A Beth, Ot y Blai, por reinar
en mis afectos y en mis complicidades.
También para Marc y Jana.

¿Quién necesita la represión directa, cuando se puede convencer al pollo para que entre libremente en la carnicería?

SLAVOJ ZIZEK
Primero como tragedia, después como farsa, 2011

Hoy cada uno se explota a sí mismo y se figura que vive en libertad. En el imperio propiamente no gobierna nadie. Desaparece la solidaridad. La privatización se impone hasta en el alma.

BYUNG-CHUL HAN
En el enjambre, 2014

A modo de introducción

Economía y moralidad

La economía se ha situado en el centro de nuestras vidas; ocupa prácticamente todo el espacio, hasta el punto de haber convertido la mayor parte de nuestras múltiples dimensiones en meramente subsidiarias. Jamás el papel de la economía había resultado tan absoluto como lo ha sido en los últimos treinta años. La política, desplazada de la centralidad y reducida a mera retórica de la economía, ya es sólo la expresión de su incapacidad para administrar y mejorar el bienestar de las personas. El mercado ha desplazado o diluido las ideologías, al tiempo que los sacerdotes del liberal-conservadurismo nos han prometido una apoteosis de riqueza con la hegemonía de un mundo globalizado, sin fronteras y sin más reglas que la libre competencia. Cierto es que, antes de la crisis iniciada en 2008, hemos vivido muchos años en que el mundo occidental parecía nadar en una abundancia sin límites, mientras los expertos explicaban que el predominio del comercio estaba llevando el desarrollo económico a los rincones más remotos del planeta. Pero algo no encajaba bien del todo. Cada vez se producía más, teníamos a nuestra disposición productos exageradamente baratos, pero nuestras rentas se reducían, el trabajo se volvía escaso, perdíamos seguridades y nos volvíamos mucho más vulnerables. La crisis económica actual, el origen de la cual está en las prácticas oscuras de un sector financiero definitivamente independizado de cualquier control y desvinculado de la realidad, nos despertó de manera repentina y brutal del sueño en el que nos habíamos instalado plácidamente.

La falta de escrúpulos, la carencia del mínimo sentido moral y la codicia como valor supremo permiten explicar los orígenes y las prácticas que durante años se impusieron en el sector financiero de la economía y que hincharon una burbuja especulativa que explotó y nos salpicó a todos a partir de 2008. La indecencia del comportamiento humano, en el que el natural espíritu de lucro fue llevado a la exageración, hecho que ha comportado la generación de grandes niveles de sufrimiento, no es privativo del mundo de las finanzas, y, probablemente, es en la esfera de la producción donde provoca situaciones más extremas, algunas de las cuales tienen poco que envidiar al ancestral sistema de la esclavitud.

El 24 de abril de 2013 se derrumbó una fábrica textil en Bangladesh, lo cual provocó la muerte de 1.138 trabajadores y dejó 2.438 heridos de consideración, sacados de entre los escombros. No fue un caso aislado, fortuito ni producto de la mala suerte, sino, una vez más, el resultado de las condiciones de producción industrial con que trabajan las empresas y marcas de ropa occidental para ofrecernos productos de temporada a precios irrisorios, a base de asumir unos mínimos costes laborales. Lo que nosotros exhibimos como indumentaria moderna se sostiene sobre una industria de la confección a la que no soportaríamos echarle una mirada, con instalaciones de maquila situadas en el tercer mundo, en edificios en ruinas donde se amontonan miles de trabajadores sin ninguna medida de seguridad ni de salubridad, con jornadas de quince horas y salarios de treinta euros mensuales. La responsabilidad de que esto ocurra no es sólo, ni principalmente, culpa de desaprensivos industriales locales, sino de marcas occidentales que, en estas zonas perdidas, subastan los pedidos al mejor postor. ¡Es la globalización!

No es el del sector textil un caso aislado. La empresa Apple, que diseña unos gadgets tecnológicos que son paradigma de modernidad, produce y ensambla sus productos en China. Lo hace de la mano de una empresa taiwanesa, Foxconn, que fabrica para muchísimas marcas de smartphones y tabletas, que cuenta con más de un millón de operarios que trabajan y viven hacinados en instalaciones industriales insalubres, con jornadas laborales de doce horas y siete días a la semana, para cobrar cien euros mensuales. La toxicidad en algunos procesos, especialmente en el pulido de nuestras apreciadas pantallas táctiles, provoca enfermedades e incluso la muerte de trabajadores. Últimamente, esta industria ha saltado a la palestra porque ha sufrido gran cantidad de suicidios en sus instalaciones. Apple es la corporación con mayor capitalización bursátil del mundo y que, en el último ejercicio, declaró unos beneficios de 30.000 millones de dólares.

Innovación y competitividad son términos que asociamos de manera positiva a la actividad empresarial. Con la distribución mundial de la producción que nos ha comportado este modelo de globalización de la economía, la mejora de la competitividad ha supuesto el desplazamiento de las estructuras productivas hacia donde los costes del trabajo, la falta de legislación laboral y social y las nulas exigencias medioambientales permiten producir de forma radicalmente más barata. Como consumidores, todos adoptamos una actitud hipócrita: no vemos, no sabemos ni queremos saber, compramos a precio de ganga (este no sería el caso de los productos de Apple) y exhibimos nuestra «modernidad» construida sobre la explotación y el sufrimiento de mucha gente, haciendo inmensas colas ante los templos de las marcas para ser los primeros en poseer su ultimísima novedad. Como ciudadanos, admiramos los resultados económicos anuales de estas empresas y veneramos a sus enriquecidos propietarios como innovadores y visionarios (¿quién no se emocionó ante el famoso discurso de Steve Jobs en Stanford?). El efecto colateral es que esa deslocalización de las industrias que busca hacerlas más competitivas nos deja sin trabajo y sin ingresos tributarios. Un mal negocio.

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Se derrumba en Bangladesh el Rana Plaza.

¿Un cisne negro?

El miércoles 24 de abril de 2013, la vida cotidiana de la ciudad de Savar se vio sacudida por un ruido muy violento que podía inducir a pensar en un terremoto o en una explosión. Pronto, los ajetreados ciudadanos de esta ciudad suburbial cercana a Daca, que a las nueve de la mañana vive su punto álgido de actividad, se dieron cuenta de que lo que había sucedido era el derrumbe de un edificio industrial en el centro de la ciudad. No se puede decir que resultara exactamente una sorpresa. El día anterior, la fábrica había sido temporalmente desalojada por la aparición de unas amplísimas grietas, pero, ese miércoles, buena parte de los trabajadores habían sido conminados a volver al trabajo porque los pedidos de las marcas de ropa no podían esperar, y, por si acaso, el propietario del edificio les había mostrado los informes de unos ingenieros que afirmaban que no había ningún peligro de derrumbe y que el edificio aún estaría en pie al cabo de cien años. Las cosas no fueron exactamente así.

Los muy rudimentarios servicios de emergencia de la ciudad y los transeúntes comenzaron a sacar cuerpos de entre los escombros, muchos de ellos ya cadáveres; de aquella especie de colmena humana sólo había quedado en pie la planta baja. Hasta 8.000 trabajadores se amontonaban en los diversos talleres en los momentos más álgidos de los pedidos de las marcas. Afortunadamente, debido a la crisis económica, aquella primavera de 2013 era relativamente tranquila, y, por lo común, en el edificio había sólo unos 5.000 trabajadores. Por suerte, ese día sólo estaban allí unas 3.800 personas, gracias a que algunos propietarios de talleres habían tenido la buena idea de no abrir, porque intuían que el tamaño de las grietas abiertas el día anterior no hacía presagiar nada bueno. Los que habían entrado a trabajar lo habían hecho de manera renuente y sólo les convenció de ello la amenaza de perder la paga y las cuadrillas que, con bastones en ristre, les conminaron a entrar. ¡Es lo que tiene la globalización!

El edificio derrumbado, conocido como «Rana Plaza», era una construcción grandiosa que albergaba cuatro fábricas textiles, alquiladas a diferentes fabricantes que, de manera independiente, trabajaban con subcontratas de confección para marcas de ropa occidentales suficientemente conocidas que buscaban en Bangladesh y otros países de la zona las oportunidades de unos costes laborales extremadamente bajos. Había también en el edificio numerosas tiendas y un banco, todo ello propiedad de Mohamed Sohel Rana, dirigente de las juventudes del partido gobernante, la Liga Awami, e hijo de un acaudalado terrateniente conocido y reconocido por sus actividades más bien oscuras; en la adquisición de tierras y solares, a menudo utilizaba la amenaza, y era un habitual de las prácticas mafiosas. Padre e hijo construyeron el edificio en 2006, tras intimidar a varios propietarios y haciendo uso de documentación notoriamente fraudulenta. Desobedeciendo la legislación urbanística de la ciudad, erigieron un edificio de cinco plantas que, tiempo después, fueron remontando hasta ocho, de manera ilegal y sin reforzar las estructuras del edificio. Las connivencias con los dirigentes del partido gubernamental lo hicieron posible. La debilidad y la mala calidad de una edificación que no estaba pensada para tanta gente y tanta maquinaria pesada, se vieron agravadas por la utilización de unos poderosos motores que hacían la función de generadores, a fin de superar los inconvenientes de los frecuentes cortes de fluido eléctrico que padece el país. Parece ser que fueron las sacudidas de una de estas máquinas en funcionamiento, la mañana del derrumbe, lo que convirtió las visibles grietas de la estructura del edificio en una trampa mortal que echó por tierra el castillo de naipes. La tragedia del Rana Plaza serviría para poner en el mapa la ciudad de Savar.

El municipio de Savar es una de las muchas ciudades que rodean la megalópolis de la capital bengalí, Daca. Administrativamente forma un subdistrito de la misma capital, situada en el noroeste de esta y a una distancia de unos veinticuatro kilómetros de su centro, con una densa población de alrededor de 1,4 millones de habitantes. Con un 80 por ciento de población de confesión musulmana, hasta hace poco era conocida por poca gente, a pesar de formar parte de las rutas turísticas del país. Savar cuenta con el monumento nacional a los mártires de la guerra de liberación de Bangladesh, el Jatiyo Smirti Soudha, que se erigió para conmemorar la guerra de la independencia bengalí de 1971, la cual les permitió erigirse en un país libre tras su secesión de Pakistán, después de nueve meses de guerra, atrocidades a gran escala, diez millones de refugiados y cerca de treinta millones de personas desplazadas. El Rana Plaza era un edificio cualquiera, de una ciudad cualquiera de las muchas que en esta zona de Asia se han convertido en el cuarto oscuro de la producción industrial masiva, con costes laborales irrisorios y con unas condiciones de vida y de trabajo que, si tuvieran visibilidad, harían entrar en crisis las ganas de comprar ropa de marca a los consumidores más compulsivos de las grandes superficies comerciales del mundo occidental, donde tan en boga está el concepto de «moda asequible». El Rana Plaza es uno de los numerosos edificios que en Bangladesh y otros países asiáticos albergan los muchísimos talleres donde la explotación laboral tiene poco que envidiar a las primeras fases de la revolución industrial británica y que los ingleses han bautizado como sweatshops, «talleres del sudor», donde los derechos y las condiciones laborales decentes son inexistentes. Nada que ver con el trabajo digno.

Aquella mañana de caos y de muerte en Savar, los trabajos para ayudar a escapar a los obreros asustados y heridos se hicieron a base de voluntarismo, y se dispuso de poca maquinaria adecuada para mover las toneladas de escombros en que se había convertido el Rana Plaza. Durante las primeras horas salieron por su propio pie, o bien con la ayuda del improvisado servicio de emergencias, hasta 2.437 personas vivas del edificio caído. Pero, al tiempo que se rescataban personas con vida, también iban apareciendo numerosos cadáveres. Al principio todo parecía indicar que serían unos pocos cientos, pero, con el paso de las horas y los días, la tragedia aumentó, llegando a contabilizarse 1.138 cadáveres de trabajadores aplastados bajo los escombros. Los medios de comunicación occidentales siguieron la tragedia en directo y, durante los primeros días, le dieron el carácter de noticia destacada, a pesar de la poca tendencia a situar en un primer plano informativo las desgracias humanas producidas en países remotos y olvidados del tercer mundo. El tratamiento informativo que se le dio al suceso fue, en general, el propio de las catástrofes naturales, como si hubiera sido una tragedia desgraciada, lejana, ajena a nosotros y a la economía, y obviando el hecho de que la distribución internacional de la producción ha convertido este tipo de siniestralidad en un hecho bastante habitual. Fue presentado como un «cisne negro», uno de esos hechos imprevistos e improbables que, como casi siempre, se cernía sobre poblaciones acostumbradas a la desgracia y a la desdicha. A los pocos días del derrumbe, las imágenes del Rana Plaza habían quedado desplazadas en la parrilla de los informativos televisivos y en los periódicos, y el recuento final de víctimas merecía poco más que un breve. Escasos fueron los medios que aprovecharon para escrutar el qué y el porqué de la tragedia, para saber quién estaba detrás de un sistema de producción tan dado a provocar sufrimiento, quiénes eran esas personas sencillas afectadas, en qué condiciones trabajaban y, sobre todo, para quién se jugaban la salud y la vida en estos espacios insalubres e inseguros. A poquísimos periodistas y medios se les ocurrió explicar que la maldición de esta gente comenzaba en las tiendas de moda de Europa y Estados Unidos.

A los televidentes occidentales, anclados en una especie de inocencia propia de la adolescencia perpetua propia de los consumidores compulsivos, nos sorprendió darnos cuenta de que gran parte de los cadáveres del edificio de Savar eran mujeres muy jóvenes y de que había un número importante de chiquillos. Esto nos incomodaba un poco. Los mismos que operan y especulan en esos países y conocen este mundo de la producción industrial en régimen de semiesclavitud y lejos de las miradas foráneas y del glamour de las marcas saben que las adolescentes constituyen los contingentes más importantes de esta masa trabajadora. Chicas muy jóvenes y niños que huyen de la miseria a que los condena el entorno agrícola y que encuentran en la explotación brutal de su capacidad de trabajo en estos talleres una manera de escapar —sólo aparentemente— de su situación penosa y aliviar a sus familias, o al menos dejar de ser una carga para ellas. Cobran cerca de treinta dólares al mes si tienen la suerte de trabajar para propietarios del primero o segundo de los eslabones de las cadenas de subcontratación, porque este es el salario mínimo establecido hace poco tiempo en el país; antes cobraban menos. Trabajan, en el mejor de los casos, seis días a la semana en turnos horarios indecentes que se adecuan a las necesidades de servicio de los pedidos. Cuando hay mucho trabajo y los clientes apremian con los plazos de entrega, los turnos de trabajo se llegan a solapar. La falta de contratos laborales y la libertad para despedir permiten pocos miramientos con horarios decentes y con exigencias de descanso. Son comunes los turnos de quince horas, en una especie de cubículos sin ventanas ni ventilación, donde la temperatura suele alcanzar fácilmente los 40 oC. Fuera de la fábrica malviven en barrios de chabolas, mientras van perdiendo la adolescencia y la primera juventud. A los 25 años de edad se convierten en mano de obra poco «adecuada», ya que no interesan las mujeres con cargas de hijos y sus dedos van perdiendo agilidad para la costura. Las huelgas y la sindicación están prohibidas, no sea que alguien se metiera en camisas de once varas, y ni siquiera está permitido hablar durante las largas jornadas de trabajo. Paradójicamente, estas trabajadoras tienen la misma edad que las adolescentes occidentales a quienes las marcas dirigen sus campañas de marketing, consideradas compradoras de manada, que aseguran su éxito comercial. En Bangladesh, en cambio, no pueden ni soñar en comprar alguna pieza de las que producen. La situación estremeció incluso al papa Francisco, el cual, el 1 de mayo de 2013, afirmó en una homilía: «Me impresionó un titular del día de la tragedia de Bangladesh: “Vivir con treintaiocho euros al mes”. Esto es lo que pagaban a los que murieron... Eso se llama trabajo esclavo».

Como en las primeras fases de la ya lejana revolución industrial británica, el campo expulsa gente hacia la ciudad, donde se cree que hay oportunidades. El mundo rural está superpoblado en Bangladesh. Allí malviven cuatro quintas partes de una población pobre y malnutrida. La agricultura de subsistencia ha dado paso al predominio de grandes propietarios que han especializado sus cultivos en productos muy rentables destinados a la exportación y a las industrias de transformación. El país tiene el triste honor de encabezar el ranking de pobreza mundial, sólo superado por Haití, y su renta per cápita apenas llega a los seiscientos dólares por habitante y año. Desde que el empuje globalizador llevó a redistribuir la producción industrial hacia los países pobres mientras cerraban los centros fabriles occidentales, la exportación de productos textiles es la principal fuente de riqueza de Bangladesh. Más de tres millones de personas trabajan en este sector. La necesidad de la gente en un país tan pobre como superpoblado los lleva a trabajar a precios miserables y sin ningún tipo de costes ni prestaciones sociales. No hay derrame de riqueza en la pirámide, de arriba abajo, como argumentan los que sólo ven el vaso medio lleno en el proceso de mundialización económica, sencillamente porque los salarios están por debajo del umbral de subsistencia y porque las posibilidades de imponer su mejora a partir de la presión y la movilización son nulas. Los impuestos que pagan los industriales son ridículos y devienen inexistentes en las llamada zonas de procesamiento de exportaciones (ZPE), consideradas como reductos exteriores donde ni siquiera tienen vigencia las modestísimas legislaciones sociales y laborales del país. Cualquier pretensión de mejoras salariales o de las condiciones laborales por parte del partido gobernante o cualquier tolerancia de este respecto a huelgas o manifestaciones haría que los pedidos emigraran hacia otro país con más «orden social».

Los escombros del Rana Plaza pusieron en evidencia uno de los secretos mejor guardados del mundo de la subcontratación de la producción en estos centros de vergüenza: para qué marcas occidentales trabajaban a precios que nos parecerían ridículos. Como explicó hace tiempo la periodista Naomi Klein respecto a la actitud hipócrita de unas marcas construidas sobre unos valores no respetados en su proceso productivo, convenientemente externalizado, mientras sólo se ocupan de las campañas de marketing, el contraste entre los consumidores a los que se dirigen y la producción en régimen de semiesclavitud requiere de dosis ingentes de secretismo. Los espacios de producción no tienen ninguna identificación, ni ningún detalle que les pueda relacionar con quienes producen, más allá de unas muy bien custodiadas etiquetas que, en algún momento, se habrán de coser en las prendas. Lo habitual es que las empresas occidentales ni siquiera traten de manera directa con los talleres. Existe la figura del contratista, generalmente un occidental con ambición, que se sabe mover y que conoce bien el país y cómo operar en él —lo que ahora se llamaría un emprendedor—, el cual busca los talleres donde realizar la producción a precios lo más competitivos posible. En muchas ocasiones, la manera de adjudicar los pedidos toma la forma estricta de subasta, a partir de la cual el industrial local puede subcontratar a otros talleres o incluso recurrir al trabajo realizado en el ámbito doméstico y en cualquier rincón del país. Como afirmó la oenegé Ropa Limpia, se demuestra que las auditorías y los códigos de conducta de las marcas son insuficientes. La llamada responsabilidad social corporativa (RSC), hace años que tiene un lugar destacado en las grandes compañías, pero es sólo una cuestión de marketing, un maquillaje. No se puede pretender a la vez obtener los precios más baratos posibles y al mismo tiempo exigir el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas.

Unas cuantas firmas muy reconocidas del sector textil quedaron retratadas con el derrumbe del Rana Plaza, aunque son muchísimas más —de hecho, la inmensa mayoría— las que subcontratan la producción en talleres similares y en condiciones por el estilo. Entre otros, en el complejo derrumbado se trabajaba para el grupo italiano Benetton, para la británica Primark, para la canadiense Loblaw, para C&A, para el gigante de la distribución Wal-Mart, para The Children’s Place, así como por las españolas El Corte Inglés y Mango. En el caso de estas compañías españolas, su reacción fue bastante elocuente de como las marcas esconden sus vínculos con este sistema de trabajo esclavo. La mayoría de los medios de comunicación españoles obviaron mencionar la implicación de El Corte Inglés en el caso, como habitualmente hacen en relación con cualquier problema laboral que la compañía pueda tener en España. Parece que el peso publicitario de este gigante de la distribución disuade a la mayoría de medios de airearle ninguna noticia negativa. Mango, en cambio, adoptó la estrategia de negar que produjera en el Rana Plaza, aduciendo que si había etiquetas de su marca obedecía a que le estaban elaborando muestras para posibles pedidos, como si eso cambiara mucho la naturaleza de las cosas. Sabedores del coste en reputación que podía tener para la compañía que su marca quedara asociada a este desastre y a unas condiciones de producción tan poco presentables y tan inherentes a este sistema de fabricación, Mango se apresuró a enviar directivos a la zona para minimizar los «daños». Incluso fueron a fichar, ex profeso, a un antiguo directivo de RSC de Inditex, a fin de apagar el posible incendio de imagen de marca que esto podía acarrear, a base de contactar con las partes implicadas y asumir posibles reparaciones económicas. No deja de ser curioso y bastante elocuente que enviaran al responsable de responsabilidad social corporativa de la marca, poniendo en evidencia lo que ya es bastante sabido, que estos departamentos, en la mayoría de las empresas, son un mero elemento de marketing y comunicación y no un organismo de control y de exigencia interna.

Ante el escándalo de lo que sucedió en el Rana Plaza, y de las condiciones laborales evidenciadas, algunas de las marcas que se abastecen con este sistema emitieron anuncios genéricos de ayuda a las víctimas y de adopción de medidas para acentuar las exigencias laborales y de seguridad de sus proveedores. Esto es lo que les exigieron los sindicatos de Bangladesh y varias organizaciones no gubernamentales internacionales, como Ropa Limpia o el Consorcio de Derechos de los Trabajadores. La empresa Primark, desde su web, después de manifestar su conmoción y presentar las condolencias a los afectados, aseguró que impulsaría una revisión sobre la integridad del edificio siniestrado, que evaluaría lo que había sucedido y daría su apoyo, todo a través de su «equipo de comercio ético». ¡Qué ironía! Bajo la presión de los hechos, muchas firmas del sector textil que operan habitualmente en estas condiciones se prestaron a firmar el Bangladesh Fire and Building Safety Agreement, un programa pactado con los sindicatos y las oenegés y destinado a mejorar la seguridad de las fábricas, minimizar los riesgos laborales, permitir inspecciones independientes y aceptar el papel de control de los sindicatos. Entre los firmantes, PVH Corpo (Tommy Hilfiger y Calvin Klein), H&M, Inditex, Marks&Spencer, Primark, El Corte Inglés, Mango, Carrefour, Benetton, etc. A pesar de que este documento era poco más que papel mojado y tener pocos efectos reales, algunas empresas relevantes, como la japonesa Fast Retailing, GAP o Wal-Mart, se negaron a firmarlo. Una manera como otra cualquiera de no admitir la situación real.

Las movilizaciones airadas de los trabajadores a raíz del siniestro tuvieron como respuesta una durísima represión por parte de los cuerpos policiales de un Estado extraordinariamente dispuesto a mantener el sector exportador del textil, prescindiendo de cualquier consideración social y laboral. Atiqul Islam, presidente de la poderosa patronal del textil exportador, se mostró preocupado por «las alteraciones de la producción debidas a la agitación» y afirmó que la violencia de los manifestantes significaba «un duro golpe a la industria de la confección de ropa». No había tiempo para declaraciones de consternación en relación con el siniestro de Savar, se imponía el pragmatismo. La política gubernamental bengalí suele oscilar en estos temas combinando adecuadamente el golpe de palo y la zanahoria. Así, se ahogó cualquier movilización que pudiera poner en peligro la continuidad de este sistema en Bangladesh, prometiendo modestos aumentos de los salarios mínimos —que después se cumplirían, o no— y una cierta tolerancia del sindicalismo, ya que, en caso contrario, no habrían podido homologar el régimen, ni siquiera a nivel de mínimos, con un sistema democrático y de libertades.

Una huelga de trabajadores en Bangladesh desató manifestaciones para reclamar que se aplicara el aumento del salario mínimo que el mismo Gobierno había aprobado, pero que no se hacía efectivo, para establecerlo en 3.000 takas (43 dólares), pero fueron sofocadas con tiroteos policiales en diciembre de 2013, con un saldo de cuatro muertos. En el trasfondo estaba el hecho de que, con el derrumbe del Rana Plaza, se había generado un deterioro de la imagen del país, y algunos consumidores empezaban a hacer preguntas. Había que proceder a un intento de lavado de imagen haciendo concesiones respecto a las condiciones laborales extremas y a la seguridad, pero sin aumentar los costes salariales de manera notoria, ya que los contratos de clientes emigrarían rápidamente hacia otros países de la zona. La Unión Europea exigió cambios en la situación laboral bajo la amenaza de suprimir las exenciones arancelarias que benefician los productos textiles procedentes de Bangladesh. La Administración de Barack Obama suspendió el Sistema Generalizado de Preferencias (GSP), un plan de ayuda al desarrollo del país, dada la falta de garantías de que se respetaran los derechos de los trabajadores bengalíes. Este era el precio por el escándalo destapado con el siniestro del Rana Plaza. La presión occidental fue incluso matizada por los dirigentes de las precarias organizaciones sindicales del país, como fue el caso de Amirul Haq Amin, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Textil de Bangladesh, los cuales, a pesar de abogar por una mejora de los salarios y la seguridad de las instalaciones, no han querido poner en peligro los cuatro millones de puestos de trabajo que este durísimo sistema conlleva. Consideran, y no sin cierta razón, que la alternativa, es decir, el desempleo, es mucho peor. Como afirma un dirigente patronal bengalí: «Es hipócrita, por parte de los países que compran nuestros productos, demandar la mejora de las condiciones laborales y, al mismo tiempo, exigir precios bajos». El contrasentido económico y social de este sistema resulta bastante claro.

Y es que, en este mundo de los costes mínimos, el caso del Rana Plaza no es una excepción sino una norma, al igual que su derrumbe no fue fruto de casualidades imponderables.

La siniestralidad y los accidentes tienen antecedentes próximos a lo que sucedió el 24 de abril de 2013. El 24 de noviembre de 2012, las llamas devoraron la fábrica Tazreen Fashisons, situada en Ashulia, una zona suburbana de Daca cercana a Savar, ciudad que cuenta justamente con una zona industrial de producción textil destinada a la exportación y en donde los meses anteriores se habían producido las mayores movilizaciones de trabajadores pidiendo mejoras en las condiciones y los salarios, con huelgas y saqueos de fábricas que comportaron una durísima represión. En el incendio de Tazreen murieron 124 personas, también la mayoría chicas, que no pudieron escapar de las llamas debido a una circunstancia muy común en estas factorías, el hecho de que las puertas estén cerradas con candados durante las horas de trabajo con el fin de evitar posibles fugas de las trabajadoras. A pesar de esta gravísima negligencia, la empresa se negó a pagar indemnizaciones a las familias afectadas e incluso rehusó asistir a una reunión en Ginebra, convocada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el fin de evaluar la situación. En Tazreen se trabajaba en ese momento en la producción de ropa para Wal-Mart, Sears y Disney. Los miles de trabajadores que se manifestaron indignados a raíz de este suceso no consiguieron más que golpes de la policía y del ejército de Bangladesh. El 29 de enero de 2013, aún ardió otra fábrica textil, esta vez Smart Exports, con siete mujeres calcinadas por las mismas razones que en el caso de Ashulia. La fábrica producía en aquel momento para las marcas Bershka y Lefties, del grupo español Inditex, además de para la alemana KIK y las francesas New Look, Scott&Fox e Invest Solo. Tampoco hubo consecuencias más allá de la indignación de la población.

A pesar de las complicidades gubernamentales con este sistema de producción casi esclavista, así como con las ilegalidades urbanísticas cometidas por el propietario del Rana Plaza, la muerte de más de mil personas tenía demasiado calado como para no verse obligados a hacer algún gesto de autoridad. El nivel de irritación de los trabajadores del sector y de la población en general podía inducir a una revuelta violenta de carácter global. En este contexto, la policía y el ejército se apresuraron a anunciar la exigencia de responsabilidades a los fabricantes y al propietario del edificio derrumbado, los cuales fueron detenidos, aunque a Sohel Rana no se le pudo capturar hasta cuatro días después, en plena huida y cerca de la frontera con India. También fueron detenidos dos ingenieros municipales, los cuales habían certificado la solidez y seguridad del edificio siniestrado. Aunque era miembro del partido gubernamental, las autoridades empezaron a marcar distancias oficialmente con Sohel Rana. El presidente del Consejo de Savar, Firoz Kabir, dijo de él que era un matón y un gánster conocido en la zona. Este reconocimiento llegaba muy tarde.

Para el observador pueden resultar curiosas las complicidades del Gobierno de Bangladesh con un sistema productivo con tanta carga de explotación humana, especialmente atendiendo al hecho de que quien gobierna es una coalición de izquierdas liderada por la Liga Awami, grupo que ha sido el polo de referencia laico y progresista desde la independencia de 1971, liderado por Sheik Hazina Wazed, actual presidenta del país e hija de uno de los líderes más carismáticos de la guerra de separación de Pakistán. De hecho, los veinte años posteriores a la segregación fueron convulsos y dominados por golpes de Estado militares. Sólo a partir de 1991 se puede hablar de un régimen formalmente democrático, en el que se han alternado en el poder el Partido Nacional de Bangladesh, conservador y confesional, liderado por Khaled Zia (curiosamente también hija de otro de los dirigentes de la independencia), y la Liga Awami, que gobierna desde 2008 con la abrumadora mayoría obtenida para la Asamblea Legislativa, con 230 diputados de un total de 300. La estrategia de proteger la industria textil ha sido compartida por los dos grandes partidos, como también han aceptado ambos ser rehenes de quien realmente gobierna el país, los grandes propietarios agrícolas y los industriales exportadores.

Las condiciones establecidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) también han tenido mucho que ver con la evolución que ha seguido Bangladesh, un país tan pobre y tan interesante para las empresas multinacionales desde el momento en que apostaron por desmantelar sus fábricas en Occidente en busca de mano de obra extraordinariamente barata y flexible. Las estructuras políticas del país son prisioneras de un sector que representa el 80 por ciento de sus exportaciones y más de cuatro millones de puestos de trabajo. No hay espacio para huelgas y movilizaciones de los trabajadores, ni para mejorar las condiciones laborales y los salarios de manera significativa. Bangladesh se ha convertido en el segundo mayor exportador mundial de prendas, después de China, pero sigue siendo el segundo país más pobre del mundo, sólo superado por Haití.

El tema de la toxicidad de los entornos laborales textiles y el del uso de sustancias peligrosas en la fabricación son otros aspectos negativos de todo esto. A mediados de 2011, Greenpeace elaboró un informe con el elocuente título de «Trapos sucios», en el que, tras analizar los restos de productos químicos de conocidas marcas de ropa occidental, aseguró haber encontrado que en catorce de ellas había sustancias peligrosas como el nonilfenol etoxilato (NPE), un producto químico sintético, de toxicidad persistente y que provoca trastornos hormonales. Buena parte de las prendas de ropa de marcas como Abercrombie, Adidas, Calvin Klein, Converse, G-Star Raw, H&M, Kappa, Lacoste, Li Ning, Nike, Puma o Ralph Lauren, tenían restos de esta sustancia química que, en su fabricación en China, formaban parte del cóctel de sustancias químicas vertidas en los deltas de los ríos Yangtzé y Perla, pero que, al ser lavadas por los consumidores, afectan también a las aguas residuales de sus países. La campaña iniciada por Greenpeace al respecto, llamada Detox, provocó que marcas como Nike o Puma hicieran público su compromiso de eliminar todos los vertidos de sustancias peligrosas de su cadena de suministros y de sus productos. Otras muchas, no hicieron ni eso.

Greenpeace también elaboró un informe demoledor sobre la ropa y los juguetes vendidos bajo el sello Disney, «Ropa tóxica, marca Disney», en el que revelaban que la mayoría de piezas analizadas contenían sustancias químicas peligrosas, especialmente en sus estampados, para los que se utiliza material de PVC, el cual podría tener efectos nocivos en la salud de los niños, especialmente a largo plazo.

El Rana Plaza y los talleres textiles de Bangladesh son la consecuencia del proceso globalizador de la economía que se impulsó desde los años noventa del pasado siglo, con mercados mundiales desregulados, ya fuera de forma voluntaria o bien forzada; la fe en la eficiencia de los mercados daba a entender que este proceso supondría una fuente de oportunidades para países extraordinariamente pobres, que ahora podrían evolucionar hacia la categoría de países en vías de desarrollo. Es evidente que el lenguaje lo soporta todo. La dureza de las condiciones de producción actuales, así como los salarios de miseria, serían el requisito para arrancar tal proceso de industrialización. Así lo entendía el pensamiento neoliberal en su afán por encontrar únicamente virtudes en la desregulación. Argumentaban que, aunque inicialmente la riqueza en estos países sólo beneficiara a unos pocos, no tardarían en mejorar las condiciones de todos. La riqueza, afirmaban, se derramaría de la parte alta de la pirámide hacia su base a medida que se consiguieran condiciones de trabajo decentes. Argumentaban que sólo era una cuestión de tiempo, tal y como había sucedido en la Gran Bretaña decimonónica. La diferencia, aquí y ahora, es que cualquier redistribución de riqueza comportaría que los pedidos se fueran a otro país. Con rentas salariales de unos treintaiocho dólares mensuales y casi sin pagar impuestos gracias a las ZPE, Bangladesh continuará quedando a la cola del desarrollo. Al final, no se habrá producido el famoso take-off británico, un arranque industrial que se mantenga como proceso de desarrollo autosostenido. Bangladesh es un país prisionero de una actividad que le reporta el 70 por ciento de sus exportaciones, el 17 por ciento de su raquítico PIB y un negocio de 15.000 millones de euros cada año. Las empresas españolas Inditex y Mango, para las que se trabaja en ese país, afirman que ellos operan con plazos y volúmenes razonables y que tienen terminantemente prohibido a sus proveedores que subcontraten sin su permiso. La realidad, sin embargo, es que los proveedores, cuando están colapsados por los plazos de entrega, subcontratan en condiciones inimaginables. Las marcas están lejos, y ni controlan ni quieren saber cómo se produce, sólo les interesa el precio, la calidad y las fechas de entrega.

La paradoja de este proceso es que los consumidores de Occidente que se benefician de esta moda asequible gracias a los bajos salarios de Bangladesh son aquellos a quienes justamente los trabajadores de Bangladesh están dejado sin trabajo en sus países. Nadie en el mundo occidental trabajaría por salarios tan insuficientes e indignos, pero nos beneficiamos de que otros lo hagan, ya que ellos no se pueden permitir el lujo de decir que no. Quizá podamos continuar comprando algunas prendas de moda baratas, mientras nuestro Estado del Bienestar no haya sido liquidado y continuemos cobrando las prestaciones por desocupación. ¡Triste perspectiva! Los que creen en la inexorable mejora de la capacidad adquisitiva de los trabajadores de los «talleres del sudor» argumentan que, de aquí a unos años, también ellos tendrán acceso a los productos baratos que ahora manufacturan, y que, entonces, se fabricarán en remotos talleres africanos. En el mejor de los casos, lo que no va a desaparecer es la explotación que lo hace posible, la cual tan sólo irá desplazándose en la esfera global.

Las organizaciones sindicales y las oenegés que denuncian esta situación calculan que el salario mínimo de subsistencia tendría que ser en estos momentos de sesenta dólares mensuales en Bangladesh, en lugar de los menos de cuarenta dólares que cobran ahora. Por debajo de los sesenta dólares mensuales aún hay muchos lugares donde poder producir. Justamente por esto, tanto el liberal-conservadurismo hegemónico como una cierta izquierda justifican este sistema productivo y sus condiciones aberrantes, en la medida que la opción se plantea entre estas fábricas, o bien ningún tipo de fábrica. En el campo, el salario no llega al dólar diario, que es el umbral que las organizaciones internacionales han establecido para fijar la pobreza extrema. Por esto, según argumentan algunos, los trabajadores bengalís están dispuestos a aceptar «opciones diferentes en el espectro riesgo-recompensa», como afirma el periodista y bloguero liberal estadounidense Matthew Yglesias en la revista Slate. Según esta visión, los accidentes laborales y las muertes en las fábricas serían un sacrificio aceptado por los trabajadores. Resultan una «elección racional» ante alternativas peores, tal y como lo plantea el periodista escocés Alex Massie en The Spectator. Para las marcas, el aspecto clave es mantenerse distante de todo esto, no fuera el caso que acabara por afectar su reputación y los consumidores se diesen cuenta de que los valores que transmiten en sus campañas de marketing son poco más que una mascarada. De las decisiones que se toman en las complejas cadenas de suministro, ni tan siquiera tienen que responder delante de sus accionistas. No hay que buscar responsables individuales a esta situación, ni tampoco es el resultado de una conspiración organizada por las grandes corporaciones que dominan el mercado textil a escala mundial. Sólo es negocio. Es el resultado de una lógica económica que, a pesar de ser perversa y absurda, se desarrolla fuera de ningún tipo de control político y social. Sohel Rana es un eslabón de esta inmensa cadena de despropósitos. Como diría Hannah Arendt, ahora que se ha recuperado su figura intelectual a través de una magnífica película biográfica, es la banalidad del mal, ejercido y practicado por personas grises y anodinas, siguiendo la lógica de una cadena que es, en esencia, criminal.

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La magia de Apple se difumina en las factorías de Foxconn

A mediados de 2010, una serie de suicidios, así como numerosos intentos fallidos de quitarse la vida, pusieron el foco en una fábrica de China continental, situada en Shenzhen, la modélica ciudad de la nueva economía, y el mundo occidental se empezó a enterar de la existencia de una firma hasta entonces desconocida por el gran público: Foxconn. Aunque la mayor parte de los consumidores occidentales tenemos en casa aparatos electrónicos fabricados o ensamblados por esta industria, la marca Foxconn no nos dice nada porque, a pesar de ser un gran emporio de fabricación, sus productos no llegan al consumidor final con este nombre, ya que trabaja para grandes marcas de la electrónica. Esta es una de las típicas fábricas nacidas y crecidas a la luz de una globalización que vació las industrias occidentales y buscó lugares alejados y con mano de obra extraordinariamente barata, donde la producción se pudiera realizar de manera discreta, con sistemas de subcontrata (para no afectar la credibilidad de las marcas) y con el fuelle suficiente como para cumplir con las eventuales y compulsivas puntas de demanda de los nuevos productos y las novedades más rabiosas del mundo de las nuevas tecnologías. En principio, esta plaga de suicidios de 2010 no habría merecido más que una referencia anecdótica en nuestros informativos, como fenómeno atribuible a las peculiaridades de la cultura oriental. Sin embargo, llamó mucho la atención, debido a que alguien se ocupó de explicar que en esta fábrica se producía para una empresa paradigmática de la modernidad tecnológica, Apple, y, de manera más concreta, que las premuras con las que se trabajaba y se estresaba a los trabajadores hasta la muerte tenían como fin la producción de lo que sería una de las grandes novedades tecnológicas de la firma de Steve Jobs: el iPad.

Aunque las informaciones respecto a la ola de suicidios no coincidieron del todo, parece que entre mayo y junio de 2010, en un período de tres semanas, se produjeron una treintena de intentos de suicidio, con un balance de dieciocho muertos. No eran los primeros, dado que hay documentado uno el 16 de julio de 2009 y otro en enero del mismo 2010. Tampoco serían los últimos. Y tampoco sería la última vez que en algunas movilizaciones de trabajadores chinos de las fábricas de esta compañía se adoptara la amenaza del suicidio en situaciones de explotación extrema como a las que se veían sometidos. Algunos periodistas entrevieron que el tema merecía ser investigado con mayor profundidad. Malcom Moore, del diario británico The Telegraph, definió este lugar como un «clúster de suicidios», y comenzó a preguntar cómo era posible que marcas tan potentes como Apple, Dell, HP, Sony, Nintendo o Nokia permitieran que las condiciones de trabajo pusieran en peligro su reputación y pudieran acabar disuadiendo a los consumidores de comprar sus productos. De hecho, el primer suicidio registrado, en julio de 2009, ya levantó más polvareda de la que hubieran querido. El joven muerto, Sun Danyong, de 25 años de edad, había sido acusado tres días antes de haber hecho desaparecer uno de los prototipos del iPhone 4G aprovechando que era el responsable de enviarlos a Apple. Murió tres días después de ser registrado, agredido y torturado. No pudo soportar la humillación y se lanzó al vacío. La firma envió sus condolencias a la familia y cesó a su jefe de seguridad, toda vez que quedó demostrado que el maltrato físico era una práctica habitual con los trabajadores de Foxconn. Los problemas con filtraciones sobre los prototipos no acabarían aquí. En 2011 se detuvo a tres trabajadores de la fábrica de Shenzhen por filtrar detalles del iPad2, lo cual podía suponer notables penalizaciones económicas a Foxconn por parte de Apple.

La ola de suicidios de mediados de 2010, que al darse a conocer generó una caída de cinco puntos en la cotización bursátil de la compañía, llevó al peculiar consejero delegado de Foxconn, el taiwanés Terry Gou, a afirmar que estaba dispuesto a contratar a dos mil monjes budistas para relajar a los trabajadores y para acabar «con la energía negativa que había dentro de la compañía», además de instalar redes antisuicidio en las ventanas; una muestra evidente de que se tomaba en serio lo que estaba pasando y el porqué. Un periodista chino que se infiltró como trabajador en la factoría de Shenzhen hizo un reportaje bastante más clarificador sobre las causas de los suicidios; en él explicaba que las cadenas de producción no se paraban nunca y que muchos obreros se veían obligados a laborar durante veinticuatro horas de manera ininterrumpida. Muchos de ellos trabajaban de pie y no se podían mover durante horas, hasta el punto que, de vez en cuando, dejaban caer objetos al suelo para poder agacharse y dar una pequeña tregua a sus entumecidas piernas tras tantas horas de pie. Para este periodista chino, la causa de los suicidios era el estrés y los desórdenes mentales provocados por la rutina de la cadena de montaje, así como el agotamiento generado por un horario laboral exagerado. Y, todo ello, a cambio de un salario base de unos novecientos yuanes al mes, es decir, unos cien euros.

Eso sí, en esta factoría se baten todos los récords de productividad de la zona, a la hora de ensamblar con las manos los gadgets tecnológicos. Aunque la mayoría de sus trabajadores son jóvenes de entre 16 y 25 años de edad, estos no soportan unas condiciones laborales que vienen impuestas por los objetivos de producción que fijan las marcas y sus novedades en el mercado. Con una organización de la producción casi militar, están obligados a hacer las horas extras que convenga, lo que suele significar trabajar dieciséis horas diarias durante seis días a la semana.

A quienes les preocupó notoriamente la mala publicidad de los suicidios y de las condiciones laborales de Foxconn, una vez conocidas, fue a las autoridades chinas, alarmadas de que este «retrato» de la nueva industria china se hiciera precisamente en Shenzhen, ciudad emblemática del «milagro económico». Cerca de Hong Kong, Shenzhen es una ciudad nacida de la nada y que en veinte años ha pasado de ser un pueblo de pescadores a una ciudad de rascacielos, rodeada de plantas industriales, donde habitan y trabajan unos catorce millones de personas. A pesar de ser Foxconn una empresa con sede en Taiwán, su implicación y complicidad con el Gobierno chino era demasiado evidente como para que el nuevo modelo económico del país no sufriera un desgaste de imagen notable. Así pues, como respuesta al malestar de los trabajadores, la compañía anunció un aumento medio de los salarios del 20 por ciento, para que así no tuvieran que hacer tantas horas extraordinarias y pudieran reducir sus niveles de estrés. Poco después, las autoridades forzaron a la empresa a aumentarlos hasta cerca del 70 por ciento, lo que significaba acercar el salario a los 2.000 yuanes al mes. Las marcas para las que producía se apresuraron a explicar que dicho aumento había sido fruto de sus propias presiones, de acuerdo con su código de responsabilidad corporativa interno, el cual hacían extensivo a los proveedores. De hecho, no fue exactamente así como fueron las cosas. Todavía en otoño, la presión de las autoridades chinas sobre Foxconn para obligarla a lavar su imagen se puso más en evidencia. Un informe elaborado por una quincena de universidades chinas sobre las condiciones laborales de Foxconn denunciaba que esta obligaba a los trabajadores a hacer una media de 83,2 horas extraordinarias al mes (más del doble de lo permitido en China), que se forzaba a los operarios a hacer más horas de la cuenta y que además muchas de ellas no se pagaban, así como que se falsificaban los certificados médicos de los empleados obligados a tratar con sustancias peligrosas y que la violencia física era un hecho bastante común. La respuesta de la compañía, hay que pensar que con el beneplácito del Gobierno chino, fue cambiar la estrategia de localización, abriendo nuevas fábricas o bien ampliando las instalaciones existentes en las zonas rurales interiores de China, por el hecho de estar menos en el escaparate y para poder pagar así salarios más bajos, los propios de un entorno rural. Argumentaron que lo hacían para no desplazar tantos contingentes de población hacia ciudades ya superpobladas. Asimismo, la compañía comenzó a reforzar su presencia en otros países, especialmente en Sudamérica, y anunció una importantísima inversión en Brasil, cifrada en doce mil millones de dólares y cien mil nuevos puestos de trabajo. Esta era su respuesta al aumento de los salarios en China.

Foxconn es la joya de la corona de una corporación radicada en Taiwán, Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., con sede en el distrito de Tucheng del Nuevo Taipei. Fue creada en 1974 por Terry Gou Tai-Ming, hijo de un exiliado chino por causa de la revolución maoísta. Comenzó con un capital de 7.500 dólares de su madre, fabricando botones para televisores en blanco y negro en un suburbio de Taipei. Su primera expansión, aunque modesta, la hizo en 1980, cuando empezó a fabricar conectores para la palanca de mando de la consola de Atari. En los años ochenta consiguió pedidos de clientes norteamericanos, lo que le llevó a construir, en 1988, su primera y aún hoy más importante fábrica en China, en Shenzhen. En los años noventa se especializará en la construcción de carcasas para ordenadores y videojuegos, trabajando para Compaq, HP, IBM y Apple, así como televisores de LCD, como los de Sony y LG. A partir de 2000, su crecimiento exponencial va íntimamente ligado a la aparición de los smartphones, las consolas avanzadas de videojuegos y las tabletas. Se dice pronto..., Foxconn fabrica el 40 por ciento de los productos electrónicos que se consumen a escala mundial. De sus factorías salen los iPod, iPhone e iPads, así como las videoconsolas de Nintendo y Microsoft (la Xbox). Su estructura productiva principal está en China, donde cuenta con 13 complejos industriales en nueve ciudades, y ocupa a cerca de un millón de trabajadores. La factoría de referencia está en Shenzhen, con una inmensa edificación amurallada de tres kilómetros cuadrados, que contiene quince fábricas y 450.000 trabajadores. El modelo de fábrica de este complejo, con dormitorios para los trabajadores, tiendas, servicios e incluso canal propio de televisión, es el que ha adoptado la corporación en otras ciudades chinas. Además de estar presente también en Pekín y Shanghái, la estrategia de Foxconn ha consistido en crear nuevas instalaciones en la China rural y del interior. Acoge más de 230.000 trabajadores en la factoría de Zhengzhou (Henan), y 70.000 en Yantai (Shandong). Está también en Chengdu (Sichuan), Wuhan (Hubei) o Taiyuan (Shanxi), zona de la cual procedía la familia del propietario.

Además de en China, tiene equipamientos industriales, con un global de 500.000 trabajadores adicionales, en muchos otros países. Dispone de cuatro fábricas en Malasia; está presente en la zona especial de Chennai, en India; tiene también fuerte presencia en países emergentes sudamericanos, especialmente en Brasil (Manaus, Indaiatuba, Sorocaba, Jundiai o Santa Rita de Sapucaí) y en México (San Jerónimo, Ciudad Juárez o Tijuana). En Europa, Foxconn tiene fábricas en Rusia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa, país este último en el que se ha convertido en el segundo mayor exportador. En 2011, su facturación global fue de 102.740 millones de dólares, y su beneficio neto alcanzó los 2.640 millones de dólares. En 2012, la facturación de la compañía aumentó hasta los 128.000 millones de dólares. El relativo fracaso comercial del iPhone5 provocó el empeoramiento de los resultados en el ejercicio de 2013.

Aunque actualmente sólo es propietario del 13 por ciento de las acciones, la compañía está muy ligada a la figura de su fundador, Terry Gou. Modelo asiático de empresario y hombre adinerado hecho a sí mismo, tiene una fortuna que la revista Forbes sitúa cerca de los 6.700 millones de dólares (en 2014). Hay abundante literatura sobre su capacidad emprendedora, así como sobre su sentido para acercarse al poder y beneficiarse del mismo, y destaca por su empecinamiento en condicionar la vida política taiwanesa. Su compañía logró el crecimiento más significativo a partir de un viaje suyo a Estados Unidos, en 1980, durante la cual, y a lo largo de once meses, visitó «a puerta fría» todo tipo de empresas para buscar clientes. Se cuenta que se presentaba sin avisar en una limusina para dar imagen de riqueza, pero que, de hecho, se hospedaba en el mismo coche ya que no se podía costear el hotel. Con escasa formación, Terry Gou tiende a menudo a hacer declaraciones polémicas, como cuando afirmó que tener empleados era como tener animales y que más de un millón de animales daban muchos dolores de cabeza.

Desde 2010, Foxconn se convirtió en el punto de mira de varias organizaciones internacionales y oenegés preocupadas por los temas de explotación laboral. El carácter mediático de su trabajo para Apple también explica este interés. En abril de 2011, el periódico The Guardian publicó un informe independiente elaborado sobre Foxconn, en el cual se confirma que los salarios en el interior de China son bastante inferiores a los de la costa. En la factoría de Chengdu (Sichuan), los trabajadores cobran 73 céntimos de euro a la hora fabricando los iPhone e iPad, lo que significa 141 euros mensuales, con semanas de 48 horas. Esto quiere decir que los empleados trabajan muchas horas extra, tanto en el interés de la empresa como del suyo propio, con tal de mejorar un salario bastante misérrimo. Aunque la legislación china sólo admite 36 horas extraordinarias mensuales, los trabajadores de Foxconn pueden llegar a hacer hasta 98 horas extras, y obtienen un día de fiesta de cada trece. El artículo acusa a la empresa de tratar de manera inhumana a los trabajadores, aplicándoles castigos físicos y humillaciones públicas por errores cometidos en el trabajo. Los dormitorios de los empleados son insalubres y están saturados (con veinticuatro personas cada uno). Para evitar los suicidios, se han dispuesto redes bajo las ventanas y se obliga a los trabajadores a firmar una declaración comprometiéndose a no quitarse la vida. Toda una garantía. El gerente de la planta argumenta que las horas extras son voluntarias y que los suicidios del año anterior «obedecían a un efecto copia». El aumento del coste de la mano de obra comportó que la empresa apostara por una mayor tecnificación de las líneas de montaje, anunciando la compra de un millón de robots para mejorar la eficiencia y rapidez en las líneas de ensamblaje. Curiosamente, los aumentos retributivos inducidos por el Gobierno chino en Foxconn han tenido efectos importantes en la industria china de exportación. Se habla del «efecto Foxconn» derivado de las subidas de salarios en China, que habría estimulado la tendencia a la salida de muchos fabricantes hacia Bangladesh, Vietnam o Filipinas, buscando menores costes laborales y autoridades políticas más atentas a sus intereses.

En mayo de 2011, en la misma fábrica de Foxconn en Chengdu se produjo una explosión que provocó cuatro muertos. La causa tenía que ver con unas malas condiciones de ventilación que ya se habían denunciado: acumulación de polvo de aluminio, que, además de ser tóxico para la salud de los que lo respiran, es altamente inflamable. La explosión resultó de una gran violencia, destruyendo la totalidad de un edificio y provocando un gran incendio en la zona donde se pulían los iPads. Unas dieciocho personas tuvieron que ser hospitalizadas por quemaduras muy graves, y muchos quedarían desfigurados. Este es el precio que se paga por disponer en Occidente de dispositivos electrónicos sofisticados y producidos de manera rápida y masiva. A pesar de todo, el crecimiento de Foxconn no se detiene. La fuerte demanda de móviles y de tabletas llevó a la empresa a anunciar en diciembre de 2011 la contratación de otros 100.000 trabajadores adicionales para poder doblar la producción de iPhones, de los 200.000 a los 400.000 diarios, en la fábrica de Zhengzhou, convirtiendo esta factoría en la mayor productora de móviles del mundo. Que la mano de obra cueste aquí, en salarios, dos tercios de lo que cuesta en las zonas costeras de China explica bastante la opción por esta ciudad alejada de todo. Una pancarta que preside la fachada de la fábrica muestra esta inscripción amenazadora: «Trabaja duro en tu lugar hoy o trabaja duro mañana para encontrar otro trabajo». Unos meses después, y aún en 2011, una explosión de características similares se produjo en la fábrica de Shenzhen, provocando unos sesenta heridos, veintitrés de los cuales tuvieron que ser hospitalizados por sus quemaduras. Como afirmó un experto en materia de seguridad laboral estadounidense: «Si el polvo de aluminio planteara un problema muy difícil, lo entendería. ¿Saben lo fácil que es controlar este polvo? Se trata sólo de ventilación. Ya hace un siglo que se resolvió esta cuestión». Las explosiones volvieron a poner en el punto de mira de los medios de comunicación las medidas de seguridad y la explotación de Foxconn, y, por extensión, a Apple. A comienzos de 2012, The New York Times publicó un extenso reportaje sobre los costos humanos que llevaba incorporados el iPad, describiendo las condiciones de trabajo próximas a la esclavitud de las fábricas chinas que lo producían, así como las contradicciones en las que incurría Apple, al aducir su exigencia de unos estrictos códigos de conducta a las empresas proveedoras, cuando, en realidad, aprietan al máximo los precios con los que operan, lo que provoca la existencia de unos salarios bajísimos y unas casi nulas medidas de seguridad. El reportaje, firmado por los periodistas Charles Duhigg y David Barboza, causó un fuerte impacto, y no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ya que muchos periódicos, entre ellos El País, lo reprodujeron. A partir de entonces, tanto Apple como Foxconn se verían obligadas a poner en marcha la maquinaria de la justificación y a realizar acciones de lavado de imagen, especialmente cuando un grupo de activistas llamado Swagger Security consiguió piratear el sistema informático de Foxconn, penetrando en su intranet y sacando a la luz informes y correos electrónicos de la compañía en los que se evidenciaban sus sistemas de trabajo. Coincidió esto con una campaña en la red iniciada por Change.org, que consiguió 200.000 adhesiones para criticar el hecho de que Apple recurriera a empresas suministradoras caracterizadas por niveles de explotación tan elevados, así como para reclamar a la marca la fabricación de un iPhone5 «ético». Esta demanda fue entregada en mano, con todo tipo de cobertura mediática, en la tienda de Apple de Central Station, en Nueva York.

Apple pidió incorporarse a la entidad independiente que vela por las buenas prácticas en el trabajo, la Fair Labor Asociation (FLA), anunciando que esta organización independiente auditaría las fábricas de sus proveedores, especialmente las de Foxconn en Shenzhen y Chengdu, haciendo bandera de los valores de la compañía de la manzana en pro del trabajo justo y seguro en todo el mundo. En la misma línea se anunció que se permitiría que un programa de la televisión estadounidense accediera a las fábricas de Foxconn para hacer un reportaje sobre las condiciones laborales. La beneficiaria de esta exclusiva fue la cadena ABC (y su famoso programa de televisión «Nightline»), a la que se le prometió libre acceso a las instalaciones y la posibilidad de entrevistar a los trabajadores. El programa fue emitido el 21 de febrero de 2012. Lógicamente, tras esta entrada televisada preparada, los redactores afirmaron no haber encontrado pruebas concluyentes de los famosos abusos a los trabajadores, que sólo se quejaron de unos salarios muy bajos, que cifraban en 1,35 euros por hora. Es decir, que para comprar uno de los mágicos productos que ensamblan, necesitarían el salario de cuatro meses. Casi todo fueron datos curiosos sobre el sistema de producción de los aparatos de Apple, remarcando la capacidad organizativa y la laboriosidad que presidía el proceso productivo. Nada de malos tratos, sustancias tóxicas, horarios interminables ni agotamiento. No pudieron evitar, sin embargo, una anécdota destacable: los trabajadores reconocían no haber visto nunca en funcionamiento los iPad que fabricaban. No son para ellos.

Aún en la misma línea de «masaje» a la marca Apple, The New York Times publicó un artículo que compensaba la crítica del reportaje publicado anteriormente. Tras afirmar que la explotación de trabajadores en procesos productivos industriales se había moderado mucho desde que, veinte años antes, se había estremecido el mundo al ver cómo se producían las deportivas Nike, y destacaba que las jornadas interminables y el trabajo infantil eran una minucia, considerando que Apple había alcanzado en el primer trimestre de 2012 unos beneficios récord de 13.000 millones de dólares. El reportaje reconocía que el hecho de que la mano de obra sólo representara diez dólares de los 549 dólares que costaba un iPhone4 en las tiendas era un poco desproporcionado, pero creía que este era el precio de la globalización, la cual, según decía, estaba sacando a China de la pobreza, destacando que los salarios en industrias como Foxconn eran superiores y crecían mucho más rápidamente que los de la agricultura. El artículo concluye con una cita de la economista británica Joan Robinson, expresada hace más de cincuenta años, que resume la actitud comprensiva hacia la miseria material y moral sobre la que se elaboran nuestros deseados productos: «La miseria de ser explotados por capitalistas no es nada en comparación con la miseria de que no te exploten en absoluto». En medio de todo esto, Foxconn anunció un aumento salarial medio del 20 por ciento para todo su personal.

El informe de la FLA sobre los proveedores de Apple fue, como era de esperar, sólo moderadamente crítico. Ponía en evidencia violaciones de la legislación laboral en forma de horarios extremos o bien el impago de las horas extraordinarias, pero explicaba que la mayor parte de los trabajadores no se quejaban de exceso de horas de trabajo, sino que tenían interés en hacer más. A partir del informe, Apple y Foxconn escenificaron un acuerdo según el cual, además de mejorar los salarios, se reducirían los topes máximos de horas semanales trabajadas de 60 a 49, aunque los de Cupertino no dejaban de afirmar que estos acuerdos los pagarían los consumidores en forma de precios más elevados. Los prejuicios cuestan dinero. El acuerdo fue presentado a bombo y platillo como un hito histórico que marcaría los estándares para el resto del sector, considerando que lo firmaba la corporación con mayor valor de mercado y el mayor manufacturero del mundo y proveedor de los productos acabados para aquella. Las malas noticias para ambas compañías, sin embargo, no se habían acabado del todo.

En el mes de septiembre de 2012 se produjo una batalla campal entre trabajadores en la factoría de Taiyuan (Shanxi), entre 2.000 empleados de los cerca de 80.000 que allí trabajaban. Tuvo que intervenir la policía, practicando detenciones, y fueron hospitalizadas una cuarentena de personas heridas. Aunque Foxconn aduce que la pelea no tuvo que ver con la empresa y que obedecía a rivalidades de tipo personal, algunas fuentes argumentaron que el enfrentamiento tenía relación con el estado de tensión que se vivía en la factoría, debido a los intensos ritmos de trabajo que imponía la salida al mercado del iPhone5, que se montaba allí. Esto estaría relacionado con la huelga que, semanas después, llevarían a cabo unos 4.000 trabajadores de la fábrica de Zhengzhou (Henan), irritados por la presión a que se veían sometidos a causa de los pedidos del iPhone5; la actividad se detuvo durante unos días, lo que hizo sufrir a Apple para conseguir la suficiente disponibilidad de este producto en las tiendas. Lógicamente, Foxconn adujo que eran incidentes aislados y que la normalidad se había recuperado de manera rápida. La contundente intervención de los cuerpos policiales chinos en contra de los huelguistas tuvo bastante que ver.

Ese mismo mes de octubre de 2012 estalló un nuevo escándalo en relación con una cuestión muy sensible entre los consumidores occidentales, como es la del trabajo infantil. La radio china denunció que niños de 14 años de edad trabajaban como aprendices en la fábrica de Foxconn de Yantai (Shandong). La compañía admitió la veracidad de la información, y se disculpó aduciendo que eran estudiantes en prácticas, debidamente remunerados. Muchos profesores de la zona, sin embargo, explicaron que las autoridades locales les habían obligado a enviar a unos diez mil adolescentes a trabajar bajo este régimen, dado que la fábrica necesitaba mano de obra adicional para cumplir con las cuotas de producción asignadas y los plazos fijados. A estos estudiantes se les condicionaba la obtención de sus títulos educativos a la realización de unas prácticas de once horas diarias en Foxconn. Para mejorar su imagen, Foxconn respondió con un comunicado en el que declaraba que pensaba dar un mayor papel a los sindicatos en la empresa (cuando había sido acusada reiteradamente de perseguir la actividad sindical con el beneplácito de las autoridades chinas), con la pretensión de ganar, al menos ante los ojos occidentales, una cierta imagen de normalidad. Apple ya se había visto involucrada con la polémica del trabajo infantil cuando, a principios de 2011, obligó a reincorporar a la escuela a un centenar de criaturas que se habían detectado en unas diez fábricas que trabajaban para ellos en China. Argumentó que a los subcontratistas que se negaran a seguir las estrictas directrices respecto al trabajo infantil se les rescindiría el contrato.

En el mes de junio de 2013, una nueva evidencia de la presión a la que se somete a los trabajadores de Foxconn saltó a los medios de comunicación, cuando más de trescientos trabajadores de la planta de Wuhan hicieron pública su voluntad de suicidarse de manera colectiva. Esta vez, la empresa occidental que indirectamente hacía meter presión a los ritmos de trabajo a fin de garantizar la entrega de sus pedidos no era Apple, sino Microsoft, ya que en esta factoría se producen las últimas versiones de la consola Xbox, fabricada por Microsoft. Por supuesto, Microsoft reaccionó rápido, apelando al estricto código de conducta que afirman tener respecto a las condiciones de producción de sus proveedores.

Probablemente, no hay ninguna marca que simbolice tanto la modernidad tecnológica y el triunfo de las nuevas tecnologías como Apple. Ya en los años ochenta y noventa con los ordenadores personales, y posteriormente con los dispositivos musicales, los teléfonos inteligentes, las tabletas, etc., el símbolo de la manzana (primero coloreada con los tonos del arcoíris y después monocromática) ha sido sinónimo de novedad y de estar al día. La marca de Cupertino, que en un primer momento representaba la opción de una «inmensa minoría» selecta en relación con los ordenadores personales, se ha convertido con el paso del tiempo y con los nuevos instrumentos asociados a las nuevas tecnologías, en una marca de masas, un paradigma de compañía global que hace gala de unos valores incorporados que hacen de sus consumidores unos auténticos adeptos. Hay una mística implícita en su símbolo y en sus productos que arranca con el mito de la innovación hecha desde el garaje de casa. Y, ciertamente, en la informática doméstica y en las nuevas tecnologías ha ido siempre un paso por delante y ha marcado el camino para los demás. Representa como nadie el mundo del emprendimiento, el ingenio tecnológico y el abuso de marketing asociado a California y Silicon Valley. De aquella empresa de los setenta y ochenta, con directivos informales y que iban a trabajar con calzado deportivo, queda poco más que la estética, pero probablemente es el ejemplo de desarrollo empresarial que más se ha explicado en las escuelas de negocios y que más ha contribuido a configurar la filosofía que allí se elabora.

La historia de la compañía, al menos en sus aspectos más formales, es suficientemente conocida. Nace en 1974 en el garaje de Steve Jobs, que funda la empresa junto con Steve Wozniak y Ronald Wayne, en Cupertino (California). Jobs tenía escasamente 20 años de edad, y gracias a la aportación de 250.000 dólares de Mike Markkula, pudo crear Apple Computer. El relativo éxito del Apple I (doscientas unidades vendidas), los llevó a crear el Apple II, modelo que inicia el concepto de ordenador personal, el cual no tenía que ser montado, que se entregaba en una caja plastificada y con monitor a color incorporado; estaba pensado para usuarios profanos, mientras que los otros fabricantes de ordenadores sólo pensaban en el mundo de la empresa. Se había configurado el nuevo canon de la informática. La idea de Jobs era que había que crear novedades constantemente, pues la obsolescencia de los productos sería rápida. Con todo, la salida del ordenador Apple III, en 1980, fue un gran fracaso, como lo fue también el modelo que debía competir con IBM en el mundo de los usuarios de empresa, el Lisa, fracaso debido, en parte, a sus elevados precios unitarios, de entre 4.300 y 7.900 dólares, el primero, y unos diez mil dólares, el segundo. A pesar de todo, algunas novedades que presentaba este producto serían la base del salto de calidad que significaría la línea Macintosh, como era sustituir la línea de comandos por el mousse, así como un concepto tomado de Xerox: la interfaz de usuario gráfico. Mientras tanto, IBM atacaba el segmento de mercado de usuarios particulares con la salida del IBM PC.

El Macintosh apareció en Estados Unidos el 24 de enero de 1984, en pleno auge del mercado de ordenadores personales, pero, a pesar de su éxito, su elevado precio (2.495 dólares) hizo que sus ventas no fueran las previstas. Este ordenador se emparejó a la salida de dos novedades importantes de Apple, la impresora LaserWritter y el programa PageMaker, creándose el concepto de autoedición. Mientras tanto, Apple había sustituido a su director general Mike Markkula por John Sculley, procedente de la dirección de Pepsi, de quien se explica que Jobs lo convenció diciéndole que dejara de perder el tiempo vendiendo bebidas azucaradas y se asociara a él para cambiar el mundo. Lo cierto es que, dos años después, en 1985, fue Sculley quien forzó la salida de Steve Jobs de Apple, la empresa que había creado en el garaje de su casa.

Fuera de la compañía, Jobs crearía NeXT Computer Inc. y la empresa dedicada al cine de animación Pixar, a través de la cual acabaría convertido en el accionista más importante del gigante Disney. A pesar de continuar siendo un referente en el mundo de la informática personal por sus diseños avanzados y por el carácter intuitivo para operar con su software, Apple se mantuvo en una posición minoritaria en el mercado, dominado por los precios más amables de los PC (personal computer) y del software de Microsoft. Vincular el ordenador con un único software propio se había demostrado una estrategia equivocada, tal y como muy bien entendió Bill Gates. Después de años de dificultades, se llamó a Jobs en 1997 para que se reincorporara a la compañía de la manzana como máximo directivo y con la finalidad de reorientarla. En 1998 sale el innovador iMac, pero lo más novedoso fue el cambio de modelo de negocio, volcado ahora a la industria musical con la salida del iPod, en 2001, y el iTunes, en 2003, tienda virtual que ya avanzaba una de las líneas de futuro del mundo digital: evolucionar de la venta de productos hacia la venta de servicios. Así, el carácter visionario que se atribuye a Steve Jobs, quedó especialmente patente en el momento en que entendió las posibilidades que ofrecía la telefonía móvil si se dotaba a los terminales de muchas más prestaciones y facilidades de accesibilidad a través del sistema de pantalla táctil. Así, en 2007 nació el iPhone, que abriría el camino al éxito de los smartphones, con conexión a internet y la incorporación de aplicaciones (apps), pequeños programas para acceder a juegos y servicios. Esta vez, Jobs había aprendido la lección del carácter fallido de asociar herramienta y software, de modo que la creación de nuevas apps se abrió a la nueva cultura colaborativa que se iba imponiendo en el mundo de internet y de la informática. El surgimiento, en 2010, del iPad, anunciado y esperado de manera masiva, supuso un gran éxito comercial y la creación de la línea de productos conocida como tabletas. Apple seguía marcando la pauta.

