacidad e ineficacia de la planificación central soviética. Su enorme infraestructura de gasoductos, a consecuencia de ello, no se mantiene al cien por cien y está envejeciendo).

Putin se comporta como si creyera que los mercados libres son buenos para la mayor parte de la economía de Rusia. Sin embargo, es probable que también crea que el control estatal de facto de los principales activos energéticos evitará la explotación continuada de las joyas de la corona rusa por parte de los oligarcas. Esas joyas de la corona, por supuesto, se han vuelto inmensamente más valiosas a medida que los precios del gas y el petróleo han ido subiendo hasta alcanzar varias veces sus niveles de 1998.

Sin el respaldo del prestigio militar de la Unión Soviética en la guerra fría, la Rusia de principios del siglo XXI se vio relegada a la condición de actor claramente secundario en el escenario mundial. Ucrania, Georgia y otras ex repúblicas soviéticas se habían alejado de su órbita y control. Para enmendarlo, puede que Putin esté empleando estratégicamente un activo que en muchos sentidos es más potente que el Ejército Rojo: una enorme presencia en los mercados energéticos del mundo. Las fuerzas armadas de la URSS estaban limitadas por la potencial contraofensiva de Estados Unidos, pero Rusia no se ve amenazada por una represalia masiva en caso de que use el gas natural como arma económica o política. Como Rusia es un proveedor clave de gas para Europa occidental (y los llamados extranjeros cercanos como Ucrania), su poder de mercado es casi indiscutible. Además, también se ha convertido en un actor destacado en el mercado mundial del crudo, aunque su influencia en él es más débil que en el mercado del gas natural porque el petróleo no es tan fácil de monopolizar.

Sospecho que a Putin le desconcertó la reacción occidental a su gestión de las negociaciones sobre la petición de Gazprom de unos precios más altos para el gas natural en Ucrania: lo criticaron con contundencia por matonismo de estilo soviético cuando su intervención dio como resultado una breve interrupción del suministro. Sin embargo, debió de preguntarse, ¿acaso no se supone que los capitalistas deben cobrar lo que el mercado aguante y no vacilar en explotar las ventajas económicas en su beneficio? Además, no hacía sino retirar el subsidio que Ucrania llevaba años recibiendo de Rusia; el déficit en el suministro de gas a Europa occidental relacionado con el incidente fue involuntario. ¿Acaso no se comportarían así los Vanderbilt o Carnegie estadounidenses decimonónicos? No lo creo. Unos verdaderos capitalistas que protegieran su rentabilidad a largo plazo habrían buscado un ajuste gradual en aras de unas buenas relaciones con los clientes y una máxima rentabilidad a la larga. Por bien que parezca que, desde el corte del gas, Ucrania acepta mejor las políticas rusas con los extranjeros cercanos, el incidente ha llevado a que los clientes en Europa occidental busquen alternativas al gas ruso, ante todo gas natural licuado y otras fuentes. Eso no contribuirá a los intereses a largo plazo de Rusia.

Sin embargo, en el corto plazo, la política de gas y petróleo de Putin ha sido un éxito impresionante. Menos de dos décadas después de su caída como líder del mastodonte soviético, Rusia ha recuperado una dosis completa de atención global. Y por bien que Putin haya desmantelado poco a poco partes significativas de la democracia que evolucionó bajo Yeltsin, me gustaría creer que, como dijo Mijaíl Gorbachov en agosto de 2006, «Rusia ha cambiado hasta tal punto que volver atrás resulta ya imposible».

No puede negarse que Putin ha fomentado selectivamente aperturas de mercado y ha emprendido significativas mejoras del Estado de derecho. Ha apoyado drásticas revisiones de los vestigios del sistema jurídico soviético colectivizado. El papel de los jueces y los tribunales rusos, que eran notorios por su corrupción, se ha redefinido para reducir las oportunidades de soborno y manipulación política de los veredictos. Por ejemplo, unas leyes promulgadas en 2001 eliminaron muchos requisitos carentes de sentido económico para que las empresas obtuvieran permisos, inspecciones y certificaciones de productos: papeleo que había sido una invitación a la corrupción oficial desatada. (En consecuencia, los empleos burocráticos de bajo salario estaban muy solicitados.) En años recientes se han ampliado los derechos de propiedad, aunque las luchas por los derechos a comprar y vender tierra de labranza reflejan en buena medida la misma resaca ideológica comunista que existe en China. Salvo para desafiar el poder del Kremlin, el pueblo ruso es libre: para viajar, reunirse y participar de todo lo que conllevan las sociedades democráticas.

Hoy en día la mejor manera de describir la economía rusa es como una economía de mercado respaldada por un Estado de derecho todavía imperfecto. Un segmento significativo de los activos más valiosos de la nación está en manos del Estado o aliados del Kremlin. El dominio político se ha reforzado mediante el control de los principales medios de comunicación, a la vez que se «anima» a los restantes a practicar la autocensura. Putin y sus políticas siguen siendo inmensamente populares. Las objeciones de la opinión pública rusa son escasas; al parecer, el caos de la democracia de Yeltsin -incluidas unas quiebras financieras que hicieron estragos en los ahorros de las personas- dejó un poso de profundo malestar. Una encuesta de 2006 mostró que casi la mitad de los rusos valoran más el bienestar material que la libertad y los derechos humanos: la democracia y la libertad de expresión no son grandes prioridades. Dados a elegir entre las libertades democráticas y la inestabilidad económica de los años de Yeltsin y la estabilidad y el autoritarismo que han surgido con Putin, de momento la mayoría de rusos se quedan con lo segundo.

Eso me entristece, pero no me sorprende. A lo mejor en Occidente pecamos de optimistas al esperar un cambio radical en unas personas que llevaban más de siete décadas adoctrinadas en el colectivismo. Como escribió una vez Gorbachov en The Financial Times (12 de julio, 2006): «Las economías de los principales países occidentales tardaron muchas décadas, siglos incluso, en desarrollarse y madurar. Rusia todavía lleva menos de 20 años salida de un Estado totalitario basado en la planificación central, y nuestro camino hacia la reforma precisa algo más de tiempo, hasta para nosotros.» Pero la historia sugiere que, tal y como los rusos se rebelaron contra el caos de los 90, también se cansarán de las restricciones a la libertad política. La naturaleza humana, a este respecto, es sumamente predecible. La cuestión no es si se producirá una reacción, sino cuándo.

Desde su caída en la bancarrota en 1998, la economía de Rusia se ha recuperado más allá de las expectativas de casi todos los analistas. El PIB per cápita real ha crecido hasta superar sobradamente el nivel previo a la crisis. La tasa de paro, que en 1998 flotaba en torno al 13 por ciento, bajó hasta menos del 7 por ciento para principios de 2007. La tasa de inflación ha caído al dígito único desde un pico de doce meses del 127 por ciento en julio de 1999, y las reservas de moneda extranjera de Rusia crecieron desde los 8.000 millones de dólares de finales de 1999 hasta los casi 300.000 millones de 2007. La deuda exterior del gobierno se ha reducido sustancialmente.

La mayor parte del mérito de este impecable rendimiento económico, por supuesto, recae en la drástica subida de los precios del petróleo y el gas natural. El crecimiento en el valor de las exportaciones de petróleo y gas respondió de una quinta parte del crecimiento en el PIB nominal entre 1998 y 2006. Sin embargo, pocas bonanzas de recursos naturales llegan sin un acuerdo fáustico. Los encargados de la política económica rusa afrontan un escabroso dilema: un aumento más rápido del tipo de cambio del rublo propiciará la difusión del mal holandés, pero las adquisiciones de activos extranjeros para frenar el alza del tipo de cambio pueden descorchar la inflación, según el mecanismo que se use. Cualquiera de las dos cosas desharía gran parte de los avances económicos que ha realizado Rusia desde la disolución de la Unión Soviética.

Los síntomas del mal holandés ya son evidentes. Cuando se dispararon las exportaciones de gas y petróleo, el valor del rublo creció y el de las exportaciones rusas que no fueran materias primas se quedó atrás. Entre 1998 y 2006, el valor del rublo en relación con las monedas de los socios comerciales de Rusia se dobló, tras los ajustes por sus tasas de inflación relativas. El impacto fue el predecible: las exportaciones que no fueran de gas y petróleo crecieron sólo la mitad de rápido en términos reales.

Plenamente conscientes del peligro que afrontan -y habiendo visto al mal holandés hundir las economías de muchos productores petrolíferos de la OPEP- los rusos libran una batalla para contrarrestar sus efectos. El tratamiento estándar para el mal holandés es comprar divisas con la moneda nacional y así intentar luchar contra el aumento del tipo de cambio del país impulsado por el mercado. La esperanza es evitar, o por lo menos mitigar, los efectos competitivos negativos del tipo de cambio más alto sobre los bienes producidos en el país. En el caso de Rusia, el banco central usa rublos en ingentes cantidades para comprar dólares o euros.

Pero eso aumenta la base monetaria, la materia prima de la creación de oferta de dinero, y supone un peligro de inflación. Entre 1998 y finales de 2006, la oferta monetaria -efectivo más depósitos bancarios- subió a una tasa anual del 45 por ciento. La unidad de oferta monetaria -es decir, la oferta monetaria dividida por la producción- creció a un ritmo anual del 35 por ciento (En el largo plazo, el nivel general de precios tiende a seguir la unidad de oferta monetaria, ya que los precios se definen en términos de dinero; por ejemplo, 4 dólares por bushel de trigo. En términos sencillos, cuanto más dinero circule para adquirir el flujo de bienes y servicios producidos, más alto será el precio medio). Que incluso la tasa de inflación rusa, relativamente alta, de casi el 10 por ciento al año, se haya quedado muy atrás del ritmo de aumento de la unidad de oferta monetaria resulta sin duda desconcertante y preocupante para las autoridades monetarias rusas, que temen un resurgir de la inflación.

Por supuesto, el Banco Central de Rusia, como todos los bancos centrales, tiene la capacidad de destruir además de crear dinero. Lo hace vendiendo deuda pública denominada en rublos para luego cancelar lo recaudado. Pero el BCR se ve limitado por la ausencia de un amplio mercado de deuda en rublos y un sistema bancario sofisticado para facilitar las ventas de deuda, herencia de la escasa consideración de esas instituciones en la URSS. Sin un medio sencillo de absorber y destruir el exceso de rublos creado por las adquisiciones de dólares y otras divisas del BCR, Rusia pronto tendría que recortar sus adquisiciones de moneda extranjera y permitir que el rublo subiera más rápido, lo que provocaría una recaída en el mal holandés.

El ministro de Economía Alexéi Kudrin y sus colegas abordaron este desafío a partir de 2004. Han estado designando un precio nominal del petróleo a largo plazo que, en caso de sobrepasarse, desencadena el desvío de ingresos relacionados con el petróleo del presupuesto ruso a un fondo especial administrado por el Ministerio de Economía. Este fondo, llamado de estabilización, puede invertirse sólo en activos extranjeros designados (sobre todo deuda de gobiernos extranjeros). La adquisición directa de activos extranjeros con los ingresos petroleros «excesivos» presupuestados y denominados en moneda extranjera evita aumentar la base monetaria y por tanto reduce el potencial de inflación. Para la primavera de 2007, el fondo había superado los 117.000 millones de dólares, un 97 por ciento de los cuales figuraba en monedas extranjeras (casi todo en dólares estadounidenses y euros, a partes más o menos iguales). Para los políticos rusos, la pega del fondo de estabilización es que deja fuera de su alcance una buena suma de efectivo. Si bien es cierto que el gasto gubernamental ha aumentado de manera significativa con la explosión de los ingresos relacionados con el gas y el petróleo, Kudrin ha conseguido, hasta la fecha, mantener a raya la presión para darse un banquete con la bonanza del crudo. Tuve ocasión de encontrarme muchas veces con Kudrin cuando acudió como invitado a las reuniones de ministros de economía y banqueros centrales del G7. Es muy capaz, pero me temo que se las vea con una batalla perdida. No tengo claro cuánta influencia tiene sobre Putin, aparte de en temas financieros técnicos.

Rusia sigue siendo una nación en vías de desarrollo cuyos recursos de gas y petróleo dominan su PIB. Según el Banco Mundial, la renta nacional bruta per cápita de Rusia en 2005 estaba por debajo de la de México y a la altura aproximada de la de Malasia. La capacidad para manejar la tensión del mal holandés se ve obviamente afectada por la gravedad del virus en relación con el tamaño general de una economía.

Aun así, ¿por qué tendría Rusia que preocuparse si ha creado una economía sometida al gas y el petróleo? Está usando parte de sus ingresos de exportaciones para importar bienes de consumo de alta calidad del resto del mundo. ¿Acaso importa si esos bienes se producen en casa o en el extranjero? En verdad, no importaría en absoluto si el valor añadido del gas y el petróleo siguieran creciendo a resultas de una producción cada vez mayor y/o unos precios cada vez más altos. Pero la producción de gas y petróleo está limitada en última instancia por la geología, y los precios bajan además de subir. La producción de los yacimientos de petróleo y sobre todo de gas natural decae a un ritmo que exige un caudal incesante de nuevos pozos para mantener un nivel constante de producción, por no hablar de subirla. Sin aumentos de precio interminables, una producción de gas y petróleo plana implica un valor añadido por trabajador estancado. La inversión en gas y petróleo se ha desacelerado en años recientes; el resultado podría ser un nivel de vida estancado. Desde luego, para contrarrestar ese riesgo, el Gobierno ruso está usando parte de sus ingresos del gas y el petróleo para financiar directa o indirectamente la adquisición de activos productivos no energéticos. La lista es larga: acero, aluminio, manganeso, titanio, petroleros y aeronaves. Pero se trata de tecnologías desarrolladas en su mayor parte un siglo atrás. Además, esas industrias se disponen para actuar de «campeones nacionales», más que como organizaciones destinadas a maximizar los beneficios. Todavía tiene que dejarse notar una presencia rusa en la vanguardia de las tecnologías del siglo XXI, aunque el presidente Putin y sus asesores anunciaron en 2005 unos planes ambiciosos para crear zonas tecnológicas especiales, por bien que controladas por el Estado.

El brusco descenso del valor del rublo tras la caída de Rusia en la bancarrota en 1998 obligó a la conversión de una economía clamorosamente poco competitiva erigida bajo generaciones de planificación central en otra que pudiera competir aunque fuera marginalmente. Con una producción por hora tan baja en todo el inmenso territorio ruso, la continua reducción de unas fábricas con un flagrante exceso de personal llevó a muchas industrias a los márgenes de la competitividad internacional. La sustancial demanda contenida de bienes de consumo en Rusia, combinada con las posibilidades de gran inversión extranjera, sin duda habría impulsado la producción de bienes de consumo, si tan sólo los inversores hubieran podido contar con los derechos de propiedad (Un rublo acusadamente «sobrevalorado», por supuesto, habría inhibido esas inversiones).

A pesar de unos códigos definidos, los derechos de propiedad en Rusia siguen siendo tenues. En años recientes la Duma ha promulgado importantes iniciativas de legislación en apoyo del Estado de derecho. Y la estructura jurídica formal que rige la Rusia actual es una clara mejora respecto de la economía de mercado negro de principios de los 90. Una cosa es, sin embargo, cambiar la ley, y otra muy distinta imponer el cumplimiento de las nuevas normas. Putin utilizó la imposición selectiva de las leyes nuevas o ya existentes para tomar el control gubernamental de los activos energéticos. Es esta imposición selectiva, más que cualquier carencia de reglas nuevas, lo que supone un problema. Existe poca diferencia entre la seguridad jurídica de una nación cuyas leyes inhiben los derechos individuales a la propiedad y otra en la que unos derechos legales plenos se imponen de manera selectiva en función de las prioridades políticas. Un derecho impuesto selectivamente no es un derecho.

Las sociedades civilizadas han acumulado un inmenso conjunto de imperativos culturales y convenciones que gobiernan las interacciones de las personas entre ellas y con el Estado. Muy pocos son escritos, y la mayoría no somos del todo conscientes del grado en que las fuerzas sociales, la religión y la educación rigen hasta la más insignificante de nuestras decisiones cotidianas. Sin duda, nuestro sistema jurídico también se basa en esos valores, pero necesariamente sólo en términos generales.

Así pues, una nación como Rusia puede reescribir su código legal, pero reordenar su código cultural es una tarea que durará años, si no generaciones. En consonancia con las conversaciones con Putin referidas por Gorbachov, eso tal vez explique, aunque de ningún modo sancione, el vuelco autoritario de la política rusa reciente. En Rusia, si el «sistema» no funciona, se tira de las riendas políticas eliminando el pluralismo y el embarullado proceso democrático que lo impulsa. La estabilidad y la calma política se valoran mucho más que el aparente caos de los mercados altamente competitivos de bienes y servicios o las batallas democráticas por el poder político.

El capitalismo, motor del bienestar material, prospera mejor con unas políticas competitivas. El gobierno autoritario no ofrece la válvula de seguridad necesaria que en una sociedad capitalista hace posible resolver las disputas de manera pacífica. La economía global -que debe avanzar si queremos que los niveles de vida mundiales sigan subiendo y mengüe la pobreza- requiere la válvula de seguridad del capitalismo: la democracia.

Rusia está destinada a desempeñar un papel en la evolución posterior del capitalismo global. Si ese papel quedará limitado por una economía interior de crecimiento lento minada por el mal holandés y la asignación deficiente de recursos tan típica de los regímenes autoritarios, se verá en el siguiente par de décadas. Desde luego, hasta la fecha, Rusia parece haber capeado el mal holandés de una manera más propia de un país desarrollado que de uno en vías de desarrollo. De modo que yo nunca descartaría a Rusia. Como estudiante de postgrado, siempre me impresionó la significativa proporción de grandes revelaciones matemáticas con nombres rusos a pie de página. Una cultura como ésa, pensé en su momento, merecía una economía mucho más sofisticada de la que los soviéticos eran capaces de producir. La Rusia moderna tiene otra oportunidad de buscar la eminencia económica. Mucho depende de quién sea ungido como sucesor por Putin. Con su energía y sus activos militares, Rusia será un actor protagonista en la escena mundial durante décadas. Aun así, es demasiado pronto para saber qué tipo de papel representará.

17 Latinoamérica y el populismo

Pedro Malan, ministro de Economía de Brasil, se sentó al otro lado de la mesa frente a mí en una reunión de diciembre de 1999 en Berlín. Era un ejemplo típico de los muchos políticos económicos latinoamericanos sumamente competentes que asistieron al primer encuentro del Grupo de los Veinte, una organización de ministros de Economía y banqueros centrales que se había establecido tras varios años tumultuosos en las finanzas globales. Aunque ya nos conocíamos, la fundación del grupo se veía como un modo de ayudar a asegurarnos de que los países de mercado emergente se implicaban de lleno en los debates sobre los acontecimientos económicos globales (Los ministros de Economía y banqueros centrales del G20 incluían a las autoridades monetarias de los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos), doce países más (Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Corea del Sur y Turquía) y la Unión Europea).

Como banquero central en 1994, Malan, bajo el liderazgo del presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, fue uno de los arquitectos del Plano Real, que consiguió detener la inflación galopante del país después de que creciera más de un 5.000 por ciento durante los doce meses transcurridos entre mediados de 1993 y 1994. Yo sentía una gran admiración por Pedro, pero no podía quitarme de la cabeza una pregunta acuciante sobre el país: ¿Cómo podía gestionarse tan mal una economía para que necesitase una reforma tan drástica? Hasta el propio Cardoso dice ahora: «Cuando me tocó en suerte el trabajo, ¿quién en su sano juicio habría querido ser presidente de Brasil?»

En un plano más amplio, ¿cómo saltó Latinoamérica de una crisis económica a otra, y de un gobierno civil a otro militar y vuelta a empezar, en los 70, los 80 y los 90? La respuesta sencilla es que, con contadas excepciones, Latinoamérica no ha sido capaz de desengancharse del populismo económico que ha desarmado en términos figurados a todo un continente en su competencia con el resto del mundo. Me consternaba en especial la evidencia de que, a pesar de los resultados económicos innegablemente malos de las políticas populistas adoptadas por casi todos los gobiernos latinoamericanos en un momento u otro desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los datos no habían parecido atenuar la voluntad de recurrir a ese populismo económico.

Está claro que el siglo XX no fue propicio para los vecinos meridionales de Estados Unidos. Según el eminente historiador económico Angus Maddison, Argentina arrancó el siglo con un PIB per cápita real mayor que el de Alemania y equivalente a casi tres cuartas partes del estadounidense. Para finales de siglo, sin embargo, el PIB per cápita de Argentina había bajado hasta la mitad o menos del alemán y el de Estados Unidos. El mexicano, a lo largo del siglo, cayó desde un tercio a un cuarto del PIB per cápita estadounidense (Todos estos PIB per cápita se indican en términos reales). El tirón económico de su vecino del norte no bastó para impedir la bajada. Durante el siglo XX, los niveles de vida de Estados Unidos, Europa occidental y Asia subieron casi un tercio más rápido que los de Latinoamérica. Sólo África y Europa del Este cosecharon unos resultados igual de pobres.

El diccionario define «populismo» como una filosofía política que respalda los derechos y el poder del pueblo, por lo general en oposición a una elite privilegiada. Yo veo el populismo económico como la respuesta de una población empobrecida a una sociedad en declive, caracterizada por una elite económica a la que se percibe como opresora. Bajo el populismo económico, el gobierno accede a las exigencias del pueblo, sin parar mientes en los derechos individuales o las realidades económicas referentes a cómo se aumenta o siquiera se sostiene la riqueza de una nación. En otras palabras, se pasa por alto las consecuencias económicas adversas de las políticas, de forma deliberada o involuntaria. El populismo es más evidente, como cabría esperar, en las economías con altos niveles de desigualdad de renta, como en Latinoamérica. En verdad, la desigualdad en todas las economías latinoamericanas se cuenta entre las más altas del mundo, muy por encima de cualquier país industrial y, lo que llama la atención, de cualquiera de las economías del este asiático.

Las raíces de la desigualdad latinoamericana se encuentran en lo más profundo de la colonización europea que, desde el siglo XVI al XIX, explotó a los esclavos y las poblaciones indígenas. Sus vestigios actuales pueden apreciarse, según el Banco Mundial, en las grandes disparidades raciales de renta. A resultas de ello, Latinoamérica era terreno abonado para el surgimiento del populismo económico en el siglo XX. La miseria absoluta coexiste con la prosperidad económica. Se acusa invariablemente a las elites económicas de utilizar el poder del gobierno para llenarse los bolsillos.

Aún en el día de hoy se percibe erróneamente a Estados Unidos como causa primordial de la miseria económica al sur de su frontera. Durante décadas, los políticos latinoamericanos han arremetido contra el capitalismo corporativo americano y el «imperialismo yanqui». Motivo especial de irritación para los latinoamericanos ha sido un siglo de dominancia económica y militar estadounidense y el uso de la «diplomacia de cañonera» para reafirmar los derechos de propiedad americanos. El presidente Theodore Roosevelt, en 1903, fue un paso más allá, al instigar una revuelta que separó a Panamá de Colombia, después de que esta última negara a Estados Unidos permiso para construir un canal a través de Panamá. No es de extrañar que Pancho Villa deviniera un héroe para los mexicanos. Había estado sembrando el terror en los asentamientos fronterizos estadounidenses, y una prolongada incursión militar norteamericana en México en 1916 (dirigida por el general John Pershing) no logró prenderlo.

La mejor plasmación de la respuesta latinoamericana más amplia fue el acto de antiamericanismo desafiante de Lázaro Cárdenas, que lo propulsó a ser posiblemente el presidente mexicano más popular del siglo XX. En 1938, expropió todas las propiedades petrolíferas de titularidad extranjera, sobre todo las de Standard Oil of New Jersey y Royal Dutch Shell. Su acción tuvo consecuencias funestas para México a largo plazo (Petróleos Mexicanos (PEMEX), el monopolio petrolífero de propiedad gubernamental que sucedió a esas firmas extranjeras, se tambalea. A menos que la compañía obtenga una asistencia extranjera hasta el momento prohibida para la perforación de profundidad, sus envejecidas reservas menguarán). Aun así, Cárdenas es recordado como un héroe, y el apellido,casi por sí solo, estuvo en un tris de valerle la presidencia del país a su hijo Cuauhtémoc en 1988.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y en verdad remontándonos hasta la Política del Buen Vecino de Franklin Roosevelt, la política exterior estadounidense ha realizado intentos de mejorar nuestra imagen negativa. Además, la mayoría de analistas objetivos, sospecho, atribuirían a la inversión estadounidense de posguerra el mérito de haber contribuido en general a la prosperidad de Latinoamérica. Pero la historia pesa mucho en la región. Las creencias que pasan de una generación a otra, la cultura de una sociedad, cambian muy despacio. Muchos latinoamericanos del siglo XXI, en mi experiencia, siguen haciendo piña contra Estados Unidos. El venezolano Hugo Chávez, en particular, ha trabajado con diligencia para avivar los sentimientos antiamericanos.

El populismo económico busca la reforma, no la revolución. Sus practicantes dejan claro los agravios concretos que hay que corregir, pero sus prescripciones son vagas. A diferencia del capitalismo o el socialismo, el populismo económico no trae consigo un análisis formalizado de las condiciones necesarias para la creación de riqueza y el aumento del nivel de vida. Tiene poco de cerebral. Se trata más bien de un grito de dolor. Los líderes populistas ofrecen promesas inequívocas de remediar las injusticias percibidas. La redistribución de la tierra y el procesamiento de una elite corrupta que supuestamente roba a los pobres son panaceas habituales; los líderes prometen tierra, vivienda y comida para todos. También se codicia la «justicia», que suele ser redistributiva. En todas sus diversas variedades, por supuesto, el populismo económico lleva la contra al capitalismo de libre mercado. Sin embargo, esta postura es fundamentalmente errónea, y se basa en una concepción equivocada del capitalismo. Yo y muchos otros, tanto dentro como fuera de la región, sostendríamos que los populistas económicos tienen más posibilidades de conseguir sus metas por medio de más capitalismo, y no menos. Donde ha habido éxitos -donde los niveles de vida de la mayoría han subido-, unos mercados más abiertos y un aumento de la propiedad privada han desempeñado un papel crucial.

La mejor prueba de que el populismo es ante todo una respuesta emocional que no se basa en ideas es que no parece retroceder ante sus repetidos fracasos. Brasil, Argentina, Chile y Perú han tenido múltiples episodios de políticas populistas fallidas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Aun así, las nuevas generaciones de líderes en apariencia no han aprendido de la historia y siguen buscando las soluciones simplistas del populismo. Puede sostenerse que, en el proceso, han empeorado las cosas.

Lamento que los movimientos populistas cierren los ojos al fracaso económico previo en su lucha por articular una respuesta a su angustia actual, pero no me sorprende ni eso ni su rechazo del capitalismo de libre mercado. A decir verdad, confieso, no sin cierto sentido de la ironía, que siempre me ha desconcertado la voluntad de unas poblaciones grandes y a menudo pobremente educadas y de sus representantes gubernamentales de adherirse a las reglas del capitalismo de mercado. El capitalismo de mercado es una amplia abstracción que no siempre concuerda con opiniones no instruidas sobre el modo en que funcionan las economías. Supongo que los mercados se aceptan gracias a su largo historial de creación de riqueza. Con todo, como a menudo se me queja la gente: «No sé cómo funciona, y siempre parece tambalearse al borde del caos.» No es una sensación del todo ilógica pero, como se enseña en Primero de Economía, cuando una economía de mercado se aleja periódicamente de un camino en apariencia estable, las respuestas competitivas entran en acción para reequilibrarla. Dado que ese reequilibrio implica millones de transacciones, el proceso es muy difícil de captar. Las abstracciones del aula sólo alcanzan a ofrecer un atisbo de la dinámica que, por ejemplo, permitió que la economía estadounidense se estabilizara y creciese tras los atentados del 11 de septiembre.

El populismo económico se imagina un mundo más sencillo, en el que un marco conceptual se antoja una distracción de la necesidad evidente y acuciante. Sus principios son simples. Si existe paro, el gobierno debería contratar a los desempleados. Si el dinero escasea y en consecuencia los tipos de interés son altos, el gobierno debería asignar un tope a los tipos o imprimir más dinero. Si los bienes importados amenazan al empleo, se acaba con las importaciones. ¿Por qué son esas respuestas menos razonables que suponer que, si quieres que el coche arranque, le das al contacto?

La respuesta es que, en unas economías en las que millones de personas trabajan y comercian a diario, los mercados individuales están tan entrelazados que, si se pone tope a un desequilibrio, se desencadena inadvertidamente una serie de otros desequilibrios. Si se asigna un techo de precios a la gasolina, surgen carestías con las consiguientes largas colas en las gasolineras, como quedó de manifiesto para los estadounidenses en 1974. Lo bonito de un sistema de mercado es que, cuando funciona bien, como sucede casi todo el tiempo, tiende a crear su propio equilibrio. La perspectiva populista equivale a una contabilidad por partida simple. Sólo anota los créditos, como los beneficios inmediatos de unos precios de la gasolina más bajos. Los economistas, confío, practican la contabilidad por partida doble.

Lastrado por su carestía de concreciones de política económica significativas, el populismo, para atraerse fieles, debe arrogarse una justificación moral. En consecuencia, los dirigentes populistas deben ser carismáticos y lucir un aura de saber lo que se hacen, incluso una competencia autoritaria. Muchos, quizá la mayoría, de esos líderes han salido del ejército. En la práctica no defienden la superioridad conceptual del populismo sobre los mercados libres. No adoptan el formalismo intelectual de Marx. Su mensaje económico es simple retórica aderezada con palabras como «explotación», «justicia» y «reforma agraria», no «PIB» o «productividad».

Para los campesinos que aran campos ajenos, la redistribución de la tierra es una meta reverenciada. Los líderes populistas nunca abordan el potencial lado malo, que puede ser devastador. Robert Mugabe, presidente de Zimbabue desde 1987, prometió y dio a sus seguidores la tierra confiscada a los colonos blancos. Pero los nuevos propietarios no estaban preparados para gestionarla. La producción de alimentos se hundió y precisó de una importación a gran escala. La renta tributable cayó en picado, lo que obligó a Mugabe a recurrir a la impresión de dinero para financiar su gobierno. La hiperinflación, en el momento de escribir estas líneas, está deshaciendo el pacto social de Zimbabue. Una de las economías históricamente más prósperas de África está siendo destruida.

Hugo Chávez, que llegó a la presidencia de Venezuela en 1999, está siguiendo el ejemplo de Mugabe. Está arrasando y politizando la antaño orgullosa industria petrolífera venezolana, la segunda más grande del mundo hace medio siglo. El nivel de mantenimiento esencial de los yacimientos petrolíferos experimentó un drástico descenso cuando sustituyó a la mayoría de técnicos no políticos de la petrolera estatal por adictos a su régimen. Eso provocó una pérdida permanente de varios centenares de miles de barriles al día en capacidad productiva. La producción de crudo venezolano pasó de una media de 3,2 millones de barriles al día en 2000 a 2,4 millones de barriles diarios durante la primavera de 2007.

Aun así, la fortuna ha sonreído a Chávez. Sus políticas habrían llevado a la bancarrota a casi cualquier otra nación. Pero, desde que llegó a presidente, la demanda mundial de petróleo ha engendrado una casi cuadruplicación de los precios del crudo y, al menos de momento, le ha sacado las castañas del fuego. Contando su crudo pesado, es muy posible que Venezuela posea una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Pero el petróleo en el subsuelo no es más valioso que cuando esperó en letargo durante milenios, a menos que se pueda crear una economía para extraerlo (Eso sucedió en Venezuela en 1914, año en que Royal Dutch Shell llevó la tecnología necesaria para desarrollar sus riquezas).

Un significativo dilema agobia a Chávez en su postura política. Dos terceras partes de los ingresos petroleros de su país proceden del crudo enviado a Estados Unidos. A Venezuela le resultaría muy costoso despojarse de su gran cliente, porque produce ante todo un crudo pesado y ácido que requiere la capacidad de las refinerías estadounidenses. Desviar petróleo a Asia será posible pero muy costoso. Unos precios más altos, por supuesto, darían margen a Chávez para absorber los costes adicionales, pero al aumentar su compra de influencia en el extranjero y apoyo político en casa está atando su futuro político, de forma gradual pero inexorable, al precio del petróleo. Necesita unos precios cada vez más altos para salirse con la suya. Puede que la fortuna no le sonría por siempre.

El mundo debería sentirse aliviado de que no todos los populistas carismáticos se comporten como Chávez y Mugabe cuando llegan al poder. Luiz Inácio Lula da Silva, un populista brasileño con muchos partidarios, fue elegido presidente en 2002. Previendo su victoria, los mercados de valores brasileños se hundieron, crecieron las expectativas de inflación y se retiró mucha de la inversión extranjera prevista. Pero, para sorpresa de la mayoría, yo incluido, ha seguido a grandes rasgos las sensatas políticas plasmadas en el Plano Real, que Cardoso, su antecesor, había introducido al sojuzgar la hiperinflación de principios de los 90.

El populismo económico hace grandes promesas sin plantearse cómo financiarlas. Con demasiada frecuencia, su cumplimiento provoca una falta de ingresos fiscales y hace imposible tomar prestado del sector privado o de inversores extranjeros. Eso casi siempre conduce a una dependencia desesperada del banco central para que actúe de pagador. Exigir a un banco central que imprima dinero para aumentar el poder adquisitivo del gobierno desata invariablemente una tormenta hiperinflacionaria. El resultado, a lo largo de la historia, ha sido gobiernos derrocados y graves amenazas para la estabilidad social. Ese patrón caracterizó el episodio inflacionario de Brasil en 1994, el de Argentina en 1989, el de México a mediados de los 80 y el de Chile a mediados de los 70. Los efectos para sus sociedades fueron devastadores. Como sentenciaron los prestigiosos economistas internacionales Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards, «al final de todo experimento populista, los salarios reales son más bajos de lo que eran al principio». La hiperinflación hace acto de presencia periódicamente en las naciones en vías de desarrollo; de hecho, es una de sus tendencias definitorias.

¿Puede Latinoamérica dar la espalda al populismo económico? En las últimas dos décadas, a pesar de los repetidos fracasos de política macroeconómica, o quizá gracias a ellos, los principales países de la región han engendrado un círculo de técnicos económicos que sin duda poseen credenciales suficientes para conducir a Latinoamérica en una nueva dirección. La lista está tachonada de personas de excepcional talento, con la mayoría de las cuales he tenido el privilegio de trabajar en algunos momentos muy difíciles de las décadas recientes: Pedro Aspe, Guillermo Ortiz, José Ángel Gurría y Francisco Gil Díaz en México; Pedro Malan y Arminio Fraga Neto en Brasil; Domingo Cavallo en Argentina; y otros. La mayoría tienen titulaciones avanzadas en Economía de prestigiosas universidades estadounidenses. Algunos llegaron incluso a jefes de Estado: Ernesto Zedillo en México y Fernando Henrique Cardoso en Brasil. La mayoría instituyeron reformas y políticas productivas liberalizadoras del mercado pese a una profunda resistencia popular, políticas que mejoraron sus economías. Latinoamérica estaría mucho peor sin esos capaces profesionales, en mi opinión. Pero la profunda brecha entre la visión del mundo de la mayoría de esos políticos y la de las sociedades a las que sirven, que siguen siendo propensas al populismo económico, es obstinadamente persistente.

El tenue control de la estabilidad económica de Latinoamérica saltó una vez más a la palestra en 2006 con las elecciones generales de México, país que tiene la segunda economía más grande de la región. A pesar de los muchos éxitos obtenidos desde que la crisis del tipo de cambio de finales de 1994 llevara a México al borde de la bancarrota, un agitador populista -Andrés Manuel López Obrador- estuvo a punto de salir elegido presidente. Si una vez asumido el cargo hubiera tenido más de Lula que de Chávez, no lo sé.

¿Puede cambiar rápidamente una sociedad con profundas raíces populistas económicas? Los individuos pueden y lo han hecho. Pero, ¿puede la estructura de mercado de una economía desarrollada -sus leyes, prácticas y cultura- imponerse a una sociedad criada en antagonismos antiguos? El Plano Real brasileño sugiere las posibilidades.

Desde la estabilización de 1994, la inflación de Brasil ha estado contenida, salvo por una transitoria alza de precios durante su devaluación del tipo de cambio del 40 por ciento a finales de 2002. Su economía ha funcionado bien y los niveles de vida han subido. Desde luego, el que la devaluación no desencadenara más que una erupción a corto plazo de inflación puede tener más que ver con las fuerzas desinflacionarias globales que con la política nacional, pero la economía brasileña parece estar trabajando para el pueblo brasileño.

La experiencia de Argentina, en cambio, invita menos al optimismo. Su economía se hundió en 2002, cuando se interrumpió la paridad del peso argentino con el dólar estadounidense, con enormes consecuencias negativas para el empleo y los niveles de vida. La historia del desastre resulta ilustrativa de hasta dónde pueden llegar unos políticos reformistas sin el apoyo implícito de la población para las políticas fundamentales necesarias. El impulso de una sociedad para satisfacer sus necesidades del momento, por ejemplo, no puede frustrarse mediante la imposición de una camisa de fuerza financiera. La sociedad debe experimentar avances y confiar en sus líderes antes de estar dispuesta a invertir para el largo plazo. Este cambio de cultura por lo general requiere mucho tiempo.

Argentina era, en muchos aspectos, una cultura europea antes de la Primera Guerra Mundial. Una sucesión de programas económicos fallidos y períodos de inflación asoladora creó inestabilidad económica. Argentina perdió terreno en las comparaciones económicas internacionales, sobre todo durante el régimen autocrático de Juan Perón. Su cultura estaba cambiando, gradual pero significativamente. Ni siquiera el régimen posperonista del bienintencionado Raúl Alfonsín logró atajar la inflación explosiva y el estancamiento de la profusamente regulada economía argentina.

Al final, en 1991, la situación se volvió tan desesperada que el presidente recién elegido, Carlos Menem, que irónicamente enarbolaba la bandera de Perón, recurrió a su capaz ministro de Economía, Domingo Cavallo, en busca de ayuda. Con el respaldo del presidente Menem, Cavallo vinculó el peso argentino en paridad de uno a uno con el dólar estadounidense. Esa estrategia extremadamente arriesgada podría haber saltado en pedazos horas después de su implantación. Sin embargo, la osadía de la jugada y la aparente credibilidad del compromiso espolearon a los mercados financieros mundiales. Los tipos de interés argentinos cayeron en picado, la inflación bajó del 20.000 por ciento en marzo de 1990 a una tasa anual de un solo dígito para finales de 1991. Yo rebosaba asombro y esperanza.

A resultas de ello, el gobierno argentino estuvo en condiciones de reunir grandes sumas de dólares en los mercados internacionales a unos tipos de interés sólo moderadamente superiores a los exigidos por el Tesoro estadounidense. Las opiniones reformistas de Cavallo me sonaban mucho más sensatas que la retórica desinformada que a la sazón surgía de muchos legisladores y gobernadores provinciales argentinos. Sus puntos de vista recordaban demasiado a la irresponsabilidad fiscal de décadas anteriores. Recuerdo que miré a Cavallo desde el otro lado de la mesa en otra reunión del G20 y me pregunté si era consciente de que el sostén que suponía para el peso esa capacidad de préstamo seguiría siendo una fuente de apoyo sólo si no se usaba en exceso. El mantenimiento de ese abultado colchón de dólares probablemente habría permitido que el lazo de la moneda durase indefinidamente. Sin embargo, el sistema político de Argentina no pudo resistirse a emplear la abundancia de dólares en apariencia gratuitos en intentos de satisfacer las exigencias de sus electores.

De manera gradual pero inexorable, el colchón de la capacidad de tomar dólares prestados fue menguando. A menudo se tomaban prestados dólares para venderlos por pesos en un fútil esfuerzo por respaldar la paridad peso-dólar. Se tocó el fondo del barril a finales de 2001. Para proteger sus reservas de dólares restantes, el banco central retiró su oferta de un dólar por un peso en los mercados internacionales. A resultas de ello, el 7 de enero de 2002, el peso se hundió. Para mediados de 2002, hacían falta más de tres pesos para comprar un dólar.

Un impago masivo de la deuda argentina indujo un período inicial de inflación y tipos de interés disparados pero, para gran sorpresa mía, la calma financiera se restableció con relativa rapidez. El brusco descenso del peso espoleó las ventas de exportaciones y la actividad económica. La inflación suponía un problema mucho menor de lo que episodios parecidos anteriores habrían sugerido. Dentro de una década, sospecho, los historiadores económicos concluirán que fueron las fuerzas desinflacionarias de la globalización las que facilitaron el ajuste.

Lo que me pareció inusual del episodio no fue que en 2001 los líderes argentinos fueran incapaces de reunir la contención fiscal necesaria para mantener el lazo entre peso y dólar, sino que hubieran sido capaces durante una temporada de convencer a su población de que observara el grado de contención que precisaba un peso vinculado. Era a todas luces una política destinada a inducir un desplazamiento fundamental de los valores culturales que devolvería a Argentina la talla internacional de la que había disfrutado en los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial. Pero la inercia cultural se demostró, como había sucedido muchas veces antes, un obstáculo demasiado formidable.

No es que los países desarrollados, como Estados Unidos, no hayan tenido escarceos con el populismo económico. Sin embargo, en mi opinión, es improbable que unos líderes populistas pudieran cambiar la Constitución o la cultura estadounidenses o sembrar la destrucción de un Perón o un Mugabe. William Jennings Bryan, con su conmovedor discurso de la «Cruz de Oro» en el congreso demócrata de 1896 fue, a mi entender, la voz más eficaz del populismo económico en la historia de Estados Unidos. («No ceñiréis a la frente de los trabajadores esta corona de espinas -declaró-. No crucificaréis a la humanidad en una cruz de oro.») Aun así, dudo que el país hubiese cambiado mucho si hubiera llegado a presidente.

Lo mismo diría de Huey Long de Louisiana, cuya retórica del «compartir la riqueza» en la década de 1930 le valió el cargo de gobernador y un escaño en el Senado de Estados Unidos. Tenía la vista puesta en la Casa Blanca cuando lo asesinaron en 1935. Está claro que el populismo, sin embargo, no se lleva en los genes. Su hijo Russell, al que conocí bien como presidente durante mucho tiempo del Comité de Finanzas del Senado, era un defensor a ultranza del capitalismo y las deducciones fiscales a las empresas.

Han existido, por supuesto, numerosos episodios de política populista, pero no gobiernos, a lo largo de la historia estadounidense, desde el movimiento de la plata gratis de finales del XIX hasta buena parte de la legislación del New Deal. El más reciente fue la malhadada congelación de precios y salarios de Richard Nixon en agosto de 1971. Pero los episodios de políticas populistas del presidente Nixon y otros anteriores fueron aberraciones en el progreso económico de Estados

Unidos. Las políticas y los gobiernos populistas de Latinoamérica han sido endémicos y por tanto han tenido muchas más consecuencias.

Se presume que el populismo económico es una extensión de la democracia a la economía. No lo es. Los demócratas (en general, no sólo los del Partido Demócrata) apoyan una forma de gobierno en que la mayoría decide a propósito de todos los asuntos públicos, pero nunca en contravención de los derechos básicos de los individuos. En esas sociedades, los derechos de las minorías están protegidos de la mayoría. Hemos escogido otorgar a la mayoría el derecho a decidir todos los asuntos de política pública que no vulneren los derechos individuales (Podemos exigir supermayorías para aplicar ciertas leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos, sólo una supermayoría puede anular un veto presidencial; pero fueron las mayorías en las asambleas de los trece estados originales las que ratificaron la Constitución y optaron por gobernarse de este modo).

La democracia es un proceso embrollado, y desde luego no siempre constituye la forma más eficaz de gobierno. Aun así, estoy de acuerdo con la agudeza de Winston Churchill: «La democracia es la peor forma de gobierno a excepción de todas las demás que se han probado de vez en cuando.» Para bien o para mal, no tenemos más remedio que presuponer que las personas que actúan con libertad en última instancia tomarán las decisiones adecuadas sobre cómo gobernarse. Si la mayoría toma las decisiones equivocadas, habrá consecuencias adversas; incluso, al final, un caos civil.

El populismo atado a los derechos individuales es lo que la mayoría denomina democracia liberal. El «populismo económico», en el sentido que le dan la mayoría de economistas, sin embargo, se refiere implícitamente a una democracia en la que el calificador «derechos individuales» está en buena medida desaparecido. La democracia sin matices, en la que el 51 por ciento de las personas puede desentenderse legalmente de los derechos del restante 49 por ciento, conduce a la tiranía (Muchos de nuestros Padres Fundadores temían que el gobierno estadounidense de la mayoría sin las primeras diez enmiendas a la Constitución de Estados Unidos de América -nuestra Bill of Rights- constituiría una tiranía). El término, pues, se vuelve peyorativo cuando se aplica a personajes como Perón, quien para la mayoría de historiadores es el principal responsable del prolongado declive económico de Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. Argentina sigue trabajando bajo ese legado.

La batalla en pro del capitalismo nunca se gana. Latinoamérica lo demuestra con mayor claridad quizá que ninguna otra región. La concentración de la renta y una aristocracia terrateniente enraizada en las conquistas españolas y portuguesas del siglo XVI todavía fomentan profundos y enconados rencores. El capitalismo en Latinoamérica todavía es una lucha en el mejor de los casos.

18 Cuentas corrientes y deuda

«La deuda de consumo a corto plazo […] se está acercando a un punto decisivo histórico […]. Pronto tendrá que ajustarse a la capacidad de la nación para endeudarse, que no es ilimitada», declaró Fortune en marzo de 1956. Al cabo de un mes la revista añadía: «Las mismas observaciones generales valen para la deuda hipotecaria, pero dobladamente.» El jefe de economía Sandy Parker y el coautor Gil Burck llegaban a esas lúgubres conclusiones tras sopesar los datos detallados sobre el dinero en manos de los hogares estadounidenses. (Los datos los había reunido yo, trabajando de consultor para Fortune.) No puede decirse que fueran los únicos preocupados: a muchos economistas y políticos les inquietaba que la relación de la deuda con los ingresos de los hogares hubiera llegado a un punto en que la familia estadounidense estuviera en peligro de delincuencia y morosidad. Pero los miedos se demostraron injustificados, porque los activos y el valor neto de los hogares estaban creciendo más rápidamente de lo que pensábamos.

Hoy en día, casi cincuenta años después, la proporción de la deuda de los hogares respecto a su renta sigue creciendo, y los críticos todavía se frotan las manos. A decir verdad, no recuerdo una década libre de arrebatos de angustia sobre la acumulación de la deuda de los hogares y las empresas. Esos temores pasan por alto un hecho fundamental de la vida moderna: en una economía de mercado, el aumento de la deuda va de la mano del progreso. Por ponerlo en términos más formales, la deuda casi siempre subirá en relación con los ingresos siempre que experimentemos una división del trabajo y una especialización de las tareas cada vez mayores, que aumentan la productividad, y un consiguiente aumento tanto de los activos como de los pasivos como porcentaje de la renta. Así, una ratio creciente de deuda respecto de los ingresos de los hogares, o de deuda no financiera total respecto del PIB, no es de por sí una medida de las tensiones financieras (La deuda no financiera incluye la deuda de los hogares, las empresas y el gobierno pero excluye la de los bancos y otros intermediarios financieros).

Vale la pena tener presente esa lección de cara a abordar una inquietud parecida: el aumento del déficit comercial estadounidense y el más amplio déficit por cuenta corriente. El actual déficit por cuenta corriente de Estados Unidos ha experimentado un pronunciado ascenso en los años recientes, de cero en 1991 al 6,5 por ciento del PIB para 2006. Al mismo tiempo, ha pasado de ser una críptica nota a pie de página en las publicaciones especializadas a ocupar los titulares de todo el planeta. Ha figurado en el orden del día de prácticamente todos los encuentros económicos internacionales a los que he asistido en los años recientes. Es el foco de un temor a escala mundial a que el desequilibrio externo de Estados Unidos -la tremenda brecha entre lo que importa la nación y lo que exporta- precipite tanto un derrumbe del valor de cambio del dólar estadounidense como una crisis financiera mundial. Un dólar a la baja podría convertirse en el eje de los miedos de los políticos acerca de la sostenibilidad de la globalización, la creadora de gran parte del aumento de la prosperidad mundial de las últimas décadas.

Las preocupaciones sobre el déficit exterior de Estados Unidos no carecen de fundamento. No cabe duda de que, en algún momento, los inversores extranjeros no querrán aumentar más la proporción de activos estadounidenses en sus carteras. Es la contrapartida financiera al déficit de pagos. En ese momento, el desequilibrio estadounidense debe estrecharse, con un probable descenso obligado del dólar para estimular las exportaciones estadounidenses y amortiguar las importaciones. Además, no puede descartarse por completo un cambio repentino de las percepciones de los inversores extranjeros, con el concomitante riesgo de rápidas caídas en el tipo de cambio del dólar. Sin embargo, es fácil exagerar la probabilidad de un derrumbe del dólar. Los acontecimientos ocurridos en la economía mundial han permitido un drástico aumento de la escala de superávits y déficits financieros sostenibles en los años recientes sin ningún incidente, entre ellos los que conllevaban flujos transfronterizos. Como señalo en el capítulo 25, hay muchos desequilibrios, sobre todo nuestro potencial déficit federal, por los que preocuparse en los años venideros. Yo colocaría el déficit por cuenta corriente estadounidense mucho más abajo en la lista.

En la raíz de la preocupación por el déficit por cuenta corriente de Estados Unidos está el hecho de que, para 2006, la financiación de ese déficit -es decir, la entrada de dinero del extranjero- se llevara más de tres quintas partes de todos los ahorros transfronterizos de los sesenta y siete países que presentaron superávit por cuenta corriente ese año (Los ahorros transfronterizos son la suma de las balanzas de los países que tienen superávit). Los países en vías de desarrollo, titulares de la mitad de esos superávits, al parecer eran incapaces de encontrar inversiones lo bastante rentables en casa que superasen el riesgo político y de mercado. Los estadounidenses de hace una década probablemente no habrían podido incurrir en un déficit anual por cuenta corriente de casi 800.000 millones de dólares por el sencillo motivo de que no podríamos haber atraído ahorros extranjeros suficientes para financiarlo. En 1995, por ejemplo, los ahorros transfronterizos no pasaban de los 350.000 millones de dólares.

Los analistas están de acuerdo en que a menudo es útil pensar en la balanza por cuenta corriente de un país en términos de su equivalente contable: el ahorro interior de un país (es decir, los ahorros dentro de un país por parte de los hogares, las empresas y los gobiernos) menos su inversión interior (ante todo activos de capital productivo y viviendas) (En general, la contabilidad nacional de rentas establece que la brecha entre ahorro interior e inversión interior es equivalente al ahorro exterior neto; el ahorro exterior neto es una aproximación cercana a la balanza por cuenta corriente). Pero ahí termina el consenso.

La balanza por cuenta corriente de un país y la diferencia entre el ahorro interior de un país y el gasto interior en inversión será por interpretación, en una contabilidad final, siempre igual (Existen algunas diferencias técnicas, pero son poco importantes). Quienes toman la decisión de ahorrar, sin embargo, no son los mismos que toman la de invertir. En realidad, si sumáramos la cantidad total en dólares de ahorro planeado y la cantidad de inversión planeada para cualquier período dado, casi nunca serían iguales. Se equiparan sólo cuando se vuelve forzoso cambiar los planes a medida que los desplazamientos en los tipos de cambio, los precios, los tipos de interés y en consecuencia los niveles de actividad económica alinean a la fuerza el comercio, la renta y los flujos de activos. Como sucede con todas las conciliaciones del mercado de este tipo, los ajustes de todas las variables se producen a la vez. Es el equivalente a la solución a un conjunto de ecuaciones simultáneas. El libro de cuentas del mundo siempre debe cuadrar.

Las causas del gigantesco déficit por cuenta corriente estadounidense de los años recientes interaccionan tanto unas con otras que cuesta desenmarañarlas. Por ejemplo, un aumento del ahorro de los hogares, si lo demás permanece igual, reduciría el déficit por cuenta corriente del país. Pero lo demás nunca permanece igual. Un aumento en el ahorro de los hogares conlleva un descenso en el gasto de los hogares; y tal vez, como consecuencia, una reducción de los ahorros empresariales a medida que los beneficios decaigan. Y la caída asociada de los ingresos procedentes de los impuestos sobre los beneficios reduciría el ahorro del gobierno, y suma y sigue. Dado que todos los componentes del ahorro y la inversión están entrelazados, las relaciones causales son confusas.

La mayoría de analistas extranjeros y muchos estadounidenses señalan el pujante déficit presupuestario de Estados Unidos como causa primaria de nuestro actual desequilibrio por cuenta corriente. Pero a lo largo de la última década la balanza fiscal se ha desviado en ocasiones en direcciones opuestas a la del déficit por cuenta corriente. Mientras nuestro presupuesto acumulaba superávits entre 1998 y 2001, por ejemplo, nuestro déficit por cuenta corriente siguió creciendo.

Hay quien sostiene que las fuertes adquisiciones de obligaciones del Tesoro estadounidense por parte de las autoridades monetarias de otros países, primero Japón y luego China, para contener sus tipos de cambio, han elevado el valor de cambio del dólar y por tanto desempeñado un papel en el enorme aumento de las importaciones estadounidenses (del 13 por ciento del PIB a principios de 2002 a casi el 18 por ciento a finales de 2006). Sin duda existe algo de cierto en ello, pero el impacto de los esfuerzos oficiales para manipular los tipos de cambio, en mi experiencia, suele exagerarse (Me caben pocas dudas de que la adquisición de centenares de miles de millones de dólares por parte de las autoridades monetarias de China para contener su tipo de cambio ha sido exitosa. El sistema financiero chino es todavía lo bastante primitivo para que las compensaciones generadas por el mercado a esas adquisiciones sean pocas. Pero al parecer, no pasa lo mismo con Japón. Existen pocas pruebas de que la adquisición de centenares de miles de millones de dólares por parte de Japón para contener el yen haya tenido mucho efecto. Japón forma parte de un sistema financiero internacional muy sofisticado que puede absorber enormes cantidades de valores con efectos sólo marginales en los tipos de interés y de cambio. Por ejemplo, es posible intercambiar miles de millones de dólares en títulos del Tesoro estadounidense por sumas equivalentes de bonos de alta calidad por un coste modesto en términos de puntos básicos. En otras palabras, pueden reunirse grandes acumulaciones o liquidaciones de valores del Tesoro estadounidense con efectos tan sólo modestos en los tipos de interés. Lo mismo vale para los tipos de cambio. Las autoridades monetarias japonesas adquirieron 20.000 millones de dólares en un solo día hace una serie de años, sin pruebas de impacto significativo alguno en el tipo de cambio del yen. Meses después, no lo bastante consciente de la sensibilidad política de ese tipo de operaciones, mencioné públicamente la ineficaz adquisición. A mis amigos japoneses no les hizo gracia. Una vez más, en marzo de 2004, los japoneses pusieron brusco final a un largo período de intervención muy agresiva contra el yen. El tipo de cambio apenas reaccionó). Tiene una importancia inmensamente mayor la condición de principal moneda de reserva mundial del dólar estadounidense, que hasta la fecha ha propiciado la financiación de nuestro déficit externo. Muchos observadores, sin embargo, consideran que esto también supone una vulnerabilidad: las autoridades monetarias extranjeras podrían liquidar sus posiciones en dólares de repente y en masa pasando sus reservas a, pongamos, euros o yenes. Abordaré esta preocupación en el capítulo 25.

La explicación más convincente del auge histórico del déficit por cuenta corriente de Estados Unidos es que deriva de un amplio conjunto de fuerzas. Eso no tiene el atractivo de una única explicación tipo «pistola humeante» como el déficit de nuestro presupuesto federal, pero concuerda mejor con la realidad de las finanzas internacionales. El aumento parece haber coincidido con una nueva y pronunciada etapa de globalización. Los principales factores contribuyentes, a mi entender, han sido una gran reducción de lo que los economistas llaman «sesgo doméstico» y una significativa aceleración del crecimiento de la productividad estadounidense.

El sesgo doméstico es la tendencia provinciana de los inversores a colocar sus ahorros en su país de origen, aunque eso signifique dejar pasar oportunidades extranjeras más rentables. Cuando las personas están familiarizadas con un entorno de inversión, perciben menos riesgo que en el caso de inversiones objetivamente comparables en entornos más lejanos y menos conocidos. Una reducción en el sesgo doméstico se refleja en que los ahorradores buscan cada vez más al otro lado de las fronteras nacionales para invertir en activos extranjeros. Ese desplazamiento provoca un aumento en el superávit por cuenta corriente de algunos países y una subida compensatoria de los déficits en otros. Para el mundo en su conjunto, por supuesto, las exportaciones deben ser iguales a las importaciones, y la balanza consolidada por cuenta corriente del mundo es siempre cero.

El sesgo doméstico se puso muy de manifiesto a escala global durante el medio siglo que siguió a la Segunda Guerra Mundial. El ahorro interior se dirigía casi por completo hacia la inversión interior, es decir, fábricas, equipos, existencias y vivienda dentro de las fronteras soberanas de los inversores. En un mundo con un sesgo doméstico excepcionalmente poderoso, los desequilibrios externos eran pequeños.

Sin embargo, a partir de los 90, el sesgo doméstico empezó a declinar a ojos vistas, a consecuencia de un desmantelamiento de las restricciones al movimiento de capital entre países que más o menos coincidió con el espaldarazo al capitalismo competitivo procedente de la caída de la planificación central. La propiedad privada y la inversión transfronteriza crecieron de manera significativa. Además, el avance de las tecnologías de la información y la comunicación ha encogido a todos los efectos el tiempo y la distancia que separan a los mercados de todo el mundo. En pocas palabras, unas inmensas mejoras en la tecnología y el gobierno han ampliado los horizontes geográficos de los inversores, lo que ha hecho la inversión extranjera menos arriesgada de lo que parecía en décadas anteriores. Las crecientes evidencias de la protección de los derechos de propiedad de los extranjeros con la caída de la planificación central ha reducido el riesgo más aún.

