¿Qué leían los argentinos en el diario mientras tenían lugar las desapariciones? ¿Es posible identificar en la prensa las condiciones sociales que las hicieron posibles? ¿De qué manera en la sociedad se banalizó la muerte y se estigmatizó a los llamados subversivos de manera que el exterminio no provocara indignación? ¿Cómo se los desapareció colectivamente antes aún de su secuestro y asesinato?

Este libro realiza una minuciosa lectura de la prensa durante el terrorismo de Estado y expone su cotidiano acompañamiento a la masacre “invisible” de la desaparición forzada. Al mismo tiempo, ayuda a comprender el clima dominante en la sociedad argentina en dictadura y las representaciones e imaginarios que permeaban los diarios más influyentes en la formación de opinión. El resultado es un análisis de las operaciones sociales que, apoyadas en la rutinización del periodismo, tejieron una trama de indiferencia en torno a las víctimas e introdujeron la figura espectral de la desaparición.

Estela Schindel

La desaparición a diario

Sociedad, prensa y dictadura (1975 - 1978)

ePub r1.0

Titivillus 31.01.2022

Título original: La desaparición a diario: sociedad, prensa y dictadura 1975 - 1978

Estela Schindel, 2016

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Abreviaturas

ACNUR | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
ADEPA | Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.
AFP | Agence France Press.
AI | Amnistía Internacional.
ANCLA | Agencia de Noticias Clandestina.
AP | Associated Press.
APDH | Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
BAH | Buenos Aires Herald.
CCD | Centro Clandestino de Detención.
CELS | Centro de Estudios Legales y Sociales.
CIDH | Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CONADEP | Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
DYN | Diarios y Noticias.
EAAF | Equipo Argentino de Antropología Forense.
ERP | Ejército Revolucionario del Pueblo.
ESMA | Escuela de Mecánica de la Armada (CCD).
FIFA | Federación Internacional del Fútbol Asociado.
JP | Juventud Peronista.
LO | La Opinión.
LN | La Nación.
NA | Noticias Argentinas.
OEA | Organización de los Estados Americanos.
ONU | Organización de las Naciones Unidas.
PE o PEN | Poder Ejecutivo Nacional.
PJ | Partido Justicialista.
SIP | Sociedad Interamericana de Prensa.
UCR | Unión Cívica Radical.

Nota a la segunda edición

Suele decirse que no hay nada más viejo que el diario de ayer. Esto que se toma como cierto en el periodismo, sin embargo, no lo es tanto en la mirada del lector interesado en comprender a través de la prensa las dinámicas sociales y políticas de un país en perspectiva histórica. Para quien elija leerlo en esa clave, el periódico ofrece información valiosa sobre una sociedad, sus conflictos y sus valores hegemónicos en una época determinada. Esa es la apuesta y la invitación que formula este libro, que se ocupa de textos publicados cuatro décadas atrás. Aunque su contenido informativo está fijado para siempre al día en que fueron publicadas, las noticias adquieren un tono diferente en los diversos momentos e instancias de lectura en función de las siempre cambiantes condiciones de recepción.

Es notable cómo esas condiciones sociales, políticas y culturales que dan marco a la lectura pueden cambiar en pocos años, tal como ha ocurrido en Argentina entre la primera publicación de este libro en 2012 y esta segunda edición en 2016. Junto al cambio de gobierno ocurrido en diciembre de 2015 comenzaron a manifestarse voces que, amparadas en lo que perciben como un clima propicio, relativizan la condena a la desaparición sistemática de personas que se analiza en estas páginas, ponen en discusión la legitimidad de los juicios por crímenes contra la humanidad en curso y, en última instancia, reclaman una revisión de lo que la historia de la postdictadura estableció como un consenso elemental en términos de repudio al terrorismo de Estado. Entre las voces que promueven la difusión de ese clima sobresalen las de algunos actores periodísticos de los que se ocupa este libro, notoriamente el diario La Nación. A través de reiterados editoriales este diario ha impulsado un programa revisionista neoautoritario, reafirmando el rol que se adjudicó desde sus inicios de marcar el terreno de la acción política y dictar línea doctrinaria a los gobernantes. Al igual que en el material de archivo analizado en estas páginas, resulta una vez más relevante interrogar los contratos de lectura que sostienen la relación de los medios con su público lector: ¿Qué expresan los diarios, más allá del contenido informativo, acerca de las relaciones de poder y valores dominantes en la sociedad? ¿De qué forma las operaciones discursivas de los medios influyen en la formación de consensos y cuáles son los márgenes de lectura crítica de los lectores? ¿Cómo se definen las visibilidades o invisibilidades públicas y qué actores son habilitados o no a participar del debate en los medios masivos?

Al formular posibles respuestas a estas preguntas, es posible identificar saludables diferencias pero también alarmantes continuidades entre la época que estudia este libro y el presente que signa esta nueva edición. Entre estas últimas, es notable en la Argentina cómo los dos grandes diarios nacionales, que en las últimas décadas han podido crecer corporativamente gracias a la acumulación de medios, se presentan menos como plataforma para la exposición de ideas y contenidos que como actores políticos dispuestos a intervenir en defensa de intereses políticos o empresariales concretos. El impulso corporativo mediático a operaciones políticas orientadas por intereses propios o de los poderes aliados deviene así práctica corriente, al igual que en otros países latinoamericanos como se ha visto en el caso de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. La concentración mediática facilita la impunidad de tales maniobras y revela los nuevos ropajes que adquieren el autoritarismo y la manipulación informativa hoy.

Por otra parte, y tal como se sostiene en este estudio, hay que recordar que el campo de lo decible es elástico y sus fronteras son siempre disputadas. Para ello se cuenta hoy incluso con herramientas renovadas, puesto que las redes digitales pueden amplificar los márgenes de recepción crítica y abrir canales de circulación de contenidos alternativos. Al mismo tiempo, la sociedad argentina está ahora más atenta, ha escarmentado del pasado, y sabe la importancia de reconocer los sesgos informativos tanto como los silenciamientos sonoros. Hemos aprendido que no es sólo el contenido de lo enunciado sino también la intelección del aparato enunciativo lo que ha de guiar la lectura de los diarios. Más allá de la información evidente se trata de elucidar quién, cuándo, por qué y cómo pone en acto un discurso, a quiénes excluye, y qué o quiénes se benefician de esa construcción. Esa es la tarea que proponen las siguientes páginas. Queda a los lectores reflexionar en qué medida seguimos siendo hablados por la sociedad que fuimos. Hasta qué punto no hay nada más candente, más acuciante, que los diarios de ayer.

ESTELA SCHINDEL, septiembre de 2016.

Prólogo

Desde el inicio de este libro, al revisar el papel que desempeñaron los diarios argentinos en la política de desaparición forzada de los disidentes políticos durante los años ‘70, Estela Schindel enuncia una doble —y fundamental— preocupación, que va acompañando todo su análisis. Se trata, por una parte, de las posibles continuidades entre el terrorismo de Estado y un autoritarismo cotidiano preexistente y, por otra, de sus eventuales replicaciones posteriores, en elementos aún actuantes dentro de la sociedad.

El anclaje en el pasado inmediato se argumenta a partir de ciertos componentes preexistentes de la cultura política argentina, como la identificación de la autoridad con el autoritarismo, del poder con la supresión de la disidencia, la exaltación del valor de las armas y una serie de microdespotismos desarrollados desde mucho antes por la sociedad. Pero se analiza especialmente en la presencia embrionaria de todos los elementos que configurarían la política represiva del régimen instaurado en 1976, en un periodo previo al golpe de Estado —de junio de 1975 a marzo de 1976—: “el huevo de la serpiente”, en el que ya se preanuncia y adivina la criatura que está a punto de nacer.

Por otra parte, para hablar de los elementos aún actuantes de aquel pasado autoritario Schindel nos remite a la figura que Giorgio Agamben ha llamado homo sacer, a la construcción social de esos seres “matables” —como el delincuente subversivo de los ‘70—, por cuyas vidas nadie responde y que, en el mundo actual, encarnan en el terrorista y en el delincuente pobre.

A lo largo de la exposición, el libro va desplegando la forma en que la prensa de la época fue filtrando y construyendo la figura del desaparecido como contraparte antagónica–complementaria de la del subversivo, predominante en el discurso militar. De esta manera va exponiendo consistentemente el papel de la prensa escrita en la construcción y sostenimiento de los discursos represivos del poder —en este caso del terrorismo de Estado—, y tal vez sea precisamente este el elemento actuante más significativo y poderoso del pasado, que persiste en las políticas nacional y global del siglo XXI.

La prensa era —y sigue siendo— una cámara de repetición, resonancia y justificación del discurso del poder y, en especial, de sus modalidades represivas. En las dictaduras esto ocurría sin fisuras, de manera casi total; en las democracias actuales lo hace monopolizando los medios más importantes para construir el discurso hegemónico que no es único, pero que aspira a serlo bombardeando las mentes con relativo éxito. Opera de esta manera porque es parte del poder y por ello calla sus abusos y disfraza sus ilegalidades. Lo hace por convicción, en algunos casos, por autocensura o por la presión de los grupos a los que responde. Pero también por miedo; había entonces y hay en la actualidad represión —de distinto tipo, según los países y las circunstancias— para quienes se salen del libreto establecido.

La prensa escrita, junto con los otros medios de comunicación, construía y construye la figura del homo sacer —ayer delincuente subversivo, hoy delincuente a secas o terrorista—, y también la “necesidad” de aniquilarlo en defensa de la sociedad. Como en los ‘70, la noticia sustrae los nombres y los rostros de esos otros implicados y opta por no registrar los reclamos, los sufrimientos, las caras de dolor o el llanto de sus familiares. De esta forma, se le niega a algunos la condición de sujetos para presentarlos como simples objetos reprimibles.

Y sin embargo, también en nuestros días, se filtra la información, se multiplican los indicios que nos permiten conocer o adivinar los abusos del poder, sin mencionarlos abiertamente o haciéndolo casi “por error”. Cuando en 1977 uno de los periódicos aquí analizados presentaba como sinónimos las palabras detenido y desaparecido, más que cometer una equivocación, estaba informando, casi a pesar de sí mismo, que en ese momento ser detenido —para un disidente— significaba desaparecer, es decir, ser asesinado sin que nadie se hiciera cargo de ello. De manera simétrica, cuando hoy nos enteramos de que en un ataque a supuestos terroristas murieron sólo mujeres y niños, sin que medie un escándalo diplomático, se dibuja la verdadera índole de la guerra antiterrorista más allá de las enunciaciones para justificarla. Y frente a estos “deslices” informativos también nosotros permanecemos en el lugar del testigo silencioso frente a una masa difusa de información que superpone lo negado, lo silenciado, lo dicho a medias y lo enunciado abiertamente. Pero sabemos; en medio de la confusión y a pesar de ella, ignoramos y sabemos al mismo tiempo, como los argentinos de los ‘70.

En el recorrido que hace Schindel por algunos diarios de la época se aprecian muchos otros elementos utilizados entonces por la prensa en el sostenimiento del poder y que permanecen aún “actuantes”, en especial los que se refieren a la fase preliminar o preparatoria de la tragedia.

La exhibición de la violencia para alentar el miedo es un mecanismo de “ablande” de las sociedades que no ha dejado de usarse. Para ello las distintas violencias se presentan mezcladas unas con otras, en una confusa amalgama que las despolitiza e impide su comprensión. Se las muestra como producto de una irracionalidad antisocial, del “furor de los que matan por matar” (pág. 144) o roban por ociosidad para así reclamar la intervención de un Estado “ordenador” cuando, en realidad, los responsables de las grandes violencias son o bien los propios Estados o bien grupos de poder articulados con instancias estatales que los protegen.

En distintos momentos, la prensa va construyendo la necesidad de lo represivo y su normalización, como se puede apreciar en la gradación de los titulares del diario La Nación los días previos al golpe de Estado de 1976, uno tras otro. Las palabras clave de sus respectivos titulares fueron: violencia, emergencia, inquietud, rumores (de golpe), observación, tensión, expectativa, inminente, asumieron. E inmediatamente después: normalidad, orden, tranquilidad, normalidad, normalidad (pág. 163). Es evidente cómo primero se agitan la violencia y el peligro para sustentar luego la represión estatal —que en este caso desencadenaría decenas de miles de muertos y desaparecidos—, asociando en cambio esta extraordinaria violencia con las ideas de orden y normalidad.

Gracias a la cuidadosa revisión que hace Estela Schindel también se puede apreciar cómo, desde aquellos años, la prensa va articulando la noción de terrorismo internacional a partir de la idea de una “internacionalización de la subversión”, que configuraría una amenaza común para Occidente. En las palabras de Harguindeguy, que el texto recupera: “En Europa se están presentando problemas con el terrorismo internacional, que nosotros conocimos y hemos pasado” (pág. 249), se puede apreciar la asociación de lo que los militares argentinos llamaban subversión con esta nueva categoría, el terrorismo internacional. Otras dos declaraciones de la prensa de la época —también recuperadas por Schindel—, resultan interesantes en relación con este fenómeno. La primera pertenece al demócrata Fernando de la Rúa quien exhortó en pleno 1977, uno de los años más sangrientos de la dictadura, a que “la misma energía empleada para condenar el terrorismo en Europa, se use para condenar también el terrorismo que tantos daños y angustias ha causado en la Argentina” (pág. 249). La otra pertenece al diario The Times, de Londres, que enfatiza “la falta de preocupación pública local (se refiere a Argentina) por los 7.000 u 8.000 terroristas muertos (ya que) los guerrilleros ayudaron a hacer de todo esto una rutina aquí” (pág. 285).

En estas declaraciones se pueden identificar dos operaciones de asociación simultáneas y, ciertamente, muy dudosas: 1) los muertos son guerrilleros, es decir, subversivos; y 2) los subversivos son terroristas. La identificación entre subversivo y terrorista, que inicia en los ‘70 desde las estructuras militares y la prensa del régimen, todavía se sostiene en la actualidad por parte de ciertos políticos y de algunos intelectuales. No es casual. El subversivo encarnaba en los ‘70 la nuda vida a la que hoy se reduce al terrorista (y a otros): sujeto matable que, por su propia culpa, se coloca fuera del orden del derecho, en los márgenes de la excepción. Por eso, ambas calificaciones, cada una en su momento, convocan a la eliminación del otro sin más.

La lectura de este libro nos permite apreciar el tránsito de la categoría subversivo a la de terrorista, que viene a constituirse en su relevo. Dicha sustitución es comprensible y útil para las estructuras de poder ya que la expresión terrorista borra de manera mucho más radical todo vestigio político —que ya se había tratado de difuminar con la expresión delincuente subversivo— y despierta naturalmente el rechazo generalizado que infunde el terror. También desvía el origen de las prácticas de terror —generalmente originadas en el Estado por su extraordinario potencial de violencia— hacia grupos de la sociedad, en especial los insurgentes. Desde los ‘70 se puede ver la conexión entre un concepto y el otro, así como el uso temprano del espantajo que se sacude hasta nuestros días.

Y no es que el fenómeno terrorista, como tal, no existiera desde antes. Por supuesto que sí. Pero lo que no existía era la asimilación tramposa entre violencia política y terrorismo, que trata de sustentarse en la actualidad y que ha venido profundizándose, sobre todo a partir del fin de la Guerra Fría. Según esta trasposición, las gestas nacionales de independencia, cualquiera de las revoluciones de la historia, los movimientos armados e incluso las insurrecciones de resistencia indígena no serían más que formas de terrorismo. Por eso, el uso del calificativo terrorista es hoy tan sospechoso como lo fue el de subversivo en los ‘70: ambos tienen la misma valencia política.

Por otra parte, si desde el poder del Estado se construyó la figura del subversivo como sinónimo del peligro que se debía expulsar y exterminar, la lucha desde los organismos de derechos humanos intentó “regresar” a esos excluidos, reinstalarlos en la sociedad y en la vida sustrayéndolos de la clasificación que los condenaba, para resignificarlos desde la condición de víctimas, “desaparecidos”, y poder así reclamar su restitución con vida.

¿Quién podría darse a la tarea de rescatar a este otro despojado de identidad política, de nombre y de rostro? Sólo su más próximo, el familiar, la madre, la esposa, el hijo, podían reclamar por esos borrados del mapa, “desaparecidos” de todo, y enunciarlos por primera vez como propios: “nuestros desaparecidos”. Sólo ellos pudieron, por la calidad del vínculo, dar cuenta de la humanidad negada del otro e integrarlo a un nosotros.

Podría hablarse de un cierto “abandono” de la sociedad hacia las víctimas de la represión pero lo que existió, sobre todo, fue la reivindicación del desaparecido como persona, no subversivo, no terrorista —categorías que lo expulsaban automáticamente del derecho y de la sociedad— sino en tanto ser humano. Y esta reivindicación de la persona sin más, que sólo el familiar podía realizar —dado el desconocimiento y la peligrosidad de cualquier vínculo de otra naturaleza en el contexto del terrorismo de Estado— no representa en absoluto un acto apolítico. Todo lo contrario, está en la base misma de la política porque saca a un conjunto de personas del margen, del lugar de la excepción para incluirlas como sujetos de derecho. Contra los epítetos “subversivo”, “terrorista”, creados para la exclusión más radical y el exterminio, al hablar de “nuestros desaparecidos” las Madres los reintegran a la sociedad de los que tienen derechos y los rescatan de la nuda vida. También hoy urge rehusar las clasificaciones que convalidan la eliminación de los otros para restituir sus rostros, sus nombres y sus identidades, es decir, su derecho a la vida biológica, social y política.

Así, la lectura de este libro singular en el que se van desgranando todos estos elementos nos permite recordar y, a la vez, repensar el pasado como realidad actuante sobre el presente. El papel de la prensa al agitar una violencia incomprensible, extraña, despolitizada, que alienta el miedo para propiciar el reclamo de otra fuerza, la estatal, siempre mucho más poderosa. La adjudicación de esa violencia difusa a un enemigo desquiciado, sin razón ni pensamiento político y, a partir de ello, el desconocimiento de su identidad y de su condición humana. La eliminación de quienes han sido reducidos a nuda vida y la exhibición de sus cuerpos desechos, dados en espectáculo que “confirma” su subhumanidad. Todos estos son recursos “actuantes” del pasado dictatorial que no han dejado de retornar y que, hoy como ayer, reclaman de nuestra acción.

Pilar Calveiro

Introducción

La desaparición forzada de personas implementada como método de exterminio bajo el terrorismo de Estado lleva ya varios años siendo objeto de estudios y debate en la Argentina. Las últimas décadas fueron testigo de una creciente producción académica, cultural y artística destinada de diferentes modos a elaborar, transmitir y estudiar no sólo los crímenes de Estado cometidos durante la última dictadura sino también sus antecedentes históricos, el contexto de radicalización política en el que tuvieron lugar y los efectos que continúan ejerciendo sobre la sociedad argentina hasta el día de hoy. Un aspecto que en este marco ha comenzado a recibir mayor atención es el de la vida cotidiana bajo el régimen dictatorial. Más allá de la investigación del exterminio perpetrado desde el Estado y de la reconstrucción de la militancia revolucionaria que éste buscó desmantelar —uno y otra mayormente al abrigo de la clandestinidad— comienzan a ganar mayor espacio las preguntas por las prácticas y representaciones de la vida diaria “en superficie” que coexistían con los secuestros y desapariciones. ¿Cómo vivíamos los argentinos mientras se cometía la mayor masacre del siglo XX en el país? ¿Cómo era el día a día en dictadura al lado de los centros clandestinos de detención que la mayoría no supo, no pudo o no quiso percibir?

Este libro se propone contribuir al conocimiento sobre ese aspecto aún poco explorado de la historia reciente a partir de la lectura de la prensa gráfica. Se trata de un objeto que por su visibilidad y alta circulación podría parecer evidente, refractario a arrojar cualquier dato desconocido o novedoso sobre la sociedad de la dictadura. Nuestro estudio demuestra, sin embargo, que aquello que a primera vista puede parecer autoexplicativo o tautológico se asienta sobre supuestos y códigos de lectura sumamente reveladores acerca del clima de época o aquello que Raymond Williams llamara la estructura del sentir de una sociedad. El contrato de lectura que reúne a lectores y editores en torno a un periódico precisa de una serie de supuestos compartidos que, lejos de ser autoevidentes o transparentes, dan cuenta de un horizonte de valores, opiniones o expectativas comunes.

¿Qué leían los argentinos día a día mientras se gestaba y se perpetraba la masacre cometida por el Estado? ¿Cuándo comenzaron a leer en los periódicos acerca de la “desaparición” de personas? ¿Cómo se nombraba a los desaparecidos entonces y qué comentarios acompañaban esas noticias? ¿Qué información sobre la sociedad argentina bajo la dictadura se desprende de las páginas de los diarios contemporáneos al terrorismo de Estado? La investigación que sirve de base a este libro se nutrió de dos interrogaciones paralelas y, en cierto modo, complementarias. Por un lado, surgió a partir de la pregunta por el modo en que se constituyó la figura del “desaparecido” como tal en nuestra sociedad; por otro lado, el material mismo fue orientando la lectura hacia la indagación sobre el entorno cotidiano mismo en el que vivían los argentinos a partir de lo que revelan las páginas de los diarios. Ambas cuestiones están imbricadas mutuamente y remiten a un mismo núcleo conflictivo e incómodo: el de la indiferencia y la banalidad que suelen acompañar los procesos sociales de estigmatización, exclusión y exterminio, así como el modo en que son reforzados por la lógica de funcionamiento de los medios de comunicación.

Los trabajos que se ocuparon de diversas maneras de la prensa gráfica en dictadura, tanto desde la investigación académica como el género periodístico, se han ocupado sobre todo de reconstruir la historia de algunos diarios, coyunturas históricas o personas en particular o bien se orientaron a la denuncia de responsabilidades y complicidades de las empresas periodísticas y los periodistas con los militares (incluyendo los testimonios sobre las ambigüedades y negociaciones que suponía ejercer ese oficio en dictadura). Menos atención han recibido la probable recepción de esos medios y la genealogía temprana de la figura del desaparecido. Desde el retorno al sistema constitucional en Argentina en 1983 ella se instaló en la esfera pública como víctima emblemática del terrorismo de Estado y se generalizó como tal hasta el punto de opacar sus condiciones de surgimiento. Las preguntas que inspiraron inicialmente este trabajo apuntaron a desandar el camino que llevó a naturalizar el empleo de ese término e interrogar su origen: ¿por qué hablamos de desaparecidos? ¿Cuándo y quiénes comenzaron a nombrar así a las personas secuestradas, torturadas y asesinadas por el Estado? ¿Por qué no se habló, por ejemplo, de secuestrados, presos, muertos o caídos? ¿Cómo se instaló este concepto en la opinión pública y qué actores intervinieron en su definición?

Si bien estas preguntas no tienen, ni pueden tener, una respuesta única y tajante, la lectura minuciosa de la prensa contemporánea a los hechos que dieron lugar a las desapariciones permite observar el modo en que se construyó socialmente esta figura, a partir de lo que desde la información publicada se establecía como saber compartido por la mayoría de la población. Los capítulos centrales de este libro se dedican a exponer los sucesivos pasos, disputas y negociaciones que fueron dando forma a esa construcción. Allí se propone un recorrido por los usos tempranos del término “desaparecido”: una palabra que se instaló de manera tan fuerte en la vida pública argentina y adquirió tantas valoraciones políticas, culturales y afectivas que sus condiciones de surgimiento tienden a quedar opacadas bajo esas sucesivas capas de sentido. Durante la dictadura hubo también miles de presos políticos, ejecutados y exiliados, pero siguen siendo los desaparecidos a quienes se evoca principalmente cuando se piensa en los crímenes del terrorismo de Estado. El recorrido que propone este libro invita a conocer mejor por qué, o en todo caso cómo, se constituyó lo que hoy es una figura nodal de nuestra identidad como país. El análisis arranca a mediados de 1975, antes aún de instalarse el régimen de facto, y llega hasta la mitad de 1978, abarcando el momento más álgido y compacto de la represión. A lo largo de estos tres años, como se verá, se observan formas diferentes de nombrarse y constituirse los desaparecidos —así como de referirse a la violencia en general— que se analizan en su especificidad cronológica y conceptual.

A través de la información que ofrece la lectura de los diarios, al mismo tiempo, es posible acceder a otro aspecto de la vida en dictadura: el de lo que podemos llamar su dimensión “positiva” o “productiva”. Con esto se hace referencia a los modos en que el poder dictatorial, mientras reprimía y mataba, ponía en acto también políticas destinadas a promover y producir nuevas subjetividades así como a dar forma a la población mediante estrategias biopolíticas. Estas observaciones, que se exponen en el último capítulo, no se basan exclusivamente en la lectura de los periódicos sino que, necesariamente, se complementan con informaciones provenientes de otras fuentes. El material de prensa, sin embargo, aporta sugestivos elementos para comprender esas gestiones biopolíticas del régimen dictatorial y, sobre todo, para tratar de recomponer los horizontes simbólicos y los imaginarios de la sociedad argentina en dictadura. ¿Qué proyecto de reorganización política y social impulsaba el régimen? ¿Qué imagen de familia y qué recorte de género propugnaba y qué espacio se les daba en ese proyecto a los niños y los jóvenes? ¿Qué indicios acerca de los valores y expectativas de la vida cotidiana se desprenden por ejemplo de los avisos publicitarios? ¿Qué tipo de subjetividades impulsaba el régimen y qué imaginario colectivo las favorecía? En la imbricación entre las huellas de la vida cotidiana que aportan los periódicos y la información proveniente de otros ámbitos es posible formular algunas respuestas posibles a estas preguntas y contribuir a la comprensión de la dictadura no sólo como un régimen criminal represivo sino también como un proyecto que se propuso una remodelación política y social a largo plazo.

Ambas perspectivas, la pregunta por el modo de nombrarse a los desaparecidos y la interrogación por la cotidianeidad en dictadura, son atravesadas por una misma preocupación: comprender cómo la sociedad argentina convivió con la masacre. Esa indagación permite a su vez esbozar nuevas preguntas acerca de aquello que la experiencia de la dictadura y la desaparición de personas informan acerca de nosotros como sociedad. Extrapolando las consideraciones del sociólogo polaco Zygmunt Bauman acerca del Holocausto —para quien éste no es una falla o un fracaso de la modernidad sino una posibilidad contenida en ella— es posible también ubicar a la desaparición de personas no como un momento de excepción ajeno a la sociedad o la historia argentinas “normales” sino como un producto posible de las mismas que le prestaron sus condiciones de posibilidad. ¿En qué medida el terrorismo de Estado fue facilitado por estructuras autoritarias subyacentes en las relaciones sociales o discursos que despreciaban la vida humana que circulaban previamente? ¿Se trató de un exabrupto violento ajeno a la mayoría de la población o del resultado de una combinación de elementos propiciatorios que atravesaban a toda la sociedad? Estas cuestiones han sido objeto de numerosas publicaciones y de intensos debates en la Argentina. Una contribución decisiva a esa discusión, hace ya más de una década, fue el estudio de Pilar Calveiro sobre el poder desaparecedor, donde se establece una inquietante continuidad entre la desaparición y su contexto social. Según esta autora, considerar que la represión clandestina y el espacio en que tuvo lugar son realidades aparte constituye una ilusión. Por el contrario, afirma, los centros de detención de la dictadura están instalados en —y derraman sus efectos sobre— la sociedad en su conjunto y componen “una red perfectamente entretejida con el entramado social”. El libro de Calveiro explora ese entrelazamiento entre el “afuera” y el “adentro” de los centros clandestinos de detención a partir de un análisis minucioso de su funcionamiento. La autora expone las operaciones, estrategias de poder y supuestos que subyacen a lo que llama el dispositivo desaparecedor y argumenta que estos también se extienden, en cierta medida, a la sociedad en su conjunto.

Este trabajo asume también la existencia de estas continuidades y se propone contribuir a comprenderlas a través de la observación de su otro polo: el de la superficie bajo la cual tenían lugar los crímenes de los centros de detención y tortura. ¿Es posible identificar esos lazos a partir de la observación de esa esfera pública, simultánea y colindante con los ámbitos clandestinos del terror? ¿Qué indicadores, síntomas o señales dan cuenta de la existencia de una red ilegal de establecimientos criminales del Estado en la “normalidad”, la vida visible y cotidiana de la sociedad? ¿Cuáles serían esos indicios y cómo hacer para reconocerlos? El planteo de estas preguntas trae consigo, inextricablemente, el problema de su abordaje: ¿cómo acceder a un conocimiento fidedigno de la sociedad en dictadura? ¿Es posible reconstruir hoy lo que pensaban o creían los lectores de periódicos más de treinta años atrás? Se trata de una dificultad inherente a los estudios sobre “historia reciente” y debe tomarse como un condicionante intrínseco a esa labor: la memoria humana no es una evocación transparente ni neutra del pasado sino el fruto de una construcción selectiva y determinada, en gran medida, por las circunstancias del presente. Cualquier intento de indagar “qué se recuerda” revelará más información sobre los mecanismos de selección que intervienen en los procesos de memoria que sobre el objeto mismo de la rememoración.

Es poco lo que se sabe acerca de las representaciones cotidianas de los ciudadanos mientras tenía lugar la masacre y son muchos los condicionantes que dificultan esa indagación. En plena dictadura, en 1979, Guillermo O’Donnell y Cecilia Galli realizaron una encuesta a la que, por las condiciones restringidas en que tuvo lugar debido al miedo, los propios autores consideraron un “horror metodológico”: allí consultaron a sus entrevistados acerca de sus percepciones sobre la actualidad del país. Poco después, en 1982, luego de que la derrota en la guerra de Malvinas acelerara la caída del régimen y la difusión masiva de sus crímenes, los mismos entrevistados manifestaron opiniones notablemente diferentes —más críticas hacia los militares— a las expresadas tres años atrás[1]. Los cuestionarios distribuidos para este trabajo entre lectores de diarios de la dictadura mostraron una tendencia similar: las valoraciones del pasado se basan en categorías desarrolladas posteriormente y se mencionan fuentes no existentes en el momento evocado, lo cual revela hasta qué punto su percepción pasa inexorablemente por el lente prismático del hoy[2]. La memoria es un relato que habla más del presente que del pasado, de lo que las personas quieren haber creído que de lo que verdaderamente recuerdan. Intentar comprender las representaciones y creencias en dictadura a partir de evocaciones es una quimera pues éstas más bien informan sobre las necesidades e interpretaciones actuales que sobre los hechos del ayer.

Si hay razones para desconfiar de la posibilidad de reconstruir esas percepciones a través de testimonios, queda sin embargo el recurso de señalar lo que en todo caso los argentinos tenían oportunidad de saber porque era publicado diariamente. La elección de observar este desarrollo en la prensa gráfica surgió de la intención de evaluar no las informaciones subterráneas sino aquello que los ciudadanos y ciudadanas tenían ante sus ojos día a día. En los diarios masivos es relativamente poco lo que se publicó acerca del modo en que comenzó a instalarse el término desaparecido: los debates y denuncias que lo nombran partieron especialmente de los organismos de derechos humanos y otros actores que actuaban en resistencia, así como de las campañas de denuncia que tenían lugar en el exterior, donde circulaba mucha más información que en Argentina acerca de lo que sucedía en el país. La reconstrucción de esos desarrollos tempranos de la figura es accesible a través de fuentes publicadas, sobre todo testimoniales, y a lo largo del trabajo se recurre a ellas para contrastarlas con lo publicado en los periódicos. El interés de este estudio, sin embargo, no radica tanto en la historia subterránea del desaparecido como en su emergencia pública a través de lo que aparecía en la prensa. Fue guiado también por la sospecha, luego confirmada, de que aún un régimen represivo y autoritario como el que rigió en Argentina durante esos años permite al menos un escueto margen de “esfera pública” donde actores con posiciones diferentes establecen disputas y conforman un campo de lo decible cuyas fronteras son elásticas. No se trata de oponer “censura” a “libertad de expresión” o detectar los modos de burlar las prohibiciones oficiales, sino de observar cómo se construyen y negocian significados positivamente e identificar los movimientos, por más leves que estos sean, a través de los cuales se van constituyendo las voces que darán lugar públicamente a la figura del desaparecido.

Este libro no se propuso sacar a la luz documentos ocultos ni hallar verdades desconocidas en fuentes inéditas. Esa tarea, en la que aún queda mucho por hacer, está siendo abordada cada vez más por historiadores profesionales y, sobre todo, por los tribunales que en los últimos años se ocupan nuevamente de juzgar a los responsables de los crímenes en cuestión. Mientras las Fuerzas Armadas no entreguen la documentación de su accionar ilegal, que permitirá conocer mejor el modo en que se implementó el terrorismo de Estado y determinar los destinos individuales de cada uno de los miles de desaparecidos, estos esfuerzos serán junto a los testimonios de los sobrevivientes las únicas fuentes disponibles para conocer lo ocurrido. El objetivo de este trabajo, sin embargo, no es develar información desconocida sino exponer qué y de qué forma era publicado diariamente en la Argentina acerca de la represión estatal, menos para denunciar las ausencias que para interpretar las presencias, no para desentrañar lo oculto sino para señalar lo evidente. Se ha escrito bastante acerca de la censura y autocensura de los medios en dictadura y, como se verá más adelante, ésta existió y facilitó la impunidad con que actuaron los represores; menos se ha indagado en cambio en la existencia de un contexto propicio a las desapariciones y el modo en que la represión se entretejía en la trama discursiva de las páginas de los diarios y se filtraba, no siempre en forma explícita, lo que sucedía en los centros clandestinos de detención y tortura. Por eso el contexto de las noticias que se publicaban recibe adecuada atención en este libro y se dedica un capítulo a los modos “productivos” que adoptó el poder así como a la positividad de la vida cotidiana simultánea a la masacre.

En los últimos años se han multiplicado los trabajos que se ocupan de la dictadura y los desaparecidos desde la perspectiva de la memoria. Al uso abusivo de este término que amenaza con banalizarlo, se añaden los problemas epistemológicos que supone abordar el conocimiento del pasado sólo desde esa óptica. Zygmunt Bauman advierte que el tratamiento académico especializado del Holocausto provoca el riesgo de “absolver” de ocuparse de él a las corrientes centrales de las ciencias humanas y sociales. Una tendencia similar podría producirse en la Argentina por la institucionalización académica del rubro “memoria”, que deja el tema de la dictadura cómodamente alojado en el pasado y evita confrontarse con el grado en que la sociedad de los desaparecidos se continúa en la de hoy. Esa tendencia, así como el excesivo énfasis en su delimitación cronológica, contribuiría a ubicar a la dictadura en un paréntesis de excepción y descuidar el aspecto de sus legados y efectos. No se trata de ignorar la condición extrema de la masacre perpetrada por los militares ni menos aún de restar relevancia a la memoria como actitud ética ineludible. El desafío, por el contrario, consiste en honrar el recuerdo asumiendo que la tragedia fue posible debido a características que pueden continuar actuantes en la sociedad, lo cual no niega la dimensión de los crímenes de la dictadura sino que advierte sobre su complejidad. Al riesgo de una memoria anecdótica y condescendiente con el hoy, se trata de oponer una conciencia del pasado como un dato constitutivo del presente: ni tan único que no pueda incorporarse al relato nacional reconociendo continuidades y herencias, ni tan normalizado en la narración de la historia que se olvide su condición de inflexión radical en la historia argentina reciente.

Este libro expone y actualiza una investigación realizada entre 1999 y 2003 en el marco de una tesis doctoral defendida en 2004. Desde la culminación de ese estudio se han multiplicado en nuestro país los trabajos que se ocupan de la desaparición de personas y sus legados, así como los debates y discusiones en torno a la interpretación de los mismos. Es imposible dar cuenta aquí de la totalidad de esos estudios y comentar exhaustivamente sus aportes puesto que implicaría distraer el eje central de la argumentación. Sin poder dialogar con toda esa bibliografía, que también se ha ocupado en parte de aspectos vinculados a la vida cotidiana con sus temores, complicidades y consensos, este libro se apoya en cambio en la vigencia de su objeto primario de indagación, que permanece intacto y relativamente inexplorado. Si bien la cuestión de los medios de prensa en dictadura ha recibido creciente atención y en los últimos años han aumentado las investigaciones al respecto, se trata de estudios dedicados mayormente a la complicidad de periodistas o empresarios de medios con la dictadura, así como a la censura o autocensura, y no tanto a comprender el campo de posiciones y discursividades abierto por lo que positivamente se publicaba a diario. Nuestra lectura minuciosa de los diarios propone volver con una nueva mirada sobre esos elementos del cotidiano aparentemente más banal. La certeza de que ese material ofrece evidencias e interpretaciones que siguen siendo relevantes hoy fue el argumento más convincente a la hora de evaluar por qué publicar los resultados de un trabajo de doctorado tantos años después de concluido. Lo que se presenta al lector es la posibilidad de volver a las fuentes primarias de acceso al conocimiento de la Argentina en dictadura para interrogar ese testimonio silencioso que acaso creímos obvio. La información que arrojan las noticias de diarios sobre el día a día paralelo a las desapariciones no ha cambiado desde entonces y ofrece un documento incontrastable acerca de lo que era público y sabido. Lo que sí cambia es nuestra mirada sobre esa época y hoy nos permite, esa es la apuesta de este libro, leer allí nuevos elementos y contribuir a complejizar y continuar pensando un pasado que todavía acecha nuestro presente y arroja desafíos al futuro.

A las muchas personas e instituciones que merecieron mi agradecimiento por su apoyo y acompañamiento al culminar la investigación de doctorado debo, en este punto, renovar mi reconocimiento y gratitud. A esa larga lista se agregan ahora los amigos y colegas que, en estos años, me animaron a trasladar el trabajo al papel y, sobre todo, mantuvieron vivo su contenido discutiendo y citando la versión digital previa. Agradezco, sobre todo, a Marina Franco por sus generosos y precisos comentarios aun si la revisión no pudo hacer honor a todas sus incisivas sugerencias, y a mis compañeras del grupo de investigación Narrativas del Terror y la Desaparición de la Universidad de Constanza auspiciado por el Consejo Europeo de Investigación, con quienes continuamos estudiando la singularidad y efectos de las desapariciones en la Argentina. Quiero mencionar especialmente a su directora, Kirsten Mahlke, por darme la posibilidad de trabajar el manuscrito en ese marco, y a Silvana Mandolessi por acercarme el contacto con EDUVIM.

Para quienes crecimos en dictadura desentrañar los modos en que el autoritarismo se entrelazaba con la superficie de la vida cotidiana es una forma de comprender la trama de ocultamiento y opresión de la que fuimos parte. En ese contexto, lo familiar podía ser político y los resquicios de libertad habitar espacios aparentemente inofensivos como los códigos juveniles, las revistas de ciencia ficción o la cultura rock. En recuerdo de ese mundo que me dejó vislumbrar en nuestra adolescencia, en afecto interminable, dedico este libro a la bendita memoria de Eial Rudman.

Berlín, julio de 2012.

1. La construcción social del desaparecido

¿Qué es un desaparecido?

La muerte no es lo contrario de la vida sino el fondo sobre el cual la vida adquiere sentido. Los rituales funerarios que enmarcan la muerte están destinados a restablecer y afirmar la continuidad de la vida entre quienes permanecen y ofrecer un marco simbólico que les ayude a aceptar la pérdida, situándola al interior de un universo de valores compartido: por eso la muerte, como afirma Norbert Elias, es un problema de los vivos[1]. Para los seres humanos no hay pura muerte biológica sino una serie de dispositivos que la inscriben en la comunidad en forma de rituales religiosos, procedimientos médicos o trámites civiles. Uno de los parámetros propuestos por Philippe Ariès para interpretar las actitudes ante la muerte en Occidente es el modo en que enlaza al individuo con la perpetuación de su comunidad y de la especie:

Igual que la vida, la muerte no es un acto solamente individual. Por eso, como gran paso de la vida, se celebra por una ceremonia siempre más o menos solemne, que tiene por objeto marcar la solidaridad del individuo con su estirpe y su comunidad (…) Los ritos… expresan la convicción de que una vida de hombre no es un destino individual, sino una cadena del phylum fundamental e ininterrumpido, continuidad biológica de una familia o de una estirpe, que se extiende al género humano entero, desde Adán, el primer hombre[2].

La desaparición forzada de personas empleada sistemáticamente como método de exterminio y disciplinamiento social en nuestro país interrumpe esos postulados básicos de la vida en comunidad, al imposibilitar el funeral y entierro de los muertos. El deber de dar sepultura, que prescriben todas las religiones, es un presupuesto de la cultura tan antiguo como la humanidad. Según el filósofo francés Edgar Morin la atribución de prácticas funerarias a los hombres de Neanderthal indica un signo de humanización más importante que la aparición de las herramientas o el uso del fuego[3]. Su sentido trascendente es destacado en la tragedia griega por Antígona al señalar que el mandato del entierro no pertenece a “los decretos” pasajeros de los hombres, sino que se halla entre las leyes “no escritas e inquebrantables” de los dioses, por encima de los asuntos humanos. Su vigencia aún en tiempos de guerra está estipulada por el Convenio de Ginebra sobre el trato debido a los prisioneros de guerra, que en su artículo 120 establece el modo que adoptarán los certificados de defunción de los cautivos fallecidos, donde deberán figurar el lugar y la fecha del deceso, la causa de éste, el lugar y la fecha de inhumación, así como toda la información necesaria para identificar las tumbas, y agrega:

Las autoridades detenedoras velarán por que los prisioneros de guerra fallecidos en cautiverio sean enterrados honrosamente, si es posible según los ritos de la religión a la que pertenecían, y por que las tumbas sean respetadas, decentemente mantenidas y marcadas de modo que siempre puedan ser reconocidas[4].

La desaparición de personas tal como tuvo lugar en Argentina desconoció estos principios básicos y, pese a la activa elaboración social de sus legados y consecuencias, continúa ejerciendo efectos desestabilizadores no sólo sobre las víctimas directas sino sobre la sociedad toda. La desaparición forzada no sólo incumple el mandato del entierro a los muertos sino que introduce un elemento adicional a la profanación de la muerte al anular la certeza misma del fallecimiento. Ese elemento desborda incluso la transgresión a las leyes divinas del entierro escenificada por la tragedia clásica en Antígona, pues allí el hermano de la heroína yace muerto a la vista de la ciudad, sin que haya dudas sobre su deceso. La figura del desaparecido, en cambio, instala una zona de indiferenciación entre la vida y la muerte que genera efectos profundamente perturbadores. Por esa razón había sido empleada ya por los militares norteamericanos en Vietnam como una dimensión de la “guerra psicológica”. Según el psiquiatra chileno Horacio Riquelme, los especialistas estadounidenses habían observado que

lo que más afectaba psicológicamente a los vietnamitas involucrados en la guerra no era la muerte de sus vecinos o familiares a consecuencias de la agresión norteamericana, sino el hecho de no poder celebrar las ceremonias tradicionales, con las cuales acostumbraban a mostrar su luto y despedirse ritualmente de los muertos. La ausencia de ceremonias de luto rompía el delicado vínculo cultural que relaciona a los vivos con los difuntos; la familia y la comunidad se sentían profundamente inseguras, como si hubiesen violado colectivamente un tabú; esta táctica se llamó ‘almas errabundas’ y alcanzó un valor muy significativo en la guerra psicológica contra la población vietnamita[5].

La desaparición forzada tiene como objetivo, además de la captura de la víctima y la obtención de información bajo tortura, la creación de un estado de incertidumbre tanto entre los familiares como en la sociedad entera. Los allegados del desaparecido no saben cómo actuar ni a quién recurrir, puesto que dudan de los beneficios de la búsqueda, y sufren los efectos paralizantes del terror sembrado por este método. La sensación de familiares y amigos, observa Riquelme, es de un “shock permanente, una situación de crisis latente y continua, en la cual la tristeza y el dolor causados por la ausencia de la persona querida, se sienten como eternos”[6].

El desaparecido no es pues, un simple preso político, ni tampoco un muerto, aunque en ocasiones aparezca su cadáver, puesto que nadie se ha hecho responsable por él. A eso se agrega el factor de la incertidumbre, que convierte al muerto y al desaparecido en dos figuras completamente distintas, pues la muerte le confiere sentido a la existencia, mientras que la indefinición entre ambas degrada tanto la dignidad de la vida como la de la muerte. Mientras que el duelo por un muerto permite asimilar la pérdida, en el caso del desaparecido éste no se realiza plenamente y el sentimiento de ausencia se percibe como irresoluble, adquiriendo una calidad crónica en los deudos e incidiendo profundamente en la vida social[7]. Numerosos especialistas se han ocupado de los efectos psíquicos de la desaparición tanto a nivel individual como colectivo, donde deja como secuela sociedades traumatizadas, atravesadas por el miedo, la desconfianza y la acriticidad. Con la persistencia de lo irresuelto, la incertidumbre creada por esta figura acosa la existencia de los vivos como un legado espectral.

La desaparición de personas en Argentina

Hoy sabemos que las personas no “desaparecían” sino que eran secuestradas o detenidas ilegalmente por las fuerzas de seguridad. El gran despliegue de efectivos y armas de los operativos no dejaba dudas sobre su carácter oficial. Los llamados “grupos de tareas” irrumpían en domicilios particulares en horas de la madrugada y secuestraban a sus víctimas en procedimientos brutales, casi siempre incluyendo golpes y torturas en la misma vivienda y a menudo en presencia de testigos. Solían robarse objetos de valor de los secuestrados, considerados “botín de guerra” legítimo y empleados como aliciente adicional para el personal. Los secuestrados eran encapuchados y llevados —generalmente en automóviles civiles sin chapa identificatoria— a alguno de los varios cientos de centros clandestinos de detención (CCD) que funcionaron en todo el país, donde eran sometidos a tormentos brutales[8]. Fueron torturados hombres y mujeres, niños y ancianos, obreros y hombres de fortuna, discapacitados físicos, monjas y sacerdotes. El propósito manifiesto era obtener rápidamente información que permitiera realizar nuevos secuestros; pero según los testimonios muchos detenidos siguieron siendo torturados durante días, semanas o meses. También se practicaron torturas psíquicas como los “simulacros de fusilamiento”, la exhibición de la tortura de cónyugues, padres o hijos, y las mismas condiciones de cautiverio, sumadas a la tortura y destrucción de sus compañeros de detención, consistían en un tormento psíquico adicional. Los prisioneros eran mantenidos encapuchados para aislarlos de todo estímulo exterior, lo cual añadía un elemento de dolor aún mayor, las infecciones de heridas eran frecuentes y a la falta de higiene extrema se sumaban el hambre, el frío y el terror permanentes. Luego de un período de tortura incierto, si se consideraba que el prisionero ya no podía brindar información útil, era asesinado sin que esto le sea comunicado previamente.

El método de ejecución más frecuente consistía en adormecer a los prisioneros con un sedante y arrojarlos vivos al mar. También se practicaron fusilamientos y numerosos prisioneros fueron asesinados durante la tortura; en esos casos los cadáveres fueron quemados o arrojados a fosas comunes sin identificación o sepultados secretamente con la identificación N. N. (no nombre) en cementerios públicos. Las detenidas embarazadas fueron mantenidas con vida hasta el momento de dar a luz, luego de lo cual en la mayoría de los casos fueron asesinadas y sus bebés apropiados y entregados ilegalmente a familias ajenas (generalmente parejas de militares o policías) ocultando su identidad; el mismo destino tuvieron bebés y niños pequeños secuestrados junto con sus padres, luego de que éstos fueron asesinados.

Aunque la estructura de funcionamiento era asombrosamente semejante en todos los CCD, hubo también variaciones en los modos de reprimir de cada fuerza. El terror de Estado combinó la planificación racional del exterminio con la arbitrariedad en la ejecución. El territorio del país fue dividido en cinco grandes zonas, cada una de las cuales correspondía a uno de los cinco cuerpos del Ejército, que tenía total jurisdicción sobre ella. Parcelas menores de la represión se adjudicaron a la Fuerza Aérea y la Marina. Cada zona, a su vez, se dividió en subzonas y áreas, que funcionaban en forma autónoma. La estructura represiva dio lugar así a un sistema “feudalizado” donde personal de graduación media contaba con una significativa autonomía y la jerarquía militar quedaba suspendida. Entre los integrantes de cada grupo de tareas —donde también actuaba personal policial y civil— se creaba una suerte de pacto de sangre que favorecía la disolución jerárquica. Este mecanismo descentralizado dio amplio margen para fanatismos, crímenes económicos o personales y descontroles de todo tipo en los que se escudó el presidente de facto Videla al referirse a “excesos”. Si hubo tales elementos de caos y “descontrol” en el mecanismo desaparecedor, sin embargo, estos se produjeron al interior de la misma racionalidad represiva y fueron intencionadamente funcionales al sistema global.

Si bien las Fuerzas Armadas se hicieron del aparato del Estado y ocuparon sus principales puestos, numerosos civiles formaron parte de la estructura gubernamental y, lo que es más importante, participaron como aliados activos y/o beneficiarios del proyecto dictatorial. Este apoyo civil no es un dato circunstancial sino una condición que hizo posible el modelo represivo de las desapariciones[9]. La habitual expresión “dictadura militar” resulta en ese sentido reductiva, puesto que el régimen fue posible por una alianza de intereses cívico militares, aunque la corporación militar estuviera al frente del Estado[10].

Resulta significativo que pese al intenso trabajo de investigación y elaboración colectiva que ha tenido lugar en la Argentina se carezca hasta el día de hoy de información cabal sobre los desaparecidos. ¿Dónde están sus restos? ¿Cuántos desaparecidos hubo? ¿O debemos decir cuántos “hay”? A pesar de las múltiples y complejas formas en que ha sido abordado el pasado dictatorial en los últimos años estas preguntas aún no pueden responderse. Hay una dimensión de la facticidad histórica de las desapariciones donde persiste el desconocimiento pese a la proliferación de trabajos dedicados al tema y que no logran revertir los esfuerzos políticos en el campo de la memoria o los derechos humanos. La documentación disponible proviene aún mayormente de las denuncias de sus familiares y del testimonio de los sobrevivientes, puesto que las Fuerzas Armadas no han abierto aún sus archivos ni difundido las listas de los detenidos y ejecutados clandestinamente. La CONADEP reunió en 1984 denuncias de 8.961 personas desaparecidas, número que ha ido actualizándose, pues el registro de denuncias continúa abierto[11]. A esa cifra se sumaban 1.300 personas vistas por testigos en CCD y la advertencia de que se trata de listas “abiertas”. Los organismos de derechos humanos, sobre esta base, han estimado el número verdadero en 30.000 desparecidos pero esta cifra no puede avalarse con evidencia. En términos cualitativos el universo de desaparecidos fue caracterizado de este modo:

Cayeron militantes de organizaciones políticas y sociales, dirigentes gremiales de base, con actuación en las comisiones internas de fábricas —algunos empresarios solían requerir al efecto la colaboración de los responsables militares—, y junto con ellos militantes políticos varios, sacerdotes, intelectuales, abogados relacionados con la defensa de presos políticos, activistas de organizaciones de derechos humanos, y muchos otros, por la sola razón de ser parientes de alguien, figurar en una agenda o haber sido mencionados en una sesión de tortura. Pero más allá de errores las víctimas fueron las queridas: con el argumento de enfrentar y destruir en su propio terreno a las organizaciones armadas, la operación procuraba eliminar todo activismo, toda protesta social…, toda expresión de pensamiento crítico, toda posible dirección política del movimiento popular que se había desarrollado desde mediados de la década anterior y que entonces era aniquilado. En ese sentido los resultados fueron exactamente los buscados[12].

Como advertía ya entonces la CONADEP, la nómina completa de los desaparecidos así como la suerte corrida por cada uno de ellos, “sólo puede ser cabalmente informada por los autores de tales desapariciones, toda vez que existió un minucioso registro de cada uno de esos hechos, cuya remoción o destrucción constituyen delitos”[13]. La reanudación de los juicios a los responsables del terrorismo de Estado, a partir de la derogación de las leyes de impunidad en 2003, abrió una nueva posibilidad no sólo de juzgar a los responsables sino también de acceder a nuevas fuentes para ampliar y profundizar el conocimiento sobre estos crímenes.

Antecedentes históricos y bases doctrinarias

¿En qué se basaron los militares argentinos para planear la desaparición de personas? ¿Quién, cuándo y cómo tuvo la idea de cargar a los secuestrados en aviones y arrojarlos vivos al mar? ¿Había antecedentes de algo así? El sociólogo Gabriel Gatti sugiere que el dispositivo desaparedor y la figura que produce, el detenido–desaparecido, tuvo una eficacia devastadora en cuanto a la catástrofe de sentido que produjo pero no necesariamente a conciencia de lo que se estaba generando, que “es el individuo retaceado; es un cuerpo separado de nombre; es una conciencia escindida de su soporte físico; es un nombre aislado de su historia; es una identidad desprovista de su credencial cívica, de sus cartas de ciudadanía”[14]. Su perfección represiva, según Gatti, fue más bien “una enorme emergencia, una novedad, una singularidad, una consecuencia no intencionada, un no–previsto”[15]. Según esta interpretación los perversos y duraderos efectos de la desaparición ni siquiera habrían sido buscados: en el afán de encontrar una “solución” para esconder el crimen y su objeto, los militares terminaron dando lugar a una figura espectral y traumatizante de consecuencias mucho más profundas de lo que acaso imaginaban.

¿Qué antecedentes había en la historia de desaparición forzada de personas? El derecho internacional humanitario comenzó a ocuparse de la desaparición a finales de la Segunda Guerra Mundial, pero sólo en relación con los “desaparecidos en combate”. La desaparición forzada como método represivo es más difícil de rastrear, puesto que los Estados han acudido desde sus inicios al terror como instrumento disciplinador y casos aislados de detenciones ilegales secretas podrían remontarse muy atrás en la historia. Bajo el absolutismo monárquico francés, por ejemplo, las llamadas lettres de cachet tenían por objeto dar lugar a detenciones secretas, puesto que a diferencia de las lettres patentes no estaban dirigidas al público en general sino sólo a su destinatario y, al no divulgarse la información sobre su paradero, podían dar lugar a desapariciones. Efectos de esta práctica pueden constatarse en la legislación revolucionaria, que en la constitución de 1791 deja ver la preocupación por evitar tales procedimientos secretos[16].

El antecedente más claro de la desaparición como método sistemático, sin embargo, se encontraría en la represión de la resistencia en los países ocupados por el régimen nacionalsocialista alemán mediante la detención de población civil, acompañada de la desinformación sobre la lista de detenidos y el lugar de detención. El decreto conocido como “Noche y Niebla”, emitido el 12 de diciembre de 1941, formalizaba el empleo de estas prácticas bajo la convicción de que las detenciones prolongadas y las ejecuciones públicas contribuyen a crear mártires y fortalecen la cohesión de la resistencia: A partir de este decreto, en cambio, los acusados debían ser enviados “en la noche y en la niebla” al lado alemán de la frontera donde serían “completamente aislados del mundo exterior” con el fin de crear una intimidación duradera en la población debido a la incertidumbre[17].

La derrota del nazismo y el conocimiento público de sus horrores luego de la Segunda Guerra Mundial crearon un consenso internacional acerca de la necesidad de condenar y prevenir los crímenes de lesa humanidad. El período de la guerra fría, sin embargo, abrió nuevos frentes de conflicto para los cuales se ideó la doctrina de la contrainsurgencia, que parte de la hipótesis del enemigo interior y dio lugar a nuevas formas de detención ilegal. Concebida y empleada en primer lugar por los militares franceses en Asia y África, la doctrina de la contrainsurgencia supone apartar al prisionero del marco jurídico[18]. En ese contexto surge la Doctrina de Seguridad Nacional, que sirvió de fundamento ideológico a crímenes de Estado en toda América Latina. Ella concibe un mundo bipolar, dividido alrededor de un único eje entre “Este” y “Oeste” o entre el “comunismo internacional apátrida” y el “mundo occidental y cristiano”. Alrededor de ese eje tiene lugar la “Tercera Guerra Mundial” que se desarrolla más allá de las fronteras nacionales. Este marco ideológico supone también que la “guerra convencional” ha dado paso a un nuevo tipo de conflicto, donde los militares deben velar por el orden político, el prisionero es privado de derechos y las tareas de “inteligencia” adquieren prioridad. Se introduce así la idea del enemigo interior “mimetizado” con el resto de la población, que debe ser excluido y eliminado.

Bajo esa apoyatura doctrinaria se desplegó la desaparición de personas en América Latina desde los años ‘60, primero en Guatemala, donde adquirió gran escala y se mantuvo a lo largo de dos décadas, extendiéndose a partir de los años ‘70 a otros países e implementándose bajo las dictaduras militares de El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití, pero también bajo gobiernos civiles electos como en México, Colombia y Perú[19]. La jurisprudencia reunida permitió establecer patrones comunes a todos los países y emitir en 1994 la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Su texto sirvió luego de base para la definición del delito en la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, donde este crimen es definido como

el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley[20].

La Doctrina de Seguridad Nacional despolitiza y deshistoriza los conflictos locales atribuyéndolos a una difusa contienda universal. Además, habilita la acción del Ejército contra la propia población, así como la definición de una “guerra” en términos convenientemente vagos como para dar lugar a una represión arbitraria. Tampoco precisa de grandes concentraciones de hombres o de armas, ni definir claramente las líneas por donde corre el frente de lucha. Esta doctrina había sido sistematizada y transmitida a nivel continental en las escuelas militares norteamericanas, a las que asistieron más de tres mil oficiales argentinos entre 1960 y 1975[21]. En la ideología que dio fundamento al terrorismo de Estado argentino también influyeron las enseñanzas de la “escuela francesa” basada en la represión en Argelia e Indochina y oficiales de inteligencia franceses habían entrenado a cuadros jóvenes del Ejército en “técnicas antisubversivas”[22].

La doctrina represiva, sin embargo, no se alimentó sólo de influencias extranjeras sino que éstas confluyeron con vertientes profundamente arraigadas entre los militares argentinos como el tradicionalismo católico de origen español —que profesaba una actitud de intolerancia militante e incluía el uso de violencia física como medio de imponerse—, el nacionalismo, el culto a un ideal militar mesiánico, el racismo y el anticomunismo[23]. Autores locales como Jordán Bruno Genta y Gustavo Martínez Zuviría (Hugo Wast) alimentaron el fanatismo militar con una doctrina ultracatólica y nacionalista de derecha que impregnó a numerosos oficiales jóvenes en las décadas del ‘50 y ‘60[24]. En la legitimación de esta ideología y la definición de un enemigo difuso y ubicuo contribuyeron asimismo voceros civiles del régimen, como su ministro de Economía José Martínez de Hoz, quien afirmó en defensa del terrorismo de Estado:

no se trata de aplicar métodos clásicos de combate para los cuales el oficial se instruye y adiestra en los institutos militares, no había operaciones abiertas, no había enemigo visible ni identificable, no existía el respeto por las más elementales normas bélicas… Las guerras nunca se pelean con guantes blancos[25].

Desde un editorial el diario La Nación argumentaba por su parte que “la línea divisoria antes clara y definida entre las situaciones de ‘guerra’ y ‘paz’ ha desaparecido para dejar lugar a una zona intermedia y conceptualmente confusa” en la cual el conflicto es “permanente” y la acción bélica tiene lugar de forma “no convencional dentro mismo de sus fronteras, mediante formas de guerra mucho más despiadadas que todas las conocidas hasta hoy”[26]. Estas fundamentaciones doctrinarias, avaladas como se ve por el establishment civil, aseguraban que los ejecutores del crimen no consideraran límites en el ejercicio de la represión. Tampoco esto, sin embargo, alcanza a explicar la pregunta por la especificidad que adoptó el terror de Estado en Argentina. Dicho de otro modo: ¿por qué desaparecer?

¿Por qué desaparecer?

Los ideólogos del régimen se habían propuesto poner fin al ciclo pendular de gobiernos civiles y militares que caracterizaba a la política argentina y, sobre todo, eliminar la creciente movilización política impartiendo un castigo definitivo y ejemplar. Esta vez, decidieron, el escarmiento debía dar resultados a largo plazo y ejercer sus efectos durante varias décadas. El proyecto impulsado por la dictadura fue entonces uno de remodelación y transformación social a largo plazo. El nombre que el régimen se dio a sí mismo, “Proceso de Reorganización Nacional”, cifraba ese afán fundacional y redentor que se arrogó, junto con el poder, la junta militar que tomó el gobierno el 24 de marzo de 1976.

En la amplia literatura que se ha dedicado al tema en los últimos años se encuentran interpretaciones diversas y divergentes respecto al carácter y sentido de la masacre cometida por la dictadura. Ha sido comprendido como un régimen terrorista, que cometió sistemáticamente acciones ilegales contra sus ciudadanos empleando para ello la estructura —y la impunidad— del aparato del Estado. Otras explicaciones lo han interpretado en el marco de una guerra, no en adhesión a la retórica militar acerca de una “guerra sucia” o “no convencional”, sino desde una perspectiva que destaca el componente de conflicto de clase presente en la violencia política que dio marco al terrorismo de Estado[27]. A esta visión cabría objetar que aun si la existencia de dos bandos claramente definidos y enfrentados mutuamente permitiera hablar de guerra, sería impreciso soslayar que uno de esos dos bandos cuenta con el monopolio de la fuerza del Estado, y que ese mismo Estado debe garantizar la vigencia de la ley persiguiendo legalmente a quien la infringe y protegiendo a todos sus ciudadanos. Por eso mismo Emilio Mignone calificó tempranamente al despliegue criminal del régimen como terrorismo de Estado, y a la vez como genocidio en tanto asesinato masivo “no por una circunstancia que le atañe personalmente, sino por el sólo hecho de pertenecer a un grupo humano contra el cual se ha desatado una persecución estatal”[28]. Entre los principales argumentos para refutar la aplicación de “genocidio” se ha esgrimido que esta caracterización desmerece la naturaleza política del contexto en que tuvo lugar y podría llevar a una trivialización del término[29]. La argumentación más fuerte a favor del uso de la noción de genocidio para el caso argentino la ha esgrimido Daniel Feierstein, reforzada por el concepto de “práctica social genocida” que este autor entiende como una tecnología de poder específica de la modernidad[30]. Tales prácticas, según Feierstein, se proponen, a través de la eliminación de un grupo determinado, operar sobre la sociedad toda, disolviendo las relaciones sociales de solidaridad y cooperación para implantar, en su lugar, prácticas de aislamiento, individualismo y desconfianza mutuas.

Aunque no nos detendremos aquí en la vasta discusión acerca de la pertinencia de estas calificaciones vale la pena destacar que aún autores que disienten en cuanto a la interpretación de los hechos como guerra, terrorismo de Estado o genocidio, coinciden en considerar a la desaparición de personas implementada en Argentina como un dispositivo orientado a remodelar la sociedad a largo plazo ejerciendo un castigo disciplinador[31]. De mayor interés aquí, en todo caso, resulta el hecho de que como sea que se comprenda o se valore el terrorismo de Estado y el contexto de violencia política en que tuvo lugar, ningún modelo interpretativo consigue explicar el porqué del recurso a la desaparición de personas. Tampoco la noción de genocidio diferencia entre el asesinato a gran escala y la práctica sistemática de la desaparición. Se trata de una diferencia clave puesto que aunque ambas modalidades criminales afectan a largo plazo a la sociedad, no lo hacen de la misma manera; suponen despliegues de violencia y dispositivos de poder distintos y crean figuras sociales completamente diferentes.

Es posible, como sugiere Gatti, que ni siquiera sus perpetradores hubieran entrevisto la dimensión del daño que causaría la desaparición como método represivo, y que el recurso a la misma fuera más bien resultado de una serie de decisiones operativas tomadas sobre la marcha. El régimen buscaba, por un lado, evitar escándalos internacionales como el que había suscitado la represión abierta en Chile, así como condenas de la Iglesia o de sus aliados nacionales civiles, aún si estos venían reclamando una salida represiva a la alta conflictividad política[32]. Se esperaba, por otra parte, que el castigo fuera ejemplar y que los sectores políticos disidentes o aliados de las clases populares no pudieran resistir o recomponerse como lo habían hecho en el pasado. Los militares y sus aliados creían que el encarcelamiento de disidentes políticos no serviría a largo plazo puesto que en prisión la resistencia se mantenía, como había subsistido el peronismo pese a décadas de proscripción, y tras su liberación los militantes volverían a la actividad política. De modo que la represión debía, por un lado, ser invisible o al menos imperceptible a la opinión pública internacional y, por otro, generar efectos de transformación a largo plazo en la estructura social, política y económica del país. Aunque tampoco agote la explicación de por qué desaparecer personas, es preciso, entonces, ubicar este método diseminador de terror en el contexto histórico y político en que tuvo lugar y en el marco de la sociedad que le brindó condiciones de posibilidad.

Violencia política y autoritarismo cotidiano

El recurso a la violencia para dirimir conflictos políticos se nutre de antecedentes que se remontan muy atrás en la historia, como señalan casi todos los trabajos sobre el tema, que comienzan su análisis mucho antes de la dictadura[33]. Las represiones y fusilamientos ilegales a lo largo de la historia argentina, escribe por ejemplo Eduardo L. Duhalde, tienen en común el hecho de que

detrás de cada muerte, hay mucho más que querer acabar con éste o aquel ser humano. Hay políticas, proyectos y pertenencias sociales en pugna, que motivan y deciden aquellas supresiones físicas, generalmente en un plano de absoluta desigualdad. No se trata de un combate entre pares, sino del ejercicio del poder sobre el individuo indefenso[34].

Tomar en cuenta estas consideraciones no implica adjudicarle a la historia argentina un “destino” fratricida o asignarle un origen metafísico o esencial a las prácticas de violencia. Se trata más bien de ubicar la desaparición de personas en un contexto histórico de larga data, que incluye tanto las guerras internas que caracterizaron buena parte del siglo XIX argentino como los sucesivos golpes militares del siglo XX que, en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976, encarnaron de distintas formas la apropiación ilegal e impune del aparato del Estado por la corporación militar y sus aliados civiles. Asimismo, implica reconocer que no eran nuevos el ejercicio de la eliminación de la disidencia o el “aniquilamiento y desaparición” de lo “inmanejable”[35].

La proscripción del peronismo a partir de 1955 y las décadas de resistencia con su líder exiliado generaron un fuerte resentimiento en los amplios sectores de la población que se habían visto beneficiados por su política de integración social y redistribución económica. La dictadura que se impuso ese año con el nombre de “Revolución Libertadora” fusiló a militares y civiles opositores, en la mayoría de los casos sin juicio, en una anticipación de lo que harían las Fuerzas Armadas dos décadas después. A esos períodos de represión del peronismo corresponden los fusilamientos conocidos como la “masacre de José León Suarez” y el secuestro y desaparición por la policía de un obrero miembro de la juventud peronista, Felipe Vallese, en 1962, cuyo cadáver nunca apareció. Durante la dictadura iniciada en 1966 aumentó la represión y hubo al menos tres desaparecidos, el estudiante Alejandro Baldú y el abogado Néstor Martins junto a su cliente Nildo Zenteno, quienes habrían muerto en la tortura por lo cual se ocultó el cuerpo y se borraron las pruebas de la detención. Pero la desaparición como método planificado (secuestrar para torturar, extraer información y luego matar) comenzaría a emplearse recién en 1971[36]. Los casos de detenciones clandestinas y secuestros ascenderían a cincuenta hasta 1973, cien en 1974 y cerca de quinientos en 1975[37].

La radicalización política experimentada en Argentina durante la década del ‘60 y principios de la del ‘70 se correspondió con el clima de fervor revolucionario que se vivía en gran parte de América Latina y con un contexto internacional influenciado por las secuelas de la guerra de Vietnam, la revolución cubana, los movimientos contraculturales europeos del 68 y las revueltas estudiantiles en numerosos países. La resistencia peronista a los largos años de proscripción se aunaba con el movimiento revolucionario marxista y la voluntad de compromiso de amplios sectores juveniles, influidos también por la doctrina social de la Iglesia, dando lugar a agrupaciones políticas radicalizadas que promovían un cambio profundo de las estructuras políticas, económicas y sociales. Para entonces, sin embargo, el desprecio por las formas democráticas y el recurso al asesinato como práctica política legítima se hallaban ya instalados en el país. Hacia fines de la década del ‘60 el clima de agitación se agudizó y alcanzó su punto de máxima movilización con el retorno al sistema constitucional y la asunción de Héctor Cámpora en 1973, quien fue sucedido por Juan D. Perón pocos meses después. Ya el regreso del popular caudillo al país, ese mismo año, había desatado una masacre en lo que se creyó sería una festa, anticipando las feroces internas entre la izquierda y la derecha peronistas que aceleraría la escalada de violencia previa al golpe de 1976.

La cultura de la muerte y la intolerancia habían impregnado también a las agrupaciones de izquierda, armadas o no, donde activaban muchos de quienes se convertirían luego en desaparecidos. Varias reflexiones en primera persona, décadas más tarde, se han referido al militarismo, verticalismo y vanguardismo exacerbado que contribuyó al aislamiento político y social de las agrupaciones guerrilleras y precipitó su caída. Entre otros, Nicolás Casullo se refrió al autoritarismo en las jerarquías y castigo del disenso que derivó en un “aparato deshumanizante” y Pilar Calveiro escribió sobre el error de hacer prevalecer lo militar sobre lo político y reducir la política a “una cuestión de fuerza y de confrontación entre dos fuerzas: amigos y enemigos”[38]. El énfasis militarista, la falta de visión política y el aislamiento social contribuyeron a la rápida destrucción de las organizaciones guerrilleras. El máximo dirigente del ERP, Mario Santucho, habría reconocido tardíamente, poco antes de morir en julio de 1976, la necesidad de replegarse[39]. En el caso de Montoneros, el verticalismo y autoritarismo de conducción habían aumentado la desprotección de los militantes y el proceso que Pilar Calveiro llama de “desinserción”, por el cual perdieron contacto con las bases populares de donde debía surgir su apoyo político[40]. Como advierte esta autora, el desprecio por el pluralismo y el disenso instalado en la cultura política no les fue ajeno. Simultáneamente al gran nivel de movilización social y política, a los altos niveles de compromiso y la fuerte articulación de movimientos de base de los que esas organizaciones se quisieron emergente y vanguardia —y cuyo potencial transformador el terror de Estado buscó aniquilar— el trasfondo intolerante y autoritario en que hunde sus raíces la corporación militar nutrió también a las agrupaciones revolucionarias que se quisieron alternativas a aquella.

Por último, hay que señalar un fondo de autoritarismo cotidiano, desprecio por los modos democráticos de resolver disputas y aceptación de la muerte que subyacía a la vida pública argentina y que no inaugura el régimen militar en 1976, pero que éste lleva a un extremo inédito hasta entonces. En ese contexto, según Guillermo O’Donnell, el autoritarismo cotidiano presente en la sociedad en su conjunto contribuyó prestando el espacio para la consumación de la masacre. También Eduardo L. Duhalde escribe que en el imaginario social se habían reforzado las representaciones “tendientes a identificar autoridad con autoritarismo, cultura con racismo de Estado, desorden con contestación social, orden con ley marcial, poder con supresión de la disidencia” y este “saber–autoritario, imbricado y actuante en la conciencia colectiva” contribuyó, junto al despliegue propagandístico de la acción de inteligencia militar y de sus portavoces civiles, a “crear las condiciones en la conciencia social para la instauración del modelo de Estado Terrorista”[41].

Una investigación reciente arroja una luz inquietante acerca del grado en que las representaciones de la violencia estaban extendidas en amplios sectores de la población ya desde el final de la década del ‘60, especialmente en sus clases medias y aún sin tener vinculación con móviles políticos o ideológicos[42]. Las armas con su connotación viril, la agresividad y la violencia como vehículo legítimo para imponerse, formaban parte de representaciones compartidas por sectores mucho más amplios de lo que suele creerse, operando al modo de una segunda naturaleza, confirmando y complementando las tempranas observaciones de O’Donnell sobre la permeación del autoritarismo en el entramado cotidiano.

Tampoco la consideración de estos factores, sin embargo, alcanza para explicar por qué y cómo un régimen decide y ejecuta la desaparición de personas en gran escala, aunque permite al menos observarla en su contexto —y comprenderla como posibilidad y producto de la sociedad y la historia en las que tuvo lugar.

Desaparición y sociedad

En su estudio sobre la modernidad y el holocausto Zygmunt Bauman argumenta que el modo en que ha sido estudiado el exterminio judío por los nazis, como un fenómeno único y excepcional, ha impedido que el mismo sea comprendido como un producto de la sociedad en que se produjo. La barbarie nazi, afirma, no debe considerarse una “falla” sino una posibilidad contenida en la modernidad occidental; no una aberración o un desvío de la sociedad racional moderna sino el resultado de la conjunción de elementos normales de ella[43]. Si se admite que el régimen de desaparición tampoco es un exabrupto sino más bien un producto de la historia y la política argentinas, pueden extrapolarse las reflexiones de Bauman y postularse que la desaparición de personas tuvo lugar no a pesar o en contra sino como consecuencia de lo que esa sociedad era o es. Si la tarea del sociólogo, siguiendo a este autor, no consiste en asumir la barbarie nazi como un hecho aislado y excepcional sino en interrogar qué tiene el holocausto para decir sobre la civilización moderna occidental; la pregunta a plantear en este caso es qué informa el régimen de desaparición de personas sobre la sociedad que le dio origen y le brindó sus condiciones de posibilidad. Este planteo pone en cuestión las interpretaciones basadas en la llamada “teoría de los dos demonios” que se extendió durante la transición postdictatorial e imaginaba una sociedad ajena a los hechos que es pasivamente agredida por el “terrorismo de uno y otro signo” y fomentó así una visión autocondescendiente de los hechos para amplios sectores de la sociedad[44].

La desaparición sistemática de personas no fue una excepción monstruosa de la historia o la sociedad argentinas sino su producto. No se trata entonces de interrogar al régimen de desaparición como “patología” sino de comprender cómo en su estado “normal” la sociedad argentina podría contener elementos que hagan posible la desaparición. Según Guillermo O’Donnell el régimen militar implantado en 1976 exageró tendencias profundamente inscritas en la sociedad argentina lo cual, si bien no implica que “todas las responsabilidades sean iguales” ni que se deba renunciar a pedir cuentas al régimen criminal, obliga sí a pensar qué permitió su implantación[45]. Para Hugo Vezzetti, se trata de abordar el terrorismo de Estado en una perspectiva que se interrogue sobre sus condiciones y en una periodización de más largo alcance a fin de ver “lo que revela, como un espejo deformante pero sin embargo fidedigno, de esa sociedad que lo produjo y lo admitió”[46].

Así como el régimen de desaparición de personas no es un paréntesis en la historia argentina, tampoco la desaparición de personas y el submundo secreto en que tuvo lugar fueron ajenos a su entorno. Algunos trabajos enfatizan su carácter de excepción y la escisión que separaba a los CCD del resto de la sociedad, creando carriles separados y dinámicas distintas entre esta realidad semioculta y la sociedad que le daba la espalda[47]. Sin que esto deje de ser cierto, pues da cuenta de la misma disociación en que vivían los argentinos, autores como Pilar Calveiro destacan en cambio no la cesura entre los campos y la sociedad civil sino su necesaria contigüidad, donde ambos se pertenecen mutuamente y ésta última actúa como “caja de resonancia” del terror estatal. La visión de unos antros secretos donde se ejerce una violencia extrema y extraña al resto de la sociedad civilizada y normal reproduce el gesto de presentar al terror como un hecho ajeno y excepcional. Como afirma Calveiro, a pesar de la pretensión de depositar en el campo lo que se desea desaparecer, campo y sociedad son parte de una misma trama[48]. La existencia de estos ámbitos de excepción, agrega, no es contingente ni casual puesto que “no puede haber campos de concentración en cualquier sociedad o en cualquier momento de una sociedad” y la existencia de los campos, a su vez, “cambia, remodela, reformatea a la sociedad misma”[49].

Campo y sociedad

Giorgio Agamben ha analizado la estructura político–jurídica que dio lugar al campo de concentración, no tanto para conocer su raíz histórica como para revelar su matriz oculta que, según él, constituye el nomos del espacio político en que seguimos viviendo[50]. El hecho de que en sus orígenes los campos de concentración supongan la extensión a toda una población civil de un estado de excepción indica, para el filósofo italiano, que éstos no nacen del derecho ordinario, y menos aún del derecho penitenciario, sino del estado de excepción y de la ley marcial. Si al asumir el poder los nazis derogaron las garantías constitucionales sin emplear la expresión “estado de excepción”, explica Agamben, fue porque éste deja de referirse a una situación exterior y tiende a confundirse con la norma. Esta paradoja, que los juristas nazis definieron como un “estado de excepción deseado” abre paso a la excepcionalidad convertida en ley, donde la decisión política soberana opera sobre la base de una absoluta indiferencia entre hecho y derecho. La ley no registra a priori todos los casos y todas las situaciones sino que los conceptos jurídicos se hacen indeterminados, la fuente inmediata de toda ley es la palabra del Führer, y ésta no es definible ni como regla ni como excepción, ni como derecho ni como hecho: él mismo es una ley viviente. El campo de concentración es el espacio que se abre cuando el estado de excepción comienza a ser la regla, es el sitio que realiza de manera estable la excepción. Lo que originalmente era la suspensión temporal del ordenamiento ante una situación real de peligro, adquiere un sustrato espacial permanente que se mantiene, sin embargo, fuera del orden jurídico normal.

¿Cuál fue el estatuto jurídico de los centros clandestinos de detención? Los militares argentinos dictaron una elaborada serie de proclamas, estatutos y normas, crearon consejos de guerra para los delitos subversivos e incluyeron en él la pena de muerte. Diseñaron un riguroso instrumental jurídico que luego no emplearon. Las acciones represivas tuvieron lugar al margen de la misma legislación que ellos habían decretado y sucedían de hecho, como manifestación de un poder que, como la palabra del dictador, hace coincidir el hecho y la ley. Cuando en los operativos se les pedía a los secuestradores que mostraran sus credenciales ellos esgrimían las armas y decían desafiantes: “estas son nuestras identificaciones”. Puro poder de facto, la ilegalidad de los procedimientos anticipaba el vacío legal que esperaba a los secuestrados en el CCD: un espacio sin ley, suspendido del derecho, donde se disuelve el vínculo entre Estado, juridicidad y territorio en que se funda la ciudadanía. El campo de concentración posee un estatuto paradójico en tanto territorio interior que está fuera del orden jurídico; una condición que fue intuida por los prisioneros del CCD La Perla cuando, según un testimonio de sobrevivientes, fueron obligados a formar y entonar el himno nacional en una fecha patria y ninguno de ellos cantó. Cuando un militar le preguntó a Mercedes Santucho por qué no lo hacía, ella respondió que “no cantaba porque no estaba en territorio patrio sino en un campo de concentración”[51].

Las reflexiones de Agamben y los análisis de Calveiro coinciden en una advertencia: creer que el campo es una realidad aparte constituye una ilusión. Mientras para el primero la localización dislocante del campo constituye la matriz jurídico política oculta de la política, Calveiro caracteriza las fronteras entre el interior y el exterior del CCD como porosas y apunta a sus correspondencias con la sociedad. Éstas operan en ambas direcciones: por un lado el campo amplifica el terror al resto de la sociedad; por otro lado, debido a su cercanía física, “sólo puede existir en medio de una sociedad que elige no ver, por su propia impotencia, una sociedad ‘desaparecida’, tan anonadada como los secuestrados mismos”[52].

Varios autores se han referido al modo en que el terror de los CCD se expandía como amenaza hacia la población y el grado de conocimiento sobre los hechos que se filtraba fuera de ellos[53]. Se trataba de operar no sólo hacia el interior de los centros de tortura sino hacia afuera, proyectando el mensaje de terror hacia la sociedad como destinataria del mensaje. En su testimonio ante la CONADEP vecinos de un CCD relataron que

se escuchaban disparos de la mañana a la noche… se oían gritos desgarradores, lo que hacía suponer que eran sometidas a torturas las personas que allí estaban.(…) Vivíamos en constante tensión, como si también nosotros fuéramos prisioneros… tal era el terror que nos embargaba[54].

Prisionera ella misma, la sociedad reproducía la alienación de los CCD ya que en ambos, sostiene Calveiro, operaron las mismas mecánicas. La autora establece varios paralelismos entre los efectos de uno y otra puesto que “así como los cuerpos de los secuestrados permanecían en la oscuridad, el silencio y la inmovilidad, en cuchetas separadas unas de otras, así se pretendía a la sociedad, fraccionada, inmóvil, silenciosa y obediente”, una sociedad, en definitiva, de seres pasivos e inertes[55]. Como a los cuerpos de sus víctimas, el poder militar se propuso amedrentar a la sociedad y, al igual que en los CCD, la sociedad fue silenciada y humillada, obligada a presenciar el castigo, la desaparición y la muerte de los suyos y de ese modo, acusar efectos análogos a los que afectan al desaparecido al interior del dispositivo represivo[56].

Observando la sociedad exterior a los campos Guillermo O’Donnell parece confirmar ese diagnóstico cuando caracteriza los “microdespotismos” que proliferaron en la sociedad: la “crueldad cotidiana”, “el deleite con que en diversos espacios sociales (escuela, fábrica, familia, la calle misma) muchos desplegaban sus tendencias más despóticas” producía, afirma, un “daño inmenso aunque casi invisible, que debemos cargar a la cuenta de la violencia que nos cometimos y a la que el régimen elevó a sistema de terror”[57]. Con una mirada simétrica desde el “afuera” del centro de detención, el análisis de O’Donnell complementa y refuerza la hipótesis de Calveiro: “El campo y la sociedad están estrechamente unidos; mirar uno es mirar la otra (…) pensar en los campos de concentración como una cruel casualidad más o menos excepcional, es negarse a mirar en ellos sabiendo que miramos a nuestra sociedad, la de entonces y la actual”[58].

El desaparecido y la nuda vida

Una antigua figura del derecho romano arcaico sirve a Agamben para analizar la estructura jurídico política que subyace a todo vínculo soberano de dominación. Se trata del homo sacer, en latín “hombre sagrado” (etimológicamente, separado), que es aquel a quien cualquiera puede dar muerte sin que ese hecho sea considerado un delito, pero que al mismo tiempo es insacrificable, su ejecución no puede tener lugar en el marco de una ceremonia o ritual. Para comprender el modo en que el homo sacer se distingue del ciudadano de derechos Agamben se apoya en la diferencia entre los dos términos que empleaban los griegos para nombrar lo que llamamos vida: bios y zoe. Mientras bios nombra la vida calificada del ciudadano, la existencia en la polis del hombre con derechos, zoe se refiere al soplo de vida animal presente en todo ser, simple vida natural excluida de la polis. En el homo sacer la existencia biológica se ha separado de la vida calificada y se halla suspendido en un estado intermedio a disposición del poder soberano. Para Agamben esa “vida sagrada” posee un carácter eminentemente político y se vincula al terreno donde se funda el poder soberano: “soberano es aquél con respecto al cual todos los hombres son potencialmente hominis sacri, y homo sacer es aquél con respecto al cual todos los hombres actúan como soberanos”[59]. La fijación a discreción de un umbral más allá del cual la vida deja de revestir valor jurídico y por lo tanto su eliminación no es un homicidio sería sin embargo una atribución propia del poder soberano en toda época. Lo que caracteriza a la política moderna, para Agamben, es precisamente que el espacio de la nuda vida, situada originariamente al margen del orden jurídico, “va coincidiendo de manera progresiva con el espacio político, de forma que exclusión e inclusión, externo e interno, bios y zoe, derecho y hecho, entran en una zona de irreductible indiferenciación”[60].

La encarnación contemporánea más radical de esa figura nace con la definición, bajo las leyes de eutanasia nazis, de una “vida que no merece vivir”, es decir, vida que se encuentra por debajo de la estrategia biopolítica del régimen. Pero cada sociedad define su homo sacer al interior de ella trazando la línea que lo separa del ciudadano. En el límite, el homo sacer ya no sería una figura individual sino una condición que el poder soberano puede suscitar en todo hombre. En palabras de Agamben:

Es como si toda valorización y toda politización de la vida implicase necesariamente una nueva decisión sobre ese umbral más allá del cual la vida deja de ser políticamente relevante, y no es ya más que ‘vida sagrada’ y, como tal, puede ser eliminada impunemente. Toda sociedad fija este límite, toda sociedad —hasta la más moderna— decide cuáles son sus ‘hombres sagrados’. Es posible incluso que este límite no haya dejado de ampliarse en la historia de Occidente y se halle presente hoy en el interior de cada vida humana y de cada ciudadano. La nuda vida ya no está confinada en un lugar particular o en una categoría definida, sino que habita en el cuerpo biológico de todo ser vivo[61].

Las masas de refugiados y desplazados sin lugar, los sospechosos de terrorismo que habitan un limbo legal en bases militares estadounidenses, los extranjeros sin papeles demorados en Europa para ser repatriados y los inmigrantes clandestinos ahogados en el Mar Adriático o el Río Grande son algunos modos contemporáneos que asume esta figura extrema de la exclusión civil. Sujetos de la no ciudadanía, seres carentes de toda protección estatal y al mismo tiempo expuestos y abandonados a la violencia de cualquier Estado, nos recuerdan que su vulnerabilidad jurídica puede también suscitarse en la vida de cualquiera.

Las ideas de Agamben deslizan inquietantes hipótesis acerca de la centralidad del modelo concentracionario en la política occidental y las afinidades secretas entre Estado de derecho y Estado de excepción. Se trata de afirmaciones fuertes y han encontrado resistencias en ciertos ambientes académicos, pero es innegable que hallan numerosas ocasiones de confirmarse en crímenes de Estado de nuestra época, como las detenciones irregulares realizadas por la CIA en el marco de la llamada “guerra contra el terrorismo”. Antes que extendernos en sus hipótesis y en las resistencias y apoyos que suscita, sin embargo, es preciso aquí reconocer la utilidad del análisis de Agamben para comprender lo que significa la desaparición. El desaparecido de la dictadura argentina, habitante de un espacio donde puede ser ejecutado sin sentencia y sin que su asesinato sea un delito, puede entenderse como otro modo contemporáneo en que encarna el homo sacer[62]. El fusilamiento o la muerte en combate hubieran sido en cambio muertes “calificadas”: la condena en juicio a un sujeto de derecho o la muerte heroica de quien arriesga su vida. Ya en el antecedente mencionado del decreto nazi “Noche y Niebla” Hitler anticipaba esta diferencia al advertir que las ejecuciones públicas “crean mártires”, y los militares argentinos lo emularon al pretender negarles a los desaparecidos la posibilidad de una muerte inscripta en el sentido.

El desaparecido se convertía en homo sacer en el momento de su captura. En palabras de un ex represor: “una hora antes tenían vida. Al desaparecer ya no tenían vida”[63]. Según la descripción del Informe de la CONADEP, ingresar en los campos “significó dejar de ser, para lo cual se intentó desestructurar la identidad de los cautivos, se alteraron sus referentes tempoespaciales, y se atormentaron sus cuerpos y sus espíritus más allá de lo imaginado”[64]. El pasaje de sujetos de derecho a nuda vida fue caracterizado también como “la derivación de los ciudadanos a meros cuerpos” donde la pérdida de juridicidad “consistía precisamente en ese despojo de un marco de identificación”[65]. Una vez chupados, como se decía en la jerga represiva, los desaparecidos permanecían en un estado suspendido en el que la ejecución es certera y su circunstancia una decisión discrecional; como les decían sus propios carceleros “ustedes son muertos que caminan”. Igual que el homo sacer, son pura sujeción absoluta e incondicionada a un poder mortal, “en simbiosis íntima con la muerte pero sin pertenecer todavía al mundo de los difuntos”[66].

Ni vivos ni muertos

En la antigüedad, explica Giorgio Agamben, los honores y cuidados que se prodigaban al cuerpo del difunto tenían la finalidad de impedir que el alma del muerto o su fantasma permaneciera en el mundo de los vivos como una presencia amenazadora, mientras que la falta de sepultura permitía en cambio obrar una “venganza mágica que se ejercía sobre el cuerpo del muerto, que, de esta manera, era condenado a seguir siendo para siempre una larva, a no poder encontrar nunca la paz”[67]. Con el advenimiento de la modernidad, según Philippe Ariès, el miedo a la muerte adoptó la forma del pánico a ser enterrado vivo, un temor asociado a la fascinación por una zona de indefinición entre ambos estados, “la convicción de que existía un estado mixto y reversible, hecho de vida y de muerte”[68]. En ese contexto los ritos de la sepultura cumplían la función de prevenir los entierros precipitados asegurando la certeza de la muerte, pero esa obsesión pierde su poder a medida que la medicina avanza sobre esa “zona intermedia” y define en forma tajante ambos reinos[69]. Si a fines del siglo XIX, afirma Ariès, ya no se cree en esa forma de “muerto vivo”, será precisamente el siglo XX el que introduzca nuevas formas de la indefinición entre la vida y la muerte de la mano de las tecnologías médicas de reanimación artificial y de las técnicas biopolíticas de dominación[70]70. Esto permite a Giorgio Agamben afirmar que “vida y muerte no son propiamente conceptos científicos, sino conceptos políticos” en el sentido de que adquieren un significado preciso por medio de una decisión, que es directa o indirectamente una decisión del Estado[71]. Las fronteras entre la vida y la muerte, nos dice el filósofo italiano, ya no constituyen hechos biológicos definidos sino que son fruto de decisiones técnico médicas que suponen a la vez una incursión del Estado en los asuntos de la vida: una biopolítica. Por eso mismo, según Agamben, el crimen específico de Auschwitz consistió precisamente en la creación de lo que en la jerga del campo nazi se llamó el “musulmán”, el ser desahuciado y ausente, muerto en vida, que evoca el testimonio de los sobrevivientes:

Porque en su caso se presenta como el no–vivo, como el ser cuya vida no es verdaderamente tal; pero en otro, como aquel cuya muerte no puede ser llamada muerte, sino sólo fabricación de cadáveres. En definitiva, pues, como inscripción en la vida de una zona muerta y, en la muerte, de una zona viva[72].

También la desaparición de personas tal como se implementó en Argentina creó una figura que habita una suerte de limbo, diferente tanto a un vivo como a un muerto, tanto al interior de los centros clandestinos de detención como en la figura de rasgos imprecisos que gradualmente emergió a la luz pública. Como se verá más adelante, la creación de una zona entre la vida y la muerte al interior del dispositivo concentracionario se correspondió con un modo de construirse esa indefinición en la esfera pública presentada por la prensa. El testimonio de los sobrevivientes destaca la condición extrema a la que fueron llevados los secuestrados al interior de los CCD. Para Pilar Calveiro

la vida sin ver ni oír, la vida sin moverse, la vida sin los afectos, la vida en medio del dolor es casi como la muerte y sin embargo, el hombre está vivo; es la muerte antes de la muerte; es la vida entre la muerte. Otra superposición enloquecida, la de estos ‘muertos que caminan’[73].

Otro ex detenido–desaparecido recuerda la ambigüedad que producía la inminencia de un “traslado” (el eufemismo con que se nombraba a las ejecuciones clandestinas) que eran temidos y deseados a la vez puesto que la muerte implicaba también “el fin de la tortura y la angustia”:

Se sentía alivio por saber que todo eso se terminaba y miedo a la muerte, pero no era el miedo a cualquier muerte —ya que la mayoría la hubiera enfrentado con dignidad— sino esa muerte que era como morir sin desaparecer, o desaparecer sin morir. Una muerte en la que el que iba a morir no tenía ninguna participación: era como morir sin luchar, como morir estando muerto o como no morir nunca[74].

Los militantes armados que estaban dispuestos a combatir, se resistían activamente y/o portaban pastillas de cianuro para suicidarse antes de ser apresados vivos disputaban al poder desaparecedor esa facultad de disponer sobre la vida y la muerte a discreción. Los lavajes de estómago que se realizaban a los detenidos que intentaban suicidarse para evitar que fallezcan no tenían sólo el fin de mantenerlos con vida para extraer información sino también para afianzar el poder absoluto de vida y de muerte. En los relatos de sobrevivientes se recuerda la insistencia con que los torturadores repetían “dios acá somos nosotros”[75]. No casualmente un método de tortura psíquica habitual era el simulacro de fusilamiento, donde el verdugo pone en acto abiertamente su capacidad de decidir permanentemente a discreción el momento de la ejecución. Las sesiones de tortura, según los testimonios, transcurrían sobre el delgado filo que separa ambos estados, forzando a los detenidos al límite de su resistencia pero monitoreando su supervivencia, a menudo con la presencia de un médico. En la versión totalitaria de la biopolítica, afirma Giorgio Agamben siguiendo a Foucault, el poder soberano no radica ni en el dejar vivir y hacer morir propio de las sociedades de soberanía ni en el hacer vivir y dejar morir que caracteriza a las sociedades disciplinarias, sino en el hacer sobrevivir: modular constantemente la línea que separa la vida de la muerte. Como en los CCD la sobrevida depende del arbitrio del poder soberano.

Una recordada frase de Videla cuando le preguntaron por los desaparecidos los definió nerviosamente por una tautología: “no están ni vivos ni muertos, son desaparecidos”. Así reconocía lo que constituye el núcleo de la decisión soberana, al disponer la creación, al decir de Agamben, de esa “zona de indiferencia y tránsito permanente entre hombre y bestia, naturaleza y cultura”[76]. En el universo concentracionario todo sucede como si la separación entre la vida y la muerte no fuera un pasaje, sino una condición buscada por el dispositivo desaparecedor[77]. En ese estado suspendido entre la vida y la muerte, como “bultos” inmóviles, eran mantenidos los secuestrados, aún cuando en ocasiones sus captores los sacaran del ámbito concentracionario y salieran a la calle: la relación que ata al hombre sin derechos con el poder soberano disloca también el vínculo tradicional entre dominio y territorialidad.

Los cuerpos “descartables” y banales de los desaparecidos podían sin embargo convertirse en objetos de culto cuando se trataba de dirigentes. De un modo u otro, se trata de cuerpos considerados cosas, instrumentos para un fin. Así habría sucedido con el cadáver del líder del ERP Roberto Santucho, que habría sido expuesto en un macabro “museo de la subversión” en el cuartel de Campo de Mayo[78]. El comunicado militar emitido luego de su secuestro afirmaba que Santucho había muerto en el “enfrentamiento”, cuando en verdad llegó herido pero vivo a Campo de Mayo y falleció en el hospital de esa base militar[79]. En la construcción deliberada de las informaciones, como se verá en capítulos siguientes, la frontera entre la vida y la muerte era prefigurada a través del empleo de términos ambiguos como “abatir” y “caer”.

Los dirigentes guerrilleros apresados son trofeos que se exhiben con orgullo, tanto si se trata de muertos maquillados de vivos, como si son vivos con la condena de muerte en suspenso. Tal es el caso de Norma Arrostito, cuya captura poseía un valor especial para los militares por haber sido uno de los jefes montoneros que se adjudicaron el asesinato del general Aramburu en 1970. Cuando Arrostito “cae” en un operativo, los diarios y revistas recrean el tono triunfal de los comunicados militares y la información periodística emplea reiteradas veces la expresión “fue abatida”. Ninguna de las dos expresiones con que se habla del operativo, “ser abatida” y “caer acribillada”, indican necesariamente que haya sido muerta pero al final se dice que una ambulancia transportó su cadáver[80]. El hecho de que Arrostito haya seguido con vida durante al menos un año más en la ESMA revela el núcleo del régimen desaparecedor: el ejercicio máximo de poder no consiste en dar o quitar la vida tanto como en “mantener con vida” o, en palabras de Agamben, hacer sobrevivir. En este caso, mantener al secuestrado en un estado de indefinición donde la muerte es segura y, aunque haya sido antedatada en letras de molde por la prensa, será decidida a discreción. Ya no poder de vida o de muerte, sino poder de introducir y sostener una zona de indefinición entre ambos. Cuando el cronista escribe que Arrostito “no tuvo tiempo de ingerir las cápsulas de cianuro que llevaba en su cartera, con la esperanza, seguramente, de tener un final mejor que por las armas”, apunta al núcleo de ese poder: despojar al sujeto de la capacidad de decidir soberanamente cuándo y cómo poner fin a su vida para introducirlo en una zona de total abandono a su arbitrio[81].

Hay más testimonios de la “sobrevida” de prisioneros en los centros clandestinos de detención, luego de haber sido anunciados como muertos en los comunicados militares[82]. Los secuestrados eran presentados públicamente como “muertos”, sellando anticipadamente el final seguro que les esperaba y postergando a discreción el momento de la ejecución. Es probable que esto haya sido así en la mayor parte de los casos, aunque consten sobre todo los que involucran a altos cuadros de las organizaciones armadas.

Homo sacer: ¿figura jurídico política o construcción social?

Como resultado de sus investigaciones, Giorgio Agamben concluye la importancia de revelar la trama jurídico política que hace posible la existencia de homini sacri, de figuras “matables”, sin que su muerte sea objeto de un delito o pueda inscribirse en un marco sacrificial. Argumenta que

la pregunta correcta con respecto a los horrores cometidos en los campos no es, por consiguiente, aquella que inquiere hipócritamente cómo fue posible cometer delitos tan atroces en relación con seres humanos; sería más honesto, y sobre todo más útil, indagar atentamente acerca de los procedimientos jurídicos y los dispositivos políticos que hicieron posible llegar a privar tan completamente de sus derechos y de sus prerrogativas a unos seres humanos, hasta el extremo de que el llevar a cabo cualquier acción contra ellos no se considerara ya como un delito[83].

La propuesta de Agamben de pensar la figura del homo sacer como núcleo de la política en Occidente remite a la estructura jurídico política que la habilita pero soslaya los modos positivos en que ésta es construida socialmente más allá del marco legal. Sabemos, desde los estudios de Michel Foucault, que el poder no opera sólo en su forma jurídico política sino también en sus modos productivos. Este autor nos previene acerca de concebir “un poder cuyo modelo sería esencialmente jurídico, centrado en el solo enunciado de la ley y el solo funcionamiento de lo prohibido” y pregunta: “¿Por qué se acepta tan fácilmente esta concepción jurídica del poder, y por consiguiente la elisión de todo lo que podría constituir su eficacia productiva, su riqueza estratégica, su positividad?”[84]. Agamben no se ocupa de esto y deja abierta la pregunta por los modos positivos concretos de encarnarse el homo sacer en nuestras sociedades. En ese espacio puede plantearse la cuestión de cómo esa figura —definida por él como un producto jurídico político— es también el resultado de una construcción social. Si Zygmunt Bauman desgrana los mecanismos de la “producción social de indiferencia moral” y la “producción social de invisibilidad moral” ¿puede hablarse también de la “producción social” del homo sacer?¿Cuáles son los modos por los que una sociedad hace encarnar colectivamente esta figura de la exclusión radical? Y si hay una construcción social del homo sacer, ¿cómo influyen en ella los medios de comunicación? ¿Juegan un rol en la creación colectiva de seres invisibilizados, cosificados, excluidos de las redes de integración social?

Este libro está orientado por estas preguntas, a partir de la sospecha de que los modos periodísticos de referir las desgracias lejanas pueden contribuir a la construcción colectiva de seres “matables”. No en un sentido unidireccional, de manipulación propagandística —que también tuvo lugar durante la dictadura argentina—, sino en las mismas estrategias que se emplean para nombrarlos y aún para negociar a su favor, como se verá en los próximos capítulos. La línea que cada sociedad traza para discernir qué y quién es nuda vida en su interior podría estar pasando crecientemente por la construcción mediática. La mecánica periodística, por otra parte, con su tendencia a la rutinización, estandarización y estabilización de los contenidos, con su paradójica acentuación de la distancia con los sucesos que refiere y la mediatización extrema entre los padecimientos ajenos y el ojo del lector podría actuar reforzando estas operaciones. Según Luc Boltanski, ya la revolución francesa instaura una política de la piedad que parte de una cesura fundamental entre aquellos que sufren y aquellos que no y se centra en la observación de unos por otros[85]. A la afirmación de Agamben de que la pareja categorial fundamental de la política occidental no es la de amigo–enemigo, sino la de nuda vida–existencia política, zoe–bios, exclusión–inclusión, cabría agregarle acaso el par “espectadores–seres expuestos” en la escenificación mediática del sufrimiento humano. Allí el homo sacer no es sólo el producto de una situación de excepción en términos jurídicos sino el habitante de un espacio marginal a la “ciudad política” que no es sujeto sino objeto del voyeurismo ajeno. Este trabajo no pretende formular una respuesta definitiva a la pregunta por el rol de los medios de comunicación en la creación colectiva de seres matables, sino mostrar los términos en que se presenta el problema en el caso de la Argentina dictatorial, identificando en las noticias de prensa estudiadas las zonas por donde pasa la línea divisoria entre quienes son considerados matables y quienes son sujetos de derechos.

La construcción social del desaparecido

El argumento principal de este libro es que el estado intermedio, de suspensión entre la vida y la muerte, en que eran mantenidos los desaparecidos en el interior de los CCD tiene su correspondencia en —y es anticipado por— la construcción de ese umbral de indiferenciación en las noticias de prensa. ¿Cómo identificar esa zona de la desaparición en las noticias? ¿Cómo se crea simbólicamente un espacio donde parece irrelevante quienes son los desaparecidos, si están vivos o muertos, si son personas o cosas? ¿Cómo se construye, en definitiva, a un homo sacer en la prensa? ¿Hay en el reducido campo de negociaciones ofrecido por los diarios margen para disputar ese modo de presentarlos? ¿Cómo se usa?

Estas cuestiones han guiado la lectura del material de prensa que se expondrá en los capítulos siguientes con el objetivo de examinar las operaciones discursivas que contribuyen a la formación colectiva del desaparecido como un ser matable. Esto tiene lugar, ante todo, mediante el recurso retórico a la figura del subversivo y en función de la tensión entre visibilización/invisibilización, exclusión/inclusión y cosificación/humanización, ejes sobre los cuales, como se verá, se establecen también las negociaciones para resituar a los desaparecidos en tramas de pertenencia social.

