La encomienda ha sido definida como la institución que sirvió para vertebrar los iniciales pasos de la colonización española en el Nuevo Mundo, primero en las Antillas, y después traspasada al continente americano. Esta obra tiene por objeto el análisis e interpretación del proceso de la encomienda indiana durante los tres siglos de la dominación de España en América.

Diversos factores intervinieron en ese proceso: los de orden teórico, los propiamente institucionales contenidos en las leyes de la Corona principalmente, y los de carácter práctico. Para comprender la paulatina transformación de la encomienda es preciso tener en cuenta todos esos elementos, porque precisamente del contraste de los imperativos teóricos con las necesidades prácticas nació la estructura legal de la institución.

Silvio Zavala

La encomienda indiana

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Titivillus 05.12.2021

Título original: La encomienda indiana

Silvio Zavala, 1935

Editor digital: Titivillus

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INTRODUCCIÓN

Esta obra tiene por objeto el análisis e interpretación del proceso de la encomienda indiana durante los tres siglos de la dominación de España en América.

Diversos factores intervinieron en ese proceso: los de orden teórico (opiniones de teólogos y juristas, de ministros, religiosos, etc.), los propiamente institucionales contenidos en las leyes de la Corona principalmente, y los de carácter práctico (condiciones históricas y económicas con arreglo a las cuales se desarrolló en América la relación efectiva entre los colonos españoles y los indios). Para comprender la paulatina transformación de la encomienda, es preciso tener en cuenta todos esos elementos, porque precisamente del contraste de los imperativos teóricos con las necesidades prácticas nació la estructura legal de la institución.

Sigo en el trabajo el orden del proceso histórico de las encomiendas. Comienzo por esta razón con el estudio del periodo antillano, para seguir con la propagación al Continente y las luchas habidas entre los defensores y contradictores de la institución, hasta que la Corona la aceptó definitivamente en sus leyes. Después dedico atención especial al esfuerzo del Estado para someter las encomiendas a un régimen de orden y vigilancia; con auxilio de la doctrina de los juristas, legislación, documentos y estadística, examino el sistema jurídico que se crea. Finalmente, expongo la supresión de las encomiendas en el siglo XVIII.

Las fuentes para el estudio no son escasas; existen obras antiguas y modernas valiosas, y cartas, cédulas, informes, pareceres, etc., algunos publicados, otros inéditos, que ofrecen los fundamentos suficientes para caracterizar las diversas etapas del proceso y descubrir sus líneas generales.

CAPÍTULO I

EL PERÍODO ANTILLANO

La encomienda, al igual que otras instituciones indianas, nació en las Antillas. Las dificultades teóricas y los perfiles jurídicos de la institución comenzaron a señalarse en esta primera etapa, y la experiencia adquirida influyó en el desarrollo posterior de la encomienda en el Continente.

En la época de Cristóbal Colón ocurren en la Isla Española dos hechos importantes para nuestro estudio: el Almirante (años de 1495-96) impuso a los vecinos mayores de catorce años de edad de las provincias de Cibao y de la Vega Real y a todos los que vivían cerca de las minas un tributo para el rey, consistente en cierta cantidad de oro cada tres meses; los indios no vecinos de las minas debían entregar una arroba de algodón por persona[1]. El segundo hecho consistió (1497-99) en la imposición a los indios de servicios agrícolas y mineros en favor de los españoles[2]. Esta medida se debió a la exigencia de los vecinos europeos que poblaban la Isla, que se hallaban desprovistos de auxilios económicos: recuérdese la rebelión de Roldán.

Gobernaba Bobadilla en la Española cuando el servicio de los indios en las labores mineras fue gravado por la Corona con un impuesto de un peso por cada once de rendimiento a cargo del español beneficiario del trabajo de los indios repartidos[3]. Además de esta participación fiscal, el rey tuvo indios de repartimiento en sus granjas y minas, a modo de un encomendero mayor[4].

Según los datos anteriores resulta, que el repartimiento de indios en favor de los colonos españoles nació en las Antillas casi al mismo tiempo, pero con independencia del tributo del rey. Su finalidad era llenar las necesidades de mano de obra de las empresas agrícolas y mineras de los colonos y de la Corona. Jurídicamente se caracterizaba por ser un sistema de trabajo forzoso, sin contrato de salariado. Además de los indios repartidos y sin confundirse con ellos, prestaban sus servicios en los trabajos de la Isla, los indios legalmente considerados esclavos por guerra u otra causa de derecho.

Durante el gobierno de Nicolás de Ovando en la Española los primeros hechos referidos adquirieron carácter legal. Sobre los tributos del rey disponía la instrucción dada a Ovando en Granada el 16 de septiembre de 1501:

«porque nuestra merced e voluntad es, que los indios Nos paguen nuestros tributos e derechos que Nos han de pagar como Nos los pagan nuestros súbditos vecinos de nuestros reinos e señoríos; pero porque la forma como acá se pagan e cobran, a ellos según la calidad de la tierra; hablaréis de nuestra parte con los caciques e con las otras personas particulares e los indios que viéredes son menester, e de su voluntad concordaréis con ellos lo que Nos hayan de pagar cada uno, cada año, de tributos; e dichos de manera que ellos conozcan que no se les hace injusticia; item, porque acá no se puede saber la forma que se ha de tener en el cobrar o recaudar nuestros diezmos e primicias e tributos e derechos, daréis orden como nuestro Contador que allá va, cómo todo se haga como convenga a utilidad e provecho de nuestras rentas».[5]

En las instrucciones complementarias de Zaragoza para el mismo Ovando, de fecha 20 de marzo de 1503, los Reyes hablaban de la reducción de los indios a pueblos regidos por un administrador español y un capellán; el administrador debía ser persona conocida que tuviera el lugar a nombre del rey, mantuviera a los vecinos en justicia, defendiera sus personas y sus bienes y vigilara que los indios sirvieran en las cosas cumplideras al servicio Real. El capellán debía enseñar a los naturales a pagar el diezmo a la Iglesia y al rey: «los tributos que de derecho debieren como vasallos»[6]. Los Reyes pedían a Ovando informes sobre los servicios personales de los indios, a fin de determinar la mejor manera de utilizarlos en provecho propio y de los particulares: que viera si convenía que el rey diera de comer a los indios de servicio o que les pagara sueldo, por días o a otro plazo mayor; si debían enviarse los indios a las minas por cuenta de la Corona, o era mejor que trabajaran libremente, acudiendo al rey con una parte de lo que cogieran. Sobre los repartimientos en favor de españoles particulares había la siguiente cláusula: «hemos sido informado que para haber más provecho del dicho oro [de la Isla], convenía que los cristianos se sirviesen en esto de los mismos indios; mandamos al gobernador y oficiales vean la forma que se deba tener en lo susodicho, pero los indios no sean maltratados como hasta ahora, e sean pagados de sus jornales, e esto se haga por su voluntad, y no de otra manera».

Nótese que persistían los tributos en favor del rey, comenzaba la idea de las reducciones de indios como primer esbozo de la administración por medio de corregimientos implantada más tarde en el Continente, y en cuanto a los servicios, parecía percibir ya la Corona la diferencia entre los que eran a su favor (que podían quedar amparados en la idea de tributo), y los que beneficiaban a colonos particulares, que en la instrucción acabada de citar quedaban como contratos corrientes de trabajo pactados voluntariamente y con pago de salarios.

El 20 de diciembre de 1503, recibidos los informes de Ovando, Isabel la Católica dictó en Medina del Campo una cédula que consagró legalmente los repartimientos de indios, aceptando, contra lo mandado en la instrucción anterior de marzo, el trabajo forzoso de los indígenas, aunque se les debía pagar salario por ser hombres libres, como se había declarado desde los primeros años de la colonización[7]. La cédula de Medina del Campo explicaba, que habiéndose declarado la absoluta libertad de los indios conforme a las primeras instrucciones dadas a Ovando, huían de la comunicación de los cristianos y no querían trabajar ni con paga y que tampoco se les podía doctrinar; que además, faltando a los cristianos de la Española quien les trabajara en sus labranzas y en coger el oro, no podían sostenerse. Por estos motivos se mandó al gobernador:

«en adelante, compeláis e apremiéis a los dichos indios, que traten e conversen con los cristianos de la dicha Isla, e trabajen en sus edificios, e coger e sacar oro e otros metales, e en facer granjerías e mantenimientos para los cristianos vecinos e moradores de la dicha Isla; e fagáis pagar a cada uno el día que trabajare, el jornal e mantenimiento que según la calidad de la tierra e de la persona e del oficio, vos pareciere… Cada cacique acuda con el número de indios que vos le señaláredes a la persona o personas que vos nombráredes, para que trabajen en lo que las tales personas le mandaren, pagándoles el jornal que por vos fuere tasado; lo cual fagan e cumplan como personas libres, como lo son, e no como siervos; e faced que sean bien tratados los dichos indios»[8].

En consecuencia, se aceptaba el principio de la compulsión estatal para el trabajo del indígena, en sustitución del régimen contractual del libre salariado; el trabajo quedaba bajo la vigilancia oficial, y la retribución del jornalero era tasada por el Estado, no por acuerdo libre entre patronos y trabajadores.

Durante el gobierno de don Diego Colón en la Española continuó la legislación sobre los repartimientos. Fernando el Católico, en su instrucción de 3 de mayo de 1509, confirmó la cédula anterior de Medina del Campo y mandó a don Diego Colón que no mudara el repartimiento hecho por Ovando hasta que Gil González Dávila, contino de la Casa Real, rindiera al rey un informe[9]. Pocos meses después, el 14 de agosto de 1509, el Rey Católico, en Valladolid, expidió carta-poder al Almirante para efectuar un nuevo repartimiento de los indios, prescribiéndole la forma. Se le decía que desde el descubrimiento se había acostumbrado repartir a los pobladores, «los indios que al gobernador que hasta aquí ha sido, ha parecido, para que las tales personas a quien así se encomendaren, se sirviesen dellos en cierta forma e manera». A fin de guardar la igualdad en el repartimiento nuevo, don Diego debía observar la siguiente proporción: a los oficiales y alcaides de provisión Real, darles a cien indios; al caballero que llevara su mujer, ochenta; al escudero con mujer, sesenta; al labrador casado, treinta: «tales personas a quien así diéredes los dichos indios, los tengan e se sirvan dellos, los instruyan e informen en las cosas de la fe, no les pueden ser quitados ni embargados sino por delitos que merezcan perder los bienes, e en tal caso confiscados para la nuestra Cámara; paguen cada año a la Cámara, por cada cabeza de indio, un peso de oro»[10].

En la última fecha citada se dictó otra cédula para don Diego Colón, que, aparte su interés para la historia de la esclavitud en las Antillas —porque autorizó la importación de indios de las islas cercanas para los trabajos de la Española, lo que dio lugar a numerosas expediciones de salteo—, dispuso en cuanto a los repartimientos: «aquellos [españoles] a quien se dieren [los indios], no los han de [gozar] por vida, sino por dos años, o tres no más, e pasado aquello para otros, e ansí unos tras otro; e ansí les heis de señalar como por naborias, e non como esclavos, porque a Nos parece que señalar los dichos indios de por vida es cargoso de conciencia, e esto non se ha de facer»[11].

Adviértase la insistencia en el principio de la libertad legal del indio repartido, para diferenciarlo jurídicamente del indio esclavo —éste podía ser vendido por el amo y carecía del derecho de tener peculio—; pero la distinción no dejaba de ser hasta cierto punto formal, porque unos y otros indios se consumían en los mismos trabajos.

El 12 de noviembre de 1509 dictó el Rey Católico una sobre-carta a don Diego Colón sobre el repartimiento de los indios, explicándole que los cambios continuos de amos, conforme a la disposición anterior, retardaban las labores de las minas, con perjuicio de los colonos y de la Corona: «por ende yo vos mando, que si los mesmos [españoles] que agora tienen los indios, les quisiesen tornar a tener, por cuanto fuese nuestra voluntad, pagando un castellano por cada cabeza, e con las condiciones que agora los tienen, se los dejéis y consintáis tener, sin se los mudar». Que si había personas meritorias sin indios, se les dieran de los nuevos traídos de las islas comarcanas, pagando también el castellano por cabeza[12].

No explicaba Fernando el Católico la suerte del anterior principio de libertad que había motivado su decisión de renovar las encomiendas cada dos o tres años. Quizá pensaba ahora que era igual que distintos amos utilizaran los indios, o que uno solo fuera el beneficiario, siempre que éste cumpliera la formalidad de renovar la cédula del repartimiento cada cierto tiempo. El rey no parecía estimar infringido el principio de libertad en tanto que las cédulas no especificaran de modo expreso que el indio quedaba en manos del español por toda la vida. En realidad, se empezaba a percibir la dificultad de compaginar la encomienda —entendida como compulsión para el trabajo— con la libertad, teórica y legalmente concedida a los indios[13].

El rey escribió a Miguel de Pasamonte, tesorero general de las Indias, que cuidara del cumplimiento de las disposiciones enviadas al Almirante sobre los repartimientos[14]. En beneficio de los colonos concedió la Corona que durante el primer año de tener éstos los indios repartidos no pagaran el impuesto[15]. El 23 de febrero de 1512 fue señalado un límite de trescientos indios, del cual no debían exceder los repartimientos[16].

La distribución efectuada por don Diego Colón suscitó las protestas habituales[17]. Era tiempo de banderías en la Isla y Miguel de Pasamonte dirigía a los enemigos del Almirante.

El 15 de julio de 1514 llegaron a la Española Pedro Ibáñez de Ibarra y Rodrigo de Alburquerque, enviados por el rey para efectuar un nuevo repartimiento general de los indios. Por muerte del primero actuó con Alburquerque el tesorero Miguel de Pasamonte. En el repartimiento se observó el procedimiento siguiente[18]; los repartidores, después de presentar sus despachos en el Cabildo de la ciudad de Santo Domingo, pregonaron la revocación de las mercedes anteriores de indios, y ordenaron que todos los españoles manifestaran los que tenían; visitadores especiales recorrieron los lugares de la Isla, a fin de efectuar el recuento de los indios y conocer su edad, sexo, etc. Los Cabildos de los pueblos de españoles proporcionaron la lista de los vecinos y moradores españoles. Con estos datos, el 15 de noviembre de 1514, en la ciudad de la Concepción, se procedió al reparto con intervención de los procuradores de las villas, quienes presentaron sus poderes y pidieron las encomiendas, alegando el servicio del rey y la utilidad de la Isla. Alburquerque y Pasamonte manifestaron estar dispuestos a poner en obra el repartimiento, conforme a sus instrucciones, repartiendo a cada vecino lo que mereciera. Los procuradores debían asistir al reparto, decir los nombres de los españoles que maltrataban a los indios y opinar sobre la cantidad que les correspondía, de acuerdo con sus personas y manera en que habían servido al rey.

Se concedieron 1430 indios al rey; a don Juan de Fonseca, que dirigía los negocios de Indias en España, 244; a Lope de Conchillos, secretario influyente, 264; a Hernando de la Vega, 745; a doña María de Toledo, 428; a Diego Colón, hermano del primer Almirante, 250; a Fernando Colón, hijo bastardo de don Cristóbal, 266; a Miguel de Pasamonte, tesorero, 251; al chambelán Juan Cabrero, 424; a Almansa, secretario del rey, 238; a Lucas Vázquez de Aillón, 440; al repartidor Rodrigo de Alburquerque, 270. En total comprendió el repartimiento 32000 indios. Los de servicio, es decir, que no eran niños ni viejos, fueron 22.344.

En cuanto al carácter legal de estas encomiendas, del acta sólo resulta, tomando un ejemplo cualquiera, que: «a Alonso de Porras, vecino e visitador, se le encomendó el cacique Salamanca de Macorix, con 59 personas de servicio, 29 hombres y 23 mujeres. Encomendósele más en el dicho cacique 7 viejos que no son de servicio. Encomendósele más en el dicho cacique 12 niños que no son de servicio».

Según LAS CASAS, a quien sigue ANTONIO DE HERRERA, las cédulas fueron en la siguiente forma:

«Yo, Rodrigo de Alburquerque, repartidor de los caciques e indios en esta Isla Española por el Rey y la Reina, nuestros señores: por virtud de los poderes Reales que de Sus Altezas he y tengo para hacer el repartimiento y encomendar los dichos caciques e indios y naborias de casa a los vecinos y moradores de esta dicha isla, con acuerdo y parecer, como lo mandan Sus Altezas, de Miguel de Pasamonte, tesorero general de estas Islas y Tierra Firme por Sus Altezas; por la presente encomiendo a vos fulano, vecino de la villa de…, al cacique Andrés Guaibona con un nitaino suyo, que se dice, Juan Banona, con 38 personas de servicio, hombres 22, mujeres 16. Encomendándosele en el dicho cacique 7 viejos que no son de servicio y 5 niños que no son de servicio. Encomendándosele asimismo 2 naborias de casa, los nombres de los cuales están declarados en el libro de la visitación y manifestación que se hizo en la dicha villa ante los visitadores y alcaldes della; los cuales vos encomiendo para que os sirváis dellos en vuestras haciendas y minas y granjerías, según y como Sus Altezas lo mandan conforme a sus Ordenanzas, guardándolas en todo y por todo… Vos los encomiendo por vuestra vida y por la vida de un heredero hijo o hija, si lo tuviereis; porque de otra manera Sus Altezas no vos los encomiendan; con apercibimiento que vos hago que no guardando las dichas Ordenanzas, vos serán quitados los dichos indios, y el cargo de la conciencia del tiempo que los tuviéredes y vos sirviéredes de ellos vaya sobre vuestra conciencia y no sobre la de Sus Altezas, demás de las penas dichas y declaradas en las dichas Ordenanzas. Ciudad de la Concepción a 7 de diciembre de 1514»[19].

Es importante la cita de LAS CASAS, porque según ella, desde el año de 1514 existían repartimientos por dos vidas y es probable su exactitud (a pesar de que en 1630 la contradecía ANTONIO DE LEÓN en su Tratado de Confirmaciones Reales, cap. I), porque más tarde veremos que los colonos de la Española hicieron valer ante los padres jerónimos que gobernaban en 1517, el derecho vitalicio y hereditario sobre los repartimientos, concedido por el rey. Cierto que el acta de Alburquerque no menciona la entrega por dos vidas, pero no es argumento concluyente contra el texto de LAS CASAS, porque se trataba del acta general del repartimiento y no de las cédulas especiales que se entregaban a cada encomendero. El acta menciona además unas instrucciones dadas por el rey a los repartidores para regir la distribución, que son desconocidas.

Por dos vidas, o por entrega temporal de los indios, este repartimiento, por su solemnidad y alcance, demuestra el grado de adelanto y de fijeza que habían adquirido las encomiendas. Eran la base de la economía antillana, y por eso LAS CASAS decía que el oficio de repartidor era: «lo que se ha estimado y temido por los españoles en estas Indias»[20].

Después de Alburquerque fueron repartidores en la Española el lic. Ibarra, el lic. Cristóbal Lebrón (1515) y el provincial franciscano fray Pedro Mejía[21].

Los repartimientos se extendieron por toda la zona de influencia de la Isla Española. Pasaron a la Isla de San Juan con Ponce de León el año de 1510[22]; a Jamaica con Juan de Esquivel el mismo año[23]; a Cuba con Diego Velázquez, a quien se expidió nombramiento oficial de repartidor en Valladolid el 8 de mayo de 1513[24].

También hubo repartimientos en el Darién. El rey Fernando había ordenado a Pedrarias Dávila en su instrucción de 4 de agosto de 1513[25] que cuidara de aplicar las Ordenanzas (las de Burgos de 1512, que después mencionaremos) en favor de los indios y que hiciera todo lo que de nuevo viera que convenía a la salud y conversión de los naturales, teniendo presente que los indios de Tierra Firme eran poco afectos al trabajo y que por encontrarse en la zona continental podían huir de los amos mejor que los indios de las Islas; «por eso parece muy dudoso y dificultoso que los indios se puedan encomendar a los cristianos a la manera que los tienen en la Española, y a esta causa parece que sería mejor que por vía de paz e de concierto, aliviándolos lo más que ser pudiese del trabajo [se hiciera] en esta manera: que los que quisieren estar en la paz y concierto de los cristianos y a la obediencia de vasallos, diesen y nos sirviesen con cierto número de personas y que no fuesen todos, sino una parte dellos, como tercio o cuarto o quinto de los que hubiere en el pueblo, o de los que tuviere el cacique principal, si allá están debajo de caciques como están en la Isla Española, y que éstos anden un mes o dos y que se remuden y se vayan a holgar y vengan otros tantos por otros dos meses, o el tiempo que allí os pareciere que serían mejor las remudas». Que los naturales de Tierra Firme sirvieran primero en sacar oro de los ríos, y cuando se acostumbraran a este trabajo, se les pusiera a cavar en las minas, «porque ya estarán más habituados a servir». Que si ni por vía de encomienda ni de concierto se lograba que sirvieran, «parece otra tercera cosa, que sería que cada pueblo según la gente que en él hubiera, o cada cacique, según la gente que tuviere cada uno, dé tantos pesos de oro cada mes, o cada luna, como ellos lo cuentan y que dando esto serán seguros que no se les hará mal ni daño y tengan en sus pueblos señales que sean para conocer que son pueblos que están a nuestra obediencia y también traigan en sus personas señales como sean conocidos, como son nuestros vasallos, porque no les haga mal nuestra gente, pagando su tributo como con ellos fuere asentado y esto mirad que se asiente de manera que sea provechoso, y porque aquí no se puede señalar bien la cantidad, hacedlo lo más provechoso que os pareciere que se puede bien facer».

Pedradas implantó los repartimientos al estilo de los de las Islas; el cronista OVIEDO los censuró por desiguales y arbitrarios[26].

Nótese el florecimiento de la institución, a causa de su utilidad para los colonos y la Corona. Mediante los indios repartidos prosperaban las labranzas, ganaderías, casas y minas de los españoles. El rey cobraba impuestos, tenía a su vez indios propios, y con repartimientos pagaba los sueldos de los principales jueces y oficiales de las Indias y aun favorecía a personajes de España.

Los excesos de los colonos particulares, de los mayordomos que nombraban los ausentes que tenían indios, y de los administradores de los repartimientos de la Corona, originaron la protesta de los religiosos dominicos de la Isla Española.

El año de 1511 fray Antonio Montesinos predicó contra los encomenderos, afirmando que tenían perdidas las conciencias por su crueldad y avaricia[27]. El discurso de Montesinos se fundaba en un principio humanitario y en el concepto filosófico cristiano sobre la naturaleza humana del indio, su condición de prójimo y su derecho a la libertad, por lo cual su prédica no iba sólo contra los abusos de los particulares, sino contra la institución autorizada por la Corona.

Las autoridades de España y de la Isla reaccionaron contra el predicador y contra los demás dominicos que dirigidos por fray Pedro de Córdoba se solidarizaron con Montesinos, negando la absolución a los encomenderos hasta que pusieran en libertad a los indios.

El rey Fernando escribía a don Diego Colón el 20 de marzo de 1512:

«Vi el sermón que decís que hizo un fraile dominico que se llama fray Antón Montesinos, e aunque él siempre hubo de predicar escandalosamente, me ha mucho maravillado en gran manera de decir lo que dijo, porque para decirlo, ningún buen fundamento de Teología ni Cánones ni Leyes tendría, según dicen todos los letrados, e yo así lo creo, porque cuando yo e la señora reina mi mujer que gloria haya, dimos una carta para que los indios sirviesen a los cristianos como agora les sirven, mandamos juntar para ello todos los del nuestro consejo e muchos otros letrados teólogos e canonistas, e vista la gracia e donación que nuestro muy santo padre Alejandro sexto nos hizo de todas las Islas e Tierra firme descubiertas e por descubrir en estas partes, cuyo traslado autorizado irá con la presente, e las otras causas escritas en derecho e conforme a razón para ello habrá, acordaron en presencia e con parecer del arzobispo de Sevilla que agora es, que se debían de dar e que era conforme a derecho humano y divino; pues por la razón que los legos pueden alcanzar, e vosotros vedes cuán necesario es que esté ordenado como está en cuanto a la servidumbre que los indios facen a los cristianos; mucho más me ha maravillado de los que no quisieron absolver a los que se fueron a confesar sin que primero pusiesen los indios en su libertad, habiéndoseles dado por mi mandado, que si algún cargo de conciencia para ello podía haber —lo que no hay— era para mí e para los que Nos aconsejaron, que se ordenase lo que está ordenado, e no de los que tienen los indios; e por cierto que fuera razón que usáredes así con el que predicó, como con los que no quisieron absolver, de algún rigor porque un yerro fué muy grande».[28]

Fray Alfonso de Loaysa, provincial dominico en España, escribió otra reprensión a los frailes de su Orden, en la Española, diciéndoles que se había pensado expulsarlos de la Isla y que moderaran sus prédicas; que sus proposiciones no eran razonables, porque: «estas Islas las ha adquirido Su Alteza Jure Belli, y Su Santidad ha hecho al rey nuestro señor donación dellas, por lo cual ha lugar y razón alguna de servidumbre; pero dado caso que no fuese, aun así no hubierais de predicar ni publicar tal doctrina sin consultarla primero acá con los del Consejo de Su Alteza y Consejo del gobierno suyo que allá tiene, y con acuerdo de todos decir aquello que más pacífico y provechoso fuese a todos, pues al fruto de la predicación se requiere ganar y tener las voluntades de todos… Vos mando que ninguno sea osado predicar más en esta materia, y pues tantos prelados de letras y conciencia y también nuestro muy Santo Padre lo permiten, paréceme que debéis submittere intellectum vestrum. Con el mayor y más principal. Si alguno tiene escrúpulo de no poder hacer otra cosa, véngase, que, en su lugar yo proveeré de otro, porque no os traigan a todos so la misma pena; no hablen en la materia a los que confesáredes»[29].

La protesta de los dominicos de América no cejó, y fray Antonio Montesinos fue designado para defender en España sus razones. El franciscano fray Antonio del Espinal debía sostener el punto de vista de los colonos. El debate se promovió en la Corte; Montesinos presentó un memorial fundado principalmente en la cita de Ezequiel, cap. XXXIV, que había leído en SANTO TOMÁS: «Vae pastoribus Israel qui pascebant semet ipsos».

Para determinar el caso surgido se reunió la Junta de Burgos el año de 1512, compuesta por el obispo de Palencia, el licenciado Santiago, el doctor Palacios Rubios, el lic. Sosa, fray Tomas Durán, fray Pedro de Covarrubias, fray Matías de Paz y el lic. Gregorio.

Sus conclusiones fueron las siguientes:

«Muy poderoso señor: V. Alteza nos mandó que entendiésemos en ver las cosas de Indias, sobre ciertas informaciones que cerca dello a V. A. se habían dado por ciertos religiosos que habían estado en aquellas partes, así de los dominicos como de los franciscos, y vistas aquéllas y oído todo lo que nos quisieron decir, y aun habida más información de algunas personas que habían estado en las dichas Indias y sabían la disposición de la tierra y la capacidad de las personas, lo que nos parece a los que aquí firmamos, es lo siguiente: Lo primero, que pues los indios son libres y V. A. y la reina, nuestra señora que haya santa gloria, los mandaron tratar como a libres, que así se haga. Lo segundo, que sean instruidos en la fe, como el Papa lo manda en su bula y vuestras altezas lo mandaron por su Carta, y sobre esto debe V. A. mandar que se ponga toda la diligencia que fuere necesaria. Lo tercero, que V. A. les puede mandar que trabajen, pero que el trabajo sea de tal manera que no sea impedimento a la instrucción de la fe, y sea provechoso a ellos y a la república, y V. A. sea aprovechado y servido por razón del señorío y servicio que le es debido por mantenerlos en las cosas de nuestra santa fe, y en justicia. Lo cuarto, que este trabajo sea tal que ellos lo puedan sufrir, dándolos tiempo para recrearse, así en cada día como en todo el año, en tiempos convenibles. Lo quinto, que tengan casas y hacienda propia, la que pareciere a los que gobiernan y gobernaren de aquí adelante las Indias, y se les dé tiempo para que puedan labrar y conservar la dicha hacienda a su manera. Lo sexto, que se dé orden como siempre tengan comunicación con los pobladores que allá van, porque con esta comunicación serán mejor y más presto instruidos en las cosas de nuestra santa fe católica. Lo séptimo, que por su trabajo se les dé salario conveniente, y esto no en dinero, sino en vestidos y en otras cosas para sus casas»[30].

Adviértase que según las conclusiones de esta Junta se mantenía el antiguo principio de la libertad general de los indios (conclusión I), pero esto no obstaba para que se admitieran los trabajos por el sistema de la compulsión estatal, fundado en la idea del vasallaje (conclusión III); en la conclusión IV se advierte el propósito de suavizar las condiciones del servicio de los indios; se reconocía su capacidad para ser cristianos (conclusión II), pero el argumento de la fe servía también para establecer el contacto obligatorio con los españoles (conclusión VI); la conclusión V era una consecuencia natural del principio de la libertad de los indios, pues no siendo esclavos en derecho podían tener bienes; la misma razón fundaba la conclusión VI.

Sobre estas bases se redactaron las Leyes de Burgos de 27 de diciembre de 1512, que mantuvieron las encomiendas pero trataron de establecer con mayor rigor el control del Estado en la relación de trabajo entre españoles e indios.

Alegando el fin de la conversión y el mejor cuidado temporal de los indios, las Leyes dispusieron que éstos fueran trasladados a lugares cercanos a los pueblos de españoles. Los encomenderos, por cada cincuenta indios que tuvieran de repartimiento, debían construir cuatro bohíos o casas de paja en los nuevos asientos, de treinta pies de largo y quince de ancho, y proporcionar cinco mil montones: tres mil de yuca y dos mil de ajes, más doscientos cincuenta pies de axi y media hanega de maíz y una docena de gallinas y un gallo. Debía el encomendero mandar construir una casa de paja que sirviera de iglesia al nuevo pueblo, en la cual los indios rezarían al anochecer y por las mañanas. El trabajo de los naturales debía durar cinco meses, y después tendrían cuarenta días de holganza, pero en este tiempo habían de recoger la cosecha de su pueblo. Durante estos cuarenta días los oficiales del rey fundían el oro recogido en los cinco meses de trabajo y cobraban el quinto Real. Pasado el plazo del descanso, volvían los indios a las minas por otros cinco meses. Sobre los alimentos que recibirían los indios empleados en las labranzas y en las minas, dispuso la ley: «todas las personas que tuvieren indios sean obligadas de les dar a los que estuvieren en las estancias, pan, y ajes e axi, abasto, e a lo menos, los domingos e Pascuas e fiestas les den sus ollas de carne… e a los indios que anduvieren en las minas les den pan e axi, todo lo que hubieren menester, y les den una libra de carne cada día, y el día que no fuere de carne, les den pescado o sardinas, o otras cosas con que sean bien mantenidos». Los encomenderos podían enviar a las minas hasta un tercio o más del total de los indios; si los repartimientos distaban mucho de las minas, podían utilizar a los naturales en tejer hamacas. También se permitió a los amos que vivían lejos de las minas que pudieran celebrar contratos de compañía o sociedad con otro español que ofreciera los alimentos de los indios durante el camino, a fin de partir después las ganancias. El jornal de los trabajadores debía ser de un peso de oro cada año para que tuviesen con qué comprar vestidos. Las mujeres preñadas de más de cuatro meses, no iban a las minas ni a labranzas, y servían en las estancias de los españoles en faenas, como hacer pan, guisar, desherbar, etc. En cada lugar o pueblo de españoles debía haber dos visitadores, que dos veces al año examinaran si las leyes eran guardadas y si los indios recibían agravios. Estos visitadores podían, a su vez, tener indios de repartimiento. A los caciques, antiguos señores de los indios, se les concedían para su servicio dos indios cuando tenían cuarenta bajo su jurisdicción; tres, si tenían setenta; cuatro, si tenían cien, y seis indios si tenían ciento cincuenta, de los cuales seis nunca podían exceder. Como los indios de cada cacique se distribuían entre diversos encomenderos, el cacique y sus servidores particulares seguían al español a quien correspondía el mayor número de los indios de la jurisdicción del cacique, pero el encomendero no debía emplear al cacique y a sus servidores en los trabajos ordinarios, sino en cosas ligeras. Las leyes prohibieron también los areitos o bailes de los indios[31].

En la época de las Leyes de Burgos llegó a la Corte fray Pedro de Córdoba, vicario de los dominicos de la Española, quien opuso ciertos reparos a aquéllas. El rey las envió de nuevo a su Consejo, en el que opinaron dos teólogos más: fray Tomás de Matienzo, confesor del rey, y fray Alonso de Bustillo, maestro en Teología. De las nuevas opiniones surgió la declaración de Valladolid de 28 de julio de 1513, que constaba de cuatro disposiciones: las mujeres indias casadas no debían ir a las minas sino por su voluntad, pero se les podía compeler para los trabajos de las haciendas de los españoles, a menos que estuvieran en estado de preñez; niños y niñas menores de catorce años no debían trabajar, salvo en oficios propios de su edad; las indias solteras trabajarían con sus padres; la duración del servicio en las minas sería de nueve meses, y los tres restantes podían emplearlos los indios en trabajar en sus haciendas, o en las de los españoles a jornal; había en la declaración este párrafo importante: «este servicio que a V. M. es debido por los dichos indios de la manera susodicha, V. A. puede hacer merced de ello a quien fuere servido, por vida o por el tiempo que V. M. fuere servido de hacer de ello merced»[32].

Se recordará que en 1509 ya se había presentado la duda sobre la duración lícita de las encomiendas, y que el principio de libertad hizo pensar al rey Fernando que no era posible repartir los indios por toda una vida. El dictamen de 1513 autorizaba lo que antes se había discutido.

La etapa de Burgos, en el terreno legal, no fue muy favorable para los indios. Según hemos visto, las encomiendas continuaron como antes con el carácter de servicios forzosos y sólo se obtuvo la limitación de jornadas, la vigilancia del pago de los salarios y mantenimientos, y otras medidas de protección para el trabajador indígena.

Pasando al terreno doctrinal hallamos, que la dificultad teórica de las encomiendas en 1512 continuaba siendo su incompatibilidad con la condición legal libre de los indios.

De acuerdo con la doctrina peripatética, predominante en los Consejos del rey, se interpretaba la encomienda como una forma intermedia de gobierno, entre el político o de gente libre y el heril o de los esclavos. El lic. Gregorio, por ejemplo, decía[33] que según Santo Tomas (Regimine Principum, lib. III, cap. XI), hay un gobierno político y otro despótico, y éste conviene, «donde por la malicia y bárbara disposición del pueblo, se pueden y deben gobernar como siervos». Que según Aristóteles (lib. I de Republica, tít. II, cap. II), es justa la gobernación dominical, «donde se hace en aquellos que naturalmente son siervos y bárbaros, como estos indios, que todos dicen son animales que hablan». Que Escoto, en el lib. IV, dist. 35, art. I, acepta que el príncipe que justamente es señor de alguna comunidad, «si conoce algunos así viciosos que la libertad les daña, justamente les puede poner en servidumbre». Este acercamiento de la encomienda a la teoría de la servidumbre natural del indio, que se encuentra en muchos autores desde 1512, no era ajeno a la situación histórica, pues hemos advertido que era semejante la situación del indio repartido a la del indio esclavo; pero los autores partidarios de las encomiendas no podían identificar éstas por completo con el gobierno heril o de esclavos, porque entonces violaban el principio ya aceptado por la Corona de la libertad general de los indios de América. Para resolver esta dificultad casi todos los autores recurrieron al gobierno medio entre el político y el heril. El lic. Gregorio decía que no habían de considerarse los indios como siervos sin derechos dominicales y que libremente se pudieran vender (las dos notas jurídicas características de la esclavitud legal), sino sólo disponer que sirviesen a los cristianos con «servidumbre cualificada», como era la encomienda, la cual era útil a los mismos indios, porque la total libertad les dañaba. Agregaba que, como los indios eran idólatras, se les podía castigar con ese modo de gobierno y también por sus pecados contra natura; que debiendo tributos al rey como vasallos y no teniendo sino sus personas, era justo que con ellas sirvieran, pero nombrándose visitadores para que fueran bien tratados. Refiere LAS CASAS[34] que el lic. Gregorio, en cierta ocasión, dijo a fray Antonio Montesinos: «yo os mostraré por vuestro SANTO TOMÁS, que los indios han de ser regidos in virga ferrea y entonces cesarán vuestras fantasías». En el parecer examinado se advierten con claridad dos notas importantes de la primitiva encomendación: dar al amo cierto gobierno o jurisdicción sobre el indio repartido, y afectar su persona con los servicios.

Fray Bernardo de Mesa, primer obispo electo de Cuba, que no llegó a tomar posesión, dictaminó en 1512 en pro de las encomiendas, sosteniendo con la misma base aristotélica: la servidumbre natural, el gobierno medio entre el libre y el servil, que los indios debían tributar al rey con sus personas, que eran su única riqueza, y que para evitar su ociosidad se les podía repartir a cristianos de buena conciencia y costumbres, «los cuales allende de los ocupar, les enseñen las cosas de la fe y de las otras virtudes». Que sólo se dieran encomiendas a personas calificadas y éstas quedaran obligadas a dar suficiente mantenimiento y trabajo moderado a los indios, todo lo cual se debía tasar, y que los indios tuvieran bienes como libres, a fin de que «sientan que no son siervos, sino libres debajo del yugo de Jesucristo nuestro Salvador»; pero no hacerlos libres del todo, porque no hay otra libertad verdadera sino aquella servidumbre que estorba el pecado, el cual verdaderamente nos hace siervos; añadía Mesa, que por eso se debía tener a los indios «en alguna manera de servidumbre, para mejor disponerlos y para constreñirlos a la perseverancia, y esto es conforme a la bondad de Dios». Concluía su parecer con este párrafo característico sobre el gobierno medio: «los indios, como quiera que sea, no se pueden llamar siervos, aunque para su bien hayan de ser regidos con alguna manera de servidumbre, la cual no ha de ser tanta que les pueda convenir el nombre de siervos, ni tanta la libertad que les dañe»[35].

Quedaban afirmadas las ideas que más tarde desenvolvería GINES DE SEPÚLVEDA con más elegancia, pero con los mismos fundamentos.

El repartimiento de Alburquerque de 1514, que hemos citado, se llevó a cabo después de estar en vigor las Ordenanzas de Burgos, y a ellas se refería el repartidor cuando hacía jurar a los encomenderos que tratarían bien a los indios. La duda sobre la duración de las encomiendas en esa época parece aclarada por el debate teórico, porque hemos citado la opinión del Consejo en la que se decía al rey que podía darlas «por vida o por el tiempo que V. M. fuera servido». En la práctica los repartimientos seguían siendo la principal solución del problema de la mano de obra en las Islas.

Por muerte de Fernando el Católico (enero de 1516), se estableció en España la regencia del Cardenal Cisneros. El problema de los indios continuó en la Corte durante los años 1516 y 1518, denunciando los dominicos los abusos[36]; no faltaron tampoco opiniones de franciscanos, ya individuales, ya colectivas, o por voz de su comisario general fray Cristóbal del Río y aun en carta común con los dominicos[37]. También opinaban vecinos y procuradores de la Española que llegaban a España, alguno de los cuales sostenía[38]; «Si algunos dijesen que hagan libres a los indios, que es conciencia poseerlos, como los dominicos ya lo intentaron, no se les dé oídos, porque poseyéndolos conforme a las Ordenanzas que en Burgos se hicieron, viven como cristianos e aun como religiosos e todos hacen actos de cristianos y muchos son buenos cristianos, e habrá más de cada un día; e si se les da libertad a que vivan sobre sí, luego dejarán lo que tienen de nuestra fe e se volverán a idolatrar como antes lo hacían»; pero estimaba justo el autor de este parecer que se quitaran las encomiendas a los ausentes que gozaban los indios desde Castilla y al gobernado, jueces y oficiales que estaban en las Islas, y al propio rey, porque: «siendo V. A. el mayor príncipe de cristianos, como lo es, no debe entender en tan bajas cosas como estas granjerías». El obispo Fonseca, que aún dirigía los negocios de Indias, decía que debían mantenerse las encomiendas en favor de los vecinos, pero quitarlas a los ausentes y a los jueces de la Isla[39].

Desde 1515 estaba en la Corte Bartolomé de las Casas, quien fue presentado a Cisneros por fray Diego de Deza, arzobispo de Sevilla. Procuró ganar la atención del Cardenal dándole un memorial sobre los abusos de los encomenderos y otro sobre remedios[40]. Refiere LAS CASAS que se convirtió a la causa de los indios meditando en Cuba sobre el capítulo 34 del Eclesiastés, en el pasaje que dice: «quien derrama sangre y quien defrauda al jornalero, hermanos son»[41]. Dejó la encomienda que le había dado Diego Velázquez en Xagua (isla de Cuba) y embarcó para España, dedicando el resto de su vida a la defensa de los naturales. En su decisión, como antes en la de Montesinos, influían el motivo filantrópico y razones teóricas tomadas de la filosofía tomista y en general de la doctrina cristiana. LAS CASAS sostenía que los indios eran hombres libres, creados por Dios, con razón y voluntad y con los cuales los cristianos tenían deberes de prójimos[42]. Según LAS CASAS, el Cardenal Cisneros era partidario del principio de la libertad de los nativos[43].

El Cardenal Regente decidió llevar a la práctica la defensa de los naturales americanos y designó tres frailes de la Orden de San Jerónimo para que fueran a la Española con poderes, y consultando a los interesados y gentes entendidas, resolvieran lo que fuera justo; se les dieron extensas instrucciones que apuntaban tres soluciones, según el resultado de la información sobre la capacidad de los indios: 1, tenerlos en pueblos en absoluta libertad, pagando el tributo al rey; 2, crear pueblos intervenidos o reducciones artificiales de trescientos vecinos indios, regidos por un administrador español o mayordomo y un clérigo, debiendo continuar los servicios obligatorios: un tercio de los naturales permanecería siempre en las minas, turnándose cada dos meses, y fuera de este tiempo podrían trabajar en sus haciendas, pero dedicando también quince días de trabajo a sus caciques; 3, por último, si era lo conveniente, podían los jerónimos conservar las encomiendas bajo las Leyes de Burgos, o implantando las modificaciones favorables a los indios que estimaran necesarias[44].

Llegados los frailes gobernadores a la Española, abrieron la información sobre la capacidad de los naturales[45]. Entre sus preguntas se encuentran las siguientes, de interés directo para el problema de las encomiendas: 3. «Si saben [los testigos], creen, vieron u oyeron decir, que los tales indios, en especial desa Isla Española, así hembras como varones, son de tal saber y capacidad, que sean para ponerlos en libertad entera, e que cada uno de ellos podrá vivir políticamente, sabiendo adquirir por sus manos de qué se mantengan (sacando oro, vendiendo pan, o trabajando como jornalero), e que sepan guardar lo que así adquiriesen para lo gastar en sus necesidades, conforme a la manera que lo haría un ome labrador de razonable saber, de los que en Castilla viven». 4. Si convenía para la fe y trato de los indios traerlos a pueblos más cercanos de los de españoles y si se había de hacer con su voluntad, o por fuerza, y si esto último no traería que los indios huyeran o se rebelaran. 6. Si en los pueblos actuales o en los que se formaran convenía tenerlos como libres, con un gobernante español con salario, o si era mejor dejarlos encomendados, y en este caso si era preciso reformar algo.

De este modo, los jerónimos trasladaban a los testigos seglares y religiosos las cuestiones que el Cardenal Cisneros les había propuesto en su instrucción. Nótese que se continuaba planteando la encomienda como un modo de gobierno entre los varios aceptados por la doctrina aristotélica, en relación directa con la capacidad de los indios para la vida política. Desde entonces aparecían contrapuestos el sistema de pueblos libres, o con administrador español, y el sistema de encomiendas en particulares, como más tarde en el Continente se opondrían los corregimientos o gobierno Real y las encomiendas, según veremos después.

Las respuestas de los colonos de la Española al interrogatorio de los jerónimos fueron en favor de sus intereses; negaron la capacidad del indígena y pidieron la continuación de las encomiendas y su perpetuidad, alegando que el cambio de amos era perjudicial a los indios; por la codicia de los encomenderos que entraban de nuevo y la prisa en explotar a sus sujetos durante el breve plazo en que se les dejaban. Alguno decía que los indios, «cuando se van de las estancias de los castellanos van como gordos, e cuando vuelven de sus asientos vienen flacos». Otro testigo opinaba que se les debía alimentar como en Castilla a los trabajadores. Otro, que cumpliendo las Ordenanzas de Burgos, debían mantenerse las encomiendas. Alguno afirmó que el trabajo no era excesivo, que había dos fundiciones al año y el indio de cada seis meses trabajaba cuatro y holgaba dos. En cuanto a poner a los indios en pueblos, hubo discrepancias; un testigo temía que la mudanza fuera perjudicial a su salud, o que se suicidarían. Otros opinaron que se les atrajera poco a poco. Otros deseaban llanamente la medida. Pero casi todos rechazaron la idea de que ponerlos en pueblos con mayordomos, significara la supresión de los repartimientos[46].

Aparte las opiniones de los colonos hubo algunas de religiosos. Los dominicos se mostraron favorables a poner los indios en absoluta libertad, o en pueblos administrados a nombre del rey, pero no en encomiendas, que les destruían los cuerpos y las almas, porque con el excesivo trabajo los encomenderos no dejaban tiempo a los indios para instruirse en la religión[47].

Fray Bernardo de Santo Domingo examinó si la encomienda era forma justa de gobierno, si con las Leyes de Burgos se consiguió la justicia, o si manteniendo los repartimientos con nuevas leyes podrían subsistir en conciencia. Resolvía que según ARISTÓTELES y SANTO TOMÁS, el gobernante ha de tener por fin hacer a sus súbditos hombres buenos, y más un gobernante cristiano; que un buen gobierno debe procurar que los súbditos conozcan a Dios y sean instruidos en su culto, que tengan paz, que guarden justicia unos con otros y que se procure la multiplicación de los hombres. Que el modo de gobernar a los indios por repartimientos los destruía y era mal gobierno, que ponía en pecado a los colonos y a los gobernantes que lo autorizaban; que ni las Leyes de Burgos, ni otras ningunas, podían templar los inconvenientes del sistema[48]. LAS CASAS refiere que todos los dominicos de la Española hicieron suyo este parecer.

Con motivo de la misma información de los jerónimos opinó fray Pedro Mejía, franciscano, en pro de los pueblos de indios, con trabajo obligatorio, pero no en minas, sino en las haciendas de algodón[49].

Gil González Dávila, oficial de hacienda, en su memorial al obispo de Burgos hacía referencia a la información de los jerónimos; opinaba que debían renovarse las Ordenanzas de Burgos, que se formaran pueblos o reducciones, dejando vigentes las encomiendas, y que estando los indios en buenas personas se perpetuaran lo más posible, porque los cambios de amos les perjudicaban[50].

En la práctica los jerónimos no mejoraron mucho la situación de los indios. El 20 de enero de 1517 escribían al Cardenal Cisneros[51], que habían abierto la información sobre la capacidad y razón de los naturales a fin de saber si podían vivir por sí en sus pueblos, o en caso contrario tutelados, y que no habían quitado los indios a los jueces y oficiales del rey, como tenían instrucciones, porque aquéllos gozaban los repartimientos como parte de sus salarios. El 22 de junio del mismo año daban cuenta de las visitas que ellos y otros religiosos practicaban para controlar las encomiendas y cuidar del buen tratamiento de los indios[52]. También informaron al Cardenal desde la primera carta: «alguna alteración se ha recibido acá de algunas cartas que se han escrito de Castilla, de las cuales los moradores de esta ciudad e de la tierra son informados que venimos a dar libertad a los indios, e según se dice, escríbenles que si en ellos nos pusiéremos, no nos lo consientan, e avísanles que para hacer esto se pueden favorecer de un privilegio que públicamente se dice haberles concedido el rey de gloriosa memoria en el repartimiento pasado, en el cual se contiene que los indios se encomendaban por vida del padre e del hijo, e así se encomendaban por dos vidas; e llegó el negocio a tanto, que se encomenzó a platicar entre algunos principales de esta ciudad, e fuimos de ello avisados». Referían el incidente que tuvieron por este motivo con el alcaide Gabriel de Tapia, quien fue reducido a prisión por los jerónimos y después libertado[53].

Adviértase el dato sobre al encomendación por dos vidas, que he mencionado con motivo del repartimiento de Alburquerque[54].

Los jerónimos decidieron quitar los indios a los ausentes y mantener las encomiendas en favor de los colonos: «los indios que quitamos cuando luego aquí vinimos, a los ausentes de Castilla, ha muchos días que se repartieron en la isla de Cuba e Jamaica entre personas casadas, que se presume han de perseverar en la tierra, e pocos días ha, enviamos a la isla de San Juan a los oficiales de V. M. para que hiciesen otro tanto, visto que de acá no nos podíamos deshacer»[55].

La opinión personal de los frailes gobernadores era en pro de la perpetuidad de los repartimientos: «una de las cosas que a estos tristes de indios ha destruido es andar de mano en mano, e conocer ellos cada día amos nuevos»[56].

El 20 de septiembre de 1518 se les ordenó que «aplicaran con todo rigor las Ordenanzas sobre el buen tratamiento de los indios[57], lo cual hicieron»[58].

Terminadas las consultas que los jerónimos habían abierto sobre la capacidad de los indios, tomaron la decisión tardía de ponerlos en pueblos, para que no anduvieran divididos por las minas y estancias de los castellanos, pero sin significar esta medida la supresión de los repartimientos, cuya estabilidad apoyaban como hemos visto[59].

El licenciado Alonso de Zuazo, juez de residencia de la Española, escribía sobre los pueblos el 22 de enero de 1518: «ahora entendemos en reducir los indios a poblaciones para que no anden vagos, sino en policía, se casen, tengan sus haciendas, pesquerías, monterías, etc.». Que cuando los jerónimos llegaron, estaban los indios «como enfermos deshauciados, con la candela en la mano, e todo por rencores e parcialidades»[60].

La última carta de los jerónimos de 10 de enero de 1519 informa del resultado de la experiencia: «escribimos a V. A. que habíamos hecho en esta Isla Española 30 pueblos, donde se recogiesen los pocos indios que habían quedado, en los cuales dichos pueblos se había puesto mucha yuca, que es el pan de los indios, más de ochocientos mil montones, provisión para más de siete mil personas en un año; e que habíamos hecho traer ornamentos para las iglesias de los lugares de los dichos indios. E lo que ahora ha acontecido es que ya que estaban para salir de las minas en el mes de diciembre del año pasado e ir a sus pueblos, ha placido a Nuestro Señor de dar una pestilencia de viruelas en los dichos indios que no cesa, e en la que se han muerto e mueren hasta el presente casi la tercera parte de los dichos indios… S. M. mande remediar cómo a estas partes pasen esclavos negros, e certificamos a V. M. que si la dicha pestilencia dura dos meses más, el año presente no se sacará oro ninguno en dicha Isla Española, e si algunos indios pocos quedasen, han de ser para guardar los ganados e sostener las haciendas, e V. A. perderá en esta isla más de 53.000 castellanos, e se acabará de despoblar la tierra»[61].

Informando sobre su gestión, decía en la Corte fray Bernardino de Manzanedo, uno de los tres frailes jerónimos, que los indios no tenían capacidad para regirse según la manera y policía española, a menos de ser inducidos por los colonos y que retornaban a sus ritos; pero que también se había visto que darlos a españoles que los maltrataban, los disminuía; apuntaba varias maneras de resolver el problema: la absoluta libertad de los indios, pero fundando poblados que permitieran la intervención eficaz del dominio español y que los religiosos pudieran convertir y pacificar a los naturales; hacer encomiendas, pero con mayor control para lograr el buen tratamiento de los indios; que algunos pensaban que las minas los destruían y que sólo debían trabajar en haciendas; que las mudanzas les habían sido perjudiciales, por lo cual el rey debía meditar la solución y, adoptada, mantenerla, prohibiendo a los religiosos, clérigos y seglares, que comentaran las medidas, porque era causa de escándalo; que los repartimientos, en caso de mantenerse las encomiendas, fueran perpetuos, dándolos de preferencia a hombres casados, sin exceder de ochenta indios, quitándolos a jueces y oficiales, y que se nombraran visitadores sin jurisdicción y que no tuvieran rentas de indios, sino salario; que los vecinos que se dedicaban a labores manuales y los mercaderes no pudieran tener indios. Sobre los indios del rey decía Manzanedo, que algunos pobladores opinaban que debían darse a los colonos, pero él consideraba que eran útiles para ingenios y demás empresas de propiedad del rey; que los eclesiásticos debían tener indios, porque era para bien de éstos, contra la opinión de los pobladores; que las encomiendas no se concedieran desde España, sino por los repartidores de Indias. Concluía con pesimismo: «temor tengo que si los indios han de estar en manera de vivir concertada y dellos se ha de recibir algún servicio, que ni todo lo que se hiciere con ellos no ha de bastar para estorbar la disminución desta gente»[62].

En el año de 1518 llegó Carlos V a España y comenzó el valimiento de los caballeros flamencos que lo acompañaban; se inicia entonces una nueva etapa importante para la encomienda. Esta vez la presión teórica en favor de los indios consiguió una revisión más profunda de los principios que sustentaban los repartimientos, logrando también mayor repercusión legal y práctica.

Bartolomé de las Casas, disgustado por la lenidad de los jerónimos, regresó a España, y trató de acercarse a M. de Xevres, como antes al Cardenal Cisneros, procurando, dice el mismo LAS CASAS, «mudar tan tiránico gobierno [de la encomienda] en otra manera razonable y humana de regirlos [a los indios]»[63].

Estando la Corte en Barcelona tuvo lugar ante Carlos V una sesión, en la cual informó el obispo de Darién fray Juan Quevedo, quien, según la versión bastante confusa de LAS CASAS, repitió el principio de ARISTÓTELES de la servidumbre natural: «vigentes ingenio naturaliter sunt vectores et domini aliorum, et deficientes a ratione naturaliter sunt servi»[64]; pero también dijo que los indios debían ser bien tratados y favorecidos[65]. LAS CASAS habló en la misma ocasión para condenar las guerras y los repartimientos, sosteniendo que los indios eran capaces de fe, de virtud y buenas costumbres, que de su naturaleza eran libres y que podían ser atraídos por razón y doctrina; que ARISTÓTELES era filósofo gentil y ardía en los infiernos, y sólo se debía usar su doctrina en cuanto conviniera con la religión cristiana; que ésta es igual y se adapta a todas las naciones del mundo, y a todas igualmente recibe y a ninguna quita su libertad ni sus señoríos, ni mete debajo de servidumbre so color ni achaques de que son siervos a natura o libres»[66].

Conviene estudiar aquí por razón de sistema un documento atribuido a LAS CASAS contra las encomiendas, en que pedía la suspensión, cuando menos temporal, de los servicios de los indios y la sustitución del sistema de repartimientos por explotación comunal de la tierra y de las minas, bajo la vigilancia de empleados del Estado a sueldo. Decía: «Vuestra señoría mande hacer una comunidad en cada villa y ciudad de los españoles, en que ningún vecino tenga indios conocidos ni señalados, sino que todos los repartimientos estén juntos y que hagan labranzas juntos, y los que hubieren de coger oro lo cojan juntos, y para esto que haya mayordomos los que fueren menester y ministros necesarios para la dicha comunidad». Que los ministros tuvieran salario y juraran no hacer sino lo que conviniera a la sustentación y conservación de la república; que la comunidad tuviera recuas para acarrear las cargas y lo demás en que las bestias solían trabajar, y hatos de vacas, de puercos, de ovejas y yeguas y de toda manera de animales domésticos de que los hombres se suelen servir; que de las labranzas y oro, pagado el quinto del rey y los gastos que en dicha comunidad se hubieren hecho, así de salarios de los oficiales o ministros de ella, como de herramientas u otra cosa que se hubiera de pagar, se diera a cada vecino español tanto, según los indios de que en la comunidad le hubiera hecho merced el rey, de manera que si tuviera cien indios y la comunidad echó dos mil a minas, le tocaran en proporción tantos castellanos y lo mismo en las labranzas; que con este régimen no se cometerían «tantos y tan diversos y abominables pecados, porque no se dará lugar de esta manera a que cada codicioso quiera henchirse en poco tiempo de muchos dineros, menguando y matando los vasallos de Su Alteza, no mirando ni teniendo fin, sino a su propio interés». Al parecer hablaba también de gratificaciones a los trabajadores por cada hijo que tuvieran, cómo se habían de alimentar, curar y doctrinar los indios, etc. Es decir, el autor interpretaba las encomiendas como organización económica de explotación particular, que debía sustituirse por el régimen comunal de trabajo, con división proporcional de los provechos entre los españoles, e intervención preponderante, del Estado para controlar y sujetar los apetitos particulares. También se propuso en este memorial el envío de labradores españoles, los cuales trabajarían con cinco indios cada uno, y sacada la parte del rey, lo otro «lo partan hermanablemente el tal labrador y los cinco indios… estos labriegos compañeros de los indios serán como sus ayos; los inducirán al trabajo, y los indios, viendo que los cristianos trabajan, tendrán mejor gana de hacer lo que vieren… si el tiempo andando los indios fueren hábiles para vivir por sí y regirse y para que a Su Alteza sirvan con lo que los vasallos los pueden servir, darles han su facultad para ello»[67].

En 1519 los predicadores de Carlos V intervinieron cerca del Consejo de Indias. Concurrieron[68] fray Miguel de Salamanca, dominico; el doctor Lafuente, de la Universidad de Alcalá; los hermanos Coroneles (Luis y Antonio), doctores de la Universidad de París; fray Alonso de León, teólogo franciscano; fray Alonso de Medina, dominico, y algunos otros. Acordaron pedir al Consejo de Indias que considerara de nuevo el caso de los naturales; pidieron las leyes hasta entonces dictadas, y en vista de ellas redactaron un importante parecer contra la existencia de las encomiendas, señalando como solución la reducción de los indios a pueblos con un administrador asalariado que los vigilara y enseñara a vivir en policía: «antes de mucho tiempo, instruidos y doctrinados por nosotros, vendrán a hacerse gente noble y política… así se redujeron a policía y virtud los otros pueblos, como España y Alemania e Inglaterra, que otros tiempos fueron, por ventura, tanto o más bárbaros que éstos»[69].

Examinemos con detenimiento las razones de los predicadores contra la institución de las encomiendas: 1. La encomienda es contra el bien de la república indiana, porque, «según todos los que escribieron de república, ésta consiste en diversidad de estados y de oficios, y allí todo se confunde y se resuelve en el más bajo y más vil oficio de la república, que es cavar» (se referían a que, indios súbditos y caciques o reyes, todos por igual, servían en los repartimientos). Agregaban: «¿quién nunca vió toda una tan gran república cavadora?… ni hay militares, ni filósofos o letrados, ni oficiales, ni labradores… aquellas ínsulas serán como las que los romanos tenían para desterrar los mártires y los malhechores». Afirmaban también que la encomienda era contra la libertad del indio y por lo tanto contraria al Derecho divino y humano, porque «liber est qui gratia sui est: si las vidas, si las industrias, si los frutos que dellos proceden son para el encomendero, el indio no es libre»; que si se argüía que se les daban alimentos y salarios, era la mitad de lo que en España se daba a un esclavo, y finalmente: «¿cuál rey ni príncipe del mundo, ni justo ni tirano, hizo ni pudo hacer de derecho que todo su pueblo trabajase más de los nueve meses del año, para él y para los que él señalase?». «El rey de España y su república serán castigados por tal pecado». 2. La encomienda es contra toda razón y prudencia humana, porque es imposible controlar al encomendero quien tiene en su mano servirse del indio y no bastan justicias, leyes ni visitadores; el indio nunca declara los agravios por temor al amo. 3. La encomienda es contra el bien y servicio del rey: «porque le quita lo que le hace gran señor, que es la muchedumbre del pueblo, que en aquella dice la Escritura que consiste la gloria y potencia del rey… le quita la opulencia y frutos de aquellas tierras que le harán rico a él y a todos sus reinos… le quita el justo y verdadero título y dominio de aquellas tierras, que tenía y tiene si esta dicha invención [de la encomienda] no interviniese: porque, por una de estas tres maneras, el que no era señor de algún pueblo ni le pertenecía por herencia, puede ser justo señor de él: la primera, si el superior del suyo o de aquel pueblo, en justa pena de males cometidos, los pusiese so el señorío de la tal persona, privado de los primeros señores con justa causa; la segunda, si el tal superior pusiese aquel pueblo en sujeción del tal príncipe, para que con muy buenas obras, en acrecentamiento temporal y espiritual de aquel pueblo, mereciese el señorío dél; la tercera, por querer, sua sponte, y voluntariamente el tal pueblo someterse y sujetarse al tal señor; y cualquiera Príncipe, que sin alguno destos títulos posee y usa del dominio de alguna tierra no es rey ni verdadero señor, sino pésimo y tirano se puede llamar, pues manifiestamente consta que el Sumo Pontífice no privó, por delitos, del señorío a los señores de aquellas tierras, porque ni eran infestadores de la fe, ni cismáticos, ni la sola infidelidad basta para privarlos de dominio, máxime en tierras que nunca fueron sujetas a la Iglesia. Resta, pues, manifiestamente, que el dominio y señorío del rey, nuestro señor, depende, o del bien y acrecentamiento que procura a aquella república, como suena la concesión apostólica, o de la voluntad de aquellos pueblos, y pues este medio de la encomienda destruye y deshace aquella república en lo espiritual y temporal, y hace aquellos vasallos involuntarios, como por muchos ejemplos ha constado, ergo, quítale todo el derecho que a aquéllas tiene, y donde se piensa por aquel medio hacerle señor, le hacen tirano, quitándole el verdadero señorío que tiene en ellas, lo cual vuestras señorías deberían mirar con mucho cuidado, pues a vuestras cuestas carga todo este edificio que el rey, nuestro señor, con vosotros dará buena cuenta a Dios; y en verdad que se hace más daño al rey, nuestro señor, en esto, que si le tomasen las tierras por fuerza, porque entonces quitaríanle el uso pero no el derecho, como está bien probado». 4. La encomienda es contra todas las reglas de Teología y Filosofía Moral; que quieren que el fin se anteponga a los medios y los medios se pospongan para la consecución del fin, y como nuestro verdadero fin sea la bienaventuranza celestial, y el medio propio para ella sean las virtudes, y para el ejercicio de las virtudes meritorias sea necesaria la vida, y para la conservación de aquélla los alimentos, y para comprar éstos como medio más remoto y más inútil y menos necesario, sea la pecunia, si por este mísero medio se pospone la gloria del cielo y las virtudes con que se alcanza, y la vida en que se ejercitan y los alimentos para ella necesarios, y lo que peor es, no sólo en los indios se pierde la fe y virtudes por el oro, pero en los mismos cristianos… luego se demuestra la proposición. Esta crítica se apoyaba en el hecho de que las encomiendas de las Antillas se utilizaban sobre todo para la labor minera. 5. La encomienda es contra Dios y contra su intención y contra su Iglesia, porque ¿cómo podrán los predicadores instruir a los indios derramados y fatigados de los trabajos?; los encomenderos además les dan malos ejemplos, porque no son hombres virtuosos; los indios empleados en cavar minerales no hacen fructificar la tierra, y con ello faltan los diezmos de la Iglesia.

Este era quizá el alegato más vigoroso que se había oído contra las encomiendas. Diversas razones válidas en el siglo XVI convergían contra los principios que las habían sostenido.

El proceso teórico contra ellas culminó en el año de 1520 en La Coruña, pocos días antes de partir Carlos V para Flandes. Adriano, deán de Lovaina, preceptor de Carlos V y después Papa, según refiere LAS CASAS[70], pronunció su famosa oración, y «allí se determinó que los indios generalmente debían ser libres y tratados como libres, y traídos a la fe por la vía que Cristo dejó establecida».

Examinemos ahora las repercusiones legales y prácticas de estos primeros años del gobierno de Carlos V. La provisión de 9 de diciembre de 1518 dictada en Zaragoza para el juez de residencia de la Isla Española, lic. Figueroa[71], mandó que los indios que tuvieran habilidad vivieran por sí y se quitaran a los encomenderos y cada indio de más de veinte años pagara al rey tres pesos y los demás un peso; los caciques que desearan vivir en los pueblos libres, sin encomiendas de cristianos, debían solicitarlo del juez y éste resolver lo procedente.

El 18 de mayo de 1520 Carlos V ordenó a Figueroa que por vía de experimento pusiera algunos indios en pueblos libres, a fin de saber con seguridad si eran capaces de conducirse[72]. El lic. Figueroa respondió, por carta de 6 de julio de 1520 a Carlos V[73], que era menester disimular las encomiendas, porque de otra manera no podrían sostenerse los vecinos y se despoblaría la Isla; agregaba: «trabajo mucho en su buen tratamiento [de los indios], andando constantemente visitadores hombres de bien, que antes eran tan flojos que ningunas penas se ejecutaban»; que con estos visitadores los encomenderos estaban disgustados, pero que los sostendría, porque sin ellos en dos años no habrían ni quinientos indios en la Isla; «no crea V. M. si algunos [encomenderos] se quejan, que casi todos son muy crueles con los indios, e nada se les daría que se acabasen con que ellos sacasen oro e partiesen a Castilla». En la misma carta informaba a Carlos V del resultado de los dos pueblos que estaban en prueba de vida política y se mostraba pesimista, aunque también lo era si se mantenían las encomiendas. Decía: «los dos pueblos de indios que tengo puestos en probación de vida política, hacen perezosamente lo que han menester para comer e no más; de esto arriba no han pasado hasta ahora, que han puesto en obra de entender en sacar oro para dar a V. M. el servicio de los tres pesos por cabeza, e yo les he dado los aparejos de herramientas e otras cosas… ya andan en ello aunque no hacen casi nada. No creo tendrán capacidad de lo hacer como salga a luz, según el espacio se dan, porque consejos no les aprovechan, aunque se les dice que estarán en libertad si lo hacen…; en estarse así más tiempo ninguna cosa se pierde, pues no hay perjuicio de terceros, pues que eran de V. M. e del Almirante. Aunque no se haga otra cosa sino que estén así para más durar e multiplicar, algo se adelantará. Es cierto que los puestos en la encomienda, todos acá confiesan que es imposible que no se acaben, e presto, por buena guarda que haya: sino que quitarlos a los cristianos es despoblar de cierto la Isla».

En esta época se decidió en La Coruña la libertad de los indios y se libraron cédulas conforme a esta decisión. El juez Figueroa escribía al Emperador desde Santo Domingo, el 13 de noviembre de 1520: «recibí la carta de V. M. de La Coruña en que declara ser los indios libres, e que no se deben encomendar, e manda que los que yo tenía puestos en población en pueblos para ver para cuánto eran, se estén, e se multipliquen los pueblos e se pongan en ellos los que de aquí adelante se sacaren [de encomiendas que vacaren] poniendo en ellos clérigos que los administren, e que se pregonen ciertos capítulos de la dicha carta. Todo se cumplirá, aunque cierto si no se encomiendan, por más visitadores e ordenanzas ellos se acabarán. Yo estoy mártir e mal quisto por hacer penar a los que los maltratan, e lo mismo los visitadores. La gente de la Isla ha sentido mucho el mandamiento de la libertad, porque esperaban repartimientos en vacando algunos. Dicen que por ello se despoblará la tierra, pero entretanto los ingenios se multiplican, etc.». «A los jueces no les había yo quitado sus indios hasta que se formasen los oficios, según mi instrucción, ni ahora se los quito, porque su provisión es que los usen hasta que se vea su residencia»[74].

Al lic. Antonio de la Gama, juez de residencia de la isla de San Juan, se le escribió también que, «después de haberlo mucho mirado e platicado con mucho estudio y diligencia, fué acordado e determinado que los dichos indios son libres e por tales deben ser habidos y tenidos y tratados, y se les debe dar entera libertad, e que Nos con buena conciencia no los podemos, ni debemos encomendar a nadie como hasta aquí se ha hecho»; que «por cuanto sacarlos de golpe del poder de los dichos cristianos, podría originar algunos inconvenientes, ha parecido se debe tener en ello la orden siguiente: los indios de personas ausentes se pongan en libertad en los pueblos con sus caciques, se haga lo mismo con los que en lo sucesivo vacaren; se pongan y mezclen en los pueblos de indios algunos españoles para que conversen con ellos; en cada pueblo se pongan uno o dos clérigos… a los indios encomendados se les dé buen tratamiento… finalmente, se consulte si [los indios] deben estar encomendados como lugares de behetría de Castilla». Esta cédula se despachó el 12 de julio de 1520 en Valladolid[75]. Era una aplicación legal y práctica del principio de libertad, pero por eso podía el Emperador indicar que se averiguara si convenía tener a los indios en behetría, es decir, en una forma jurídica de patrocinio compatible con la condición legal libre del patrocinado[76].

El lic. Figueroa ideó y puso en práctica la siguiente forma de encomendar:

«Yo, el lic. Rodrigo de Figueroa, oidor de la Audiencia Real de las apelaciones, etc. Por Esteban de Pasamonte, vecino desta ciudad, me ha sido pedido que le dé licencia para que se pueda servir de los indios que eran de Martín de Gamboa, difunto, que Dios haya, que están puestos en libertad, por cuanto diz que los dichos indios, huelgan de le servir, lo cual, por mí visto, habiendo consideración a que si ellos quieren e han por bien de servir al dicho Pasamonte, pagándoles en lo que sea justo por el servicio como a personas libres, ellos serán más aprovechados que estando de otra manera; mandé dar e dí la presente, por la cual cometo e encargo a vos los dichos alcaldes a cada uno e a cualquiera de vos, que vayáis adonde están los dichos indios, e sepáis e os informéis de todos ellos, haciéndoles primeramente entender cómo son libres, que S. M. manda e quiere que no se encomienden a persona alguna, sino que estén e vivan como los españoles, e que a ellos no se les ha de hacer fuerza, sino que estén e vivan todos juntos, e lo que trabajaren que sea para ellos; e habiéndoles informado desto que dicho es, decirles que si quieren venir e entrar con Esteban de Pasamonte, éste les pagará su servicio muy bien, e siendo ellos contentos dello, vos los dichos alcaldes, e cualquiera de vos, como dicho es, les taséis en Dios e buena conciencia lo que vos pareciere que es justo que se les pague en cada un año, para que aquello les dé el dicho Pasamonte, por el tiempo que le sirvieren, e se asiente por ante escribano e de tal manera que aunque los dichos indios, o algunos de ellos no sirvan todo el tiempo por entero, que se les pague el tiempo que sirvieron, e no pierdan cosa de lo contenido, sobre todo lo cual vos encargo la conciencia. Santo Domingo 15 de julio de 1521»[77].

Esto era en realidad continuar el sistema de los servicios de los indios, aunque cumpliendo la formalidad jurídica de exigir su voluntad expresa, en vez de usar la fórmula compulsoria que hasta entonces había servido de base a los repartimientos. Con bastante razón acusaban más tarde a Figueroa iba sus enemigos de haber mantenido las encomiendas; añadían que las daba todas a parientes y criados[78].

El Emperador, desde Segovia, el 28 de septiembre de 1532[79] extendió a Cuba la provisión relativa a los pueblos libres; sólo se exigía para efectuar el cambio de las encomiendas a las poblaciones libres, que los caciques lo solicitaran y cada indio casado pagara tres pesos de oro al año en concepto de tributo; los caciques quedaban exentos de tributo, pero respondían por el de sus sujetos[80].

En las Leyes Nuevas de 1542 los indios antillanos recibieron un trato legal de favor. Dispuso Carlos V: «es nuestra voluntad y mandamos, que los indios que al presente son vivos en las islas de San Juan, y Cuba y la Española, por agora, y el tiempo que fuere nuestra voluntad, no sean molestados con tributos, ni otros servicios reales, ni personales, ni mixtos, más de como lo son los españoles que en las dichas islas residen, y se dejen holgar, para que mejor puedan multiplicar y, ser instruidos en las cosas de nuestra santa fe católica, para lo cual se les den personas religiosas, cuales convengan para tal efecto». Esta medida se debió al triste estado a que habían llegado los indios de las Islas; LAS CASAS sostenía que eran ya tan pocos, que si no se les dejaba en entera libertad para que procrearan como conejos, sin soportar carga alguna, desaparecerían sin remedio.

La teoría y las leyes protectoras llegaron tarde para socorrer a los indios de las Antillas. El choque de la raza española con la indígena aniquiló a ésta, correspondiendo gran parte de la responsabilidad al régimen de los repartimientos, pero también a las guerras, esclavitud y a razones de otro tipo, como las epidemias y la debilidad natural de los indios de las Islas, los cuales preferían muchas veces suicidarse a seguir en los trabajos que sobre ellos habían recaído. De este período de la colonización quedaron la experiencia dolorosa y los principios teóricos y legales alcanzados; todo ello sirvió para determinar el curso de las encomiendas en Nueva España, donde la hueste de Hernán Cortés, reclutada en Cuba, extendió la institución.

CAPÍTULO II

EL DESARROLLO CONTINENTAL

Hernán Cortés conquistó Nueva España conforme a los procedimientos habituales de las huestes españolas; repartía a sus soldados el oro, los indios cautivos, y por último, implantó las encomiendas[1].

La experiencia de las Antillas estaba presente en la mente del caudillo, que había residido muchos años en Cuba; al hallar en Nueva España indios más civilizados, dudó de implantar los servicios personales como se usaban en las Islas, porque de acuerdo con el primer planteamiento teórico del problema de las encomiendas Cortés establecía un íntimo nexo entre el régimen de gobierno y la capacidad racional de los sujetos; pero también comprendía la necesidad de premiar a sus soldados, y propuso al Emperador que les cediera tributos o algún otro medio legal de aprovechamiento[2].

La presión de los soldados y el interés del propio capitán vencieron pronto los escrúpulos. Escribía Cortés a Carlos V en su Tercera Carta de Relación:

«después acá, vistos los muchos y continuos gastos de V. M. y que antes debíamos por todas vías acrecentar sus rentas que dar causa a las gastar; y visto también el mucho tiempo que habemos andado en las guerras y las necesidades y deudas en que a causa dellas estábamos puestos, y la dilación que había en lo que en aqueste caso V. M. podía mandar, y sobre todo, la mucha importunación de los oficiales de V. M. y de todos los españoles, y que ninguna manera me podía excusar, fueme casi forzado depositar los señores y naturales destas partes a los españoles, considerando en ello las personas y los servicios que en estas partes a V. M. han hecho, para que en tanto que otra cosa mande proveer, o confirmar esto, los dichos señores y naturales sirvan y den a cada español a quien estuvieren depositados lo que hubieren menester para su sustentación. Y esta forma fué con parecer de personas que tenían y tienen mucha inteligencia y experiencia de la tierra; y no se pudo ni se puede tener otra cosa que sea mejor, que convenga más, así para la sustentación, de los españoles, como para la conservación y buen tratamiento de los indios, según que de todo harán más larga relación a V. M. los procuradores que ahora van desta Nueva España. Para las haciendas y granjerías de V, M. se señalaron las provincias y ciudades mejores y más convenientes. Suplico a V. M. lo mande proveer, y responder lo que más fuere servido».

En la Cuarta Carta de Relación, Cortés informaba de los progresos de la encomienda en las diversas regiones de Nueva España; decía que en las provincias de Coatzacoalcos, los naturales se depositaron y encomendaron a los vecinos de la villa: que les habían servido y seguían haciéndolo en la fecha de la carta; lo mismo en Oaxaca; en Colima: «repartí en nombre de V. M. los pueblos de aquellas provincias a los vecinos que allá quedaron, que fueron veinticinco de caballo y ciento veinte peones».

establecimiento de hecho de la encomienda, Cortés añadió varias medidas legales. En sus Ordenanzas de buen gobierno de 20 de marzo de 1524, dispuso que los encomenderos tuvieran armas conforme a la calidad de sus repartimientos, que quitaran los ídolos a los indios, que entregaran los hijos de los caciques a los frailes pará su instrucción cristiana, que los encomenderos de más de dos mil indios pagaran clérigo u otro religioso para instruir a sus sujetos, y los de menor renta lo pagaran entre dos o tres.

Sobre el contenido del tributo de los indios encomendados y la vía para tasarlo y exigirlo, ordenó:

«porque hasta aquí, los que han tenido e tienen indios de repartimientos, les han pedido oro, e sobresto se han hecho algunas premias, e se ha sufrido así por la necesidad que los españoles tenían, por estar como estaban endeudados y empeñados por las cosas que habían gastado en las guerras pasadas e conquista desta Nueva España, e porque los naturales della tenían algunas joyas de oro de los tiempos pasados, e podían lo sufrir, pero permitirlo de aquí adelante sería en mucho daño e perjuicio de los dichos naturales, porque ya no lo tienen, e si alguno tienen no satisfacían a las voluntades de los que los tienen encomendados, e han muchas premicias que ellos no pueden sufrir, mando: que ninguna persona de cualquier ley, estado o condición que sea, no apremie pidiendo oro a los indios que tuviese encomendados, so pena que cualquier persona que apremiase los dichos indios o les diese azotes, palo, etc., los pierda. Si los dichos indios no sirvieren a su encomendero como es razón, parezca ante mí o ante mis tenientes e alcaldes mayores, a los cuales marido que habiendo consideración a los indios que son, y en qué parte están poblados, y el que los tiene, les mande servir conveniblemente».

Cortés, convencido por la experiencia de las Islas de los inconvenientes de dar indios a personas sin arraigo en la tierra, mandó que los encomenderos de Nueva España prometieran residir por lo menos ocho años, y que si antes de este plazo se marchaban, perdieran todo lo habido y granjeado.

Sobre la duración de las encomiendas prometía:

«como algunos, por temor que les han de ser quitados e removidos los indios que en estas partes tuvieren, como ha sido hecho a los vednos de las Islas, están siempre como de camino, e no se arraigan ni heredan en la tierra, de donde redunda no poblarse como convendría, ni los naturales ser tratados como era razón, e sí estobieren ciertos que los tendrían como cosa propia que en ellos había de suceder sus herederos e sucesores, tendrían especial cuidado de no sólo no los destruir ni disipar, mas aun de los conservar e multiplicar, por tanto yo, en nombre de S. M. digo e prometo que a las personas que esta instrucción tuvieren, e quisieren permanecer en estas partes, no les serán removidos ni quitados los dichos indios que por mí en nombre S. M. tuviesen señalados, para en todos los días de su vida, por ninguna causa ni delito que cometa, si no fuere tal, que por él merezca perder los bienes, e por mal tratamiento de los naturales, según dicho es, e que teniendo en estas partes legítimo heredero e sucesor, sucederán en los dichos indios, e los tendrán para siempre de juro e de heredad como cosa suya propia, e pronto he de lo enviar a suplicar así a S. M., que así lo conceda e faga por bien».

Todos los encomenderos debían tener casa poblada en los sitios de su vecindad dentro de año y medio, bajo pena de perdimiento de los indios; los conquistadores agraviados en los repartos debían parecer ante fray Juan de Toro y Alonso de Estrada, «dando razón del tiempo que ha que están en estas partes e de lo que han servido, e adónde, e de lo que tienen e han habido en la dicha tierra, porque por su información yo me juntaré con ellos, e se proveerá de manera que todos queden satisfechos e contentos según razón»[3].

Entre los motivos que Cortés alegó al dictar los preceptos anteriores se encuentran varias veces la mención de la experiencia del período antillano; de esta nacían por lo tanto muchos rasgos importantes de la encomienda del Continente. En la citada legislación de Cortés, la encomienda ostentaba ya varias notas que perduraron, como la obligación del encomendero de tener armas, la carga religiosa, la mediación de las justicias en el cumplimiento de la relación entre encomenderos e indios, la carga de residir y el propósito sucesorio.

Además de las ordenanzas anteriores, Cortés dictó otras para el buen tratamiento de los indios, en las cuales decía[4]:

«viendo que la principal cosa de donde resulta la perpetuación oblación deslatas partes, es la conservación e buen tratamiento de los naturales deltas, e que para esto conviene que haya orden, queriéndolo proveer en la mejor manera que a mí me parece que para efectuarse conviene, ordeno e mando que los españoles en quien fueren depositados o señalados algunos de los dichos naturales para servirse dellos, se sirvan e aprovechen en la forma e manera de yuso contenida, e que no excedan ni salgan de ella, so las penas contenidas en cada uno de los capítulos dellas, los cuales son los que siguen: Cualquier español que tuviere indios depositados o señalados sea obligado a les mostrar las cosas de nuestra santa fe, porque por este respeto el Sumo Pontífice concedió que nos pudiésemos servir dellos; e aun para este efecto, se debe creer que Dios nuestro señor ha permitido que estas partes se descubriesen, e nos ha dado tantas vitorias e tanto número de gente… Ningún encomendero vaya a sus pueblos sin licencia del lugarteniente. Item: porque al presente los españoles tienen necesidad de bastimentos, e habiéndose de proveer de los pueblos que tienen encomendados, sería a mucho trabajo e de los naturales, e los españoles no mían proveídos, permito e mando que para remedio desto, los españoles que tuviesen depositados o señalados indios, puedan con ellos hacer estancias de labranzas, así de yuca o axes, como maizales e otras cosas».

Otra cláusula extendía estos servicios a la crianza de ganados de los españoles; de este modo se empezaban a introducir en Nueva España los servicios personales de los indios, como parte de las encomiendas. Cortés, para no repetir el caso de las Islas, no autorizó que se usaran en labores mineras, y por otra parte reguló con cuidado los servicios agrícolas, pastorales y de edificación de ciudades que sus Ordenanzas autorizaban, para sacar los encomenderos a sus indios de los pueblos y llevarlos a las estancias, o a las villas, para los trabajos, debían ocurrir al lugarteniente del poblado, quien registraba en un libro a los indios; el servicio duraba veinte días, se fijaba la comida que habían de tener, que no trabajaran después de la puesta del sol, que a mediodía reposaran una hora, que no sirvieran las mujeres, y los muchachos de doce años abajo, que hubiera una Virgen en el sitio donde los indios reposaran, para que por la mañana antes de salir a «facer fazienda», oraran ante ella. Licenciados los indios, después de sus veinte días de servicio, no podían ser llamados otra vez, hasta pasados treinta días; sobre el jornal se mandaba que cada encomendero, «en cada un año [dé] a cada persona de las que sirvieren conforme al registro del escribano, por su trabajo, hasta precio de medio peso de oro en cosas de rescate o en lo que le pareciere a mi lugarteniente, la cual dicha paga se haga ante el escribano ante quien se registrasen los indios».

Para el servicio minero, que los indios de encomiendas no atendían, pensaba Cortés utilizar indios esclavos de rescate o de guerra, según veremos poco después[5]:

Los informes de Hernán Cortés sobre los repartimientos de Nueva España encontraron en la Corte ambiente desfavorable. Desde la declaración de La Coruña de 1520 privaban los principios en favor de la libertad de los indios, que se mantenían en 1523. En este año tuvo lugar en Valladolid una junta, cuyas conclusiones fueron contra los repartimientos[6], y las Cortes que se celebraron en esa ciudad formularon una petición[7], que dio lugar al precepto que después fue ley 12, tít. 10, lib. V de la Recopilación de Castilla, que prohibió hacer merced de indios a ninguna persona[8].

De acuerdo con estos antecedentes, la instrucción de Carlos V para el Marqués del Valle, dictada en Valladolid el 26 de junio de 1523, decía[9]:

«Otrosí, por cuanto por larga experiencia habemos visto que de haberse hecho repartimientos de indios en la Isla Española en las otras islas que hasta aquí están pobladas y haberse encomendado y tenido los españoles que las han ido a poblar, han venido en grandísima disminución, por el mal tratamiento y demasiado trabajo que les han dado, lo cual, atiende del grandísimo daño e pérdida que en la muerte e disminución de los dichos indios ha habido e el gran deservicio que Nuestro Señor dello ha recibido, ha sido causa e estorbo para que los dichos indios no viniesen en conocimiento de nuestra santa fe católica para que se salvasen, por lo cual, vistos los dichos daños que del repartimiento de los dichos indios se siguen, queriendo proveer e remediar lo susodicho e en todo cumplir principalmente con lo que debemos al servicio de Dios nuestro señor, de quien tantos bienes e mercedes habernos recibido e recibimos cada día, e satisfacer a lo que por la Santa Sede Apostólica Nos es mandado e encomendado por la bula de la donación e concesión, mandamos platicar sobre ello a codos los del nuestro Consejo juntamente con los teólogos, religiosos y personas de muchas letras y de buena e santa vida que en nuestra corte se hallaron, e pareció que Nos con buenas conciencias, pues Dios nuestro señor crió los dichos indios libres e no sujetos, no podemos mandarlos encomendar ni hacer repartimiento dellos a los cristianos, e así es nuestra voluntad que se cumpla, por ende yo vos mando que en esa dicha tierra no hagáis ni consintáis hacer repartimiento, ni depósito de los indios della, sino que los dejéis vivir libremente, como nuestros vasallos viven en estos nuestros reinos de Castilla, e si cuando ésta negase tuviéredes hecho algún repartimiento o encomendado algunos indios a algunos cristianos, luego que la recibiéredes revocad cualquier repartimiento o encomienda de indios que hayáis hecho en esta tierra a los cristianos españoles que en ella han ido e estuvieren, quitando los dichos indios de poder de cualquier persona o personas que Los tengan repartidos o encomendados y los dejéis en entera libertad, e para que vivan en ella, quitándolos e apartándolos de los vicios e abominaciones en que han vivido e están acostumbrados a vivir como dicho es, e habéisles de dar a entender la merced que en esto les hacemos e la voluntad que cenemos a que sean bien tratados e enseñados para que con mejor voluntad vengan en conocimiento de nuestra santa fe católica e nos sirvan, y tengan con los españoles que a la dicha tierra fueren la amistad y contratación que es razón. Y porque es cosa justa e razonable que los indios naturales de la dicha tierra Nos sirvan e den tributo en reconocimiento del señorío y servicio que como nuestros súbditos y vasallos Nos deben, y somos informados que ellos entre sí tenían costumbre de dar a sus tecles e señores principales cierto tributo ordinario, yo vos mando que luego los dichos nuestros oficiales [de hacienda] llegaren, todos juntos vos informéis del tributo o servicio ordinario que daban a los dichos sus tecles y si halláredes ques ansí que pagaban el dicho tributo, habéis de tener forma y manera, juntamente con los dichos nuestros oficiales, de asentar con los dichos indios que Nos den y paguen en cada un año otro tanto derecho y tributo como daban y pagaban hasta agora a los dichos sus tecles e señores, e si halláredes que no tenían costumbre de pagar el dicho servicio e tributo, asentaréis con ellos que Nos den e paguen en reconocimiento del vasallaje que Nos deben como a sus soberanos señores, ordinariamente, lo que vos pareciere que buenamente podrán cumplir y pagar, y asimismo, vos informéis, demás de lo susodicho, en qué otras cosas podemos ser servidos e tener renta en la dicha tierra, así como salinas, minas, mineros, pastos e otras cosas que hubiere en la tierra».

Cortés contestó al Emperador por carta de 15 de octubre de 1524:

«me manda Vuestra Grandeza que no reparta, ni encomiende, ni deposite por ninguna manera los naturales desas partes en los españoles que en ella residen, diciendo no se poder hacer con conciencia, y que para ello Vuestra Celsitud mandó juntar letrados teólogos, los cuales concluyeron, que pues Dios Nuestro Señor los había hecho libres, no les podía quitar esa libertad».

Que él, Cortés, no había cumplido la medida y la tenía en secreto y sólo la comunicó, con juramento de no divulgarla, a los oficiales del rey y a los procuradores de las ciudades y villas de Nueva España. Explicaba:

«en estas partes los españoles no tienen otros géneros de provechos, ni maneras de vivir ni sustentarse en ellas, sino por el ayuda que de los naturales reciben, y faltándoles esto, no se podrían sostener, y forzado habían de desamparar la tierra, de que no poco daño se seguiría así en lo que toca al servicio de Dios Nuestro Señor, cesando la conversión destas gentes, como en disminución de las reales rentas de V. M., y perderse tan gran señorío como en ellas V. A. tiene».

Creía que las encomiendas libraban a los indios del cautiverio en que los tenían sus antiguos señores, quienes les tomaban toda su hacienda y sus hijos, hijas y parientes, y a los indios mayores los sacrificaban a los ídolos. Continuaba su alegato en estos términos:

«La manera y orden que yo he dado en el servicio destos indios a los españoles es tal, que por ella no se espera que vendrán en disminución ni consumimiento, como han hecho los de las islas que hasta agora se han poblado en estas partes; porque como ha veinte y tantos años que yo en ellas resido, y tengo experiencia de los daños que se han hecho y de las causas dellos, tengo mucha vigilancia en guardarme de aquel camino y guiar las cosas por otro muy contrario; porque se me figura que me sería a mí mayor culpa, conociendo aquellos yerros, seguirlos, que no a los que primero los usaron, y por esto yo no permito que saquen oro con ellos, aunque muchas veces se me ha requerido, y aun por algunos oficiales de V. M., porque conozco a gran daño que dello vendría, y que muy presto se consumirían e acabarían; ni tampoco permito que los saquen fuera de sus casas a hacer labranzas, como lo hacían en las otras islas, sino que dentro en sus tierras les señalan cierta parte donde labran para los españoles que los tienen depositados, y de aquello se mantienen y no se les pide otra cosa… ésta antes me parece que es libertad y manera de multiplicar e conservarse, que no de disminución…, y porque non in solo pan vivit homo, para que los españoles se sustenten y puedan sacar oro para sus necesidades y las rentas de V. M. no se disminuyan, antes se multipliquen, hay tal orden, que con la merced que V. M. fué servido que se hiciese a los pobladores desas partes, de que pudiesen rescatar esclavos de los que los naturales tienen por sus esclavos y con otros que se han de guerra, hay tanta copia de gentes para sacar oro, que si herramientas hubiese, como las habrá presto placiendo a Nuestro Señor, se sacará más cantidad de oro en sola esta tierra, según las muchas minas que por muchas partes están descubiertas, que en todas las islas juntas y en otras tantas… y desta manera se harán dos cosas: la una, buena orden para conservación de los naturales, y la otra, provecho y sustentamiento de los españoles; y de estas dos resultarán el servicio de Dios Nuestro Señor y el acrecentamiento de las rentas de V. M.».

La afirmación de Cortés de que sólo se exigían a los indios labores en sus tierras, no era cierta del todo, pues hemos visto en sus Ordenanzas del buen tratamiento de los indios, que admitía algunos servicios personales fuera de los pueblos.