En consecuencia, la correlación ponderada entre índices de ahorro nacional e índices de inversión interior de unos países o regiones que representan la práctica totalidad del producto interior bruto del mundo, una medida del grado de sesgo doméstico, bajó desde un coeficiente cercano al 0,95 en 1992, donde había planeado desde 1970, hasta una estimación del 0,74 en 2005. (Si en todos los países el ahorro fuera igual a la inversión -es decir, si existiese un sesgo doméstico del cien por cien- el coeficiente de correlación sería del 1,0. Por otro lado, si no hubiera sesgo doméstico y la cantidad de ahorro interior no tuviese ninguna relación con la cantidad y ubicación de las inversiones, el coeficiente sería 0.) (Obviamente, si el ahorro interior fuera igual a la inversión interior en todos los países, las cuentas corrientes estarían equilibradas y no existiría dispersión de esos equilibrios. Así, la existencia de desequilibrios de cuenta corriente exige que la correlación entre ahorro interior e inversión interior -que refleja el grado de sesgo doméstico- sea inferior a 1,0).

Sólo en la década pasada se ha asociado la expansión del comercio al surgimiento de unos déficits estadounidenses comercial y por cuenta corriente cada vez mayores, correspondidos con una consiguiente ampliación de los superávits externos agregados de muchos de nuestros socios comerciales, entre los que se cuenta desde hace poco China. Para 2006 habían surgido grandes superávits por cuenta corriente: China (239.000 millones de dólares), Japón (170.000 millones), Alemania (146.000 millones) y Arabia Saudí (96.000 millones), todas cifras récord. Entre los déficits, además del de Estados Unidos (857.000 millones) se contaban los de España (108.000 millones), el Reino Unido (68.000 millones) y Francia (46.000 millones). Para hacerse una idea de lo amplia que se ha vuelto la dispersión (el grado en que divergen de cero los desequilibrios de ahorro menos inversión de los países individuales), calculé la suma absoluta de desequilibrios por cuenta corriente de los países (con independencia del signo) como porcentaje del PIB mundial. Esa proporción osciló entre el 2 y el 3 por ciento entre 1980 y 1996. Para 2006, había crecido hasta bordear el 6 por ciento.

El descenso del sesgo doméstico es el principal factor determinante de la ampliación de los superávits y los déficits, pero las diferencias de las tasas de rendimiento ajustadas al riesgo también pueden haber contribuido («Ajustado al riesgo» es un término que usan los economistas para reconocer que las inversiones de riesgo, si hay que inducir a los inversores a realizarlas, requieren una tasa de rendimiento superior para compensar las potenciales pérdidas. El ajuste al riesgo es una estimación de qué parte del rendimiento de un activo es meramente esa compensación extra). Y desde luego las tasas de rendimiento ajustadas al riesgo relativas son un factor clave para determinar a qué países se están dirigiendo para invertir los excedentes de ahorro.

Desde 1995, las mayores tasas de crecimiento de la productividad en Estados Unidos (en comparación con las tasas todavía tímidas del extranjero) en apariencia produjeron unas expectativas de tasas de rendimiento ajustadas al riesgo correspondientemente más altas que propiciaron un aumento desproporcionado en la demanda global de activos basados en Estados Unidos. Eso explica en buena medida por qué se ha dirigido a Estados Unidos un porcentaje tan abultado de los ahorros transfronterizos (Para facilitar las comparaciones, todas las monedas distintas se convierten a dólares con arreglo a los tipos de cambio del mercado. Las paridades de poder adquisitivo (PPA), principio medio alternativo de conversión, son poco prácticas para analizar los flujos transfronterizos de ahorro e inversión. Para el mundo en su conjunto, ahorro debe ser igual a inversión, con independencia de la moneda en que se den. Para los años 2003-2005, el valor absoluto de discrepancia estadística entre el ahorro y la inversión mundiales fue de 330.000 millones de dólares convertidos con la PPA, pero sólo de 66.000 millones empleando los tipos de cambio del mercado).

Supongo que las disputas acerca de las causas del reciente aumento brusco del déficit por cuenta corriente estadounidense seguirán. La cuestión mucho más importante, sin embargo, es si el ajuste externo, en apariencia inevitable, será benigno o, como muchos temen, acarreará una crisis financiera internacional cuando el dólar se estrelle. Como he señalado, yo me inclino mucho más por el resultado más benigno.

De suma trascendencia es lo que suceda cuando los extranjeros empiecen a resistirse a aumentar la proporción de sus carteras de inversión formada por posiciones acreedoras netas contra residentes estadounidenses, algo implícito en las actuales tendencias de las balanzas exteriores. Los déficits por cuenta corriente se han estado acumulando en forma de una siempre creciente posición de inversión internacional negativa de los ciudadanos estadounidenses (casi 2,5 billones de dólares a finales de 2005), acompañada por un aumento de los costes de servicio de la deuda. Esa tendencia no puede prolongarse indefinidamente. En algún momento, aun si las tasas de rentabilidad de las inversiones en Estados Unidos conservan un nivel competitivo, los inversores extranjeros se plantarán ante la creciente concentración de sus carteras de inversión. El contrastado principio de no jugárselo todo a una carta vale tanto para las finanzas globales como para el ámbito doméstico. Cuando el apetito de los extranjeros por los activos estadounidenses flojee, si es que llega ese momento, tendrá su reflejo en una reducción de la demanda de moneda estadounidense y por tanto un valor de cambio inferior del dólar (Paso por alto el hecho de que no todas las reclamaciones contra residentes de Estados Unidos son en dólares y de que no todas las reclamaciones en dólares, como los eurodólares, son contra residentes de los Estados Unidos. La coincidencia entre posiciones acreedoras en dólares y posiciones acreedoras contra residentes de Estados Unidos es lo bastante grande para poder obviar esas diferencias). Un dólar más bajo, por supuesto, desincentivará a los importadores y animará a los exportadores. Así pues, la resistencia extranjera a financiar el déficit exterior estadounidense reducirá por sí misma ese déficit. La diversificación de las reservas de las autoridades monetarias del mundo y, más relevante incluso, las reservas internacionales de los inversores privados, tiene consecuencias.

A los analistas les preocupa que, para pagar de la creciente deuda neta estadounidense a los extranjeros, nuestro déficit comercial con el tiempo tenga que reducirse drásticamente (o convertirse en superávit) y/o que la voluntad de los extranjeros de invertir en activos estadounidenses deba crecer lo bastante para aportar los fondos necesarios para atender la devolución de la deuda (A menudo me preguntan qué tiene eso de problemático, dado que casi todos los activos estadounidenses están denominados en dólares. ¿Acaso los extranjeros no aceptarán pagos en dólares estadounidenses? Sí, por lo general los aceptarán, pero si los acreedores deciden retener los pagos de dólares, habrán aumentado sus inversiones en activos estadounidenses. Si en cambio venden los dólares a un tercero (a cambio de su moneda), ese tercero estará invirtiendo en activos estadounidenses. Si nadie quiere conservar más activos estadounidenses a los precios del momento, al final los dólares deberán venderse con descuento en el mercado de divisas, lo que ejercerá una presión a la baja en el valor de cambio del dólar). Eso todavía no supone un problema, porque la tasa de rentabilidad de nuestros más de 2 billones de dólares en inversiones directas estadounidenses en el extranjero era del 11 por ciento en 2005, muy superior a los actuales tipos de interés que se pagan a los extranjeros sobre la deuda estadounidense. El resultado es que los costes de servicio de nuestra deuda y el pago de dividendos a extranjeros siguen por delante de nuestras entradas de esos ingresos procedentes del exterior. Sin embargo, con el inexorable aumento neto de la deuda (el equivalente al déficit por cuenta corriente ajustado según las ganancias y pérdidas de capital), se avecinan pagos de renta neta mucho mayores a extranjeros.

El motivo por el que sospecho que los déficits estadounidenses por cuenta corriente, persistentemente abultados, de todo 2006 no han tenido consecuencias negativas serias para la economía del país es que los déficits son manifestación, en buena medida, de una siempre mayor especialización y división del trabajo que está evolucionando en un entorno global de alta tecnología nuevo por completo. La suma de todos los indicios -anecdóticos, circunstanciales y estadísticos- sugiere de manera convincente, por lo menos a mí, que el actual déficit por cuenta corriente récord de Estados Unidos forma parte de un conjunto más amplio de déficits al alza con sus correspondientes superávits que reflejan las transacciones de las entidades económicas estadounidenses -hogares, empresas y gobiernos- principalmente dentro de las fronteras del país. Puede sostenerse que esos déficits y superávits llevan creciendo décadas, posiblemente generaciones. La tendencia al alza a largo plazo en esta franja más amplia de déficits ha sido persistente, pero gradual. Sin embargo, la parte de ese conjunto extenso que reúne sólo la financiación extranjera neta de los desequilibrios de entidades económicas estadounidenses individuales -nuestro déficit por cuenta corriente- pasó de ser insignificante a principios de los 90 a cifrarse en el 6,5 por ciento de nuestro PIB en 2006.

Desde mi punto de vista, los políticos han dedicado una atención excesiva a las posiciones acreedoras extranjeras contra ciudadanos estadounidenses en vez de a todas ellas, tanto extranjeras como interiores, que influyen en el comportamiento económico y pueden ser causa de preocupación sistémica. Las balanzas por cuenta corriente se refieren sólo a las transacciones que cruzan las fronteras nacionales. Nuestras tabulaciones se basan vagamente en la obsesión de los mercantilistas de principios del XVIII por lograr un superávit en su balanza de pagos que llevara oro, a la sazón medida de la riqueza de una nación, al país.

Si midiéramos las balanzas financieras netas de divisiones geográficas mucho más pequeñas, como los estados norteamericanos individuales o las provincias canadienses (cosa que no hacemos), o de agrupamientos mucho más grandes de naciones, como Suramérica o Asia, las tendencias de esas medidas y sus aparentes implicaciones podrían resultar muy distintas de las que se extraen sólo de la medida nacional convencional delineada por la soberanía: la actual balanza por cuenta corriente.

La elección de la unidad geográfica apropiada para medir debería depender de lo que pretendemos descubrir. Presumo que, las más de las veces, por lo menos en un entorno político, pretendemos juzgar el grado de tensión financiera que podría augurar unos resultados económicos significativamente adversos. Tomar la mejor decisión en cada caso requeriría datos sobre las balanzas financieras en el nivel de detalle en que se toman las decisiones económicas: los hogares individuales, las empresas y los gobiernos. Allí es donde se experimenta el estrés y por tanto donde pueden originarse las acciones y tendencias susceptibles de desestabilizar las economías.

Cuando un hogar gasta más que sus ingresos en consumo e inversiones como una vivienda (Las inversiones pueden ser, por supuesto, negativas: por ejemplo, la venta de una casa existente o una liquidación de existencias) -es decir, sale más dinero del que entra-, los economistas lo califican de hogar con déficit financiero. Se trata de un prestatario neto, o deudor, de activos financieros. Un hogar que ahorra por medio de la acumulación de activos financieros o una reducción de la deuda se denomina hogar con superávit financiero, en reflejo de su flujo de efectivo positivo. A empresas y gobiernos -federales, estatales y locales- se les aplican designaciones parecidas. Cuando consolidamos esos déficits y superávits para todos los residentes en Estados Unidos, obtenemos un nuevo resultado que consiste en las nuevas posiciones acreedoras netas de los estadounidenses sobre extranjeros; es decir, nuestro superávit o déficit por cuenta corriente (En realidad, existen unas pocas transferencias de capital que reconcilian las entradas necesarias para conseguir el balance por cuenta corriente).

Sin embargo, antes de la consolidación, las ratios tanto de los déficits como de los superávits de las entidades económicas estadounidenses individuales -hogares, empresas y gobiernos- en relación con sus ingresos, de promedio, llevan décadas al alza, posiblemente incluso desde el siglo XIX (Eso es cierto tanto si usamos la renta de las entidades individuales como la renta interior bruta o su equivalente producto interior bruto. No existe pérdida de renta en la consolidación de las rentas individuales en un total nacional). Durante la mayor parte de ese período, los déficits de algunas entidades económicas residentes en Estados Unidos equivalían casi por completo a los superávits de las restantes entidades económicas. Nuestras balanzas por cuenta corriente eran, por tanto, pequeñas (Una excepción fueron los déficits por cuenta corriente estadounidenses tras la Guerra Civil, que reflejaban en gran medida la financiación extranjera de la inmensa red ferroviaria responsable de buena parte de la actividad económica del país a lo largo del fin de siglo). Lo que tiene de especial la pasada década es que la reducción del sesgo doméstico, sumada a las significativas ganancias de capital sobre las viviendas y otros activos, ha propiciado un gran aumento en la adquisición por parte de residentes estadounidenses de bienes y servicios producidos en el extranjero, adquisición financiada de buena gana por inversores extranjeros.

Las posiciones acreedoras netas agregadas sólo contra extranjeros (nuestra cuenta corriente) dan un retrato estadístico incompleto del grado de potencial estrés económico. Pueden subestimar o exagerar un problema pendiente para una economía en su conjunto. En verdad, si viviéramos en un mundo en que se hiciera caso omiso de las fronteras de soberanía o de otro tipo para las transacciones de bienes, servicios y activos, las mediciones del estrés de las unidades económicas en su definición más estrecha serían inapelablemente las más informativas. Las balanzas por cuenta corriente definidas en términos nacionales poseen importantes usos específicos relacionados con los tipos de cambio, pero sospecho que demasiado a menudo se utiliza la medida para dar a entender algún mal más genérico. Eso es un error.

Los desequilibrios comerciales y financieros llevan un tiempo al alza dentro de las fronteras de Estados Unidos. Son reflejo de una creciente especialización de la función económica, que se remonta al menos a principios de la Revolución Industrial. El alejamiento de la autosuficiencia económica de los individuos y las naciones surgió de la división del trabajo, un proceso que subdivide sin cesar las tareas y crea niveles cada vez más profundos de especialización y competencia y, a resultas de ello, mejora la productividad y los niveles de vida. Esa especialización fomenta el comercio entre las entidades económicas de la nación y, como sucedió incluso durante los primeros tiempos del comercio, con nuestros socios comerciales internacionales.

Con el tiempo, proporciones cada vez mayores de hogares, empresas no financieras y gobiernos, tanto nacionales como locales, estadounidenses han financiado sus inversiones de capital con fuentes distintas a la renta de sus propios hogares, los fondos internos de las corporaciones o los impuestos gubernamentales. En los antiguos Estados Unidos, casi toda esa financiación se originaba en las instituciones financieras estadounidenses u otras entidades nacionales. La deuda de los residentes estadounidenses a los extranjeros era pequeña. La creciente (y propensa al riesgo) tendencia a tomar prestado en previsión de un futuro ingreso que presenta una proporción significativa de los estadounidenses se ve reflejada en un persistente aumento en los activos y pasivos de hogares y empresas respecto de sus ingresos.

Un cálculo detallado del personal de la Junta de la Reserva Federal que empleó datos de más de cinco mil empresas estadounidenses ajenas al sector financiero de los años 1983 a 2004 reveló que el crecimiento en la suma de los déficits de aquellas corporaciones en que los gastos de capital sobrepasaban al flujo de caja dejaba atrás sistemáticamente el crecimiento en valor añadido corporativo. La suma de superávits y déficits, con independencia de su signo, como proporción de una representación del valor añadido corporativo presenta un aumento anual medio del 3,5 por ciento al año (Los superávits (y déficits) se miden como renta antes de las partidas extraordinarias, más depreciación, menos gastos de capital. La representación del valor añadido corporativo es el margen bruto, o las ventas menos el coste de los bienes vendidos). Escasean los datos sobre la dispersión de los déficits financieros de las entidades económicas estadounidenses al margen de las corporaciones no financieras. Un cálculo independiente, y menos satisfactorio, de los balances financieros sólo en parte consolidados de las entidades económicas individuales en relación con el PIB nominal, muestra un aumento en la suma absoluta de superávits y déficits a lo largo del medio siglo pasado que es 1,25 puntos porcentuales al año más rápido que el aumento del PIB nominal (La medida estima los desequilibrios del ahorro menos la inversión entre siete sectores no financieros consolidados registrados en estadísticas macroeconómicas estadounidenses: hogares, corporaciones, empresas no corporativas y no agrícolas, granjas, gobiernos estatales y locales, el Gobierno federal y el resto del mundo. Incluyo el sector del «resto del mundo» porque mide los superávits o déficits de los residentes estadounidenses aunque reflejen la acumulación de posiciones acreedoras sobre los extranjeros. Los otros seis sectores reflejan únicamente las posiciones acreedoras sobre/o las obligaciones hacia residentes nacionales. Sí disponemos de bastantes datos sobre las consecuencias de los superávits y los déficits: los niveles de deuda y activos no consolidados. El vínculo, por supuesto, sólo sería exacto si algunas entidades económicas siempre incurrieran en déficit y las restantes siempre presentaran superávit. Así, la acumulación de los déficits ofrecería el cambio en la deuda pendiente no consolidada y la acumulación de los superávits el cambio en los activos. Si eso fuera cierto, podríamos inferir el grado de dispersión a partir de las estimaciones de activos y pasivos no consolidados. En verdad, durante el pasado medio siglo, con la excepción del inusual período 1986-91, cuando el hundimiento de la industria de las instituciones de ahorro y préstamo distorsionó las cifras de deuda, la tasa de cambio tanto en activos como en pasivos en relación con el PIB nominal en efecto aumentó. Eso de por sí no es prueba de un aumento de la dispersión, sino una mera estadística más que encaja con mi presuposición de un aumento en la dispersión que a largo plazo ha superado el aumento en el PIB nominal).

El aumento en la dispersión de los desequilibrios de las entidades económicas dentro de las fronteras nacionales de Estados Unidos parece haberse aplanado en cierta medida a lo largo de la última década, según cálculos realizados usando los datos de los balances financieros parcialmente consolidados. Dado que el déficit por cuenta corriente se aceleró durante esos años, es plausible suponer que el proceso general de dispersión de los desequilibrios de las entidades económicas estadounidenses continuó pero con una creciente proporción de déficits de los hogares,empresas y gobiernos financiados con fuentes más extranjeras que nacionales. Eso se hace evidente sin sombra de duda en la financiación de nuestro déficit presupuestario federal y los gastos de capital de las empresas (Entre 1995 y 2006, la proporción de pasivos corporativos no financieros debidos a extranjeros creció acusadamente en cuanto porcentaje de los pasivos corporativos no financieros totales. La proporción de obligaciones del Tesoro estadounidense debida a extranjeros creció del 23 al 44 por ciento a lo largo de esos años. Los préstamos extranjeros a hogares estadounidenses siempre han sido insignificantes). En pocas palabras, puede sostenerse que la expansión de nuestro actual déficit por cuenta corriente durante la década anterior refleja el desplazamiento en el comercio y la financiación desde dentro de las fronteras de Estados Unidos hasta un comercio y unas finanzas transfronterizos.

Así pues, la historia de la erosión de nuestra balaza por cuenta corriente es la de unos desequilibrios financieros que a principios de los 90 se derramaron hacia fuera de las fronteras nacionales, momento en el cual se midieron como déficits por cuenta corriente en rápido aumento. Cualquier balanza que empieza con un superávit (como hacía en 1991) y se convierte en un déficit que crece con rapidez es siempre motivo de preocupación, y deviene de forma casi inevitable un asunto político. Sin embargo, a menos que posea una gran importancia, por ejemplo, si una empresa residente en Estados Unidos financia sus desembolsos de capital con fuentes extranjeras en lugar de nacionales, la medida más relevante del desequilibrio debería combinar la financiación tanto interior como foránea. Puede sostenerse que la tensión sobre las entidades económicas estadounidenses ha aumentado poco con el desplazamiento en las fuentes de su financiación. El aumento en la ratio de desequilibrios (tanto extranjeros como nacionales) respecto del PIB es una tendencia mucho más modesta y menos preocupante que la que comporta su componente extranjero (la cuenta corriente) a solas.

Muchas empresas estadounidenses, por ejemplo, adquirían anteriormente componentes de proveedores nacionales, pero en años recientes se han pasado a proveedores extranjeros. Esas empresas, por lo general, ven a los proveedores nacionales y extranjeros como competidores del mismo modo en que ven competir entre ellos a los proveedores nacionales. Pasar de una fuente nacional a una extranjera afecta a la contabilidad internacional de la balanza de pagos, pero puede sostenerse que no influye en la tensión macroeconómica. Sin duda, las empresas y trabajadores que pierden ventas se verán afectados negativamente, al menos hasta que puedan reubicarse en usos más competitivos. Pero eso no es diferente de las secuelas de la competencia interior. La única diferencia significativa en un desplazamiento hacia proveedores transfronterizos son los efectos de los tipos de cambio durante el proceso de ajuste y más allá. Desde la perspectiva de la tensión individual, sin embargo, esos efectos son parecidos a los de un cambio en el precio de un componente clave adquirido.

Encontramos indicios adicionales de que los superávits y los déficits de las entidades económicas residentes de los Estados Unidos han estado, en efecto, aumentando en relación con los ingresos a lo largo del siglo pasado si consideramos el aumento de los activos de los intermediarios financieros en relación con los activos no financieros y el PIB nominal. Son esas instituciones financieras las que en gran medida han aceptado depósitos y hecho préstamos para abarcar los superávits y déficits financieros de los residentes estadounidenses. Los hogares han depositado la renta que no gastaban en bancos comerciales y entidades de ahorro, por ejemplo. El préstamo de esos depósitos permitió a otros financiar inversiones en viviendas, bienes de equipo y plantas. En consecuencia, el tamaño de esas instituciones puede actuar de representación alternativa de esos superávits y déficits. En verdad, puede conjeturarse que la necesidad de intermediar en esos déficits y superávits en expansión ha impulsado, a lo largo de las generaciones, el desarrollo de nuestras formidables instituciones financieras.

Desde 1946, los activos de los intermediarios financieros estadounidenses, aun excluyendo el enorme crecimiento en las carteras de hipotecas, han subido un 1,8 por ciento al año en relación con el PIB nominal. Desde 1896 (la primera fecha con datos exhaustivos sobre los activos bancarios) a 1941, los activos de los bancos, con diferencia los intermediarios financieros dominantes en esos años, subieron un 0,6 por ciento al año en relación con el PIB.

Implícita en una dispersión al alza de los déficits y superávits financieros de las entidades económicas individuales está la expectativa de unos déficits acumulativos crecientes para algunos y, por tanto, un posible aumento acelerado de la deuda como proporción de la renta o su equivalente, el PIB (Los déficits acumulativos de las entidades económicas individuales aumentarán la deuda neta, es decir, la deuda bruta menos los activos financieros. En la gran mayoría de casos, la deuda bruta subirá con la deuda neta). De 1900 a 1939, la deuda privada no financiera en Estados Unidos subió casi un 1 por ciento más rápido al año, de promedio, que el PIB nominal. La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias inmediatas en forma de inflación eliminaron la carga real de la deuda durante un tiempo; la proporción deuda-PIB, en consecuencia, descendió. La tendencia al alza de la ratio, sin embargo, regresó al cabo de poco: de 1956 a 1996, la deuda empresarial no financiera creció un 1,8 por ciento más rápido en términos anuales que el producto empresarial bruto, y de 1996 a 2006, un 1,2 por ciento más rápido (Es probable que la tendencia hacia la dispersión intranacional de los desequilibrios financieros se esté produciendo no sólo en Estados Unidos sino también en otros países. Sugiere la existencia de esa tendencia el aumento en la deuda no financiera no consolidada de las principales economías industriales, a excepción hecha de Estados Unidos, a lo largo de las últimas tres décadas, que ha superado el crecimiento del PIB por 1,6 puntos porcentuales al año).

Una ratio deuda-ingresos al alza para los hogares, o de la deuda no financiera total respecto del PIB, no es, por sí misma, una medida de tensión financiera. Se trata en buena medida de un reflejo de la dispersión de un desequilibrio financiero creciente de las entidades económicas, que a su vez refleja el irreversible movimiento alcista en la división y especialización del trabajo. Tanto los activos como la deuda del sector no financiero han subido más rápido que los ingresos a lo largo del pasado medio siglo. Pero la deuda está creciendo más rápido que los activos; es decir, el apalancamiento financiero ha estado creciendo. La deuda de los hogares en cuanto porcentaje de los activos, por ejemplo, alcanzó el 19,3 por ciento hacia finales de 2006, en comparación con el 7,6 por ciento de 1952. El pasivo exigible de las compañías no financieras como porcentaje de los activos creció desde el 28 por ciento de 1952 al 54 por ciento de 1993, pero decayó hasta el 43 por ciento para finales de 2006, cuando las empresas emprendieron un gran programa para mejorar sus balances.

Cuesta juzgar lo problemático que es este aumento a largo plazo del apalancamiento financiero. Dado que la aversión al riesgo es innata e inmutable, la disposición a adoptar un apalancamiento aumentado a lo largo de las generaciones probablemente refleje una flexibilidad financiera mejorada que permite que el apalancamiento aumente sin incremento del riesgo, al menos hasta cierto punto. Los banqueros de los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil percibían la necesidad de respaldar dos quintos de sus activos con patrimonio. Menos era demasiado arriesgado. Los banqueros actuales se contentan con una décima parte. Pese a todo, la bancarrota es menos frecuente en la actualidad que hace 140 años. La misma tendencia se observa en las empresas y los hogares. El aumento del apalancamiento parece ser el resultado de las enormes mejoras en tecnología e infraestructura, no de unos humanos significativamente más propensos al riesgo. Es obvio que un apalancamiento financiero de la deuda disparado por encima de lo que las nuevas tecnologías pueden sostener invita a la crisis. No estoy seguro de dónde se encuentra el punto de inflexión. Además, la experiencia de finales de la década de 1950 con las cargas de deuda de consumo me ha hecho reacio a subestimar la capacidad de la mayoría de hogares y empresas para gestionar sus asuntos financieros.

Resulta tentador concluir que el déficit por cuenta corriente estadounidense es básicamente un efecto secundario de unas fuerzas a largo plazo y por tanto en buena medida benigno. Al fin y al cabo, es cierto que parecemos haber sido capaces de financiarlo con relativa facilidad en los años recientes. Sin embargo, ¿reflejan una creciente tensión económica los aparentes aumentos continuos en los déficits de los propios hogares y empresas no financieras estadounidenses individuales? ¿Y acaso importa si esos déficits se están financiando con fuentes nacionales o extranjeras? Si las decisiones económicas se tomaran con independencia de la moneda o los riesgos transfronterizos, podría sostenerse que los desequilibrios por cuenta corriente carecerían de relevancia económica particular, y la acumulación de deuda en manos de extranjeros tendría pocas implicaciones más allá de la solvencia de los propios deudores. Si la deuda de las entidades estadounidenses correspondiera a prestadores nacionales o extranjeros resultaría de escasa importancia.

Pero las fronteras nacionales sí importan, por lo menos hasta cierto punto. Los pagos de servicio de la deuda sobre préstamos extranjeros en última instancia deben financiarse con las exportaciones de bienes y servicios o de los flujos de entrada de capital, mientras que la deuda interior tiene una base más amplia con la que pagar el servicio de la deuda. Para una empresa, las transacciones transfronterizas pueden verse complicadas por un tipo de cambio volátil, pero en general eso es un riesgo empresarial normal. Es cierto que el proceso de ajuste del mercado parece ser menos eficaz o transparente cuando cruza fronteras que cuando permanece en el interior del país. Se ha demostrado que los precios de bienes idénticos en lugares cercanos, pero en lados diferentes de una frontera, difieren significativamente aun cuando están denominados en la misma moneda (La persistente divergencia a renglón seguido de la creación del euro de muchos precios de bienes idénticos entre países miembros de la zona euro aparece analizada en John H. Rogers (2002). Para el caso de los precios estadounidenses y canadienses, véase Charles Engel y John H. Rogers (1996)). Así, los desequilibrios por cuenta corriente transfronterizos pueden impartir un grado de tensión económica que es probablemente superior al derivado sólo de los desequilibrios interiores. Los riesgos jurídicos y de moneda transfronterizos son añadidos importantes a los riesgos domésticos normales. Pero ¿cuán significativas son las diferencias?

La globalización está cambiando muchos de nuestros postes indicadores económicos. Probablemente sea razonable suponer que la dispersión a escala mundial de los desequilibrios financieros de las entidades económicas no consolidadas como proporción del PIB mundial nominal, señalada con anterioridad, siga aumentando a medida que la creciente especialización y división del trabajo se difunda globalmente. Si la dispersión de los equilibrios mundiales por cuenta corriente seguirá también aumentando es harina de otro costal. Ese aumento implicaría un descenso mayor auú del sesgo doméstico. Sin embargo, en un mundo de estados-nación, el sesgo doméstico sólo puede menguar hasta cierto punto. Con el tiempo debe estabilizarse, como en verdad es posible que ya haya hecho (Las medidas del coeficiente de correlación del sesgo doméstico se han aplanado desde 2000. Lo mismo sucede con las medidas de la dispersión. Eso concuerda con que Estados Unidos responda de una proporción en aumento de los déficits). En ese caso, el déficit por cuenta corriente estadounidense probablemente se movería hacia el equilibrio.

Entretanto, sean cuales sean la relevancia y las posibles implicaciones negativas del actual déficit por cuenta corriente, mantener la flexibilidad económica, como he recalcado, quizá sea el modo más eficaz de contrarrestar esos riesgos. La acumulación de posiciones acreedoras en dólares contra residentes de Estados Unidos ya está motivando inquietudes a propósito del «riesgo de concentración»: la preocupación por el «todo a una carta» que podría llevar a los titulares extranjeros a intercambiar dólares por otras monedas, aun cuando las inversiones en dólares rindan más. Aunque los inversores extranjeros todavía no hayan frenado de manera significativa su financiación de las inversiones de capital estadounidenses, desde principios de 2002 el valor del dólar en relación con otras monedas ha disminuido, al igual que la proporción de activos en dólares en algunas mediciones de las carteras transfronterizas globales (Del equivalente a más de 40 billones de dólares de banca transfronteriza y títulos internacionales de bonos que el sector privado comunicó al Banco de Pagos Internacionales para el final del tercer trimestre de 2006, un 43 por ciento estaba en dólares y un 39 por ciento en euros. Las autoridades monetarias se han inclinado algo más por conservar las obligaciones en dólares: a finales del tercer trimestre de 2006, del equivalente a 4,7 billones guardados en reservas de divisas, aproximadamente dos tercios figuraban en dólares y aproximadamente un cuarto en euros).

Si se contiene la preocupante deriva actual hacia el proteccionismo y los mercados siguen siendo lo suficientemente flexibles, el cambio de los términos del comercio, los tipos de interés, los precios de los activos y los tipos de cambio debería provocar que el ahorro estadounidense aumentara en relación con la inversión interior. Eso reduciría la necesidad de financiación extranjera e invertiría la tendencia de la década anterior hacia el aumento de la dependencia de fondos procedentes del extranjero. Sin embargo, si la perniciosa deriva hacia la irresponsabilidad fiscal en Estados Unidos y otros países no se interrumpe y se ve agravada por un giro proteccionista de la globalización, el proceso de ajustar el déficit por cuenta corriente podría resultar muy doloroso para Estados Unidos y nuestros socios comerciales.

19 Globalización y regulación

Según todas las crónicas de la época, el mundo anterior a 1914 parecía avanzar de forma irreversible hacia niveles superiores de civismo y civilización; la sociedad humana se antojaba perfectible. El siglo XIX había traído el fin de la espantosa trata de esclavos. La violencia deshumanizadora parecía en declive. Al margen de la Guerra Civil estadounidense en la década de 1860 y la breve guerra franco-prusiana de 1870-71, no se había producido ningún conflicto con participación de grandes porciones del mundo «civilizado» desde la época napoleónica. El ritmo de invención global había progresado a lo largo del siglo XIX y traído los ferrocarriles, el teléfono, la luz eléctrica, el cine, el coche a motor y electrodomésticos demasiado numerosos para enumerarlos. La ciencia médica, las mejoras en la nutrición y la distribución masiva de agua potable habían elevado la esperanza de vida, en lo que llamamos el mundo desarrollado, desde los treinta y seis años en 1820 hasta más de cincuenta para 1914. La sensación de que ese progreso era irreversible era universal.

La Primera Guerra Mundial fue más devastadora para el civismo y la civilización que la físicamente mucho más destructiva Segunda Guerra Mundial: el primer conflicto destruyó una idea. No puedo dejar de pensar en esos años previos a la Primera Guerra Mundial, cuando el futuro de la humanidad parecía libre de lastres e ilimitado (Todavía conservo un libro de mis tiempos de estudiante, Economics and the Public Welfare, en que el economista retirado Benjamin Anderson evocaba el idealismo y optimismo de aquella época perdida de un modo que nunca he olvidado: «Quienes poseen un recuerdo adulto y una comprensión adulta del mundo que precedió a la Primera Guerra Mundial lo rememoran con una gran nostalgia. Existía una sensación de seguridad que desde entonces no se ha repetido. El progreso se daba en general por sentado […]. Década tras década había visto una creciente libertad política, la difusión progresiva de las instituciones democráticas, el paulatino ascenso del nivel de vida para las masas de los hombres […]. En los asuntos financieros se daba por sentada la buena fe de los gobiernos y los banqueros centrales. Gobiernos y banqueros centrales no siempre eran capaces de cumplir sus promesas, pero cuando eso pasaba sentían vergüenza y tomaban medidas para estar a la altura de lo prometido en la medida de lo posible.»). Hoy en día nuestra perspectiva es drásticamente distinta a la de hace un siglo, pero quizás algo más acorde con la realidad. ¿Harán el terrorismo, el calentamiento global o el populismo resurgente lo mismo con la vida de la globalización de la época actual que la Primera Guerra Mundial hizo con la anterior? Nadie puede estar seguro de la respuesta. Pero al abordar la cuestión, vale la pena tantear las raíces e instituciones de la economía posterior a la Segunda Guerra Mundial, que ha elevado los niveles de vida de la práctica totalidad de los habitantes de este planeta y ayudado a recuperar parte de las esperanzas de la humanidad.

Las economías individuales crecen y prosperan a medida que sus habitantes aprenden a especializarse y practicar la división del trabajo. Lo mismo sucede a escala global. La globalización -la profundización de la especialización y la extensión de la división del trabajo más allá de las fronteras nacionales- es a todas luces una clave para entender gran parte de nuestra historia económica reciente. Una creciente capacidad para llevar a cabo transacciones y asumir riesgos en todo el mundo está creando una economía verdaderamente global. La producción se ha vuelto cada vez más internacional. Gran parte de lo que se monta en forma final vendible en un país está formado cada vez más por componentes de muchos continentes. Poder buscar las fuentes más competitivas de mano de obra y aporte de material en todo el mundo en vez de a escala meramente nacional no sólo reduce la inflación de costes y precios sino que también aumenta la ratio del valor de los outputs respecto de los inputs, la medida más amplia de la productividad y una representación útil de los niveles de vida. De promedio, los niveles de vida han experimentado un drástico aumento. Centenares de millones de personas de los países en vías de desarrollo se han elevado por encima del nivel de subsistencia. Otros centenares de millones experimentan en la actualidad un nivel de prosperidad que los nacidos en las naciones desarrolladas llevan experimentando toda la vida.

Por otro lado, el aumento de las concentraciones de ingresos que ha surgido bajo la globalización ha reavivado la batalla entre la cultura del Estado del bienestar y la del capitalismo, una batalla que algunos creían terminada de una vez por todas con la caída en desgracia de la planificación central. También pende sobre nosotros la perspectiva del terrorismo, que amenazaría el Estado de derecho y por tanto la prosperidad. Está en curso un debate mundial sobre el futuro de la globalización y el capitalismo, y su resolución definirá el mercado mundial y nuestro modo de vida para las décadas venideras.

La historia nos advierte de que la globalización es reversible. Podemos perder muchas de las ganancias históricas del pasado cuarto de siglo. Las barreras al comercio que cayeron tras la Segunda Guerra Mundial pueden resucitarse, pero desde luego no sin consecuencias parecidas a las que siguieron al colapso bursátil de 1929.

Tengo dos graves preocupaciones acerca de nuestra capacidad para conservar la inercia del reciente progreso material del mundo. La primera es el surgimiento de unas concentraciones crecientes de ingresos, que es una amenaza para la armonía y estabilidad de las sociedades democráticas. Esa desigualdad puede, me temo, desencadenar una reacción políticamente oportuna pero económicamente desastrosa. La segunda es el impacto de la inevitable desaceleración en el proceso de la propia globalización. Eso podría reducir el crecimiento mundial y disminuir la amplia sanción al capitalismo que evolucionó a partir de la caída de la Unión Soviética. La gente no tarda en ajustarse a unos niveles de vida más altos y, si el progreso pierde fuelle, se siente despojada y busca nuevas explicaciones o nuevos dirigentes. Irónicamente, en la actualidad el capitalismo parece gozar de mayor aceptación en las muchas regiones del mundo en vías de desarrollo en que el crecimiento es rápido -China, parte de la India y casi toda Europa del Este- que donde se originó, en Europa occidental, donde es más lento.

Un mundo «plenamente globalizado» es uno en que una producción, un comercio y unas finanzas sin trabas cuentan con el impulso de una búsqueda de beneficios y una asunción de riesgos que se desentienden por completo de la distancia y las fronteras nacionales. Nunca se alcanzará ese estadio. La aversión al riesgo inherente a las personas y el sesgo doméstico con que se manifiesta esa aversión significan que la globalización tiene sus límites. La liberalización del comercio en las décadas recientes ha traído un gran descenso de las barreras al movimiento de bienes, servicios y flujos de capital. Pero los posteriores avances llegarán con dificultades cada vez mayores, como demostró el punto muerto de la ronda de negociaciones comerciales de Doha.

Como existen pocos precedentes para gran parte de nuestra experiencia reciente, cuesta determinar cuánto tiempo tardará en consumarse la dinámica de la actual globalización. Y aun entonces tendremos que ir con cuidado de no caer en la trampa de equiparar la nivelación de la globalización con el agotamiento de las oportunidades para nuevas inversiones. El cierre de la frontera estadounidense a finales del siglo XIX, por ejemplo, no supuso, como muchos temían, el inicio del estancamiento económico.

La recuperación económica posterior a la Segunda Guerra Mundial contó en un principio con el impulso del reconocimiento generalizado por parte de economistas y dirigentes políticos de que el auge del proteccionismo que siguió a la Primera Guerra Mundial había sido un factor contribuyente primordial para la profundidad de la Gran Depresión. Como consecuencia, los políticos empezaron a derribar de manera sistemática las barreras comerciales y, mucho después, las de los flujos financieros. Antes de la caída de la Unión Soviética, la globalización recibió un nuevo espaldarazo cuando la década asolada por la inflación de 1970 provocó un replanteamiento de las políticas económicas y las torpes regulaciones torpes surgidas de los años de la Depresión.

Gracias a la desregulación, el aumento de la innovación (El descenso en picado de los costes de comunicación, cuando la fibra óptica abarcó el planeta, y la caída de los costes del transporte en todas partes han sido importantes acicates adicionales para el comercio internacional) y la bajada de las barreras al comercio y la inversión, el comercio internacional en las décadas recientes se ha ampliado a un ritmo mucho más rápido que el PIB, lo que implica un aumento comparable, de promedio, en la ratio de las importaciones respecto del PIB a escala mundial. A resultas de ello, la mayoría de economías están cada vez más expuestas a los rigores y tensiones de la competencia internacional, la cual, por bien que difiera poco del estrés de la competencia interior, parece menos sometida a control. La inseguridad laboral engendrada en las economías desarrolladas por las pujantes importaciones está pasando factura a los aumentos salariales: el miedo a perder el puesto de trabajo ha acallado de manera significativa las exigencias de los empleados. Así, las importaciones, que por necesidad tienen precios competitivos, han estado conteniendo las presiones inflacionarias.

En las primeras décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial hubo ganancias enormes en el volumen del comercio internacional, pero las exportaciones e importaciones de cada país crecieron en gran medida al paso que les marcaban. Los desequilibrios comerciales significativos y persistentes escasearon hasta mediados de los 90. Fue sólo entonces cuando empezó a desarrollarse la globalización de los mercados de capital, proceso que redujo el coste de la financiación y por tanto aumentó las existencias mundiales de capital real, un motor clave del crecimiento de la productividad. Muchos ahorradores, anteriormente inclinados, o limitados, a invertir dentro de sus propias fronteras de soberanía, empezaron a mirar al extranjero para aprovechar una gama más amplia de oportunidades de inversión de reciente disponibilidad. Dada la variedad más amplia de fuentes de financiación de las que elegir, el coste medio de capital para las empresas descendió. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años, punto de referencia desde hace tiempo para los tipos de interés, mantiene una tendencia a la baja desde 1981. Se encogió a la mitad para cuando cayó el Muro de Berlín y otra vez hasta alcanzar su punto más bajo a mediados de 2003.

El avance resultante de los mercados financieros globales ha mejorado de forma acusada la eficacia con la que se invierten los ahorros mundiales, un factor de contribución indirecta vital para el crecimiento de la productividad mundial (Aún en el día de hoy, una significativa fracción de los ahorros mundiales se malgasta en el sentido de que financia inversiones de capital en gran medida improductivas, sobre todo en el sector público). Según pude ver, de 1995 en adelante, los mercados globales en gran medida desregulados, con algunas notables excepciones, parecían estar pasando con suavidad de un estado de equilibrio a otro. La mano invisible de Adam Smith estaba funcionando a escala global. Pero ¿qué hace esa mano invisible? ¿Por qué experimentamos períodos prolongados de empleo y producción estables o crecientes y tipos de cambio, precios, salarios y tipos de interés que cambian sólo de manera gradual? ¿Somos unos insensatos al confiar en esa estabilidad cuando la vemos en los mercados? O, como preguntó una vez un ministro de Economía recién nombrado: «¿Cómo podemos controlar el caos inherente a un comercio y unas finanzas internacionales desregulados sin una intervención gubernamental significativa?» Dados los billones de dólares de transacciones transfronterizas diarias, de pocas de las cuales queda constancia pública, en verdad, ¿cómo puede nadie estar seguro de que un sistema global desregulado funcionará? Y aun así lo hace, día sí y día también. Ocurren fallos sistémicos, por supuesto, pero son sorprendentemente raros. La confianza en que la economía global funciona como se supone que debe funcionar requiere una comprensión del papel de las fuerzas de equilibrio. (Por desgracia esas fuerzas parecen más evidentes para los economistas que para los abogados y políticos que se encargan de la regulación.)

El «caos» global actual, por usar el malentendido de mi amigo ministro de Economía, carece de precedentes históricos. Ni siquiera en la «era dorada» del laissez-faire internacional más o menos total previo a la Primera Guerra Mundial las finanzas globales desempeñaron un papel tan importante. Como he señalado, el volumen del comercio internacional lleva creciendo mucho más rápido que el PIB real mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La expansión refleja la apertura de los mercados internacionales además de grandes avances en las capacidades de comunicación que inspiraron a The Economist a proclamar, hace unos pocos años, «la muerte de la distancia». Para facilitar la financiación, el aseguramiento y la puntualidad de todo ese comercio, el volumen de las transacciones transfronterizas en instrumentos financieros ha tenido que aumentar más rápido incluso que el propio comercio. Hubo que inventar o desarrollar variedades de finanzas nuevas por completo: derivados de crédito, activos titulizados, futuros del petróleo y demás han hecho todos que el sistema comercial mundial funcione con mucha mayor eficiencia.

En muchos aspectos, la aparente estabilidad de nuestro sistema comercial y financiero global es una reafirmación del simple y contrastado principio que Adam Smith formulara en 1776: el comercio libre de unos individuos con otros en pos de su propio interés conduce a una economía creciente y estable. El modelo de libro de la perfección del mercado funciona si se observan sus premisas: la gente debe ser libre para actuar en pos de su interés, sin trabas procedentes de sobresaltos externos o política económica. Los inevitables errores y euforias de los participantes en el mercado global y las ineficiencias surgidas de esos pasos en falso producen desequilibrios económicos, grandes y pequeños. Mas aun en crisis, las economías parecen corregirse solas inevitablemente (aunque el proceso a veces lleva un tiempo considerable).

La crisis, al menos por un tiempo, desestabiliza las relaciones que caracterizan a los mercados normales y funcionales. Crea oportunidades para cosechar unos beneficios anormalmente elevados con la compra o venta de algunos bienes, servicios y activos. La carrera de los agentes del mercado por aprovechar esas oportunidades tira de los precios, los tipos de cambio y los tipos de interés hasta devolverlos a niveles apropiados para el mercado y así elimina tanto los márgenes de beneficios anormales como las ineficacias que los crearon. En otras palabras, los mercados, completamente libres para reflejar las preferencias de valor de los consumidores mundiales, tenderán a equiparar las tasas de beneficio ajustadas al riesgo en todo el planeta. Unos beneficios por encima de esos niveles son prueba de que no se está haciendo justicia a las preferencias de los consumidores. Una tasa de rendimiento ajustada al riesgo demasiado baja a menudo es prueba de un derroche de recursos productivos, como fábricas y equipos. Sólo cuando unos cambios abruptos en la euforia o los temores humanos abruman el proceso de ajuste del mercado, la mayoría de desequilibrios se vuelven visibles para todos. Sin embargo, para entonces, ya son demasiado visibles.

El rápido ritmo de la globalización del comercio está siendo más que igualado por un grado creciente de globalización de las finanzas. Un sistema financiero global eficaz es aquel que guía el ahorro del mundo hacia la financiación de las inversiones de capital que producirán con mayor eficacia los bienes y servicios que más valoran los consumidores. Estados Unidos, como se apresuran a señalar los extranjeros, ahorra demasiado poco. Nuestra tasa nacional -un escaso 13,7 por ciento del PIB en 2006- hacía de los Estados Unidos, con diferencia, el país desarrollado que menos ahorraba. Aun incluyendo el ahorro extranjero que se invierte en nuestra economía interior, la inversión general en Estados Unidos, a un 20,0 por ciento del PIB, era la tercera más baja entre los grandes países industriales del G7. Sin embargo, como invertimos nuestros escasos ahorros con mucha eficacia y malgastamos poco, hemos desarrollado unas existencias de capital que han producido la tasa de crecimiento de la productividad más alta entre las naciones del G7 durante la mayor parte de la última década.

Implícito en el precio de cualquier bien y servicio está el pago de los servicios financieros asociados con la producción, distribución y comercialización de ese bien o servicio. Ese pago ha aumentado materialmente en cuanto a la proporción del precio y es la fuente de los ingresos en rápido aumento de las personas con habilidades financieras. El valor de esos servicios queda de manifiesto de manera más palmaria en Estados Unidos, donde, como he señalado con anterioridad, la proporción del PIB que fluye a las instituciones financieras, incluido el sector de los seguros, ha aumentado drásticamente en las décadas recientes (Buena parte, pero en modo alguno la totalidad, del valor añadido estadounidense aumentado que se acumula a partir de los servicios financieros va a parar a Nueva York, sede de Wall Street y muchas de las mayores instituciones financieras del mundo. Sin embargo, también se extiende de una punta a otra de Estados Unidos, donde se origina y debe financiarse una quinta parte del PIB mundial. Londres, por supuesto, es un rival al alza de Nueva York y un centro financiero internacional (según la mayoría de medidas supera a Nueva York en finanzas internacionales), pero casi toda la actividad financiera británica se origina en Londres. Las necesidades financieras del resto de Gran Bretaña son, en comparación con las de Estados Unidos, relativamente pequeñas).

Unos sistemas de información que aportan detalles sin precedentes sobre el estado de los mercados financieros respaldan la capacidad de las instituciones para identificar con rapidez oportunidades de beneficios anormales o de nicho, es decir, aquellas cuyas tasas de rendimiento ajustadas al riesgo están por encima de lo normal. Los beneficios anormales en un mercado básicamente desregulado reflejan por lo general alguna ineficiencia en el flujo del ahorro mundial hasta la inversión de capital. Las intensas adquisiciones de esos activos nicho devuelven su precio a la «normalidad». Aunque sin duda no sea el objetivo de los agentes del mercado en busca de beneficios, los ajustes de precios resultantes por parafrasear a Adam Smith, benefician a los consumidores del mundo.

Los elevados beneficios financieros han atraído a un abanico significativo de personas cualificadas e instituciones. Lo más destacado ha sido el nuevo ímpetu de la industria de los hedge funds. Lo que recuerdo como un aletargado sector marginal de las finanzas hace medio siglo se ha metamorfoseado en una vibrante industria billonaria dominada por firmas estadounidenses. Los hedge funds y los private equity funds parecen representar las finanzas del futuro. Pero todavía no. Los valores excepcionalmente elevados que el mercado (es decir, indirectamente, los consumidores) adjudicó a los servicios financieros a partir de mediados de los 90 indujeron a muchos socios de firmas de banca de inversión a crear boutiques de hedge funds. A resultas de ello, el mercado de esos fondos quedó temporalmente saturado en 2006. Hubo fondos que se vieron obligados a liquidar a medida que demasiados recién llegados intentaban cosechar los beneficios nicho que vieron recoger a sus predecesores con rotundo éxito. Pero lo recogido ya no está allí; el dinero fácil ha desaparecido en su mayor parte, y muchos de esos ansiosos aspirantes a magnate de los hedge funds vieron caer en picado sus flamantes valores netos. Pocos observadores exteriores han derramado lágrimas por su tragedia.

Aun así, las estrategias de inversión mediante hedge funds siguen siendo esenciales para eliminar los márgenes de mercado anormales y, es de suponer, de muchas ineficiencias. En verdad, los hedge funds se han vuelto agentes cruciales en los mercados mundiales de capital. Se dice que responden de una proporción significativa del volumen de la Bolsa de Nueva York, y en un plano más general aportan gran parte de la liquidez a unos mercados por lo demás estancados. Están básicamente libres de regulación gubernamental, y espero que sigan así. Imponer un manto de costosa normativa sólo conseguirá reprimir el entusiasmo por buscar nichos de beneficios. Los hedge funds desaparecerían o acabarían como vehículos de inversión mediocres y anodinos, y las economías del mundo saldrían perdiendo.

El propio mercado regula en la actualidad los hedge funds a través de lo que se conoce como vigilancia de contraparte. En otras palabras, a los hedge funds les imponen limitaciones sus inversores de rentas elevadas y los bancos y demás instituciones que les prestan dinero. Como protectores de sus propios accionistas, esos prestadores tienen incentivos para supervisar las estrategias de inversión de los hedge funds muy de cerca. En mi calidad primero de consejero de banco (en JPMorgan) y luego de regulador bancario durante dieciocho años, era muy consciente de hasta qué punto era mejor la situación y el personal de los bancos para entender lo que hacían otros bancos y hedge funds en comparación con la normativa «de manual» realizada por las agencias de regulación financiera de los gobiernos. Por buenos que sean algunos supervisores de bancos de cara a promover una práctica bancaria sólida, tienen pocas posibilidades de revelar la mayoría de fraudes o desfalcos sin la ayuda de una fuente interna.

Un gran fracaso de la vigilancia de contraparte privada fue el casi colapso de Long Term Capital Management, el naufragio financiero de 1998 descrito en el capítulo 9. Los fundadores de LTCM, entre quienes se contaban dos premios Nobel, infundían un respeto tan reverencial que podían negarse y se negaban a ofrecer garantías a sus prestadores, una concesión fatal por parte de éstos. Al cabo de poco, LTCM se quedó sin oportunidades de obtener beneficios nicho, a medida que los imitadores siguieron el ejemplo de la firma y saturaron el mercado. En vez de devolver todo el capital (y no sólo una parte) a los accionistas y dar por completada su misión, los directivos de LTCM se convirtieron en especuladores y realizaron grandes apuestas que tenían poco que ver con su plan empresarial original. En 1998, LTCM perdió hasta la camisa.

El episodio sacudió el mercado. Pero es indicativo del desarrollo de este sector, y del sistema financiero en general, que cuando otro famoso hedge fund estadounidense, Amaranth, se hundió en 2006 con unas pérdidas de más de 6.000 millones de dólares, el sistema financiero del mundo apenas notara un temblor.

Una innovación financiera reciente de gran importancia ha sido la credit default swap. La CDS, como se la conoce, es un derivado que transfiere el riesgo del crédito, por lo general de un instrumento de deuda, a una tercera parte, por un precio. Poder beneficiarse de la transacción de un préstamo pero transferir el riesgo de dicho crédito es un filón para los bancos y otros intermediarios financieros que, para obtener una tasa de rendimiento adecuada sobre el patrimonio, deben apalancar intensamente sus balances aceptando obligaciones de depósito y/o incurriendo en deudas. Las más de las veces, esas instituciones prestan dinero y prosperan. Pero en períodos de adversidad, lo típico es que topen con problemas de morosidad, un hecho que en el pasado la había obligado a recortar drásticamente la actividad de préstamo. Eso a su vez socavaba la actividad económica más en general.

Un vehículo de mercado para transferir el riesgo lejos de esos originadores de préstamos altamente apalancados puede resultar crucial para la estabilidad económica, sobre todo en un entorno global. En respuesta a esa necesidad, se inventó la CDS y tomó el mercado al asalto. El Banco de Pagos Internacionales tabuló un valor teórico a escala mundial equivalente a más de 20 billones de dólares en credit default swaps a mediados de 2006, a partir de los 6 billones de finales del 2004. El poder amortiguador de estos instrumentos quedó palmariamente de manifiesto entre 1998 y 2001, cuando se usó las CDS para esparcir el riesgo de 1 billón de dólares en préstamos a redes de telecomunicaciones en rápida expansión. Aunque una elevada proporción de esas iniciativas quebró en el derrumbe tecnológico, ni una sola gran institución de préstamo se metió en problemas a resultas de ello. Con las pérdidas cargaron, en última instancia, unas instituciones altamente capitalizadas -aseguradoras, fondos de pensiones y demás- que habían sido las grandes proveedoras de la protección de los créditos. Eran perfectamente capaces de absorber el impacto. Así, no hubo repetición de la cascada de quiebras registrada en el pasado.

Por desgracia, cada vez que salen en las noticias los problemas de un hedge fund, se acumula la presión política para regular el sector. Los hedge funds corren riesgos y además son muy grandes, es el sentir general; ¿acaso no prueba eso que son peligrosos? ¿No debería ponerles freno el gobierno? Dejando a un lado la mella que esas acciones podrían hacer en la liquidez del mercado, se me escapa el beneficio de una mayor regulación gubernamental. Los hedge funds cambian sus carteras con tanta rapidez que el balance de la noche anterior probablemente sirva de poco para las 11 de la mañana, de modo que los reguladores tendrían que escudriñar los fondos prácticamente minuto a minuto. Cualquier restricción gubernamental al comportamiento de los fondos de inversión (que es lo que hace la regulación) recortaría la asunción de riesgos, que es parte integral de la contribución de los hedge funds a la economía global y en especial a la estadounidense. ¿Por qué deseamos inhibir a las abejas polinizadoras de Wall Street?

Digo esto habiendo ocupado yo mismo cargos de regulador durante dieciocho años. Cuando acepté el nombramiento del presidente Reagan para dirigir la Fed, lo que me atrajo fue el desafío de aplicar lo que había aprendido sobre la economía y la política monetaria a lo largo de casi cuatro décadas. Aun así, sabía que la Reserva Federal también era un gran regulador bancario y el supervisor de los sistemas de pagos estadounidenses. Por ferviente defensor que fuera de permitir que los mercados funcionasen sin trabas, sabía que como presidente también sería responsable del ingente aparato regulador de la Fed. ¿Podría reconciliar ese deber con mis creencias?

En realidad, había cruzado ese Rubicón mucho antes, durante mi temporada en la presidencia del Consejo de Asesores Económicos del presidente Ford. Aunque el cometido principal del CAE era rebatir los planes de política fiscal disparatados, sí acepté en alguna ocasión un aumento de la regulación, cuando parecía ser el mal menor entre las opciones políticamente disponibles para la Administración. Como presidente de la Fed, decidí, tendría que dejar de lado mis opiniones personales sobre la regulación. Al fin y al cabo, al jurar el cargo me comprometería a respetar la Constitución de Estados Unidos y aquellas leyes cuya aplicación recayera entre las atribuciones de la Reserva Federal. Como era un independiente en mi oposición libertaria a la mayor parte de regulaciones, tenía pensado mostrarme más que nada pasivo en tales asuntos y dejar que otros directivos de la Reserva Federal tomaran la iniciativa.

Al asumir el cargo me esperaba una agradable sorpresa. Sabía por mis contactos con miembros de la plantilla de la Fed, sobre todo durante la Administración Ford, lo muy cualificados que estaban. De lo que no había sido consciente era de la orientación pro libre mercado del personal, que en ese momento descubrí que caracterizaba hasta a la División de Supervisión y Regulación Bancaria. (Su jefe, Bill Taylor, era un regulador simpático y de todo punto profesional. El presidente Bush, padre, más tarde lo nombraría director de la Corporación de Aseguramiento de Depósitos Federales, y su muerte prematura en 1992 fue un duro golpe para sus colegas y la nación.) De modo que, si bien las recomendaciones del personal de la Reserva Federal iban encaminadas a la puesta en práctica de los mandatos del Congreso, estaban siempre formuladas con miras a fomentar la competencia y dejar funcionar a los mercados. Se hacía menos énfasis en el «no harás» y más en la responsabilidad y la transparencia de la gestión que permitiría a los mercados operar con mayor eficacia. La plantilla también reconocía plenamente el poder de la vigilancia de contraparte como protección de primera línea contra el crédito dado en exceso o inapropiadamente.