Las operaciones discursivas de invisibilización, exclusión o cosificación del adversario no eran nuevas en el país. Los regímenes que han perseguido la disidencia y la diferencia han puesto cuidado en definir a aquellos otros objeto de su hostilidad. La construcción simbólica de una “otredad negativa” es una de las primeras operaciones que realiza un gobierno autoritario para estigmatizar a la parte de la población que será luego discriminada y hostigada[86]. Las personas que fueron objeto de desapariciones no pertenecían a un grupo étnico o nacional diferente al resto de la población. Eran, pese a los esfuerzos retóricos de los militares por sugerir lo contrario, miembros plenos de la sociedad argentina, vinculados a densas redes de pertenencia familiares, laborales, políticas, vecinales. ¿Cómo señalar a un “otro” entre iguales? ¿Cómo aislar a un individuo, un ciudadano pleno de derechos y lograr que se convierta en homo sacer? ¿Cómo se traza la frontera simbólica entre un ciudadano y un ser sin derechos? ¿Es posible reconstruir el trazado de ese borde en las noticias publicadas por la prensa? ¿Es posible que la condición liminal que encarna el desaparecido hubiera sido anticipada por la presentación mediática del “subversivo”?

La “subversión”: el paradigma de la viscosidad

En su análisis de un modelo de relación entre un grupo “establecido” y uno “marginal”, Norbert Elias demuestra que las operaciones de estigmatización y marginalización de grupos no responden a características intrínsecas de las comunidades o los individuos señalados sino que son relaciones sociales. Para tener lugar, estos procesos colectivos no precisan apoyarse en diferencias preexistentes sino contar con una configuración favorable para establecer una relación desigual[87]. Como afirma Zygmunt Bauman, los términos “nosotros” y “ellos” no representan necesariamente a dos grupos separados de personas, sino más bien la distinción entre dos actitudes diferentes: entre la vinculación emocional y la antipatía; la confianza y la sospecha; la seguridad y el miedo; la colaboración y la competencia[88]. Para generar esas emociones hacia seres semejantes, vecinos, colegas, es preciso crear una distancia entre las personas concretas y aquellos estereotipos, puesto que lo que indigna la conciencia moral si afecta a personas conocidas, produce indiferencia cuando se dirige a una categoría abstracta y estereotipada[89]. Esa categoría abstracta, en el discurso del régimen, tomó el nombre de subversión.

No se trataba, por supuesto, de una creación del gobierno de facto que asumió en 1976 sino de una categoría que venía acumulando sentidos lentamente en el espacio político argentino al menos desde la década del ‘60. Marina Franco expone cómo las propias intervenciones de Perón, con su gran legitimidad como enunciador, fijaron los marcos interpretativos de la escalada discursiva y política en torno al “enemigo interno subversivo”[90]. A partir de 1974 la mayoría de las lecturas sobre la violencia se habían apropiado ya de la “subversión” como identificador que aglutinaba no sólo a las organizaciones armadas de izquierda sino a un amplio sector de actores políticos y sociales que actuaba en el ámbito de la legalidad. Hacia 1975, señala Pilar Calveiro, tiene lugar la expansión e inflación del universo de lo “subversivo” en el espacio público y se amplía como categoría explicativa que permite dar nombre a una amplia variedad de prácticas y conflictos y, en el mismo acto, “vaciarlas de su politicidad para transformarlas en alteridad radical”[91]. La lógica subversivo/antisubversivo deviene entonces un “organizador de la conflictividad política” que termina por subsumir a la mayoría de las esferas sociales y políticas. Para entonces no sólo la prensa, sino también políticos e instituciones tradicionales como la Iglesia Católica argentina recurren a esta categoría para interpretar la realidad del país. Es particularmente en el discurso militar, sin embargo, donde ésta se radicaliza y expande hasta diluir su contorno. Allí designa una figura de la otredad y la exclusión más absolutas —el subversivo era considerado “foráneo” y “no argentino” por los militares— y por lo tanto ajena al “universo de obligación” que compromete a las personas entre sí: en palabras del mismo Videla, “la ciudadanía argentina no es víctima de la represión. La represión es contra una minoría a quien no consideramos argentina”[92].

Subversivo es una de las palabras más obsesivamente repetida por los militares a lo largo de todo el período estudiado. Su definición, sin embargo, se mantiene deliberadamente abierta de modo que pueda ser definida a discreción en cada momento por el poder dictatorial. La condición subversiva no estaba necesariamente vinculada a la pertenencia a organizaciones armadas sino que implicaba a todo lo que estuviera vagamente a favor del cambio social. En lo que se insiste constantemente es en su “peligrosidad”, que no se limita al terreno militar, sino que abarca cuestiones ideológicas, políticas o culturales, por lo cual la “lucha antisubversiva” carece de límites[93]. El subversivo podía actuar en forma solapada en todos los planos de la vida social. Así, la noción del “enemigo interior” de la Doctrina de la Seguridad Nacional empalma perfectamente con esta definición amplia y vaga de la “subversión”: como el judío del arquetipo antisemita, se presenta en términos de viscosidad, es un enemigo de localización ubicua pero incierta, desarraigada y pregnante a la vez[94]. La sospecha de “subversión” se convierte en el discurso militar en una justificación a posteriori de cualquier acción ilegal y se emplea como un fundamento autoexplicativo. Si hay encarcelamientos ilegales, argumentan que “en la Argentina no hay presos políticos, no hay presos gremiales: hay delincuentes subversivos”, y si se recuerda el crimen de la desaparición responden que “no desaparecieron personas, sino subversivos”[95].

El “subversivo”, contracara del desaparecido

Las arengas y declaraciones militares pueblan las páginas de los diarios en los años estudiados y cualquier periódico entre 1975 y 1978 que el lector abra al azar contendrá referencias a los “delincuentes subversivos” y la necesidad de “aniquilarlos”. La dictadura ha sido caracterizada como un régimen “intensamente verbal”: desde su comienzo hubo una profusión de discursos, declaraciones y proclamas, en las que las menciones a la subversión son un motivo recurrente[96]. Sin embargo, difícilmente aportaría un conocimiento relevante detenerse en el análisis del modo de nombrar a esos “otros” constituidos en “enemigo” por el discurso militar. Éste ostenta todos los rasgos que suelen asociarse a un discurso autoritario como la negación de la “otredad”, la retórica exagerada, el triunfalismo y el recurso a la reiteración antes que a la argumentación[97]. Se lo ha caracterizado también como un discurso monologuista o “intransitivo” puesto que remite sólo a sí mismo y descarta la contestación o el rechazo[98]. Como advierte uno de los primeros estudios sobre el régimen discursivo de la dictadura, se trata de un discurso sin dobleces: no hay mucho para analizar en su interior[99]. Es preciso sí tener presente su absoluta pregnancia en el material estudiado, que forma un denso “ambiente discursivo” y es el contexto en que opera la prensa bajo el régimen. Pero detenerse en la construcción de la otredad negativa exclusivamente en ese discurso, aunque abundaría en ejemplos, sólo demostraría autoevidencias.

De lo que se trata aquí, en cambio, es de observar las negociaciones y estrategias que se ponen en juego al nombrar a los desaparecidos en la prensa y el modo en que en ellas se define una y otra vez la línea divisoria entre aquel que aun integra una red social y civil de protección y quien queda por fuera de ella, sin derechos. Más allá de la estructura jurídico política que la hace posible y más allá de la previsible construcción binaria de un “otro” absoluto en los discursos militares, se trata de indagar en las formas de construirse esta figura a partir de las operaciones sociales que aparecen en la prensa y que impulsan diversos actores.

Lo que revelan esas operaciones es que si el desaparecido es un ser sin derechos en el interior de los CCD, el “subversivo” es su contraparte pública en las noticias de prensa. Éste se presenta allí como un ser sin nombre y sin cadáver, para quien la frontera entre estar vivo o muerto deviene irrelevante, en una degradación que anticipa la de los chupaderos. El “muerto en vida” de los centros de tortura tiene su correspondiente público en las referencias de los diarios a un elemento subversivo que no es ni ciudadano, ni actor político, ni sujeto con afectos, sobre quien se suspende cualquier tipo de derecho o reparo moral. El desaparecido y el subversivo se suponen mutuamente: como dos caras de una moneda, forman parte de un mismo fenómeno pero no pueden verse ambos a la vez. Si el subversivo designa al desaparecido antes de su captura y asesinato, a medida que el término “desaparecido” se impone y avanza el de “subversivo” se retira, descalificado (de hecho el término desaparecidos se ha generalizado pero subversivo se ha vuelto prácticamente impronunciable en la política argentina). Ambos representan la existencia sin derechos del homo sacer, uno en los centros del terror clandestino, otro en la presentación pública que la antecede.

Invisibilizar, excluir, cosificar

La desaparición de personas presenta rasgos paradójicos cuando se la contempla desde el punto de vista de la visibilidad pública. Por un lado, es un método basado en el ocultamiento que tuvo por objeto borrar todo rastro del crimen. Al mismo tiempo, y aunque parezca contradictorio, no todo fue censura y ocultación. El gran despliegue de los operativos de secuestro y la ostentosa ocupación del espacio público por los militares revelan a la vez una intención de mostrar o sugerir el escenario del terror. Los procedimientos se realizaban sin disimulo y la probabilidad de que un ciudadano medio hubiera presenciado uno de ellos es alta[100].

Estas tendencias, que aparecen en un primer momento como contradictorias, deben entenderse como parte de un mismo régimen de visibilidad que produce luces y sombras y combina operaciones de ocultamiento con otras de exhibición. La coexistencia del secreto con la ostentación de la violencia estaba destinada a diseminar el terror[101]. Pero el régimen visual no se basa sólo en los efectos producidos desde el poder sino que adopta la forma de un contrato perceptual colectivo en el que intervienen las estrategias de supervivencia o resistencia pero también de negación, complicidad o indiferencia de la sociedad. Jaime Malamud Goti se ha referido a una “Weltanschauung adaptativa” como consecuencia del terror. Para este autor, no se trata de que los hechos no se hallen a la vista sino del anulamiento de la capacidad o la disposición a percibir[102]. Desde el psicoanálisis, Juan Carlos Kusnetzoff ha denominado a este fenómeno social un percepticidio, “la muerte de la percepción”. Asociado a los mecanismos individuales de renegación y desmentida, éste afectó a todo el pueblo argentino y facilitó que muchos se comportaran “como si la ausencia no existiera”[103]. La certeza de que la percepción puede ser construida socialmente, como fruto de una convención colectiva, subyace también a la postulación de Zygmunt Bauman de una construcción social de invisibilidad moral: un efecto de la distancia física y psíquica entre los objetivos declarados discursivamente por el régimen opresor y la práctica real de la violencia, que vuelve a los perseguidos “psicológicamente invisibles”[104].

Antes que una generación unilateral de invisibilidad desde el gobierno hacia la sociedad o una “ceguera” colectiva total, existe una construcción colectiva de un régimen perceptual en el cual los diferentes actores disputan la visibilidad o invisibilidad de las víctimas del terror de Estado. A ambos lados de esa disputa se trata de llevar a la luz algo que se quiere hacer visible, mientras se esconden otros elementos: el gobierno oculta el destino y las huellas de los secuestrados pero deja ver indicios de la represión y pone en escena su poderío en desfiles y actos públicos. Desde la resistencia, se procura conferir visibilidad a los crímenes de Estado y sus víctimas mediante protestas y denuncias, ocultando elementos que podrían revelar su actividad política. En el conjunto de la sociedad, las personas adaptan su percepción en función del terror, seleccionando entre la información disponible.

El segundo eje de negociación tiene que ver con la exclusión y el aislamiento. Con la desaparición forzada de personas el régimen buscó la ruptura de vínculos sociales, disolviendo las relaciones de los actores comprometidos con otros sectores sociales, castigando la solidaridad y promoviendo estrategias de supervivencia individuales en la población. El objetivo de esta política represiva se ha caracterizado como la aniquilación de relaciones sociales solidarias o la acumulación de rupturas de relaciones sociales[105]. El terror jugó un rol decisivo en ese proceso destinado al quiebre de vínculos sociales, familiares y afectivos, pues reproduce los efectos del aislamiento que, como escribió Hannah Arendt, está en la base de toda tiranía:

una de las preocupaciones primarias del comienzo de todos los Gobiernos tiránicos consiste en lograr el aislamiento. El aislamiento puede ser el comienzo del terror; es ciertamente su más fértil terreno; y siempre su resultado. Este aislamiento es, como si dijéramos, pretotalitario. Su característica es la impotencia en cuanto que el poder siempre procede de hombres que actúan juntos, ‘actuando concertadamente’; por definición, los hombres aislados carecen de poder[106].

Los familiares de desaparecidos vivieron este desarrollo en carne propia. Quienes tenían arraigo en sus barrios experimentaron “un retraimiento colectivo en el que las puertas vecinales se iban cerrando” por efecto de “la continua publicidad oficial, que incluyó a todos los desaparecidos en un rubro marginal y por tanto desdeñable socialmente”[107]. Emilio Mignone recuerda que

En la Argentina el clima de la sociedad en su conjunto nos era adverso, por desconocimiento, confusión, temor, complicidad. Parientes y amigos —lo recuerdo perfectamente— nos evitaban por la calle o dejaban de invitarnos a las reuniones habituales. Temían el contacto con nosotros. Como todos los profetas de verdades duras contra el poder establecido, resultábamos incómodos y peligrosos[108].

Las operaciones de desconfianza, extrañamiento y distanciamiento de la población afectada llegaban a culpabilizar a las víctimas por la situación en que se hallaban. Como se verá en los siguientes capítulos, también la prensa refleja este proceso de “acorralamiento” que llevó a los familiares de los desaparecidos a acudir a estrategias de gestión individuales para reclamar por ellos, así como el modo en que éstas se van revirtiendo en la conformación de los organismos de derechos humanos como actor colectivo. El aislamiento de muchos militantes por el pase de sus organizaciones a la clandestinidad no hizo sino acentuar la desarticulación de quienes se convertirían en desaparecidos del resto de la sociedad.

Un sujeto es, por último, un ser dotado de conciencia de sí, dueño de sus actos, decisiones y voluntad; es actor y agente, capaz de intervenir en la historia. ¿En qué medida el desaparecido convertido en “cosa” al interior de los CCD es precedido por un ser cosificado y convertido en objeto en la forma de ser nombrado por la prensa? A los prisioneros recién llegados se los despojaba del nombre y permanecían todo el tiempo con la capucha puesta, no sólo para aislarlos de todo estímulo exterior sino también para que sus carceleros no les vieran los rostros[109]. Es en esa presencia del rostro, “su exposición derecha, sin defensa… la piel”, donde para Emmanuel Levinas se halla el llamado ético a la responsabilidad que impide, como un pedido y a la vez como una orden, matar al otro[11]. Si los testimonios de guerra evocan la dificultad de matar a alguien que mira a la cara, concluye este filósofo, es debido al desguarnecimiento primordial del rostro humano, pura territorialidad abierta a la violencia y la piedad, que escribe en él la palabra primera: “no matarás”.

La privación del nombre es quizás la forma más profunda de “despersonalización” del ser humano. Tzvetan Todorov afirma que es “la primera señal del individuo” y evoca cómo en los campos nazis los guardianes evitaban emplear términos como “personas”, “individuos” u “hombres” para hablar de los prisioneros —o sus restos— y los nombraban como “piezas”, “pedazos”’ o mediante giros impersonales[111]. También en los CCD argentinos el prisionero perdía su nombre y era designado con un número. Así eran despojados no sólo de este reconocimiento básico de humanidad sino también, en el caso de los militantes que portaban “nombre de guerra” —advierte Pilar Calveiro— de aquello que los remitía a su condición de hombres políticos[112]. Este efecto de despersonalización se extiende fuera del CCD en la prohibición de publicar los nombres de los muertos en supuestos enfrentamientos o detenidos en operativos militares (y de sus agrupaciones políticas, para las que habrá un complejo juego de eufemismos). Se convierten en cambio en “elementos subversivos”, una designación que anula sus identidades y las disuelve en una entidad indiscriminada y viscosa, carente de subjetividad.

También en la prensa quienes se convertirían en desaparecidos carecen de rostro y de nombre: las noticias que se refieren a ellos raramente se acompañan de fotos y omiten todo elemento que permita al lector percibirlos como sujetos. Así como los secuestrados buscaban en los CCD brechas de resistencia para resistir la despersonalización, en la prensa se leen los esfuerzos de quienes buscan resituar a los desaparecidos como sujetos. El activista político, el ciudadano, el guerrillero, son figuras dotadas de una fuerte subjetividad; para llegar a convertirse en objetos, materia sobre la cual puede actuar la represión en suspenso de cualquier reparo ético, el discurso oficial debe antes deshumanizarlos.

Medios, rutina y banalización

Las categorías planteadas arriba proponen polos de tensión entre los cuales se negocia la definición del desaparecido. No se trata, sin embargo, de reproducir definiciones binarias sino de identificar ejes sobre los cuales se disputan sentidos. En cada uno de ellos se traza y retraza la frontera que distingue a un homo sacer, un ser matable, descartable, de un sujeto de derechos, un ser político y social situado al interior de redes de integración sociales. Ahora bien, propiedades del género periodístico como la tipificación de la información, el recorte de elementos subjetivos que desbordan su lenguaje y cierto efecto de acostumbramiento producido por la rutinización podrían contribuir a la exclusión, cosificación e invisibilización de los subversivos/desaparecidos en la prensa. De hecho, sus muertes, como revela el material estudiado, no son calificadas ni como asesinato ni como homicidio ni como ejecución.

El carácter diario de los periódicos es en más de un sentido paradójico: la noticia de un evento excepcional no se distingue mayormente de la información de rutina y las referencias a las complejas, heterogéneas e impredecibles dimensiones del quehacer humano deben adaptarse a formatos preestablecidos. Esta condición sumamente pautada y estructurada de los medios opera confirmando una visión del mundo que a menudo es también la del público con quien el diario establece su pacto de lectura. Los lectores encuentran en la construcción de la realidad que propone el periódico una confirmación de su propia visión del mundo, que tiende así a reforzarse, antes que a cuestionarse a sí misma. Como escribe Horacio González, en tanto “forma clásica de la ilustración burguesa” el periódico “significa antes que nada una confianza en la reiteración racional de los días”[113]. Quizás el lector de periódicos no espere encontrar en ellos una novedad, la irrupción de lo distinto, sino precisamente la continuidad del estado de las cosas y una interpretación familiar de las mismas: una reafirmación de la estabilidad del mundo y sus instituciones. Antes que sorprender o crear curiosidad por lo desconocido, los diarios tenderían a incorporar lo nuevo en un paisaje mental preconcebido, organizar los contenidos en relatos normalizadores y, en el límite, crear un acostumbramiento que derive en indiferencia.

¿Producen los medios un distanciamiento paradójico con los hechos que debieran acercar? Se ha escrito acerca de este efecto en la fotografía de guerra, cuya probabilidad de mostrarnos frontalmente la muerte es proporcional a la distancia en que suceden los hechos[114]. La familiaridad con el horror, advierte Susan Sontag para el caso de las imágenes, puede así contribuir a aceptar las tragedias como “inevitables”. Si la proximidad mental o moral es condición para experimentar simpatía, “es decir, para percibir a las otras personas como sujetos iguales a nosotros… con similar capacidad para sentir placer y sufrir dolor”, los medios no harían sino amplificar la distancia que neutraliza esa emoción[115]. Las preguntas por el rol de los medios masivos en el reforzamiento de la indiferencia o la banalización del sufrimiento exceden el marco de este trabajo, pero deben mencionarse como factores que contribuyeron a la creación de los subversivos como seres cosificados, ajenos e invisibles. A esto se agrega que en la época que abarca este estudio las noticias tienden a ser altamente tipificadas y particularmente formulaicas. Parecen responder a moldes preformados de información en los que sólo se modifican las circunstancias. La escasez de análisis y la ausencia de elementos contextuales a la violencia contribuyen adicionalmente a su banalización.

Campo periodístico y campo de decibilidad

La referencia de los historiadores a la ausencia absoluta de espacio público durante la dictadura implica un factor de reflexión ineludible a la hora de confrontarse con el material de prensa analizado aquí. El historiador Luis Alberto Romero escribió que

…fueron clausuradas autoritariamente la confrontación pública de opiniones y su misma expresión. Los partidos y la actividad política toda quedaron prohibidos, así como los sindicatos y la actividad gremial; se sometió a los medios de prensa a una explícita censura, que impedía cualquier mención al terrorismo estatal y sus víctimas, y artistas e intelectuales fueron vigilados. Sólo quedó la voz del Estado, dirigiéndose a un conjunto atomizado de habitantes[116].

Otros autores se refieren directamente a la “plena supresión del espacio público” y afirman que el régimen no permitió “ninguna acción” que pudiera reconstituir dicho espacio y hubo una “selección estricta de voces y actores autorizados”[117]. Si se parte efectivamente de la concepción de “espacio público” de Jürgen Habermas, quien lo postula como lugar de surgimiento de la opinión pública y eje de la cohesión social y la legitimación política, es evidente que su existencia resulta indisociable de la vigencia del Estado de derecho[118]. Pero el delgado margen donde unos pocos actores intervienen para ampliar las fronteras de lo publicable en dictadura, por mínimo que parezca, tampoco puede descartarse de plano. Hay allí un espacio donde las personas buscan modos de unirse entre sí y actuar públicamente, una “esfera pública” entendida, con Hannah Arendt, como el “mundo… común a todos nosotros y diferenciado de nuestro lugar poseído privadamente en él”, el lugar de “los asuntos de quienes habitan juntos en el mundo hecho por el hombre”[119]. Esta autora recuerda que aunque en las dictaduras esa esfera pública se ve amenazada por el aislamiento, cuyos efectos se han expuesto más arriba, no todos los contactos entre los hombres quedan rotos ni destruidas todas las capacidades humanas puesto que “la tiranía basada en el aislamiento deja generalmente intactas las capacidades productoras del hombre”[120]. Si, como señala Arendt, “la diferencia entre una literatura clandestina y la ausencia de literatura equivale a la diferencia entre uno y cero”, también es decisiva la diferencia entre una prensa totalmente sometida y una donde los resquicios, aún si mínimos, permiten al lector dispuesto a hacerlo percibir la dimensión oculta del terror[121].

En esa delgada esfera pública, sujeta a coacción, pero por eso mismo más significativa y valiosa, se disputa el estrecho margen donde nombrar a los desaparecidos[122]. Aquí se postula la existencia de un campo que ofrecen los medios periodísticos para esa disputa por extender los límites de lo decible, que da lugar a coacciones y resistencias en su interior.

Los medios de prensa no encarnan un actor social definido, puesto que en su estructura de propiedad y líneas editoriales a menudo confluyen, se superponen y compiten intereses diversos. Tradicionalmente, los periódicos argentinos fueron concebidos como extensiones de los grupos de poder que los emplearon como canal doctrinario y apoyo para sus ofensivas políticas. Es el caso de los dos diarios principales: La Nación, vocero de la oligarquía agraria y los sectores más conservadores de la sociedad, y Clarín, asociado desde su creación a la burguesía industrial y el movimiento desarrollista. La escasa tradición de prensa independiente tuvo su principal exponente en La Opinión, diario que precisamente intentó constituirse como actor político, tal como expone detalladamente Fernando Ruiz[123].

No puede considerarse entonces que los diarios intervengan públicamente a la manera de actores autónomos, pero tampoco son vehículos neutrales que transportan contenidos elaborados en otra parte. Ni actor social autónomo, ni canal “transparente” de transmisión de contenidos, la prensa constituye en nuestra definición un ámbito donde entran en disputa intereses y sentidos, de acuerdo a la definición de campo elaborada por Pierre Bourdieu. Para este autor

…un campo puede definirse como una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su situación… actual y potencial en la estructura de la distribución de las diferentes especies de poder (o de capital)… y por sus relaciones objetivas con las demás posiciones…[124].

La prensa presta un ámbito privilegiado para la expresión y disputa de los distintos actores políticos y sociales, que a la vez constriñe y es constreñido por los intereses en juego en cada medio: ofrece un campo a las disputas entre ellos. El periodismo es un campo sujeto al condicionamiento de otros campos, como el económico, y en situaciones de dictadura puede tender a funcionar como aparato, pero bajo ningún régimen, por más represivo que sea, se alcanza totalmente este “estado patológico” de los campos en la medida en que siga habiendo “lucha”, es decir “historia”, en su interior[125].

Pierre Bourdieu advierte que en la producción de las noticias los periodistas ejercen de por sí una forma de censura, aún sin saberlo, al no retener más que aquello que entra en sus categorías y hacer así una selección de la realidad social. Las palabras, afirma, en los medios de comunicación pueden “hacer cosas, crear fantasmas, miedos, fobias o, simplemente, representaciones falsas”[126]. No se trata de una manipulación individual o volitiva de los periodistas, sino de un efecto estructural, objetivo, anónimo e invisible de los medios de comunicación. Para comprender lo dicho y lo silenciado es preciso conocer la posición de los órganos de prensa y la posición de los periodistas en el interior de esos órganos. Como escribe Andrés Avellaneda para el caso de Argentina, se trata de observar “la organización específica del campo que da la palabra o la quita” puesto que “este campo controla lo que se quiere decir y sólo filtra lo decible; por lo tanto, para determinar la estructura de lo que se dice no basta con analizar el discurso expresado, sino que se debe analizar también la organización del campo en que ese discurso se produce”[127]. Dentro del campo de la prensa en dictadura, que se expondrá a continuación, se negocian permanentemente los límites de lo decible, al interior de los cuales nombrar a los desaparecidos.

La prensa en dictadura

La importancia de la prensa gráfica en Argentina es señalada por el hecho de que históricamente tendió a ocupar el primer lugar en América Latina en cuanto a consumo de diarios y revistas. En los años ‘70 la producción de diarios en la Capital había alcanzado el pico máximo de los últimos treinta años y un nivel de consumo que doblaba al promedio de la región. Mientras en la primera mitad de la década del ‘70 en otros países latinoamericanos se leían 80 diarios por cada 1.000 personas, en Argentina el consumo era de 182 diarios para ese mismo volumen de población[128]128. En 1976 se publicaban en Argentina 297 diarios, 765 periódicos y 960 semanarios, además de 250 publicaciones en idiomas diversos[129].

El protagonismo que se podría deducir de estos datos cuantitativos, sin embargo, contrasta notablemente con el pobre papel que jugaron los medios argentinos en la denuncia e información de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. En lugar de honrar el lugar destacado en la vida pública que estas cifras parecerían otorgarle, la mayoría de los medios mantuvo una actitud temerosa y acomodaticia, ajena a toda voluntad de constituirse como actor autónomo y hablar con propia voz. No sólo los grandes medios se abstuvieron de intentar ampliar su potencial mediador sino que, en un proceso más bien inverso, hacia el fin de la dictadura su posición dio síntomas de haberse debilitado. Según varios estudios, para entonces se había verificado una caída en las ventas que se explica tanto por el aumento de precios aunado a la pauperización de la población, como por el empobrecimiento y homogeneización de los contenidos debido a la censura[130].

Los grandes medios de comunicación habían tendido históricamente en Argentina a actuar como portavoces de grupos o sectores del poder y se habían mostrado, ya antes de 1976, dispuestos a cooperar y también a aliarse con los militares. Tampoco faltaban antecedentes en el pasado de presiones o censura por parte de regímenes de facto en el ejercicio del periodismo. La novedad que introduce la última dictadura, sin embargo, no consiste sólo en que la adhesión de los medios de comunicación al régimen —y las presiones de éste hacia empresarios y trabajadores de prensa— alcanzaron mayores niveles que bajo otras dictaduras. Lo llamativo radica más bien en el sumo contraste entre los contenidos publicados y la magnitud de los crímenes que tendieron a ignorar o minimizar, que tenían lugar a diario y sobre los cuales no faltaban denuncias en las salas de redacción. El informe elaborado por la CIDH tras su visita al país en 1979 dedica un capítulo a la situación de la libertad de opinión y concluye, ya entonces, que la actitud de la prensa ha sido de “extrema prudencia en el juzgamiento de la política y los actos de gobierno, que por lo general se abstuvieron de comentar, siendo muy pocos aquellos órganos de difusión que hicieron labor de crítica de la política y los actos gubernamentales”[131]. Que en términos individuales hubo trabajadores de prensa que, como profesionales o como activistas políticos, eligieron correr riesgos está evidenciado por el número de periodistas desaparecidos, que se estima superior a cien y forma el 1,6 % del total de desapariciones registradas por la CONADEP[132].

Es difícil evaluar hoy en qué medida esta actitud de los medios fue orientada por la censura o el temor y hasta qué punto su papel activo en la creación de un imaginario afín al régimen fue guiado por la convicción o por intereses particulares. Testimonios y estudios sobre la prensa en dictadura declaran que, al asumir los militares, la prensa “se convirtió en un gran coro alabador”, “los medios entraron en cadena” y por efecto de la omnipresencia de discursos oficiales “los argentinos vivían en una cámara de ecos”[133].

En los últimos años, sin embargo, esas impresiones han sido revisadas y complejizadas y se ha llamado la atención sobre la necesidad de matizar lo que parecían memorias autoselladas sobre la relación entre prensa y dictadura[134]. En el contexto de la reflexión sobre la complicidad activa o pasiva de gran parte de la sociedad, esta parte de la historia aún continúa siendo escrita. La historia y la memoria de los medios en dictadura, como toda memoria y toda historia, es también expresión y síntoma de disputas por versiones hegemónicas del pasado que responden a pugnas políticas del presente. Algunas investigaciones advierten así que luego del consenso inicial con el régimen, la política editorial de los medios de prensa no fue homogénea. Ante todo, porque muchos tomaron conciencia de que su apoyo inicial no los dejaría indemnes frente a la extensión del terrorismo de Estado y la autonomía de los diversos “grupos de tareas”, a medida que se evidenciaba la contradicción entre los objetivos proclamados por la junta y su práctica concreta signada por métodos criminales y disputas facciosas[135]. Los reposicionamientos a que esto fue obligando, sin embargo, tuvieron lugar más avanzada la dictadura y no aún en la época álgida de la represión que se examinará aquí. En cualquier caso, las posiciones que se leen en los medios escritos responden tanto a la trama de alianzas cívico–militares que sostuvo a la dictadura, como a los intentos por ampliar el campo de lo publicable que impulsaron periodistas individuales.

El régimen dispuso prácticamente del monopolio sobre los medios de radiodifusión, que habían sido intervenidos y puestos bajo dirección de personal militar, y los usó para divulgar numerosas campañas de propaganda que convirtieron a los aparatos de Estado, se llegó a afirmar, en “una gigantesca central de inteligencia dedicada a la guerra psicológica”[136]. Las agencias de noticias nacionales, que eran las únicas autorizadas a informar sobre los sucesos internos, estaban bajo control directo del Estado y fueron un instrumento importante para el control público de la información[137]. Por otra parte, la tarea de las agencias de noticias extranjeras había sido condicionada ya en 1973 por un decreto que les prohibía distribuir noticias nacionales, con el objetivo de evitar que los medios argentinos reproduzcan información local proveniente del exterior[138]. Apuntaban así contra una estrategia usualmente empleada para difundir contenidos que no se pueden publicar en un país, pasando la información a corresponsales o agencias internacionales para que éstos la emitan en el exterior y, de este modo, divulgarla en el país con el crédito de una fuente extranjera.

En cuanto a los medios gráficos, algunos actuaron directamente como portavoces del gobierno militar, ya sea por convicciones ideológicas propias, por acomodamiento a las circunstancias o por conveniencia en términos de beneficios económicos o empresariales[139]. Los diarios La Nación, La Razón y Clarín obtuvieron provecho de un convenio con el gobierno militar que les permitió monopolizar la producción nacional de papel para periódicos y asegurar una posición privilegiada en el mercado. La implicación en este polémico negocio benefició cuantiosamente a esas empresas mientras aseguraba al régimen su adhesión[140]. Décadas después, los dos grandes diarios argentinos llevan dedicado abundante centimetraje a los crímenes de la dictadura y sus consecuencias en la sociedad, pero no han ejercido aún ningún tipo de reflexión pública sobre su complicidad con el gobierno de facto. Como sea, el resultado en los medios de la dictadura, en palabras de Heriberto Muraro, fue que

las medidas represivas fueron aceptadas sin resistencia por la mayoría de los medios, que limitaron sus críticas a la gestión de las autoridades de facto exclusivamente a su política económica o a cuestiones administrativas menores. Pocos medios dieron cabida a las demandas de los dirigentes de los disueltos partidos políticos y casi ninguno a las denuncias o solicitadas pagas de las entidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos[141].

Los medios que habrían podido ser una voz crítica o disidente fueron reprimidos no sólo directamente, a través de clausuras de medios y secuestros de ediciones, sino sobre todo a través del terror provocado por las detenciones y desapariciones de periodistas. Un trabajador de prensa recuerda así la disyuntiva:

¿Qué es lo que podía esperarse, en este ámbito, de las grandes y medianas empresas periodísticas? ¿Una lucha indoblegable por la libertad de expresión o una postura basada en el instinto de conservación más elemental? (…) mientras el Proceso se ajustara a su proclamada tarea de limpiar el país de “subversivos”, las empresas lo apoyarían sin duda[142].

Los únicos diarios que dieron algún espacio a las violaciones a los derechos humanos fueron Buenos Aires Herald (que se publicaba en inglés) y La Opinión —hasta el secuestro de su director en abril de 1977 y la posterior intervención del diario— y en menor medida La Prensa, que fue el primero en publicar una solicitada en favor de los desaparecidos, el 15 de octubre de 1977. Estos periódicos no se consideraban opositores y daban su apoyo global al régimen, pero pedían que la represión del terrorismo se hiciera dentro de marcos legales y reproducían denuncias de desapariciones, lo cual en el contexto dictatorial marcaba una diferencia crucial con el resto de los medios. El semanario judío Nueva Presencia, fundado por Herman Schiller en julio de 1977, dio amplio espacio a las denuncias por los crímenes del régimen así como a las voces disidentes a la dictadura, pero lo hacía dentro del espacio de circulación más acotado de su ámbito comunitario.

La principal entidad que agrupa a los editores de medios gráficos privados, ADEPA, mantuvo durante la dictadura una actitud temerosa. A poco del golpe de Estado saludó “el cambio de estilo producido en las relaciones entre el gobierno y la prensa” y en octubre de 1976 sus directivos afirmaron ante la Sociedad Interamericana de Prensa que la libertad de prensa en la Argentina “es una realidad”[143]. Luego, a medida que la represión se fue haciendo sentir sobre el gremio, ADEPA hizo declaraciones públicas pidiendo por algunos periodistas prominentes secuestrados, como Edgardo Sajón y Jacobo Timerman, y a partir de 1977 sus comunicados se hicieron más enérgicos[144]. Pero estos reclamos eran matizados con comentarios favorables al gobierno y en 1978 ADEPA rechazó un premio internacional por los periodistas perseguidos de Argentina argumentando que la situación del país debe ser interpretada por periodistas argentinos y no por “ajenos”[145].

Los intereses y convicciones particulares de empresas e individuos dieron lugar a diversos posicionamientos que no siempre fueron monolíticos y, en algunos casos, tuvieron como resultado el apoyo al régimen en algunos aspectos mientras se criticaba otros. Dos ejemplos elocuentes de esto, opuestos entre sí, los proporcionan el Buenos Aires Herald y Clarín. El diario inglés fue sin lugar a dudas el más valiente en la denuncia de las desapariciones. Al mismo tiempo, sin embargo, apoyaba con fuerte convicción la política económica del ministro José Martínez de Hoz, sin ver contradicción entre unas y otra, como ha manifestado honestamente su antiguo director Robert Cox[146]. De manera inversa, el diario Clarín tuvo sus máximos distanciamientos con el régimen en las críticas a aspectos de su política económica. Quien fuera su jefe de redacción en aquellos años, Marcos Cytrynblum, afirmó en una entrevista que el diario intentaba “empujar el límite” de lo publicable y asegura haber publicado recursos de hábeas corpus llevados a la redacción por las Madres de Plaza de Mayo, pero ante la pregunta por la fecha en que eso tuvo lugar no puede precisar cuándo fue[147]. Una investigación establece que la primera vez que Clarín demandó información concreta sobre personas desaparecidas en su espacio editorial —empleando allí literalmente la palabra desaparición— fue el 18 de agosto de 1978: pasado el momento más álgido de la represión y dos años después de que lo hicieran en inglés el Herald y, en menor medida, La Opinión[148].

Estas memorias específicas ilustran acerca de las contradicciones y paradojas de los medios en dictadura. El interés principal de este libro, sin embargo, no radica en la evaluación de las actitudes de los propietarios de diarios o sus periodistas en sí mismas, ni en la ponderación de sus motivaciones, sino en el análisis de los contenidos y discursos que efectivamente aparecían publicados y la elucidación del modo en que se teje allí una trama de sentidos en torno a los desaparecidos. Si se trata de contribuir a iluminar algún aspecto del hecho comunicacional, la intención aquí es más bien saber qué llegaba efectivamente a los ojos de los lectores —más allá de los porqués de las ausencias o silencios— y cómo se fueron construyendo sentidos desde lo publicado. Los factores que condicionaban el campo donde establecer esos sentidos, por otra parte, se venían constituyendo como se verá desde tiempo atrás.

Censura y autocensura

La prensa había sufrido limitaciones en su actividad ya bajo otros regímenes de modo que las restricciones al trabajo periodístico durante el gobierno militar no supusieron un corte abrupto respecto a las existentes en gobiernos anteriores. La tradición de represión y censura que existía en Argentina, donde influía la experiencia de los cinco golpes militares a lo largo del siglo XX, hacía difícil hablar de una situación de auténtica libertad de expresión antes del golpe de Estado[149]. El achicamiento del espacio público y de las libertades individuales, acompañado por una crítica y un ataque crecientes sobre los medios de comunicación y por el ejercicio de formas de censura y silenciamiento sistemáticas se remontaban, cuanto menos, a 1973 y aumentaron progresivamente a partir de 1974, al igual que la desinformación oficial.[150] Tampoco hubo una instancia decisiva o inaugural al respecto, sino que a la tradición preexistente de censura previa se sumaron “recomendaciones” y sugerencias, a lo que se agregaba la censura “a posteriori” del terror: el miedo generado por la desaparición, asesinato y/o secuestro de periodistas, que condicionó severamente el ejercicio de la profesión.

Al tomar el poder, los militares impusieron la censura previa al ordenar que todas las pruebas de galera que contengan información política sean llevadas al Comando del Ejército antes de ser publicadas. La medida rigió sólo durante veinticuatro horas, ya que se tornó impracticable en términos burocráticos e innecesaria en función de la disposición favorable hacia el régimen mostrada por los principales medios de comunicación[151]. Ese mismo día la prensa fue instruida para censurarse a sí misma y guiarse por una serie de principios abstractos, como “inducir a la restitución de los valores fundamentales que contribuyen a la integridad social”, “actuar firmemente contra el vicio”, “preservar la defensa de la institución familiar” o “erradicar el empleo de recursos efectivistas (sic) y truculencia en el uso de la palabra y la imagen”[152]. Se dieron también lineamientos generales sobre el chequeo de las fuentes y la inconveniencia de publicar información “sensacionalista”, pero sin mencionar las palabras “restricción” o “censura”[153].

Más tarde un comunicado cuyas pautas seguían vagamente definidas dispuso penas por publicar información contraria al gobierno. La noche del 22 de abril, por último, una hoja de papel sin firma ni membrete comunicó a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno la prohibición de informar, comentar o hacer referencia a temas relacionados a “episodios subversivos, hallazgos de cadáveres, secuestros, desapariciones, muertes de elementos sediciosos y asesinatos de militares, policías o agentes de seguridad”, a menos que provengan de fuente oficial, con el argumento de que información de otro origen sería “propaganda” para las guerrillas[154]. Clarín informó entonces que “la rígida censura de prensa impuesta el 24 de marzo duró sólo 36 horas” y que “desde entonces, el progresivo retorno a la normalidad en todos los órdenes y la fluida comunicación entre el gobierno y los diarios la han reducido al cumplimiento de normas indicativas”[155]. Posteriormente se instaló un “Servicio Gratuito de Lectura Previa” en la Casa de Gobierno, pero no hubo otras sanciones formales a la actividad periodística, cuya rutina de trabajo, por lo demás, continuó básicamente ininterrumpida. Según Horacio Verbitsky, para “la gran prensa diaria y semanal” fue suficiente “la recomendación amistosa acerca de los temas desaconsejables y los enfoques inconvenientes” puesto que “en términos generales compartían la hipótesis del teorema militar” y “asistieron en silencio a su cruenta demostración”[156]. Hubo allanamientos, intervenciones y cierres de redacciones, y secuestros, asesinatos y desapariciones de periodistas. La mayoría de los medios, sin embargo, aceptó estas normas sin resistencia.

A poco de asumir el presidente Videla mantuvo una reunión con directivos de diarios y radios privadas para agradecerles su cooperación con el gobierno y su “objetividad” al informar sobre el golpe de Estado. Clarín informó sobre la reunión afirmando que en ella se ha alcanzado un acuerdo y que ya no habrá restricciones a la prensa, sino que se instituirá una suerte de “autocensura”[157]. También Luis Gregorich, que era jefe de sección en La Opinión, recuerda que “los grandes empresarios periodísticos pactaron explícitamente con los gobernantes castrenses una serie de pautas de autocensura que serían metódicamente cumplidas en los años que siguieron”[158]. Al impreciso vago normativo existente se le fueron añadiendo instrucciones más informales como comunicados, memorandos, “recomendaciones”, “advertencias”, “sugerencias” o “listas negras” que conformaron una forma particular de censura, amplia pero difusa. En el caso de la prensa escrita, estos mecanismos, más la voluntad de las empresas periodísticas de no confrontar con el régimen, fueron consolidando en los primeros años dictatoriales la política de autocensura sobre los temas “sensibles”. De este modo, como evoca otro periodista, en las reuniones de redacción se rechazaban todas las noticias que aludieran a situaciones críticas o conflictivas:

ni hablar de torturas, desapariciones o asesinatos, de los que nos íbamos enterando con cuentagotas por las agencias internacionales o por el relato de amigos y familiares de las víctimas. Sólo recuerdo algunas noticias de ese tenor publicadas por La Prensa o el Buenos Aires Herald[159].

La ausencia de una oficina de censura centralizada hizo el ejercicio de la (auto)censura más ubicuo y efectivo. Su modo operativo encajaba así en la tendencia general del terrorismo de Estado, uno de cuyos principios básicos fue precisamente la indiscriminación en el ejercicio de la represión, de modo de amplificar el terror y generar una parálisis masiva en la población. El modo en que la libertad de expresión fue coartada por la autocensura mucho más que por una censura previa, en función del terror, es mencionado por numerosos protagonistas de la época[160]. Al no haber mecanismos de censura previa establecidos ni directivas específicas sobre el manejo de la información, el auténtico límite era el establecido por el miedo. Mientras tanto, los miembros de la junta de gobierno realizaban declaraciones a favor de la libertad de prensa y en contra de la censura y la obsecuencia en el periodismo. Videla afirmaba que “una prensa objetiva es la mejor garantía que tenemos nosotros para servir totalmente a este proceso” y Massera que “la prensa argentina es totalmente libre y cada uno escribe lo que quiere”; una declaración que en un contexto en que desaparecían periodistas sólo podía interpretarse como una amenaza: cada uno “escribe lo que quiere”, pero al precio de llegar a pagar con su vida por ello[161].

Según Jacobo Timerman la censura consistía en “terror del gobierno y autocensura de los periodistas, directores y editores”:

El problema siempre era la pregunta de qué es lo que todavía se puede publicar, qué tan lejos podemos ir, dónde está el límite. Cuando hay censura previa, es el gobierno el que establece el límite. Al no existir censura previa, existía algo así como una ‘censura a posteriori’, es decir, se secuestraba, explotaban bombas, después de que se publicaban las noticias. Quedaba siempre esa duda, de qué se podía publicar y qué no.(…) Las personas desaparecían y nunca se podía decir con exactitud por qué[162].

La autocensura, concluye Timerman, es “mucho peor que la censura previa. Porque ahí el límite lo pone el miedo”. Según Andrew Graham Yooll sólo una tenue línea dividía a la censura ordenada por los sucesivos gobiernos y a la autocensura por parte de los medios: nadie, afirma, puede determinar dónde radica la frontera entre la libertad para publicar y la censura del gobierno porque “no hay dudas de que gran parte de la rutina diaria de la redacción está dictada por los miedos individuales, debidos al clima de terror generalizado en Argentina en los últimos tiempos”[163]. Más que de censura, se trataba de “un acuerdo tácito” entre los gobiernos y los propietarios de los medios acerca de lo que no se podía publicar.

Cuando en febrero de 1978 el gobierno sanciona a La Razón por violar la prohibición de publicar noticias locales citando fuente extranjera, La Nación critica la medida y habla de una “protesta generalizada del periodismo nacional”. La norma era regularmente violada, también en La Nación que alude a “la preocupación… por la subsistencia de normas francamente atentatorias del derecho constitucional a informar con amplitud”. En ese mismo editorial el diario advierte que la norma es parte de una serie de decisiones tomadas entre 1973 y 1975, que “casi no tuvieron aplicación en estos años” debido a la “irrazonabilidad” que “las hicieron francamente inaplicables” pero también a “la ponderación con la cual, sin necesidad de norma alguna que regulara su función, el periodismo argentino trató la información concerniente a los hechos subversivos”[164]. Al modo de un satisfecho celador, el editorialista se congratula así por la eficaz autocensura de su mismo medio y sus colegas.

El campo y sus límites

¿Qué podía nombrarse y qué no en los diarios de la dictadura? El tema de los desaparecidos era, sin duda, un tabú, a la vez un secreto a voces y una verdad en sordina. Los desaparecidos eran el punto ciego del régimen, un “agujero negro” que succionaba toda pregunta, todo énfasis; la gestión ante la cual todo “contacto” clave era vano y cualquier alusión podía ser excesiva. En el discurso oficial, la “lucha contra la subversión” era aludida en forma grandilocuente, triunfalista y abstracta. Pero los secuestros concretos eran negados, relativizados o puestos en duda por las autoridades.

Sólo un tema provocaba entre los militares tanta irritación como el de los desaparecidos y se constituyó en un tabú incluso mayor que aquel: los conflictos internos entre las tres fuerzas. Las feroces disputas entre facciones del gobierno militar dieron lugar a secuestros y movimientos internos que las autoridades insistentemente coincidieron en negar. El gobierno militar debía mostrarse monolítico y no toleraba la filtración de informaciones sobre desinteligencias o disputas entre las tres armas[165].

Otro límite de lo publicable se encuentra en la escasez de fotografías: raramente las noticias vinculadas a hechos de violencia política son acompañadas por imágenes, y cuando lo son suelen retratar objetos: armas secuestradas en procedimientos, frentes de viviendas sin personas a la vista donde se dice que hubo un “enfrentamiento”, a lo sumo se ven fotos carnet de personas en gesto inexpresivo. Un diario provincial fue suspendido por dos días por “informar acerca del funcionamiento del Consejo de Guerra y, al mismo tiempo, mostrar el rostro de la madre de uno de los detenidos”[166]. La referencia a familiares de detenidos, y el rostro que porta ese dolor, eran límites que no se debían franquear. Las únicas imágenes con dinamismo que se ven en los periódicos provienen de los avisos publicitarios y cuando anuncian a revistas ilustradas actúan de algún modo como un comentario indirecto de lo que ocurre en el país.

Pero, como se ha visto, el contorno del campo de lo que podía publicarse no estaba trazado de antemano —los redactores debían apelar a su propio criterio y a la autocensura— y los límites impuestos por la coacción y los márgenes de libertad se distribuían en forma arbitraria[167]. Dos ejemplos ilustran los modos erráticos en que se configuraban los límites a lo decible: uno fue el escándalo que provocó el actor cómico de TV Alberto Olmedo, quien a modo de broma emitió una grabación anterior de su programa luego de que un locutor anunciara su inesperada “desaparición”. El incidente provocó la furia de las autoridades, los diarios lo calificaron de “macabra broma” y el programa terminó siendo levantado, sentando un precedente respecto a un tema que no debía tocarse ni en chiste[168]. Mientras una ocurrencia que, tal vez ingenuamente, toca el punto ciego del régimen provoca una reacción desmedida, contenidos más directamente críticos pueden pasar desapercibidos. Es el caso de la reseña sobre una puesta en escena de Antígona, una obra donde resuena con fuerza el tema de las desapariciones, que La Nación incluye en su sección de Espectáculos en la misma página que un titular sobre desaparecidos y junto a declaraciones de su director sobre “la temática siempre vigente de Antígona, que no es otra que la rebeldía contra el autoritarismo”[169].

Estos ejemplos constituyen dos límites extremos, dos vértices que indican las líneas de fuerza móviles que definen el campo de lo decible. Mínimos resquicios, escasos pero hallables, evidencian que había un margen que algunos periodistas estuvieron dispuestos a ampliar. Así sucedió con varias noticias publicadas en La Nación provenientes de Rosario, cuyas características y atipicidad indican que en la corresponsalía de esa ciudad había una o varias personas que recibían y publicaban denuncias de desapariciones hechas directamente por sus familiares. Allí se percibe la intervención, mínima pero decisiva, del corresponsal local que introduce información extraoficial y reproduce denuncias de familiares. Además de comunicar los secuestros o asesinatos, el periodista hace explícito el gesto receptivo de recibir a los afectados y escuchar sus historias[170]. Noticias breves similares publicadas también con fuente en Rosario confirmarían que se trataba de gestiones personales ante determinados periodistas dispuestos a difundir estas denuncias. En las noticias no consta su nombre y su ejemplo anónimo queda absorbido en el fárrago periodístico de la época, pero la constancia de que hubo al menos un periodista que en uno de los principales diarios hizo una diferencia, demuestra el modo en que podía ampliarse lo publicable y evidencia lo que no hicieron la mayoría de sus colegas.

Es difícil juzgar retroactivamente qué periodistas o qué medios tuvieron mayor posibilidad o voluntad para hacerlo y no es esa tampoco la intención de este trabajo. El caso del corresponsal rosarino de La Nación muestra, simplemente, el modo en que podía estirarse el campo de lo decible ampliando los márgenes disponibles. La elección de los diarios La Nación y La Opinión en este análisis responde en todo caso a la intención de dar cuenta del mayor campo de decibilidad posible en medios de circulación masiva en dictadura. Si el campo de lo publicable en la prensa con relación a las desapariciones se define por la transacción entre la disposición o la voluntad de dar espacio a ese tema y la posibilidad de hacerlo sin recibir represalias del gobierno, los ejes que conforman ese campo están definidos por los medios que llevan más lejos ambas potencialidades: La Nación porque, como órgano de expresión de las clases dominantes, posee total impunidad para manifestar sus opiniones aunque no se sirva de esta libertad para denunciar los crímenes del terrorismo de Estado; y La Opinión, inversamente, porque a partir de cierto momento demuestra la voluntad editorial de hacerlo aunque no tenga respaldos políticos que la avalen para eso. En ambos casos se trata además de diarios que sin ser masivos eran leídos por sectores influyentes en la formación de opinión. El único diario que tuvo mayor protección que La Nación y demostró un compromiso aún más enérgico en la denuncia de las desapariciones fue el Buenos Aires Herald por lo cual, aunque se publicaba en inglés, noticias y editoriales significativos publicados allí se incluyen en forma aislada en el análisis. Por último, para dar cuenta de los momentos de mayor propaganda en tono populista, como en la cobertura periodística del campeonato de fútbol de 1978, resulta ilustrativo recurrir a las ediciones de Clarín, donde el clima en torno a ese evento se refleja con mayor intensidad.

La Nación: el ‘superyó’ del Estado

Fundado el 4 de enero de 1870, La Nación fue desde sus orígenes el portavoz de las clases dominantes argentinas. Propiedad de la familia Mitre desde principios del siglo XX hasta la dictadura, se quiso “expresión y educador de la clase dirigente de la época… por encima de sus fraccionamientos”[171]. Dirigido a “los individuos que se encontraban en las posiciones más altas de la estructura del poder político, del sistema económico y de la jerarquía del reconocimiento social”, La Nación, —escribe Ricardo Sidicaro— “interpeló desde su propia perspectiva doctrinaria a los gobiernos y al Estado” operando “como una especie de superyó freudiano, diciendo en nombre de la Constitución lo que se debía y lo que estaba vedado hacer”[172]. Su público consistía en “un universo cautivo de lectores notables: funcionarios judiciales y diplomáticos, hombres de empresa, políticos semijubilados pero no clandestinos, la gente del campo, miembros de las FF. AA., profesionales, la Curia, figuras de la cultura señera y de la que hoy denominaríamos progresía liberal”, quienes conformaban “un club selecto que se sabe dominador” y explicaban porqué en 1976 “aludir a La Nación era decir algo bastante parecido a ‘opinión pública’”[173].

Como otros sectores de la sociedad, La Nación celebró la caída del gobierno de Isabel Perón y la asunción de la junta militar. Sus intereses se acoplaron cómodamente con los del régimen y su vocabulario anticuado y pomposo se mimetizó naturalmente con el de los comunicados militares. Salvo algunos llamados a la moderación en el “monopolio de la violencia” y elípticos reclamos por casos puntuales de personalidades víctimas de la represión, el diario ejerció una activa defensa del gobierno militar ante los reclamos internacionales y mantuvo su identificación con él hasta su final. El margen de acción del veterano periódico es ancho: como debido a su posición hegemónica no considera que deba rendir cuentas de probidad ideológica, puede permitirse publicar artículos desprejuiciados sobre el marxismo o el bloque soviético[174]. Previsiblemente, dedica abundante espacio al agro y sus intereses, que se expresan en un generoso suplemento semanal y son defendidos puntualmente en sus editoriales.

La Nación apenas dio espacio a los reclamos por desapariciones y cuando lo hizo fue tomando distancia de las denuncias. Una breve pastilla en la sección “Tribunales”, junto al editorial, era el sector que habitaban regularmente los desaparecidos en forma de beneficiarios de recursos de hábeas corpus. En cuanto a la violencia política, para el centenario diario ésta no puede inteligirse sino que es fruto de la “irracionalidad”. Tras crímenes atroces como el asesinato de los curas palotinos, en julio de 1976, editorializa acerca de “la saña criminal de ciertos grupos”, su “afán vesánico de desencadenar el terror y sumir a la sociedad en la confusión trágica” y “la imagen siniestra de la irracionalidad que sólo procura exterminar y destruir”. Al tiempo que las condena, sin embargo, el texto no contribuye a superar la “irracionalidad” y la “confusión”. Los editoriales de La Nación se resisten a argumentar, explicar o contextualizar la violencia política[175]. Allí los hechos violentos no responden a conflictos de intereses ni hay luchas políticas que los subyacen, sino sólo la perversión intrínseca de ciertos individuos, movidos por el “odio ciego” y la “oscura pasión”[176].

La Nación defendió al gobierno enérgicamente de las denuncias internacionales de violaciones a los derechos humanos, especialmente a través de su corresponsal en París, y sólo se refrió al terrorismo de Estado, elípticamente, llamando a impedir “hechos y episodios confusos” o condenando la existencia de “una ‘contraguerrilla’ no fiscalizada por los organismos legales correspondientes” puesto que la represión “corresponde al Estado”, que debe “reasegurarse el control monopólico del uso de la fuerza en el país” sin el cual “regiría la ley de la selva”[177]. Cuando critica al gobierno, La Nación emplea el tono que usaría un padre para reprender a un niño y formula advertencias con la seguridad de quien se encuentra en una situación de autoridad[178].

El estilo ampuloso y anticuado del tradicional diario es funcional a esa visión desafectada de la realidad: cuando adjetiva lo hace con términos huecos como sentido, acentuado, expresivo, llevando al límite el “arte de informar sobre la nada… o de decir pequeñitas cosas entre líneas”[179]. Los titulares de La Nación reposan en su habitual tono engolado y abusan de las formas impersonales. Su gramática sin sujeto, como si los eventos advinieran por efecto de una fuerza mayúscula, anónima e inexorable y no como resultado de actores concretos, y en ocasiones sin verbos, es decir sin acción, potencia la impresión de una historia detenida y de falta de dinamismo en los asuntos públicos[180]. En las páginas de La Nación el mundo es un sitio previsible e inmutable y debe conservar esa estabilidad.

La Opinión: la “inmensa minoría”

La Opinión salió a la calle el 4 de mayo de 1971 y hasta su intervención por los militares en mayo de 1977 desarrolló una de las experiencias periodísticas más audaces y trascendentes que se recuerden en Argentina. Su fundador y director, Jacobo Timerman, había renovado ya el lenguaje periodístico local con la revista Primera Plana y en La Opinión, inspirado en el francés Le Monde, se orientó por los mismos principios, revolucionarios para la aletargada prensa de la época: jerarquización del lector y fuerte presencia editorial en la interpretación de la información. Sus periodistas recibían buenos sueldos, podían firmar sus artículos y estaban invitados a opinar y comentar la realidad, un lujo inédito en el periodismo argentino que honraron muchas de las mejores plumas de una generación intelectual.

El estilo sosegado, la diagramación austera sin titulares catástrofe, la ausencia de fotos e información deportiva y un lenguaje que evita las exageraciones y alarmismos lo diferenciaban de la gran prensa populista. Al mismo tiempo, un criterio de noticiabilidad permeable a los cambios culturales de la época y la fluidez para reflejar el dinamismo del mundo en los ‘70 lo alejaban drásticamente de los diarios tradicionales, La Prensa y La Nación, empeñados en mantener una visión estática del mundo.

Orientado a sectores profesionales medios, La Opinión reflejaba los intereses, preocupaciones, guiños culturales y consumos típicos de una clase media que en la década del ‘60 y ‘70 se jactaba, con fundamento, de su nivel cultural. Elegante y bien escrito, hizo un culto de la intelección racional del mundo. En sus propios avisos institucionales La Opinión definía a su lector como “el hombre de la inmensa minoría”, “el hombre que decide… con opinión propia… lúcido, joven y desprejuiciado” y se anunciaba como un “diario selectivo, que no intenta ocuparse de todos los temas superficialmente, sino de los fundamentales en profundidad”[181]. Por eso, y para ahorrar el presupuesto que implicaría una cobertura deportiva, La Opinión no salía los lunes aunque con el legendario suplemento cultural de los domingos podía llegar a sumar 48 páginas. Su tirada rondaba los 40.000 ejemplares y nunca superó los 50.000, aunque se calcula que tenía el doble de lectores que de compradores y su influencia cualitativa iba más allá de los datos cuantitativos[182].

En una evocación acaso romantizada —pero por eso mismo expresión del carácter mítico que adquirió aquella redacción en la historia del periodismo argentino— el socio de Timerman en el diario describe así a su universo de lectores y su posicionamiento en la trama de poder:

La Opinión y el grupo humano que la constituía eran los voceros naturales de un estrato social argentino caracterizado por su inconformismo, cuestionamientos y oposición a lo convencional. Intelectualmente sólidos, cultos, inquietos, los lectores pertenecían a un sector de la clase media, pero como grupo representaban un poder económico y político limitado. La Opinión no defendía los intereses agropecuarios, ni a la gran industria, ni a las finanzas internacionales: era el portavoz de los reflexivos, de los discordantes, es decir, de los débiles. Cualquier general malhumorado podía destruirnos de un manotazo y nadie nos podía defender[183].

Si bien en sus primeros años La Opinión tuvo una posición neutral, lo cual en los términos de la época significaba “favorable”, hacia las organizaciones guerrilleras, más tarde se inclinó hacia la facción del Ejército liderada por el general Lanusse. En un extraño viraje político, llegó a 1976 apoyando entusiastamente el golpe de Estado[184]. La Opinión mantuvo una línea editorial favorable a la junta militar mientras reclamaba el encauce de la represión en el marco legal. Al igual que otros medios, consideró que era necesario apoyar al gobierno dictatorial globalmente para poder denunciar aspectos puntuales de su política. En numerosas ocasiones defendió públicamente al régimen de las críticas internacionales y llegó a sobreactuar con patetismo ese apoyo[185].

A diferencia de La Nación, para la cual la violencia política es sólo expresión de “salvajismo” sin más, La Opinión intenta comprenderla y analizarla. Se ocupa de las organizaciones armadas con un enfoque racional y, si bien las condena adoptando el lenguaje oficial, expresa una voluntad de inteligir sus condiciones de funcionamiento y su contexto, en un tratamiento que condena sin demonizar y que no impugna masivamente sino que intenta diferenciar[186]. La jugada más audaz en este aspecto fue la publicación de un suplemento “sobre diferentes aspectos de la lucha contra la subversión” para el que envió a un periodista a un centro de investigación sobre violencia en Londres. El informe, publicado a lo largo de cinco páginas el 23 de noviembre de 1976, anuncia: “Dos institutos internacionales, con sede en Londres, se preguntan: ¿es posible terminar con la guerrilla manteniendo el Estado de Derecho?”. De esta forma el director de La Opinión creía sentar posición acerca de la necesidad de mantener la represión dentro de la legalidad, una aspiración ingenua puesto que la clandestinidad no era accesoria sino intrínseca al terrorismo de Estado, y acaso se engañaba a sí mismo al tomar posición por los supuestos sectores “moderados” del gobierno, que debían ser respaldados por oposición a los “duros”[187]. En sus comentarios pide claridad en la definición del enemigo, escribe que “cuanto más visible sea esta frontera entre lo legítimo y lo ilegítimo, más inequívocas serán las conductas y las actitudes de la sociedad argentina” y advierte que “es en la confusión donde se nutre la sedición”[188]. La Opinión supone, o quiere suponer, que los militares también se oponen al “extremismo de derecha” y escribe que “los dos proyectos violentos, el de ultraderecha y el de ultraizquierda, se complementan en un objetivo concurrente, cual es la desarticulación del programa elaborado por la junta militar”[189]. Al mismo tiempo, y a diferencia de otros diarios, La Opinión parece tener que defenderse todo el tiempo de la sospecha de “comunismo” y, tal vez por eso, cuando publica reclamos relativos a derechos humanos los matiza con la denuncia de la violación a los mismos en el bloque soviético. Una declaración de la APDH “Por los derechos humanos en la Argentina” es acompañada por un petitorio de intelectuales europeos por la libertad de un escritor en la URSS, y los testimonios de presos políticos en la Unión Soviética y Chile se publican juntos, en un modo también de aludir oblicuamente a la realidad argentina que no se puede nombrar[190].

La Opinión recurrió a variadas estrategias para dar expresión a las denuncias. Solía adjudicar al gobierno sus propias posiciones, de modo de comprometerlo públicamente en la posición que esperaba que adopte y respaldar sus opiniones en la supuesta postura oficial. Publica, por ejemplo, que el gobierno declararía la ilegalidad de organizaciones de extrema derecha o tendría el propósito de publicar una lista de detenidos, anuncios inverosímiles con los que aspiraba a ejercer presión[191]. Otra estrategia consistió en “contrabandear” información disimulándola entre otros contenidos y bajo un título general que aludiera a otro tema[192]. Un modo alternativo de emitir su opinión apoyándose en fuentes autorizadas consistía en reproducir artículos de otros medios que adquirían así mayor repercusión. Solía hacerlo con los artículos más comprometidos del Buenos Aires Herald, que por publicarse en inglés llegaban a menos lectores, y rozó el límite de lo permitido al reproducir el texto de un sacerdote jesuita que denunciaba la tortura por parte de agentes del Estado[193].

El diario de Timerman, que mantenía una comunicación frontal con su público, escribió que más de una vez “tuvo la tentación de aconsejar a sus lectores comprar todas las mañanas el valiente diario Buenos Aires Herald”, porque “sus informaciones y comentarios sobre la realidad argentina lo merecen” pero que eso “hubiera sido una discriminación contra los argentinos que no conocen el idioma inglés”. “Claro que muchos lectores podrán decir que sería mucho mejor que La Opinión fuera tan valiente como el Herald”, admite el diario, “pero el hecho es que no lo es”[194]. Lo que en forma cifrada está diciendo el editorialista —posiblemente el propio director— es que La Opinión está más expuesta que el Herald, a quien protege la embajada británica, que sus límites son otros y no puede ir tan lejos en las denuncias como el diario inglés. Así lo recordaría Timerman años después en su libro testimonial y lo confirmó su secuestro por personal militar el 15 de abril de 1977 al que siguió la intervención y expropiación del diario. La detención ilegal de Timerman terminó con una experiencia renovadora del periodismo argentino aunque, sorprendentemente, no con su confianza en que habría sectores “moderados” en el gobierno militar a los que había que continuar apoyando[195].

La dimensión clandestina

Entre la fachada pública que presentan los periódicos y la violencia oculta del terrorismo de Estado había una delgada atmósfera intermedia, una franja que comunicaba ambos mundos, constituida por el espacio de la clandestinidad. En ella se movían quienes sabían lo que sucedía en los antros de la represión ilegal debido a su militancia política, contacto con liberados o mayor disposición a informarse. Los espacios subterráneos surgidos de ese modo, entre personas de extrema confianza por el temor a las delaciones, fueron ganando importancia a lo largo de la dictadura y constituyeron ámbitos de resistencia, lo que se dio en llamar el “exilio interior”[196]. Eran quienes sabían, por ejemplo, que el diario liberal inglés Buenos Aires Herald era quien más informaba sobre la represión ilegal o que las listas de hábeas corpus que se leían en La Nación correspondían a desaparecidos.

En ese espacio se insertaron los sistemas informativos de Rodolfo Walsh: ANCLA y Cadena Informativa. El escritor y periodista Rodolfo Walsh había dirigido publicaciones sindicales y era experto en adaptar las necesidades comunicativas a las circunstancias políticas del país. Tres meses después del golpe militar creó la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA) que difundía informaciones sobre operaciones represivas, análisis de las internas del gobierno e informes sobre la acción de los sindicatos prohibidos. Walsh era además militante de Montoneros y había trabajado en sus medios orgánicos de difusión, como el diario Noticias. Sus fuentes eran periodistas que no podían publicar la información disponible en otros lados, testigos de procedimientos que no eran entrevistados por otros medios y la intercepción de radios policiales o extranjeras, pero también una lectura atenta de los partes oficiales que le permitía develar sus falacias. Los cables de ANCLA eran enviados a las redacciones por correo o mediante mensajeros y, aunque sus informaciones no eran publicadas en el país, servían para hacer circular la información y eran levantadas por agencias internacionales, que las emitían en el exterior. Según Horacio Verbitsky, el hecho de que esos partes estuvieran en todas las redacciones demuestra el conocimiento de los hechos que tenían los periodistas[197].

Los sistemas clandestinos de Walsh desarticulaban el juego de eufemismos montado por el discurso oficial y explicaban la estructura de funcionamiento de la represión. El otro sistema de información clandestino ideado por Walsh, mínimo y flexible, fue la “Cadena Informativa”. Inspirada en las “cadenas de la felicidad” que circulaban entonces con mensajes supersticiosos, consistía en una hoja mimeografada que el lector podía a su vez copiar y reproducir, convirtiéndose él mismo en productor y multiplicador de la información. Los partes de Cadena Informativa se acompañaban con el mensaje:

cadena informativa es uno de los instrumentos que está creando el pueblo argentino para romper el bloqueo de la información. Cadena informativa puede ser usted mismo, un instrumento para que usted se libere del Terror y libere a otros del Terror. Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo… Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El Terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote al terror. Haga circular esta información[198].

No puede saberse cuántos ciudadanos siguieron la propuesta de arriesgarse en un “acto de libertad” y reproducir la información. A diferencia de los cables de ANCLA, que no eran difundidos en la prensa local pero consta que llegaban a manos de los periodistas, los partes de Cadena Informativa parecen haberse perdido como mensajes enviados en botellas al mar del aislamiento y el terror. Llegan a nuestra época como testimonio de una valentía y una inteligencia extremas, tarde para las denuncias pero a tiempo para advertir sobre cuánto pueden ampliarse la creatividad y la astucia para eludir la censura y el temor. Mucho antes de las campañas públicas y la horizontalidad en la distribución de la información que habilitan hoy las nuevas tecnologías, Walsh había imaginado e impulsado esa democratización de la producción y reproducción de noticias solo desde su máquina de escribir.

¿Cómo leer los diarios de la dictadura?

Comprender el surgimiento de la categoría “desaparecidos” a partir de una prensa restringida por la censura y, sobre todo, amedrentada por el terror puede parecer una emprendimiento contradictorio o estéril, destinado al fracaso por la escasez de referentes empíricos que nutran la investigación o al resultado tautológico de comprobar una verdad autoevidente: que una prensa cómplice o atemorizada publicará pocas y parciales informaciones sobre la represión estatal. ¿Qué buscar en una prensa (auto)censurada? ¿Cómo hablar de “actores” y “negociaciones” públicas en una situación de represión? ¿Hay algo que encontrar en los periódicos además de repetición obsecuente y comentario banal?

Una lectura detenida de lo publicado y sus silencios, permitió no sólo cuestionar lugares comunes o verdades autoselladas acerca del rol de los medios en dictadura y exponer la medida en que la verdad de la represión era asequible al lector de periódicos, sino también hallar indicios sobre cómo una parte de la sociedad mantenía una vida cotidiana simultánea al terror cuya positividad convivía con la masacre. El material estudiado, que en una primera aproximación pareció compacto y gris, fue revelando grietas y matices durante la observación detenida.

El interés al revisar los diarios no radicó en contraponer “libertad de expresión” a “censura”, ni en develar los modos de esquivar a esta última, sino en observar las construcciones discursivas “positivas” que se encuentran en la prensa y que mantienen de distintas formas una relación con la verdad. Como afirma Michel Foucault:

No cabe hacer una distinción binaria entre lo que se dice y lo que se calla; habría que intentar determinar las diferentes maneras de callar, cómo se distribuyen los que pueden y los que no pueden hablar, qué tipo de discurso está autorizado o cuál forma de discreción es requerida para los unos y los otros. No hay un silencio sino silencios varios y son parte integrante de estrategias que subtienden y atraviesan los discursos[199].

Se trata entonces menos de detectar las ausencias que de exponer lo que tenían los ciudadanos ante sus ojos. ¿Qué pensaba un lector de periódicos en el año 1976 al leer que se presentaban recursos de habeas corpus por bebés, que familias de refugiados hacían huelga de hambre en embajadas extranjeras implorando asilo, que hombres y mujeres jóvenes preferían suicidarse a caer ante las fuerzas paramilitares? Aunque no hay modo de saberlo, sí puede exponerse la información con que contaban efectivamente los lectores. Si no hay forma de medir la disposición afectiva de una sociedad a percibir el sufrimiento ajeno o la injusticia cometida contra otros —menos aún en forma retroactiva— sí es posible exponer la evidencia disponible de ese dolor.

La pregunta que guió originalmente la lectura: quién, cuándo y cómo comenzó a hablar de desaparecidos en la prensa dictatorial e inmediatamente anterior al golpe militar, se fue reorientando durante la examinación del material hacia estas cuestiones. La determinación de una circunstancia original de surgimiento de la palabra desaparecido para nombrar a las víctimas de la violencia estatal se reveló improbable, en tanto ésta ya se encuentra en la prensa desde el comienzo del período estudiado, nueve meses antes del golpe militar de 1976, y no es expresada por un actor en particular sino articulada en discursos de procedencia diversa. El término desaparecidos es una construcción social que surge de forma espontánea en la práctica y en él se van acumulando, superponiendo y negociando sentidos por parte de los diversos actores que lo nombran. Lo que puede observarse en la prensa es el modo en que estos diversos sentidos surgen, conviven y tratan de imponerse, así como las estrategias que se emplean para ello.

En los tres períodos que se han identificado en el análisis el despliegue de la violencia, las posiciones de los actores y las estrategias para nombrar las desapariciones adoptan configuraciones diversas. La decisión de concentrarse en los tres años que abarcan desde julio de 1975 a junio de 1978 responde a la intención de incluir los años más álgidos del terrorismo de Estado, 1976 y 1977, cuando se registra alrededor del 80 % de las desapariciones[200]. A lo largo de este período, sin embargo, la lectura revela matices y diferencias. En primer lugar, el contexto de violencia política anterior al golpe de Estado y la existencia de desapariciones ya entonces requiere comenzar el estudio antes de la fecha ya iconizada del 24 de marzo de 1976. Esos meses previos a la dictadura que se exponen en el capítulo 2 permiten además comprender el fondo de violencia y caos generalizado —o la percepción de los mismos— sobre el cual tuvo lugar el golpe y la represión posterior. El cambio significativo en la forma en que se ejerce la violencia estatal así como el modo de informar sobre ella se comprenden mejor sobre el fondo de este contraste. En el período posterior, que corresponde al primer año del gobierno presidido por la junta militar, las noticias dan cuenta de otros modos de nombrar y, sobre todo, omitir la violencia de los que se da cuenta en el capítulo 3. Hacia el primer aniversario del régimen, sin embargo, se detecta una inflexión en la caracterización de las desapariciones, que pasan de ser fenómenos aislados a definirse como un fenómeno plural. Una serie de cambios en las condiciones de enunciación de la prensa local y en la presión al gobierno militar por parte de actores internacionales, que obligan a sus jefes a pronunciarse públicamente sobre los desaparecidos, son las características principales del tercer período, expuesto en el capítulo 4, que se inicia entonces y culmina a mediados de 1978. Entonces el grueso de la represión ha quedado atrás y la organización del Mundial de fútbol permite al régimen militar articular un discurso de clausura de una etapa y fundación de otra, que se monta sobre el olvido de la violencia política y los conflictos que le dieron lugar.

Estos períodos no son, por supuesto, unidades totalmente homogéneas y rasgos de unos y otros conviven a lo largo de los tres años estudiados. Esta periodización, sin embargo, permite evaluar detalladamente el material y registrar matices en un proceso menos compacto y autoevidente de lo que suele creerse. Aunque, como toda operación analítica, posee un cierto grado de arbitrariedad, esta división ayuda a dar cuenta de los cambios producidos en las definiciones y negociaciones alrededor de las desapariciones. En cada uno de estos momentos se verifica un modo particular de presentarse —u omitirse— la violencia y sobre todo de posicionarse los actores que nombran a los desaparecidos en público. Su lectura detenida revela la trama cotidiana que fue sedimentando la figura del desaparecido en la vida pública, negociando por los sentidos que circulaban ya tempranamente en torno a ella y, sobre todo, reclamando por las vidas concretas de las personas reales que se quiso anular bajo esa categoría fantasmal.

2. La muerte expuesta (julio 1975 – marzo 1976)

“En mi ciudad hay miedo, Señor Presidente”. La frase no es pronunciada por un ciudadano corriente sino por un senador de la Nación. Es dicha ante la cámara alta del Congreso y transmite la dramaticidad del período previo al golpe militar y su rasgo principal: el miedo ante la creciente violencia y la sensación de que el gobierno no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos. La misma clase política, indefensa, manifiesta su impotencia ante lo que percibe como una situación de ingobernabilidad. La afirmación fue citada en un artículo firmado por Tomás Eloy Martínez bajo el título “El miedo de los argentinos” y apareció el 13 de agosto de 1975 en La Opinión. Su autor describe allí el clima de incertidumbre y confusión reinante y caracteriza a la angustia como una “segunda naturaleza de los habitantes de Buenos Aires” y al miedo como “un animal salvaje al que le abrieron la jaula para que engendrara el caos”[1]. La irracionalidad y temor que transmite esta pieza es elocuente sobre el clima previo a la dictadura y la sensación de hartazgo que crecía en la población. Si bien el clima de violencia llevaba años caldeándose en la Argentina, en estos meses entra en una escalada que se percibe como irrefrenable. Sin tomar en cuenta esa atmósfera opresiva que transmiten los diarios y el crescendo de violencia pública e impúdicamente expuesta que se fogonea en sus páginas es imposible comprender la instauración de la desaparición de personas luego como método represivo destinado a generar una ilusión de “pacificación” y “orden” en el espacio público.

Acaso para enfatizar el carácter criminal del régimen militar, los estudios sobre el terrorismo de Estado argentino han tendido largamente a concentrarse en el período abierto con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. De este modo se suele soslayar la consideración no sólo del gran monto de violencia que caracterizó también a la etapa previa sino también a la atmósfera de miedo y opresión que hizo que tantos sectores de la población desearan la intervención militar o la vivieran como un hecho inevitable e incluso con alivio. El clima de violencia caótica y estridente de este período crea un fondo de hartazgo y terror en la población y permite explicar, en parte, lo que el régimen esperaba del método de desaparición de personas en su pretensión de instaurar la ilusión de una sociedad “pacificada”.

La intuición de que la construcción de la figura del desaparecido no puede, por lo tanto, comenzar a estudiarse sólo desde el comienzo de la dictadura llevó a fijar el comienzo de este estudio, ya en su origen, en un momento varios meses anterior al golpe de Estado de marzo de 1976. A la larga esta decisión se reveló no sólo acertada sino incluso, quizás, insuficiente: investigaciones y debates surgidos en los últimos años han destacado cada vez más la necesidad de analizar lo ocurrido en dictadura en un marco bastante más amplio de comprensión de la violencia política y el terror en la Argentina.[2] Algunos autores, como Marina Franco y Hugo Vezzetti, consideran el período 1973–1976 no como “antesala” del exterminio implementado por las fuerzas armadas sino incluso como parte orgánica de un entramado de prácticas y discursos que van constituyendo —ya bajo el gobierno peronista— una lógica político–represiva. Centrada en la eliminación del enemigo interno, esta lógica no se inaugura con el golpe de Estado ni es privativa de la corporación militar, sino que encuentra en la dictadura su culminación[3]. Desde una interpretación diferente de los hechos Daniel Feierstein también se remonta a un momento previo al golpe de Estado y propone 1974 como inicio del “genocidio” argentino[4]. Juan Carlos Marín, por su parte, califica a este período como la “acumulación primaria” de lo que en su “reproducción ampliada” constituiría la masacre: según su cálculo, entre mayo de 1973 y marzo de 1976 se producen en Argentina 8.509 hechos armados de los cuales la mitad, 4.324, tienen lugar durante el último año[5]. Como sea que se los interprete, en todo caso, se trata de años signados por altos índices de violencia política y en los que no sólo se producen muertes por grupos paraestatales sino también un número creciente de desapariciones: El Informe CONADEP registra 359 desaparecidos durante 1975 y establece que entre 1973 y 1975 ya se habían interpuesto, sólo en Capital Federal, 1.089 recursos de hábeas corpus[6]. Estas desapariciones, sin embargo, aún no tienen carácter sistemático y, como se verá, se inscriben en lógicas represivas y de resistencia diferentes a las que tendrían lugar luego del golpe de Estado.

El contexto político que presenta la prensa en esta etapa es el de un país anómico y una esfera política en descomposición. El gobierno de Isabel Perón, que ejerce la presidencia desde la muerte de Juan Perón el 1 de julio de 1974, es cuestionado en forma unánime, incluso por sectores de su propio partido. Las críticas a su administración aluden no sólo a la violencia sino también a la grave situación económica y a las múltiples denuncias de corrupción en su entorno. Según la información periodística, la presidenta pasa largas temporadas recluida aduciendo misteriosas enfermedades o deja de acudir a la casa de gobierno sin dar ninguna explicación y mantiene, al igual que sus ministros, una relación de incomunicación casi total con la prensa. En los diarios las manifestaciones de descrédito hacia las instituciones y la impotencia de los políticos aumentan al ritmo de la violencia y dejan a la corporación militar prácticamente como único actor con capacidad de intervenir para revertir la situación. Las Fuerzas Armadas, a su vez, se reorganizan e incuban la represión que se desplegará después del golpe. El fondo de esta situación lo brinda una furiosa escalada de violencia política que posee orígenes diversos: atentados, bombas, secuestros y asesinatos por parte de organizaciones armadas de izquierda y de escuadrones de extrema derecha se suman a las acciones de las fuerzas militares y policiales. Aunque la violencia estatal o paraestatal es impune, no se trata aún de una situación de dictadura: los actores sociales continúan activos y los reclamos por las primeras desapariciones se articulan a través de los canales orgánicos de un sistema constitucional.

La voz de la prensa

La contribución de la prensa escrita en la creación de un clima de opresión y caos previo al golpe de Estado es indesmentible. Con matices, en algunos casos por omisión, en otros enfáticamente y en ocasiones casi a los gritos, todos los diarios colaboraron en el descrédito del gobierno de Isabel Perón que hizo que su caída se considerara inevitable. Cada uno con distintas estrategias y estilos, los periódicos argentinos avalaron o promovieron la intervención militar, como ha mostrado César Díaz en su análisis de los editoriales y su insistencia en colocar el posible golpe en la agenda cotidiana[7].

Se ha dicho que junto a la palabra miedo, el concepto más invocado para dar cuenta de la prensa en los meses previos al golpe de Estado es caos[8]. Según un editorial publicado en La Nación en julio de 1975 y titulado precisamente “El poder del desorden”, en el país “el mayor poder actuante es el del desorden”[9]. El articulista adjudica así una positividad mayúscula al “caos” o el “desorden”, que contrasta con lo que se presenta como una extrema pasividad de la clase política, como si los políticos fueran meros espectadores pasivos u objeto de los acontecimientos en manos de fuerzas invisibles y poderosas cuya lógica no es posible desentrañar racionalmente. Los desarrollos posteriores mostrarían cómo esta percepción colectiva de caos y temor, estimulada por la prensa, jugó un papel positivo en la creación de un consenso generalizado hacia el golpe de Estado y la represión ilegal. Marina Franco argumenta convincentemente, sin embargo, que los llamados a una salida represiva frente a la violencia no eran sólo una campaña de los medios sino expresión de discursos instalados en amplios sectores de la sociedad —incluso antagónicos entre sí[10]—. En cualquier caso, no se trata aquí de identificar culpables sino más bien de analizar dinámicas discursivas. Ellas revelan que el modo de presentar y editorializar la violencia no contribuyó a una intelección racional de la violencia sino que, por el contrario, promovió efectos de confusión, hartazgo y abyección.

Desde una óptica periodística, se ha señalado que debido a su propia “dinamicidad” La Opiniónes el diario que “más contagia la dramaticidad de los meses previos al golpe”[11]. Otros análisis enfatizan en cambio la sinuosa línea ideológica del diario o bien directamente su rol golpista, del que había antecedentes ya en el papel jugado por la revista Primera Plana, también dirigida por Timerman, en la caída del gobierno de Arturo Illia en 1966[12]. Al mismo tiempo, sin embargo, y a diferencia de otros diarios, La Opinión insiste en discriminar permanentemente entre los métodos legales y la acción de los escuadrones clandestinos y dedica amplio espacio a la denuncia del “terrorismo de derecha”, que fue el primero y más insistente en denunciar[13]. Escribe por ejemplo que “se evidencia un particular empeño (de las autoridades) para que todo se desarrolle dentro del estricto marco de la legalidad” y conjetura que en una reunión de mandos castrenses “se habría resuelto que los procedimientos militares en todos los casos se sujeten a las normas legales válidas para la población civil”, mientras pone en boca de los militares su propia condena a los atentados de los escuadrones de extrema derecha: “El Ejército no pide esa respuesta inorgánica y sádica, que alimenta nuevos odios”[14].

Desde su solemne distancia con los conflictos políticos, La Nación se muestra menos espeluznante en la presentación de la violencia pero igualmente implacable contra el gobierno constitucional. Su voz editorial exhibe una suerte de serenidad de la que La Opinión carece, como si aquella necesitara justificarse, defenderse por adelantado de las permanentes sospechas de connivencia con la “subversión” que recaen sobre su redacción, sobreactuando su condena a la guerrilla de izquierda. Menos tremendista, La Nación escribe con la suficiencia de quien se apoya en un poder tan sólido que no debe rendir cuentas ante nadie. En su habitual estilo ceremonioso hace referencias elípticas a la importancia de mantener la represión “en un marco riguroso de legalidad institucional” y defiende “el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado a través de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad”[15]. Al mismo tiempo, advierte que no hay un acceso directo y fluido a la información o cuando las versiones oficiales se contradicen[16]. Contrariamente a lo que su tradición iluminista y vocación adoctrinadora harían suponer, por otra parte, La Nación recurre con sorprendente frecuencia a la mencionada categoría de lo “confuso”[17]. Un término llamativo en el discurso periodístico del cual se espera una mínima intelección o explicación de los sucesos que informa. Si cabría conjeturar acerca de los efectos subjetivos que producen los modos en que se presenta la violencia, por último, habría que mencionar también la recurrente conjunción en la misma página de La Nación de la información meteorológica y la represión. Cuando no se trata de la transcripción de un comunicado militar sobre un operativo o de otras acciones destinadas a difundirse, que suelen ir en tapa u otro espacio destacado, este diario agrupa las noticias de violencia política en las últimas páginas, junto a los avisos fúnebres y el pronóstico del tiempo, creando un singular efecto a través de esta contigüidad: como si los hechos violentos fueran acompañados por la medición del “clima político”, que monitorea su “temperatura” en la cantidad de hallazgos de cadáveres, secuestros y tiroteos registrados[18]. Clima de violencia, clima social: ambos parecen poder registrarse con un termómetro y, al igual que un fenómeno meteorológico, simplemente “acontecer”, como un hecho sin agente que lo produce ni explicación causal[19].

En ambos diarios las noticias de operativos y detenciones ilegales son redactadas a partir de fuentes no oficiales y suele explicitarse la dificultad para acceder a la información así como la falta de fluidez en los canales informativos oficiales[20]. Cuando los operativos son legales se informa ampliamente siguiendo los comunicados militares, que están escritos como partes de guerra. Aún en noticias que presentan tal nivel de opacidad, sin embargo, es posible deducir entre líneas indicios por ejemplo de la aplicación de torturas, por frases como “este arresto permitió practicar otros tres” o alusiones a “confesiones” o “revelaciones” de detenidos[21].

Durante este período tanto La Nación como La Opinión publican información sobre hallazgos de cadáveres pero pocas veces explicitan la causa de la muerte y la presentación de la información tiende más a un alarmismo escandalizado que a una discriminación serena de los orígenes y motivos de la violencia política. En cuanto a la voz editorial, mientras en La Opinión abundan las notas firmadas y las columnas de opinión, en La Nación la mediatización de la información es nula. Los artículos raramente se firman y las primeras denuncias de desapariciones tienden a transmitirse sin comentarios, distanciándose así de la fuente del reclamo[22]. La violencia política se reporta pero no se editorializa, y cuando lo hace se acude a interpretaciones notablemente descontextualizadas[23]. Por lo demás, el énfasis editorial está puesto en huelgas, conflictos gremiales o problemas económicos, y alusiones abstractas al “terrorismo internacional”.

El contexto político internacional que presentan ambos diarios es el de un mundo signado por la guerra fría. El escenario geopolítico planteado por la prensa opone claramente el “mundo libre”, Occidente, al totalitarismo encarnado en el bloque soviético. Se trata, en general, de un mundo agitado más por conflictos políticos internos e ideológicos que por guerras entre naciones y las informaciones sobre acciones guerrilleras provienen de países tan distintos como Holanda, Bolivia y Estados Unidos, donde en marzo de 1976 tiene lugar el juicio a la ex guerrillera Patricia Hearst. Titulares diversos vinculados al terrorismo conviven a menudo en una misma página y brindan el marco mayor a la violencia local[24]. La enfermedad y muerte de Franco y el comienzo de la apertura política en España, alternada por fuertes olas represivas, ocupan un lugar significativo en esta etapa y en un grado menor lo hace la inestabilidad política en Portugal. El contexto regional aparece en un segundo plano: se publican pocas noticias de países limítrofes aunque sí se alude a la dictadura en Chile, que tiene cada vez peor fama ante la opinión pública internacional y frente a la cual Estados Unidos ya ha comenzado a presionar por violaciones a los derechos humanos[25]. Esporádicamente, se informa acerca de acciones “antiextremistas” en Uruguay.

La violencia y sus actores

Como sea que se la valore o interprete, está claro que la violencia política responde a orígenes, móviles y actores diversos. Las organizaciones armadas de izquierda, los comandos de extrema derecha y las fuerzas de seguridad llevan a cabo acciones diferentes, con motivaciones y objetivos específicos. En su presentación periodística, sin embargo, confluyen en un torbellino vertiginoso y atemorizante. El modo en que los diarios presentan la violencia exacerba su dramatismo y profundiza la sensación generalizada de caos y terror: al no ahondar en el análisis de sus causas o explicar el contexto en que se producen los hechos, se acentúa aún más la confusión. Cuando sí lo hacen, el principal eje de tensión que se establece es entre legalidad e ilegalidad, señalando ya el embrión de violencia estatal clandestina que se instauraría en forma sistemática después del golpe militar. En este fárrago de violencia indiscriminada la categoría “desaparecidos” emerge en forma aislada pero ya evidenciando los rasgos que le serán propios y se convertirán luego en marca característica del terror estatal. Para introducir claridad en el contexto “confuso” de violencia que se desprende de la prensa es preciso por lo tanto discriminar de qué se tratan los diversos hechos de violencia, a qué móviles responden y por qué y cómo son mediatizados por los diarios.

Las organizaciones armadas

Las organizaciones guerrilleras más importantes y activas en esta etapa son Montoneros y ERP. Sus hechos violentos consisten generalmente en atentados con bombas o asesinatos de policías y militares, sea tomando como blanco a jefes emblemáticos de la represión o eligiendo azarosamente entre los miembros de estas instituciones, casi siempre bajo el móvil de la “represalia”[26]. Durante este período llevan a cabo también algunas operaciones más arriesgadas contra cuarteles o centrales policiales e incluso acciones espectaculares como el intento de copamiento del Regimiento 29 de Infantería de Formosa, en octubre de 1975, que La Opinión llama “el combate más cruento y complejo que conoce la historia de la subversión en la Argentina”, y dos meses más tarde el ataque al Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo, a 15 km de la Capital Federal, donde las dos agrupaciones actúan juntas[27]. Ambas operaciones fracasaron y aceleraron el debilitamiento de estas organizaciones, cuya capacidad de combate era prácticamente nula al producirse el golpe militar.

Aunque los numerosos atentados con bombas y eventuales asesinatos que realiza la guerrilla alimentan el fondo de violencia e inseguridad, la mayoría de sus acciones se distingue de los operativos clandestinos de las fuerzas de seguridad o los comandos de derecha por no tener objetivos civiles y por ser operaciones visibles puesto que apuntan a ejercer impacto en la opinión pública. La prohibición oficial de publicar sus nombres da lugar a un complejo juego de eufemismos para aludirlas: el ERP, que había sido declarado ilegal por el gobierno en septiembre de 1973 es llamado la agrupación declarada ilegal por el gobierno, la organización extremista declarada ilegal o primeramente declarada ilegal o el organismo subversivo ilegalizado en 1973. La organización Montoneros, que había pasado a la clandestinidad por decisión propia en septiembre de 1974 y fue declarada ilegal por el gobierno un año después, es invocada como la autoproscripta organización extremista, la organización guerrillera o sediciosa autoproscripta, la organización subversiva recientemente ilegalizada, el segundo grupo clandestino, el actual nucleamiento clandestino o la organización declarada ilegal en 1975. Son todas designaciones que se orientan a desnaturalizar el carácter que se atribuyen a sí mismas estas agrupaciones negándoles entidad política y militar. La prohibición de llamar a los actores políticos por su nombre, en la ilusión acaso de que si no se lo nombra el mal que se quiere conjurar puede en efecto desaparecer, no era nueva en Argentina[28]. En este contexto, sin embargo, esas formas eufemísticas unidas al empleo de términos de connotación organicista como nucleamiento, células u organismo refuerzan la tendencia discursiva a desconocer el carácter de sujeto político de estas agrupaciones.

El vocabulario que emplea la prensa se nutre de la jerga militar y, a medida que se perfila el tipo de represión y se definen también los términos que la nombran, se mimetiza cada vez más con ella. El decreto mismo de creación del consejo de seguridad interior, que La Nación publica en su primera página el 7 de octubre de 1975, incorpora este léxico al postular “la necesidad de enfrentar la actividad de elementos subversivos”, despolitizando así el contenido del conflicto y consagrando el uso oficial de este vocabulario eufemístico. Los militantes de izquierda, armados o no, serán nombrados también por la prensa no como ciudadanos que en todo caso delinquen o realizan acciones ilegales sino como elementos irregulares o agitadores y con mayor frecuencia como elementos sediciosos, extremistas o insurrectos, en un léxico que se asemeja más al que emplearía un científico ante una mesa de disección que al de quien reconoce a un actor político, aún si éste actúa fuera de la ley. Si se toma en cuenta que, durante esta etapa, muchas decisiones tomadas por estas agrupaciones contribuyeron, posiblemente en forma involuntaria, a deslegitimarlas y alejarlas de su base de sustento civil —un proceso que Pilar Calveiro llama “desinserción”— estas operaciones discursivas de enajenamiento no podían sino acentuar aún más su alejamiento simbólico del resto de la población[29].

Operativos militares y policiales

Los hechos armados que tienen origen en las fuerzas públicas se presentan de formas muy diferentes. Por un lado, se informa sobre operaciones llevadas a cabo por militares que responden al formato bélico convencional: soldados uniformados que combaten en un campo de batalla más o menos definido geográficamente contra combatientes igualmente armados, sujetos a una estructura jerárquica de tipo militar y adscriptos también a una lógica de guerra. Por otra parte, se oculta que personal militar o policial toma parte en acciones clandestinas, generalmente nocturnas, en las que usando ropas y vehículos civiles secuestra ciudadanos y los mantiene detenidos o los ejecuta sin reconocer públicamente su acción. Mientras el primer tipo de acción se restringe a operativos puntuales cuya repercusión es exagerada por los medios, el segundo se generalizará y será el germen de la represión que se instaura después del golpe de Estado en forma sistemática.

De un lado, entonces, acción militar abierta y visible en función de una puesta en escena mediática; de otro, incubación de una represión de carácter fantasmal por parte de fuerzas clandestinas. La distinción entre ambos tipos de acción es crucial, ya que suponen definiciones diferentes del enemigo. Un combatiente armado contra quien se lucha en una guerra es una figura con fuertes inscripciones y sentidos culturales: como sea que se juzgue su lucha, es una categoría de contornos claros. Las acciones clandestinas que dan lugar a las desapariciones, en cambio, apuntan contra un blanco definido en forma difusa, los elementos subversivos, caracterizados como seres a los que es lícito matar y que no merecen siquiera un proceso judicial.

La puesta en escena de los operativos del primer tipo tiene lugar especialmente en el ataque a la guerrilla rural que antes del golpe de Estado es activa en el noroeste del país: en febrero de 1975 comienza en la provincia de Tucumán su combate sistemático bajo el nombre “Operativo Independencia”. Pero ya en noviembre La Opinión habla de un “cambio conceptual” que tiene que ver con “los operativos combinados contra la guerrilla, a la que ahora se combate no sólo en la zona rural, como viene ocurriendo desde febrero en Tucumán, sino en los conglomerados urbanos”[30]. También La Nación se refiere a un “cambio de actitud”, en el pasaje del “campo rural” a “tareas de unidades en centros urbanos” y elogia a los militares que mientras se mantienen “en aptitud para una guerra convencional” enfrentan “las exigencias de una lucha como la subversiva, que tiene sus propias características”[31]. Simultáneamente, las tres armas comienzan a coordinarse entre sí con vistas a la acción represiva y realizan operativos conjuntos. Se informa que si bien la Armada y la Fuerza Aérea son “componentes bélicos adiestrados para la guerra convencional”, se hará lo necesario para que sus efectivos “se adapten al estilo de la lucha subversiva urbana”[32]. Mientras la Aeronáutica, a pedido del Ejército, realiza reconocimientos y bombardeos aéreos en Tucumán, la Armada, declara su comandante, “está tomando medidas y actuando directamente contra la subversión… Quizás, de una manera no tan elocuente ni brillante como lo está haciendo el Ejército en Tucumán, sino en una forma más silenciosa”[33]. Las policías, provinciales y federal, y la gendarmería se unen también a las acciones represivas a las órdenes de las Fuerzas Armadas, que adquieren cada vez mayor poder operativo y, sobre todo, autonomía respecto a los poderes constitucionales[34].

Al informar sobre estas operaciones los diarios emplean términos como zona de operaciones, avanzadas que rastrillan el monte, fuerzas militares que controlan terreno, expresiones todas que reflejan la lógica de la guerra clásica, territorial. La “subversión”, en cambio, posee una cualidad viscosa que se extiende al conjunto de la población y torna a todo ciudadano en sospechoso. Cuando hacia octubre de 1975 La Opinión comienza a referirse insistentemente al estado de “guerra” o de “guerra civil” en que se halla el país, esto debe interpretarse no tanto en el sentido de que se asistirá a una guerra en términos convencionales sino en la perspectiva de que lo militar adoptará una preeminencia total. La acción contra la guerrilla sale del monte donde los bandos que se enfrentan están claros y se difumina en las ciudades. Allí la guerra es un estado permanente e indefinido y los militares, cada vez más emancipados de los poderes constitucionales, son los encargados de trazar su contorno así como de identificar a los “enemigos” al interior de la población. Es precisamente esa facultad de decidir en cada situación y a discreción acerca de la ley marcial, según Giorgio Agamben, la que caracteriza al estado de excepción y brinda condición de ser al poder soberano[35]. El Estado de Sitio regía en Argentina desde noviembre de 1974, pero aún suspendidas las garantías individuales por el estado de excepción las fuerzas militares debían obediencia al Poder Ejecutivo[36]. Lo que estos sucesivos avances en el control territorial otorgan a las Fuerzas Armadas es, precisamente, un poder de soberanía cada vez mayor.

El despliegue territorial de las Fuerzas Armadas aumenta paralelamente al centimetraje de su cobertura en los diarios. Ellos informan acerca de numerosos operativos “rastrillo” y explican a la población en qué consisten, traduciendo la jerga militar de los partes oficiales: “Los procedimientos predominantes son: intercepción de rutas, control de vehículos, cercamiento y allanamiento de viviendas donde se asientan refugios guerrilleros”[37]. Se habla de “controles en rutas” o “tránsito urbano” y “operativos de cerco y rastrillaje”[38]: Operaciones de identificación y detención de personas a gran escala, la mayoría de la cuales luego es liberada, que informan del pasaje del control territorial del campo a la ciudad, como si se quisiera pasar a toda la población por un filtro examinador.

Pero ¿cómo distinguir fehacientemente al “enemigo”? ¿Cómo discriminar a quienes son “subversivos” de quienes no lo son? ¿Cómo trazar un tajo en la sociedad que excluya a quienes deben combatirse del resto la población? El espacio público que presentan las noticias se convierte en un escenario controlado donde la espontaneidad y la autonomía deben ceder y los ciudadanos adoptar un rol de acuerdo a las indicaciones oficiales, puesto que las actitudes sospechosas pueden ser indicio de la pertenencia a la subversión. Un comunicado del Comando de Operaciones Navales reproducido en La Nación recomienda que “a fin de evitar equívocos y situaciones irreparables… se preste especial atención y se acaten las indicaciones de las fuerzas participantes”[39].

Dos escenarios represivos: Córdoba y Tucumán

Suele considerarse al “Operativo Independencia” como el “laboratorio” de la represión, donde los militares “ensayaron” el plan represivo que implementarían luego al tomar el gobierno[40]. Ya la CONADEP había establecido que a la provincia de Tucumán le cupo “el siniestro privilegio de haber inaugurado la institución” Centro Clandestino de Detención, “como una de las herramientas fundamentales del sistema de represión montado en la Argentina” y que allí “había comenzado a desarrollarse en forma embrionaria la modalidad clandestina de la metodología represiva”[41]. En Tucumán el Ejército goza del dominio total del territorio y no debe responder al poder político por sus acciones, lo cual le permite implementar sin limitaciones el incipiente método de represión ilegal. La presentación mediática del hecho, sin embargo, simula el escenario opuesto de un combate tradicional entre ejércitos y monta una parodia de guerra que la prensa amplificará. Como en toda guerra “convencional”, allí los actores que se oponen son concretos y las reglas de juego explícitas. Son acciones visibles que a la teatralidad del combate añaden la puesta en escena que los militares ofrecen en espectáculo a delegaciones de periodistas y parlamentarios invitados a visitar el frente de combate. Los cronistas son llevados a la llamada “zona de fuego”, un “anillo de cercamiento sobre un grupo de 10 o 15 guerrilleros”, y se informa que “ingresaron al teatro de operaciones con ropa de combate suministrada por el Ejército”[42]. Un grupo de legisladores, por su parte, era llevado a “escalar por senderos enclavados en plena zona selvática” cuando “a cuatro kilómetros de distancia se produjo un enfrentamiento entre efectivos militares y delincuentes subversivos”[43]. La puesta en escena de un teatro de combate para periodistas y parlamentarios, y a través de la prensa para toda la población, oculta en verdad la represión clandestina de civiles desarmados “existiendo especial cuidado en evitar la vinculación fáctica entre los grupos clandestinos que actuaban en los CCD y la cara oficial de las Fuerzas Armadas”[44]. Oficialmente, la operación en Tucumán responde al modelo de una guerra entre “ejércitos”. En ese lapso, sin embargo, desaparecieron en esa provincia numerosos obreros, estudiantes y activistas urbanos, bajo la cobertura del supuesto “operativo militar”[45].

Casi al mismo tiempo en la provincia de Córdoba tiene lugar una “ola de desapariciones” que contiene todos los elementos del tipo de represión que se empleará después. Entre diciembre de 1975 y febrero de 1976 la prensa informa acerca de numerosos secuestros producidos en la capital cordobesa, que está a cargo del general Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo del Ejército que luego sería conocido como uno de los jefes más duros del gobierno militar. Su comando desmiente reiteradamente tener civiles detenidos a su cargo[46]. Sin embargo, la impunidad y sistematicidad con que se repiten los secuestros dejan pocas dudas respecto a la responsabilidad militar en ellas.

