LA DEMOCRACIA NO FALLÓ

LA DEMOCRACIA

NO FALLÓ

Son 40 años, y Argentina

no los cumple feliz

Alberto Zamuner

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Todos los derechos reservados

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A los que quieran pensar a largo plazo

INTRODUCCIÓN

40 años sin lo que esperábamos

El dueño de la herramienta

El pueblo es la máxima autoridad, pero…

¿Quién hay que ser?

¿Qué es el pueblo?

¿Tiene sentido hablar de culpa?

¿Cuánto sabe la gente?

¿Cómo resolver este problema?

Lo que hizo falta y no estuvo

¿Qué hace falta para generar riqueza?

¿Qué pasa cuando se intenta otra cosa?

ANTES DE TODO ESTO

Buenas condiciones

Cuando el orden cae, no vuelve inmediatamente

La vida lejos de la guerra

Intentando cambiar de modelo

Implementación

Los que encuentran motivos para oponerse

Los cambios que empiezan a verse

El problema se hace muy visible

Derrocamiento y desperonización

Resistencia peronista y sindicalismo sin Perón

Intentos de institucionalización

Poniendo en marcha otra etapa

Tomando el poder para siempre

El tiempo económico

Ya no hay tiempo económico

Regreso del peronismo

El Proceso

DESDE EL RETORNO DE LA DEMOCRACIA

Gobierno de Raúl Alfonsín

No solo hay problemas económicos

Descontrol e hiperinflación

Les hablé con el corazón

¿Existió la especulación con el dólar?

Sorpresivo cambio de horizonte

Convertibilidad

Final con algunos logros

Gobierno de la Alianza

La deuda está siempre ahí

El caos crece y se impone

Sucesión de presidentes

Gobierno de Eduardo Duhalde

Gobierno de Néstor Kirchner

Gobiernos de Cristina Fernández

Gobierno de Mauricio Macri

Una posibilidad que estuvo y se fue

Gobierno de Alberto Fernández

Elecciones primarias de 2023

CONCLUSIÓN

¿Qué es lo impopular?

Políticos hábiles o poco hábiles

¿Hay crisis de representatividad?

Qué significa cultura

¿Saber de economía o saber vivir?

De aquí en adelante

Lo que hicieron unos y otros

El déficit cero no hace la felicidad

Lo que habrá que hacer

INTRODUCCIÓN

40 años sin lo que esperábamos

Festejamos los 10 años de democracia, los 20, los 30, y estamos a un paso de los 40.

Nunca pudimos evitar pronunciar con tristeza el término festejar.

No dudamos de que la posibilidad de elegir es preferible a la imposibilidad; pero casi nadie dejó de referirse a promesas incumplidas ni a asignaturas pendientes, ni de sentir que algo, o mucho, se esperaba y nunca se vio.

El reinicio de la democracia evocó una especie de imagen arquetípica de nuestro inconsciente colectivo: la de que empezábamos a avanzar hacia un horizonte cargado de promesas bajo un cielo despejado y luminoso, la de que todo iba a ser satisfacción, la de esta vez sí.

Cuarenta años después el cielo es gris, no nos encontramos con satisfacción sino con carencia, no nos sentimos avanzando sino dudando de que haya horizonte.

Una vez más se repite que pasamos demasiado tiempo sin ver lo que creímos que íbamos a ver.

Una y otra vez se recuerda, con tristeza, el slogan del promotor de la democracia, candidato y luego presidente Raúl Alfonsín: “con la democracia se come, se cura y se educa”.

No faltan los que se apresuran a decir “nosotros no comimos”, y el recuerdo se tiñe de la sospecha de que Alfonsín acuñó frases altisonantes sin más fin que el de obtener votos, o se equivocó, o se le fue la mano al soñar.

En nuestro país no se puede hablar de democracia sin que todo se enturbie con la sensación de que algo falló.

¿Vamos a convivir eternamente con esa sensación, o vamos a preguntarnos dónde está el problema?

¿Hay alguna razón visible para afirmar que lo que falló es la democracia? 

Si la democracia consiste en la vigencia de una Constitución, y en el acceso a los poderes Ejecutivo y Legislativo de los candidatos votados, ¿vimos desde 1983 algún caso en que esto no haya ocurrido?

La democracia funcionó y sigue funcionando de acuerdo a lo establecido.

Si vivimos con el sentimiento de que algo falló, no pasemos el resto de nuestras vidas lamentándonos como un personaje de tango.

Si lo que queremos son soluciones, busquémoslas.

El primer paso de esa búsqueda es tener claro por qué estamos dónde estamos; cuál es el origen del problema.

Como siempre asumieron sus cargos los candidatos elegidos, queda claro que si algo falló no fue el sistema democrático.

El sistema democrático es ni más ni menos que una herramienta; y una herramienta es un medio que se toma en las manos para hacer un trabajo.

Si el trabajo queda sin hacer ¿es culpa de la herramienta?

Si nos duele todo lo que quedó sin hacer, empecemos preocupándonos por descubrir dónde estuvo la falla.

Es un error mental preguntarse por la causa de algo que no haya pasado. Solo tienen causa las cosas que pasan.

Pongamos el interrogante sobre sus pies y sepamos qué estamos preguntándonos.

Si lo que queríamos era comer, curar y educar, o en otras palabras crecimiento económico, lo que necesitamos saber no es por qué no lo hubo, sino qué causas debe haber para que exista el crecimiento económico, un fenómeno que deseamos precisamente porque lo sabemos posible. Y lo sabemos posible porque por lo visto ocurre, aunque en sitios lejanos.

Los que queremos un país mejor estamos invitados, casi obligados, a buscar respuestas y soluciones.

El dueño de la herramienta

Las herramientas son producto de invenciones, experiencias y preocupaciones de quienes se inquietaron por resolver problemas.

El sistema democrático, como herramienta con la que organizar una sociedad, es producto de varios siglos en que la humanidad, a costa de pruebas y padecimientos, fue encontrando normas de convivencia que demostraron ser mejores que otras.

La herramienta simplemente está ahí.

Si el que posee una herramienta la deja sin usar, o la usa descuidadamente, el resultado será que no consiga nada, que estropee lo que toca o que se lastime a sí mismo.

¿Algo de esto es culpa de la herramienta?

Las herramientas, como todas las cosas inanimadas, no pueden tener culpas.

Si decimos que la democracia es una herramienta, el siguiente paso es respondernos dos preguntas que nos aparecen simultáneamente: ¿Quién posee esa herramienta? ¿Para qué sirve o debe servir?

La Constitución establece que quien la posee es el pueblo, el conjunto de los ciudadanos.

Y la experiencia visible lo comprueba: ingresan al Congreso y al Poder Ejecutivo los que obtuvieron más votos de ese conjunto. Este procedimiento funcionó de acuerdo a lo previsto.

La segunda pregunta se suele contestar rápida y espontáneamente: la democracia tiene que servir para vivir bien.

Hay muchas maneras de entender en qué consiste vivir bien, pero coincidimos en que quien debe vivir bien es el que posee y maneja la herramienta; es decir, todos nosotros.

Aquí nos damos cuenta de que eso es lo que no pasó.

Cuando en 1982 vimos que la dictadura iniciaba su retirada y pronto seríamos dueños de decidir nuestro destino, no cabía duda de que lo que decidiríamos sería iniciar una constante mejora de nuestras vidas, y que si no éramos tan fantasiosos como para esperarla en un mes o en un año la alcanzaríamos en algo más de tiempo.

Pero lo que vino fue otra cosa: las promesas sobre el futuro siguieron siendo sobre el futuro, mientras que el presente fue algún período de ordenamiento que parecía sugerir prosperidad como la de antes, pero al cabo de un tiempo se desintegraba en un torbellino de desorden, inflación, desinversión, desaliento, derrumbe de lo construido, gente saqueando a otra gente, y la casi convicción de que se desintegraba la sociedad.

Si pasan las décadas y la realidad sigue siendo esta, a la fuerza volvemos a preguntarnos dónde está el problema.

Una respuesta rápida y fácil, tan rápida y fácil que se vuelve sospechosa, es sentenciar que las personas a que conferimos los cargos públicos no hacen bien su trabajo; por causas tan diversas como no saber, no querer, venderse a intereses mezquinos u ocupar su puesto para beneficiarse exclusivamente a sí mismas.

Si damos por sentado que el ser humano se mueve primordialmente para beneficiarse a sí mismo, sepamos que ese objetivo no necesita cumplirse exclusivamente por vía de despojar a los demás. Hay quienes para beneficiarse a sí mismos producen los alimentos, ropas y bienes que consumimos con mucha satisfacción.

Si es posible beneficiarse proveyendo a los demás de algo bueno, ¿por qué no sería posible lo mismo a la hora de proveer, desde un cargo público, el orden social que necesita la gente?

Más todavía: haber votado al que no nos convenía es un problema solucionable. Si los que elegimos no nos proveen de lo que necesitamos podemos reemplazarlos por otros.

Si al cabo de muchos años el problema continúa, hay serios indicios de que la causa es otra.

Es como cuando alguien toma empleados para una determinada tarea. Pueden hacerla mal, y en tal caso la opción es cambiarlos por otros. Pero si pasa el tiempo y la tarea jamás se hace bien, es muy posible que el empleador se haya equivocado al dar instrucciones, o que pida algo demasiado alejado de lo posible.

¿Nos hicimos esa pregunta sobre nosotros mismos como empleadores de los presidentes y los legisladores, como dueños de la herramienta que está en nuestras manos?

El pueblo es la máxima autoridad, pero…

La democracia se sustenta sobre el principio de que la soberanía la tiene la gente: no hay mayor autoridad que la de los ciudadanos.

Esto significa que, al cubrir cada cargo elegible, en ningún caso y por ninguna razón se debe hacer otra cosa que lo que haya votado el pueblo. El criterio aplicable es el de la mayoría establecida por la Constitución para cada cargo. La posibilidad de convivir sin violencia se sustenta en que todos los protagonistas respeten este principio con la convicción de que es el mejor posible. Y si alguien no lo respeta, las leyes elaboradas mediante el mismo sistema democrático lo castigan y neutralizan.

En la medida en que cada nación haya sufrido las consecuencias de no vivir de acuerdo a este principio, sus integrantes estarán convencidos de que no hay mejor opción que respetarlo. No importa cuánto se disguste el que debe ceder su cargo al elegido para sucederlo; se retirará para dejarlo gobernar; porque está convencido de que no hacerlo sería peor, o en última instancia porque la ley dice que todo su poder se extinguió un determinado día a determinada hora.

Esta incuestionabilidad de la máxima autoridad, y la imposibilidad de interferir lo que esta determine en las urnas, es la mejor opción práctica para convivir y organizarse en sociedad.

Una herramienta existe para ejecutar una tarea y producir un resultado deseable.

Ahora bien; hace falta tener claro que hay una abismal diferencia entre otorgar a alguien la autoridad (porque es una necesidad práctica) y saber que ese alguien hace lo realmente necesario para obtener el resultado que se espera.

Cuando otorgamos a alguien la autoridad, el poder de decidir qué hacer ante un problema, se la otorgamos porque si no lo hiciéramos no podríamos organizarnos. No se la otorgamos porque exista alguna garantía de que no se equivocará.

Esa garantía no existe, ni jamás existió respecto a nadie.

La Constitución nos ofrece un sistema práctico de gobierno. Dice que no podemos desobedecer el mandato del pueblo; pero no dice ni pretende decir que tengamos prohibido juzgar sus decisiones.

Está prohibido desobedecer el mandato de la mayoría; no está prohibido opinar sobre lo que eligió esa mayoría, ni pensar que hubiera sido mejor elegir otra cosa.

Autoridad no significa infalibilidad. Obediencia no significa incuestionabilidad.

Como nadie es infalible al tomar decisiones sobre su propia vida, tampoco lo es al decidir sobre la vida del conjunto. Como cualquier decisión particular puede ser un error y no dar por resultado el bien, también puede serlo cualquier decisión sobre la vida del conjunto.

¿Quién hay que ser?

Cuando opinamos sobre el resultado de una elección, es muy común que alguien nos recrimine con una pregunta: ¿y quién es usted para juzgar la decisión del pueblo?

Quien dispara tan precipitadamente esa frase jamás se hizo la pregunta más seria. Por lo tanto debemos hacérsela nosotros: ¿quién hay que ser?

Si el pueblo tiene derecho a decidir, y en realidad cada uno de nosotros es el pueblo, ¿quién nos impide juzgar cualquier decisión propia o ajena?

Lo que dice la Constitución es que las decisiones del pueblo deben ejecutarse; no que sean infalibles ni que pertenezcan al terreno de lo sagrado.

No es que el pueblo posea hoy el derecho divino que antes poseían los reyes. El pueblo no es una unidad única e indisoluble, y menos todavía una unidad que por haberse constituido pasa a ser sobrehumana e infalible: el pueblo son millones de seres distintos, tan humanos al ser pueblo como al ser individuos, y son tan distintos que en una misma elección votan opciones muy distintas.

Si el pueblo fuera infalible votaría al unísono por una sola opción; porque no pueden ser infalibles todas las opciones al mismo tiempo.

Ante esa realidad, y ante la necesidad de resolver problemas sobre los que no todos piensan lo mismo, las sociedades crearon la norma de que se ejecute la opción más votada.

Este principio es necesario para que quienes habitan un territorio puedan decidir cómo organizarse. Y es más necesario todavía para formar gobiernos sin que quienes aspiran a gobernar se maten entre sí.

Es necesario por razones prácticas. Cuando la sociedad debe decidir qué hacer, la solución más práctica es que se ejecute la opción más votada. Pero este principio no le confiere a la opción más votada el carácter de infalible, ni el de mejor modo de solucionar lo que se busca solucionar.

La opción más votada es simplemente lo que haremos esta vez; porque algo hay que decidir ante los problemas.

¿Qué es el pueblo?

Los ciudadanos poseen soberanía porque no hay ninguna autoridad por encima de ellos. La Constitución les otorga derecho a decidir cómo gobernar el territorio que habitan. Lo hace porque es la única forma de organizar una sociedad con real respeto a sus integrantes.

Cuando los creadores de las constituciones civilizadas dispusieron esto, no lo hicieron porque creyeran que los ciudadanos lo saben todo.

Si no somos infalibles en nada, tampoco lo somos al elegir un gobierno. No nos convertimos por un día en una unidad sobrehumana ni incuestionable. La prueba es que ese día hay votos para opciones muy distintas entre sí.

No son menos pueblo los que votaron por las listas que no ganaron.

Ni ese día ni ningún otro actuamos como pueblo: cada uno actúa como un individuo con ideas y motivaciones propias.

Al dictaminar que el gobierno debe ser elegido por el pueblo, se utiliza el término pueblo porque es necesario utilizar alguno.

Aunque se aplique un nombre común al conjunto de los ciudadanos, estos siguen siendo los ciudadanos, en plural. En todo momento y en todos los casos son individuos, que deciden de acuerdo a su criterio individual.

Cuando distintas formas de nacionalismo o fascismo afirman que existe el pueblo, o la nación, como una entidad con identidad propia, y que los individuos son partes que solo tienen sentido en función del todo, dan el primer paso hacia el avasallamiento de todos los derechos de las personas. Cualquiera de ellas podría ser manejada o sacrificada en defensa del todo.

Pero como jamás existió un todo que pensara por sí mismo, y solo pueden pensar los individuos, las decisiones que el fascismo presenta como tomadas en nombre del todo o de la nación son tomadas por un individuo al que se considera encarnación consciente del conjunto. Así se establecen en el poder los líderes incuestionables, que monopolizan el derecho a decidir sobre la vida o muerte de los individuos en nombre de la nación.

Nunca se puede concebir una unidad llamada el pueblo sin anular a las personas como entidades con libertades y derechos propios.

Así como se enferman las sociedades al creer que el pueblo es una entidad homogénea que obedece ciegamente a su líder, pueden enfermarse al creer que se trata de una entidad homogénea que no puede ser cuestionada por ningún individuo.

Solo puede ser sana una sociedad en la que los individuos convivan sin dejar de ser individuos, dueños de sus vidas y con derecho a decidir qué hacer con ellas.

En la medida en que haga falta un poder público para decidir cómo atender los intereses comunes, hace falta que, para no avasallar los derechos de los individuos, ese poder público se constituya en base a la voluntad de esos individuos.

Y como no todos los individuos piensan lo mismo sobre cómo debe actuar el poder público, la única solución no violenta es que los integrantes de ese poder público se elijan por medio del voto.

El Poder Legislativo es constituido por integrantes de partidos o modos de pensar, que ingresan en la proporción en que cada modo de pensar suma voluntades en la sociedad. Como el Poder Ejecutivo queda a cargo de una sola persona, se confía al candidato que obtenga más votos.

Cuando se vota, aunque el conjunto de los votantes sea denominado el pueblo, quienes votan son los individuos; y cada uno lo hace de acuerdo a lo que le parezca mejor.

Si cada voto es la expresión de lo que le parece mejor a un individuo, y si cualquier individuo es falible al decidir sobre su vida particular, sobre la vida pública o sobre cualquier otra cosa, ¿por qué pensar que es infalible al votar, si nunca fue otra cosa que un individuo?

Si los votos son votos de individuos, si no existe el pueblo como entidad única y más importante que ellos, ¿por qué pensar que hay que ser alguien en especial para juzgar lo que se votó? ¿Por qué pensar que votó el pueblo y no que votaron millones de individuos distintos? ¿Por qué pensar que solo son pueblo los que votaron la opción ganadora, que tal vez ganó por muy escaso margen? ¿Por qué creer que tenemos derecho a preferir un modo de pensar y no tenemos derecho a opinar sobre lo conveniente o inconveniente de los otros?

Si votamos por un modo de pensar entre otros, es porque disponemos del derecho a observarlos críticamente a todos. No habría elecciones libres si no se nos permitiera aprobar o desaprobar cualquiera de las propuestas presentadas.

En una sociedad donde hay distintas corrientes de pensamiento, el hecho de que una sea la más votada no la convierte en sobrehumana ni le otorga la condición de sagrada e incuestionable. Obedecer la decisión más votada es simplemente el mejor método para establecer un gobierno por otra vía que no sea la violencia.

Los votos que al sumarse se convierten en mayoría son lo mismo que los otros: decisiones tomadas por seres humanos.

Como toda decisión humana, una elección política puede dar malos resultados.

Si la Constitución establece el respeto por esa elección, que es la manifestación de un modo de pensar, establece al mismo tiempo el respeto por cualquier otra manifestación de un modo de pensar; como, por ejemplo, la opinión sobre lo que votaron otros.

Si nadie nos discute el derecho a opinar sobre lo que hacen el presidente, el ministro de economía o el técnico de la selección de fútbol, ¿por qué suponer que no tenemos derecho a opinar sobre lo que hace cualquier otra persona, incluso cuando sea parte de esa mayoría que suele denominarse el pueblo?

Al fin y al cabo, todos somos personas decidiendo algo.

Estamos obligados a permitir que asuma como gobierno el que haya sido más votado. No estamos obligados a dejar de hablar sobre la conveniencia o inconveniencia de que gobierne esa persona, ni sobre la conveniencia o inconveniencia de haberla elegido.

Atrevámonos a decírnoslo: somos los dueños del país y de esa herramienta trabajosamente creada que llamamos democracia. Como somos los dueños del país venimos decidiendo desde hace tiempo qué hacer con él, y por lo tanto somos los responsables de las consecuencias.

Si en tanto tiempo no conseguimos lo que queríamos tiene mucho sentido decirnos que hay algo que no hicimos bien, que nuestro drama no es responsabilidad de otros.

Tiene sentido sospechar que usamos la herramienta de un modo que no convenía.

¿Tiene sentido hablar de culpa?

Decir que somos los responsables de las consecuencias, o que no usamos adecuadamente nuestra herramienta, insinúa que estamos inculpándonos, o emitiendo el veredicto de que el pueblo tiene la culpa del drama que está viviendo.

Seguramente habrá quienes estén enojándose, y mucho, si alguien se pone a decir que la víctima de los mayores padecimientos, el pueblo, es ni más ni menos que el culpable de los desastres que le cayeron encima.

Para responder a esto hace falta empezar definiendo dos cosas: primero ¿quién es ese alguien al que se pretendería culpar? Segundo: ¿tiene sentido en este caso hablar de culpa?

Al intentar saber quién es ese alguien, caemos en cuenta de que en unos casos estamos diciendo nosotros y en otros el pueblo. En ambos casos hablamos de sujetos colectivos, y las culpas no pueden echarse a sujetos colectivos sino a individuos. Nunca se emitió un veredicto judicial contra los viejos, los jóvenes, los políticos, los empresarios ni los trabajadores. Solo se condenó a personas con nombre y apellido.

Cuando decimos somos responsables nos referimos a que la suma de los votos de muchos individuos, que se condujeron según su propia voluntad, produce un determinado efecto. Existe un efecto y existen los causantes; pero estos causantes no son un conjunto que decide como conjunto; son personas que ejecutaron una decisión personal.

Por lo tanto, como solo hubo decisiones de individuos, no es posible culpar a un conjunto.

Pasando a la segunda parte de la pregunta, nos damos cuenta de que ni siquiera es posible usar el término culpa.

Solo se puede culpar al que produce un daño intencional o un daño por negligencia, o sea por actuar sin emplear facultades que estuvo en condiciones de emplear.

Si alguien emite un voto ignorando qué efecto producirá, de ninguna manera es culpable de ignorar.

Esto es más cierto todavía en una sociedad en que tantos individuos carecen de medios, de condiciones y de tiempo para enterarse de todos los efectos posibles del acto de gobernar.

Queda definitivamente claro que no estamos hablando de culpas; estamos hablando de que las acciones humanas producen efectos. Con o sin culpa, con o sin ignorancia, el acto de emitir un voto, multiplicado por millones, va a producir determinados efectos.

No podemos echar culpas; y al mismo tiempo no podemos evitar que las acciones produzcan efectos.

Cualquier cosa que hagamos producirá en todos los casos algún efecto. Aunque una persona no sea culpable de saber poco, la realidad recibirá las consecuencias de lo que haga.

Si nos preocupa nuestro futuro como sociedad, no podemos dejar de intentar que el voto de la gente produzca otros efectos.

No tiene sentido discutir sobre si hay culpables ni sobre si merecen que los consideremos culpables; lo que tiene sentido es saber que en nuestro país no se tomaron las medidas necesarias para salir adelante porque muchísimos votantes estuvieron poco enterados, o poco convencidos, de cuáles son las medidas necesarias.

Eso es lo que faltó; y eso es lo que necesitamos que no falte.

No importa ni es necesario echar culpas; importa hacer fuerza para que pase otra cosa.

¿Cuánto sabe la gente?

El principio del voto universal da como consecuencia que se cuenten los votos de todos: los que se preocupan y los que no se preocupan; los que saben mucho y los que saben poco.

Sabemos, y debe saberlo todo político, que cada elección depende de lo que sabe la gente ahora, y que esperar que todos elijan en base a razonamientos difíciles lleva a perder las elecciones y a quedarse sin poder.

Si hay una mayoría que elige en base a emociones o pensamientos simples, nacerá en seguida la tentación de sustentarse sobre lo simple. En las campañas no habrá menciones sobre medidas económicas, sino andanadas de frases alentadoras, como vamos adelante… síganme… somos más… se puede (o la versión de Obama: yes, we can), tan simples y generales que ningún opositor podrá discutirlas; habrá canciones triunfalistas, banderas nacionales, escenas desbordantes de sonrisas, fotos con niños o con perros, y todo lo que sugiera satisfacción en vez de complicación.

Es cierto que en el futuro puede haber más educación, pero en el presente se está votando con la que hay ahora.

Aunque no se pueda ganar una elección sin consignas fáciles, alguien más o menos responsable sabe que el país necesita medidas difíciles, y las medidas difíciles necesitan gente dispuesta a respaldarlas.

Quien carezca de ese poco de responsabilidad puede quedar muy contento con una campaña cómoda y agradable que lo lleve al gobierno aunque no tenga planes de solucionar nada, o tenga planes tan fantasiosos que no se dé cuenta de en qué problema se mete y nos mete.

Alguien responsable se dará cuenta de que puede engañar a muchos pero no se engaña a sí mismo.

Es cierto que quien presente razonamientos y propuestas difíciles (tanto de entender como de sostener) no ganará elecciones. Pero esto no debe llevar de ninguna manera a desechar esa opción en un 100%.

Si damos por sentado que tal problema le importará a un candidato o gobernante responsable, damos también por sentado que este sabrá que nuestro país no se arregla sin medidas difíciles, y que las medidas difíciles no podrán mantenerse en el tiempo sin el apoyo consciente de los ciudadanos.

Si el país necesita responsabilidad y conciencia, y ahora no las hay en la medida necesaria, cualquier persona responsable se da cuenta de que hay dos opciones: una es dar todo por perdido; la otra es generar responsabilidad y conciencia.

En vez de lanzar un 100% de mensajes fáciles, como si no se pudiera hacer otra cosa, es posible, y necesario, que un gobernante se moleste por dar origen al único soporte sobre el que podrá sostenerse un futuro mejor: sembrar conocimiento en quienes quieran y puedan adquirirlo.

Debe llamar las cosas por su nombre, hablar del déficit fiscal y de cómo y por qué daña la vida de cada habitante del país, de cómo provoca esos aumentos de precios por los que tanto se sufre, y de cómo cierra el paso al crecimiento que todos y cada uno necesitan.

Debe atreverse a decir que eliminar este déficit traerá efectos desagradables por un tiempo, y que solo salen adelante los pueblos capaces de hacer frente a lo desagradable en vez de evadirlo.

En 1989, Carlos Menem ganó la elección y casi inmediatamente, mientras los inversores buscaban hacia dónde huir, comenzó a informar sobre las medidas poco peronistas que tomaría para eliminar el déficit fiscal, “porque si no no hay salida”.

En pocos días todo cambió: los que manejaban el dinero se quedaron y los inversores que estaban lejos comenzaron a venir, mientras los que esperaban todo del peronismo clásico protestaron porque se les esfumó la suposición de que alguien les regalaría la vida.

Tiempo después, ya en un gobierno que sembraba estabilidad, Menem declaró “yo tenía desde un principio este plan; pero si lo hubiera dicho no me habrían votado”.

Es el mejor ejemplo de lo que está en juego a la hora de presentar consignas fáciles o difíciles.

No lo ignoran los responsables ni los irresponsables: hay un abismo entre lo que hay que saber para generar desarrollo y lo que piensa hoy la mayoría de la gente.