Esta visión de la regulación se vio influenciada sin duda por los economistas de la institución y la Junta. Por lo general eran sensibles a la necesidad de apuntalar las fuerzas del mercado competitivo que la red de seguridad financiera de Estados Unidos tiende a maniatar. Esta red de seguridad -que incluye salvaguardas como el seguro de depósitos, el acceso de los bancos a las facilidades de descuento de la Fed y el acceso al enorme sistema de pagos electrónicos de la Fed- reduce la importancia de la reputación como limitación a la excesiva creación de deuda. Pese a todo, los esfuerzos de los gestores por proteger sus reputaciones son importantes en todos los negocios pero sobre todo en la banca, donde la reputación es clave para la solidez general de las operaciones de una entidad. Si se sospecha de la cartera de préstamos o los empleados de un banco, los depositarios desaparecen, a menudo con mucha rapidez. Sin embargo, cuando los depósitos están garantizados de alguna manera, es menos probable una estampida.

El estudio de los daños causados por las estampidas de los bancos en tiempos de la Depresión me ha llevado a concluir que, a fin de cuentas, el aseguramiento de depósitos es algo positivo (Siempre había pensado que el sistema de pagos debería ser plenamente privado, pero descubrí que Fedwire, el sistema electrónico de transferencia de fondos operado por la Reserva Federal, sí ofrece algo que no está al alcance de ningún banco privado: pagos finales libres de riesgos. La ventanilla de descuento de la Fed actúa de prestador de último recurso, una función que el sector privado no puede ofrecer sin perjudicar el valor de los accionistas de un banco). Pese a todo, la presencia de una red de seguridad financiera gubernamental sin duda fomenta el «riesgo moral», el término que usan las aseguradoras para describir por qué los clientes emprenden acciones que se pensarían dos veces de no estar asegurados contra las consecuencias adversas de su comportamiento. Las regulaciones sobre préstamos y aceptación de depósitos, por tanto, deben estar cuidadosamente diseñadas para minimizar el riesgo moral que inevitablemente crean. La democracia requiere equilibrios.

Fue un placer descubrir que ser regulador no era la carga que me había temido. De los centenares de votaciones de la Junta sobre regulación realizadas durante mi presidencia, me encontré en minoría una sola vez. (Yo sostenía que una ley del consumidor que exigía la revelación de un tipo de interés se basaba en un método de cálculo que era defectuoso; no puede decirse que fuera un gran argumento de debate filosófico.) Aunque nunca compartí el fervor de algunos por debatir la formulación apropiada de una norma, me instalé en un cómodo papel en el que sólo me hacía oír a propósito de asuntos que me parecieran importantes para el funcionamiento de la Reserva Federal o el sistema financiero en su conjunto.

A lo largo de los años aprendí mucho sobre qué tipo de regulación produce la menor interferencia. Tres reglas básicas:

1. La regulación aprobada en una crisis debe ser afinada a renglón seguido. La Ley Sarbanes-Oxley, aprobada a toda prisa en el Congreso tras las bancarrotas de Enron y WorldCom y que imponía una mayor transparencia financiera a las corporaciones, hoy en día es una de las mayores candidatas a una revisión.

2. A veces varios reguladores son mejor que uno. El regulador solitario se vuelve reacio al riesgo; intenta prevenir todos los resultados negativos imaginables, con lo que crea una aplastante carga de normas. En las industrias financieras, donde la Fed comparte jurisdicción reguladora con el Controlador de la Moneda, el regulador del mercado de valores (SEC) y otras autoridades, tendíamos a controlarnos unos a otros.

3. Las regulaciones sobreviven a su utilidad y deberían renovarse periódicamente. Aprendí esta lección observando a Virgil Mattingly, el jefe de toda la vida del personal jurídico de la Junta de la Reserva Federal. Se tomaba muy en serio la exigencia por ley de revisar toda regulación de la Reserva Federal cada cinco años; cualquier norma que fuera juzgada obsoleta se eliminaba sin contemplaciones.

Un ámbito en el que hace falta más implicación del gobierno en vez de menos es, a mi entender, la erradicación del fraude. Se trata del azote de cualquier sistema de mercado (El fraude es un destructor del proceso de mercado en sí porque los participantes en el mercado necesitan confiar en la honradez del resto de agentes). En verdad, Washington haría bien en desviar recursos de la creación de nuevas regulaciones a un gran incremento de la imposición de las leyes contra el fraude y la delincuencia organizada.

No es infrecuente ver correr a los legisladores y reguladores para promulgar nuevas leyes y normas en respuesta a las crisis del mercado, y los errores resultantes a menudo tardan décadas en corregirse. Yo hacía tiempo que propugnaba que la Ley Glass-Steagall, que en 1933 separó el negocio de la comercialización de valores de la banca comercial, se basaba en una historia errónea. Las declaraciones ante el Congreso de 1933 estaban preñadas de anécdotas que daban la impresión de que un uso inapropiado de sus filiales de valores por parte de los bancos estaba socavando la solidez general. Sólo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ordenadores hicieron posible evaluar el sistema bancario en su conjunto, se puso de manifiesto que los bancos con filiales de valores habían capeado la crisis de los 30 mejor que los que carecían de ellas. A los pocos meses de asumir mis funciones en la Fed, la Junta presentó una propuesta que volvería a permitir a los bancos vender valores a través de filiales, bajo condiciones muy restrictivas. La Junta siguió animando a la relajación de las restricciones, y comparecí muchas veces para abogar por un cambio legislativo. Hizo falta esperar a 1999 para que la Glass-Steagall quedara revocada por la Ley Gramm-Leach-Bliley. Por suerte, esta última, que devolvió una flexibilidad desesperadamente necesaria al sector financiero, no es ninguna aberración. La consciencia de los efectos adversos de un exceso de regulación y la necesidad de adaptabilidad económica han experimentado un sustancial avance en los años recientes. Más nos vale no retroceder.

La globalización, la extensión del capitalismo a los mercados mundiales, como el capitalismo en sí, es objeto de intensas críticas por parte de quienes sólo ven el lado destructivo de la destrucción creadora. Aun así, todos los indicios creíbles indican que los beneficios de la globalización superan con creces sus costes, incluso más allá del ámbito de la economía. Por ejemplo, el economista Barry Eichengreen y el politólogo David Leblang, en un documento publicado a finales de 2006, hallaron «indicios [durante los 130 años transcurridos entre 1870 y 2000] de relaciones positivas que avanzan en ambos sentidos entre la globalización y la democracia». Encontraban «que la apertura del comercio fomenta la democracia […]. El impacto de la apertura financiera sobre la democracia no [es] tan fuerte pero sigue apuntando en la misma dirección [y] […] las democracias tienen más probabilidades de retirar los controles al capital».

En consecuencia, deberíamos concentrarnos en abordar y aplacar los temores suscitados por el lado oscuro de la destrucción creadora en lugar de imponer límites al edificio económico del que depende la prosperidad a escala mundial. La innovación es tan importante para nuestro mercado financiero global como para la tecnología, los productos de consumo o la atención sanitaria. A medida que la globalización se extienda y en último término empiece a frenar, nuestro sistema financiero necesitará conservar su flexibilidad. El proteccionismo, al margen del disfraz que adopte, sea político o económico, afecte al comercio o a las finanzas, es una receta de estancamiento económico y autoritarismo político. Podemos hacerlo mejor. En verdad, debemos.

20 El «acertijo»

«¿Qué está pasando?», me quejé en junio de 2004 a Vincent Reinhart, director de la División de Asuntos Monetarios de la Junta de la Reserva Federal. Estaba alterado porque habíamos aumentado el tipo de los fondos federales y no sólo el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años no había subido, sino que había incluso bajado. Era un patrón que estábamos acostumbrados a presenciar sólo avanzado un ciclo de endurecimiento del crédito, cuando los tipos de interés a largo plazo empezaban a reflejar plenamente las expectativas inflacionarias rebajadas, que eran la consecuencia del endurecimiento de la Fed (Más típico fue el patrón de los tipos de interés a largo plazo en 1994, por ejemplo. En febrero y los meses siguientes, subimos el tipo de los fondos federales un total de 175 puntos básicos con el objetivo de desactivar un alza incipiente en las expectativas de inflación. El rendimiento del bono del Tesoro a largo plazo subió. Sólo a finales de 1994, cuando hubimos subido el tipo de los fondos federales otros 75 puntos básicos, bajó el rendimiento). Ver bajar los rendimientos al principio de un ciclo de endurecimiento era extremadamente inusual. El ciclo de endurecimiento apenas había empezado siquiera. Yo había apuntado a su comienzo menos de dos meses antes, cuando en mi comparecencia ante el Comité Económico Conjunto del Congreso ofrecí una clara señal de la intención de la Fed de subir los tipos: «El tipo de los fondos federales debe subir en algún momento para evitar que lleguen a surgir presiones sobre la inflación de precios […]. La Reserva Federal reconoce que la prosperidad sostenida requiere el mantenimiento de la estabilidad de precios y actuará, cuando sea necesario, para garantizar ese resultado.» Nuestra esperanza era elevar los tipos hipotecarios a unos niveles que desactivasen el boom de la vivienda, que para entonces estaba produciendo un desagradable revuelo.

La respuesta del mercado fue inmediata. En previsión del aumento en el rendimiento de los bonos que solía ir asociado con un incremento inicial en el tipo de los fondos federales, los agentes del mercado construyeron grandes posiciones cortas en instrumentos de deuda a largo plazo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años subieron alrededor de 1 punto porcentual durante las siguientes semanas. Nuestro programa de endurecimiento parecía bien encaminado. Sin embargo, para junio, unas presiones del mercado surgidas en apariencia de ninguna parte tiraron una vez más a la baja de los tipos a largo plazo. Creyendo que debíamos de estar presenciando una aberración, me sentía tanto perplejo como intrigado.

Los episodios de mercado inexplicables son algo con lo que tienen que vérselas los dirigentes de la Fed a todas horas. En más de una ocasión he podido desentrañar las causas de alguna peculiaridad en los precios del mercado tras un mes o dos de observar el curso de la anomalía. En otras ocasiones, la aberración ha seguido constituyendo un misterio. Los cambios de precios, por supuesto, son fruto de un desplazamiento en el equilibrio entre oferta y demanda. Pero los analistas sólo pueden observar las consecuencias sobre los precios de ese desplazamiento. Salvo que psicoanalicemos a todos los participantes del mercado para determinar qué los llevó a actuar como lo hicieron, es posible que nunca sepamos explicar ciertos episodios. El hundimiento de la Bolsa de octubre de 1987 es uno de ellos. En el día de hoy, existen hipótesis contradictorias sobre lo que motivó esa caída récord en un día. Las explicaciones oscilan desde la tensión de las relaciones con Alemania hasta unos tipos de interés elevados. Lo seguro es que experimentamos el hecho de que había más vendedores que compradores, pero nadie sabe realmente por qué.

No di con una explicación para el episodio de 2004, y decidí que debía de tratarse tan sólo de otro suceso extraño y pasajero que no se repetiría. Me equivocaba. En febrero y marzo de 2005, la anomalía volvió a hacer acto de presencia. En reacción al endurecimiento continuo de la Fed, los tipos a largo plazo empezaron de nuevo a subir pero, al igual que en 2004, las fuerzas del mercado entraron en juego para hacer efímeros esos aumentos.

¿Cuáles eran esas fuerzas del mercado? Sin duda eran globales, porque los descensos en los tipos de interés a largo plazo durante ese período fueron por lo menos igual de pronunciados en los principales mercados financieros extranjeros que en Estados Unidos. La globalización, por supuesto, había sido una destacada fuerza desinflacionaria desde mediados de los 80. Yo seguía intrigado por el enorme patrón de cambio que había perfilado para mis colegas del FOMC en diciembre de 1995, cuando les dije: «Es muy difícil encontrar fuerzas inflacionarias en cualquier parte del mundo. Está pasando algo distinto.» A esas alturas todavía no podía demostrarlo, pero expliqué lo que en mi opinión era la respuesta:

Quizá recuerden que en un momento anterior del año planteé el tema del extraordinario impacto del aceleramiento de las tecnologías, ante todo las basadas en el silicio, sobre la rotación del capital, el descenso bastante acusado en el tiempo medio de permanencia de las existencias y la creación a resultas de ello de un alto grado de inseguridad para aquellos individuos de todos los mercados laborales que tienen que vérselas con un aparato tecnológico en perpetuo cambio. Un ejemplo que a mi entender acerca a casa este fenómeno, aunque sea poco realista, es cómo se sentirían las secretarias si cada dos años les cambiaran la posición de las teclas de sus máquinas de escribir. A todos los efectos prácticos eso es lo que le estamos haciendo a la población activa en general. En mi opinión, eso explica cada vez más por qué los patrones salariales han sido tan contenidos como lo han sido. Una muestra extraordinaria de evidencia reciente es una cantidad sin precedentes de contratos laborales con vencimiento a cinco o seis años. En los últimos 30 o 40 años nunca tuvimos un contrato laboral de más de tres años de duración […]. Los cambios tecnológicos subyacentes que avalan esta hipótesis aparecen sólo una vez cada siglo o cada 50 años […]. Además […] la reducción en tamaño de los productos a consecuencia de las tecnologías de los chips informáticos ha creado […] un significativo descenso en los costes de transporte implícitos. Estamos produciendo artículos muy pequeños que son más baratos de desplazar […]. [No menos importante] es el dramático efecto de la tecnología de las telecomunicaciones en la reducción del coste de las comunicaciones […]. A medida que la reducción en tamaño de los productos se ha extendido y el coste de las comunicaciones ha caído, el planeta se ha vuelto cada vez más pequeño […]. En la actualidad estamos presenciando […] la proliferación de la externalización […] a una escala cada vez mayor en todo el planeta. Lo que uno esperaría ver a medida que esto se produce -y en verdad está sucediendo- es la combinación de una creciente eficacia del capital y unos costes nominales de la unidad laboral a la baja […]. Se trata de un fenómeno nuevo, y plantea interesantes interrogantes sobre si en verdad está sucediendo algo de importancia más profunda [para] el largo plazo.

No podríamos disponer con seguridad de una evaluación apropiada de nuestro mundo cambiante probablemente hasta dentro de unos cinco a diez años, les dije, pero el paso del tiempo no hacía sino poner más de relieve el fenómeno de la desinflación a escala mundial. Con el nuevo milenio sus indicios se hacían cada vez más evidentes, incluso entre países en vías de desarrollo cuyas historias estaban plagadas de episodios inflacionarios. En 2003, México pudo enorgullecerse de comercializar por primera vez en su historia un bono a veinte años denominado en pesos, sólo ocho años después de que la nación afrontara una grave crisis de liquidez en la que el gobierno fue incapaz de encontrar compradores ni siquiera para la deuda a corto plazo denominada en dólares y precisó un rescate encabezado por Estados Unidos. Hay que reconocer que México había emprendido una serie de pasos importantes para ordenar sus asuntos fiscales y monetarios a raíz de la casi quiebra de 1995. Pero no había nada en esos pasos que sugiriera que adquiriría con rapidez la capacidad de vender un bono a veinte años denominado en pesos de rendimiento relativamente bajo. La accidentada historia macroeconómica de México había exigido hasta el momento que las emisiones de deuda a largo plazo se denominasen en monedas extranjeras para atraer a los inversores.

México no fue un caso aislado. Los gobiernos de otros países en vías de desarrollo estaban emitiendo cada vez más deuda a largo plazo en sus propias monedas a unos tipos de interés que los países desarrollados habrían recibido con los brazos abiertos apenas una década antes. Y ya he señalado que Brasil, en contradicción con la experiencia previa, había podido absorber una devaluación del 40 por ciento de su moneda en 2002, con consecuencias inflacionarias sólo a corto plazo y relativamente modestas.

La inflación había sido contenida en la práctica totalidad del planeta. Las expectativas de inflación, reflejadas en los rendimientos de la deuda a largo plazo, cayeron en picado. Los rendimientos de la deuda de las naciones en vías de desarrollo se encogieron hasta tocar mínimos sin precedentes. Las tasas anuales de inflación de dos y a veces tres dígitos, rasgo distintivo histórico de las economías en desarrollo, desaparecieron. Los episodios de hiperinflación devinieron extremadamente raros (Zimbabue, que ha hecho estragos con su economía, ha sido la principal excepción). Los países en vías de desarrollo presentaron un aumento medio anual del 50 por ciento en los precios de consumo entre 1989 y 1998. Para 2006, la inflación de los precios de consumo había caído por debajo del 5 por ciento.

Sin embargo, aunque la globalización hubiera reducido los tipos de interés a largo plazo, en el verano de 2004 teníamos motivos para esperar que un endurecimiento de la Fed tiraría al alza de ellos. Preveíamos que íbamos a partir de un tipo a largo plazo más bajo de lo acostumbrado en el pasado. La inaudita respuesta al endurecimiento monetario de la Reserva Federal de ese año sugería que, además de la globalización, se habían desarrollado unas fuerzas de profunda importancia cuyo pleno significado empezaba apenas entonces a manifestarse. No sabía a qué atenerme. Califiqué ese estado de cosas sin precedentes históricos de «acertijo». No aplacaron mi perplejidad las numerosas botellas de vino cosecha Acertijo que llegaron a mi oficina. No recuerdo la añada.

Un acontecimiento poco publicitado en Europa ofreció la primera pista para la solución del nuevo rompecabezas. Siemens, uno de los formidables exportadores alemanes, había informado en 2004 a su sindicato, IG Metall, de que a menos que accediese a un recorte salarial de más del 12 por ciento en dos plantas, se plantearía el traslado de las instalaciones a Europa del Este. Acorralado, IG Metall dio su brazo a torcer, y el éxodo de las plantas de Siemens a las recién liberadas economías de Europa del Este se contuvo (En septiembre de 2006, Volkswagen negoció un acuerdo parecido para reducir la remuneración media por hora a cambio de garantizar unos puestos de trabajo amenazados por el traslado de la planta). El suceso me llamó la atención porque había visto informes de confrontaciones parecidas en el pasado. Me llevó a revisar el patrón de los aumentos salariales en Alemania. La patronal llevaba tiempo quejándose de que los salarios altos les restaban competitividad, aunque la compensación media por hora no hubiese estado creciendo muy deprisa: a un ritmo anual del 2,3 por ciento entre 1995 y 2002. Saltaba a la vista que su mensaje por fin estaba calando. A partir de finales del 2002, el crecimiento de los costes por hora de la mano de obra se redujo drásticamente a la mitad de esa tasa, y permaneció muy bajo hasta finales de 2006.

Siemens y el resto de la industria alemana, ayudados por las reformas que permitieron un uso más amplio de los llamados trabajadores temporales, fueron capaces de enfriar los salarios y los costes alemanes, y por ende los precios. Las expectativas de inflación bajaron con el descenso en la tasa de inflación registrada. La pérdida de poder negociador de IG Metall, por supuesto, fue el resultado exclusivo de unas fuerzas externas a las fronteras alemanas: la entrada en el ruedo competitivo de al menos 150 millones de trabajadores de precio bajo y elevada cualificación, liberados del yugo del sistema económico centralmente planificado del imperio soviético.

El final de la guerra fría -la retirada al borde de la guerra por parte de las dos superpotencias nucleares del mundo- tiene pocos rivales al puesto de acontecimiento geopolítico más significativo de la segunda mitad del siglo. La relevancia económica de la caída de la Unión Soviética ha sido extraordinaria por derecho propio, como señalé en el capítulo 6. La caída del Muro de Berlín puso a la vista un estado de ruina económica tan devastador que la planificación central, antaño aclamada como sustituta «científica» del «caos» del mercado, cayó en el descrédito más absoluto. No hubo panegírico ni autopsia económica. Tan sólo desapareció, sin un gimoteo, del discurso económico y político. A resultas de ello, la China comunista, que había descubierto las virtudes prácticas de los mercados una década antes, aceleró su marcha hacia el capitalismo de libre mercado sin jamás reconocer, por supuesto, que era eso lo que estaba haciendo. India empezó a despertar del socialismo burocrático del ex primer ministro Jawaharlal Nehru. Y cualquier idea que les rondase por la cabeza a las economías emergentes de aplicar o ampliar a toda la economía alguna variedad de planificación central fue archivada con discreción.

En poco tiempo, más de mil millones de trabajadores, muchos de alta educación, todos de salario bajo, empezaron a gravitar hacia el mercado competitivo mundial desde unas economías que habían estado centralmente planificadas casi por completo o en parte y aisladas de la competencia global. El FMI calcula que en 2005 más de 800 millones de miembros de la fuerza de trabajo del mundo participaban en mercados orientados a las exportaciones y por tanto competitivos, un aumento de 500 millones desde la caída del Muro de Berlín en 1989 y de 600 millones desde 1980, con el este asiático respondiendo de la mitad del incremento. Una cifra menor pasó en Europa del Este de la «protección» de los regímenes de planificación central a unos mercados internos competitivos. Muchos centenares de millones de personas, sobre todo en China e India, todavía tienen que realizar la transición.

Esta entrada de trabajadores en el mercado redujo los salarios mundiales, la inflación, las expectativas de inflación y los tipos de interés, y en consecuencia contribuyó de manera significativa al aumento del crecimiento económico mundial. Aunque la nómina agregada de la fuerza de trabajo recién reubicada suponía sólo una fracción de la de las naciones desarrolladas, el impacto fue pronunciado. No sólo las importaciones de bajo precio desplazaron a la producción y por ende a los trabajadores de los países desarrollados, sino que el efecto competitivo de los trabajadores desplazados en busca de nuevo empleo contuvo los salarios de los trabajadores que no se hallaban directamente en la línea de fuego de las importaciones de bajo precio. Además, la emigración de trabajadores baratos, de la Europa oriental a la occidental, expuso a parte de las poblaciones activas nacionales de Europa occidental a una mayor competencia salarial. Por último, las exportaciones de las economías que antes eran centralmente planificadas contuvieron con su competencia los precios de las exportaciones de todas las economías.

Si esos mil millones y pico de trabajadores de bajo coste hubieran llegado a los mercados laborales mundiales en masa de la noche a la mañana, no dudo que se habría producido un caos. Las economías dominadas por los soviéticos de Europa del Este realizaron la transición en una década, pero no puede decirse que sin sobresaltos. Sin embargo, representaron sólo una fracción del potencial desplazamiento tectónico. La más dominante con diferencia ha sido China, donde los datos sobre la fuerza de trabajo, en la medida en que sean de fiar, sugieren un desplazamiento controlado por el gobierno, lento pero en gradual aceleración, de la población activa de las provincias rurales a las dinámicas regiones dominadas por el mercado del delta del río Perla y otras zonas orientadas a la exportación. Ingentes cantidades de trabajadores chinos dejaron las tareas relacionadas con la agricultura en pos de empleos manufactureros y de servicios en las zonas urbanas. Las empresas de control privado crecieron hasta reclamar una proporción significativa de la población activa de casi 800 millones de personas de China. Para 2006, la agricultura se había reducido a poco más de dos quintas partes del empleo total. Los puestos de trabajo manufactureros han aguantado firmes en China a pesar de las masivas reducciones de plantilla de las empresas de propiedad estatal. Las mayores ganancias en empleo a lo largo de la última década han sido en el sector servicios.

Es importante señalar que es el ritmo, la tasa de cambio, del movimiento del empleo centralmente planificado a los mercados competitivos lo que ha determinado el grado de presión desinflacionaria sobre los costes salariales de las naciones desarrolladas y por ende los precios. A causa de los efectos indirectos de las importaciones y la inmigración competitivas, la incorporación de nuevos trabajadores de bajo coste afecta a la estructura entera de los costes laborales en los países desarrollados. Cuanto mayor es el ritmo de incorporación de trabajadores al mercado competitivo, mayor es la presión a la baja sobre los costes salariales y los precios de los países desarrollados. El impacto inicial general fue quizás una reducción de apenas un par de puntos porcentuales del crecimiento salarial anual, como mucho. Que unos grandes efectos sistémicos pudieran derivar de un impacto inicial en apariencia tan modesto puede antojarse como que un hombre levante una tonelada de acero. Pero si tiene una palanca, puede conseguirlo. La trayectoria del crecimiento se ha alterado y engendrado un círculo de costes salariales rebajados que han conducido a menores expectativas de inflación, que a su vez deprimen aún más el crecimiento salarial y echan el freno a los aumentos de precios.

China es con diferencia el contribuyente dominante a la tendencia. A lo largo del último cuarto de siglo, la creciente tasa de emigración laboral a las provincias costeras orientadas a las exportaciones impuso un grado cada vez mayor de desinflación salarial (y de precios) a las economías desarrolladas. Pero eso también sugiere que, una vez completo el desplazamiento de los trabajadores centralmente planificados de toda la vida, deseosos y capaces de competir en los mercados mundiales, la presión a la baja en las tasas salariales y de precios de los países desarrollados, al menos la procedente de esta fuente global, cesará. En 2000, la mitad de la población activa de China seguía empleada en la industria primaria (sobre todo la agricultura). Corea del Sur había alcanzado ese nivel en 1970 en su trayectoria descendente. Hoy en día, el empleo en la industria primaria china es aproximadamente el 45 por ciento, y en Corea del Sur se encuentra por debajo del 8 por ciento. Si China siguiera el rumbo histórico de Corea del Sur a lo largo del cuarto de siglo siguiente, su tasa de migración interna (que sigue en aumento) no tocaría techo hasta dentro de varios años. Pero la calidad de los datos, tanto para Corea del Sur en años anteriores como para la China actual, limita la claridad con la que podemos calibrar los cambios en la tasa de emigración. Además, dadas las diferencias entre la China actual y la Corea del Sur de hace un cuarto de siglo en cuanto a tamaño, orientación política y políticas económicas, las analogías no pasan de meras sugerencias.

El momento decisivo para el panorama económico mundial y quienes deciden las políticas no llegará cuando termine el desplazamiento de trabajadores, sino cuando su tasa de aumento empiece a frenar. Sabemos que debe frenarse, puesto que, en algún momento, por lejano que esté, la transición a los mercados competitivos estará completa. Cuando la tasa de flujos de trabajadores toque techo, los efectos desinflacionarios empezarán a aflojar y surgirán mayores presiones inflacionarias. Ese punto de inflexión bien puede encontrarse a varios años de distancia, como sugiere la analogía coreana. Pero unos indicios tempranos de que ese proceso está arrancando movilizarían a los aspectos cada vez más anticipatorios de las finanzas globales a adelantar la fecha de inflexión del mercado, posiblemente a dentro de tres años o menos.

Si bien la marcada reducción de la inflación y sus expectativas tras la caída del Muro de Berlín rebajó las primas de inflación encarnadas en las emisiones de deuda a largo plazo a escala mundial, su efecto sobre los tipos de interés real se ha limitado a las primas de riesgo rebajadas resultantes de la reducción en la volatilidad del mercado que propicia una inflación más baja. El resto del descenso en los tipos de interés reales parece ser resultado de un aumento significativo en la propensión efectiva media del mundo a ahorrar en relación con su propensión a invertir esos ahorros en activos productivos. El exceso de ahorros potenciales inundó los mercados financieros globales e impulsó a la baja los tipos de interés reales. Sin embargo, también eso parece ser la consecuencia del desplazamiento postsoviético hacia los mercados competitivos entre los países en vías de desarrollo y el vertiginoso aumento del crecimiento resultante.

Las inversiones globales en fábricas, equipos, existencias y viviendas siempre deben ser equivalentes al ahorro mundial, que es el medio neto de financiar esas inversiones. Todo activo debe tener un propietario. El valor de mercado de los títulos «de papel» sobre activos de capital recién creados debe ser igual al valor de mercado de esos activos. En cierto sentido, el talonario mundial tiene que cuadrar. Los ahorros, en resumidas cuentas, deben equivaler a la inversión para el mundo en su conjunto. Sin embargo, las empresas y los hogares planifican sus inversiones antes de poder saber qué ahorradores del mundo los financiarán en última instancia. Y los ahorradores del mundo planifican su ahorro antes de saber qué inversiones financiarán. En consecuencia, la inversión prevista para cualquier período casi nunca equivale al ahorro previsto.

Cuando tanto inversores como ahorradores intentan cumplir sus expectativas en el mercado, cualquier desequilibrio obliga a los tipos de interés real a cambiar hasta que la inversión real y el ahorro real alcanzan la igualdad. Si la inversión prevista supera el ahorro previsto, los tipos de interés real subirán lo bastante para disuadir a los inversores de invertir y/o convencer a los ahorradores de que ahorren más. Si el ahorro previsto supera la inversión prevista, los tipos de interés reales caerán. Fuera de los manuales, este proceso no es secuencial sino concurrente e instantáneo. Nunca observamos que la inversión global real difiera del ahorro global real.

A pesar de sus rentas más bajas, los hogares y las empresas de los países en vías de desarrollo ahorran mayores proporciones de sus ingresos que los hogares y las empresas de las naciones desarrolladas. Los países desarrollados poseen enormes redes financieras que prestan a consumidores y empresas, las más de las veces respaldadas por garantías, lo que permite que una fracción significativa gaste por encima de sus ingresos del momento. En las naciones en vías de desarrollo existen muchas menos redes financieras de ese tipo para atraer a la gente a que gaste por encima de su renta. Además, la mayoría de países en vías de desarrollo siguen tan próximos a la mera subsistencia que los hogares necesitan prevenirse contra futuras contingencias. Buscan un colchón contra la temida indigencia, y puesto que pocos de esos países poseen redes de seguridad gubernamentales adecuadas para proteger a la población en caso de adversidad, el único modo que tienen a su alcance los hogares es reservar dinero. La gente se ve obligada a ahorrar por si vienen mal dadas y para la jubilación (Uno de mis primeros análisis estadísticos para la Junta de la Conferencia Industrial Nacional, hace más de medio siglo, mostraba que los granjeros estadounidenses, a pesar de sus rentas medias inferiores, ahorraban una parte mayor de su renta que los habitantes de las ciudades. Las rentas urbanas no estaban sometidas a los caprichos del clima que afligían a casi todas las familias granjeras en aquellos tiempos. Cabe señalar que, en aquel entonces, los grupos paritarios de los granjeros eran otros granjeros y por tanto los patrones urbanos de gasto no habían calado del todo en la comunidad agraria).

Según se informó al FMI, los ahorros tomados como porcentaje del PIB nominal de las economías avanzadas (es decir, los países desarrollados) durante las décadas de 1980 y 1990 tendió a planear en el entorno del 21 al 22 por ciento. Los países en vías de desarrollo promediaron de un 23 a un 24 por ciento en esas décadas. Sin embargo, a partir del 2000, la adopción de los mercados competitivos y las prácticas capitalistas por parte del mundo en vías de desarrollo por fin empezó a ofrecer resultados. La inversión extranjera directa para emplear a una mano de obra nacional de salario bajo, fomentada por unos derechos de propiedad cada vez más creíbles, empezó a acelerar el crecimiento impulsado por las exportaciones (La inversión extranjera directa en China, como he señalado, creció gradualmente de 1980 a 1990, pero luego se multiplicó por diecisiete hasta 2006, a medida que se difundían las pruebas de que el capitalismo de mercado era la fuerza más eficaz para la prosperidad. Con razón o sin ella, los inversores extranjeros debieron de creer que las autoridades gubernamentales chinas habían absorbido la lección y la estaban aplicando en su a veces ambiguo Estado de derecho).

Durante los últimos cinco años, el crecimiento de los países en vías de desarrollo ha sido el doble del de los países desarrollados. Sus tasas de ahorro, encabezadas por China, crecieron del 24 por ciento en 2001 al 32 por ciento en 2006, a medida que el consumo de esas sociedades culturalmente conservadoras se quedaba atrás, y la inversión se quedó muy lejos del aumento en el ahorro. Las tasas de ahorro en el mundo desarrollado han caído por debajo del 20 por ciento desde 2002. La inversión mundial ha experimentado un aumento muy modesto en cuanto al porcentaje del PIB, casi por entero en los países en vías de desarrollo (Un problema relativo al realizar una evaluación como ésa es que el ahorro y la inversión mundiales registrados están separados por una discrepancia estadística). Los países exportadores de petróleo escogieron gastar sólo una proporción modesta de sus ingresos aumentados en nueva capacidad petrolífera.

Los economistas, por supuesto, pueden medir el ahorro, pero, dado que las intenciones de ahorro rara vez se registran en alguna parte, las estimaciones de intenciones son poco mejor que cualquier conjetura con algo de fundamento. Sin embargo, no es irrazonable suponer que el ahorro mundial previsto ha superado a la inversión mundial prevista en los años recientes, como pone de manifiesto el descenso a escala mundial en los tipos de interés a largo plazo; aquellos, se entiende, ajustados a las expectativas de inflación. Aun sin ningún cambio en el comportamiento de ahorro previsto por parte de nadie, la creciente proporción de rentas mundiales que otorgan a las economías en vías de desarrollo unas tasas de ahorro crónicamente superiores tirarían al alza sin cesar, año tras año, del ahorro mundial previsto. Y esa tendencia seguiría en tanto que las tasas de crecimiento de las economías en vías de desarrollo superasen a las de las economías desarrolladas, como llevan haciendo desde 2000. Por lo general, cuando los tipos de interés reales caen, los economistas tienen dificultades para determinar si la causa inmediata ha sido un aumento en el ahorro previsto o un descenso de la inversión prevista. Pero el auge del ahorro en los países en vías de desarrollo, del cual tan sólo la mitad se invirtió en el mundo en vías de desarrollo, sugiere de forma convincente que ha sido el excedente de ahorro de esos países el que ha tirado a la baja de los tipos de interés reales. Dado que la inversión real registrada en los países desarrollados creció sólo modestamente (impulsada por los tipos más bajos), la inversión prevista en el mundo desarrollado debe haber sido estable, o poco menos, en cuanto proporción del PIB. En verdad, como señalo en el capítulo 25, la inversión prevista en Estados Unidos ha ido perdiendo terreno en los últimos años, a juzgar por la mayor proporción de flujo de capital corporativo interno que se ha devuelto a los accionistas, es de suponer que por falta de nuevas oportunidades de inversión. Esos datos encajan con la noción de que el descenso en los tipos de interés a largo plazo de esta década, tanto nominales como reales, es sobre todo efecto de unas fuerzas geopolíticas más que del juego normal de las fuerzas del mercado.

Si los países en vías de desarrollo siguen creciendo a un ritmo rápido y las redes financieras se expanden para prestar con mayor facilidad a la creciente cantidad de ciudadanos con rentas discrecionales al alza, las tasas de ahorro de los países en vías de desarrollo están condenadas a bajar, por lo menos hasta los niveles de los 80 y los 90. El deseo humano congénito de no desmerecer ante el vecino ya se pone de manifiesto en los incipientes mercados de consumo del mundo en vías de desarrollo. Los aumentos en el consumo tenderían a retirar la presión a la baja del exceso de ahorro sobre los tipos de interés reales (Siempre y cuando, claro está, la inversión prevista como proporción del PIB no caiga a la par). Pero eso sucedería probablemente aunque la tasa de crecimiento de la renta de los países en vías de desarrollo se desacelerara. En todas las economías, el gasto rara vez sigue el ritmo de las grandes subidas inesperadas de ingresos; de ahí que aumenten las tasas de ahorro. A medida que el crecimiento de la renta pierde velocidad hasta volver a la tendencia, las tasas de ahorro tienden a caer.

Así pues, cuando las poblaciones activas centralmente planificadas durante mucho tiempo completen su transición a los mercados competitivos, y cuando los sistemas financieros cada vez más sofisticados de los países en vías de desarrollo faciliten la propensión innata hacia un mayor consumo y un menor ahorro, la inflación, las primas de inflación y los tipos de interés irán perdiendo de manera gradual su amortiguador de desinflación de la última década. Abordaré la cronología de esos acontecimientos en el último capítulo.

La capacidad de las economías en vías de desarrollo para seguir creciendo más rápido que las desarrolladas irá desapareciendo a menos que puedan complementar su tecnología prestada con nuevos hallazgos e innovaciones de sus científicos e ingenieros de vanguardia. Ya se está formando una nueva hornada en China, India y otros lugares con las tecnologías del siglo pasado desarrolladas en Occidente. Sería razonable esperar que algunos sobrepasaran los niveles tecnológicos de las economías desarrolladas. Pero más importante para el crecimiento económico -y tal vez incluso una condición necesaria para que la tecnología de China, India o Rusia supere la de, pongamos, Estados Unidos- es la certidumbre política.

¿Hasta qué punto contribuyó el sistema político estadounidense -su protección de los derechos individuales, en especial los de propiedad, su grado relativamente bajo de regulación y su baja incidencia de corrupción- a la brecha que separa los niveles de vida de los ciudadanos estadounidenses de aquellos observados en los países en vías de desarrollo? Sospecho que mucho. Sin embargo, aunque es posible que tengamos universidades de talla mundial, nuestro sistema educativo de primaria y secundaria, como señalo en el capítulo 21, presenta profundas deficiencias de cara a aportar talento nacional para que maneje nuestra infraestructura cada vez más compleja, que produce unos niveles de bienes y servicios que ningún país ha sido capaz de igualar.

Los ciudadanos de los países en vías de desarrollo incapaces de encontrar en casa unas tasas de rendimiento adecuadas y ajustadas al riesgo invierten en Estados Unidos, donde, durante más de dos siglos, los derechos de propiedad de todos -ciudadanos estadounidenses y extranjeros- han recibido una protección firme y equitativa bajo la ley. Pocos países en vías de desarrollo protegen los derechos de propiedad ni siquiera de sus propios ciudadanos como nosotros protegemos los derechos de propiedad de los extranjeros. Cuando hablo de tasas de rendimiento «ajustadas al riesgo», me refiero al grado de riesgo existente en los países en vías de desarrollo, y también en una serie de países desarrollados, a la confiscación sin miramientos de las inversiones o su equivalente en forma de regulación entorpecedora, tributación caprichosa, imposición intermitente de la ley o corrupción galopante.

Lo que pretendo recalcar es que cualquier medición apropiada del grado de derechos de propiedad en un país debe abarcar factores tales como la regulación y la arbitrariedad en la imposición de la ley. La corrupción, además, impulsa hacia arriba el coste de la propiedad. La mayoría de países en vías de desarrollo obtienen bajas puntuaciones en todos esos indicadores. En verdad, un motivo crucial de que sigan «en vías de desarrollo» y les cueste sacarse el título de «desarrollados» son sus bajas puntuaciones en la imposición de los derechos de propiedad. Estados Unidos se encuentra en los primeros lugares. Sus «primas de riesgo político» se cuentan entre las más bajas del mundo (Sin embargo, la reputación de Estados Unidos se ha visto algo menoscabada por el impedimento de adquisiciones extranjeras de alto relieve: la de Unocal, por parte de una compañía China, y la de una empresa que gestionaba puertos estadounidenses por parte de Dubai Ports World, en 2006).

No me cuesta nada imaginarme un estrechamiento significativo de la brecha en conocimiento científico que separa a las economías desarrolladas de aquellas en vías de desarrollo. Sin embargo, se me hace difícil prever un cambio a corto plazo igual de acusado en el autoritarismo de China, la burocracia asfixiante de India o la errática imposición de los derechos de propiedad en Rusia. A decir verdad, la percepción que tienen los inversores de ese riesgo político cambia tan poco a poco que probablemente pasarán años después de cualquier cambio fundamental y creíble antes de que esos riesgos se supriman en buena medida de la toma de decisiones económicas.

Siempre he pensado que una inflación medida a una tasa tan baja como el 1 por ciento no puede sostenerse en una economía que utilice una moneda fiduciaria en una sociedad democrática competitiva con cualquier vestigio de populismo (¿es inmune algún país?) (Dado el sesgo hacia arriba de los precios medidos, una tasa de aumento de los precios del 1 por ciento probablemente represente a una economía con estabilidad de precios). Esa moneda, por su misma naturaleza, tiene como única limitación a su oferta las acciones del banco central, y no puede aislarse por completo de las influencias políticas. Sigo teniendo demasiado frescas en la memoria las inflaciones estadounidenses de 1946, 1950 y finales de los 70. (La deflación japonesa me hizo replantearme esa opinión en 2003, aunque, al final, el fenómeno no arraigó en Estados Unidos.) Si una tasa de inflación típica en una moneda fiduciaria con mandato democrático está por encima del 1 o 2 por ciento, ¿qué fuerza podrá mantener la inflación por debajo de ese nivel cuando las dos grandes fuerzas desinflacionarias que he abordado en este capítulo remitan? La respuesta más obvia es la política monetaria. Llegará un momento en que los banqueros centrales, como señalo en el capítulo 25, se vean forzados una vez más a contener las presiones inflacionarias.

Los banqueros centrales han asimilado a lo largo de estas últimas décadas un principio importante: la estabilidad de precios es el camino hacia un máximo crecimiento económico sostenible. Muchos economistas, a decir verdad, atribuyen a la política monetaria de los bancos centrales el mérito de ser el factor clave en la reducción a escala mundial de la inflación de la última década. Me gustaría creerlo. No niego que ajustamos la política para que obrara en consonancia con las tendencias desinflacionarias globales a medida que éstas surgían, pero dudo mucho que las acciones políticas o la credibilidad antiinflacionaria de los bancos centrales desempeñara el papel principal en la caída de los tipos de interés a largo plazo de las dos últimas décadas. Ese descenso (y el acertijo) pueden explicarse por fuerzas distintas a la política monetaria. En realidad, durante mi experiencia desde mediados de los 90 con la interacción entre las políticas de los bancos centrales del mundo y los mercados financieros, me llamó la atención lo relativamente fácil que era bajar la inflación. Las presiones inflacionarias de las que fui tan acusadamente consciente a finales de los 80 estaban en gran medida ausentes o, por ser más precisos, durmientes. El «acertijo» exponía este fenómeno.

Para juzgar el éxito en la contención de la inflación, los bancos centrales observan los cambios en las expectativas de inflación implícitos en los tipos de interés a largo plazo nominales. El éxito es evidente cuando los tipos a largo plazo decaen ante un agresivo endurecimiento monetario. Pero, según recuerdo, durante la mayor parte de nuestras iniciativas para hacer frente a las presiones inflacionarias crecientes, fue innecesario un endurecimiento agresivo. Bastaba un leve «toquecito en el freno» para inducir un descenso de los tipos a largo plazo. Parecía demasiado fácil, en las antípodas de las crisis de política monetaria de los 70. El bono del Tesoro a diez años ofrecía un rendimiento del 8,7 por ciento el día en que juré el cargo de presidente de la Fed, y subió al 10,2 por ciento el Lunes Negro. Después, ese rendimiento pasó a descender durante los dieciséis años siguientes, en apariencia al margen de la postura política de la Fed. A menudo me preguntaba cuánto necesitaríamos subir el tipo de los fondos federales para elevar el bono a diez años durante un período sostenido. Contrarrestar los enormes flujos financieros globales habría sido una tarea formidable siempre que las fuerzas internacionales tiraran a la baja de las expectativas de inflación y los tipos de interés a largo plazo y al alza de los precios de las acciones y las propiedades inmobiliarias. Las fuerzas que impulsaban el bono a diez años parecían cada vez más globales. La mejor política en esas circunstancias es dejarse llevar: calibrar la política monetaria de tal modo que concuerde con las fuerzas globales. Eso hicimos. Durante las transformaciones financieras globales que afrontó la Fed cuando yo era presidente, nuestra estrategia fue eficaz en el sentido de que entendimos qué políticas encajaban mejor con la estabilidad de los mercados financieros estadounidenses. Dudo que tuviéramos los recursos necesarios para contrarrestar la presión descendente sobre los tipos de interés a largo plazo reales, que se estaba volviendo cada vez más global. Japón sin duda no los tenía.

El omnipresente cuerpo de indicios recientes que muestran la eficacia con que los precios estables contribuyen al crecimiento económico y los niveles de vida será un gran incentivo para que los banqueros centrales contengan las presiones inflacionarias en el futuro. Como dije en una sesión del Congreso hace unos cuantos años, la política monetaria debería hacer que hasta una economía de dinero fiduciario se comportase «como si estuviera anclada en el oro». ¿Es posible que el mundo haya aprendido para siempre los beneficios de los precios estables para el crecimiento económico y los niveles de vida y mantenga las políticas que los sustentan? Abordaré esa cuestión en el capítulo 25.

21 Educación y desigualdad de renta

A pesar de cinco años impresionantes de crecimiento económico por encima de la media, que rebajaron el índice de desempleo muy por debajo del 5 por ciento, una mayoría de estadounidenses manifestaban en 2006 una insatisfacción considerable con el estado de la economía. Cunde entre la América de renta intermedia la sensación de que en años recientes las recompensas económicas de la prosperidad no se han distribuido con justicia. Y en verdad, aunque la «justicia» depende de quien la mire, es cierto que la concentración de los ingresos lleva al alza desde 1980 (La medida estándar de la concentración de ingresos del hogar, por ejemplo, el «coeficiente Gini», creció progresivamente entre 1980 y 2005 desde el 0,403 al 0,469. Las encuestas conceden el mismo peso a todos los encuestados, y hay muchos más perceptores de renta media y baja a los que les va mal que perceptores de renta alta a los que va bien). El estado de ánimo de una proporción significativa de quienes respondieron a las preguntas de los encuestadores era un preocupante descontento. El peligro es que los políticos populistas, dando alas a ese estado de ánimo, puedan reunir mayorías inesperadas en el Congreso para emprender acciones miopes y contraproducentes capaces de convertir un estado de resentimiento en una crisis económica realmente grave.

Eclipsando la actual ansiedad encontramos un problema que viene de más atrás: las experiencias cotidianas de muchas personas en el mercado laboral parecen contradecir las bien documentadas pruebas de que los mercados competitivos con el paso de las décadas han elevado los niveles de vida para la inmensa mayoría de estadounidenses y gran parte del resto del mundo. Demasiados perciben los mercados cada vez más competitivos que son el santo y seña de la actual economía globalizada de alta tecnología como unos destructores constantes de empleo, y esas pérdidas resultan muy visibles. Los grandes despidos reciben publicidad en los medios de comunicación. Las reducciones de puestos de trabajo en las fábricas y oficinas estadounidenses parecen interminables.

Así pues, no es de extrañar que la competencia se vea a menudo como una amenaza para la seguridad laboral. Tampoco se la percibe como creadora de salarios altos, aunque al final siempre lo haya sido y ahora también, inevitablemente, lo vaya a ser. En las décadas transcurridas desde la Segunda Guerra Mundial, los salarios reales han aumentado a medida que los mercados competitivos han asignado el capital y los trabajadores empleados en instalaciones obsoletas y de baja productividad a los nuevos medios más intensivos en tecnología y por tanto más productivos para el avance del PIB de la nación. En consecuencia, a medida que el pastel económico se volvía más grande, las recompensas tanto para el capital como para la mano de obra aumentaron, y las fuerzas competitivas han tendido a mantener constantes a lo largo de las décadas las proporciones de la renta nacional que van a parar a la remuneración de los empleados y a los beneficios relativamente. La parte de los beneficios tiende a aumentar y la de los empleados a descender en las etapas iniciales de un ciclo económico, para luego invertirse. Y en realidad, si estudiamos la última década o dos, podremos ver que el resultado neto es que la distribución de las porciones de la renta nacional entre el capital y la mano de obra no ha diferido mucho de su distribución en el medio siglo pasado. Eso significa que las tendencias en la remuneración real por hora han seguido de cerca a la producción por hora (o sea, la productividad) desde el final de la Segunda Guerra Mundial (Si la renta real de la mano de obra es una porción fija de la renta nacional real o PIB, entonces L = a · Y, donde L = renta real de la mano de obra e Y = PIB real, mientras que a sería la porción del PIB que va a la mano de obra. L = w · h donde w es el salario real y h el número de horas trabajadas. Dado que w · h = a · Y, entonces w = a · (Y/h), donde (Y/h) = producción real por hora. Así, si a largo plazo la porción de la mano de obra es fija, el salario real debe ser proporcional a la producción por hora), lo que a su vez implica que la distribución entre remuneración a la mano de obra por un lado ybeneficios de las ganancias a partir de las mejoras en la productividad por el otro ha sido estable.

Todo eso dice poco, sin embargo, sobre la distribución de la remuneración a la mano de obra en sí, que incluye los ingresos de los obreros fabriles, otros trabajadores en cargos no supervisores y los ejecutivos de empresa, entre otros. No resulta especialmente reconfortante para un trabajador a pie de máquina que su salario suba mínimamente mientras el director general de la compañía se embolsa una gratificación multimillonaria. La distribución de la remuneración dentro de la mano de obra depende de un juego diferente de fuerzas competitivas que gobiernan la oferta y la demanda de habilidades relativas. Durante la pasada década, he seguido la pista de los salarios por hora medios para las cuatro quintas partes de nuestra población activa no agrícola, que son trabajadores de producción o no supervisores, en comparación con el quinto que forman los empleados «supervisores», incluidos los profesionales cualificados y los gestores. En la primavera de 2007, la mano de obra supervisora tenía unos salarios medios de aproximadamente 59 dólares por hora, en comparación con los 17 dólares por hora de los empleados no supervisores. Eso significa que una quinta parte del total de estadounidenses empleados cobró un 46 por ciento de los salarios totales. En 1997, el porcentaje era del 41 por ciento (Las cifras se estiman cruzando los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales sobre empleo remunerado (supervisor frente a no supervisor), las ganancias horarias medias de los trabajadores no supervisores y los salarios totales incluyendo las gratificaciones y el ejercicio de stock options estimados por el Departamento de Comercio a partir de los informes trimestrales remitidos al Departamento de Trabajo por casi todos los empleados). El aumento ha sido constante a lo largo de la década. Las ganancias por hora medias de los trabajadores de la producción subieron un 3,4 por ciento anual, mientras que las de los trabajadores supervisores crecieron un 5,6 por ciento.

Los estadounidenses en general han estado cómodos con los ingresos altos procedentes de esfuerzos cuya contribución al bienestar económico de la nación puede demostrarse y que por tanto son a todas luces «trabajados». Aunque la noción de lo que se «trabaja» y lo que no se «trabaja» está abierta a interpretaciones, la gente no parece andarse con chiquitas a la hora de sacar conclusiones. En años recientes, por ejemplo, el electorado estadounidense y sus representantes en Washington han sido decididamente menos tolerantes con el drástico aumento en las remuneraciones de los ejecutivos de las empresas, un tema que abordaré en el capítulo 23.

El complejo conjunto de fuerzas de mercado por el que la producción nacional se distribuye en forma de renta entre los diversos creadores del PIB resulta a duras penas visible para el estadounidense medio. No sirve de nada argüir que la competencia sin trabas enriquece, de promedio, a una sociedad, cuando, en años recientes, los trabajadores ven ganar a sus jefes grandes gratificaciones mientras ellos reciben unos aumentos salariales tibios. La gente debe experimentar las ventajas de la competencia de primera mano. Si no es así, algunos se pondrán en manos de líderes populistas que prometan, por ejemplo, erigir barreras arancelarias. Ese proteccionismo se percibe, de forma errónea, como un aseguramiento de puestos de trabajo bien pagados en el acero, los automóviles, la industria textil y los productos químicos: los iconos del poderío económico americano… del pasado. Sin embargo, los consumidores del siglo XXI están menos predispuestos hacia los productos de esas industrias que sus padres; la economía interior estadounidense, por implicación, ya no sostendrá los salarios y niveles de empleo relativos contratados en esas industrias durante las negociaciones de un período anterior. En consecuencia, el empleo en las industrias textil y del acero está muy lejos de sus techos de las décadas de 1950 y 1960. Es probable que los descensos continúen.

La pérdida de empleos manufactureros tradicionales en Estados Unidos a menudo se considera un preocupante vaciado de la economía. No lo es. Al contrario, el desplazamiento de los puestos de trabajo en el acero, los automóviles o los productos textiles, por ejemplo, a sus equivalentes más modernos en los ordenadores, las telecomunicaciones y la tecnología de la información supone una ventaja, y no una desventaja, para el nivel de vida americano. Las empresas manufactureras tradicionales ya no son el símbolo de las tecnologías de vanguardia; están muy arraigadas en el siglo XIX e incluso antes. Los consumidores del mundo han sentido una atracción cada vez mayor por los productos que encarnan nuevas ideas: los teléfonos móviles en vez de las bicicletas, por ejemplo. El comercio global nos concede acceso a una gama entera de productos sin exigirnos que los fabriquemos todos en el país.

Si nos plegáramos a los deseos de los económicamente ignorantes y erigiéramos barreras al comercio exterior, el ritmo de la competencia sin duda perdería velocidad, y las tensiones, supongo, quizá parecieran remitir al principio. Al fin y al cabo, los controles de precios y salarios de Richard Nixon gozaron de una elevada popularidad cuando los impusieron en agosto de 1971. La euforia no tardó en disiparse cuando empezaron a aparecer las carestías. Es probable que aquella coyuntura de creciente descontento se repitiese en caso de que se erigieran barreras arancelarias. El nivel de vida estadounidense no tardaría en empezar a estancarse, e incluso descender, a consecuencia de las subidas de precios, el deterioro de la gama de productos y, quizá lo más visible, las represalias de nuestros socios comerciales al cerrar la puerta a nuestras exportaciones creadoras de empleo.

Los empleos manufactureros ya no pueden percibir salarios altos, puesto que son los consumidores quienes en último término pagan los salarios de los obreros de las fábricas. Y se han plantado. Prefieren los precios del Wal-Mart. Esos precios, que reflejan los salarios bajos chinos, no encajan con una financiación de las fábricas americanas tradicionales de salarios altos. Obligar a los consumidores estadounidenses a pagar precios por encima del mercado para sostener los salarios fabriles con el tiempo toparía con una enconada resistencia. Sin embargo, para entonces, el nivel de vida estadounidense habría bajado. El Instituto Peterson de Economía Internacional estima que el efecto acumulativo de la globalización desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha añadido un 10 por ciento al nivel del PIB de Estados Unidos. Cerrar nuestras puertas al comercio rebajaría el nivel de vida americano en ese mismo porcentaje. En comparación, la enormemente dolorosa reducción del PIB real desde el tercer trimestre de 1981 hasta el tercero de 1982 fue sólo del 1,4 por ciento. Quienes dicen que es mejor que menos personas experimenten el estrés de la globalización aunque eso suponga que algunos sean menos ricos están creando una falsa alternativa. Una vez amurallado, un país pierde su brío competitivo y empieza a estancarse, y el estancamiento conduce a un dolor más intenso si cabe para más personas.

Si esos nefastos resultados son inaceptables, como confío en que lo sean, ¿qué puede hacerse para contrarrestar la percepción distorsionada de cómo se ganan y pierden puestos de trabajo y cómo se generan los ingresos? ¿Y cómo podemos corregir la realidad del continuo avance de la desigualdad de renta? Ambos fenómenos están, entre otras consideraciones, socavando el apoyo a los mercados competitivos. Como he señalado en muchas ocasiones, los mercados competitivos y, por extensión, la globalización y el capitalismo no pueden sostenerse sin el apoyo de una gran proporción de la sociedad. El Estado de derecho bajo el que funcionan las instituciones económicas capitalistas debe ser percibido como «justo» si esas instituciones pretenden seguir contando con un amplio apoyo. El único modo de atemperar el sesgo contra una economía que conlleva la oportuna reubicación de la mano de obra es seguir apoyando los incentivos de mercado que crean empleo y encontrar maneras productivas de aliviar el dolor de quienes pierden el trabajo. El problema no es nuevo. La creciente desigualdad de rentas, sin embargo, sí es nueva, y exige un análisis de sus raíces y que se tomen medidas donde resulte apropiado.

Los Beatles consiguieron buenos resultados en Inglaterra, pero tuvieron un éxito espectacular cuando tuvieron acceso al mercado global y cosecharon los beneficios de unos públicos inmensos y unas ventas de discos muy por encima de lo que tenían a su disposición en casa. Nadie se quejó de la globalización. Tampoco se ha quejado nadie de la buena fortuna de Roger Federer. Su talento para el tenis le habría valido de poco si hubiera estado confinado a su Suiza natal. Las empresas, por supuesto, también obtienen grandes ventajas cuando se vuelven capaces de llegar más allá de sus fronteras nacionales, ventajas que trasladan, en parte, a los clientes interiores a través de unos precios más bajos y, en parte, a sus accionistas. Como dirían los economistas, el coste marginal que les supone globalizarse es una fracción muy pequeña de sus ingresos añadidos a escala mundial. El comercio transfronterizo contribuye a la recuperación de los costes fijos nacionales hundidos, sobre todo en la investigación y el desarrollo. Boeing y Airbus, por ejemplo, no habrían desarrollado tantos modelos distintos de avión si sus mercados se hubieran limitado a las ventas en sus propios países.

Hasta hace bastante poco, a juzgar por las numerosas rondas de negociaciones comerciales exitosas, la globalización había gozado de una aceptación generalizada. Pocos dudarán, sin embargo, de que, impulsada por una innovación y una competencia en rápida expansión, la globalización ha sido uno de los principales factores contribuyentes a la creciente concentración de los ingresos en la práctica totalidad del mundo. En el último par de décadas, la innovación, sobre todo la relacionada con Internet, ha avanzado más rápido de lo que podemos educarnos para aplicar las tecnologías a medida que progresan. Así, el retroceso en la oferta de habilidades avanzadas en relación con su demanda está subiendo los salarios de los trabajadores cualificados en relación con los de los menos cualificados. No existe motivo convincente por el que el ritmo de las ideas innovadoras, que a menudo llegan en tropel, deba verse igualado al instante por la oferta de trabajadores cualificados necesaria para ponerlas en práctica. Los hallazgos que impulsan las tecnologías de vanguardia surgen de un sector muy reducido de esa fuerza de trabajo.