Entre los desaparecidos en Córdoba hay jóvenes empleados, una mujer de 60 años llevada en lugar de su hijo, un sacerdote, un ex gobernador, obreros y estudiantes. Sus secuestros no pueden camuflarse como acciones militares contra combatientes que se reconocen como tales sino que se revelan como política represiva orientada a la población civil. Las fuentes con que se construyen estas noticias no son los partes informativos del ejército sino las denuncias azoradas que parten de esa misma población. No son “guerras” de las que puedan enviarse fotos, como la que se simula en Tucumán, pero tampoco detenciones fundamentadas por la infracción a algún delito puesto que la vaga legislación represiva, como la llamada “ley de seguridad”, no es invocada. Esta serie de secuestros producidos en Córdoba y que los diarios llaman “ola” de desapariciones —como si fuera un desborde de energía natural, sin responsabilidad de agentes humanos— anticipa la política de desaparición sistemática de personas, que se parecerá más a lo que ocurre en Córdoba que a la escenificación mediática de una guerra enviada desde Tucumán. Cuando hacia septiembre de 1975 se informa que también en Tucumán desaparecen personas, entre ellos profesionales urbanos, la diferencia entre ambos modelos comienza a difuminarse: la desaparición se afianza como práctica represiva total[47].

Una sociedad “en ablande”

Cuando los prisioneros secuestrados llegaban a los CCD, según los testimonios, se producía lo que en la jerga de esos sitios se conocía como el “ablande”: un brutal ataque anticipaba al desaparecido los padecimientos que le esperaban con el fin de quebrar su moral y desactivar su voluntad de resistencia a la tortura[48]. Durante este período en la prensa se manifiesta lo que podría llamarse el “ablande” a nivel social: un cúmulo de violencia impúdicamente expuesta que llega a saciar el nivel de tolerancia a la abyección de la sociedad hasta tal punto que ésta, luego, estará dispuesta a aceptar casi cualquier cosa con tal de que la violencia cese —o al menos no se exhiba tan impúdicamente. Como a los detenidos en los campos, será más fácil “quebrarla”. El factor fundamental en la creación de este clima de desborde y exhibicionismo de la muerte son los crímenes que perpetran los escuadrones de extrema derecha, especialmente la llamada Alianza Anticomunista Argentina o Triple A. Esta organización creció al amparo de José López Rega mientras era Ministro de Bienestar Social y hombre fuerte del gobierno de Juan Perón primero y de su viuda después[49]. Su blanco eran militantes de izquierda pero también periodistas, docentes universitarios, intelectuales y artistas, con adscripción política conocida o no: todo lo que tuviera una connotación progresista era objeto del ensañamiento y el odio de la Triple A[50]. Sus crímenes combinaban la impunidad de quien es avalado o tolerado por el Estado con la inescrupulosidad del fanatismo y el empleo de la semiótica aterrorizante de los crímenes mafiosos. Se ha estimado que 2.000 personas murieron en un período de 30 meses en manos de esta organización[51].

Aunque también cometía atentados con bombas en domicilios particulares y enviaba amenazas, el crimen característico de la Triple A era el secuestro —presumiblemente acompañado de tortura— seguido de asesinato. Su sello de autoría eran las huellas de salvajismo que presentaban los cadáveres: generalmente encontrados al borde de caminos o en terrenos baldíos, a menudo al interior de autos, solían tener las manos atadas en la espalda y huellas de numerosos balazos. Con frecuencia los cuerpos eran incendiados junto con el vehículo o dinamitados. Una macabra semiótica inscribía mensajes atemorizantes en los cadáveres, subrayando su función de señal enviada como amenaza a la población[52]. Así, a través de banderas, inscripciones, símbolos, los cadáveres —que eran considerados moneda de cambio habitual en la política argentina— se convierten en vehículos de un mensaje, instrumento al servicio de la amenaza generalizada, cosas[53]. Una violencia que como el escenario teatral de la guerra supone un espectador, pero no ya siguiendo el guión del combate armado sino la exasperante semiótica del terror. ¿Qué imagen de país devuelve al lector de periódicos cada mañana esta proliferación macabra?

Cuando una jefatura policial desmiente haber enterrado en fosas comunes a los “terroristas abatidos” en el ataque de Monte Chingolo, La Opinión advierte que todavía no se informó “la filiación ni la cantidad de extremistas abatidos”[54] y da cuenta de negociaciones que se comienzan a realizar sobre los muertos como sobre una masa cadavérica amorfa, indiscriminada, ante la cual se reclama la identidad como distintivo mínimo de humanidad. Una noticia sobre la sustracción del cadáver de un detenido cuya desaparición había dado lugar a gestiones por parte de sus parientes —había sido sustraído de una ambulancia— y es calificada de “robo” por las fuentes oficiales y de “recuperación” por el comunicado de la agrupación que se adjudica el hecho, prefigura ya las negociaciones, materiales y discursivas, en torno a los cuerpos que marcarán más tarde a la desaparición[55]. Los cadáveres se convierten en mensajes del terror, portadores de signos que la población debe descifrar.

Las noticias sobre estos crímenes informan casi a diario sobre la dificultad de identificar los cadáveres, que aparecen con partes destrozadas o amputadas; irreconocibles por estar incendiados, carbonizados, desfigurados o acribillados. La reproducción de la jerga de la autopsia policial, un vocabulario específico de uso profesional, sirve en este caso a la diseminación y exhibicionismo de la abyección[56]. Los reportes de prensa devuelven la imagen de una sociedad ella misma descompuesta y putrefacta, desmembrada e inerte, incapaz de reconocerse a sí misma. Los diarios hacen referencia a la descuartización de los cuerpos: restos inidentificables, rompecabezas humanos, órganos desintegrados como la sociedad misma[57]. Otras noticias dan cuenta de cadáveres hechos estallar y dispersos decenas de metros a la redonda, estrellados contra las paredes de casas vecinas, como espetando a los “ciudadanos comunes” que el despliegue de violencia los concierne: el mensaje es para ellos[58].

En una escalada irrefrenable, las noticias añaden a la dimensión cualitativa de la abyección un cúmulo cuantitativo que expresa la aceleración de la violencia. Se lee que fueron encontrados “seis cadáveres de sexo masculino, con no menos de 50 impactos de bala en cada cuerpo”; en otro caso se informa que los cadáveres “presentaban entre 30 y 40 impactos de bala cada uno” y que “sus rostros se hallaban destrozados por los plomos”[59]. Como en una escalada de apuestas mortales, los mensajes requieren cada vez mayor espectacularidad para impactar; subir el umbral de tolerancia y potenciar el efecto atemorizador de los crímenes espectaculares con su vertiginoso aumento.

La narrativa que estructura estos crímenes recuerda a la función de los castigos ejemplares que Michel Foucault describiera para las llamadas “sociedades de soberanía”, donde el cuerpo del condenado supliciado, vivo o muerto, es dado en espectáculo a la población. Como en aquellas, el espectáculo punitivo se basa en una economía del derroche y el exceso[60]. Es una forma de violencia que se corresponde con un determinado tipo de dominación: los crímenes atroces, como las ceremonias del suplicio, responden a un poder que se manifiesta en tanto exceso, como “sobrepoder”; un poder que “no tiene que demostrar por qué aplica sus leyes, sino quiénes son sus enemigos y qué desencadenamiento de fuerza los amenaza” y que “busca la renovación de su efecto en la resonancia de sus manifestaciones singulares”[61].

Ahora bien, éste no era ni el tipo de poder ni de represión que aspiraban a imponer las Fuerzas Armadas. Ellas tenían un plan político que requería de un ejercicio del poder y una represión racionalizados y constantes, y no la persecución salvaje de militantes de izquierda a manos de fanáticos. Aunque la represión que finalmente se impuso fue una conjugación de ambos modos, los reclamos que en esta época realizan los editoriales de los diarios —escasos en La Nación, habituales en La Opinión— apuntan a esa contradicción de métodos y objetivos e insisten en la necesidad de mantener el monopolio de la violencia en manos del Estado. Para revestir de mayor legitimidad a su inminente toma del poder, sin embargo, los militares preferían esperar a que la violencia desatada llegue a su máximo desborde. Lo denominaron la “teoría de la fruta madura”: la sociedad debía antes llegar al hartazgo a fuerza de leer cotidianamente la exhibición de atrocidades.

El ritmo de la muerte

Mientras se lee que los operativos militares avanzan sobre el territorio cubriendo cada vez más provincias, los secuestros y asesinatos aceleran su ritmo. Los hechos de violencia son tantos que se funden en un todo cada vez más confuso. Desde septiembre de 1975 La Opinión publica recuentos de los episodios violentos cuyo impacto se potencia por la dramaticidad de las cifras[62]. Estos “balances”, primero mensuales y luego semanales, llegan luego a medir el ritmo de la violencia por hora, en un sostenido crescendo[63]. Cuando un conocido político afirma “faltan todavía 3.000 muertos para llegar a las elecciones” no sólo traduce la sensación colectiva de aceleración irrefrenable de violencia sino también la percepción de que esperar hasta las elecciones presidenciales, pautadas para octubre de 1976, resulta vano porque no disminuirá el ritmo de la muerte: “¿Cómo va a ser el país dentro de un año? —declara— ¿Cuántos muertos tirados en la ruta habrá que recoger? De acuerdo con las estadísticas 250 por mes”[64].

De manera menos dramática pero igualmente indiscriminada a mediados de 1975 La Nación también comienza a agrupar bajo un único titular informaciones referidas a bombas, atentados, procedimientos “antisubversivos” y/o detenciones. Contrariamente al recurso habitual a las cifras en el discurso periodístico, donde suele asociarse a la precisión y veracidad de la noticia, aquí el énfasis cuantitativo aparece en desmedro de la evaluación cualitativa, de una comprensión diferenciada de la información[65]. En ambos diarios las noticias vinculadas a la violencia se agrupan sin lógica, explicación ni ordenamiento coherente, en un rejunte que lejos de producir sentido amalgama hechos distintos en una masa indiscriminada.[66]

De acuerdo a la lógica periodística, que tiende de por sí a pautar y regularizar la información, las noticias se tipifican y se convierten pronto en una reiteración de fórmulas iguales donde la única novedad pasa a ser la cifra. La violencia se rutiniza, que es una forma de admitir que se naturaliza y a partir de cierto punto sólo produce indiferencia. Los editores de periódicos conocen bien este fenómeno y La Opinión lo explicita al escribir: “La vida no cuenta nada, la muerte violenta se convierte en un hecho habitual y aún deseado, particularmente para el adversario. Quién de nosotros es ya golpeado cuando lee en su diario la muerte de equis guerrillero o tantos policías y soldados”[67].

En términos similares un editorial de La Nación advierte que “los secuestros y la muerte se han convertido en algo tan cotidiano para los argentinos que la sorpresa ya es trabajosa. Así, resulta una rutina trágica con la que el ánimo termina encallecido”[68]. Pero aunque el diario conozca el riesgo de la rutinización de la violencia y la exponga, su propia lógica de funcionamiento lo alimenta cada día y su posicionamiento político lo lleva a no discriminar las causas y orígenes de los crímenes, prefiriendo en cambio alimentar la sensación de caos. La falta de argumentación, explicación o contextualización de la violencia se reitera allí donde podría contrarrestarse racionalmente. Eso deja ver al menos un comentario editorial titulado “Una raza de caínes” que parece destinado a acentuar aún más la confusión. Se refiere al “retorno cierto al salvajismo de los hombres primitivos y de las fieras husmeando a sus víctimas en la selva” y al “odio ciego entre hermanos”, lo cual ejemplifica con el atentado a un general, el asesinato de estudiantes y las apariciones de cadáveres, todo junto y mezclado[69]. En lugar de diferenciar para tratar de comprender, el diario rejunta los hechos, les adjudica rasgos irracionales, aumenta la alarma y, ante todo, los despolitiza. Se refiere a la “crueldad”, “ferocidad” y “furor de los que matan por matar”, y clausura así la posibilidad de hallar en el nudo de violencia alguna racionalidad; la posibilidad de que estos actores tal vez no maten por matar sino como resultado de conflictos políticos. Habla de una “ciénaga de horror en que estamos metidos”, pero sus admoniciones, no menos “barrosas”, soslayan explicar quién está matando a quién y con qué finalidad.

Tampoco hay una intelección de los hechos que permita reparar en el peligro mayor que se está gestando y advierta la lección que el siglo XX ya había enseñado: que una sociedad en proceso de desintegración y aterrorizada resulta una sociedad maleable, dócil para ser reformateada y permeable a un proyecto autoritario que invoque el “orden”. Que son precisamente los períodos de profunda dislocación social, como afirma Zygmunt Bauman, los que invocan la voluntad moderna —potencialmente genocida— de “rediseñar” lo que se percibe como una sociedad amorfa, disfuncional o indefinida[70].

Desapariciones bajo el gobierno civil

La desaparición de personas será el sello distintivo del régimen militar pero todos los elementos que la definen están ya presentes antes del golpe de Estado. De hecho, la forma todavía abierta de informar sobre esos casos y las numerosas y articuladas protestas que generan hacen imposible, retrospectivamente, imaginar que esa forma de represión se hubiera podido llevar a cabo en un contexto de vigencia del derecho.

La desaparición se va recortando, sin ser aún definida como una categoría estable, entre la arbitrariedad de la violencia política y la confusión de su presentación periodística. Aún no es parte del vocabulario habitual ni es un “sobreentendido”, como lo sería años después. Cuando se habla de desaparecidos aún hay que aclarar de qué se trata: La desaparición de personas debe explicarse y la aparente ingenuidad con que lo hace por ejemplo La Opinión es ya un modo de poner en evidencia el núcleo de esta forma represiva[71]. Los rasgos que la definen ya se verifican y concentran en las desapariciones que tienen lugar en Córdoba a partir de diciembre de 1975, a saber: son cometidas por fuerzas estatales o con la impunidad que da la protección estatal, son negadas por las autoridades que sólo excepcionalmente informan sobre los detenidos–desaparecidos, y se la aplica sistemáticamente o al menos en un número significativamente alto de casos. Las fuentes de la información son en todos los casos las denuncias mismas por esas desapariciones y, en casos excepcionales, las respuestas oficiales que informan acerca de la detención o reportan el hallazgo del cadáver. De modo que, ya en su prehistoria, los desaparecidos son nombrados como tales por quienes los denuncian: la categoría nace en posición de resistencia.

Casi todas las denuncias aluden a personal que viste uniforme policial o dice pertenecer a “fuerzas de seguridad”. Sistemáticamente, las autoridades militares responden deslindando responsabilidades[72]. Se anticipa entonces la estrategia oficial de callar, así como la tendencia a volver las sospechas sobre quienes denuncian, invirtiendo la culpabilidad[73]. A diferencia de lo que sucederá después del golpe, sin embargo, los indicios de que los secuestrados se encuentran en dependencias policiales o militares se reproducen en la prensa[74].

El modo en que estos casos se suceden y acumulan, por otra parte, ya deja ver que no se trata de hechos aislados. Cuando una solicitada invoca, por ejemplo, “María Del Valle Santucho, otra desaparecida”, incorpora el caso individual a una cadena ya existente: sus padres nombran allí a su hija como “…una desaparecida más”[75]. Así se pone de manifiesto el carácter no accidental ni individual de estos secuestros y los diarios comienzan a referirse a ellos como parte de una “ola de secuestros” u “ola de violencia”[76]. Una denominación que si bien reúne a episodios de índole similar en un colectivo, lo hace en una figura que opaca la existencia de un agente de los hechos. Se trata de esporádicas “olas” que, como si respondieran a extrañas mareas, aumentan y decrecen por obra de la misma fuerza cuasi mágica que subyace al verbo desaparecer: “Reapareció la ola de violencia en Córdoba” titula La Opinión[77]. No hay actores, no hay causas.

Las denuncias suelen ser “pedidos de paradero” a la policía o recursos de hábeas corpus presentados ante la justicia. Estos últimos, que teóricamente obligan a las autoridades a presentar al detenido ante el juez, se irían convirtiendo en sinónimos de desapariciones y se harían ellos mismos objeto de negociaciones y disputas. Durante esta época, sin embargo, se informa de varios recursos que dan resultado positivo, ubicándose a su beneficiario en una dependencia oficial o siendo éste liberado, lo cual no volvería a suceder después del golpe militar[78]. Los jueces aún tienen la facultad de ordenar una liberación por cuestionar la orden de detención amparándose en la Constitución. Hay abogados que insisten y ante la falta de reacción en un caso hasta se pide juicio político al Ministro del Interior[79]. Es evidente que en vigencia de esta garantía constitucional no habría podido seguir llevándose adelante la desaparición de personas. En los últimos meses de gobierno institucional esta figura legal comienza ya a dar lugar a conflictos y sufre restricciones[80]. Luego, por su incompatibilidad con la represión clandestina, la dictadura la anularía totalmente[81].

Cuando estos recursos no tienen éxito, o para complementarlos, se acude también a solicitadas o medidas de fuerza con el fin de llamar la atención de la opinión pública: estrategias donde lo que se pone en juego es la visibilidad del reclamo. La solicitada que ambos diarios publican en gran tamaño el 29/11/75 con el título “¿Dónde están nuestros hijos?” contiene prácticamente todos los elementos que definirán a la desaparición: Se trata de un reclamo plural, puesto que firman los padres de seis personas; se afirma que éstas fueron detenidas “irregularmente por hombres uniformados”, es decir por el Estado actuando en forma ilegal, y que las averiguaciones y recursos de hábeas corpus presentados no dieron resultado. En ella invocan a la sociedad civil, los políticos y la Iglesia para que “presten su sentido humano para evitar la proliferación de estos hechos” y advierten premonitoriamente “que así como hoy nos lastiman a nosotros, mañana pueden descargar la tragedia sobre muchas otras familias argentinas, alejando definitivamente de este suelo la pacificación que todos deseamos”. Esta solicitada anticipa el tipo de acción que luego en dictadura emprenden las organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos. Los firmantes aluden al nudo de tormento contenido en esta práctica (“ante la impotencia y el dolor que sentimos al no saber si nuestros hijos se hallan o no con vida”) y no hacen referencia a la eventual actividad gremial o política de los desaparecidos. La solicitada es ilustrativa como muestra de la constitución de una voz, la historia embrionaria de lo que sería la resistencia a la dictadura. Una voz que luego irá evolucionando, institucionalizándose y politizándose a medida que se ponga en evidencia el carácter sistemático de las desapariciones.

Un mundo con vecinos

Una forma original de protesta, que sirve también de antecedente a la acción posterior de los organismos de derechos humanos, es la de la Comisión de Familiares de Desaparecidos que se forma en Córdoba y, ya en enero de 1976, convoca a una “marcha del silencio” que no se realiza por prohibición del gobierno de la intervención federal. Un comunicado de esta agrupación critica la actitud intimidatoria de las fuerzas de seguridad ante lo que era “una concentración pacífica de familiares”[82]. La Nación destaca las acciones promovidas junto con esa marcha por gremios cordobeses, que apuntan a las “bandas parapoliciales” y los “operativos” militares y policiales y luego sigue de cerca las negociaciones a que da lugar y la contradictoria postura oficial[83]. Las alternativas que rodean a la realización de la marcha exponen ya claramente las disputas en juego en torno a los desaparecidos, pero ahora sus promotores consiguen, ya que no realizar la marcha, al menos darle al tema visibilidad pública a través de la prensa.

Entre los agentes de las denuncias tempranas por desapariciones se reconocen claramente dos tendencias: por un lado, los reclamos particulares, individuales o agrupados, de personas que reclaman en su calidad de familiares de los desaparecidos. Por otra parte, hay todavía numerosos reclamos que hablan de una manera orgánica de responder de la sociedad que, además, suele ser efectiva en cuanto a producir resultados. Las desapariciones son denunciadas por actores colectivos, es decir, por organizaciones estudiantiles y autoridades universitarias[84]; por medios eclesiásticos, tanto de base como por su dirigencia[85]; por partidos políticos[86], medios periodísticos[87] y asociaciones civiles[88]. Las denuncias más visibles, en este contexto, son las que efectúan los sindicatos y las asociaciones profesionales por desapariciones de compañeros y colegas, a menudo acompañadas de paros u otras medidas de fuerza, y en no pocas ocasiones dan resultados. En septiembre de 1975 una serie de desapariciones de médicos y abogados, que significativamente tiene lugar en Tucumán, origina una reacción tan insistente por parte de las asociaciones que los nuclean que se obtiene su liberación[89]. Dos meses más tarde, sin embargo, dirigentes de una confederación de profesionales y universitarios de esa provincia se vuelven a movilizar ante parlamentarios provinciales “con el fin de referirse a la desaparición de profesionales del medio”[90]. De la misma manera reaccionan los sindicatos, dando cuenta de una decidida y rápida reacción de las organizaciones civiles ante las desapariciones[91]. Estas formas de gestión colectiva por los desaparecidos ya no se leerán en los diarios posteriores al golpe de Estado, como tampoco las noticias de hallazgos de desaparecidos, sea liberados, detenidos o asesinados.

Las desapariciones dan lugar a estrategias múltiples y diversas, donde conviven reacciones relativamente espontáneas o ingenuas con otras más politizadas. Mientras en algunas se reconoce el embrión de prácticas que luego cristalizarán en el movimiento de derechos humanos, otras resuenan como llamados aislados, documentos de una época de perplejidad y desesperación. Así, la esposa de un dirigente gremial secuestrado pide publicar una carta a su marido donde ruega que “Dios quiera que un alma piadosa te haga llegar estas líneas” y da cuenta de la tortura espiritual que viven los familiares de desaparecidos[92]. En un tono igualmente conmovido una solicitada publicada por La Nación, curiosamente junto a las tiras cómicas, transmite el pedido de una mujer “a los captores” de su hija “como madre angustiada”[93].

Este registro más íntimo y sentimental no sedimentaría en los reclamos posteriores, siendo otras las estrategias y lenguajes con que se articularían luego las denuncias por los desaparecidos. Igual que el resto de los reclamos, sin embargo, informan sobre una tupida red social y afectiva que aún anuda a las víctimas de las desapariciones con la sociedad. Eso es lo que tienen en común todos estos casos y los reclamos a que dan lugar: Ni subversivos ni homini sacri, son seres respetados como compañeros o colegas, amados y añorados por sus familias, miembros plenos de una comunidad. La prensa registra incluso decididas reacciones y denuncias de vecinos ante agresiones de las fuerzas de seguridad[94]. Estas acciones muestran que aún no ha tenido lugar el proceso de progresivo acorralamiento y aislamiento del sector de la población perseguido que puede transformar al mundo todo, como explica Zygmunt Bauman para el caso del Holocausto, en un “mundo sin vecinos”; un proceso por el cual las futuras víctimas saben que están solas, rodeadas de personas cercanas físicamente pero remotas espiritualmente[95]. Las resueltas actitudes de compañeros y allegados dejan ver que la escisión de lazos sociales aún no ha tenido lugar. Los argentinos aún vivían en un mundo con vecinos[96].

Los políticos delegan el poder

La lectura de la prensa argentina previa al golpe de Estado permite reconstruir los mecanismos por los cuales actores políticos legítimos delegan su capacidad de veto moral y depositan en quien consideran el “especialista”, poseedor de un saber técnico, el control total de la situación. En otras palabras, se observa la claudicación de aquellas instancias que podrían fijar reparos o límites de algún tipo a la represión. Zygmunt Bauman ha demostrado cómo el Holocausto puso en evidencia el fracaso de las “salvaguardas morales” de las democracias occidentales —notablemente, la ciencia y las iglesias— en el proceso que llevó al exterminio de millones[97]. En una sociedad harta de la violencia, en la que los políticos ceden gradualmente su poder, será difícil imaginar que, una vez instalado el gobierno militar, haya reservas morales suficientes para cuestionar en voz alta la violencia impune del terror estatal.

Mientras a lo largo de este período las Fuerzas Armadas dan señales de estar coordinándose, organizándose y preparando la estructura de la posterior represión, los políticos ceden iniciativa y espacio en la escena pública. El mayor protagonismo de la corporación militar, que se halla en estado deliberativo, y la retirada e impotencia de los políticos son desarrollos paralelos y convergentes[98]. Como un ejército pronto a colonizar su propio suelo, la creciente concentración de poder de las Fuerzas Armadas se expresa en una mayor presencia pública y dominio territorial[99]. Por impotencia, cansancio o complicidad, la mayor parte de la clase política parece rendirse voluntariamente ante la dimensión de la violencia y la ingobernabilidad del país y estar resignada al golpe militar. Los poderes constitucionales se muestran incapaces de hacer frente a la caótica situación y ceden el resto de autoridad que les queda en aras de la “eficiencia” de la represión. Así se va abriendo el camino a la autonomía del “especialista”, la corporación militar, que establece como condición para desempeñar su rol “técnico” en la represión la prescindencia de los mecanismos democráticos de contralor.

La impotencia de los políticos ante la violencia, que habla de una creciente licuación de su poder real, se percibe en la transcripción de una sesión del Senado publicada por La Opinión donde se trata el tema de la violencia y, según el diario, “sumó al Senado en un dramático debate, que por momentos alcanzó hondo patetismo”[100]. Los parlamentarios traen al Congreso el malestar de sus provincias y especialmente los representantes cordobeses muestran su angustia por la impunidad de la violencia paramilitar en su provincia. El senador José Antonio Allende, autor de un proyecto de resolución que condena la violencia y de la frase que da comienzo a este capítulo dice ante la Cámara: “De muchos de los secuestrados se ignora totalmente su destino y no se sabe qué ha sido de ellos (…) En mi ciudad hay miedo, señor presidente, y lo digo responsablemente, porque hay que ir a Córdoba y salir al atardecer…”. Desde otra bancada el radical Eduardo Angeloz exclama:

¡No tengo qué decir al pueblo de Córdoba! ¡No sé cómo volver y expresarles que desde esta banca aparezco impotente para proteger la vida de los habitantes de Córdoba; que la norma no se respeta; que la ley es algo vacío y que parece que los senadores de la Nación tenemos las manos atadas y no encontramos la solución para asegurarles la vida, señor presidente!

Ante la tibieza o indecisión de los políticos, un artículo de análisis de La Nación destaca la decisión y firmeza de las Fuerzas Armadas y afirma que su “convicción” resulta “tanto o más evidente en la medida que en el campo de los partidos políticos (…) de las entidades empresarias y de los gremios no son muchos… quienes actúan con certeza en cuanto a los movimientos correctos por seguir”[101]. En noviembre de 1975 la construcción periodística de una oposición entre políticos lentos e ineficaces y militares expertos se articula en torno a la discusión en el Congreso de la Ley de Defensa pedida por estos últimos para ampliar sus facultades de reprimir. Las crónicas de prensa transmiten la idea de que el Congreso actúa con parsimonia y la “indecisión” de los políticos frena la acción militar mientras la violencia continúa ingobernable. Lo que retarda la promulgación de esa ley, sin embargo, no es una minucia burocrática sino el debate acerca del artículo que incluye la pena de muerte y los términos en que ésta sería eventualmente introducida en el sistema jurídico argentino. En diciembre de 1975 la ley ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados pero se informa que la mayoría de los senadores se opone aún a la institución de la pena capital.

Si el poder soberano, como afirma Giorgio Agamben, es el poder de decidir sobre el estado de excepción, es decir sobre la contingencia de aplicación de la ley, puede inferirse que esa es la negociación que está en el fondo de la discusión de este proyecto: se trata de las condiciones y circunstancias en que las Fuerzas Armadas tendrían el poder de matar a discreción. Cuando se produce el golpe de Estado en marzo de 1976 la ley aún no ha sido aprobada; la junta militar la incluiría en el estatuto que reemplazó a la Constitución bajo su régimen, pero significativamente no la emplearía ni una vez: el Estado asesinó fuera de todo encuadre jurídico. Como en el caso de los campos de concentración nazis que analiza Agamben, la genealogía jurídica de sus crímenes no proviene del derecho penal ni menos aún del penitenciario, sino del estado de excepción y la ley marcial[102].

La prensa acompaña y mediatiza este proceso de delegación paulatina del poder. Cuando desde su página editorial La Nación saluda la creación de “un ente coordinador” o la utilización de un ministerio como eje para la “centralización de los medios intervinientes en la actividad antisubversiva” apunta a esa paulatina capitulación del poder político[103]. Centralizar, como operación opuesta a democratizar, implica delegar en quien supuestamente posee la competencia técnica la autonomía de ejecución. Los diarios hablan de “ajustar la legislación vigente,” de unificar el comando y de “la aplicación de medidas que permitan combatir con mayor eficacia a la acción subversiva”[104]. Si la violencia política se comprende como un problema a resolver eficientemente y no como expresión de conflictos constitutivos de la sociedad; si la muerte se considera una “disfunción” y no el lenguaje exasperado de una sociedad acostumbrada a pensar la política como guerra, no sorprende que se delegue la represión a un “técnico”, a un verdugo, como quien contrata a un asesino de alquiler. Una forma de concebir la política que tanto remite al modo de encarar los problemas en la modernidad, en función de un cálculo de eficacia instrumental, como a una tradición argentina de autoritarismo e intolerancia. Ya en 1966 un presidente civil había sido depuesto por un golpe de Estado, acusado por sus detractores de “lentitud”[105]. La valoración positiva de las armas en el espacio de los consumos culturales por amplias partes de la población que Sebastián Carassai detecta en las décadas del ‘60 y ‘70 permite asimismo suponer que había un alto grado de aprobación en el imaginario social a las “soluciones” por esta vía. Según este autor, las armas son símbolo de una acción drástica, inapelable, irreversible y remiten a soluciones de carácter mágico. Su uso se vincula a la idea de una clausura radical, total e instantánea, que al mismo tiempo es una promesa de un comienzo originario[106].

En el empleo de una jerga específica, profesional, en la falta de interpretaciones, mediaciones y contextualizaciones de la represión, la prensa trabaja también a favor de la delegación del poder ejecutivo al especialista portador del know how y saluda, como en este titular de La Nación, la creación de un “servicio especial para reprimir la subversión”[107]. El comentario de La Opinión a la intervención militar en el ataque a Monte Chingolo, por su parte, elogia a un “Ejército cuyas respuestas operativas son cada vez más eficaces, rápidas y concluyentes”[108]. Allí se reproducen también comentarios de la prensa internacional que dan cuenta de la construcción del futuro presidente, el comandante Videla, como un hombre sobrio, moderado, profesional y ajeno a los desbordes[109]. No el estereotipo del tirano latinoamericano que vive en el exceso y reprime para acumular poder personal, sino un militar austero y capaz. Poco antes del golpe, un artículo de opinión referido a comentarios militares sobre “la concreción de los instrumentos idóneos” contra el terrorismo y a la inevitabilidad de “asumir drásticas decisiones que superen los tramos legales” vuelve a resaltar la ideoneidad técnica como valor superior a la legalidad[110]. Cuando en un artículo sobre el rol de la jerarquía eclesial La Nación afirma “claro está que el problema técnico temporal de la lucha escapa a los obispos” avala la claudicación de la que en Argentina hubiera sido la última instancia privilegiada de veto moral[111].

El huevo de la serpiente

Durante el período inmediatamente anterior al golpe de Estado ya existen numerosas desapariciones, pero éstas aún no constituyen una categoría establecida. Lo que sí se detecta a través de la observación de la prensa es la precipitación de las condiciones que la posibilitarán. En esta etapa se prepara el campo dentro del cual se aplicará la represión: el reposicionamiento de los actores, especialmente la retirada de los políticos y el amedrentamiento de la sociedad civil, dan cuenta de ello.

La aceleración y exhibición de la violencia generan en la población un agotamiento psíquico que da fondo al consenso y alivio con que se recibirá el golpe de Estado. En este período la violencia política es sumamente visible y casi teatral, caracterizada por crímenes u operativos fuertemente apoyados en la espectacularidad. Las desapariciones, en cambio, serán clandestinas y la violencia se ocultará. La pérdida de pudor ante la muerte, la conversión de los cadáveres en signos de intercambio en una escalada de conflicto e incluso la presentación rutinaria y acumulativa de los crímenes por la prensa, contribuyen a anular la percepción de la humanidad de las víctimas. Simultáneamente, operaciones discursivas reiteradas van construyendo al subversivo como un no–sujeto. Las organizaciones sociales, políticas y gremiales, sin embargo, todavía están activas y responden a la violencia articulando sus reclamos por canales democráticos.

Como un animal que devora su propia entraña, la sociedad argentina se vuelve sobre parte de sí misma, se autoinmola. El terror de Estado todavía no está instalado pero sus estructuras ya están montadas, listas para desplegarse; no sólo porque ya tienen lugar las primeras desapariciones sistemáticas sino ante todo porque las condiciones que las harán posibles a gran escala ya están prontas. El realizador Ingmar Bergman empleó la metáfora del “huevo de la serpiente” para describir el clima que en la Alemania anterior al ascenso del nazismo prefiguraba ya los rasgos de la monstruosidad que se avecinaba. Como en la República de Weimar, igual que una serpiente en gestación, también para el lector de la prensa argentina previa al golpe de Estado “a través de la delgada membrana es posible ver el reptil ya formado”[112].

El golpe de Estado: “Normalidad en todo el país”

A pocas tomas del poder en la historia debe caberles tan mal la expresión “golpe” como a la que tuvo lugar en Argentina el 24 de marzo de 1976. Las especulaciones acerca de una intervención militar contra el gobierno de Isabel Perón habían comenzado el día mismo de la muerte de su popular marido hasta hacerse progresivamente generalizadas y públicas dentro y fuera del país. La desaceleración de la vida política a la espera del golpe militar es notoria y la prensa refleja su tono más patético en la declaración de uno de los otrora poderosos dirigentes sindicales peronistas desde Uruguay —“yo me borré”[113]— y en la crónica de los diputados que retiran sus objetos personales de las oficinas del Congreso y piden el cobro adelantado de sus dietas en los días previos a la asonada militar[114]. La inminencia del golpe era reconocida hasta en la prensa internacional[115]. Corresponsales extranjeros llegaban a la capital argentina en espera del golpe anunciado[116], los integrantes del futuro gabinete eran dados parcialmente a conocer[117] y cualquier coronel podía advertir a sus vecinos de un edificio de familias de clase media, el día anterior, que encendieran la radio a las tres de la mañana para escuchar las novedades[118].

Cuando finalmente se produjo, el “golpe” no fue ni sorpresivo ni violento. A diferencia del asalto militar de Augusto Pinochet en Chile en 1973, que terminó con la vida del presidente Salvador Allende, no hubo derramamiento de sangre. Aunque lo precedieron movimientos de tropas en todo el país, éstas no precisaron abrir fuego. Isabel Perón vio interrumpido su regreso en helicóptero a la residencia presidencial por militares que le comunicaron que sería trasladada a una residencia de vacaciones en el sur del país. Más que un asalto la toma del gobierno tomó la forma de un pálido traspaso de poder; un hecho administrativo, casi banal. La prensa conservadora había trabajado la imagen de las Fuerzas Armadas hasta el punto de presentar el golpe de Estado prácticamente como la concesión de un favor: “La violencia en todas sus manifestaciones preocupa a los militares hasta el grado tal que están dispuestos a asumir plenas responsabilidades”[119]. La llamada teoría de la “fruta madura” había dado resultado[120]. Las Fuerzas Armadas apenas debieron extender el brazo y tomar lo que durante meses se había estado gestando.

Sólo la acumulación de violencia dramáticamente expuesta durante los meses anteriores y el reiterado anuncio de que antes o después ésta tendría su “culminación” en el golpe militar permiten comprender, o al menos situar en su contexto, lo que en sus términos es una contradicción: que el desalojo por la fuerza de un presidente constitucional, es decir el establecimiento de un gobierno de facto, de un régimen de excepción, que se hace del poder mediante la transgresión de la Constitución, sea interpretado y descripto unánimemente por la prensa bajo el signo de la “normalidad”.

Decir que el golpe militar fue anunciado como la resolución final de una tragedia no es una metáfora sino una descripción literal[121]. Las crónicas periodísticas, que habían dado cuenta dramáticamente de la escalada de violencia, presentan ahora la asonada militar como un prolijo, previsible y esperado recambio. Un día antes del golpe de Estado La Opinión titula su tapa “una Argentina inerme ante la matanza”[122]. Al día siguiente, consumado el golpe, lo califica como “la asunción militar del poder” y titula serenamente “Intervención militar”. Un día después anuncia, como si fuera lo más natural, que “Gobierna la junta militar”, mientras los demás titulares del día rezan: “Los comunicados de la junta militar preservan la tranquilidad y el orden”, “En Córdoba reinaba absoluta calma” y “Se normaliza la actividad en el territorio nacional”[123]. En días posteriores puede leerse en La Opinión que “el permanente control que efectúan en todo el territorio nacional las fuerzas combinadas de seguridad desde el miércoles último, ha redundado en una notoria disminución de los hechos de violencia” y que hay “clima de orden… en la provincia”[124].

La idea de “normalidad” se complementa con la imagen de pulcritud y eficiencia que se adjudica a la nueva administración en contraste con la “corrupción” del gobierno depuesto[125]. Los diarios destacan la imagen de sobriedad y corrección que los militares quieren para sí[126]. La austeridad, como el orden y la higiene, se ensalzan por oposición al caos político de la etapa anterior. Así considera La Opinión un operativo realizado en el centro de Buenos Aires, donde “se juntaban toda clase de desperdicios y papeles” y “las fachadas eran el blanco preferido para insertar leyendas de todo color político” por lo cual “el vecindario se plegó por cuenta propia a la higienización de Buenos Aires”: Luego de homologar la actividad política con la suciedad y el caos, La Opinión concluye que el “operativo de higiene”, “en realidad, se trató de un espontáneo regreso a la normalidad”[127].

En La Nación la asociación entre “control militar” y “calma” venía ya preparando el camino al golpe cuando se refería a la necesidad de otorgar mayores facultades a los militares argumentando que “donde el Ejército asumió el control total de la acción antisubversiva —como la provincia de Tucumán, por ejemplo— se advierte un clima de mayor tranquilidad”[128]. La sucesión de titulares de La Nación de los días anteriores y posteriores a la toma del gobierno tampoco indican un cambio abrupto sino un crescendo de tensión que culmina en una resolución prevista. Entre el 18 y el 25 de marzo de 1976 se lee sucesivamente en su tapa: “Condenación de la violencia”, “No se estudia crear zonas de emergencia”, “Inquietud en el sector sindical”, “Denunció el PJ una campaña de rumores” (golpistas), “Observación y mutismo en el ámbito castrense”, “Aguárdanse decisiones en un clima de tensión”, “FF. AA.: Jornada de expectativa”, “Es inminente la asunción del poder por las Fuerzas Armadas” y finalmente: “Asumieron el Gobierno los tres comandantes generales”.

El primer día bajo gobierno de las Fuerzas Armadas puede leerse, en una misma página de La Nación: “Fue la de ayer una jornada de total normalidad en Córdoba”, “Hubo absoluto orden en la Capital Federal” y “Tranquilidad en el sector universitario”[129]. Al día siguiente una misma página reúne los titulares: “Hay normalidad en todo el país”, “Normalidad en las radios y canales de TV”, así como “Buenos Aires retomó su clima habitual” y pocos días más tarde “Normalidad en las provincias”[130]. En adelante la noción de “normalidad” se afianza en titulares como: “En forma paulatina se reabre la Universidad”, “Mejor atención y más celeridad en los bancos”, “Limpieza de la calle Florida” y —cuando las noticias de economía anuncian la liberación de precios y de controles estatales— “Distensión en los mercados financieros”[131].

En su editorial del día posterior al golpe La Nación castiga con prosa engolada a la administración depuesta de Isabel Perón: “Nada de lo que rodeaba al gobierno conservó poder de convocatoria como para que un mínimo calor de pueblo amortiguara la caída” y agrega: “la crisis ha culminado. No hay sorpresa en la Nación ante la caída de un gobierno que estaba muerto mucho antes de su eliminación por vía de un cambio como el que se ha operado”. Según Jacobo Timerman “la revolución contra la presidencia de Isabel Perón encontró en La Opinión a su principal abanderado, ya que el diario insistía en la necesidad de cubrir el vacío en que vivía el país” por lo cual cuando “por fin… los militares tomaron el gobierno, todo el país, incluso los peronistas, suspiraron aliviados”[132].

En la prensa argentina no hay toma del poder por la fuerza sino un gobierno que “cae”; no un golpe sino un “cambio” acaecido en modo impersonal. Los diarios, que mantienen la estructura y organización de la información, no reflejan rupturas y hasta se diría que en sus páginas se respira serenidad, como el sosiego que sigue a una gran presión. En contraste con La Opinión que parece más tenso, acaso debido a su tipografía más recta, las cursivas de La Nación transmiten claramente la calma que instaura el regreso al “orden”. Este diario no escribe ni una vez la palabra “golpe” y su corresponsal en EE. UU. se refiere al “movimiento militar” que se ha concretado en la Argentina comentando que la noticia fue recibida con “naturalidad” en ese país[133]. Un editorial celebra que los militares no hablen de “revolución” y afirma que no se ha “derrocado a una autoridad legalmente instalada” sino “ocupado el vacío de poder abierto por un gobierno sólo formal”[134].

La prensa no comunica el golpe de Estado como una interrupción del sistema democrático o la violación a la Constitución sino como una acción previsible e incluso legítima. Una situación, en definitiva, más “normal” que la inestabilidad y nerviosismo sobre los que se informaba hasta entonces. En su informe al Secretario de Estado de su país, el entonces embajador estadounidense en Argentina reportó: “éste ha sido probablemente el golpe mejor ejecutado y más civilizado en la historia argentina. Fue único en otros aspectos también. Los Estados Unidos no han sido acusados de estar detrás de éste… La Embajada espera mantenerlo de esa manera”[135].

Los nuevos nombres de la violencia

Pese al énfasis periodístico en las nociones de “calma” y “normalidad”, en las primeras semanas después del golpe la prensa todavía registra numerosos hechos de violencia exhibida abiertamente. Sigue publicándose información sobre hallazgos numerosos de cadáveres y también denuncias de desapariciones, que en ocasiones agrupan varios casos e incluyen el secuestro de un periodista de La Opinión[136].

Aunque es un momento “mixto”, donde conviven diferentes esquemas represivos y formas de presentar la violencia, comienzan ya a perfilarse las noticias que se instauran en la prensa bajo dictadura. De un lado, se informa acerca de las detenciones legales que involucran sobre todo a funcionarios del gobierno derrocado. De otro lado, se encuentran las noticias más opacas donde la aplicación de violencia debe interpretarse en función del contexto o leerse entre líneas. Con las primeras se busca crear una apariencia de legalidad, empleando instrumentos jurídicos no constitucionales pero supuestamente válidos, como los Consejos de Guerra, y se difunden las primeras listas de detenidos, que incluyen a muchos funcionarios de la administración anterior. Ya en estos casos quedan sin explicar los cargos y condiciones en que se efectúan las detenciones y La Opinión escribe: “Cuando se conozcan los motivos tal vez se descubra la razón por la cual no todos recibieron el mismo tratamiento al ser capturados”[137]. Al mismo tiempo, los comunicados comienzan a referirse a extremistas “abatidos”, quienes se diferencian de aquellos “detenidos” entre otras cosas porque no se aclara si han muerto o están prisioneros y porque no se informa qué sucede con los cadáveres[138]. Se va construyendo un tipo de noticia que se haría habitual después del golpe: el llamado “enfrentamiento” o “tiroteo”, de cuya reconocible sintáctica dan cuenta ya estos tempranos ejemplos[139]. Lentamente los diarios van cambiando su referencia a las fuentes informativas y la forma de citar. Los aportes de periodistas propios y los comentarios se hacen escasos. El lenguaje se mimetiza con el de los partes militares hasta hacerse casi indistinguible de él.

“No vamos a andar tirando cadáveres en las calles”

Cuando a poco de asumir el poder los militares La Nación titula en tapa “Descubrieron un arsenal en Bienestar Social” acompañado de una foto de las armas, muchos habrán creído que los horrendos crímenes promovidos desde ese ministerio a través de la Triple A llegarían a su fin[140]. Un editorial de ese diario sugiere que habrá que desarticular a los grupos de violencia paraestatal buscando “combatir con más instrumentos idóneos a la violencia” y garantizando “el monopolio del uso de la fuerza por el Estado”[141]. El régimen de facto, sin embargo, lejos de rechazar los métodos de cacería y terror clandestino desplegados en la etapa anterior, los incorporó a la estructura misma de la represión. Personal de los escuadrones de derecha se integró a los “grupos de tareas” que implementaron el terrorismo de Estado: las Fuerzas Armadas, por definición estructuras jerárquicas rígidamente organizadas, se fusionaron con aquellos grupos fanatizados compuestos por militantes ultraderechistas, personal policial en actividad o retirado, guardaespaldas de custodias privadas y miembros de cuerpos de choque de la ortodoxia sindical[142]. El mismo editorial se refiere a “la fuerte confianza que la instalación del nuevo gobierno suscitó en los niveles medios de la población” y agrega: “Como tema de psicología social, es interesante observar la importancia que el ciudadano común acuerda a la idea del orden. Verifica que hay orden y de tal verificación extrae conclusiones…”. Más allá de que el texto alude a la política económica, al destacar la importancia de la noción de orden para la psicología social da en la clave de la relación con la violencia que se inaugura con el golpe militar: el disimulo.

Al menos un mes antes del golpe de Estado, el gobierno estadounidense maneja información sobre las características que tendrá el régimen militar y sabe que “estará casi con certeza, involucrado en violaciones a los derechos humanos que podrían generar críticas internacionales”; sabe que se ha encomendado a un funcionario de cancillería estudiar el modo en que “el futuro gobierno militar puede evitar o minimizar el tipo de problemas que han tenido los gobiernos chileno y uruguayo con los EE. UU. sobre el tema de los derechos humanos” y que éste advierte que “tendrán problemas si comienzan a ejecutar gente”[143]. Según la fuente “los oficiales respondieron que ellos tienen la intención de llevar a cabo una guerra total contra los terroristas y que por lo tanto algunas ejecuciones probablemente serán necesarias” pero “quisieran minimizar cualquier problema” con los EE. UU., por lo cual encargan el estudio.

Poco antes del golpe militar un jefe montonero se había reunido con el titular de la Policía Federal, el general Harguindeguy —quien luego sería Ministro del Interior— para tantear la posibilidad de una tregua militar y preguntar por la situación del dirigente Roberto Quieto, secuestrado por personal militar en diciembre y desaparecido desde entonces. Según el testimonio Harguindeguy respondió:

Quieto no va a aparecer, olvídense. Y además, nosotros no vamos a andar tirando cadáveres en las calles, como ahora. Vamos a hacer otra cosa. Dictadura va a ser la nuestra. Hasta ahora, ustedes conocieron una dictablanda, como la de Lanusse. Ahora, no lo van a ver más a Quieto, a nadie van a volver a ver[144].

Su interlocutor recuerda: “Ese fue el tono. Me anunciaba que ya habían decidido la desaparición masiva de gente como método. Esto ocurrió a principios de febrero del 76”. Los argentinos no volverían a ver a muchos compatriotas. La desaparición de personas estaba decidida y es casi una burla de la historia que el mismo día del golpe de Estado los periódicos publicaran una noticia sobre el cuerpo desaparecido más célebre de la política argentina. Como un vaticinio irónico, se informa ese día que las hermanas de Eva Perón reclaman a la justicia sus restos a fin de que pueda concluirse “con el acto piadoso de la sepultura”[145]. Argumentan su pedido con “fallos de la jurisprudencia de tribunales argentinos” los cuales admiten, en su fundamentación, que “los familiares tienen derecho a sepultar y venerar a los muertos”.

3. La muerte desaparece (abril 1976 – marzo 1977)

La pregunta fundamental que surge ante la observación de la prensa del primer año de dictadura es cómo pudo la violencia más extrema convivir con una imagen de orden, prosperidad y normalización del país. La descripción y análisis de los modos que adoptaron la censura, la autocensura y la complicidad en los diarios durante el momento más álgido de la represión ilegal no alcanzan para comprender cómo fue posible esa coexistencia extrema de “normalidad” y terror.

La segunda perplejidad que plantea la lectura es cómo encontrar núcleos de sentido en la densa y monótona jungla discursiva que presentan los diarios. El lector debe desmalezar el lenguaje, encontrar claros entre un fárrago de palabras y declaraciones grandilocuentes que repiten obsesivamente los tópicos del discurso militar. Sería tedioso reproducir en toda su insistencia y obsesiva repetitividad la proliferación de declaraciones, comunicados y mensajes de jefes militares con que los diarios compensan el vacío informativo provocado por la inactividad política. Las informaciones que a continuación se disciernen y describen deben identificarse y extraerse desde el interior de una compacta masa discursiva. Por fuera de ellas hay sólo intentos de dar una apariencia de legalidad a la represión y sobre todo la intensa retórica “anti–subversiva” que como un vidrio turbio opaca las noticias y, posiblemente, contribuía también a opacar la percepción del lector de periódicos contemporáneo a los hechos.

La característica más importante de este período es la drástica desaceleración del ritmo de la violencia publicada, que literalmente desaparece de la superficie de los diarios. La presencia de la muerte se mantiene en esporádicas pero persistentes noticias de hallazgos de cadáveres donde la presentación descontextualizada y rutinaria produce un efecto de banalización. La violencia se serializa y rutiniza. En los “enfrentamientos”, episodios montados cuyo relato se reproduce sin mediaciones ni comentarios por la prensa, se genera un modo particular de construir seres sin derecho, a–ciudadanos, en la figura de los subversivos abatidos, que ingresan en una zona de indefinición entre la vida y la muerte ya en su presentación periodística. La distinción entre un homo sacer y un ciudadano, la siempre cambiante línea que los diferencia, se entreve en las pugnas por la legalidad de la represión y en las presentaciones de hábeas corpus, que se proponen reinscribirlos en el sistema legal —pero ya como mero cuerpo, como nuda vida amenazada—. Todas las noticias estudiadas tienen en común el hecho de ofrecer de un modo u otro un campo para la negociación de esa frontera. Esa línea es trazada y retrazada por los distintos actores cuya voz llega a la prensa y es el objeto principal de las disputas que atraviesan las noticias: quién debe considerarse un ciudadano, portador de derechos, y quién queda despojado de los mismos, arrojado al limbo de la ilegalidad, expuesto bajo la categoría de subversivo o desaparecido al arbitrio de la violencia estatal.

Las desapariciones sólo se nombran a través de alusiones oblicuas y estrategias de rescate individuales por gobiernos extranjeros, obispos, organizaciones humanitarias y en casos muy específicos, partidos políticos y sindicatos. Por fuera de esos reclamos quedan las búsquedas de los familiares de desaparecidos —aislados del resto de la sociedad por la lógica del “por algo será”— cuyas acciones aparecen todavía desarticuladas en la prensa, salvo en casos puntuales como la acción de la APDH. Al final del período, la palabra “desaparecido” ya se emplea en la prensa sin eufemismos ni explicaciones: su uso se ha sedimentado y ha llegado incluso a las tapas de los diarios, pero todavía en relación con casos individuales y en singular.

“Reorganizar la Nación”

La junta militar que asumió el poder el 24 de marzo de 1976 estaba integrada por el general Jorge Videla por el Ejército, el almirante Emilio Massera por la Armada y el brigadier Orlando Agosti por la Fuerza Aérea. A diferencia de anteriores regímenes militares, esta vez se acordó que las tres armas estarían representadas con un 33 % en el gobierno y compartirían la responsabilidad por la “lucha antisubversiva”. Llamaron a su gobierno “Proceso de Reorganización Nacional”.

Durante los primeros meses de dictadura se informa en abundancia sobre la detención de políticos y sindicalistas vinculados al gobierno anterior, siempre en procedimientos públicos cuyo marco de legalidad pretende oponerse a la corrupción e ilegalidad de la administración depuesta. Se trata de mostrar la concentración del poder en manos de los militares y demostrar la “corrupción e irregularidades administrativas realizadas por funcionarios del régimen anterior”[1]. También se dedica espacio a la gestión del ministro de Economía, José Martínez de Hoz, que incluye varios viajes al exterior en busca de créditos[2]. Por lo demás, la actualidad nacional que se presenta en los diarios se reduce a la reproducción de las actividades de los gobernantes militares; no hay vida política, no hay juego de intereses dirimidos en público. En el lento acontecer de la actualidad ese vacío es apenas compensado con la saturación de información sobre el quehacer militar. Minúsculos acontecimientos de la cotidianeidad castrense se amplifican hasta el ridículo y devienen noticia en la anodina prensa del régimen[3]. Los gobernantes lanzan declaraciones amenazantes y hacen saber que se hallan en pie de guerra: “La actividad policial estará marcada por la intensificación de la ofensiva que realiza en su lucha contra la subversión”; las Fuerzas Armadas “se hallan empeñadas en la eliminación total del enemigo subversivo”; “La lucha contra la subversión será larga”; “Habrá vencedores y vencidos”.[4]

Las advertencias se cumplen y la virulencia del terrorismo de Estado se hace sentir muy pronto. A poco de tomar el poder los militares han dado muestras de que su dictadura no será como las anteriores. En mayo de 1976 el embajador de EE. UU. en el país informa a su gobierno que “lo que empezó tan bien, corre el riesgo de arruinarse” y que un funcionario local consultado por la violación de los derechos humanos le respondió que “el gobierno tiene planes para intensificar drásticamente su lucha contra los terroristas en breve”[5]. La prensa argentina, en cambio, publica declaraciones de los gobernantes donde se afirma que “el país está absolutamente tranquilo” y estadísticas policiales acerca de numerosos casos que sus fuerzas “resolvieron”[6]. Al mismo tiempo, se mantiene un monto de violencia cotidiana y brutal que los diarios no logran articular en relatos coherentes. Episodios sueltos, sin porqué, que la prensa no sigue y quedan inexplicados, perdidos en el torrente periodístico diario[7]. Hacia junio y julio la presencia de noticias vinculadas a la represión aumenta y éstas se regularizan, se hacen más tipificadas y se mimetizan casi totalmente con el discurso oficial.

Si en La Nación esta identificación con la propaganda del régimen sería más esperable, sorprende que también las páginas antes lúcidas y progresistas de La Opinión hablen de elementos o delincuentes subversivos en informes que repiten narraciones formulaicas e idénticas de supuestos “enfrentamientos”.

La represión adquiere cada vez más presencia: las noticias mantienen su estructura análoga y repetitiva pero comienzan a agrupar cada vez más enfrentamientos y subversivos muertos o abatidos y no identificados. Los muertos se apilan y suman como antes del golpe de Estado los crímenes obscenos de la Triple A. También aumentan los pedidos y protestas internacionales, en un primer momento velados, luego más enérgicos, así como las respuestas oficiales aludiendo a una supuesta campaña de desprestigio. Las organizaciones guerrilleras se encuentran debilitadas pero a lo largo de este año todavía llevan a cabo algunas acciones de gran visibilidad. Las más resonantes son el atentado al jefe de la Policía, gral. Cardozo y la bomba a la superintendencia de seguridad de la policía[8]. El ERP sufre una pérdida importante cuando se apresa a su jefe máximo Roberto Santucho junto a otros dos dirigentes y la organización Montoneros también es desbaratada rápidamente[9].

El fin de 1976 se aproxima con informes triunfalistas y un encuentro en Chile de los presidentes Videla y Pinochet, quienes intercambian condecoraciones y declaraciones altisonantes[10]. También con el triunfo en las elecciones estadounidenses del 4 de noviembre del candidato demócrata Jimmy Carter, cuyos anuncios de una fuerte ofensiva por el tema de los derechos humanos en la región comienzan muy pronto a producir efectos.[11]

En el contexto internacional, los países limítrofes se encuentran atravesados por problemáticas similares y desde Chile y Uruguay llegan informaciones donde resuena la situación argentina[12]. En junio la reunión de la OEA en Santiago de Chile demuestra que el tema de los derechos humanos ya está instalado en la agenda continental. Se lee que el informe anual no incluye a Argentina “como país donde se violen los derechos humanos, puesto que se refieren al período anterior a 1975” y que según el jefe de la diplomacia estadounidense el estado de los derechos humanos bajo el régimen de Pinochet “ha perjudicado y seguirá perjudicando las relaciones de Estados Unidos con Chile”[13].

La evidencia de que la dictadura chilena es un mal antecedente habría llevado en esa ocasión a los militares argentinos a buscar el modo de obtener la “aprobación” estadounidense para su plan represivo[14].

En el resto del ámbito internacional la prensa también presenta escenarios más o menos similares a la Argentina, donde regímenes autoritarios y grupos guerrilleros mantienen sus disputas en un mundo aún dividido por la guerra fría[15]. La opinión pública mundial es informada de la primer misión enviada a Marte y de que en 1976 el Premio Nobel de la Paz quedará vacante[16]. Hacia noviembre aumenta la información sobre denuncias por la represión policial en España y se reproducen debates en la UNESCO por la libertad de prensa que La Nación presenta como una oposición entre el “grupo Occidental” y el “soviético”. Es esa opinión pública internacional la que al cabo del primer año de régimen militar se convertiría en el foro principal para las denuncias de los crímenes del Estado argentino. Conscientes de ello, los jefes militares se muestran especialmente susceptibles a los comentarios de la prensa en el resto del mundo y los diarios amplifican cada contacto de los gobernantes con periodistas extranjeros, cuyas opiniones reciben un espacio desmesurado[17].

Banalidad de la muerte

El traductor de Homo Sacer de Giorgio Agamben al español dedica una extensa nota a la dificultad de encontrar una palabra que designe en castellano la acción de quitar la vida sin que esto implique un homicidio. “Matar”, afirma, en lengua castellana es siempre un hecho punible, no hay modo de referir la acción de quitar la vida a alguien sin que esto implique su consecuencia jurídica[18]. Lingüísticamente, no se puede “dar muerte” sin cometer un crimen. Ese verbo, sin embargo, existió o al menos fue empleado de ese modo profusamente en la prensa aquí estudiada: abatir.

Las noticias recurren obstinada y casi obsesivamente al término “abatir”, siempre asociado al objeto “subversivos”, en las numerosas noticias de supuestos “enfrentamientos”, en una reiteración que llega a transgredir la regla básica del periodismo de emplear sinónimos y no repetir palabras en textos contiguos[19]. En la mayor parte de los casos se emplea en el sentido de “matar”, verbo también reemplazado por el elíptico “dar muerte”, que pretende relativizar el carácter criminal de la acción. Se informa, por ejemplo, que “se repelió la agresión resultando abatidos tres delincuentes subversivos” o se anuncia “dieron muerte a tres elementos subversivos”, como si “abatir” fuera idéntico a “matar”[20]. El empleo de “abatir”, sin embargo, es lo suficientemente ambiguo como para deslizar la sospecha de que no sea exactamente lo mismo que “matar”. En las noticias se lo usa en el sentido de “producir una baja”, “neutralizar”, “poner fuera de combate”, o incluso “capturar” y en un caso se lo equipara a “poner fuera de combate”[21]. En la mayoría de los casos, sin embargo, el contexto indica que “abatir” significa “matar” o “dar muerte” (quien fue “abatido” ha “muerto de resultas de un intenso tiroteo” o se ha “desplomado bañado en sangre por varios disparos”[22]). Se trata de muertes que parecen estar lejos de configurar un homicidio: muertes legítimas y justificadas de antemano que, como en el caso del homo sacer, no cumplen la ejecución de una condena pero tampoco cometen un delito. Pero: ¿qué significa “abatir”?

Las acepciones que asigna el diccionario al verbo abatir son derribar, derrocar, echar por tierra; hacer que baje una cosa; inclinar, tumbar, poner tendido lo que estaba vertical; humillar; hacer perder el ánimo, las fuerzas, el vigor, y otras vinculadas al juego de naipes, la geometría o el estudio de las aves[23]. Si bien es un verbo transitivo, en la mayor parte de las acepciones no se aplica a personas sino más bien a cosas.

María Moliner agrega que asociado a “soberbia, orgullo” o palabras semejantes significa humillar y finalmente, junto a las preposiciones “a” o “ante”: “cesar en una actitud de ataque o de resistencia, ceder, doblegarse, rendirse”[24]. Esta última acepción es la única que podría aplicarse con coherencia al relato de los “enfrentamientos”: podría decirse que quienes son “abatidos”, cesan en la actitud de ataque o resistencia, tal como enfatizan los comunicados. Allí el verbo denota efectivamente la acepción de obligar a deponer las armas o la actitud de combate. Sin embargo, en ningún caso se emplea como “matar”. ¿Qué significa entonces abatir? Y sobre todo, quien ha sido abatido: ¿está vivo o muerto?

En estas noticias “abatir” no significa matar, herir o capturar sino introducir (al subversivo) en una zona de indiferenciación entre la vida y la muerte. Cuando un comunicado informa que “dos extremistas fueron abatidos” y una mujer “quedó malherida al saltar por una ventana a un patio interior…, presumiéndose que murió mientras era transportada a un hospital”, abre el espacio para que la presunción de una muerte no confirmada se instale como posible[25]. Cuando otra noticia expresa que durante un “enfrentamiento” habrían sido “heridos o muertos los delincuentes, que fueron trasladados en ambulancias”, aplanando la diferencia entre ser “herido” o “muerto”, o bien se publica que tras un “enfrentamiento” en plena capital “el cadáver y el herido fueron introducidos en un vehículo que se alejó de la zona a gran velocidad” se refrenda de algún modo la indistinción —la indiferencia— entre ambos términos[26]. Quien ha sido “abatido” ingresa en una dimensión liminal donde vivo y muerto parecen categorías relativas[27].

En el uso analizado aquí, “abatir” adquiere una amplitud y vaguedad tales que parece no resultar necesario aclarar quién o por qué “abatió” a alguien. El agente y el móvil están implícitos en la fórmula siempre idéntica de los relatos y parecen justificados de antemano. La noción de subversivo había sido hasta tal punto trabajada en la prensa que ya era considerado en sí un homo sacer, pasible de ser abatido sin explicación ni ley. Carente de derechos, se le puede “dar muerte” en forma impune o, como sucedía mayormente, se le puede arrojar impunemente a la sombra de la ilegalidad. El verbo abatir articula en las noticias la íntima conexión entre el subversivo y el desaparecido. El subversivo es aquel que es pasible de ser abatido (matado o consagrado a la muerte sin condena ni punibilidad por ese acto; ser que está más allá de la vida y de la muerte) y que a partir de ese momento se convierte en desaparecido: el abatido de las noticias anticipa la zona de indiferencia entre la vida y la muerte que lo aguarda en el CCD.

Este análisis no pretende señalar falencias o inexactitudes de los redactores de monótonos comunicados oficiales sino desentrañar lo que revelan estos textos en cuanto a la definición de un tipo de violencia y de un tipo de víctima específica. El verbo abatir empleado eufemísticamente por los escribas militares y luego repetido hasta el cansancio en la prensa expresa la creación de esa zona de indefinición entre la vida y la muerte donde el poder soberano, encarnado en el poder desaparecedor, decide a cada instante en la persona de cada “subversivo” acerca de la circunstancia de su muerte. Una secreta continuidad une a los vivos ya condenados de los antros clandestinos y los “abatidos” de muerte dudosa de los comunicados oficiales: ambos habitan el espacio indefinido que abre la desaparición. Mientras al interior de los campos los verdugos mantienen a los prisioneros al interior de una zona deliberadamente incierta, en la delgada esfera pública la disputa que la mínima oposición entabla con el régimen es por determinar la legalidad o no de los procedimientos, es decir, por el trazado de la frontera que separa a un ciudadano, sujeto de derechos, de un subversivo, carente de ellos.

En su aparente banalidad, su rutinización que lo convierte casi en una categoría normalizada, “abatir” expresa en la prensa la indistinción entre vida y muerte propia de la figura del desaparecido[28]28.

“Enfrentamientos”: la muerte impune

El verbo abatir se lee asociado al tipo de noticia sobre violencia más frecuente en la prensa de este período: el “enfrentamiento” o “tiroteo”.

En casi todos los casos se trata de reproducciones de los comunicados militares y en pocas excepciones se agrega información propia, requerida por ejemplo entre eventuales testigos. No hay comentarios, mediaciones o reelaboraciones por parte de los redactores que prefieren copiar los despachos militares de principio a fin; cuando sí opinan, adoptan ellos mismos la jerga y el estilo del discurso oficial. El vocabulario típico de las informaciones militares se funde con el lenguaje periodístico y ambos se hacen finalmente indistinguibles[29].

Las noticias de “enfrentamientos” repiten una estructura narrativa idéntica: los “subversivos”, interceptados en un control militar o encontrados en un domicilio, resisten “abriendo fuego” o “fugándose”, ante lo cual las fuerzas de seguridad responden disparando, dando lugar a un “enfrentamiento” tras el cual son “abatidos”. Un caso típico de estas noticias relata:

Un extremista fue abatido en La Plata, en las últimas horas de la tarde de ayer, al repeler a balazos a una comitiva policial que le solicitó identificación. El hecho se produjo… cuando efectivos policiales que cumplían el rutinario patrullaje de la zona advirtieron a un hombre joven en actitud sospechosa. Al aproximarse… y requerirle información el sedicioso abrió fuego y se generó un enfrentamiento. La identidad del subversivo muerto no fue todavía dada a conocer y se supo, asimismo, que las fuerzas policiales no sufrieron bajas[30].

Este relato contiene todos los elementos característicos de las noticias de “enfrentamientos”: las fuerzas de seguridad son presentadas en actitud pacífica, sólo “realizan un control”, y los subversivos, sediciosos o extremistas reaccionan atacando ante lo cual “se produce un enfrentamiento” en el cual estos mueren sin que se informe qué sucede con sus cuerpos y, sobre todo, sin que se publiquen sus nombres. La responsabilidad activa ha caído sobre los subversivos, a quienes “se les impartió la correspondiente orden de rendición” que “no fue acatada, originándose la represión que culminó con la muerte de los tres extremistas”[31]. Las acciones represivas no se expresan nunca en modo activo sino en un neutro gerundio y la responsabilidad del sujeto se diluye como si el desenlace del hecho ocurriera por fatalidad[32].

La construcción de estos relatos deposita las cualidades agresivas sobre los extremistas, elementos irregulares o delincuentes subversivos, que se resisten, abren fuego, intentan fugar, desacatan la orden o cubren la huida con disparos. Como resultado de sus acciones, conjugadas siempre en voz activa, se producen los supuestos enfrentamientos, tiroteos o procedimientos, que suceden o tienen lugar de manera aparentemente espontánea sin mención a un agente activo o desencadenador.

No se emplean verbos transitivos en la narración de los hechos. Nadie detiene, secuestra o allana; los subversivos, como por resultado de una acción inmanente, son alcanzados por disparos, resultan muertos, quedan sin vida, caen bajo las balas, son abatidos o mueren. La afirmación de Teun Van Dijk de que las estructuras sintácticas “pueden expresar posiciones ideológicas subyacentes”, por ejemplo “mediante la utilización de las construcciones pasivas y suprimiendo los agentes de las posiciones típicamente subjetivas para disimular las acciones negativas de los grupos destacados o poderosos” es ilustrada en estas noticias como en un ejemplo de libro[33].

Los “subversivos abatidos” se sumergen luego en una zona opaca donde parece que no fuera necesario informar quiénes eran, ni qué ocurre con ellos. Como en la mayoría de los casos no se publican sus nombres es imposible para sus familiares recuperar sus cuerpos. Vivos o muertos, los “subversivos abatidos” ya han sido neutralizados. Con el mismo modelo se construyen supuestos “intentos de fuga”, todos llamativamente idénticos, que eran en verdad fusilamientos de prisioneros disimulados así ante la prensa[34]. El caso más notorio, hoy conocido como la “masacre de Margarita Belén” ocurrió según el comunicado oficial cuando “una columna que transportaba detenidos subversivos… fue atacada por una banda armada en la ruta”, luego de lo cual “tres delincuentes subversivos fueron abatidos en el enfrentamiento producido, logrando escapar los restantes aprovechando la confusión y la oscuridad”[35]. Según se ha confirmado, sin embargo, se trató de un fusilamiento de al menos nueve presos políticos provenientes de una cárcel legal[36]. Que también los supuestos “enfrentamientos” eran fraguados y la prensa reproducía relatos falsos sin siquiera chequearlos ha sido confirmado luego por la evidencia[37]. El ex sargento Víctor Ibañez refrió que mientras prestaba servicio en el CCD “El Campito”, dependiente del Ejército, se le ordenó preparar a un grupo de prisioneros que, bañados, vestidos con rompa limpia y munidos de armas en desuso, fueron llevados a un sitio donde se montó un operativo fraguado[38].

La falacia de los comunicados ya era conocida y divulgada por las fuentes clandestinas mencionadas en el capítulo 1. La noticia publicada en tapa de La Nación de que “fueron abatidos cinco extremistas” en un “tiroteo” de “varias horas” donde fuerzas militares enfrentaron a “un grupo de delincuentes subversivos” que “respondieron a la orden de rendición de las fuerzas conjuntas con una cerrada descarga de armas de fuego automáticas”[39] fue caracterizada por ANCLA así:

Testigos presenciales afirmaron… de modo categórico que los muertos fueron la pareja que vivía allí y sus tres hijitos… El relato de los vecinos es el siguiente: al iniciarse el procedimiento —por parte de aproximadamente quince individuos de civil y numerosos integrantes de fuerzas militares— el padre solicitó a gritos sin resultado alguno que se produjera la evacuación de los niños. Después de cuatro horas de enfrentamiento, durante el cual la vivienda fue bombardeada con cohetes, el joven salió al frente de su vivienda gritando ‘Viva la Patria, vivan los montoneros, viva el socialismo’ siendo abatido al arrojar una granada contra los efectivos militares. Fue entonces que el personal de civil irrumpió en la finca, escuchándose numerosos disparos de armas de fuego… Momentos después eran trasladados en ambulancias los restos del matrimonio y de los niños[40].

Meses después ANCLA denuncia “el asesinato periódico de presos a los que se hace aparecer como caídos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad” y que las ficticias muertes de “numerosos guerrilleros” que “caen abatidos al ‘intentar eludir’ inexistentes controles policiales en lugares prácticamente despoblados o en ‘allanamientos’ a viviendas que hasta el día anterior estaban deshabitadas” en “enfrentamientos” que “no son presenciados por testigos” y cuando lo son los vecinos afirman “haber observado asesinatos de jóvenes desarmados y esposados que eran traídos en vehículos policiales”[41].

Walsh y sus colaboradores en ANCLA tenían la voluntad de entrevistar a todas las fuentes potenciales y la inteligencia atenta al leer los diarios[42]. Esa agencia explica las pruebas disponibles de que los “enfrentamientos” no son tales, como la ausencia de nóminas de muertos ya que, de divulgarse, se probaría que son personas desaparecidas tiempo atrás, tal como se comprobó en uno de los pocos casos en que se identificó a las víctimas[43]. Sus despachos demuestran que cualquier lector podía sospechar de esa intencionada construcción gramatical, de la asombrosa similitud de los “enfrentamientos” y de la notoria diferencia entre las “bajas” del lado de los “subversivos” y la nula cantidad de heridos o “abatidos” entre las fuerzas de seguridad[44].

Restrospectivamente, no es posible responder sino sólo formular y situar en su contexto la pregunta de qué actitud preferían los lectores de periódicos: ¿interrogar las noticias sospechando de su formato y narración intencionados o tranquilizarse por el aparente “control” público de la violencia donde ya no hay cadáveres sino sólo subversivos abatidos?[45]

Torturas, suicidios, niños: aplanar los matices

La reiteración de los supuestos “enfrentamientos” produce dos efectos paralelos y complementarios: la rutinización opera a favor del acostumbramiento y la banalización de la violencia; también, la supresión o neutralización de los rasgos que podrían dar relieve humano a los subversivos abatidos, afianza su construcción como homini sacri, como seres “matables” de cuya muerte —o desaparición— se puede dar cuenta sin que ese hecho sea considerado un crimen.

A pocos meses del golpe de Estado este tipo de noticias comienza a agruparse adoptando un mismo guión; hacia junio y julio se encuentran totalmente tipificadas y rutinizadas[46]. Como las noticias de violencia previas al golpe de Estado, los “enfrentamientos” también se acumulan en un conjunto difícil de discriminar[47]. La numeración aplana los matices y neutraliza las preguntas: ¿quiénes eran los subversivos? ¿Por qué murieron? Si son tan peligrosos y aguerridos, ¿por qué no son siquiera heridos los miembros de las “fuerzas de seguridad”?

Las noticias se serializan e igualan y el “asesinato” o “abatimiento” se convierte en rutina. Las discusiones abstractas sobre la implantación de la pena capital y los Consejos de guerra se revelan absurdas ante la ligereza con que se ejecuta anónima e impunemente en los supuestos “enfrentamientos”. A medida que los recuentos de este tipo se hacen habituales y repetitivos, serán ya sólo excepciones las menciones que excedan ese molde[48]. La escalada de violencia no es tan pronunciada como en los meses previos al golpe militar pero posee algo de esa cualidad tipificada, acumulativa, serial, que suma y amontona subversivos abatidos en comunicados idénticos, donde sólo varían las cifras y suman balances macabros: “Con éstas, suman 101 las bajas en las filas extremistas en lo que va del mes”[49].

Las noticias de “enfrentamientos” funcionan como recipientes preformados en los que se vuelca un contenido aleatorio que debe adaptarse a su molde. Los elementos que exceden este esquema son reducidos o minimizados; hechos que podrían dar relieve, complejidad o profundidad al “subversivo” o poner en cuestión la secuencia “resistencia–abatimiento” son eludidos en el relato. Así sucede con las referencias a torturas, a la presencia de niños en los operativos o al suicidio de activistas: hechos que no encajan en el formato del “enfrentamiento” y permitirían establecer simpatía o solidaridad con los “subversivos”.

Comunicados de dudosa verosimilitud expresan que los operativos se realizan gracias a información obtenida por la delación o colaboración espontánea de los vecinos[50]. Una lectura atenta de estos textos, sin embargo, habría sabido interpretar que la información se obtenía sistemáticamente mediante la tortura a detenidos, como oblicuamente se sugiere en frases como “el reciente procedimiento permitió lograr nueva información…”[51]. Pero la empatía hacia el dolor humano no se aplica a los subversivos y la superficie aséptica de los diarios ocluye la dimensión del sufrimiento que el Estado está aplicando a los desaparecidos en los CCD. La tortura es la gran ausente en las noticias.

Los niños también son objeto de operativos y secuestros. Los lectores de periódicos tenían ocasión de enterarse de la presentación de un hábeas corpus por un bebé de ocho meses secuestrado junto a su madre por hombres armados o de leer que una niña queda abandonada en la vía pública tras el secuestro de su madre[52]. Pero mientras hechos como esos quedan inexplicados, la presencia de niños en allanamientos a domicilios particulares es presentada como un gesto de desidia e irresponsabilidad de sus padres, en contraste con el cual las fuerzas de seguridad cumplen un papel salvador[53]. Los comunicados enfatizan cínicamente el rol de policías y militares en el rescate de los niños y los supuestos esfuerzos por devolverlos a sus familias; sin embargo, la ideología que dio fondo al robo de niños por el régimen ya se puede entrever[54].

Los subversivos son construidos como entes impersonales: no pueden tener familia, historia ni determinación individual. Así como se quiere provocar un efecto de extrañamiento acerca de datos tan naturales como la presencia de hijos en una vivienda familiar, se neutralizan, descontextualizan y relativizan los casos de suicidio. Los comunicados los presentan como expresión de cobardía, informando por ejemplo que “el individuo se habría quitado la vida ante la presencia de las fuerzas del orden por encontrarse vinculado a la delincuencia subversiva” o que en una esquina céntrica se halló el cadáver de una mujer “con evidentes signos de haber sufrido un ataque de epilepsia o intoxicación aguda, producida por fuerte veneno” a la vez que “se oyeron disparos y se advirtió la presencia de personas vestidas de civil, en las proximidades”[55].

En la organización Montoneros se había extendido la práctica de portar siempre una pastilla de cianuro para ingerir en caso de peligro a fin de no ser apresado con vida. Se trataba de una medida de seguridad interna destinada a evitar la delación bajo tortura. Podría cuestionarse la orden de los líderes de esta organización que obligaba a sus militantes al suicidio, pero no se puede desconocer el gesto de autonomía de quien elige quitarse la vida antes que entregarse a una tortura segura. No se conoce el número de personas que se quitaron la vida de este modo; las alusiones a suicidios de personas acorraladas en procedimientos son esporádicas, pero es su incidencia cualitativa la que llama la atención en este material: ¿cómo interpretaba el lector estos suicidios? Una lectura entre líneas hubiera revelado la encrucijada de miedo a la traición y lealtad hacia los compañeros que enfrentaban quienes se sometían a la tortura. La elección de la muerte ante el secuestro es acaso el último acto de voluntad de quien se niega a vivir a costa de correr el riesgo de traicionar. La presentación desafectada y descontextualizada de los hechos, donde los suicidios suceden pasiva e inexplicablemente, neutralizan su poderoso mensaje de resistencia activa y desmerecen la soberanía de quien lo comete. El suicida arrebata al poder soberano la posibilidad de decidir sobre su vida y su muerte. En ese gesto se afirma a sí mismo y se sustrae a la reducción a un homo sacer. Es comprensible que el discurso oficial quisiera diluir su significación.

La exposición al dolor, los lazos de parentesco y el suicidio son elementos que se oponen a la construcción de los subversivos como seres sin sentimientos, sin familia y sin moral. Suponen formas de afirmar la propia autonomía y son por lo tanto un “excedente” que debe limarse en las noticias para que éstas mantengan su formato idéntico y la muerte sea banal.

Hallazgos de cadáveres: el río comienza a hablar

Aunque la desaparición de personas supone la ausencia pública de cadáveres, la crónica de cuerpos sin vida hallados en terrenos descampados, autos y playas argentinas y uruguayas persiste después del golpe militar. Ya no se trata, como con los cadáveres que sembraba en el período anterior la Triple A, de una amenaza brutal y visible, sino de un mensaje esquivo que parece más dado por la sustracción que por la presencia, por lo sugerido y silenciado que por lo expuesto.

Una muestra mínima del horror que tiene lugar en otro sitio, como un modo más oblicuo de transmitir el terror, más inquietante quizá porque no se lo ve.

Las noticias de cuerpos hallados en autos abandonados o en terrenos baldíos, habituales en el período anterior, van dando lugar a otras donde los cadáveres aparecen misteriosamente en las costas de Uruguay. En mayo de 1976 se informa que “las autoridades uruguayas confirmaron la aparición de otro cadáver —el undécimo desde el 24 de abril último— frente a Colonia” y que el cuerpo poseía objetos personales y dinero argentinos[56]. Las extrañas apariciones se suceden y La Nación escribe que “las macabras apariciones de cuerpos mutilados, desnudos y maniatados, que comenzó el mes pasado con cinco en un sólo día, en aguas al este de Montevideo, provocaron las más variadas especulaciones sobre la identidad de las víctimas y las razones de la matanza”[57]. Estas “especulaciones”, que La Nación no reproduce, llevan a un complejo juego de interpretaciones y desciframiento de los cuerpos: se informa que el octavo cadáver tiene un tatuaje idéntico a uno mencionado en un pedido de hábeas corpus, haciendo evidente ya en junio de 1976, para quien quisiera leerlo, que los cadáveres hallados en Uruguay son de personas desaparecidas en Argentina[58].

El gobierno uruguayo busca desentenderse de esos hallazgos y en ambas márgenes del río se tejen curiosas hipótesis sobre el origen de los cadáveres[59]. Los cuerpos sin vida se convierten en textos cuyo contenido debe develarse, portadores de signos a ser descifrados. ¿Son marineros asiáticos, llevan tatuajes reveladores, se trata de activistas sindicales?[60] Pero esta vez los mensajes no son brutalmente evidentes como en las puestas en escena destinadas a expandir el terror de la Triple A, sino señales crípticas, llenas de silencios. Las preguntas son opacadas por la rutina periodística. ¿Quiénes eran? ¿Quién los mató y por qué? ¿Por qué esos cadáveres tan jóvenes en ríos y en el mar?[61]

Esporádicamente se informa también sobre el hallazgo de cuerpos sin vida y con signos de violencia en costas argentinas[62]. Es posible imaginar que no se podrían seguir publicando estas noticias durante mucho tiempo más sin que den lugar a una preocupación notoria, por disminuida y acobardada que estuviera la opinión pública. En septiembre vuelven a publicarse estos siniestros hallazgos y los diarios los relacionan con los producidos meses antes. La Opinión informa que:

“El decimosexto cadáver de una serie de hombres y mujeres torturados, mutilados y arrojados al Río de la Plata, apareció ayer en costas del departamento uruguayo de Colonia. Una docena apareció en abril y mayo y tres el lunes pasado”[63]. En La Nación se lee que “el enigma de la aparición de cadáveres mutilados y en general desnudos, en la costa uruguaya del Río de la Plata, quedó replanteado…”[64]. Poco después noticias como éstas dejan de publicarse, pero su ausencia no se debe a la disminución de la muerte sino al nuevo esmero puesto en borrar más “eficientemente” las huellas de la desaparición[65].

En las calles y campos de la Argentina, sin embargo, se seguirían encontrando cuerpos sin vida: hacia julio de 1976 hay un aumento de “hallazgos de cadáveres”, que los diarios agrupan como en la escalada previa al golpe militar[66]. Informes sueltos enviados desde las provincias, episodios pasajeros sin investigación, los hallazgos de cadáveres consecuencia de la violencia estatal aumentan el terror en el ánimo colectivo pero quedan como islotes aislados de violencia, inexplicados por la prensa.[67]

Sólo un episodio recuerda las escenificaciones macabras previas al golpe de Estado: el hallazgo de 30 cadáveres en una localidad cercana a la Capital que habían sido explotados, según La Opinión, y “aparecían esparcidos en un radio de cien metros”[68]. El propio periódico ilustrado que se jacta de su racionalidad en el análisis se manifiesta incapaz de interpretar el hecho y escribe que “es un retorno a la Edad Media” y que “a una población impotente frente a tanta impunidad, sólo le queda la oración”[69].

Los ultrajes infligidos a los desaparecidos en vida se continúan en la profanación de sus cuerpos. Convertidos en insumos, despojos, “basuras”, los cadáveres banalizados en las noticias se corresponden con el tratamiento que los cuerpos sin vida recibían en los centros clandestinos de detención, donde su remoción era un simple trámite[70]. Los cadáveres sin cuidados funerarios ni tumba de los desaparecidos llevan más allá aún la figura de la nuda vida convirtiéndola en nuda muerte, sin inscripción jurídica, ritualización simbólica ni referente material.

Los cadáveres son sólo un “excedente” del sistema de desaparición pero sus apariciones macabras complementan —y permitían interpretar ya entonces— las narraciones ficticias de los “enfrentamientos”: en un caso los cuerpos no encuentran relato que los explique y en otro un relato ficticio omite el destino de los cuerpos, vivos o muertos.

La pugna por la legalidad

Aunque un gobierno de facto, que se instala en el poder por la fuerza y desconoce la Constitución, está por definición fuera de la ley, los jefes militares pretendieron darle un marco de legalidad formal a su acción de gobierno. Decretaron “leyes” para tratar los “delitos por subversión”, que incluían Consejos de Guerra y la posibilidad de ejecutar juicios sumarios y aplicar la pena de muerte, pero estas cortes militares apenas fueron empleadas y la pena capital nunca se dictó. La represión fue clandestina e ilegal aún respecto a la ilegítima legislación emitida por el régimen. El Estado de Sitio, que rigió durante toda la dictadura, habilita al gobernante a suspender la vigencia del derecho y le permite gobernar al margen aún de sus propias leyes. Lo que a primera vista parece una contradicción, pues el Estado viola la ley dictada por él mismo, se trata según Agamben de la paradoja constitutiva de la soberanía. La capacidad del Estado de situarse “fuera de la ley” no sería tanto una contradicción como expresión paradojal de toda soberanía:

“el soberano está, al mismo tiempo, dentro y fuera del ordenamiento jurídico”[71].

Las denuncias por violaciones a los derechos humanos que se leen en la prensa adoptan como argumento central la necesidad de que la represión estatal se ajuste a la legalidad. Esto se expresa en los pedidos por mantener el monopolio de la violencia en manos del Estado (por oposición a los escuadrones civiles, en la suposición de que éstos son ajenos a la estructura estatal), divulgar las listas de detenidos y regularizar la situación de los presos sin condena. En todos estos reclamos por restablecer la legalidad de la represión se pone en juego la pugna por considerar a los subversivos o los desaparecidos (aun si todavía no se los nombra como tales) como ciudadanos de derecho, beneficiarios de protección legal, y no como seres sin entidad civil.

Ejemplo de esto es la estrategia permanente de La Opinión, que incansablemente recuerda los recursos legales que se encuentran a disposición del régimen para combatir la “subversión”, sigue de cerca la evolución de los procedimientos judiciales y destaca cada vez que la justicia civil dicta condena por delitos como “tenencia de armas, municiones, explosivos y bibliografía subversiva”[72]. La Nación también publica información sobre sentencias que, provengan de tribunales civiles o militares, refuerzan la idea de que rige algún tipo de legalidad, pero es La Opinión quien más insiste: pide que se tipifiquen los delitos por extremismo, reproduce las nuevas normas que se dictan e incluyen la pena de muerte y analiza minuciosamente en su doble página central la nueva legislación.[73] Si este diario, de posición humanista, favorece la sanción de la pena de muerte, es acaso porque sabe que la pena capital está aplicándose de todos modos pero en forma arbitraria y salvaje, y cree que su conversión en instrumento legal puede contribuir a “reencauzar” la represión[74]. El diario evalúa detalladamente los instrumentos jurídicos a disposición del régimen, pero las minucias técnicas sobre las modificaciones legales resultan inocuos juegos discursivos ante la transgresión de los jefes militares a sus propias reglamentaciones[75].

La intención del régimen de mantener cierta apariencia de legalidad explica la esporádica publicación de sentencias de Consejos de Guerra y supuestas modificaciones en las regulaciones legales o la imposición de penas por delitos “subversivos”[76]. La Opinión destaca esos anuncios y cuando las leyes antisubversivas se endurecen aumentando las penas escribe que “si, por una parte, pueden representar restricciones a garantías procesales, por la otra, no debe olvidarse que quienes caen víctimas de la violencia de todo signo no tienen la más mínima posibilidad de defensa jurídica” y que “es preferible sufrir algún tipo de restricción de derechos a manos de representantes del Estado, que ser víctima de la violencia anónima”[77]. Ante la arbitrariedad absoluta del terrorismo de Estado contrasta el cuidado puesto en la fundamentación de ciertas sentencias, que cuando se imparten son desmedidamente duras. Las argumentaciones de los jueces deben justificar lo que en la retórica militar y en la práctica represiva permanece adrede indiferenciado: el punto a partir del cual la “subversión” es un delito y quien lo comete un criminal[78]. Las raras fundamentaciones publicadas debían en verdad poner en evidencia que, simultáneamente, se leen a diario múltiples referencias a “subversivos” que son “abatidos” por el simple hecho de serlo y sin que se expida un juez.

La diferencia entre un tratamiento y otro no es sólo de forma, sino que revela cómo se construyen en la prensa figuras sociales totalmente diferentes: hay casos atípicos de ciudadanos absurdamente condenados por su ideología, pero que son aún sujetos de derecho; los otros devienen anónimos homini sacri pasibles de ser “abatidos” impunemente.

Ambas noticias, sentencia judicial y “enfrentamiento”, donde se mata más allá de todo marco legal, convivían en la misma página para quien quisiera advertir la diferencia entre ambas[79].

Con el mismo objetivo de dar un marco de legalidad a la acción represiva y como respuesta a las crecientes presiones internacionales, el Ministerio del Interior comienza a difundir hacia diciembre de 1976 “listas de detenidos” que habrían sido liberados, junto con otros que estarían “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN)” u habrían sido “expulsados del país”[80]. Los medios las amplifican, en el afán de restituir la imagen de legalidad del régimen militar, y transcriben la lista completa de nombres, que eran leídos con ansiedad por los familiares de desaparecidos. La primera lista es anunciada en La Opinión como una gran novedad y da inicio a su publicación regular[81]. También La Nación informa que “se comenzará a dar la nómina de los que vayan saliendo en libertad” y luego las publica con frecuencia, destacando que muestran el “ajuste a las normas institucionales, legales y reglamentarias vigentes” y “respeto a las decisiones del Poder Judicial” por parte del gobierno[82].

Como en otras ocasiones, la agencia ANCLA había detectado las falsedades contenidas en estas listas y las expone en un cable de enero de 1977[83]. Denuncia que, según familiares de detenidos, las anunciadas liberaciones de presos no se concretan, que los nombres incluidos como “liberados” corresponden a procesados (al cesar la ‘disposición del Poder Ejecutivo Nacional’ continúan detenidos pero en jurisdicción de la Justicia) y aseguran que no han sido incluidos centenares que se encuentran cautivos sin proceso legal. El cable concluye:

Las fuentes atribuyen este hecho a un intento para tranquilizar la opinión internacional agitada por las continuas violaciones a los derechos humanos en el país. ‘Las ‘libertades’ no afectan ni siquiera al dos por ciento de los desaparecidos y detenidos en el país’ manifestó a ANCLA un alto miembro de la jerarquía eclesiástica local. ‘Además del engaño que supone esta medida hay que señalar que los miles de secuestrados nunca reconocidos oficialmente continúan siendo fusilados diariamente en ‘enfrentamientos’ inexistentes’, agregó el prelado. Fuentes responsables estiman en veinte mil el número de presos y desaparecidos en el último año.

Las primeras denuncias: miedo y perplejidad

La desaparición de personas se aplica en forma sistemática y masiva durante este período, pero su resultado, los desaparecidos, todavía no se han constituido públicamente como tales en tanto fenómeno colectivo. Son los habitantes de las noticias que se acaban de describir, pero la prensa analizada aquí no establece la conexión entre los desaparecidos de unas y los abatidos de otras. Las denuncias sobre desapariciones que llegan a la prensa son aún casos aislados y no siempre se caracterizan como tales ni aluden a la autoría estatal. Los casos que emergen en la superficie de los diarios no reflejan la dimensión ni el alcance verdadero del terrorismo de Estado, sino sólo las relaciones de poder e influencia y los niveles de compromisos asumidos que hacen que unos sean publicados y otros no. ¿Quiénes nombran a los desaparecidos? ¿Quiénes hablan públicamente del terrorismo de Estado y qué estrategias emplean para hacerlo? ¿Cuánto de ello es recogido por la prensa y en qué términos?

La Iglesia, organismos internacionales, gobiernos extranjeros, los políticos y las golpeadas asociaciones gremiales y profesionales fueron los primeros en decir o balbucear las denuncias. Por fuera de sus voces, se encuentran las denuncias aisladas de los familiares que acudían, como último recurso, a las presentaciones de hábeas corpus.

Las primeras desapariciones

A poco del golpe militar tiene lugar uno de los casos más resonantes del terrorismo de Estado cuando desaparecen en Buenos Aires los ex legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

Aunque sus cadáveres se encontraron y por lo tanto no son estrictamente desaparecidos, es un caso testigo porque a sólo dos meses del golpe deja claro que el terror estatal no se detendrá ante nada[84]. El caso da lugar a la primera alusión pública de las autoridades militares a la existencia de desapariciones encontrada en el material revisado, en un comunicado del gobierno que se refiere a “las desapariciones de periodistas ocurridas en los últimos días, las cuales provocaron honda preocupación en distintos círculos del país y del exterior —y de la cual participa, asimismo, el Gobierno”[85]. Cuando poco después se encuentran los cadáveres de Michelini y Gutiérrez Ruiz La Opinión le dedica al tema su tapa y la doble página central[86]. El caso es decisivo en la conformación futura de esta figura: el gobierno calificó a sus secuestros como desapariciones y se trata de asesinatos realizados con una impunidad tal que arroja sospechas sobre el Estado. La Opinión alude a la supuesta voluntad del gobierno de investigar y afirma que el caso “generó estupor e indignación en la Argentina y en el exterior” puesto que “el señor Michelini… se hallaba radicado en el país… en calidad de refugiado político, no habiendo infringido en ningún momento las normas del derecho de asilo”. Se reproduce una carta dejada por el propio Michelini sabiendo que estaba amenazado y otra enviada por Jacobo Timerman al presidente Videla “para impedir que el miedo nos lleve a la prensa complaciente que usted señaló como un peligro para la reconstrucción argentina” y denunciando que los diarios Clarín, La Razón y La Nación “han silenciado este dramático episodio”[87]. Los días siguientes La Opinión sigue el caso pero el gobierno no da ninguna información más.

El recuadro que le dedica La Nación al secuestro de los políticos uruguayos es la primera mención de la palabra desaparecidos en un titular de ese diario desde el golpe de Estado[88]. Luego reproduce el comunicado oficial y el del ACNUR y editorializa sobre el hecho remitiéndolo a una “ola de horror”[89]. Este caso da lugar a la primera ocasión en que la palabra aparece en un titular también en La Opinión, ya que hasta entonces había aparecido sólo en denuncias aisladas y al interior de artículos[90].

Cuando poco después desaparece y es asesinado el ex presidente de Bolivia Juan José Torres ambos diarios destacan la noticia pero La Nación la subordina a las denuncias del Ministro del Interior de una supuesta “campaña… para desprestigiar a las actuales autoridades”[91].

Así el gobierno, que tendría que dar explicaciones y garantías, se presenta como denunciante. Cuando Torres aparece muerto, los militares retoman los argumentos de la “acción psicológica” y la “sistemática campaña contra el país”[92].

Estos casos tempranos de asesinatos precedidos por secuestros contienen ya muchos de los elementos que caracterizarán a las desapariciones y de las respuestas que esgrimirán en el futuro los militares. La reacción del Ministro despliega todos los argumentos que irán ensayando sucesivamente ante las denuncias por desapariciones: negar toda participación estatal en el hecho o conocimiento de él, poner en duda la verosimilitud de la denuncia o la credibilidad del denunciante, atribuir los hechos a la “subversión” y contraatacar denunciando una campaña contra el país[93]. Finalmente, dice que al gobierno también le preocupa “este problema de desaparición de personalidades políticas y de presos” y desliza una pista sobre la magnitud del problema cuando afirma que la “campaña” se manifiesta también en “miles de cartas que todos los días llegan a los distintos despachos de los funcionarios… con tenores similares… y provienen de alrededor de veinte países fundamentalmente europeos”. Casi involuntariamente, como un niño incapaz de contener un secreto, los militares niegan el terror de Estado y a la vez dejan vislumbrar su dimensión verdadera. La alusión tangencial a las “miles de cartas” era en verdad una oblicua admisión y una velada amenaza: hay Torres desaparecidos por miles en el país.

La Iglesia

La Iglesia argentina presenta la paradoja de haber sido cómplice de la dictadura a nivel institucional mientras entre sus miembros hubo quienes se comprometieron con la denuncia de los crímenes estatales y fueron incluso sus víctimas. De algún modo, la Iglesia repitió en su interior la escisión, que atravesó a la sociedad toda, entre una dirigencia cómplice y una población perseguida y censurada[94]. Esa diversidad de voces también se percibe en la prensa, que reproduce por un lado la información sobre religiosos masacrados y las protestas más enérgicas de algunos obispos y, por otro lado, publica los documentos oficiales de la Comisión Episcopal, donde la violencia es aludida en forma abstracta.

Entre los primeros el caso más resonante fue el asesinato de cinco religiosos de la orden de los palotinos, acribillados salvajemente en su parroquia por la noche[95]. Todo en la forma en que se había cometido el crimen indicaba que era obra de un escuadrón de extrema derecha que actuaba impunemente[96]. El caso tuvo tal relevancia que al velatorio acudieron autoridades nacionales, militares y policiales; y un cura de esa orden religiosa expresó que “es necesario rogar a Dios no sólo por estas muertes sino por las innumerables desapariciones que ocurren cotidianamente”, palabras reproducidas en la prensa en una de las primeras alusiones públicas a las numerosas desapariciones[97].

Cuando poco después son asesinados dos curas en la provincia de La Rioja los obispos se reúnen con Videla y reclaman “adoptar disposiciones que lleven tranquilidad a muchas familias que desconocen el paradero de sus miembros”[98]. Al poco tiempo se informa de la muerte del obispo de La Rioja, monseñor Angelelli, en un accidente en la ruta luego de asistir al velorio de aquellos sacerdotes y su funeral convoca a 6.000 personas, una cantidad de gente reunida en público insólita en dictadura[99]. La Opinión expresa en tapa la “duda” sobre la muerte del obispo porque, afirma, “hay muchos tribunales secretos en la Argentina que se arrogan el derecho de disponer sobre la vida”[100].

Por fuera de estos casos aislados, las menciones directas a los desaparecidos surgen sólo de declaraciones individuales de religiosos[101]. La estrategia oficial de la Iglesia privilegió las gestiones reservadas antes que las denuncias públicas. La Conferencia Episcopal Argentina envió notas a la junta militar aludiendo a las “muchas muertes sobre las cuales el tiempo pasa, y nunca se sabe cómo ocurrieron, quién o quiénes son responsables” y advirtiendo que “todo ello causa en nuestro pueblo inquietud y desasosiego” y “las gentes se preguntan en la intimidad de su hogar o del círculo de amigos —porque el temor también cunde— qué significa todo esto”[102]. El presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Primatesta, declaró a la prensa que “no siempre una gestión pública puede tener la misma eficacia” y pidió a “los católicos y a los hombres de buena voluntad” que “por sobre todas las circunstancias más o menos difíciles levanten la mirada a Dios”[103]. La prudencia de los comunicados y la privacidad de las gestiones, sin embargo, no habrían evitado las fricciones con el gobierno. La agencia ANCLA informó sobre “una situación de creciente tensión entre la Iglesia Católica y el gobierno militar” y en octubre de 1976 los obispos emitieron un documento oficial donde se refieren a los sacerdotes detenidos y desaparecidos[104].

Los reclamos internacionales

Los gobiernos extranjeros y organismos internacionales jugarían un papel fundamental en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en Argentina y tomaron la palabra muy pronto. En la mayor parte de los casos, en esta etapa, se trata de gestiones por personas particulares y no de acciones políticas contra el gobierno militar por la represión en sí. Por nacionales de sus países hay gestiones de los gobiernos de Alemania Federal, Suecia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Cuba e Israel, que llegan a los diarios argentinos como ecos de las acciones diplomáticas. En todos los casos la fuente de información son cables de agencias de noticias extranjeras fechados fuera del país, que los diarios publican violando la norma que lo impide. El reclamo de Alemania Federal por la desaparición de dos ciudadanos de ese país amenaza derivar en un escándalo diplomático cuando una carta del canciller Helmut Schmidt a Videla tarda semanas en ser respondida, mientras la madre de uno de ellos hace una huelga de hambre en una plaza de Bonn[105]. El gobierno alemán alude a informes de que sus ciudadanos “fueron secuestrados por la policía secreta argentina” pero Argentina responde que “carece de pistas” sobre su paradero y expresa su “pesar por el episodio”[106]. Más tarde, Videla afirma que “jamás estuvieron en poder de las autoridades” y promete “la plena cooperación ulterior”[107]. El caso de la joven sueca Dagmar Hagelin, que se haría luego muy conocido, es informado ya en 1977 en los diarios locales, donde se lee que el gobierno sueco pide al argentino “que haga lo posible por encontrar a una muchacha sueca que, según se informó, fue baleada y secuestrada… el 27 de enero último”[108].

También se leen en la prensa gestiones de la cancillería israelí por la libertad de ciudadanos israelíes y judíos, la desaparición de dos funcionarios de la embajada cubana en Buenos Aires (tras lo cual Fidel Castro convoca al embajador argentino en Cuba), la gestión de Gran Bretaña por dos súbditos detenidos en Córdoba y la presión de EE. UU. por un sacerdote de ese país detenido sin cargos en Córdoba ante lo cual el gobierno responde que en el país rige un régimen de excepción y Washington, por su parte, que se está vulnerando la convención de Viena[109].

En todos estos casos los gobiernos extranjeros actúan en defensa de su propio interés, es decir, de la protección de sus ciudadanos. Es la acción de un afectado directo y no de una tercera parte neutral que intermedia entre otras dos. Los actores internacionales, sin embargo, comenzarán a jugar ese rol cuando, más allá de estas gestiones concretas, se interesen por la suerte de otros detenidos y presionen por la política de represión ilegal. Cuando a comienzos de 1977 el gobierno holandés “manifiesta su inquietud” por un detenido argentino se produce una inflexión significativa ya que se transgrede la relación entre protección estatal y ciudadanía que sí está presente en los demás casos: a diferencia de los ciudadanos extranjeros a quienes sus embajadas buscan rescatar, aquí un país europeo se interesa por la suerte de un argentino en su propio país; una negociación mínima realizada dentro de los breves márgenes que habilita la diplomacia, pero significativa como evidencia de la condición de abandono legal de los desaparecidos[110].

Las gestiones por casos puntuales, orientadas por la urgencia por salvar vidas, se combinan poco a poco con las acciones de denuncia más generales, destinadas a hacer públicas las atrocidades del régimen y que van creando un clima internacional cada vez más adverso a la junta militar. En septiembre de 1976 se anuncia que una comisión del Congreso de EE. UU. realizará una audiencia sobre los derechos humanos en Argentina[111]. El régimen militar y sus aliados reaccionan agresivamente: el parlamento estadounidense recibe una carta con unas cien firmas “remitida por un grupo de mujeres argentinas” en defensa de las FF. AA.[112] Igualmente irritado responde el gobierno a un informe crítico de la CIDH, arguyendo que “considera violación de los derechos humanos el hecho de que fuerzas militares o policiales luchen contra la delincuencia”[113]. En el plano europeo, La Opinión informa que políticos de primer nivel pidieron a la ONU que la comisión de derechos humanos examine el caso argentino; aunque agrega que “dichos políticos parecían ignorar el grado de conmoción interna que el país sufrió” al dar espacio en primera página al tema muestra cómo las gestiones internacionales resonaban dentro del país y contribuían a darle visibilidad a las denuncias contra el régimen[114].