Ante esta evidencia, la mayoría de los candidatos se dijeron “gano las elecciones diciendo cosas que no inquieten a nadie; después hago lo necesario para poner orden y producir resultados que gusten; al ver esos resultados la gente seguirá votándome, y de ese modo se habrán realizado mis sueños y los de todos”.

Se puede pensar eso y, como todo el mundo tiene ganas de que se realicen sus sueños, creer que sucederá. Se lo hizo muchas veces en muchos sitios, aunque dio buen resultado solamente en países en que el problema no era demasiado voluminoso y se podía reencarrilar en poco tiempo.

Pero cuando el problema consiste en un desorden mucho mayor, cuando la solución requiere persistir mucho tiempo en medidas cuyo efecto inmediato es desagradable, al llegar las siguientes elecciones la gente no se habrá encontrado con buenos resultados sino con sufrimiento. Más bien puede decirse que algunos buenos resultados, como una reducción del déficit, inciden muy poco en la opinión pública porque constituyen un cambio que no se experimenta en carne propia. Lo que la gente quiere es una abundancia perceptible ahora mismo.

Entonces, eso de “la gente seguirá votándome” es un sueño que se derrumba estrepitosamente.

Si un país está demasiado lejos de las condiciones necesarias para el desarrollo, no se acercará a ellas en poco tiempo.

Si pasan cuatro años y existen buenos resultados para los analistas económicos, pero no para los estómagos ni para los sentimientos poco inclinados a analizar, el voto de la mayoría declarará malo incluso al presidente más responsable, que a pesar de sus buenos planes y buenas intenciones pasará a ser ex-presidente.

¿Cómo resolver este problema?

Se comenta que el arte de la política debe incluir el arte de obtener el voto de la gente mediante ideas simples, mientras se encaran los problemas de gobierno mediante ideas y procedimientos complicados.

Es un arte real y posible, que, como los otros, ha tenido ejecutores muy virtuosos. Pero la posibilidad de éxito, tanto de virtuosos como de mediocres, depende de qué tan voluminoso es el problema que enfrentan.

Es posible mantenerse en el gobierno con discursos simples cuando el objetivo es mantener las cosas como estaban, o corregir distorsiones no muy graves.

Los más hábiles en el arte de la política podrán vérselas con problemas más grandes; pero todo problema puede crecer hasta el punto en que nadie pueda solucionarlo.

Mejor dicho, hasta el punto en que nadie pueda solucionarlo mediante ese recurso: mantenerse en el gobierno con discursos fáciles.

Si la mentalidad mayoritaria, o la disposición de la gente a pagar el precio de la solución no alcanza para hacer frente a las distorsiones que padece un país, hay que saber que todas las posibilidades serán dramáticas. Pero hará falta elegir entre un drama que termine alguna vez o un drama que no termine nunca.

Una posibilidad es que todo siga como está. Cada gobierno entrante se dedicará a repetir discursos atrayentes, mientras continúa viéndoselas con el mismo problema y suponiendo que, esta vez sí, habrá una solución.

Después de todo lo ya visto, seguir con esta conducta es un suicidio personal y colectivo.

Que todo siga como está no quiere decir que se mantenga estable, sino que se mantenga empeorando. Nada puede permanecer igual mientras hay un desequilibrio.

Los presidentes irresponsables incrementarán el problema y los responsables no podrán solucionarlo. Unos y otros serán desechados en la siguiente elección; el desorden llevará a la escasez y la escasez a la violencia.

Otra posibilidad es darse cuenta de que la única fuerza capaz de terminar con el problema: la capacidad y disposición de la gente, debe crecer.

Si la capacidad de la gente no crece, el problema seguirá siendo inconmovible.

Un gobierno responsable sabe que esto depende de la educación. La educación es el único ingrediente que puede capacitar a un pueblo para conquistar su futuro.

Casi siempre se da importancia a la educación, aunque no se la pueda encarar muy bien cuando falta el dinero. Sin embargo, si se cree que la educación consiste en que haya aulas con profesores, y alumnos con ganas de ir a escucharlos, se está viendo una sola parte, tal vez útil a largo plazo, cuando el problema de la gobernabilidad requiere mucho más, y mucho antes.

Un gobernante no debe limitarse al papel de personaje que le cae simpático a la gente o es removido en la siguiente elección. Un gobernante debe, además de cumplir sus funciones y caerle bien a la gente, trabajar como educador.

Si en el pueblo, protagonista en última instancia de su propio drama, no existen la fuerza o la comprensión necesarias, los líderes deben generarlas; hablar directamente del problema, llamar las cosas por su nombre, despertar el indispensable sentido de realidad, mostrar el estado de las cuentas públicas sin creer que es tema exclusivo de los economistas, y dejar claro que si el conjunto del país no pasa a preocuparse por el equilibrio económico, si no se lo toma como cuestión de vida o muerte, no habrá futuro.

Está claro que es pedirle mucho a la realidad. Es posible que se lo consiga en poca medida, que lleve mucho tiempo y mientras tanto sigamos sufriendo convulsiones.

Tal vez siga haciendo falta un poco de discurso fácil para acceder al gobierno; pero no se podrán dar los siguientes pasos sin apelar a la responsabilidad.

Si el único medio de acabar con el problema es esa fuerza colectiva, sin la cual es inútil cualquier receta de economista, no hay más remedio que sembrarla.

Hasta ahora no se lo hizo porque se supuso que se saldría adelante con el discurso fácil, o porque se sabe que es un riesgo. Pero lo primero que debe saber quien asuma el gobierno argentino es que está ante un enorme riesgo, y que el suyo es una pequeña parte del riesgo que corren todos.

El ejemplo más notable de gobernante que se arriesga y asume la tarea de generar fuerza en su pueblo parece haber sido el de Winston Churchill, antes, durante y después de la guerra.

Si las fuerzas del pueblo ante un problema no son suficientes, sepamos que pueden crecer, que hace falta que crezcan, y hace falta que los mayores responsables se dediquen a incrementarlas en vez de probar con la opción más cómoda.

La tercera posibilidad es compatible y complementaria con la segunda: que la gente tenga ganas de hacerse cargo de su propio futuro y de aprender qué le conviene votar.

Vuelve a parecer mucho pedir; pero ¿qué resultado nos dio pasar tanto tiempo sin hacerlo?

Aunque lleve mucho tiempo, conseguirlo en alguna medida puede modificar la proporción entre los votos por opciones cómodas y los votos por planes serios.

Lo que hizo falta y no estuvo

Si lo que nos interesó desde un principio fue el crecimiento económico, y supusimos que con solo votar a alguien que lo prometiera ya teníamos todas las condiciones, nos saltamos un paso.

El crecimiento económico, como cualquier fenómeno del mundo real, solo puede ser efecto de condiciones que existan en el mundo real.

No basta con manifestar que se lo desea. El deseo no es una causa suficiente para que la realidad cobre una determinada forma.

Un pensamiento muy fácil, muy de primera vista al considerar la vida en sociedad, es creer que si los votantes quieren crecimiento económico, y eligen un gobierno que quiere sinceramente lo mismo, ya se consuma el triunfo del bien y habrá crecimiento económico.

El deseo no modifica la realidad por el solo hecho de estar en la mente y el corazón de la gente. De lo contrario, bastaría con mirar el suelo y desear ver trigo para que creciera trigo en la arena o en las rocas.

Ni los votantes ni los gobernantes son todopoderosos.

Creer que estamos únicamente ante una cuestión de derechos, creer que el derecho a votar, y el triunfo de un candidato bienintencionado, son suficientes para que el país sea como queremos, es tomarse la realidad como se la toman los niños, que creen que basta con llorar y gritar para recibir lo que piden.

La realidad no es movida por suposiciones ni por preferencias, sino por lo único que puede mover las cosas materiales: trabajo, acción, aplicación de energía sobre ellas.

Los deseos no se transforman en realidad por el solo hecho de que la gente exprese su voluntad en las urnas.

La Constitución otorga al pueblo el poder de elegir personas para ocupar cargos. No le otorga ni puede otorgarle el poder de dominar la realidad sin el trabajo necesario.

Por supuesto, los que crean las constituciones lo saben.

Querer crecimiento económico, y elegir personas para que lo promuevan, es solo el primer paso.

El siguiente es tener claro cómo hay que actuar sobre la realidad para transformarla en lo que queremos.

Aquí nos encontramos con el verdadero problema: no todos proponen lo mismo a la hora de actuar sobre la realidad.

Por eso, votar consiste en tomar partido por una propuesta entre otras.

Como queremos crecimiento económico, y vimos demasiados casos en que nuestras proclamas no bastaron para producirlo, debemos entender que para que la realidad se mueva hacia donde queremos hacen falta determinadas condiciones.

La seriedad de nuestra situación, y la de la vida en sí, nos exige preguntarnos cuáles son esas condiciones.

¿Qué hace falta para generar riqueza?

Hubo quienes siempre lo supieron en la práctica. Como efecto, hubo personas y sociedades ricas.

Cuando se intentó llevar esto al mundo de las ideas, el filósofo escocés Adam Smith (1723-1790) publicó en 1776 “Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, con la que se puede decir que dio origen a la Economía como ciencia.

Aunque por entonces era poco visible el efecto de la industrialización, se conocía el modo en que la división del trabajo incrementaba la capacidad productiva de cualquier grupo humano.

En base a lo visto en su tiempo, Smith afirmó que en toda sociedad podía incrementarse sostenidamente la riqueza si se daban tres condiciones:

1: Paz.

2. Impuestos cómodos.

3: Una buena administración de justicia.

Todo ser vivo está dispuesto a moverse para satisfacer sus deseos. Cuando vive en medio de condiciones que lo hacen posible, cada individuo se mueve, produce bienes deseables, los intercambia con sus semejantes, y la acción de unos y otros genera riqueza.

La disposición a trabajar requiere, para desplegarse con toda su potencia, la certeza de que vamos a disfrutar de lo que producimos.

No sentiremos disposición a movernos si presentimos que en cualquier momento nos matarán, nos modificarán el ambiente que habitamos o nos despojarán, total o parcialmente, de lo que producimos.

Donde hay paz, impuestos cómodos y buena administración de justicia se dan las condiciones para que la gente quiera producir; porque se sentirá segura de que su esfuerzo se traducirá en satisfacción.

Si nos preguntamos qué es lo que debió haber pero no hubo en nuestro país, encontramos respuestas muy visibles.

No hubo paz.

Es cierto que quedó atrás el estado de enfrentamiento generalizado, y con el tiempo se disolvió el miedo a las intervenciones militares; pero no se puede decir que hay paz cuando el que produce es robado con demasiada frecuencia, o se ve ante reclamos capaces de paralizar su estructura productiva, o ante impedimentos a la circulación de mercaderías, o ante la sensación de que en cualquier momento cambiarán las condiciones que determinan si puede trabajar o no.

La paz, condición indispensable para que en vez de refugiarnos salgamos a hacer algo por nuestra vida, consiste precisamente en no encontrarse con esos dramas.

No hubo impuestos cómodos.

Los que producen se encontraron con que no solo debían aportar impuestos para solventar los gastos comunes de la sociedad, sino también para mantener a quienes el desorden del país les imposibilitaba ganarse la vida, o, peor aún, a quienes se habían acostumbrado a vivir pidiendo.

Los impuestos dejan de ser cómodos cuando el gasto público es mucho más voluminoso de lo necesario. Abundaron los gobernantes que utilizaron el Estado como parche para cubrir la escasez de empleo derivada de la poca actividad productiva.

Y como si fuera poco ese nivel de impuestos que se lleva directamente una parte de la riqueza producida, se agregó uno que se la lleva indirectamente: el impuesto inflacionario. Disminuyeron los beneficios de la inversión y del trabajo porque disminuyó día a día el valor de la moneda.

Y no hubo buena administración de justicia.

Además de que el Estado intervino en varios casos contra la libre disposición de la propiedad, no hizo lo necesario para que tanto la corrupción como la delincuencia común dejaran de obstruir o despojar al que trabaja.

En esas condiciones, o en esa carencia de condiciones, ¿se podía esperar que hubiera más disposición a invertir y trabajar?

Es posible que el que no tiene nada y necesita comida acepte trabajar en condiciones poco favorables, porque sus opciones son ganar lo que pueda o morir.

Pero es visible que para la mayoría de los trabajos hacen falta máquinas, y esto depende de que alguien invierta mucho dinero.

El que carece de todo carece de opciones; pero el que puede comprar máquinas y ponerlas a producir tiene la opción de hacerlo en sitios donde haya menos problemas. No le interesará invertir donde puede perderlo todo.

Por mucho que se discuta si hace bien o no, lo cierto es que si no encuentra buenas condiciones no invertirá; y si no invierte no habrá máquinas, ni empresas, ni sitios en los que quienes necesitan un sueldo tengan dónde ganarlo.

Los gobiernos y partidos populistas, y junto a ellos el sindicalismo succionador, viven maltratando a las empresas, como si al hacerlo estuvieran cumpliendo con un postulado moral.

Pero lo absurdo es que al mismo tiempo quieren que las empresas existan.

Quieren que las empresas estén ahí para pagar impuestos y sueldos, para ser odiadas y succionadas, pero nunca tienen en cuenta que los empresarios invierten dinero y pensamiento para ganar, no para sacrificarse por el pueblo ni para someterse a un tormento.

Cuando sucede lo más natural del mundo, que los maltratados por poderes que no pueden sacarse de encima se vayan, tanto populistas como sindicalistas se indignan contra ellos porque deberían seguir estando ahí; como si además de tener ganas de sufrir tuvieran una fortuna ilimitada con la que sostener esa situación eternamente.

Cuando faltan las condiciones mencionadas en el nacimiento de las ciencias económicas: paz, impuestos cómodos y buena administración de justicia, no se produce lo que tanto ayer como hoy se esperó que hubiera: generación de riqueza.

El efecto es que los que tienen medios con que generar riqueza se lleven a otra parte lo que puedan llevarse, y tienda a quedar la única fuente de riqueza que no se puede trasladar a otro país: el campo.

Entonces los trabajadores, convertidos casi todos en ex trabajadores, se encuentran con que los empresarios cometen la inesperada crueldad de irse, y tienden a quedar únicamente ellos y el Estado.

Y el Estado, que ha pasado a ser casi la única herramienta capaz de evitar la muerte generalizada, recurre a lo que puede: extraer más impuestos a los pocos que no huyeron, imprimir billetes que cada día valdrán menos, o contraer deudas con acreedores a los que luego insultará, igual que a los empresarios, por cometer la inhumanidad de intentar recuperar lo que prestaron.

¿Nos queda alguna duda sobre qué es lo que faltó?

¿Qué pasa cuando se intenta otra cosa?

Pasar de las desastrosas condiciones de cuando no hay paz, impuestos cómodos ni buena administración de justicia a una situación en que empiecen a establecerse esos factores requiere ante todo una decisión. Esa decisión requiere convicción, y voluntad para mantenerla ante los embates de todos los que propondrán algo más fácil.

No es raro que en medio de un desastre alguien tome una decisión. Pero cuando se trata de la vida en sociedad no basta con alguien. Si una sola persona toma una decisión con la que nadie más está de acuerdo, será llevada por delante por las que la rodean.

Las decisiones que toma tan habitualmente un economista deben ser tomadas también por el presidente, apoyadas por la mayoría del poder legislativo y en última instancia por una buena proporción de los ciudadanos. Porque ¿cómo podrían ejecutarse con todo el mundo haciendo fuerza en contra?

No es raro que esas decisiones sean difíciles de sostener; porque su primer efecto es siempre un período de incomodidad.

Para que haya paz hace falta una fuerza capaz de vencer a cualquiera que pueda amenazarla.

Para que haya impuestos cómodos hace falta gastar únicamente lo que se recaude con esos impuestos. Si se gasta más y no se aumentan los impuestos habrá que pagar el gasto adicional con emisión monetaria o con endeudamiento, y es sabido que esos recursos llevan a que los impuestos dejen de ser cómodos; porque si la moneda pierde valor, o si hace falta esforzarse para pagar deudas, el efecto es una mayor carga sobre los que producen.

Para que haya buena administración de justicia hace falta más gente capaz y menos corrupción.

Aquí volvemos a ver que no basta con haber votado al que nos pareció bueno. Para que el Estado limpie la sociedad en vez de contaminarla no alcanza una sola persona. Es necesario que las voluntades dispuestas a limpiar ocupen muchos puestos; porque en cada rincón habrá alguien que quiera dejar todo como estaba.

Todos los intentos de limpieza se encuentran con resistencia al cambio.

Si el Estado quiere dejar de ahogar a la gente con impuestos, inflación y deudas, su único camino será gastar menos. Deberá dejar de pagarles a los que ocupan puestos innecesarios, creados nada más que para emparchar el desempleo, y a los que cobran subsidios siendo capaces de trabajar.

Todos los favorecidos por las irresponsabilidades anteriores se resistirán. Y a su lado estarán aquellos a quienes les da lástima que dejen de cobrar; pero no les inspiró lástima ni indignación ver al país estancado, ver que los que podían invertir permanecían lejos y los que querían trabajar honestamente no encontraban dónde hacerlo.

Todo esfuerzo por el futuro genera incomodidad. El que siente y piensa a corto plazo ve la incomodidad de cambiar, pero no ve el valor de la economía sana, ni la necesidad de volver a sustentar la sociedad sobre las bases que hacen posible crear riqueza.

La economía sana no será posible sin una buena proporción de ciudadanos convencidos de aceptar la conmoción inicial; porque el primer paso del saneamiento debe ser eliminar el gasto superfluo. Y el gasto superfluo, aunque enferme a la sociedad a largo plazo, cumple la función que más gusta a los populistas, ya sean gobernantes o gobernados: generar demanda.

Los que cobran sueldos por funciones no necesarias, y los que cobran subsidios porque el gobierno cree ser bueno al alimentarlos, amplifican artificialmente, pero al fin y al cabo amplifican, la demanda de bienes y servicios; actúan como consumidores que posibilitan que a primera vista todos vendan más. Sin embargo, los que hoy venden más mañana se verán empantanados en la inestabilidad.

La sociedad debe elegir: parches y anestesias para generar comodidad a costa de que no haya futuro, o cimientos de un futuro sano a cambio de enfrentar dificultades hoy.

Son mayoría, y como consecuencia instalan sus representantes en los poderes ejecutivo y legislativo, los que prefieren cualquier opción agradable hoy, por insana que sea, antes que hacer fuerza por sostener la vida sobre lo que realmente debe sostenerse.

Y no habrá cambios mientras no cambie esa mayoría.

ANTES DE TODO ESTO

Buenas condiciones

Las condiciones del mundo en que desde fines del siglo XIX nuestro país inició su mayor etapa de crecimiento fueron alteradas, y no podían dejar de serlo, por la Primera Guerra Mundial.

En todas las guerras, una parte de la población deja de producir y se dedica a destruir. A esta causa básica de empobrecimiento se le agrega que lo que antes se hacía con soldados, caballos, sables y uno que otro cañón, se vuelve progresivamente más costoso; porque si un bando saca a relucir nuevas armas el otro no tiene más remedio que copiarlo al costo que sea, porque ninguna opción sería peor que la de ser derrotado.

Así los países más ricos, empeñados en disputarse el poder de decisión sobre el mundo, se encuentran en pocos años ante un enorme desorden económico.

Finalizada la guerra, ese desorden no puede tener una salida ordenada.

Estados Unidos, con su territorio no tocado por la guerra, crece proveyendo a los europeos de lo que al haberse quedado sin fábricas no producen. Por un tiempo se extiende la sensación de que se inicia una prosperidad inacabable, y se vive la fiesta de los años locos.

Pero tan exagerado optimismo termina volviéndose un factor destructivo. Cuando Europa pasa a necesitar menos importaciones, en Estados Unidos la sensación de prosperidad infinita lleva a que hasta los que nunca invirtieron se lancen a comprar acciones; porque cualquiera sabe que en poco tiempo las venderá más caras.

Esa evidencia tan fácil de comprobar suma más y más protagonistas a la euforia bursátil, hasta llegar al punto en que el valor de las acciones no depende de los dividendos previsibles, sino de que cada día hay más compradores.

Y como es de suponer, aunque nadie haya tenido ganas de suponerlo, un día los más entendidos se dicen que los precios han subido demasiado y dudan de continuar comprando.

Entonces sobreviene lo que venía gestándose: las cotizaciones se derrumban. En pocos días se pasa de la euforia al pánico, y no mucho después el país está paralizado.

En medio de un estado de miseria del que nadie concibe la salida, al comenzar 1933 asume como presidente el demócrata Franklin D. Roosevelt, que, a diferencia del gobierno republicano que lo precedió, está dispuesto a recurrir a lo que sea para emerger de un estancamiento ya convertido en hambre generalizada.

Tanto Roosevelt como otros gobernantes se encuentran con el momento de auge de las propuestas económicas de John Maynard Keynes: incrementar la actividad generando demanda, fundamentalmente por la intervención del Estado, que además de inyectar dinero debe modificar leyes para que la economía funcione de acuerdo a la conveniencia inmediata de la mayoría de la sociedad. Estas ideas despiertan fácilmente la simpatía de los gobiernos, abocados en primer término a salvar a su propio país en un mundo donde todo se ha vuelto incierto.

La casi desesperada necesidad de revitalizar la economía a cualquier precio determina que se recurra a lo jamás recomendado por economistas conservadores: inyectar moneda en el mercado.

Se considera que lo que viene ocurriendo espontáneamente, que cada quiebra de una unidad productiva produzca una disminución de la demanda que automultiplique el proceso destructivo, puede suavizarse en caso de haber sectores de la demanda que nunca desaparezcan. Esos sectores pueden ser el presupuesto público, o una parte de la sociedad que nunca deje de recibir un ingreso y gastarlo, como quienes a determinada edad dejan de necesitar un empleo porque cobran una pensión.

Además de implementarse estas medidas se fijan aranceles a diversas importaciones; con lo que no solo crece la recaudación del Estado y su posibilidad de gastar, sino que al alentarse la compra de productos nacionales se incrementa el nivel de empleo y con él la demanda interna.

No importa si estas opciones son propias de una economía bien fundamentada ni si son recomendadas por los economistas clásicos. Lo que mueve en ese momento a los gobernantes es la urgencia de que la gente no muera, ni que en su desesperación genere más desórdenes que los ya visibles.

Por esa vía Estados Unidos comienza a salir de la paralización de su economía, y otros países aplican las mismas recetas. No hay demasiada preocupación porque los recursos elegidos sean la poco recomendable inyección de moneda o más carga impositiva sobre cada actividad. Nada parece más importante que generar movimiento en una nación estancada, y establecer un orden económico en el que no todo pueda ser arrasado por una automultiplicada caída de la demanda.

En diversos países cobra protagonismo el Estado de Bienestar, función antes desconocida por la que la gente recibe del Estado buena parte de lo que antes debía pagar (si podía) por sí misma.

Este cambio no puede dejar de gustar a los amplios sectores de bajos ingresos que reciben sus beneficios, ni a los gobernantes que por ese medio evitan conflictos sociales y ganan votantes.

Ese lado agradable tiene una consecuencia a la que en un principio no se presta atención: la proporción del Producto Bruto absorbida por el Estado pasa a cifras mucho mayores que las de antes.

Cuando el orden cae, no vuelve inmediatamente

Entretanto, el mundo va enterándose de que no existen las salidas fáciles. La Primera Guerra Mundial significó una conmoción cuyas réplicas son sucesivos desequilibrios. La crisis de 1929 es uno de ellos. 

A su vez, tanta destrucción deja a gran parte de Europa desprovista de lo más necesario para vivir. Y los vencedores disponen que Alemania, como si hubiera sido la única culpable de la guerra, pague compensaciones por los daños causados.

La humillación sufrida, más la hiperinflación generada por el esfuerzo de pagar, llevan a muchos alemanes a entusiasmarse con Hitler y su partido nacionalsocialista.

A partir de 1924, un plan de estabilización sustentado en préstamos de bancos estadounidenses mejora la vida de los alemanes, y Hitler habría quedado como un agitador casi olvidado si no fuera porque en 1929 los bancos que alimentan la recuperación se ven imposibilitados de seguir prestando.

Con la reaparición de la miseria, las propuestas desesperadas y delirantes vuelven a sonar bien a los oídos de mucha gente. El efecto desordenador de la Primera Guerra no ha acabado, y empuja al mundo hacia un estallido más catastrófico.

La vida lejos de la guerra

Como las naciones más ricas se empobrecen, y se protegen a sí mismas restringiendo importaciones, los países periféricos no pueden dejar de ser afectados por la situación de sus mayores clientes.

La escasez lleva a la inestabilidad social, y esta impulsa la disposición a poner orden a cualquier precio, ya sea manteniendo o avasallando el orden constitucional.

En Argentina, el golpe militar de 1930 se lleva por delante el respeto a la ley, fundamento de un largo y casi asombroso período de progreso.

Los sectores más conservadores, que antes de 1916 se sostenían cómodamente sobre un sistema de votación restringida, se dan cuenta de que con la vigencia del voto universal y secreto ha nacido un problema, porque la gente vota mal.

El primer elegido con el nuevo sistema es Hipólito Yrigoyen, que se declara en confrontación moral contra el régimen vigente, y ante el empeoramiento económico generado por la Guerra Mundial toma desacostumbradas medidas en favor de los trabajadores.

En 1928 es reelegido, y la crisis internacional lleva las tensiones a tal punto que en 1930 es derrocado por los militares.

Antes y después de ese paso, los promotores del golpe discuten sobre qué forma de gobierno será necesaria en adelante.

El general José Félix Uriburu y sus seguidores proponen que las bancas del Congreso no representen a partidos sino a corporaciones, o sea áreas de actividad dentro de la sociedad, y que la autoridad se sostenga sobre una figura sólida e incuestionable, como Primo de Rivera en España o Mussolini en Italia.

El general Agustín Pedro Justo, que inicia con él la aventura golpista, prefiere mantener el sistema de partidos, protegido por algún mecanismo con que evitar lo que considera desviaciones.

José Félix Uriburu ocupa en un principio la presidencia. Luego, ante el distanciamiento de sectores civiles que lo apoyaban y el triunfo electoral de la UCR yrigoyenista en la provincia de Buenos Aires, elección anulada por el gobierno, se convoca a elecciones presidenciales en noviembre de 1931, a las que la UCR no se presenta por falta de garantías.