Hoy, Apple se ha convertido en un gigante, y desde 2011, cuando superó a Exxon, es la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, con un valor de alrededor de 600.000 millones de dólares. Su facturación en 2012 fue de 150.000 millones, y su beneficio neto de 41.000 millones de dólares. Que los beneficios netos significaran el 27 por ciento sobre la facturación nos indica ya los márgenes brutales con que trabaja esta marca, gracias a los bajísimos costes laborales conseguidos con la externalización de la producción en países del tercer mundo o en zonas industriales de países con precarias condiciones laborales. Para tales dimensiones de producción, Apple sólo dispone de 72.000 trabajadores de manera directa, mientras que los millones de empleados que acaba necesitando en los momentos álgidos de la comercialización de los nuevos productos no son de su incumbencia. Los grandes márgenes se explican también por haber incorporado la política de precios como un elemento de marketing. Los precios elevados aumentan la valoración y el deseo del producto y hacen sentir al comprador afortunado y un poco más especial. También tiene que ver en ello la bajísima carga fiscal que soporta Apple, ya que aprovecha exenciones de todo tipo, radica algunas de sus sedes en seudoparaísos fiscales, como Irlanda o Luxemburgo, y produce en las llamadas zonas de procesamiento de exportaciones (ZPE), donde no se paga casi ningún tipo de impuesto. También en esto han creado tendencia, ya que vivimos en una época en la que las grandes corporaciones globales, además de dejarnos sin trabajo y vendernos sus productos imbuidos de un halo místico, contribuyen fiscalmente poco o nada.

En los años noventa, Apple hizo una apuesta clara por la producción y el ensamblaje de sus productos en fábricas del continente asiático. Era una necesidad porque su producción era cada vez más masiva, y de este modo seguían la tendencia general en el mundo occidental de llevar la fabricación hacia zonas muy necesitadas de trabajo y donde las exigencias medioambientales, que ya empezaban a ser importantes en el primer mundo, todavía eran inexistentes. Era la globalización de la economía, las condiciones de la cual había establecido el llamado Consenso de Washington pocos años antes. Como el lenguaje contiene carga, no le llamaron «fuga», sino «deslocalización», mientras en Europa y Estados Unidos se teorizaba sobre las ventajas de lo que dio en llamarse la era postindustrial, que no era sino el desmantelamiento de las fábricas de los países que, justamente, habían iniciado la industrialización. A partir de ahora, nos dedicaríamos a la innovación, al diseño de los productos, a crear marcas y a las finanzas.

Apple disponía de un proceso de comercialización especialmente adecuado para recurrir a estructuras productivas muy amplias y flexibles. El suministro que requería no era regular y continuado, sino sincopado, ya que el factor novedad creaba puntas de demanda muy pronunciadas y había que satisfacerlas. Sus productos, si bien no caían en la obsolescencia rápidamente, sí pasaban de moda en poco tiempo, por lo cual se tenían que sustituir por diseños nuevos sobre los que se había creado una gran expectativa y mucha avidez por poseerlos, tal y como detectó muy pronto Steve Jobs al profundizar en el funcionamiento y la lógica de este mercado. Se habían de producir millones de iPods o iPhones en muy poco tiempo e inundar un mercado que sostendría el punto álgido de demanda durante poco tiempo. Después, las necesidades de fabricación y suministro caerían rápidamente, mientras que la empresa debería adecuar la estructura productiva a otro nuevo dispositivo tecnológico. Esto habría sido imposible hacerlo en Estados Unidos y Europa a unos precios razonables, y no hubiera habido fábrica ni normativa laboral que lo soportara. En momentos determinados, se requería de cadenas de trabajo de millones de trabajadores, y esto sólo era factible en países donde la pobreza de la población presionara a los trabajadores, dispuestos a todo para salir de la miseria del campo. Hacían falta estructuras flexibles, donde la carga de trabajo se pudiera multiplicar y disminuir de manera casi automática y con pocos costes, ya fuera con turnos de trabajo interminables, con horas extraordinarias, con despidos sin coste o con una reserva de mano de obra ingente.

Los bajos costes laborales son un elemento fundamental de la apuesta, y no sólo de la deslocalización, sino de la mera externalización de la producción, por muchos más aspectos que los exclusivamente salariales. La cuestión era evitar tener responsabilidades sobre una masa tan inmensa de personas, y eludir cargar con sus problemas y su suerte. Lógicamente, el salario es una variable importante, en la medida en que la producción en China significaba un coste por hora de en torno a un 10 por ciento del que se habría tenido que pagar en cualquier país del mundo occidental. A diferencia de la moda barata del sector textil, donde los estrechos márgenes requieren buscar la ubicación de la producción en los países más extremadamente pobres, los precios relativamente altos de los productos de la marca de la manzana, entre otras razones por una cuestión de marketing, les daban un cierto margen para aceptar aumentos de salarios a fin de evitar conflictos que pusieran en cuestión los valores de la marca. Así lo hizo Foxconn en China. Cabe decir, que se puede ser «generoso» salarialmente hablando cuando el punto de partida es tan extremadamente bajo. Una cosa es cierta: hay una relación directamente proporcional entre las colas kilométricas que se producen ante las megatiendas de Apple cuando aparece un nuevo producto y el empeoramiento de las condiciones de trabajo y el número de horas extras que tienen que hacer cientos de miles de trabajadores de Foxconn en China. ¡Qué paradoja! Cuando para algunos poseer un iPad es una fiesta, para otros es una condena.

Uno de los aspectos clave de Apple es producir en zonas alejadas de los focos de los medios de comunicación, es decir, la confidencialidad. Las características de los nuevos productos se anunciarán de manera dosificada como una estrategia de comunicación corporativa y de marketing, con tal de aumentar las expectativas. No se puede estar a merced de que algún trabajador o empresa que trabaje en los nuevos prototipos venda la información a la competencia o que, para obtener unos minutos de gloria, cuelgue ese tipo de datos en internet. El secretismo ha sido siempre una norma básica de la compañía, la cual condiciona los contratos de suministro al estricto cumplimiento de confidencialidad. No es sólo cuestión de secretos industriales, se trata también de evitar que se conozca el «cuarto oscuro» de su producción, el dónde y el cómo se hace su fabricación, no fuera a ser que algún consumidor sensible se empezara a cuestionar algunas cosas.

Ha existido siempre el interés deliberado de que dichas condiciones de producción, inasumibles en la mentalidad occidental —y probablemente en todas, si descartamos el estado de necesidad extrema—, no se conocieran, para que no contaminaran una marca a la que se le atribuyen todo tipo de valores positivos, lo cual afectaría a su reputación. Cuando salió a la luz la ola de suicidios de Foxconn, la respuesta de la compañía fue contundente desde el punto de vista comunicativo, intentando contrarrestar los mensajes negativos con un alud de novedades, expectativas, ruedas de prensa y artículos en positivo por parte de periodistas «amigos». Pero, en tiempos de internet y de redes sociales, hay informaciones y ganas de conocer que son difíciles de contener.

En la primavera de 2012, Tim Cook, el nuevo consejero delegado de Apple, viajó hasta Zhengzhou para revisar las condiciones laborales de Foxconn, ya que la reputación de la marca estaba en entredicho al haber sido divulgadas por los medios occidentales las deplorables condiciones laborales en las que se trabajaba, alertados por los numerosos accidentes y suicidios que se habían producido. Con su visita de inspección, Tim Cook quería demostrar que la marca se tomaba el tema muy seriamente, y dio un claro y público toque de atención a la compañía taiwanesa, que se vio obligada a contratar más personal y aumentar los salarios. Como uno de los problemas de fondo de Foxconn era el estrés que provocaban los gigantescos pedidos del iPhone5, Apple contrató a una nueva compañía proveedora, también taiwanesa y con una amplia implantación en la China continental, de cara a complementar la producción de Foxconn. Se optó por Pegatron Corporation, empresa fabricante de aparatos electrónicos, la cual decidió contratar a 50.000 trabajadores adicionales a los 100.000 que tenía en plantilla, con el objetivo de reforzar sus plantas de Shanghái y Suzhou y así abastecer la compañía de la manzana. Las cosas, sin embargo, no han mejorado mucho. Hace muy poco, China Labor Watch (CLW), organización no gubernamental radicada en Nueva York y liderada por el activista laboralista chino Li Qiang, ha publicado un informe demoledor sobre las condiciones laborales de Pegatron, las cuales serían bastante peores que las de Foxconn. Desde Apple han respondido que no saben nada y que todo lo que se documenta en el informe es nuevo para ellos. Formalmente se trabajan 49 horas semanales que es el límite fijado en China, pero se falsean los documentos para convertir en fantasmas los cientos de horas extras que se obliga a hacer a los trabajadores, además de cometerse otras infracciones en materia de seguridad y de derechos laborales; el informe contabiliza 86 de estas infracciones, entre las que están el despido de mujeres embarazadas, el trabajo de menores de edad o los salarios diarios inferiores a 1,50 dólares. En el informe están presentes también otros proveedores de Apple en China, como son Avy Electroplating, en Suzhou, o Riteng Computer Components, en Shanghái, con evaluaciones similares.

Uno de los aspectos que Apple no ha podido evitar que saliera a la luz, es la poca sensibilidad de la compañía respecto a los temas medioambientales. De hecho, es bastante conocido que el propio Steve Jobs le planteó al presidente Obama que eliminara las legislaciones laborales y medioambientales en Estados Unidos. Muchos de los materiales utilizados en sus componentes son notoriamente tóxicos, y algunos de ellos vulneran la legislación europea. También es extremadamente grande su huella de carbono, especialmente atendiendo al uso de metales y minerales raros, así como la gran variedad de productos químicos altamente contaminantes que utilizan en los procesos de producción. En 2007, la organización Greenpeace llevó a cabo una campaña contra Apple por este motivo, y muchos activistas se movilizaron pidiendo a la compañía que apostara por un iPhone verde. Apple se defendió, colgando en su web un decálogo de las exigencias, protocolos y certificaciones medioambientales que poseía. Aun en 2011, el Instituto de Asuntos Públicos y Medioambientales de Pekín elaboró un informe con todo tipo de detalles sobre el carácter contaminante de la práctica totalidad de los proveedores de Apple en China, a los que acusaba de verter residuos contaminantes y metales pesados en los terrenos cercanos a donde operan, así como de representar una gran amenaza para la salud pública. Pero, más allá de los considerandos medioambientales más genéricos, los productos de esta marca obligan a muchos trabajadores a operar en condiciones de alta toxicidad, a menudo extremas y que causan enfermedades y muertes, como el proceso de pulido de sus famosas pantallas táctiles. Los problemas no se limitan al polvo de aluminio de las carcasas del iPad y la carencia de ventilación en las naves industriales donde se realiza. Durante dos años, su proveedor Wintek, también taiwanés y radicado en la China continental, utilizó un producto notoriamente venenoso, el n-hexano, que provoca daños en el sistema nervioso y parálisis, y que sólo dejó de utilizar en 2010, cuando su carácter venenoso ya había provocado numerosas intoxicaciones y la muerte de algunos trabajadores que pulían las pantallas táctiles. El mismo Steve Jobs, en 2007, a raíz de la campaña de Greenpeace, había publicado en la web de la compañía una nota en la que exhibía un gran conocimiento de los temas relacionados con la toxicidad de algunos materiales, argumentando que la suya era la primera compañía en eliminar el plomo, el cadmio, el cromo hexavalente, el mercurio, el arsénico y el cloruro de polivinilo de los empaquetados. Considerando los informes independientes posteriores, las cosas no se hicieron ni de manera tan rápida ni tan exhaustiva en las fábricas de sus proveedores. Todavía a mediados del 2012, la ciudad de San Francisco anunció que no pensaba comprar más productos de Apple, dado que no cumplía los estándares verdes y había renunciado a la certificación que los acreditaba.

Apple siempre ha argumentado disponer de un estricto código de conducta para sus proveedores, a los cuales impondría su cumplimiento como condición para mantener las relaciones comerciales. Este código de conducta afectaría a las condiciones laborales y los horarios de las fábricas, los salarios, los productos tóxicos, la no contratación de menores y el respeto por el medio ambiente. La compañía hace informes de auditorías anuales a los proveedores, obligándolos a resolver los incumplimientos detectados y, según afirman, rescinden el contrato de las empresas reincidentes. En realidad, una vez se firma un acuerdo de suministro, como explican antiguos directivos de la compañía, la empresa ya no presta demasiada atención ni a las condiciones de trabajo ni a nada que no sea la calidad de los productos y el cumplimiento estricto de los calendarios de entrega. Ciertamente, han forzado algunos cambios para que no quedara afectada su reputación corporativa, pero ninguno de demasiado calado, o no más allá del principal, el que afecta a Foxconn, empresa sin la cual sería difícil que el fenómeno Apple hubiera acabado teniendo la magnitud que ha alcanzado. Hay que tener en cuenta que, aparte de esta empresa taiwanesa, Apple trabaja con cerca de doscientos proveedores directos, y que, en un alarde de transparencia, colgó sus nombres en la web a partir de 2011. Pero nada se dice en esa web sobre la multitud de empresas subcontratadas, que forman una inmensa cadena, por parte de sus proveedores directos. Con candidez, Steve Jobs argumentó ante un congreso del sector todo lo que había hecho Apple para garantizar unas condiciones laborales decentes, y dijo: «Vas a una fábrica, pero, Dios mío, tienen restaurantes, cines, hospitales y piscinas. Para tratarse de una fábrica, es bastante bonito». ¡No sé muy bien qué fue lo que le enseñaron!

De hecho, la lógica de las relaciones de Apple con los proveedores, pero también de la mayoría de las grandes corporaciones, no hace sino perpetuar la brutal explotación de la gente que trabaja en estas fábricas, y no está muy claro que esta lógica contribuya a una mejora continua de la situación de los trabajadores. Cuando Apple acepta estudiar una propuesta para contratar a un suministrador, le solicitan todo tipo de especificaciones de coste de componentes, número de empleados necesarios y los salarios pagados. Se revisa la empresa candidata hasta el último detalle, especialmente en lo referente a los costes de producción y a sus finanzas. A partir de aquí, Apple hace una propuesta del precio a pagar por el componente, asegurándose de que el margen sea ínfimo. Es tal el interés de los candidatos a suministradores en terminar siéndolo, que se acepta cualquier condición, momento a partir del cual empiezan a recortar costes, ya sea haciendo trabajar más horas y a un mayor ritmo a los empleados, o bien sustituyendo productos químicos caros por otros más baratos. En cualquier otra cosa que no afecte a las entregas y a la calidad del producto final, Apple ya no está presente. Esta es la única manera de ganar algún dinero trabajando para Apple, porque, además, el año siguiente, cuando la empresa ya se ha convertido en dependiente, Apple vuelve a ella y le exige un 10 por ciento de reducción en el precio. Como explicó un antiguo directivo de Apple en The New York Times, «puedes establecer todas las normas que quieras, pero estas no tienen sentido si no les das a los proveedores el margen suficiente para que traten bien a sus empleados». Y remachaba el clavo con una afirmación simple y contundente: «Si exprimes los márgenes, les estás obligando a recortar en materia de seguridad». De esta manera, no es posible que se produzca ese derrame de riqueza desde la cúspide hacia la base de la pirámide.

El secreto fundamental de las elevadas cifras de beneficios de Apple, así como de muchas otras compañías, como Microsoft, Google, Starbucks o Inditex, es lo que se ha dado en llamar «estrategia de planificación fiscal agresiva». Se trata de tributar la mayor parte de sus ingresos en paraísos fiscales o en países de fiscalidad societaria muy baja. El entramado societario de la compañía, a menudo con una función meramente de pantalla, se beneficia del difícil control de sus cuentas teniendo en cuenta que su fabricación se produce en multitud de países, con componentes ensamblados que es difícil de rastrear de donde provienen. Asimismo, al ser una marca global, venden en todos los países del mundo, y la facturación se hace desde el lugar que más conviene según su normativa tributaria. Tal y como ha explicado Tim Cook, el actual consejero delegado de Apple en la subcomisión de Seguridad Nacional de Estados Unidos, donde fue llamado a declarar sobre los trucos fiscales que practica, la compañía sólo vende en Estados Unidos un treinta y tantos por ciento de sus productos; además, argumenta que paga religiosamente el impuesto de sociedades estadounidense, que es de un 35 por ciento, aunque algunas exenciones y bonificaciones le llevan a liquidar a un tipo medio del 30,5 por ciento. Se justifica Cook arguyendo que, en el ejercicio 2012, Apple ingresó 6.000 millones de dólares a la hacienda estadounidense, siendo el mayor contribuyente del país en términos absolutos. El «negocio fiscal» lo hacen fuera de Estados Unidos. Lo hace en Europa, por ejemplo, donde, valiéndose de la inexistencia de armonización fiscal en la Unión Europea, gran parte de la facturación se emite desde Irlanda. El sistema consiste en crear empresas comisionistas en cada país, las cuales facturan muy poco, o lo hacen con márgenes irrisorios. Las dos empresas de estas características que funcionan en España, donde facturan más de 1.500 millones de euros en ventas anuales, presentaron unos resultados de 6,5 millones de euros de beneficios, una de ellas, y 22 millones de pérdidas, la otra, en el ejercicio de 2012. La empresa de las pérdidas (Apple Retail), la que gestiona las tiendas propias en España, compra el material a un precio muy elevado a Ia sociedad filial de Irlanda y, por tanto, Apple genera pérdidas aquí y beneficios allí. Es decir, crea así una ventaja fiscal notable.

En Irlanda, donde facturan la actividad que realizan en España y en la mayor parte de los países de la Unión Europea, el impuesto de sociedades es del 12,5 por ciento, lo que de por sí ya provoca que este país sea acusado de paraíso fiscal encubierto. De todas formas, Apple no paga ni mucho menos este porcentaje. Hasta 2012, la media que liquidaba era del 0,5 por ciento, momento en que la propia empresa y el Gobierno irlandés pactaron unas condiciones específicas, que serían las de liquidar un 2,5 por ciento de impuesto de sociedades. Como la repatriación de los ingentes beneficios obtenidos hacia Estados Unidos les comportaría pagar una tasa de retorno, lo que hace Apple es desviarlos hacia paraísos fiscales en sentido estricto, como las Islas Caimán, o bien mantener un gran nivel de liquidez en las sociedades europeas, que ronda los 60.000 millones de euros. Por este mismo motivo: Microsoft factura desde Puerto Rico, Singapur o, también, Irlanda; y Google vende o licencia a países con baja fiscalidad las patentes, la tecnología, los derechos de propiedad y otros activos intangibles, a precios muy bajos, para no tributar en Estados Unidos. Así, en el ejercicio 2011, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) emitió un informe donde quedaba establecido que: Google había pagado un 3 por ciento de impuestos sobre beneficios fuera de Estados Unidos; Apple, un 2,5 por ciento; y Microsoft, un 8 por ciento. Los últimos años, la fiscalidad anormalmente baja de las grandes corporaciones internacionales, a menudo abusiva, se ha puesto sobre la mesa del debate político, y son diversos los Gobiernos que afirman pretender actuar sobre unas prácticas que, a pesar de ser estrictamente legales, son notoriamente injustas en términos de equidad tributaria, especialmente en tiempos en los que se reclaman sacrificios a la ciudadanía, que se ve cada vez más presionada fiscalmente. Habrá que ver si es sólo una operación cosmética, aunque los foros de internet que denuncian el tema son ingentes. Algunas sociedades, como Starbucks o Zara, han hecho concesiones voluntarias para satisfacer mayores impuestos, o bien, en el caso de Zara, desistir de situar en Irlanda el centro de su tienda virtual, a fin de evitar así boicots organizados de los consumidores.

Apple es el paradigma del tipo de empresa que todo el mundo quisiera que surgiera en su país, tanto los Gobiernos como la ciudadanía. Está generalmente aceptado que resulta extraordinariamente positivo para cualquier país disponer de empresas multinacionales potentes, marcas globales que teóricamente dinamizan la economía del territorio y aportan valor, aunque, en algunos casos, este valor no vaya mucho más allá de ensalzar el orgullo patrio y mantener elevada la autoestima. Se cree que empresas como Apple son fuente de innovación, concentran talento, crean clústeres de nuevas tecnologías y abonan el terreno para crear ecosistemas intensivos en capital humano, además de generar riqueza, valor añadido y empleo. Aunque algunas de estas cuestiones no dejan de ser ciertas, la realidad es bastante menos idílica, y estas grandes corporaciones acaban por conformar una especie de «economía del absurdo». La riqueza toma casi sólo la forma de jugosos dividendos para sus accionistas, debido a su mínima contribución fiscal. En cuanto a la ocupación, ciertamente generan unos miles de puestos de trabajo altamente cualificados en el país de origen, pero estos son ínfimos si los comparamos con el volumen de trabajo que generan en terceros países, un trabajo, por cierto, bastante indigno y que se realiza en lugares donde tampoco pagan impuestos. No sólo nos dejan sin trabajo en base al desmantelamiento de las fábricas en Occidente de forma directa o bien de forma indirecta, arruinando así la competencia con su poder de marca, sino que establecen sus condiciones en el propio país y allí donde van, situándose muy por encima de los poderes políticos establecidos; y, no nos engañemos, más que contribuir al desarrollo, practican una política de tierra quemada, tanto desde el punto de vista laboral como social, así como respecto a la salud o el medio ambiente. Los beneficios reales de tener empresas como Apple en el propio país, que los tiene, son así bastante intangibles. Los costes, en cambio, en forma de desindustrialización, desempleo y aumento de la desigualdad, son bastante evidentes. La reciente quiebra de las finanzas de la ciudad de Detroit, convertida hace ya décadas en una ciudad fantasmagórica de fábricas abandonadas, pero que tiempo atrás había sido la capital de la industria de la automoción, es la metáfora de la deslocalización industrial y un retrato de lo que nos espera en nuestras ciudades carentes de trabajo productivo.

Apple, de hecho, ha creado todo un estilo de hacer marca desde su primera época; primero con los inicios de Steve Jobs —que comenzó el proyecto en el garaje de su casa—, más adelante, cuando, a finales de la década de los noventa, Jobs se reincorporó a la compañía y le dio un nuevo empuje, y después, tras su muerte en 2011, con la nueva dirección de la mano de Tim Cook, hasta hoy. Pocas empresas han sido tan estudiadas en las escuelas de negocios como esta, y no sólo por el volumen económico y comercial que ha alcanzado. Algunos de sus elementos distintivos, incorporados como valor de marca, se han convertido en referencia de la cultura empresarial en la era de la posmodernidad. Apple está en el origen del concepto de los jóvenes emprendedores, muchos de ellos notorios fracasados universitarios que visualizan el futuro de la tecnología informática en el consumo personal y doméstico. Es la «cultura de garaje», de poco capital inicial y con protagonistas a los que la ambición y el éxito no les hace abandonar un estilo personal y una cultura de tipo informal, gente que impone la estética «casual» en la vestimenta y el comportamiento. Es verdad: se pueden hacer negocios con zapatillas deportivas, sin corbata y con un look indie. Esta heterodoxia también impregna el funcionamiento de la compañía, sin despachos en el sentido clásico y sin horarios; se trata de crear un entorno amable y propenso al ingenio y la inventiva, y no está claro si trabajan o juegan, pero impondrán los modos y maneras de las nuevas empresas tecnológicas y de la ola de las puntocom. Su imagen inicial era desenfadada y progresista, para gente diferente que se identificaba con la manzana y con los colores del arcoíris. Hoy crean un producto para satisfacer a un cliente joven, diferente, al cual le interesa la funcionalidad de la tecnología, la posibilidad que ofrece para interaccionar. Se trata de un enfoque hacia el cliente, el cual debe poder utilizar los nuevos dispositivos de manera fácil e intuitiva; se trata de un nuevo paradigma de la modernidad. El entorno de trabajo en Apple presume de potenciar la individualidad, pero con un gran nivel de exigencia, talento y capacidad de trabajo. El concepto de excelencia, que pronto se incorporaría como mantra a los anodinos y repetitivos conceptos de las escuelas de negocios, se utiliza de manera redundante en sus discursos.

La capacidad innovadora es un valor incorporado a la marca, un distintivo para los nuevos tiempos, y también los son el cambio continuo, los diseños atrevidos y la presentación de constantes novedades para conseguir uno de sus mayores distintivos, el de no tener una relación meramente comercial con los clientes, sino una vocación de crear seguidores y adeptos. Durante años, muchos jóvenes (y no tan jóvenes) han afirmado su identidad, su particularidad, a través del glamour del Macintosh y, después, de los iPhones, iPads, etc. Los militantes en esta religión laica de los productos Apple no sólo han sido unos fieles y notables consumidores compulsivos, sino que han resultado ser los mayores difusores y prescriptores de los productos de la marca. Y, de hecho, es precisamente la capacidad de creación de marca, el convencimiento de que este es el valor fundamental más que el producto en sí mismo, lo que ha distinguido a Apple. Esto no lo inventaron ellos, y probablemente Nike se les adelantó bastantes años en la convicción de que lo más importante no es la calidad del producto o su proceso de fabricación, sino la incorporación de valores explícitos e implícitos a un logo, para que el producto no sea sólo comprado, sino deseado. Pero Apple también ha marcado tendencia en la capacidad para crear una marca potente y reconocible en todo el mundo. Con el paso de los años, especialmente con el cambio de siglo, la marca se ha ido sofisticando y perdiendo su frescura inicial. La manzana se convirtió en monocromática para buscar un público mayor, y su modernidad pasó a ser menos alternativa y más cercana al establishment. Continuó creando tecnología para no tecnólogos y descubrió que, básicamente, las personas querían utensilios que les permitieran intercomunicarse y que el terreno de juego de las nuevas tecnologías estaba en la prestación de servicios más que en los productos, los cuales se podían copiar con cierta facilidad. Esta era una forma inteligente de fidelizar, cuando no de crear adicción, en los seguidores-clientes. Pero estos valores estaban sostenidos sobre la ignorancia de las condiciones de la producción, del sufrimiento y la pobreza que genera elaborar tales productos. Para la marca, ni fábricas ni operarios son su problema. Viven en el mundo del diseño y, sobre todo, del marketing. La máxima de los directivos sobre la fabricación siempre ha sido «no quiero saber, no quiero ver, no quiero ruido». Una máxima que, probablemente, comparten con sus adeptos.

A pesar de que estuvo doce años fuera de la empresa, mucho de lo que distingue a esta marca y a esta corporación fue conformado por Steve Jobs. Su imagen simboliza la compañía y se ha convertido en el paradigma del nuevo empresario creativo e innovador. Ha sido considerado por muchos como un visionario, como alguien que sabía anticiparse a las dinámicas consumidoras del futuro; era más intuitivo que técnico, alguien con mucha inventiva y capacidad para captar las tendencias antes de que estas se produjeran. De hecho, fue Jobs quien creó las tendencias durante años. Fue erigido como prototipo por excelencia del gurú empresarial de la era digital. Impuso su imagen sobria e informal, que incorporaba muchos rasgos del budismo que decía practicar. Dominaba la puesta en escena, y tenía un gran sentido de la teatralidad. Considerado por sus adeptos como una especie de dios en la Tierra, hizo dudar de que la compañía pudiera mantener la capacidad innovadora y de sorprender sin su carisma y su liderazgo. Existe mucha hagiografía sobre su personaje. Y parece ser que, en las distancias cortas, como suele pasar, las cosas eran un poco diferentes. Desconsiderado con los trabajadores y con sus equipos de colaboradores, histriónico y con tendencia a la histeria, con fama de poco dado a la higiene personal, parece que la fe de Jobs en los curanderos y las medicinas alternativas le impidieron hacer frente a su enfermedad con más éxito. A pesar de la imagen progresista que para algunos destilaba, en realidad era bastante reaccionario. Con posiciones liberales considerablemente extremas, abogaba por eliminar la legislación laboral y medioambiental en Estados Unidos. Tenía una relación muy particular con la riqueza, y se calcula que llegó a tener una fortuna personal de unos 8.500 millones de dólares. Y no se le conoce ninguna contribución social ni benéfica. De hecho, para ridiculizar a Bill Gates —a quien no soportaba—, llegó a afirmar que el retraso tecnológico de Microsoft tenía que ver con que Gates dedicaba demasiado tiempo a ayudar a los pobres. Un informe del FBI realizado en 1991, cuando Jobs presidía NeXT, justamente para evaluar la posibilidad de incorporarlo como asesor en comercio internacional del presidente republicano George H. W. Bush, lo describía como de carácter «superficial y cruel» en las relaciones personales y como un «narcisista» al que el éxito le hacía tener una visión distorsionada de la realidad, además de haberle hecho perder «la integridad y la honestidad». A raíz de su muerte, el profesor de la Universidad de Nueva York Eric Altman, publicó un artículo crítico en The Nation que hizo mucho ruido y en el que, con el elocuente título de «Steve Jobs. Una vergüenza americana», le reprochaba su poca sensibilidad hacia los trabajadores, y destacaba las condiciones en que se fabricaban sus productos y su gran capacidad para evitar pagar impuestos. En la misma línea, Vicenç Navarro escribió contra la «canonización» de Jobs, recordando que su riqueza descansaba sobre la explotación de cientos de miles de trabajadores y que su tan alabada creatividad provenía en gran medida del conocimiento científico básico que habían desarrollado instituciones universitarias públicas, del cual él no había hecho más que sacar provecho.

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El modelo de Zara revoluciona la producción y el consumo de ropa

Si hay un modelo de éxito empresarial en las últimas décadas, que se analiza y estudia en las escuelas de negocios, este es el de Zara y, por extensión, el del conjunto de marcas que componen la corporación Inditex. El interés en lo referente a este grupo multinacional no sólo se limita a la dimensión de su facturación, por los miles de tiendas que tienen en todo el mundo, ni a los jugosos dividendos que reparte cada año, ni al hecho de haber triunfado en un sector tan maduro y competitivo como es el del textil-moda. De esta marca española (y en especial de Zara), apuesta de un empresario gallego que ha logrado mantenerse bastante apartado de los focos, llama la atención su capacidad para subvertir muchos de los hábitos establecidos durante décadas en el mundo de la moda, construyendo un modelo de negocio radicalmente diferente. Asimismo, destaca por sus nuevos planteamientos, verdaderamente revolucionarios y que justamente deslumbran por su simplicidad y por el sentido común que destilan, ya que, a pesar de todo, son singulares y muy difíciles de copiar por las empresas de la competencia. El nicho en el que opera es especialmente arriesgado, debido a que los márgenes de producción son necesariamente reducidos en su segmento de moda cómoda, masiva y extraordinariamente barata. Por ello, modifica la filosofía de la oferta, invierte el ciclo productivo y de distribución de las piezas y conecta con los cambios que se están produciendo en las tendencias del consumo, y al mismo tiempo su propuesta tiende a incrementar y consolidar justamente la mutación de la actitud y los hábitos de los consumidores de moda.

Al crear en 1975 la marca Zara, Amancio Ortega, que se había formado en todos los escalafones de venta de productos textiles en otras empresas, se dispone a cambiar el concepto de «prontomoda» de la época (que él conocía bien), lo que le permitiría levantar el mayor imperio de la moda rápida y asequible de las últimas décadas. El punto de partida, que se mantendrá como característica de su corporación a lo largo del tiempo, es el de innovar en los procesos, entendido este concepto no como una palabra vacía del lenguaje empresarial, sino como algo que realmente subvertiría y simplificaría la cadena de diseño, producción, distribución y comercialización. Se trataba de cambiar los hábitos establecidos en el sector haciendo una integración vertical en los procesos y modificando las prioridades y la filosofía que estaban establecidas y aceptadas de manera común. Lo que se consideran las tres grandes claves del éxito de Zara, sorprendentes por su simplicidad, son: la idea de situar al cliente en el centro del negocio; la confección de ropa de diseños actuales, cómodos y a precios asequibles; y la reducción del papel y del coste de la intermediación, integrando e internalizando los procesos.

La centralidad del cliente, la obsesión por sus preferencias, no es en Zara una cuestión primordialmente de marketing, que también lo es, sino que es el elemento central del diseño y de la oferta de productos. Todo el negocio está enfocado a detectar lo que quiere el cliente, cambiando la hegemonía que hasta entonces tenían los diseñadores a la hora de establecer lo que vestimos. Zara comenzó copiando la moda de las tiendas parisinas, en versiones más modesta, baratas y cómodas, para luego crear e ir ampliando una gran red de «cazadores de tendencias» esparcidos por las grandes urbes, para así captar qué era lo que el consumidor quería y qué «se llevaba» en las grandes ciudades del mundo, creadoras de tendencia. Pero el elemento clave para captar los gustos de los clientes son las propias tiendas de Zara, de donde obtienen la información sobre la que se irán descartando piezas, se multiplicará la producción de otras y se recrearán y ampliarán determinadas líneas. Para que esto realmente funcione, el sistema se basa en informes a diario realizados por los encargados de la multitud de tiendas repartidas por el mundo, donde se detallan las piezas vendidas, las más demandadas y las que fracasan. Centralizados estos informes en la sede central de Arteixo (A Coruña), se toman las decisiones de diseño y de producción, también de manera centralizada y unitaria, valorando las distintas preferencias de los consumidores en las diversas áreas geográficas donde se comercializa. Las tiendas no sólo venden, su función principal, sino que hacen de esponja de captación de información.

El papel del diseño en Zara es bastante elocuente. No es una variable independiente que pretenda crear tendencia, sino que se amolda a lo que han expresado los consumidores. No prima el concepto de creatividad, sino el de adaptación. Es bastante significativo que a los diseñadores de Zara se les llame editores, por el papel de ceñirse a lo que dicen los clientes en las tiendas y a los informes de la multitud de cazadores de tendencias, que no hacen sino observar, por todo el mundo. La ropa Zara se ha convertido en todo un estilo, con diversos grados de informalidad (casual), y es ropa que no pretende competir ni con la alta costura ni con las marcas del lujo, aunque pueda copiar algunos de sus rasgos; es un estilo que no llama la atención, moderno, urbano y que puede satisfacer a un público global que no busca la exclusividad, sino la inmediatez, el precio y la comodidad. Esta ropa está dirigida a un público masivo, no especialmente exigente con la calidad ni con la durabilidad de los productos y que se interesa más por la diversidad y por la rotación rápida de su vestidor. Zara y las otras siete marcas especializadas del grupo Inditex pueden vestir desde a las criaturas hasta a la gente más adulta a lo largo de toda la vida. Para captar de manera amplia al consumidor urbano, Zara hizo una apuesta que podía parecer muy arriesgada: abrió sus tiendas en las arterias comerciales más importantes y, por lo tanto, más caras de las ciudades para vender ropa barata, haciendo competir sus escaparates con las marcas de lujo, dignificando así el concepto de ropa asequible y dándole un cierto glamour, cuando antes este tipo de oferta quedaba fuera de las arterias comerciales centrales. El logotipo de Zara está en todos los grandes y más reputados centros comerciales del mundo. Toda una novedad. Esto resulta especialmente significativo en las tiendas del mercado español, donde la apuesta por el segmento de precios bajos ha sido especialmente radical, ya que, en otros ámbitos internacionales, los precios de Zara se mueven en un nivel intermedio (básicamente como en el caso asiático) debido a una cuestión de prestigio de cara a unos consumidores que asocian los precios anormalmente bajos con las ofertas de fakes (o falsificaciones) de las grandes marcas. Se ha dicho que Zara ha democratizado el consumo de la moda. Las tiendas de Zara obedecen todas a un patrón común: diseñadas de manera centralizada en Galicia, aunque se adaptan a contextos culturales diversos, crean unos espacios identificables, luminosos y de calidad, con una oferta amplia y rápidamente cambiante donde el consumidor pueda sentirse cómodo para rebuscar. Del mismo modo, también está muy unificada la actitud de los vendedores: amables, siempre dispuestos a saber qué quiere el cliente, pero sin servilismos. La imagen de la vendedora de Zara plegando la ropa de manera precisa, después de que el cliente la haya tocado y deshecho, se ha convertido en un patrón comercial sobre el que, incluso, se hacen abundantes chistes.

Dentro de la «estrategia Zara», los escaparates de sus tiendas tienen una función primordial de captación. La política de escaparatismo se decide de manera centralizada, y cuenta con un importante equipo para diseñarla, con planteamientos muy singulares y especialmente cambiantes. Nada queda al azar ni a la decisión de los empleados de las tiendas. El cambio de escaparate simboliza y representa uno de los elementos definitorios de la marca y de su relación con los consumidores: el cambio y la rotación constante. El factor novedad es clave en la fidelización de los clientes y tiene un carácter adictivo. Cada dos semanas se cambian las piezas en exposición y desaparecen muchas de las estanterías y colgadores. Se crea una ilusión de oportunidad sobre el producto que interesa, el cual hay que comprar de manera compulsiva, ya que en la siguiente visita puede no estar disponible, o al menos no en la talla que se requiere. La sensación de escasez, de ahora o nunca, es fundamental de cara a generar una reacción en el consumidor. También obliga a visitar la tienda cada quince días, sabedores los habituales de que habrá novedades. Todo esto genera una lógica productiva y comercial completamente diferente. Ya no se crean las dos colecciones por temporada habituales del «pronto-moda», sino que se hacen colecciones continuadas que se van creando y recreando en función de las demandas de los consumidores. Esto requiere huir de la estrategia de producir colecciones que tardaban ocho meses entre que se diseñaban, se producían y llegaban a la tienda, lo cual entrañaba el riesgo de que el consumidor ya no las quisiera, creando así unas existencias inmensas en los almacenes; con estos plazos de producción, el peligro era tanto el éxito —con tiendas que se quedaban sin productos a media temporada— como el fracaso, que obligaba a quedarse buena parte de la producción y saldarla. Zara impone un just in time, o fast fashion, que se produce en el mismo momento que se expresa la demanda, sin muchas existencias ni costes de almacenaje.

Esta filosofía de la inmediatez requiere de una estructura productiva y logística adecuada, y que es extraordinariamente compleja. La palabra clave es «tiempo», la reducción del cual comporta una presión continuada en todas las áreas de la corporación. Los productos disponibles en los almacenes se reponen en veinticuatro horas en las tiendas europeas y en cuarentaiocho horas en las de otros continentes, a partir de centros logísticos muy bien estructurados y «engrasados». Lo que es más espectacular, tanto que resulta inconcebible, es que, desde que se esbozan nuevos productos hasta que estos se producen y se distribuyen a las seis mil tiendas del grupo, pasan entre doce y quince días, en una auténtica estrategia de «mercancía caliente». No es sólo una cuestión de centros de distribución y logística centralizados y muy ágiles, sino que también tiene que ver con la integración vertical de todo el negocio de Zara. Se realiza todo el proceso productivo externalizando sólo —lo cual es muy importante para la reducción de costes— el proceso de confección y la fabricación de los tejidos. Además de permitir reducir de manera drástica los tiempos de cada parte del proceso, esto constituye uno de los factores clave para hacer sostenible este negocio de moda barata: «desintermediar» en una cadena en la que la diversidad de agentes e intereses es un lastre (como lo es para muchas otras marcas), y culminar el proceso con la comercialización directa a través de una inmensa red de tiendas propias, que son la mejor publicidad para la marca.

En este sistema, la proximidad de la producción a los centros de distribución es muy importante, razón por la cual Zara no ha hecho una dispersión equivalente a la de otras marcas de ropa hacia zonas muy alejadas. Una parte importante de la producción se hace en España, especialmente en Galicia y la zona nordeste del país, así como en Portugal y en Marruecos. También ha buscado los costes laborales más bajos del continente asiático, con deslocalizaciones que trasladaban el trabajo a Turquía, India, China y Bangladesh. Señalan desde la corporación que en este último país, conocido por las condiciones laborales extremas, sólo producen un 6 por ciento de sus piezas, lo que puede parecer poco, pero este porcentaje sobre los novecientos millones de piezas facturadas anualmente, es mucha ropa. En Asia, Inditex sólo tiene un tercio de sus 1.400 proveedores activos, mientras que su competencia suele tener la práctica totalidad. La subcontratación en cualquier zona de las que produce es un factor clave, ya que permite reducir costes y no tener que mantener una inmensa estructura productiva propia, lo cual proporciona la flexibilidad necesaria para activar o disminuir el trabajo. La cadena de subcontrataciones hasta llegar al pequeño taller autónomo es inmensa, y les asegura unos costes de confección extremadamente bajos. El hecho de tener una parte significativa del proceso productivo en España y Portugal podría dar a pensar que son menos competitivos en costes que la competencia, pero no es así, ya que han conseguido reproducir el modelo asiático de producción en algunos países de la Unión Europea, donde, si bien las condiciones de los trabajadores no son las de Asia, sí se acercan en cuanto a exigencia de calidad, plazos, horas de trabajo para cumplir los pedidos y bajísimos márgenes.

El sistema de integración vertical que practica el grupo Inditex provoca que, a diferencia de otras marcas de ropa asequible, no recurra al sistema de franquicias, y a que todas las tiendas sean propias. Los efectos de esta concentración son importantes, ya que no facilita que surjan negocios complementarios en su entorno, especialmente en cuanto al abastecimiento de servicios. De hecho, la progresión de cadenas como Zara se hace destruyendo una parte importante del pequeño comercio y del tejido empresarial de las zonas donde opera. Los ejes comerciales de las grandes ciudades son cada vez más homogéneos, pues en todos ellos hay las mismas marcas, con tiendas y escaparates idénticos. El predominio de las grandes cadenas está acabando con la diversidad comercial y con muchos pequeños negocios, con un notable efecto de «tierra quemada» allí donde se posicionan, que ya es el mundo entero.

Zara, creada en 1975 por Amancio Ortega, ha sido y sigue siendo la joya de la corona de la corporación Inditex, de cuya facturación representa más del 70 por ciento, disponiendo de más de dos mil tiendas y estando presente en las arterias comerciales de buena parte del mundo, con una expansión especialmente importante en Asia. Pero, sobre todo, Zara es el emblema y el paradigma de una determinada manera de entender y practicar el negocio textil y de la moda. A partir de esta marca, Inditex creó otras nuevas con la misma filosofía o compró algunas ya existentes con el fin de atacar segmentos específicos del mercado, o bien para especializarse en algunas tipologías de producto. Así, Massimo Dutti sería su marca de más nivel; Pull & Bear serían las tiendas dirigidas a jóvenes urbanos; Bershka, para el público femenino muy joven; Stradivarius, también para el público femenino joven o no tan joven; Lefties serían las tiendas outlet para sacar existencias almacenadas; Oysho, la marca de ropa interior femenina; Zara Home ofrecería productos de menaje para la casa; y Uterqüe se dedicaría a los complementos de moda. Todas estas marcas, con redes de tiendas propias, forman el complejo de la corporación Inditex, empresa que reconoce que, en este momento, ya vende el 5 por ciento de sus productos a través de internet. Su plataforma de internet, como tantas otras multinacionales, se ubicó en Irlanda para sacar provecho de su fiscalidad anormalmente baja dentro de la Unión Europea. Pero la campaña de críticas contra esta opción evasora de obligaciones fiscales ha llevado a que últimamente la compañía optara por trasladarla a España, para evitar un coste en reputación que pudiera ser más alto que los tributos ahorrados.

Este gigante del vestido y la ropa, construido a partir de una empresa familiar, se configuró como tal en 1979, hasta englobar las ocho grandes marcas actuales, y ha conseguido no sólo ser una referencia de un nuevo modelo de éxito, sino convertirse en la primera corporación europea de su sector, por delante de H&M, y la segunda del mundo, por detrás de la líder, GAP. La facturación en 2013 ha sido de 16.724 millones de euros, con unos beneficios netos extraordinarios, en un sector caracterizado por los bajos precios y la fuerte competencia, de 2.377 millones de euros, es decir, casi el 15 por ciento de la facturación, lo cual es explicable en parte por las exenciones fiscales y las estrategias financieras creativas, tan en boga entre las grandes corporaciones multinacionales. Su resultado bruto de explotación de 3.926 millones de euros —un 25 por ciento de la facturación—, nos indica los importantes márgenes con los que trabajan, más por una cuestión de costes bajos que por precios elevados. Inditex es una empresa que se ha caracterizado por una internacionalización fulgurante —España ya sólo representa el 21 por ciento de su mercado— y un proceso de crecimiento espectacular, abriendo cerca de quinientas tiendas nuevas cada año y con una capacidad inversora grandiosa, basada en el principio de utilizar recursos propios y no recurrir al endeudamiento. Tiene 120.000 trabajadores de plantilla propia, la mayor parte vendedores de sus tiendas, crea una media de treinta mil nuevos modelos de prendas cada campaña y ocupa más de un millón de metros cuadrados con sus neurálgicos centros logísticos y de distribución. Ha triplicado su valor bursátil en los últimos doce años, hasta llegar a 66.000 millones de euros. Por su capacidad de expansión, los analistas consideran que Inditex puede doblar su facturación en los próximos cinco años, hasta los 30.000 millones de euros, y que su cotización bursátil, en este mismo período, podría casi doblarse, pasando de los poco más de veinte euros actuales hasta aproximarse a los cuarenta euros.

Un aspecto sorprendente y muy particular de Inditex es que, a pesar de sus dimensiones, sigue teniendo muchos rasgos típicos de la empresa familiar; quizá no los tiene tanto como expresa su marketing, que habla de la autenticidad, de la proximidad en el trato con los trabajadores, de que todos se conocen..., ya que es obvio que hace tiempo que esto ha dejado de ser así. Sin embargo, la figura de Amancio Ortega sigue teniendo mucha significación, entre otras cosas porque a pesar de los inversores bursátiles en la compañía, aún controla más del 50 por ciento de la corporación y otra buena parte pertenece a los herederos de su exesposa ya fallecida Rosalía Mera. Ortega, considerado el poseedor de la primera fortuna europea y entre la tercera y la cuarta del mundo, con unos 57.000 millones de dólares, y que sólo en 2013 cobró 813 millones en concepto de dividendos, dispone además de una sociedad patrimonial vinculada a temas inmobiliarios, Pontegadea, a través de la que ha blindado su mayoría accionarial en Inditex, como también lo ha hecho a través de Alazán, sociedad de inversiones que participa accionarialmente en grandes empresas del Ibex 35. En su caso, resulta bastante curioso cómo la falta de notoriedad y de imagen pública de su persona se han acabado convirtiendo en un gran valor de marca para la compañía. Típico emprendedor, salido de la nada y hecho a sí mismo, parece la versión hispana del self made man norteamericano. Siempre se ha ensalzado su carácter poco ostentoso, reservado y discreto (hasta el punto de que los medios disponen de escasas fotografías suyas), así como su estilo de vida austero y sus maneras informales. Sorprende que, a pesar del desconocimiento que hay sobre él, se hayan elaborado, especialmente en los últimos tiempos, tantas hagiografías suyas, lo que lo ha convertido, más allá de su modelo de éxito, en un gran visionario. Inditex, y Zara en particular, han aprovechado los valores y los mensajes implícitos de un personaje tan reservado. Se ha hecho comunicación a partir de la ausencia del objeto de la comunicación. El vacío también contiene un mensaje, especialmente cuando se insinúa que, a pesar de no ejercer ya el máximo cargo directivo de la compañía, sigue trabajando cada día en la sede central de Arteixo. Lo que sí se cuenta, y bastante como para pretender que no se hace alarde de ello, es que recientemente ha donado a Cáritas más de veinte millones de euros, quizá para hacerse perdonar que en el último ejercicio su tributación personal no superó el 9 por ciento de sus ingresos, gracias a beneficiarse, al igual que su corporación, de todo tipo de exenciones. Dicha contribución fiscal está muy por debajo, porcentualmente hablando, de la que ha hecho el peor pagado de sus trabajadores en España. Opinan algunos analistas que Amancio Ortega, de hecho, no ha sido pionero en nada, pero que ha sabido aplicar de la manera más adecuada fórmulas probadas por otros, y que las ha aplicado con seriedad, de manera sistemática e inteligente.

El enfoque comunicativo de Inditex en lo referente a su máximo propietario casa bastante con el planteamiento de promoción de Zara y otras marcas de la corporación. En esto también han resultado bastante innovadores. Se han negado a hacer grandes campañas publicitarias, y, de hecho, casi no hacen publicidad en los medios. Sólo en determinados momentos y por cuestiones muy puntuales. Su gran sistema de promoción son las tiendas situadas en las zonas más céntricas y concurridas de las grandes ciudades y, muy especialmente, sus pensados escaparates cambiantes. Han hecho virtud de su austeridad publicitaria, y son los precios, el boca a boca y las novedades constantes sus mayores puntos fuertes, a los cuales se podrían añadir también el impactante logo (en el caso de Zara) y las muy identificables bolsas que parte de la ciudadanía acaba por pasear cuando va de compras. Hacen bandera sus comunicadores, y también el mismo Amancio Ortega, de ser básicamente «tenderos» que aspiran a tener un comercio bien surtido del producto que desea el cliente, y no manufacturas que después pasan a engrosar unas existencias que hay que liquidar como se pueda. Quien manda es el cliente, y no el diseñador, lo que en la literatura empresarial actual se conoce como modelo pull, en lugar del modelo push dominante.

El auge de Zara y de las marcas del grupo Inditex coincide y se convierte en representativo de los cambios en las pautas de consumo que se desarrollan a partir de los años noventa y que culminan con el cambio de siglo, especialmente en relación con el consumo de prendas de vestir. Valores muy enraizados anteriormente, como la durabilidad de las piezas, una elevada calidad, unos acabados impecables o la originalidad extrema van perdiendo estima. Una parte de la sociedad, especialmente las clases medias urbanas, se inclinan por un consumo de ropa poco ostentoso. Coincide esto con la caída de la demanda de productos de las grandes marcas del lujo, las cuales encontrarán su salida en el gran atractivo que generan en los sectores de nuevos ricos de los países emergentes, especialmente los asiáticos y rusos. En Europa y Estados Unidos, las grandes marcas van perdiendo la capacidad de generar deseo, y no sólo por el factor precio que las encumbra, sino por la escasa discreción que las caracteriza y por un hecho que deteriora su valoración, como es la aparición de un gran mercado paralelo de copias y falsificaciones, los famosos fakes chinos, que provocan la pérdida de la distinción y del carácter único debido a su gran profusión, lo que, a los ojos de los consumidores, supone que se haga difícil distinguir los originales de las copias.

Así, entre las clases medias urbanas y entre las nuevas clases profesionales se va imponiendo el look de la simplicidad, la comodidad para trabajar, la variedad de productos y, lógicamente, el factor precio. Zara e Inditex captan esta tendencia, y, sin duda, con su modelo de negocio no hacen sino acelerarla. La suya es una moda de buenos diseños, de tendencias globales, cosmopolita, con piezas que tienen el atractivo de aprovechar la oportunidad y sin ninguna pretensión de durabilidad. El precio y la calidad de sus prendas, en el rango medio-bajo, permiten que sean de temporada, casi de usar y tirar, y que no sea preciso que se eternicen en los armarios roperos. Se pueden poseer muchas piezas y cambiar cada día de indumentaria, sin establecer una relación de continuidad con lo que se viste. Su modelo propone una manera de vestir informal, desacomplejada, saturados como están los consumidores medios de la dictadura de los grandes colecciones de moda de las marcas de referencia y de los diseños «imposibles» de la alta costura y del prêt-à-porter. En la sociedad líquida que teoriza Zygmunt Bauman, la relación con la moda también ha perdido solidez y continuidad. Ya no hay fidelidad a las grandes marcas ni a prendas de vestir exclusivas y duraderas.

Como todas las grandes compañías asentadas sobre costes laborales bajos, que recurren a las ventajas de la deslocalización y a cadenas de proveedores que producen en condiciones laborales poco defendibles, los departamentos de RSC y de comunicación de Inditex tienen un gran protagonismo a la hora de blandir un comportamiento ético y la defensa del trabajo en condiciones dignas, para no ver afectada su reputación de marca. Inditex es especialmente elocuente en este sentido, ya que muestra todo tipo de códigos éticos y de conducta y argumenta los controles y auditorías a las que someten a toda la cadena de producción. Disponen de un «código de conducta interno» y un «código de conducta para fabricantes y proveedores», y afirman verificar su cumplimiento. Disponen de certificaciones propias (Clear to Wear y Safe to Wear) para controlar la salud y la seguridad de sus productos. Haciendo gala de transparencia, un término profusamente utilizado en sus comunicados, forman parte de la organización Ethical Trading Initiative (ETI), radicada en el Reino Unido y conformada para compañías internacionales de distribución, fabricantes, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, la cual tiene la misión de controlar las condiciones de trabajo de las cadenas de abastecimiento y promover las buenas prácticas en relación con las empresas suministradoras. Las compañías que forman parte de la ETI adquieren compromisos respecto a los salarios, la duración de las jornadas, la salud y la seguridad, el trabajo infantil y la no discriminación laboral. Esta iniciativa forma parte también de la plataforma Global Compact, impulsada desde la secretaría general de las Naciones Unidas. Destacan especialmente sus comunicados, los planes de formación y ayuda que prestan en Bangladesh, donde afirman ser especialmente escrupulosos, y no se olvidan de decir que contribuyen al desarrollo económico y social de este país.

Los temas relativos a la salud y la seguridad de sus productos, tanto en la fase de producción y confección como en lo referente a la experiencia del usuario, son también un aspecto recurrente en su comunicación, justamente para combatir una cierta alerta entre los consumidores sobre el uso de determinados productos químicos. Afirman que los procesos productivos se realizan en condiciones de trabajo no tóxicas y que hay una estricta evaluación, control y análisis de los productos químicos utilizados. De todos modos, Inditex fue hace pocos años una de las empresas, junto con H&M o Levi Strauss, acusada de utilizar métodos de desgaste de los pantalones vaqueros en Turquía que estaban desde hacía décadas prohibidos en Europa por su toxicidad para los trabajadores. Dicha técnica, que consiste en arenar directamente la tela y que es conocida como sandblasting, provocó más de cinco mil casos de silicosis por inhalación de polvo de sílice en Turquía, con más de 45 muertos, lo que conllevó su prohibición en este país en 2009. A pesar del compromiso formal de buena parte de las grandes marcas textiles de no utilizarla, en realidad desplazaron los pedidos de estos tejidos y esta actividad hacia Bangladesh, Pakistán, India o China, donde no está todavía prohibida. Inditex afirma disponer de un departamento específico que comparte las innovaciones que se van creando con los proveedores y los talleres externos. Como ejemplo simbólico de su preocupación por la salud, informaron de un acuerdo de colaboración con la Universidad de Daca (el Pin Standard Project) para implementar un marco de salud y seguridad del producto de cara a proteger a clientes y a usuarios. En la misma línea, es mucha la literatura que generan en relación con el cumplimiento de las normativas medioambientales. Ejemplo de ello es su apuesta, a partir de 2008, para construir tiendas «ecoeficientes» a base de controlar los materiales utilizados, la iluminación y la reducción del consumo energético. En realidad, no han generalizado estos estándares en todos los centros de venta, sino que se mantiene como una apuesta particular y original en la tienda de Nueva York de la Quinta Avenida, así como en otro singular establecimiento ubicado en un palacete situado en el centro de Roma.

También ha desplegado Inditex un programa de proyectos humanitarios de cierta envergadura. En 2008 firmó un acuerdo de colaboración con Médicos Sin Fronteras para desarrollar un proyecto de atención sanitaria en Somalia, además de incorporar esta organización no gubernamental al Consejo Social de la empresa. En 2010 aportó dos millones de euros para proyectos de reconstrucción en el devastado Haití. También ha llevado a cabo programas de salud mental en Marruecos, dirigidos a los inmigrantes subsaharianos, así como programas de salud comunitaria en Camboya, en colaboración con Cáritas. Amancio Ortega ha cultivado una imagen de potentado interesado por las cuestiones sociales y los proyectos solidarios, la imagen de alguien dispuesto a devolver a la sociedad una pequeña parte de lo mucho que ha recibido. De hecho, ya en 2001 se creó la Fundación Amancio Ortega, con el objetivo de canalizar recursos hacia temas culturales, educativos y solidarios. Su imagen se pretende acercar más a la de Bill Gates y los potentados estadounidenses que practican la filantropía (convenientemente comunicada y anunciada, por convicción o por hacerse perdonar la riqueza acumulada) que a la de un Steve Jobs, quien se burlaba públicamente de las preocupaciones sociales y de las actividades solidarias de las grandes corporaciones.

La hagiografía sobre Inditex es abundante y suele descansar sobre los argumentos de comunicación de la propia compañía, poniendo énfasis en la condición de visionario de su fundador, el carácter familiar, la innovación, el modelo de éxito y sus compromisos y exigencias éticas, laborales y medioambientales; pero, todo ello, sea más o menos cierto, no sirve para hacerse una composición completa de la significación y la lógica de este modelo de negocio en el mundo de la economía global. Más allá del servilismo de algunos comunicadores hacia los casos de éxito o, sencillamente, hacia la riqueza, el modelo de Zara y de Inditex cuenta con notables defensores en el mundo de la cultura de escuela de negocios. Argumentos positivos hay, sin duda. El carácter disruptivo de Zara en el mundo del textil y de la moda es notoriamente destacable y significativo. Ha cambiado la manera de entender el negocio, con fórmulas brillantes, aunque extraordinariamente sencillas; y justamente esta simplicidad, la de no dar los hábitos por buenos, ha sido su grandeza. La creación de empleo es otro de los grandes argumentos por los que se admira a esta compañía, tanto por los puestos de trabajo que proporciona de manera directa —unos 120.000, y aumentando—, como por los incontables empleos que se derivan de sus cadenas de suministro.

Ante la evidencia de la existencia de bajos salarios y cuestionables condiciones laborales en su cadena productiva, la empresa argumenta que una parte de la plantilla es capital humano cualificado ubicado en la sede central y que su capacidad para invertir en I+D+i es inmensa. Mantener el centro de decisión y de mayor valor añadido en España contrarrestaría la crítica al hecho de ser una compañía que, como la mayoría, ha apostado por la deslocalización, trasladando la producción hacia los paraísos del trabajo barato. Hay un consenso genérico sobre el carácter benefactor que tiene para un país el hecho de disponer de multinacionales y marcas de referencia en el mundo global. Habría mucho que decir sobre esto. Se argumenta que Zara es fundamental para la marca España en el exterior, y que, después de algunos clubes de fútbol, es lo que más se conoce de España. Esta puesta en valor de la «riqueza» generada por Inditex justifica a los ojos de algunos su bajísima contribución fiscal, tanto en España como en otros países, y que tanto la compañía como su propietario mayoritario se beneficien de todo tipo de exenciones fiscales. Es el realismo del «vale más un poco de mucho», una idea que facilita la impunidad con la que operan y la elusión fiscal que practican las grandes corporaciones.

Lo cierto, sin embargo, es que la evaluación del «cuarto oscuro» en el que se desarrolla su actividad productiva tiene mucha importancia, y no sólo, lo que ya es importante, por las condiciones injustas y de explotación que se pueden dar. Es también una cuestión que tiene mucha significación económica, ya que puede cuestionar el sentido de contribución al crecimiento económico y la necesidad de que la generación de riqueza tenga unos mínimos efectos en la sociedad en que se desarrolla. El nivel de los salarios, por ejemplo, no tiene sólo efectos sobre los individuos que los perciben, sino que afectan a la lógica global del sistema económico en la medida en que contribuyen a fortalecer la demanda o a contraerla. No es un efecto baladí. Durante años, Inditex ha estado presente en los informes de Ropa Limpia y SETEM como una de las compañías más asociadas a las malas prácticas en la cadena de abastecimientos y en el uso de materiales tóxicos. En Marruecos, donde también se abastecen en los talleres de la vergüenza marcas como Cortefiel, Mango o El Corte Inglés, se han denunciado las jornadas de entre doce y dieciséis horas de las trabajadoras, muchas de las cuales apenas llegan a la adolescencia. Los plazos de entrega (de seis días) obligan a un trabajo a destajo, en el que para confeccionar unos pantalones de seis bolsillos se pagan dos euros, un trabajo por el que se pagaban 3,3 euros hace unos años. La dependencia de los pedidos de las marcas obliga a las más de dos mil fábricas textiles marroquíes a aceptar unos precios reiteradamente rebajados que, lógicamente, acaban afectando el eslabón más débil de la cadena. Al mismo tiempo, y no lo viven como una contradicción, Inditex ha elaborado un plan de incentivos para los 450 directivos más importantes, el cual asciende a los 91 millones de euros.

Las condiciones laborales de los proveedores y subcontratados de Marruecos que denuncia el SETEM no son demasiado diferentes de las de otros países con esta actividad: jóvenes y menores de edad cosiendo a máquina, con instrumental obsoleto que provoca un gran riesgo de accidentes, en talleres sin ventilación ni luz natural y durante jornadas interminables. Nadie está asegurado ni por enfermedad ni por accidente, y las chicas, cuando se quedan embarazadas, pierden su trabajo. Tal era el grado de vinculación de Inditex con este sistema de producción que, en 2003, la organización Cáritas de Galicia se negó a recibir una ayuda de Inditex por su implicación con esta forma de esclavitud moderna. En febrero de 2004, fue Oxfam Intermón quien denunció las situaciones extremas de explotación que practicaban las firmas del textil en doce países del tercer mundo, afirmando que el modelo de negocio del grupo gallego, fundamentado en una producción rápida, flexible y barata, presionaba sobre el extremo de la cadena en forma de precariedad exagerada. El informe de Intermón no sólo responsabilizaba a las marcas de esta situación, sino que consideraba que el FMI y el Banco Mundial alentaban a los Gobiernos de estos países a atraer este tipo de inversiones con bajos costes de mano de obra y condiciones especiales, inversiones tan nocivas y que en nada contribuían al desarrollo de estos territorios. Como simplificaba hace años un antiguo consejero delegado de Inditex: «En algunos países, si sacas a los chicos del trabajo es peor, es un problema para las familias, y terminan en la prostitución». Hace poco más de un año, la policía brasileña liberó a 52 operarios que trabajaban, esclavizados en sentido estricto, en un taller que confeccionaba para Zara.

Sin llegar a los niveles de las condiciones laborales de los países del tercer mundo, en España y en el norte de Portugal las condiciones de contratación y subcontratación que se derivan de Inditex no son mucho mejores. Es el primer mundo, pero en nichos del tercero. A través de un sistema de cooperativas de trabajo, que a su vez subcontratan trabajo para realizar en el ámbito doméstico, han construido todo un imperio de la economía sumergida, del que malviven gente con pocos recursos, amas de casa e inmigrantes. Los ritmos frenéticos de producción que impone el modelo Zara para renovar el 40 por ciento de los productos de las tiendas cada quince días obliga a dinámicas de trabajo histéricas, con precios siempre a la baja y con penalizaciones si no se entregan los pedidos a tiempo. La imagen de grupos de mujeres que van a los talleres proveedores con carritos de la compra para recoger el material y trabajar en casa es exactamente de otra época. Además, si alguien no está de acuerdo en aceptar tales condiciones, siempre está a mano el recurso al ejército laboral de reserva de los inmigrantes, dispuestos a todo. Durante la última década, la prensa se ha hecho eco de varios casos de explotación de inmigrantes ilegales en pequeños talleres pésimamente acondicionados (en los que incluso dormían) y que trabajaban de manera indirecta para Zara o el grupo Inditex, lógicamente con salarios irrisorios que no cubrían ni la subsistencia. Esto ha pasado en Santiago de Compostela o en el Maresme, a menudo con inmigrantes chinos. La respuesta de la compañía fue llevar los encargos a Rumanía y Bulgaria.

Cecilia Monllor, en un libro muy crítico sobre el modelo de Zara publicado ya en el año 2001 (Zarápolis: la historia secreta de un imperio de la moda), publicaba entrevistas con trabajadores subcontratados de esta compañía, los cuales contaban historias para no dormir sobre el trato recibido y el duro trabajo a cambio de salarios de miseria. Como indicaba el periodista Martín Prieto en un artículo con el elocuente título de «Pasarela de alta delincuencia», hay un desfase muy grande entre los valores atribuidos a la marca y su realidad laboral, siempre con la connivencia de los consumidores; y añadía: «No hay mayor iniquidad que la de estos santones de la ropa de marca (que consumimos como bobos) y que venden humo, glamour y una supuesta distinción a cuenta del hambre de los más pobres, sobre los que se enriquecen». Los sindicatos siempre han tenido una actitud reverencial hacia el imperio de Ortega, a pesar de no cumplir sus proveedores los requerimientos laborales y sociales mínimos. Valoran más el hecho de que proporcione trabajo, y saben que si presionan para aumentar los márgenes y los salarios, se llevarán la producción a otro lugar. Es el chantaje de siempre. La empresa contraataca afirmando que sus salarios están por encima de la media del sector. Pero hablan de «sus» trabajadores. Los que están fuera, y a veces cobran poco más de un euro por hora trabajada, estos no son «su» problema. La lógica de este sistema es siempre la misma: se crean puestos de trabajo de baja calidad en un lugar para destruir los de mayor calidad en otra, con movimientos que se llevan por delante multitud de empresas productivas y de comercios.

El modelo de Zara, consistente en tener una parte importante de sus proveedores en un entorno próximo, es un modelo singular que lo diferencia de sus competidores, los cuales han apostado por una deslocalización casi total de su proceso productivo, trasladando este hacia los «talleres del sudor» asiáticos o norteafricanos. Lo que ha hecho Inditex es reproducir el modelo laboral chino en plena Unión Europea, adelantándose a una tendencia que la crisis económica ha convertido en política de Estado generalizada, bien en forma de liberalización del mercado laboral, bien con la desaparición (en algunos países) de los salarios mínimos, o bien con la consolidación de un segmento laboral de outsiders. La ventaja, si se consigue disimular u ocultar la escandalosa situación, es ganar tiempo, una variable muy importante en su sistema a la hora de obtener la ropa confeccionada que debe ir a parar a las plataformas de distribución. El entramado de contratados y subcontratados, encubierto bajo el pomposo nombre de «clústeres de proveedores» (que parece buscar dignificarlo), supone la institucionalización de un sector productivo soterrado, bastante inmerso en la economía sumergida, que permite disponer de costes de producción notablemente bajos y un ejército de trabajadores flexibles en la reserva. A pesar de ser bien conocido este «eficaz» sistema —y escandaloso, si se quiere—, la profundidad de la crisis económica y la desesperación por encontrar trabajo juegan claramente en su favor.