En otro párrafo de su carta Cortés informaba al Emperador acerca del contenido del tributo de los indios encomendados: que daban maíz, algodón, pulque, hacían las moradas y criaban los ganados.

Sobre la perpetuidad escribía:

«conviene mucho que mande V. M. que los naturales destas partes se den a los españoles que en ellas están y a ellas vinieren, perpetuamente habiendo respecto a las personas y servicios de cada uno, quedando a V. A. la suprema jurisdicción de todo; porque desta manera cada uno los miraría como cosa propia, y los cultivaría como heredad que habrá de suceder en sus descendientes; y hacerse hía que el cuidado que yo solo agora tengo e ha de tener la persona que V. M. fuere servido que gobierne estas partes, lo tuviesen todos y cada uno en particular en lo que le tocase».

En cuanto al punto de la implantación de los tributos de los indios en favor del rey, decía el caudillo de Nueva España, que había recibido el capítulo por el cual mandaba Carlos V que a los naturales de Nueva España se les hiciera entender el dominio que tenía sobre ellos, como su supremo señor, y el servicio que por ello le debían como súbditos y vasallos y que en reconocimiento de esto se viera la forma de que los indios dieran y contribuyeran alguna cantidad anual. Que el mismo capítulo mandaba que Cortés lo comunicara con sus oficiales, y aun con los religiosos que en Nueva España estuvieran: que lo había hecho y creía que todos los oficiales y algunos religiosos escribían al rey sobre ello. Su opinión personal era contraria a estos tributos, porque pensaba que si los indios tenían que contribuir al rey no habrían de dar nada a los españoles, y éstos, no pudiendo sostenerse, dejarían la tierra. Afirmaba también Cortés que las cosas que los indios daban no servían al rey; que se señalaron ciertos pueblos para el rey administrados por el tesorero Alderete y casi se perdieron, por lo cual tuvo que darlos en encomienda y así iban mejor; que si los españoles despojados de sus encomiendas se marchaban, el rey perdería las provincias sin ser suficiente para conservarlas tropas a sueldo: «eso no se piense en ninguna manera, porque para sostener lo ganado, sin pensar en acrecentar más, eran menester, a lo menos, mil de caballo y cuatro mil peones; éstos, ninguno de los de caballo se podrían sufrir con que le diesen quinientos mil maravedís de partido, porque en un caballo se va más de la mitad, y lo demás no basta ni para herraje y para vestirse según valen las cosas»; que en total se gastarían quinientos cuentos en los de a caballo, y en los peones, a razón de doscientos pesos de oro, ochocientos mil pesos. Además, suprimidos los encomenderos, «era menester con cada fraile que fuese a predicar a un pueblo, ir una guarnición, y ésta, con tres días que estuviese en el pueblo, le dejaría asolado»[10].

En resumen: Cortés defendía las encomiendas por razones económicas, porque consideraba que de ellas dependía el sustento de los españoles; por miras políticas, porque eran un medio eficaz para mantener sujeta la tierra y obedientes a los indios; y por ventajas religiosas, porque permitían mejor la instrucción de los naturales en la fe. Hacía esfuerzos por distinguir sus encomiendas de las de las Islas, insistiendo en que las suyas no implicaban servicios de minas, ni exterminaban a los indios; abogaba por la perpetuidad de los repartimientos y era contrario a un régimen tributario regalista, en el cual veía, no sin razón, una amenaza para los premios de los conquistadores, puesto que esos tributos debían pagarlos también los indios.

La opinión de Hernán Cortés en favor de las encomiendas fue reforzada por el parecer reunido de los religiosos dominicos y franciscanos de Nueva España[11], quienes pensaban que la tierra debía repartirse perpetuamente, sucediendo en las encomiendas únicamente los hijos o herederos legítimos; que debía tasarse lo que los indios vasallos dieran a los señores españoles; que el tributo rió lo llevaran los indios al lugar donde vivía el encomendero, a menos que se les pagara este trabajo y se les diera de comer para el camino de ida y de vuelta y que no fuera en tiempo que impidiera sus labranzas; que se nombraran tres o cuatro visitadores que entendieran en el buen tratamiento de los naturales y en las cosas de Dios, «los cuales tengan poder del Emperador y salario asignado»; que se debían dar encomiendas a los muchachos indios nobles que se educaban en los monasterios; que los españoles casados con indias quedaran con repartimientos y fueran favorecidos; que después de hechos los repartimientos, en ningún caso fueran quitados, salvo por las causas porque los mayorazgos y haciendas se pierden y confiscan entre cristianos.

Fray Juan Suárez continuó en España las gestiones en pro de las encomiendas[12].

En contra de las opiniones ya examinadas, hubo quienes aconsejaron al Emperador que estableciera inmediatamente la tributación en favor de la Corona, y que si algunos opinaban que los indios no tendrían orden en esta forma ni contribuirían, «V. M. crea [que] no le hacen verdadera relación y que lo harán por su interés particular»[13].

En Nueva España, el problema de las encomiendas no consistió únicamente, como en el período antillano, en compaginar la libertad de los indios con el principio de la compulsión estatal para que prestaran sus servicios en favor de los particulares españoles.

Se trataba también de la organización de una región vasta, densamente poblada de indígenas, que debían convivir con 3 los dominadores bajo el poder del Estado. El problema, en su substancia económica, continuaba siendo el mismo de la época de las Antillas, puesto que se trataba de que los naturales, en alguna forma lícita en Derecho, prestaran sus servicios y contribuyeran al sostenimiento de los colonos españoles; pero también comenzaban a señalarse los matices políticos y fiscales del problema: al Estado monárquico centralista y de tendencias modernas de la Casa de los Austrias, no le era indiferente que la Nueva España quedara organizada interiormente bajo un régimen pleno de señorío con delegaciones de jurisdicción y cesión perpetua de las rentas de los nuevos vasallos indios, o que se implantara la administración de tipo regalista (representada más tarde por los corregimientos), mediante la cual el Estado tendría poder directo sobre los naturales, cobrando para sí sus rentas.

El Emperador conocía ya las opiniones de los conquistadores, religiosos y oficiales de Nueva España, cuando resolvió enviar a este reino al licenciado Luis Ponce de León, como juez de residencia. En la instrucción que le dio el 4 de noviembre de 1525 se encuentra un extenso capítulo sobre el problema de la organización jurídica del nuevo reino[14]. Carlos V decía que por la experiencia de las Islas envió instrucción a Hernán Cortés, en el sentido de que no encomendara los indios de Nueva España y que solamente les impusiera los tributos debidos a la Corona. Que Cortés no lo ejecutó, mantuvo secreta la orden y dio los indios a los españoles para que los tuvieran en depósito, mientras se veía la relación que envió y se proveía lo conveniente. Que los españoles «se sirven dellos [los indios] en cierta forma, haciéndoles sus casas e trayéndoles cosas de comer, y otros del oro que tienen y sacan de las minas, según la calidad de la tierra donde moran». Que acerca de los tributos Reales, escribió Cortés que no convenía imponerlos, sino que el rey gozara únicamente el quinto de todo el provecho de la tierra. Que otros eran de parecer que podrían tributar los indios al rey, desde luego.

En vista de esto, Ponce de León, al llegar a Nueva España, cuando comenzara a entender en las cosas dé ella, debía ver:

«con dicho nuestro gobernador y con nuestros oficiales y otras personas que vos pareciere y principalmente de los religiosos que allá están, la mejor manera que para la conversión de los dichos indios a nuestra santa fe católica… se podría tener. Y en caso que os pareciere y viéredes que conviene que los indios estén encomendados a los cristianos y que ésta es la mejor manera para que ellos vengan en conocimiento de nuestra santa fe católica y Nos seamos servidos de la dicha tierra, platicaréis entre vosotros si será bien que queden encomendados de la manera que agora lo están y sirven a los españoles, o sí será mejor que se diesen por vasallos, como los que tienen los cavalleros destos reinos, o por vía de feudo pagando los derechos que pareciere que se les puede imponer. Y si os pareciere y halláredes que es mejor, como algunos son de parecer, que no se encomienden los indios a nadie, sino que solamente estén en sus tierras libremente y solamente sirvan a Nos y Nos paguen el mismo servicio y tributo que pagaban a los señores que antes tenían o otro que allá parezca, qué manera se podría tener con los españoles que allá residen o qué parte dellos se les podría dar para que estuviesen y residiesen en la dicha tierra e no la desamparasen, y después de haberlo muy bien visto y platicado enviarme heis la relación original que sobre ello recibiéredes juntamente con vuestro parecer, poniendo pro y contra que en cada cosa della tuviéredes y en lo que os resolviéredes para que yo lo mande todo ver y proveer como más convenga al servicio de Dios Nuestro Señor y ensalzamiento de Su santa fe católica y servicio Nuestro y bien de la tierra, y entre tanto y hasta que Yo, vista vuestra relación envíe a mandar lo que en ello se haga, no innovéis ni alteréis cosa alguna en ello de como agora está».

La posición radical de la Corona del año 1523 contra las encomiendas, no se mantenía, por consiguiente, en 1525. Se admitía ahora la posibilidad de los repartimientos, la cual era uno de los extremos de la consulta. Las soluciones apuntadas en la instrucción de Ponce de León —encomiendas según la forma usada por Cortés, señoríos de vasallos al estilo de España, feudos con pago de ciertos derechos a la Corona, y tributos del rey que éste cediera en parte a los españoles—, tendían a armonizar en lo posible, la libertad del indio, las necesidades económicas de los españoles, la soberanía del rey y sus ingresos fiscales.

Por muerte de Portee de León llevó a cabo la información mandada por Carlos V Marcos de Aguilar, justicia mayor de Nueva España. Preguntó conforme a la instrucción ya citada: «si sería bien que quedasen encomendados los dichos indios de la manera que al presente lo estaban e servían a los españoles, o si seria mejor que se diesen por vasallos, como los que tienen los caballeros de Castilla, o por vía de feudo pagando a S. M. los derechos que pareciere que se les podía imponer»[15].

Entre las respuestas de los interrogados hallamos la siguiente de Gonzalo de Sandoval, Alonso de Grado, Jorge de Alvarado y Bernardino de Santa Clara, vecinos de México[16]:

«Su Sacra Majestad los debe mandar (a los indios) dar por vasallos, mandando haber consideración a la calidad de la persona de cada uno, y a lo que en la conquista y pacificación desta Nueva España oviere servido; porque por esta manera serán más presto industriados en las cosas de nuestra santa fe y serán más conservados en sus personas y haciendas». «La renta y servicio que S. M. llevare de los españoles vecinos de la dicha Nueva España, sea el quinto del oro que los vasallos dieren, no siendo de minas, y de lo de minas el diezmo, sin les mandar imponer a los dichos naturales de la tierra, otro tributo ni imposición alguna por la libertad de la tierra y de los que en ella tan bien a Su Sacra Majestad han servido; porque dándose (los indios] así por vasallos, los españoles que los tuvieren los tratarán como a sus propios hijos, sin los fatigar ni apremiar, demandándoles cosa ninguna que no puedan cumplir ni de que reciban pena ni agravio, porque el mayor bien que el señor puede tener es que su vasallo esté rico».

Es decir, los autores de este parecer defendían la aspiración señorial de todos los conquistadores de Nueva España[17].

Alonso del Castillo, otro vecino de México, opinaba que si se dejaba a los indios en libertad, sus tributos durante diez años no bastarían para sustentar el salario de los españoles indispensables en Nueva España para sojuzgar y cuidar la tierra, y que los indios aprovecharían la libertad para idolatrar y sacrificar. Que no habría españoles conformes en servir por salario. Proponía que se dieran perpetuos los repartimientos «para que se hereden por vía de mayorazgo y que no se dividan en partes, sino que sucedan en los hijos mayores o parientes más propincuos… Desta manera los naturales serían mejor tratados como cosa propia e industriados en la fe, porque teniéndoles los españoles amor y por suyos propios, han de trabajar su conversión con mucha diligencia». Que las rentas del rey no disminuirían por las mercedes de indios en favor de los españoles, porque éstos, con sus vasallos propios, se darían a trabajar, descubrir minas, etc., y el rey llevaría una parte de los frutos[18].

Los franciscanos de Nueva España opinaron en esta consulta de 1526 en pro de las encomiendas perpetuas: «la manera y el cómo, por evitar prolijidad dejamos a los padres que enviamos para se platicar con V. M. y Consejo». Sobre si sería bien que alguna ciudad quedase por el rey, sin encomendar, decían, «nos parece que todas se deben de repartir y encomendar, porque todas han de tener y estar en nombre de V. M. y ninguno tener como dicen, horca y cuchillo, salvo si no quisiese V. A. hacer merced a alguno por sus grandes servicios desta jurisdicción civil y criminal…, la tierra toda es de V. M., ponga en ella la imposición que le pluguiere, pero nada quede sin se encomendar, si así a todos pareciere convenir»[19].

Esta opinión era menos favorable a los conquistadores, porque si bien les concedía el aprovechamiento económico perpetuo de los indios, les restaba la jurisdicción que, en el caso de aceptarse los señoríos de vasallos que solicitaban, gozarían como los duques, marqueses y condes de España[20].

Al enviar Marcos de Aguilar a Carlos V el resultado de la información, expuso su parecer propio:

«Digo muy Católico Señor, que a servicio de Dios y de V. M. y al bien de la tierra y a la conversión y perpetuidad de los indios conviene que se den perpetuos o encomendados perpetuamente, como se hizo en la Isla Española, o por vasallos, con tanto que: las personas a quien V. M. lidere dellos merced, respondan con el feudo o servicio que V. M. sea servido que den, y este servicio hase de tasar y moderar según la calidad delas tierras y provincias donde los indios viven, porque unos viven en tierras donde no alcanzan a coger oro, y tienen otras granjerías, y otros están en tierras que hay oro y plata, y según esta consideración se debe mandar tasar la calidad del servicio. Y si V. M. fuere servido de los dar por vasallos, inconveniente parece que haya tantos señores de vasallos, y si así se acordare que se den, paréceme que no deben tener jurisdicción alguna; que la cosa más dañosa destas partes, como se ha visto en días pasados en la Isla Española, es enajenar ni sacar de la corona real, jurisdicción alguna, sino que toda esté debajo del cetro imperial de V. M.; y dándose o por vasallos o por encomendados, en breve serán dotrinados en nuestra santa fe católica, y conservarse han y vivir han alegres, porque la cosa que más pena les da es mudar cada día señores nuevos, y los españoles vivirán en paz y sosiego, y entenderán en edificar, labrar y plantar la tierra, que es para ello muy aparejada; y si brevemente V. M. no lo manda remediar, no habrá indio vivo, según lo mal y ásperamente que son tratados»[21].

En la Corte hubo nuevas consultas antes de decidir el problema de las encomiendas del Continente.

El bachiller Enciso, que había figurado antes en los negocios de Indias, dio un parecer (1525 ?) afirmando la justicia de las conquistas, contra las cuales decía que opinaba el presidente del Consejo de Indias, García de Loaysa; «[quien] alega un dicho de un doctor que escribió que las tierras que poseían los infieles, en especial aquellos a quienes nunca había ido a su noticia el nombre de Jesucristo, que no se las podían tomar sin causa, porque el dominio e posesión de las tierras era de jure gentium». Enciso replicaba que en 1513, cuando se disponía la expedición de Pedrarias Dávila, el Rey Católico consultó a los frailes de San Pablo de Valladolid, y estos determinaron que los indios estaban obligados a servir al rey como sus vasallos y que «el rey podía hacer merced de este servicio a los que allí fuesen a ganar aquella tierra y a poblarla». Es decir, Enciso justificaba la encomienda como cesión del tributo que los indios sujetos debían al rey por ser su señor[22].

El movimiento en favor de los repartimientos continuó en la Corte en 1526, aumentando la fuerza de las opiniones recogidas en Nueva España. En un parecer para remediar las cosas del Mundo Nuevo, dado en esa época, leemos en el párrafo cuarto: «si V. M. fuere servido de mandar dar indios a los españoles, sean por vasallos perpetuos, con las condiciones que a V. M. pareciere»[23].

En otro parecer, dado en Granada en 1526, se sostuvo que los gobernadores, para dar o quitar las encomiendas debían tomar consejo de los prelados o religiosos, que personas celosas tasaran lo que cada provincia había de contribuir y no se exigiera más en ninguna forma, que hubiera visitadores que fueran acompañados de personas religiosas, que se mantuviera a los caciques en sus señoríos, que no se dieran encomiendas a quien no había de permanecer en la tierra, que los indios no se cargaran y no se emplearan en hacer edificios[24].

Pronto se notó en las leyes de la Corona el nuevo Curso de los debates teóricos: en la provisión de Granada de 27 de noviembre de 1526, las encomiendas no fueron prohibidas de modo absoluto; disponía un capítulo de la ley:

«los capitanes ni otros, no puedan apremiar a los indios a ir a las minas ni pesquerías de las perlas, ni otras granjerías, so pena de perdimiento de sus oficios, pero si ellos voluntariamente quisieren ir como libres, pagándoles sus jornales, lo pueden hacer con tal que tengan cuidado de instruirlos en la fe e buenas costumbres, apartándolos de sus vicios, de la adoración de sus ídolos, del comer carne humana, del pecado nefando e otros». «Item, pareciendo a los religiosos e clérigos que para que los indios olviden estos pecados, e su conversión haga más fruto, convendrá que se encomienden a los cristianos para que les sirvan como personas libres, se puede esto hacer como ellos lo ordenaren, teniendo siempre respeto al servicio de Dios e buen tratamiento de los indios, de manera que nuestra real conciencia no sea cargada, cargando en esto la suya a los dichos religiosos e clérigos»[25].

Esta disposición tuvo efectos muy importantes, porque la provisión de Granada se incorporaba en todas las capitulaciones de nuevos descubrimientos y fue de este modo como las encomiendas fueron extendidas por Montejo en Yucatán, por Pizarro en el Perú, y en tantos otros casos de caudillos o conquistadores indianos[26].

La Corona avanzó aun más en la aceptación de las encomiendas; en la importante provisión para la Primera Audiencia de la Nueva España de fecha 5 de abril de 1528, ordenaba que los guardianes de San Francisco y de Santo Domingo de México, con tres religiosos de cada una de tales Ordenes, y con el presidente y oidores de la Audiencia y obispos de Nueva España, se juntaran, a fin de averiguar los nombres de las provincias, número de moradores indios y españoles, condiciones de fertilidad, cuates fueron los conquistadores que entraron con Hernán Cortés para ganar la tierra y los otros pobladores, qué repartimientos estaban hechos, con declaración de su extensión en tierras y número de indios, qué provincias tenían minas de metales o piedras finas o pesquerías y en qué condiciones se explotaban. Este informe minucioso serviría para que los nombrados formaran un memorial y repartimiento de los indios, según creyeran que debían darse a los españoles de la tierra, porque la Corona, en vista de los pareceres de Cortés, de Marcos de Aguilar, de otras personas y religiosos, había decidido conceder las encomiendas de Nueva España, y esto con dos notas importantes: perpetuidad y cierta forma de jurisdicción. En efecto, decía una de las cláusulas de la citada provisión:

«e por cuanto vistas las dichas informaciones y pareceres de los religiosos y nuestro gobernador Hernán Cortés e otras muchas y diversas personas, con acuerdo de los del nuestro Consejo y por la voluntad que tenemos de hacer merced a los conquistadores y pobladores de la dicha Nueva España, especialmente a los que tienen o tuvieren intención e voluntad de permanecer en ella, tenemos acordado que se haga repartimiento perpetuo de los dichos indios, tomando para Nos e para los reyes que después de Nos vinieren, las cabeceras y provincias y pueblos que vosotros halláredes porta dicha información ser cumplideras a nuestro servicio, y a nuestro estado y corona real, y del restante hagáis el memorial y repartimiento de los dichos indios y pueblos e tierras e provincias dellos, entre los conquistadores y pobladores, habiendo respeto a la calidad de sus personas y servicios, e calidad y cantidad de la dicha tierra e población e indios que así os parece que por Nos les deben ser dados e repartidos; otrosí, en el dicho vuestro memorial y parecer declararéis qué cantidad de tributo os parece justo que se nos dé a Nos e a los reyes nuestros sucesores, perpetuamente, por los poseedores de las dichas tierras, e por aquellos que dellos tuvieren título o causa, habiendo respecto que, demás de la concesión que les entendemos de hacer en las dichas tierras, es nuestra merced que las hayan de tener con señorío e jurisdicción, en cierta forma que Nos les mandaremos señalar y declarar al tiempo que mandaremos efectuar el dicho repartimiento»[27].

Este memorial no se debía poner en ejecución inmediatamente, sino guardarlo secreto e informar al rey, y éste, si aprobaba el proyecto, proveería.

En la propia fecha (5 de abril de 1528) se mandó a los componentes de la Primera Audiencia, que entonces se enviaba a gobernar a Nueva España, que entretanto que hacían el repartimiento o memorial a que nos hemos referido, si vacaban indios por muerte de los encomenderos o por otra causa, los encomendaran a las personas que les pareciera que los tratarían y administrarían bien, tratando a los indios como personas libres, como lo eran, enseñándoles las cosas de la fe. Que en las provisiones de las encomiendas prefirieran a los casados y a los primeros conquistadores, a cada uno según la calidad de sus personas y servicios[28].

Entre otras medidas legales de esta época hallamos la provisión de 15 de febrero de 1528, dictada en Burgos y dirigida a la Primera Audiencia de México, en el sentido de que no hiciera repartimientos de más de trescientos indios[29].

Mientras se disponía el orden definitivo sobre las encomiendas, Carlos V, el 4 de diciembre de 1528, en Toledo, dictó unas Ordenanzas para el buen tratamiento de los naturales[30]; mandaba que los encomenderos no emplearan a los indios en el transporte de cargas, ni para que fueran a vender bastimentos a las minas; que no tuvieran a las mujeres de los indios encomendados haciendo pan para los esclavos que trabajaban en las minas, ni en otros servicios, sin darles salario; que no usaran a sus indios para ayudar a los esclavos que trabajaban en las minas, ni en construir casas para éstos; los indios de la encomienda sólo estaban obligados a fabricar la casa particular del encomendero) no las que éste construyera… para vender; «entretanto que en esto y en las otras cosas tocantes a los dichos indios se da orden, ninguna persona tome ni pida de los dichos indios que tuvieren encomendados oro alguno demás de aquello que ellos, de su voluntad, sin premia alguna, les quisieren dar, ni otra cosa alguna, salvo aquellas tan solamente que en el lugar donde ellos moran ovieren y esto sea en aquella cantidad que son obligados e no más». Adviértase la indeterminación del tributo en 1528. Ordenaba por último el Emperador, que en la época de las sementeras, los indios quedaran más descargados para Criar las suyas y que no debían ser sacados nunca de Nueva España para ser empleados o vendidos en otras regiones de América.

En resumen, el período comprendido entre el gobierno de Hernán Cortés y el de la Primera Audiencia de Nueva España se caracterizó teóricamente por una ofensiva clara en favor de las encomiendas; de acuerdo con ella se advierte la variación en la actitud legal de la Corona, que llegó a prometer las concesiones definitivas, y entretanto mantuvo la práctica de las encomiendas, dictando algunos preceptos que debían regir durante este período provisional[31].

Los excesos de la Primera Audiencia al dar y quitar indios a los españoles y sus pleitos ruidosos con el obispo Zumárraga, quien desde el mes de enero de 1528 había sido nombrado protector de los indios, son muy conocidos[32].

Esta experiencia debió influir en la dirección posterior del problema de la encomienda.

La tendencia favorable a la institución se detuvo en 1529; se advierte entonces el resurgimiento de la tendencia contraria.

El Consejo Real, reunido en Barcelona el dicho año de 1529, concluyó[33]:

«parece que los indios, por todo derecho y razón son y deben ser libres enteramente y que no son obligados a otro servicio personal más que las otras personas libres destos reinos, y que solamente deben pagar diezmos a Dios, si no se les hiciere remisión dél por algunos tiempos, y a S. M. el tributo que pareciere que justamente les deben imponer conforme a su posibilidad y a la calidad de las tierras, lo cual se debe remitir a los que gobernaren». «Otrosi: parece que los indios no se encomienden de aquí adelante a ningunas personas y que todas las encomiendas hechas se quiten luego y que los dichos indios no sean dados a los españoles so este ni otro título, ni para que los sirvan ni posean por vía de repartimiento, ni en otra manera por la experiencia que se tiene de las grandes crueldades y excesivos trabajos y falta de mantenimientos y mal tratamiento que les han hecho y hacen sufrir siendo hombres libres, donde resulta acabamiento y consumación de los dichos indios y despoblación de la tierra como se ha hecho en la Isla Española». «Otrosí: parece que al presente hasta que los dichos indios se instruyan más en la fe y vayan tomando más nuestras costumbres y algún entendimiento y uso de vivir en alguna policía, S. M. no los debe dar por vasallos a otras y personas, perpetua ni temporalmente, porque se debe creer que en efecto sena traerlos a la misma servidumbre y perdición que ahora padecen o a otra peor y no se debe hacer fundamento en las ordenanzas, prohibiciones y penas que se hiciesen en favor de los dichos indios, pues la experiencia nos muestra que las que hasta hoy están ordenadas, que son muy buenas, ninguna se ha guardado ni bastan prohibimientos para excusar los dichos indios tratamientos, poniendo a los dichos indios debajo de la sujeción de particulares que no sean del rey».

El resultado de la propia Junta, según la carta de 10 de diciembre de 1529 del arzobispo de Santiago y D. García Manrique, conde de Osorno, a Carlos V, fue[34]:

«ha parecido a todos que a los indios se debe dar entera libertad y quitarse todas las encomiendas que estén hechas dellos, y porque quitarse de golpe parece traería inconvenientes y los españoles por esta causa podrían desamparar la tierra, que se señale un tributo moderado que paguen los indios, y la mitad deste, el primer año, se dé a las personas que agora los tienen encomendados, y después podrá V. M. dar vasallos a quien lo mereciere, tomando para sí las cabeceras».

Es decir, el antiguo principio de la libertad de los naturales volvía a emplearse para concluir la ilegalidad de las encomiendas; se pensó en algún recurso transitorio a base de los tributos del rey para que la supresión brusca de los repartimientos no causara la despoblación total de españoles de las tierras nuevas; como solución final se pensó en los señoríos de vasallos, los cuales no debían concederse inmediatamente, pero sí cuando los indios tuvieran mayor doctrina y capacidad política. Esta última solución no se juzgaba contraria a la libertad del indio, porque en España existían pecheros de condición legal libre, sujetos, sin embargo, al régimen de señorío.

De acuerdo con estos principios deben interpretarse los propósitos de la Corona cuando envió a México la Segunda Audiencia. Generalmente se ha considerado este período obscuro y contradictorio: quizá no lo es tanto si se estima que la libertad del indio volvía a ser una de las bases, la supresión de encomiendas y demás instituciones similares estaba decretada, y sin embargo, como última y final solución se pensaba en una organización de señoríos, parecida a la antigua y tradicional de la Metrópoli.

El propósito último del repartimiento señorial de Nueva España se halla en la instrucción pública para la Según Audiencia, de fecha 12 de julio de 1530. Un capítulo de esta instrucción ordenaba que los nuevos oidores vieran el estado del memorial que en 1528 comenzó a hacer la Primera Audiencia y que lo llevaran a término, remitiéndolo a la Corte para que se proveyera lo conveniente[35].

En otra instrucción secreta para la Segunda Audiencia, del mismo año de 1580, se encuentra el propósito contrario a las encomiendas y favorable a la administración regalista[36]:

«Yo vos mando, que luego como llegáredes os informéis de los indios que han vacado, después que los dichos Presidente y Oidores [de la Primera Audiencia], fueron proveídos, y ellos han proveído por vía de vacación, y ante todas cosas, todas las encomiendas que los susodichos Presidente y Oidores ovieren hecho delos indios que han vacado, las deis por ningunas, que Nos, por ja presente, las damos por tales; y vos mandamos, que luego los quitéis a las personas a quien estuvieren encomendados, y pongáis los dichos indios en libertad, señalándoles los tributos que os pareciere, que pueden y deben pagar buenamente, con los cuales acudan a nuestros oficiales; y a ellos les haced cargo de todo ello; y pondréis personas hábiles, que sean tenidos por de buena conciencia, para que tengan en justicia los dichos indios, y les hagan industriar en las cosas de nuestra santa fe». «Y lo mismo haréis de todos los que han vacado y vacaren en cualquier manera; hasta tanto que, vista vuestra relación. Nos vos enviemos a mandar lo que a nuestro servicio, bien y población de la dicha tierra convenga. Las personas que así se pusieren en los tales pueblos, se llamen corregidores, para que aun por el nombre conozcan los indios que no son sus señores».

Nótese que el corregimiento nacía como medida transitoria que tenía por fin limitar el sistema de administración de los indios por medio de encomiendas, cumpliéndose así la segunda conclusión de la Junta de 1529. Más tarde, según veremos, el corregimiento no fue un régimen incompatible con la encomienda, sino uno de los medios de que el Estado se valió para controlar la relación catre el encomendero y los indios[37].

Acerca de la conducta de la Segunda Audiencia al llevar a la práctica los preceptos expuestos, existen algunos datos. El oidor Salmerón, en su carta al Consejo de Indias de fecha 22 de enero de 1531, escribía[38]:

«en lo de la dirección de la tierra se entiende como a S. M. se escribe, y aunque los negocios que al presente ocurre no daban lugar a ello, parecimos que había necesidad de tener lo comenzado para hacer la revocación y provisión de las encomiendas de indios, por la forma que S. M. en lo secreto manda, la cual se ha de sentir mucho; y no será por lo dificultoso de efectuar; y comenzarse ha a entender en ello luego, procurando de poner la más miel que pudiéremos para que menos se sienta; y cuanto ésta no bastare, enójese quien quisiere, que lo mandado por S. M. se ha de cumplir, y aunque sea en desabrimiento de los españoles que acá residen, no se puede negar que deje de ser en favor y conservación de los indios, y, por tanto, santo y justo».

Es decir, los oidores encargados de ir extinguiendo las encomiendas y fundar los corregimientos, notaban ya la aspereza de la medida y el disgusto de los colonos de Nueva España, pero afirmaban el propósito de cumplir la orden Real.

En carta posterior, de fecha 30 de marzo de 1531, la Segunda Audiencia informaba a la Corona de los sueldos que tenían los corregidores, que eran de trescientos veinte a trescientos ochenta pesos al año; los alguaciles ganaban de ciento veinte a ciento cuarenta pesos[39].

En la carta que el 20 del mismo mes y año escribió la Emperatriz, que gobernaba por ausencia de Carlos V, a la Audiencia de México, se daba por enterada de que los oidores habían logrado que los vecinos de México no enviaran a España sus procuradores para obtener la confirmación y perpetuidad de las encomiendas. Seguramente se trataba de la reacción de los colonos ante las medidas que la Audiencia trataba de implantar de conformidad con lo acordado en la Junta de Barcelona. La Emperatriz, en la carta citada, urgía el envío de la descripción de la tierra para resolver en definitiva[40].

El presidente de la Segunda Audiencia, D. Sebastián Ramírez de Fuenleal llegó a Nueva España algún tiempo después que los oidores. Encontró planteado el problema de la organización jurídica y social del nuevo reino, en toda su dificultad; nuevas consultas eran necesarias.

Probablemente a esta época corresponde un parecer sin fecha de fray Domingo de Betanzos; ante las dos perspectivas principales de organización de la Nueva España —las encomiendas y los corregimientos—, se decidía por la encomendación[41].

Sostenía que eran menester tres cosas: que el rey no tuviera pueblo alguno de indios en su cabeza; que todos los pueblos se repartieran entre los españoles de modo perpetuo; y que se designara un gobernador que mantuviera la tierra en justicia y la tuviera en concierto, aplicando las leyes que se hicieran. Daba como razones: que con los repartimientos perpetuos los españoles se aplicarían a plantar, sembrar, edificar, etc., con lo cual la tierra se enriquecería y aumentarían las rentas del rey; que habría más asiento por parte de los españoles; que cuidarían mejor de los indios y cuando éstos fueran agraviados tendrían a quien recurrir para su defensa; que sacar a los indios del poder de los cristianos, para ponerlos en cabeza del rey, era: «deshacer los españoles por remediar los indios, y aun también porque por esta vía, que parece piadosa y santa, les parecen que las rentas del rey son muy acrecentadas…, pero es quitar todo el asiento y firmeza de la tierra, y despoblaría y deshacerla, y los indios peor»; que no hubiera mudanzas de amos, «porque en quitando los indios a uno, luego a la hora se pierde al remate toda la otra hacienda que tenía, así de ganados como de labranzas e de cualesquiera otras granjerías»; creía mejor «dar agora un asiento en el repartimiento de estos indios, el cual nunca más se mude». Atacaba el sistema de corregimientos, porque los corregidores y los oficiales reales na se ocupaban sino de explotar a los indios, no se compadecían de ellos, no les consentían dilación alguna en la paga, no tenían los indios a quién quejarse ni a quién apelar, eran mal doctrinados, se les exigía llevar los tributos a sitios muy lejanos, y en resumen, servían a muchos señores: al corregidor, al alguacil, al escribano, todos los cuales eran removidos cada dos años y entraban nuevos que «chupan hambrientos».

En el razonamiento se encuentra también este argumento señorial: «si todos los indios se ponen en cabeza del rey, vienen a ser todos [los habitantes de Nueva España], iguales y aun pobres en la república, lo cual es directamente contra todo orden de buena policía, porque es necesario que en la república, para ser bien ordenada y sustentada, haya en ella personas valerosas e poderosas e ricas, e caballeros e nobles [que en el caso serían los encomenderos], porque éstos son los huesos sobre que se sostiene la república; porque no puede ser república más malaventurada e abatida que aquella donde todos son pobres e abatidos e necesitados, porque los tales ni pueden favorecer la república, ni ayudarse unos a otros, lo cual sería así si nadie tuviese pueblo ni señorío, lo cual es harto no conveniente, allende de otros muchos [daños] que otros podrán decir en este propósito».

Nótese el concepto medieval jerárquico de la sociedad, tomado seguramente del Regimiento de los Príncipes de Santo Tomas; el fraile dominico lo aplicaba a la composición social de la Nueva España, de acuerdo con las aspiraciones de los conquistadores, quienes, según sabemos, después de la conquista deseaban ser los señores del nuevo reino.

El planteamiento era bien claro en esta época. De una parte subsistían las pretensiones señoriales que la Corona había alentado con sus promesas algún tiempo, y de otra parte se encontraba la tendencia regalista que en Nueva España había dado lugar, bajo el gobierno de la Segunda Audiencia, al esfuerzo práctico de la implantación de los corregimientos para gobernar a los indios incorporados directamente a la Corona.

La actitud media entre las tendencias extremas —señorial y Real—, no se hizo esperar. En algunos pareceres ya citados, como el de Enciso, se había hablado de la justificación de las encomiendas por medio de los tributos del rey, cedidos a los encomenderos. Esta idea, unida a otras indicaciones dirigidas a satisfacer los anhelos de los conquistadores y pobladores, sin olvidar la defensa del indio y los intereses políticos y fiscales de la Corona, fue desarrollada con amplitud por Ramírez de Fuenleal.

Opinaba que el rey nunca concediera vasallos ni jurisdicción a los colonos de Nueva España, porque aparte el mal tratamiento que los indios recibían, tal concesión era contraria a la Corona, cuya autoridad se debilitaba: «el señorío de las personas debe quedar en la Corona de V. M., las personas y vidas de los indios son de los españoles en tan poco tenidas, que diciendo verdad no se podrá creer por los que no lo han visto». A juicio de Fuenleal, lo único, que el rey debía conceder a los conquistadores y pobladores era lo siguiente: «mande V. M. hacerles merced de los tributos, rentas y servicios personales que los pueblos dieren, ahora sea en mucho o en poco, señalando a cada uno el pueblo o pueblos de do ha de llevar el tal tributo o servicio, según la calidad de su persona… por este medio el indio entiende que es vasallo o macehual de V. M., y que los españoles no tienen sino el tributo que V. M. les manda dar… Dando V. M. solamente los tributos, no se hace agravio al señor [cacique] que los indios tienen en aquel pueblo, al cual forte pertenece el señorío por tiempo inmemorial, y lo han poseído sus mayores por derecha sucesión, o por aquella vía de suceder que tenían de costumbre».

Consideraba Fuenleal que el tributo de los indios en favor del rey estaba fundado en derecho, porque el rey de España era ahora el señor de los indios, por diversos títulos que alegaba: concesión de la Iglesia, rebelión de los indios después de haber dado la obediencia, su resistencia a la fe, sus pecados contra natura, la antropofagia, los sacrificios humanos, y porque el rey de España, con grandes gastos y pérdidas de muchos súbditos, había pacificado y reducido a la fe a los indios, se les enseñaba la religión y las buenas costumbres, y eran defendidos y mantenidos en justicia. Agregaba Fuenleal que los españoles sólo debían tener a lo sumo dos caballerías de tierra en los pueblos que les tributaran. Con mucha extensión detalló las condiciones con que se debían conceder los tributos: la renta debía ser perpetua, según un sistema de sucesión que él explicaba detenidamente, y que seguramente sirvió más tarde para la ley de sucesión de las encomiendas que dictó la Corona; los tributos, rentas y servicios personales que llevaran los encomenderos debían moderarse de tres en tres años por la Audiencia, o por quien el rey mandara, y si alguno llevaba tributos fuera de tasa, perdiera los indios; que el rey de todo lo que los encomenderos recogieran en metálico por concepto de tributos, gozara el quinto, y de las demás cosas, el diezmo, excepto de los servicios personajes, del cual diezmo quedarían exentos los conquistadores que estuvieron en la toma de México; que al ser llamados los encomenderos por pregón público, acudieran con sus armas, bajo pena de perder lo concedido.

Fuenleal rebatía expresamente los otros sistemas que en el curso de las discusiones se habían propuesto para resolver el difícil problema de las encomiendas. El sistema de repartir todos los pueblos, sin dejar ninguno en la Corona, cobrando únicamente el rey un tanto sobre ja renta de los encomenderos, le parecía medio desmedido y especie de traición, porque dejaba: «tierras y provincias tan grandes y do se espera que serán más que lo poblado de cristianos, fuera del vasallaje del rey», y sin que tuviera más que censos. El medio de una ocupación militar de Nueva España con doscientos jinetes y cuatrocientos peones a sueldo del rey, tampoco le parecía aceptable, porque dos intereses y rentas de esta tierra se han de haber poblándola de españoles que descubran minas, críen ganados, planten, y para todo esto, han de ser instrumento los naturales». En cuanto a ir retardando la concesión de las encomiendas para que entretanto floreciera la colonización, pensaba que los españoles, al perder la esperanza de los premios, robarían la tierra y se marcharían, y que no podía dejarse sin gratificación a los conquistadores y pobladores casados. Un cuarto remedio, consistente en dar vasallos y jurisdicción sólo a unos cuantos españoles, le parecía que no bastaría para la seguridad de la tierra y que la elección cíe los favorecidos no podía hacerse sin agraviar a muchos. El remedio de dar a los españoles tierras, franquezas y oficios, pero dejando los tributos de los indios para el rey, le parecía impracticable, porque no había tierras suficientes por tenerlas ocupadas los indios, los españoles no trabajarían sin éstos, no cabían más libertades sobre las que gozaban los colonos, y los oficios y provechos eran pocos.

Fuenleal aconsejaba al rey un plano de distribución de los españoles que gozarían los tributos cedidos: 150 en México, 30 en Michoacán, 50 en Oaxaca, 20 en Veracruz, etc. En total, 365 feudatarios. Decía que el repartimiento podía hacerse desde España, porque ya había enviado el memorial con todos los datos necesarios[42].

Este parecer fue de gran importancia, porque desde el año de 1532 en que se dio, las grandes dudas que a partir del descubrimiento de Nueva España se tenían sobre su organización definitiva, se acercaban, bajo la guía segura del razonamiento de Fuenleal, a una solución jurídica, capaz de armonizar los principios y los intereses encontrados en torno a las encomiendas. El presidente de la da Audiencia percibía que por medio del tributo del rey, que éste cediera a los españoles, se resolvían las principales dificultades acerca de la razón jurídica de las exacciones impuestas a los indios, puesto que siendo éstos vasallos del rey, le debían tributos en reconocimiento del señorío, y a su vez el rey podía disponer de sus rentas, haciendo cesión de ellas a los españoles particulares; esta solución, como también notó Ramírez de Fuenleal, respetaba el principio de la libertad del indio, pues pagando su tributo y sus servicios pomo libre, no había mengua en su persona y tampoco los caciques o señores naturales de los pueblos eran desposeídos. Las condiciones que Fuenleal exigía respondían a fines claros: la sucesión en la renta satisfacía los intereses de los españoles, con lo cual el autor del parecer no se dejaba llevar por la defensa de los indios, hasta él grado de olvidar los intereses de la colonización; también las tasas, sistema eficaz de control por el cual el Estado, y no el encomendero, fijaba el monto de los tributos, venía a llenar una función importante que contribuía a disminuir los abusos; Fuenleal era además un alto empleado de la Corona, y ya se habrá observado en su opinión, que no olvidaba los intereses de ésta, por los impuestos que detraería de las rentas concedidas, por los pueblos que tendría directamente asignados, que serían los principales de Nueva España, y tampoco quedaban postergados los derechos de soberanía al negarse toda concesión de jurisdicciones. Quizá no fue inmediato el efecto de este parecer, pero, al seguir el sistema legal de la encomienda en los años sucesivos y aun en la forma definitiva que tuvo en la Recopilación de Indias de 1680, se podrá advertir que el tiempo fue dando la razón al sabio ministro de Nueva España. Desde 1532 se puede fijar, cuando menos en la teoría, el amblo fundamental en el problema de las encomiendas mal resuelto hasta entonces, porque se había girado en torno a la afección de la persona del indio, y su compulsión para el trabajo en beneficio de los españoles, en tanto que la idea del tributo cedido venía a resolver las dificultades, con todas las ventajas señaladas[43].

En el parecer de Fuenleal sólo se encuentra un defecto: que toleraba los servicios personales como parte de las encomiendas, pero seguramente los equiparaba a los que prestaban los vasallos libres de España; también puede haberlos admitido, porque sabía que sin el trabajo del indio no era posible el sustento y riqueza de la colonia.

En la misma época en que dio su parecer Fuenleal, opinó el doctor Ceynos (22 de junio de 1532), oidor de la Audiencia de México. Pensaba, que como el remedio de dar únicamente tierras a los españoles de Nueva España era insuficiente, porque eran «gente puesta en hábito de honra», sólo quedaban dos caminos: o conceder las encomiendas, o establecer un sistema regalista absoluto, cobrando el rey sus remas de los indios y gobernándolos por medio de los corregidores, y sobre estos provechos, señalar juros o acostamientos perpetuos en favor de los españoles que los merecieran. Ceynos creía que esto último era inconveniente, porque la recaudación por conducto del Estado era poco eficaz y más cara, y creía mejor conceder las encomiendas en forma parecida a la que aconsejó Fuenleal. Decía: «V. M. haga merced perpetua con la cláusula enriqueña [o sea de reversibilidad a la Corona por falta de sucesor legítimo: véase la ley 11, tít. 7, lib. V de la Nueva Recop., y ley 10, tít. 17, lib. X de la Novísima], a los conquistadores y pobladores que en ella residen, a cada uno según los servicios, méritos y calidad de su persona, de aquello que V. M. Puede haber y tener y con lo que le deben servir los pueblos y Provincias desta Nueva España, hasta en número de 400 personas, repartidas y puestas en las poblaciones que V. M. fuere servido, poniendo en esta ciudad las 200 porque ésta es la fuerza principal de la tierra y con esta cantidad estará segura de todo levantamiento que los naturales procuren; no les dando a las tales personas jurisdicción alguna, más del provecho e interés que de los tales pueblos V. M. pudiere y debiere haber, lo cual hayan y tengan por título de mayorazgo, conque de lo que así se determinare que han de haber reconozcan a V. M. en lugar de señorío y a los sucesores en la Corona de Castilla, con la décima parte de lo que los tales pueblos les dieren, en cierta especie o cantidad, de lo cual V. M. haga merced por sus vidas a los conquistadores, que son los que se hallaron en ganar esta ciudad. Y con facultad que pueda V. M. cometer a quien fuere servido de dos en dos años, la moderación de los tales tributos, que los pueblos han de dar».

Que quedaran en la Corona Real las cabeceras y algunos lugares más, y que al dar los repartos se tuviera en cuenta la calidad, porque había sitios donde rendían más cien indios, que en otros, doscientos. Para pobladores de menores méritos, el rey debía establecer pensiones u otra clase de auxilios[44].

Ceynos, por lo tanto, resolvía el problema de las encomiendas por medio de los derechos del rey, cedidos a los particulares con las condiciones que señalaba; tenía también la idea de la sucesión especial en esta clase de bienes, aunque menos determinada que la de Fuenleal, pues se limitaba a hablar de la merced con título de mayorazgo y cláusula enriqueña; negaba también la jurisdicción al encomendero, y apoyaba el sistema de tasas.

Entre las medidas legales correspondientes al período que hemos estudiado, conviene señalar la cédula de 17 de agosto de 1529, que fundada en la libertad de los indios, prohibió a los encomenderos que alquilaran o dieran prestados los que les correspondían[45]. La Audiencia, con autorización de la Corona, puso en práctica la tasación de las encomiendas, o sea, la determinación legal de lo que los indios debían contribuir a sus respectivos encomenderos. La Corona, satisfecha del resultado, extendió más tarde las tasaciones a todas las provincias indianas[46].

En 1532 declaró que el encomendero no tenía dominio directo sobre los indios de su encomienda (puesto que correspondía al rey)[47]. En 1533 se establecieron las visitas de oidores por la tierra para reprimir abusos[48]. El mismo año se mandó, aunque la medida no arraigó de modo general, que se aumentaran los tributos de los indios para que como parte de ellos quedaran incluidos los diezmos de la Iglesia y el indio se acostumbrara a pagarlos, y entonces se haría la separación[49]. Nueva cédula sobre las visitas se dictó en 1534[50]. Se ordenó además que los encomenderos construyeran casas de piedra[51]. No debían echar sus indios a minas[52]. Las tasaciones que la Audiencia hiciera en pueblos de la Corona, debían hacerse en presencia de los oficiales de la hacienda del rey[53].

En esta forma parcial se iban fijando los rasgos que formarían después el conjunto de la institución.

Las consultas y pareceres sobre la implantación de las encomiendas y sobre su forma, una vez aceptadas, no habían terminado.

El 18 de noviembre de 1533, el Consejo de Indias recordaba a Carlos V que los indios eran libres, que no se debían encomendar, y que se respetaran los derechos que correspondían a los caciques sobre sus indios vasallos[54].

En las instrucciones de fecha 25 de abril de 1535, para el y primer virrey de México, D. Antonio de Mendoza, se encuentran diversos capítulos de interés para el problema de las encomiendas, y, en general, para la situación jurídica de los indios.

El capítulo segundo mandaba que el virrey en persona, y ejecutores de competencia, visitaran toda la tierra, informándose de la calidad de los pueblos, número de vecinos naturales y de moradores españoles, tributos que los indios pagaban así al rey como a los encomenderos, valiéndose para esto de los libros anteriores de visitaciones y de las tasaciones y descripciones hechas por Fuenleal y los oidores de la Segunda Audiencia, averiguando asimismo si los naturales podían contribuir con mayor cantidad de oro, plata o cosas de la que entonces les estaban señaladas por tasación.

En el capitulo tercero se mandó a Mendoza que procurara conmutar en oro o plata los tributos que los indios pagaban al rey en mantas, maíz u otras cosas de la tierra, porque de este modo la Corona no se perjudicaba al sacar a subasta estas especies, y directamente obtenía de los indios el pago en metálico.

En el capítulo quinto se disponía que aquellos indios que no pudieran pagar cómodamente sus tributos en dinero, prestaran servicios personales en las minas a costa de la comunidad india, siendo el beneficio para la Corona. Que si los pueblos no podían soportar esto, se les impusiera únicamente la obligación de proporcionar los trabajadores, y se encargaría el mantenimiento a otros pueblos; otros grupos indígenas facilitarían la labor de las minas, manteniendo cierto número de esclavos a su cargo y beneficio del rey. Que Mendoza platicara el asunto y procurara resolverlo con asentimiento de los indios, y el mayor provecho posible para la hacienda Real.

Sobre el problema concreto de las encomiendas hallamos los capítulos octavo, noveno y décimo, que literalmente disponían:

«Ante todas cosas, después de bien informado de la cualidad y cantidad de la dicha llena e tributos della, haréis un memorial en que pongáis así la dicha ciudad de México como las otras ciudades e villas e cabeceras de provincias e otros lugares principales que a vos parezca que entera e perpetuamente deben quedar en nuestra cabeza y de nuestra corona Real para que ni ahora ni en tiempo alguno se puedan enajenar ni apartar della poniendo por memorial distinta e particularmente cada uno de los dichos lugares y la cualidad y número de vecinos y cantidad de renta que cada uno dellos al presente oviere y si se espera que adelante habrá más y enviarnos heis el dicho memorial para que después de visto proveamos lo que conviene».

«Item vos informad qué número de conquistadores hay vivos que residen en la Nueva España o están ausentes della con nuestra licencia o de los dichos presidentes e oidores en nuestro nombre y de los que son muertos, cuyos herederos hay en esa Nueva España, e qué número de otros pobladores hay en ella, y de la calidad de las personas de todos ellos y de lo que Nos han servido y de los aprovechamientos que han habido después que fueron a esa tierra, así por merced que de Nos hayan recibido, como por encomienda o en otra cualquier manera».

«Y por cuanto nuestra voluntad ha siempre sido y es de gratificar honesta y moderadamente a los que Nos han servido en la conquista y pacificación de la dicha tierra e hacer alguna merced a las personas que han ido y de nuevo fueren a poblar y permanecer en ella, hecho lo de arriba haréis asimesmo memorial de lo que os parece que del restante de la dicha provincia será bien y conveniente que Nos hagamos merced a cada uno de los dichos conquistadores y pobladores en la dicha tierra y población, declarando en cada uno de los capítulos del dicho memorial lo que así os parece que se le debe señalar por término propio y de que Nos le debamos hacer merced en feudo o en otro titulo que más convenga y por Nos fuere declarado y ellos lo tengan con jurisdicción en primera instancia con los modos y condiciones que serán puestos: y declararéis en cada capítulo qué renta e aprovechamiento tendrá cada uno de los dichos conquistadores o pobladores en el dicho lugar e tierra que Nos les hiciéremos merced presuponiendo que en remuneración de superioridad y señorío y como nuestros feudatarios de toda la dicha renta e aprovechamiento del tal lugar habernos Nos de haber y llevar perpetuamente una cierta parte, los cuales memoriales Nos enviaréis asimismo para que Nos los mandemos ver con toda aquella brevedad que sea posible y proveer en ello lo que convenga para gratificación de los dichos conquistadores e población e gratificación de la dicha tierra; y porque ha habido e hay diversos pareceres especialmente sobre el repartimiento della enderezados en servicio de Dios e nuestro, de los cuales para vuestra instrucción se vos dará traslado, vos encargo que después que hayáis entendido algo de la tierra veáis los dichos pareceres y comuniquéis la cosa con los prelados y religiosos e otras personas honradas y me enviéis el parecer de todos juntamente con el vuestro, para que con más acuerdo y deliberación se provea lo que convenga y pondréis en él dicho vuestro parecer la cantidad que os parezca que debemos llevar por vía de feudo de las rentas o provechos de los lugares que se diere a los dichos pobladores».

También se mandó a Mendoza (capítulo XII), que se informara de los tributos que los caciques llevaban a sus indios comunes.

Debía igualmente (capitulo XV) informarse del número de corregidores existentes en Nueva España, sus salarios, y el servicio que de ellos resultaba al rey y a la república. Mendoza proveería entonces lo que más conviniera.

Se le mandó que examinara el problema de las rentas o diezmos que los indios debían pagar para sustento de las iglesias.

El capitulo XXI ordenaba una información sobre materia de esclavos, e indios tamemes, o sea aquellos destinados por los españoles al transporte de cargas[55].

Adviértase que este documento del año 1535 parece retraer la actitud de la Corona a la situación del año 1528, cuando se envió a México la Primera Audiencia, y Carlos V, influido por los pareceres de Cortés, de los religiosos y colonos, había decidido conceder los premios señoriales. En relación con el periodo de 1529 y de la Segunda Audiencia —en el cual la tendencia regalista contra las encomiendas, la implantación de los corregimientos, y los pareceres contrarios a las concesiones señoriales, habían sido las notas principales— este período que iniciaba la instrucción de Mendoza, resultaba más favorable para los intereses de los conquistadores y pobladores.

El 31 de mayo de 1535 se dictó una cédula para que los que tuvieran indios en encomienda no llevaran más de lo que estuviera tasado, y que si les habían tomado algunas tierras se les devolvieran[56].

Hubo otras leyes sobre encomiendas en los primeros años del gobierno de Mendoza. En Madrid, el 13 de noviembre de 1535 se ordenó que en general, los vecinos de México, y en especial los encomenderos, tuvieran armas «por manera que cuando fuese necesario puedan servir con ellos y sus personas como son obligados»[57]. En la misma fecha se mandó que ningún encomendero saliera de Nueva España sin licencia del rey, del virrey o gobernador de ella[58]. El 30 de marzo de 1536 se dictó una cédula especial para el Perú, en el sentido de que no se quitaran los repartimientos de indios a ninguna persona sin ser primero oída y vencida, conforme a derecho[59]. Este precepto existía para Nueva España desde 1533[60].

Otra ley importante de este período, en favor de las encomiendas, fue la famosa ley de la sucesión de fecha 26 de mayo de 1536, dirigida a la Audiencia de Nueva Eseaña. En primer término mantuvo la práctica de las tasaciones:

«Nos somos informados que por haber estado todos los indios de esa tierra encomendados a diversas personas y no estar tasados los tributos que los indios en cada pueblo han de pagar: los españoles que los han tenido encomendados, les han llevado y llevan muchas cosas de más cantidad de lo que deben y buenamente pueden pagar, de que se han seguido y siguen muchos inconvenientes en gran daño de los naturales de esa tierra: lo cual cesaría si por nuestro mandado estuviese tasado y sabido los tributos que cada uno había de pagar, porque aquello y no más se les llevase, así por nuestros oficiales en los pueblos que estuviesen en nuestro nombre, como los españoles y personas particulares que los tuviesen en encomienda o en otra cualquier manera, porque por experiencia ha parecido, después que los oidores de esa Audiencia entendieron en la tasación de los tributos de esa tierra, haber cesado en gran parte los dichos daños e inconvenientes; y porque de aquí adelante cesen del todo, platicado en el nuestro Consejo, fué acordado que debíamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón, e Nos tuvímoslo por bien; por la cual vos encargamos y mandamos que si cuando esta veáis no estuviese hecha la tasación de los tributos que los indios han de pagar, vos juntéis en esa ciudad de México [el virrey Mendoza y el obispo Zumárraga], y ansí juntos ante todas cosas oirás una misa solemne del Espíritu Santo, que alumbre vuestros entendimientos y os dé gracia para que bien, justa y derechamente hagáis lo que aquí por Nos os será encargado y mandado; y oída la dicha misa, prometáis y juréis solemnemente ante el sacerdote que la hubiere dicho, que bien y fielmente, sin odio ni afición veréis las cosas de suso contenidas, y así hecho el dicho juramento, vosotros y las personas que para ello señaláredes que sean de confianza y temerosos de Dios, veréis personalmente todos los pueblos que están de paz en esa tierra, y están ansí en nuestro nombre, como encomendados a los pobladores y conquistadores della, y veréis el número de los naturales y pobladores de cada pueblo y la calidad de la tierra donde viene. Informaros heis de lo que antiguamente solían pagar a los caciques y a las otras personas que los señoreaban y gobernaban, y ansimismo de lo que agora pagan a Nos y a los dichos encomenderos, y de lo que buenamente y sin vejación pueden y deben pagar agora y de aquí adelante a Nos y a las personas que muestra merced y voluntad hiere que los tengan en encomienda o en otra cualquier manera, y después de bien informados lo que a todos o a la mayor parte de vosotros pareciere que justa y cómodamente pueden y deben pagar de tributo por razón del señorío, aquello declararéis, tasaréis y moderaréis según Dios y vuestras conciencias, teniendo respeto que los tributos que ansi hubieren de pagar, sean de las cosas que ellos tienen o crían o nacen en sus tierras y comarcas, por manera que no se les imponga cosa que habiéndola de pagar sea causa de su perdición; y ansí declarado haréis una matrícula e inventario de los dichos pueblos y pobladores y de los tributos que ansí señaláredes para que los dichos indios y naturales sepan que aquello es lo que han de pagar a nuestros oficiales y a los dichos encomenderos y a las otras personas que por nuestro mandado agora y de aquí adelante los tuvieren y los hubieren de llevar, apercibiéndoles de nuestra parte, y Nos desde agora los apercibimos y mandamos, que agora y de aquí adelante ningún oficial nuestro ni otra persona particular no sea osado pública ni secretamente, directo, ni indirecto, por sí ni por otra persona, de llevar ni lleven de los dichos indios otra cosa alguna, salvo lo contenido en la dicha vuestra declaración, so pena que por la primera vez que alguna cosa llevasen demás dello incurran en el cuatro tanto del valor que ansí hubieren llevado para nuestra cámara y fisco, y por la segunda vez pierda la encomienda y otro cualquier derecho que tenga a los dichos tributos y pierda más la mitad de sus bienes para nuestra Cámara, de la cual dicha tasación de tributos mandamos que dejéis en cada pueblo lo que a él tocare, firmado de vuestros nombres, en poder del cacique o principal del tal pueblo, y avisándole por lengua e intérprete de lo que en él se contiene y de las penas en que incurren los que contra ello pasaren, y la copia dello daréis a la persona que hubiere de haber y cobrarlos dichos tributos porque dello no puedan pretender ignorancia; y vos las dichas nuestras justicias que agora sois, y por tiempo fuéredes, tendréis cuidado del cumplimiento y ejecución de lo contenido en esta nuestra carta y de enviar en los primeros navíos el traslado de la dicha tasación, con los autos que en razón dello hubiéredes hecho».

Nótese cómo la tasación venía a ser un elemento importante para el control que el Estado trataba de imponer sobre las encomiendas. Era una de las notas más valiosas que el período de Fuenleal había dejado a la institución indiana en el terreno práctico.

En la misma ley que exponemos venía la concesión de las dos vidas en los siguientes términos:

«Y porque nuestra voluntad es que las personas que gozan y han de gozar del provecho de los dichos indios tengan intención de permanecer en ella, lo cual parece que harían con mejor voluntad si saben que después de sus días las mujeres e hijos que dellos fincaren, han de gozar de los tributos que ellos tuvieren en su vida, declaramos y mandamos que habiendo cumplido y efectuado la tasación y moderación de los dichos tributos conforme a esta nuestra carta en los pueblos que ansí estuviere hecha y declarada, guarden la orden siguiente: Que cuando algún vecino de la dicha provincia muñere y hubiere tenido encomendados indios algunos, dejare en esa tierra hijo legítimo y de legítimo matrimonio nacido, encomendarle heis los indios que su padre tenía para que los tenga e industrie y enseñe en las cosas de nuestra santa fe católica, guardando como mandamos que se guarden las ordenanzas que para el buen tratamiento de los dichos indios estuvieren hechas y se hicieren, y con cargo que hasta tanto que sean de edad para tomar armas, tenga un escudero que Nos sirva en la guerra con la costa que su padre sirvió y era obligado, y si el tal casado no tuviere hijo legítimo y de legítimo matrimonio nacido, encomendaréis los dichos indios a su mujer viuda, y si ésta se casare y su segundo marido tuviere otros indios, darle heis uno de los dichos repartimientos cual quisiere; y si no los tuviere encomendarle heis los dichos indios que ansí la mujer viuda tuviere, la cual encomienda de los dichos indios mandamos que tenga por el tiempo que nuestra merced y voluntad fuese según como agora los tienen y hasta que Nos mandemos dar la orden que convenga para el bien de la tierra y conservación de los naturales delta y sustentación de los españoles pobladores de esta tierra, y hacerlo heis apregonar así públicamente en las plazas y mercados y otros lugares acostumbrados de esa dicha Audiencia de México, y de todas otras ciudades, villas y lugares de esa dicha provincia, por pregonero y ante escribano público porque nadie dello pueda pretender ignorancia. Dada en la villa de Madrid, a veinte y seis de mayo de mil y quinientos y treinta y seis años»[61].

Nótese que la primera tendencia en favor de las encomiendas, que advertimos en las instrucciones dadas al virrey Mendoza, continuaba en la presente ley de 1536. Se trataba sin duda de un período en que la Corte se alejaba de los principios del año 1529.

Entre otros preceptos del año 1536 hallamos los siguientes: que los encomenderos paguen clérigos para instruir en la fe a sus indios[62]; que la carga de doctrina se imponga tanto a los pueblos de encomenderos como a los de la Corona[63]. También recibió Mendoza una orden para que en las provincias de Guatemala, Nueva Galicia y Pánuco, «se tasen los tributos en que los indios han de servir, que sean tales que los puedan cumplir, y en cosas que las haya en los pueblos que los pagaren y sus términos; y que no excedan en la cobranza las personas que lo hubieren de haber»[64].

Un capítulo de la instrucción de Mendoza, que ya examinamos, hablaba de servicios mineros que los indios debían prestar a la Corona por concepto de tributo. Era la época del auge de las minas de plata en Nueva España, y cada vez era mayor la demanda de brazos para estas labores. Los encomenderos deseaban también que sus indios sirvieran en las minas. De esta suerte, contra las primeras previsiones de Hernán Cortés, las encomiendas de Nueva España parecían avocadas a degenerar en lo que fueron las del período antillano.

El virrey Mendoza trató de evitar esto, y aunque no prohibió totalmente que los tributos se trocaran en servicios mineros, procuró controlar los cambios. En sus Ordenanzas de 30 de junio de 1536 dispuso[65]:

«establezco y mando que agora ni de aquí adelante, persona alguna que tenga indios encomendados o en otra cualquier manera, no sea osado, aunque sea de consentimiento de los tales indios, de conmutar los tributos y servicios que los tales indios les dieren, por servicio personal para las dichas minas, so pena de perdimiento de los tales indios, e doy por ninguna cualquier conmutación que hayan hecho por su autoridad, no les relevando, como no les relevo, de la pena en que hayan caído e incurrido por lo haber hecho… En caso que por mi autoridad e permisión expresa se conmute el servicio e tributos que los indios dan, en servicio personal para las minas, mando que la persona o personas para cuyo beneficio e provecho trabajasen y sirvieren en las dichas minas, sean obligados de dar de comer a los tales indios libres».

Seguían otras reglas sobre el modo de efectuar el trabajo.

Por cédula de Valladolid de 8 de abril de 1538, mandó la Corona a don Antonio de Mendoza, que en ciertos casos permitiera a los encomenderos que trocaran sus encomiendas, porque unas eran en tierras calientes y otras en frías, y por causa de salud podían los españoles querer efectuar la permuta[66].

A la misma época que estudiamos corresponde un parecer[67], en que se afirmaba que la causa y justificación de las encomiendas era la enseñanza cristiana de los indios, y que por eso la institución era justa si el encomendero procuraba favorecer el culto cristiano entre sus indios y no tomaba más de lo que marcaba la tasación. En cambio, si faltaba a estos requisitos, debía restituir todo lo aprovechado.

Los datos legales expuestos relativos a los primeros años del gobierno del virrey Mendoza, no dejan duda sobre la actitud de la Corona en este tiempo. Se mantenía la esperanza y la promesa de un repartimiento general en forma de feudos con jurisdicción de primera instancia, y entretanto, las encomiendas que existían seguían modelándose en sus diversos aspectos de cargas militares, religiosas, de residencia, tasaciones, ley de sucesión, etc.

El gobierno y las ideas del virrey parecen haber estado de acuerdo con esta dirección legalista.

En su carta de 10 de diciembre de 1537[68] advertía, respecto al gobierno de los indios de la Corona, que los corregidores no eran aptos, no tenían ningún cuidado de los indios y les robaban, y que era mejor poner alcaldes mayores: «me parece… se quitasen de todo punto los corregidores y se les diese por vía de acostamiento, con qué sustentarse, y que cada uno de los alcaldes mayores que se pusiesen, tuviesen cuidado de recoger todos los tributos de la provincia en que estuviesen y dar cuenta dellos a los oficiales de V. M.». Creía útil la innovación para el buen gobierno y la hacienda del rey. Esta observación directa de la situación de los corregimientos de Nueva España es valiosa, porque en realidad todo el esfuerzo de la Corona y los provechos que la Segunda Audiencia pensó obtener de incorporar los indios a la administración realenga, quedaban contrarrestados si en la práctica las personas encargadas de los corregimientos eran los mismos soldados y pobladores que solicitaban las encomiendas. Aunque a nombre del rey desempeñaran sus oficios, ellos cuidaban de mirar por su interés particular, del mismo modo que los encomenderos. Mendoza reflejó por eso cierto escepticismo en cuanto a la diferencia entre la encomienda y el corregimiento.

Avisaba en su carta de 1537 que había dispuesto que cuando los encomenderos cobraran sus tributos en metálico, se quintaran en favor de la Corona, y que ésta debía gravar las demás encomiendas con un diezmo para auxiliar con este provecho a otros españoles pobres que no tenían corregimientos ni encomiendas. En cierto modo apuntaba Mendoza la necesidad que después vinieron a satisfacer las pensiones impuestas sobre las rentas de tributos.

Por lo demás, del documento del virrey se desprende que el problema del régimen jurídico de los indios no estaba entonces en un período de agitación y contraste, sino de desarrollo habitual. Mendoza encomendaba los indios que vacaban[69], aprobaba algunos cambios entre encomenderos[70], y también, como ya estaba en vigor la ley de sucesión, señalaba las artimañas de los pobladores, por ejemplo, que si algún encomendero muy viejo moría sin heredero, lo casaban en artículo de muerte con alguna mujer, para que ésta heredara los indios. El virrey proponía que no sucedieran los cónyuges si no tenían cuando menos unos meses de estar casados[71].

Consta también documentalmente que Mendoza procuró efectuar las tasaciones de las encomiendas de acuerdo con el deseo de la Corona[72].

A veces, la Corte intervenía en favor de algún conquistador, y el virrey concedía la encomienda, como en el caso de Sebastián de Moscoso[73].

Los enemigos del virrey, entre ellos Cortés, lo acusaron de parcialidad y manejos en la materia de los indios. Por ejemplo, que dio a Francisco Vázquez de Coronado las tres partes del pueblo de Tlapa, que antes pertenecía al rey[74]. Y también que favoreció al tesorero Juan Alonso de Sosa[75].

Mendoza no fue partidario de promover congregaciones y escuchar pareceres públicos sobre los problemas de su gobierno. Claramente lo decía en sus avisos a su sucesor don Luis de Velasco[76]:

«Algunos dirán a V. S. que los indios son simples y humildes, que no reina la malicia ni soberbia en ellos, y que no tienen codicia; otros al contrario, y que están muy ricos y que son vagabundos e que no quieren sembrar. No crea a los unos ni a los otros, sino trátese con ellos como con cualquiera otra nación, sin hacer reglas especiales, teniendo respecto a los medios de los terceros, porque pocos hay que en estas partes se muevan sin algún interés, o ya sea de bienes temporales o espirituales, o pasión o ambición, ora sea vicio o virtud. Pocas veces he visto tratarse las materias con libertad evangélica».

En otro párrafo refería que en todo había muchas opiniones, y el que gobernaba más que seguirlas debía escucharlas y tomar las medidas con cautela. Quizá a esto se debió que al principio de su gobierno, Mendoza, en vez de reunir juntas, se limitó a estudiar los problemas de Nueva España, y a guiarlos por un camino administrativo y jurídico, sin provocar innovaciones ni decidirse en favor de los indios ni de los colonos.

Tendremos ocasión de reanudar el estudio del gobierno de Mendoza en el capítulo siguiente.

Las encomiendas continuaron extendiéndose por las provincias de Indias. En el año de 1536, Pedro de Alvarado implantó los repartimientos en diversas poblaciones de su jurisdicción, en Honduras y Guatemala[77]. La Corona mandó en 1538 que en Guatemala no se cargaran los indios hasta los catorce años[78]. Más tarde, 8 de noviembre de 1539, se mandó que los encomenderos de la provincia de Honduras se casaran dentro de tres años, no teniendo impedimento[79].

En Perú, la hueste de Pizarro siguió los mismos pasos, no sólo por iniciativa e interés propios, sino también con el consentimiento de la Corona[80]. En 1533 se dictó una cédula para el gobernador y oficiales, en el sentido de que vistas las informaciones del Perú, se había acordado hacer un repartimiento perpetuo, dejando en la Corona las cabeceras, provincias y pueblos convenientes: «haréis el memorial del repartimiento entre los conquistadores y pobladores, según la calidad de sus personas y servicios, en vista del cual proveeremos. Pondréis en este memorial: 1. qué tributo podrá dar a la Corona cada encomendero, habiendo respeto que pensamos darles las tierras con señorío y jurisdicción en cierta forma. 2. qué tierras y repartimientos convendrá reservar para los pobladores que adelante fueren destos reinos. 3. qué forma deberá tenerse en las provincias y cabeceras que quedaren en la Corona, así en justicia como en hacienda, atendiendo al provecho nuestro y bien de los indios»[81].

En Valladolid, el año de 1536 se mandó a fray Vicente de Valverde:

«porque soy informado que el gobernador don Francisco Pizarro ha hecho repartimientos de indios entre los conquistadores y pobladores de la dicha provincia y a los principios suele haber en esto exceso, así en ser los repartimientos tan excesivos como en el servirse de los dichos indios, por no tenerse a los principios entera noticia y relación de las tierras y de su calidad y cantidad, y de esta causa quedan muchos de los conquistadores y otras personas que después van a las dichas tierras a las poblar, sin parte en los repartimientos con qué se sustentar y también porque como sabéis, los indios son libres y como tales ha sido y es siempre mi voluntad que sean tratados, y que solamente sirvan en aquellas cosas y de la manera que nos sirven en estos nuestros reinos nuestros vasallos, por ende, yo vos encargo que si halláredes que en el dicho repartimiento hay exceso o falta, platiquéis con el dicho gobernador y ambos entendáis en ello con rectitud e igualdad».

Que enviara relación de los servicios y tributos que los indios daban al rey y a los encomenderos, y que el encomendero que pidiera más de la tasa, perdiera los indios y no los pudiera tener más[82].

En 1536 se dictaron otras disposiciones importantes para las encomiendas del Perú. Que los encomenderos hicieran casas de piedra[83], que tuvieran clérigos a su costa en sus pueblos[84], y que los indios, por ser libres, pudieran vivir donde quisieran[85]. El 20 de noviembre del año citado se dictó una provisión sobre el buen tratamiento que los encomenderos debían dar a sus indios, procurando sobre todo doctrinarlos[86]. El 7 de diciembre de 1537 se extendió al Perú el régimen de tasaciones y de sucesión, que ya existía en las encomiendas de Nueva España[87].

Pizarro efectuó el repartimiento general del Perú en 1540[88].

En 1547 y 1548 consta que los repartimientos, los abusos y los intentos de orden jurídico para controlarlos se habían presentado en forma semejante en Yucatán, después de la conquista de Montejo[89].

Después de una práctica de cerca de dieciséis años y de haberse extendido las encomiendas por todo el ámbito de los dominios españoles en las Indias, podía creerse fallado el caso de los repartimientos y definitivamente implantados. En la práctica era así; como pudo comprobarse poco después, pero en el ánimo de los defensores de los indios y de algunos consejeros de la Corte, todavía se esperaba librar la batalla definitiva contra las encomiendas.

Para concluir el presente capítulo notemos, que en el período antillano los rasgos principales del problema fueron el principio cristiano de la libertad del indio, la preocupación por el grado racial de éste, y en relación con ello la implantación de alguna de las formas de gobierno medio, según la filosofía política que dominaba. Es decir, comenzaban a descubrirse los primeros principios en torno al problema de los indios. En la práctica predominaba el trabajo por compulsión y el empleo preferente en las labores mineras.

En Nueva España y en las otras regiones descubiertas y conquistadas en el segundo tiempo que hemos estudiado, el problema adquirió un carácter orgánico: se discutieron las ventajas e inconvenientes de la administración particularista por medio de señoríos o encomiendas, y del gobierno regalista o de corregimientos; en otros términos, tratándose de establecer la organización social de las provincias nuevas, se dudaba entre el régimen del medievo y el que aconsejaban las tendencias modernas del Estado español. Además, en los debates no preocupaban ya de modo preferente las nociones filosóficas del principio; se daba por aceptada la libertad del indio y se procuraba hallar la fórmula jurídica que, sin desconocer esta premisa, fuera capaz de satisfacer las necesidades económicas de los particulares españoles. Los tributos cedidos, las tasas, la forma de heredar, venían a ser las primeras piezas de la institución que se creaba con ese objeto.

CAPITULO III

LAS LEYES NUEVAS

El pleito librado en el año de 1542 entre los defensores de los indios y los partidarios de las encomiendas fue el último y más profundo de los habidos con motivo de la implantación de esta institución; el período es sumamente instructivo para desentrañar las bases conceptuales y económicas del problema; pero también observaremos que la discusión y leyes de esta época tuvieron más importancia externa que efectiva, porque después de los incidentes del alío 1542, la encomienda siguió la senda jurídica esbozada por Ramírez de Fuenleal cuando presidía la Segunda Audiencia de México.

En 1537, Paulo III dictó su breve en favor de ja libertad de los indios, declarando que, aunque estuvieran hiera de la fe de Cristo, no estaban privados, ni debían serlo, de su libertad ni del dominio de sus bienes, y que debían ser atraídos a la fe cristiana por medio de la predicación de la palabra divina y el ejemplo de la buena vida[1].

En 1539, se encontraba de nuevo en España Bartolomé de las Casas. El asunto de los indios volvió a preocupar en el ambiente de la Corte y se decidió convocar una junta (1542) en la ciudad de Valladolid. Concurrieron García de Loaysa, presidente del Consejo de Indias; Ramírez de Fuenleal, que ya era presidente de la Audiencia de Valladolid; don Juan de Zúñiga, comendador de Castilla y ayo del príncipe don Felipe; Francisco de los Cobos, comendador mayor de León; García Manrique, conde de Osorno; el doctor Hernando de Guevara, del Consejo de Cámara; el doctor Juan de Figueroa, del mismo Consejo; el licenciado Mercado, del Consejo Real de Castilla; el doctor Jacobo González de Artiaga, del Consejo de Órdenes; el doctor Bernal, del de Indias; el doctor Gregorio López, y los licenciados Velázquez y Salmerón[2].

A esta junta presentó LAS CASAS sus Remedios referentes a los problemas de Indias. El Octavo trataba de las encomiendas[3].

El propio autor estimaba que éste era: «el más principal y sustancial, porque sin éste, todos los otros valdrían nada, porque todos se ordenan y enderezan a éste como medios a su propio fin».

En substancia su tesis era: «V. M. ordene y mande y constituya con la susodicha majestad y solemnidad en solemnes Cortes por sus premáticas sanciones y leyes reales, que todos los indios que hay en todas las Indias, así los ya sujetos como los que de aquí adelante se sujetaren, se pongan y reduzcan e incorporen en la Corona Real de Castilla y León, en cabeza de V. M. como súbditos y vasallos libres que son, y ningunos estén encomendados a cristianos españoles, antes sea inviolable constitución, determinación y ley real, que ni agora ni ningún tiempo jamás perpetuamente, puedan ser sacados ni enajenados de la dicha Corona Real, ni dados a nadie por vasallos ni encomendados, ni dados en feudo, ni en encomienda, ni en depósito, ni por otro ningún título ni modo o manera de enajenamiento, o sacar de la dicha Corona Real por servicios que nadie haga, ni merecimientos que tenga, ni necesidad que ocurra, ni causa o color alguna que se ofrezca o se pretenda, etc.».

LAS CASAS fundaba esta petición en veinte argumentos, que en resumen eran:

I. Que el fin y razón de la concesión de las Indias que la Sede Apostólica hizo a los reyes españoles fue la conversión de los indios, y, por consiguiente, parecía haber elegido «tácita y expresamente la dignidad e industria de las reales personas». «Por tanto, los dichos señores reyes de Castilla no pueden abrir mano de la dicha real industria, y cuidado y providencia, cometiendo y traspasando a ningún particular jurisdicción alguna alta ni baja como Sus Altezas la tienen sobre aquellas naciones, ni fiarías de ninguno, aunque sea sin jurisdicción, sacándolas ni desmembrándolas por alguna vía o manera que ser pueda de la dicha Corona Real de Castilla y León, o no sacándolas, así como encomendándolas para que alguno tenga dominio y señorío inmediato por sí sobre ellas, aunque reserven para sí la jurisdicción y dominio universal y supremo, y también la jurisdicción baja o inmediata. Porque cosa tan grande y de tan gran importancia, y donde tanto se puede arriesgar… no es justo, ni posible, que se fíe de otro que no sea rey».

Es decir, LAS CASAS, de la interpretación cristiana de la empresa de América y de la bula papal deducía un regalismo necesario e indelegable, que le servía para proscribir todo encargo o comisión que hicieran los reyes en favor de particulares para convertir o administrar a los indios. La gestión de los reyes era, a su juicio, intransferible, y por eso las encomiendas no podían justificarse como medios para el fin religioso, ni para el amparo de los naturales.

II. Por la propia idea de la finalidad cristiana de la empresa de las Indias, LAS CASAS afirmaba que los reyes debían quitar todos los impedimentos que pudieran estorbar la consecución de ese fin, entre ellos, el más grave de las encomiendas, porque los españoles a quienes se daban los indios sobreponían los propósitos materiales al fin espiritual, y poco les interesaban las almas de sus indios.

III. Tampoco estimaba LAS CASAS que los españoles seglares fueran personas a propósito para ser encargadas de la vigilancia de la conversión y cristiandad de los indios. Esas ureas debían encargarse a los predicadores, que sabían la doctrina y daban buen ejemplo con sus vidas. En cambio, los encomenderos sólo enseñaban a los indios costumbres licenciosas y poco cristianas.

IV. Los indios recibían muchos agravios de sus encomenderos, y no tenían paz ni tranquilidad para dedicarse a las cosas divinas y guardar los mandamientos y ley de Dios. La convivencia con los cristianos les resultaba agobiadora y aborrecían al Dios cristiano y al gobierno Real.

V. Cuando el Papa hizo la concesión de las Indias, entendió hacer un favor a los indios, proporcionándoles el medio para ser evangelizados y que sus almas se salvaran. Este privilegio no debía convertirse en su daño. EL rey debía establecer tal gobierno sobre los indios, que éstos recibieran de él provecho y utilidad espiritual y temporal; pero la encomienda era todo lo contrario: un gobierno nocivo que no debía subsistir, a causa del cual habían perecido doce millones de indios.

VI. LAS CASAS afirmaba que los españoles eran enemigos de los indios y éstos en sus manos padecían peligro cierto de ser destruidos en cuerpos y almas, y, según el Derecho, ningún pupilo ha de ser entregado a tutor o curador sospechoso. Además, los indios no necesitaban tutores para vivir temporalmente; sólo necesitaban la predicación de la fe y un gobierno justo, «cual debe ser para pueblos y gentes libres». Que era pecado mortal poner a los prójimos en peligro de muerte corporal, y más en el caso de las encomiendas, en que había también peligro espiritual.

VII. Según las leyes justas y racionales y la filosofía moral, nunca se debe conceder el regimiento o gobierno a hombres pobres y codiciosos que sólo desean salir de su pobreza. Todos los españoles que pasan a las Indias son pobres y codiciosos; su único fin es la riqueza y son siervos de la avaricia. ¿Qué piedad pueden tener con las vidas ajenas? Darles los indios es lo mismo que entregarlos a bravos toros, lobos, leones y tigres hambrientos; y poco hacen al caso las leyes y sanciones, pues si en España es difícil impedir los desmanes de un gobernador avaro, en las Indias, tan distantes, lo es mucho más.

VIII. «Dando los indios a los españoles encomendados como los tienen, o depositados, o en feudo, o por vasallos como los quieren, son gravados y fatigados con muchas cargas, e servicios, e intolerables vejaciones y pesadumbres. La una es el servicio y obediencia y tributo que deben a sus naturales señores, y éste es muy privilegiado, porque es primario y natural. El otro es la obediencia y servicio que deben a V. M. como a universal superior y señor, y éste también es muy privilegiado secundariamente. Y no sólo es natural, habido el consentimiento dellos, pero es de Derecho divino, porque se funda en la predicación y plantación de la santa fe, y ambos a dos se computan y deben de ser habidos por uno. El otro y tercero es el que les toman y fuerzan a dar a los españoles, que en ser insoportable y durísimo a todos los tiránicos del mundo sobrepuja e iguala al de los demonios. Este es el violento, innatural, tiránico y contra toda razón y natura, y no hay ley en el mundo que lo pueda justificar, pues por una misma causa ser impuestos a los hombres y a tan flacos y delicados y desnudos hombres, muchos señoríos, imposición es y carga es contra toda justicia y caridad y toda razón de hombres. Póneseles a los indios además un estanciero o calpisque, para que los tenga debajo de la mano y haga trabajar y hacer todo lo que quiere el amo o comendero o ladrón principal… por manera que tienen cuatro señores: a V. M. y a sus caciques, y al que están encomendados y al estanciero que agora se acabó de decir que pesa más de cien torres».

IX. Los indios son libres. Esta libertad no la pierden (ni deben perderla) por hacerse vasallos del rey de España. Las Casas citaba aquí las ocasiones anteriores en que se había declarado oficialmente la condición legal libre de los indios: durante el gobierno de Isabel, cuando las Leyes de Burgos, y en la junta de 1523. Que la libertad era el bien más estimado por las criaturas racionales y amparado por todos los Derechos y por las leyes de la Iglesia. Aun según las leyes Reales de España, los siervos, inquilinos y tributarios no se pueden traspasar a otros señores para evitarles el mal tratamiento y perjuicios que esos cambios ocasionan, y menos se podrán repartir hombres libres, como son los indios. Ni sus personas ni sus bienes pueden serles tomados, ni entregados a particulares. LAS CASAS hacía aquí una calurosa defensa de la administración regalista contra la señorial: «conocida está la diferencia de la gobernación de los reyes a la de los señores inferiores, de la cual, naturalmente, como de cosa nociva y empeciente todos los pueblos huyen y la aborrecen, y por el contrario, aman y desean y siempre suspiran por la de los reyes. Y esta es la causa porque justamente los pueblos suelen tener por agravio y dura servidumbre y gran perjuicio y ponen resistencia ser privados del inmediato señorío y jurisdicción real y sometidos a otros inferiores». Que por ley de Castilla, el rey no puede enajenar ciudades, lugares, etc., sin ser llamados seis procuradores de las ciudades de la provincia donde recae la donación; por eso los indios no pueden darse a señores españoles sin su consentimiento. Además, siendo la encomienda contraria a la fe, ni aun dando los indios tal consentimiento pueden ser encomendados.

X. Como los españoles han abusado del privilegio de las encomiendas, suponiendo que en un principio se les pudieron dar, deben quitárseles; porque el señor que trata mal a los súbditos pierde la jurisdicción: es un tirano.

XI. Los repartimientos de indios se han hecho siempre sin autoridad Real. El primero en efectuarlos (con viso de legalidad) fue el comendador mayor de Alcántara, Nicolás de Ovando, gobernador de la Española, y éste había llevado por instrucción que los indios eran libres. Para socorrer a los españoles que llevó consigo escribió a la Reina que la libertad de los indios impedía su conversión, y entonces Isabel dictó su carta (la de Medina del Campo) permitiendo que los indios fueran apremiados para los trabajos y tratos con los cristianos. Pero que esta ley la hizo por el fin de la fe y repitiendo que los indios eran libres. Que Ovando abusó de la cédula; que además, la Reina fue mal informada de lo que en realidad eran las encomiendas, y lo mismo Fernando el Católico y Carlos V, porque de saberlo las hubieran suprimido.

XII. Si las encomiendas no se quitan, todos los indios perecerán.

XIII. Las encomiendas son en perjuicio de la Corona y de España, porque el rey pierde todos los vasallos que le matan, y sus rentas disminuyen; España, tan necesitada ahora de auxilios, no recibe ninguno. Dios está ofendido por los pecados de los españoles y España en peligro de perderse y ser robada por los turcos y moros. Además, las noticias de la crueldad y desmanes de los españoles en las Indias llegan ya a todo el mundo, con perjuicio de la fama española.

XIV. Los españoles, que son muy soberbios, al verse señores de los indios faltarán a la lealtad que deben al rey. Éste no ha de conceder condado, marquesado, ni ducado alguno.

XV. Si las encomiendas en favor de los particulares subsisten, los ministros de Indias volverán con el tiempo a solicitarlas y obtenerlas.

XVI. Como las Indias están tan lejanas, no se puede dirigir la materia de las encomiendas por medio de prohibiciones y cédulas parciales; debe dictarse una orden general, de la que resulte imposibilidad de pasar en contra de ella. (Adviértase la idea de las Leyes Nuevas).

XVII. Si el rey efectúa la incorporación total en su Corona de los indios, éstos lo amarán y servirán. El amor del súbdito es indicio de prosperidad del reino.

XVIII. Los indios volverán de los sitios donde se han refugiado, huyendo del mal tratamiento de los encomenderos.

XIX. En 1523, el rey decidió que no hubiera encomiendas, y así lo escribió a Hernán Cortés y al licenciado Ayllón, gobernador de la Florida. En Barcelona, en 1529, se acordó lo mismo, y fue también la opinión del obispo de Cuenca (Ramírez de Fuenleal).

XX. Quitando las encomiendas, el rey salva a los españoles de Indias de cometer grandes pecados; no vendrán a España ganancias robadas, las cuales crean problemas de conciencia que afectan a todos los que participan en ellas.

En resumen: reduciendo el extenso alegato de LAS CASAS a proposiciones concretas, hallamos: que la fe y el gobierno justo eran fines incompatibles con las encomiendas; éstas, por demostración de la experiencia, eran nocivas; los indios, como seres libres, merecían gobierno libre, no tutelado; su gobernación no había de darse a hombres injustos; el vasallo no debe soportar muchos amos; es preferible la administración regalista a la señorial; hay antecedentes legales en favor de la libertad de los indios y contra el régimen de las encomiendas; Dios, España y la Corona, y aun los propios españoles, pierden si se conserva este nocivo sistema

En la junta de 1542 opinaron también, en sentido favorable a los indios, fray Juan de Torres, fray Matías de Paz y fray Pedro de Angulo[4]. El presidente del Consejo de Indias, García de Loaysa, dio parecer individual; se oyó también al Consejo de Estado cuando Carlos V se encontraba en Monzón[5].

La Corte se trasladó a Barcelona; continuaron las sesiones en casa del cardenal de Sevilla, asistiendo monseñor de Granvela, el doctor Guevara, el doctor Figueroa, el confesor de Carlos V y el Comendador mayor de León. Las opiniones en contra de las encomiendas predominaron, pero hubo también algunas favorables a la institución, como las del cardenal y obispo de Lugo don Juan Xuárez de Carvajal, del Consejo de Indias, y de Francisco de los Cobos, comendador de León[6].

En realidad, las opiniones de 1542 no eran nuevas: el fin cristiano, la libertad de los indios, la autoridad y rentas de la Corona, ya se habían mencionado antes en el curso de las disputas. Pero en esta ocasión la decisión teórica pasaba a una detenida y radical legislación, que iba a intentar cortar la práctica y las concesiones legales que habían dado lugar al desarrollo de las encomiendas.

En efecto, como resultado de las juntas de Valladolid y Barcelona, se dictaron las famosas Leyes Nuevas del año 1542[7].

En el prólogo de ellas decía Carlos V:

«Sepades que habiendo muchos años ha tenido voluntad y determinación de Nos ocupar de espacio en las cosas de las Indias por la grande importancia dellas: así en lo tocante al servicio de Dios nuestro señor, y aumento de su santa fe católica, como en la conservación de los naturales de aquellas partes, y buen gobierno y conservación de sus personas, aunque hemos procurado desembarazarnos para este efecto, no ha podido ser por los muchos y continuos negocios que han ocurrido, de que Nos hemos podido excusar, y por las ausencias que destos reinos yo el Rey he hecho por causas tan necesarias, como a todos es notorio: y dado que esta frecuencia de ocupaciones no haya cesado este presente año, todavía hemos mandado juntar personas de todos estados, así Prelados como Caballeros y Religiosos y algunos del nuestro Consejo para practicar y tratar las cosas de más importancia, de que hemos tenido información que se debían mandar proveer: lo cual maduramente altercado y conferido, y en presencia de mí el Rey diversas veces practicado y discurrido: y finalmente, habiéndome consultado el parecer de todos me resolví en mandar proveer y ordenar las cosas que de yuso serán contenidas: las cuales demás de las otras ordenanzas y provisiones que en diversos tiempos hemos mandado hacer, según por ellas parecerá, mandamos que sean de aquí adelante guardadas por leyes inviolablemente».

El cuerpo de las Leyes comprendía preceptos muy diversos. Los veinte primeros se referían a la organización del Consejo de Indias, audiencias, pleitos, etc. El capitulo XXI ya se refería a la materia de los indios, previniendo que en adelante, por ninguna vía se les hiciera esclavos. El capitulo XXII suprimió los servicios que se exigían a los indios por vía de «tapia» y «naboria», y en general todo trabajo no voluntario. El capítulo XXIII insistía en la libertad de los indios, ordenando que se efectuara la revisión de todos los títulos de esclavitud existentes con anterioridad a la ley. El capitulo XXIV se ocupaba del problema de los indios «tamemes» o sea, aquellos empleados en el transporte de cargas; en general, se prohibía cargarlos, y que si en algún caso era inexcusable, fuera la carga moderada, con voluntad del indio y con paga. El capítulo XXV prohibió que los indios libres fueran llevados a la pesquería de perlas contra su voluntad.

El capítulo XXVI ya se refería a las encomiendas. Ordenaba que se pusieran en la Corona Real los indios que tenían encomendados virreyes, gobernadores, sus tenientes, oficiales, prelados, monasterios, hospitales, casas de religión, de moneda, y demás personas que los tuvieran por razón del oficio que desempeñaban. Es decir, se mandaba el despojo general de la burocracia indiana, cortando la antigua práctica de dotar los oficios con rentas de indios en vez de salarios. El capítulo XXVII ordenaba quitar los indios a todas las personas que los gozaran sin título. El XXVIII, que se redujeran algunos repartimientos excesivos: la ley mencionaba expresamente algunos; los indios que se quitaran debían ponerse en la Corona, a fin de que con sus tributos fueran socorridos los conquistadores pobres. El capítulo XXIX mandaba que los encomenderos que se hubieran excedido con sus indios o los hubieran maltratado, fueran privados de ellos, En el Perú debían serlo también los culpables en las desavenencias entre Pizarro y Almagro.