Este proceso lleva a la presidencia al general Agustín Pedro Justo, partidario de mantener el sistema electoral vigente, aunque con recursos a los que se aplicará la designación de fraude patriótico. No da mayor importancia a esta calificación; porque nada le parece más importante que salvar a la patria de los efectos de que la gente vote lo que no conviene.

En esas condiciones el gobierno hace frente a las tensiones propias del empeoramiento económico, y responde a toda forma de oposición sin las limitaciones a que podría forzarlo la ley.

Intentando cambiar de modelo

Previendo que el modelo de sociedad establecido durante la década infame no podrá mantenerse en el tiempo, un movimiento interno del ejército se propone, también por vía de un gobierno de facto, implementar un proyecto a su juicio más sostenible.

El 4 de junio de 1943, un golpe militar promovido por este grupo desaloja al presidente Ramón S. Castillo, a cargo del segundo gobierno nacido de la modalidad del fraude patriótico.

El detonante de todo es la preocupación por qué sucederá cuando los países centrales se recuperen de los efectos de la Segunda Guerra Mundial.

Lo más previsible es que al recuperar su capacidad productiva pasen a depender menos de las tradicionales exportaciones argentinas, principalmente alimentos.

Esta perspectiva amenaza con agravar las escaseces y las tensiones sociales ya presentes en el país.

Los promotores del golpe están convencidos de que hace falta sustituir el modelo agroexportador por uno que se sostenga sobre un robusto mercado interno. Debe haber un país con más industria, más empleo y más bienestar.

De lo contrario, la conflictividad espoleada por la pobreza incrementará el peligro comunista, ya en ebullición entre los trabajadores de origen europeo que iniciaron graves enfrentamientos ante los que debió intervenir el ejército.

Al mismo tiempo, la experiencia de los países que emergieron de la crisis de los años 30 sugiere que Argentina debe abrazar el modelo del estado benefactor, que ha introducido innovaciones imposibles de pasar por alto.

Esas innovaciones, que desestiman el principio de cuidar los gastos en nombre del de suavizar los problemas, constituyen ineludibles signos de modernización, actúan como amortiguadores de las temibles depresiones económicas, y no tardarán en ser reclamadas por el movimiento obrero y los partidos de izquierda, que desde hace tiempo les dan un papel central entre sus objetivos.

Si esos cambios son promovidos desde arriba, los amplios sectores que los esperan de la izquierda cambiarán su polaridad emocional, y no sentirán al gobierno como un enemigo al que enfrentar, sino como un benefactor con el que actuar de común acuerdo.

Entre los que impulsaron la toma del poder con esos objetivos cobra cada vez más protagonismo el coronel Juan Domingo Perón, que como agregado militar en la embajada argentina en Roma conoció de cerca el proyecto con que Benito Mussolini buscó desactivar la lucha de clases: una alianza armonizadora bajo el arbitrio de un líder.

Este líder ofrecería desde su puesto de mando un equilibrio que garantizara las mejores condiciones posibles para cada clase social. A cambio, estas le deberían obediencia incondicional.

Así se buscaba evitar los indeseados extremos hacia los que podía derivar una sociedad: que prosperara una minoría demasiado pequeña, o que las clases desposeídas impulsaran una revolución violenta que arrasara con el derecho a la propiedad.

El líder que garantizara esa armonía no debería gobernar para una clase sino para todas. Al respecto, Mussolini había acuñado ya el concepto de Tercera Posición.

Cuando este proyecto toma forma en Argentina se hace visible que tendrá enemigos en uno y otro extremo: por un lado la minoría acostumbrada a determinar todo lo que ocurre en el país; por otro los partidarios de recurrir a la fuerza para arrancarle concesiones, o de destronarla para instaurar una sociedad sin clases.

Implementación

El plan mercadointernista se sustenta sobre un factor no visto hasta el momento: un fuerte intervencionismo del Estado, que pone en marcha empresas estatales y mixtas, y paralelamente ofrece créditos baratos a las industrias.

Desde sus primeros meses, el nuevo gobierno inicia reuniones con representantes del sindicalismo aceptable para los líderes militares, que previamente han encarcelado a los dirigentes considerados inconvenientes para su plan.

Se propone acordar mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores, de modo que el sindicalismo vea en el nuevo gobierno un aliado con el que solo tiene sentido trabajar armoniosamente. Como efecto, debe quedar atrás la mentalidad combativa y desestabilizadora de la izquierda tradicional.

El sindicalismo que nace en esta etapa tiene sus bases en la nueva oleada inmigratoria, no ya la venida de Europa a principios de siglo, sino la venida del interior del país como efecto del debilitamiento de la actividad agropecuaria, que fuerza a infinidad de trabajadores rurales a asentarse en los centros urbanos donde está creciendo la industria.

Al haber un sindicalismo oficialista, sus dirigentes harán lo que el gobierno espera de ellos a cambio de lo que obtienen: tomarse el trabajo de neutralizar y quitar poder a los obreros comunistas y anarquistas, considerados la mayor amenaza al proyecto estabilizador en marcha.

En noviembre de 1943, en pleno desarrollo de esos encuentros, Perón es nombrado titular de la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión.

Desde allí promueve leyes que satisfacen viejos reclamos del movimiento obrero, así como medidas propias del estado de bienestar implementadas en los países más desarrollados: sistemas de jubilaciones y pensiones, de salud pública, de coberturas a la desocupación, y regulaciones a la relación entre empleadores y empleados.

Además de ver palpables mejoras económicas, los trabajadores sienten que con las nuevas leyes y la nueva actitud del gobierno han comenzado a ser respetados.

Este acercamiento determina que Perón sea invitado a asambleas obreras. En la primera de ellas, en diciembre de 1943, es presentado a los asistentes como el Primer trabajador de la Argentina.

En enero de 1944 tiene lugar el terremoto de San Juan, la mayor catástrofe natural en la historia del país.

Esto determina que Juan Domingo Perón, ya la figura más visible a la hora de considerar las necesidades de la gente, se haga presente en todas las iniciativas destinadas a ayudar a las víctimas.

Entre esas iniciativas están las de entidades civiles y organizaciones que nacen espontáneamente. En ese contexto hay actos promovidos por personalidades del ambiente artístico.

En uno de ellos Juan Domingo Perón entra en contacto con la actriz Eva Duarte, que trabajará a su lado, se casará con él en 1945 e ingresará con fuerza propia a la historia del peronismo y del país.

Los que encuentran motivos para oponerse

Mientras los cambios económicos, legales y sociales siembran un estado de ánimo no visto antes y sientan las bases de un nuevo panorama, los partidos que aspiran a reinstaurar la democracia entrevén un factor peligroso: hay mucha gente entusiasmándose con la situación y teniendo por bueno a un gobierno inconstitucional.

Saben que detrás de esto hay un intento de perpetuar el autoritarismo, de cultivar la fe ciega en un líder que suministra todo desde arriba y debilita la iniciativa propia.

En septiembre de 1945 tiene lugar la marcha de la constitución y la libertad, en la que miles de asistentes manifiestan su disconformidad con lo que pasa.

Los sectores más conservadores reaccionan contra la ola de rebeldía y enfrentamiento que se ha encendido en el país. Los partidos moderados reclaman por la vigencia de la constitución y el derecho al voto. El socialismo muestra su disgusto porque el gobierno le ha robado la titularidad de sus principales propuestas. El comunismo se suma a la marcha, junto a quienes tan poco se le parecen, para denunciar las medidas represivas de que es víctima.

Esta protesta enciende entre los militares la idea de que se han generado complicaciones nada deseables para su plan. Su intención era reducir la disconformidad y obtener respaldo; pero el resultado visible es que no se ha conquistado la paz. Los trabajadores adhieren al gobierno pero muestran una inquietante hostilidad hacia un sector social que sienten como enemigo. Para colmo, todo esto es efecto de la idolatría personal a una figura que puede volverse incontrolable.

Crece y acaba imponiéndose la idea de que será mejor continuar sin Perón.

A principios de octubre, Perón es arrestado y recluido en la isla Martín García, muy cerca de Buenos Aires pero inaccesible por estar en medio del Río de la Plata.

Lo que para unos representa un alivio enciende en otros un estallido de indignación. El ya poderoso sindicalismo nacido en la nueva situación convoca a una huelga general para el 18 de octubre.

Mientras tanto, Perón padece problemas de salud y es trasladado al Hospital Militar, en un barrio de la capital.

Esta situación modifica inmediatamente los acontecimientos. Desde las primeras horas del 17 de octubre, varios líderes sindicales llaman a movilizarse. Columnas de trabajadores y simpatizantes del naciente peronismo avanzan desde distintos puntos de la capital y alrededores hacia el Hospital Militar y hacia la Plaza de Mayo.

Algunos militares proponen una represión violenta. Mientras otros se muestran en desacuerdo y dan lugar a discusiones, la movilización alcanza dimensiones que hacen impensable esa posibilidad. Hay entre 300.000 y 500.000 manifestantes en las calles.

Al llegar la noche y con la Casa de Gobierno sitiada por la multitud, el presidente Edelmiro Farrell, general del ejército que había apoyado el ascenso de Perón y en los últimos días lo había desplazado ante la presión de otros militares, dispone que se vuelva atrás con la resolución tomada. Los promotores del arresto acuerdan desistir de todo si Perón desmoviliza a la gente y hay una convocatoria a elecciones a corto plazo.

Sobre la última hora de la noche, Perón hace su primera aparición en los balcones de la Casa de Gobierno. Ante la muchedumbre que lo aclama dice que “sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse nuestra hermosa Patria”. Da por sentado que los manifestantes han triunfado, y les pide que retornen pacíficamente a sus casas.

Desde ese día, elevado en adelante a la categoría de mito, lo que hasta el momento era un fenómeno incipiente pasa a ser el peronismo.

Y comienza la campaña electoral, en la que por supuesto toma forma el antiperonismo. Como en la marcha realizada en septiembre, fuerzas que nunca se supuso que podrían actuar juntas se unen, cada una por sus propios motivos, para sumar votos contra Perón.

Es una campaña cargada de hostilidad en una y otra dirección. Para la Unión Democrática, que concentra una inusitada variedad de opositores, Perón es la encarnación del fascismo en América Latina. El peronismo, por su parte, se conduce por una visión propia del fascismo: el que no sea peronista es un enemigo de la patria, tan insignificante e inmoral que no hay por qué tratarlo como humano.

En las elecciones de febrero el Partido Laborista, formación de origen sindical que existía previamente y dio cauce a la candidatura de Perón, obtiene el 52% de los votos. La Unión Democrática obtiene el 42%.

Perón asume como presidente el 4 de junio de 1946, para consolidar el sentimiento de que el golpe militar de tres años antes marcó un hito en la historia argentina.

Los cambios que empiezan a verse

El país asiste a la continuación de lo iniciado poco antes: más empresas en funcionamiento, más gente trabajando, trabajadores que pueden tomarse vacaciones y más satisfacción general.

Este crecimiento es empujado por un fuerte intervencionismo. Se crean empresas estatales en el área industrial y de servicios. A su vez, los sueldos mejoran porque lo dispone la ley, y son acompañados por complementos de salario familiar por varios conceptos.

Es el ideal de todo gobierno que aspira a que la gente se sienta bien, y es por supuesto el ideal de la misma gente. Lo que queda sin considerar es que se está presenciando, y festejando, la etapa agradable de una economía no sustentada sobre las bases forzosamente reales de la actividad económica.

La actividad económica funciona sobre bases reales cuando produce un determinado bien, paga su coste de producción y lo vende con una ganancia que justifique continuar haciendo lo mismo.

Si en este proceso se introduce un factor ajeno a la actividad en cuestión, como la inyección de dinero proveniente de otra fuente, esa actividad pasa a estar alimentada artificialmente, y queda destinada a caer cuando se le acabe el alimento.

En la prosperidad visible de esta etapa abunda el traspaso de recursos de un sector a otro. El Estado crea el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que compra la producción agrícola a precios inferiores a los del mercado mundial. Luego la vende en el exterior, y con el excedente obtenido inyecta dinero en la actividad industrial, que crece a expensas de ese alimento y no de una fortaleza propia.

Esas compras a precios artificiales sirven también para abaratar los alimentos en el mercado interno. Así, los trabajadores disfrutan de un mejor nivel de vida sin necesidad de mayores salarios nominales, con lo que se continúa favoreciendo a la industria a costa de perjudicar al agro.

Paralelamente se subsidia el consumo de energía de la industria, a la que también se otorgan créditos blandos.

La actividad industrial crece con aportes que no provienen de ganancias genuinas. Y es fuerte dentro del mercado interno; no en relación con competidores extranjeros.

Si los productos fabricados en esas condiciones resultan más caros que los de sus competidores, el Estado aplica aranceles sobre los productos importados, que no podrán comprarse en el país al precio en que están disponibles en otros.

El efecto es que hay cada vez más industrias que no podrían sostenerse si no fuera por los favores del Estado. La contrapartida es que se desalienta y reduce la actividad del campo. Las quejas por tener que pagar la fiesta no representan, como dice el gobierno, la disconformidad de los oligarcas o grandes terratenientes, sino la de todos los productores agropecuarios.

Si el Estado toma más empleados de los necesarios, para que haya más gente contenta y para que más sueldos generen más demanda, pero no puede pagar ese gasto con lo que recauda, le quedan tres opciones: 1) incrementar los impuestos, con lo que reducirá el beneficio de los que producen; 2) pedir préstamos, con lo que generará deudas que más adelante pesarán sobre la sociedad, 3) imprimir billetes, con lo que parecerá que hay riqueza donde no la hay, pero como efecto la moneda valdrá cada vez menos.

Por cualquiera de esos caminos, hay un primer efecto que gusta mucho a gobernantes y gobernados; pero tarde o temprano todo lo sostenido sobre una base artificial termina cayendo.

El juego de los creadores de economía artificial es mantener ese primer efecto lo más posible, y soñar con que siempre se pueden postergar las consecuencias.

  También están los no tan fantasiosos, que presienten la imposibilidad de mantener la economía sobre bases artificiales, pero la sostienen transitoriamente para lograr lo que les parece más prioritario: reducir la disconformidad.

Tal parece ser el caso de Perón, que, ante la perspectiva de que la caída de las exportaciones tradicionales genere un empobrecimiento que intensifique el peligro comunista, prefiere dar un primer impulso a la economía por vía del intervencionismo, y dejar para después la búsqueda del equilibrio.

Lo más urgente es que empiece habiendo cohesión social. Si más adelante se acomoda la economía hasta que se sustente sobre sus propias bases se habrá conseguido las dos cosas: estabilidad social y crecimiento.

Una y otra vez, con unos y otros protagonistas, ese más adelante se empeña en no dejarse alcanzar.

Esa mejora inducida es visible y festejable los primeros años del gobierno de Perón, que parece creer que el Estado siempre tendrá espaldas sobre las que cargar lo que se le quiera hacer sostener.

Con esa suposición consigue que la gente lo ame como el gran proveedor de felicidad colectiva; pero no planifica un modo de llegar alguna vez a una economía que funcione sin la magia del gasto público.

El resultado es un país de economía débil y aislada, que al necesitar insumos importados para la industria no tiene cómo pagarlos porque está exportando muy poco. Lo que ingresa por exportaciones agropecuarias, de lo que los productores reciben menos que antes, se destina en su mayor parte a subsidiar esa actividad industrial que de otro modo no se sustentaría a sí misma.

El problema se hace muy visible

La frase del historiador Félix Luna, el país era una fiesta, es aplicable hasta 1948. En 1949 hay cada vez más inversores presintiendo que se acabó el dinero con que pagar la fiesta, y que las actividades incapaces de sostenerse por sí mismas no sobrevivirán.

Esto es muy grave; porque las actividades que no se sostienen por sí mismas son casi todas.

En su segunda presidencia, iniciada en1952, Perón busca revertir la situación recurriendo a todo aquello de lo que parecía enemigo: pausar las mejoras salariales, reducir el gasto público y alentar el ingreso de capital extranjero. Estas medidas mejoran hasta cierto punto algunos indicadores.

Entretanto, la disminución de la satisfacción de los trabajadores, más el malestar de la oposición ante la reforma constitucional que permite la reelección indefinida del presidente, más el disgusto de las fuerzas armadas ante el clima de resentimiento social que promueve el peronismo, a lo que se agrega un creciente enfrentamiento con la Iglesia, fortalece cada vez más la disposición a conspirar contra el gobierno.

En junio de 1955, la aviación naval ataca a una multitud reunida en Plaza de Mayo, y su plan incluye disparar sobre la casa de gobierno para matar a Perón.

Por el momento Perón conserva el apoyo del ejército y la sublevación no se hace con el poder. Los atacantes huyen a Uruguay.

La inestabilidad resultante mueve a Perón a intentar mejorar las relaciones con la oposición. Algunos partidos aceptan dialogar, y por primera vez en mucho tiempo se les permite acceder a los medios de difusión; pero en última instancia ninguno está dispuesto a respaldar al gobierno.

Ante esta falta de resultados y tras una sucesión de hechos de violencia Perón da por concluido todo intento, y el 31 de agosto habla desde el balcón de la Casa de Gobierno.

Declara que “con nuestra tolerancia exagerada nos hemos ganado el derecho de reprimirlos violentamente”, llama al pueblo a “una acción y una lucha que condigan con la violencia a que quieren llevarlo”, y concluye con “cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos”.

Derrocamiento y desperonización

La idea de derrocar a Perón se extiende a una creciente proporción de mandos militares. El 16 de septiembre tiene lugar el golpe de estado, que encuentra resistencia pero consigue doblegarla, con un saldo de muertes menor al de los hechos de junio.

Cuando militantes peronistas y otros sectores civiles reclaman armas para enfrentar a los golpistas, Perón está convencido de que ya no hay solución y prefiere retirarse.

La primera etapa de su exilio será en Paraguay.

El 23 de septiembre asume como presidente el general Eduardo Lonardi, que aunque consideró necesario desplazar a Perón es partidario de conservar la buena relación entre gobierno y sindicatos, y junto con ella el esquema de reformas sociales y conciliación de clases. Llama a una etapa de reconciliación bajo el lema “ni vencedores ni vencidos”.

Sin embargo, ha ganado fuerza un sector para el que aceptar el liderazgo de Lonardi fue un recurso con que obtener una adhesión inicial más amplia, cuando de ninguna manera estaba interesado en la reconciliación nacional.

En menos de dos meses, ese núcleo duro de la Revolución Libertadora resuelve ponerse de manifiesto y sacarse de encima a Lonardi, que el 13 de noviembre de 1955 es destituido y reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu.

Entonces se pone en marcha el proyecto de avanzar a fondo y a cualquier precio en la desperonización del país. Se interviene la Confederación General del Trabajo, se investiga y procesa a funcionarios del gobierno peronista, se retiran de los edificios públicos todos los símbolos peronistas, se cambian nombres de provincias, ciudades y calles para que no figuren los nombres de Juan Domingo Perón y Eva Perón. Asimismo, se prohíbe mencionar a ambos en todos los medios de difusión.

Por orden directa del presidente Aramburu, un comando militar retira del edificio de la CGT el féretro con los restos de Evita, e inicia operaciones para evitar que se rastree su ubicación.

El catolicismo, enraizado en una amplia mayoría de los militares, determina que los muertos sean enterrados y no incinerados. De modo que este principio prepondera sobre el odio y sobre la conveniencia de borrar toda posibilidad de veneración a esos restos mortales. Se asigna a un oficial del ejército la misión de encargarse del tema bajo el máximo secreto. Este hace trasladar el ataúd en un barco bajo un nombre falso y lo entierra en un cementerio de Italia. Nadie puede develar el enigma de dónde está, y permanecerá allí hasta 1971.

Resistencia peronista y sindicalismo sin Perón

Desde el inicio del plan de desperonización surge como respuesta la resistencia peronista, en un principio espontánea y luego fomentada desde el exilio por el mismo Perón, que llama a sabotear por todos los medios los planes del nuevo gobierno.

Algunos sectores ejecutan actos de violencia. Entretanto en el sindicalismo, cuyas cabezas visibles de la etapa conciliadora están en prisión, emergen líderes no conciliadores, forjados en el enfrentamiento directo con el gobierno.

 Cuando Perón se ocupó de crear un sindicalismo a tono con su gobierno, le asignó desde un principio las funciones de organizar la recepción de medidas beneficiosas, promover la conciliación y depurar sus filas de toda influencia de la izquierda.

En algún momento Evita dejó claro ante este sindicalismo cuáles eran las reglas de juego: “a Perón no se le hacen huelgas”.

El objetivo de Perón era conseguir, una vez desactivado todo peligro de rebelión social, que la economía volviera a sus cauces y funcionara sin el parche de la inyección de fondos públicos.

Ahora, cuando no está Perón y gobierna el enemigo, el sindicalismo no tiene otro objetivo que el de ser oposición, sabotear todo y obtener, por los medios que sea, mejores salarios y condiciones de trabajo.

Si bajo el gobierno peronista existía la consideración de que había un límite en lo que los trabajadores podían lograr sin resentir la economía, bajo la Revolución Libertadora esa consideración desaparece. Solo existe el luchar y pedir.

Los trabajadores, que desde siempre se habían sentido protagonistas del enfrentamiento entre capital y trabajo, escribieron por iniciativa propia la Marcha Peronista, en la que cantaban con la mayor espontaneidad su convicción de que Perón combatía al capital.

El peronismo oficial nunca pudo sacarse de encima esa estrofa; y el mismo Perón, sin llegar en ningún momento a censurar a sus seguidores, reiteró una y otra vez a los empresarios que “no conocerán mejor defensor de los capitales que yo”.

Ahora, sin Perón, al sindicalismo no le importa ese punto. Se dedica a reclamar y a seguir reclamando, aun a costa de que los capitalistas salgan tan perjudicados que decidan fugarse de la economía argentina.

Perón había acostumbrado a los trabajadores a beneficios que en una economía sana no serían posibles. Así y todo mantenía, sin demasiada fidelidad, la idea de que en algún momento ajustaría las cuentas y recuperaría el equilibrio.

El sindicalismo, y el peronismo de masas, se abrazaron instintiva y apasionadamente a lo primero que vieron, la fiesta de pedir y recibir, y nunca prestaron atención a los posteriores intentos de sanear la economía, aunque su promotor fuera el líder que tanto amaban. Jamás concibieron otro peronismo que el de aquella gloriosa primera parte.

Ya sin Perón, al sindicalismo no le importarán el equilibrio ni el futuro de la economía. Cuando gobiernos o empresarios digan que no es posible darle nada más sin provocar desastres, no les creerá y continuará pidiendo.

Perón no pareció haber sido tan enemigo de militares y capitalistas como para que estos se molestaran tanto por derrocarlo y mantenerlo lejos. Se le fue la mano con los gastos a la hora de obtener adhesión de los trabajadores; pero no era un revolucionario sino un conservador pragmático, preocupado por restablecer el equilibrio que él mismo había roto.

Todo indica que coincidía en mucho con el ideal conservador de militares y capitalistas.

Si sus opositores tuvieron algo serio que echarle en cara, no fue el desorden económico sino el desorden ideológico. En su afán de establecer un gobierno con respaldo de masas sembró en lo más profundo del país la actitud psicológica de esperar todo del gobierno, de que nada importa más que recibir beneficios porque se tiene derecho, de no pensar en ganarse la vida sino en quitarle a los que tienen.

Quizás Perón no deseó todos los detalles y matices que adquirió esa mentalidad, pero es muy propio del ser humano entender a los líderes de la manera que más le gusta; y es habitual que entre lo que más gusta figure la vida fácil.

Un pueblo que odie a los que prosperan, y ame casi religiosamente a un líder del que espera la multiplicación de los panes, no se parece al pueblo que motorizó la prosperidad argentina en esa etapa que parece condenada a quedar atrás.

Esta siembra de sentimientos, ese reblandecimiento del músculo productivo del país, es lo que los detractores que ven más a fondo recriminan a Perón, aunque tal vez ni él mismo previó hasta dónde se extendería lo que echó a rodar.

Tal vez Perón no haya sido el demonio, sino el que por falta de precaución abrió las puertas del infierno.

Intentos de institucionalización

Luego de sus primeras medidas represivas, y de fusilar a los jefes militares que en 1956 protagonizan un alzamiento peronista, la Revolución Libertadora comprueba que ha desalentado lo suficiente a los partidarios de la resistencia.

Pone en marcha una liberalización de la economía, más decidida que los intentos correctivos del segundo gobierno de Perón. Al mismo tiempo encara lo que según sus proclamas había venido a hacer: restaurar la democracia.

Convoca a una Convención para que reforme la Constitución; pero la misma considera que no le corresponde hacerlo porque no fue convocada por el voto del Congreso. En consecuencia, ratifica la vigencia de la Constitución de 1853.

En 1958 hay elecciones presidenciales con el peronismo proscripto. Es elegido Arturo Frondizi, que ha creado la Unión Cívica Radical Intransigente. Al parecer consiguió que Perón recomendara a sus partidarios votar por él, a cambio de la promesa de que trabajaría por restaurar la legalidad del peronismo.

Frondizi incentiva la economía con un plan que acepta decididamente la inversión extranjera. Ingresan empresas internacionales a las áreas más determinantes, como el petróleo, el acero, la fabricación de automóviles y de electrodomésticos. 

En pocos años el país consigue el autoabastecimiento petrolero y un sólido incremento de la producción de bienes.

Ante las críticas de militares y civiles nacionalistas, Frondizi sostiene que hay un nacionalismo de medios, preocupado por impedir la intervención extranjera en la economía, y un nacionalismo de fines, que se propone el fortalecimiento de la nación en su capacidad productiva, intervengan o no capitales extranjeros.

Dentro de ese crecimiento, la gran diferencia con los países desarrollados es que las nuevas industrias son fuertes exclusivamente en el mercado interno; crecen bajo la protección de aranceles a la importación, y no están en condiciones de vender en el resto del mundo.

En ese contexto de crecimiento, Frondizi alienta un marco legal favorable a la actividad de los sindicatos y propone un sistema de concertación entre Estado, empresarios y trabajadores.

Aunque este esquema coincide con la propuesta básica del peronismo, Perón, y quienes siguen al pie de la letra las directivas que envía desde España, impulsan un permanente movimiento de oposición. Esta influencia prefiere fortalecer más la tendencia dura que la tendencia conciliadora del sindicalismo, para evitar que las banderas tradicionales del peronismo sean tomadas por otros.