Mientras la globalización aumentaba la prima de los salarios cualificados, la innovación tecnológica también pasaba factura a los trabajadores menos cualificados. La demanda de trabajadores de formación moderada se redujo a medida que los empleos repetitivos iban siendo sustituidos por programas informáticos. Recuerdo a gabinetes de arquitectura e ingeniería repletos de personas dibujando planos detallados para el último complejo de edificios o modelo de avión a reacción. Todos esos puestos de trabajo han desaparecido: borrados del mapa a golpe de programas. A los trabajadores de renta más baja, sobre todo en servicios no sometidos a competencia global, les ha ido algo mejor. Los temores de los estadounidenses a que la inmigración esté rebajando sus niveles salariales todavía tienen que ser confirmados por pruebas incontrovertibles. En general, los trabajadores estadounidenses de renta más baja lo pasaron mal en los 80, pero en años recientes han experimentado cierta mejoría.

Durante el último cuarto de siglo, a medida que los ingresos de los segmentos medio y bajo de la distribución de la renta estadounidense perdían terreno, las de los más prósperos subían con rapidez. Los estadounidenses ya lo hemos visto otras veces. La última ocasión en que la renta de Estados Unidos estaba concentrada en manos de una proporción de personas tan relativamente reducida fue un breve período a finales de la década de 1920 y, sospecho que por más tiempo, en los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial. A causa del rápido desarrollo de Estados Unidos como mercado nacional en el último tramo del siglo XIX, la renta alcanzó una suma concentración para los primeros años del XX, cuando los Rockefeller, Ford, Morgan y Carnegie fueron capaces de superar sus feudos locales para incrementar sus ingresos por muchos múltiplos. Los nuevos ricos eran un grupo mucho más grande que el puñado de familias prominentes que en el cambio de siglo tanto lugar merecían en las páginas de sociedad. Las llamativas disparidades de renta de principios del siglo XX, sin embargo, vinieron motivadas por una concentración sustancialmente mayor de riqueza de la que existe hoy. Gran parte de la concentración de renta de aquellos tiempos reflejaba el interés, los dividendos y las ganancias de capital de esa riqueza, más que unos diferenciales de salarios (Los datos sobre la distribución de la riqueza a finales del siglo XIX escasean, pero la gran preponderancia de ingresos de propiedad confirma los inmensos indicios anecdóticos de esos años. El descenso en la concentración de la renta en la década de 1930 y a lo largo de la Segunda Guerra Mundial se debió al debilitamiento del valor de los activos, las pérdidas de capital, los mercados laborales hiperendurecidos de la Segunda Guerra Mundial y los controles de precios y salarios que inhibieron el funcionamiento de la oferta y la demanda. Dicho sea de paso, una consecuencia de esos controles fue el surgimiento del seguro médico a costa de la empresa como medio de atraer a los trabajadores cuyos salarios estaban congelados. Las consecuencias de ese sistema son tristemente evidentes para los fabricantes estadounidenses de la actualidad).

Por el contrario, las concentraciones de renta actuales deben más a la generación de ingresos altos procedentes del trabajo espoleados por el desequilibrio entre la demanda de trabajadores cualificados y su oferta disponible. Con todo, las tendencias son preocupantes. Los gestores de las empresas identifican sistemáticamente la carencia de trabajadores cualificados como uno de los mayores problemas continuos de la actualidad, y están dispuestos a subir los paquetes salariales para adquirirlos.

El avance tecnológico rara vez es sosegado. Los mercados laborales pueden tardar años en ajustarse a una gran subida de esa demanda. Lo hacen subiendo las escalas de pago a los trabajadores cualificados, lo que atrae a trabajadores de otros países e incentiva a los nacionales para que se formen más o adquieran de algún otro modo mayores habilidades. Pero la respuesta lleva tiempo, y el acceso a los extranjeros cualificados está limitado. Entretanto, el aumento en los niveles salariales de los trabajadores cualificados, sin el contrapeso de un aumento proporcional para quienes carecen de esa formación, concentra la renta en los segmentos superiores. A grandes rasgos, al margen de muchas iniciativas proteccionistas, la contribución de la globalización al aumento de la desigualdad no ha suscitado una gran oposición… al menos por el momento. Las dificultades halladas en el empeño multilateral más reciente (la ronda de negociaciones comerciales de Doha) para relajar aún más las restricciones al comercio internacional, sin embargo, han enarbolado banderas rojas políticas contra una mayor difusión de la globalización.

En mayor o menor medida, la mayoría de países desarrollados ha experimentado el impacto de la tecnología y la globalización de forma muy parecida a Estados Unidos. Aun así, aunque se enfrentan a una creciente concentración de los ingresos, el impacto hasta la fecha parece haber sido sustancialmente más suave del que estamos viviendo nosotros. Estados Unidos es a todas luces un caso aparte entre los socios comerciales globales, y eso exige una explicación más amplia de las causas de la desigualdad de renta estadounidense. Parte de la explicación radica en los sistemas de bienestar mucho más elaborados, sobre todo en Europa, que aplican unos programas para redistribuir la renta mucho más extensos de lo que se ha considerado aceptable en Estados Unidos. Pero eso no es nuevo. Esas disparidades existían mucho antes de 1980, cuando la desigualdad de renta empezó a convertirse en un problema global.

Una parte significativa muy probable de la explicación de las novedades recientes parece ser la disfunción de la educación elemental y secundaria en Estados Unidos. Un estudio realizado por primera vez en 1995 por la Lynch School of Education del Boston College reveló que, aunque nuestros estudiantes de cuarto curso estaban por encima de la media en una escala comparativa internacional tanto en matemáticas como en ciencias, para cuando llegaban al último año del instituto habían caído muy por debajo de la media internacional. Entre las primeras naciones se contaban Singapur, Hong Kong, Suecia y los Países Bajos (El estudio y sus continuaciones están disponibles en la página web del Centro de Estudios Internacionales, http://timss.bc.edu). Los estudios de seguimiento de 1999 y 2003 indicaban una mejora relativa de los estadounidenses que no pasaba de modesta. Este desastre educativo no puede achacarse a la calidad de nuestros hijos. Nuestros estudiantes se encontraban en la media, o por encima, a los nueve o diez años. ¿Qué les hacemos en los siete u ocho años siguientes para que obtengan unas notas tan bajas en comparación con sus iguales de otros países? ¿Qué estamos haciendo a su proceso formativo que obliga a los especialistas en personal a descartar a cantidades ingentes de aspirantes «educados» para puestos de trabajo modestamente cualificados porque no pueden escribir frases coherentes o sumar con exactitud una columna de números?

No es de extrañar que, a resultas de ello, demasiados de nuestros estudiantes se queden en un nivel demasiado bajo de habilidad al graduarse, con lo que se añaden a la oferta de mano de obra menos cualificada ante una demanda en aparente descenso. Sólo cabe preguntarse cómo se comportarían nuestros mercados laborales si nuestros estudiantes pudieran rivalizar con sus equivalentes en Singapur (Irónicamente, muchos educadores de Singapur se maravillan de la capacidad emprendedora de la juventud estadounidense). Este desequilibrio en las habilidades motivado por la educación, sumado a las fuerzas de la globalización y la innovación, parece explicar buena parte, si no la totalidad, de la incapacidad de los salarios reales de las zonas media y baja de nuestra distribución de renta para elevarse de forma mesurable en el último cuarto de siglo. El descenso en la capacidad de los sindicatos para mantener los salarios por encima del mercado probablemente haya tenido algún efecto en los ingresos de la clase media, pero no puede ser un factor significativo en la mayor incidencia de concentración aumentada de renta en Estados Unidos en relación con nuestros socios comerciales, puesto que la globalización ha debilitado el poder negociador de los sindicatos a escala mundial.

Las palancas clave de política para resolver el problema de la creciente desigualdad, a mi entender, son por lo tanto principalmente la educación y la inmigración. Los mercados ya están trabajando en esa dirección. Necesitamos acelerar el proceso. En concreto, necesitamos aprovechar mejor las fuerzas de la competencia que han dado forma al desarrollo de la educación en Estados Unidos, y necesitamos facilitar la inmigración de los individuos altamente cualificados. Más adelante retomaré estas propuestas.

Durante las tres décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial, a la vista del avance de las tecnologías y la globalización, nos las ingeniamos para mantener estable la distribución de rentas. ¿Cómo lo hicimos, y qué lecciones de esa experiencia ayudarán a elaborar políticas capaces de poner a raya el crecimiento de la desigualdad de ingresos y a ser posible invertirlo?

La composición de habilidades de nuestra población activa al final de la Segunda Guerra Mundial combinaba razonablemente bien con las necesidades de nuestras ya complejas instalaciones de capital. A resultas de ello, los diferenciales salario-habilidad eran estables, y los cambios porcentuales en las tasas salariales eran a grandes rasgos los mismos para todos los grados de empleo. La significativa incorporación de universitarios a la fuerza de trabajo, fruto en parte de la formación financiada por la Ley de Reinserción de Soldados (GI Bill), fue suficiente para contener los aumentos salariales de los muy cualificados. Los salarios reales de los menos cualificados también subieron, en parte como resultado de una educación secundaria eficaz y las muchas habilidades adquiridas durante la guerra. En pocas palabras, las competencias técnicas de todos los niveles de empleo parecían aumentar en consonancia con las necesidades de nuestra cada vez más compleja infraestructura, lo que estabilizó la distribución de rentas en Estados Unidos durante tres décadas. Aunque la Ley de Reinserción de Soldados y la formación práctica en las fuerzas armadas durante la Segunda Guerra Mundial no vinieran motivadas, en un principio, por el mercado, ayudaron a satisfacer las necesidades de un mercado laboral cambiante.

Hacia 1980, sin embargo, empezó a dejarse notar un aumento persistente en la desigualdad de rentas (Es interesante que, a pesar del acusado aumento en la concentración de la renta a lo largo del pasado cuarto de siglo, existan pocas pruebas de que la distribución de la riqueza en Estados Unidos haya cambiado materialmente). Los empleos fabriles de salario alto y clase media en Estados Unidos llevan bajo presión de la tecnología y las importaciones desde que tocaron techo en casi veinte millones alrededor de 1979. Pero en años recientes, el miedo a la externalización de ramas de servicios que antes no estaban sometidas a competencia internacional ha contribuido a la inseguridad laboral. Esa inseguridad, fomentada por la competencia global, era nueva para muchos estadounidenses de renta media, que se fueron volviendo cada vez más propensos a renunciar a aumentos de sueldo a cambio de garantías de conservación del puesto de trabajo.

Nuestras instituciones educativas han respondido a la escasez de habilidades que se hizo evidente hace un cuarto de siglo, pero sólo en parte. Cuando yo era joven (los años 40), la educación se veía como la preparación para una vida de trabajo. Todo el mundo consideraba la educación formal como aquello que se hacía en la juventud. O se terminaban los estudios al acabar el instituto o se pasaba a la universidad y más allá. Fuera cual fuese tu última nota, tenías la vida arreglada. Un adolescente con el diploma del instituto seguiría a su padre a los altos hornos locales o, si se licenciaba en la universidad, buscaría un puesto de asistente de ejecutivo en una gran compañía. Los trabajos en el acero estaban bien pagados, y la mayoría de quienes los tenían esperaban pasarse toda su vida laboral en la fábrica. Los jóvenes asistentes de ejecutivo aspiraban a sustituir a sus jefes algún día. Las jóvenes por lo general encontraban trabajo de secretarias o maestras al graduarse, en espera de matrimonio y familia. En 1940, sólo un 30 por ciento de las mujeres en las edades comprendidas entre los veinticinco y los cincuenta y cuatro años trabajaban o buscaban empleo. (Hoy en día la cifra supera el 75 por ciento.)

Sin embargo, a medida que la competencia espoleó la destrucción creadora, el ritmo del movimiento de empleos se aceleró y las visiones de una vida con un solo patrón se esfumaron. Cuando el siglo XX se acercaba a su fin quedó claro que los graduados en el instituto o la facultad tenían probabilidades de ocupar muchos puestos distintos a lo largo de sus vidas laborales e incluso practicar más de una profesión. A modo de respuesta, la educación formal poco a poco se convirtió en un empeño vitalicio, y los mercados respondieron.

La primera manifestación del fenómeno fue el drástico aumento de las matriculaciones en las escuelas universitarias. Tras años de verse como el furgón de cola de la educación estadounidense, esas instituciones se encuentran hoy en día a la vanguardia. La matriculación de estudiantes en esos centros terciarios de cursos de dos años pasó de 2,1 millones en 1969 a 6,5 millones en 2004. Casi una tercera parte de los estudiantes tienen treinta o más años. Esas instituciones se especializan en la enseñanza de competencias prácticas que son inmediatamente aplicables en el lugar de trabajo, y han resultado de especial utilidad para reeducar de cara a las nuevas oportunidades a la gente que había perdido su empleo. Algunos planes de estudios típicos: mantenimiento de electrónica, tecnología de reparación de colisiones, enfermería, terapia de masaje y seguridad informática. Esas ocupaciones de renta media requieren unas competencias sustancialmente superiores a las que precisaban los trabajadores de renta media cuando yo entré en el mercado laboral, a finales de los 40.

Una proporción creciente de la población se está aprovechando también de la instrucción relacionada con el trabajo. La «universidad de la empresa» se está convirtiendo a marchas forzadas en un rasgo permanente del aprendizaje adulto específico para el empleo. Muchas empresas insatisfechas con la calidad de sus nuevos contratados complementan su educación y competencias, preparándolos para competir con éxito en los mercados mundiales. General Motors posee un extenso sistema «universitario» con dieciséis facultades operativas. McDonald’s educa a más de cinco mil empleados al año en su universidad, que tiene el apropiado nombre de Hamburger University.

Esas respuestas a las necesidades del mercado no son nuevas para

la educación estadounidense, sin embargo; siempre han estado en su núcleo. En el cambio de siglo pasado, los avances tecnológicos exigieron trabajadores con un nivel de competencias cognitivas superior al que precisaba la economía rural dominante de las décadas anteriores: por ejemplo, la capacidad de leer manuales, interpretar planos o comprender fórmulas matemáticas. Los jóvenes se veían atraídos lejos de las zonas rurales, donde las oportunidades eran limitadas, hacia ocupaciones más productivas en los negocios y un sector manufacturero en progresión. Nuestro sistema educativo respondió: en las décadas de 1920 y 1930, las inscripciones en la enseñanza secundaria de este país se ampliaron con rapidez. Pasó a ser el cometido de esas instituciones preparar a los estudiantes para la vida laboral. En el contexto de las demandas de la economía en esa época, un diploma representaba la formación necesaria para tener éxito en la mayoría de aspectos de la empresa estadounidense. El rendimiento económico que el mercado laboral ofrecía por disponer de un diploma de enseñanza secundaria aumentó y, a resultas de ello, las tasas de inscripciones en institutos crecieron. Para cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, el nivel medio de educación de un joven de diecisiete años era un diploma de secundaria: un logro que destacaba a Estados Unidos entre los demás países.

Las nuevas demandas creadas por el progreso económico también ejercieron una importante influencia en la evolución de nuestro sistema de enseñanza superior. Aunque muchos estados habían establecido centros aprovechando la concesión de tierras con anterioridad (A partir de 1862, el gobierno federal concedió tierra (más tarde, financiación) a los estados por la creación de instituciones educativas para enseñar ingeniería, agricultura y tácticas militares. Cornell, Tejas A amp;M, la Universidad de California en Berkeley y la Penn State se cuentan entre las más de cien instituciones fundadas bajo el programa de concesión de tierras), su apoyo se reforzó a finales del siglo XIX a medida que los estados cuyas economías se habían especializado en la agricultura y la minería buscaron aprovechar los nuevos métodos científicos de producción.

A principios del siglo XX, el contenido de la educación de una facultad estadounidense había evolucionado desde un plan de estudios de base clásica a otro que combinaba las ciencias, los estudios empíricos y las humanidades modernas. Las universidades respondieron a la necesidad de aplicar la ciencia -en especial la física y la química- a la elaboración de acero, goma, productos químicos, fármacos, petróleo y otros bienes que precisaban las tecnologías de producción más recientes.

La reputación de Estados Unidos como líder mundial en educación superior tiene su fundamento en la capacidad de esas versátiles instituciones, tomadas en su conjunto, para satisfacer las necesidades prácticas de una economía y, lo que es más importante, desencadenar el pensamiento creativo que la impulsa. Es el reconocimiento de esos valores lo que ha atraído a un segmento tan abultado de la población estudiantil mundial a nuestras instituciones de enseñanza superior. Sin embargo, por bien que la respuesta de nuestras universidades, y sobre todo de nuestras escuelas universitarias, haya sido impresionante, en las décadas recientes no puede decirse lo mismo de nuestros centros de enseñanza elemental y secundaria.

Hasta ahora, he expresado mi preocupación por el estado de nuestra educación elemental y secundaria a la vez que alababa el sistema universitario de talla mundial que hemos erigido a lo largo de las generaciones. Debería quedar claro, sin embargo, que a menos que lo primero pueda elevarse hasta posiciones de liderazgo mundial, lo segundo tendrá que depender de los estudiantes extranjeros o sumirse en la mediocridad. La media de edad de nuestros científicos e ingenieros está aumentando, según la Fundación Científica Nacional, y un gran número se jubilará dentro de muy pocos años, lo que rebajará la oferta de trabajadores cualificados en relación con las crecientes exigencias de un capital cada vez más complejo. Si no podemos sustituir a esos trabajadores cualificados, crecerá la presión hacia un aumento del diferencial salarial entre trabajadores cualificados y no cualificados, puesto que no se divisa una escasez comparable de trabajadores menos formados.

Una de las habilidades de la que carecen demasiados graduados en el instituto es la competencia matemática. Es esa disciplina, más que cualquier otra, la que se exige para alcanzar la condición de empleo cualificado. No pretendo pasar por versado en los detalles de la educación estadounidense del siglo XXI. Aun así, personas cuya erudición respeto y que se hallan en posición de conocerlos, se quejan de que los profesores de matemáticas de mi infancia han sido reemplazados por profesores titulados en enseñanza, pero que con demasiada frecuencia carecen de licenciaturas en matemáticas o ciencias, o de competencia en su asignatura. En 2000, por ejemplo, casi dos quintas partes de los profesores de matemáticas de institutos públicos no habían estudiado matemáticas como asignatura principal o secundaria, enseñanza de matemáticas o un campo relacionado. Lou Gerstner, ex presidente del consejo de IBM y fundador de la Comisión de Enseñanza, señaló en un ensayo para Christian Science Monitor (13 de diciembre, 2004): «El meollo del problema es nuestro misterioso modo de reclutar y preparar profesores, junto con la lista única de salarios idénticos» para todos los profesores, con independencia de su especialidad, «por desesperada que sea la necesidad que pueda tener una sociedad de un determinado conjunto de conocimientos y por bien que rinda un profesor en el aula. Eso no tiene sentido, y aun así es la norma en la profesión docente».

Es posible que unas escalas de pago diferentes para los profesores de secundaria de distintas disciplinas vayan en contra de los valores de la enseñanza. Tal vez el dinero no debería ser un incentivo. Pero lo es. Sin duda en nuestros institutos hay profesores de matemáticas lo bastante vocacionales para desentenderse de los ingresos muy superiores que podrían percibir en otros empleos, pero deben de ser pocos pues, como también señala Gerstner, «según un estudio de 2000 sobre los distritos escolares urbanos más grandes, casi un 95 por ciento refería una demanda inmediata de profesores de matemáticas, un problema de cantidad que viene a sumarse al problema de calidad que a todas luces ya experimentamos».

Está quedando cada vez más claro que una escala de pagos llana cuando la demanda está lejos de serlo es una variedad de fijación de precios que socava la capacidad para atraer profesores de matemáticas cualificados. Dado que las oportunidades financieras para los expertos en matemáticas o ciencias fuera de la docencia son inmensas y para los profesores de literatura inglesa, limitadas, es probable que los profesores de matemáticas estén algo por debajo del profesional docente medio en el mismo escalón de pago. Es probable que la enseñanza de las matemáticas se deje a quienes son incapaces de reclamar los puestos de trabajo más lucrativos. Eso sucede mucho menos con los profesores de literatura inglesa o historia.

Además, se rechaza a los padres de estudiantes jubilados o bien educados que se ofrecen a enseñar, a tiempo parcial, cursos como matemáticas porque carecen de titulación en enseñanza. En la medida en que esas prácticas están extendidas, existen impedimentos burocráticos al funcionamiento de las fuerzas de mercado en la educación. Por suerte, las propuestas para poner remedio a esta situación disfuncional están empezando a calar.

Por ejemplo, James Simons, un distinguido matemático que aplicó sus conocimientos a la construcción de uno de los hedge funds más exitosos de Wall Street, en 2004 desvió sus esfuerzos hacia la mejora de la enseñanza de las matemáticas en los institutos. Su Matemáticas para América ha desarrollado un programa de becas con generosas dotaciones para reclutar y formar profesores de matemáticas de secundaria. En 2006 el senador Chuck Schumer de Nueva York hizo suya esta propuesta y ofreció una legislación para ponerla en práctica.

Mejorar la sensibilidad de los centros de primaria y secundaria a las fuerzas del mercado debería ayudar a devolver el equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajadores cualificados en Estados Unidos. No sé si los cupones, que aportan un elemento de competencia a los centros públicos, son la respuesta definitiva, pero sospecho que Rose y Milton Friedman, que consagraron el final de sus distinguidas carreras a fomentar esa política, iban por el buen camino. (No recuerdo que ninguno de los dos fuera jamás desencaminado.)

Otro paso hacia la mejora de la competencia es un interesante estudio escrito para el Hamilton Project (una criatura de Robert Rubin) en la Brookings Institution. Los autores señalan que la certificación de los profesores (que por lo general exige un título en enseñanza) tiene poco que ver con si un profesor es eficaz. Recomiendan la apertura de la docencia a otras personas cualificadas, entre ellas quienes tienen una licenciatura de cuatro años pero no los requisitos formales necesarios para la certificación. Calculan que, retirando la barrera de la certificación, se animaría a los recién licenciados y a los profesionales de mayor edad a intentar una carrera docente. Además, recomiendan seguir la pista del rendimiento de profesores y estudiantes y dificultar más la consecución de la titularidad permanente. Simularon esas recomendaciones mediante un modelo basado en el rendimiento de 150.000 estudiantes de Los Ángeles de 2000 a 2003. Los autores concluyen que, si el sistema escolar eliminara tras una criba a la cuarta parte menos cualificada de profesores, las notas de los estudiantes en los exámenes mejorarían en hasta 14 puntos porcentuales para el momento de la graduación. Se trata de unos cambios muy abultados y, aunque sean alcanzables de forma tan sólo fraccional, una mejora así en el rendimiento académico podría suponer un gran paso para remediar la inferioridad internacional de los jóvenes estudiantes estadounidenses.

Un reconocimiento de lo pobre que había llegado a ser nuestra educación en matemáticas y quizá cierto motivo para la esperanza fue el informe que presentó en septiembre de 2006 el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas, que dio la vuelta a su desencaminado asesoramiento de 1989. El informe anterior recomendaba un plan de estudios que renunciara al énfasis en las habilidades matemáticas básicas (multiplicación, división, raíces cuadradas, etc.) y empujara a los estudiantes a buscar soluciones más fluidas y a estudiar un abanico de temas matemáticos especiales. Siempre me pregunté cómo puede aprender matemáticas quien no tenga un fundamento concienzudo en los elementos básicos y se concentre en muy pocos temas a un mismo tiempo. Pedir a los niños que usen la imaginación antes de que sepan sobre qué imaginan me parecía un empeño vacuo. Lo era.

Otro imperativo de la educación va más allá del fomento de las fuerzas del mercado en las escuelas. Reconozco que, dejados a sus anchas, los incentivos de mercado no llegarán a la educación de aquellos niños «dejados atrás» (por tomar prestado un término de la actual legislación educativa estadounidense). El coste del igualitarismo educativo es sin duda elevado y tal vez sea difícil de justificar en términos de eficacia económica y productividad a corto plazo. Algunos estudiantes pueden lograr un nivel dado de educación con mucha mayor facilidad, y por ende a un coste mucho menor, que otros. Aun así, existe peligro para una sociedad democrática que deje a algunos niños fuera de sincronía con sus instituciones. Esa desatención contribuye a la concentración exagerada de la renta, y es concebible que resultase mucho más costosa para el sostenimiento del capitalismo y la globalización a largo plazo. Los juicios de valor que conlleva la toma de decisiones como ésas van más allá de los imperativos del mercado.

A menos que nuestra población nacional, con la ayuda de nuestras escuelas, pueda aportar el nivel de competencias que necesitamos, cosa que hasta la fecha no ha hecho, cuando nuestros trabajadores cualificados nacidos con el baby boom se jubilen precisaremos un significativo aumento en la cifra de trabajadores cualificados inmigrantes a Estados Unidos. Como declaró sucintamente ante el Congreso Bill Gates, presidente de Microsoft, en marzo de 2007: «Estados Unidos encontrarán infinitamente más difícil mantener su liderazgo tecnológico si cierra la puerta a las mismísimas personas más capacitadas para ayudarnos a competir.» Añadió que estamos «ahuyentando a lo mejor y más brillante del mundo precisamente cuando más lo necesitamos».

Gran parte de nuestras carencias de conocimientos pueden resolverse con una reforma educativa. Pero eso, en el mejor de los casos, llevará años. El mundo se mueve demasiado rápido para las vacilaciones políticas y burocráticas. Necesitamos afrontar enseguida una doble discapacidad estadounidense: la creciente concentración de la renta y el creciente coste de encontrar personal para nuestro capital, sumamente complejo. Ambos problemas podrían «curarse» abriendo Estados Unidos a la muy grande y creciente reserva mundial de trabajadores cualificados. Nuestros puestos de trabajo cualificados son los mejor pagados del mundo. En consecuencia, si abriésemos la inmigración de trabajadores cualificados a este país, pronto veríamos reducirse la prima salarial de los cualificados sobre los menos cualificados y un final a nuestras carestías de trabajadores especializados (El aumento en el margen de renta entre trabajadores cualificados y menos cualificados a escala mundial sugiere que la escasez de conocimientos es un problema global. Como la inmigración internacional está tan inhibida, el «precio» de los conocimientos no converge globalmente. Es a todas luces un problema mayor en Estados Unidos que en otros países. En consecuencia, la apertura de la inmigración cualificada a Estados Unidos aplicaría una presión al alza sobre los salarios de los trabajadores cualificados no estadounidenses y aumentaría la concentración de ingresos en una cantidad modesta; también rebajaría el nivel salarial cualificado de Estados Unidos). Las carestías se producen porque estamos inhibiendo el funcionamiento de los mercados laborales competitivos mundiales. Las normas administrativas excluyentes han sido sustituidas por el mecanismo de los precios. En el proceso, hemos creado en este país una elite nativa privilegiada de trabajadores cualificados cuyas rentas están siendo sostenidas a unos niveles incompetitivamente altos por las cuotas de inmigración aplicadas a los profesionales cualificados. Eliminar esas restricciones reduciría de un plumazo mucha desigualdad de renta y abordaría el problema de un capital potencialmente no competitivo.

La política de inmigración, por supuesto, está sometida a muchas más influencias que la economía. Se las ve con la cuestión, considerablemente más peliaguda, del deseo de la población de mantener las raíces culturales que mantienen unida a la sociedad y fomentan el intercambio voluntario en mutuo beneficio. Estados Unidos siempre ha sido capaz de absorber con el tiempo oleadas de inmigración y mantener los derechos y libertades individuales otorgados por nuestros Padres Fundadores. Pero las transiciones siempre fueron más difíciles de lo que parecen vistas en retrospectiva. Si queremos seguir metidos en el mundo y mejorar nuestro nivel de vida, tendremos que mejorar acusadamente nuestra educación elemental y secundaria o rebajar nuestras barreras a los inmigrantes cualificados. En realidad, la aplicación de ambas medidas procuraría importantes beneficios económicos.

La política pública consiste en una serie de decisiones. Podemos construir muros excluyentes alrededor de Estados Unidos para mantener fuera los bienes, servicios y personas que compiten con los productores y trabajadores nacionales. El resultado sería una pérdida de chispa competitiva, que conduciría a una economía estancada y debilitada. Nuestro nivel de vida caería y el descontento social se enconaría y crecería, en la medida que la que antaño se jactaba de ser la superpotencia perdiera su posición de liderazgo mundial.

Alternativamente, podemos aceptar el mundo de alta tecnología cada vez más competitivo, afrontar la incapacidad de nuestro sistema escolar nacional para aportar un nivel de nuevos trabajadores cualificados suficiente para aplacar nuestro preocupante aumento en la desigualdad de ingresos y abrir más aún nuestras fronteras a las crecientes reservas mundiales de trabajadores cualificados.

Ninguna alternativa ofrece un nivel de vida estadounidense sin el desafío y la tensión de unas fronteras abiertas a los bienes y las personas. En elegir consiste la política pública, y con la elección vienen tanto los beneficios como los costes. Para lograr los primeros, tenemos que aceptar los segundos.

22 El mundo se jubila, pero ¿puede permitírselo?

Casi todo el mundo desarrollado está al borde de un abismo demográfico para el que no existen precedentes: una enorme legión de trabajadores, la generación del baby boom, está a punto de pasar del trabajo productivo a la jubilación. Hay demasiado pocos trabajadores jóvenes para reemplazarlos, y la diferencia entre los cualificados es incluso peor. La avanzadilla del cambio se ha puesto especialmente de manifiesto en Alemania, donde, a pesar del elevado paro, se están acumulando graves carestías de trabajadores cualificados. Un ejecutivo alemán de contratación de personal dijo a The Financial Times (28 de noviembre, 2006): «La batalla por los trabajadores ya ha comenzado, y dadas las tendencias demográficas en Alemania y partes de Europa del sur y del este, está a punto de empeorar mucho más.»

Este desplazamiento tectónico es verdaderamente un problema del siglo XXI. La jubilación es un fenómeno relativamente nuevo en la historia humana; hace un siglo, la esperanza de vida media en buena parte del mundo desarrollado era de cuarenta y seis años. Relativamente pocas personas sobrevivían lo bastante para experimentar la jubilación.

La ratio de personas mayores dependientes respecto de la población en edad de trabajar lleva al alza en el mundo industrializado durante al menos 150 años. El ritmo de aumento se frenó acusadamente con el nacimiento de la generación del boom tras la Segunda Guerra Mundial, pero la dependencia de los mayores aumentará casi a ciencia cierta con mayor rapidez cuando esa generación llegue a la edad de jubilarse. La aceleración será especialmente dramática en Japón y Europa. En Japón, el segmento de la población formado por las personas de al menos sesenta y cinco años de edad creció del 13 al 21 por ciento en la última década, y los demógrafos de las Naciones Unidas esperan que llegue al 31 por ciento para 2030. La población japonesa en edad de trabajar ya está disminuyendo y el pronóstico es que caiga de los ochenta y cuatro millones de 2007 a sesenta y nueve millones para 2030. También está prevista una reducción de la población en edad de trabajar de Europa, aunque menor que en Japón.

Los cambios previstos para Estados Unidos no son tan graves, pero aun así presentan imponentes desafíos. A lo largo del próximo cuarto de siglo, se prevé un descenso de la tasa de crecimiento anual de la población estadounidense en edad de trabajar, desde el 1 por ciento actual hasta alrededor de un 0,3 por ciento para 2030. Al mismo tiempo, el porcentaje de población por encima de los sesenta y cinco años aumentará de manera acusada. Aunque se espera que la población en general siga envejeciendo, buena parte del envejecimiento de la fuerza de trabajo ya se ha producido con el aumento de edad de la generación del baby boom. En cuanto los integrantes de esa generación empiecen a jubilarse, se espera que la edad media de la fuerza de trabajo estadounidense se estabilice.

Estos cambios previstos en la estructura de edad de nuestra población y fuerza de trabajo son en gran medida el resultado del descenso en la fertilidad que siguió al auge de los nacimientos en la posguerra. Tras tocar techo en 1957 con 3,7 nacimientos a lo largo de la vida de una mujer, la tasa de fertilidad en Estados Unidos cayó al 1,8 para mediados de los 70; desde 1990 se ha estabilizado en algo menos de 2,1, la llamada tasa de reemplazo, o nivel requerido para mantener constante la población en ausencia de inmigración o cambios en la longevidad (La tasa de fertilidad utilizada aquí es la tasa de fertilidad total. Se mide como cifra media de hijos que una mujer daría a luz durante su vida si experimentase las tasas de nacimientos por edad observadas en cualquier año dado). El descenso en el número de hijos por familia desde el boom de la natalidad ha conducido inevitablemente al pronóstico de un aumento en la proporción de personas mayores respecto de aquellas en edad de trabajar.

La inmigración continuada, sin embargo, mitigará el impacto del descenso de la tasa de natalidad, y el crecimiento de la población se verá apuntalado también por los aumentos en la esperanza de vida. En 1950, un varón estadounidense de sesenta y cinco años podía esperar, de media, vivir hasta los setenta y ocho, mientras que ahora puede esperar vivir hasta los ochenta y dos. Y si continúan las actuales tendencias, para 2030 podrá esperar vivir hasta los ochenta y tres. La esperanza de vida de las mujeres aumenta a la par, desde los ochenta años en 1950 a aproximadamente ochenta y cuatro en la actualidad, y ochenta y cinco para 2030, según el Consejo de Administración de la Seguridad Social en 2007 (Los consejeros de la Seguridad Social y Medicare son los secretarios del Tesoro y de Trabajo y dos consejeros públicos nombrados por el presidente).

Los estadounidenses no sólo estamos viviendo más, sino que en general también lo hacemos de forma más sana. Los índices de incapacidad para personas mayores han estado descendiendo, un reflejo de las mejoras en todas las fases de la medicina, además de los cambios en la naturaleza del trabajo. Se está volviendo menos arduo en lo físico y más exigente en lo intelectual, continuación de una tendencia de un siglo de duración hacia una producción económica más conceptual y menos física. En 1900, por ejemplo, sólo uno de cada diez trabajadores tenía una ocupación profesional, técnica o de gestión. Para 1970, la proporción se había doblado, y hoy en día ese tipo de empleos suponen una tercera parte de nuestra fuerza de trabajo. Una consecuencia inevitable, pues, del envejecimiento de Estados Unidos será que una mayor proporción de nuestra tercera edad tendrá tanto la capacidad como el incentivo para trabajar cada vez hasta más tarde.

Los trabajadores que ya han cumplido los sesenta han acumulado muchos años de valiosa experiencia, de modo que ampliar la participación de la fuerza de trabajo en apenas unos años podría ejercer un impacto perceptible en la producción económica. Pero no hay vuelta de hoja: casi toda la generación del baby boom se habrá jubilado para 2030. Y su jubilación será algo sin parangón histórico en cuanto a duración. ¿Serán esos «años dorados» realmente dorados? ¿Cómo producirá la fuerza de trabajo estadounidense bienes y servicios para ellos mismos y sus familias, además de para una población jubilada cuyo tamaño carece de precedentes?

Los hechos incontrovertibles de la demografía ejercerán un profundo efecto desgarrador sobre el equilibrio del poder económico mundial. El envejecimiento no supone un problema inmediato para los países menos desarrollados, con la excepción de China, que ha contenido su tasa de natalidad por medio de la planificación central: la política gubernamental de un solo hijo. Las Naciones Unidas pronostican que el segmento de la población mundial que reside en lo que hoy son las naciones desarrolladas caerá hasta el 15,2 por ciento para 2030, desde el actual 18,3 por ciento. El modo en que las naciones desarrolladas afronten este desplazamiento puede resultar decisivo para atenuar o intensificar los cambios en el equilibrio de poder económico del mundo. Crucial para el resultado es si las naciones desarrolladas, al vérselas con la pérdida de poder y prestigio, se ensimismarán y erigirán barreras al comercio con un floreciente mundo en vías de desarrollo. Cómo manejen los gobiernos la transferencia de recursos reales desde el segmento en retroceso de su población que forma su fuerza de trabajo productiva hasta una creciente población jubilada probablemente sea un asunto definitorio para el próximo cuarto de siglo. Para las sociedades democráticas, las políticas supondrán un especial desafío, ya que una proporción creciente del electorado la formarán los jubilados beneficiarios de prestaciones.

La economía de la jubilación es muy sencilla: hay que reservar a lo largo de una vida de trabajo los suficientes recursos para financiar el consumo durante el retiro. Los arreglos financieros asociados con la jubilación facilitan el desvío de recursos que hacen posible el consumo de bienes y servicios tras el retiro, pero no producen esos bienes y servicios. En Estados Unidos, el Congreso puede aprobar, y el presidente firmar, una legislación que, por ejemplo, proporcione derecho, en el momento de la jubilación, a un nivel determinado de atención sanitaria. Pero ¿quién garantiza que existirán los hospitales, las compañías farmacéuticas, los médicos, las enfermeras y la infraestructura sanitaria en general para convertir una promesa sobre el papel en unos servicios médicos futuros valiosos?

Una prueba sencilla para cualquier sistema de jubilación es si puede garantizar la disponibilidad de los recursos reales prometidos a los jubilados sin sobrecargar a la población en edad de trabajar. Según esa medida, Estados Unidos tal vez esté en rumbo de colisión con la realidad. Los miembros de mayor edad de la generación del baby boom se vuelven candidatos a las prestaciones de la Seguridad Social en 2008. Para 2030, según las proyecciones de la ONU, las personas de sesenta y cinco o más años de edad ascenderán a más del 23 por ciento de la población adulta, en comparación con el 16 por ciento actual. Este enorme desplazamiento de la población expondrá a todos nuestros sistemas financieros de jubilación a una grave presión y requerirá ajustes para los que no existen precedentes históricos. El hecho de que los ancianos supongan una mayor proporción de dependientes que los niños someterá a una carga adicional a los recursos de la sociedad, ya que las personas mayores consumen, per cápita, una porción relativamente mayor de recursos, mientras que los niños consumen relativamente poco.

Tras andar a la baja durante años, la participación en la fuerza de trabajo entre los estadounidenses más mayores ha aumentado un poco en tiempos recientes, a causa de las crecientes presiones sobre las rentas de la jubilación y una escasez cada vez mayor de mano de obra con experiencia (A pesar de la creciente viabilidad de trabajar a edades avanzadas, los estadounidenses se han estado jubilando cada vez más jóvenes. En 1940, por ejemplo, la edad media de jubilación para los varones era los sesenta y nueve años; para 2005, la edad media rondaba los sesenta y dos). Como ya he señalado, no cabe duda de que seguirá creciendo. Con todo, el modo más eficaz de mejorar los futuros niveles de vida, y por tanto de reconciliar las aspiraciones tanto de los trabajadores como de los jubilados, es aumentar el ahorro de la nación y la productividad de sus usos (Además, podríamos tomar prestado del extranjero, lo que debería incrementar el capital físico de Estados Unidos. Al hacerlo, sin embargo, también acumularíamos una responsabilidad ante los extranjeros que en el futuro tendríamos que financiar; en otras palabras, una porción menor de nuestro futuro PIB estaría disponible para el consumo por parte de residentes estadounidenses). Necesitamos un aumento significativo del ahorro en las décadas venideras si queremos financiar la construcción de instalaciones de capital -por ejemplo, fábricas y equipos de alta tecnología último modelo- que produzcan los recursos reales adicionales para garantizar que las prestaciones por jubilación prometidas a la generación del baby boom puedan cumplirse en términos reales. Y necesitamos que se haga sin aumentar gravemente la carga de los trabajadores del mañana.

Sin embargo, según casi cualquier medida, el ahorro adicional requerido para encargarse del gran aumento del número de jubilados es lo bastante abultado para suscitar serias dudas sobre si el gobierno federal podrá cumplir los compromisos que ya ha contraído.

Los consejeros del sistema de la Seguridad Social calculan que haría falta un aumento inmediato en el impuesto sobre las remuneraciones desde su actual 12,4 por ciento a un 14,4 por ciento, una rebaja del 13 por ciento inmediata y general de las prestaciones o alguna combinación de las dos medidas para cerrar el desfase de financiación a lo largo de los próximos setenta y cinco años. Un aplazamiento o escalonamiento de los ajustes exigiría mayores impuestos o menores prestaciones a la larga. Y por culpa de los grandes déficits que se prevén más allá del horizonte de los setenta y cinco años, la «solvencia a setenta y cinco años», el estándar algo arbitrario del aseguramiento social exigirá mayores ajustes en el futuro. Por bien que la escasez de fondos prevista es problemática, no crea, por sí misma, dificultades fiscales o económicas insuperables. Lo más importante es que las proyecciones de las prestaciones de la Seguridad Social son relativamente fiables. Eso se debe a que la demografía de la población jubilada se cuenta entre los pronósticos más certeros de los economistas y a que la Seguridad Social es un programa de prestaciones definidas, de modo que los pagos por beneficiario son razonablemente predecibles por adelantado.

El programa público de salud para personas mayores Medicare, por el contrario, plantea un problema mucho mayor. Los consejeros pronostican un desfase en la financiación a setenta y cinco años para la Parte A de Medicare, el fondo de cobertura hospitalaria, que podría cerrarse con un aumento inmediato de 3,5 puntos porcentuales sumados al actual gravamen del 2,9 por ciento sobre la remuneración tributable (hasta un total de 6,4 por ciento), una inmediata reducción a la mitad de las prestaciones o alguna combinación de las dos medidas. Pero no acaba ahí la cosa. Los costes de la Parte B de Medicare, que paga las facturas de los médicos y otros gastos externos, y la nueva Parte D, que paga el acceso a la cobertura de fármacos con receta, subirán ambos con rapidez según los pronósticos. Sin embargo, está decretado que se paguen con los ingresos de los impuestos generales, más que con impuestos sobre remuneraciones. Aunque no son tan visibles como los impuestos de cobertura hospitalaria, las demandas sobre ingresos impositivos generales de las futuras prestaciones de las Partes B y D son del mismo orden de magnitud que las de la Parte A.

Los consejeros públicos, que abordan los futuros costes de Medicare desde otra perspectiva, comentaron en 2006 que «si las proyecciones de los consejeros se demuestran una guía fiable para las siguientes décadas, a falta de un aumento en las fuentes asignadas de ingresos para el programa, en apenas 15 años el pago de las prestaciones de Medicare programadas precisaría transferencias de los Fondos Generales equivalentes a un 25 por ciento de los ingresos federales por el impuesto de la renta […] -más del triple de su peso fiscal de 2005- y menos de 10 años después la transferencia de los Fondos Generales ascendería a casi el 40 por ciento de los ingresos federales por el impuesto de la renta». Pero ni siquiera esos números plasman necesariamente el problema en toda su extensión, porque las proyecciones de las prestaciones de Medicare son sumamente inciertas.

El gasto sanitario lleva muchos años creciendo más rápido que la economía, un crecimiento alimentado, en buena parte, por los avances tecnológicos. Sabemos muy poco sobre lo rápida que será la evolución de la tecnología médica o cómo se traducirán esas innovaciones en el futuro gasto. Las novedades tecnológicas pueden mejorar enormemente la calidad de la atención médica y, en algunos casos, reducir los costes del tratamiento y a buen seguro los de la administración hospitalaria. Pero como la tecnología amplía el conjunto de posibilidades de tratamiento, también tiene el potencial de contribuir al gasto general, y en algunos casos no poco.

Cuando los historiales médicos privados codificados alcancen la suficiente difusión, los investigadores serán capaces por primera vez de evaluar con eficacia los tratamientos y resultados para una amplia gama de enfermedades. Doy por sentado que de ello saldrá un estándar nacional de buenas prácticas. Con el tiempo llegarán también puntuaciones públicas de hospitales y médicos; cabe esperar que lo siguiente sea la competencia de mercado. Aun así, no es probable que nada de eso suceda muy rápido. La práctica médica pende de lo que tradicionalmente ha sido una relación muy discreta entre médico y paciente, y los dos son reacios a arriesgarse a un fallo de seguridad.

La práctica médica en Estados Unidos ha tenido una evolución muy diferente según la región. Supongo que unas buenas prácticas a escala nacional, al eliminar los peores tratamientos y facultativos, mejorarán los resultados medios. Pero no está ni mucho menos claro si una consciencia nacional y una demanda de buenas prácticas aumentarían o reducirían los gastos médicos. Debemos tener presente que las incertidumbres -sobre todo nuestra incapacidad para identificar ese salto hacia arriba de las futuras exigencias de atención médica- justifican una significativa contención al elaborar las políticas. El motivo crucial para actuar con cautela es que los nuevos programas desarrollan rápidamente electorados dispuestos a resistirse con fervor a cualquier recorte. A consecuencia de ello, nuestra capacidad para tener a raya las iniciativas de expansión del déficit, en caso de que más adelante demostrasen haber sido excesivas o erróneas, es muy limitada.

Quienes toman las decisiones deberían pecar por prudentes al plantearse nuevas iniciativas presupuestarias de ayuda social. Los programas siempre pueden ampliarse en el futuro si llegan los recursos necesarios para ellos, pero no son tan fáciles de rebajar si éstos luego se quedan cortos respecto de los compromisos. Por eso creo que dar el paso de un programa no financiado de fármacos con receta en 2003, antes de abordar los problemas del gravemente infrafinanciado y deficitario programa Medicare en su conjunto, fue un error, tal vez muy grande (Por suerte (y sorprendentemente), el coste de la Parte D de Medicare, el programa de fármacos con receta, hasta la fecha ha quedado por debajo de los pronósticos iniciales. Es posible que el programa haya fomentado la competencia para cuya creación fue estructurado. Sin embargo, no deja de ser un gasto creciente, grande y sin financiar).

Habiendo participado en una serie de estudios que simulaban los futuros costes y beneficios de Medicare, me sorprende la amplitud del abanico de posibles resultados para, pongamos, el año 2030. Como he señalado, la gama de posibilidades para la Seguridad Social es muy estrecha. Los demógrafos, por supuesto, tienen igual de dominado el número de futuros beneficiarios de Medicare, pero los costes medios por beneficiario bajo la ley actual dependen no sólo de las futuras tecnologías sino también de las elecciones del paciente y toda una serie de otras variables.

La complejidad de predicción es tal que los consejeros han tenido que resignarse a un simple algoritmo: una proyección de la tasa de crecimiento de las prestaciones por perceptor de Medicare en relación con la proyección de la tasa de crecimiento del PIB per cápita. El crecimiento en los desembolsos reales de Medicare por beneficiario ha presentado una media cercana al 4 por ciento al año a lo largo de la última década, alrededor de 2 puntos porcentuales por encima del crecimiento del PIB per cápita real. Los consejeros públicos señalan a continuación: «Parece razonable suponer que el crecimiento del gasto (per cápita) en atención sanitaria y Medicare se frenará de manera gradual hasta alcanzar la tasa de crecimiento del PIB; porque es de suponer que existe algún tope a la proporción de sus rentas crecientes que los estadounidenses querrán dedicar a la atención sanitaria.» Es algo que bien puede demostrarse cierto.

Sin embargo, como sabrá cualquiera que conozca los entresijos de Washington, esa suposición también implica un salto bastante espectacular. Da por sentado un grado de contención que no está escrito en la legislación actual. Da por sentada una victoria fiscal en una batalla política que todavía está por librarse. Como observan los propios consejeros públicos: «No se ha materializado una desaceleración como ésa en el último medio siglo.» Así pues, la carga fiscal prevista del creciente gasto de Medicare presumiblemente sería incluso mayor si se basara estrictamente en la actual legislación de servicios sociales y las actuales tendencias del gasto en atención sanitaria.

Hay mucho trabajo que hacer para enmendar Medicare. Debería quedar claro que cubrir por completo los futuros desfases de financiación de la Seguridad Social y Medicare subiendo los impuestos es económicamente inviable. Hacerlo conllevaría unos tipos impositivos desconocidos en tiempos de paz. Llega un momento en que los aumentos de los tipos impositivos se vuelven contraproducentes: al absorber poder adquisitivo y reducir los incentivos al trabajo y la inversión, reducen la tasa de crecimiento de la economía. Por tanto, el crecimiento de la base impositiva se desacelera y los ingresos fiscales adicionales que se preveían no acaban de materializarse.

Nos queda una realidad sumamente peliaguda: resolver el desfase de financiación para la asistencia social federal va a exigir recortes de las prestaciones. El Gobierno tiene la obligación moral de aplicar esos recortes más pronto que tarde, para conceder a los futuros jubilados todo el tiempo posible para ajustar sus planes de trabajo, ahorro y gasto en la jubilación. No avisar a los estadounidenses a su debido tiempo de que se reducirán los ingresos en la jubilación en los que habían basado sus planes podría suponer graves alteraciones para la vida de esas personas.

En cuanto se determine el nivel de prestaciones que la Seguridad Social y Medicare están en condiciones de prometer razonablemente, ¿cómo puede garantizar la política pública que estén disponibles los recursos reales necesarios para cumplir esas promesas? Concentrarse en la solvencia financiera dentro de los sistemas de la Seguridad Social y Medicare sin parar mientes al panorama macroeconómico más amplio no garantiza que los recursos vayan a estar ahí. Sin un ahorro neto adicional, no se producirán los recursos reales precisos para aportar futuras prestaciones. Así, al abordar los desequilibrios de la Seguridad Social y Medicare, necesitamos asegurarnos de que las medidas que tomemos ahora para financiar los futuros compromisos de prestaciones representen contribuciones reales al ahorro nacional y los activos productivos que financian.

Necesitamos, en la práctica, hacer realidad los fantasmales «fondos de reserva» de hace unos años, que se suponía que contenían el dinero para financiar las futuras prestaciones de la Seguridad Social. Los fondos de reserva eran tan reales para muchos estadounidenses que el ex presidente de la Cámara de Representantes Tom Foley cuenta la anécdota de que su madre lo riñó por intentar desengañarla de esa creencia. «Señor Foley -le dijo-, espero que no le ofenda lo mucho que me sorprende y asombra descubrir que el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes no sabe nada sobre la Seguridad Social.» En ese momento, las propuestas de fondos de reserva habrían exigido no sólo sacar del presupuesto a efectos contables los fondos fiduciarios de aseguramiento social (actualmente en superávit), sino también que el Congreso decretara que se equilibrase el resto del presupuesto. Durante un breve período, en los prósperos años de superávit fiscal del cambio de milenio, surgió un consenso bipartidista para hacer exactamente eso. Sin embargo, por desgracia, el compromiso se vino abajo cuando quedó de manifiesto que, a la luz de un entorno económico menos favorable, mantener el equilibrio presupuestario excluyendo a la Seguridad Social y Medicare exigiría un gasto significativamente menor o una subida de impuestos.

No resolver los desequilibrios entre las promesas a los futuros jubilados y la capacidad de la economía para cumplirlas podría tener graves consecuencias para los jubilados individuales y la economía en su conjunto. Al final, espero que el desequilibrio de financiación de Medicare se resuelva rescindiendo las prestaciones de los más ricos (No está claro hasta qué punto reduciría los desembolsos en servicios médicos un recorte en las prestaciones. Hace varios años, encargué al personal de la Junta de la Reserva Federal que simulase el nivel de desembolsos en servicios médicos a lo largo de 2004, asumiendo que los derechos a prestaciones de Medicare y Medicaid no se hubieran ejercido nunca. El personal concluyó que los desembolsos habrían sido sólo modestamente inferiores. Las eficiencias de mercado, sin embargo, podrían haber sido bastante notables). El frenesí de la política y el hasta la fecha intratable aumento continuo de la desigualdad de rentas, a mi juicio, no deja otra alternativa política creíble. Podría obtenerse una restauración del equilibrio mediante el desarrollo de cuentas privadas (que apoyo) o mediante una legislación que exija que Medicare haga comprobaciones de los recursos económicos (como hace Medicaid). El racionamiento es la única otra posibilidad realista, y eso cuenta con poco apoyo en Estados Unidos. La mayoría de futuras prestaciones de Medicare sin duda se concentrarán en los grupos de renta media y baja. El servicio médico para los perceptores de rentas altas tendrá que ser financiado con seguros médicos privados no subvencionados o del propio bolsillo, probablemente en forma de copagos que se acerquen al cien por cien. A muchos los echará atrás el concepto de Medicare como asistencia social, que es como suele verse a los programas que tienen en cuenta la renta, pero la aritmética de la demografía del siglo XXI en una economía global sumamente competitiva lo necesita.

Aunque estoy a favor de una política de inmigración liberal, no lo hago como medio de aumentar la población trabajadora para elevar los impuestos de seguro social y así contribuir a la resolución del desfase de financiación de la Seguridad Social/Medicare. Tampoco, por motivos en los que entraré más adelante, podemos contar con un aumento fortuito de la productividad; el techo a largo plazo para los aumentos de la producción por hora en Estados Unidos parece ser del 3 por ciento al año, con un 2 por ciento como resultado más probable. En pocas palabras, es probable que no tengamos suficiente gente trabajando ni un suficiente aumento en la cantidad que es capaz de producir de media cada trabajador, para cubrir el enorme desfase respecto de las prestaciones que garantiza la legislación vigente. Puede que ni nos acerquemos.

Con tantas incógnitas, me temo que, dada nuestra demografía y el potencial al alza limitado del crecimiento de la productividad, ya podamos habernos comprometido a un nivel de recursos médicos reales para los jubilados del baby boom superior a lo que nuestro gobierno puede proporcionar con realismo. Como ya he señalado, el Congreso puede aprobar una prestación, pero eso por sí solo no produce los recursos económicos precisos para aportar los hospitales, médicos, enfermeras y empresas farmacéuticas que serán esenciales en 2030 para satisfacer la letra de la ley vigente. El tamaño en 2030 de la transferencia de recursos reales desde los trabajadores-productores a los jubilados quizá sea demasiado grande para que los primeros lo acepten. Es posible que las demandas a la producción nacional, por culpa de una ampliación no financiada de las prestaciones, superen con mucho lo producido por una fuerza de trabajo sólo marginalmente mayor a la que existe hoy. En pocas palabras, puede que haya que incumplir las promesas o, mejor dicho tal vez, «clarificarlas».

Las significativas incertidumbres sobre la disponibilidad de recursos futuros reales se ven reflejadas en las incertidumbres en las tasas de reemplazo de las rentas de los jubilados. Dada la actual sima entre las necesidades de la jubilación e incluso las actuales promesas de grandes prestaciones, las prestaciones de las pensiones y seguros privados van a tener que desempeñar un papel cada vez mayor. A finales de 2006, los fondos de pensiones privados en Estados Unidos tenían 5,6 billones de dólares en activos: 2,3 billones en los programas tradicionales de prestaciones definidas y 3,3 billones en planes de aportaciones definidas, ante todo el 401(k) (Además, había 3,7 billones de dólares en cuentas de jubilación privadas (IRA)). Los planes privados de pensiones y de reparto de beneficios pagaron 334.000 millones de dólares en prestaciones en 2005 (Los seguros colectivos de salud pagaron 581.000 millones más, pero primordialmente a personas por debajo de los sesenta y cinco años). En comparación, la Seguridad Social y Medicare pagaron 845.000 millones. La primera cifra está condenada a atrapar a la segunda a medida que los trabajadores estadounidenses y sus empleadores den los pasos necesarios para satisfacer las metas de ingresos en la jubilación de los trabajadores.

Pero eso está a años de distancia. En este momento, las pensiones de prestaciones definidas pasan por apuros. Esos planes pueden prosperar en períodos de esperanza de vida tras la jubilación relativamente corta y una población en rápido crecimiento. El tamaño sin precedentes de la generación del baby boom y su prevista longevidad han reducido drásticamente las ventajas de los planes de prestaciones definidas. Ya se han impagado significativas obligaciones de pensiones a la Corporación de Garantía de las Prestaciones de Pensiones.

La obligación legal de pagar las prestaciones incluidas en un plan de prestaciones definidas, por supuesto, recae en el empleador: el fondo de pensiones está ahí como refuerzo. Sin embargo, dado que determinados niveles de financiación están decretados por ley, las empresas ven su fondo de pensiones de prestaciones definidas como una oportunidad de beneficios: cuanto mayores sean los ingresos por inversión del fondo de pensiones, menos dinero adicional tendrá que aportar la corporación patrocinadora. Y cuanto menor sea la inyección de dinero, menor es el coste en la práctica de la mano de obra y mayores los beneficios. En consecuencia, la empresa se ve impulsada a buscar modos de reducir los pagos al fondo.

Dado que las empresas saben con razonable certeza quién se jubilará, cuándo y con qué prestaciones prometidas con años de antelación, ¿no es el coste un cálculo sencillo? No del todo. El coste esperado de un plan de prestaciones definidas para una compañía depende en parte del estado de las prestaciones de pensión en caso de bancarrota. Por ejemplo, si en caso de suspensión de pagos las prestaciones de pensión tienen por contrato prioridad sobre los recursos empresariales, el cálculo del coste de las prestaciones no tiene vuelta de hoja. En esas circunstancias la empresa puede optar por montar un fondo de pensiones de títulos del Tesoro estadounidense, sin riesgo, cuyos vencimientos coincidan con el momento de los pagos de las prestaciones. Las prestaciones las generaría el capital y los intereses acumulados de un título del Tesoro estadounidense que venciera el año en que se exige el pago de las prestaciones. En la práctica, las empresas intentan sortear a toda costa un programa tan sencillo porque es el más costoso. Los valores de empresa, las propiedades inmobiliarias, los bonos basura y hasta los bonos AAA ofrecen un mayor rendimiento que los del Tesoro. Pero todos tienen riesgo de impago y, en ese caso, la empresa promotora tendría que usar sus otros activos o no pagar sus obligaciones con las pensiones.

El debate acerca de qué tasa de rendimiento debería buscar un fondo de pensiones, y en consecuencia qué riesgo puede aceptar, depende, en último término, de lo segura que quiera estar la empresa de pagar las prestaciones prometidas. Cuanto mayor sea el riesgo del fondo de pensiones, mayor será el margen de beneficios de la inversión.