Las medias rojas de Amnesty International

Las visitas de inspección de organismos humanitarios internacionales serían un problema para los militares argentinos. Cuando un funcionario de la Justicia francesa llega al país enviado por la Federacion Internacional de los Derechos del Hombre “para informarse sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina”, la noticia pasa relativamente desapercibida, pero cuando con ese fin arriba una misión de Amnesty International (AI), el periodismo responde en complicidad con la agresiva postura oficial[115].

La Opinión mantiene una distancia crítica con el organismo humanitario[116]. Su director escribe que si AI no contempla “el conjunto del problema” argentino “su visión sería muy parcial”, destaca la libertad que tuvo la delegación para investigar y desmiente la gravedad de los episodios de antisemitismo en el país[117]. La cobertura de La Nación, en cambio, es frontalmente pro militar y apenas modifica la presentación intencionada de los hechos que envían los despachos de la agencia oficial Télam. El cable oficial reproduce las declaraciones de los visitantes en diálogos entrecortados y descontextualizados y se burla de las sospechas de la delegación de AI de que los supuestos fotógrafos son policías encubiertos. En la Argentina de la “higiene” y la “normalidad”, donde los cadáveres se ocultan y los crímenes se niegan, los enviados extranjeros son ridiculizados por su atuendo: Télam critica a Lord Averbury, presidente de la comisión de derechos humanos del parlamento británico, porque “vestía ropas arrugadas y manchadas, particularmente las solapas del saco” y “se exhibía despeinado”.

El cable omite que Averbury venía de pasar seis horas conversando con presos políticos en la cárcel de Villa Devoto y destaca su “camisa y medias rojas”[118].

En la segunda referencia a la visita, más sobria, La Nación afirma que la delegación se reunió con funcionarios del gobierno y que “los visitantes se interesaron por la situación de los detenidos… por los casos de desaparecidos y por denuncias de torturas” y manifestaron “preocupación por la posibilidad de que refugiados por causas políticas fueran devueltos a sus países de origen”[119]. Según Télam respondieron con “frases incoherentes y evasivas” y “actitudes negativas” y “rehuyeron decir al periodismo cómo se financia la organización y por qué razón no investigan… los países comunistas”[120]. Por último, la agencia oficial critica su reunión de prensa, afirma que negaron información a periodistas locales pero se la dieron a extranjeros y cuestiona una vez

más cómo se financió su estadía[121]. Antes de irse del país, los enviados de AI deben declarar que también les preocupan “las atrocidades que cometen los terroristas” y Lord Averbury justificar la elección de su vestuario[122].

La versión de la visita de AI que ofreció ANCLA es el negativo perfecto del relato oficial. Informó que los visitantes “fueron objeto de un operativo de inteligencia de la policía federal, que se instaló en el mismo hotel que ellos, puso micrófonos en sus habitaciones, entró a ellas para fotografiar documentos y filmó a quienes se acercaron a ellos”[123]. La agencia clandestina denunció también que los servicios de informaciones militares “que orientan el comentario de casi la totalidad de la prensa” diseñaron una política de acción psicológica y contrainformación. El despacho añade que “en esas condiciones fue imposible que decenas de millares de personas que tendrían denuncias que hacer a Amnesty se acercaran a los enviados. Sólo pudieron hacerlo algunos corresponsales extranjeros… diplomáticos y unos pocos políticos insospechables”. Sin embargo, concluye el cable, “el período en que los representantes de Amnesty estuvieron en el país ha sido… uno de los más duros que se recuerdan en la Argentina. En una semana cuatrocientos nuevos rehenes ingresaron en campos de concentración de donde sólo se sale para ser fusilado”.

Los refugiados sin refugio

Cuando desaparecen los uruguayos Michelini y Gutiérrez Ruiz se encuentra en el país el director del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Al mencionar su visita junto a los secuestros de los políticos uruguayos, La Opinión advertía que el funcionario “no podrá dejar de interesarse por la forma en que se hace honor… a la hospitalidad argentina” y que los “extranjeros que se acogieron a ella no son delincuentes comunes: son hombres con los cuales el país ha contraído un deber de protección”[124]. Pero los parlamentarios asesinados no eran sino los casos más notorios y alevosos de la persecución que sufrían miles de refugiados de países limítrofes, a menudo en colaboración con los servicios secretos de sus países. En julio de 1976 el representante de ACNUR en Argentina se interesa por la desaparición de dos chilenos y una uruguaya que se encuentran bajo protección de esa entidad y anuncia que en Ginebra se reciben “ofertas de países dispuestos a aceptar algunos de los 14.000 asilados que ampara la entidad argentina”[125]. Se informa además que muchos de ellos han iniciado una huelga de hambre para llamar la atención de otros países que puedan recibirlos de forma “definitiva”. Un día después los diarios anuncian que algunos podrán dejar el país, pero el ayuno que realizan 500 de ellos recién se levanta cuando países europeos y Canadá, por gestión del representante de ACNUR, anuncian que ampliarán el cupo de refugiados sudamericanos para recibirlos[126]. El organismo humanitario, sin embargo, parece mantener una lucha contra el tiempo ante el avance de la represión: dos días después denuncian la desaparición de 17 ciudadanos uruguayos, incluyendo dos niños y semanas después se informa que “cuatro países han aceptado recibir a más de 1.500 refugiados políticos… residentes en la Argentina” pero quedan “8.000 refugiados aguardando trasladarse a otros países[127].

En La Nación el tema se lee por primera vez cuando se roban legajos de refugiados de una oficina católica, hecho que para ACNUR “revela la gravedad de la situación, especialmente en el ambiente de violencia” que existe en el país a lo que el gobierno responde que “no existen situaciones de peligro específico (sic) para los refugiados ni para los ciudadanos provenientes de otros países latinoamericanos”[128]. Al día siguiente, sin embargo, ese diario informa que en allanamientos a hoteles donde residen refugiados se ha secuestrado a 25 personas que se hallan protegidas por ACNUR[129]. Un día después el organismo humanitario informa que los refugiados aparecieron y que “fueron objeto de malos tratos e intimidaciones durante su cautiverio” pero deslinda diplomáticamente la responsabilidad de las autoridades[130].

La Nación, que informa sobre los refugiados llamándolos “extranjeros”, mantiene una actitud de distancia y desconfianza hacia los asilados políticos, como expresa abiertamente en un editorial[131]. Esta posición se convierte ya en construcción periodística interesada cuando informa que “un grupo de 60 asilados de nacionalidad chilena y uruguaya iniciaron una huelga de hambre en apoyo de sus reclamos para obtener de las Naciones Unidas… el traslado y la radicación en otro país”; lo cual un lector desprevenido podría leer como “la ONU los protege, pero ellos reclaman, están insatisfechos”. El artículo se refiere a “los huelguistas, entre los que se encuentran varios niños…” —sugiriendo que obligan a hacer huelga y pasar hambre a sus niños— y agrega que reciben alojamiento y comida “por cuenta de la mencionada organización internacional”[132]. Quien leía el texto sin tener información sobre el peligro real de los refugiados podía entender, en efecto, que se trataba de haraganes mantenidos por una organización internacional y malvados con sus hijos, que “no han podido integrarse a la sociedad argentina por falta de documentos”, por más que el vocero del grupo afirma que su deseo es “reiniciar una nueva vida, salvar nuestros grupos familiares… ofrecerles un porvenir a nuestros hijos” y recalca que su acción “no tiene connotación política alguna” y que ellos no tienen ninguna vinculación con “entes, organismos o sectores argentinos”.

Lo que el vocero de los refugiados en el fondo dice, puede interpretarse con Agamben, es: somos nuda vida, no hacemos política, subsistimos biológicamente pero queremos más que eso, aspiramos a formar parte de alguna sociedad, inscribirnos como ciudadanos, ser sujetos políticos. Tal la condición del refugiado, que comparte con el desaparecido el signo del homo sacer, la condición de haber quedado por fuera del vínculo jurídico–político del Estado, excluido de toda jurisdicción territorial. Los refugiados cuentan sólo con la protección de ACNUR, ese Estado para los a–ciudadanos, provisoria patria de los sin–patria, que carece de soberanía propia y sólo intermedia entre otros Estados por las frágiles vías diplomáticas.

La crónica de que hay familias enteras instaladas en embajadas durante semanas, aterradas ante la sola idea de abandonar el edificio, es presentada con sugestivas comillas de distanciamiento por La Nación cuando informa que asilados chilenos se niegan a dejar la representación extranjera “arguyendo ‘razones de seguridad’”[133]. La gravedad de la situación es confirmada por la rapidez con que en los días sucesivos todos ellos dejan la Argentina, llevados hasta el aeropuerto por diplomáticos canadienses[134]. Los refugiados acampando en una representación diplomática extranjera, aferrados a un territorio mínimo de protección, son otra evidencia de la situación de abandono absoluto al poder discrecional del Estado ante el cual sólo cabe implorar la adopción jurídica de otro país. Su situación revela lo que Giorgio Agamben considera el fondo de la crisis de la relación entre el Estado y los ciudadanos “al romper la continuidad entre hombre y ciudadano, entre nacimiento y nacionalidad”[135].

La condición de refugiado impone, a cambio de protección, la prohibición de actividad política: el rescate por parte de la organización humanitaria se produce sólo al costo de reducir su vida política a mera humanidad, la condición de ciudadano cede a la de vida por salvar. La huelga de hambre debe entenderse en este contexto como el último recurso de quien ha sido privado de todo derecho y cuenta sólo con su vida desnuda. En tanto no–ciudadanos, los refugiados no pueden “peticionar a las autoridades” y los lazos sociales están condicionados por los límites que impone la condición de “refugiados”: son sólo nuda vida y reclaman poniendo en juego lo único que poseen, su subsistencia biológica. Como el desaparecido, el refugiado ha caído por fuera del contrato político del Estado y regresa a él sólo como nuda vida. El soplo de existencia que sobrevive en el chupadero, expuesto a la muerte impune de su verdugo, es tan poco ciudadano como el refugiado que no puede retornar a su país sin ser capturado y ha quedado atrapado en el lugar de asilo por el golpe militar.

Políticos y periodistas

Si se interrogan las ausencias más que las presencias, las informaciones publicadas indican por omisión todos los casos de secuestros y desapariciones de los que no hay noticias. La proporción de afectados por el terrorismo de Estado entre los periodistas, los abogados y los miembros de la Unión Cívica Radical (UCR) en comparación con miembros de otros partidos políticos u otras profesiones es mínima.

Sin embargo, en la prensa revisada estos adquieren una visibilidad desproporcionadamente alta en comparación con otros grupos.

El nivel de censura a la clase política es tal que se impiden hasta las reuniones de apariencia más inocua como un “asado criollo” ofrecido por un ex embajador[136]. Los pronunciamientos de los políticos son pocos y aislados y muestran que ni ellos parecen poder creer cuán lejos está llegando la represión[137]. Esporádicamente hace oír su voz la UCR, un partido que contrariamente a lo que indica su nombre sostiene posiciones moderadas, cuando sus miembros son objeto de la represión ilegal[138]. Ésta afectó a figuras notables de ese partido, como los ex legisladores Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Amaya, abogados defensores de presos políticos desaparecidos[139]. Cuando ambos dirigentes son secuestrados la UCR emite una declaración de condena a “la violencia que… se ha caracterizado por muertes, secuestros y desapariciones, de los que han resultado víctimas civiles y militares, empresarios y obreros, jóvenes y policías…” y protesta por la tortura y muerte de un militante y por “el secuestro en circunstancias preocupantes” de los ex legisladores, requiriendo su investigación y castigo[140]. Los parlamentarios fueron falsamente “liberados” por presiones de la CIDH semanas más tarde, vueltos a capturar y llevados a una cárcel común, donde Anaya murió a raíz de los golpes recibidos[141]. Los principales dirigentes radicales participaron del velorio, que por prohibición del Ministerio del Interior no pudo realizarse en un local partidario[142].

Poco después, el asesinato de otros dos abogados radicales cuya desaparición se había denunciado convoca a toda la dirigencia de la UCR en el sepelio, donde Ricardo Balbín declara su “indignada protesta” por el hecho y, sin señalar responsables, reclama “el total monopolio de la fuerza en manos de los organismos de seguridad”[143].

Otro grupo donde los reclamos por la represión son más o menos orgánicos y alcanzan cierta repercusión es el de los propios trabajadores de prensa. Hay reiteradas y periódicas denuncias de desapariciones, secuestros y/o asesinatos de periodistas que, por razones de solidaridad gremial y por la propia visibilidad inherente a la profesión hacen que, pese al miedo y la censura, algunas tomen estado público. Así sucede cuando “personal del periódico El Cronista Comercial” denuncia la “‘desaparición’ de un colaborador”, dejando en claro que son sus compañeros y no la patronal quienes realizan la denuncia[144].

Cuando desaparece un periodista de La Opinión, son sus compañeros quienes alertan sobre su desaparición que “debido a que vive solo… sólo fue advertida a través de su ausencia de los medios en que se desempeña”[145]. El redactor aparece, al igual que un periodista de TV cuya desaparición tuvo amplia repercusión en la prensa, donde se informó sobre las gestiones de sus parientes y del canal donde trabaja ante autoridades y jefes eclesiales[146]. El periodista es liberado y La Opinión lo comunica cuestionando esta “nueva modalidad de violencia” donde se secuestran personas “para efectuar interrogatorios” y aunque “no se los somete a apremios físicos”, “la violencia física y psicológica” no es “menos que en otros casos”[147]. El detalle de las gestiones por el colega y las referencias a su falta de “militancia política de ninguna naturaleza” cobran sentido si se las contrasta con el secuestro de otro renombrado periodista y escritor, Haroldo Conti, de cuya desaparición en mayo de 1976 no se hace eco ningún medio[148]. Aunque el caso tuvo repercusión en el extranjero fue ignorado por la prensa local, donde sólo lo informó el Buenos Aires Herald[149]. Sólo mediante el discurso indirecto, semanas más tarde, La Opinión alude a la situación de Conti informando que en un almuerzo de escritores con Videla, uno de ellos expresó su preocupación por Haroldo Conti, “un cristiano que fue secuestrado hace dos semanas y del que no sabemos nada”[150].

La petición por varios compañeros detenidos por parte de trabajadores del diario cordobés Los Principios es otra valiente excepción al silencio generalizado. También reclama la SIP, que pide se levante la clausura del diario y se libere al personal detenido puesto que los “efectos en los ánimos del público son más dañinos que cualquier publicación que hubiera aparecido”[151]. A lo largo de todo este período se leerán noticias de secuestros y desapariciones de periodistas, a veces en días sucesivos[152]. En un mensaje de fin de año, ADEPA reclama por “los hombres de prensa que siguen detenidos sin que se les formule acusación” y por la seguridad en el ejercicio de la profesión; apenas comenzado 1977, sin embargo, las noticias sobre desapariciones de periodistas continúan[153].

Se leen otros pedidos por personas secuestradas o detenidas ilegalmente que hacen sus colegas a través de sus agrupaciones profesionales[154]. La Sociedad de Escritores reclama en forma abstracta y general[155]. Los actores se preocupan por su seguridad[156]. Los abogados expresan su preocupación por “la aparición masiva de cadáveres sin identificación” y mencionan sin eufemismos las desapariciones[157]. Las denuncias por los abogados desaparecidos siguen el mismo curso que la mayoría de los reclamos ante la falta de respuesta: se hace partícipes a organizaciones extranjeras y se da cuenta del carácter colectivo que adoptan las denuncias[158].

Ni los periodistas ni los abogados fueron el sector profesional más afectado por la represión, ni la UCR el partido con mayor número de desaparecidos. Se trata en todo caso de colectivos que articularon denuncias cuando los suyos fueron objeto directo de la represión —no comprometiéndose por otros casos— o que recibieron mayor atención en los diarios estudiados. Como sea, las denuncias aisladas por desapariciones de miembros de la UCR dejan en evidencia por su ausencia al otro partido de masas, el justicialista, por el absoluto mutismo de sus líderes mientras sus militantes caían por miles.

Fuera de estas agrupaciones profesionales, la mínima actividad sindical que subsiste es registrada por ANCLA. Según la agencia clandestina el gobierno se halla “agobiado por una ola de huelgas, sabotajes y atentados que trastornan a diario el funcionamiento de trenes, puertos y aeródromos, plantas generadoras de energía, bancos, diarios, fábricas de automóviles y de neumáticos…”[159]. Lo único de esa “ola” que llega a la prensa masiva son las movilizaciones por 40 detenidos del sindicato de Luz y Fuerza, que continúa funcionando bajo intervención militar.

En un movimiento que anticipa a las organizaciones de familiares, acude a una entrevista con el interventor “un grupo de unas 80 mujeres, casi todas esposas y madres de los obreros detenidos durante el último conflicto”[160]. El grupo se dirigió luego a la central eléctrica y, según La Opinión, “durante el tiempo que estuvieron en el lugar, se suspendió el trabajo y todo el personal acompañó con aplausos la gestión de las mujeres y el tráfico se interrumpió en toda la cuadra”.

La Nación también informa que “el ingreso del grupo de 80 personas en SEGBA determinó una momentánea paralización de tareas en el edificio, ya que el personal se solidarizó con la gestión que efectuaban los parientes de los detenidos”[161]. Cuando pocos meses más tarde desaparece Oscar Smith, ex secretario de ese poderoso sindicato, la noticia se lee en ambos diarios con abundante información de contexto sobre la actividad del gremio[162]. En días sucesivos La Opinión sigue el caso reproduciendo repudios y comunicados “de gobierno, empresas, Segba y trabajadores” y La Nación publica en tapa que el gobierno condenó el hecho, por la intención de sus autores de perturbar la normal relación entre las empresas y los trabajadores”[163]. Allí se emplea en tapa la palabra desaparición, que el texto oficial emplea indistintamente junto con secuestro para nombrar el hecho, como si se tratara de un delito común. El caso Smith da lugar a nuevas protestas y cierta agitación en el sindicato, cuya ex conducción pide una entrevista con Videla y deja traslucir, aun en una prensa censurada, que no fue fácil ni gratuito para el régimen desarticular el intenso activismo gremial previo al golpe militar, aunque las acciones no servirían para rescatar a Smith ni evitar que se convierta en un desaparecido más[164].

La soledad de los desaparecidos

Salvo casos prominentes o miembros de grupos de pertenencia como los recién mencionados, la mayoría de los desaparecidos han quedado desguarnecidos de una voz institucional. La densa trama social activa bajo el gobierno constitucional se ha desvanecido por la persecución y el terror. A la represión sobre las organizaciones de base se suma el hecho de que las organizaciones armadas actuaban en la clandestinidad, lo que acentuaba la desconexión de sus militantes con sus redes de pertenencia, incluyendo sus familias. Al igual que los desaparecidos, sus parientes y amigos también quedan solos a la hora de las denuncias y averiguaciones. Si, como se ha visto en el capítulo anterior, los reclamos anteriores al golpe de Estado todavía podían articularse por canales orgánicos como sindicatos, partidos políticos o agrupaciones estudiantiles, la prohibición de todas las actividades que involucren organizaciones civiles de este tipo destruye la red social que habría podido contener a los desaparecidos y sus allegados en su soledad. Las denuncias que se leen en la prensa son islas de desesperación individuales, atomizadas, sin el aval de ninguna organización social.

El aislamiento que experimentaban los familiares de desaparecidos los llevó en un primer momento a encarar acciones individuales. El modo de denuncia más frecuente era el recurso de hábeas corpus, que se analiza por separado. También se hacían peticiones directas a las autoridades o ante los periódicos o se combinaban ambas. La esposa de un abogado secuestrado le envía a Videla una extensa nota, reproducida en La Opinión, donde se refiere a la “desaparición” de su esposo y destaca su trayectoria política por la cual “no puede ser imputado, ni remotamente, de ser partícipe o adherente de hechos o actos vinculados con la subversión”[165]. Emilio Mignone, un pionero del movimiento de derechos humanos que pronto se da cuenta de que los recursos de hábeas corpus por su hija no dan resultado, también envía una carta al presidente, junto a otro padre afectado, que luego distribuye a los diarios y donde solicita información sobre el “paradero y situación de sus hijos… presuntamente detenidos por fuerzas de seguridad”[166].

Las versiones acerca de los medios receptivos a denuncias circulaban entre los familiares de desaparecidos, que sabían que en las redacciones del Buenos Aires Herald o La Opinión los reclamos por sus familiares, si no eran publicados, eran al menos escuchados. Sin embargo, la eficacia de su difusión era dudosa: Jacobo Timerman dio testimonio de sus propios temores de que la aparición de éstos en su diario pudiera hundir aún más a los desaparecidos[167]. Es posible imaginar que la impotencia y desesperación de esos padres los movieran a buscar cualquier tipo de apoyo, por mínimo o riesgoso que fuera.

La evidencia ha demostrado que ninguna gestión era eficaz a la hora de salvar vidas, pero la publicación de estas denuncias era un modo de hacer pública la situación para quien quisiera leerlo y restituía una mínima solidaridad hacia los familiares. Ellos, testimonia Timerman,

saben que no puedo hacer nada. Pero no tienen adonde ir, y recurren a La Opinión porque dicen que es el único diario que se ocupa de los desaparecidos. (…) ¿Cómo decirle a esta mujer que si publico la historia de sus hijos, lo más probable es que constituya una condena a muerte? ¿Cómo decirle que el gobierno jamás tolerará que se suponga que la publicación hecha en un diario puede salvar una vida? Permitir esto significaría perder el poder de represión, la utilización del Miedo y el Silencio[168].

En La Nación estas denuncias directas son mucho más excepcionales[169]. Puede suponerse que, al no ser parte de la política de la dirección del diario, su publicación dependía del margen de acción y la disposición personal a correr riesgos de periodistas individuales. Las pocas denuncias directas de afectados aparecidas en este diario provienen de la ciudad de Rosario donde, como se vio en el capítulo 1, la corresponsalía local asumía personalmente la decisión de difundirlas.

La construcción social del desaparecido: “por algo será”

La difusión de desapariciones de colegas, de copartidarios, de familiares son un modo de decir: “mi compañero, mi amigo, mi esposo, mi hijo no es un homo sacer, tiene derechos y garantías, nadie puede matarlo impunemente, no es un paria jurídico ni social”. Si hay alguien que reclama por ellos, eso los devuelve a la sociedad con la que se hallan vinculados por lazos laborales, ideológicos, afectivos. En ese esfuerzo por “salvar” a sus seres queridos, sin embargo, se realizan a menudo torsiones discursivas que tienden a “inocentizar” a los desaparecidos de supuestas transgresiones o informuladas sospechas, como si la eventualidad de que hubieran cometido un crimen pudiese acaso justificar la desaparición.

Las denuncias, entonces, enfatizan los rasgos de los desaparecidos que los puedan alejar de la definición militar de “subversivo” reproducida hasta el hartazgo en los medios. Se trata de mostrar que son ciudadanos respetables, que su conducta es regular, que no han transgredido las leyes invisibles emitidas por el poder militar. El padre de un desaparecido destaca así que su hijo “es periodista profesional, que no desarrollaba actividad política alguna y que hasta hace pocos días se desempeñaba como delegado sindical de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires”[170]. Una madre escribe a Videla ante el resultado negativo del hábeas corpus interpuesto por su hijo estudiante, destacando que ni ella ni su esposo observaron nunca “nada irregular” en su vida[171]. Hoy es posible preguntarse qué hubiera sido eso “irregular” que habría permitido explicar el secuestro y la desaparición, pero entonces la desesperación de los familiares sólo aspiraba a absolver por adelantado a sus seres queridos de una acusación desconocida en un juicio inexistente[172]. Lo que la urgencia de los familiares por salvar a sus allegados no puede prever es de qué manera cada denuncia de éstas acentúa la división simbólica que en la sociedad ya se establece entre la vida desnuda y sin derechos del subversivo/desaparecido y la comunidad respetable que debería estar a resguardo de esos hechos. La verdad que esas mismas denuncias revelan, sin embargo, es precisamente que cualquiera puede ser desaparecido, que nadie está a salvo: desaparecen conscriptos y estudiantes, ancianos y niños, profesionales y obreros[173].

Los esfuerzos de los familiares por situar a sus seres queridos “de este lado” de la línea que define al homo sacer se prueban no sólo ineficaces sino problemáticos al sugerir que algunas víctimas serían entonces “más víctimas” que otras. La denuncia del nivel de masividad y arbitrariedad de la represión, que no respeta cargos, posiciones sociales, profesiones ni edades es importante en tanto revela el carácter masivo, total, del terrorismo de Estado; pero cuando se suma a estas estrategias de gestión por casos individuales, genera involuntariamente la creencia de que en cambio un terrorista armado y peligroso no tiene derecho a un juicio justo o puede ser simplemente abatido. La insistencia en la “inocencia” de los desaparecidos no comprometidos políticamente se completa con la presunción inversa de “culpabilidad” de quien sí lo estaba. Así, las declaraciones sobre la “no irregularidad” de los detenidos y secuestrados tienen su polo opuesto y complementario en la frase de triste memoria que circulaba en esa época ante la noticia o evidencia de una desaparición: “por algo será”.

Los rumores de personas secuestradas generaban en buena parte de la población una primera inquietud: ¿en que andaría?, ¿andaba en algo?, frases que callando lo impronunciable de la época (la actividad política o gremial) buscaban una explicación para el hecho que pudiera a la vez ser tranquilizadora: “Si x desapareció porque estaba en algo, a mí que no estoy en nada, nada malo puede ocurrirme”. Aunque quedó probado que no hubo posición social ni ideología política que inmunizaran del peligro de convertirse en un desaparecido, ese modo de razonar actuaba en lo inmediato como una ilusión de autopreservación. La probabilidad de que un ciudadano medio hubiera presenciado algún procedimiento —en su mayoría contra civiles desarmados— es alta. Ante esa evidencia, la reacción inmediata era la confianza en la inimputabilidad propia simétrica a la culpabilización del secuestrado: en algo andaría, algo habrá hecho, por algo será.

La extensión y pregnancia del por algo será no es un fenómeno anecdótico o marginal al terrorismo de Estado sino su contracara necesaria, a la vez su consecuencia y su condición de posibilidad. De su inextricabilidad con la implementación de la represión da cuenta el hecho de que se lo incluyera ya en el prólogo del Informe Nunca Más[174]. Esta práctica de inculpar a la víctima de la brutalidad estatal, escribió Jaime Malamud Goti, continúa mostrando sus consecuencias hasta la actualidad[175]. Desde el régimen militar, afirma este autor, en la sociedad argentina la inculpación se ha vuelto sobre la víctima: “pensamos en la víctima como perteneciente a una comunidad diferente de la nuestra”[176].

Hacia la denuncia colectiva

Hemos ubicado hacia marzo y abril de 1977 los sucesos claves que indican una inflexión en la constitución del “desaparecido” como categoría colectiva en la prensa, pero antes de esa fecha ya hay indicios y señales que van dando cuenta en público de su carácter plural. Dos episodios que registra la prensa de este período se orientan en este sentido.

El primero es el anuncio del Ministerio del Interior, reproducido por los diarios, de que una repartición informará sobre la situación de detenidos a disposición del PEN, y la crónica de que dicha oficina se llena de gente el primer día de atención. La Opinión celebra que “por primera vez se ofreció públicamente a los familiares de estos presos una directiva precisa y concreta sobre el lugar donde deben acudir para recabar informes” y agrega que según el ministerio “en la atención se tiene en cuenta el especial estado anímico de los consultantes”[177]. Aunque la información no alude a desaparecidos, el hecho da la medida de la cantidad de casos en busca de esclarecimiento, con lo cual la dimensión colectiva del problema adquiere visibilidad. El diario agrega:

La tranquila fisonomía habitual de la Casa Rosada se vio quebrada ayer cuando una larga cola —formada en su mayoría por mujeres— desfiló por las dependencias policiales que allí funcionan, para requerir información acerca de familiares detenidos a disposición del Poder Ejecutivo.

Según la crónica más sosegada de La Nación “un grupo de personas, en su mayoría mujeres, concurrió ayer, de mañana, a la Casa de Gobierno para informarse de la situación de familiares detenidos”[178].

Aunque disimulada en el fárrago informativo y sin comentario editorial, esta breve noticia da una primera medida de la condición plural de los reclamos.

Un mojón más decisivo en esta dirección es la nota que envía la APDH a Videla, en la primera declaración de un organismo de derechos humanos que se lee en la prensa desde el golpe militar. En lenguaje cauteloso, los firmantes se manifiestan personas “preocupadas por la situación de violencia” y nombran “los asesinatos a mansalva, secuestros, desapariciones, saqueos, atentados, cadáveres hallados en caminos, calles o parques”[179]. La APDH, que ha escrito desapariciones en plural, acompaña la carta con documentación de casos. Esta nota representa una inflexión desde los reclamos “abstractos” contra la “violencia” y las “desapariciones” hacia la articulación de los reclamos y su denuncia concreta. La APDH recoge y reúne los casos individuales y en ese movimiento ampara los reclamos atomizados de los familiares: les da un marco de interpretación, los incorpora en una acción colectiva; tal como lo harían luego los demás organismos de derechos humanos.

Aún si no sirvió para salvar vidas, su acción fue fundamental para llevar lentamente el tema a la opinión pública, darle trascendencia internacional y, lo cual no es poco, ofrecer contención a los parientes de desaparecidos en su soledad. Ante un proyecto político que se basaba en la desintegración de las redes sociales, el alcance de la laboriosa reconstrucción de esos vínculos, por mínimo que fuera, tenía un valor enorme.

Poco después la APDH anuncia la realización de unas “Jornadas Nacionales por los Derechos Humanos” a las que invitan a Videla, a quien no le queda más opción que responder. Así la organización obtiene una mínima seguridad para su evento —aunque sólo sea un telegrama formal declinando la invitación— y La Opinión aprovecha el flanco abierto por la nota del presidente para destacar en tapa la “trascendencia política del telegrama del general Videla” que “aparece como… un apoyo a la labor que desarrolla”[180]. Meses más tarde la APDH realiza un nuevo encuentro y emite un documento que no alude a desaparecidos pero sí a un “clima de temor en el que… nadie se siente seguro” y pide difundir “listas de detenidos y lugares de detención… único modo de disipar la prolongada agonía de miles de familias que ignoran el paradero de sus seres queridos”[181]. La declaración, como tantas otras peticiones, queda sin respuesta, pero los familiares de desaparecidos se refieren a “miles de familias” y documentan una pluralidad de casos anticipando la acción orgánica y colectiva que tendrían de ahí en más: un lento camino en el cual de a poco estarían menos solos.

Hábeas corpus: un cuerpo que mostrar

Ante un Poder Ejecutivo usurpado y un Poder Legislativo inexistente, los ciudadanos pudieron haber visto en el Poder Judicial un resquicio de legalidad por donde canalizar institucionalmente sus reclamos. Las denuncias elevadas a la Justicia adoptaron en la enorme mayoría de los casos la forma del recurso de hábeas corpus.

El hábeas corpus representa una de las garantías individuales básicas al prescribir el derecho de todo ciudadano, detenido o preso, a comparecer inmediata y públicamente ante un juez. Incorporado al derecho inglés en 1679, se encuentra en la base de la democracia moderna y se ha incorporado a casi todas las constituciones occidentales contemporáneas[182]. A diferencia del recurso de amparo, que resguarda los demás derechos civiles, el hábeas corpus protege la misma integridad física del individuo[183]. En Argentina había continuado vigente bajo las dictaduras anteriores a 1976 y los militares que tomaron el poder ese año no suspendieron su vigencia formal pero lo desactivaron en la práctica. Como la decisión de desaparecer en lugar de ejecutar abiertamente, la no suspensión de esta protección fue una formalidad destinada a guardar las apariencias ante la comunidad internacional, un procedimiento no del orden de la legalidad sino de la hipocresía[184].

La incompatibilidad de este derecho con la desaparición forzada, sin embargo, fue admitida por un jefe militar que declaró que

hay normas y pautas jurídicas que no son de aplicación en este caso (como) el derecho al hábeas corpus. En este tipo de lucha el secreto que debe envolver las operaciones especiales hace que no se deba divulgar a quién se ha capturado y a quién se debe capturar; debe existir una nube de silencio que rodee todo[185].

Ante la presentación del recurso, las dependencias militares y policiales simplemente ocultaban la información. Mignone recuerda que “los juzgados enviaban telegramas a los comandos del Ejército, a las policías, a todos los que se les pedía. Y todos contestaban invariablemente que el buscado no estaba detenido”[186]. A un año del golpe militar Rodolfo Walsh escribe que

más de siete mil recursos de hábeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los cincuenta o sesenta que lo hacían fueron a su turno secuestrados[187].

Según el Informe Nunca Más durante los primeros cinco años de dictadura el único caso en que el hábeas corpus dio como resultado la liberación del detenido fue el del director de La Opinión, Jacobo

Timerman[188]. En las noticias revisadas se han encontrado algunas alusiones a presentaciones judiciales donde los beneficiarios, también periodistas, fueron dejados en libertad poco después de presentarse los recursos, pero no son liberados por la vía judicial[189].

Los familiares de desaparecidos seguían presentando recursos de hábeas corpus pese a la evidencia de su ineficacia, en parte porque era el único canal oficial válido de reclamo y probablemente también por desesperación. Es posible además que apostaran a ellos como un modo de hacer trascender mínimamente la denuncia, de reinscribir a los desaparecidos en el sistema de justicia del que habían sido quitados, como de sus domicilios, por la fuerza. De paso, proporcionaban a los medios dispuestos a publicarlos una fuente de información que eludía las restricciones de la censura bajo la forma de una aséptica notificación judicial. Andrew Graham Yooll, del Buenos Aires Herald, afirma que en ese diario los hábeas corpus se usaban para eludir la prohibición oficial de publicar noticias de secuestros no provenientes de “fuente oficial”, puesto que tomaban a las presentaciones con el sello del juzgado como documento oficial[190].

La Opinión también publicaba regularmente informaciones breves, a menudo disimuladas entre noticias más afines al régimen, recogiendo las presentaciones judiciales por los desaparecidos. Menos conocido, y apenas mencionado en los estudios sobre la prensa argentina en dictadura, es que también La Nación dio espacio a estos recursos en forma de mínimas pastillas en el rubro “Tribunales”. Aunque breves en su formato y austeras en su redacción, son elocuentes si se las comprende en el contexto del terrorismo de Estado[191]. Leídos intencionalmente, no como documentos grises de los tribunales sino como relatos de la represión, los hábeas corpus son una fuente notable de información.

Puede saberse que un joven es “detenido” en una esquina céntrica junto a su madre y una mujer capturada en el Teatro Colón, que se ha secuestrado a los hijos y nuera del poeta Juan Gelman, que el hijo lisiado de un ex senador “fue sacado de su domicilio por desconocidos e introducido en un automóvil sin patente”, que un hombre junto a su esposa y un hijito de dos años fueron “introducidos… en automóviles” sin que se conozca su paradero y que se busca al director de la revista Los Libros; un mismo día se lee sobre recursos de hábeas corpus interpuestos por un menor de 14 años llevado de la fábrica textil donde trabajaba, por un profesor universitario y por un hombre de quien se sabe que está en una comisaría[192].

Los recursos de hábeas corpus eran un recurso formidable de información pero, como evoca el periodista Horacio Verbitsky, “sólo las personas previamente enteradas sabían que… eran nóminas parciales de desaparecidos”[193]. Es difícil saber hoy qué pensaban los lectores “no enterados” frente a estas mínimas informaciones o imaginar qué opinaban los jueces que veían acumularse miles de estos pedidos. Lo que sí puede afirmarse, y la evidencia es contundente, es que se publicaban en cantidad y regularidad considerables.

Una lectura conjunta de los recursos publicados permite reconstruir un perfil del desaparecido que comienza a definirse en la prensa. El rastreo de los mismos identifica a un “conocido cineasta”, un periodista profesional, un médico psiquiatra, un artista, el hijo de un ex diputado, un oficial notificador de justicia, el dueño de un taller de confección de ropa para damas, un ingeniero, un empleado de banco, un vendedor ambulante, una empleada doméstica, un contador de la Asociación de Fútbol, un dirigente ferroviario, un trabajador textil y un matrimonio con un bebé de 8 meses, sumados a dos empleados de la embajada cubana más varios abogados, profesores y estudiantes. Sin contar a los bebés, la edad mínima de los beneficiarios del hábeas corpus es 15 años, la máxima 60, y la de la mayoría de entre 25 y 30 años[194].

Así se obtiene un cuadro variado y representativo, si no de todas las desapariciones al menos de las que eran denunciadas. Son nombres que, aun si incluyen edad y profesión, se despojan de historia en el trámite legal. En la reconstrucción conjunta del total es posible identificar estos matices, pero la mirada abarcadora y retrospectiva es privilegio del investigador. El lector contemporáneo a los hechos precisaba una conciencia enterada o una moral alerta para reconocer el sufrimiento de personas concretas en la monótona información sobre la actividad judicial, puesto que aún cuando los recursos de hábeas corpus se publicaban, lamenta Horacio Verbitsky, esto se hacía “sin explicar nunca qué significaban esos nombres sin edad ni ocupación ni historia”[195]. Publicados en forma descontextualizada y opacados por la árida jerga judicial, estos recursos borran la historia de sus beneficiarios y contribuyen a mutilar la compleja identidad de los desaparecidos. Giorgio Agamben ha llevado al extremo la reflexión sobre los efectos paradójicos de esta figura, a la que considera fundamental en las estructuras jurídico–políticas modernas puesto que pone en su centro no al ciudadano, no al ser político, sino a la nuda vida. Según este autor, en el recurso de hábeas corpus como documento central de la democracia moderna está inscripto también “el registro de la nuda vida como nuevo sujeto político”[196]. Como revela el significado de la fórmula latina habeas corpus ad subjiciendum, “tendrás un cuerpo que mostrar” (ante el juez), este recurso destinado a asegurar la presencia física de una persona ante un tribunal tiene en su base no al ciudadano sino al “puro y simple corpus”, la nuda vida. Descoyuntadas las redes sociales, reprimida la agrupación, combatida la solidaridad, los desaparecidos son replegados públicamente a la condición de mero corpus: un cuerpo que mostrar.

Los desaparecidos en plural

Es imposible determinar un momento preciso de cristalización del término “desaparecidos” con el sentido que se le conoce hoy. Sin embargo, la lectura atenta y detallada permite identificar una cuña, una inflexión, una densificación del término que tiene lugar hacia abril de 1977. En ella concurren varios factores que de distintas maneras, y aún si no todos son mencionados en la prensa, inciden en la construcción progresiva de la figura del desaparecido.

El desaparecido se define a partir de lo que todos los casos tienen en común. En palabras de una Madre de Plaza de Mayo, cuando

Comprendimos que ‘cada caso’ era ‘todos los casos’, que de lo individual debíamos pasar a lo genérico. Si todos los casos tenían connotaciones similares podía llegar a darse una definición de lo que era un ‘desaparecido’[197].

La figura se perfila entonces como tal cuando la acumulación cuantitativa de casos produce un salto cualitativo: hay desaparecidos y los rasgos compartidos por todos ellos conforman su definición.

Entre marzo y abril de 1977 una serie de hechos dan cuenta de este pasaje de las menciones públicas aisladas a los desaparecidos a su articulación como categoría colectiva en un discurso que desenmascara y denuncia la represión ilegal. Los hechos que confluyen en ese sentido incluyen la caracterización de los desaparecidos como el rasgo principal del terrorismo de Estado desde sectores en resistencia, el surgimiento de las Madres de Plaza de Mayo y la publicación de un pedido colectivo de hábeas corpus. A esto se suma el cambio del escenario internacional expresado entre otros factores por la difusión de un informe de Amnesty International con graves denuncias sobre la situación de los derechos humanos en Argentina y por la intensificación de las presiones desde Estados Unidos tras la asunción de James Carter, manifestada en la visita al país de su funcionaria Patricia Derian.

La agencia ANCLA había informado ya en enero, citando fuentes de AI en Londres, que la “incentivación de la matanza de presos responde a una imperiosa necesidad militar de acercarse a la victoria final antes de marzo” y de “desalojar los campos de concentración que funcionan en establecimientos que poseen las FF. AA.”, decisión que habría sido “aconsejada por el propio presidente Videla con el objeto de prevenir una posible visita de control”[198]. Hacia marzo y abril se detecta un perfilamiento más nítido de los actores que definen al desaparecido y de las causas, posiciones y oposiciones que los mueven. Marzo de 1977 marca también el enfriamiento de un supuesto comienzo de apertura y el fin de las especulaciones sobre un supuesto diálogo político[199]. Por otra parte, cualquier proceso que estuviera por cuajar en la opinión pública lo haría en esos meses después de la interrupción del calendario lectivo–laboral[200]. Sumado a las evaluaciones por el aniversario del golpe militar ese mismo mes, se comprende que estos discursos coincidan en articularse hacia esa época.

El primer año del régimen propicia la publicación de balances y análisis, donde La Opinión intenta ver los signos de una apertura política, en verdad improbable[201]. Este diario imagina descongelamientos políticos inverosímiles e interpreta aperturas dialoguistas en las palabras de los jefes militares más inflexibles[202]. Los diarios reproducen las adhesiones de variadas organizaciones civiles por el aniversario del régimen[203]. Mientras los representantes de los sectores favorecidos por su política económica se congratulan, la clase política se muestra empantanada entre su propio deseo de mantenerse como referente público y el evidente esmero por no molestar a los militares. Un ejemplo de esta actitud quedó documentado en el suplemento El silencio de los políticos publicado por La Opinión, donde salvo alguna tibia y velada alusión a la necesidad de “centralizar la represión” no hay mención de ningún político argentino al terrorismo de Estado y los miles de desaparecidos que ya ha provocado[204].

Los márgenes del periodismo para denunciar la situación sin asumir graves riesgos son mínimos: en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) el representante argentino afirma que “el miedo es todavía la mayor valla para el ejercicio de los derechos y las libertades” y otros delegados de diarios locales denuncian que no hay libertad de prensa en el país[205]. A un año de dictadura las posiciones de los distintos actores se perfilan nítidamente: los sectores civiles cómplices aplauden al gobierno de facto, los políticos callan y los militares dan muestras de querer quedarse largamente en el poder. La resistencia comienza a articularse, pero la prensa deja ver sólo veladamente sus primeros movimientos.

Las “a–personas”

En abril de 1977 ANCLA informa sobre una “nueva ola de secuestros” y el Buenos Aires Herald escribe que una “psicosis de secuestros aprisiona al país”.[206] La “ola” o “psicosis” de secuestros se debe menos a un aumento cuantitativo de estos crímenes que a una creciente conciencia pública de la dimensión y sistematicidad de las desapariciones[207]. Hacia esta fecha la Iglesia incluye las desapariciones en sus deliberaciones y anuncia que elevará una nota al gobierno por sucesos que “angustian a distintos sectores de la población” o por la “situación de los detenidos que, desde hace meses, aguardan una sentencia o la libertad”[208].

Un hito significativo en esa escalada del tema en la prensa es la desaparición de Edgardo Sajón, director de los talleres gráficos de La Opinión y ex funcionario del gobierno militar del presidente Lanusse, y por lo tanto presumiblemente lejano a las sospechas de “subversión” aún en la amplia y vaga definición oficial. Su secuestro adquiere mayor presencia en el diario donde trabaja, que publica en tapa la noticia que “ha conmocionado a los círculos políticos y periodísticos del país y de varias naciones del exterior”[209]. Los días siguientes La Opinión retoma el tema y lo convierte en una bandera cotidiana, sin que su director sospeche aún que el caso anticipa su propia detención ilegal.

Cada día un recuadro en la primera página recuerda la desaparición de Sajón y sostiene el tema en la agenda[210]. Se lo vincula con “la preocupación colectiva por las desapariciones”, los “dos meses del secuestro del gremialista Oscar Smith” y la alusión del cardenal Aramburu a “tantos hogares hondamente afligidos por la incertidumbre de la vida, comprometida o inocente, de sus allegados”[211]. ADEPA advierte sobre “los riesgos que acarrea en esta hora argentina el normal ejercicio de la actividad periodística” y menciona la “desaparición de algunos colegas” que “fortalecen el sentimiento de inquietud que predomina en la familia periodística”[212]. La Nación no interpreta el conjunto de desapariciones como tal pero agrupa las noticias, desmentidas y denuncias sobre ellas[213].

La desaparición de Sajón, como luego la de Timerman, estuvo relacionada con lo que los militares llamaron el “caso Graiver” y afectaba al gral. Lanusse, un ex presidente militar, debido a internas entre facciones militares[214]. Lanusse habla de la “desaparición” de Sajón como un “gravísimo suceso (que) me toca muy de cerca (y), lo incluyo entre otros igualmente condenables y fuera de toda razón” y afirma que “todos y cada uno de los argentinos compartimos el pesar de muchas familias asoladas por el uso arbitrario que grupos anarquizados, de izquierda y de derecha, hacen de la fuerza”[215]. La denuncia pública de un ex presidente militar de los procedimientos ilegales habla del modo en que las desapariciones comienzan a convertirse en un fenómeno habitual y posible; un hecho que se denuncia pero poco a poco también se normaliza, entra en el ámbito de lo posible. Las personas, a veces, desaparecen y al hablar de una “sucesión de versiones sobre otras desapariciones” la prensa muestra cómo la suma de casos va construyendo lentamente un cierto acostumbramiento a las mismas, paralelo a la constatación de su carácter masivo[216].

Hasta tal punto es nuevo el fenómeno de los desaparecidos que, en un intento por dar nombre al fenómeno, por destacar su atipicidad o contrarrestar esa aceptación de lo inaceptable, un editorial del Buenos Aires Herald de ese mes crea una nueva expresión para designarlos: unpersons. La Opinión reproduce el texto diciendo que el diario inglés “refriéndose a la desaparición de personas en Argentina, acuña un nuevo término: las a–personas, de quienes nada se sabe” y “nos alerta a todos sobre el peligro que supone ignorar el problema de las a–personas de la Argentina”[217].

En marzo de 1977 la breve columna de la sección “Tribunales” donde La Nación publica las presentaciones de hábeas corpus comienza a albergar cada vez más casos. Donde normalmente se informaba de recursos interpuestos por dos o tres personas, se registra en marzo de 1977 una escalada hacia el orden de las decenas[218]. Hacia el final de este período de análisis los recursos interpuestos son tantos que comienzan a adicionarse y apilarse. Como antes los cadáveres hallados en las calles y luego los “abatidos” en supuestos enfrentamientos, los pedidos van convocando cifras cada vez mayores hasta dar un salto cualitativo: en este caso, el del pasaje a una categoría plural.

Mientras la cantidad de hábeas corpus crece y se acumula, algunos casos llegan ya a las máximas instancias judiciales[219]. Ambos diarios informan sobre el primer recurso que llega a la Cámara Federal, que considera que en dos años hubo tiempo suficiente para reunir las eventuales pruebas, libra oficio para que se libere al beneficiario del recurso y pide informes al Ministerio del Interior, recibiendo por toda respuesta una fotocopia del decreto de Estado de Sitio[220]. Noticias como ésta muestran los vanos intentos por restituir un mínimo de autonomía al Poder Judicial y la contundencia de las cifras muestra hasta al lector más desprevenido que los hábeas corpus fracasan y la Justicia es impotente.

El aumento del número de recursos presentados se destaca en la medida en que indica el carácter colectivo de las denuncias y evidencia la condición sistemática del método represivo. En esa dirección, un paso decisivo en la cristalización de la figura del desaparecido es el pedido de intervención a la Corte Suprema de Justicia por 425 personas que “tras haber sido detenidas por grupos armados que prima facie actuaban en ejercicio de una autoridad, han desaparecido”, sin que los recursos interpuestos hayan dado resultado ni los órganos públicos las hayan dado por detenidas[221]. Los firmantes del pedido no actúan desde la resistencia clandestina ni ocultan su identidad como patrocinadores de hábeas corpus, aunque ya era pública la matanza de abogados en represalia por esa acción. Su requisitoria es pública y pide explícitamente ser elevada a la Junta de gobierno. Al mismo tiempo, es la primer alusión pública a la cantidad de desapariciones producida desde fuentes locales. El escrito recurre, una y otra vez, a la expresión “desaparición de personas”, reconstruye el itinerario seguido por los hábeas corpus individuales, que no dieron resultado en ningún caso, e incluye los nombres de los beneficiarios. La lista no es reproducida en los diarios, lo cual hubiera reflejado gráficamente la dimensión del pedido, pero la denuncia es contundente y el gesto, opuesto a las operaciones simbólicas de extrañamiento y distanciamiento con los perseguidos, evidencia que hay ciudadanos que afirman en público sus lazos afectivos con las víctimas: “Los firmantes de este escrito somos familiares o amigos de personas que… han desaparecido”[222].

Dos días después La Opinión dedica al pedido ante la Corte un análisis de fondo en su doble página central, aprovechando la ocasión para amplificar mediáticamente los mínimos movimientos ante la Justicia; la brecha informativa, sin embargo, se interrumpe poco después cuando el máximo tribunal se declara incompetente[223].

El nuevo escenario internacional

La ofensiva internacional por las violaciones a los derechos humanos se intensifica notablemente en los primeros meses de 1977 y se manifiesta en diversos frentes: al pedido de que el caso argentino sea tratado en la comisión de derechos humanos de la ONU se suma la difusión de un informe de Amnesty International, la reducción de ayuda militar por parte de EE. UU. y lo que La Opinión llama una “ofensiva diplomática de países europeos”[224]. Mientras las gestiones realizadas hasta entonces en favor de ciudadanos extranjeros a menudo se realizaban con discreción y apenas podían interpretarse entre líneas en la prensa, las denuncias en los foros internacionales ahora se refieren al problema colectivo de las desapariciones y/o detenciones prolongadas y alcanzan resonancia pública y visibilidad[225].

Al año del golpe de Estado Amnesty International publica el informe de la visita de observación que había realizado en noviembre de 1976, un texto sumamente crítico sobre las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. La cancillería reacciona enérgicamente cuestionando el documento que, arguye, no aporta pruebas sino “rumores”[226]. Aunque tanto La Nación como La Opinión informan en sintonía con el gobierno criticando a AI, y aunque se titula de forma tal que la noticia es menos el contenido del informe que la reacción oficial, en definitiva el tema obtiene gran visibilidad y ocupa la primera página de los principales diarios en la significativa fecha del 24 de marzo. Así es como, aún si es para desmentirlas y oponerse a ellas, las estrategias del gobierno militar para defenderse de las denuncias internacionales no podrán evitar que el tema gane presencia mediática y que en las tapas del aniversario la retórica triunfalista oficial deba convivir con el eco indirecto del terror.

Poco después llega al país Patricia Derian, coordinadora del Departamento de Estado para derechos humanos, en la primera de tres visitas que inquietarían a los jefes militares argentinos por la frontalidad y compromiso de la funcionaria[227]. James Carter había asumido la presidencia de Estados Unidos dos meses antes con un discurso fuertemente orientado a los derechos humanos y su primer alocución ante la Asamblea General de la ONU expresaba que preocuparse por ellos no implica injerencia en los asuntos internos de otros países puesto que “ningún país miembro de la ONU puede pretender que el maltrato a sus ciudadanos es un problema interno”[228].

El Departamento de Estado se convierte así en un nuevo frente de conflicto para el gobierno militar e instala el tema de las desapariciones indirecta pero persistentemente en los medios. En La Opinión ocupa una contratapa donde se informa que “fuentes autorizadas” de EE. UU. estiman que “la decisión” de Videla de “poner la lucha contra la subversión bajo un mando central ‘puede contribuir a una decisiva disminución de las violaciones de los derechos humanos en el país’.[229]” Pese a las interpretaciones de La Opinión de que “habrá cambios de metodología en la lucha contra la subversión” la presión internacional no consigue detener la represión, pero hace cuajar en el gobierno la necesidad de articular un discurso de defensa[230]: como no está dispuesto a abandonar la política de persecución y exterminio, sólo le queda defenderse al modo militar: atacando. La Argentina se mantiene firme y hasta agresiva en los foros internacionales[231]. A la presión estadounidense se suman las campañas de denuncia europeas, que la cancillería intenta neutralizar instruyendo a sus embajadores para “revertir la tendencia extranjera a observar unilateralmente el problema de los derechos humanos en el país” y difundir una imagen “más amplia y eficiente” de la realidad argentina, puesto que se “sobredimensionaron los hechos negativos”[232].

La superficie de los diarios reproduce la disputa entre las distintas posiciones en el escenario internacional[233]. Mientras La Opinión es portavoz de la versión de que hay “duros” y “blandos” en el gobierno militar, La Nación inaugura una línea de argumentación que luego desplegaría hasta el cansancio: “el terrorismo aqueja a todo el mundo, aún a las naciones desarrolladas que nos critican”[234]. Pero aunque lleguen censuradas y la mediatización periodística relativice su importancia las denuncias internacionales permiten que se filtre la verdad sobre los crímenes de Estado, más conocidos por la opinión pública extranjera que dentro del país, y amplían decisivamente la visibilidad del tema en la prensa local.

Palabras y pasos hacia la resistencia

En el espacio clandestino hay quienes ya han comprendido perfectamente la dimensión de la represión y los resortes de su funcionamiento. En un “Servicio especial: a un año del golpe militar en la Argentina”, la agencia ANCLA calcula en “trescientos mil exiliados, más de veinte mil presos y/o desaparecidos, familias enteras destrozadas y centenares de huérfanos” el “saldo de un año de ‘lucha antisubversiva’”[235]. El cable se refiere también a “la desaparición permanente de personas que son secuestradas, negada su detención y de las que se carece luego de noticias” y dice que “la mayoría se encuentra muerta o en un destino ignorado”. Las fuentes para acceder a la información son pocas, y se explicitan:

Los pocos testimonios existentes acerca de la situación de los desaparecidos provienen de alguna persona liberada o de los escasos episodios de fuga. A través de ellos se sabe que en general se los recluye en guarniciones militares, vendados y maniatados, sometiéndoselos a torturas durante semanas y meses, hasta la muerte[236].

La sorprendente veracidad de la información y el lúcido análisis que la acompaña se repiten en la Carta Abierta de un Escritor a la junta militar que Rodolfo Walsh emite al cumplirse un año del golpe de Estado “sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso de dar testimonio en tiempos difíciles”.

A diferencia de los cables de ANCLA, anónimos y clandestinos, está firmada con su nombre y número de documento. Dirigiéndose frontalmente a los jefes militares, Walsh escribe: “Lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades” y agrega que “quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror”[237]. No sólo se trata de cifras verosímiles, según se sabría después, sino que Walsh desmantela también las operaciones propagandísticas montadas por los comunicados oficiales y publicadas en la prensa[238]. El escritor sabe que existen “virtuales campos de concentración”, que los secuestros y desapariciones “no son desbordes de algunos centuriones alucinados sino la política misma que ustedes planifican” y que “más de siete mil recursos de hábeas corpus han sido contestados negativamente en el último año” aunque “en otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los cincuenta o sesenta que lo hacían fueron a su turno secuestrados”[239]. Por último, la carta denuncia los resultados de la política económica. Cuando al día siguiente Walsh desaparece ningún diario nacional informa sobre el hecho, pero su carta visionaria ha sido enviada por correo y, aunque no llega a las páginas de los diarios, se encuentra en las principales redacciones del país[240].

Los sistemas de información clandestinos ideados por Walsh lo sobrevivirían algunos meses. En abril un despacho de ANCLA transgrede el principal tabú del gobierno al relacionar las últimas desapariciones con “la agudización de los enfrentamientos entre distintos sectores del gobierno militar” y concluye que “desde el 24 de marzo de 1976 se produjeron en la Argentina veinticinco mil secuestros, de los cuales diez mil fueron reconocidos posteriormente como arrestos legales”[241].

Los restantes 15.000 son los desaparecidos mencionados en su carta por Walsh.

Ese mismo mes, un movimiento que surge de un modo diferente madura y emerge. A diferencia de los dispositivos informativos ideados por Walsh, no proviene de conciencias esclarecidas o círculos militantes sino de la conjunción de espontaneidad, sentido común y afecto. Son los parientes que se suman y encuentran en las reparticiones oficiales donde acuden sin éxito a averiguar por los secuestrados y resuelven unirse para reclamar con una misma voz[242]. Cuando el 30 de abril de 1977 un grupo de catorce mujeres se reúne frente a la Casa de Gobierno para protestar por la desaparición de sus hijos nacen las Madres de Plaza de Mayo y con ellas la resistencia pública, activa y visible al régimen militar. La agrupación ha surgido junto con la asunción del carácter plural de las desapariciones. Como escribió Adolfo Pérez Esquivel

esas mujeres salieron de allí fortalecidas, pues tomaron conciencia de algo muy importante: que no eran solamente madres de un hijo, sino de todos los hijos, y que únicamente podrían llegar a hacer algo uniéndose, fortificándose mutuamente, para luchar por la vida de sus propios hijos y de todos los otros hijos[243].

La prensa argentina, que luego las maltrataría, las ignora. Sus acciones no emergen en la superficie de los diarios, pero su resistencia ha comenzado. En la delgada esfera de la clandestinidad, se define y perfila quiénes son los desaparecidos; por qué y quiénes los desaparecen.

Cuando un mes después, en mayo de 1977, el presidente Videla pronuncia ante periodistas la palabra “desaparecidos”, en la primera admisión pública oficial de su existencia, inaugura un nuevo nivel en las disputas discursivas en torno a esta figura. Admitida la realidad de su existencia, los militares recurrirán a subterfugios y mentiras para explicarla y acuñarán la teoría de los “errores y excesos”. El próximo paso en las discusiones públicas será demostrar que, por el contrario, las desapariciones son una política sistemática de exterminio planificada e implementada por el Estado. Pero esto ya implica una nueva instancia en las negociaciones en la esfera pública. La muerte argentina se ha instalado y una nueva categoría ha surgido: hay desaparecidos.

4. De la masacre a la mentira (abril 1977 – junio 1978)

Iniciado el segundo año del régimen los militares y sus aliados civiles se muestran bien instalados en el gobierno y con intención de ocuparlo largamente. Aunque las organizaciones armadas se encuentran prácticamente desmanteladas o en el exilio, el terrorismo de Estado no cede y las desapariciones son tan frecuentes e inexplicadas como en el período anterior. En el campo ofrecido por la prensa, sin embargo, se producen algunas modificaciones que influyen en la forma de nombrar a los desaparecidos y las posibilidades para hacerlo. Por un lado, con la intervención de La Opinión y el secuestro de su director se reducen las voces dispuestas a expandir los límites de ese campo y el Buenos Aires Herald queda como casi única voz de denuncia de las desapariciones. La resistencia encarnada en los organismos de derechos humanos se ha constituido y es activa, pero prácticamente no aparece en la prensa diaria. A nivel local el único actor cuya voz llega a la prensa articulando reclamos colectivos por los desaparecidos es la APDH, a la que se suman esporádicos comunicados de los obispos. Las denuncias por el terrorismo de Estado se expresan mayormente en torno a casos “testigo” que involucran a personas prominentes. El problema de las desapariciones como asunto plural tiene por arena privilegiada el escenario internacional, desde donde se filtra en mínimas dosis a los diarios argentinos.

La ampliación del uso de la palabra “desaparecidos” está asociada así a las presiones y campañas internacionales. Ante la opinión pública extranjera las autoridades comienzan gradualmente a admitir la existencia de desaparecidos y a ensayar diversas estrategias justificativas. Aunque en sordina las internas dentro de las Fuerzas Armadas son feroces, los militares cierran filas en torno a los argumentos justificatorios de las desapariciones. Ante la necesidad de mantener montado el aparato represivo, articulan su intención de permanecer largamente en el poder mientras continúa el congelamiento político alrededor de una supuesta nueva etapa: la de “ganar la paz”.

Terror en el mundo, “paz” en el país

En 1977 el premio Nobel de la paz es para Amnesty International. Las páginas de “Internacionales” de los diarios informan sobre ataques guerrilleros, tensión en medio oriente, una difícil transición democrática en España y conflictos en varios países sudamericanos. En Nicaragua, manifestantes piden ante la ONU por sus “familiares desaparecidos” y también en Chile hacen huelga de hambre frente a esa delegación “familiares de personas que se dice desaparecieron después de su arresto por funcionarios de seguridad”[1]. Los gobiernos de la región soportan presiones del exterior y protestas internas por las violaciones a los derechos humanos. Una gestión uruguaya para que Montevideo sea sede de la Asamblea General de la OEA en 1978 fracasa por la negativa de ese gobierno a recibir una comisión investigadora de la CIDH[2]. Desde Brasil llegan noticias de detenciones masivas de estudiantes, reclamos de dirigentes por el retorno del estado de derecho y denuncias por los asesinatos del Escuadrón de la Muerte.[3] Cuando un dirigente político uruguayo anuncia en su país “la hora de volver a hablar” la noticia es tema de tapa en la Argentina[4].

El presidente estadounidense James Carter, que asumió comprometiéndose a “defender los derechos humanos en los organismos internacionales de desarrollo”, mantiene durante todo este período esa actitud[5]. A un año de gestión, su administración considera que esa política ha dado resultado[6]. Ante la creciente presión sobre la dictadura chilena, los militares argentinos procuran evitar las consecuencias del descrédito internacional que tanto afecta al país vecino sin dejar de perseguir y asesinar opositores[7]. Mientras continúa activo el terrorismo de Estado, el régimen se defiende con retórica: articula sus discursos alrededor del eslógan “ganar la paz” y el argumento de que el terrorismo es un mal internacional que padecen incluso los países europeos que “critican” a la Argentina.

El primer motivo surge durante la reunión de los presidentes Carter y Videla en septiembre de 1976 en Washington, donde el argentino asegura a su colega norteamericano que “Argentina pasará una Navidad en paz”[8]. Repetida luego hasta el cansancio, la consigna “ganar la paz” es usada para dar una imagen de estabilidad y “victoria” sobre el “enemigo subversivo” y mantener mientras montada la estructura represiva y la vigilancia interior[9]. “Ganar la paz” es un eslógan abstracto donde cabe todo y nada[10]. No se explica qué significa pero se insiste en que debe ser “una paz que merezca ser vivida”[11]. En esta idea de una paz “calificada”, una paz “merecedora” de vivirse resuena el eco de la creación discursiva nazi de lebensunwertes Leben, “vida indigna de ser vivida” y subyace también un afán biopolítico: modelar la vida de la población con el objetivo no ya de triunfar en una guerra contra un hipotético enemigo sino de determinar qué vida, qué “paz” dispondrá el poder soberano.

La construcción del motivo “ganar la paz” coincide con la presencia de noticias sobre disputas limítrofes con Chile y diferencias con Brasil por la represa de Itaipú, situaciones exageradas con las que se suple el vacío de información política y se crean nuevas hipótesis de conflicto imaginarias para justificar la permanente movilización militar[12]. El conflicto con Chile da lugar a un cierto fervor nacionalista que el gobierno acredita para sí, pero luego de la escalada informativa y por intervención papal la anunciada guerra no tiene lugar[13].

El segundo argumento que los militares desarrollan como justificación de la represión y defensa ante las denuncias es el de la “internacionalización” de la “subversión”, que se apoya en la creciente difusión de atentados de alto impacto público como el asesinato del político italiano Aldo Moro, así como otros episodios donde se encuentran y/o exageran conexiones entre el “terrorismo europeo” y la “subversión” local[14]. En La Nación se lee que “el terrorismo, radicado durante años en América Latina, tiende a desplazarse geográficamente y a cambiar sus objetivos” y que ha habido un “cambio de orientación en sus métodos criminales y un traslado geográfico hacia países más permisivos”[15]. Los militares aprovechan estos hechos para sostener, como el ministro Harguindeguy, que “en Europa se están presentando problemas con el terrorismo internacional, que nosotros conocimos y hemos pasado” mientras que “hoy podemos andar por las calles de Buenos Aires sin problemas de ninguna naturaleza”[16]. Argentina, en cambio, tendría experiencia en el tema puesto que “se encamina gradualmente hacia la Postguerra, tras derrotar militarmente al extremismo”[17]. Portavoces civiles de esta idea, incluyendo a la prensa, se suman entusiastamente al argumento militar[18]. La Nación editorializa que “Somos dueños de una triste experiencia que ahora se traslada a… esa misma Europa que brinda libertad ingenua a los terroristas argentinos y amparo legal y difusión periodística (a) sus delirantes teorías”[19]. Creyendo ver en los sucesos extranjeros la confirmación de sus designios, los militares llegan al aniversario del golpe de Estado reiterando que no habrá apertura política[20]. No están solos en su proyecto: la solicitada que publica la Sociedad Rural Argentina por el primer año del régimen bien puede leerse, al igual que los editoriales de La Nación, como una hoja de directivas de acción al gobierno militar[21].

“Ya no hay violencia generalizada”

Al comenzar el segundo año del régimen se sigue discutiendo la situación del ex presidente Héctor Cámpora, asilado en la embajada mexicana, así como un posible indulto a Isabel Perón[22]. El gobierno ha respondido a la divulgación del informe de AI con un escrito sobre “la subversión en Argentina” que los diarios reproducen ampliamente el 20 de abril de 1977. La junta militar confirma a Videla como presidente hasta 1981 y todo indica que el congelamiento político será largo[23]. Los militares se han adueñado del país y se enseñorean paseando por él como por su casa[24]. Anuncian que la guerrilla está siendo eliminada pero combinan el triunfalismo con el alerta aclarando que “la acción de aniquilamiento de los grupos terroristas prosigue con toda intensidad”[25]. No sólo desmienten que el “Operativo Independencia” iniciado en Tucumán en 1975 haya concluido sino que lo continúan empleando como intento de legitimar la represión ilegal, un equivalente argentino de aquella guerra contra Eurasia imaginada por George Orwell en 1984 como excusa permanente del poder absoluto para perpetuarse a sí mismo[26].

Con el desmantelamiento de las organizaciones armadas, que hace menos creíble el argumento de combatir la “subversión”, aumentan las desapariciones que no sólo tienen por blanco a activistas de izquierda sino que responden a las feroces internas en las FF. AA. En septiembre de 1977 ANCLA dedica un informe a las tensas internas entre Videla y Massera que, asegura, “atraviesan su peor momento desde marzo de 1976”[27].

Pese a las declaraciones de Harguindeguy de que “ya no existe la violencia generalizada”, la promesa de Videla de que Argentina pasará una “Navidad en paz” queda incumplida[28]. La violencia estatal persiste y, aunque oficialmente se declaran la “victoria” y la “paz”, el monto de violencia por centímetro cuadrado impreso continúa siendo alto[29]. Durante todo este período los diarios continúan publicando sobre supuestos enfrentamientos, operativos y tiroteos como los expuestos en el capítulo anterior, que mantienen su sintaxis intencionada y estructura narrativa idéntica[30]. También se leen noticias de militantes suicidados, o “autoeliminados”, pese a los esfuerzos, según los partes oficiales, por salvarles la vida[31]. Abatir continúa operando como una palabra mágica que obtura toda pregunta, toda inquietud por las circunstancias en que se produce la acción[32]. La indistinción entre vida y muerte persiste en noticias como la del encuentro en un pozo del “cuerpo con vida de una mujer joven”. ¿Por qué “el cuerpo con vida” y no “una mujer viva”, como si la vida y la muerte no fueran categorías diferenciadas y mutuamente excluyentes sino grados al interior de un continuum?[33] Las noticias de cuerpos sin vida, aunque pocas y esporádicas, mantienen su presencia amenazante que de tanto en tanto inserta en las páginas de los diarios la evidencia material del terror[34]. En mayo de 1977, además, se vuelve a leer sobre cadáveres hallados en la costa del Río de la Plata[35].

Las crecientes presiones internacionales y la voluntad del régimen de dar una imagen de legalidad explicaría el aumento de las noticias que “legalizan” la situación de detenidos irregulares hacia fines de 1977. A las habituales “listas” que difunde el Ministerio del Interior se agregan consideraciones sobre el derecho de opción que finalmente es restablecido.[36] Esta medida se suma a otros supuestos análisis de “diversos instrumentos jurídicos destinados a reglamentar las facultades emergentes del Estado de Sitio, en cuanto a la detención o arresto de las personas a disposición del P. E. y el derecho de opción de esos detenidos para abandonar el país”[37]. Estos esfuerzos por “blanquear” la situación de prisioneros ilegales para dar una imagen de juridicidad es, sin embargo, un modo de admitir que habían sido detenidos en procedimientos clandestinos, lo que en los textos oficiales se denomina “simples detenciones”[38]. Pero ¿qué significa una “simple detención”? La legalización de las detenciones no hace sino subrayar el carácter ilegal del secuestro que le dio origen y reconoce la ajuricidad de los procedimientos, admitiendo la indistinción entre hecho y derecho que para Giorgio Agamben supone toda situación de excepción[39]. La ratificación legal de los detenidos se produce luego del secuestro, es la ley la que se adecua al hecho a posteriori y en el límite, por lo tanto, se hace indistinguible de él[40].

El fin de la opinión

En sus farragosas declaraciones públicas los jefes militares adulan la tarea periodística y destacan el valor del diálogo, pero convocan a conferencias de prensa donde la lista de preguntas se distribuye previamente a los periodistas[41]. El régimen es quien ha creado la “incertidumbre” de las desapariciones, pero prohíbe la intelección racional de las mismas[42]: Hace saber a la prensa que “la información debe eliminar incertidumbres y no crear ansiedad” y “generar claridad, no confusión” así como evitar “la atribución prejuiciosa de intencionalidades”[43]. En ese contexto de censura y control de la información, donde aún no se ha ensanchado el campo de lo que es posible publicar, los medios de prensa que deseen cruzar sus límites para exponer protestas deben hacerlo en forma elíptica y siempre a un alto riesgo. Las actitudes de los profesionales de prensa son divergentes, y mientras el director de El Día de La Plata denuncia ante la SIP que “no existe libertad de prensa” en Argentina y denuncia “detenciones, secuestros, desapariciones y asesinatos” de colegas, un periodista de La Voz del Interior responde disintiendo y asegurando que apenas hay “limitaciones”[44].

Se leen denuncias sobre periodistas secuestrados, como el corresponsal de AP en Buenos Aires, quien es liberado por gestión del gobierno estadounidense y afirma que durante su cautiverio fue interrogado “acerca de su vinculación con el periodista y escritor Rodolfo J. Walsh” y “sobre temas vinculados con su actividad periodística”[45]. En ese contexto, y mientras el Buenos Aires Herald denuncia que “en las últimas semanas, una sucesión de periodistas han sido secuestrados (e) intimidados” tiene lugar el secuestro de Jacobo Timerman[46]. Según Fernando Ruiz el marco de la consigna “ganar la paz” implicaba intensificar la represión en los ámbitos cultural e intelectual a fin de afirmar la “victoria militar”, como “forma cualitativamente superior de combatir la guerrilla” atacando a lo que consideraban sus “fuentes ideológicas”: “Antes de extirpar estas fuentes no podía realizarse una apertura política. El caso Graiver, y en especial la detención de Timerman, era coherente con esta nueva etapa en la lucha contra la subversión”[47].

La figura de Timerman, además, tenía un alto valor simbólico para algunos sectores del gobierno. Era el responsable de una verdadera usina de pensamiento progresista y, si bien La Opinión no era un medio aliado de los guerrilleros como los militares querían suponer, éstos desconfiaban de su independencia y pluralismo editorial[48]. Por otra parte, Timerman reunía todo lo que la derecha nacionalista ultraconservadora aborrece: además de cosmopolita y culto era judío y en su juventud había militado en el sionismo. Su buena relación con ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, en lugar de disipar las dudas, aumentaba las sospechas. Su detención ilegal y cautiverio prolongado lo convertirían luego en símbolo de la denuncia internacional del terror de Estado, al convertirse en una voz decidida en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y de un aspecto entonces menos conocido del régimen: su antisemitismo.

En La Opinión la detención de Timerman ocupa la primera plana el día de la noticia y los siguientes, junto con el pedido por el subdirector del diario, Enrique Jara, detenido junto a él, y por Edgardo Sajón. El tono habitualmente moderado del diario cede paso a grandes titulares que expresan la gravedad de la situación y se informa abiertamente sobre las gestiones realizadas por familiares y directivos ante autoridades y organismos profesionales[49]. A la ironía que implica que precisamente el director de un diario que ofrecía un mínimo espacio a las denuncias de desapariciones sea detenido ilegalmente se suma la paradoja que implica para un medio masivo exponer las fracturas en sus mismas condiciones de enunciación. Precisamente un diario que buscó perfilarse como actor político independiente expone ahora la fragilidad del lugar desde el que habla: publica un relato detallado de los hechos y provoca un efecto de extraña intimidad con el lector, volcado a una suerte de primera persona desde la cual confía a su público los procedimientos legales para liberar a su director[50].

El caso es resonante también en otros medios. La Nación lo comunica en tapa y La Opinión dedica una página central a la repercusión del hecho en la prensa local y regional[51]. Llama la atención la ausencia de expresiones de solidaridad en el ámbito nacional; ningún medio local editorializa sobre el caso y las organizaciones profesionales pronto se desentienden de él[52]. La única voz pública que defiende a Timerman es la del director del Buenos Aires Herald, quien dice no manifestar especial simpatía por Timerman (“un hombre que, en el momento de conocerlo, me recordó a Orson Welles en el papel del ciudadano Kane”) pero sí indignación por el silencio de sus colegas[53]. Cox se pregunta también “por qué era necesario adoptar las mismas tácticas del KGB al poner al señor Timerman y al señor Jara bajo custodia” puesto que ambos “llevan una vida absolutamente abierta”[54].

Las detenciones ilegales de Timerman y Jara exponen en la prensa las tensiones entre las categorías de “detenido” y “desaparecido” que, al revelarse como continuas, ponen en evidencia públicamente la responsabilidad del Estado en tantas otras “desapariciones”: el Ejército confirma tener a Timerman a su disposición pero sigue sin informar sobre la suerte de Jara, aunque se lee que el operativo de detención de ambos fue conjunto y la esposa de Timerman vio a Jara junto al personal que detuvo a su marido[55]. Al escribir que ambos fueron “detenidos en sus respectivos domicilios en sendos operativos realizados por efectivos del Ejército vistiendo ropa de civil” y que se está investigando “la desaparición del señor Jara”, los dos términos se usan casi como equivalentes, destacando el origen de la desaparición en una detención (no reconocida) y que la tenue diferencia entre “detenido” y “desaparecido” radica en la divulgación de un falaz comunicado oficial[56]. La Opinión plantea la contradicción del parte militar que “menciona al señor Jara como ‘desaparecido’, no como ‘detenido’” cuando “consta que tanto el señor Timerman como el señor Jara fueron arrestados en un mismo operativo” y concluye: “¿Dónde está el señor Jara?”[57].

Los pedidos por Sajón y Timerman continúan en tapa durante el mes de mayo y la línea editorial del diario se mantiene hasta su intervención, tras la cual las páginas de La Opinión se tornan mediocres y grises[58]. La monotonía de los demás medios alcanza ahora al diario que fuera foro de pensamiento crítico y hasta el brillante suplemento cultural aplana sus contenidos[59]. La Opinión se enfría rápidamente y la chatura informativa se compensa mal con la mayor presencia de declaraciones de jefes militares y eclesiásticos. Como otro signo de la ausencia del genio periodístico de Timerman, la sección de actualidad comienza a llamarse “ayer”, un contrasentido para un medio de actualidad, y en el espacio vacante dejado por la retirada de temas culturales o sociales se impone una mayor frivolización, como la del nuevo suplemento para mujeres[60]. Sólo con esfuerzo pueden entreverse destellos de la época anterior o mínimos gestos de resistencia disimulados: entre los cuentos que el diario publica semanalmente aparece un relato titulado “Uno de los desaparecidos”[61]. ¿Se trata, como en el intento de publicar un cuento de Conti tras su desaparición en 1976, de un guiño solapado, de un mensaje conteniendo lo “impronunciable” de la época en forma cifrada?

En abril de 1978 La Opinión comienza a publicarse los lunes y un mes más tarde aparece un suplemento deportivo semanal, pero estos cambios no consiguen que el diario recupere su antigua flama. Hasta la gráfica se ha hecho más pesada y su mimetismo con el discurso oficial apenas recuerda el dinamismo e inteligencia que habían sido marcas de identidad del diario. La línea editorial se ha tornado abiertamente oficialista y Buenos Aires Herald, el diario escrito en inglés, queda como única voz de denuncia de las desapariciones[62].

En adelante el resto de la prensa ignora el caso y se ocupa sólo fugazmente de Timerman, como cuando en abril de 1978 se anuncia que pronto pasaría a cumplir arresto domiciliario “en atención a la gestión” realizada por el intelectual francés Raymond Aron quien “se había interesado por la suerte de Timerman ante las autoridades argentinas”[63]. Cuando la medida se concreta, La Nación titula “Jacobo Timerman fue llevado a su domicilio” como si fuera una deferencia de las autoridades que lo arriman hasta su casa y no un paso más de su brutal y arbitraria detención, sin expresar sorpresa por el hecho de que un civil sea objeto de un enorme despliegue militar[64]. Pese a la indiferencia local, la resonancia internacional del caso es tal que el gobierno estadounidense expresa “su satisfacción” por la excarcelación de Timerman y su esperanza de que “sea encarado con celeridad cualquier asunto que pudiera haber quedado pendiente en su caso”[65].

Serían secuestrados otros periodistas de La Opinión como Enrique Raab, a quien “varias personas vestidas de civil se (lo) llevaron de su domicilio… con destino hasta ahora desconocido” y está desaparecido desde entonces[66]. También se lee un “enérgico comunicado” de asociaciones profesionales por el representante del diario en Trenque Lauquen, pidiendo “a los ‘que han hecho desaparecer inexplicablemente al señor Nazar’ que respeten su vida, exhortando a los poderes públicos y a las fuerzas de seguridad a ‘develar tan desagradable e inhumano suceso”[67]. El periodista “aparece”, pero los secuestros de periodistas no se interrumpen[68].

El secuestro de Timerman y la intervención de su diario marcan una inflexión en los esfuerzos por ampliar la existencia de una esfera pública donde denunciar las desapariciones. Aún si su política editorial era oficialista —en la creencia de que un apoyo a los supuestos “moderados” de las FF. AA. calmaría a los “duros”— y pese a la sobreactuada condena a la guerrilla de izquierda, La Opinión proporcionaba resquicios por los cuales ampliar la posibilidad de denunciar las desapariciones mientras ofrecía —y no es poco en el contexto dictatorial— un espacio de reflexión superior al resto de la prensa. Su fin es también el de una etapa, la conclusión de un modo de pensar en la Argentina que era también objeto de la furia militar.

Los Desaparecidos: notorios y anónimos

La mayoría de las alusiones a desaparecidos en este período se ocupan de lo que pueden llamarse casos “notorios”, es decir, que afectan a víctimas de algún modo prominentes. Estos sirven como puntas de lanza en las denuncias del terrorismo de Estado, ya que la defensa de una personalidad de prestigio público puede servir para aludir a la represión ilegal en general. Sin embargo, es posible también que hubieran tenido un efecto paradójico al silenciar las desapariciones anónimas que no tenían llegada a los medios de comunicación.

El embajador y el maestro

Héctor Hidalgo Solá era un prestigioso político de la UCR que por consejo de su partido había aceptado la representación diplomática del gobierno dictatorial en Venezuela. Su secuestro, con toda evidencia responsabilidad de la Armada, inaugura la escalada de violencia “interfuerzas” que no se detiene ni ante funcionarios de la propia dictadura. Cuando ocurre, La Nación informa con fuente “extraoficial” que el embajador en Caracas “habría desaparecido de sus lugares habituales”, que “podría haber sido secuestrado” y que fuentes policiales no dieron detalles pero “admitieron en principio la desaparición del diplomático”[69]. La breve noticia al interior del periódico, no confirmada por el gobierno, es ya gravísima aunque su ubicación la minimice. Al día siguiente, ya en tapa, el diario recoge la denuncia de los parientes de Solá y una declaración del jefe radical Ricardo Balbín: “Si el Gobierno está interesado en el caso, podrá más que nosotros”[70]. La Opinión, por su parte, destaca el “marco de inquietud que envolvía a medios gubernamentales, militares y políticos” e informa sobre la reunión de la esposa de Solá con el presidente Videla y otros funcionarios[71]. Los días sucesivos se lee sobre el hallazgo del automóvil del “diplomático desaparecido” y La Opinión dedica casi una página al caso. Como otras veces, se sirve de material del Herald que afirma que a Solá puede haberlo secuestrado la “izquierda subversiva” o “la derecha” por sus declaraciones que “no complacieron a mucha gente”[72]. Alrededor de los reclamos por Hidalgo Solá se entremezclan jurisdicciones e intereses diversos donde, mientras el propio presidente se muestra impotente ante la autonomía de las demás fuerzas, desde un estado extranjero llegan mensajes de preocupación por su suerte[73]. La junta militar se ve obligada a ocuparse del caso y según La Nación se reúne durante “casi cinco horas” para tratar la “búsqueda del desaparecido embajador argentino en Venezuela”[74]. El tema se mantiene en ambos diarios durante varios días en que circulan versiones y desmentidas y La Opinión insiste en él durante algún tiempo más[75].

La desaparición de Héctor Hidalgo Solá tuvo rasgos insólitos pero no fue una excepción sino la culminación de una política terrorista de Estado que no conoció límites ni lealtades, aún al interior de las Fuerzas Armadas[76]. Ante la falta de noticias La Opinión escribió entonces: “La opinión pública va haciéndose a la idea de que se está frente a otro de los no pocos casos de índole similar, que quedaron, hasta ahora, en el misterio, que ni aún el fuerte brazo del Estado, a través de sus organismos de seguridad, puede penetrar”[77].

Pocos meses después de la desaparición de Hildalgo Solá se produce el secuestro de Alfredo Bravo, maestro, Secretario General del sindicato docente (CTERA) y Copresidente de la APDH. Bravo había manifestado públicamente la falta de conformidad con la política salarial del gobierno hacia su sector y lo que llamó la “desjerarquización progresiva de la función docente”[78]. La Nación informa que Bravo “fue llevado por varias personas… anteayer a las 20… mientras estaba dictando clase… ignorándose su paradero”; luego escribe que el Ministro de Educación comunicó a la esposa de Bravo, “desaparecido desde el jueves de la semana anterior”, “su preocupación por la falta de noticias” y que ha “realizado gestiones en el más alto nivel para conocer su paradero”[79]. Cuando una semana más tarde el gobierno informa que Bravo está detenido a disposición del PEN, La Nación agrega que el maestro había sido “detenido” por “personas que dijeron pertenecer a organismos de seguridad”[80]. Esta tardía mención de los agentes estatales evidencia, una vez más, la indecibilidad de lo que ya en los diarios puede inferirse respecto a qué son las desapariciones. La Opinión es más explícita al dar la información y recordar que la “desaparición” de Bravo había sido ya denunciada[81]. El diario comenta que el comunicado “disipa la inquietud generada por las versiones sobre (su) desaparición” pero agrega que “se espera que en las próximas horas se dé más información”. En su comentario político semanal La Nación considera un “hecho de nítida significación”, “la aparición del profesor Bravo… como detenido a disposición del Poder Ejecutivo después de más de diez días de ignorarse su situación”[82]. Las gestiones por Bravo son múltiples e incluyen la presentación de un hábeas corpus, telegramas de la APDH a Videla y la junta militar, un documento emitido por CTERA y una carta pública de su esposa[83]. Otros pedidos fueron cursados a ministerios y a la conferencia episcopal. Su secuestro coincide con la reunión de Videla con Carter y se presume que el dirigente docente fue “blanqueado” por efecto de ese encuentro[84].

Varios meses después se vuelve a leer el nombre de Bravo cuando la APDH llama a una conferencia de prensa para pedir por su libertad. Sus declaraciones repiten de algún modo la paradoja enunciativa que había padecido el diario La Opinión: una organización dedicada a documentar y denunciar las múltiples desapariciones, que había patrocinado el primer recurso colectivo de hábeas corpus, debe ahora reclamar por la suerte de su directivo. Así, no puede evitar la formulación paradójica de su inocencia, que al resaltar los indudables valores cívicos de Bravo olvida involuntariamente que aún quienes delinquen tienen derecho a no desaparecer. Su esposa habla del “número y la importancia de las adhesiones recibidas y las solicitudes cursadas a las autoridades”, dice que “no se le han formulado cargos” y que su esposo “condenó siempre el terrorismo de todo signo”. Oscar Alende pregunta si “acaso fue un dirigente gremial que instó a la desobediencia civil o a no pagar impuestos” y “negó que hubiese tenido vinculación alguna con la subversión”[85]. Bravo sería liberado recién en 1978 y mantenido bajo libertad condicional[86].

Las monjas francesas

Uno de los crímenes más resonantes de la dictadura, que le traería un enorme descrédito internacional y determinaría por décadas la agenda diplomática de Francia hacia Argentina es el secuestro, tortura y muerte de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. Las religiosas acompañaban a un grupo de familiares de desaparecidos que se reunía regularmente y estaba recolectando dinero para publicar una solicitada pidiendo por sus hijos en Navidad. A las reuniones concurría infiltrado el entonces capitán Astiz, quien fingía tener un hermano desaparecido. El 8 de diciembre varios de ellos, incluida Domon, fueron secuestrados a la salida de una reunión en la iglesia porteña Santa Cruz en un operativo comandado por Astiz en persona. Días después fue secuestrada Leonie Duquet así como Azucena Villaflor de Devicenzi, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, desaparecida desde entonces. Las religiosas fueron vistas en la ESMA y sus cuerpos, aparecidos en la costa atlántica y enterrados en una fosa anónima en 1977, fueron identificados en 2005 por el EAAF[87].

En la Argentina dictatorial el caso tardó una semana en tomar estado público. La primera alusión de La Opinión nombra en tapa “la desaparición de dos religiosas francesas” e informa sobre gestiones de Francia y preocupación de EE. UU.[88] En La Nación la primera mención es del corresponsal europeo quien escribe que la “desaparición” de las religiosas produjo en París “cierto grado de emoción”. El enviado dice que hay “dos juicios… disímiles” con “precisiones diferentes” sobre el caso pero cita sólo uno de ellos, el de France–Soir, según el cual se trata de “una provocación montada para molestar al gobierno militar”[89]. Los detenidos de la iglesia Santa Cruz son mencionados en La Nación en un breve pedido de hábeas corpus por ellos, “detenidos según las presentaciones… a la salida de una misa” y luego al reproducir un cable extranjero que informa sobre la “preocupación” del gobierno estadounidense por “la detención de familiares de desaparecidos”[90]. Según el cable:

Una quincena de familiares de presos políticos desaparecidos fueron detenidos el jueves en una iglesia de la capital argentina por hombres vestidos de civil que se identificaron como agentes de las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, las autoridades argentinas no han facilitado información alguna sobre la situación de estos detenidos. Los familiares de los desaparecidos estaban reunidos para reunir fondos con objeto de publicar un aviso en los diarios solicitando al gobierno… que diera cuenta de las personas apresadas de las que no se ha vuelto a tener noticias.

El gobierno responde a la información con un comunicado ambiguo repudiando “todo intento perturbador de la paz y la tranquilidad de los argentinos” y condenando a “la subversión” que “insiste con sus métodos de odio y destrucción”[91]. El mismo día se lee que está en el país un obispo francés quien “negó que su visita estuviera relacionada con la desaparición de dos monjas de esa nacionalidad” aunque admitió “conocer la desaparición de las hermanas” y se lee que un funcionario de la cancillería francesa subrayó “la preocupación de su gobierno a raíz de la desaparición de las dos religiosas” y “el silencio de las autoridades argentinas sobre el caso, a pesar de las repetidas gestiones de la embajada de Francia en Buenos Aires”[92]. Mientras, La Nación informa que el embajador Anchorena recibió “una petición con más de 13.000 firmas sobre las desapariciones de algunas personas en la Argentina”[93].

Cuando la situación se hace insostenible para los militares, reaccionan con un recurso barato: informan que “la banda de delincuentes subversivos autodenominada montoneros se atribuyó ayer la autoría del secuestro de dos religiosas francesas” y que el fin del mismo es lograr un documento de repudio al gobierno de la Iglesia, la aceptación de asilados políticos por Francia, la liberación de 21 compañeros y un documento de la Junta sobre la situación de detenidos y desaparecidos[94]. El gobierno no teme hacer el ridículo: ese mismo mes declara que “el gobierno militar argentino considera virtualmente derrotados a los montoneros” pero no duda en adjudicarles el secuestro de 12 personas en la puerta de una iglesia en plena luz del día[95]. Es evidente que el gobierno francés no acepta esa versión y el embajador argentino es citado una y otra vez a la cancillería a rendir cuentas por “dieciséis personas de nacionalidad francesa, entre las que se encuentran dos monjas (que) habrían desaparecido o estarían detenidas en la Argentina”[96].

El caso de las religiosas Domon y Duquet dio lugar a múltiples gestiones y entredichos entre ambos países que incluyeron el envío de un enviado del parlamento francés a Buenos Aires y la llegada de la superiora de la orden de las monjas[97]. El embajador en París debió ocuparse de la imposible tarea de responder a ambos frentes, defendiendo a la dictadura en el extranjero y viajando a buscar información a Buenos Aires urgido por las demandas de familiares de desaparecidos y del gobierno francés[98]. La situación escaló cuando el arzobispo de París declinó realizar una misa por el bicentenario del general Jose de San Martín, prócer nacional fallecido en Francia, debido a “acontecimientos que son del dominio público”, hecho que La Nación califica como “dolorosamente agraviante”[99]. Ese diario se pregunta, sin embargo, si el gobierno estará “en aptitud” en marzo próximo de “evitar o de esclarecer secuestros como el de las monjas francesas”… “y los de unas doce mujeres parientes —madres, entre ellas— de personas dadas por desaparecidas”[100].

Para la oligarquía argentina, aliada con los militares en el proyecto dictatorial, lo “francés” representó siempre un emblema de cultura y elegancia. Desde el siglo XIX París era el destino favorito de las clases altas criollas que importaron para la capital su estilo arquitectónico y exhibieron su adhesión a esa cultura como signo de distinción. En ese imaginario de clase, ciudadanos franceses debían contar con un crédito simbólico adicional. Si a eso se agrega el hecho de ser mujeres, destinadas a un rol doméstico y privado según los valores tradicionales, y la condición de religiosas, que impone automáticamente respeto en esos círculos ultracatólicos, las monjas francesas desaparecidas plantean una ecuación difícil de cerrar para algunos sectores de la alianza cívico militar en el poder. Por lo demás, si monjas francesas eran secuestradas impunemente y a la luz del día por agentes estatales, el lector de diarios podría entonces preguntarse qué le cabría esperar al resto de los desaparecidos.

Las voces que nombran a los desaparecidos

¿Quiénes hablan de los desaparecidos en esta etapa de la represión ilegal? ¿Qué actores sociales los nombran y qué estrategias emplean para hacerlo? ¿Qué margen de acción tenían los antes influyentes sindicalistas, la cúpula eclesiástica o los políticos para plantear el problema de las desapariciones? ¿Y qué paradojas contienen las denuncias directas formuladas por familiares por casos individuales, que pronto dejarán de serlo para reclamar con una misma voz?

Durante este período los obispos continúan emitiendo declaraciones de pesar y “preocupación por la situación de algunos detenidos… sin cargos concretos” y “la desaparición de personas, incluyendo a algunos miembros de la Iglesia”[101]. Hacia fin de año, durante la homilía en la catedral, el cardenal Aramburu nombra a los desaparecidos y los lleva así a la primera plana de los diarios. Luego de “deplorar” los “daños y muerte producidos por la subversión” el Cardenal afirma que “mucho contribuirá a tranquilizar el espíritu de tantos argentinos el propósito de brindar información exacta acerca de la condición de tantos desaparecidos, o detenidos, de cuyo estado se ha tenido, en los hogares, dolorosa incertidumbre”[102]. Los obispos expresan su preocupación por el “difícil momento económico” y por “la angustiante situación” de personas “detenidas o secuestradas, sobre cuya suerte ninguna autoridad parecía estar en condiciones de responder”[103]. Como institución, sin embargo, prefieren las gestiones privadas ante los militares antes que la condena pública o la articulación de iniciativas con otras organizaciones sociales. Según se lee en La Opinión, “la acción de la Iglesia está basada en el hecho de que ‘no siempre una gestión pública tiene la misma eficacia de una intervención reservada’”[104]. Los reclamos más decididos son iniciativas individuales como la del obispo de Neuquén, que lleva al Ministro del Interior una carpeta con casos de gente de la zona “que ha desaparecido y de las que no se tiene más noticia” pero meses después declara que “los obispos… no hemos sido escuchados”: medio año más tarde monseñor Zazpe afirma que el “trágico” problema de las desapariciones es planteado “ante todos los arzobispados”[105].

El silenciamiento de los sindicatos y gremios profesionales se percibe con más intensidad durante este segundo año de dictadura. Salvo noticias ocasionales, los sindicalistas están ausentes en la prensa y no hay referencias públicas del sector a sus desaparecidos[106]. Las asociaciones profesionales que toman más audiblemente la palabra, además de las de prensa, son las de abogados, ante los frecuentes ataques a sus miembros y una “ola” de desapariciones en Mar del Plata[107]. Si los periodistas atraviesan la curiosa situación de tener que comunicar el secuestro de sus colegas y jefes; los abogados se ven en la peligrosa paradoja de presentar recursos de hábeas corpus por colegas desaparecidos[108].

La sucesión de secuestros de letrados en Mar del Plata, según se lee en La Nación, comienza con “la desaparición de tres de los cuatro abogados del foro local, ocurrida casi simultáneamente y en procedimientos similares” ante la cual “autoridades del Colegio de Abogados habríanse entrevistado con fuerzas de seguridad y militares, aunque se desconoce el resultado de las gestiones”[109]. Los días subsiguientes se lee que continúan los secuestros y “mientras se continúa sin noticias acerca del paradero de los (cinco) abogados secuestrados en los últimos días” se informa que el colegio de abogados local “sigue reunido en sesión permanente” y que se halló un cadáver que podría corresponder a “uno de los abogados desaparecidos”[110]. Al confirmarse esa muerte el día siguiente la asociación de abogados dispone un día de “duelo y pesar” y destaca los antecedentes profesionales del difunto, que había tenido a su cargo “la redacción de leyes en materia laboral”[111]. La escalada de secuestros no se interrumpe. Cuando al día siguiente se llevan a otro abogado con su esposa y se interpone un hábeas corpus estos son liberados (ambos eluden el contacto con la prensa) pero pocas horas después desaparece otro matrimonio[112]. La Federación Argentina de Colegios de Abogados pide audiencia a Videla para exponerle la “tensa situación” de Mar del Plata “a raíz del secuestro de un grupo de letrados y el asesinato de uno de ellos”, sin mencionar la palabra desaparecidos sino nombrando a colegas “cuyos paraderos se ignoran”[113].

La mayoría de los abogados no vuelve a aparecer, y cuando periodistas le preguntan por el tema al Ministro del Interior éste afirma: “Yo también estoy preocupado como argentino por los abogados de Mar del Plata, como me preocupan las desapariciones de cualquier otro ciudadano del país, pero no tengo ninguna otra información para proporcionar de lo que está ocurriendo allá”[114]. Con igual cinismo uno de los principales responsables de la represión en la provincia de Buenos Aires, el jefe de policía coronel Camps, viaja a esa ciudad dos semanas después del primer suceso, afirma, a fin de “interiorizarse de los hechos”[115].

En cuanto a los políticos, las posiciones que se leen en la prensa oscilan entre lo que podría llamarse “cautela” y la abierta complicidad. Acatan la directiva de no pronunciarse en público como tales sino como meros “ciudadanos”. Dirigentes peronistas elevan tímidos petitorios para que se libere a la viuda de Perón y en una ocasión solicitan al gobierno, “en su condición de ciudadanos”, “el reintegro al ejercicio pleno de sus derechos a aquellos ciudadanos arrestados, de quienes no pueda sospecharse seria y fundadamente que su libertad pueda comprometer la paz y la seguridad del Estado”. La declaración, que dedica unas palabras a la situación económica opresiva para “vastos sectores populares”, no nombra sin embargo a los desaparecidos directamente y reconoce “la necesidad de aplicar el Estado de Sitio previsto en la Constitución”[116].

En términos similares se expresan los políticos de la UCR en un documento donde afirman su “derecho” e incluso “deber” de expresarse “como ciudadanos y sin ser subversivos o corruptos”. Los radicales se pronuncian sobre la situación económica y la campaña de denuncia a la dictadura en el exterior (“nos fastidia a todos tener que estar en el banquillo de los acusados en lo referente a la vigencia de los derechos humanos”) y afirman, sin nombrar a los desaparecidos, que “se logrará el mejoramiento de nuestra imagen en lo interno y en el exterior, si se centraliza la acción represiva” puesto que “la República quiere ser también comprensiva y vivir sin miedo” y “la cuestión es que no mueran más argentinos”[117]. La extrema moderación del texto no evita que un vocero militar les inicie una querella a los firmantes por infringir “la prohibición de la difusión ideológica partidaria” ya que “si bien manifiestan fundamentar (la declaración) en su carácter de ciudadanos”, sus expresiones “no dejan margen de duda sobre el carácter de documento partidario” e “ideológico”[118].

La prohibición de actividad política partidaria se entiende en forma literal. En la prensa puede leerse que militantes de superficie son detenidos sin cargo alguno y que cincuenta miembros de la UCR reunidos en un “almuerzo de camaradería” en un local del partido son arrestados y llevados en cinco camiones del ejército, ante la observación de los vecinos, y pasan varios días detenidos[119]. Cuando a fin de año el dirigente Ricardo Balbín desea emitir sus opiniones difunde una “carta personal” en la que dice manifestar sólo unas “reflexiones” fruto del intercambio de opiniones con “amigos”. La carta, publicada en La Nación, habla de la situación económica y menciona la importancia de retornar a un régimen de partidos pero no hace ninguna alusión a detenidos o desaparecidos[120].

Familiares: entre el afecto y la política

Desaparecidos menos conocidos son mencionados en la prensa de modo que, sin ser monjas francesas, parezcan dotados de las mismas cualidades de inocencia y mansedumbre. Como se ha visto en el capítulo anterior, las denuncias destacan el carácter inofensivo de los desaparecidos y crean, en la urgencia por rescatar vidas, la ilusión de que hubiera “grados” de sospecha de culpabilidad y no una garantía de presunción de inocencia. En algunas denuncias se explicita la tensión entre esa lógica y la voluntad de ampliar la protesta a la represión en su conjunto, como cuando desaparece un redactor de Última Clave y esa revista expresa en un editorial que “si todo secuestro” es una injusticia, ésta “resalta en el caso de nuestro colega, hombre profundamente convencido de la necesidad de aplicar métodos pacíficos a la controversia política”[121].

Esta estrategia de “inocentización” a priori de los desaparecidos contiene el germen de lo que décadas más tarde sería criticado como una “despolitización” de los desaparecidos. Efectivamente, se trata de reclamos que enfatizan los vínculos de parentesco y otros rasgos que destaquen la “inocencia” y “rectitud cívica” de quienes han sido secuestrados. Es preciso, sin embargo, ubicar esta operación en la urgencia y la necesidad de aquel momento, signado por el terror, y comprenderla como un intento de evitar el aislamiento social y, sobre todo, obtener información sobre la persona buscada sin temor a exponerla a mayores riesgos por explicitar su actividad política[122].

Zygmunt Bauman ha expuesto cómo el régimen nazi puso en juego con los judíos la lógica del “salva lo que puedas”: una sucesión de etapas represivas organizadas de modo tal que la población amenazada tuviera la ilusión de poder elegir racionalmente para sobrevivir, sin advertir que esas acciones refrendaban en última instancia el proyecto nazi total[123]. Aunque ambas situaciones históricas hayan sido tan distintas, el proceso de “acorralamiento” al que son llevadas las víctimas caracterizado por Bauman resuena en las estrategias individuales a las que son impulsados los familiares de desaparecidos por efecto del terror, donde el empeño reside en diferenciar al ser querido. El énfasis en las cualidades de esa persona en particular que la haría merecedora de una contemplación especial, al promover una “excepción”, puede generar como efecto involuntario la “normalización” del resto de las desapariciones y contribuir a la resignación y la aceptación del estado de las cosas. Como en la Alemania nazi, sin embargo, en la dictadura no hubo grupo social, relación de parentesco o poder ni condición alguna que garantizaran inmunidad.

El hecho de que sólo los familiares reclamaran por los desaparecidos en casos de personas de actuación pública muestra el nivel de desarticulación de las organizaciones sociales y políticas: Desaparecen dos ex diputados nacionales, y quienes denuncian son sus parientes. Desaparecen dos altos representantes de un sindicato en Jujuy y los familiares se dirigen a la policía ante lo cual se involucra el interventor militar del gremio. Citando como fuente la “prensa local” mendocina se informa la desaparición de una “docente jubilada” de 60 años que había sido dirigente del gremio, porque su hijo hace la denuncia policial[124]. Se lee el pedido de una mujer para que su hijo reciba medicación, el de parientes de un estudiante “secuestrado por personas armadas cuando asistía a clase en la Facultad”, pedidos por jóvenes de 14 o 15 años secuestrados y asesinados, denuncias de cónyugues por la pareja ausente, testimonios sueltos de familias desgajadas[125]. Los familiares salen al espacio público a poner en juego el vínculo más privado, el parentesco, ante la ausencia o prohibición de instancias sociales o políticas de reclamo. Se apoyan, además, en la legitimidad que los vínculos familiares debían hallar en la ideología conservadora del régimen por más que, como se verá en el siguiente capítulo, éste actuara de forma opuesta a los valores que declamaba.