El efecto de esta confrontación es que hay cada vez menos confianza en que las mejoras económicas se consoliden en forma de desarrollo sostenible.

Entretanto, ingresa en la escena del mundo la Revolución Cubana. En mayo de 1959 Fidel Castro hace un breve viaje a Buenos Aires, donde además de visitar al presidente Frondizi es recibido como el flamante héroe que en vez de resignarse a una dictadura se rebeló y acabó derrotándola.

Es un hecho, visible y tangible, que no puede dejar de atrapar la atención ni el sentimiento de millones de argentinos cansados de ver y aguantar dictaduras. Muestra que los sueños de rebelión de la izquierda tradicional, y del peronismo destituido y reprimido, no son fantasiosos ni irrealizables. La situación en el resto de América Latina no es muy distinta, y casi puede decirse que nace otra etapa de su historia.

Sobra decir que esto no cae bien a los militares, y menos todavía cuando Castro empieza a definirse en favor del comunismo.

La Guerra Fría acaba de extenderse a América, y aunque Frondizi sintoniza con Estados Unidos en el área económica no siente lo mismo en sus discursos.

Para colmo, en 1961 trasciende la información de que Ernesto Che Guevara ingresó en secreto a la Argentina y se reunió en la residencia presidencial de Olivos con Frondizi, con vistas a que el presidente argentino intentara suavizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Es un tema más por el que los militares presentan reclamos a Frondizi. Desde un principio tienen claro que está en vigencia una democracia tutelada, cuyas disposiciones dependen de que las Fuerzas Armadas las aprueben o no. Ante cada paso que no parezca digerible para sus principios, los militares ejercen lo que entienden como su derecho a corregir la marcha, o en última instancia a desalojar al gobierno.

Esta opción va pareciendo cada vez más probable; porque Frondizi es a veces demasiado izquierdista y a veces poco nacionalista, porque permite que haya partidos de inconfundibles rasgos peronistas, y porque en última instancia no pacifica al país, que vuelve a padecer el inextinguible enfrentamiento entre peronismo y antiperonismo.

El incipiente crecimiento económico se ve frustrado por huelgas y tomas de fábricas protagonizadas por el ala más dura del sindicalismo. En marzo de 1962 hay elecciones provinciales y legislativas, a las que se presentan partidos neoperonistas. Frondizi les prohíbe el uso de símbolos y nombres alusivos al peronismo, y espera poder derrotarlos en las urnas.

Pero pierde la apuesta: ese neoperonismo triunfa en ocho provincias.

La consecuencia inmediata es que Frondizi, por exigencia de los militares, anula esas elecciones. Con esto queda en evidencia que se ha transformado en una figura sin poder, que no consigue ni conseguirá la ansiada integración de las clases sociales en nombre de un proyecto de desarrollo.

Como las Fuerzas Armadas son conscientes de no haber obtenido lo que esperaban de él, lo desalojan del poder ese mismo mes de marzo.

Poniendo en marcha otra etapa

Luego de tratativas nunca del todo conocidas, se ejecuta un golpe que se esmera en no parecer un golpe. Frondizi es arrestado y recluido en la isla Martín García. Entonces la Corte Suprema de Justicia aplica la Ley de Acefalía y nombra presidente a José María Guido, presidente provisional del Senado.

Aparentemente es una sucesión dentro de la ley; pero es efecto de que el presidente ha sido desalojado por la fuerza. Los comandantes de las Fuerzas Armadas exigieron a Frondizi que renunciara, y como este no aceptó esa solución fácil porque hubiera significado obedecer a quienes no debía obedecer, fue arrestado a primera hora del 29 de marzo.

Mientras se define cómo continuará lo iniciado, en las Fuerzas Armadas, que una y otra vez sacaron a relucir las armas en busca de soluciones de las que la democracia no parecía capaz, están en pugna dos tendencias.

Una es la legalista, partidaria de que haya militares profesionales, que no hagan otra cosa que obedecer a sus superiores, el primero de los cuales es el presidente elegido de acuerdo a la Constitución. Esta tendencia quiere que se consolide el funcionamiento del país mediante una convivencia en la que todo sea legal, incluyendo el proscripto peronismo, aunque con la condición de no aceptar la presencia personal de Perón.

La otra tendencia quiere militares políticos, que deliberen y decidan sobre hacia dónde conducir el país, sustentados en la convicción de ser la última fuerza de reserva que puede salvar a la Patria cuando está en peligro. Para esta tendencia nada es más importante que cumplir su misión de poner orden a cualquier precio, incluso por encima de toda consideración por las leyes. Para ella el peronismo no es digerible, porque representa la misma amenaza que el comunismo.

Durante 1962 y 1963 se suceden conflictos entre ambas formas de ver la condición de ser militar. En consonancia con la denominación utilizada en las simulaciones de combate con fines de entrenamiento, se aplica a los legalistas el nombre de azules, y a sus opositores el de colorados.

Luego de algunos meses de disputas que se traducen en diversos cambios de cargos y planes del gobierno, el enfrentamiento alcanza su máximo dramatismo en abril de 1963, con combates en varios puntos del país que concluyen con la rendición del bando colorado.

La consecuencia es una purga dentro de las Fuerzas Armadas, y la decisión de que en vez de avanzar hacia una dictadura permanente se inicie un nuevo proceso electoral.

Se llama a elecciones para el 7 de julio de 1963.

Triunfa la Unión Cívica Radical del Pueblo, con la candidatura de Arturo Umberto Illia. El segundo puesto lo ocupa el voto en blanco, que fue en este caso la propuesta de Perón. El tercero lo ocupa la Unión Cívica Radical Intransigente, que como Arturo Frondizi sigue preso postula a Oscar Alende. En cuarto lugar figura Unión del Pueblo Argentino, creada y liderada por Pedro Eugenio Aramburu, que sustenta su campaña sobre el lema “Vote UDELPA y no vuelve”.

Si bien al principio de la gestión de Illia hay un crecimiento del PBI, algunas de sus medidas, como los controles de precios y la Ley del Salario Mínimo, provocan una retracción de las inversiones. La anulación de los contratos petroleros firmados por Frondizi acaba con el autoabastecimiento y genera malestar entre los inversores extranjeros.

La mejora de algunas condiciones económicas no impide que el sindicalismo peronista vuelva a la carga en su insistencia de ganar poder. En 1964 la CGT inicia un plan de lucha con numerosas movilizaciones y tomas de fábricas, con vistas a obtener mejoras salariales y la legalización total del peronismo.

A fines de ese año Perón aborda un vuelo en lo que se da en llamar Operación Retorno; pero al hacer escala en Río de Janeiro las autoridades de Brasil, por solicitud del gobierno argentino, lo detienen y lo obligan a regresar a España.

Esta imposibilidad del retorno alienta a algunos sectores sindicales a buscar el establecimiento de un peronismo sin Perón, que varios de sus dirigentes aspiran a liderar. Illia tiende a llevarse bien con esta iniciativa, porque coincide con su aspiración a dar al peronismo un nivel limitado de legalidad.

Sin embargo, esta tendencia se ve ante la imposibilidad de disputarle espacio al líder exiliado. En abril de 1966 hay elecciones de gobernador en la provincia de Mendoza, en las que los neoperonistas promueven a su propio candidato; pero el que gana más votos es el apoyado y recomendado personalmente por Perón.

La aspiración a que un gobierno constitucional debilite la influencia del peronismo, o conviva con un tolerable peronismo sin Perón, termina quedando una vez más en la nada.

Los planes echados a rodar no han conseguido que haya orden, distención ni prosperidad.

Entonces las Fuerzas Armadas, aunque se haya impuesto en ellas el sector legalista, se ven ante la evidencia de que la herramienta con que plasmar sus objetivos no puede ser la legalidad, y vuelven a sentirse tentadas de intervenir.

Tomando el poder para siempre

El 28 de junio de 1966 la Junta de Comandantes, rodeando la Casa de Gobierno y llevando efectivos armados al despacho presidencial, convence al presidente Illia de que no tiene más remedio que salir de allí.

Al día siguiente asume como presidente el general Juan Carlos Onganía.

Aunque Onganía fue el líder del triunfante sector legalista, lo ocurrido durante el gobierno de Illia, más la creciente influencia de lo que en toda América Latina toma el nombre de doctrina de la seguridad nacional, consolida en las Fuerzas Armadas la idea de que no es posible permanecer mirando la realidad sin intervenir, porque el orden deseado no se instalará por las buenas.

Esta vez no se presentan como gobierno provisional. Su plan es quedarse; por lo menos hasta que hayan dejado establecido un orden que pueda mantenerse sin su intervención.

Y ese estado de cosas no parece cercano, ni para Onganía ni para el resto de la gente.

Ya no existe el plan de quitar un gobierno y establecer otro. Ahora el objetivo es actuar sobre el conjunto de la sociedad hasta haberle dado la forma deseada. “No tenemos plazos: tenemos objetivos”.

El país comienza a escuchar que habrá tres tiempos.

El primero será el tiempo económico, que consistirá en disponer todo lo necesario para que la economía crezca sin trabas ni amenazas.

Cuando ese funcionamiento despejado haya dado lugar a una producción de riqueza intensa, permanente y segura, se podrá dar comienzo al tiempo social, en el que se canalizará riqueza hacia funciones que mejoren las condiciones de vida de amplios sectores.

Y entonces, cuando la mayoría de la gente se sienta conforme con su situación, y haya sólidos indicios de que ese sentimiento perdurará, será posible el tiempo político, en el que se pondrán en marcha los mecanismos para que el pueblo elija un gobierno que disfrute de la estabilidad largamente esperada y no alcanzada.

Nadie puede asegurar en cuánto tiempo cronológico se habrá establecido esa situación. “Este gobierno durará hasta que hayan desaparecido las causas que lo hicieron necesario”.

Mientras tanto nadie comenta que esté en vigencia ni haga falta la Constitución. Se proclama una y otra vez que todo se rige por el Estatuto de la Revolución Argentina.

El tiempo económico

Como el rendimiento de la actividad económica se resiente por efecto de abundantes reclamos sindicales, la tarea más necesaria durante el tiempo económico es la embestida frontal contra todos los que reclaman.

Esa embestida frontal toma la forma más simple y antigua del mundo:  lucha con las armas en la mano, disparando contra huelguistas y manifestantes, arrestando a los enemigos del orden, ilegalizando sindicatos, partidos y toda institución en discordancia con la autoridad.

Como efecto de una constante puja de tendencias en las Fuerzas Armadas, la política económica comienza con una inclinación nacionalista y sigue con una liberal. Bajo una y otra forma se persigue el objetivo de que la economía rinda más, por la vía de imponer la disciplina y aumentar la productividad en las fábricas, mientras se desbarata por la fuerza todo reclamo de mejores condiciones para los trabajadores.

Las reglas del tiempo económico dictaminan que el Estado disponga los cambios que juzga necesarios y el conjunto de la sociedad se limite a aceptarlos. Todo intento de otra cosa recibe como respuesta la represión.

Hay dirigentes sindicales conciliadores, que tienden a llevarse bien con el gobierno para continuar en su puesto aunque deban dejar de exigir beneficios para sus representados, y hay un sector duro, que no renuncia a presionar por mejoras inmediatas. Este sector se encuentra con la proscripción, la cárcel o la necesidad de actuar al borde de la clandestinidad.

A los militares les conviene llevarse bien con el sindicalismo, siempre y cuando no pida más de la cuenta, porque puede encargarse de desalojar de las fábricas a la extrema izquierda.

Hay llegada de inversiones y crecimiento económico; pero no se llega a desactivar los reclamos obreros, y el sindicalismo conciliador no puede conciliar más de la cuenta, porque sabe que perdería la confianza y el voto de sus representados.

En ese estado de cosas, hay un llamado a un paro general para el 30 de mayo de 1969, al que el sindicalismo conciliador suma su apoyo para no quedar descolocado. El reclamo no se limita a mejoras salariales; se presenta como protesta contra la represión y el avasallamiento del orden constitucional.

A diferencia de lo ocurrido con otras medidas de fuerza, esta cuenta con el abierto apoyo del movimiento estudiantil, también víctima reiterada de la represión.

En la ciudad de Córdoba y su cordón industrial, algunos sindicatos llaman a abandonar el trabajo y protestar en las calles desde la mañana del 29 de mayo.

Cerca del mediodía, las columnas de obreros y estudiantes que avanzan hacia el centro desde distintas direcciones obligan a las fuerzas policiales a instalarse en más puntos de los que pueden controlar. La lluvia de piedras sobre sus efectivos es tal que retroceden y dejan un amplio sector de la ciudad en poder de los manifestantes.

Estos atacan e incendian oficinas de empresas extranjeras, comisarías y organismos públicos.

Durante la tarde interviene el ejército, que decreta el toque de queda e informa que disparará sobre todo el que no lo obedezca.

Los manifestantes se retiran hacia diversos barrios en los que levantan barricadas.

Poco a poco el ejército se apodera de todos los distritos ocupados, no sin resistencia de manifestantes y vecinos. No faltan quienes responden a su avance con armas de fuego.

Esa dificultosa toma de control dura hasta el 31 de mayo.

Aunque el gobierno declara pomposamente haber restablecido el orden, se ha instalado en el país una convicción: no se ha conseguido que la sociedad se limite a aceptar pasivamente las directivas de la Revolución Argentina.

Más todavía: luego de una sucesión de golpes militares que pretendieron determinar cómo debía ser el país, hay civiles que abrazan la idea de responder a la fuerza de las armas con disparos en sentido contrario.

Mientras varios ministros renuncian y se acepta llamar a comisiones paritarias para acordar salarios y suavizar la relación con el movimiento obrero, Onganía insiste en que su plan de restablecer el orden no puede concretarse en pocos años, y tal vez lleve décadas.

Pero no todos los militares coinciden con él; crece la convicción de que ese no es el camino.

El siguiente 29 de mayo, mientras el gobierno festeja el Día del Ejército, es secuestrado en su domicilio el ex presidente Pedro Eugenio Aramburu.

De inmediato se difunde un comunicado de una organización identificada como Montoneros, que informa que por sus crímenes contra el peronismo, a los que se suma la desaparición del cadáver de Eva Perón, Aramburu será condenado a muerte.

Mientras las fuerzas del Estado lo buscan en calles y casas, se hace evidente que entre los movimientos que se oponen a la dictadura hay quienes han optado decididamente por la lucha armada. El historial de Aramburu mueve a mucha gente a simpatizar con su condena a muerte y con quienes han tomado esa iniciativa.

A los pocos días es encontrado muerto y enterrado en una casa rural de la provincia de Buenos Aires.

Con el tiempo circularán rumores de que un sector militar planeaba destituir a Onganía e iniciar un proceso de restauración democrática de corte liberal, en el que Aramburu ocuparía un rol central como candidato a presidente.

Ante esto, el ala nacionalista del ejército habría puesto en marcha su contrajugada facilitando información a la izquierda peronista, con la que en este caso coincidió en la determinación de eliminar a Aramburu.

Esta sospecha parece muy a tono con lo que sucede casi inmediatamente: el 8 de junio la Junta de Comandantes de las tres armas destituye a Onganía.

Colocan en su reemplazo a Roberto Marcelo Levingston, un general desconocido para la opinión pública.

Levingston tiende a no obedecer las directivas de la Junta de Comandantes, e inicia un plan con tintes nacionalistas, concede aumentos salariales y trata de rehabilitar a los partidos políticos bajo ciertas limitaciones.

Mientras esta política provoca inflación, fuga de capitales y un rechazo abierto de los partidos, la cúpula militar se dice que es hora de volver a cambiar de presidente.

Ya no hay tiempo económico  

En marzo de 1971 Levingston es destituido y lo reemplaza Alejandro Agustín Lanusse, Comandante del Ejército y líder real del poder militar.

Se da cuenta de que la estrategia de poner orden a fuerza de represión no dio resultado. No hay aceptación pasiva sino incremento de la tensión, y se empieza a responder a la violencia con violencia. Si se prosigue por ese camino las Fuerzas Armadas, con todo su armamento y organización, están en minoría ante el conjunto de la gente.

Se propone un modo más sensato de marchar hacia una convivencia estable: rehabilitar a los partidos políticos y llamarlos a un diálogo, con vistas a que todos coincidan en convivir con respeto y reprobar la violencia.

Sabiendo que solo habrá más armonía si hay menos disconformidad, se ponen en marcha formas de establecer mejores condiciones de vida. Se satisfacen más reclamos sindicales, y se potencia la actividad del Ministerio de Bienestar Social, a cuyo cargo se designa a Francisco Manrique, que en algún momento dice “mi ministerio es lo mismo que la Fundación Eva Perón”.

Si todos los partidos están más o menos conformes, y el común de la gente percibe más mejoras que padecimientos, no habrá movilizaciones de protesta, o las que haya no se sentirán llamadas a arremeter contra el orden existente. Como ese impulso es lo que alimenta el crecimiento de la guerrilla, el efecto deberá ser que esta quede aislada y sea más fácil de eliminar.

Para acercarse a tal situación hace falta una coincidencia de objetivos entre los partidos y las Fuerzas Armadas. Por esa vía se obtendrá legitimidad porque se establecerá un gobierno libremente elegido, y al mismo tiempo habrá gobernabilidad por coexistir este con el poder militar, capaz de sostener el orden contra los que queden al margen de la ley.

Lanusse llama Gran Acuerdo Nacional a ese proceso en que las fuerzas políticas coincidan en dar prioridad a pacificar el país.

Desde el principio de su gobierno inicia reuniones con los partidos, para que todos acuerden ese modelo de salida pacífica.

Si bien hay acuerdo en la disposición a dialogar, no hay coincidencia en todos los detalles. Cada partido quiere incrementar su poder de decisión, y cree que su proyecto de salida es mejor que el del gobierno y que el de cualquier otro protagonista.

Por convicción propia y por sentimientos arraigados en muchos militares, Lanusse se propone que la legalización del peronismo no llegue al punto de incluir la persona de Juan Domingo Perón.

La prolongada animosidad de los militares contra Perón, de la que Lanusse es un representante más bien blando, no parece capaz de reconocer que ahora, cuando entró en acción lo que se dice un verdadero enemigo, Perón ha pasado a ser parte de su propio bando y defenderá lo mismo que ellos. Tal vez esta cercanía se haya vuelto difícil de ver por efecto de la eterna disposición de Perón a llevarse bien con Dios y con el Diablo.

El sentimiento de “peronismo sí; Perón no” se plasma en una disposición: solo podrán ser candidatos a presidente quienes residan en el país antes del 25 de agosto de 1972.

Perón tiene tiempo de volver antes; pero mantiene su decisión en suspenso; juega con la idea de que nadie le va a decir lo que tiene que hacer y, sin mayores explicaciones, se queda en España hasta después de esa fecha.

Al no haber acuerdo entre los partidos para reformar la Constitución, el gobierno establece por decreto nuevas normas electorales: el mandato del presidente debe durar cuatro años, tras los cuales se permitirá un solo período de reelección inmediata. Si ningún candidato llega a obtener el 50% de los votos, debe haber una segunda vuelta en la que solo participen los dos más votados.

Lanusse confía en que en esa segunda vuelta los opositores al peronismo aunarán fuerzas y conseguirán derrotarlo.

Perón recurre a su acostumbrada habilidad para llevarse bien con todo el mundo, invita a varios partidos a aliarse en un amplio frente que sostenga su candidatura. Así cobra forma el Frente Justicialista de Liberación, o FREJULI.

Lanusse ve que su intención de dar la forma deseada a la salida política, en la que no faltó la aspiración a que se lo apoyara como candidato, va quedando cada vez más frustrada, tanto del lado de los partidos como del de las Fuerzas Armadas, en las que se prepararon y abortaron planes de golpes de estado con preferencias por un futuro distinto.

Entretanto, se esfuerza por conseguir que Perón haga alguna declaración pública contra la violencia y la guerrilla. Pero este, cuidadoso de que no se le aleje ni un solo seguidor, deja ese tema sin mencionar. Del lado opuesto, la izquierda peronista se empeña en que haga lo contrario y se defina en su favor. Pero ni unos ni otros consiguen hacerle decir lo que en tiempos preelectorales no le conviene.

En medio de ese panorama, Perón concreta su primer retorno en noviembre de 1972.

Luego de que un enorme despliegue militar y policial evita que se acumulen simpatizantes en Ezeiza, Perón visita sindicatos y trata con diversos dirigentes políticos, pero en ningún caso se reúne con autoridades en ejercicio.

En esa mini campaña demuestra que no le interesa ni le hace falta ningún trato con el gobierno; porque todo eso que intentaba Lanusse lo consigue él con más eficacia. Dice “vengo como pacificador”, genera un clima de concordia entre los partidos y una generalizada confianza en que todo va camino a mejorar. Incluso se reúne cordial y alegremente con Ricardo Balbín, que siempre pareció enfrentarlo desde la trinchera opuesta.

En diciembre regresa a España, tras dejar en manos de sus seguidores más cercanos una disposición: el candidato del Frente Justicialista será Héctor José Cámpora.

Esto gusta especialmente a la juventud y a la izquierda peronista.

Regreso del peronismo

En marzo de 1973 tiene lugar la elección, y todo parece jugarse a la posibilidad de que el Frente Justicialista llegue o no al 50% de los votos.

Finalmente, el recuento le asigna el 49,6%.

El reglamento indica que deberá enfrentarse en la segunda vuelta con Ricardo Balbín; pero este, consciente de su poco caudal de votos propios, prefiere renunciar a esa confrontación.

Así, Cámpora se transforma automáticamente en presidente electo.

Asume el 25 de mayo de 1973, en una Plaza de Mayo colmada de euforia. Desde esa misma mañana se hace evidente lo que pasa dentro del peronismo, porque izquierda y derecha se disputan los sitios más visibles ante la Casa de Gobierno, y no dudan en dispararse entre sí.

Esa noche, manifestantes de las diversas izquierdas rodean las cárceles de todo el país, y tras una presión de varias horas consiguen que el presidente indulte a todos los procesados y condenados por acciones de lucha armada.

La guerrilla peronista se suma a la fiesta colectiva y deja temporalmente la acción armada. La guerrilla marxista declara que no atacará al nuevo gobierno; pero, como los cambios en marcha están muy lejos de su ideal de revolución, manifiesta que continúa en guerra contra el ejército opresor y las empresas imperialistas.

En el área económica, el nuevo gobierno logra establecer un pacto social entre empresas y trabajadores. Las empresas se comprometen a no subir sus precios. Los trabajadores se comprometen a no encarar medidas de fuerza. A cambio reciben un incremento salarial fijo, junto al anuncio de que no habrá otros aumentos hasta 1975.

La suma otorgada no se acerca a lo que, por pura memoria histórica, se esperaba de un gobierno peronista; pero por el momento hay convivencia pacífica y un bajo nivel de inflación.

Paralelamente al pacto social se lanza un plan similar al de los primeros tiempos del peronismo: desarrollo de la industria nacional y del mercado interno, intervención de empresas públicas en la economía, reorientación de las exportaciones hacia el bloque socialista.

En un primer momento hay buenos resultados, sostenidos sobre los precios favorables de los productos agrícolas. Más adelante habrá complicaciones porque estallará en el mundo la crisis del petróleo.

El 20 de junio de 1973 Perón hace su segundo retorno. Esta vez es el retorno oficial, con el peronismo en el poder y con toda la gloria.

Y esta vez todo es festejo sin represión. La gente llega libremente al Puente 12, en las proximidades de Ezeiza. La multitud supera los dos millones de asistentes.

Todo sigue siendo fiesta hasta que falta poco para el aterrizaje. Entonces, ante el Puente 12, estalla lo que estaba destinado a estallar. Tanto la izquierda como la derecha acudieron allí con armas, para disputarse visibilidad o para lo que pudiera ocurrir; pero la derecha, con más sustento institucional y más decisión de matar, se ha llevado armas más poderosas. En algún momento empiezan a sonar disparos, la multitud se dispersa desordenadamente, y muchos militantes de izquierda son perseguidos y baleados en las inmediaciones.

Ante esto se dispone que el vuelo en que vienen Perón y su comitiva aterrice en otro aeropuerto, y acaba no habiendo acto ni discurso.

Se hace evidente que no se está viviendo la fiesta peronista que se auguraba, sino desarrollando una disputa a muerte entre dos concepciones, o dos sentimientos, de qué es peronismo.

El 13 de julio, a menos de dos meses de su asunción, el presidente Cámpora y el vicepresidente Solano Lima renuncian a sus cargos.

Al parecer es un acto voluntario para iniciar un proceso electoral donde se pueda elegir libremente a Perón. Sin embargo, ese mismo día hubo marchas de militantes de derecha que reclamaron ruidosamente esas renuncias. En el mismo proceso son desplazados varios cargos oficiales de tinte izquierdista. No queda claro si Perón promovió ese cambio o se sumó a acontecimientos iniciados sin su intervención.

Se comienza a preparar la elección, ahora ya sin proscripciones.

Se convierte en tema central la candidatura a vicepresidente; porque Perón tiene 78 años y es previsible que no llegue al final de su mandato. La izquierda presiona en favor de Cámpora, y se suceden propuestas y confrontaciones. Finalmente se otorga la candidatura a la esposa de Perón, María Estela Martínez.

Parece una opción neutral; pero tiende a encajar mejor con la derecha, porque muy al lado del matrimonio presidencial está cotidianamente José López Rega, que desde hace tiempo ha visto en el peronismo su camino de acceso al poder, ha sido nombrado ministro de Bienestar social y muestra conductas propias del fascismo.

Todo el mundo lo sabe: la disputa es sobre quién se quedará con el poder cuando no esté Perón.

Mientras tanto, ocupa la presidencia Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno de José López Rega. Correspondía que la ocupara el presidente provisional del Senado; pero López Rega había movido los hilos para que este se ausentara del país antes de las renuncias de Cámpora y Solano Lima.

En septiembre, mientras la guerrilla peronista se mantiene fiel a ese estado de cosas donde todo lo determina el líder, la guerrilla marxista del ERP toma el Comando de Sanidad del ejército, en la Capital Federal. Por un error en la vigilancia de los prisioneros se entera la policía y rodea la unidad militar. Todos los participantes en la operación acaban presos.

Allí acaba la etapa de legalidad irrestricta para todas las organizaciones políticas. El ERP es declarado ilegal.

Días después, el presidente socialista de Chile es derrocado por un golpe militar. Mientras en Argentina se suceden las protestas y se reclama que se entreguen armas a quienes resisten el golpe, Perón sostiene que no se debe intervenir en los asuntos internos de otro país, y afirma que la democracia chilena se echó a perder por culpa de los apresurados de siempre.