Como en todas las corporaciones de estas características, disminuir al máximo la tributación es un elemento fundamental para maximizar los beneficios en Inditex. El recurso a trabajar contablemente en países con menor tributación empresarial, mediante empresas pantalla, o en paraísos fiscales es algo habitual. Como lo es disponer de fiscalistas del máximo nivel que instrumentan sistemas bastante creativos o, directamente, recurrir a la presión ante los Gobiernos para obtener jugosas bonificaciones y exenciones fiscales. Como corren tiempos revueltos en lo referente a la escasa tributación de las grandes corporaciones en todo el mundo occidental, la presentación de los resultados anuales de Inditex del ejercicio 2012 quiso poner el énfasis en las aportaciones tributarias que hacen en España y en el resto del mundo. Sin embargo, se dieron cifras algo confusas, en las que se mezclaban las cotizaciones por impuestos directos con las aportaciones para la tributación indirecta, el impuesto sobre el patrimonio, las retenciones del IRPF o las tasas arancelarias. La compañía afirma haber pagado, en conjunto, un total de 1.930 millones de euros en impuestos directos durante el ejercicio de 2013, un 39 por ciento de los cuales (760 millones de euros) se habrían tributado en España, mientras que otro tercio habría tributado en Europa, especialmente en Irlanda, Suiza y los Países Bajos, países con un impuesto de sociedades notablemente más bajo que el de España y que el de la media europea. Con todo, el elemento más destacado y significativo fue el reconocimiento de haber disfrutado en 2012 de un total de 906,55 millones de euros de exenciones fiscales en España, en concepto de doble imposición y de plusvalías, triplicando las que habían obtenido el año anterior. Estas exenciones son bastante superiores a la contribución neta realizada en España. La aportación de riqueza es numéricamente importante, pero bastante relativa si tenemos en cuenta las dimensiones de la compañía.

Si a la gente se le consultara por un ejemplo de éxito empresarial, especialmente en España, muchas personas no dudarían ni un momento en pensar en Zara. Esta empresa nació a partir de la nada, bajo las directrices de una persona de extracción sencilla que consiguió construir una corporación considerada ejemplar en el sector del textil-moda. Las cifras nos hablan de un modelo de éxito, como también de haber cambiado la filosofía del sector, acompañando el surgimiento y consolidación de un nuevo tipo de hábitos de consumo. Se afirma con rotundidad que Zara (o Inditex) ha democratizado la moda, y probablemente sea cierto en parte. Detrás de la pompa y las trompetas de gloria del triunfador, sin embargo, las cosas son más complejas. Se pueden plantear algunas preguntas. ¿Qué precio se paga socialmente por el triunfo de este modelo? ¿Es generalizable y sostenible en el tiempo? ¿Resulta conveniente disponer de ropa extremadamente barata a costa de tanta miseria? ¿Estamos dispuestos a ejercer de desocupados perpetuos a cambio de aprovechar las oportunidades que nos brindan las tiendas de Zara? ¿Renunciaremos al subsidio de desempleo y a las prestaciones del Estado del Bienestar debido a que las grandes corporaciones como Inditex casi no contribuyen a sostenerlo? ¿Nos deja indiferentes la extrema desigualdad a que nos condena la lógica de este sistema productivo?

El modelo de Zara, no más que el de otras marcas similares que operan en el competitivo mundo del textil y de la moda barata, genera muchas externalidades negativas, con efectos colaterales bastante perversos, dependiendo siempre del grado de sensibilidad y moralidad que profesemos en relación con situaciones de pobreza y explotación. Por definición, el de Zara es un sistema construido sobre condiciones laborales infames que aprovechan las ventajas de la globalización y las oportunidades de deslocalización, que es como decir la pobreza de algunas sociedades, para sacar ventaja de la predisposición a trabajar a bajísimos precios y en condiciones deplorables, lo cual parece una nueva versión de la esclavitud. Podemos tranquilizar nuestra conciencia diciendo que esto es mejor que nada, o bien que esa situación de los más desfavorecidos ya irá mejorando de manera progresiva. Si este fuera el caso, se migraría hacia otros lugares con situaciones más precarias. El empleo de calidad y el capital humano que se genera en el territorio de procedencia, sin menospreciarlo, es bastante modesto. Como lo es la aportación de riqueza. Los mayores beneficiarios son, sin duda, los accionistas que perciben dividendos. Los impuestos pagados, aquí y allá, son también bastante mínimos.

El problema principal que plantean corporaciones como Inditex, más allá de sus resultados inmediatos, es la falta de una lógica económica global, lo cual acaba respondiendo a una especie de situación absurda en la que el mismo beneficio que nos comporta como consumidores nos condena como productores potenciales, comerciantes, pequeños empresarios y ciudadanos. Además de poco decoroso en el sentido inmediato, resulta poco o nada sostenible en el tiempo, entendiendo el término «insostenible», ya tan gastado, en su significación plena: insostenible social, económica y también medioambientalmente. Así, estamos ante un modelo que abona una sociedad de consumidores compulsivos, empeñados en malgastar recursos, a cambio de convertir en ropa vieja, y en pocos meses, unas prendas elaboradas con tanto esfuerzo. La lógica de la competencia con precios bajos lleva inexorablemente a estrechar los márgenes y a hacer recaer todo el peso sobre el eslabón más débil de la cadena, como lo es el de los productores. Se trata de una lógica contraria a la equidad y a la mejora social progresiva de los países y sectores sociales más pobres. Para mantener este sistema se necesitarán siempre colectivos y países a los que explotar laboral y socialmente. ¿Dónde está el progreso? A los habitantes de los lugares donde aterriza este sistema de producción, más que una oportunidad, les cae encima una hipoteca, un lastre que los condena a la pobreza y la dependencia. Mientras, en el país de origen, se institucionaliza la economía sumergida y se refuerzan los segmentos débiles del mercado laboral. ¿Es esto la mejora de la competitividad de la que ahora tanto se habla? La alternativa está entre la precariedad o, sencillamente, quedarnos sin trabajo. Como afirma Miguel Conde Lobato en su libro Knowcosters, cada acto de consumo, seamos conscientes o no, es una apuesta por un determinado modelo de sociedad. Los productos low cost generan sociedades low cost.

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Wal-Mart:

el elevado coste de los bajos precios

Con el título de Wal-Mart: The High Cost of Low Price, en 2005, el director de cine estadounidense Robert Greenwald dio a luz una película documental en la que denunciaba los numerosos efectos perversos de esta empresa líder de la distribución comercial en Estados Unidos y en otros países en los que opera, por la filosofía sobre la que se sostiene y, muy especialmente, por los problemas inherentes a su gigantismo. A pesar de representar la quintaesencia del sueño americano, esta corporación, cuyo propietario (y su familia) encabeza el ranking de las mayores fortunas del país y del mundo tras haber iniciado un pequeño negocio hace cincuenta años, ha acabado haciendo válida la consideración de que, a veces, el sueño de la razón engendra monstruos.

Y es que buena parte de los factores de competitividad que han llevado a Wal-Mart a ser lo que es en el mundo del comercio minorista tienen que ver con su exagerada dimensión, la cual le permite operar con los mejores precios y con los costes de producción más bajos. Esto no ha sido una casualidad, ya que este era el plan de empresa que diseñó su creador, Sam Walton, ya en los inicios, al abrir el primer almacén en la pequeña ciudad de Rogers, en el estado de Arkansas, en 1962. Walton entendió las posibilidades que ofrecía el abastecimiento comercial de una América profunda que comenzaba a vivir el fenómeno del baby boom y que requería una oferta de productos a precios competitivos para satisfacer las necesidades de una población tendente a motorizarse y a dispersarse fuera de las grandes ciudades. Este hombre intuyó las posibilidades de negocio que habían en abastecer a la población rural dispersa y a las aglomeraciones semiurbanas. Grandes centros comerciales donde poder proveerse de todo lo necesario, ya fueran productos alimenticios, herramientas de jardinería o agrícolas, productos de ferretería, gasolina o armas de fuego, y todo en grandes superficies donde poder hacer compras masivas, atraídos los clientes por unos precios más bajos que los que se podían encontrar en los comercios tradicionales de cada zona. Todo era cuestión de jugar con cantidades ingentes de productos y mucha variedad, para conseguir unos precios, por parte de sus proveedores, que los competidores no pudieran ni soñar. Con un crecimiento rápido y continuado, especialmente desde 1968, cuando comenzó a expandirse más allá del estado de Arkansas, Wal-Mart tiene actualmente unas 8.500 tiendas en quince países, y una facturación anual de 446.950 millones de dólares, lo cual la convierte en la primera empresa mundial en volumen de facturación —alternándose, según los ejercicios, con la petrolera Exxon Mobil—; además, destaca su margen de explotación y sus beneficios, de 26.558 millones de dólares y 16.699 millones de dólares, respectivamente, en 2012. Es la mayor empresa mundial por la ocupación que genera, con más de 2.200.000 trabajadores en todo el mundo, así como por disponer de más de 62.000 empresas proveedoras.

El factor precio era en sus inicios, y sigue siéndolo, el elemento estratégico de penetración de la corporación. Durante años, su lema propagandístico fue: «Siempre precios bajos. Siempre»; el cual cambió en 2007 por el de: «Ahorra dinero. Vive mejor». Se dirige al segmento medio y bajo de los consumidores estadounidenses que en sus diversas modalidades de almacenes pueden comprar desde carne hasta productos electrónicos, pasando por herramientas o productos para el hogar, con ofertas de descuentos que son imbatibles. Los expertos estiman que los precios de Wal-Mart son entre un 5 y un 25 por ciento inferiores a los de la mayoría de sus competidores, lo cual les permite argüir con orgullo que ahorran mucho dinero a las familias modestas norteamericanas, con estimaciones que rondan los 400.000 millones de dólares globales en Estados Unidos, o, lo que sería lo mismo, 1.300 dólares por persona y año o 3.300 dólares por familia. Esta contribución al ahorro de la población más modesta, además de convertirse en un reclamo publicitario, ha hecho que, a pesar de una imagen corporativa bastante mal considerada por los efectos colaterales que genera su implantación, Wal-Mart haya sido defendida por algunos dirigentes demócratas; y no parece anecdótico que incluso Hillary Clinton formara parte del consejo de administración de la compañía entre 1985 y 1992, para dejarlo justo antes de la campaña presidencial de Bill Clinton. Sus precios de venta, en muchos casos irrisorios, descansan sobre la presión en el sistema de abastecimiento y sobre los bajos salarios, tanto en las empresas subcontratadas como entre los propios empleados.

Gracias a su volumen de producción, su capacidad para ejercer presión en toda la cadena de abastecimiento es inmensa, y los directivos de la corporación, conscientes de su fuerza, siempre utilizan una dura actitud en las negociaciones. Sus proveedores se lamentan de la exigencia de Wal-Mart de adquirir siempre los productos como mínimo a un precio un 5 por ciento inferior al que pagan sus competidores más fuertes, además de exigir unos estándares altos de calidad y unos plazos de entrega muy rígidos. Ellos fijan las reglas y no renuncian a mejorar las ya inicialmente buenas condiciones obtenidas, retrasando notablemente los plazos de pago. Primero presionaban a los proveedores estadounidenses, pero el proceso de globalización facilitó que desplazaran rápidamente su fabricación hacia Asia, donde también presionaron. Con un notable ejercicio de cinismo, alguno de sus spots publicitarios hace referencia a la voluntad de Wal-Mart de abastecerse de productos norteamericanos; y, de hecho, siempre que pueden lo hacen, pero argumentan que al ser la producción interna poco competitiva, acaban viéndose obligados a recurrir a otros países. Su producción de ropa se hace básicamente en Bangladesh, donde están los talleres más baratos, que trabajan para ellos catorce horas diarias, y durante siete días a la semana, al precio de trece centavos de dólar a la hora. Esto es lo que hace posible comprar tejidos en Wal-Mart a precios irrisorios. Con todo, sus mercancías provienen fundamentalmente de China, donde los salarios medios por día son de tres dólares, hasta el punto de que alguien calificó Wal-Mart de ser una empresa multinacional china con un director general estadounidense. Esta corporación acapara el 12 por ciento de las exportaciones chinas hacia Estados Unidos, siendo el mayor comprador de China, con un volumen de 35.000 millones de dólares anuales. La contribución de Wal-Mart a la desindustrialización estadounidense ha sido grande, como lo ha sido a la acentuación de la tendencia a la cultura del consumo basada en bajos salarios y ofertas baratas, a base de reducir tanto la calidad como los precios.

El factor de los bajos salarios es clave para poder mantener la lógica sobre la que se sostiene Wal-Mart. Aparte de desplazar la cadena de abastecimiento a Asia, con todo lo que ello conlleva respecto a los costes salariales en la estructura productiva subordinada de esta zona, mantener un nivel salarial muy bajo entre sus propios empleados directos es un factor fundamental en el que han sobresalido. Cuando se cuenta con más de dos millones de empleados directos, los niveles de remuneración condicionan mucho la cuenta de resultados. Justamente, una de las críticas más importantes que se hacen a Wal-Mart son los bajísimos salarios de sus empleados, muy por debajo del salario medio estadounidense y menores de los que se pagan en el sector comercial minorista. Una parte significativa de sus empleados cobra el equivalente a ocho dólares la hora y es muy raro que lleguen a nueve dólares, lo que sitúa sus ingresos anuales por debajo de lo que en Estados Unidos se considera el umbral de la pobreza. Y eso respecto al 74 por ciento del personal que es empleado a tiempo completo, ya que el resto tiene contratos a tiempo parcial. Las empresas de la competencia, a pesar de estar afectadas por el efecto arrastre de Wal-Mart, pagan de media unos salarios un 15 por ciento superiores. La estrategia laboral de hacer más con menos, induce a una dinámica continua de «falta de personal» que obliga a los empleados a trabajar horas adicionales para finalizar tareas, las cuales no suelen ser remuneradas como horas extra. De hecho, Wal-Mart tiene demandas interpuestas en 31 estados de Estados Unidos por abuso respecto a los salarios. Se calcula que el nivel de productividad de Wal-Mart es un 40 por ciento superior al de sus competidores.

Como es evidente, para una empresa de estas características, la clave es captar una inmensidad de clientela, y para ello se emplean estrategias diversas, que van desde el club de compradores a las cambiantes ofertas con precios tan bajos que se convierten en auténticas gangas, lo que obliga al cliente a visitar sus almacenes en busca de oportunidades de manera más o menos frecuente. Wal-Mart introdujo en las tiendas la figura de los greeters («saludadores» o «personas que dan la bienvenida»), situados a la entrada de los comercios para orientar a los compradores y cuyo fin es dar una imagen desenfadada y familiar de la relación comercial. Wal-Mart ha sido acusada de cuidar demasiado celosamente la seguridad en el interior de los almacenes, utilizando personal y recursos electrónicos con el objeto de impedir robos y vigilar las actividades de sus empleados; en cambio, poco de eso hace fuera de sus recintos comerciales, cuyos inmensos aparcamientos de coches adyacentes se han convertido en uno de los lugares más inseguros de Estados Unidos, acumulando un buen porcentaje de robos y asaltos en las estadísticas de la delincuencia del país. Visitan sus tiendas unos doscientos millones de clientes cada semana; y el número de visitas anuales asciende a unos 10.000 millones.

A partir del libro del periodista Charles Fishman titulado The Wal-Mart effect, sobre las amplias repercusiones económicas y sociales que tiene en cualquier ciudad o territorio el establecimiento de esta cadena, el concepto «efecto Wal-Mart» ha quedado establecido para definir las externalidades que genera un «transatlántico» de estas características allí donde se desplaza y opera. El efecto neto de la entrada de Wal-Mart en un mercado local es una reducción del empleo en el entorno, lo cual provoca una reducción de los salarios en la zona, especialmente en el sector del comercio minorista. Su efecto devastador arrasa negocios, elimina competidores directos o indirectos y aumenta el empobrecimiento del área. Que un supercentro de Wal-Mart se ubique en la trama urbana o en las afueras de una población supone un desmantelamiento rápido de los locales comerciales del lugar y, a medio plazo, la despoblación parcial de la zona, ya que desaparecen las oportunidades de trabajo. Muchas poblaciones se convierten así en pueblos fantasmagóricos. Estudios muy fiables demuestran que el empleo directo que crea Wal-Mart allá donde se ubica es notoriamente inferior a los puestos de trabajo que destruye. Un estudio del economista David Neumark demuestra que cada empleado de Wal-Mart reemplaza a 1,4 trabajadores del resto del sector minorista, además de los puestos de trabajo que destruye al causar la ruina de los negocios complementarios. Otro estudio sobre el efecto Wal-Mart, centrado en el estado de Iowa en el período que va de 1983 a 1993, explica que, en el tiempo que Wal-Mart abrió en todo el estado 45 centros de venta, están documentados los cierres de más de dos mil negocios, entre tiendas y talleres, afectando especialmente a tiendas de ultramarinos, ropa, artículos de ferretería y suministros para la construcción. Un estudio similar realizado en Chicago demuestra cómo un supercentro Wal-Mart obligó a cerrar, en un radio de seis kilómetros, 82 de los 306 negocios que había establecidos en la zona. Aparte de eso, resulta que la corporación tiene internalizada una gran parte de los servicios complementarios necesarios, con lo cual su establecimiento debilita a todos los proveedores de servicios del entorno: contables, abogados, banqueros, informáticos, arquitectos, servicios de limpieza, compañías de seguros, publicistas... También forma parte del efecto Wal-Mart la reducción de los salarios en toda la zona de influencia de sus centros comerciales, tanto respecto a los competidores, a fin de intentar aproximarse a sus bajísimos costes salariales, como en general, por la pérdida de actividad económica y por la contaminación que provoca en la cultura empresarial, induciendo a una «carrera de mínimos».

También formaría parte del «efecto Wal-Mart» el impacto urbanístico y los recursos públicos que obtiene a la hora de instalarse en las diversas ciudades norteamericanas, especialmente si son pequeñas. Son muchísimos los casos en los que fuerza recalificaciones urbanísticas, ocupa espacios de equipamientos o zonas verdes e incumple casi sistemáticamente las normativas urbanísticas y de usos del suelo. Con aportaciones o sin ellas, su capacidad de presión sobre los políticos locales es inmensa. Por lo menos en México (donde es la empresa líder del comercio al por menor), provocó un gran escándalo su práctica continuada de sobornos para conseguir autorizaciones para establecerse en muchas ciudades. En muchos casos consigue subvenciones de las corporaciones municipales o de los estados para establecerse, ya que aún algunos sectores viven en el espejismo de que su instalación es un elemento de progreso y creación de riqueza. No son despreciables tampoco los efectos urbanísticos, ya que liquida el comercio urbano y fomenta el boom de las grandes superficies comerciales construidas en las periferias de las zonas urbanas, con los efectos sobre las ciudades y el espacio público que esto conlleva, por no hablar del dudoso gusto arquitectónico y el impacto visual que provocan sus tiendas y almacenes, con parkings exteriores inmensos..., es el reino del automóvil. Así, no es de extrañar que se hayan producido movilizaciones en muchas ciudades para evitar su llegada, conscientes algunos ciudadanos de la espiral de pobreza que genera esta compañía en el territorio, los cuales se manifiestan y actúan a fin de defender el bienestar y un determinado sistema de vida. En algunas elecciones locales ha habido candidaturas configuradas como oposición a Wal-Mart, y algunas de ellas gobiernan. No deja de ser curioso que una corporación tan identificada con los valores conservadores extremos del republicanismo acabe generando tanta aversión justamente en la América profunda y entre los ciudadanos sociológica y políticamente conservadores. Como afirmaba el mismo exdirector general, Lee Scott: «Ya sea por nuestro éxito o por nuestra dimensión, Wal-Mart provoca miedo, o al menos envidia».

Pero no acaban aquí los costes públicos de la externalización que genera Wal-Mart. A una parte importante de sus trabajadores —se calcula que un 60 por ciento del total— no se les proporciona seguro médico y de salud, ni se lo pueden pagar ellos mismos atendiendo a los escasos salarios que cobran. Por lo tanto, terminan siendo usuarios del sistema público del Medicare y el Medicaid vía la cuota de personas con ingresos insuficientes y sin cotización. Asimismo, se supone a los trabajadores de Wal-Mart el derecho de beneficiarse de todo tipo de subsidios y ayudas públicas por insuficiencia de renta, hasta el punto de que, cuando ingresan en la empresa, es esta misma la que les proporciona un listado de recursos públicos a los que acudir. He aquí una buena dosis de cinismo: que los miserables salarios de Wal-Mart se terminen completando en forma de recursos públicos. Esto es algo difícil de explicar en una empresa que declara unos beneficios de más de 15.000 millones de dólares anuales y cuyos propietarios principales acaparan los primeros lugares del ranking de personas más ricas de Estados Unidos y del mundo.

Wal-Mart Stores, Inc., es la sociedad matriz del negocio que fundó Sam Walton en 1962, y que con unos activos de 195.000 millones de dólares continúa bajo el control de la familia, a través de sus hijos. Salió a bolsa en 1972, pero es todavía un negocio familiar en la medida en que los Walton controlan el 40 por ciento de las acciones y, a pesar del cambio de dimensión, mantiene muchos de los aspectos del espíritu inicial. A nivel operativo, la corporación está dividida en tres grandes divisiones operativas: Wal-Mart Stores U. S., que controla su primer mercado, el de Estados Unidos; Wal-Mart International, que controla las diversas marcas y compañías que operan en quince países; y, finalmente, Sam’s Club, que es un club de compra de grandes cantidades que funciona por el sistema de socios. Aparte de las divisiones operativas, la corporación ha desarrollado, tanto a nivel nacional como internacional, nueve formatos diferentes de venta minorista, con superficies muy diferentes y dirigidas a mercados específicos. Wal-Mart Discount Stores es el formato de grandes almacenes de descuento con oferta amplia y variada. Wal-Mart Supercenter es el sistema estelar de venta, con producto generalista y alimentario en formato de hipermercado. Wal-Mart Market es una cadena de tiendas de alimentación y algunos productos complementarios. Supermercado de Wal-Mart es la marca que utiliza para captar la comunidad hispana de Estados Unidos, y es una cadena que comercializa ultramarinos. Wal-Mart Express es el sistema de pequeña tienda para entornos relativamente poco poblados, a menudo con servicio de gasolinera. Sam’s Club, aparte de ser una empresa propia, es también un formato de venta para socios y para compras de un cierto volumen. A todo esto habría que añadir la venta por internet, el sistema de entrega a domicilio de Wal-Mart To Go, los pequeños supermercados Marketside para las zonas urbanas y, además, bodegas, cadenas de cash and carry y restaurantes. Alrededor del 40 por ciento de los productos que vende Wal-Mart son marcas blancas, o bien marcas propias, las cuales fabrica en sus cadenas de abastecimiento asiáticas. Una de las claves de su éxito es el mix de productos de sus establecimientos.

El mercado de Estados Unidos significa todavía hoy el 60 por ciento de su cifra de negocio, aspecto bastante lógico atendiendo a que la empresa responde a unos hábitos de compra muy enraizados en el país; no obstante, también tiene una importante expansión en otros países, especialmente del continente americano. A nivel exterior, Wal-Mart ha renunciado a su marca, y utiliza marcas de supermercados ya situadas, las cuales ha incorporado con operaciones de compra. En México, donde ostenta el 51 por ciento de la cuota de comercio al por menor, opera como Walmex, mientras que en Canadá, donde es el empleador más importante del país, lo hace con la firma Woolco. Tiene una presencia muy importante en Centroamérica, y también en Brasil, a través de Bompreço. En Europa, su presencia fundamental es en el Reino Unido, con una cuota de mercado de más del 20 por ciento, por medio de la cadena ASDA. Tiene una fuerte implantación en Japón, con Seiyu. Ha entrado en el mercado hindú, a través de un acuerdo con el conglomerado empresarial Bharti que ha dado lugar a la marca BestPrice. En Alemania, en cambio, la entrada de Wal-Mart terminó con un fracaso que le costó tres mil millones de dólares. No consiguió situarse en un mercado con ofertas de bajo precio muy sólidas y asentadas, y sin las connotaciones corporativas referentes al trabajo de Wal-Mart, que los consumidores alemanes valoraban de manera negativa. Un fracaso similar que terminó también en retirada, sufrió hace pocos años en Corea del Sur.

La cultura corporativa de Wal-Mart es una mezcla de arrogancia, derivada de su dimensión y sus valores históricos como empresa familiar, combinada con planteamientos y supuestos muy conservadores. La obsesión por disponer de precios mucho más bajos que la competencia tensiona tanto la relación con los proveedores como con sus empleados, sometidos a unas fuertes exigencias que contrastan con los misérrimos salarios que perciben, los cuales son, de media, 13.860 dólares anuales, aunque las cajeras sólo llegan a los 11.950, cuando el umbral de la pobreza está situado, según instancias gubernamentales, en 15.260 dólares anuales. El discurso corporativo de la empresa apela el populismo, argumentando ser de gran ayuda para las familias con dificultades, gracias a los precios competitivos y al hecho de proporcionar un gran número de puestos de trabajo. Su clientela está por debajo del nivel medio de renta de Estados Unidos. Los perfiles principales de sus doscientos millones de clientes se han definido como «aspiracionales de marca», «personas sensibles a los precios afluentes» y «compradores de precio-valor». Los primeros serían personas de bajos ingresos obsesionados con las marcas, aunque sean de bajo precio. Los segundos serían personas con buen nivel de renta, pero a los que les atraen las ofertas. Los terceros serían aquellos en los que se combina el interés por los precios bajos con su poca capacidad adquisitiva.

Algunos estudios y encuestas han demostrado que los clientes de Wal-Mart son norteamericanos que llevan incorporados los valores más conservadores del país, y que votan republicano en un 75 por ciento (mientras que sólo un 25 por ciento vota al Partido Demócrata). La corporación blande orgullosa el sentido de pertenencia a la América profunda y a los valores tradicionales, considerando que el impacto de la implantación de Wal-Mart en muchas poblaciones del interior es similar al que tuvo la llegada del ferrocarril en la segunda mitad del siglo XIX. A los bajos salarios les llaman contribución al aumento de la productividad en Estados Unidos, y utilizan sus bajos precios como un aporte nada despreciable al mantenimiento de una inflación moderada en el país. Asimismo, los valores conservadores de la compañía tienen que ver con la vinculación de la familia Walton a las Iglesias evangélicas y a un cierto fundamentalismo religioso, lo cual ha explicado muy bien Bethany Moreton en el libro To Serve God and Wal-Mart: The Making of Christian Free Enterprise. A nivel concreto, este tradicionalismo ideológico se ha traducido en una censura sistemática de los libros, revistas y películas presentes en las estanterías de sus tiendas, donde no hay espacio para los temas eróticos y de temática sexual, ni para posiciones críticas o progresistas. Para cohesionar a sus compradores y, al mismo tiempo, influir políticamente, han creado el movimiento «Wal-Mart Moms», que reúne a amas de casa que se convierten en las principales difusoras de la filosofía comercial y los ideales de la compañía.

Probablemente, en lo que más se ha distinguido Wal-Mart a nivel interno de la corporación es en la práctica de un antisindicalismo militante y en el control de sus trabajadores, a fin de evitar cualquier tipo de organización y de movilización interna. La sindicación está explícitamente prohibida (lo que ayuda a entender su bajísimo nivel de salarios), y cualquier duda en relación con los «asociados» conlleva su despido. Los sistemas electrónicos internos controlan todo tipo de reuniones o encuentros informales entre trabajadores, y todos los encargados están obligados a informar a la dirección sobre la mínima sospecha de desafección. Esta paranoia contra el sindicalismo ha llegado hasta el punto de proporcionar incentivos económicos a las empresas suministradoras que impidan la actividad sindical en sus empresas. Este control interno evoca a una especie de «gran hermano» de Orwell.

La familia Walton, que controla aún la mayoría de la corporación Wal-Mart, es, en conjunto, la familia más rica del mundo, con una fortuna calculada de 115.000 millones de dólares (justamente igual al PIB anual de Bangladesh); o, dicho de otro modo, esa familia dispone de la riqueza equivalente a los 55 millones de familias más pobres de Estados Unidos. De acuerdo con el crecimiento de Wal-Mart, acentuado con la crisis económica justamente por ofrecer productos más baratos, la fortuna familiar ha aumentado de los 73.000 millones de dólares, en 2007, a los alrededor de 115.000 millones actuales. Como elemento añadido para explicar el aumento de la desigualdad en Estados Unidos, si en 2007 la fortuna de los Walton era equivalente a la riqueza combinada de 35 millones de familias estadounidenses pobres, ahora equivale a la de 55 millones de familias. La fortuna familiar está básicamente en manos de siete personas, cuatro hijos directos del fundador, Sam Walton, un nieto y dos sobrinos. La mayoría de ellos, de manera particular, están situados en el ranking de la revista Forbes entre los puestos ocho y veinte de las mayores fortunas planetarias. Gran parte de los miembros de la familia tienen un patrimonio particular equivalente al PIB de Bolivia. Excepto la viuda de Sam Walton, Helen Robson, quien, a su muerte, donó una parte de su dinero para obras de caridad, la familia no se ha distinguido justamente por tener una actitud muy solidaria con sus inmensas fortunas, más allá de algunas donaciones políticas para campañas del Partido Republicano. A diferencia de otras grandes riquezas norteamericanas proclives a la financiación de fundaciones y proyectos de desarrollo en el tercer mundo, la familia Walton ha practicado la cultura de la tacañería tanto en la actividad empresarial, en forma de bajos salarios, seguros médicos inexistentes y el recurso a las subvenciones y ayudas públicas, como en cuanto a su vida privada. Obsesionados por la seguridad, después de los ataques a las Torres Gemelas, en 2001, construyeron un inmenso búnker familiar donde refugiarse ante la posibilidad de una gran catástrofe. Que todos los efectos de Wal-Mart tengan como finalidad y justificación el enriquecimiento de esta familia avariciosa hace que todo pierda bastante el sentido.

El modelo de Wal-Mart cuenta con numerosos y combativos detractores en Estados Unidos y en todo el mundo, hasta el punto de que hay dos webs especializadas en criticar y difundir las malas noticias relacionadas con esta compañía, la significación de la cual resulta odiosa para una parte de la sociedad norteamericana. Representa la soberbia de una dimensión exagerada, la tendencia a arrasar con todo por donde pasa, además de una estética de gusto más bien dudoso. No es del todo descartable que, justamente, su asociación con los sectores menos afortunados de la sociedad norteamericana que recurren a proveerse, acentúe aún más la hostilidad de las clases medias y acomodadas, así como de los sectores progresistas. Con todo, una resistencia concreta y más combativa se está produciendo en comunidades locales que, a pesar de ser conservadoras, no aceptan que el efecto Wal-Mart acabe con la estabilidad y la calidad de vida de sus comunidades. Paradójicamente, en nombre del sueño americano se enfrentan a la compañía que más lo representa.

Las condiciones laborales de la corporación no ayudan precisamente a su popularidad, y, aunque el sindicalismo en Estados Unidos no disfrute de una gran estima, la persecución a la que se lo somete hace que Wal-Mart ponga en cuestión los ideales democráticos y de libertad de la sociedad norteamericana. Asimismo, también suele resultar insoportable la prepotencia con la que actúa a la hora de obtener las licencias de establecimiento en las pequeñas poblaciones, incumpliendo normativas urbanísticas y recurriendo, como se puso notoriamente en evidencia en México, a la práctica del soborno y al tráfico de influencias. Tampoco ha sobresalido Wal-Mart en el respeto por los temas medioambientales, ya que ha habido numerosas denuncias sobre sus prácticas contaminantes, con un sistema logístico que, aunque muy efectivo y bien organizado, se basa en el transporte por carretera. Paradójicamente, las campañas publicitarias de la compañía en los últimos años se apoyan en su respeto por el medio ambiente y su contribución a la disminución de la contaminación, en forma de construcciones sostenibles y el recurso a tecnologías que permiten una mejor eficiencia energética. Esta corporación también ha sufrido denuncias por temas de discriminación de las mujeres, que cobran salarios notablemente más bajos, o bien por dificultar el ascenso dentro de la empresa a las minorías negras o hispanas.

Algunos sectores han apostado por combatir a Wal-Mart basándose en la legislación antimonopolio que tan socorrida ha sido siempre en Estados Unidos, y lo han hecho apelando a los efectos perversos de sus enormes dimensiones, lo cual le permite fijar condiciones y acabar con la competencia. Hasta ahora no lo han conseguido, ya que la lógica de la filosofía de esta compañía reside en el crecimiento continuado para poder sostenerse, y su posición dominante no es el resultado de haber cometido ninguna ilegalidad pactando precios o abastecimientos. Su dinámica, aunque perversa, es jurídicamente inatacable de manera global, aunque sí que lo es en relación con la competencia desleal, las prácticas de dumping y la obtención de licencias. Las denuncias apelando a la legislación antitrust se han estrellado reiteradamente, ya que la política agresiva de precios no es un delito, y el beneficio que su política comercial genera en los consumidores se podría interpretar como uno de los grandes objetivos de defensa de la competencia. No establecen acuerdos para falsear los precios al alza, sino que actúan autónomamente para vender lo más barato posible. Practican lo que en teoría económica se conoce como monopsonio, es decir gozan de una posición dominante, pero no explotan al consumidor, sino al proveedor. Con esto, argumentan los defensores, no hacen sino satisfacer mejor a la ciudadanía y, a la vez, contribuir a la mejora de la productividad general de la economía norteamericana. Una situación similar a la de Wal-Mart sería la posición dominante de la compañía McDonalds, la cual, por esta y muchas otras razones, es también una corporación con muchos detractores y muy puesta en cuestión. La aparente contradicción en Wal-Mart, entre su potencia económica y el recurso redundante de recibir subvenciones y ayudas públicas, es de los aspectos menos aceptables para la ciudadanía, como lo es su externalización de costes hacia el sistema sanitario público y los subsidios del ya de por sí escaso sistema de protección social estadounidense.

Y es que Wal-Mart cuesta muchos recursos públicos en Estados Unidos; se calcula que entre 2.500 y 3.000 millones de dólares cada año, incluyendo los subsidios, las ayudas municipales y estatales para la instalación y funcionamiento de sus centros comerciales, así como los costes médicos públicos de sus empleados y los subsidios por ingresos insuficientes que reciben de los servicios sociales. Desde el punto de vista de la contribución fiscal, Wal-Mart también goza de todo tipo de exenciones y bonificaciones, especialmente por generación de empleo, lo cual provoca que su contribución neta sea muy reducida. De hecho, utiliza todo tipo de subterfugios para reducir su fiscalidad. En México, donde tiene una empresa filial que domina el comercio minorista y es la mayor empleadora privada, se ha denunciado que el nivel de tributación liquidada es escasamente del 0,2 por ciento de su facturación. Con todo, el problema fundamental que plantea Wal-Mart es la destrucción de actividad económica y el empobrecimiento que genera a su paso. El reclamo de los precios bajos ha convertido a Wal-Mart en un monstruo que practica una auténtica depredación del tejido económico con el que se encuentra. Aunque a sus clientes de rentas bajas les puede parecer, de manera inmediata, lo contrario, lo que provoca es el empeoramiento de su nivel de vida y las expectativas de disponer de un empleo digno. Como explica un exempleado de Wal-Mart: «Solíamos entrar en cada pueblo diciendo “6 meses, 3 meses, 6 meses”, es decir, nuestra estimación de cuándo cada negocio debería cerrar». Más allá de su filosofía comercial agresiva, Wal-Mart tiene un problema derivado de su superlativa escala. Representa el 3 por ciento del PIB estadounidense, y el 4 por ciento del consumo del país; su facturación equivale al PIB de Suecia o a un tercio del de España; mueve un millón de contenedores anuales para abastecerse de mercancías; y la presencia de sus vehículos de transporte en las carreteras y las poblaciones se convierte en abrumadora. Un ejercicio excepcional de «destrucción creativa» a los ojos de los defensores a ultranza de la libre empresa y del reino del mercado. Para el economista Raj Patel, esta es una manera de crear cráteres económicos, con Wal-Mart en el centro.

5

La globalización de la economía: un proceso incontrolable y con múltiples disfunciones

En las últimas décadas, y especialmente desde los años noventa, se ha producido un fenómeno que lo ha cambiado todo: la mundialización, en particular de la economía, aunque no exclusivamente. Se ha creado un mercado global que dispone como elementos centrales la libre circulación de mercancías y de capitales, con poderosos efectos sobre todas las otras dimensiones, económicas o no, de la actividad humana. Para algunos, culminaría así el proceso histórico de expansión del capitalismo hacia la consecución del gran objetivo de jugar la partida en un único mercado mundial. De hecho, la globalización económica de los últimos treinta años tiene precedentes y parece inherente a la expansión capitalista. El economista e historiador Immanuel Wallerstein ya hablaba de la globalización económica aplicada al colonialismo en los siglos XV y XVI, época en la que él creía que se desarrolló un comercio de dimensión mundial que posibilitaba una auténtica «economía-mundo». Pero las limitaciones del transporte y las comunicaciones hacían que esta primera mundialización afectara poco a las vidas de la mayoría de los coetáneos. El fenómeno colonial e imperialista de las potencias industriales europeas del último tercio del siglo XIX significaría otro salto cualitativo en la mundialización económica y, en este caso, también demográfica. Los países europeos pretendían crecer ocupando el mundo y poniéndolo al servicio de sus intereses, proveyéndose de materias primas, abriendo mercados, buscando nuevos destinos a la saturación de capitales que sufrían y encontrando válvulas de escape a su presión demográfica. Era «el capitalismo, fase superior del capitalismo» sobre el que teorizaba Lenin o «el colonialismo es una cuestión de estómago», que definía el explorador británico Cecil Rhodes. En cualquier caso, las rivalidades coloniales y capitalistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tuvieron mucho que ver con el desencadenamiento de la primera guerra mundial.

Aunque los progresos en los transportes y las comunicaciones y las necesidades de la economía hicieron aumentar el comercio mundial a lo largo del siglo XX, el período de entreguerras no fue especialmente propicio, pues las tentaciones proteccionistas se impusieron a partir de la depresión iniciada con la gran crisis de 1929, lo que, junto con la eclosión del fenómeno totalitario, provocó la primacía de los «intereses nacionales» en las relaciones económicas internacionales. Al terminar la segunda guerra mundial, en 1945, hubo esfuerzos importantes por parte de los países, especialmente de la economía hegemónica de Estados Unidos, para recuperar el comercio y las relaciones económicas internacionales. Los acuerdos de Bretton Woods sirvieron para institucionalizar la voluntad de construir una economía y unas relaciones internacionales basadas en la interdependencia económica, financiera y política. Pero la liberalización que se impulsaba topó con los límites que fijaba la doctrina económica dominante: el keynesianismo. Esta corriente, hegemónica hasta las crisis petroleras de los años setenta, establecía el concepto de economía social de mercado y estaba en el origen del desarrollo del Estado del Bienestar. El mercado seguía siendo central en la asignación de los recursos, pero el protagonismo económico del Estado era muy grande, en forma de regulaciones, normas, políticas monetarias, un abultado sector público de la economía, una fiscalidad progresiva e inversiones sociales o en infraestructuras. Se imponía la noción de política económica.

Será a partir de los años ochenta cuando se impulsará el concepto de la globalización de la economía, desde la convicción (o el interés) de que la primacía de un mercado mundial no regulado puede hacer más que ningún Gobierno por el crecimiento de la economía y por una mayor distribución de la riqueza a escala planetaria. La idea se plasmará con grandes cambios en los años noventa y en la primera década del siglo actual. La combinación del triunfo de una determinada noción de la economía, la voluntad política, el hecho de disponer de influyentes instituciones de alcance mundial para imponer criterios, junto con el progreso tecnológico, las mejoras en las comunicaciones y el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) provocarían el dominio de esta nueva dinámica. «El mundo es plano», titularía el periodista de The New York Times Thomas Friedman su alegato en pro de la globalización. Así, los procesos desregulatorios impulsaron una liberalización que afectó a las dimensiones del comercio internacional, las finanzas y las inversiones. Esta mundialización del capital y de las mercancías afectaría la vida de todos, ya que suponía una auténtica redistribución de la producción a escala planetaria. A diferencia del pasado, ahora no se desplazaban tanto las personas como las estructuras productivas y el trabajo. Este proceso de construcción de un solo mundo donde la palabra mágica era «liberalización» seguía manteniendo restricciones a la movilidad de las personas, a la extensión de los derechos sociales o a la globalización de las libertades políticas y la democracia. Dicho proceso, que todavía está en marcha y se está profundizando, a pesar de la crisis, ha sido presentado como un imponderable e inexorable triunfo del mercado. No obedece a intereses, no ha sido maquinado, significa riqueza para todos y responde a una dinámica económica lógica. Se presenta, de hecho, como el triunfo de la lógica. Sus efectos, sin embargo, y esto sí que es lógico, van mucho más allá de la economía y están afectando al conjunto de la sociedad en lo laboral, en la composición social, en los hábitos de consumo y también en la gobernanza democrática. A escala mundial, se está produciendo un auténtico fenómeno homogeneización de las pautas, que no de la capacidad adquisitiva y del bienestar.

A nivel más concreto, cuatro factores principales impulsaron el comercio internacional para que pasara de representar el 20 por ciento del PIB mundial a más del 60 por ciento actualmente. En primer lugar, la liberalización comercial en forma de reducciones arancelarias. Entre las dos últimas décadas del siglo XX, las tasas aduaneras medias en los países avanzados se redujeron del 10 al 5 por ciento, y las de los países atrasados, del 25 al 13 por ciento. En segundo lugar, a partir de mediados de los ochenta se instrumentaron beneficios fiscales en los países emergentes y pobres para atraer inversiones industriales, con exenciones extremas, como las que se dan en las zonas de procesamiento de exportaciones. Un tercer factor a considerar ha sido la revolución de las TIC y, muy especialmente, la aparición de internet, que ha permitido las comunicaciones baratas y en tiempo real entre las sedes corporativas y las fábricas donde se realizan los procesos productivos. Finalmente, y no es baladí, ha habido un extraordinario abaratamiento del transporte marítimo desde finales del siglo XX, con un disminución de las tarifas del entorno del 70 por ciento.

Fruto de todo ello, se comenzó a disociar las zonas geográficas preferentes para la producción de las del consumo. Los costes de transferencia, antes prohibitivos, se convertían en más que asumibles, mientras que en el tercer mundo se consolidaba una fuerza laboral barata, estable y disciplinada, y en un ambiente político «seguro». El proceso conllevaba cambiar la vieja estrategia, la de promover una industria nacional para abastecer el mercado interno y sustituir las importaciones, por otra nueva, la de aprovechar las ventajas comparativas y promover un sector industrial exportador basado en la mano de obra barata. A día de hoy, cerca de la mitad del comercio mundial está vinculado a corporaciones internacionales que no hacen sino transportar componentes. Como ha señalado Dani Rodrik, la movilidad del capital debería permitir la distribución de los ahorros globales de manera más eficiente, canalizar recursos hacia usos más productivos y generar crecimiento económico. La globalización prometía dar acceso a todos los mercados, al capital y a la tecnología, además de impulsar una buena gobernabilidad. Las cosas no fueron exactamente así.

El enconado debate entre globalizadores y antiglobalizadores. Todo tiene sus pros y sus contras

El proceso globalizador generó pronto una respuesta de oposición, no sólo y especialmente en los ámbitos académicos y políticos formales, sino sobre todo en el campo de los activistas de eso que se conoce como la izquierda radical o alternativa. Una serie de plataformas más o menos organizadas se movilizaron contra la globalización y sus efectos: Attac, Anonymus, 11M, Indignados, Occupy Wall Street, etc. Las reuniones internacionales de las instituciones y los Gobiernos que debatían la ampliación del proceso liberalizador, ya fueran el G20, las rondas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o los foros del FMI, congregaron numerosas manifestaciones de protesta, fuertes dispositivos policiales y estallidos de violencia callejera. Había nacido el que primero se conoció como el «movimiento antiglobalización» y que, dadas las connotaciones negativas del término, fue mudando luego hacia «altermundismo». Este movimiento de rechazo congregó posicionamientos e intereses muy diferentes, desde los que acudían por razones políticas e ideológicas cercanas al anticapitalismo, hasta los que defendían sus actividades productivas hasta ahora protegidas, pasando por los posicionamientos solidarios de los que veían los efectos perversos que, en algunos lugares, generaba el proceso de mundialización. Tal movimiento aglutinó tanto a los que partían de la enmienda a la totalidad del proceso, aduciendo el neocolonialismo que esto suponía para los países pobres y en desarrollo y considerando que la doctrina económica neoliberal imperante era un motor de la desigualdad, como a aquellos que cuestionaban aspectos concretos, tales como los efectos nocivos que provocaban en muchas sociedades las formas y los ritmos con que se iba llevando a cabo la construcción de un gran y único espacio económico, en el que las reglas se fijaban desde los países centrales y los organismos internacionales que se ocupaban de ello. A muchos de los movilizados no se les escapaban las posibilidades positivas que se podían generar con la ruptura de las rígidas fronteras nacionales, pero veían como la globalización sólo afectaba al comercio, a las finanzas y al capital, mientras que, en cambio, limitaba la movilidad de las personas y no generalizaba los derechos sociales, de modo que el proceso no conducía a una redistribución internacional de la riqueza. Era, como decían algunos, la globalización de la pobreza.

El carácter asimétrico que ha caracterizado el proceso de mundialización ha reforzado, y mucho, la posición de los sectores críticos que desconfían del mantenimiento del intercambio desigual en el comercio, de los movimientos especulativos del capital financiero, de la deslocalización industrial que busca aprovechar la mano de obra barata, del menosprecio de las estructuras políticas y los derechos sociales, de la contaminación y los efectos nocivos sobre el medio ambiente, de la destrucción de las economías locales y del aumento de la pobreza y la desigualdad a escala mundial. La actitud de soberbia de algunas grandes potencias y de instituciones como el FMI tampoco ayuda mucho. Se daban demasiadas evidencias de que, tal y como se estaba implementando, la globalización respondía a los intereses de unos, mientras los otros se veían obligados a ceñirse, si pretendían algún tipo de ayuda al desarrollo, a las famosas y perversas cláusulas de condiciones.

Los partidarios de la globalización también se han hecho oír, y mucho. Los aspectos positivos, a menudo devaluados precisamente porque se han llevado hasta la exageración, han formado parte del discurso político oficial de los Gobiernos y de la gran mayoría de los partidos políticos que forman parte de los arcos parlamentarios. La socialdemocracia, en plena crisis de identidad, no ha hecho oír una voz propia y, menos aún, crítica. El mundo académico, dominado en gran parte por los partidarios de la economía de la oferta y de los mercados desregulados, ha hecho una función claramente ideológica en pro del proceso. Los ambiciosos think tanks liberal-conservadores, estadounidenses o no, han realizado también una función evangelizadora.

De hecho, estos think tanks fueron creados para cumplir este objetivo. Se ha tratado de explicar la mundialización como una movilización de recursos que permitiría un crecimiento económico sostenido y generalizable, como si se tratara de la gran oportunidad de los países pobres para salir de su atraso endémico y tomar la senda del desarrollo. Los publicistas de la globalización suelen matizar más bien poco, se creen poseedores de una verdad incuestionable y desprecian los efectos perversos de la globalización en estos países, aduciendo que son la consecuencia lógica del arranque económico —como en la Inglaterra del siglo XIX—, o bien la consecuencia de que en estos países pervive todavía un excesivo intervencionismo estatal. El modelo del que parten no se equivoca, y, en todo caso, quien lo hace es la realidad. Ciertamente, la globalización ha traído oportunidades económicas a lugares insospechados y ha demostrado que se puede utilizar la tecnología de maneras imprevistas, pero no es menos cierto que no ha extendido la riqueza ni ha mantenido el empleo, sino que ha creado parados de larga duración y ha reintroducido la inseguridad laboral.

En un mundo donde la demanda de productos de consumo masivo se limita al 15 por ciento de la población —la que se lo puede permitir—, la pobreza no es un aspecto colateral del sistema, sino que es condición indispensable para disponer de costes bajos y, a ser posible, para ir reduciéndolos. La sobreoferta obliga a los productores de los nuevos países industriales a reducir progresivamente los precios y los salarios, ya que la misma competencia entre países pobres y más pobres así lo permite; al competir los países en vías de desarrollo entre ellos se entra en esta lógica de mercado. Cuanto más aumenta la economía de la exportación, menos ganancias genera en los países productores. Pobreza y reducción de costes son la base de esta economía, lo cual tiene poco que ver con el crecimiento económico real que se prometía. A su vez, esto tiene un efecto sobre los niveles salariales y laborales en todos los países, no sólo en los exportadores, ya que la existencia de grandes ejércitos de mano de obra barata de reserva termina afectando al conjunto de los salarios mundiales. En un mundo sin fronteras económicas y comerciales, ya no hay sistemas salariales autónomos o nacionales.

En medio de esta polarización entre partidarios y detractores —que es más ideológica y política que técnica, no nos engañemos—, cuesta hacer oír las voces más matizadas y prudentes. Probablemente, en esta línea, la palabra de Joseph Stiglitz es la más escuchada y la que tiene más autoridad. Premio Nobel de Economía, Stiglitz había formado parte del equipo económico del presidente Bill Clinton y, luego, fue economista jefe del Banco Mundial, institución que abandonó por falta de afinidad con el enfoque de sus políticas. Stiglitz, defensor de la importancia del comercio internacional como fuente de estímulo para el crecimiento económico, ha sido y es muy crítico con la forma en que se ha llevado a cabo el proceso de globalización, tanto en lo referente a los objetivos, como a las maneras y los ritmos. Cree que es un proceso que se tendría que gobernar y controlar, especialmente en lo que afecta a las finanzas internacionales, para ponerlo al servicio del desarrollo de todos los países, y especialmente de los más pobres. Critica la actitud «partidista» de las instituciones internacionales como el FMI al respecto y considera clave invertir la tendencia de desigualdad social creciente que el proceso está generando, tanto en los países pobres como en los propios países centrales. Es una posición ponderada, que entiende las enormes posibilidades que la integración económica mundial puede generar, siempre y cuando se actúe con la prudencia necesaria y los objetivos a los que se quiera servir sean en pro de una mayor y mejor distribución de la riqueza y del bienestar. La paradoja de todo esto, es que la eliminación rápida y progresiva de la industria en los países desarrollados no ha hecho sino contraer la demanda del mercado de los mismos productos que se van a fabricar fuera, y mientras, por efecto justamente de eso, los nuevos países industriales deben producir cada vez más barato para poder exportar a un mercado occidental en proceso de encogimiento progresivo. Los bajos salarios del tercer mundo y los efectos de la reestructuración económica y de la recesión en los países avanzados no favorecen el desarrollo del consumo masivo tal y como se había planeado, ni el aumento general del poder de compra.

Todavía en 2010, en un documento del Banco Mundial titulado pomposamente «Modernización del multilateralismo para un mundo bipolar», su presidente Robert B. Zoellick argumenta que, desde 2009, ha llegado la hora del tercer mundo, y lo fundamenta en el crecimiento de las cifras de exportación asiáticas y de los países en vías de desarrollo, así como en el hecho de que África se esté convirtiendo en el gran polo de potencial crecimiento futuro. Continúa haciendo una defensa encendida de los principios que inspiraron la liberalización económica y la globalización en la década de los noventa, las cuales cree que han sacado de la pobreza a cientos de millones de personas en todo el mundo y, sobre todo, están empezando a dar oportunidades a muchas más. La crisis económica actual, sus causas y sus efectos, no tienen ninguna importancia, sólo son una piedra en el camino. Conmueve un ejercicio tal de optimismo.

En el otro extremo, para Jeffrey Sachs, la globalización ha sido el reto económico más malogrado de los últimos cuarenta años. Sin una participación activa de los Gobiernos, no ha sido posible que los grandes cambios de esta época hayan revertido de manera más o menos equilibrada en el conjunto de la sociedad. Para la Organización Internacional del Trabajo, los efectos de la globalización han sido de manera general bastante decepcionantes: «Para la inmensa mayoría de mujeres y hombres, la globalización no ha satisfecho sus aspiraciones sencillas y legítimas de lograr empleos decentes y un futuro mejor para sus hijos».

El porqué de este proceso.

La primacía liberal-conservadora

La hegemonía keynesiana en el terreno del pensamiento y de las políticas económicas se puso en entredicho en los años setenta, bajo los efectos de las dos grandes crisis del petróleo. Después de treinta años de ciclo keynesiano, con la primacía de una economía de la demanda en la que el Estado corregía las disfunciones del mercado y en la que el amplio consenso entre la socialdemocracia y el liberal-conservadurismo había permitido desplegar un Estado del Bienestar que había dotado de cohesión y nivelación a la sociedad europea, los teóricos y los políticos liberales que no compartían tal nivel de intervencionismo y pretendían ir hacia un mercado desregulado tuvieron su oportunidad. Tras combatir durante años los planteamientos keynesianos y el modelo social europeo, Hayek y la escuela económica de Chicago, que lideraba Milton Friedman, convirtieron su pensamiento basado en el individualismo, su concepto económico clásico de la autorregulación del mercado y su percepción de los efectos perversos del intervencionismo estatal en ítems de la ideología dominante. Estábamos ante el triunfo de lo que se conceptúa como «neoliberalismo», vigente como sistema de pensamiento económico dominante desde la década de los ochenta y hasta nuestros días, aunque la crisis económica iniciada en 2008 lo ha dejado un poco maltrecho y bajo sospecha.

El impulso neoliberal en economía se vio reforzado por las revoluciones conservadoras que a lo largo de la década de los ochenta llevaron a cabo Margaret Thatcher, en el Reino Unido, y Ronald Reagan, en Estados Unidos; en ambos casos se fusionaban los planteamientos más radicales de Hayek o Friedman sobre el predominio del mercado con valores ideológicamente muy conservadores. Se trataba de revertir la hegemonía keynesiana del intervencionismo estatal y los objetivos redistributivos y sociales en el aspecto económico, pero se buscaba también recuperar los valores más tradicionales del conservadurismo, volviendo a situar en un punto central la religiosidad, la familia tradicional y el esfuerzo como moralidad imperante. El consenso del Estado del Bienestar y del modelo social europeo se iba a pique. Pero no sólo eso... También se ponían en marcha políticas privatizadoras y desreguladoras que retiraban de la economía al Estado y a sus mecanismos de nivelación y control, para entregarla a las fuerzas del mercado. Hacía tiempo que los intereses empresariales y el gran capital no encontraban unos aliados políticos tan favorables. El enfoque de las instituciones internacionales se alineaba con esta nueva perspectiva, dejando estas de ser instrumentos de ayuda al desarrollo para convertirse en agentes para la implantación del libre mercado desregulado a escala mundial. La crisis y la desaparición final del bloque soviético acabarían creando el contexto necesario para la globalización. La guerra fría y la política de bloques habían significado un factor limitador notable tanto para la mundialización absoluta del capitalismo como para la imposición de dinámicas de creación de un mercado mundial único. Ya sólo era cuestión de ponerse manos a la obra.

El Consenso de Washington

se convierte en la hoja de ruta

El Consenso de Washington es un documento de trabajo elaborado en 1989 por un economista inglés vinculado al FMI y al Banco Mundial, John Williamson, titulado «Lo que Washington entiende por política de reformas», en el que establecía los requisitos de carácter liberalizador que se creían exigibles en los países emergentes y en todos aquellos que tuvieran la vocación de iniciar un proceso de desarrollo económico, especialmente en Sudamérica. Aunque es sólo un documento de trabajo, dicho texto ha terminado representando y simbolizando las doctrinas que promueven el inicio del rápido proceso de globalización económica de los años noventa a escala planetaria, así como el triunfo de los supuestos del libre mercado no regulado. Se trataba de que los países en vías de desarrollo implantaran las políticas adecuadas para generar confianza e iniciar procesos rápidos de crecimiento económico. El documento contiene una lista de diez recomendaciones en materia de política económica, redactadas como si fuera una guía de instrucciones —y en cierto modo lo era— escrita desde la nueva ortodoxia dominante, y parte de tres premisas fundamentales. En primer lugar, plantea la superioridad de la gestión privada sobre la pública, abogando por una reducción del Estado a su mínima expresión, dejando así al sector privado la gestión incluso de los servicios públicos básicos y convirtiendo la Administración pública en un mero facilitador de negocios y una garantía de la estabilidad y la paz sociales. En segundo lugar, supone grandes ventajas a la internacionalización de la economía y la globalización, por lo que recomienda a estos países abrirse y atraer inversiones extranjeras, y así reconvertir su estructura productiva para poder exportar y beneficiarse de la tecnología de las empresas extranjeras que ellos no tienen. En tercer lugar, cree que la primacía de la actividad privada y de la internacionalización generará un flujo de riqueza tan abundante que acabará favoreciendo a todos los sectores sociales, incluso los más pobres, asumiendo así como propia la tesis económica del derrame.

A partir de estos supuestos, las recomendaciones consisten en: una disciplina presupuestaria estricta que elimine los déficits; la reorientación del gasto público hacia las infraestructuras y la educación en lugar de hacia el gasto social y asistencial; la reducción de los impuestos ampliando la base tributaria; la liberalización de los tipos de interés; la devaluación monetaria para ganar competitividad; la liberalización del comercio para acabar con el proteccionismo; la apertura hacia las inversiones extranjeras; la privatización de las empresas públicas; la desregulación total de los mercados; y, finalmente, el reforzamiento de las garantías de seguridad jurídica para la propiedad privada. El documento recomienda las políticas de ajuste y las reformas estructurales que Estados Unidos y el Reino Unido habían llevado a cabo a raíz de las crisis del petróleo de 1973 y 1978, que se consideraban modelos de éxito. Se exigía así una generalización de las reglas del capitalismo anglosajón en todo el mundo, a fin de que el campo de operaciones de las grandes corporaciones se pudiera mundializar. Hacía falta cambiar las reglas del juego para poder invertir sin trabas en el mercado mundial. Como bien señaló Paul Krugman, «el Consenso de Washington parecía marcar un momento decisivo de los asuntos económicos mundiales. Ahora que la mano muerta del Estado empezaba a retirarse de las economías del Tercer Mundo, ahora que los inversores empezaban a ser conscientes de las enormes posibilidades de beneficios de estas economías, el mundo estaba preparado para un dilatado período de crecimiento rápido en los países que hasta entonces habían sido pobres y para los masivos movimientos de capitales de Norte a Sur. La cuestión no era si se cumplirían las expectativas optimistas sobre el crecimiento en los grandes mercados emergentes, sino si los países industrializados serían capaces de afrontar la nueva competencia y aprovechar las oportunidades que les ofrecía ahora este crecimiento». Lo más elocuente es que el mismo John Williamson se mostró perplejo y molesto con el uso y abuso de su documento, expresando su disconformidad con la manera en que se estaban aplicando algunos preceptos, especialmente en cuanto a la liberalización de los mercados de capitales.

El fundamentalismo del mercado

Uno de los aspectos cruciales de la globalización económica ha sido la asociación a la dinámica espontánea del mercado una vez eliminadas buena parte de las trabas derivadas de las regulaciones. La mundialización de la economía sería pues la extensión del mercado hacia el ámbito global. Según la doctrina dominante, como al no haber interferencias la competencia se expresa de manera perfecta y se regula de manera automática, el predominio del mercado sólo puede traer crecimiento económico y desarrollo en todos los ámbitos. Con el predominio de los planteamientos económicos neoclásicos que se derivan de las tesis de Walras, pasando por Hayek y Friedman, la economía deja de ser una ciencia social para convertirse en una ciencia exacta, o pretendidamente exacta. La incorporación de un importante aparato matemático y la sofisticación de los modelos estadísticos y econométricos empleados lleva a esta ciencia a un mundo de certezas absolutas. Frente a la economía como ciencia moral que preconizaba Keynes, donde la previsibilidad era escasa, pues dominaba la noción de incertidumbre, esta economía neoclásica imperante convierte la incertidumbre en riesgo, y el riesgo es medible. El mercado es una religión a la que se profesa una fe incuestionable; la explicación de su equilibrio, una pura cuestión matemática. El entramado intelectual construido con estas premisas culmina en la consideración de que, combinando la información disponible del pasado y del presente, se puede prever lo que sucederá en el futuro. El método, afirman, es infalible. A partir de aquí se desarrollaron tres grandes conceptos sobre los que se establece la política económica a partir de los años ochenta: la teoría de las expectativas racionales, de John Muth y Robert Lucas; la teoría del ciclo económico real, de Finn K. Kydland y Edward C. Prescott; y la teoría de los mercados financieros eficientes, de Eugène F. Fama. Se trataba de demostrar, aunque fuera de manera compleja y poco acertada, que las opciones de los agentes económicos de forma agregada siempre son racionales; que si no se producen interferencias, la demanda siempre iguala la oferta porque los mercados siempre son eficientes si no están regulados. Obviaban un hecho bastante elemental: la información que poseen los diferentes agentes económicos es asimétrica e incompleta. Como ironizó el economista Robert Skideslky: «Si tan sólo una persona estuviera perfectamente informada, nunca habría crisis generales. Pero la única persona perfectamente informada es Dios, y él no juega en la bolsa».

El FMI, el BM y la OMC toman el mando

El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) se han convertido durante la globalización en las tres grandes instituciones de mando del impulso a la liberalización. Mudaron las dos primeras su papel de ayuda al desarrollo para reconvertirse en instrumentos de apertura de los mercados en pos de una auténtica economía-mundo, al servicio de los dictados de la Reserva Federal estadounidense y de las directrices políticas y económicas de los países centrales. Los dueños del capital exigían el derecho a entrar y salir libremente de los países.

El FMI, institución clave surgida de Bretton Woods, se creó en su momento con una orientación keynesiana, que debía poner en evidencia los fallos del mercado y sostener el papel del Estado en la creación de empleo. A partir del Consenso de Washington, su función inicial es reemplazada por un enfoque de sacralización del mercado y de impulso a las políticas «correctas», adecuadas para ser aplicadas en los países atrasados. El FMI sólo aportaría recursos si los países recortaban los déficits y aumentaban los impuestos y los tipos de interés. Eran políticas de apertura, pero contractivas. Como escribe Stiglitz, Keynes se revolvería en su tumba si viera en qué ha acabado convertida su criatura. Este mismo autor describe de manera taxativa las decisiones tomadas por este organismo como una «mezcla de ideología y de mala economía», una ideología que orienta las prescripciones políticas y que espera que los países adopten sus criterios sin resistirse. Por su parte, el FMI afirma que no dicta políticas, sino que negocia las condiciones de los préstamos. En realidad, esto es una negociación desigual en la que el organismo internacional no escucha a los clientes. Las cláusulas de condicionalidad de los préstamos, obligan a los receptores a seguir determinadas políticas y medidas concretas. Es la manera de imponer su criterio. Si los resultados no son los esperados, es porque no se han aplicado sus designios de manera completa. Si hay paro, es debido a que no se han reducido suficientemente los salarios.

Para Stiglitz, el FMI «subestimó los riesgos de sus estrategias de desarrollo económico para los pobres, así como los costes sociales y políticos a largo plazo de las medidas que devastaron a las clases medias y sólo enriquecieron a un grupo de opulentos, sobrestimando los beneficios de sus políticas fundamentalistas del mercado». La soberbia con la que actuó este organismo resultó una mala consejera, así como la influencia de las grandes corporaciones, especialmente las financieras, en su toma de decisiones. Una de las perversiones consiste en que las decisiones sobre cuestiones económicas se toman entre un pequeño núcleo de personas que viven dentro de la cultura financiera y que, dentro de este mundo, van mudando de posición. Ministros de Hacienda, dirigentes de los bancos centrales, máximos ejecutivos del FMI o del Banco Mundial, provienen y terminan en los equipos directivos de los grandes grupos financieros... Un sistema de «puertas giratorias» muy obsceno. La comunión de intereses económicos y profesionales es muy grande. Siempre aparecen en el origen o en el destino Citigroup o Goldman Sachs.

El Banco Mundial, cuyo nombre completo es en realidad Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), es también una criatura de Bretton Woods que, como su nombre indica, se creó para promover a través del crédito el desarrollo de los países en dificultades. Esto hizo durante años; pero, en la década de los ochenta, con el pertinente cambio de enfoque y de dirección, abrazó la nueva fe liberalizadora y el fundamentalismo del mercado, conceptos por los que adoptó también una función «misionera». Para la nueva economista jefe, Anne Krueger, el Estado era la causa de la pobreza de algunos países y la solución a sus males pasaba por adelgazarlo y hacer triunfar el mercado libre.

La Organización Mundial del Comercio tiene una historia más corta como organismo, ya que se creó en 1995. Fue el resultado de la institucionalización de lo que hasta entonces había venido funcionando sin ningún organismo, como eran los acuerdos del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), firmados al finalizar la segunda guerra mundial para promover la recuperación del comercio internacional, reduciendo las cláusulas proteccionistas y en pro de una liberalización progresiva. Las sucesivas «rondas» o reuniones internacionales impulsaron la apertura de los mercados de manera bastante prudente durante años, y con resultados bastante satisfactorios. De hecho, los países asiáticos que tuvieron más éxito económico —los llamados «tigres asiáticos»—, que sorprendieron al mundo con procesos de transformación económica profundos, se habían abierto al mundo de manera lenta y gradual. La OMC se creó para acelerar este proceso, en una acción combinada con otros organismos internacionales, para que la libre circulación de mercancías fuera una realidad. El hundimiento del sistema soviético era todo un reto, como lo eran los cambios económicos que se iniciaban en China. A esta institución se la situaría en un lugar central y estratégico en la nueva geopolítica, cuestión bastante lógica si atendemos al hecho de que el pensamiento económico dominante situaba en el comercio la clave del crecimiento económico, así como también de las relaciones internacionales y de la gobernanza democrática. El comercio lo era todo.

El triunfo de la implosión del modelo soviético y los cambios en China

La caída del muro de Berlín y el hundimiento de la experiencia de «socialismo real» de la Unión Soviética dieron alas al proceso globalizador y al liberal-conservadurismo que lo sostenía. Era una victoria moral, con mucha carga simbólica, pero abría también el campo de juego para las grandes corporaciones y la mundialización de la economía. El sistema soviético implosionó internamente desde que tomó las riendas Mijaíl Gorbachov, que no tuvo más remedio que soltar lastre, primero, abandonando los países que formaban parte del bloque de economía de planificación centralizada, para terminar aceptando después la liquidación del propio sistema de la Unión Soviética. La presión que ejerció la revolución conservadora imperante en el mundo, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan al frente (y con la colaboración del papa Juan Pablo II) también tuvo su función en la crisis final del sistema soviético y en su quiebra. Se acababa la política de bloques, y un sistema político y económico se erigía en triunfante, era el «fin de la historia», como blandía de manera orgullosa y un poco ilusa Francis Fukuyama.

Más allá de la victoria ideológica y política del capitalismo más liberal, el comunismo dejaba de interferir como modelo alternativo en el interior de los países occidentales, pero, sobre todo, en los países periféricos del capitalismo, donde había recursos y un gran mercado. Tampoco se renunció a llevar el modelo «ganador», el pensamiento único, a Rusia y la mayor parte de los países de Europa del Este. Lo cierto es que las políticas que se impulsaron, con privatizaciones y una acelerada liberalización (y las consiguientes cláusulas de condicionalidad en las ayudas), no evitaron un destrozo productivo, que, en Rusia, significó el 50 por ciento de su PIB, además de la rápida configuración de unas élites extractivas de nuevos ricos, las cuales impusieron un sistema de saqueo económico del sector público y unos comportamientos empresariales dignos de la mafia, junto a sólo un muy débil y aparente sistema democrático y de libertades. No se intentó un proceso de transición hacia la economía de mercado, sino que se aplicó una terapia de choque. El resultado fue que el 70 por ciento de la economía rusa quedó en manos de treintaiséis corporaciones, es decir de treintaiséis personas. Como ha resaltado John Ralston Saul, «se había pasado de un sistema público altamente centralizado a convertirse en el sistema con el sector privado más centralizado de las grandes economías mundiales. Se habían ignorado todas y cada una de las nociones occidentales tradicionales sobre los peligros de los oligopolios y los monopolios».