Otras reacciones, más cercanas a la resignación que a la denuncia o la búsqueda pero igualmente movidas por la desesperación, consisten en la celebración de oficios religiosos, como las misas celebradas por dos personas con perfil público, el sindicalista Oscar Smith y el periodista Edgardo Sajón. Por el primero, al cumplirse un año de su desaparición, se oficia una misa convocada por una línea interna del Sindicato de Luz y Fuerza que los gremialistas aprovechan para llevar el tema a los diarios y telegrafiar a Videla pidiendo “el esclarecimiento” del caso[126]. Al año de la desaparición de Sajón su familia convoca también una misa, a la que asisten el ex presidente Lanusse y “gran número de periodistas y amigos”, que es cubierta en la prensa destacando el abordaje “espiritual” del tema por el cura Antonio Rant: “pensamos en él, ya esté en manos de las tinieblas o de la Luz, pero muy cerca de la Aurora”. En el lenguaje poético del sacerdote, la zona de indefinición entre la vida y la muerte creada por el poder desaparecedor adquiere un tinte místico y parece poder prescindir de una definición terrenal y concreta de la situación de Sajón:

Los cristianos casi no distinguimos entre los ausentes en tierras lejanas o en la Casa del Padre; en ambos casos hablamos de ausentes con quienes nos volveremos a ver, con quienes nos unen la oración y los ideales, la amistad y el amor. Están ausentes, sí, ¡…aniquilados nunca![127].

Madres de Plaza de Mayo: el vientre de la resistencia

La incipiente resistencia al régimen apenas tiene visibilidad en los diarios argentinos; aunque en este período se está articulando rápidamente alrededor de los organismos de derechos humanos, sus acciones raramente llegan a la prensa. La APDH lo hace con sus esporádicas declaraciones. Un documento que emite a fin de año y publica La Nación alude cautelosamente a la necesidad de mantener “el monopolio de la fuerza por el Estado” y “solicita (…) que los poderes políticos del gobierno nacional lleven adelante la investigación requerida por la Corte Suprema de Justicia en su trascendente pronunciamiento del 18 de abril de 1977 sobre la situación de personas desaparecidas”[128]. La APDH insiste: meses después difunde el texto de una carta dirigida al gobierno en la que “señala que la publicación de las listas de detenidos políticos no ha permitido aún verificar el paradero de numerosos desaparecidos, aunque reconoce los esfuerzos del gobierno en ese sentido”. El texto menciona episodios como “la detención y posterior desaparición, en diciembre, de familiares de presos o secuestrados junto con dos religiosas francesas”, acerca de cuyo destino “nada se ha sabido hasta hoy”, y también “nuevos casos de desapariciones ‘aún cuando en número inferior a períodos anteriores’ en las que actúan personas que se atribuyen el ejercicio de la autoridad y el poder público”[129]. El otro organismo que se hace presente con una solicitada a fin de año, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, expresa el deseo y ruego para que el año nuevo abra “una convivencia ‘sin ausencias… sin angustias… sin odios”[130].

El resto de los organismos humanitarios y de familiares de desaparecidos, aunque cada vez más numerosos y activos, prácticamente no tiene visibilidad pública. Una de las ocasiones en que las Madres de Plaza de Mayo son reprimidas por manifestarse frente a la casa de Gobierno es informada por La Nación casi sin alusión alguna a quiénes eran y por qué fueron dispersadas. La breve noticia comunica que “en dependencias de (una) comisaría… fueron alojadas 16 personas —12 mujeres y 4 hombres— detenidas en las cercanías de la Catedral” y agrega:

Pudo saberse extraoficialmente que ayer, aproximadamente a las 17, agentes que iban en un patrullero de la Policía Federal observaron la presencia del grupo, próximo a la Catedral. Trascendió que todos son miembros de una comisión que, periódicamente, realiza visitas al Ministerio del Interior para interesarse por la situación de detenidos[131].

El periódico no manifiesta extrañeza por el hecho de que se trate mayormente de mujeres que se concentran pacíficamente, y concluye: “Los 16 apresados, que no promovieron disturbio alguno, recuperarán la libertad una vez identificados”. Las Madres de Plaza de Mayo han nacido y se manifiestan en público, pero la opinión pública y la prensa tardarían en reconocerlas como tales.

Poco después, y luego de que los demás diarios se nieguen a reproducirla, el diario conservador La Prensa publica la primera solicitada que se difunde de las Madres de Plaza de Mayo. La firman más de 200 personas, la mayoría mujeres, dirigiéndola al Presidente, a la Corte Suprema, a los altos mandos de las FF. AA., a la junta militar y a las autoridades eclesiásticas bajo el encabezado “Madres y esposas de desaparecidos. Sólo pedimos la verdad”. La redacción del texto es respetuosa pero deja ver el fondo de desesperación y angustia que mueve a los firmantes. Le preguntan al Presidente “¿A quién debemos recurrir para saber la verdad sobre la suerte corrida por nuestros hijos?” y afirman: “Somos la expresión del dolor de cientos de madres y esposas de desaparecidos”. Sin las frases elípticas y modos elusivos de los políticos, las madres nombran a los desaparecidos por su nombre y exponen su situación:

LA VERDAD que pedimos es saber si nuestros DESAPARECIDOS ESTAN VIVOS O MUERTOS Y DONDE ESTAN ¿Cuándo se publicarán las listas completas de DETENIDOS? ¿Cuáles han sido las víctimas del EXCESO DE REPRESION a que se refrió el Sr. Presidente? (…) No soportamos ya la más cruel de las torturas para una madre, la INCERTIDUMBRE sobre el destino de sus hijos[132].

Durante todo este período las Madres de Plaza de Mayo son sumamente activas. Recorren despachos de autoridades y son enviadas de uno a otro sin éxito, pero ahora lo hacen de a cientos y no pueden ser ignoradas[133]. El periodista francés Jean Pierre Bousquet, que acompañó su tarea, recuerda una reunión de 300 madres ante un edificio del gobierno para entregar un petitorio con 24.000 firmas exigiendo investigaciones sobre los desaparecidos y la libertad de los prisioneros sin proceso; pero la prensa local sólo las nombra en las solicitadas pagas, que publica a sobreprecio[134]. A las conferencias de prensa de las Madres de Plaza de Mayo acuden sólo periodistas extranjeros y el único medio local que informa sobre su lucha es el Buenos Aires Herald[135].

80.000 hábeas corpus

Si durante el primer año de dictadura podía leerse sobre presentaciones, generalmente individuales, de hábeas corpus, en este período se percibe cómo los casos se acumulan, obligando a jueces y tribunales a pronunciarse sobre ellos a la vez que se reconoce que los miles de recursos ya no son una suma de casos aislados sino un hecho plural[136]. Según la CIDH, de las miles de presentaciones “ningún hábeas corpus ha logrado rescatar con vida siquiera un desaparecido” y en caso de los detenidos sin proceso muy pocos han logrado la libertad del beneficiario[137].

La Nación se ocupa por primera vez del tema en un editorial que es, también, la primera mención a los desaparecidos con la voz institucional del diario. El texto se refiere a la presentación colectiva de hábeas corpus y enfatiza la necesidad de “ajustar la necesaria fluidez de la actividad contra la guerra subversiva con las garantías individuales”[138]. Precisamente ese texto que elogia “la independencia de la Justicia argentina (que) es un honor para este gobierno” emplea indistintamente las palabras “desaparecidos” (en el artículo) y “detenidos políticos” (en el título) como si fueran equivalentes o intercambiables, cuando justamente la distancia entre ambos es fruto y evidencia de la acción ilegal del Estado. Un mes después La Nación dedica un editorial al hábeas corpus que “forma parte irrecusable”, afirma, “de las garantías definidoras de la Constitución” y agrega que el propio Videla comparte “esta preocupación general por la falta de claridad en lo ocurrido a personas a las cuales no se les puede ubicar fehacientemente”[139].

Algunos hábeas corpus llegan a la Corte Suprema que debe decidir sobre ellos. Tras la presentación colectiva hecha en abril, la Corte pide al Poder Ejecutivo que intensifique “la investigación sobre el paradero y la situación de las personas cuya desaparición se denuncia judicialmente y que no se encuentran registradas como detenidas”[140]. Esta decisión crea un antecedente que siguen luego otras instancias de apelación, que instan a investigar mediante otros procedimientos como si se tratara de delitos comunes.

La Corte Suprema entiende que debe haber un “control de razonabilidad” de los términos en que se mantienen detenciones prolongadas por cuenta del Poder Ejecutivo en virtud del Estado de Sitio, y que ambos poderes deben “asumir su propia pero complementaria responsabilidad”[141]. Ese mismo día se lee que la APDH pidió al presidente Videla que los recursos se sustancien también “en sede político–administrativa” y “con las debidas garantías de procedimiento para quienes los interpongan… como medio relevante y eficaz para esclarecer con la mayor urgencia la situación de personas desaparecidas”. La solicitud remite a la declaración de la Corte Suprema de que “no está al alcance de los jueces remediar la situación que motiva esta presentación” y, amparándose en el discurso oficial, dice inspirarse en el propósito de “contribuir a ganar la paz”[142].

La trama del itinerario judicial que siguen los hábeas corpus, en árida jerga judicial, es ardua de seguir para el lector de diarios lego: se refieren idas y vueltas entre jueces y cámaras que respectivamente se atribuyen la competencia sobre el caso y rehusan tomar una decisión sobre el recurso[143]. Cuando un juez se declara incompetente en un recurso por una cuestión de “jurisdicción territorial”, la cámara resuelve que siga entendiendo en el caso por “economía procesal”; otro magistrado se declara incompetente porque según informes de autoridades “el desaparecido no ha sido detenido ni existió orden a ese efecto”; un juzgado rechaza un hábeas corpus y la Cámara ordena al juez cumplir “estrictamente las disposiciones legales” y “determinar la justicia o injusticia de una detención”[144]. Los miles de hábeas corpus arden en manos de los jueces y así quedan estancados o bien se rechazan al llegar a la Corte Suprema[145].

A un año del primer pedido colectivo de hábeas corpus, se lee que “el problema de las personas desaparecidas ha sido nuevamente planteado a la Corte Suprema mediante una presentación directa de familiares de aquellos, con el patrocinio de un grupo de abogados de conocida actuación pública, entre ellos tres ex ministros, dos dirigentes políticos…”. El informe remite a la presentación similar hecha “en abril del año pasado”, menciona “la falta de investigación judicial de los casos denunciados” y cuestiona la eficacia de los recursos judiciales para esclarecer los casos de “las personas desaparecidas” ante lo cual sus “atribulados familiares” recurren a la Corte[146].

Los recursos interpuestos son rechazados, aún en las instancias superiores, y sin embargo siguen presentándose: La Nación informa sobre “más de ciento cincuenta hábeas corpus… interpuestos en distintos juzgados de la Capital Federal”[147]. Pocos días después allí mismo se informa que los hábeas corpus presentados en Capital fueron treinta y tres, “referidos en su casi totalidad —al igual que los publicados en una edición anterior— a hechos que son expuestos por los recurrentes como ocurridos en 1976, y —en su gran mayoría— reiteraciones de recursos análogos deducidos con anterioridad”[148]. Las breves informaciones en la sección Tribunales se hacen esporádicas pero todavía pueden leerse presentaciones por decenas de personas “que según las presentaciones respectivas no pudieron ser ubicadas desde tiempo atrás o fueron detenidas”, “cuyos paraderos se desconocen” o “de quienes desde diferentes fechas del año próximo pasado se carecen de noticias”. En un caso los recursos presentados suman 63, “en favor de personas comprendidas… en hechos ocurridos en su mayoría en 1976 y cuyos recursos son reiteraciones de anteriores”[149].

Los abogados temían patrocinar hábeas corpus, ya que sabían que los fiscales tenían instrucción de transmitir los nombres de quienes lo hacían a los servicios de inteligencia. No obstante, los organismos de derechos humanos habían difundido un modelo de presentación que facilitaba la tarea a las familias y Emilio Mignone calcula que “se presentaron en esa época alrededor de 80.000 recursos de hábeas corpus, pues la mayoría los repetíamos incansablemente como forma de lucha y presión”[150].

Los familiares insisten y ese mínimo espacio del diario continúa informando lo que no se publica en otras secciones y ofreciendo información sobre quiénes desaparecen. Allí se lee el recurso interpuesto por el escritor Rodolfo Walsh, cuyo secuestro había sido silenciado en la prensa, por un funcionario del ministerio de Economía, por el hijo del director de un diario, por un cirujano y su esposa y por una pareja junto a su hijo de 4 meses[151]. También se leen allí indicios del episodio que dio lugar al secuestro de las monjas francesas y las madres desaparecidas junto a ellas, cuando se informa sobre el hábeas corpus interpuesto por tres personas “detenidas… el 8 del actual a la salida de una misa en la iglesia de la Santa Cruz de Estados Unidos y Urquiza”[152].

El escenario internacional

La censura, la trama de complicidades, el terror y posiblemente la indiferencia, contribuyeron a que hayan sido tan pocas y tan poco audibles las voces que denunciaron las desapariciones en la esfera pública. Durante este período es notorio cómo el ámbito donde se ponen de manifiesto estos reclamos es el de los foros internacionales y la prensa extranjera, que en la medida en que son cubiertos por la prensa local dejan entrever lo que sucede en el país. En este período los pedidos públicos de gobiernos extranjeros por ciudadanos suyos o en defensa de argentinos detenidos son más esporádicos, al igual que la información sobre intervención externa por refugiados[153]. Ya no se lee sobre trámites para rescatar a extranjeros del país, sino que las gestiones son por los mismos argentinos acorralados dentro de sus propias fronteras[154]. Lo que sedimenta y adquiere un protagonismo decisivo durante este período es la presión por la política represiva del régimen de parte del gobierno de Carter, aunque éste no sea homogéneo y al interior de su gabinete y Congreso coexistan líneas diferentes. En Europa las denuncias más audibles provienen de la opinión pública, donde grupos de solidaridad y exiliados difunden los crímenes de los militares argentinos[155].

Las palabras clave en las declaraciones públicas con las que los militares se defienden de las acusaciones son terrorismo internacional, campaña de descrédito e incomprensión. Cuando sectores afines a la dictadura buscan moderar el efecto de las críticas dicen que el gobierno necesita “comprensión”[156]. Cuando el canciller anuncia la creación del llamado “centro piloto” en París para contrarrestar la información que circula internacionalmente sobre el país, adelanta que si da resultado abrirán más, puesto que “los países que no padecían el flagelo del terrorismo no alcanzaban a entendernos” pero “algunos de ellos que están empezando a sufrir sus consecuencias también comienzan a comprender el problema argentino”[157]. Los gobernantes creen que si sus aliados del norte realmente “conocieran” la “realidad argentina” cambiarían de opinión, y atribuyen las críticas a un idealismo ingenuo. Cuando el influyente ministro Martínez de Hoz, en gira por EE. UU., se reúne con el asesor de seguridad nacional Zbigniew Brzezinski, afirma que éste tiene “una actitud de simpatía” con la Argentina pero “su conocimiento del tema no era exhaustivo” puesto que la política exterior de Carter “parte de un aparato teórico, idealista y luego debe confrontarse diariamente con una realidad que lo desmiente y a la cual debe ajustarse”[158].

La prensa internacional sigue siendo una obsesión para el régimen y con idéntico énfasis descalifica los comentarios críticos y exagera los favorables. En 1976 el gobierno contrata a una consultora de relaciones públicas de Nueva York para que lo asesore sobre cómo recomponer su imagen externa y organiza viajes de periodistas afines al país[159]. El presidente Videla, satisfecho con el resultado, renueva los servicios por dos años más.

Tal vez sea mérito de esa consultora que algunos medios y dirigentes estadounidenses se manifestaran a favor del régimen, reacciones que autoridades y medios exageran y destacan. Ocupan la primera página declaraciones de un diputado demócrata que estuvo en Argentina y afirma: “todos mis entrevistados aprobaron el método rápido y positivo de las autoridades”[160].

El método de desaparición y terror, amparado en el ocultamiento del crimen, explica quizás también que visitantes extranjeros se sorprendan gratamente cuando llegan a Buenos Aires y no encuentran una batalla campal a la vista. Un periodista francés escribe, por ejemplo, que lo que vio “es muy diferente a los cuadros de pesadilla pintados por una propaganda interesada”[161]. Es posible que sean también fruto del lobby norteamericano publicaciones como un artículo del New York Times que califica a Buenos Aires como “más segura que Nueva York, especialmente de noche” o un editorial de The Times de Londres que minimiza y justifica el terrorismo de Estado así como “la falta de preocupación pública local por los 7.000 u 8.000 terroristas muertos o capturados por los militares, los otros miles de horribles ‘desapariciones’, las torturas y las ejecuciones sumarias” porque “los guerrilleros ayudaron a hacer de todo esto una rutina aquí”[162]. La importancia de esas declaraciones se exagera hasta el ridículo, como cuando La Nación lleva a su tapa las opiniones de unos músicos suizos en gira por el país[163].

“Estamos del lado de los torturados”

El compromiso del gobierno de Carter con el tema derechos humanos se mantiene firme durante este período y en ese marco su Congreso reduce los fondos de asistencia militar a seis países latinoamericanos, entre ellos Argentina y Brasil[164]. La presión de Estados Unidos se extiende hasta la OEA, que en 1977 tiene a los derechos humanos como tema principal en la agenda. En su asamblea anual EE. UU. “insta” a Chile y Argentina a “procurar una normalización de la situación de los derechos humanos” y el gobierno argentino expone la tesis de que “no puede considerarse a los gobiernos… como únicos protagonistas de las violaciones a los derechos humanos” sino que el terrorismo supone “un nuevo concepto moderno de violación a los derechos humanos en nuestro continente”[165]. Ante la OEA quedan delineados dos proyectos de tendencias opuestas: de un lado el que avalan EE. UU. y Venezuela y sostiene que “ningún Estado tiene derecho a suspender o interferir con los derechos individuales fundamentales” cometiendo violaciones tales como “la tortura, la ejecución sumaria y la detención prolongada sin opción a un proceso judicial justo”[166]; de otro lado la posición argentina, apoyada por los gobiernos dictatoriales de Chile y Uruguay, que “denuncia” como “una concepción filosófica liberal obsoleta” la de que los gobiernos son “los causantes exclusivos de las violaciones de los derechos humanos”[167]. Finalmente se aprueba el borrador elevado por EE. UU. y una resolución exhortando al gobierno chileno a que proteja los derechos humanos en su país, iniciativa aprobada en forma unánime y que Argentina, hipócrita, también vota[168].

La resolución implica un aval para las investigaciones de la CIDH, y el gobierno interpreta como “un triunfo” de la cancillería que la Comisión no incluya un informe sobre Argentina ese año[169]. En febrero, sin embargo, la CIDH informa al gobierno “su intención de abrir una investigación sobre el terreno de las denuncias de que se registraría allí una sistemática violación de ese principio” y da lugar así a una larga serie de maniobras de los militares para condicionar y postergar la visita de inspección, que tendría lugar recién en 1979[170].

El viaje de Videla a Washington en septiembre, pensado por sus asesores como un modo de revertir la “imagen negativa” del gobierno, obliga al presidente a responder ante funcionarios y periodistas por los secuestros y asesinatos. Afirma que “el gobierno debe tener el monopolio de la fuerza” pero que “este propósito no es fácil de convertir en realidad en una guerra tan sucia”, que el “aparato de represión… se mueve en un marco muy amplio” y “en un clima de guerra surgen deformaciones”[171]. El Presidente debe también salir al cruce de las acusaciones al régimen de antisemitismo[172]. En su encuentro con Carter, luego, Videla asegura al norteamericano que “la guerra contra la acción subversiva está llegando a su fin, y la Argentina pasará una Navidad mucho más feliz”. El país, promete, “hará rápidos progresos sobre la cuestión de los derechos humanos e informará al mundo lo antes posible sobre la suerte de muchos presos políticos”[173]. En su balance del viaje, La Opinión escribe que el encuentro “reflejó… el rápido y profundo cambio de la posición norteamericana frente a la Argentina”, que hubo “referencias concretas a algunos casos que preocupan en los Estados Unidos y que tienen que ver con detenciones a disposición del Poder Ejecutivo” y que “habría criterio formado sobre la necesidad de encarar el procesamiento —por vía judicial civil y castrense— de los detenidos y facilitar a la opinión pública un exhaustivo informe sobre desaparecidos”[174]. Hacia fin de año, sin embargo, Carter reafirma su posición, reiterando su “adhesión personal” a los derechos humanos y que “seguirá usando el peso del gobierno norteamericano en la defensa de esa causa: Mi dedicación personal a la causa de los derechos humanos es muy profunda”, declara Carter, “estamos del lado de los torturados, de las personas detenidas injustamente, de los que han sido silenciados”[175].

La lista de Vance

Las iniciativas de Videla para dar una buena imagen en Washington serían vanas ante la fuerte decisión política del gobierno de Carter en el tema derechos humanos. El brazo ejecutor de esa política en Argentina fue Patricia Derian, funcionaria que viajó tres veces a Buenos Aires a interiorizarse sobre la situación. Derian había estado en el país en marzo de 1977 en visita aún no oficial y cuando vuelve en agosto de ese año los diarios siguen de cerca sus gestiones. La enviada se entrevista con autoridades, con el nuncio apostólico y la misión local de la ONU, pero según la prensa su actividad “estuvo rodeada de total hermetismo”[176]. El último día se informa que Derian vio a dirigentes políticos, se omite si se entrevistó con organismos humanitarios y se publica que deja el país sin hacer declaraciones. Ambos periódicos reproducen el provocador parte oficial, según el cual Derian “negó que el actual enfoque norteamericano sobre derechos humanos tenga origen en ‘complejos de inferioridad por la discriminación racial’ de su país”[177].

La política estadounidense hacia el país, sin embargo, se ve afectada por las propias internas políticas de Washington. Poco después de partir Derian llega Terence Todman, representante de una actitud más conservadora en el Departamento de Estado, y expresa en términos condescendientes que “la Argentina está superando un período de anormalidad que le ha tocado atravesar y cuyas características se conocen bien en los Estados Unidos”[178]. En noviembre visita el país el propio secretario de Estado, Cyrus Vance, con una comitiva que integran también Derian y Todman. Los medios locales apuntan vagamente que la gira “subraya la preocupación del presidente Carter por los derechos humanos y las esperanzas de más estrecha cooperación con el continente”, pero en las referencias de fuentes extranjeras se señala que “las conversaciones estarán centradas en los problemas de uso de la energía nuclear y la situación de los derechos humanos… tema que ha causado fricciones entre (los gobiernos)”[179].

Luego, sin embargo, La Opinión deja saber en un pequeño apartado que Derian se reunió con dirigentes de la APDH, incluyendo al obispo Gattinoni y el rabino Marshall Meyer, que recibió a “familiares de diversos detenidos” como la esposa de Bravo y que cenó con periodistas extranjeros[180]. Disimulado en su fárrago informativo se lee también que, según Derian, la Cancillería se comprometió a “dedicar especial atención a la lista presentada por la embajada de los Estados Unidos” y que esa nómina contiene “7.500 nombres de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, presuntos desaparecidos y abatidos”[181]. La escueta noticia, que desliza sin explicaciones ni comentarios la posible continuidad entre desaparecidos y abatidos, no agrega nada sobre una información dramáticamente trascendente. Ya no son denuncias aisladas ni organismos independientes que puedan acusarse de parciales sino el propio gobierno de EE. UU. el que, a año y medio de iniciada la dictadura, posee una lista con 7.500 nombres. Y si esa es la cifra que maneja Washington y se tienen en cuenta las múltiples denuncias que por razones diversas no pueden llegar al embajador, el lector avezado bien podía intuir la dimensión del drama[182].

La Nación, que no hace mención a la lista de Vance, dedica la amplia cobertura de la gira a cuestiones anecdóticas y llena casi una página con fotos y detalles como el sitio de la mesa donde se sentó cada funcionario y que Vance pidió un “refresco de naranja”. Después, agrega, regresó a la embajada donde “el visitante mantenía reuniones con diversos grupos de personas sobre las que los empleados de la embajada rehusaron proporcionar todo tipo de identificación” pero “se hizo público que se trataba… de representantes de entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos y de… la colectividad judía”[183].

Poco después la cancillería argentina ordena a todas las embajadas que “desmientan” algunas “informaciones falsas” publicadas en “medios extranjeros” (The New York Times, The Washington Post, Herald Tribune, The Times y Süddeutsche Zeitung), según las cuales Vance habría entregado a las autoridades argentinas “una lista de 7.500 personas, supuestamente asesinadas o desaparecidas”. Las instrucciones son difundir que el gobierno argentino califica a las versiones de “absolutamente falsas” y “parte de una intencionada campaña internacional de desprestigio” y que la desmentida deberá publicarse por solicitada paga si fuera necesario[184]. Ansioso por librarse de la acusación que supone esa lista pero incapaz de responder por ella, el gobierno olvida que nombrando el tema, aún para negarlo, le confiere mayor visibilidad y refrenda su existencia, y que la mención de la lista en la primera página de los diarios europeos no hace sino subrayar su importancia. Cuando días después arriba el nuevo embajador de EE. UU., Raúl Castro, éste confirma que en su visita Vance “había traído… una lista con nombres de 7.500 personas detenidas o desaparecidas elaborada ‘no por mi gobierno, sino por tres organizaciones privadas dedicadas al problema de los derechos humanos’”. El embajador agrega que la lista fue entregada a Carter por representantes de tres grupos, “uno judío, otro católico y el tercero independiente” y fue presentada formalmente a través de la embajada “por deseo expreso del presidente Carter”[185]. Sin poder desmentir la existencia de la lista, la cancillería argentina minimiza su importancia y arguye que el gobierno estadounidense “no se hacía responsable por esa lista y que nos la entregaban a fin de cooperar con el gobierno argentino”[186].

Las internas en el gobierno estadounidense llegan hasta el país: Después de Derian y de Todman viaja un grupo de diputados que se expresa a favor de los militares. Lamentan “que poco se diga en los Estados Unidos del desprecio de los terroristas por el más fundamental de los derechos humanos: la vida misma”, elogian cómo “Argentina ha encarado constructivamente muchas de las críticas sobre derechos humanos” y dicen que intercederán ante los organismos internacionales de crédito para que revean el tema préstamos[187]. La Nación, que dedica gran cobertura a la visita, reproduce tiempo después declaraciones de Todman en EE. UU. en las que “reprochó a la prensa… no reflejar… la mejora de la situación de los derechos humanos en América Latina” y su tendencia a la “dramatización” de lo que ocurre en esos países[188]. Las tensiones con EE. UU. se mantienen hasta el fin de este período: en mayo llega a Buenos Aires David Newton, considerado el “número 3” del Departamento de Estado “en medio de síntomas de un nuevo empeoramiento de las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos” y se anuncia que las tensas relaciones “se hallan nuevamente afectadas por la decisión norteamericana de condicionar los créditos a ese país a la mejora en la situación de los derechos humanos”[189]. Las relaciones, de hecho, no mejorarían hasta el fin de la gestión de Carter y la asunción del republicano Ronald Reagan en 1981.

Europa: la “incomprensión”

En el caso de Europa, las gestiones por la situación en Argentina que se leen en la prensa se desenvuelven más en el terreno de la opinión pública que a nivel gubernamental, del que sólo llegan noticias de intervenciones puntuales por sus ciudadanos[190].

La polémica llega hasta la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde un experto británico y el observador argentino se enfrentan por las acusaciones de crímenes estatales en Argentina, a lo que el enviado de la dictadura contesta que no hay “policía secreta” ni “presos políticos” sino “terroristas condenados por actos de violencia”[191]. El conflicto escala cuando el argentino acusa al informe de incluir denuncias de “terroristas y delincuentes escapados de la Argentina” ante lo cual los expertos de la ONU lo conminan a “presentar sus disculpas o abandonar la reunión” y agregan que su conducta “parece confirmar las acusaciones que su gobierno teme escuchar en público”[192]. Como en otras ocasiones, es a través de esta curiosa triangulación que los argentinos leían en el periódico sobre la realidad de la tortura y los asesinatos en su país. Procedente de Ginebra y entreverada en las referencias a lo que parece un mero altercado diplomático, la información verdadera se filtraba en gotas en la prensa oficialista. La Nación, sin embargo, no comenta esa acusación sino que levanta al día siguiente la versión de la Cancillería, que defendió al embajador y puso en duda la imparcialidad de los expertos. Poco después le toca enfrentar una acusación similar al embajador argentino ante la UNESCO, quien debe responder por una lista de personas que le entrega la organización[193].

Las denuncias en el extranjero se hacen cada vez más visibles en la prensa e incluyen noticias de ocupaciones y manifestaciones frente a consulados argentinos en España[194]. A fines de 1977 trascienden las iniciativas para boicotear la realización en Argentina del Congreso Internacional de Cancerología y del Campeonato Mundial de Fútbol en 1978[195]. Aunque ambos finalmente tienen lugar en el país, no puede evitarse que la corriente de opinión adversa al régimen gane fuerza y visibilidad con estas campañas. El gobierno y sus ideólogos califican a las denuncias internacionales “campaña anti–Argentina”, una denominación que confunde adrede gobierno ilegítimo, población y país, presentando como un ataque al pueblo en su conjunto las denuncias de los crímenes del régimen dictatorial. La Nación alimenta esta confusión cuando editorializa sobre la “campaña orquestada contra la Argentina y su gobierno” y escribe que lo hace “para desprestigiar la imagen de un pueblo noble y tolerante, pacífico y ordenado”[196].

El corresponsal parisino de La Nación considera que “una leyenda negra se entretejió en torno de la actividad general del país” y fustiga a “los activos grupos de agitación internacional que durante mucho tiempo hicieron de Chile cifra de elección para su propaganda y que en la actualidad entretejen sus maliciosos comentarios en torno de la situación argentina”[197]. Pese a tanta descalificación, el enviado publica la información divulgada por un grupo de periodistas argentinos residentes en Francia y lleva a las páginas de La Nación un comunicado que denuncia el secuestro de una periodista con el cual “asciende a 40 el número de los periodistas desaparecidos. Otros veintinueve han muerto, setenta están detenidos y cuatrocientos se encuentran exiliados en diversos países”[198]. Más que el corresponsal de un diario que informa sobre Francia, el enviado de La Nación actúa como un embajador ad hoc, un delegado del poderoso diario que fiscaliza la acción de la diplomacia en París, comentando las gestiones del embajador por las monjas desaparecidas y criticando las estrategias del gobierno argentino[199]. Mientras critica por “oneroso y vano” al llamado “centro piloto” instalado por la Armada en París como ofensiva diplomática, el corresponsal afirma que lo único que sirve es un contacto fluido con los periodistas y que “la campaña esclarecedora debe partir de Buenos Aires”. Pese a su encendido tono oficialista, el enviado permite que en el país se conozca la dimensión de las campañas europeas, mencionando la repercusión de esas denuncias en la prensa europea así como en pegatinas callejeras y manifestaciones ante las embajadas[200].

A medida que se aproximan el Mundial de Fútbol y el congreso científico aumentan también ambas campañas. Estos eventos, según el enviado de La Nación, “constituyen en estos días las cifras de elección de una campaña periodística que entrega una visión curiosa, muy particular, de la Argentina” y menciona que hasta una publicación insospechada de simpatías izquierdistas como la revista femenina Elle dedica cuatro páginas a “la descripción de un sombrío panorama”, que reconocidos científicos llaman a boicotear el congreso en Argentina y los sindicatos franceses piden que el hotel donde se alojen los periodistas franceses durante el campeonato goce de “estatuto de extraterritorialidad”[201]201. El periodista agrega: “Listas de detenidos, de procesados, de desaparecidos, de víctimas, darían a la opinión pública internacional una respuesta deseablemente convincente.” Mientras tanto, siguen circulando versiones de que las selecciones de fútbol francesa y alemana viajarían con su propia custodia armada, cuya insinuación La Nación considera “un insulto agraviante”, y la cancillería local hace saber que no lo permitirá puesto que su protección es “responsabilidad exclusiva de las fuerzas argentinas de seguridad”[202].

Las noticias sobre el evento futbolístico ocupan cada vez más espacio y, según La Opinión intervenida, “no dudan en retratar a la Argentina con una visión distorsionada, apocalíptica de su realidad”, mientras los militares admiten que hay un “virtual recrudecimiento, en París, de la acción contra la Argentina”[203]. Por más que los diarios locales reproduzcan la campaña de boicot con ánimo ofendido y descalificando a los críticos, la alusión a esas acciones permite que las denuncias se filtren. En la prensa local se lee que un periodista le pregunta a un jugador holandés si “se puede jugar en un estadio de fútbol, sabiendo que a dos kilómetros de distancia se está torturando a gente” y un parlamentario escocés advierte que “los aficionados escoceses que en la Argentina se pasen de la raya corren peligro de ir a parar a un campo de concentración. Mientras que en Europa se puede constatar en dónde están los fanáticos detenidos, en Argentina podrían desaparecer para siempre”[204].

Entre la evidencia y la mentira

La creciente presión internacional por los desaparecidos hace insostenible para el régimen mantener su estrategia de negación y silencio. Ante la contundencia de las denuncias y la importancia de sus voceros los militares van reconociendo gradualmente la existencia de desaparecidos y ensayando diferentes explicaciones para lo indesmentible. La primera mención pública de los militares a los desaparecidos la realiza Videla fuera del país. Durante su gira a Venezuela en mayo de 1977 declara:

Carecería de sentido ético que yo quisiera ocultar (…) que en nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad pero que objetivamente debemos reconocer. Resulta difícil explicar por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido, y voy al caso, por ejemplo de cinco o seis alternativas que pueden caber para cada caso en particular: que la persona de marras haya desaparecido porque pasó a la clandestinidad; hay hechos evidentes que prueban que ésta es una actitud ocurrida. (…) Otra alternativa: que por falta de lealtad a las organizaciones paramilitares o político–militares subversivas hayan sido eliminadas por la propia subversión porque dudaban de la fidelidad de los compromisos previamente contraídos. Tercera alternativa: problema de conciencia del hombre que sabe entró en un camino que no tiene regreso como es la subversión o se automargina, se autosecuestra para desaparecer del escenario político. Otra alternativa: esta misma circunstancia que yo puntualizo lo lleva al hombre a veces al terreno de la desesperación y un suicidio de quien no se tienen más noticias. Y acepto la quinta: un exceso de la represión de las fuerzas del orden. Cuál de las cinco es de aplicación a cada caso, casi le diría que es imposible la respuesta[205].

La argumentación presidencial recoge todos los tópicos que los jefes militares venían ensayando, a saber, que los desaparecidos se hayan ejecutado o secuestrado entre sí, que estén de vacaciones en Europa y que sus integrantes cometan “autosecuestros”, “automarginaciones” y “suicidios” ninguno de los cuales, evidentemente, explica una desaparición. La novedad que introduce esta declaración y amerita la extensa cita es el párrafo final: “y acepto la quinta…”, donde como última posibilidad el presidente de facto admite que pudo haber habido un “exceso de represión”. La teoría de los “errores y excesos”, que desde entonces esgrimirán los voceros del régimen, se convierte en el próximo objeto de impugnación por parte de los organismos de derechos humanos. Si antes se trataba de denunciar la sola existencia de los desaparecidos, de llevar a los militares a reconocerlos como un hecho real, ahora que estos han admitido su existencia la disputa consistirá —mientras se reclama por la suerte y paradero de cada uno en particular— en demostrar que no se trata de “errores” o “excesos” aislados sino de un plan sistemático con responsables concretos.

Pero la explicación creada —¿improvisada?— por Videla se instala en el régimen y repite en las declaraciones sucesivas ante la prensa extranjera. Esa misma semana, entrevistado por periodistas del alemán Die Welt, el dictador reitera su argumento:

…no existen en la Argentina campos de concentración… ni prisioneros políticos: los 3.200 detenidos de los cuales el Ministerio del Interior publicó los nombres, están detenidos por terrorismo, corrupción y criminalidad. Todos los detenidos en fase de instrucción se encuentran exclusivamente en cárceles y no en otros lugares (…) Han desaparecido personas y es un hecho penoso. Pero se extraen de esto indicaciones equivocadas. Muchos pasaron a la clandestinidad, otros escaparon al exterior y otros fueron asesinados por los terroristas[206].

Como en su declaración anterior, Videla se distancia del hecho como si no le correspondiera responder por la vida de ciudadanos: habla de “realidad objetiva” y de “hecho penoso”, como quien lamenta un suceso fatal ocurrido en un país lejano. Su argumento empieza a emplearse también por otros funcionarios, que remiten a “las causas que enumeró el Presidente en Venezuela” para explicar las dificultades de distinguir entre “las desapariciones reales y el fenómeno que perturba este cuadro por razones circunstanciales”[207].

La siguiente mención oficial al tema tiene lugar durante la visita de Videla a EE. UU. en septiembre. Allí el Presidente afirma que “esta guerra que libramos contra los delincuentes subversivos ha producido suciedades” y que en “una acción represiva ‘dispersa’” como esa “es difícil el control total desde los estratos más altos”. Escudándose nuevamente en la supuesta incapacidad de controlar al personal subalterno, Videla se refiere a los casos resonantes como si fuera un observador externo: “La desaparición de nuestro embajador en Venezuela, Héctor Hidalgo Solá, de los periodistas Edgardo Sajón y Ricardo Fernández Pondal y del sindicalista Oscar Smith son una tristísima realidad” y agrega que “son algo que se nos ha escapado” pero existe en el gobierno “la intención de castigar a los responsables cuando sean individualizados”[208]. Al modo de quien ha aprendido un relato que repite de memoria Videla repite el argumento en una entrevista por TV, donde la palabra desaparecidos y el verbo desaparecer son pronunciados y reiterados casi con obsesión, y repetidos siete veces durante la farragosa explicación[209].

Esta construcción discursiva es repetida en su vista a Costa Rica por el canciller Montes, a quien la primera pregunta que le formulan es por la desaparición de periodistas en el país[210]. Siete meses después, ante periodistas japoneses, el presidente emite lo que La Opinión caracteriza como “ampliación” de “sus anteriores declaraciones de Caracas y Washington”[211]. Por boca de un periodista extranjero, la entrevista genera la segunda mención de las Madres de Plaza de Mayo que se lee en La Nación. El enviado japonés pregunta: “…me he enterado a través de un diario capitalino de procedencia inglesa, que en la Plaza de Mayo se reúnen, periódicamente, las madres de personas desaparecidas que mediante distintas expresiones, tratan de recuperarlas ¿qué opinión tiene el señor Presidente respecto de este hecho?”. Videla responde con su retórica habitual de condena a la “subversión” y luego esgrime sus ya repetidas tesis sobre los desaparecidos añadiendo:

Comprendemos el dolor de aquella madre o esposa que ha perdido a su hijo o marido, del cual no podemos dar noticias… ¿Cuáles son las causas que pueden explicar determinados casos? Esto es muy difícil de responder. Esto forma parte de la historia y ésta juzgará, en su momento, estos hechos. El presente no puede explicarlos[212].

Pocos días después el Presidente vuelve a referirse al tema, esta vez ante periodistas ingleses que le preguntan por los casos de Timerman, Hidalgo Solá y una joven judía parapléjica también secuestrada a lo cual responde que no conoce el caso pero “el terrorista no sólo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana… y es posiblemente en esta condición que esta joven está detenida”[213]. Luego afirma que la lista difundida por Vance no es oficial y arriesga la cifra más alta de todas las que se han leído hasta entonces en la prensa: “yo sé que en Europa se comenta que en la Argentina hay no menos de treinta o cuarenta mil personas detenidas”, dice, sin embargo “nuestro sistema carcelario no podría nunca absorber tanta cantidad de detenidos” puesto que en las cárceles argentinas, explica, no hay lugar para más de cinco mil personas “en condiciones de hacinamiento” y concluye: “yo niego rotundamente que existan en la Argentina campos de concentración o detenidos en establecimientos militares más allá del tiempo indispensable para indagar a una persona capturada en un procedimiento y antes de pasar a un establecimiento carcelario”.

El Presidente considera que “no podemos dar una lista de personas desaparecidas por cuanto esas desapariciones no siempre significan personas muertas”. Declaraciones como esa creaban ilusiones vanas en los familiares de desaparecidos, que se aferraban a la posibilidad de que sus seres queridos estuvieran vivos. Pero Videla alimenta expresamente la incertidumbre y repite que hay “personas que están desaparecidas porque han abandonado la subversión y no quieren que su nombre aparezca en tales condiciones” y que muchas “están colaborando con las Fuerzas Armadas produciendo información”, “han ingresado a la clandestinidad dentro de la subversión” o “figuran desaparecidas y están fuera del país”[214].

Afirmaciones de este tipo se hacen frecuentes hacia fines de 1977[215]. Con ellas los militares mismos contribuyen a divulgar y sedimentar la noción de desaparecidos, en la que se apoyan para argüir que no tienen por qué dar cuenta por ellos. Los mismos gobernantes repiten la palabra desaparecidos una y otra vez, y así su verborragia la condensa, la hace más compacta, hace perfilar con más nitidez la porción de realidad que nombra. Aunque las “explicaciones” de Videla intenten crear confusión sobre su significado el gobierno es verborrágico y, como el pez, muere por la boca[216]. Su Ministro del Interior fue más sincero cuando declaró que “han sido indispensables, por trágica necesidad, muertos y millares de desaparecidos, pero finalmente los grupos subversivos han sido vencidos”, trazando una vinculación “necesaria” entre la muerte de algunos y la supervivencia de otros cuyo contenido biopolítico se examinará en el siguiente capítulo[217].

“La noche se hace día para el Mundial”

El Campeonato Mundial de Fútbol que se realiza en Argentina entre el 1 y el 25 de junio de 1978 da al régimen la oportunidad de articular el eslogan “ganar la paz” con una puesta en escena espectacular y utilizar el evento deportivo para montar una imagen de país pacificado y unido. Esto permite tanto responder a las denuncias en el frente internacional como generar una ilusión de apertura en el frente interno, y ambas operaciones cuentan con el apoyo entusiasta de la prensa[218]. La organización del campeonato, que estaba comprometida desde mucho antes de asumir los militares, les ofrecía la oportunidad de complementar la represión, concluido su momento más álgido, con un gesto de fuerte positividad[219]. Para esto, establecieron en su discurso un continuum entre las categorías futbolísticas, la nación, el gobierno y la población, aplanando las diferencias y disolviendo los conflictos en una supuesta identidad nacional renacida y homogénea. Al mismo tiempo, la caracterización de los festejos callejeros paralelos al Mundial acompaña estas operaciones incorporando elementos propios de los rituales de regeneración y cambio del carnaval, pero en una versión inofensiva que anula su contenido transgresor y plebeyo e introduce un elemento de “purificación”.

Según Nils Larsen, la principal amenaza para los dictaduras del Cono Sur no resultaba ni militar ni política sino social y derivaba de la necesidad de crear un consenso estable[220]. Ante la dificultad de gobernar sin mediaciones culturales, afirma, la narcosis efímera del campeonato aparecía como una instancia privilegiada para restaurar el consenso.[221] El Mundial de 1978 y la Guerra de Malvinas en 1982 fueron las iniciativas más importantes del gobierno militar para suscitar el apoyo civil activo. El triunfo en el campeonato, a diferencia de la trágica aventura bélica, dio aire al régimen para mantenerse en el poder sin dar signos de apertura durante algunos años más. La observación de los periódicos argentinos de junio de 1978 permite apreciar en qué medida la voluntad de archivar el pasado y promover una gesta afirmativa, aglutinante y reparadora no se limitó al poder militar sino que fue activamente compartida por el grueso de la población.

Durante el mes del Mundial el carácter monótono y gris de la prensa dictatorial se altera provocando un estallido de adjetivación exaltada y recursos gráficos inéditos. El diario que mejor ilustra el pasaje de la monotonía y la circunspección a la elocuencia y la euforia es el matutino Clarín, cuyo rol hasta ese momento se había calificado de “extraña versión del Boletín Oficial”, y súbitamente adquiere un énfasis contagioso en la cobertura del Mundial[222]. También las severas páginas de La Nación ganan en dinamismo y se llenan de fotos de gran tamaño y enormes titulares extraños a su gráfica habitual. No sólo los diarios agilizan su presentación visual y estilo periodístico; otro estallido cromático propiciado por el Mundial es el pasaje de la televisión en blanco y negro al color, que era una de las condiciones para organizar el campeonato y se ensambla a la vez con las ansias de modernización del régimen militar. Como afirma desde Clarín una publicidad gráfica de la empresa Siemens, encargada de la iluminación del estadio principal: “La noche se hace día para el Mundial”[223].

La profusión de publicidades como ésta y de solicitadas de grupos empresarios o de particulares que adhieren al triunfalismo oficial dan cuenta del nivel de permeación del Mundial en todos los ámbitos de la vida civil y producen la impresión de que todo el país se encuentra, efectivamente, “de festa”[224]. Un festejo que aglutina, homogeneiza y celebra disolviendo el disenso y la individualidad. Como afirma Marguerite Feitlowitz: “En ningún otro momento durante el Proceso la Argentina fue tan masiva y orgiásticamente fascista”[225]. Las celebraciones después de cada partido ganado por la selección argentina pueblan de manifestaciones exaltadas los diarios y las calles, donde luego del silencio parece al fin haber permiso para manifestarse a viva voz. El clima que se genera es el de un hito inaugural de la “nueva Argentina” de la que los conflictos y disidencias deben desaparecer.

El discurso oficial y la prensa articularon alrededor del Mundial una clausura simbólica de la etapa más intensiva de la represión ilegal. Lo hicieron en torno a tres tópicos: una suerte de refundación nacional asociada a la conformación de una identidad colectiva renacida, tras el momento negativo de la represión y el silencio; la construcción de una presunta identidad nacional compacta, homogénea y totalizante, que no deja lugar al disenso y sería opuesta a la “fragmentación” de la vida política; y la representación periodística de los festejos callejeros como una suerte de carnaval pero despojado de su contenido transgresor, que avala el “renacimiento” de la identidad nacional.

Desaparecer y refundar

Durante todo el campeonato las noticias de actualidad nacional se refieren a supuestas modificaciones en la estructura de poder de las FF. AA., la eventual regularización de las actividades sindicales, anuncios poco verosímiles de liberación de detenidos y la derogación de dos leyes que limitaban la actividad de la prensa, que pretenden crear una imagen de cambio y vitalidad en el régimen: la “refundación” simbólica de la nacionalidad supone la superación de un período oscuro y la apertura a un momento radiante. Prácticamente no hay alusiones a desapariciones o pedidos de hábeas corpus en todo el mes, aunque sí se informa de oportunas liberaciones de detenidos como el pase a arresto domiciliario de Alfredo Bravo[226]. Se trata de mostrar un país pacificado, progresivamente abierto y transparente en sus políticas. El 3 de junio se da a conocer una lista con el paradero de 87 personas que figuraban entre los 2.508 desaparecidos por quienes reclama la solicitada publicada por la APDH en La Prensa el 17 de mayo anterior. La proporción de personas cuya suerte es aclarada es notablemente baja con relación a la cantidad de casos que se denuncian. La prensa, sin embargo, lo despliega a toda página, informando que se trata de “personas que habían sido erróneamente incluidas en una nómina de 2.508 desaparecidos”[227]. El objetivo es reforzar la impresión de legalidad y orden “blanqueando” detenidos. Sin embargo, muchos de los prisioneros efectivamente liberados ese mes volverían a ser secuestrados después[228]. Ese mes desaparece también un conocido periodista sin que sus colegas informen sobre el tema[229]. El país oscuro de los antros represivos está más lejano que nunca de la superficie de los diarios.

El mismo mes que en Argentina tiene lugar el Mundial, en Washington se celebra la Asamblea Anual de la OEA que, por presiones de sectores del Departamento de Estado de EE. UU., nuevamente dedica amplio espacio al tema de los derechos humanos en América Latina. El contraste entre el progreso de los triunfos del seleccionado argentino en el campeonato y los consiguientes festejos y la evolución de las presiones de la OEA es constante y produce una curiosa convivencia en la tapa de los diarios[230]. El Mundial, esperan los militares, servirá sin embargo para mostrar al mundo la renacida “paz” argentina. En la nueva etapa el país debe superar los trastornos anteriores y volcarse, de una vez, al “optimismo”. La prensa describe la ceremonia inaugural como “la más perfecta que se haya observado hasta ahora en un campeonato Mundial” y se refiere a “un pueblo empeñado en hacer de éste el mejor mundial de la historia”[231]. El evento, aseguran, permitirá superar los dolores y frustraciones del pasado y abrir paso a la “felicidad”:

Jamás un pueblo olvidará al mes de junio de 1978. Mes de esperanzas y de concreciones. Mes de alegrías y pasiones. Mes argentino… Durante este mes de junio el territorio (…) de la Argentina será reducido a los estadios (…) Un reencuentro a través del deporte con algo inasible y perdido: el optimismo… Hace tiempo que estamos deprimidos, esto no es una novedad. El Mundial parece intentar una rotura al circuito que plantea esta neurosis de dolor que se padece. (…) Y también recuperar a quienes salen a la calle a festejar, porque es el único modo de decir que el pueblo de siempre, la gente, sigue viva, hermosa, y hasta cuando puede, feliz[232].

Al final del campeonato otro artículo de Clarín comienza citando a un periodista alemán para quien: “Ustedes vienen de muchos años de perder batallas. Por primera vez, en mucho tiempo, sienten la unidad de un país peleando por llegar triunfalmente a la meta”. El texto continúa enumerando sucesivas apuestas y decepciones de la historia argentina y concluye: “Es necesario que los argentinos se embarquen en la misión fascinante de construir una Nación nueva y distinta… Otro país, más alegre, menos escéptico, empezará… nuevamente el martes”[233].

La Nación se refiere al Mundial como “la mayor festa colectiva que hayan conocido las presentes generaciones de argentinos” y agrega:

el júbilo… es de una intensidad conmovedora. Constituye, además, un suceso con múltiples derivaciones políticas. Una de las más notables… es la magnitud de la exaltación compartida de sentimientos nacionales frente a la pertinacia de la agresión de una franja gravitante de la prensa extranjera[234].

Después de la obtención del título por Argentina, el editorial de Clarín alude al triunfalismo como un fenómeno “natural” en “un país que… ha estado inmerso demasiado tiempo en la frustración, la derrota o el extremo dolor” y menciona “la voluntad de dar vuelta el guante, de hacer borrón y cuenta nueva, de iniciar una nueva marcha” puesto que “la Argentina quiere dejar definitivamente atrás la inercia, el dolor y el desgarramiento”[235].

El escritor Ernesto Sabato declara que el Mundial “reveló que el pueblo argentino está ansiando hacer algo positivo, después de infinitas frustraciones”, mientras el almirante Massera afirma que “los argentinos están sedientos de éxitos… porque necesitamos compensar tanto dolor, tanta angustia y tanta decepción”[236]. La etapa fundacional que se inicia será a la vez una clausura y una recompensa a los sufrimientos pasados. Según Videla “un pueblo orgulloso de haberse reencontrado consigo… tiene todos los motivos para vivir esa felicidad”, así como al “reverdecimiento que experimenta el país”[237].

El modo en que se describe el clima del país el día de la inauguración del Mundial es unánime: ha llegado el momento del sentimiento, de la comunión sin palabras ni mediatizaciones intelectuales, en el que se disuelven los conflictos y olvidan las diferencias. Una cronista de La Opinión entiende que ante el Mundial debe interrumpirse la reflexión:

Para poder hablar, sentir el partido, hay que haber estado en la cancha y más que en la cancha, en la popular. De otra manera, los que no somos cronistas deportivos, tendemos a filosofar, a hacer interpretaciones sociológicas. Y este partido, más que para verlo, era para vivirlo”[238].

No hay lugar para el intelecto, según la autora, sino para la emoción, el entusiasmo que “como una ola… sube y baja, acompasado”. Según Clarín, “ya nadie discurría sobre las bondades o no del Mundial, sólo dominaba la ansiedad porque comenzaba ya a jugarse… Sólo manda una situación: el mundial comienza hoy… No se puede discutir”. El cronista admite luego que el campeonato no solucionará los problemas del país pero afirma que la discusión sobre el “escapismo” debe quedar para los “sociólogos y analistas”[239]. Ese mismo día el suplemento literario dedica abundante espacio a ese tema, discriminándolo así del resto de las alusiones al campeonato, es decir, escindiendo el análisis —ámbito del especialista— del tema en sí. Como si una mirada crítica sobre el Mundial no fuera incumbencia de todo ciudadano sino una discusión gris relegada al suplemento cultural, que se sustrae del conjunto y se reserva a una élite. En esa sección puede leerse que “toda la existencia, el Ser, como quería Heidegger, vive un nervioso partido de fútbol que se juega de día y de noche… Un picado… de tiempo eterno”, mientras en otro lado se celebra la “unanimidad de la ciudad gigantesca” y el presidente Videla pide a Dios que el evento sirva para “afirmar la paz”[240].

El mes del Mundial, en las páginas de Clarín, es el de la coincidencia y la unidad. Personajes de historietas y visitantes famosos como Henry Kissinger, hombres y mujeres, devenidas fanáticas del fútbol, todos se unen en un paisaje homogéneo donde hasta las fuerzas policiales se hermanan con la población civil[241]. “No es exagerado afirmar que, verdaderamente, es todo un pueblo el que hoy está unido y espera, que comenta y confía, que soporta ciertas tensiones y, por qué negarlo, teme…”[242].

La cohesión debe ser total y el disenso se acota a una figura respetable pero arbitraria, a quien se le permite el “capricho” de no comulgar con la euforia general. Jorge Luis Borges, que emite comentarios irónicos y da una conferencia a la misma hora que juega la selección argentina, es tratado por la prensa como un intelectual excéntrico —“el niño terrible de la literatura argentina” titula Clarín —, la notable excepción a una regla universal. Desde La Opinión otro escritor, Abelardo Castillo, describe en cambio lo que sucedió en el estadio, en las casas y los cafés de Buenos Aires y “el mundo” como “un milagro”, “un día de festa del que participó el país (…) porque nadie fue indiferente”, una comunión tal que no sólo propicia la unión nacional sino que hasta permite la disolución de centenarios conflictos europeos en tierra argentina: “Ver a un muchacho polaco y a un muchacho alemán abrazados sobre tierra y pasto argentinos, a lo mejor eso sólo justifica el Mundial”[243].

La homogeneización incluye en una continuidad indiscriminada nación, gobierno, población y seleccionado de fútbol: un “pensamiento circular” volvía sinónimos los conceptos de “país” y de “hinchada” e “impedía la posibilidad de elegir a uno sin el otro”[244]. La prensa reproducía la operación discursiva de los militares que analogaba el triunfo en el fútbol con la prosperidad del país, desdibujando la diferencia entre Estado, gobierno, población y equipo deportivo: “Es como si, súbitamente, el país asociara sus ansias de triunfo a la suerte del plantel”[245]. Lo “nacional”, así, sería el ámbito de lo común y la homogeneidad a diferencia de la política, espacio para la diferencia y el disenso. Un articulista interpreta:

Entendámonos bien: no se trata de lo político sino de lo nacional: no de la sociedad (polis) a la que eventualmente se pertenece, sino a la comunidad nacional de la que uno es parte integrante… El Mundial no tiene que ver con la política… Pero… tiene que ver con lo nacional, o sea con la vida de la Nación… Si bien es cierto que después del Mundial volveremos a los problemas diarios, o sea a la vida de la polis, no menos cierto es que lo que vivió la nación como unidad espiritual quedará almacenado en las honduras del ser nacional en forma de vínculos que irán fortificando la unidad nacional en el camino hacia su destino[246].

Esta oposición entre “unidad nacional” y “fragmentación” como producto de las disputas políticas, había sido ya expuesta por funcionarios del régimen en declaraciones llamando a “resolver las contradicciones” para lograr una “identidad cultural” o advertencias de que en el futuro “la participación se hará sin bandera ni rótulos partidarios” y los políticos deberán “olvidar” el “partido”, “que quiere decir parte y no todo”[247]. Los sucesivos festejos por los triunfos de la selección argentina dan ocasión a la prensa de amplificar estos contenidos:

…la adhesión general se manifestaba en forma espontánea y tenía una sola consigna: el país mismo (…) La alegría con que se manifestó el pueblo argentino en pleno pasó a significar algo mucho más profundo… La manifestación entusiasta fue así una verdadera muestra de sentir nacional, una resurrección en común, una sola expresión[248].

Aquí no hubo indiferentes. Los argentinos de toda condición experimentaron intensamente las alternantes situaciones del campeonato. No hubo excepciones de sexo ni de edad. Desde el fondo de nuestro inconsciente colectivo se movilizaron energías aletargadas y se extrovertieron como nunca los sentimientos nacionales en el emocionado grito con el cual se nombró a nuestra nación[249].

La “re–fundación” simbólica del país se apoya en la superación de los elementos de conflicto y disidencia de la etapa anterior. Para esto, concibe una identidad nacional homogénea y compacta donde las diferencias son neutralizadas: en la nueva era que se inaugura deben desaparecer, literalmente, las fuentes de conflicto, disidencia o alteridad.

Un “sano carnaval”

Suele considerarse al carnaval un espacio de disolución de límites y jerarquías que, a la vez que facilita una extralimitación del yo, otorga un sentido trascendente a la vida en comunidad; en esta forma arcaica del festejo popular se produce un borramiento de las diferencias y un paréntesis de la rutina donde la vida experimenta “su propio renacimiento y renovación sobre la base de mejores principios”[250]. Aunque la forma primordial del carnaval se ha perdido en la cultura burguesa, puede rastrearse la presencia de lo “carnavalesco” en un sentido amplio en diversas formas de la festa popular a través de los siglos. Sus propiedades pueden aplicarse a las celebraciones que se vivieron en Argentina a lo largo del Mundial, donde algunos de sus rasgos arquetípicos, como la universalidad y la extralimitación, aparecen despojados de su carga transgresora y remitidos a la refundación simbólica de la nacionalidad.

Como en el carnaval, el mes del Mundial da lugar a un “estado de gracia”, una suspensión de la rutina. Desde los asuetos administrativos y educativos durante los partidos hasta la profusión de solicitadas, mensajes y publicidades que aparecen en los diarios con el Mundial como leitmotiv, el paisaje de los medios gráficos da cuenta de esta condición de “excepción”[251]. La Nación escribe: “¿Dónde no hubo paralización? En las guardias hospitalarias, en los cuarteles de bomberos, en las centrales eléctricas y de otros servicios públicos y de los medios informativos, que es donde se trabaja siempre, sea el día que sea y pase lo que pase”[252]. Durante los festejos por los triunfos del equipo argentino se produce una interrupción de las convenciones sociales, donde la gente sube a trenes y subtes sin pagar boleto, los colectiveros no emiten pasajes y los bares convidan champán mientras los vecinos de barrios ricos invitan con sidra a los peatones. Una apoteosis que las crónicas periodísticas emparentan con los antiguos carnavales en la capital[253]:

Buenos Aires tuvo su carnaval de invierno… Fue una noche de Carnaval, como muy pocas veces se vio en Buenos Aires. Los barrios y el centro se llenaron de multitudes que exteriorizaron sanamente… su júbilo… Buenos Aires, que ha perdido los festejos de Carnaval desde hace decenas de años, recreó anoche el ambiente de un juicioso, sano y saludable Carnaval… La noche se volvió loca… Una noche de imponente alegría popular[254].

Como en la liberación transitoria que habilita el carnaval, se anulan jerarquías, privilegios y tabúes, en un contacto libre entre individuos habitualmente separados por condiciones de clase, género o edad. Según la crónica:

Columnas de hombres y mujeres, viejos, jóvenes y niños, se lanzaron a la calle, a pie y en automóvil, para cantar, bailar y gritar al son de una frase que se repitió hasta el infinito: ‘¡Argentina!, ¡Argentina!’… Flota en el ambiente la confianza, el espíritu de victoria y no hay distinción de sexos ni de edades… La gente ganó la calle… el júbilo va en aumento… El país entró en el frenesí más alegre y estentóreo de que se tenga memoria… un disloque fenomenal… Lluvia de papel picado, aplausos y besos fáciles. Multitudes en absoluta exaltación… exóticas danzas en aceras y calles. La ciudad ardía de alegría. Un espectáculo parecido al delirio, pero más precisamente a la felicidad[255].

Aunque menos eufórico que Clarín, La Nación también describe una ciudad que luego del primer partido jugado por la selección argentina se llena súbitamente de sonidos y colores. Se refiere a “cánticos risueños, frases cargadas de aliento”, una “marcha con pleno sonar de bocinas y de instrumentos musicales y banderas desde las ventanas” y “un coro impetuoso que tenía por letra la palabra de una esperanza: ¡Argentina!”[256]. El cronista detiene apenas su fervor para una breve reflexión: “Ciertamente, hasta pudo resultar exagerado tamaño festejo” pero, concluye enseguida, “el fútbol es más corazón y pasión que lógica”[257].

El júbilo aumenta con cada partido ganado por el equipo argentino; luego del siguiente festejo se lee que “esta vez la euforia se multiplicó”[258]. Al cabo del que le sigue “el clima de festa había ganado ya todo Buenos Aires. Los gestos adustos se habían borrado. La algarabía era ensordecedora” y “la multitud… desbordaba de alegría”[259]. La escalada continúa. Cuando la selección nacional se clasifica para la final “puñados de personas se abrazaban alborozadas en la mitad de la calle” en “un estallido de jolgorio masivo con muy pocos precedentes”[260]. Al obtener el seleccionado local el campeonato se describe “un festejo nunca visto y quizás irrepetible” que un corresponsal europeo compara con el jolgorio “cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial”[261].

El carnaval, como otras formas del festejo popular, mantiene una relación profunda con el tiempo y se vincula a períodos de crisis o trastorno en la vida de la naturaleza, la sociedad y el hombre. Asociado a muertes, sucesiones, revoluciones e inicios, propicia un clima favorable a un momento como éste que se quiere fundacional, en tanto clausura de una etapa de muerte e inauguración de otra, radiante y triunfal. Los festejos por haber ganado el campeonato se interpretan en Clarín como el comienzo de una nueva etapa:

La Argentina inicia hoy su primera semana como campeón del mundo… Cabe indagar ahora si este torrente de energía vital liberada por la euforia multitudinaria podrá también ser aplicada de alguna manera a las distintas manifestaciones del quehacer nacional… Nuestra bandera era el único símbolo con que se saludó el triunfo y… podría marcar… el reencuentro de los argentinos entre sí. Si así ocurriera, el resultado deportivo del torneo… se complementaría con aquel reencuentro nacional, tan necesario como el hecho de ganar la Copa del Mundo. Con ese sabor de victoria se iniciarán hoy las actividades cotidianas, en las que el país seguramente querrá proyectar el triunfo…[262]

Como suspensión de la rutina y alteración de la cotidianeidad, la festa es asimilable también a la guerra en tanto experiencia de excepción que detiene el curso acostumbrado y promueve el distanciamiento de la vida[263]. Las frecuentes analogías con la guerra que emplea el discurso periodístico durante el Mundial, sublimando el elemento violento de aquella pero recurriendo a su elemento glorioso, deslizan una continuidad entre deporte y combate que, a la vez que exacerba el fervor nacionalista, subsume los conflictos internos en una amalgama nacional. Según La Opinión, si el fútbol “fue acogido con el mismo fervor en todas partes, es porque tiene un obvio carácter militar (…) Todos los países se preparan para estas competencias como para una pequeña guerra”[264].

La identidad se funda anulando las diferencias en un festejo compulsivo y que precisa, como la guerra, de un adversario: “el que no salta es un holandés”, según el cántico que se impuso en el estadio el día de la final que, irónicamente, enfrentó al equipo argentino con el de uno de los países más comprometidos en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en Argentina[265]. La recuperación del espacio público y el gesto exaltado, que la sociedad argentina no experimentaba desde antes del golpe militar, ha desplazado el fervor político hacia la más inocua zona del festejo deportivo. La alegría “estalla” y el festejo “se extiende como un reguero de pólvora”, pero las expresiones pirotécnicas ya no remiten a los actos armados de los movimientos guerrilleros sino a la recuperación de un espacio público despolitizado y despojado de otros signos que los colores uniformados de la bandera nacional.

Renacimiento y “purificación”

La contigüidad entre guerra, deporte y nación se remonta a la Grecia clásica, donde las festas olímpicas servían para exaltar la gloria de la propia ciudad y acercar a los hombres con los dioses. Las competencias de Olimpia eran precedidas por ceremonias sacrificiales donde el descuartizamiento y ofrenda de una víctima purificadora habilitaban el paso de una idea de muerte a otra de vida, o de renacimiento y salud luego de la decadencia y la enfermedad[266]. Las nociones de salud, bienestar y rendimiento asociadas al deporte permiten también comprenderlo como una etapa de superación de la enfermedad.

Como en los juegos de la antigüedad clásica, la competencia deportiva purifica y absuelve de la enfermedad y la sangre, estableciendo las bases para un futuro glorioso. El festejo que, en el imaginario que rodea al Mundial, consagra la consumación de una identidad nacional renacida, se nutre de elementos propios del carnaval, pero en una versión higienizada y sobria que anula el contenido transgresor y dionisíaco de aquél. Las manifestaciones callejeras de alegría cuentan con la bendición policial, que felicita a la población por su buen comportamiento, y compensa los rasgos potencialmente disruptivos del festejo popular con el aspecto sanitarista deportivo que rodea a la competición[267].

Los discursos oficiales habían aludido insistentemente a un país enfermo durante los años más álgidos de la represión[268]. Mediante el rito purificador del evento deportivo acompañado por el festejo popular, el cuerpo nacional enfermo parece dar paso a una saludable convalecencia ratificada por el equipo que se consagra campeón. Si la retórica militar consideraba a los subversivos como cuerpos extraños y contagiosos que contaminaban las entrañas del cuerpo social del país, en el Mundial el elemento enfermizo da paso a otra juventud, gimnasta y saludable, que se exhibe en las estructuradas rutinas de la ceremonia de inauguración y logra su mayor mérito en la obtención del campeonato por la selección.

Como una coronación del proceso simbólico de neutralización de los conflictos y refundación nacional, se anticipa una época de celebraciones inofensivas que clausura la del inconformismo y la violencia. Pocos días antes de la culminación del campeonato Clarín anuncia con gran despliegue un exaltado adelanto de la película Fiebre de sábado por la noche, a la que llama “el gran suceso del cine norteamericano”. El artículo remite el éxito de la película a un nuevo fenómeno internacional: el auge de las discotecas, una “alucinación de millares de jóvenes que esperan la hora del baile” y es protagonizada por “una nueva generación que corre pocos riesgos, que se gradúa en las facultades, busca un trabajo, y una vez por semana, el sábado a la noche, simplemente explota”. Esta corriente, explica el artículo, se remonta a la década del ‘50, “la auténtica edad de oro de los ‘sábados por la noche’”, salteando la etapa intermedia de “la lógica recesión de los años ‘60…, una época en la que muchos, la inmensa mayoría, vivía otras preocupaciones”[269]. Los fuertes movimientos contraculturales, el hippismo, la resistencia a la guerra de Vietnam, las revueltas estudiantiles que tuvieron lugar durante los años ‘60, resultarían un olvidable paréntesis ya zanjado. En Argentina, la juventud sospechosa e infecciosa que integraba la subversión da paso a otra anodina que danza en las discotecas y se enferma sólo los fines de semana, en una módica fiebre pasajera que acota el fervor en tiempo —el sábado a la noche— y espacio —la discoteca—. Lo que surge: “una nueva manera de mirar las cosas, tal vez un mundo un poco más superficial: ir a bailar por el sólo hecho de bailar. Toda una cultura light para un cuerpo reprimido”[270].

En Argentina, según se deduce de la prensa, los jóvenes ya no serán el elemento enfermizo del cuerpo social, los agentes patógenos que invaden la vida política, sino que quedarán afectados por esa inocua fiebre sabatina. Tras el rito purificador, el triunfo consagratorio y el carnaval inaugural, se abre una nueva etapa que para proyectarse hacia el futuro debe aplazar, anular, desaparecer y olvidar el conflicto, el disenso y la violencia. Durante el Mundial, el discurso oficial de la dictadura y su eco amplificado en los diarios construyen una identidad nacional compacta, homogénea y totalizante, que al mismo tiempo consagra la re–fundación simbólica de la nacionalidad. La nueva identidad se erige sobre la aniquilación de la vida política anterior. Apoyados en un presente de euforia, los militares confían en que su recuerdo, también, ha de desaparecer.

5. Modelación biopolítica, familia y género: un proyecto a largo plazo

La dictadura no fue sólo un régimen represivo, destinado a perseguir, prohibir y censurar. Se trató de un proyecto dotado también de positividad, que se propuso modelar, reconstruir, reorganizar, la sociedad argentina. El Mundial de Fútbol de 1978 fue la más espectacular pero no la única forma en que se expresó esa positividad. Entendemos por positividad del poder, con Foucault, a sus “funciones de incitación, de reforzamiento, de control, de vigilancia, de aumento y organización de las fuerzas que somete: un poder destinado a producir fuerzas, a hacerlas crecer y ordenarlas más que a obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas”[1]. Nos referimos por un lado a las acciones del gobierno orientadas a modelar la vida, a administrar y gestionar cuerpos en el territorio, y al modo en que el terrorismo de Estado se inscribió en un proyecto biopolítico que establece la necesidad de matar para (otros) vivir. Aludimos también a la vida cotidiana que, más allá de la represión y la censura, continuó manteniendo una relativa normalidad para vastos sectores de la sociedad. Christian Ferrer se refiere a “la positividad de la vida, cumplida no a pesar sino en la dictadura” y afirma que “un sustrato comunitario inconfesable sostuvo todo el andamiaje político, económico y cotidiano de aquella época” y que “tal sustrato no es reducible únicamente al núcleo estatal–represivo”[2]. En un trabajo pionero Guillermo O’Donnell se ha referido a los contextos “micro” de la vida social, las “texturas celulares del cotidiano”, en las que detecta tendencias autoritarias análogas a las que tenían lugar a escala “macro”[3]. Para O’Donnell “el sistemático, continuado y profundo intento de penetrar capilarmente en la sociedad para también allí, en todos los contextos… implantar el orden y la autoridad” se correspondió con una sociedad donde, a su vez, se multiplicaron los “kapos” y los “mini despotismos” en los lugares de trabajo, la escuela, la familia y la calle[4].

Este capítulo no se ocupa directamente de las desapariciones, sino del trasfondo sobre el cual tuvieron lugar, y ofrece elementos contextuales para situar la política represiva y evaluar sus efectos a futuro. Ellos son de algún modo la contracara, la consecuencia y a la vez condición de posibilidad del terrorismo de Estado. No aquello que se reprime, censura, aniquila, sino lo que produce el régimen militar.

El llamado Proceso de Reorganización Nacional consistió en un proyecto biopolítico que ejerció lo que Foucault llama el racismo de Estado: éste no sólo sirvió de fundamento a los crímenes, puesto que la violencia tuvo lugar al interior de una racionalidad represiva, sino también a operaciones de política sanitaria y planeamiento demográfico donde se evidencia la voluntad refundadora y reformadora del país y que se plasman en ciertas noticias aparecidas en la prensa. Estos procesos se observan desde la dimensión de género, que atravesó a ese proyecto tanto en sus componentes represivos como en su aspecto positivo o productor en la atribución de los roles público–político al hombre y privado–doméstico a la mujer. Esto obligó a realizar torsiones discursivas para dar cuenta de la participación de la mujer en hechos de violencia política y a reforzar la insistencia en ese mandato patriarcal así como a fomentar identidades femeninas dóciles. Como se verá, también las publicidades gráficas que acompañan las noticias analizadas y producen un extraño efecto de “comentario” de lo que está sucediendo permiten formular preguntas acerca de la positividad de la vida cotidiana en dictadura y reflexionar sobre el legado de la experiencia dictatorial, cuyos efectos perduran hasta hoy. La posibilidad de resistir esos efectos, sin embargo, es un legado de las desapariciones tan vigente como los efectos del terror.

Matar para vivir: un proyecto biopolítico

Los genocidios modernos se diferencian de las masacres premodernas por responder a una planificación o diseño racional de la sociedad y por concebirse como parte de un proyecto creador. Según Zygmunt Bauman el racismo, a diferencia de la heterofobia (una adversión vaga) y de la enemistad declarada, combina las estrategias de la jardinería, la arquitectura y la medicina al servicio de la construcción de un orden social artificial[5]. Los elementos que no “encajan” en ese paisaje deben ser removidos o, en su defecto, exterminados. El racismo opera en el contexto del diseño de una sociedad perfecta y la decisión de planearlo e implementarlo. Supone una actitud activa, ingenieril, hacia la naturaleza y el mundo, así como un modelo “medicinal” de salud y normalidad, con su estrategia de separación y técnica quirúrgica.

Para Michel Foucault ese modo de intervención indica el predominio de una biopolítica, entendida como un poder que se ejerce en el nivel de la vida, la especie, la raza y los fenómenos masivos de población: se mata legítimamente a quienes significan una especie de “peligro biológico” para los demás[6]. En esa visión la destrucción, el exterminio, están al servicio de la vida. El racismo de Estado establece una relación positiva del tipo “cuánto más mates, hagas o dejes morir, tanto más, por eso mismo, vivirás”[7]. Los enemigos ya no son entonces adversarios sino peligros para la población: no se mata por la victoria sino por la eliminación del peligro biológico y el fortalecimiento de la especie. Es en ese sentido que el régimen militar argentino ejerció a su vez el racismo de Estado, no en el sentido estricto de “raza”, “no una polaridad, una fractura binaria, el enfrentamiento de dos razas extrañas sino el desdoblamiento de una sola y misma raza en una super–raza y una sub–raza”[8]. El discurso racista de Estado funciona como principio de segregación, eliminación y normalización de la sociedad. Se trata de un racismo que la sociedad ejerce contra sí misma, contra sus propios elementos, contra sus propios productos de un racismo interno: el de una purificación permanente, como dimensión fundamental de la normalización social. En ese marco, concluye Foucault, las matanzas llegan a ser vitales[9].

En ese contexto debe entenderse la frecuencia con que el discurso oficial recurrió a la “metáfora de la enfermedad” para referirse a la subversión, una forma retórica que además de asociar al “enemigo” a valores destructivos lo presenta como un fenómeno proveniente del exterior de la sociedad y no producto de sus conflictos internos[10]. En última instancia, la metáfora de la “sociedad enferma” sería fruto de una sociedad incapaz de reconocerse a sí misma y produce el efecto de absolver la conciencia individual: “Aceptar… la hipótesis de una sociedad enferma implica casi suponer simétricamente que cada individuo es sano, o por lo menos no necesariamente enfermo. La sociedad es lo otro.[11] Las alusiones a la subversión como una infección o un cáncer revelan la intención biopolítica del régimen, que se propone gestionar tanto la muerte como la vida y fundamenta la matanza en un proyecto “revitalizador”[12]. Esta idea de que el asesinato puede propiciar la cura colectiva, de que es preciso matar para alcanzar cierto orden social, fue central en el proyecto dictatorial y ya antes del golpe de Estado Videla la formuló con claridad: “Si es preciso en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país”[13]. Consumada la masacre, demostró la misma convicción de haber matado para la vida al afirmar: “No reconocemos culpas bajo ninguna circunstancia, porque si hubo necesidad de matar, nunca fue por matar en sí, sino porque uno tenía necesidad de matar para defender ciertos valores”[14]. El régimen dictatorial también ubicó la masacre en el marco de un proyecto de ingeniería social, amparado en metáforas médicas y consagrado a administrar, reorientar y remodelar.

En este contexto, y sobre el fondo del afán biopolítico que confunde dar muerte con administrar la vida, hacer morir con hacer vivir, debe comprenderse también la convivencia, en los principales CCD, de las salas de tortura con precarias “maternidades” para atender a las embarazadas que serían asesinadas luego de parir. Al modo de una eutanasia a escala social, como una voluntad de extirpar lo indeseable y dar forma a lo existente, el poder militar gestionaba la vida mientras imponía la muerte. La apropiación sistemática de los recién nacidos o niños pequeños para separarlos de sus familias no fue exclusividad de la última dictadura argentina sino una práctica presente en otros momentos de la historia y ejercida por poderes que fundamentaron su acción en proyectos que suponían una intervención biopolítica sobre la sociedad. En ese contexto, los bebés o niños pequeños son vistos como instrumentos de una causa superior y tratados como materia prima a modelar.

Reprimir y cuidar: la gestión de la vida

Es improbable que los generales argentinos hubieran leído a Michel Foucault, que ese mismo año de 1976 dictaba sus lecciones del College de France sobre el racismo de Estado. Sin embargo, los operativos sanitarios y de “control de población” del Ejército que se leen en la prensa parecen destinados a ilustrar como en un ejemplo de libro la exposición de esas hipótesis. Se trata de acciones sobre la población civil que consisten al mismo tiempo en el control militar, la búsqueda de “sospechosos” y la higienización y sanitarización compulsiva de la zona. La modelación biopolítica de la población, la “invasión del cuerpo viviente”, la gestión distributiva de sus fuerzas, el poder que toma a su cargo la vida, la implementación de “tecnologías políticas, que a partir de allí van a invadir el cuerpo, la salud, las maneras de alimentarse y alojarse, las condiciones de vida, el espacio entero de la existencia” se ejercen en estos operativos en forma directa y literal[15].

En el que La Opinión califica como “el más espectacular operativo de seguridad desde que se inició la lucha contra la guerrilla” se cercan barrios enteros y se revisa casa por casa controlando la identidad de los habitantes e inspeccionando sus bibliotecas en un amplia acción, realizada “en forma sistemática y con rigurosidad”[16]. El “rastrillo” abarca 200 manzanas al sur del Gran Buenos Aires, durante el cual las personas deben quedarse en sus domicilios mientras pelotones armados inspeccionan las viviendas. Según el diario: “los soldados tomaban a su cargo la revisión pormenorizada de los diferentes ambientes” y en forma “igualmente prolija y minuciosa” libros, revistas y publicaciones[17]. Pero la creciente ampliación de las facultades y objetivos militares no se limita a las lecturas de la población sino que llega a su esfera más íntima, extendiendo su incumbencia a la prestación sanitaria. Se informa que un operativo sobre 1.820 viviendas —donde se verificó “una población de 502 extranjeros”— registró “la tenencia ilegal de armamentos” y dio lugar a “la decomisación de víveres y bebidas de negocios clandestinos”, la captura de “más de un centenar de perros vagabundos, algunos de ellos hidrófobos” y, en continuidad con ello, la prestación de “servicio de urgencia y 30 atenciones médicas a la población, registrándose varias evacuaciones sanitarias en ambulancia”[18].

El poder reprime, vigila y cura al mismo tiempo; rastrilla manzana por manzana y establece quien es nativo y quién extranjero, quien está sano y quien no[19]. Una acción similar incluye tratamiento odontológico y distribución de cepillos de dientes, pasta dentífrica y leche en polvo; en otro caso “los soldados y oficiales procedieron a la revisión, casa por casa, atendiéndose especialmente a los menores de edad”, mientras se proveía “a las familias necesitadas” de medicamentos y útiles escolares y se procedía a “desinfección y desratización” mientras un general inspeccionaba todo desde un helicóptero[20]. La prensa informa cómo, además, se presta “asesoramiento legal, consistente en informaciones acerca de tenencia y adopción de hijos, tramitación de documentos, constitución legal del matrimonio, etc.”[21]. La injerencia militar en los asuntos más privados llega al adoctrinamiento sobre las costumbres personales y la educación de los hijos[22].

Estos operativos “totales” donde el Estado aísla y revisa barrios enteros, ingresa en las casas y las bocas de la población, donde primero revisa, confisca, detiene; luego vacuna y reparte alimentos y finalmente desinfecta, lejos de encarnar una contradicción entre las funciones aparentemente opuestas de reprimir y cuidar representa la manifestación concreta de las funciones de la biopolítica: controlar y curar, matar y hacer vivir, en un continuo administrado desde el aparato de guerra. En palabras de Agamben, la policía se hace política y el cuidado de la vida coincide con la lucha contra el enemigo[23]. Tan seriamente como su cruzada “antisubversiva” consideran los militares el cuidado de la salud: un asunto de Estado[24].

En otro operativo del Ejército en villas de emergencia se prestan servicios de pediatría, clínica, ginecología, odontología y vacunas y se entregan ropas; la información, en esa misma página, de un convenio entre un laboratorio del Ejército y las Fuerzas Armadas uruguayas para intercambiar “productos derivados de la sangre, plasma humano, suero, gamma globluina, albúmina, factor 8 y otros elementos”, sugiere una inquietante asociación entre la masa de población tratada clínicamente por el Ejército y la producción de materia orgánica para su intercambio entre fuerzas militares, como si hubiera una continuidad entre ese plasma humano y el modo en que es tratada la misma población[25]. En una reflexión acerca del significado de la política de la desaparición, Paul Virilio establece una relación entre las poblaciones sudamericanas consideradas “infrahumanas” y abandonadas a la extorsión organizada de los “grupos de exterminio” paramilitares y parapoliciales, y el surgimiento del tráfico y la explotación comercial de materia viva, prestación orgánica de los desposeídos para alimentar bancos de sangre extranjeros, “prácticas rituales de licuificación de los vivos”[26]. Última forma de la mina: la “subpoblación en vías de explotación biológica intensiva” deviene yacimiento orgánico destinado a revitalizar a las poblaciones privilegiadas. Si las audaces asociaciones propuestas por Virilio pertenecen al terreno especulativo, debe admitirse que en ellas resuena también la conversión de los ciudadanos en recursos intercambiables, en material biológico a disposición, que subyace también a la ambición del poder militar: que el pueblo, sujeto político, sea sustituido por una materia moldeable, la población.

Del pueblo a la población

En la era moderna, afirma Agamben siguiendo a Michel Foucault, la vida natural comienza a ser incluida en los mecanismos y cálculos del poder estatal: la zoe ingresa en la esfera de la polis y esa politización de la nuda vida como tal constituye el acontecimiento decisivo de la modernidad[27]. En los análisis de Foucault esta inflexión es señalada por el paso del “Estado territorial” al “Estado de población”, donde la vida biológica y la salud de la población se convierten en problema del poder soberano; ya no se trata del hombre político “elevándose” o separándose de la mera vida, como quería Aristóteles, sino que la vida natural comienza a ser incluida en la gestión estatal y la política se transforma en bio–política.

En una de sus arengas públicas un jefe militar declaraba: “Debemos remodelar nuestra clásica Argentina… sustentándose en todos sus valores positivos que den una adecuada continuidad al proceso (…) (para lo cual) el país cuenta con una sobresaliente calidad de material humano”[28]. Como ésta, numerosas alusiones halladas en la prensa estudiada dan testimonio de las operaciones, materiales y simbólicas, destinadas a reconvertir a un pueblo, sujeto político, en población, materia demográfica maleable. Según Giorgio Agamben:

La cesura fundamental que divide el ámbito biopolítico es la existente entre pueblo y población, que consiste en hacer surgir del seno mismo del pueblo una población; es decir, en transformar un cuerpo esencialmente político en un cuerpo esencialmente biológico, en el que se trata de controlar y regular natalidad y mortalidad, salud y enfermedad. Con el nacimiento del biopoder, cada pueblo se dobla en población, cada pueblo democrático es, al mismo tiempo, un pueblo demográfico[29].

De este afán dan cuenta tanto documentos sobre la planificación demográfica del país como las declaraciones que hacen explícita la reapropiación y transformación del término pueblo, que se había cargado de sentido durante décadas en la política argentina[30]. Un comunicado militar declama: “Las organizaciones subversivas concretan sus nombres en términos que posibiliten conseguir adeptos: una, en vocablos queridos como el de pueblo y la otra en palabras con raigambre histórica: pero no pueden ocultar su ideología”[31]. Las disputas por el sentido de la palabra “pueblo” se hacen explícitas en la voz de Massera, quien entiende de este modo la transformación del “pueblo” en masa poblacional a administrar:

Nosotros, que hemos sido y somos implacables con la demagogia y con el populismo, tenemos pleno derecho a hablar de pueblo sin que nadie nos confunda. La Armada reclama esta palabra para restituirle su significado más alto, porque el pueblo —y el pueblo es toda la gente de este país— es el origen y el fin de nuestros objetivos[32].

La administración de masas de personas de acuerdo a un diseño poblacional toma cuerpo en la provincia de Tucumán, donde tiene lugar la “formación de poblaciones”, fundaciones de pueblos y asentamientos que acompañan la acción represiva[33]. En “tierra ganada a la población” el general Bussi enseña a Videla un nuevo pueblo que integra un “plan de reordenamiento” poblacional y luego de mencionar las dependencias con que contará, agrega: “Ahí en esa torre… va a estar la comisaría del pueblo. Desde ahí se podrá dominar toda la zona, para que sus habitantes puedan vivir tranquilos. Aunque, creo mi general que ello no va a ser necesario”[34]. Así Bussi expresa también el cambio de una forma de vigilancia panóptica a una más sutil donde el terror se ha introyectado: el control policial ya no es necesario, la población ha sido domesticada. También remiten a la modelación poblacional los documentos oficiales sobre los “objetivos demográficos” del país y las alusiones de los jefes militares a la necesidad de “aumentar” y cualificar la población cuando afirman, como si se tratara de un insumo[35]: “Necesitamos población con alta eficiencia” o “de calidad”[36].

Mientras el sujeto pueblo es desarticulado y silenciado, las inscripciones políticas que nombran al “pueblo” quedan ocultas por las capas de cal que blanquean las paredes, como si una continuidad mágica contribuyera a anular lo que ya no puede verse. Los frecuentes llamados públicos para que la población remueva las pintadas de los frentes de sus casas revelan la continuidad imaginaria entre remoción del conflicto y anulación de su imagen que subyace a las acciones del gobierno de las Fuerzas Armadas y también a la práctica de desaparecer personas[37]. La decisión de no exponer cadáveres, que resultó parcialmente exitosa en crear una ilusión de normalidad y pacificación en las ciudades, se continúa en remodelaciones cosméticas más destinadas a que no se vea lo que molesta que a asumir la fuente del conflicto.

El ejemplo más crudo de esta tendencia lo ofrece un grotesco episodio que tuvo lugar cuando funcionarios de la provincia de Tucumán “expulsaron” a la vecina Catamarca a un grupo de 25 “tullidos, enfermos mentales y vagabundos”[38]. Así, lo que no “encaja” en el “paisaje social” que se quiere diseñar se aleja del campo visual. Oscar Oszlak señaló cómo la misma lógica guió la política del gobierno militar hacia las villas de emergencia ubicadas en zonas céntricas, que fueron erradicadas sin ofrecer solución ni vivienda alternativa a sus ocupantes[39]. El trasfondo, nuevamente, parece la confianza en que lo que no puede solucionarse, puede en cambio ocultarse a la vista, desaparecer[40].

Desaparecidas: género, subjetividad y violencia

El afán biopolítico que impulsaba al régimen dictatorial suponía también un recorte de género, donde los varones ocupan el espacio público y detentan el derecho a la violencia, mientras las mujeres quedan restringidas al ámbito privado y a las funciones domésticas. Esta distribución de roles de la ideología oficial, que la prensa reproduce en su manera de representar los roles de hombres y mujeres en la vida pública, es desmentida por el papel activo que desempeñaron las mujeres militantes durante la década del '70 y la alta incidencia de mujeres en la cantidad de desaparecidos. En la prensa de la época, que tiende a asignar a las mujeres un carácter de pasividad y disponibilidad a la violencia, la dificultad de conciliar este rol con la existencia de mujeres militantes, armadas o no, se resuelve en una serie de operaciones discursivas que intentan contener a las mujeres guerrilleras en formatos compatibles con esa visión patriarcal: o bien son jovencitas engañadas e influenciadas por algún varón, o por el contrario mujeres maléficas sin sentimientos ni apego familiar o bien, si no se ajustan a ninguno de ambos estereotipos, su especificidad de género se disuelve en la condición viscosa que se atribuye a los elementos subversivos y los despoja de toda cualidad subjetiva. Estas caracterizaciones permiten formular preguntas acerca de la remodelación de la subjetividad femenina que también impulsó el régimen y contrastarla con prácticas y voces refractarias a esa imagen regresiva, como las que encarnan las mujeres militantes y las Madres de Plaza de Mayo.

El varón y el derecho a la violencia

La ideología del régimen reproducía la división, propia del poder patriarcal, del espacio social en ámbitos desigualmente valorados según reciben la connotación de lo masculino (lo público) o bien de lo femenino (lo privado), el primero asociado a valores de fuerza, razón, acción y poder, el segundo al cuerpo, la domesticidad, la sensibilidad y la afectividad[41]. La diferenciación entre esas dos esferas reviste múltiples significados, afirma Nelly Richard, ya que “la connotación abierta de lo público coloca a lo masculino del lado de lo general y lo universal (historia, sociedad), mientras que la connotación cerrada de lo privado confina lo femenino al registro de lo particular y lo concreto (lo no abstracto) de la subjetividad y la intimidad” desvinculando a las mujeres de los espacios de reconocimiento del poder y relegándolas al mundo de “lo invisible, de lo indiscernible”[42]. Esta visión se complementa con la visión ancestral del hombre como detentador exclusivo del derecho a la violencia. Esa construcción mítica se apoya en aquellos textos fundantes de la cultura en que el héroe es indefectiblemente varón, en tanto el obstáculo asume rasgos femeninos, de manera tal que la mujer permanece fuera de la historia y se asimila, en cambio, a un elemento del espacio, una resistencia, un topos[43]. Los medios de comunicación, por su parte, reforzarían esta perspectiva al acentuar “el mito de la femineidad que vincula la idea de la mujer con negación del cambio o, si se quiere, de este antagonismo mítico entre mujer y cambio”[44].

Según Diana Taylor la construcción de la Argentina como nación se basó a su vez en operaciones de exclusión y erradicación violentas donde el conquistador masculino se define no sólo por oposición a otros hombres (el enemigo) sino también a un ambiente vacío y hostil, feminizado (las amplias pampas, la Patagonia)[45]. En su origen la identidad nacional se habría forjado a través del gesto asimétrico de ejercicio del poder sobre lo femenino que asocia paisaje y mujer, ambos obstáculos a ser sorteados. En las batallas internas del siglo XIX los hombres enemigos son feminizados y marginalizados como otros, y las mujeres borradas como sujetos históricos mientras lo femenino encarna en forma abstracta e idealizada como la figura de la Patria. Desde entonces, afirma Taylor, una tradición misógina “feminiza” los grupos sociales indeseables (indios, mulatos, subversivos) y asocia a lo masculino con el ejercicio del poder. En esta tradición, no sorprende que el Ejército feminice a la población civil y asigne a sus enemigos de izquierda atributos que la ideología patriarcal reserva a las mujeres como locura, peligrosidad e irracionalidad.

La junta militar se representó a sí misma como modelo de liderazgo masculino, maduro y responsable, en oposición a Isabel Perón, mujer poco calificada para la conducción política y presentada como propensa a la histeria y el descontrol[46]. Luego, consideró a la población un cuerpo social dócil, femenino, maleable. El sesgo de género de la represión ilegal se manifestó así en un modelo que “identifica la masculinidad con la dominación y la agresividad, características exacerbadas en la identidad militar” mientras construye una femineidad ambivalente[47]. Diana Taylor analiza cómo en las puestas en escena de los militares ellos asumían el papel masculino asociado a cuerpos que se exhiben y a la fuerza mientras el enemigo era “feminizado”, en la forma de una “subversión” a la que se consideraba oculta y peligrosa, rasgos asociados a lo femenino: mientras los hombres ocupan el espacio público, el discurso masculino sobre los cuerpos feminiza la interioridad, la profundidad, el malfuncionamiento y la enfermedad[48]. Esto se ponía de manifiesto en los rituales performativos de poder: tanto en aquellos públicos, como desfiles y actos militares —donde se despliega la dualidad entre el actor/poder masculino y la pasividad/exclusión femenina de la audiencia—, como en las puestas en escena altamente sexualizadas de la tortura, donde el poder, masculinizado, feminizaba a la víctima torturada[49].

“La mujer, el hogar, el niño”

Los tres términos del título, que es el de la sección dedicada a “temas femeninos” en La Nación, sintetizan el espacio asignado a la mujer en el discurso oficial tanto como en la prensa: la maternidad y el ámbito doméstico. La importancia de su función reproductora se expresó en las medidas biopolíticas natalistas tomadas por el régimen como la prohibición del libre uso de anticonceptivos y la anulación de los derechos que igualaban a esposas y concubinas[50]. En el discurso, las mujeres fueron interpeladas sólo como madres y amas de casa o a lo sumo, si ejercen una función pública, como maestras, y siempre invocando características esencializadas de género como la afectividad y la vocación de sacrificio[51]. No casualmente, los únicos movimientos de mujeres que tuvieron lugar durante la dictadura, el de Madres de Plaza de Mayo y los de amas de casa, se aglutinaron alrededor de esos roles[52]. De modo que aún cuando actúa públicamente, la mujer lo haría en función de los roles maternal y nutricio que la fijan al ámbito doméstico y el cuidado de los niños. Allí los papeles son definidos y estables: considerada un don natural y no una construcción cultural, la familia representa una instancia de orden por oposición al caos político.

En esa visión, las mujeres no son sujeto sino objeto; no pueden detentar el poder ni son capaces de ejercer la violencia en forma autónoma[53]. Si una mujer ejerce el poder, en ese marco ideológico, lo hace en forma vicaria, por mandato recibido del hombre, una visión que la patética figura presidencial de Isabel Perón no hizo sino confirmar. Convertida en presidente por la muerte de su esposo (a quien se aludía popularmente, entre otros apodos, como el Macho) no supo estar a la altura del poder que detentaba y, mientras se sometía a la influencia de otras figuras masculinas, representaba a la perfección el papel de mujercita débil e inestable. Si bien su incapacidad era producto de sus propias falencias, quienes la hostigaban no dejaban de atribuir su incompetencia a una determinación de su sexo biológico. Rattenbach, un general retirado, se refrió a los problemas de su gobierno en estos términos:

Nuestra gobernante actual no puede afrontar la crisis, primero por su sexo, segundo, por su sistema nervioso delicado, que se debilita fácilmente ante esfuerzos prolongados y, tercero, por su limitada capacidad para desempeñarse con eficacia en dicho cargo… Esto último no nos debe extrañar, porque la vida que ha llevado no le ha permitido adquirir los conocimientos adecuados[54].

En los casos en que las mujeres son incluidas en instituciones totalmente masculinas, cuando se admite que puedan llegar a entrar en contacto con armas, es también destacando sus supuestos rasgos femeninos esenciales. Cuando en los balances de fin de año de la Armada el vicealmirante Lambruschini se refiere a la inauguración del Liceo Naval de Salta, el primero que admite mujeres, declara que la institución “ha abierto las puertas a la exquisita sensibilidad de la mujer argentina, al comprobar que muchas de las actividades navales pueden ser ejecutadas con su particular eficiencia y decoro”[55]. Argumentos similares se leen cuando la policía informa que

se propiciará… una mayor incorporación de agentes femeninos, pues se considera de absoluta importancia la labor que la mujer debe cumplir, más que en la represión en la prevención del delito y la atención de las mujeres detenidas, cuya recuperación debe comenzar en las comisarías o lugares de detención policiales[56].

En el mismo sentido un editorial de La Nación sobre el personal policial femenino aplaude la decisión de que “las agentes femeninas actúen en las comisarías metropolitanas y, a su vez, el personal masculino vuelva nuevamente a la vigilancia de las calles”, es decir, reproduzcan la división de roles de la familia tradicional. El diario destaca las potencialidades de las mujeres policías en su “vasto campo de acción” tales como “la atención a niños abandonados…, disminuidos físicos y mentales…, como también… afectados por amnesias… y muchos otros más”; vale decir, el mismo vasto campo de acción de toda ama de casa[57].

Este mundo de representaciones burguesas era compartido por buena parte de la sociedad. Marta Diana, autora de una recopilación de testimonios sobre las mujeres que participaron en la lucha armada, reconoce con una honestidad cercana a la candidez el estupor que le produjo la noticia de que una antigua amiga del secundario y su hermana pertenecían a una organización guerrillera, impacto que décadas más tarde la impulsó a editar ese libro. “Mi conmoción era el descubrimiento de una condición de vida en Susana que yo ignoraba” afirma, “¿Susana guerrillera? Susana tocaba el arpa”. El arte y la guerrilla, el mundo reposado de la música y la violencia política se perciben como opuestos e irreconciliables: “no podía (no puedo todavía) unir las dos imágenes”[58].

La contradicción entre militancia política (armada o no) y maternidad era una realidad concreta para muchas mujeres que debían soportar episodios de machismo al interior de las mismas organizaciones que se querían revolucionarias. Numerosos testimonios reflejan las dificultades en cuestiones como la decisión de tener hijos o las alternativas de su crianza, así como por la incorporación de mujeres en tareas militarizadas o de conducción, donde estuvieron subrepresentadas[59]. No sólo los militares, sino a menudo los mismos activistas de izquierda que se definían ideológicamente en sus antípodas reproducían prejuicios y discriminaciones de género, como parte de la misma “trama autoritaria de la época” que, como afirma Pilar Calveiro, no fueron capaces de eludir[60].

La intención aquí no es detenerse en esas contradicciones ni en el fondo de ideología patriarcal que les dio lugar, sino caracterizar el modo en que se ponen en juego en la prensa. Allí se percibe la dificultad de reconocer la existencia de mujeres que actúan como sujetos de la violencia y la tendencia a silenciar, invisibilizar o neutralizar esa presencia.

Las mujeres constituyen el 30 % del total de desapariciones denunciadas[61]. Según un estudio este porcentaje, “dado el carácter secundario, pasivo, conservador, heterónomo, socialmente adjudicado a las mujeres como atributos que aparecen como una extensión de su sexo biológico” puede interpretarse como “signo de una fuerte irrupción en la esfera pública de participación social”[62]. La dificultad de reconocer públicamente los nuevos papeles jugados por las mujeres habría llevado, sin embargo, a un encubrimiento o subregistro de la magnitud de su participación[63]. En la prensa ese subregistro adopta mayormente el signo de la perplejidad. La imposibilidad de asimilar al orden patriarcal la existencia de mujeres combatientes se refleja en una caricatura publicada por La Nación con el título “Mujercitas” donde se ridiculiza a las mujeres armadas, convirtiendo esa perplejidad en burla y neutralizando su significado al presentarlo como un absurdo[64].

Según estudios realizados desde la perspectiva de género las noticias de prensa que involucran acciones violentas tienden a estructurarse de modo tal que se postula a la mujer en función de su disponibilidad al crimen sexual[65]. En el discurso fuertemente estructurado de los periódicos, la mujer habita las noticias que involucran violencia casi exclusivamente como objeto de la misma. En la prensa analizada esta pautación de roles se potencia por el discurso patriarcal y conservador donde la mujer apenas accede a un rol activo en el espacio público y si lo hace esa presencia es neutralizada[66].

Ante estas consideraciones resulta, a primera vista, sorprendente que en su estudio sobre las representaciones de la clase media en la década del '70 Sebastián Carassai halle alusiones a la agresividad femenina como rasgo positivo y destacable[67]. Las referencias a la violencia y las armas combinadas con la sensualidad y seducción de la mujer que este autor encuentra en las publicidades serían síntoma del cuestionamiento a los roles femeninos tradicionales que tiene lugar en esos años. La mujer reflejada y alabada en estas publicidades (no cualquier mujer, advierte Carassai, sino jóvenes y de clase media) era una que había tomado el toro por las astas y podía tomar iniciativas. Estos indicios darían cuenta de un proceso de mutación de los roles de género en curso del que la publicidad, que suele adelantarse a otros discursos en la percepción y divulgación de tendencias emergentes, da testimonio. Su presencia, según este autor, marca un contraste con los discursos evidentemente más conservadores de la prensa y ponen en contexto la ansiedad o inquietud que generaba la existencia de mujeres politizadas y armadas, a las que buscaban acaso “domesticar”. En cualquier caso, no es la imagen que se desprende de las noticias revisadas aquí. Al mismo tiempo, es preciso diferenciar entre mensajes publicados antes y después del golpe de 1976: Según la investigación de Paola Margulis sobre las representaciones del cuerpo y la femineidad en la revista Para Ti en los '70, por ejemplo, las imágenes más modernizadas y dinámicas de mujer que aparecen allí hacia mitad de la década (dando cuenta de una corporalidad más activa y sexuada y en contraste con las representaciones más rígidas que circulaban socialmente entonces) cambian al comenzar la dictadura, dando lugar a páginas más sombrías y modelos más recatadas en su vestuario y gestualidad[68].

En la prensa estudiada, como se verá a continuación, se observan diversas estrategias discursivas para resolver el dilema que plantean mujeres, la mayoría muy jóvenes, vinculadas a acciones violentas, sin alterar la asignación de roles femeninos en el discurso oficial. Las primeras alusiones a ellas destacan por su singularidad el dato de que haya mujeres “agresoras”. La noticia de que en un “hecho” ocurrido en Córdoba “murió la única mujer que participaba en la acción, Nora Lía Macquard, de 23 años” destaca esa atipicidad y anticipa las estrategias con las que se enunciaría esta circunstancia en la prensa: la noticia de que “La Macquard, conocida como ‘Sargento Clara’, era hermana de otro extremista”, subraya por un lado la ambigüedad sexual de que mujeres ostenten cargos masculinos, como “sargento”, y a la vez remite inmediatamente su presencia en el escenario armado a la de un hombre, en este caso su hermano[69].

El mundo cotidiano transfigurado

El orden tradicional que asigna roles y espacios definidos, donde la mujer es garante de la estabilidad de esa división entre la tranquilidad hogareña y los sobresaltos de la vida política, parece estallar con las noticias de acciones armadas donde intervienen mujeres. Los informes periodísticos dan cuenta de una distorsión de aquellos elementos asociados a la cotidianeidad doméstica donde la “delicadeza” femenina es traicionada o traicionera. Después de un “tiroteo” que “culminó con la muerte de una extremista” se lee que “entre el vecindario púdose saber que ese departamento había sido alquilado hace tres meses por un matrimonio joven, cuya mujer era de singular belleza, aproximadamente de 23 años, y que en ningún momento habían despertado sospechas por la conducta habitual”[70].