Desde ese momento se desvanece el entusiasmo de los que glorificaban desde hacía tiempo la vía chilena al socialismo, y gana más influencia la propuesta de la lucha armada.

El 23 de septiembre tienen lugar las elecciones, y Perón triunfa con un 62% de los votos, el porcentaje más alto de la historia política argentina.

Asume el 12 de octubre.

Pasada la necesidad de mantener buenas relaciones con todos y sumar votos, se acentúa el distanciamiento entre el gobierno y la izquierda peronista.

Esto no se limita a las reiteradas declaraciones de Perón. También recrudecen las confrontaciones en las que sectores de derecha empujan y desalojan de sus cargos a representantes de la izquierda, muchos de ellos elegidos por vía del voto.

Y recrudecen las amenazas y la violencia parapolicial, con torturas y asesinatos de militantes, sindicalistas no ortodoxos y personalidades de la cultura.

En enero de 1974, la mayoría peronista del Congreso vota leyes que incrementan las penas a las tomas de fábricas y delitos considerados políticos.

El 1 de mayo de 1974 se reedita por primera vez el tradicional festejo del Día del Trabajador en Plaza de Mayo. Cuando Perón habla de la fidelidad y fortaleza del sindicalismo oficial, la Juventud Peronista y Montoneros hacen oír sus propias consignas, con lo que obtienen el resultado de que Perón se refiera a ellos como estúpidos que gritan. Luego dice que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los que durante 20 años lucharon por los trabajadores. En ese momento abundan los que empiezan a irse de la plaza, y Perón reitera que “los días venideros serán para la liberación, no solo del colonialismo que viene azotando a nuestro país, sino también de estos infiltrados que trabajan desde dentro, y que son más peligrosos que los que trabajan desde fuera”.

Si hasta este momento la izquierda peronista recurría a argumentos con los que buscaba convencer y convencerse de que en realidad Perón coincidía con su plan, todo indica que de aquí en adelante no habrá cómo sostener esas elucubraciones.

Y no hay mucho tiempo para probar qué pasa con esa relación, porque Perón muere el 1 de julio.

Asume la presidencia su esposa, María Estela Martínez.

Aunque Perón le había recomendado que cuando él no estuviera compartiera iniciativas y responsabilidades con Ricardo Balbín, ella da cada vez más espacio a José López Rega, cuya influencia se extiende a distintas áreas de gobierno.

Los que, en una u otra posición del espectro político, esperaban concordia y estabilización, se dan cuenta de que esa posibilidad se sostenía por completo en una sola figura, y que acaba de abrirse la puerta hacia la pura incertidumbre.

En poco tiempo tiende a disolverse el pacto social. El control de precios alienta el desabastecimiento y el crecimiento del mercado negro. Los sindicatos se muestran reacios a cumplir su parte y vuelven a los reclamos salariales. El gobierno revitaliza la expansión monetaria.

José Ber Gelbard, ministro de economía que orquestó el pacto social y el plan de estabilización, renuncia en septiembre de 1974.

Gobernadores y funcionarios de varias provincias relacionados con la izquierda son removidos mediante distintos recursos, entre los que no falta la violencia. Se incrementan las amenazas y los crímenes de la Alianza Anticomunista Argentina.

El ensombrecimiento del clima político abre paso en pocos meses al rumor más escuchado de la historia nacional: aquí va a haber un golpe.

Tras un período en que Alfredo Gómez Morales ocupa el Ministerio de Economía y se incrementa la inflación, en junio de 1975 es designado Celestino Rodrigo, que al aceptar el cargo vaticina “mañana me matan o mañana empezamos a hacer las cosas bien”.

Al iniciar su gestión devalúa el peso en un 150%, incrementa en un 100% los precios de los servicios públicos, y solo un 45% los salarios. Considera que con tal modificación de costos relativos, que en adelante debe mantenerse estable, la economía no puede hacer otra cosa que mejorar.

Pero se pone en evidencia, una vez más, que la economía no depende de las ideas de un ministro sino de qué hace la gente. Los sindicatos, oficialistas o no, se oponen al plan y declaran el primer paro general contra un gobierno peronista.

En un proceso donde cada sector se afana por ser el que conquiste el mayor incremento salarial, los sueldos alcanzan aceleradamente un aumento promedio del 180%, arrastrando al resto de los índices y desmoronando toda esperanza de estabilización.

Celestino Rodrigo dura en su cargo un mes y medio.

Al mismo tiempo, todas las movilizaciones reclaman la remoción de José López Rega, de quien la presidenta se ve inmediatamente obligada a prescindir. Lo envía a Europa en lo que llama una misión especial, y no vuelve a haber noticias de él.

El sostén del gobierno pasa a ser el sindicalismo oficialista; con lo que ningún plan será viable si este se empeña en rechazarlo.

Y la respuesta no es otra en ningún caso. Nadie acepta la menor disminución de su bienestar inmediato, sean cuales sean las consecuencias. Toda siembra de condiciones con vistas al futuro queda condenada a la desintegración.

Los sindicatos, ya sin nadie con quien sentarse a hablar, ya sin un contrapoder que les impida traspasar un límite, se dedican a lo que siempre se dedicaron: pedir.

Y si lo que piden produce inflación, y empeora la ya empeorada situación en que estaban, su única respuesta es volver al ataque y pedir más que antes.

Ningún ministro de economía dura en su cargo, y se acelera el deterioro de todos los índices.

Si crece la masa monetaria y no crece la provisión de bienes se desvaloriza la moneda. Y en este caso hay un agravante: la provisión de bienes no se limita a no crecer; es cada vez menor; porque cada día hay menos gente trabajando.

Todo el mundo está declarando huelgas y marchando por las calles, sin que nadie se lo impida ni le proponga otra cosa.

Ya nadie confía en que vaya a haber una salida.

Por un lado crece la sensación de que no habrá solución dentro del sistema, y la consiguiente mayor influencia de los movimientos revolucionarios; por otro crece la insistencia de los militares para que se acepte recurrir a todos los medios para restaurar el orden.

Luego de varias décadas de vaivenes entre represión y apertura democrática, y ya sin posibilidad de que Perón ejerza de pacificador, crece día a día la certeza de que detrás del desorden generalizado se está reprogramando el uso de la fuerza; esta vez para ir más lejos que en todos los casos en que no fue suficiente.

El Proceso

La represión en todos los frentes, a la que una vez se lanzó Onganía, dio por resultado la aparición de un nuevo factor: gente dispuesta a responder a la violencia armada con violencia armada.

Quien decida reemprender el camino de la represión no solo necesitará ir más lejos que sus predecesores, sino agregar a su despliegue el modo adecuado de combatir a ese nuevo factor.

Los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, las movilizaciones callejeras, eran visibles, como es visible el enemigo en una guerra de posiciones. Ahora el plan de imponer el orden tiene enfrente un enemigo invisible: personas parecidas a las demás que caminan todos los días entre ellas.

La fórmula para ese combate está inventada: observar, recopilar información y preseleccionar los blancos sobre los que lanzarse; eliminar a los peligrosos sin que medie la necesidad de comprobar delitos. Y si después de extirpar a los preseleccionados siguen quedando enemigos, proseguir el ataque contra cualquiera que tal vez lo sea.

Esta estrategia suele verse obstaculizada si se ejecuta bajo un gobierno legal, para el que siempre habrá algo que no esté permitido.

Sabiendo que toda otra posibilidad ha quedado atrás, el 24 de marzo de 1976 se pone en marcha lo planeado.

Antes del amanecer, luego de que la presidenta es arrestada durante su traslado a la residencia de Olivos, se lanzan grupos de tareas sobre los primeros blancos: activistas sindicales, estudiantes, políticos, y todo tipo de sospechosos previamente escogidos. Los que no mueren en ese primer momento son llevados a centros de detención preparados para el caso.

Mientras, entre los acordes de marchas militares se difunden los primeros comunicados: “se comunica que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar… la población deberá abstenerse de toda forma de manifestación”.

Mientras cesan todas las huelgas y las calles vuelven a una temerosa normalidad, prosigue lo que nadie ve en las noticias: los grupos de operaciones secuestran personas, las llevan a donde nadie pueda encontrarlas ni preguntar por ellas, y las torturan para hacerles decir dónde ir a buscar a otras que convenga encerrar.

El objetivo inmediato es desactivar toda fuerza que pueda interferir el orden económico proyectado. Con ese fin se suspende el derecho de huelga, se intervienen la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica, ya que esta última representa a las empresas mercadointernistas.

La base del proyecto es la idea de abandonar lo que se ha vuelto la práctica habitual de las últimas décadas: la intervención del Estado en la economía. En el nuevo orden económico no debe haber regulaciones, aranceles, subsidios, ni funciones productivas en manos del Estado. Como el Estado tampoco debe interferir los movimientos de capitales, habrá plena libertad para el ingreso o salida de inversiones extranjeras.

Al no ser subsidiadas ni protegidas, las industrias deberán ser capaces de competir con la ahora desregulada importación. Este fortalecimiento de las empresas requerirá no solo mejor capacidad de dirección, sino que el sector laboral deje atrás sus reclamos salariales y su reticencia a incrementar la productividad. Muchas empresas no llegan a implementar esos cambios y desaparecen.

En la idea de disminuir las funciones del Estado no se incluyen en este caso las privatizaciones de empresas públicas, tanto industriales como de servicios. El motivo es que, aunque el gobierno es ejercido por el sector liberal de las Fuerzas Armadas, el sector nacionalista influye hasta el punto de impedir que se lleven a cabo esas medidas.

Si bien su objetivo más básico es eliminar los desequilibrios producidos por los reclamos obreros, el gobierno militar no es la pura representación de la racionalidad económica. Dentro de las Fuerzas Armadas hay facciones que hacen fuerza en distintas direcciones: duros y blandos, liberales y nacionalistas, ruralistas e industrialistas, y a esto se suman las disputas entre individuos deseosos de hacerse con más poder.

Por sobre cualquier ideal de crecimiento económico se prioriza el de un país ordenado y estable, en el que hayan desaparecido las convulsiones y rebeliones que lo aquejan desde hace tiempo. Lo que realmente importa es aniquilar al enemigo en todas las áreas en que se presenta y poner orden. Si importa en alguna medida la prosperidad, no es el problema central.

No llega a haber una real fidelidad al principio de eliminar el proteccionismo; se lo mantiene cuando cumple el fin de fomentar actividades de algunas regiones. También continúa siendo abultado el gasto público, que alimenta el equipamiento militar y obras de infraestructura.

Se dispone una reforma financiera, que parte de un exceso de intervención estatal y desemboca en una exagerada ausencia de normas. Simultáneamente ha aparecido en el mundo una abundancia de petrodólares, provenientes de las nuevas condiciones impuestas por los países de la OPEP, que da por resultado tasas internacionales muy bajas, al mismo tiempo que las tasas argentinas se han vuelto altas, porque entre otras cosas el Estado toma más y más préstamos para cubrir su déficit.

Esta combinación de factores se suma al plan del gobierno de programar y garantizar la cotización del dólar para los siguientes meses, que genera una sobrevaluación ficticia de la moneda argentina. En estas condiciones, abundan los inversores y entidades que toman préstamos baratos en el exterior y los invierten en depósitos argentinos a tasas argentinas.

Esta facilidad para conseguir ganancias sin producir nada atrae voluminosas masas de capitales. Pero cuando la situación externa determina que las tasas en dólares suban, esos capitales se apresuran a irse, y provocan un vaciamiento que arruina a varios bancos y entidades financieras.

Como el Estado había establecido un sistema de garantía de los depósitos bancarios, la neutralización de ese efecto destructivo obliga a volver a inflar el presupuesto público.

En marzo de 1981, Videla cumple sus 5 años de gobierno. Además de que se dispone su reemplazo porque era lo convenido por la Junta, hay disconformidad en las Fuerzas Armadas; porque se ha extirpado de la sociedad a los peligrosos y se ha desactivado toda forma de reclamos, pero no se ha conseguido casi nada del previsto saneamiento económico.

Asume como presidente el general Roberto Viola, que releva al ministro de economía y dispone una devaluación del peso. Da muestras de intentar una apertura política, que entre otras cosas da lugar a un renacimiento de la actividad sindical, a pesar de que continúa proscripta. Como los partidos políticos se oponen a todo condicionamiento de las Fuerzas Armadas sobre un gobierno democrático, se disuelven las posibilidades de diálogo.

Ante la evidencia de que su gobierno no representa ninguna perspectiva seria de cambio, en pocos meses la Junta Militar exige a Viola que renuncie. Como se niega, se dispone su relevo por razón de Estado.

En los últimos días de 1981 asume la presidencia el general Leopoldo Fortunato Galtieri, decidido partidario de volver a las raíces y establecer una autoridad más inflexible que la de sus predecesores.

Dispone el congelamiento de los salarios, la restricción del gasto público y de la circulación monetaria, con lo que acentúa la recesión ya imperante.

Al ver quebrada la posibilidad de diálogo vislumbrada en los meses anteriores, los partidos políticos y el sindicalismo comienzan a promover actos de protesta.

Galtieri ya tiene preparada la respuesta con que neutralizar toda disconformidad y fortalecerse como figura de poder: el viejo recurso político de enfrentar a un enemigo externo.

Su plan viene preparándose casi desde un principio, y toma forma en el momento más adecuado: el 30 de marzo de 1982 se realiza en el centro de Buenos Aires una manifestación conjunta de partidos y sindicatos que claman desesperadamente por un futuro distinto. El gobierno no acepta esa insolencia y reprime violentamente a los manifestantes.

Cuando todo parece estar desmoronándose, el 2 de abril los argentinos se despiertan con una noticia: una expedición militar ha desembarcado en las Islas Malvinas y se las ha arrebatado a las tropas británicas.

Una vieja herida en el corazón del país determina que todo se reacomode como se esperaba: Galtieri logra instalarse en el balcón desde el que hablaron los ídolos del pueblo, y los mismos que tres días antes lo despreciaban se agolpan a idolatrarlo, a hervir de euforia ante sus agresiones verbales a los ingleses.

De un día para otro parece haber nacido otro país. En la calle, en la televisión y en la radio todo el mundo habla en favor del gobierno; y si alguien no está muy de acuerdo no se atreve a decirlo en público. Los militares ya no son la dictadura sino los nuestros, los que están en un recién conquistado rincón de la patria enfrentando al enemigo.

Se crea el Fondo Patriótico, y sabiendo que hay soldados arriesgando sus vidas la gente se desvive por estar a su altura. Se acumulan donaciones de dinero, propiedades y joyas, de personas famosas o anónimas.

Todo es querer estar junto a ellos. Y todo es fiesta, porque la información emitida por el gobierno habla de una victoria tras otra. El enemigo pudo hundir al Crucero General Belgrano pero no podrá tomar las islas.

En algún momento se informa que el enemigo ha logrado instalar una cabeza de puente; pero esa noticia se diluye en medio de referencias a derribos de aviones, ataques a barcos ingleses y bombardeos a las tropas de tierra.

En medio de ese continuo canto de victorias, el 14 de junio salta a los titulares la noticia de que las tropas argentinas se han rendido.

Es tan inconcebible que se empieza tomándola por errónea o por información falsa; porque no puede ser que una guerra que estábamos ganando termine repentinamente así.

Pero no hay más remedio; todas las fuentes confirman que eso es lo que pasó.

Entonces vuelve a darse el inimaginable vuelco del sentimiento colectivo, esta vez en dirección contraria. Galtieri ya no es el nuevo héroe nacional, y al día siguiente de la sucesión de victorias todo el mundo se agolpa a insultarlo ante el mismo balcón, ahora obviamente vacío.

A la furia por cómo venía viviendo la gente, y porque no se pudo lo que ya se daba por hecho, se suma la de haber sido engañados por lo que se informaba cada día.

La consecuencia inevitable es que Galtieri renuncia a los pocos días.

Le sucede el general Reynaldo Bignone, que desde su primer discurso informa que pondrá en marcha la restauración de la democracia.

No alberga, como en su momento el general Lanusse, el sueño de un Gran Acuerdo pacificador: los militares simplemente quieren irse.

Intentan acordar algunas condiciones con los políticos, como cierto reparto de poderes y una amnistía para los hechos del proceso represivo iniciado en 1976; pero no están en condiciones de conseguir nada. Todos los partidos coinciden en que sigue vigente, y se aplicará en todos sus términos, la Constitución de 1853.

Al tratarse de un gobierno en retirada, se ha esfumado toda capacidad de intimidación. La dictadura no quiere ni puede controlar las variables económicas. Se preocupa por quedar bien, y otorga aumentos salariales que llevan a índices de inflación progresivamente superiores, a pesar del gastado recurso de los controles de precios.

Mientras, los partidos se reorganizan y comienzan sus campañas. Luego del abatimiento generalizado que provocó el desenlace de la guerra, la gente encuentra repentinamente a qué aferrarse, y crece, en un clima casi festivo, la convicción de que se está a las puertas de la realización de los sueños de todos. Casi un tercio de los ciudadanos se afilia en esa etapa a algún partido.

Tras diversas discusiones sobre plazos, se termina acordando que las elecciones serán el 30 de octubre.

Poco antes, el gobierno dicta la ley de Amnistía o Pacificación Nacional, que exculpa a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas por sus acciones durante la lucha contra la subversión. Los partidos manifiestan su rechazo a la misma, y luego del retorno de la democracia declararán su nulidad.

En la semana previa al 30 de octubre, los cierres de campaña del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical reúnen cada uno cerca de un millón de asistentes, entre los que el sentimiento generalizado es el optimismo, la convicción de que en adelante todo tiene que empezar a andar bien.

Los antecedentes históricos hacen pensar que ganará el peronismo; pero entre otras cosas incide en la memoria de la gente lo sufrido entre 1973 y 1976. En la etapa final de la campaña gana fuerza el candidato radical Raúl Alfonsín, que insiste permanentemente en un mensaje esperanzador, y populariza el slogan “con la democracia se come, se cura y se educa”.

Llegadas las elecciones, triunfa Alfonsín con el 51,7% de los votos.

Aunque el gobierno militar intenta dilatar lo más posible el traspaso del mando, a fin de negociar con el presidente electo mejores condiciones para su retirada, la realidad pone en evidencia que no hay otra opción que un traspaso incondicional, y que la economía impone la necesidad de hacerlo lo antes posible.

Se acepta la propuesta de Alfonsín de realizarlo el 10 de diciembre, instituido en 1948 por las Naciones Unidas como Día Internacional de los Derechos Humanos.

Ese día finaliza el Proceso de Reorganización Nacional.

Ya no hay peligro de guerra civil; pero lo demás sigue casi sin modificaciones, y se confía en que la democracia aportará todo lo que se espera.

DESDE EL RETORNO DE LA DEMOCRACIA

Gobierno de Raúl Alfonsín

El gobierno de Alfonsín instala un clima de libertad casi olvidado, entremezclado con el persistente recuerdo de que desde hace varias décadas ningún presidente constitucional finaliza su mandato.

Casi inmediatamente se crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, a fin de recopilar datos sobre la represión ejercida por la dictadura y solicitar la intervención de la justicia.

Alfonsín promete que en 1984 el salario real aumentará un 4%. La implementación de esto consiste simplemente en que al finalizar 1984 se toma el índice de precios de todo el año, que se acerca al 200%, se le agrega un 4% y se decreta un incremento salarial por la cifra resultante. Es una medida administrativa y no una mejora de la economía real.

Las perspectivas auguran que 1985 no dará lugar a promesas similares.

A mediados de 1985 se hace indispensable atacar las causas de la inflación, antes de que esta se lleve por delante toda expectativa de mejores condiciones de vida. El gobierno lanza el Plan Austral, cuyo punto de partida es la creación del Austral, unidad monetaria equivalente a 1000 de los desvalorizados Pesos Argentinos, y la implementación de impuestos con que sostener el gasto público. Como los impuestos no alcanzan para cubrir la brecha fiscal, se decreta la medida del Ahorro Obligatorio, por la que quienes superen un determinado nivel de ingresos deberán hacer aportes a cuentas de ahorro que permanecerán a su nombre, pero de las que no podrán disponer hasta que haya pasado la emergencia económica. Entretanto, el gobierno les pagará intereses y utilizará esos fondos para cubrir el presupuesto público.

En vista de que aunque se equilibre el presupuesto actúa la inercia de la inflación previa, cercana al 30% mensual, se dispone una congelación de precios y salarios.

Al día siguiente del anuncio, la CGT declara que resistirá el plan, lo que constituye su respuesta poco menos que automática a toda medida económica.

Después, viendo que la gente está aferrándose a la idea de que ese plan la salve de los golpes cotidianos de la inflación, la CGT cambia de actitud y prefiere permanecer en silencio.

El Plan Austral da buenos resultados por algunos meses. Pero en 1986, ante los reclamos del sindicalismo y de otros sectores, el gobierno elige suavizar las relaciones en vez de defender la estabilidad. Inevitablemente, los precios retoman el camino ascendente. Y sube especialmente la disposición a comprar dólares; porque se adivina que hay poca determinación de defender la fortaleza de la nueva moneda.

No queda claro qué es lo más determinante: si la disposición generalizada a salvarse uno mismo y ahora mismo, o la poca disposición del partido gobernante a mantenerse firme en lo que una y otra vez reconoció que sería difícil.

Sea como sea, detrás de todo subyace la cultura imperante, tanto en la actitud más acostumbrada ante las dificultades como en la consideración de a qué se le llama bueno.

Tampoco importa mucho en qué punto de las fuerzas actuantes se produce la falla. Todos los protagonistas han iniciado sus vidas en la misma sociedad y están impregnados de características similares, que les inducen a no tener claro hasta qué punto importa preocuparse por la sociedad para mejorar la vida particular, y a una similar evaluación de cuánto es demasiado esfuerzo y cuánto es demasiado tiempo.

Esta combinación de factores, nacidos del ambiente mental, moral y psicológico imperante en un país, determinan que esos planes tan perfectos en el mundo matemático o en la mente de los economistas no lleguen a consolidarse en el mundo real.

No solo hay problemas económicos

Mientras, otras áreas de la realidad muestran que el retorno de la democracia no fue la solución mágica a todos los problemas.

Luego de haber condenado a los líderes de las Juntas Militares, la presión de varios grupos políticos lleva las cosas más allá de lo que planeaba Alfonsín, y se abren nuevas causas contra oficiales de distinta graduación. Esto determina que muchos militares manifiesten malestar ante la perspectiva de vivir permanentemente bajo sospecha, de que la sociedad los condene de por vida a una descalificación moral por su sola condición de militares.

Para aliviar esa desestabilizadora tensión, el gobierno envía al Congreso el proyecto de ley de Punto Final, que dispone que las causas que no se hayan abierto al finalizar febrero de 1987 no podrán iniciarse después.

Con esto no terminan las tensiones. En abril de 1987, un oficial que se niega a asistir a una citación judicial desata la crisis de Semana Santa, en la que un grupo de oficiales de graduación media toma la Escuela de Infantería de Campo de Mayo y se acuartela allí como protesta.

La situación se agrava porque ninguna unidad militar, aun cuando se declare leal al gobierno, se muestra dispuesta a intervenir contra quienes están desobedeciendo la ley.

La sociedad civil vuelve a verse de un día para el otro ante el fantasma de los levantamientos militares, e inmediatamente se vuelca a las calles de las ciudades para repudiar el alzamiento y exigir el retorno inmediato a la legalidad.

Luego de cuatro días sin una solución efectiva, Alfonsín decide ir personalmente a Campo de Mayo, se reúne con el teniente coronel Aldo Rico, líder de los sublevados, y se compromete a buscar una solución a sus reclamos si deponen inmediatamente su actitud.

Con esto cesa el estado de conflicto y la democracia parece salir fortalecida; pero es evidente que la transición no es tan fácil ni será tan pura como muchos sectores pretendieron.

A mediados del año se sanciona la ley de Obediencia Debida, por la que se considera que los militares de grado inferior a coronel no hicieron otra cosa que cumplir órdenes, y no pueden ser procesados judicialmente, a no ser que hayan cometido excesos de los que sean responsables directos.

No faltan los que hablan de traición, o incumplimiento del cometido de castigo a los culpables. Una vez más se hace evidente que el ideal de justicia inflexible se enfrenta tarde o temprano con las fuerzas reales en pugna, capaces de desembocar en desequilibrios mucho mayores. El resultado termina siendo un poco de progreso, que representa un paso adelante pero no termina de conformar a los que pretenden todo, y suponen que la realidad puede en todos los casos ser modelada a gusto.

Descontrol e hiperinflación

A mediados de 1988 el gobierno se ve en la necesidad de acentuar la intervención sobre la economía. Vuelve a decretar congelamientos de salarios y controles de precios, que se encuentran con un descreimiento generalizado y no producen efectos.

Por otra parte se reconoce abiertamente que no hay posibilidad de mejora sin una reforma del estado; porque la causa de la inflación es que se gasta mucho más de lo que se recauda, en lo que tiene una alta incidencia el déficit de las empresas públicas.

Se empieza a decir lo que hasta ahora parecía prohibido: hace falta privatizar esas empresas.

Inmediatamente el sindicalismo, el Partido Justicialista y la mayor parte de la opinión pública se oponen. Salen a relucir expresiones como “traición”, “vender el país” o “vender lo nuestro”, y no es posible avanzar en el plan.

En diciembre de 1988 hay una nueva insubordinación militar, que logra ser neutralizada.

En enero de 1989, izquierdistas de los años 70 y sus nuevos adherentes incursionan en la unidad militar de La Tablada, con el plan de provocar una insurrección popular contra los alzamientos militares y contra el ya angustiante empeoramiento económico. El cuartel es rodeado y los incursores resultan arrestados o muertos.

Al miedo a una resurrección de la violencia política se le suman el indicio de que el peronismo ganará las elecciones, la resolución del Banco Mundial de suspender la ayuda a Argentina, y la imposibilidad del Banco Central de seguir vendiendo dólares para controlar su cotización.

En febrero cunde irremediablemente el sentimiento de sálvese quien pueda. Los inversores abandonan cuanto pueden abandonar. Los que poseen algo de dinero solo se interesan en convertirlo en dólares.

En febrero un dólar llega a valer 28 australes; en marzo, 48; en abril, 79; en mayo, 200. Los precios de casi todos los artículos avanzan a ese ritmo.