Uno de los fenómenos contemporáneos de mayor trascendencia ha sido el viraje económico por parte de China, que se inició a principios de la década de los noventa. Desde que el artífice del cambio, Deng Xiaoping, pronunció la célebre frase «enriquecerse es glorioso», el proceso de crecimiento económico del país ha sido grandioso y es de sobra conocido. A diferencia de la antigua Unión Soviética, el abandono del maoísmo, al menos en el terreno de la economía, se hizo, sino gradual, sí al menos férreamente, controlado por las estructuras de un poderosísimo Estado que mantenía el sistema de partido único. Era el planteamiento de «un país, dos sistemas», que, en términos numéricos, tan buenos resultados les ha dado y que ha transformado bastante un país, que era eminentemente rural, en una potencia industrial y comercial. A este respecto, las instituciones internacionales y las doctrinas imperantes se tuvieron que conformar con incorporar a este país a la economía global, y aceptar sus particularidades políticas y que las condiciones, en este caso, las establecieran ellos, gracias a ser una potencia financiera que les ha llevado a financiar una gran porción de la inmensa deuda contraída por los países occidentales. ¡Qué paradoja! China aceptó convertirse en la fábrica del mundo, pero con condiciones propias. Su incorporación a la OMC se presentó en Occidente como una victoria, pero quienes se resistirían a eliminar cláusulas de protección con relación a ellos serían justamente los países occidentales. Aunque no todo es un camino de rosas para el gigante asiático. Como denuncia Oxfam Intermón, en la provincia china de Guangdong, donde se produce un crecimiento industrial espectacular en la actividad textil, las trabajadoras hacen una media de 150 horas extras mensuales y el 90 por ciento no tiene ningún tipo de seguro ni protección social. El comunismo ideológico no garantiza la inexistencia de las formas más brutales de explotación.

De todos modos, China e India representan casos muy particulares en el mundo de la globalización económica, aunque a veces se tiende a obviarlo. Su vinculación con la globalización es puramente instrumental y disponen de proyectos socioeconómicos propios que poco tienen que ver con la ideología del comercio mundial como paradigma y con el triunfo de los mercados desregulados. Son dos potencias que se incorporan al mundo global de la producción con el objetivo de combatir la pobreza interior, lo que es especialmente evidente en China. Ambos países mantienen el control de su mercado interno, al que les resulta difícil acceder a las corporaciones occidentales. En China, además, el Estado continúa controlando la mitad de la estructura industrial del país, con todo lo que ello significa. Son dos civilizaciones con una larga trayectoria histórica y orgullosas de su particularidad. Aunque ingenuamente se las esgrime como ejemplos de la superioridad de la globalización y del libre comercio mundial, disponen de un proyecto propio y de planteamientos fuertemente nacionalistas. Serán las dos grandes potencias económicas cuando la globalización haya fracasado definitivamente, fundamentadas en su inmenso mercado interior, así como en la competitividad exterior de sus productos y sus servicios.

Prisa, mucha prisa

Una de las características del proceso globalizador y de las políticas liberalizadoras impulsadas desde las instituciones internacionales ha sido la vocación de rapidez a la hora de implantar los cambios en los países pobres o en desarrollo. Se ha tratado de provocar aperturas súbitas de estos mercados, con auténticas terapias de choque. No se han querido acompañar con operaciones liberalizadoras graduales, pilotadas por los Estados de cara a corregir los fallos del mercado o minimizar efectos colaterales perversos, aunque en los países que han tenido la fortaleza política para hacerlo de esta manera, los efectos beneficiosos han sido mayores, como ha sido el caso de los tigres asiáticos o de China. El ejemplo más claro de la prisa del FMI por implantar medidas drásticas ha sido Rusia y los antiguos países de Europa del Este. Se trataba de aprovechar la oportunidad de derrumbamiento del antiguo sistema y la falta de nuevas estructuras políticas sólidas para imponer cambios drásticos que comportaron una auténtica desarticulación del antiguo sistema productivo, el cual, aunque muy imperfecto, garantizaba unos niveles mínimos de riqueza y de bienestar. El resultado fue la generación de mucha pobreza y desprotección para la mayoría de la población, excepto para unas élites que, procedentes de la dirección del antiguo régimen, se convirtieron en colaboradores necesarios del proceso y en los nuevos plutócratas.

El ejemplo que se utilizaba para justificar tales políticas neoliberales de aplicación drástica era Chile, donde, en 1973, y de la mano del nuevo dictador Augusto Pinochet, desembarcaron los economistas de la llamada escuela de Chicago que, bajo la maestría de Milton Friedman, impusieron unas durísimas políticas de corte monetarista, liquidando el sector público de la economía, liberalizando el comercio y la entrada de capitales extranjeros y aumentando los impuestos. Dichas políticas obtuvieron sólo unos éxitos relativos, ya que mejoraron el producto interior bruto (PIB) del país, pero sumieron en la pobreza a buena parte de la población. Estas políticas de choque habrían sido difícilmente aplicables de haber existido un sistema democrático y de libertades, ya que la población no lo habrían aceptado. Joseph Stiglitz ha hecho notar la importancia de los ritmos y los tiempos en los procesos de apertura económica como garantes de que los efectos benefactores superen todo lo que no es deseable. Las aperturas comerciales, si se hacen a gran velocidad, siempre generan pobreza en el corto plazo. El problema del FMI y de la filosofía del Consenso de Washington es no haber entendido que para liberalizar las economías no sólo se necesitan decretos desregulatorios, sino que se requieren también cambios en la sociedad que tienen un tempo más largo, y que casan mal con las prisas.

Todo debían ser ventajas

El predominio absoluto del mercado desregulado fue presentado como el nuevo paradigma que tenía que aumentar la riqueza y el bienestar de todos. Pero las cosas no fueron exactamente de esta manera. Los beneficios de las grandes corporaciones sí crecieron, como lo hizo la renta de un sector muy minoritario de la población de los países pobres. No se puede negar que, en los países más atrasados, una parte de la población agraria ha obtenido empleo en las nuevas industrias que allí se han establecido, mejorando un poco sus ingresos, aunque, con los salarios de miseria asignados, se hace difícil poder hablar de una mejora del bienestar. Pero, en cambio, lo que sí han perdido esas clases bajas es protección, asumiendo un nivel de riesgo muy grande y que a menudo los lleva a la desocupación, para la que no hay ningún tipo de cobertura. En los años estelares de la globalización, entre 1990 y 1998, los 2.718 millones de pobres extremos del mundo (con ingresos inferiores a dos dólares diarios), aumentaron en cien millones de personas más. No es exactamente lo que se había dicho que pasaría. Resulta paradójico que en el mundo haya más de 2.000 millones de personas con problemas de salud relacionados con la alimentación. La mitad padecen obesidad como resultado de un exceso de ingesta de calorías, mientras que la otra mitad sufre de anemia extrema por desnutrición.

Ciertamente, el PIB de muchos de estos países ha aumentado, pero no se debe confundir esto con el bienestar de la población. A menudo, la mejora de las cifras macroeconómicas no implica una distribución social de esa riqueza. A veces se justifica la radicación de los «talleres del sudor» en Bangladesh en nombre de un crecimiento de la economía del entorno del 6 por ciento anual, lo que se explica por la exportación de productos textiles para las marcas occidentales. El enriquecimiento de una minoría que trabaja para empresas europeas y norteamericanas tiene poco que ver con que la situación social haya cambiado. El PIB es un mal indicador de riqueza, y, tal y como están explicando últimamente algunos reputados economistas, no mide el desarrollo económico sostenible, y menos aún el nivel de bienestar de las sociedades. Para Saul, «medir el éxito en función del PIB pone en evidencia un planteamiento más bien dudoso de la vida».

Los defensores de la cara más amable de la globalización argumentan que los beneficios de la hegemonía absoluta del mercado tardan cierto tiempo en verse. Hay, afirman, un dolor necesario para que se imponga el carácter benefactor del mercado. Continúan creyendo en la teoría del derrame, que conllevará que la riqueza se acabe filtrando desde el punto alto de la pirámide hacia su base. Esto sí se acaba por producir en algunos países —precisamente en aquellos donde el Estado tiene un papel activo y vigilante del proceso liberalizador—, mientras que en otros muchos únicamente se profundiza en la pobreza y en la miseria. Aumentan las rentas, sí, pero sólo las de un pequeño segmento, siendo notorio el crecimiento de las desigualdades sociales internas. La liberalización rápida de los mercados de capitales dio aún peores resultados. La voracidad financiera, en su vertiente especulativa, no llevó sino a especular sobre la debilidad de las monedas nacionales de los países emergentes. El resultado; una crisis financiera sin precedentes.

Dolor, mucho dolor

El sufrimiento que determinadas políticas económicas pueden provocar —y, de hecho, suelen hacerlo— nunca ha sido considerado como un freno o un impedimento por parte de los fundamentalistas del mercado y los responsables del Fondo Monetario Internacional. Se considera un pequeño precio a pagar, un mal necesario para la obtención de un bien mayor, como es el crecimiento económico y el desarrollo. Sea o no aceptable este punto de partida, ¿qué pasa cuando no se produce el beneficio esperado en forma de crecimiento económico? Nadie pide disculpas a los afectados por una mayor pobreza o unos horarios laborales extenuantes con salarios de miseria, y, en cualquier caso, se recurre al argumento de que la liberalización llevada a cabo no ha sido suficiente o que el Estado ha interferido en exceso. ¿Quién actúa de corrector cuando un cierto crecimiento del PIB sólo favorece a una parte muy reducida de la pirámide sin que haya derramamiento? De hecho, nadie. Cuando se han dado las condiciones para que un país entre en el juego de la globalización, los efectos colaterales poco presentables pasan a ser una cuestión interna del país. En este ámbito, no se aplican cláusulas de condicionalidad, y aún menos mecanismos de reversibilidad.

De hecho, de acuerdo con la ética protestante que acompaña la hegemonía liberal-conservadora de los últimos decenios, al dolor se le da una connotación regeneradora necesaria para encontrar la senda del equilibrio y del crecimiento. Durante la crisis actual, mucho se ha escrito sobre el dolor que infligen las políticas de Angela Merkel en el seno de la Unión Europea, en forma de austeridad extrema para acabar con el déficit público y reducir la deuda de los países rescatados, como Grecia o Portugal, o cuasi rescatados, como España. Es como si se hubiera forzado el empobrecimiento de tales países por haber cometido el «pecado» de vivir por encima de sus posibilidades, por el cual ahora debían cumplir su penitencia. Es el «dolor inútil» del que hablaba Paul Krugman, ya que la austeridad conduce a una profundización de la recesión y al retraso de la recuperación económica. Para los tan en boga economistas de la oferta, el desempleo no es un problema crucial, ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista social. Para ellos, son las excesivas pretensiones salariales de los trabajadores las que provocan que haya paro; si no hay normativas laborales que interfieran ante la desocupación, las expectativas de remuneración se equilibran aumentando la oferta y la demanda de trabajo. El mercado siempre tiene razón y se autorregula. El hecho de que el trabajo resultante y su salario no permitan vivir con dignidad, ya no tiene cabida en los modelos económicos complejos sobre los que elaboran sus teorías. Por si acaso, siempre se puede recurrir a rememorar las fábricas del Manchester del siglo XIX, donde las condiciones no eran mejores. Seguramente es así, pero las expectativas de futuro debían de ser mucho más prometedoras.

De las crisis de los años noventa a la actual.

Los mercados eficientes quizá no lo sean tanto

Aunque la liberalización económica generalizada que se impuso después de las dos grandes crisis del petróleo, en los años setenta, nos debía evitar situaciones de colapso económico y fases críticas de una cierta profundidad, las cosas no han ido exactamente según esta previsión. Existe la falsa percepción de que la actual es una crisis profunda de base financiera tras décadas de no sufrirlas, pero lo cierto es que, en las dos últimas décadas, las crisis, sobre todo las financieras, han sido continuadas, y se han convertido casi más en una norma que en una excepción. La mayor parte de estas crisis afectaron a los países emergentes que se habían beneficiado de las bondades de la globalización y, especialmente, de la desregulación de las finanzas internacionales. En Latinoamérica, las crisis monetarias comenzaron en México en los años 1994 y 1995, con lo que se denominó «efecto tequila», que afectó a Brasil, en 1999, a Ecuador, en 2000, y, especialmente y de manera muy profunda, a Argentina, en 2001 y 2002. En Asia, la crisis comenzó con el derrumbe de la bolsa de Tokio en 1990, debido al pinchazo de su particular burbuja inmobiliaria, y a partir de 1997 apareció el ciclo de las crisis monetarias, víctimas de la especulación de los mercados, que comenzó con el bath tailandés. En 1998 se produjo la crisis de la deuda de Rusia, que creó una gran inestabilidad financiera mundial y que afectó de rebote a países latinoamericanos, con grandes efectos en Brasil o Chile, y que provocó la quiebra del pretencioso fondo de inversión estadounidense Long Term Capital Management, lo cual obligaría a intervenir a la Reserva Federal. En Europa, en 1991, el Estado sueco tuvo que intervenir sus bancos ante el riesgo de quiebra. En 2000 se pinchó a escala global la burbuja especulativa de las empresas puntocom, que provocó una caída del 78 por ciento del indicador tecnológico Nasdaq.

La crisis económica que arranca en 2008 tiene una lógica y unos orígenes ligados a las condiciones internas del sistema financiero que, a través de la banca, se extiende al resto de la economía y a las finanzas públicas. El exceso de dinero barato durante tanto tiempo y unas prácticas financieras y bancarias extravagantes y sin control provocaron una burbuja que, finalmente, estalló. La crisis actual ha puesto de manifiesto un nivel de endeudamiento exagerado, y acumulado durante más de una década, especialmente en el ámbito empresarial y familiar, pero también en las finanzas públicas. Los bajos tipos de interés y la elevada oferta de dinero debido a la tasa de ahorro de algunas economías emergentes (especialmente, la china) han permitido a la población norteamericana y occidental vivir a crédito, muy por encima de sus posibilidades reales, al igual que lo han hecho algunos Estados, dadas las facilidades para financiar su creciente deuda soberana. Ha habido, en todo esto, algo de crisis moral. Como ha hecho notar de manera muy sugerente el economista francés Daniel Cohen, en Estados Unidos se produjo el fenómeno de recurso al crédito para compensar la disminución de los salarios, con la paradoja de que el excedente de ahorro de un país pobre como China acabara por financiar la deuda de un país rico como Estados Unidos. Durante años, la economía se convirtió en un gran casino de juego donde la especulación no sólo estaba bien considerada, sino que era un ejercicio recomendable. Detrás de modelos matemáticos complejos que creían haber dominado la incertidumbre, no había sino un inmenso montaje piramidal. La estafa de 50.000 millones de dólares perpetrada por Bernard Madoff era la metáfora de lo que estaba sucediendo en el mundo financiero.

El precio de la desigualdad

Contrariamente a lo que se había prometido, el conjunto del proceso económico que ha acompañado a la globalización no ha supuesto una mayor nivelación y riqueza para todos, sino una desigualdad acentuadamente aumentada; una desigualdad entre los países, en la medida en que el crecimiento elevado del PIB de muchos de ellos tiene poco que ver con un aumento sustancial de la renta disponible. Ciertamente, en algunos países latinoamericanos, en los tigres asiáticos y en China la mejora de los niveles de bienestar de la población ha sido considerable. Sin embargo, la mayor desigualdad es la que se ha producido en la distribución de la renta dentro de cada país, ya que ha aumentado la concentración de la riqueza en unas pocas manos, mientras la mayoría de la población (los sectores más populares, pero también las clases medias) ha visto cómo se reducía progresivamente su capacidad adquisitiva, cuando no ha pasado directamente a formar parte de los desocupados y los excluidos.

La globalización ha incidido de manera negativa en los niveles salariales; en el interior de los países occidentales se ha desmontado el poder compensatorio de los sindicatos con la amenaza de huida de capitales y de deslocalización. Esto ha ocurrido cada vez que los trabajadores han exigido sus derechos y el respeto de sus salarios, ya que dicha amenaza ha actuado como mecanismo de contención y de disminución de las retribuciones. Pero lo mismo sucede en los países en vías de desarrollo que atraen inversiones industriales con bajos salarios y tienen una escasa normativa laboral. Cualquier intento de los Gobiernos de aumentar el salario mínimo, o bien cualquier movilización de trabajadores exigiendo condiciones más dignas, conlleva la amenaza de las industrias de irse a otro país con «mejor disposición» a aceptar las reglas de la precariedad. Unas normativas laborales cada vez más laxas no harán sino dar continuidad a la espiral descendente de salarios y a la ascendente en cuanto al aumento de mano de obra barata y a las exenciones fiscales para las empresas. En España, uno de cada tres puestos de trabajo ya es eventual.

El paro es otro de los efectos que tiende a agrandar la desigualdad social y de rentas. En la mayor parte de los países occidentales, la deslocalización ha supuesto el surgimiento de un paro estructural más allá de las situaciones excepcionales de crisis o de depresión económica. La especialización terciaria, cuaternaria o quinaria de estas economías no pueden absorber a los trabajadores que pierden su puesto de trabajo en el sector industrial. La ciudad de Detroit ha perdido más de la mitad de su población a partir de la deslocalización de las grandes fábricas automovilísticas. El paro se ha convertido en un mal endémico y sin solución a partir de la apuesta por desmantelar las fábricas en el tradicionalmente fabril mundo capitalista. Y este desempleo también contribuye a presionar los salarios a la baja, en la medida en que las políticas económicas vigentes y de signo más liberal no focalizan esta problemática como central. Como decíamos antes, se considera que son las expectativas salariales excesivas las que mantienen elevadas tasas de paro y que, si el mercado laboral se desregulara, la oferta y la demanda se volverían a encontrar; pero muy a la baja, eso sí. Aunque los seguros de desempleo y las prestaciones sociales mitigan los problemas de pobreza y exclusión de estos colectivos que van quedando al margen, el desmantelamiento del Estado Social y la disminución de los ingresos fiscales comportan que las ayudas sólo cubran mínimos de subsistencia. En los países en vías de desarrollo, el desempleo tiene connotaciones más dramáticas aún para los que lo sufren, pues la falta de coberturas sociales los sitúa directamente en la indigencia. Los efectos acordeón de los pedidos industriales se hacen sin costes para las empresas y para el Estado; sin costes económicos, mejor dicho, porque los costes sociales y políticos, por ejemplo, el aumento de la delincuencia y la inseguridad y los peligros de inestabilidad y de conflicto, acaban generando siempre consecuencias negativas.

La fiscalidad es el otro gran aspecto que genera una creciente desigualdad, en la medida en que la fiscalidad progresiva que había sido una de las grandes conquistas modernas y que contribuía al mantenimiento de la demanda efectiva, como muy bien había hecho notar Keynes, se ha ido desnaturalizando. La falta de recursos de los Estados, los déficits crónicos, no se solventan sólo disminuyendo el gasto social, sino también aumentando la presión fiscal sobre los tramos bajos y medios, sobre las rentas del trabajo, más que sobre las rentas de capital. Es una opción ideológica, pero también el resultado de la capacidad de presión que tienen las rentas más elevadas para poder optar a sistemas complejos de tributación que les permitan beneficiarse de exenciones y desgravaciones, además de facilitarles recurrir a «ingenierías» de evasión fiscal a través de paraísos fiscales internacionales.

La falta de una armonización fiscal internacional, especialmente en cuanto al impuesto de sociedades y al del patrimonio, convierte las grandes fortunas y las rentas más elevadas en incontrolables. Los vacíos legales y las disposiciones especiales desvirtúan enormemente las normas impositivas. El resultado es que las grandes fortunas y las grandes corporaciones liquidan a unos tipos tributarios escandalosamente bajos, lo que provoca falta de equidad y debilita los recursos de las administraciones públicas. En el caso de las empresas transnacionales que operan al mismo tiempo en muchos países, cuyos productos integran componentes de mil procedencias y son ensamblados en muchos y diversos países, es bastante difícil establecer dónde deben tributar, y aún más controlar cuánto deben tributar. Las tasas impositivas de repatriación de capitales acaban teniendo efectos perversos, ya que el capital no retorna, o lo hace a través de amnistías fiscales, como la llevada a cabo últimamente en España, o con el establecimiento de períodos de lo que, irónicamente, se llaman «vacaciones fiscales».

El Estado del Bienestar es la víctima de esta fiscalidad desigual y globalmente insuficiente. Al liberal-conservadurismo hegemónico no parece que esto le preocupe mucho, en la medida en que nunca ha creído en este modelo nivelador y cohesionador de la sociedad (el cual, de hecho, ha combatido); pero, justamente, viene a debilitarlo cuando más necesario sería para hacer de colchón de una desigualdad que se va convirtiendo en extrema. El problema derivado de ello es que se va rompiendo la cohesión social, el contrato social, y se pierde la confianza de los ciudadanos en sus Gobiernos. Cuando se percibe que el sistema económico y político se ha convertido en injusto, cuando la ciudadanía considera que las estructuras políticas actúan arbitrariamente en favor de los poderosos y cuando se percibe que la política no responde a la gestión de los intereses generales, la consideración ciudadana de la política y de sus gobernantes disminuye y las sociedades tienden a fracturarse. El excesivo poder del dinero termina vaciando la democracia y la pone en peligro. Se ha normalizado la pobreza, mientras el enriquecimiento de unos pocos contrasta con la disminución del nivel de salarios de las clases medias y bajas.

El problema principal no es sólo el insostenible aumento de la desigualdad, sino el hecho de que los sectores económicos y políticos dominantes no lo perciben como un problema. Un cierto liberalismo siempre ha creído en la desigualdad como un elemento incentivador y dinamizador de los individuos, entendiendo que los confronta con su realidad y los induce a esforzarse. Esta visión de la desigualdad como motor que incita a actuar se complementa con la naturalidad con que justifican las altas remuneraciones, a menudo escandalosas, de los ejecutivos de empresas y del mundo de las finanzas, basadas en un sistema de compensaciones tan perverso (como ha demostrado la crisis actual) que impulsa a estos directivos a asumir grandes niveles de riesgo para alcanzar objetivos que les permitan cobrar sus bonus y remuneraciones variables. Se considera que, en consonancia con la teoría de la productividad marginal, la remuneración debe ser proporcionada a la contribución que se hace a la sociedad. Quien toma grandes decisiones económicas no suele contemplar un escenario en el que no sean exitosas: si sale bien, ganan mucho dinero; si no, se socializan las pérdidas. Algo hay en ello de falta de moralidad y de espíritu desmedido de lucro, de codicia, además de una cierta falta de proporción y de lógica. Asimismo, también habría mucho que decir sobre los cambios habidos en la cultura directiva de la gestión empresarial. Hemos pasado de un mundo en el que mantener los puestos trabajo era un objetivo corporativo (y en épocas de crisis los beneficios empresariales soportaban, hasta donde podían, esa carga), al predominio de una cultura de gestión donde la meta primordial es el mantenimiento de los beneficios, por lo que, al primer indicio de contracción, no se duda en absoluto en dejar en la calle a una parte de la plantilla o a su totalidad. Los despidos, que eran vividos como un fracaso en las formas empresariales de hace unas décadas, ahora son esgrimidos como el resultado de la fortaleza, la capacidad de decisión y el liderazgo de los directivos, tal que si fueran una condecoración.

Mirado con una cierta perspectiva, el desplazamiento de la producción manufacturera hacia el Tercer Mundo, pero con el control del proceso por parte de las grandes corporaciones, tiene algo de establecimiento de una industria rentista del primer mundo. Centrada la matriz en actividades terciarias, y fundamentada en la propiedad del conocimiento tecnológico, el diseño de productos y la investigación y el desarrollo, no se hace sino drenar el valor de la manufactura de los nuevos países industriales, lo cual supone crear una especie de nueva actividad «extractiva», donde las ganancias proceden, ya no de la obtención de materias primas a bajo precio, sino de la expoliación del esfuerzo y del trabajo de muchos a cambio de muy poco. Gracias a la libre movilidad del capital, en Occidente se cierra el «sistema fabril», el cual se permite explotar reservas inmensas de mano de obra que tienen como condición, justamente, su inmovilidad.

Bajos salarios, mínimos impuestos y mercado global. ¿Qué más se puede pedir?

Como se ocupa de recordarnos Joseph Stiglitz, y convendría no menospreciarlo, la causa de fondo de la desigualdad económica y de la precarización progresiva de segmentos más grandes de la ciudadanía no está en la globalización, sino en la forma y en los objetivos prioritarios que la han caracterizado. La mundialización del conocimiento y la tecnología ha generado muchas oportunidades para una parte del planeta, aquella que se ha podido aprovechar de ello en la medida en que se han mantenido las estructuras y las convicciones para gestionarlas. La desigualdad y la profundización en la pobreza no son inevitables. Como no lo es que, a mayores beneficios, el esfuerzo fiscal tenga que ser menor. La carrera que conduce a mínimos en cuanto a salarios, fiscalidad y protección social en la que han entrado muchos países, inducidos por honorables instituciones internacionales, está teniendo unos efectos devastadores. Suavizar la globalización, reducir sus ritmos y gestionarla debería ser posible. La cuestión no está en el ámbito técnico, sino en el político. ¿Qué se pretende con este modelo de sociedad?, ¿a quiénes sirve? Sirve a las grandes corporaciones, que, de la mano del liberal-conservadurismo, y con la aquiescencia de una socialdemocracia perdida en la confusión de las terceras vías, han priorizado sus intereses, que no son los del conjunto de la sociedad, sino los de sus accionistas. Disponer de trabajo con costes sociales mínimos, hacer frente a una fiscalidad irrisoria y a tener un gran mercado global a su disposición. Todo ello, sin que las instituciones políticas hayan hecho ninguna presión limitadora ni correctora, sin que nadie se haya ocupado del bienestar del conjunto de la ciudadanía. Volviendo a Stiglitz, se diga lo que se diga, el mercado tiene un poder enorme, pero no un carácter moral intrínseco.

Jeffrey Sachs destacó que el principal efecto de la revolución conservadora de Reagan no fueron sus políticas específicas, sino la creciente antipatía hacia el papel del Gobierno, un nuevo desprecio a los pobres que dependían de las políticas públicas y una insólita invitación para que los ricos prescindiesen de sus responsabilidades morales sobre el resto de la sociedad. Esto desató «mucha avaricia contenida, avaricia que infectó el sistema político y que aún obsesiona en Estados Unidos».

6

El cuarto oscuro de la producción industrial en los países pobres y en los emergentes

El nuevo orden económico internacional que se instaura a partir de la década de los noventa consiste básicamente en una nueva distribución internacional de la producción, buscando así las ventajas comparativas de que hablaba el economista David Ricardo a principios del siglo XIX, y que dieron lugar a la llamada «teoría pura del comercio internacional», aún vigente. A este fenómeno, que tantas consecuencias ha provocado, las escuelas de negocios y los periodistas económicos lo denominaron, quizá para focalizar sus aspectos positivos, «proceso de globalización». La estrategia de la globalización expresaba así la voluntad de explotar todos los mercados mundiales a la vez y configurar un mundo sin fronteras, en el que los flujos económicos y comerciales tuvieran poco que ver con las delimitaciones históricas de los Estados nación. Una estrategia que conllevaba una mundialización, es decir, un proceso de homogeneización de los gustos de los consumidores. Todos iguales, aunque con posibilidades y capacidades adquisitivas bastante diferentes. En la nueva geografía de la economía mundial, el nudo de comunicaciones se convertía en lo más importante.

En este mundo sin fronteras donde las grandes corporaciones habían encontrado su paraíso, no se pudo evitar un cierto grado de preocupación y de inquietud, por parte de las economías más avanzadas, debido al desplazamiento tan rápido de la producción, especialmente de aquellas actividades intensivas en mano de obra, así como a la creciente falta de competitividad de las propias economías nacionales que ello conllevaría. Comenzó a considerarse el tema del dumping social o laboral que suponía la producción en países sin reglas ni normas de condiciones laborales y salarios, y algunas voces empezaron a exigir el establecimiento de cláusulas sociales en el comercio internacional. La preocupación no era tanto de tipo ético, de repugnancia hacia la forma en que se producía en los países pobres y emergentes, sino de tipo económico, de la angustia por conocer su alto grado de competitividad. Los mismos países pobres se cuidaron de evitar que la Organización Mundial de Comercio considerara la cuestión de las cláusulas sociales, aunque algunos países como Estados Unidos las incorporaron a su Sistema Generalizado de Preferencias, una vía que ha dado poco de sí y que abre la posibilidad a un uso discrecional del concepto con objetivos netamente políticos, aceptando avances considerables en materia laboral a países «amigos», y condenando a otros por estar ideológicamente más alejados. Este modus operandi es poco efectivo en relación con la mejora de las condiciones laborales y sociales en los nuevos países industriales, pero ha servido como un elemento de marketing para tranquilizar las conciencias de los consumidores-votantes de los países occidentales.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), que de hecho ya se creó en 1919 con el fin de procurar unas condiciones de trabajo dignas a escala mundial, logró promulgar una Declaración sobre Principios Fundamentales y Derecho en el Trabajo, en 1998, para que sirviera de referencia. Era una declaración de mínimos, ya que los intereses a satisfacer eran demasiado variados. Básicamente, proclamaba la eliminación del trabajo forzado, la no discriminación laboral, la abolición de la mano de obra infantil y la libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores. No se fue más allá porque los países pobres, las grandes corporaciones y los teóricos imbuidos de la infalibilidad del mercado argumentaron que eliminar la ventaja competitiva de estos países con exigencias globales sobre derechos laborales era condenarlos a la pobreza y limitar sus posibilidades de desarrollo.

A pesar de considerar que el comercio internacional liberalizado era la causa fundamental de la reducción de demanda de trabajadores no cualificados en los países ricos, y de la reducción de sus salarios —de acuerdo con la «teoría de la igualación de los precios de los factores» (teorema Hecksher-Ohlin-Samuelson)—, en las instituciones internacionales se apostó por dejar esta cuestión al margen de las políticas comerciales internacionales. Más allá de la defensa de intereses económicos, ciertamente, hay un argumento que tiende a ser bienintencionado, utilizado desde los países pobres, y que se resume en el hecho de que el sector exportador es allí el más moderno, el ámbito en el que, a pesar de todo, los estándares laborales son más altos. Algunas exigencias sociolaborales occidentales no harían sino devolver a los trabajadores a los sectores tradicionales e informales, donde se opera en condiciones aún más extremas.

Una batalla contra el tiempo

La dinámica deslocalizadora, que busca costes laborales y de otros tipos más bajos, tiene algo de carrera contra el tiempo. Se trata de producir, de manera cada vez más masiva, productos estándares a precios más bajos, dirigiéndose a unos consumidores que cada vez tienen una capacidad adquisitiva media más reducida, afectados por el desempleo y el descenso de los salarios, provocados, precisamente, por la deslocalización. Todo ello tiene bastante de absurdo y genera la sensación de que es un modelo que sólo puede funcionar en el corto plazo, pero que es insostenible a medio y largo plazo. Si fuera cierto que las actuales y extremas condiciones de producción en los «talleres del sudor» asiáticos irán mejorando paulatinamente bajo la presión de las movilizaciones y de las legislaciones laborales que deberían irlas acompañando, si en definitiva hubiera un cierto grado de derrame (como es obvio que se da en algunos países), la lógica de los bajos costes de producción llevaría a estas industrias hacia otros lugares, ya sea dentro de los mismos países (para poner en valor los ejércitos laborales de reserva, como es el caso de las regiones agrícolas interiores de China) o trasladándose hacia otros países menos exigentes.

El continente africano, poco interesante hasta ahora al no disponer de estructuras de Estado sólidas y dignas de este nombre, si adquiriera una mínima articulación social y sistemas de comunicaciones y niveles de seguridad aceptables, podría convertirse en la futura fábrica del mundo. Por otra parte, si no es cierta la teoría del derrame, de la mejora progresiva de condiciones en los países donde se radica la nueva industria, sin duda la presión sobre los salarios y las condiciones en los últimos eslabones de la cadena de contrataciones y subcontrataciones irá en aumento. Representará el triunfo del concepto de «empresa flexible», aunque las ventajas de la mano de obra barata sólo duran breves períodos de tiempo. Bajar precios para mantener los niveles de consumo y los márgenes de beneficio se hace ineludible cuando la capacidad adquisitiva media en los países ricos disminuye por efectos de la creciente desigualdad.

Como ya se ha afirmado, la lógica de este sistema productivo y de consumo provoca una auténtica «carrera de mínimos» que afecta a los sectores más desfavorecidos en la distribución internacional de la producción: mínimos salarios y mínimas condiciones laborales; pero también una mínima fiscalidad, allí y aquí, y un descabezamiento progresivo del Estado del Bienestar hasta dejarlo como opción de último recurso. La precarización no es privativa de los nuevos países exportadores, sino que impregna también los países ricos, aunque sea con la configuración de «clústeres de proveedores» con características muy diferentes al mercado laboral regulado. La dualidad creciente en los mercados laborales occidentales es un fenómeno de gran calado y significación, y tiene efectos económicos y sociales bastante notorios. La actual crisis económica y los grandes niveles de desempleo no hacen sino desplazar trabajadores del ámbito insider al de los outsiders. Contratos temporales, bajos salarios, minijobs y economía sumergida..., mucha economía sumergida. Se practica un discurso en pro de la precariedad para aumentar, dicen, la competitividad, un discurso en el que el concepto de trabajador ha mudado hacia el de autónomo, que a menudo se viste de terminologías pomposas como autoempleo e incluso con el de emprendimiento.

La contracción de la demanda agregada por efectos de la desigualdad y la precariedad es bastante evidente, como lo será su agravación durante los próximos años. Es en este punto donde el sistema de bajos costos y bajos precios pierde bastante el sentido. Difícilmente podrá ser sostenido en el tiempo.

Outsourcing y offshoring.

El cambio de lenguaje no lo hace mejor

Con el proceso globalizador, término que ya, de hecho, se conformó para dar una visión exclusivamente positiva de la reorganización de la producción a escala planetaria, se ha ido imponiendo un nuevo lenguaje en nuestro país, trufado de anglicismos que, más que denotar conceptos más precisos, parecen tener como objetivo enmascarar la realidad, o al menos aquella parte de la realidad que es menos presentable. Las escuelas de negocios y los predicadores del nuevo paradigma de la mundialización han fijado en el lenguaje común términos que dan un sentido de respetabilidad a procesos con fuertes connotaciones negativas. Si nos hablan de outsourcing, out-tasking u offshoring, no tenemos la sensación de que vayamos a quedarnos sin trabajo o que se nos vaya a precarizar laboralmente, pero, en realidad, eso es lo que sucede.

El outsourcing surgió como concepto que aconsejaba y acompañaba la necesidad de no internalizar ciertas funciones dentro de las empresas y corporaciones, para no cargarlas en exceso haciendo funciones que no les eran propias y en las que eran poco eficientes, siendo el externalización de tareas especializadas una solución más funcional y económica. Pronto, estos proveedores externos de servicios se volvieron interesantes en términos de costes y de menores cargas laborales. La lógica fue llevando a externalizar trabajo hacia empresas radicadas en países con menores costes laborales. Desplazar la atención telefónica de los clientes a parajes alejados (India, Pakistán, Filipinas, Marruecos o América latina) se convirtió en toda una tendencia. No se mejoraba la atención a los clientes, pero disminuía enormemente el coste de esta función. Mano de obra flexible, barata y subcontratada para alegría de los accionistas de las empresas, pero menos oferta laboral para la mano de obra poco cualificada del propio país.

El offshoring fue el siguiente paso, consistente en llevar el proceso productivo, en sentido amplio, a otro país, ya fuera por la vía de la deslocalización y la apertura de filiales que aprovecharan las «ventajas comparativas» de un territorio con grandes oportunidades para reducir costes, ya fuera haciendo una contratación externa de una empresa independiente que se convertía en proveedora. De hecho, en este último caso, las empresas subcontratadas suelen ser múltiples y de muy diversos países, buscándose así la eficiencia y el mejor precio de cada uno de los componentes del producto, así como de su ensamblaje; además, a su vez, estas empresas crean una auténtica cadena de subcontrataciones. Se suele poner como ejemplo emblemático de este sistema la producción de un producto tan simple como la muñeca Barbie, que, diseñada en Estados Unidos, tiene componentes fabricados en Taiwán, Japón y China, y que se monta en Indonesia y Malasia. Aunque es Asia el continente que representa el reino de la deslocalización industrial, no siempre se ha ido tan lejos. México o las repúblicas centroamericanas han constituido sistemas de producción a bajos costes (las tristemente famosas maquilas), que pueden abastecer necesidades de empresas estadounidenses desde la proximidad, tema por el que también se ha encontrado un término que lo describe, como es el del nearshoring. Incluso se ha creado un indicador internacional que establece un ranking anual de las localizaciones más atractivas para la deslocalización, y que, en los últimos años, encabeza India.

Los efectos laborales, jurídicos, económicos y sociales de la aplicación práctica de estos conceptos son extraordinariamente grandes, y la mayor parte de ellos no son precisamente positivos, aunque los enmascare el lenguaje. Es una cuestión de diferencial de costes, algo que los Estados receptores de estas actividades, en lugar de poner un cierto control de mínimos, suelen promover y fomentar. De hecho, la creación de las zonas de procesamiento de exportaciones (ZPE) en estos países se hace para mejorar aún más su atractivo en base a la promesa de reducción de costes. Costes fiscales y costes laborales. Bangladesh o Pakistán anuncian abiertamente a los posibles inversores que, en sus zonas económicas especiales, no se aplica una parte de la normativa laboral general del país, ya de por sí escasa. Resulta curioso que a algunos magnates inversores de la industria del ocio que se quieren atraer a Cataluña y a otras regiones de España se les haga la misma oferta de excepcionalidad normativa. Parece que nos vamos igualando por la parte baja.

En el corazón de las tinieblas

En las áreas suburbiales de las grandes ciudades del Tercer Mundo y de los países emergentes se ha concentrado una actividad industrial sin precedentes, ya sea en las zonas de procesamiento de exportaciones creadas para captar empresas extranjeras (y con atractivos añadidos al de los bajísimos costes laborales), ya sea en multitud de fábricas locales en mal estado, las cuales derivan trabajo hacia un gran número de talleres destartalados situados en barracones o en los bajos de viviendas particulares. En estos lugares se encuentra actualmente la fábrica del mundo. No se trata de unos pocos lugares que ocupen un papel marginal en la producción industrial. No es necesario hacer demagogia exagerando las condiciones concretas, especialmente malas, de un barrio de Daca. A pesar de algunas diferencias de grado en las malísimas condiciones de trabajo y en la explotación salarial, estamos hablando de un sistema extendido en una gran cantidad de países de Asia, África, América del Sur y Centroamérica, pero también en Europa del Este. La concentración en el continente asiático es, sin duda, la más relevante. Destacan países especialmente pobres como Bangladesh, Pakistán, Camboya, Tailandia, Sri Lanka, Myanmar o Indonesia, junto a algunos considerados ya países emergentes, como Malasia, Vietnam, Singapur o Filipinas, así como a las dos grandes potencias económicas y demográficas de la zona, como son China e India. Si bien no toda la población, ni siquiera la mayor parte, trabaja en estos países bajo este sistema productivo de semiesclavitud, estamos hablando de un conjunto de personas que superan los tres mil millones, de las cuales, unos cuantos cientos de millones operan en los «talleres del sudor» para las grandes marcas occidentales. En México y Centroamérica, la expansión de esta producción ha sido importante en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití y Panamá. Pero también hacia América del Sur, en Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil o Paraguay. En el continente africano, el proceso no está aún tan extendido ni es tan masivo, pero tienen un papel importante Marruecos y Túnez, y también ya algunos países subsaharianos, como la República Democrática del Congo. Tampoco se libra Europa. Aparte de Turquía, geográficamente cerca de Europa, pero formando parte ya de Oriente Próximo, la histórica línea Oder-Neisse, que marca la separación entre la Europa más desarrollada y la oriental, marca el inicio de un conjunto de países donde se han dado las condiciones para la radicación de la nueva industria: Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía, Albania y Bielorrusia. E incluso Rusia se ha visto obligada a reindustrializarse con el argumento de la mano de obra barata y los bajos estándares de exigencia sociolaboral. Todo ello afecta a territorios donde vive bastante más de la mitad de la población mundial.

El modelo de organización y funcionamiento de la producción es similar en todos estos países, aunque el carácter extremo de las condiciones y los salarios puedan oscilar. En Bangladesh se hacen jornadas de dieciséis horas por treinta euros mensuales, mientras que el salario mínimo pagado en algunos países de Europa del Este se aproxima a los trescientos euros mensuales. En Estados Unidos, un trabajador no cualificado cobra un salario cuarenta veces mayor que uno de los países asiáticos más pobres. El objetivo es que los costes laborales de la producción no superen el 1 por ciento del precio final del producto; en el sector textil en particular, en el que los márgenes son más bajos, se considera que lo óptimo es que dichos costes no superen el 0,4 por ciento del precio. Aparte del factor salario, también se busca la flexibilidad para fabricar pedidos en poco tiempo y la «predisposición» para hacer las horas extras que sea necesario, con barra libre de horarios que pueden llevar, en casos extremos, a trabajar 48 horas continuadas.

Hay casos documentados de trabajo forzado en China continental, donde se obliga a los prisioneros a trabajar en estas industrias. Asimismo, también está probado el uso y abuso del trabajo infantil, aunque los marcas occidentales aseguren evitarlo. Algunos estudios cifran en un 30 por ciento el recurso a las criaturas de poco más de diez años, lógicamente, con salarios notoriamente inferiores. La Organización Internacional del Trabajo denunció que al menos doce millones de niños de menos de catorce años trabajaban en estos talleres del Tercer Mundo. Algunas organizaciones internacionales no gubernamentales cifran en cuatrocientos millones el número de criaturas que son explotadas laboralmente en el mundo. El ejemplo de la ciudad paquistaní de Sialkot, donde se cose el 75 por ciento del total de balones de fútbol del mundo en más de tres mil talleres que se dedican a ello, el tema saltó a la palestra hace ya unos años. Multitud de niños a partir de los seis años lo hacían (y lo hacen) por un salario de cinco céntimos de euro a la hora.

Este tipo de explotación está muy «feminizado», especialmente en el textil, donde más del 80 por ciento de la mano de obra son mujeres jóvenes, las cuales soportan humillaciones añadidas en forma de despidos cuando se quedan embarazadas o siendo enviadas a casa cuando tienen la menstruación, para que no pierdan tiempo yendo a los lavabos. Los maltratos físicos y de palabra son también una constante, con tal de evitar descansos, el relajamiento de las entumecidas extremidades y hacerles soportar el cansancio. Las condiciones de habitabilidad de estas fábricas o talleres suelen ser deplorables: tejados de uralita o de chapa metálica, ventanas enrejadas (cuando las hay), falta de ventilación y luz natural, puertas cerradas con cerradura para evitar fugas, calor asfixiante y humedades. Los trabajadores pasan innumerables horas de pie, inhalando productos tóxicos y sin ni siquiera poder hablar. Lógicamente, no hay medidas de seguridad ni muchas prevenciones contra incendios. Estos han terminado, de hecho, con la vida de muchos trabajadores y trabajadoras en accidentes redundantes que, para la prensa internacional no han merecido más impacto que algún breve en una página impar. En esos siniestros, casi siempre las puertas y las salidas de emergencia estaban cerradas, lo cual condenaba a los obreros a morir quemados o asfixiados. En este sistema, lógicamente, los seguros de salud y accidente son más la excepción que la norma. A pesar de la elevada siniestralidad en un sistema tan rudimentario, las garantías contractuales escasean, y los contratos, cuando los hay, son temporales y muy precarios.

Los derechos de reunión y asociación de los trabajadores, aunque estén establecidos sobre el papel por exigencia de la OIT, en realidad se conculcan, al igual que el derecho de huelga. Nadie se quiere quedar sin trabajo, y, cuando el malestar genera movilizaciones, la represión policial ya se cuida de que el proceso productivo no se detenga. Hay que entregar los pedidos. Las condiciones de vida de estos trabajadores, buena parte de los cuales malviven en barracones en las mismas fábricas, son también precarias e insalubres, y, además, se les cobra una buena parte del salario en concepto de alquiler. Las medidas medioambientales también suelen vulnerar las normativas internacionales establecidas, y hasta van en contra del puro sentido común. El uso y abuso de productos tóxicos y contaminantes y la multitud de residuos que terminan pudriéndose en los entornos y en los acuíferos hacen aún más lastimosa toda esta situación. Es el precio a pagar por tener vaqueros baratos en nuestras tiendas o poder adquirir fetiches tecnológicos de última generación. Pero, en este caso, el precio lo pagan otros.

El ejemplo de la marca Levi’s es bastante paradigmático. Levi Strauss & Co., comenzó sus actividades productivas en California en 1853, siendo el primer fabricante de la que se convertiría en archifamosa ropa vaquera. Una marca con una buena penetración de mercado en la segunda mitad del siglo XX, asociada a ciertos estándares de calidad y de distinción en el mundo de la vestimenta informal. En los años noventa y principios del siglo XXI, a medida que se fue imponiendo la moda barata producida a bajos costos y comercializada a precios muy reducidos, la facturación de Levi Strauss fue disminuyendo, y entró en proceso de declive. Esta empresa fabricaba en once plantas industriales situadas en Estados Unidos y Canadá, donde ocupaba a 32.000 empleados, y en algunas factorías más en Europa, con operarios que cobraban entre diez y doce dólares la hora de trabajo. La solución pasó por deslocalizarse, siendo también en ello una empresa pionera. Inició el cierre de las once factorías norteamericanas, que culminó en 2008, y trasladó la producción a zonas de procesamiento de exportaciones de China, así como a numerosos contratistas de Filipinas, Bangladesh, Tailandia, Indonesia, Sri Lanka o Corea del Sur, donde pagaba unos salarios mensuales medios de cuarenta dólares. Levi’s ha tenido que hacer frente, siempre, a acusaciones claras de utilización de mano de obra infantil, con casos notorios en China y Bangladesh. Lógicamente, no paga impuestos en Asia, y más bien pocos en Estados Unidos, donde sólo conserva la sede corporativa, con el diseño y el marketing, que ocupa a unos pocos trabajadores. Las acusaciones sobre las condiciones de trabajo en los nuevos países productores fueron contestadas rápidamente por la marca en forma de códigos de conducta, responsabilidad social corporativa y, especialmente, con marketing. A pesar de no haber superado su declive, su facturación hoy está estabilizada en torno a los 5.000 millones de dólares, con una tasa de beneficio de entre el 3 y el 4 por ciento.

Las marcas de ropa y de calzado deportivo se han distinguido especialmente por aprovechar las condiciones laborales de los países pobres para reducir al mínimo sus costes de producción. Se trata de un caso especialmente paradójico, sobre todo atendiendo a las grandes cantidades que destinan al marketing y a pagar a estrellas deportivas para que luzcan sus marcas. El gap existente entre los valores deportivos que dicen representar y la forma en que producen es estratosférico. Oxfam Intermón quiso hacer notar estas contradicciones en su informe «¡Fuera de juego! Derechos laborales y producción de ropa deportiva en Asia». En él, destaca que firmas como Nike, Adidas, Reebok, Puma, Fila, Asics, Mizuno, Lotto, Kappa y Umbro han generado cadenas de producción en China, Indonesia, Turquía o Bulgaria donde mujeres y niños cortan, cosen, montan y empaquetan los productos que se venderán de forma masiva en sus cadenas de tiendas, grandes almacenes e hipermercados de todo el mundo, a precios que suponen más del 1.000 por ciento de los costes de producción. Este negocio mueve anualmente más de 100.000 millones de dólares. Los costes de manufactura son ínfimos, ya que está hecha por personas que apenas cobran dos dólares diarios, personas que proceden de zonas rurales muy pobres y no tienen ninguna posibilidad de exigir mejoras salariales ni de condiciones laborales. Dicho informe señala también que las peores prácticas corresponden a la marca americana Fila, patrocinadora de gran parte del tenis mundial, por su poco respeto a los derechos sindicales y por su negativa a corregir los abusos laborales en su cadena de producción. En Indonesia, Fila cerró una fábrica con 3.500 trabajadores, sin hacerse cargo ni de indemnizaciones ni de salarios atrasados. Otras marcas, como mínimo, han hecho esfuerzos de maquillaje, como sería especialmente el caso de Reebok.

La misma Oxfam Intermón ya había hecho públicos, en 2004, otros dos informes («Más por menos» y «Moda que aprieta») en los que denunciaba el modelo de negocio de las marcas y cadenas de ropa, basado en la explotación del eslabón más débil de la cadena, las trabajadoras de los países pobres. Como ejemplo, ahí se habla de los talleres marroquíes de Tánger, donde la presión para la reducción de los plazos de entrega hacía estragos, ya que lo que inicialmente eran tres meses de plazo se ha acabado reduciendo a cinco semanas, lo cual ha forzado a hacer jornadas de más de dieciséis horas, a precios por pieza también cada vez más bajos (de los 3,5 euros por confeccionar un pantalón se bajó a sólo 2 euros). El grupo Induyco, principal proveedor de ropa de El Corte Inglés, se ha hecho notar especialmente en la reducción de plazos de entrega, al igual que Zara. Como argumentaba irónicamente el propietario de un taller marroquí subcontratado, «a veces hay “semanas fantásticas”».

Trabajo precario, salarios insuficientes, horas extraordinarias obligatorias y no remuneradas, prohibición de los sindicatos y malas condiciones higiénicas y sanitarias se derivan de las estrategias globales de las marcas del vestir. En las maquilas de Honduras, el salario de las trabajadoras no llega ni siquiera a cubrir una tercera parte de sus necesidades básicas. Tienen una ocupación que antes no tenían, pero esto no las aleja de la pobreza, además de degradarlas como personas. Aparte de las firmas españolas de ropa, el informe se centra también en las contradicciones de la italiana Benetton, que, a pesar de hacer una publicidad muy humanitaria, utiliza empresas turcas en las que trabajan miles de criaturas entre los 9 y los 13 años de edad, además de haber desplazado a miles de personas de sus tierras de toda la vida en la Patagonia argentina para poder hacerse con grandes latifundios productores de lana, tierras donde hay abundantes recursos naturales, lo cual ha generado litigios de propiedad con la población local. Más allá de culpabilizar a las grandes marcas del textil, los informes hablan de muchos Gobiernos, animados por el FMI y el Banco Mundial, que atraen a los inversores ofreciendo bajos costes laborales y mano de obra flexible. Por otro lado, estos informes también reclaman a los consumidores ser más exigentes en sus compras y presionar a las compañías sobre sus prácticas de producción y de suministro.

Pagar impuestos, ¿para qué?

La fiscalidad o, mejor dicho, la falta de ella, es una de las claves de este negocio y uno de los aspectos que lo convierte todo en más absurdo. En los países donde se radican estas fábricas, la fiscalidad suele ser muy baja, a fin de incentivar justamente la actividad económica. Las grandes corporaciones internacionales que se instalan de manera directa allí suelen contar con todo tipo de facilidades: terrenos, permisos y exenciones fiscales para atraerlas. El modelo de las ZPE, se configura justamente para crear zonas de excepcionalidad donde la fiscalidad es nula. Interesa que estas empresas se ubiquen por que ofrecen empleo y porque se cree en el derrame tecnológico y de riqueza que traerá a un proceso sostenido de desarrollo económico. La constitución de una filial para operar en estos países supone pasar de pagar un impuesto de sociedades de más del 30 por ciento (en la mayoría de los países europeos y en Estados Unidos), a no tener ni siquiera que contabilizar esta partida. ¿Quién se puede negar?

Las fábricas locales que han crecido de manera desmesurada al pasar a formar parte del sistema de abastecimiento de las grandes marcas también tienen fiscalidades muy reducidas, operen o no dentro del sistema de las ZPE. Teniendo en cuenta los márgenes de beneficios extraordinariamente bajos con los que operan (a menudo en el entorno del 1 por ciento), una excesiva presión tributaria las haría inviables, de lo cual las autoridades locales se cuidan muy mucho de que no suceda, interesadas como están en el empleo. Los beneficios generados tampoco dan para tanto. El problema para estos países, es que los ingresos tributarios obtenidos por la nueva industria ni siquiera dan para cumplir con las exigencias de infraestructuras que se requieren para hacer efectivo este sistema: carreteras, aeropuertos, zonas portuarias, abastecimientos de agua y energía, seguridad y servicios, etc., aunque sean de mínimos.

7

El derrame en la pirámide ha resultado ser poco más que un goteo

El anunciado derrame de riqueza en la estructura social, que se utilizó como el gran argumento en favor de la deslocalización y el consiguiente traslado de actividades industriales a los países pobres, ha sido escaso. Asimismo, tampoco han sido frecuentes los procesos de desarrollo económico a partir de disponer de la ventaja comparativa de unos bajos costes de la mano de obra. Las condiciones en que se ha producido la deslocalización, la competencia en esa «carrera de mínimos» entre países receptores y la falta de estructuras sociales y políticas adecuadas para regular un poco a su favor no han producido un proceso de mejora de las estructuras industriales de dichos países, los cuales tampoco se han visto beneficiados por la prometida expansión (o derramamiento) de la tecnología hacia sus actividades productivas no destinadas a la exportación. Los niveles de renta de la población no estimulan la creación de un mercado interior significativo, y los recursos fiscales impiden que los Estados desarrollen infraestructuras materiales y estados sociales que mejoren realmente la competitividad y el nivel de bienestar. Lógicamente, hay grandes diferencias entre países. No se puede comparar el Estado chino, donde la Administración tiene un papel clave en pro del desarrollo estructural del país, y mantiene actividades y sectores económicos modernos y competitivos más allá de los «talleres del sudor», con situaciones como las de Bangladesh o Pakistán, donde es evidente que no hay ningún tipo de proceso transformador.

Un estudio de 2009, elaborado conjuntamente por la OIT y la OMC, y titulado «La globalización y el empleo informal en los países en desarrollo», ya alertaba de que la globalización había acentuado la vulnerabilidad de los mercados laborales de las economías en desarrollo, ya que gran parte de la nueva ocupación se generaba en el sector informal de la economía, que cuantifica en un 60 por ciento del total; asimismo, también señalaba que el importante aumento del comercio mundial a partir de la década de los noventa no había provocado una mejora equivalente en las condiciones de trabajo y el nivel de vida de las personas, y que gran parte del trabajo no se podía ni siquiera calificar de «trabajo decente». Así, el estudio considera que los países en desarrollo no se han beneficiado plenamente de la dinámica de la globalización debido a la rapidez de los mecanismos de entrada y salida, la flexibilidad del ajuste a las fluctuaciones de la demanda y su escasa integración real en la economía mundial. Con buenas palabras, los organismos oficiales describen el fracaso, aunque sea parcial, de las expectativas de desarrollo económico que se habían depositado en la mundialización de la economía. Se reafirman en los efectos beneficiosos de la liberalización comercial, pero admiten que estos sólo se producirán a largo plazo y en el caso de que la estrategia de apertura se realice de manera adecuada y con políticas de apoyo. Es más, estos organismos internacionales argumentan que es un error creer que la existencia de economía informal suministradora del sector formal de las empresas occidentales promueva el desarrollo, y califican dichos procesos como «trampas de pobreza». Atraer inversiones con el anzuelo de la economía informal, es decir, salarios extraordinariamente bajos, es una mala opción, pues no contribuye a la mejora progresiva de las empresas locales, pero sí genera una mayor vulnerabilidad de los trabajadores, al limitar la disponibilidad de recursos públicos que se podrían utilizar de manera productiva en caso de producirse un frenazo del crecimiento de la demanda agregada y una falta de perspectivas de crecimiento económico y de integración plena en los mercados mundiales.

El mismo estudio de la OIT y la OMC calcula que, entre 1995 y 2005, la globalización creó cuarenta millones adicionales de puestos de trabajo anuales, pero muchos de ellos en una economía informal que no puede ser considerada como generadora de trabajo decente. Además, reconoce los efectos sobre las economías desarrolladas, con la proliferación de contrataciones temporales y a tiempo parcial, así como la ampliación del sector informal de la economía también en estos países, valorando como preocupante que la apertura del comercio no haya beneficiado plenamente a todas las capas de la sociedad. La informalidad, concluyen, aumenta en todas partes la desigualdad, reduce la eficiencia y, en último término, frena el crecimiento del PIB. Argumentan que «formalizar» a los trabajadores y las empresas impulsarán un aumento del ingreso disponible real y ayudará a los países a ampliar su base impositiva y a obtener los medios necesarios para estabilizar sus economías. Su planteamiento consiste en considerar complementarias las políticas para la integración de los mercados mundiales y la lucha contra la ocupación informal.

El crecimiento del PIB: una falsa pista

El PIB es un indicador económico de la riqueza producida en un país, pero tiene poco que ver con las condiciones estructurales y sociales en las que se produce, si estas condiciones son sostenibles y tienen expectativas de futuro, y menos aún tiene ver con el nivel de bienestar. La renta per cápita a partir del PIB sí que nos indica que la gran mayoría de los nuevos países industriales son radicalmente pobres a día de hoy. Excepto Turquía, que tiene una renta per cápita de 10.914 dólares (y que es, en cierta medida, un caso aparte), y China, cuya renta per cápita ha crecido hasta los 5.899 dólares, el resto de los países en los que fabrican las empresas de Occidente se mueven por debajo de los tres mil dólares de renta per cápita. Algunos de ellos están muy por debajo, como Bangladesh, con 701 dólares, o Vietnam, Nicaragua, India o Pakistán, que no llegan a los 1.500 dólares; Filipinas sobrepasa ligeramente de los 2.000 dólares, al igual que Bolivia, mientras que Sri Lanka, Indonesia y Marruecos se sitúan ligeramente por encima de los 3.000 dólares. En cualquier caso, ni el PIB ni la renta per cápita son indicadores que nos informen fielmente sobre la pobreza extrema de muchos segmentos de la sociedad, algunos de los cuales viven con una renta disponible inferior al dólar diario. En cualquier caso, la riqueza a repartir es más bien escasa. Lejos quedan los 49.601 dólares per cápita de Estados Unidos o incluso los 30.150 dólares de España.

Aquellos que, a pesar de todo, quieren ver el efecto benefactor de esta industria enfocada a la exportación, suelen poner como argumento las tasas de crecimiento anuales del PIB que se producen en estas economías, que, lógicamente, están muy por encima de las de la mayor parte de las economías occidentales atrapadas en la recesión económica o con crecimientos muy modestos. China y Turquía crecen a un ritmo del 9 por ciento anual; Sri Lanka, del 8 por ciento; e Indonesia e India, del 7 por ciento. En 2012, incluso Bangladesh vio crecer su economía un 6 por ciento, al igual que Vietnam. Nicaragua y Bolivia lo hicieron a un ritmo del 5 por ciento; Marruecos, a un 4 por ciento; mientras que Pakistán sólo creció un 2 por ciento, justamente la misma tasa que Estados Unidos. Pero aquí se acaba la similitud. Excepto en el caso chino, bastante más complejo, los crecimientos se explican por el aumento del sector exportador, procedente de la nueva industria occidental deslocalizada, que deja muy poca riqueza real en el país y que no es síntoma de ningún crecimiento económico autosostenido.

Las cifras del desarrollo social

El índice de desarrollo humano (IDH) nos proporciona un poco más de información que el PIB en relación con los niveles de bienestar de estos países. Es un indicador establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que, al poner en relación niveles de salud, educación y riqueza, nos da un grado de aproximación al bienestar un poco más completo. Salvo Turquía y Sri Lanka, con un IDH bastante aceptable, aunque lejos del 0,937 de Estados Unidos o el 0,885 de España, el resto de los nuevos países industriales tienen índices entre bajos y muy bajos. China, situada en el puesto número cien del ranking mundial de países, tiene tras de sí toda la recua de paraísos de la deslocalización, teniendo el dudoso honor de cerrar el ranking Bangladesh y Pakistán, con un índice del 0,515.

El coeficiente (o índice) de Gini, un indicador que mide habitualmente la desigualdad en los ingresos y en la riqueza de las sociedades, al margen de la media de renta de un país, nos proporciona el grado de dispersión de la riqueza. El análisis de los datos arrojados por este indicador permite evaluar cuestiones interesantes, como que Estados Unidos es uno de los países con mayores niveles de desigualdad (0,469), ocupando el puesto número 119 del mundo, con más desigualdad que China. En general la dispersión de riqueza es más acentuada en los países sudamericanos que los asiáticos. Los países más pobres de Asia tienen una capacidad de dispersión pequeña, una pobreza más generalizada como si dijéramos. Bangladesh tiene un coeficiente de 0,321 y Pakistán de 0,300, y, por lo tanto, son mucho más «igualitarios» que la mayor parte de países europeos desarrollados.

Hay aún un indicador que pone en relación el IDH con el factor corrector de la desigualdad: el IDH-D. El resultado es bastante elocuente. Mientras el IDH-D de Estados Unidos sería de 0,821 (sobre 1) y el de España llegaría al 0,796, Pakistán lo tendría de 0,356; Bangladesh, de 0,374; India, de 0,392; Marruecos, de 0,415; y China, de 0,543.

El indicador más interesante, desarrollado a partir de 2010 por el PNUD y la Universidad de Oxford, es el índice de pobreza multidimensional (IPM), que contempla numerosas variables económicas y de privaciones en la vida de las personas, y que establece el grado y la intensidad de la pobreza en los distintos países.

Bangladesh tiene un 57,7 por ciento de gente pobre y un 49,6 por ciento de personas que viven con menos de 1,25 dólares diarios. En Pakistán, la pobreza representa el 50,9 por ciento, y viven con menos de 1,25 dólares el 22,6 por ciento de la población. Con situación similar se encontrarían Filipinas, Vietnam, Sri Lanka, Nicaragua y Bolivia. En China, el porcentaje de gente viviendo con menos de 1,25 dólares sería del 15,9 por ciento. La realidad global es que la mitad de los trabajadores del mundo (unos 1.400 millones de personas) están atrapados en un círculo de pobreza y ganan menos de 2 dólares diarios.

La alternativa entre ser pobres o más pobres

La disyuntiva que se plantea en estos países que han apostado por dejar desarrollar un sector industrial exportador de las características que se han explicado está entre mantener una actividad muy degradante en algunos aspectos, y que en poco contribuye al crecimiento económico real y el bienestar de su población, o bien mantener su estatus de pobreza originaria. Aunque el progreso económico derivado de la actividad exportadora sea un espejismo, la falta de expectativas de la agricultura y de las actividades manufactureras tradicionales es grandiosa. Asimismo, en términos económicos, tampoco aporta excesivamente el hecho de recurrir (los países que pueden) a la exportación de recursos naturales y al abono a las actividades extractivas, que también acaban generando la mayor parte de plusvalías a las grandes corporaciones. En Bangladesh, si bien el salario en las nuevas industrias no sobrepasa en muchos casos el dólar diario y está notoriamente por debajo de la subsistencia (entendida esta como unos mínimos de suficiencia y de dignidad), la alternativa en el campo es peor. El país cuenta con un sistema de tenencia de la tierra que la concentra en pocas manos, los grandes terratenientes, los cuales pagan unos salarios notoriamente más bajos todavía a los jornaleros. Aún más escasas son las posibilidades en el sector informal de la economía que se desarrolla en las áreas urbanas o suburbanas de las megalópolis de estos países. Los salarios en India, Vietnam, Camboya, Pakistán y Sri Lanka se mueven entre los dos y los cuatro dólares diarios, con los cuales no se pueden garantizar las necesidades básicas. Lo cierto es que estos salarios se mantienen estabilizados durante años, y algunos incluso se han reducido. Así, la capacidad adquisitiva que estos permiten ha decrecido de manera notable, ya que el aumento del precio de los productos alimenticios básicos ha ido muy por delante de los salarios. En Bangladesh, en 2008, el precio del arroz se triplicó.

El sector industrial exportador, a pesar de los ínfimos salarios, tiene un aspecto que lo hace atractivo para la población, como es la puesta en valor de la capacidad de trabajo de mujeres jóvenes y adolescentes, las cuales son consideradas una carga en el mundo agrario, mientras que, en la ciudad, con su escaso salario industrial, pueden contribuir penosamente al difícil sostenimiento de las familias; se trata de una especie de diversificación de ingresos, aunque a una escala muy pequeña. Como indica Oxfam Intermón, en las maquilas nicaragüenses, donde trabajan decenas de miles de mujeres, el salario por doce horas diarias de trabajo es de setenta dólares al mes, mientras la cesta de la compra básica no baja de los 140 dólares. ¿Cómo lo deben hacer para mantener a la familia?

Lo mismo sucede con el trabajo de los niños. A pesar de ser una indignidad que ha generado reacciones escandalizadas en Occidente, con campañas contra todas las marcas implicadas, y muy especialmente las más notorias del calzado deportivo (Nike, Adidas, Fila, etc.), las cuales se han visto forzadas, primero, a negarlo, y después, a establecer medidas de control para evitarlo, lo cierto es que han surgido defensores o justificadores de este tipo de trabajo, argumentando que su aportación económica a las familias es fundamental y que la opción alternativa es la miseria y, quizá, la prostitución infantil. Trabajar en lugar de ir la escuela es una pésima alternativa, pero también es cierto que en algunas zonas especialmente deprimidas esta disyuntiva no existe. Sin embargo, nada justifica la explotación que supone el trabajo infantil.

Los Gobiernos de los países pobres están atrapados en esta disyuntiva trágica. No cabe suponerles ninguna maldad intrínseca cuando facilitan las cosas a las actividades intensivas en mano de obra, ni cuando se ponen al servicio de los intereses de las grandes corporaciones o del Fondo Monetario Internacional. En Bangladesh es incluso el Gobierno progresista de la Liga Awami al que le toca proporcionar estabilidad y reprimir las huelgas y exigencias de los trabajadores, en pro del mantenimiento de unas condiciones que aseguren la actividad del sector exportador. Y lo mismo hacen las autoridades en China, a pesar de estar gobernada por un partido comunista. El problema principal radica en el hecho de que el sentido de la globalización se fundamenta en un esperado y teórico crecimiento económico futuro a partir de tales niveles de sufrimiento presentes. Si finalmente se consigue dicha mejora en algunos países, tal justificación será mucho más fácil de argüir, pero, en cualquier caso, todo parece indicar que sólo puede ser así cuando hay un cierto pilotaje en las condiciones, los ritmos y los objetivos finales de estos procesos. Y, si al final todos esos planteamientos económicos radicalmente liberalizadores y de creencia ciega en la bondad del mercado desregulado fueran erróneos, ¿quién pagaría las consecuencias?

Tampoco hay derrame democrático y de libertades

Los teóricos del neoliberalismo y de las bondades de la mundialización de la economía argumentan que uno de los grandes beneficios de la globalización es el de extender el sistema democrático y de libertades hacia los países pobres o en desarrollo que se integran en el sistema económico mundial. El progreso económico, dicen, genera progreso social, y este último es incompatible con sistemas políticos totalitarios. Las clases emergentes, además de mayor bienestar, acabarán exigiendo participación política, lo que debilitaría y haría caer las formas autoritarias de gobierno, acabando así con la falta de libertades. A pesar de ser este un argumento medianamente razonable, a menudo los beneficiarios autóctonos del modelo de exportaciones, las oligarquías locales como se les llamaba antes, suelen requerir formas políticas autoritarias con militares al frente, o bien con libertades y participación popular restringidas, a fin de mantener el statu quo e impedir que las demandas de justicia social acaben con una situación que les resulta tan beneficiosa. La necesidad de «orden» es también un elemento a tener en cuenta, ya que es una exigencia de las corporaciones para operar en determinados territorios, importándoles poco el sistema de Gobierno que se lo asegure. Se alude entonces a las famosas «cuestiones internas» del país.