La juventud y la belleza femeninas, antípodas de un imaginario político dominado por hombres adultos, era también empleada intencionalmente por las organizaciones guerrilleras para reforzar el factor sorpresa. El informe de una operativo armado relata que “alrededor de las 15, dos jovencitas vestidas con jeans y camisas de colores —cada una con un ramo de flores en sus manos— caminaban hacia la esquina…” y al llegar ante una subcomisaría una de ellas “sacó de un bolso una ametralladora portátil y comenzó a disparar hacia el interior del local policial, mientras su compañera hacía lo mismo desde un baldío contiguo”[71]. La inocencia subvertida de las flores que se convierten en armas está presente también en las crónicas del ataque al cuartel de Monte Chingolo, en el que, según las noticias, “pudo apreciarse… la presencia de mujeres” y que comenzó “de la forma menos imaginable” cuando a los jóvenes que atendían un puesto de venta de pan dulce y sidra “se le sumaron …tres mujeres” que “transformaron el puesto extrayendo ametralladoras y bombas” mientras “una de las mujeres… gritaba: ‘ha comenzado el ataque’”[72]. Se agrega que “entre los que atacaron el cuartel se encontraban aproximadamente una decena de mujeres armadas con granadas —hechas con envases de yogurt y de cremas de mano— y pistolas automáticas” y que “una de ellas tenía rango de sargento, y la mayoría vestía pantalón y camisa”. En la referencia a los cosméticos y alimentos que se metamorfosean en bombas y mujeres jóvenes que lucen grados militares se observa nuevamente esa referencia a un mundo femenino y doméstico transfigurado. Esa inversión del universo cotidiano era una construcción habitual en los comunicados, que oponen la vida “normal” de una familia a las actividades sospechosas de los subversivos[73].

¿Cómo se resuelve esta presencia, cada vez más frecuente en la prensa? Los modos de presentar a las mujeres en las noticias de hechos armados revelan estrategias tendientes a no contradecir el modelo patriarcal donde la mujer pertenece al hogar (al padre o al marido) y si es autónoma en la esfera pública deviene automáticamente sospechosa. En la primera variante son “usadas” por hombres debido a su “falta de respeto por la mujer al considerarla sólo carne de cañón para sus fines” y en la segunda se sugiere que son promiscuas, ajenas al orden familiar tradicional[74]. Un tercer modo de desconocer a las mujeres como sujetos políticos consiste simplemente en ignorarlas, borrarlas de la historia escribiendo por ejemplo en un “balance” que “Montoneros habría experimentado la pérdida del 80 % de sus efectivos de combate, estimados por algunos observadores en alrededor de 2.000 hombres”, es decir naturalizando una composición puramente masculina, contra toda evidencia[75].

Jóvenes engañadas, mujeres maléficas

Apoyada en un típico motivo literario, el de la joven inocente, seducida y engañada, esta estrategia pretende neutralizar en el discurso la existencia de mujeres como sujetos autónomos que intervienen en política y/o que deciden racionalmente acudir a las armas. Si lo han hecho, sugieren estas noticias, es porque un hombre las convenció de ello. En los dos diarios estudiados se leen noticias de dudosa verosimilitud acerca de supuestos subversivos que se entregan espontáneamente por haberse “arrepentido”. La gran probabilidad de que se trate de operaciones de prensa montadas por los militares es secundaria a los efectos de evaluar los términos en que son construidas, y el hecho no casual de que en la gran mayoría de los casos la joven engañada y arrepentida sea una mujer. Se publican supuestas “revelaciones” de “una joven que se presentó espontáneamente a las autoridades”, dijo haber pertenecido a una “organización ilegal” e “hizo un llamamiento público a padres e hijos para que no se dejen engañar por la propaganda extremista”[76]. La joven confesa: “me presté para engañar a familiares y amigos para justificar así ausencias prolongadas mías”. En otra puesta en escena ante periodistas de un “arrepentimiento”, una “joven extremista” de 20 años se presenta vistiendo “un uniforme verde, con chaqueta y gorra, y botines”. Según la prensa:

manifestó que no formulaba las declaraciones por despecho hacia su marido, quien la abandonó herida en el monte, y que ‘seguramente tratarán de desmentirme, diciendo que no pertenezco a la organización o que me obligaron a ponerme este uniforme y a hablar’. (…) Explicó que su nombre de guerra era ‘Clarisa’ y que fue incorporada a las actividades subversivas por su esposo, que se encuentra prófugo. Este la convenció de pasar a las filas del Ejército Revolucionario del Pueblo[77].

Se añade que destaca el buen trato que le dio el Ejército, que le curó la herida y no la torturó ni la fusiló (a diferencia del esposo que la “abandonó herida en el monte”). Así se confirma la imagen de mujeres sumisas que siguen las instrucciones de sus maridos, seres infantiles y crédulos que repiten el motivo de la mujer seducida y abandonada. Como en la visión patriarcal arcaica, las mujeres pertenecen al padre o al marido, no son sujetos por sí mismas. Otra crónica de una “joven estudiante… que actuaba en una organización subversiva” y “se presentó voluntariamente ante las autoridades militares” sugiere que tampoco esa decisión la lleva a cabo sola: “Acompañada por su padre, hizo conocer su intención de apartarse definitivamente del movimiento en que estaba enrolada”[78].

Además de traslucir el trasfondo patriarcal de la ideología oficial, estos modelos de noticias sirven para reforzar una construcción del “enemigo” como inescrupuloso y manipulador y explicar también la juventud de gran parte de ellos. Un editorial de La Nación alude a “las declaraciones formuladas públicamente hace muy pocos días, por la integrante de una organización subversiva capturada” para insistir en el problema de los “captores iniciales”, “maestros ideológicos” y “mentores doctrinarios” que están en el “origen de los procesos mediante los cuales es factible trastornar las mentes y los corazones de los adolescentes y de los jóvenes…, hasta llevarlos a la decisión de cometer cualquier acto, por más bajo que fuere”[79]. El diario fustiga a “quienes reclutan arteramente la inexperiencia, el entusiasmo, los ideales y la rebeldía natural de la adolescencia para servir sus intereses y sus necesidades”. De ese modo niega toda legitimidad a la guerrilla al descalificarla como actor político y niega a sus integrantes la cualidad de sujetos autónomos capaces de tomar decisiones racionales. Se trataría, en cambio, de jóvenes bien intencionados pero ingenuos, carentes de discernimiento y determinación propia. ¿Por qué estos “engaños” son mayormente ilustrados por mujeres?[80]

Todos estos motivos se ponen en juego en la prensa cuando el jefe de la Policía Federal, gral. Cardozo, muere por una bomba puesta bajo su cama por una joven de 18 años compañera de estudios de su hija. Un general, jefe máximo de la Policía, asesinado por una adolescente es demasiado para la ideología militar. Los partes oficiales afirman que “la guerrilla marxista utilizó, a través de una delincuente de sólo 18 años, la amistad de ésta con la hija de Cardozo y la hospitalidad de su hogar para sembrar la muerte en forma artera y despiadada”[81]. El ministro Harguindeguy advierte que los “jóvenes… han caído bajo el nefasto influjo del… brazo armado del ejército rojo que intenta hoy ocuparnos”[82]. Su llamado a los padres opone el crimen político a la despolitización de la vida familiar y llama a los padres a que “cuiden el hogar” y “no acepten generosamente las ideas implantadas en las mentes jóvenes por expertos internacionales de la subversión”[83]. La Nación comenta editorialmente el asesinato analizando la actitud de “los adolescentes”: “candidatos ideales para una obra cuidadosa, fría y racionalmente ejecutada de convencimiento ideológico” realizada “con sagacidad” por “mercaderes del mal” que “estimulan el afán redentor habitual del adolescente”[84]. Nuevamente, La Nación reduce el problema de la violencia política en Argentina a la ternura de la adolescencia confundida y engañada. En el marco ideológico del régimen es preferible explicar el crimen de Cardozo con el tópico de la joven inocente antes que aceptar a una adolescente como sujeto político opositor y armado. Sujetos políticos, agentes de la violencia, son los individuos masculinos adultos; no una mujer joven, aunque demuestre valentía y arriesgue la vida por ello.

De la joven crédula, sin pasos intermedios, se pasa a la delincuente peligrosa, habitante del otro extremo que habilita el imaginario patriarcal: el de la mala mujer. Aquí se trata de mujeres peligrosas, diabólicas, que se han desembarazado inquietantemente de la tutela masculina[85]. Si Ana María Gonzalez representaba la inocencia transfigurada, el pasaje de la confianza y candidez adolescente a la traición maligna, el prototipo de la terrorista peligrosa lo ofrece Norma Arrostito, presentada en cambio como una guerrillera experimentada y fría. Cuando es capturada, a los 36 años y siendo dirigente de Montoneros, le cabe mal el tópico de la jovencita engañada[86]. El artículo agrega que cuando su nombre apareció vinculado al caso Aramburu “llamó la atención que una mujer estuviera comprometida en tales hechos” pero “más tarde, esos mismos hechos y esa circunstancia habrían de repetirse con fatídica frecuencia”[87].

La crónica de la caída de Arrostito es un contrapunto entre ambos mundos, el doméstico diurno y el nocturno violento: los diarios publican una foto tomada de día del sitio donde fue capturada la noche anterior que muestra a dos mujeres de espaldas, caminando con la cabeza gacha y la bolsa del mercado, en una habitual imagen de barrio “a un par de metros de… donde murió la extremista”[88]. La yuxtaposición de ambos mundos repite el motivo de la cotidianeidad transfigurada y permite contraponer en un mismo sitio los dos universos opuestos, el de las terroristas que andan por la noche, llevan armas y portan pastillas de cianuro, y las buenas amas de casa que marchan dócilmente a hacer las compras.

Domesticidad y activismo no pueden estar integrados sino que son expresión de un doblez. Mujeres que actúan con hipocresía y sin compasión hacia sus familias y, en el arquetipo de los militares, “ostentaban una enorme liberalidad sexual, eran malas amas de casa, malas madres, malas esposas y particularmente crueles”[89]. Este imaginario es reproducido por la revista Somos, que publica en La Nación a toda página el aviso de un número dedicado a “Las guerrilleras” que se anticipa como “la cruenta historia de las mujeres en el terrorismo”[90].

Las figuras acá subrayadas de Ana María Gonzalez y Norma Arrostito suponen dos polos de la visión patriarcal. Se trata, no obstante, de dos casos que fueron singularmente destacados en la prensa (tal vez, no casualmente, por ser mujeres involucradas en asesinatos de generales). Por fuera de ellas y de las puestas en escena de supuestas “entregas” de jóvenes arrepentidas se encuentra la masa de mujeres anónimas masacradas que componen la alta incidencia femenina en el total de desaparecidos. Ellas reciben en la prensa el mismo tratamiento que el resto de los subversivos abatidos; ingresadas a una zona de indefinición entre la vida y la muerte, la cualidad de género se diluye junto con los demás atributos humanos.

En la información sobre un operativo que involucra a una pareja el comunicado oficial los nombra como “el masculino” y “el femenino”, expresiones que se hacen frecuentes en adelante[91]. La especificidad de género, que en los casos anteriores se pone de relieve, acá se subsume en la indiferenciación con los varones, todos elementos, parte de la entidad amorfa e inhumana que el discurso oficial define como su “enemigo”. En un operativo, se informa, “fue abatido un delincuente de sexo masculino y un femenino que lo acompañaba logró fugarse” (…) intimados a rendirse “pudo observarse que… tres femeninos eran arrojados al vacío desde el departamento ocupado por los delincuentes subversivos”[92]. “Los femeninos” no tienen autonomía, ni toman una determinación —como suicidarse— por sí mismos, sino que “acompañan” o “son arrojados” por otros: Son doblemente objetos, doblemente cosas.

La misma figura femenina que en los discursos es exaltada como portadora de valores ligados a la maternidad, la sensibilidad y el afecto, netamente diferenciada del varón, aquí es aludida suprimiendo expresamente aquella diferencia para evitar la contradicción entre esa imagen ideal y la real de una mujer combatiente. Como en los cuerpos destrozados o los elementos subversivos abatidos que se analizó en capítulos anteriores, los diarios sugieren una materia indeterminada y amorfa, cuyos rasgos humanos han sido borrados o se hallan irreconocibles; donde hombres y mujeres se desdibujan en una misma sustancia peligrosa, imposible de generar identificación alguna con el lector medio de periódicos. Las mujeres son referidas junto a los hombres en un lenguaje que las cosifica, como si se hablara de objetos. Quienes sobrevivieron atestiguan que también así, como “cosas”, fueron tratadas a la par que los hombres en los centros clandestinos de detención.

Modelos de mujer: el reformateo de la femineidad

Hasta aquí se han expuesto los modos de presentar a las mujeres involucradas en violencia política en la prensa. Para situar esas construcciones discursivas en su contexto, es preciso agregar que estas mujeres neutralizadas como tales en la prensa no tuvieron ningún “beneficio” por su condición femenina cuando cayeron prisioneras. Ninguno de los atributos asociados a la sensibilidad y la dulzura con que los discursos militares ensalzaban a la mujer produjeron algún tipo de discriminación positiva que les evitara ser castigadas con la misma ferocidad que sus compañeros varones en los CCD[93].

Al interior de los chupaderos, sin embargo, las prisioneras demostraban que no eran ni las niñas ingenuas ni las mujeres maléficas de la construcción periodística, generando en sus verdugos una paradójica admiración. Eran a un tiempo la “putita montonera” insultada y humillada y la interlocutora inteligente que no encontraban en sus esposas, madres o hermanas. Según una sobreviviente de la ESMA:

Los hombres estaban en peores condiciones, pero en la tortura solían ensañarse más con las mujeres. No podían soportar la idea de que una mujer se resistiera. ‘Hija de puta, cuidá a tus hijos, andá a lavar los platos’, nos decían y mucho, mucho más. Una mujer que se resistía era para ellos mucho peor que un hombre que lo hiciera. El valor de la mujer los volvía locos[94].

Otra ex detenida–desaparecida en la ESMA testimonia que los oficiales “nunca antes habían conocido mujeres como las montoneras” y que el capitán Acosta les había dicho que sus relaciones con las mujeres “están prácticamente destruidas” desde que conocieron a las prisioneras puesto que “todos ellos estaban casados con hijas de otros oficiales navales, mujeres que no sabían cómo hablar. En cambio, las prisioneras podían hablar sobre libros, películas o política”[95]. En otras palabras:

…ellos estaban fascinados con nosotras. Éramos mujeres absolutamente distintas a las que eran sus esposas. Con nosotras podían hablar de política, armas, estrategia, cine o filosofía. De modo que junto con la atracción se daba una contradicción, porque para ‘recuperarnos’ teníamos que ser como las mujeres tradicionales, pero a ellos les atraía, justamente, que no lo fuésemos[96].

La “recuperación” de las mujeres implicaba restituirlas al rol doméstico y la actitud sumisa, a una condición de objeto y no de sujeto. En los CCD el cuidado de sí y la preocupación por la apariencia eran considerados signos de “recuperación” de las prisioneras: mujeres que afirmaran su identidad en la disposición para la seducción y aprobación del hombre[97]. Al mismo tiempo la imagen de la mujer en la prensa de la dictadura, por fuera de las noticias de violencia, indica en efecto la construcción de una figura subalterna y dócil, restringida al ámbito privado o expuesta a la mirada masculina como mercadería de consumo. Los cambios culturales propiciados por el movimiento feminista llegan a los diarios argentinos como ecos de noticias sobre países lejanos[98]. En la prensa local, las mujeres son seres infantiles a quienes debe instruirse y modelarse[99]. En las raras ocasiones en que su propia voz llega a los diarios, las mismas mujeres hablan de sí como de una materia a “formatear”[100].

En los medios gráficos se impone mientras tanto una nueva figura: la mujer espectáculo, ofrecida al hombre como objeto de consumo erótico visual. No mucho después de aquella publicidad de Somos que demonizaba en su portada a las guerrilleras, La Nación reproduce otro aviso de esa revista que muestra en tapa una imagen en las antípodas: tres jovencitas en traje de baño bajo el título “La vida de las modelos”[101]. Las mujeres luchadoras son reemplazadas así por la creciente presencia de imágenes de mujeres semidesnudas en la tapa de los semanarios ilustrados, anticipando el surgimiento de ese otro tipo de mujer objeto y de lo que se llamaría luego la cultura light. Avisos publicitarios aludiendo a la figura femenina con invocaciones como “Silueta” o “Adelgace” e imágenes de cuerpos femeninos anticipan esos nuevos modelos de mujer[102]: descorporeizadas, des–subjetivizadas, livianas. Hasta qué punto la remodelación de las subjetividades que también implicó el proyecto dictatorial continúa ejerciendo sus efectos hasta hoy en el culto a la delgadez y la imagen presente en la sociedad argentina es una cuestión que merece ser objeto de investigación.

También las Madres de Plaza de Mayo dieron cuerpo a una rebelión respecto a los roles asignados a las mujeres en el ámbito de lo privado. Su importancia en la vida política y la historia de Argentina desborda las breves menciones que se les dedica en este libro. El silenciamiento sistemático de que fueron objeto por la prensa durante el período estudiado hace que su lucha se encuentre virtualmente ausente en el material empleado como fuente primaria para este estudio. Sin embargo, a la hora de hablar de las reconfiguraciones de lo público y lo privado con relación al género es ineludible destacar su legado. Además de haber encarnado junto a los demás familiares de desaparecidos la única resistencia civil auténtica al régimen militar, las Madres de Plaza de Mayo reformularon la férrea distribución de roles y espacios que asignaba a las mujeres la circunscripción al ámbito doméstico y la pasividad[103]. Algunas lecturas feministas de ese movimiento cuestionaron el potencial emancipador de su práctica en tanto que —como madres de desaparecidos— reprodujeron un modelo patriarcal que sólo les permitía salir al espacio público afirmándose en el rol establecido de la maternidad. Según esta perspectiva, una demostración pública basada en el “instinto” maternal sería una contradicción en sus términos y dejaría intacta la ideología que asigna características esencialistas a la maternidad[104]. Otras autoras, como Marguerite Bouvard, creen en cambio que las Madres de Plaza de Mayo han revolucionado la maternidad, reformulando su alcance y politizando sus valores, llevando así la noción de maternidad mucho más allá de los límites biológicos y culturales que le impone el modelo patriarcal[105].

La “gran familia argentina”: más allá de público y privado

Como la diferencia de género, la definición de la “familia” de la retórica militar —que la prensa reproduce y amplifica— fue objeto de un desdoblamiento entre discurso y prácticas.

En el discurso higienista de aquellos años la familia es una entidad esencial y ahistórica que responde a “leyes naturales previas a toda organización social”, y mantiene una continuidad imaginaria con la “nación” que permite postular: “la unión indestructible de la familia argentina, el futuro de nuestros hogares, la proyección histórica de nuestra generosa tierra”[106]. Cuando los militares hablaban de “familia” apuntaban a la biologización de los vínculos sociales y la esencialización y naturalización del ordenamiento jerárquico de la sociedad. La “nación” misma se presentaba como una familia, en una amalgama destinada a desnaturalizar los conflictos al interior de la sociedad y presentar la violencia política como una irrupción externa sobre un país supuestamente pacífico. En su estudio sobre la familia en dictadura Judith Filc expone cómo la Junta asumió el rol de un Estado–padre todopoderoso ante sus hijos–ciudadanos, y se apoyó en la analogía entre familia y nación[107]. También Diana Taylor interpreta la relación de los militares con la población como la de un padre autoritario con su hijo, siendo la madre la figura femenina abstracta e idealizada de la “Patria”. Mientras tanto, se intentaba llevar a los secuestrados en los CCD a un estado de “infantilización” por los efectos de la tortura y a los demás ciudadanos a un virtual estado regresivo de minoridad, una suerte de “infancia política”, en busca de figuras de autoridad[108]. La junta militar asumió para sí el rol paternal y relegó a la población toda a una niñez perpetua, donde los adultos fueron cercenados en su autonomía y la sociedad toda devino, según un recordado artículo de María Elena Walsh, un “país jardín de infantes”[109].

Reconfiguraciones de la familia y el parentesco

La metáfora de la nación–familia del discurso oficial redefinió las fronteras entre lo público y lo privado y llevó a la creación de un espacio alternativo donde la política y el hogar se mezclaban: el espacio doméstico se hizo “público” y el espacio público se privatizó[110]. Así se explica la existencia de dos interpretaciones, a primera vista contradictorias, en las investigaciones que se ocupan de la familia y la vida cotidiana en dictadura. Por un lado, se lee que las relaciones familiares, al igual que otros ámbitos “micro” de la vida social, reprodujeron las tendencias autoritarias y despóticas que regían a nivel “macro” en la Argentina. Eso se desprende sobre todo de los trabajos pioneros de Guillermo O’Donnell sobre lo que llamó el autoritarismo “capilar” que se despliega en los contextos micro de la vida social —las “texturas celulares del cotidiano”— donde detectó tendencias al autoritarismo análogas a las que tenían lugar a escala macro en la Argentina. Estos “micro autoritarismos” implantaron en todos los contextos los principios de orden y autoridad, multiplicando los efectos de la represión en los ámbitos cotidianos. Así, también la familia se convirtió en un ámbito represivo, donde los padres eran estimulados a vigilar a sus hijos, supervisar sus lecturas y controlar sus amistades, reproduciendo en pequeña escala el disciplinamiento y control ejercido por el poder militar[111]. Por otro lado, hay estudios que destacan en cambio cómo ante el cercenamiento de la vida pública la familia ofreció un espacio de refugio y aún de resistencia, vinculado a la persistencia de espacios culturales alternativos y a lo que se denominó el “exilio interior”. Algunas familias consiguieron preservar puertas adentro un gran margen de autonomía. Dentro del hogar podían tener lugar reuniones políticas, grupos de estudio, recitales de música o talleres de poesía, reformulando así el sentido de lo “privado”.[112]

Ambas caracterizaciones, sin embargo, no se contradicen sino que encarnan la doble manifestación de una misma tendencia a la privatización de la vida, donde por un lado los ámbitos familiares albergaban las actividades que ya no podían realizarse en público o ante desconocidos por temor a delaciones, y al mismo tiempo los padres actuaban como “vigilantes” de sus hijos no sólo en respuesta a las campañas oficiales sino como parte del mecanismo de introyección de la vigilancia que padecieron todos los ciudadanos[113]. Refugio y cárcel a la vez, la familia habría adoptado ambos papeles como parte de la mencionada reconfiguración de los espacios público y privado en Argentina entre 1976 y 1983.

Los vínculos familiares eran los únicos autorizados en la cosmovisión militar, pero éstos se volvieron en su contra cuando no sólo los hogares sino sobre todo los mismos lazos de parentesco devinieron instancias desde la cual resistir reformulando sus significados. En nombre de los lazos de parentesco las organizaciones de familiares de desaparecidos se constituyeron en la principal resistencia activa al régimen desafiando su doble moral. A partir de esas experiencias, esos actores pudieron disputar los significados establecidos de “familia” y proponer sentidos alternativos de la misma basados en vínculos horizontales y solidarios y no en jerarquías prestablecidas. Estos nuevos lazos se experimentaban de la misma manera que los lazos de sangre pero no se apoyaban en discursos esencializados sino que se nutrían de valores, saberes o prácticas compartidos[114].

Niños y jóvenes: material biopolítico

Mientras exaltaba públicamente los valores de la “familia”, el régimen hacía de la destrucción de lazos familiares un eje central de su práctica represiva. El asalto nocturno y violento de los escuadrones paramilitares en los hogares que dio inicio a la mayoría de las desapariciones es la manifestación gráfica de esa irrupción del poder militar en el seno de los hogares. El 62 % de los secuestros que dieron lugar a las desapariciones denunciadas tuvo lugar en el domicilio de las víctimas; era habitual por lo tanto que los niños fueran testigos de la captura de sus padres, acompañada casi siempre de torturas o maltratos[115]. Los niños eran dejados librados a su suerte o entregados a vecinos, llevados a institutos de menores que los entregaban a sus familiares, apropiados ilegalmente por algún represor ocultando su verdadera identidad, o incluso conducidos también al centro de detención clandestino donde podían ser obligados a presenciar las torturas a sus padres o ser ellos mismos torturados ante éstos[116]. Mientras muchos niños y adolescentes fueron perseguidos y castigados por el hecho de ser hijos de alguien, por hallarse en el lugar del secuestro o como extorsión hacia sus padres, otros fueron considerados ellos mismos blanco de la represión, como los 250 adolescentes de entre 13 y 18 años de edad desaparecidos. Los colegios secundarios fueron objeto de operativos represivos específicos y se produjeron desapariciones colectivas de estudiantes, a menudo con la complicidad activa de sus autoridades[117]117.

Para el resto de los niños y jóvenes, el régimen dispuso de un sistema educativo regresivo y disciplinador que, como su contracara “blanda”, continuaba y complementaba el terror de Estado en las escuelas. Las características del régimen represivo se plasmaron en un sistema educativo que ponía el énfasis en aspectos disciplinarios, formales y burocráticos, premiaba la obsecuencia y castigaba el afecto. En cuanto a los contenidos transmitidos, se trataba de un universo cerrado, altamente fragmentado y esquematizado, descontextualizado de la historia y la sociedad[118].

Fuera de la escuela los consumos culturales para niños que habían conseguido eludir la censura reproducían las restricciones del currículum escolar, como las visiones de la historia descontextualizadas y acríticas, acordes a un programa de modernización conservadora. Un análisis del contenido de la revista infantil Billiken entre 1976 y 1978 muestra cómo en esas páginas —al igual que en las aulas— se anulaban los contenidos vinculados a la historia contemporánea y los conflictos sociales: la “historia” se detiene en el siglo XIX, bajo “actualidad” se presentan sólo innovaciones científicas o tecnológicas y el rubro “ciencias sociales” se limita a la geografía[119]. La revista reproducía y justificaba los principios de autoridad, jerarquía y orden así como el no cuestionamiento de las órdenes, provengan de los padres, los maestros o los mayores en general. Según Paula Guitelman, sin embargo, se trataba de un discurso engañoso puesto que pretendía hacer creer a los niños que cuando llegasen a grandes serían finalmente autónomos, pero su objetivo real era contribuir a afianzar subjetividades sumisas y acríticas que perduraran hasta la adultez.

En cuanto a los estudiantes secundarios, éstos fueron objeto de políticas diferenciadas. Los jóvenes, que se habían convertido en un actor visible y radicalizado desde la década del ‘60, fueron el blanco principal del objetivo “reorganizador” del régimen. El resultado más evidente de esa política lo proporciona el desglose de las cifras de desaparecidos por edad: el 32 % de las desapariciones denunciadas corresponden a jóvenes de entre 21 y 25 años, mientras que el 70 % tenía entre 21 y 35 años al desaparecer[120]. En las escuelas secundarias, el ejemplo de los “hermanos mayores” debía ser neutralizado. De ese modo, aquellos que habían pasado por experiencias políticas intensas previas a 1973 se consideraban “irrecuperables” y debían ser combatidos. Al mismo tiempo, y pensando en el largo plazo, se desarrolló una estrategia orientada al “relevo” de esa generación que tenía por destinatarios principales a los estudiantes secundarios: considerados aún vírgenes de inclinaciones políticas y debidamente aislados de las experiencias radicalizadas de sus hermanos mayores, eran los destinatarios de adulatorias arengas conjugadas en tiempo futuro, donde se los valoraba no en virtud de su presente sino en tanto portadores de un “mañana de grandeza”[121].

Al mismo tiempo, el régimen apuntó a suprimir los ámbitos comunitarios y de identificación colectiva de los jóvenes, desmantelando las redes sociales de solidaridad y los colectivos que los representaban antes del golpe de Estado como las juventudes políticas, las estructuras sindicales y los centros de estudiantes. Una generalizada suspicacia hacia lo joven ponía en circulación mensajes contradictorios que tanto demonizaban a la juventud por su extrema politización como la condenaban por su supuesta apatía. Sin marcos identitarios propios, con los productos de la cultura juvenil silenciados y reprimidos e interpelados por el discurso oficial sólo para que se les recuerden sus deberes, los jóvenes se encontraban ante un vacío de referentes. Como consecuencia, surgieron o se revalorizaron ámbitos alternativos de reconocimiento mutuo —incluso en espacios como los grupos religiosos— y la resistencia cultural juvenil se aglutinó en torno al rock, que ofreció un espacio de libertad relativa. El oasis que brindaron durante los primeros años de dictadura los conciertos de rock, no obstante, se interrumpió a partir de un discurso de Massera en el que asociaba “rock” con “subversión”[122].

Varios miles de jóvenes fueron desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado pero además los jóvenes como sector social o grupo etario “desaparecieron” de la escena pública y de los medios de comunicación. En el caso de Billiken, las imágenes familiares presentan a niños blancos, limpios, bien vestidos y alimentados; hombres adultos de pelo corto —nunca barba— y mujeres sonrientes vestidas con discreción, mientras que los abuelos son apenas mencionados y los adolescentes no existen. No hay referencias a hermanos, primos o amigos mayores que estudien en el secundario o la universidad y la palabra adolescente ni figura[123]. En términos coincidentes, Guillermo O’Donnell describió cómo las publicidades oficiales “reproducían una escena típica, que tal vez destile mejor que ninguna otra la autoimagen preferida de ese despotismo” y que consiste en:

una familia ideal compuesta por un hombre perfectamente vestido (…) volviendo a su casa después del trabajo, cansado, pero feliz, recibido tiernamente por su esposa, no menos feliz de haberse quedado en casa, limpiando, atendiendo a los niños y cocinando. Otro personaje de esa escena es algún anciano/a, abuelito/a, buenísimo y reverenciado, portador de la imagen de un pasado más antiguo que el reciente, y en el cual esa deliciosa familia entronca su sentido de continuidad. Y, hacia abajo, absolutamente ningún joven —imagen subversiva cuidadosamente eliminada. Sólo niños de corta edad, sonrientes, limpísimos y, por supuesto, totalmente obedientes[124].

El autor agrega que esta imagen estereotipada y reiterada en los mensajes militares no respondía sólo a instrucciones del gobierno sino también, o especialmente, a expectativas de la población. Los publicitarios decían haber recibido de los propios empresarios el pedido de reproducir “esa escena social y psicológicamente regresiva” puesto que según sus investigaciones de mercado “era la situación que más ayudaba a vender sus productos”[125]. Esta referencia de O’Donnell brinda una explicación posible a la paradójica y simultánea presencia–ausencia de los jóvenes en la prensa contemporánea a las desapariciones. Ellos conforman la mayoría de los desaparecidos pero no son tratados como sujetos políticos. Los jóvenes son o bien paternalistamente tutelados, o masacrados sin piedad. Son, al igual que los niños, insumo para un fin: materia para el rediseño biopolítico de la “familia–país”.

Vida cotidiana y sublimación de la violencia

Una recopilación de sueños de ciudadanos comunes durante el Tercer Reich reunidos por Charlotte Beradt permite observar el modo en que las estructuras políticas se insertan aún en lo más íntimo de los individuos y provocan sentimientos de alienación y quiebre interior[126]. Ese libro muestra cómo bajo el régimen nazi el totalitarismo se introyectó en la esfera privada hasta anular toda intimidad de modo que el lenguaje de los sueños expresaba aquello que no se podía decir en la vigilia. La minucia burocrática llevada hasta el ridículo, objetos cotidianos transfigurados por un estado omnipresente, y otras imágenes que traducían la estructura opresiva del poder revelaban en sueños la presencia abrumadora de lo político en lo “no político” propia de la dominación totalitaria.

Lo que ese estudio sugiere, desde su distancia histórica con los hechos analizados aquí, es que los elementos reprimidos en la superficie de la vida pública pueden entreverse en ocasiones en los resquicios o márgenes más inesperados. Al leer los diarios contemporáneos a las desapariciones es inevitable advertir, en espacios periféricos como la sección de humor o los avisos publicitarios, elementos igualmente sugerentes respecto al entorno anímico que acompañó a la dictadura.

En el caso de las tiras cómicas, Florencia Levín encontró en Clarín referencias a la violencia sorprendentemente cruentas y directas[127]. Cuestiones que en las noticias aparecen solapadas o silenciadas, como la tortura, las ejecuciones o las apariciones de cadáveres, emergen en esos recuadros con toda la fuerza explícita de la imagen, incorporadas a situaciones de la vida cotidiana y apenas mediatizadas por el recurso del humor. Tanto si, como sostiene la autora, dan cuenta de un modo de “domesticar” o acostumbrar al lector a una determinada imaginería de la violencia, como si operan más bien al modo de válvulas de escape, involuntarios “liberadores” de la angustia relativa a un terror que existe pero no se llega a nombrar, allí se filtra algo de la violencia que se sabe o se intuye pero no se termina de poner en palabras. En el contexto de noticias tan abstractas y serializadas que diluyen toda empatía con el dolor ajeno, estas tiras cómicas habrían contribuido, según Levín, a restituir algo de la subjetividad de quien sufre (podría añadirse que al dar cuenta de lo fallido, lo imperfecto o lo absurdo, el humor es con frecuencia de por sí un modo de reponer lo humano).

Aquí queremos preguntarnos si es posible plantear cuestiones análogas con relación a algunos avisos publicitarios hallados al costado de las noticias que se expusieron en capítulos anteriores. La cuestión es si, igual que los sueños bajo el nazismo, los mensajes periféricos que ofrecen los anuncios comerciales podrían ser reveladores o sintomáticos de la realidad de violencia en la que surgen[128]. Como aquel material onírico, estas publicidades dan cuenta de niveles más sutiles del terror; no informan ni comentan explícitamente la violencia, pero dan testimonio de lo que se percibe como una amenaza latente.

“Regale felicidad”

La publicidad responde a una lógica diferente a la del periodismo. Obedece a los deseos de los consumidores sin mediaciones sociales o políticas y por lo tanto expresa las aspiraciones y conflictos de una sociedad a través de lo que ésta desea consumir o ver ofrecido al consumo[129]. Objetos en apariencia banales, marginales a los discursos centrales de la vida pública, pueden resultar entonces elocuentes acerca de la estructura del sentir que subyace a una situación de dictadura. Esta presunción, al principio difusa, surgida ante la observación de los diarios, encontró reiteradas ocasiones de confirmarse en la repetición de avisos que aluden de diversas formas a la violencia y sus instrumentos. La presencia de estas piezas es parte, en cualquier caso, de la atmósfera social que rodea a las desapariciones y su presentación en la prensa. Aún si no pueden demostrar nada por sí mismos ni aglutinarse en torno a hipótesis, estos avisos dan cuenta de un clima colectivo, así como de los curiosos bordes que el campo de lo decible adopta en un determinado momento en una sociedad.

En algunos casos el contenido de las publicidades resulta significativo en función de su fecha: en 1975 la revista Time escribía que “la única industria con alta tasa de crecimiento en la Argentina de hoy… es el negocio de la seguridad” y que “la incesante ola de terrorismo ha creado un mercado en expansión para los ejércitos privados”[130]. En los diarios ese miedo se traduce en avisos que advierten “la seguridad ante todo”, ilustrados con una puerta tapada con candados y cerrojos y se continúan después del golpe de Estado en campañas por alarmas, seguros y blindajes[131]. Refriendo directamente a las informaciones con las que conviven en el diario, advierten “Hasta que ud. mismo sea noticia… (no va a pensar en proteger su familia y sus intereses)” y ordenan: “Blinde realmente sus puertas”[132]. Como si un sistema de “alarma bloqueo” pudiera proteger de los temibles grupos paramilitares, e invocando ya la salvación individual antes que la defensa colectiva, se publicita un “seguro total contra la agresión” con el argumento de que “proteger su hogar, la vida de los suyos, sus bienes, es una obligación cada día más apremiante para usted: la prueba está en las páginas de los diarios”[133]. La misma, sugestiva coincidencia temporal se destaca en la aparición, a pocas semanas del golpe, de anuncios de nuevos vuelos a México, un destino elegido por miles de argentinos exiliados, o de avisos turísticos que inquieren “¿Qué hace todavía en Buenos Aires?” o advierten directamente: “Tómese el buque”[134].

Entrada la dictadura, una serie de avisos aparecidos hacia noviembre de 1976 en los dos diarios estudiados publica un mensaje en tipografía que remeda la manuscrita llamando: “Volvé Sebastián. Cada día te extraño más. El loro ya no cuenta cuentos. Volvé. Tiene que haber una solución. Tu esposa”[135]. El texto, sin remitente de empresa ni institución, resulta cuanto menos inquietante si se piensa en las múltiples ausencias involuntarias que se están produciendo en ese momento. Los mensajes continúan sin explicación ni firma, hasta que el cuarto envío revela “ya tengo la solución”, que consiste en un plan de crédito para la compra de un auto[136]. Es difícil atribuir una explicación a una campaña como ésta, inclasificable, que sólo da testimonio de los curiosos criterios o sencillamente el mal gusto de los redactores publicitarios. Es posible imaginar que avisos como éstos aumentarían la angustia de los familiares de desaparecidos o conjeturar que podrían contribuir a “naturalizar” las desapariciones, o a reforzar —¿involuntariamente?— las versiones de los militares sobre las desapariciones dando por sentado que hay personas que simplemente “se van”. Aún cuando publicidades como ésta se sustraen a una intepretación unívoca y causal, ayudan a reconstruir el clima de la época, como en las variadas referencias al miedo, la inseguridad y la militarización en la sociedad.

Tan pregnantes como la incertidumbre y el miedo entre los afectados eran la cultura de la amenaza y la naturalización de la violencia en la sociedad. Como evoca Claudio Uriarte, que también vio “expresiones del contenido latente de la época” en la publicidad, la propaganda de un insecticida elogiaba el producto celebrando que “los mata bien muertos”[137]. Del mismo modo, se encuentran alusiones a la tortura en el anuncio de una revista de automovilismo y verdaderas amenazas frontales en la campaña institucional de la Dirección General Impositiva (DGI), que advierte que “el evasor es el culpable” y “sobre él caerá todo el peso de la ley”[138]. Otro mensaje de la oficina fiscal conmina, en el mismo tono amenazador: “Con las horas contadas: El objetivo es el evasor. La DGI sabe que existe y lo está buscando. Un poco antes o un poco después, pero un día inexorablemente, golpearán su puerta”[139]. Anuncios que promocionan armas, como los que muestran un fusil junto al eslógan “Regale felicidad!” o el deseo de “Felices vacaciones” y otros que publicitan “regale precisión a papá” o “la más alta precisión en armas” y recomiendan regalar un rifle, “más barato que un regalo tradicional” para el día del niño o por los reyes magos[140], generan el mismo efecto que los avisos de revistas de armamentismo con grandes imágenes de esos artefactos o el que publicita “Combate en el frente. Uno de los cuatro mejores juegos para adultos”[141].

En su sugerente estudio acerca de las representaciones de la clase media, Sebastian Carassai expone cómo el imaginario de la violencia y las armas se hallaba absolutamente familiarizado en la vida cotidiana de esos sectores mientras recrudecía la violencia política y bastante antes, incluso, del golpe militar de 1976[142]. Sus elocuentes hallazgos también en avisos publicitarios dan cuenta, según el autor, de la connotación positiva del conocimiento, uso o la mera presencia de las armas, que aparecían asociadas a actividades que denotaban prestigio social y estilos de vida audaces. La agresividad en general, según su estudio, era un valor socialmente reivindicable en el mundo valorativo y el sistema de ideas predominante de los años ‘70. Carassai no ve una relación lineal y directa entre la abundante presencia de armas y metáforas de la violencia en el espacio publicitario y la violencia política. Sugiere en cambio que hacia la primera mitad de la década del '70 había un fondo de creciente violencia inconscientemente compartido por amplios sectores sociales, una especie de segunda naturaleza, que formaba parte de la realidad cotidiana más allá de las manifestaciones concretas de la violencia y de sus actores políticos.

Esta referencia es imprescindible a la hora de analizar los avisos tratados aquí, pues indica que lo que sea que estos signifiquen no se inaugura con la dictadura sino que es continuación de una tendencia ya existente e instalada. Lo diferente, en este caso, es que estas manifestaciones abiertas de la violencia positivamente connotada conviven con el ocultamiento de la misma que impone la desaparición. Si en la etapa analizada por Carassai el recurso a la violencia en la vida política es público y evidente, el modo soterrado en que opera el terror de Estado al desaparecer personas y ocultar toda información hace en todo caso más sintomáticas de la emergencia de lo silenciado estas alusiones al peligro, la tortura y el uso de armas de fuego.

Otras publicidades no aluden explícitamente a las armas, la inseguridad y el miedo, sino que funcionan como un comentario de la realidad por asociación o contigüidad, decodificable sólo para quien conoce el contexto. Eso sucede con el llamado a licitación para la concesión de la cantina de la ESMA, un anuncio de la firma que elabora el “Penthotal” (la droga con que se adormecía a los secuestrados antes de los vuelos de la muerte) o las publicidades de Ford Falcon que destacan su “diseño y confort” y su “serenidad de marcha”[143]. El efecto macabro que provoca la lectura de estas piezas es sin lugar a dudas retroactivo y no hay modo de saber si más allá de los lectores informados el público asociaba ya a estos elementos con la tortura y el terror estatal. El riesgo de sesgar el análisis por la mirada retrospectiva no debe llevarnos a “sobreinterpretar” estas presencias sino que es preciso ubicar en el contexto epocal no sólo su publicación sino también su recepción actual. Al mismo tiempo, e incluso si sólo dieran cuenta de un “efecto de lectura” posterior, no pueden dejar de mencionarse como documentos de una curiosa, aún si insondable, coexistencia.

Lo mismo ocurre con las numerosas publicidades que comercializan disyuntores o interruptores eléctricos, con anuncios como “No más muertes por electrocución” y “No muera electrocutado”, una propaganda de máquinas de escribir que anuncia “dése máquina” —empleando la misma expresión que en los CCD nombraba la aplicación de tortura con electricidad— y los numerosos avisos que en la sección Agricultura de La Nación publicitan, precisamente, la picana[144]. Allí se lee, en gran tipografía y con un logotipo que remeda a un chispazo eléctrico: “picana”[145]. Aluden, obviamente, al instrumento empleado tradicionalmente en el campo para el arreo de ganado, que desde su traslado a las comisarías en la década del ‘30 fue aplicada ante todo a opositores políticos y luego empleada en forma masiva y destructora en los CCD de la dictadura. Es posible que estas referencias, igual que las alusiones a las armas que analiza Carassai, estuvieran presentes en los medios argentinos aún antes del despliegue del terror de Estado en la década del ‘70. No se trata por lo tanto de atribuir significados unívocos a estos avisos o conjeturar intenciones ocultas tras su publicación. Su mención aquí tiene más bien el fin de reconocer una presencia, de dar cuenta del efecto de esa coexistencia singular, acaso como sugerencia de que aquello reprimido y negado emerge de algún modo a la luz y lo que no puede decirse de otro modo irrumpe inexorablemente en los márgenes. En estos avisos la gran ausente de la prensa en dictadura, la tortura, surge inesperadamente a la superficie, como si a través de esos breves espacios periféricos se filtrara algo de aquello que no es informado pero de algún modo todos saben o imaginan.

Por último, como información sobre la trama que hacía a la vida cotidiana de parte de la sociedad argentina en dictadura deben mencionarse también los múltiples avisos que, a partir de 1977, publicitan destinos turísticos variados y exóticos a los que sectores favorecidos de las capas media y alta podían acceder gracias al sistema cambiario artificialmente favorable. Amplios sectores de la clase media se entregaron a una súbita fiebre consumista y viajera: Anuncios de cruceros y tours sofisticados poblando páginas enteras de los diarios e invocando paraísos y ensueños también forman parte del clima que acompañó a la dictadura y convivió, lado a lado, con la muerte y la tortura en los diarios y las ciudades del país[146].

Un proyecto reorganizador en disputa

Concluida la masacre los lugares físicos de la represión debían ser eliminados para borrar toda huella del crimen. En 1980 el general Bussi ordena cerrar el CCD “El Campito” y asesina a los últimos 200 prisioneros. El ex sargento Ibañez relató que las instalaciones fueron demolidas sin dejar rastro y que en ese mismo terreno se organizó la festa de despedida de los soldados conscriptos de ese año con “empanadas, choriceada y jarras de vino y conciertos de música folclórica”[147]. Según Ibañez, “los llevaron a todos hasta ese páramo aislado sin que ellos supieran que eran parte de una ceremonia triunfal, campo santo que tenían bajo sus pies”. Sobre el fondo del escenario, añadió, había un cartel con la leyenda: La victoria será cumplida. La breve anécdota final impacta tanto como los horrores descriptos por Ibañez en su larga confesión: ¿por qué ese mensaje en tiempo futuro? ¿Por qué esa fe en que la victoria habría de seguir cumpliéndose?

El régimen dictatorial se propuso operar a largo plazo en la vida de la nación. Confiaban en que “esta vez” el castigo sería ejemplar y produciría sobre varias generaciones un efecto disuasorio que las alejaría de la política. La apuesta a una reorganización del país a largo plazo era una cruzada en la que creían desde los técnicos de la reconversión financiera hasta los verdugos de los sótanos del terror. El ministro de Economía José Martínez de Hoz había asegurado ante el Embajador de EE. UU. que al final de su gestión “la palabra peronismo ya no existiría”[148]; a un sobreviviente del CCD de Campo de Mayo un torturador le dijo: “Yo soy un combatiente de la burguesía y mi trabajo tiene una perspectiva de veinte años”[149]. El cartel que celebra el triunfo futuro sobre el campo devastado de la muerte manifiesta el credo del régimen militar: la masacre debía producir una transformación social y política de largo alcance. Un proyecto que, como se vio, se proponía también atravesar subjetividades y remodelar identidades[150].

La dictadura se sirvió de la fuerza pero no fue sólo militar: ni su gestora fue sólo la corporación castrense ni sus objetivos fueron sólo represivos. Según Hugo Vezzetti “no parece adecuado pensar que sus únicos instrumentos de poder fueran la represión, la tortura y el asesinato”, “no porque tuviera un programa político coherente, del que carecía, sino porque su mismo plan represivo se quería fundante y ‘revitalizador’”[151]. Aunque las diferencias de criterios e intereses al interior del gobierno impidieron que un proyecto concreto se cristalice, los efectos de sus políticas dejaron marcas en la Argentina cuyas consecuencias continúan vigentes. Estas políticas dieron marco a los crímenes del terrorismo de Estado y se ampararon en conceptos tan vagos e indefinidos como el “estilo de vida”. Numerosas declaraciones halladas en los diarios estudiados aluden a la “guerra del estilo de vida”, poniendo en evidencia hasta qué punto la acción militar se enlazaba con una voluntad de remodelación de las conciencias y la creencia en un modelo esencialista y único del “ser argentino”[152].

Como se vio en las páginas anteriores, en el marco de ese proyecto biopolítico es preciso matar para vivir y la violencia ilimitada es parte de una planificación racional. La prensa contemporánea a las desapariciones ofrece abundantes ejemplos de las acciones emprendidas por los militares para gestionar la vida de los habitantes y la simultánea conversión del “pueblo” en “población”, materia maleable para reorganizar el país, y cómo la vida cotidiana era acompañada, sobre todo en las clases medias, por un imaginario de “seguridad individual” y disfrute consumista. Juzgar el grado en que ese proyecto de reorganización política y económica fue también uno de “remodelación” subjetiva excede los alcances y objetivos de este trabajo. Lo que sí puede afirmarse, y se argumentará a continuación a modo de conclusión, es que se trata de un proceso aún en disputa, cuyos resultados —al igual que el significado mismo de la figura del desaparecido— son todavía objeto de pugna y negociación.

La larga marcha de los desaparecidos: itinerarios de una figura

A lo largo de este libro se intentó mostrar cómo en la prensa se construye socialmente a los desaparecidos a través de un proceso de exclusión, invisibilización y cosificación de aquellos ciudadanos designados como subversivos, seres sin derechos civiles ni contención social, convertidos en homini sacri aun antes de ser absorbidos por el sistema desaparecedor. Ahora bien ¿es posible revertir simbólicamente ese proceso, devolviéndoles a los desaparecidos las condiciones de que han sido despojados? ¿Cómo reaparecen a la vida pública a través de su memoria? El largo recorrido seguido por la figura del desaparecido a lo largo del descongelamiento político de la dictadura y los desarrollos posteriores impulsados por el movimiento de derechos humanos, así como la complejidad y multiplicidad de dimensiones que esta figura ha adquirido desde entonces sería materia de una indagación específica y ha sido objeto ya de varios trabajos[153].

Un repaso rápido de ese itinerario, sin embargo, permite afirmar que desde el momento histórico en que termina este análisis, en 1978, ha recorrido una progresiva rehabilitación, recuperación y reintegración que desde la condición de nuda vida absoluta a que fueron reducidos los desaparecidos —tanto en el interior de los CCD como en el modo de ser presentados en la prensa— les ha ido restituyendo sucesivamente sus dimensiones civil, social, política y biográfica. Si para crear desaparecidos fue necesario convertirlos en subversivos despojándolos de sucesivas “capas” de subjetividad, el trabajo de reclamo sostenido del movimiento de derechos humanos, pero luego también las producciones académicas, artísticas y culturales así como diversas iniciativas políticas han ido de algún modo restaurando esas dimensiones devolviéndoles primero la visibilidad pública, luego el estatuto jurídico–civil y finalmente la densidad biográfica e identidad política.

Una periodización sucinta permite establecer, a grandes rasgos, los siguientes cuatro momentos en la configuración y consolidación de la figura del desaparecido en la vida pública argentina[154]:

Entre 1978 y 1982, en los últimos años de la dictadura, las principales operaciones públicas en relación con los desaparecidos tienen que ver con restaurar su visibilidad. Se trata de instalarlos en el espacio público y en el debate político en contra de los esfuerzos de los militares por archivar el problema. La resistencia consistirá ante todo en sostener públicamente el tema de los desaparecidos. A medida que esta figura sale de las sombras y adquiere mayor presencia, la definición del desaparecido se recorta con mayor nitidez. Instalada esa presencia, las principales disputas que entabla el movimiento de derechos humanos (cada vez más consolidado y reconocido como actor social) con los militares giran en torno a la declaración de muerte de los desaparecidos. En 1979 el régimen anunció la creación de una ley para “dar por muertos” a los desaparecidos que produjo inmediato rechazo entre sus familiares[155]. Este intento por zanjar el tema sin dar explicaciones dio lugar a manifestaciones y huelgas de hambre en el exterior y dio, en definitiva, mayor presencia pública al tema que hacia 1979 y 1980 comienza a ser tratado también en Clarín[156]. Lentas inflexiones van instalando públicamente la cuestión de los desaparecidos y tejiendo una trama de apoyo civil a los organismos de derechos humanos, como ocurre con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, un militante cristiano por los derechos humanos que había estado detenido sin cargos. En 1981 el movimiento de derechos humanos gana aún más fuerza y a partir de 1982 se constituye en “el factor político más decisivo en la lucha contra la dictadura militar”, recuerda Emilio Mignone, cuando los desaparecidos comienzan a ser reclamados en las calles y la causa de los derechos humanos “comienza a movilizar públicamente” a una sociedad que “recién entonces se dispone a ver lo que pasa”[157].

Una segunda etapa, decisiva, se produce durante la llamada “transición democrática”, desde que el régimen militar pierde toda legitimidad luego de la guerra de Malvinas y convoca a elecciones, pasando por el hecho crucial que encarnan los juicios a las juntas militares hasta el escepticismo generado por las llamadas “leyes de impunidad” en 1986 y 1987. Al comienzo de esta etapa la sociedad ocupó de manera sostenida y efusiva el espacio público, con las plazas y calles devenidas escenarios de una renovada movilización. La apertura política se manifestó también en la prensa, que relajó su autocensura y sobreactuó su resistencia tardía al régimen. En esta etapa tiene lugar lo que se puede llamar la rehabilitación civil de los desaparecidos: se los restaura como ciudadanos de derechos pero al precio, como se verá, de reducir su espesor biográfico a la categoría de meras “víctimas”[158]. El 25 de octubre de 1983, día de las elecciones nacionales, un aviso pago ocupa varias páginas de Clarín con los nombres de miles de desaparecidos y el título: “¿Dónde votarán los desaparecidos?”. Al señalar la paradoja jurídica de miles de ciudadanos por los que el Estado no ha rendido cuenta, pero que se hallan habilitados en los padrones electorales, la solicitada destaca su condición de ciudadanos: son sujetos jurídicos y la restitución de ese estatuto civil es la principal operación en relación con los desaparecidos durante los primeros dos años de gobierno constitucional. A pocos días de asumir la presidencia, en diciembre de 1983, Raúl Alfonsín ordenó por decreto la creación de la CONADEP, a la que encargó averiguar el destino de los desaparecidos. Su informe, que fue entregado el 20 de septiembre de 1984 y sirvió de base a los juicios a las juntas militares que se iniciaron el 22 de abril de 1985, se considera canónico de la tendencia a la despolitización de las víctimas que, como se verá a continuación, caracterizó durante décadas la evocación de los desaparecidos.

Aunque, por razones diversas, el Juicio no conformó a los organismos de derechos humanos, éste instaló, igual que el Nunca Más, un piso de consenso amplio y fundamental en la consolidación de una institucionalidad democrática. El proceso público a los comandantes fue la imagen fundacional de la transición y contribuyó a crear una conciencia más o menos generalizada acerca de la conveniencia de no apartarse de la Constitución y resolver las disputas políticas por canales democráticos —lo cual no era evidente antes de 1976— a fin de evitar que vuelvan a cometerse crímenes de lesa humanidad. Al establecer la narración del pasado violento en términos de “derechos humanos”, sin embargo, uno de los efectos simbólicos del Juicio fue el de obturar la reflexión sobre el origen y las causas de la violencia política, una discusión que se abriría recién décadas después. Las Leyes de Punto final (1986) y de Obediencia Debida (1987) cierran la coyuntura “caliente” de la revisión del pasado y dan paso a una etapa “fría” de la memoria, en la que el tema de los desaparecidos queda relegado en la agenda pública y que llega hasta mediados de la década del '90. En esos años el movimiento de derechos humanos se repliega y su protagonismo decae. Su trabajo político no puede evitar los indultos presidenciales que, en 1989 y 1990, liberan a los jefes militares presos pero sí logra que la ley de “fallecimiento presunto” sancionada por los militares en 1979 sea reemplazada en 1994 por la Ley 22.068 de “ausencia por desaparición forzada”. Ésta mantiene los beneficios jurídico–administrativos de la anterior pero reconoce la responsabilidad del Estado en la figura de la desaparición forzada de personas, al igual que la Ley 24.411, sancionada también en esta etapa, que concede una reparación económica a familiares de desaparecidos.

Hacia 1995 el enfriamiento comienza a revertirse y se abre una nueva etapa, que llega hasta 2003, que propicia el regreso del tema al debate público y da lugar a su presencia sostenida desde entonces en la agenda política argentina. En ella la identidad de los desaparecidos gana en dimensiones y complejidad, destacándose entre otros rasgos por la recuperación y discusión de su identidad como sujetos políticos, así como por la incorporación a la escena de la generación de los hijos de los desaparecidos, militantes y exiliados. Entre los varios factores que desencadenan el regreso del tema al centro de la esfera pública figuran las revelaciones del ex capitán Adolfo Scilingo sobre su participación en los “vuelos de la muerte” y las declaraciones “autocríticas” a que dio lugar[159] así como la renovación generacional encarnada por la presentación pública de H. I. J. O. S., primero en la manifestación del 24 de marzo de 1996 y luego a través de sus protestas ante domicilios de ex represores (los “escraches”). En 1998 comenzaron los llamados “juicios por la verdad”, procedimientos sin consecuencias penales para los responsables orientados por la voluntad y el derecho de los familiares de desaparecidos de conocer las circunstancias de asesinato de sus seres queridos. Ese año marcó también una inflexión en los modos de evocar el contexto de luchas políticas de la década del ‘70. Un emergente de esa tendencia fue la aparición de La Voluntad, un monumental mosaico de voces que recrean el contexto de movilización y la cultura política que impregnó a la mayoría de quienes luego se convirtieron en desaparecidos[160]. Uno de sus editores explica del siguiente modo el programa de discusión de la época que animaba el proyecto:

era muy difícil discutir aquella política… y, para no hablar de ellos como sujetos que habían tomado una opción política, era mejor transformarlos en víctimas, en objeto de la decisión de otros (…) se convertían en desaparecidos y en nuestros relatos sin historia nosotros volvimos a desaparecerlos: les quitamos sus vidas. Hablamos de cómo fueron objeto de secuestro, tortura, asesinato y no hablamos casi de cómo eran cuando fueron sujeto, cuando eligieron para sus vidas un destino que incluía el peligro de la muerte, porque creyeron que tenían que hacerlo. Aquellas versiones de la historia eran, entre otras cosas, una forma de volver a desaparecer a los desaparecidos[161].

A partir de entonces, las evocaciones a los desaparecidos privilegiaron su ubicación en su contexto de época y el reconocimiento de su carácter como sujetos políticos, con frecuencia reivindicando los ideales revolucionarios que animaron a la generación de la mayoría de los desaparecidos pero también evaluando (auto)críticamente la militarización de la lucha política y las prácticas jerárquicas, intolerantes y autoritarias en su interior. En años posteriores esta revisión daría una nueva inflexión al llevar la discusión hacia la cuestión de la legitimidad o no de matar en nombre de la revolución[162].

La evocación de la dictadura y sus desaparecidos se ha volcado desde entonces también en numerosas producciones artísticas, literarias, fílmicas, periodísticas, ensayísticas y testimoniales. Éstas forman un conjunto amplio y heterogéneo del que no puede darse cuenta aquí, pero cuyo denominador común puede postularse como la complejidad en el abordaje del pasado y la consideración de más y más ricas dimensiones en la aproximación a la identidad de los desaparecidos. El tema también está presente en universidades y centros de investigación. Los organismos de derechos humanos han diversificado sus discursos y estrategias y ya no aparecen como los portadores exclusivos de la memoria de los desaparecidos.

Por último, a partir del 2003, se asiste a una etapa en la cual la memoria de los desaparecidos se ha convertido en política de Estado. A poco de asumir como presidente, Néstor Kirchner ordenó el relevo de la cúpula militar e impulsó el tratamiento de la nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que fueron derogadas por el Congreso y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en 2005, dando lugar a la apertura de juicios en numerosas provincias. De gran peso simbólico fue también el traspaso de la ESMA a manos civiles para la creación de un “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”, realizada el 24 de marzo de 2004 y vivida por familiares de desaparecidos y sobrevivientes como un acto de gran valor reparatorio[163]. Aunque ésta fue la más visible, en esta etapa se impulsaron también otras iniciativas de marcación y recuperación de ex centros clandestinos de detención, convertidos en sitios de memoria. Otras medidas tuvieron carácter más simbólico, como la declaración del 24 de marzo Feriado Nacional. Estas políticas, que se continuaron en ambas presidencias de Cristina Fernández, se desarrollaron en gran medida en alianza y concertación con los organismos de derechos humanos.

En el discurso oficial que acompaña estas políticas los desaparecidos son tomados como referentes políticos trazando una genealogía directa entre su militancia y el rumbo de la gestión gubernamental. Expresión de ese reposicionamiento estatal ante el tema fue el prólogo agregado a la reedición del Informe Nunca Más en 2006, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos[164]. En esta nueva escritura oficial del pasado los desaparecidos son incorporados al relato re–fundacional —que todo gobierno argentino de algún modo reinventa para sí— y a menudo referidos como compañeros. Con esta palabra, reiterada constantemente en actos públicos, se consuma de algún modo la reinclusión simbólica de los desaparecidos, ahora integrados a una trama de pertenencias políticas, sociales y afectivas. Al mismo tiempo, la paradójica institucionalización de su uso y su creciente, casi mecánica, reiteración alertan también sobre el riesgo de una homogeneización de las víctimas en una misma categoría compacta así como de una nueva, involuntaria cosificación.

Esta rápida reseña no alcanza a dar cuenta de la complejidad y dinamismo que las memorias de los desaparecidos han adquirido en la vida pública argentina en los últimos años y que han sido objeto de estudios más detenidos. A los efectos de este libro, y en contraste con los procesos caracterizados en los capítulos anteriores, su mención sirve apenas para destacar cómo la figura del desaparecido ha ido recobrando las dimensiones de las que se había querido despojar a quienes fueron objeto de esa práctica. La paulatina visibilidad, el restablecimiento de su estatuto de ciudadanos y, más tarde, la recuperación de la identidad política y la densidad biográfica de los desaparecidos, han contribuido a devolverle a esa figura la complejidad que el discurso del régimen había reducido a categorías binarias. Más difícil que la rehabilitación pública de los desaparecidos, sin embargo, resulta la reflexión acerca de lo que la experiencia de las desapariciones ha dejado como información acerca de sí misma al conjunto de la sociedad argentina y sobre la vigencia de sus efectos y legados.

Nuda vida, derechos humanos y política

Más allá de su innegable trascendencia política y simbólica, el Juicio a las Juntas de 1985 mostró limitaciones y paradojas al menos en dos aspectos. Por un lado, las que atañen a las dificultades de los sistemas jurídicos para ocuparse de lo que Hannah Arendt llamó las “masacres administradas” organizadas desde el Estado: la insuficiencia de los conceptos jurídicos disponibles para tratar con crímenes fuertemente entramados en el aparato estatal y legitimados por un significativo consenso social[165]. El procesamiento de sólo algunos autores, mediatos e inmediatos, de los crímenes permitiría —como en la Argentina de la transición— que los aliados civiles del régimen se consideren simétricamente inocentes[166].

Otro aspecto que a la larga se revelaría problemático atañe a la definición misma del estatuto de los desaparecidos. El reconocimiento como sujeto de derecho puede implicar un vaciamiento como sujeto situado histórica y existencialmente puesto que, como advirtiera Inés González Bombal,

la concepción del sujeto universal de derechos, contenida en la doctrina jurídica, es la de un sujeto abstracto, no situado histórica, existencial ni políticamente. Por eso existe una irresoluble tensión: por un lado el derecho restituye la condición humana a la víctima en tanto tal, pero lo hace a costa de su abstracción como sujeto humano concreto[167].

Esta cuestión, asociada a la “inocentización” o re–politización de los desaparecidos, ha dado lugar a un debate que sigue vigente. El Informe Nunca Más suele considerarse paradigmático de la tendencia a “inocentizar” e incluso “jerarquizar” a las víctimas en función de niveles de improbabilidad de “culpa”. Aunque ninguno de los desaparecidos fue sometido a proceso y por lo tanto la presunción de inocencia hace impropio referirse a “culpables” o “inocentes”, estas interpretaciones, que dominaron la etapa de la transición, generaron la inculpación implícita de algunos desaparecidos por oposición a otras “hipervíctimas”[168]. Esta tendencia, sin embargo, no se inaugura con el informe de la CONADEP, aunque éste la divulga y de algún modo, naturaliza. Como se vio en el capítulo 4, la estrategia de “inocentizar” a los desaparecidos al reclamar por ellos surge tempranamente asociada a la búsqueda de los mismos por sus familiares. El reconocimiento de la condición de militantes de los desaparecidos repone su condición de sujetos políticos, pero no debe olvidarse que en el contexto de los Juicios a las Juntas se trataba en primer lugar de restaurar su lugar como ciudadanos de derecho. El mismo desarrollo de las audiencias acentuaba la rehabilitación civil de los desaparecidos por sobre su condición de activistas políticos, en caso de que la hubieran tenido. Como recuerda Inés González Bombal, cuando los defensores de los comandantes querían impugnar a los testigos cuestionándolos por su actividad política no se hacía lugar al pedido. Según esta autora:

La desaparición fue vista como una violación a profundos principios de orden cultural más que específicamente políticos. Resultaba insoportable que la confrontación se hubiese extendido más allá de la muerte violando sus ritos. La gente no encontraba razones lógicas que le explicasen por qué no se entregaron los cuerpos y la deshumanización y pérdida de la identidad de las víctimas aparecía como una operación que había sobrepasado todo límite. Este tema sacudió a la gente en un registro que puede decirse que era anterior a toda otra consideración política[169].

Una adecuada historización de los hechos permite comprender no sólo que se trató de las posibilidades y necesidades de esa coyuntura, sino también de una comprensión de los hechos que los mismos familiares y sobrevivientes habían esgrimido cuando plantearon las denuncias, en dictadura, en términos de violaciones a los derechos humanos. El Juicio obró restituyendo a los desaparecidos su estatuto jurídico–civil, llevándolos de la condición de no ciudadanos —negados del vínculo jurídico propio del Estado de derecho— a la de sujetos de derecho, mediante el acceso a un tribunal que juzga la verdad de los hechos de acuerdo a procedimientos establecidos y pruebas. Pero esa restitución simbólica tuvo lugar al precio de situar a los desaparecidos nuevamente como objetos —de violaciones a los derechos humanos— de modo que entran al ordenamiento civil, siguiendo a Agamben, como meros seres humanos, mera vida biológica agredida.

La categoría agambeniana de homo sacer echa luz, una vez más, sobre este asunto al discernir entre la existencia cualificada de un sujeto político y una existencia biológica amenazada: esa tensión se pone en juego ya en el activista político que debe abandonar su condición de militante para poner su vida bajo protección humanitaria. Muchos militantes vivieron conflictivamente, como una claudicación, el recurrir a organizaciones humanitarias en busca de ayuda para sobrevivir. Una activista exiliada evoca así el momento de pedir asilo ante ACNUR: “Éramos un grupo de refugiados que conservábamos, en su mayoría, el pensamiento revolucionario, pero también éramos hombres y mujeres desesperados por las ausencias, las muertes, y por esta sensación extraña de ‘transitoriedad’”[170]. La condición de refugiado impone, a cambio de protección, la prohibición de actividad política: el rescate por parte de la organización humanitaria, he ahí el nudo problemático que señala Agamben, se produce sólo al costo de reducir su vida política a mera humanidad; su condición de ciudadano, o de sujeto político, a la de vida por salvar.

Lo que interesa aquí no es qué estrategias de salvación buscaron los militantes perseguidos o sus seres queridos en la desesperación. Se trata de un problema más de fondo y es el que subyace a la diferencia entre un sujeto político y una persona devenida objeto de violaciones a los derechos humanos. Allí se expresa también la diferencia crucial para Agamben entre la vida desnuda, la existencia biológica a proteger, y la vida plena que resulta indisociable de su forma política. En la posibilidad de reunir la vida política con el derecho a la existencia misma se pone en juego, de algún modo, la validez de los efectos de la política desaparecedora.

El futuro: donde se dirime el pasado

La búsqueda de los desaparecidos está lejos de haber concluido. Los procesos judiciales no han aportado aun la información cabal que permita reconstruir sus paraderos e identificar a los responsables de sus muertes. El esfuerzo de los antropólogos forenses por hallar restos de los desaparecidos con el objetivo de “devolver un nombre y una historia a quienes fueron despojados de ambos”[171] tiene pocas chances de completar su propósito en términos estadísticos, aunque eso en nada disminuye el inmenso valor ético y reparador de su tarea. La restitución y entierro de los cuerpos hallados para enterrarlos debidamente y “devolverlos a la cultura”[172]; la identificación, señalización y reconversión de los ex CCD; el enjuiciamiento de los perpetradores, son todos empeños que apuntan a reconstituir el lazo social destruido y, de algún modo, cobijar lo ocurrido en el seno de relatos que le confieran sentido. Los familiares y amigos de desaparecidos, por otra parte, han desarrollado lenguajes y rituales propios para honrar la memoria de los desaparecidos mediante formas alternativas que, sin asimilarlos a un muerto, permitan inscribir su recuerdo en prácticas y relatos compartidos. Como advierte Gabriel Gatti, sin embargo, la desaparición crea una “catástrofe del sentido” que acaso no pueda nunca llegar a restaurarse. De ello dan cuenta prácticas y narrativas que —desde el arte— apuestan en cambio a la posibilidad de habitar el nudo mismo del sinsentido[173].

El día en que el Estado haya dado cuenta de cada uno de los desaparecidos, todos sus restos sean hallados y enterrados debidamente, todos los criminales estén juzgados y la sociedad civil haya reflexionado sobre sus propias culpas y complicidades, el daño cometido por este crimen tampoco habrá sido “reparado”. Cuando el EAAF identifica los restos de un desaparecido califica al crimen como “desaparición con aparición de restos”: así hace explícito que, aunque el tardío entierro implica un alivio enorme para los allegados, la herida dejada por este crimen no se ha subsanado, sus efectos desestabilizadores persisten.

En lo que hace al alcance de sus efectos sociales, sin embargo, las cosas tienen la chance de ser menos definitivas. Si la intención del exterminio fue una remodelación a largo plazo de la sociedad, los modos en que éste es nombrado y evocado, como sostiene Daniel Feierstein, pueden contribuir a reforzar o neutralizar la consumación de ese proyecto. Lo que este autor llama la “consumación simbólica del genocidio” consiste precisamente en su realización en el ámbito ideológico a través de los modos de representar y de narrar la experiencia traumática[174]. No cualquier representación de los hechos, advierte, implica su realización simbólica: determinados modos de nombrarlos pueden contribuir a amplificar, reproducir y así efectivizar los legados del terror. Creo que no es necesario adscribir a la consideración de lo ocurrido en la Argentina como genocidio para reconocer el potencial contenido en esta interpretación: si el proceso reorganizador excede el mero aniquilamiento y no concluye sino que se inicia con las muertes que produce, su capacidad de seguir cumpliéndose a futuro, como anticipaba el cartel del festejo militar mencionado al comienzo de este apartado, puede y debe seguir siendo disputada.

En ese marco interpretativo, la expansión de prácticas sociales de desconfianza recíproca, el escepticismo y el individualismo —como se expandieron por ejemplo en la década del ‘90— ratifican y refuerzan los objetivos de ese proyecto. Y también lo reproducen los relatos que enfatizan los aspectos más crueles y macabros de lo ocurrido en los centros clandestinos sin una adecuada contextualización histórica y política (podría ser incluso un efecto no deseado de los juicios). El modo de hablar sobre el pasado puede contribuir paradójicamente a reforzar sus efectos, extendiendo el temor paralizante a las siguientes generaciones. Cuando poco antes del golpe de marzo de 1976 un alto jefe de la Armada afirmó ante un periodista “si matamos a todos, habrá miedo por varias generaciones” anticipaba un castigo lanzado a futuro que se infiltraría en el imaginario colectivo[175]. Según Pilar Calveiro la vigencia de los efectos del terror estaba en los cálculos del poder desaparecedor:

El miedo se instala; hay una memoria colectiva que registra lo que se ha grabado en el cuerpo social. Este efecto del terror diferido, que los militares se han encargado de refrescar con cierta periodicidad, de maneras abiertas o solapadas, cuando amenazan ‘lo volveríamos a hacer’, es quizás uno de los mayores logros políticos del dispositivo concentracionario[176].

Ese legado fue reactualizado brutalmente con la segunda desaparición del testigo Julio López después de declarar en un juicio contra el represor Miguel Etchecolatz en La Plata, en 2006. Ese hecho particularmente atroz percute en las conciencias de todos los futuros testimoniantes, pero los efectos mencionados se renuevan asimismo en la violencia estatal impune que se continúa ejerciendo en cárceles y comisarías. Allí se pone en acto hasta hoy mismo la posibilidad del Estado de convertir en nuda vida a sus ciudadanos y se confirma la advertencia de Giorgio Agamben de que “si hoy ya no hay una figura determinable de antemano del hombre sagrado es, quizás, porque todos somos virtualmente hominis sacri”[177].

La lógica humanitaria, cuando se la desprende de su marco histórico y político, propone precisamente esa “extorsión”: preservar la vida y protegerla de la aplicación de violencia a cambio de resignar una existencia política. Se trata de un piso necesario para fundar la convivencia democrática y asegurar los derechos básicos pero insuficiente para insuflarle sentido al hacer colectivo. El déficit o incluso la desvalorización de lo político como terreno legítimo para dirimir conflictos sociales, la falta de política entendida, en palabras de Calveiro, “en el sentido fuerte del término, en el sentido de lo colectivo, lo común y lo público” es también un legado del terror[178]. Pero si la realización simbólica del exterminio suponía la extensión del miedo “por varias generaciones”, cada persona y sobre todo cada joven que decide activar políticamente está disputando y neutralizando esa voluntad de cancelación de la política y sustrayéndose a esa amenaza subterránea que atraviesa la sociedad.

Saber identificar los nuevos modos de construcción social de la exclusión en personas cuyas vidas están por debajo del umbral que las hace políticamente relevantes, detectar esos mecanismos hoy, puede ser un modo más justo de honrar el recuerdo de los desaparecidos que una versión museificada de su figura —y contribuir a que el pasado no se convierta en una extrañeza histórica, sino en un prisma a través del cual observar el presente. Así como las condiciones sociales que hicieron posible la desaparición de personas no surgieron con el golpe de Estado sino que estaban presentes en la sociedad desde tiempo antes, es posible interrogar hasta qué punto esa sociedad ha cambiado o mantiene los rasgos que facilitaron o que convivieron con la masacre. Que las direcciones de La Nación y Clarín no hayan hecho reflexión pública alguna sobre su propia actuación en dictadura es un dato que, sin componer el objeto central de este trabajo, tampoco puede dejar de mencionarse. Ambos diarios continúan sirviéndose de las ventajas obtenidas por el monopolio espurio de la fabricación de papel. Y continúan a diario informando en forma intencionada y truculenta sobre crímenes cometidos por personas privadas, luego de haber silenciado las atrocidades perpetradas por el Estado. Pero si los diarios persisten en no asumir su parte de responsabilidad por la complicidad con la dictadura —tanto si ésta fue de origen ideológico como motivada por el interés empresarial—, los lectores sí pueden ejercer el derecho a leer críticamente, y a discernir qué nuevas figuras de la exclusión o la violencia solapada se entreven en las noticias cotidianas y qué operaciones políticas y mediáticas revelan.

La persistencia de modalidades represivas conocidas no debe hacernos soslayar los nuevos ropajes bajo los cuales pueden estar operando principios similares a los que se analizaron aquí[179]. Renovadas formas de desplegarse el poder, donde el control centralizado y visible se tornaría flexible y ubicuo, más propenso a inducir o seducir que a reprimir; afecto a modelar los deseos antes que a castigar los delitos y tendiente a disponer nuevos parámetros definitorios de la integración y la exclusión, invitan a interrogar los nuevos modos que adopta la violencia y exigen ser pensadas como requisito para desmarcarse de los efectos del terror. De esa manera, los significados sociales de la desaparición no quedan confinados al pasado sino que son objeto de una historia que continúa siendo escrita.

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Notas

[1] O’DONNELL, G., “Argentina: la cosecha del miedo”, Alternativas. Revista del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, N.º 1, Santiago, Academia de Humanismo Cristiano, págs. 5–14. <<

[2] Un encuestado, por ejemplo, afirma que oyó hablar por primera vez de desaparecidos en 1982 en el diario Página/12, cuando este diario comenzó a publicarse en 1987. <<

[1] ELIAS, N., Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen, Suhrkamp, Francfort del Meno, 1982. <<

[2] ARIÈS, P., El hombre ante la muerte, Taurus, Madrid, 1999, p. 500. <<

[3] En COHEN SALAMA, M., Tumbas anónimas. Informe sobre la identificación de restos de víctimas de la represión ilegal, Buenos Aires, Catálogos, 1992, pág. 15. <<

[4] Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, aprobado el 12 de agosto de 1949, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (en línea). Dirección URL: http://www2.ohchr.org/spanish/law/convenio_ginebra.htm (Consulta: 24 de mayo de 2012). <<

[5] RIQUELME, H., Era de nieblas. Derechos humanos, terrorismo de Estado y salud psicosocial en América Latina, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1990. <<

[6] Ibídem, págs. 33–34. <<

[7] Ibídem, pág. 34. <<

[8] Mientras se ejerció el terrorismo de Estado funcionaron en Argentina cientos de CCD. La CONADEP registró la existencia de 340, pero desde entonces nuevas denuncias elevaron el número, estimándose actualmente en superior a 500 según el Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos. Ver, CONADEP, Informe Nunca Más, Buenos Aires, Eudeba, 1984. <<

[9] Sobre el “bloque cívico–militar” ver por ejemplo Duhalde, E. L., El Estado Terrorista Argentino. Quince años después, una mirada crítica, Eudeba, Buenos Aires, 1999, pág. 8, o Vezzetti, H., Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, págs. 39–40. <<

[10] Para el entramado de intereses y alianzas corporativas en dictadura ver Pucciarelli, A. (Coord.), Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004. <<

[11] Según esa comisión las ocupaciones de los desaparecidos se distribuyen del siguiente modo: obreros 30,2 %; estudiantes 21 %; empleados 17 %; profesionales 10,7 %; docentes 5,7 % y el resto se divide entre amas de casa, periodistas, religiosos, artistas, autónomos y personal de las fuerzas de seguridad. CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., pág. 296. Puede conjeturarse, sin embargo, que en las denuncias se encuentran más representados los sectores de clase media, profesionales y urbanos, que son mayoritarios también en los organismos de derechos humanos, y que hay una subrepresentación de desaparecidos de otros segmentos sociales bien porque aquellos de menores recursos culturales y económicos no pudieron o no supieron efectivizar las denuncias o bien porque entre los grupos sociales más acomodados se prefirieron realizar gestiones particulares antes que denuncias públicas y/o se ignoró al pariente desaparecido. <<

[12] ROMERO, L., Breve historia contemporánea de la Argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1994, págs. 287-288. <<

[13] CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., pág. 294. <<

[14] GATTI, G., El detenido–desaparecido. Narrativas posibles para una catástrofe de la identidad, Montevideo, Trilce, 2008, pág. 47. <<

[15] Ibídem. <<

[16] GRAMMER, Ch., Der Tatbestand des Verschwindenlassens einer Person. Duncker & Humblot, Berlin, 2007. <<

[17] Citado en RIQUELME, H., Era de nieblas, op. cit., pág. 39. Ver también CORNELIUS, K., Vom spurlosen Verschwindenlassen zur Benachrichtigungspflicht bei Festnahmen, Berlin, Berliner Wissenschafs–Verlag, 2006, págs. 85–86 y COHEN SALAMA, M., Tumbas anónimas, op. cit., pág. 30. <<

[18] “La doctrina de la contrainsurgencia en su aplicación integral requiere no sujetarse a la ley. No otorgar facilidades al ‘enemigo’, de manera que éste no sepa a qué atenerse respecto del avance de una operación: no se dan a publicidad las detenciones y se mantiene en secreto el lugar del encarcelamiento. La necesidad de extraer información con rapidez es cumplida mediante la aplicación de la tortura sistemática. Esta operación está protegida por el secreto y, por tanto, no sujeta a los recaudos de la ley. Los prisioneros no contarán con la defensa de abogados, sus parientes no sabrán dónde están, no será pública su detención”. Simón Lázara en: APDH, La Desaparición. Crimen contra la humanidad, APDH, Buenos Aires, 1987, págs. 35–36. <<

[19] AI USA, ‘Disappearances’. A Workbook, AI USA, Nueva York, 1981. <<

[20] Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (en línea). Dirección URL: <http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance–convention.htm> (Consulta: 24 de mayo de 2012). <<

[21] NOVARO, M. y PALERMO, V., La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática, Buenos Aires, Paidós, 2003, pág. 84. <<

[22] Ibídem, pág. 83. <<

[23] Ver SPITTA, A., “Raíces ideológicas de la ‘guerra sucia’ en América Latina (en especial Argentina)”, en Revista de Filosofía, Universidad de Costa Rica, XXI (76), 1983, págs. 157–172. <<

[24] GONZALEZ JANSEN, I., La Triple–A, Buenos Aires, Contrapunto, 1986. <<

[25] Declaraciones de J. A. Martínez de Hoz en EE. UU. publicadas en La Prensa del 21/9/78, citadas en FRONTALINI, D. y CAIATI, M., El mito de la guerra sucia, Buenos Aires, CELS, 1984, pág. 34. <<

[26] Editorial del 11/2/77. <<

[27] Para esta postura ver por ejemplo IZAGUIRRE, I., Los desaparecidos: recuperación de una identidad expropiada, Buenos Aires, Cuadernos del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 1992 y MARÍN, J. C., Los hechos armados. Argentina 1973–1976. La acumulación primitiva del genocidio, Buenos Aires, Ediciones P.I.CA.SO./La Rosa Blindada, 1996. <<

[28] Ver MIGNONE, E., Derechos Humanos y sociedad. El caso argentino, Buenos Aires, CELS/Ediciones del Pensamiento Nacional, 1991. <<

[29] NOVARO, M. y PALERMO, V., La dictadura militar 1976/1983, op. cit., pág. 89 y VEZZETTI, H., Pasado y presente, op. cit., págs. 157–164. <<

[30] FEIERSTEIN, D., El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007. <<

[31] NOVARO, M. y PALERMO, V., La dictadura militar 1976/1983, op. cit.; VEZZETTI, H., Pasado y presente, op. cit. <<

[32] Para el amplio abanico de voces que pedía una salida represiva al conflicto político ver, sobre todo, FRANCO, M., Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973–1976, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012. <<

[33] Mignone inicia su libro sobre el terrorismo de Estado —tras reconocer que también fue violenta la apropiación del territorio argentino por los conquistadores españoles— con una extensa ponderación de la violencia en Argentina desde las luchas por la independencia. En su exhaustivo análisis de la figura del desaparecido y los centros de detención de la dictadura Pilar Calveiro se remonta a la llamada “campaña del desierto” del siglo XIX (la masacre de poblaciones aborígenes de la Patagonia y la usurpación de sus tierras) para rastrear los orígenes de las tendencias autoritarias y desaparecedoras del país, mientras que Eduardo Luis Duhalde remite a los comienzos de la historia del país el ejercicio de la violencia institucional y el recurso a la fuerza y el terror para eliminar la disidencia. Ver CALVEIRO, P., Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, Buenos Aires, Colihue, 1998, MIGNONE, E. Derechos humanos y sociedad, op. cit., DUHALDE, E., El estado terrorista argentino, op. cit. <<

[34] DUHALDE, E., El estado terrorista argentino, op. cit., pág. 28. <<

[35] CALVEIRO, P., Poder y desaparición, op. cit. <<

[36] DUHALDE, E., El Estado terrorista argentino, op. cit., pág. 39. <<

[37] NOVARO, M. y PALERMO, V., La dictadura militar, 1976–1983, op. cit., pág. 107. Ver también FRANCO, M., Un enemigo para la Nación, op. cit. <<

[38] Respectivamente en ANGUITA, E. y CAPARRÓS, M., La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina. 1976–1978, Tomo 3, Buenos Aires, Norma, 1998, pág. 468 y CALVEIRO, P., Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años '70, Buenos Aires, Norma, 2005, pág. 125. <<

[39] Ver SEOANE, M., Todo o Nada. La historia secreta y la historia pública del jefe guerrillero Mario Roberto Santucho, Buenos Aires, Planeta, 1991 y CARNOVALE, V., Los combatientes. Historia del PRT–ERP, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011. <<

[40] CALVEIRO, P., Política y/o violencia, op. cit., págs. 147–151. <<

[41] DUHALDE, E., El Estado terrorista argentino, op. cit., pág. 49. <<

[42] CARASSAI, S., The Argentine Silent Majority. Middle Classes, Violence, Political Culture, and Memory (1969–1982), Bloomington, Indiana University, 2011 (tesis doctoral inédita). <<

[43] BAUMAN, Z., Modernity and the Holocaust, Cambridge, Polity Press, 1989. <<

[44] Las frecuentes referencias que este trabajo realiza a autores y conceptos dedicados a comprender el Holocausto —o Shoá— no implica en modo alguno una equiparación en términos históricos. Los esfuerzos realizados en ese contexto por comprender el exterminio masivo, sus condiciones sociales de producción y sus efectos ofrecen herramientas útiles para analizar lo sucedido en Argentina, sin que esto implique una traducción uno a uno o una comparación. Como escribió Andreas Huyssen, el Holocausto opera en nuestro tiempo a menudo como un “prisma” a través del cual es posible leer e interpretar otros sucesos históricos. Ver, HUYSSEN, A., En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización, México DF, FCE/Instituto Goethe, 2002 y SCHINDEL, E., “Los intelectuales latinoamericanos y el Holocausto: notas para una investigación”, en CARRERAS, S., (Comp.), Der Nationalsozialismus und Lateinamerika. Institutionen, Repräsentationen, Wissenskonstrukte (II), Ibero–Online.de, 3/II, págs. 21–35. <<

[45] O’DONNELL, G., Democracia en la Argentina: micro y macro, Working Paper N.º 2, The Helen Kellog Institute for International Studies, University of Notre Dame, 1983, op. cit., p. 5. <<

[46] VEZZETTI, H., Pasado y presente, op. cit., pág. 38. <<

[47] CHERESKY, I., “Régimen estatal de desaparición”, en Sociedad N.º 12/13, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires, 1998, pág. 88. <<

[48] CALVEIRO, P., Poder y desaparición, op. cit., pág. 154. <<

[49] Ibídem, pág. 148. <<

[50] AGAMBEN, G., Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, Valencia, Pre–Textos, 1998, pág. 212. En qué medida la expresión “campo de concentración”, que traduce a los Konzentrationslager nazis es aplicable para el caso argentino sería materia de discusión detenida. Aun prefiriendo la más específica “centros clandestinos de detención” se reproduce aquí “campo” al referir las ideas de Calveiro y Agamben quienes emplean este término y, en el caso de este último, supone más una categoría conceptual que una referencia histórica. <<

[51] En DIANA, M., Mujeres guerrilleras. La militancia de los setenta en el testimonio de sus protagonistas femeninas, Buenos Aires, Planeta, 1996, pág. 353. <<

[52] CALVEIRO, P., Poder y desaparición, op. cit., pág. 147. <<

[53] Ver por ejemplo FEIERSTEIN, D., El genocidio como práctica social, op. cit. pág. 365. <<

[54] CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., pág. 167. <<

[55] CALVEIRO, P., Poder y desaparición, op. cit., pág. 155–156. <<

[56] Ibídem, pág. 156. <<

[57] O’DONNELL, G., Democracia en la Argentina: micro y macro, op. cit., pág. 7. <<

[58] CALVEIRO, P., Poder y desaparición, op. cit., pág. 159. <<

[59] AGAMBEN, G., Homo Sacer, op. cit., pág. 13. <<

[60] Ibídem, pág. 18. <<

[61] Ibídem, págs. 176–177. <<

[62] Sobre la recepción de las categorías de Agamben y uso para el caso argentino ver también, FORSTER, R., “La política como barbarie. Una lectura de Homo Sacer de Giorgio Agamben”, en Sociedad N.º 19, Facultad de Ciencias Sociales (UBA), 2001, págs. 87–119. <<

[63] Suboficial Vilariño en La Semana 5/1/84, citado en CALVEIRO, P., Poder y desaparición, op. cit., pág. 61–62. <<

[64] CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., pág. 55. <<

[65] CHERESKY, I., “Régimen estatal de desaparición”, op. cit., págs. 86–87. <<

[66] AGAMBEN, G., Homo sacer, op. cit., pág. 129. <<

[67] AGAMBEN, G., Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo, Pre–Textos, Valencia, 2000, pág. 82. <<

[68] ARIÈS, P., El hombre ante la muerte, op. cit., pág. 504. <<

[69] Ibídem, págs. 330–335. <<

[70] El autor se refiere a la definición en 1959 de una forma de coma, el ultracoma, fruto de las nuevas tecnologías de reanimación, que puso en juego la misma definición de la muerte al establecer nuevos criterios para fijarla, “abriendo una tierra de nadie entre el coma y el fallecimiento”. AGAMBEN, G., Homo sacer, op. cit., págs. 203–207. <<

[71] Ibídem, pág. 208. <<

[72] Ibídem, pág. 85. <<

[73] CALVEIRO, P., Poder y desaparición, op. cit., pág. 86. <<

[74] CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., pág. 184. <<

[75] Entre otros testimonios lo refiere Jacobo Timerman, quien escuchó de uno de ellos la frase: “Sólo Dios da y quita la vida. Pero Dios está ocupado en otro lado, y somos nosotros quienes debemos ocuparnos de esa tarea en la Argentina”. Timerman, J., Preso sin nombre, celda sin número, Caracas, Editorial Ateneo, 1981, pág. 34; a Emilio Mignone el coronel Roualdes le dijo: “Yo soy el señor de la vida y de la muerte”. MIGNONE, E., Derechos humanos y sociedad, op. cit., pág. 68. 141. <<

[76] AGAMBEN, G., Homo sacer, op. cit., pág. 141. <<

[77] Un testigo declaró haber visto en el Hospital Militar de Campo de Mayo a “40 o 50 personas de ambos sexos, encapuchadas y atadas de pies y manos hacia la espalda, completamente inmovilizadas” que “eran bajados de unos vehículos cerrados… como si fueran bultos ya que carecían de todo movimiento y permanecieron tirados en el suelo” y agrega que “lo que más le llamó su atención fue el completo silencio e inmovilidad de las mismas aunque era evidente que estaban con vida”. CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., págs. 309–310. <<

[78] En su larga confesión al periodista Fernando Almirón, el ex Sargento Víctor Ibañez recuerda que el general Bussi construía “museos” dedicados a la “subversión” y que en uno de ellos, en Campo de Mayo, puso en exposición el cadáver de Santucho como “maniquí de sí mismo”. En ALMIRÓN, F., Campo santo. Los asesinatos del Ejército en Campo de Mayo. Testimonios del ex–sargento Víctor Ibañez, Buenos Aires, Editorial 21, 1999, págs. 203–204. Una versión similar por un ex agente de inteligencia estadounidense se lee en ANDERSEN, M., Dossier secreto. El mito de la guerra sucia, Buenos Aires, Planeta, 1993, pág. 418. <<

[79] LN 21/7/76 y ALMIRÓN, F., Campo santo, op. cit., págs. 203–204. <<

[80] La Opinión titula en primera página: “Duro golpe a la subversión al caer Norma Arrostito” y se refiere a su “muerte”; informa que se le impartió una orden de detención y ella respondió intentando arrojar una granada pero no alcanzó a hacerlo y “cayó acribillada”. LO 4/12/76. La Nación anuncia el mismo día sin ambigüedades que a Arrostito la “mataron”. Como en La Opinión, es la voz del diario la que dice que “fue muerta” o se le “dio muerte”, mientras que las transcripciones del comunicado no emplean esta palabra y sólo indican que “cayó” o “fue abatida”. <<

[81] LO 4/12/76. Arrostito permaneció varios meses con vida y varias fuentes coinciden en que era un preciado “trofeo de guerra” para la Armada que se mostraba a jefes militares y eclesiásticos que visitaban la ESMA. URIARTE, C., Almirante Cero. Biografía no autorizada de Emilio Eduardo Massera, Buenos Aires, Planeta, 1992, pág. 133; ANDERSEN, M., Dossier secreto, op. cit., pág. 283. Esta imagen de la dirigente exhibida como una “cosa” contrasta con los testimonios de sobrevivientes, quienes recuerdan el cautiverio de Arrostito en la ESMA como una permanente batalla por no rendirse a esa condición subhumana afirmándose como sujeto autónomo, y evocan el abrazo furtivo a una compañera para susurrarle “yo no colaboro”, el empeño en memorizar el Romancero Gitano y dos intentos sucesivos de suicidio con cianuro, antes de ser asesinada precisamente con veneno por sus captores. Ver, Graciela Daleo en DIANA, M., Mujeres guerrilleras, op. cit., pág. 253 y CALVEIRO, P., Poder y Desaparición, op. cit., págs. 55 y 112. <<

[82] La hija de un desaparecido, al relatar la “caída” de su padre, afirma: “A papá los diarios lo dan por muerto en un enfrentamiento. Lo matan unos 6 días después de que publican su muerte”. Testimonio de María Laura en GELMAN, J. y LA MADRID, M., Ni el flaco perdón de Dios. Hijos de desaparecidos, Buenos Aires, Planeta, 1997, pág. 24. La crónica de la mencionada caída de Santucho junto a otros miembros de la cúpula del ERP es un permanente juego de afirmaciones, desmentidos y correcciones a fin de precisar si los dirigentes “abatidos” están con vida o no. Ver La Opinión del 21/7/76. <<

[83] AGAMBEN, G., Medios sin fin. Notas sobre la política, Pre–Textos, Valencia, 2001, pág. 40. <<

[84] FOUCAULT, M., La voluntad de saber. Historia de la sexualidad 1, México DF, Siglo XXI, 1977, pág. 104. <<

[85] BOLTANSKI, L., Distant Suffering. Morality, Media and Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. <<

[86] Para un análisis detallado de las mismas ver por ejemplo FEIERSTEIN, D., Seis estudios sobre genocidio. Análisis de las relaciones sociales: otredad, exclusión y exterminio, Buenos Aires, Eudeba, 2000. <<

[87] ELIAS, N. y SCOTSON, J., Etablierte und Außenseiter, Francfort del Meno, Suhrkamp, 1965. En este estudio pionero se trataba de grupos de características, sociales, culturales y económicas idénticas, entre los cuales sin embargo se había trazado una férrea línea divisoria en función de su “antigüedad” en el lugar. <<

[88] BAUMAN, Z., Modernity and the Holocaust, op. cit., pág. 44. <<

[89] El “otro” como categoría abstracta, explica Bauman, no guarda relación con el “otro” a quien conozco. Este último pertenece al ámbito de la moralidad, mientras que el primero queda fuera del mismo. Ibídem, pág. 188. <<

[90] Ver, FRANCO, M., Un enemigo para la nación, op. cit. y también AVELLANEDA, A., Censura, autoritarismo y cultura: Argentina 1960–1983, 1 y 2, Buenos Aires, ceal, 1986. <<

[91] CALVEIRO, P., Política y/o violencia, op. cit., pág. 144. <<

[92] LO 18/12/77. El “universo de obligación” designa el territorio social al interior del cual pueden formularse preguntas morales: por fuera de sus fronteras, los preceptos morales no son vinculantes. Para remover la humanidad de las víctimas, basta con expulsarlas del universo de obligaciones. BAUMAN, Z., Modernity and the Holocaust, op. cit., pág. 27. <<

[93] En palabras de Videla la subversión “abarca el campo de la política, la economía, lo social, cultural y psicológico, además del campo militar”. LN 27/9/76. Según Massera “no sólo son subversivas las organizaciones terroristas de la ideología que fueren” sino también “los saboteadores ideológicos”, Cable ANCLA del 15/3/77, en VERBITSKY, H., Rodolfo Walsh y la prensa clandestina, Ediciones de la Urraca, Buenos Aires, 1985, pág. 98. <<

[94] La “viscosidad” sería lo que se opone al sueño moderno de orden y fronteras. Según Bauman, el “judío conceptual” (abstracto, diferente de las personas concretas) ha sido construido históricamente como la “viscosidad” universal de Occidente. BAUMAN, Z., Modernity and the Holocaust, op. cit., pág. 40. <<

[95] Respectivamente A. Harguindeguy en LN 12/10/76 y R. Camps en declaraciones al diario Pueblo de Madrid en 1983, citado en ALMIRÓN, F., Campo Santo, op. cit., pág. 146. <<

[96] Ver FEITLOWITZ, M., A Lexicon of Terror. Argentina and the Legacies of Torture, Nueva York/Oxford, Oxford University Press, 1998, capítulo 1. <<

[97] Ibídem, pág. 20. Según la psicoanalista Lía Ricón el discurso autoritario “no ve al otro como un semejante, como un interlocutor válido” sino que “cercena la inteligencia y la creatividad, crea un falso estado de paz” y “determina seres humanos que perdieron su condición esencial”. En KAES, R. y PUGET, J. (Comps.), Violencia de Estado y psicoanálisis, Buenos Aires, CELA y APDH, 1991, pág. 68. <<

[98] Se trataría de un “monólogo” que se caracteriza por “cerrar el flujo de los significados… indicar líneas obligadas de construcción de sentido, proporcionando un modelo comunicacional pobre y unidireccional” donde “un elenco muy reducido de figuras” agota “las representaciones de lo social y lo individual, de lo público y lo privado, del presente y de la historia”, SARLO, B., “Política, ideología y figuración literaria”, en BALDERSTON, D. et al., Ficción y política. La narrativa argentina durante el proceso militar, Madrid/Minneapolis, Institute for the Study of Ideologies & Literature, 1987, pág. 40. Sobre la “intransitividad” ver LARSEN, N., (Comp.), The Discourse of Power. Culture, Hegemony and the Authoritarian State in Latin America, Minneapolis, Institute for the Study of Ideologies and Literature, 1983. <<

[99] SANTI, I. y SIGAL, S., “Del discurso en el régimen autoritario. Un estudio comparativo”, en CHERESKY, I. y CHONCHOL, J. (Comps.), Crisis y transformación de los regímenes autoritarios, Buenos Aires, Eudeba, 1985, págs. 145–170. <<

[100] El 72,4 % de los desaparecidos fueron capturados ante testigos FRONTALINI, D. y CAIATI, C., El mito de la guerra sucia, op. cit., pág. 80. Según Jaime Malamud Goti: “En 1977, no había casi nadie que no hubiese observado a hombres de civil descargando cuerpos embolsados, amarrados en el baúl de sus automóviles, u oído de amigos o vecinos alguna historia de primera mano sobre alguien que se habían llevado para siempre”. MALAMUD GOTI, J., Terror y justicia en la Argentina. Responsabilidad y democracia después de los juicios al terrorismo de Estado, Buenos Aires, Editorial de la Flor, 2000, págs. 90–91. Lo mismo observa Gabriela Aguila en su estudio del caso de Rosario. Ver, AGUILA, G., Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976/1983. Un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en dictadura, Buenos Aires, Prometeo, 2008. Frank Graziano se refiere a un “teatro estratégico de la atrocidad” que proyectaba una imagen nebulosa pero cierta de la atrocidad que se entretejía en la trama de la sociedad. Ver, GRAZIANO, F., Divine Violence. Spectacle, Psychosexuality, & Radical Christianity in the Argentine “Dirty War”. Boulder/San Francisco/Oxford, Westview Press, 1992. Diana Taylor sostiene que el régimen montó un espectáculo visual destinado a crear una performance de su poder, TAYLOR, D., Disappearing Acts. Spectacles of Gender and Nationalism in Argentina’s Dirty War, Durham/Londres, Duke University Press, 1997. <<

[101] Para diseminar el terror es preciso mostrar al menos una fracción de lo que permanece oculto. Ver CALVEIRO, P., Poder y desaparición, op. cit., pág. 44 y MALAMUD GOTI, J., Terror y justicia en la Argentina, op. cit., pág. 90. <<

[102] RIQUELME, H., Era de nieblas, op. cit., Según Malamud Goti, “La mera posibilidad de padecer la brutalidad exigió así estrategias adaptativas consistentes muchas veces en evitar ver claramente lo que ocurría ante nuestros sentidos”, MALAMUD GOTI, J., Terror y justicia en la Argentina, op. cit., pág. 96. <<

[103] KUSNETZOFF, J. C., “Renegación, desmentida, desaparición y percepticidio como técnicas psicopáticas de la salvación de la Patria (Una visión psicoanalítica del informe de la CONADEP)”. En ABUDARA, O. et al., Argentina, psicoanálisis represión política, Kargieman, Buenos Aires, 1986, pág. 108. <<

[104] BAUMAN, Z., Modernity and the Holocaust, op. cit., págs. 24–25. <<

[105] Ver MARIN, J. C., Los hechos armados, op. cit. e IZAGUIRRE, I., Los desaparecidos, op. cit. <<

[106] ARENDT, H., Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Taurus, 1998, pág. 575. <<

[107] Fariña, Juan Jorge, en RIQUELME, H., Era de nieblas, op. cit., pág. 155. <<

[108] MIGNONE, E., Derechos humanos y sociedad, op. cit., pág. 95. <<

[109] Tzvetan Todorov alude a “la transformación de personas en no–personas, en seres animados pero no humanos” ante la cual “los guardias testimonian que toda identificación con las víctimas se hace imposible”. TODOROV, T., Frente al límite, México DF, Siglo XXI, 1993, pág. 187. <<

[110] “La piel del rostro es la que se mantiene más desnuda, más desprotegida… El rostro está expuesto, amenazado, como invitándonos a un acto de violencia. Al mismo tiempo, el rostro es lo que nos prohíbe matar”; “El ‘no matarás’ es la primera palabra del rostro. Ahora bien, es una orden. Hay, en la aparición del rostro, un mandamiento, como si un amo me hablase”. LEVINAS, E., Ética e Infinito, Madrid, Visor, 1996, págs. 79; 83. <<

[111] TODOROV, T., Frente al límite, op. cit., pág. 188. <<

[112] CALVEIRO, P., Poder y desaparición, pág. 110. <<

[113] GONZALEZ, H., La realidad satírica. 12 hipótesis sobre Página/12, Buenos Aires, Paradiso, 1992, pág. 11. <<

[114] Según Susan Sontag, cuanto más remoto o exótico es el lugar desde el cual se informa, mayor es la posibilidad de que se presenten imágenes frontales de muertos, heridos o moribundos. Cuanto más cercano al “hogar” el acontecimiento retratado, mayor discreción se espera del fotógrafo. SONTAG, S., Regarding the Pain of Others, Londres, Hamish Hamilton, 2003, págs. 55–63. <<

[115] BAUMAN, Z., Modernity and the Holocaust, op. cit., pág. 43. <<

[116] ROMERO, L., Breve historia contemporánea de la Argentina, op. cit., pág. 288. <<

[117] NOVARO, M. y PALERMO, V., La dictadura militar 1976/1983, op. cit., pág. 150. Allí mismo, sin embargo, estos autores dicen también que la excepción fue la política económica, discutida públicamente en la prensa desde el primer momento. <<