Se diría que la teoría financiera hace ilusoria la consecución de mayores rendimientos. Si los mercados asignan correctamente el precio a los riesgos, la tasa de rendimiento del fondo de pensiones debería ser independiente del grado de riesgo de la cartera, puesto que las mayores tasas de rendimiento compensan las pérdidas de los valores arriesgados, que a menudo se vuelven insignificantes. Pero lo que es cierto en teoría no siempre funciona en la práctica. (O, mejor dicho, hace falta una nueva teoría.) Los gestores de pensiones dirán que, en el largo plazo, las tasas de rendimiento reales, realizadas, de los valores de renta variable están por encima de las llamadas tasas de rendimiento medias ajustadas al riesgo de la economía estadounidense en su conjunto. Las tasas de rendimiento desde el siglo XIX confirman que la titularidad diversificada de acciones a lo largo de períodos de titularidad de décadas de duración ha rendido de forma invariable por encima de las tasas de rendimiento medias reales. Como he señalado, probablemente sea el resultado de una aversión congénita al riesgo de los humanos. Cualquiera dispuesto a apechugar con el estrés de unos compromisos con las acciones irrevocables a largo plazo obtiene unos beneficios más elevados. Así, los fondos de pensiones de prestaciones definidas que pueden conservar inversiones intactas durante décadas a menudo tienen una mayoría de sus activos en valores de renta variable. Para reducir el coste para la empresa, los fondos de pensiones de prestaciones definidas asumen riesgos, entre ellos el peligro de fluctuaciones a corto plazo en los precios de sus valores y otros activos. Y esos riesgos, ante todo por las fuertes inversiones en valores de renta variable, tienen consecuencias, buenas y malas.

Cuando los precios de las acciones están al alza, las ganancias de capital en la práctica pagan una parte significativa de la contribución de la empresa a su programa de prestaciones definidas. Dado que las contribuciones dinerarias son menores, los beneficios presentados, en consecuencia, son más altos. A la inversa, cuando los precios de las acciones caen, como lo hicieron de 2000 a 2002, una gran cantidad de planes de pensiones se quedan cortos de financiación.

No puede soslayarse el hecho de que los riesgos de cartera ponen en peligro las prestaciones de los jubilados. Muchas empresas con obligaciones de prestaciones de pensiones muy abultadas sin financiar en los años recientes, como las acereras y las compañías aéreas, han optado por la bancarrota y remitido esas obligaciones a la Corporación de Garantía de las Prestaciones de Pensiones: es decir, ante todo al contribuyente estadounidense. Por suerte, la Ley de Protección de las Pensiones de 2006 redujo en un tanto por ciento significativo la exposición de los contribuyentes a los impagos de fondos de pensiones privados, pero ni mucho menos los ha eliminado.

Todos los fondos de pensiones de prestaciones definidas ofrecen una tasa de rendimiento que es variable y, sobre todo a corto plazo, impredecible. Pero la empresa tiene la obligación legal de pagar una prestación fija «definida». Eso requiere que una tercera parte (casi siempre la propia empresa patrocinadora) convierta la renta variable de la cartera de un plan de prestaciones definidas en los pagos fijos exigidos por contrato. En años recientes, el coste de esa conversión ha crecido. En parte por eso, muchas empresas han adoptado planes de pensiones de aportaciones definidas. La proporción de los activos totales de los fondos de pensiones encuadrados en planes de prestaciones definidas se redujo del 65 por ciento en 1985 al 41 por ciento a finales de 2006.

La tendencia no muestra indicios de frenar. Los patrocinadores empresariales de planes de aportaciones definidas probablemente se concentrarán más en las formas de inversión que pueden realizar sus empleados e incluso en algunas reglas sobre lo rápido que, tras la jubilación, pueden desembolsarse esos fondos. Preveo que los planes de aportaciones definidas también irán sustituyendo de manera gradual a parte de la Seguridad Social, cuando las capacidades de financiación de esta última caigan con la proporción de trabajadores sobre beneficiarios jubilados a lo largo del tiempo. A medida que la magnitud y las implicaciones de la carga de la jubilación se vayan volviendo evidentes para los potenciales jubilados, es muy probable que una población anciana cada vez más sana encuentre necesario aplazar el retiro. Sin embargo, más relevante es que la transferencia de recursos reales de los trabajadores a los jubilados se verá necesariamente financiada cada vez más por planes 401(k), seguros privados y muchos nuevos productos de financiación todavía sin identificar.

En Estados Unidos, la mayoría de integrantes de renta alta de la generación del baby boom tienen una salud y unas fuentes de ingresos que deberían demostrarse más que suficientes para financiar la jubilación. Los de renta media y baja encontrarán más problemática esa financiación. El empeño de mantener los programas de cobertura social pagados sobre la marcha y con respaldo gubernamental de hoy en día, cuya aritmética exige elevadas proporciones de trabajadores respecto de jubilados, va a demostrarse cada vez más gravoso e inaceptable. A falta de alternativas, la única opción viable se demostrará casi a ciencia cierta alguna variedad de financiación privada. En el título de este capítulo he planteado una pregunta: «El mundo se jubila, pero ¿puede permitírselo?» La respuesta es: Encontrará una manera. Al mundo no le queda elección. La demografía es el destino.

23 Gobernación corporativa

«¿Tengo que aceptar el Premio Enron?», le pregunté en noviembre de 2001 a mi viejo amigo y mentor Jim Baker. «Estás hablando con parte del programa del Baker Institute», me contestó. Yo no sabía de antemano que en la cena se iba a conceder un premio. Las acciones de Enron se estaban hundiendo y al cabo de tres semanas la compañía declararía suspensión de pagos. Ese noviembre, «premio» no se antojaba la palabra adecuada. Pero yo le debía mucho a Jim Baker, de modo que, siempre que no hubiera ceremonia de entrega oficial o dinero de por medio, accedí a aceptar el galardón.

Enron me tenía desconcertado desde que oí a Jeffrey Skilling, quien al poco sería su director general, realizar una presentación en una reunión de la junta del Banco de la Reserva Federal de Dallas en diciembre de 2000. Se embarcó en una explicación muy sofisticada de cómo funcionaba aquella empresa de altos vuelos del siglo XXI. Fue impresionante, pero yo me quedé dando vueltas a varias preguntas insidiosas: ¿Qué producía Enron? ¿Cómo ganaba dinero? Entendía las ingeniosas estrategias de derivados y cobertura de la compañía, pero ¿qué caudal de beneficios se estaba cubriendo?

La caída de Enron, según explicaría Skilling a posteriori, vino precipitada por un derrumbe de la confianza en la firma, que destruyó su capacidad para pedir prestado. Eso no acababa de parecerme correcto. Suponía que, si una gran acerera experimentaba un derrumbe de la confianza, sus altos hornos seguirían teniendo algún valor. La impalpable Enron, sin embargo, desapareció como por ensalmo, sin dejar a su paso otro rastro que la furia de sus empleados y accionistas. Nunca había visto a una gran empresa estadounidense caer de icono a paria y a la práctica inexistencia con tanta rapidez.

La debacle de Enron y el escándalo que rodeó al hundimiento de WorldCom el siguiente verano me resultaron especialmente preocupantes. En el cuarto de siglo previo a mi incorporación a la Fed, había formado parte de quince consejos de administración de empresas con cotización en Bolsa (no todos a la vez, claro está) y me había familiarizado bastante con los mecanismos del poder en esas compañías. También me había vuelto cada vez más consciente de la desconexión entre el modo en que se gobernaban las empresas estadounidenses y la percepción que de ese gobierno tenían la opinión pública y nuestros dirigentes políticos. La opinión pública, que ya recela de la ética empresarial (si no es que considera el término directamente un oxímoron), no estaba, me temía, preparada para aceptar unas revelaciones que debilitaban unas creencias de amplia aceptación sobre el modo en que se gobernaban las empresas. Gran parte de las prácticas de gobierno empresarial convertidas en leyenda han dejado paso hace tiempo a los imperativos de una economía moderna.

A lo largo de todo el siglo XIX y principios del XX, los accionistas, en muchos casos mayoritarios, participaban de forma activa en el gobierno de las empresas estadounidenses. Nombraban a los consejeros de la junta, que a su vez contrataban al director general y demás altos cargos y, en general, controlaban las estrategias de la compañía. El gobierno corporativo tenía la parafernalia de un gobierno democrático representativo. Pero la propiedad se difuminó a lo largo de las siguientes generaciones, y las aptitudes gestoras y empresariales de los fundadores de las compañías no siempre eran heredadas por sus descendientes. Con la evolución de las instituciones financieras a lo largo del siglo XX, la posesión de acciones se convirtió en una cuestión de inversión, y no de propiedad activa. Si a un accionista no le gustaba el modo en que se gestionaba una empresa, vendía su paquete accionarial. Sólo en muy raras ocasiones se ponía en entredicho la gestión de las empresas razonablemente rentables. De forma imperceptible, el gobierno empresarial pasó del control de los accionistas al del director general. Al margen de la preocupación declarada de unos pocos teóricos, el cambio se produjo con discreción y en buena medida por cauces naturales.

A medida que los accionistas se implicaban cada vez menos, los directores generales empezaron a recomendarles cuadros de consejeros a los que al cabo de poco se limitaban a dar el visto bueno. A intervalos periódicos este paradigma se descarriaba cuando una empresa o sus gestores se metían en problemas. Pero esos episodios eran relativamente escasos. El gobierno empresarial democrático se había metamorfoseado en una especie de autoritarismo. El director general entraba en la sala de juntas, explicaba el nuevo programa de inversión de capital de la empresa y se dirigía a su director financiero para que lo corroborase. Después, sin una deliberación digna de tal nombre, el consejo de administración aprobaba el proyecto. El director general de una empresa rentable actual recibe inmensos poderes de la junta directiva que, básicamente, nombra él.

Con el paso de las décadas, las agencias gubernamentales y varios grupos de intereses han presionado a grandes inversores institucionales, sobre todo fondos de pensiones, para que voten según sus acciones de un modo que resucite la «democracia empresarial» de décadas anteriores. Sin embargo, estas instituciones sostienen que su responsabilidad de cara a los pensionistas es invertir de forma rentable y que su competencia radica en el juicio del valor del mercado financiero, no en la ajena práctica de la gestión empresarial. Algunos fondos públicos de pensiones se han implicado más, pero sus actividades son marginales. Las fuerzas de mercado están impulsando a los fondos de valores de renta variable privados a comprometerse cada vez más en la supervisión de la gestión de las propiedades que tienen pero, aunque la tendencia esté creciendo con rapidez, esos fondos siguen constituyendo un segmento muy pequeño del gobierno corporativo. Las fuerzas de mercado también motivan las fusiones y adquisiciones, procesos a los que los equipos de gestión rara vez sobreviven indemnes. Las llamadas OPAs hostiles podrían verse como pura democracia corporativa una vez que reconozcamos que la única «hostilidad» es la existente entre un conjunto de nuevos accionistas y la gestión atrincherada de la empresa; los accionistas existentes están vendiendo sus acciones porque quieren, y las más de las veces están ansiosos por hacerlo y es de suponer que encantados con el precio que consiguen.

No debería ser motivo de extrañeza el que, como sucede con todos los autoritarismos, la falta de una adecuada transparencia en la gestión corporativa haya engendrado abusos. Estaba bastante claro durante mi cuarto de siglo en consejos de administración que el abuso de poca monta estaba generalizado, y que en ocasiones la monta no era tan poca.

En consecuencia, no me sorprende que los descomunales paquetes de compensación de los directores generales de los años recientes hayan provocado inquietudes públicas por indecorosos. Lo que más ampollas ha levantado ha sido el drástico aumento en la proporción de la remuneración del director general respecto de las ganancias del salario del empleado medio. Los consejeros que determinan los salarios de los ejecutivos sostienen a modo de respuesta que las decisiones clave de los directores generales ponen en juego inmensas cantidades de valor de mercado. En los mercados globales, la diferencia entre una maniobra correcta y otra casi correcta puede cifrarse en centenares de millones de dólares, mientras que, hace una generación, cuando el terreno de juego era mucho más pequeño, la diferencia habría sido de decenas de millones. Los consejos de administración se hacen eco de esta perspectiva y se sienten obligados a buscar a «lo mejor de lo mejor» para el cargo de director general, y es obvio que están dispuestos a pagar lo que haga falta para procurarse a las «estrellas». La remuneración de un director general, de media, ha estado muy vinculada al valor de mercado de su empresa. La capitalización de mercado media de una empresa del S amp;P 500 subió desde menos de 2.000 millones de dólares en 1980 hasta 26.000 millones en 2006. El valor de mercado medio de las diez empresas más grandes del S amp;P 500 en 2006 era de 260.000 millones de dólares.

La remuneración de los directores generales de esas empresas estadounidenses tan grandes supuestamente creció un 10 por ciento anual entre 1993 y 2006 (Puede sostenerse que hay otros factores de por medio. Sin embargo, la competencia global no puede ser una causa importante porque los salarios de los ejecutivos en Europa y Japón no han subido ni por asomo tanto como en Estados Unidos. El argumento de que los consejos de administración están formados por amiguetes puede explicar el nivel de remuneración empresarial pero no su ritmo acelerado de los años recientes. El amiguismo empresarial fue si acaso mayor en años pasados), el triple del incremento anual del 3,1 por ciento de las ganancias de los trabajadores de producción o con cargos no supervisores de las empresas privadas. En pocas palabras, la práctica totalidad de la brecha entre la paga de los directores generales y la de los trabajadores refleja un valor empresarial al alza impulsado por las fuerzas de mercado. Pero ésa es la compensación media de los directores generales. Oculta en la media hay una gran cantidad de excepciones. Sospecho que gran parte de la remuneración «no ganada» y visiblemente mayúscula de los directores generales es fruto de la necesidad de fijar los salarios a ejecutivos por adelantado del rendimiento. Hasta los consejos de administración más perspicaces cometen errores lamentables algunas veces, y esos errores salen a la luz como una compensación enorme pagada por resultados manifiestamente mejorables.

En mi experiencia, otro factor significativo en las remuneraciones excesivas a directores generales se produce como resultado de un aumento general de los precios de las acciones, sobre el que el director general medio no tiene control. La cotización de una empresa en Bolsa, y por tanto el valor de las opciones relacionadas, está poderosamente influenciado por fuerzas que afectan a toda la economía: los cambios en los tipos de interés, la inflación y un sinfín de factores más totalmente ajenos al éxito o fracaso de una estrategia empresarial concreta. Ha habido más que unos pocos ejemplos deprimentes de directores generales que estuvieron a punto de llevar a pique a sus empresas y presidieron descensos significativos en los precios de sus acciones en relación con los de sus competidores y el mercado de valores en general. Aun así, sus directores generales cosecharon grandes compensaciones porque la firmeza de la Bolsa en su conjunto tiró al alza los precios de las acciones de sus maltratadas empresas (La cotización en Bolsa de una empresa individual compite con todas las demás por la elección de cartera de los inversores. En consecuencia, si a una o más empresas les va bien y suben los precios de sus acciones, la cotización en Bolsa de otras compañías de peor rendimiento parece más atractiva, en términos relativos. Por eso los movimientos de precios de acciones totalmente independientes muestran correlaciones significativas).

Usar acciones u opciones para remunerar a los altos ejecutivos debería exigir que las compensaciones reflejaran el éxito o fracaso de las decisiones de gestión. Las concesiones de acciones u opciones en lugar de efectivo podrían usarse con mayor eficacia atándolas a mediciones del rendimiento de la empresa en relación con un grupo cuidadosamente seleccionado de competidores a lo largo del tiempo. Algunas empresas en efecto vinculan el valor de las concesiones de acciones y opciones al rendimiento relativo, pero la mayoría no (Las opciones sobre acciones están sometidas a abusos en apariencia continuos, como demostró el escándalo de la depredación de opciones de otoño de 2006).

Si la brecha de la remuneración de los directores generales en relación con la de los trabajadores de la empresa, que alcanzó su punto más ancho en 2000, retoma su incremento, espero que los accionistas miren más allá de su concentración en los beneficios de la inversión y presten atención a la paga de los directores generales. Si la remuneración es inapropiada, es de sus bolsillos de donde sisan. No hay lugar aquí para un control salarial del gobierno. No hay fondos de los contribuyentes de por medio.

Era consciente de la tendencia hacia una remuneración «excesiva» hace una generación. Recuerdo una deliberación sobre los salarios de los altos cargos de Mobil Corporation en una reunión del comité de remuneraciones a principios de los 80. La gestión había contratado a Graef «Bud» Crystal, un conocido consultor de remuneraciones a ejecutivos, para que «asistiera» al comité a fijar unos niveles salariales apropiados (Las opciones sobre acciones están sometidas a abusos en apariencia continuos, como demostró el escándalo de la depredación de opciones de otoño de 2006). Sacó una serie de gráficos donde mostraba que los salarios de los altos cargos de Mobil no pasaban de la media en relación con sus equivalentes en otras empresas. Obviamente, afirmaba Crystal, Mobil querría que los salarios de sus ejecutivos estuvieran por encima de la media. Eso incitó a mi compañero del consejo, el director general de American Express Howard Clark, a preguntar con un destello de picardía en los ojos: «Bud, ¿recomiendas que la paga de todos los ejecutivos de empresa esté por encima de la paga media de los ejecutivos de empresa?» Yo me subí al carro y sugerí que el análisis de regresión que hacía Bud de la remuneración competitiva de los ejecutivos tenía fallos. Al final, los altos ejecutivos de Mobil consiguieron mucho, pero probablemente no todo lo que habían previsto al azuzarle a Bud al comité.

Sin embargo, incluso con la creciente conformidad y complicidad imperantes en los consejos de administración nombrados por los directores generales durante la mayor parte del siglo XX, todavía surgían ocasionales disonancias para alterar la dirección de una empresa hacia un mejor uso de sus recursos. Poco antes de partir hacia la Fed, me uní a una mayoría de consejeros de Alcoa en una rebelión contra el director general Charles Parry, que estaba presionando a la junta para que designara al director ejecutivo C. Fred Fetterolf para que lo sucediera a su jubilación. Era indudable la excepcional comprensión que tenía Fetterolf de los aspectos técnicos internos de la compañía, pero una serie de nosotros, los consejeros externos, considerábamos que carecía de la perspectiva global amplia que Alcoa iba a necesitar en la década siguiente. Los disidentes, encabezados por W. H. Krome George, un ex presidente de Alcoa, y entre quienes nos contábamos Paul Miller de First Boston, Paul O’Neill, presidente de International Paper, yo y otros, nos reunimos una noche en el Links Club de Nueva York y concluimos que teníamos que contrarrestar la elección de Fred que había hecho Charlie con una alternativa. Repasamos la mesa y nos decidimos por O’Nelly, mi viejo amigo y colaborador en la Administración Ford. El apoyo de la mayoría de consejeros restantes y un poco de presión por parte de Paul lo lanzaron a una muy exitosa carrera como presidente de Alcoa hasta que George W. Bush le convenció de que se hiciera secretario del Tesoro en 2001 (En cualquier caso, Paul O’Neill estaba a punto de jubilarse y entregar las riendas a Alain Belda).

A lo largo de mi cuarto de siglo como miembro activo de consejos de administración, observé que, entre las grandes corporaciones, el director general, que escogía a los consejeros, buscaba por lo general a personas de contrastada capacidad, a menudo directores generales de otras compañías. Sin embargo, no siempre podía discernir si las juntas de alto nivel eran elegidas por sus conocimientos y consejos o si el director general necesitaba dar una apariencia de pluralidad a lo que en realidad era un régimen corporativo autoritario. Probablemente, había un poco de las dos cosas.

A pesar de todas sus evidentes carencias, algo de bueno debió de tener el gobierno corporativo estadounidense en el último siglo, porque de otro modo la economía del país a duras penas podría haberse elevado a su actual condición de liderazgo económico mundial. No puede dudarse de que la empresa estadounidense ha sido sumamente productiva y rentable. Ha estado a la vanguardia de buena parte de la tecnología del siglo pasado. Eso, junto con mis observaciones de un cuarto de siglo de experiencia en consejos de administración, me ha llevado a concluir, mal que me pese, que si los propietarios ya no son los gestores, el control del director general y el autoritarismo que genera probablemente son el único modo de dirigir una empresa con éxito. No parecen existir alternativas creíbles a poner el poder del gobierno en las manos del director general y confiar en que hasta sus directivos escogidos a dedo lo mantengan a raya o, si éstos demuestran no poder o querer, sean los tiburones de empresas quienes tomen las riendas y pongan a punto la gestión.

Cuando estallaron los escándalos, primero en Enron y luego en WorldCom, sentí algo de alivio al constatar que la naturaleza autoritaria del moderno gobierno empresarial no entraba en el disparadero, aunque hubo no poca preocupación, justificada, por los abusos empresariales que ese autoritarismo propiciaba. El fraude contable ocupó el candelero. Lo que todo el mundo estaba a punto de descubrir era que la contabilidad empresarial moderna se basa en gran medida en una serie de predicciones que no tienen que reflejar necesariamente la historia de una compañía. Eso implica que una parte significativa de lo referido por la empresa es ampliamente discrecional y, con demasiada frecuencia, susceptible de abusos. Por ejemplo, los compromisos por pensiones calculados y los consiguientes cargos a los ingresos exigen una serie de previsiones inciertas, que ofrecen un amplio abanico de costes potenciales de las pensiones, todos razonablemente defendibles. Un banco que recibe un pago hipotecario mensual no puede estar seguro hasta que el préstamo esté determinado por completo o resulte impagado si un pago amortizado del prestatario constituye interés o una devolución del capital inicial. Las provisiones de depreciación para reflejar el descenso en el valor económico de los activos fijos están sujetos, como es comprensible, a una amplia discrecionalidad, en función de lo rápido que se espera que el progreso tecnológico deje obsoletas las instalaciones. No es de extrañar que muchos gestores de empresa, al pasar por apuros competitivos, tiendan a sesgar favorablemente sus resultados hasta el borde del fraude descarado. Algunos claramente se pasaron de la raya. Sin embargo, la discrecionalidad contable sólo puede ocultar hasta cierto punto. El techo al final tenía que venirse abajo. Y lo hizo.

En la resaca de los escándalos de Enron y WorldCom, el poder del director general de una empresa se ha visto reducido a la par que se ha aumentado el del consejo de administración y los accionistas. Con el desarrollo de los escándalos, el tono de las reuniones de consejeros cambió. Cuando entraba el director general en un consejo de administración en 2002, corría el chiste, se preguntaba si el primer punto del orden del día sería una petición de que dimitiera. El humor fue inclinándose cada vez más hacia el negro. Otro dicho de ese año era que el director general medio pasaba la mitad del tiempo con su asesor jurídico, debatiendo sobre cómo no acabar los dos en la cárcel. ¿Exageración? Por supuesto. Pero el humor negro con demasiada frecuencia se acerca mucho a la realidad. Todo el mundo estaba de acuerdo en que el director general pasaba menos tiempo ampliando productivamente el negocio.

El robo de activos de los accionistas por parte de los directivos de Enron y WorldCom creó un vendaval político. Cierto populismo antiempresa llevaba incubándose bajo la superficie de la política estadounidense, por lo menos desde los tiempos de los barones ladrones del último tramo del siglo XIX. Debatida con prisas y aprobada por aplastante mayoría, la Ley Sarbanes-Oxley entró en vigor en 2002. Para mi sorpresa, incluía reformas útiles. Una exige que el director general dé fe de que, a su juicio, las cuentas de la empresa reflejan fielmente el valor de la compañía. Olvídense los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) y las normas de la Junta de Estándares de Contabilidad Financiera (FASB); olvídense los legalismos del IRS y el SEC; la pregunta para el director general es: ¿Reflejan fielmente las cuentas de su empresa, en la medida en que le es dado saberlo, la situación financiera subyacente de la compañía? Este requisito también resolvía a mi entender el muy espinoso asunto de si las normas internacionales de contabilidad basadas en principios o los estándares GAAP y FASB estadounidenses basados en reglas eran el modo más eficaz de que una compañía transmitiera sus resultados empresariales.

El requisito de la Sarbanes-Oxley que exige la firma de directores generales y financieros sorteó la complejidad de tales juicios. Adjudicó la responsabilidad de interpretar los resultados financieros a quien corresponde. Si se concedía al director general la facultad discrecional de escoger el sistema contable y se le hacía responsable de los resultados, se estaba obrando en beneficio de los accionistas.

Sin embargo, ha quedado de manifiesto, sobre todo en retrospectiva, que, al aumentar la carga reguladora, la Sarbanes-Oxley ha reducido la flexibilidad competitiva estadounidense. La Sección 404 se ha demostrado especialmente aparatosa: exige la imposición de ciertas buenas prácticas contables por parte de los auditores de las empresas, que a su vez están supervisados por una nueva agencia, la Junta Pública de Supervisión de la Contabilidad Empresarial (PCAOB). El acrónimo no tardó en pronunciarse peek-a-boo, la exclamación utilizada para sorprender a un niño tras esconderse, para connotar una vigilancia clandestina. A la nueva agencia no le hizo gracia.

En el día de hoy, tras varios años en vigor, pocos integrantes de la comunidad empresarial sostendrían que el coste y esfuerzo de aplicar la Sección 404, por no hablar del desvío de la gestión empresarial de iniciativas de ampliación del negocio, han creado una ventaja neta para su compañía o la economía estadounidense en su conjunto. En general, la Ley Sarbanes-Oxley se está demostrando innecesariamente farragosa, pero igual de importante es que toma como premisas ciertos mitos sobre el nivel de gobierno que puede conseguirse.

La Sarbanes-Oxley ha subrayado el papel del comité auditor de una empresa y exigido que su presidente posea calificación profesional. Lo que eso implica es que este comité vitaminado tendrá la capacidad de desentrañar las malas prácticas empresariales, sobre todo el fraude, y presentar a los accionistas un informe financiero más preciso que en el pasado. En mis más de dieciocho años de regulador bancario, recuerdo muy pocos casos en que un regulador de banco desvelara un fraude o desfalco por medio del proceso de examen, vitaminado o no. Aunque hay que reconocer que la vigilancia bancaria no busca actividades delictivas, los supervisores bancarios de la Fed, con todo, otorgaron dos veces buenas notas a la sucursal en Nueva York de un banco japonés que durante años había albergado un gran desfalco continuo. Al final, una fuente interna destapó los delitos. A decir verdad, muy pocos reguladores que yo conozca pueden ofrecerme ejemplos de fraude y desfalco desvelados por cualquiera que no fuese una fuente interna. No tengo problema en reconocer que los comités auditores previos a la Sarbanes-Oxley no eran grandes descubridores de ejecutivos malhechores, pero la verdad es que no hay modo de que un comité auditor, nuevo o viejo, descubra fechorías si no es desplegando un enorme ejército de investigadores que asfixiarían a la empresa con una costosa supervisión que, con toda probabilidad, reprimiría la asunción de riesgos empresariales y en última instancia pondría en peligro la viabilidad de la compañía.

Otras disposiciones de la Ley Sarbanes-Oxley ensalzan al consejero «independiente». De algún modo, se sostiene, las voces disidentes garantizarán la honestidad de la dirección. En la práctica, los consejeros que son independientes de la gestión tienen muy poca experiencia en el negocio que les han encargado supervisar. Es improbable que conozcan qué tipo de triquiñuela es posible. Siempre he pensado que el presidente Roosevelt dio en el clavo cuando le preguntaron cómo podía nombrar a Joseph P. Kennedy, un especulador de Wall Street (y padre de JFK), primer presidente de la comisión reguladora de la Bolsa (SEC). ¿Acaso no era el ejemplo clásico del zorro guardando el gallinero? Roosevelt contestó: «Hace falta un ladrón para cazar al ladrón.»

Una empresa sólo puede tener una estrategia. Las voces disidentes «independientes» con prioridades totalmente distintas socavan la eficacia del director general y del resto del consejo de administración. He formado parte de juntas con consejeros disidentes. En las reuniones sólo salían adelante los asuntos que eran exigidos por la ley. Faltaba en ellas el intercambio de ideas que nutre las estrategias empresariales del director general. Con consejeros disidentes -como aquellos que representan a potenciales inversores deseosos de hacerse con una empresa-, siendo la naturaleza humana como es, la mayor parte del intercambio entre los consejeros que apoyan al director general y la dirección empresarial en ejercicio se produce fuera de la sala de juntas.

No es mi intención poner en entredicho la adquisición de empresas. Al contrario, se trata de un catalizador clave de la destrucción creadora, y sin duda el medio más eficaz que queda para que las voces de los accionistas moldeen una empresa. Pero, por bien que a menudo sea necesario un cambio de la dirección, no se puede dirigir con eficacia una empresa donde unas voces discrepantes y con autoridad aspiren a objetivos empresariales opuestos. Tiene que ser una cosa o la otra. Si el consejo está dividido por intereses contradictorios, el gobierno empresarial se resentirá. Si los consejeros no pueden estar de acuerdo con la estrategia del director general, deberían sustituirlo. La discrepancia en la empresa, por supuesto, es inevitable en períodos de transición, pero no un valor que perseguir por sí mismo. La cacofonía sólo produce tinta roja.

La noción de incorporar a la junta a representantes de los diversos interesados en la compañía -sindicatos, representantes de la comunidad, clientes, proveedores, etc.- suena bonita y democrática, pero es desacertada y sospecho mucho que no funcionará. El mundo sumamente competitivo de hoy en día necesita que cada empresa ejecute sus planes con un solo entrenador, por así decirlo. Que vote todo el equipo en cada partido decisivo es una receta para la derrota. Supongo que, con el tiempo, se limarán las asperezas más dañinas de la Ley SarbanesOxley, sobre todo la Sección 404.

Por buena que se haya demostrado el gobierno empresarial estadounidense, con todas sus imperfecciones, los ajustes al siempre cambiante entorno global han desvelado lagunas que exigen atención. Una contabilidad precisa es esencial para el funcionamiento del capitalismo de libre mercado. Si se distorsionan las señales que engendran la distribución de los recursos de una nación, los mercados serán menos eficaces en el fomento de unos mayores niveles de vida. El capitalismo amplía la riqueza principalmente por medio de la destrucción creadora, el proceso mediante el cual el flujo de capital procedente del capital obsolescente y de bajo rendimiento, sumado a los nuevos ahorros, se invierte en tecnologías de vanguardia y de alto rendimiento. Pero para que ese proceso funcione, los mercados necesitan datos fiables que permitan calibrar el rendimiento de los activos.

El gasto en opciones sobre acciones es un caso ejemplar. En 2002, me sumé a la batalla a propósito de este aspecto misterioso pero crucial del boom de las puntocom de la década de 1990. Mi buen amigo Warren Buffett, que no era ningún neófito en la evaluación empresarial, se había lanzado a la contienda antes que yo. Las empresas de alta tecnología, en especial, estaban practicando un masivo desplazamiento desde el pago de salarios, que restaba de los ingresos netos, hacia la concesión de opciones sobre acciones, que en aquel momento no representaba ninguna merma de los ingresos netos. Eso suponía una gran diferencia en los resultados de algunas compañías. En 2005, por ejemplo, Intel presentó un beneficio neto de 8.700 millones de dólares; según las propias cuentas de Intel, si se hubiera tomado en cuenta el coste de las opciones, la cifra habría sido 1.300 millones menor. Yo sostenía que las opciones, que atraían a personas cualificadas -recursos reales- a una empresa, eran, en principio, indiferenciables de los salarios en efectivo u otras formas de pago.

Una evaluación precisa de los beneficios exige una contabilidad precisa de los costes. Hay que anotar correctamente los costes laborales o la dirección empresarial se engañará acerca de si determinada estrategia da resultado. Debería carecer de importancia si se paga en efectivo, en forma de concesión de opciones o de acceso al comedor de ejecutivos. La empresa necesita conocer el valor de mercado del empleado recién contratado. El empleado, al aceptar un paquete salarial (incluyendo opciones), está fijando a todos los efectos su salario de mercado. Y ese salario de mercado transmite el precio de los recursos laborales necesarios para producir un beneficio.

En una economía tan grande, variada y compleja como la nuestra, la medición precisa del rendimiento empresarial es esencial si queremos dirigir los recursos de nuestra nación hacia sus usos más eficaces. Unos costes de entrada precisos son esenciales para determinar si la empresa obtiene un beneficio de sus actuales actividades. Los cambios en las valoraciones del balance basados en predicciones inciertas se han convertido en un elemento cada vez más importante para determinar si una determinada estrategia empresarial ha resultado exitosa. El principio básico de medir el beneficio como el valor del output menos el valor del input no se ve alterado por la complejidad de la medición.

Asumir que la concesión de opciones no es un gasto es asumir que los recursos reales que contribuyeron a la creación del valor del output fueron gratuitos. A buen seguro, los accionistas que concedieron opciones a empleados no consideran la potencial dilución de su participación en la capitalización de mercado de la empresa como algo que no les suponga ningún coste.

Las opciones son importantes para la industria del capital de riesgo, y en las industrias de alta tecnología muchos se opusieron con fervor a cualquier cambio en sus prácticas del momento. Sostenían que el uso de opciones es un mecanismo de retribución excepcionalmente valioso (correcto); que reconocer un gasto asociado a esas concesiones reduciría el uso de las opciones (Eso sería cierto si se hubiera engañado al receptor de la opción a propósito del auténtico rendimiento de los beneficios de la empresa), lo que perjudicaría a las empresas de alta tecnología (posiblemente); que el efecto de las opciones sobre la dilución del beneficio por acción ya está reconocido (irrelevante) (Este ajuste sólo corrige el denominador (el número de acciones) de la ratio ganancias por acción. De lo que trata la disputa contable es del numerador (las ganancias). Las concesiones de opciones, en efecto, tienen el potencial de aumentar el número de acciones y, en consecuencia, reducir las ganancias por acción); y que no podemos medir los costes de las opciones con la suficiente precisión para justificar su reconocimiento en los informes financieros (erróneo) (El medio de estimar el gasto en opciones es aproximado, pero también lo es buena parte de todas las demás estimaciones de ganancias. Además, a menos que se cuente como gastos las opciones, toda corporación ya presenta de forma implícita una estimación del gasto en opciones en su impuesto de sociedades. Ese número, para la mayoría de empresas, por supuesto, es exactamente cero. ¿De verdad la concesión de opciones no supuso ningún valor o coste para la compañía?).

Este asunto contable de apariencia críptica es, en realidad, de una importancia crucial para la fiel representación del rendimiento empresarial. Hubo quienes creían que no contabilizar como gasto la concesión de opciones supuso una gran ayuda para reunir capital con el que financiar la rápida explotación de las tecnologías avanzadas. Por bien que la vital contribución de la nueva tecnología al crecimiento de nuestra economía no se le escape a nadie, no todas las nuevas ideas crean valor neto. No todas las nuevas ideas deberían ser financiadas. Durante el boom de las puntocom, se malgastó un capital sustancial en empresas cuyas perspectivas parecían más prometedoras de lo que resultaron ser. El derroche es un efecto secundario inevitable de la asunción de riesgos que genera el crecimiento en nuestra economía. Sin embargo, la cantidad de derroche se vuelve innecesariamente grande cuando los informes de beneficios que ayudan a los inversores a colocar su dinero son inexactos.

La concesión de opciones sobre acciones, bien entendida, puede tener una gran eficacia de cara a alinear los intereses de los cargos de la empresa con los de los accionistas. Por desgracia, muchas de las concesiones concretas se diseñaron para ser interesadas. Supongo que no debería haberme sorprendido cuando las falanges de los grupos de presión de la industria de la alta tecnología se abrieron paso hasta la Fed. Recibí varias visitas de grupos de directores generales, a menudo encabezados por el astuto Craig Barrett, de Intel. Los directores generales visitantes no contaban con mi cuarto de siglo de experiencia como consejero de empresas. Disfrutaba rebatiendo sus argumentos. A menudo sentí la tentación de preguntarle a Craig, por el que había llegado a sentir respeto y simpatía, o a cualquiera de los paladines de una causa u otra que llamaban a mi puerta: «Si pudiera convencerles de que sus argumentos son erróneos, ¿les permitirían, en su actual cometido, cambiar de opinión?» Nunca lo pregunté. No era necesario. Yo estuve en la misma posición en 1994 cuando entablé con el entonces primer ministro de China Li Peng un debate sobre el capitalismo frente al comunismo (véase capítulo 14).

Al final se impuso el argumento a favor de la contabilización como gastos de las opciones. En diciembre de 2004, la FASB cambió sus normas para exigir la contabilización como gastos de la concesión de opciones sobre acciones a partir de 2005. Las nuevas reglas entraron en vigor sólo después de que por poco las bloqueasen en el Congreso, en respuesta a los argumentos de los empresarios de la alta tecnología.

Aun antes de los escándalos de 2002, existía mucha angustia política sobre el auge en la retribución de los ejecutivos en comparación con la paga del trabajador medio de la producción. Como explico en el capítulo 25, el inexorable crecimiento en la proporción de nuestro PIB que es conceptual, sobre todo la tecnológica, ha aumentado el valor del poder intelectual en relación con el valor del músculo humano en muchos múltiplos a lo largo de muchas generaciones. Soy lo bastante viejo para recordar los tiempos en que la capacidad física en el trabajo era fuente de leyenda y reverencia. Una gran estatua de Paul Bunyan, el mítico leñador, todavía preside la región de los lagos del norte de Minnesota. Los estibadores de hace un siglo eran alabados por su fuerza bruta. Hoy en día, las actividades que en un tiempo realizaran los estibadores a menudo corren por cuenta de una joven sentada ante un ordenador.

La retribución relativa en nuestra sociedad viene determinada por el mercado, y refleja las preferencias de valor de todos los participantes en nuestra economía. ¿Existe un árbitro mejor? Un estándar igual de sistemático, pero nunca aplicado con éxito, es que todos los trabajadores deberían compartir por igual los resultados de sus esfuerzos colectivos. Según esa ética, cualquier disparidad salarial es injusta. Sin embargo, afirmar que un conjunto determinado de disparidades de renta es demasiado grande o demasiado pequeño requiere un estándar según el que juzgar. «Demasiado grande» acepta la premisa de que la desigualdad está justificada en algún nivel. ¿Por qué no debería ser más baja? ¿O más alta, ya que estamos?

En el capítulo 21 sostengo que las disparidades de renta son políticamente desestabilizadoras para la sociedad. Pero un remedio que pase por controles salariales gubernamentales, en lugar de, por ejemplo, una ayuda a que los trabajadores de salario más bajo adquieran habilidades más valiosas, con demasiada frecuencia resultará peor que la enfermedad. Aun teniendo en cuenta los aspectos defectuosos del gobierno empresarial, los salarios de los ejecutivos cuentan en última instancia con el asentimiento, cabe suponer que voluntario, de los accionistas de la compañía. Como he señalado antes, no debería existir papel para el gobierno en esa transacción. El control salarial, como el control de precios, conduce de forma invariable a graves distorsiones inesperadas.

Dada la brecha entre accionistas y dirección, el paradigma del director general autócrata parece la única solución que permite el funcionamiento eficaz de una empresa. No podemos sortear el imperativo autoritario de la actual estructura corporativa, pero podemos asegurarnos de que los directores generales que no rindan sean eliminados, si no por los accionistas del momento, al menos facilitando las ofertas de adquisición. Un paso en esa dirección sería facilitar las reglas de acceso a las listas de accionistas, que en la actualidad controla en gran medida la dirección en ejercicio. Los accionistas que busquen el anonimato pueden protegerse mediante su constancia con nombres de calle (Nombre de calle» es la expresión que se utiliza cuando los títulos figuran a nombre de un broker u otro representante, en lugar del nombre del accionista). Las fusiones, adquisiciones y escisiones suponen una parte vital de la competencia y la destrucción creadora. El surgimiento de los private equity funds parece una respuesta del mercado a la poca disposición de los fondos de pensiones y otros grandes inversores institucionales a participar como propietarios en la supervisión de la dirección empresarial, que fue una seña distintiva de las generaciones anteriores. Los private equity funds que invierten en activos infravalorados, y por tanto obtienen tasas de rentabilidad sobre el capital por encima de la media, aportan pruebas de que el capital no había sido colocado adecuadamente en nuestra economía. El desplazamiento de esos activos a unos inversores que los gestionan como es debido contribuye al crecimiento económico. Un control mejorado por parte de los accionistas sin duda limitaría los interesados «paracaídas dorados» de la dirección, las primas desproporcionadas, el pago retroactivo de opciones y los extras tras dejar el cargo que en la actualidad se disfrutan a costa de los accionistas.

Que los accionistas sean quienes controlen en última instancia sus empresas estadounidenses es esencial para nuestro sistema capitalista de mercado. En las empresas, como en la mayoría de instituciones humanas, la delegación de autoridad conduce a cierto grado de autoritarismo. El equilibrio adecuado de control efectivo en el gobierno de las empresas nunca se alcanzará plenamente sin polémica.

24 El apagón a largo plazo

Cuando los huracanes Katrina y Rita golpearon el punto débil del inmenso complejo petrolífero estadounidense Tejas-Louisiana en el verano de 2005, horadaron un gran agujero en la oferta mundial. Los precios de la gasolina, el gasóleo y la calefacción se dispararon.

Era un accidente que se veía venir. Los precios del petróleo llevaban subiendo poco a poco desde 2002, a medida que los aumentos en el consumo global de crudo absorbían progresivamente la mayor parte de lo que restaba del colchón mundial de capacidad excedente, que había llegado a los diez millones de barriles al día en 1986. En años anteriores, ese colchón había bastado para absorber sobresaltos aun de la escala del Katrina y el Rita sin ningún impacto preocupante sobre los precios. Para 2005, sin embargo, el equilibrio petrolero mundial se había vuelto tan precario que hasta un cierre inesperado por mantenimiento en algunas refinerías de la Costa Este en un momento anterior del año había sido suficiente para tirar al alza de los precios.

A pesar de las periódicas predicciones de que el mundo se estaba quedando sin petróleo, las reservas subterráneas verificadas y extraíbles crecieron al compás del consumo entre 1986 y 2006. Se debió en buena medida al desarrollo de tecnologías que aumentaron la capacidad de petróleo que podía extraerse de los yacimientos existentes. Sin embargo, los productores mundiales de petróleo tuvieron mucho menos éxito en el empeño de desarrollar en la práctica la capacidad para extraer ese petróleo de sus profundas cavernas y procesarlo. La perforación y finalización de pozos se quedó atrás cuando los países con grandes reservas disponibles, ante todo los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no reinvirtieron lo bastante en pozos e infraestructura de procesado del crudo para satisfacer la creciente demanda (Según la Agencia Internacional de la Energía, los desembolsos mundiales en exploración y desarrollo se doblaron entre 2000 y 2005 pero, con unos costes que subían a un ritmo superior al 10 por ciento anual, el incremento en términos reales fue de menos del 4 por ciento al año. Eso no bastaba para convertir las reservas petrolíferas en un crecimiento adecuado en la capacidad de producción de crudo). Así, aunque tanto el consumo mundial de petróleo como las reservas petrolíferas mundiales entre 1986 y 2006 crecieran un 1,6 por ciento al año de media, la capacidad de producción de crudo creció a un ritmo de sólo el 0,8 por ciento.

¿Por qué no reinvirtieron las petroleras una parte mayor de sus ingresos, que tanto habían aumentado? Todas las reservas de petróleo de la OPEP son propiedad o están bajo el control de monopolios estatales. Sus ingresos suponen la principal fuente de financiación para las necesidades de unas poblaciones en rápido crecimiento. Las inversiones en energía deben competir con muchas otras prioridades, entre ellas los programas de algunos países para diversificar del petróleo y el gas. Las empresas petroleras y gasistas del sector privado, a diferencia de las compañías nacionales, han volcado una proporción mucho mayor del flujo de caja en inversiones energéticas en los años recientes. Sin embargo, con las reservas de petróleo de los países desarrollados muy agotadas por más de un siglo de extracción, la compensación de unas reservas de petróleo aumentadas en ese entorno mucho menos fructífero ha sido una pequeña fracción de la rentabilidad al alcance de las empresas petroleras nacionales de la OPEP. Lo que es más importante: las petroleras internacionales del sector privado tienen cada vez más vedado el acceso a las reservas de la OPEP (Las empresas extranjeras tienen totalmente prohibida la inversión en las reservas de petróleo y gas de Arabia Saudí, Kuwait y México. Las prohibiciones de facto contra el acceso extranjero se están extendiendo a la mayoría de países con compañías petroleras nacionales). La época en que esas empresas poseían un práctico monopolio sobre el conocimiento tecnológico pasó hace mucho. Ya no tienen tanto que ofrecer a cambio del acceso a las riquezas petrolíferas de Oriente Próximo.

Hace medio siglo, las Siete Hermanas -Standard Oil of New Jersey, Royal Dutch Shell, Texaco y otros gigantes- dominaban el petróleo mundial. En la actualidad las petroleras internacionales privadas son una mera sombra de su antiguo esplendor. Por supuesto, sus beneficios se han disparado con la subida de los precios de sus grandes existencias y activos de petróleo (La contabilidad LIFO (last-in, first-out) reduce pero no elimina esos picos en los beneficios). Pero sus oportunidades para invertir de manera rentable en la exploración y el desarrollo son modestas. Y con el acceso a las reservas de la OPEP recortado, las empresas internacionales tienen pocas alternativas salvo devolver gran parte de su flujo de caja a los accionistas por medio de recompras de acciones y dividendos.

Con la excepción del saudí Aramco, ninguno de los monopolios petroleros nacionales de la OPEP ha expresado un deseo de contener los aumentos del precio del petróleo ampliando la capacidad de crudo. Al contrario, lo que más parece preocuparles es que la capacidad excesiva rebaje los precios y los enormes ingresos de los que han llegado a depender para fines de política interior. Cuando me reuní con Alí alNaimi, el cortés ministro del Petróleo saudí, en mayo de 2005, hasta él estaba a todas luces incómodo con las medidas que estaba proponiendo Estados Unidos para reducir el consumo de petróleo y, por extensión, los ingresos petrolíferos de la OPEP. El peso del país de al-Naimi se basa en sus más de 260.000 millones de barriles de reservas demostradas, y su considerable potencial más allá de eso. Es muy consciente de que, si los precios del petróleo suben demasiado, el consumo podría sufrir una reducción permanente cuando los grandes consumidores mundiales pusieran su énfasis en la conservación del petróleo. La mayor parte del consumo de petróleo viene determinada por las propensiones al consumo de los parques de vehículos a motor, las fábricas y los hogares. Por bien que esa infraestructura no pueda alterarse de la noche a la mañana, sí puede cambiar, y cambia. Los saudíes aprendieron esa lección en la década de 1970. El crecimiento del consumo padeció una moderación radical en los años que siguieron a los sobresaltos del precio del barril, y nunca se recuperó del todo, ni siquiera cuando cayeron los precios. Lo que pasó entonces podría repetirse. Hoy en día Estados Unidos consume una cuarta parte del petróleo mundial; si redujéramos nuestra trayectoria de crecimiento del consumo, y sobre todo si otros nos imitasen, la prominencia mundial de Arabia Saudí sin duda disminuiría.

Desde que el presidente Franklin D. Roosevelt se encontró con el rey Ibn Saud a bordo del USS Quincy en febrero de 1945, la relación estadounidense-saudí ha sido estrecha. Había sido una petrolera estadounidense, Standard Oil of California (luego Chevron), la que había descubierto petróleo en las arenas saudíes en marzo de 1938, bajo una concesión otorgada en 1933. Y fue un consorcio de petroleras estadounidenses el que formó la Arabian American Oil Company (Aramco) para desarrollar esos recursos. Los lazos eran firmes entre lo que se convirtió para 1992 en el mayor productor petrolífero del mundo y Estados Unidos (siempre el mayor consumidor mundial). La relación sobrevivió incluso a la nacionalización de Aramco por parte de Arabia Saudí en 1976 (Arabia Saudí adquirió un control del 60 por ciento de Aramco en 1974 antes de que fuera plenamente nacionalizada). Como consejero de Mobil Corporation de 1977 a 1987, yo era muy consciente de la continuada conexión estadounidense con el país. Antes de 1976, los dividendos de Mobil procedentes de su 10 por ciento de Aramco suponían un componente primordial de las ganancias de la empresa, y el acceso al crudo saudí en los años posteriores desempeñó un destacado papel en las operaciones de la compañía. Aramco ha estado invirtiendo una parte significativa de sus ingresos petroleros aumentados de los últimos cinco años en la expansión de su capacidad, aunque siga siendo una proporción mucho menor a la de las petroleras estadounidenses, británicas, canadienses, noruegas e incluso rusas.

La renuencia de la OPEP a ampliar su capacidad ha tenido un efecto dramático sobre el mercado del petróleo. El colchón entre la oferta y la demanda se ha estrechado hasta el punto en que es incapaz de absorber, sin consecuencias para los precios, los cierres de siquiera una pequeña parte de la producción mundial. Las crecientes amenazas de violencia contra los yacimientos petrolíferos, los oleoductos, las instalaciones de almacenamiento y las refinerías, sobre todo en Oriente Próximo y Nigeria, ponen en peligro ese frágil equilibrio. El atentado terrorista de febrero del 2006 contra Abqaiq, las inmensas instalaciones saudíes que procesan siete millones de barriles de crudo al día, falló, pero por poco. Según algunas crónicas, los atacantes penetraron la primera línea de defensa. Si se hubieran salido con la suya, la escalada de precios resultante habría alterado gravemente los mercados financieros mundiales y, en función de la duración del parón de las instalaciones petrolíferas, podría haber frenado en seco buena parte de la expansión económica del mundo, o algo peor. En fecha más reciente, crecieron los temores a que, si Irán se sentía lo bastante amenazado o provocado, pudiera bloquear el estrecho de Ormuz en el golfo Pérsico, la arteria del transporte marítimo para una quinta parte del crudo mundial.

Por suerte, la actividad del mercado ha creado un nuevo tipo de colchón. Los productores y consumidores de petróleo y, desde hace menos, los inversores, llevaron las existencias de petróleo en superficie hasta niveles récord. Durante la mayor parte de la historia del petróleo, sólo quienes podían almacenar físicamente grandes cantidades de petróleo estaban en condiciones de comerciar. Las existencias se mantenían ante todo por precaución, en especial contra recortes imprevistos en la producción de cualquier parte del mundo. Sin embargo, los importantes avances en finanzas han allanado el camino para la participación de un número mucho mayor de agentes en los mercados petroleros y por ende en la determinación de los precios. Así, cuando en 2004 quedó de manifiesto que la industria petrolífera mundial no estaba invirtiendo en ampliar la capacidad de producción de crudo lo suficiente para satisfacer la creciente demanda, lo que auguraba unos precios todavía superiores, los hedge funds y otros inversores en busca de inversiones a largo plazo en el petróleo empezaron a subir su precio a golpe de pujas. El fenómeno siguió hasta que hubieron inducido a los propietarios de las existencias a vender una parte de ellas. Los inversores acumularon unas posiciones largas netas sustanciales en futuros de crudo, en gran medida en el mercado de negociación privada fuera de la bolsa (Over The Counter). Cuando se tiene en cuenta todas las titularidades compensadas, los vendedores de esos contratos que prometían futuras entregas a los inversores eran por necesidad propietarios de los miles de millones de barriles de las existencias privadas de petróleo que se guardaban en todo el mundo.

Las ventas de petróleo a inversores por medio de contratos de futuros dejaron a muchas petroleras sin salvaguarda y a merced de las subidas repentinas de la demanda. Buscaron con rapidez reabastecer las existencias recientemente comprometidas. El aumento de su demanda de existencias se vino a sumar a unas crecientes demandas de consumo, lo que impulsó aún más los precios y la producción del petróleo. La consecuencia ha sido una acumulación de existencias que refleja tanto las reservas cautelares tradicionales de la industria como las cantidades adicionales guardadas en «fideicomiso» por la industria para cumplir las obligaciones para con los inversores según los términos de los contratos de futuros. En otras palabras, parte del petróleo de los oleoductos y tanques de almacenamiento del mundo está apalabrado para los inversores. La magnitud del rápido crecimiento en la participación de instituciones financieras en títulos sobre barriles reales de petróleo queda reflejada en la multiplicación casi por seis, de diciembre de 2004 a junio de 2006, del valor teórico de los derivados de materias primas, ante todo petróleo, del que se informó al Banco de Pagos Internacionales.

Los inversores y especuladores que son los nuevos participantes en el mercado mundial del petróleo, de más de 2 billones de dólares al año, contribuyen acelerando un proceso de ajuste que se ha vuelto urgente con la práctica eliminación de un colchón mundial de oferta suficiente. La demanda de la comunidad inversora provocó que los precios subieran antes de lo que habrían hecho de otro modo, lo que espoleó a los inversores a contribuir a la acumulación de unas existencias récord, que se añadieron al delgado colchón entre la oferta y la demanda petroleras. Es decir, la incorporación de los inversores al mercado del petróleo no aumentó la oferta mundial, pero sus actividades aceleraron los ajustes de precios necesarios y desplazaron parte del crudo de las reservas de la OPEP a las existencias en superficie del mundo desarrollado. Eso fomentó una mayor seguridad petrolera que, supongo, reducirá las presiones sobre los precios a largo plazo.

Este proceso de ajuste acelerado y los precios de la gasolina disparados que lo acompañaron suscitaron mucha polémica, por supuesto. Cuando el crudo alcanzó un récord histórico de 75 dólares por barril, hubo críticos que afirmaron que los especuladores y la industria petrolera estaban enfrascados en una enorme estratagema de extorsión de precios. La historia estadounidense reciente está repleta de picos del precio del petróleo, que condujeron a acusaciones de conspiraciones de las petroleras y desencadenaron investigaciones del Congreso. Cuando esas investigaciones no destapan colusión alguna, el informe se archiva discretamente. Las conspiraciones son emocionantes, y los movimientos de precios desde luego han sido significativos, por no hablar de dolorosos para algunos consumidores. Pero la realidad es mucho más mundana: volvíamos a presenciar a las fuerzas del mercado en su eficaz acción. Cabe recordar que si los precios no hubieran subido por obra de la compra anticipada de los inversores, el consumo de petróleo habría aumentado a un ritmo superior, con lo que se habría adelantado el momento en que la demanda alcanzara el techo de la oferta. En ese momento, los consumidores del mundo agotarían en un abrir y cerrar de ojos sus existencias y los precios se dispararían más aún, con graves consecuencias para la estabilidad económica mundial. En lugar de eso, en respuesta a los precios superiores inducidos por la demanda de los inversores, los productores han aumentado perceptiblemente la producción, y se ha desincentivado parte del consumo. Aunque la capacidad de producción de crudo sigue siendo insuficiente, también se elevó en respuesta a los precios más altos. La moraleja es que, sin la acumulación de existencias debida a la especulación, el mundo sin duda habría experimentado al final un sobresalto del petróleo mucho más precipitado y grave que el que se produjo en realidad.

Si todavía tuviéramos los diez millones de barriles al día de capacidad excedente que existía hace dos décadas, ni los picos de demanda ni los parones temporales de producción fruto de la violencia, los huracanes o los mantenimientos imprevistos tendrían un gran impacto en el precio. El precario equilibrio entre oferta y demanda no tiene nada que ver con ninguna escasez de petróleo en el subsuelo. El problema es que, aparte de la saudí Aramco, quienes querrían invertir (petroleras internacionales del sector privado) no pueden encontrar inversiones rentables, y quienes pueden invertir (petroleras nacionales) prefieren no hacerlo.

Muchos miembros de la OPEP han anunciado planes de expansión de la producción a corto plazo en respuesta a la subida de los precios. Pero cuesta juzgar lo firmes que son esos planes. Las oportunidades de ampliar la producción de petróleo en otros lugares se limitan a unas pocas regiones, ante todo la antigua Unión Soviética. Pero incluso allí, la inversión ha perdido velocidad en la resaca de la renovada consolidación de la industria petrolífera rusa bajo el control del Kremlin.

Además de los temidos déficits en la capacidad de producción de crudo, también se ha vuelto motivo de preocupación la posible insuficiencia de la capacidad de refino mundial. Esa capacidad aumentó a una tasa anual de sólo el 0,9 por ciento entre 1986 y 2006, en consonancia con el insuficiente crecimiento del 0,8 por ciento de la capacidad de crudo. A decir verdad, a lo largo de la última década, la producción de crudo y las entradas en refinerías han aumentado más deprisa que la capacidad de refinado. La producción mundial de refinado ha crecido recientemente hasta el límite de la capacidad de refino efectiva. Si la capacidad refinadora cayese por debajo de la capacidad de producción de crudo, la falta de esa capacidad podría convertirse en la limitación inapelable al crecimiento en el uso del petróleo: salvo contadas excepciones, el petróleo debe ser refinado antes de su consumo. Puede que eso ya esté sucediendo para ciertas graduaciones de petróleo, dada la creciente disparidad entre la composición más pesada y azufrada (o «amarga») de la producción mundial de crudo y la demanda mundial al alza de productos de petróleo más ligeros y «dulces». (El petróleo más pesado responde en la actualidad de más de dos terceras partes de la producción mundial.) No podemos cambiar la calidad del petróleo que sale del suelo; existe pues una necesidad especial de añadir una adecuada capacidad refinadora de coquización y desulfuración para convertir la densidad y el contenido de azufre medios de gran parte del crudo indígena del mundo en el petróleo más ligero y dulce necesario para los mercados de productos, en especial los combustibles de transporte que deben cumplir requisitos medioambientales cada vez más estrictos.

Aun así, la expansión y modernización de las refinerías se está quedando atrás. Por ejemplo, en Estados Unidos no se ha construido de cero ninguna refinería desde 1976. Aunque ahora haya varias en fase de proyecto, un problema crucial es la incertidumbre de las potenciales normas medioambientales futuras; como una refinería nueva típica representa un compromiso financiero a treinta años, la incertidumbre provoca que esas inversiones resulten especialmente arriesgadas. Para fomentar una capacidad refinadora adecuada en Estados Unidos, probablemente tendremos que o bien crear excepciones a la normativa medioambiental existente para la nueva capacidad refinadora o bien sellar un calendario de futuros requisitos. Eso eliminaría una gran incógnita y ayudaría al avance de la construcción.