El 31 de marzo renuncia el ministro de economía Juan Vital Sourrouille, que es reemplazado por el viejo militante radical Juan Carlos Pugliese.

Para establecer en el horizonte una salida hacia la que la sociedad se sienta en marcha, se adelantan las elecciones presidenciales al 14 de mayo.

Ese día, el candidato justicialista Carlos Menem se impone sobre el radical Eduardo Angeloz.

Si los agentes económicos habían perdido su confianza en el radicalismo, sienten que con el peronismo el futuro está más amenazado, y todos los indicadores empeoran inmediatamente.

La paralización de actividades, más la creciente dificultad para todas las transacciones con dinero, arrastran a mucha gente a la imposibilidad de proveerse de alimentos, y acto seguido a la quiebra de todo principio de convivencia.

Por pura desesperación, o por iniciativa de grupos interesados en acelerar el derrumbe del gobierno, se amontona gente a pedir comida frente a varios supermercados. En algunos casos estos les entregan alimentos; en otros basta una pequeña incitación para que todos se lancen a su interior y, siendo demasiados para ser controlados, se lleven todo lo que encuentran.

Cuando se instalan fuerzas policiales para impedir el ingreso a grandes establecimientos, la gente se desplaza hacia otros comercios y, como la policía no tiene efectivos para estar en todas partes, los saquea con la mayor facilidad.

En algunos barrios los comerciantes y vecinos se arman para defender sus posesiones ante otros vecinos.

Como en esas condiciones parece desesperantemente lejano el 10 de diciembre, fecha en que debe asumir el nuevo presidente, Alfonsín termina convenciéndose de que el único remedio es poner ante la vista de todos una salida cercana.  Acuerda con Menem adelantar el traspaso del poder al 8 de julio.

Menem pone como condición que el partido radical apoye en el Congreso las iniciativas económicas del nuevo gobierno; porque solo se saldrá del caos imperante si se allana el terreno para aplicarlas desde el primer día.

Ante esa triste retirada, nadie puede evitar el recuerdo de cuando Alfonsín festejó el retorno de la democracia desde el balcón del Cabildo, ni pasar por alto la brutal diferencia entre el presente y lo que la multitud llevaba en su imaginación aquel día.

Les hablé con el corazón

En medio de ese catastrófico final del primer período democrático, quedan en la memoria colectiva algunas expresiones que, muy a tono con la mentalidad más difundida, muestran hasta qué punto las ideas de las que debieran ser las figuras orientadoras están lejos de lo que reclama la realidad.

Al ver que los empresarios no se hacen eco de sus propuestas, el ministro Juan Carlos Pugliese se lamenta con una frase que perdurará: “les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo”.

No hay que recriminar a nadie porque hable con el corazón; pero cuando lo hace al desempeñarse como ministro de Economía, y cree que lo que dice va a cumplir la función de medida económica, está mostrando hasta qué punto se extendió la fantasía en los partidos que determinan lo que pasa en el país.

Si la gente está escapando como puede del riesgo de tener moneda argentina en el bolsillo e inversiones en un país que se tambalea, si todo es desesperación por ver algún indicio de que alguien empieza a poner orden, intervenir para hablar con el corazón es poco menos que burlarse del sufrimiento que se presencia y de esa cosa tan seria que llamamos economía.

Tal vez sea propio de un predicador, pero no puede serlo de un ministro de economía.

La economía es otra cosa; es hacer lo que se puede para vivir; y en ocasiones es nada más que para vivir, porque las circunstancias no dan tiempo para esperar satisfacciones posteriores. En los momentos de desastre la gente necesita que el gobierno intervenga, que detenga con alguna medida concreta la caída de todo lo que se está cayendo.

Como si fuera poco creer que en esa situación tiene sentido hablar con el corazón, para pedir no se sabe qué, es una falta de respeto mucho mayor lamentarse de que hayan respondido con el bolsillo.

Si responder con el bolsillo consiste en cuidar lo poco que se conserva en él, y no querer conservarlo en una moneda que valdrá menos en cuestión de horas, es una conducta que no se le puede recriminar a nadie.

Lo único que podía hacer la gente era cuidarse para seguir viviendo, y así poder ver si al día siguiente el gobierno empezaba a detener la catástrofe; porque nadie más que el gobierno tenía la facultad de hacerlo.

La tristemente célebre frase de Pugliese es propia de alguien que ha abandonado toda idea de que puede intervenir ante el problema, o ha asumido su cargo sin proponerse saber de qué se trata ni hacia qué marchar.

¿Existió la especulación con el dólar?

En medio del mismo caos, otra figura importante del ambiente político comenta que la situación del país está dando pie a una grave inmoralidad; porque quien compra dólares por una determinada cantidad de australes, y luego los vende por una mayor, obtiene una ganancia que, a diferencia de lo que debe ocurrir en una sociedad bien constituida, no proviene de haber suministrado un bien o servicio a nadie.

Esta afirmación no puede más que indignar a los oyentes que, con cierta comprensión de lo que pasa, se ven condenados a escuchar tales “sentencias” de quienes piensan menos que ellos pero disponen de más acceso a la difusión.

El que vende dólares por más australes de los que pagó al comprarlos, se encuentra con que esos australes valen menos que los de su operación anterior. Por lo tanto, ¡no obtiene ninguna ganancia!

Lo único que consigue es poseer por un tiempo una moneda que no se desvaloriza. De ninguna manera pasa a tener más riqueza en moneda estable.

Las afirmaciones de que tal operación genera una ganancia, como los tan acostumbrados comentarios sobre el rendimiento del dólar, son muestras de la desorientación mental provocada en millones de argentinos por tantos años de insalubridad económica.

El dólar no tiene ningún rendimiento. La simple posesión de billetes no genera ninguna ganancia.

Se obtiene ganancia si se invierte el dinero en producir bienes o servicios, o se la puede obtener por la vía especulativa si se aprovechan las fluctuaciones de algunos precios. Pero la ganancia, cuando la hay, solo puede medirse en una moneda estable. Nunca es ganancia tener más unidades de una moneda que se desvaloriza rápidamente. Esto queda más claro todavía si esas distintas cifras equivalen a las mismas unidades de una moneda estable.

Si algo así fuera posible, todos los asalariados que en momentos de alta inflación reciben aumentos nominales se volverían más ricos y lo disfrutarían. La realidad que rodeaba al que emitió esa opinión era la mejor demostración de su escasa disposición a pensar.

Esa escasez de reflexión podría ser aceptable en quien está distraído en la vorágine de sobrevivir como puede; pero no en los que gobiernan ni en los que dicen sí o no en el Congreso.

Sorpresivo cambio de horizonte

En la campaña presidencial, el radicalismo promociona su candidato con la frase “Angeloz o el abismo”.

Cuando el 14 de mayo triunfa Carlos Menem, en los empresarios e inversores cunde la sensación de estar ya en el abismo.

Pero, una vez con el triunfo en su mano, Menem sorprende al mundo con anuncios jamás esperados de un peronista. Dice “esto no da para más”, e informa que comenzará un plan de reforma del Estado a fin de acabar con el déficit fiscal, en el que da por entendido que lo más necesario será lo hasta hace poco menos concebible: privatizar las empresas públicas.

Como si fuera poco, invita a colaborar con su gobierno a reconocidas figuras del liberalismo, vistas por la militancia peronista como la encarnación de la antipatria.

Mientras el peronismo clásico se siente inesperadamente traicionado, otros sectores de la sociedad se asombran ante la nueva perspectiva: parece que habrá un futuro.

Casi de un día para otro, Argentina se vuelve un país optimista.

Carlos Menem inicia su gobierno el 8 de julio de 1989. Desde ese primer día entran en vigencia sus medidas: fuertes aumentos de tarifas y precios de combustibles, que cubren el verdadero costo de los servicios y aportan más impuestos al presupuesto público; acuerdo de precios con grandes empresas a fin de detener la enorme inercia de la inflación.

El punto de partida es tan caótico que esa detención no puede darse de un día para otro. Requiere que se apliquen sucesivos parches para compensar las alzas de precios que se empeñan en subsistir. Al cabo de unos meses, los índices de inflación son progresivamente menores.

Entran en vigencia diversas formas de desregulación, mientras se prepara la privatización de empresas públicas.

Mientras unos hablan de que se está vendiendo el país y otros discuten sobre el precio real de cada empresa, pocos tienen en cuenta la mayor prioridad: que esas empresas dejen de succionar dinero lo antes posible al resto de la sociedad, que está pagando su déficit con emisión de moneda.

Con discusiones y todo, incide en la situación un fenómeno político-cultural pocas veces visto: cuando el desorden desencadena un nivel de sufrimiento como el que se acaba de vivir, aumenta la disposición de la gente a aceptar todo.

Si esas medidas, que en otro momento desataron incontrolables protestas, pueden significar el fin del padecimiento visible y palpable a que todos están sometidos, en vez de enojo dan lugar a una desesperada esperanza.

Cuando la realidad se reduce a recibir nuevos golpes cada día, cuando lo único que parece haber delante es una caída hacia no se sabe qué, si alguien pone en marcha cualquier cosa que parezca un cambio no puede recibir más que apoyo; porque se ha llegado a la convicción de que la peor posibilidad es no hacer nada. 

Lo que no se pudo en otro momento se puede en esta situación. Para hacer viables las medidas difíciles no hace falta la represión a que apelaban las dictaduras: la gente acepta todo, o permanece indiferente, porque ha quedado paralizada por los golpes de la realidad.

Al mes siguiente del cambio de gobierno se aprueba la Ley de reforma del Estado, que autoriza las privatizaciones.

Aunque hay un clima de optimismo, no deja de producir efecto la abundancia de moneda previamente emitida, y sobre el final del año se da un incremento de la inflación.

Poco importa qué planes estén en marcha. Las experiencias vividas han instalado en el país un efecto miedo, y al menor indicio de que algo anda mal cunde la desesperación por comprar dólares, o cualquier otra cosa con la que librarse de poseer moneda argentina.

La respuesta del gobierno llega brusca e imprevisiblemente el primer día hábil de 1990. Entra en vigencia el Plan Bonex, por el que todos los depósitos bancarios a plazo fijo, que percibían altas tasas de interés, son cambiados compulsivamente por Bonex 89, bonos de deuda pública pagaderos en dólares a un plazo de 10 años.

Se prohíbe a los bancos devolver efectivo por más de un millón de australes, que se ha vuelto una cifra modesta. A los que tienen más no les queda otro remedio que quedarse con los Bonex. Alguna gente sufre enormes dramas ante compromisos de pago con ese dinero incuestionablemente suyo que pensaba desembolsar en los siguientes días.

Aunque se contrae seriamente el movimiento económico, el gobierno consigue su objetivo de contener la inflación, porque de un día para otro retira de circulación un 60% de la masa monetaria.

No hace mención del hecho de haber lesionado abiertamente un principio fundamental de la civilización: el derecho de propiedad.

Aunque sale del paso y despeja la mayor amenaza, ese golpe a la confianza será una herida que se mantendrá en la memoria, y no dejará de producir efectos sobre la economía de los siguientes años.

Durante 1990 prosigue el plan de privatizaciones, cuya concreción más visible es la de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que deja de forzar al país a cubrir su déficit.

Dos empresas privadas se hacen cargo del servicio, y se vuelve posible lo imposible desde nadie recuerda cuándo: solicitar una nueva línea y obtenerla en pocos días.

Luego de varios años, el servicio que hasta 1990 se prestaba con 44.000 empleados pasa a prestarse con menos de 10.000.

Entretanto, Menem busca suavizar la situación con las Fuerzas Armadas mediante el indulto de todos los condenados, con excepción de los integrantes de las Juntas.

En diciembre hay una nueva sublevación, encabezada por el coronel Mohamed Alí Seineldín. En este caso los altos mandos muestran una clara fidelidad al gobierno y reprimen violentamente a los sublevados, con un saldo de 13 muertos.

De ahí en adelante no hay más sublevaciones.

Tal vez como efecto necesario de ese cambio de relaciones, en 1991 tiene lugar el último indulto, que deja en libertad a Videla y Massera.

No hay más tensiones con los militares, aunque la sociedad civil hace oír furiosamente su protesta.

Convertibilidad

A principios de 1991 hay una nueva corrida hacia el dólar; porque pase lo que pase existe una desconfianza casi congénita hacia la moneda argentina, y cualquier noticia puede desatar la desesperación por deshacerse de ella.

La respuesta es designar como ministro de economía a Domingo Cavallo, que propone al Congreso dictar la Ley de Convertibilidad.

Según la misma el Banco Central, que dispone de dólares como para respaldar toda la base monetaria argentina, queda obligado a entregar, en cualquier momento y a cualquiera que lo solicite, un dólar a cambio de 10.000 australes.

Es una muestra convincente y eficaz de que el estado está seguro de poder cumplir sus funciones sin nuevas emisiones de moneda.

En adelante el dólar no podrá dispararse, porque siempre se podrá conseguir la cantidad que se desee al mismo precio.

En pocos días se calman todos los índices económicos y se desata una euforia bursátil, motorizada por inversores convencidos de que ingresan a un país en el que valdrá la pena estar.

El 1 de enero de 1992 acaba la convulsionada era del austral. La nueva moneda se llama simplemente Peso, equivale a un dólar y nace con su salud garantizada por ley.

El país que poco antes se había sentido en el abismo se calma y casi sorprende ante la normalidad. Descubre que hay un suelo sobre el que sostenerse y un camino hacia adelante que daba la sensación de haber desaparecido.

Varias actividades se revitalizan en relación a la desastrosa etapa anterior.

Luego de muchos años en que cada argentino no hacía otra cosa que preocuparse por la inflación, en que gobernantes y gobernados suponían que tras eliminarla no habría más opción que la felicidad permanente, se empieza a descubrir, con no poca sorpresa, que la inflación no era la totalidad del problema.

La estabilidad y la desregulación alientan un crecimiento de la actividad, pero esto no se traduce en una mejora inmediata del nivel de empleo. El crecimiento inicial se debe a un aumento de la productividad del personal ya incorporado a las empresas. Por otra parte, la eliminación de empleos improductivos ha desconectado a más gente del acceso a un salario.

La corrección de las condiciones básicas de la economía genera una tendencia al crecimiento, pero nunca con la rapidez deseada por el común de los protagonistas. Hay un período en que el efecto visible de la mejora es contrarrestado por la caída de la economía insostenible, que antes se alimentaba artificialmente y ahora no.

El saneamiento económico sienta las bases para un crecimiento genuino a través del tiempo; pero todos los planes se encuentran con que hay poca gente dispuesta a pensar a través del tiempo. Para la opinión mayoritaria, si no se vive mejor al cabo de unos meses el gobierno es malo.

Antes de que el reacomodamiento haga notar la tendencia al crecimiento, el mundo se encarga de empeorar las condiciones. De 1994 a 1999, México, Brasil, Rusia y algunos países asiáticos devalúan sus monedas. Argentina no puede hacerlo por su atadura legal al valor del dólar, y ve empeorar su competitividad en el mercado mundial. Las sucesivas crisis provocan en los inversores una creciente desconfianza hacia América Latina.

Si cuando no se puede emitir moneda no se cubre el gasto público con lo recaudado, habrá que cubrirlo con mayores impuestos o con dinero prestado. El gobierno elige esta última vía, y a primera vista el problema no se nota, pero hay un crecimiento de la deuda que tarde o temprano hará sentir su peso.

Aunque en 1995 ya existe una sensación de empeoramiento, los argentinos vuelven a votar a Carlos Menem, habilitado para la reelección por la Reforma Constitucional de 1994, porque lo califican como el garante de la estabilidad, y nada les da más miedo que la posibilidad de retornar a la situación previa a su gobierno.

En 1996 se acentúan las marchas de protesta de los sectores perjudicados por el plan económico. Es la manifestación de una oposición que existió desde el primer momento, ya que el sindicalismo esperaba que un presidente peronista encarnara su ideal más arraigado: un gobierno que cediera a sus pedidos y le proveyera automáticamente de bienestar. La privatización de las empresas públicas, feudos del sindicalismo durante décadas, es sentida por los amantes de ese ideal como una traición que nunca dejarán de recriminar.

Desde 1989 se repite una permanente prédica contra el modelo, nacida del sentimiento de que el proyecto de Menen constituye un error o lisa y llanamente una inmoralidad, y de la convicción de que basta alzar la voz contra el modelo para quedar incluido en el bando de los que tienen razón.

Ninguno de los que hablan contra el modelo dice en ningún momento qué modelo de país (explicable y posible) convendría elegir en su lugar.

Se repiten actos y marchas contra el plan económico, dando por demostrado que el plan es malo porque mucha gente no tiene todo lo que desea.

Del lado opuesto al de los quejumbrosos se presentan los que se dan cuenta de que el tipo de cambio permanentemente fijo, útil a la hora de introducir la estabilidad, ha dejado de ser conveniente para competir en un mundo donde otras monedas fluctúan.

Aunque se vea racionalidad en este cuestionamiento, provoca poco menos que terror la idea de salir de la convertibilidad; tanto por la reacción de la opinión pública como por la imprevisibilidad de lo que podría desencadenarse.

Nadie quiere ser recordado como el responsable de las consecuencias de haber soltado las amarras de la moneda.

Como hay quienes desestiman cualquier problema con tal de disfrutar un presente más cómodo y recibir dádivas del gobierno, hay otros que, aunque no les guste cómo marcha la economía, están casados con la convertibilidad; porque deben pagar cuotas de créditos e hipotecas durante muchos años, y les aterra el posible efecto de cualquier modificación.

Hay un punto que ni los partidos ni la opinión pública se detienen a considerar: si la moneda argentina vale lo mismo que la de Estados Unidos, ¿Por qué la economía de Estados Unidos no padece las mismas consecuencias ante las fluctuaciones de otras monedas?

Hay una respuesta, aunque existe poca inclinación a pensarla: Estados Unidos, como otros países con moneda estable, lleva mucho tiempo acomodando y flexibilizando los factores que inciden sobre la productividad, y los tiene suficientemente acomodados para producir en condiciones ventajosas. Y si otro país produce algún artículo más barato porque paga menores sueldos, Estados Unidos no sufre demasiado porque ha desarrollado la producción de bienes más costosos y tecnificados, debido a muy consolidadas condiciones para que allí se desarrollen esas industrias.

Además, una moneda estable da lugar a una cultura de moneda estable, para la que es natural y cotidiano incrementar las ventas mediante el recurso de bajar los precios.

Con una moneda en permanente caída, el precio de un artículo puede disminuir en relación al de otros, pero eso nunca se manifiesta en una reducción nominal, en menos unidades de la misma moneda, porque la moneda está perdiendo valor todos los días.

Con una moneda estable, bajar un precio significa bajarlo nominalmente. Se borra el precio asignado y se coloca en su lugar uno menor.

En Argentina se crea por ley una moneda estable; pero no hubo, ni hay, ni puede desarrollarse de un día para otro, una mentalidad de moneda estable. Si los empresarios se atreven hasta cierto punto a bajar precios nominales para aumentar sus ventas, eso queda demasiado lejos de lo aceptable por los asalariados. Proponer una rebaja nominal de sueldos equivale a disponer que se incendie el país.

Aunque la gente esté acostumbrada a períodos en que pierde poder adquisitivo, hay un abismo psicológico entre esto y ver en el recibo de sueldo una cifra menor a la de antes.

En países largamente acostumbrados a una moneda estable es común bajar el precio de un producto, o cobrar un sueldo menor, con tal de seguir teniendo trabajo.

En la Argentina del sindicalismo, las protestas callejeras y las fantasías económicas, es más posible que se derrumbe toda la economía antes de que se acepten menores sueldos nominales.

Y eso es precisamente lo que está pasando.

Final con algunos logros

En sus últimos años de gobierno, Menem intenta diversos artilugios que le permitan una nueva reelección.

No solo le resulta imposible obtener apoyo, sino que se hace más palpable el disgusto generalizado de la opinión pública.

Hay demasiadas noticias sobre casos de corrupción. Hay una cada vez más visible caída del empleo.

La reforma del Estado no ha ido más allá de la privatización de empresas públicas. Representa un enorme alivio respecto a cuando todo el país pagaba el déficit de esas empresas a cambio de malos servicios, pero es cada vez más evidente que la inflación nunca fue el único problema. Convertirse en un país del Primer Mundo requiere que cambien muchos factores, y los que se atacaron fueron pocos.

Aunque no se traduce en inflación, el déficit fiscal es menor pero sigue vigente. Reducirlo más hubiera sido perder caudal electoral. Ante la imposibilidad de cubrirlo con emisión monetaria se ha recurrido al endeudamiento, que constituye un factor más entre todos los que amenazan el futuro.

La rigidez de la moneda en un mundo fluctuante paraliza cada vez más la economía. Las protestas de la gente no exigen modificar esta complicación ni introducir reales saneamientos, sino acceder a una vida más fácil sin preguntarse qué vendrá después.

Al acercarse la elección presidencial de 1999 el peronismo presenta como candidato a Eduardo Duhalde, mientras varios partidos se presentan juntos bajo la denominación de la Alianza, cuyos candidatos son Fernando de la Rúa, de la UCR, y Carlos Alberto Álvarez, peronista que se separó del menemismo al discrepar con el modelo defendido por Menem. También se presenta Domingo Cavallo, que ha adquirido un prestigio especial como defensor de la estabilidad.

Fernando de la Rúa repite durante su campaña que será la cabeza de un gobierno limpio, y que un peso seguirá siendo un dólar. Gana con un 48% de los votos, por lo que no es necesaria una segunda vuelta, y asume como presidente el 10 de diciembre.

Gobierno de la Alianza

Ante la constante reducción de la actividad económica, se hace cada vez más necesaria una respuesta a la tensión generada por la rigidez cambiaria.

Ante el miedo a derogar lisa y llanamente la Ley de Convertibilidad, se considera cada vez más la opción de la dolarización total, consistente en eliminar por completo el peso y establecer el dólar como única moneda de curso legal. Con esto se disolvería el factor miedo, pero quedarían muchos puntos por corregir.

De la Rúa opta por continuar a rajatabla con la Convertibilidad, lo que requerirá corregir todo lo aún no corregido para que el país se vuelva competitivo. Este camino requiere, al no modificar el valor de la moneda, abaratar costos para que sea posible vender más. Los medios pueden ser la aplicación de ciertas restricciones a las importaciones, e inevitablemente la reducción del costo del Estado, con lo que las empresas verían reducidos sus impuestos. También se les deberá reducir el peso de los costos laborales y cargas sociales.

Continuar con la convertibilidad requerirá esfuerzos que nunca se encararon; ni cuando los militares podían mantener el orden a sangre y fuego ni cuando Menem debía ir más allá de privatizar empresas públicas.

Dentro de esta opción puede haber medidas flexibilizadoras de la Ley de Convertibilidad, como dejar de sujetar el valor del peso exclusivamente al del dólar y fijarlo en un equivalente a una mezcla de monedas extranjeras, entre las que convendría incluir al Real brasileño, por su alto poder de incidencia sobre el comercio exterior argentino.

En el intento de extremar el cuidado de los costos no pueden dejar de interferir el sindicalismo y la legislación laboral. Cuando el gobierno prepara una ley de flexibilización laboral, la CGT se divide en leales y opositores, y se hace evidente que puede ser aprobada por la mayoría oficialista en Diputados pero se verá ante el escollo de la mayoría peronista en el Senado.

Finalmente la ley es aprobada también en el Senado. Varios integrantes de la Alianza están en contra, pero alcanza el mínimo necesario con el voto de algunos peronistas.

No pasa mucho tiempo sin que entre en circulación un rumor: algunos senadores fueron coimeados para que cambiaran el sentido de su voto. No habría sido una adjudicación de dinero a un proyecto ni a las arcas de un partido, sino directamente una compra de personas.

Nadie encuentra pruebas tangibles, pero los comentarios sobre el caso son abundantes, y no tarda en producirse el mayor efecto político: Carlos “Chacho” Álvarez, que se sumó a la Alianza por conveniencia electoral y no por cercanía con De la Rúa, reitera su convicción de que si hubo sobornos no pudieron ser ignorados por el presidente, y en octubre de 2000 presenta su renuncia a la vicepresidencia.

El gobierno de Fernando De la Rúa, que ya viene dando sensación de estar poco presente ante los problemas, pasa a ser percibido como peligrosamente débil.

La deuda está siempre ahí

El debilitamiento institucional generado por la renuncia de Álvarez incrementa otra amenaza: la falta de confianza en que Argentina pueda cumplir con las inminentes obligaciones de su deuda; porque para pagar las más inmediatas recurre a nuevos préstamos con intereses cada vez más altos.

Se deduce en seguida que hay serio riesgo de que deje de pagar. Esto lleva a que se retraiga aún más la actividad y a que muchos inversores retiren su dinero de los bancos, que pueden padecer las previsibles consecuencias de no recobrar lo que prestaron.

La respuesta del gobierno es pedir mucho más. En noviembre de 2000 solicita a varias instituciones crediticias un préstamo de 38.000 millones de dólares, con los que intentará mostrar al mundo que no hay motivos para desconfiar de Argentina; no porque ponga en orden sus cuentas sino porque dispone de mucho dinero con el que responder ante las presiones.

Se aplica a este proyecto la denominación de Blindaje Financiero, y se le adjudica el poder de despejar del horizonte todos los miedos.

Como otras veces, el FMI condiciona los desembolsos al cumplimiento de condiciones que tiendan a un saneamiento real de la situación; en este caso la reducción del déficit fiscal y el incremento de la edad jubilatoria de las mujeres.

El tratamiento del tema sigue adelante en base a la promesa de cumplir esas exigencias.

Ni bien comienza el año 2001 crecen las dudas sobre el cumplimiento de esas normas de ajuste, y por lo tanto no hay seguridad de que el país vaya a disponer de ese Blindaje en algún momento.

En marzo el gobierno nombra ministro de economía a Ricardo López Murphy, que de acuerdo a la necesidad propuesta presenta un plan de ajuste fiscal, sustentado sobre reducciones de las jubilaciones, del presupuesto de educación y del de salud.

Inmediatamente se llenan las calles de protestas de estudiantes y de otros sectores que se oponen.

Una vez más, la disposición a solicitar préstamos demuestra estar en el polo opuesto a la disposición a reducir de verdad el gasto público. El obstáculo no está únicamente en la gente que se queja sin haber contado el dinero que hay, sino en las mismas filas del partido que gobierna. La respuesta del partido es la que en última instancia sale a relucir a la hora de las decisiones: mostrar que su verdadero sentimiento es la fobia a los ajustes, y convencer al presidente de que solicite la renuncia a López Murphy, que debe irse a los 15 días de haber sido designado.