[118] Ver HABERMAS, J., Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, Barcelona, Gustavo Gili, 1981. <<

[119] ARENDT, H., La condición humana, Barcelona, Paidós, 1993, págs. 61–62. <<

[120] ARENDT, H., Los orígenes del totalitarismo, op. cit., pág. 576. <<

[121] Ibídem, pág. 41. <<

[122] Según Francisco Delich “la sociedad civil será desinformada pero no totalmente, pues quedan medios de expresión escrita, que aunque autocensurados alcanzan a trasmitir algún latido de la sociedad”. DELICH, F., “La metáfora de la sociedad enferma”. En Crítica y utopía latinoamericana de ciencias sociales, 10/11, 11–31, 1983, pág. 21; mientras que para Isidoro Cheresky “se toleraron algunas actividades políticas muy circunscriptas y, luego de los primeros meses incluso se toleraron algunas expresiones públicas de dirigentes políticos, cierta actividad sindical fue también admitida, en tanto que la censura de prensa fue en alguna medida sorteada aunque no por los principales diarios”. CHERESKY, I., “Régimen estatal de desaparición”, op. cit., pág. 83. <<

[123] Ver RUIZ, F., Las palabras son acciones. Historia política y profesional de La Opinión de Jacobo Timerman (1971–1977), Buenos Aires, Perfil Libros, 2001. <<

[124] BOURDIEU, P., Respuestas. Por una antropología reflexiva, México DF, Grijalbo, 1995, pág. 64. En otro lado Bourdieu define al campo como “un espacio social estructurado, un campo de fuerzas” en el que hay “dominantes y dominados” y “relaciones constantes, permanentes, de desigualdad que se ejercen al interior de este espacio” que es también “un campo de luchas para transformar o conservar este campo de fuerzas”. BOURDIEU, P., Sur la télévision. Suivi de L’emprise du journalisme, Paris, Liber–Raisons d’agir, 1996, pág. 46 (traducción mía). <<

[125] BOURDIEU, P., Respuestas, op. cit., pág. 68. <<

[126] BOURDIEU, P., Sur la télévision, op. cit., pág. 19. <<

[127] AVELLANEDA, A., Censura, autoritarismo y cultura, op. cit., pág. 11. <<

[128] Según cifras del sindicato de prensa UTPBA de tirada de diarios respectivamente en 1970/1980: La Razón 480.600/304.800; Clarín: 425.900/539.800; La Nación: 235.700/248.300; La Prensa: 213.000/80.000; Crónica 630.700/426.000; La Opinión: 1980: 20.000 (no hay anteriores). En GETINO, O., Las industrias culturales en la Argentina. Dimensión económica y políticas públicas, Buenos Aires, Colihue, 1995, pág. 90. <<

[129] Ver, POTOLSKY, G. y MARINO, S., “Relaciones peligrosas. Los medios y la dictadura entre el control, la censura y los negocios”, en MASTRINI, G. (Ed.), Mucho ruido, pocas leyes. Economía y políticas de comunicación en la Argentina (1920–2004), Buenos Aires, La Crujía, 2005, págs. 155–184. <<

[130] Ibídem. Ver también VARELA, M., “Los medios de comunicación durante la dictadura. Silencio, mordaza y ‘optimismo’”, en Todo es Historia, N.º 404, marzo 2001. <<

[131] CIDH/OEA, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, Buenos Aires, CELS/OSEA, 1984, pág. 261. <<

[132] CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., págs. 369 y 296. Según el gremio de prensa los desaparecidos son 90 (UTPBA – Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Con vida los queremos. Periodistas desaparecidos. Las voces que necesitaba silenciar la dictadura, Buenos Aires, UTPBA, 1987). Ver también SALOMONE, F., Maten al mensajero. Periodistas asesinados y desaparecidos desde Mariano Moreno hasta José Luis Cabezas, Buenos Aires, Sudamericana, 1999. <<

[133] Respectivamente, Robert Cox citado en KLIMMECK, B., Argentinien 1976–1983: Militärherrschaf, Medienzensur, Menschenrechtsverletzungen. Eine explorative Studie zu staatlicher Repression und Medienkontrolle, Saarbrücken, Breitenbach, 1991, pág. 94; Rodolfo Terragno en un editorial de Cuestionario citado por BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 24, Buenos Aires, Colihue, 1998 y FEITLOWITZ, M., A lexicon of terror, op. cit., pág. 20. <<

[134] Marcelo Borrelli, por ejemplo, cree que la memoria sobre la prensa en dictadura presenta una versión “victimizada” (los medios y periodistas hicieron “lo que pudieron” dentro de los márgenes existentes), otra acusatoria en términos de la “complicidad” de empresarios y personal de prensa con el régimen, y una “heroizante”, acerca de las personas individuales que sí denunciaron los crímenes de la dictadura, pero lo hace a menudo de manera homogénea y sin matices. Ver Borelli, M., “¿Víctimas, héroes o cómplices? Memorias en disputa sobre el rol de la prensa durante la última dictadura militar”, en Avatares, n.º 1, Buenos Aires, UBA, agosto de 2010, págs. 2–17. <<

[135] BORELLI, M. y SABORIDO, J., Voces y silencios. La prensa argentina y la dictadura militar (1976–1983), Buenos Aires, Eudeba, 2011, “Introducción”. <<

[136] MURARO, H., “La comunicación masiva durante la dictadura militar y la transición democrática en la Argentina. 1973–1986”, en LANDI, O. (Comp.), Medios, transformación cultural y política, Buenos Aires, Legasa, 1989, pág. 23. <<

[137] Télam, la agencia de noticias oficial, distribuía también los servicios españoles de las principales agencias europeas (EFE, AFP, DPA y ANSA). Todos los medios estatales y el 90 % de los medios privados utilizaban el servicio de Télam cuyo precio era notoriamente más bajo que el de las demás agencias y que contaba con el monopolio de la publicidad estatal, lo cual implicaba un factor de presión adicional sobre los medios privados. La otra agencia estatal, Saporiti, dependía directamente del Ejército y Noticias Argentinas, privada, fue objeto de presiones y sus periodistas intimidados. KLIMMECK, B., Argentinien 1976–1983, op. cit., pág. 84. <<

[138] GRAHAM YOOLL, A., The Press in Argentina, 1973–1978, Londres, Writers and Scholars Educational Trust, 1984, pág. 82. Se trata del Decreto N.º 1.273 de 1975 sobre agencias de noticias. <<

[139] El caso más extremo es el de Editorial Atlántida, que a través de revistas como Gente, Somos y Para Ti, exaltó a los militares, impulsó acciones contra la supuesta “campaña anti–Argentina” y hasta montó entrevistas falsas para desprestigiar a los organismos de derechos humanos. <<

[140] La empresa Papel Prensa S. A., compartida por el gobierno y los tres diarios de mayor tirada, Clarín, La Nación y La Razón, se inauguró el 27/9/78. Para los detalles de la polémica operación ver SIDICARO, R., La política mirada desde arriba. Las ideas del diario La Nación (1909–1989), Buenos Aires, Sudamericana, 1993, págs. 426–430; BORELLI, M., “Una ‘batalla ganada’: Clarín y la compra de Papel Prensa (1976–1978)”, en BORELLI, M. y SABORIDO, J., Voces y silencios, op. cit., págs. 19–53. <<

[141] MURARO, H., “La comunicación masiva durante la dictadura militar y la transición democrática en la Argentina. 1973–1986”, op. cit., pág. 22. <<

[142] GREGORICH, L., “La prensa durante el Proceso”, en RIVERA, J. y ROMANO, E., Claves del periodismo argentino actual, Buenos Aires, Tarso, 1987, pág. 72. <<

[143] Respectivamente en GRAHAM YOOLL, A., The press in Argentina 1973–1978, op. cit., pág. 137 y BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 162. <<

[144] Los primeros se emiten el 30/12/76 y el 24/3/77. GRAHAM YOOLL, A., The press in Argentina 1973–1978, op. cit., pág. 140. Los reclamos por los secuestros de Sajón y Timerman cuya desaparición y detención “fortalecen el sentimiento de inquietud que predomina en la familia periodística” se leen el 7/4/77 y el 27/8/77. Blaustein, E., y Zubieta, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 188. Los comunicados reclamando más explícitamente por las “detenciones, secuestros, desapariciones y asesinatos” de colegas se leen en LN 26/3/77, 21/8/76, 25/9/77 y 31/3/78. <<

[145] ADEPA declara que “la posición asumida por el gobierno militar es de respeto a la libertad de prensa” pero “en su aplicación por los funcionarios” ha sido “desvirtuada”. LN 25/9/76. Sobre el rechazo al premio ver GRAHAM YOOLL, A., The press in Argentina 1973–1978, op. cit., pág. 156. <<

[146] COX, D., En honor a la verdad. Memorias desde el exilio de Robert Cox, Buenos Aires, Colihue, 2002, 58–59. <<

[147] HALPERIN, J., Noticias del poder. Buenas y malas artes del periodismo político, Buenos Aires, Aguilar, 2007, págs. 156–158. <<

[148] BORELLI, M., “Una batalla ganada”, op. cit., pág. 27. <<

[149] AVELLANEDA, A., Censura, autoritarismo y cultura, op. cit., pág. 13; GRAHAM YOOLL, A., The Press in Argentina, 1973–1978, op. cit., pág. 152. Para los antecedentes de censura y represión en Argentina ver también BARULICH, C., Las listas negras, Buenos Aires, El Cid Editor, 1983; FERREIRA, F., Una historia de la censura. Violencia y proscripción en la Argentina del siglo XX, Buenos Aires, Norma, 2000 y RODRÍGUEZ MOLAS, R., Historia de la tortura y el orden represivo en la Argentina, Buenos Aires, Eudeba, 1985. <<

[150] Según Andrés Avellaneda, el discurso autoritario de la censura no surge en Argentina en una fecha precisa sino que se va constituyendo lentamente (acumula sus significados básicos entre 1960 y 1974; culmina y se sistematiza a partir de 1974 y, sobre todo, 1976) y se caracteriza por no estipular criterios precisos salvo casos específicos (como la cinematografía) e insertarse en un discurso más amplio que lo fundamenta y engloba. <<

[151] Ver GRAHAM YOOLL, A, The Press in Argentina 1973–1978, op. cit., pág. 118; POTOLSKY, G. y MARINO, S., “Relaciones peligrosas”, op. cit., pág. 162. <<

[152] ULANOVSKY, C., Paren las rotativas. Historia de los grandes diarios, revistas y periodistas argentinos, Buenos Aires, Espasa, 1997, pág. 251. 153 <<

[153] AVELLANEDA, A., Censura, autoritarismo y cultura, op. cit., pág. 134. <<

[154] BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 24. Disponía penas para quien “divulgare, difundiere o propagase comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo” o bien “con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales”. Ibídem, pág. 26. <<

[155] Clarín 22/4/76. <<

[156] VERBITSKY, H., Rodolfo Walsh y la prensa clandestina, op. cit., pág. 6. <<

[157] Clarín 3/4/76, citado en KLIMMECK, B., Argentinien 1976–1983, op. cit., pág. 51. Ver también GRAHAM YOOLL, A., The Press in Argentina 1973–1978, op. cit., pág. 123. <<

[158] GREGORICH, L., “La prensa durante el Proceso”, op. cit., pág. 73. <<

[159] Alberto Dearriba, que era redactor de El Cronista Comercial, en BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit. <<

[160] Ver los testimonios reunidos en BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit. <<

[161] Respectivamente en LO 14/7/76 y Clarín 19/8/76. Declaraciones similares de Videla se leen el 13/5/76; del brigadier Agosti el 15/12/76 y de Massera el 22/12/76. <<

[162] Jacobo Timerman en KLIMMECK, B., Argentinien 1976–1983, op. cit., pág. 172. Según el diario inglés The Economist el “terrorismo oficial… convirtió a Argentina en un lugar más peligroso que Chile después del golpe porque las reglas del juego, para los opositores al gobierno, estaban tan mal definidas. Un periodista… puede recibir el guiño de un ministro para publicar un artículo criticando algún aspecto de la política gubernamental. Pero no puede saber si acaso un servicio secreto del ejército, o de la fuerza aérea, o de la armada, o el gobernador militar local o provincial, o algún otro independiente de estos, no se sentirá agraviado. Y hasta un alto funcionario será incapaz de ayudarlo si fue hecho desaparecer por un grupo de desconocidos una noche”. Citado en TIMERMAN, J., Preso sin nombre, celda sin número, op. cit., pág. 59. <<

[163] GRAHAM YOOLL, A., The Press in Argentinam 1973–1978, op. cit., pág. 14. <<

[164] LN 15/3/78. <<

[165] El Boletín Oficial del 26/1/78 anuncia la prohibición del semanario Tribuna de la República, entre otras cosas porque “demuestra la pretensión de disminuir la imagen de unidad de las Fuerzas Armadas ante la opinión pública, mediante la difusión de presuntas disensiones entre miembros de las mismas, de modo tal que las instituciones básicas de la defensa y seguridad nacional resulten dañadas”. AVELLANEDA, A., Censura, autoritarismo y cultura, op. cit. pág. 164. Roberto García Lerena, quien dirigía la agencia NA, recuerda: “Las únicas voces críticas eran aquellas que informaban sobre la desaparición de personas o el hallazgo de cadáveres… Pero lo que realmente no se podía hacer era investigar sobre las internas ilegales del gobierno”. En Klimmeck, B., Argentinien 1976–1983, op. cit., pág. 167. <<

[166] BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 126, destacado mío. <<

[167] Herman Schiller, editor del diario Nueva Presencia, que denunció activamente los crímenes del régimen, se pregunta hasta hoy por qué los militares perdonaron a su publicación y a él, judío y de izquierda, mientras desaparecieron periodistas “insospechables” de posiciones disidentes como Edgardo Sajón, ex funcionario de un gobierno militar. Entrevista a H. Schiller. Buenos Aires, 25/8/1999. <<

[168] LO 6/5/76 y LN 5/5/76. Al día siguiente Olmedo declara: “prometo firmemente no sorprender con este tipo de bromas y mantenerme blanquito y limpio como siempre”. BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 126. Al poco tiempo fueron cesados el productor y director del programa y renunció el gerente del canal. El programa finalmente fue levantado. Ver LN 6 y 9/5/76. <<

[169] Se leen los titulares “‘Antígona’, de Sófocles, en una nueva sala” y “Desaparecieron 17 uruguayos de sus domicilios”. LN 21/7/76. <<

[170] Se trata generalmente de padres que denuncian la desaparición de sus hijos, en algunos casos muy jóvenes. El periodista introduce su indignación en las denuncias así como la “confianza” en que las autoridades darán explicaciones del hecho y, aun sin firmar las notas, demuestra un alto grado de compromiso —y riesgo— personal. Ejemplos de estas denuncias pueden leerse en La Nación del 22/6/76, 27/6/76, 3/10/76, 7/7/77, 3/9/77, 9/2/78 o 25/4/78. <<

[171] SIDICARO, R., La política mirada desde arriba, op. cit., pág. 7. <<

[172] Ibídem, pág. 10. <<

[173] BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 36. <<

[174] Ver LN 25/4/76. En el contexto del tabú que significa el marxismo para los militares, reconocer a Marx como pensador, nombrarlo siquiera, habla de las libertades que se podía permitir La Nación. Días antes, había publicado un comentario acerca de la relación entre el gobierno de Moscú y los PC de otros países. <<

[175] “Es imposible comprender a quienes acuden al expediente cruel de la muerte sin motivación personal alguna ni siquiera ideológica, como no sea a través de la sospecha de una… extraña y casi inadmisible resurrección del espíritu primitivo de los hombres de las cavernas, a aquellos seres que… vivieron en la edad primera de la razón humana, acosados por las fieras y por sus instintos de impulsos ciegos”. LN 6/7/76. Ver también la edición del 10/8/76. <<

[176] Refiere por ejemplo a un “sombrío historial”, un “copioso vertedero de sangre, derramada sin otro motivo determinante que el del odio ciego y la oscura pasión” o “la saña alevosa de elementos irracionales para quienes sólo cuenta la destrucción, movidos por el afán patológico de provocar el mayor daño posible”. LN 16/9/76. <<

[177] Respectivamente en LN 17/8/76, 22/8/76 y 26/11/76. <<

[178] Ver por ejemplo el editorial sobre estudiantes extranjeros en LN 13/10/76. <<

[179] BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 45. <<

[180] Por ejemplo: “La información en el Comando del Ejército”; “Saludos de Navidad a la jefa del Estado”; “Trámites para la captura de López Rega”; “Acciones paralelas y un sólo objetivo”; “Incremento para vino y cigarrillos”. Todos en tapa del 24/12/75. <<

[181] Respectivamente en RUIZ, F., Las palabras son acciones. Historia política y profesional de La Opinión de Jacobo Timerman (1971–1977), Buenos Aires, Perfil Libros, 2001, pág. 44 y ULANOVSKY, C., Paren las rotativas, op. cit., pág. 208. <<

[182] Ibídem. <<

[183] ROTENBERG, A., Historia confidencial. La Opinión y otros olvidos, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, pág. 270. <<

[184] Para análisis pormenorizados de la sinuosa línea política de La Opinión en la etapa anterior pueden consultarse con provecho los mencionados trabajos de Fernando Ruiz y Marina Franco. <<

[185] Ver por ejemplo su respuesta a un llamado de líderes socialdemócratas europeos contra la dictadura argentina publicado en Le Monde, donde justifica el golpe militar. LO 20/6/76. Una posición similar mostró ante la visita de Amnesty International al país. LO 4 y 9/11/76. <<

[186] Publicó por ejemplo un informe sobre el “mapa geopolítico de la guerrilla” que incluía tanto a organizaciones de izquierda como de derecha, urbana y rural. LO 21/7/76. <<

[187] El diario explica que “en el seno de una democracia liberal” cuando aparece un movimiento subversivo hay que pensar cuál es la respuesta apropiada, “cómo llevar a buen término la lucha antisubversiva manteniendo vigente la esencia liberal del gobierno británico”. Basándose en abundante literatura especializada, destaca la importancia de “no confundir” el objetivo: “Si el problema central consiste en encontrar al enemigo, otra cuestión tangencial que se desprende de esta primera es, evidentemente, no confundirlo”. Expone diversas variantes, como “Contraterrorismo y represión brutal”, “Antisubversión más democracia”, “Línea blanda”, “Línea dura”, como mostrando que no hay una única manera de enfrentar la guerrilla o, incluso, la “subversión”. <<

[188] LO 23/10/76. Firma Mario Diament. <<

[189] LO 4/6/76. <<

[190] LO 19/12/76 y 29/12/76. <<

[191] LO 13 y 14/5/76. La estrategia respondía quizás a un rasgo de la personalidad de Timerman, quien “a menudo, encaramado en la tesis del contrincante, lograba enriquecerla con el aporte de nuevas reflexiones y cuando parecía conceder la razón a su oponente éste descubría que en realidad sus propios argumentos habían cambiado de dirección y se volvían contra él”. ROTENBERG, A., Historia confidencial, op. cit., pág. 21. <<

[192] Se lee que “se presentó ayer en la redacción de La Opinión el señor Eduardo Sobal para denunciar la desaparición de su hijo”, un abogado “presuntamente secuestrado” cuando “varios civiles armados se apoderaron (de él) en momentos en que éste abandonaba su estudio… y lo introdujeron por la fuerza en un automóvil”; luego informa que una mujer “interpuso un recurso de hábeas corpus… en favor de su hijo… de 25 años, capturado por un grupo de desconocidos en la fábrica… donde prestaba servicios” y que “fue reiterado” en un juzgado un recurso interpuesto por cinco personas de una familia. Todo esto es disimulado junto a otras noticias bajo el título “Hubo más detenciones de ex funcionarios”. LO 22/4/76. <<

[193] LO 9/1/77. El texto, firmado por Vicente Pellegrini, había pasado desapercibido en la publicación religiosa de origen pero causó el secuestro de la tirada de La Opinión el 30/1/77 y su clausura por dos días. El diario protesta en tapa por la medida y pide a Videla que reflexione sobre el hecho. LO 1/2/77. <<

[194] LO 8/7/76. <<

[195] Eso concluye Timerman desde el exilio, al final del testimonio de su detención ilegal. Si esa opinión era aún su convicción íntima o expresaba el compromiso que había adoptado con los sectores militares que intercedieron por su liberación es otra pregunta abierta que deja su sinuosa biografía profesional y política. TIMERMAN, J., Preso sin nombre, op. cit. <<

[196] Hubo asimismo espacios generados puertas adentro, que se sumaban a la proliferación de revistas culturales y la alternativa relativa de los circuitos subterráneos de disidencia intelectual, en síntesis, “posibilidades de acción con otros, al menos dentro de los límites estrechos que suponía no desafiar abiertamente al régimen… intentos de mantener una identidad cultural, códigos de autopercepción y de reconocimiento recíproco, y hasta una memoria”. NOVARO, M., y PALERMO, V., La dictadura militar, 1976–1983, op. cit., pág. 152. <<

[197] VERBITSKY, H., Rodolfo Walsh y la prensa clandestina, Ediciones de la Urraca, Buenos Aires, 1985. Para los recursos a fuentes originales de información de ancla ver VINELLI, N., ANCLA. Una experiencia de comunicación clandestina orientada por Rodolfo Walsh, Buenos Aires, La rosa blindada, 2000. <<

[198] VERBITSKY, H., Rodolfo Walsh y la prensa clandestina, op. cit., pág. 38. <<

[199] FOUCAULT, M., La voluntad de saber, op. cit., pág. 37. <<

[200] Ya en 1978 el número de desapariciones denunciadas descienden al 12 % del total, en 1979 y 1980 son menos del 3 %, y los años siguientes sólo se documentan casos esporádicos. CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., pág. 298. Estos porcentajes se interpretan de un gráfico que representa el porcentaje relativo de desapariciones pero no da cifras. <<

[1] MARTÍNEZ, T., “El miedo de los argentinos”, LO, 13/12/75. El autor creía que el texto fue censurado en parte por la dirección del diario e incluyó la versión original en Las memorias del General, Buenos Aires, Planeta, 1996, págs. 145–164. <<

[2] La importancia de ampliar el enfoque temporal en el análisis de la violencia también para comprender la especificidad de la figura del desaparecido fue una observación decisiva que recibí durante una exposición de este trabajo ante el grupo de investigación “Historia de los Medios” del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA en diciembre de 2008. Agradezco a Mirta Varela y Mariano Mestman por la invitación así como a los colegas presentes en la discusión por su escucha y valiosos aportes. <<

[3] FRANCO, M., Un enemigo para la Nación, op. cit. y VEZZETTI, H., Pasado y presente, op. cit. <<

[4] FEIERSTEIN, D., El genocidio como práctica social, op. cit. <<

[5] MARÍN, J. C., Los hechos armados, op. cit., pág. 82. El autor define como “hecho armado” a lo que en el diario La Razón se califica como hecho o enfrentamiento armado. <<

[6] CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., págs. 289 y 401. Otro estudio, basado en las noticias de supuestos enfrentamientos de cuatro diarios nacionales, calcula un total de 564 civiles muertos en supuestos enfrentamientos en el año previo al golpe de Estado. APDH, Las cifras de la guerra sucia, APDH, Buenos Aires, 1988, pág. 32. <<

[7] Ver DÍAZ, C. L., La cuenta regresiva. La construcción periodística del golpe de Estado de 1976, Buenos Aires, La Crujía ediciones, 2002. <<

[8] Según el periodista Eduardo Blaustein “…si hubiera que dilucidar alguna vez cuál sería la oportunidad adecuada para el abusivo uso periodístico del término ‘caos’, esa oportunidad podría ser el año 1975…”, BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 25. <<

[9] LN 16/7/75. En otro editorial, ya pocos días antes del golpe militar, el mismo diario lamenta que “…el argentino respire una atmósfera sofocante, de carácter persecutorio, que se encarniza en no darle sosiego y en el que parece consolidarse la imagen de poderes institucionales incapaces o inoperantes para producir las rectificaciones de fondo en el proceso en que estamos sumisos”. LN 21/3/76. <<

[10] FRANCO, M., Un enemigo para la nación, op. cit. <<

[11] BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 29. <<

[12] RUIZ, F., Las palabras son acciones, op. cit. y VEZZETTI, H., Pasado y presente, op. cit. <<

[13] FRANCO, M., Un enemigo para la nación, op. cit., pág. 216–218. El 12/2/76, por ejemplo, dedica tres páginas a la transcripción de las declaraciones de un detenido vinculado al escuadrón de derecha Triple A. <<

[14] Respectivamente los días 27/11/75, 9/11/75 y 5/12/75. <<

[15] Los días 22/11/75 y 7/12/75. <<

[16] Escribe, por ejemplo: “Según trascendió en forma extraoficial, por cuanto las fuentes consultadas negaron veracidad al hecho, se habrían producido ayer en la ciudad dos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad… y…”. LN 15/11/75. <<

[17] La Nación informa acerca de un “confuso episodio” en que dos patrullas policiales de civil se habrían atacado entre sí (29/8/75). Otras noticias anuncian “Mataron a un menor en un confuso episodio” (1/12/75), “Tres heridos en un confuso episodio” (12/12/75), “Investiga la policía un confuso episodio” (5/1/76), “En un confuso episodio fue abatido un hombre” (20/3/76), “Grave y confuso tiroteo hubo en La Plata” (23/3/76). “En un confuso episodio hubo dos detenidos” (26/3/76) y “En un confuso hecho mataron a una mujer” (10/4/76). <<

[18] Ejemplo de cómo se leen los titulares de una página de La Nación, junto a los avisos fúnebres: “Secuestróse numeroso material subversivo”, “Secuestróse a un gerente de Mercedes Benz”, “Extremistas atacaron a un vehículo policial”, “En un tiroteo fue muerto un contrabandista”, “Anuncióse leve ascenso de temperatura para hoy” (28/10/75). O bien, un día de “clima tranquilo”: “Fracasó un intento de secuestro en Rosario”, “Poco cambio se anuncia hoy en la temperatura” (3/10/75); o en una jornada sin noticias de violencia: “Pronostícase otro día de buen tiempo para hoy” (11/10/75). <<

[19] En los últimos años de la dictadura, la revista Humor también se referiría con ironía al “clima” pero en referencia a la expresión “sensación térmica”, que se introduce en esa época. Al desdoblar el dato medido y objetivo de la percepción subjetiva, la expresión era interpretada como un modo de reconocer la ambigüedad e hipocresía reinantes en el espacio público, un doblez en la percepción colectiva, entre la “temperatura” (política, meteorológica) objetiva y la realmente experimentada por la población. <<

[20] La Opinión escribe, por ejemplo, “A pesar de la falta de información oficial, pudo saberse que…”, LO 2/11/75, mientras que La Nación interrumpe la narración de un procedimiento para comentar: “Como sucede desde el comienzo de estas acciones, iniciadas a fines del año pasado, ninguna información oficial puede obtenerse, al menos inmediatamente, por lo que debe acudirse a los testimonios de vecinos de las zonas afectadas por el accionar militar y a las versiones de informantes oficiosos, aunque dignos de crédito”. LN 21/3/76. <<

[21] LN 18/11/75. <<

[22] Titula por ejemplo: “Denuncian los actores atentados y amenazas”, LN 3/1/76. <<

[23] Un editorial relaciona la violencia política con la violencia televisiva. Aunque aclara que aquella “constituye motivo de reflexiones de otro orden en el campo social, político e ideológico” critica que además de esa violencia los argentinos se expongan a la violencia ante la TV. LN 10/1/76. <<

[24] En la tapa de La Nación del 5/12/75 por ejemplo conviven titulares relativos a la violencia política en el país como “Mataron en Córdoba a 9 universitarios”, “Apoyo para la acción militar” y “Sepelio en Paraná de Cáceres Monié” con “La guerrilla moluca dio un nuevo golpe en Holanda”. <<

[25] El Congreso estadounidense, que ya había suspendido la ayuda militar, amenaza con cancelar también la asistencia económica. LN 29/7/75. El 16/9/75 La Nación informa que Chile prohibió el comunismo en su nueva constitución y que EE. UU. protesta porque ese país no deja entrar a dos periodistas de esa nacionalidad. <<

[26] Como el asesinato del general Cáceres Monié, ex jefe de la Policía Federal, sobre el que la prensa informa el 4/12/75 en primera plana. <<

[27] LO 7/10/75. La Nación del 6/10/75 presenta a los atacantes como un ejército: “El ataque… fue efectuado por más de 60 efectivos guerrilleros perfectamente pertrechados y armados”. <<

[28] Una serie de eufemismos análogos había sido impuesta por los gobiernos militares durante el largo destierro de Perón, a quien sólo podía nombrarse como “el tirano prófugo” o “el tirano depuesto”. <<

[29] CALVEIRO, P., Política y/o violencia, op. cit. págs. 147–151. Sobre el énfasis militarista y la estrechez de su voluntarismo político, que desconectaron crecientemente a estos movimientos de las bases sociales que en algún momento pudieron verlos con simpatía, ver también para el caso de Montoneros, GILLESPIE, R., Soldados de Perón. Los montoneros, Buenos Aires, Grijalbo, 1987; para el caso del ERP pueden consultarse: SEOANE, M., Todo o Nada, op. cit. y CARNOVALE, V., Los combatientes, op. cit. <<

[30] LO 23/11/75. <<

[31] Respectivamente el 22/11/75 y el 28/11/75. <<

[32] LO 21/11/75. <<

[33] Respectivamente en LO 2/12/75 y LN 21/11/75. El ambicioso comandante de la Armada, Almirante Massera, promovía una mayor participación de su fuerza y de la Aeronáutica en la represión y más tarde en el gobierno, como un modo de acumular poder para su proyecto político personal. <<

[34] Se informa que “las Fuerzas Armadas ejecutarán las operaciones militares y de seguridad necesarias para aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país”. LN 9/10/75. <<

[35] Según este autor “la soberanía se presenta en la forma de una decisión sobre la excepción” y “la decisión soberana traza y renueva cada vez este umbral de indiferencia entre lo externo y lo interno, la exclusión y la inclusión”. AGAMBEN, G., Homo Sacer, op. cit., págs. 40 y 42. <<

[36] Isabel Perón decreta el Estado de Sitio el 6/11/74 luego del asesinato del jefe de policía Villar. Regiría desde entonces hasta el fin del régimen militar. <<

[37] LO 25/11/75. <<

[38] LN 7/10/76. <<

[39] LN 24/11/75. <<

[40] Ver Romero, L. A., Breve historia contemporánea de la Argentina, op. cit., pág. 283. También FEIERSTEIN, D., El genocidio como práctica social, op. cit., 325. El Operativo Independencia se inició en febrero de 1975 por decreto presidencial 261, que ordenaba al Ejército ejecutar las operaciones necesarias “para neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en Tucumán”. Disponía específicamente atacar la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP. <<

[41] CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., págs. 213–214. <<

[42] LO 1/11/75. <<

[43] LN 12/11/75. Para un análisis más detallado sobre la puesta en escena de una guerra convencional de acuerdo a un imaginario bélico y nacionalista para ganar legitimidad ver Garaño, S., El monte tucumano como “teatro de operaciones”: las puestas en escena del poder durante el Operativo Independencia (Tucumán, 1975–1977)”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Cuestiones del tiempo presente, 2011. Dirección URL: http://nuevomundo.revues.org/62119 (Consulta: 31 de mayo de 2012). <<

[44] CONADEP, Informe Nunca más, op. cit., pág 214. <<

[45] Según el periodista Alberto Dearriba el Ejército no se limitó a combatir a la guerrilla en el monte sino que poco a poco militarizó la provincia dando lugar a detenciones masivas de militantes políticos y trabajadores del gremio azucarero. Escribe que en la zona “los guerrilleros… no llegaron a ser más de 140 combatientes en sus épocas de mayor actividad, pese a que los medios de comunicación hablaban de 600” y que “el Ejército envió para reprimirlos cinco mil efectivos y exageró la peligrosidad del grupo para justificar la metodología represiva que comenzó a aplicarse allí: torturas, secuestros y detenciones ilegales”. DEARRIBA, A., El golpe. 24 de marzo de 1976, Buenos Aires, Sudamericana, 2001, pág. 107. <<

[46] Una “alta fuente” de ese cuerpo desmiente “versiones circulantes” y una denuncia del Partido Comunista de que en un penal militar “había alojadas en calidad de detenidas algunas de las personas desaparecidas o secuestradas en Córdoba durante enero”. LN 14/2/76. <<

[47] Como explica Pilar Calveiro: “Con el Operativo Independencia se inició la práctica sistemática de una nueva modalidad represiva, con un conjunto de técnicas ad hoc que giran alrededor de una figura central: el campo de concentración y la desaparición de personas como metodología de represión. La experiencia que el Ejército realizó en Tucumán fue sin duda una experiencia piloto, que luego se desplegaría en Córdoba y, por último, a nivel nacional”. La autora agrega más tarde que “Tucumán y Córdoba fueron los centros de experimentación de la nueva modalidad represiva”. CALVEIRO, P., Política y/o violencia, op. cit., págs. 59 y 179. <<

[48] “Ablandar” tiene en el uso coloquial argentino la connotación de “domesticar” o “acostumbrar”. En tiempos de la dictadura los automóviles recién comprados llevaban un adhesivo con la inscripción “en ablande”. <<

[49] El apogeo de poder de José López Rega (un ex cabo de policía dado a las prácticas ocultistas y vinculado a la logia P2 que se había ganado la confianza del matrimonio Perón) tuvo lugar entre la muerte de Perón, en julio de 1974, y julio de 1975, cuando una enérgica campaña en su contra lo obligó a dejar el país. En ese lapso, convirtió al Ministerio de Bienestar Social en un virtual cuartel central de la violencia clandestina. Después del golpe militar se informó haber hallado en el ministerio “un arsenal”. Ver GONZALEZ JANSEN, I., La Triple A, op. cit., y VARELA CID, E. (Comp.), Cuando la magia tomó el poder, Buenos Aires, El Cid Editor, 1984. Como advierte Marina Franco, sin embargo, una adjudicación exclusiva de responsabilidad a Lopez Rega o a la misma Isabel Perón soslayaría el importante papel que jugó el mismo Juan Perón en la validación de la violencia al interior del peronismo. FRANCO, M., Un enemigo para la nación, op. cit. <<

[50] Ya el 29/4/75 La Opinión había publicado un comunicado de la Triple A con la lista de 15 actores, escritores y periodistas conminados a “dejar el país en un plazo perentorio”. Numerosos profesionales e intelectuales se exiliaron antes del golpe militar a raíz de estas amenazas. <<

[51] GONZALEZ JANSEN, La Triple A, op. cit., pág. 19. <<

[52] Se informa por ejemplo el hallazgo del “cuerpo de una joven con un impacto de bala en la cabeza y envuelto en una bandera roja (…) Al lado del cadáver se encontró un mensaje atribuyéndose la muerte al ‘Comando Libertadores de América. Pelotón Oficial Sosa’”, o de un cuerpo que aparece “con las manos y las piernas amputadas y el rostro desfigurado por la acción —se supone— de ácido sulfúrico” y junto a él la leyenda “Viva la Patria, mueran los traidores”. Respectivamente en LO 16/12/75 y LN 5/12/75. El Comando Libertadores de América era una formación similar a la Triple A conducida desde el Tercer Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba. GONZALEZ JANSEN, La triple A, op. cit., pág 20. <<

[53] El uso de los cadáveres para la extorsión política tenía tradición en la Argentina al menos desde el caso del cuerpo embalsamado de Eva Perón. En esta época era parte de la jerga habitual, para referir un asesinato político destinado a hacer presión sobre un conflicto, emplear la expresión “tirar un cadáver sobre la mesa”. <<

[54] LO 2/1/76. <<

[55] La noticia se titula “Robaron el cadáver de un extremista”, LN 4/1/76. <<

[56] Se informa sobre hallazgos de cadáveres que “tenían el cráneo destrozado, con gran pérdida de masa encefálica mientras que en un tercero despedazado por una bomba” (…) “la policía sólo logró hallar la mano derecha… y con ella …realizaron la identificación”. LN 10/12/75. <<

[57] Aparecen por ejemplo “el torso de un cadáver acribillado con 15 balazos” o “los cadáveres de dos hombres jóvenes, con los cráneos destrozados…”; se informa del hallazgo de “parte del cadáver de un hombre, es decir, un sector del tronco y las piernas” aclarándose que “la policía efectuó… una minuciosa búsqueda del resto del cuerpo, o sea, de las extremidades superiores y la cabeza…” o bien sólo de “una pierna”, mientras se agrega: “trascendió que con la pierna se hallaron otros restos más pequeños y que no se había podido determinar a qué parte del cuerpo pertenecen. Tampoco se estableció aún a qué sexo corresponde la pierna”. Respectivamente en LO 7/12/75, LO 10/12/75, LN, 13/12/75 y LN 2/12/75. <<

[58] Se informa que “en las paredes frontales de las fincas cercanas se estrellaron restos humanos y partes retorcidas y quemadas del vehículo” por lo cual “los restos mutilados de alrededor de siete personas se encontraban esparcidos en una amplia zona” o que “siete cadáveres fueron hechos explotar y “los restos humanos se esparcieron por toda la cuadra”. Respectivamente en LN 2/12/75 y LO 3/12/75. <<

[59] Respectivamente en LO y LN 12/12/75. <<

[60] FOUCAULT, M., Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Buenos Aires, Siglo XXI, 1976. <<

[61] Ibídem, pág. 62. <<

[62] Según La Opinión los muertos son 100 en septiembre, 160 en octubre (101 sólo en la primera semana) y luego se empiezan a contar por semana. El 2/1/76, en un balance de los últimos meses de violencia política, escribe que “el terrorismo causó por los menos 860 muertes en 1975”, cifra que aumenta a 102 según la edición del 9/3/76. <<

[63] Con el título “No cesa el terrorismo de derecha” un recuadro propone “un recuento de los episodios de las últimas horas”. LO 20/12/75. A los pocos días el recuadro se titula “Cinco muertos en 72 horas”. LO 23/12/75. <<

[64] Se trata de Francisco Manrique, del Partido Federal, consultado por La Opinión junto a otros dos políticos, que también manifiestan su impasibilidad ante la perspectiva de un golpe militar. LO, 12/12/75. <<

[65] Según Teun Van Dijk “pocos recursos retóricos sugieren más convincentemente fidelidad que estos juegos de cifras”. VAN DIJK, T., La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información, Barcelona, Paidós, 1980, pág. 131. <<

[66] “La violencia, directamente, o la psicosis que ella genera, epilogaron la jornada de ayer con dos nuevos cadáveres, el sepelio de tres comerciantes ultimados en trágico error por la guardia de un regimiento platense, cinco heridos en atentados explosivos, tres soldados conscriptos torturados para sonsacarles información, una estación ferroviaria copada, 20 refugiados chilenos detenidos acusados de constituir un centro de adoctrinamiento en Río Negro y un custodio naval del almirante Isaac Rojas herido al disparársele el arma”. LO 9/9/75. En La Nación se lee: “Un nuevo brote de violencia, … se prolongó… y registró el trágico saldo del asesinato de un gremialista, el secuestro de siete personas y el ametrallamiento de cinco unidades de transporte, hechos que parecen responder a la obra de organizaciones extremistas de diferente ideología”. LN 22/2/76. <<

[67] De un editorial de la revista católica Criterio, citado por La Opinión el 5/2/76. En: BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 68. <<

[68] LN 13/1/76. <<

[69] LN 13/12/75. <<

[70] BAUMAN, Z., Modernity and the Holocaust, op. cit., pág. 112. <<

[71] La Opinión escribe, por ejemplo, que denunciantes se presentaron ante un juzgado “en su carácter de familiares de personas que han sido detenidas en su momento por razones de tipo político y que ulteriormente no fueron halladas, solicitando una investigación judicial con el fin de determinar el lugar en que se encuentran y las causas de su detención”. Sigue la lista de sus nombres “con indicación de las fechas y circunstancias de su detención o desaparición, a partir de comienzos de 1974”. LO 5/9/75. <<

[72] El gral. Menéndez declara: “Yo no estoy absolutamente seguro de que no sean las propias organizaciones extremistas las que asesinan”. LO 18/12/75. <<

[73] Ante la denuncia de una mujer por la desaparición de su hijo, sacado por “efectivos policiales” del hospital donde estaba internado se informa que “en medios policiales díjose desconocerse el hecho y el Ministro de Gobierno provincial aseguró que se adoptaron las providencias necesarias para establecer la veracidad de la denuncia y esclarecer el hecho”. Es decir, primero se investiga la denuncia: la sospecha recae sobre la víctima o quienes denuncian el secuestro y no es prioridad hallar al secuestrado. LN 15/1/76. <<

[74] “Sin embargo, y a modo de versión, debemos consignar que una alta fuente informativa del gobierno de la intervención federal dijo a La Opinión que, ‘en algunos casos —que no se determinaron— muchas de las personas que aparecen como secuestradas podrían estar detenidas’”. LO 11/3/76. <<

[75] Los padres dicen que fue detenida por personal policial, que fue vista golpeada por testigos y pese a eso “la Policía niega su detención, haciendo de nuestra hija una desaparecida más”. LO 4/1/76. <<

[76] Bajo el título “Se amplia la ola de violencia cordobesa” La Opinión informa de “12 secuestros —o detenciones— que elevan el número total de víctimas por este flagelo a 49 en lo que va del año”. Entre las personas desaparecidas hay un ex ministro y un ex gobernador provincial. LO 11/3/76. <<

[77] “En Córdoba volvieron a sucederse ayer las denuncias sobre secuestros que reavivaron el clima de tensión de los meses de enero y febrero en que la nómina de desaparecidos sumó más de treinta víctimas”. LO 10/3/76. <<

[78] Por ejemplo este caso, donde la jerga jurídica deja ver en todo caso que tras el hecho hay un ciudadano: “Por resolución del juez en primera instancia en lo criminal y correccional, dr. Jorge Atilio Zanotto, secretaría a cargo del dr. Martín Reibel, se ordena hacer lugar al recurso de hábeas corpus interpuesto en favor del ciudadano Jorge Cepernic, …, y librar oficio al jefe de Policía de la Provincia, para comunicarle la resolución con referencia a la orden de detención impartida por el interventor federal en la provincial el 2 del actual…”. LN 7/9/75. <<

[79] LO 6/3/76. <<

[80] Un decreto restringe el alcance del hábeas corpus estableciendo que su sentencia será apelable y “sólo se concederá en el efecto devolutivo si fuera absolutoria”. En los considerandos alega que “no siempre es factible allegar las probanzas que acrediten la culpabilidad penal de los comprometidos en la subversión”. LN, 18/2/76. <<

[81] CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., 402. <<

[82] LO 24/1/76. <<

[83] LN 23/1/76. Los días subsiguientes escribe: “Las máximas autoridades de la Intervención Federal habían expresado a principios de semana, en una conferencia de prensa, que se adherían a aquella demostración de condena a la violencia y que no iba a haber inconvenientes para su organización. No obstante, el jueves…, se daba cuenta de que la marcha no contaba con autorización” (24/1/76). Dos días después se informa que la intervención “censuró acremente al matutino local La Voz del Interior, a propósito de un editorial publicado ayer, que contenía severas reflexiones sobre la frustrada Marcha del Silencio, que debió realizarse el viernes, para testimoniar la repulsa de vastos sectores de la población local por la ola de secuestros y desapariciones de ciudadanos” (26/1/76). Más tarde vuelve a anunciarse la “marcha del silencio” y las autoridades vuelven a negar la autorización, con excusas formales a la presentación. LN 28 y 29/1/76. <<

[84] La UES (Unión de Estudiantes Secundarios) reclama por “la desaparición de varios miembros de la entidad”, LO 9/12/75; el Consejo Regional de Estudiantes denuncia la desaparición de alumnos cordobeses, LO 12/12/75; aparecen baleados en Santa Fe tres estudiantes “cuya desaparición había sido denunciada por las autoridades universitarias”, LO 27/9/75. <<

[85] Se informa que “en medios católicos crece la inquietud al cumplirse 13 días de la desaparición del señor José Palacios Muñoz, asesor laico de la JOC (Juventud Obrera Católica) Internacional…” y se refiere a su “prolongada desaparición”, LO 24/12/75. También se leen palabras del arzobispo de Córdoba, cardenal Raúl Primatesta sobre la “situación concreta de violencia que expresa su injusticia en la desaparición de personas”, LO 13/1/76. <<

[86] La FJC (Federación Juvenil Comunista) denuncia “el secuestro y desaparición” de tres afiliados, a quienes incluso La Nación llama sin eufemismos “militantes comunistas”, LN 29/8/75. <<

[87] Se denuncia la desaparición de un periodista de la revista Crisis. La editorial señala que “la situación por la que atraviesa el gremio periodístico hace abrigar temores por la suerte que pueda correr”, LO 18/12/75. <<

[88] Denuncia del Partido Comunista Revolucionario por la desaparición de un dirigente de ese partido y una funcionaria de la Agrupación de Entidades de Bien Público, LN 22/10/75. <<

[89] Los abogados y contadores realizan un paro de 24 horas pidiendo por colegas, en un clima de “numerosas versiones sobre presuntas desapariciones de profesionales”, LN 10/9/75. La medida parece ser efectiva, porque el 12/9/75 el mismo diario informa sobre su liberación. El colegio de Médicos y la Federación de Profesionales de Tucumán denuncian junto a familiares la desaparición de un médico, LN 2/12/75. <<

[90] LN 28/11/75. <<

[91] Empleados del Banco Social de Córdoba realizan un paro por la detención de una compañera; el personal “sólo atendió el pago de pensiones a la vejez e invalidez”, LN 2/12/75. <<

[92] “No sé dónde estás… Ni con quién… Ni siquiera cómo… No sé cuándo volveremos a verte…”, LN 2/12/75. Al día siguiente se informa de la aparición del hombre, sin mención sobre quién lo había secuestrado. <<

[93] “…suplicándoles que me hagan llegar noticias sobre la situación de mi hija, sacada de mi domicilio el día 6 de marzo a las 6 hs. por tres hombres armados que dijeron ser policías, debido al tremendo sufrimiento que ocasiona la ignorancia acerca de su paradero, sobre todo teniendo en cuenta su delicado estado de salud”, LN 20/3/76. <<

[94] En Rosario vecinos denuncian que el presidente de la Sociedad Vecinal “fue golpeado por varias personas que se titularon policías, las que lo arrastraron hacia un vehículo y se lo llevaron”, LN 7/10/75. <<

[95] BAUMAN, Z., Modernity and the Holocaust, op. cit., pág. 123. <<

[96] La prensa narra sucesos como éste: cuando “un grupo de encapuchados” intentó “detener” a dos hermanos a las 4 de la mañana en Tucumán, “éstos se resistieron tenazmente”. Y agrega: “En esos momentos uno de ellos fue herido de un disparo en el abdomen, hecho que provocó la reacción de los vecinos, quienes atacaron a los encapuchados con piedras, palos y otros elementos. Los desconocidos huyeron del lugar, efectuando con sus ametralladoras algunos disparos con propósitos intimidatorios”. LN 21/1/76. Ante un hecho similar se informa que “atraídos por los gritos, intervinieron vecinos, ante cuya presencia los desconocidos, quienes actuaban encapuchados, abandonaron su intento, no sin antes aplicar un duro castigo a la víctima”. LN 19/3/76. <<

[97] BAUMAN, Z., Modernity and the Holocaust, op. cit., pág. 108. <<

[98] Las reuniones y actividades de los comandantes superan en centimetraje periodístico a las de la presidenta. En una de ellas, se informa, analizaron “una gran diversidad de temas, muchos de ellos ubicados más allá de la órbita estrictamente castrense”. LO 5/3/76. <<

[99] El 3/8/75 La Opinión informa que “el gobierno nacional está instrumentando nuevos mecanismos legales para hacer más efectiva la lucha contra la guerrilla” y que “serán militares el Jefe y el Subjefe de la Policía Federal”, el 9/10/75 publica que las Fuerzas Armadas asumirán el control total de la “lucha antisubversiva” y el 22/11/75 La Opinión anuncia en tapa que “La lucha antisubversiva alcanza ya a 8 provincias y la Capital”. <<

[100] LO 12/3/76. Hay que destacar que también internamente las fuerzas de seguridad habían venido haciendo una “depuración” interna para segregar a sus integrantes no consustanciados con el plan y los métodos de aniquilamiento “antisubversivo”, como se explica en NOVARO, M. y PALERMO, V., La dictadura militar 1976/1983, op. cit, págs. 85–87. <<

[101] LN 7/12/75. <<

[102] El Estado de Sitio, que regía desde el 7 de noviembre de 1974 por “tiempo indeterminado”, es prolongado sin que eso cause mayor comentario. LN 5/10/75. <<

[103] LN 7/9/75. <<

[104] LN 5/9/75, itálica mía. <<

[105] Irónicamente el dr. Illia, un honesto médico de provincia a cuyo gobierno se apodaba burlonamente de “tortugas”, es hoy recordado en Buenos Aires por una autopista de alta velocidad que lleva su nombre. <<

[106] CARASSAI, S., The Argentine Silent Majority, op. cit. <<

[107] Tal cual la instalación de un “servicio público criminal” se informa sobre un nuevo programa policial: “la instrumentación orgánica de ese servicio responde a un programa general que tiende a reprimir la acción terrorista en la Capital Federal”. El grupo, explica el diario, tendrá estas “únicas funciones” y estará integrado por “especialistas”. LN 24/9/75. <<

[108] LO 26/12/75. <<

[109] Según el matutino, The New York Times del 20/12/75 elogia a Videla, “el hombre clave en la crisis argentina”, presentándolo como “una personalidad militar distinta al común denominador de los hombres de armas de América Latina”. LO 26/12/75. Poco después comenta un artículo del vespertino católico francés Le Croix para el cual Videla “aparece como el campeón del mantenimiento del orden y de la seguridad no por la fuerza sino por la legalidad”. LO 27/12/75. <<

[110] Allí se afirma que en ámbitos militares “quizás no pudiera esperarse ya más tiempo para la concreción de los instrumentos idóneos y sea inevitable asumir drásticas decisiones que superen los tramos legales”. LO 16/3/76. <<

[111] LN 12/9/75. <<

[112] BERGMAN, I., Das Schlangenei, Munich, Wilhelm Heyne Verlag, 1979, traducción mía. <<

[113] Se trata de Casildo Herreras y la frase, que inauguraría el uso en la jerga coloquial de “borrarse” en el sentido de “renunciar a la responsabilidad” o “no hacerse cargo”, se recuerda también como expresión de la poco honrosa retirada de escena de los principales actores políticos. Ver La Razón 13/3/76, en BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 91. <<

[114] En Clarín del 20/3/76 se lee: “Los pocos legisladores que asistieron al Parlamento se dedicaron a retirar sus pertenencias y algunos solicitaron un adelanto de sus dietas”. El mismo día La Opinión escribe: “Con una serenidad muy parecida a la resignación, los escasos legisladores presentes ayer en la Cámara de Diputados dejaron que la tarde transcurriera mientras la inminencia de una toma del poder político por las Fuerzas Armadas ocupaba hasta el último resquicio de las expectativas”. Ambas en Ibídem, pág. 90. <<

[115] El 20/12/75 La Opinión reproducía un comentario de The New York Times según el cual “parece inevitable que las Fuerzas Armadas argentinas perpetren un golpe de Estado… La cuenta regresiva ya comenzó”. <<

[116] DEARRIBA, A., El golpe, op. cit., pág. 25. <<

[117] Diez días antes del golpe militar La Opinión publica: “Nos acaban de decir que Martínez de Hoz aceptó el Ministerio de Economía”. LO 13/3/76, en BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 82. <<

[118] Recuerdo personal. Los medios entraron en cadena y leyeron el comunicado militar que anunciaba la toma del gobierno a las 3:20 hs. Ver LO 27/3/76. <<

[119] LN 13/3/76, en BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 82. <<

[120] Portavoz civil de esta idea, el político ultraliberal Alvaro Alsogaray había declarado que las FF. AA. “deben saber esperar hasta el último momento, hasta el instante mismo en que se juegue la supervivencia de la República, antes de intervenir nuevamente en los problemas políticos. Si este instante llega —y ojalá no llegue nunca— deben hacerlo con la máxima decisión y energía”. En Clarín del 12/12/75, citado en BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 64. También La Nación explicaba unas semanas antes que “el pronunciado silencio de las Fuerzas Armadas en los últimos días” se debe a que éstas “sostienen la necesidad de que se agoten las instancias institucionales en un marco de responsabilidad general y compartida”. LN, 2/3/76. Según Jacobo Timerman los militares “necesitaban… que la situación se pudriera lo suficiente como para que toda la población —la prensa, los partidos políticos, la Iglesia, las instituciones civiles— consideraran inevitable la represión militar. Necesitaba aliados, para luego convertirlos en cómplices. Necesitaban que el Miedo… fuera tan grande como para que tuvieran el margen de tiempo, de contemplación, de pasividad, necesario para desarrollar lo que consideraban la única solución al terrorismo de izquierda: el exterminio”. TIMERMAN, J., Preso sin nombre, celda sin número, op. cit., pág. 30. <<

[121] Bajo el título “El incendio y las vísperas”, La Opinión del 14/3/76 compara la escena política con el final de Hamlet, donde “se anuncia el restablecimiento del orden. Es la conclusión de una tragedia”. <<

[122] Ese día La Opinión recuerda que se cumplen 90 días de la apelación de Videla a la presidente a estabilizar su gobierno y escribe que desde la muerte de Perón “el país no había vivido una jornada de conmoción y ansiedad como la que lo envolvió ayer, hasta convencerlo de —o prepararlo para— un inminente colapso de las instituciones”, mientras que en medios militares se percibe “calma y hermetismo”. LO 23/3/76. <<

[123] Todos en LO 26/3/76. En los días siguientes al golpe también Crónica “informaría con grandes titulares y una cobertura insistente sobre el nuevo clima de tranquilidad y normalidad laboral que presentaba el país”, FRANCO, M., Un enemigo para la nación, op. cit., pág. 197. <<

[124] Respectivamente en LO 27/3/76 y 30/3/76. <<

[125] “Las intervenciones provinciales evidencian una mayor austeridad”. LO 2/4/76. <<

[126] Se afirma que los argentinos agradecen a los militares “la sobriedad con que actúan” pues “de una etapa de delirios,… la Argentina se abrió… a una etapa de serenidad de la cosa pública. Porque las autoridades muestran un pudor, un recato tan beneficioso para ellos como para su relación con los gobernados. No han añadido títulos pomposos y huecos al nombre de su gobierno, ni lemas rimbombantes a sus objetivos: no hacen culto a su personalidad ni se halagan con la propaganda”. LO 27/3/76. <<

[127] Se titula: “El radio céntrico fue objeto de un operativo de limpieza”. LO 30/3/76. <<

[128] LN 13/3/76. <<

[129] LN 25/3/76. <<

[130] Respectivamente en LN del 26 y 28/3/76. <<

[131] Respectivamente en las ediciones del 1 y 2/4/76. <<

[132] TIMERMAN, J., Preso sin nombre, celda sin número, op. cit., pág. 30. <<

[133] LN 26/3/76. <<

[134] LN 1/4/76. <<

[135] Cable del embajador Robert C. Hill del 29/3/76 al Secretario de Estado, Henry Kissinger. En El Estado terrorista desenmascarado. Selección de documentos realizada por The National Security Archive y el CELS, Disponible en www.cels.org.ar (consulta 26 de mayo de 2012). <<

[136] El 4 de abril La Opinión reporta el hallazgo de 16 cadáveres y La Nación el de 13. El 14 de ese mes informan sobre la presentación de 9 (LN) y 10 (lo) recursos de hábeas corpus. En La Nación se lee la denuncia de familiares de una detenida en Córdoba, que se dirigieron al Tercer Cuerpo del Ejército en busca de información puesto que fue detenida en un operativo “en la clínica clandestina de una organización extremista”. LN 7/4/76. <<

[137] LO 27/3/76. <<

[138] “Once extremistas han sido abatidos en Córdoba” titula LN el 27/3/76. Ese día se reúnen varias noticias de “procedimientos” o “enfrentamientos” que siguen un relato similar. <<

[139] “…tres extremistas resultaron muertos cuando fracasaron en su intento de copar la comisaría de la localidad de Moreno y se encontraron con la decidida resistencia que le presentaron fuerzas combinadas de seguridad (…) tres de ellos cayeron heridos de muerte”. LN 30/3/76. <<

[140] LN 26/3/76. <<

[141] LN 11/4/76. <<

[142] Según un estudio sobre el tema el director de la SIDE “incorporó al organismo a los elementos parapoliciales y derechistas que se quedaron sin empleo. El Ejército llegó a otorgarles grados militares honorarios al reclutarlos para las fuerzas de tareas y el Batallón 601”. GONZALEZ JANSEN, La Triple A, op. cit., pág. 20. <<

[143] Cables de la embajada estadounidense al Secretario de Estado Henry Kissinger del 13 y 16 de febrero de 1976. En CELS, El Estado terrorista desenmascarado, op. cit. <<

[144] Testimonio de Roberto Cirilo Perdía en SEOANE, M. y MULEIRO, V., El dictador. La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2001, pág. 61. Itálica mía. <<

[145] LN y LO 24/3/76. <<

[1] Por ejemplo en LO 15/4/76. Poco después se lee: “En pocos días… la población ha ido tomando conocimiento de numerosos casos de corrupción e inmoralidad administrativas, cuyos autores se desempeñaron en distintas funciones del Gobierno depuesto”. LO 22/4/76. <<

[2] LO 16/7/76 y 25/7/76. <<

[3] Los anuncios de que Videla presidirá la ceremonia por “el día del Arma de Caballería”; que la academia Belgraniana conmemorará el 161.º aniversario del primer izamiento oficial de la bandera; que partirá una fragata chilena de visita oficial al país y que el jefe de la Fuerza Aérea se reunirá con comodoros retirados, son ejemplos que pueden todos leerse en una misma página. LO 20/4/76. <<

[4] Respectivamente en LN 28/4/76, LN 8/7/76, LN 29/4/76 y LO 23/6/76. <<

[5] Cable de Robert Hill a H. Kissinger del 25/5/76. En CELS, El estado terrorista desenmascarado, op. cit., XVI. <<

[6] Respectivamente en LO 13/5/76, LN 24/6/76 y LN 31/1/77. <<

[7] Un episodio, por ejemplo, donde un hombre “fue asesinado a balazos por dos individuos cuando se disponía a abandonar su domicilio, en el barrio de Flores” cuando “descendieron de un automóvil dos individuos que se acercaron a (él) y le descerrajaron varios balazos”. LN 15/6/76. <<

[8] Se informan respectivamente el 19/6/76 y el 4/7/76. <<

[9] Se anuncia el 21/7/76 con los titulares “Se desploma la guerrilla” (LO) y “Un duro golpe a la subversión” (LN). <<

[10] Se informa por ejemplo que “El acrecentamiento de la lucha antisubversiva en las últimas semanas permitió a las fuerzas conjuntas abatir a un total de 101 extremistas en lo que va de noviembre”, LO 17/11/76, y que “(a la guerrilla urbana) se le están asestando golpes definitivos”, LO 2/12/76. Sobre el encuentro entre Videla y Pinochet se lee los días 12, 13 y 14 de noviembre. <<

[11] Poco después se lee que el anuncio de Chile de liberar presos políticos y de Ecuador de acelerar el proceso electoral se han interpretado “por muchos observadores” como una consecuencia del triunfo de Carter en las elecciones de EE. UU., LO 17/11/76. A poco de asumir la presidencia el 20 de enero de 1977, se lee que Carter “ha cambiado de un modo significativo” el tono de la política de EE. UU. hacia América Latina en los primeros días de su gestión y que sorprende “la celeridad” de los cambios”. LN 2/2/77. <<

[12] Se informa por ejemplo que la CIDH considera enviar una misión a Uruguay y que la Comisión Internacional de Juristas Católicos denuncia torturas a detenidos en Brasil, mientras aumenta la presión internacional sobre Chile. Respectivamente en LN 13/2/77, LN 14/2/77 y LN 21/11/76. <<

[13] LO 9/6/76. <<

[14] En el marco de la Asamblea de la OEA tuvo lugar una prolongada reunión entre los cancilleres estadounidense y argentino. Según versiones periodísticas, Kissinger habría dado a través de Guzzetti “luz verde” al régimen militar para avanzar en la persecución de opositores políticos, con la recomendación de “solucionar el problema” antes de fin de año, previendo un posible cambio de gobierno en EE. UU. en enero de 1977. ANDERSEN, M. Dossier secreto. El mito de la guerra sucia, Planeta, Buenos Aires, 1993, págs. 36–38. <<

[15] En una misma página se leen por ejemplo los titulares: “Chile liberó ayer a otros 168 presos políticos”, “Copan en Beirut un cuartel comunista” y “Ejecutaron en Etiopía a 27 personas”, LN 19/11/76. <<

[16] Respectivamente en LN 21/7/76 y LN 16/10/76. <<

[17] Se publican opiniones de un periodista de la BBC que “avala” al gobierno y “comprende” la situación en lo que hace al “terrorismo” o se informa en tapa sobre una reunión de Videla con periodistas canadienses. Respectivamente en LN 18 y 22/11/76. <<

[18] Antonio Gimeno Cuspinera en AGAMBEN, G., Homo Sacer, op. cit., pág. 244. <<

[19] “En Tucumán fueron abatidos tres delincuentes subversivos” y “Fueron abatidos extremistas”, LN 5/9/76. <<

[20] Respectivamente en LN 19/11/76 y en LO 5/6/76. <<

[21] Bajo el título “Fueron abatidos otros 30 extremistas” una noticia reúne varios episodios de este tipo e informa: “al intimarlos a rendirse, continuaron el fuego lo que motivó que las fuerzas legales atacaran, poniendo fuera de combate a ocho delincuentes subversivos de la banda autodenominada Montoneros”. LN 2/1/77. <<

[22] Respectivamente LO 18/4/76 y LO 15/4/76. <<

[23] Versiones del diccionario de la Real Academia Española en su edición de 2002. Casi idénticas acepciones se encuentran en el Diccionario Básico Espasa Calpe (1980) y el Salvat (2001). <<

[24] Diccionario María Moliner, Madrid, Gredos, 1998. <<

[25] Se titula “Dos extremistas fueron abatidos en pleno centro”, LO 23/6/76. <<

[26] LO 24/8/76 y 31/3/77. <<

[27] Las noticias crean una continuidad entre vivos capturados y muertos que anticipa la banalización misma de la muerte, como el “episodio de extrañas características” que según La Nación del 17/10/76 a las 11 de la mañana y en pleno centro de la capital “causó la muerte de un hombre quien, con otro, era perseguido por un grupo armado que, al efectuar disparos de armas de fuego, también dio muerte a un niño que pasaba por el lugar”. Agrega que uno de los perseguidos murió y al otro “los agresores lo obligaron a ascender a un automóvil, en el que también, tras cubrirlo con arpilleras, introdujeron el cadáver”. Excepcionalmente, la noticia no cita fuentes oficiales. <<

[28] El correspondiente simétrico de “abatir” en la jerga militante, puede conjeturarse, es la expresión “caer”, con la cual los activistas señalaban la captura o muerte de un compañero. “Caer”, que en su acepción general también es complementario de “abatir” (lo que es “abatido” “cae” como consecuencia de esa acción), mantiene esa indefinición entre apresamiento y muerte. Cuando en círculos politizados se decía que alguien “cayó” se entendía que fue capturado y posiblemente tenga a la muerte como destino irreversible. Originalmente usado en este sentido en el contexto de la guerra, sin embargo, el caído cobra un sentido trascendente al incorporarse a un relato organizado y su evocación es la de un héroe, un mártir o un soldado, nunca un homo sacer. <<

[29] La decisión de reproducir los comunicados sin agregados se debía a la autocensura pero también a la determinación ética de no prestarse al juego del discurso oficial. Un periodista activo en esa época recuerda que: “Otros periodistas, más dignos, se limitaban a trasmitir declaraciones sin agregar ni quitar una coma. El máximo nivel de resistencia era no incorporar valor agregado a la información que emanaba de las fuentes oficiales y oficiosas”. Alberto Dearriba en BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 224. <<

[30] LO 21/12/76. <<

[31] LO 14/8/76. <<

[32] Se publica que “delincuentes subversivos, murieron de resultas de un intenso tiroteo que mantuvieron con agentes policiales…” cuando “alertada por vecinos la policía provincial, una patrulla se dirigió a interrogar a los desconocidos, quienes, simulando en principio acatar la orden, rápidamente extrajeron armas que dispararon contra los agentes. La policía repelió el ataque descargando sus ametralladoras contra los extremistas, abatiendo a tres de ellos…” (LO 18/4/76); o bien se informa que “los efectivos militares tomaron contacto con delincuentes subversivos armados a los que atacaron de inmediato produciéndose en tal oportunidad un breve enfrentamiento que dejó como saldo un delincuente muerto y otro herido de gravedad…”. (LO 20/4/76) Itálicas mías. <<

[33] VAN DIJK, T., La noticia como discurso, op. cit., pág. 252. <<

[34] Narran por ejemplo: “Seis extremistas, que eran transportados en vehículos policiales… resultaron muertos ayer durante un intento de fuga registrado cuando varios desconocidos atacaron a los efectivos de seguridad pretendiendo liberarlos”, LO 19/5/76. Un relato idéntico se lee en el mismo diario el 1/6/76. Significativamente, ambos proceden de Córdoba y son firmados por el Comando del Tercer Cuerpo del Ejército. <<

[35] LN 14/12/76. <<

[36] CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., págs. 233–234. <<

[37] Un ex agente de inteligencia norteamericano dijo al periodista Martin Andersen haber presenciado cómo se montaban estos supuestos “enfrentamientos”. La fuente relata que “cuando llegó a la escena de un supuesto ‘tiroteo’ entre integrantes de fuerzas de seguridad y guerrilleros izquierdistas en 1976, encontró a los primeros derramando sangre de gallina alrededor del local antes de dejar entrar a los periodistas y fotógrafos locales”, ANDERSEN, M, Dossier secreto, op. cit., pág. 16. <<

[38] “Al otro día leí en los diarios que llegaban al campo, la noticia del enfrentamiento.(…) Si eran guerrilleros o no, yo no lo sé. Pero así salió en los diarios.(…) Después me enteré, por comentarios, que los periodistas ya estaban avisados. Andaban cerca del lugar donde dijeron que había sido el enfrentamiento porque les habían prometido que iban a tener la primicia del combate contra la subversión. Lo tenían todo arreglado. Por eso, a partir de ese momento, ya no creí tanto como antes en lo que decía la prensa. No fue el único caso. Se hizo lo mismo con mucha gente que estaba detenida en el campo y que mataban en esos supuestos enfrentamientos”. En ALMIRÓN, Campo santo, op. cit., págs. 232–234. Otro testimonio de enfrentamiento fraguado se lee en DIANA, M., Mujeres guerrilleras, op. cit., pág. 173. <<

[39] LN 5/9/76. <<

[40] Cable ANCLA del 24/9/76, en BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 148. <<

[41] Cable ANCLA del 6/1/77, en VERBITSKY, H., Rodolfo Walsh y la prensa clandestina, op. cit., pág. 80. <<

[42] Natalia Vinelli explica las originales estrategias de ancla para obtener información, que incluían no sólo la cooperación de informantes clave sino también la intercepción de ondas radiales policiales, las entrevistas a testigos de hechos de violencia y especialmente la interpretación minuciosa de los comunicados de prensa. VINELLI, N., ANCLA, op. cit. <<

[43] Cable ANCLA del 15/3/77, en VERBITSKY, H., Rodolfo Walsh y la prensa clandestina, op. cit., pág. 99. <<

[44] Entre los represores no hay muertes sino, esporádicamente, leves heridas. Ver por ejemplo LN 6/11/76. <<

[45] Oscar Troncoso destacó que: “las sucintas informaciones que cotidianamente aparecían sobre la muerte de terroristas en ‘enfrentamientos’… llamaban la atención por el elevado número de muertos del lado de los subversivos y los escasos o ninguno de las fuerzas represoras. Nadie imaginaba, no obstante, la existencia de lugares oficiales de detención clandestinos”. TRONCOSO, O., El Proceso de Reorganización Nacional. Cronología y documentación, Buenos Aires, CEAL, Tomo 2, 1985, pág. 9. <<

[46] Por ejemplo se reúnen episodios de “tiroteos” de varios días seguidos y con estructuras narrativas idénticas, como en “La guerrilla tuvo 18 bajas en el pasado fin de semana”, LO 1/6/76. <<

[47] Como informar: “En las últimas 48 horas, en distintos puntos del país se registraron ocho enfrentamientos entre elementos subversivos y fuerzas conjuntas… El total de extremistas muertos en los referidos episodios es de 17”. LN 6/11/76. <<

[48] Por ejemplo, para criticar la espontánea presencia de vecinos en el lugar del hecho: “No faltaron… muchas personas de toda edad que, movidos por una curiosidad rayana en la más absoluta temeridad, observaban el enfrentamiento desde lugares próximos, lo que… movió a los efectivos de seguridad a exhortar… a que el público se retirara y los vecinos se guarecieran en sus domicilios”. LN 17/11/76. <<

[49] Ver por ejemplo LN del 17, 23, y 25/11/76. Los recuentos se leen en titulares como “Fueron abatidos otros 30 extremistas”, “En enfrentamientos fueron abatidos 14 extremistas” o “Murieron 24 extremistas en varios enfrentamientos”, Respectivamente en LN del 2, 5 y 6/1/77. <<

[50] Se lee por ejemplo “la acción se produjo como consecuencia de informes proporcionados por la población referidos a probables reuniones de elementos subversivos…” (lo 31/7/76). Enunciados de este tipo aparecen especialmente en los comunicados del Tercer Cuerpo del Ejército. <<

[51] LO 21/11/76. <<

[52] Respectivamente en LO 18/11/76 y 23/11/76 y en LN 9/6/76. <<

[53] “Los irresponsables delincuentes subversivos se escudaron en sus hijos de corta edad, los que gracias a la acción de las fuerzas del orden resultaron ilesos” (…) “… delincuentes que no trepidan en escudarse en sus hijos para salvar sus vidas”. LN 18/12/76. Relatos análogos se leen en LN 4/11/76 y 6/11/76. La doble moral del régimen se evidencia también en el anuncio, al mismo tiempo en que los militares se apropiaban ilegalmente de los hijos de las desaparecidas, de que la policía descubrió a “una organización que se dedicaba al robo de niños recién nacidos con el objeto de venderlos”. Ver LN 29/10/76, 12/11/76 y 20/1/77. <<

[54] Un comunicado relata que “un grupo de delincuentes subversivos se llevó a dos menores que se encontraban en el servicio de pediatría de un hospital…” (…) “Los citados niños, hijos de una pareja de delincuentes subversivos abatidos al enfrentar a las fuerzas del orden, se encontraban transitoriamente entregados por las autoridades para su cuidado y recuperación, internados en el servicio de pediatría, para luego ser entregados legalmente a su abuela paterna…, con la finalidad de ser formados en un ambiente acorde con los principios morales aceptados y compartidos por la ciudadanía argentina” LN 26/9/76. <<

[55] Respectivamente en LN 23/9/76 y LN 22/10/76. <<

[56] LO 28/5/76. La fuente es un cable de AFP Montevideo. <<

[57] Respectivamente LN 11/5/76 y LN 18/5/76. La primera menciona como fuente Reuter Montevideo. <<

[58] El recurso interpuesto menciona que “uno de los cadáveres aparecidos recientemente en la costa uruguaya presenta un tatuaje en forma de corazón, con las iniciales F y A, lo que parecería indicar que se trata del menor desaparecido”. LN 9/6/76. Se trataba de Floreal Avellaneda, un joven de 14 años detenido junto a su madre. Ambos fueron vistos en el CCD de Campo de Mayo. CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., pág. 240. <<

[59] LN 18/5/76 y LN 24/5/76. <<

[60] “…voceros próximos a las autoridades dijeron que podría tratarse de ciudadanos de un país asiático, por los rasgos fisonómicos y la pigmentación. Los cuerpos sin ropa estaban atados de pies y manos y con señales de torturas y mutilación” LN 11/5/76. Se leen también versiones “no confirmadas” de que se habrían encontrado cerca de Punta Lara “los cadáveres de cinco hombres que pertenecerían al personal de los astilleros de Río Santiago”. LN 21/6/76. Hay al menos un caso más de pedido de identificación de un cadáver hallado en Uruguay por el indicio de un tatuaje. LO 22/5/76. <<

[61] LN 3/1/77 y LO 14/4/77. <<

[62] Se lee sobre hallazgos frente a Mar del Plata en LN 1/7/76 y 3/7/76. Noticias de cadáveres hallados en el Riachuelo aparecen en LO 2/12/76, LN 3/12/76, LN 10/11/76 y LN 6/12/76. <<

[63] LO 9/9/76. <<

[64] Fueron “hallados en las últimas horas tres cadáveres de hombres atados de pies y manos, totalmente desprovistos de ropas y presentando síntomas inequívocos de haber sido torturados y salvajemente golpeados” (que) “se suman a la macabra serie iniciada el pasado 22 de abril y que determinó hasta el presente el hallazgo de 17 cuerpos sin vida, pertenecientes indistintamente a hombres y mujeres… en todo el arco del Río de la Plata”, LN 7/9/76, con fuente ANSA/Montevideo. <<

[65] El ex sargento V. Ibañez dice haber oído “que se practicaban incisiones con cuchillos en los cuerpos de los prisioneros cuando ya estaban cargados en los aviones. Que les hacían un corte en la mano y otro en el estómago para producir una hemorragia” (…) “…para evitar que los cadáveres flotaran en el mar. Que de esa manera se hundían más rápido… Según parece, como se habían encontrado algunos cadáveres en las playas de la costa Atlántica y en otras del Uruguay, los vuelos fueron enviados mucho más al sur y se buscó la manera de evitar que los cuerpos fueran arrastrados hasta las costas por la corriente…”. En ALMIRÓN, F., Campo santo, op. cit., pág. 183. <<

[66] Más informaciones de apariciones de cadáveres se leen en LO 6/7/76, LO 7/7/76 y LN 7/7/76. Las noticias comienzan a agruparlos y sumarlos: “…a los 19 cadáveres hallados desde el sábado en… la Capital Federal se sumaron ayer los de cuatro personas”. LO 8/7/76. “En la metrópoli fueron hallados 15 cadáveres”. LN 4/7/76. <<

[67] Se leen en LO 15/8/76, LN 15/8/76, LN 16/8/76, LN 10/9/76, LN 6/11/76, LN 3/3/77 y LN 21/11/76. <<

[68] LO 21/8/76. El hecho fue luego conocido como “masacre de Fátima”. La mayor parte de las víctimas había estado secuestrada en el CCD que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal. Ver: http://cels.org.ar/wpblogs/fatima/ (Consulta: 16 de junio 2012). <<

[69] Al día siguiente señala que sólo dos diarios de Buenos Aires, La Opinión y el Buenos Aires Herald “comentaron ayer editorialmente el sangriento episodio”. LO 22/8/76. El diario inglés había echado la sospecha sobre la responsabilidad estatal en los hechos escribiendo que “el terrorismo no puede combatirse con contraterrorismo”, BAH 21/8/76, en BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 146. <<

[70] “Los interrogadores te los encargaban como quien te dice que le saques la basura afuera… me dejaban el cuerpo del prisionero en el lugar y la posición en la que había muerto. Yo tenía que desatarlo, sacarlo del cuartito y depositarlo en otro lugar. Si en esos días estaba previsto un vuelo, se lo embarcaba en él. Sino, como había que sacarse rápidamente de encima los cadáveres, había que atarlo con alambre. Después se pedía un helicóptero, que aterrizaba en el mismo campo. Los tripulantes preguntaban por el paquete y ellos mismos se encargaban de cargarlo. Los cuerpos siempre eran arrojados al mar”. Ex sargento Ibañez en ALMIRÓN, F., Campo santo, op. cit., pág. 156. <<

[71] AGAMBEN, G., Homo sacer, op. cit., pág. 27. Esta facultad de la ley de exceptuarse a sí misma introduciría una zona de indistinción entre hecho y derecho. La esencia de la soberanía estatal, entonces, más que en el monopolio de la coacción consistiría en el monopolio de la decisión acerca de la normalidad o la excepción: su ejercicio se convierte en el poder de decidir, a cada instante, la suspensión o vigencia de la ley. Exceptuado incluso de su propia legislación “de excepción”, el régimen se sostiene sólo en su propia arbitrariedad. <<

[72] Escribe: “Esta es la primera vez que la justicia civil se pronuncia en un caso de esta naturaleza. A partir del 24 de marzo último, luego del movimiento militar, habían entendido en los delitos penados por las leyes de seguridad los Consejos de Guerra integrados por el comandante de Cuerpo y oficiales superiores”. LO 28/4/76. <<

[73] LO 26/6/76 y 27/6/76. <<

[74] LO 15/7/76. <<

[75] Se les dedica meticulosos análisis en LO del 8/7/76, 23/7/76 y 24/11/7. <<

[76] Se leen por ejemplo en LN 12/5/76, LN 23/10/76, LN 24/6/76 y LN 4/11/76. <<

[77] LO 20/11/76. <<

[78] Un miembro del Partido Comunista es condenado por infracción a la ley que suspende las actividades políticas. Según el juez la “actual tarea de derrotar a la subversión”… “lleva implícita la de destruir sus fuentes de nutrición ideológica” por lo cual “partido legal —con actividades suspendidas— y organizaciones ilegales reconocen en definitiva una misma filiación doctrinaria” y “se reconoce un enemigo y un obstáculo profundo en el partido que alienta y defiende la destrucción de los valores nacionales”. La Opinión analiza detenidamente el fallo que, dice, “desarrolla la tesis de la perversidad ideológica intrínseca” del comunismo pero no la criminaliza en sí misma. LO 26/11/76. <<

[79] “Dan muerte a 9 delincuentes terroristas” y “Auméntanse las penas por los delitos subversivos”, LN 20/11/76. <<

[80] La publicación de estas listas sigue al anuncio oficial de que “se están produciendo a diario libertades de dirigentes y de detenidos de otro tipo que se encontraban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” y que “en los próximos días se empezará a dar la nómina de los que van saliendo en libertad”, LO 28/11/76. <<

[81] LO 10/12/76. Le siguen más listas el 19/12/76, 30/12/76, 19/3/77, 26/3/77, 2/4/77 y 7/4/77. <<

[82] Respectivamente en LN 28/11/76 y 22/1/77. Listas similares se leen en La Nación el 10/12/76, 23/12/76, 30/12/76, 8/1/77, 15/1/77, 22/1/77, 12/2/77, 17/2/77, 5/3/77, 12/3/77, 19/3/77, 26/3/77, 2/4/77 y 7/4/77. La última, que lleva el subtítulo “Subversivos”, incluye a Adolfo Perez Esquivel. <<

[83] Cable ANCLA del 3/1/77, en VINELLI, ANCLA, op. cit., págs. 93–94. <<

[84] El 20/5/76 La Opinión le dedica al tema una página donde, con su habitual estrategia de conceder para luego criticar, elogia el “estilo de gobierno —amplio, respetuoso, civilizado” de la junta militar que se asocia “a la tradición caballeresca de las Fuerzas Armadas” pero advierte sobre el riesgo de una mala imagen en el exterior. <<

[85] LO 22/5/76. <<

[86] LO 23/5/76. <<

[87] LO 23/5/76. <<

[88] LN 22/5/76. Este diario había publicado antes denuncias de particulares, una por “presunta desaparición” de un estudiante y otra por la desaparición de la esposa de un ex ministro, respectivamente el 4 y 7/4/76. <<

[89] Respectivamente los días 23 y 25/5/76. <<

[90] “La desaparición de Zelmar Michelini”, LO 20/5/76. Antes había publicado versiones sobre la “desaparición accidental de un ciudadano ajeno a los hechos” en el marco de un operativo (24/3/76), la desaparición de un obrero denunciada por sus compañeros (31/3/76), el caso de un periodista desaparecido y hecho público por su esposa (10/4/76) y desapariciones de tres personas no identificadas en Santa Fe (13/4/76). <<

[91] LN 3/6/76. <<

[92] LN y LO 4/6/76. <<

[93] El Ministro expone todos esos tópicos: primero “expresó enfáticamente que ‘el general Torres no ha sido detenido ni tampoco estuvo detenido los últimos días’”. Luego pone en duda la credibilidad de las denuncias diciendo que “nadie puede atestiguar que haya sido secuestrado como pretenden hacer aparecer informaciones familiares y periodísticas que califico de tendenciosas” y siembra la sospecha sobre la propia víctima: “con los mismos argumentos, podría alguien decir también que ha abandonado voluntariamente su casa”. LO 3/6/76. <<

[94] Al respecto, y sobre las ambigüedades y complicidades de la Iglesia, NOVARO, M. y PALERMO, V., La dictadura militar 1976/1983, op. cit., págs. 94–106. <<

[95] LN 5/7/76. <<

[96] Esto fue evidente por la salvaje forma de matarlos y por el mensaje escrito con sangre en la pared “para los que envenenan las mentes de nuestros jóvenes”, elementos que son mencionados en la prensa. Ningún diario informó que además escribieron las frases “curas hijos de puta” y “Así vengamos los policías muertos en coordinación federal”, que se encontraron más de sesenta balas en muebles y paredes y otros detalles macabros descriptos en ANDERSEN, M., Dossier secreto, op. cit., págs. 222–223. <<

[97] LO 6/7/76. El caso permaneció inexplicado y el superior de la orden de los palotinos, que viajó a la Argentina a raíz de este crimen, dejó el país diciendo: “me voy tan a oscuras acerca de lo que ha ocurrido como lo estaba cuando llegué hace tres semanas”. LO 27/7/76. Las repercusiones, sin embargo, llegaron hasta el Papa quien repudió el crimen y declaró que “todavía espera(n) una explicación adecuada”. LO 30/7/77 y LN 28/9/76. <<

[98] LO y LN del 22 y 23/7/76. <<

[99] Se informa respectivamente en LO y LN 5/8/76 y LN 7/8/76. <<

[100] LO 6/8/76, en un artículo firmado por José Ignacio López. El Informe Nunca Más afirma que “las pruebas o presunciones de que fue un atentado, se acumularon de manera abrumadora” y cita a un ex represor que vio los papeles que el obispo portaba al morir sobre el escritorio del Ministro del Interior “uno o dos días después”. CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., págs. 357–358. <<

[101] El arzobispo de Santa Fe, Monseñor Zazpe, afirmó que el dolor que embarga a muchas familias es el que deja “cada muerto, desaparecido o secuestrado” y que “es el dolor por los detenidos que piden ser investigados, juzgados, absueltos o condenados. Es el dolor de los secuestrados que no vuelven a sus hogares y de los cuales no hay autoridad que responda”. El obispo de Viedma, Monseñor Miguel Hesayne, llamó a distinguir “fuerza” de “violencia” y condenó “la tortura moral o física”. LO 10/7/76. <<

[102] LO 20/7/76. <<

[103] LO 11/8/76 y LN 10/8/76. <<

[104] Cable del 30/8/76, en VINELLI, ANCLA, op. cit., pág. 25. Ver también LN 17/10/76. <<

[105] La carta de Schmidt a Videla estaba fechada el 7/7/76. LO 28/7/76. <<

[106] LO 30/7/76 y LN 31/7/76. <<

[107] LO 10/8/76 y LN 11/8/76. <<

[108] Sorprende la evidencia de que ya entonces se sabía públicamente que “la muchacha fue secuestrada mientras visitaba a una amiga… vinculada con… Montoneros”, LN 16/2/77. Dagmar Hagelin fue baleada a quemarropa por el ex capitán Astiz, quien la habría confundido con una militante montonera, y fue vista herida en la ESMA. Ver ROSENBERG, T., Astiz. La estirpe de Caín. Buenos Aires, La Página, 1998, págs. 29–30 y CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., págs. 389–390. <<

[109] Los reclamos de Israel aparecen en LO 27, 28 y 29/7/76, LN 27 y 28/7/76 y LN 4/8/76. El altercado con Cuba, desmentido por la cancillería, se lee en LO 12/8/76 y LN 13/8/76. La gestión británica aparece brevemente en LN 23/10/76. Sobre el religioso norteamericano, al que según la policía se le encontró “material subversivo” (un “disco con cánticos”) y que finalmente puede dejar el país, se informa en LN 12/8/76, LN y LO 14/8/76 y LN 19/8/76. Meses después EE. UU. gestiona por otros diez nacionales detenidos que salen del país. LO 4/12/76. <<

[110] LN 4 y 5/1/77. <<

[111] LN 21 y 29/9/76. <<

[112] Ésta refuta “la acusación… de que los derechos humanos son violados en la Argentina” y agrega que “no tenemos por qué recibir (…) lecciones”. Dos abogados que testimoniaron ante esa comisión son procesados por “propiciar la aplicación de sanciones económicas o políticas contra el Estado Argentino”. LO 30/10/76. En adelante, el régimen fomentaría este tipo de respuesta a las críticas internacionales. Según un cable de ANCLA del 15/3/77 una “millonaria argentina” realizó gestiones personales exitosas en defensa del régimen en EE. UU., según el gobierno en un ejemplo de la actitud agresiva que debe adoptarse “frente a quienes critican la abolición de los derechos humanos aquí”. En VERBITSKY, H., Rodolfo Walsh y la prensa clandestina, op. cit., pág. 92. <<

[113] LN 11/3/77. <<

[114] LO y LN 8/2/77. Dos días después se informa que “el gobierno argentino formuló a los de Holanda y Austria la expresión de su desagrado”. LO y LN 10/2/77. <<

[115] La gestión del funcionario francés se lee en LO 23/6/76. <<

[116] Cuestiona a AI por no “poner el mismo énfasis” en las violaciones a los derechos humanos en el bloque socialista que en el mundo occidental, pero luego relativiza esa opinión. LO 9, 11 y 12/11/76. <<

[117] LO 12/11/76. Tras su prolongada detención en los centros clandestinos de la dictadura Timerman se volvería, en cambio, el principal denunciante del antisemitismo del régimen. Ver TIMERMAN, J., Preso sin nombre, celda sin número, op. cit. <<

[118] LN 10/11/76. <<

[119] LN 12/11/76. <<

[120] LN 15/11/76. <<

[121] LN 16/11/76. <<

[122] “Respecto de ciertas críticas sobre la indumentaria del legislador británico, lord Averbury declaró que vestía con coloridos ‘para amenizar el vestuario normalmente aburrido de los hombres’. Averbury apareció en público con una chomba roja y zoquetes del mismo tono”. LO 16/11/76. <<

[123] “La primera tuvo carácter masivo y giró alrededor del argumento de que AI investiga violaciones de los derechos humanos en Occidente, pero no en los países comunistas” (…) “La segunda línea fue encomendada… al matutino La Opinión… Consistió en ‘negociar’ con Amnesty, procurando convencer… de que la represión en Argentina está justificada”. Cable ANCLA del 23/11/76, en VERBITSKY, Rodolfo Walsh y la prensa clandestina, op. cit. págs. 74–76. Un informe detallado de la visita de AI puede leerse en GUEST, I., Behind the Disappearances. Argentina’s Dirty War against Human Rights and the United Nations, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1990, págs. 76–86. <<

[124] LO 20/5/76. <<

[125] LO 14/7/76. Luego del anuncio de que a las 48 horas de la desaparición ACNUR presentaría recursos de hábeas corpus, los tres asilados aparecen con vida. LO 16/7/76. <<

[126] Se trata de un grupo de 27 refugiados políticos chilenos, incluyendo varias familias, que “en demanda de protección habían ingresado a la embajada del Canadá tres semanas atrás”. Primero se informa que doce han dejado el país y los quince restantes no encontraron lugar en los vuelos comerciales (lo y LN 16/7/76), y luego que “Cesó una acción de protesta de 500 refugiados”. LO 20/7/76. <<

[127] Respectivamente en LO 22/7/76 (“Denuncia sobre desapariciones”) y LO 7/8/76. La fuente de este último, un cable de Reuters fechado en Ginebra, informa que los refugiados son chilenos, bolivianos y uruguayos. <<

[128] LN 11/6/76. <<

[129] Respectivamente en LN 11 y 12/6/76. Esta última, bajo el titular “La desaparición de 25 extranjeros denuncian”, informa que: “El grupo revisó ambos hoteles pieza por pieza, exigiendo documentos a todos los pasajeros. La operación fue realizada con extrema violencia. Todos los pasajeros fueron insultados y amenazados, especialmente los de nacionalidad chilena” y que “las autoridades argentinas han informado al ACNUR que se hallan abocadas al esclarecimiento de estas situaciones que también deploran”. <<

[130] LN 13/6/76. <<

[131] El editorialista arguye que los asilados chilenos y uruguayos lo son “por su oposición política y no por verdaderos cataclismos universales…”, un criterio que aparentemente los haría menos pasibles del asilo, y que “deben acatamiento a las leyes del país y abstenerse de inmiscuirse en cuestiones políticas. Es sabido que muchos continúan su actividad política…”. LN 12/8/76. <<

[132] LN 7/7/76. <<

[133] LN 28/7/76. <<

[134] LN 29/7/76. Un día después la noticia es que una familia chilena partió rumbo a Montreal y 31 refugiados uruguayos hacia Lima, LN 30/7/76. <<

[135] AGAMBEN, G., Homo sacer, op. cit., pág. 167. <<

[136] Se trata de Manuel Anchorena y se lee que el asado es impedido por la policía. LN 22/11/76. 137 <<

[137] Se lee que el Partido Socialista Popular reclama al gobierno por la detención e incomunicación de un dirigente y ex diputado nacional y, además de recordar sus 70 años de edad y su delicada salud, afirma que su detención “es inexplicable dadas sus condiciones morales y cívicas”. LN 25/9/76. <<

[138] Por ejemplo cuando secuestran a un médico radical con su familia. LN 4/6/76. <<

[139] LN 18 y 19/8/76. <<

[140] LN 25/8/76. <<

[141] LN 31/8/76. CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit, pág. 249. <<

[142] LN 21/10/76. Solari Yrigoyen fue liberado y “expulsado” del país pocos meses después. <<

[143] LN 13, 14 y 15/9/76. <<

[144] LN 4/6/76. <<

[145] LN 14 y 15/1/77 (“Búscase a un periodista desaparecido”). Cuando regresa a su domicilio se informa que había sido “detenido por efectivos militares… por un problema de documentación, y alojado en una dependencia militar hasta que se aclaró su situación”. LN 16/1/77 (“Estaba detenido un periodista desaparecido”). <<

[146] “Sin indicios en la desaparición de Roberto Vacca” LO 9/12/76, “Aún no apareció Roberto Vacca”, LO 10/12/7, “No se sabe aún el paradero de Roberto Vacca” LO 11/12/76, “Sin noticias sobre Roberto Vacca” LO 12/12/76, “Pedido policial sobre dos desaparecidos” LN 15/12/76 y “Solicitud de parientes de un periodista” LN 21/12/76. <<

[147] LO 23/12/76, itálica mía. ¿Qué quiere sugerir La Opinión con la mención oblicua a “otros casos”? <<

[148] Años después la ex pareja del escritor manifestó que en los medios de prensa le dijeron entonces que “tenían orden del Gobierno de no informar sobre el secuestro de Conti” (CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., pág. 370). <<

[149] BAH 7/5/76. Este diario explicita además la militancia de izquierda de Conti. Según Andrew Graham Yooll Buenos Aires Herald fue el único diario que dio la información (entrevista con la autora el 15/12/98). El caso produjo una crisis interna en la redacción de La Opinión: debido a la censura interna que impide informar el secuestro, algunos redactores deciden incluir un cuento de Conti en el suplemento cultural aludiendo oblicuamente al secuestro. La publicación fue cancelada a último momento por un Timerman furibundo, que despidió al periodista responsable al grito de “usted está arriesgando la fuente de trabajo de sus compañeros”. CARNEVALE, S., La Patria periodística, Buenos Aires, Colihue, 1999, págs. 183–186. <<

[150] LO 20/5/76. <<

[151] LN 15 y 17/9/76. <<

[152] LN 29 y 30/7/76, LN 30 y 31/12/76. <<

[153] Respectivamente en LN 31/12/76 y LN 2/1/77. <<

[154] Se publica una carta firmada por la Federación Argentina de Psiquiatras por la detención de su secretario general, LO 24/7/76 y una solicitada de la Federación Médica de Entre Ríos y el Círculo Médico de Paraná por la desaparición de un colega oriundo de Paraguay, por quien reclaman otros ciudadanos de ese país. LN 13/2/77. <<

[155] Escriben que “nadie puede ignorar el origen del vandalismo que dispone indiscriminadamente de las vidas humanas, que juzga a la gente sin apelación, mata, aprisiona, veja…” y piden por Antonio Di Benedetto, detenido en una cárcel mendocina. LN 2/11/76 y LO 14/12/76. <<

[156] La Asociación Argentina de Actores envía un telegrama a las autoridades por la desaparición de tres colegas y el secuestro de un cuarto. Agrega que otros dos “aparecieron… luego de varios días en que permanecieron secuestrados por desconocidos”, piden una investigación y reclaman por su seguridad personal. LN 23/11/76. <<

[157] Respectivamente en LN 28/8/76 y LO 30/12/76. Allí una agrupación profesional pide a la Corte Suprema por “la situación de alrededor de cincuenta abogados, en su mayoría sin causa ni proceso detenidos a disposición del Poder Ejecutivo” y por las detenciones de “larga data” y expresa “la preocupación de la entidad por los colegas detenidos o desaparecidos”. Otro grupo de abogados envía a Videla una nota que “solicita respetuosamente” la información por cinco abogados detenidos por más de seis meses, “rigurosamente incomunicados” sin que se sepan los motivos de las detenciones y de la imposición de “un régimen tan estricto e inusual”. LN 23/10/76. <<

[158] Se refieren denuncias realizadas en Francia por abogados secuestrados por civiles armados en pleno centro de Buenos Aires, LN 13/11/76 y LO 23/11/76. Cuando se reclama por una abogada secuestrada se habla de “tantos otros (casos) cometidos contra abogados” sin esclarecimiento ni respuesta oficial. LN 27/3/77. <<

[159] El cable afirma que las medidas de fuerza son para reclamar por el secuestro y/o despido de delegados y en protesta por nuevos reglamentos de trabajo. Despacho ANCLA del 16/3/77, en BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 180. <<

[160] LO 17/11/76. <<

[161] LN 17/11/76. <<

[162] LO y LN 12/2/77. Los dos diarios se refieren a la “desaparición” de Smith. <<

[163] “Condena el PE la desaparición de Oscar Smith”, LN 15/2/77. <<

[164] “Declaran el estado de alerta en Luz y Fuerza”, LN 16/2/77. <<

[165] LO 20/11/76. La firmante explica que su esposo le había dirigido también antes una nota “detallando una serie de hechos… a los que se suma el que ahora me ocupa” y que “los trágicos momentos que vive el país” más “la trágica suerte corrida” por otros abogados “motivan mi angustia y desazón”. <<

[166] LO 23/7/76. El diario destaca los cargos de Mignone (ex subsecretario de Educación de la Nación y ex rector de una universidad nacional) y del otro padre (un gerente de banco) y los agrupa junto a pedidos similares. Otra carta escrita por un padre ante el secuestro de su hija se lee en LO 16/7/76. <<

[167] “Más de una vez tuve que explicarles que seguramente una publicación de La Opinión podía significar una condena a muerte, pero de todos modos la soledad en que se encontraban, la falta de toda noticia, les hacía creer que era mejor dar la noticia sobre la desaparición. Al menos los fortalecía a ellos en su soledad y en la lucha que afrontaban” TIMERMAN, J., Preso sin nombre, celda sin número, op. cit., pág. 32. <<

[168] Ibídem, pág. 44. <<

[169] Por ejemplo en “Denuncióse la desaparición de tres personas”, LN 17/9/76. <<

[170] LO 7/8/76. <<

[171] La carta continúa: “pero si existe algún cargo contra él… lo acataremos con dolor… porque somos enemigos… de la violencia” (…) “Lo que consideramos que no puede ser, que es inhumano, que destruye a las familias, es no saber dónde se encuentran sus hijos, quiénes son los responsables de su desaparición, a qué repartición pertenecen y cuáles son las imputaciones”. LO 8/8/76. <<

[172] Los diarios participan de esa estrategia al escribir, por ejemplo, que en una capital provincial es golpeado y secuestrado un ingeniero “perteneciente a una familia vastamente conocida en los medios sociales y económicos”. LO 25/3/77. <<

[173] Un médico secuestrado aparece muerto, dos conscriptos son secuestrados de sus casas y profesores universitarios detenidos en Rosario o Bahía Blanca “sin especificarse el motivo”. Respectivamente en LN 8/6/76, LO 15/8/76, LO 23/6/76 y LN 21/10/76. <<

[174] “En cuanto a la sociedad, iba arraigándose… el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en aquella infinita caza de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente o inconsciente a justificar el terror: ‘Por algo será’, se murmuraba en voz baja… mirando como apestados a los hijos o padres del desaparecido”. CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., pág. 9. <<

[175] “El Estado terrorista argentino modificó drásticamente las conexiones entre inculpación, moralidad y transgresión de normas explícitas generalmente aceptadas (…) Como consecuencia… la sociedad argentina desarrolló el hábito de contemplar a las víctimas mismas de la represión como sujeto de inculpación. (…) el sistema terrorista ‘expropió’ la indignación moral de los ciudadanos: la gente desplazó el objeto de su angustia de los autores a las víctimas”. MALAMUD GOTI, J., Terror y justicia en la Argentina, op. cit., pág. 136. <<

[176] Ibídem, pág. 140. <<

[177] LO 13/8/76. <<

[178] LN 13/8/76. <<

[179] LO 26/8/76. La nota es avalada por religiosos y políticos de renombre como Alicia M. de Justo, Raúl Alfonsín y Oscar Alende. <<

[180] 29/8/76. La Opinión titula la nota “Videla saluda la realización de Jornadas de Derechos Humanos”. <<

[181] LO 19/12/76. <<

[182] AGAMBEN, G., Homo Sacer, op. cit., pág. 156. <<

[183] “Consiste en la facultad de peticionar al Juez para que, a través de un procedimiento rápido, de carácter sumario, haga cesar toda orden de un funcionario tendiente a restringir sin derecho la libertad personal; el Magistrado debe averiguar si el beneficiario del hábeas corpus se encuentra detenido, qué funcionario lo mantiene en tal situación, así como la legitimidad de la detención, e incluso cuando el arresto fuera dispuesto por el Poder Ejecutivo en virtud del Estado de Sitio, la razonabilidad del mismo”. CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., pág. 401. <<

[184] Según Emilio Mignone, que desde la APDH patrocinaba estos recursos, el régimen argentino “absolutamente hipócrita, no suspendió el hábeas corpus —a diferencia del chileno, que lo hizo— y esgrimía eso ante críticas del exterior. Todo era formalidad”. En GELMAN, J. y LAMADRID, M., Ni el flaco perdón de Dios, op. cit. pág. 220. <<

[185] Gral. T. Sánchez de Bustamante en La Capital de Rosario, 14/6/80, citado en CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., pág. 402. Otro recurso legal, el “derecho de opción”, que daba a los detenidos a disposición del PEN la posibilidad de abandonar el país y a menudo era presentado en forma conjunta con los hábeas corpus (pidiendo que el beneficiario, en caso de hallarse en poder del Ejecutivo, sea autorizado a dejar el país), fue suspendido a pocos meses del golpe militar. LO 22/5/76. <<

[186] En GELMAN, J. y LAMADRID, M., Ni el flaco perdón de Dios, op. cit. pág. 221. <<

[187] “Carta abierta de Rodolfo Walsh a la junta militar”, 24/3/77. Los números que da Walsh fueron confirmados por las estadísticas judiciales consultadas por la CONADEP: en el período 1976/1979 se registran, sólo en Capital Federal, 5.487 presentaciones de hábeas corpus. Esta cifra excluye los casos en que se presentaron varios recursos por una misma persona y contrasta con la del período 1973/1975, de 1.089, proporción que se repite en otras ciudades del país. CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., pág. 401. Este informe incluye un listado de personas vistas en CCD mientras eran rechazados los hábeas corpus interpuestos en su favor. Ibídem, págs. 434–441. <<

[188] Ibídem, págs. 250 y 402. La liberación de Timerman después de 15 meses de detención ilegal y torturas, sin embargo, no se debió sólo a la orden de la Corte Suprema sino sobre todo a una fuerte campaña internacional. <<

[189] Es el caso de Enrique Molina y Vedia. LO 10, 13 y 14/4/76. <<

[190] Como Timerman, Graham Yooll dice haber recibido a familiares de desaparecidos que acudían a la redacción, a quienes él derivaba a la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Él mismo, afirma, tenía modelos de hábeas corpus que daba a los familiares y en ocasiones, como no necesitaban de un abogado sino de un “patrocinio letrado”, era el mismo diario quien los representaba. Recuerda, sin embargo, que tenían miedo de que pudieran reconocer las máquinas de escribir de la redacción puesto que “las represalias las solían sufrir los abogados, no los familiares”. Entrevista a A. Graham Yooll, Buenos Aires, 15/12/98. <<

[191] Las noticias informaban, por ejemplo: “En el juzgado de instrucción del dr. Jorge M. Lanusse, secretaría del Dr Enrique Posse, quedó radicado un hábeas corpus en favor del doctor Alfredo Nicolás Battaglia”. LN 20/8/77. En ocasiones se agregaba información sobre las circunstancias del secuestro o desaparición. <<

[192] Respectivamente en LO 10/12/76, LO 26/8/76, LN 22/10/76, LN 26/10/76, LN 26/9/76 y LN 28/10/76. <<

[193] VERBITSKY, H., Rodolfo Walsh y la prensa clandestina, op. cit., pág. 6. <<

[194] Todos mencionados en la sección Tribunales de La Nación entre abril de 1976 y marzo de 1977. <<