Lo cierto es que, entre las condiciones que fijan el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial para ayudar a los países, no está nunca la exigencia de un sistema democrático y de libertades. Es más, si se siguen sus normas y, para ello, es necesario que exista estabilidad política y mano de hierro, la cuestión del proceso democratizador se considera como algo que puede esperar, ya que se confía en que se producirá en el futuro gracias al crecimiento económico. La referencia, afirman, es el caso de Chile, donde, en 1973 y de la mano de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, fueron a aterrizar en el país una recua de economistas de la escuela de Chicago, encabezados por Milton Friedman, que experimentaron su doctrina monetarista y de liberalización extrema. Las privatizaciones, el aumento de impuestos, la austeridad pública y la entrada rápida de capital exterior provocaron mucho sufrimiento durante muchos años a las clases medias y bajas chilenas. Sin el miedo a la dictadura, probablemente, esto no habría sido posible. Con el paso del tiempo, al convertirse Chile en una economía emergente, este ejemplo fue utilizado como modelo a esgrimir durante años por los defensores del mercado desregulado y la liberalización extrema. La dictadura se alargaría hasta 1990, y aún la transición democrática, con el fantasma de los militares tutelando el proceso, duraría unos cuantos años más. Fue la oposición interna la que forzó, de manera penosa, el final de la dictadura de Pinochet, y no las condiciones del FMI o las exigencias de los mercados.

El hecho de que los países asiáticos más exitosos en su desarrollo (y no precisamente por confiarlo todo al sector exportador de la industria), los llamados tigres asiáticos (Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán), dispusieran de formas políticas sólo débilmente democráticas y se caracterizaran por actitudes gubernamentales bastante autoritarias, respaldó la tesis de que, para iniciarse el desarrollo económico, se necesitan formas autoritarias que establezcan las reglas y sofoquen el posible malestar social. De hecho, el éxito de estos países no reside tanto en la falta de democracia como en haber dispuesto de auténticas estructuras de Estado que han garantizado, a diferencia de lo que ocurre en muchos países africanos, la presencia de la Administración más allá del palacio presidencial y de la capital. Estos países han tenido (y tienen) una cultura de administración pública y de cohesión y disciplina social heredada de la tradición china de antes de Mao Zedong, que ha creado unas condiciones administrativas y sociales adecuadas para emprender procesos de cambio y de transformación. Quizá por ello se ha respetado el modelo mixto chino, de mantenimiento de un régimen comunista férreo junto a una apertura hacia la economía mundial, siguiendo el famoso lema de «un país, dos sistemas». Contrariamente, en la caótica Rusia del final del régimen soviético, desde Occidente se abonaron cambios de tipo formalmente democrático, a fin de hacer irreversible la liquidación del antiguo sistema. Ni siquiera se cumplieron las formalidades, ya que, en la Rusia de Yeltsin, como también después en la de Putin, el sistema de libertades fue y es bastante deficiente, lo que pone en evidencia que no siempre las convocatorias de elecciones aseguran el establecimiento de regímenes realmente democráticos.

Curiosamente, al margen de países como Bangladesh o Turquía (esta última con sus progresos para hacerse digna de entrar en la Unión Europea), el carácter democrático de la mayoría de estos países exportadores deja bastante que desear. En ellos vemos desde dictaduras militares (como la de Myanmar), pasando por los tutelajes militares (en Indonesia y Pakistán) hasta regímenes débilmente democráticos (como Marruecos, Filipinas, Sri Lanka o Nicaragua); sólo India y Bolivia se pueden considerar países con un sistema democrático homologable. El derrame democrático, tarda un poco en llegar, o bien es bastante incompleto.

8

Las fábricas vacías de los países industriales.

¡Qué paradoja!

La ciudad fantasmagórica de Detroit, antaño capital de la industria automovilística estadounidense y occidental, así como del dinamismo industrial de la zona de los Grandes Lagos, simboliza de manera elocuente la desindustrialización. Sede de los históricos tres grandes gigantes de la automoción —General Motors, Ford y Chrysler—, esta ciudad ya sólo es una sombra de su pasado. Instalaciones industriales vacías, edificios abandonados, pobreza y marginación son sus actuales señas de identidad, excepto su barrio más céntrico, que preserva todavía una cierta dignidad, pues es la sede de las grandes marcas del automóvil. En sus momentos de esplendor, en los años cuarenta, Detroit había llegado a tener 1.850.000 habitantes, pero en la década de los años setenta inició su declive, llegando a contar hoy con escasamente 700.000 habitantes. Los despidos y la falta de posibilidades de trabajo provocaron el paulatino éxodo de buena parte de su población desde hace ya décadas. La crisis industrial del automóvil lo fue también de las industrias auxiliares y de servicios. Este decaimiento de la ciudad tiene que ver con el proceso de traslado de buena parte de la producción a zonas con costes laborales más bajos, pero también con la estrategia equivocada de unas marcas que no se supieron reorientar a tiempo, siendo como eran beneficiarias del proteccionismo del que gozaban en el mercado interior. Cuando tuvieron que competir, no estuvieron preparadas para hacerlo. En materia de precios, no podían hacer nada para acercarse a las marcas japonesas o coreanas, y, desde el punto de vista de la calidad y la imagen de marca, no igualaban el nivel de las grandes marcas europeas. La solución fue abaratar precios buscando mercados laborales más adecuados para una actividad fabril que, a pesar de la robotización, continúa siendo bastante intensiva en mano de obra. Esta industrias no han abandonado del todo Detroit, donde mantienen sus sedes corporativas y algunas factorías de montaje. Pero nada es lo que era, ni lo volverá a ser. Las autoridades han intentado reinventar Detroit con actividades de nuevas tecnologías y el atractivo de buenos equipamientos culturales. Curiosamente, han captado un turismo interesado en ver in situ los restos de lo que había sido una gran ciudad industrial. Y la realidad es que las finanzas de la ciudad acaban de quebrar.

Las antiguas e históricas potencias industriales europeas asisten desde hace tres décadas a un proceso acelerado de desindustrialización, justamente hacia aquellos territorios que en el pasado habían sido o bien sus colonias o bien sus proveedores de materias primas. En aquellos momentos, precisamente con el llamado «pacto colonial», les habían impedido desarrollar una industria, celosas de mantenerla en la metrópoli. La industria simbolizaba la riqueza en mayúsculas, y no se quería compartir. A los países periféricos, perfectamente subordinados, se les reservaba la producción primaria y la actividad extractiva, con un flujo comercial que constituía un auténtico intercambio desigual que iba drenando la riqueza hacia las potencias industriales, con el Reino Unido como ejemplo más exitoso. El aumento de los costes laborales y de todo tipo, inherentes en Europa Occidental a la construcción de sociedades más niveladas e igualitarias y con un modelo social basado en el concepto de bienestar y en prestaciones sociales para la mayoría que permitiera construir sociedades inclusivas, comportó que las grandes corporaciones y el pensamiento económico triunfante a partir de los años ochenta, partidario de un mercado estrictamente desregulado, apostaran por crear un marco económico único a escala global que permitiera establecer la producción donde los costos fueran menores, para así ganar competitividad y mejorar los márgenes de beneficio y, de este modo, repartir mayores dividendos. El cierre de fábricas en Europa y Estados Unidos, así como en países con niveles de desarrollo intermedios, se convirtió en una lluvia fina que fue eliminando los grandes centros de producción fabril, empezando por el calzado y el textil, y continuando por la fabricación de maquinaria, la automoción y el sector químico, hasta llegar a la electrónica y los enseres tecnológicos más actuales. Algunos países fueron un poco más prudentes, como Alemania, e intentaron mantener una buena base industrial fundamentada en la calidad, una base que fuera competitiva en los segmentos altos del mercado. Otros, como el Reino Unido, se lanzaron con fruición a la liquidación de su industria ya en tiempos de Margaret Thatcher, pero también durante los mandatos de Major y de Blair, haciendo doctrina de la terciarización productiva y poniendo especial énfasis en el desarrollo del sector financiero. Así, elaborando sofisticados productos financieros, muchos de los cuales están en la base de la crisis actual, la City londinense ha llegado a significar el 20 por ciento del PIB del Reino Unido. En Estados Unidos, más del 25 por ciento de los beneficios empresariales se hacen en el extranjero, cuando antes, en los años sesenta, representaban sólo el 5 por ciento.

Deslocalización versus desindustrialización

En Estados Unidos, la producción industrial ha disminuido enormemente en relación con el conjunto de su economía; hace cincuenta años, esta representaba casi el 40 por ciento de su PIB, mientras que ahora no llega al 16 por ciento. De ser el primer productor de vehículos todavía en 2000, con una cuota de producción del 22 por ciento mundial, ha bajado al 10 por ciento, mientras que China y Japón ya facturan cerca del 40 por ciento. Han perdido su trabajo un 52 por ciento de las personas ocupadas en este sector. Lo mismo ha sucedido en el sector de la producción de acero. De producir casi el 40 por ciento del acero del mundo, con emblemas corporativos como US Steel, ahora Estados Unidos sólo produce el 6 por ciento, mientras que China y Japón acumulan bastante más del 50 por ciento de la producción mundial. A pesar de haber superado en gran parte la recesión económica vinculada a la crisis financiera de 2008, los niveles oficiales de desempleo de Estados Unidos son del 9,1 por ciento. La falta de actividad industrial impide recolocar los activos menos cualificados, que a menudo, por falta de perspectivas, ni siquiera aparecen registrados en los cifras de desempleo. Es el fenómeno del desistimiento en encontrar trabajo tan típico de las economías occidentales en declive. La ocupación industrial en Estados Unidos, en cifras absolutas, ha caído casi a la mitad desde comienzos de la década de los setenta, hasta llegar a unos activos en la industria similares a los que tenía el país en 1820. Esto no significa que las compañías norteamericanas no sigan teniendo un papel decisivo en la producción, sino que la realizan en otros lugares y, en muchos casos, de manera diversificada. Es lo que se llama pomposamente «desintegración vertical de la producción a escala internacional». Así, un estudio actual detalla que, cuando una empresa del sector del automóvil estadounidense produce un vehículo, su valor se puede descomponer de manera aproximada en: un 30 por ciento del montaje realizado en Corea; un 17,5 por ciento, en Japón, por componentes y tecnología avanzada; un 7,5 por ciento, en Alemania, por el diseño; un 4 por ciento, en Taiwán o Singapur, para pequeños componentes; un 2,5 por ciento, en el Reino Unido, en concepto de publicidad y marketing; y un 1,5 por ciento, en Irlanda y Barbados, para el procesamiento de datos. Sólo el restante 37 por ciento del valor de la producción se genera en Estados Unidos.

La década de los noventa fue letal en Estados Unidos con respecto a la pérdida de puestos de trabajo industrial. Sólo en el sector textil, uno de los pioneros de la deslocalización, se perdieron 900.000 puestos de trabajo. En el sector de los componentes electrónicos, la pérdida fue de 200.000 puestos laborales. En España, sólo durante 2004, se perdieron 24.000 puestos de trabajo en el sector textil y cerraron unas quinientas empresas. Estos datos muestran un poco la magnitud de la tragedia.

A pesar de la dimensión de la desindustrialización producida hasta ahora en el mundo occidental, el peso es todavía relativamente importante en su PIB y en el empleo, lo cual, más que un consuelo, no es sino el indicador de que al camino del empobrecimiento manufacturero todavía le queda un largo camino por recorrer hacia el aumento de la precarización, el retorno a la economía informal y el desempleo. Justo antes de empezar esta crisis, en la Unión Europea de los 27 aún se producía el 29 por ciento del valor industrial mundial, y en Estados Unidos, el 22 por ciento, mientras que, en su meteórico ascenso, China ya representaba el 8 por ciento. A pesar del declive, en Europa aún había 2,3 millones de empresas y 35 millones de trabajadores en el sector industrial, es decir, un 20 por ciento de su PIB y un 18 por ciento del empleo total, mientras que en Estados Unidos, con el 16 por ciento del PIB, la industria sólo ocupaba al 13 por ciento de la población activa. Todo ello contabilizando los trabajadores que en la industria realizan funciones administrativas, de gestión, de diseño o comerciales, ya que, si se descontaran estos, los empleados industriales puros no superarían el 5 por ciento de los ocupados. Curiosamente, en la Europa central y nórdica se ha conservado un mayor peso de la industria, tanto en términos de PIB como de empleo, sobresaliendo en ello Alemania, Finlandia, Suecia y Austria, donde los valores porcentuales superan el 20 por ciento. En sentido contrario ha ido la evolución del Reino Unido, Francia, España e incluso Italia. En relación con las intensidades con que se sufre la crisis actual en estas zonas, no parece que sean casuales estos datos. Como ha indicado Ezequiel Baró en un interesante estudio, hay que tener en cuenta el efecto de arrastre que la industria tiene hacia el resto de la economía, así como que los aumentos de productividad se producen esencialmente en la actividad manufacturera (2,6 por ciento frente del 1,1 por ciento en los últimos años), ya que tienen un mayor protagonismo en los procesos de innovación y de cambio tecnológico (80 por ciento del gasto empresarial en I+D+i). En Europa, del 18 por ciento de ocupados en el sector manufacturero, sólo el 6,7 por ciento lo son en subsectores de media y alta tecnología, y el 1,1 por ciento, en tecnología punta. Más del 10 por ciento restante, es decir, más de la mitad de los activos del sector industrial, se dedican a actividades con perspectivas de ser deslocalizadas por la baja cualificación que requieren y porque son poco relevantes en conocimiento y valor añadido.

Ciertamente, primero se deslocalizaron las actividades industriales de menor valor añadido y más intensivas en mano de obra (textil, calzado, juguetes, etc.), pero el proceso continuó luego con productos de consumo más sofisticado (televisores, electrónica, ordenadores, etc.). La progresión trajo una segunda generación de transferencias de la producción de bienes industriales en general, de tecnología más sofisticada, del automóvil a la química, pasando por la siderurgia, la producción de plásticos y el equipamiento médico. Los destinos han sido bastante diferentes dependiendo del sector. La industria automovilística y la siderometalúrgica han tendido hacia Europa del Este, buscando mano de obra cualificada y barata; el textil, hacia Asia, con una estación intermedia en el Magreb; la electrónica, claramente hacia China y el sur de Asia; mientras que la producción de electrodomésticos de línea blanca y los call centers han tendido a instalarse en el Magreb. Hay procesos de deslocalización dentro de la deslocalización, en los cuales los países asiáticos acaban siendo el destino final.

El sector del calzado ha vivido un proceso de deslocalización rápido y bastante emblemático. De una fabricación mayoritariamente norteamericana y europea, donde España era un gran productor, se ha pasado a manufacturar de manera predominante en Asia, que, en 2005, ya producía el 83 por ciento del calzado mundial, manteniéndose en Europa sólo un 7 por ciento de la elaboración, y en Estados Unidos, un paupérrimo 2 por ciento. Desde el punto de vista del consumo, en cambio, Asia, a pesar de su enorme población, sólo absorbe un 43 por ciento del calzado que se produce a escala mundial; Europa consume el 23 por ciento, y Estados Unidos, el 22 por ciento. Mientras en Estados Unidos se consumían, en 2008, 7,2 pares de zapatos por año y por persona (en promedio), en la Unión Europea eran 5,7 pares, en China, 1,4 pares, y en África, 0,7 pares. Un buen retrato de la desigualdad.

Las sedes centrales mantienen poca ocupación

Una vez las industrias han deslocalizado buena parte de su proceso productivo y de servicios, el mantenimiento de las sedes de las corporaciones en el país de origen, ya sea en forma de filiales en el extranjero o estableciendo una cadena de proveedores externa, suele tener que ver con aspectos de prestigio de marca, especialmente si dichas sedes están situadas en ciudades emblemáticas o en grandes capitales. Se puede producir en los lugares más remotos y recónditos y en las condiciones más tercermundistas que se quiera, pero la marca debe quedar asociada al mundo occidental y a los países ricos. Lo contrario sería degradarla. Situando la sede central, por ejemplo, en Daca, sería difícil mantener los valores de marca.

La presión para deslocalizar la producción es grande, incluso en empresas con buenas cuentas de resultados. La dinámica es extraordinariamente perversa. En muchos casos, la deslocalización se produce para adelantarse a los movimientos de la competencia y mantener las ventajas adquiridas. La presión de las bolsas de valores también es un elemento importante, ya que, para hacer subir sus cotizaciones, las empresas están obligadas a presentar continuados aumentos de beneficios. De hecho, los mercados suelen celebrar las decisiones de deslocalización en forma de aumentos significativos en las cotizaciones, Este aspecto también tiene mucho que ver con el sistema de retribución de los directivos, ya que el aumento de la capitalización bursátil acostumbra a influir en el cobro de determinados bonus por objetivos. Se podría añadir que la especulación con los terrenos que ocupaban las fábricas puede ser también un factor incentivador, en la medida en que allá donde se desplazan suelen tener todo tipo de facilidades en cuanto a disponibilidad de suelo, instalaciones, fiscalidad y ayudas públicas. Un ayuda complementaria nada despreciable para el negocio.

¿Una economía de servicios?

El sector de los servicios, el terciario, tiene un papel predominante desde hace años en el mundo occidental, sobresaliendo como el ámbito donde se concentra la mayoría del empleo. Sin embargo, como se han cuidado de señalar muchos estudiosos, una parte importante de este sector está interrelacionado y es interdependiente de la industria. En la economía global, cualquier actividad industrial que quiera ser competitiva requiere del apoyo de una buena base de servicios avanzados destinados a mejorar la variedad y calidad de los productos y la eficiencia de los procesos de producción, así como el asesoramiento en marketing, estrategia y actividades financieras, etc. Así, la terciarización de la economía tiene mucho que ver con la existencia de un ecosistema industrial poderoso y avanzado. El perímetro que define la actividad industrial está cambiando, y mucho. En el terreno teórico, se habla de una metamorfosis de la industria consistente en una interrelación profunda con las actividades terciarias, en un conjunto de relaciones de servicios. Los productos se convierten en entidades «híbridas» entre producción y servicios, que se denominan «soluciones». De hecho, los productos industriales van incorporando cada vez más connotaciones de prestaciones de cara al consumidor, y no sólo en su fase de elaboración. Apple vende productos, pero el vínculo con los consumidores para convertirlos en adeptos se produce a través de la proporción de servicios que van asociados. Cada vez más, en las sociedades avanzadas, los consumidores adquieren bienes y servicios complementarios. Los proveedores de servicios requieren de entornos industriales (para tener pleno sentido), al tiempo que los entornos industriales requieren de servicios a su entorno inmediato para poder interrelacionar los bienes tangibles que producen con las prestaciones asociadas. Y esto plantea también una deslocalización de los servicios hacia las nuevas áreas industriales de los países emergentes, mucho más que el mantenimiento de las actividades industriales en Occidente. El factor de los costes laborales asociados a estos servicios también juega a favor de la deslocalización, ya que, aunque sean especializados y de un cierto nivel, requieren de acciones intensivas en mano de obra. La revolución de las comunicaciones permite también que se puedan desmenuzar sus distintos componentes, como se ha hecho durante años con la producción de bienes. Como explicaba Benjamin Coriat hace ya años, la tasa de crecimiento de la economía ha estado siempre dependiendo de la tasa de crecimiento de la industria. Cuando cae el dinamismo industrial, esta caída se transmite a la economía en su conjunto. La productividad de los servicios es siempre netamente inferior a la del sector manufacturero, de manera que los países terciarizados crecerán más lentamente de lo que lo hacían cuando eran industriales.

Pronto se demostraría falaz la tan celebrada «nueva economía» que, en los años noventa, servía para dibujar un futuro en el que los países ricos de Occidente sólo dispondrían de una economía basada en la alta tecnología y todas las posibilidades de negocio que abría internet, mientras que el trabajo productivo de tipo tradicional se haría en países pobres y emergentes. Las infladas expectativas sobre las empresas puntocom hicieron que muchos inversores compraran sus acciones a precios desmesurados, incluso aunque se tratara de valores que ofrecían sólo una idea virgen. Y ello generó una inmensa burbuja financiera que acabó explotando de manera contundente en los albores del siglo XXI, provocando que mucha gente ávida de enriquecimiento rápido perdiera sus ahorros. Hoy, ha quedado claro que lo que quedó de todo aquello también se podía deslocalizar, y, de hecho, ese proceso se encuentra en pleno desarrollo. En el Tercer Mundo, en zonas concretas con mano de obra muy formada, se dan buenas condiciones para poder radicar también actividades de la nueva economía (calls centers, desarrollo de software, etc.). Tal y como lo define Ramón Muñoz, «internet es un invento genial, pero ni proporciona trabajo ni paga impuestos». Facebook tiene cerca de mil millones de usuarios, pero sólo tres mil trabajadores. WhatsApp se gestiona con poco más de cincuenta empleados.

En España, incluso el grupo cooperativo vasco de Mondragón ha optado por deslocalizar una parte de sus factorías de producción. Aunque pueda resultar sorprendente en un grupo cooperativo nacido para contribuir al desarrollo del territorio y con el objetivo de proporcionar empleo de calidad, la Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), que factura anualmente más de 12.000 millones de euros en actividades industriales y de servicios, tiene casi el 20 por ciento de sus más de 80.000 trabajadores en el exterior, donde ha erigido 59 plantas industriales. Algunas de ellas se ubican en la Europa más desarrollada, pero la mayoría está en Europa del Este, Brasil, México, China, India, Turquía y Marruecos. Tras verse en muchas dificultades financieras, según afirman, y para poder competir con empresas homólogas, no han tenido más remedio que acogerse a las ventajas de la deslocalización de algunas actividades. El cierre de algunas plantas de producción en el País Vasco ya es un hecho.

La presión sobre los salarios

La amenaza de la deslocalización afecta, y mucho, a los salarios en el mercado laboral de Occidente. Esta parece ser una de las funciones primordiales de la deslocalización, o al menos un efecto colateral bastante deseado. La moderación y la reducción de salarios, abonada desde instancias internacionales como el Fondo Monetario Internacional aprovechando la crisis económica actual y los niveles de paro insostenibles, probablemente no evitarán la profundización en la deslocalización de los servicios y de la economía del conocimiento, pero permiten a las grandes corporaciones no tener que acelerar los ritmos. La famosa mejora de la competitividad que, por ejemplo, argumenta últimamente el Gobierno español para vender una reforma laboral que tiende justamente a la precarización y la reducción de salarios, significa disminuir el gap entre los costes laborales de aquí y los de los nuevos países industriales y de servicios. Precisamente, el FMI acaba de «recomendar» a España una disminución media del 10 por ciento de los salarios con el objetivo de generar empleo y bajar de la fatídica cifra del 26 por ciento de desocupados, siguiendo la noción neoliberal de que el paro es fruto de expectativas salariales excesivas. La amenaza de la deslocalización está resultando un mecanismo muy útil para forzar a los trabajadores a aceptar condiciones que antes habrían resultado motivo de movilización social.

Asimismo, las conquistas sociales que parecían irrenunciables son puestas en cuestión, y los trabajadores aceptan salarios menores a cambio de evitar la deslocalización. Las reacciones sindicales son muy elocuentes en este sentido. Privados de capacidad real de negociación frente a una problemática de gran alcance y reducido apoyo social (en parte debido al miedo de la gente a perder el trabajo), los trabajadores acaban por negociar acuerdos a la baja con algunas grandes empresas, a pesar de no renunciar a denunciar esta realidad de presión sobres los salarios y de reducción de garantías laborales. Ejemplos de ello los encontramos en Alemania o en Cataluña, en Seat o en Nissan, bastante recientes. En el caso del sector automovilístico, la amenaza siempre es la del traslado hacia países de Europa del Este, como ya ha sucedido en muchos casos. No es una cuestión de competitividad, sino de maximización de márgenes y beneficios. El propio Banco de España reconocía, justo antes de desencadenarse la crisis, que los beneficios de las grandes empresas no financieras mejoraban a ritmos del 20 por ciento anual, y que los precios crecían a un ritmo superior a los costes laborales unitarios. Es decir, tenemos una mano de obra disciplinada y resignada. La vieja aspiración socialdemócrata de equilibrar el poder entre capital y trabajo se ha ido a pique. Como afirmó el especulador y magnate Warren Buffett hace unos pocos años, «hay una lucha de clases, de acuerdo, pero es mi clase, la clase rica, la que hace la guerra, y la estamos ganando».

Parados y excluidos de larguísima duración

El paro extraordinariamente alto que se sufre en el mundo occidental por los efectos de la crisis económica no oculta la existencia de un desempleo estructural en buena parte de sus economías, que era muy significativo antes de la crisis económica y que se mantendrá cuando esta, a medio plazo, escampe. Lógicamente, esto tiene que ver con la desindustrialización, vivida de manera más intensa a partir de la década de los noventa.

En el punto álgido de la burbuja de crecimiento anterior a la recesión económica, en 2006, la media de paro en la Unión Europea era del 8,5 por ciento, con países como Francia y Alemania que superaban claramente el 9 por ciento. En España la situación era ligeramente mejor debido a la ocupación extraordinaria de un intensísimo sector de la construcción, y el dato se situaba en el 8,3 por ciento. En Estados Unidos, el mismo año, el desempleo rondaba el 5 por ciento. Demasiada gente sin trabajo para tiempos aparentemente tan expansivos. El segmento laboral de la gente poco cualificada tenía serias dificultades para ocuparse en el sector formal de la economía. Desactivados ya los llamados sectores maduros, que se habían ido deslocalizando, como el textil, el automóvil, la fabricación de maquinaria y los electrodomésticos, a menudo, personas de más de cincuenta años y con muchas dificultades para reinsertarse laboralmente (por falta de estudios y de formación) se fueron convirtiendo en carne de cañón de los subsidios públicos y de la economía sumergida. Esto generó un paro estructural que era más femenino que masculino, puesto que las pocas posibilidades de reincorporarse a la actividad pasaban por la construcción y sus funciones complementarias.

La terciarización de estas sociedades occidentales ya era muy elevada (más de dos tercios), y las posibilidades de ocuparse en un sector servicios cada vez más deslocalizado y que demanda unos ciertos niveles de formación eran bastante restringidas, al menos más allá de puestos para dependientas de comercio o cajeras de supermercado, con salarios, en ambos casos, mínimos. Aquellos que conseguían superar el paro de larga duración y evitar la exclusión plena, lo hacían recurriendo a la economía sumergida, o bien aceptando contratos laborales precarios y temporales que les aseguraban idas y venidas a la condición de desocupados. Con la liberalización económica y el frenesí desregulador que se impuso a partir de la revolución conservadora, el mercado laboral fue uno de los objetivos prioritarios. El paro, se decía, era la consecuencia de una excesiva protección laboral (la cual desincentivaba las contrataciones) y de la tendencia a la ociosidad que conllevaba la seguridad de los sistemas de protección social y los subsidios de desempleo, así como de unas pretensiones salariales excesivas que no se adecuaban a la realidad, más tendente a guiarse por los salarios mínimos.

Algunos, como el economista catalán Xavier Sala Martín, impartían verdades en las tertulias radiofónicas y televisivas que se pusieron tan de moda, afirmando que la manera de acabar con el paro era derogar cualquier tipo de subsidio de desempleo. Una posición poco compasiva y totalmente equivocada desde el punto de vista económico.

Los Gobiernos fueron avanzando en una liberalización del mercado laboral —tanto los de signo liberal-conservador como los socialdemócratas de las «terceras vías», vale la pena decirlo—, atrapados los sindicatos en la dinámica del chantaje de la deslocalización. Se empezaron a disminuir las indemnizaciones por despido, se limitaron los salarios mínimos, se facilitaron los expedientes de regulación de empleo, se crearon nuevas formas de contratación temporal y a tiempo parcial y prosperó el fenómeno de las empresas de trabajo temporal (ETT). Eran tiempos en los que se admiraba el concepto alemán de los minijobs, formulado durante la época del canciller Schroeder, como si fuera un gran invento; al mismo tiempo, con el pomposo nombre de emprendimiento, se fomentaba el autoempleo y la decisión de convertirse en trabajador autónomo.

Las dificultades para reincorporar al mundo laboral a los adultos, que trampeaban como podían ante la falta de oportunidades, era muy grande, pero aún era más difícil incorporar a los nuevos contingentes de gente joven. En las dos últimas décadas anteriores a la crisis, una buena parte de los jóvenes tenían niveles de formación —muchos de ellos universitarios— que les daban más posibilidades para acceder a los tramos medios y altos del mercado laboral, aunque fuera con contratos precarios. Los jóvenes con poca formación, que los seguía habiendo, ya tenían dificultades muy serias para incorporarse al mundo laboral, más allá del ámbito de la construcción. En España, el espejismo del sector de la construcción provocó un gran abandono escolar debido al atractivo de sus salarios, pero, pocos años después, dejaría importantes cohortes de jóvenes sin trabajo, sin formación y sin expectativas. En cualquier caso, las tasas de paro juvenil en el mundo occidental doblaban las de la población adulta. Lógicamente, los efectos de la crisis y la recesión posterior han sido letales en el mercado de trabajo, con tasas de paro que han superado los dos dígitos en prácticamente todas partes, con millones de familias sin ningún miembro ocupado ni, lógicamente, ningún ingreso una vez terminadas las prestaciones por desempleo. En España, como en otros países del sur de Europa, el dramatismo de la situación ha sido especialmente significativo, habiéndose llegado al 26 por ciento de paro registrado, cifra que escala hasta el 56 por ciento para la población de entre 18 y 25 años edad. Y este es un drama con muy malas perspectivas, ya que, para recuperar niveles de crecimiento económico por encima del 2 por ciento (que se consideran adecuados para generar empleo neto), habría que esperar al año 2018 (y eso, en el mejor de los escenarios), según las previsiones del propio Fondo Monetario Internacional. Las durísimas políticas de reforma laboral liberalizadora del Gobierno conservador no han servido para crear empleo —de hecho, no lo pretendían—, y sí para disminuir salarios y precarizar a buena parte de la población activa. A esto lo han llamado ganar competitividad, cuando es meramente una política de devaluación interna.

Con la crisis económica, lo que sí han ganado las empresas es una mayor flexibilidad en sus políticas de recursos humanos, ya sea por la mayor facilidad para presentar expedientes de regulación, ya sea por los nuevos modelos de contratación y los salarios más bajos o ya sea por la aceleración del proceso de deslocalización hacia economías emergentes y del Tercer Mundo. Aquí o en Alemania, los comités de empresa de las grandes corporaciones se ven obligados a pactar notorias reducciones salariales para continuar, ni que sea parcialmente, su actividad en el país. El sector del automóvil es donde más se utiliza este procedimiento, pero no es el único. Asimismo, también se impone el sistema de subcontratar autónomos en forma de prestación de servicios externos. La cuestión es no cargarse de obligaciones laborales ni de plantillas fijas de trabajadores. En pleno proceso de salida de las actividades intensivas en conocimiento hacia otras regiones más baratas, la imposibilidad de encontrar un trabajo por parte de los jóvenes más formados está comportando un auténtico éxodo a otros países de nuevos licenciados en busca de oportunidades. El caso español es dramático por la descapitalización que un proceso masivo de estas características conlleva.

Asimismo, en todo el mundo occidental, los datos de paro registrado dejan de tener validez en la medida en que un proceso de falta de empleo reiterado, profundizado y de larga duración acaba por desincentivar la mano de obra poco cualificada para buscar y encontrar trabajo. Muchos desisten y tiran la toalla, resignándose a malvivir de los menguantes subsidios, de trabajitos en negro y de lo que queda de las redes familiares. La progresión de la exclusión social es una evidencia en nuestras ciudades. Seguramente, Zara, Apple o Wolkswagen continuarán creciendo, pero lo harán fuera. Mientras tanto, un nuevo concepto se ha impuesto para sustituir a la clase obrera de antaño, el del precariado.

El renacimiento del sector informal de la economía

El paro de larga duración, la falta de expectativas laborales y el impacto de la crisis económica han generado en el mundo occidental un fuerte crecimiento de la economía informal, como último recurso para muchos. De hecho, en algunos países, este es un sector que nunca ha dejado de tener una cierta importancia, especialmente en los países mediterráneos, donde la economía sumergida no ha bajado del 20 por ciento de la actividad económica. La falta de trabajo ha incentivado aún más esta tendencia, tanto por los beneficios que representa estar fuera de todo control tributario, como por suponer una posibilidad de subsistencia a aquellos sectores de población que han ido quedando excluidos de la economía formal, para reingresar al cual no tienen muchas opciones. Así, se constata la existencia de un mercado laboral cada vez más dual: por un lado están los contingentes de trabajadores que disfrutan de contratos indefinidos y adscritos al régimen general de la seguridad social, que han ido disminuyendo; y, por otro, tenemos a un poderoso ejército laboral de reserva, dispuesto a aceptar cualquier condición y que opera en el terreno de la precariedad contractual y la economía informal, con entradas y salidas del régimen de subsidios por desempleo. La consolidación de la distinción entre insiders y outsiders se ha convertido en una realidad, con los efectos de escisión social que ello conlleva. Quien queda excluido a nivel laboral, termina sintiéndose al margen de la estructura social y política constituida.

Hay también una nueva informalidad productiva que tiene que ver, justamente, con un proceso que las grandes corporaciones han impulsado de manera paralela a la deslocalización —el caso de Inditex es emblemático—, consistente en fomentar cadenas de suministro en entornos próximos, basadas en la disponibilidad de los «sintrabajo» a aceptar todo tipo de condiciones y de salarios. Gente que trabaja en casa, en un cuarto o en el garaje, gente que opera sin ninguna relación contractual con los talleres de subcontratación de las marcas. En el caso español, recuerda el regreso a las peores épocas de la economía del estraperlo. Que se trabaje para una marca reconocida mundialmente, de hecho, no cambia mucho las cosas.

El Estado del Bienestar, una red cada vez más débil

Seis millones de estadounidenses no tienen más ingresos que los entre 100 y 200 dólares de los bonos de comida. Esto afecta a hogares que engloban a 1,2 millones de niños. Este proceso va en progresión desde que Bill Clinton y la mayoría republicana del Congreso abandonaron el derecho universal a la asistencia social para acabar con el «círculo de la dependencia». Cuando la ayuda a los parados sólo llega al 50 por ciento de los que están en esta situación, la red de los bonos para comida (SNAP, por sus siglas en inglés) debe apoyar a unos treintaiséis millones de estadounidenses. Esta es la situación en Estados Unidos, donde el Estado del Bienestar y las prestaciones sociales siempre han sido notoriamente incompletos. En Europa, a pesar de tener mejor punto de partida, los beneficios del Estado del Bienestar y el valor dado al mismo concepto están claramente en proceso de desguace, justamente cuando más se los necesitaría.

De hecho, hay una conexión íntima entre el proceso de adelgazamiento (cuando no casi de desaparición) del Estado del Bienestar y los planteamientos políticos y económicos que, desde hace ya décadas, se afanan por la liberalización, la fe ciega en los mercados eficientes, la desregulación, la globalización y el triunfo del individualismo, planteamientos que han dirigido la política y la economía en los últimos años y que han creado las condiciones de indefensión social ante el estallido de la crisis actual. Todo esto ha liquidado el papel equilibrador, solidario y nivelador que había tenido el Estado. Y la paradoja es que sus promotores atribuyen todavía la situación actual a un exceso de Estado, y presentan como solución a la crisis y a la recesión una mayor minoración de este. Acabar con el Estado del Bienestar ha sido el gran objetivo de la revolución liberal-conservadora que emprendieron Margaret Thatcher y Ronald Reagan y que se continuó en las décadas siguientes, ya estuviera el nuevo conservadurismo en el poder o la socialdemocracia transmutada en «tercera vía». Como decía Thatcher, «no hay sociedad, hay individuos y familias», de modo que el Estado sólo debe garantizar la seguridad pública y la propiedad privada.

Después de décadas exitosas del modelo social europeo, el objetivo era acabar con él rompiendo el consenso político y social que lo había hecho posible. Las políticas de «revisión» y de adelgazamiento fueron en aumento, mientras se argumentaba la falta de sostenibilidad del sistema y la falta de eficiencia de todo lo que tenía que ver con el sector público. A este revisionismo se apuntaron incluso los países del modelo mediterráneo de Estado del Bienestar, que, como España, lo habían implantado de forma tardía y que ni siquiera lo habían desarrollado de manera completa. La crisis económica, usada como argumento precisamente por el liberal-conservadurismo imperante para focalizar su proyecto de adelgazamiento del Estado a fin de reducir el déficit público y la deuda, está conllevando un proceso rápido y sostenido de desarticulación.

Las prisas por privatizar el sector sanitario, visto como un gran nicho de negocio, llega al paroxismo en Cataluña o la Comunidad de Madrid, donde la patronal privada regenta la gestión de la sanidad pública, generándose un auténtico proceso de degradación que acompaña el retorno de la sanidad pública a la condición de último recurso para aquellos que tienen bajos niveles de renta. Procesos similares se producen en la educación, mientras que se adelgazan o desaparecen los programas de asistencia social, se congelan las pensiones y se argumenta que la insostenibilidad del sistema hace aconsejable que la ciudadanía (la que pueda) contrate planes privados de pensiones. El cuarto pilar del Estado del Bienestar, la ley de dependencia, se está abandonando sin ni siquiera haberla desarrollado, o al menos no más allá de una legislación que nació muerta. Mientras tanto, la prensa informa que las escuelas catalanas han detectado cincuenta mil casos de niños con problemas de malnutrición, y no de obesidad (por exceso), sino de anemia (por carencia).

No todos los países siguen ritmos similares en el desmantelamiento del Estado asistencial. En los países nórdicos, el llamado modelo sueco dispone todavía de un amplio consenso social debido a su naturaleza basada en los beneficios interclasistas y en un muy buen nivel de servicios y prestaciones. En el mundo anglosajón es donde más se ha avanzado en el adelgazamiento asistencial, quizá porque nunca creyeron en él excesivamente. El modelo continental también está sufriendo fuertes embates, especialmente en Alemania, y de la mano de la hegemonía de la cultura del castigo de Angela Merkel, así como en el mundo mediterráneo. La crisis económica se ha demostrado una gran ocasión para regresar a sociedades desiguales y competitivas a las que siempre ha aspirado, y así lo ha teorizado, el nuevo liberal-conservadurismo, hegemónico a partir de finales de los años setenta. Es una apuesta por una determinada visión de la economía, pero, sobre todo, es la apuesta por un determinado modelo de sociedad, donde la individualidad prime sobre lo colectivo, el espíritu de lucro sobre la justicia social y los ganadores sobre los perdedores.

La diferencia alemana

Desde hace unos años, Alemania lidera sin duda la Unión Europea de una manera tan clara y evidente que resulta casi antipática. Angela Merkel simboliza las políticas de austeridad que nos vienen impuestas desde el Banco Central Europeo y las instituciones comunitarias, como quien administra el castigo a aquellos que no han hecho las cosas bien durante años, con una especie de sadismo típico de quien tiene una fe absoluta en las recetas neoliberales. Este papel de Alemania en Europa lo fundamenta el hecho de que este país es la primera economía del área, así como la que tiene unas cuentas públicas más saneadas. Las reformas estructurales que hicieron antes de la crisis y los esfuerzos que les requirió la reunificación en la década de los noventa y principios del siglo XXI ha dejado a Alemania en mejor situación. Los alemanes ostentan también la autoridad que les da haber sido el país que más ha aportado durante años a los fondos estructurales y de la Unión Europea; unos fondos que, por cierto, los países periféricos han malgastado (y hasta malversado) de manera bastante inútil, según la visión alemana. A pesar del impacto que la crisis le supuso (perdió el 4,7 por ciento del PIB en 2009), Alemania recuperó la estela del crecimiento rápidamente, aumentando su PIB en un 3,5 por ciento en 2010 y en un 3 por ciento en 2011. Las tasas de desempleo han bajado respecto a los años anteriores a la crisis y se sitúan en torno al 6,5 por ciento. Las cifras de paro, comparativamente bajas, tienen que ver en parte con las agresivas políticas de empleo, entre las cuales la creación de los discutibles programas de minijobs sería un buen ejemplo. La revisión a la baja del Estado del Bienestar que Alemania lleva haciendo desde hace años ha provocado que su nivel de endeudamiento público esté sólo en el entorno del 75 por ciento del PIB, que, gracias a la imagen de solvencia del país, se financia además con intereses por debajo de la inflación.

La fortaleza alemana se debe también a un nivel de ahorro muy grande y un apalancamiento privado mucho menor que el de otros países; cuando la mayor parte de los países occidentales vivían en la apoteosis del endeudamiento familiar, Alemania ahorraba. No deja de resultar curioso que la política de «anorexia interna» practicada por Alemania durante la primera década del siglo, con el consumo restringido y la disminución de salarios, terminara generando tal volumen de ahorro que llevara a los bancos alemanes a prestar en el exterior. Este ahorro se convirtió en el gran financiador del endeudamiento de otros países, y ahora, con la crisis, están soportando una exposición al riesgo más elevada de lo que habían previsto. Con la gestión de la crisis bancaria y de la deuda soberana en Europa, y con la exigencia de austeridad, Alemania no hace sino proteger sus intereses, de sus bancos y de sus fondos de pensiones. Michael Lewis explica esto con humor: «El Gobierno alemán da dinero al fondo de rescate de la Unión Europea a fin de que este pueda darle dinero al Gobierno irlandés, de tal manera que el Gobierno irlandés pueda dar dinero a los bancos irlandeses para que estos puedan devolver los préstamos que les han concedido los bancos alemanes».

Pero lo que le da una mayor fortaleza a Alemania es disponer de un potentísimo y competitivo sector industrial, al menos comparado con el de otros países occidentales. Mientras Estados Unidos y el Reino Unido apostaron por el sector financiero y el sector servicios en general en sus estrategias de desarrollo económico desde la globalización, descuidando así bastante la transformación de sus actividades productivas, Alemania optó por reforzar su actividad industrial, con la mejora de los niveles de productividad y con una decidida política de reforzamiento de las marcas. Esto le ha permitido, a pesar de la eclosión de los países emergentes con costes laborales muy inferiores, liderar los segmentos altos de la automoción, la electrónica, los electrodomésticos, la industria farmacéutica o la química fina. Con el fácil y barato acceso al crédito del que disponíamos los consumidores europeos gracias a Alemania, les comprábamos sus productos industriales. Ahora les debemos el crédito.

En Alemania, el peso del sector industrial en relación con el PIB es del 28,6 por ciento, bastante por encima del de otras potencias europeas y del de Estados Unidos, que no llega al 20 por ciento. En términos de empleo, también posee un porcentaje más elevado que los países competidores, con un 28,3 por ciento. De todas maneras, la situación del mercado laboral alemán dista bastante de la imagen idílica que a veces se pretende dar. Así, por un lado, Alemania sufre una fuerte dualidad, una auténtica escisión entre los trabajadores que cuentan con todo tipo de garantías y seguridades (con buenos niveles salariales, contratos indefinidos y un buen sistema de pensiones), que trabajan en las grandes y solventes empresas, y un porcentaje cada vez mayor de los activos situados en un mercado laboral secundario hecho de precariedades y minijobs. En los últimos años, las grandes corporaciones, especialmente en el sector del automóvil, también han aprovechado las posibilidades que les ofrece la deslocalización para presionar a los trabajadores y al potente sindicalismo alemán de cara a moderar las pretensiones salariales e, incluso, para reducir salarios en las negociaciones colectivas. Por otro lado, Alemania ha contado con un ejército laboral de reserva muy importante en el propio país desde que se emprendió la reunificación, lo que ha comportado que algunas industrias buscaran el atractivo de la mano de obra más barata en el propio país; ubicarse en otros países de Europa del Este también ha sido una estrategia industrial bastante común, llevando la producción ya no a lugares remotos, sino a países que, una vez caído el comunismo, forman claramente su área de influencia y de expansión económica y política. Se ha llegado a afirmar que Alemania, después de perder dos guerras mundiales en el siglo XX, se ha impuesto ahora en Europa sin tener que realizar un solo disparo.

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El espejismo de convertirse

en postindustrial

El concepto de sociedad postindustrial proviene más de la sociología que de la economía. Hace ya unas décadas —en los años setenta, exactamente—, Alain Touraine o Daniel Bell empezaron a usar esta expresión para explicar la mutación de la sociedad, toda vez que el industrialismo decimonónico había sido superado en un mundo occidental donde la mayor parte de las ocupaciones eran de cuello blanco y estaban alejadas de las antiguas fábricas. La revolución tecnológica, especialmente en el campo de la comunicación, impulsaba hacia una creciente importancia de la información, la cual se convertía, junto con la creatividad y el conocimiento, en la nueva materia prima de la economía. Peter Drucker acuñó el término de sociedad del conocimiento para definir un mundo (o, al menos, los segmentos dominantes de una parte del mundo) donde el conocimiento y su derivada, el capital humano, se convertían en una fuente de riqueza tanto o más importante que las materias primas, la maquinaria o el trabajo entendido como esfuerzo físico. Obviamente, en el mundo occidental, la sociedad cambiaba con las mutaciones de la economía, mientras las viejas adscripciones de clase se desdibujaban y nacían otras nuevas, más vinculadas a la identidad, al género y, sobre todo, a las culturas y subculturas que se generaban en torno al consumo.

El concepto postindustrial ilustra una sociedad hedonista, resignada en muchos aspectos y que vive como rentista de un mundo industrial que se sitúa lejos. En un entorno de consumidores compulsivos y malcriados, que se creen con el derecho a no ensuciarse las manos, a disfrutar de privilegios y a crear tendencia, no hay lugar para el sudor. Una visión un poco simplista, y muy genérica, en relación con una sociedad en la que una parte de la población no se puede ni se podrá incorporar a la franja acomodada, quedando condenada a vivir en una especie de vacaciones perpetuas, pero sin recursos. Una sociedad sin industria (si es que esto se puede sostener a largo plazo) tiene poco de idílica, por poco que se observe su entorno: empobrecimiento creciente de amplias capas de la población, pérdida de la noción de ciudadanía, hegemonía incuestionable del lucro como valor supremo, precariedad laboral, desempleo y falta de expectativas. Pero, sobre todo, estaríamos ante una sociedad que no se puede mantener porque sufre una fractura social que se va ensanchando, además de no contar con las bases económicas para ser sostenible. Durante demasiado tiempo ha ido ganando cuerpo la idea de que fabricar cosas era una actividad casi indigna para la población de las democracias occidentales, presentándose como un ascenso inexorable el hecho de que nuestra ocupación se centrara cada vez más en el sector de los servicios. El único cambio sustancial vivido ha sido, sin apenas darnos cuenta, el de pasar a depender de dos rentas familiares, de dos salarios, en lugar del tradicional único ingreso con que contaban las unidades familiares.

El discurso sobre el valor añadido

y de actividades intensivas en conocimiento

En la actualidad, la especialización vertical también se aplica al sector servicios. Todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación es susceptible de ser deslocalizado. De hecho, las previsiones de la propia OCDE van en esta línea. Ya en 2005, esta institución consideraba que el 20 por ciento del empleo total en el sector de los servicios, ya fueran de alta o baja cualificación, estaría potencialmente afectado por la deslocalización en los años siguientes, como así ha sido. También se preveía la migración hacia países en vías de desarrollo del 25 por ciento de los puestos de trabajo del sector de las TIC. Así, se van deslocalizando actividades como las de administración, entrada de datos, servicios informáticos, elaboración de software, atención al cliente, servicios empresariales de contabilidad, consultoría y finanzas... El caso del software es especialmente relevante, ya que, a pesar de estar dominado por empresas norteamericanas y europeas, la radicación en clústeres con mano de obra muy cualificada de países del Tercer Mundo es cada vez mayor.

India sería el caso más emblemático y con más ventajas comparativas —incluso más que China—, ya que a los costes laborales bajos añade una mano de obra muy cualificada, especialmente en el sector informático, siendo la zona de Bangalore paradigmática de una apuesta gubernamental expresa por la formación universitaria y tecnológica. El discurso oficial del mantenimiento de las actividades de I+D y diseño del producto en los países de origen tiene muchas grietas y salvedades. Las funciones corporativas clave de las empresas son fáciles de deslocalizar, y cada vez va tomando más sentido hacerlo. Mantener las sedes centrales en el país occidental originario es sólo una cuestión de reputación y de imagen de marca, y esto genera muy pocos puestos de trabajo.

Entre la ciudadanía del mundo occidental, el fenómeno de la deslocalización inspira más temores por la pérdida de puestos de trabajo que esperanzas por el crecimiento económico global que se pudiera derivar. Y son temores suficientemente justificados si nos atenemos a las evidencias. Primero parecía que sólo afectaría a los segmentos de trabajadores menos cualificados del mercado laboral y a las tareas más repetitivas y rutinarias, pero la progresión del proceso deslocalizador ha acabado afectando también a puestos de trabajo más cualificados e incluso a lo que se conoce como la economía del conocimiento. Nadie está a salvo y no hay garantías para los empleos mejor remunerados y para las clases medias. Incluso los grandes centros del conocimiento aplicado como Silicon Valley adelgazan en recursos humanos. Los nuevos grandes centros de innovación y conocimiento están surgiendo en ciudades remotas, y, precisamente, cerca de los nuevos grandes núcleos de producción industrial. La globalización se tenía que llevar el trabajo productivo y mecánico, pero acaba llevándose también el del conocimiento. Los grandes centros emergentes que concentran talento y capital humano están en India, China o Rusia oriental. En Europa y Estados Unidos se van concentrando los jubilados, los turistas, los pobres..., y los indignados que no pueden irse porque no tienen un lugar bajo el sol en la economía global. A estas alturas, el discurso que, sobre el papel, mantenía que nos reservaríamos las actividades de mayor valor añadido y las que son intensivas en conocimiento tiene ya poca credibilidad. La tendencia del mundo es más bien otra.

Terciario, cuaternario y quinario

Hubo un tiempo en el que las cosas eran más simples que ahora. Lo que no formaba parte de la agricultura o la industria, los grandes sectores productivos por antonomasia, lo situábamos todo en el receptáculo del sector terciario. Un sector que justamente se definía como de «servicios» porque tenía una componente muy grande relacionada con trabajos (aunque no todos) que complementaban la actividad industrial. El imponente crecimiento de este sector, tanto en términos de aportación al PIB como de porcentaje de empleo ofrecido en el conjunto del mercado laboral, ha obligado a desagregarlo para entender mejor lo que se quiere significar cuando se habla de terciarización de la sociedad. El concepto de sector cuaternario, desarrollado hace pocos años, surgió para dar cabida a las actividades relacionadas con la sociedad de la información, pero también con la creación y gestión del conocimiento. Este es el sector de empleo y de creación de valor en el que han intentado especializarse los países desarrollados, el motor sobre el que debían pivotar las actividades económicas, lejanas, dedicadas a la producción de bienes tangibles. Así, se consideran actividades cuaternarias la investigación básica y aplicada, la innovación, la creación de conocimiento y la gestión y distribución de la información. La paradoja es que, aparte de Estados Unidos, los países que lideran este sector de actividad son China e India.

En los últimos tiempos, la tendencia más moderna es a desagregar un sector llamado quinario, que englobaría las actividades relacionadas con la cultura, la educación, el arte y el entretenimiento; en definitiva, la creación de valor en relación con las sociedades opulentas y de ocio, que desarrollan todo un sector económico vinculado con la atracción del turismo. Barcelona se considera un gran centro de producción en el ámbito quinario, como París o Berlín. Como el concepto es nuevo, algunos teóricos incluyen también en este sector económico actividades relacionadas con el sector sanitario, en la medida en que incluyen todo lo que no tiene afán de lucro, o al menos no como objetivo último.

Sobre los trabajadores de los países occidentales se ha impuesto un discurso negativo y peyorativo cuya finalidad parece ser denigrarlos como tales. En un extremo, no disponen de la educación suficiente y sólo pueden realizar trabajos de ínfima categoría destinados a desaparecer debido a su traslado a los paraísos de la deslocalización y de los bajos salarios, o bien porque serán absorbidos en los propios países occidentales por contingentes de inmigrantes mejor predispuestos a aceptar «nuevas condiciones» y a integrarse en ese nuevo «Tercer Mundo» en que se han convertido barrios enteros de las ciudades de Occidente. En el otra extremo del mercado laboral están los profesionales cualificados, de los cuales se considera que cobran demasiado y que exigen unas prerrogativas que otros trabajadores de Asia, también cualificados y bien formados, están dispuestos a moderar. Aunque parezca una paradoja, el mensaje es que tanto un segmento como el otro de la mano de obra occidental están condenados al desempleo.

Europa como parque temático

Europa occidental sigue disponiendo de un gran atractivo para la población mundial. Su historia, su patrimonio artístico y cultural y la magnífica imagen de marca que conserva la convierten en un destino deseado por muchísimas personas en todo el mundo, aunque sólo puedan viajar a ella las minorías adineradas de los países emergentes. París, Londres, Roma o Barcelona viven en buena parte de este atractivo intangible, y eso hace que no sólo sean el destino de multitudinarias visitas de hordas de turistas, sino también el destino elegido por los estudiantes universitarios y las sedes corporativas emblemáticas, así como el lugar de residencia de las nuevas fortunas de todo el mundo. Aún tienen un carácter distintivo, a pesar de que sus estructuras económicas ya no tengan el papel líder de antaño.

Francia sigue siendo líder como destino turístico, con más de cien millones de visitantes extranjeros cada año. Le sigue España, que ha convertido la recepción de turistas en su particular «oro negro». Recibe sesenta millones de visitantes, una cuarta parte de ellos en Cataluña, generando el 12 por ciento del empleo y el 10 por ciento de su PIB. En España, el consumo turístico directo llega a los 100.000 millones de euros, a lo que habría que añadir el derivado de actividades comerciales y productivas indirectas, cuyo impacto real en el PIB es cercano al 20 por ciento. Barcelona sería la ciudad más emblemática en cuanto a la vinculación de su economía y su futuro con la atracción turística. Ocho millones de visitantes anuales, seis de ellos extranjeros, y un impacto directo sobre el PIB del 13 por ciento. Visitan Barcelona, por ejemplo, el doble de personas que viajan como turistas al conjunto de Brasil. La atracción de Barcelona es espectacular, y no ha dejado de crecer debido, en parte, a lo que han significado los vuelos low cost para ese compulsivo fenómeno contemporáneo que hace que unos mil millones de personas se desplacen temporalmente en viajes turísticos internacionales cada año. El predominio de los sectores terciario, cuaternario y quinario de Barcelona no se podría entender sin este fenómeno turístico masivo que ha provocado que todo en la ciudad gire en torno al turismo y que sus ciudadanos se sientan cada vez más extranjeros en su propia tierra. Como otras ciudades europeas con este atractivo intangible (París, Londres, Berlín, etc.) el fenómeno no es exclusivamente de visita turística, sino de atracción de población (especialmente joven) procedente de otros países, que se establece para estancias temporales o definitivas.

Sin embargo, mientras se mantiene y aumenta este fenómeno de atracción de Europa como una especie de parque temático donde viajar al pasado, visitar su patrimonio arquitectónico y sus grandes equipamientos museísticos o donde disfrutar del buen tiempo, la vida nocturna y la gastronomía, las cosas que de verdad afectan a su economía se desarrollan en otras regiones. La realidad se conoce viajando y conociendo Shanghái, Shenzhen, Hong Kong, Delhi, Bangalore, Singapur o São Paulo, Estas megalópolis han crecido de manera extraordinaria gracias a los «talleres del sudor» y a las llamadas Zonas de Procesamiento de Exportaciones que han atraído la nueva industria deslocalizada; pero no sólo eso, sino que también están atrayendo, y de manera creciente, una parte importante del sector servicios, así como de las actividades de innovación y de conocimiento asociadas al sector cuaternario. ¿Quién duda que sean las capitales de referencia en un futuro muy próximo? Al orgulloso mundo occidental le quedará poco más que ser una referencia histórica.

¿Qué ingresos fiscales?

Los ingresos fiscales han ido cayendo por efecto de la crisis económica, pero no sólo debido a ella, ya que esta es una tendencia que se había ido conformando antes de 2008, debido a la disminución de las aportaciones de las grandes fortunas y las grandes corporaciones, convenientemente deslocalizadas y operando en paraísos fiscales, o bien utilizando múltiples resortes y posibilidades de exención, entre las que destacaría la fórmula de las sociedades de inversión de capital variable (sicav) españolas, que acogen a familias con sustanciosas rentas de capital y que no cotizan más allá del 1 por ciento. El gasto público se mantuvo, e incluso aumento, recurriendo al déficit y a un endeudamiento que se podía financiar con ciertas facilidades y a bajo precio. Con la crisis, la solución ha consistido en presionar más a las rentas del trabajo, es decir, a los segmentos medios y bajos de la sociedad, sin que ello haya compensado la caída de ingresos procedentes del impuesto de sociedades, afectada tanto por su disminución nominal como por los efectos de la caída de la actividad económica. No hace falta decir que el aumento de la presión tributaria sobre las rentas medias y bajas ha incidido de manera determinante en una mayor reducción de la capacidad adquisitiva, del consumo y de la demanda agregada, lo cual ha reforzado la espiral depresiva de la economía.

Si nos ceñimos al caso español, en 2013, los ingresos tributarios totales representan un 31,4 por ciento del PIB, lo que significa 7,4 puntos por debajo de la media de la zona del euro. Las cifras absolutas son bastante más elocuentes. Entre 2007 y 2011, España ha pasado de recaudar 200.000 millones de euros, a recabar solo 159.000 millones. No es sólo que los recursos públicos disponibles hayan bajado un veintitantos por ciento, sino que el aumento del coste de financiación conlleva destinar cerca de un 25 por ciento de los recursos recaudados a pagar los intereses de la deuda pública, de 38.590 millones en 2013. Las prestaciones por desempleo ya llegaron este mismo año 2013 a los 26.993 millones de euros, lo que significa el 17 por ciento de los ingresos tributarios. Si nos fijamos en los ingresos por impuesto de sociedades entre 2007 a 2011, la caída ha sido desde los 45.000 millones de euros a los 16.000 actuales. Cifras de crisis económica y de recesión, pero bastante indicativas del futuro que nos espera. Una menor actividad económica y una menor cantidad de contribuyentes netos dejan poco margen para que el Estado, aunque tuviera voluntad política de hacerlo, pueda hacer frente a las necesidades de una sociedad que globalmente se va empobreciendo.

Sociedad de ganadores y de perdedores

La lógica del pensamiento neoliberal y conservador conduce a configurar sociedades no sólo poco niveladas, sino profundamente desiguales, tan carentes de justicia social como de la noción de compasión. Ya no es sólo la «desigualdad estimulante» que preconizaban algunos, sino la sociedad polarizada en torno a las posibilidades y ínfulas de riqueza de unos pocos y el desistimiento de los demás. Sociedad de ganadores y de perdedores, de premio para unos pocos y castigo para los que no se han esforzado lo suficiente, donde los efectos combinados de la lógica de la nueva distribución mundial de la producción y del impacto de una crisis económica que está muy interrelacionada, convierten a los ganadores en muy ganadores, y a los perdedores, en perdedores extremos. Es el espíritu de la ideología política y del pensamiento económico dominante llevado a la máxima expresión. La globalización económica no ha hecho sino profundizarlo. Las posibilidades de reponerse y de crear unas nuevas expectativas son escasas en tanto en cuanto no haya un cambio del paradigma dominante. En el ámbito político, la socialdemocracia está perdida en una crisis de identidad desde el fracaso de las «terceras vías», y su reformulación, con un relato y propuestas propias ante la situación actual, parecen aún lejos de estar produciéndose. Pese al descrédito de la política, la salida sólo se puede producir desde la política y en la política.

El Estado del Bienestar y el modelo social europeos, que tanto hicieron para aumentar las cotas de civilización durante décadas, ya son incapaces de responder a la nueva situación y a las nuevas exigencias. No se sostienen, y tanto por la opción ideológica de los sectores actualmente dominantes como por la pérdida de base productiva sobre la que sostenerse. Mientras las necesidades sociales y asistenciales crecen de manera exponencial, los recursos disponibles disminuyen, y lo hace aún más el poco interés para disponer de ellos y actuar. No sirve el actual sistema fiscal, que drena unas rentas del trabajo en continuo declive, pero tampoco sirve una estructura productiva que cada vez aporta menos al conjunto de la población, ya sea en forma de trabajo o de ingresos fiscales. El callejón sin salida es notorio.

¿Cómo se sostiene

la capacidad adquisitiva y la demanda agregada?

La base del buen funcionamiento del sistema económico es el aumento continuo de la demanda agregada, o al menos su mantenimiento. La demanda agreagada se fundamenta en un buen nivel de la capacidad adquisitiva por parte de la población, de la manera más extendida y universal posible. El hecho de que los productores tuvieran empleo y un buen nivel de salarios que les permitiera ejercer de consumidores fue el gran descubrimiento de la sociedad contemporánea desde que los avances en la mecanización permitieron hacer producciones masivas, las cuales no podían ser absorbidas sólo por las clases adineradas. A partir de evaluar las causas de la gran crisis de 1929, Keynes estableció un nuevo paradigma económico, según el cual el componente fundamental para el buen funcionamiento de una economía de mercado radicaba en disponer de una demanda robusta. Precisamente, había sido la creciente desigualdad en la distribución de la renta, que se había ido consolidando a lo largo de los «felices años veinte», lo que había terminado contrayendo la demanda imprescindible para absorber una capacidad productiva que había crecido mucho justo después de la primera guerra mundial.

La economía de la demanda que representará Keynes se centrará en la necesidad de que los Gobiernos actúen con sus políticas económicas para evitar la tendencia natural del mercado a polarizar la distribución de la renta de manera extrema, lo cual conducía a generar crisis que, más que de la sobreproducción, provenían del subconsumo. Había que «proteger el capitalismo de sí mismo», según sus propias palabras, ya que su tendencia espontánea, sin el intervencionismo corrector del Estado, lo conducía inexorablemente a situaciones de colapso. De ahí la necesidad del intervencionismo estatal en economía y la creación de un sector público compensatorio. La fiscalidad progresiva era un instrumento que, más que nivelar, intentaba poner límites a la desigualdad en la distribución de la renta. La prestación de servicios públicos y los subsidios por parte de las administraciones tenían una función compensatoria para las rentas más bajas, es decir, eran una especie de «salario en especies» que mejoraba su condición.

Para Keynes no era tanto una cuestión de justicia social o de tener una actitud compasiva, sino más bien de garantizar la estabilidad de la economía. En esta misma concepción, el desempleo, cuando se producía, no se podía dejar en manos del mercado —que lo resolviera ajustando los salarios a la baja, como argumentaban los teóricos de la economía liberal—, sino que había que convertir la recuperación de la plena ocupación en la prioridad de los poderes públicos mediante políticas activas de empleo, sin las cuales era imposible que se recuperaran los elementos centrales del crecimiento, los salarios y la capacidad adquisitiva del conjunto de la población. Así, la concentración de la riqueza en pocas manos no compensa la demanda que se pierde al generarse amplios sectores excluidos o con rentas mínimas. La riqueza, cuando se concentra, se atesora en gran parte, y no se convierte en consumo.

En el contexto actual, y no sólo para la fase recesiva en que viven algunos países como España, el problema principal es la caída continuada del consumo. Las medidas, teóricamente anticrisis, de buena parte de los Gobiernos actuales consisten en aumentar o bien los impuestos sobre las rentas del trabajo, o bien los impuestos indirectos, así como en reducir las prestaciones sociales y los subsidios. Pero todo ello no hace sino penalizar directamente el consumo, incidiendo de manera procíclica en la disminución del mismo y olvidando priorizar el problema estructural, y no coyuntural, del desempleo. La espiral en que estamos inmersos es de creciente desigualdad (extrema, de hecho), la cual incide de manera notoria en la paralización de una economía que, por otra parte, ya está fuera de control en la medida en que depende de corporaciones que actúan al margen y por encima de las directrices gubernamentales. Nuestra situación es la que es, pero el problema se torna más general en la medida en que la nueva demanda procedente de los segmentos ricos y medios de los países emergentes no podrán compensar, al menos a medio plazo, el empobrecimiento y la falta de capacidad de compra de amplias capas sociales del mundo occidental. Para retardar el problema, la presión sobre los últimos eslabones de las cadenas de producción deslocalizadas no hará sino aumentar, ya que la dinámica para disponer de productos cada vez más baratos será un imponderable para que la «nueva pobreza» pueda continuar comprando.

Si se analizan los datos sobre la renta familiar disponible en los últimos años, se percibe su estancamiento y retroceso. De todos modos, dada la desigualdad, las medias que arrojan las cifras estadísticas sirven más bien poco. Sin embargo, lo que no es baladí en estos números es que el nivel de endeudamiento familiar es un lastre añadido a la capacidad de compra de los ingresos. De hecho, el endeudamiento privado ha sido una de las causas de la burbuja inmobiliaria y especulativa que ha estallado con la crisis. Durante los demasiados años de dinero fácil y barato, se creó un contexto de presión para endeudarse, ya fuera para la vivienda, a través de hipotecas de imposible devolución, o, directamente, para el consumo, con la profusión del acceso a tarjetas de crédito sin tan siquiera tener que hacer el esfuerzo de solicitarlas. En el caso de España, el endeudamiento familiar en estos momentos es del 123 por ciento de la renta disponible. Con las pensiones y los subsidios estancados, cuando no en retroceso (ahora y en los próximos años), y con muchos hogares en los que no entran ingresos, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva y de la demanda agregada está más en el terreno de los fenómenos milagrosos que en el de la economía.

El futuro del trabajo

El trabajo se ha convertido en un bien escaso en el primer mundo, y aún más escaso si la falta de cualificación del trabajador sólo le permite buscarlo en ámbitos poco especializados y sin vinculación con el conocimiento, salvo que nos resignemos a trabajar en el sector informal de la economía y con muy bajos salarios. El antiguo trabajo protegido, seguro y para toda la vida es ya una utopía, y tanto en los pocos puestos de trabajo industriales como en aquellos más vinculados al conocimiento. Se ha impuesto una cultura en la que cada uno es su propia empresa y ninguna empresa ni corporación es ni será ya un habitáculo donde sentirse seguro y protegido. Hoy prima el concepto de empleabilidad, es decir, el conjunto de habilidades, experiencias, conocimientos y conexiones a la red profesional o de trabajo (networking) que hayamos sido capaces de adquirir. Probablemente, el trabajo nunca más será lo que era, y lo más seguro es que, en las actuales condiciones de duración de las jornadas, no habrá para todos. La mecanización y la tecnología disponibles irán reduciendo sin duda el papel de la mano de obra. Repartir el trabajo disponible ha sido una aspiración desde hace años, pero no ha superado el terreno de la mera teoría. Trabajar la mitad de horas, pero todo el mundo, permitiría obtener globalmente todo lo que es indispensable para una vida digna. El problema, y precisamente por eso no es más que una quimera, si lo que se quiere es que el salario medio tenga un buen nivel de capacidad adquisitiva, esta medida choca con un aumento notable de los costes de producción, cuando justamente las empresas buscan salarios más baratos y mano de obra flexible en los países emergentes para pagarles salarios de miseria. En esta situación, ¿qué sistema de Gobierno puede cambiar las reglas y devolver la producción a los países de partida y con mejores condiciones laborales y salariales que las actuales?