La consecuencia del retraso en la modernización de las refinerías se ha visto reflejada en un significativo diferencial de precios entre los más caros crudos ligeros y dulces como el Brent, que son más fáciles de refinar, y los crudos más pesados como el Maya. Además, las presiones sobre la capacidad de refino han abierto los márgenes de beneficio del mercado del refinado, que se han sumado a los precios de la gasolina y otros productos refinados.

¿Cómo hemos llegado a un estado de cosas en que el equilibrio de oferta y demanda es tan frágil que el clima, por no hablar de actos individuales de sabotaje o insurrección local, podría tener un impacto significativo en las reservas energéticas mundiales y por tanto en la expansión económica del mundo?

Durante la primera gran oleada de crecimiento de la industria petrolera, en las postrimerías del siglo XIX, los productores concluyeron que la estabilidad de precios iba a resultar esencial para la expansión continuada del mercado. El poder de fijación de precios necesario estaba en manos de estadounidenses, sobre todo John D. Rockefeller, quien obtuvo cierto éxito en la estabilización de precios en torno al cambio de siglo procurándose el control de nueve décimas partes de la capacidad refinadora estadounidense. Aun después de que el Tribunal Supremo desmembrara el trust de Rockefeller, Standard Oil, en 1911, el poder de fijación de precios se quedó en Estados Unidos: primero en las petroleras estadounidenses y más tarde en la Comisión Ferroviaria de Tejas. Durante décadas, los comisionados retiraron los límites a la producción para contener los picos de precios y rebajaron la producción permisible para evitar caídas bruscas (Es una de esas peculiaridades de la historia el que una comisión ferroviaria acabara siendo el árbitro del equilibrio de la oferta y la demanda mundiales de petróleo. Aunque en un principio sus atribuciones fueran la regulación de las vías férreas de Tejas, más tarde se usó como vehículo para prorratear las extracciones de crudo).

En verdad, a fecha tan tardía como 1952, la producción de crudo en Estados Unidos (un 44 por ciento de ella en Tejas) todavía respondía de más de la mitad del total del mundo. En 1951, el crudo de Tejas sobrante se ofertó en el mercado para contener el impacto sobre los precios del petróleo de la frustrada nacionalización del combustible iraní de Mohammed Mossadeq. Volvió a inyectarse petróleo sobrante estadounidense en el mercado para contrarrestar las presiones sobre los precios originadas por la crisis de Suez en 1956 y la guerra de los Seis Días en 1967.

El papel histórico del petróleo estadounidense, sin embargo, terminó en 1971, cuando el aumento de la demanda mundial por fin absorbió la capacidad sobrante de crudo de Estados Unidos. En ese momento tocó a su fin la independencia energética estadounidense. El centro del poder de fijación de precios cambió bruscamente, en un principio hacia un puñado de grandes productores de Oriente Próximo, para en última instancia pasar a manos de fuerzas del mercado globalizado más amplias de lo que ellos, o nadie, pueden contener.

Para capitalizar su recién adquirido poder sobre los precios, muchos países productores, sobre todo en Oriente Próximo, a principios de los 70 nacionalizaron sus compañías petroleras. La magnitud de ese poder, sin embargo, no se hizo evidente en toda su extensión hasta el embargo del petróleo de 1973. Durante ese período, los precios del crudo registrados en Ras Tanura, Arabia Saudí, subieron hasta más de 11 dólares por barril, muy por encima de los 1,80 dólares que se habían cobrado de 1961 a 1970. La escalada adicional de precios que acompañó a la Revolución Iraní de 1979 al final impulsó el petróleo hasta los 39 dólares por barril para febrero de 1981, 77 dólares por barril en precios de 2006. El pico de precios de 2006 igualó el récord anterior de 1981, tras los ajustes por la inflación.

Los precios superiores de los 70 pusieron abrupto final a un período extraordinario de crecimiento del consumo estadounidense y mundial de petróleo, que hasta entonces había excedido con diferencia el crecimiento del PIB. Esa «intensidad» aumentada de uso del petróleo fue un rasgo distintivo de las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. En retrospectiva, puede verse que la escalada en los precios de los productos del petróleo entre 1972 y 1981 casi detuvo el crecimiento del consumo mundial. En verdad, para 1986 un exceso global de oferta hundió los precios del crudo hasta los 11 dólares por barril. El consumo de petróleo, con el tiempo, se ha demostrado mucho más sensible a los precios de lo que casi nadie había imaginado. Tras la escalada de precios de los 70, el consumo mundial de petróleo por equivalente en dólares reales del PIB global descendió en más de una tercera parte. En Estados Unidos, entre 1945 y 1973, el consumo de productos de petróleo había aumentado a una pasmosa tasa media anual del 4,5 por ciento, muy por encima del crecimiento de nuestro PIB real. En contraste, entre 1973 y 2006, el consumo estadounidense creció, de media, en sólo un 0,5 por ciento al año, muy por debajo del aumento del PIB real. En consecuencia, la ratio de consumo estadounidense de petróleo respecto del PIB descendió casi hasta la mitad.

Gran parte del descenso en la ratio de consumo de petróleo respecto del PIB derivaba del crecimiento en la proporción del PIB estadounidense compuesto por los servicios, la alta tecnología y otras industrias menos intensivas en su uso del petróleo. El resto del descenso se ha debido a una mejora de la conservación de energía: mejor aislamiento de los hogares, mejor kilometraje por gasolina y procesos de producción optimizados. Buena parte de esa transformación estaba lograda en 1985. El progreso en la reducción de la intensidad de consumo de petróleo ha proseguido desde entonces, pero más despacio. Por ejemplo, tras el espectacular aumento de las eficiencias de combustible de nuestros vehículos ligeros a motor durante los 80, que reflejaba la anterior carrera al alza de los precios del petróleo, las mejoras se frenaron hasta convertirse en un goteo.

La tasa más modesta de descenso de la intensidad petrolera de la economía estadounidense después de 1985 no debería sorprender a nadie, dado el nivel generalmente inferior de precios reales del petróleo que imperó durante gran parte de ese período. La elasticidad de la demanda estadounidense a largo plazo (es decir, la sensibilidad de la demanda a las variaciones de precios) se ha demostrado notablemente más alta en las últimas tres décadas que la observada a lo largo de la década de 1960.

La ratio de intensidad de uso desde 1973 también cayó a la mitad en la zona euro, y más incluso en Gran Bretaña y Japón, donde la intensidad en la actualidad está por debajo de la estadounidense. En comparación, el uso de petróleo en el mundo en vías de desarrollo con demasiada frecuencia resulta despilfarrador; allí las ratios de consumo de petróleo respecto del PIB presentan medias muy superiores a las de los países desarrollados. La intensidad no ha menguado ostensiblemente en los años recientes, a excepción de algunos descensos experimentados en México, Brasil y posiblemente China.

Aunque las cuotas de producción de la OPEP han sido un factor significativo en la fijación de los precios durante el último tercio de siglo, la clave desde 1973 ha sido el poder de los mercados en la misma medida que el poder sobre los mercados. El embargo petrolero árabe que siguió a la guerra árabe-israelí de 1973 llevó a muchos observadores, yo incluido, a temer que la brecha entre oferta y demanda pudiera ensancharse tanto que el racionamiento fuera la única solución políticamente aceptable a la escasez de combustible (Habiendo observado que los rápidos aumentos del consumo estadounidense antes de 1973 parecían insensibles a los cambios de precios, temía que el aumento del precio del petróleo necesario para reducir la demanda hasta los niveles de producción implicados por un largo embargo no fuese políticamente aceptable. Al fin y al cabo, el presidente Nixon impuso controles de precios y salarios en 1971 para aplacar la ansiedad sobre la inflación). Aun así, la resolución del desequilibrio oferta/demanda no se produjo de ese modo.

En lugar de eso, la presión de unos precios altos llevó a los consumidores a cambiar su comportamiento, y la intensidad del uso del petróleo se redujo. (En Estados Unidos, por supuesto, las normas de eficacia de combustible decretadas para coches y camiones ligeros indujeron el crecimiento más lento de la demanda de la gasolina. Yo y una serie de colegas del Consejo de Asesores Económicos creíamos, sin embargo, que aun sin normas impuestas por el gobierno las fuerzas del mercado habrían impulsado un aumento de la eficacia de combustible. En verdad, la cantidad de coches japoneses pequeños y de consumo eficaz que se importaron a los mercados estadounidenses creció a lo largo de la década de 1970 a medida que subían los precios del petróleo.)

El efecto fue muy drástico. Por ejemplo, basándose en las tendencias a la sazón recientes en el uso del petróleo, el Departamento de Energía estadounidense pronosticó en 1979 que los precios mundiales llegarían a casi 60 dólares por barril para 1995: el equivalente a más de 105 dólares en precios de 2006. El que los precios del petróleo no subieran según las proyecciones da fe del poder de los mercados y las nuevas tecnologías que propiciaron.

Dado que el uso del petróleo en cuanto input para el PIB mundial supone menos de dos terceras partes de lo que era hace tres décadas, el efecto de la gran subida de precios del petróleo sobre la economía mundial durante la primera mitad de 2006, aunque perceptible, se demostró significativamente menos trascendente para el crecimiento económico y la inflación que las subidas de los 70. Cuesta encontrar en todo 2006 pruebas serias de cualquier erosión en la actividad económica mundial a consecuencia del drástico aumento de los precios del petróleo. A decir verdad, acabamos de experimentar una de las expansiones económicas globales más fuertes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, en especial, pudo absorber el impuesto implícito que supuso el aumento de los precios del petróleo a lo largo de 2006.

Aun así, los propietarios de existencias privadas de petróleo, tanto industriales como inversores, al parecer prevén escasas probabilidades de un cambio en los fundamentos de la oferta y la demanda de petróleo suficiente para alterar las inquietudes a largo plazo. Eso no significa que los precios del petróleo vayan a subir necesariamente. Si el mercado es eficaz, toda la información que afecte al equilibrio previsto de oferta y demanda ya debería de estar reflejada en los precios actuales del crudo (Los precios de contado en principio encarnan la información que tienen los agentes del mercado no sólo de las fuerzas que fijan los precios del momento sino también de las que determinan los del futuro. En realidad, cuando los agentes del mercado perciben un próximo gran aumento del precio, los precios de los futuros a largo plazo subirán y tirarán con ellos del precio de contado. Si el precio del momento es inferior a los futuros a largo plazo en más que el coste general de las existencias inactivas, los especuladores pueden comprar petróleo de contado, vender los futuros lejanos, almacenar el petróleo de contado, pagar los intereses por el dinero prestado para guardar el petróleo y, en el momento de expiración del contrato, entregar el petróleo y embolsarse los beneficios. Esta intermediación seguirá hasta que el precio de contado suba hasta alcanzar el precio del futuro lejano menos los costes de mantenimiento de las existencias). Muchos analistas consideraban que los precios de contado de principios de 2007 contenían una gran prima de riesgo «terrorista». (La paz en Próximo Oriente sin duda iniciaría una drástica caída de los precios del petróleo.) Mover los precios del crudo exigiría un cambio, o la amenaza de un cambio, en el equilibrio oferta/demanda previsto. La historia nos dice que eso sucederá, que el equilibrio se desplazará a menudo y en cualquier dirección. La tecnología no puede evitarlo, pero puede mitigar los impactos de coste y precios que propician esos mercados tan ajustados.

La exploración y el desarrollo al tuntún del petróleo y el gas durante los primeros años de la industria petrolífera han dado paso a un enfoque más sistemático. Los drásticos cambios en la tecnología de los años recientes han hecho que las reservas existentes den para más a la vez que han mantenido los costes de producción de petróleo más bajos de lo que serían de otro modo. Los detectores sísmicos y las avanzadas técnicas de perforación están facilitando el descubrimiento de prometedores yacimientos de profundidad, sobre todo en el golfo de México, y posibilitando el desarrollo continuado de los yacimientos en tierra maduros. En consecuencia, cabría esperar que el coste del desarrollo de nuevos yacimientos hubiera descendido. Pero las reducciones en los costes de desarrollo se han visto eclipsadas por las escaseces y los precios más altos de las instalaciones de perforación, además de por la escalada de los salarios de los trabajadores petrolíferos cualificados (El largo período (1986-99) de precios del petróleo moderados redujo la necesidad y el atractivo de los puestos de trabajo en la industria petrolífera. El número de empleados en la extracción de gas y petróleo bajó desde un techo de 271.000 en julio de 1982 hasta 118.000 para finales de 2003. El empleo experimentó una acusada recuperación a lo largo de 2007. La oferta laboral no ha alcanzado a la demanda; así, desde el otoño de 2004, las ganancias medias por hora de los trabajadores del petróleo han subido mucho más rápido que las de la nación en su conjunto). La tecnología no ha sido capaz de contrarrestar del todo esos factores.

Gran parte de la innovación en el desarrollo del petróleo fuera de la OPEP se ha dirigido hacia la superación de unos entornos de exploración cada vez más inhóspitos y costosos, consecuencia de más de un siglo agotando las fuentes de crudo más inmediatamente accesibles. Aun así, en consonancia con el descenso en los costes marginales de extracción a largo plazo, los precios de los futuros lejanos de crudo se movieron a la baja, en neto, durante los 90. Los precios de los futuros más lejanos (a siete años) cayeron desde algo más de 20 dólares por barril antes de la primera guerra del Golfo hasta menos de 18 por barril de media en 1999. Entre 1991 y 2000, aunque los precios de contado oscilaron entre los 11 y los 35 dólares por barril, los futuros lejanos mostraron escasa variación. Por un momento pareció que habíamos alcanzado el nirvana de la estabilidad de precios a largo plazo que las compañías petroleras llevan buscando desde los tiempos de John D. Rockefeller. Pero no iba a poder ser. La estabilidad de precios a largo plazo, por supuesto, ha sufrido una marcada erosión desde 2000. Los precios de los futuros lejanos se han disparado. En junio de 2007, los precios por la entrega en 2013 de crudo ligero y dulce sobrepasaban los 70 dólares por barril. Puede sostenerse que ese aumento refleja la suposición cada vez más extendida de que los aumentos en la capacidad de crudo fuera de la OPEP ya no bastarán para satisfacer la pujante demanda mundial, ante todo del Asia emergente. Además, cabe suponer que el precio a largo plazo del crudo ha subido desde 2000 por culpa de los temores renovados a perturbaciones de la oferta en Oriente Próximo y otros lugares.

A causa de la concentración geográfica de las reservas demostradas (tres quintas partes en Oriente Próximo, tres cuartas partes en la OPEP), gran parte de la inversión en capacidad productiva de crudo necesaria para satisfacer la futura demanda, sin una subida indebida de los precios, deberá correr por cuenta de las compañías nacionales de la OPEP y otras economías en vías de desarrollo. Entretanto, es cierto que la capacidad productiva sigue expandiéndose, aunque de manera gradual, y las actividades de exploración y desarrollo son continuas, hasta en los países industriales desarrollados. La conversión de las inmensas reservas de las arenas bituminosas de Athabasca, en Canadá, en capacidad productiva real, por bien que lenta, ha hecho competitiva esta fuente poco convencional de petróleo a la vista de los precios de mercado recientes. Sin embargo, a pesar de las mejoras tecnológicas y los precios elevados, las reservas demostradas de los países desarrollados se están agotando porque las incorporaciones a esas reservas no han seguido el ritmo de la extracción de petróleo.

Antes de tomar prestada la bola de cristal del oráculo para escudriñar el futuro del petróleo, debemos analizar el resto del complejo energético con el que el petróleo está inextricablemente entrelazado.

En comparación con el petróleo, la industria del gas natural es relativamente nueva. Durante buena parte de la historia temprana de la exploración petrolífera, los perforadores fueron incapaces de distinguir si una cata exitosa ofrecería valioso crudo o gas natural, que era despilfarradoramente «prendido», o quemado, por falta de medios de transporte. Sin embargo, una vez superados muchos de los obstáculos al transporte, la producción de gas para el mercado se disparó hasta multiplicarse por más de seis entre 1940 y 1970. En las décadas recientes, el gas natural ha florecido como una gran fuente de energía, reflejo de un sinfín de nuevos usos industriales, y como fuente limpia de energía eléctrica. En 2005, el gas natural aportaba casi tres quintas partes de la energía que ofrecía el petróleo. En contraste con éste, el gas natural consumido en Estados Unidos se produce casi exclusivamente en el país y Canadá, desde donde en 2006 Estados Unidos importó una quinta parte de sus 623.000 metros cúbicos consumidos. El motivo del énfasis en la producción nacional es que el gas natural sigue siendo mucho más difícil de manipular que el petróleo. Cuesta transportarlo en forma gaseosa por los gasoductos y resulta especialmente peliagudo en su forma criogénica cuando se transporta como gas natural licuado (GNL). También es difícil de almacenar: en forma gaseosa, requiere profundas cavernas de sal.

A veces, en años recientes, la oferta no ha seguido el ritmo de crecimiento de la demanda. En verdad, las existencias de gas natural conservadas en cavernas de almacenamiento se vieron apuradas hasta niveles récord durante el invierno de 2003. A consecuencia de ello, los precios de contado del gas tocaron techo. Las mismas tecnologías que han mejorado nuestras tasas de perforaciones exitosas de gas y petróleo también nos han permitido agotar los yacimientos de gas recién descubiertos a un ritmo cada vez más rápido. Los datos de Tejas, por ejemplo, muestran que, desde 2000, la producción de los pozos nuevos ha disminuido en más de un 60 por ciento tras un año de funcionamiento. Eso hay que compararlo con el 25 por ciento aproximado de principios de los 80. A resultas de ello, con el simple fin de mantener estable la producción neta de gas comercializado, los nuevos descubrimientos y la actividad de perforación asociada a ellos han tenido que aumentar.

La combinación de la demanda de gas en nuestras centrales de energía -donde su uso tiende a ser menos perjudicial para el medio ambiente que la combustión de carbón o petróleo- y la demanda continuada de los hogares, los establecimientos comerciales y la industria han impuesto una considerable presión a la base de reserva de gas natural. Hasta hace poco, la práctica totalidad de las nuevas instalaciones de energía eléctrica sobre planos han sido a gas o «de ciclo combinado», capaces de quemar gas o petróleo. Para satisfacer las mayores necesidades que se prevén, es indudable que la omnipresente tensión entre requisitos energéticos y preocupaciones medioambientales crecerá en los años venideros.

Los precios del gas natural en Estados Unidos, aun con ajustes estacionales, han mostrado históricamente una volatilidad mucho mayor que los del crudo. Sin duda eso refleja, en parte, el estado relativamente primitivo del comercio global de gas natural; el mercado más amplio y diverso del petróleo tiende a atemperar las oscilaciones descontroladas de precios. A lo largo de los últimos años, a pesar de una actividad de perforación estadounidense acusadamente mayor, la industria del gas natural del país ha sido incapaz de ofrecer un aumento perceptible de la producción, y también hemos sido incapaces de incrementar las importaciones de Canadá (La expansión canadiense de los depósitos de arenas bituminosas de Athabasca y los consumos de energía necesarios para esa expansión han absorbido una buena parte de la oferta gasista de Canadá). El resultado ha sido una significativa presión sobre los precios.

La todavía limitada capacidad de Norteamérica para importar GNL ha restringido efectivamente nuestro acceso a las abundantes reservas de gas de otros lugares del mundo. Por culpa de esa limitación (en 2006, el GNL aportaba sólo el 2 por ciento del consumo estadounidense) (La expansión canadiense de los depósitos de arenas bituminosas de Athabasca y los consumos de energía necesarios para esa expansión han absorbido una buena parte de la oferta gasista de Canadá), hemos sido incapaces de seguir compitiendo con eficacia en industrias como las del amoníaco y los fertilizantes cuando los precios del gas natural experimentan un pico en Estados Unidos y no en otros países. Las dificultades asociadas a unas reservas interiores insuficientes se resolverán con el tiempo a medida que consumidores y productores reaccionen a las señales ofrecidas por los precios del mercado. A decir verdad, el proceso ya está en marcha. Además, a resultas de las sustanciales reducciones en el coste de licuefacción y transporte del GNL, está surgiendo un significativo comercio global de gas natural, una novedad muy prometedora. En el extremo del proceso de licuefacción, están en trámite nuevas inversiones en todo el planeta, sobre todo en Qatar, Australia y Nigeria. Se están construyendo enormes buques cisterna para transportar GNL, aun en ausencia de compromisos de contratos de entrega a largo plazo concretos. La creciente disponibilidad de GNL en todo el mundo debería conducir a una flexibilidad y eficacia mucho mayores en la distribución de los recursos de gas natural. Según las tabulaciones de BP, las importaciones a escala mundial de todo el gas natural en 2006 supusieron tan sólo un 26 por ciento del consumo mundial, comparado con el 63 por ciento del petróleo. El GNL respondió del 7 por ciento del consumo mundial de gas natural. Está claro que la industria gasista tiene mucho trecho que recorrer antes de que el comercio en un mercado mundial sea capaz de proveer a las necesidades inesperadas mediante un rápido desvío del producto de un país a otro, moderando de ese modo las grandes oscilaciones de precios. Al final, ese enfriamiento de los precios internacionales del gas natural requerirá un amplio mercado de contado de GNL aún por desarrollar. Hoy en día casi todo el comercio marítimo de gas natural sigue sometido a contratos a largo plazo. Los cargamentos de contado son de tamaño modesto pero creciente. Un mercado de contado eficaz precisará un robusto mercado de futuros para la entrega de GNL, con enclaves de almacenamiento certificados en todo el planeta para la entrega de contratos ajustada a los costes de transporte. Los cargamentos de contado pueden comerciarse y entregarse bajo contrato, y con el tiempo los mercados de futuros de GNL crearán arbitraje con los actuales mercados de gas en gasoducto de Estados Unidos y el Reino Unido. Un mercado así queda todavía muy lejos, pero hará falta si pretendemos que el gas natural adquiera la misma flexibilidad de oferta que existe en los productos de petróleo. Por ejemplo, después del Katrina, la carestía de gasolina en los mercados estadounidenses se compensó con rapidez gracias a los envíos de contado procedentes de Europa. El interrogante más profundo es, por supuesto, qué sucederá con los precios del gas natural en Estados Unidos dado un aumento del comercio mundial de GNL y una ampliación de la capacidad importadora estadounidense de GNL. Los precios del GNL para las importaciones bajo contratos a largo plazo siguen el precio de contado del Henry Hub estadounidense, sin sus oscilaciones entre picos y valles de precios (El Henry Hub es el enclave de Louisiana del gasoducto que se usa como punto de referencia para los precios del gas). Con un mercado global de contado de GNL, los precios serían más volátiles que bajo contratos a largo plazo, pero sospecho que mucho menos que los precios en el Henry Hub.

Además del abastecimiento creciente del extranjero, Norteamérica todavía posee numerosas fuentes de gas sin explotar. Existen grandes cantidades de reservas de gas extraíble en Alaska y los territorios del norte de Canadá, y las reservas de metano de las capas de carbón y gas de las llamadas arenas de baja permeabilidad en los estados de las Rocosas son significativas. La tecnología de licuefacción de gases ofrece grandes beneficios futuros por medio de la conversión de gas natural en combustibles de transporte líquidos. Sin embargo, de momento, el avance rápido de esta tecnología se está viendo retrasado por el acusado aumento de todos los costes de construcción de proyectos energéticos y por las dificultades de ampliación de las plantas piloto a tamaño industrial.

En el futuro más lejano, quizá dentro de una generación o más, se encuentra el potencial para desarrollar capacidad productiva a partir de hidratos de gas natural. Situadas en los sedimentos marinos y el Ártico, esas estructuras similares al hielo almacenan enormes cantidades de metano. Aunque no se dispone de una buena medición del tamaño de esos recursos potenciales, las estimaciones del Estudio Geológico de Estados Unidos indican que sólo este país puede poseer unos 570 billones de metros cúbicos de gas natural en forma de hidratos. Por poner ese dato en perspectiva, las reservas mundiales demostradas de gas natural rondan los 16 billones de metros cúbicos.

Las carestías a largo plazo de gas y petróleo han estimulado inevitablemente un interés renovado en el carbón, la energía nuclear y las fuentes de energía renovables, las más destacadas de las cuales son la hidroeléctrica de las presas y la generada mediante el reciclaje de residuos y subproductos de la industria y la agricultura. Las energías solar y eólica se han demostrado económicas en usos especializados y a pequeña escala, pero juntas cubren apenas una minúscula fracción del consumo energético.

Estados Unidos posee grandes reservas de carbón, dedicadas ante todo a la generación de energía eléctrica. Sin embargo, la quema de carbón en centrales se ha visto contenida por las preocupaciones por el calentamiento global y otros daños medioambientales. La tecnología ya ha mitigado parte de esas inquietudes, y dada la limitada gama de alternativas, es probable que el carbón siga suponiendo un gran colchón en el futuro energético de Estados Unidos.

La energía nuclear es una alternativa evidente al carbón en la generación de corriente eléctrica. Aunque los bajos precios de los combustibles competidores y las inquietudes por la seguridad llevan años suponiendo un lastre para la industria atómica, las centrales nucleares no emiten gases de efecto invernadero. La parte nuclear de la producción de electricidad en Estados Unidos aumentó desde menos del 5 por ciento en 1973 hasta el 20 por ciento alrededor de hace una década, nivel en el que se ha mantenido desde entonces. Dados los pasos que se han tomado a lo largo de los años para hacer más segura la energía nuclear y las evidentes ventajas medioambientales que ofrece al reducir las emisiones de CO2, ya no existen argumentos convincentes contra el aumento de la generación nuclear a expensas del carbón.

El gran desafío será encontrar un modo aceptable de almacenar el combustible usado y los residuos radiactivos. La energía nuclear infunde temores que superan cualquier cálculo racional. Sin duda, están las terroríficas historias de las instalaciones nucleares soviéticas construidas sin mucha atención a la seguridad. Los habitantes de las ciudades secretas que no figuraban en los mapas de la URSS estuvieron expuestos a radiación nuclear en su agua y su aire durante décadas. La energía nuclear no es segura sin una potente infraestructura. Aunque bien pensado, tampoco lo es beber agua. Las salvaguardas de las centrales nucleares estadounidenses son tan fiables que el público nunca ha sufrido una muerte o lesión grave inducida por la radiación fruto de una avería. Lo más cerca que estuvimos, por supuesto, fue Three Mile Island, que causó una oleada de pánico en 1979. Pero tras exhaustivos estudios, no se encontró ninguna prueba de un aumento del cáncer de tiroides, y diecisiete años después del suceso, un tribunal de distrito estadounidense desestimó esas afirmaciones y contó con el respaldo de la Sala Tercera de Apelación de Estados Unidos. El veredicto político, sin embargo fue: culpable.

La energía nuclear es un gran medio de combatir el calentamiento global. Su uso debería evitarse sólo si constituye una amenaza a la esperanza de vida que supere a los beneficios que puede proporcionarnos. Según ese criterio, me parece que infrautilizamos significativamente la energía nuclear.

Caben pocas dudas de que el calentamiento global es real y obra del hombre. Es posible que tengamos que cambiarle el nombre al Parque Nacional Glacier cuando sus glaciares desaparezcan, en lo que ahora parece que será en 2030, según los científicos del parque. Aun así, como economista, tengo serias dudas sobre que los acuerdos internacionales que imponen un sistema globalizado llamado de «limitación y comercio» al CO2 se demuestren viables. Casi todos los economistas aplauden el aspecto comercial. Pagar por el permiso para contaminar eliminaría muchas emisiones de CO2 que están asociadas con la actividad económica de bajo valor añadido. Pero el elemento crucial de la limitación y el comercio es el tope general que se le permite a un país. En principio, un país puede fijar un tope a las emisiones totales de CO2. Puede poner a subasta o regalar «permisos» que vayan sumando hasta alcanzar ese límite predeterminado. Las empresas que emitan menos CO2 que su cuota podrán vender los permisos sin utilizar en el mercado abierto. Quienes deban practicar actividades emisoras de CO2 que les hagan sobrepasar su cuota podrán adquirir los permisos adicionales necesarios en el mercado.

La eficacia de cualquier estrategia de limitación y comercio, sin embargo, depende del tamaño de la limitación. He ahí el talón de Aquiles. Por ejemplo, la Unión Europea parecía haber implantado con éxito un programa de ese estilo en 2005, sólo para descubrir que su tope era demasiado alto, lo que significaba que no ahorraba gran cosa en emisiones totales. La Comisión Europea informó en mayo de 2006 de que los quince miembros originales de la UE rebajarían las emisiones para 2010 en apenas un 0,6 por ciento en comparación con los niveles de 1990. El objetivo del Protocolo de Kioto es un 8 por ciento para 2012. Cuando ese dato se dio a conocer, el precio de los permisos cayó en dos terceras partes. El sistema causaba molestias a muy pocos.

No existe modo eficaz de reducir significativamente las emisiones sin que haya un impacto negativo sobre una gran parte de la economía. En términos netos, es un impuesto. Si el tope es lo bastante bajo para hacer una mella real en las emisiones de CO2, los permisos serán más caros y un gran número de empresas experimentará incrementos de los costes que las harán menos competitivas. Se perderán empleos y las rentas reales de los trabajadores se verán contenidas. ¿Puede un parlamento nacional aprobar la imposición de unos costes a los electores cuando los beneficios de sus acciones están repartidos por todo el planeta, con plena independencia del lugar de procedencia de los ahorros de CO2?

En un plano más general, ¿puede un gobierno democrático hacer frente a la acusación de que, por grandes que sean los ahorros en las emisiones de CO2 que imponga a sus electores, es probable que se vean más que cancelados por el aumento de las emisiones procedentes de los países en vías de desarrollo que no fueron incluidos en el acuerdo alcanzado en Kioto en 1997? ¿Y puede pedirse a los países en vías de desarrollo que renuncien a la creación de emisiones de carbono asociadas con el desarrollo económico? ¿Debería cerrarse el acceso a permisos de contaminación «gratis» sólo cuando una gran cantidad de países se hayan vuelto desarrollados? Dudo mucho que un acuerdo del estilo del de Kyoto traiga un consenso mundial sobre alguna modalidad de sanción por la emisión de gases de efecto invernadero. El vertido de CO2 a la atmósfera tiene tanto de vulneración de los derechos de propiedad como tirar la basura en el patio de mi vecino. Sin embargo, proteger esos derechos y evaluar los costes de una infracción resulta excepcionalmente difícil porque no es factible una supervisión del coste. Nuestra difícil historia reciente con los acuerdos internacionales subordinados a una amplia aceptación, sea en la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas o cualquier otro foro mundial, me vuelve pesimista. Los sistemas de limitación y comercio o los impuestos al carbono probablemente sólo serán populares cuando las personas reales pierdan puestos de trabajo reales a resultas de ellos.

Lo ideal, por supuesto, sería que las emisiones de carbono se desvincularan tecnológicamente de la producción antes de la entrada en vigor de un régimen de limitación y comercio y por tanto lo hicieran innecesario. Forzar la desvinculación, que es lo que hacen los topes, rara vez ofrece una distribución óptima de los recursos, como han demostrado de sobra las experiencias del mundo con la planificación central. Los recortes impuestos a la producción crearán sin duda una respuesta política para refrenar las importaciones. Ese proceso conduce a una gradual inversión de lo ganado con la liberalización de la posguerra. Un impuesto sobre el carbono podría no hacer estragos en los puestos de trabajo si fuera uniforme en todo el planeta, pero soy escéptico acerca de que esa uniformidad sea siquiera remotamente factible. A menos que encontremos tecnologías para desvincular las emisiones de la producción, el único modo de contenerlas será por medio de una producción y un empleo inferiores. Si al final encontramos esas tecnologías, las emisiones caerán sin ningún régimen de limitación y comercio. Cabría esperar que un régimen de limitación y comercio eficaz crease incentivos de precios para el desarrollo de nueva tecnología, pero probablemente el proceso de desarrollo sería demasiado prolongado para resultar políticamente cómodo. No existen soluciones sencillas o sin coste para este irritante problema.

Me temo que una respuesta más probable al calentamiento global sea poner peros a todo hasta que los peligros que supone para las economías nacionales se vuelvan más ostensibles: hasta que, por ejemplo, los países se vean obligados a construir diques en torno a las ciudades vulnerables para contener el alza de los niveles del mar y las inundaciones. (Los holandeses han salido adelante con diques durante siglos; los venecianos han tenido menos éxito.) Es mucho más probable que sea curar, y no prevenir, lo que suscite el suficiente respaldo político y popular. Tiene la ventaja de que carga con los costes la misma población que logra los beneficios. Pero, si el calentamiento global no trae sólo inundaciones (por ejemplo, un clima adverso), esa solución se quedará corta.

El análisis precedente nos conduce a otra dura verdad: es improbable que nos desembaracemos por completo del petróleo tradicional mientras éste dure. La llamada a la «independencia energética» del presidente Nixon en 1973 fue, al igual que las declaraciones parecidas de presidentes posteriores, un gesto político dirigido a la galería. La única definición significativa de independencia energética es el liderazgo mundial de los precios basado en la disponibilidad de unas reservas extensas y sin explotar en el subsuelo o el tipo de exceso de crudo confinado en casa que controlaba la Comisión Ferroviaria de Tejas. La independencia del petróleo desde una perspectiva de seguridad nacional, que Estados Unidos disfrutó hasta 1971, hace tiempo que desapareció. ¿Cuántos años durará el petróleo? Las reservas menguarán bastante antes de que acabe este siglo, dicen ahora la mayoría de expertos. Por supuesto, los entendidos llevan pronosticando el auge y caída de la producción de petróleo desde poco después de que el coronel Drake encontrara oro negro en 1859 en Titusville, Pensilvania. Pocos dudan que, al final, el petróleo se acabará. Los yacimientos son finitos, como lo es su número. La producción de crudo tocó techo en los cuarenta y ocho estados inferiores de Estados Unidos en 1970, en Alaska en 1988 y en el mar del Norte en 1999, y al parecer la producción del inmenso yacimiento mexicano de Cantarell tocó techo en 2005. En último término, todos los yacimientos tocarán techo, y es poco probable que se encuentren muchos nuevos en el ya perforado a consciencia mundo desarrollado. No dejan de resultar prometedores la exploración y el desarrollo en aguas profundas, pero tales empeños son costosos.

A pesar de las inmensas inversiones en exploración y desarrollo, las reservas demostradas en las naciones que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han caído desde los 113.000 millones de barriles en 1997 hasta los 80.000 millones en 2006, según BP, una fuente valiosísima de datos de ese tipo. Los grandes descubrimientos más recientes fueron en Alaska en 1967, en el mar del Norte en 1969 y en Cantarell en 1971. A pesar de todo ello, calcular el día en que el petróleo mundial convencional alcanzará su techo de producción no es tan sencillo, porque la tecnología ha aumentado sin cesar las extracciones de los yacimientos y alargado las proyecciones de cuándo se secarán por fin. Los «escenarios de tendencia central» del Departamento de Energía estadounidense prevén ahora la parte intermedia del siglo como el momento en que la producción petrolífera tocará techo a escala mundial.

Mucho antes de que la geología del agotamiento de los yacimientos de petróleo se imponga, sin embargo, es probable que las fuerzas del mercado y las consiguientes presiones de los precios desplacen buena parte del uso actual del petróleo en Estados Unidos. Si debemos guiarnos por la historia, el petróleo se verá alcanzado por alternativas menos costosas mucho antes de que las reservas convencionales se agoten. En verdad, el petróleo desplazó al carbón a pesar de sus reservas intactas todavía inmensas, y el carbón sustituyó a la madera antes de que nuestras montañas quedaran peladas de árboles. Pronosticar el equilibrio ofertademanda del petróleo para mediados de siglo, o para cualquier otra fecha, supone todo un desafío, pero esas previsiones con todo resultan un ejercicio útil en cuanto primera aproximación a nuestro futuro energético.

La experiencia de los últimos cincuenta años -y en realidad desde mucho antes- afirma que las fuerzas del mercado desempeñarán un papel clave en la conservación de los recursos energéticos escasos, dirigiéndolos hacia sus usos de más alto valor. Las mejoras impulsadas por el mercado en la tecnología y los movimientos en la estructura de la actividad económica están reduciendo la intensidad del consumo de petróleo del mundo, y es de suponer que los recientes aumentos de precio acelerarán la sustitución de las instalaciones productivas de consumo intensivo de petróleo. Dejando a un lado las iniciativas de la Comisión Ferroviaria de Tejas, el impacto de las políticas activistas desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha sido limitado y por lo general se ha visto anulado por las fuerzas del mercado. La imposición del racionamiento de gasolina en 1973 en Estados Unidos no logró sino crear colas bochornosamente largas en las gasolineras del país. Aunque los pronósticos a largo plazo equilibren invariablemente la oferta de petróleo con la demanda en un nivel considerablemente superior a los actuales casi ochenta y cinco millones de barriles al día, en esas previsiones pueden salir mal demasiadas cosas, y los mercados lo perciben (Los datos sobre la producción a escala mundial y por ende el consumo son esquemáticos. La OCDE recopila datos razonablemente buenos sobre la producción, el consumo y las existencias de petróleo de los países industriales, pero la producción de la OCDE constituye tan sólo una cuarta parte de la mundial. Los datos de producción de la mayoría de miembros de la OPEP son secreto de Estado. Realizan las estimaciones observadores que cuentan el número y la capacidad de los petroleros que zarpan de los puertos exportadores. Anotan el calado de los buques para estimar las toneladas que llevan a bordo. Tras descubrir (en parte gracias a los receptores de las exportaciones) cuál es el peso típico por barril del petróleo del exportador, los observadores pueden pasar a barriles esas estimaciones de tonelaje. Para calcular la producción se suma a las exportaciones menos las importaciones las estimaciones del consumo interior.

Aunque esas estimaciones son aproximadas, los datos recopilados por la Agencia Internacional de la Energía sí describen el estado general de los equilibrios petroleros mundiales. La mitad de la capacidad de refinado se encuentra y se mide con precisión en la OCDE. Gran parte del resto es o bien presentado o bien estimado según métodos razonables. La cuadratura definitiva es si la producción mundial de crudo, tras los ajustes correspondientes a las existencias, encaja con las estimaciones de entrada de crudo en las refinerías. Las discrepancias son menores de lo que me hubiera esperado).(Los expertos en petróleo, me temo, a menudo no tienen la Ley de Murphy tan en cuenta como debieran.)

En Estados Unidos, los híbridos que funcionan tanto con electricidad como con gasolina están ganándose con rapidez un hueco en el mercado del vehículo ligero a motor. En el horizonte están los vehículos eléctricos con toma de corriente, en la actualidad en fase de prueba. Hace poco tuve ocasión de conducir uno. Mi única queja fue que pisar el acelerador producía un impulso adelante acompañado de un inquietante silencio de ultratumba. Predigo que los modelos más vendidos tendrán un sistema de sonido que simule el ruido de un motor de gasolina al acelerar. La gente quiere la comodidad de lo esperado.

Hoy en día, los híbridos con toma de corriente o eléctricos disponen de un nicho de mercado. Si la agitación mundial va a más, y con ella los precios del petróleo, los coches «enchufables» van a antojarse más atractivos. Si los cargáramos con un tendido eléctrico que obtuviera su energía de la generación nuclear, eliminaríamos, además, más CO2 de la atmósfera del que podríamos mediante cualquier otro cambio factible en nuestro modo de vida actual. El Departamento de Energía calcula que, sin ninguna capacidad generadora adicional, el 84 por ciento de los 220 millones de vehículos ligeros que circulan en la actualidad por nuestras carreteras, si fueran híbridos con toma de corriente, podrían cargarse de la noche a la mañana, cuando los factores de carga de electricidad son muy bajos. Unos modestos añadidos a la capacidad podrían cubrir el resto.

Como he señalado con anterioridad, la ratio de consumo mundial de petróleo respecto del PIB, que es la medida más general de la intensidad del uso del petróleo, tocó techo en 1973 y ha descendido de manera progresiva desde entonces hasta el actual nivel de menos de dos terceras partes del que presentaba en aquel año. Sin embargo, los países en vías de desarrollo tienen un uso de petróleo por dólar de PIB muy superior al de las naciones desarrolladas: China e India presentan el doble que Estados Unidos; Brasil y México, un 50 por ciento más. Así, aunque espero que la intensidad del uso del petróleo caiga en la mayoría, si no en la totalidad de los países, el gran desplazamiento de porciones del PIB mundial de los países desarrollados a aquellos en vías de desarrollo (con una mayor intensidad petrolera) conlleva un descenso marcadamente inferior en la intensidad mundial media que el de los países individuales contemplados por separado.

Dos poderosas fuerzas económicas impulsan el desplazamiento de porciones del PIB mundial hacia el mundo en vías de desarrollo. La primera es demográfica: la gran masa de los trabajadores más jóvenes del mundo viven en países en vías de desarrollo. La segunda es el crecimiento de la productividad propiciado por el paso al capitalismo de libre mercado. Como señalo en el capítulo que concluye este libro, las naciones desarrolladas, por definición a la vanguardia de la tecnología, necesitan nuevos hallazgos innovadores para espolear la productividad. Los países en vías de desarrollo por lo general pueden modernizarse mediante el sencillo expediente de adoptar las tecnologías existentes. Teniendo todo eso en cuenta, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) estima el crecimiento del consumo mundial de petróleo en un 1,3 por ciento al año entre 2005 y 2030. La Administración de Información sobre la Energía (EIA) estadounidense pronostica un 1,4 por ciento.

Existe sin duda petróleo suficiente en el subsuelo para satisfacer un aumento en la demanda mundial de 84 millones de barriles al día en 2005 a 116 barriles diarios en 2030, la proyección de la IEA. Pero ¿estarán los miembros de la OPEP, que según los cálculos de la IEA deben proveer casi la mitad del aumento, dispuestos a hacerlo? Es posible. El rápido crecimiento de su población está generando una necesidad cada vez mayor de dinero en los presupuestos gubernamentales y por tanto unos beneficios petrolíferos aumentados. Y es perfectamente plausible que la insurgencia en Irak termine y ese país genere más de 5 millones de barriles al día de sus inmensas reservas intactas, como prevé la EIA (una subida desde los 2 millones de barriles diarios de 2006). Pero tienen que salir bien demasiadas cosas para alcanzar la benigna visión de 2030 de la IEA y la EIA: un equilibrio de la oferta y la demanda de petróleo con los precios reales del crudo apenas modestamente más altos. No puedo olvidar lo muy desencaminado que estuvo el Departamento de Energía estadounidense con su pronóstico de 1979 de los 150 dólares por barril en 1995 (en precios de 2006) (El error básico del Departamento de Energía fue subestimar la elasticidad a largo plazo de los precios del petróleo. Es esa elasticidad la que determina el cambio de precio necesario para que converjan la oferta y la demanda. Obviamente, cuanto menor sea la elasticidad de precios, más tendrán que cambiar éstos para equilibrar las ofertas y demandas proyectadas).

Para lograr la doble meta de mejorar la seguridad nacional y rebajar el calentamiento global, la tasa de crecimiento del consumo estadounidense de petróleo debe estabilizarse y, con el tiempo, el consumo no tendrá más remedio que disminuir. La gran oportunidad para el desplazamiento está en las carreteras estadounidenses, donde se quema uno de cada siete barriles de petróleo consumidos a escala mundial: 9,5 millones de barriles al día en gasolina y 2,5 millones de barriles al día en gasóleo en 2005. Este último lo consumen los ocho millones de camiones pesados del país, que promedian menos de 3 kilómetros por litro. Por sí solos, esos camiones pesados consumen tanto petróleo como toda Alemania. Sólo China y Japón, y por supuesto Estados Unidos, consumen sustancialmente más.

Al plantearnos el futuro, es improbable que encontremos la respuesta a la pregunta «¿Qué tiene que hacer la OPEP?» tan útil como la respuesta a la pregunta «¿Qué es probable que haga?». Los intentos de responder a «¿Qué se tiene que hacer?» tienen un historial de éxito decididamente desigual. En consecuencia yo me inclinaría más por aceptar el «pronóstico de contingencia» de la IEA, que asume que la OPEP se quedará atrás en la expansión de su capacidad de crudo. La consecuencia, según la IEA, será un precio mundial medio de 130 dólares por barril (74 dólares en precios de 2005) frente a unos 50 en 2005. La demanda de petróleo en 2030, según esta hipótesis, sigue siendo sorprendentemente fuerte: se cifra todavía en 109 millones de barriles al día, una subida desde los 84 millones de 2005. (La «hipótesis de referencia» de la IEA, en la que se asume que la OPEP no se quedará atrás, prevé 116 millones de barriles al día.) No es un escenario que asuste, y hay numerosas hipótesis que prevén un futuro mucho peor.

Confío en que, a fin de cuentas, permitiremos que los mercados guíen nuestras preferencias de cara a reducir el consumo de petróleo. Nuestra experiencia con el racionamiento, como he señalado con anterioridad, ha sido mala (El racionamiento sí pareció funcionar en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero, aun entonces, los mercados negros estaban a la orden del día). Otro modo de contener el consumo sería un impuesto sobre la gasolina de, pongamos, 3 dólares o más por galón (3,78 litros), escalonado a lo largo de cinco o diez años, cuyos ingresos se utilizarían para reducir el impuesto sobre la renta u otros. Acudo muy a regañadientes a los impuestos como medio alternativo para lograr lo que deberían hacer los mercados competitivos. Pero, por bien que en el mundo desarrollado los mercados del petróleo sean muy competitivos, el enfoque del mercado es sin duda vulnerable en un mundo en que un solo acto terrorista puede inutilizar enormes porciones de producción petrolífera y hacer mucho daño a la economía global. No hay seguro o estrategia de cobertura que valga contra eso. A menudo olvidamos que, para funcionar con eficacia, un mercado competitivo debe ser voluntario y libre de amenazas significativas de violencia, y que no debe haber trabas al comercio. Recordemos que los mercados no son fines en sí mismos. Son estructuras para ayudar a la población a lograr la distribución óptima de recursos.

Necesitamos unos precios de la gasolina significativamente más altos para desengancharnos de los vehículos a motor de gasolina. La prima geopolítica al precio no parece ser lo bastante grande para lograrlo sin ayuda. La expectativa de unos precios más altos a causa de los impuestos (o una reducción de la oferta de petróleo) propiciaría grandes avances tecnológicos en la producción de etanol. El etanol del grano, aunque valioso, sólo puede tener un papel limitado, porque su capacidad para reemplazar a la gasolina es modesta en el mejor de los casos. Un bushel de grano rinde sólo 26,5 litros de etanol, lo que significa que los 11.000 millones de bushels de grano que produjo Estados Unidos en 2006 habrían ofrecido sólo 5,2 millones de barriles de etanol al día, el equivalente energético a 3,9 millones de barriles de gasolina al día, o sólo una tercera parte del consumo en carretera estadounidense y menos de un quinto de los 21 millones de barriles al día que consumieron los estadounidenses en 2006. Además, por supuesto, si todo el grano se dedicara al etanol, nuestros cerdos se morirían de hambre. El etanol de celulosa que se obtiene del pasto varilla o los residuos agrícolas se antoja más prometedor. Un estudio conjunto de los departamentos estadounidenses de Agricultura y Energía calcula con datos creíbles que los combustibles derivados de materia vegetal, o biomasa, tienen «el potencial de aportar de forma sostenible mucho más de un tercio del consumo de petróleo actual de la nación». El uso por parte de otros países de combustible biodiésel, derivado de los aceites vegetales y otras fuentes, puede contribuir al desplazamiento del petróleo de la OPEP.

A modo de alternativa, si falla el etanol y los precios de la gasolina son lo bastante altos, con el tiempo los híbridos con toma de corriente reemplazarán de forma significativa el consumo de petróleo. La tecnología de las baterías va haciendo avances graduales; ya existe potencia eléctrica de sobra para alimentar los híbridos, sobre todo si las compañías eléctricas se mueven más hacia los precios de picos de carga. Si podemos desembarazarnos del miedo a la energía nuclear, quedará resuelta la preocupación de que los híbridos con toma de corriente al final se alimentarán a partir de servicios eléctricos convencionales que quemen carbón contaminante.

Los coches híbridos convencionales, los que funcionen con etanol de celulosa y los que cuenten con toma de corriente desplazarán a una parte importante del petróleo quemado en las carreteras estadounidenses. Un uso más amplio de motores diésel más eficientes podría incidir de forma significativa en ese desplazamiento. Sin embargo, acelerar el proceso exigiría un enorme aumento de la oferta de etanol de celulosa o una gasolina muy cara. Los impuestos pueden asegurar lo segundo. Considero irrelevante el argumento de que las subidas de impuestos a la gasolina son políticamente inviables. A veces el deber de los dirigentes políticos es convencer a los electorados de que se equivocan de medio a medio. Los líderes que no lo hacen son seguidores.

Un impuesto sobre la gasolina no supondría una carga muy grande, sobre todo si se escalonara a lo largo de una serie de años. Los desembolsos en combustible para motor de los hogares estadounidenses, cifrados en un 3 por ciento de la renta disponible a principios de 2007, están donde estuvieron de 1953 a 1973 y muy por debajo del 4,5 experimentado durante la crisis de 1980. Incluso en las cotas de 3 dólares y pico por galón de julio de 2006, el combustible de motor consumió sólo un 3,8 por ciento de la renta personal disponible. Aun así, los estadounidenses somos muy sensibles a los precios de la gasolina. Nos quejamos cuando suben. No obstante, seguimos conduciendo tanto como antes. Ante los picos de precios de la gasolina, reducimos el kilometraje conducido sólo durante una breve temporada. La cantidad media de kilómetros recorridos por conductor con permiso ha seguido moviéndose al alza: de 16.900 kilómetros por conductor en 1980 a 23.800 en 2006, un aumento del 1,3 por ciento anual. Con los precios más altos, desde 2002 el incremento se ha desacelerado hasta el 0,2 por ciento al año. Los conductores consumen menos gasolina sólo porque al final se compran coches con un consumo más eficaz de combustible.

Debería ser obvio que, mientras Estados Unidos siga atado a fuentes de gas y petróleo potencialmente hostiles, seremos vulnerables a unas crisis económicas sobre las que tenemos escaso control. El petróleo está tan arraigado en el mundo económico actual que una ruptura súbita de la oferta podría alterar nuestra economía y la de otros países. La seguridad nacional de Estados Unidos exigirá que tarde o temprano veamos el petróleo como una fuente de energía opcional, no necesaria.

La pujante economía global devora ingentes cantidades de energía. A pesar de la drástica caída en la cantidad de petróleo, y en general energía, consumida por dólar de producción mundial, todos los pronósticos creíbles a largo plazo concluyen que seguir en la trayectoria de crecimiento mundial a lo largo del próximo cuarto de siglo con unas tasas equiparables a las del cuarto de siglo pasado exigirá entre una cuarta parte o dos quintas partes más de petróleo del que usamos en la actualidad. Gran parte de ese petróleo deberá proceder de regiones políticamente volátiles porque, como hemos visto, ahí es donde se encuentra la mayor parte del petróleo susceptible de ser extraído con facilidad.

¿Qué hacen los gobiernos cuyas economías y ciudadanos se han vuelto sumamente dependientes de las importaciones de petróleo cuando el flujo se vuelve poco fiable? La intensa atención del mundo desarrollado a los asuntos políticos de Oriente Próximo siempre ha estado críticamente vinculada a la seguridad del petróleo. La reacción y marcha atrás a la nacionalización de Anglo-Iranian Oil por parte de Mossadeq en 1951 y el frustrado intento franco-británico de invertir la toma del Canal de Suez, eslabón crucial del transporte de petróleo a Europa, por parte de Nasser en 1956 son apenas dos ejemplos históricos destacados. Y al margen de su publicitada angustia por las «armas de destrucción masiva» de Saddam Hussein, las autoridades estadounidenses y británicas también estaban preocupadas por la violencia en una zona que alberga un recurso indispensable para el funcionamiento de la economía mundial.

Me entristece que sea políticamente inoportuno reconocer lo que todo el mundo sabe: que la guerra de Irak tiene mucho que ver con el petróleo. Así, las proyecciones de la oferta y la demanda mundiales de petróleo que no toman nota del entorno sumamente precario de Oriente Próximo están evitando las verdades del barquero que podría imponer el freno al crecimiento económico mundial. No digo que yo sepa si y cómo se resolverá la agitación en Oriente Próximo. Lo que sí sé es que el futuro de Oriente Próximo es un factor de primer orden en cualquier pronóstico energético a largo plazo. Aunque se haya reducido de manera significativa la intensidad en el consumo de petróleo, el crudo sigue teniendo tanta importancia que una crisis puede causar graves daños en la economía mundial. Hasta que las economías industriales se desprendan de, en palabras del presidente George W. Bush, «nuestra adicción al petróleo», la estabilidad de las economías industriales y por ende de la economía global seguirán en peligro.

25 El futuro délfico

A las personas siempre les ha cautivado la noción de que sea posible asomarse al futuro. Los generales de la antigua Grecia buscaban audiencias con el oráculo de Delfos para que guiara sus empresas militares. Los adivinos prosperan aún hoy en día. La moderna Wall Street tiene en nómina a cuadros de personas muy inteligentes para leer lo que dicen las entrañas del rendimiento del mercado sobre los futuros precios de las acciones.

¿Hasta qué punto podemos vaticinar lo que está en el porvenir? Todos nacemos con la capacidad para sopesar probabilidades, un don que ayuda a guiar todas nuestras acciones, desde lo mundano a los asuntos de vida o muerte. Esos juicios no siempre son acertados, pero han sido manifiestamente lo bastante buenos para permitir a los humanos sobrevivir y multiplicarse. Las actuales autoridades económicas formalizan esos procesos de decisión en términos matemáticos, pero los humanos juzgaban las probabilidades mucho antes de que inventáramos las matemáticas que las explican.

Por suerte para los encargados de la política económica, existe un grado de continuidad histórica en el funcionamiento de las sociedades democráticas y las economías de mercado. Eso nos permite remontarnos al pasado para deducir las estabilidades de inherente persistencia que, pese a no contar con la certidumbre que otorgamos a las leyes físicas, ofrecen una ventana al futuro que es más cierta que el resultado aleatorio de una moneda lanzada al aire. En verdad hay mucho que podemos inferir sobre la economía estadounidense y el mundo en su conjunto en las décadas venideras, sobre todo si adoptamos la máxima de Winston Churchill: «Cuanto más atrás se mira, más adelante puede verse.»

La mayoría de instituciones jurídicas y económicas cambian lo bastante despacio para facilitar la previsión de los resultados futuros con un grado razonable de probabilidad. Aun así, existe un gran corpus de literatura académica que pone en duda la certeza con la que pueden pronosticarse resultados financieros. Los defensores de la «teoría del mercado eficaz» han sostenido el famoso principio de que toda información de dominio público susceptible de inducir un cambio de precio de las acciones viene incorporada con eficacia por el mercado en el precio actual de la acción.

En consecuencia, a menos que un inversor disponga de información privilegiada o interna fuera del alcance del mercado en su conjunto, no puede prever los cambios de precio. Como prueba, aducen la conocida incapacidad de los fondos de inversión en valores de renta variable gestionados para rendir mejor que el S amp;P 500 de forma sistemática. La prueba de que algunos inversores sí superan al mercado año tras año no resulta sorprendente. Es lo que cabría esperar. Aunque los resultados de las inversiones fueran pura cuestión de suerte, una pequeña cantidad obtendrían resultados extraordinarios: igual que el lanzador de monedas afortunado que saca cara diez veces seguidas. La probabilidad de diez caras consecutivas es del 0,1 por ciento; así, cuando haya millones de lanzadores de monedas, o inversores, al final habrá miles de practicantes muy exitosos de lanzamiento de monedas, o selección de acciones.

Aun así, la teoría de los mercados eficientes no puede explicar los cracks de la Bolsa. ¿Cómo le encuentra uno sentido a la caída sin precedentes (que conllevó la pérdida de más de una quinta parte del valor total del índice industrial Dow Jones) del 19 de octubre de 1987? Como recién nombrado presidente de la Fed, yo estaba observando los mercados con mucha atención. ¿Qué nueva información salió a la luz entre el cierre del mercado al final de la jornada anterior y su cierre el 19 de octubre? Ninguna que yo sepa. A medida que los precios caían en picado todo ese día, la naturaleza humana, en forma de un miedo irracional, tomó las riendas, y los inversores buscaron alivio al dolor descargando sus posiciones con independencia de si tenía sentido financiero hacerlo. Ninguna información financiera estaba impulsando esos precios. El miedo a una pérdida continuada de riqueza se había vuelto sencillamente insoportable (La tan manida explicación de que fue comercio programado se me antoja poco convincente. A medida que los precios se precipitaban, los vendedores podrían haber cambiado el chip de ese comercio programado). Y por bien que la economía y los beneficios empresariales avanzasen a renglón seguido, hicieron falta casi dos años para que el Dow Jones se recuperase del todo.

Cuando los mercados se comportan de manera racional, como hacen casi todo el tiempo, parecen practicar un «paseo aleatorio»: el pasado no ofrece mejor indicio que el lanzamiento de una moneda sobre la futura trayectoria de los precios de una acción. Pero a veces el paseo se ve interrumpido por una estampida. Cuando cae presa del miedo, la gente se abalanza a deshacerse de los compromisos, y las acciones se hunden. Y cuando la gente se deja llevar por la euforia, los precios suben hasta niveles absurdos.