El espíritu general de la ley, contrario a las encomiendas, culminaba en el capítulo XXX, que disponía literalmente:

«Otrosí: Ordenamos y mandamos, que de aquí adelante ningún virrey, gobernador, Audiencia, descubridor ni otra persona alguna no pueda encomendar indios por nueva provisión, ni por renunciación, ni donación, venta ni otra cualquiera forma, modo, ni por vacación ni herencia, sino que muriendo la persona que tuviere los dichos indios, sean puestos en nuestra real Corona; y las Audiencias tengan cargo de se informar luego particularmente de la persona que murió y de la calidad de ella y sus méritos y servicios y de cómo trató los dichos indios que tenía, y si dejó mujer e hijos o qué otros herederos, y Nos envíen la relación, y de la calidad de los indios y de la tierra, para que Nos mandemos proveer lo que sea nuestro servido, y hacer la merced que Nos pareciere a la mujer y hijos del difunto. Y si entretanto pareciere a la Audiencia que hay necesidad de proveer a la tal mujer y hijos de algún sustentamiento, lo puedan hacer de los tributos que pagaran los dichos indios: dándoles alguna moderada cantidad, estando los indios en nuestra Corona, como dicho es».

Es decir, este capítulo de modo general quitaba la facultad de encomendar a las autoridades de Indias, y además derogaba la antigua ley de la sucesión por dos vidas, puesto que en muriendo el poseedor actual, la encomienda se incorporaría a la Corona y, los herederos sólo gozarían la pensión que el rey acordara.

Todos los indios que por efecto de le mandatos anteriores habían de quitarse o vacar, debían, según el capítulo XXXI, ser bien tratados, instruidos en las cosas de la fe, como vasallos libres, y «gobernados en justicia por la vía y orden que son gobernados al presente en la Nueva España los indios que están en nuestra Corona Real».

En el capítulo XXXII la Corona reconocía su deber de premiar a los primeros conquistadores y después a los pobladores casados, y mandaba que por esta razón fueran preferidos en corregimientos y otros provechos.

El capítulo XXXIII dispuso que en adelante todos los pleitos referentes a repartimientos de indios fueran resueltos directamente por el rey y que también le fueran enviados los que en la fecha de las Leyes estuvieran pendientes ante autoridades de Indias.

Según el capítulo XXXIV en los nuevos descubrimientos el capitán no podría traer indios por ninguna causa, ni tomarles sus bienes; seguían otros preceptos relativos a esta materia, uno de los cuales disponía sobre las encomiendas:

«Demás de lo susodicho, mandamos a las dichas personas que por nuestro mandado están descubriendo, que en jo descubierto hagan luego la tasación de los tributos y servicio que los indios deben dar como vasallos nuestros, y el tal tributo sea moderado, de manera que lo puedan sufrir, teniendo atención a la conservación de los dichos indios, y con el tal tributo se acuda al comendero donde lo hubiere, por manera que los españoles no tengan mano ni entrada con los indios, ni Poder ni mando alguno, ni se sirvan de ellos por vía de naboria, ni en otra trianera alguna, en poca ni en mucha cantidad, ni hayan más del gozar de su tributo, conforme a la orden que el Audiencia o gobernador diere para la cobranza dél, y esto, entretanto que Nos, informados de la calidad de la tierra mandemos proveer lo que convenga. Y esto se ponga entre las otras cosas en la capitulación de los dichos descubridores».

Esta disposición precisa la idea de la Corona: sabemos que los conquistadores implantaban siempre las encomiendas en las tierras nuevas; para evitarlo se ordenaba ahora la tributación general de los indios en favor del rey, y si bien se reconocía el deber y la necesidad de premiar a los expedicionarios, se atendía a esto por medio de cesiones del tributo Real en favor de los particulares: no permitiendo a éstos que impusieran directamente las prestaciones y tuvieran bajo su mando a los indios, como hasta entonces había sucedido bajo el régimen particularista de las encomiendas.

El 4 de junio de 1543, en Valladolid se dictó una declaración a fin de completar las Leyes Nuevas[8]. Por ella se amplió a los hijos de los conquistadores el derecho de ser preferidos en los corregimientos y oficios, porque en la forma anterior, si moría el padre, los herederos no recibían premio por los servicios de éste. Se mandó también que el encomendero residiera en la provincia donde tuviera los indios, bajo pena de perderlos. El régimen de tasaciones, cuya significación conocernos desde la época de la Segunda Audiencia de México, fue consagrado también en la declaración de Valladolid; las Audiencias de Indias debían encargarse de efectuar las tasaciones de los tributos para que los naturales no pagaran más de lo debido a la Corona ni a los encomenderos; la tasa debía ser siempre menor que la de la época de su gentilidad: «para que conozcan la voluntad que tenemos de los relevar y hacer merced». Declarado oficialmente lo que debían pagar, las Audiencias abrirían un libro de los pueblos, pobladores y tributos, para que los indios supieran por escrito lo que tenían que entregar a los oficiales reales o a los encomenderos, y éstos nunca debían excederse. De la tasación quedaba una copia firmada en poder del cacique, otra en manos del cobrador, el libro original se conservaba en la Audiencia y un traslado iba al Consejo de Indias. Para averiguar si los encomenderos se excedían de sus tasas, se permitía la indagación sin forma de proceso, «a verdad sabida». El encomendero podía comprar a sus indios mantenimientos fuera del tributo, pero pagándoles el justo precio.

Nótese que en todo lo que no se refería a la decisión última de la Corona de terminar con las encomiendas, poniendo los indios en realengo, seguían las ideas jurídicas esbozadas en la época de la Segunda Audiencia de Nueva España, entendiéndose que las encomiendas, hasta que se suprimieran del todo, y en los casos de nuevos descubrimientos, serían simples cesiones de tributos, sujeta su cobranza al sistema de tasas y al control directo de la administración del rey. Cuando las incorporaciones se realizaran del todo, sólo habría pensiones sobre las Cajas Reales, forma de aprovechamiento más precaria que la encomendación, y que llevaba a término la idea de las Leyes Nuevas de quitar a los españoles todo poder sobre los indios.

Pero este sistema regalista, que sujetaba los premios a la voluntad del rey y que suprimía todo derecho hereditario sobre las rentas, no podía agradar a los encomenderos. Según ANTONIO DE LEÓN, que sigue al PALENTINO, los capítulos que más disgustaron a los colonos fueron: el XXIV, que prohibía cargar a los indios; el XXV, que impedía llevarlos a pesquerías; el XXVI, que despojó a virreyes, gobernadores, casas de religión, etc.; el XXIX, contra los que habían participado en las diferencias del Perú; el XXX, que suprimía toda nueva encomendación, y el XXXVIII, que ordenó la tasación de los tributos y que de estas rentas del rey se acudiera al encomendero, sin darle mando sobre los indios: «no quedaba español en todas las Indias a quien no se quitasen indios en virtud de alguna de estas seis leyes». Que los capítulos XXX y XXXVIII, «que generalmente prohibían las encomiendas, que era la espectativa de los beneméritos, y el servicio personal que era el sustento y comunicación de toda la tierra», contenían el motivo principal del disgusto de los colonos[9].

Para ejecutar las leyes fueron designadas las siguientes personas: Blasco Núñez vela para el Perú; Tello de Sandoval para Nueva España; para Tierra Firme, incluyendo también a Santa Marta, Nuevo Reyno, Cartagena, Popayán y Río de San Juan, el licenciado Miguel Díaz de Armendáriz; y para las islas de Barlovento y provincias de Venezuela, la Margarita, Cubagua y Paria, la Audiencia de la Española y el visitador licenciado Cerrato[10].

Como es sabido, la llegada de Núñez Vela al Perú coincidió con la sublevación de Gonzalo Pizarro, hermano del Marqués, con el resultado de la derrota y muerte de Núñez Vela en Añaquito. Para restablecer la autoridad del rey, se designó al licenciado La Gasca, quien derrotó a Pizarro en Xaquixaguana y lo mandó degollar, pero la revuelta había bastado para demostrar la imposibilidad de aplicar en el Perú las Leyes Nuevas. La Gasca usó tanto de las armas como de ofrecimientos de indios para ganar a los que seguían a Pizarro, y por eso una de sus primeras medidas fue hacer el repartimiento general, dando 150 encomiendas, por valor de un millón cuarenta mil pesos ensayados de renta, publicándose el reparto en el Cuzco el año de 1548[11]; poco después, efectuó La Gasca un segundo reparto por dos vidas, sin hablarse más de incorporación a la Corona de los indios que vacaran. El virrey don Antonio de Mendoza tuvo facultad de encomendar cuando ejerció el gobierno del Perú, después de La Gasca[12], y lo mismo don Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete[13], don Diego López de Zúñiga y Velasco, conde de Nieva[14], el licenciado Lope García de Castro, presidente de la Audiencia[15], y el virrey don Francisco de Toledo[16].

En Nueva España, aunque no con la intensidad que en el Perú, hubo igual protesta por parte de los colonos[17]. Tello de Sandoval pregonó las Leyes Nuevas, suspendió las más rigurosas, y fue aplicando las demás. El obispo Zumárraga y el virrey don Antonio de Mendoza contribuyeron a calmar el descontento de los colonos; para pedir la revocación marcharon a España dos procuradores del Ayuntamiento de México, Alonso de Villanueva y Gonzalo López, acompañados del provincial franciscano fray Francisco de Soto, del provincial dominico fray Domingo de la Cruz, y del agustino fray Juan de San Román. Partieron el 17 de junio de 1544, llevando entre otras recomendaciones cartas del virrey y un informe de veinticinco capítulos de Tello de Sandoval, explicando los motivos que había para suspender las Leyes Nuevas, y dando su opinión en el sentido de que no eran practicables.

Esta vez, no sólo los colonos defendían las encomiendas; los religiosos, el obispo, las autoridades, todos estaban conformes en la dificultad de llevar a cabo la ley. Sandoval escribía el 26 de mayo: «La tierra está alterada y triste, y no parece dinero a cuya causa las contrataciones se han parado. Cada uno guarda lo que tiene y no se vende cosa, ni hay quien dé por ellas un real…, dicen que se irán en estos navíos más de seiscientas personas y muchos dellos casados, con sus mujeres e hijos»[18].

Entre las opiniones de los conquistadores en esta ocasión pueden consultarse: un parecer de Hernán Cortés, que repetía sus antiguas ideas, que ya conocemos[19], y una carta de Jerónimo López de 25 de febrero de 1545, en un párrafo de la cual decía: «Ha crecido la insolencia de los indios después que los capítulos de las Leyes Nuevas se han publicado y predicado y aclarado en los púlpitos en lugar de doctrina, y ellos los tienen sacados en su lengua; les dicen ser tan libres que, aunque se alcen, V. M. manda no sean esclavos. Todos los pueblos vienen a quejarse de sus encomenderos y meter pleitos a los que antes miraban como a padres, y ahora como a enemigos. Óyese de juntas entre los indios principales que osadamente dicen no tener para una merienda con todos los españoles que aquí hay, especialmente estando derramados por la tierra»[20].

Los sucesos anteriores dieron lugar a una nueva actividad teórica sobre el antiguo tema de las encomiendas. Tello de Sandoval abrió información en Nueva España de resultado favorable a la institución y contrario a las Leyes Nuevas. Preguntó: «1. Si era cosa conveniente al servicio de Dios y de S. M., y aumento de esta tierra y perpetuidad de ella, que haya pueblos de indios encomendados. 2. Si la Ley Nueva de S. M., que en este caso habla, si fue necesaria o se pudiera excusar por el presente. 3. Si por no haber indios encomendados habría muchos holgazanes, y qué inconvenientes se podrían seguir de esto»[21].

Los dominicos de Nueva España[22] respondieron el 4 de mayo de 1544[23], pronunciándose por completo en favor de las encomiendas; se apoyaban en la idea jerárquica de la sociedad; hallaban también ventajas para el fin de la conversión de los indios, y para tenerlos en paz y seguridad, y que al aumentar las riquezas de los encomenderos crecerían las rentas reales más que poniendo a los indios en corregimientos. Pedían la perpetuidad, por los servicios que habían prestado los pobladores, y que aunque en general eran buenas las Leyes Nuevas debían revocarse, al menos en Nueva España, donde los encomenderos no trataban mal a los indios y había un buen virrey.

Insistamos en algunos párrafos del parecer. El primero enlazaba las siguientes afirmaciones: el rey tiene justo título a estas tierras; los indios no tienen constancia para sustentar la fe recibida por sí mismos sin españoles; por eso la perpetuidad de los indios en la fe depende de la perpetuidad de los españoles en la tierra; la perpetuidad de los españoles en esta tierra depende de haber hombres ricos; y a hombres ricos sin encomiendas, pues para minas, cultivo de seda, lanas, ganados, sementeras y heredades, se necesitan los servicios de los indios; sólo los que tienen indios tratan y granjean estas cosas. En otro párrafo decían: «en la república bien ordenada es necesario que haya hombres ricos, para que puedan resistir a los enemigos y los pobres de la tierra puedan vivir debajo de su amparo, como lo hay en todos los reinos donde hay política y buen orden y estabilidad, así como lo hay en España y otros reinos. Y si esta tierra se ha de perpetuar, error es grande pensar que han de ser todos los pobladores iguales, como España no se conservaría ni otro algún reino, si en él no hubiese señores y príncipes y ricos hombres; y en esta tierra no puede haber hombres ricos ni poderosos, no teniendo pueblos encomendados, como dicho es, porque todas las haciendas y granjerías se administran por los indios de los pueblos que están encomendados a los españoles, y fuera de éstos no hay manera para otra granjería alguna». Que los encomenderos servían para la seguridad de la tierra, porque cuando había sublevación de indios eran los que sacaban más de cinco y seis hombres de a caballo a su costa, y que ellos amparaban a los españoles de clase popular, los cuales, de no tener este arrimo, tendrían que hacerse criados de los indios, lo «que sería gran afrenta de la religión cristiana y nación española»; que los españoles nobles de Nueva España al retirarles las mercedes, emigrarían, y el rey no podría poblar la tierra de gente de tanto arraigo. Que los encomenderos contribuían a tener la tierra gobernada en justicia, paz y cristiandad y que debían ser señores de los pueblos. Concluían llamando la atención sobre el deber de los príncipes de agradecer y premiar los servicios de los vasallos, más los de estos vasallos de Indias, que ganaron las tierras a costa propia y con tan grandes trabajos, peligros y muertes.

En este documento se vuelve a encontrar en los religiosos de Nueva España la visión medieval de la sociedad política, que advertimos en otro parecer anterior de fray Domingo de Betanzos, uno de los frailes que firman el presente. Hallándose las tierras nuevas ganadas por conquista, y los indios sujetos a los españoles, se pretendía una organización similar a las que pudieron regir en el siglo XIII. El sistema de señorío era el que más convenía a los intereses de los conquistadores, y puede decirse que los dominicos únicamente elevaban al terreno teórico las manifestaciones históricas de los años posteriores a la implantación del dominio español en el Continente. Pero si los religiosos y los soldados españoles no habían evolucionado hasta el mundo moderno de los estados monárquicos, centrales y fuertes, sí lo había hecho según hemos visto, la Corte de los Austrias, la cual, impulsada además por los defensores de los indios, no permitía la reproducción del mundo europeo medieval en las tierras nuevas.

Los franciscanos de Nueva España, en un parecer de razonamiento sencillo, fechado el 15 de mayo de 1544[24], contestaron al interrogatorio de Sandoval, haciendo resaltar la importancia del español seglar para la instrucción cristiana del indio y para su sujeción a la Corona; que los encomenderos evitaban pagar una milicia para este efecto, y añadían que el goce perpetuo de las encomiendas daría estabilidad a la población de la Nueva España. Es decir, los argumentos: religioso, militar y de colonización, con los cuales nos hemos familiarizado en el curso del estudio. Decían sobre el argumento de la fe, que los españoles seglares fueron enviados a las Indias por Dios, para que por su medio su nombre fuese ampliado: «vinieron primero, para que por su industria y animosidad abriesen camino a la predicación evangélica… y a nosotros trajo después dellos a sembrar su palabra: juxta illud, boves aravant et asini pascebant iusta eos». «También habemos, señor, conocido, visto y experimentado, que demás de ser ellos [los españoles] cristianos y murallas de la fe, son menester en la tierra para la amparar y defender en lo que conviene al patrimonio Real de Castilla, con tanto questa tierra la tengan y miren con perpetuidad de raíces por propia y natural y no por venta o por monte para cortar leña, porque desta manera ella recibe notable daño, pues todos están con gran descontento por no ver estabilidad y firmeza en eso poco que tienen…; una de las cosas que más alteración han dado en la tierra, ha sido el remover la cédula de sucesión a los hijos e mujer, pues por ella les ha parecido cortarles la esperanza de perpetuas mercedes. Para cuyo remedio tan necesario nos parece y entendemos suplicar, que su Real Alteza se determine en dar de comer a los que necesariamente ha de tener y sustentar en la tierra, no por el modo momentáneo y a tiempo que hasta aquí se ha tenido con corregimientos pobres y mudables, en daño de los naturales y sin provecho ni arraigamiento de los españoles, mas con perpetua estabilidad y firmeza; pues los españoles, como está dicho y es notorio, son necesarios, y han de estar así para el patrimonio de Jesucristo, como para el de la Corona Real de Castilla, pues no teniendo de comer, para se poder amigar, se han de ir o han de robar». Que los indios eran necesarios para los trabajos y oficios, porque «si el servicio hobiere de ser de español a español, no hay quien lo haga, ni basta la hacienda para pagar la soldada». Terminaban opinando que los asuntos de Indias se debían resolver en ellas y no en España, donde faltaba la verdad y conocimiento de los hechos y decían: «Oh, cuán bienaventurado será el Príncipe, y cuán dichosos los medios, e cuán bienaventurado trabajo, por el cual y los cuales estas dos naciones [española e india] fueren amasadas, para que vivan y se perpetúen… Pues son ellos, a nuestro juicio, hueso y carne necesitados de un espíritu, que dé vida a este compuesto, el cual tuvo Dios por bien de juntar»[25].

Estas repetidas razones religiosas y militares, no sólo sirvieron para defender la existencia de la institución en momentos críticos de su desarrollo, sino que se convirtieron después en cargas o finalidades legales de la encomienda de Indias; pero como se advierte en el parecer anterior de los franciscanos, el problema tenía también un aspecto económico que le daba singular resistencia: los tributos de los indios eran la base del sustento de los colonos.

Contra las Leyes Nuevas y en pro de la perpetuidad opinó el 1 de junio de 1544, el obispo de Nueva Galicia, Gómez Maraver[26]; en favor de las encomiendas y contra los corregimientos, el 30 de mayo de 1544, don Juan de Zárate, obispo de Oaxaca[27].

Fray Domingo de Betanzos, en la misma época envió un parecer individual al obispo de Cuenca, Ramírez de Fuenleal, que residía entonces en Valladolid. Repetía las ideas que ya conocemos en pro de los repartos y de la perpetuidad y contra el sistema de pueblos en la Corona Real administrados por corregidores; decía que el bien universal de Nueva España consistía en el buen tratamiento de los naturales, asiento de los españoles y aumento de las rentas reales y que el camino era el que señalaba, según había concluido por su experiencia de treinta años ea las Indias[28].

El memorial de los procuradores de México, Alonso de Villanueva y Gonzalo López (junio de 1545) fue en el sentido de que se suspendieran las Nuevas Leyes y que se concedieran las encomiendas perpetuas. Sostuvieron el punto de vista típico de los colonos: los servicios prestados, los premios que merecían, la función que desempeñaban en la vida colonial, en favor de la Corona, etc. Atacaban el sistema de corregimientos, alegando que en el año de 1530, cuando el rey ordenó a la Segunda Audiencia de México poner los indios en corregimientos, los precios de los alimentos y demás mercaderías subieron mucho y que el país se hubiera despoblado si el rey no hubiera dado la ley de sucesión[29].

Entre otros documentos de este período se encuentra también la opinión de Hernán López, del Consejo de Indias, en pro de la perpetuidad de las encomiendas, pero sin dar jurisdicción; que el indio maltratado por los señores tuviera derecho de refugiarse en las villas del rey; pedía además ciertas garantías: que el encomendero cumpliera con las cargas de la concesión, que el tributo se tasara de tiempo en tiempo, que no hubiera servicios personales de indios salvo trabajos ligeros con salario, que del tributo encomendado el rey gozara un vigésimo, que los oidores visitaran las encomiendas y si notaban que los encomenderos faltaban a sus deberes las incorporaran a la Corona[30]. Adviértase el firme poder del Estado sobre las supuestas encomiendas perpetuas.

Fray Domingo de Betanzos, el 11 de septiembre de 1545, desde su convento de Tepetlaoztoc, escribía a los padres provinciales y procuradores que estaban en la Corte, que el Consejo de Indias no acertaba en las cosas de la tierra, que Dios tenía el designio secreto de acabar con los indios y que se debía dejar correr todo sin hacer mudanzas, porque éstas contribuían a la destrucción de los naturales; que él había señalado los remedios humanos, pero que los del Consejo tenían cegados los entendimientos[31]. Su predicción se basaba en la gran epidemia de viruelas que había entre los indios en esa época.

La respuesta práctica y teórica que habían obtenido las Leyes Nuevas, bastó para que Carlos V comprendiera su impracticabilidad, a causa del arraigo que las encomiendas tenían ya en América. Eran un cauce sólido para la relación de los españoles con los indios y no podían suprimirse sin desorganizar la economía de las colonias.

LAS CASAS comentaba con razón que el remedio se intentó tardíamente y que a esto se debió que la encomienda «creciera y echara tantas y tan arraigadas raíces… en tanto grado, que ya el rey con todo su poder no ha podido en algunos tiempos extirparla»[32].

Sin embargo, después de la experiencia no faltaron algunas opiniones en favor de las Leyes Nuevas, cuya derogación parecía inminente.

Consultado Ramírez de Fuenleal, obispo de Cuenca, contestó[33] que las ordenanzas eran justas y que el escándalo que habían ocasionado se debía a causas y personas particulares, y no nacía de la injusticia ni agravio de la ley respecto a los españoles de las Indias; porque por la Ley Nueva no se les quitaban los indios que poseían, ni quedaban despojados del todo sus herederos, puesto que el rey prometía hacerles mercedes, después de ser informado de los méritos del español que había tenido la encomienda. Fuenleal aconsejaba que el rey prometiera desde luego preferir a los conquistadores y primeros pobladores, declarando su real voluntad en el sentido de que muriendo algún conquistador encomendero, heredará el hijo mayor las dos terceras partes de los tributos que los indios pagaran. Estas dos terceras partes debían asignarse por vía de mayorazgo, para que los hijos y descendientes fueran llamados por el orden que se fijara. Que esta merced debía ampliarse también en favor de los pobladores beneméritos. Que de este modo quedaban a cargo de la Corona la doctrina y conservación de los indios, y los colonos sólo gozarían los frutos e intereses, sin tener manera de consumirlos, y no llevarían más que los tributos tasados.

Es decir, Fuenleal percibía bien la complejidad del problema; se necesitaba de una parte proteger a los indios de los desmanes de los particulares españoles, imponiendo el poder del Estado. Pero también había el problema económico del sustento de los conquistadores y pobladores, para resolver el cual permitía Fuenleal el goce y sucesión de los tributos, a modo de una renta asignada por la Corona y no como poder directo del particular español sobre los indios encomendados.

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, en su carta al príncipe Felipe, de 25 de octubre de 1545, se quejaba de que los ministros del rey no cumplían las leyes, oprimían a los indios y a los españoles, y que tenían sin libertad a la Iglesia: «parece que el diablo se les reviste en las entrañas de ambición y codicia en saltando en estas tierra». «Para que todo lo que S. M. manda se cumpla fielmente, y estas gentes no acaben de perecer, la defensa y protección corporal de ellos, y la ejecución de las leyes y ordenanzas y provisiones hechas y por hacer, se ha de encomendar y cometer a los prelados; no a todos, sino a los que han dado o dieren muestras de no querer ser ricos, sino hacer lo que deben a Dios y a su rey. Y no es mucho que se les encomienden los cuerpos, pues que tienen sobre sí a cuestas encomendadas las ánimas. Considere V. A. que los reyes de Castilla tienen estas tierras concedidas por la Santa Sede Apostólica, para fundar en ellas nueva iglesia y la religión cristiana y salvar estas ánimas». LAS CASAS quería como remedio, que se quitaran los indios a los españoles, especialmente a gobernadores y oficiales del rey, y que se pusieran en la Corona Real, y que los eclesiásticos doctrinaran a esta población india libre. Añadía: «españoles mayores y menores tienen tantas ánimas, siendo libres, por esclavos, y llevándoles tributos insoportables, cargándolos como a bestias y finalmente destruyéndolos y matándolos a todos… no obedeciendo ni cumpliendo las justicias ni los particulares ley ninguna de Dios y de su rey, ni lo que la razón natural les enseñan; y como a tales hemos mandado en nuestros obispados que ninguno los absuelva, por no nos ir al infierno con ellos»[34].

La revocación de las Leyes Nuevas.—Los procuradores de Nueva España se entrevistaron con el Emperador en la ciudad de Malinas y obtuvieron el 20 de octubre de 1545 la revocación del cap. XXX de las Leyes Nuevas que, como se recordará, había prohibido la sucesión en las encomiendas. En virtud de la cédula de Malinas, volvía a quedar en vigor la antigua ley de sucesión por dos vidas[35].

En la misma fecha y lugar se modificó también el capítulo de las Leyes Nuevas referente a los pleitos sobre encomiendas. El nuevo procedimiento sería:

«si alguno pretendiere derecho a algunos indios que otro posea, que parezca en la audiencia en cuyo distrito estuvieren los tales indios, y ponga allí la demanda, y el presidente e oidores que son o fueren de la tal audiencia, sin embargo de lo contenido en la dicha ley, vista la demanda, haga dos traslados della a la otra parte contra quien se diere, e mande a las partes que dentro de tres meses dé cada una dellas la información de testigos que tuviere, hasta doscientos y no más, y presenten sus títulos; y así dada, cumplidos los dichos tres meses, el dicho presidente e oidores, cenado y sellado la envíen ante Nos al nuestro Consejo de las Indias, sin otra conclusión ni publicación alguna, para que en él visto se provea lo que convenga y sea justicia»[36].

En el mes de abril de 1546 se ordenó a la Audiencia de Nueva España que volviera a hacer las tasaciones de los indios, así de los encomendados como de los puestos en la Corona, porque la mortandad ocasionada por las viruelas no permitía que los supervivientes pagaran las antiguas tasaciones[37].

También tuvo particular interés para el problema de las encomiendas, después de las Leyes Nuevas, la cédula dictada en Ratisbona en abril de 1546; la Corona ordenaba a don Antonio de Mendoza, aun virrey de Nueva España:

«sabed que los provinciales de las órdenes de Santo Domingo y agustinos, y Gregorio López, procurador desa Nueva España, vinieron a Nos y Nos hicieron relación que aunque habían tenido por gran merced la que se les hace en la revocación de la ley que habla sobre la sucesión de los indios, que no era aquello verdaderamente el remedio general dessa tierra, sino el repartimiento perpetuo para que quedasen todos contentos e quietos, para lo cual Nos dieron muchas razones que fueron justas; por tanto os mandamos que luego entendáis en hacer la memoria de los pueblos e indios desa Nueva España y de las calidades dellos, y asimesmo la memoria de los conquistadores que están vivos, y de las mujeres y hijos de los muertos, y la de los pobladores casados e otros, y de las calidades dellos; y hecho esto, haréis el repartimiento de los indios como os pareciere que conviene, ni más ni menos que lo haríades estando yo presente, señalando a cada uno lo que les conviene y está bien, teniendo consideración a las calidades de las personas y servicios que Nos han hecho, dejándonos las cabeceras y puertos y otros pueblos principales, y la jurisdicción civil y criminal, y dejando asimismo otros pueblos para que podamos hacer merced a los que de aquí adelante fueren, porque si ésta faltase no habría quien fuese, y seria gran inconveniente; y fecho el tal repartimiento, enviarnos heis cerrado y sellado vuestro parecer, de la manera que lo podamos entender, y con qué tributos y pensión, con toda la brevedad para que no se pierda tiempo, porque nuestra merced y voluntad es que sean galardonados de sus servicios y que todos queden remunerados, contentos y satisfechos». «E si por parte del Serenísimo príncipe, nuestro muy caro e muy amado hijo, otra cosa se os mandare, cumplirla heis»[38].

Adviértase que la Corona parecía volver, después del experimento de 1542, a su antigua idea del año 1528, repetida también en 1535, cuando se dieron las primeras instrucciones al virrey Mendoza. Pero ahora el repartimiento general era sin jurisdicción, y según parece, Mendoza quedaba autorizado a formar el proyecto de distribución, pero no a ejecutarlo, lo cual se reservaba la Corona para hacerlo después de visto el memorial y parecer del virrey. Además, la cláusula final sobre el respeto a las órdenes de Felipe II podía también originar alguna modificación.

Mientras esto sucedía en la Corte, LAS CASAS asistió en Nueva España a las juntas de prelados y religiosos, imponiendo sus ideas generales sobre los derechos de los infieles, su atracción pacífica y no por guerra, y la naturaleza espiritual preferente del gobierno español en las Indias (junta de octubre de 1546). En junta posterior se trató el punto de los indios esclavos y el de los servicios personales[39]. En esto llegaron las nuevas del triunfo de los procuradores enviados a Carlos V, y por lo tanto, la derrota del obispo de Chiapa, quien embarcó para España.

Del estudio anterior parece desprenderse que el fin principal de las Leyes Nuevas, en relación con las encomiendas, había sido nulificado bien pronto. ¿Pero tales ordenanzas no produjeron ningún efecto? ¿Cómo quedaban las demás instituciones referentes a los indios —esclavitud, servicios personales, cargas, etc.—, y aun las propias encomiendas, en aquellos aspectos legales no comprendidos dentro de las derogaciones examinadas?

En el capítulo siguiente estudiaré la suerte del repartimiento decretado en Ratisbona, los matices de la encomendación en los años siguientes al de 1546, y algunos datos relativos a otras instituciones, de interés para la situación jurídica de los indios.

CAPÍTULO IV

LA INTEGRACIÓN JURÍDICA

Después de la experiencia de las Leyes Nuevas, la encomienda entró en un período de lenta pero fundamental integración jurídica, tratándose de hallar la forma Legal capaz de resolver las necesidades económicas de los colonos, sin ir contra los principios que en las discusiones anteriores habían quedado afirmados.

No ha de olvidarse que la parte radical de las Leyes Nuevas había sido derogada; sin embargo, persistieron el espíritu de protección hacia el indígena que las inspiró, y él empeño del Estado de sobreponer su poder al libre y particular de los colonos sobre los indios. De aquí que las características de la etapa posterior a 1542 fueran: la pretensión legal de reducir la encomienda a una forma controlada, y la integración de la institución conforme a perfiles definidos hasta entonces sólo apuntados parcialmente o en la teoría.

Esta etapa tuvo suma importancia; después de ella la encomienda apenas conservaba lazos de semejanza con la regulación arbitraria y libre de la relación entre españoles e indios, existente a raíz de la conquista.

El primer dato relativo a la ejecución del repartimiento general de Nueva España decretado en Ratisbona, lo hallamos en la cana de un colono de fecha 20 de enero de 1548: «oigo que el virrey, tomada informaciones, despachó el repartimiento general. Plega a Dios que acierte»[1].

El propio virrey Mendoza escribía el 30 de octubre de 1548:

«Su Majestad y Vuestra Alteza me enviaron a mandar que hiciese el repartimiento de esta tierra, y así he entendido en él, conforme a lo que se me mandó y yo he alcanzado, encaminándolo todo lo que ha sido a mí posible, a que de lo que se efectuare resulte servicio de Dios y acrecentamiento de las rentas reales y buen tratamiento de los naturales desas partes, y asiento y perpetuidad de los españoles. Y porque el negocio es de calidad que por escrito se podrá mal dar a entender sin larga escritura y mucha prolijidad hame parecido que al servicio de S. M. y de Vuestra Alteza conviene que yo vaya con él, para hacer relación y satisfacer a las dudas que se ofrecieran»[2].

El documento confirma que Mendoza sólo estaba encargado de redactar el proyecto del repartimiento; la ejecución no se haría sin acuerdo especial de la Corona.

En el año siguiente de 1549 hallamos gran número de cedulas referentes a las encomiendas. Se mandó que ningún encomendero echara sus indios a minas[3]; que las pensiones que gozaban los conquistadores sobre las cajas Reales, cuando no tenían corregimientos ni encomiendas, se heredaran en la forma siguiente: «[la renta] se dé y parta entre los hijos y en defecto de hijos o hijas se dé a la mujer lo que os pareciere para que se sustente»[4], Adviértase que el orden era diferente del establecido para la sucesión de las encomiendas, porque en ésta no había partición del caudal, sino que heredaba el hijo mayor o los siguientes por orden de edad en su defecto.

Del propio año de 1549 (22 de febrero), es una importante cédula sobre supresión de los servicios personales como parte de las encomiendas. Su interés amerita la transcripción.

«Presidente e oidores de la audiencia e cancillería real de la Nueva España: yo soy informado que de darse lugar en esa tierra a que se den servicios personales de indios para echar a las minas e para otras cosas, por vía de tasación e permutación en lugar de los tributos que les están tasados, se siguen grandes inconvenientes, especialmente que como van muchos de los tales indios a servir fuera de su tierra y naturaleza cincuenta leguas, y otros más y menos, donde están las minas, e ir cargados con sus comidas, mantas y camas, adolecen algunos dellos y mueren algunos, de más que la doctrina cristiana que a los tales se había de dar se impide, y se cometen otras ofensas contra el servicio de Dios Nuestro Señor, e se menoscaba la gente desa Nueva España, e se siguen muchos daños e inconvenientes a la vida y salud de los dichos indios, y para su instrucción; y que demás de lo susodicho hay muchos pueblos de indios, ansí los que están en nuestra cabeza, como los que están encomendados a los pobladores, que están tasados en más de lo que buenamente pueden pagar; e queriendo proveer en todo ello, como cosa importante al servicio de Dios y bien desa tierra y naturales della, visto y platicado por los del nuestro Consejo de las Indias, fué acordado que debía mandar dar esta mi cédula para vos, y yo túvelo por bien, por que yos mando que luego que ésta veáis, con todo cuidado e diligencia os informáis y sepáis en qué pueblos desa Nueva España se dan servicios personales de indios para echara las minas, e para sus casas o otros servicios e obras, proveáis cómo de aquí adelante no se den por vía de tasación o permutación, aunque sea de voluntad de los caciques e indios de los tales pueblos, e que digan que hacen los dichos servicios personales en lugar de los tributos que les están tasados, y que ellos lo quieren y piden así; e porque cesando las dichas conmutaciones de servicios personales han de pagar los tributos de los frutos naturales e industriales, según la calidad e uso de cada pueblo, conforme a lo que por Nos está cerca dello mandado, e somos informados que las tasas desa Nueva España en algunos pueblos son muy excesivas, y que los vecinos dellos no las pueden buenamente cumplir al pagar, por haberse disminuido los indios dellos, e no tener la posibilidad, que solían e por otras causas, veréis las tasaciones que están hechas de los tributos que han de dar los pueblos de indios que en esta Nueva España hay, así los que están en la Corona Real, como encomendados a personas paniculares, y quitaréis de las tasaciones todos los servicios personales que hubiere en ellas ora sea por vía de tasación o conmutación, por cuanto, como dicho es, nuestra merced y voluntad es que en la tasación de los dichos indios no se tase ningún servicio personal, ni se conmute después de tasados, y tomaréis de nuevo a reveer las dichas tasaciones donde quitáredes las tales tasaciones o conmutaciones de tributos personales, y haréis nueva tasa de lo que han de pagar, guardando en ello el tenor e forma que está dada por una de las leyes por Nos fechas cerca de la tasación de los tributos que los indios han de pagar». «Lo cual, así cumplid sin embargo de cualquier reclamación que dello hagan, así los nuestros oficiales, como las personas que tuvieren los tales indios encomendados, e de otras cualesquier personas, así indios como españoles, porque nuestra voluntad es que sean bien tratados y relevados, y que el servicio que hubieren de hacer sea en aquellas cosas que ellos en sus tierras tienen y que buenamente, sin que sea impedimento para su multiplicación, e conversión e instrucción en las cosas de nuestra santa fe católica, puedan dar».

La cédula atendía a continuación al problema de las cargas; ordenaba que conforme las bestias se fueran multiplicando, cesara el uso de los indios tamemes, pero:

«en las cosas que fueren necesarios [los indios] en que viéredes que las dichas acémilas e bestias y carretas no bastan, deis orden para que de los pueblos comarcanos adonde lo tal aconteciere se reparta por su tanda personas que se alquilen para entender en lo susodicho, proveyendo que la carga que hubiere de llevar o el trabajo personal en que se hubieren de ocupar sea muy moderado, e por tiempo breve, e acortadas distancias; e proveyendo que las tales personas sean las que menos faltas hagan en sus casas e haciendas… e proveyendo asimismo que lo que hubieren de haber por su trabajo entre particularmente en poder de cada uno de los que trabajaren, e no de sus caciques, e porque soy informado que una de las causas porque los dichos indios no se vienen voluntariamente a alquilar es por no darles comúnmente por se alquilar más de ocho maravedís y medio cada día, del cual han de comer, y esta parece tan poca paga que difiere de trabajar de balde, vos mando que de aquí adelante en aquellos casos y cosas que sea necesario el dicho alquiler, como dicho es, tengáis muy particular cuidado dé tasar los dichos indios que así se ocuparen en ellos un competente jornal de que puedan cómodamente mantenerse y ahorrar para otras sus necesidades».

Cuando fueran ocupados los indios en la provisión de bastimentos de las minas, se les debía pagar a destajo y no a jornal. Concluía la ley:

«teniendo entendido que una de las cosas en que más seré servido será en que siempre llevéis intento a que estos servicios personales se vayan del todo quitando, porque entendemos que cumple mucho al servicio de Dios nuestro señor e nuestro, y a la conservación e aumento de los naturales desa tierra. Fecha en la villa de Valladolid… Maximiliano. La Reina»[5].

Nótese que esta ley, posterior a las de 1542, confirmaba el principio contenido en ellas de la supresión de los trabajos personales como parte de las encomiendas. Además continuaban vigentes las tasaciones.

El virrey Mendoza escribía a Carlos V, el 10 de junio de 1549, acerca del repartimiento general de Nueva España, y la cédula anterior:

«Con fecha de Augusta, once de febrero me manda V. M. me dé priesa en hacer el repartimiento general. Las condiciones y particularidades que V. M. me manda mirar son muchas y piden tiempo y he tenido poca salud. Tengo al cabo y casi hecho el repartimiento… sólo falta por ver Oaxaca… Nos ha venido cédula de los Gobernadores mandando que no se den servicios personales de indios para minas, casas ni otros, que los servicios personales se quiten de las tasaciones y se conmuten en otra cosa. Será mucho estorbo y dilación. Deberá tornarse a hacer lo hecho, y es dar una vuelta a toda la tierra y muy gran baja a las minas de plata, que andan muy prósperas»[6].

Importa notar que Mendoza continuaba en 1549 los trabajos para el repartimiento de Nueva España, los cuales decía tener casi terminados[7]; en cuanto a la supresión de los servicios, era clara su opinión en contra de la medida última llegada de España.

La tendencia rigurosa respecto a los problemas indianos persistía en la Corte. Maximiliano y la Reina, que gobernaban por ausencia de Carlos V, expidieron una nueva cédula en Valladolid, el 1.º de junio de 1549, sobre las cargas de los indios (cuestión de los tamemes). Decían que la supresión ya se había ordenado en las Nuevas Leyes, e insertaban el capítulo; que como los abusos continuaban y los mercaderes usaban indios para el transporte, se declaraba que nunca había sido intención de la Corona que esto se consintiera, por lo cual se prohibía expresamente; el comercio no quedaba, por lo tanto, comprendido dentro del caso de necesidad, único en que se había autorizado el uso de los tamemes; dichos casos necesarios se habían de declarar por vía de justicia, sin poder utilizar el español al indio de propia autoridad. Los mestizos y los negros no quedaban autorizados nunca para cargar a los indios. Duras penas, incluyendo la de azotes, se mandaban a fin de que la ley fuera cumplida[8].

Adviértase esta nueva y categórica confirmación del espíritu de las leyes nuevas en el ramo de cargas.

El virrey Mendoza, refiriéndose a esta cuestión y en general a la de los servicios personales, escribió una amplia carta, en la cual se nota su disconformidad con las últimas órdenes de la Corte y cierto resentimiento por el tono de reprensión que se advertía en ellas. Decía que la prohibición de cargar a los indios se decretó en 1528, y que se mandó revocar el 13 de septiembre de 1533. Que gobernaba ya Mendoza cuando se le envió una provisión de 22 de abril de 1535 y otra de 16 de febrero del mismo año, conforme a las cuales redactó los aranceles y ordenanzas que «fasta agora se guardan». Que al traer el licenciado Sandoval las Leyes Nuevas, se vio que una hablaba de los tamemes, «e platicado sobrello, pareció que estaba bien proveído, e ni se añadió ni mudó cosa nueva en ello». Refería el virrey a continuación que él prohibió del todo los servicios en tierras calientes como Soconusco, Tehuantepec, Oaxaca, Guatulco, Colima, Zacatula y Pánuco; que en algunas provincias se permitían aún, pero mediando voluntad del indio, no excediendo la carga de dos arrobas, siendo la jornada menor de cinco o seis leguas, pagándoles el jornal y no yendo de tierras frías a calientes o viceversa. En cuanto a la última cédula de 1549 relativa a los tamemes, decía el virrey que la Corte no había sido bien informada; preguntaba si el propósito de suprimir de modo total las cargas iba a comprender también a los religiosos y a los indios pudientes, porque no sólo los colonos utilizaban a los tamemes; advertía que la supresión dejaría a la ciudad de México sin materiales de construcción, que los españoles que carecieran de bestias no podrían vender sus mercancías, que no habría modo de efectuar el transporte de artillería y demás impedimenta militar en casos de rebelión, las personas no podrían viajar porque no existían ventas y todas tenían que cargar sus bastimentos, camas, equipajes, etc. Añadía Mendoza: «las provisiones que S. M. e los señores del Consejo dan, santas e justas son, mas no se negará que con las Leyes Nuevas S. M. destruyó el Perú, e con ellas si reformaron muchas cosas en esta Nueva España, con otras provisiones que han venido de servicios e tamemes destruye a Guatemala; con estas misma perfeccionará la Nueva España, si bien sabemos usar dellas, e aplicarlas como es menester en su lugar e tiempo».

El virrey se manifestaba ofendido por los informes de los religiosos, a causa de los cuales se creía en la Corte que en Nueva España no había justicia; hablaba con acrimonia de: «leyes con que guardándolas al pie de la letra destruya sus rentas e sus vasallos [el Rey] e les haga dejar la tierra [a los españoles], teniendo necesidad dellos en ella».

La posición de Mendoza ante el problema nacía de consideraciones prácticas; sabía que las modificaciones y reformas amenazaban la sustentación económica de los colonos españoles, quienes por medio de las instituciones que se trataban de reformar utilizaban los servicios diversos de los indios. Mendoza recordaba que la institución de los tamemes era antigua en México y no creación de los españoles; opinaba que los servicios personales debían subsistir en algunos sitios como parte de las tasaciones; que esto era preferible al nuevo sistema de que los indios se alquilaran para servir con mediación de las justicias, pues antes, la tasación imponía un límite general y justo, en tanto que ahora los servicios del indio quedaban a juicio del corregidor, quien sancionaba el contrato y entregaba el jornalero al español; que además, la medida de la supresión de los servicios en las encomiendas era más grave en un momento en que se insistía en poner en libertad a los esclavos indios que trabajaban en minas y granjerías de Nueva España. Los negros no bastaban para remediar el problema del trabajo. Con perfecta claridad señalaba Mendoza la repercusión económica de las medidas: «la guarda de todos los ganados que se quita, las sementeras que se dejan de hacer, la seda que se dejará de criar, e todas las demás granjerías que están comenzadas, que todas se han de perder; e si el remedio ha de ser que los indios se alquilen, por fuerza yo doy cumplida la profecía de fray Domingo de Betanzos [en el sentido de que los indios de Nueva España perecerían en breve por juicio de Dios), e ninguna cosa se ha proveído más en su perjuicio que ésta»[9].

Es decir, el virrey sabía que la colonización española descansaba económicamente sobre el trabajo de los indios. Si la Corona insistía en limitar el contacto y en destruir las vías que los españoles utilizaban para valerse de los naturales, la colonización no podía subsistir; se comprende la situación difícil del gobernante indiano que en la tierra donde se aplicaban las medidas, veía palpablemente desarrollarse los efectos.

Además, en el parecer de Mendoza hay otra observación de interés jurídico: la relativa a la interdependencia existente entre las diversas instituciones que atendían al problema económico de la colonización española. La esclavitud, que era una de estas instituciones, estaba a punto de concluir por la intervención abolicionista del Estado. Las cargas de los indios eran estrechamente controladas y reducidas a casos de extrema necesidad. Los servicios personales eran suprimidos de las encomiendas, con lo cual esta institución perdía su principal función económica. Pero por efecto de estas limitaciones comenzaba a delinearse la institución del alquiler forzoso de los indios, más tarde llamada del servicio personal o mitario, que venía a sustituir las fuentes del aprovechamiento del trabajo del indio, que se recortaban o suprimían[10]. Mendoza no era partidario del nuevo conducto de la relación y prefería que la institución de la encomienda, conteniendo servicios, sirviera para resolver el problema de la mano de obra de las colonias.

El problema jurídico de la encomienda encubría, por lo tanto, un problema económico primario de sustento de la vida de los españoles por medio de los trabajos de los indios. Cuando las ideas morales iban contra la antigua institución de la encomienda, quitándole su principal función, la misma Corona no podía menos de autorizar otro cauce, o sea, la substancia económica del problema persistía, aunque variara el conducto legal para el aprovechamiento.

En este estado dejó Mendoza el gobierno de la Nueva España. En los avisos que dejó a su sucesor[11], don Luis de Velasco, se refleja la experiencia que había adquirido después de las duras pruebas de su virreinato, motivadas por las Leyes Nuevas y por las cédulas que hemos examinado.

Le decía que S. M. había ordenado que se tasara la cantidad de los tributos que los indios pagaban a los clérigos e iglesias y otros gastos. Que esta tasa no se había podido fijar, porque no había estabilidad en los pueblos y todo había sido hacer y deshacer edificios. Que los clérigos de Nueva España eran amigos de lucro y que si no fuera por el bautismo que daban a los indios, se estaría mejor sin ellos[12].

Continuaba Mendoza advirtiendo a su sucesor, que tanto el rey como él habían dado ordenanzas para el buen tratamiento de los indios. Que existían también ciertos preceptos para la recaudación de los tributos a cargo de los alcaldes mayores y otras justicias. Que también había ordenanzas sobre los indios libres y esclavos de las minas: «y aunque con haber S. M. mandado quitar todos los servicios personales, parece que son escusadas, pues que los indios como personas libres pueden hacer de sí lo que les pareciere, V. S. debe mandar que se guarden todas las que fueren posibles». «Los iridios se han de tratar como los hijos, que han de ser amados y castigados en especial en cosas de desacato, porque en este caso no conviene ninguna disimulación».

Que había tierras de distintos temples en Nueva España. Algunas frías, con hombres más recios para el trabajo y propias para establecer tributos de tipo personal. Pero que los tributos en cosas [tributos reales], podían servirlos mejor los indios de tierra caliente, porque criaban con facilidad cacao, algodón, semillas, etc.: «la ordenanza que S. M. hizo en que manda que los indios paguen los tributos en lo que cogen en sus tierras [la de febrero de 1549], en parte es muy perjudicial, porque es causa que los tributos de ropa se vayan quitando, diciendo [los indios de tierra fría) que no cogen algodón para hacerla, siendo más gente y más recia para tejerla, de donde se hacía la mayor cantidad, y agora carga el trabajo de sembrar el algodón, y hacer la ropa sobre la gente más flaca, que es la de tierra caliente». Adviértase de nuevo el sentido práctico y observador de Mendoza, y cómo anteponía los efectos concretos al interés general de la legislación.

En otra parte del documento decía: «cuanto más se aprieta lo de los servicios personales y el dar libertad a los indios, tanto más ha de crecer la falta [de bastimentos]». «S. M. tiene proveído sobre lo que toca a los servicios personales y al cargar de los indios. Lo que en esto está hecho verá V. S. por lo que yo tengo escrito». Aconsejaba a Velasco que no resolviera de golpe, porque traería grandes daños.

Continuaba Mendoza diciendo, que al ocurrir en Nueva España las vacantes de corregimientos había reservado los oficios algún tiempo sin proveer, para que de estas rentas se ayudara a los pobladores pobres con acostamientos y pensiones. También trataba el punto de la regulación necesaria de los derechos de los caciques sobre los indios comunes o macehuales.

«En lo que toca a la libertad de los indios esclavos, se ha hecho y hace lo que S. M. tiene proveído e mandado al pie de la letra».

Por último, como dijimos en el cap. II, avisaba Mendoza a Velasco que en todos los asuntos de Nueva España había muchas y diversas opiniones. Que el gobernante había de ejecutar lo mínimo y no trastornar precipitadamente la tierra[13].

No se encuentra en el documento ningún párrafo especial acerca del problema de la encomendación. Estaba pendiente el repartimiento general que Mendoza tenía casi concluido, y entretanto seguía en vigor la ley de sucesión por dos vidas.

Durante el virreinato de don Luis de Velasco, continuó en la Corte la tendencia en favor de los naturales y de la limitación de las instituciones que beneficiaban a los españoles. El nuevo virrey, como su antecesor, tuvo que sobrellevar las dificultades prácticas que tales medidas ocasionaban, y en varias ocasiones escribió a la Corte sobre los efectos que en la economía de Nueva España producían.

En las instrucciones de la Corona para Velasco, de fecha 16 de abril de 1550, se hallan algunos preceptos de interés para nuestro estudio.

El virrey procuraría que los encomenderos no impidieran a los religiosos que entraran en los pueblos encomendados para doctrinar a los indios. Que facilitara la construcción de caminos y puentes para lograr el propósito de la Corona de suprimir del todo el transporte de cargas por medio de los indios, porque en terminándose tales obras, debían cesar inmediatamente. Que visitara la tierra para saber de la doctrina de los indios, estado de las tasaciones, agravios que se les hacían, y si estaban aun afectados por los servicios personales:

«en todo haréis justicia y lo proveeréis de manera que los indios queden desagraviados y los tributos muy moderados, guardando y ejecutando en todo lo que las Leyes Nuevas que mandamos hacer para el buen gobierno de las Indias disponen; y veréis una provisión real que mandamos dar cerca de los servicios personales de los indios; hacerla heis guardar, cumplir y ejecutar, como en ella se contiene; e avisarnos heis de lo que cerca dello hiciéredes; la cual se os manda dar».

Uno de los oidores de México debía andar siempre visitando la tierra. El virrey debía mandar ver las minas, por los agravios que se hacían a los indios, así libres como esclavos. Acerca de las tasas se mandó:

«porque en algunos pueblos de indios hay tasaciones confusas que no tienen número y cantidad cierta de lo que los indios han de pagar, y así muchas veces los indios pagan más de lo que deben, daréis orden cómo luego se aclaren y se haga tasación cierta y determinada, porque los indios sepan lo que han de pagar, con que sea moderada como ya está dicho, e no sea causa de que paguen más de lo que deben».

El virrey debía reprimir los abusos que cometían los caciques con los indios comunes. Que como los indios eran de naturaleza holgazana, cuidara de que los que tuvieran oficios los desempeñaran, y los labradores sembraran maíz y trigo; que los mercaderes indios entendieran en sus tratos, y los indios que no fueran ni oficiales, ni labradores, ni mercaderes:

«se alquilen pava trabajar en labores del campo y obras de ciudad; por manera que no estén ociosos». «Lo susodicho se haga y efetúe por mano de la nuestra justicia y que los españoles no les puedan compeler a ella aunque sea a los indios de sus encomiendas; y daréis orden cómo les paguen el jornal de su trabajo a los mismos indios que trabajaren y no a sus principales ni a otras personas algunas, y que el trabajo sea moderado y que sepan los que excedieren en esto que han de ser gravemente castigados».

Es decir, el servicio personal seguía prohibido en época de Velasco como parte de las encomiendas, pero esta prohibición, y la de los esclavos, que continuaba en vigor, hacían necesaria, como hemos dicho antes, una nueva forma jurídica para facilitar la relación de trabajo entre indios y españoles, y esta forma era el alquiler forzoso del trabajador.

Las instrucciones para Velasco contenían también el siguiente párrafo:

«Tendréis mucha diligencia e cuidado de ver las dichas Nuevas Leyes que mandamos hacer para el buen gobierno de las dichas Indias, y las Ordenanzas que mandamos dar para la dicha Audiencia Real de México, y tendréis muy especial cuidado, en la guardia e observancia dellas, mandándolas guardar, cumplir y ejecutar según e como en ellas se contiene, excepto lo que de las dichas Leyes Nuevas por Nos están revocadas, que se os darán por memoria».

Velasco no debía permitir que las encomiendas se proveyeran por vía de traspaso ni dejación o venta, lo cual equivalía a declarar que no podían ser objeto de disposición[14]. Debía mirar por el cumplimiento de la cédula de 1539, que dispuso que los encomenderos se casaran dentro de cierto plazo. Por último, que consultara si convenía congregar a los indios en pueblos o reducciones[15].

Nótese que, con excepción de los puntos de las Nuevas Leyes expresamente revocados, que se referían a la sucesión de las encomiendas y pleitos sobre ellas, y al repartimiento general ofrecido, dichas leyes continuaban vigentes y el gobierno de Velasco se iniciaba con una estrecha confirmación de su espíritu.

En la misma ciudad de Valladolid y en la propia fecha de 16 de abril de 1550, se dictaron otras provisiones importantes para Nueva España.

Los corregidores, a causa de que malversaban los fondos que obtenían de los indios por concepto de tributos de la Corona, quedaban desde ahora como simples vigilantes de la recaudación, y ésta la efectuarían los oficiales de la hacienda del rey[16].

También se mandó lo siguiente, que contribuye a aclarar el problema sucesorio de las encomiendas de Nueva España, del cual hemos hablado ya en ocasión anterior.

«a nuestro servicio conviene que como en poder del nuestro Contador de la ciudad de México están por memoria todos los pueblos y las tasaciones de los tributos dellos que pertenecen a Nos y a nuestra Corona Real, de la misma manera esté la memoria de todos los pueblos que hubiere en la Nueva España que tienen personas particulares, para que cuando muriere el que los tuviere sin dejar hijos legítimos o personas que los deban de heredar, e por ello pertenezcan a Nos, haya cuenta e razón, para que se pongan en nuestra Real cabeza»[17].

Es decir, cuando terminaba el goce concedido a los particulares, las encomiendas revertían de modo forzoso a la Corona, y no quedaban en calidad de repartimientos vacos para ser provistos en nuevos encomenderos.

Puede dudarse si esta incorporación se disponía por primera vez en la cédula de 1550 que hemos transcrito, o si ésta era continuación de una decisión anterior de la Corona. Según la versión de ANTONIO DE HERRERA[18], cuando fueron revocadas las Leyes Nuevas, se envió una cédula secreta al virrey Mendoza, ordenándole que no proveyera ninguna encomienda por nuevo despacho, sino que gozadas las vidas conforme a la ley de la sucesión, efectuara la incorporación en la Corona. ANTONIO DE LEÓN estima que Mendoza nunca proveyó nuevas encomiendas[19], y que el no tener facultad los virreyes de Nueva España para concederlas a nuevos beneficiarios, partía de la época de la Segunda Audiencia (1530), no de la revocación de las Leyes Nuevas. No se ha encontrado aún, que yo sepa, el texto secreto a que alude HERRERA, y con respecto a la versión de LEÓN, hemos visto en capítulo anterior datos que parecen comprobar que el virrey Mendoza ejercía normalmente la provisión de nuevas encomiendas antes de 1542.

Por consiguiente, parece probable que la especialidad del derecho sucesorio de las encomiendas de Nueva España date de la revocación de las Leyes Nuevas, y no de fecha anterior. Ahora bien, ¿por qué en Perú se siguieron proveyendo las encomiendas que vacaban, y en cambio en Nueva España, como ordena la cédula de 1550 transcrita, se efectuaba la incorporación en la Corona, sin tener el virrey facultad para concederlas de nuevo a particulares?

Recuérdese que el licenciado La Gasca, cuando consiguió restablecer la autoridad Real en Perú, efectuó en el año de 1548 el repartimiento general de las encomiendas. En cambio en Nueva España, el repartimiento decretado en Ratisbona no se había ejecutado. El virrey Mendoza tomó las medidas para llevarlo a cabo, pero en el año 1550 aún no lo había efectuado, quizá porque la cédula que prohibió incluir servicios personales en la tasación anulaba en gran parte el memorial redactado por el virrey, según hemos visto en su carta del año 1549.

En estas condiciones parece explicable que la Corona ordenara que las encomiendas que vacaran no se dieran a particulares, sino que permanecieran en calidad de incorporadas hasta que el repartimiento total se llevara a cabo. Un caso semejante ocurrió en Perú cuando se trató de conceder la perpetuidad de las encomiendas: el rey suspendió secretamente al Marqués de Cañete la facultad de proveer las que vacaran (SOLÓRZANO, Política, II, 50).

En 1550 se mandó que, a causa de los daños que los calpisques o mayordomos de los encomenderos causaban a los indios, necesitaran aprobación de la autoridad para ser designados y entrar en funciones[20].

La legislación del año 1551 dedicó atención especial al punto de las tasaciones. Por cédula de Valladolid de 28 de febrero de dicho año, se repitió la cédula de febrero de 1549 que excluía los servicios personales de las tasaciones; se mandaba que los indios no dieran oro en polvo si no lo había normalmente en sus pueblos, y que tampoco fueran compelidos a obras públicas[21].

El 8 de junio de 1551 se dictó una provisión general para todas las Audiencias de Indias, confirmando el capítulo de las Leyes Nuevas, que dispuso la manera de efectuar la tasación de los tributos de los indios[22]. La provisión de 1551 decía, que esto se había ejecutado en Nueva España[23], pero no en Perú y otras regiones, en las cuales debía procederse a cumplir la ley. Que el tributo de los indios fuera moderado, de modo que siempre les quedara con qué poder casar y dotar y alimentar a sus hijas e hijos y con qué poder tener reparo para curarse de las enfermedades, y que enriquecieran y no empobrecieran, «porque no es razón, pues vinieron a nuestra obediencia, que sean de peor condición que los otros nuestros súbditos de nuestros reinos; y todas las tasaciones que contra esta nuestra declaración estuvieren hechas, las enmendad y tornad a hacer de nuevo».

El mismo día 8 de junio de 1551 se avisó a la Audiencia del Perú el envío de la provisión anterior, la cual debía cumplir, y avisar lo que hubiera hecho[24]. Se repitió en julio de 1551 que los tributos no consistieran en oro en polvo, ni en servicios personales, sino en aquellas cosas que la tierra de los indios buenamente produjera[25].

El 4 de septiembre de 1551 se dispuso en Valladolid:

«si después de notificados los españoles que tienen encomiendas y repartimientos de indios, de las tasaciones nuevamente hechas y que se hicieren… tuviéredes relación o queja que no las cumplen ni guardan [la cédula se dirigía a todas las Audiencias de Indias] y que exceden de lo en ellas contenido, proveáis ejecutores de esa Audiencia con días y salarios, a costa de los que excedieron y no cumplieron las dichas tasaciones, para que se las hagan guardar y cumplir y ejecutar en ellos y en sus bienes las otras penas en que por ello hubiesen incurrido»[26].

En el propio año de 1551 se repitió también la prohibición de que los virreyes y oidores se sirvieran de indios[27].

En 1552 tampoco fue escasa la actividad de la Corte en materia de encomiendas. Se mandó al virrey que se informara de los tributos que los caciques llevaban a los indios[28]; se declaró la ley de la sucesión, en el sentido de que también las hijas, a falta de varones, podían heredar[29]; se mandó que el encomendero residiera en su provincia, y que los indios no estuvieran obligados a llevar a la ciudad de México el fruto de los tributos[30]; se expidió otra cédula declaratoria de la Ley de sucesión, la cual mandaba que el orden entre los hijos varones, y después entre las hembras, fuera el de la edad, de modo que heredara el primogénito la encomienda, el segundo hijo si el primero faltaba, etc., y después las hembras por el mismo orden[31]; un oidor debía visitar la tierra en cinco leguas alrededor de la ciudad de México[32]. También se dispuso que el heredero de la encomienda alimentara a su madre y hermanos mientras no tuvieran otro modo de socorrerse[33]; se confirmó el capítulo de las Nuevas Leyes, que ordenó que los conquistadores fueran preferidos en los corregimientos y oficios[34]; sobre el modo de fijar el tributo se dispuso que la tasa no se estableciera por concierto entre el encomendero y el cacique, como se había usado, sino que se hiciera conforme al orden dispuesto en la Ley Nueva, porque los caciques indios no siempre protegían a sus macehuales[35].

En las cédulas de 1552 se hallan también algunas importantes sobre la condición general de las encomiendas de Nueva España. Hemos citado la disposición de 1550, cuando Velasco comenzaba a gobernar, en el sentido de que incorporara a la Corona las encomiendas en el momento en que terminaran las vidas de los herederos; por virtud de esta orden, entretanto que el repartimiento general ofrecido en Ratisbona se cumplía, las encomiendas que iban vacando en Nueva España se incorporaban al grupo de los pueblos directamente dependientes del rey, siendo quizá la Nueva España la provincia indiana que tenía mayor número de tributarios de realengo. Esta tendencia —provisional o no— iba causando el efecto de la desaparición gradual de las encomiendas, y aunque no de golpe, como en 1542, se conseguía el resultado derogatorio.

En 1552 Velasco recibió nuevas órdenes, que insistían en que incorporara las encomiendas vacantes; el 5 de abril de dicho año se le ordenó:

«de tal manera, que después de la vida del primer tenedor de los indios, no ha de haber más de una sucesión en hijo, o hija, o mujer y no más. De suerte, que si alguna vez algún hijo, o hija sucediere en los indios, y se le hiciere encomienda dellos, si aquel, o aquellos murieren o los dejaren, o por algún caso les perdieren, han de tornar los dichos indios a nuestra Corona Real luego, y no se han de tornar a encomendar a otro hijo, ni hija del dicho primer tenedor de los dichos indios, ni a su mujer»[36].

Este precepto tendía a prohibir el uso de la tercera vida, que ya apuntaba en las encomiendas de Nueva España, pero al mismo tiempo insistía en la incorporación al producirse la vacante.

En otra disposición de 11 de agosto de 1552, que alude a una carta del virrey Velasco que después examinaremos, mandaba el príncipe Felipe:

«el memorial que nos enviastes de las personas que decís que tienen indios encomendados que están en segunda y tercera vida se recibió: y en lo que decís que si a éstos se les quitase lo que tienen, no les quedaría con qué vivir, ni mantenerse ellos ni sus hijos, y vendrían en muy gran necesidad y trabajo si se les quitase lo que tienen, y que teméis pusiese la tierra en confusión, y suplicáis lo mandemos mirar y proveer brevemente lo que fuéremos servido que se haga ea ello y en lo del repartimiento, porque vais viendo que es muy necesario y que de la dilación podrían suceder grandes inconvenientes. Yo lo consultaré con S. M. [Carlos V], y de lo que fuere servido que en ello se haga, se os dará aviso, entretanto vos ejecutaréis las provisiones que están dadas sobre lo tocante a la dicha sucesión, y los indios que vacaren después de la segunda vida, ponerlos heis en cabeza de S. M. como hasta aquí se ha hecho».

Tanto sobre la concesión de la tercera vida de las encomiendas, como sobre el repartimiento general de Nueva España, examinaremos después otros datos.

En 1553 tampoco faltan preceptos sobre encomiendas. Se confirmó el capitulo de las Leyes Nuevas que ordenó ayudas de costa en favor de los conquistadores y sus descendientes que no tuvieran corregimientos ni encomiendas[37]. En materia de tributos se dictó una cédula muy importante, para que al hacer la tasación se tuvieran en cuenta todas las exacciones que sobre los indios recaían, de suerte que el monto del tributo no los agobiara[38].

Se prohibió que como parte de los tributos se dieran objetos de caza[39].

Como en el caso anterior del virrey Mendoza, la correspondencia del segundo virrey de Nueva España refleja la repercusión práctica de las medidas reseñadas.

El 22 de noviembre de 1552 escribía Velasco[40]:

«Don Antonio de Mendoza, virrey del Perú, me escribió cómo enviaba a don Francisco de Mendoza su hijo a besar los pies de V. M. y que llevaba el repartimiento de esta Nueva España, para que V. M. lo viese y proveyese lo que fuere servido. Escripto he lo que siento como fiel criado cerca deste repartimiento y es que V. M. no le debe diferir porque en los más españoles que tienen indios encomendados se vienen a acabar en una edad las dos vidas porque tienen la merced, y siendo tantos y quedando desheredados y sin haciendas y en tierra nueva y dos mil leguas de España, temo que la necesidad les dará ocasión a no guardar la lealtad que deben. Digo Sacra Majestad que me parece de lo que he colegido de la gente española que tiene asiento en esta Nueva España, que si se les quitan de golpe los indios, que han de aventurar las vidas por no perder las haciendas y que así por gratificarles lo que han servido como por darse perpetuidad a la tierra y sosegaría, V. M. debe mandar que el repartimiento haya efecto, con poner en su Real Cabeza lo más y mejor de la tierra como está y con las condiciones y modos quesean necesarios para que nuestra santa fe se aumente y los naturales estén relevados y V. M. sea servido y aprovechada su Real Hacienda, y el que excediere se pueda castigar sin que el castigo [toque] a todos como ha sido hasta aquí. V. M. lo mande mirar y proveer».

Adviértase que Velasco, por razón del estado de las encomiendas de Nueva España, predecía el pronto fin de la institución, y que, aunque con cierto retraso, las Leyes Nuevas iban a causar su efecto en materia de encomiendas. Temía este suceso y aconsejaba al rey que pusiera en práctica el repartimiento general.

En otros párrafos de la propia carta se adviene que el malestar por las medidas reformadoras continuaba. Velasco escribía que los españoles se alegraban cuando los indios se rebelaban, porque así las Nuevas Leyes no se cumplían. Decía sobre éstas:

«en lo que toca al cumplimiento y ejecución de las Nuevas Leyes y provisiones que V. M. ha mandado dar para el buen gobierno de la tierra, se ha tenido todo cuidado y lo que particularmente a mí como a virrey se cometió está efectuado, excepto algunas cosas que los oidores como Audiencia han revocado, de que sucede no se poder efectuar todo lo proveído y pueden suceder mayores inconvenientes y venir a desobediencia notable y mala de remediar si V. M. es servido que con presteza se acabe de ejecutar todo lo proveído en favor de los indios».

El sucesor de Mendoza, ante el mismo problema de gobierno que éste tuvo años antes, llegaba a una opinión semejante. Aunque las leyes y la intención de la Corte eran justas, en la práctica las medidas no podían ejecutarse de golpe, porque desorganizaban de modo total la vida de los colonos sustentada por los indios.

Velasco escribía en otra carta al Emperador el 4 de mayo de 1553:

«en los españoles hay gran descontento y mucha pobreza, y en los indios más soltura y regalo que sufre su poca constancia. Con sospecha estoy que de parte de la una nación o de la otra han de suceder inconvenientes malos de remediar, porque está la tierra tan llena de negros y mestizos, que exceden en gran cantidad a los españoles, y todos desean comprar su libertad con las vidas de sus amos, y esta mala nación juntarse ha con los que se rebelaren, ahora sean españoles o indios… Lo principal que V. M. debe mandar proveer es el repartimiento que tiene ofrecido a los conquistadores y pobladores, con que la merced que V. M. les hiciere sea no dando jurisdicción a ninguna manera de personas, y con que los tributos sean muy moderados, y con que den los encomenderos la sexta o séptima parte dellos para la sustentación de las iglesias y monasterios, e religiosos y sacerdotes a cuyo cargo ha de estar la administración de los sacramentos y doctrina de los naturales, encargándola principalmente a los prelados y quitando este cargo a los encomenderos; con esto parece que V. M. descarga su Real conciencia, y cumple con los que han servido, y perpetúa los españoles en la tierra y la asegura. Los que informan a V. M. que se puede sostener sin españoles que sean defensores y que tengan con qué servir y qué perder si desirviesen, y que con sólo los religiosos se sostendrá [ideas de Las Casas], a mi ver se engañan y no tienen bien conocidos los naturales, porque no están tan fundados en nuestra santa fe, ni tan olvidados de la mala que tenían en tiempo de su infidelidad, que se deba fiar de su virtud tan gran negocio». «V. M. mande que todos los que tuvieren encomiendas vivan e residan en el Obispado donde tuvieren los indios, y tengan sus casas pobladas en las principales ciudades y villas donde están asentadas las iglesias principales y residen los prelados, porque se pueda tener cuenta y razón con todos».

Con respecto a la labor de las minas daba estos datos de interés:

«Las minas e todas las haciendas que en esta Nueva España tienen valor, van en gran disminución, a causa de quitarse los servicios personales y tamemes, porque sin esto, no se pueden labrar ni proveer de bastimentos; lo que se puede proveer con caballos y otras bestias de carga, es poco y no se ha de hacer caudal de lo que pueden suplir españoles y negros y mestizos, porque ni saben labrar ni fundir; y sin indios, no hagan creer a V. M. que las minas se puedan beneficiar, sino que en alzando ellos la mano de la labor, son acabadas, si los españoles por las suyas no las labran; y dudo que lo hagan aunque se vean morir de hambre; y aunque lo quisiesen hacer, son pocos, para la mucha gente que se ocupa: unos en sacar, metales debajo de la tierra, otros en labar y apartar, otros en moler y fundir, otros en hacer carbón, que todos son oficios diferentes. V. M. mande ver lo que se sufrirá proveer para que del todo las minas no se desamparen, porque acabados de libertar los esclavos, que será en breve, habrá gran quiebra en la hacienda real y de particulares, porque no hay mina tan rica que sufra a labrarse con gente a jornal, que no tenga dos tantos de costa con respecto del provecho».

Acerca de los servicios personales informaba:

«S. A., con acuerdo del Consejo de Indias, me envía a mandar que ejecute todo lo que está proveído e mandado por las Nuevas Leyes y otras provisiones y así se va efectuando: hay gran sentimiento entre los españoles, por tocar a todos en general. Entre otras cosas, ha declarado el Consejo ser servicio personal el traer los indios a esta ciudad [México] los tributos de la Real Hacienda y los de particulares; y como la mayor parte deste tributo sean bastimentos, y se ha quitado el traerlos, en esta ciudad hay gran necesidad, y no hallo medio cómo se supla; porque si los indios no lo proveen, no basta industria ni diligencia mía ni de españoles a bastecer la ciudad de sólo pan y agua y leña y yerba para los caballos, que es la fuerza que en esta tierra hay. Contado el número de gente que de ordinario reside en la ciudad, hallo que entre españoles e indios, mestizos y negros y forasteros que vienen a negocios, hay doscientas mil bocas de ordinario: considere V. M. de qué se mantendrán, no habiendo entre estos mil labradores, y estando la ciudad cercada de una laguna, si no se trae de fuera: carretas ni bestias de carga no bastan a suplido, y es harto que provea de leña y carbón, porque se ha quitado el traerlo a los indios, que lo tenían por gran molestia. El demás bastimento de trigo e maíz, si con indios no se provee, esta ciudad y las demás que hay en la tierra, de españoles, no se pueden bastecer… Con irse quitando los servicios personajes hay tan grande necesidad como la suelen tener gente cercada»[41].

El propio virrey Velasco, en otra carta de 7 de febrero de 1554, decía que había empezado a cumplir la orden Real de incorporar en la Corona todas las encomiendas que vacaran en segunda vida:

«por la ciudad y por personas particulares se ha suplicado de la provisión [la de Monzón de 11 de agosto de 1552], en cuanto se mandan poner los indios en cabeza de S. M., pasadas las dos vidas, y la suplicación se dió en Audiencia…». [Las rentas reales y las de particulares han bajado en cantidad, y cada día vendrán a menos, a causa de libertarse los indios que eran tenidos por esclavos y haberse quitado los servicios personales, y moderado los tributos, y prohibido que los indios no se carguen, y que no saquen los tributos de los pueblos, sino que los den puestos en las cabeceras, que no tendrán la mitad del valor que tenían traídos a México y beneficiados por los oficiales][42].

Los datos legales expuestos y las cartas del virrey demuestran que derogado el punto de encomiendas en las Leyes Nuevas siguió el ofrecimiento del repartimiento general, se tomaron las medidas para él, pero en 1554 aún no se había ejecutado. Además, la derogación de las Leyes Nuevas no había significado en Nueva España el abandono de toda defensa del indio, puesto que ya en 1549 había recibido Mendoza la orden de quitar los servicios personales como parte de las tasaciones. En las cartas de Velasco se advierte claramente la realidad económica del problema indiano: la república de los indios servía de apoyo a la de los españoles y los intentos del Estado de regular los cauces de la relación —que eran las diversas instituciones de encomiendas, esclavitud legal y servicios personales forzosos— repercutían inmediatamente en la riqueza de los colonos y, en general, en toda la actividad agrícola, minera y hasta de abastecimiento de las ciudades españolas. Aunque Velasco posiblemente extremaba los efectos para influir en el ánimo del soberano, su informe descubre bien la necesidad del trabajo de los naturales para la vida económica colonial y la interdependencia existente entre las diversas instituciones indianas; la encomienda no era ajena a la existencia de esclavos indios, porque faltando éstos, los indios encomendados se hacían más necesarios para los trabajos de minas; además, controlando las encomiendas y limitándolas al pago de los tributos, hacía falta otra institución como la mita o los servicios personales forzosos, para llenar las necesidades que la encomienda limitada no satisfacía.

CAPÍTULO V

LA INTEGRACIÓN JURÍDICA
(CONTINUACIÓN)

Cómo primera nota distintiva de la encomienda, en la forma que iba adquiriendo después de las Leyes Nuevas, señalé la supresión de los servicios personales. En este capítulo, a fin de completar el estudio del periodo de ordenación jurídica y limitación estatal de la encomienda, examinaré distintos problemas relativos a la fijación de los tributos y régimen de tasaciones y visitas; dedicaré atención a los efectos de la visita de Valderrama en Nueva España, época en que se pretende cambiar en real el tributo personal de los indios y se aumentan las tasas; el episodio, además de su interés para el régimen de tributos, tiene el de presentar el cuadro general de los intereses en tomo al problema de los indios en una época bastante avanzada de la colonización. También destacaré la influencia del interés fiscal en el curso de la institución, el nuevo estado de los problemas sucesorios de las encomiendas de Nueva España, y la forma en que la Corona aceptó las encomiendas en la segunda mitad del siglo XVI.

Concluido este estudio, reanudaré en el capítulo siguiente el del proceso general de la institución.

Intento de basar los tributos de los indios en los de la época gentil.—En 1553, a fin de obtener una información cabal sobre las tasaciones, ordenó la Corona una serie de preguntas del tenor siguiente[1]:

I. «Vos el Presidente [de la Audiencia] con uno de los oidores, vos informaréis de indios viejos y antiguos, con juramento que de ellos primero recibáis, Qué tributos eran los que en tiempo de su infidelidad pagaban los pueblos y vecinos y naturales de esas tierras a Moctezuma, su señor, e a los señores que fueron antes de él o a otro señor que tuviese el universal señorío, los que no tenían por señor a Moctezuma, que tantos eran y cuales, y de la calidad y valor de ellos, y qué valdrían reducidos a pesos de oro, en cada un año». II. «También os informaréis qué tributos y cuántos y qué valor tenían los que daban a los otros principales sus caciques, que eran sujetos al señor universal; y qué valdrían en cada un año, demás de lo que daban a Moctezuma o al dicho señor universal». III. [La información se haga por testigos, pinturas, tablas… y oyendo a los religiosos]. IV. «Otrosí os informaréis qué géneros de personas eran los que pagaban los tales tributos, si eran sólo los labradores, que llaman ellos macehuales, o si también pagaban en él los mercaderes o otra manera de gente, e si entre ellos había algún género de hombres que fuesen libres de los tales tributos». V. «También os informaréis de los tiempos del año en que pagaban estos tributos e de la orden que se tenía en el repartimiento y cobranza y paga de ellos». VI. «Si la paga de estos tributos era por razón de las haciendas que poseían y labraban y cultivaban, o por razón alguna, o por respeto de sus personas y si por cabezas». VII. «Cuyas eran las tierras y heredades y términos que los indios poseían, y si los indios que pagaban el tributo eran solariegos, y como tales respondían con los tributos al señor de las tierras; o si era la paga por razón del señorío universal, o particular de los señores». VIII. «También sabréis que los tributos que ahora se reparten y pagan a sus caciques principales, cuáles y cuántos son; y si les acuden con los mismos tributos que les acudían en tiempo de su infidelidad, y por aquella manera y orden, o si hay en ello alguna novedad». IX. «Otrosí: averiguaréis cuáles señores destos caciques teman el señorío por sucesión de sangre, y cuáles por elección de los súbditos; y qué es el poder o jurisdicción que estos caciques ejercitaban… y qué provecho viene a los súbditos de este su señorío en su gobernación y policía». X. «Item: cuando los españoles cristianos entraron y conquistaron esa tierra, si pusieron en los indios tributos nuevos, demás de los antiguos que durante su infidelidad pagaban, y de qué manera se sirvieron de ellos, y si fué teniendo consideración a no les llevar otro tributo ni servicio, sino el mismo que pagaban a Moctezuma o a otro señor supremo universal, o si fué imposición nueva que sobre los indios se echó, por razón de dar de comer a los españoles a quien encomendaban los pueblos, y qué orden se tuvo en esto». XI. «También os informaréis de la orden que se tuvo después por los que hicieron la tasa de tributos que habían de dar a los españoles encomenderos, cómo se hizo esto, y si se tuvo consideración a que fuesen conforme a lo que pagaban a Moctezuma o a otro señor principal y entrando en cuenta de ello, o si fué cosa de nuevo y más de lo que ansí pagaban a sus señores». XII. «Item: cómo se hizo esta tasación, si se llamaron los pueblos para la hacer, e qué consideraciones tuvieron para la tasa, e si los pueblos dieron su consentimiento a la tal tasa, e cómo juntaban los pueblos, y qué orden tenían en pedir consentimiento; e si fué forzoso el consentimiento o de libre voluntad». XIII. «Si se tuvo consideración en esta tasa a que los indios quedasen relevados, como pudiesen quedarles con que casasen sus hijos y los criasen y alimentasen a sí y a ellos, y con que pudiesen tener con qué socorrerse en sus enfermedades e necesidades y poderse hacer ricos con su trabajo y diligencia, o si fué la tasa sin respecto de esto, sino a que tenían posibilidad los indios de lo pagar». XIV. «Os informaréis qué gente de gente de indios es el que paga estos tributos de los españoles: si son los labradores solamente, o si lo pagan también los mercaderes y oficiales y otros géneros de gentes; y si los que los pagan son hombres ricos y qué haciendas tienen los que los pagan, y qué posibilidad tienen para pagarlos». XV. «Hechas las dichas averiguaciones, por si por ventura pareciese convenir al descargo de la real conciencia del Emperador… dar otra orden cerca de estos tributos, os mando que todos vosotros enviéis vuestro parecer cerca de lo que en esto os pareciere…». XVI. [Si el tributo ha de ser cierto y fijo y no incierto como ahora que se mide con la posibilidad de los indios, y porque parece injusto que tributen todo cuanto pueden, que parece ser más de esclavos que de hombres libres y contra la intención de S. M., que desea que los tributos de los indios sean más moderados que en tiempo de la infidelidad]. XVII. [Si es cierto que algunos españoles por interés, no dejan descansar a los indios].

Las respuestas de funcionarios y religiosos fueron numerosas y algunas de gran interés para conocer la organización de los indios antes de la conquista española, como la del oidor de México Alonso de Zorita[2].

Abandonando el conjunto de temas suscitado por la pregunta del rey (materia suficiente para un estudio especial) veamos únicamente aquellas respuestas directamente relacionadas con el régimen español de tributos en las Indias.

Refería Zorita, partidario de los indios, que Cortés después de la conquista, mandó juntar a los caciques y señores indios en Coyoacán, diciéndoles que no habían de acudir más a sus antiguos señores, «sino al Emperador y en su nombre a aquellos españoles que allí estaban y a él». Que cada español concertó con el señor y principal del pueblo que Cortés le había encomendado, lo que le había de dar cada ochenta días; fueron luego ante Cortés para que confirmase el concierto, aunque algunos españoles ni este requisito cumplieron, y, «su boca y codicia fue la medida y tasa de lo que podían tasar de tributos y servicios personales y esclavos, no teniendo respeto a si podían o no podían». Entre las causas de la disminución de los indios citaba Zorita los servicios personales, las guerras, la esclavitud, etc., y también, en relación con la encomienda, los tributos excesivos, «[y llevarlos los indios] en cada un año a los pueblos de los españoles, a sus cuestas, de muy lejos y diferentes temples, con mala y poca comida; y después de llegados y quebrantados y muertos de hambre, les hacían y hacen traer leña y agua, y barrer la casa y caballeriza y sacar la basura y estiércol, teniéndolos en esto dos o tres días y más, sin les dar de comer por el camino, y todavía se hace así». Relataba Zorita detalladamente la dureza del primer régimen español sobre los indios; reconocía las leyes dictadas en favor de éstos, pero creía que sólo los religiosos y algunos ministros, pocos y mal vistos por los españoles, habían procurado el cumplimiento, y que un oidor había dicho que debían regarse las tierras con sangre de los indios. Concluía afirmando que los indios habían empeorado de condición en relación con la época de su gentilidad.

En el mismo sentido opinó fray Nicolás de Witte, agustino, residente en Meztitlán[3]. Decía que en la Huasteca, donde él había estado doce años, no había en la época de la gentilidad un solo señor universal, sino cada lugar se regia por si «como las señorías de Italia». Que la codicia de los señores gentiles de los indios fue finita y la de los encomenderos españoles infinita y que había destruido la tierra. Refería los servicios usuales entre los indios en la época gentil: sólo los indios labradores y mercaderes pagaban tributos, y había otros que equivalían a señores, caballeros e hidalgos, exentos; que no tributaban por la tierra, sino todos por igual. Que los caciques eran ahora mayordomos del encomendero, y al poner los españoles sus tributos no respetaron la práctica antigua, ni pidieron consentimiento a los pueblos, y no pensaron en relevar los indios, sino «sacar y tirar el cuero todo lo que pudiesen»; que ahora todos los indios de los diversos estados sociales tributaban. Creía conveniente fijar un tanto por cabeza, que el indio conociera y no diera nada más. Que de lo pagado tomaran sus partes el rey español o el encomendero, el cacique indio y la Iglesia.

Otro religioso, fray Domingo de la Anunciación, respondió desde Chimalhuacán[4] que los indios de la provincia de Chalco servían a Moctezuma con la labranza de dos hazadas de tierra de 400 medidas de largo y 80 de ancho, labor que vigilaba un mayordomo; que pagaban ahora a los españoles 8.000 hanegas de maíz y ciertos servicios para las obras de la ciudad de México; que a sus caciques servían con casas, sementeras y trabajos domésticos; que todos los indios tributaban en la actualidad: macehuales, oficiales y mercaderes; que los macehuales pagaban sus tributos por las tierras que tenían y en proporción con éstas, y los que carecían de tierras tributaban sobre lo que trataban y compraban y vendían. Decía también que nunca en tiempo de la infidelidad tuvieron tan excesivos tributos como ahora que eran cristianos; que Cortés les impuso 2.400 hanegas de maíz, que Nuño de Guzmán elevó a ocho mil. Fray Domingo se decidía por el sistema del tributo por cabezas, para evitar mudanzas, pero siempre que no se cargara el tributo de los que fallecieran sobre los demás vecinos del pueblo, de modo que siendo 500 vecinos por ejemplo, se les impusieran quinientas hanegas de maíz, y muertos doscientos, los restantes no pagaran el total; porque los cobradores abusaban de los indios, consideraba mejor que en la casa de la comunidad, delante del gobernador y alcaides del pueblo se cogieran y asentaran los tributos. Opinaba que los indios no debían pagar diezmos.

En relación con este intento de basar los tributos en los de la época gentil, cabe recordar el testamento de Hernán Cortés, en el cual decía: «yo puse la diligencia que me fue posible a averiguar las dichas rentas y tributos y pechos, y derechos e contribuciones que los señores naturales de las dichas tierras antiguamente solían llevar, y puse toda diligencia para hacer los padrones antiguos por donde los dichos tributos y rentas se solían cobrar y pagar, y conforme a aquéllos he llevado las dichas rentas y tributos hasta el día de hoy [en los pueblos de su Marquesado]»[5].

Acerca del antiguo régimen de los indios de Nueva España, puede consultarse también el informe de Gabriel de Rojas[6].

El propósito de basar el régimen tributario español en el de la gentilidad de los indios no tuvo efecto en la práctica. Era difícil hallar los antecedentes, y además, las necesidades económicas del régimen español eran completamente distintas. Pero no deja de tener importancia la atención que el Estado prestó a esta fuente para determinar los tributos, porque revela el deseo de no proceder arbitrariamente, y comprueba en un punto tan delicado como el de la imposición tributaria la tendencia a no destruir el régimen propio de los indios, sino admitirlo con cierta autonomía dentro del nuevo dominio español[7].

Entre diversas medidas de la época de Velasco se hallan en 1555 las siguientes sobre encomiendas: que los corregidores y encomenderos no lleven «comida» de los indios[8]. Se mantuvo la prohibición de la conducción de los tributos, a pesar de la opinión contraria del virrey[9]. En cuanto a los indios mercaderes que llevaban a vender víveres a México (que cuando no iban de grado eran compelidos a hacerlo, porque Velasco estimaba que de otro modo la ciudad no podía abastecerse), el rey dispuso que se tuviera templanza y que se les pagaran bien sus mercaderías[10]. El virrey había informado también que en muchos casos los indios que cometían delitos eran castigados con pena de servicios personales, porque no podían ser castigados con pena pecuniaria según la ley, y en Nueva España tampoco existían penas de galeras y otras propias del Derecho. El rey le mandó que consultara el caso y proveyera lo conveniente[11]. Nótese la curiosa desviación del Derecho Penal: el castigo, como fuente para atender al siempre angustioso problema de la mano de obra de las nuevas colonias españolas.

Tasaciones en Nueva España en época del virrey Velasco.—Los años del gobierno de Velasco fueron muy activos en materia de tasaciones. Especial importancia tuvieron las que llevaron a cabo Diego Ramírez y Lebrón de Quiñones[12].

El virrey había escrito en 1553 en el sentido de que los tributos debían tasarse de nuevo[13]; en carta a Felipe II, de 7 de febrero de 1554, informaba[14] que el lic. Lebrón de Quiñones ya había visitado la provincia de Colima y otros pueblos de Nueva España y que se remitía el resultado de la visita que halló «los más pueblos encomendados, unos sin título y otros pasadas las dos vidas, y por tocar a tantos no se determinó a quitarlos y ponerlos en cabeza de S. M. hasta comunicarlo conmigo». Velasco opinaba que si el rey decidía quitar dichas encomiendas, los pueblos se pusieran en corregimientos, repartiéndolos a los vecinos, pero «no dándoles en corregimiento el pueblo que el tal vecino tenía en encomienda, sino otro apartado de aquél». Refería también los incidente del otro visitador Diego Ramírez, el cual, en la provincia de Meztitlán, Se disgustó con ciertos encomenderos, llegando a ser preso por orden de la Audiencia; el virrey lo mandó liberar. Escribía que Ramírez era buen cristiano y servía con diligencia y se le debía hacer merced y que no se dejó sobornar, y por eso lo maltrataron los encomenderos desobedientes, «que sólo pretenden conservar y aumentar sus haciendas».

En cuanto al resultado de la visita escribía:

«por excesos y malos tratamientos y por haber llevado tributos demasiados don Diego de Guevara y Alonso de Mérida, como él dice que lo tiene bien averiguado, ha puesto los indios y las tres partes de la provincia que tenían en cabeza de S. M. y aunque ha moderado los tributos, valdrán cada año las partes que don Diego y Mérida tenían más de 25.000 pesos de tepuzque. El enviará relación de la visita, por donde V. A. verá la ocasión que le movió a quitarles los indios y ponerlos en cabeza de S. M. Los encomenderos han apelado y alegan nulidades; no sé si el Audiencia les volverá los indios, como ha hecho con otros. De lo que sucediera avisaré a V. A.».

Nótese el esfuerzo práctico para implantar el control con los incidentes naturales entre los particulares y los funcionarios.

Los resultados de ambas visitas, de Quiñones y Ramírez, se conservan aunque inéditos[15]; Examinemos algunos datos. El auto de la visita del primero lo dictó el virrey Velasco el 27 de noviembre de 1553, señalando por sus nombres los pueblos y explicando que el objeto de la comisión era:

«que los naturales de los dichos pueblos sean desagraviados de los agravios y malos tratamientos que hubieren recibido e solamente den los tributos que buenamente e sin vejación puedan dar y tributen conforme a lo que está proveído y mandado en esto y S. M. tiene encomendado que provea cómo dos oidores del reino anden siempre visitando las partes que me pareciere en esta Nueva España y que esta dicha visita se guarden y ejecuten las Nuevas Leyes y lo contenido en la instrucción que se les diese».

La instrucción dada a Lebrón de Quiñones disponía:

«informaros heis en cada lugar y pueblo de indios qué orden se tiene en su doctrina y quién se la administra y quién les dice misa. Si tienen tasación de tributos. Si se excede della. Si las tasaciones son excesivas. Si están tasados en servidos personales. Si reciben otros daños. En todo haréis justicia y lo proveeréis de manera que los indios queden descargados y los tributos muy moderados y se cumpla la orden del rey sobre servicios [en el sentido de quitarlos]».