El problema de fondo va mucho más allá del trabajo. Tiene que ver con la lógica y el sentido del sistema productivo en que estamos inmersos, como también con el sentido de un determinado modelo de consumo que tiende al exceso y al derroche de recursos. En los años treinta, Keynes se planteaba los límites morales de la creación de riqueza. Cuando el bienestar se alcanza, el crecimiento económico continuado deja de tener sentido. ¿Cuánto es suficiente?, se preguntaba Keynes previendo que, tras cincuenta años, la lógica del crecimiento continuado y del atesoramiento dejarían de tener justificación. Él miraba la cuestión desde una concepción moral de la economía, según la cual no aceptaba que enriquecerse fuera la finalidad de la vida, sino sólo un medio para alcanzar el bienestar. La vida tiene dimensiones bastante más interesantes, decía. Probablemente no se daba cuenta de la irracionalidad que se puede desprender de un desmesurado espíritu de lucro y de la avaricia que lo acompaña. El sistema económico se caracteriza precisamente por no tener una dirección determinada, por no tener un patrón al frente que piense en términos de bienestar colectivo. Desde 1930, en el mundo occidental, la capacidad productiva se ha multiplicado por cinco, mientras que la jornada laboral media sólo se ha reducido un 20 por ciento. En los países en que se había avanzado en la reducción del número de horas de trabajo, la crisis económica les ha hecho volver donde estaban para disminuir los costes de producción y frenar la tendencia deslocalizadora, y, al mismo tiempo, las edades de jubilación han tendido a posponerse en nombre de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Tiene una cierta lógica que, si envejecemos más y mejor, tardemos más en salir del mundo laboral, pero la cuestión es que hacerlo así impide o dificulta las nuevas incorporaciones de la población más joven. En este contexto, una fiscalidad basada casi exclusivamente en el trabajo también pierde todo el sentido.

Para replantearse el sentido de algunas cosas hay que considerar también un tema que no es menor: el de los límites del crecimiento. Hay recursos naturales finitos que no pueden ser explotados ad infinítum, como pone en evidencia el hecho de que la fuerte demanda de commodities de los países emergentes está tensionando sus disponibilidades globales hasta el límite. Asimismo, también existen problemáticas medioambientales que las mismas instituciones internacionales están constatando, y que ya no pueden ser ignoradas: gases de efecto invernadero, calentamiento global, huella de carbono, dificultades de acceso al agua... La «economía verde», es decir, la internalización de los temas medioambientales en la estructura productiva —y no tanto como un coste, sino como una oportunidad para mejorar la eficiencia que posibilitan los avances tecnológicos—, representa una vía de especialización económica nada despreciable en los próximos años. De hecho, los expertos vaticinan que este es un gran nicho de empleo y de actividad en un futuro inmediato.

En los países pobres y en los emergentes, el reto del trabajo en los próximos años es pasar de la economía informal a un cierto grado de formalización, a la vez que mejorar sus condiciones y salarios. Es decir, básicamente, el objetivo es que el trabajo sea digno. La dinámica de la economía actual, sin embargo, no hace pensar que se vaya precisamente en esta línea. Ulrich Beck define la situación como la de un «capitalismo sin trabajo», donde habríamos pasado de la rotación de cultivos agrícolas de antaño a la rotación de empleos. Un mundo de ciudadanos que alternan el ingreso con el subsidio y el trabajo con el desempleo.

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La apoteosis de las marcas

Aunque las marcas siempre han existido como herramienta esencial de las industrias que producen para el consumidor final, con el objetivo de diferenciarse en características y en calidades y fidelizar al cliente, nunca como en los últimos treinta años habían tenido una prelatura tan extraordinaria, hasta el punto de desvincularse del producto realmente ofrecido. La marca sustituye el producto y, a través del marketing y la publicidad, consigue que la opción de compra se vincule más a ella misma que al bien concreto que se adquiere, el cual, a veces, incluso se convierte en algo secundario. Se adquieren otras cosas cuando se opta por una marca: distinción, adhesión, reputación, estilo de vida, identidad, reconocimiento social... Como explica bien Naomi Klein en su libro sobre las marcas No logo, la lógica de estas empresas no es la de emplear sus limitados recursos en fábricas que exigen mantenimiento, ni en máquinas que se averían, ni en empleados que, al fin y al cabo, envejecen y mueren, sino la de concentrar sus recursos en los «ladrillos y cementos virtuales» que se utilizan para construir marcas: marketing, patrocinio, envases, expansión y publicidad. Cualquiera puede fabricar un producto. Por ello se relega la producción a empresas subcontratadas, cuya misión es entregar los pedidos a tiempo y a bajo costo; de esta manera, el corazón de la corporación se puede dedicar a lo que realmente es negocio, que es el crear una poderosa marca que, a ser posible, sustituya incluso la misma denominación del producto (por ejemplo, como ocurrió con Danone, Kleenex o Walkman).

Está claro que el planteamiento globalizador, teóricamente nivelador y que debía llevar empleo y tecnología a todo el mundo, queda dominado por la lógica de unas marcas y unas corporaciones que deslocalizan la pobreza mientras concentran todo el valor añadido de los productos en forma de beneficios, generalmente estratosféricos. La globalización de la economía queda, con la hegemonía de las marcas y su lógica, notablemente extraviada.

De la economía industrial a la economía de marcas

Las marcas dejan de ser industrias porque su negocio central son ellas mismas, y no la producción, la cual pasa a ser un aspecto secundario y que se puede subcontratar a precios infinitamente más bajos en zonas alejadas. Este «vaciado» de las antiguas empresas productoras, que ahora se convierten en marca, ha sido calificado de manera elocuente de «proceso hacia la ingravidez». Las antes estructuras pesadas de las grandes corporaciones van mutando hacia organizaciones casi etéreas que gestionan los valores de una firma. Un buen proceso de fabricación deja de tener importancia, como dejan de tenerla los trabajadores. Producir es pesado y marginal, pues no genera valor añadido, o genera poco. Los trabajadores se convierten en elementos sobrantes, y va quedando obsoleta aquella vieja noción de que el fabricante es el responsable de sus empleados, respecto a los cuales tiene obligaciones. Nike, compañía emblemática en eso de convertir la producción en marca (en el proceso hacia la ingravidez), hace ya décadas que mantiene una sola fábrica propia, mayormente para hacer los prototipos de los nuevos modelos, que ya únicamente produce el 1 por ciento de su facturación. El proceso de adelgazamiento fulgurante de la estructura productiva de las marcas lo define de manera precisa Naomi Klein, quien pone en evidencia los subterfugios de falsa modernidad del lenguaje utilizado: «Antes se presentaban los despidos como una lamentable necesidad provocada por el bajo rendimiento de las empresas. En la actualidad, sólo son sabias modificaciones de la estrategia comercial, una “reorientación estratégica”».

La paradoja de todo esto es que el hecho de adelgazar la empresa y deslocalizar la producción con el sistema de subcontratación trasladándola a países pobres o emergentes (sustituibles unos por otros, en caso de no cumplir las expectativas de plazos de entrega o de bajos costes) no sólo mejora las cuentas de resultados, sino que aumenta el poder sobre la producción. Convertir en flexibles las estructuras productivas en el primer mundo toparía con la legislación laboral y los sindicatos, y abocaría a un conflicto colectivo que sería retransmitido en directo por los medios de comunicación. Todo esto no ocurre manufacturando en el «corazón de las tinieblas». Paralelamente, la estructura productiva que queda en Europa o en Estados Unidos puede recurrir a las fórmulas de «flexibilidad laboral» que ofrecen las nuevas modalidades de contrato, o bien al trabajo de autónomos. Ciertamente que el abuso del recurso a mano de obra temporal contradice uno de los grandes principios de la cultura liberal, como es el del mérito. El mito norteamericano del bedel o el chófer que llega a presidente de la compañía es ahora irrealizable, pues ya no hay ascenso posible en el escalafón laboral basándose en el esfuerzo y el mérito, ya que los trabajadores están atrapados en una sucesión de contratos temporales. En el momento actual, Emilio Botín hubiera tenido que seguir trabajando de chófer de directivos en el Banco Santander, en lugar de haber llegado nunca a presidirlo. Como se ha señalado, la cultura de las escuelas de negocios ha impuesto el concepto de empleabilidad, que remite al viejo paradigma liberal de «no cuentes con nosotros, sólo te tienes a ti mismo».

De fabricar productos a configurar valores

Así, no se trata ya de vender productos, con sus particulares características y prestaciones, sino de comercializar valores asociados a la marca. Para ello, crear significado se ha convertido en el corazón de la nueva actividad productiva. Las empresas tienen que vender significado. «Fabricar cosas ya no tiene ningún valor», afirmaba hace años Phil Knight, director general de Nike. Nike vende el valor de la práctica deportiva; las zapatillas con el logo inmenso bordado sólo son el elemento intermediario. El producto visible sólo es el continente del contenido real: la marca y su significado. En este mundo, donde triunfa lo intangible y no lo material, los artículos de éxito no son los que se presentan como «artículos de consumo», sino como conceptos. Optar por una marca es optar por una experiencia, por un estilo de vida, una actitud, un conjunto de valores, una apariencia personal y una idea. IBM no vende ordenadores, sino «soluciones personales». Para reforzar los valores de las marcas, el patrocinio se ha convertido en un elemento esencial. Vincularse a la cultura, como hacen muchas, fortalece el carácter espiritual, y no tanto de negocio, al que se quiere asociar la marca; y algo así ocurre también al vincularse al deporte y al espectáculo. Dinamismo, modernidad, salud, estar al día, ser diferente... son elementos de identificación para crear adeptos-consumidores. Como afirma Jeremy Rifkin, «comprar una marca transporta a los compradores hacia un mundo imaginario; tienen la sensación de que realmente comparten con otros los valores y significados creados por los diseñadores».

En la misma línea de conformar una manera de vivir, el acto de compra se ha convertido en una «experiencia». The Body Shop triunfa por su filosofía respecto a la nueva mujer, el medio ambiente y la ética comercial, aunque nadie distinguiría ninguno de sus productos por su calidad. La experiencia de la compra pasa por un determinado estilo de tiendas, cautivador, sugerente, atractivo, donde todos los detalles, los olores y los colores están extraordinariamente pensados para transportarte y hacerte vivir un acto único. Los centros comerciales, y especialmente las megatiendas de marca, son templos donde practicar una religión que crea adeptos. Comprar, aparentemente, es secundario. Nike es la marca por antonomasia. Es quien primero inició esta vía y quien ha marcado el camino para muchas otras, especialmente en el mundo del material deportivo, donde casos como Adidas siguen y copian escrupulosamente su estrategia. Sólo así se explica que estemos dispuestos a pagar más de cien dólares por zapatillas que se han fabricado por un dólar, mano de obra y materiales incluidos. La vinculación de Nike con los escándalos ligados a la explotación en el trabajo y el uso y abuso del trabajo infantil han sido notables y continuos. Es la marca que más ha sufrido las críticas y denuncias de organizaciones no gubernamentales por cómo se elaboran sus productos en Vietnam o Indonesia; y sus competidores directos han intentado introducir mensajes subliminales en el discurso publicitario para presentarse como la alternativa ética (lo han hecho Adidas y, de manera especialmente obvia, Reebok, con mensajes que la hacían parecer una oenegé).

El de Nike es un caso muy especial, tanto en su origen como en el perfil que ha tomado la marca. A diferencia de la mayoría de firmas, procedentes de los «barrios altos» y con perfiles distinguidos y glamurosos, Nike nació en los barrios pobres y ha hecho bandera de su estética. Ha aprovechado el estilo de los jóvenes negros y latinos en situación más precaria y de exclusión, y ha adoptado su actitud, su estilo y su subcultura para generalizar todo eso como tendencia. Se ha convertido en el signo de identidad del mundo del hip-hop y del rap, convirtiendo estas tribus urbanas, como decía alguien, en una especie de «prostitutas de marca» de Nike. Esto no provoca que sus zapatillas deportivas sean asequibles. En el mundo suburbano hay que esforzarse mucho para poder hacerse con los nuevos modelos. Cuestan por encima de 120 dólares el par, aunque allí donde se producen no se cobren más de dos dólares cada día de fatigoso trabajo. El cinismo es inmenso. El gasto publicitario de la marca, asociada a los deportes espectáculo y a las grandes figuras, es fabuloso, tanto que, con lo que se gasta en un solo día en publicidad, se podría pagar el salario de los 50.000 trabajadores de la factoría china de Yue Yen (que fabrica para ellos y para otros) durante diecinueve años. No sé si el término desproporcionado definiría esto suficientemente bien.

El triunfo del marketing y de la publicidad

En un sistema en el que fabricar el producto es sencillo y barato, donde el coste de la materia prima suele ser bajo y el precio del transporte se ha reducido muchísimo, la inmensa diferencia que hay entre el coste de producción y el precio que paga el consumidor final es el valor de marca. Así, el inmenso valor añadido en este proceso es puramente conceptual, y esto significa fundamentalmente marketing, el cual se ha convertido en el elemento central de un proceso productivo en el que la fabricación ya no tiene ningún valor. Es desde el marketing que se construye todo el sistema de valores y de conceptos que, de manera explícita o subliminal, se asocian a la marca y la hacen deseable. En este ámbito se utilizan técnicas muy sofisticadas para la captación de los intereses y los puntos vulnerables de los consumidores a fin de hacer del producto algo ya no sólo atractivo, sino ineludible. Como elementos derivados, la comunicación tiene un papel clave en la configuración y posicionamiento de la marca, y la publicidad se convierte en un instrumento al servicio de los conceptos elaborados. No en vano, el sector de la publicidad mueve una cifra de negocio anual de en torno a los 300.000 millones de dólares.

Los propios consumidores son sabedores y conscientes de que no hay muchas diferencias entre productos idénticos de marcas diferentes —a menudo se producen en la misma factoría asiática—; por eso, el punto fuerte que tiene que decantar la opción de compra es el establecimiento de vínculos emocionales con la marca y sus valores. La estrategia fetichista es una de las que más funcionan, atribuyendo a la posesión de determinado producto-marca un valor absoluto, la culminación de un proceso de conquista de algo que resulta exclusivo, aunque en realidad no lo sea y lo pueda obtener casi todo el mundo. La publicidad ya no trabaja en cómo incidir sobre la libertad de elección de los individuos, sino sobre la necesidad de crear adhesión. Como explica Naomi Klein, una de las estrategias más importantes de marketing a partir de los años noventa es la de dar a las marcas y los productos un aire new age para asociarse así a esta estética, a la autenticidad, a la espiritualidad, al orientalismo y a la vida alternativa, conceptos todos vinculados a la vida saludable y armónica. Marcas como The Body Shop, Starbucks o incluso Coca-Cola han seguido esta estrategia de marketing. Las franquicias de Starbucks son la culminación de esta visión new age que, huyendo de lugares impersonales, pretenden hacernos creer que estamos en un reducto de autenticidad, un espacio personalizado, informal y diferente. De forma muy crítica, la economista francesa Florence Noiville ha escrito acerca del papel nocivo del marketing en la sociedad actual, en la medida que sólo sirve para crear necesidades: «¿Qué ha producido? Un consumo excesivo y febril, una gigantesca pirámide de falsas necesidades y graves frustraciones con el riesgo de sobreproducción, desempleo masivo y el despilfarro irreversible de los recursos naturales».

El marketing de las marcas es global, no conoce de fronteras ni especificidades nacionales. Los deseos se hacen homogéneos en todas partes, y los consumidores se convierten en igualmente compulsivos. Se utiliza el multiculturalismo y la etnicidad como elementos de singularidad digeribles para todos los consumidores, de manera azucarada y despojados de cualquier connotación de conflictividad, e incluso de desigualdad o de pobreza. No se pueden transmitir impactos negativos. Desde que Nike, en 1985, convirtió a Michael Jordan en una superestrella de una supermarca —aunque acabaron teniendo problemas de competencia—, el marketing se ha convertido en el elemento fundamental de las corporaciones que producen para clientes finales. Es un mercado dominado por los jóvenes, donde se impone el perfil publicitario cool y trendy para captarlos: frescura, serenidad y tranquilidad, comodidad y la seguridad que da ir a la moda, sin descartar el recurso a la estética retro y vintage. Es muy importante hacerse con este perfil para conectar con los jóvenes urbanos, a quienes la propia publicidad y los valores de marca decantan hacia esta estética. En el mundo de la informática, Apple es cool; en cambio, no lo es IBM. En esta línea, en el mundo del vestir se copian las indumentarias de sectores marginales y exóticos (incluso de los pobres) que resultan interesantes; y los cazadores de tendencias se cuidan de hacer llegar estas tendencias a las sedes centrales de las marcas de ropa asequible. Los suburbios son foco de atención de las marcas, y crean tendencia. Lo hace Nike, pero lo hace también Tommy Hilfiger, una marca fetiche de ropa para los jóvenes. La capacidad de integración publicitaria de todo lo que es alternativo es inmensa. Los tan críticos grafitos murales de Banksy ya son un elemento más de la estética publicitaria actual.

En los últimos años, más que dirigirse genéricamente a la juventud, las marcas se dirigen a los adolescentes de todo el mundo, adictos a las redes sociales e internet, y que han convertido una determinada edad en una profesión a tiempo completo. Erigidos en pequeños dictadores orgullosos, construyen su identidad con el consumo y las marcas, y estas últimas son plenamente conscientes de ello (la baja natalidad del mundo occidental ha ayudado bastante a este fenómeno). Como consumidores, los jóvenes actúan en manada, son casi clónicos, y el centro comercial global es su templo. Para ellos se construyen las megatiendas, palacios donde consumo, ocio y entretenimiento se mezclan y confunden. Fuente de inspiración y el nuevo destino. Las marcas saben que la edad ideal del consumidor son los 17 años, edad suficiente para imponer criterios de compra propios y lo suficientemente vulnerables como para tragar con lo que sea. Para ello, la mejor promoción de las marcas se ha trasladado a las escuelas, donde los grupos de afinidad de estudiantes acaban vistiendo y consumiendo productos idénticos. Los centros docentes se han convertido en el gran espacio donde las marcas progresan y se extienden como manchas de aceite, siempre que logren captar a los chicos y las chicas que establecen tendencia con su liderazgo. Como afirmaba un empresario de una marca, «cuando los padres y los cuatro abuelos gastan en un solo hijo, no es difícil saber cuál es el mercado adecuado».

Un requisito y un objetivo clave del marketing y la publicidad actuales respecto a las marcas ha sido el de separar claramente los productos de las fábricas y de los procesos productivos. En ningún caso, los anuncios publicitarios enseñan cómo se fabrica o qué características técnicas tiene el producto. No es necesario conocer la verdad del bien, sino sólo lo que significa. Y el mantenimiento de la riqueza de las marcas, de sus grandes beneficios, depende precisamente de eso, de que se mantenga la separación adecuada entre productores y consumidores. Si los consumidores vieran las condiciones en las que trabajan y viven los productores, existiría el riesgo de que se les cayera la venda de los ojos y se plantearan algunas cosas. En tiempos de internet, a la incomunicación entre compradores y trabajadores (de hecho, entre Norte y Sur), le aparecen algunas grietas. La oscuridad ya es difícil que sea absoluta.

Poder y seducción de las marcas

En este mundo de adolescentes perpetuos y de consumidores compulsivos, las marcas encuentran el espacio adecuado para su progreso. De hecho, son ellas las que han creado el campo y las reglas de juego. Su hegemonía y poder son inmensos, con una ciudadanía que, consciente o no, no hace sino recibir inputs publicitarios de manera persistente y constante. La televisión continúa teniendo un papel primordial, que cada vez más complementa internet. Aunque nos creemos bien informados y consumidores exigentes, en realidad, la cantidad de información que recibimos no nos convierte en compradores mejor informados. Con tanta sofisticación del marketing y de la publicidad, resulta difícil separar el grano de la paja. Las marcas se hacen con la mente de la gente y secuestran el uso de los espacios públicos, añadiendo a ello la creación de esos espacios seudopúblicos que son los centros comerciales. Siempre estamos inmersos en su terreno de juego. Son las grandes corporaciones beneficiarias de todo esto las que están detrás, las que le han dado contenido y sentido (su sentido) a la mundialización de la economía. Sus cadenas de producción y de abastecimiento imponen las condiciones en el Tercer Mundo o en los países en desarrollo, tanto en salarios como en condiciones laborales y tratos fiscales que les son favorables. Las empresas de las grandes marcas han hecho triunfar el modelo de las zonas de procesamiento de exportaciones (ZEP), que son áreas de excepcionalidad laboral y económica —en Sri Lanka obtienen concesiones de diez años sin impuestos— y se benefician de la siguiente máxima: «Sin sindicatos, no hay huelgas». Las grandes corporaciones desnacionalizan una parte del territorio y gozan de la globalización sin asumir ningún tipo de riesgo. Así, no es extraño que el valor corporativo de las marcas sea tan inmenso.

Kraft es una de las principales marcas del sector de la alimentación en el mundo. Ya en 1988, la compañía tabaquera Philip Morris la compró pagando un precio desorbitado, bastante más allá de lo que valía la contabilización de sus activos y de su facturación. Pagó 12.600 millones de dólares de la época, que los expertos consideraban seis veces superior a su valor real. Por entonces resultaba curioso (aunque después fuera lógico y bastante evidente) que el interés de la compañía compradora se cifraba en el valor intangible que le otorgaba a la sonoridad y la grafía del nombre de la marca. Dicha adquisición supuso mucho revuelo, y para algunos no era sino una temeridad. Hoy, Kraft Foods se considera la décimo quinta compañía del mundo por volumen de facturación, siendo la empresa alimentaria más importante de Estados Unidos y la segunda del mundo. En el ejercicio de 2012 facturó 54.365 millones de dólares, que es como decir el PIB anual de Myanmar o de Luxemburgo. Dispone de unos activos de 90.000 millones de dólares y ha obtenido más de 6.000 millones en beneficios, produciendo de manera bien deslocalizada y generando todo tipo de problemáticas donde opera. Este es el poder de la marca.

De hecho, las grandes compañías asociadas a marcas han dado el paso desde su función tradicional de creadoras de empleo hacia el papel actual de creadoras de riqueza. Ahora, las empresas multinacionales que controlan el 40 por ciento de los activos productivos del mundo, ya sólo proporcionan el 5 por ciento de la totalidad del empleo. Sólo en la década de los noventa, mientras las cien mayores corporaciones aumentaron sus activos totales un 400 por ciento, el aumento de empleo generado no superó el 9 por ciento. Riqueza y empleo ya no tienen nada que ver. Los países receptores de sus cadenas de producción o de suministro no lo son de inversiones que les puedan ayudar a crecer a largo plazo. La función de estas grandes corporaciones es poco más que la de turistas económicos, que hoy están, pero, mañana..., quién sabe.

La reputación es vulnerable.

El libro negro de las marcas

El punto fuerte del mundo de las marcas acaba siendo también su punto más débil. El valor de la marca se crea a través del marketing y está formado por una serie de intangibles que le dan una determinada reputación, y es esto precisamente lo que constituye su aspecto más vulnerable. Como lo principal no es la calidad del producto ni sus prestaciones, sino lo que simboliza, si se entra en una dinámica de informaciones negativas, ya sea por accidentes, por componentes tóxicos o por malas prácticas, el castillo de naipes se puede venir abajo con cierta facilidad. Las grandes corporaciones son muy conscientes de ello e intentan blindarse a través de la opacidad respecto a todo lo que tiene que ver con los procesos productivos, así como mediante acciones para contrarrestar informaciones negativas. En este contexto, los departamentos de responsabilidad social corporativa son una parte constitutiva del aparato de comunicación y marketing de las grandes empresas transnacionales. La contrainformación debe ser rápida y contundente, ya sea a través de los medios tradicionales o, cada vez más, a través de la red.

Hay que contrarrestar los rumores sobre componentes poco saludables, sobre accidentes laborales, sobre la utilización del trabajo infantil o sobre cualquier implicación directa en conflictos en el Tercer Mundo. Códigos éticos, códigos de conducta, auditorías, etc., se blanden rápidamente en su defensa y, a menudo, para contraatacar destacando sus actividades humanitarias. Defender la credibilidad y la reputación de la marca es clave, porque lo es todo. Muchos de los aspectos negativos que tienen que ver con la producción deslocalizada se combaten con buenas dosis de opacidad y eliminando trazas materiales de su relación con los «talleres del sudor», los cuales están obligados por cláusulas estrictas de confidencialidad a no dar información sobre para quiénes trabajan. En muchas ocasiones, ni las propias empresas subcontratadas tienen ninguna identificación de marca en sus factorías. Se asemejan a empresas anónimas. Cuando la opacidad, favorecida por la lejanía, no es suficiente y, como en el caso del Rana Plaza, un accidente lo pone todo al descubierto, una posibilidad es negarlo, a la vez que se presiona a los medios de comunicación para que no informen, atendiendo a la capacidad de su peso publicitario en los mismos.

No es de extrañar que los medios de comunicación occidentales acostumbren a informar más bien poco sobre el origen de muchos productos y las condiciones bajo las que se fabrican. Los que lo hacen suelen ser periodistas independientes, a menudo relacionados con organizaciones no gubernamentales, los cuales, de vez en cuando, elaboran algunos reportajes al respecto, aunque estos no suelan ser emitidos por las grandes cadenas ni en horario de máxima audiencia. Lógicamente, a las grandes cadenas informativas también les resulta difícil sustraerse del foco informativo cuando hay grandes accidentes o incendios en alguna de estas factorías lejanas, aunque, proporcionalmente, 1.100 muertos en Bangladesh siguen pesando bastante menos para ellas que un pequeño accidente en Europa occidental. Es la lógica informativa, afirman.

Ciertamente, es difícil que pasen completamente desapercibidas las obscenas desigualdades que genera la economía global, como lo son los sistemas especialmente explotadores en la confección de la ropa que acaba en nuestras tiendas o las malas praxis sistemáticas de Wal Mart, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. En 1993, cuando se quemó por completo la fábrica de juguetes Kader Toy Factory, en Bangkok, cobrándose la vida de cerca de doscientos empleados y dejando a casi quinientos más con quemaduras graves, el hecho no pasó desapercibido. Era una fábrica convertida en prisión para los trabajadores, en su gran mayoría mujeres, con rejas y cierres por todas partes para evitar que las operarias se llevaran la mercancía. En Estados Unidos se evocó el incendio, en 1911, de la fábrica Triangle, en Nueva York, que dio lugar, a partir de entonces, a la conmemoración internacional del «día de la mujer trabajadora» y a reformas laborales importantes en Estados Unidos.

Aún a finales de 1993, un nuevo incendio acababa con la fábrica de juguetes Zhili, en Shenzhen, con 87 trabajadoras consumidas por las llamas. Accidentes que generaron una creciente atención por parte de organizaciones no gubernamentales —también de la OIT, aunque de forma más matizada—, que pusieron el tema encima de la mesa apelando a los Gobiernos y también a los consumidores a exigir responsabilidades y a tener una actitud de compra más responsable. Los informes y denuncias han sido constantes desde entonces por parte de Greenpeace, Oxfam Intermón, Ropa Limpia y otras oenegés. Durante años, este coste en reputación estuvo limitado, debido a que estas informaciones no llegaban a la gran masa de consumidores, sino apenas a la ciudadanía más concienciada. De todas formas, en la actualidad se empieza a estar más alerta, especialmente en los últimos años, sobre todo gracias a la mayor significación que han ido tomando las oenegés entre una ciudadanía, cada vez más desconfiada de la política y de todos los poderes. Hace ya unos años, en un informe, la Federación de Industria Alemana se lamentaba de la creciente influencia de las organizaciones no gubernamentales sobre la opinión pública, se declaraba alarmada por su enorme poder, favorecido por su carácter de organizaciones que cuentan con redes internacionales, y se quejaba de la credibilidad que estas entidades iban adquiriendo entre la sociedad civil.

La campaña contra Nestlé fue, probablemente, la primera gran denuncia por prácticas poco éticas promovida contra una marca, campaña que, además, creó el precedente de obligar a rectificar a la compañía. Fue en la década de los setenta, y Nestlé fue acusada de practicar un marketing agresivo en el Tercer Mundo con el que «obligaba» a sustituir la leche materna por sus productos, aduciendo una mejor calidad y seguridad. El error de la empresa fue iniciar un pleito contra los militantes suizos que denunciaban sus prácticas, lo cual provocó una investigación judicial que los perjudicó enormemente, seguida de una campaña internacional de boicot. En este sentido, también fue elocuente el trágico accidente industrial de Bhopal, en India, en 1984, donde la fuga masiva de gases tóxicos en una fábrica de pesticidas de Union Carbide mató a dos mil personas de manera inmediata y a cinco mil con el paso del tiempo —es difícil no crear impacto con este tipo de accidentes. Las campañas contra las actividades de las multinacionales empezaron a proliferar, y estas últimas tuvieron que aumentar los esfuerzos de justificación e impostada transparencia para hacerles frente. En ese contexto, ya en 1996, la Universidad de Harvard rehusó un contrato con PepsiCo a causa a sus intereses con la sangrienta dictadura militar de Indonesia.

En 2001, dos periodistas austriacos, Klaus Werner y Hans Weiss, publicaron un intenso trabajo de investigación periodística sobre el lado oscuro de las empresas globales, incidiendo en sus prácticas poco éticas y discutibles en el «reino de la opacidad»; dicha investigación se editó en formato libro con el título de El libro negro de las marcas. Los periodistas se habían infiltrado en el mundo de los traficantes que se mueven alrededor de las industrias farmacéuticas, tanto en relación con los ensayos clínicos prohibidos como con el tráfico de materias primas en África y su implicación con las guerras de la zona. Los resultados fueron demoledores, especialmente para la empresa alemana Bayer, que salía bastante malparada a causa de los ensayos clínicos ilegales practicados en Hungría, de su obstaculización al acceso a medicamentos baratos contra el sida en África y, también, de su comercio de materias primas en un Congo castigado por la guerra civil. La petrolera Total también está en la parte superior del ranking de empresas con prácticas injustificables. Sus intereses están en todas partes donde convergen la violación de los derechos humanos y la extracción de petróleo: Myanmar, Sudán, Angola, Nigeria... Destaca también el papel de Shell, empresa que blande grandes proyectos humanitarios en África mientras se convierte en parte activa en zonas de conflicto por sus intereses petroleros, desplaza población sin indemnizarla (como los ogoni, de Nigeria) y se vio implicada en el asesinato del escritor Ken Saro-Wiwa, en 1995, por su oposición a la industria petrolera. También aparece en el libro Siemens, y su implicación con grandes obras faraónicas en el Tercer Mundo, con represas de ríos de dudosa justificación medioambiental, así como otras que hacen uso del trabajo infantil, como Nike o Ikea.

El interés por los llamados metales raros, como el coltán (columbita-tantalita), que es un componente fundamental tanto de instrumentos quirúrgicos e implantes como, sobre todo, de componentes clave de los teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles, ha llevado a una actividad extractiva en el corazón África, en condiciones penosas, que arroja enormes beneficios para las grandes compañías que los codician, y que sirven, además, para financiar a los señores de la guerra que se han apoderado de estos territorios. El 80 por ciento de las reservas mundiales de coltán están en la República Democrática del Congo, y la mayor parte del resto se hallan en Sierra Leona. Las intensas guerras que se sufren en estos territorios tienen bastante que ver con la disponibilidad de estos metales estratégicos y con las interferencias de las compañías que se dedican a su tráfico.

McDonalds también merece bastantes referencias en la historia de las malas praxis, tanto por los «pecados de la carne» intrínsecos a unos productos alimenticios más que dudosos desde el punto de vista de la salud alimentaria, como por proporcionar una «cajita feliz» a las criaturas que visitan sus establecimientos, la cual contiene juguetes fabricados en China, justamente por criaturas y en condiciones indescriptibles que garantizan su coste irrisorio. No deja de ser especialmente paradójico que la fabricación de juguetes sea un sector que se distinga por el abuso de trabajo infantil, aspecto en el que sobresalen también, negativamente, marcas como Chicco, Barbie o Disney, las cuales, además, controlan poco la toxicidad de algunos materiales utilizados. En la misma línea, muchas de las empresas que fabrican para las marcas más conocidas de golosinas de chocolate dirigidas preferentemente al público infantil se benefician del trabajo esclavo de niños en las plantaciones de cacao africanas o de Centroamérica (Kinder, Mars, Twix, Nutella, Ferrero-Roché, Toblerone, Suchard, Milka, M&M, Nesquik, etc.).

Las marcas de lujo juegan en otra liga

El sector del lujo vive una realidad algo diferente a la de las marcas de productos encaminadas a un consumo masivo, aunque sólo sea de manera relativa. Desde el punto de vista de la producción, el proceso de desmantelamiento de fábricas de este sector en el mundo occidental, cuya actividad fabril se ha trasladado a Asia y otras zonas emergentes, ha sido claro; sin embargo, y precisamente por los elevados precios de sus productos, asociados a una marca de segmento alto, no parece justificado que estas empresas sean tan avariciosas con los costes. Pero, en realidad, sí lo son, aunque la calidad exigida a los productos y a las materias primas les hace ser un poco más selectivos. La ropa, los complementos y los objetos personales de Armani, Botegga Veneta, Gucci, Prada, Fendi o Valentino se fabrican fundamentalmente en China, pero con proveedores algo más escrupulosos (como lo son sus clientes) respecto de la confección, los materiales y los acabados. Las marcas de lujo europeas todavía mantienen en el continente una parte de su producción, mientras que las estadounidenses la han deslocalizado completamente. Lo que sí evoluciona de manera diferente son sus mercados. En principio, estas marcas no viven bajo presión para bajar precios, aunque la estrategia de alguna de ellas ha sido desarrollar líneas de productos dirigidas a segmentos más mayoritarios, como estrategia para ganar identificación y popularidad de la marca y para generar esa dependencia nacida de provocar el deseo por poseer sus productos. Son firmas, mayoritariamente europeas y occidentales (Italia, Francia, Estados Unidos, etc.), que tradicionalmente se dirigían a un mercado fashion que las valoraba y se podía permitir su consumo (un mercado fundamentalmente occidental), han visto como su clientela iba mudando de ubicación geográfica. Ha habido dos tendencias complementarias en Europa en relación con este tipo de consumo. Por un lado, debido a la crisis económica, ha habido una notable reducción del número de personas de las clases medias (aunque no de las adineradas) que antes accedían a estos deseados productos para alcanzar un determinado estatus y distinción. Pero, por otro lado, se ha dado también un cambio de tendencia en los hábitos de consumo de las clases medias urbanas, que han rechazado el carácter ostentoso de estos productos y, en la actualidad, apuestan mayoritariamente por un estilo más sencillo, más informal y más cómodo, especialmente en el vestir, pero también en los automóviles, la joyería, etc. El lujo recargado, clásico de estos objetos, casa poco con la intención de transmitir un estilo personal más desenfadado y adecuado para la actividad profesional contemporánea. Cambiar a menudo y no dar valor a la durabilidad del producto es una tendencia cada vez más generalizada.

De todos modos, los productos de las marcas de lujo siguen teniendo su público en Europa —al menos entre aquellos que sufren poco o nada la crisis—, donde el volumen de negocio ronda los 75.000 millones de euros, lo cual supone aún más de un tercio del mercado mundial. No obstante, hay que tener en cuenta que una parte de los productos de lujo vendidos en Europa son adquiridos por turistas provenientes de los países emergentes. Justamente, viajar a Europa significa para esta nueva burguesía adquirir la condición de clase reconocida y reconocible. Hoy, el sector del lujo, que crece en facturación a un ritmo anual sostenido de cerca del 10 por ciento, tiene su filón más importante de nueva clientela entre las clases adineradas (o no tanto) de los países emergentes, donde los nuevos ricos gozan de una gran capacidad adquisitiva y donde la ostentación es todavía un signo de distinción y de triunfo económico y social. La demanda de productos de lujo en China ha crecido un 25 por ciento en el último año, y las marcas de elevado estatus ya tienen allí una cuota de mercado del 20 por ciento (incluyendo las compras de sus distinguidos productos que los chinos hacen en sus viajes a Occidente); en general, se considera que uno de cada tres productos de lujo es adquirido por un consumidor de China. En Brasil, la demanda de estos productos ha crecido un 20 por ciento, y en Oriente Medio, un 12 por ciento. Rusia es también un mercado extraordinario. En conjunto, la previsión del sector del lujo es mantener un crecimiento sostenido en los próximos años, que llevará a superar largamente el volumen de negocio actual, que se calcula en unos 200.000 millones de euros, hasta llegar, en 2020, a los 450.000 millones.

El papel simbólico y de representación de las marcas que operan en este selectivo segmento se pone especialmente en evidencia con las relaciones que se establecen en el gran mercado secundario de copias y falsificaciones. Más allá de las burdas imitaciones de los top manta de nuestras calles, existe un importante sector de comercialización de copias. En los impresionantes mercados de los llamados fakes de Shanghái o Shenzhen se pueden encontrar todo tipo de imitaciones, algunas de las cuales sería difícil de distinguir de los productos originales de la marca, porque, probablemente, el fabricante del objeto es exactamente el mismo. En estos mercados, la mayor parte de los compradores son occidentales, los cuales suelen tener pocas pretensiones de que sus amigos o familiares tomen las copias por auténticas cuando se las regalen; en realidad, muchas veces, estos objetos fakes sirven más bien como motivo para promover ciertas bromas familiares que entrañan cierta burla hacia las marcas; aunque, de todos modos, también hay quien compra copias y finge que son auténticas. Ningún oriental compra estos productos, porque su pretensión es llegar a poder adquirir los auténticos. El producto es a menudo de calidad idéntica, pero siendo conocedor de la falsedad se tiene la convicción de que lo que es «falso» no lleva incorporados los valores de la marca.

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Un mundo de fantasía para los consumidores

En Canadá, una camisa de GAP le cuesta al consumidor unos 34 dólares, un precio bastante razonable y atractivo para una prenda de moda asequible. La trabajadora que la ha confeccionado en El Salvador ha cobrado 27 centavos de dólar por la pieza, lo cual supone un margen comercial que no está nada mal. La lógica que sostiene los precios bajos es la existencia del hiperconsumo. En Occidente consumimos, en promedio, unos doce kilos de ropa al año, más de lo que una persona consumía hace doscientos años, a lo largo de toda su vida. Para que este derroche sea posible debe haber una hiperproducción que genera muchos residuos y saquea los recursos naturales. Además, en el proceso, se ha maltratado a muchas personas con condiciones de trabajo inaceptables y salarios miserables. Todo ello no tiene sentido, o al menos no más allá de los dividendos que se han embolsado los accionistas de las marcas que han actuado de intermediarias. ¿Tiene alguna lógica todo esto? ¿Es sostenible a largo plazo? ¿Tiene esto algo que ver con nuestra felicidad?

En las últimas décadas, la sociedad de consumo de masas ha vivido su período de máximo esplendor. Los mil millones de personas que nos lo podemos permitir, hemos tenido a nuestro alcance todo tipo de productos y utensilios a precios extraordinariamente bajos, a menos que hayamos pretendido distinguirnos por lucir productos de marcas que operan en el segmento del lujo. Comprar ha dejado de ser un acto de necesidad mediante el que se dispone de lo que es imprescindible para convertirse en una experiencia de autosatisfacción. Esta no es en sí misma una tendencia reciente, pero nunca como en los últimos años había llegado tan al límite. El ocio y el entretenimiento se asocian, en parte gracias a los centros comerciales y a las «supertiendas» de marca, y al hecho de admirar y de adquirir productos de los que tenemos escasa necesidad. Hemos pasado del valor de uso al valor de compra, a la posesión del producto como fetiche. Ni siquiera al comprar tenemos una noción clara de qué estamos pagando, en la medida en que no lo hacemos con dinero en efectivo, sino con tarjeta de crédito. En ocasiones, el único límite que nos imponemos respecto al consumo son las pocas decenas de metros cuadrados que tiene nuestra vivienda, lo cual pone freno a la tentación de acumular un exceso de productos inútiles con los que tendremos que convivir. En nuestra sociedad, uno existe en la medida en que consume; adquirir productos o los valores que sus marcas llevan incorporados se ha convertido en la medida de todas las cosas. Como afirmaba el sociólogo francés Alain Touraine, la sociedad postindustrial es creadora de alienación más que de explotación. El hombre alienado queda integrado y manipulado por un sistema que no controla, compensado y adormecido por ser partícipe de un consumo que va aumentando y sofisticando día a día.

Christopher Lasch escribió hace años sobre la cultura del narcisismo que se impone en el proceso de individualización de la vida social, que es inherente a la sociedad de consumo de masas y constituye el ideal individualista del liberalismo burgués llevado al extremo. Este proceso transporta a los individuos desde la preocupación por las injusticias colectivas hacia los problemas personales; es como un viaje dentro de uno mismo que quiere ser emancipador, pero que se concreta en el culto a la salud física y mental, y en el que se sustituye la figura de referencia del político por la del terapeuta. El ideal de felicidad ya no es la paz exterior, sino la pretensión de alcanzar el equilibrio interior. El individuo así conformado tiende a una emocionalidad indiferente, egocéntrica y desenfocada, y practica una suerte de «minimalismo moral» guiado por el espíritu de supervivencia.

Un continuo ciclo hedonista

El concepto de sociedad de consumo se creó en los años veinte, cuando en la sociedad norteamericana, primero, y en la europea, después, aparecieron los aparatos electrodomésticos que debían hacer la vida más fácil, como resaltaba la naciente publicidad, con lo cual surgía un nuevo tiempo de ocio que también era susceptible de ser comercializado. La modernidad se ligaba al consumo de nuevos productos, fueran útiles o no, y la publicidad había nacido para producir un cambio radical: el consumo se podía estimular y las necesidades se podían crear. La sociedad de consumo de masas ha vivido un cambio de escala desde la década de los noventa, donde el acto de consumir se ha convertido en compulsivo y continuo, dejando pocas cosas fuera de su ámbito o alcance, y dando lugar a la era del hiperconsumo, en la que el elemento clave es la figura de lo que Gilles Lipovetsky denomina el «turboconsumidor». En las últimas décadas se ha producido una estimulación perpetua de la demanda, así como una comercialización y una multiplicación de las necesidades constantes. De manera global, se ha impuesto un capitalismo del consumo que ha ocupado el lugar de las economías basadas en la producción. Esta conversión del consumidor en el elemento central de todo ha traído la primacía del hedonismo como valor dominante. Más que proyección de futuro, la vida es fundamentalmente presente, y supone la satisfacción de interminables deseos aquí y ahora. Una vez que el principio del placer inmediato ha reemplazado las ideologías políticas o la filosofía, vivir al día es la gran consigna.

Con la profusión de productos a nuestro alcance y con el estímulo constante de la publicidad que nos induce a comprar, en cierto modo, el consumo se ha democratizado. Está a disposición de todos, especialmente en la medida en que se ha pasado de la compra de ostentación a la compra como experiencia personal. El consumo se ha convertido en «la salvación» vital en una sociedad en la que predomina la soledad y la incapacidad de entender el mundo global, y en la que escasean las posibilidades de crearse un proyecto de vida singular. Así, el consumo es la salida para demostrar nuestra individualidad, para hacernos visibles, aunque la identidad que nos construimos de este modo esté absolutamente inducida por las tendencias establecidas por el marketing de las marcas. El concepto de compra-placer dominante no nos ahorra buenas dosis de ansiedad. Los hiperconsumidores están en tensión perpetua para satisfacer nuevos deseos en forma de productos o experiencias. El sistema se fundamenta en la inflación de las novedades, en una economía basada en la rapidez y el cambio continuo. El consumo y sus estímulos no tienen freno en este mundo de consumismo sin fronteras y sin tiempo de descanso. Una de las tendencias dominantes de este consumismo hiperactivo es la del cambio perpetuo. La moda barata, sin duda, lo posibilita desde el punto de vista económico, pero resulta estresante. Zara ha impuesto la «compra de oportunidad»: hoy está, pero mañana, probablemente, ya no estará.

En esta «civilización del deseo», el consumo tiene funciones paliativas, ya que nos proporciona una cierta ilusión de satisfacción que no encontramos en otros ámbitos de la vida y compensa la falta de un verdadero sentido de nuestra existencia. Comprar se ha convertido en el antidepresivo más común, con más adeptos que el Prozac. La otra cara, sin embargo, es que el consumidor hiperactivo suele combinar la euforia compradora con la decepción que conlleva este hábito continuo. Todo tiene su punto de saturación y, pasado el momento, no contribuye a mejorar nuestras vidas. El deseo, tarde o temprano, acaba generando frustraciones, tanto si lo hemos satisfecho como si no. Es la «felicidad paradójica», como la denomina Gilles Lipovetsky.

¿Para qué ahorrar? Consumo y endeudamiento

Desde los años ochenta, el fomento y la promoción del hiperconsumo —que fueron especialmente intensos en las dos décadas siguientes, hasta la llegada de la crisis económica— hicieron triunfar la cultura del vivir al día, como si no hubiera futuro. La aceleración de la vida convirtió el consumo compulsivo en una especie de carrera contra el tiempo. Se quería todo, de manera inmediata y rápida. Eres lo que consumes, nos transmitía la publicidad. En este contexto, un valor tan ancestral en nuestra cultura como la prudencia del ahorro entró en decadencia y se fue perdiendo, tomando todos un nivel de riesgo ante contingencias futuras muy elevado, tal y como ha quedado plenamente demostrado. La tasa de ahorro familiar refleja tanto la confianza en la economía y en las expectativas de futuro como la capacidad y posibilidad de hacerlo en función de la renta disponible. En situaciones de crisis económica, inicialmente, el ahorro familiar tiende a aumentar, por los temores y la falta de confianza en mantener el empleo y el nivel de ingresos, pero, en un segundo momento, disminuye justamente por eso, porque disminuyen los ingresos y la renta familiar disponible debe destinarse al consumo más básico. En España, la tasa de ahorro se fue reduciendo hasta la crisis, y llegó a tasas del 10,8 por ciento de la renta familiar disponible. Además, durante dos décadas, el ahorro iba a parar en un 80 por ciento a la inversión inmobiliaria, y no a productos financieros o inversiones productivas. Los efectos de esto fueron inmensos y provocaron la burbuja inmobiliaria. El porcentaje de viviendas en propiedad en España supera al de casi todos los países europeos, situándose cerca del 80 por ciento en 2014. Además de provocar la inflación de los inmuebles, el hecho de colocar los activos ahorrados en vivienda provocó que, con la crisis y la notoria devaluación del valor de los inmuebles, se perdieran de manera inmediata entre el 30 y el 40 por ciento de los ahorros. Un negocio espantoso.

En España, con la crisis, la falta de expectativas provocó inicialmente un rápido aumento de la tasa de ahorro, que llegó al 18 por ciento en 2009. A partir de ahí, los mismos efectos de la crisis redujeron las posibilidades de ahorro, cayendo dicha tasa hasta el 6 por ciento en 2012. En Estados Unidos, que han sido durante décadas el paradigma de expansión de la sociedad de consumo, la tasa de ahorro siempre ha sido baja. Era del 11 por ciento en 1981, pero la caída en los años siguientes fue drástica, hasta llegar al 1,1 por ciento en 2006. En los últimos años, también debido a la crisis, se ha recuperado hasta un modestísimo 6 por ciento. El problema de Estados Unidos fue de carácter muy similar al de España, pero, de hecho, más grave, ya que todo el ahorro se destinó a vivienda y el deterioro del valor de esta ha sido de gran magnitud, al tiempo que gran parte de las hipotecas contraídas quedan por pagar. Los países centroeuropeos y nórdicos siempre han mantenido niveles de ahorro familiar comparativamente mayores, especialmente destacados en el caso de Alemania, donde todavía hoy mantienen una tasa del 16,5 por ciento. De hecho, fue el ahorro de las familias alemanas lo que financió en gran parte el consumo y el endeudamiento público y privado de los países occidentales; como también lo hizo el ahorro asiático. Los japoneses han sido tradicionalmente gente muy ahorradora. La falta de sistemas de protección social avanzados y de pensiones públicas suficientemente protectoras ha abonado siempre la cultura de proveerse y asegurarse el futuro. Algo similar sucede en China, donde la tasa de ahorro era del 54 por ciento en 2005, con el cual se financió buena parte del endeudamiento de los consumidores estadounidenses. Un buen negocio para los chinos: financiar el endeudamiento familiar de los norteamericanos para que adquirieran los productos que fabricaban ellos mismos, algo similar a lo que ha hecho Alemania con los países de la Europa mediterránea.

A la falta de ahorro se ha sumado el nivel de endeudamiento familiar, complementando así el cóctel de la crisis en tantos hogares. La falta de toda prudencia ha sido inconmensurable. El acceso continuado al dinero barato y el exceso de endeudamiento, ya fuera para contraer hipotecas o para el consumo, convirtieron los créditos bancarios en una especie de barra libre. Las hipotecas subprime concedidas a personas que se sabía que no las podrían devolver —los famosos ninjas— ha sido la versión más irresponsable de todo esto, como lo ha sido también la profusión de tarjetas de crédito expedidas sin ningún tipo de garantía por parte del tenedor. Se podría argumentar que las prácticas bancarias poco éticas fomentaron exageradamente el crecimiento del nivel de endeudamiento (períodos de carencia, tasas de intereses fijas iniciales para servir de enganche, la imprudencia inherente al sistema de titularización de hipotecas, etc.), pero también es cierto que nadie estaba obligado a endeudarse más allá de lo que era racional. Era la cultura del consumo compulsivo lo que dominaba el ambiente. En España, entre 1999 y 2005, se pasó de un endeudamiento familiar del 66 por ciento de la renta disponible a un 103 por ciento. En algunos países, el fomento del consumismo y la escasa moderación les llevaron a cotas aún más altas. En 2005, para el conjunto de países del G7, el endeudamiento medio era del 115,3 por ciento, con una especial tendencia al exceso, por parte de los países anglosajones. En el Reino Unido, el endeudamiento era del 159 por ciento; en Estados Unidos, del 135,1 por ciento; y en Canadá, del 126,1 por ciento. Costará reponerse después de esta orgía de consumo y gastos.

De la necesidad al deseo

En la era del hiperconsumo, hemos pasado de comprar para satisfacer necesidades a intentar satisfacer deseos. La cultura del consumo nos ha convertido en una especie de adolescentes perpetuos capaces de crearnos deseos nuevos y continuos que, además, tenemos la pretensión de satisfacer, ya que no hacerlo genera mucha frustración. La publicidad y la cultura dominante nos han recalcado que es posible seguir así, que sólo depende de nosotros, que tenemos que vivir al día. Las marcas ya no nos ofrecen confort técnico con sus productos, sino el bienestar emocional que nos proporciona adquirir sus valores y vivir su experiencia. Pasamos a formar parte de la historia de Nike comprando sus deportivas, como diría Jeremy Rifkin. Todo ello ha cambiado el universo mental del consumidor, quien ahora es el centro de todo, pero al cual se le obliga a una carrera histérica que nunca se acaba, una carrera sin fin que provoca un elevado nivel de estrés y, a menudo, la incapacidad para alcanzar a cubrirla con la renta disponible. La crisis económica y la temporalidad laboral han llevado a que los deseos insatisfechos aumenten de manera notoria, así como a una frustración que ya no se debe a la saturación.

Uno de los conceptos que más ha cambiado con este hiperconsumo inducido es el referido al ocio y al entretenimiento, que se ha vinculado a los centros comerciales y a los templos del consumo, las tiendas de marca. Ya no hay tiempo de descanso en sentido estricto, al menos no en lo referente a parar la actividad económica. Durante el tiempo en que no trabajamos, ejercemos igualmente de «agentes económicos» actuando como compradores. El concepto de tiempo libre hace poco honor a su nombre; ese tiempo se ha convertido en cualquier cosa menos en libre. Todo está comercializado.

Además, como ya apuntábamos antes, los inputs publicitarios nos obligan al esfuerzo adicional de instalarnos en un estado de perpetua juventud. En la promoción publicitaria, todo va dirigido a los jóvenes; pero, aunque estos sean los mejores y más fieles compradores, dicha estrategia no pretende dejar fuera a los adultos. Sólo se trata de que nos esforcemos en mantenernos jóvenes, en «sentirnos jóvenes», como afirman algunos eslóganes publicitarios. La derivada de esto ha generado un segmento de consumo y de comportamiento destinados al culto al cuerpo y a la actividad deportiva, con una oferta espectacular que, lógicamente, ha creado tendencia mediante continuas referencias a la vida saludable y al mantenimiento de la «juventud». Como mucha gente defiende su singularidad, por más que sea dentro del adocenamiento, también se ha segmentado toda una oferta dirigida a ese público que se pretende «diferente» y se muestra ávido de productos ligados a los valores de la espiritualidad o de la autenticidad.

Aunque se incorporen valores de marca, el mero consumo de productos tiende a la saturación, de modo que la tendencia en los últimos años ha sido la de comercializar experiencias más que productos materiales. La economía de experiencias es la que tiene más perspectivas de futuro en el mundo del hedonismo consumista en el que estamos instalados. Son lo que se denominan las «inexperiencias»: home cinema, producto gourmet... El pujante sector del turismo se fundamenta básicamente en eso, en comercializar experiencias. Ya no se trata tanto de poseer como de vivir. Obtener sensaciones nuevas, cambiantes, innovadoras, insólitas, que nos permitan la ficción del bienestar y de la felicidad. De hecho, cada vez más, los valores que las marcas van incorporando a sus productos tienden a revestirse de ese carácter vivencial innovador que representa consumir un nuevo producto de marca. Jeremy Rifkin lo llama la nueva «era del acceso», la cual confluye con la tendencia de la sociedad digital a mudar la actividad económica desde la hegemonía del producto hacia el predominio del servicio. Son estas estrategias y tendencias, perfectamente comercializadas, las que mantienen la carrera consumista en pro de alcanzar una felicidad imposible. Como escribió el poeta francés Louis Aragon, «quien habla de felicidad acostumbra a tener los ojos tristes».

De ciudadano a consumidor

En la actual y cada vez más desigual sociedad, en la que la renta disponible de la mayoría de los ciudadanos es menguante y menos segura, el sentido de lo colectivo se ha ido desvaneciendo a favor de un individualismo para el que el consumo tiene un papel compensatorio clave. De alguna manera, el contrato social que se había establecido de manera clara después de la segunda guerra mundial se ha debilitado, y hasta ha quedado roto y derogado ya. La confianza en el sistema político de representación ha fracasado porque, probablemente, ese es un ámbito donde ya no se pueden resolver los grandes problemas y desde el cual no se pueden ya encarar los grandes retos. Se ha impuesto la desilusión, y, en este contexto, el hiperconsumo (para quien todavía se lo puede permitir) se ha convertido en la estrategia individual de supervivencia. Somos llamados a participar, ya no como ciudadanos, sino como consumidores; y, en este terreno, la oferta es amplia y variada.

La nueva era del capitalismo ha situado al consumidor en el centro de todo, desplazando la producción y los productos mismos. El sistema económico actual se estructura en torno a dos agentes fundamentales, a veces coincidentes, que son el accionista y el consumidor. Mientras el primero espera y exige dividendos cada vez mayores sin querer saber cómo se obtienen, el segundo compra todo tipo de productos esperando que le sea otorgada una porción de felicidad. Como escribe Gilles Lipovetsky, «el imperativo es comercializar todas las experiencias en todas partes, en todo momento y para todas las edades, diversificando la oferta, adaptándola a las expectativas de los compradores, reduciendo los ciclos de vida de los productos mediante la aceleración de las innovaciones, la segmentación de los mercados, el fomento del crédito para el consumo y la fidelización del cliente por medio de prácticas comerciales diferenciadas. Mientras triunfa el capitalismo globalizado, el asalariado, los sindicatos y el Estado pasan a un segundo plano, eclipsados ya por la pujanza de los mercados financieros y los mercados de consumo».

Tradicionalmente, la teoría económica ha considerado el comportamiento del consumidor (al menos en términos agregados) como una conducta racional por la que se intentan satisfacer necesidades ilimitadas, fijando prioridades y optando por la mejor relación calidad-precio en el momento de hacer la opción definitiva. Este supuesto ha resultado falso, en la medida en que se adjudicaba el predominio de una compra razonada por parte del consumidor. Ya hace tiempo que el marketing descubrió que una parte significativa de la acción de comprar se hace de manera impulsiva, y que era justamente en este ámbito en el que las técnicas comerciales y la publicidad tenían un largo camino por recorrer y unas enormes posibilidades para avanzar. A estas alturas, la compra impulsiva es notoriamente mayoritaria, y no tiene que ver con el deseo de satisfacer necesidades básicas (que se planea y se opera desde el razonamiento), sino con el de satisfacer los deseos mismos, con la pretensión de que ello conllevará una mejora del bienestar personal. Y esto último se ve que está claramente en la esfera de la irracionalidad.

Moda barata para ingresos menguantes

En los centros comerciales y los ejes de comercio de nuestras ciudades, la oferta de productos de moda barata es abundante. Por si esto no fuera suficiente, todavía existe la posibilidad de recurrir a los outlets o a los mercados donde las piezas sobrantes se saldan a precios irrisorios. Está claro que quien no va a la moda y cambia de indumentaria cada mañana es porque no quiere. Lo que resulta más sorprendente es que cada vez los precios son más bajos en las tiendas de Bershka, Mango o Wal-Mart. Este abaratamiento no descansa sobre una mejor eficiencia en los procesos ni sobre la disminución del coste del transporte, sino que se debe al gran volumen de fabricación y a la disminución de los precios pagados por las manufacturas, lo cual indica que el proceso de deslocalización del abastecimiento sigue buscando lugares donde la mano de obra sea más barata todavía. Trasladar los pedidos de Marruecos o Turquía hacia Bangladesh ayuda bastante, como también precarizar cada vez más los eslabones finales de la cadena de abastecimiento.

La demanda agregada procedente de las clases medias y trabajadoras disminuye, y no sólo por los efectos de la recesión económica de la que adolece el mundo occidental, sino porque los menguantes niveles salariales afectan decisivamente a la capacidad adquisitiva de los consumidores, los cuales se vuelven más selectivos y racionales en sus decisiones de consumo. Por descontado, no se trata sólo de la disminución del poder de compra global que sufren aquellos que trabajan en las sociedades occidentales, sino también de la creciente desigualdad que ha generado la crisis, que multiplica los efectos negativos sobre el consumo al haber dejado a demasiada gente desocupada o en situación de exclusión, personas para las cuales la capacidad de compra no es que se haya reducido, sino que prácticamente ha desaparecido. La tendencia a la disminución progresiva del precio de muchos productos puede amortiguar un poco las cosas, pero ¿hasta cuándo? En cualquier caso, la reducción de los precios no se hará en detrimento del mantenimiento de los márgenes de beneficio; eso iría contra toda lógica dentro del funcionamiento de este sistema. Las corporaciones necesitan aumentar sus resultados año tras año, y esto suele requerir el aumento de la facturación. Se tienen que repartir dividendos crecientes para satisfacer a los accionistas, y, por lo demás, se intentan siempre evitar los negativos efectos bursátiles que tendrían unas tasas de beneficio menguantes. La bolsa sólo espera buenas noticias, y los inversores huyen cuando una empresa presenta resultados peores que los del año anterior. Esta es la lógica, al final de la cual hay unos trabajadores en las cadenas de producción, para los cuales el margen de empeoramiento de sus condiciones tiene un límite, como lo tiene la capacidad adquisitiva de un mundo occidental donde la mayor parte de la población va quedando excluida del mercado laboral o condenada a situaciones muy inestables. ¿Tiene algún sentido todo esto?

El consumidor exigente (¿responsable?).

Un arma de doble filo

Las organizaciones internacionales y oenegés que denuncian los «talleres del sudor», el intercambio desigual y la existencia misma de un modelo insostenible de consumo, que descansa sobre unas estructuras tan precarias y con formas tan brutales de explotación, acostumbran a reclamar a los consumidores occidentales que hagan una apuesta por el consumo responsable y que, después de plantearse dónde o cómo se produce lo que se les ofrece, incorporen la ética en el momento de tomar la decisión de compra. Una intención loable, pero, a pesar de que esta actitud comienza a extenderse entre algunos segmentos de consumidores (más entre los nórdicos que entre los mediterráneos y anglosajones), se hace difícil pensar que pueda cambiar la lógica de la economía deslocalizada. Siempre habrá una mayoría de la población consumidora que se guiará por el factor precio. Disponer de toda la información y que esta sea fiable es extraordinariamente difícil, y, en definitiva, el consumidor exigente termina conformando un segmento de mercado al que también acomete el marketing de unas determinadas marcas especializadas. Se trataría de conseguir efectos mejores que el de tranquilizarnos hacernos la conciencia pagando un sobreprecio, eso sí.

Hace ya unos años que la teoría económica singularizó la figura del consumidor responsable a partir de la teoría de la demanda por características, de Lancaster. Esta teoría detecta un tipo de consumidor que valora la calidad real del producto y tiene en cuenta el cómo ha sido producido, significación por la cual está dispuesto a pagar un determinado precio. Aparte de la información incompleta y poco veraz respecto a los productos, el problema principal que plantea esta teoría es la de la segmentación del mercado, que provocaría una división no deseada entre una gama de bienes y servicios relativamente costosos y sólo accesibles para personas con mayor poder adquisitivo, y una mayoría de productos más baratos, fabricados en condiciones laborales más duras para las masas. En este sistema de consumo dual, una minoría se podría permitir determinados productos que llevaran incorporados valores éticos, mientras que la mayoría debería conformarse (por una cuestión de precio) con productos comunes, despojados de estos valores incorporados.

Han proliferado diversas fórmulas de distinción destinadas a los consumidores responsables. Una es la del etiquetado social, que tiene la limitación de abarcar radios de acción muy pequeños y que resulta confusa por la variedad de etiquetas que conviven sin que ninguna haya acabado imponiéndose. Los códigos de conducta de las empresas y la institucionalización de la responsabilidad social corporativa son una vía para disminuir el fenómeno del dumping social. Su limitación es que son actos que dependen de la voluntariedad de las empresas, difíciles de evaluar en su aplicación y significación reales, aparte de que a menudo son sólo estrategias de marketing para adelantarse a posibles críticas, o bien estrategias para captar, justamente, al consumidor responsable. Probablemente, a este respecto, el sistema conocido como «comercio justo» es el que ha adquirido mayor significación en los últimos años. Este sistema es muy interesante en su planteamiento, y está basado en criterios de salarios y condiciones laborales, de garantías de no explotación infantil, de no discriminación, de calidad, de respeto al medio ambiente y de sentido comunitario. El problema es que, a pesar de su ambición, va asociado a un sobreprecio importante y se limita a una gama de productos relativamente pequeña, aunque con tendencia a ampliarse y derivar también hacia los servicios. Su facturación en Europa ronda los mil millones de euros, lo que evidencia su impacto relativamente pequeño (aunque es un paso).

Vinculada, en parte, a todo esto, en los últimos años ha habido una fuerte expansión de la exigencia ecológica y de calidad, especialmente relacionada a los productos alimenticios. El interés por la salud y la conciencia del uso y abuso de aditivos químicos en los productos alimenticios han disparado la demanda de este tipo de productos. Lógicamente, se trata de una demanda segmentada que ha encontrado una oferta creciente dirigida a este público más exigente, pero también con mayor capacidad adquisitiva y dispuesto a utilizarla.

Tanto la oferta como la demanda de productos ecológicos (u orgánicos, término más común en el mundo anglosajón) han aumentado, pero esto topa con la confusión que pueden generar sus denominaciones y etiquetas («producto de proximidad», «kilómetro cero», «bio»...), la garantía de las cuales no siempre es de fiar, y que a veces responde poco más que a estrategias comerciales. Hay un problema de estructuración de este mercado, que podría usar labels (etiquetas) globales, identificables y con garantías. Resolverlo sería bueno para los consumidores de este segmento, pero la dualidad del mercado se consolidaría, lo cual contribuiría muy poco a transformar las relaciones económicas y productivas a escala planetaria. Otra manera de significarse, de adquirir una identidad vinculada a unos determinados valores que se esperan de los productos que se consumen.

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La hegemonía de las corporaciones

El inmenso poder que han acumulado las grandes corporaciones empresariales es uno de los aspectos económicos más destacados de las últimas décadas, e incluso va más allá de sus enormes dimensiones en activos y en facturación. Las multinacionales se han convertido en entes fuera de todo tipo de control por parte de las instituciones estatales, y no sólo por el hecho de operar en diferentes países, sino porque están por encima de los países, siendo, en definitiva, organizaciones transnacionales, muchas de las cuales se han convertido en actores de la escena internacional que gozan de más capacidad de influencia y más poder que las mismas instituciones políticas internacionales. Su poder proviene sin duda de los ingentes recursos económicos que movilizan, pero, por encima de eso, adquieren una carga simbólica que va mucho más allá, especialmente cuando, además de como grandes empresas, se presentan como marcas de referencia identificables por todos. Asimismo, las encontramos como agentes o inductores interesados en grandes conflictos internacionales, y sus interferencias en la política interna de países institucionalmente débiles es notoria. Para ello, no siempre tienen que comprar voluntades con sus poderosos recursos, sino que, a menudo, el atractivo y el interés que supone el hecho de que operen en un determinado territorio son su forma de incidir más poderosa.

En realidad, el poder y la influencia de la mayoría de las corporaciones tienen más peso que su impacto económico real en los países de origen, donde no suelen conservar más que sus sedes centrales, desde donde se lleva a cabo la dirección, el diseño y la todopoderosa tarea de marketing. No hay ninguna proporcionalidad entre su capacidad de influencia —y, a menudo, el trato reverencial que reciben— y el empleo y la tributación que generan, que suelen ser bastante escasos. Quien suele crear empleo e impuestos son las empresas medianas y pequeñas, sobre las cuales descansan la mayor parte de las economías nacionales. En los países donde operan, su impacto económico suele estar bastante por debajo de los efectos sociales y laborales que provocan. Si son industrias que se dirigen al consumidor final, su influencia proviene fundamentalmente de la penetración y el impacto de la marca entre los consumidores. Las inversiones de las multinacionales en marketing y comunicación suelen ser extraordinarias, lo que asegura que su imagen pública casi siempre se divulgue en clave positiva, apelando para ello a la capacidad de creación de riqueza, que forma parte ya de su declarada responsabilidad social corporativa. Crean el mito que representan y fortalecen la propia noción de país. A menudo, sus relaciones con el mundo político son de camaradería, pues habitualmente suele funcionar la llamada «puerta giratoria» que pone a excargos públicos en los consejos de administración de las grandes corporaciones. Ya hace años que el mundo anglosajón acuñó el término crony capitalism (capitalismo clientelista o amiguista) para describir las situaciones en que el éxito de los negocios depende de una relación estrecha entre directivos de empresas y funcionarios gubernamentales, aunque quien definió el concepto lo hizo pensando sólo en las economías asiáticas que entraron en crisis en la década de los noventa. Más allá del «compañerismo» con el mundo político, y en el modelo anglosajón más que en el continental europeo, la creación de fundaciones y think tanks para influir en la opinión pública en pro de sus intereses se ha convertido en algo fundamental, especialmente desde de la revolución conservadora de los años ochenta. Como expresa Antonio Baños en un muy sugerente libro sobre el concepto de posteconomía, «la élite utiliza su movilidad, llamada cosmopolitismo, para eludir la responsabilidad sobre el territorio y la comunidad. Paraísos fiscales, nomadismo y desapego (legal y moral) son rasgos comunes de las élites».