En esa situación en que se le cierra un camino tras otro, al presidente solo le queda recurrir a una figura casi mitológica: Domingo Cavallo, que, como candidato a presidente en 1999, había recibido de él las abundantes agresiones propias de las campañas.

Lo presenta como recurso sorpresa ante su gabinete de gobierno, cuyos integrantes lo tenían clasificado como poco menos que un enemigo.

Unos y otros van resignándose a que solo quede recurrir a la magia; a no trazar planes sino a esperar que un personaje todopoderoso restaure la confianza perdida y saque ases de la manga.

Mientras se suceden discusiones entre los partidos de la Alianza y actos de protesta en las calles, se planifican nuevas reducciones del gasto público y medidas que bajen costos a la industria, porque no hay otra fórmula para incrementar la actividad mientras se mantenga la paridad peso-dólar.

Sobre la base de su fama y su relación con personalidades influyentes, Cavallo consigue su primer milagro al firmar, sin que el gobierno argentino efectivice un ajuste, un acuerdo por el que el FMI recomienda a los acreedores que en los meses siguientes pacten un canje de las obligaciones inmediatas por otras que venzan en pocos años.

Al no haber con qué garantizar los bonos con vencimiento a mediano plazo, la única opción es pagar intereses más altos e incrementar el total adeudado. Se consigue desplazar los vencimientos hacia un futuro no muy lejano, a cambio de un incremento en el total de la deuda.

Todo este tratamiento es con acreedores privados. El FMI no desembolsa dinero, e informa que mientras no haya más ajustes no lo hará. Esto no puede más que incrementar el miedo en el sector bancario y en quienes están más o menos al tanto de las perspectivas.

En octubre hay elecciones legislativas, en las que la Alianza pierde un alto caudal de votos. El peronismo, que ya era mayoría en el Senado, pasa a serlo en ambas cámaras.

Varios dirigentes peronistas, a los que se suman algunos radicales, insisten en que es un error empeñarse en mantener la convertibilidad, porque el país queda en cada vez peores condiciones para exportar y para competir con los productos importados.

Luego de que a lo largo del año disminuye la actividad, y todos los días hay empresas que cierran, en noviembre se acelera la retirada de fondos de los bancos.

Ante este agravamiento, Cavallo dispone que a partir del 1 de diciembre, y por un período de 90 días, nadie pueda retirar de los bancos más de 250 pesos (o dólares) por semana. Será posible cualquier pago u operación comercial mediante cheques, tarjetas o transferencias, ya que en esos casos el dinero permanece dentro del sistema bancario.

El caos crece y se impone

Si venían sucediéndose las manifestaciones contra el plan económico, desde ese momento comienzan otras más feroces contra el corralito, denominación popular de la nueva medida.

Como otros múltiples fenómenos, las protestas políticas han cambiado hasta niveles insospechados desde que existe Internet. Oleadas espontáneas de mensajes se automultiplican y llegan inmediatamente a todas partes, para proponer que a determinada hora se inicien cacerolazos o marchas callejeras en repudio a cualquier iniciativa del gobierno.

Las protestas masivas no están en línea con las recomendaciones sobre salir de la convertibilidad o sobre tomar determinadas medidas: son ni más ni menos que una oposición contra todo, un simple grito de “no queremos esto”, sin el menor vislumbre de por qué cambiarlo, sin la menor idea sobre si esa vida más fácil que se reclama es posible por algún medio.

En esa situación, el 10 de diciembre de 2001 asumen los legisladores votados en octubre, y queda establecida la nueva relación de fuerzas en el Congreso.

Mientras un sector del peronismo quiere mantenerse como oposición institucional, otro es consciente de que ya tiene el poder, y pasa a decir abiertamente que debería ejercerlo desde la totalidad de los cargos.

En pocos días está en marcha un proceso muy similar al que en 1989 forzó la retirada de Alfonsín.

Esta vez no hay inflación, pero la escasez de dinero y la paralización de casi todo desatan la histeria. Con o sin instigadores, se acumula gente ante varios supermercados a pedir alimentos, y en no pocos casos ingresan violentamente a llevarse todo. Cuando se generaliza la conmoción y las fuerzas policiales resultan insuficientes, los saqueos se extienden a comercios menores, en muchos casos no relacionados con los alimentos.

Como en 1989, entran en juego rumores sobre multitudes descontroladas que avanzan hacia el centro de la capital. Luego se comprueba que no es cierto; pero entretanto se ha multiplicado la sensación de que todo se desintegra.

Intentando cierto grado de control, el presidente decreta el Estado de Sitio. Esto no consigue otra cosa que incrementar la irritación, e incita a más gente a salir para desafiar esa medida.

El 19 de diciembre, a la convulsión de los sectores más carenciados se agrega una clase media que, indignada por la imposibilidad de disponer de su dinero, se encamina desde distintos barrios hacia la Plaza de Mayo.

La desesperación incita a alguien a gritar “¡que se vayan todos!”, y su grito se extiende en todas direcciones. No es más que un arranque de furia que quiere arrasar con esa realidad que trae sufrimiento; arrasar con esa realidad y nada más, sin la incontestable pregunta de qué pasará al siguiente instante.

El disgusto es simplemente disgusto con lo que se vive, sin la menor idea de hacia qué ir; es el sentimiento de que hay quienes tienen la culpa y tienen que irse todos. Nadie se pregunta si puede existir el gobierno de nadie. Preguntárselo sería pensar en el después, cuando lo único que existe es la desesperación por que se acabe el ahora.

No faltan los que creen que cualquier cosa que grite mucha gente en la calle es la verdad, o ni más ni menos que lo que se tiene que hacer.

Además de confluir en Plaza de Mayo, se concentra gente frente a la casa de Domingo Cavallo. Varios integrantes de la Alianza insistieron en las horas previas en la conveniencia de que Cavallo renuncie. A última hora de la noche decide hacerlo, suponiendo que con eso dará lugar a una distención.

El 20 de diciembre empieza con muchísima gente en Plaza de Mayo, aunque la policía hizo fuerza para que no llegara. Durante toda la mañana y la tarde hay embestidas policiales para alejarla de allí, pero una y otra vez la multitud regresa para continuar gritando.

Durante la tarde, De la Rúa se comunica con líderes del peronismo para proponerles formar ya mismo un gobierno de unidad nacional, única forma de distender la situación y empezar a establecer cierta normalidad a partir del día siguiente. Ninguno acepta; todos saben que en breve dispondrán de la totalidad del poder.

Mientras se suceden noticias de más muertes en las calles, al caer la noche De la Rúa informa al Parlamento su renuncia.

La multitud ve que viene un helicóptero a trasladarlo a Olivos, y viendo satisfecha su demanda comienza a irse.

Durante la mañana del 21, De la Rúa regresa a la Casa de Gobierno para recibir la confirmación de que la Asamblea Legislativa acepta su renuncia. Luego firma su último decreto, la derogación del Estado de Sitio, y se retira.

Sucesión de presidentes

Luego de que de acuerdo a la Ley de Acefalía asuma automáticamente la presidencia el senador Ramón Puerta, el 23 de diciembre la Asamblea Legislativa designa con carácter provisional a Adolfo Rodríguez Saá, hasta el momento gobernador de San Luis.

Su primer acto es declarar ante el Congreso que el país suspende el pago de sus deudas con acreedores privados. La mayoría de los legisladores toma esto como un acto de dignidad y fortaleza, y responde con una ovación.

En pocos días se suceden reuniones y discusiones entre los gobernadores peronistas, tanto sobre la duración de la presidencia interina como sobre las medidas a tomar.

Mientras, continúan en las calles las movilizaciones de quienes esperan anuncios inmediatos, en especial el del levantamiento del corralito bancario.

El 30 de diciembre, tras una reunión en la que se hace evidente que carece del apoyo de su partido, Rodríguez Saá se retira y viaja a San Luis, desde donde esa noche informa que renuncia.

El 31 de diciembre, en ausencia de Ramón Puerta, debe asumir el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño.

En medio de esa incertidumbre comienza el año 2002, y el 2 de enero la Asamblea Legislativa elige por amplia mayoría a Eduardo Duhalde, el más votado en 1999 después de Fernando de la Rúa, y a su vez la figura con más solidez y apoyo dentro del peronismo.

Gobierno de Eduardo Duhalde

Duhalde lanza inmediatamente un plan económico productivista, cuyo objetivo más urgente es modificar la desventajosa relación de precios que paraliza las exportaciones y toda la actividad económica.

No puede comenzar de otra manera que dejando atrás la Ley de Convertibilidad. El 6 de enero el Congreso vota su derogación.

Se comienza fijando el valor del dólar en 1,40 pesos. Aunque, al no estar ya respaldado, la demanda determina que en el mercado libre cotice alrededor de los 3 pesos.

Ahí comienza un pequeño milagro que no se había dado en otras ocasiones: la actividad industrial y comercial está tan deprimida que nadie retoma la costumbre de aumentar sus precios en relación con el dólar.

Como en este caso no existe un círculo vicioso por efecto de la inercia de la inflación, sino más bien una deflación, a nadie le aumentan los costos de sus insumos y, ante la necesidad de incrementar su penoso nivel de ventas, continúa vendiendo al mismo precio.

Respecto al otro problema históricamente repetido, las exigencias de incrementos salariales, el ministro de economía Jorge Remes Lenicov se atreve a ir a la CGT a plantear la alternativa a los sindicalistas: o provocan un nuevo rodrigazo o contribuyen a que el país pueda funcionar y haya más trabajo.

El ala más oficialista del sindicalismo acepta no muy entusiasmada la segunda opción, favorecida porque la prioridad más urgente de los trabajadores es conservar su empleo en las condiciones que se pueda.

Existe en el gobierno la decisión terminante de mantener los salarios congelados, condición indispensable para que la ruptura de la rigidez cambiaria se traduzca en reactivación.

Empieza a haber señales de vida a partir del ya demasiado habitual estancamiento: en las localidades fronterizas, los habitantes de los países vecinos pasan a hacer sus compras cotidianas del lado argentino, y los comercios de distintos rubros rebosan de clientes.

Sin embargo, queda por ver cómo resolver un dilema que en los últimos años provocó terror a la idea de salir de la convertibilidad: muchísima gente está atada a deudas en dólares, y si sus obligaciones se mantienen en los mismos términos se verá imposibilitada de pagarlos. El efecto más dramático sería un masivo quedarse sin casa.

En sus primeros días de gobierno, Duhalde había prometido públicamente que “el que depositó pesos recibirá pesos; el que depositó dólares recibirá dólares”.

La necesidad de dar prioridad a resolver el problema más grave lo lleva a enterarse de que no habrá dólares para devolver.

Para evitar la previsible catástrofe de los deudores se resuelve pesificar la economía; o sea convertir a la fuerza todas las obligaciones en dólares en obligaciones en pesos.

Se determina que deberá aceptarse que todas las deudas se paguen en pesos. Los deudores deberán pagar por cada dólar 1,40 pesos.

Con esto se salvan del desastre todos los que tienen deudas; pero a su vez salen perjudicados los acreedores.

Si los bancos cobran en pesos, como si estos valieran más que lo que realmente valen en el mercado libre, no solo sufren un perjuicio patrimonial, sino que no tendrán de dónde sacar dólares para devolver a sus depositantes. Por lo tanto los depositantes deben recibir 1,40 pesos por cada dólar que poseían, por mucho que protesten y que Duhalde haya dicho otra cosa antes de estar bien enterado.

Aunque el cruce de causas y efectos justifica esta medida para evitar un desastre mayor, no deja de ser una violación del derecho de propiedad, un incumplimiento de lo pactado ante la ley, y origina una avalancha de reclamos judiciales que se prolongará durante los siguientes años.

Los deudores deben esforzarse un poco más pero pueden pagar sus cuotas y suspiran aliviados. Los titulares de depósitos no se detienen a pensar en el porqué: dicen inmediatamente que los bancos les robaron y que al gobierno no le importó. Los bancos deben proteger sus locales con vallas de metal o madera, sobre las que la gente, ya imposibilitada de atacar las fachadas o romper vidrios, se desquita pintando y escribiendo insultos.

Entretanto aparece en las calles un nuevo fenómeno: un alarmante número de personas merodea junto a los residuos sacados de casas y comercios para recoger papel y cartón, que traslada como puede hasta centros de reciclaje que le pagan pequeños importes con los que consigue algo de comida.

También protestan los que además de no tener dinero en los bancos carecen de trabajo. A los sindicalistas no oficialistas se suman los piqueteros, que continuamente forman piquetes para cortar vías de circulación, en reclamo de aumentos de salarios y de subsidios a los desocupados.

El gobierno está resuelto a abrir el paso en calles y caminos por los medios que sea. Cuando esta decisión, en un contexto de poco control sobre la policía, provoca muertes de manifestantes, Duhalde ve empeorar su relación con distintos dirigentes peronistas, hasta el punto de convencerse de que la opción de restablecer el orden no contará con el apoyo suficiente, y en tales condiciones no le conviene quedarse en el poder. En vez de continuar hasta diciembre de 2003 decide traspasar el gobierno en mayo.

Por no coincidir con Duhalde en la implementación de algunas medidas, Jorge Remes Lenicov deja el ministerio de economía y es reemplazado por Roberto Lavagna.

Hacia el segundo semestre es visible una recuperación de la actividad. Luego del terrible estancamiento iniciado en 2001, que se refleja en una caída del Producto Bruto del 10,9% en 2002, el año 2003 comienza con todos los indicadores a favor, porque en el primer trimestre la recuperación llega al 5%.

Por un tiempo parece haberse dado el milagro tantas veces soñado y no plasmado. El tipo de cambio asciende hasta permitir que Argentina exporte en buenas condiciones, sin que por eso se dolaricen precios y salarios.

La incertidumbre y los desacuerdos políticos llevan a que el dólar cotice en algunos momentos alrededor de los 4 pesos; pero al no haber emisión se estabiliza, sin necesidad de artificios, cerca de los 3.

Muchas industrias que habían quedado descolocadas para vender productos al mundo vuelven a ponerse en marcha. Al haber trabajo hay dinero, y al haber dinero es posible reparar poco a poco los desastres padecidos.

Todo indica que la situación de derrumbe de la que se partió desalentó la tentación de subir precios y reclamar salarios. En esto incide la capacidad del aparato partidario peronista para desactivar movilizaciones, así como antes tuvo la de incentivarlas, y, por sobre todo, la real decisión del gobierno de no ceder ante los reclamos que en otro momento se llevaron por delate todo atisbo de estabilidad.

Tal vez esto no tenía otra alternativa que durar poco; pero sirve para mostrar que es posible que el país funcione bien.  

Duhalde llama a elecciones para el 27 de abril, con vista a entregar el poder el 25 de mayo.

Ante la presunción de que realizar elecciones internas daría lugar a indeseables tensiones, el peronismo decide ir directamente a la elección general con tres listas a las que asigna nombres distintos. El radicalismo resuelve sus diferencias internas mediante la misma opción.

En las elecciones, Carlos Menem obtiene el 25% de los votos y Néstor Kirchner el 22%, por lo que ambos deben ir a una segunda vuelta.

En pocos días se hace manifiesto que la figura de Menem ha generado cansancio en el electorado, porque se lo vincula con la corrupción y con los problemas padecidos en la fase final de la convertibilidad. Las encuestas coinciden en dar por ganador a Kirchner con cerca del 70%.

Llega el momento en que Menem quiere evitar exponerse a una colisión directa con los números. Da una rueda de prensa en la que informa que por obra de intereses perversos se ha creado una campaña de demonización de su figura, y su única respuesta posible a esa situación es renunciar a la segunda vuelta.

Néstor Kirchner se transforma automáticamente en presidente electo.

El 25 de mayo, Duhalde entrega el poder revestido de una aureola de éxito. En menos de un año y medio el país ha pasado de la noche más sombría a lo que parece un amanecer con cielo despejado.

En el acto de trasmisión del mando, uno de sus compañeros y admiradores rompe el protocolo y le grita “¡Te vas como un campeón!..”.

Queda investido Néstor Kirchner, el hasta ahora casi desapercibido gobernador de Santa Cruz, y la gente, que en su mayoría lo prefirió para desechar a Menem, tiene poca idea de lo que hará.

Gobierno de Néstor Kirchner

Un indicio de que el país ha cambiado de humor es que, a diferencia de lo habitual en todo cambio de gobierno, Kirchner no designa un nuevo ministro de economía: mantiene a Roberto Lavagna.

Se determina que el tipo de cambio continúe alto mediante la compra de dólares por el Banco Central, que incrementa sus reservas. La consecuencia será que, luego de la situación desastrosa de 2001, durante varios años el Producto Bruto crecerá por encima del 8%.

Paralelamente a esta corrección, el país es favorecido por una incidencia externa: en 2002 el precio de la soja fue de 130 dólares por tonelada; y en 2003 pasa a más de 350; y luego de una caída a 194 en 2005 se recupera y vuelve a niveles no alcanzados antes. La cotización de varios productos agrícolas determina que el ingreso de divisas, y las retenciones a las exportaciones, engrosen las arcas del Estado y alimenten las posibilidades de crecimiento de diversas áreas. Todo lo que depende del gobierno pasa a ser más fácil.

Esta fortaleza de los precios, más el mantenimiento de un tipo de cambio que favorece la competitividad, permiten que en el período 2003-2007 el desempleo se reduzca a menos de la mitad. Las negociaciones entre sindicatos y cámaras empresarias mejoran los salarios sin empeorar la relación con los precios externos.

Kirchner no insinúa en un principio un cambio de rumbo respecto de su antecesor; aunque en seguida saca a la luz el discurso propio del peronismo clásico: ataques verbales a la oligarquía, al capital extranjero y a los organismos de crédito; promesas de redistribución de la riqueza, de fortalecimiento del mercado interno y de industrialización nacional, en la que debe jugar un papel central el Estado. Se inicia la reestatización de Aerolíneas Argentinas, del Correo Argentino y de la distribución de agua.

En ese momento en que no sería difícil dejar consolidados el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria, y mantener una relación de precios que incentive las exportaciones, el gobierno tiende a sembrar futuros desequilibrios o, cuanto mucho, a no hacer nada.

El peronismo clásico nunca parece creer que la estabilidad sea la finalidad de un gobierno; más bien aprovecha cada ocasión de dar satisfacción inmediata a cuantos se pueda. Siempre se conduce por la suposición de que un poco de inflación no es un problema, y de que es mejor que la gente disfrute el día de hoy en vez de tomarse la responsabilidad de alivianar su propio futuro.

A diferencia de sus antecesores, Kirchner cambia de actitud hacia ese pasado que empezaba a quedar atrás: en sus primeros meses de gobierno solicita al Congreso la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Desde 2004 se reanuda el procesamiento de militares sospechosos de abusos durante la dictadura.

Durante 2005 se acuerda el pago de la mayoría de la deuda en default desde fin de 2001. Gran parte de los tenedores de bonos argentinos recibe otros con vencimientos en los siguientes años, y acepta las quitas más importantes de la historia financiera mundial.

En un país saturado de discursos sobre naciones poderosas que succionan la riqueza de las demás, a nadie se le ocurre mencionar que en este caso es Argentina la que se gastó miles de millones de dólares ajenos.

Como durante mucho tiempo nos resultó más fácil pedir préstamos que cuidar el gasto, los que aceptan cobrar menos deben despedirse de gran parte de lo que prestaron, sin que ante esto haya quien hable de succión ni de explotación.

Como Kirchner no tiene influencia sobre el aparato partidario de la capital y alrededores, se preocupa por entablar buenas relaciones con las organizaciones sociales, movimientos no sindicales integrados por las personas más desfavorecidas, que se han acostumbrado a hacer piquetes y cortar calles para reclamar ayudas. Acuerda con estas organizaciones que no reprimirá su presencia en las calles, siempre que en vez de protestar contra el gobierno se movilicen en favor de sus disposiciones. Les ofrece construcción de viviendas sociales, puestos de trabajo en las obras públicas y más planes de ayuda a los desocupados.

Al ganarse esta base de apoyo, Kirchner tiende a tomar distancia de lo que considera la derecha peronista. Al dar origen al Frente para la Victoria obtiene más caudal electoral que sus adversarios internos.

Como siempre sucede, el paso por una coyuntura favorable incita a despreocuparse por el problema de los gastos. Lo que no se hizo en momentos más difíciles tampoco se hace ahora. No se encaran los ajustes eternamente postergados por los gobiernos anteriores; porque se disfruta la sensación de que el desequilibrio fiscal ha dejado de ser un problema.

Dejar la parte difícil para después, o creer que ni siquiera existe, permite eludir el desprestigio y cosechar más laureles. Mientras tanto, las reestatizaciones abren el camino por el que volverá a crecer el déficit.

Otro efecto de esa etapa favorable es que Kirchner se saca de encima al FMI, primordialmente para silenciar su comprometedora exigencia de equilibrar los gastos. En enero de 2006 aprovecha las reservas existentes y le paga la totalidad de lo que se le debe, unos 9.500 millones de dólares. No pierde la ocasión de lanzar nuevas agresiones verbales contra el organismo.

Cuando las buenas relaciones con el mundo sindical llevan a que las mejoras salariales presionen sobre los índices de inflación, Kirchner retoma la tradicional conducta de aplaudir los aumentos de salarios y condenar moral y administrativamente los aumentos de precios.

Cuando, una vez más, los controles de precios no dan resultados, el siguiente paso del gobierno es intervenir el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para que pase a divulgar índices más acordes con el gusto general.

Estos pasos dan lugar a un renacimiento del miedo entre los inversores, alentados en los años previos por una mejora de condiciones que no fue aprovechada.

Habiendo obtenido resultados a primera vista favorables para la vida cotidiana, pero dejado intactas y hasta profundizadas las viejas debilidades del país, Kirchner finaliza su mandato en buenas condiciones para ser reelegido; pero prefiere que en su lugar se presente su esposa, Cristina Fernández.

Así se echan las bases para que la limitación constitucional al poder de un individuo pueda ser esquivada mediante la persistencia de una dinastía familiar.

Gobiernos de Cristina Fernández

Cristina Fernández gana las elecciones en primera vuelta al superar ligeramente el 45% de los votos. Asume el 10 de diciembre de 2007.

A diferencia de otros presidentes, no le toca recibir una pesada herencia.

Como el buen momento de las exportaciones agrícolas favorece la recaudación y hay poca inercia inflacionaria (25%anual), sería posible cerrar sin mucho esfuerzo el déficit fiscal y dejar de emitir. Cualquier economista tomaría ese rumbo; pero el que decide es siempre el presidente.

Cristina es partidaria del criterio aplicado por su marido y por la tradición peronista: aprovechar los momentos de comodidad, evitar todo lo que suene a esfuerzo y dar prioridad a que la gente se sienta bien en el mes en curso. Un poco de inflación no está mal si promueve el consumo y la sensación de que con este gobierno no hay problemas.

No importa construir un futuro mejor: importa vivir un presente agradable.

En marzo de 2008, el ministro de economía Martín Lousteau pone en marcha la Resolución 125, por la que se establece un sistema de retenciones móviles a la exportación de cereales. Como algunos productos agrícolas, especialmente la soja, han alcanzado precios internacionales muy altos, el gobierno resuelve que a medida que el precio se incremente sea gravado con una retención mayor. Por un lado se favorece la recaudación fiscal; por otro se consigue que los productores vendan el grano a un precio menor en el mercado interno.

Para el gobierno es la aplicación del principio peronista de que los más favorecidos hagan mayores aportes en beneficio del resto de la gente. Para los productores agropecuarios es una inexcusable confiscación de sus ganancias.

Al día siguiente comienzan sus medidas de protesta y cortes de caminos en varias regiones, y la tensión inicial se convierte poco a poco en una confrontación de clases, en la que recobra toda su fuerza el choque entre peronismo y antiperonismo.

Mientras la presidenta afirma estar cumpliendo con lo que desde un principio entendió por la misión del peronismo, los productores declaran el paro agropecuario y, además de no entregar su producción, obstruyen el paso a la circulación de mercaderías, turistas y hasta vehículos particulares.

Todo lo que el gobierno dejaba hacer a los piqueteros coincidentes con sus ideas se vuelve inaceptable cuando lo hace la oligarquía. Luego se torna visible que no se trata de una oligarquía distanciada de la gente de trabajo, sino de todos los productores agropecuarios.

En reuniones en que nunca se llega a un acuerdo, la presidenta anuncia que esas medidas serán acompañadas por una regulación por la que se compensará con un determinado importe a los productores más pequeños.

Cada bando ve engrosar progresivamente sus filas. A los productores agropecuarios se suman los partidos de la oposición y la clase media urbana, también agobiada por la presión impositiva. Al gobierno se le suman partidos de izquierda, movimientos piqueteros y organizaciones sociales que en algún momento estuvieron en su contra.

Se suceden los actos públicos y movilizaciones de defensores y detractores de las medidas dispuestas. No pocas veces unos y otros chocan entre sí y provocan víctimas.

También estalla la violencia entre los que cortan caminos y los que se ven impedidos de circular. Hay por lo menos una muerte porque se le cierra el paso a una ambulancia.

Al llegar abril, momento de levantar y transportar la cosecha de soja, los productores conservan el grano en silos bolsa, para mantenerlo en el campo hasta poder venderlo en otras condiciones. La situación argentina determina un mayor incremento en el precio internacional de la soja.

La prolongación del enfrentamiento lleva a que la presidenta someta el plan de retenciones a la votación del Congreso, para que finalice el conflicto cuando cobre fuerza de ley.

Confía en que obtendrá el suficiente respaldo, y el proyecto obtiene la media sanción de la Cámara Baja. Pero en el Senado hay oficialistas que no lo apoyan porque provienen de provincias con mucha actividad agropecuaria. La votación queda empatada en 36 votos para cada opción.

El 18 de julio el vicepresidente Julio Cobos, que se había separado de la UCR para integrar la fórmula presidencial, desempata la situación al votar contra la propuesta del gobierno, en lo que muchos consideran una traición que traerá sus consecuencias.

Al día siguiente quedan sin efecto las retenciones y se levanta el paro agropecuario.

Pase lo que pase con sus posibilidades de recaudación, el gobierno elige siempre el camino de incentivar el consumo; nunca el de equilibrar las cuentas.