La visita comprendía tanto los pueblos encomendados como los que estaban en la Corona.

En el libro de tasaciones de Nueva España de esa época se hallan varias de indios de México, Guaxocingo, Cholula, Chalco, Tlaxcala, Tezcoco, etc.[16] Examinando la forma a que se ajustaban, resulta que el tributo se fijaba por auto especial; el relativo a México, por ejemplo, decía:

«En la ciudad de México, a 18 de enero de 1564. Visto por los señores Presidente, visitador e oidores de la Audiencia real desta Nueva España y oficiales de Real Hacienda, a lo pedido por el fiscal de S. M. acerca de que se cuenten y tasen los indios de esta ciudad de la parte de México, en el tributo que han de ser obligados a dar conforme a lo proveído por S. M, y la cuenta que se hizo de los indios della, atenta la cantidad de gente que hayen la parte de México y sus barrios e sujetos, dijeron que de hoy en adelante han de tributar a S. M. y a sus oficiales en su Real nombre, en cada un año, 12.866 pesos de oro común: cada cuatro meses, 4.288 pesos y 5 tomines y 4 granos; y asimismo en cada un año 6.433 hanegas de maíz al tiempo de la cosecha, y para pagar el dicho tributo se reparta a cada tributario casado en todo el año un peso de oro común y media hanega de maíz, y al viudo o viuda, o soltero y soltera, la mitad, y en defecto de no pagar cada tributario la dicha media hanega de maíz, dé tres reales de plata. [El fruto del tributo se gastaría en parte en obras públicas de la ciudad, y también saldrían de allí los salarios del gobernador, alcalde, regidores, mayordomos y otros oficiales de la república de dicha parte de México y sustentación de religiosos y ministros que tuvieran cargo de la doctrina, ornato del culto, etc. Los indios no den servicio]. Y esto guarden por tasación y se asiente en el libro de las tasas, y en los libros de la real hacienda y se dé un traslado a los indios».

Correspondía administrar un tercio de lo recaudado a la Caja Real, y de los otros dos tercios se haría cargo la Caja de comunidad de los indios. En este ejemplo los indios no se conformaron con el auto de tasación y suplicaron, pero se decidió el siguiente auto de confirmación:

«México, a 18 de febrero de 1564. Visto por las señores presidente y oidores de la Audencia real de Nueva España, estando presentes los oficiales de S. M. en este proceso e autos entre partes, de una parte el fiscal de S. M., de la otra los indios… dijeron que sin embargo de la suplicación interpuesta por parte de los dichos indios confirmaban e confirmaron en grado de revista el dicho auto de tasación, el cual se guarde y cumpla».

Ordenaron también contar de nuevo los indios comprendidos en el auto, lo cual haría la persona señalada por la Audiencia[17].

Lebrón de Quiñones escribía el 16 de junio de 1568 a Bartolomé de las Casas[18], que tenía muchos desafectos por su visita en Nueva España y que había recibido afrentas que se le había quitado su oficio de oidor de Nueva Galicia. Decía que visitó por tiempo de cinco años, viendo «más de 230 pueblos principales, sin otras muchas estancias, heredades y minas».

Pero algún efecto se conseguía con el establecimiento del control estatal. Fray Toribio Motolinía escribía el 2 de enero de 1555[19]:

«Sepa V. M. que los indios desta Nueva España están bien tratados y tienen menos pecho y tributo que los labradores de la vieja España. Cada uno en su manera. Digo casi todos los indios, porque algunos pocos pueblos hay, que su tasación se hizo antes de la gran pestilencia [viruelas], que no están modificados sus tributos. Estas tasaciones ha de mandar V. M. que se tornen a hacer de nuevo; y el día de hoy los indios saben y entienden muy bien su tasación, y no darán un tomín demás en ninguna manera, ni el encomendero les osará pedir un cacao más de lo que tienen en su tasación, ni tampoco el confesor los absolverá si no lo restituyese, y la justicia le castigaría, cuando lo supiese. Y no hay aquel descuido ni tiranía que el de Las Casas tantas veces dice, porque, gloria sea a Dios, acá ha habido en lo espiritual mucho cuidado y celo en los predicadores y vigilancia en los confesores y en los que administran justicia, obediencia para ejecutar lo que V. M. manda cerca del buen tratamiento y defensión de estos naturales, y en realidad de verdad, pasa así esto que digo».

Sin duda Motolinía extremaba la realidad, pero en relación con el período libre de las exacciones y servicios de los indios, el régimen estrecho y vigilado que ahora se imponía significaba una indudable mejoría. Los conquistadores, sobre sus aspiraciones señoriales y sobre las instituciones que para satisfacerlas habían creado y sostenido en el curso de tantos debates, comenzaban a sentir el poder del Estado, el cual por medio de sus ministros trataba de imponer orden donde había imperado la voluntad de los particulares.

Tasación de los tributos pertenecientes a caciques.—El sistema de las tasas se amplió poco después (Toledo, 27 de noviembre de 1560) a los tributos y servicios que los caciques llevaban de sus indios comunes o macehuales. La orden existía desde la cédula de Toro de 18 de enero de 1552, pero ahora se confirmaba mandando que se averiguara: «el servicio, tributo y vasallaje que llevan los dichos caciques a los dichos indios, y por qué causa y razón se lo llevan, y si este tributo, servicio y vasallaje es de antigüedad y que lo heredaron de sus pasados, y lo llevan con justo o derecho título o si es impuesto tiránicamente contra razón y justicia». Que si lo llevaban con mal título se proveyera lo que conviniera y fuera justo, y si con buen título, pero era excesivo, se tasara y moderara[20].

Extensamente hablaba de este punto don Martín Cortés, segundo marqués del Valle, a Felipe II, en una carta escrita desde Nueva España[21]; decía que los caciques eran necesarios para el gobierno de los indios, porque no obedecerían de igual modo a un español, ni éste los sabría mandar, pero que los indios principales abusaban, y que se debía averiguar cuáles eran caciques legítimos y cuáles sus tierras y patrimonios antiguos; que debían ser destituidos todos los que habían usurpado los cacicazgos, aprovechando el cambio de la conquista española. Que los caciques habían tomado tierras que no les correspondían y ponían en ellas indios renteros, llamados maeques, los cuales les pagaban el tributo que se concertaba. Que les cobraban sin regla: «unos pagan dos pesos, otros uno y medio y maíz y gallinas, y éstas sin tasa. Y allende desto, se aprovechan dellos los principales para labrar sus heredades, reparar sus casas y otros muchos servicios personales, sin pagarles nada». Que las Audiencias, al hacer las tasas imponían igual tributo a estos maeques que a ¡OS indios de tierras que no pertenecían a caciques (un peso por cabeza y media hanega de maíz), con lo cual resultaban más agraviados aquéllos, «porque pagan un tributo a V. M. y otro a los principales cuyas tierras cultivan, y esto es excesivo». Los remedios que proponía el Marqués eran, que pues los indios maeques no eran súbditos del cacique sino por concepto de la tierra que le alquilaban («ser sus terrazgueros»), fueran enviados tales indios a tierras de la Corona, las cuales se les entregarían con el único gravamen de pagar sus tributos acostumbrados. Y que, para las tierras que el cacique retuviera sin indios—sin los cuales no podía labrarlas—, se ordenara algún repartimiento: «V. M. debe mandar que en cada lugar se alquilen tantos indios cada semana por el precio que a los que acá gobiernan les pareciere, y que éstos se repartan entre los principales, para que les beneficien y labren sus tierras, pagándole como está dicho». Es decir, un repartimiento parecido al mitario, pero aprovechado no por españoles, sino por indios ricos poseedores de tierras.

La limitación de los impuestos y servicios que gozaban los caciques se consiguió, mas no por el sistema de la tasación especial de ellos, ni por el que proponía Martín Cortés. Lo que se hizo, como se verá después, fue separar una parte del tributo total tasado para la «caja de comunidad» y de ésta se pagaban los gastos de propios del pueblo indio, la parte que se asignaba al cacique y lo del culto.

Datos sobre el orden general en materia de tasaciones y visitas.—En la instrucción de 1561 para la Audiencia de Lima se mandaba[22], que el tasador oyera misa para que el espíritu santo alumbrara su entendimiento, jurara que no favorecería a una y otra parte, e hiciera la tasación mirando por el bien de los naturales y provecho, del encomendero, y que si para hacer la tasa necesitaba visitar los pueblos, lo ordenara; al fijar el tributo, debía procurar que a los indios quedara lo suficiente para sus enfermedades, remedio de sus necesidades y sustento de la vida humana, pero sin relevarlos tampoco demasiado, porque se convertirían en haraganes.

Cuando en 1591 se disponía la visita de los repartimientos del distrito de la Audiencia de la Plata, se ordenó[23] que el visitador llevara por instrucción mirar que los indios no pagaran tributos de ausentes e impedidos; que no fueran apremiados los de más de cincuenta años, y que los muy pobres fueran dispensados de tributos atrasados; que se retasaran algunos repartimientos para que los indios no pagaran más de lo que buenamente pudiesen, y a los tasados en defecto se les acrecentase la tasa en lo que pareciera.

Por un informe del oidor de Nueva España, Zorita, podemos conocer también con todo detenimiento el procedimiento para las tasaciones. Refería[24]:

«la orden que en esta real audiencia se ha tenido y tiene en las tasaciones que se hacen, es, que cuando algún pueblo se viene a quejar del tributo que paga, por ser excesivo, se manda traer la tasación, y vista, si es antigua, porque todas las antiguas son excesivas y por esta causa tiene V. M. mandado por su real cédula que se moderen, se les da la acordada y se nombra una persona de quien se tiene confianza que lo hará bien, para que vaya al tal pueblo y cuente la gente y haya información de lo que hay y de lo que tributan, para saber si se cobra demasiado, y que asimismo la haya de la calidad de la tierra y de los frutos que cogen y aprovechamiento que tienen, y del valor de cada cosa, y recibe información de ambas partes, y si el pueblo es de V. M. se cita al fiscal y oficiales de la real hacienda para esto y para la cuenta, y nombran y dan poder a una persona para ello; y si es de encomendero, se cita asimismo, y demás desas informaciones hechas por las partes, se le manda haga otra de oficio, y con su parecer se trae a esta Real Audiencia, y si el pueblo es de V. M. se ven presentes los oficiales, y ellos y los Oidores lo votan, y lo que la mayor parte vota se da y guarda por tasación. Si la tasación es moderna no se admite lo que piden hasta que pasen ocho o diez años, porque V. M. tiene proveído que se hagan por este tiempo, salvo si no alegaren caso fortuito, porque si lo hubiere, V. M. manda que se tome a tasar, y para esto se manda que ante todas cosas la persona que se nombra para la tal visita haya información del caso fortuito, y que habiéndolo, haga la visita y cuenta, y si no lo hay que no la haga, y por evitar costas y molestias a los indios y porque casi todos los que esto piden son de lejos de esta ciudad, se da para todos una provisión y no se manda traer primero la del caso fortuito, por no hacerlos ir y venir, y traída la visita se hace como está dicho, y en todas hay vista y revista, porque siempre suplican ambas partes, por manera que lo que han de tributar queda por sentencia determinado en contradictorio juicio». «Sabida la gente que hay en cada pueblo, y su posibilidad, y vista la calidad y fertilidad de la tierra, se modera lo que cada tributario ha de pagar: en unas partes en un peso (que son ocho reales) y media hanega de maíz, y en otras a una, y en algunas, demás desto a cada uno una gallina de Castilla, y en otras se les manda dar trigo, o mantas si la tierra es para ello, y de lo que monta todo el tributo junto se suma lo que son las tres partes, y aquello queda por tributo para V. M. o para el encomendero, y desto no se quita a V. M. ni al encomendero cosa alguna, sino que lo cobra cada uno por entero, y lo que monta la otra cuarta parte queda para la comunidad y sustentación de los ministros de la doctrina y para los salarios de los clérigos, donde los hay, y para las tasaciones de los caciques y gobernadores y otros oficiales públicos, y para otros gastos ordinarios que se les ofrecen, porque con esto cesan las derramas que primero para ello solían hacer los principales, que eran causa de grandes robos e gran vejación para los maceguales, porque ellas son las que los lastan, y los principales se huelgan con que se ofrezca ocasión para ello, porque si es menester un peso, reparten tantos como indios hay en el pueblo, y si una gallina, lo mismo, y así en todo lo demás». «A los caciques tiene V. M. proveído que les guarden y cumplan sus tributos y aprovechamientos con que no sean tiránicamente impuestos, y si lo fueren, que se les tasen de nuevo, y en cumplimiento desto el visorrey tasa lo que se les ha de dar, y esto se paga de la comunidad para que es la cuarta que queda, y les tasa las sementeras que le han de hacer, y si así no se hiciese no se cumpliría esto que V. M. manda si no fuese haciendo otra tasación para ello, y sería el tributo doblado y ocasión para robar, como está dicho».

Sobre la materia de tasaciones encontramos datos semejantes en Perú.

Fray Domingo de Santo Tomás[25] refería la primera tasación de este reino y los recursos de los españoles para seguir oprimiendo a los naturales; pedía como remedio complementario el uso de visitadores para las encomiendas: «conviene que cada año se nombren visitadores personas celosas del servicio de Dios Nuestro Señor y de S. M. y aficionadas a estos pobres naturales, con poderes bastantes e instrucciones de lo que han de hacer, para que vayan a visitar toda esta tierra y lleven escribanos, que sean personas de las calidades susodichas, las cuales lleven salarios bastantes, a costa de los encomenderos, o al presente de S. M., y que no pidan a los indios cosa ninguna, y lleven de acá relación de todas las tasas hechas, para ver si de las que usan han añadido o quitado alguna cosa dellas, y se informen de los agravios que hubieren recibido de sus encomenderos, criados e caciques y de los corregidores o españoles, que estuvieren en sus pueblos, y de todo les hagan cumplida justicia con brevedad». Aconsejaba la implantación de corregimientos con salarios tasados, para ir quitando poco a poco la sujeción en que los encomenderos y los caciques tenían a los indios.

Sobre el mismo tema de tasas y visitas en el Perú opinaba Hernando de Santillán[26] que se escogieran tasadores expertos y de ser posible de letras. Que las visitas las hicieran los oidores. Consideraba que la primera visita y tasa hecha por orden del obispo de Sigüenza no fue muy escrupulosa, pero era la primera, y antes de ella el encomendero cobraba lo que quería. Que en las visitas debía haber persona que asistiese por parte de los indios y quedar una copia de lo decretado al representante de los naturales, para cuyo puesto recomendaba al licenciado Falcón, abogado de la Audiencia de Lima. Que debía oírse a los indios, porque la tasa era un proceso en que salían condenados a cieno pago (de los tributos), a veces por cantidad que equivalía a la pérdida de todos sus bienes. Opinaba en favor de la perpetuidad de las encomiendas, pero sin jurisdicción; que el rey se reservara el derecho de presentar y remover al clérigo de la doctrina, y también retuviera la facultad de hacer subir o bajar el monto de la tasa. Los encomenderos debían dar al rey la mitad del repartimiento que se perpetuara en pago de la gracia.

Diego de Robles[27] opinaba que se debían acomodar los tributos: «no a lo que los indios hacen, sino a lo que con descanso pueden hacer, y reducir toda la gente a una conformidad, a los ricos como a ricos, y a los pobres como a pobres; y estorbar el robo de los caciques, y fijar el tributo para siempre y proveer a los gastos comunes de los indios, y en fin, quitar opiniones de tasadores, que uno va por un camino y otro por otro, y así nunca asientan en cosa que satisfaga a todos… y lo que uno aprueba, lo reprueba el otro».

Señalaba como causa de esto, que los tasadores no tenían norma alguna para fijar el tributo, sino su libre parecer: «de su albedrío nace el bien o el mal de la tierra y de la confusión de diversos pareceres nacen los pleitos».

La idea de fijar los tributos de los indios por los padrones de la gentilidad le parecía imposible en Perú: «no hay que tratar del tributo que estos indios daban a sus señores naturales cuando eran behetrías, antes que los incas los tiranizasen, porque esto no se puede averiguar» (no hay quipos tan antiguos), y que fijarse en el tributo excesivo que les imponían los incas, tampoco era justo.

Indicaba Robles: «en tanto que esta cantidad de tributo no se fundare sobre cuenta y razón conocida y sabida de todos los que lo hobiere de hacer, el negocio andará como hasta aquí».

El tributo se fue reduciendo a la costumbre general de un peso por indio y media hanega de maíz, al menos en Nueva España[28].

La prohibición de incluir servicios personales en las tasaciones se confirmó por provisión general de Valladolid de 24 de noviembre de 1601[29]. Sin embargo, se toleraron algunas excepciones en las gobernaciones de Tucumán, Río de la Plata, Paraguay[30] y Chile[31].

Recapitulando lo estudiado hasta aquí, podemos afirmar, que la tasación era una medida importante de garantía que daba al tributario la noción exacta de lo que había de pagar, disminuía las probabilidades de abuso, y como era un procedimiento de competencia estatal, permitía a la Corona intervenir en la determinación de las cargas tributarias de los indios.

Como antecedentes remotos podrían citarse las cartas forales de los regímenes europeos, especialmente de España. Sólo que en Europa la población llana alcanzó la fijeza y garantía de los pechos por un proceso lento y directo; en cambio, en el caso de los indios, aunque la función de la tasa fuera similar en su aspecto de garantía escrita, no nacía del juego libre de las exigencias de los tributarios y concesiones de los señores, sino por imperio del Estado, el cual, por espíritu de protección hacia los vasallos indios y deseo de reducir el poder de los encomenderos, establecía la tasación.

Las tasas y la supresión de los servicios personales fueron quizá los elementos más importantes de la transformación operada en la encomienda, en la etapa de su integración jurídica.

Otros pareceres sobre el régimen señorial controlado de las encomiendas se pueden hallar, insistiendo en los diversos puntos ya conocidos[32]. No faltaron tampoco ordenanzas generales para encomenderos[33] y para corregidores[34].

El esfuerzo regalista del período que estudiamos tuvo también otras manifestaciones. Felipe II, en 1554, cuando siendo príncipe aún, dejó la gobernación de las Indias a su hermana doña Juana, le dio por instrucción[35]; que no hiciera en las Indias merced ni donación de rentas, pechos y derechos, y no diera caballerías, hidalguías, ni naturalezas, ni expectativas, «como S. M. e yo no las damos».

La visita de Valderrama y el régimen tributario.—Cuando se preparaba en la Corte la visita del licenciado Valderrama al virreinato de México, hubo importantes consultas sobre el régimen institucional de las provincias de Indias. Los tributos y las encomiendas figuraron entre otros temas de interés, como el estado de la distribución de la tierra, la amortización en manos del clero de la riqueza inmobiliaria, etc.

Examinemos un memorial anónimo presentado a la Corte sobre estos puntos[36].

Decía el autor que uno de los mayores daños existentes en Nueva España era el ser los tributos imposiciones de carácter personal. Que todos los indios pagaban la misma suma, mito los que tenían bienes como los que carecían de ellos. Que los indios, por esta causa, pedían continuamente ser contados de nuevo, lo cual no se les negaba, y se ocasionaban grandes costas por los salarios de las personas que efectuaban la cuenta del número de indios: salarios que se pagaban por mitad de la hacienda del rey cuando los pueblos eran suyos. Que al realizarse la cuenta, como eran las personas y no las haciendas las que servían para fijar la tributación, los indios se escondían, a lo cual ayudaban los caciques, por lo que se había notado que siempre las nuevas cuentas arrojaban menor número de indios, nunca indicaban crecimiento de población. Que de este modo la hacienda del rey se perjudicaba y los caciques seguían cobrando a los indios escondidos el importe de la tasa, y aun más. Que el remedio de estos daños era fácil, porque según la antigua costumbre de los indios su tribulación era de carácter real (por la hacienda) y no por la persona. Que en cada barrio había tierras distintas y señaladas, llamadas tierras tributarias, las cuales el mandón principal del barrio a cuyo cargo estaban, repartía por igual suerte y medida entre los indios del barrio, conforme a lo que cada indio podía labrar; pagaban el tributo los macehuales conforme a la suerte que a cada uno se le daba, y estas tierras eran «solariegas», y por virtud de ellas se pagaba el impuesto y no podía el indio enajenarlas, y si se iba del barrio quedaban libres las tierras para darlas a otros indios en iguales condiciones. Que había otras tierras que eran de los principales, por las cuales no dejaban de pagar cierto género de tributos, aunque eran propias. Otro género de tierras había que labraban todos los indios juntos, en comunidad, para el beneficio y tributo de los templos, para el rey, la guerra, o para propios de los barrios, de lo que nacía gran igualdad, y no había la confusión que reinaba después de haber sido Conquistados los indios a causa de los tributos de carácter persona], los cuales se impusieron porque los españoles eran muy pocos y muy grande el número de indios, y les pareció difícil a los conquistadores conocer las tierras y haciendas que cada indio tenía. Pero que este régimen había dado lugar al abuso, que urgía remediar.

Añadía el autor del parecer, que todas las clases de tierras que había entre los indios antes de la conquista se habían reducido a dos: «pillales» o tierras de patrimonio de los principales, y tierras tributarias (cathalis). Que de esto nacían algunos abusos, porque a causa de las epidemias, los caciques o principales decían que habían muerto tantos y tales indios y se apropiaban de las tierras de los muertos, o las daban a los frailes por enajenación, donación, o costumbre de capellanías, o las vendían a los españoles, todo lo cual era indebido, pues esas tierras debían ser propiedad de la Corona, y de este modo disminuía en Nueva España su patrimonio pasando las tierras a extraños. Que de averiguarse estas usurpaciones, el rey recobraría bienes por valor de más de cincuenta mil ducados. Que el remedio era fácil: empadronar las tierras tributarias de cada barrio y las de cada indio y las de regadío o secano, porque los indios entre sí tenían padrones y pinturas de todo, y aunque ocultaran los datos, se podrían verificar amojonándose y viéndose los términos de cada lugar, y así se podía ir cargando el tributo conforme a las tierras que cada indio tuviera, porque era de presumirse que todas estas suertes de tierras eran iguales, aunque algunos indios tendrían una suerte, otros dos, otros tres y más, y otros ninguna, no porque no hubiera, puesto que sobraban, sino porque ellos eran haraganes o mercadercillos, o porque los mandones se aprovechaban de dichas tierras beneficiándolas para ellos con el servicio de los mismos indios de su barrio, o arrendándolas a españoles o mestizos o a otras gentes que les daban su provecho. Que una vez empadronadas las tierras, se podrían entregar a los indios vecinos de cada barrio en la cantidad que pudiesen o quisiesen beneficiar, tasándose de acuerdo con la calidad de ellas lo que podrían tributar; y pagarían, el que tuviese una suerte, por una, y así según las que tuviesen, de lo cual sería el provecho para el rey, y si faltaban indios por enfermedad o porque huyeran, las tierras tributarias permanecerían en la Corona y se darían a otros indios o españoles con la carga del tributo. Que nunca faltarían colonos para las tierras y con ello los tributos serian perpetuos para el rey e irían en aumento.

Que el Marqués (Hernán Cortés?), convencido de esta verdad, había puesto en práctica el empadronamiento real en dos lugares de su estado: Toluca y Tepuztlán, amojonando y señalando todas Fas tierras de los términos por barrios, enviando a la averiguación de esto a Julián de Avila, contador mayor de su estado, y a don Hipólito y Feliciano, indios principales de Tepuztlán y Cuernabal. Que con facilidad pusieron los pueblos en orden, y si no hubiera sido por el viaje del Marqués a España, en poco tiempo se hubiera hecho lo mismo en todo su estado. Que los frailes seguramente se opondrían a la conversión del tributo personal en real, pues eran parte interesada (recuérdese que en un párrafo anterior decía el autor del parecer que los caciques les iban cediendo las tierras usurpadas al rey); que no se les debía decir nada hasta que se hubiera hecho la experiencia, la cual demostraría por sí lo buena que era. Que la persona que el rey mandara a esto pidiera el padrón de la villa de Toluca y se informara particularmente de Julián de Avila de cómo se hizo, y mandara buscar indios de experiencia gobernadores de otros pueblos y que no fueran de los principales ni naturales del pueblo que se empadronara, ni muy vecinos a él, y comenzara a implantar el cambio en un pueblo no muy grande. Que se vería de este modo cómo se pasaba adelante y la brevedad con que se hacía en todos los lugares de Nueva España, mandando a los corregidores que cada uno asistiera en su distrito con los indios que para esto se señalaran. Que el experimento se haría mejor si de España fuese persona propia y de los del Consejo a ejecutar la medida, porque las personas que estaban en Nueva España pondrían muchos inconvenientes. Que mientras esto se hacía, debía el rey mandar en seguida al virrey que publicara en toda la tierra que ningún indio principal ni macehual pudiera vender ni enajenar ninguna suerte ni pedazo de tierra a ningún español, por venta o por donación o por otra cualquier vía, sin dar noticia al virrey de la venta, a fin de que se averiguara si era del indio la propiedad enajenada o pertenecía a los barrios en concepto de tierra tributaria, sin lo cual la venta no sería válida, e impondríanse penas personales. Que si no constara que la tierra era propia del vendedor, el virrey no consintiera la operación y que siempre citara a los indios «tequitatos y macehuales» para que defendieran los derechos y tierras de los barrios.

Que el rey mandara al virrey de Nueva España que enviara dos o tres personas a visitar la tierra y averiguar las propiedades que los indios hubieran hasta entonces enajenado a los españoles y a los frailes, y de las bien vendidas trajeran relación al virrey para que las aprobara y confirmara, y todas las demás se restituyeran al rey, a quien pertenecían, a menos que faltaran tierras en los barrios, en cuyo caso se debían dar a los indios tributarios de ellos. Que las tierras que sobraran pudiera el virrey mandarlas arrendar o dar «a tributo» a españoles, si los había, que no faltaban en ninguna parte de Nueva España, los cuales, despojados de las tierras que hubieran mal adquirido, tomarían seguramente las del rey con la carga de la tributación.

Continuaba el autor del parecer aconsejando al rey que ordenara el cumplimiento de una cédula real, por la que se mando que los religiosos no pudieran tener tierras ni heredades habidas de los indios por ningún título, porque poco a poco los frailes iban adquiriendo lo mejor de la tierra, y puesto que el rey les daba lo necesario para su sustentación, y tenían lo que les regalaban los indios, no les faltaba nada, y no era justo que se ocuparan en haciendas, sino sólo en su vocación, que era la conversión y doctrina de los indios, y que los indios no debían ver en los religiosos codicia ni pretensiones de riqueza, porque era causa de escándalo.

Que también se mandara al virrey que concediera con más parsimonia las tierras y estancias y sitios de molinos y otras cosas, y que cuando los diera fuera sin perjuicio de los indios y con carga del tributo para el rey, por el tiempo que fuera la voluntad de éste. Que enviara relación de la tierra con caballerías, estancias, sitios de molinos y batanes que por merced de virreyes se hubieran concedido.

Concluía el autor del parecer pidiendo que el encargado de cumplir los acuerdos que el rey tomara en este asunto de la tributación y tierras, fuera con suficiente poder y libertad para obrar.

Como en todos los casos en que se discutían medidas de importancia para las colonias, esta vez hubo juntas y consultas especiales, y la reunión celebrada entre el Consejo de Indias y Rodrigo Vázquez, por orden del rey, dio el resultado siguiente[37]:

1. Se recogió por escrito todo lo relativo a la reducción de los tributos personales a reales y cómo se había de hacer, para que se viese todo en la junta convocada. 2. Se ordenó que los indios pagaran en adelante, por vía de diezmo, el gasto de los religiosos y ministros de la doctrina que corrían a cargo del rey, lo cual se haría con suavidad, imponiendo la costa de este diezmo a razón de dos reales a cada indio, pagando esta cantidad al respecto de las tierras que se les repartiesen, y que con esto sería aumentada la hacienda del rey en cien mil pesos más o menos, y que no se opondrían los frailes que estaban en la Corte, enviados por sus compañeros de Indias. 3. Pareció conveniente remediar lo de las tierras de los frailes, de modo que en adelante no se les dieran ni se les consintiera comprarlas, debiendo averiguarse las que tuvieran y con qué títulos, para que fueran devueltas al rey, y «se entendió cuán conveniente era para el buen gobierno de aquellas tierras y doctrina de naturales que los ministros no tengan haciendas, ni en particular ni en común y se tornen a renovar las cédulas sobre esto». En cuanto a las tierras de españoles se decidió que hubiera moderación al darlas, hasta que se determinara lo que en esto se había de hacer, y en cuanto a las dadas, se averiguaran los títulos, y cuando no fueran buenos, se diera orden para que el rey impusiera sobre ellas pensión y tributo, perpetuándoselas a los tenedores y dándoles nuevo titulo. 4. Se trató también de los servicios personales de los indios, que se consideraron dañosos y causa de su disminución; que para suplir la necesidad de mano de obra que tenían los españoles, era necesario que S. M. mandara la entrada de hasta 4 o 5 mil negros; que el visitador viera por sí los daños del servicio personal, y opinara sobre el remedio. 5. En cuanto a la perpetuidad se mencionaron opiniones (quizá de Martín Cortés, que entonces se hallaba aún en España disponiendo su viaje a México) en el sentido de que era muy conveniente; que la tierra quedaría quieta y contentos los españoles, y aunque éstos tío tenían posibilidad actual para hacer al rey un servicio por la merced, pues los más estaban pobres, que se les podría poner una pensión sobre los repartimientos, del tercio, cuarto o mitad, conforme a las vidas que cada uno tuviese por merced. De esta suerte se acrecentaría la hacienda del rey de modo más inmediato que siguiendo la opinión de quienes querían que terminada la tercera vida de las encomiendas se incorporaran todas a la Corona.

Como se ve por los documentos estudiados, la visita de Valderrama debía abarcar un campo muy amplio, y además tocaba puntos de suma importancia para la vida del virreinato de Nueva España.

El 10 de octubre de 1563, el segundo marqués del Valle, don Martín Cortés, escribió a Felipe II desde México un extenso informe sobre el antiguo estado de los indios, y sobre si el servicio que pagaban era real (por concepto de la tierra que tuvieran) o era personal[38]. Reconocía que las tasaciones se hacían por número de personas, de suene que si había seis mil indios tributarios pagaban seis mil pesos y tres mil hanegas de maíz, pero sostenía que los indios entre sí, para pagar, no se distribuían la suma por partes iguales, sino en proporción a la tierra que cada uno tenía en el pueblo, por lo cual el tributo era en último término real o por la cosa, y no personal. Además creía don Martín que eso debía ser así, de suerte que los indios pagaran al rey su tributo por las heredades que se les dejaran para labrar y «como terrazgueros y vasallos solariegos». Que el tributo se impusiera sobre la tierra y no sobre el macehual. Que se diera al tributario «una cédula del virrey, en que diga que en nombre de V. M. da aquella tierra a aquel indio, que se llama fulano, para él y sus sucesores, pagando por ella tanto de tributo, y que no pagando se le puede quitar y dar a otro»; «aunque parezca que V. M. enajena todas estas tierras, que son suyas, en esto no se enajenan, pues están sujetas siempre a real tributo, y mientras los indios duraren no puede V. M. tener mejor aprovechamiento dellas, que el tributo que los indios pagaren; y si ellos se acabaren, ahí se quedan las tierras para los españoles y para hacer lo que V. M. fuere servido».

No faltaron otras opiniones contrarias al intento de convertir en real el tributo. Vasco de Puga escribía al rey[39] que el servicio era por persona y que ningún indio debía eximirse, ni los cantores de monasterios, ni macehuales, ni caciques. Que los religiosos inventaban que los indios sujetos como terrazgueros a caciques no debían pagar tributo a S. M., pero él sostenía que sí, pues el tributo era personal. Que aunque de doce años arriba todos los indios debían tributar, sin importar sexo, la Audiencia no mandaba tributar sino a los casados y viudos; Puga creía que los solteros debían pagar al cumplir veinte años. A una consulta del rey acerca de si el tributo de un peso y media hanega de maíz por indio era general en Nueva España, respondía Puga que no; que eso se cobraba en las tierras fértiles, en otras [por ejemplo la tierra caliente] pagaban un peso y 5 reales y aun menos. En cuanto a algunos pueblos que pagaban más de la tasa general, la razón era que primero se les tasó en mantas, que valían en la época dos reales, y luego por subir el precio de la manta vinieron a valer un peso cada una. Que los encomenderos sostenían que los indios debían pagar lo mismo que antes, sin rebajar el aumento de valor, y a Puga le parecía: «que no están fuera de razón», y que lo mismo se había de hacer en pueblos del rey. Sobre el pago de los tributos en metal y no en especie o cosas, pensaba que los indios sólo ganarían lo necesario para pagar su tributo y no harían más objetos ni frutos, con lo cual perdería la república. Opinaba también sobre cierto aumento de tributos entre los indios de la región de Guaxocingo, Cholula, Chalco, Tlaxcala, Xochimilco, Tezcoco y México, que en total pagaban al rey diez y seis mil pesos, y que se pensaba que tasando bien a todos sin exigir más del peso en metal y la media hanega de maíz, se elevaría la renta del rey a doscientos mil pesos, lo cual aseguraba Puga. Que los encomenderos, cuando se consideraban defraudados pedían a la Audiencia nueva cuenta de sus indios, y lo mismo podía hacer el rey con los suyos[40].

Habiendo llegado el visitador Valderrama a Nueva España, el virrey Velasco consultó a diferentes personas[41] si convenía fijar los tributos de los indios por pueblos o cantidad global, o en forma individual, la cual se consideraba más beneficiosa para los tributarios, porque si algunos fallecían, sus tributos no los pagaban los restantes vecinos del repartimiento. Se consultaba además si se podía cobrar todo lo que los indios pudieran dar de acuerdo con sus posibilidades, o sólo un máximo honesto.

La respuesta de los frailes dominicos de Nueva España (1564) menciona las siguientes cuestiones: si debían cobrarse los tributos por pueblos o por individuos, si cantidad lija en metal o en especie, si había de fijarse como obligación el cultivo en común de una sementera que rindiera el valor equivalente[42]. Ya conocemos la causa de la irritación de los frailes en esta época; su respuesta fue terminante. Fray Pablo de Pravia, en nombre del provincial fray Cristóbal de la Cruz, opinó que debían disminuir los tributos, respetarse los patrimonios de los indios, eximir a los caciques de todo pecho, y en cuanto a las modalidades de la tribulación que se consultaban, excusaba la contestación, porque consideraba excesivos y mal fundados los tributos, y que el remedio era deshacerlos y dejar a los indios como antes estaban. Firmaron también este parecer, que en cierto modo volvía a la primitiva posición de los dominicos de la época de las Antillas, aunque no por motivos desinteresados, fray Diego Osorio, fray Juan de Meneses, fray Hernando de Paz, fray Vicente de las Casas, fray Domingo de la Anunciación.

En el mismo sentido respondieron los frailes franciscanos[43]: pensaban que los indios estaban en gran pobreza; que no tenían más que sus «coas» para e la vida y que no debían ser gravados con tributos. Que en los pueblos, por las cobranzas excesivas y las enfermedades, no quedaba ni la quinta parte de los indios que había antes en Nueva España, y se seguían acabando, por lo cual el rey debía mandar que lo perdido se restaurase y los indios se conservasen, porque si el rey viera con sus propios ojos a los indios y entendiera su excesiva pobreza y miseria, usara con ellos de piedad y buscara medios para su alivio «y no para el último remate de su destrucción, como lo es este nuevo acrecentamiento de tributos, y pues para el bien y reparo tiestos reinos no somos parte, ni se da crédito a nuestro parecer, no es justo que lo demos para los medios de su perdición».

Terminaban con el siguiente párrafo:

«Lo que haremos de nuestra parte será llorar en nuestros rincones los males que sentimos, poniéndolos en las manos de nuestro señor Dios, y predicar paciencia a los afligidos, y mirando a la lealtad que debemos a nuestro rey y señor no dejaremos de dar siempre aviso a S. M. de lo que entendemos que conviene al servicio de Dios y suyo y al descargo de su Real conciencia y al bien de sus vasallos, porque aunque el Señor permita estas tribulaciones por nuestros pecados, esperamos en su mucha bondad y misericordia, quia non in eternum irascetur populo suo, neque extendet, iram suam a generatione in generationem».

En otra carta de los mismos frailes de fecha 28 agosto de 1564, posterior al memorial referido, decían a Felipe II que los tributos de los indios eran excesivos; se quejaban del poco crédito que gozaban con el rey; que cuando llegó a Nueva España el visitador Valderrama avisaron la vejación que sufrían los indios con «la nueva cuenta e imposición de tributos que entonces se comenzaron a introducir». Que esos efectos continuaban en aumento: cal paso que llevan los negocios después que nuestro Visitador vino, no puede durar muchos días la conservación de la Nueva España». Avisaban que había ido a España fray Joan de Mansilla, que trataría con el rey, y anunciaban también la muerte del virrey Velasco, la cual atribuían en buena parte al disgusto que le había causado la visita de Valderrama[44].

En esta época, como había sucedido ya en ocasiones anteriores, la condición de los indios y el régimen tributario no eran tratados con indiferencia por los contendientes. Bien se advierte aquí la exactitud de la observación de Mendoza a su sucesor Velasco, en el sentido de que en Nueva España los asuntos no eran tratados con sinceridad y pureza, sino que colonos, frailes, burócratas, todos tenían intereses materiales o de orgullo y procuraban que sus opiniones prevalecieran. La visita de Valderrama dio lugar a una exacerbación de los antagonismos existentes en la colonia; esta vez figuran el virrey, obispos y religiosos, el visitador, los oidores, los oficiales del rey y los pobladores, sin excluir a don Martín Cortés, sucesor del conquistador de México en el marquesado del Valle.

El cuadro polémico se encuentra reflejado con gran viveza en los documentos de los frailes a que nos hemos referido y también en dos cartas del visitador a Felipe II, que debemos estudiar con detenimiento. Valderrama se consideraba a sí mismo un fiel criado del rey y entendía que su visita debía encaminarse hacia la finalidad regalista; de aquí sus encuentros con la autoridad espiritual de Nueva España, con los ministros de la hacienda del rey, que él estimaba desatendida y robada, y con el propio virrey, a quien consideraba Bojo en materia de gobierno, no muy apto en la de guerra, y además poco justiciero en materia de gracia, porque en todo mediaban sus numerosos parientes y criados. Creía que los oidores estaban supeditados al virrey, porque este tenía cargo de presidente de la Audiencia.

El propósito de Valderrama de modificar el régimen tributario de los indios y sobre todo de aumentar los ingresos en beneficio del rey, halló una oposición casi general. Escribía a Felipe II que los principales bienes que entonces demandaban y esperaban los colonos eran: los «entretenimientos» o libranzas en la Caja Real que se daban a los conquistadores y sus hijos (recuérdese la disposición relativa de las Leyes Nuevas); los corregimientos y tenientazgos; las estancias y caballerías, y los entretenimientos en quitas o vacaciones, o sea, mercedes sobre la renta de los corregimientos por el tiempo en que estaban vacos. En todo creía que había irregularidades. Acerca del ramo de tributos decía:

«pueblos muy grandes y en comarca de esta ciudad, que con el comercio que con ella tienen, están muy ricos, no tributan casi nada, y los de México y Santiago ninguna cosa, so color de que sirven en las obras públicas no las habiendo, como dije arriba. Y si lo que V. M. deja de llevar, de lo que le pertenece, se convirtiera en provecho de los indios, parece que tuviera alguna escusa buena ni mala; es que V. M. ha perdido su Hacienda, y los tributantes han pagado mucho más de lo que debían y podían, que cierto es cosa de gran lástima y parece increíble; lo cual mandará V. M. ver más particularmente por la memoria, que con ésta envío, de los pueblos que se han tasado después que yo vine, en los cuales, con haberse crecido las rentas reales en tanta suma, es mucho lo que se les ha bajado a los tributarios de lo que solían pagar; por manera, que de esta cuenta que se hace, resultará que V. M. haga justicia a sus súbditos y los releve de lo que injustamente se les solía llevar, e que sus tributos sean acrecentados en gran cantidad. Todo esto que la renta de V. M. crece y a los tributarios se les baja, se consumía en comer y beber los principales indios [caciques], sin sacar al cabo del año cosa alguna dello, mas que las borracheras que ellos llaman, y en lo que han gastado los frailes, que es cosa excesiva… en edificios, plata, ornamentos y también algo en parientes y otras cosillas… Para hacer las casas e iglesias, y para las enfermerías, para mercados y otras necesidades ellos han sentido mucho el contar, por ver que las cosas se van poniendo en orden; y dicen en púlpitos que una enfermedad general, que agora anda en esta tierra… que la ha enviado Dios por la cuenta de pueblos que se hace, como envió una gran pestilencia cuando el rey David mandó contar su pueblo; que tan libres y desenvueltos son como esto». «Entre otras cosas hay una cosa notable, que hacen ordenanza que los indios que labraren en tierras de otros, no tributen a V. M.; y ellos mesmos declaran que en un pueblo de tres mil vecinos hay mil novecientos y tantos terrazgueros. También reservan los que sirven en las iglesias y monasterios, y yo tengo memoria de una casa, no de las más principales, en que sirven ciento noventa y tantos indios, y también reservan otros muchos por su autoridad. Orden cierto, para que en pocos años V. M. no tuviera tributarios, que es lo que los frailes pretenden, porque aunque no osan decir que no le son debidos los tributos a V. M., pero créenlo, porque no son letrados sino es cual o cual, y aunque hay buenos religiosos, pero están muchos dellos en esta ignorancia, y así esconden los indios y hacen lo que tengo dicho, encaminado para quitar los tributos». «Dicen que los Pontífices concedieron esta tierra para el bien espiritual della, y que pues éste viene por su mano, solos ellos la pueden disfrutar y ansí lo han hecho… como no te jurisdicción y la caxa de la comunidad nena, están muy descontentos, y esto nace de la gran mano que hasta aquí se les ha dado en todo».

Adviértase cómo el espíritu regalista de Valderrama lo llevaba a enfrentarse con los religiosos. El problema llegó a adquirir mayor violencia. El Visitador cuenta en el mismo documento:

«El primero día de Cuaresma dixo uno en su casa de Santo Domingo muchas cosas en esta materia de los tributos que se piden a los indios. El fiscal dió una petición, diciendo que se había desacatado contra V. M. y sus ministros y que le enviasen a España. Mandóse hacer información, ellos lo supieron y luego el día siguiente jueves, vinieron a mí el obispo de Oaxaca, fraile de la misma orden y el Prior de la casa, para que no se hiciese información. Y diciéndoles yo la soltura de sus frailes en hablar sobre si V. M. tiene con buen título este reino o no, para enmendar el aviso me dixo el Prior: “S. M. no tiene aquí más de lo que el Papa le dió, y el Papa no le pudo dar esta tierra sino para el bien espiritual de los indios, y el día que tuvieren gobierno y estuvieren instruidos en las cosas de la fe, es obligado el rey a dejar estos reinos a sus naturales”… Todas estas cosas huelen mal y saben a comunidad; y si hobiese sujeto en la tierra para que la hobiese, Dios me es testigo que creo que hobiese quien la predicase de tan buena gana como lo hizo alguno de esta Orden en la comunidad de Castilla».

También contaba el Visitador:

«He tenido gran contradición en el virrey para la cuenta, no sé si porque le tengan los frailes encajada su opinión, o porque no salga a luz su descuido; también dice que todo se ha de perder. Cuando el doctor Vasco de Puga, oidor, salió de aquí a contar pueblos, luego el virrey salió tras él, y dio vuelta por los lugares que había de contar primero; y aunque dijo que iba a sosegarlos, no lo quedo yo de su ida…».

Añadía:

«Aquí no hay mucho contentamiento con mi venida a esta tierra, porque aunque han buscado caminos, no le han hallado para extrañarme y así urden cosillas que escrebir. Yo sé que con verdad ninguna podrán decir que me perjudique en un pelo; V. M. me conoce y sabe cómo le he servido»[45].

En otra carta, escrita algunos días después de la anterior, Valderrama explicaba al rey de modo concreto las objeciones que el obispo de Oaxaca le había presentado. El prelado decía que con el nuevo sistema de tribulación que se trataba de implantar los indios se rebelarían; que se estaba tratando en la Audiencia si los terrazgueros de los caciques debían tributar al encomendero o al rey, problema que afectaba a los intereses del marqués del Valle; que se despojaba a los caciques de sus patrimonios: a esto último respondía Valderrama que no era así, puesto que únicamente se ordenó que fuera de lo que los indios pagaban al rey, a la doctrina y a la comunidad, no dieran nada más, y que si los caciques tenían algún derecho no se les quitaría; el obispo objetaba también que con el nuevo sistema de tributos disminuía el rendimiento de las cajas de comunidad; el visitador reconocía que esto era cierto, pero escribía al rey que los indios no tenían mayores gastos y que lo único que pasaría era que los frailes recibirían menos; el obispo sostenía que los tributos se habían acrecentado: no lo negaba Valderrama, pero decía que esto no había de quedar sujeto al parecer de los frailes, ni éstos debían disminuir la renta del rey; pensaba el obispo que se imponían pagos en cantidad de dinero que los indios no podían cubrir; Valderrama decía que antes pagaban los naturales una parte del tributo en servicio personal, en traer leña y hierba, y que como todo esto se les había de pagar ahora, los indios tendrían lo suficiente para cubrir sus tributos; afirmaba el obispo que el tributo era desigual, porque pagaba lo mismo el tributario rico que el pobre: cierto, decía Valderrama, pero no se ha hallado el remedio a pesar de haberse discutido mucho, y si se cambia el orden del tributo fijo, los caciques impondrán a sus indios el pago según su albedrío; Valderrama afirmaba también que él no reservaba o eximía de tributo a los indios principales; decía no haber razón ni justicia para ello y que ni en tiempo de su gentilidad habían gozado de esa exención; el obispo decía que no se hicieran más tasaciones y que las hechas se moderaran; a Valderrama le parecía que esta petición era absurda, pues de lo hecho resultaba el servicio de Dios y del rey y aumento de su hacienda y «utilidad para los pobres»; sólo estaba conforme el visitador con una petición del obispo: «que los ministros de la doctrina sean proveídos bastantemente y a costa de V. M. y de los encomenderos, y sin que entre en poder de los oficiales lo que se les hobiere de dar»; accedía a esto, porque reconocía que el rey lo había ordenado en una cédula de julio o agosto del año de 1561[46].

El aumento de tributos proyectado por Valderrama se llevó a cabo[47]; no se realizó en cambio la transformación dé los tributos personales en reales[48].

Efectos del interés fiscal en las incorporaciones y prorrogaciones de encomiendas.—Conviene advertir que el aumento del realengo en Nueva España, que puede señalarse como una de las características del período estudiado, no se debió únicamente al sentido político central de la Casa de Austria. Había también razones fiscales, por que los tributos incorporados aumentaban el patrimonio y rentas del rey. Es fácil hallar ejemplos en que la Corona no ordenó la incorporación de pueblos por razones teóricas, sino expresando la necesidad de cubrir los salarios de ministros y oficiales[49].

También fueron agregados al patrimonio de la Corona muchos pueblos y provincias que antes gozaban exención, o se aumentaron sus tasaciones[50].

Al mismo interés fiscal se debió el propósito de la Corona de vender las encomiendas. En carta de 1567 informaba el clérigo Pedro de Logroño a Felipe II, que Martín de Ircio ofreció al marqués de Mondéjar cincuenta mil ducados por el pueblo de Xochimilco, y que el marqués dijo, que antes de hacer esas operaciones deseaba el rey enterarse de lo que vendía. El clérigo opinaba: «al que a V. M. ha servido en Italia, pagarle en Italia; al que en Castilla, en Castilla; al que en Indias, en Indias. Al que sirvió y mereció indios, dárselos: al que no, vendérselos bien vendidos, y con esto se desempeñará V. M.»[51].

En 1602 continuaba el proyecto, y el contador Martín de Irigoyen dio un interesante informe[52]: se pensaba en la Corte que vendidos a 2.500 pesos el millar de indios, se obtendrían 20 millones de pesos en toda América; las encomiendas vendidas, acabada la tercera vida, que ya entonces se permitía, se prolongarían por dos vidas más; Irigoyen informó que en Nueva España había en particulares, 140 pueblos[53] que daban (incluyendo maíz, mantas, etc.) trescientos mil pesos de oro común de a ocho reales, y su venta dejaría al rey en 5 años, plazo del pago (1.000.551?: cifra de lectura dudosa). Los indios vacos asignados para socorro de hijos y nietos de conquistadores, según lo habían mandado las Nuevas Leyes, valdrían hasta 30.000 pesos. Que los indios en la Corona real podían dar más si se vendían. Pero el contador creía que no habría compradores, porque en Nueva España sólo podían adquirir los mercaderes y oficiales, unos sin suficiente dinero, y otros que lo empleaban en negocios, y si lo retiraban, sufrirían las provincias. Que como tampoco se vendería la jurisdicción, pocos se animarían.

Nótese que el interés fiscal, con tal de obtener recursos, unas veces provocaba el aumento del Realengo por medio de las incorporaciones, y otras inducía a prolongar la vida de las encomiendas[54]. Sobre la intervención del propósito fiscal en el curso teórico y legal de la encomienda indiana, hemos de volver después.

Por último, la Corona se preocupó también de organizar la recaudación de sus tributos, disponiendo en 1550, según sabemos, que lo cobraran los oficiales de Hacienda y no los corregidores, como hasta entonces[55]. Para las almonedas de los tributos recaudados en especies, se llevarían libros especiales y no fe de escribano[56]; en otra ocasión se propuso que no fuera la Corona la que corriera con las ventas de lo consignado a favor de particulares por mercedes sobre el renglón de indios vacos, sino que se entregara la cantidad en especie al beneficiado y éste la convirtiera en dinero: en las ventas sabía la Corona que siempre obtenía menor precio del que tenías las cosas en el mercado ordinario[57]; finalmente se mantuvo el viejo cobro del quinto, cuando los tributos de los encomenderos eran en metal[58].

El período de reforma y ordenación de los tributos en Perú.—El esfuerzo de la Corona para someter a un control efectivo las encomiendas de Indias, ha sido bien recogido, en lo que respecta al Perú, en el estudio de TORRES SALDAMANDO[59].

Después de las diferencias entre Pizarro y Almagro llegó al virreinato el licenciado Vaca de Castro, al cual se le había dado instrucción[60] en el sentido de que castigara a los españoles que no trataban a los indios como cristianos y hombres libres; que cuidara que se les devolviera a éstos todo lo que se les hubiera tomado y se hiciera la tasación de los tributos con parecer del obispo y personas de experiencia; también se le autorizó para reformar los repartimientos concedidos por Pizarro, y éste, a quien la Corona suponía vivo aún, no había de proveer las vacantes sin consultar al licenciado Castro. No parece haberse efectuado entonces la tasación general del Perú.

Gobernaba ya el licenciado Pedro de la Gasea en el año de 1549, cuando fueron nombrados fray Tomás de San Martín, fray Domingo de Santo Tomás y el licenciado Hernando de Santillán, en calidad de comisarios encargados de cumplir las cédulas de 26 de octubre de 1541 y de 13 de septiembre de 1543, que ordenaron que los indios fueran tasados y que no pagaran a los encomenderos más del tributo que se señalara. Esta tasación parece haber disminuido los tributos en un tercio[61].

También durante el gobierno de La Gasea se repitió en Perú la prohibición de los servicios personales, pero por sus muchos inconvenientes no fue aplicada inmediatamente, el Presidente suspendió el cumplimiento hasta dar cuenta al rey[62].

Tanto la medida controladora de las tasas, como la de supresión cíe los servicios como parte de las encomiendas, se encuentran en el período posterior de 1550 a 1555, provocan do las mismas dificultades que hemos estudiado ya en Nueva España[63].

El esfuerzo controlador continúa durante el gobierno del marqués de Cañete (1557 en adelante). Se nombran visitadores y se pone en práctica la tasación de todas las encomiendas vacas, confirmándose la supresión de los servicios[64].

En 1568, al ser nombrado el virrey Toledo, se le ordenó una visita general y se insistió en la supresión de los servicios[65].

En 1581, había efectuado la tasación general[66].

Toledo, a pesar de las prohibiciones existentes, mantuvo los servicios personales en algunas encomiendas[67].

Prohibiciones posteriores relativas al servicio personal de las encomiendas se encuentran en 1596, en 1601 gobernando el marqués de Salinas, y en 1633 siendo virrey el marqués de Mancera; en este tiempo las encomiendas del distrito de la Audiencia de Lima ya no contenían servicios, pero sí algunas de Charcas y Quito[68].

Otras tasaciones posteriores tuvieron lugar en Perú gobernando el virrey Montesclaros, el duque de Palata y el conde de Superunda. La última del año 1776 la realizó el visitador general don José Antonio de Areche[69].

TORRES SALDAMANDO establece en su estudio la distinción necesaria entre el propósito legal y lo que en la práctica se había logrado, y advierte que la magistratura no funcionó con la eficacia necesaria.

Este problema del incumplimiento de las órdenes de la Corona, aunque de capital importancia, puesto que nulificaba todo el esfuerzo controlador, no se debía en este caso a defectos del sistema jurídico de la institución, sino más bien a la carencia de los hombres necesarios para cumplir los fines que el Estado se proponía.

También deben considerarse las desviaciones a que ya hemos aludido, que la misma Corona impuso al curso de la institución, por razones fiscales o por favorecer a personajes de España[70].

El Repartimiento general, el derecho sucesorio y nuevas encomiendas en Nueva España.—Examinemos, finalmente, el estado en que quedó el derecho sucesorio de las encomiendas de Nueva España, y la suerte del repartimiento decretado en 1546.

Velasco siempre fue partidario de que se concediera la tercera vida a los encomenderos, y obtuvo, después de insistir mucho en ello, que la Corona la consintiera por vía de disimulación[71]. Más tarde, gobernando en Nueva España don Martín Enriquez, se disimuló la cuarta vida[72]. Por cédula de 5 de abril de 1629, dada en Madrid, se concedió el derecho de la quinta vida para Nueva España, y el de la tercera para el Perú[73].

El 25 de febrero de 1564 escribía don Luis de Velasco a Felipe II: «Los conquistadores y pobladores de esta tierra envían a suplicar a V. M. les haga merced de perpetuarla y otras cosas: son personas en quien se empleará cualquiera merced que V. M. sea servido de hacerles, por lo que han servido y pueden servir»[74].

Es decir, el antiguo ofrecimiento de 1546 no se había cumplido aún.

El problema general de la existencia de nuevas encomiendas en Nueva España, parece resuelto también a comienzos del siglo XVII. Sabemos, que según la opinión de ANTONIO DE LEÓN, los virreyes de México no podían encomendar indios por nueva provisión, y que por esto, cuando acaecían las vacantes de encomiendas, se ponían los indios en la Corona sin reencomendarse. Pero en textos posteriores a la fecha del libro de LEÓN (1630) se habla de mercedes en indios vacos y de encomiendas en Nueva España, creadas después del año de 1637[75].

Por otra parte, la especialidad de las encomiendas de México de durar más de dos y tres vidas, resulta modificada en ésta época, pues la Corona tendía a que las encomiendas de esta región volvieran al derecho sucesorio de la ley de 1536, o sea a las dos vidas[76].

Los datos del Perú acusan en este mismo período el creciente regalismo centralizador. La facultad de proveer encomiendas fue retirada a los virreyes en 1618 y 1625, aunque en 1637 se les restableció[77].

Ordenanzas de Felipe II de 1573.—Su interés para las encomiendas.—Para concluir, conviene recordar la legislación general de Felipe II, contenida en sus Ordenanzas de julio de 1573; abarcaba diversos temas indianos de descubrimientos, pacificación, poblados, etc., y trató también el punto de encomiendas, consintiendo la institución bajo la forma de cesión de tributos.

El cap. CXLV de las Ordenanzas[78] mandaba: «Estando la tierra pacífica y los señores y naturales della reducidos a nuestra obediencia, el gobernador con su consentimiento, trate de los repartir entre los pobladores, para que cada uno dellos se encargue de los indios de su repartimiento, de los defender y amparar, y proveer de ministros que los enseñe la doctrina cristiana, y administren los sacramentos: y les enseñe a vivir en policía, y hagan con ellos todo lo demás que están obligados a hacer los encomenderos con los indios de su repartimiento». El cap. CXLVI dispuso: «a los indios que redujeren a nuestra obediencia y se les repartiere, se les persuada que en reconocimiento de señorío y jurisdicción universal que tenemos sobre los indios, nos acudan con tributo en moderada cantidad, de los frutos de la tierra, según y como se dispone en el título de los tributos que desto trata. Y los tributos que así nos dieren, queremos que los lleven los españoles a quien se encomendaren, porque cumplan con las cargas a que están obligados, reservando para Nos los pueblos cabeceras y los puertos de mar; y de los que se repartieren, la cantidad que fuere menester para pagar los salarios a los que han de gobernar la tierra y defenderla, y administrar nuestra hacienda». Por último, el cap. CXLIX decía: dos españoles a quien se encomendaren los indios, soliciten con mucho cuidado que los indios que les fueren encomendados, se reduzcan a los pueblos, y en ellos se edifiquen iglesias para que sean doctrinados y vivan políticamente».

El propio rey dictó las normas generales sobre los premios de los conquistadores de Indias; reconoció el deber del Estado de concederlos, y dictó reglas sobre las mercedes, disponiendo que los conquistadores y sus descendientes fueran preferidos en encomiendas, oficios y demás bienes indianos, y después de ellos, los pobladores casados[79].

Conclusiones.—Resumiendo los caracteres jurídicos que la encomienda adquirió en la etapa examinada podemos concluir:

I. La encomendación continuó, a pesar de los intentos de supresión de 1542, y aún obtuvieron los encomenderos más vidas de las dos que ordenaba la ley de sucesión.

II. La encomienda que persistía no era la misma de la época de las Antillas ni la primera encomienda continental. Ahora había numerosos rasgos de control; el Estado, valiéndose de los corregimientos, audiencias, virreyes, etc., imponía su mediación legal en la relación económica entre españoles e indios, de la cual relación, la encomienda era uno de los cauces Principales. Las encomiendas quedaban sujetas al régimen de tasaciones; se procuraba también encontrar un sistema justo para fijar el monto de la prestación de los indios; se excluían en principio los servicios personales como parte de las tasas, y la encomienda en la forma legal de 1573 ya no era una exacción en favor de los particulares, sino un régimen tributario de realengo, en el cual, había casos en que la Corona cedía al particular encomendero la renta, pero ésta era siempre obtenida a través y por merced del Estado.

III. Después de los proyectos señoriales de la primera época de la encomienda del continente, la solución jurídica de Ramírez de Fuenleal quedaba plenamente admitida en la legislación. A pesar de las tendencias del principio, no se había implantado una forma plena de señorío o vasallaje, sino un sistema de cesión de tributos de la Corona, bajo las limitaciones que ésta imponía.

IV. No ha de creerse, sin embargo, que los abusos que tenían lugar en torno a las encomiendas desaparecieran del todo. Pero en el terreno jurídico se había llegado a una fórmula de suficiente vigor para atender a la complejidad del problema. También conviene notar que la figura jurídica de la encomienda no nació por creación libre de los legisladores, sino a consecuencia de las diversas necesidades e intereses estudiados a lo largo del proceso de la institución.

CAPÍTULO VI

EL PROBLEMA DE LA PERPETUIDAD

El estudio de carácter legal y práctico desarrollado en los dos capítulos anteriores nos alejó de la evolución teórica de la encomienda, que desde las Antillas hemos procurado seguir. La desviación ha sido necesaria y en este capítulo comenzaremos a percibir su utilidad.

El esfuerzo constructivo reseñado, no sólo dejó una nueva figura jurídica más controlada y más compleja de la encomienda indiana, sino que originó un cambio notorio en las ideas acerca de la institución; porque los grandes debates filosóficos sobre la naturaleza libre del indio, su compulsión personal, la razón de la exacción que se les imponía, carecían de sentido ante la nueva forma de la encomienda: simple cesión, en favor de los españoles particulares, de las rentas que los indios pagaban a la Corona en concepto de servicio debido por vasallaje. No se trataba ya de la afección de la persona de los indios, ni se pretendía fundar el tributo en razones de provecho de los colonos españoles, sino en la razón estatal. Por otra parte, las discusiones que se habían producido en el Continente nuevo sobre la organización señorial o moderna de sus provincias, tampoco tenían sentido ahora, porque a pesar de las promesas de la Corona, los señoríos con jurisdicción no se habían concedido a los conquistadores y pobladores; se había impuesto por el contrario cada vez con mayor fuerza el poder del Estado y al intervenir en la relación de los españoles con los indios, había encaminado el problema hacia la solución de carácter medio que representaba la encomienda en su nueva forma.

En el presente capítulo tendremos ocasión de examinar algunas teorías tardías sobre la encomienda, como las de SEPÚLVEDA y LAS CASAS, que seguían planteando el tema bajo la forma de la primera época antillana. Pero veremos también otros pareceres, en los cuales apunta ya la nueva forma de encomendación, percibiéndose la influencia de esta realidad jurídica en la doctrina.

Junto a estas ideas expondremos también el problema de la perpetuidad de las encomiendas. Desde el repartimiento de Alburquerque de 1514 sabemos que existía el deseo de los colonos de obtener las mercedes de modo hereditario. La ley de la sucesión y las concesiones posteriores, que también conocemos, habían servido para satisfacer en parte a esta pretensión. Pero la perpetuidad general de las encomiendas no se había concedido, y menos si con ella se estimaba delegada también la jurisdicción sobre los indios del repartimiento.

Continuemos nuestro estudio en las direcciones indicadas.

GINÉS DE SEPÚLVEDA (1547), aparte su justificación de las conquistas y del derecho de cautiverio, trató de la encomienda al final de su Democrates Alter, cuando necesitó establecer la condición del indio que se rendía sin guerra; porque a éste no se le podía gobernar como a esclavo, pues no había mediado causa de derecho de gentes para ello; tampoco aceptaba SEPÚLVEDA que se rigiera por un gobierno libre o político, porque estimaba que los indios de América eran de condición bárbara y su gobierno no podía ser igual al de los pueblos cultos.

Para resolver este problema, del mismo modo que algunos de los autores que opinaron en 1512 cuando la Junta de Burgos, recurrió SEPÚLVEDA a la idea aristotélica del gobierno medio o mixto, dando a esta tesis el amplio desarrollo que le permitía su conocimiento directo de la filosofía de ARISTÓTELES.

Decía textualmente: «Por lo que toca a estos bárbaros, hay que hacer distinción entre aquellos que resistieron con las armas a los españoles y fueron vencidos por ellos, y aquellos otros que por prudencia o por temor se entregaron a merced y potestad de los cristianos. Así como de la fortuna y libertad de aquéllos puede decidir a su arbitrio el vencedor, así el reducir los otros a servidumbre y despojados de sus bienes me parece acción injusta, por no decir impía y nefanda. Solamente es lícito tenerlos como estipendiarios y tributarios según su naturaleza y condición… La varia condición de los hombres produce varias formas de gobierno y diversas especies de imperio justo a los hombres probos, humanos e inteligentes les conviene el imperio civil, que es acomodado a hombres libres, o el poder regio, que imita al paterno; a los bárbaros y a los que tienen poca discreción y humanidad les conviene el dominio heril, y por eso no solamente los filósofos, sino también los teólogos más excelentes no dudan en afirmar que hay algunas naciones a las cuales conviene el dominio heril más bien que el regio o el civil; y esto lo fundan en dos razones: o en que son siervos por naturaleza, como los que nacen en cimas regiones y climas del mundo, o en que por la depravación de las costumbres o por otra causa, no pueden ser contenidos de otro modo dentro de los términos del deber. Una y otra causa concurren en estos bárbaros, todavía no bien pacificados. Tanta diferencia, pues, como la que hay entre pueblos libres y pueblos que por naturaleza son esclavos, otra tanta debe mediar entre el gobierno que se aplique a los españoles y el que se aplique a estos bárbaros… A los españoles debe el rey óptimo y justo, gobernados con imperio casi paternal; y a los bárbaros tratarlos como ministros o servidores, pero de condición libre, con cierto imperio mixto y templado de heril y paternal, según su condición y según lo exijan los tiempos. Y cuando el tiempo mismo los vaya haciendo más humanos y florezca entre ellos la probidad de costumbres y la religión cristiana, se les deberá dar más libertad y tratarlos más dulcemente. Pero como esclavos no se les debe tratar nunca, a no ser a aquellos que por su maldad y perfidia, o por su crueldad y pertinacia en el modo de hacer la guerra, se hayan hecho dignos de tal pena y calamidad. Por lo cual no me parece contrario a la justicia ni a la religión cristiana el repartir algunos dellos por las ciudades o por los campos a españoles honrados, justos y prudentes, especialmente a aquellos que los han sometido a nuestra dominación, para que los eduquen en costumbres rectas y humanas, y procuren iniciarlos e imbuidos en la religión cristiana, la cual no se transmite por la fuerza, sino por los ejemplos y la persuasión, y en justo premio de esto se ayuden del trabajo de los indios para todos los usos, así necesarios como liberales, de la vida»[1].

La tesis del famoso cronista de Carlos V obedecía claramente al enfoque antiguo de las encomiendas cuando vimos que se pensaban como modo de gobierno que se establecía en relación con la capacidad racional de los sujetos.

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, cuya opinión hemos examinado con detenimiento en el capítulo III, llegaba a conclusiones totalmente contrarias a las de SEPÚLVEDA; ¿qué efectos derivaron de esta oposición?

Al parecer, la disputa del año 1550 entre ambos autores no tuvo importancia inmediata para el problema de la encomienda[2]. El tema que les había sido propuesto era el de la forma de la penetración en las Indias, por guerra o por vía pacifica. Pero los principios generales disputados sí influían en el problema de la justificación de la encomienda, porque ellos eran los fundamentos filosóficos que habían servido hasta allí de apoyo último a la institución. Bajo el primer planteamiento no era indiferente que se admitiera el titulo de la fe, o el de la superioridad humana de los europeos, ni tampoco que se consintiera o no la guerra como medio de penetración.

Aparte la influencia indirecta, por otras fuentes puede descubrirse que la sesión de 1550 tuvo un interés inmediato para el problema de la forma legal de la encomienda:

BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO, que afirma haber asistido a las sesiones cuenta: «Por el año de 1550 vino del Perú el licenciado de la Gasea y fue a la Corte, que en aquella sazón estaba en Valladolid… Entonces se juntaron en la Corte don fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapa, y don Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, y otros caballeros que vinieron por procuradores de la Nueva España y del Perú, y ciertos hidalgos que venían a pleitos ante S. M… juntamente con ellos a mí me mandaron llamar como a conquistador más antiguo de la Nueva España».

Refiere BERNAL que los procuradores del Perú traían mucho oro para el Emperador, que se hallaba en Alemania con el príncipe Felipe y le pidieron el repartimiento perpetuo que antes habían suplicado Gonzalo López y Alonso de Villanueva, procuradores de Nueva España. Continúa: «volviendo a mi relación, lo que proveyó S. M. sobre la perpetuidad de los repartimientos de los indios [fué que] envió a mandar al marqués de Mondéjar, que era presidente en el Real Consejo de Indias, y al licenciado Gutiérrez Velázquez y al licenciado Tello de Sandoval, y al doctor Hernán Pérez de la Fuente, y al licenciado Gregorio López, y al doctor Rivadeneira, y al licenciado Briviesca, que eran oidores del mismo Real Consejo de Indias y a otros caballeros de otros Reales Consejos, que todos se juntasen e que viesen y platicasen cómo y de qué manera se podría hacer el repartimiento de arte y de manera que en todo fuese bien mirado el servicio de Dios y el real patrimonio no viniese a menos; y desque todos estos prelados y caballeros estuvieron juntos en las casas de Pero González de León, donde residía el Real Consejo de Indias, lo que se dijo y platicó en aquella muy ilustrísima junta sobre que se diesen los indios perpetuos en la Nueva España y en el Perú: no me acuerdo bien si también en el Nuevo Reyno de Granada… fue. Lo primero: que siendo perpetuos los indios serían muy mejor tratados e industriados en nuestra santa fe, y que si algunos adoleciesen los curarían como a hijos, y les quitarían parte de sus tributos, y los encomenderos se preocuparían mucho más en poner heredades y viñas y sementeras, y criarían ganados, y cesarían pleitos y contiendas sobre indios, y no habría menester de visitadores en los pueblos, y habría paz y concordia entre los soldados, en saber que ya no tienen poder los presidentes y gobernadores para en vacando indios se los dar por vías de parentesco. Y con darles perpetuos a los que han servido a S. M. descargaba su real conciencia… Todos los más procuradores con otros caballeros dimos nuestros pareceres y votos que se hiciesen perpetuos los repartimientos. Hubo votos contrarios: fue el primero el obispo de Chiapa, y lo ayudó su compañero fray Rodrigo, dominico, y el licenciado Gasea y fray Tomas de San Martín, dominico, y dos oidores… El marqués de Mondéjar no se quiso mostrar a una parte ni a otra, sino que se estuvo a la mira a ver lo que decían y los que más votos tenían. Dijeron [Las Casas y sus partidarios] que cómo habían de darse indios perpetuos, ni aun de otras maneras… sino quitárselos a los que en aquella sazón los tenían. Que en el Perú tenían indios quienes merecían ser hechos cuartos». Siguió un diálogo entre Gasea y Quiroga sobre el caso del Perú. «Entonces dijimos nosotros que se diesen perpetuos en la Nueva España a los verdaderos conquistadores que pasamos con Cortés, Pánfilo de Narváez y Garay, pues habíamos quedado muy pocos… todos los más murieron en las batallas. Y que con los demás [pretendientes de encomiendas] hubiese otra moderación». Añade Bernal que algunos propusieron que cesara la plática hasta el regreso a Castilla del Emperador y del príncipe Felipe, «para que en una cosa de tanto peso y calidad se hallasen presentes». Vasco de Quiroga y los: de Nueva España replicaron: «pues están dados los votos conformes, se den perpetuos los indios en Nueva España… y los procuradores del Perú traten aparte». «Hubo muchas pláticas y alegaciones… que mirasen los muchos y grandes servicios que hicimos a S. M. y a toda la Cristiandad… Y no aprovechamos cosa ninguna en los señores del Real consejo de Indias… Dijeron que en viniendo S. M. se proveería de manera que los conquistadores serian muy contentos y ansí se quedó por hacer. Como se supo en la ciudad de Méjico las cosas arriba dichas que pasaron en la Corte, concertaban los conquistadores de enviar por si solos procuradores ante S. M… no se concertó la ida por falta de pesos de oro. Lo que se tornó a concertar en Méjico fue que los conquistadores, juntamente con toda la Comunidad, enviaron a Castilla procuradores, pero nunca se negoció cosa que buena sea. Después desto, mandó el invictísimo nuestro rey y señor don Felipe, en sus reales ordenanzas y provisiones, que a los conquistadores y sus hijos en todo conozcamos mejoría, y luego los antiguos pobladores casados, según sus reales cédulas»[3].

La actividad de BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, después de la Junta de 1550 continuó. En su memorial para Felipe II, contra las conquistas y los repartimientos, decía que eran: «dos especies de tiranía con que habemos asolado aquellas tan innumerables repúblicas: la una en nuestra primera entrada, que llamaron conquista en aquellos reinos no nuestros, sino ajenos, de los reyes y señores naturales en cuya pacífica posesión los hallamos. La otra fue y es la tiránica gobernación, mucho más injusta y más cruel que la con que el Faraón oprimió en Egipto a los judíos, a que pusieron por nombre repartimientos o encomiendas, por la cual a los reyes naturales habemos violentamente contra toda razón y justicia, despojado, a los señores y súbditos de su libertad y de las vidas, como todo el mundo sabe». Que había mandado dos tratadillos con sus conclusiones, que eran: «1. Todas la guerras que llamaron conquistas fueron y son injustísimas y de propios tiranos. 2. Todos los reinos y señoríos de las Indias tenemos usurpados. 3. Las encomiendas o repartimientos de indios son iniquísimos y de per se malos, y así tiránicas, y la tal gobernación tiránica. 4. Todos los que las dan pecan mortalmente y los que las tienen están siempre en pecado mortal, y si no las dejan no se podrán salvar. 5. El rey nuestro señor, con todo cuanto poder Dios le dió no puede justificar las guerras y robos hechos a estas gentes, ni los dichos repartimientos o encomiendas, más que justificar las guerras y robos que hacen los turcos al pueblo cristiano[4]. 6. Todo cuanto oro y plata, perlas y otras riquezas qué han venido a España y en las Indias se trata entre nuestros españoles es todo robado. 7. Si no lo restituyen los que lo han robado y hoy roban por conquistas y por repartimientos o encomiendas y los que dello participan, no podrán salvarse. 8. Las gentes naturales de todas las partes y cualquiera dellas donde habemos entrado en las Indias tienen derecho adquirido de hacernos guerra justísima y raemos de la haz de la tierra, y este derecho les durará hasta el día del juicio»[5]. Que de declararse todo esto por autoridad pública, los confesores estarían avisados y negarían la comunión a los españoles y éstos, al fin cristianos, se arrepentirían, obteniéndose el bien de los indios.

Fray Alonso de la Veracruz, fraile agustino que desempeñaba una cátedra en la Universidad de México, presentó el memorial en el Consejo y anotó al margen que se leyó en pleno en presencia de fray Hermando de Barrionuevo, comisario en Corte y después obispo de Chile, y de fray Alonso Maldonado, franciscano, y del propio fray Alonso: «los cuales metieron la dicha petición en nombre del señor obispo que estaba malo… y a esto ninguna cosa proveyeron, sino dijeron que lo verían»[6].

Es de advertir que la posición de LAS CASAS, después de su fracaso de 1542 y cuando Felipe II empezó a llevar el problema de las encomiendas por un conducto menos decisivo que Carlos V (pues más que a los extremos de la contienda tendía a hallar el justo medio jurídico que resolviera la oposición sin menoscabo de ninguna de las partes), fue cada vez más decidida y enérgica; su antigua actitud de considerar las conquistas y las encomiendas como abusos de los españoles no podía continuar cuando la Corona, conscientemente, apoyaba los repartimientos. Entonces LAS CASAS empezó a abandonar su antiguo regalismo para entregarse a la defensa de su tesis, aun frente a las decisiones legales del rey, valiéndose del apoyo teórico que hallaba en la teoría tomista del Derecho natural. En el memorial anterior debe destacarse el párrafo en que recuerda que el príncipe no puede hacer con sus leyes justo lo que por ley natural es injusto. Ya observaremos la evolución de la tesis de LAS CASAS junto a la general del problema de las encomiendas.

En pro de éstas y contra la opinión de LAS CASAS, que expresamente citaba, escribió fray ALONSO DE CASTRO en Londres, el 13 de noviembre de 1554, un parecer en el cual sostenía, que: admitiendo la soberanía de los reyes de Castilla en las Indias, por efecto de la donación apostólica para el fin de la conversión de los indios y por ser el rey español el más apto para ello, y respetando las propiedades y señoríos de los indios que no se oponían a la predicación, y pudiendo los reyes por sus cargas de justicia, defensa, conversión, etc., cobrarles moderados tributos, «todo esto presupuesto, y considerando bien el estado y disposición en que ahora están las cosas de las Indias, digo que me parece que es forzado que haya algunos repartimientos. Porque quitándose todos los repartimientos, como lo pretende el obispo de Chiapa en un libro que sobre este caso hizo, habría tan grandes alborotos en las Indias, que se perdiese todo el señorío que los reyes de Castilla tienen en ellas, el cual perdido está claro que se perdería toda la cristiandad en ellas». Citaba el caso de las Nuevas Leyes, «y pues esto se ha visto ya por experiencia, convéncese que es bueno conservar los repartimientos de lo que hasta agora se ha descubierto; porque no se pierda todo lo que hasta agora está ganado». Que si los encomenderos causaban agravios fueran castigados, pero no se quitaran por eso las encomiendas, pues también había reyes y obispos malos y no se suprimían sus dignidades. Y puesto que era preciso mantener los repartimientos, era mejor darlos perpetuos que temporales: «porque tengo por cierto que el encomendero tratará mejor a los indios cuando supiere de cierto que le han de quedar por herencia perpetua para sus sucesores». Opinaba CASTRO que por lo anterior no había escrúpulo de conciencia en conceder los repartimientos y pechos; que era mejor que el rey los diera por donación libre y no vendiéndolos a los interesados, «pero por cuanto el rey y sus reinos tienen grandes necesidades, podría sin gravar la conciencia venderlos a precio moderado». CASTRO enfocaba la operación como venta de «oficios», y por eso citaba la carta de Santo Tomás de Aquino a la duquesa de Brabante en favor de la licitud de esas operaciones[7]. Pero CASTRO quería que la venta no se hiciera a personas que se presumiera que no desempeñarían bien el oficio, ni que se sacaran al mejor postor, sino que se vendieran a precio moderado, menor que el valor justo, para que la diferencia fuera la ventaja del que compraba, y que la venta se hiciera a los que habían servido al rey en el descubrimiento de las Indias, Además, que se ordenaran leyes en las cuales se declarara el modo que habían de tener en sus gobernaciones los encomenderos, y que bastaran para sofrenar los males y tiranías que entonces se decía que hacían[8].

Nótese que en favor de la perpetuidad no se alegaban únicamente razones de tipo teórico sino también fiscales, porque la Corona veía en la venta de las encomiendas de Indias un recurso nuevo para ayudar a su quebrantado tesoro.

Entre otros pareceres del año 1554 hubo un importante documento anónimo[9], en el cual se concluía que el único título legítimo de los reyes de Castilla era la libre sumisión de los indios, cuando la decidieran todos o la mayor parte de ellos, y que siendo personas libres y sui juris y dueños de sus bienes, el rey, a quien se habían sometido para que los gobernara, no podía darlos en vasallaje a ningún señor, porque era poner encima de la persona y bienes de los indios un amo, que no era el rey a quien habían dado la obediencia: «se sigue manifiestamente que con buena conciencia no puede [el rey] hacer repartimiento de aquella tierra dándola a caballeros y a señores haciéndoles vasallos dellos, porque la tierra es de los indios, cuyo dominio tienen jure gentium y las personas son libres y ningún rey ni el papa les puede hacer esclavos ni vasallos de algún caballero que los apremie, sin grande injusticia, puesto que esto repugna cuanto puede». Además de proscribir la organización señorial como consecuencia de la forma de sumisión libre del vasallo indio, añadía el autor del parecer: «también es obligado S. M. a los quitar [los indios] a aquellos que los tienen en encomienda, porque les fueron encomendados no para los robar, como lo hacen, ni para se servir de ellos, sino para que les enseñasen la ley de Dios, y pues ellos saben ya la ley de Dios, cesa la causa de las encomiendas, y aunque no la supiesen deben ser quitados, porque de otros serán mejor enseñados, pues tienen ya obispos y predicadores, a quien de ley evangélica incumbe enseñar y lo harán mejor. Cuanto más que aun esta condición nunca ellos la cumplieron; antes por sus obras, enseñan lo contrario, y por tanto, so color de ser ellos enseñados no los deben robar, y S. M. es obligado a quitar esta tiranía». Desestimada la encomienda como medio para el fin cristiano en la forma expuesta, añadía el autor este argumento político de sentido regalista moderno, contrario al sentido medieval favorable a los señoríos y encomiendas: «que no sean los indios distribuidos y repartidos, mucho importa al estado real de S. M., porque en dándolos a señores, luego cada uno de ellos se tendrá por rey, y como no aman al rey ni al aumento de la Corona real ¿le España, sino el suyo propio y de su casa, con estar tan a trasmano, están dos dedos de se levantar con la tierra, como la experiencia lo ha demostrado de pocos años acá, que ni los señores ni los encomenderos aseguran la tierra, antes la ponen en ocasión de se alzar, y con mil hombres de a pie y de a caballo que S. M. pusiese en la Nueva España y otros tantos en el Perú, no habiendo señores ni comenderos, tendrían quieto y seguro de los indios todo aquel nuevo mundo, seguramente, sin que haya rebeliones y alborotos; y aun por tener esta manera de gobernar y no dar a nadie ciudad, ni villa, ni vasallo, el turco toda su tierra tiene sujeta y segura. Y poniendo gobernadores muy bien salariados y que después de cierto breve tiempo hubiesen de hacer residencia en España, y por otra parte, en lo espiritual, obispos siervos de Dios y amigos de paz, tendría S. M. todo aquel nuevo orbe en paz y tranquilidad y en lo espiritual suficientemente doctrinado». La invitación a la organización de tipo central era bien clara; era lo que la evolución constitucional de aquel tiempo pedía.

Animada del espíritu polémico, habitual en los temas indianos, hallamos el 2 de enero de 1555 una carta escrita al rey desde Tlaxcala por fray TORIBIO MOTOLINÍA[10] en defensa de las encomiendas, con duros párrafos contra BARTOLOMÉ DE LAS CASAS. Decía que las obras de éste habían causado no pequeño alboroto y escándalo, «porque a los conquistadores y encomenderos y a los mercaderes, los llama muchas veces tiranos, robadores, violentadores, raptores… Dice que siempre a cada día están tiranizando los indios; asimismo dice que todos los tributos de indios son y han sido mal llevados, injusta y tiránicamente. Si así fuese, buena estaba la conciencia de V. M., pues lleva y tiene la mitad o más de todas las provincias y pueblos más principales de toda esta Nueva España, y los encomenderos y conquistadores no tienen más de lo que V. M. les manda dar»[11]. Añadía MOTOLINÍA, que las órdenes de que los indios pagaran según tasas moderadas y que fueran bien tratados y mirados y que se les administrara doctrina y justicia, se cumplían ya. En cuanto a LAS CASAS, aconsejaba: «V. M. le debía mandar encerrar en un monasterio, porque no sea causa de mayores males; que si no, yo tengo temor que ha de ir a Roma y será causa de turbaciones en la Corte romana». Sobre el deber de los encomenderos de dar doctrina a sus encomendados, decía: «tiempo hubo que algunos españoles ni quisieran ver clérigo ni fraile por sus pueblos; mas días ha, que muchos españoles procurarán frailes, y sus indios han hecho monasterios y los tienen en sus pueblos, y los encomenderos proveen a los frailes de mantenimiento y vestuario y ornamentos».

Es decir, MOTOLINÍA utilizaba para defender la institución las dos notas esenciales que existían ya en 1555: la encomienda no era más que el tributo Real cedido, por lo cual todos los debates sobre su justicia quedaban fundidos en la justicia del tributo mismo del rey, de la cual nadie dudaba; y la encomienda no era ya el régimen primero abusivo, sino una institución jurídicamente controlada por el Estado, que impedía los abusos de los particulares.

La solución jurídica del problema de las encomiendas se halla reflejada con mayor precisión en el parecer del obispo de Charcas, fray MATÍAS DE SAN MARTÍN, sobre si eran bien ganados los bienes adquiridos por los conquistadores y vecinos de Indias[12]. Decía: «Los primeros conquistadores e descubridores, según verdadera cristiandad y católica teología, se debe tener por averiguado que cuanto poseen e han llevado por tributos de los dichos indios, que así descubrieron e conquistaron, son mal llevados, e que no los pueden llevar, porque no guardaron las condiciones de buena guerra, ni conquistaron guardando ley natural, ni divina, ni humana, ni canónica, ni civil, por seguir su propio interés… tampoco guardaron lo que el rey les mandó por instrucción, ni los daños que hicieron se pueden tasar, y sujetaron la tierra y a los moradores hicieron tributarios». Pero esto, en la opinión de fray MATÍAS, no perjudicaba al derecho de los reyes de Castilla, que eran legítimos señores de las Indias, pues ellos dieron órdenes justas a sus enviados, teniendo por fin la conversión y poner a los indios en orden político, y esta buena fe en la posesión, más el tiempo transcurrido, les daba título legítimo de prescripción. De este derecho Real, fray MATÍAS derivaba la existencia justa de las encomiendas: «a esta causa los que ahora poseen, guardando las leyes e condiciones que el rey les pone en la cédula de encomienda, paréceme que pueden llevar los tributos con buena conciencia tasados y moderados, tratando bien a los indios, que así les fueren encomendados, y doctrinándolos en policía natural e cristiana, y en aquello que faltaren serán obligados a restitución». «De donde el discreto confesor podrá entender la diferencia que hay entre el primer conquistador de indios y segundo sucesor, porque el primero procedió exabrutamente y sin discreción y prudencia y temor de Dios en la conquista, guiándole su propia codicia e interese. El segundo poblador y sucesor posee por cédula Real de encomienda de su rey y señor natural y príncipe universal, el cual posee aquellos reinos bona fide y descarga su real conciencia con cédula de encomienda especial, a fulano o a fulano, Pedro, Juan o Martín, encomendándole tal o tal repartimiento, con que tenga cuidado de los indios que se le encomendaren, en charles en policía natural e cristiana, y ampararles y defenderles e mirar por ellos. Y por este cuidado los tributos que el propio rey había de llevar, los traspasa por cédula real e» el encomendero; e ansí, si el encomendero guardare las condiciones e leyes de las cédulas de la encomienda Real, podrá llevar los tributos con buena conciencia tasados y moderados, y si no, no. Porque, como es dicho, en aquello que faltare será obligado a restitución». Es decir, en defensa de la encomienda volvía a aparecer su interpretación como un tributo Real, cedido y controlado por el Estado.

Pero BARTOLOMÉ DE LAS CASAS respondía al obispo de Charcas, suprimiendo toda distinción[13]: «los comenderos, que solamente son comenderos, y lo han sido hasta agora y no conquistadores, no se engañe V. Sría. y téngalos por tiranos muy averiguados. Y la razón es, porque sucedieron en la tiranía de los tiranos conquistadores; y la razón desta razón fundamental es esta: porque aquellas gentes son libres de ley y derecho natural, y no deben ni debieron cosa alguna a los españoles ni a otra nación alguna y por guerras injustas fueron sojuzgadas cruel y tiránicamente; y después de así sojuzgadas y tiranizadas, fueron puestas contra justicia natural y divina en la más extrema servidumbre que pudo ser imaginada, como es el repartimiento y las encomiendas, que ni los diablos del infierno pudieran otra tal inventar… Las cuales encomiendas de sí mismas son malas, pravas y de intrínseca deformidad, discordantes de toda ley e razón. Porque dar o repartir hombres libres contra su voluntad, ordenándolos para bien y utilidad, aunque fuera de santos, como si fuesen hatajos de ganados, y no diez, ni cien, ni un lugar de veinte vecinos, ni una ciudad de diez mil, ni una provincia, ni un reino solamente, sino cien y doscientos reinos, y todo un orbe, mayor y mucho mayor que el de acá; y a vuelta desto privarles a los reyes de sus reinos y a los príncipes y señores naturales de sus señoríos, ¿qué mayor pravedad, deformidad, iniquidad, impiedad y tiranía infernal?». A continuación LAS CASAS se hacía cargo de la dificultad del tema según se presentaba bajo la nueva forma de cesión de tributos y control estatal de las encomiendas. Para él, aun esta encomienda era ilícita. Expresamente decía: «son los comenderos violentos, tiranos y poseedores de mala fe y obligados a los indios a restitución, no digo de los tributos demasiados y sin tasa y de las exquisitas maneras de robar y oprimir a los indios, como vuestra señoría dice y yo sé otras muchas más, ¿que destos quién podrá dudar?, sino de los tributos que estuviesen tasados y puestos en razón, y que no llevasen más una blanca dellos; destos digo, que son obligados a los restituir a los indios hasta el último cuadrante». ¿En qué se basaba LAS CASAS para hacer esta afirmación?: «tum quoque primus ingressus hispanorum fuit tiranicus violentissimus, tum etiam talis modus distribuendi homines liberos repugnans omnium consenssum». Es decir, volvía al antiguo principio de la libertad de los indios y al argumento de la conquista indebida; pero ¿por qué el rey podía llevar los tributos y los encomenderos no, cuando en la última forma de la encomendación el goce del encomendero era exactamente el tributo Real que la Corona cedía? LAS CASAS contestaba: «lo que V. Sría. dice… que [si] no pueden llevar los tributos los tales [encomenderos] es afirmar por la misma razón que el rey no puede tampoco llevarlos, esto, señor, es muy errado paralogismo, porque non est eadem ratio de rege u de hispani particularibus, qui contra jussa et leges ac instructiones regales, semper omnia fecerunt, uno sine leges procul dubio semper vixerunt». Es decir, LAS CASAS, reducido a los últimos extremos de la disputa, hallaba esta solución: aunque el tributo que llevaban los encomenderos fuera el del rey, como los españoles siempre habían obrado fuera de todo orden y legalidad, no podían llevarlos justificadamente, porque, de acuerdo con las ideas de la ciencia política tradicional, el tributo que los súbditos pagaban al monarca era debido como socorro al jefe del Estado, para que éste pudiera cumplir las cargas propias de la jefatura de la nación, como sostener los ejércitos para la defensa exterior, poner magistrados para la justicia, y en el Estado cristiano ayudar también al culto. Si el tributo era un pago para obtener seguridad y justicia del superior, ¿cómo darlo a encomenderos, siempre arbitrarios y violentos en la tesis de LAS CASAS? Cobrado el tributo por ellos, se desnaturalizaba y cesaba su razón y su fin. Por eso podía distinguir LAS CASAS el caso en que llevaba el tributo el rey, y aquel cu que era cedido a los particulares españoles. Que esta fuera la intención del argumento de LAS CASAS, lo comprueba plenamente otro párrafo en que llevando a último término el razonamiento, afirmaba que si el propio rey, en vez de gobernar justamente, se convertía en tirano, también cesaba la razón del pago de los tributos de los vasallos, pero templaba esta afirmación, concluyendo que aunque esto último sucediera, no por eso carecía el rey de España de derecho a las Indias, «aun negando que en caso y casos que el rey no les guardase justicia [a los indios] y no les librase de la opresión y tiranía que padecen, que pueda llevar los tributos, no se sigue que se niega tener justo título… sobre las India». Esto último, porque LAS CASAS pensaba que el título provenía de que el Papa había escogido a los reyes de España entre los príncipes cristianos, para fundar y favorecer la extensión de la Iglesia en América, o según su propia expresión, como «apóstoles arquitectónicos de las Indias».