[195] VERBITSKY, H., Rodolfo Walsh y la prensa clandestina, op. cit., pág. 8. <<

[196] AGAMBEN, G., Homo sacer, op. cit., pág. 156. <<

[197] CIDH/OEA, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, op. cit., pág. 131. <<

[198] Cable ANCLA del 6/1/77, en VERBITSKY, H., Rodolfo Walsh y la prensa clandestina, op. cit., pág. 80. <<

[199] Para Fernando Ruiz “hacia fines de 1976 y principios de 1977, tras la convicción general de que la guerrilla había dejado de ser un peligro importante, crecieron los debates internos en la cúpula del régimen (y) el periodismo político renació tímidamente”, pero esa supuesta apertura se desvanece rápidamente. RUIZ, F., Las palabras son acciones, op. cit., págs. 419–426. <<

[200] Marzo es el mes en que comienza el año político y se presta por lo tanto para proyecciones y balances. A fines de 1977 el dirigente radical Ricardo Balbín dice en una comida de la UCR: “En nuestro país los años empiezan en marzo. Ya hemos pasado dos marzos y que no se crea que hemos sido indiferentes…”. LN 17/12/77. <<

[201] El diario supone una gran “expectativa pública” por el mensaje del presidente, quien “ha hablado del fin de la etapa del reordenamiento y a la que seguirá el momento de la creatividad y la participación”. LO 31/3/77. <<

[202] “Se insinúan pautas para una lenta pero firme reorganización gremial”, LO 24/3/76. <<

[203] Manifiestan su apoyo al régimen la Cámara Argentina de Comercio, el Centro Argentino de Ingenieros, la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Cereales, la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica, la Cámara de Exportadores y la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias. LO 24/3/77, LN 27/3/77 y El Cronista Comercial 25/3/77 citado en BLAUSTEIN, E., y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 180. <<

[204] Juan Carlos Pugliese, de la UCR, habla de los “colaboradores” de la represión y de “excesos que además de darnos una mala imagen externa producen en el orden interno inquietud y temor”. LO 27/3/77. <<

[205] LO 30/3/77. <<

[206] El comentario publicado en el diario inglés y reproducido en La Opinión es la primera mención de la prensa local a la desaparición de Rodolfo Walsh: “…tal vez otro periodista, Rodolfo Walsh, haya sido secuestrado por motivos políticos” (Originalmente en el editorial de Robert Cox “Los secuestros y la ley”, bah 5/4/77, y luego en LO 6/4/77). <<

[207] Según cifras de la APDH basadas en denuncias hechas ante ese organismo y ante la CONADEP, la cantidad de desapariciones, liberaciones de detenidos y/o muertes por la represión ilegal denunciadas alcanza sus picos máximos en julio y noviembre de 1976. Luego descienden lentamente, alcanzando un nuevo pico en mayo de 1977, y continúa descendiendo hasta registrarse en promedio menos de 20 hechos de este tipo por mes en 1979. APDH, Las cifras de la guerra sucia, op. cit. pág. 27. <<

[208] Respectivamente en LO 18/3/77 y LO 5/4/77. <<

[209] Se añade que las fuentes policiales dicen no saber nada del caso, que “fue imposible conseguir una entrevista directa con algún funcionario”, que el mismo Lanusse contactó a “las más altas esferas del gobierno” y que “continuas llamadas telefónicas… a La Opinión por importantes figuras de distintos estamentos del quehacer nacional, de los colegas y de instituciones extranjeras…” demostraron la “honda preocupación” por el episodio. LO 2/4/77. Con su acostumbrada distancia, como quien informa de alguien que ha sufrido un contratiempo, La Nación publica por su parte que Sajón “salió de su domicilio” pero “no llegó a su destino y… no cumplió ninguno de los compromisos que tenía previstos para la jornada”. LN 2/4/77. <<

[210] “Nada se sabe aún de Sajón” (5/4/77), “Sin noticias del periodista Edgardo Sajón” (9/4), “se cumplen hoy diez días de la desaparición del señor Edgardo Sajón” (10/4), “Sajón” (12, 13 y 14/4/77). <<

[211] Respectivamente el 12/4/77 y 3/4/77. <<

[212] LO 7/4/77 y LN 7/4/77 (sobre el hallazgo de otro periodista asesinado). <<

[213] LN 5/4/77. <<

[214] Fallecido poco antes de estos sucesos, David Graiver era un banquero y accionista principal de La Opinión, cercano también a Lanusse, que habría tenido también vínculos financieros con Montoneros. La hipótesis de una vinculación entre Graiver, Timerman y Montoneros daba un argumento en las internas militares a los sectores más fanatizados y antisemitas del Ejército, que veían allí una “conspiración” de todo lo que odiaban. El secuestro de Sajón era, en este contexto, un “tiro por elevación” al ex presidente Lanusse. <<

[215] LN 6/4/77. Días después el militar se refiere a la “aplicación de procedimientos ilegales” (LN 11/4/77) y se pregunta “¿Cómo puede haber desaparecido así y sin dejar rastros una persona y su automóvil?” (lo 12/4/77). <<

[216] LO 10/4/77. <<

[217] LO 14/4/77. <<

[218] Los nombres de los beneficiarios de hábeas corpus agrupados allí suman respectivamente 40 (3/3), 28 (4/3), 18 (5/3), 10 (8/3), 9 (9/3) y en días sucesivos seis, ocho y diez hábeas corpus por vez. LN 11/3, 30/3 y 2/4/77. En todos los casos se incluye la lista de nombres completa. <<

[219] “La Cámara Federal hizo lugar a un hábeas corpus para un detenido desde hace dos años”, LO 6/4/77. <<

[220] LN 6/4/77. <<

[221] LO y LN 12/4/77. <<

[222] Firman abogados notorios en el campo de derechos humanos como Emilio Mignone, Augusto Conte Mac Donell, Alberto Pedroncini y quien sería el siguiente presidente constitucional, Raúl Alfonsín. <<

[223] Respectivamente en LO 14/4/77 y LN 20/4/77. Allí se lee que la Corte invoca la necesidad de “mantenerse en los límites de su competencia” y se limita a librar oficio al Ejecutivo para que “intensifique la investigación”. <<

[224] LN 4/3/77. Ante la medida el gobierno decide retirarse totalmente del programa de ayuda militar. Videla acusa a EE. UU. de “ignorancia de los problemas que plantea la subversión” y advierte que “la campaña mundial sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos en la Argentina… está encaminada a robustecer a las fuerzas subversivas en momentos en que éstas ya han sido derrotadas”. LN 12/3/77. En Washington responden que “el pueblo norteamericano tiene el pleno derecho de decidir que sus dineros no sean dados al gobierno argentino para alentar una acción fratricida”. Respectivamente en LN 28/2/77, LO 1/3/77 y LO 10/3/77. <<

[225] Se lee por ejemplo que llegan de Francia dos senadores que representan a ciudadanos franceses residentes en el exterior, sin mencionar que la visita guarde relación con desapariciones. LN 20/3/77. A la vez, los principales dirigentes socialdemócratas europeos, entre ellos Willy Brandt, Olof Palme, Bettino Craxi y Francois Mitterrand, realizan un pedido por la situación en Argentina ante la ONU. LO 8/2/77. <<

[226] LO y LN 24/3/77. Supuestamente porque se mantuvieron entrevistas con “familiares y amigos de los elementos subversivos detenidos y efectuaron algunas visitas a organizaciones o entidades privadas cuyos cometidos son los relativos a la ayuda social y política de tales elementos”. <<

[227] LO 27/3/77 y LO 30/3/77. <<

[228] LO 18/3/77. Al interior del Departamento de Estado había sin embargo posiciones divergentes. Un funcionario de la línea opuesta a Carter, Terence Todman, creía en cambio que “pronunciamientos estridentes y santurrones” pueden resultar contraproducentes a la política de derechos humanos. LO 23/3/77. <<

[229] LO 2/4/77. Allí se expresa la visión, que es también la del diario, de que las violaciones a los derechos humanos forman parte de presiones de los sectores “duros” de las FF.AA. y de la dificultad del presidente Videla (uno de los “blandos”) de centralizar la represión bajo su mando. <<

[230] “Se puede intuir que a medida que se avance crecerá el vigor institucional: listas de detenidos, acusaciones concretas y labor de una Justicia firme e independiente que garantice la aplicación irrestricta de la Ley y el derecho a la legítima defensa”. LO 3/4/77. <<

[231] LN 16/3/77. <<

[232] LO 15/3/77 y LN 22/3/77. <<

[233] En una misma página de La Opinión se lee sobre un altercado diplomático con el Senado venezolano, declaraciones del embajador de EE. UU. distanciándose de la política de Carter y la opinión de un sindicalista al regresar de Europa de que allí “tienen una imagen totalmente desfigurada de lo que es la Argentina, especialmente con relación al tema de los derechos humanos”. LO 29/3/77. También el escritor Ernesto Sabato, de regreso luego de recibir un premio en París, afirma que en Europa “se ve muy mal a la Argentina”. LO 6/4/77. <<

[234] A raíz de episodios de violencia en Suecia y Alemania escribe: “Mientras en América Latina el terrorismo parece en retroceso, en Europa, lenta pero efectivamente, se están produciendo sucesos como los que ahora han asolado a este continente”. LN 10/4/77. <<

[235] Cable ANCLA del 15/3/77, en VERBITSKY, H., Rodolfo Walsh y la prensa clandestina, op. cit., pág. 98. <<

[236] Ibídem, pág. 99. <<

[237] “Carta abierta de un escritor a la junta militar”. En Ibídem, pág. 121. <<

[238] “La negativa… a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. (…) un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla…” (…) “El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y sólo 10 o 15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados conflictos”. Ibídem, págs. 206–207. <<

[239] Ibídem, págs. 205–208. <<

[240] Al verse perseguido Rodolfo Walsh intentó resistir, presumiblemente para hacerse disparar y evitar ser apresado vivo. Hay testimonios de que efectivamente llegó muerto a la ESMA. Según Horacio Verbitsky la noticia de la desaparición de Walsh no pudo publicarse en ningún diario argentino debido a una prohibición especial explícita de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Ibídem, pág. 42. <<

[241] Cable ANCLA del 15/4/77, en VINELLI, ANCLA, op. cit., págs. 95–96. <<

[242] “En la búsqueda desesperada de nuestros seres queridos… nos conocimos y supimos que no estábamos solos en la desgracia y en el dolor. Que éramos muchos los que no sabíamos dónde estaban nuestros hijos, esposos, hermanos, padres, nietos, adónde se los habían llevado, qué habían hecho con ellos. Allí intercambiamos experiencias e información… Y allí aprendimos que sólo juntos podríamos tener la fuerza necesaria para luchar contra esa nueva forma de represión y tortura a la que nos enfrentábamos” Testimonio del surgimiento de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. En http://www.desaparecidos.org/familiares/historia.html (Consulta: 18 de junio 2012). <<

[243] En BOUSQUET, J. P., Las locas de la Plaza de Mayo. Buenos Aires, Fundación para la Democracia en Argentina/El Cid Editor, 1982, pág. 11. <<

[1] Respectivamente en LN 1/2/78, LN 21/6/77 y LN 23/5/78. <<

[2] LN 31/1/78. <<

[3] Respectivamente en LN 5/6/77, LN 18/7/77, LN 9/8/77 y LN 2/8/77. <<

[4] LN 18/7/77. <<

[5] Ver LN 15/4/77, LN 16/4/77 y LN 6/10/77. <<

[6] El subsecretario de Estado declara: “No pretendemos abrogarnos el triunfo por ninguna situación específica… pero notamos las evidencias tangibles (en) cada continente de que la condición de grandes sectores humanos es menos opresiva hoy de lo que era hace un año”. LN 14/2/78. <<

[7] Chile rechaza un informe sobre derechos humanos presentado en la ONU que manifiesta “indignación por el continuo desaparecimiento de personas” y pide a las autoridades poner fin a esa práctica. LN 28/11/77. Un vocero del Departamento de Estado afirma: “Seguimos muy preocupados por las violaciones de los derechos humanos en Chile… por la continuación de las detenciones arbitrarias y la necesidad de clarificar los interrogantes en torno a las personas que han desaparecido”, LN 2/8/77. Poco después un titular anuncia que “La disolución de la dina chilena sastisface a EE. UU.”, LN 16/8/77. <<

[8] La prensa muestra al presidente vestido de civil y en gesto afable sonriendo junto a su esposa. LN 7/9/77. <<

[9] LO 25/9/77 y LO 21/12/77. Los titulares se refieren a la Argentina “de post–guerra” y a “ganar la paz”. <<

[10] “Le hemos prometido a la Nación ganar la paz, que no es negociarla, es ganarla para ofrecer al pueblo argentino, una paz que merezca ser vivida como merece el pueblo argentino y esa paz será, palabra militar, la que hemos de obtener”. LO 20/4/77. <<

[11] Según el general Viola, “Esa consolidación sólo será completa cuando hayamos alcanzado el FN último de esta lucha, que está más allá de la victoria sobre la subversión. Es necesario ‘ganar la paz’. Una paz que merezca ser vivida”. LN 30/9/77. En otras declaraciones amplía: “Ganar la paz significa… establecer un orden justo, dentro del cual será valedero trabajar y sacrificarse… Ello involucra entre otros requisitos, la institucionalización del proceso, el logro de un estado social justo, una situación de seguridad interna y externa…”. LO 19/11/77. <<

[12] LO 21/7/77, LO 4/8/77. Hasta qué punto estas querellas fronterizas vienen a cubrir la ausencia de información política se evidencia cuando Argentina declara “nulo” el laudo arbitral británico a favor de Chile y Clarín le dedica 9 páginas el 26/1/78. En BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 227. <<

[13] Se informa sobre edificios embanderados y “expresiones de apoyo” al gobierno. LN 27 y 29/1/78. <<

[14] Acerca de “pactos”, “revelaciones” o “conexiones” del “terrorismo internacional” se lee por ejemplo en LN 14/4/78, LN 28/4/78, LN 30/7/77, 31/7/77 y LN 3/8/77. <<

[15] LN 19/3/78 y LN 28/3/78. <<

[16] LN 3/5/78. En una línea similar, el canciller Montes declara que “quizás las pruebas que los europeos comienzan a sentir en carne propia sirvan para hacerles comprender los verdaderos alcances del fenómeno que… tiene raigambre y conexiones internacionales y no es un producto exclusivamente local”. LN 5/5/78. <<

[17] LO 25/10/77. <<

[18] El ex senador Fernando de la Rúa declara en Munich su esperanza de que “la misma energía empleada para condenar el terrorismo en Europa, se use para condenar también el terrorismo que tantos daños y angustias ha causado en la Argentina”. LO 6/11/77. <<

[19] LN 21/4/78. Argumentos similares se leen en LN 28/4/78. <<

[20] LN 28/3/78. <<

[21] “Un camino largo y difícil”, solicitada publicada en LN 4/5/78. <<

[22] La situación de Cámpora, asilado en la embajada de México, sigue siendo un factor de tensión con ese país. El presidente mexicano, José López Portillo, afirma que los esfuerzos por sacar al ex presidente del país “siguen confrontando problemas… pero mantenemos vivo y orgullosamente actuante el derecho de asilo del señor Cámpora”. LO 2/12/77. <<

[23] Declaraciones de Harguindeguy por ejemplo en LN 12/5/77 y LN 2/9/77. <<

[24] Se lee que en una visita a Rosario Harguindeguy “recorrió a pie un tramo de una de las calles céntricas”, que los transeúntes lo reconocieron, los periodistas lo abordaron y él dijo: “nosotros vivimos en tranquilidad, ya que hay que ir a otros países, por ejemplo, de Europa, para ver lo que está ocurriendo; es necesario que los argentinos nos acostumbremos ya a esta tranquilidad”. Junto a él, el gral. Galtieri “destacó el agrado con que efectuaba el paseo” que “demuestra que la vida rosarina ha vuelto a ser lo que fue”. LN 3/4/78. <<

[25] El gral. Sasiaiñ en LN 16/9/77. En una misma frase declaran que “ha vuelto la tranquilidad en el pueblo” pero “a la paz hay que ganarla y mantener la tranquilidad, mediante una vigilancia constante”, como el gral. Menéndez en LN 10/5/78. 26 <<

[26] Sobre la “etapa actual” del “Operativo Independencia” ver LO 29/9/77, LN 29/9/77, LO 6/8/77 y LN 9/2/78. <<

[27] Cable ANCLA del 4/9/77, en VERBITSKY, H., Rodolfo Walsh y la prensa clandestina, op. cit. pág. 115. <<

[28] “Harguindeguy: ya no existe la violencia generalizada”, LN 13/11/77. <<

[29] En una misma página se leen titulares como “Murieron 3 terroristas en un enfrentamiento”, “Un grupo extremista asesinó a un policía”, “Falleció un joven al estallar una granada” y “En un tiroteo murieron 2 hombres y una mujer”. Todos en LN 9/11/77. <<

[30] Noticias de “extremistas abatidos” en “operativos” o “tiroteos” se leen por ejemplo en LN 21/4/77, LN 25/5/77, LO 31/7/77, LO 15/7/77, LO 15/7/77, LN 4/5/77. <<

[31] Por ejemplo “Murió un extremista tras ingerir veneno”, LN 20/7/77, o “Quitóse la vida una delincuente subversiva”, LN 27/10/77. <<

[32] Un parte oficial informa que “una patrulla de las fuerzas legales sorprendió a un activista que incitaba al cese de actividades y trataba de impedir la concurrencia al trabajo de algunos operarios, siendo abatido por el fuego”. El comunicado militar normaliza con esta expresión el asesinato a quemarropa de una persona de la que ni siquiera se menciona si llevaba armas. “Abatieron a un activista en Constitución”, LN 4/11/77. <<

[33] Se agrega que la mujer “se encontraba malamente golpeada” y fue llevada al hospital “no teniéndose luego más noticia de dicha persona”. Fuentes oficiales desmienten el hallazgo. LN 23/10/77. Luego se informa que la mujer fue atacada por “delincuentes comunes” (LN 24/10/77) y por último la policía declara que “no existen los cadáveres que la prensa menciona como encontrados en el fondo de un pozo” y que “está interviniendo… respecto de una persona de sexo femenino que fue encontrada con vida en un pozo”. “Niégase en Córdoba el hallazgo de cadáveres”, LN 26/10/77. <<

[34] Se lee sobre hallazgos de cuerpos de “hombres jóvenes”… “acribillados a balazos”, un cadáver “al que le habían cortado las yemas de los diez dedos para dificultar su identificación”, otro de una mujer de 22 años “cuya desaparición fue denunciada por sus padres pocas horas antes” y un cadáver “de una persona carbonizada en el baúl de un taxímetro incendiado”. Respectivamente en LO 23/11/77, LN 26/4/77, LN 11/7/77 y LN 27/6/77. <<

[35] “Un nuevo cadáver en avanzado estado de descomposición fue encontrado ayer en la costa … El jueves, el cuerpo decapitado y mutilado de una mujer fue hallado en la misma zona. En 1976 aparecieron otros doce cadáveres. El informe policial establece que es imposible determinar el sexo y edad del cadáver”. LN 17/5/77. <<

[36] Se publican listas en LN el 2/7/77, 16/7/77, 23/7/77, 6/8/77 y 13/8/77 y en LO el 13/8/77, 26/11/77 y 21/1/78. Tras especulaciones sobre el tema (LN 15/6/77) se informa que se restablece el derecho de opción (lo 27/9/77). <<

[37] “Estudia el Gobierno la situación de detenidos” LN 12/10/77 p. 1. <<

[38] Por ejemplo una resolución que afecta a 8 personas “convierte en prisión preventiva la simple detención que cumplen en distintos institutos penales…”. LN 17/12/77. <<

[39] Para Agamben la situación creada por la excepción no es ni de hecho ni de derecho, sino que crea entre ambas un paradójico umbral de indiferencia. AGAMBEN, G., Homo Sacer, op. cit., pág. 19. <<

[40] Las sentencias son tan desproporcionadas que parecen continuar esa arbitrariedad: un docente es condenado a cuatro años de prisión por “distribución de volantes” y “facilitar… la FNCA, para reuniones del grupo sedicioso” y nueve personas van presas por realizar “‘volanteadas’, ‘panfleteadas’, reuniones partidarias”; “colocar banderas” y practicar la “lectura en grupos de revistas (partidarias)”. LN 22/12/77 y LN 28/4/78. <<

[41] Videla en LN 27/6/77 y LO 19/4/77. <<

[42] Se prohíbe la edición de una revista por “mostrar al público lector una situación de caos, incertidumbre y de incoherencia frente a hechos que, si bien cierto son reales (sic), resultaban distorsionados”. LO 15/11/77. Más noticias de prohibiciones e intervenciones se leen en LO 27/5/78 y LO 20/4/77. <<

[43] LN 1/8/77. <<

[44] LN 18/10/77. Ver también BLAUSTEIN, E., y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 186. <<

[45] LN 11 y 12/11/77. Según Claudio Uriarte el corresponsal integraba una red de corresponsales extranjeros que se telefoneaba cada mañana para controlar su seguridad y contabilizar el número de muertes y secuestros producidos durante la noche. URIARTE, C., Almirante cero, op. cit., pág. 173. <<

[46] Editorial del BAH del 5/4/77. <<

[47] RUIZ, F., Las palabras son acciones, op. cit., págs. 445–446. <<

[48] “Curiosamente La Opinión era un diario moderado, se le comparaba mucho a Le Monde, pero con relación a las posiciones ideológicas del diario francés, … La Opinión era un periódico típicamente liberal. Por cierto que cometía diariamente lo que en la Argentina podría considerarse el pecado capital: utilizaba el lenguaje preciso que definía las situaciones, las informaciones eran comprensibles y directas”. TIMERMAN, J., Preso sin nombre, celda sin número, op. cit., pág. 27. <<

[49] “Confirmaron la detención de Timerman; sin noticias de Jara” (16/4), luego “El gobierno no puede todavía informar sobre Enrique Jara” (17/4) y “Anunció el Ejército que tiene detenido al señor Jara” (19/4). <<

[50] Se informa por ejemplo que la esposa de Timerman presentó un hábeas corpus. LO 21/4/77. <<

[51] LN 16/4/77. La Opinión destaca que “todos los diarios de la Capital Federal, sin excepción, consignaron ayer con amplio despliegue informativo la detención de (Timerman y Jara)”, que “los diarios de todos los países de América Latina dan prioridad en sus primeras páginas a (esa noticia)”, que a Jara se le había ofrecido la secretaría ejecutiva de la CIDH y que la confirmación en el puesto era inminente, a lo que la diplomacia argentina había reaccionado “con cierta frialdad”. LO 17/4/77. <<

[52] Ante el primer pedido de informes el gobierno comunica a ADEPA que la detención de Timerman “no responde a razones periodísticas, raciales, ni de ninguna otra naturaleza que no sea … en averiguación de un caso delictuoso con connotaciones subversivas” y no debe vincularse con ningún “agravio para el ejercicio de la libertad de prensa”, ante lo cual los gremios de prensa se llaman a silencio sobre el tema. LO 17/4/77. <<

[53] “Me parece increíble que sea yo la única persona dispuesta a hablar en defensa del director de La Opinión… Pero si nadie entre la mucha gente que ayudó en el curso de los años, nadie entre los numerosos socios con que contó, ni nadie entre los miembros de su personal se siente movido a decir algo en su favor, me siento entonces moralmente obligado a hacerlo yo”. En BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 196. <<

[54] El BAH destaca que Timerman “ha estado preguntándole a la mayoría de las personas si sabían cuándo sería arrestado. Podría haber huido del país. Escogió el permanecer en él” LO 17/4/77. <<

[55] LN 16/4/77. <<

[56] El titular dice: “Confirmaron la detención de Timerman; sin noticias de Jara”, LO 16/4/77. <<

[57] “¿Dónde está?”. LO 17/4/77. Días después Jara es liberado junto a Robert Cox, detenido por publicar información local con fuente extranjera. LO 19/4/77, LN 24/4/77 y LO 24/4/77. <<

[58] En los créditos sigue figurando el nombre de su director, pero el 29/4 se lee “editor responsable Ramiro de Casasbellas; Director Jacobo Timerman” y desde el 5/5 se lee el nombre de su esposa como editora responsable. Finalmente, el 25/5 la tapa del diario aparece con una banda que remeda la bandera argentina y el titular “El P. E. intervino La Opinión”, donde se anuncia la modificación de “la estructura” del diario. El 27/5 aparece como interventor el general Goyret, en junio figura el nombre de Goyret sin el cargo y el 13/12 se lee que asume como interventor un coronel y es director el periodista Luis Clur. <<

[59] Donde antes eran tema Baruch Spinoza, Jean Paul Sartre o Ingmar Bergman ahora lo es, por ejemplo, el almirante Brown. <<

[60] Se leen títulos como “Decoración, especialidad del mundo femenino”, 15/1/78. <<

[61] Ambrose Bierce, “Uno de los desaparecidos”. En LO 3/1/78. <<

[62] Se leen análisis de historia argentina apologéticos de las dictaduras, condenas a la guerrilla y el terrorismo de Estado como si fueran equivalentes y críticas al gobierno de Carter y su política de derechos humanos por su “énfasis emotivo en su contenido moral”. Respectivamente en LO del 3/8/77, 9/8/77 y 16/2/78. <<

[63] Respectivamente en LN 11/11/77 y LN 9/4/78, con fuente AFP París. <<

[64] “El traslado efectuóse en un automóvil patrullero, escoltado por tres unidades similares, cuatro motociclistas y un carro de asalto de la Guardia de Infantería. Cuarenta hombres de la Policía Federal tendrán a su cargo, en forma rotativa, la custodia del domicilio del señor Timerman, en tanto que otros dos hombres permanecerán en el interior del departamento para controlar la correspondencia y los llamados telefónicos”. LN 18/4/78. <<

[65] LN 18/4/78. <<

[66] LN 17/4/77, LO 22/7/77 y LN 22/7/77. <<

[67] LO 2/8/77 y LN 2/8/77. <<

[68] Más noticias sobre desapariciones de periodistas se leen en LO 21 y 22/7/77, LN 21 y 22/7/77, LO 21/7/77, LN 31/7/77 y LO 2/8/77. Para un detallado relato del largo cautiverio ilegal de Timerman y las intensas gestiones hasta que es liberado para partir rumbo a Israel en septiembre de 1979, ver MOCHKOFSKY, G., Timerman. El periodista que quiso ser parte del poder (1923–1999), Buenos Aires, Sudamericana, 2003. <<

[69] LN 19/7/77. <<

[70] LN 20/7/77. <<

[71] LO 20/7/77. <<

[72] LN y LO 21/7/77. <<

[73] El presidente venezolano Carlos Andrés Perez expresa a Videla “su preocupación por la suerte personal del diplomático desaparecido”, LO 21/7/77, igual que una entidad empresarial, que destaca “la profunda conmoción que ha causado en todos los círculos” venezolanos la desaparición de Solá. LN 31/7/77. <<

[74] LN 22 y 23/7/77, LO 23/7/77. <<

[75] Una versión de que habría sido visto en Buenos Aires es desmentida; el juez afirma que “carece de noticias sobre esa presunta aparición” y La Opinión agrega que “se desvanece así la especie que había tomado estado público”. LO y LN 6/8/77. Luego ese diario titula: “Sin noticias de Hidalgo Solá” (24/7/77), “Se ignora la suerte de Hidalgo Solá” (26/7/77), “Sin noticias de Hidalgo Solá” (27/7/77), “No hay indicios de Hidalgo Solá” (29/7/77) e “Inquietud venezolana por Hidalgo Solá” (31/7/77). <<

[76] El cargo en Caracas fue cubierto a las 36 horas por un amigo de Licio Gelli y miembro, como Massera, de la logia masónica P2. Indicios de la responsabilidad de Massera en la muerte de Hidalgo Solá se presentan en ANDERSEN, M, Dossier secreto, op. cit., pág. 312 y URIARTE, C., Almirante cero, op. cit., págs. 160–166. <<

[77] LO 3/8/77. <<

[78] LO 30/7/77. <<

[79] LN 10 y 14/9/77. <<

[80] LN 21/9/77. <<

[81] LO 21/9/77. Agrega que “había desaparecido… cuando dos individuos que se identificaron como oficiales de la policía se presentaron en la escuela… y lo obligaron a acompañarlos en calidad de detenido…”. <<

[82] LN 25/9/77. <<

[83] LO 21/9/77. <<

[84] “Aunque no se trató el episodio, los miembros de ambas delegaciones tenían conocimiento de la detención, en Buenos Aires, del maestro Alfredo Bravo, secretario general de CTERA”. LO 10/9/77. <<

[85] LN 10/3/78. <<

[86] Más tarde testimonió que fue “reiteradamente golpeado y variadamente torturado” para que respondiera sobre las organizaciones que dirigió (CTERA y APDH). CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., pág. 252. <<

[87] CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., págs. 351–352. <<

[88] LO 15/12/77 y LN 16/12/77. <<

[89] LN 13/12/77. La noticia es editorializada por el Jornal do Brasil, según se reproduce en LO 17/12/77. <<

[90] LN 14 y 16/12/77. <<

[91] LO y LN 17/12/77. <<

[92] LO 17/12/77. <<

[93] LN 17/12/77. <<

[94] LO y LN 18/12/77. <<

[95] LN 23/12/77. <<

[96] LO 21/1/78. Se agrega que la mitad de los 16 tienen doble nacionalidad argentina y francesa, lo cual “aumenta las dificultades para toda intervención del gobierno de París sobre el particular”. En una situación inversa a la de los refugiados carentes de un Estado que se haga cargo de ellos; aquí son dos jurisdicciones nacionales las que disputan la soberanía sobre sus ciudadanos, en un caso para perseguirlos y ocultarlos y en otro para rescatarlos. Paradójicamente, no es la falta de pertenencia ciudadana sino la doble nacionalidad la que los expone a un vacío jurídico que dificulta su rescate. <<

[97] LO 21/12/77 y LN 11/2/78. <<

[98] LN 31/3/78, LN 6/4/78, LN 11/4/78 y LN 25/4/78. <<

[99] LO y LN 16/2/78, LN 17/2/78. <<

[100] LN 18/12/77, itálica mía. Los restos de las religiosas fueron hallados en una playa argentina y enterrados en fosas anónimas hasta que, en 2005, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. <<

[101] LN 10/4/78. <<

[102] LN 2/1/78. <<

[103] LO 30/11/77. <<

[104] Ibídem. <<

[105] Respectivamente en LO 29/4/77, LO 15/10/77 y LO 21/4/78. <<

[106] Son noticias aisladas como la de un dirigente gremial cordobés detenido por “violar la prohibición de proselitismo político” al “prorrumpir en ruidosas manifestaciones” de apoyo a Perón y cantar la marcha peronista durante un festival folclórico. LO 15/7/77 y LN 12/8/77. <<

[107] La Asociación de Abogados de Buenos Aires emite una declaración por un “irregular procedimiento” contra un colega “que culminó con la noticia de la privación de su libertad”. LN 6/12/77. La desaparición serial de abogados en Mar del Plata en esos días de julio sería conocida luego como “La noche de las corbatas” y ha sido ampliamente documentada. Ver MORA, N., Juicios por la verdad histórica, rituales de la memoria. La reaparición de una trama en Mar del Plata, tesis de licenciatura en Antropología, UBA, septiembre 2005. En http://www.antropojuridica.com.ar/ wp–content/uploads/2012/03/Mora.pdf (Consulta 1 de julio de 2012). <<

[108] Cuando la cámara federal confirma el rechazo de un recurso interpuesto por un abogado llamado Rébori y su esposa “por surgir que esas personas… no aparecen privadas de su libertad por ninguno de los órganos del Estado” el tribunal agrega que no puede, sin embargo “dejar de señalar su profunda preocupación por lo ocurrido en el transcurso de este proceso, pues quien ejerció primeramente como letrado del hábeas corpus —hermano del abogado Rébori— debió ser reemplazado por el abogado ahora actuante, abogado éste que manifestó que el hermano de Rébori habría sido ‘detenido o secuestrado aparentemente por el mismo grupo autor de la detención de Rébori y (su esposa)’”. LN 15/7/77. <<

[109] LN 8/7/77. <<

[110] LN 12/7/77. <<

[111] LN 13/7/77. <<

[112] LN 14/7/77. <<

[113] LO 15/7/77 y LO 19/7/77. En La Nación se lee simplemente que los abogados se solidarizan con los colegas marplatenses “por los gravísimos atentatos de que fueron víctimas miembros de dicho colegio”. LN 19/7/77. <<

[114] LN 16/7/77. <<

[115] LO 21/7/77. <<

[116] Respectivamente en LN 7/12/77 y LO 29/11/77. <<

[117] LN 4/6/77. <<

[118] LN 10/6/77 y LN 16/6/77. <<

[119] Respectivamente en LN 12/12/77, LN 21/11/77 y LN 27/11/77. <<

[120] LN 3/1/78. <<

[121] LO y LN 7/8/77, LO 13/8/77. La misma lógica se lee en la crónica de un periodista “sacado de su domicilio” de madrugada por “ocho individuos vestidos de civil”, que refiere detalladamente su curriculum vitae añadiendo que “es casado y padre de cinco hijos… experto en temas eclesiásticos e históricos” y que ha sido redactor de varias editoriales conocidas y jefe de prensa de organizaciones gubernamentales. LN 4/5/77. <<

[122] Acerca de esta estrategia pueden verse los artículos de E. Jelin y E. Crenzel en CRENZEL, E. (Coord.), Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983–2008), Biblos, Buenos Aires, 2010. <<

[123] BAUMAN, Z., Modernity and the Holocaust, op. cit., págs. 131–132. <<

[124] Respectivamente en LN 17/5/77, LN 23/5/77, LN 19/5/77 y LN 25/4/77. <<

[125] Respectivamente en LN 1/7/77, LN 7/7/77, LN 3/9/77, LN 10/1/78, LN 9/10/77 y LN 7/2/78. <<

[126] LN 9 y 13/2/78. <<

[127] LO 2/4/78, Emilio F. Mignone escribió que le preguntó a Lanusse luego de la misa qué ocurrió con Sajón, a lo que el ex Presidente respondió “Aunque no se lo digo a la esposa para no hacerla sufrir Sajón murió mientras era torturado en el comando del primer cuerpo del ejército”. Mignone lo instó a hacer público el hecho a lo que respondió “que era ante todo militar y no podía hacerlo”. MIGNONE, E., Derechos humanos y sociedad, op. cit., págs. 151–152. <<

[128] LN 29/12/77. <<

[129] LO 21/4/78. La APDH presenta recursos similares el 4/9/77 y un recurso ante el P. E. por la desaparición de más de 300 personas, BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 205. También una solicitada en La Prensa el 17/5/78 que ocupa tres páginas enteras con los nombres de 2.515 desaparecidos. <<

[130] LN 31/12/77. <<

[131] LN 26/8/77. <<

[132] Publicada en La Prensa el 5/10/77, reproducida en BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 212. <<

[133] Ver BOUSQUET, J. P., Las locas de la plaza de Mayo, op. cit., pág. 51. <<

[134] Según Renée Epelbaum, de Madres de Plaza de Mayo, La Prensa publicó la solicitada a una tarifa premeditadamente alta, sabiendo que ellas pagarían cualquier precio y “sacando partido de nuestra miseria”. FEITLOWITZ, M., A Lexicon of Terror, op. cit., pág. 160. El ex director del diario, Máximo Gainza, se enorgullece de haberla publicado y afirma que les costó la pérdida de diez mil lectores. MARCHAK, P., God’s Assassins. State Terrorism in Argentina in the 1970’s, Quebec, McGill Queen’s University Press, 1999, pág. 215. <<

[135] BOUSQUET, J. P., Las locas de la Plaza de Mayo, op. cit., pág. 78; GRAHAM YOOLL, A., The Press in Argentina, op. cit., pág. 147. <<

[136] El gobierno informó a la CIDH que entre abril de 1976 y junio de 1979 se interpusieron 7.066 recursos de hábeas corpus, una cifra “manifiestamente inferior a la que la Comisión ha recibido de otras fuentes”. CIDH, op. cit., pág. 254. <<

[137] Según los informes CIDH y CONADEP el único caso en que un hábeas corpus derivó en la liberación efectiva del beneficiario fue el de Jacobo Timerman (CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, op. cit., pág. 254; CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., pág. 402). En el material revisado se encontró un caso donde el recurso también es efectivo, cuando en la provincia de Corrientes se encuentra al destinatario detenido a disposición del PEN y es liberado. LN 12/4/78. <<

[138] LN 24/4/77. En otro editorial escribe que “no deja… de constituir una transgresión constitucional la prolongada detención de presos políticos, pues lo que pudo ser una medida de seguridad conviértese por el transcurso del tiempo, en la aplicación de una pena”. LN 29/11/77. <<

[139] “…la carencia de acusación concreta o la determinación cierta del destino de aquellas personas privadas de su libertad por gentes que se atribuyen autoridad hieren profundamente el sentido de la justicia si no se halla en el ámbito judicial el medio de hacer cesar la lesión inferida”. LN 21/5/77. <<

[140] LO 15/7/77. <<

[141] LO 13/8/77. Según la Corte “la declaración del Estado de Sitio no es susceptible de revisión por parte de los jueces”, pero “sí está sujeta a control la aplicación concreta de los poderes de excepción”. LO 12/8/77. <<

[142] Firman varios obispos, un rabino y los políticos Alfonsín, Alende y Alicia M de Justo. LO 13/8/77. <<

[143] En un caso en que el destinatario del recurso se halla detenido en una cárcel policial, el juez remite el recurso a la Corte, que se lo devuelve al juez para que dicte “la resolución que estime pertinente”. LO y LN 22/7/77. <<

[144] Respectivamente en LN 24/9/77, LN 9/6/77 y LN 10/5/77. <<

[145] Un caso donde el beneficiario ha sido ubicado detenido y la Corte devuelve la documentación argumentado que “los hábeas corpus son ajenos a su competencia originaria”. LN 19/4/77. <<

[146] LO 20/5/78. <<

[147] LN 30/6/77. <<

[148] LN 2/7/77. <<

[149] LN 21/4/77, LN 6/5/77 y LN 28/7/77. <<

[150] MIGNONE, E., Derechos humanos y sociedad, op. cit., pág. 91. <<

[151] Respectivamente en LN 17/5/77, LN 4/6/77, LN 9/7/77, LN 15/9/77 y LN 14/1/78. <<

[152] LN 14/12/77. <<

[153] En junio se lee que dejó el país un contingente de 49 asilados chilenos, y en julio se informa que en la región fronteriza con Chile hay 1.600 refugiados de esa nacionalidad. LN 25/6/77 y LN 15/7/77. <<

[154] Cuando ACNUR decide otorgar 3,2 millones de dólares para asistir a refugiados argentinos la agencia noticiosa oficial condena el hecho ya que, afirma, “estos mal titulados ‘refugiados’ no son otra cosa que terroristas que huyeron del país después del 24 de marzo del año último y que ahora levantan la bandera de perseguidos políticos”. LN 1/11/77. <<

[155] Aunque hay presiones al interior de los gobiernos para sancionar a las dictaduras. El Partido Laborista británico por ejemplo pide sanciones económicas a los regímenes de Argentina, Brasil y Chile que los obliguen a “poner término a sus ‘continuas violaciones de los derechos humanos’”. LN 13/7/77. <<

[156] Videla manifiesta que “hacia nosotros no hubo… la comprensión que merecíamos”. LO 20/5/78. <<

[157] LO 3/12/77. El llamado “Centro Piloto”, cuya creación se anunció a fines de julio (LO 29/7/77) fue una iniciativa de Massera para realizar tareas de inteligencia y contactos políticos para su propio proyecto en una suerte de diplomacia paralela. Ver URIARTE, C., Almirante cero, op. cit., págs. 200–205; 223–226, ANDERSEN, M., Dossier secreto, op. cit., págs. 322; 328–329, GUEST, I., Behind the Disappearances, op. cit., págs. 70–75. <<

[158] LN 7/6/77. <<

[159] El Buenos Aires Herald informa el 21/11/76 que el gobierno había pagado un millón de dólares a la filial de una agencia publicitaria de EE. UU. para que muestre una mejor imagen de Argentina en la prensa internacional. Ver GRAHAM YOOLL, A., The Press in Argentina, 1973–1978, op. cit., pág. 139. Sobre el trabajo hecho por la consultora Burson Marsteller, incluyendo el testimonio del ejecutivo que tuvo a cargo la cuenta, ver FEITLOWITZ, M., A Lexicon of Terror, op. cit., págs. 42–45. <<

[160] LN 28/1/78. <<

[161] LO 21/4/78. <<

[162] Respectivamente en LN 5/11/77 y LO 2/12/77. <<

[163] “Veníamos a la Argentina con cierto temor… con esa duda sembrada —ahora nos damos cuenta, totalmente infundada— que en este país se asesinaba impunemente en las calles, de que a cada metro nos encontraríamos con tanques, soldados y pertrechos de guerra. Pero nos vamos convencidos de que todo ello es incierto. Y ahora seremos los más entusiastas y fervorosos propagandistas de la Argentina”. LN 17/5/78. <<

[164] 15/6/77. También se lee en LO 23/7/77 y LN 22/7/77. <<

[165] LN 15 y 16/6/77. <<

[166] LN 19/6/77. <<

[167] Si existen “actos aislados delictuosos”, asegura el gobierno argentino, son “abusos de autoridad o de crueldad personal de algún elemento de las fuerzas de seguridad” y “constituyen un delito común”. LN 21/6/77. <<

[168] LO 22/6/77. <<

[169] LO 12/11/77. <<

[170] LN 16/2/78. <<

[171] LO 9 y 10/9/77. <<

[172] Menciones al antisemitismo en la prensa argentina se leen en LO 9/7/77, LN 8 y 9/7/77, LN 30/7/77 y LN 25/3/78. Sobre el trato a prisioneros judíos en los CCD ver CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., págs. 69–75 y CIDH, op. cit., págs. 278–280. <<

[173] LN 10/9/77. <<

[174] LO 10/9/77 y LO 11/11/77. <<

[175] LN 16/12/77. <<

[176] Ver LO y LN de entre el 6 y el 10/8/77. <<

[177] LO y LN 11/8/77. <<

[178] LO 16/8/77. <<

[179] LN 20 y 21/11/77 (Fuente Reuter Washington). <<

[180] LO 22/11/77. <<

[181] En la lista constaría también que desde el golpe de Estado fueron asesinadas 10.000 personas, 15.000 están desaparecidas y hay 18.000 presos políticos. PRAMANN, U.; FUCHS, P.; HEUSSEN, H.; LOPEZ, M., Fussball und Folter. Argentinien ’78, Hamburgo, Rowohlt, 1978, pág. 74. <<

[182] LO 22/11/77. <<

[183] LN 22/11/77. <<

[184] LO y LN 26/11/77. <<

[185] LO 30/11/77. <<

[186] LO 3/12/77. <<

[187] LN 20/8/77. <<

[188] Según Todman “el gobierno está haciendo públicos los nombres de las personas arrestadas, lo que podrá permitir averiguar quienes son los desparecidos”. LN 26/8/77. <<

[189] LN 21 y 22/5/78. <<

[190] Además de las gestiones de Francia por las monjas desaparecidas se informa que la Embajada de la República Federal Alemana estuvo en “permanente contacto” con la Cancillería argentina “interesándose sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la ciudadana alemana Elizabeth Käsemann, abatida por las fuerzas leales en un enfrentamiento con elementos subversivos”. LN 30/6/77. Se lee que el ministerio de Exteriores de la RFA “presionó a las autoridades argentinas para que dieran una explicación fehaciente del hecho” y presentó una protesta oficial a Buenos Aires “porque el gobierno alemán fue informado dos semanas después de la muerte de la mujer”. Cuando el gobierno de Bonn admite que Käsemann, una trabajadora social, “realizó en Argentina actividades políticas” los militares lo toman como un triunfo diplomático. El mismo recuadro informa que el embajador en Madrid debe responder ante parlamentarios socialistas españoles sobre “la suerte de los socialistas argentinos desaparecidos”. LO 9/8/77. <<

[191] LN 19/8/77. <<

[192] Según un participante italiano Martínez “había ‘atacado la objetividad de los expertos’, quienes ‘no deben recibir lecciones de un embajador de la Argentina’” y según otro de Bélgica éste “no entiende el sistema” de la subcomisión y “debe prepararse mejor antes de asistir a las reuniones”. LN 25/8/77 (Fuente AP Ginebra). <<

[193] Respectivamente en LN 22/8/77 y LN 4/9/77. Para la historia detallada de las tensiones entre el embajador Martínez y el experto a cargo de las denuncias por las desapariciones en Argentina, ver: GUEST, I., Behind the Disappearances, op. cit. <<

[194] LO 2/12/77 y LN 3/12/77. <<

[195] LN 8/11/77. <<

[196] LN 11/3/78. <<

[197] LN 17/12/77 y LN 14/1/78. <<

[198] LN 14/1/78. <<

[199] Tras las críticas por seis meses sin respuesta a los pedidos del gobierno francés, la junta militar reacciona pocos días después con una carta a Giscard D’Estaing “informándole respecto a todas las investigaciones que se están realizando”. La nota es recibida en Francia con frialdad destacando que “el texto enviado por Videla es la primera respuesta oficial argentina a todas las peticiones del gobierno francés en el problema de las religiosas y de los residentes franceses en general”. LN 20/1/78 y LN 24/1/78, Fuente: AFP Paris. <<

[200] LN 12/4/78. <<

[201] LN 6/5/78. <<

[202] LN 12, 18 y 19/5/78. <<

[203] LO 1/11/77 y LN 22/2/78. <<

[204] LN 17/2/78 y LO 7/4/78. <<

[205] LO y LN 13/5/77. La Nación informa también sobre manifestaciones de protesta por la presencia de Videla en Caracas. <<

[206] LN 19/5/78. <<

[207] LN 10/6/78. <<

[208] LN 9/9/77. <<

[209] “Debemos aceptar como una realidad que en la Argentina hay personas desaparecidas. El problema no está en asegurar o negar esta realidad sino en saber las razones por las cuales esas personas están desaparecidas” (…) “Han desaparecido para pasar a la clandestinidad y sumarse a la subversión; han desaparecido porque la subversión las eliminó por considerarlas traidoras a su causa; han desaparecido porque en un enfrentamiento, donde ha habido incendios y explosiones, el cadáver fue mutilado hasta resultar irreconocible, y acepto que puede haber desaparecidos por excesos cometidos en la represión. Esta es nuestra responsabilidad: las otras alternativas no las gobernamos nosotros”. LN 15/9/77. <<

[210] Montes responde: “Algunos pertenecen al terrorismo y salieron del país con documentos falsos y no sabemos dónde están, en tanto desertaron de las filas legales, y optaron también por dejar el territorio nacional”. El cable de afp fechado en San José agrega que “admitió, sin embargo, la existencia de ‘algunos excesos’ que el gobierno está tratando de controlar totalmente…”. LN 25/11/77. <<

[211] LO y LN 13/12/77. <<

[212] LN 13/12/77. <<

[213] LO 18/12/77. El mismo razonamiento acerca de la diferencia entre las cifras de detenidos–desaparecidos y la capacidad carcelaria había llevado a Emilio Mignone a deducir que los desaparecidos eran asesinados clandestinamente. Ver MIGNONE, E., Derechos humanos y sociedad, op. cit. <<

[214] LN 18/12/77. <<

[215] Clarín del 18/12/77 titula en tapa: “Videla: ‘son 4.000 los subversivos detenidos’”. En BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 221; pocos días después La Razón reproduce al brasilero Folha de São Paulo donde Videla se refiere a los “excesos”. Ibídem, pág. 224. <<

[216] Sin embargo, los discursos de los jefes militares no fueron todo el tiempo homogéneos, sino que reprodujeron las diferencias de doctrina represiva y estilos comunicativos y las disputas de poder al interior de las FF. AA. Massera mantuvo una postura de abierta mentira negando hasta la existencia de prisioneros en la ESMA, pero declaraba públicamente que a diferencia del Ejército sí era partidario de difundir “listas de detenidos”. Consultado por la desaparición de personas contesta que “se están investigando” y a la pregunta por las monjas francesas e Hidalgo Solá el responsable de sus muertes responde: “Son muchas las personas que han desaparecido, y muchísimos los casos en que, comprobamos después, se trataba de fugas…” LN 22/2/78. <<

[217] LN 26/5/78. <<

[218] La descripción de los preparativos para el Mundial no oculta esta condición “cosmética”, escenográfica sino que comenta: “La ciudad reclamará para sí el recuerdo de una semana que terminó ayer en la que se armó la escenografía para ponerse a tono con el acontecimiento cumpliendo muchas horas–hombre de trabajo (…) para reparar veredas,… cubrir baches ominosos” en lo que se refiere como la “jornada en que terminaron de lavar la cara y los pies a Buenos Aires”. LO 1/6/78. <<

[219] El número de desapariciones registradas desciende notablemente durante 1978 y decrece hasta las pocas decenas en los años siguientes. Más del 45 % de las personas que desaparecen lo hacen en 1976 y más del 35 % cae en 1977. En 1978, en cambio, se registra sólo un 10 % de las desapariciones. CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., pág. 298. <<

[220] LARSEN, N., (Comp.), The Discourse of Power. Culture, Hegemony and the Authoritarian State in Latin America, Minneapolis, Institute for the Study of Ideologies and Literature, 1983, pág. 117. <<

[221] El autor considera el campeonato como una promesa “narcótica” de resolver las dificultades de gobernar sin mediaciones culturales, un escape a un “mundo perdido” de consenso y normalidad. Ibídem. <<

[222] En BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 31. <<

[223] LN 5/3/78. <<

[224] Durante todo el mes se leen comunicados condenando las campañas de denuncia internacionales y apoyando al gobierno y al Mundial. Ver por ejemplo LN 3/6/78. Hacia el fin del campeonato más de 300 entidades civiles de distinto carácter (comerciales, civiles, vecinales, deportivas, etc.) emiten un comunicado conjunto para “contrarrestar” “la insidiosa campaña” contra el país bajo el lema “La verdadera Argentina también es noticia”. LN 23/6/78. <<

[225] FEITLOWITZ, M., A Lexicon of Terror, op. cit., pág. 37. <<

[226] LN 10/6/78. <<

[227] Clarín 3/6/78. <<

[228] GILBERT, A. y VITAGLIANO, M., El terror y la gloria. La vida, el fútbol y la política en la Argentina del Mundial 78, Buenos Aires, Norma, 1998, pág. 86. <<

[229] Es Julián Delgado, director de la revista Mercado y el diario El Cronista Comercial. BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 254. <<

[230] Mientras se festeja en las calles la goleada del equipo local al de Perú, el canciller Osvaldo Montes se ve obligado a invitar al país a la CIDH, por “denuncias relativas a secuestros, desapariciones, torturas y campos de concentración”. Ambas noticias coexisten en la tapa de Clarín del 22/6. Otras tapas combinan títulos como “Llegó el seleccionado y continuó el festejo” junto con “La posición de la Argentina en la OEA”, LN 23/6/78, o “Italia y Brasil definirán hoy el tercer puesto” al lado de “Un decidido alegato del canciller Montes. Rechazó las acusaciones de violación de los derechos humanos y exhortó a combatir la acción del terrorismo”, LN 24/6/78. La extraña convivencia se repite el día de la final en los titulares “Argentina por la copa del mundo”, sobre una foto de banderas agitándose en un estadio y “Derechos Humanos. Piden precisiones en la OEA sobre invitación de Montes”, Clarín 25/6/78, y se mantiene al terminar el Mundial: “Sigue el júbilo por el campeonato” junto a “El debate sobre derechos humanos siguió en la OEA”, LN 27/6/78. <<

[231] Clarín 2/6/78. <<

[232] Clarín 2/6/78. <<

[233] Clarín 25/6/78. <<

[234] LN 25/6/78. <<

[235] Clarín 26/6/78. <<

[236] Clarín 26/6/78. <<

[237] Clarín 26/6/78. <<

[238] LO 7/6/78. <<

[239] Clarín 1/6/78, Suplemento Mundial. <<

[240] Clarín 1/6/78, Suplemento Cultura y Nación. <<

[241] “No faltó el patrullero policial totalmente cubierto por un amplio paño celeste y blanco, a la vez que su sirena se unía a una única y clamorosa expresión”. LN 22/6/78. <<

[242] Clarín 1/6/78, Suplemento Mundial. <<

[243] LO 2/6/78. <<

[244] GILBERT, A. y VITAGLIANO, M., El terror y la gloria, op. cit., pág. 94. <<

[245] Todos en Clarín, 1/6/78. <<

[246] Según el autor “por eso estaba equivocado Borges al condenar el fútbol”, ya que “si hubiera podido ver con sus ojos lo que vieron… todos los argentinos el 1.º de junio… habría escrito un poema”. Clarín 8/6/78, Suplemento Cultura y Nación. <<

[247] LO 17/12/77 y LN 12/5/77. <<

[248] “El único grito fue: ¡Argentina!”. LN 26/6/78. <<

[249] LN 26/6/78. <<

[250] BAJTIN, M., La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais, Madrid, Alianza, 1987, pág. 27. <<

[251] Al comienzo del Mundial se anuncia que casi no habrá estrenos cinematográficos durante ese mes y que durante la inauguración “la ciudad (estuvo) desierta en una inusual siesta”, con el transporte público vacío, LO 2/6/78. La tarde del primer partido del equipo argentino se declara “feriado nacional” y en otras fechas en que juega la selección local se modifican los horarios de trabajo y se declara asueto escolar. LO 30/5/78. <<

[252] “El pueblo vivió el triunfo” LN 3/6/78, Suplemento Mundial. <<

[253] “Una multitud en la ciudad” LN 22/6/78, Suplemento Mundial. <<

[254] Clarín 22/6/78. <<

[255] Clarín 22/6/78. <<

[256] LN 3/6/78, Suplemento Mundial. <<

[257] LN 3/6/78, Suplemento Mundial. <<

[258] “Los porteños, acaso siguiendo una consigna no dictada, respondiendo intuitivamente a una motivación semejante, comenzaron a ganar el centro de Buenos Aires”, “Caravanas de automóviles”, “Sonaban bocinas, cornetas, matracas”, “una multitud coreaba estribillos, entonaba cánticos”, “la euforia contagiaba”. LN 7/6/78. <<

[259] LN 19/6/78, Suplemento Mundial. <<

[260] LN 22 y 23/6/78. <<

[261] “El coro estridente se repetía sobre un río de banderas. Un solo grito” (…) “La euforia llegaba a picos inimaginados” (…) “La indiferencia era imposible”… “Nadie dormía en Buenos Aires. La vigilia del largo sueño había terminado”… “un colorido carnaval contagioso, que no respetaba sexos ni edades”. LN 26/6/78. <<

[262] Clarín 26/6/78. <<

[263] Odo Marquard sostiene que los hombres no sólo temen a la guerra sino que de algún modo también la desean, al menos inconscientemente, a fin de escapar de su cotidianeidad, y se ven fascinados por el alivio que supone la guerra a la rutina habitual. Ver, MARQUARD, O., “Pequeña filosofía de la festa”. En VV. AA. La fiesta. Una historia cultural desde la Antigüedad hasta nuestros días, Madrid, Alianza Editorial, 1993. <<

[264] LO 1/6/78. <<

[265] Según La Nación, Holanda es “donde fue más persistente y articulado el intento de boicot contra la realización aquí del (Mundial)”. LN 4/5/78. Algunos futbolistas holandeses se entrevistaron con las Madres de Plaza de Mayo. Según el recuerdo de un integrante de esa selección los argentinos “se convirtieron en personas enfervorizadas que se movían como una masa histérica. Tuvimos un poco de miedo antes de ese partido, incluso llegamos a pensar que lo mejor era no ganar… Teníamos miedo de ganar”. En GILBERT, A. y VITAGLIANO, M., El terror y la gloria, op. cit., pág. 212. <<

[266] Ver, MEIER, Ch., “La gran festa de Olimpia en la Antigüedad clásica”. En VV. AA. La fiesta. Una historia cultural desde la Antigüedad hasta nuestros días, op. cit. Madrid, Alianza Editorial, 1993. <<

[267] El médico de la selección nacional declara que ésta “tiene una gran higiene mental y conciencia sanitaria”, Clarín 22/6/78. <<

[268] Ver, DELICH, F., “La metáfora de la sociedad enferma”, op. cit. <<

[269] Clarín 20/6/78, Suplemento Espectáculos. <<

[270] Alejandro Pont Lezica, disc–jockey, en GILBERT, A., El terror y la gloria, op. cit., pág. 157. <<

[1] FOUCAULT, M., La voluntad de saber, op. cit., pág. 165. <<

[2] FERRER, Ch., “Una palabra del idioma castellano. Historia experimentada, historia póstuma y drama jurídico”, Nueva Sociedad 161, Caracas, May–Jun 1999, págs. 174–181. <<

[3] O’DONNELL, G., Democracia en la Argentina: micro y macro, op. cit. <<

[4] Ibídem, pág. 4. <<

[5] Ver BAUMAN, Z., Modernity and the Holocaust, op. cit. <<

[6] FOUCAULT, M., Genealogía del Racismo. De la Guerra de razas al racismo de Estado, Madrid, La Piqueta, 1992, pág. 265. El autor agrega: “cuando hablo de ‘matar’ no pienso simplemente en el asesinato directo, sino en todo lo que puede ser también una muerte indirecta: el hecho de exponer a la muerte o de multiplicar para algunos el riesgo de muerte, o más simplemente la muerte política, la expulsión”. Ibídem, pág. 266. <<

[7] “El racismo… permite establecer una relación entre mi vida y la muerte del otro que no es de tipo guerrero, sino de tipo biológico.(…) La muerte del otro, la muerte de la mala raza, de la raza inferior (o del degenerado o del inferior) es lo que hará la vida más sana y más pura”. Ibídem, pág. 265. <<

[8] Ibídem, pág. 70. <<

[9] FOUCAULT, M., Historia de la sexualidad I, op. cit., pág. 165. <<

[10] Según el almirante Guzzetti “el cuerpo social del país está contaminado por una enfermedad que corroe sus entrañas y forma anticuerpos” que son “una reacción natural de un cuerpo enfermo”. LO 3/10/76. Un editorial de La Nación se refiere a la “amenaza constante” que “ha venido a herir el cuerpo de nuestra comunidad” y a la “débil conciencia de la infección que nos asedia”. LN 6/5/76. <<

[11] DELICH, F., “La metáfora de la sociedad enferma”, op. cit., pág. 12. <<

[12] Según Susan Sontag, si la tendencia a asociar la epidemia con el desorden social era una figura habitual ya en la Edad Media, en la modernidad se emplea para “justificar” las medidas más extremas. Si la metáfora de la enfermedad nunca es inocente, afirma, la del cáncer es su peor expresión pues es implícitamente genocida. SONTAG, S., Illness as Metaphor and AIDS and its Metaphors, Picador, Nueva York, 2001, pág. 84. <<

[13] En Clarín 24/10/75, citado en MIGNONE, E., Derechos Humanos y sociedad, op. cit., pág. 66. <<

[14] The Times 2/6/80, citado en Ibídem, pág. 69, itálica mía. <<

[15] FOUCAULT, M., Historia de la sexualidad I, op. cit., págs. 170; 174. <<

[16] LO 29/10/76. <<

[17] LN 30/10/76. <<

[18] LN 2/11/76. <<

[19] El procedimiento, se informa, “se hizo con la intención de apoyar a la población y brindar mejoras higiénicas y sanitarias, y librar ‘al mismo tiempo’ (al barrio) de vecinos indeseables”. El operativo consistió en varias acciones sucesivas, primero un “rastrillaje ‘casa por casa’ en busca de armas, explosivos, material de propaganda subversiva o refugios extremistas”; “Posteriormente se procedió a la identificación de cada uno de los habitantes” —algunos fueron detenidos por falta de documentación— y “concluido el rastrillaje equipos sanitarios “aplicaron vacunas”. También fueron vacunados los perros y se realizaron “revisaciones bucodentales” y les siguieron “funcionarios de la Dirección de Viviendas, que inspeccionaron la situación habitacional y de la Dirección de Migraciones que se ocuparon de los extranjeros en situación ilegal”. “Al concluir el control, los efectivos repartieron alimentos” y “los vecinos colaboraron con la limpieza de canaletas de desagüe y veredas… y llevaron los residuos hasta los camiones recolectores… mientras que los efectivos militares realizaron un blanqueo de paredes”. El operativo fue supervisado por uno de los máximos jefes de la represión, el general Olivera Rovere. LN y LO 26/11/76. <<

[20] LN 5/12/76 y LN 3/3/77. <<

[21] LO 18/4/78. Se lee sobre otro operativo, “subdividido en operaciones militares y de seguridad y de acción cívica”, realizado en la Patagonia, en el que se hallaron “armas sin denunciar, personas extranjeras sin permiso de radicación y otras sin justificar su presencia en la zona”, se dio “atención médica a 56 familias, 77 niños y 25 adultos” y se verificó el “estado de higiene de los comercios”. LO 5/12/76. La Armada, ansiosa de no perder protagonismo público ante el Ejército, lleva a un contingente de niños asmáticos a Tierra del Fuego para su tratamiento y organiza un “operativo sanitario” destinado a “la población infantil. LO 13/8/76 y LN 11/10/77. Itálica mía. <<

[22] Un comunicado militar señala “anormalidades” como “menores en lugares y horas poco propicias para su edad” o “personas que no tienen en su poder documentos de identidad, lo que obliga a detenerlos…” y advierte “a la población toda, y en general a los padres y juventud, el cumplimiento de leyes, disposiciones, normas y edictos”, a los padres, “controle sus salidas, sus amigos, sus lugares de diversión y horarios” (de los hijos) y “a la juventud: sepa elegir sus amigos, no se deje seducir por diversiones poco claras, su responsabilidad es trabajar y/o estudiar”. LN 28/10/76. <<

[23] AGAMBEN, G., Homo Sacer, op. cit., pág. 186. <<

[24] “La salud se destaca por ocupar un lugar preponderante en el desarrollo armónico de la Nación” (…) “Si el recurso más preciado de un país son las personas que lo habitan, resulta prioritario todo aquello que conduzca a su preservación y desenvolvimiento, que debe comenzar por el cuidado de la salud.” (…) “Para las Fuerzas Armadas, la salud adquiere una relevancia muy particular, por la estrecha vinculación que existe entre el estado del potencial humano y la defensa y seguridad nacional”. Declaración militar emitida por radio y reproducida en LN 12/9/77. <<

[25] Ambas en LO 16/11/76. <<

[26] VIRILIO, P., “Politique de la disparition”, en L’horizon négatif, Galilée, Paris, 1985. Traducción mía. Virilio asocia esta industrialización de los vivos con el contrabando de órganos para transplantes, los bancos de esperma para la inseminación artificial, la utilización de fetos humanos para el tratamiento de diabéticos y de cadáveres como “modelos” para las investigaciones en seguridad automovilística. <<

[27] Ibídem. <<

[28] La declaración es del gral. Nicolaides (“Una copiosa documentación…”. LN 21/4/77. Itálica mía). <<

[29] AGAMBEN, G., Lo que queda de Auschwitz, op. cit., pág. 88. <<

[30] Se lee que una comisión ministerial debate cuestiones demográficas y de “distribución en el territorio nacional y la calidad de vida”. LN 24/12/76. <<

[31] LN 2/9/76. <<

[32] LO 7/12/76. <<

[33] LN 20/8/76 y LN 20/11/76. <<

[34] LN 25/9/76. <<

[35] Estos aspiran al “crecimiento cuantitativo y cualitativo de la población a través de cursos de acción destinados a incrementar ‘sensiblemente su ritmo de crecimiento demográfico’ y a elevar ‘la calidad en cuanto a cultura, salud, educación y capacitación, eficiencia económica y espíritu de empresa y otros atributos, preservando la unidad y los valores nacionales”. LO 10/2/78. <<

[36] Declaraciones de Díaz Bessone en Nueva York. LO 21/4/77. Ver también LN 7/2/78 y LN 14/4/78. <<

[37] Se procesa a personas que no limpiaron las “leyendas de carácter subversivo” del frente de sus casas por “colaboradores de la subversión por negligencia”. LN 28/11/76. Más noticias al respecto se leen el 21/12/76. <<

[38] Cuando un diario catamarqueño denuncia el hecho el gobierno tucumano responde que se trata de “un grupo de contraventores consuetudinarios de ordenanzas municipales y policiales vigentes y a la vez fugitivos crónicos de establecimientos de internación”. LO 23/7/77 y LN 20/7/77. El Ejecutivo tucumano se desentendió así del hecho. Ya antes, sin embargo, el gral. Bussi había advertido su intención de “detectar a los extremistas y … echarlos o liquidarlos, en una tarea que podemos llamar de desinfección”. LO 30/12/75. Itálica mía. Décadas más tarde, durante los '90, mientras Bussi era gobernador electo de esa provincia se produjo un episodio similar en que enfermos mentales y vagabundos fueron enviados en tren a una provincia vecina. <<

[39] OSZLAK, O., Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano, Buenos Aires, Humanitas, 1991. Cuando se desaloja una manzana de la capital para construir una plaza, La Nación informa que “se erradicó una vivienda precaria, en la que se alojaban sujetos de mal vivir” y que “debido a que la zona se ha convertido en un grave foco infeccioso… se efectuarán tareas de fumigación y limpieza”; en cuanto a los habitantes, se agrega que “se trasladó a varias familias… en camiones municipales”, sin aclarar adónde. LN 7/6/77. <<

[40] En un editorial de La Nación se lee: “Luego de una intensa campaña… se logró hacer desaparecer casi completamente el espectáculo de menores de ambos sexos que, en los medios de transporte y en la vía pública, deambulaban implorando la caridad o cometiendo, otras veces, desmanes”. LN 22/11/77. <<

[41] En libros de texto de la materia “Formación Moral y Cívica” se lee: “Por exigencias psicológicas y físicas tanto del hombre como de la mujer, debe quedar el varón constituido en autoridad, asumiendo la primacía de la razón y de la dirección. A la mujer corresponden —por naturaleza— la ternura y el amor. De no ser así, la anarquía y la insatisfacción de sus miembros es un hecho.”(…) “Negar la autoridad paterna es despedazar la familia. La obediencia de la mujer a la autoridad del jefe de familia, tiene gran influencia formativa en los hijos…”. Citados en SPITTA, A., “El ‘Proceso de Reorganización Nacional’ de 1976 a 1981: los objetivos básicos y su realización práctica”, en WALDMANN, P. y GARZÓN VALDEZ, E., (Comps.), El poder militar en la Argentina (1976–1981), Francfort del Meno, Vervuert, 1982, pág. 91. <<

[42] RICHARD, N., “Género”, en ALTAMIRANO, C., (dir.), Términos críticos de sociología de la cultura, Buenos Aires, Paidós, 2002, pág. 96. <<

[43] DE LAURETIS, T., “La violencia de la retórica. Consideraciones sobre representación y género”, en Travesías. Temas del debate feminista contemporáneo, N.º 2, Buenos Aires, CECYM, Oct. 1994, págs. 103–125. <<

[44] Michele Mattelart citada en LAUDANO, C., “Mujeres y medios de comunicación. Notas para un debate”, en Travesías. Temas del debate feminista contemporáneo, N.º 4, Buenos Aires, CECYM, nov. 1995, pág. 14. <<

[45] Frank Graziano remonta esta “feminización” geopolítica de América Latina a la conquista por los europeos y la designación del “nuevo mundo” como “América”, forma femenina del nombre de Américo Vespuccio, operación que se repite en la feminización de los nombres “Colombia” y “Bolivia” a partir de Colón y Bolívar, todos expresión del tropo del país–mujer. GRAZIANO, F., Divine Violence. op. cit., pág. 171. <<

[46] Diana Taylor señala incluso la connotación ambiguamente sexual del primer comunicado de la junta militar tras el golpe de Estado, donde declara haberse constituido en “órgano supremo de la Nación” para “llenar el vacío de poder” encarnado en Isabelita. Los cuerpos, según esta autora, se convertían en cuerpos feminizados, “penetrables”, en coincidencia con el ideal militar de un cuerpo político y social dócil TAYLOR, D., Disappearing Acts, op. cit., págs. 66 y 152. <<

[47] JELIN, E., Los trabajos de la memoria, Buenos Aires/Madrid, Siglo XXI Editores, 2002, págs. 99–107. <<

[48] Los militares se representaban a sí mismos como pura superficie: inequívocamente masculinos, visiblemente agresivos, identificables y ubicuos en sus uniformes. Esta imagen se oponía a la de los cuerpos “femeninos”, asociados a espacios interiores y peligrosos, ocupados por subversivos ocultos y “enfermizos”. TAYLOR, D., Disappearing Acts, op. cit., págs. 97; 67. <<

[49] Susan Sontag se refiere a la predilección de los líderes fascistas por las metáforas sexuales. Escribe que como Nietzsche y Wagner, Hitler consideraba el liderazgo como la dominación sexual de las masas “feminizadas”. La expresión de la multitud en el film de Leni Riefenstahl El triunfo de la voluntad es de éxtasis: un orgasmo producido por el líder. SONTAG, S., “Fascinating Fascism”, en Under the Sign of Saturn, Londres, Vintage, 1996, pág. 102. Sobre la ideología que subyace a la tortura sexual ver: Agger, Inger/Jensen, Sören Buus. “La potencia humillada: tortura sexual de presos políticos de sexo masculino. Estrategias de destrucción de la potencia del hombre”. En RIQUELME, H., Era de nieblas, op. cit., págs. 43–66. <<

[50] FEIJOO, M. C./ GOGNA, M., “Las mujeres en la transición a la democracia”, en JELIN, E., (comp.), Los nuevos movimientos sociales, Buenos Aires, CEAL, 1989, págs. 43–44. <<

[51] Ver LAUDANO, C., Las mujeres en los discursos militares (1976–1983), Editorial La Página/REUN, La Plata, 1998. <<

[52] FEIJOO, M. C.; GOGNA, M., “Las mujeres en la transición a la democracia”, op. cit. <<

[53] Así se explicaría también la “selección criminalizante” del poder punitivo, que disminuye su intensidad con las mujeres puesto que “no son percibidas como potenciales delincuentes porque se presume una incapacidad, una debilidad corporal e intelectual, un infantilismo constitucional”. BAS CORTADA, A. /DANIELETTO, M., “Mujeres en lucha. La fuerza simbólica de una doble exclusión”, en Indice. Revista de Ciencias Sociales. DAIA/CES, Año XXXIV, N.º 20, Buenos Aires, abril 2000, pág. 392. <<

[54] LO 5/11/76. Rattenbach no nombra a la presidente por su cargo sino que se refiere al “problema de la señora que ocupa la Presidencia de la Nación”, como si usurpara el puesto que le corresponde por derecho constitucional. <<

[55] lo 25/11/77. El jefe de los marinos no aclara qué actividades navales podría ejecutar con “eficiencia” las mujeres en Salta, provincia mediterránea, la más lejana a la extensa costa marítima argentina. Según otra noticia sobre la inauguración del Liceo Naval para mujeres, las cadetas se entrenarían en un embalse. LN 29/9/77. <<

[56] LN 23/5/78. <<

[57] LN 4/1/76. <<

[58] DIANA, M., Mujeres guerrilleras, op. cit., pág. 13. La ingenuidad casi infantil de la autora —“¿Qué sentimientos las habían llevado de su mundo de arte y música hasta el escenario de los grupos guerrilleros?”— vale como síntoma de una clase entera y el diálogo, a veces la discusión, que entabla con sus entrevistadas expresa una voluntad de (re)conocimiento entre sectores sociales y/o políticos que en verdad apenas ha tenido lugar en la sociedad argentina. La auténtica perplejidad de Diana es que haya mujeres que puedan ser guerrilleras y por eso el nombre de su libro reúne ambos términos en un enunciado que es, en verdad, una redundancia. Por otra parte, todas las mujeres que dan su testimonio critican la decisión de Diana de resaltar ese aspecto militarista puesto que, afirman, la acción armada era sólo una opción al interior de una lucha política más amplia. Se identifican en cambio como militantes y restan importancia a la circunstancia puntual del contacto con las armas, que para la recopiladora es crucial. <<

[59] Eso se lee en casi todos los testimonios, tanto de hombres como de mujeres, reunidos en DIANA, M., Mujeres guerrilleras, op. cit. <<

[60] CALVEIRO, P., Política y/o violencia, op. cit. <<

[61] CONADEP, Informe Nunca más, op. cit., pág. 294. <<

[62] BAS CORTADA, A. y DANIELETTO, M., “Mujeres en lucha”, op. cit., pág. 381. Ese porcentaje es coherente con la tendencia a una creciente participación de las mujeres en la vida pública en esa década. Entre 1960 y 1980 la matrícula universitaria femenina pasó del 20,5 % al 47,9 % y la población económicamente activa entre las mujeres aumentó del 21,8 % al 30,5 %. Ibídem. También había aumentado el número de parlamentarias: de una diputada en 1963 se había pasado a diecisiete en 1973. FEIJO, M./ GOGNA, M., “Las mujeres en la transición a la democracia”, op. cit., pág. 42. <<

[63] Ibídem. <<

[64] LN 28/9/75. <<

[65] Observan una construcción arquetípica de la mujer–víctima en las noticias de violación, donde “la discriminación de la mujer circula como reafirmación de una imagen de predestinación a ser la víctima del varón”. CHEJTER, S., “El discurso periodístico de la violación”, en Travesías. Temas del debate feminista contemporáneo, N.º 4, Buenos Aires, CECYM, nov. 1995, pág. 30. Así se reproduce una “gramática de la violencia” que identifica a las mujeres como objetos de violencia y a los hombres como sujetos de la violencia y operadores de sus herramientas. MARCUS, S., “Cuerpos en lucha, palabras en lucha: una teoría y una política de prevención de la violación”, en Travesías. Temas del debate feminista contemporáneo, N.º 2, Buenos Aires, CECYM, Oct. 1994, pág. 89. <<

[66] Eso sucede con la única noticia sobre Madres de Plaza de Mayo publicada en La Nación en el período estudiado, donde se informa que fueron detenidas “16 personas”, nombradas también como “los apresados”, sin mencionar su género aunque 12 de ellos son mujeres y presentando la noticia por la circunstancia, pasiva, de haber sido detenidas y no por la acción que llevaban a cabo. LN 26/8/77. <<

[67] CARASSAI, S., The Argentine Silent Majority, op. cit. <<

[68] MARGULIS, P., “Representaciones del cuerpo en Para Ti durante la década del ‘70”, en ANDÚJAR, A. et al. (Comps.), Historia, Género y Política en los ‘70, Feminaria, Buenos Aires, 2005, pág. 468. <<

[69] LO 27/11/75. <<

[70] LN 3/12/76. <<

[71] LO 1/11/75. <<

[72] LO 28/12/75. <<

[73] Luego de un operativo se lee que “los extremistas habían dado siempre buena imagen en el vecindario, al abstenerse durante las horas de luz natural, de realizar movimientos que pudieran despertar sospechas de los vecinos. Colaboraban con éstos y se mostraban siempre amables”,… “un matrimonio con dos niños”, que realizaban “una vida normal”. LN 13/9/75. <<

[74] Se las nombra por ejemplo como “Mimi, perteneciente a la rama política, concubina de Leandro” o “una delincuente concubina de Manuel”. Respectivamente en LN 4/1/77 y LN 26/11/76. <<

[75] LO 31/12/76. <<

[76] Se lo presentó por TV como el “relato de una joven engañada por la subversión”. LO 13/8/76 y LN 12/8/76. <<

[77] LN 23 y 24/3/76. Todo indica que se trataría de Miriam Prilleltensky, protagonista del documental Cuentas del alma. Confesiones de una guerrillera, realizado por Mario Bomheker en 2012, que retorna a ese episodio en Tucumán y a la escenificación televisiva. La reciente aparición de este testimonio añade nuevos matices a la historia, sin desmentir la interpretación y puesta en escena intencionada de su “entrega” por parte de los militares y la prensa. Ver la entrevista al realizador en Página/12 del 8/8/2012. <<

[78] Se agrega que “durante los dos últimos años había vivido en estrecha relación con un terrorista ahora detenido”. El “desorden” de la relación no matrimonial se repara al regresar al ámbito de protección del padre. LN 14/8/77. <<

[79] LN 28/3/76. <<

[80] Noticias similares de también dudosa verosimilitud sobre supuestas presentaciones “espontáneas” de jóvenes guerrilleras se leen en LO y LN 26/7/77, LN 29/6/77, LN 25/10/77 y LO y LN 14/8/77. <<

[81] LO 19/6/76. <<

[82] LO y LN 19/6/76. <<

[83] LN 24/6/76. En La Nación se ve también la publicidad del semanario Gente, que publica en tapa una foto de la joven con los titulares “Un caso que estremece” y “Ana Maria Gonzalez. Guerrillera. 20 años. Asesinó al jefe de Policía. Padre de su mejor e íntima amiga”. El aviso agrega en grandes titulares “El asesinato que conmovió el país” y “Conozca la historia de esta adolescente guerrillera que llevó a cabo el crimen más siniestro de los últimos tiempos”. <<

[84] LN 10/7/76. <<

[85] Esta imagen de “peligrosidad” asociada a la mujer combatiente se confirma en el testimonio de un ex alumno de un curso de “contrainsurgencia” en la Escuela de las Américas. Según él les enseñaban “que cuando una mujer era guerrillera, era muy peligrosa: en eso insistían mucho, que las mujeres eran extremadamente peligrosas. Siempre eran apasionadas y prostitutas, y buscaban hombres… y por esa razón estaban en la guerrilla, para tener hombres”. Citado en DUHALDE, E., El estado terrorista argentino, op. cit., pág. 228. <<

[86] Su vida se narra en cambio como un inexplicable e irreflexivo pasaje hacia el mal. Se informa que “era maestra… Habrá sido una muchacha común, dedicada a su trabajo y su familia, hasta que se entregó al terrorismo”. La normalidad se interrumpe cuando a los 27 años se separa de su marido y se une a otro jefe guerrillero para irse a Cuba. No puede ser fruto de una decisión razonada sino que el hilo lógico de su vida se “corta” con la “entrega al terrorismo”. LO 4/12/76. <<

[87] En esa misma página se informa sobre un “tiroteo” donde murió “una extremista” de 23 años en un “operativo” que “tuvo contornos espectaculares por la resistencia de la terrorista, que arrojó numerosas granadas y disparó con armas automáticas de diverso calibre antes de ser abatida”. LO 4/12/76. <<

[88] LN 4/12/76. Según La Razón del 3/12/76 las señoras “observan atónitas la mancha de sangre”. Citado en BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 163. <<

[89] CALVEIRO, P., Poder y desaparición, op. cit., pág. 94. Se atribuye esta mala conducta también a la anónima mujer capturada que “además de desarrollar sus actividades con un doble juego de documentos… se encontraba ausente de su hogar, desconociendo sus familiares el paradero”. LN 1/3/77. <<

[90] “Desde Norma Arrostito hasta Ana María Gonzalez, el trágico camino de la subversión en nuestro país aparece poblado de muchos nombres de mujeres. Mujeres que muchas veces desempeñaron papeles más sanguinarios que los hombres. Llegaron a ser más fanáticas, más violentas, más crueles. Revista Somos revela episodios del terrorismo femenino en el mundo”. En LN 10/12/76. <<

[91] Tras una “acción armada” se informa sobre “los dos masculinos que fueron muertos” o bien se lee que “resultaron abatidos tres moradores… dos femeninos y uno masculino”. Ver, LN 17 y 18/12/76 y LN 19/3/77. <<

[92] LN 2/1/77. <<

[93] El historiador Osvaldo Bayer alude a esa “discriminación positiva” al evocar en cambio los tiempos en que las fuerzas de seguridad invitaban a las mujeres a retirarse antes de reprimir una manifestación. Afirma que en la última dictadura, en cambio, hubo una “total falta de respeto hacia el cuerpo más expuesto de la mujer” y que ese maltrato de algún modo rompió un tabú: “En la historia de la humanidad… la mujer fue jamás tan vejada y degradada como lo hicieron los militares argentinos”. En DIANA, M., Mujeres guerrilleras, op. cit., pág. 388. <<

[94] Testimonio de Adriana Calvo en GELMAN, J y LAMADRID, M., Ni el flaco perdón de Dios, op. cit., pág. 107. <<

[95] Testimonio de Miriam Lewin en ROSENBERG, T., Astiz, op. cit., pág. 27. <<

[96] Testimonio de “Mariana” en DIANA, M., Mujeres guerrilleras, op. cit., pág. 149. Ver también las opiniones vertidas en ACTIS, M., ALDINI, C., GARDELLA, L., LEWIN, M., TOKAR, E., Ese infierno. Conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA, Buenos Aires, Sudamericana, 2001. <<

[97] Varias sobrevivientes coinciden en este punto. Según una de ellas “los marinos de la ESMA solían decir que las mujeres militaban porque eran feas y los hombres no les daban bola. Entonces, para las secuestradas, una de las formas más primarias de simular que se estaban recuperando consistía en mostrarles que empezaban a preocuparse por su aspecto: que querían ‘recuperar su estilo femenino, volver a ser mujeres normales’”. Testimonio de Graciela Daleo en ANGUITA, E. y CAPARRÓS, M., La Voluntad, op. cit., pág. 461. <<

[98] Como en “Hoy las mujeres seducen menos y trabajan más”, un artículo enviado por ANSA desde Roma en LN 7/1/76. <<

[99] La publicidad de una revista femenina anuncia artículos como “Doctor, ¿Qué está prohibido en el sexo?” o “¿Puede una esposa veranear sola?”. LN 4/2/76. <<

[100] En un “Encuentro Nacional de la Federación Argentina de Mujeres de Negocios y Profesionales” la mujer que lo preside afirma: “Necesitamos educar los sentimientos y conquistar nuestra libertad… para poner esos conocimientos al servicio de la Patria… para aprender… y actuar con disciplina y metódicamente para, como un escultor, ir modelando a la mujer nueva”. LN 5/11/77. <<

[101] Anuncia: “Se dicen muchas cosas de las modelos. Hay en la calle infinidad de leyendas, mitos y prejuicios con respecto a ellas. Pero cómo es realmente su vida? Cómo llegan? Cuánto ganan? Cómo se transforman en vedettes o actrices?…”. En LN 14/1/77. Un aviso similar publicita: “un inquietante manojo de beldades anticipan, para Siete Días, las prendas que se aprestan a lucir en las playas. ¡Un espectáculo!”. En LN 6/1/76. <<

[102] Por ejemplo en LN 19/12/77, LN 24/1/77, LN 23/5/77, LN 12/6/77 y LN 14/6/77. <<

[103] Judith Filc expone cómo el énfasis militar en la familia, opuesto a las prácticas represivas que atentaron contra ella, tuvo como contracara la generación de modelos alternativos de familias, no biológicas, desde posiciones de resistencia a la dictadura. Ver FILC, J., Entre el parentesco y la política, op. cit. <<

[104] Según Diana Taylor su decisión de abandonar el ámbito privado para buscar a sus hijos no fue un movimiento “revolucionario” sino que estaban ellas mismas sujetas a marcos sociales que construyen roles femeninos asociados a la abnegación y el autosacrificio, aunque manipularan esas imágenes a su favor. TAYLOR, D., Disappearing Acts, op. cit., pág. 220. <<

[105] La postura crítica fue expresada en Argentina por María del Carmen Feijóo, para quien la defensa de los derechos humanos basada en los roles reproductivos refuerza la división sexual convencional del trabajo. Es citada por Bouvard, para quien en cambio las Madres de Plaza de Mayo no precisaron el saber teórico feminista para superar esa opresión. BOUVARD, M., Revolutionizing Motherhood. The Mothers of the Plaza de Mayo, Wilmington, Scholarly Resources Inc., 1994, págs. 184–189. <<

[106] Documentos militares citados en LAUDANO, C., Las mujeres en los discursos militares (1976–1983), op. cit. pág. 24. <<

[107] FILC, J., Entre el parentesco y la política, op. cit. <<

[108] Ver GRAZIANO, F., Divine Violence, op. cit., pág. 117. <<

[109] Esta escritora se refrió, aún en dictadura, a la censura, represión y chatura cultural y escribió que “hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos” mientras “el ubicuo y diligente censor transforma uno de los más lúcidos centros culturales del mundo en un Jardín–de–Infantes” – “Desventuras en el País–Jardín–de–Infantes”, por María Elena Walsh, Clarín 16/8/79. <<

[110] FILC, J., Entre el parentesco y la política, op. cit. <<

[111] Los militares esperaban de las madres que contribuyeran con “el control y la vigilancia de sus hijos: saber qué hacen, con quién/es están, qué piensan, para mantenerlos lejos de ‘la subversión’ o, en el caso que fuese necesario, para denunciarlos”. LAUDANO, C., Las mujeres en los discursos militares (1976–1983), op. cit., pág. 32. Simétricamente, la revista infantil Billiken estimula a los niños a observar el cumplimiento de las obligaciones de sus padres, cuando explica el sentido y el deber de pagar impuestos y recomienda: “Cuando esta noche converses con papá sobre las cosas del día (…) contale qué leíste en este aviso y preguntale qué opina”. Billiken del 19/9/78, citado en GUITELMAN, P., La infancia en dictadura. Modernidad y conservadurismo en el mundo de Billiken, Prometeo, Buenos Aires, 2006, pág. 87. <<

[112] NOVARO, M., y PALERMO, V., La dictadura militar 1976–1983, op. cit.; FILC, J., Entre el parentesco y la política, op. cit. <<

[113] El grado de legitimidad que había alcanzado el orden autoritario en la población, sin embargo, también procedía de la gran cantidad de padres y alumnos que reclamaban pautas de comportamiento disciplinario en la escuela y solicitaban “volver al pelo corto, al uniforme e incluso volver a llevar la policía a la escuela”, FILMUS, D., “Democratización de la educación: proceso y perspectivas”. En: FILMUS, D. y FRIGERIO, G. (Eds.), Educación, autoritarismo y democracia, Miño y Dávila Editores, Buenos Aires, 1988, pág. 25. Según Guillermo O’Donnell muchos padres sintieron que “retomando el mando para garantizar la despolitización de sus hijos los salvarían del destino de tantos otros jóvenes”, lo cual explicaría las observaciones hechas por psicólogos acerca de la acentuación de los rasgos “más represivos e infantilizantes de muchas familias”. O’DONNELL, G., Democracia en la Argentina: micro y macro, op. cit., pág. 6. <<

[114] Es una de las conclusiones principales del ya citado trabajo de Judith Filc. <<

[115] CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., pág. 29. Testimonios de niños que estaban presentes cuando secuestraron y/o torturaron a sus padres se leen en GELMAN, J. y LAMADRID, M., Ni el flaco perdón de Dios, op. cit., y en HERRERA, M., Vos también lloraste, Buenos Aires, Libros de Tierra Firme, 1986. <<

[116] Ver los testimonios reunidos en CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., págs. 318–320 y 267. <<

[117] Los casos más difundidos son los del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Carlos Pellegrini, así como el del grupo de adolescentes secuestrado en La Plata, en septiembre de 1976 en lo que se conoció como “La noche de los lápices”. <<

[118] Ver, BRASLAVSKY, C., La juventud argentina: informe de situación, Buenos Aires, CEAL, 1986; FILMUS, D., “Democratización de la educación”, op. cit.; VERGARA, M., Silence, Order, Obedience and Discipline. The educational discourse of the Argentinean Military Regime (1976–1983), Lund, Lund University Press, 1997. <<

[119] GUITELMAN, P., La infancia en dictadura, op. cit. <<

[120] CONADEP, Informe Nunca Más, op. cit., pág. 294. <<

[121] BERGUIER, R. / HECKER, E./ SCHIFRIN, A., Estudiantes secundarios: sociedad y política, Buenos Aires, CEAL, 1986, pág. 68. <<

[122] En el discurso, pronunciado en la Universidad del Salvador el 26/11/76, Massera se refrió al “joven sospechoso” y a la “sociedad secreta que celebra sus ritos: la ropa, la música, la droga”. VILA, P., “Rock nacional, crónicas de la resistencia juvenil”. En JELIN, E., (Comp.), Los nuevos movimientos sociales, Buenos Aires, CEAL, 1989, pág. 86. La subcultura del rock sería “rehabilitada” recién años después a partir de la guerra de Malvinas. <<

[123] Ver GUITELMAN, P., La infancia en dictadura, op. cit. <<

[124] O’DONNELL, G., Democracia en la Argentina: micro y macro, op. cit., pág. 7. <<

[125] Ibídem. <<

[126] BERADT, Ch., Das Dritte Reich des Traums, Suhrkamp, Francfort del Meno, 1981 (1966). <<

[127] LEVÍN, F., Humor y política en tiempos de violencia. Tiras cómicas y viñetas del diario Clarín, 1973–1983, Buenos Aires, Siglo XXI, (en prensa). <<

[128] En el estudio que acompaña a la compilación de sueños mencionada, el historiador Reinhardt Koselleck explica que los sueños, aunque no sean producciones voluntarias, pertenecen al ámbito de las ficciones humanas y ofrecen una determinada representación de la realidad de la que surgen. Por eso, sostiene, nadie puede impedir al historiador tomar como fuente de interrogación también a estos testimonios. En BERADT, Ch., Das Dritte Reich des Traums, op. cit., págs. 125–126. <<

[129] Ya Martínez Estrada había llamado la atención sobre la importancia del aviso como centro de gravedad del periódico, afirmando que en diarios y revistas los textos “se apoyan en el aviso como la pared se apoya en el cartel”, e invitando a desconfiar de los periódicos con poca publicidad comercial. MARTÍNEZ ESTRADA, E., La Cabeza de Goliat, CEAL, Buenos Aires, 1968 (1940), pág. 112. <<

[130] Revista Time 9/75, citada en BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 74 <<

[131] El primero es un aviso de Patria Seguros en LN 7/12/75 y LN 18/1/76.Se repite con dibujos de un hombre a punto de saltar a una pileta con salvavidas y escafandra (LN 4/4/76) y con retratos de hombres amenazantes y la leyenda: “Su seguridad depende de ellos” (LN 31/10/76). Otros avisos rezan: “Seguro total contra la agresión” (Alarma bloqueo Electrophin, LN 21/1/76, LN 20/4/76 y LN 27/4/76), “Cómo, usted no tiene la inquietud de asegurarse?” (LN 17/7/77) y “Blinde realmente sus puertas! No permita que le roben” (LN 14/8/77). <<

[132] LN 11/12/77. En otros avisos de seguros y sistemas de alarma se lee: “Un buen seguro es el mejor tranquilizante” (LN 21/10/76); “En su casa pueden robar (o ya robaron)” (LN 15/5/77) y “Ahora el peligro está fuera de peligro” (LN 31/5/77). <<

[133] LN 21/1/76. <<

[134] “Cumplimos con los grandes destinos. Por eso el 3 de mayo inauguramos la ruta Buenos Aires–México” (LN 4/4/76), “Hoy venimos a buscarlo” (Aeromexico, LN 3/5/76); LN 18/1/76 y LN 29/2/76. <<

[135] LO 24/11/76. <<

[136] “Volvé, Sebastián. Tengo muchas ganas de verte. Te zurcí las medias. Y hasta les hice un monograma. Volvé. Tiene que haber una solución. Tu esposa”, en LO 28/11/76. En otros se lee: “Volvé… “te hice el gusto: Ahora soy rubia” o “No te hagas rogar. Mamá dice que sos el mejor yerno del mundo”. Respectivamente en LN 26/11/76 y LN 18/11/76. Más ejemplos se leen en lo 30/11/76 y LN 22, 24 y 29/11/76. <<

[137] URIARTE, C., Almirante Cero, op. cit., pág. 102. <<

[138] La revista Corsa anuncia: “Torturamos su auto” y explica: “Para conocerlo a fondo, su auto fue sometido a las más rigurosas pruebas”, LN 6/12/75, los avisos de la DGI se leen respectivamente en lo 9/5/78 y LN 11/12/75. <<

[139] LN 14/5/78. <<

[140] Se leen respectivamente en lo 4/1/76, LN 5/1/76, LN 24/12/76, LN 4/8/7; LN 25/1/76 y LN 16/6/76, LN 29/7/76, LN 5/1/7. <<

[141] “ARMAS” (LN 21/10/76); “Enciclopedia de las ARMAS” LN 5/11/76; LN 19/11/76 y LN 20/10/77. <<

[142] CARASSAI, S., The Argentine Silent Majority, op. cit. <<

[143] Respectivamente en LN 10/9/75; LN 15/6/6 y lo 2/12/76; LO 9/12/76 y LN 22/10/75. Los avisos del Ford Falcon lo publicitan con frases como “Un auto con historia”, “Un verdadero clásico” y “Un amigo de ferro”. <<

[144] Respectivamente en LN 31/8/76 y LN 2/1/78. LO 18/11/75. <<

[145] Variaciones del mismo aviso, con inscripciones como “Funciona con 220v corriente alternada” o “alta potencia”, se encontraron en el suplemento Agricultura de La Nación de los días: 29/5/76; 10/1/76; 17/7/76; 31/7/76; 22/10/76; 5/3/77; 26/3/77; 23/4/77; 5/5/77; 16/7/77; 30/7/77; 17/9/77; 3/12/77 y 17/12/77. <<

[146] “México lindo!”; “Europa familiar”; “Europa jovial”; “Cruceros de ensueño con la bonanza perfecta”; “Gran tour millonario. Sudáfrica”; “Vacaciones en el caribe, Miami, Disney”; “Patagonia, canales fueguinos y crucero a los fiordos”; “Todos al caribe”; “Este año a Miami y Disneyworld se va por Paraisoworld”, son todos avisos que se leen en una misma página de La Nación el 23/10/77. <<

[147] En ALMIRÓN, F., Campo santo, op. cit., pág. 275. <<

[148] Así se lo habría referido el ex embajador Robert Hill al abogado estadounidense Laurence Levine, quien tuviera por clientes a importantes grupos financieros argentinos. Según Levine “Hill estaba muy shockeado. Y durante la conversación que tuvimos pronosticó que el gobierno militar sería un gobierno mortífero y que Martínez de Hoz no podría terminar con los peronistas. Ambos pronósticos de Hill se cumplieron. La Argentina todavía no se recuperó, perdió una generación de industriales”. (Entrevista a L. Levine en suplemento Zona, Clarín 8/4/2001). <<

[149] Juan Carlos Scafati en ALMIRÓN, F., Campo santo, op. cit., pág. 175. <<

[150] Los jefes militares se referían por ejemplo al “principio… de que la lucha contra la subversión no sólo implica actuar en el campo específicamente militar sino que debe contemplar medidas de gobierno en los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, etc…”. LN 26/3/77. <<

[151] VEZZETTI, H., Pasado y presente, op. cit., pág. 55. <<

[152] Según Videla: “La Argentina es un país occidental y cristiano” y es “por defender esa condición… como estilo de vida que se planteó esta lucha contra quienes no aceptaron ese sistema de vida y quisieron imponer otro distinto”. LO 18/12/77. Más alusiones de Videla al “estilo de vida” se leen en LO 13/5/76, LN 13/8/76 y lo 20/4/77. <<

[153] Ver por ejemplo CRENZEL, E. (Coord.), Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983–2008), Biblos, Buenos Aires, 2010. Para la historia temprana del movimiento de derechos humanos ver LEIS, H., El movimiento por los derechos humanos y la política argentina, Buenos Aires, CEAL, 1989; VEIGA, R., Las organizaciones de derechos humanos, Buenos Aires, CEAL, 1986 y SONDÉREGUER, M., “El movimiento de derechos humanos en la Argentina”. En JELIN, E. (Comp.) Los nuevos movimientos sociales, Buenos Aires, CEAL, 1989, págs. 157–182. <<

[154] Para una exposición más detallada de esas representaciones cambiantes sobre la memoria dictatorial, con una periodización casi idéntica, ver LVOVICH, D. y BISQUERT, J., La cambiante memoria de la dictadura. Discursos públicos, movimientos sociales y legitimidad democrática, Los polvorines, UNGS/Biblioteca Nacional, 2008. <<

[155] Clarín 23/8/79, citado en BLAUSTEIN, E. y ZUBIETA, M., Decíamos ayer, op. cit., pág. 299. <<

[156] Ver respectivamente Clarín del 1 y el 7/9/79, citados en Ibídem, págs. 300 y 303. <<

[157] MIGNONE, E., Derechos humanos y sociedad, op. cit., pág. 119. Ver también LEIS, H., El movimiento por los derechos humanos y la política argentina, op. cit., pág. 21. <<

[158] Ver al respecto ACUÑA, C. et al., Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina, Nueva Visión, Buenos Aires, 1995. <<

[159] VERBITSKY, H., El vuelo, Buenos Aires, Planeta, 1995. Si bien la existencia de estos vuelos era conocida por el testimonio de los sobrevivientes, ningún oficial la había reconocido públicamente hasta entonces. La confesión del ex sargento Víctor Ibañez al periodista Fernando Almirón apareció en el diario La Prensa el 25 de abril de 1995; esa noche el gral. Balza leyó su “autocrítica” en el programa de TV “Tiempo Nuevo”. El testimonio de Ibañez ampliado ha sido editado y es referido varias veces en este trabajo. También la Fuerza Aérea, la Armada y la Iglesia emitieron moderadas declaraciones. La declaración de Balza significó una inflexión importante en el discurso de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no contribuyó al esclarecimiento de las desapariciones aportando información y se limitó a afirmar que no hay listas de desaparecidos en el Ejército. <<

[160] ANGUITA, E. y CAPARRÓS, M., La Voluntad, op. cit. <<

[161] CAPARRÓS, M., “Apariciones”, en BRODSKY, M., Buena Memoria (ensayo fotográfico), Buenos Aires, La Marca, 1997, pág. 10. <<

[162] En 2005 la revista cordobesa La intemperie publicó una entrevista a un ex integrante del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) donde éste relata la ejecución de dos compañeros. Como reacción a ese testimonio el filósofo Oscar del Barco envió una carta en la que dice asumir su parte de responsabilidad por esas muertes al haber apoyado a ese grupo revolucionario. La intervención de Del Barco fue seguida por otras cartas y opiniones y dio lugar a una intensa discusión que se prolongó durante varios años y se extendió a otras publicaciones con la participación de numerosas voces de ex militantes, intelectuales y académicos. Las principales contribuciones al debate han sido reunidas en BELZAGUI, P. (Comp.) (2007), Sobre la responsabilidad: no matar, Del Cíclope, Buenos Aires, 2007. <<

[163] Ver por ejemplo el testimonio de Lila Pastoriza citado en LVOVICH, D. y Bisquert, J., La cambiante memoria de la dictadura, op. cit., págs. 82–83. <<

[164] Sobre el nuevo prólogo al Nunca Más y los debates en torno a la “teoría de los dos demonios” ver VEZZETTI, H. Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009, págs. 120–129 y CRENZEL, E., La historia política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008. <<

[165] ARENDT, H., Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, New York, Penguin, 1994. <<

[166] Jaime Malamud Goti advierte que como consecuencia de los Juicios “el reproche formal absolvió a muchos civiles que habían apoyado a la dictadura militar, haciéndoles creer que ellos no estaban entre los culpables sino entre los acusadores”, MALAMUD GOTI, J., Terror y justicia en la Argentina, op. cit., pág. 195. Malamud Goti estuvo a cargo, junto a Carlos Nino, de diseñar la política de enjuiciamientos selectivos del gobierno de Alfonsín. Su inquietante ensayo, quince años después, contiene una amarga autocrítica y una lúcida reflexión acerca de las continuidades de las creencias y prácticas autoritarias en la sociedad argentina y el fracaso de los juicios en su afán de modificarlas. <<

[167] GONZALEZ BOMBAL, I., “Nunca Más, El juicio más allá de los estrados”. En ACUÑA, C. et al., Juicio, castigos y memorias, op. cit., págs. 214–215. <<

[168] Ibídem. <<

[169] Ibídem, pág. 206. <<

[170] Testimonio de “Alejandra” en DIANA, M., Mujeres guerrilleras, op. cit., pág. 39. Allí se lee también sobre las “dudas y conflictos” generados por el asilo: “¡Cómo no tenerlos después de siete años de militancia persiguiendo el sueño de una sociedad mejor! ¿Era una quebrada? ¿Había traicionado la causa al irme del país?”. Ibídem, pág. 37. <<

[171] COHEN SALAMA, M., Tumbas anónimas, op. cit., pág. 13. <<

[172] Texto escrito por hijos de una desaparecida identificada por el EAAF; citado en Ibídem, contratapa. <<

[173] GATTI, G., El detenido–desaparecido, op. cit. El autor alude a trabajos, sobre todo de la generación de hijos de los desaparecidos, que se desmarcan de los modos establecidos de hablar del tema en el “campo del detenido–desaparecido” por quienes denomina los “militantes del sentido”. Un ejemplo paradigmático de esta tendencia sería la película Los Rubios, de Albertina Carri (2003). <<

[174] FEIERSTEIN, D., El genocidio como práctica social, op. cit., págs. 237–239. <<

[175] El episodio fue narrado por el periodista Jacobo Timerman, quien le preguntó a su interlocutor a qué se refería con “todos”. El marino (Timerman no aclara si se trata de Massera) respondió: “Todos… unos 20.000. Y además sus familiares. Hay que borrarlos a ellos y a quienes puedan llegar a acordarse de sus nombres… No quedará vestigio ni testimonio”. TIMERMAN, J., Preso sin nombre, celda sin número, op. cit., pág. 51. <<

[176] CALVEIRO, P., Poder y desaparición, op. cit., pág. 158. <<

[177] AGAMBEN, G., Homo Sacer, op. cit., pág. 147. <<

[178] CALVEIRO, P., Política y/o violencia, op. cit., pág. 24. <<

[179] Ver sobre todo DELEUZE, G., “Posdata sobre las sociedades de control”. En FERRER, Ch. (Comp.), El lenguaje libertario. Filosofía de la protesta humana, Nordan, Montevideo, 1991. <<