Poder económico y poder político de las corporaciones

La tendencia a la concentración económica en manos de las grandes corporaciones ha sido inmensa durante las tres últimas décadas. Esta concentración, lógicamente, ha ido más a favor de su facturación, sus activos y sus beneficios que de la creación de empleo directo. Entre 1983 y 1999, las doscientas mayores corporaciones del mundo aumentaron sus plantillas un 14,4 por ciento. En el mismo período, sus beneficios crecieron un 362,4 por ciento. La desproporción parece obvia. Por otro lado, la dimensión y la capacidad económicas de algunas de las grandes corporaciones ha sobrepasado, con mucho, a la de la mayoría de los Estados. En el ranking de las cien primeras economías mundiales, el 51 son corporaciones empresariales y sólo 49 son Estados. La cifra de facturación anual de General Motors es mayor que la de los presupuestos públicos de Irlanda, Hungría y Nueva Zelanda juntos. Wal-Mart Stores tiene una facturación anual equivalente a las cifras del PIB de Argentina o de Polonia, mientras que las cuatro mayores empresas del mundo por facturación anual (ExxonMobil, Wal-Mart Stores, Chevron y ConocoPhilips) superan de manera conjunta el PIB de España. El valor de la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil, Apple, sobrepasa el PIB de Suecia. Sólo contabilizando los beneficios del ejercicio 2012, ExxonMobil, con 44.900 millones de dólares, supera el producto interior bruto de Costa Rica. En España, el Banco Santander tiene un volumen de negocio mundial anual superior a la producción de Marruecos, y el de Inditex supera a Islandia en el mismo sentido. La comparativa entre economías nacionales y economías corporativas nos retrata bastante bien cuál es el poder real de las grandes empresas en el mundo actual.

Así, no es de extrañar que el poder real de estas empresas rebase ampliamente la dimensión meramente económica, hasta el punto de que su capacidad para influir, presionar e interferir en la política de los Gobiernos ha llegado a ser extraordinaria. La famosa frase con la que un consejero delegado de General Motors afirmaba que «lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para General Motors» expresa bien esa comunión de intereses políticos y corporativos, aunque, en estos momentos, el orden de los factores se podría invertir. Con más o menos prudencia, en función de cada personaje, los máximos dirigentes de estas corporaciones no dejan de hacer declaraciones públicas sobre el rumbo político y económico que deberían tomar sus países, sabedores de que lo que digan, en público o en privado, acaba teniendo una influencia muy real. Steve Jobs no se cortaba mucho a la hora de pedir al presidente Obama políticas desreguladoras en el ámbito laboral o medioambiental en Estados Unidos.

En España, Emilio Botín no renunciaba a «aconsejar» al Gobierno, del color que fuera, sobre las políticas económicas a seguir, como tampoco se inhibe de sugerir qué política laboral pública se debería seguir el presidente de Mercadona, Juan Roig, abierto partidario de contundentes reducciones de salarios como medio de recuperar la competitividad y el empleo. En Estados Unidos, los directivos de las grandes corporaciones no han renunciado a desempeñar un papel activo a la hora de influir en las políticas públicas. La Business Roundtable (BRT), asociación que reúne a los directores generales de las mayores empresas estadounidenses, tiene como finalidad explícita la de condicionar las legislaciones y políticas económicas de su país, legitimándose para ello por la ingente cantidad de riqueza con la que operan.

La corporatocracia

Con el término corporatocracia, Jeffrey Sachs define no sólo la influencia y capacidad de condicionar las decisiones políticas que adquieren los grupos empresariales de mayor calado, muchos de los cuales tienen posiciones oligopolísticas en la economía a escala mundial, sino también el hecho de que el poder político, especialmente en Estados Unidos, pero no sólo allí, esté atrapado por los intereses de las grandes firmas, hasta el punto de que buena parte de las decisiones políticas que terminan tomando se explican por los intereses de estas. En el caso norteamericano, se podrían definir cuatro grandes fundamentos que explican esta hegemonía corporativa. En primer lugar, el propio sistema político de representación, basado en distritos individuales, debilita mucho a los partidos como tales. La organización y los representantes locales se convierten así en el elemento clave para ejercer presión y promover el tráfico de influencias mediante lobbies. En segundo lugar tenemos lo que se ha llamado el complejo militar-industrial, que, en el caso de Estados Unidos, más que un grupo de intereses y de presión, es el cuarto poder o casi un Estado dentro del Estado; es lo que alguien, de manera irónica, definió como «keynesianismo militar». En tercer lugar nos encontramos con la financiación de las campañas presidenciales (y también las otras) por parte de las grandes empresas, ya que el sistema de donaciones a candidatos y partidos es legal y abierto. El cuarto aspecto tiene que ver con la carrera globalizadora que, tal y como se ha llevado a cabo, ha inclinado el juego de fuerzas en favor de las grandes corporaciones y ha debilitado la posición de los trabajadores y el papel de los sindicatos.

Hay quien afirma que las grandes corporaciones ya no forman parte de los Estados, sino que los están suplantando, como en una especie de «golpe de Estado» en cámara lenta. Probablemente es una exageración, pero, si la facturación de empresas como Wal-Mart es 120 veces superior al presupuesto anual de, por ejemplo, Haití, resulta evidente que el poder de muchas grandes corporaciones supera ampliamente el que puedan tener algunos Estados, especialmente porque en la lógica del mercado desregulado y en un mundo sin fronteras económicas, las posibilidades de control desde las instancias políticas y gubernamentales son nulas. Los dirigentes de las grandes empresas transnacionales forman parte de una reducida élite económica y financiera con una capacidad decisoria extraordinaria sobre el futuro de nuestras vidas. En las asambleas anuales del Foro Económico Mundial celebradas en Davos, así como en muchos otros foros, los líderes empresariales del mundo exhiben de manera bastante prepotente su poder, y los jefes de Estado y los medios de comunicación los escuchan como si se tratara de oráculos. Sin embargo, después de todo, a ellos les interesa poco más que los dividendos que repartirán a sus accionistas y el cumplimiento de los objetivos que les permitan percibir sus abundantes retribuciones variables. El politólogo británico Colin Crouch ha usado el término de posdemocracia para definir una situación actual en la que, a pesar de preservarse las reglas del sistema democrático, la capacidad de influencia y de chantaje de las empresas multinacionales las lleva a tener una posición hegemónica respecto al poder político que no les correspondería.

El economista Dani Rodrik explicó cómo el desequilibrio entre el alcance nacional de los Gobiernos y la naturaleza global de los mercados constituye el auténtico talón de Aquiles de la globalización. A su juicio, no se pueden hacer compatibles simultáneamente la democracia, la autodeterminación nacional y la globalización económica, ya que estos conceptos tienen connotaciones contrapuestas, lo cual conduce a lo que define como el trilema político de la economía global. A la democracia se le deberían exigir reglas globales que se apoyaran en mecanismos de responsabilidad mucho más complejos de los que disponemos actualmente.

La globalización económica ha ido asociada a la idea de la dimensión de las corporaciones como factor de competitividad. Aunque en algunas esferas de la actividad productiva se han considerado las pequeñas y medianas empresas como más flexibles y adaptables a los cambios, para operar en el mundo sin fronteras, el tamaño sí importa, ligado este a las economías de escala y, especialmente, a su capacidad intimidatoria y la posibilidad de operar en régimen de oligopolio. Durante las últimas décadas, la dinámica de las fusiones y adquisiciones ha tenido un lugar primordial en la agenda de los directivos de las grandes empresas, ya que la estrategia pasaba por acabar siendo dominante o, al menos, teniendo posiciones hegemónicas en sectores enteros de la economía. Justamente, el gran tamaño y la posición casi monopolística de algunas de ellas representa la base de su poder más allá del estrictamente económico, y supone el declive o deterioro de la consideración de la competencia como valor positivo de la función del mercado. Las empresas transnacionales juegan a disponer de un poder virtual que se obtiene con la dimensión y el control del mercado, y no con factores de competitividad tradicionales. En este sentido, el proceso ha sido rápido. Si en 1990 había unas 3.000 grandes empresas transnacionales, las cuales contaban con unas 63.000 filiales, a día de hoy las multinacionales operantes ya son 40.000 y cuentan con unas 820.000 sociedades filiales. La tendencia es clara, y no precisamente en la línea de los mercados competitivos que nos habían prometido. Para John Ralston Saul, las multinacionales tienen algo de retorno de los rasgos económicos y sociales de la época medieval. Las grandes multinacionales son entes que tienen el poder, pero no así la responsabilidad; son una especie de gremios, sin las cargas que tenían los de antaño, concebidos para reducir a los ciudadanos a la condición de clientes.

¿Al servicio de los accionistas, o al servicio de los directivos?

Las grandes corporaciones, teóricamente, se deben a sus accionistas, o al menos eso es lo que repiten en sus consejos de administración. Esto es así en las sociedades mercantiles, pero sólo es una parte de la verdad. En realidad, el mayor peso corresponde a los accionistas de referencia, la mayoría de los cuales suelen estar representados en los propios consejos de administración. En las empresas cotizadas en bolsa, que son la inmensa mayoría de las majors, la multitud de pequeños accionistas tiene poco que decir, más allá de que a alguien se le ocurra hacer alguna pregunta indiscreta o manifestar alguna rabieta en las asambleas generales de accionistas que se realizan una vez al año. La lógica del accionista poco relevante es la de invertir en una compañía que reparta dividendos suculentos, y no entrar en detalles sobre la estrategia y gestión de la compañía. La finalidad, como ya hemos explicado, es mantener un crecimiento anual constante de la tasa de beneficios para que esto se refleje adecuadamente en el valor bursátil de sus acciones. Los detalles son cosa de los directivos. Pero, los detalles suelen ser importantes. Aparte de cómo se produce, uno de los más destacables es el tema de las retribuciones, las cuales llegaron a ser indecorosas durante los años del optimismo expansivo de la economía y, pese a no haber cambiado sustancialmente, al menos la crisis ha provocado que desde algunos sectores se critiquen abiertamente por su desproporción.

En las últimas décadas, las retribuciones salariales de los directivos han contribuido enormemente a ensanchar la desigualdad en la distribución de la renta, pero también a que predomine la cultura de la inmoralidad. No es sólo un fenómeno de los últimos años. En 1999 se criticó mucho que el director general de Disney tuviera unas stock options que equivalían al salario de catorce años de los 19.000 trabajadores de la compañía en Haití. En la actualidad, también hay ejemplos muy llamativos. Tim Cook, el consejero delegado de Apple, cobra un salario fijo anual de 900.000 dólares, pero sus opciones sobre acciones le han reportado en el último ejercicio 371 millones de dólares. David Simon, de Property Group, cobra 137 millones anuales, y Eric Schmidt, de Google, 100 millones de dólares anuales. Se podrían añadir a Larry Ellison, de Oracle, con 77,5 millones, o a Leslie Moonves, de CBS, con 70 millones de dólares anuales. Sólo son la punta del iceberg de la desproporción salarial. En Estados Unidos, mientras el salario medio está en torno a los 41.600 dólares anuales, la media de los directores generales que forman parte de la exclusiva lista de las quinientas mayores empresas, elaborada por la revista Fortune, perciben 9,6 millones de dólares anuales, es decir, multiplican por doscientos el salario promedio del empleado estadounidense. En la Antigua Grecia, Platón consideraba que la proporción máxima de remuneración debía ser de 5 a 1, mientras que, durante buena parte del siglo XX, los propios máximos directivos consideraban que 1 a 20 era la proporción adecuada. Ahora, en algunos casos, la proporción es de 1 a 1.000.

En España, los cinco directivos mejor pagados acumulan un salario anual fijo de 64,2 millones de euros —Pablo Isla (de Inditex), Alfredo Sáenz (del Banco Santander), César Alierta (de Telefónica), Antonio Brufau (de Repsol) e Ignacio Sánchez Galán (de Iberdrola). Aparte de las espectaculares retribuciones fijas, más importantes aún son las remuneraciones complementarias. Alfredo Sáenz tiene una dotación a su fondo de pensiones de 87,7 millones de euros, e Ignacio Sánchez Galán tiene una cláusula contractual de despido de cinco años de retribución, lo que equivale a una indemnización de 165 días por año trabajado en el cálculo actual. A Alfredo Sáenz (y para él no debía representar ninguna contradicción) se le conoce por notorias intervenciones públicas pidiendo, ya antes de la crisis, la liquidación completa del Estado del Bienestar, aduciendo que cada día que se posponía no hacía sino retrasar lo que era inevitable. No está mal, y es bastante edificante oír esto mientras se precariza a la mayoría de asalariados españoles con renovados recortes en la legislación laboral. El escándalo de las retribuciones exageradas en el mundo financiero, antes y después de la crisis, tiene el componente inmoral adicional de beneficiar a personas que hicieron una notoria mala gestión en empresas a las que ha sido necesario rescatar con abundante dinero público.

En general, el sistema de retribuciones, además de exagerado, se ha demostrado extraordinariamente pernicioso para la misma salud de las empresas y para la toma de decisiones responsables. Generalmente, los salarios fijos se complementan con aportaciones a planes de pensiones, cláusulas de blindaje contractual y otras prebendas. Lo más pernicioso —y remunerativo, cabe decir— ha sido la retribución variable en forma de opciones sobre acciones, porque ha condicionado la estrategia que los directivos imprimían a la compañía y les ha llevado a asumir niveles de riesgo a menudo poco prudentes, como se demostró con las grandes compañías financieras que abonaron el colapso del sistema financiero global. Conseguir determinadas cotizaciones bursátiles de las que dependen los premios variables ha inducido a actuaciones poco adecuadas para la salud y el futuro de las compañías. Un mal sistema de incentivos puede ser letal para una empresa, como bien enseñan en las escuelas de negocios. En Suiza se ha decidido en referéndum la limitación de los salarios excesivos de los directivos de empresas, con el fin de proteger a los pequeños accionistas de las triquiñuelas de los consejos de administración y de sus directivos, así como para recuperar un cierto nivel de decencia, después de que la población se indignara por el hecho de que el presidente de la empresa farmacéutica Novartis recibiera una indemnización de salida de 58,4 millones de euros.

Unos malos contribuyentes

La combinación de su carácter transnacional y su elevada capacidad de presión sobre los gobernantes da como resultado que las grandes corporaciones realicen unas aportaciones tributarias ínfimas si las comparamos con las de las pequeñas y medianas empresas, y aún más respecto a la fiscalidad establecida sobre las rentas del trabajo. Probablemente es en este ámbito donde usan más su poder y su capacidad de intimidación. Ahí es donde se juegan una parte importante de sus beneficios. La fiscalidad en el país de origen puede ser burlada con cierta facilidad atendiendo al hecho de que su facturación y sus resultados se pueden derivar hacia países con impuestos de sociedades más bien blandos, además de porque pueden recurrir a ingenierías fiscales complejas que les permiten acogerse a todo tipo de exenciones y deducciones. El chantaje de desplazar la sede corporativa es demasiado poderoso como para que las haciendas de los diversos países aguanten la presión. Allí donde operan de manera deslocalizada, una tributación nula es casi condición indispensable para su actividad. Las estructuras de Estado poco desarrolladas y la misma situación de necesidad existente en los países receptores hacen el resto, para llegar a una contribución fiscal media que, como reconoce Apple, no supera el 2 por ciento de su facturación.

Una estrategia complementaria de los instrumentos y sistemas para cotizar de manera escasa en los países donde operan es el recurso a los paraísos fiscales. La existencia y pervivencia de estos es uno de los aspectos más escandalosos de la política y la economía mundial, que no se ha resuelto, fundamentalmente, porque no ha habido voluntad de hacerlo. En este sentido, se han producido muchas declaraciones pomposas por parte de los grandes líderes políticos, pero casi ninguna acción práctica. El 2 de abril de 2009, los líderes del G20, reunidos en Londres, anunciaron a bombo y platillo que «la era del secreto bancario había terminado». Poco se ha hecho después, más allá de establecer ciertos grados de transparencia para detectar flujos de dinero de la delincuencia internacional y de las organizaciones terroristas. En el escaso desarrollo de medidas para controlar el dinero opaco ha influido más el temor a Al Qaeda que la concepción de moralidad y de equidad fiscal.

Los paraísos fiscales florecieron después de la segunda guerra mundial, cuando el establecimiento de sistemas fiscales sólidos que permitieran financiar la economía pública y el Estado del Bienestar requería de la existencia de válvulas de escape para los grandes capitales, con tal de evitar que se volvieran conflictivos y combativos contra el sistema mismo, ya que este tenía en la fiscalidad progresiva uno de sus pilares fundamentales. Dicho de manera vulgar, se les proporcionaba una salida para que no molestaran. Aunque ningún gobernante lo dijera o lo reconociera, este era el pacto tácito. El problema que se plantea en los últimos años tiene más que ver con el volumen que con el hecho en sí, poniendo en cuestión el mismo sistema de economía mundial y el concepto del Estado del Bienestar por esta causa, como explica el especialista en derecho internacional José Luis Escario, quien define los paraísos fiscales como «los agujeros negros de la economía globalizada».

En las caribeñas islas Caimán (territorio británico), uno de los paraísos fiscales de más renombre, con 50.000 habitantes, hay más depósitos bancarios que en el conjunto de Francia. Y esta es una forma en que las grandes corporaciones evitan tener que repatriar sus inmensos beneficios y pagar por su regularización en los países donde tienen su sede central. Lo que parecía un buen requisito de la globalización, la facilidad para acceder a otros pisos, ha terminado actuando en sentido contrario. La relajación de los requisitos de residencia nacional para las corporaciones se ha convertido en un «incentivo» para la evasión de impuestos a gran escala.

Como bien destaca Andy Robinson en su libro Un reportero en la montaña mágica, sobre la élite económica que se reúne anualmente en Davos, en Europa existe un lugar que es paradigma de los paraísos fiscales; se trata de la pequeña ciudad suiza de Zug (unos diecinueve mil habitantes), capital del cantón del mismo nombre y situada a orillas del lago también homónimo, en dos de cuyas calles están radicadas unas veintinueve mil empresas, la mayoría sin nada más que un apartado de correos, además de albergar la sede corporativa global de unas quinientas compañías multinacionales. El milagro de tanto atractivo no está en sus montañas nevadas, sino en el secreto bancario y los privilegios fiscales que tiene establecidos. A unos pocos kilómetros, en el llamado Foro de Davos, los máximos dirigentes de estas compañías aleccionan a los líderes políticos sobre las políticas que sería conveniente que desplegaran. He aquí el cinismo en su grado superlativo.

El Estado nación ha empequeñecido

Hace tiempo que el Estado nación es puesto en cuestión desde muchos puntos de vista. Para muchos es un ámbito demasiado pequeño para afrontar retos y problemas que tienen un alcance bastante mayor y requieren de soluciones globales, mientras que, para otros, tendría demasiada dimensión como para abordar las necesidades de las personas, que necesitan de ámbitos de acción más cercanos y para las que el principio de subsidiariedad tiene bastante sentido. Lo cierto es que, en el mundo occidental, los Estados han ido perdiendo atribuciones, las cuales han pasado a manos de otras instituciones internacionales de mayor alcance y que limitan paulatinamente su capacidad de acción, su soberanía. Después de todo, ¿qué es la Unión Europea si no un intento de disminuir el poder de los poderosos Estados nación europeos? Organismos como el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio también realizan esta función homogeneizadora por encima de los Estados constituidos. A la economía global le sobran las fronteras, y le resulta necesario que los viejos Estados nación ostenten un poder ya casi sólo de tipo simbólico, en forma de himnos, banderas y participación en las competiciones olímpicas.

Para las empresas transnacionales, los Estados forman parte de una rémora del pasado que más bien les reporta obstáculos. Para ellas, el mundo está estructurado en grandes áreas económicas, grandes regiones que en poco coinciden con las viejas y superadas estructuras estatales, las cuales se consideran una herencia histórica que poco tiene que ver con la realidad de los grandes flujos económicos internacionales, y hasta representa un obstáculo, en muchos sentidos, que les obliga a cumplir variadísimas reglas y normativas que perciben como un entorpecimiento y una limitación al libre funcionamiento del mercado global. De todos modos, los Estados nación también conforman un sistema que resulta útil, justamente por las posibilidades que ofrece la particularidad. El poder fragmentado, especialmente si es débil, resulta bastante más vulnerable para establecer un refugio u obtener ventajas fiscales.

Tanto en el Tercer Mundo como en los países en desarrollo, la fragmentación es especialmente adecuada para obtener microclimas adecuados a las actividades económicas, además de generar competencia para atraer a las grandes empresas, la cual, sin duda, les acaba beneficiando. Un solo gran espacio económico y político les facilitaría las cosas a las multinacionales, pero, precisamente, también las haría mucho más vulnerables a las legislaciones y estrategias globales que les fueran menos favorables. Todo tiene sus pros y sus contras; y no hace falta decir que las grandes corporaciones se adaptan bastante bien a esa realidad.

Como ha sucedido históricamente, la crisis económica combinada con la frustración de expectativas respecto a los beneficios generalizados de la globalización está suponiendo una cierta reaparición de los nacionalismos en el interior de los Estados nación, tanto por parte de una ciudadanía que reclama recluirse en las fronteras nacionales y priorizar los intereses patrios, como por unos Gobiernos tentados de recuperar las recetas proteccionistas de antaño y el populismo inherente al nacionalismo económico. El predominio de la actividad comercial asociada a un mundo sin fronteras económicas había prometido una subida de la marea que levantaría todas las embarcaciones, pero la realidad ha demostrado que el oleaje provocado ha llevado a que muchas barcas se estampen contra los arrecifes.

No hay conspiraciones, lo que hay son intereses

El poder acumulado por las empresas multinacionales y las grandes corporaciones ha generado, desde siempre, una consideración crítica y negativa por parte de determinados sectores de la sociedad. Muchos de los manifiestos críticos con la globalización económica y sus efectos expresan el rechazo a las grandes corporaciones, las cuales son consideradas como una especie de poder en la sombra que toma las decisiones estratégicas sobre la economía y la política. Tanto los jóvenes «radicales» que componen los movimientos altermundistas que se movilizan a la contra durante la celebración de cumbres internacionales, así como una cierta cultura de izquierdas tradicional proveniente del marxismo, atribuyen a los intereses de las grandes empresas y al poder que ostentan la causa de la creciente desigualdad y de la situación en general de los países más pobres. Se impone entre ellos una especie de teoría de la conspiración, según la cual los desajustes económicos y la falta de equidad serían el resultado de decisiones colectivas tomadas de manera concertada por los máximos directivos de las grandes empresas multinacionales. Este es el papel que, hace ya años, se adjudicó a la Comisión Trilateral, la cual fue considerada una especie de internacional de los intereses capitalistas, así como el motivo del rechazo que generan entidades como el Grupo Bilderberg, o incluso el Foro Económico Mundial.

La realidad suele ser más simple y prosaica. Las grandes corporaciones multinacionales tienen una gran capacidad de influencia y de poder sobre decisiones económicas y políticas; y es bastante obvio que quedan fuera de control de los Estados y del poder político, pero lo que tienen y defienden son intereses económicos al servicio de sus accionistas y sus directivos. Si hubiera una acción concertada, una conspiración entre ellas, no se habrían producido los grandes cambios que ha habido en los últimos años en el ranking mundial de las mayores empresas. Con todo, especialmente en situaciones críticas, el sentido de grupo de intereses predomina sobre el de competencia.

Marc Roche, en su libro El banco, explica una reunión de banqueros estadounidenses, realizada el 12 de septiembre de 2008, en la que se decidió el rescate financiero generalizado tras la quiebra de Lehman Brothers, una decisión que, al menos sobre el papel, no les correspondía.

La mayoría de las corporaciones que lideran la lista de las más ricas, además de las compañías petroleras, que suelen tener una larga historia, son empresas que han nacido y crecido espectacularmente en las últimas décadas, muchas de ellas de la mano de la nueva economía relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación. De las grandes corporaciones dominantes en la primera parte del siglo XX, la mayoría ya son sólo una sombra de lo que habían sido. Apple, empresa esplendorosa que ha acabado liderando la lista por capitalización bursátil, no tiene más de quince años de historia, antes de los cuales era una empresa bastante modesta. Oracle, Google y Amazon han sido corporaciones de éxito, con un crecimiento espectacular, de la mano de emprendedores muy jóvenes. En todo caso, el papel de las grandes empresas, su poder excesivo, responde a la lógica de un sistema económico que en las últimas décadas ha impuesto el concepto de desregulación y desmantelamiento de los sistemas de control, con la perspectiva de que el mercado absolutamente libre es la mejor opción para la economía y la sociedad. Una lógica infernal, cabe decirlo, que ha provocado todo tipo de disfunciones y efectos colaterales en forma de pobreza, explotación y, aunque parezca una contradicción, una concentración de poder que hace que las cuestiones más importantes queden al margen del control de la sociedad. Aunque nos resultaría más fácil la explicación, el barco no tiene un piloto que lo dirija timón en mano. Si hubiera alguno, más que una persona o una corporación sería un valor humano desarrollado y estimulado en exceso en los últimos años: la codicia.

Hace tiempo se acuñó el término de «rebelión de las élites» para explicar la actitud insolidaria y apátrida de unos sectores económicos dominantes que, muy envalentonados, se resistían a ceñirse a las normas generalmente establecidas, y de forma notoriamente insolidaria. Se trata de esa especie de «plutocracia» que Christopher Lasch define como unos entes móviles y con una visión cada vez más global, que se niegan a aceptar límites o lazos, tanto nacionales como locales; en definitiva, un grupo que controla muchísima riqueza y que tiende a aislarse en sus redes y reductos, que ha abandonado a la clase media, divide la nación y traiciona el concepto de democracia pensada para todos los ciudadanos. En la misma línea, Alain Touraine ha escrito sobre el nefasto comportamiento de los muy ricos que se ha evidenciado con la crisis económica, los cuales se han orientado a conseguir los máximos beneficios a costa de destruir un contrato social que exigía un cierto nivel de equidad. Los muy ricos se han liberado de la suerte de la mayoría, aunque debilitando la cohesión social.

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Todo fuera de control:

la disolución del poder político

Si algo ha demostrado la crisis económica que se inició con la quiebra de Lehman Brothers, en 2008, es la incapacidad de la sociedad contemporánea, de sus poderes políticos y económicos, para prever los efectos de determinadas decisiones, y ni siquiera para comprender la dinámica en la que estamos inmersos. En el mundo de las finanzas, durante décadas, una vez que estas abandonaron su carácter instrumental de la economía y se convirtieron en un sector económico independiente y convenientemente desregulado, se construyeron auténticas bombas de relojería, en forma de nuevos productos sofisticados, que acabarían dinamitando cualquier pretensión de estabilidad económica y de crecimiento sostenido. Aunque la globalización financiera agrava los ciclos económicos en lugar de moderarlos, especialmente en las economías de mercado emergentes, había una fe absoluta, tanto por parte de las empresas financieras como por parte de los reguladores —que, de hecho, ya no regulaban nada—, en la bondad de unos también sofisticados modelos de gestión del riesgo, hechos por matemáticos y actuarios desde las catacumbas del sistema, personas a las cuales nadie entendía, pero en las que todo el mundo confiaba ciegamente, pues se creía llegado el momento del dominio de la incertidumbre.

Derivados, futuros, swaps lines (o líneas de canje), deuda colateralizada, CDO, CDS... eran los nombres que tomaban los productos de la nueva alquimia en que se había convertido la economía financiera. Alan Greenspan, desde la Reserva Federal estadounidense, les tenía una fe absoluta, y, aún después de que la explosión de la burbuja financiera barriera con todo, decía no comprender qué era lo que había fallado. Vivía en un mundo de certezas sin fisuras. Las compras cruzadas de productos por parte de las principales empresas financieras le habían convencido de que esta interdependencia reforzaba el sistema financiero dispersando el riesgo, cuando justamente había sucedido todo lo contrario.

La incapacidad de los Gobiernos para hacer frente a la crisis desatada puso en evidencia algo que ya venía de antes, pero que ahora se manifestaba de manera contundente: los Gobiernos ya no controlan la mayor parte de las cosas que afectan a nuestras vidas. El desplazamiento de la centralidad de la política a la economía ha sido constante durante décadas y los sistemas políticos más bien se han convertido en estructuras simbólicas, en un poder ficticio que se muestra impotente ante las contradicciones y embates de la realidad. La derogación, en 1999, de la ley Glass-Steagall, que ponía fin a la separación entre bancos comerciales y de inversión, por parte de Bill Clinton, representa el golpe definitivo al papel del Estado como rector de la economía como instrumento que sirva a los intereses de la sociedad y fomente su bienestar, golpe que no adentró en un mundo sin bridas. El debilitamiento de la gobernabilidad ha sido un proceso continuo que ha generado perplejidad y ha dejado desconcertada a la ciudadanía. Aquel poder político que siempre había proporcionado una cierta noción de seguridad (y también de temor) es ya poco más que una sombra de lo que fue y, lo que es peor, ha quedado fragmentado. Durante años, la ciudadanía había vivido con cierta tranquilidad el debilitamiento de los Estados nación y el traspaso de una parte de sus competencias hacia instituciones internacionales de rango superior. Una especie de Gobierno mundial que debía permitir encarar mejor los retos de un mundo globalizado. Llegado el momento, estas nuevas instituciones sin rostro tampoco han servido de nada, y se ha evidenciado que el poder no está en ninguna parte, ya que se ha disuelto en el mercado, que es lo que en realidad gobierna nuestras vidas.

El predominio absoluto del mercado

En las últimas décadas, el predominio absoluto del mercado, y no sólo en la regulación de la economía, sino en todo lo que tiene que ver con nuestras vidas, se ha convertido en una realidad, hasta llegar al paroxismo. La vieja pretensión totalitaria de Mussolini de «todo dentro del Estado, nada fuera del Estado» se ha acabado imponiendo de manera exactamente inversa: todo dentro del mercado y nada fuera de él, hasta convertirlo en una especie de ente con vida propia, como si casi tuviera una realidad corpórea. Esta entrega incondicional al mercado como verdad absoluta no ha sido un imponderable al que se ha llegado de manera casual. Responde a convicciones y decisiones que, en su momento, se han tomado en los ámbitos económicos y políticos, aunque ello se haya envuelto en un halo de inevitabilidad. A partir de los años ochenta ha triunfado el pensamiento económico de Hayek y de la escuela de Chicago, que defendió (y aún defiende) la retirada de la intervención y la regulación estatales de la economía, por considerar que, siempre y en todo momento, el libre funcionamiento del mercado es mucho más eficiente. La revolución política conservadora de la década de los ochenta y los años posteriores elevó esta consideración del mercado a dogma oficial, el cual materializó retirando a los Estados de la economía y retornando al individualismo más estricto y al predominio de una especie de darwinismo social, ya que era necesario que se impusieran los más fuertes, o los que tenían menos escrúpulos. La noción central de este sistema de pensamiento, así como de la globalización económica que se deriva, es que la civilización ha de verse sólo a través de la economía, obviando una noción básica, como es que el comercio, por sí solo, no puede regir una civilización.

Se rompía así con décadas de economía social de mercado y de pensamiento keynesiano en la economía, y se dinamitaba el consenso que, a través del Estado del Bienestar y del modelo social europeo, había hecho posible la creación de sociedades más niveladas e inclusivas, donde la economía estaba al servicio del interés común. Hasta entonces, el mercado servía como sistema de asignación de recursos más eficiente, pero el Estado ponía freno a las desigualdades y corregía los desajustes que este provocaba. Los Gobiernos hacían política económica. Dejar de hacerla fue una opción ideológica que ha tenido muchísimas consecuencias. Como recuerda Dani Rodrik, hay muy pocas excepciones al hecho de que «cuanto más desarrollada está una economía, mayor es la parte de sus recursos consumida por el sector público. La correlación entre el tamaño de la Administración y la renta per cápita es muy grande».

La indefensión e incapacidad de los Gobiernos ante la crisis (de algunos más que de otros) ha puesto en evidencia la escasez de sus prerrogativas actuales, especialmente las de aquellos que forman parte de la Unión Europea, los cuales incluso han perdido la posibilidad de utilizar el instrumental monetario una vez transferido a Alemania, aunque formalmente lo hayan hecho traspasado al Banco Central Europeo. El patetismo de ver unos gobernantes que no toman decisiones en situaciones críticas y, en cambio, están a la expectativa diaria de cómo reaccionan los mercados y hasta dónde subirá la prima de riesgo es bastante elocuente. Como lo es la indefensión respecto a la evolución de los índices bursátiles y el riesgo de que al «capital financiero internacional» se le ocurra especular sobre la moneda de un determinado país, sin poder hacer nada más que esperar la devastación que, como pasó en los años noventa en Asia, generó en algunas economías por mero afán especulativo.

¡Es la economía, estúpido!

Seguramente, cuando espetó la frase «¡es la economía, estúpido!» en plena campaña electoral contra George H. W. Bush, Bill Clinton no pensó que terminaría representando la nueva hegemonía de la economía sobre la política. Lógicamente, no fue una salida de tono del candidato demócrata pronunciada de manera espontánea. Era una frase bastante pensada desde el marketing y la comunicación política para que los electores, muy preocupados en aquellos momentos por su situación económica, percibieran a un Clinton enérgico, tomando decisiones sobre los temas económicos que les preocupaban e identificaran a Bush como un hombre incapacitado para entender cuáles eran los verdaderos problemas de los estadounidenses. Y así fue, y la frase se convirtió en el «yes, we can» ganador de Bill Clinton.

Y es que la economía ha ocupado la centralidad de nuestro mundo y se ha convertido en el campo de batalla donde se resuelve, o no, todo aquello que es crucial para nuestras vidas. Todo gira en torno a un ámbito que, a pesar de ser estrictamente material, está imbuido de componentes intangibles e inaprehensibles, adquiriendo casi un sentido taumatúrgico. Conforma una realidad incuestionable, aunque también sirve de justificación, coartada y engaño. Se nos deja sin trabajo «por razones económicas», que es el mismo motivo por el que se dejan de prestar servicios públicos o nos niegan cualquier ayuda. ¿Quién lo puede discutir cuando nos argumentan unas telúricas «razones económicas»? El sueño de Keynes consistía en considerar la economía como una ciencia moral al servicio de la sociedad, una disciplina con escaso interés más allá de su valor para resolver problemas prácticos; Keynes mantenía la creencia de que llegaría un día en que la economía dejaría de ir en el «asiento delantero» para convertirse en un mero instrumento de generación de bienestar que permitiría a las personas dedicarse a tareas más satisfactorias. No sólo queda lejos el sueño de Keynes, sino que hemos evolucionado justamente en sentido contrario. Ya no queda casi nada fuera del ámbito de la economía.

La política ha quedado restringida, y no sólo porque ya no actúe sobre la economía, cosa notoriamente imposible dada la hegemonía absoluta del mercado, sino porque, simplemente, sólo interviene para hacer declaraciones sobre la economía. Los ministros comentan los datos macroeconómicos y toman decisiones sobre el microcosmos económico en que nos desarrollamos, pero, digan lo que digan, inciden relativamente poco sobre las grandes variables, más allá de continuar con medidas desreguladoras para que el mercado pueda hacer su trabajo. Para combatir el paro ya no se aprueban políticas activas, sino cambios liberalizadores en la legislación laboral para que el mercado ajuste los salarios a la baja, ya que, afirman, la excesiva protección los mantiene a niveles irreales que nos impiden encontrar trabajo y dificultan que la oferta y la demanda se equilibren. Los gobernantes, más que personas decisorias sobre la economía, se han convertido en comentaristas de esta, los cuales esbozan previsiones futuras que, generalmente, los «mercados» se cuidan bastante de desautorizar. El escenario se parece a un reino donde predomina la gesticulación, bien para atribuirse la bondad de algunas políticas en los ciclos expansivos, bien para darse las culpas unos a otros cuando predominan las situaciones recesivas. En realidad, los políticos no controlan nada la economía, porque esta se ha convertido (la han convertido) en una variable independiente. Como afirma John Ralston Saul, «a una sociedad que se sume en el vacío le resulta difícil admitir que ya no está avanzando en una dirección concreta».

La política ya no es lo que era

Durante siglos, el poder político fue el poder con mayúsculas. Controlando los aparatos del Estado y de la Administración, los gobernantes podían hacerlo casi todo. No hablamos sólo de sistemas dictatoriales o de monarquías absolutas; dentro del Estado de derecho, y siendo escrupuloso con el sistema democrático y de libertades, la capacidad de transformar la realidad y de hacer políticas con efectos inmediatos sobre la economía, la sociedad y las personas fue una realidad durante mucho tiempo. En el sistema político de representación, la participación de los ciudadanos adquiría pleno sentido, dado que era desde la política desde donde se podía incidir en promover mejoras y transformaciones sociales. Durante buena parte del siglo XX, esto fue así. Justamente, la socialdemocracia, tan importante en la configuración del Estado del Bienestar y del sistema social europeo, vio que, con la participación activa de los trabajadores en la política, el Estado democrático permitía hacer avances notorios en pro de una mayor justicia social. Es con el cambio de supremacía política e ideológica que se inicia en los años ochenta con el que se irá vaciando el Estado de atribuciones, especialmente en el ámbito económico, lo que coincidirá con la globalización económica y las grandes posibilidades que ofrecía la revolución tecnológica en el campo de la comunicación. La centralidad y el poder de los aparatos de Estado fueron disminuyendo de forma rápida, creciendo el protagonismo de las instituciones internacionales (del ámbito económico, especialmente), proceso que, en Europa, se fue acentuando con la transferencia de prerrogativas hacia la Unión Europea. Se nos explicaba que esto sería un gran avance, pues aumentaba el protagonismo y el poder de los individuos frente a los poderes estatales. Los liberales más doctrinarios lo veían como una victoria de la libertad, y algunos incluso hacían un deriva hacia posiciones libertarias, de derechas eso sí. No se renunciaba a que el Estado se continuara ocupando de la seguridad y del mantenimiento del orden público, conscientes de que una creciente desigualdad requeriría de mano dura para impedir que la insatisfacción pudiera derivar en conflictividad social.

Como ya afirmaba el primer teórico del liberalismo en el siglo XVII, John Locke, el Estado es imprescindible para garantizar la propiedad privada, derecho que considera inseparable del de la libertad, y esto es lo que le da sentido. Ayn Rand, novelista y filósofa estadounidense de origen ruso, es probablemente quien mejor representa el pensamiento liberal extremo que deriva hacia un cierto libertarismo, extremando el individualismo y negando cualquier consideración a lo colectivo. Su objetivismo está hecho con el culto a la propiedad privada, la negación del altruismo y de la compasión y el enaltecimiento del egoísmo a la categoría de virtud. Durante años, Alan Greesnspan fue un ferviente seguidor de esta filosofía, figurando entre el grupo de adeptos de Ayn Rand.

La notoria pérdida de influencia del poder político ha comportado consecuencias, como el aumento de la desigualdad, al no existir un poder que pueda amortiguar la tendencia a que se concentren los niveles de renta en los extremos. La disminución de recursos públicos disponibles para garantizar mínimos de bienestar o para evitar la exclusión se va generalizando. Los ciudadanos siguen apelando a sus Gobiernos para que los defiendan y los protejan, pero el Estado ya no está en condiciones de hacerlo. Puede prometer sociedades más justas y equilibradas o puestos de trabajo a los que no lo tienen, pero se trata de falsas expectativas que no podrá cumplir. Paradójicamente, algunos movimientos y planteamientos que tienen el propósito explícito de reducir la influencia del Gobierno en la vida humana han accedido al poder político. El estado de confusión parece bastante evidente. Los Estados desmantelan de forma voluntaria sus servicios públicos básicos, mientras los mercados bursátiles son los que «evalúan» sus políticas económicas. Como nos recuerda Jean Ziegler, «un ciudadano que, sin protección, es expuesto a riesgos sociales de primer orden pierde su calidad de ciudadano. Un hombre que es poseído por el miedo constante de perder su empleo, su salario y sus derechos no es ya un hombre libre». El Estado va perdiendo así, buena parte de su legitimidad.

Cuando más se lo necesita, el poder público ya no está, o, al menos, no de la manera en la que antes era presente. Lo paradójico es que, mientras el paradigma de la centralidad del poder político se ha transformado profundamente, las formas que se siguen utilizando son las antiguas. Se actúa y se utiliza un lenguaje como si el Estado aún fuera depositario del verdadero poder, con mucha pompa y la voz engolada, cuando ya es poco más que una representación. Las discusiones parlamentarias o los actos institucionales de otros órganos del Estado han adquirido una pátina vetusta que poco tiene que ver con la mayoría de los ciudadanos y poco puede hacer por ellos. Las cosas se deciden y pasan en otros lugares. Por eso, la representación política ha perdido bastante sentido, y los ciudadanos se sienten frustrados porque siguen apelando a los políticos, pero tienen la sensación de que estos se ha convertido en una casta que ya no representa nada más que sus propios intereses. Puede ser que sea así, o que en parte lo sea, pero, desgraciadamente, los políticos no pueden hacer mucho más. Lo que sería bueno es que no se instalaran en el cinismo y que reconocieran su impotencia. Tal vez, ese sería el primer paso para cambiar las cosas y hacer posible el empoderamiento real de la ciudadanía.

La confianza quebrada de los ciudadanos

En las sociedades occidentales, el alejamiento de la ciudadanía respecto a la política suele ser grande. Las continuas promesas de cambios que se frustran acaban desmotivando a un electorado que, o bien no participa, o lo hace cada vez más a la contra, ya sea apostando por el mal menor, para evitar que gobiernen los planteamientos más duros, ya sea emitiendo un voto de castigo mediante su opción por candidaturas extremas o antisistema, e incluso por los planteamientos populistas y xenófobos allí donde el fenómeno de la inmigración se vive como si fuera un problema. A la incapacidad de actuar en profundidad, que es inherente a la política actual, sólo le faltaba la profusión de casos de corrupción en la propia política y en la Administración para que la credibilidad de esta actividad alcanzara su punto más bajo. Probablemente, corrupción política la ha habido siempre, pero, cuando se mezcla con la incapacidad para actuar y con una cultura general en pro de la adquisición de riqueza de manera rápida, se acaban generando consecuencias. El valor supremo de la codicia ha acabado contaminado todos los ámbitos de la vida.

La crisis y la práctica desaparición de los proyectos políticos claramente diferenciados han generado una sociedad postideológica en la que la población ya no se adscribe, al menos de manera fiel y continua, a ninguna propuesta política, sino que bascula en función del momento y de su situación, muchas veces con una clara vocación de contrapeso. Zygmunt Bauman lo ha explicado de manera muy elocuente con su concepto de las sociedades líquidas, en las que todo es mudable y nada es permanente. Ante el predominio del liberal-conservadurismo, que tiene la virtud de presentarse como algo que está más allá de las ideologías, la socialdemocracia —a la que Tony Judt definió como «una práctica a la búsqueda constante de una ideología»— y la izquierda occidental no han sabido erigir un relato alternativo que indujera a la acción política para mudarse hacia un estado de cosas diferente. El sociólogo alemán Ralf Dahrendorf argumentaba que el mantenimiento del sistema democrático es compatible con ciertos niveles de distanciamiento de una parte de la población que no se siente llamada a participar, pero que no lo es cuando el distanciamiento es tan grande que se convierte en hostilidad. El problema no es sólo político, sino moral, ya que se instala entre las personas una notoria indiferencia, y no sólo respecto a lo colectivo, sino también respecto a los otros. Para Jeffrey Sachs «el eco del consumismo que suena sin parar en cada esquina ha llevado a una extrema miopía, a una adicción al consumo y al debilitamiento de la compasión. Si bajamos la guardia, estaremos permitiendo a los grupos de presión acaparar el poder que en justicia le corresponde a la ciudadanía. Como individuos, necesitamos recuperar el equilibrio de nuestras propias vidas entre trabajo y ocio, ahorro y consumo, interés propio y compasión, individualismo y ciudadanía».

¿El triunfo de la espontaneidad?

Con una buena dosis de ingenuidad, podríamos terminar por creer que estamos en la mejor situación para el crecimiento económico, liberado ya el mercado de todas las ataduras, interferencias y obstáculos de la política, así como de los gobernantes y las fronteras de los Estados nación. Así, en un mundo de competencia perfecta sin más restricciones que nuestra capacidad de esfuerzo y nuestro más o menos limitado talento, no habría cartas marcadas y predominaría el reino de la espontaneidad. El laissez-faire de Adam Smith habría ganado la partida. Pero, la realidad es bastante diferente. Que no haya control de los mecanismos económicos por parte de los poderes públicos, además de los bastante perversos efectos colaterales que ello conlleva, no significa que sea espontáneo, que no haya interferencias y, sobre todo, un acceso y unas posibilidades de sacar partido bastante diferente. Como algunos teóricos de la economía explicaron hace ya muchos años, el acceso al mercado es desigual. Joseph Stiglitz y otros han destacado el carácter asimétrico de la información, un hecho primordial para que se pudieran aprovechar sus oportunidades en igualdad de condiciones.

La apuesta por el mercado desregulado basada en su absoluta primacía no es un hecho neutro ni una opción técnica, sino que supone más bien una determinada elección ideológica y política en pro de una sociedad de ganadores y de perdedores, por mucho que se presente como el triunfo del sentido común despojado de cualquier implicación filosófica. Prima el interés pecuniario y una determinada manera de entender el mundo basada en la competencia, desestimando la capacidad de cooperación que tienen los individuos, convirtiendo todo el mundo y sus recursos en el escenario de actuación. Ha habido, no hace mucho tiempo, otras formas de entender la economía de mercado y la sociedad, y, sin duda, harán falta nuevas ideas para superar este callejón sin salida de desigualdad, pobreza, despilfarro de recursos, retos medioambientales y carreras estériles hacia la nada.

La fe en el mercado desregulado no ha impedido que el capitalismo haya sufrido grandes crisis y desequilibrios importantes en los últimos años. La economía financiera emancipada ha sido un buen ejemplo. Los ingenios financieros han acabado deformando el mismo concepto del dinero. El capital financiero generado y acumulado en los últimos años multiplica por unas cuantas decenas el PIB mundial. Mientras que la producción mundial global en un año bordea los 63 billones de dólares, sólo en el mercado financiero de los derivados operan 707 billones. Con esta dimensión, ¿cómo puede ser reconducido el capital financiero hacia actividades productivas? Ese capital necesita imperiosamente continuar su función especuladora, creando burbujas sucesivas. Según el escritor John Lanchester, en las finanzas ha triunfado el equivalente a la abstracción en el mundo del arte, es decir, la ruptura con el sentido común y el predominio de conceptos imposibles de explicar con el lenguaje ordinario.

Tampoco se ha podido evitar la posición privilegiada de algunas personas y algunas empresas en relación con el mercado y las instituciones políticas. Es lo que el economista Gary Becker definió como el capitalismo del «amiguismo». Y la cuestión es que los mercados libres suelen ser cualquier cosa menos «libres». Hay una confusión bastante interesada entre los conceptos de mercados desregulados y de mercados competitivos. La realidad actual, así como la experiencia histórica, nos demuestran que la falta de regulación, de normas, lo que hace es dar ventaja a algunos. Sin la intervención estatal, los grupos de intereses terminan dominando el mercado y falsean la competencia. El mundo sin reglas, es el mundo de los más vivos. Dani Rodrik ha descrito esto de manera taxativa: «Resumiendo, los mercados no se crean solos, no se regulan solos, no estabilizan solos, ni se legitiman solos. Todas las economías de mercado que funcionan bien son una mezcla de Estado y mercado, de dejar hacer y de intervención».

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La era postideológica

ha resultado ser muy ideológica

Coincidiendo con el triunfo de la visión del mundo liberal-conservadora y el borrado de las fronteras nacionales con el proceso de globalización económica, el concepto de ideología se ha ido devaluando, ya sea porque se le han atribuido connotaciones negativas y de pasado, ya sea porque se ha negado su propia existencia. Cuando a alguien se le atribuye «ideología», se la está descalificando y situando fuera del mundo real. Las políticas económicas, las grandes decisiones públicas, ya no se vinculan a una determinada concepción del mundo, a una ideología, sino que se presentan como soluciones técnicas necesarias e incontrovertibles. Ciertamente, los grandes sistemas de pensamiento que daban respuesta a todo han desaparecido prácticamente. Instalada ya hace años en lo que se calificó como posmodernidad, la filosofía sólo se pronuncia sobre aspectos concretos de la realidad, sin ninguna pretensión de crear una cosmovisión o un sistema global de explicación. A finales del siglo pasado se impuso el «pensamiento débil» preconizado por Gianni Vattimo. Para este pensador italiano, la posmodernidad supera las «grandes verdades» y las concepciones unitarias de los modelos cerrados. La centralidad de la cultura social proviene de la comunicación y de los medios, los cuales han creado una especie de «babel informativa». En este contexto no hay lugar para el pensamiento fuerte, para doctrinas filosóficas bien perfiladas, y la ciudadanía tiende a instalarse en el perfil bajo de la despreocupación, interesándose, si acaso, sólo por valores como la diversidad o la tolerancia. En este panorama, el consumo y los valores mercantiles adoptarán una posición predominante en la mentalidad de los individuos.

Las ideologías, a las que no hay que confundir sólo con su idea deformada de doctrinas, han tenido un papel crucial en la historia de la humanidad. Son una combinación de teorías explicativas y valores normativos en relación con la construcción de la sociedad, capaces de llevar a las personas y los movimientos sociales a movilizarse en defensa de una determinada concepción de la política, la sociedad y la economía, ya sea para transformar el mundo o bien para mantener el sistema y el poder establecidos. La contraposición de concepciones políticas y económicas siempre se ha dado, y lo que ha hecho la ideología es dotarlas de ideas-fuerza en defensa de un determinado sistema social. Negar su existencia no es nuevo por parte de los poderes constituidos. De hecho es una tradición que viene de lejos y que se puede remontar al concepto de pax romana. Cuando determinadas concepciones se imponen y devienen hegemónicas, ya sea democráticamente o por la fuerza, la tentación es negar que representen sólo una parte de la sociedad, y atribuirles la representación de su totalidad y su acción, la puesta en práctica de las «soluciones técnicas» necesarias, el triunfo del sentido común la única política posible... Por eso, los discursos de base nacional que apelan a la patria o a la unidad del país suelen tener tanto predicamento desde el poder político, y hasta suelen sustituir a las «ideologías».

Con el final de la guerra fría y la autoliquidación del socialismo soviético, se impuso hablar de la superación de las ideologías, como si la única manifestación ideológica posible fuera la confrontación habida entre el capitalismo y el socialismo que se había librado en la época de la política de bloques. Es el momento en que Francis Fukuyama escribe sobre «el fin de la historia», creyendo que las grandes contradicciones eran cosa del pasado, y que los modelos sociales, políticos y económicos posibles se reducían a uno solo, el que había triunfado en la «gran batalla» del siglo XX, es decir, la versión más liberal del capitalismo. Comenzaba la era postideológica, donde la estrategia del pensamiento dominante pasaba por hacerse invisible y obviar así los conflictos de intereses. Las diferencias sociales quedan disfrazadas por la diversidad mercantil. Ya no hay intereses de clase a los que apelar. Hay estilos de vida diferenciados y, como mucho, adversarios políticos que ya no representan «ideologías» políticas diferenciadas. Como escribió, ya en 1975, el economista John K. Galbraith: «Es costumbre de los ricos y de sus acólitos el ver una virtud social en lo que sirve a sus intereses. Es igualmente evidente la tendencia paralela de los economistas a encontrar virtud en lo que aplauden los hombres distinguidos y opulentos».

El periodista catalán Antonio Baños ha formulado el sugerente concepto de «posteconomía» para definir este pensamiento económico dominante, «cuantitativista» y autista, el cual pretende ser postideológico en la medida en que opera en el campo de la verdad absoluta de los mercados no regulados. Unas formulaciones convertidas en doctrina, más que en ciencia, convencidos los economistas de que su función no es explicar la realidad, sino conformarla y donde los conceptos económicos se les hace pasar por innatos y objetivos. Para Baños, la crisis pone en evidencia que «el fracaso de la economía es haberse creído su ficción científica, que suscitó una mirada falsamente racional y obligó al mundo a comportarse según sus numéricas previsiones y sus modélicas pretensiones»; a continuación, Baños concluye que el capitalismo posteconómico no es más que «crueldad infantil dotada de medios». Para Dani Rodrik, «hasta hoy, la ciencia económica ha consistido en dos partes de medicina salvadora y una parte de ungüentos de charlatán de feria».

¿Es posible un Estado de no-ideología?

Slavoj Zizek es probablemente uno de los filósofos más populares en la actualidad, y uno de los que más ha reflexionado sobre la ideología subyacente de la era postideológica, lo que puede parecer un contrasentido. Más allá de ser un lacaniano dado al espectáculo y al humor, es un sagaz y fino analista de la sociedad. Afirma que vivimos en una época tan profundamente ideológica como las anteriores, con la diferencia de que ahora la ideología dominante no aparece como en otros momentos, desnuda y de manera descarnada, sino camuflada y difícil de detectar, ya que se ha travestido en no-ideología. Cuando se habla de la era postideológica se hace referencia a una época en que las grandes ideologías del pasado ya no existen y las grandes utopías que habían movilizado el mundo han desaparecido o se han diluido de manera muy notoria. En este contexto, se nos quiere dar a entender que la lucha de clases ya no tiene ningún sentido. Como escribía Marx, «las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de cada época». Para Zizek, las cosas se presentan casi siempre como sus opuestos. Zizek se remite a George Soros para ejemplificar la tendencia posmoderna a combinar valores contradictorios a fin de negar la existencia de ideología o incluso todos de intereses: «Soros representa la explotación financiera y especulativa más despiadada, combinada con una opuesta preocupación humanitaria por las consecuencias sociales catastróficas de una economía de mercado desbocada». La ideología aparece así como su opuesta, la no-ideología.

Una de las formas que toma esta no-ideología es la profundización en la mercantilización que hace suyos todos los ámbitos de la vida individual y social, de la cual la mitificación del consumo resulta el aspecto más visible. Ya no hay antagonismos sociales determinados por la posición que se ocupa en el proceso productivo. Hay diferencias de renta y de riqueza, atribuibles a la suerte o desgracia personal. En todo ello se detecta una especie de noción de destino, de suerte, que hay que intentar cambiar desde una perspectiva puramente individual. El golpe de suerte, en forma de oportunidad laboral inesperada o en forma de ganancia en los sorteos y juegos de azar, toma una gran significación. Esto ayuda a mantener la fe en que las cosas puedan cambiar individualmente. La sociedad de consumo ofrece una inmensidad de posibilidades, las cuales son presentadas y asumidas como opciones de libertad personal. Cada uno es el «comprador» de su propia vida, puede elegir su sexualidad, su carrera, su look, su estilo de vida y su candidato en las elecciones. Como escribe Natalia Sierra: «En este inmenso mercado global, no hay enemigos de clase, sólo sujetos diferentes con sus “propias” elecciones, con sus “propias” posibilidades, con sus “propias” ideas a ser toleradas. Todo se relativiza, y el sujeto entra en la ligereza y estupidez de su existencia».

La política y la economía dejan de ser opciones ideológicas para convertirse en miradas técnicas de la sociedad y sus problemáticas. El carácter tecnocrático se convierte en un valor por el hecho de ser, justamente, extraideológico. La sociedad se presenta como un ente definido objetivamente que el Estado administra técnicamente. Está tan asumido el concepto, que una parte de la ciudadanía valora positivamente la adopción de soluciones tecnocráticas para dar salida a situaciones de crisis políticas, ya que se considera que están en un estadio superior al de la política. Ser o actuar como un tecnócrata ya no es un apelativo descalificador, sino un elogio a la neutralidad. (Una falsa neutralidad, todo hay que decirlo.) El componente fuertemente tecnológico de nuestro mundo contribuye a reforzar la noción de que, a la postre, lo mejor son las soluciones técnicas. Se han eliminado del discurso los modelos sociales y las propuestas políticas y económicas diferenciadas. Las decisiones se presentan al margen de consideraciones políticas e ideológicas. Así, la economía se convierte en una ciencia neutral practicada por expertos. La gestión de las crisis económicas con las recetas basadas en la austeridad, poniendo énfasis en el déficit y la deuda, no se plantean como una opción discutible, sino como la única política económica posible. Como escribía no hace mucho el economista Paul Krugman: «El plan de austeridad, o la simple expresión de las preferencias de la clase superior, se oculta detrás de una fachada de rigor académico. Lo que quiere el 1 por ciento [de la gente] con los ingresos más altos se convierte en lo que las ciencias económicas dicen que tenemos que hacer».

En los últimos años, la izquierda occidental ha resultado incapaz de construir un discurso alternativo al pensamiento económico y político dominante, al establishment. Prisionera de la antigua dialéctica capitalismo-anticapitalismo, la socialdemocracia no ha sabido ni elaborar un relato diferenciado ni construir un proyecto económico y político propio. De hecho, ha caído (y bastante) en la trampa de la era postideológica, intentando deshacerse de los ropajes ideológicos que la habían acompañado. Una vez que la socialdemocracia ha incorporado todos los elementos del mercado global desregulado como si fueran parte de una realidad absoluta e indiscutible, el antiguo electorado ya no la reconoce. Ha abandonado cualquier actitud de utopía para incorporar el supremo valor de la «sensatez» a fin de hacerse perdonar pasadas pretensiones de justicia social. Si se trata de gobernar, los políticos socialdemócratas han creído necesario asumir los principios de la sociedad postideológica. La socialdemocracia ha abandonado los valores de la emancipación o la transformación social para convertir sus planteamientos en neutros, no cayendo en la cuenta de que la izquierda, sin ideología, opera en el campo de la nada. George Lakoff ha explicado bien cómo, al abandonar los marcos conceptuales propios y situarse en los de los adversarios, se acaba por generar confusión entre su electorado.

Las múltiples manifestaciones

de la ideología dominante

Aunque niegue su condición ideológica, el sistema de pensamiento dominante se manifiesta, como no puede ser de otra manera, en todas y cada una de las facetas de la vida social, y, asimismo, impregna los medios de comunicación y la cultura de masas, a fin de perpetuar el estado de las cosas, las hegemonías y los valores establecidos. El individualismo es uno de los componentes más definitorios de la no-ideología hegemónica. Es este un concepto presente ya en el primer liberalismo, en su versión clásica, que el nuevo liberalismo del siglo XX radicaliza y refuerza, siendo justamente Hayek uno de sus principales valedores. Decae así el concepto de sociedad, de todo aquello colectivo, a fin de enaltecer la identidad individual, que las preferencias y el consumo se cuidarán de reforzar. Cada uno debe responsabilizarse de sí mismo y el éxito o el fracaso son el resultado del esfuerzo y el talento de cada uno, de su trabajo y de la capacidad de sacrificio de que disponga. La competición y el espíritu de competencia son conceptos directamente asociados a la primacía de lo que es individual. Vivir es, fundamentalmente, competir, y la delimitación del espacio individual representa el mayor acto de manifestación de la libertad. Es como si la secta de Ayn Rand hubiera triunfado a gran escala.

La riqueza material se convierte en la medida de todas las cosas. Se fomenta y expande una auténtica idolatría del dinero y de la riqueza. El espíritu del lucro se considera consustancial a la condición humana, al igual que el egoísmo es ensalzado como el elemento dinamizador de la necesaria competencia que se requiere para el progreso de la sociedad. La persecución del beneficio se considera un valor en los individuos, aunque sea desmesurado, y el estatus que proporciona el poder económico alcanzado con la práctica de la codicia se considera el colmo de la respetabilidad. Por ello, resulta natural que los directivos de empresa o las estrellas del espectáculo cobren remuneraciones exageradas. Se lo han ganado, porque generan valor y ayudan al funcionamiento de la economía. Como también resulta natural ayudar especialmente a los sectores más adinerados, en forma de subvenciones, ayudas o exenciones fiscales, ya que pertenecen al ámbito de los que crean riqueza, por lo cual merecen un trato particular y todo tipo de apoyos, aunque, de hecho, la ganancia per se no satisface ninguna necesidad y no deja de ser un fin en sí misma.

Otra expresión del pensamiento convertido en dominante es la mercantilización de todos los ámbitos de la vida. El consumo y la capacidad adquisitiva son la mayor manifestación de la identidad individual y un gran ejercicio de libertad, ya que nos permiten construir el estilo de vida como gran elemento de refuerzo del yo, lo cual hace visible al individuo dentro de la colectividad. Todo tiene un precio, y lo que no lo tiene deja de tener valor. Todo esto no tiene nada de ideológico a los ojos de la ciudadanía, que lo ve como una cuestión inevitable: el mundo real es este, adáptese y actúe conforme a las reglas del juego, que no son otras que la competitividad en el mercado. La fractura entre el éxito personal y el progreso social, como apunta el sociólogo Richard Sennet, es consustancial al nuevo capitalismo.

El descrédito de lo público es otro mensaje común en el mundo de la no-ideología. Se identifica todo lo que proviene del sector público o es administrado por las instituciones estatales como sinónimo de burocrático en el funcionamiento, ineficaz en lo social e ineficiente desde el punto de vista económico. El contrapunto necesario lo pone el elogio al valor supremo de todo lo que opera en el campo privado, al que se le supone mayor eficiencia y mayor calidad. En la administración y la gestión pública, el derroche se da por supuesto, porque no se trabaja con recursos particulares, sino colectivos, los cuales suelen ser utilizados de manera excesivamente alegre, cuando no directamente inapropiados. Al servidor de la cosa pública, la tendencia a la corrupción se le supone, al igual que la honestidad al gestor privado, razón por la cual a menudo se contrapone la «sociedad civil» a la «sociedad política», como si la sociedad civil definiera algo más que grupos de intereses organizados que se presentan bajo la fachada de ciudadanos desinteresados. Así, la fiscalidad del Estado se convierte en la no-ideología, en una especie de apropiación de lo particular, en la confiscación de lo que pertenece de pleno derecho al ámbito privado. Como decía una idea-fuerza del Partido Popular español, «el dinero, donde mejor está es en los bolsillos de los contribuyentes».

La banalización de la actividad política y su función es común en los mensajes que se irradian desde los medios de comunicación, así como la ridiculización de la ideología, como si esta no fuera más que una rémora del pasado. Vivimos en un mundo donde la información está mediatizada por una plétora de tertulianos que colman todo tipo de programas de radio y televisión; tienen opinión sobre cualquier cosa, aunque a menudo exhiben una notoria falta de conocimiento y de criterio. Opinar se ha convertido en un espectáculo público, un show en el que el interés radica más en la forma ruidosa y rimbombante que en lo que realmente se dice o se pretende decir. En este mundo de griterío a tiempo completo, la política se asocia a una actividad inútil protagonizada por individuos que actúan en función de intereses alejados del bien común. No interesan ni se focalizan los proyectos políticos, y menos aún la ideología subyacente que podría haber en ellos. El debate político mediático se ha convertido en un desgarramiento de los avatares particulares de los políticos, convertidos en «personajes», de su capacidad de comunicación y de la mayor o menor credibilidad que de ellos pueda emanar. La ciencia política se ha convertido sólo en una técnica, mientras el recurso a la tecnocracia es visto como un valor, como un salto cualitativo. Se pretende un sistema democrático sin política, más allá de las necesarias dosis de espectáculo.

Predomina un auténtico descrédito del conocimiento, y la figura del intelectual es una especie en extinción, al menos más allá de los que hacen la función orgánica en el complejo de intereses políticos y mediáticos dominantes en cada lugar. El mundo de las humanidades y de las ciencias sociales es abiertamente despreciado, como lo son la mayoría de las dimensiones de la cultura, excepto aquellas que proporcionan negocio a través de la atracción turística o del espectáculo. Si no se puede mercantilizar, ¿qué interés tiene la cultura? Si los valores en la sociedad postideológica nos los proporcionan las marcas, ¿de qué sirve la filosofía? En cambio, hay una auténtica veneración acrítica hacia la tecnología, a la que se le supone poseedora de un valor intrínseco muy superior a su utilidad o a sus efectos colaterales no deseados. Curiosamente, veneramos cualquier utensilio tecnológico a pesar de la incapacidad generalizada para entender sus fundamentos y hasta su uso práctico. La mayoría somos unos auténticos analfabetos tecnológicos, pero no dejamos de adorar la nueva divinidad, de marca, eso sí. Incluso algunos inventos de las nuevas tecnologías aportan el valor añadido de ahorrarnos el contacto y la comunicación de manera personal y directa. Todo un avance civilizador.

En un mundo sin ideas y compuesto de sensaciones y experiencias, se profesa una auténtica sacralización del concepto del triunfo. Somos una sociedad de ganadores y de perdedores, y los que alcanzan la consideración de triunfantes disfrutan de todo el reconocimiento y, a menudo, son ejemplo de esfuerzo y de superación, de que si se quiere, se puede. Predomina la admiración por el éxito económico, como no podría ser de otra manera, pero se venera también el triunfo social, político, artístico o deportivo. En una sociedad individualista y masificada, la notoriedad se convierte en un elemento fundamental para salir del anonimato, aunque sea especializándose en ser famoso justamente por no haber hecho absolutamente nada, como demuestran los numerosos y populares programas de televisión que exhiben en horarios de máxima audiencia. En los centros educativos, los adolescentes y jóvenes compiten para convertirse en «populares».

Probablemente es en el deporte-espectáculo donde la figura del triunfo y la derrota se presenta de manera más descarnada y, justamente por eso, tan atractiva. El deporte se ha convertido en la metáfora y en la representación más genuina del tiempo no-ideológico en el que nos ha tocado vivir.

El pensamiento contemporáneo

se elabora en las escuelas de negocios

Pocas instituciones han adquirido tanta notoriedad en los últimos decenios como las escuelas de negocios. En la era postideológica, pocos lugares generan tanta ideología, si se me permite el contrasentido, como estos nuevos templos del saber aplicado. Pocas cosas lucen tanto en un currículum como haber sido admitido una corta temporada en sus aulas, pues se considera la máxima expresión de la empleabilidad necesaria en un mundo de competición continua. Ser aceptado en uno de estos sitios de referencia es blandido como un éxito incuestionable, por su supuesta exigencia en la selección de candidatos y la reserva del derecho de admisión estricto. La verdad, yo no conozco a nadie a quien le hayan cerrado el paso si está dispuesto a pagar la desorbitada matrícula que da lugar a entrar en uno de sus centros de formación, la mayoría de los cuales ya dejan claras las cosas en su literatura promocional: no es tanto el saber a adquirir, como el acceso a un círculo de privilegiados donde lo más importante son las agendas que se pueden configurar y el networking. A pesar de ser común a todas ellas una promoción grandilocuente y poco faltada de autoestima, lo cierto es que la gama de oferta desde los centros considerados de alto nivel (también en el precio) a los de gama media y baja es grande, y se hace imprescindible conocer los numerosos e interesados rankings que circulan al respecto.

En una época en que la economía se ha convertido en el ámbito central de la vida, las escuelas de negocios han desplazado claramente a las facultades de ciencias económicas y empresariales, quizá porque en estas todavía se hace demasiada «ideología». No pretenden distinguirse por impartir fundamentos sólidos de ciencia económica, sino de economía aplicada a la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio y estrategias para mejorar las cuentas de resultados, de métodos eficaces de gestión y de liderazgo, concepto este último que ha sido clave en el mundo de los negocios una vez ha desaparecido de la política y la sociedad. Según las descarnadas palabras de Antonio Baños, los conocimientos económicos que transmiten «se limitan a saber dónde se juegan las timbas y cuáles son los trucos para hacer trampas»; de «cenobios posteconómicos» califica las escuelas de negocios, por la tendencia de los que se forman allí a convertirse en una especie de predicadores o beatos de los valores que les han inculcado. Para Saul, «la repentina y exagerada respetabilidad de las escuelas de negocios» fue el resultado del vacío caótico en el que nos instalamos. Estas, junto con las empresas de consultoría, serían manifestaciones utilitaristas de la conformidad que requiere la nueva fe.