No era muy convincente, sin embargo, la última actitud de LAS CASAS. Dada la nueva forma de la encomienda, al negar que los encomenderos pudieran llevar los tributos que el rey les cedía, había de caer en alguno de estos dos extremos: o pe que por la naturaleza religiosa especial del gobierno español era indelegable el cuidado que correspondía a los reyes sobre los vasallos indios, y lo propio las parias o tributos que éstos debieran en señal de ese señorío sui generis; o bien, sostener que siendo una gobernación política normal la del rey español, los tributos que por tenerla le pagaban los indios eran «incedibles». Pero contra lo primero encontraría LAS CASAS que el Estado español se consideraba dueño de un gobierno temporal perfecto sobre las Indias, y que las limitaciones originadas por el fin espiritual no llegaban al límite que LAS CASAS pretendía, y en cuanto a la segunda idea del tributo «incedible», pesaba la larga tradición europea de las donaciones de lugares y rentas de la Corona.

LAS CASAS sostuvo también contra la última forma de las encomiendas, que el rey (1542) había querido suprimirlas del todo y que ante los disturbios de América cedió, pero porque se veía obligado a tolerarlo, no porque aprobara las encomiendas, y siempre seguía en pie la injusticia intrínseca de la institución: «la permisión o disimulación, que al presente hay por el rey [LAS CASAS no podía negar la evidencia de que después de 1542 las encomiendas continuaban toleradas por la Corona] no hace justo lo inicuo, porque quod permittimus, non approbamus, sed tolleramus inviti, quia malas hominum voluntates coerxercere non possumus. Como dice el Decreto 31, q. 1, c. hac ratione. Y así siempre están en pecado mortal; y porque sea ir contra torrente, como vuestra señoría dice, decir que los tributos [son injustos], no porque se calle o no se quite dejarán de ser tiranos y violentos, y muñendo en aquel estado que viven, teniendo los indios y llevándoles los tributos sin hacer penitencia y sin restituirlo, se irán a los infiernos, y los confesores con ellos que los absolvieren y los obispos que los pusieren». «Y sepa más V. S. que, violentiae tirani semper est in fieri et in actu permanenti, y nunca se purga la tiranía, porque los opresos estén quietos; porque si lo están, es por falta de fuerzas; lo que es manifiesto en los indios».

Nótese el desesperado esfuerzo de LAS CASAS para ir contra ese «torrente» de que hablaba el obispo de Charcas. El religioso sólo hallaba como escudo último la teoría radical justa de la ley natural en favor de los indios. Pero claramente su opinión, antes divorciada de la realidad práctica y de las necesidades económicas de los colonos españoles de las Indias, ahora se alejaba también de la decisión de la Corona, que mantenía las encomiendas a través de la tributación, sometidas a un control estatal riguroso. Para LAS CASAS, todo lo que no fuera seguir hasta el fin su posición de conciencia, era dejar sin resolver la entrada moral del problema de las encomiendas; además, aun suponía que el rey toleraba por necesidad la institución, no porque la estimara justa en sí.

En carta posterior de LAS CASAS a fray Bartolomé de Miranda, de agosto de 1555[14], le decía: «ha sesenta años y uno más que se roban y tiranizan y asuelan aquellas inocentes gentes, y cuarenta que reina el Emperador en Castilla, y nunca las ha remediado sino a remiendos». Ante el nuevo proyecto de la Corona (que ya mencionaba el parecer de fray ALONSO DE CASTRO, antes citado) de vender la perpetuidad de las encomiendas de indios para alivio del fisco, contestaba LAS CASAS indignado: «¿qué obligación tienen, Padre, los desdichados, opresos, tiranizados, aniquilados, paupérrimos, los que nunca otros tan pobres de muebles y raíces jamás en el universo mundo se vieron ni oyeron, ni fueron, vecinos de las Indias, para llorar y suplir las necesidades de los reyes y desempeñar la Corona de Castilla?». El regalismo de LAS CASAS parecía desvanecerse por completo cuando veía que el interés material llevaba a la Corona a decidir un asunto de conciencia: «¿y que agora traten de nuevo los reyes de dejarles [a los indios] en ellos [los repartimientos] perpetuamente, para que no quede dellos memoria ni vestigio? ¿No habrá, Padre, quien desengañase a estos nuestros católicos príncipes, y les hiciesen entender que no tienen valor de un real en las Indias que puedan llevar con buena conciencia, consintiendo, no digo permitiendo, sino consintiendo, consensu expreso non interpretativo, padecer tan amarga y desesperada vi da en tan último cautiverio?».

LAS CASAS advertía el fracaso de sus últimos argumentos contra las encomiendas; en el parecer respondiendo al obispo de Charcas atacó la segunda etapa jurídica de la encomendaeión, pero aun opinaba que los reyes transigieron por no haber podido lograr la supresión en 1542; pero ahora el rey no sólo consentía pasivamente la encomienda, sino que tornaba partido activo cobrando para conceder la perpetuidad, y con ello, eliminaba todo posible ataque que no fuera el de conciencia y ley natural; por eso LAS CASAS se quejaba del príncipe (Felipe II) y lo creía engañado cuando inició los tratos para conceder la perpetuidad por pago en la época de su viaje a Inglaterra.

Fray BARTOLOMÉ recordaba que el fin del gobierno de las Indias había de ser el espiritual, «no para conseguir traer al rey millones de las Indias, y los españoles ser allá todos reyes en servicio y en riquezas». Que ayer en las Islas y ahora en el Continente, do mismo se asuela, lo mismo se destruye y tiraniza con este repartimiento, y todo aquel orbe se va cundiendo y acaba, y no hay hombre viviente, si no fuese mentecato, que ose negármelo ni que el contrario diga». Denunciaba algunas ventas de heredades con inclusión de los indios que las servían: que las justicias del rey no las ignoraban, y muchas veces tenían parte en el negocio. Que dar el rey la perpetuidad por una suma, era un tráfico y «¿qué mayor afrenta se puede hacer a Dios y a su ley por un príncipe cristiano, qué mayor ni más digno de temporal y eternal punición, vituperio y escarnio?». Que si se alegaban los servicios de los españoles de Indias, no habían hecho ninguno, sino daños. Que el asiento de las Indias no vendría con la perpetuidad, sino con «sacar los indios del poderío del diablo y ponerlos en su prístina libertad, y a sus reyes y señores naturales, restituirles sus estados». Creía que la codicia de los españoles hacía imposible todo control. Continuaba afirmando que la encomienda destruía la libertad del indio y que quitaba su preeminencia a los caciques y señores naturales, los cuales quedaban bajo los palos e injurias del español, y que éste les hacía trabajar como macehuales, cuando tales reyes y señores indios «son tan príncipes e infantes como los de Castilla». Que el encomendero resistía a los frailes y pagaba clérigos negociantes, con perjuicio de la conversión. «Esto, Padre, es, y en esto consisten las encomiendas y repartimientos de indios en aquellas tierras, muy diferentes de las encomiendas de Calatrava o Alcántara, o Santiago». Que se había dicho que las encomiendas de Indias eran lícitas, puesto que los caballeros de vasallos se toleraban en España; pero en Indias, replicaba LAS CASAS, hay señores naturales indios, y sobrarían los señores españoles, y aun el señorío del rey de España, si no fuera por la razón especial de predicarles la fe. Quería que el rey, con todo su poder, se decidiera a dar la batalla definitiva por libertar a los indios, y que si era preciso hacer la guerra a los tiranos y traidores españoles de las Indias, la hiciera, porque si no ellos crecerían y echarían fuera al rey en justo castigo. Que para mantener el dominio español hubiera algunos pueblos, poniendo en México trescientos hombres de guarnición, pagándoles 200 y 300 ducados cada año, y en Perú 500 hombres bastaban; que los mantuviera el rey, de lo que buenamente dieran por concepto de parias los reyes indios. Decía que la revocación de las Nuevas Leyes y concesión por dos vidas de la encomienda, la lograron los procuradores de Nueva España «quebrantando las leyes [de 1542], cuya tinta no estaba aún enjuta».

LAS CASAS continuaba, por lo tanto su defensa, oponiendo a las decisiones positivas la teoría de lo justo por ley divina, último argumento válido contra los reyes.

Al período que estudiamos corresponde también (10 de octubre de 1559) un parecer del doctor Vázquez, dado en Valladolid. Comenzaba por una relación imparcial del pro y el contra de las encomiendas, sostenido aquél por los pobladores y éste por algunos religiosos, especialmente por LAS CASAS: «los dichos encomenderos, pretendiendo que por el derecho que V. M. y sus gobernadores en su nombre le han dado con las dichas encomiendas y repartimientos de indios, se podrían servir y aprovechar dellos de la manera que hacían en tiempo de su gentilidad los que eran reyes y señores dellos, los cuales, por las informaciones que hay, parece que aunque había diferentes costumbres, lo más común y general era que se servían como querían de las personas y haciendas de los indios que les eran sujetos»… dos dichos religiosos han pretendido que la dicha pretensión de españoles era muy tiránica y contra conciencia e impeditiva de la conversión conveniente de los indios. Y escribiendo y clamando y viniendo sobresto, fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapa, fue causa que por la I. M., con orden y parecer de su Consejo de Indias, proveyesen que se tasasen y moderasen los tributos que los indios daban a sus encomenderos, de manera que los indios diesen menos de lo que daban a sus señores en tiempo de su infidelidad, y entendiesen que por conocer a Dios y tener por señor a V. M. eran más aliviados». Que también por esa campaña se quitaron los servicios personales de las encomiendas, y se suprimieron los repartos de indios yanaconas (los no sujetos a encomiendas); que se declararon libres todos los indios y ninguno esclavo, y se dieron cédulas en favor del buen tratamiento de los indios: en resumen, la etapa controlada o jurídica de la encomienda. «Y todo esto parece piadosa y cristianamente hecho, pero esta opinión de religiosos y el favor que en el consejo ha tenido el dicho obispo de Chiapa, que es hombre eficacísimo en persuadir, ha venido en tan gran extremo, que ha pretendido y trabajado persuadir que ninguna cosa pueden tener los españoles en aquella tierra, y que todo lo que tienen es usurpado y robado, y que no los pueden absolver los confesores si no los restituyen, y han hecho sobresto libros, confesionarios y otros difamatorios de los españoles. Y aunque confiesan ser de V. M. el supremo señorío de aquellas partes, también dan a entender por sus razones, que no puede tener nada en ella».

El doctor Vázquez encontraba en la defensa extrema de los indios estos inconvenientes: los tributos han bajado por las retasas, hasta quedar en un cuarto o un quinto de lo que eran, especialmente en Nueva España después de la visita de Diego Ramírez, deudo de LAS CASAS; que por el temor de estas reducciones, ninguno de los encomenderos querrá comprar al rey la perpetuidad; que si todo lo que pagan los indios es tiránico, no se podrá sacar ningún arbitrio de ellos, ni se harán más descubrimientos ni población de tierras, por lo cual ni la fe ni el dominio español crecerán; que los españoles estrechados en lo ya descubierto se han alterado contra el rey.

Los remedios que juzgaba convenientes, en contestación a la consulta que el rey le había hecho por conducto de Francisco de Eraso, eran: «1. Que los tributos a V. M. y encomenderos sean ciertos y fijos como en España, imponiéndoles por cabezas o por frutos, cantidad moderada, pero perpetua, porque aunque haberse dispuesto por ley que los indios paguen lo que buena y alividamente puedan pagar, y en cumplimiento della haberse mandado que se hagan tasas, haya sido muy cristianamente hecho, pero de haberse entendido y usado hacer retasas se han seguido los inconvenientes». Que las retasas excesivas como las de Nueva España se corrigieran, y al fijar el tributo se oyera siempre, no sólo a los indios, sino también al rey y a los encomenderos. 2. Que el rey continuara las conquistas, pues si los indios se daban de paz, no les vendría perjuicio, y si resistían, «es suya la culpa y el daño que dello se les siguiere». Que los medios de atraer los indios fundando pueblos primero y luego ganando su amistad, sin guerra, o por medio de expediciones pacíficas, que proponían los religiosos, eran ilusorios[15].

Este parecer revela bien la situación del problema en su época; se había superado el período histórico de la gestación de la encomienda, caracterizado por los primeros excesos de los colonos y la reacción ideal extrema de los religiosos, para pasar a la etapa de la construcción jurídica, utilizando los hechos de la experiencia y los principios ideales, a fin de llegar a un sistema que se considerara justo. Más que al problema de la justicia de la institución, se atendía ahora a la regulación de su forma jurídica, figurando entre los problemas propios de ésta, el importante de la perpetuidad, que de darse con jurisdicción, podía conducir a la equiparación de las encomiendas de Indias con los señoríos de vasallos de España.

El problema de la perpetuidad no se redujo a las consultas teóricas. Felipe II, después de haber oído el pro y el contra de la cuestión, tomó la siguiente decisión legal:

«Presidente y los del Nuestro Consejo de las Indias: ya sabéis cómo desde Inglaterra escribí los días pasados la determinación que tenía de mandar perpetuar los repartimientos del Perú y las causas que a ello me movieron y que se platicase y mirase en la forma y manera que se debía hacer, y se nos enviasen los pareceres de las personas que se habían de juntar, y se nos respondió que por entonces estando como estaban las cosas del Perú alteradas se debía suspender y esperar a ver el fin que tomaban, y después vino a Nos don Antonio de Ribera con poderes de la mayor parte de los consejos y pueblos de aquella provincia a Suplicarnos con grande instancia que se efectuase el dicho repartimiento, poniendo delante muchas causas y razones que había para ello y los inconvenientes grandes que del contrario podían suceder, según se había visto por experiencia, ofreciéndonos que de voluntad nos harían un notable servicio para ayuda a nuestras necesidades. Y habiendo mirado y platicado en este negocio diversas veces y tenido pareceres de muchas personas, aunque se hallaron algunas dificultades como las hay en todas las otras cosas de tanta calidad e importancia como ésta, en fin se conformaron en que aquélla provincia no se podría en ninguna manera sostener, conservarse y acrecentarse por el camino que hasta aquí ha ido si no se perpetuase, y teniéndolo yo así por cierto por muchas causas y razones que para ello hay, estando como al presente está pacífica y siendo el tiempo más conveniente que se podría ofrecer, me he resuelto en concederlo y mandarlo poner luego en ejecución, sin que haya más dilación y también porque las necesidades son tan grandes y forzosas y mis reinos y Estados están tan trabajados y consumidos y me quedan tantas obligaciones de sostenerlos y ampararlos y excusar que mis enemigos no los ofendan ni molesten, como lo quieren hacer por tierra y mar, y siendo tan necesario quitarles a Argel y Bugía, para que no puedan tener armada formada, que seria de gran daño para esos reinos y el comercio y contratación dellos de Poniente a Levante, y sobre todo no me pudiendo socorrer ni ayudar de otra parte con cantidad suficiente para pagar lo mucho que se debe y desempeñar alguna parte de lo vendido en esos Reinos y quedar con qué poderlos sostener, y teniendo como tengo la dicha determinación y no habiendo para qué replicarme más sobrello, he mandado que se hagan acá los apuntamientos que veréis, de la forma y cómo y con qué condiciones se deben dar en perpetuidad los dichos repartimientos y otorgar a los descubridores, conquistadores, pobladores y otras personas que nos han servido en aquellas partes, otras gracias y mercedes: mandamos que luego dejando todos los otros negocios que tuvierais, pues será por tan pocos días y juntándoos sobre ello dos veces cada día lo veáis y platiquéis, llamando para ello al licenciado Vibriesca, de nuestro Consejo y Cámara, que acá entendió en este negocio y sabe nuestra intención y solamente sobre lo contenido en los dichos apuntamientos y como cosa que se ha de efectuar nos enviaréis vuestro parecer clara y distintamente, añadiendo o moderando lo que vieredes convenir para él bien del negocio y enviándonos relación y memorial de las personas que serían a propósito para irlo a tratar y efectuar y concertar la cantidad con que nos han de servir y socorrer presuponiendo que han de ser cuatro, dos caballeros y un letrado y otro que tenga experiencia de hacienda que vaya por secretario para que junta y solamente con el virrey entiendan en ello y ordenando las instrucciones, poderes y comisiones y otros despachos generales y particulares que deben llevar, de manera que vaya todo cumplida y bastantemente y previniendo en todos los casos que sean necesarios, según lo sabréis muy bien hacer y enviarnos lo heis lo más presto que ser pueda con correo en diligencia, porque mi voluntad es que las dichas personas partan a lo más largo por todo enero, y a la serenísima princesa, mi hermana, quiero que también manden a los del Consejo de Estado vean este negocio y me envíen su parecer en cuanto toca a la forma, orden y condiciones con que se debe hacer, que en lo demás como está dicho, ya quedarnos resoluto y determinado. A los otros negocios que me habéis consultado desos responderé con el primero, que con la partida de Bruselas e ida de S. M. y las cosas de Italia no se ha podido hasta agora hacer. De Gante a cinco de septiembre de 1556. Yo el rey»[16].

Claramente se desprende del texto transcrito que la principal razón que movía el ánimo del rey era la de las «necesidades» de sus reinos. Nótese cómo el interés fiscal influía en la decisión de una materia que había sido objeto de tan apasionados debates teóricos.

De acuerdo con la decisión anterior, el año de 1559 se dio comisión al virrey del Perú, al licenciado Vibriesca de Muñatones, a Diego de Vargas de Carvajal y al contador Ortega de Melgosa, para que trataran con los encomenderos del Perú el servicio que podían hacer al rey, a fin de que éste les concediera la perpetuidad de las encomiendas. Se les dio una instrucción pública y otra secreta, que ordenaba que no ejecutaran nada de lo concertado hasta consultarlo con el rey. Los comisarios llegaron al Perú y publicaron por las ciudades de españoles el encargo; acudieron los procuradores y ofrecieron las cantidades que podían, en la inteligencia de que la perpetuidad se daría con jurisdicción civil y criminal y la sucesión seria por vía de mayorazgo. Los comisarios contradijeron el punto de jurisdicción, porque dijeron que no tenían facultad para acordarlo hasta consultar al rey[17].

Los comisarios dieron cuenta también del encargo a los indios, diciéndoles que opinaran sobre lo que les parecía, y que si por no querer quedar encomendados preferían servir al rey con una suma, lo dijeran, puesto que ya habían ofrecido la suya los españoles.

LAS CASAS y fray DOMINGO DE SANTO TOMÁS, en nombre de los indios redactaron un memorial[18], en el sentido de que si con leyes y cédulas reales los encomenderos trataban mal a los indios, «¿cuánto más los podrían peor tratar y acabar si tienen título de haberlos comprado?». Que frente a los encomenderos perpetuados, el rey no tendría poder para imponer justicia en esas tierras y viéndose los españoles con vasallos, y por consiguiente soberbios, presuntuosos y poderosos, tendrían cada hora mil motivos y tentaciones para alzarse, como lo habían hecho. Que el rey no seria soberano, sino de los caminos. Que los indios estaban dispuestos a pagar un servicio igual al que ofrecieran los españoles, más cien mil ducados, y si no hubiere cifra de los españoles, darían dos millones de ducados de Castilla en oro y plata en 4 años, pero prometiendo y jurando el rey lo siguiente: 1. «Que después que se hubieren acabado las vidas y tiempo que los comenderos que al presente tienen encomiendas de indios han de gozar de ellos, agora ni en ningún tiempo dé ni consienta, ni permita dar ni enajenar ningún repartimiento de cuantos hoy hay en todas aquellas provincias del Perú, así de los que están en su corona real al presente, como de todos los que están encomendados a los españoles, por ninguna manera de sujeción ni enajenamiento que sea, como es vasallaje, o encomienda o en feudo, ni repartimiento, ni en otra, si otra alguna hay, sino que siempre sean y estén inmediatamente en la Corona de Castilla, como lo están las ciudades y pueblos realengos de estos reinos de España». 2. Que para que los encomenderos no impidan a los indios pagar el servicio que ofrecen al rey, se prohíba que ningún comendero entre por ninguna causa ni razón en los pueblos de los indios que tienen encomendados, ni sus mujeres que son las más crueles y perniciosas, ni negro, ni criado, ni otra persona suya, sino que los tales pueblos de indios les pongan sus tributos en los lugares donde por las tasaciones fuere determinado. 3. Que los pueblos de indios en cabeza del rey le tributen sólo la mitad de lo que ahora pagan. 4. Que si el año es estéril o han disminuido los indios, se retasen los tributos para aminorarlos, sean para el rey o para el encomendero. 5. Que los repartimientos menores que vacaren se vayan uniendo a los mayores. 6. Que cuando se hubieren de tratar los negocios generales tocantes al estado de las repúblicas de los indios, se convoquen procuradores de sus pueblos y comunidades, para que los entiendan y consientan si fueren cosas útiles, o den razón de lo contrario, como lo solían hacer en tiempo de los reyes Ingas, y se acostumbra en las cortes de España. 7. Que S. M. haga merced y dé privilegios a los señores indios más principales de aquel reino como les corresponde por ley natural, para que sean libres y francos, y no paguen pechos, ni sean obligados a otra servidumbre, del mismo modo que los caballeros e hijosdalgo de España que de esta exención gozaban en tiempo de sus reyes Ingas; que se les den sus armas e insignias, y de ellas gocen sus herederos y mayorazgos, porque no se pierda su antigua generosidad. 8. Que no se tome a los pueblos en común, ni a los vecinos indios en particular, sus tierras, aguas, ni otras cosas, porque es contra razón y justicia natural.

Este ofrecimiento venía a ser un medio para comprar a la Corona los derechos que en el terreno teórico había sostenido siempre LAS CASAS y que veía ahora muy lejanos de su posible triunfo; las peticiones eran las mismas, pero obtenidas por pago y no por justicia del rey y conciencia de sus deberes naturales con los indios, en la forma extrema en que LAS CASAS los juzgaba.

Los comisarios del Perú, con los ofrecimientos y pareceres recogidos dieron un informe escrito al rey aconsejando que los repartimientos del Perú se dividieran en tres partes: una para darla en perpetuidad a los que hubieren servido, pues ellos o sus antepasados ayudaron a conquistar la tierra, y por ello derramaron su sangre; otra integrada por encomiendas que el rey concedería por una vida exclusivamente para que al morir cada beneficiario volvieran a la Corona y ésta hiciera nueva merced a quienes le pareciera; y una tercera parte, de repartimientos que a medida que fuesen vacando se incorporarían a la Corona, pero no para volverlos a encomendar, sino para que quedaran definitivamente consignados en favor de la caja del rey[19].

Según el cronista HERRERA, el rey, visto el informe, mando que los comisarios regresaran y que resolvería[20].

Algunos documentos posteriores comprueban que el asunto no había terminado. El 7 de febrero de 1561, estando Felipe II en Toledo, dictó una cédula para el conde de Nieva, virrey del Perú, diciéndole que el maestro fray Domingo de Santo Tomas, provincial que fue de la orden dominica en el Perú, había venido a la Corte, y con Bartolomé de Las Casas presentado el memorial a que antes hemos hecho referencia: «suplicándonos en nombre de los caciques y naturales de esas provincias lo en él contenido, cerca de lo que toca a la perpetuidad [que] se nos ha enviado a pedir por los españoles que residen en ellas de los repartimientos de indios que tienen en encomienda, diciendo los daños que desto resultaría y ofreciendo servirnos porque no vengamos en ello con la cantidad que dicen en el dicho memorial». El rey remitía el documento a Nieva y le encargaba que por ser el negocio de tanta importancia, oyera a fray Domingo, que regresaba al Perú, y a los caciques y naturales, y que informado de todo «con la destreza, consideración y secreto que convenga», enviara una relación particular con su parecer[21].

Fray DOMINGO DE SANTO TOMÁS escribía a Felipe II desde Los Reyes (Perú), el 14 de marzo de 1562, que de hacerse la perpetuidad se perderían las ánimas de los indios y el rey perdería sus vasallos. Acusaba a los enviados del rey de recibir joyas y presentes de los encomenderos y que por tener muchos familiares eran parciales. Que habían dado indios vacos, y sacado de la Corona repartimientos que desde muchos años atrás estaban incorporados. Que derrochaban las rentas del rey, y que el perjuicio causado importaba más de cien mil ducados. Que las tasas de los indios habían sido acrecentadas. Que el rey debía cuidar la doctrina de los indios y poner un solo gobernador cristiano de buen ejemplo y lo mismo para su hacienda, no muchos. Que si el rey concedía la perpetuidad perdería la tierra, y era carga de conciencia. Que se remitía a lo que como testigo de vista diría el oidor de la audiencia de los Reyes, doctor Brabo de Saravia, y al obispo de Chiapa, a quien escribía para que diera al rey verdadera relación[22].

Adviértase que la perpetuidad decretada en 1556 no se había cumplido aún, y que, contra el propósito del rey, insistían en sus alegatos los religiosos defensores de los indios, empleando, entre otros, el argumento económico, mismo que utilizaban los encomenderos para lograr la perpetuidad.

Pero no sólo de este campo partían los argumentos contra el propósito de Felipe II. El virrey del Perú (posiblemente el mismo Nieva a quien se dirigía la cédula de 1561), dirigió al rey un reposado memorial, en el que considerando las dificultades propias de los dos extremos del problema: la perpetuidad en favor de los españoles, y la incorporación total de los indios a la Corona con supresión de las encomiendas, se decidía por el término medio, defendiendo la institución en su forma jurídica limitada, creyendo que con ella se atendía mejor al problema, que con cualquiera de las soluciones extremas.

Comenzaba enumerando los inconvenientes propios de la solución regalista extrema.

Decía que los que trataban de poner todos los repartimientos del Perú en cabeza del rey, porque de aquella manera los indios serían mejor tratados y el rey recibiría gran aprovechamiento en su hacienda, se engañaban en ambas cosas, y aunque lo decían por hacer bien, no entendían el estado en que los indios se habían puesto en el Perú y su inclinación y la calidad de las gentes y aprovechamientos que el rey tenía en aquella tierra y de dónde procedían.

Que en el Perú estaban encomendados los repartimientos de los iridios a los españoles que descubrieron y pacificaron aquella tierra, o luego la habían mantenido en orden contra los indios que habían intentado alzarse, o a los que habían servido contra los españoles que se habían rebelado en aquella tierra, y que el virrey por su mano nunca había proveído repartimiento en persona en que no concurriera alguna de estas calidades.

Que se daba la encomienda por vida de los encomenderos, para que sacando de la tasa lo de los religiosos que enseñaban a los indios, lo demás fuera para los encomenderos, pidiéndolo ante la justicia de S. M. cuando los indios no lo daban, sin poderlo tomar por su propia autoridad, porque en todo el Perú no había quien tuviera vasallos ni jurisdicción sino el rey, y que en relación con los encomenderos, los indios solamente eran renteros, para pagarles lo que estaba tasado, y todas las veces que parecía a los indios que la tasa era crecida, o cuando no tenían frutos para pagar o mediaba otra causa, no pagaban hasta que el encomendero lo pedía a la justicia, y que con esto los indios tenían libertad y no temían a los encomenderos, no les disimulaban nada malo que les quisieran hacer, acusándolos ante la justicia, como lo haría un español contra otro. Que de esta manera, ninguna mano había quedado a los encomenderos para hacer mal a los indios de sus repartimientos, después que castigado Gonzalo Pizarro se puso en justicia la tierra y se tasaron los tributos que los indios habían de dar.

Que antes usaban los encomenderos a los indios como esclavos, los mataban y atormentaban, además de sacarles lo que tenían y lo que no tenían, Pero que los indios encomendados a particulares, ahora vivían en más libertad que los que estiban en cabeza del rey, porque como los indios eran cobardes, no se quejaban de los oficiales reales que cobraban por el rey; que esto lo decía el virrey por experiencia, por haber tenido que animar a los indios que estaban en cabeza del rey a que se quejaran al propio virrey cuando fueran ofendidos por los oficiales reales. Que por esta razón, los que decían que se debían poner todos los indios en cabeza del rey, porque serían mejor tratados, se engañaban, no sabían cómo estaban en el Perú las cosas, creyendo que eran como en Nueva España, donde a lo que el virrey entendía no había tan buena orden como el que ahora se tenía en las encomiendas del Perú.

Que las rentas y aprovechamientos que el rey tenía en el Perú eran de quintos de oro y plata que los españoles de sus propias minas sacaban, y de los almojarifazgos de mercancías que para el Perú se llevaban, y de la venta de los tributos de los repartimientos del rey, porque de las minas que el rey tenía no se sacaba ningún provecho ni se labraban; que la labor de minas era trabajosa y cara y los españoles, aun teniendo repartimientos, se quejaban de que no podían pagar el quinto, y que si no tuvieran los tributos para sustentar a los negros y españoles que tenían en las minas, no podrían labrarlas, y que, aunque muchos españoles que no tenían repartimientos labraban minas, se sustentaban con lo que les daban los encomenderos de los tributos, porque eran sus hacedores en las minas, o deudos o amigos, y que si no tuvieran los españoles repartimientos, cesaría la labor minera y los quintos del rey, que eran el principal aprovechamiento de S. M., obtenido sin costa ni trabajo alguno.

Que no había de pensarse que cuando los españoles no labrasen las minas, el rey las podría labrar, quedándose con los repartimientos, porque en las minas del rey no se había sabido dar forma para el trabajo, y más difícil sería cuando tuviera mayor número; que la labor se haría con negligencia y poca fidelidad, por estar los príncipes tan lejanos, mientras que con el cuidado que cada cual ponía en su mina, resultaba gran aprovechamiento a la hacienda y quintos del rey.

Que quitándose los repartimientos a los españoles, los almojarifazgos cesarían, porque no teniendo hacienda los españoles ni pudiendo labrar las minas sin repartimientos, no podrían pagar las mercancías de España, por lo cual cesaría el comercio con el Perú.

Que perdería el rey lo que valían los tributos de sus repartimientos, no sólo el oro y la plata, sino maíz, trigo y ropa, todo lo cual tenía precio por comprarlo los españoles con el oro y plata que sacaban de sus minas, para gastarlo en sus españoles y negros, porque los indios tenían de suyo para lo poco que gastaban.

Que sería gran daño para el rey poner a los indios en su cabeza; perdería todo lo de la tierra, no la podría sustentar, los españoles se levantarían o abandonarían la tierra y se verían los indios solos y poderosos y se rebelarían a su vez. Si el rey maridaba soldados, costaban mucho, morirían en el camino y no podría tenerlos sin aprovechamientos en la tierra, pues robarían y cometerían crueldades con los indios.

Que por todas esas razones, le parecía al virrey, que estaba ahora muy bien la tierra con encomenderos y tasa, libertad para los indios y poca mano de los españoles y que había un ejército que no costaba y aun daba provechos al rey.

Que cierta persona proponía que se pusieran todos los indios en cabeza del rey y que éste nombrara mayordomos para coger los tributos y entregarlos a los encomenderos, porque así los indios serían mejor tratados; el virrey creía que esto no convenía, porque siendo la tierra tan vasta y los repartimientos de tantas leguas, se necesitaría un gran número de mayordomos, y como sus salarios habían de salir de los propios tributos, resultaría que de donde antes vivía el encomendero, habían de sustentarse dos personas, y si no se subía la tasa tendría menos posibilidades el encomendero para trabajar sus minas y los quintos serían menores; los indios serían peor tratados, porque ahora sólo vivían entre ellos los frailes que los doctrinaban, y al darse entrada a los mayordomos robarían y vejarían a los naturales.

En cuanto a la tendencia en favor de la perpetuidad de los repartimientos, sostenía el virrey que tampoco era razonable y no había de creerse que los indios serían mejor tratados. Que esto hubiera sucedido cuando no había tasas, ni justicia, pero que si los indios supieran ahora que iban a ser para siempre de los encomenderos, se asustarían y no se quejarían de ellos como ahora lo hacían, por lo cual la perpetuidad redundaría en su mal tratamiento.

El virrey citaba otros inconvenientes de la perpetuidad: se alteraría la tierra, porque los que esperaban indios, que eran tantos como los que los tenían, matarían a éstos, como se vio en las Charcas el año de 1553, y también en Potosí; que los de La Paz y todo el Perú harían lo mismo, y se repartirían entre sí los indios de los encomenderos; que de esta suerte los españoles que pedían la perpetuidad no sabían que buscaban su peligro.

Que si esto no sucedía, los españoles que esperaban indios volverían a España, y los que quedaran no serían suficientes para asegurar la tierra contra los levantamientos de indios.

Que con la perpetuidad se quitaba la autoridad al virrey; éste daba los repartimientos a los encomenderos, y por eso lo acataban y servían, y era temido de vecinos y no vecinos, y quitando esta autoridad, en tierra donde sólo el interés se atendía, tendría tan poca parte el virrey en la gente, que alguno de los vecinos gozaría más autoridad por lo que podría aprovechar y dar a la gente suelta, lo cual sería gran inconveniente en gobierno donde el que hace las veces del rey ha menester fuerzas para tener sosiego y justicia en aquellas partes.

Que podría suceder que las encomiendas, al perpetuarse se dieran a personas sin merecimientos, y quedarían sin gratificar otros beneméritos.

Que el rey no debía atarse las manos, ni atarías a sus virreyes; que los indios dados en perpetuidad podían aficionarse a ser vasallos y también al aumentar el asiento de los españoles, se impediría en el futuro la incorporación de los repartimientos en favor de la Corona[23].

En resumen, el virrey del Perú, entre las dos tendencias extremas del problema de las encomiendas—suprimir del todo los repartimientos o concederlos por merced perpetua—, escogía la solución media de mantener la encomienda en la forma controlada en que existía, con goce temporal y no perpetuo de la renta, sin jurisdicción, y mediando el poder público en el cumplimiento del pago de los tributos tasados. Adviértase la importancia que el virrey concedía a los efectos económicos que produciría cualquier solución radical del problema.

En 1572, según Herrera[24], el virrey del Perú, don Francisco de Toledo, volvió a tratar el punto, insistiendo la ciudad del Cuzco en que la perpetuidad fuera con jurisdicción. El negocio quedó sin resolver de modo definitivo.

Cuando se discutía la perpetuidad en el Perú, opinó también Diego de Robles en contra de la concesión[25]; hacía valer el argumento regalista en estos términos: «en las Indias, por ser tierras tan remotas de la persona real, no conviene se dé perpetuidad a los vecinos delias, principalmente porque estando tan a partido, se puede considerar y presumir ser notable yerro, y de grandísimo inconveniente, porque si con solamente gozar de ser ricos, se ha visto tener los ánimos tan fuera de lo que conviene, por pasiones particulares y ocasiones de poco momento para la autoridad de alzarse, como lo han hecho e intentado muchas veces, muy mejor comodidad y fácil cosa les seria hacerlo siendo poderosos, porque aunque agora gozan de ser ricos, carecen de ser poderosos, como lo serían con la perpetuidad, y así es cosa llana que no conviene que se haga, ni darles suelta ni larga, de manera que se puedan descuidar del real servicio y espectativa a la merced que S. M. y sus gobernadores en su nombre les hubieren de hacer, que será freno y remedio, para que con el celo que deben, estén sujetos y con toda quietud».

Daba después Robles una minuciosa lista de razones para apoyar su opinión, sin variar mucho de las que ya conocemos. En otro memorial añadía[26], que en caso de darse la perpetuidad, convendría que se hiciese con pocos, avisando el virrey secretamente cuáles serian los favorecidos, y que con eso los otros tendrían esperanza de obtenerla, y entretanto irían vacando las encomiendas que todavía no se hubieran perpetuado, y se darían a otros; que los repartimientos perpetuos se visitaran de veinte en veinte años; que el encomendero no tuviera mayor jurisdicción que la actual; y se tasara el repartimiento antes de perpetuarlo, pero sin que el encomendero supiera que era para eso, porque entonces procuraría una tasa baja, a fin de tener que pagar menor servido al rey en el momento de dársele la perpetuidad.

En 1619, Juan de Cervantes, procurador general de los encomenderos del Perú, aún representaba en favor de la perpetuidad. Juzgaba que el estado del reino era más a propósito para la concesión que en la época en que trataron el punto los comisarios. La perpetuidad sería con jurisdicción[27].

El episodio se repitió en Nueva España[28]. Escribía el oidor Alonso de Zorita el 10 de febrero de 1564[29]; «tengo aviso que se han juntado esta semana en México los encomenderos, con licencia del visitador [Valderrama], y que asiste a ello el marqués del Valle, para ver con que podrá cada uno servir a V. M. porque les haga esta merced [de la perpetuidad]; en el Perú se trató lo mismo, y los que fueron a ello por mandado de V. M. mandaron dar noticia dello a los indios, y que libremente diesen poder a quien quisiesen, para que se tratase si lo querían consentir o contradecir, y qué servicio podrían ellos hacer a V. M. porque se perpetuasen en su Real Corona de Castilla, y si V. M. fuese servido de mandar que aquí se hiciese lo mismo, sería grandísimo bien y merced para estos reinos, y que V. M. mandase enviar cédula para que libremente se junten a tratar dello y a dar poder a quien quisieren». «La otra vez que se dijo que acabado lo del Perú habían de venir los que allá estaban entendiendo en este negocio a que se hiciese aquí lo mismo, se trató que los indios querían hacer a V. M. el mismo servicio que sus encomenderos, porque no los enajenase de su Real Corona y se trató conmigo por la afición y crédito que de mi tienen…». Zorita quería que el rey lo llamara a España para informar.

En 1563 escribía el segundo marqués del Valle a Felipe II sobre la perpetuidad: «tengo entendido quel visitador [Valderrama] traerá alguna claridad en estos negocios; yo siempre diré a V. M. lo que le dije el día que le besé las manos para venirme a esta tierra; queste negocio es tan necesario, así para los naturales como para los españoles, que será imposible conservarse la tierra para adelante sin ello; V. M. hará lo que más fuere servido»[30].

Sobre el mismo problema continuaban las opiniones en 1565. El oidor de la audiencia de México, doctor Ceynos, escribió con este motivo una importante carta al rey, en la cual hacía un breve resumen sobre el desarrollo de las encomiendas, dando a continuación su parecer en pro de la perpetuidad, pero con ciertas reservas[31].

Refería en la parte histórica lo siguiente: «Del día que don Hernando Cortés, marqués del Valle, entró en esta tierra, en los siete años poco más o menos que la conquistó e gobernó, padecieron los naturales grandes muertes, y se les hicieron grandes malos tratamientos, robos y fuerzas, aprovechándose de sus personas y haciendas, sin orden, peso, ni medida; porque cada uno se aprovechaba a su voluntad y como le parecía, y conforme a la orden que les daban, que era decir que se sirviesen dellos en sus haciendas y granjerías sin limitación alguna: disminuyóse la gente en gran cantidad, así por los excesivos tributos y malos tratamientos, como por enfermedades y viruelas, de manera que en este tiempo faltó muy grande y notable parte de la gente, y en especial en tierras calientes». «Vino la primera audiencia que V. M. mandó proveer, fin del año de 27, y continuáronse los trabajos destos naturales poco menos que al principio, y permitieron hacer gran cantidad de esclavos de los naturales, y los servicios personales como de antes, que era una servidumbre durísima, así en dar comidas y servicios como edificios suntuosos, poniendo los materiales de sus casas y trayéndolos en sus hombros y espaldas, que con los trabajos no tenían tiempo para ser instruidos, de lo cual había poco cuidado: gobernaron dos años». «Al fin de ellos mandó V. M. removerlos y enviar el año de 30 otros oidores, de los cuales fui yo el uno: llegados que fuimos, principio del año 31, mandamos pregonar una provisión de V. M., que por ninguna vía se hiciesen esclavos, y dimos por ningunas las encomiendas que los pasados habían hecho, que fueron más de doscientas, y fundamos corregimientos de los tales pueblos como hasta hoy están y los que más vacaren, hasta que vino la merced de la sucesión de los hijos legítimos [ley de 1536]». Sobre la labor de tasación que emprendió la segunda audiencia refiere: «con toda la furia que pudimos comenzamos a atajar la ejecución de los tributos que llevaban a los indios de plano y de prisa, y como estaban acostumbrados [los encomenderos] a llevar los tributos conforme a su voluntad, fueron grandes los trabajos que se pasaron en remediar y castigar los excesos; que tuviéramos por muy bueno que todos los españoles nos dejaran solos [a los ministros reales], porque teníamos entendido que tuviéramos los indios pacíficos como lo han estado y están».

Sobre esclavos y servicios personales informaba: «La gran cantidad de esclavos naturales que se habían hecho, nos daba gran pena de verlos injustamente cautivos, porque ni ellos se sabían quejar, ni nosotros osábamos hacerlo de hecho, porque todos estaban herrados con autoridad de los gobernadores e oidores y so color de una cédula real del Emperador, de gloriosa memoria; y tampoco nos entremetimos en quitar los servicios personales, que eran el nervio con que se sustentaba toda la tierra, y así lo llevamos poco a poco con la más templanza y rigor que convino, con parecer de don Sebastián Ramírez, obispo de Santo Domingo, que vino después de nuestra venida por presidente desta real audiencia; en que se gastaron cinco años poco menos». «Vino al fin de ellos don Antonio de Mendoza por visorrey y presidente, y con su prudencia se prosiguieron las tasaciones, restringiéndolas más; aunque la contratación de los esclavos indios que hallamos hechos nos daban mucho cuidado. En todas las cartas que a V. M. escribíamos, encarecíamos esta tiranía y la de los servicios personales y cargarse los indios. Era entonces la furia de las minas, y por sacar mucho interés ocurrieron muchos de los comenderos al visorrey que conmutase los tributos en que les diesen los pueblos indios para servir en las minas… las cuates conmutaciones hacía solamente él como gobernador, con la voluntad de los indios principales [caciques] que gobernaban los pueblos, que no hacían ellos los servicios, sino los pobres»; esto es, los macehuales. «Fué una traza muy dañosa para los naturales y sus vidas: pasaron en este tiempo de diez arios con toda la más templanza que se podía tener en el gobierno y cuidado de la doctrina cristiana y templos». «En fin de este tiempo vino el licenciado Tello de Sandoval, presidente del real consejo de Indias de V. M. y trajo las Nuevas Leyes por espíritu santo hechas, y con su prudencia y buen seso del visorrey se pregonaron y ejecutaron con toda templanza, sin suceder en poco ni en mucho lo sucedido en Perú. Continuáronse las tasaciones, estrechándolas y poniéndolas más en orden con gran diligencia y cuidado, y en alguna manera se procuraba remediar los excesos de los servicios personales y cargar de indios, y se favorecía la doctrina cristiana y ministros de ella, en que pasaron cuatro años poco más o menos, y se quitaron los servicios que tengo dicho que daban a minas, que fué un notable beneficio de esta tierra». «Esto pasado, vino don Luis de Velasco por visorrey, gobernador y presidente. Envióse provisión de V. M. en que se dieron por libres todos los esclavos y se quitaron los servicios personales, que fué provisión divina, y se ejecutó al pie de la letra sin escándalo de hecho, que no fué pequeña cordura hacerlo; porque fue quitar el estado y comida a los más españoles de la tierra». «Apretáronse las tasaciones y se prohibió el cargar de los indios, y a puras ejecuciones se moderó mucho… ha crecido el trato [comercio de mercaderías] de los indios, [hay] muchos bastimentos aunque caros, procuróse doctrinar a los naturales y favorecer a los ministros y casas de oración. Esto duró trece o catorce año». «Al fin dellos vino el licenciado Valderrama, del Consejo de V. M., a visitar esta real audiencia en Nueva España; estrecháronse más las tasaciones, visitando particularmente y contando los pueblos, que ya en tiempo de don Luis se había comenzado, y con estas visitas y cuentas se alcanzaron a conocer los trabajos y costas que se hacían a los macehuales por sus principales e gobernadores [caciques indios], e gastos de grandes edificios de monasterios, y sacristías suntuosas y otros servicios excesivos a algunos religiosos y clérigo». «Hanse hecho y cada día se hacen nuevas tasaciones con su cuenta y calidad de la tierra, con lo cual se va ordenando que ninguna persona religiosa, ni seglar, ni indio, se sirva tiesta gente pobre sin paga moderada conforme a su calidad y de la tierra, de manera que con dar su tributo son libres de todo servicio y trabajo sin paga». «El tratamiento de los naturales por los comenderos está muy enmendado y son las personas de todos estados de que menos vejación reciben; porque con la merced que V. M. les ha hecho en lo de la sucesión legítima, entienden que se les ha de continuar y tratan el negocio con mucha templanza y amor; y así en esta real audiencia hay pocos pleitos de esta materia, que en otros tiempos era lo más en que se entendía».

He seguido toda la descripción de Ceynos, porque además de su fidelidad histórica, sirve para mostrar cómo los ministros reales se iban dando cuenta, y procuraban el control de las encomiendas por la preponderancia del poder del Estado, especialmente por medio del régimen de tasas, la eliminación de servicios y demás medidas a que alude el oidor en su reseña. En 1565 ya daba por producidos los efectos y advertía que se estaba plenamente dentro del período controlado de la institución.

En cuanto a su parecer personal en la misma carta era el siguiente: «que la merced que está hecha a los comenderos sea perpetua por sucesión legítima y derecho del primer comendero, sin pasar a transversal ni extraño». «Que se le dé jurisdicción civil y criminal en sus territorios contra españoles, mestizos, negros, indios extranjeros y mulatos, hombres y mujeres, para que conozcan de todos los excesos y malos tratamientos que a sus encomendados se hiciesen, determinando las causas conforme a derecho, otorgando todas las apelaciones para esta real audiencia, dejándolos condenados, vinculados y a buen recaudo hasta que por final determinación se determine su negocio, para que do delinquió sea castigado, porque estando le los las audiencias no pueden evitar los robos y fuerzas que esos vagabundos hacen a los indios y a los bienes y familia de los encomenderos… y ni una legión de ángeles bastaría contra los vagabundos, hambrientos y ocioso». Pero esta jurisdicción del encomendero, nótese que era sólo defensiva, y contra gentes de fuera de la encomienda, porque sobre los indios encomendados no había de ejercerse, según el parecer de Ceynos, porque a los naturales resultaba bien y favor «de que los comenderos no tengan jurisdicción civil ni criminal de oficio ni a pedimento de parte en sus indios encomendados, ni para cobrar sus tributos ni tomarles comidas ni servicio por manera alguna, porque para todo lo que contra ellos quisieren, han de ocurrir a esta real audiencia por el remedio, y han de entender los naturales que nadie les puede mandar ni gobernar sino sólo V. M. y sus ministros, y tener sobre ellos jurisdicción y mando el encomendero, es tenerlos por esclavos. Las jurisdicciones dadas por V. M. sobre indios son en ofensa de Dios y cargosas a su real conciencia, pues son impedimento a su salvación [del indio encomendado], y la Sede Apostólica insungió a la Corona de Castilla carga de hacer doctrinar y enseñar a estos naturales la doctrina cristiana para que vayan a gozar de Cristo que los redimió y mantenerte»» en justicia por todas las vías posibles, sin tener por principal intento otro interés alguno, y dar jurisdicción sobre ellos sería enajenación y su destrucción, de que dió su palabra real el Emperador nuestro señor, que no enajenaría de la Corona de Castilla esta tierra».

Añadía Ceynos que los encomenderos, por recibir poder contra las gentes exteriores a la encomienda, no debían pagar servicio especial a la Corona, pues bastaban sus cargas de culto y de guerra y tendrían que sustentar también a los ministros para ejecutar su justicia. Ceynos quería también que en el nuevo tipo de encomienda que proponía se diera a los encomenderos «título de señor de tal pueblo, o barón o vizconde, o adelantado y otros de esta calidad, y personas ricas habrá y de calidad, que suplicarán por títulos de condes, marqueses y duques, con que los unos ni los otros no gocen las honras, preeminencias y ceremonias de estas mercedes, sino sólo en las Indias descubiertas y por descubrir; la gente es tan codiciosa de se honrar, que por ningún precio dejarán de lo hacer desde luego… y es decorar, ilustrar y enriquecer este Nuevo Mundo». También citaba Ceynos la utilidad del ofrecimiento de encomiendas para que la gente se alentara y emprendiera nuevos descubrimientos.

Por notas de don JUAN BAUTISTA MUÑOZ[32], sabemos que en 1588 disputaron también sobre encomiendas el padre Alonso Sánchez, jesuita, y el padre Juan Bolante, dominico[33]. En 1595 opinó sobre el mismo tema fray Juan Ramírez, dominico, con aprobación de fray Tomas de Guzmán[34].

Como conclusión de la larga reseña posterior al año 1500, podemos observar, que con ser entonces preeminente el problema de la perpetuidad, seguía sin resolver, a causa de la resistencia de la Corona a conceder jurisdicciones y de la oposición de los defensores de los indios; en esta época, la modificación de la estructura de la encomienda había producido la correspondiente transformación en el planteamiento teórico. De allí el paralelismo entre los pareceres examinados en este capítulo y las leyes y medidas prácticas estudiadas en los dos capítulos anteriores.

CAPÍTULO VII

DOCTRINAS DE LOS JURISTAS

Las opiniones examinadas en el capítulo anterior consideraban ya la transformación operada en la naturaleza jurídica de la encomienda, y por consiguiente en el problema de su justificación, pero por ser alusiones fragmentarias eran insuficientes para dar a conocer la significación completa del cambio. Lograron esta finalidad las grandes construcciones sistemáticas de los juristas indianos, que comienzan a producirse en la segunda mitad del siglo XVI, y la Recopilación de 1680, que se redactó sobre la base de la dispersa y copiosa legislación que conocemos.

De acuerdo con estos nuevos elementos procuraré exponer el sistema jurídico de la encomienda, Es cierto que su evolución continuó después, durante todo el siglo XVII y aun en el XVIII; pero el proceso formativo culmina en el período que aquí estudiaré. Los cambios posteriores sólo fueron medios preparatorios para la supresión final de la institución.

Fray PEDRO DE AGUADO, con exposición sencilla, decía[1]: «ha sido costumbre muy usada en las Indias, que cualquier capitán que ha ido o va a descubrir tierras nuevas, con poder Real o sin él, después de haber descubierto alguna rica provincia y pacificado los naturales della, y poblado su pueblo, para que los que con él han entrado en la tal jornada se puedan mejor sustentar, y permanezcan en la tierra, y la conserven en amistad, señala a cada uno tanta cantidad de indios cuanta le parece que bastarán a dalle sustento conforme a la calidad de la tierra y aun de la persona, y este señalamiento unas veces es por persona diciendo: yo os doy e señalo tantos indios casados, que se entiende con sus mujeres e hijos, y otras veces por casas e bohíos, señalándole tantas casas pobladas de visitación, que se entiende que han de tener moradores, porque hay en algunas partes indios que tienen a dos y a tres casas, y todas son de un solo dueño, y éstas no se cuentan más de por una. Otras veces se da por señores o principales, nombrando el principal o señor de tal parte con todos sus sujetos y datarios; y otras veces por términos de tal parte a tal parte los indios que hubiere, o al valle. Esto que este capitán hace, si no tiene poder Real para encomendar, llámase solamente repartimiento y apuntamiento, de lo que a cada uno señala; pero no tiene más fuerza de cuanto fuere la voluntad del rey, o de la persona a quien el rey da poder para encomendar los indios; y por respecto de llamarse aquella primera división de indios repartimiento, les ha quedado y queda después el nombre de repartimiento a aquella población o suerte de indios que a cada vecino le cupo, y así comúnmente a los indios que cada español tiene a su carga le llaman el repartimiento de fulano. Este primer repartimiento o apuntamiento, hecho generalmente de los naturales de la provincia nuevamente descubierta y poblada, es traído al presidente o gobernador, que sor los a quien el rey suele dar poder para que encomienden, y estos superiores, si ven que el apuntamiento o repartimiento hecho por el capitán está sin agravio ni perjuicio de los más españoles que con él fueron, confírmalo, encomendando los indios en aquellas personas en quien antes estaban señalados y apuntados, o remueve de unos en otros, como le parece que es justicia».

«Este nombre de encomienda es una merced hecha por ley antigua de los reyes de Castilla a los que descubrieren, pacificaren y poblaren en las Indias, en que les hacen merced de que aquellos indios que en su título o cédula se contienen, los tengan en encomienda (que es tanto como decir a su cargo) todos los días de su vida, y después de él su hijo, o hija mayor, y por defecto de hijos, su mujer no más; y estos tales son llamados encomendadores, y es a su cargo el mirar por el bien espiritual y temporal de los indios de su encomienda, y a darles doctrina, y los indios, supuestas las condiciones de la encomienda, son, por respecto dellas, obligados a dar a sus encomenderos, cada un año, cierta cantidad de oro, y otras cosas en que están tasados por los jueces y visitadores, para el sustento de los encomenderos; y este tributo en unas partes es llamado demora, como en la provincia del Nuevo Reino de Granada, y Santa Marta, y Cartagena, y en el Perú, y en Nueva España; y estos tributos y demoras han sido enmendados en mucha parte por los jueces que el rey ha enviado, y leyes que cristianísimamente sobre ello ha hecho, como adelante más particularmente lo diremos; porque antiguamente cada encomendero sacaba todo lo que podía a sus indios, y les hacían que les proveyesen de muchas cosas que no podían sin excesivo trabajo dar ni cumplir los indios, y metían en esta demora o tributo lo que llamaban y llaman servicio personal, que era por vía de feudo, haber de dar a sus encomenderos tanta cantidad de cargas de leña cada un año, cierta cantidad de cargas de hierba para sus caballos, tanta cantidad de madera para hacer casas o bohíos. Todo lo cual habían de traer a cuestas a casa del encomendero, con más todo el trigo, maíz y cebada y otras cosas que en el repartimiento se consignen; que podrá ser adelante, donde trataremos de la moderación que en todo se ha puesto, especificallas más particularmente». «Estas encomiendas no pueden ser removidas ni quitadas a los que justamente las tienen, si no es por traición, o por malos tratamientos de indios, o por herejes, que en todos los otros casos aunque el primer encomendero cometa algún delito, por donde merezca pena de muerte, no por eso se le quita a su sucesor el derecho y merced que el rey le ha hecho y hace por la encomienda. Hay otro título llamado depósito, y otro que se dice administración y es de poca fuerza, que cada y cuando que el superior quiere removerlo, lo remueve, y lo mismo la administración; y así se tendrá por avisado el lector, que dondequiera que nombraremos encomendero o encomenderos, se entiende por aquellos a quien han sido repartidos y encomendados los indios y que los tienen y poseen a su cargo».

Esta explicación de AGUADO tiene un indudable valor didáctico; pero fue mejorada por las doctrinas de otros juristas, que sobre el cuadro general de la institución supieron ahondar en diversas direcciones, perfilando mejor el derecho de las encomiendas.

JUAN DE MATIENZO, el conciso oidor de la Audiencia de Charcas, trató el problema teórico de la justificación de la institución, el técnico jurídico de su organización y control, y el de la perpetuidad[2].

Comenzaba su justificación de la encomienda afirmando, que las Indias fueron justamente ganadas por los reyes de España, por diversos títulos: concesión del Sumo Pontífice, ocupación de tierras deshabitadas, resistencia de los indios a la fe cristiana, sus pecados contra natura, su infidelidad, y la tiranía de los reyes indios, la cual era justa causa de guerra, porque a cualquiera mandó Dios que librase a su prójimo de opresión[3].

Si el rey de España era verdadero señor de los indios, éstos le debían pagar tributo, porque: «al rey se debe el tributo por sus vasallos por Derecho divino, conforme a lo de SAN MATEO, “dad al César lo que es del César”». Y SAN PABLO: «toda ánima está sujeta a los príncipes», y por estos tributos el rey [queda] obligado a pagar las costas de la guerra y salarios de jueces; de aquí es que los encomenderos, por razón de el tributo que llevan, están obligados a la defensa». Consideraba MATIENZO en segundo lugar, que el rey y los encomenderos tenían derecho a los tributos por la obligación que sobre ellos pesaba de enseñar la doctrina y religión cristiana a los indios, y que por eso se había ordenado que durante el tiempo en que los encomenderos no tuvieran clérigo ea las doctrinas de su encomienda, no gozaran los tributos y se cobraran para la Caja Real. En tercer lugar, los indios debían pagar el tributo por la protección que recibían de los encomenderos: protección más valiosa que la prestación que por ella pagaban. Por último: «porque sin los tributos no se podría conservar la tierra y volverían los indios a la infidelidad»[4].

Adviértase que MATIENZO interpretaba las encomiendas como tributos del rey cedidos a los encomenderos. Y como no dudaba de la facultad del rey para hacer esta cesión, el problema de la justicia de la encomienda venía a ser en último término el problema general de la justicia de los tributos debidos al soberano, en favor de la cual invocaba MATIENZO las razones tradicionales de la ciencia política de su época.

En cuanto al problema técnico del contenido y forma de la institución, comenzaba MATIENZO por referir y condenar los desórdenes y excesos que hubo al principio en el Perú; censuraba que las tasas se establecieran considerando lo que los indios podían dar y no el trabajo y ocupación que tenían; «hase tenido otro desorden en la tasa que hasta aquí se ha hecho, que visitado el repartimiento y sabido los indios que hay, y las más veces sin visitarse, se ha mandado a bulto que todo el repartimiento dé tanto en plata, y tanto en ropas, sin repartir a cada indio lo que le cabe, que ha sido más ocasión para hurtar los caciques, porque aunque le quepa al indio cinco, le hacen entender que le caben diez, y así, aunque el indio trabaje todo el año, no acaba de pagar la tasa y le hacen pagar ochenta». Es decir, MATIENZO era partidario de la individualización del tributo, y contradictor del pago por pueblos. Proponía: «convendría dar orden cómo cada indio sepa lo que ha de pagar para que no le roben la tasa. Convendrá tener consideración, a que parte se dé en plata, y parte en otras cosas que tienen en sus tierras, y el tributo parece que se debe tasar por las haciendas, cada uno como tuviere, y éste es más justo tributo»[5].

En ocasiones anteriores hemos visto la preocupación oficial por establecer un régimen tributario justo y con garantías suficientes MATIENZO recogía en su doctrina las principales dificultades; como se ve en los párrafos expuestos, se manifestaba partidario de que el tributario indio tuviera la noción precisa de lo que había de pagar, que se ajustara el tributo a la diversidad de condiciones económicas de los tributarios, y que se protegiera a éstos, no sólo de los españoles encomenderos, sino también de los caciques indios.

Señaló además otro aspecto importante: como los indios generalmente carecían de bienes, para reunir el dinero y especies que debían tributar, necesitaban trabajar con sus personas: «de manera que la tasa que hasta aquí han dado ha sido en efecto servicio personal, pues para darla trabajan y no tienen hacienda de donde darla, de donde se sigue que no darán tasa ninguna si no sirven personalmente, y no la dando es imposible que no se despueble el Perú de españoles, pues de ella se sustentan los que en él habitan, y faltando ellos, los indios volverían a su infidelidad»[6]. Por esto opinaba MATIENZO, que debían admitirse legalmente los servicios de los indios como parte de los tributos, lo cual tendría la ventaja de que podrían señalarse los días del año en que debían servir, en beneficio del encomendero, cacique, comunidad y cura: «y se les declare en qué y cómo, y que fuera de aquellos días lo que trabajaren ha de ser para ellos… servirá esto para que se aficionen al trabajo, y adquieran hacienda y comiencen a salir de servidumbre y tiranía, y saber la libertad; para que después que tengan haciendas se dé otra orden que más convenga»[7].

¿Pero hacer servir a los indios con sus personas, era lícito? MATIENZO respondía: «cuando por falta de hacienda se da el servicio personal, no se prohíbe, antes se debe en conciencia por las causas que están dicha»; «pero tampoco se niega que sería mal llevado el servicio personal cuando no fuesen tasados los días que lo habían de hacer y cuando se dejase en voluntad de los encomenderos o caciques emplearlos aquellos días que ellos quisiesen, o si se permitiese, como antiguamente solía hacer, que los encomenderos se sirvan de ellos como esclavos»[8].

Proponía MATIENZO que los indios dieran setenta días de trabajo al año: cuarenta para el encomendero, ocho pata el cura, cuatro para la comunidad, diez para el cacique y los ocho restantes para el rey, a fin de que hubiera para salarios de los corregidores. Que tributaran todos los indios de dieciocho a cincuenta años. Los setenta días de trabajo habían de ser los primeros del año. Pedía también MATIENZO como medida de control: «los visitadores no han de dejar a los encomenderos, entrada ni salida con los indios, mas que cobrar su tasa, ni ha de ser a escoger del encomendero los cuarenta días que les cabe del trabajo de los indios, en lo que él los quiera emplear, ni a voluntad de los indios, antes él lo ha de dejar declarado. Dar regla general en esto es imposible, porque en cada tierra se hace de diversa manera»[9]. «La tasa se ha de cobrar por el tucuirico y por el cacique: lo que se cobrare se eche en una caja de tres llaves, que ha de estar en casa del cacique, y la una ha de tener el cacique, y otra el tucuirico y otra el corregidor que hubiere en el repartimiento, y no le habiendo la tenga el clérigo de la doctrina. La tasa se ha de pagar en dos pagas, una por Sanct Juan y otra por Navidad»[10].

Los corregidores, funcionarios reates, debían residir en los pueblos donde hubiere cantidad de propios, es decir, bienes municipales[11]; tendrían cargo de amparar a los indios y conocer los pleitos civiles y criminales, así contra españoles como contra indios y caciques; el litigio entre indios debían fallarlo sin escritura; cuando interviniera algún español, podían formar un proceso sumario, sin más trámites que la demanda, respuesta, testigos y sentencia. En causas criminales en que la sentencia fuera de muerte o mutilación de miembro «haya apelación para el Cabildo de la ciudad próxima o para la Audiencia». El corregidor residente en pueblo de indios debía tener, según la opinión de MATIENZO, por lo menos cuatro pueblos bajo su jurisdicción, con un total de dos mil indios: que gozara salario de mil pesos anuales, pagadero por mitad de lo que el rey llevara de la tasa y del producto del esquilmo del ganado de la comunidad de los indios. Las visitas de los repartimientos debían encomendarse a los oidores de las Audiencias o a sus delegados: recontarían los indios, fijarían las tasas, impondrían penas, etc., sus salarios se pagarían de las mismas penas que impusieran, o la mitad por el rey y la otra mitad por el encomendero y los indios[12]. También defendía MATIENZO: «ningún indio se pueda salir de su repartimiento sin licencia de la Audiencia, so pena de doscientos azotes por las calles de sus pueblos, y que los trasquilen, y se den provisiones para sacarlos dondequiera que estuvieren»[13].

Resumiendo los rasgos más característicos de la doctrina expuesta hallamos: la justificación del sistema de la encomienda por cesión de los tributos Reales; la preocupación por la justicia y garantía de los tributos tasados; la argumentación en favor de los servicios personales, hasta que los indios tuvieran haciendas propias; el control por medio de visitadores y corregidores; por último, un intento de adscripción del indio a la zona encomendada.

No ha de concederse al análisis de MATIENZO más valor que el de una doctrina personal; según veremos después, la legislación de la Corona se acercó en algunos puntos a la opinión del oidor de Charcas, pero en otros se separó de modo claro, especialmente en la materia de servicios personales, que continuaron prohibidos de modo general como parte de las encomiendas.

En cuanto al debatido punto de la perpetuidad, decía MATIENZO que era negocio muy importante y que eran notorios los provechos que de concederla se seguirían[14]: los indios serían mejor tratados y doctrinados, porque siendo vasallos perpetuos, el encomendero los miraría como propios y heredables; la riqueza de la colonia aumentaría y con ella las rentas reales; los encomenderos permanecerían más sumisos al rey; los españoles que carecieran de encomiendas cesarían de estar ociosos, porque al perder la esperanza de los repartimientos, se ocuparían en cosas de provecho; los indios se reducirían a policía, y, en general, la economía de la colonia, a la cual dedicaba MATIENZO especial atención, se fortalecería.

No era partidario de una organización regalista a base de guarniciones, porque si los frutos y dinero producidos iban a salir directamente para España, sin más descuento que los salarios de los guerreros, no habría riqueza en la colonia y se despoblaría de españoles; las milicias no bastarían para someter a los indios, y todo se perdería.

MATIENZO aconsejaba que la perpetuidad fuera sin jurisdicción[15]: «para que la perpetuidad de los indios sea sin ningún perjuicio por ahora, no conviene que se de con jurisdicción, porque es cosa perniciosa y aborrecible a los soldados», es decir, a los vecinos españoles del Perú que no tenían indios. Que a los encomenderos perpetuados no se les diese: «términos, ni otra cosa más de los indios como ahora los tienen, que con esto los unos y los otros estarán contentos, y que se les diesen como en feudo o mayorazgo de Castilla, que sucediesen en la encomienda los hijos y nietos y otros descendientes legítimos, prefiriendo siempre el mayor al menor, y el varón a la hembra, y a falta de descendientes los transversales, estuviesen como estuviesen al tiempo de la muerte del tenedor».

La perpetuidad que este autor defendía no implicaba, por lo tanto, un cambio en la naturaleza de las encomiendas; ro se convertían en señoríos de vasallos como los de España, sino que seguían en su forma anterior, variando únicamente ja ley de la sucesión, que no seria ya por dos vidas, de acuerdo con la ley de 1536, sino perpetua.

MATIENZO exigía también[16] que los encomenderos beneficiados con la perpetuidad, dieran durante seis años la mitad de los tributos al rey, libres de gastos, pagándolos en plata u oro, y que cada nuevo sucesor diera, durante los dos primeros años, la mitad de la renta en reconocimiento del feudo. Que si el heredero vivía en Castilla no se le pagara la renta hasta que se avecindara en el Perú, para lo cual se le debía conceder un plazo, y pasado, perdiera su derecho en beneficio del sucesor siguiente; en casos de igualdad de parentesco, debía preferirse al pariente que residiera en el Perú, y no al que viviera en España. Era partidario MATIENZO de que al concederse la perpetuidad se permitiera por una vez que heredaran los hijos naturales de los encomenderos[17].

También opinaba: «se pueden dar títulos de condes, marqueses y duques a algunos encomenderos, dos o tres en cada ciudad, a los que tienen más gruesos repartimientos, con justicia civil y criminal con que de su justicia se apele para el corregidor de la ciudad, de que también se podrá sacar gran suma de ducados; los encomenderos, después de perpetuados, se pueden llamar comendadores»[18]. Repetía en un párrafo inmediato: «en cada ciudad del Perú haya dos o tres señores de salva, tengan jurisdicción civil y criminal en todo el distrito de sus repartimientos, puedan poner jueces de semana, conozcan en primera instancia y grado de apelación de lo que hicieren los alcaldes de indios, y de estos jueces se pueda apelar para ante los corregidores que estuvieren en las ciudades y para las Audiencias».

Adviértase cómo distinguía MATIENZO las encomiendas comunes de las figuras señoriales puras con goce de jurisdicción.

El oidor de Charcas sostenía, por último, el deber de residencia de los encomenderos, los cuales no debían apartarse de sus distritos sin licencia de las Audiencias; que cuando tuvieran sesenta años o más, pudieran regresar a España dejando escudero que sirviera en su lugar[19]. En cuanto al régimen eclesiástico de la encomienda, opinaba[20]: «los encomenderos nombren uno o dos o más clérigos o frailes, habiendo para ello dispensación del Sumo Pontífice, a los que les examine el prelado, o por su impedimento el previsor con tres examinadores. Y al que hallare más hábil le haga colación del beneficio».

MATIENZO, en su doctrina, utilizó el régimen señorial europeo como modelo, con el cual comparaba la nueva institución, estableciendo semejanzas y diferencias. Como oidor Real no olvidaba los intereses jurisdiccionales y económicos de la Corona; de aquí que el régimen encomendaticio indiano, en su teoría, resultara más limitado que los señoríos españoles; pero el contenido de los tributos, las épocas de pago, la sucesión perpetua en la renta, y aun el régimen eclesiástico del repartimiento, procedían sin duda, en la tesis de este autor, de la figura jurídica de los señoríos de vasallos españoles del siglo XVI.

BARTOLOMÉ DE ALBORNOZ, otro jurista de la segunda mitad del siglo XVI, trató el tema de la encomienda de Indias con propósitos de rectificación. Había residido en Nueva España y se preciaba de tener un conocimiento directo de los hechos; por haber estudiado Derecho, se consideraba también capacitado para la comprensión teórica del tema. Decía[21]: «la materia [de la encomienda] es muy importante, y aunque disputada de muchos, quizá de ninguno entendida, porque de los escritores que la han tratado, los que tuvieron letras faltóles noticia de el hecho, los que supieron el hecho, no tuvieron letras para disputarle, y otros ni supieron el hecho ni letras». Añadía: «yo propondré el hecho con mucha verdad y brevedad, los fundamentos de entrambas partes, de do constará el error que he dicho. Y tras esto mostraré el puncto (que los oradores llaman tesis) dónde está la dificultad de la cuestión, y la ocasión que ha habido de tratarse».

Refería el comienzo de los repartimientos en las Antillas; que Colón sujetó los indios a la Corona de Castilla, les quitó sus ídolos, los sacrificios, la antropofagia, el pecado nefando y los trajo a la fe católica y al conocimiento de la ley de Dios; que estos fines no se hubieran logrado sin el medio preño de la deposición de los reyes y señores indios, pues éstos hubieran defendido su antigua creencia gentil y sus leyes propias. Continuaba ALBORNOZ su razonamiento en estos términos: «para este efecto de la conversión de aquellas gentes y conservación en el señorío nuevo, que no se podía hacer sin la asistencia de los nuestros, se tomó por el medio más expediente, el que en semejantes casos estatuyó el derecho de las gentes: repartir la tierra y gentes della entre los propios que la descubrieron, conquistaron y conservaban, aplicando su parte al rey por el soberano señorío, y lo demás a los otros particulares: y los unos y los otros acudiesen a la Corona real con las cosas que el Derecho llama Regalía, que es la justicia civil, y de sangre, moneda, quintos de los metales, y todo lo demás que a los reyes solos es debido». Aviértase el enlace que el autor establecía entre el primer fin espiritual, el medio de la dominación política española para lograrlo, y los repartimientos de indios que servían para conservar esa dominación y facilitar la propagación de la religión cristiana.

Continuaba ALBORNOZ: «de esta manera se hizo el que llamaron repartimiento, que fué repartir a cada español, conforme a su calidad, las familias de indios que llamaban cuadrillas, porque en las Islas no había pueblos formados…, el título que les daba el gobernador de la tierra era: “Por la presente se encomienda en nombre de Su Alteza en vos… fulano, el señor y naturales de tal parte (o tal cuadrilla de indios), para que os sirváis dellos en vuestros aprovechamientos y granjerías, conforme a la tasación que está hecha y se hiciere, y con que los industriéis en las cosas de nuestra santa fe católica, con la cual descargo la conciencia de Su Alteza y mía en su real nombre”»; «éste es el tenor de las encomiendas que entonces se daban, y el mismo se queda en las que hoy se dan, aunque el efecto, como adelante veremos, es diferente». Afirmaba ALBORNOZ que cada encomendero se servía de los indios de su repartimiento como mejor le parecía, y que seguramente hubo abusos al principio, pero que con el envío de los jerónimos y las visitas y tasaciones de los religiosos y justicias, se moderaron los servicios, se fijó el tiempo que debía dejarse a los indios para sus labores, la época de estancia en las minas, etc. Consideraba también este autor, que los abusos no se debieron tanto a los conquistadores, como a los ausentes, favoritos y oficiales que gozaban las rentas desde España y enviaban a las Islas mayordomos crueles a gobernar sus indios.

Las afirmaciones de ALBORNOZ pueden contrastarse con los datos documentales expuestos en el cap. I de esta obra; en parte se ajustaba a la verdad de los hechos, pero sin duda presentaba las encomiendas antillanas en un grado de orden que no tuvieron ni en la ley ni en la práctica.

En relación con estas primeras encomiendas, trató también ALBORNOZ el delicado problema de su parangón con la esclavitud. Él afirmaba que la diferencia era clara[22]: «dije arriba que esta encomienda que se hacía, era de hombres libres, y que su servicio era limitado. Sin este repartimiento había otro de esclavos, que no se hacía por encomienda, sino que se daban en propiedad para perpetua servidumbre». Que estos esclavos eran de dos maneras: los de guerra y los de rescate.

Siguiendo el curso de su estudio, llegaba el autor al momento de la extensión de las encomiendas en Nueva España. Refería que Cortés y sus soldados, como vecinos de las Islas, trasplantaron la institución: que el capitán expedía los títulos con carácter provisional hasta que el rey aprobara el repartimiento. Advertía ALBORNOZ, que por su residencia en México conocía bien el curso de la encomienda en esta región, y que sólo quería hablar de lo que le constaba como testigo de vista. Refería[23]: «hecho el repartimiento primero, se entendió luego en hacer la tasación de cada pueblo, con qué había de acudir a su encomendero: para esto se hizo junta general de cada provincia; y entendióse por las pinturas de los naturales (de que ellos usan como letras), con qué acudían a sus principales, y qué daban al rey, señor general de todos, y en qué cosas, y qué daban para sus ídolos, templos, sacerdotes y sacrificios; y conforme a la cualidad de la tierra que habitaban y a la comodidad de las contrataciones y frutos que tenían, hizose tasa, relevándoles del increíble tributo que antes tenían, y dejado a los principales lo que habían de llevar conforme a lo antiguo, señalábanles [a los macehuales] una pequeña parte (de lo que había de llevar el rey que tenían). Y porque esto pertenecía al rey nuestro señor, ésta se aplicaba al encomendero por tasación, y se escribía en un libro que de ello tenía el secretario del gobernador, y ahora tiene el de el Visorrei, y al encomendero se le daba un traslado, y a los indios otro en su lengua, y de palabra, y por pintura se les daba a entender lo que contenía; para que entendiesen hasta dónde llegaba la obligación que se les imponía». De esta suerte Albornoz interpretaba las encomiendas como tributos debidos por los indios al soberano español, que por subrogación obtenían los encomenderos. Además, insistía en que los pagos estaban sujetos a tasación.

«La exacción o cobranza de estos tributos nunca jamás se dió al encomendero, ni él contrataba con los que la pagaban, sino con el gobernador de los indios: el cual y los principales la cobraban de ellos, y acudían de su mano al encomendero; y eran medio entre estos dos extremos de el encomendero y los encomendados: y cuando (por muertes, o por otra causa) los indios venían a menos, éstos acudían al gobernador de la tierra, o a la Audiencia, y pedían moderación, la cual se les daba (citado el encomendero) y se sentaba al pie de la tasación antigua, por la orden que está dicho. Y si el gobernador y principales (indios) no pagaban al encomendero lo que cobraban, tampoco tiene exacción de ello, sino acudir a la Audiencia o Justicia mayor que les mande que lo paguen. Mas la tasación que habían de cobrar el gobernador y principales de los indios para sí, ellos mismos tenían la exacción, y lo cobran de su mano, y de ella se pagan, cómo, cuándo y donde quieren». Nótese que en esta parte de su tratado, Albornoz tenía en cuenta el propósito existente desde la época de Hernán Cortés, de establecer un sistema controlado para la cobranza de los tributos, y también indicaba con justeza la existencia de una intervención estatal en la relación entre el encomendero y los indios. Afirmaba también que los indios sufrían mayores opresiones de sus propios caciques que de los encomenderos.

Después de describir el régimen tributario español en México, exponía ALBORNOZ la organización política y fiscal de los indios de Nueva España en la época gentil. Su visión no es muy exacta, pero tiene interés para nuestro estudio, porque aclara la idea del autor con respecto a la sustitución jurídica, que por efecto de la conquista, tuvo lugar en el señorío de México en favor del rey de España; era esta una base importante para la argumentación relativa a la justicia de las encomiendas.

Decía ALBORNOZ[24]: «tres estados hay entre los indios. Maceguales, que es la gente plebeya, labradores y oficiales y hombres que servían de carga, como entre nosotros las bestias… Pilis (que quiere decir principales, y así los llamamos en castellano); éstos son como los hidalgos entre nosotros, y entre los indios orientales los Naires. Mas Pili no es nombre de estado propiamente, sino de oficio; el tercero es Tlahtouani (que quiere decir como gran señor) y esto llamaban al gobernador que los gobernaba. De todos los gobiernos que he leído (antiguos y modernos), ninguno hallo que tan precisamente cuadre con el que los indios tenían (cuando llegaron los castellanos a la Nueva España) como el que el Turco tiene en sus tierras, que es señor absoluto de las personas y de los bienes de sus vasallos, tanto como le place, sin que haya sucesión (en gobierno, ni en señorío, jurisdicción, ni otra cosa) de padre a hijos, mas de su voluntad absoluta, excepto en los bienes particulares…». Que en México: «sola su persona [de Moctezuma] se decía ser libre, los demás eran Tlacoti (que quiere decir esclavo) de el gran señor, y como la tierra que vivía era de conquista y ganada (como ahora lo es de los castellanos), el gobierno estaba en poder de mexicanos, y a sus más queridos o más beneméritos daba un gobierno de provincia, o frontera, o ciudad, o otro lugar particular, a cada uno según su cualidad, y a los soldados mexicanos hacia Pilis, y les daba heredamientos con maceguales que se los labrasen, como antiguamente eran en Castilla los solariegos, y entre los romanos los censitos y adscripticios, mas los unos y los otros, y en suma todos, eran esclavos de el rey, y no había limitación en lo que habían de tributar, sino todo lo que él enviase a pedir, aquello daban, sin reparar que fuese poco ni mucho; cuando no tenía qué les pedir ni cosa fructuosa en qué los ocupar, les mandaba pasar peñas o árboles muy crecidos de una parte a otra; no pretendiendo más fruto de ellos, que la ocupación».

Poco después veremos en qué forma utilizó el autor esta descripción para fundar su justificación de la encomienda española.

Reanudaba ALBORNOZ su estudio de ja encomienda con el relato de las campañas de LAS CASAS. Refería el fracaso de éste en la expedición a Cubagua, que después desamparó su obispado y que consiguió en la Corte que se dictaran las Leyes Nuevas. Que siguieron a éstas los disturbios del Perú y protestas en otras regiones, hasta que fueron revocadas. En esta parte de su estudio ALBORNOZ trataba con odio y menosprecio a LAS CASAS.

Decía, que acerca de la materia de los indios escribieron muchos autores: «y tomaron por el principal punto si la guerra y conquista de los indios se puede hacer con justicia». Citaba brevemente a VITORIA, SEPÚLVEDA, fray BERNARDINO DE ARÉVALO, MATEO MALFERIT y fray VINCENCIO DE CURZOLA[25]. Citaba de nuevo a LAS CASAS, censurando sus obras; decía que no conocía la realidad de las Indias, porque aunque había estado en ellas, no había residido largo tiempo en Perú y Nueva España, que eran los verdaderos centros de la colonización, y que en cuanto a sus letras, pocas tenía, a juzgar por sus escritos. Que se decía «licenciado», pero no constaba que hubiera estudiado en Salamanca ni en Valladolid; y aunque así fuera: dos bancos que están en las escuelas de Salamanca, sin menearse de los Generales oyen todas las lecciones que se leen, y al fin de el año saben tan poco como al principio»[26].

Estimaba ALBORNOZ que no tenía que repetir las ideas de LAS CASAS, porque estaban en sus escritos. Y como juzgaba haber expuesto ya el hecho, y las opiniones, pasaba a lo que él juzgaba punto capital de la cuestión: «quien de encomiendas trate, sepa distinguir de indios encomendados a indios esclavos, y vea qué derecho temía Moctezuma a la Nueva España, y así como sus encomenderos sucedían en su derecho, así los de ahora en el de el rey nuestro señor; compárese lo uno con lo otro, y verán cómo no está la cuestión donde ellos la buscan: si la guerra es justa o no. Y de presente no se me pida más de esta materia».

Es decir, ALBORNOZ concluía su estudio admitiendo la solución que justificaba las encomiendas como cesiones de tributos del rey en favor de los encomenderos. Tesis que consideraba basada históricamente en el antiguo estado político y fiscal de los mexicanos, sustituido por el régimen español por efecto de la conquista.

En los primeros capítulos de esta obra, al estudiar el desarrollo histórico de la encomienda, he citado el Tratado de Confirmaciones Reales, de ANTONIO DE LEÓN[27]; ahora examinaré algunos aspectos de este tratado, que confirman o completan lo dicho por los juristas indianos anteriores.

Cuando ANTONIO DE LEÓN estudió el problema de la justificación de las encomiendas (1630), se hallaba muy avanzada la etapa jurídica de la institución. Esto permitía a LEÓN el empleo consciente de la nueva figura, para rebatir los antiguos argumentos de LAS CASAS.

Decía[28], que dar los reyes mercedes de vasallos a los que les servían bien no era malo en sí. Que se había practicado en Roma, en España, etc. Por eso las encomiendas de Indias no eran injustas, aunque se pudieron condenar, como lo hizo LAS CASAS, los efectos que produjeron al principio por circunstancias accidentales, que LEÓN reducía a que los servicios personales se incluían en las tasaciones, con el fin de que los encomenderos se sirvieran de los indios en minas y granjerías, aprovechándose en lo que quisiesen. Que después de las Leyes Nuevas, restablecida la institución, se hicieron tasaciones justas y se prohibieron los servicios personales, con lo cual se suprimió el daño circunstancial, quedando las encomiendas justamente en vigor.

Respondía ANTONIO DE LEÓN con detenimiento[29] a los numerosos argumentos de LAS CASAS contra las encomiendas, contenidos en las proposiciones XXVIII y XXIX de sus Treinta proposiciones muy jurídicas y en su Octavo remedio.

¿Que las encomiendas eran injustas porque daban a particulares la autoridad que la Santa Sede concedió privativamente a los reyes de Castilla sobre los indios? —No, respondía ANTONIO DE LEÓN, porque en las encomiendas de Indias no se delega jurisdicción; se ceden únicamente reatas o tributos del rey, pero no dominio, justicia, ni siquiera facultad de cobrar los tributos, de todo lo cual se ocupan el rey y sus ministros. Que en favor de las encomiendas debía considerarse el deber de los reyes de premiar los servicios portentosos de los españoles de Indias, y esos premios y encomiendas servían para mantener el dominio y la fe, y facilitaban nuevos descubrimientos, por servir de aliciente a los soldados. Que las encomiendas en la forma actual, no causaban daños y muertes, como sostenía LAS CASAS, porque estaban vigiladas y se habían suprimido los servicios personales.

LAS CASAS afirmaba que las encomiendas impedían la conversión de los indios.—LEÓN respondía, que ahora no: el encomendero no podía residir en su encomienda sino un tiempo limitado y previa licencia; no había servicios, sino tributos tasados; pagados en tiempo, el encomendero se desentendía de lo que hacían los indios; antes el encomendero pagaba al cura del repartimiento, pero desde la cédula de 8 de octubre de 1560[30] cobraba una parte de los tributos la caja de comunidad y de allí se pagaba a los curas; los encomenderos no tenían intervención en su elección ni en su sustento.

LAS CASAS afirmaba que el español era enemigo del indio y no se le debía encomendar.—Respondía LEÓN que los males eran debidos a la codicia, no a enemistad, y que habían cesado ya.

LAS CASAS decía que las encomiendas entregadas a soldados pobres eran causa de abusos.—LEÓN contestaba que eso se remediaba ahora con tasar los tributos.

LAS CASAS argumentaba que con las encomiendas pagaba el indio tres tributos: el que daba a sus caciques, el del rey y el del encomendero, sin contar los excesos de los mayordomos y criados de los encomenderos.—LEÓN respondía: el tributo para los caciques es justo por derecho natural, puesto que son los señores antiguos de los indias; y el tributo del encomendero no es distinto, sino el mismo que el del rey, pues la encomienda no es sino el tributo real cedido y traspasado a los encomenderos por premio de sus servicios: «hoy no pagan los indios más de lo que tienen de tasa: desto se saca la doctrina, luego el salario de los Corregidores que los gobiernan, y el tributo de los caciques y comunidades; y de lo que resta, se da lo que le pertenece al encomendero o pensionario, todo en los mismos frutos que los indios tributan»[31].

Tampoco aceptaba LEÓN que la encomienda, en su forma actual, mermara la libertad de los indios; decía, que si bien los privilegios, cuando se usan mal, pueden quitarse, como opinaba LAS CASAS, no era el caso de las encomiendas reformadas, que no causaban daños.

LAS CASAS afirmaba que las encomiendas nacieron sin autoridad de los reyes, mediante informes falsos y nunca guardando la forma que la Corte ordenaba.—Hoy, respondía LEÓN, las encomiendas tienen autoridad y forma. La práctica demostró ya en tiempo de LAS CASAS, que las encomiendas no debían quitarse del todo, sino pensar en su reformación, cualquiera que hubiera sido la justicia de su origen.

¿Que las encomiendas perjudicaban a la Corona, porque acababan con sus vasallos indios, y que España pagana por esos pecados y se desacreditaba por cruel ante los extranjeros?—LEÓN respondía con insistencia, que no cabía tal cosa en las encomiendas reformadas, y en cuanto a la difamación de España, que la facilitó el obispo de Chiapa con sus obras.

También afirmó LEÓN que los españoles de América perdieron la obediencia, no cuando se les dieron las encomiendas, sino cuando se intentó quitárselas. Que los ministros y gobernantes no podían ya solicitar encomiendas, que era otra fuente de abusos.

La objeción de LAS CASAS de que «estando los reyes tan lejos y los encomenderos tan cerca de los indios, que los tienen en sus casas, no cesará el mal trato ni podrá llegar a noticia de quien lo remedie», le parecía a LEÓN poco sustanciosa contra las encomiendas sin servicios personales.

LAS CASAS había dicho también que los indios sentían satisfacción por ser de la Corona y no de particulares.—LEÓN creía que esta razón ya no era válida, porque todos los indios estaban como en la Corona, y los tributos de los indios de realengo y de los encomendados se pagaban y cobraban del mismo modo.

Nótese la continua referencia de ANTONIO DE LEÓN a la modificación y control de las encomiendas: con tasas, sin servicios, con forma vigilada de recaudación. Era un alegato, consumada la etapa jurídica de la institución, y por eso respondía con facilidad a las objeciones de LAS CASAS, referidas más bien a la primera forma de la encomienda. Entre lo que las encomiendas fueron y lo que ahora eran, sólo quedaba de común el nombre: la institución había variado de modo notorio.

ANTONIO DE LEÓN dedicó largas páginas a la forma legal y problemas administrativos de la encomienda de su tiempo.

Estudió especialmente la sucesión en estos bienes[32]. Resumía la ley de 26 de mayo de 1536, o ley de la sucesión, en los siguientes términos:

«que cuando algún vecino muriese, que hubiese tenido indios, y dejase hijo legítimo y de legitimo matrimonio nacido, se le encomendasen los indios que su padre tenía, guardando las ordenanzas y cédulas, que para su buen tratamiento estaban hechas y se hiciesen; y con cargo, que hasta tanto que el tal hijo fuese de edad para tomar armas, tuviese escudero que sirviese al rey en la guerra, con la costa que su padre había servido y era obligado. Y si el tal encomendero no tuviese hijo legitimo y nacido de legítimo matrimonio, se encomendasen los indios a su mujer viuda; y si ésta casase, y su segundo marido tuviese otros indios, se le diese uno de los dos repartimientos, cual quisiese; y si no los tuviese, se le encomendasen los de la viuda con quien casase, los cuales gozase por el tiempo que fuese la merced y voluntad Real, como entonces los tenían; hasta que se diese la orden conveniente»[33].

Siguiendo su fuente más usual, o sea, el Cedulario de DIEGO DE ENCINAS, enumeraba ANTONIO DE LEÓN las diversas cédulas declaratorias y ampliatorias de la ley anterior: la cédula de 5 de abril de 1552, que en defecto de hijo mayor legítimo autorizó la sucesión de los demás hijos varones de grado en grado, y a falta de varones, de las hijas por el mismo orden[34]; la provisión de Madrid de 31 de enero de 1580, que admitió el derecho de representación, es decir, que si el hijo mayor moría en vida del padre y dejaba hijo O hija o descendiente legítimo, éste sucediera y fuera preferido al hijo segundo del primer poseedor y a los demás por su orden[35]; la cédula de Monzón de 28 de agosto de 1552, que dispuso que el hijo que sucediera al padre en la encomienda tuviera obligación de sustentar a sus hermanos y a la madre[36]; la carta de 7 de julio de 1560, por la cual se mandó que la hija heredera de la encomienda se casara dentro de un año, para que el marido sirviera las cargas de la encomienda[37]; la carta de San Lorenzo del Escorial, de 9 de septiembre de 1577, por la que se ordenó que la mujer, para suceder en la encomienda del marido, debía haber vivido casada legítimamente con él, cuando menos seis meses, contados de día a día; la de 17 de mayo de 1564, que ordenó expedir nuevo título en cabeza del marido cuando la mujer encomendera se casara[38]; la carta de 1 de diciembre de 1573, la cual, de acuerdo con la disposición que permitía al marido de mujer encomendera escoger la encomienda de su mujer o la que él tuviera por sí, antes de casarse, ordenaba que la encomienda preferida siguiera con la calidad que tuviera de primera o segunda vida, y no como si el poseedor entrara de nuevo[39]; la carta de 9 de febrero de 1561 que admitió a las mujeres en la sucesión de las encomiendas de los maridos en tercera vida; en 1607 se las admitió también en las encomiendas que estuvieran en cuarta vida; la carta de 7 de mayo de 1574, que permitió al hijo que había de heredar la encomienda, que entrara a gozarla en vida del padre, pero sin dársele el título hasta que el padre muriera[40].

La doctrina de LEÓN, en el aspecto sucesorio de las encomiendas seguía en general a la de MATIENZO. Sostenía[41]: «las encomiendas no son bienes hereditarios, sino legales, o como el derecho usa en los feudos, son bienes familiares; y así no se sucede en ellas por derecho hereditario, sino por disposición y llamamiento de la ley; porque de otra suerte, ni sucediera la mujer, habiendo hijos, o nietos del primer poseedor, tíos o sobrinos del segundo, ni faltaran abintestato los transversales, que totalmente están excluidos. Sucédese pues, por disposición de la ley; la cual manda, que muerto el primer encomendero, pase ipso iure la encomienda al siguiente en grado, o al que en ella fuere llamado, y hubiere de suceder, sin que sea necesario que preceda aceptación, inmixtión, o acto alguno positivo, y que se le adquiera, no sólo el derecho sino la posesión misma, que los juristas llaman civilísima, en forma de mayorazgo». Invocaba en apoyo de su tesis la cédula de Alcalá de 31 de mayo de 1562[42].

Explicaba a continuación, que el heredero de la encomienda tenía un plazo de quince días si estaba en la provincia, y de treinta y cinco si estaba en otra de Indias, para repudiar la encomienda; si lo hacía, pasaba el derecho al siguiente sucesor; opinaba también LEÓN que si transcurría el plazo anterior sin presentarse la repudiación, se debía considerar admitida la encomienda, y si el heredero fallecía, aunque no se le hubiera despachado el titulo, se daba por transcurrida su vida. También consideraba este autor, que el hijo podía repudiar la herencia del padre y aceptar la encomienda. Trataba, finalmente, las distintas declaratorias de la ley de Malinas, relativas a los pleitos sobre encomiendas[43].