Con que la pregunta clave sigue siendo, como lo resumí en una reflexión de 1996 que siempre me acompañará: «¿Cómo saber cuándo una euforia irracional ha elevado más de la cuenta los valores de los activos, que después se ven sujetos a contracciones inesperadas y prolongadas?» A menudo se sugiere que los inversores más ricos son aquellos más duchos en calibrar los movimientos de la psicología humana, más que en predecir las ganancias por acción de ExxonMobil. Alrededor de esta tesis ha surgido toda una escuela de psicólogos bursátiles. Se hacen llamar contrarians. Comercian partiendo de la base de que la euforia irracional con el tiempo acaba en precios de acciones a la baja, puesto que se puja por acciones sin motivo aparente y luego, cuando eso se hace evidente, el miedo se apodera del mercado y los precios se deshacen. Los contrarians se enorgullecen de comerciar a la contra de la psicología de la masa. Puesto que los precios de las acciones son cíclicos, hay quien tiene éxito comerciando contracorriente. Pero rara vez se oye hablar de quienes ponen en práctica este sistema y pierden hasta la camisa. Tampoco oigo gran cosa sobre los lanzadores de monedas que pierden.

Tal vez algún día los inversores puedan calibrar cuándo se alejan los mercados de la racionalidad y se vuelven irracionales. Pero lo dudo. Las propensiones humanas congénitas a pasar de la euforia al miedo y viceversa se antojan permanentes: generaciones de experiencia no parecen haber templado esas inclinaciones. Me gustaría pensar que aprendemos de la experiencia y, en cierto sentido, lo hacemos. Yo, por ejemplo, cuando me preguntan qué desequilibrios y problemas preocupantes aguardan en el horizonte de los pronósticos, respondo invariablemente que las crisis financieras que son predecibles por los agentes del mercado rara vez se producen. Si un aumento pasajero de la Bolsa se percibe como antesala de un crack, los especuladores e inversores intentarán vender antes. Eso deshincha la incipiente burbuja y evita el colapso. Las erupciones repentinas de miedo o euforia son fenómenos que nadie prevé. El horrendo hundimiento de las acciones del «Lunes Negro» salió de la nada.

Invertir con éxito es difícil. Varios de los inversores más exitosos de la historia, como mi amigo Warren Buffett, fueron de los primeros en entender la ya bien documentada anomalía de que la tasa de rentabilidad de las acciones, aun ajustada al riesgo, supera a la de los menos arriesgados bonos y otros instrumentos de deuda, siempre que uno esté dispuesto a comprar y conservar los títulos a muy largo plazo. «Mi período de permanencia en cartera favorito es para siempre», dijo Buffett en una entrevista. El mercado paga una prima a aquellos dispuestos a soportar la angustia de ver fluctuar su valor neto más allá de lo que en Wall Street llaman el «punto de letargo».

Las lecciones de la inversión en Bolsa valen para la predicción de economías enteras. Como los mercados tienden a equilibrarse solos, una economía de mercado resulta más estable y predecible a largo plazo que a corto, siempre y cuando, claro está, la sociedad y las instituciones sobre las que descansa permanezcan estables. La predicción económica a largo plazo se fundamenta en dos conjuntos de datos históricamente estables: (1) la población, que es la estadística más predecible con la que trabajan los economistas y (2) el crecimiento de la productividad, consecuencia de la acumulación al alza de conocimientos y fuente del crecimiento sostenible. Dado que el conocimiento nunca se pierde, la productividad siempre aumentará (La producción por hora, representación convencional de la productividad, puede disminuir y disminuye en ocasiones).

Así pues, ¿qué podemos pronosticar de manera razonable para la economía estadounidense de, pongamos, el año 2030? Poco, a menos que antes especifiquemos ciertas premisas. Necesito respuestas afirmativas a las siguientes preguntas antes de empezar. ¿Seguirá siendo firme el Estado de derecho en 2030? ¿Seguiremos fieles al principio de los mercados libres globalizados, con el proteccionismo a raya? (Por proteccionismo entiendo no sólo las barreras al comercio y las finanzas internacionales sino también las restricciones gubernamentales a la competencia en los mercados interiores.) ¿Habremos arreglado nuestros disfuncionales sistemas educativos de primaria y secundaria? ¿Aparecerán las consecuencias del calentamiento global lo bastante despacio para no afectar de manera significativa a la actividad económica estadounidense para 2030? Y, por último, ¿habremos mantenido controlados los atentados terroristas en Estados Unidos? Paso por encima de aquellas posibilidades, como una guerra a mayor escala o una pandemia, capaces de alterar cualquier pronóstico. Se trata de una lista de precondiciones más bien larga, pero a menos que podamos garantizarlas, es fútil aventurarse muy lejos en el horizonte.

En mi experiencia, lo más importante es la naturaleza de nuestro Estado de derecho. No creo que la mayoría de estadounidenses sea consciente de lo crucial que ha sido y seguirá siendo nuestra Constitución para la prosperidad de la nación. Haber tenido, durante más de dos siglos, una protección sin parangón de los derechos individuales, y en especial los de propiedad, para todos los participantes en nuestra economía, tanto nativos como inmigrantes, es un factor explicativo de profunda importancia para nuestro espíritu emprendedor y nuestra prosperidad. Estar en buena medida libres de una policía secreta que nos prenda de forma arbitraria para interrogarnos por «delitos» de los que ni siquiera conocíamos la existencia es algo que no hay que dar por descontado. Tampoco el ser libres de la amenaza de una confiscación arbitraria de una empresa a la que hemos dedicado buena parte de nuestra vida. El principio de la libertad individual toca una fibra sensible muy profunda de los estadounidenses: la creencia plasmada en nuestra Constitución de la igualdad básica de todos los ciudadanos ante la ley. La realidad no siempre ha estado a la altura de este ideal, y la discriminación contra los afroamericanos en particular nos obliga a refrescar a intervalos periódicos los primeros debates constitucionales sobre la esclavitud y su violenta resolución en la Guerra Civil; hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda trecho que recorrer.

La protección sin parangón de los derechos de propiedad en Estados Unidos lleva tiempo atrayendo inversión extranjera a nuestras costas. Algunos inversores acuden para participar en una economía abierta y vibrante; otros ven sin más a Estados Unidos como un refugio seguro para sus ahorros del que no disponen en su país de origen. Como explicaré, la capacidad del sistema jurídico estadounidense para extender esos celebrados derechos de propiedad a una economía impulsada predominantemente por la propiedad intelectual supondrá un gran desafío. Además, por supuesto, sumamente perjudicial para nuestro nivel de vida sería el resurgimiento del proteccionismo y demás políticas que buscan la estabilidad impidiendo el cambio que es necesario para el crecimiento. Un regreso a la regulación económica constituiría un claro paso atrás en nuestra búsqueda de un futuro próspero.

Quizá no sea fácil medir el impacto que tendría sobre nuestros futuros niveles de actividad económica arreglar nuestro sistema educativo, pero a menos que lo hagamos y empecemos a invertir un cuarto de siglo de aumentos en la desigualdad de rentas, los lazos culturales que mantienen unida a nuestra sociedad podrían deshacerse. Posibles resultados serían desafección, fallos de autoridad o incluso actos de violencia a gran escala, lo que pondría en peligro el civismo del que dependen nuestras crecientes economías.

La cronología del impacto del calentamiento global es más difícil incluso de pronosticar. El consenso científico actual se concentra en los efectos que es probable que surjan en la segunda mitad del siglo: un milisegundo de tiempo climatológico pero aun así más allá de nuestro período de predicción. Todavía existe poco que podamos prever para los años del futuro inmediato. Aun así, me parece que los mercados reaccionarán aun antes de que las respuestas queden claras: las aseguradoras ya se están replanteando la cobertura de tormentas e inundaciones, por ejemplo. La perspectiva del cambio climático también está afectando a los mercados de la energía.

Por último, existe el riesgo de una renovación de los atentados terroristas. Cuando es presa del miedo, la gente se desentiende de la interacción cotidiana normal del mercado, que es parte integral de una economía basada en la división del trabajo y la especialización. El terrorismo del 11-S fue un momento definitorio que subrayó el valor crucial de nuestra economía sumamente flexible y en buena medida desregulada, que capeó el impacto con mínimas consecuencias a largo plazo. Probablemente podríamos haber absorbido atentados terroristas como los que experimentan en el día de hoy Oriente Próximo y Europa, pero unos ataques a mayor escala (Una explosión nuclear en suelo estadounidense, me temo, podría desarbolar temporalmente nuestra economía) o una ampliación de la guerra sin duda resultarían desestabilizadores.

Me ha dado ánimos la capacidad de las economías de mercado para perseverar superando la violencia y las amenazas de violencia. Los datos del Banco Mundial indican que Israel se las ha ingeniado para crear una renta nacional per cápita a nivel de casi la mitad de la estadounidense y equivalente a grandes rasgos a las rentas per cápita registradas en Grecia y Portugal (La ayuda estadounidense supone sólo una pequeña parte de la economía israelí). El PIB de Líbano en 2006, a pesar del enfrentamiento entre Hezbolá y el Ejército israelí, bajó sólo un 4 por ciento. Hasta Irak se las ha apañado para mantener una semblanza de economía operativa entre todas las tribulaciones de los años recientes.

La larga lista de advertencias no nos ata excesivamente las manos a la hora de pronosticar. Al fin y al cabo, siempre ha existido una lista de ese tipo en una forma u otra, y aun así el historial de previsión a largo plazo de la economía estadounidense en general, en mi experiencia, ha sido razonablemente impresionante.

Así pues, partiendo de la base presupuesta de unos mercados globales y flexibles protegidos por el Estado de derecho, ¿qué podemos pronosticar como nuestro futuro más probable? ¿Cuál es el nivel más probable de actividad general que podemos esperar en nuestro año de pronóstico, elegido arbitrariamente, de 2030? Podemos hacer proyecciones del PIB real siempre que dispongamos de proyecciones de las horas trabajadas y la productividad, representadas por el PIB real por hora. Conocemos con cierto grado de certeza el tamaño de nuestra población que tendrá dieciséis o más años en 2030. La mayoría han nacido ya. La proporción de la población, en especial el segmento por debajo de los sesenta y cinco años de edad, que participa en nuestra fuerza de trabajo es elevada y razonablemente estable. Se prevé que nuestra población mayor de sesenta y cinco años se habrá casi doblado para 2030, y el actual índice de participación del 15 por ciento para esa parte de la fuerza de trabajo también aumentará, con lo que añadirá un número mayor de lo normal de trabajadores de edad avanzada para 2030. El tamaño de la inmigración dentro del abanico de posibilidades política y culturalmente factibles no tiene mucha relevancia para la predicción de la fuerza de trabajo en general. Nuestro siguiente paso es determinar la proporción de la fuerza de trabajo total que probablemente estará empleada en 2030 (o en un año contiguo si resulta que 2030 es un año de recesión). Dadas nuestras premisas y el historial de la economía, cuesta imaginar que el índice de empleo de la fuerza de trabajo civil quede fuera de la estrecha horquilla del 90 al 96 por ciento (es decir, una tasa de paro por debajo del 4 al 10 por ciento). La media estadounidense en cincuenta años es de más del 94 por ciento, que en años sin recesión (lo que se supone para 2030) se acerca al 95 por ciento. La combinación de los índices de participación de la fuerza de trabajo, las proyecciones de población, una tasa de paro cercana al 5 por ciento y una semana laboral estable arroja un índice de crecimiento anual en las horas trabajadas en Estados Unidos hasta 2030 del 0,5 por ciento (Tras un largo descenso desde las semanas laborales de sesenta horas de hace un par de siglos, las horas medias semanales en la fábrica se estabilizaron en cuarenta justo después de la Segunda Guerra Mundial y se han mantenido ahí desde entonces. El desplazamiento de parte del empleo al sector servicios (donde la semana laboral es más corta) se ha visto reflejado en un leve descenso general en la media semanal.** Aun en el día de hoy la producción por hora de las granjas es inferior a la de las regiones no agrícolas, a pesar de las notables mejoras en el rendimiento de las cosechas y el ganado conseguidas desde el final de la Segunda Guerra Mundial).

El aspecto del crecimiento de la productividad que más invita al optimismo es lo notablemente estable que se ha mantenido durante el último siglo y más. A lo largo de buena parte de ese período, un sustancial espaldarazo en la productividad estadounidense reflejó el desplazamiento de trabajadores de las granjas a las fábricas y los establecimientos de servicios urbanos.** Sin embargo, los incrementos en la productividad nacional debidos al paso de los trabajadores del campo a empleos no agrícolas de superior productividad esencialmente han terminado. Menos del 2 por ciento de la fuerza de trabajo estadounidense sigue en las granjas, y esa cifra no tiene visos de cambiar mucho. Así, el futuro crecimiento de la productividad nacional será un fiel reflejo del crecimiento de la productividad no agrícola. La producción por hora es la mejor unidad de medida de ese crecimiento de la que disponemos.

Todas las mejoras en eficiencia son resultado de nuevas ideas en el modo en que las personas organizan su realidad física. Cierto es que los seres humanos del siglo XXI son más altos y fuertes físicamente que las generaciones anteriores, gracias a las mejoras en alimentación y salud, pero eso ha añadido muy poco a nuestra capacidad de producir. A lo largo de las generaciones, han sido las nuevas ideas encarnadas en fábricas y equipos recién construidos las que han mejorado el apalancamiento y multiplicado el esfuerzo humano. Desde el desarrollo del telar hace dos siglos a la actual Internet, la producción por hora se ha multiplicado por cincuenta.

Los estadísticos suelen atribuir el crecimiento en la producción por hora a tres «causas» económicas primarias: la cantidad de fábricas y equipos físicos, que denominan «profundización del capital», la calidad de la contribución de la mano de obra, que es reflejo de la educación, y lo que queda sin explicar, que según deducen proviene de las reestructuraciones organizativas y los nuevos hallazgos sobre cómo generar la producción de la nación. En todas las categorías, el crecimiento de la productividad deriva de ideas trasladadas a bienes y servicios valorados. La calidad de la materia prima utilizada en los procesos de producción contribuye sólo modestamente.

Si simplificamos los datos brutos de producción por hora, surge un patrón de crecimiento notablemente estable que se remonta a 1870. El crecimiento anual de la producción por hora de las empresas no agrícolas ha promediado cerca del 2,2 por ciento desde entonces. Aun sin los debidos ajustes al ciclo económico, las guerras y otras crisis, la horquilla de medias de quince años consecutivos y solapados de crecimiento anual en la producción permanece sistemáticamente entre el 1 y el 3 por ciento (Los índices de crecimiento se desaceleraron tras el drástico aumento de los costes energéticos en la década de 1970 y presumiblemente a causa de él. El boom tecnológico de la pasada década ha acelerado el crecimiento en la producción por hora y lo ha devuelto a su tendencia de largo plazo). Sospecho que buena parte de incluso esa modesta volatilidad es «ruido» estadístico, aberraciones aleatorias fruto de la calidad incierta de los datos, sobre todo para los años previos a la Segunda Guerra Mundial.

Pocos dudarán, sin embargo, que el acelerón del crecimiento de la productividad no agrícola estadounidense de 1995 a 2002 ha dado paso a un ritmo de crecimiento más moderado. La producción por hora, por ejemplo, después de que la gran subida del crecimiento tocara techo en el 4 por ciento (una tasa de cambio de cuatro trimestres) y más en 2002 y 2003, descendió hasta una tasa del 1 por ciento para el primer trimestre de 2007. Las oportunidades provechosas para posteriores avances parecen haber menguado temporalmente, como ha sucedido con frecuencia en el pasado. La expansión innovadora parece presentarse en oleadas. Los nuevos productos y las nuevas compañías fueron factores decisivos en la avalancha de nuevas ofertas públicas de acciones entre 1997 y 2000, y la aparente disminución de las aplicaciones de la innovación desde entonces se ha visto reflejada en la reducción de las ofertas de acciones. La desaceleración de la innovación queda especialmente de manifiesto en el drástico movimiento pendular en el uso que hacen las empresas de sus flujos de caja internos (resultado de anteriores ganancias en la aplicación de nuevas tecnologías), desde la inversión fija a la recompra de las acciones ordinarias de la empresa y el dinero desembolsado a los accionistas en el proceso de realización de fusiones y adquisiciones. Esa devolución de dinero a los accionistas de las empresas no financieras creció desde 180.000 millones de dólares en 2003 a más de 700.000 millones en 2006. La inversión fija, en cambio, sólo aumentó desde los 748.000 millones de dólares de 2003 a los 967.000 millones de 2006. Una empresa devuelve capital propio a los accionistas cuando no puede encontrar oportunidades de posibles tasas de rendimiento ajustadas al riesgo superiores a la tasa de rendimiento que la empresa obtiene de los activos existentes. Los grandes desembolsos de dinero a los accionistas suelen ser indicativos de una reducción en las posibles tasas de rendimiento de las inversiones fijas disponibles para la empresa, resultado probable de un ritmo desacelerado de nuevas aplicaciones provechosas de la innovación (La retirada del capital de los accionistas de las empresas con oportunidades de inversión menos prometedoras para invertir en compañías con tecnologías de vanguardia es un ejemplo importante de la financiación de la destrucción creadora).

Parecidas señales se ven reflejadas en las tendencias de los precios del equipo de alta tecnología, que habían sido el motor del aumento del crecimiento general de la productividad no agrícola entre 1998 y 2002. En la Reserva Federal supervisábamos esas tendencias de precios como representación de la tasa de crecimiento de la productividad en el propio sector de la alta tecnología, un componente significativo de las recientes mejoras generales en la productividad. Por lo general los precios a la baja son posibles a lo largo de períodos prolongados sólo si los costes de la unidad laboral bajan a la par, una tendencia improbable a menos que la productividad esté creciendo deprisa. Y así, la tasa de avance de la productividad debería quedar reflejada y ser fácil de observar en la tasa de descenso de los precios. Los precios del equipo y el software de procesamiento de información, por ejemplo, bajaron más de un 4 por ciento en 2002, pero menos de un 1 por ciento como tasa anual en el primer trimestre de 2007. Los precios del equipo (y el software) de procesamiento de información han bajado todos los trimestres desde 1991, pero los descensos fueron especialmente rápidos durante los períodos de innovación acelerada, como 1998, cuando los potenciales compradores de PC a menudo vacilaban porque los precios caían a ojos vistas; esperar ofrecía la oportunidad de obtener un PC mejor y más barato. La reciente desaceleración de la bajada de los precios de la alta tecnología constituye, pues, una confirmación más de un descenso en la disponibilidad de nuevas aplicaciones tecnológicas de vanguardia que puedan explotarse para aumentar la tasa de crecimiento de la productividad general.

Al entregar este libro a imprenta (junio de 2007), no hay indicios de un repunte en las medidas del crecimiento de la productividad o la tasa de descenso de precios en los equipos de alta tecnología. Pero la historia nos dice que ese giro sucederá. Siempre ha sido así.

Nuestra experiencia histórica sugiere poderosamente que, mientras Estados Unidos permanezca en la vanguardia tecnológica, el crecimiento anual de la productividad a largo plazo debería oscilar entre el 0 y el 3 por ciento. Como he señalado, desde 1870, el crecimiento en la producción por hora de las empresas no agrícolas ha promediado algo más del 2 por ciento al año, lo que supone que el PIB real por hora ha crecido algo menos (Gran parte del PIB, al margen de las empresas no agrícolas, se mide por el input, no el output, y en consecuencia se asume de forma implícita que carece de crecimiento de la productividad). El casi siglo y medio de datos abarca períodos de guerra, crisis, proteccionismo, inflación y desempleo. No creo que sea muy aventurado asumir que las mismas fuerzas fundamentales que rigieron Estados Unidos en los últimos dos siglos vayan a regir este país entre este momento y 2030. Ese 2 por ciento probablemente no sea una mala aproximación a lo rápido que, de media, pueden adelantar los humanos la frontera de la innovación, y parece nuestro mejor pronóstico para el próximo cuarto de siglo.

Pero ¿por qué no más? ¿Por qué no, pongamos, un 4 por ciento o más al año? Al fin y al cabo, en buena parte del mundo en vías de desarrollo, la producción anual por hora ha estado promediando un crecimiento muy superior al 2 por ciento. Sin embargo, esas naciones han podido tomar «prestadas» las tecnologías contrastadas del mundo desarrollado y no han tenido que emprender por sí mismas el lento esfuerzo de adelantar paso a paso las tecnologías de vanguardia. La productividad estadounidense en 2005 fue 2,8 veces más alta que en 1955. Eso se debe a que en 2005 sabemos mucho más que hace medio siglo sobre cómo funciona nuestro mundo físico. Todos los años, millones de innovaciones mejoraron acumulativamente la productividad general. Este proceso se ha vuelto especialmente manifiesto desde el descubrimiento de las excepcionales propiedades eléctricas de los semiconductores de silicio tras la Segunda Guerra Mundial. Gordon Moore, un fundador de Intel, sugirió en 1965 que la complejidad de un circuito integrado, en relación con el coste, se doblaba cada año (Diez años después, en 1975, Moore revisó su análisis y declaró: «No tenía ni idea de que esto iba a ser una predicción acertada, pero, asombrosamente, en lugar de diez duplicaciones, tuvimos nueve a lo largo de diez años.» Añadió que en su opinión la tasa de duplicación en adelante se moderaría hasta un ritmo, aun así asombroso, de una vez cada dos años. La noción básica de Moore lleva demostrándose cierta más de cuatro décadas). Se demostró profético. La continua reducción de tamaño de todas las aplicaciones electrónicas ha permitido que los grandes y aparatosos walkie-talkies de la Segunda Guerra Mundial se metamorfosearan en los minúsculos teléfonos móviles de la actualidad, y que los televisores y monitores informáticos de tubo originales se aplanaran. Toda la producción de maquinaria, desde los telares y los vehículos a motor hasta los routers y servidores de Internet, se basa en unos microprocesadores cada vez más pequeños. Hemos convertido las ondas de luz en lásers que, sumados a la tecnología digital, mejoraron extraordinariamente la comunicación de datos y voz y contribuyeron a crear todo un nuevo mundo de información. Permitieron a las empresas adoptar las existencias just in time, bajar las tasas de generación de residuos y reducir la necesidad de disponer de plantilla de refuerzo para salvaguardarse de los desajustes de producción y suministro.

Aun así, ¿por qué no ha crecido la productividad más deprisa todavía? ¿Acaso no podría haberse desentrañado lo que sabemos en 2005 ya en 1980, por decir algo, doblando así la tasa de incrementos de la productividad (y los aumentos en el nivel de vida) entre 1955 y 1980? La simple respuesta es que los seres humanos no somos lo bastante listos. Nuestra historia sugiere que el techo de crecimiento de la productividad de una economía a largo plazo, en la vanguardia de la tecnología, es como mucho el 3 por ciento al año. Hace falta tiempo para aplicar las nuevas ideas y a menudo décadas para que esas ideas se hagan notar en los niveles de productividad. Paul David, profesor de historia económica en Stanford, escribió en 1989 un artículo fundamental que abordaba el rompecabezas de por qué, citando las famosas palabras del premio Nobel de Economía y a la sazón profesor del MIT Robert Solow, los ordenadores estaban «en todas partes salvo en las estadísticas de productividad».

Fue el artículo de David el que agudizó mi interés en las tendencias a largo plazo de la productividad. Señalaba que a menudo hacían falta décadas para que una nueva invención gozara de una difusión lo bastante amplia para incidir en los niveles de productividad. Como ejemplo ofrecía la experiencia estadounidense del gradual desplazamiento del motor a vapor por el eléctrico.

Tras la espectacular iluminación del bajo Manhattan de Thomas Edison en 1882, hicieron falta cuatro décadas para que siquiera la mitad de las fábricas de la nación se electrificasen. La energía eléctrica no exhibió plenamente su superioridad sobre el vapor hasta que una generación entera de fábricas de varias plantas fue sustituida tras la Primera Guerra Mundial. David explica de forma vívida lo que provocó el retraso. Las mejores fábricas de la época estaban mal diseñadas para aprovechar la nueva tecnología. Funcionaban a base de los llamados «accionamientos por grupos», complicados juegos de poleas y ejes que transmitían la energía desde una fuente central -un motor a vapor o turbina de agua- a máquinas repartidas por toda la planta. Para evitar pérdidas de energía y averías, había que limitar la longitud de los ejes impulsores compartidos. El mejor modo de conseguirlo era que las fábricas se extendieran a lo alto, con uno o más ejes por planta, cada uno de los cuales impulsaba un grupo de máquinas (Recuerdo una visita en los 60 a una planta de troquelado alta y estrecha construida en el cambio de siglo. Me llamó la atención su forma inusual, pero pasaron décadas antes de que me enterase de que había entrado en uno de los últimos vestigios supervivientes de cierto aspecto de la historia industrial estadounidense).

La mera implantación de grandes motores eléctricos para alimentar los ejes motrices existentes, aun cuando era factible, no mejoraba gran cosa la productividad. Los propietarios de fábricas se dieron cuenta de que el potencial revolucionario de la electricidad exigiría un cambio mucho más drástico: la alimentación suministrada por cable volvía obsoletas las fuentes centrales de energía, los accionamientos por grupos y los mismos edificios que los albergaban. Como la electricidad allanó el camino para dotar a cada máquina de producción con su propio motor, pequeño y eficiente, se pusieron de moda las extensas fábricas de un solo piso. En ellas resultaba fácil distribuir la maquinaria y redistribuirla en aras de una mayor eficacia, y los materiales podían moverse de un lado a otro con comodidad. Sin embargo, el abandono de las fábricas urbanas y su traslado a los espacios más amplios del campo fue un proceso lento e intensivo en capital. Por eso, explica David, la electrificación de las fábricas estadounidenses tardó docenas de años. Sin embargo, con el tiempo, millones de acres de fábricas de una sola altura alimentadas por energía de motor eléctrico brotaron en el cinturón industrial del Medio Oeste del país, y el crecimiento en la producción por hora por fin empezó a acelerar.

El período de baja inflación y bajos tipos de interés de principios de los 60, a mi entender, se debió a la aplicación para usos comerciales de la tecnología militar de la Segunda Guerra Mundial, además del gran atraso en invención acumulado durante la década de 1930 (La baja inflación reflejaba el coste plano de la unidad laboral en las empresas no agrícolas, fruto de un sólido crecimiento de la productividad, que a su vez fue resultado de un aumento de la inversión en anteriores tecnologías y en especial de su aplicación retardada. El profesor David demostró el extraordinario desfase desde el avance tecnológico hasta sus consecuencias en el rápido aumento de la productividad total, una medida de la tecnología aplicada y otros hallazgos. El episodio desinflacionario duró sólo unos años, hasta que la escalada militar de Vietnam le puso fin. Estaba por llegar una desinflación continua mucho mayor a consecuencia del final de la guerra fría). Décadas más tarde, el surgimiento con retraso de la productividad acelerada se repitió: los ordenadores (e Internet) están ahora en todas partes, incluidas las estadísticas de productividad (El crecimiento de la productividad de las últimas décadas deriva en gran medida de la continua mejora y engrose de las redes de tecnologías interrelacionadas. La innovación condena a la obsolescencia a partes de las redes existentes, a medida que brotan nuevas tecnologías para reemplazarlas. La eficacia y la productividad mejoran. Sin embargo, en cualquier momento dado del proceso, sólo una parte de lo que tecnológicamente se conoce ha tenido tiempo de ser aplicada. Los gestores de adquisiciones, año tras año, sistemáticamente, identifican sólo la mitad de sus instalaciones como poseedoras de tecnología último modelo. Siempre existe mucha construcción de redes en curso, lo que supone que un nivel superior de productividad surgirá cuando estén completas. Si esas redes incompletas se llenan en, por ejemplo, dos años o cuatro, tendrá un efecto significativo sobre la tasa de crecimiento de la productividad).

Lo que nos lleva a la conclusión. Sumado al aumento anual previsto del 0,5 por ciento en las horas trabajadas entre 2005 y 2030 que se sigue de las premisas demográficas citadas con anterioridad, un crecimiento medio anual del PIB por hora algo inferior al 2 por ciento supone una tasa de crecimiento del PIB real de algo menos del 2,5 por ciento al año, de media, entre este momento y 2030. Eso hay que compararlo con el 3,1 por ciento al año, de media, a lo largo del pasado cuarto de siglo, cuando el crecimiento de la fuerza de trabajo fue considerablemente más rápido.

Llegar a un pronóstico creíble del nivel del PIB real en 2030 es un principio, pero no nos dice gran cosa sobre la naturaleza de la dinámica que impulsará la actividad económica estadounidense dentro de un cuarto de siglo o sobre la calidad de nuestras vidas. Pues sobreimpuestas a estas poderosas tendencias estarán las consecuencias de una inevitable culminación de los aspectos principales de la globalización.

En algún momento, la inmensa migración económica de la globalización -el histórico desplazamiento de la mitad o más de la fuerza de trabajo mundial de tres mil millones de personas desde detrás de los muros de las economías centralmente planificadas, en parte o del todo, a los mercados mundiales competitivos- se habrá completado, o será todo lo completa posible.

La continua aceleración del flujo de trabajadores a los mercados competitivos durante la década pasada ha sido una potente fuerza desinflacionaria. Esa aceleración ha contenido el crecimiento salarial y la inflación de forma prácticamente uniforme en todo el mundo. Dejando al margen Venezuela, Argentina, Irán y Zimbabue, en 2006 la inflación en todos los países desarrollados y en vías de desarrollo se agrupó entre el 0 y el 7 por ciento (Esas tasas son las medidas según el índice de precios del consumo). Unas horquillas igual de estrechas describen los tipos de interés a largo plazo. Unas presiones sobre los precios y los tipos de interés tan contenidas son excepcionalmente raras en mi experiencia.

Para las economías de Europa del Este que vienen de la planificación central, la transición ya está en buena medida completada. No es el caso de China, con diferencia el mayor actor en fase de transición. Allí, el movimiento de las fuerzas de trabajo de las provincias rurales a las sumamente competitivas fábricas del delta del río Perla ha sido gradual y controlado. De la fuerza laboral de casi 800 millones de personas de China, una mitad aproximada reside actualmente en las zonas urbanas más sometidas a las fuerzas competitivas (En India, por bien que los centros de llamadas y una pujante industria de alta tecnología se lleven los titulares, el grueso del empleo sigue siendo rural. Supongo que el ritmo de la migración de las zonas rurales a las ciudades que producen bienes y servicios exportables aumentará, pero las cifras todavía no parecen abultadas).

El ritmo del flujo de trabajadores a los mercados laborales competitivos con el tiempo se frenará y, a resultas de ello, las presiones desinflacionarias deberían empezar a desaparecer. El crecimiento del índice salarial de China debería cobrar impulso, al igual que su tasa de inflación. Es probable que los primeros indicios sean un aumento en los precios de las exportaciones, cuya mejor medida son los precios de los bienes chinos que llegan importados a Estados Unidos (Los precios de las exportaciones presentados por China, que han estado subiendo, parecen reflejar un cambio significativo en la composición de las exportaciones hacia los bienes de precio más alto. Los índices de precios de las importaciones estadounidenses tienen pesos de cantidad fijos). La caída de los precios de las importaciones desde China ha tenido un poderoso efecto de onda. Han contenido los precios de los bienes de fabricación estadounidense que les hacen la competencia y los salarios de los trabajadores que los producen, además de los salarios de cualquiera que compita contra los trabajadores que producen los bienes que rivalizan con las importaciones chinas (Este proceso ejerce una especial influencia en el caso de las importaciones que compiten con bienes de producción interior, y en especial aquellas importaciones que presentan sustanciales diferencias en los costes laborales. Si un importador ofrece un descuento del 10 por ciento respecto de los precios imperantes en el mercado, no seguirlo supone una subsiguiente pérdida de nicho de mercado. Si soy un productor nacional con una modesta porción de mercado, la pérdida de nicho podría resultar devastadora si mantengo firmes los precios y el resto de productores interiores se adaptan al precio del importador. Los riesgos de que eso suceda son a menudo demasiado altos para contemplarlos. Así, pequeñas cantidades de importaciones con frecuencia han obrado el efecto de bajar los precios de todo un mercado interior estadounidense). En consecuencia, una relajación de las presiones desinflacionarias debería fomentar un repunte de la inflación de precios y el crecimiento salarial en Estados Unidos. Conviene señalar que los precios de las importaciones de China subieron notablemente en la primavera de 2007 por primera vez en años.

La carga de gestionar este desplazamiento recaerá sobre la Reserva Federal. El árbitro último de la inflación es la política monetaria. Lo significativas -y corrosivas- que devengan esas presiones para la economía estadounidense dependerá en buena medida de la capacidad de respuesta de la Fed. Cuando las presiones desinflacionarias subyacentes y las propensiones al ahorro mundial excesivo empiecen a relajarse -o lo que viene a ser lo mismo, cuando las presiones inflacionarias y los tipos de interés a largo plazo suban- el grado de contención monetaria preciso para mantener a raya cualquier tasa dada de inflación aumentará.

La respuesta de la Reserva Federal a un resurgimiento de la inflación y el esperado descenso en las propensiones mundiales al ahorro tendrá un impacto profundo no sólo en el aspecto final de la economía estadounidense en 2030 sino también, por extensión, en nuestros socios comerciales de todo el mundo. El historial previo a 1979 de la Reserva Federal en la prevención de las presiones inflacionarias, como a menudo señalaba Milton Friedman, no era para tirar cohetes. En parte, esa historia previa era consecuencia de malos pronósticos y análisis, pero también reflejo de las presiones de los políticos populistas intrínsecamente parciales a favor de unos tipos de interés bajos. (Friedman se mostraba menos crítico con la actuación de la Fed después de 1979.) En mis dieciocho años y medio de presidencia, no recuerdo muchas llamadas de la Casa Blanca o el Capitolio para que la Fed subiera los tipos de interés. A decir verdad, creo que no hubo ninguna. En fecha tan reciente como agosto de 1991, el senador Paul Sarbanes, en respuesta a lo que consideraba unos tipos de interés intolerablemente altos, quiso eliminar la autoridad de voto en el FOMC de lo que según su entender eran «halcones por naturaleza», los presidentes de los bancos de la Reserva Federal (Las tabulaciones históricas habían indicado que los presidentes de banco eran mucho más propensos a endurecer que los miembros de la Junta. Además, a los presidentes de los bancos no los confirma el Senado; a los consejeros de la Reserva Federal, sí). Los tipos de interés menguaron con la recesión de 1991, y la propuesta quedó archivada.

Lamento decir que la independencia de la Reserva Federal no es a prueba de bombas. La discreción del FOMC viene concedida por un estatuto y puede retirarse con otro estatuto. Temo que mis sucesores en el FOMC, en su lucha por mantener la estabilidad de precios en el cuarto de siglo venidero, toparán con resistencias populistas en el Congreso, si no en la Casa Blanca. Como presidente de la Fed, me vi en gran medida libre de esas presiones porque los tipos de interés a largo plazo, en especial los hipotecarios, descendieron de manera sistemática a lo largo de mi mandato.

Es posible que el Congreso haya observado la notable prosperidad que surgió en Estados Unidos y otros lugares a consecuencia de la baja inflación y haya aprendido de esa feliz circunstancia. Pero me temo que contener la inflación mediante unos tipos de interés más altos será tan impopular en el futuro como lo era cuando lo practicó Paul Volcker hace más de veinticinco años. «Tiene usted muchos números para un linchamiento», le espetó a Volcker el senador Mark Andrews en octubre de 1981; el senador Dennis DeConcini se quejó en 1983 de que Volcker había «causado casi él solito una de las peores crisis económicas» de la historia estadounidense. En diciembre de 1982, con tintes más ominosos, BusinessWeek informaba: «Hay en el horno una serie de proyectos de ley que limitarían de forma considerable la tan cacareada independencia de la Fed concediendo al Capitolio y la Administración una voz más directa en la elaboración de la política monetaria.» Cuando quedó de manifiesto que la Fed seguía el rumbo adecuado, esas críticas desaparecieron prácticamente de la noche a la mañana pero, por desgracia, también lo hizo el recuerdo colectivo de que se habían producido unas críticas tan cortas de miras y contraproducentes. A menos que los políticos recuerden que los acontecimientos demostraron que esas críticas a la política de la Fed iban erradas, ¿cómo avanzará la comprensión de la política monetaria de nuestra cúpula dirigente? Una pregunta clave a propósito del futuro es el entorno político con el que tendrá que vérselas la Fed en su empeño de conservar las bajas tasas de inflación del pasado cuarto de siglo.

Eso nos lleva de vuelta a la globalización. Si mis suposiciones sobre la naturaleza del actual imperio de la presión desinflacionaria van mínimamente encaminadas, los salarios y los precios están siendo contenidos por un masivo desplazamiento de mano de obra barata que, por su naturaleza, debe terminar. Una disminución del grado de desinflación sugerida por el repunte de los precios de las importaciones estadounidenses de China en primavera de 2007, y el endurecimiento de los tipos de interés reales a largo plazo en el momento de entregar este libro a imprenta, suscitan la posibilidad de que el cambio pueda echársenos encima más pronto que tarde. De modo que, en algún momento de los próximos años, a menos que se contenga, la inflación regresará a una tasa a largo plazo más alta.

Sin embargo, ¿cuál es esa tasa? Los niveles de precios, según las mejores estimaciones al alcance de los historiadores económicos, no cambiaron materialmente en Estados Unidos o gran parte de Europa entre el siglo XVIII y la Segunda Guerra Mundial. Los precios se definían en términos de oro u otros metales preciosos, y se suponía que el papel moneda debía ser convertible en metales preciosos cuando así se deseara y a un precio fijo. Por bien que con variaciones cíclicas, los precios de los bienes y servicios no presentaban ninguna tendencia persistente. En tiempos de guerra, los gobiernos quizás imprimían dinero no convertible en oro o plata, y en consecuencia los precios sufrían picos temporales. De ahí la expresión alumbrada durante nuestra guerra de la Independencia de «no valer ni un continental», el nombre de la moneda acuñada durante la guerra. Durante la Guerra de Sucesión, los «espaldas verdes» corrieron una suerte parecida. El dinero fiduciario -papel moneda creado por decreto gubernamental- tenía una pésima reputación.

En aquellos años, se consideraba a los gobiernos incapaces de incidir en el ciclo económico, y pocos lo intentaban. Las expectativas de inflación, tal y como las entendemos hoy en día, equivalían a cero. El dinero estaba respaldado por el oro o la plata, y los niveles de precios a largo plazo subían o bajaban en función ante todo de los cambios en la oferta de esos metales. La tasa de inflación a largo plazo era básicamente cero. Además, existen abundantes pruebas de que los tipos de interés (a efectos prácticos sobre oro prestado) de los siglos pasados no presentaban diferencias sustanciales respecto de los vigentes a principios del siglo XX (Los consols británicos, que eran el equivalente decimonónico de los actuales bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo, rentaron una tasa estable de en torno al 3 por ciento desde 1840 hasta la Primera Guerra Mundial. Para trasfondo interesante, véase A History of Interest Rates, de Sidney Homer y Richard Sylla). Todo ello sugiere que, durante siglos, la inflación se mantuvo quiescente, y en consecuencia también las primas de inflación.

El panorama monetario de Estados Unidos cambió a partir de finales del siglo XIX, cuando los precios estancados de los productos agrícolas fomentaron el movimiento de la plata gratuita, que abogaba por acuñar ese metal de un modo que hubiera inflado los precios generales. Existía una honda preocupación popular por la camisa de fuerza que el patrón oro imponía a los precios y que tuvo su más famosa expresión en el discurso de la «Cruz de Oro» de William Jennings Bryan en 1896.

La ortodoxia monetaria que definía el patrón oro empezaba a hacer aguas. El socialismo fabiano en Gran Bretaña y más tarde el movimiento progresista de La Follette en Estados Unidos estaban reordenando las prioridades de los gobiernos democráticos. Los precios se dispararon en la Primera Guerra Mundial y se hundieron después de ella. Sin embargo, nunca llegaron a reimponerse los niveles anteriores a 1914. Los bancos centrales habían hallado modos de sortear las normas del patrón oro. Por último, tras la Gran Depresión de la década de 1930, el patrón oro se abandonó a todos los efectos en la práctica totalidad del mundo.

Siempre he sentido nostalgia por la estabilidad de precios inherente al patrón oro: una moneda estable era su objetivo primario. Pero hace tiempo que me he plegado ante el hecho de que el patrón oro no da cabida fácil a la perspectiva actual ampliamente aceptada sobre las funciones correspondientes al gobierno, en especial la necesidad de que ofrezca una red de seguridad social. La propensión del Congreso a crear beneficios para los electores sin especificar los medios con los que se financiarán ha conducido a un gasto deficitario en todos los años fiscales desde 1970, con la excepción de los superávits de 1998 a 2001, generados por el boom de la Bolsa. El desplazamiento de recursos reales necesario para realizar esas funciones ha impartido un sesgo hacia la inflación. En el ruedo político, la presión para procurar el acceso universal a unos créditos con tipos de interés bajos y emplear medidas fiscales para fomentar el empleo y evitar los sinsabores de los ajustes a la baja en los salarios y precios nominales se ha vuelto casi imposible de resistir. Por lo general, el pueblo estadounidense ha tolerado el sesgo inflacionario como un coste aceptable del moderno Estado del bienestar. No existe apoyo para el patrón oro hoy en día, y no veo probable su regreso.

Los niveles de precios subieron drásticamente durante la Segunda Guerra Mundial y, aunque la tasa de inflación se enfriara al final del conflicto, nunca se volvió lo bastante negativa para reinstaurar algo parecido a los niveles de precios de 1939. La tasa de inflación ha variado desde entonces pero, para casi cualquier año de las últimas siete décadas, ha sido positiva, en el sentido de que el nivel de los precios ha seguido creciendo. En 2006, los precios de consumo en Estados Unidos eran casi quince veces más altos que en 1939. En realidad, los patrones de los precios tienen mucho que ver con las evidencias del calentamiento global en las décadas recientes. Ambas aceleraciones llevan el sello de la intervención humana.

Sabemos que la tasa media de inflación bajo el patrón oro y los anteriores basados en otras materias primas era básicamente cero. En el apogeo del patrón oro, entre 1870 y 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial, el coste de la vida en Estados Unidos, según los cálculos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, creció un escaso 0,2 por ciento al año de promedio. De 1939 a 1989, el año de la caída del Muro de Berlín y antes del arranque de la desinflación de precios y salarios posterior a la guerra fría, el IPC se multiplicó por nueve, o lo que es lo mismo, subió un 4,5 por ciento al año (Incluido en ese período iba el intervalo, en apariencia anómalo, de baja inflación y bajos tipos de interés de principios de los 60, que presentó muchas de las características de la actual desinflación global. Como he señalado con anterioridad, su causa fue en cierto sentido similar al final de la guerra fría, en cuanto que no fue económica: la aplicación retardada para uso comercial de las ganancias en tecnología militar de la Segunda Guerra Mundial y el gran retraso de invención acumulado durante la década de 1930). Eso refleja el hecho de que no existe un ancla inherente en un régimen de dinero fiduciario. Lo que constituya su tasa de inflación «normal» es una mera función de la cultura y la historia del país. En Estados Unidos, unas cifras modestas de inflación resultan políticamente aceptables, pero las tasas que se acerquen a los dos dígitos crean una tormenta política. En verdad, Richard Nixon sintió la necesidad política de imponer controles de precios y salarios en 1971 aunque la tasa de inflación se encontrase por debajo del 5 por ciento. Así, por bien que las consideraciones políticas descarten el patrón oro como medio de contener un futuro aumento de las presiones inflacionarias, irónicamente, las políticas impulsadas por una población furiosa podrían lograr el mismo objetivo. Pero eso es improbable antes de que la inflación supere el 5 por ciento como mínimo. La tasa de inflación del 4,5 por ciento, de media, durante el medio siglo que siguió al abandono del patrón oro no es necesariamente la norma del futuro. Con todo, probablemente no sea una mala primera aproximación a lo que nos espera.

Conviene no tomarse a la ligera una tasa de inflación del 4 al 5 por ciento: a nadie le hará gracia ver que sus dólares ahorrados pierden la mitad de su poder adquisitivo en quince años o así. Y aunque es cierto que una tasa como ésa no se ha demostrado económicamente desestabilizadora en el pasado, una proyección de inflación de ese orden de magnitud da por sentado un impacto en general benigno de la jubilación de la generación del baby boom, por lo menos hasta el año 2030. Como hemos visto, la actual quiescencia fiscal relativa enmascara un tsunami en ciernes. Golpeará cuando una proporción significativa de la población altamente productiva del país se jubile para pasar de contribuyente a beneficiaria de nuestro sistema federal de salud y pensiones de pago sobre la marcha. Con el tiempo, a menos que se tomen medidas, el fenómeno podría suponer un añadido masivo a la demanda de recursos económicos y elevar las presiones inflacionarias.

Así, sin un cambio de política, puede preverse una tasa de inflación superior en Estados Unidos. Sé que la Reserva Federal, con margen de actuación, tiene capacidad y perseverancia suficientes para contener con eficacia las presiones inflacionarias que preveo. Aun así, para mantener la tasa de inflación en un nivel de patrón oro inferior al 1 por ciento, o incluso una horquilla menos draconiana del 1 al 2 por ciento, la Fed, dada mi hipótesis, tendría que limitar la expansión monetaria de forma tan drástica que podría elevar temporalmente los tipos de interés hasta la gama de los dos dígitos que no se veía desde los tiempos de Paul Volcker. Si se permitirá a la Fed aplicar las lecciones de política monetaria aprendidas con mucho esfuerzo en las pasadas cuatro décadas es un interrogante crucial, pero el estado disfuncional de la política estadounidense no me concede una gran confianza en el corto plazo. En lugar de eso podríamos presenciar un regreso de la retórica populista y anti Fed, que lleva en letargo desde 1991.

Mi temor es que, en el empeño de Washington por cumplir las promesas implícitas en el contrato social que caracteriza a los Estados Unidos contemporáneos, las tasas de inflación del IPC para 2030 ronden el 4,5 por ciento o más. El «más» pretende reflejar cualquier prima de inflación que pueda surgir a consecuencia de la insuficiente financiación de las prestaciones sanitarias y de pensiones para los «baby boomers». Al final, veo un resultado fiscal positivo, como señalo en el capítulo 22, pero sospecho que es probable que, para restaurar la cordura política, tengamos que atravesar penosamente campos de minas económicos y políticos antes de poder actuar con decisión. Me viene a la cabeza la percepción que tenía Winston Churchill de los estadounidenses, de quienes «siempre puede contarse con que harán lo correcto… tras haber agotado todas las demás posibilidades». El recorrido a través de los campos de minas es una importante fuente de riesgo para mi pronóstico, y podría manifestarse en trayectorias más elevadas para los tipos de interés y la inflación.

Una tasa de inflación alta, si se permite su desarrollo, creará un entorno financiero distinto del imperante en la actualidad. En parte, eso se debe a la probabilidad de que su surgimiento vaya acompañado por un descenso en la propensión a ahorrar del mundo en vías de desarrollo, que en la actualidad está por encima de lo normal. Como he señalado con anterioridad, las tasas de ahorro de los países en vías de desarrollo históricamente han promediado sólo unos pocos puntos porcentuales más que las de las naciones desarrolladas. Sin embargo, a causa de la combinación de una China pujante, con su tasa de ahorro históricamente elevada (La tasa de ahorro china es resultado tanto de las bajas prestaciones gubernamentales en materia de salud y jubilación como del ahorro empresarial disparado), y la reciente y enorme acumulación de activos líquidos de la OPEP (Los países exportadores de petróleo presentaron 349.000 millones de dólares en divisas a finales de 2006, a diferencia de los apenas 140.000 millones de finales de 2002), las tasas de ahorro de los países en vías de desarrollo se inflaron hasta el 32 por ciento en 2006, mientras las de los países desarrollados promediaban menos de un 20 por ciento.

A medida que China vaya superando etapas en su marcha hacia el consumismo occidental, su tasa de ahorro descenderá. Y aunque los precios del petróleo tienen todos los números para subir, cualquier aumento en las tasas de ahorro de la OPEP probablemente será muy inferior a los que se han producido desde 2001. Implícita en esa hipótesis va la consiguiente eliminación de un exceso de intenciones de ahorro por encima de las intenciones de inversión y, en consecuencia, la desaparición de ese importante factor que ha contribuido a contener los tipos de interés reales desde principios de década. Además, tras haber otorgado en buena medida sus beneficios, la globalización aminorará. El reciente ritmo frenético de crecimiento económico mundial disminuirá. El Banco Mundial calcula que el crecimiento global anual del PIB a los tipos de cambio del mercado se desacelerará un 3 por ciento a lo largo del próximo cuarto de siglo. El PIB global creció a una tasa anual del 3,7 por ciento entre 2003 y 2006.

La dispersión de las balanzas por cuenta corriente, una función del ritmo de la división del trabajo y la especialización globalizadas, también debería desacelerar. Por tanto, es probable que se encoja la cuenta corriente estadounidense, aunque tal vez no lo hagan los desequilibrios mundiales agregados. Otros países podrían reemplazar con el tiempo a Estados Unidos como principales receptores de los flujos de ahorros transfronterizos.

Con el probable incremento medio de los tipos de interés reales y la expectativa de inflación a lo largo del próximo cuarto de siglo, también subirían los tipos a largo plazo nominales. El orden de magnitud del cambio de los tipos de interés es difícil de precisar a causa de las incertidumbres que un cuarto de siglo puede traer consigo. Sin embargo, a efectos ilustrativos, si los tipos reales de los bonos a diez años del Tesoro estadounidense subieran un punto porcentual desde el 2,5 por ciento actual (a causa de un descenso en las intenciones de ahorro globales) y si las expectativas de inflación del dinero fiduciario añadieran los 4,5 puntos porcentuales que han conllevado en el pasado, eso crearía un rendimiento nominal del 8 por ciento para el bono a diez años. Recordemos que eso excluye cualquier prima que sea necesaria para financiar las obligaciones contraídas con los jubilados del baby boom. Pero podemos tomar ese nivel a título ilustrativo: en algún momento anterior a 2030 es probable que el mundo esté comerciando los valores del Tesoro estadounidense a un tipo de al menos el 8 por ciento. Ese nivel es sólo una línea base: una crisis del petróleo, un gran atentado terrorista o un impasse en el Congreso estadounidense a propósito de futuros problemas presupuestarios podrían disparar durante breves períodos de tiempo los tipos a largo plazo hasta cotas significativamente superiores.

Existen otras amenazas para la estabilidad financiera a largo plazo de Estados Unidos y el resto del mundo, al margen de un aumento en los tipos de interés sin riesgo. Un rasgo distintivo de las últimas dos décadas ha sido un descenso persistente en las primas de riesgo. Cuesta discernir si los inversores creen que los riesgos subyacentes han disminuido y por tanto no requieren las primas por encima de los valores del Tesoro que imperaban en el pasado, o si es una necesidad de ingresos adicionales por intereses la que los está empujando a buscar instrumentos de deuda de mayor rentabilidad. Los márgenes por los bonos corporativos con calificación CCC (los llamados bonos basura) que superaban a los valores del Tesoro estadounidense a mediados de 2007 eran alucinantemente bajos. Por ejemplo, el diferencial bajó desde 23 puntos porcentuales entre una plétora de impagos de bonos basura a finales de la recesión de octubre de 2002, a poco más de 4 puntos porcentuales en junio de 2007, a pesar de un gran aumento en la emisión de bonos CCC. Los diferenciales de la rentabilidad de los bonos de los mercados emergentes por encima de la de los bonos del Tesoro estadounidense ha descendido desde 10 puntos porcentuales en 2002 a menos de 1,5 en junio de 2007. Esta compresión de las primas de riesgo es global. No estoy seguro de si en períodos de euforia la gente busca una cantidad de riesgo que está en el límite extremo de la tolerancia humana, con independencia del entorno institucional en el que vivan. La infraestructura financiera dominante quizá se limite a aprovechar esta tolerancia al riesgo. Durante décadas, antes de la Guerra Civil, los bancos debían guardar un capital muy superior al 40 por ciento para avalar sus bonos y depósitos. Para 1900, la cobertura de capital de los bancos nacionales había bajado a un 20 por ciento de los activos, a un 12 por ciento para 1925 y por debajo del 10 por ciento en años recientes. Sin embargo, gracias a la flexibilidad financiera y a unas fuentes de liquidez mucho mayores, el riesgo fundamental con el que cargan los bancos individuales, y es de suponer que los inversores en general, tal vez no haya cambiado mucho a lo largo de ese período.

Tal vez no importe. Como señalé en mis comentarios de despedida en el simposio Jackson Hole del Banco de Kansas City de la Reserva Federal en agosto de 2005: «La historia no ha sido amable con la resaca de los períodos prolongados de bajas primas de riesgo.»

Como mínimo, a medida que los tipos de interés sin riesgo se eleven y las primas de riesgo se vean purgadas del optimismo insostenible que en la actualidad encarnan, los precios de los activos con rentabilidad sin duda crecerán mucho más despacio que durante los últimos seis años. A consecuencia del descenso en los tipos de interés a largo plazo nominales y reales desde 1981, los precios de los activos a escala mundial han crecido más rápido que el PIB mundial nominal todos los años, con las excepciones de 1987 y 2001-02 (los años del colapso de la burbuja de las puntocom). Esta gran subida en el valor de las acciones, las escrituras de propiedad inmobiliaria y demás títulos sobre activos con rentabilidad -es decir, títulos directos e indirectos sobre activos, sean físicos o intelectuales- es lo que yo designo un aumento en la liquidez. Estos títulos de papel representan un poder adquisitivo que puede usarse con total facilidad para comprarse un coche, pongamos, o una compañía.

El valor de mercado de las acciones y el pasivo de las empresas no financieras y los gobiernos es la fuente de las inversiones y por tanto la creación de pasivo por parte de los bancos y otras instituciones financieras. Este proceso de intermediación financiera es una causa primordial de la abrumadora sensación de liquidez que lleva un cuarto de siglo tiñendo los mercados financieros. Si los tipos de interés empiezan a subir y los precios de los activos caen en general, la liquidez «excesiva» se secará, es posible que bastante rápido. Recordemos que el valor de mercado de un valor con rentabilidad es su renta futura esperada aligerada por un factor de descuento que cambia en función de la euforia y el miedo además de evaluaciones más racionales del futuro. Son esos juicios los que determinan el valor de las acciones y demás activos con rentabilidad. Son esos juicios los que determinan cuánta riqueza tiene una nación. Las grandes plantas de fabricación, las torres de oficinas y hasta las viviendas sólo tienen valor en la medida en que los participantes del mercado valoran su futuro uso. Si el mundo fuese a terminarse en una hora, todos los símbolos de riqueza se considerarían carentes de valor. Algo mucho más leve que el Apocalipsis -pongamos que una parte más de incertidumbre añadida al cóctel de nuestros futuros resultados- y los agentes del mercado bajarán sus pujas y valorarán menos los activos reales. No tiene que pasar nada fuera de nuestras cabezas. El valor es lo que perciben las personas. De ahí que la liquidez pueda ir y venir con la aparición de una nueva idea o miedo.

Una preocupación relacionada en los mercados financieros es la gran y continua acumulación de títulos del Tesoro estadounidense por parte de bancos centrales extranjeros, sobre todo en Asia. Los agentes del mercado temen un impacto sobre los tipos de interés y cambio del dólar si y cuando esos bancos centrales dejasen de adquirir valores estadounidenses o, peor aún, intentasen vender grandes bloques de ellos. Las acumulaciones son resultado en gran medida de los empeños, sobre todo chinos y japoneses, de contener sus tipos de cambio para fomentar las exportaciones y el crecimiento económico. Entre el final de 2001 y marzo de 2007, China y Japón juntos acumularon 1,5 billones de dólares en divisas, de las que cuatro quintas partes parecen consistir en títulos de dólares, es decir, carteras de títulos del Tesoro u otras agencias estadounidenses y otros títulos a corto plazo, entre ellos eurodólares (China ha emprendido un programa declarado para diversificar parte de sus enormes reservas de divisas (1,2 billones de dólares y el equivalente en dólares de activos denominados en otras monedas)).

Si el ritmo de acumulación se frenase o diera paso a una liquidación, sin duda se produciría una presión a la baja sobre el tipo de cambio del dólar estadounidense y otra al alza sobre los tipos de interés estadounidenses a largo plazo. Pero los mercados del tipo de cambio de las principales monedas se han vuelto tan líquidos que las transacciones de moneda necesarias para realizar grandes transferencias internacionales de depósitos de dólares estadounidenses pueden conseguirse con una perturbación apenas modesta de los mercados. Por lo que respecta a los tipos de interés, es probable que la magnitud del aumento sea menor de lo que temen muchos analistas, sin duda inferior a un punto porcentual y es concebible que mucho menos. La liquidación de valores del Tesoro estadounidense por parte de bancos centrales (o cualquier otro agente del mercado) no cambia la cantidad total de deuda circulante del Tesoro estadounidense. Tampoco lo hace la cantidad circulante de valores y otros activos que los bancos centrales adquieran con los beneficios de sus ventas. Esas transacciones son permutas, que afectan al diferencial entre dos valores pero no por necesidad al nivel general de los tipos de interés. Es parecido a un intercambio de monedas (Esas permutas son muy distintas de la liquidación de títulos cuyos valores están cayendo porque las expectativas descontadas de futuras ganancias están cayendo. En el segundo caso, el valor general de los títulos disminuye. No hay compensación. No es una permuta).

El impacto sobre los diferenciales de tipo de interés de una permuta que implique un gran bloque de valores del Tesoro estadounidense por parte de un banco central (o cualquier otro) depende del tamaño de las carteras del resto de inversores del mundo y, no en poca medida, de las proporciones de esas inversiones que sean sustitutos cercanos de los valores del Tesoro en lo relativo a vencimiento, moneda de denominación, liquidez y riesgo de crédito. Los titulares de sustitutos cercanos como los bonos corporativos AAA y valores respaldados por hipotecas pueden ser inducidos a hacer permutas por valores del Tesoro sin perturbaciones indebidas a los mercados.