Florence Noiville, formada en la prestigiosa École des Hautes Études Commerciales (HEC) parisina, y durante años analista financiera de empresas multinacionales, ha hecho una descripción no muy complaciente de la enseñanza que se da en este tipo de centros, donde van a parar personas a las que esperan grandes puestos de trabajo a su salida, liberadas de tener que hacer ningún proceso de aprendizaje, dado que forman parte del «capitalismo de amigos» tan en boga. En las escuelas de negocios, escribe, «el talento te lo convierten en avaricia. Son como aspiradoras de inteligencia, ilusión y juventud que devuelven a la sociedad tipos engreídos, cínicos y ajenos al bienestar colectivo». A los que salen titulados, los esperan los mejores puestos, en las mejores compañías y con los salarios más elevados. No es una mala perspectiva. Señala esta autora que incluso en un seminario de Harvard se reconocía que los MBA, el producto estelar de las escuelas de negocios, suelen cultivar «competencias cada vez más vacías y superfluas», y que, por lo que ha sucedido en el torno a la crisis, se demostraría que «forman los estudiantes equivocados, de la forma equivocada y con las consecuencias equivocadas». Para Saul, cada ideología es, en gran medida, instaurada por una clase intelectual que suele aceptar el papel de cortesano o de sacerdote y vivir de las migajas que caen de la mesa de los beneficiarios.

En estos territorios selectos que son las escuelas de negocios reina el papel del gurú, figura de ideas singulares a quien se le profesa una devoción acrítica y que, en muchos casos, son auténticos vendedores de humo. Una versión actualizada y postideológica de los antiguos «charlatanes» de feria. El lenguaje debe estar trufado de anglicismos y de argot tecnológico, y sitúa siempre como elemento central las cuestiones referidas a los conceptos etéreos de liderazgo y al carácter visionario que se le supone al líder. Ya no existe la figura del director general, sino la del consejero delegado (chief executive officer, CEO); las relaciones de negocios se han convertido allí en networking, y las interacciones ya no se producen con el entorno, sino con los stakeholders (las partes interesadas). Al conocimiento acumulado en la empresa se le llama ahora know-how (saber hacer), mientras los directivos se convierten en «altamente eficientes» gracias a asesores personales que les permiten sacar lo mejor de ellos mismos con la práctica del coaching (orientación empresarial o para el liderazgo), y gestionar la agenda del ajetreado directivo responde a la apelativo del lifehacking (término referido a la habilidad para encontrar trucos y atajos para manejarse mejor en todos lo órdenes de la vida, incluido el profesional). La tradicional gestión de personal evolucionó primero hacia los recursos humanos (RR. HH.), para convertirse después en «administración del capital humano». Lo importante es «captar talento» y crear las condiciones para ponerlo al servicio de «la organización» y de la «gran idea». En cada organización se busca «la excelencia», que sería una especie de nirvana empresarial. Las personas no cuentan como tales, sino en la medida en que «aportan valor» a la corporación. En todo caso, al directivo se le supone una elevada «empleabilidad» en forma de MBA, posgrados, seminarios y una buena red de contactos. Si se fracasa en el cometido, queda abierta la posibilidad de «reinventarse», que vendría a ser una especie de reingeniería humana para volver a empezar el proceso. En todo caso, al empleado total se le supone «profesionalidad», un término que ha adquirido una carga importante de autodisculpa ética. El «profesional» es alguien que hace lo que tiene que hacer, sin demasiado criterio propio ni nociones del bien y del mal, obteniendo con esa profesionalidad una especie de patente de corso y unas indulgencias plenarias para tomar decisiones que causan o pueden causar dolor; en definitiva, ser profesional es como aplicar «un inhibidor ético de eficacia absoluta», en palabras de Antonio Baños.

Los conceptos de eficiencia y eficacia se han convertido en valores absolutos, incuestionables, asociados tanto al mundo de la economía empresarial como a todos los ámbitos de la sociedad; se han impuesto y están presentes en cualquier tipo de conversación sobre cualquier tema. Se les supone neutros de contenido, lo que permite no valorar los efectos positivos o negativos de las actuaciones «eficientes» hechas con total «eficacia». Aunque no se diga, estos conceptos tienen que ver con las cuentas de resultados y con los beneficios que generen. Por ello, en las corporaciones se suele recurrir a la «desintegración vertical» de la empresa, con buenas dosis de outsourcing y offshoring que mejoren los márgenes y que permitan a los directivos percibir abundantes retribuciones variables en forma de bonus. Si el enfoque empresarial no es el más adecuado, siempre se puede recurrir al benchmarking (evaluación comparativa), que es una forma de copiar al competidor, pero con ciertas dosis de glamour y de autojustificación. La no-ideología de las escuelas de negocios está construida sobre palabras clave, la pronunciación de las cuales «teletransporta» a otro mundo, más etéreo que tangible. Una de las palabras clave más cargadas de significados y más profusamente utilizada es la de innovación. «Innovación» se ha convertido en un mantra, en inspiración y aspiración del buen directivo empresarial, desde que la pusiera en boga Peter Drucker, gurú empresarial al que se le debe el logro de haber transformado la dirección empresarial en management. Antes de Drucker, innovar significaba introducir alguna novedad técnica, pero, a partir de él, se convirtió en una noción emocional que debe guiar el espíritu del empresario y de la empresa, adoptando una filosofía de mejora continua que ha de impregnar la «cultura corporativa» de la organización. Desde el punto de vista conceptual, la innovación es una especie de nueva teología empresarial hecha con frases tautológicas y que pretende abarcar todo tipo de organizaciones sociales. En cualquier caso, el carácter innovador acabaría concretándose en la detección de oportunidades de negocio y en su aprovechamiento al servicio de la corporación. A pesar de todo, la filosofía de Drucker resulta bastante clarificadora cuando escribe: «El individuo es un centro de coste, no un centro de rendimiento. Lo que rinde es la organización». La figura del «consultor», convenientemente formado también en las escuelas de negocios, aparece como el elemento determinante de la toma de decisiones, y no tanto por la posible información adicional que pueda aportar como por la coartada que proporciona. El consultor es el paradigma del dominio de un determinado lenguaje casi teológico, con un bagaje de conocimientos que va poco más allá de los dossiers y la especialización fragmentada. En esta especie de retorno a relaciones de tipo medieval, su función estaría entre la del brujo y la del confesor.

Entre los nuevos valores preeminentes, destaca también el concepto de «competitividad». Una idea-fuerza que remite al carácter inherente de tipo competitivo al que ya el primer liberalismo condena a la condición humana, como si luchar por sobresalir y dominar se llevara incorporado en el ADN. Aplicado al mundo económico y empresarial, el esfuerzo por ser mejor ha ido mudando hacia el sentido de producir más barato al precio que sea, lo cual significa afectar la cola de la cadena en forma de salarios irrisorios. Aunque el concepto haga referencia a mejoras en la productividad y en los procesos que permitan hacer más positiva la relación coste-beneficio, de manera general es un eufemismo utilizado a menudo por los poderes públicos para decirnos que tenemos que trabajar más por menos salario. Los últimos aumentos de «competitividad» que, por ejemplo, se atribuyen a España, tienen que ver con la devaluación interna que ha supuesto una reforma laboral que abarata el despido y facilita la temporalidad del trabajo, y no con la incorporación de nueva tecnología a los procesos productivos para ganar eficiencia. Resultar más «barato» en los costes significa participar en una carrera, justamente competitiva, que lleva a copiar el modelo chino de relaciones laborales, más que a mejoras de tipo cualitativo en la esfera de la producción.

Hay conceptos notoriamente positivos, la exageración de los cuales termina haciéndoles perder un poco el sentido. Sería el caso del término internacionalización, que no sólo se esgrime en el mundo empresarial, sino también, y especialmente, en el ámbito de la política. Internacionalizar la actividad empresarial para aumentar las exportaciones es, sin duda, un buen objetivo de cualquier política económica estatal o nacional. Se trata de salir de la comodidad y la protección del mercado interior para volar hacia ámbitos más grandes, los cuales permiten mejorar la dimensión y, al mismo tiempo, someter la actividad productiva a los efectos benefactores de competir en un mercado abierto. Últimamente, la internacionalización se ha convertido en una especie de santo grial económico y empresarial, en gran parte para compensar las malas expectativas del menguante mercado interior, provocado precisamente por una precariedad cada vez más generalizada. Las Administraciones destinan cuantiosos recursos públicos a promocionar la internacionalización de las empresas, un hecho suficientemente justificado si no fuera que a menudo más que promover el carácter exportador de las empresas, se facilita su implantación en el exterior y se abonan los procesos deslocalizadores, lo que significa menos puestos de trabajo en el país. En este caso, ya no está tan claro que la internacionalización sea el mejor destino para los recursos presupuestarios públicos. En Cataluña, en los últimos años, considerandos políticos de carácter «nacional» han llevado a dedicarse a esta política con especial fruición, con el objetivo de que las empresas catalanas, medianas, pequeñas y muy pequeñas, dependan menos del mercado español.

Probablemente sea el concepto de emprendimiento el que ha sufrido y sufre más abusos de reiteración en los últimos tiempos. Lo que tenía de interesante se ha acabado deformando tanto que ha acabado convirtiéndose en un término casi odioso. Todo es emprendimiento. Facilitar que una buena idea se materialice en un proyecto empresarial viable y solvente o que por medio de la incubación de empresas se faciliten vías de financiación para desarrollarse son buenos planteamientos que han dado lugar a resultados notorios. Pero crear la ficción de que cualquier «idea» pintoresca es susceptible de convertirse en un negocio es forzar un poco las cosas, como lo es pensar que una buena idea, por el hecho de serlo, ya es susceptible de convertirse en una empresa de éxito. De hecho, la mayor parte de los proyectos «emprendedores» fracasan; este es ciertamente su destino, como no es menos cierto que los que sobreviven no dejan de ser autoempleo generalmente mal remunerado, hasta que dejan de ser ni siquiera eso. Esta es la realidad. Confundir a los jóvenes desocupados o del «precariado» diciéndoles que lo que tienen que hacer es emprender, como si eso estuviera al alcance de todos y todo el mundo tuviera las habilidades y capacidades para hacerlo, es una irresponsabilidad que sólo conduce a la frustración y al endeudamiento. Es un engaño. El emprendimiento se ha convertido en un elemento más de la no-ideología: que cada uno se resuelva su futuro en un mundo donde ya no hay empleo seguro, medianamente bien remunerado y con continuidad. Como afirmaba alguien, «¿por qué los llaman emprendedores, cuando quieren decir autónomos?». Por poco que se dejen poseer las personas, el espíritu emprendedor se ha convertido en una especie de capacidad adicional de la que deben imbuirse y adornarse. Es la versión contemporánea del self made man decimonónico, al que nadie advierte del riesgo de acabar prisionero de un proyecto empresarial con muchísimas posibilidades de fracaso y, en el mejor de los casos, esposado por los inversores o financiadores, aunque llevan el novedoso apelativo de business angels. En este mundo donde lo más in es emprender, la detección «de ecosistemas emprendedores» se ha convertido casi en una realidad mística, mientras proliferan metodologías singulares, como el elevator pitch, para captar la atención de los posibles inversores en los pocos segundos que tarda en desplazarse un ascensor. ¡Pura broma!

Ante este predominio de la eficiencia, la eficacia y la movilización continua para acceder al Olimpo del triunfo económico y social, hay quien reivindica el derecho al fracaso y a una indolencia bien gestionada. No hace mucho, el pensador vasco Daniel Innerarity reivindicaba el derecho a mantener actitudes más tranquilas en un mundo dominado por la necesidad, individual y colectiva, del movimiento continuo, apelando a lo que llama el derecho a la irreciclabilidad de los que ya no están para según qué carreras competitivas, y pidiendo además respeto hacia aquellos que ya no pueden o no quieren innovar.

De hecho, el predominio de las escuelas de negocios como centros de generación de pensamiento contemporáneo ha tenido que ver con el decaimiento de los centros universitarios como generadores de conocimiento, y con su renuncia a conformar a nivel intelectual una visión de la sociedad sobre sí misma y proporcionarle valores. El declive de la función universitaria en tanto que proveedora de ideología no significa que esta institución no tenga sus aulas más llenas que nunca y que disponga de más centros y grupos de investigación consolidados que nunca antes. Esto tiene mucho de expendio de multitud de titulaciones; y, aunque en los años ochenta, en plena masificación, se llegara a calificar a la universidad de «fábrica de parados», las estadísticas demuestran que las posibilidades de encontrar empleo con título universitario o sin él son bastante diferentes.

No deja de resultar curioso que cuando más se ha institucionalizado el binomio docencia-investigación en el mundo universitario es cuando, en realidad, esta institución ha sido menos influyente en la dotación de conceptos y de valores a la sociedad. Habría que matizar mucho esta consideración, en la medida en que, probablemente, en el campo de las ciencias puras y la tecnología, los avances que proporcionan los grupos de investigación universitaria son notorios, y muchos de ellos tienen efectos muy evidentes sobre el conjunto de la población, como ocurre en el ámbito de la biomedicina. Pero las ciencias sociales y las humanidades adolecen de un cierto descrédito, y ya nadie espera gran cosa de ellas a la hora de podernos explicar a nosotros mismos. En parte porque la sociedad no quiere oír, pero en parte también porque los departamentos y el personal universitario han quedado atrapados en una filosofía de la investigación que, a pesar de estar probablemente establecida con la buena intención de hacerlo todo más objetivable, ha terminado desterrando la actividad intelectual del mundo universitario, o casi.

La academia ha abandonado el lugar crítico de antaño, y el burocratismo investigador ha ganado la partida. He aquí una buena manera de neutralizar cualquier posibilidad de generación «de ideología». Los investigadores se han especializado en cumplimentar todo tipo de protocolos y de formularios para acceder a las ayudas, para poder cumplir de manera bien domesticada aquello que se les exige. Los sexenios de investigación (que no tienen nada que ver con actividades lúbricas, aunque por la terminología podría parecerlo) se han convertido en la mayor conquista intelectual y de reconocimiento en el mundo académico. Para ello, hay que conseguir publicar en revistas «indexadas» poco influyentes y que no lee prácticamente nadie. Se trata de un sistema meritocrático en el que entran en juego los amiguismos y la clave es multiplicar los firmantes de los artículos y ser citado por otros para multiplicar con «impactos» una incidencia que es escasa y bastante estéril. La I+D+i, tan en boga va poco más allá de la «I» inicial, y tiene poco que ver con la actividad intelectual, y mucho menos con la voluntad y la intención de divulgar ideas. Todo ello genera un terreno bastante baldío y poco estimulante.

15

La crisis económica:

una oportunidad ¿para quién?

La crisis económica ha resultado ser el final repentino del espejismo sobre el que se había establecido la economía en los últimos decenios, y ha conllevado el desvanecimiento de una ilusión fundamentada sobre un continuo crecimiento con vocación de perpetuidad que descansaba sobre unas bases muy débiles: la economía financiera de vocación especuladora. Vivimos en una apoteosis barroca del dinero barato, mediante su multiplicación a través de la deuda y de los ingenios financieros. No había ninguna posibilidad de que esto acabara bien. Y lo peor estaba por venir, en forma de una recesión que ha golpeado especialmente los eslabones más débiles de las economías europeas, en forma de políticas de austeridad que tienen, como es lógico, un carácter procíclico, unas políticas que no están encaminadas tanto a recuperar la economía y a volver a la senda del crecimiento como a asegurar que se devolverá la deuda a los prestamistas. De hecho, los prestamistas son precisamente los que durante años nos han colmado de dinero barato, los que ahora establecen condiciones para ayudar a Grecia, Portugal o España, porque su preocupación no son las sociedades de estos países, sino recuperar su dinero. Aunque no estaban escritas, estas son las reglas. Si al final resultara que salimos de la recesión con medidas de devaluación interna, sería la primera vez en la historia que la austeridad sirviera para dinamizar la economía. No hay ningún tipo de precedente al que recurrir.

Se podría pensar que el fracaso tan notorio al que nos ha conducido una determinada noción de la economía es el final de la escapada del neoliberalismo, la fiebre desregulatoria, la fe en el mercado eficiente y una determinada manera de entender y llevar a cabo la mundialización. Nada más lejos de la realidad. Instalado el miedo y el sentido de culpa en la mayor parte de la sociedad por haber vivido durante tiempo por encima de sus posibilidades, se la ha convencido de que debe aceptar unas buenas dosis de sacrificio durante unos años, para así retornar de manera automática al optimismo expansivo de los inicios del siglo. El mensaje conformista dice que, además, las situaciones de crisis no se deben vivir como una condena, sino como una época generadora de oportunidades. Que se lo cuenten a los millones de parados de larga duración, a los que se han quedado sin prestaciones de desempleo y a los que han acabado debidamente «flexibilizados».

A pesar de algunas experiencias de políticas expansivas para combatir la recesión en Estados Unidos o en Francia, se echa de menos en el contexto actual un relato y unas propuestas alternativas para superar la situación. La izquierda occidental está bastante desaparecida. Lógicamente, sí hay planteamientos críticos respecto a cómo se ha ido a parar a esta situación y respecto a la necesidad de focalizar el problema en los intereses generales, y no en los de los tenedores de la deuda, a fin de recuperar la actividad económica. El keynesianismo tiene mucho que decir, pero no es justamente el pensamiento económico predominante ahora. No se puede negar que la situación económica depresiva ofrece oportunidades, pero sólo para aquellos que las pueden aprovechar. Sin capacidad de movilización de la ciudadanía, con los sindicatos esposados y con el miedo que todo lo corrompe, nunca el capital había tenido una posición tan hegemónica, e incluso mucho más que antes de la crisis. Las tasas de beneficios bancarios van en aumento, aunque a muchas entidades se las haya rescatado con dinero público. Las grandes corporaciones presentan mejores resultados que nunca y, salvo en casos anecdóticos, las remuneraciones de los directivos se mantienen en su cenit, mientras que, en general, han bajado notoriamente los niveles salariales. El capital financiero sigue actuando como un sector autónomo y sin reglas, y las demandas para regularlo e introducirle tasas de control han quedado en papel mojado. Las transacciones diarias en el mercado de divisas bordean los 1,5 billones de dólares, y es evidente que esto tiene poco que ver con la economía real. La crisis de las finanzas públicas, prisioneras entre la disminución de los ingresos y el elevado coste de la deuda, permite que el liberal-conservadurismo imperante pueda asaltar la fortaleza del Estado del Bienestar de manera definitiva, como si fuera el palacio de Invierno. La coartada de la necesaria reducción del gasto público les permite acometer aquello que siempre habían deseado, pero que no habían acometido de manera directa para evitar los costos políticos que les habría reportado. A los históricos detractores del modelo social europeo, la crisis económica les permite conquistar las trincheras enemigas y conseguir su capitulación, su victoria definitiva.

Más de lo mismo

En los países desarrollados, la crisis económica ha dejado a la deriva segmentos enteros de la ciudadanía. Sin duda, la desigualdad y un cierto grado de fractura social son anteriores a la crisis que comenzó en 2008, pero con esta se han acentuado. La crisis no la han sufrido igual las grandes corporaciones y los segmentos de población adinerados, que hay en todos los países, como los trabajadores y las clases medias. El sistema económico ha acentuado su disfuncionalidad que se inició con el predominio del fundamentalismo del mercado a partir de los años ochenta del siglo pasado. Como ha escrito de manera precisa Joseph Stiglitz, «cinco años después, uno de cada seis estadounidenses querría un trabajo a tiempo completo, pero sigue sin encontrarlo; aproximadamente ocho millones de familias han recibido la orden de abandonar su casa, y varios millones más prevén recibir una notificación de desahucio en un futuro no muy lejano».

Durante la crisis, el 1 por ciento más rico ha logrado aferrarse a una porción mayor de la renta estadounidense (el 20 por ciento), a pesar de que sus inversiones se vieran inicialmente afectadas por la crisis financiera. En cuanto a la riqueza, este 1 por ciento de personas muy ricas ha logrado acumular el 30 por ciento de la riqueza del país. Y es que, en los años anteriores a la crisis, las cosas les habían ido muy bien a los ricos norteamericanos, quienes, como señala Stiglitz, se beneficiaron de más del 65 por ciento del crecimiento económico. Aunque en los últimos treinta años el PIB per cápita en Estados Unidos ha aumentado un 75 por ciento, la renta de los trabajadores se ha estancado, y, con la crisis, estos se han empobrecido de manera notoria, no sólo por la pérdida de empleo, sino porque los segmentos bajos y medios tenían su patrimonio invertido en vivienda, y, al devaluarse su valor en un 35 por ciento, han sufrido un empobrecimiento de la misma dimensión. Paralelamente, se ha ensanchado el ratio, que ya era escandaloso, entre el salario de los directivos empresariales y los trabajadores medios, que ahora es de 243 a 1. Antaño se consideraba, y en muchos países todavía es así, que no se podía superar la relación de 30 a 1. Durante los años de la burbuja de las empresas puntocom, en el entorno del año 2000, el ratio del salario de los más altos directivos y los trabajadores comunes llegó a ser, gracias al sistema de las stock options, de 1.000 a 1.

La fractura social en el país de las oportunidades es nítida en tiempos de crisis económica y de recesión. Como señala Stiglitz, la acusada reducción de la desigualdad que hubo en Europa, pero también en Estados Unidos, entre la segunda guerra mundial y las crisis del petróleo de los años setenta, más que del desarrollo de los mercados, provino de las políticas gubernamentales de nivelación con el Estado del Bienestar y la fiscalidad progresiva. Desde 1980, en cambio, las políticas liberalizadoras han conseguido que, mientras para el 90 por ciento de la población los salarios aumentaban en un 15 por ciento, el 1 por ciento de los más ricos han aumentado su renta en un 150 por ciento. Asimismo, las clases medias están viendo como la creciente presión fiscal las condena a desaparecer, por el esfuerzo que se les exige para disminuir el déficit público, mientras vemos como los impuestos sobre el patrimonio y de las sociedades disminuyen y las grandes corporaciones encuentran cada vez más maneras de bajar sus tasas impositivas.

En el ámbito laboral, Estados Unidos han perdido nueve millones de puestos de trabajo a tiempo completo entre 2007 y 2012, un período en el que, en condiciones normales, se deberían haber incorporado al mundo laboral unos ocho millones de trabajadores más. Así, sólo en ese período, y en Estados Unidos, el déficit real de puestos de trabajo es de 17 millones. Actualmente, un 15 por ciento de las familias estadounidenses se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Como sentencia Jeffrey Sachs, «bajo la crisis económica norteamericana subyace una crisis moral: la élite económica y política tiene cada vez menos espíritu cívico. La agresividad generada por la persecución de la riqueza ha dejado a los norteamericanos exhaustos y privados de los beneficios de la confianza social, la honestidad y la compasión».

Acercándonos ya a España, los datos que acaban de aparecer sobre las aportaciones tributarias de las grandes corporaciones españolas son escandalosos, ya que, entre 2006 y 2011, han caído un 80 por ciento, mientras que su facturación sólo ha caído un 30 por ciento. La bajada de tipos y la aplicación de un generoso sistema de deducciones lo han hecho posible. La aportación media de las cuatro mil empresas consolidadas, que integran unas 32.000 sociedades, ha sido del 8,8 por ciento sobre sus beneficios declarados. Lo mismo que antes de la crisis, pero ahora debidamente multiplicado en su dimensión.

¿Salvar las finanzas o salvar a las personas?

La pregunta del título anterior es meramente retórica, ya que la opción predominante ha sido la de salvar el sistema financiero. El tema tiene un calado y unas repercusiones económicas indudables, pero también una fuerte dimensión ética y moral. Como se pregunta el filósofo John Ralston Saul en un libro reciente, «¿cuándo se volvió más importante salvar un banco que un país?, ¿cuándo empezaron nuestros sociólogos a creer que la fuente de la legitimidad de una democracia no residía en la ciudadanía, sino en los contratos comerciales?».

Islandia sería uno de los pocos ejemplos donde se abandonó a la banca y se la dejó quebrar. Y no se hizo así porque se optara por salvar a las personas, sino porque no se podía ni siquiera plantear el hecho de destinar recursos públicos a ello, cuando su agujero era de 100.000 millones de dólares, o, lo que es lo mismo, un 850 por ciento del PIB del país. Con poco más de trescientas mil personas, Islandia es un ejemplo paradigmático de la exageración a la que se podía llegar con la generación de una burbuja financiera. Alejado geográficamente de todas partes, Islandia había alcanzado un buen nivel de vida gracias a la pesca del bacalao y a la fundición de aluminio, gracias al aprovechamiento de su abundante energía geotérmica; pero, a partir de 2003, y hasta la crisis, se convirtió en un fondo de alto riesgo situado en medio del mar, ya que individuos sin formación ni experiencia financiera, a través de tres bancos de inversiones (Landsbanki, Kaupthing y Glitnir), acumulaban 140.000 millones de dólares en activos. El negocio tenía que ser la captación de fondos extranjeros a corto y con bajos intereses —sobre todo en yenes japoneses—, los cuales eran prestados a largo y con intereses elevados para comprar activos en el exterior, muchos de ellos sobrevalorados. En cinco años, las propiedades de los islandeses en el exterior se multiplicaron por cincuenta, todas ellas apalancadas. El inicio de la crisis, con la subsiguiente escasez y encarecimiento del dinero, dejó al descubierto el espejismo. No sólo se dejaron caer los bancos, sino que se exigirían responsabilidades penales a sus directivos, así como a los dirigentes políticos. Todos auguraban un negro futuro para un país que decidía incumplir con los compromisos financieros de sus bancos en el exterior. Recomenzaron y, hoy, el país ha recuperado la actividad económica, y la burbuja financiera ha quedado como una anécdota para olvidar.

Pero Islandia ha quedado como un ejemplo aislado. Los países occidentales han apostado por rescatar el sistema bancario con gran profusión de recursos públicos. Se trata de la famosa socialización de las pérdidas, una vez la asunción de riesgos extremados no sólo se ha llevado por delante los beneficios, sino la posibilidad de supervivencia. En el origen de la crisis, en 2008, Estados Unidos dejó quebrar a Lehman Brothers, pero, a partir de ahí, se decidieron por los rescates, intentando así evitar el efecto dominó que podía acabar con la mayor parte de su sistema financiero, pero también porque los intereses de las corporaciones financieras, tan interrelacionadas con el poder político, acabaron decantando la voluntad de la Reserva Federal hacia la intervención.

En España se han destinado, en varias oleadas, flujos de dinero extraordinarios a la banca para ayudar a sanear y recuperar la liquidez del sistema. Se han inyectado 87.397 millones de euros directamente en capital, se han comprado activos por valor de 67.888 millones de euros y se han hecho avales del Tesoro para 64.112 millones de euros. La factura asciende a 219.397 millones de euros. A esto habría que añadir los préstamos preferenciales que el Gobierno ha negociado con el Banco Central Europeo a fin de disponer de liquidez, con un interés irrisorio del 0,5 por ciento, y que han sumado exactamente 257.125 millones de euros más. Las cuentas bancarias se han saneado más o menos, pero no ha aflorado el dinero necesario en forma de crédito. Les ha resultado más rentable comprar deuda pública, la cual, con la prima de riesgo por las nubes, se remunera a precios elevados. Mientras tanto, han faltado recursos públicos para amortiguar los efectos sociales de la crisis, y la banca ha escandalizado a la población, que ha vivido y vive una apoteosis de desahucios por impago de las hipotecas, lo cual es una clara demostración de que los contratos mercantiles prevalecen sobre la sociedad y de que no hay compensación piadosa a tanta generosidad pública.

El miedo, la deuda y la entelequia del dinero

Una vez insuflado un billón de dólares de manera indirecta y unos cuantos billones más de manera indirecta para el rescate de las instituciones financieras, el juego se ha podido reanudar en el mundo de las finanzas, pero no así en cuanto a la capacidad de acción de los Gobiernos y del conjunto de la sociedad. De la devastación provocada por la burbuja financiera ha quedado la deuda, la cual se pretende que se pague, aunque esto sea una falsa ilusión. Ciertamente, durante años se obvió el principio de precaución en relación con el endeudamiento, pero este lo vulneraron los bancos, los Gobiernos, las empresas y las familias. En este contexto, resulta paradójico que se hayan condonado los grandes agujeros cometidos por las instituciones financieras desreguladas que están en el origen del desastre, mientras que se ha mantenido la deuda de los Gobiernos y de las familias. Se ha instaurado una especie de filosofía de la crucifixión hacia los países deudores y la sociedad, pretendiendo sacrificios que sólo provocan dolor y encadenamiento, dado que, aun cuando se pueda recuperar una cierta normalidad, no hay ninguna posibilidad de devolver unas deudas contraídas en épocas tan inflacionarias. Es la actitud tradicional de los países ricos en relación con la deuda de los países del Tercer Mundo, negándose a una condonación de deuda que creen que haría que estos países se instalaran en la irrealidad, aunque con dicha negativa los estén condenando a la miseria; ahora, paradójicamente, esa misma medida se la aplican ellos mismos y a su ciudadanía.

El respeto reverencial por los contratos mercantiles está muy por encima de la desesperación a la que se haya podido sumir a una parte de la población. Esto no ha sido siempre así. Hay quien señala que, en un determinado momento, en la Grecia clásica se decidió eliminar toda la deuda después de una época de acumulación excesiva, con el fin de recuperar el dinamismo de la economía y de la sociedad. A lo largo de la historia, muchos Gobiernos han decidido dejar de estar instalados en un encadenamiento que imposibilitaba cualquier recuperación. Un caso más reciente se dio en los años cincuenta, cuando precisamente Grecia liberó a Alemania de unas reparaciones de guerra a las que sólo podía hacer frente con muchas dificultades. No se puede decir que Alemania pague a Grecia con la misma moneda. El principio del dolor está fuertemente instaurado.

Joseph Stiglitz ha escrito sobre el hecho de que la liberalización del mercado de capitales no sólo no trajo la prosperidad que había prometido a la población, sino que, además, ha ocasionado unas crisis que han devaluado los salarios hasta un 30 por ciento y han multiplicado el desempleo entre una población que, además de estar instalada en el miedo, se ha visto encadenada a la deuda. Para John Ralston Saul, los Gobiernos deberían tener la lucidez y el valor para cancelar la deuda (o, al menos, una buena parte de ella), teniendo en cuenta que esta se ha contraído en un contexto de ficción y de falsa ilusión colectiva generado por el sector financiero. Esta sería una manera de evitar la quiebra financiera y social a la que estamos condenados, para volver a empezar sobre unas nuevas bases donde la economía real y la economía financiera estén relacionadas y dejen de representar mundos opuestos. En palabras del propio Saul, habría que preguntarse por qué las grandes religiones de la historia siempre han distinguido entre riqueza real y falsa, entre beneficios lícitos e ilícitos.

Y es que el cambio más importante en las últimas décadas ha sido el de la naturaleza del dinero, el cual ha dejado de ser una convención que cumplía una función instrumental, como facilitador y activador de la economía, para convertirse en una entelequia incomprensible. La multiplicación de efectivo en relación con los bienes reales ha sido desproporcionada. Del dinero entendido como medio para financiar el comercio de mercancías, se ha pasado a un concepto tan etéreo como el del dinero para financiar el propio dinero. Gran parte del dinero es bancario o escritural, creado con las operaciones de deuda, y hace referencia sólo a un riqueza virtual o ficticia. De hecho, es el dinero lo que ha terminado por convertirse en una mercancía, que, en situaciones como la actual, se evapora y sólo deja la deuda que sirvió para generarlo. El respeto por las formalidades mercantiles en el mundo del predominio del mercado provoca que las «obligaciones» prevalezcan por encima del sufrimiento y la estabilidad social. La tradicional noción de ética indicaría justamente lo contrario.

Los pirómanos convertidos en bomberos

Un aspecto curioso relacionado con esta última crisis, en cuya fase recesiva aún estamos inmersos muchos países, es que casi ninguno de los responsables de habernos embarrancado hace ningún tipo de autocrítica, ni cuestiona los fundamentos del crecimiento ilusorio que nos abocó a ello. De hecho, los mismos que nos condujeron al desastre pretenden sacarnos de él, y no por un acerado sentido de la responsabilidad, sino porque creen firmemente que los planteamientos económicos y políticos de los últimos años no estaban errados, y que ha sido la realidad la que no ha respondido a tan excelsa teoría. Buena parte de los países occidentales continúan en manos de los Gobiernos liberal-conservadores que desregularon la economía y nos vendieron que la riqueza general sería la consecuencia del proceso globalizador, o bien en manos de una versión edulcorada de la socialdemocracia que básicamente creía lo mismo. La teoría económica dominante es la misma que creía en el carácter científico e inevitable de sus planteamientos como en una religión en la que el mercado era Dios; en realidad, como mucho, se aceptan variaciones sobre los mismos planteamientos y las mismas políticas que nos precipitaron al abismo.

Para Paul Krugman, «las investigaciones de la macroeconomía en los últimos treinta años han sido, en el mejor de los casos, inútiles, y en el peor, decididamente perjudiciales». Para John Ralston Saul, la crisis es seria y profunda, pero no lo son los que nos llevaron a ella y la gestionan, considerando que estamos en manos «de analfabetos funcionales» educados en la época de los «informes», que no disponen de conocimientos amplios debidamente interrelacionados. Hace poco, Joan Tugores hacía notar que el llamado capitalismo 3.0, de alcance mundial, parecería volver a una versión global del capitalismo 1.0, atendiendo a la disposición de menos y más debilitadas herramientas de políticas públicas, y por el grado menor de equilibrios entre eficiencia y cohesión, convirtiendo lo que debía ser la refundación del capitalismo en un auténtico retroceso en el tiempo.

Sigue siendo predominante la idea de que un período de austeridad nos conducirá a la recuperación de la actividad y al crecimiento económico, y que el comercio mundial volverá a ser la clave de la expansión y del bienestar. Pero el crecimiento económico, por sí solo, no es suficiente para reducir la desigualdad o la pobreza, y harían falta políticas redistributivas, las cuales no se piensan llevar a cabo. Joseph Stiglitz, cuando era economista jefe del Banco Mundial, explicó cómo la liberalización del comercio no es condición necesaria ni suficiente para crear economías competitivas ni innovadoras, y, aún menos, equitativas.

En cuanto a las políticas económicas realmente existentes, estamos atrapados entre las de carácter punitivo que practica la Alemania de Angela Merkel, notoriamente dominantes, y las moderadamente expansivas y centradas en el estímulo, simbolizadas por Barack Obama. Algunos países practican políticas que son una combinación de las dos. Lo que cuesta más es que se asuma un cambio de paradigma que cuestione el punto de partida, notoriamente equivocado; sea como fuere, en cualquier caso, será difícil retornar al punto donde habíamos estado. Muchas cosas deberán transformarse y muchas certezas deberán cambiar o ponerse en cuestión, aunque la ideología y la teoría económica dominantes se resistan.

Será necesario recuperar el tan depreciado concepto de la regulación, que durante años ha sido el enemigo a batir. Habrá que recordar que, justamente, las normas y regulaciones son imprescindibles y necesarias en las sociedades complejas y evolucionadas, y no un impedimento; sólo así podrá haber unas reglas del juego que sean respetadas. Para que sea realmente libre, el mercado necesita reglas, lo contrario significa el reino del capitalismo de casino, de los grupos de intereses y de los oligopolios. A pesar de ser una cuestión importante, el tema crucial de fondo no es sólo cómo se recupera el crecimiento económico. Cuando el problema fundamental no es la capacidad productiva ni la abundancia de mercancías, el tema central de la economía es el reparto y no la producción. Proporcionar trabajo digno y condiciones sociales y de bienestar más equitativas se convierte en algo de importancia capital para frenar una desigualdad que se ha convertido en insostenible. Como plantea John Ralston Saul, vivimos instalados en una concepción del crecimiento económico, así como del comercio, algo desfasada, atendiendo al hecho de que, desde hace ya un cierto tiempo, nuestro problema y nuestro reto es de reparto, y no de escasez. La dinámica de abaratamiento continuo de las mercancías no descansa precisamente sólo sobre la reducción de los costes de producción, sino sobre una capacidad excesiva de fabricarlas.

A manera de conclusión

Una economía del absurdo

Se quiera ver o no, la crisis de 2008 y la recesión posterior son mucho más que la explosión de una burbuja financiera, y representan el colapso de un modelo de crecimiento económico desorbitado, guiado por la fe absoluta en el mercado desregulado y por la conformación de un mundo sin fronteras para el capital y el comercio. Las cifras de riqueza alcanzadas por ciertos sectores, más extraordinarias que nunca, han convivido con niveles de desigualdad y de pobreza también desconocidos. La lógica, si es que había alguna, era que la interconexión del comercio en una auténtica economía-mundo y el predominio de las finanzas podían situar la producción en una esfera secundaria y subordinada, donde las fábricas se redistribuyesen hacia territorios más necesitados y con mano de obra más barata. Esto debía provocar el levantamiento de una «marea económica» que revertiría en beneficio de todos y promovería el desarrollo económico allí donde aún no había llegado, aunque, a la postre, todo ello ha terminado por acentuar la explotación de la población más pobre de los países periféricos y ha disminuido las condiciones y perspectivas de futuro de amplias capas de población sumidas en la precariedad en los países occidentales. Aunque los beneficiarios de este proceso fallido pretendan que la crisis sólo ha sido un cisne negro, tras el cual volveremos a la senda del crecimiento, probablemente nada volverá a ser como antes. Se impone el final de un ciclo y un cambio de paradigma económico, social y político, a pesar de que, como diría Bertolt Brecht, «la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer».

En el mundo occidental, aparentemente, los consumidores estamos de enhorabuena. Nunca como en las últimas décadas habíamos tenido acceso a tantos productos y tan baratos. Hemos ido perdiendo la condición de ciudadanos, pero se nos ha compensado notoriamente con una auténtica exuberancia de la sociedad de consumo. Podemos cambiar la indumentaria cada día de la semana, porque el precio de un pantalón de Zara es irrisorio, o bien rediseñar «la república independiente de nuestra casa» una vez al año, porque las estanterías y sofás de Ikea tienen unos precios que parecen de broma. ¿Cómo es posible esta fiesta continua de los consumidores? Pues muy sencillo, por la eficiencia de una producción muy masiva hecha con costes laborales de rebajas y en países lejanos. Todos aprovechamos las oportunidades, tanto los compradores como las marcas que nos venden los productos. El problema es que el sistema tiene algunos efectos colaterales no deseados —como suele ocurrir con las gangas—, y lo que aparentemente es barato acaba saliendo, al menos colectivamente, un poco caro. Y no sólo es una cuestión de despilfarro de recursos y de impacto medioambiental, que también, sino que, con la lógica productiva y económica de este sistema, los consumidores nos vamos quedando progresivamente sin trabajo o con faenas en condiciones muy precarias. Nos han flexibilizado. Nos guste o no, nos lo planteemos o no, cada acto de compra que hacemos tiene connotaciones en la economía global, y los productos abundantes y baratos (y no sólo estos) refuerzan la tendencia de nuestras industrias a desplazarse hacia lugares ignotos para producir más barato, porque la pobreza de mucha gente hace que les sea una bendición cobrar salarios de miseria. A nosotros, cada vez nos resulta más difícil encontrar trabajo, y aún más con condiciones y salarios dignos. En medio de todo esto, se dejan de ingresar impuestos, se destruye el comercio y se cierran una cantidad significativa de fábricas y de pequeños negocios.

Estamos instalados en una «carrera de mínimos», en la que la presión para fabricar a precios ridículos hace que las corporaciones se recreen en apretar el eslabón más débil de la cadena y dejen prácticamente de pagar impuestos; mientras tanto, a los consumidores occidentales nos tienen obligadamente que ir abaratando los precios (controlados e impuestos por unas pocas marcas que dominan sectores enteros de la economía en forma de oligopolios), ya que de otro modo no podríamos comprar productos con unos ingresos cada vez más bajos e inseguros. En Occidente hay más escasez de trabajo y peor pagado, menos estabilidad laboral, reducción de subsidios públicos y Estados con ingresos decrecientes que van debilitando la proporción de servicios públicos. Aunque no lo parezca, todo está encadenado: más producción masiva/más productos baratos/más desempleo/salarios más bajos/menos recursos públicos/menos tejido empresarial/más concentración de la riqueza/más desigualdad.

La tendencia a que haya ingresos menguantes y dosis crecientes de precariedad no tiene que ver específicamente con la crisis, aunque esta la ha agravado, sino con la dinámica general de las tres últimas décadas. No es sólo que los salarios medios han distado mucho de crecer al mismo ritmo que la productividad o los beneficios empresariales, sino que en muchos segmentos han descendido de manera notoria, perjudicados además por una fiscalidad que se centra cada vez más en aumentar la presión sobre las rentas del trabajo.

Por otro lado, la indefensión y el miedo al chantaje de la deslocalización han provocado una pérdida notoria del peso equilibrador que habían tenido los sindicatos. El equilibrio entre capital y trabajo que tan buenos resultados había dado a la hora de mantener la capacidad adquisitiva y la demanda, además de cohesionar la sociedad, hace tiempo que se ha descompensado. Se ha constituido un nutrido grupo social de trabajadores precarios, formado por la mano de obra no cualificada proveniente del sector industrial y por aquellos que no pueden acomodarse de manera estable en un sector terciario en el que muchas actividades también se están deslocalizando. Este grupo social cada vez más amplio de outsiders, y que se amplía con las desregulaciones laborales continuas que se van aprobando, se ve afectado además por los contingentes de inmigración que han contribuido notablemente al endurecimiento de las condiciones de contratación y a la reducción de salarios. En algunos barrios de nuestras ciudades se ha configurado un nuevo Tercer Mundo que sobrevive entre trabajos discontinuos mal pagados y por algunas ayudas públicas, conformando así una suerte de ejército de reserva laboral que contribuye a producir a bajo coste, según el marco y el propósito de las cadenas de suministro de las corporaciones. Se trata de una deslocalización del trabajo que no es geográfica, sino social.

En todos los ámbitos de la sociedad se ha impuesto una lógica mercantil que lo domina absolutamente todo, desplazando las ideologías y la posibilidad de desarrollo de ningún tipo de sentido o pensamiento crítico. La constitución de una economía-mundo, en la que el comercio ya no es un instrumento de intercambio, sino la misma finalidad de la economía, ha favorecido la hegemonía de las grandes corporaciones, las cuales llegan a nosotros a través de las marcas y se han cargado de valores que sobrepasan con mucho la propia funcionalidad de sus productos. Estas empresas, para las cuales el campo de operaciones es el mundo, se han adjudicado numerosas prerrogativas, como contribuir con impuestos de manera muy mínima, tanto aquí como allí, y creerse con el derecho de establecer o, al menos, condicionar, las reglas del juego. Aunque se presentan como la expresión del libre mercado, la falta de regulaciones «nacionales» les permite seguir estrategias para constituir monopolios y oligopolios y convertir el mercado en un espacio de intercambio que se puede calificar de muchos modos, menos de libre. Su capacidad de creación de riqueza —que, a los ojos de la ciudadanía, las justifica— tiene poco que ver con la escasa decencia del empleo que proporcionan y con los bajísimos impuestos que pagan. Por otra parte, la actividad económica complementaria que generan es más bien escasa, ya que, debido precisamente a su dimensión, suelen internalizar muchas de sus necesidades, así como externalizar otras en forma de offshoring; en definitiva, las grandes corporaciones contribuyen más bien a generar una política de tierra quemada en su entorno, liquidando una gran parte de las actividad económica circundante, especialmente en el ámbito del comercio y de la pequeña industria manufacturera.

Ikea sería un buen ejemplo de marca transnacional que ha tenido unos efectos demoledores en el comercio y la industria del mundo occidental. Nos permite acceder a mobiliario mucho más barato, ciertamente, pero ha arrasado con la competencia de pequeños y medianos empresarios dedicados a la fabricación de mobiliario o del menaje del hogar. Ha obligado a cerrar multitud de comercios que no pueden competir con sus precios. Aprovecha todas las ventajas de producir en zonas del Tercer Mundo con salarios irrisorios y condiciones deplorables (incluido el trabajo infantil), con una contribución fiscal casi nula. Además, la multinacional sueca ha homogeneizado nuestros gustos y ha contribuido a la pérdida de una notable «biodiversidad» comercial y de productos. ¿Son realmente ventajas o ganancias lo que nos aporta?

En la «carrera de mínimos» destinada a producir cada vez más barato y sin condicionantes, el África subsahariana se dibuja como la última frontera. La deslocalización se ha focalizado hasta ahora en Sudamérica, Europa del Este, el Magreb y, muy especialmente, en el continente asiático. Asia dispone de condiciones muy favorables, ya que tiene mucha población necesitada y cuenta con Estados relativamente fuertes y sociedades disciplinadas, lo cual ha ofrecido muchas garantías de seguridad que han animado el trasladado de una buena parte de las cadenas de suministro allí. Asia aporta localizaciones especializadas para la producción de tecnología y servicios tecnológicos, como Bangalore (India), pero también zonas de especial pobreza que favorecen la producción de manufacturas más corrientes con unos salarios muy bajos y, por lo tanto, más «competitivos», como Daca (Bangladesh). Por poco que funcione la teoría del derrame de la riqueza desde la cúspide de la pirámide, las exigencias de los trabajadores de estos países, y quizá también de sus gobernantes, comportarán un cierto de aumento de costes que hará que las marcas, o al menos las que operan en el mundo de la moda barata, busquen destinos más competitivos. Hay que tener en cuenta, además, que tanto China como India tienen un papel un poco especial en la distribución internacional de la producción y que su implicación en el proceso globalizador se produce sólo de forma parcial, ya que aceptan producir para otros a fin de combatir la pobreza interna, pero también cuentan con sus propios proyectos de desarrollo futuro. Por otro lado, para las grandes multinacionales, el corazón de África ha contado hasta ahora sólo por las posibilidades extractivas que ofrece, pero parece dibujarse como el escenario futuro de la producción barata. El África subsahariana tiene algunas limitaciones, tales como la inestabilidad política, el predominio de estructuras tribales y una escasa fortaleza de los Estados y de las Administraciones, que poco se dejan sentir más allá de las capitales. Si se consiguieran establecer unas mayores condiciones de seguridad física y jurídica y hacer entrar estas sociedades en la cultura del trabajo industrial, sus niveles de necesidad las convertirían en un destino preferente para la nueva industria transnacional.

En los países occidentales, la cuestión del trabajo tiene pocas expectativas de mejorar en el futuro, ya que es escaso, a menudo indigno y de baja consideración. En los países ricos, los ciudadanos nos hemos ido conformando con un desarrollo económico compatible con elevados niveles de desempleo. Esto resultó evidente en la década anterior a la crisis de 2008, y todo parece indicar que una vez que salgamos de la recesión, evolucionaremos en la misma dirección. El alto desempleo tiene unas connotaciones económicas evidentes, pero también sociales y culturales, dado que disponer de empleo significa muchas más cosas que tener a mano unos ingresos imprescindibles. Obviamente, los segmentos más condenados a la desocupación son los no cualificados, pero cada vez más afecta también a buena parte del capital humano formado a nivel medio o alto. A poco que se la deje hacer, la tendencia a la deslocalización continuará afectando a muchas más actividades que aquellas que requieren mano de obra intensiva. No hay trabajo para todos, al menos en las condiciones actuales. Al igual que tenemos un sistema mercantil heredero de ideas antiguas, de cuando el problema era de escasez y no de abundancia, el trabajo responde al mismo patrón. Hoy la situación es esta: trabajo intenso, en malas condiciones y mal pagado en el Tercer Mundo y los países en vías de desarrollo, y pérdida notoria de posibilidades de encontrarlo en el mundo occidental. En el cambio de paradigma que se impone, la mutación del concepto de trabajo debe ser un aspecto clave. Esperar que los Estados contengan el malestar con subsidios precarios y rentas de inserción no es una buena salida, y ni siquiera resulta posible en las condiciones actuales. Con Estados cada vez más débiles financieramente, ¿cómo se puede sostener esta situación?

Los datos sobre el crecimiento imparable de la desigualdad en las últimas décadas resultan incuestionables. Ya no se trata sólo del debilitamiento moral de una sociedad que tiene que tolerar que los grandes directivos tengan salarios estratosféricos y que el segmento del 1 por ciento más rico de la población sea cada vez más inmensamente rico, sino de las consecuencias de la polarización de los niveles de renta en los extremos. De los negativos efectos económicos de la desigualdad en la distribución de la renta tenemos suficientes ejemplos históricos, y todos apuntan a que se produce una contracción del consumo y de la demanda efectiva, factores de cuyo mantenimiento depende de manera indispensable la salud general de la economía. Especialmente en una época de abundancia productiva como la actual, la contracción de la capacidad de compra puede ser letal, aunque la tendencia a los precios bajos de los productos pueda mitigarlo durante un cierto tiempo. La disminución de los precios tiene claramente un límite, que son los costes de producción, y estos no se podrán recortar de manera infinita. Una cierta nivelación social, como la que había conseguido el modelo social europeo, es imprescindible para disponer de sociedades cohesionadas y estables, como también es necesaria la percepción de un cierto grado de equidad en el reparto de beneficios y cargas por parte de la ciudadanía. En las últimas décadas, digan lo que digan los proselitistas de la mundialización, ha aumentado la población en situación de extrema pobreza en el mundo, aunque en algunos países emergentes haya funcionado parcialmente el «ascensor social» y el derrame de la riqueza desde la cúspide de la pirámide. Hay más gente que nunca que vive con rentas inferiores a los 1,50 dólares por día. Pero, en los últimos años, a esta pobreza de los países pobres (digamos, tradicional), se ha sumado la nueva pobreza que se concentra en los barrios degradados de las ciudades de los países ricos, formada por una masa creciente de excluidos. Nueva York es un caso paradigmático de cómo dos ciudades conviven en una sola. La misma Administración municipal considera que si a los pobres de solemnidad se suman los «casi pobres» que no se pueden mantener y requieren de subsidios, la dimensión de la clase excluida asciende al 50 por ciento de la población de la ciudad.

La globalización no ha tenido los resultados que nos habían prometido. Ciertamente, parecía estimulante operar en un mundo plano donde las fronteras de los Estados nación quedaran reducidas a poco más que a un carácter simbólico, y parecía lógico que una interrelación de las economías mundiales que hiciera circular el capital, la tecnología y los conocimientos tendría efectos beneficiosos, especialmente en las economías y sociedades más atrasadas. Que esto no haya resultado exactamente así no sería imputable al mismo concepto de mundialización, sino a la forma, los ritmos y las prioridades con que se ha llevado a cabo. Aunque pueda sonar a tópico, lo cierto es que se ha producido una globalización del comercio, de los capitales y de las finanzas, pero no de la riqueza, de las personas, de los derechos sociales, del trabajo digno o de la libertad y la democracia. Se confundió interesadamente la liberalización, que significa «posibilidad de», con la desregulación, que ha facilitado que la especulación se manifestara sin normas, lo cual no es exactamente lo mismo. Justamente, los efectos benefactores de la globalización —que también los ha habido— se han puesto de manifiesto allí donde las estructuras políticas han tenido suficiente fortaleza para ejercer un cierto control en beneficio de su sociedad. Probablemente, el relativo fracaso, en términos generales, del proceso globalizador no proviene del concepto, sino de la ideología económica y política que lo ha empujado y sostenido, por más que, contrariamente, se haya presentado esa globalización como el reino de la no-ideología.

Aunque se ha pretendido justificar la globalización de la economía como un imponderable de tipo darwinista, lo cierto es que esta es un componente, y no menor, del triunfo de una determinada ideología económica y política, una manera de entender el mundo y la sociedad bastante contrapuesta al keynesianismo y a los Estados sociales que fueron predominantes durante tres décadas después de la segunda guerra mundial. La liberalización económica y la globalización, o, mejor dicho, la manera en que se han desarrollado, no ha sido neutra. La centralidad que ha adquirido la economía, que ha desplazado en el tablero de juego el papel que había tenido la política, no significa que las decisiones sean técnicas, por más que, desde la década de los ochenta, la nueva economía dominante se haya presentado con la única solución técnica posible. El liberal-conservadurismo se impuso aprovechando las crisis petroleras de los años setenta y la decisión del presidente estadounidense Nixon de abandonar el sistema de referencia del dólar que se había establecido en Bretton Woods. En adelante se impulsó una ideología que tiene una noción de la economía y de la sociedad basada en el espíritu del lucro, los mercados desregulados, la mercantilización de todas las dimensiones de la vida social y el individualismo más estricto. El Estado se retiró de la economía y dejó de ejercer de amortiguador de las diferencias sociales y de renta. Así, se imponía una visión del mundo notoriamente competitiva, y la exclusión social y la pobreza se dejaron de combatir en nombre, justamente, del sacrosanto incentivo a la responsabilidad y al esfuerzo personal. Ya no había pretensión de equidad, nivelación o justicia social, y ni siquiera quedaba espacio para la compasión. Se impuso la ideología del desastre.

La teoría económica dominante erigió el mercado como depositario de la verdad absoluta. Todas las disfunciones económicas eran atribuidas a las interferencias públicas en el mercado, a fin de llevar a cabo una rápida desregulación que, especialmente en el sector de las finanzas, se aprovechó para hacer triunfar la cultura de la voracidad especulativa y la creación de dinero a través de oscuros productos financieros, que a la postre han conducido al colapso. Un colapso, por cierto, que no ha resuelto el mercado, sino la intervención de los Estados en forma de notorias ayudas con dinero público, recorriendo al antiguo método de «ganancias privadas y pérdidas públicas». La noción de incertidumbre fue suplida por la de riesgo, y se pretendió medir y controlar este último por medio de modelos económicos complejos, los cuales se pensaba, con arrogancia, que eran infalibles. No sólo se imponía una determinada concepción de la macroeconomía, sino también la soberbia frente a la cautela. Aunque es una obviedad, se ha olvidado durante mucho tiempo que el mercado, más allá de ser el mejor método para la asignación de recursos, tiene sus limitaciones y genera desequilibrios, así como que la función de las políticas públicas es corregirlo. Si están desregulados y sin normas, los mercados no son libres y, aún menos, competitivos. Tampoco la economía puede ser una variable independiente por encima de los intereses y el bienestar de la sociedad. La filosofía imperante de dar valor absoluto al mercado y retirar al Estado de la economía la definió bien uno de sus principales impulsores, Milton Friedman, cuando decía respecto a los impuestos: «Soy partidario de reducir los impuestos bajo cualquier circunstancia y con cualquier excusa, por cualquier razón, en cualquier momento que sea posible». Obviaba, como hace notar Dani Rodrik, que históricamente siempre ha habido una correlación positiva entre intervención estatal y renta per cápita. Las economías que mejor han funcionado han sido una mezcla de intervención y de dejar hacer.

El contexto creado de una economía-mundo con mercados desregulados ha supuesto el predominio del modelo de gran empresa y de grandes corporaciones, con una fuerte tendencia a la creación de oligopolios y con gran capacidad para imponer sus intereses muy por encima de la capacidad de los Estados. Dar mayor dimensión a las corporaciones, a través de fusiones y adquisiciones, se ha convertido en un factor estratégico para poder operar en mejores condiciones en el mercado global, pero los beneficios inherentes a las economías de escala no han redundado en riqueza social, sino sólo en sus cuentas de resultados y dividendos. No hay que imputar pretensiones conspirativas a las grandes empresas transnacionales, ni tampoco voluntad de dirigir el mundo, como les atribuyen algunos, pero su capacidad de influir en defensa de sus intereses se ha convertido en excesiva. El triunfo de las grandes corporaciones ha tenido y tiene unos efectos económicos trascendentales, ya que practican unas formas de dumping que acaban con la competencia y saquean el tejido económico de los territorios, contribuyendo así al empobrecimiento de los países por medio de políticas de tierra quemada, más que a la creación de riqueza social. Cuando se dirigen al consumidor final, monopolizan el comercio con sus marcas, homogeneizan gustos y tendencias y acaban con la diversidad de productos y de escaparates. Todos los ejes comerciales de las grandes ciudades son idénticos e intercambiables, para satisfacción de unos consumidores que confunden el acto de compra con el entretenimiento. El mercado, teóricamente libre, ha provocado la disminución de la competencia y el triunfo del «capitalismo de amigos», en el que unas pocas personas, en representación de las corporaciones, toman decisiones de una manera tan centralizada que poco tiene que ver con la economía de mercado clásica.

El Estado del Bienestar es la gran víctima propiciatoria del liberal-conservadurismo dominante, que se aprovecha de las dificultades presupuestarias de los Estados en la coyuntura de crisis. Limitar e incluso acabar con el modelo social europeo ha sido una pretensión explícita de la filosofía individualista y competitiva imperante desde hace ya muchos años. El modelo asistencial, protector y corrector de las desigualdades ha significado siempre la antítesis de sus pretensiones, de su concepción del mundo. Durante años, los think tanks de estricta observancia neoliberal han atacado los sistemas fiscales progresivos y suficientes que permitían financiar el Estado del Bienestar, para luego argumentar sobre la imposibilidad de sostenerlo, e incluso para calificarlo de modelo no deseable en la medida en que desincentivaba el esfuerzo individual. Es bastante evidente, que las políticas económicas basadas en la austeridad, y que tienen como prioridad disminuir el déficit y la deuda, junto con la notable disminución de los ingresos y la presión fiscal a las rentas de capital, han llevado a una situación en la que, ciertamente, la Administración pública no dispone de recursos para mantener el Estado asistencial en vigencia plena. Las poblaciones occidentales han envejecido, y las necesidades aumentan con la creciente población excluida. La presencia del sector público como amortiguador de las dificultades está menos presente y tiende a retirarse, justamente cuando más se le necesitaría. Pero, lo que es peor, tantos años de ofensiva contra la intervención correctora del Estado y su servicios sociales básicos —a lo que habría que añadir los efectos de la nueva ciudadanía procedente de la inmigración— han acabado rompiendo el consenso social y político básico sobre el que se sostenía y que lo había hecho posible. El problema de fondo radica en el sistema tributario, pues un sistema fiscal basado en las rentas del trabajo, además de injusto, es cada vez más insuficiente para conseguir un nivel de ingresos razonable por parte del Estado. El tema clave es la inexistencia de una tributación proporcionada por parte de las rentas de capital. Si la economía financiera mueve mucho más dinero que la economía real, ¿qué sentido tiene basar la tributación en la economía real?

El debilitamiento de los Estados nación ha sido una consecuencia del proceso globalizador, en la medida en que sus prerrogativas significaban una dificultad para el predominio de una economía sin fronteras. Su incapacidad para controlar las actividades de las grandes corporaciones y la movilidad instantánea del capital financiero, fuertemente reforzada por las nuevas tecnologías de la comunicación, ha dejado a los Estados en una posición de observadores de unos cambios y unas dinámicas sobre las que tienen poco que hacer y decir. En las últimas décadas, muchos de sus antiguos cometidos los ostentan organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, el G7 o el G20, que realizan una función impulsora de la globalización y disponen de un papel de arbitraje más que de control de las dinámicas y de los flujos. En Europa, además, la transferencia de soberanía económica hacia la Unión Europea no ha ido acompañada de la creación de estructuras comunitarias fuertes y representativas, tal y como pone en evidencia una unión monetaria hecha sin armonización fiscal o el hecho de no disponer de un Banco Central Europeo que haga las funciones de Reserva Federal con capacidad para impulsar políticas expansivas frente a la crisis. Toda vez que la centralidad del poder se ha ido desplazando de la política hacia la economía y el mercado, al poder político no le queda mucho más que un poder simbólico, incapaz de responder y proporcionar seguridad a sus ciudadanos.

La política ha perdido buena parte de la consideración que tenía y vive uno de los momentos de mayor desafección por parte de la ciudadanía, que se va impregnando de su carácter insustancial e irrelevante. Aunque la acción política aún mantiene las formas, a menudo pomposas, de cuando ostentaba el poder real, ya es incapaz de responder a las necesidades y apelaciones de sus ciudadanos, pero no ha realizado un reconocimiento público de su incapacidad. Tantos años de pretensiones desideologizadoras y de posmodernidad, sin modelos explicativos globales, han condenado a los ciudadanos, transmutados en consumidores, a abandonar vínculos ideológicos fuertes con las diversas formaciones políticas y respecto a lo que, al menos sobre el papel, estas representan. Pero es claro también que faltan proyectos políticos diferenciados y delimitados, con alternativas y relatos propios y claros. El liberal-conservadurismo ha hecho bandera de su aportación de soluciones técnicas desnudas de ideología, mientras que la izquierda, una vez se ha situado dentro de los marcos conceptuales del liberalismo imperante, ha perdido el norte y bastante crédito. La pérdida de credibilidad de la política como actividad y de un personal político cada vez más asociado a la defensa de sus intereses particulares ha disminuido bastante la solidez del sistema democrático, así como la preocupación por todo aquello que es colectivo. El crecimiento de la abstención y el apoyo a propuestas políticas de signo populista o extremo reflejan bastante fielmente no sólo el debilitamiento de la consideración de la política, sino también de la confianza y de la cohesión social.

A pesar del esfuerzo de los propagandistas, el concepto de globalización manifiesta algunos síntomas de un agotamiento que la crisis económica no ha hecho sino acentuar. Que no ha resultado ser exactamente lo que se había prometido es algo bastante evidente, tanto en los países pobres receptores de la «nueva industria», como en los países occidentales. No ha fluido la riqueza como se había anunciado, no por escasez, sino por ausencia de mecanismos de redistribución. Una parte de la ciudadanía retorna a un consumo más responsable y saludable, buscando satisfacer sus necesidades de manera más cualitativa y con productos del entorno, aunque es una actitud que, debidamente segmentada, también ofrece buenas oportunidades de negocio para las corporaciones y las marcas. Actualmente, incluso algunas instituciones internacionales empiezan a poner en duda en sus documentos que las cosas hayan evolucionado de manera adecuada, como hace el propio Fondo Monetario Internacional. Lógicamente, atendiendo a su tradicional forma de actuar, el FMI no hace autocrítica ni asume ninguna responsabilidad en relación con los disparates que pueda haber provocado; sin embargo, sí reconoce que los ritmos liberalizadores de algunos países emergentes han sido demasiado rápidos, que no ha habido el derramamiento de riqueza esperado con la internacionalización del comercio y que la acción de las finanzas como variable independiente absolutamente desregulada ha provocado movimientos especulativos exagerados. Aunque es una pretensión difícil de concretar, hay quien habla de humanizar la globalización atendiendo a la lógica económica de la que depende.

Con la crisis, lo que se ha acentuado es la tendencia natural a recuperar el discurso nacional, a volver la mirada hacia dentro, y las tentaciones proteccionistas han reaparecido. Los cambios que se producen en la geopolítica y en las hegemonías económicas también han hecho su papel, dada la evidencia de que la globalización ha servido a China e India, de una manera estrictamente instrumental, para constituirse en las grandes potencias emergentes llamadas a liderar la economía internacional, y sin abandonar proyectos nacionales totalmente específicos. Como ha señalado John Ralston Saul, la crisis del globalismo tiene que ver con que descansa sobre planteamientos mercantilistas notoriamente anticuados, más propios de la economía de la escasez del siglo XIX que de un mundo caracterizado por la abundancia y el exceso de capacidad productiva.

Definitivamente se ha establecido una economía del absurdo, que, si tiene poco sentido a corto plazo por los efectos que genera, no tiene ninguna posibilidad de funcionar a medio y largo plazo, y menos aún capacidad para proporcionarnos niveles de bienestar aceptables a la mayoría de la población. La obsesión por defender los productos baratos como si se tratara de un derecho y una oportunidad para los consumidores, contiene una trampa que nos condena a la pobreza. Si hay productos baratos es debido al exceso de producción, a unos costes salariales ínfimos y en unas condiciones laborales deplorables derivadas de la sobrexplotación de la pobreza; mientras tanto, otra consecuencia de ello es que la ley de la oferta y la demanda de trabajo en el mundo occidental también conducen a una disminución de los salarios y un aumento de la precariedad, menguando así la renta disponible, aumentando las inseguridades y empeorando las expectativas de futuro. Esta «carrera de mínimos» afecta a los ingresos de los Estados (principalmente porque las grandes corporaciones no cotizan), los cuales no tienen ingresos suficientes para mantener los servicios del Estado del Bienestar y las coberturas sociales básicas, situación esta que los lleva a presionar sobre las cada vez menores rentas del trabajo a fin de poder mantener sus estructuras y evitar la quiebra. Con esta dinámica de hacer caer progresivamente a la población hacia situaciones de exclusión, ¿quién podrá comprar los productos baratos de nuestras tiendas? Mientras los niveles de renta de los trabajadores en los países pobres sean los que son, difícilmente su capacidad de consumo compensará la que se pierde en el mundo occidental.

Para el pensamiento económico actual, parece que estamos predestinados a que la época con mayor capacidad productiva y con más exceso de mercancías coexista con la de mayor número de personas ubicadas en los diferentes segmentos de la pobreza, mientras la concentración de riqueza de unos pocos no deja de aumentar de manera escandalosa. ¿Tiene esto algún sentido? La profundización en los diversos niveles de empobrecimiento, tiene efectos más allá de lo estrictamente económico, ya que deshace las sociedades y las condena a vivir bajo los efectos de «la epidemia de la ignorancia», que es como califica Jeffrey Sachs el mal de las sociedades que no tienen más expectativa que generar consumidores frustrados. Los productos low cost acaban generando sociedades low cost.

Sin embargo, hay futuro en la medida en que se puedan crear las condiciones para que «muera lo viejo y se imponga lo nuevo», siempre que se produzca un cambio de paradigma colectivo en los terrenos de la política y del pensamiento económico. Hay conceptos que han fracasado notoriamente, y reproducirlos no nos lleva a ninguna parte. Necesitamos recuperar el sentido de lo que es colectivo, entender que la sociedad no es posible con ciertos niveles de pobreza y con formas de desigualdad extrema. El futuro pasa por recuperar nociones económicas y políticas que prioricen la redistribución, toda vez que, gracias a la tecnología, hemos alcanzado la suficiencia productiva y hemos superado los siglos de la escasez. Para que predomine la noción de equidad, es necesario recuperar comportamientos éticos y actitudes morales que han sido notablemente olvidadas, como también sería necesario un acuerdo global para hacer tributar el capital y los grandes movimientos financieros. La codicia no puede ser un valor socialmente aceptable, como no lo puede ser el derroche de recursos o el individualismo más extremo. La recuperación de la economía no puede fundamentarse en un continuo crecimiento del consumo.

La economía tiene algunos retos planteados que debería ir asumiendo: abordar los costes reales de la producción internalizando los costes medioambientales; aceptar una visión más inclusiva donde el bienestar colectivo esté por encima del enriquecimiento individual; y reducir la adicción al sector financiero y devolver el ámbito de la toma de decisiones a la política. Como apunta John Ralston Saul, habría que evolucionar del «crecimiento superfluo hacia el desarrollo necesario», y de la producción en masa a la producción de calidad, configurando ecosistemas de producción y de consumo en entornos inmediatos, donde el reparto del trabajo con condiciones decentes nos permita recuperar aquel viejo deseo de Keynes: que llegaría el día en que la economía podría dejar de ir en el asiento delantero y, así, las personas podrían dedicarse plenamente a las múltiples dimensiones satisfactorias que ofrece la vida.

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La economía del absurdo
Josep Burgaya

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