No he de repetir aquí la distinción de LEÓN, que ya conocemos, entre los derechos sucesorios de las encomiendas de Perú y Nueva España; he citado algunos datos en el curso del trabajo que parecen contradecir su tesis; pero seguramente ésta debía ser cierta en 1630, cuando LEÓN escribió su obra, y por estar penetrado del ambiente del Consejo de Indias, conocería de modo directo la práctica en vigor[44].

Desde el capitulo vi de su obra, ANTONIO DE LEÓN estudiaba: «quién puede encomendar indios, que es la facultad sin la cual, como por defecto de jurisdicción, son nulas las encomiendas»; «a quién se pueden encomendar, porque no basta la facultad en el que da, si en el que recibe hay para ello incapacidad o prohibición»; «en qué forma se han de encomendar, pues si en ella se peca, si es sustancial, anula; si accidental, induce pena»[45].

LEÓN creía que la facultad general de gobierno y el despacho de capitán general no bastaban para que el ministro indiano tuviera poder para encomendar indios; de la práctica que en las colonias se observaba deducía estas reglas: «los descubridores, conquistadores y pacificadores de provincias, por capitulación expresa, o por comisión tácita o expresa de quien la tenga del rey, para conceder nuevos descubrimientos, han usado, y pueden usar, de la facultad de repartir y encomendar lo que descubrieren y pacificaren, ellos y sus sucesores en los oficio»; citaba en apoyo de esto las capitulaciones de descubrimientos, y después las Ordenanzas de Felipe II de 1573; también tenía en cuenta la cédula del año 1607 (después ley 3 del tít. 5 del lib. VI de la Recopilación de Indias), que ordenó que los indios que se redujeran de su voluntad a la fe no se encomendaran hasta pasados diez años; conforme al capítulo LVIII de las Ordenanzas citadas, el repartimiento en ciudades ya pobladas de españoles sería por dos vidas, y en las de nueva población por tres. En segundo lugar afirmaba LEÓN: «los gobernadores, cuyos antecesores tuvieron legítima facultad para encomendar, la usan, y pueden usar, por costumbre bien introducida, mientras expresamente no se les prohibiere»; «el gobernador que de nuevo se criare en provincia donde otro no tenga adquirida facultad de encomendar, de hecho o de derecho, la podrá usar y ejercer, teniendo para ello lo que dice cualquiera de las dos reglas propuestas»[46].

En el capítulo VII enumeraba los virreyes, presidentes y gobernadores que tenían facultad para encomendar en las Indias, y los que carecían de ella. En esta parte de su tratado aplicaba de nuevo la distinción entre el derecho del Perú y el de Nueva España, estimando que el virrey de ésta no podía encomendar. Analizaba en un capitulo posterior la facultad de encomendar de los ministros inferiores y la consideraba prohibida.

En el capítulo X enumeraba las personas que no podían tener encomiendas: los del Consejo sin licencia del rey, los ministros de Indias, excepto tenientes, corregidores y alcaldes mayores; los familiares de los ministros dentro del cuarto grado, aunque la prohibición no comprendía a los deudos de los ministros muertos, ni hijos, ni nietos de conquistadores; los escribanos, personas y lugares eclesiásticos; los mulatos, mestizos, extranjeros e hijos naturales. Creía que la prohibición no alcanzaba a los legitimados por matrimonio subsequente o por el príncipe; estimaba también que los hijos naturales, a falta de legítimos podían ser admitidos; además, tanto los naturales, como los bastardos y espurios, por sí, podían tener los indios; finalmente, trataba la prohibición de admitir las mujeres a las encomiendas, que fue pronto suspendida[47].

LEÓN consideraba a continuación las limitaciones impuestas al derecho de disposición de los encomenderos: no se admitían permutas, traspasos, trueques, donaciones de encomiendas, ni darse por título alguno que no fuera la merced del rey, ni alquilar los indios, ni prestarlos, ni empeñarlos, ni darlos en prendas. La encomienda distaba mucho, por lo tanto, de ser un bien patrimonial disponible. Que se había admitido, sin embargo, que el padre pudiera daría en dote a su hija; pero LEÓN creía que esto lo habían revocado las Leyes Nuevas. Citaba también la cédula de 19 de junio de 1620, que prohibió desmembrar o dividir las encomiendas, y que también estaba prohibido unirlas[48].

Para conceder las encomiendas se estableció un procedimiento especial de oposición y examen (por cédulas de 15 de mayo de 1594, 28 de abril de 1602, 3 de junio de 1620 y 28 de mayo de 1628), que debía sustituir al libre arbitrio de los repartidores hasta entonces utilizado: «cuando se hubiese de proveer alguna encomienda que vacase, el virrey, presidente o gobernador, pongan edictos, con término de veinte o treinta días, para que acudan a oponerse los que de justicia la pudiesen pretender; y examinados los méritos de todos los opuestos, se diese al más digno, y que en los títulos de las encomiendas se declarase, cómo para proveerlas habían precedido las dichas diligencias de edictos, concurso y examen»[49]. En el título o despacho de la encomienda: «se ponga el número de los indios que se encomendaren, y valor del repartimiento, conforme a las últimas tasas, por las cuales se hubieren de cobrar los tributos o demoras, expresando por menor y con claridad, las cosas en que consisten y se cobran, reduciendo las tasas a dinero y no en especies; averiguado todo con intervención del fiscal, donde le hubiere, sin lo cual no se dará la confirmación»[50].

Según la real cédula de Madrid de 23 de julio de 1572, los oficiales de hacienda de Nueva España debían tomar razón de todas las encomiendas. Más tarde se dispuso que todos los virreyes, presidentes y gobernadores, remitieran una relación anual de las encomiendas que hubieran vacado, las que habían concedido, en qué personas y por qué servicios[51]. Estas disposiciones y otras que LEÓN no cita, dieron lugar a numerosos documentos de valor estadístico, que en un capítulo posterior examinaré.

LEÓN no se limitó al derecho procesal de las provisiones de encomiendas. En los capítulos XII al XV estudió las reglas substantivas, con arreglo a las cuales debían ser elegidas las personas que habían de gozar los repartimientos. Señalaba la preferencia que las leyes habían concedido siempre a los descubridores y conquistadores en las encomiendas de las provincias que descubrían y pacificaban, con mayor razón cuando eran casados; después seguían los pobladores, según sus calidades, prefiriéndose también a los casados. En tercer lugar, debían ser premiados los que en las rebeliones ayudaban a la pacificación; en algunos casos sus servicios eran tan importantes, que merecían premio con antelación a los conquistadores, porque «no es menor virtud conservar que adquirir». Debían igualmente ser premiados los que servían en la guerra de Chile. León estimaba que los soldados de las flotas y armadas, cuyos servicios por ley especial se consideraban prestados en Indias, no debían admitirse a las encomiendas, sino sólo a cargos y otros oficios, y en caso que entraran a la oposición de repartimientos, fuera con posterioridad a los antes nombrados. En cuanto a los hijos y descendientes de conquistadores, que según las Leyes Nuevas y su declaratoria de Valladolid debían ser favorecidos, LEÓN distinguía el caso en que el padre benemérito hubiera quedado sin premio, en el cual, el hijo podía invocar los servicios del padre para ser preferido en su mismo lugar; otro caso era, cuando incorporado a la Corona el repartimiento del padre, Se concedía de los tributos de esos indios algún entretenimiento a los hijos por derecho que también era preferente; pero cuando el hijo mayor heredaba el repartimiento del padre y quedaban los hijos segundos sin premio, León estimaba que no habían de preferirse en nuevas vacantes, a menos que por sus personas adquirieran méritos propios, que unidos a su calidad de descendientes, les hicieran merecer la provisión.

Trataba también este autor el problema de graduación suscitado por el lenguaje de las cédulas reales, que unas veces hablaban de preferencia por razón de antigüedad, otras veces por mayores servicios, o por calidad de la persona. Como podía suceder que estas cualidades no concurrieran en el mismo individuo y que se opusieran beneméritos antiguos, otros que alegaran grandes servicios, y otros que hicieran valer la nobleza de su linaje, decidía LEÓN, que había de atenderse a la naturaleza del premio, porque si bien en los oficios debía mirarse ante todo la condición de la persona, en premios de encomiendas, situaciones y pensiones, los servicios hechos y la antigüedad tenían más valor. De esta suerte, si para pretender un gobierno concurrían un caballero noble y de cualidades y un conquistador humilde y sin capacidad, debía preferirse al caballero; pero si estos mismos pretendientes concurrían a una oposición de encomienda, obtenía la preferencia el conquistador. Si concurrían a pretender la encomienda un benemérito antiguo y otro de grandes servicios, pero más moderno, LEÓN resolvía que debía preferirse al conquistador antiguo, si era de los que primero habían sujetado la provincia, porque era un caso de justicia conmutativa; en las demás ocasiones debía entenderse que la concesión se regía por las reglas de la justicia distributiva, y entonces el benemérito de grandes servicios podía ser preferido a otro de más antigüedad pero de menores servicios.

Trataba finalmente el autor la prelación entre los que servían en las Indias y fuera de ellas. Consideraba que los premios debían ser para los que servían en las partes donde se daban, y por consiguiente debía considerarse como un agravio premiar a personas extrañas a las Indias. Reconocía que gozaban encomiendas muchas personas ausentes y sin méritos[52].

En el capítulo XVI estudió el importante tema de las situaciones y mercedes sobre tributos de indios vacos. Conviene tener presente que los repartimientos podían encontrarse en alguno de estos tres casos: incorporados en la Corona, gozando ésta directamente los tributos; encomendados en particulares; o ni incorporados ni encomendados, sino en situación de repartimientos vacos, los cuales eran algunos que antes estuvieron encomendados, pero que al extinguirse el derecho sucesorio, o al privarse al encomendero de su derecho, por delito u otra causa, quedaban administrados por la Corona, pero no definitivamente incorporados, sino en calidad provisional, en tanto se volvían a encomendar. Como los indios del repartimiento vaco pagaban normalmente la renta, cabía que ésta la aprovechara la Corona, o bien que concediera situaciones y mercedes sobre ella.

En 1630, el estado de las cargas Sobre el renglón de vacos era el siguiente: había tres tipos de situaciones: juros, limosnas y mercedes en cajas reales. Los juros se habían vendido en Indias en el año de 1608, por valor de cien mil ducados, a veinte mil el millar; explica LEÓN, que después se pensó que no convenía empeñar la hacienda de Indias, porque era la única que quedaba libre al Estado español, y se dispuso que al proveerse nueva encomienda se cobrara el tercio de la renta de un año, que serviría para el desempeño de la renta real vendida. Las limosnas que obtenían los conventos pobres para cera, aceite, vinos, dietas y medicinas de religiosos, huéspedes y enfermos, ascendían en todas las Indias, según un cálculo aproximado, a 47.000 pesos; LEÓN afirmaba que importaban mucho más. Se pagaban, en último lugar, las mercedes en cajas reales; es decir, concesiones que la Corona había hecho sobre sus propias rentas y que después ordenó que se fueran trasladando al renglón de vacos. Entre estas mercedes citaba León los entretenimientos acordados a los conquistadores y sus hijos en las Nuevas Leyes, y un género de renta concedido en la caja real en ínterin, hasta que hubiera indios vacos; pero León afirmaba que esto ya no se usaba y que se concedían las mercedes para cuando hubiera la vacante.

Además de las situaciones anteriores, había un grupo de mercedes, con o sin antelación, directamente concedidas sobre el renglón de indios vacos. Como primero debían pagarse las situaciones, y después estas mercedes en vacos, venía a quedar en último lugar la posibilidad de que concurrieran beneméritos para obtener las encomiendas. El número de situaciones era muy grande, por lo cual dice LEÓN que empezó a usarse el descontar un tercio de todo repartimiento vaco para el desempeño de las Cajas del rey, y los otros dos tercios quedaban para el cumplimiento de las cédulas de mercedes. Que esto bastó para resolver el problema en Nueva España, porque careciendo el virrey de facultad para proveer por si no tenía que atender más que a las situaciones y a las mercedes. Pero en Perú subsistía la imposibilidad de atender a los beneméritos, que sin merced, pretendían encomiendas vacas; es decir, la antelación de las mercedes hacía imposible el premio directo de los pobladores de las Indias. Propuesta la dificultad al Consejo, se resolvió el 19 de septiembre de 1568: «que la voluntad e intención real, en el despacho de semejantes cédulas y mercedes, no era perjudicar al derecho de los más antiguos en la tierra y que habiendo servido en ella no estuviesen gratificados, y que los virreyes, como quien tenía la cosa presente, viesen las calidades y servicios de todos, y prefiriesen a los que verdaderamente fuesen más beneméritos, teniendo consideración a que, en igualdad, se cumpliesen estas cédulas, y que de las cantidades que señalasen, pudiesen quitar, o moderar, como les pareciese justo y conveniente». LEÓN informa que a pesar de esto, en varios casos se reprehendió a los virreyes por no haber atendido las recomendaciones de la Corona.

Adviértase que la práctica de la merced por recomendación venía en realidad a centralizar casi de modo absoluto la concesión de las encomiendas, pues hasta los virreyes y gobernadores que tuvieran facultad para concederlas, no se guiarían ya únicamente por las reglas de elección de personas, sino que habían de atender a las mercedes existentes. Esta práctica aclara la significación de una lista de Nueva España que hemos insertado en un capítulo anterior, haciendo notar que los virreyes únicamente «situaban» la renta concedida, pero que la concesión la hacia la Corona desde España. Es fácil advertir también que la nueva forma de proveer desvirtuaba la finalidad de las encomiendas: no eran ya los conquistadores y vecinos quienes obtenían los repartimientos, sino las personas que gozaban mayor influencia en la Corte.

Con posterioridad veremos curiosas confusiones entre las mercedes en renta Real y las encomiendas, explicables por el nuevo estilo de concesión.

Finalmente, estudió ANTONIO DE LEÓN la confirmación de las encomiendas, ordenada por cédula de Valladolid de 20 de septiembre de 1608[53]. Primero se concedió un plazo de cuatro años para que el interesado presentara su despacho al Consejo, y luego (1623-1629) se amplió el término a seis años para las Audiencias de Lima, La Plata, Chile y Filipinas y a cinco años para las demás regiones. La confirmación no sólo se exigió en las encomiendas dadas por virreyes, sino en las mercedes concedidas por la Corona y que aquéllos «situaran», porque de este modo se tenía en España conocimiento de cuáles se habían cumplido y en qué términos.

La obra de ANTONIO DE LEÓN es de las más completas que existen sobre la encomienda de Indias. Era una recopilación cuidadosa y ordenada de las cédulas dictadas, y presentaba por primera vez en conjunto aspectos jurídicos, administrativos, algo de la evolución histórica y capítulos sobre justificación de la encomienda. La naturaleza de esta obra se explica leyendo el párrafo en que el propio LEÓN dice, que don Lorenzo Ramírez de Prado, del Consejo de Indias, le mandó «que en un memorial le propusiese lo que por leyes, cédulas y ordenanzas Reales está dispuesto y se practica en aquellas provincias, en encomiendas y mercedes, ventas y renunciaciones de oficios… y otros casos de que al Supremo Consejo acuden a sacar confirmación»[54]. De allí el valor informativo del tratado.

Poco tiempo después de la obra de LEÓN, escribió don JUAN DE SOLÓRZANO Y PEREIRA su Política Indiana, cuyo libro tercero dedicó por entero al tema de las encomiendas; fue sin duda el más completo, profundo y elegante estudio jurídico sobre la institución[55].

Comenzaba SOLÓRZANO por estudiar: «el nombre y origen de las encomiendas de los indios y la justificación de ellas en la forma que hoy se practican»[56]. Este enunciado coloca a nuestro autor en el grupo de los tratadistas que en el siglo XVII apreciaron conscientemente la evolución de la encomienda, distinguiendo su primitivo estado de su nueva forma controlada. SOLÓRZANO interpretaba la institución como forma de patrocinio y por eso sostenía la propiedad del nombre, porque commendo en latín significa recibir algo en depósito y también en amparo y protección, debajo de fe y clientela, y si el español encomendero tenía al indio bajo su amparo, y debía cuidar de él, era correcta la denominación.

Describía después con brevedad el proceso histórico de las encomiendas indianas; la creación por Cristóbal Colón en la Española para que los indios sirvieran a los españoles en sus labranzas, ganaderías y minas, la continuación por Nicolás de Ovando y los otros gobernadores, el paso a Nueva España con Cortés y a Yucatán con Francisco de Montejo. Refería que los excesos de los encomenderos contra la libertad de los indios dieron lugar a la campaña de LAS CASAS; que hubo intentos Reales de suprimir las encomiendas: en 1518, cuando gobernaba en Cuba Diego Velázquez y en 1523, cuando cortes fue designado gobernador de Nueva España. Como las encomiendas habían echado muchas «raíces», no fue posible cumplir la prohibición, pero continuando en los reyes la solicitud y el deseo de la libertad y bien de los indios, se halló finalmente la forma de conseguirlo, que fue prohibir la esclavitud, y que no se les pudiese entregar ni encomendar a título de servicio personal, sino que se señalase una cantidad cierta y moderada que cada uno de los indios pagase al rey por vía de tributo, y que de lo que así se obtuviese, los gobernadores autorizados para ello fuesen repartiendo entre los conquistadores y pobladores y otros beneméritos lo que les pareciese, por dos vidas, conforme a la ley de la sucesión, y con cargo que tuviesen cuenta de que los indios fuesen bien tratados y doctrinados y de acudir como feudatarios al servicio del rey y defensa del reino en las ocasiones oportunas, debiendo prestar juramento especial de fidelidad. Que las quejas de LAS CASAS podían valer contra la antigua forma de la encomienda, pero no contra la reformada, porque en ella el indio no quedaba por esclavo, ni por vasallo del español: consistía únicamente en una delegación o subrogación en los tributos del rey, sin que el encomendero tuviera poder sobre el indio, teniendo por el contrario obligación de ampararlo, defenderlo, pagar al cura de la doctrina y a las justicias. Mencionaba SOLÓRZANO los argumentos de LEÓN y de BARTOLOMÉ DE ALBORNOZ contra LAS CASAS; en favor de la facultad de los reyes de ceder sus tributos a los encomenderos, decía que SAN GREGORIO (lib. 3 De Regis, epíst. 23), INOCENCIO y CAMILO BORRELO, permitían al rey ceder a sus barones y feudatarios el derecho que le competía de cobrar tributos, y penas y multas de sus vasallos, y que hecha la cesión se subrogaban en lugar del Príncipe. Que revocadas las Leyes Nuevas, «se asentó, permitió y continuó la nueva forma de encomendar de que vamos tratando».

En el capítulo II estudió SOLÓRZANO las razones que mediaron en favor de la implantación de las encomiendas: la religiosa, porque las encomiendas facilitaban la conversión de los indios, siendo los encomenderos a modo de padrinos o susceptores, como los hubo en los primeros tiempos de la Iglesia; la razón tutelar: el poderoso amparaba al flaco y lo sacaba de la barbarie: como ejemplo, citaba la clientela de los griegos, y en tiempos más modernos, los vasallos de servidumbre de Aragón; que también existían patronos y clientes en Alemania (invocaba los escritos de MARTÍN MAGUERO y COQUIER); que JOSÉ DE ACOSTA al hablar de la encomienda de los indios, mencionó los contratos de clientela de griegos y romanos; que los encomenderos debían llamarse patronos, como se usaba en los feudos. Citaba también SOLÓRZANO la razón de colonización: las encomiendas permitían a los españoles tomar asiento en la tierra; la razón militar: los romanos acostumbraron dar las tierras ganadas a sus soldados para que las defendieran; por último, invocaba la razón del premio debido a los soldados indianos: los reyes de España tenían el deber de premiar a tantos capitanes y hombres beneméritos que en aquellas provincias sirvieron, gastando vidas y haciendas sin paga alguna; era obligación natural del rey y consignada en la ley 57, tít. 18, Partida III. Que del mismo tipo remuneratorio de la encomienda de Indias eran los feudos de Alemania, Lombardía y Nápoles, y los señoríos de España, creados durante la guerra contra los moros. (Citaba aquí a BOBADILLA, Política de Corregidores, lib. II, cap. XVI, número 18; a CALIXTO RAMÍREZ, De Lege Regia, § 32; y a SALAZAR DE MENDOZA, De Orig. Dig. Hisp.). Que entre los autores indianos, ACOSTA, LEÓN y MATIENZO, interpretaban las encomiendas como sombra de los señoríos de España, utilizando los argumentos de los feudos y mayorazgos.

De acuerdo con las leyes de Indias, SOLÓRZANO definió las encomiendas como[57]: «un derecho concedido por merced Real a los beneméritos de las Indias para percibir y cobrar para si los tributos de los indios que se les encomendaren por su vida y la de un heredero, conforme a la ley de la sucesión, con cargo de cuidar del bien de los indios en lo espiritual y temporal, y de habitar y defender las provincias donde fueren encomendados, y hacer de cumplir todo esto, con homenaje, o juramento particular». Añadía que la encomienda, en su forma última controlada o «nueva forma», no daba al español un derecho de propiedad sobre el indio, ni siquiera el dominio directo sobre el tributo, sino sólo el útil[58], aunque reconocía que la posesión del repartimiento se simbolizaba entregando la persona del cacique indio, y que muchas leyes hablaban con falta de precisión, ya de propiedad de los tributos, ya de propiedad de los indios. Al comparar la encomienda con los mayorazgos decía, que si bien en éstos, según la opinión más general, el beneficiario tenía dominio directo sobre los bienes, además del útil, en las encomiendas esta regla no podía aplicarse, porque el rey expresamente se había reservado el dominio directo. Consideraba SOLÓRZANO que la encomienda de Indias se asemejaba con más propiedad al feudo: «en el origen de su introducción [servicios de guerra], en el modo y derecho de gozar [dominio útil, sucesión especial, etc.], en la prohibición de no enajenar, en la necesidad de restituir, y de acudir al servicio militar del señor del directo dominio»[59]. Pero también reconocía, que por las limitaciones y cargas especiales de la encomienda, era un feudo degenerante y no recto o propio. Por la forma de atribución, consideraba que la encomienda era una donación o merced Real, pero no donación gratuita, sino remuneratoria de los servicios prestados por el vasallo, y tampoco absoluta, sino condicional o sub modo, por las diversas cargas que se imponían al beneficiario. Que JOSÉ DE ACOSTA decía que los repartimientos de indios fueron: «como jornal, estipendio, paga o galardón con que asalariaron y alentaron nuestros reyes a los que les hubiesen servido y sirviesen en aquellas partes»[60]. SOLÓRZANO se quejaba de que los reyes concedieran las encomiendas de Indias a señores de España, en vez de darías a los beneméritos indianos[61]. Estimaba que la repartición de feudos era una medida útil para la conservación de tierras nuevas, porque los beneficiados al defender el reino defendían juntamente lo que se les había repartido, y ponían en ello mayor esfuerzo.

Estudió SOLÓRZANO el derecho de las pensiones concedidas a cargo de las rentas de los encomenderos. Con el objeto de no fraccionar las encomiendas, se concedían a un solo titular, y siendo gruesa su renta, el rey consignaba pensiones sobre la misma, de suene que el encomendero sólo recibiera el remanente[62]. Cuando se extinguía la pensión, se consolidaba con la encomienda, salvo provisión especial de que permaneciera vaca para hacer nueva provisión.

Siguiendo a ANTONIO DE LEÓN enumeró luego SOLÓRZANO las autoridades que podían conceder encomiendas. Le parecía correcta la lista de LEÓN, excepto en el punto relativo a la facultad del virrey de México, pues SOLÓRZANO creía que éste tenía poder para conceder encomiendas vacantes[63]. Sin embargo, reconocía que en los últimos años se había modificado dicho poder, especialmente por una cédula de marzo de 1607, que ordenó que las encomiendas que vacasen en aquella provincia se aplicasen a la Corona; pero añadía SOLÓRZANO, «esto no le impide [al virrey] ir nombrando y proveyendo en ellas a los que tenían cédulas para ser encomendados, anteriores a este orden, y también a otros que las impetran de nuevo, para ser proveídos en las que primero vacasen, con derogación de las contrarias».

Es decir, según la tesis de SOLÓRZANO, era falsa la doctrina de LEÓN de que los gobernantes de México, desde la época de 1530 no tuvieran poder para encomendar; no desconocía que la incorporación y especialidad de las encomiendas de Nueva España existía en 1630, cuando León escribió su obra; pero templaba la afirmación, advirtiendo que la incorporación no era absoluta y que el virrey tenía facultad para «situar» las mercedes que el rey le ordenara y también crear nuevas encomiendas cuando el monarca, en un caso especial lo autorizara, con derogación de la ley general de incorporación[64].

SOLÓRZANO, continuando su estudio, enumeró las personas capaces de gozar encomiendas y las excluidas por ley[65]. Consideraba entre los incapaces, a las comunidades religiosas, clérigos, frailes, hijos ilegítimos, mestizos, mulatos, extranjeros, ministros y sus allegados, el que ya tenía otra encomienda, y los ausentes. Los menores y las mujeres podían tenerlas poniendo escudero[66].

Definió después lo que había de entenderse por vacante de encomienda: «se dirán estar vacantes las encomiendas legítimamente, cuando se supiere que sus poseedores han muerto natural, o civilmente, o han hecho libre, total y absoluta dejación y renunciación de ellas, o dejado y desamparado sus residencias y vecindades, o las demás cargas y condiciones que se les dieron, o cometido delitos tales, que merezcan ser privados de ellas y que se den por vacantes»[67]. Creía que los virreyes no podían conceder expectativas sobre las encomiendas, es decir, darlas a un nuevo beneficiario antes de que vacaran. En cuanto a la facultad de los reyes para hacerlo, decía que había algunas opiniones afirmativas, y en la práctica se usaba, pero él personalmente se pronunciaba en contra, porque era una concesión de futuro que podía engendrar inconvenientes: el rey no podía desear el mal del poseedor actual, pero sí podía nacer de la codicia del nuevo designado, a quien favorecería la pronta muerte del tenedor de la encomienda. SOLÓRZANO no ignoraba que muchas cédulas Reales habían prohibido la renuncia o dejación de las encomiendas, pero sostenía que se dictaron para evitar fraudes y la prolongación indebida de las vidas de las encomiendas, y que por eso, cuando la renuncia fuera absoluta y sin dolo debía valer[68].

En los capítulos VIII, IX y X examinó la materia de la provisión de encomiendas. Refería que primero estuvo al arbitrio de los gobernadores, pero que el Consejo de Indias ordenó que se celebraran oposiciones para la provisión, de lo cual protestó el virrey del Perú, «considerando que desdecía de la confianza y representación de su dignidad»[69]. Sin embargo, el orden legal se implantó, y SOLÓRZANO lo exponía en términos parecidos a Antonio de LEÓN[70]; creía que debía existir cierta libertad de elección en el repartidor; por ejemplo, para favorecer a un pretendiente muy viejo que de no ser gratificado moriría sin premio; las órdenes, por apretadas que fuesen, admitían cierta templanza en casos particulares.

Las cédulas especiales de merced o recomendación que la Corona acostumbró dar para que los virreyes situaran las vacantes en favor de los designados, preocupó también a SOLÓRZANO[71]. Refería el origen de estas cédulas: «porque muchos de los que se tienen por beneméritos en las provincias de las Indias, no contentos con las cédulas y mandatos generales que tienen en su favor, suelen impetrar otras particulares de la Real persona, para que los virreyes y gobernadores les acomoden en las encomiendas que estuvieren vacas, o que vacaren, unas veces señalando la cantidad de renta en que han de ser encomendados, y otras sin señalarla, sino en la que pareciere competente a sus personas, méritos y servicios»[72]. Que estas cédulas las obtenían muchas personas que habían servido fuera de las Indias, y algunas por favoritismo. El autor se proponía el problema del valor legal de tales cédulas. Consideraba que si de modo expreso señalaba el rey la encomienda que debía darse al recomendado, esta designación especial debía tener preferencia absoluta. Si únicamente se decía que había de darse la encomienda que el favorecido señalara, hecha por éste la designación, el virrey o gobernador tendría que concederle tal encomienda. Si la recomendación era de tipo general, debía mirarse la fecha de la más antigua y también examinar el monto, porque las concesiones de mayor cantidad revelaban en el rey un deseo más acentuado de premiar. Este razonamiento era en términos de derecho común, pero SOLÓRZANO advertía que conforme al municipal de las Indias, los beneméritos debían ser preferidos, y que en instrucciones secretas se había mandado a los virreyes que no postergaran a éstos, «de donde se saca que estas cédulas son como unas canas excitativas o de recomendación, por las cuales no se precisa su cumplimiento al que gobierna, ni se quita el derecho a quien mejor le tuviere, y queda en su entera fuerza y vigor la obligación primitiva de guardársele a todas, y remunerar según los méritos»[73].

En los casos en que la encomienda concedida resultaba después rebajada o anulada, ¿cabía al encomendero derecho de evicción contra el príncipe, para pedir el complemento u otro beneficio? En los feudos decía SOLÓRZANO que cabía la evicción; no se admitía, en cambio, en las donaciones puras. La dificultad del caso de la encomienda provenía de que era una institución que podía considerarse en uno u otro de los casos. SOLÓRZANO recordaba que él no admitió la teoría de que la encomienda fuera una donación pura, sino cuasi-remuneratoria de los servicios del vasallo, y por ser a modo de un pago, el vasallo tenía derecho a no ser engañado y obtener otro beneficio. Acerca de la naturaleza del derecho del vasallo para exigir el premio del príncipe, SOLÓRZANO citaba la opinión de ARIAS PINELO, en el sentido de que no cabía acción judicial, pero nuestro autor insistía en el deber natural del rey de premiar: «los príncipes dignos de serlo no hao de esperar petición en juicio, sino antes, desde la cumbre de su grandeza, atalayar los que bien le sirven y prevenir los premios que por ellos merecen, y temer y respetar más la ley y razón natural, que es la que induce y requiere estas remuneraciones, más que ningún precepto o sentencia de juez»[74].

En el capítulo XIII examinó la prohibición de dividir las encomiendas, por los daños que a los vasallos venían de tener varios señores. Decía que esto no se cumplía siempre y que el príncipe que había dictado la prohibición tenía derecho de suspenderla, dando a una persona la mitad de una encomienda y a otra el resto, o reservándolo para sí. SOLÓRZANO distinguía el caso en que la división era con distinción de partes, de aquel en que se hacía pro indiviso o in solidum. Tampoco había de confundirse, según su doctrina, el caso en que el rey quería conceder una verdadera cuota-parte, con aquel en que sólo deseaba la concesión de una pensión[75]. El derecho de acrecer no tenía lugar en los casos en que había partes divisorias, y sí cuando se trataba de tenencia in solidum, porque esta regla regía en el usufructo y en las donaciones[76]. En los casos de pensión, ésta se consolidaba con la encomienda al vacar, salvo disposición en contrario.

Los elementos del derecho feudal sirvieron también a SOLÓRZANO para aclarar el tema de la investidura o toma de posesión de la encomienda[77]; distinguía en los feudos la investidura alusiva o ceremonial ante los pares de la Corte, y la propia o material en que consistía la toma de posesión. Creía que en las encomiendas se necesitaba título y además la aprehensión material. Que los virreyes fijaran plazo a los proveídos: para ocurrir por el despacho de su título; para tomar posesión corporal, que se daba en la persona de un indio o del cacique en representación de todo el repartimiento; y para prestar el juramento de fidelidad[78].

Sobre el derecho de disposición de estos bienes, afirmaba SOLÓRZANO[79] que el encomendero no podía ceder ni enajenar la encomienda, ni vender, alquilar o traspasar sus indios; pero que podía obligar los frutos de la encomienda; esta obligación no pasaba al sucesor del repartimiento. Que aunque se embargaran las rentas de la encomienda por obligaciones del encomendero, éste debía velar por la defensa de los indios. Que tampoco podía arrendar, prestar, ni pignorar la encomienda. Que con permiso del superior podían permutar sus encomiendas dos encomenderos. En cuanto al derecho de prescripción, contra el príncipe, eran necesarios cien años, y contra otro particular, bastaban diez o veinte, si el poseedor tenía título.

MATIENZO, Antonio de León y otros autores, por el carácter semi-castrense de la encomienda (por su carga militar), opinaban que el padre no debía gozar el usufructo de la encomienda que heredara el hijo menor de edad, sino que los frutos debían ser para éste. Pero SOLÓRZANO[80] sostuvo la opinión favorable al usufructo del padre, y que si esto no se aceptaba, al menos se establecieran algunas distinciones.

Sobre el derecho sucesorio de las encomiendas, siguiendo en gran parte a MATIENZO y LEÓN, afirmaba[81]; que la sucesión era por el primogénito como en los mayorazgos; que era por dos vidas, salvo las disimulaciones; que no era sucesión hereditaria, sino legal como en los feudos; que el sucesor por eso no necesitaba institución, sino quedaba como poseedor ipso iure; que el poseedor de la encomienda no podía en vida ni en muerte afectar el bien en perjuicio del sucesor; que el padre no podía en su testamento heredar al hijo menor apartándose de la ley, y ni el príncipe sin justa causa podía excluir al primogénito, puesto que la encomienda era la legítima de éste; que no cabía testamento en feudos ni en encomiendas; que el llamado por ley podía renunciar dentro de quince días si estaba presente y treinta y cinco si ausente; que los primogénitos tenían deber de mantener a sus hermanos y madre; que el nieto podía suceder a falta de hijos, y también las hijas, pero no los transversales; que para suceder la mujer al marido encomendero, o al contrario, habían de vivir seis meses casados; que muerto el marido que casó con mujer encomendera volviera la encomienda a la mujer, y muerta ésta, siendo la encomienda en segunda vida, se extinguiera.

Sin seguir al autor en esta dilatada materia, pasemos al estudio de las cargas propias de los encomenderos[82]. Enumeraba: la militar, por razón de la cual prestaban juramento y quedaban obligados a tener armas y caballos, y salir a la defensa de la tierra y seguir el pendón real; la carga de cuidar del bien espiritual y temporal de sus indios; la carga de residir en la provincia de la encomienda; el deber de entregar al rey la tercera parte de las utilidades de la encomienda, medida fiscal en vigor desde el año de 1615[83]; acudir por la confirmación del titulo al Consejo de Indias, porque explicaba el autor: «aunque antes las encomiendas, con sola la provisión y colación que de ellas hacían los virreyes y gobernadores, surtían pleno efecto y daban derecho irrevocable a los encomenderos, después se mandó, que en las que de nuevo se proveyese… se viniese a pedir confirmación de la merced de ellas a Su Majestad en su real consejo de las Indias»; la razón, según SOLÓRZANO, era: «quererse enterar el rey nuestro señor y su Real Consejo de las Indias, si se procedió justificadamente en la distribución, y provisión de las dichas encomiendas y pensiones… y si se atendieron y pesaron bien los servicios y méritos de los competidores». Este requisito se exigía desde 1608[84], Como en los feudos, la confirmación de las encomiendas era de dos clases: «infundente», si la provisión primera resultaba nula, pero a pesar de ello la confirmaba el superior; y «transfundente», si siendo correcta la primera provisión, el superior se limitaba a aprobarla.

En el capítulo XXIX estudió SOLÓRZANO la importante materia del término y resolución de las encomiendas, o sea: «los modos y causas por donde suelen extinguirse, acabarse y devolverse las encomiendas a la Corona Real, de donde salieron». Es un hermoso capítulo, en el cual el jurista español consideró por encima de la voluntad del príncipe, los derechos amparados en la ley natural, y por eso estas mercedes dadas en pago de servicios no podían revocarse caprichosamente, sino sólo por causa justa: «peca mortalmente el príncipe que sin culpa o causa revoca las gracias y mercedes ya una vez hechas a sus vasallos»[85]. Además, da justa causa de las revocaciones, no se ha de medir mirando y atendiendo a sola la utilidad y comodidad del príncipe, sino a la pública y urgente necesidad del reino que pida semejante mudanza, cuya salud prepondera a la de los particulares». El príncipe debe respetar las mercedes hechas por sus antecesores: «no se debe tener por celador, sino por destruidor de su Corona el que deshace o quita lo que hicieron o concedieron sus antecesores, y puede temer que harán con él lo mismo los que le sucedieren». Por último: «ni reyes ni papas, por más amplia que en ellos tengan su potestad, pueden privar a los poseedores sin citación y sentencia declaratoria, no interviniendo causa tan justa y grave que obligue a proceder exabrupto». Con estas afirmaciones templaba SOLÓRZANO la teoría absolutista de otros autores, que interpretaban las mercedes como actos de voluntad del soberano, y por lo tanto como Derecho positivo, sujeto a la voluntad de su creador real, el cual podía libremente revocar o modificar tales mercedes.

Rechazando de esta suerte la causa de supresión por voluntad arbitraria del soberano, SOLÓRZANO estimaba como causas de extinción de las encomiendas: la muerte del último poseedor, transcurrido el tiempo legal o vidas de la encomienda, la renuncia, que el encomendero entrara en religión, o cometiera algún delito grave.

En los capítulos XXX y XXXI estudió los pleitos y litigios en torno a las encomiendas, ya por causa de la propiedad, la posesión jurídica, o por detentación de hecho o juicios de expolio. Que primero tuvieron competencia los gobernadores, apelándose a las audiencias. En 1540 mandó Carlos V que conocieran las audiencias, y en apelación el Consejo de Indias. Por la ley de Malinas de 1545 (20 de oct.) el Emperador se avocó exclusivamente el conocimiento de los litigios, excluyendo a audiencias y Consejo. Pero por ley declaratoria posterior mandó que el litigante: «parezca en la audiencia en cuyo distrito estuvieren los tales indios, y ponga la demanda, y el presidente y oidores de la tal audiencia den traslado a la otra parte, y dentro de tres meses hagan la probanza e información que tuvieren, hasta doce testigos no más, y se cierre con esto el proceso y se envíe cerrado al Consejo de Indias, quien resuelve». En la cédula de septiembre de 1548, segunda declaratoria de la de Malinas, se ordenó que al remitir los autos, la audiencia citara a las partes ante el Consejo. En tanto se ventilaba este pleito sobre propiedad o posesión definitiva, las audiencias conocían de los despojos y detentaciones por medio de interdictos: esto era para impedir los actos de fuerza y propia autoridad[86]. En 27 de abril de 1610, Felipe III mandó que la ley de Malinas y sus declaratorias sólo se observaran en encomiendas de más de mil ducados de renta, y en las otras conocieran las Reales audiencias, hasta sentencia, yendo al Consejo por segunda suplicación, cuando cabía.

En el capítulo XXXII trató finalmente SOLÓRZANO el tema de la perpetuidad. Estimaba que en el primer tiempo debió resolverse favorablemente, pero que en la situación presente de las encomiendas, en que había pocos indios de repartimiento y no se daban a beneméritos, sino a señores de España, era mejor dejar todo como estaba y pensar que los inconvenientes de la institución se debían a pecados de las personas que sólo Dios, corrigiendo la bondad humana podría evitar. SOLÓRZANO expuso las razones en pro y en contra de la perpetuidad; no ocultaba su preferencia medieval: lamentaba que en las Indias no se hubieran formado las casas nobles con señoríos perpetuos y jurisdicción, como había en España. Decía[87]; «puede justamente mover a compasión que estos conquistadores, que por sus grandes e ilustres hazañas, superiores algunas veces a humanas fuerzas, eran dignos de haber sido honrados, y decorados con títulos de duques, marqueses y condes, no sólo no hayan dejado estos honores, remuneraciones y privilegios a sus hijos y descendientes, sino antes una total desnudez y miseria, y tan extrema necesidad, que han de mendigar de otros su propio sustento».

Las doctrinas expuestas representan el momento de plenitud de la encomienda. Resuelto el delicado problema de la justificación, y en receso las peticiones de perpetuidad, los autores pudieron estudiar la estructura de la institución, con la amplitud y minuciosidad vistas.

CAPÍTULO VIII

LA ENCOMIENDA EN LA RECOPILACIÓN DE 1680

Para completar la descripción jurídica de la encomienda, estudiemos su forma legal en la Recopilación de Indias.

En ésta, la encomienda corresponde a la, «forma nueva» de simple cesión de tributos debidos a la Corona por los vasallos indios. De aquí que su sistema legal se encuentre unido a las disposiciones previas generales sobre la tributación de los indios. La ley 1, tít. 5, lib. VI dice:

«Porque es cosa justa y razonable, que los indios que se pacificasen y redujeren a nuestra obediencia y vasallaje, Nos sirvan y den tributo en reconocimiento del señorío y servicio, que como nuestros súbditos y vasallos deben, pues ellos también entre sí tenían costumbre de tributar a sus tecles y principales: Mandamos, que se les persuada a que por esta razón Nos acudan con algún tributo en moderada cantidad de los frutos de la tierra, cómo y en los tiempos que se dispone por las leyes de este titulo. Y es nuestra voluntad, que los españoles, a quien por Nos o por quien nuestro poder hubieren, se encomendaren, lleven estos tributos, porque cumplan con las cargas a que están obligados, reservando para Nos las cabeceras y puertos de mar, y las demás encomiendas y pueblos incorporados, y que se incorporaren en nuestra real corona».

Conviene advertir, antes de continuar con los preceptos sobre tributos y encomiendas, que esta institución figuraba en el Código indiano perfectamente separada de la esclavitud legal[1] y del servicio personal o contrato forzoso de trabajo[2]; las discusiones anteriores hicieron posible este resultado en 1680.

¿A qué indios alcanzaba el tributo? En algunas leyes de la Recop. parece advertirse el concepto de que debían tributar únicamente los indios labradores avecindados en las reducciones, que gozaban casas, tierras y los servicios del común, como aguas, tejidos, dehesas, bosques, etc.[3], entendiéndose el tributo como un pago del «vecino» por los bienes que disfrutaba en el pueblo bajo la protección del señor[4]. Pero esta interpretación real de la tribulación, que excluía del pago a todos los que no fueran terrazgueros o colonos, no se mantuvo. La Corona interpretó el tributo como una carga personal, y quedaron incluidos en el pago dos indios que trabajan en estancias, obrajes, labores, ganados, minas, recuas, carreterías y servicio de españoles en los pueblos principales»[5] y dos indios maestros en sus oficios de carpinteros, albañiles, herreros, sastres, zapateros y otros semejantes», aunque estos últimos estaban eximidos de la mita[6]. De esta suerte el tributo vino a ser una carga general de la población india, por razón de la soberanía que el rey español tenía sobre ella. La ley 7, tít. 5, lib. VI fijó la edad de dieciocho a cincuenta años, como período legal para contribuir.

Hubo sin embargo algunos casos de exención. Los indios yanaconas (que estaban en estancias de españoles sin pertenecer a grupos encomendados, ni a pueblos realengos) estuvieron algún tiempo sin pagar tributo, y luego fueron gravados[7]; lo mismo los indios de Tlaxcala, que gozaron privilegio especial, a causa de sus servicios en la conquista de México[8]; los indias caciques y sus hijos mayores no tributaban ni tenían obligación de acudir a las mitas, y tampoco las mujeres indias en general[9]; el indio alcalde, en el año en que lo fuera, no pagaba tampoco tasa ni servía[10]. Los indios que se sujetaban pacíficamente a la Corona gozaban exención temporal por diez años de tributos y servicios[11].

Además de los tributos ordinarios la Corona impuso a los indios ciertos servicios o pedidos extraordinarios, como el del «requinto» para los indios del Perú, Nuevo Reino de Granada y Tierra Firme, y el servicio del «tostón» para los indios de Nueva España, expresando como motivo das públicas necesidades que ocurrieron el año presente de 1591»[12].

Las tasaciones.—Para fijar el monto de los tributos del pueblo indio realengo o encomendado y declararlo legalmente, para los efectos posteriores del cobro, la Recopilación aceptó el sistema de tasas. La forma ordenada por la ley 21, tít. 5, lib. VI era: «porque no reciban agravio los indios en hacerles pagar más tributos de los que buenamente pueden, y gocen de toda conveniencia: encargamos y mandamos a nuestros virreyes, presidentes y audiencias, que cada uno en su distrito haga tasar los tributos, y los comisarios que para esto fueren nombrados, guarden la orden y forma siguiente»: oír la consabida misa, ver por sí los pueblos, .averiguar lo que pagaban los indios en su gentilidad, qué podían justamente pagar ahora, dejándoles para dotar y alimentar sus hijos, cubrir enfermedades, etc., fijando la tasa de modo que «antes enriquezcan que lleguen a padecer pobreza», que no hubiera banquetes ni gastos de los comisarios, porque eran a costa de los indios, que el tributo se pagara en los mismos frutos que los indios cogieran, que no se incluyeran servicios personales de ninguna clase, ni de minas, que hubiera una matricula de los pueblos y pobladores y tributos para que los naturales supieran qué era lo que debían pagar, y los encomenderos y oficiales lo que podían cobrar, que el encomendero que abusara pagara cuatro tantos de lo que llevara de exceso, y la segunda vez perdiera la encomienda, que se enviara un traslado de la tasación al Consejo de Indias, y el oidor o juez que fuera a hacerla llevara instrucción, además de la disposición general de la ley.

La ley 22 añadía:

«sean las tasas claras, distintas, y sin generalidades, especificando todo lo que han de tributar los indios y no expresen los tasadores cosas menudas, disponiéndolo de forma que sólo tributen en cada pueblo dos o tres especies de las que en a se cogieren y los indios tuvieren y no se ponga el gravamen de hacer y reparar las casas y estancias de los españoles y asimismo dispongan, que donde hubieren de tributar en ropa, mantas y algodón, sea todo de un género en un repartimiento y pueblo, y no de muchas diferencias de mantas, camisetas, manteles y camas labradas, porque en esto solía haber grande exceso y agravio, dándoles cada día la muestra que querían los encomenderos, y es necesario que haya peso y medida en las mantas, porque no se las puedan alargar, ni ensanchar; y quítese la mala costumbre de algunos lugares, en que los caciques hacen juntar las mujeres en una casa a tejer las mantas, donde cometen muchas ofensas de Dios nuestro señor; y ordénese que los indios hagan las sementeras en sus pueblos, y no en las cabeceras y que de allí las haga llevar a su costa el encomendero; y si algún año no se cogiere pan por esterilidad o tempestad, no sean obligados los indios a pagarlo al encomendero por entonces, ni después».

Tampoco se pagaba todo el tributo en pueblos afectados por la peste[13].

Completaban la materia del contenido económico de los tributos de los indios las leyes 39 y 40 del tít. 5, lib. VI, según las cuates los tributos podían ser en frutos o en dinero; la ley 24, prohibía que como parte de la tasa figurara algún servicio personal, ordenando que si lo había, se conmutara en especie o en dinero; repetía la prohibición la ley 25, enumerando como contribuciones lícitas las que fueran en dinero, trigo, maíz, yuca, gallinas, pescado, ropa, algodón, grana, miel y otros frutos, Legumbres y especies que, «cómodamente se cogieren según el temple, calidad y naturaleza de las tierras». Se prohibían tributos en piezas de caza y regalos[14].

Sobre la forma de efectuar los pagos de los tributos, dispuso la ley 15 del mismo tít. 5, lib. VI, que a los caciques correspondiera la obligación de cobrarlo directamente de los indios tributarios, y este jefe indio a su vez, pagara al encomendero o a los oficiales reales, según fuera el pueblo de encomienda o de la Corona Real. Las leyes 30 y siguientes, especialmente la 44, daban nuevas disposiciones, en el sentido de que el tributo se pagara en el lugar de la vecindad de los indios, y no en el de la residencia del encomendero o Caja Real; según las leyes 30 y 31 del tic. 5, lib. VI, en la tasa sé especificaría por separado lo que correspondiera a caciques y comunidades, lo que fuera para la Iglesia y lo del rey o encomendero, o sea, los diversos pagos que hacían los indios. En los pueblos de la Corona se usó el sistema de remate de los tributos; es decir, un particular pagaba la suma a la Corona, y ésta le delegaba la facultad de reembolsarse de los indios, dejándole el cuidado del cobro[15].

Volviendo a las tasas hallamos, por último, que el tasador era a modo de un juez, ante quien probaban y alegaban las partes: encomendero, fisco, indios[16]. Se apelaba de sus decisiones ante las audiencias. La retasa, o sea la operación de revisar la tasa anterior considerada inadecuada en un momento dado, por no corresponder por exceso o defecto a la capacidad contributiva del pueblo indio, debía promoverse a petición de parte, pero el visitador procedía de oficio sí notaba un gravamen excesivo sobre los indios[17]. Fuera de este caso, si los indios pedían la modificación, se seguían los trámites comunes, pero no se les cobraban costas judiciales, y en cambio siempre se exigían cuando el encomendero pedía la retasa. Los casos más justificados para solicitarla eran por muerte de indios tributarios, esterilidad de la tierra, malas cosechas u otros casos fortuitos; en los pueblos de la Corona no se podía retasar normalmente hasta que transcurrieran tres años[18]. También existían recuentos de indios: éstos no implicaban la variación del monto del tributo, sino sólo ajustarlo a la curva de la población india.

La naturaleza de garantía escrita de la tasación, fue expresamente reconocida[19]. El padrón tributario, las matrículas, inventarios y libros, contribuían a fijar en documentos oficiales los pagos debidos por los indios.

En resumen, la Recopilación llevó a término de modo completo los esfuerzos que desde tiempos anteriores hacia la Corona por someter a un régimen de control la institución de las encomiendas. La precisión sobre los indios comprendidos en las cargas de tributar, la existencia de tasas cuidadosas, revisables cuando la autoridad o las partes lo creían conveniente, la determinación del contenido económico del tributo, excluyendo los servicios personales como parte de las tasaciones, el orden para efectuar los pagos y cobros, y la garantía procesal escrita, venían a ser los medios de que el Estado se valía para lograr el control de la relación entre los indios y los encomenderos[20].

Además de estas reglas generales sobre la tributación, la Recopilación legisló de modo especial sobre las encomiendas y los encomenderos en otros títulos del libro VI. El título 8 se ocupó «De los repartimientos, encomiendas y pensiones de indios y calidades de los títulos», y el título 9, «De los encomenderos de indios». Procuremos sistematizar estas disposiciones.

El origen histórico de las encomiendas, como consecuencia de los descubrimientos y conquistas, fue reconocido por la ley 1, tít. 8, lib. VI, que procedía de la primera disposición de Femando el Católico del año de 1509:

«Luego que se haya hecho la pacificación y seamos naturales reducidos a nuestra obediencia, el adelantado, gobernador, o pacificador, en quien esta facultad resida, reparta los indios entre los pobladores, para que cada uno se encargue de los que fueren de su repartimiento, y los defienda y ampare, proveyendo ministro que les enseñe la doctrina cristiana, y administre los sacramentos, guardando nuestro patronazgo, y enseñe a vivir en policía, haciendo lo demás que están obligados los encomenderos en sus repartimientos, según se dispone en las leyes de este libro».

En el mismo sentido disponía la ley 3, tít. 8, lib. VI:

«Mandamos que los indios que se pacificaren, sean encomendados a pobladores de la comarca, donde residieren los indios».

Sobre el carácter de premio propio de las encomiendas, reconocía la ley 4, tít. 8, lib. VI:

«nuestra voluntad y la de los señores reyes nuestros progenitores, siempre ha sido que los que han servido y sirven en nuestras Indias, sean aprovechados en ellas y tengan con qué se sustentar…».

Esta misma ley fue la que mantuvo en la Recopilación la derogación de las Nuevas Leyes de 1542, que, como se recordará, fueron un esfuerzo para suprimir las encomiendas.

La teoría del amparo espiritual y temporal de los indios, como fin de las encomiendas, y su carácter de institución de patrocinio se encuentran en varias leyes, y de modo especial en la Ley 1, tít. 9, lib. VI:

«El motivo y origen de las encomiendas, fué el bien espiritual y temporal de los indios, y su doctrina y enseñanza en los artículos y preceptos de nuestra santa fe católica, y que las encomenderos los tuviesen a su cargo y defendiesen a sus personas y haciendas, procurando que no reciban ningún agravio… y con esta calidad inseparable les hacemos merced de se los encomendar de tal manera, que si no lo cumplieren, sean obligados a restituir los frutos que han percibido y perciben, y es legítima causa para privarlos de las encomiendas».

La afirmación acerca del origen de las encomiendas puede contrastarla el lector con nuestros capítulos sobre la formación de la encomienda indiana; quizá resulte poco exacta, históricamente, la declaración de la ley recopilada: era más bien un intento posterior de recubrimiento moral y justificación de la institución; pero adviértase que de tal premisa derivaba la ley efectos concretos, porque los fines que señalaba como origen de la institución pasaban a ser carga inseparable del goce de los frutos de la encomienda; de este modo la interpretación moral de la ley recopilada producía efectos jurídicos prácticos.

La interpretación militar tampoco faltó en la Recopilación. Decía la ley 4, tít. 9, lib. VI:

«También hacernos merced a los encomenderos de las rentas que gozan en encomiendas para defensa de la tierra, y a esta causa les mandamos tener armas y caballos, y en mayor número a los que las gozaren más cuantiosas, y así es nuestra voluntad, y mandamos que cuando se ofrecieren casos de guerra, los virreyes, audiencias y gobernadores los apremien a que salgan en defensa a su propia costa, repartiéndolo de forma que unos no sean más gravados que otros, y todos sirvan en las ocasiones; y porque conviene que estén prevenidos y ejercitados, les manden hacer alardes en los tiempos que les pareciere, y si los encomenderos no se apercibieren para ellos o no quisieren salir a la defensa de la tierra cuando se ofreciere ocasión, les quiten los indios y ejecuten las penas en que hubieren incurrido por faltar a su obligación».

Repetía la obligación militar la ley 44, tít. 8, lib. VI. La ley 8, tít. 9, lib. VI, disponía con mayor detalle:

«dentro de cuatro meses primeros siguientes computados desde el día que recibieren los encomenderos la cédula de encomienda, sean obligados a tener y tengan caballo, lama, espada, y las otras armas ofensivas y defensivas que al gobernador de la tierra parecieren ser necesarias, según la calidad de los repartimientos y género de guerra, de forma que para cualquiera ocasión estén apercibidos, pena de suspensión de los indios que tuvieren encomendados».

La carga religiosa de los encomenderos, según la ley 3, tít. 9, lib. VI, era la siguiente:

«Los encomenderos negligentes y descuidados en poner la debida y necesaria diligencia y cumplir su obligación, no procurando ni teniendo ministros para la domina y administración de los sacramentos a los indios de sus encomiendas, y que no han proveído a sus iglesias de ornamentos al culto divino necesarios, ni han satisfecho a los ministros su trabajo, según lo expresado en las leyes de este libro: declararnos, que demás de haber estado y estar en culpa muy grave, son obligados a restituir todo aquello que justamente se debiera gastar en lo susodicho… y si hubiere algunos que con espíritu diabólico, totalmente hayan repugnado que no entrasen ni hubiesen ministros en sus pueblos, y a esta causa las indios han carecido de doctrina y lumbre de fe, y del santo sacrificio de la misa, y gracia de los sacramentos, y los han privado de tanto bien, en gran detrimento de sus conciencias y daño irreparable espiritual y temporal de los indios, ofendiendo grandemente a Dios nuestro señor, son obligados a mucha más restitución y satisfacción que los descuidados y negligentes… los privamos perpetuamente de las encomiendas y condenamos en destierro de la provincia, y declaramos que los encomenderos deben pedir y procurar con toda diligencia ministros religiosos o clérigos, cuales convengan, y proveerlos de convenientes estipendios para su congrua sustentación, y de lo necesario al culto divino, ornamentos, vino y cera, al parecer y disposición del diocesano… y los oficiales de nuestra Real hacienda deben proveer lo mismo en los que tributan y están en nuestra Real Corona».

Los encomenderos de pocos indios debían reunirse en número de dos o tres, para pagar entre todos el culto.

Las cargas colonizadoras del encomendero fueron consignadas también en las leyes recopiladas. Dispuso la ley 10, tít. 9, lib. VI: «es obligación de los encomenderos tener casa poblada en la ciudad cabeza de su encomienda». En esta misma ciudad[21] se le daban solares para edificar, y si el encomendero no fabricaba la casa, «el gobernador provea que de los tributos de aquella encomienda se fabriquen las casas, y hasta que estén hechas no se acuda al encomendero con los tributos». La casa sería de piedra o de otro material durable; quedaba en propiedad absoluta del encomendero y podía disponer de ella en vida o muerte. El encomendero tenía el deber de residir en la provincia o isla de su encomienda, sin poderse ausentar[22]. Esta obligación también alcanzaba a los que gozaban pensiones sobre encomiendas[23]. Cuando por causa justa el encomendero se ausentaba con licencia del gobernador, debía nombrar escudero que cumpliera la vecindad[24]. Las prelados y gobernadores debían «persuadir» a los encomenderos solteros a que se casaran dentro de tres años[25].

Las cargas económicas que podían recaer sobre la renta de los encomenderos eran, según la ley 50, tít. 8, lib. VI, la carga de doctrina, el salario del justicia del rey, la alcabala, el diezmo, hospital, media anata, vino y aceite de limosna para los conventos, pensiones y ayudas de costa concedidas por la Corona sobre la encomienda, y los tercios que el rey se reservaba en ocasiones.

Veamos ahora las reglas formales y substanciales de la Recopilación sobre la provisión de las encomiendas. La provisión era una facultad de gobierno[26], y podían ejercerla los gobernadores interinos que sustituyeran a presidentes de audiencias y virreyes, o esos gobernadores cuando tenían por sí facultad normal de encomendar. También podían proveer encomiendas los adelantados, guardando la capitulación con la Corona, dándolas por dos vidas, pudiendo reservarse un repartimiento y tener otro para mejorarse en el mismo distrito; en otra provincia podían gozar también encomiendas poniendo escudero; los puertos y cabeceras quedaban en la Corona Real. De este modo las encomiendas se daban por las autoridades indianas superiores, no teniendo facultad para ello los alcaldes mayores o autoridades de menor rango, ni en los casos en que desempeñaban el gobierno accidentalmente por ausencia o muerte del gobernador propietario.

Sobre el procedimiento para proveer, dispusieron las leyes 47 y 50 del tít. 8, lib. VI, que se fijaran edictos convocando a los opositores que se creyeran con derecho a la encomienda vaca, y que con término de veinte o treinta días ofrecieran sus pruebas. Examinadas, se resolvía la provisión, despachándose el correspondiente título o cédula de encomienda, en el cual los virreyes y gobernadores debían poner «por cabeza con mucha claridad y distinción, cómo vacó la encomienda, por muerte de quién y en la forma que constó y desde qué día está vaca, cómo se pusieron edictos para su provisión, con que término y en qué ciudades y lugares se fijaron, y qué opositores hubo, con sus nombres y día en que se opusieron, si alegaron causa o razón especial aparte la general de méritos y servicios, la relación de éstos y las cargas de las encomienda». Además[27]: «en los títulos se exprese el número de indios, valor y distrito de la encomienda; averiguado con el fiscal y los oficiales reales den relación para que Nos tengamos bastante noticia dello y de la merced que hacemos». El interesado podía tomar posesión de la encomienda, hasta seis meses después de provista, y debía acudir al Consejo de Indias por la confirmación de su título. Para este último objeto se le daban los despachos signados por escribano, y una copia de los autos originales. El Consejo de Indias ponía la nota confirmatoria devolviendo los títulos, lo cual a veces era sólo una formalidad, pero en otros casos servia a modo de revisión, pudiendo negar la confirmación el Consejo[28].

Hubo también disposiciones sobre las normas de fondo que debía seguir el repartidor para proveer[29]. La ley 11, tít. 8, lib. VI, refiriéndose a un caso particular, dispuso: «el gobernador provea las encomiendas guardando lo dispuesto en personas beneméritas, sin otro ningún respeto, que el servicio de Dios nuestro señor y nuestro, bien de la causa pública y remuneración debida a los más beneméritos». Y la ley 5, tít. 8, lib. VI, decía:

«habiendo llegado a entender que las gratificaciones destinadas por Nos a los beneméritos de las Indias, en premio de sus servicios, no se han convertido, ni convierten, como es justo, en beneficio de los hijos y nietos de descubridores, pacificadores y pobladores, y que por sus personas tienen méritos y partes para conseguirlas, y se hallan olvidados, pobres y necesitados: Mandamos, y repetidamente encargamos a todos los que en las Indias tienen facultad de encomendar, que en esto procedan con toda justificación, teniendo especial cuidado de preferir a los que hubiere de mayores méritos y servicios y de éstos a los descendientes de primeros descubridores, pacificadores, pobladores y vecinos más antiguos, que mejor y con más fidelidad hayan servido en las ocasiones de nuestro real servicio, y que en todas nos avisen en carta aparte, con los despachos que enviaren de los repartimientos encomendados, y lo que rentan, a qué personas los hubieren dado, y de sus calidades y méritos; y les damos facultad para que puedan mejorar los que más nos hubieren servido y honrarlos en otras cosas, porque así importa para animar a los otros y que no dejen de aventajarse en las ocasiones que se ofrecieren por desconfianza de los premios».

La ley 18, tít. 8, lib. VI, mandaba que el repartidor no diera nuevas encomiendas a quien ya las tenía, si había beneméritos que estaban sin ninguna, y la ley 20, tít. 8, lib. VI, que para dar o reunir dos encomiendas en un solo beneficiario hubiera información especial de causa.

Las leyes 12 a 15 del tít. 8, lib. VI, enumeraban las personas excluidas de la facultad de gozar encomiendas: virreyes, gobernadores y otros ministros, prelados, clérigos, monasterios, hospitales, casas de religión y de moneda y tesorerías; también las mujeres, hijos e hijas de los ministros, los extranjeros y los ausentes.

La unidad legal para los repartimientos, o sea, el grupo de indios comprendido en cada provisión, suscitó algunos problemas. La tendencia contra las encomiendas pequeñas fue manifiesta[30], porque se convertían fácilmente en casos de servidumbre. Pero también se encuentran leyes contra las encomiendas excesivas[31], y se prohibió dar muchas a una sola persona[32]; fijó la Corona un límite para los repartimientos, de dos mil pesos de renta[33]. Puede afirmarse, por lo tanto, que se tendía a una unidad de tipo medio. Pero era un término muy variable, según las provincias, número de indios, cantidad de españoles, calidad de la tierra, etc. La Recopilación ofrece varios ejemplos: fija el término medio para las encomiendas de la gobernación del Paraguay en 80 indios; para Santa Fe y Río Bermejo (gobernación del Río de la Plata), 30 indios; en la ciudad de Corrientes y en Buenos Aires, 12[34]. Las encomiendas de Nueva España eran mucho mayores. Además, la Corona, dentro de cada provincia estimaba que los repartimientos no habían de ser iguales, pues no lo eran los méritos de los pretendientes: «es justo que las haya [encomiendas mayores] para personas de mayor mérito»[35]. La ley 24, tít. 8, lib. VI, adoptó como criterio para fijar la unidad del repartimiento, que éste bastara para cubrir los gastos de doctrina de los indios y el sustento del encomendero; que de no dar los frutos para ambas cosas se prefiriera aplicar la renta a la doctrina: «porque es lo más principal… por tocar al bien de las almas y cristiandad de los indios y lo que Nos deseamos». También sirvió de guía[36] la reducción o pueblo de indios, tendiéndose en lo posible a que la encomienda coincidiera con esta agrupación, pero también había casos en que los indios de una sola reducción soportaban diversas encomiendas.

Sobre la relación entre el encomendero y los indios tributarios, uno de los puntos más delicados de la institución; según sabemos, hallamos nuevas cédulas recopiladas. EL encomendero, antes de entrar al goce de su repartimiento debía jurar cumplir la ley del buen tratamiento de los indios[37]. «Pagando los indios a sus encomenderos el tributo conforme a las tasas, no tienen obligación de hacer, ni hagan casas, edificios ni otra obra»[38]; a fin de evitar los servicios, el encomendero no había de tener en el término de su encomienda estancia, crianza u obraje[39]; se repetía la prohibición de usar los indios en servicios personales[40]; tampoco podía echarlos a minas[41]; también se restringía el servicio doméstico de mujeres de la encomienda[42]; no había de impedir el encomendero el libre casamiento de los naturales, ni aceptar matrimonios forzados entre los indios de su encomienda[43]; no había de alquilar sus indios, ni darlos en prenda[44]; la ley 14, tít. 9, lib. VI, detallaba como servicios prohibidos: traer yerba al encomendero o frutas de lugares distantes, pescar, moler, amasar trigo para su beneficio, ele. Nótese la minuciosidad para regular la relación económica; se prohibía, en genera!, aquello en que el español encomendero podía desvirtuarla tasación, única prestación permitida dentro del sistema Legal de la encomienda, en 1680.

Además, siempre, con el fin de evitar que los encomenderos tuvieran mano sobre los indios, disponía la ley 11, tít. 9, lib. VI: «los encomenderos no han de poder hacer, ni tener en los pueblos de sus encomiendas casa, ni bohío, aunque digan que no es para su vivienda, sino para bodega o granjería, y que la darán después de sus días, o desde luego a los indios, pena de perdimiento de lo fabricado… y no puedan dormir en sus pueblos más de una noche, pena de 20 pesos». Las leyes 13 y 14 del tít. 9, lib. VI, prohibían dar licencia a los encomenderos para residir en sus pueblos, y tampoco podían hacerlo la familia ni sus criados, porque los naturales eran fatigados con servicios. Los indios encomendados conforme a la ley 15, tít. 9, lib. VI, no habían de tener comunicación con negros y mulatos, que eran viciosos y les causaban daños. Si algún daño sobrevenía a los indios, el encomendero debía indemnizarlos[45].

Las instituciones de señorío, entre las cuales, aunque con restricciones importantes, puede incluirse con propiedad la encomienda, no se limitaban a la relación económica. Es sabido que la jurisdicción fue otra de sus características en la Europa medieval. Pero también hemos visto en el curso de este trabajo, que el regalismo y la necesidad de defender a los indios de sus propios patronos o encomenderos, limitó ese renglón en la encomienda indiana. La ley de 1680 fue bien explícita[46]:

«en ningún caso sean proveídos en corregimientos, alcaldías mayores, y otros oficios de administración de justicia de las ciudades y pueblos de las Indias… los naturales y vecinos de ellos, ni los encomenderos en sus naturalezas y vecindades y distritos de sus encomiendas, y a los que estuvieren proveídos se les quiten los oficios y asimismo no lo puedan ser los que en aquel distrito tuvieren chacras, minas, ni otras haciendas».

De suerte que la Corona no sólo negó a los encomenderos la jurisdicción propia señorial, sino que no permitía que tuvieran autoridad del rey como corregidores o delegados en sus distritos, porque precisamente las autoridades o justicias Reales eran las que quedaban directamente encargadas de vigilar y administrar la justicia entre encomenderos e indios. Pero como la razón de la prohibición no militaba cuando el oficio y la jurisdicción eran en distritos distintos de aquel en que el interesado era encomendero, se permitía en estos casos su designación, dejando en el lugar de la encomienda un escudero que cumpliera la vecindad[47].

Careciendo de jurisdicción los encomenderos de Indias, no podían usarla tampoco sus delegados; en efecto, mandó la ley 28, tít. 3, lib. VI:

«no se consienta a los calpizques traer vara de justicia entre los indios, aunque lo sean de pueblos de señorío, y al que la trajere condene el gobierno de la provincia en la pena que arbitrare».

Además, dispuso la ley 27, tít. 3, lib. VI:

«cuando los encomenderos hubieren de poner en sus pueblos calpizques o mayordomos, elijan personas tales, y de tanta satisfacción que no hagan daño ni agravio a los indios, y se presenten en la Audiencia, o ante el gobernador del distrito, para que teniendo estas cualidades se les dé licencia, y de otra forma no se les permita entrar ni administrar; y asimismo los encomenderos y calpizques, darán fianzas legas, llanas y abonadas, en la cantidad que pareciere de que si algunos daños, o agravios hicieren los calpizques a los indios les pagarán y estarán a justicia con ellos, y otros cualesquier querellosos, y de todo se les dará instrucción para que sepan lo que deben hacer y guardar, teniendo siempre cuidado de saber si la cumplen y castigar a los que excedieren en su contenido».

En materia de pensiones hallamos que la ley 29 del tít. 8, lib. VI, mandaba que las encomiendas no se gravaran con tantas que resultara ilusoria la renta del encomendero. Para evitar dificultades entre éste y los pensionados, el tributo de las encomiendas gravadas con pensiones, lo entregaba el cacique indio al corregidor y éste hacía la distribución justa[48]. Sobre los tributos de indios vacos pueden consultarse las leyes 40 y 41 del mismo tít. y libro; la Corona dispuso[49] que la cantidad concedida se entendiera con los gastos, no útil o liquida.

Por último, no faltaron disposiciones sobre la naturaleza del derecho del encomendero. Las leyes 16 y 17 del tít. 8, libro VI, ordenaban varias limitaciones en cuanto al derecho de disposición. La renta de la encomienda no podía ser objeto de donación, venta, renunciación, traspaso, permuta u otro contrato; las encomiendas obtenidas por alguno de estos títulos se llamaban de título prohibido, y los virreyes y gobernadores no podían proveerlas, aunque sí en casos especiales por concesión de la Corona. Se prohibía alquilar la encomienda o darla en prenda o en garantía de deuda a los acreedores del encomendero.

El derecho sucesorio, de acuerdo con la doctrina que conocemos, era también especial. Si moría el primer titular dejando hijo legítimo, de legítimo matrimonio nacido, y a falta de él, mujer viuda, el virrey o gobernador «le encomiende los indios que su padre tenía para que goce sus demoras y los industrie y enseñe en las cosas de nuestra santa fe católica, guardando las leyes y ordenanzas hechas para el buen tratamiento de los indios, y hasta que sea de edad para tomar armas, tenga un escudero que Nos sirva en la guerra, con la costa que su padre sirvió y era obligado»[50]; si faltaba hijo varón primogénito sucedían por orden los demás hijos varones, excluyendo el de más edad a los otros; si no había hijos varones, heredaban las hijas en la misma forma, y en último término, la mujer viuda[51]; si recaía la encomienda en alguna hija, se había de casar dentro de un año[52]; el paso de la sucesión al nuevo titular, cuando moría el anterior, se verificaba ipso iure, y por eso si no quería aceptar tenía que presentarse a repudiar dentro de los quince días siguientes[53]; se autorizó que la encomienda fuera objeto del contrato de dote, pero se consideraba transcurrida la vida del padre que la cedía[54]; el principio general de la sucesión autorizaba dos vidas, pero la Recopilación recogió las disimulaciones, que sabemos existían en varias provincias de Indias, especialmente en Nueva España, donde había encomiendas por cuatro y cinco vidas[55].

Sobre la firmeza y estabilidad de las encomiendas (problema de la revocabilidad de que hablaba SOLÓRZANO PEREIRA), dispuso la ley 45, tít. 8, lib. VI: «a ningún encomendero sean quitados ni removidos los indios hasta ser oído y vencido conforme a derecho; y los virreyes, audiencias y gobernadores así lo guarden y cumplan, pena de nuestra merced y 1.000 maravedís que aplicamos a nuestra Real Cámara». La encomienda se perdía si el interesado cometía delito que, según las leyes de Castilla, implicara perdimiento de bienes[56].

¿La encomienda en la Recopilación era un sistema adscripticio? ¿Qué libertad de movimiento tenía el indio encomendado? Es sabido que en los regímenes medievales este factor del libre desplazamiento de las clases rústicas fue sintomático. Es conveniente, por lo tanto, fijar lo que significaba en este aspecto la encomendación indiana.

El virrey Mendoza explicaba a su sucesor, don Luis de Velasco[57]:

«viendo las estorsiones y molestias que le hacían a los indios, sobre que si se iban de un pueblo a otro, los traían dél por fuerza y contra su voluntad, dende a poco tiempo que vine a esta tierra [Nueva España], mandé que los indios, como personas libres y vasallos de S. M., viviesen donde quisiesen e por bien tuviesen, sin que se les hiciese fuerza. Siendo informado desto S. M., mandó que así se guardase; después proveyó que los indios se junten e vivan juntos; queriendo dar esta orden, estando ya el pueblo junto, ha acaecido amanecer sin ninguno, de manera que lo uno contradice a lo otro. De tener los indios libertad que se vayan de un pueblo a otro, redunda inconveniente, porque es muy ordinario entre ellos en cumpliéndose el tributo que deben o mandándoles que entiendan en alguna obra pública o queriéndolos castigar por amancebados y que hagan vida con sus mujeres, pasarse a otro pueblo. Esta es la vida que traen, y a los que por estas causas se iban, yo mandaba a las justicias que siendo así, diesen orden cómo los tales indios se volviesen a sus pueblos. V. S. mire bien este negocio para que no se provea en él de golpe, sino después de bien entendido poco a poco lo que le pareciere que conviene».

El problema había surgido bien pronto: la libertad absoluta del indio resultaba incompatible con toda agregación artificial de población, bien fuera para utilidad del encomendero, o para llevar a cabo la orden general de que los indios fueran congregados en «reducciones» o pueblos.

En Perú el problema se presentó en términos especiales. Pizarro había encontrado unos pueblos, llamados de «mitimaes», indios que desde la época de los Incas habían sido sacados de sus pueblos y trasladados a otros sitios. Sucedía que hechos los repartimientos en favor de los españoles, los mitimaes solicitaban volver a sus pueblos de origen, lo cual convenía a los encomenderos de estos lugares y perjudicaba a los dueños del pueblo en que residían los mitimaes cuando se hizo el repartimiento. Pizarro advirtió que de tolerar el retorno, destruía la base de población que había servido para asentar sus encomiendas y por eso prohibió el regreso. Informada la Corona suspendió la orden de Pizarro y mandó que hasta que se viera el caso: «si algunos destos que ansí viven fuera de sus pueblos se quisieren volver a sus tierras, proveeréis cómo los dejen ir libremente y poblaren en las tierras que ellos quisieren de manera que no se les haga mal tratamiento»[58]. Adviértase que no se trataba de autorizar una libertad absoluta de movimiento, sino sólo de permitir el reintegro de unos indios ausentes a sus pueblos naturales.

¿Qué se resolvió en definitiva en este caso? La ley 4, tít 5, lib. VI de la Recopilación fue bien explicita en el sentido de fijar al indio mitimae en el sitio actual y no en el de origen: «sean compelidos y apremiados a que juntamante con los caciques y principales, contribuyan en los pueblos donde habitan, lo que estuviere tasado, a sus encomenderos, sin excusa». La decisión fue de Carlos V, en Madrid, a 18 de octubre de 1539.

Y en cuanto a la resolución general del problema que planteaba Mendoza, la ley 12, tít. 1, lib. IV de la Recopilación ordenó:

«si constare que los indios se han ido a vivir de unos lugares a otros de su voluntad, no los impidan las justicias, ni ministros, y déjenlos vivir y morar allí, excepto donde por las reducciones que por nuestro mandado estuvieren hechas, se haya dispuesto lo contrario, y no fueren perjudicados los encomenderos».

La cédula fue dictada el año de 1536. La ley 18, tít. 3, lib. VI, insistiendo en el respeto a las reducciones, ordenó que ningún indio de un pueblo se fuera a vivir a otro.

Por lo tanto, aunque en términos generales la legislación mantenía el principio de la libertad, ello no impedía que para no destruir las reducciones de la Corona, y los pueblos encomendados, se mantuviera vigente el principio forzoso de la residencia de los indios, y en este sentido puede concluirse que el régimen encomendaticio indiano contenía un principio de limitación del movimiento de los encomendados.

En el derecho familiar se advierten también reglas especiales. De acuerdo con los principios canónicos, se decretó la libertad de matrimonio de los indios[59]; el encomendero no debía obligar a sus indios a casarse, ni impedir la boda que ellos libremente concertaran. Pero este principio, que mientras se tratara de indios de una misma encomienda no parecía perjudicial al encomendero, sí lo era cuando se trataba del matrimonio de una india de su repartimiento con indio de otro lugar, porque en este caso la mujer había de seguir al marido y por lo tanto abandonar la encomienda. Además, se presentaba el problema de los hijos: ¿a que repartimiento pertenecían, al del padre o al de la madre? Téngase en cuenta que ellos serían los futuros tributarios, y por lo tanto el encomendero tenía interés directo en la solución de este problema. Las reglas de la Recopilación fueron:

«por el daño que se ha experimentado de admitir probanzas sobre filiaciones de indios, y ser conforme a Derecho, declaramos que los indios, hijos de indias casadas, se tengan y reputen por del marido y no se pueda admitir probanza en contrario, y como hijos de tal indio, hayan de seguir el pueblo del padre, aunque se diga que son hijos de español [mestizos], y los hijos de indias solteras sigan el de la madre»[60].

«la india casada vaya al pueblo de su marido, y resida en él aunque el marido ande ausente o huido; y si enviudare pueda quedarse en el mismo pueblo del marido, o volverse a su natural, como quisiere, con que deje los hijos en el pueblo de su marido, habiéndolos criado por lo menos tres años»[61], «los indios solteros, que estuvieren divididos de sus padres, mandamos que se reduzgan y junten a un pueblo o reducción»[62].

Ha de recordarse también la prohibición de la división de las encomiendas; cuando se contravenía podía originar la desunión del grupo familiar indiano[63].

¿Las tierras del pueblo encomendado, eran del rey, de los indios o del encomendero? En principio, puede afirmarse que el dominio útil era del tributario con la carga del impuesto para el rey o el encomendero, según fuera el pueblo de la Corona o de algún particular. A la muerte del tributario, sus herederos obtenían sus bienes con la misma carga. En cuanto al dominio directo debe tenerse presente que si los tributarios morían sin herederos, la tierra servia en parte para socorrer a la comunidad, para el pago de tributos y otros gastos, y el sobrante se aplicaba al patrimonio Real, no a los encomenderos[64]. Los indios en general podían criar ganado[65], comerciar libremente[66], vender sus haciendas «con autoridad de justicia»[67], hacer sus tiangues o mercados[68], y debían tener asimismo libertad en sus disposiciones testamentarias[69].

Debe advertirse también, que junto a los indios encomendados existían los yanaconas que, según la doctrina de algunos autores y Ordenanzas del virrey Toledo, eran realmente adscripticios o siervos de la gleba[70]. Más tarde la Recopilación en las leyes 2 y 11 del tít. 2, lib. VI, prohibió radicalmente la práctica de incluir a los indios en las ventas de las heredades.

Concluimos aquí la descripción legal de las encomiendas. La institución consistía, en resumen, en el goce de un impuesto que la Corona cedía a los paniculares españoles; no suponía derechos ningunos, fuera de la percepción del tributo, ni toleraba en general que se incluyeran en éste servicios personales. El beneficiario quedaba sujeto a diversas cargas religiosas, militares, civiles y económicas. Carecía de función pública: el pueblo encomendado seguía virtualmente dentro de la jurisdicción de la Corona, bajo la autoridad de corregidores, alcaldes mayores y gobernadores de la provincia. La tasación de los tributos era facultad del poder público, siendo el encomendero una parte litigante al igual de los indios. El encomendero no tenía la propiedad de su encomienda, ni libre disposición entre vivos ni testamentaria: era un beneficiario temporal y limitado de la Corona, aunque su merced, por las vidas concedidas y las garantías de que no se le privaría arbitrariamente de ella, tuviera estabilidad. A pesar de que teóricamente el indio encomendado era libre, el régimen no dejaba de causar «legalmente» algunas limitaciones en ese estatuto de libertad.

Como se habrá observado en el curso del estudio, la institución indiana no nació por traslación simple de alguna institución española; tuvo desde el principio su desarrollo propio, aunque la doctrina europea haya contribuido constantemente a alimentar y dirigir su proceso: primero, con las teorías aristotélicas del gobierno medio; algún momento con la libre constitución del vínculo, característica de las behetrías peninsulares; más tarde, en el Continente, con el modelo de los señoríos de vasallos de España; desde las opiniones de Ceynos y Fuenleal en 1532, cuando se realizó el acercamiento a la figura de la cesión tributaria, con los juros y acostamientos del Derecho Real; y finalmente, en la etapa avanzada del siglo XVII, con la referencia continua de los juristas al derecho feudal, que sirvió para precisar el derecho sucesorio de la encomienda, la restricción a la libre disposición, la naturaleza del derecho del encomendero, etc, La negativa última del Estado a conceder la jurisdicción y la perpetuidad que los encomenderos desearon siempre, contribuyó a limitar la figura indiana en relación con los modelos señoriales de Europa.

Pasando de la comparación de las formas a la de la realidad, también puede establecerse un paralelo de interés entre la situación social del medievo y primera época de la edad moderna y la condición de los indios encomendados. En Europa, la situación de las clases inferiores siguió un proceso de lenta evolución hacia la libertad, impulsado por las condiciones históricas por que atravesaron entonces los países de Occidente; este proceso llevaba ya varios siglos cuando la conquista puso en el siglo XVI frente a la población indígena de América la masa dominadora europea, que, acostumbrada a los regímenes de Occidente, trató de reproducirlos. Pero como la evolución central y regalista del Estado se encontraba ya en un grado avanzado, la Corona española, animada de un espíritu protector, trató de limitar los abusos de los particulares españoles, en beneficio de los vasallos indios. El proceso se caracterizó por la violenta lucha entre los intereses de los particulares y la legislación protectora de los indios, uno de cuyos capítulos más importantes lo constituye el proceso de las encomiendas, que he procurado seguir en su complejo desarrollo.

Ahora bien, no ha de olvidarse que el problema tenía también un fondo económico y realista, y que el mismo Estado hubo de convencerse de que para la vida de los colonos era necesario el trabajo de los indios, por lo cual las instituciones creadas —entre ellas la encomienda— no pueden interpretarse como formas protectoras sin finalidad económica. Cuando en las instituciones sociales de Indias se logra vencer el aparato moral con que se recubren, para penetrar en su verdadera médula legal, y se reduce a límites justos la afirmación de que las leyes indianas fueron todas programas incumplidos, bajo los cuales se desarrolló libremente una práctica abusiva y cruel, se encuentra un sistema legal de matiz medio, que resultó precisamente del contraste de las dos corrientes —la teórica y la práctica— que sirvieron para modelar los cauces jurídicos de la relación hispanoindia.

Conviene tener en cuenta también, que el Estado por su situación hacendaría, tuvo necesidad de imprimir a la institución direcciones ajenas a las finalidades puramente jurídicas, especialmente en la época última de la encomienda, que después estudiaré. Además, el favoritismo y el desorden que reinaron en la Corte durante los gobiernos de los últimos Austrias, necesariamente se reflejaron en la política e instituciones de Indias.

CAPITULO IX

DOCUMENTOS Y ESTADÍSTICA

Examinaré en este capítulo algunos datos documentales y estadísticos, de utilidad para completar el estudio del sistema de la encomienda de Indias.

Documentos.—El 13 de mayo de 1513, el Rey Católico, en Valladolid, expidió titulo de Repartidor de indios a Diego Velázquez, gobernador de Cuba, en los siguientes términos[1]:

«Vos mando hagáis información qué caciques e indios hay e obiere pacíficos en esa isla, para poder servir e repartirse entre los vecinos e pobladores e estantes en ella; e así habida, hagáis el dicho repartimiento, como a vos mejor visto fuere, habiendo respeto primero a los nuestros oficiales que en ella hay e obiere, e después a los primeros pobladores e descubridores de esa isla, e después a los que hubieren cédulas de Nos para que se les den indios en esa dicha isla, e después a los que a vos mejor pareciere e bien visto vos fuere que merecen los dichos indios e que mejor los enseñarán en las cosas de nuestra santa fe católica y les harán mejor tratamiento para conservación de sus vidas e salud… [los españoles], tengan e traten e se sirvan e aprovechen dellos [los indios], según e por la forma e manera e con las condiciones que vos ordenáredes e mejor visto vos fueren… Para hacer el dicho repartimiento e tomar los dichos indios e darlos a quien los repartiéredes, e para la ejecución e cumplimiento dello, e para todas las otras cosas que menester sean, vos doy poder cumplido, por esta mi carta, con todas sus incidencias».

Del período antillano conocemos ya (cap. I) un ejemplo de cédula correspondiente al repartimiento de Rodrigo de Alburquerque (1514), que concluía así:

«Os encomiendo al cacique tal con tantas personas de servicio… con tantos viejos… y niños… los cuales vos encomienda, para que vos sirváis dellas en vuestras haciendas e minas y granjerías, según y como SS. AA. lo mandan, conforme a sus Ordenanzas, guardándolas en todo y por todo… vos los encomiendo por vuestra vida y por la vida de un heredero, hijo o hija… si lo tuviéredes…, con apercibimiento que vos hago, que no guardando las dichas Ordenanzas, vos serán quitados los dichos indios y el cargo de la conciencia, del tiempo que vos sirviéredes dellos, vaya sobre vuestra conciencia y no sobre la de SS. AA.»[2].

El acta general del repartimiento ha sido examinada en el mismo capítulo I de este trabajo[3].

La cédula de 15 de julio de 1521, por la cual el licenciado Figueroa, juez de residencia de la Isla Española, encomendó a Esteban de Pasamonte ciertos indios, va incorporada en dicho capítulo[4].

En Nueva España, hallamos el siguiente texto de encomienda de la época de Hernán Cortés[5]:

«Por la presente se deposita en vos, fulano, vecino de la villa de…, al señor y naturales de los pueblos de…, que visitó Francisco Ramírez, para que vos sirváis dellos y os ayuden en vuestras haciendas y granjerías, conforme a las Ordenanzas que sobre esto están hechas y se harán; con cargo que tengáis de los industriar en las cosas de nuestra santa fe católica, poniendo en ello toda vigilancia y solicitud posible y necesaria».

Se conserva otro documento importante de esta época, que no se refiere a la forma de encomendación corriente, sino a la constitución de un señorío sobre el pueblo de Tacuba en favor de una hija del emperador Moctezuma, que Cortés tenía a su cuidado, y a quien hizo la merced por concepto de dote cuando la casó con Alonso de Grado[6]. El texto comenzaba por una relación de la muerte de Moctezuma, y que éste encargó a Cortés el cuidado de sus hijas, especialmente de la mayor, doña Isabel; continuaba:

«tuve por bien [Cortés] de aceptar su ruego y tener en mi casa a las dichas sus tres hijas y hacer, como he hecho, que se les haga todo el mejor tratamiento y acogimiento que he podido, haciéndoles administrar y enseñar los mandamientos de nuestra santa fe católica y las otras buenas costumbres de cristiano para que con mejor voluntad y amor sirvan a Dios nuestro señor y conozcan a los artículos de ella y que los demás naturales tomen ejemplo… Me pareció que según la calidad de la persona de la dicha doña Isabel que es la mayor y legítima heredera del dicho señor Moctezuma, que más encargada me dejó, que su edad requería tener compañero… [que debía darle] por marido y esposo una persona de honra, hijodalgo de mi compañía, contador, mi lugarteniente de capitán y gobernador y ha dado de ellos [de los cargos] muy buena cuenta, y al presente (es) visitador general de los indios de Nueva España, Alonso de Grado, natural de la villa de Alcántara…, a la cual dicha doña Isabel le prometo y doy en dote y arras y a sus descendientes en nombre de S. M. y como su gobernador y capitán general de estas partes, y porque de derecho le pertenece de su patrimonio y legítima, el señorío y naturales del pueblo de Tacuba, que tiene 120 casas, Tetepeque, que es su estancia con 40 casas, Yesquiluca, otra estancia de 120 casas, Chimalpau, otra estancia de 40 casas, Chapulmoloyán, de 40 casas, Yoescapuivaltengo, de 20 casas, Silofingo, de 40 casas, y otras estancias Deuyauteque, Caetepeque, Talasa, Guotasco, Duotepeque, Tasala, que podrán haber en todas 1.240 casas, las cuales dichas estancias y pueblos son sujetos al pueblo de Tacuba y al señor della: lo cual, como dicho es, doy en nombre de S. M. en dote y arras a la doña Isabel para que lo haya y tenga y goce por juro de heredad para ahora y para siempre jamás, con título de señora de dicho pueblo y de los demás aquí contenidos, lo cual le doy en nombre de S. M. por descargo de su Real Conciencia y la mía, en su real nombre, y por ésta digo que no le será quitado ni removido por causa alguna en ningún tiempo, por alguna manera, y para más saneamiento doy mi fe en nombre de S. M. que le haré relación de todo para que S. M. se sirva de confirmar esta merced a la dicha doña Isabel y a los dichos sus herederos y sucesores».

A continuación, Cortés revocaba las cédulas de encomienda que antes había dado sobre el pueblo de Tacuba, y ordenaba:

«a todas cualesquier personas, vecinos y moradores desta dicha Nueva España, estantes y habitantes en ella [mando] que hayan y tengan a dicha doña Isabel por señora del dicho pueblo de Tamba con sus estancias, que no le impidan ni estorben cosa alguna de ello, so pena de 500 pesos de oro para la cámara y fisco de S. M. Fecha 27 de junio de 1526».

En 1536 hallamos la siguiente acta general de repartimiento hecha por don Pedro de Alvarado[7]:

«Yo, Gerónimo de San Martín, escribano de S. M. y su Notario Público en la su Corte y en todos los sus reinos e señoríos, doy fe e verdadero testimonio a todos los señores que la presente vieren, cómo el muy magnífico señor don Pedro de Alvarado, Adelantado de las provincias de Guatemala, e capitán general e justicia mayor en esta gobernación de Higueras y Honduras y sus tierras e provincias por S. M., por ante mí, el dicho escribano, su señoría hizo repartimiento general de los pueblos e indios naturales de la dicha provincia de Higueras, que su señoría ha conquistado, de la jurisdicción de la ciudad de Gracias a Dios, que su señoría nuevamente ha fundado e poblado en nombre de S. M., a los vecinos e conquistadores y pobladores della, el cual dicho repartimiento que su señoría hizo, es este que se sigue: En la villa de San Pedro del Puerto de Caballos, 20 días del mes de julio, año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo, de 1536 años, el muy magnífico señor don Pedro de Alvarado, etc… en presencia de mí, Gerónimo de San Martín, escribano y notario dijo: que habiendo conquistado y pacificado esta provincia de Higueras, hacia la parte de las sierras, ha poblado para S. M. una ciudad que se llama la ciudad de Gracias a Dios, para que esté poblada de españoles, y la tierra se ennoblezca, y los señores y naturales de la dicha tierra, que están debajo de la obediencia de S. M., como los que de hoy en adelante vinieren, sirvan en ella a los vecinos e pobladores conquistadores de la dicha tierra, conforme S. M. lo manda, por ende, conformándose con la provisión de S. M., en que manda que los señores e naturales destas partes, sean repartidos por los conquistadores e pobladores della, conforme a lo que en ella sirvieren e por su persona merecieren, teniendo respeto a la calidad y persona de cada uno, hacía e hizo repartimiento general de todos los pueblos y jurisdicción que tiene señalado a la dicha ciudad de Gracias a Dios, por los vecinos e pobladores della, en la forma e manera siguiente: Señaló para sí, el dicho señor adelantado, Por su repartimiento, el pueblo de Tómala, con todos sus barrios y estancias, sacado el barrio de Posta que su señoría dió a Hernando Dalmao, y los cuatro barrios de Temoaques, el de Mayanlepata y de Lepachichi y de Congos, con el pueblo de Malán y el pueblo de Gire, que son los dichos pueblos en la jurisdicción de la dicha ciudad, con todos sus señores, indios e naborias y barrios y estancias e pueblos a ellas sujetos, según e de la manera que dichos pueblos se sirven. A Andrés de Cereceda, contador de S. M. en esta gobernación, señaló y dió de repartimiento, el pueblo de… con los pueblos a él sujetos, con todos sus señores e indios e barrios e estancias de los dichos pueblos, de que llevó cédula de repartimiento. [Siguen otros pueblos dados en los mismos términos al tesorero, al alcalde mayor y capitán, a los dos alcaldes ordinarios, a los seis regidores, al alguacil mayor y a los demás vecinos comunes: un ej. de párrafo sobre vecino común era]: A Francisco del ojo, vecino de la dicha ciudad, dió e señaló su señoría de repartimiento, los pueblos de Láyagua, y Gualmoaca y Carcata, con todos los señores e indios, barrios y estancias de los dichos pueblos, de que llevó cédula. [En total se distribuyeron 100 repartimientos]. Y así acabado, su señoría lo firmó de su nombre en el Registro».