El mercado financiero internacional se ha vuelto tan grande y líquido (Las reservas agregadas de divisas por parte de bancos centrales y las carteras mundiales de activos líquidos extranjeros transfronterizos del sector privado se acercaban a los 50 billones de dólares a principios de 2007, según el BIS y el FMI. Los pasivos empresariales interiores no financieros también están disponibles como sustitutos de los valores del Tesoro estadounidense, probablemente con modestas concesiones de precios. Esos pasivos, tras deducir las reservas extranjeras de Estados Unidos y Japón, ascendían a 33 billones a finales de 2006) que las ventas de decenas de miles de millones de valores del Tesoro estadounidense, quizá centenares de miles de millones, pueden llevarse a cabo sin impactos que causen crisis en los mercados. Hemos tenido muchas pruebas de la capacidad del mercado para absorber grandes transferencias de valores del Tesoro estadounidense en los años recientes. Por ejemplo, las autoridades monetarias japonesas, tras haber acumulado casi 40.000 millones de dólares al mes de divisas, ante todo en títulos del Tesoro estadounidense, entre el verano de 2003 y principios de 2004, pusieron fin de sopetón a esa práctica en marzo de 2004. Aun así, cuesta encontrar rastros significativos de ese cambio abrupto ya sea en los precios del bono a diez años del Tesoro estadounidense o en el tipo de cambio dólar-yen. Antes, las autoridades japonesas adquirieron 20.000 millones de dólares de valores del Tesoro estadounidense en un solo día, con escaso resultado.

Si bien es concebible que, como parte de una crisis financiera que se cociera por otros motivos, una gran liquidación de las reservas de títulos del Tesoro estadounidense por parte de bancos centrales extranjeros pudiera hacer estragos, hasta eso se me antoja inverosímil.

Sin embargo, no acaban ahí los temores financieros. El drástico aumento de la liquidez desde principios de los 80 ha venido acompañado por el desarrollo de unas tecnologías que han permitido que los mercados financieros revolucionen la difusión del riesgo, como hemos visto. Hace tres o cuatro décadas, los mercados sólo podían operar con acciones y bonos básicos. Los derivados financieros eran sencillos y escasos. Sin embargo, con el advenimiento de la capacidad para realizar negocios a tiempo real las veinticuatro horas en los mercados mundiales conectados de hoy, han surgido los derivados, los collateralized debt obligations y otros productos complejos que pueden distribuir el riesgo a lo largo y ancho de los productos financieros, la geografía y el tiempo. Aunque la Bolsa de Nueva York ha perdido presencia en las finanzas mundiales, su volumen de contratación ha subido de varios millones de acciones al día en la década de 1950 a casi dos mil millones de acciones al día en años recientes. Aun así, a excepción hecha de espasmos financieros como el crack de la Bolsa en octubre de 1987 y las devastadoras crisis de 1997-98, los mercados parecen ajustarse con suavidad de una hora a la siguiente, de un día para el otro, como si los guiara una «mano invisible internacional», con perdón de Adam Smith. Lo que está pasando es que millones de agentes de todo el mundo buscan comprar activos infravalorados y vender aquellos que parecen sobrepreciados. Es un proceso que mejora sin cesar la eficacia de la dirección de unos ahorros hacia su inversión más productiva. Este proceso, lejos de la caracterización de especulación ciega que hacen de él los críticos populistas, es un factor contribuyente de primer orden al crecimiento de la productividad de la nación y su nivel de vida. Con todo, la incesante búsqueda de ventaja entre los agentes reequilibra en todo momento la oferta y la demanda a un ritmo demasiado rápido para la comprensión humana. Las transacciones, por necesidad, se están volviendo pues cada vez más informatizadas, y la tradicional contratación «en corros» en los parqués de acciones y materias primas está dando paso a marchas forzadas a algoritmos de ordenador. A medida que caigan los costes de la información, la naturaleza de la economía estadounidense cambiará. Con los bancos de inversión, los hedge funds y los private equity funds buscando todos unas tasas de rentabilidad de nicho o más, las distinciones entre esas instituciones poco a poco se desdibujarán. Lo mismo sucederá con las líneas definitorias que separan a las empresas no financieras de los bancos comerciales, cuando la distinción entre lo que constituye finanzas y comercio desaparezca en buena medida.

Los mercados se han vuelto demasiado enormes, complejos y veloces para estar sometidos a la supervisión y regulación del siglo XX. No es de extrañar que este mastodonte financiero globalizado escape a la comprensión de hasta los agentes del mercado más sofisticados. De los reguladores financieros se exige que supervisen un sistema mucho más complejo que el que existía cuando se redactaron originalmente las regulaciones que todavía gobiernan los mercados financieros. Hoy en día, la supervisión de esas transacciones se realiza básicamente por medio de la vigilancia de contraparte de los participantes individuales del mercado. Cada prestador, para proteger a sus accionistas, lleva la cuenta de las posiciones de inversión de sus clientes. Los reguladores todavía pueden fingir que aportan supervisión, pero sus capacidades están muy menguadas y van a menos.

Durante más de dieciocho años, mis colegas de la Junta y yo fuimos testigos de excepción de este proceso en la Fed. Aunque con retraso, yo y sospecho que muchos de mis colegas, llegamos a darnos cuenta de que el poder para regular administrativamente se estaba evaporando. Cada vez estábamos más convencidos de que tendríamos que confiar en la vigilancia de contraparte para cargar con lo más pesado. Puesto que los mercados se han vuelto demasiado complejos para una intervención humana eficaz, las políticas anticrisis más prometedoras son las que mantienen la máxima flexibilidad de mercado: libertad de acción para agentes clave como los hedge funds, los private equity funds y los bancos de inversión. La eliminación de las ineficiencias del mercado financiero permite que unos mercados libres y líquidos corrijan los desequilibrios. El propósito de los hedge funds y demás es ganar dinero, pero sus acciones extirpan las ineficiencias y desequilibrios, y por tanto reducen el derroche de ahorros. Esas instituciones, en consecuencia, contribuyen a unos mayores niveles de productividad y de vida en general.

Muchos críticos encuentran perturbadora esta dependencia de la mano invisible. Como precaución y reserva, se preguntan, ¿no deberían intentar regular esta enorme y nueva presencia global los altos cargos financieros del mundo, como los ministros de Economía y banqueros centrales de los principales países? Aunque la regulación global no pueda servir de mucho, por lo menos, sostienen, no puede hacer daño. Pero la verdad es que sí puede. La regulación, por su naturaleza, inhibe la libertad de la acción de mercado, y esa libertad para actuar de forma expeditiva es la que reequilibra los mercados. Socavar esa libertad es poner en peligro todo el proceso de reequilibrio del mercado. Nunca, por supuesto, conocemos los muchos millones de transacciones que se producen al día. Tampoco el piloto de un B-2 de las Fuerzas Aéreas conoce, o necesita conocer, los millones de ajustes informáticos que cada milisegundo mantienen su aparato en el aire.

En el mundo de hoy en día, no se me alcanza en qué puede ayudar añadir más regulación gubernamental. La recopilación de datos sobre los balances de los hedge funds, por ejemplo, sería fútil, puesto que probablemente estarían obsoletos antes de que se secara la tinta. ¿Deberíamos montar un sistema de información global sobre las posiciones de los hedge funds y los private equity funds para ver si existe alguna concentración peligrosa que pudiera indicar potenciales implosiones financieras? Llevo viéndomelas con informes de los mercados financieros durante casi seis décadas. No sabría juzgar a partir de esos informes si unas concentraciones de posiciones son reflejo de unos mercados en proceso de hacer lo que supone que deben hacer -eliminar los desequilibrios del sistema- o si está surgiendo algún movimiento peligroso. Sería toda una sorpresa para mí que alguien pudiera.

Sin duda, la «mano invisible» presupone que los agentes del mercado obran por interés personal, y hay ocasiones en las que asumen riesgos demostrablemente estúpidos. Por ejemplo, me consternó la reciente revelación de que los operadores de credit default swaps estaban siendo peligrosamente laxos en el mantenimiento de registros detallados de los compromisos legales que se derivaban de sus transacciones inmediatas. En caso de un cambio de precios significativo, las disputas sobre las cláusulas del contrato podían producir una crisis real pero innecesaria (Por suerte, con la ayuda del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, este problema en concreto va camino de resolverse). Este episodio fue un problema no de riesgo de precios de mercado sino de riesgo operacional, es decir, los riesgos asociados a un fallo en la infraestructura que permite el funcionamiento de los mercados.

Sobreimpuesto a las fuerzas que he comentado, es importante recordar, se encuentra el ciclo económico. No está muerto, aunque haya permanecido callado durante las últimas dos décadas. Pocos dudarán de que el surgimiento de los programas de existencias just in time y el aumento de la producción de servicios ha disminuido la amplitud de las fluctuaciones del PIB. Pero la naturaleza humana no cambia. La historia está repleta de oleadas de entusiasmo y desesperación autoalimentados, características humanas innatas no sometidas a una curva de aprendizaje. Esas oleadas tienen su reflejo en el ciclo económico.

En su conjunto, los problemas financieros que rondan el próximo cuarto de siglo no forman un panorama agradable. Aun así, hemos sobrevivido a cosas mucho peores. Ninguno de ellos socavará de forma permanente nuestras instituciones o siquiera derrocará a la economía estadounidense de su posición de liderazgo mundial. En verdad, existen en la actualidad una serie de temidos desequilibrios financieros que probablemente se resolverán con mucho menos impacto sobre la actividad económica de Estados Unidos del que en general se supone. Indicaba en el capítulo 18 que el desarrollo de nuestro déficit por cuenta corriente tiene pocos visos de ejercer un impacto importante en la actividad económica o el empleo. El miedo a que la liquidación de gran parte de las enormes reservas de divisas de China y Japón provoque un drástico aumento de los tipos de interés estadounidenses y un descenso de los tipos de cambio del dólar también es exagerado.

Hay poco que podamos hacer para evitar la relajación de las fuerzas desinflacionarias globales. Yo lo veo como un regreso a la normalidad del dinero fiduciario, no como una nueva aberración. Es más, está en nuestras manos mitigar enormemente algunos de los rasgos más aciagos de la hipótesis que he planteado con anterioridad. En primer lugar, el presidente y el Congreso no deben interferir en los esfuerzos del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) por contener las inevitables presiones inflacionarias que surgirán con el tiempo (los miembros no necesitarán que los animen). La política monetaria puede simular los precios estables del patrón oro. Hará falta episodios de tipos de interés más altos, pero la Fed de Volcker demostró que podía hacerse.

En segundo lugar, el presidente y el Congreso deben asegurarse de que la flexibilidad económica y financiera que permitió a la economía estadounidense absorber el impacto del 11-S se vea libre de trabas. Los mercados deberían seguir siendo libres para funcionar sin las limitaciones administrativas -en especial las concernientes a salarios, precios y tipos de interés- que los han incapacitado en el pasado. Se trata de algo de especial importancia en un momento de movimientos masivos de fondos, enormes volúmenes de comercio y mercados devenidos inevitablemente opacos por su creciente complejidad. Habrá sobresaltos económicos y financieros: la naturaleza humana, con sus miedos y flaquezas, sigue siendo una incógnita. Los sobresaltos resultantes serán, como siempre, difíciles de prever, de modo que la capacidad de absorberlos es un requisito primordial para la estabilidad de la producción y el empleo.

La supervisión y regulación manuales -el modelo financiero del siglo XX- se está viendo empantanada por el volumen y complejidad de las finanzas del siglo XXI. Sólo en ámbitos de riesgo operacional y fraude al consumidor permanecen intactos los principios de la regulación del siglo anterior. Muchas normas seguirán yendo encaminadas a garantizar que los negocios rápidos y cargados de riesgos sean financiados por inversores profesionales acaudalados y no por el público general. Los esfuerzos para supervisar e influir en el comportamiento del mercado que avanza a velocidades supersónicas fracasarán. La vigilancia del sector público ya no está a la altura de la tarea. Los ejércitos de supervisores que haría falta para mantener controladas las transacciones globales de hoy en día socavarían con sus acciones la flexibilidad financiera tan esencial para nuestro futuro. No tenemos alternativa sensata a dejar que los mercados funcionen. El fracaso del mercado es la rara excepción, y sus consecuencias pueden aliviarse mediante un sistema económico y financiero flexible.

Lleguemos como lleguemos a 2030, la economía estadounidense debería acabar siendo mucho más grande, en ausencia de crisis inesperadamente largas; tres cuartas partes mayor en términos reales de aquella en la que operamos actualmente. Es más, su producción será mucho más conceptual en el futuro. Puede esperarse que continúe la duradera tendencia a alejarse del valor producido por el trabajo manual y los recursos naturales hacia el valor añadido intangible que asociamos a la economía digital. Hoy en día hace falta mucho menos material físico para obtener una unidad de producción que en las generaciones pasadas. En verdad, la cantidad física de materiales y combustibles bien consumidos en la producción bien encarnados en ella ha aumentado de forma muy modesta a lo largo del pasado medio siglo. La producción de nuestra economía no acaba de ser literalmente más ligera, pero se acerca.

El fino cable de fibra óptica, por ejemplo, ha reemplazado a enormes tonelajes de cable de cobre. Las nuevas tecnologías en arquitectura, ingeniería y materiales han permitido la construcción de edificios que abarcan el mismo espacio con mucho menos material físico del necesario hace cincuenta o cien años. Los teléfonos móviles no sólo han reducido su tamaño sino que se han metamorfoseado en dispositivos de comunicación multiusos. El movimiento con el paso de las décadas hacia la producción de servicios que requieren poca aportación física también ha sido un gran factor en el acusado aumento de la ratio de dólares constantes de PIB por toneladas de input.

Si se compara el valor en dólares del producto interior bruto -es decir, el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos- de 2006 con el PIB de 1946, tras los ajustes a la inflación, el PIB del país que preside George W. Bush es siete veces mayor que en tiempos de Harry Truman. El peso de los inputs de materiales necesarios para producir el output de 2006, sin embargo, sólo es modestamente mayor que el preciso para el de 1946. Eso significa que casi todos los aumentos en valor añadido real de nuestra producción reflejan la encarnación de ideas.

El dramático desplazamiento durante el medio siglo pasado hacia lo menos tangible y más conceptual -la cantidad de peso que ha perdido la economía, por así decirlo- deriva de varias causas. El desafío de acumular bienes físicos en un entorno geográfico cada vez más poblado ha suscitado indudables presiones para economizar en tamaño y espacio. De modo parecido, la perspectiva de unos crecientes costes de descubrimiento, desarrollo y procesamiento de cantidades cada vez más grandes de recursos físicos en un terreno menos hospitalario ha aumentado los costes marginales y desplazado a los productores hacia alternativas de menor tamaño. Además, a medida que la frontera tecnológica ha avanzado y reclamado una aceleración del procesamiento de la información, las leyes de la física han exigido que los microchips se vuelvan cada vez más compactos.

La nueva economía reducida tiene un funcionamiento distinto al de sus predecesoras. En el caso típico de un bien manufacturado, el coste incremental de aumentar la producción en una unidad en última instancia se eleva a medida que se expande la producción. En el reino de la producción conceptual, no obstante, la producción a menudo se caracteriza por un coste marginal constante y con frecuencia insignificante. Aunque el coste de organización de crear un diccionario médico online, por ejemplo, puede ser enorme, el coste de reproducción y distribución quizá se acerque a cero si el medio de distribución es Internet. El surgimiento de una plataforma electrónica para la transmisión de ideas a un coste marginal insignificante es sin duda un factor importante para explicar el aumento más reciente de la conceptualización del PIB. La demanda de productos conceptuales está a todas luces obstaculizada en mucha menor medida por el creciente coste marginal y, por tanto, el precio, que la demanda de productos físicos.

El elevado coste del desarrollo de software y los insignificantes costes de producción y, si es online, distribución tienden a sugerir un monopolio natural: un bien o servicio que es ofrecido con mayor eficacia por una sola empresa. Una bolsa es un ejemplo obvio. Es más eficaz tener toda la contratación de una acción concentrada en un mercado. Los diferenciales bid-ask se estrechan y los costes de transacción disminuyen. En la década de 1930, Alcoa era el único productor estadounidense de aluminio bruto. Mantuvo su monopolio transmitiendo, en forma de precios cada vez más bajos, casi todos sus aumentos de eficacia. Los potenciales competidores no podían imaginar una tasa de rentabilidad aceptable si tenían que igualar los precios bajos de Alcoa (A menudo se dice que muchas compañías bajan los precios en un intento de expulsar a los competidores del negocio. Sin embargo, a menos que sus costes sean sistemáticamente más bajos que los de la competencia, se trata de una estrategia perdedora. Subir los precios después de que los potenciales competidores se retiren del mercado es manifiesta estrechez de miras. A pesar de las afirmaciones de que se trata de una práctica habitual, he visto muy pocos ejemplos en mis seis décadas de observación de los negocios. Es un modo eficaz de perder clientes).

La versión actual de ese aspirante a monopolio natural es Microsoft, con su extraordinaria predominancia en los sistemas operativos de los ordenadores personales. Entrar en un mercado temprano con la capacidad de definir la plantilla de una nueva industria ahuyenta a los potenciales competidores. Crear y cultivar este efecto de «encerramiento» constituye pues una estrategia empresarial crucial en nuestro nuevo mundo digital. A pesar de esa ventaja, el monopolio natural de Microsoft se ha demostrado lejos de ser absoluto. El dominio de su sistema operativo Windows se ha visto erosionado por la competencia de Apple y el Linux, de software libre. Los monopolios naturales, al final, se ven desplazados por las novedades tecnológicas y los nuevos paradigmas.

Las estrategias van y vienen, pero la meta competitiva última permanece: obtener la máxima tasa de rentabilidad, ajustada al riesgo. La competencia funciona con eficacia, sea cual sea la estrategia, siempre que imperen unos mercados libres y abiertos. La política antitrust, que a mi juicio nunca ha sido una herramienta pro competencia útil, va a encontrar sus estándares del siglo XX muy desfasados para la nueva era digital, en la que una novedad puede convertir a un gorila de quinientos kilos en una cría de chimpancé de la noche a la mañana (La política antitrust en Estados Unidos nació en el siglo XIX y evolucionó en las leyes del XX en reacción a las acusaciones de fijación de precios y otras transgresiones contrarias a las opiniones entonces vigentes sobre cómo debían funcionar los mercados. Siempre he pensado que el modelo competitivo empleado por los tribunales para juzgar las infracciones no era uno que maximizase la eficacia económica. Me temo que aplicar el modelo del siglo XX a los mercados del XXI resultará incluso más contraproducente. Liberar mercados retirando los subsidios y la regulación contraria a la competencia, en mi opinión, siempre ha sido la política antimonopolio más eficaz).

La tendencia hacia los productos conceptuales está aumentando de manera irreversible el énfasis sobre la propiedad intelectual y su protección, un segundo ámbito del derecho que probablemente afrontará grandes desafíos. El Consejo de Asesores Económicos del presidente, a principios de 2006, explicó que la producción de las industrias «altamente dependientes de la protección de patentes […] y copyright», como la farmacéutica, la tecnología de la información, el software y las comunicaciones respondía de casi una quinta parte de la actividad económica estadounidense en 2003. El consejo también estimó que un tercio del valor de mercado de las empresas estadounidenses de cotización pública en septiembre de 2005 (15 billones de dólares) era atribuible a la propiedad intelectual; de ese tercio, el software y otros materiales protegidos por copyright representaban casi dos quintas partes, las patentes un tercio y los secretos comerciales el resto. Es casi una certeza absoluta que la parte de la propiedad intelectual en el valor de la Bolsa es mucho mayor que su parte en la actividad económica. Las industrias con segmentos desproporcionadamente grandes de propiedad intelectual son también las que más rápido crecen en la economía estadounidense. No veo obstáculo para que la proporción de la propiedad intelectual en el PIB aumente hasta 2030 (Las grandes perdedoras en cuanto a proporción del PIB para 2030 probablemente serán las manufacturas estadounidenses (a excepción hecha de la alta tecnología). Además, el crecimiento continuado de la productividad encogerá aún más el número de empleos en las manufacturas).

Antes de la Primera Guerra Mundial, los mercados estadounidenses estaban básicamente libres de la inhibición de las normativas gubernamentales, pero respaldados por derechos de propiedad, que en aquellos tiempos quería decir más que nada propiedad física. La propiedad intelectual -patentes, copyrights y marcas- representaba un aspecto mucho menos importante de la economía. Una de las invenciones más significativas del siglo XIX fue la desmotadora de algodón; tal vez fuera indicativo de la época el que su diseño nunca llegara a protegerse efectivamente.

Sólo en décadas recientes, cuando el producto económico de Estados Unidos se ha vuelto tan predominantemente conceptual, han llegado a verse las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual como fuentes significativas de incertidumbre jurídica y empresarial. En parte, esa incertidumbre deriva del hecho de que la propiedad intelectual presenta importantes diferencias respecto de la física. Como los activos físicos tienen una existencia material, se prestan más a ser defendidos por la policía o fuerzas de seguridad privadas. La propiedad intelectual, en cambio, puede robarse mediante un acto tan simple como publicar una idea sin permiso de quien la originó. Es importante recordar que el uso que hace un individuo de una idea no hace que esa idea no esté disponible para que otros la usen al mismo tiempo.

Más al caso todavía, las nuevas ideas -los ladrillos de la propiedad intelectual- se construyen casi invariablemente sobre viejas ideas de formas que resultan difíciles o imposibles de rastrear. Desde una perspectiva económica, eso ofrece una base para poner el cálculo, desarrollado en un principio por Newton y Leibniz, a disposición universal, a pesar de que con el paso de las generaciones las revelaciones del cálculo han aumentado de forma inconmensurable la riqueza. ¿Tendría que haber protegido la ley los derechos de Newton y Leibniz del mismo modo en que lo hacemos con los propietarios de tierras? ¿O debería la ley permitir un acceso más libre a sus hallazgos a quienes construirían sobre su base, con el fin de maximizar la riqueza de la sociedad en su conjunto? ¿Son inalienables todos los derechos de propiedad, o deben adaptarse a la realidad que los condiciona?

Esos interrogantes llevan de cabeza a economistas y juristas, pues conciernen a los principios fundamentales que gobiernan la organización de una economía moderna y, por ende, su sociedad. Protejamos la libertad intelectual como un derecho inalienable o como un privilegio otorgado por el Estado soberano, esa protección conlleva inevitablemente la toma de decisiones que poseen implicaciones cruciales para el equilibrio que alcancemos entre los intereses de quienes innovan y los de quienes se beneficiarían de la innovación.

Mi condición de libertario me lleva a la conclusión inicial de que, si alguien crea una idea, tiene el derecho de propiedad. Aun así, el creador de una idea dispone automáticamente de su uso. De modo que la pregunta es: ¿debería restringirse a los demás el uso de la idea? Resulta cuando menos concebible que, si el derecho al uso exclusivo de las ideas se acumulara a lo largo de suficientes generaciones, alguna generación recién nacida en el futuro remoto encontraría todas las ideas necesarias para la supervivencia ya acaparadas y vedadas sin el permiso de quienes poseyeran los derechos a ellas. Es evidente que la protección del derecho de una persona no puede realizarse a expensas del derecho a la vida de otra (como sucedería en ese caso), o el magnífico edificio de los derechos individuales contendría una contradicción interna. Por bien que traída por los pelos, esta hipótesis demuestra sin embargo que, si la protección estatal de algunas creaciones intelectuales posiblemente vulnera derechos de otros y por tanto debería ser invalidada, algunas creaciones intelectuales no pueden protegerse. Una vez quebrantado un principio general, ¿dónde empieza y acaba? En la práctica, por supuesto, sólo un segmento muy pequeño de la creación intelectual ha sido escogido para su protección bajo los constructos jurídicos de las patentes, el copyright y las marcas registradas.

En el caso de la propiedad física, damos por sentado que el derecho de propiedad debería tener el potencial de persistir tanto tiempo como el objeto físico en sí (En la práctica, el derecho consuetudinario británico permite la donación de propiedad a personas vivas pero no a generaciones futuras, que podría ligar efectivamente la propiedad a perpetuidad). En el caso de una idea, sin embargo, hemos optado por llegar a un equilibrio distinto al reconocer el caos que podría derivarse de tener que seguir el rastro de todos los hallazgos implícitos en el empeño de cualquiera y pagar derechos de autor a quien originó cada uno. En vez de adoptar ese enfoque a todas luces inviable, los estadounidenses han preferido seguir el ejemplo del derecho consuetudinario británico e imponer límites temporales a los derechos de propiedad intelectual.

Sin embargo, ¿hemos llegado al equilibrio adecuado? La mayoría de participantes en el debate de la propiedad intelectual aplica un estándar pragmático: ¿son las protecciones lo bastante amplias para fomentar la innovación pero no tanto como para impedir la innovación de seguimiento? ¿Son esas protecciones tan vagas que producen incertidumbres que elevan las primas de riesgo y el coste de capital?

Hace casi cuatro décadas, un joven Stephen Breyer resumió el dilema citando de Hamlet. Escribiendo en el Harvard Law Review, el futuro magistrado del Tribunal Supremo señalaba:

Cuesta hacer otra cosa que adoptar una posición ambivalente a propósito de si la actual protección del copyright -considerada en su conjunto- está justificada. Podría compararse esa posición con la del profesor Machlup, quien, tras estudiar el sistema de patentes, concluyó: «Ninguna de las pruebas empíricas a nuestra disposición y ninguno de los argumentos teóricos aducidos confirma o refuta la creencia de que el sistema de patentes ha fomentado el proceso de las artes técnicas y la productividad de la economía.» La posición sugiere que la justificación del copyright sobre los libros se basa no tanto en la necesidad probada sino más bien en la incertidumbre de lo que sucedería si se retirase la protección. Cabe sospechar que el riesgo de perjuicio sea pequeño, pero el mundo sin copyright es pese a todo un «país desconocido» que «nos embaraza en dudas y nos hace sufrir los males que nos cercan, antes que ir a buscar otros de que no tenemos seguro conocimiento.

¿Hasta qué apunto es apropiado nuestro sistema actual -desarrollado para un mundo en que predominaban los activos físicos- para una economía en la que el valor viene encarnado cada vez más en ideas y no en capital tangible? Puede sostenerse que la decisión económica más importante que afrontarán nuestros legisladores y tribunales en los próximos veinticinco años es clarificar las normas de la propiedad intelectual.

En resumen, ¿qué podemos desentrañar de este intento de asomarnos al futuro? Dejando al margen los imponderables sobre los que nadie tiene demasiado control -una detonación nuclear en suelo estadounidense, una pandemia de gripe, un dramático renacer del proteccionismo o la incapacidad para consensuar una solución no inflacionaria al desequilibrio fiscal de Medicare son apenas unos ejemplos-, es probable que los Estados Unidos de 2030 se caractericen por:

1. Un PIB real tres cuartas partes más alto que el de 2006.

2. Una continuación de la conceptualización del PIB estadounidense y la creciente prominencia de la legislación y litigación sobre los derechos de propiedad intelectual.

3. Un Sistema de Reserva Federal que afrontará el desafío de las presiones inflacionarias y la política populista que han permanecido relativamente aletargadas en años recientes.

Si se impide que la Fed contenga las fuerzas inflacionarias, podríamos vérnoslas con:

4. Una tasa de inflación básica acusadamente superior al 2,2 por ciento de 2006.

5. Un bono a diez años del Tesoro que coqueteara con una rentabilidad de dos dígitos en algún momento anterior a 2030, en comparación con el 5 por ciento de 2006.

6. Diferenciales y primas accionariales de riesgo significativamente mayores que en 2006.

7. En consecuencia, rentabilidad de acciones mayor que en 2006 (fruto de un cuarto de siglo previsto de aumentos moderados del precio de los activos hasta 2030) y, en consonancia con ello, ratios inferiores de capitalización de la propiedad inmobiliaria.

Pasando al panorama para el resto del mundo, el Reino Unido ha conocido un notable renacimiento desde la decisiva liberación que hizo Margaret Thatcher de la competencia de mercado en Gran Bretaña a partir de los 80. El éxito fue espectacular y, para hacerle justicia, hay que decir que el «Nuevo Laborismo» bajo la égida de Tony Blair y Gordon Brown hizo suyas las nuevas libertades y atemperó los históricos valores socialistas fabianos de su partido con un énfasis nuevo en la oportunidad. Gran Bretaña ha abierto los brazos a la inversión extranjera y la adquisición de iconos empresariales británicos. El actual Gobierno reconoció que, al margen de los asuntos de seguridad y orgullo nacionales, la nacionalidad de los accionistas de las empresas británicas tenía poco impacto en el nivel de vida del ciudadano medio.

Hay argumentos para sostener que hoy en día Londres va a la cabeza del mundo en finanzas transfronterizas, aunque Nueva York, al financiar gran parte de la inmensa economía de los Estados Unidos, siga siendo la capital financiera del mundo. La reinstauración en Londres de su hegemonía decimonónica de los mercados internacionales comenzó en 1986 con el «Big Bang» que desreguló de manera significativa las finanzas británicas, y no ha habido vuelta atrás. Las tecnologías inventivas han mejorado extraordinariamente la eficacia con que se ha empleado los ahorros globales para financiar la inversión global en fábricas y equipos. Esa productividad mejorada del capital ha engendrado aumentos de ingresos para los expertos financieros, y las finanzas británicas han prosperado. El Gobierno laborista ha utilizado los grandes ingresos fiscales surgidos para contrarrestar la desigualdad de renta que es efecto secundario inevitable de una competencia financiera de orientación cada vez más tecnológica.

El PIB per cápita de Reino Unido se ha destacado hace poco del de Alemania y Francia. La demografía británica no es tan funesta como la del Continente, aunque la educación de sus hijos comparte muchas de las carencias del sistema estadounidense. Si Gran Bretaña da continuidad a su nueva apertura (una expectativa sumamente razonable), debería irle bien en el mundo de 2030.

El panorama de la Europa continental seguirá siendo poco claro hasta que concluya que no puede mantener un Estado del bienestar de pagos sobre la marcha que requiere una población creciente para financiarlo. Con su tasa de natalidad muy por debajo de su tasa de reemplazo natural para la que pocos analistas prevén una recuperación, la fuerza de trabajo de la Europa continental, a menos que aumente mucho con nuevos trabajadores inmigrantes, está destinada a menguar, a la vez que aumenta su ratio por la dependencia de sus ancianos. El apetito europeo de inmigración aumentada, sin embargo, parece limitado. Para contrarrestar todos esos factores, la tasa de crecimiento de la productividad europea tendría que acelerar a un ritmo que hasta la fecha ha parecido inalcanzable. En reconocimiento de este problema, el Consejo Europeo propuso en 2000 un ambicioso programa, la Agenda de Lisboa, para llevar el estado de la tecnología en el continente a la cabeza mundial. Sin embargo, el programa languideció y desde entonces ha quedado en suspenso. Sin un aumento en el crecimiento de la productividad, cuesta ver cómo podrá mantener Europa el papel dominante que ha desempeñado en la economía mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el surgimiento de nuevos líderes en Francia, Alemania y Gran Bretaña quizá sea una señal de que Europa reforzará su compromiso con las metas de Lisboa. La aparente convergencia de muchas de las perspectivas económicas de Nicolas Sarkozy, Angela Merkel y Gordon Brown hace que un resurgimiento europeo se antoje más probable.

El futuro demográfico de Japón parece si acaso menos prometedor que el de Europa. Japón se resiste con firmeza a la inmigración, salvo en casos de ascendencia japonesa. Su nivel de tecnología ya es de talla mundial, de modo que su potencial al alza de crecimiento de la productividad hay que suponerlo tan limitado como el estadounidense. Muchos analistas prevén que Japón perderá su condición de segunda economía del mundo (valorada según los tipos de cambio del mercado) en algún momento anterior a 2030. Es improbable que los japoneses encuentren de su gusto ese resultado y es bien posible que tomen medidas para contrarrestarlo. En cualquier caso, Japón seguirá siendo rico y una fuerza formidable tanto en tecnología como en finanzas.

Rusia posee inmensos recursos naturales, pero se ve aquejada por una población menguante y, como he señalado en el capítulo 16, las secciones no energéticas de su economía se exponen a los efectos del mal holandés. Su esperanzadora adopción del Estado de derecho y el respeto a los derechos de propiedad ha dado paso bajo Vladímir Putin a la imposición selectiva de la ley en función de los intereses nacionalistas, una negación de la base misma del Estado de derecho. Gracias a sus recursos energéticos, Rusia seguirá siendo un actor formidable en el escenario económico mundial pero, a menos que reinstaure plenamente el Estado de derecho, es improbable que la nación cree una economía de talla mundial. Mientras los recursos energéticos de Rusia sigan siendo abundantes y sus precios altos, es probable que el PIB per cápita siga subiendo. Pero el PIB per cápita ruso es menos de un tercio (medido por paridad de poder adquisitivo) del estadounidense, y Rusia tiene mucho camino por recorrer antes de unirse al club de las naciones desarrolladas.

India tiene un gran potencial si puede acabar con su fe en el socialismo fabiano, heredado de Gran Bretaña. Lo ha hecho en el caso de sus servicios de alta tecnología, orientados a la exportación y de talla mundial. Pero este núcleo de modernidad supone apenas una pequeña parte de la extensa y creciente economía india. Al mismo tiempo que prosperan las industrias de servicios asociadas al turismo, tres quintos y más de la fuerza de trabajo del país se dejan la piel en una agricultura improductiva. Por bien que India sea una democracia admirable -la mayor del mundo-, su economía, a pesar de importantes reformas desde 1990, sigue siendo sumamente burocrática. Su tasa de crecimiento económico en años recientes se cuenta entre las más altas del mundo, pero partía de un listón muy bajo. En verdad, el PIB per cápita indio hace cuatro décadas era equivalente al de China, pero ahora no llega a la mitad y sigue perdiendo terreno. Es concebible que India pueda acometer una reforma tan radical como la china y alcanzar relevancia mundial pero, en el momento de entregar a imprenta este libro, su política parece estar llevándola en una dirección que no invita a la esperanza. Por suerte, aunque el enclave indio de servicios del siglo XXI es pequeño, su brillo es demasiado evidente para descartarlo. Las ideas sí importan. Y la nación está destinada a atraer ideas del siglo XXI además de tecnología del siglo XXI. Puede que India encuentre útil seguir a los británicos, cuya evolución parece haber fusionado las nociones de libre mercado de la Ilustración con las sensibilidades de los fabianos.

Entre los aspirantes al título de primera potencia económica mundial de Estados Unidos, eso deja a la populosa China como principal competidor en 2030. China era más próspera que Europa en el siglo XIII. Perdió el norte durante muchos siglos, sólo para embarcarse en un extraordinario renacimiento al transformarse a una escala descomunal prácticamente de la noche a la mañana. La adopción china de la competencia de libre mercado, primero en la agricultura, luego en la industria y por último al abrirse al comercio y las finanzas internacionales ha colocado a esta antigua sociedad en la senda de una mayor libertad política. Con independencia de cuál sea la retórica oficial, la tangible reducción del poder de una generación de dirigentes a la siguiente invita a la esperanza en que una China más democrática desplazará al autoritario Partido Comunista. Aunque algunos estados autoritarios hayan conseguido adoptar por un tiempo exitosas políticas de mercado competitivo, a largo plazo la correlación entre democracia y comercio abierto es demasiado evidente para pasarla por alto.

No pretendo ser capaz de prever con certeza si China seguirá en su actual senda hacia una mayor libertad política y un papel cada vez más destacado como potencia económica mundial o si, para retener el control político que pierde día a día ante las fuerzas del mercado, el Partido Comunista buscará reestablecer la rigidez económica que imperaba antes de las osadas reformas de Deng Xiaoping. Gran parte del aspecto que tendrá el mundo en 2030 depende de ese resultado. Si China sigue avanzando hacia el capitalismo de libre mercado, sin duda impulsará el mundo hasta nuevos niveles de prosperidad.

A la vez que naciones tan poderosas como Estados Unidos y China rivalizan por la supremacía económica en ese nuevo mundo, es posible que se encuentren cediendo en parte ante una fuerza más poderosa todavía: la globalización de mercados desencadenada. El control de los gobiernos sobre la vida cotidiana de sus ciudadanos se ha desvanecido drásticamente a medida que se ampliaba el capitalismo de mercado. Poco a poco, sin hacer ruido, las iniciativas individuales de los agentes del mercado han desplazado a muchos de los poderes del Estado (Un segmento significativo del control político gubernamental de la postguerra se ha puesto en práctica mediante medidas económicas). Se ha desmantelado discretamente mucha regulación que promulgaba límites a las transacciones comerciales en favor de la autorregulación del mercado del capitalismo. El principio subyacente es simple: no puede tenerse a la vez los mercados y un edicto gubernamental que fije el precio del cobre, por poner un ejemplo. Una cosa sustituye a la otra. La desregulación de la economía estadounidense que empezó en la década de 1970, la liberación de la empresa británica bajo Thatcher, los parciales esfuerzos de Europa en 2000 para empezar a construir un mercado competitivo de talla mundial, la adopción de los mercados por la mayor parte del antiguo bloque soviético, la lucha de India por desembarazarse de su asfixiante burocracia y, por supuesto, el extraordinario resurgir de China son fenómenos todos que han reducido el control del gobierno sobre sus economías, y por tanto sus sociedades.

He aprendido a ver los resultados económicos a largo plazo como algo que viene determinado en gran medida, pero no del todo, por las características innatas de las personas que trabajan a través de las instituciones que construimos para gobernar la división del trabajo. La idea original de que las personas se especialicen en recíproco beneficio se remonta demasiado atrás en la antigüedad para identificar su fuente, pero esas prácticas inspiraron a John Locke y otros integrantes de la Ilustración para articular las nociones de los derechos inalienables como base del Estado de derecho para gobernar las sociedades. De ese semillero de pensamiento liberado llegaron las revelaciones de Adam Smith y sus colegas, que descubrieron los principios básicos del comportamiento humano que todavía rigen el funcionamiento de las fuerzas productivas del mercado.

La última década de crecimiento económico sin precedentes en gran parte del mundo tanto desarrollado como en vías de desarrollo es la prueba definitiva de la disfunción de un experimento económico de más de setenta años de duración. El pasmoso derrumbe del bloque soviético provocó o aceleró el abandono de la planificación central en todo el mundo, con China e India a la cabeza. Las pruebas de que aumentar los derechos de propiedad y el Estado de derecho en general conducía a un aumento de los niveles de bienestar material son extraordinariamente convincentes. La demostración estadística formal se ve inhibida por la dificultad de medir unos cambios en el Estado de derecho que son cuantitativamente sutiles, pero la evidencia cualitativa es difícil de negar. El desmantelamiento generalizado de gran parte del aparato de control estatal y su sustitución por instituciones basadas en el mercado parece mejorar de forma invariable el rendimiento económico. A lo largo de las últimas seis décadas, esa mejora ha sido asombrosa en China, India, Rusia, Alemania Occidental y el Este de Europa, por nombrar sólo los ejemplos más destacados. En realidad, los casos en que la expansión de los mercados libres, los derechos de propiedad y el Estado de derecho no contribuyeron al bienestar económico, y los casos en que un aumento de la planificación central mejoró el bienestar económico, son escasos. Aun así, el Estado de derecho es sólo una condición necesaria, no suficiente, para la prosperidad sostenida. La cultura, la educación y la geografía pueden desempeñar cada una un papel crucial.

¿Por qué es en apariencia tan inmutable esta relación entre el Estado de derecho y el bienestar material? En mi experiencia, se arraiga en un aspecto clave de la naturaleza humana. En la vida, a menos que actuemos, perecemos. Pero la acción nos expone a consecuencias imprevistas. El grado en que las personas estén dispuestas a asumir riesgos depende de las compensaciones que crean poder ganar. Unos derechos de propiedad e individuales en general reducen la incertidumbre y abren un margen más amplio para los riesgos y las acciones capaces de producir bienestar material. La inacción no produce nada.

Una asunción racional de riesgos es indispensable para el progreso material. Cuando se ve obstaculizada o no existe, sólo se emprenden las acciones más necesarias. La producción económica es mínima, impulsada no por una voluntad calculada de asumir riesgos sino a menudo por la coerción estatal. La evidencia de la historia humana sugiere poderosamente que los incentivos positivos son mucho más eficaces que el miedo y la fuerza. La alternativa a los derechos individuales de propiedad es la propiedad colectiva, que ha fracasado una y otra vez en el empeño de producir una sociedad cívica y próspera. No funcionó para la New Harmony de Robert Owen en 1826 por optimista que fuera su nombre, ni para el comunismo de Lenin y Stalin ni para la Revolución Cultural de Mao. En la actualidad no funciona en Corea del Norte o Cuba.

Las pruebas, en la medida en que me es dado interpretarlas, sugieren que para cualquier cultura y nivel de educación dados, cuanto mayor es la libertad para competir y más firme el Estado de derecho, mayor es la riqueza material producida (También empiezo a llegar a la conclusión de que el éxito de los pronósticos económicos a cinco o diez años depende tanto de un pronóstico del grado de Estado de derecho como de nuestra econometría más sofisticada). Sin embargo, lamentablemente, cuanto mayor es el grado de competencia -y en consecuencia más rápido es el arranque de la obsolescencia de las existentes instalaciones de capital y las habilidades de los trabajadores que las ocupan-, mayor es el grado de estrés y ansiedad experimentado por los participantes en el mercado. Muchas empresas exitosas de Silicon Valley, que puede considerarse el buque insignia de la obsolescencia inducida, han tenido que reinventar grandes segmentos de sus negocios cada par de años.

Al vérselas con la angustia del lado áspero de la destrucción creadora, la práctica totalidad del mundo desarrollado y una proporción cada vez mayor del mundo en vías de desarrollo han optado por aceptar un grado menor de bienestar material a cambio de una reducción en el estrés competitivo.

En Estados Unidos, republicanos y demócratas comparten desde hace tiempo un consenso en el apoyo a la Seguridad Social, Medicare y demás programas surgidos del New Deal de Roosevelt y la Gran Sociedad de Lyndon Johnson, aunque existan muchas discrepancias a propósito de los detalles. Casi todos los aspectos de nuestra red de seguridad social existente se verían reautorizados por abultadas mayorías en el Congreso, en caso de que se sometieran a renovación. No dudo que, con el tiempo y el cambio de las circunstancias económicas, el consenso evolucionará, pero probablemente dentro de unos límites relativamente estrechos.

Las redes de seguridad social existen prácticamente en todas partes, en mayor o menor medida. Por su naturaleza, inhiben el ejercicio pleno del laissez-faire, sobre todo mediante leyes laborales y programas de redistribución de renta. Pero ha quedado de manifiesto que, en un mundo globalmente competitivo, existen límites al tamaño y naturaleza de las redes de seguridad social que los mercados pueden tolerar sin consecuencias económicas severamente negativas. La Europa continental, por ejemplo, lucha en estos momentos por encontrar un modo aceptable de reajustar a la baja las prestaciones de jubilación y la protección a los trabajadores contra la pérdida de empleo.

Por asombrosamente productivo que se haya demostrado el capitalismo de mercado, su talón de Aquiles es una creciente percepción de que sus recompensas, cada vez más sesgadas a favor de los cualificados, no se distribuyen con justicia. El capitalismo de mercado a escala global sigue exigiendo habilidades cada vez mayores a medida que una nueva tecnología se sube a hombros de otra. Dado que la inteligencia humana en bruto probablemente no es mayor en la actualidad que en la antigua Grecia, nuestro avance dependerá de las contribuciones al inmenso legado de conocimiento humano acumulado a lo largo de las generaciones.

Un sistema educativo estadounidense de primaria y secundaria disfuncional ha fracasado en la tarea de preparar a nuestros estudiantes lo bastante rápido para prevenir una escasez de trabajadores cualificados y un exceso de los menos preparados, lo que ha ensanchado la brecha salarial entre ambos grupos. A menos que el sistema educativo estadounidense pueda elevar los niveles de cualificación con la rapidez que exige la tecnología, los trabajadores cualificados seguirán ganando mayores aumentos salariales, que conducirán a extremos cada vez más perturbadores de concentración de renta. Como he señalado, la reforma educativa tardará años, y necesitamos corregir la creciente desigualdad de ingresos ya. Aumentar los impuestos a los ricos, un remedio en apariencia sencillo, tiene visos de demostrarse contraproducente para el crecimiento económico. Podemos tanto moderar la renta de los trabajadores cualificados como mejorar el nivel de cualificación de nuestra fuerza de trabajo de inmediato abriendo nuestras fronteras a gran número de inmigrantes poseedores de los conocimientos vitales que necesita nuestra economía. Del éxito de estas reformas en apariencia muy factibles relativas a la educación y la inmigración dependerá probablemente en los años venideros la aceptación popular de la práctica capitalista en Estados Unidos.

No es un accidente que los seres humanos perseveren y avancen ante la adversidad. La adaptación forma parte de nuestra naturaleza, un hecho que me lleva a ser profundamente optimista acerca del futuro. Desde los adivinos del oráculo de Delfos hasta los videntes del actual Wall Street han intentado cabalgar esta tendencia positiva a largo plazo que dirige la naturaleza humana. El legado de los derechos individuales y la libertad económica de la Ilustración ha roto las cadenas de miles de millones de personas para que sigan los imperativos de su naturaleza: trabajar para labrarse una vida mejor para ellos y sus familias. El progreso no es automático, sin embargo; exigirá futuras adaptaciones todavía inimaginables. Pero la frontera de la esperanza que todos perseguimos de forma innata nunca se cerrará.

Agradecimientos

Cuando dejé la Reserva Federal en enero de 2006, sabía que echaría de menos trabajar con el mejor equipo de economistas del mundo. La transición a la vida privada se vio facilitada -y dotada de mucha más emoción- por el nuevo equipo que cobró forma en torno a la creación de este libro.

Algunos de los colaboradores más importantes en este empeño son ex colegas de la Fed. Michelle Smith, Pat Parkinson, Bob Agnew, Karen Johnson, Louise Roseman, Virgil Mattingly, Dave Stockton, Charles Siegman, Joyce Zickler, Nellie Liang, Louise Sheiner, Jim Kennedy y Tom Connors llenaron cada uno huecos en mi memoria y aportaron ideas que ayudaron al avance de la redacción. Ted Truman fue generoso con su tiempo y compartió notas y fotos de nuestros muchos viajes juntos al extranjero. Don Kohn ofreció valiosas reacciones y críticas a fragmentos del manuscrito.

Lynn Fox, durante varios años director de comunicaciones de la Fed, se demostró un investigador con recursos, una fuente de historias e ideas y un diestro corrector de algunos de los primeros borradores. David Howard, ex subdirector de la División de Finanzas Internacionales de la Fed y como yo jubilado reciente, puso en juego su pericia para llevarme la contra en una serie de debates técnicos clave; es un crítico perspicaz a la par que un duro contertulio.

Amigos y conocidos de la profesión dedicaron tiempo a aportar ideas, anécdotas e información esenciales. Martin Anderson compartió recuerdos sobre los años de Nixon y Reagan. El magistrado Stephen Breyer ayudó a agudizar mi pensamiento sobre la propiedad intelectual y otras materias de derecho. El embajador James Matlock aportó recuerdos de la Unión Soviética de Gorbachov. Con el primer ministro británico Gordon Brown he disfrutado de variadas conversaciones sobre la globalización y la Ilustración británica (y escocesa). El ex presidente Bill Clinton aportó ilustraciones de su pensamiento sobre asuntos de política económica; el ex asesor de la Casa Blanca Gene Sperling ayudó a completar mi comprensión de los años de Clinton.

Un agradecimiento especial a Bob Rubin, ex secretario del Tesoro, que fue muy generoso con sus recuerdos de los acontecimientos que compartimos. Su adjunto y con el tiempo sucesor, Larry Summers, contribuyó a nuestra comprensión conjunta de la complejidad evolutiva de la globalización durante la presidencia de Clinton y desde entonces.

Bob Woodward proporcionó transcripciones de las extensas entrevistas que me había hecho durante mi presidencia de la Fed, un gesto que demostró no sólo generosidad sino también simpatía con un autor novel. El excelente The Commanding Heights, de Daniel Yergin (con Joseph Stanislaw de coautor) me refrescó la memoria a propósito de muchos acontecimientos en los que había participado o había presenciado. Michael Beschloss se leyó el manuscrito entero en borrador; sus atentas aportaciones y diestras sugerencias editoriales me hicieron apreciar por qué sus libros son tan buenos.

La comprobación de datos y la investigación fueron el dominio de Joan Levinstein y Jane Cavolina, con contribuciones de Lisa Bergson y Vicky Sufian; Mia Diehl orquestó de forma experta nuestra investigación fotográfica.

Este proyecto no habría llegado a ninguna parte sin Katie Byers, Lisa Panasiti y Maddy Estrada, mis sumamente organizadas y pacientes ayudantes. Me maravilló la rápida e impecable transcripción que hizo Katie de mi apenas descifrable prosa manuscrita, a menudo emborronada por el agua. Este libro cobró existencia varias veces bajo sus dedos.

No podría haber escogido un mejor editor para este libro que Scott Moyers, de The Penguin Press. Es un mago de la organización y está notablemente versado sobre una amplia gama de temas. A lo largo de muchos meses de escritura, Scott ha sido fuente de ánimo, buen juicio, reflexión y pericia; por el mismo precio, es hijo de ex empleados de la Reserva Federal. La capaz asistente de Scott, Laura Stickney, se las ingenió para mantener a las variopintas filas del equipo del libro concentradas en nuestra meta común, una tarea nada fácil. La presidenta y propietaria de The Penguin Press, Ann Godoff, apoyó el proyecto con maravilloso entusiasmo. El equipo de producción -Bruce Giffords, Darren Haggar, Adam Goldberger y Amanda Dewey- pastoreó este libro hasta la imprenta con habilidad y paciencia.

Mi guía constante en el misterioso reino de la escritura y publicación de libros ha sido Bob Barnett. Como puede decirse de muchos libros centrados en Washington, la presente obra no habría existido con la misma facilidad sin su ayuda.

Peter Petre ha sido mi colaborador en la redacción. Me enseñó el venerable arte de narrar en primera persona. Yo siempre me había considerado un observador de los acontecimientos, nunca una parte de ellos. La transición fue difícil y Peter se mostró paciente. Él ha sido mi ventana al lector, con el que ha tenido una enorme experiencia como redactor y editor de Fortune durante dos décadas. Dedicó una especial atención a que las secciones autobiográficas cobraran vida.

Muy pocos escritores primerizos pueden jactarse de haber tenido una musa que es una periodista bella y brillante a la par que una escritora de mérito. Yo sí. Andrea Mitchell, mi mujer, es mi aliada número uno y mejor amiga. En este proyecto ha sido mi sagaz consejera y más exigente lectora, y sus sugerencias han ayudado a dar forma a este libro. Es, y siempre será, mi inspiración.

Sin embargo, la lectura y el borrador finales fueron míos. Hay errores en este libro. No sé dónde están. Si lo supiera, no estarían ahí. No obstante, con cerca de doscientas mil palabras, mi mentalidad probabilística me dice que algunas están erradas. Mis disculpas por adelantado.

Nota sobre las fuentes

Los comentarios sobre economía y política económica de La era de las turbulencias se basan en datos extraídos casi por completo de fuentes a disposición del público: páginas web y publicaciones de organismos estadísticos gubernamentales, grupos industriales y asociaciones profesionales. Entre las fuentes gubernamentales estadounidenses se cuentan la Oficina de Análisis Económico y la Oficina del Censo, ambas del Departamento de Comercio; la Oficina de Estadísticas Laborales y otras unidades del Departamento de Trabajo; la Oficina Presupuestaria del Congreso; la Oficina de Gestión y Presupuesto; la Oficina del Controlador de la Moneda; la Administración de la Seguridad Social; la Corporación Federal de Aseguramiento de Depósitos; la Oficina de Supervisión Federal de la Empresa de la Vivienda; y, por supuesto, la Junta de Consejeros de la Reserva Federal. Las fuentes internacionales incluyen al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Pagos Internacionales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y los organismos estadísticos de otros gobiernos, como la Oficina Nacional de Estadística china y la Oficina Federal de Estadística de Alemania, además de bancos centrales.

Los profesionales de docenas de organizaciones, asociaciones y empresas me ayudaron con sus respuestas a mis peticiones de información y datos: la Asociación del Aluminio, el Instituto Estadounidense del Hierro y el Acero, el American Presidency Project, la Asociación Americana de Tratamiento del Agua, la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses, el Instituto de Fabricantes de Latas, el Centro para el Estudio del Electorado Estadounidense, la Junta de la Conferencia, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Exxon Mobil Corporation, el Instituto de Comercialización de Alimentos, el instituto de secundaria George Washington, Global Insight, la Fundación Heritage, JPMorgan Chase, la Juilliard School, la Oficina Nacional de Investigación Económica, el Consejo Nacional del Algodón de Estados Unidos, la Escuela de Ciencias Empresariales Leonard N. Stern de la Universidad de Nueva York, la Asociación de la Industria de Valores y los Mercados Financieros, Standard amp; Poor’s, la Oficina Histórica del Senado de Estados Unidos, la Biblioteca del Senado de Estados Unidos, Watson, Wyatt and Wilshire Associates. Las páginas web de CNET, Gary S. Swindell, Intel, Wired y WTRG Economics también resultaron de utilidad.

Las secciones autobiográficas beben de una amplia variedad de fuentes, tanto contemporáneas como históricas, publicadas e inéditas, además de conversaciones con conocidos y amigos cuyos nombres pueden encontrarse en los agradecimientos.

Los historiadores orales Erwin C. Hargrove y Samuel A. Morley me entrevistaron largo y tendido en 1978 acerca de mis primeros años de servicio público como presidente del Consejo de Asesores Económicos; al escribir el capítulo 3 («La economía se cruza con la política»), utilicé la trascripción inédita de esa entrevista, además de la versión editada que apareció en su libro. También me basé en mis notas para discursos y reuniones durante mis décadas de consultor privado, y en artículos y ensayos que escribí para que se publicaran en aquella época. Mis guiones para el programa de la televisión pública Nightly Business Report, en el que aparecí de manera regular en la década de 1980, fueron otra fuente útil.

Los capítulos 3 y el 4 («Ciudadano particular») también se inspiran en las comparecencias ante el Congreso que di como presidente del CAE, además de mis intervenciones como presidente de la Comisión Nacional de la Reforma de la Seguridad Social. El desarrollo de mi pensamiento sobre política económica y pública puede seguirse en las transcripciones de los centenares de discursos y comparecencias ante el Congreso que realicé como presidente de la Junta de la Reserva Federal. Los discursos y comparecencias están disponibles en Internet a través de FRASER, el Sistema de Archivo de la Reserva Federal para la Investigación Económica (http://fraser.stlouisfed.org/historicaldocs), en la página web de la Reserva Federal (www.federalreserve.gov/newsevents.htm) y por medio de peticiones acogidas a la Ley de Libertad de Información de la Fed. A veces cito textualmente alguna deliberación dentro de la Fed; en esos casos me baso en las transcripciones de las juntas del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC), que están disponibles hasta el 2001 en la página web de la Reserva Federal. Todas las citas de sesiones del Congreso constan en las actas públicas, a las que puede accederse a través de la página web de la Oficina de Imprenta del Congreso (www.gpoaccess.gov/chearings/index.html), la Biblioteca del Congreso y otros cauces.

Durante mi mandato en la Reserva Federal, tomé por norma no aparecer en televisión y rara vez realicé entrevistas oficiales con periodistas; sin embargo, concedía con regularidad entrevistas off the record. Los capítulos del 5 al 11, que cubren mi carrera en la Fed, se basan en muchas sesiones a lo largo de los años con Bob Woodward, transcripciones de las cuales tuvo la generosidad de poner a mi disposición para este proyecto. Las transcripciones aportaron la base para Maestro, su libro sobre mí y la Fed. La narración en el capítulo 7 («La agenda de un demócrata») de mis conversaciones con Paul O’Neill durante su servicio como secretario del Tesoro contó con la ayuda de las crónicas de El precio de la lealtad, el libro en el que cooperó con el periodista Ron Suskind. De modo parecido, mis recuerdos de las reuniones y experiencias con Bob Rubin y Larry Summers en los capítulos 8, 9 y 10 se beneficiaron de las memorias del secretario Rubin, escritas con el periodista Jacob Weisberg, In an Uncertain World.

Mis reminiscencias del derrumbe de la planificación centralizada y el crecimiento de los mercados capitalistas globales (capítulo 6, «La caída del Muro», capítulo 19, «Globalización y regulación», y otros puntos del libro) se vieron mejorados por el fundamental The Commanding Heights de Daniel Yergin y Joseph Stanislaw; en la correspondiente página web (www.pbs.org/commanding heights) figuran entrevistas con líderes mundiales y economistas que en ocasiones aparecen citadas en estas páginas. La tierra es plana, de Tom Friedman, llenó muchos huecos en mi comprensión de los avances tecnológicos recientes.

Para este libro se realizaron entrevistas con Bill Clinton, Stephen Breyer, Bob Rubin, Martin Anderson, Gene Sperling, Paul David y otros. Esta crónica también se nutre de la obra de mis biógrafos. Y la narrativa está influenciada en todo momento, además de inspirada, por las memorias de mi mujer, Andrea Mitchell, Talking Back… to Presidents, Dictators, and Assorted Scoundrels.

Me he afanado por minimizar los inevitables errores de memoria extrayendo citas, datos y detalles descriptivos de documentos primarios, material informativo contemporáneo (en especial de The New York Times, The Financial Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, la BBC, The Economist, Newsweek y Time), obras de referencia estándar y servicios de archivo y datos de mercado. La era de las turbulencias deriva de seis décadas de conocimiento acumulado; citar todas mis fuentes, si pudiera recordarlas, requeriría probablemente tantas páginas como el libro entero. Lo que sigue es una bibliografía selecta de libros y artículos.

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13/11/2009