Las encomiendas de Alvarado no se diferenciaban específicamente de las de Cortés.

Los ejemplos relativos al Perú son numerosos. En tiempo de Pizarro las cédulas eran[8]:

«Por la presente se depositan en vos, fulano, tales y mes indios para que dellos os sirváis según y de la manera que se sirven los otros vecinos del Cuzco de los indios que tienen depositados, y con el mismo cargo de doctrinarlos y enseñarlos hasta tanto que yo provea otra cosa, o se hace el repartimiento general. Fecha en Xauxa, agosto de 1534 años».

La cédula de los vecinos de Cuzco era en la siguiente forma:

«[encomiendo] en vos, fulano, tal repartimiento, con tanto que dejéis al cacique principal y sus mujeres y hijos, de los otros indios para sus servicios, como S. M. manda, y que habiendo religiosos que doctrinen los dichos indios los traigáis ante ellos para que sean instruidos en las cosas de nuestra religión cristiana, de los cuales dichos indios os habéis de servir conforme a los mandamientos reales, y con tanto que seáis obligado a los doctrinar y enseñar en las cosas de nuestra santa fe católica y les hacer todo buen tratamiento como S. M. manda, y si así no lo hiciéredes, cargue sobre vuestra conciencia y no sobre la de S. M. ni mía que en su Real nombre vos los encomiendo…».

Nótese la semejanza con las cédulas que daba Hernán Cortés en Nueva España: en la de Xauxa, se usa la misma expresión de «depósito», la finalidad es también la misma «os sirváis dellos», y se repite también la carga de doctrina, aunque con poca precisión, porque no se obliga al encomendero a mantener un clérigo o religioso para sus indios, sino sólo a enseñarles la fe y llevarlos ante los religiosos, cuando los hubiera. Pero hay un rasgo importante: el respeto, aunque bien corto, al antiguo derecho de los señores o caciques indios, pues el encomendero queda obligado a dejarles indios comunes para su servicio.

El licenciado Vaca de Castro, año de 1543, usaba la siguiente forma:

«[encomiendo] en vos, fulano… tal repartimiento, para que de ellos [los indios] os sirváis conforme a los mandamientos e ordenanzas reales de la forma y manera que el dicho don Diego de Almagro se sirvió. Con tanto que seáis obligado a los enseñar en las cosas de nuestra santa fe católica y que habiendo religiosos en esta ciudad, hagáis traer ante ellos los hijos de los caciques para que sean instruidos en las cosas de nuestra religión cristiana, dejando a los caciques, sus mujeres y hijos y los otros indios de su servicio y les hagáis todo buen tratamiento como S. M. lo manda, y si así no lo hiciéredes, cargue sobre vuestra conciencia y no sobre la de S. M. ni mía, que en su real nombre os los encomiendo. En el Cuzco, a 26 de julio de 1543 años»[9].

La semejanza con las cédulas de Pizarro es notoria.

El licenciado La Gasca, año de 1549, decía:

«[encomiendo] en vos, fulano, tal repartimiento, para que os sirváis de todo él según y de la manera que le tuvo y poseyó y le pertenecía [fulano, el antecesor] por virtud del título o títulos que del dicho repartimiento le fueron dados por el gobernador Vaca de Castro, y para que os sirváis de todo él conforme a las ordenanzas reales y con que dejéis a los caciques, sus mujeres, hijos e indios de su servicio, y con que los doctrinéis y hagáis doctrinar en las cosas de nuestra santa fe católica como S. M. lo manda, y si no lo hiciéredes y cu ello hubiere algún descuido cargue sobre vuestra conciencia y no sobre la de S. M. ni mía, que en su real nombre os lo encomiendo y encargo y mando que a ellos y los demás indios los tratéis bien y procuréis su conservación pidiéndoles tributos moderados tales, que buenamente los puedan dar, con apercibimiento que si en ello excediéredes allende de ser penado, dellos [se] mandará tomar la demasía y parte de pago para lo que adelante hubieres de haber conforme a la tasación que de los tales tributos que hubieren de dar los dichos indios se hiciere, y por ser cosa notoria que en las guerras y alteraciones pasadas y habidas en estos reinos quedaron los naturales cansados y faltos de comida, y si no fuesen sobrellevados y reservados del trabajo por el presente, dándoles tiempo para poder hacer sus sementeras suficientes y dejándoles semilla para ella, está claro el daño que adelante se seguiría, así a los españoles como a los dichos naturales, por tanto os encargo y mando que por el presente sobrellevéis los indios lo más que pudiéredes para que tenga efecto este beneficio. En los Reyes, a doce de febrero de 1549 años»[10].

Nótese que la encomienda fluctuaba ya entre su primera forma con contenido de servicios y sin control superior del Estado, y la segunda, que en el documento inserto no es aún más que una promesa, pues la tasación no está hecha y el encomendero cobra y se sirve de los indios según su voluntad y uso del antecesor. Lo del buen tratamiento y la moderación, parece más un consejo que un mandato imperioso del Presidente.

Siendo virrey el marqués de Cañete, el texto de la cédula de encomienda se acera de modo pleno a la figura controlada. Decía[11]:

«Encomiendo en vos, fulano, en los términos de la ciudad del Cuzco, el repartimiento de indios de… y los indios en el valle de… y estancia de… que Joan de Sahavedra, difunto, tuvo encomendado en términos della, con todos los caciques principales y pueblos, estancias y chácaras de coca a ellos sujetos y pertenecientes, y según y de la manera que el dicho Joan de Sahavedra los tuvo y poseyó hasta que murió, para que haya y cobre los tributos que hubieren de dar conforme a la tasa que de ellos está hecha o se hiciere, con que por sí ni por interpósitas personas no se sirva dellos de ningún servicio personal en su casa, ni otros servicios ni obras, so las penas contenidas en las provisione Reales que cerca desto están dadas, con que los trate bien y procure su conservación y multiplicación y defensa y los haga doctrinar en las cosas de nuestra santa fe católica, ley natural y buena policía, y si en ello algún descuido tuviere, sea sobre su conciencia y no sobre la de S. M. ni mía, que en su Real nombre se los encomiendo, y por la presente mando al corregidor de la dicha ciudad del Cuzco y alcaldes ordinarios y a cada uno y cualesquier dellos, que luego que por parte del dicho Rodrigo de Esquivel [nuevo encomendero designado en lugar del difunto Sahavedra] fuere pedida posesión del dicho repartimiento, se la den y metido, le amparen de ella, y no consientan que della sea despojado sin primero ser oído y vencido por fuero y por derecho, lo cual así hagan e cumplan, so pena de mil pesos de oro para la cámara de S. M. Los Reyes, 14 de junio de 1559. El Marqués. Por mandado de Su Excelencia. Pedro de Avendaño».

Nótese la variación fundamental en relación con los textos anteriores de Pizarro, Vaca de Castro y aun del licenciado Gasea. Ya no dice os encomiendo para que «os sirváis de ellos…», sino os encomiendo para que «hayáis y cobréis los tributos…»; éstos además, serian conforme a la tasación, y excluyendo de modo expreso los servicios personales.

Antes de continuar el estudio de la evolución de las cédulas, examinemos otros documentos. Una cédula de 9 de enero de 1550 del licenciado La Gasea, menos lacónica que la inserta antes[12], refería que el licenciado nombró visitadores para el pueblo que iba a conceder y que éstos dieron su parecer a La Gasea, y que visto y comunicado el punto con los españoles e indios que pareció que podían tener noticia de la disposición y posibilidad de tal repartimiento, encomendado a Juan de Mori, vecino de la ciudad de León, se tasó y declaró que debían dar los indios lo siguiente: 2.500 pesos anuales en oro y plata, 1.500 en trigo, maíz, cebada y papas, 15 ovejas cada seis meses, 3 arrobas de sebo, 30 puercos, 300 aves, 45 perdices, 20 huevos cada viernes día de pescado, 25 cargas de sal, 101 piezas y objetos de madera, 184 alpargatas, 25 indios pastores, 12 indios de servicio ordinario; debían sembrar y recoger la sementera: 15 hanegas de maíz y trigo, atendidas por 40 indios, cuatro de ellos oficiales olleros o carpinteros, más quince de servicio común; la trilla seria por cuenta del encomendero y quedaba éste obligado a dar tierras a los indios para que sembraran su maíz y demás comidas. Tenía también cargo de doctrinarios. El religioso encargado de ello llevaría para si una hanega de maíz cada semana, una carga de papas, diez aves, una oveja cada mes, una hanega de trigo mensual, un puerco cada dos meses, doce huevos cada día de pescado, un cántaro de chicha todos los días y leña para su casa, yerba y salario de dineros si fuere menester (todo esto, para el religioso, seria hasta que se organizara el pago de los diezmos de los indios). Que como el encomendero Morí, antes de esta tasación había cobrado con exceso de los indios, se le rebajaran 500, pesos de la tasa el primer año. Continuaba: «Por tanto, por el presente, a vos el dicho Juan de Mori, encomendero del dicho repartimiento, e a vos Chucurripay y Anamac, caciques principales, e a los demás principales e indios vuestros, sujetos que al presente sois, y después de vos sucedieren en el dicho repartimiento, e a cada uno e a cualquier de vos, [mando] que guardéis e tengáis e cumpláis la tasa arriba contenida». Que si transcurrían veinte días de la época del pago y los indios no lo efectuaban, pagarían el doble de la tasa y las costas, y el Justicia mayor de la ciudad de León haría la ejecución en sus personas y bienes conforme a derecho. El encomendero, «no podrá recibir por sí ni por interpósita persona, pública ni secretamente, directa ni indirectamente, cosa alguna, salvo lo contenido en la tasa, so las penas contenidas en la provisión real de S. M.». La primera vez que se exceda devuelva lo cogido y pague cuatro tantos, y la segunda vez, además de restituir, pierda la encomienda, y la mitad de sus bienes para el rey. Para que el encomendero, y los caciques e indios no aleguen ignorancia y sepan lo que han de recibir y dar, «mando que cada uno de vos tenga cu su poder este proveimiento… reservándome como Presidente, facultad de añadir o quitar de la dicha tasa, todas las veces que pareciere deberse añadir o quitar en ella, conforme a lo que el tiempo e posibilidad de los dichos caciques e indios requiriere e pidiere. Los Reyes, 9 de enero de 1550». Es decir, conforme lo anunció la cédula que insertamos antes, ésta llevó a cabo la tasación, pero aún admitía servicios; el ejemplo es importante, por ser uno de los primeros de tasación, y por su detalle acerca del contenido de los tributos en esa época.

En Perú hallamos también un ejemplo interesante de acta de posesión de una encomienda, de fecha 13 de octubre de 1553[13]. Daba la posesión el corregidor y justicia mayor de la ciudad de Frontera de los Chachipoyas (Nueva Castilla), en favor de Juan García Samanés, quien figuró representado por su apoderado Pedro Ruiz:

«el dicho Pedro Ruiz presentó ante el dicho señor Corregidor, al cacique de Golmal, llamado Antón, e a un indio de Caxamalguilla, que se dice Diego, e dijo ser hijo del cacique Don Gómez o su subjeto, a los cuales el dicho señor Corregidor tomó por la mano, e los dió e entregó al dicho Pedro Ruiz en el dicho nombre [de García Samanés su poderdante], y en ellos dixo que le daba e dió posesión, según y de la manera que S. M. por su provisión manda, e no más, ni allende e mando della, no fuesen despojados según la dicha provisión reza, sin primero ser oídos e vencidos por fuerza e derecho; la cual dicha posesión dixo que le daba en el dicho cacique de Golmal e indio de Caxamalguilla por ellos y en nombre de todos los demás en la dicha cédula y provisión contenidos, siendo testigos… [fulano y fulano], vecinos y estantes en la ciudad. E el susodicho [Pedro Ruiz] recibió la posesión según le fué dada, e lo pidieron por testimonio…».

El acta fue otorgada ante escribano público.

Del año 1558, existe el siguiente ejemplo de cédula de recomendación de la Corona en favor de don Antonio Vaca de Castro, hijo del licenciado, para que en el Perú la autoridad repartidora le situara un repartimiento que valiera diez y seis mil pesos de renta[14]:

«Vos mandamos [al virrey] que conforme al tenor y forma desta nuestra cédula, encomendéis y pongáis en cabeza del dicho Antonio Vaca de Castro el dicho repartimiento y repartimientos de indios de los que estuvieren vacos, o de los primeros que vacaren en esa tierra, luego, sin detenimiento alguno, según dicho es, y le metáis a él o a quien su poder hubiere, en la posesión dellos…».

Siguiendo la evolución de las cédulas de encomendación hallamos la siguiente del conde de Nieva y de los comisarios del Perú[15]:

«Encomendamos en vos… en los términos y jurisdicción de la ciudad del Cuzco… los indios que tuvo Francisco de Miranda… que están vacos por su fin y muerte… para que los tengáis y poseáis según y de la manera y forma que el dicho Miranda los tuvo en todo y por todo sin que le mengue cosa alguna y hayáis gocéis y cobréis los frutos y tributos que los dichos indios son o fueren obligados a dar y pagar conforme a la tasa que dellos está fecha y adelante se hiciere desde el día que tomareis la posesión dellos en adelante y para que por vuestro fin y muerte suceda en los dichos indios vuestro hijo o hija legítimos, nacidos de legitimo matrimonio, y no los habiendo, vuestra legítima mujer, según y por la forma y orden que en las nuestras cartas y provisiones que sobre la sucesión de las encomiendas de indios tenemos dadas más largamente se contiene y declara, con que primero hagáis la solemnidad, fidelidad y juramento que por Nos está ordenado y mandado que en al caso se haga, y que do os sirváis de los dichos indios por vos ni por interpósitas personas de ningún servicio personal en vuestra casa ni en otras haciendas ni granjerías ni obras que hubiereis, so las penas contenidas en las provisiones y cédulas nuestras que sobre ello están dadas, y con que los tratéis bien, y procuréis su conservación, multiplicación, amparo y defensa, y los hagáis doctrinar en la fe, ley natural y buena policía; y si en ello algún descuido tuviereis, cargue sobre vuestra conciencia y no sobre la nuestra, y por la presente mandamos al nuestro corregidor de la dicha ciudad del Cuzco, y a su lugarteniente del dicho oficio y a los alcaldes ordinarios y a cada uno y cualquier dellos, que luego que por parte del dicho Martín Hurtado de Arbieto [nuevo encomendero] les fuere pedida posesión del dicho repartimiento se la den y dada le amparen y defiendan en ella y no la dando siéndoles pedido y requerido, mandarnos a cualquier Juez y justicias de los reinos, se la den y dada le amparen y defiendan en ella y no consientan que della sea despojado sin primero ser oído e vencido por fuero y por derecho, la cual posesión mandamos que le sea dada y la tome actualmente en la persona de los dichos indios que así le encomendamos en el dicho repartimiento de indios y en la ciudad o villa del distrito donde cayere y no en otra manera, lo cual así hagan y cumplan so pena de la nuestra merced y de 500 pesos de oro para la nuestra cámara y fisco. Los Reyes, a 3 de octubre de 1561. El Conde de Nieva, lic. Briviesca de Muñatones, Vargas de Carvajal, Ortega de Melgosa, lic. Mingo de Gaonarra. Registrada Alonso de Valencia. Por Canciller el lic. Ramírez de Cartagena».

Nótese que sobre las ventajas ganadas ya en el documento de Cañete, que se conservan en éste (los servicios personales siguen prohibidos), se añaden las cláusulas del derecho sucesorio y la formalidad del juramento, acercándose al sistema completo de la institución que ya conocemos.

La cédula del licenciado Castro, de 4 de julio de 1569, no contiene diferencias substanciales con respecto a la anterior[16].

La de don Francisco de Toledo, de 1.º de febrero de 1572, contiene ya todos los adelantos, cumpliendo con el precepto real de insertar en el título de la encomienda los servicios del proveído. Decía[17]:

«Por cuanto el capitán Martín Ruiz de Marchena cuando los Contreras se alzaron en el Reino de Tierra Firme, estando apoderados de la tierra y del tesoro que el presidente Gasea llevaba a S. M. yendo en su seguimiento para les prender no habiendo Justicia en la ciudad de Panamá, la gente que allí había, celosa del servicio de S. M. le nombró por General, con la cual y la demás que pudo juntar, Levantó batidera en su real servicio y fue en busca de los dichos tiranos y los desbarató y a sus secuaces matando muchos dellos y haciendo justicia de los que quedaron y que hizo a S. M. un muy importante servicio, por lo cual está mandado por sus Reales Cédulas que se le dé de comer en esta tierra y aunque en cumplimiento de ellas se le han dado, le han salido inciertas las mercedes que se le han hecho, e porque ahora está vaco en términos de la ciudad de Quito el repartimiento e indios de Tuza, por fin y muerte de doña María de Quixos, y es justo que el dicho capitán Martín Ruiz de Marchena sea remunerado de los dichos sus servicios, acordé de dar y dí la presente por la cual en nombre de S. M. y en virtud de los poderes y comisiones que de su Persona Real tengo, que por su notoriedad no van aquí insertos: Encomiendo en el dicho capitán Martín Ruiz de Marchena, en remuneración de los dichos sus servicios el dicho repartimiento e indios de Tuza en términos de la dicha ciudad de Quito, que según dicho es está vaco por ña y muerte de la dicha doña Mana de Quixos, con todos sus caciques principales, naturales y mitimaes, pueblos y estancias, al dicho repartimiento anejos y pertenecientes, según y de la manera que la dicha doña Mana de Quixos los tuvo en encomienda, para que haya, lleve, y goce y cobre los tributos dellos conforme a la tasa que está hecha o adelante se hiciere y después de sus días suceda en ellos su hijo o hija mayor legítimos y de legítimo matrimonio nacidos, y no los habiendo su legítima mujer, según y por la forma y orden contenida y declarada en las cédulas y provisiones de S. M. que hablan sobre la sucesión de los indios y con que no se sirva dellos por sí ni por interpósitas personas en su casa ni otras haciendas, granjerías ni obras que tiene o tuviere de ningún servicio personal, so las penas contenidas en las provisiones y cédulas de S. M. que sobre ello disponen con apercibimiento que si excediere de la tasa demás de caer e incurrir en las penas contenidas en las provisiones y cédulas que en la dicha razón están dadas, se cobrará la tal demasía dél y de sus bienes y con que asimismo los trate bien y procure su conservación, amparo y defensa y los haga doctrinar en las cosas de nuestra sana fe católica, ley natural y buena policía y si en ello algún descuido tuviere, cargue sobre su conciencia y no sobre la de S. M. ni mía, que en su real nombre se los encomiendo, atento a lo que dicho es. Con tanto que él susodicho por su persona o por su procurador con su poder bastante, haga el juramento y solemnidad que en tal caso está ordenado y mandado se haga ante el oidor más antiguo de la Real Audiencia que reside en la ciudad de los Reyes, a quien para este efecto se lo cometo y que por razón desta encomienda ha de ser obligado el dicho capitán Martín Ruiz de Marchena, o el que después dél sucediere en ella, conforme a lo que dicho es, a residir en la dicha ciudad de Quito y hacer vecindad personal en ella con su casa poblada, trayendo siempre armas y caballo y no ha de desamparar la dicha ciudad por ningún caso que se ofrezca, procurando siempre juntarse con las Justicias y personas que tuvieren el nombre de S. M. en ella para conservar en él la fidelidad y obediencia que a S. M. debe, y ayudar a defendería y echar della a cualquier persona o personas que la quietan invadir y perturbar y pervertir de su real servicio y obediencia, y que todas las veces que fuere llamado por S. M. y por los visorreyes y gobernadores y audiencias que en su real nombre gobernaren esta tierra, para algún efecto que toque al servicio de S. M., así para la defensa destos reinos como para otros efectos de acudir con sus armas y caballo y familia a su costa y misión y hacer lo que por los dichos visorreyes y gobernadores y audiencia a cuyo cargo estuviere la gobernación le fuere ordenado y mandado, so pena que si así no lo hiciere y dejare y desamparare la dicha ciudad de cualquier escándalo y alboroto que allí haya, o no acudiendo a la justicia de S. M. que allí hubiere puesta como dicho es, haya perdido y pierda esta encomienda con las demás mercedes que tuviere en su real nombre, y haya incurrido e incurra en las penas en que caen e incurren los que no guardan la fidelidad que deben a sus reyes y señores naturales, con tanto que acabadas las dichas dos vidas, ha de quedar y quede puesta, y por la presente mando que se ponga el dicho repartimiento y tributos dél, en la Corona Real de S. M. e por esta mi carta y por su traslado, signado de escribano público, mando a cualesquier Justicias de S. M., a cada uno en su jurisdicción, que siéndole pedido por parte del dicho capitán Martín Ruiz de Marchena la posesión del dicho repartimiento e indios que así le encomiendo, constándoles haber hecho el juramento de fidelidad que está mandado como dicho es, se la den y hagan dar conforme a esta dicha encomienda, y dada, le amparen y defiendan en ella y no consientan ni den lugar que della sea desposeído, sin ser primero oído y por fueros y derecho vencido y los unos y los otros no dejéis ni dejen de lo así cumplir por alguna manera, so pena de cada mil pesos de oro para la Cámara de S. M. Fecha en el Cuzco a 1.º de febrero de 1572. Don Francisco de Toledo. Por mandado de S. E. Alvaro Ruiz de Navamuel».

En este texto sólo cabe señalar la insistencia en la carga de vecindad y defensa de la tierra, otra de las características de la encomienda.

Hemos dicho que la Corona estableció el requisito de la confirmación de los despachos de encomienda. Debemos, por lo tanto, señalar, con la ayuda documental, los trámites correspondientes. Tomemos como ejemplo el expediente de confirmación de doña María de Mena y Ontiveros, vecina de la ciudad de Mérida de Yucatán[18], Su encomienda era sobre el pueblo de Tekal. Decía en su escrito al Consejo, que «por muerte de don Pedro de Lara, su último poseedor, se pusieron edictos para su provisión, y el gobernador le hizo merced de dicha encomienda, como a más benemérita y habiendo satisfecho la media anata y año de vacante se le despachó titulo de la referida encomienda, como todo consta de los autos» (éstos iban al Consejo también). «Suplica a V. M. se sirva mandarle despachar confirmación de la dicha encomienda del pueblo de Tekal en la forma que acostumbra, que en ello recibirá merced, 8 de agosto de 1701». En el expediente se lee: «Indice de lo que contienen estos autos en que pide confirmación doña María de Mena y Ontiveros, viuda, vecina de la ciudad de Mérida de Yucatán, de la encomienda del pueblo de Tekal en aquella provincia, que se compone de 52 mantas, y 52 hanegas de maíz y 104 gallinas de la tierra y de Castilla cada año, de que la hizo merced el gobernador de aquella provincia, en atención a su pobreza y suma necesidad y a los dilatados servicios de su marido, padre y antepasados». El contenido del Indice era: Fe de muerte de Pedro de Larra Bonifaz y auto de vacante de 9 de abril de 1618, y edicto para la ciudad de Mérida. Fe de filiación y otros edictos para la villa de Valladolid y Campeche y auto de prorrogación de dichos edictos. (Fol. 8). Peticiones de diversas personas que alegaron méritos para ser designados en esa encomienda (es el proceso de oposición). (Fol. 698). Cuenta del Contador sobre el valor de la encomienda, que era en la fecha 323 pesos y seis granos pagados los gastos y cargas. (Fol. 699). El auto de merced del pueblo de Tekal en favor de la interesada doña María de Mena, de fecha 7 de junio de 1698. (Fol. 706). Constancia del pago de la media anata. (Fol. 708). Se inserta finalmente el título de merced de la encomienda despachado por el gobernador, que a su vez incluye y repite el auto de merced antes aludido.

Datos estadísticos.—Las lagunas que se encontrarán en esta parte de mi estudio y la limitación de los datos a pocas provincias, quitan a las cifras su valor estadístico en sentido riguroso; pero pueden contribuir a aclarar la importancia real de la encomienda en la organización de las provincias indianas y su contenido económico.

Según el repartimiento de Alburquerque del año 1514, en las distintas ciudades y villas de la Isla Española había el siguiente número de indios de servicio y de repartimientos[19]:

Nombre de la ciudad o villa
Número
de indios
de servicio
Núm. de
repartimientos

La Concepción
2.924
70

Santiago
2.223
48

Puerto de Plata
587
20

Santo Domingo
5.983
196

Salvaleón de Higuey
1.198
45

Acua
813
25

Buenaventura
1.513
65

Ibonao
1.055
40

Puerto Real
839
34

Guahava
467
23

San Juan de la Maguana
1.529
45

Vera Paz
1.266
47

Salvatierra de la Sabana
900
22

Villa Nueva de Xaquimo
1.039
35

TOTALES
22.344
715

Estos indios habían desaparecido casi del todo en 1574, y por lo tanto en esa época no había ya encomenderos en la Española, como tampoco en Cuba ni en Puerto Rico[20].

Respecto a las encomiendas de Nueva España, los datos son más numerosos.

Los pueblos del marqués del Valle en 1536 rentaban 4.680 pesos de minas cada año; estaban comprendidos en 13 corregimientos y eran los siguientes: Totolapa, Tezcuco, Chalco, Soconusco, Otumba, Uchichila, Cimatlán y Tepecimatlán, Tequiquilco, Talistaca, Mitla y Tacolula, Cacotal, Tamacula, Zapotlán y Trispa, Amula y Taquesco[21].

Los pueblos del mismo Marquesado, según relación posterior de 10 de enero de 1570, eran: Coyoacán, que rentaba 1.271 pesos, 4 tomines de oro y 2.635 hanegas de maíz; Toluca, que daba 1.467 pesos y 1.957 hanegas de maíz; Matalcingo, que daba 619 pesos y 380 hanegas de maíz; Guatepeque, 3.669 pesos y 1.839 hanegas; Acapistla, 6.150 pesos y 3.077 hanegas; Yautepeque, 4.973 pesos y 2.487 hanegas; Tepuztlán, 2.718 pesos y 1.927 hanegas; Tustla, 60 «naguas» de algodón y 530 hanegas de maíz; Cotastla, 10 «naguas» y 10 camisas de algodón; Rinconada, fue eximida de tributos por el marqués, por tiempo de cincuenta años, a cambio de un terreno; Cuernavaca, tributaba 181 cargas y 7 montones y tres piernas de ropa de algodón y 3.727 pesos de oro común; en Tlaltenango había un ingenio de azúcar, y una estancia de ganado en Macatepeque; Tehuantepec rentaba 1.527 pesos y 3.442 hanegas de maíz, pero el rey lo tomó para sí; Xalapa, rentaba 928 pesos y 1.238 hanegas de maíz; Oaxaca (la villa), 1.257 pesos y 628 hanegas de maíz; Cuilapa, 7.464 pesos y 3.732 hanegas; Etla, 2.439 hanegas de maíz y 1.218 de trigo; Tecuylabacoia, 357 pesos, 6 tomines y 6 granos[22].

Cuando el virrey Mendoza, derogadas las Nuevas Leyes, tomó sus medidas para llevar a cabo el repartimiento general de Nueva España, halló en total 1.385 pobladores españoles, y de éstos, 577 eran encomenderos[23]. Estas cifras permiten comprobar la importancia de las encomiendas en aquel tiempo, pues de ellas vivían más de la mitad de los habitantes europeos de México, lo cual da un fondo de verdad a las afirmaciones que vimos en capítulos anteriores, en el sentido de que la supresión significaba la ruina de la colonia española.

A mediados del siglo XVI hallamos una de las estadísticas más completas sobre encomiendas de Nueva España[24]. El libro comprende 910 pueblos, con expresión de su situación, frutos y calidad de encomendados o de pertenecientes a la Corona Real. Extractemos por vía de ejemplo los datos relativos al pueblo de Atotonilco (México). Estaba encomendado en Pedro de Paz; tenía 5.803 indios; los tributos tasados consistieron primero en 50 indios de minas y 4 indias; se conmutó esto por 600 hanegas de maíz cada año, sembrar 27 hanegas de frijoles y dar 25 enaguas y 25 camisas cada ochenta días; además daban 30 indios para guardar el ganado que tenía el encomendero; al calpisque daban todos los días una gallina y huevos, 10 cargas de hierba, tortillas, leña y otras menudencias; entregaban en México cada cinco días (excepto en la Cuaresma) 13 gallinas y 13 codornices, y a más de las gallinas, los viernes, sábados y vigilias y otros días de pescado, 50 peces y 30 huevos, y cada día dos cargas y media de leña, 4 cargas de hierba, 2 indios de servicio, y tea, carbón y otras menudencias de casa.

Otro ejemplo: el pueblo de Ayutla, junto a las minas de Companjo. Estaba encomendado a los herederos de Pedro Lozano; tenía 120 tributarios; éstos daban cada ochenta días 40 pesos de oro en polvo, dos mantas de dos brazas cada una, más dos cotoníes grandes, 8 mantillas, 4 camisas, 4 enaguas y cada día una gallina, tres indios de servicio en una huerta de cacao y todos juntos, cuando era menester, la beneficiaban, Este pueblo tenía dos estancias: Tututepeque y Suchitonala. Los 107 tributarios de Tututepeque daban cada ochenta días, 50 pesos de oro en polvo, 5 enaguas, 8 mantillas, 5 mantas grandes, más 7 indios de servicio cada día y una gallina al calpisque. Los 100 tributarios de la otra estancia daban cada ochenta días, 20 pesos de oro en polvo y 10 piezas de ropa. Añadía el autor de la relación de este pueblo, que podía tener cacao, cañafístola y cañas dulces, algodón, frutas de Castilla; que había mucho oro y tierras para ganado, trigo y maíz.

El libro repite estos datos en casi todos los pueblos, por lo cual da una idea bastante completa de la realidad económica del régimen tributario de Nueva España en 1550. En la imposibilidad de copiar todo el libro, remito al lector a su consulta directa esperando que alguna vez pueda ser publicada pieza tan importante.

En cuanto a los totales que de esta fuente se deducen, resulta que había 503 pueblos en encomienda, también había 62 medios pueblos encomendados y 11 cuartos pueblos. En la Corona hallamos 278 pueblos enteros, 46 medios pueblos y 11 cuartos pueblos.

De suerte, que dado el total de 841 unidades tributarias, la proporción en 1550 era de 537 en encomenderos por 304 en la Corona.

En 1554, según datos aproximados proporcionados por fray Nicolás de Witte, había en el distrito de México ochenta encomiendas; ea Michoacán, cuarenta, y en Meztitlán, once[25].

Respecto al distrito de Meztitlán, puede encontrarse una estadística más detallada en 1579. Las provincias de Molango y Malila eran de la Corona. Tlanchinolticpac estaba la mitad en encomienda de don Alonso Ortiz de Zúñiga, y la otra mitad en don Joan Maldonado. Ilamatlán y Atlihuetzián, en encomienda en favor de León de Zervantes. Suchicoatlán, en la Corona. Tianguiztenco, en Francisco de Temindo. Guazalindo, en Diego de Aguilera; e Iagualica, en la Corona[26].

En una lista del año 1573, relativa a los pueblos administrados en lo espiritual por los religiosos agustinos, se encuentran datos importantes sobre encomiendas de Nueva España[27]. En total resultan 40.675 tributarios de la Corona en dieciocho y un cuarto pueblos. En encomenderos había 75.325 tributarios en treinta y un cuarto pueblos. De modo que en total la lista comprende 116.000 tributarios.

Según la Geografía de LÓPEZ DE VELASCO[28], había en 1560 en Nueva España, en total, 700 repartimientos que valían 500.000 pesos anuales. De éstos, apartando los que correspondían al rey, había 480 en encomenderos, con una renta total de cerca de 400.000 pesos. Detallando más por regiones, resulta que en el arzobispado de México[29] existían 186 repartimientos, que rentaban 230.000 pesos, de los cuales 126 eran de particulares, que rentaban 192.000 pesos. En el obispado de Tlaxcala[30] había 127 repartimientos con valor de 112.000 pesos, de ellos 66 encomendados en paniculares con renta de 74.000 pesos. En el obispado de Oaxaca[31] de 140 o 150 repartimientos con valor total de más de 54.000 pesos, correspondían 82 a particulares con renta de 36.000. En el obispado de Michoacán[32] había 94 repartimientos que rentaban 52 o 53.000 pesos, los 25 en particulares con valor de 26.000 pesos. En Nueva Galicia[33] había 104 repartimientos, con un total de 20.000 indios tributarios la mitad en particulares. En Yucatán[34], sin contar la provincia de Tabasco, existían 130 encomenderos, con un total de 60.000 indios tributarios, incluyendo los de la Corona.

Del informe de Martín de Irigoyen, ya mencionado en un capítulo anterior, resulta que en 1602 había en Nueva España 140 encomiendas, con una renta anual de 300.000 pesos[35]. Adviértase la importante reducción en comparación con las cifras anteriores. Estos datos y los del acrecentamiento del realengo, que en seguida citaré, demuestran que había tenido efecto en la práctica la política de la Corona, de incorporarse los repartimientos de México.

En 1528, según la instrucción para la Primera Audiencia de México, debieron incorporarse en la Corona los siguientes lugares[36]; la ciudad de México, Tezcoco y su tierra, Tamazula con sus minas y tierra, Zacatula y su tierra, Cempoala y su tierra (útil para la construcción de navíos en el mar del Norte), Guautepeque, Totupeque en la costa del Sur, Tlaxcala y su tierra, Uihtzilan en la provincia de Michoacán, Acapulco (donde se construían navíos para el Pacífico), Cuilapan con sus minas y tierra (provincia de Oaxaca), Soconusco, la cabecera de la provincia de Guatemala, todos los lugares de mar, y en general los poblados de españoles.

Según la Relación del contador Juan de Burgos, de 17 de marzo de 1536, que ya he citado antes, había en Nueva España en esa fecha en pueblos del rey, 101 corregimientos. Los pueblos que no pagaban tributo en oro, sino en ropa, maíz, etc., daban 21.783 pesos, de los cuales pagados 12.041 por salarios de corregidores, alguaciles, etc., quedaban al rey 9.742 pesos anuales, o reducidos a pesos de minas, 6.285. Los pueblos que pagaban en oro daban 11.705 pesos, y sus gastos eran 6.744, quedando para el rey 4.961. Además, por concepto de quinto sobre los tributos que gozaban los encomenderos particulares quedaban al rey 1.539 pesos. De los pueblos del marqués del Valle recibía el rey 987 pesos. En resumen, en una u otra forma, la Corona percibía por concepto de tributos de indios un total de 13.762 pesos anuales[37].

Ha de tenerse en cuenta que en esta época había tenido ya lugar el primer acrecentamiento importante del realengo en Nueva España, debido a la labor de la Segunda Audiencia.

Según ANTONIO DE LEÓN los pueblos de Nueva España afectados en 1542 por efecto de las Nuevas Leyes fueron[38]; Totolapa, Ituta, Taualilpa, Cempoala y la mitad de Guaspaltepeque, quitados al contador Rodrigo de Albornoz; Tenayuca, Coatepeque y Tonalá, quitados al tesorero Juan Alonso de Sosa; Tepeaea y el pueblo de Yacona, al veedor Peralmindo Chirinos; Istlavaca, a la Casa de la Moneda de México; a Juan Infante debieron quitarse los pueblos de Sabina, Pomacoran, Naranja, Cauianga, Uihicila y los barrios de la laguna de Michoacán: sólo se incorporaron los dos últimos pueblos; Diego de Ordaz tenía Calpa y Chilapa, y aunque los mencionaba la ley no se incorporaron; tampoco se incorporó el repartimiento que gozaba el maestro Roa, también señalado en la ley; Francisco Vázquez Coronado, citado en la ley, tenía la mitad del pueblo de Hueytenango en Michoacán y el de Cuzamala en el distrito de México, también tenía el pueblo de Tlapa: no se le quitaron. Francisco Maldonado tuvo diez pueblos: Achuitla, Tecomestlavaca, Niquitla, Ocotepeque, Tlacaltepeque, Autaltaluta, Sultepeque, Atoyaque, Torapilla y Coquila: aunque mencionados en la ley no se le quitaron. Bernardino Vázquez de Tapia tenía los pueblos de Quainostitlán y Ochorobusco y la cuarta parte de llapa: no se le quitaron. Juan Xaramillo de Salvatierra tenía la provincia de Xilotepeque, que se le conservó a pesar de estar también señalada en la ley. Martín Vázquez tenía Xilocingo, Tagiaco y Chicaguatla, que se le mantuvieron. Gil González de Benavides, citado en la ley, no consta qué indios tuviera. A fray Juan de Zumárraga, obispo de México, se le quitó el pueblo de Ocuytuco, y al obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, el de Guaniqueo. Al obispo de Oaxaca, don Juan López de Zárate, el de Taristaca. En resumen se incorporaron quince pueblos y medio. Su valor era el siguiente[39]:

Nombre del pueblo

Tributos

Pesos
Especie

Tepeaca
9.400
4.700 hanegas de maíz.

Xacona
800
800 ídem.

Tula
3.444
1.722 ídem.

Totolapa
4.380
10.011 hipiles de ropa
con valor de 4 pesos
cada uno.

Tabalilpa
222
880 hanegas de trigo.

Tenayuca
275
600 hanegas de maíz.

Coatepeque
1.000
1.000 ídem.

Tonalá
4.641
750 hanegas de trigo.

Ocuytuco
756
500 hanegas de maíz.

Guaniqueo

300 hanegas de trigo.

Talistaca
545
262 hanegas de maíz.

Ixtlabaca
1.591
2.122 ídem.

Tlatlauca y Suchiaca
350
467 ídem.

TOTAL en pesos
27.404
más las especies.

Conforme a la liquidación del tesorero Real, Pedro Gómez de Conteras, la renta de la Corona en 1549 por concepto de tributos de indios era de 24.311 pesos, 4 tomines y seis granos, proporción importante, porque el total de las rentas Reales de Nueva España ascendía a 65.415 pesos, 6 tomines y 10 granos (los pesos eran de minas). Los sueldos de los corregidores valían 7.922 pesos, 6 tomines. Pagados los gastos de la colonia, recibía el rey en total 24.154 pesos de minas[40].

La cuenta de los tributarios de la Corona en los alrededores de la ciudad de México (época de la visita de Vasco de Puga) arrojó los siguientes resultados: Guaxocingo, 25.000 tributarios; Cholula, 25.000; Tlaxcala, 50.000; Chalco, 45.000; Tezcoco, 25.000; Sochimilco, 25.000; México y sus barrios, 20.000. Total, 210.000 tributarios[41].

Existen tasaciones importantes, relativas a estos pueblos, que señalan sus pagos en diversos períodos. El pueblo de Guaxocinoo, por ejemplo[42], fue tasado primero en 4.000 hanegas de maíz y 120 cargas de ropa, como las que daba Chohila. El 24 de agosto de 1543 se conmutó la ropa por el pago de tres pesos de tepuzque por cada carga, y el maíz se valuó a razón de dos tomines cada hanega, de modo que el pueblo pagaría 2.560 pesos por año, a partir del primero de septiembre. Por sentencia del visitador Diego Ramírez, desde el 11 de abril de 1552, el pueblo debía pagar cada año 2.000 pesos de oro de a ocho reales cada peso, pagaderos por los tercios del año, y 2.200 hanegas de maíz, la mitad para entregar en el pueblo de San Salvador y la otra mitad en el propio Guaxocingo. Don Luis de Velasco, en México, el 4 de noviembre de 1556, conmutó los tributos en 5.000 hanegas de maíz y mil pesos de oro común en dinero. Para el maíz debido, los indios habían de formar una sementera, que beneficiarían en común. La audiencia de México, con citación del fiscal del rey y de los indios, el 12 de noviembre de 1558, tasó el tributo anual en 8.250 pesos de oro común y ocho mil hanegas. De estos tributos, seis mil pesos y seis mil hanegas serían para el rey, y el resto para la comunidad de los indios (partida de donde salía lo del cacique, la doctrina y también la parte del salario del corregidor). El maíz debía pagarse al tiempo de la cosecha, y el oro, cada cuatro meses. El 6 de septiembre de 1560, los oidores acordaron, que a pesar de la suplicación de los indios contra el acuerdo anterior, debía confirmarse la tasación.

Iguales variaciones y diversidad de tributos se encuentran en las tasaciones de Cholula, Chalco, Tlaxcala, ele. Para no cansar, limitémonos a la de Tezcoco y luego a la muy instructiva de Sochimilco.

Tezcoco fue tasado en un principio en 60 cargas de toldillos y 40 naguas, 40 camisas y 2.600 hanegas de maíz. Estas cantidades eran trimestrales. El 26 de septiembre de 1544 se conmutó cada carga de toldillos por cinco pesos, dos tomines de minas, y por las naguas y camisas, 26 pesos de minas. El 30 de agosto de 1547, el virrey y los oficiales, a petición del gobernador indio del pueblo y del principal, les consintieron pagar como en los tres años pasados. El 22 de septiembre de 1556, el virrey don Luis de Velasco conmutó el tributo que pagaban en ocho mil hanegas de maíz[43].

Sochimilco se puso en cabeza de S. M. por muerte de Pedro de Alvarado y de doña Beatriz de la Cueva (su mujer), que falleció el 10 de septiembre de 1541. Cuando se hizo la entrega, don Luis Delgado, que tenía los indios como escudero de Alvarado, dijo que lo que tributaban hasta entonces era lo siguiente: cada 80 días, cincuenta tejuelos de oro de diez quilates, que pesaba cada uno diez pesos de oro; Ítem, otros diez tejuelos de 37 pesos; ítem, servicio de comida: cada día seis gallinas, seis cargas de maíz, diez cargas de yerba, una braza de leña, veinte huevos, ocote, ají y tomates; ítem, doce indios de servicio. Al hacerse la incorporación quedó el rey con los frutos de la tierra, gallinas, huevos y maíz. Lo demás debía darse al corregidor, además del salario. El 19 de mayo de 1556, a pedimento de los indios y con consentimiento de los oficiales del rey, se mandó que por cada peso de oro de diez quilates, dieran seis tomines de oro de tepuzque, que eran veinte maravedís. Se conmutó la comida por 410 pesos y 5 tomines de oro común anuales, y lo que daban al corregidor por 273 pesos y 6 tomines. (Esta conmutación en metálico se basaba en la cédula del rey para don Luis de Velasco, de 26 de febrero de 1556, autorizándole para hacer dichos cambios). El virrey Velasco, el 4 de noviembre de 1556, fijó los tributos de Xochimilco en 5.000 hanegas de maíz y 273 pesos, seis tomines de oro común. Más tarde, por las quejas de los naturales, el virrey fijó en un documento minucioso todo lo que habían de dar y hacer estos indios, según sus calidades: el principal debía pagar ocho pesos al año para salarios; los indios comunes quedaban obligados a hacer labranzas de una braza de ancho y diez de largo (medidas correspondientes a una hanega de maíz de fruto), trabajando la sementera del rey sin paga, ya haciéndola en la tierra o en las chinampas (cultivos flotantes); las indias comunes pagarían medio tomín cada tres meses, o sea dos al año; las viudas que tuvieran tierras o fueran ricas por tráfico mercantil, cuatro tomines al año; los oficiales (es decir, obreros con oficio), pagarían con una semana de labor en su oficio, no dando nada en dinero; los carpinteros, cuando iban a su semana debían hacer el número de canoas que se les señalara, de acuerdo con las medidas dadas; estos oficiales, después de la semana de servicio podían ejercer libremente su oficio y podían enseñarlo a sus hijos; al gobernador indio se le debían dar cuatro indios y cuatro indias, etc.

El 25 de julio de 1551, los oficiales reales de Yucatán, Juan de Paredes y Julián Donzel, dieron la siguiente relación de pueblos pertenecientes a la Corona, y lo que rentaban[44]; Champotón, cuya tasa no era conocida. Telchaque, daba 55 arrobas de cera y 1.030 mantas. Maní, 970 mantas y 55 arrobas de cera. Ticul, 790 mantas y 48 arrobas de cera. Yascoquil, 60 mantas y 4 arrobas de cera. Cuzamá, 900 mantas y exexanto de cera. Tenn o Tecó, 420 arrobas de cera. Zavanal, 250 mantas y 12 arrobas de cera. Vaca, 480 mantas y 17 arrobas. Yaxa, 240 mantas y 15 arrobas. Tecón, 230 mantas y 12 arrobas (en este pueblo había 230 indios casados, lo cual hace suponer que cada indio casado pagaba una manta, y haciendo el cálculo total sobre los pueblos antes citados, se obtiene la cifra de 4.950 vecinos indios en esos pueblos de la Corona). Añadían que en Valladolid había 300 indios en calidad de vacos. En total, la renta de indios del reyen Yucatán era de 3.000 pesos de minas. Los gastos de la Corona eran: 400 pesos para campanas de cinco monasterios, que costaron a 80 pesos de minas; limosna de vino y aceite para los mismos monasterios, 185 pesos de minas; mil ducados al justicia mayor, que eran 833 pesos; mil pesos de tepuzque para ayuda de costa del adelantado Montejo, que eran 602 pesos de minas; cien mil maravedís, al mismo, como sueldo de capitán general, que eran 222 pesos, 4 tomines. A Hernando Dorado, escribano del cabildo y del juzgado, 80 pesos. Había también ayudas de costa para conquistadores y familiares suyos: a Francisco de Arzeo, ochenta pesos (era conquistador, tenía muchos hijos y mujer, tenía algunos indios en encomienda); a Juan Vela, 80 pesos (era casado, tenía mujer e hijos y pocos indios, era conquistador); a María de Aguirre, mujer de Diego de Villarreal, que estaba ausente, por viuda le mandaba dar el rey 50 pesos; a Gaspar Ruiz, 50 pesos (era vecino, tenía mujer e hijos y pocos indios); a Alonso Gallardo, 40 pesos (era poblador de los viejos); a Bautista Genovés, 40, y lo mismo a Antonio Ponce, Diego López y Toribio Sánchez; 50 a Antonio de Yelves y a Juan de la Cámara; a Juan Gómez, 60; a Gonzalo Zea, 30; a Jorge Griego, 40, y a Diego de Riberos, 40[45].

En 1560 se encuentra una lista de algunas provincias y pueblos del virreinato, que estaban en la Corona; no da más que los nombres, no menciona el número de tributarios, ni el valor y calidad de los tributos[46].

Don Martín Cortés, en su carta a Felipe II, de 10 de octubre de 1563, informaba[47]; «los indios que V. M. tiene en su Real cabeza, pasan de 440.000 en toda esta Nueva España, y lo que V. M. tiene de provecho dellos, no llegan a 150.000 pesos». Atribuía esto a la cantidad que se apartaba para los llamados gastos de comunidad de los pueblos, llamados también «sobras de tributos», suma que contenía gastos de propios, pago de Raíles y lo de los caciques indios[48].

El resultado de la visita del licenciado Valderrama (año de 1564) fue expuesto al rey en un documento importante[49]. Antes de la visita, la ciudad de México y el barrio de Santiago estaban exentos. Uchichilla y los barrios de la laguna daban 1.400 pesos; Ulula, ocho mil hanegas de maíz; Talmanalco, tres mil hanegas; Tenango, lo mismo; Timaluacán, mil hanegas; Guatinchán, mil hanegas y además 325 pesos. Los barrios de la ciudad de Puebla de los Angeles no tributaban. Sochimilco pagaba cinco mil hanegas y 273 pesos seis tomines. En total, obtenía el rey de esos pueblos 21.000 hanegas de maíz y 1.998 pesos, seis tomines. Con la nueva tasación del visitador, estos tributos subieron a 33.178 hanegas y 71.520 pesos, cifras obtenidas, porque empezaron a pagar los indios, hasta entonces exentos, y se recontaron los pueblos que ya estaban gravados antes de la visita.

Según el informe del cabildo eclesiástico de Guadalajara (Nueva España), había en esa provincia 24.300 indios tributarios. Comentaba: «en uno de los medianos pueblos de Tlaxcala o México hay más indios que en todo este reino [de Nueva Galicia]»[50].

Según el informe general sobre los indios del realengo de Nueva España, dado por Melchor de Legaspi, el año de 1571, había 359 pueblos tributarios de la Corona[51].

La Geografía de LÓPEZ DE VELASCO da también datos importantes sobre indios del rey. En 1560 tenía en Nueva España 320 pueblos, y recordemos que el total era de 700 repartimientos. Descontados los salarios de alcaldes mayores y de 220 corregidores, que se elevaban a cincuenta mil pesos anuales, quedaban al rey otros cincuenta mil como fruto de tributos. En el arzobispado de México tenía 60 repartimientos por valor de 39.000 pesos. En Tlaxcala 61, con valor de 38.000. En Oaxaca 68 repartimientos, con renta de 18.000 pesos. En Michoacán 69, con renta de 25.000 pesos. En Nueva Galicia 52, con renta no conocida. De Yucatán falta también la lista de esta época.

Aparte los pueblos de Nueva España encomendados y en la Corona, estudiemos los pueblos de indios que estaban en calidad de vacos. Los datos estadísticos son más escasos, pero tampoco faltan del todo.

Según la liquidación de Pedro Gómez de Contreras, del año 1549, ya citada[52], en Nueva España en esa época se habían concedido por mercedes sobre sueldos de corregimientos vacos 1.321 pesos, 5 tomines y 11 granos.

En 1554, el virrey Velasco enviaba al rey una relación de los encomenderos de Nueva España, que por ser viejos y no tener hijos dejarían vacantes sus repartimientos. Eran diez y ocio personas, y la lista contiene datos sobre antiguos conquistadores, por ejemplo, de Bernardo Vázquez de Tapia dice: «conquistador de los primeros, de setenta años y su mujer de setenta…»; Juan Gaitán, «aunque es mozo, tiene los indios con su mujer, la cual es vieja y no tiene hijos», etc.[53]

El mismo año la Audiencia de México redactó una lista de los conquistadores de Nueva España y descendientes suyos que gozaban pensiones sobre indios vacos. Había 137 pensiones consignadas, algunas las gozaban varias personas al mismo tiempo. El monto variaba entre cincuenta pesos y cuatrocientos. En total, se habían concedido 25.537 pesos de oro y 16 tomines[54].

Con posterioridad hallamos otra lista importante de Nueva España, formada por el contador Alonso de Salazar Barahona, relativa a pueblos que el 15 de octubre de 1603 estaban vacos y por encomendar, que valían en total 23.281 pesos, 6 tomines y 9 granos y daban 11.582 hanegas de maíz. Según esta certificación, dada en México el 15 de noviembre de 1611, el rey había concedido por diversas mercedes 13.150 pesos de a ocho reales y 4.000 ducados, y por eso sólo quedaban como pueblos libres para poderse encomendar, varios que el contador enumeraba, con renta de 11.147 pesos y dos tomines y 5,573 hanegas de maíz, que al precio de seis reales por hanega valían 4.180 pesos, un tomín, 6 granos, de modo que en total quedaban como fruto de los pueblos en disposición de vacos 15.327 pesos, 2 tomines y 6 granos[55].

Examinemos a continuación algunas estadísticas del virreinato del Perú.

En 1561, después del gobierno del primer marqués de Cañete, se redactó una amplia relación (debida, al parecer, a Pedro de Avendaño, secretario de Cámara de la Audiencia de Lima y mayor de la gobernación del Perú), que da los siguientes resultados[56]:

Personas
de todas edades
Tributarios
de 16 a 50 años
Valor
del tributo

Cuzco
267.000
77.000
377.000 ps

La Plata
232.800
46.560
178.850

La Paz
150.655
30.131
150.600

Arequipa
201.830
40.366
93.700

Guamanga
112.520
22.504
65.914

Trujillo
215.000
42.000
63.800

Los Reyes
99.600
25.577
55.600

Guanuco
118.470
23.506
55.650

Quito
240.670
48.134
64.800

San Miguel
16.617
6.054
33.800

Puerto Viejo
2.297
1.377
5.452

Guayaquil
4.742
2.280
12.664

Loja
9.495
3.647
11.004

Chachapoyas
58.397
16.309
27.600

Valle de Jauja
17.248
5.328
12.242

Zamora
11.222
6.093
18.000

Totales
1.758.565
396.866
1.226.676 ps.

Jaén y Santiago de los Valles no estaban tasados.

En los 17 pueblos de españoles había un total de 427 vecinos encomenderos; los repartimientos eran 477. Los 50 de diferencia eran los de la Corona y vacos.

El cuadro anterior da únicamente los totales, pero en el mismo lugar se encuentra (fols. 46-66) una relación individual de cada encomienda, con el nombre del encomendero, valor, etc., que no inserto por su extensión.

En época posterior, 1591, se encuentran nuevos datos totales sobre las encomiendas del Perú. Se había realizado ya ja visita del virrey Toledo (1581) y gobernaba el segundo marqués de Cañete. La relación fue redactada por Luis Morales de Figueroa. El cuadro que a continuación inserto es el formado por TORRES SALDAMANDO, y no comprende más que los totales[57]:

Provincias
Encomiendas
Indios
tributarios
Tributo
Anual
- Pesos
Quinto de
S. M.
- Pesos
Renta del
encomendero.
- Pesos

Lima
57
30.708
119.920
23.984
95.963

Trujillo
34
17.597
62.100
12.420
49.680

Guamanga
33
26.057
101.435
20.287
81.148

Guanuco
37
18.089
65.180
13.036
52.144

Pinza
29
3.537
12.890
2.578
10.312

Guayaquil
25
2.198
8.515
1.703
6.812

Puerto viejo
25
1.253
4.610
992
3.618

Charcas
29
31.671
191.410
38.282
153.128

La Paz
41
27.837
177.910
35.582
148.328

Cuzco
125
74.977
380.835
76.167
304.668

Arequipa
33
19.794
98.335
19.667
78.668

Chucuito
1
17.779
80.000
16.000
64.000

Chachapoyas
56
7.045
21.390
4.278
17.103

Moyobama
14
678
2.290
458
1.832

Jaén
33
2.654
7.980
1.596
6.384

Quito
31
24.380
79.235
15.847
63.388

Cuenca
36
10.037
50.185
10.037
40.148

Loja
15
2.849
9.260
1.852
7.408

Zamora
41
6.762
33.810
6.762
25.048

Totales
695
325.899
1.506.290
301.258
1.205.032

En la misma obra puede hallarse la relación detallada de cada encomienda[58].

El número de corregimientos en 1591 era en Perú de ochenta, fluctuando los salarios entre dos mil y quinientos pesos ensayados[59].

MATIENZO afirma que de los tributos pagados por los indios, la tercera parte eran en oro y plata, los demás en ropa, maíz, coca y otras cosas[60].

Examinemos ahora los datos relativos a repartimientos incorporados en la Corona en el virreinato del Perú. En 1561 había los siguientes[61]:

Distrito
N.º de
repartimientos
Valor

Ciudad de los Reyes
5
7.100

Arequipa
1
120

Cuzco
5
16.550

La Plata
3
33.000

Collao
1
22.000

Quito
2
250

Guayaquil
1
1.100

TOTALES
18
80.120

Según documento de fecha 6 de abril de 1562, que especifica los salarios y situaciones sobre la Caja Real del Perú, durante los gobiernos del marqués de Cañete y el conde de Nieva, resultan concedidos 392.222 pesos, seis tomines. Los repartimientos dados después de la muerte del marqués de Cañete eran 13 y valían 54.260 pesos. El cálculo de la renta que el rey tendría cada año en Perú era de 399.550 pesos[62], comprendiendo quimos reales, tributos de los repartimientos de la Corona, los repartimientos vacas, almojarifazgos, penas de cámara y otras rentas Reales.

Los datos sobre repartimientos vacos son bastante precisos en esta época. En 1556, al llegar el marqués de Cañete, había 57 repartimientos vacos, con un valor total de 301.000 pesos[63].

Al llegar el conde de Nieva, el número era bastante menor, porque en total el número de repartimientos vacos y en la Corona era sólo de 43. La distribución era la siguiente[64]:

Distrito
N.º de
repartimientos
Valor

La Plata
8
67.000

La Paz
7
43.900

Cuzco
13
68.000

Guamanga
2
2.200

Los Reyes
6
7.900

Quito
3
4.750

Guayaquil
1
1.100

San Miguel
1
2.000

Truxillo
1
1.500

TOTALES
42
198.350

En 1570, al llegar el virrey Toledo, la lista de vacos era:

Nombre de la encomienda | Distrito | Valor
Lucanas | Guamanga | 5.000
Olmos y Sontobélico | Piura | 1.200
Chelaco |  | 700
Guaynaquito |  | 2.500
Villile |  | 2.800
Machagues |  | 2.400
TOTAL |  | 14.600

Sobre estos tributos se habían concedido 8.500 pesos a distintas personas, y para limosnas, ayudas de presos, maridos de viudas, etc.[65]

De las demás provincias de América encuentro únicamente datos aislados. En un índice relativo a las encomiendas de Venezuela, hallo mención de 74 repartimientos; pero el índice no es completo[66].

Sobre Chile pueden hallarse algunas listas, especialmente del siglo XVIII, en la obra de AMUNÁTEGUI[67].

Del Paraguay hallo la siguiente mención en el año de 1772: «no tienen otro tributo efectivo estos indios que el servicio personal a los encomenderos. Y aunque el rey lo tiene prohibido, se ha suplicado de la providencia y prosiguen encomendados a los vecinos más distinguidos y a cuyos servicios se juzga que corresponde este premio. A estos encomenderos llaman aquí feudatarios. Las encomiendas que hay en toda esta provincia son 71»[68].

Un estudio reciente de E. RAVIGNANI contiene datos muy completos sobre las encomiendas en la región argentina, hacia 1673[69], El total de encomenderos era de 251, y el número de indios encomendados el siguiente:

Buenos Aires | 354
Santa Fe | 95
Corrientes | 438
Córdoba | 430
La Rioja | 1.390
San Juan de la Ribera de Londres | 1.117
Talavera de Madrid de Estero | 10
Jujuy | 1.515
Salta | 1.984
Santiago del Estero | 3.358
Tucumán | 2.303
TOTAL | 12.994

Publica el mismo autor las listas individuales de las encomiendas, con el nombre del encomendero y número de los indios; éste varia de modo considerable: hay algunas encomiendas que tienen dos indios y otras que alcanzan los quinientos.

Para terminar, mencionemos dos estadísticas de conjunto sobre las encomiendas indianas.

Según los cálculos de LÓPEZ DE VELASCO había en América[70]; «en todo lo descubierto y poblado hasta el año de 1574, cuando se acabó esta suma de recopilar, doscientos pueblos de españoles, ciudades y villas, con algunos asientos de minas en forma de pueblos, y en ellos, y en las estancias de ganados y otras granjerías, cerca de treinta y dos mil casas de vecinos españoles; los tres mil y novecientos o cuatro mil encomenderos, y los otros pobladores, mineros y tratantes y soldados; y ocho o nueve mil poblaciones, naciones o parcialidades de indios que no se pueden bien sumar, porque la mayor parte están por reducir a pueblos, en los que, y en todo lo que está de paz, en cuanto buenamente se ha podido averiguar por las tasaciones, hay millón y medio de indios tributarios, sin sus hijos y mujeres y sin los viejos y por casar y los escondidos y los que no están pacíficos; los cuales todos están repartidos como en tres mil y setecientos repartimientos de S. M. y de particulares, de quien son la mayor parte, y como 40.000 negros esclavos, y mucho número en todas partes de mestizos y mulatos». Es decir, de los pobladores españoles jefes de había como una octava me que eran encomenderos, y en temí existían 3700 repartimientos; de éstos, separando los de la Corona, quedaban los demás en particulares, pero no todos tenían una encomienda entera, sino que había algunas gozadas por dos, tres o más encomenderos, lo cual explica que el número de repartimientos sea menor que el de encomenderos particulares.

Según estadística del año 1631, al parecer debida a ANTONIO DE LEÓN[71], el tanteo de lo que rentaban las encomiendas de Indias, según sus tasas, era:

| Ducados
Las de las Charcas | 80.000
» del Cuzco | 130.000
» de La Paz | 80.000
» » Arequipa | 25.000
» » Guamanga | 8.000
» » Lima | 60.000
» » Guanuco | 8.000
» » Truxillo | 20.000
» » Piura | 2.000
» » Guayaquil y Puertoviejo | 2.000
» » Tucumán | 20.000
» » Santa Cruz de la Sierra | 4.000
» » Paraguay | 6.000
» » Río de La Plata | 2.000
» » Quixos | 8.000
» » Chile | 12.000
» » Nuevo Reino | 50.000
» » Popayán | 10.000
» » Antioquía | 4.000
» » Los Musos | 2.000
» » Santa Marta | 4.000
» » Grita | 2.000
» » Cartagena | 2.000
» » Veragua | 12.000
» » Venezuela | 12.000
» » Cumaná | 6.000
» » Nueva España | 150.000
» » Yucatán (con los tributos de Montejo) | 100.000
» » Guatemala | 50.000
» » Filipinas | 95.228
| —————
| 966.228

CAPÍTULO X

LA SUPRESIÓN DE LAS ENCOMIENDAS

Las encomiendas sistematizadas en la forma expuesta duraron poco tiempo. Las necesidades hacendarías del Estado español durante el gobierno de los últimos Austrias, y el cambio general de la política cuando el advenimiento de los Borbones al trono de España, repercutieron en las colonias, y las encomiendas entraron en una nueva fase de su evolución, caracterizada por la creciente tendencia centralista y la preponderancia del interés fiscal en la adopción de las medidas legales.

En 1663, por la difícil situación del erario, la Corona dispuso que de las pensiones y mercedes concedidas gratuitamente, se retuviera la mitad para la caja del rey, satisfaciendo la otra mitad a los interesados[1]. Al terminar el plazo fijado para este descuento se dictó una nueva cédula, de fecha 9 de diciembre de 1665, por la cual se renovó la orden, pero ahora se descontaría únicamente el veinte por ciento; el 29 de junio de 1669 se volvió a elevar el descuento a la mitad, y el 29 de mayo de 1670 se gravó con un diez por ciento la mitad que quedaba libre. Como resultado de estas operaciones consta que la Corona había recibido el primero de mayo de 1672, un millón un mil doscientos treinta y ocho pesos[2].

Con motivo de las leyes anteriores, surgió la duda de si la expresión «mercedes gratuitas» comprendía también las concesiones de encomiendas que la Corona hubiera hecho sin venta o mediación de contrato oneroso.

El Consejo de Indias, en un interesante informe, explicaba al rey la antigua diferencia entre mercedes comunes sobre la caja Real y encomiendas[3]:

«Las encomiendas de las Indias no están situadas en la Hacienda Real; consiste la renta dellas en lo que tributan los indios de aquel pueblo o pueblos que se adjudicaron desde el principio del descubrimiento… sin que estos tributos hayan sido en tiempo alguno incorporados en la Real Hacienda, ni considerádose por parte de ella. Generalmente se perciben en frutos de la tierra que cultivan los indios, como es algodón, maíz, cacao y otras semillas, que con diligencia del encomendero se cobran sin que entre en las cajas reales ni se pague dellas lo que esto importa».

Añadía el consejo que las encomiendas soportaban cargas propias y especiales: las del Perú, según cédula de 7 de marzo de 1619, sufrían el descuento de un tercio de la renta total para el rey, y cada vez que la encomienda vacaba, antes de volverse a proveer en otro particular, la caja Real gozaba la renta de un año; los encomenderos pagaban también al corregidor y al cura, la limosna de vino y aceite de los conventos, las rebajas por diezmos y alcabalas, y mantenían armas y caballo. Que en Nueva España, además de estas cargas, se mandó algún tiempo que dieran los encomenderos el quinto del valor de sus rentas para sostener la armada de Barlovento y los gastos de Hospital. Por todas estas razones, el Consejo opinaba que las encomiendas no debían incluirse en el nuevo descuento; que de hacerse, se daría ocasión para que los encomenderos se rebelaran o cargaran la mano sobre los indios.

Adviértase que la etapa jurídica que convirtió la encomienda en el goce de un tributo cedido por el rey, conducía, en el nuevo período centralista y fiscal, a una asimilación peligrosa para los encomenderos, porque la Corona, no sin cierta razón, empezaba a interpretar las encomiendas como mercedes comunes sobre rentas del rey, gravables y aun revocables del todo cuando el interés de la monarquía lo reclamara.

En esta ocasión, la oportuna advertencia del Consejo surtió efecto. El conde de Lemos, virrey del Perú, declaró oficialmente, el 20 de agosto de 1671, que las encomiendas no quedaban afectadas por el descuento general[4].

El 11 de julio de 1678, quizá con la misma finalidad de evitar la confusión entre encomiendas y demás mercedes sobre rentas del rey, se presentó al Consejo un circunstanciado informe, debido, al parecer, a JOSÉ LINAJE VEITIA[5], en el cual el autor explicaba, de acuerdo con las ideas de LEÓN y SOLÓRZANO: «qué son encomiendas, y su origen, la definición que puede dárseles, la introducción de pensiones sobre ellas, quién puede proveerlas, así las encomiendas como las pensiones, con qué reglas y preceptos deben dañas y a quién, qué calidades tiene la ley de la sucesión y sus declaraciones, qué cargas y gravámenes tienen las encomiendas y encomenderos».

Pero las medidas de la Corona continuaron. En 1674 el rey pidió al virrey del Perú y gobernadores de las provincias, que remitiesen una relación de las encomiendas situadas en sus respectivo distritos, renta de cada una, personas que las tenían y por cuántas vidas[6]. El 21 de diciembre de 1678 el rey ordenó la revisión total de los títulos de los encomenderos del Perú[7]. Se insistió en ello el 25 de noviembre de 1679[8]. En 1687 las necesidades fiscales recayeron ya de modo firme sobre las encomiendas, con distinción de los descuentos antes decretados sobre las mercedes comunes en renta Real: el desfalco actual (despacho del 2 de septiembre) sería de la mitad de las rentas de las encomiendas, durante cuatro años, a partir del primero de enero de 1688; el objeto era obtener fondos «para mantener fuerzas marítimas en Sur y Norte, con qué defender los puertos y costas de piratas que los infestar». En 1691 se prorrogó el descuento hasta el primero de enero de 1695, fecha en que debió terminar, según cédula expresa de 28 de abril de 1694[9].

El 30 de diciembre de 1690, ante el deseo de la Corona de «suspender las encomiendas de indios» e incorporárselas, el fiscal del Consejo redactó un parecer en dieciocho pliegos, sosteniendo que debía darse una ley general que confirmara la derogada Ley Nueva de 1542, derogando a su vez la de sucesión de 1536 y las demás que amparaban a los encomenderos. Que extinguidas de este modo todas las encomiendas, sus rentas se incorporasen a la Corona y en ningún tiempo se pudiesen volver a encomendar. Reproducía el fiscal algunos de los antiguos argumentos contra las encomiendas, pero la principal razón que alegaba no era la que motivó la legislación de 1542, época de la campaña de LAS CASAS y de los grandes debates filosóficos y jurídicos en torno a la existencia de las encomiendas, sino el argumento de das necesidades de la monarquía»; añadía el fiscal que las encomiendas eran mercedes a voluntad del príncipe, las cuales podía éste revocar[10].

El rey, en su consulta de agosto de 1694, planteaba al Consejo de Indias el problema de la incorporación de las encomiendas en estos términos:

«Obligando la constitución presente y la suma falta de medios de la Real Hacienda, a pensar en algunos extraordinarios, para poder acudir, en parte, a los grandes gastos de la futura campaña, ordeno y encargo al Consejo de Indias, que teniendo a la vista estas consideraciones, discurra y me consulte luego, si absolutamente se deberán suspender las encomiendas de que están hechas mercedes en aquellos reinos, excepto lo que se emplea en culto divino, doctrina y otros fines de este privilegio»[11].

No siguió a esta consulta la suspensión legal, o mejor dicho, la incorporación de todas las encomiendas a la Corona; pero en 1701 el rey, en un decreto poco tranquilizador para los encomenderos, dispuso que se incorporaran las encomiendas que gozaban personas no residentes en las Indias:

«considerando haber sido los principales fines de introducir las encomiendas en los reinos de las Indias desde sus primeras reducciones y poblaciones el de la protección, doctrina y enseñanza de los indios y el de mantener y alentar con el premio a los pobladores beneméritos de aquellas provincias para su conservación y defensa, y que estos motivos faltan del todo en las encomiendas que se confieren a naturales de estos reinos [España] que con ánimo permanente residen en ellos»[12].

La tesis era perfectamente jurídica; de no estarse en un período fiscal preponderante, se hubiera podido pensar que la Corona trataba de evitar las concesiones indebidas de encomiendas en favor de ausentes, para favorecer a los verdaderos vecinos de Indias, como en otras ocasiones se había dispuesto (recuérdese la época antillana). Las encomiendas de los ausentes, según el decreto de 1701, debían cesar con la vida del actual poseedor, y al vacar se incorporarían. En cuanto a las demás encomiendas se disponía:

«Por ahora no se haga novedad en las provistas en vasallos residentes en pueblos encomendados, ni en las concedidas con perpetuidad por méritos de principales conquistadores, o en recompensa de otras mercedes hechas con el goce en éstas».

Este párrafo era el que podía intranquilizar a los encomenderos de Indias, porque el respeto a sus derechos parecía concedido únicamente a título provisional.

El 20 de mayo de 1701, la Corona envió al virrey del Perú, conde de la Monclova, una lista de las encomiendas de ausentes comprendidas en el decreto anterior[13].

El 17 de abril de 1703, el rey mandó tomar para sí la media anata de todas las encomiendas de Indias, durante dos años, exceptuando únicamente las encomiendas perpetuas por causa de conquista, las obtenidas por título oneroso y las que no excediesen de doscientos pesos de renta; fundaba esta decisión en que se temía que pasaran ingleses y holandeses a conquistar América, y no había fondos para la defensa[14].

Poco tiempo después, el 30 de octubre de 1704, se dictó otra medida fiscal, pero de sentido contrario a la incorporación; se trataba ahora de vender una vida más, tanto a los encomenderos de Indias como a los residentes en España, pagando al contado el importe de dos anatas, con plazo de tres años los de Indias, y de cuatro meses los de España. El motivo era:

«La pública obligación de mantener los ejércitos que defienden estos reinos [de España] y recuperar la importante plaza de Gibraltar, que desgraciadamente dió en manos de los enemigos, resguardar a Ceuta, sin olvidar la asistencia de Milán y otras plazas… y no ser capaces los efectos de la Real Hacienda a sufragar los empeños, etc.»[15].

Es decir, como en realidad las nuevas disposiciones tenían como objeto principal socorrer al erario, unas veces se pensaba que el medio más conducente era la extinción de las encomiendas, y otras, la prolongación a título oneroso de los derechos de los encomenderos.

En 1707, renovando una antigua tendencia, la Corona ordenó la incorporación de encomiendas muy cortas. Las menores de 25 indios debían unirse hasta formar encomiendas mínimas de 50, y las que no pudieran elevarse a más de 25 indios, debían tomarlas los virreyes, gobernadores y oficiales reales en administración, acudiendo con el producto tasado al encomendero, deduciendo el sueldo del cura de la doctrina[16]. En este caso, la intervención regalista no se inspiró en ningún propósito fiscal. Porque aunque ésta haya sido la nota predominante del período que estudiamos, no faltaron medidas debidas únicamente al afán político centralizador, o al deseo de reprimir los abusos que los encomenderos seguían cometiendo[17].

En 1709, la Corona insistió en el antiguo requisito centralizador de la confirmación de las encomiendas; ordenaba que las que no la obtuvieran dentro del término legal, fueran declaradas vacas y se proveyeran de nuevo conforme a la ley[18].

Esta facultad de confirmar, la reservó el rey para sí algún tiempo después, cuando extinguió la Cámara de Indias[19]. En 1714, insistía la Corona en la confirmación mandando guardar inviolablemente lo prevenido por las leyes:

«al tiempo de las vacantes pónganse edictos en cada distrito por él término prefinido, y los que se opongan hayan de justificar sus méritos por los motivos que concurran, y demás prevenido para mes casos, sin que se confieran sino al más benemérito, y bajo de la precisa calidad de que para ocurrir al Consejo por la confirmación se inserten a la letra, así los edictos puestos, como los papeles que cada uno de los opositores hubiese presentado, sin cuya circunstancia dicha confirmación se negará y procederá contra los ministros que la confiriesen»[20].

Este requisito, cuyo origen y finalidad conocemos, se había convertido en un instrumento de suma utilidad para los propósitos centralizadores y fiscales de la Corona; de allí la insistencia en este período.

Según sabemos, los esfuerzos de la Corona para «desempeñar» o dejar libres sus rentas propias determinaron algunas medidas, para que las partidas sobre rentas fiscales se fueran trasladando al renglón de indios vacos[21]. Estos cambios debían hacerse aun cuando la partida originariamente no hubiera sido concedida por el rey con cargo a vacantes de indios. Se pidieron al virrey de Nueva España y al gobernador de Yucatán listas de las encomiendas existentes y de las mercedes que pagaban las cajas Reales. Esta orden originó que las provisiones de indios vacos en favor de particulares se fueran restringiendo, porque los tributos quedaban afectos al pago de las obligaciones propias de la Corona. Por todos los caminos se venía preparando, aunque sin un plan preconcebido, la restricción de los derechos de los particulares sobre los tributos de los indios, cada vez más absorbidos por las necesidades del Estado.

En 1716, la cédula de Felipe V para el gobernador de la isla de la Trinidad y de la Guayana, mantuvo con claridad el criterio opuesto a los derechos de los encomenderos y de atención preferente al problema de las rentas reales. También se mencionaban abusos de los que tenían encomiendas y que faltaban a sus cargas militares, religiosas y de patrocinio[22].

No faltaron pareceres en pro de las encomiendas cu esta etapa tardía. El marqués de Ribas, consejero de Indias, no era partidario de la supresión, y en un reposado escrito hacía ver al rey que la incorporación de las rentas de los encomenderos impondría a la Corona gastos militares, y mayores cuidados en cuanto al orden interno y externo de las provincias de Indias, de modo que el ingreso fiscal nuevo no compensaría los gastos. Además, aducía las antiguas razones de premios debidos, eficiencia militar de los encomenderos, cuidado de la religión, pues ellos pagaban al doctrinero, y también el salario de los ministros reales (corregidores, etc.), y que «es mayor tesoro a la grandeza del rey el consuelo y conveniencia de sus vasallos, que el crecer el erario con lágrimas de aquéllos»[23].

El interés fiscal se sobrepuso pronto a las razones en pro de las encomiendas, y los decretos disponiendo la supresión total fueron promulgados por Felipe V. La probabilidad de éxito del primer rey Borbón, en su finalidad derogatoria parecía mayor que en el período de las Nuevas Leyes, cuando Carlos V, por razones preferentemente teóricas, intentó la supresión. Los reinos indianos, en el primer tercio del siglo XVIII, estaban suficientemente organizados y sujetos a la Corona, su riqueza no consistía únicamente, ni en la mayor parte, en los tributos de los indios, pues muchos españoles vivían bien sin ser encomenderos; además, los beneficiarios de las encomiendas no eran ya los primeros conquistadores, que reclamaban sus premios a raíz de duros trabajos de conquista, como en 1542, sino descendientes lejanos, cuando no personas emanas ni residentes en Indias.

El primer decreto general de extinción se dictó el 23 de noviembre de 1718; su estilo guardaba cierta semejanza con el ya citado de 1701, relativo a las encomiendas de ausentes. La Corona disponía ahora que se incorporaran en su favor todas las encomiendas, aun de residentes en Indias; el motivo era la necesidad fiscal, que el decreto apoyaba en otros argumentos para dar mayor fuerza a esta decisión legislativa que despojaba de sus rentas tradicionales a muchos súbditos, sin establecer resarcimiento o indemnización alguna. Ordenaba el decreto:

«Habiéndose experimentado que de muchos años a esta parte, es poco o ninguno el fruto que produce el premio que mi real liberalidad señaló a los conquistadores de indios gentiles de la América y pobladores de aquellas provincias en las encomiendas introducidas en ellas para remunerar los méritos de los que se dedicasen a las reducciones, pues sin embargo del grande beneficio que han recibido los que por lo pasado las efectuaban y sus descendientes en las encomiendas que han disfrutado por dilatado tiempo, no se ve les sirva de estímulo para emprenderlas y antes bien las que se hacen de presente, ya sea con la fuerza de las armas, o por el suave medio de las misiones, es a expensas de mi Real Hacienda, costeando ésta los gastos que ocasionan y el pasaje y manutención de los misioneros empleados en instruir y doctrinar los indios en la fe, congregándolos en pueblos donde tengan vida racional y política; y considerando que por estos motivos ha cesado el fin para que se instituyeron las encomiendas, he resuelto: que todas las encomiendas de Indias que se hallaren vacas, o sin confirmar, y las que en adelante vacaren, se incorporen a mi Real Hacienda, cediendo los tributos de que se componen a beneficio de ella y entrando en las cajas Reales de sus distritos, para que pagándose las cargas ordinarias y pensiones que estuviesen dadas sobre las mismas encomiendas, sirva el residuo a los gastos que tuvieren sobre sí las cajas Reales, con advertencia de que las referidas pensiones sólo se han de satisfacer a los que actualmente las poseen, pues anulo todas las gracias y mercedes de encomiendas y pensiones que se hallaren concedidas por mi y por los virreyes, presidentes y gobernadores residentes en las Indias o en estos reinos, por más vidas que las de los actuales poseedores, porque es mi voluntad que sólo éstos las gocen, y que en falleciendo se incorporen a mi Real Hacienda. En cuya consecuencia, tampoco han de entrar las personas que tuvieren mercedes de encomiendas por una o más vidas a la posesión de ellas no hallándose ya en posesión. Y siendo muy posible que de algunas de las pensiones y encomiendas provistas por los virreyes, presidentes y gobernadores no se hayan sacado hasta ahora sus confirmaciones, por no haber expirado el término que se les señaló para esto, declaro, que aunque en conformidad de esta resolución debe negarse la confirmación, no se ha de obligar a los que con la buena fe en que les constituía la esperanza de sacarla las hayan poseído, a que restituyan lo que de ellas hubieren percibido, como no se haya acabado el término que se les concedió para sacarla, pues en este caso deberá ejecutarse lo que para él está mandado, y se ha practicado en semejantes ocasiones; y es mi Real ánimo no se innove en cosa alguna en lo respectivo a las encomiendas que se hallaren concedidas con perpetuidad por los méritos y servicios de los principales conquistadores y pacificadores de aquellas provincias. Tendráse entendido en mi Consejo de las Indias, y para su cumplimiento se expedirán luego las órdenes más estrechas a los virreyes, audiencias, gobernadores y oficiales reales de la América e Islas Filipinas, haciéndose al mismo tiempo todas las prevenciones que juzgare convenientes para la puma ejecución y cumplimiento de lo referido y recobro del producto de las encomiendas vacantes, arreglándose a esta determinación. Y en cuanto a las encomiendas y pensiones que estuvieren conferidas en recompensa de otras mercedes, o de créditos contra la Real Hacienda, de las cuales no estén en posesión los interesados, ni las hayan disfrutado, me consultará el consejo lo que se le ofreciere cuando los interesados acudan a representar su derecho, para que según el que las asistiere, resuelva Yo lo que se ha de practicar en este asunto»[24].

Adviértase que el propósito derogatorio era tan radical como en 1542, pero ahora tendría cumplimiento dentro de las condiciones en que se encontraban las encomiendas de América en el siglo XVIII. Se hablaba de una finalidad que los encomenderos no cumplían, lamentando el gasto que ocasionaban a la Hacienda; por esta razón se extinguían sus derechos pasando la renta, a la muerte de los tenedores actuales, a las cajas del rey. La medida cortaba de pronto, por un acto estatal del antiguo régimen, los derechos individuales de los beneficiarios de las rentas de encomiendas. Jurídicamente puede considerarse que se trataba de un caso de expropiación, puesto que esos derechos habían sido autorizados por la Corona y habían subsistido durante tanto tiempo. Salvo el goce del poseedor actual, no se halla en la medida ningún principio de indemnización. Sólo se excluyen de la derogación general las encomiendas perpetuadas, y el rey pide que se le consulte lo que ha de hacerse en aquellas ofrecidas a título oneroso o a cambio de otras mercedes.

Sin embargo, tampoco puede negarse el derecho que asistía al Estado para adoptar su radical actitud; las encomiendas, como rentas reales cedidas habían quedado sujetas a la voluntad del rey, y si en un momento dado quería éste «recobrar» ese renglón fiscal concedido, no podía nacer de la institución misma razón alguna de derecho para impedirlo. En el período de la integración jurídica, la fórmula de cesión del tributo Real resolvió las dificultades planteadas en la primera época de las encomiendas indianas; pero ahora, esa misma solución servía para fundar la disposición Real que las aniquilaba.

El 12 de julio de 1720 la Corona dictó otro decreto estableciendo una extraña excepción en favor de ciertas encomiendas de «servicio personal», que no debían quedar comprendidas en la incorporación general decretada en noviembre de 1718; estableció también un principio débil y un tanto arbitrario para la indemnización de algunos afectados. El decreto incorporaba el anterior de 1718, y añadía:

«últimamente he resuelto sobre consulta del referido Consejo de Indias de 12 de abril del año próximo antecedente, que se ejecute lo que viene expresado en cuanto a incorporar a mi Real Corona las encomiendas que vacaren, a excepción de las que declarare aquí, sin que con ningún pretexto se depositen en persona particular ni se admita súplica ni interposición de recursos a mi real persona, quedando la recaudación de estas encomiendas a cargo de los Oficiales Reales, Corregidores y gobernadores de su distrito, para que éstos hagan la entrega de su producto en las cajas Reales, pero ha de ser de la obligación de los Oficiales de mi Real Hacienda dar aviso de ello al virrey y Tribunal de Cuentas que correspondiere, para que se hallen en su inteligencia al tiempo de dar sus cuentas los corregidores, advirtiendo que las cargas con que se hallaren las encomiendas que vacaren y se agregaren a mi Real Hacienda, según el cabimiento que tengan, y fueren para el culto divino, han dé pagarse en adelante por los Oficiales Reales, según y como se ha practicado, sin que a los virreyes, audiencias y gobernadores les quede facultad alguna para dar estas encomiendas; observándose por lo respectivo a las concedidas con perpetuidad lo prevenido en el Real decreto, respecto de estar concedidas en fuerza de grandes méritos de los conquistadores y por otros justos títulos; pero en las encomiendas que hubiere de servicio personal no se ha de hacer novedad alguna y quedarán en el estado en que hoy se hallan por ser de corta entidad y por los inconvenientes que de lo contrario podían seguirse al servicio de Dios y mío, guardándose en su provisión el estilo de ponerse edictos para que concurran los que tuvieren mejor derecho a ellas, y se confieran en el que más bien le probare; a que añado que en cuanto a las mercedes de encomiendas y pensiones en ellas, que estuviesen concedidas o provistas por mi Real persona o por los ministros o gobernadores de las Indias, por una, dos o tres vidas, de las cuales falte alguna o algunas que disfrutar, no podrán verificarse sin nuevo despacho mío, y deberán los interesados acudir al dicho mi Consejo de las Indias a justificar el derecho con quejas obtuvieron, para que en caso de ser legítimos herederos, por descender de los conquistadores o por otro justo motivo, haciéndomelo presente el referido mi Consejo, les conceda yo en las cajas de los distritos de las encomiendas la cantidad que fuere de mi real agrado. Advirtiendo asimismo por lo tocante a las encomiendas que se hallaren provistas, pero sin confirmar, que en acudiendo los interesados a pedir la confirmación se ha de examinar y averiguar la razón que asistiese a cada uno, y dárseme cuenta por el referido consejo, para que en su vista tome la resolución que tuviere por conveniente. Por mandado del Rey D. Fco. de Arana»[25].

Nótese que la indemnización era la del «real agrado», pero siempre mejoraba los términos del primer decreto de noviembre de 1718.

El Consejo de Indias, en la época de la incorporación, tuvo en general una actuación bastante independiente, y procuró templar las medidas Reales en beneficio de los vecinos indianos; sus consultas fueron muy numerosas; por la diferencia que se descubre entre ellas y el texto de los decretos del rey se colige que éste no recibía únicamente inspiraciones del Consejo, sino seguramente de ministros o personas de autoridad hacendaria que habían señalado las rentas de Indias para reforzar el tesoro en bancarrota de la Corona.

En el concreto caso de las encomiendas de servicio personal, el Consejo representó al monarca el 23 de septiembre de 1720, que conforme a las leyes de Indias estaban prohibidos los servicios personales en las encomiendas, y que debía declararse el alcance de la excepción decretada. En los primeros días de diciembre de 1720 el rey resolvió la dificultad en los siguientes términos:

«que las dichas encomiendas de servicio personal son y se deben entender las de cuyas tasas o tributos perciban los encomenderos de los indios, en lugar de servicio personal, las cuales es mi voluntad subsistan en adelante debajo de las reglas prevenidas en el citado despacho de 12 de julio de 1720; observándose lo que tan justamente está dispuesto por las leyes, de que no se obligue a los indios sirvan personalmente, ni se use de esta palabra servicio personal, pudiendo si quisieren de su voluntad servir los días que basten para pagar el tributo que debieren, ajustándose el salario o jornal que les correspondiere, sin que tampoco en esto se les haga agravio»[26].

Es decir: tres afirmaciones contiene el decreto anterior: 1. Las encomiendas de servicio involuntario siguen prohibidas conforme a la antigua legislación[27]. 2. Se tolerarán encomiendas en que el tributo se cobre en vez del servicio personal que antes daban los indios. 3. Si los indios «quieren», pueden pagar su tributo, ajustando sus servicios a jornal en dichas encomiendas[28].

¿Cuál pudo ser la razón de la Corona al exceptuar de la incorporación las encomiendas de servicio? En el decreto de 12 de julio se decía que por ser de «corta entidad», y se añadía la fórmula general del servicio de Dios y del rey. No he encontrado documentos que aclaren la razón cierta que pudo mover a la Corona. Sólo caben conjeturas: quizá se pensó que de incorporar tales encomiendas vendría poco provecho; o los juristas de la Corte consideraron que esas encomiendas no debían ser interpretadas como cesión de renta del rey, susceptible de reivindicación fiscal; quizá también influyeron informes o cartas que expusieran razones circunstanciales a las provincias donde esas encomiendas fueran necesarias para el sustento de la tierra.

El 27 de septiembre de 1721, el rey insistió en la incorporación general; confirmó los decretos de noviembre de 1718, julio de 1720 y diciembre de 1720, añadiendo[29]:

«se continúan las instancias para que se mantengan algunas de las encomiendas, que según lo que tengo ordenado debían incorporarse en mi real hacienda… mando: que en adelante excuse mi Consejo de las Indias, consultarme prorrogación ninguna de encomiendas, y que sólo siendo tan particular y especial el derecho que puedan tener las personas en quien recaen por segundas y terceras vidas, que merecen especial atención, debería proponérseme por él, el equivalente o merced que considerase correspondiente».

Es decir, el principio de indemnización se admitía en algunos casos, pero siempre bajo una norma arbitraria y dependiente de la voluntad del soberano.

¿Los intentos del siglo XVIII contra las encomiendas fueron más eficaces en la práctica que los de 1542? La oposición de los interesados, aunque viva, fue menor en 1720 que en el siglo XVI, y el poder de la Corona era sin duda más fuerte en esta nueva ocasión. Pero como el propósito que inspiró la medida no fue un principio constante y moral, sino necesidades del fisco, y la propia Corona establecía excepciones, el resultado no fue absoluto. Las encomiendas, aunque bajo una inseguridad y amenaza constante prolongaron su existencia durante casi todo el siglo XVIII.

Yucatán fue de las primeras provincias exceptuadas legalmente de la incorporación[30]. El año de 1721 se restableció al gobernador la facultad de encomendar que el rey había asumido por un decreto de 13 de noviembre de 1717: la única variación en relación con el período anterior, sería, que el encomendero designado no había de tomar posesión de la encomienda hasta ser consultado el rey.

Chile fue otra región ampliamente favorecida. El rey, en vista de informes sobre los inconvenientes de poner en práctica la cédula de 12 de julio de 1720, exceptuó de la incorporación las encomiendas de ese reino, por cédula de 4 de julio de 1724[31].

En Paraguay se encuentran todavía en el año de 1769 ejemplos de encomiendas autorizadas por el rey[32].

Sin embargo, puede afirmarse de modo general que el régimen español extinguió la institución de las encomiendas, porque en los escritos del movimiento de independencia de las colonias en los primeros años del siglo XIX, se encuentran pocas o ningunas alusiones a encomiendas, y en cambio muchas (como en los escritos de Abad y Queipo en Nueva España) relativas al tributo personal que los indios pagaban a la Corona, en el cual se habían refundido las antiguas rentas encomendadas. El movimiento filosófico del siglo de las luces combatió el tributo de los indios, por estimarlo un vestigio de instituciones de vasallaje, poco compatible con la dignidad individual[33].

De esta suerte acabó la encomienda, sin problemas teóricos y sin brillo, mediante la actividad del Fisco que se incorporaba las supuestas rentas concedidas. El giro que los diversos principios le habían impuesto, la llevó a este final, sin que en América se reprodujera la lucha que en las Cortes de Cádiz tuvieron que librar los diputados liberales contra las organizaciones señoriales de España, que aun subsistían jurídicamente.

Pero aunque sin el vigor de los regímenes europeos de señorío, las encomiendas dejaron quizá alguna huella en la economía rural de las naciones hispanoamericanas.

BIBLIOGRAFÍA

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Notas

[1] LAS CASAS, Historia de las Indias, lib. I, cap. CV. <<

[2] Ibidem, lib. I, cap. CLXI «a estos que se avecindaban repartía el Almirante tierras en los mismos términos y heredades de los indios y de las mismas heredades y labranzas hechas y trabajadas por los indios, que tenían para sustentación suya y de sus mujeres e hijos, repartía entre ellos a uno diez mil, a otro veinte mil, a otro más, a otro menos, montones o matas, y este repartimiento de las labranzas y tierras dábalas el Almirante por sus cédulas, diciendo que daba a fulano, en el cacique fulano, tantas mil matas o montones, de donde comenzó la tiránica pestilencia del repartimiento, que después llamaron encomiendas, que decía en la cédula que mandaba que aquel cacique fulano e sus gentes le labrasen aquellas tierras, esto era, que acabadas aquellas matas y montones de comer, le plantasen otras, sin separar número, ni cuento, ni medida. Esta licencia dada por el Almirante, teníanse ellos cargo de gastar aquellas labranzas en las minas, forzando a los indios a que fuesen a coger oro, puesto que no iban sin otra licencia expresa del Almirante, dada por escrito». <<

[3] Ibidem, lib. II, cap. I. <<

[4] Consúltense diversos documentos de Fernando el Católico referentes a sus indios en Colec. Docs. América, XXXI, y Colec. Docs. Ultramar, V. <<

[5] Colec. Docs. América, XXXI, 13. <<

[6] Ibidem, XXXI, 156. <<

[7] Ibidem, XXX, 335. Véase también HERRERA, Década I, lib. IV, cap. VII. <<

[8] Colec. Docs. América, XXXI, 209. <<

[9] Ibidem, XXXI, 388-409. <<

[10] Ibidem, XXXI, 449. <<

[11] Ibidem, XXXI, 436. <<

[12] Ibidem, XXXI, 470. <<

[13] Cons. mi estudio: Las instituciones jurídicas en la conquista de América, caps. IV y XVI especialmente. <<

[14] Colec. Docs. América, XXXI, 513. <<

[15] Ibidem, XXXI, 502. <<

[16] Serrano Sanz, Orígenes de la dominación española en América. (Nueva Bibl. de Aut. esp., XXV, 383). <<

[17] HERRERA, Década I, lib. VII, cap. X. <<

[18] Colec. Docs. América, I, 50 236. <<

[19] Historia de las Indias, lib. III, cap. XXXVI. <<

[20] Ibidem, loc. cit. <<

[21] Ibidem, lib. III, cap. XXXVIII. <<

[22] Historia de las Indias, lib. II, cap. LI. <<

[23] SACO, Historia de la esclavitud de los indios, II, 271. <<

[24] Ibidem, II, 298. <<

[25] SERRANO SANZ, Orígenes de la dominación española, página 279. <<

[26] Memorial sobre la gobernación de Pedrarias Dávila (MUÑOZ, Colección, LXXVI, 103): «ha dado e da los indios a mujeres y a muchachos y a mercaderes y clérigos y personas que no los han ganado ni conquistado ni los debían haber». <<

[27] LAS CASAS, Historia de las Indias, lib. III, caps. III y IV. Véase mi estudio: Las instituciones jurídicas en la conquista de América, cap. IV. <<

[28] Colec. Docs. América, XXXII, 373-76. <<

[29] SERRANO SANZ, Orígenes de la dominación española, página 348. <<

[30] LAS CASAS, Historia de las Indias, lib. III, cap. VIII. <<

[31] LAS CASAS, Historia de las Indias, lib. III, caps. XIII al XVI. <<

[32] LAS CASAS, op. cit., lib III, págs. 442-445. <<

[33] Ibidem, lib. III, cap. XII. <<

[34] Ibidem, lib. III, pág. 413. <<

[35] Ibidem, lib. III, pág. 391. <<

[36] Colec. Docs. América, VII, 397, y Archivo de Indias, Patronato 170, ramo 22. <<

[37] SACO, Historia de la esclavitud de los indios, II, págs. 328-329. Archivo de Indias, Patronato 231, ramo 11, núm. 1. Y QUINTANA, Vida de Bartolomé de las Casas, apéndice VI (Bibl. de Aut. Esp. XIX). <<

[38] Véase parecer anónimo en Colec. Docs. América, I, 247. <<

[39] MUÑOZ, Colección, LXXV. <<

[40] SACO, op. cit., II, 316 y 321. LAS CASAS, en el parecer sobre remedios, propone la organización comunal que poco después estudiaremos. El Memorial sobre abusos proviene del Archivo de Simancas, Pacronato Real, Indias, Legajo 8. <<

[41] LAS CASAS, Historia de las Indias, lib. III, cap. LXXIX. <<

[42] Véase mi estudio: Las instituciones jurídicas en la conquista de América; cap. IV. <<

[43] Historia de las indias, lib. III, cap. LXXXVIII. Dato que cito en mi estudio ya mencionado, cap. IV, al analizar el concepto del indio. <<

[44] Colec. Docs. América, XI, 258. Colec. Docs. Ultramar, XI, 53-74. <<

[45] Colec. Docs. América, XXXIV, 201-229. Véanse también los tomos I, pág. 290 y VII, pág. 393. <<

[46] Ibidem, loc. cit. <<

[47] Colec. Docs. América, XI, 211. <<

[48] LAS CASAS, Historia de las Indias, lib. III, cap. XCIV. <<

[49] Colec. Docs. América, XI, 147. <<

[50] Ibidem, I, 290. <<

[51] Ibidem, I, 264. <<

[52] Ibidem, I, 282. <<

[53] Ibidem, I, 267. <<

[54] Sobre la existencia del privilegio por dos vidas a que aluden los jerónimos, véase LAS CASAS, Historia de las Indias, lib. II, cap. LII, pág. 263 y lib. III, cap. CXVIII, pág. 467. Afirma que las encomiendas de Antillas se gozaron hasta por tres vidas; cons. también SACO, Historia de la esclavitud de los indios, II, 318. <<

[55] Colec. Docs. América, I, 352. <<

[56] Ibidem, loc. cit. <<

[57] Colec. Docs. Ultramar, IX, 89. <<

[58] REMESAL, Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala de la Orden de nuestro Santo Domingo, Madrid, 1619. <<

[59] Los jerónimos explicaban al rey, como fundamento de su idea de las reducciones (Colec, Docs. América. I, 298): «V. A. ha de saber que al tiempo que los castellanos entraron en esta isla, había muchos millares e aun cientos de miles de indios en ella, e por nuestros pecados dióse en ellos tanta prisa, que al tiempo que llegamos aquí, que ha poco más de un año, los que hallamos eran tan pocos, cuanto es el redrojo que queda en los árboles después de cogida la fruta. E éstos estaban tan derramados por toda la isla. e tan pocos en cada asiento, por estar todos divididos por las minas e estancias de los castellanos, e por otras sus granjerías, que en ninguna manera hallamos que estaban en disposición para ser buenos cristianos, ellos ni sus sucesores en ningún tiempo; ni menos para poder multiplicar en generación por la falta que en unas partes había de hembras, siendo los más ombres, y en otras por lo contrario». Referían las consultas que hicieron al Cardenal Cisneros, y que enviaron a la Corte a su compañero fray Bernardino de Manzanedo; que no tenían aún resolución y habían puesto en práctica el proyecto en la siguiente forma: «acordamos que toda esta gente, caciques e otros indios, se redujese e pusiese en pueblos que fuesen de hasta cuatrocientas o quinientas personas cada uno, contando viejos e niños, e que ahí se hiciesen sus haciendas e tuviesen algunos ganados. E para que estos dichos pueblos se hiciesen presto y con mucha diligencia, mandamos en nombre de vuestra Real Alteza que en cada villa de las desta Isla, se juntasen todos los dichos caciques e indios que a los moradores ella estaban encomendados, e así juntos se pusiesen en los dichos pueblos; e elegimos personas que en cada villa tuviesen cargo de hacer la obra; las cuales hablaron primero con todos los dichos caciques, e capitanes, para les rogar de parte de V. A. que tuviesen por bien de dejar sus asientos e naturalezas, e se pasar a los dichos pueblos que se habían de hacer, e que V. M. les mandaría hacer muchas mercedes, mandándoles dar algunas libertades e ganados con que ellos viviesen e tratasen, como lo hacían los otros castellanos sus vasallos. Lo cual oído por ellos se tuvo en mucho, e de todas las partes nos escribieron las dichas personas a quien dimos el cargo, que ellos holgaban de lo hacer, cumpliéndose lo que de parte de V. A. se les prometía. Pues esto así concertado con los dichos caciques e indios, enviamos a rogar a todas las comunidades, que todos tuviesen por bien de nos ayudar en esta tan santa obra, e para ello nombrasen algunas personas sabias e de experiencia de entre ellos para que se juntasen con las otras, a quien dimos el cargo principal de la obra, e todos juntos, con los caciques, eligiesen lugares que fuesen más a propósito para sus pesquerías e labranzas… e porque con más diligencia la obra se hiciese, mandamos apregonar que antes de acabada la parte que a cada uno cabía de hacer, no saliesen los tales indios a sacar oro ni hacer otras haciendas, con pena que lo que se granjease fuese para la Cámara e fisco de V. A. E todos con este temor se dan toda la prisa que pueden, e con la ayuda de Dios creemos que para el fin del mes de febrero todo estará acabado. Pero no se podrá pasar a los dichos pueblos hasta otro año, que esté la hacienda criada e de comer, que antes deste tiempo no tiene sazón. Verdad es, Señor, que en cinco o seis pueblos luego se pasarán. Creemos que se podrá hacer por todos 25 ó 26 pueblos». <<

[60] Colec. Docs. América, I, 292. <<

[61] Ibidem, I, 366. <<

[62] Ibidem, I, 298. <<

[63] Historia de las Indias, lib. III, cap. XCIX. <<

[64] Ibidem, lib. III, cap. CXLVIII. <<

[65] Ibidem, lib. III, cap. CL. <<

[66] Ibidem, lib. III, caps. CXLIX-CLI. Véase mi estudio ya citado: Las instituciones jurídicas, cap. IV. <<

[67] Colec. Docs. América, VII, 14. <<

[68] LAS CASAS, Historia de las Indias, lib. III, cap. CXXXIII. <<

[69] Ibidem, lib. III, cap. CXXXV. <<

[70] Ibidem, lib. III, cap. CXLV. He citado este dato en el cap. IV de mi estudio: Las instituciones jurídicas; aquí lo recuerdo por su importancia para la encomienda. <<

[71] Colec. Docs. Ultramar, IX, 92; véase también ENCINAS, Cedulario, II, fol. 184. <<

[72] SERRANO SANZ, Orígenes de la dominación española, páginas 605-607, y Colec. Docs. América, I, 417. <<

[73] Colec. Docs. América, I, 417. <<

[74] Ibidem, I, 421. <<

[75] Ibidem, VII, 413. <<

[76] Recuérdese la definición de la ley 3, tít. 25, partida IV: «Et behetría tanto quiere decir como heredamiento que es suyo quito de aquel que vive en él, et puede rescebir en él por señor a quien quisiere que mejor le faga, etc.». <<

[77] Colec. Docs. América, I, 436. <<

[78] Ibidem, I, 377. <<

[79] Colec. Docs. Ultramar, X, 143. <<

[80] Sobre el intento de poner a los indios antillanos en pueblos libres, consúltese el estudio reciente de CHACÓN y CALVO, titulado La experiencia del indio, con varios documentos del Archivo de Indias. (Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria, V, 203). <<

[1] Cons. ICAZBALCETA, Colección, II, XXXVIII. Véase también mi estudio: Los intereses particulares en la Conquista de la Nueva España, Madrid, 1933. <<

[2] Tercera Carta de Relación, de fecha 15 de mayo de 1522 (Bibl. de Aut. Esp., XXII, 95): «por una carta mía hice saber a V. M. cómo los naturales destas partes eran de mucha más capacidad que no los de las otras Islas, que nos parecían de tanto entendimiento y razón cuanto a uno medianamente basta para ser capaz: y que a esta causa me parecía cosa grave por entonces compelerlos a que sirviesen a los españoles de la manera que los de las otras Islas; y que también, cesando aquesto, los conquistadores y pobladores destas partes no se podían sustentar… e que para no constreñir por entonces a los indios, y que los españoles se remediasen, me parecía que V. M. debía mandar que de las rentas que acá pertenecen a V. M. fuesen socorridos para su gasto y sustentación, y que sobre ello V. M. mandase proveer lo que fuese más servido, según que de todo hice más largamente a V. M. relación». <<

[3] Colec. Docs. América, XXVI, págs. 135 y sigs. <<

[4] Ibidem, XXXVI, 163 y sigs. <<

[5] Carta de 15 de octubre de 1524, (ICAZBALCETA, Colección, I, 472). <<

[6] HERRERA, Década II, lib. V, cap. I. <<

[7] «Item: porque de las mercedes que se hacen de indios se recrecen muchos inconvenientes y es contra justicia y derecho: que las fechas se revoquen y de aquí adelante no se hagan: y que vuestra Majestad no dé licencia ni permita que los extranjeros traten en las Indias. A esto vos respondemos: que así se hace y mandaremos que así se haga de aquí adelante». (Petición XVI). <<

[8] ANTONIO DE LEÓN, Tratado de Confirmaciones, cap. I. <<

[9] Colec. Docs. América, XII, 213, y Colec. Docs. Ultramar, IX, 167. <<

[10] ICAZBALCETA, Colección, I, 470 y sigs. <<

[11] Firmaron el memorial fray Martín de Valencia, fray García de Cisneros, fray Luis de Fuensalida, fray Francisco Ximénez, fray Miguel Ruiz, fray Pedro Zambrano, fray Diego de Sotomayor, fray Gonzalo Luzero, fray Domingo de Betanzos. (ICAZBALCETA, Colección, II, 549). <<

[12] ICAZBALCETA, Colección, II, 552. <<

[13] Parecer del contador del rey en Nueva España, Rodrigo de Albornoz, de fecha 15 de diciembre de 1525. (ICAZBALCETA, Colección, I, 490). <<

[14] Colec. Docs. Ultramar, IX, 214. <<

[15] ICAZBALCETA, Colección, II, 547. <<

[16] Ibidem, II, 548. <<

[17] Conviene recordar aquí la opinión de BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO acerca de las encomiendas de Nueva España (Historia verdadera, II, 287): «Lo que había de hacer (Cortés como repartidor) es: hacer cinco partes de la Nueva España; quinta parte de las mejores ciudades y cabeceras de todo lo poblado dalla a S. M. de su real quinto, y otra parte dejalla para repartir para que fuese la renta della para Iglesia y hospitales y monasterios y para que si S. M. quisiese hacer algunas mercedes a caballeros que le hayan servido, de allí pudiera haber para todos, y las tres partes que quedaban repartillas en su persona de Cortés y en todos nosotros los verdaderos conquistadores, según y de la calidad que sentía que era cada uno, y dalles perpetuos, porque en aquella sazón S. M. lo tuviera por bien, porque como no había gastado cosa ninguna en estas conquistas, ni sabía ni tenía noticias de estas tierras, estando como estaba en aquella sazón en Flandes, lo tuviera por bien». <<

[18] ICAZBALCETA, Colección, II, 202. <<

[19] Ibidem, II, 155. <<

[20] Cons. BOBADILLA, Política de corregidores y señores de vasallos, Madrid, 1775. <<

[21] ICAZBALCETA, Colección, II, 545. <<

[22] Colec. Docs. América, I, 441. <<

[23] Archivo de Indias, Patronato 170, ramo 27. <<

[24] Ibidem, ramo 26. <<

[25] Colec. Docs. América, I, 450. <<

[26] ANTONIO DE LEÓN, Tratado de Confirmaciones, cap. VI, § 11, fol. 31, decía: «Antiguamente todos los que capitulaban nuevos descubrimientos, expresaban que se les había de dar facultad para repartir la tierra y sus naturales entre los conquistadores y pobladores y dello se le daba cédula real. Pero este despacho ya no es necesario, por haber decisión general (Ordenanza CXLIV de descubrimientos en provisión del Bosque de Segovia a 13 de julio de 1573), que dispone, que los Adelantados, gobernadores, Alcaldes Mayores y Corregidores, que pacificaren y poblaren provincias o ciudades, estando la tierra de paz, y los señores y naturales della reducidos a la obediencia de los reyes de Castilla, y no antes, los pueden repartir y encomendar entre los conquistadores y pobladores, para que cada uno tenga a su cargo, defienda, doctrine y ampare los que le cupieren, según por leyes y cédulas reales estuviere ordenado». <<

[27] PUGA, Cedulario, I, 47-53. <<

[28] Ibidem, I, 54. <<

[29] Colec. Docs. Ultramar, IX, 299. <<

[30] Ibidem, IX, 386. <<

[31] Cons. la versión de BERNAL DÍAZ sobre la historia de la encomienda en Nueva España hasta la Primera Audiencia. (Historia verdadera, II, 567). <<

[32] Véase ICAZBALCETA, Don Fray Juan de Zumárraga, México, 1891, apéndice, 1-42. El obispo de México no era enemigo de las encomiendas; al contrario, deseaba su perpetuidad, porque con ella se quitaba a la Audiencia la facultad de dar y remover los indios encomendados a su antojo, a lo cual atribuía Zumárraga los principales daños. <<

[33] Versión de B. DE LAS CASAS, Colección de Tratados, Octavo Remedio, razón XIX, pág. 420. <<

[34] HELPS, The Spanish Conquest, III, 192. Toma el dato de MUÑOZ, Colección, LXXVIII. <<

[35] PUGA, Cedulario, I, 161-162. <<

[36] ENCINAS, Cedulario, III, 7, <<

[37] Véase más adelante el cap. IV. ANTONIO DE LEÓN, Tratado de confirmaciones, fol. 19 v. advirtió este cambio. <<

[38] Colec. Docs. América, XIII, 156. En el cap. VII de esta obra pueden hallarse datos sobre las encomiendas que se incorporaron a la Corona a partir de 1528. <<

[39] SIMPSON, The encomienda in New Spain, pág. 115. <<

[40] PUGA, Cedulario, I, 267. <<

[41] ICAZBALCETA, Colección, II, 190. Betanzos había residido en las Antillas, y por eso, aunque llegó a Nueva España en 1526, estaba familiarizado con el problema. ICAZBALCETA considera que el parecer es anterior al año de 1541, y que Betanzos ya había opinado en otra ocasión acerca de las encomiendas. <<

[42] ICAZBALCETA, Colección, II, 165 <<

[43] SOLÓRZANO PEREIRA, Política Indiana, II, 11, advirtió el cambio fundamental de la encomienda: consideraba prohibida la primitiva forma de concesión de indios en propiedad y vasallaje en favor de los particulares; pero admitía las encomiendas cuando sólo representaban la concesión de los tributos; por eso aprobaba las encomiendas reformadas, porque en éstas la propiedad de los indios y aun la de los tributos, y todo el universal dominio, jurisdicción y vasallaje, y hacer leyes, ordenanzas y tasas, quedaba en la Corona Real. <<

[44] ICAZBALCETA, Colección, II, 158. <<

[45] Colec. Docs. Ultramar IX, 425. <<

[46] Colec. Docs. América, XVIII, 171. <<

[47] SOLÓRZANO PEREIRA Política Indiana, II, 23. <<

[48] PUGA, Cedulario, I, 291-302. <<

[49] Ibidem, I, 309-311. <<

[50] Colec. Docs. Ultramar, X, 190. <<

[51] Ibidem, X, 210. <<

[52] Ibidem, X, 232. <<

[53] Ibidem, X, 235. <<

[54] Colec. Docs. América, XII, 133-142. <<

[55] Colec. Docs. Ultramar, X, 245-263, y Colec. Docs. América, XXIII, 426-445. <<

[56] PUGA, Cedulario, I, 367-368. <<

[57] Colec. Docs. Ultramar, X, 306. <<

[58] Ibidem, X, 307. Véase la misma medida aplicada a los corregidores, Ibidem, X, 321. <<

[59] Ibidem, X, 321. <<

[60] Ibidem, X, 181. <<

[61] Colec. Docs, Ultramar, X, 322-327; Colec. Docs. América, XLI, 198-204, y PUGA, Cedulario, I, 368-370. <<

[62] PUGA, Cedulario, I, 394. <<

[63] Colec. Docs. América, XXIII, 455. <<

[64] Ibidem, XXIII, 461. <<

[65] CUEVAS, Documentos, México, 1914, pág. 52. <<

[66] Colec. Docs. Ultramar, X, 405. <<

[67] Ibidem, X, 360-364. El parecer era de una congregación convocada por la Corona; lleva fecha del año 1536. <<

[68] Colec. Docs. América, II, 109-211. <<

[69] Ibidem, II, 190. <<

[70] Ibidem, loc. cit. <<

[71] Ibidem, loc. cit. <<

[72] Véase C. PÉREZ BUSTAMANTE, Don Antonio de Mendoza, pág. 124. Toma el dato del Archivo de Indias, 48-2-2/24. <<

[73] PUGA, Cedulario, I, 390. <<

[74] Véase C. PÉREZ BUSTAMANTE, op. cit., pág. 175. <<

[75] Ibidem, pág. 176. Estos datos sobre el ejercicio del poder de encomendación del virrey Mendoza, parecen destruir la tesis de ANTONIO DE LEÓN, expuesta en su Tratado de Confirmaciones, fol. 20, en el sentido de que en Nueva España desde la época de la Segunda Audiencia carecieron los gobernantes de la facultad de encomendar y que Mendoza nunca la tuvo, a diferencia del Perú, en que normalmente podía proveer el virrey las vacantes. Quizá la diferencia, como después veremos, pueda fijarse en la época de la revocación de las Nuevas Leyes, y no antes. <<

[76] Colec. Docs. América, VI, 484. <<

[77] Colec. Docs. América, XVI, 530. <<

[78] Colec. Docs. Ultramar, X, 400. <<

[79] Ibidem, X, 465. <<

[80] Véase la capitulación que celebró Pizarro en 1529 en Toledo (Colec. Docs. América, XXII, 278). <<

[81] MUÑOZ, Colección, LXXIX. <<

[82] Colec. Docs. América, XXIII, 446. <<

[83] Colec. Docs. Ultramar, X, 347. <<

[84] Ibidem, X, 340. <<

[85] Ibidem, X, 351. <<

[86] Ibidem, X, 353. <<

[87] Colec. Docs. América, XVIII, 171 y Colec. Docs. Ultramar, X, 536. <<

[88] Véase ANTONIO DE LEÓN, Tratado de Confirmaciones, capítulo III, fol. 12 v. <<

[89] Cartas de Indias, Madrid, 1877, núms. XI y XII. <<

[1] CUEVAS, Documentos, pág; 84. Véase mi estudio: Las instituciones jurídicas en la conquista de América, cap. IV. <<

[2] ANTONIO DE LEÓN, Tratado de Confirmaciones, cap. II, fol. 6. <<

[3] Colección de Tratados, edic. Buenos Aires, 1924, págs. 325 y sigs. <<

[4] HERRERA, Década VII, lib. VI, cap. IV, pág. 110. <<

[5] ANTONIO DE LEÓN, op. cit., cap. II, fol. 8. <<

[6] Ibidem, fol. 9. <<

[7] Publ. por ICAZBALCETA, Colección, II, págs. 204 y sigs. Hay una edición facsimilar, por Henry Stevens and Fred. W. Lucas, Londres 1892. También puede consultarse otra edición facsimilar de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 1923, hecha sobre la edición española del año 1603. Véase también la Colec. Docs. América, XVI, 376-406. <<

[8] ICAZBALCETA, loc. cit. <<

[9] Tratado de Confirmaciones, cap. II, fol. 9 v. <<

[10] ANTONIO DE LEÓN, loc. cit. <<

[11] «Cantidad que ningún príncipe del mundo, sin dar estados ni reinos, ha repartido en premio de servicios en un día y por mano de un vasallo», comenta ANTONIO DE LEÓN, op. cit., cap. III, fol. 14; sigue en esta parte al PALENTINO, Historia del Perú, segunda parte, lib. I, cap. I. Véase también HERRERA, Década VIII, lib. IV, cap. XVII; y TORRES SALDAMANDO, Cabildos de Lima, II, 103, 104 y 106. <<

[12] Cédula de Valladolid de 29 de septiembre de 1550. Cit. por ANTONIO DE LEÓN, op. cit., cap. III, fol. 14 V. <<

[13] Cédula de Bruselas de 10 de marzo de 1555 (Ibidem, loc. cit.). <<

[14] Cédula del año 1559. (Ibidem, loc. cit.). <<

[15] Año 1563. (Ibidem, loc. cit.). <<

[16] Cédula de Aranjuez de noviembre de 1568. (Ibidem, loc. cit.). <<

[17] Estos sucesos han sido bien estudiados por ICAZBALCETA, Don Fray Juan de Zumárraga, México, 1891, págs. 171 y sigs. y en fecha más reciente por C. PÉREZ BUSTAMANTE, Don Antonio de Mendoza, Santiago de Compostela, 1928, págs. 93 y sigs. <<

[18] C. PÉREZ BUSTAMANTE, op. cit., pág. 94. <<

[19] CUEVAS, Cartas y otros documentos de Hernán Cortés, número XXXVI. <<

[20] Publ. por C. PÉREZ BUSTAMANTE, op. cit., pág. 191; toma el documento de MUÑOZ, Colección, LXXXIV, 71 y sigs. <<

[21] Véase Colec. Docs. América, VII, 532. <<

[22] Fray Diego de la Cruz, fray Domingo de Betanzos, fray Hernando de Oviedo, fray Tomás de San Juan, fray Francisco Aguilar, fray Gonzalo de Santo Domingo, fray Jordán de Bustillo, fray Alonso de Santiago, fray Juan de la Magdalena, fray Juan Lupus y fray Domingo de la Anunciación. <<

[23] Ibidem, loc. cit. <<

[24] Colec. Docs. América, VII, 526. <<

[25] Firmaron el parecer fray Martín de Hojacastro, fray Francisco de Soto, fray Antonio de Ciudad Rodrigo, fray Joan de Rivas, fray. Francisco Ximénez, fray Diego de Almote, fray Francisco de Vitoria (no el teólogo español, sino un homónimo), y fray Alonso de Herrera. <<

[26] Colec. Docs. América, VII, 159. <<

[27] Ibidem, VII, 542. <<

[28] Archivo de indias, Patronato 231, núm. 4, ramo 19. <<

[29] BANDELIER, Historical Documents relating to New Mexico, Washington, 1923-36, I, págs. 126-145. Cit. por LESLEY B. SIMPSON, The encomienda in New Spain, Berkeley, 1929, pág. 178. <<

[30] Ibidem, I, 150-155. <<

[31] ICAZBALCETA, Colección, II, 198-201. <<

[32] Historia de las Indias, lib. III, cap. CXXXVII. <<

[33] Cartas de Indias, caja 2, núm. 13. Archivo Histórico Nacional, Madrid. <<

[34] Cartas de Indias, Madrid, 1877, núm. IV. <<

[35] PUGA, Cedulario, I, 472-475: «habemos acordado de revocar la dicha ley e dar sobre ello esta nuestra carta en la dicha razón, por la cual revocamos e damos por ninguna e de ningún valor y efeto el dicho capítulo y ley suso incorporada, y reduzímoslo todo en el punto y estado en que estaba antes y al tiempo que la dicha ley se hiciese». <<

[36] Ibidem, I, 475-478. <<

[37] Ibidem, I, 478-479. <<

[38] Ibidem, I, 479-480. <<

[39] Véase ICAZBALCETA, Don Fray Juan de Zumárraga, página 186, y C. PÉREZ BUSTAMANTE, Don Antonio de Mendoza, pág. 96. <<

[1] C. PÉREZ BUSTAMANTE, Don Antonio de Mendoza, pág. 194. <<

[2] Cartas de Indias, Madrid, 1877, núm. 46, pág. 256. <<

[3] PUGA, Cedulario, II, 7. <<

[4] Ibidem, II, 10. <<

[5] PUGA, Cedulario, II, 14-18. <<

[6] Cartas de Indias, Madrid, 1877, carta núm. 47. <<

[7] Véanse los materiales publicados por ICAZA, Diccionario autobiográfico de conquistadores y pobladores de Nueva España, Madrid, 1923, 2 vols. <<

[8] PUGA, Cedulario, II, 20-24. <<

[9] Colec. Docs. América, XLI, 149. He citado la predicción de Betanzos en el cap. III, pág. 108 de esta obra. <<

[10] La interdependencia señalada se encuentra también en la carta de 15 de febrero de 1552 que escribió fray Pedro de Gante al Emperador (Cartas de Indias, Madrid, 1877, núm. 18). Acusaba la aparición del alquiler con independencia de la encomienda: «hacen a estos indios que se alquilen contra su voluntad». El mismo proceso puede advertirse en el Perú bajo el gobierno del virrey Toledo: véase TORRES SALDAMANDO, Cabildos de Lima, II, 112, y MEANS, Fall of the Inca Empire, New York, 1932, pág. 164. <<

[11] He citado ya una parte de este documento en el cap. II, al hablar de la primera época del gobierno de Mendoza. <<

[12] «Es necesario que les tasen las comidas y se tenga en cuenta con lo que les dan los indios, porque lo de los corregidores y ministros de justicia está muy apretado y entre clérigos muy largo; en especial lo que toca el tratar y contratar con los indios que están a su cargo». Mendoza, por lo tanto, no desconocía la carga económica que para los indios significaba la educación cristiana; no todos los abusos venían de encomenderos, colonos y justicias seglares. <<

[13] Colec. Docs. América, VI, 484. Véase también Bibl. Nac. de Madrid, Ms. núm. 2816, fol. 127. <<

[14] «por un capítulo de las dichas leyes nuevas, está proveído e mandado que no haya ni se consienta haber traspaso de pueblos de indios, ni por vía de venta ni compra, ni por donación ni por otro título ni causa, ni debajo de cualquier color que sea, verlo heis, e mandarle heis guardar, cumplir y ejecutar, como en ella se contiene, porque la dicha ley nunca por Nos ha sido revocada, ni tal intención hemos tenido». <<

[15] Colec. Docs. América, XXIII, 520 y sigs. <<

[16] PUGA, Cedulario, II, 67. <<

[17] Ibidem, II, 70. <<

[18] Década VII, lib. X, cap. XIII, pág. 234. <<

[19] «Lo que afirma HERRERA, aunque no he hallado decisión Real, que lo pruebe, tengo por cierto», y que este virrey ni antes ni después de las nuevas leyes encomendó indios» (Tratado de Confirmaciones Reales, fol. 16 v.). Rebate en este mismo lugar un error del PALENTINO, quien confundía el despacho de Ratisbona con la facultad de proveer encomiendas vacantes. <<

[20] PUGA, Cedulario, II, 83. <<

[21] Ibidem, II, 104. <<

[22] Ibidem, II, 108, y Colec. Docs. América, XVIII, 476. En 1549 se había ordenado la tasación del Nuevo Reino de Granada. (Biblioteca Nac. de Madrid, Ms. 3045 fol. 890). <<

[23] Motolinía escribía en 1550 (CUEVAS, Documentos, pág. 161): «en esta Nueva España los más de los pueblos están tasados. Algunos pueblos su tasación es conforme a la intención de V. M., y otros no. La razón es que al principio hubo yerro, porque fueron agraviados poniéndoles más de lo que podían buenamente dar, y otros, aunque fueron bien tasados, por las muertes y pestilencias que han sucedido. Y también los pueblos que fueron tasados en manta, que al principio eran pequeñas cuando comenzaron a tributar y agora hácenselas dar tan grandes, que son más diez que no veinte de las que daban al principio y aun en la anchura dellas han crecido tanto, que las mujeres reciben notable daño y trabajo en tejerlas y hase hallado mal parir por ello, y esta tasación se debería hacer por personas expertas y de conciencia, puestas por ambas partes… y queden los indios sin pleito, porque aunque sean de poco interese se los hacen ordinarios y se les siguen daño y costas». Motolinía pedía que hubiera algunos indios caciques o principales exentos de tributo, al igual que en España había ciertos caballeros e hidalgos exentos: «justo es que en la república haya diferencias de personas y estados y no han de ser todos de una tijera». <<

[24] Colec. Docs. América, XIX, 204. <<

[25] PUGA, Cedulario, II, 120. <<

[26] Colec. Docs. América, XVIII, 14. <<

[27] PUGA, Cedulario, II, 138, <<

[28] Ibidem, II, 146. <<

[29] Ibidem, II, 149. <<

[30] Ibidem, II, 150. <<

[31] Ibidem, II, 152. <<

[32] Ibidem, II, 168. <<

[33] Ibidem, II, 183. <<

[34] Ibidem, II, 185. <<

[35] Ibidem, II, 195. <<

[36] ENCINAS, Cedulario, II, 203. <<

[37] PUGA, Cedulario, II, 204, <<

[38] Ibidem, II, 213: «a Nos se ha hecho relación que los indios desa tierra reciben grandes agravios en los pueblos donde no están tasados, así como es en la costa del mar del sur, Colima y Pánuco y en otras artes, y que convenía que se tasasen para que supiesen lo que habían de pagar y no se llevase más, y que las personas que fueren a hacer las dichas tasaciones habían de tener cuenta de ver lo que puedan dar los tales indios a sus encomenderos o a su majestad, con lo que ellos dan a sus caciques en tomines o en mantas o sementeras o servicios personales, que dizque son en algunas partes tanto que podría pasar por tributo, y que también se había de tasarlo que dan a los gobernadores, porque dizque en esa ciudad de México dan a don Diego más de tres mil pesos, e Tlatilulco e Xilotepeque más de mil e quinientos a cada uno, y que con esto dan su tributo entero, e que asimismo se había de tener cuenta con lo que dan a los alcaldes y a las otras justicias, y a los clérigos y religiosos que en sus pueblos residen, y lo que trabajan en hacer sus monasterios e iglesias, y lo que dan para ornamentos, y lo que les hace trabajar para que sean sus comunidades acrecentadas, y lo que trabajan en las obras públicas, así de su pueblo como de México; los que están en la ciudad o en su comarca, porque no solamente los hacen servir con sus personas, pero han de poner de su casa todos los materiales y los han de comprar y todas las herramientas, y que no dan los españoles para esto cosa alguna, y que todas estas cosas se habían de sumar cuando se tasase algún pueblo, porque teniendo cuenta con tantas cosas como se piden y cargan a los indios fuera de tributo, se moderasen en la tasación dél, e porque conviene que luego se envíe persona de confianza a tasar lo que no estuviere tasado, vos mando que con toda brevedad enviéis una persona en quien tengáis satisfacción a las partes de suso declaradas y a las otras donde supiéredes que no está tasado lo que los indios han de dar, para que tase los tributos que hubieren de darlos dichos indios conforme a la ley por su majestad hecha cerca de la dicha tasación… y tenga consideración en las tasaciones que hiciere a lo arriba dicho y a que si con los dichos servicios reciben algún agravio los dichos indios, se tase también…». Sobre las diversas cargas de tipo económico que la colonización había impuesto a los indios conviene consultar la Relación del arzobispo de México al Consejo de Indias de fecha 15 de mayo de 1556 (Colec. Docs. América, IV, 491): el documento revela la lucha entablada entre el clero secular y los frailes con motivo de la imposición de diezmos a los indios; el arzobispo, con gran precisión jurídica, establece la diferencia entre el diezmo y el tributo; al mismo tiempo explica el origen de las cajas de comunidad en Nueva España; institución que debía servir para los gastos públicos del lugar indio, pero que el autor del parecer estimaba en su época desvirtuada, porque de tales fondos se aprovechaban los religiosos y los caciques. Sobre la institución de las cajas de comunidad puede consultarse la Recopilación de Indias, tít. 4, lib. VI, que legisla sobre ella con amplitud. <<

[39] PUGA, Cedulario, II, 214. <<

[40] Cartas de Indias, caja 2, núm. 81, Archivo Histórico Nacional, Madrid. <<

[41] Cartas de Indias, Madrid, 1877, núm. 49, pág. 263. <<

[42] CUEVAS, Documentos, pág. 203. <<

[1] Colec. Docs. América, II, y PUGA, Cedulario, II, 229. <<

[2] Titulada «Breve y Sumaria relación de los señores y maneras y diferencias que había de ellos en La Nueva España y en otras provincias, sus comarcas, y de sus leyes, usos y costumbres y la forma que tenían en tributar a sus vasallos en tiempo de su gentilidad, y la que después de conquistadas se ha tenido y tiene en los tributos que pagan a S. M. y a otros en su real nombre, y en el imponerlos y repartirlos, y de la orden que se podrá tener para cumplir con el precepto de los diezmos…» (Colec. Docs. América, II, 103-124). <<

[3] CUEVAS, Documentos, pág. 221. <<

[4] Ibidem, pág. 235. <<

[5] ALAMÁN, Disertaciones, II, apéndice II. El testamento se encuentra publicado también en la Colec. Docs, inéditos para la Historia de España, IV, 239. <<

[6] MUÑOZ, Colección, XLII, fol. 35. <<

[7] Sobre otras manifestaciones similares y su explicación, véase mi estudio: Las instituciones jurídicas, cap. VI, págs. 82-87. <<

[8] PUGA, Cedulario, II, 246. <<

[9] Ibidem, II, 247: «quanto a lo que decís que en lo de los encomenderos os está mandado que los tributos que los indios dieren sean de los frutos naturales e industriales que tuvieren, y que lo que principalmente tienen de su cosecha es bastimentos, e que en todos los pueblos de los españoles hay necesidad muy grande dellos, y obligados los indios por tasación a ponerlos a su costa, era proveerlos con la menos vejación e molestia que se entendía, porque de otra manera sena con mucha dificultad e trabajo, aunque sea con mucho interese y aprovechamiento suyo, vienen los indios a traer los bastimentos a los pueblos de los españoles; e que os parecía ser conveniente y necesario que todo lo principal de las tasaciones fuesen bastimentos, y que a su cosa los pusiesen en los pueblos de los españoles, y que demás de la necesidad, que os movió a ello, lo que está proveído en este caso por un capítulo de las ordenanzas reales dadas para esa Nueva España sobre el buen tratamiento de los naturales della, fechas en Toledo a cuatro de diciembre de 1528 años, escritas en pergamino de cuero, por el cual se manda que los indios pongan los tributos de sus encomenderos en los lugares donde residieren, con que no exceda de las veinte leguas de los pueblos y que hasta agora no se ha sabido que haya muerto ningún indio por traer los tributos, ni se han ocupado en ello la cantidad de indios que se nos hizo relación, ni otros indios, sino son los de las comarcas, que no están tan lejos como acá se informó y que se hará como se os envió a maridar, aunque dello se entiende que se han de seguir inconvenientes, especialmente de falta y carestía de bastimentos; cumpliréis en esto lo que postreramente os está mandado, sin embargo de lo que decís». <<

[10] Ibidem, II, 249. <<

[11] Ibidem, II, 251. Véase la ley 5, tít. 12, lib. V de la Recop. <<

[12] Sobre la visita del primero se encuentran algunas disposiciones en el Cedulario de PUGA, II, 155, 172, 215, 233 y 276. La última cédula informa que la Corona había perdido cerca de ochenta mil pesos anuales por efecto de las tasaciones y reducción de tributos efectuadas por Ramírez. <<

[13] Archivo de Indias. Patronato 231 núm. 4, ramo 6. <<

[14] Publ. por CUEVAS, Documentos, 183. <<

[15] Archivo de Indias, México, 256. <<

[16] Más adelante, en el cap. IX, examinaré el contenido económico de algunas de estas tasaciones. <<

[17] Este ejemplo era de tasación de tributos del rey, pero el sistema era el mismo en los casos de tributos de encomiendas. Sobre los tributos de los indios de la ciudad de México hemos de volver al estudiar la visita de Valderrama, en este mismo capítulo. El expediente completo en Archivo de Indias, Patronato 182, r. 2. <<

[18] Colec. Docs. América, VII, 250. <<

[19] Ibidem, VII, 279. <<

[20] Ibidem, XVIII 489. <<

[21] Ibidem, IV, 449. <<

[22] Archivo de Indias. Patronato 231, núm. 7, ramo 3. <<

[23] Colec. Docs. América, XVIII, 553. <<

[24] Carta de 10 de junio de 1560, SERRANO SANZ, Vida y escritos de Zorita, pág. 409. <<

[25] Colec. Docs. América, VII, 57. <<

[26] Archivo de Indias, Patronato 231, núm. 7, ramo 14. <<

[27] Colec. Docs. América, XI, 29. <<

[28] Archivo de Indias, Relación de las tasaciones de los pueblos de la Corona en Nueva España, hecha por MELCHOR DE LEGASPI, Patronato 182, ramo 40. Véase también la carta del virrey Martín Enríquez de 23 de septiembre de 1575. (Cartas de Indias, págs. 307-308. Sin embargo, una opinión del oidor Puga, que después citaré, demuestra que esta norma de tributación no carecía de excepciones. <<

[29] Colec. Docs. América, XIX, 151-179. <<

[30] ANTONIO DE LEÓN, Tratado de Confirmaciones, fol. 111 v. <<

[31] Ibidem, fol. 112. <<

[32] Véase Colec. Docs. América, XI, 186, capítulos por fray Francisco de Mena, y Archivo de Indias, Patronato 231, n. 4, r. 17. <<

[33] Véase Ordenanzas, por Domingo Martínez de Irala, Asunción, 14 de marzo de 1556. (Bibl. Nac. de Madrid, ms. 20, 115). <<

[34] Instrucción dada en Méjico a los corregidores y alcaldes mayores sobre el modo con que deben mandar, 1571, Archivo de Indias, Patronato 182, ramo 39. <<

[35] Colec. Docs. América, XII, 521. <<

[36] Bibl. Nac. Madrid, ms. núm. 8.553, fol. 70, y Colec. Docs. América, VI, 166-177. <<

[37] Bibl. Nac. Madrid, ms. núm 8.553, fol. 74. <<

[38] Colec. Docs. América, IV, 440. <<

[39] Archivo de Indias, Patronato 182, ramo 2. <<

[40] Este intento de elevar los tributos fue uno de los puntos más delicados que comprendió la visita de Valderrama. A continuación veremos algunas opiniones sobre este aumento y el resultado final. <<

[41] Archivo de Indias, Patronato 231, núm. 1, ramo 9. <<

[42] Archivo de Indias, Patronato 231, núm. 4, ramo 11. <<

[43] Bibl. Nac., ms. núm. 19692, fol. 255. Firmaron fray Alonso de Molina, fray Diego de Olarte, ministro provincial, y Juan Focher, fray Miguel Navarro. Resumían la consulta en estos términos:

«El orden que presente se tiene en las cuentas y tasaciones de pueblos de indios, es nombrar persona que cuente los indios que hay en el tal pueblo y haga información de la calidad de la tierra, y aprovechamiento della, y la envíe con su parecer de lo que cada tributario podrá dar sin vexación. Vista en el Audiencia la dicha información y parecer, tasan lo que cada tributario debe pagar al rey, o a su encomendero, y hacen de todos los tributarios un número, diciendo pague tal pueblo en cada un año tanto, y para pagar lo repartan a cada tributario tanto. Exemplo: pongamos que en el pueblo que se tasa hay. 4000 vecinos tributarios enteros reduciendo los medios tributarios a enteros, y que parece al Audiencia que cada uno debe pagar un peso y media hanega de maíz para la doctrina y para el rey o encomendero, y tomín y medio para su comunidad. Dicen en el auto: pague de aquí adelante tal pueblo 4000 pesos y 2000 hanegas de maíz a su encomendero en cada un año, y para pagar lo repartan a cada indio casado un peso y media hanega de maíz, y el dicho tomín y medio y no otra cosa alguna, y al viudo o soltero la mitad».

«Deséase saber si es buen orden este, o si sería mejor que sin contar los tributarios que hay dijese el auto: cada indio casado de los que hay o oviere en tal pueblo, de aquí adelante hasta que otra cosa se provea pague a S. M. o a su encomendero un peso y media hanega de maíz, y a la comunidad el dicho tomín y medio, y el viudo o soltero la mitad y no otra cosa alguna, so pena que el que más cobrare dellos pierda los indios, etc. El ejemplo se pone aquí en peso y media hanega de maíz y en tomín y medio. Lo mismo será en cualquiera otra cantidad o especie que al Audiencia pareciere se debe mandar pagar a cada tributario del pueblo que se contare y tasare según la calidad de la tierra y posibilidad de los indios».

«Item, se desea saber si en caso que al Audiencia le parezca que un pueblo puede dar buenamente mil o dos mil hanegas de maíz, según el número de los vecinos y fertilidad de la tierra, si va bien por el orden que ahora, mandando que cada tributario pague tanto maíz, o si sería mejor que hiciesen de común una sementera, de donde se cogiese aquella cantidad que han de dar todos, y si menos se cogiere della, se supla de otra parte, y si más se cogiere quede para su comunidad».

«Item, se desea saber si lo que han de dar los indios para su comunidad es bien que cada uno dé un tanto, como ahora se hace, dando un real o real y medio, o dos reales, o si será mejor que hiciesen de común una sementera, de donde se coja tanto maíz, que vendido se saque dello otra tanta cantidad como montaría echándoles el tributo en dinero».

«Item, en caso que parezca mejor orden que para su comunidad hagan sementeras de común, se desea saber si será bien decir que sean las sementeras de donde se cojan tantas hanegas de maíz y no más, o si será mejor decir que se hagan tantas sementeras que por lo menos se cojan tantas hanegas, dejándoles en su libertad poderlas hacer mayores, si quisieren, y que todo lo que se cogiere sea para la dicha comunidad». <<

[44] Bibl. Nac. de Madrid, ms. núm. 19692, fol. 36. <<

[45] Colec. Docs. América, IV, 355-372. <<

[46] Ibidem, IV, 373-377. <<

[47] Véase más adelante la referencia en el cap. IX. <<

[48] Carta del virrey Martín Enríquez, Cartas de Indias, Madrid, 1877, págs. 307-308. <<

[49] Bibl. Nac. de Madrid, ms. núm. 3045, fol. 175. Sobre las incorporaciones en Perú cons. TORRES SALDAMANDO, Cabildos de Lima, II, 100, 109, 112. <<

[50] Archivo de Indias, Patronato 182, ramo 2: indios de México, Cholula, Tescoco, Chalco, Sochimilco, pueblos de la laguna de Michoacán, etc, Véase más adelante el cap. IX. <<

[51] Cartas de Indias, núm 44, pág. 249. La Corona llegó a vender algunas encomiendas. En un capítulo posterior veremos que se hablaba de mercedes «a título oneroso». Otra práctica contribuyó a desvirtuar la finalidad de las encomiendas, a saber, el darlas a gentes de España con dispensa de residir en las Indias. La importancia de esta desviación para las encomiendas del Perú ha sido estudiada por T. SALDAMANDO, op. cit., II, 119. En una lista que después inserto, puede comprobarse lo mismo en las encomiendas de Nueva España. <<

[52] Bibl, Nac. de Madrid, ms. núm. 12179, fol. 56. <<

[53] Adviértase la importante reducción que habían sufrido las encomiendas. La mayor parte de los repartimientos del virreinato eran ya de la Corona. En el cap. IX ampliaré los datos estadísticos. <<

[54] Véase, por ejemplo, la concesión de una vida más en encomiendas, mediante composiciones del interesado con la Corona, cédula de 8 de abril de 1629, Bibl. Nac. de Madrid, ms. 3047, folio 126. <<

[55] PUGA, Cedulario, II, 67-68. <<

[56] Colec. Docs. América, XVIII, 371: Real cédula, Madrid, 5 de marzo de 1565. <<

[57] Ibidem, XVIII, 61: Real cédula a la Audiencia de la Plata, Madrid, 18 de abril de 1566, <<

[58] Ibidem, XVIII, 525: cédula para el Nuevo Reino de Granada, Popayán, Perú y Chile, Madrid, 13 de julio de 1578. Sobre el cobro del quinto en Perú, véase TORRES SALDAMANDO, Cabildos de Lima, II, 106. Cita una cédula del año 1550 como base de esa práctica. <<

[59] Cabildos de Lima, II, 99 y sigs. <<

[60] Colec. Docs. América, XXIII, 468. <<

[61] TORRES SALDAMANDO, op. cit., II, 104. Las instrucciones que la Corona dio a La Gasca se encuentran en la Colec. Docs. América, XXIII, 507, 516 y 563. <<

[62] TORRES SALDAMANDO, op. cit., II, 105. <<

[63] Ibidem, II, 105-106. <<

[64] Ibidem, II, 107. Véanse las instrucciones dadas a este virrey en Colec. Docs. América, XXIII, 548. <<

[65] TORRES SALDAMANDO, op. cit., II, 110. <<

[66] Ibidem, II, 113. <<

[67] Ibidem, II, 115. <<

[68] Ibidem, loc. cit. <<

[69] Ibidem, II, 117. <<

[70] Ibidem, II, 119. <<

[71] ENCINAS, Cedulario, II, 210, carta de 3 de junio de 1555. Igual petición para el Perú se halla en el escrito del licenciado Juan de Aguilar, apoyado por religiosos. Véase TORRES SALDAMANDO, op. cit., II, 122. <<

[72] Ibidem, cédula de 4 de marzo de 1607. <<

[73] ANTONIO DE LEÓN, Tratado de Confirmaciones, cap. IV, in fine. ORS Y CAPDEQUÍ en sus Instituciones sociales, pág. 87, advierte que este derecho a la quinta vida resulta contrariado más tarde por una cédula del año 1659 (Archivo de Indias, Ind. general 139-7-10, t. I, fol. 84) que ordenó que sólo se admitiera la composición en encomiendas que estuvieran en primera y segunda vida. <<

[74] Cartas de Indias, caja 3, núm. 52. Archivo Histórico Nac., Madrid. <<

[75] OTS Y CAPDEQUÍ (Instituciones sociales, pág. 86), cita en este sentido las leyes 14 y 15 del tít. 11, lib. VI de la Recop. de Indias, y al final de dicho título y libro una declaración del Consejo de Indias referente a encomiendas, «que se hubieren dado [en Nueva España] del año 1607 a esta parte». Pero esto no aclara si tales encomiendas las había concedido el virrey o directamente el rey; de modo que si bien no cabe dudar de que hubo encomiendas nuevas en México entrado el siglo XVII, no se comprueba que los virreyes ejercieran la facultad de proveerlas. Por otros documentos de la época puede conocerse la práctica que regía en la provisión de encomiendas de Nueva España, y resulta que el rey otorgaba las mercedes de pensiones y encomiendas de indios, y en virtud de esto, cuando había indios vacos, los virreyes y gobernadores «situaban» la encomienda, o sea hacían efectiva la merced, poniendo al beneficiario en posesión de los frutos; aunque algo larga, conviene incluir la siguiente relación sobre «personas que gozan renta en indios de la Nueva España, y otras a quien se ha dado y no están situadas» (Bibl. Nac., Madrid, ms. núm. 2939, fol. 122): adviértase que entre los favorecidos figura el jurista indiano don Juan de Solórzano y Pereira: «1. Por cédula Real goza en estos reinos doña Jusepa Bacan Castro la encomienda que heredó de su padre en la Nueva España, que es la que se encomendó a don Antonio Velázquez de Bacan en virtud de cédula del año 1585, en que S. M. le hizo merced de cinco mil pesos de minas de a cuatrocientos cincuenta maravedís cada uno, en indios de Nueva España, conforme a la ley de la sucesión, y la goza en estos reinos en virtud de cédula Real, y tiene facultad para en caso de que no tenga hijos pueda disponer la una vida dellas porque hoy la tiene, y esto se le concedió por cédula de 23 de octubre de 1640. 2. Por cédula de 18 de junio de 1622 hizo S. M. merced al licenciado Luis de Salcedo, del Consejo y Cámara de Castilla de dos mil pesos de renta en cada un año en indios de Nueva España, conforme a la ley de la sucesión, poniéndose por su parte y de los sucesores en esta renta, escudero… sin obligación de residencia ninguna de las personas que gozaren della. Y por otra cédula de 31 de marzo de 1623, tuvo por bien que se mudase esta renta a la provincia de Guatemala, para que allí se le situase. Por otra cédula de primero de octubre de 1624 se le concedió que su vida y la de su mujer se reputare por una, y después del último que dellos muriese, gozase desto uno de sus sobrinos, hijos del capitán García de Muriel, su cuñado, el que él escogiese y nombrase. Por otra cédula de 10 de marzo de 1625 confirmó S. M. los indios que el presidente de Guatemala le encomendó en virtud de dicha cédula y para su cumplimiento, y le hizo merced de 2.000 pesos de pensiones que tenían de carta los indios y le dió para que los gozase con los demás. Por cédula de 10 de octubre de 1630 dió S. M. aprobación del nombramiento que el dicho licenciado Luis de Salcedo, difunto, hizo en virtud de la dicha cédula en don Luis Muriel Salcedo y Valdivieso, su sobrino, para gozar de estos 2.000 pesos de renta. 3. El señor don Luis de Paredes tiene 1.000 ducados de renta por su vida en indios de Yucatán, por merced de 26 de febrero de 1629. 4. Por cédula de 16 de febrero de 1635 hizo S. M. merced al señor don Lorenzo Ramírez de Prado de 1.000 pesos de renta ensayados en indios de Nueva España conforme a la ley de la sucesión situóselos el virrey y confirmóselos el Consejo en el año de 1636. No dicen los despachos que los goce en estos reinos, y por cédula de 15 de marzo de 1639 le prorrogó S. M. esta merced por una vida más de las dos, porque la tiene con calidad que pueda disponer de todas a falta de sucesión. 5. Por cédula del 7 de abril de 1637, hizo S. M. merced al señor don Juan de Solórzano Pereira de 1.000 ducados de renta en cada año por dos vidas, en indios de Guatemala en cabeza del señor don Fernando de Solórzano, su hijo mayor, en quien han de empezar a correr. No se sabe que esta renta esté situada, no dice el despacho que la goce en estos reinos. 6. Por cédula del 12 de junio de 1636, S. M. hizo merced a don Francisco de Castillo Alvarado, de su Consejo de Hacienda, de 1.500 ducados de renta por dos vidas, en indios vacos de Guatemala o Yucatán, donde primero los hubiese vacos, sin obligación de residirlos él y sus sucesores, poniendo escudero que cumpla con las cargas de encomendero, sucedióle en la segunda vida doña Violante de Aragón y Guzmán, su mujer, a quien se ha situado un pedazo de renta en Yucatán y este de 1640 se la ha prorrogado S. M. por una vida más. 7. Por otra cédula de 20 de mayo de 1637, S. M. hizo merced a don Fernando Enríquez de Toledo de la futura sucesión de las dos encomiendas de indios que están en Nueva España en cuarta vida, y las poseen don Jorge de Alvarado y don Juan de Samario, para que las goce por dos vidas don García Alvarez de Toledo, su hijo mayor, hasta en cantidad de 2.000 ducados de renta. No consta haya entrado en el goce, ni dice el despacho que lo haya en estos reinos, y en el ínterin que entra a gozar, mandó S. M. se le acudiese en un cada año a don Fernando con 1.200 de efectos del Consejo y por orden de S. M. del 22 de enero de 1639 le ha hecho merced de prorrogarse la encomienda por una vida más, y que desta y las otras dos pueda disponer, a falta de sucesión. 8. Por cédula del 2 de septiembre de 1638, S. M. hizo merced a don Francisco Antonio de Alarcón, del Consejo y Cámara de Castilla, de 1.000 ducados de renta por dos vidas, en indios de Guatemala y Yucatán, donde primero vacaren. No se sabe estén situados y las cédulas no dicen las goce en estos reinos. 9. Por cédula del 25 de octubre de 1630, S. M. hizo merced a doña Leonor de Luna, condesa de Salvatierra, de 3.000 ducados de renta en indios vacos, mil en cabeza del conde de Salvatierra, su hijo, y 2.000 en la de don Diego Sarmiento, y por cédula del 11 de agosto de 1637, S. M. hizo merced al dicho don Diego, del pueblo de indios de Chiquimusa desta costa, que vacó en Guatemala por muerte de don Jorge de Alvarado, para que en él se situase lo que faltaba, a cumplimiento de 3.000 ducados, por haberle cedido su hermano los mil referidos sobre lo que ya tenía en Cartagena y Popayan. Por dos vidas goza en estos reinos. 10. A don Andrés Criado de Castilla se le hizo merced los años de 1616 de 2.300 ducados de renta en indios de Guatemala, que casi le estaría acabado de situar, y en cédula del año de 1623 para gozarlos en estos reinos seis años, contados desde el día que se le habían de efectuar en merced. A 24 de septiembre de 1640. 11. El año de 1643, por junio, confirmó S. M. al dicho don Francisco Antonio los indios que le dió el presidente de Guatemala para su cumplimiento mil ducados por dos vidas, y mandó S. M. se le situaran de por sí para el diezmo, doctrinación, escudero y más cargas, y se le prorrogó por una vida más y dió facultad para nombrar en segunda vida a la hija que quisiere, y permitió que todos los sucesores lo gocen en estos reinos». Sobre el estado de las encomiendas vacas en Nueva España a principios del siglo XVII consúltese más adelante, en el capítulo IX, una certificación de Salazar de Barahona, de fecha 15 de noviembre de 1611. <<

[76] Mismas leyes de la Recop. citadas. <<

[77] TORRES SALDAMANDO, op. cit., II, 120. <<

[78] Colec. Docs. América, VIII, 484. <<

[79] Cédula de El Pardo de 26 de septiembre de 1575; después, ley 7, tít. 6, lib. IV de la Recop. de Indias. Y ley 14, tít. 3, lib. III de la misma Recop. Véase mi estudio: Las instituciones jurídicas, cap. XVII. <<

[1] Democrates Alter, pág. 359. <<

[2] Del texto de la disputa, según la Colección de Tratados de LAS CASAS, no resulta ningún párrafo especial sobre repartimientos. <<

[3] Historia verdadera, II, págs. 570 y sigs., cap. CCXI. <<

[4] En este párrafo de LAS CASAS se advierte el antiguo concepto de la ley natural como valor independiente y superior a los poderes temporales de los reyes. <<

[5] Otra aplicación que hacía LAS CASAS del Derecho natural en defensa de los indios. <<

[6] ICAZBALCETA, Colección, II, 595. <<

[7] Publ. en la edic. reciente del P. GETINO del Regimiento de los Príncipes de SANTO TOMÁS, apartado V, pág. 254, vol. V de la Biblioteca de Tomistas Españoles, Valencia. <<

[8] Publ. en Anuario dé la Asoc. Francisco de Vitoria, IV, página 238. Sobre la venta de las encomiendas recuérdese el memorial de Martín de Irigoyen, citado en el cap. anterior. <<

[9] Parecer razonado de un teólogo desconocido, publ. por CUEVAS, Documentos, pág. 176. El documento proviene del Archivo de Indias, 60-2-16. <<

[10] Colec. Docs. América, VII, 254. <<

[11] LAS CASAS, como veremos poco después, no admitió la encomienda justificada por medio del argumento de la cesión de los tributos del rey. Consideraba lícitos éstos cuando el rey los cobraba para sí, pero ilícitos si los llevaban los encomenderos. <<

[12] Colec. Docs. América, VII, 348. <<

[13] Colec. Docs. América, VII, 362. <<

[14] Colec. Docs. América, VII, 290. <<

[15] Colec. Docs. América, IV, 141-146. <<

[16] Cartas de Indias, caja 2, núm. 5, Archivo Histórico Nacional, Madrid. <<

[17] Véase HERRERA, Década VIII, lib. X, cap. XXVIII, pág. 241. <<

[18] ICAZBALCETA, Colección, II, 231. <<

[19] HERRERA, loc. cit. <<

[20] Loc. cit. <<

[21] Cartas de Indias, caja 2, núm. 6, Archivo Histórico Nacional, Madrid. <<

[22] Cartas de Indias, caja, 2, núm. 30, Archivo Histórico Nacional, Madrid. <<

[23] Cartas de Indias, caja 1, núm. 36, Archivo Histórico Nacional, Madrid. <<

[24] Loc. cit. TORRES SALDAMANDO, Cabildos de Lima, II, 123, cita un parecer del virrey Toledo, en el cual se mostraba contrario a la concesión general de la perpetuidad, pero aceptaba que hubiera algunas casas nobles y ricas, como en todo reino organizado. <<

[25] Colec. Docs. América, XI, 181. <<

[26] Ibidem, XI, 37. <<

[27] TORRES SALDAMANDO, Cabildos de Lima, II, 123. En relación con este problema recuérdese la opinión de Hernando de Santillán, citada en el capitulo anterior. <<

[28] Hemos visto que cuando se preparaba la visita de Valderrama el Consejo trató de la perpetuidad entre otros temas. <<

[29] Véase SERRANO SANZ, Vida y escritos de Zorita. Colec. de libros y documentos referentes a la historia de América, IX, 86. Madrid, 1909. <<

[30] Colec. Docs. América, IV, 446. <<

[31] ICAZBALCETA, Colección, II, 237. <<

[32] Colección, XLII, 5. <<

[33] CHIRINO, Historia [inédita], lib. I, cap. XX, en la propia Colección de MUÑOZ, y COLIN, Labor Evangélica, lib. II. <<

[34] Biblioteca de la Catedral de Sevilla, papeles varios I, Est. F. Tab. 36, núm. 9. En el Archivo de Indias, Indiferente, 1624, existe un expediente muy completo sobre la perpetuidad. Contiene, entre otros documentos importantes, la instrucción para los Comisarios del Perú, cartas de éstos, otros documentos de Nueva España, etc. <<

[1] Historia de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada, 1568, Edic. Acad. de la Historia, Madrid, 1916, lib. I, cap. VIII, páginas 89-92. <<

[2] Gobierno del Perú (obra anterior al año de 1573). Edic, Buenos Aires, 1910, lib. I, caps. I al XXXVII. <<

[3] Op. cit., pág. 13. <<

[4] Ibidem, págs. 28-29. <<

[5] Ibidem, pág. 29. <<

[6] Ibidem, pág. 30. <<

[7] Ibidem, loc. cit. <<

[8] Ibidem, loc. cit. <<

[9] Ibidem, pág, 39. <<

[10] Ibidem, pág. 41. <<

[11] Ibidem, pág. 44. <<

[12] Ibidem, pág. 46. <<

[13] Ibidem, pág. 50. <<

[14] Ibidem, pág. 52. <<

[15] Ibidem, pág. 57. <<

[16] Ibidem, págs. 57-58. <<

[17] Ibidem, pág. 61. <<

[18] Ibidem, loc. cit. <<

[19] Ibidem, pág. 62. <<

[20] Ibidem, pág. 64. <<

[21] Arte de Contratos, Valencia, 1573, lib. III, tít. III, fols. 45 v.-48 v. ALBORNOZ se intitula «estudiante de Talavera». Dedicó su estudio a don Diego Covarrubias de Leiva, obispo de Segovia. <<

[22] Ibidem, fol. 46 v. <<

[23] Ibidem, fol. 47. <<

[24] Ibidem, loc. cit. <<

[25] Ibidem, fol. 48 v. <<

[26] Ibidem, loc. cit. <<

[27] Edic. Madrid, 1630; hay edición facsimilar de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, 1922. <<

[28] Op. cit., parte I, cap. XVIII. <<

[29] Ibidem, caps. XIX y XX. <<

[30] ENCINAS, Cedulario, II, pág. 221. <<

[31] Citaba a ENCINAS, Cedulario, II, 156: Céd. de Valladolid, de 29 de septiembre de 1555. <<

[32] Tratado de Confirmaciones Reales, caps. III (sucesión de las encomiendas del Perú), IV (sucesión de las de Nueva España), y V (de la ley general de la sucesión y sus declaraciones). <<

[33] Ibidem, fol. 24. <<

[34] ENCINAS, Cedulario, II, 203. <<

[35] Ibidem, II, 204. <<

[36] Ibidem, II, 207. <<

[37] Ibidem, II, 208. <<

[38] Ibidem, II, 205. <<

[39] Ibidem, II, 207. <<

[40] Ibidem, II, 213. <<

[41] Tratado de Cofirmaciones, fol. 26. <<

[42] ENCINAS, Cedulario, II, 209. Tiene interés también para el derecho sucesorio de las encomiendas de Indias la carta del virrey Montesclaros de 7 de abril de 1612. (Colec. Docs. América, VI, 286). <<

[43] OTS Y CAPDEQUÍ, en sus Instituciones sociales de la América Española en el Período Colonial, cap. IV, págs. 71-113, ha dedicado atención al derecho sucesorio de las encomiendas indianas. <<

[44] En apoyo de la tesis de LEÓN, véase el parecer de Martín de Irigoyen, año 1602. Bibl. Nac. de Madrid, ms. núm. 12179, fol. 56. <<

[45] Op. cit., fol. 30. <<

[46] Op. cit., cap. VI. <<

[47] LEÓN, en esta parte sigue utilizando el Cedulario de ENCINAS, II, 226-230. <<

[48] Cap. XI, fol. 61. <<

[49] Fol. 62 v. <<

[50] Fol. 63. <<

[51] Fol. 63 v. <<

[52] Op. cit., fol. 75. <<

[53] Cap. XVII. <<

[54] Dedicatoria, pág. 7. <<

[55] Sigo la edición moderna de la C. I. A. P., Madrid, 1930. Es curioso el modo con que LEÓN y SOLÓRZANO hablaron de sus tratados, casi simultáneos. León decía (fol. 27 V) que si hacia una segunda edición de sus Confirmaciones Reales, ampliaría algunos puntos: «si antes no saliere libro que trate mejor la materia, como se espera del que promete el Doctor Juan Pereira Solórzano, del Supremo Consejo de las Indias, en el doctísimo tratado, que después ge escrito éste sacó a luz». Solórzano a su vez decía (Política Indiana, II, 8) al hablar de la historia de la encomienda, que entre los autores que habían tratado de ella lo hizo «con mayor distinción y diligencia que todos el licenciado Antonio de León, a quien ya otras veces he citado y alabado en estos escritos, en el docto y terso tratado que escribió de las Confirmaciones Reales». Como es sabido, SOLÓRZANO compuso su Política en castellano (1648), aprovechando parte de su obra latina De Indiarum Jure (1629): véase TORRE REVELLO, Ensayo biográfico, Buenos Aires, 1929. <<

[56] Cap. I. <<

[57] Cap. III, 21-22. <<

[58] Pág. 23. <<

[59] Pág. 26. <<

[60] Pág. 29. <<

[61] Pág. 30. <<

[62] Pág. 32. <<

[63] Lib. III, cap. V, pág. 44, § II. «Con el cual [Lic. León] me conformo en todo lo que cerca de esto dice, excepto en que no pone al virrey de México entre los que pueden encomendar, siendo más cierto que se le daba especial poder para ello, como al del Perú, según parece por el tenor del que se halla entre las cédulas impresas (II, 298)». Esta referencia de SOLÓRZANO al Cedulario de ENCINAS no es exacta; seguramente se trata de una equivocación de imprenta, porque no es de presumir que el autor faltara a la verdad en una tan categórica e importante afirmación como la suya, más cuando trataba de contradecir la tesis de León. Yo no he logrado encontrar el poder citado en el Cedulario. <<

[64] La opinión de SOLÓRZANO me parece bastante exace, a pesar del error en su cita; con anterioridad indiqué las objeciones que parecían resultar de los hechos contra la hipótesis de LEÓN. En apoyo de la incorporación vigente a principios del siglo XVII, punto en que LEÓN y SOLÓRZANO coinciden, recuérdese que en el Carecer del contador Martín de Irigoyen, del año 1602, se afirmaba expresamente que las encomiendas del virreinato estaban afectas a la Corona, y en vacando se incorporaban a ésta. En la lista que en ocasión anterior transcribí, que es de la época de los escritos de LEÓN y SOLÓRZANO, se recordará que se habla de la creación de nuevas encomiendas y la existencia de mercedes recientes en indios vacos que el virrey situaba, pero este dato no contradice la tesis general de León de que entonces el virrey carecía de facultad de concesión libre de las encomiendas vacas, puesto que únicamente daba las que el rey le ordenaba y a las personas favorecidas directamente por éste; pero esta lista también da la razón a SOLÓRZANO, en cuanto a que la prohibición de nuevas encomiendas no era absoluta. Al citar la lista anterior mencioné también algunas leyes de la Recopilación, que hablaban de nuevas mercedes y encomiendas en 1637. Finalmente, por nota del licenciado VALENZUELA al pasaje de SOLÓRZANO que antes he comentado, hallo en el torno II de la Recop., pág; 229, al final del tít. 8, libro VI, un auto (núm. 173) posterior a abril de 1652, por el cual dispuso el rey que al proponerle la Cámara de Indias mercedes en repartimientos vacos no expresara todas las provincias de Indias, sino una sola, para que en ella recayera la gracia, «exceptuando al virrvey de Nueva España, pues las encomiendas de aquella provincia están afectas a mi Caja Real». Es decir, varios años después de los escritos de LEÓN y SOLÓRZANO, la orden de incorporación existente en 1602, se mantenía. Después de esta fecha, según veremos en capítulos posteriores, la centralización de la acuitad de encomendar y la incorporación de las encomiendas de todas las regiones de Indias fue en aumento, de suerte que es de creerse que las encomiendas de Nueva España hayan seguido absorbidas por los gastos y necesidades de la Corona. A pesar de que en repetidas ocasiones me he ocupado en el curso del trabajo del difícil problema del derecho de las encomiendas de México, no creo haber llegado a definir de modo indudable sus variaciones en el curso de los años. Para esto faltan nuevas cédulas más claras, o la consulta directa de los expedientes de este virreinato. <<

[65] Pág. 53. <<

[66] OTS Y CAPDEQUÍ, Instituciones Sociales, pág. 100, ha establecido con cuidado la comparación entre las conclusiones de LEÓN y SOLÓRZANO en esta materia. <<

[67] Pág. 72. <<

[68] Pág. 79. <<

[69] Pág. 90. <<

[70] Pág. 94: «la provisión del año de 1528 y el capítulo de carta del de 1552 y otras, que se hallan en el segundo torno de las Impresas, constituyen ciertos grados, o clases de los beneméritos, entre quien se han de repartir estas encomiendas, y en primer lugar llaman a los que se dicen conquistadores, a sus hijos y descendientes, y en segundo a los pobladores, y en tercero a los pacificadores, que son los que en algunas sediciones y disturbios que ha habido siguieron el pendón real, y a los que después, y hoy en día hicieron, o hacen servicios dignos de tales premios contra enemigos internos o externos, por mar y tierra, o en otra forma, o a los que han ganado cédulas reales, para ser acomadados. Los que proveen vayan por estos pasos, mas con advertencia de considerar entre los mismos opositores, ya la antigüedad, ya la calidad de las personas, de sus méritos y servicios, y qué otras gratificaciones se les han hecho por esta causa, a ellos o a sus pasados, y de no dar a una persona o a una familia tantas rentas, que otras se queden sin nada, porque esto tendrá en si mucha desigualdad… Las cédulas referidas mandan acudir a los conquistadores de tal suerte, que no se olviden los pobladores, que siempre se han estimado mucho, por ser los que llenan la tierra, y la conservan, defienden y ennoblecen… se remuneren los servicios antiguos, en tal forma que no se menosprecien los que se hicieren de nuevo… no se han de remunerar igualmente los plebeyos y los nobles, pues la calidad y dignidad de sus personas los diferencia». <<

[71] Cap. IX. <<

[72] Pág. 102. <<

[73] Pág. 105. Citaba en apoyo de esta tesis la cédula de 27 de octubre de 1535 dirigida al virrey Mendoza. (PUGA, I, fol. 109, edic. antigua). <<

[74] Págs. 129-130. <<

[75] Pág. 148. <<

[76] Pág. 151. <<

[77] Cap, XIV, pág. 155. <<

[78] Pág. 159. <<

[79] Cap. XV, pág. 166. <<

[80] Cap. XVI. <<

[81] Caps. XVII al XXIV. <<

[82] Caps, XXV al XXVIII. <<

[83] Pág. 330. <<

[84] Véase ley 2, tít. 19, lib. VI de la Recop. de Indias. <<

[85] Op. cit., pág, 351. <<

[86] Tercera declaratoria de Malinas. Véase la ley 125, tít. 15, lib. II de la Recop. de indias. <<

[87] Op. cit., pág. 394. <<

[1] Libro VI, tít. 2. <<

[2] Libro VI, tít. 12. <<

[3] Véase, por ej., la ley 4, tít. 5, lib. VI. <<

[4] Ley 14, tít. 5, lib. VI. <<

[5] Ley 10, tít. 5, lib. VI. <<

[6] Ley 11, tít. 5, lib. VI. <<

[7] Ley 5 tít. 5, lib. VI. <<

[8] Ley 16, tít. 5, lib. VI. <<

[9] Leyes 18 y 19, tít. 5, lib. VI. <<

[10] Ley 20, tít. 5, lib. VI. <<

[11] Ley 3, tít. 5, lib. VI. <<

[12] Ley 16, tít. 5, lib. VI. <<

[13] Ley 45, tít. 5, lib. VI. <<

[14] Ley 26, tít. 5, lib. VI. <<

[15] Ley 63, tít. 5, lib. VI. <<

[16] Ley 36, tít. 5, lib. VI. <<

[17] Ley 54 tít. 5, lib. VI. <<

[18] Ley 59, tít. 5, lib. VI. <<

[19] Ley 23, tít. 5, lib. VI. <<

[20] Hubo otras disposiciones de restricción del derecho de los encomenderos, que citaré más adelante. ALCALÁ ZAMORA, en sus Reflexiones sobre las leyes de Indias, Madrid, 1935, pág. 28, define el régimen legal de la encomienda como: «una tutela a su vez tutelada». <<

[21] Ley 9, tít. 9 lib. VI. <<

[22] Ley 25, tít. 9, lib. VI. <<

[23] Ley 30, tít. 9, lib. VI. <<

[24] Ley 6, tít. 9, lib. VI. <<

[25] Ley 36, tít. 9, lib. VI. <<

[26] Leyes 7 y 8, tít. 8, lib. VI. <<

[27] Ley 49, tít. 8, lib. VI. <<

[28] Véase el lib. VI, tít. 19 de la Recop. <<

[29] Para ciertas dudas de interés, véase la carta del virrey Monteclaros, Lima, 7 de abril de 1612. Colec. Docs. América, VI, 273. <<

[30] Leyes 21 y 22, tít. 8, lib. VI. <<

[31] Ley 26, tít. 8, lib. VI. <<

[32] Misma ley. <<

[33] Ley 30, tít. 8, lib. VI. <<

[34] Ley 23, tít. 8, lib. VI. <<

[35] Ibidem, loc. cit. <<

[36] Ley 25, tít. 8, lib. VI. <<

[37] Ley 37, tít. 9, lib. VI. <<

[38] Ley 12, tít. 9, lib. VI. <<

[39] Leyes 17, 18 y 19, tít. 9, lib. VI. <<

[40] Ley 49, tít. 13, lib. VI. <<

[41] Ley 22, tít. 9, lib. VI. <<

[42] Ley 20, tít. 9, lib. VI. <<

[43] Ley 21, tít. 9, lib. VI. <<

[44] Ley 23, tít. 9, lib. VI. <<

[45] Ley 16, tít. 9, lib. VI. <<

[46] Ley 17, tít. 2, lib. III. <<

[47] Ley 18, tít. 2, lib. III. <<

[48] Ley 28, tít. 8, lib. VI. <<

[49] Ley 42. <<

[50] Ley 1, tít. 11, lib. VI. <<

[51] Leyes 2 y 3, tít. 11, lib. VI. <<

[52] Ley 4, tít. 11, lib. VI. <<

[53] Ley 10, tít. 11, lib. VI. <<

[54] Ley 13, tít. 11, lib. VI. <<

[55] Véanse las leyes 14 y 15, del tít. 11, lib. VI. Como hemos advertido en ocasión anterior, a principios del siglo XVII la Corona volvió a la regla general de las dos vidas. <<

[56] Ley 46, tít. 8, lib. VI. <<

[57] Colec. Docs. América, VI, 505. <<

[58] Colec. Doc. Ultramar, X, 351. <<

[59] Leyes 2, tít. 1, lib. VI, y 21, tít. 9, lib. VI. <<

[60] Ley 10, tít. 1, lib. VI. <<

[61] Ley 7, tít. 1, lib. VI. <<

[62] Ley 9, tít. 1 lib. VI. <<

[63] Ley 22, tít. 8, lib. VI. <<

[64] Ley 30, tít. 1, lib. VI. <<

[65] Ley 22 tít. 1, lib. VI. <<

[66] Leyes 24 y 25, tít. 1, lib. VI. <<

[67] Ley 27, tít. 1, lib. VI. <<

[68] Ley 28, tít. 1, lib. VI. <<

[69] Ley 32, tít. 1, lib. VI. <<

[70] OTS, Instituciones sociales, pág. 25. <<

[1] Colec. Docs. América, XI, 331. He citado este documento en el cap. I. <<

[2] Texto, según la carta de BARTOLOMÉ DE LAS CASAS a fray Bartolomé de Miranda, Colec. Docs. América, VII, 308. Nótese que el repartimiento era por dos vidas. Las Ordenanzas aludidas son las de Burgos de 1512-13. <<

[3] Colec. Docs. América, I, 50. <<

[4] Ibidem, I, 436. <<

[5] Texto según la carta citada de LAS CASAS, Colec. Docs. América, VII, 308. <<

[6] MUÑOZ, Colección, XXX, fol. 180, <<

[7] Colec. Docs. América, XV, págs. 5 y 20; otro ejemplo de repartimiento en la villa de San Pedro de Honduras, en la misma Colección, XVI, 530. <<

[8] Archivo de Indias, Patronato 231, núm. 7, ramo 1. Véase también MUÑOZ, Colección, XLII, fol. 6. En un solo documento, de autor desconocido, se recopilaron los diversos ejemplos de cédulas del Perú, que aquí transcribo. <<

[9] Ibidem, loc. cit. <<

[10] Ibidem, loc. cit. <<

[11] Ibidem, loc. cit. <<

[12] Colec. Docs. América, XXV, 5. <<

[13] Colec. Docs. América, XXV, 36. <<

[14] Ibidem, XVIII, 484. <<

[15] MUÑOZ, Colección, XLII, 6. <<

[16] Ibidem, loc. cit. <<

[17] Ibidem, loc. cit. <<

[18] Archivo de Indias, Méjico, 900. <<

[19] Colec. Docs. América, I, 50. <<

[20] LÓPEZ DE VELASCO, Geografía y descripción de las Indias, Madrid, 1894, págs. 97, 110 y 126. <<

[21] Véase C. PÉREZ BUSTAMANTE, Don Antonio de Mendoza, apéndice, doc. núm. XXXI. Informe de Juan de Burgos. <<

[22] Archivo de Indias, Méjico, 256, doc. 37. <<

[23] Véase el Diccionario Autobiográfico de conquistadores y pobladores de Nueva España, publ. por FRANCISCO A. DE ICAZA, según docs. del Archivo de Indias. <<

[24] Libro de visitas de los pueblos de la Nueva España, 1550. Bibl. Nac. Madrid, ms. núm. 2.800. <<

[25] CUEVAS, Documentos, 221. <<

[26] Relación por Gabriel de Chaves, alcalde mayor de la provincia. Colec. Docs. América, IV, 531. <<

[27] Los pueblos corresponden a las provincias de México, Michoacán, Huasteca y Meztitlán, que eran aquellas donde la orden agustina se había extendido en Nueva España. (Cons. el mapa de R. RICARD, La Conquête Spirituelle du Mexique, París, 1933). El documento que cito aquí proviene del Archivo de indias, Patronato 182, ramo 44. Lo firma el provincial agustino. En algunos de los pueblos, además de la administración espiritual, los monasterios agustinos parecen tener a su cargo la parte administrativa y fiscal, quizá porque se trataba de pueblos apartados o por haber cedido el rey la renta a los monasterios. <<

[28] Edic. por Justo Zaragoza, Madrid, 1894. <<

[29] Pág. 186. <<

[30] Pág. 207. <<

[31] Pág. 226. <<

[32] Pág. 239. <<

[33] Pág. 260. <<

[34] Pág. 247. <<

[35] Bibl. Nac. Madrid ms. núm. 12.179, fol. 56. <<

[36] PUGA, Cedulario, I, 81. <<

[37] Véase C. PÉREZ BUSTAMANTE, Don Antonio de Mendoza, doc. XXXI del apéndice. <<

[38] Confirmaciones Reales, fol. 82. La relación es de interés, no sólo por referirse a uno de los acrecentamientos más importantes del realengo de Nueva España, sino porque menciona los principales encomenderos que hubo después de la conquista, pudiendo observarse él número de pueblos que habían obtenido algunos capitanes y soldados de la hueste de Cortés. <<

[39] Archivo de Indias, Méjico, 256, doc. 17. <<

[40] Colec. Docs. América, XIV, 226. <<

[41] Archivo de Indias, Méjico, 256, doc. 12. «Libro de varias tasaciones de tributos de provincias y pueblos de Nueva España». Años 1550-70. <<

[42] Ibidem, doc. 25. <<

[43] Ibidem, doc. 27. <<

[44] Ibidem, doc. cit. <<

[45] Colec. Docs. América, XIV, 191. <<

[46] Publ. por G. LATORRE, Relaciones Geográficas de Indias, Sevilla, 1920. Comprende el arzobispado de México y los obispados de Tlaxcala y Michoacán. <<

[47] Colec. Docs. América, IV, 444. <<

[48] Sobre esto véase la carta del oidor Zorita ya citada en este trabajo, cap. V, págs. 152-154. <<

[49] Archivo de Indias, Patronato 182, ramo 11. <<

[50] Véase ICAZBALCETA, Colección, II, 503. El doc. es de fecha 20 de enero de 1570. <<

[51] Archivo de Indias, Patronato 182, ramo 40. Este es un documento de sumo interés y de gran volumen, que seguramente merece un estudio especial la publicidad, pues detalla la cantidad de tributos de cada pueblo, y es por lo tanto un plano completo de los indios de la Corona en Nueva España en esa época. Estaba muy generalizado ya el tributo de un peso de oro de minas, que eran ocho reales de plata, y media hanega de maíz por cada tributario. <<

[52] Colec. Docs. América, XIV, 226. <<

[53] Ibidem, XIV, 220. <<

[54] Ibidem, XIV, 201. <<

[55] Biblioteca Nacional de Madrid ms. núm. 2.939, fol. 167. <<

[56] MUÑOZ, Colección, LXV, fol. 46. <<

[57] Cabildos de Lima, II, 114. <<

[58] II, 137 a 151. Las fuentes que utiliza TORRES SALDAMANDO son la Relación de FIGUEROA, publicada en la Colec. Docs. América, VI, 46 y sigs., y los datos publicados por LORENTE, Memorias de los Virreyes, II. <<

[59] Colec. Docs. América, VI, 46. <<

[60] Gobierno del Perú, pág. 55. <<

[61] MUÑOZ, Colección, LXV, fol. 67. <<

[62] Ibidem, fol. 79. <<

[63] Ibidem, fol. 69. <<

[64] Ibidem, fol. 72. <<

[65] Colec. Docs. Inéditos pava la Historia de España, XCIV, 310-311. Sobre las situaciones que el virrey Toledo pensaba hacer, consúltese en el mismo lugar un extenso documento (311-314). <<

[66] DÁVILA, Encomiendas, Tipografía Americana, Caracas, 1927. Anuncia un segundo tomo, que ignoro si se ha publicado. <<

[67] Las encomiendas de indígenas en Chile, 2 vols. <<

[68] BUENO, Descripción de algunas provincias de América. (Ms. Acad. de la Hist. Madrid, fol. 30). Est. 27, gr. 3.ª. E. 92. <<

[69] La población indígena de las regiones del Río de la Plata y Tucumán en la segunda mitad del siglo XVII. XXVº Congreso Internacional de Americanistas, 1932. Separata de las Actas, t. II. <<

[70] Op. cit., pág. 2. <<

[71] Biblioteca Nacional de Madrid, ms. núm. 3.048, fol. 163. <<

[1] Archivo de Indias, Expediente sobre la incorporación de las encomiendas de indios a la Real Corona, años 166-1750. Indiferente, 81. Antigua signatura: Est. 136, caj. 6, leg. 16. <<

[2] Ibidem. <<

[3] Cuarto papel del expediente citado. <<

[4] Mismo expediente. <<

[5] Ibidem, cuaderno 9. <<

[6] Cedulario Índico, VI, fol. 280, núm. 464. Archivo Histórico Nacional. Madrid. Cita por el Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias de don JOSÉ DE AYALA, que se conserva manuscrito en el mismo Archivo, Códice, 224. De este Diccionario se ha publicado un volumen con prólogo de R. ALTAMIRA: Colec. de Docs. inéditos para la Historia de Ibero-América, IV, Madrid, 1929. <<

[7] Ibidem, loc. cit. <<

[8] Ibidem, VI, fol. 285, núm. 469. <<

[9] Ibidem, XXIV, fol. 50 b, núm. 33. Véase también el tomo XXXVIII, fol. 61 b, núm. 5. <<

[10] Archivo de Indias, Indiferente, 81. <<

[11] Loc. cit. <<

[12] Cedulario Índico, III, fol. 309, núm. 376. <<

[13] Ibidem, VII, fol. 211, núm. 289. <<

[14] Ibidem, XXXVIII, fol. 292 b, núm. 240. <<

[15] Ibidem, XXXVIII, fol. 302 b, núm. 251. Véase también el tomo III, fol. 274 b, núm. 226. <<

[16] Ibidem, III, fol. 277 b, núm. 233. <<

[17] En comprobación, conviene citar la cédula siguiente (Ibidem, XXXVIII, fol. 243 b, núm. 208): «habiendo entendido la reina, que en contravención de las órdenes y cédulas dadas sobre el buen tratamiento y enseñanza de los indios, se permitía a los vecinos feudatarios de las provincias de Perú, y particularmente del Tucumán, arrendar sus feudos poniendo mayordomos, teniendo casas, y viviendo en los pueblos de ellos con sus mujeres y familias lo más del año, sirviéndose de los naturales sin pagarles, castigándolos como a esclavos, y vendiendo el uso de ellos para sacar cantidades de ganados y carretas a precio de más de 50 pesos por indio, de que resultaba dejar desiertos sus pueblos, quedándose en el Perú, o muriéndose por el destemple y mudanza de tierra, obligando a este tiempo a sus mujeres a que pagasen y trabajasen todo el año por sus maridos, y también a las hijas y demás mujeres solteras, acotándolas para ello, ocasionándolas malos partos y exponiéndolas con el rigor del tratamiento a faltar a la honestidad debida, pues por no padecerles, huían y usaban mal de sus personas: que los vecinos que tenían estancias sacaban los más y mejores indios de los pueblos y los llevaban a ellas [a las estancias], por cuya mudanza de temple morían y sus mujeres quedaban expuestas al mismo riesgo, por falta de quien las sustentase, y no importando el entero de la tasa más de 5 pesos, y si de miel una botijuela de la medida que son las de aceite en estos reinos, les toman un cántaro mayor que los de aguadores, que solían vender los indios por diez o doce pesos, quitándoles por fuerza y al mismo precio lo demás que llevaban sin pagárselo, a título de fiado, por cuya razón [los indios] lo enterraban en los campos a peligro que se lo comiesen, prohibiéndoles contratar con los españoles sus géneros y comprar lo necesario para su vestuario, valiéndose de pretextos frívolos, para que éstos no llegasen a los feudos. Que particularmente en el pueblo llamado de Onatara, donde había tres encomiendas, la una agregada a la Corona Real, de que tenía la administración uno de los encomenderos, y éste, a más de usar de los indios así en el entero de la tasa del feudo, defraudaba en el número de ellos en gran parte… [mando] al virrey y audiencias de Lima, Charcas, y gobernador de la provincia del Tucumán, y ruego y encargo a los arzobispos, obispos de la provincia del Perú, que cada uno por su parte cuiden mucho y velen sobre los procedimientos de los encomenderos, procurando averiguar los que delinquieren en los malos tratamientos que padecen los indios, en contravención a lo que con tanta especialidad está mandado… y comprobando las culpas referidas en algunos, den cuenta de haberlos castigado según las leyes». Es decir, a fines del siglo XVII, fecha de la orden, continuaban los abusos del régimen semiseñorial de las encomiendas, y la actividad de la Corona, seguramente urgida por denuncias de religiosos, para mantener la legalidad y el orden establecido, como años antes en el período de la integración jurídica de la institución. <<

[18] Ibidem, III, fol. 287, núm. 240. <<

[19] Ibidem, X, fol. 3506, núm. 603. <<

[20] Ibidem, III, fol. 288 núm. 257. <<

[21] Ibidem, XVIII, fol. 220, núm. 265, y XXV, fol. 112, número 104. Cédulas de 1678 y 1710. <<

[22] Bibl. Nac. de Madrid, ms. núm. 18.758. <<

[23] Ibidem, ms. núm. 19.512, fol. 416. <<

[24] Cedulario Índico, XXXIV, fol. 277, núm. 229. <<

[25] Cedulario Índico, XXI, fol. 358, núm. 337. <<

[26] Cedulario Índico, VI, fol. 168 b, núm. 267. <<

[27] Esta prohibición, como sabemos, no carecía de excepciones; por ejemplo, en Chile los indios de las encomiendas debían trabajar seis meses, tres para tributos reales y tres para encomenderos. Véase AYALA, Diccionario, cuaderno 9. <<

[28] Recuérdese la antigua proposición de MATIENZO, para que los indios tributarios que carecieran de bienes pagaran el tributo con su trabajo personal, que se tasaría en un número dado de días. <<

[29] Cedulario Índico, III, fol. 44, núm. 27. <<

[30] Cedulario Índico, XXIV, fol. 162, núm. 153. <<

[31] Ibidem, VIII, fol. 70, núm. 705. Sobre esto véase AMUNÁTEGUI, Las encomiendas de indígenas en Chile, II, 250 y 256. Afirma que la supresión se puso en práctica parcialmente en 1781, reinando Carlos III, y se consumó en 1791, reinando en España Carlos IV, y gobernando en Chile O’Higgins. <<

[32] Ibidem, XVII, fol. 30, núm. 44. <<

[33] Véase el interesante decreto del presidente del Perú don Ramón Castilla, año de 1854, publ. por TORRES SALDAMANDO, Cabildos de Lima, II, 127. <<