Como efecto de la crisis internacional de 2008 cae el valor de todos los activos financieros, entre ellos los que están a cargo de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, creadas en 1993 para dar origen al sistema de capitalización individual, que cada trabajador podía elegir con vista a asegurar su jubilación.

Esta desvalorización da pie a que el gobierno inicie un discurso sobre la protección de los aportantes, que de un día para otro han pasado a poseer recursos mucho menores para su futura jubilación. En base a esto elige la directa eliminación de las AFJP, y el traspaso de todos esos fondos al sistema estatal.

Este aparente acto salvador intenta hacer pasar por alto que no hay peor opción que retirar el dinero cuando las cotizaciones están bajas. Si se tienen activos desvalorizados, la vía más conveniente es no hacer nada hasta que vuelvan a revalorizarse, posibilidad muy repetida después de cada crisis.

Ninguno de los titulares de esos fondos puede ejercer su posibilidad de elegir, porque el Estado actúa en su nombre sin consultárselo.

Es cierto que las AFJP cobraban desde su primer momento comisiones más altas que las de cualquier fondo de inversión. Pero si se deseaba corregir este punto era posible concentrarse exclusivamente en él. Elegir la reestatización es sencillamente reeditar el modo peronista de ver la vida en sociedad, y disponer lo que se cree bueno sin tener en cuenta la voluntad de los demás, especialmente si son dueños del dinero atesorado en esos fondos.

Muchos aportantes no se habían limitado a ingresar el mínimo obligatorio, sino que habían agregado sumas voluntarias para incrementar sus cuentas y depender más de sí mismos que del Estado. En adelante reclamarán judicialmente su restitución.

Como efecto de esta apropiación de riqueza ajena el gobierno dispone de más dinero para ayudas sociales, como asignaciones por hijos, subsidios a los desempleados o créditos baratos para la vivienda. De una u otra forma se busca incentivar el consumo y ver contentos a quienes reciben las ayudas. Como siempre, se cree que eso es ni más ni menos que lo que debe hacer un gobierno, sin tomarse la molestia de considerar si el bienestar proviene de que haya actividad económica o de repartir dinero que un día se acabará.

A partir de 2009 vuelve a haber déficit fiscal. No porque se salga de una etapa previa en que se hayan cuidado las cuentas, sino porque hasta entonces los precios de los productos agrícolas alimentaron la fiesta de gobernantes y gobernados poco adictos a mirar el futuro.

Se dejó pasar, como si no tuviera importancia, la etapa en que se pudieron equilibrar las cuentas sin demasiada incomodidad. Se prefirió la opción de más alegría momentánea y más votos.

Se promueven abundantes obras públicas, y en ese proceso empieza a haber noticias de sobreprecios e irregularidades en los contratos.

Otra medida para disponer de más fondos es reducir la coparticipación de las provincias en los impuestos nacionales. Como respuesta, varias provincias inician demandas judiciales, que terminarán obligando al estado nacional a restituirles lo no pagado; pero esto ocurrirá a fin de 2015, con lo que el peso de la obligación caerá sobre el gobierno siguiente.

Y el recurso más reiterado de los amantes del corto plazo es poner topes a las tarifas de servicios públicos y combustibles. Las empresas proveedoras subsisten mediante la opción de vivir al día y desatender el mantenimiento de sus instalaciones.

De ese modo hay más conformidad con los precios cómodos que se pagan, sin que nadie se ocupe de pensar si son los necesarios para que esos servicios sigan funcionando a través del tiempo.

En medio de esta situación, en octubre de 2010 Néstor Kirchner sufre un ataque cardíaco y muere, al parecer por efecto de meterse en discusiones y problemas que los médicos le habían recomendado evitar.

Queda atrás la posibilidad de que una dinastía familiar se sobreponga a la limitación constitucional de los mandatos.

La empatía emocional provocada por el suceso lleva a que crezca la intención de voto en favor de Cristina para la elección de 2011, que gana por un porcentaje mayor que la primera.

Cuando quedan atrás los precios internacionales favorables, la comodidad inmediata se paga con un gasto público que absorbe cada vez más porcentaje del Producto Bruto.

Lo que no puede sostenerse con impuestos, que desalientan progresivamente a más inversores, se paga con la emisión de bonos y con la siempre disponible emisión monetaria, cuyos efectos se esquivan, o postergan, mediante el control de precios y el cepo cambiario.

Los que podrían invertir para hacer crecer la economía evitan hacerlo para no salir perdiendo.

Mientras tanto, los beneficiados por ayudas y subsidios se muestran conformes con el gobierno, que recibe su apoyo y puede hablar de reducción de la pobreza.

Así, tras una etapa que pudo haberse aprovechado para sanear lo que faltaba sanear, unos festejan su ininterrumpida recepción de regalos y otros se hastían de la irresponsabilidad, la carga de los impuestos y los serios indicios de corrupción.

Con esa división en bandos de proporciones casi iguales llegará la elección presidencial de 2015, en la que Cristina Fernández no puede ser reelegida.

El candidato de su partido será Daniel Scioli, que en la segunda vuelta perderá por poco margen ante Mauricio Macri.

Gobierno de Mauricio Macri

Macri gana la segunda vuelta con el 51,34% de los votos.

Como Cristina Fernández quiere realizar la ceremonia del traspaso de mando en el Congreso y Macri quiere que se haga en la Casa Rosada, y cada uno se niega a ceder a la voluntad del otro, Macri consigue que la justicia dictamine que la presidencia de Cristina finalizará el 9 de diciembre a las 24.

En consecuencia, el Presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, asume la Presidencia por algunas horas para encargarse del traspaso del mando en la Casa Rosada.

En las últimas horas del 9 de diciembre, Cristina reúne a miles de partidarios en Plaza de Mayo y se despide con un discurso desde el balcón según la tradición del peronismo, en medio de una adhesión poco común para un gobierno que finaliza. Los muchos argentinos que no se preocupan por el después no tienen nada que objetar ante los beneficios momentáneos que les tocó recibir.

Con el transcurrir de la noche se dispersan los asistentes y, tras unas horas vacías y silenciosas, al amanecer del 10 de diciembre comienza a hacerse presente la otra mitad del país.

Mauricio Macri jura ante el Congreso y recibe en la Casa de Gobierno los atributos del mando.

Sus primeras medidas, consistentes en la simple eliminación de regulaciones que considera indebidas, no pueden provocar otra cosa que efectos poco agradables: el resultado de reducir las retenciones a los productos agrícolas es el aumento del precio de varios alimentos en el mercado interno; el resultado de levantar el cepo cambiario y resolver que exista únicamente el dólar libre lleva la cotización de este de 9,80 a 14,50 pesos.

Al eliminar los subsidios a las tarifas, y permitir que se adecúen a la necesidad de mantener el servicio a largo plazo, los precios resultantes son mucho más altos, y dan lugar a mayores índices de disconformidad.

Ante el enorme desorden con que se encuentra, Macri elige proceder con la máxima cautela para no provocar nuevas convulsiones. En su primer año reduce el déficit fiscal del 6 al 4,6 %.

A medida que se acerca la elección legislativa de 2017, se acentúa el conflicto entre el ideal económico (equilibrar las cuentas aunque se genere disgusto) y el ideal político (ganar las elecciones aunque se genere desequilibrio).

Por mucho que Macri sea partidario de las medidas ortodoxas, su decisión es no tomarlas ahora. En vez de reducir el gasto público, compuesto en alta proporción por el pago de jubilaciones, recurre a la emisión de LEBAC (Letras del Banco Central). Mediante estas, que ofrecen un interés superior a la inflación, consigue que la sobreabundancia de pesos no se vuelque a comprar dólares. Con lo recaudado cubre parte del gasto público con menos emisión monetaria.

De todos modos, en seguida debe emitir más LEBAC para pagar las emitidas antes. Por ese mecanismo consigue sobrevivir sin incrementar la inflación, pero acrecentando las amenazas futuras y la fragilidad de la economía.

Como se ofrece un interés superior a la inflación mientras el dólar permanece momentáneamente estable, muchos inversores no tardan en ver la oportunidad de cambiar dólares por pesos con los que comprar LEBAC, cobrar intereses y obtener una rentabilidad en dólares superior a la disponible en otros países. Esto determina que ingresen a Argentina muchos dólares, y por el momento haya un tipo de cambio barato.

Es la condición ideal en que llegar a las elecciones, y el gobierno gana las legislativas de 2017.

Pero, inevitablemente, el triunfo político tiene un coste económico. Los que ven más allá de la comodidad a corto plazo saben que esa apariencia de estabilidad fácil no puede durar. Poco a poco se reducen las inversiones productivas, y los que invirtieron a corto plazo para cobrar buenos intereses intuyen que se acerca el momento de recoger la ganancia, comprar más dólares que los que trajeron y llevárselos a tiempo.

En mayo de 2018 la cotización del dólar, luego de un tiempo en torno a los 18 o 20 pesos, vuelve a dar señales de volatilidad. Entonces se convencen los que aún no estaban convencidos, y casi nadie se interesa en otra opción que la de comprar dólares.

El gobierno se da cuenta de que no puede continuar con el mismo mecanismo, y se ve obligado a lo que nadie puede hacer sin quedar muy mal parado ante la opinión pública argentina: recurrir al FMI.

Consigue un préstamo de 44.000 millones de dólares, la ayuda más voluminosa jamás otorgada por el FMI, que sabe que la mejor opción es hacer fuerza para que el gobierno en ejercicio no sea desalojado por el populismo.

Mientras una parte de la opinión pública argentina entiende que era necesario, otra parte, la más ruidosa, se lanza a exhibir carteles de “no al FMI” y hacer retumbar bombos entre cánticos furiosos, acusaciones de traición a la patria y presentimientos de la posibilidad más temida: que ese organismo que encarna el mal sobre la Tierra imponga disminuciones del gasto público, del que buena parte de los manifestantes obtiene sin esfuerzo el pan de cada día.

Sobrevienen algunos meses sin corridas cambiarias, aunque con tasas de interés tan altas que nadie puede tomar préstamos para producir. Aunque comienzan los recortes presupuestarios y se toma el compromiso de llegar a mediano plazo al déficit cero, se confirma la sentencia de que la confianza se gana lentamente y se pierde rápidamente. Ya no se cree estar ante un gobierno capaz de resolver problemas.

Durante 2019, el creciente escepticismo ya no se debe a lo que haga o deje de hacer Macri, sino al presentimiento cada vez más firme de que el siguiente gobierno será peronista.

Las encuestas indican que hay una mayoría dispuesta a votar nuevamente a Cristina Fernández.

Esta, por haber causas judiciales en su contra o por alguna otra razón, comunica que no se presentará para el cargo de presidente sino para el de vice, y que ha acordado con su ex jefe de gabinete Alberto Fernández integrar una fórmula encabezada por él.

Se da el primer caso en la historia del mundo en que un candidato a vicepresidente elige a su candidato a presidente.

De ahí en adelante, los planes de Macri no se encaminan ya al saneamiento económico, sino a ganar adhesión para revertir las feas perspectivas que auguran las encuestas.

Como si nadie supera el 45% de los votos habrá una segunda vuelta, se especula con que en ese caso los que votaron otras opciones rechazarían en conjunto al peronismo y darían el triunfo a Macri.

En agosto tienen lugar las primarias, y la fórmula peronista obtiene un 47,80% contra un 31,80 de Macri. La diferencia disuelve casi por completo la esperanza de una segunda vuelta en que se revierta la situación.

Hay quienes dan todo por perdido y quienes advierten que todavía no se votó de verdad; por lo que el gobierno debe continuar su campaña sin otro objetivo que el de ganar.

En octubre son las elecciones y, aunque Macri mejora su resultado con un 40,28%, Fernández obtiene un 48,24 y gana en primera vuelta.

Queda en evidencia que no hay dos mitades del país, sino que decide las elecciones una mayoría que no es partidaria de nadie, y vota contra cualquier gobierno que le empeore el presente.

Ya desde agosto está en curso una nueva escalada del dólar, y para evitar mayores desastres el gobierno de Macri debe apelar a lo que dijo que no haría: imponer restricciones al cambio de moneda.

Aplica los parches que puede a una economía signada por el pesimismo, hasta que finaliza su mandato el 10 de diciembre.

Una posibilidad que estuvo y se fue

En un país en el que la gente quiere estabilidad pero no vota por hacer lo realmente necesario, es posible que por pura disconformidad con un gobierno anterior resulte elegido un partidario del ajuste.

Desde entonces, si al llegar cada elección no se perciben grandes padecimientos, el ejecutor de los cambios que hacen falta puede mantenerse en el poder, y si sobrevive el tiempo necesario puede establecer un proceso de saneamiento y mejoras perceptibles.

Si se concreta esa posibilidad, el país se mantendrá en el buen rumbo sin que la gente vote otra cosa; sencillamente porque lo que más determina el resultado de cada elección es la situación presente, que puede no ser muy buena pero resultar preferible a las situaciones vividas bajo otros gobiernos.

Esta posibilidad teórica es sumamente difícil en Argentina, donde los desajustes son demasiado grandes para corregirlos antes de la siguiente elección sin provocar desgarros que inciten a votar en contra.

Macri inició su gobierno con intención de llevar a cabo ajustes no traumáticos, pecando de optimismo al suponer que suavizaría el desequilibrio antes de que este fuera capaz de asestar a la economía un golpe como los que desde hace tiempo venía dando.

Todos los problemas de dinero disminuyen cuando se gana más. Ese doblegar el desorden había sido más posible en la década anterior, cuando los precios agropecuarios aportaban ingresos que habrían hecho el milagro. Pero los gobiernos de la década anterior prefirieron la posibilidad de que más gente disfrutara de satisfacciones inmediatas y siguiera votando por ellos.

Macri supuso que la sola presencia de una conducción económica ortodoxa se traduciría en poco tiempo en llegada de inversiones, y estas llevarían a tasas de crecimiento que permitirían equilibrar el presupuesto sin reducciones bruscas ni traumáticas.

Suponiendo que en poco tiempo se estaría creciendo a un ritmo mayor, redujo el gasto público muy gradualmente, como para llegar a la primera elección legislativa con pocos disgustados.

Sin embargo, la amenaza del desorden demostró ser demasiado grande, y de ninguna manera estuvo doblegada antes de la primera prueba electoral. Por su parte, los inversores no creyeron que bastaba con que hubiera un presidente con otra cara para convencerlos de ingresar a un país prolongadamente peligroso.

La realidad mostró que ante un determinado nivel de desorden no conviene el gradualismo. O se reduce el desorden con un golpe contundente al iniciar el gobierno, o cuando a los dos años llega otra elección conserva su fuerza para complicar la vida de gobernantes y gobernados.

Macri sobrevivió a la elección legislativa de 2017 a costa de contraer deudas en vez de lanzar un ataque más fuerte contra el déficit. Lo que no pudo evitar fue que el desequilibrio latente se le viniera encima poco después.

Un golpe contundente inicial contra un desorden demasiado grande tampoco asegura la victoria; puede engendrar tanto sufrimiento que a los dos años la gente se desespere por cambiar de gobierno.

El desorden argentino es tan voluminoso que ha sido capaz de sobrevivir a todos los gobiernos, hayan o no hayan querido acabar con él.

El problema es que no se trata solo de un desorden presupuestario; más bien el desequilibrio presupuestario es un efecto de otros factores, como la generalizada aversión al esfuerzo, la poca disposición a pensar a largo plazo, el sindicalismo succionador, que pide y pide sin pensar en las consecuencias, la corrupción extendida a varias capas de la sociedad, el empeño a oponerse a lo que haga otro partido porque es otro y no por qué signifiquen sus iniciativas, y una lista de causas que puede extenderse permanentemente.

En circunstancias demasiado desastrosas y con un gobierno que acaba de comenzar, como en la hiperinflación de 1989 o la parálisis generalizada de 2002, nace a la fuerza la disposición a aceptar medidas duras, como las privatizaciones de Menem o la devaluación con salarios congelados de Duhalde. En esos momentos se tiende a aceptar todo con tal de dejar atrás el tormento. En otras condiciones, cualquier medida que no aporte satisfacción inmediata determina que la mentalidad mayoritaria acabe desalojando al gobierno.

Gobierno de Alberto Fernández

Las primeras medidas de Alberto Fernández muestran su disposición a dejar de lado la austeridad y volver a las regulaciones de precios. Ni bien asume suspende transitoriamente el Consenso Fiscal 2017, por el que los gobernadores se habían comprometido a bajar impuestos en sus provincias. En seguida congela los precios de los servicios públicos y combustibles, y pone en marcha el programa Precios Cuidados, que fija precios para una lista de 312 artículos.

Cuando asume Alberto Fernández el dólar paralelo cotiza a 70 pesos, y continúa su escalada hasta que en el último trimestre de 2021 tiende a permanecer alrededor de los 200, aunque no haya cesado la emisión monetaria. El gobierno acentúa progresivamente la severidad del cepo, entre cuyos recursos figura el de incursionar con la gendarmería en las casas de cambio.

Entre las herramientas no monetarias contra la inflación se destaca una disposición casi exclusiva del peronismo: la influencia del aparato partidario sobre los sindicatos y movimientos sociales, que no presionan por incrementos salariales como lo hicieron ante otros gobiernos.

Los movimientos sociales, conformados por más desocupados que trabajadores, se movilizan para pedir planes sociales, o subsidios a personas y familias en estado de exclusión. El gobierno tiende a ser pródigo con este recurso, con el que consigue que más gente lo respalde con su voto y responda a su llamado a la hora de llenar calles en su apoyo.

Un efecto paralelo de esta política es que más gente abandone la opción de capacitarse y buscar empleo, porque en ese caso perdería la ya consolidada comodidad de cobrar sin trabajar.

Ni bien se inicia, el gobierno de Fernández se ve condicionado por la suspensión de actividades a que obliga la irrupción del Covid 19. Es poco menos que imposible determinar hasta qué punto incide en cada problema la conducción político-económica o el efecto de la pandemia.

Cualquiera sea esa incidencia, el gobierno puede repetir todos los días que si no produce resultados es porque le tocó un mal momento.

Esta condición se prolonga cerca de dos años, y da origen a voluminosos gastos con que se intenta contrarrestar la inactividad económica.

Mientras, en casi todos los países llueve sobre cada gobierno una repetida y homogénea acusación: “mala gestión de la pandemia”. No importa de qué signo sea en cada caso el gobernante; siempre es fácil para la oposición lanzar a los cuatro vientos la misma frase.

Es visible que Alberto Fernández no tiene en mente lo que se dice un plan económico. Lo que llama planes no son medidas para hacer funcionar el país, sino métodos para repartir recursos entre los más necesitados. Estos recursos consisten en billetes recién salidos de la imprenta o en impuestos cobrados a otros sectores. Vuelve a mencionar la opción de incrementar las retenciones a los productos del campo.

Cuando la demanda internacional incrementa el precio de la carne, no tiene en cuenta que ingresará más dinero al país, sino que la carne se volverá más cara para los argentinos, empobrecidos por efecto de todo lo que dejó de funcionar. En vez de preocuparse porque los argentinos ganen más se preocupa por limitar las exportaciones, para que los productores se vean obligados a vender en el mercado interno a precios más bajos que los del externo. Proclamando que es injusto que los argentinos paguen por la carne lo mismo que los extranjeros, pone trabas a las exportaciones, desalienta la producción y acaba disminuyéndola.

En sus discursos se repite la idea de que el gran flagelo de América Latina es la desigualdad, como si la causa originaria de todos los males fuera la diferencia entre los que ganan demasiado y el resto de la gente. No habla de la causa de esa diferencia, y menos todavía de que el problema sea la escasez de riqueza por falta de actividades productivas. Simplemente habla de la desigualdad, como una desgracia provocada por la maldad de unos pocos o caída desde el cielo sobre América Latina. Si se preocupa por pasar de lamentar a remediar, lo único que concibe es inventar métodos para distribuir la poca riqueza que hay. En ningún momento dice que sea necesario o posible producir más.

Según la prédica del peronismo, el capitalismo es el mejor sistema de producción; pero si se lo deja librado a su propia dinámica no despliega todas sus posibilidades; porque determina que una alta proporción de la sociedad posea poco poder de compra. En consecuencia, hace falta que el Estado, bajo una conducción inspirada en la justicia social, intervenga para emparchar el sistema redistribuyendo riqueza hacia los sectores más pobres, que al poder comprar más incrementarán la actividad y la prosperidad.

Lo que no considera este esquema es que quienes echan a andar la primera rueda del capitalismo, invirtiendo dinero y trabajo mental, se mueven por la causa inicial que mueve a todos los seres: la aspiración a beneficiarse.

Si la intervención del Estado disminuye la posibilidad de beneficiarse, y hasta pone en peligro el dinero de quienes invierten, en vez de desplegar todas las posibilidades del capitalismo se consigue precisamente lo contrario: impedir que se desplieguen. Las interferencias a las iniciativas de quien invierte y planifica, más la succión de una parte mayor de sus ganancias, determinan que disminuya el beneficio, que la actividad económica se lleve a cabo en un ambiente de incertidumbre y hasta miedo al futuro. La consecuencia es que en esas condiciones los que pueden invertir dejan de crear empresas que habrían pagado sueldos.

El efecto de la idea rectora del peronismo es que los que pueden invertir prefieran no hacerlo, y los que ya invirtieron se retiren a medida que pueden. De ese modo, los sectores más pobres no ganarán poder de compra, sino que no encontrarán actividades con las que ganarse la vida.

Los partidarios de esta idea rectora no parecen darse cuenta de que el mismo Perón, no tan peronista como ellos, la dejó atrás al ver sus resultados. Luego del período en que el país era una fiesta, y al ver que después de tanta fiesta se había acabado el dinero, pasó en su segunda presidencia a buscar reasentar el capitalismo sobre las bases que siempre tuvo.

Como en medio de ese intento fue derrocado, y como al retomarlo en su tercera presidencia fue interrumpido por la muerte, sus herederos se quedaron con la agradable suposición de que el peronismo consiste exclusivamente en redistribuir.

Pasados los períodos de plata fácil de la cuarta década del siglo XX y la primera del XXI, no generados por el peronismo sino por la situación internacional, la idea de la redistribución forzada muestra su verdadero efecto: una economía rumbo a la parálisis, en la que los que quienes hubieran debido ser sus beneficiarios sufren más privaciones que nunca.

Cuando empresas y trabajadores se ven privados de la posibilidad de ganar bien, el populismo busca soluciones invariablemente alejadas del sentido común. En vez de alentar el crecimiento intenta adecuar la realidad a la pobreza imperante, generando un poco de comodidad a costa de desequilibrar la economía. Uno de los métodos habituales es limitar artificialmente los precios de la energía, que Macri había sincerado para que su producción fuera sostenible en el tiempo.

Cuando en nombre de una supuesta preocupación por la gente se retorna a la situación en que los costos no quedan cubiertos, se vuelve a tensar un resorte que estaba distendido. En el momento de asumir, Alberto Fernández no cargaba con ese problema; pero la tentación de parecer un gobierno bueno lleva invariablemente a limitar por decreto los incrementos de las tarifas. A primera vista la gente se siente mejor; pero las consecuencias son que se abandone el mantenimiento de infraestructuras o que lo pague el presupuesto público.

Como si esto fuera poco se crea innecesariamente un problema político: vuelve a cargarse esa arma que estaba descargada y amenaza con dispararse en cualquier momento. La idea de corregir las tarifas inspira terror; porque puede encender la mecha de convulsiones sociales como las vistas en otros países ante la misma decisión.

Cuando los distribuidores de energía se ven en problemas, el gobierno los subsidia. De ese modo, además de incrementar el déficit crea un entretejido que alienta la corrupción.

Cada uno de los favorecidos por la corrupción queda a su vez obligado a favorecer a su benefactor, con lo que el efecto es una cada vez mayor inseguridad jurídica, que obstruye y desalienta cualquier proyecto de economía sana.

Esta conducta, que comenzó en 2003 en un contexto más o menos reparable, tiende a improvisar un nuevo modo de evadirse cada vez que se debe enfrentar el desequilibrio, con el resultado de que este se vuelve una amenaza cada vez mayor para quien algún día quiera combatirlo.

El voto por disconformidad, que en 2019 llevó a Alberto Fernández al gobierno, vuelve a tomar fuerza en 2021 y se vuelca hacia otros partidos. El gobierno pierde poder en el Congreso.

A mediados de 2022 ya no puede evitar que la insalubridad económica se traduzca en más inflación. La desvalorización del peso incrementa su ritmo.

En agosto de 2022, Fernández nombra ministro de economía a Sergio Massa, que nunca se llevó muy bien con el más puro kirchnerismo, porque parece el único capaz de evitar la total disolución de la confianza en el gobierno, y de conseguir que su última etapa no sea tan desastrosa como se empieza a prever. Significa elegir un poco de ajuste, que no llegue a ser demasiado dentro de lo digerible por el populismo, para llegar a las elecciones con un menor grado de malestar.

Es poco comprobable, en medio del empeoramiento cotidiano, que Massa haya conseguido o no cierta desaceleración del caos. El gobierno está emitiendo moneda para subsidiar las tarifas de servicios, para cubrir el déficit de las empresas públicas y para pagar cada vez más planes sociales, con los que mantiene a gente que no puede ganarse un sueldo, que tiene cada vez menos intención de hacerlo y que sin duda votará por quien la sustente por ese medio.

Se tensa cada vez más la relación con el FMI, para el que Argentina se ha vuelto el problema más dramático de su historia. El gobierno inventa argumentos por los que continuar pidiendo en vez de empezar a pagar. Como las posibilidades son caer en cesación de pagos o hacer ajustes que de ninguna manera quiere decidir antes de las elecciones de 2023, recurre a múltiples artilugios para desplazar hacia el futuro toda obligación.

Acosada por sus causas judiciales y previendo que el oficialismo llevará las de perder en las elecciones, la ahora vicepresidenta Cristina Fernández anuncia que no será candidata a nada. Con esto se abre el interrogante sobre quién encabezará la lista del oficialismo.

Poco después, el presidente Alberto Fernández desiste de presentar su candidatura a la reelección, ya convencido de que el voto de la gente se está desplazando hacia otras opciones.

En el campo de la oposición, también desiste Mauricio Macri, cuya imagen continúa debilitada por las convulsiones del tramo final de su presidencia.

En medio de esa reducción progresiva de protagonistas, el oficialismo termina otorgando la candidatura presidencial a Sergio Massa. No coincide con el gusto de la mayoría de sus facciones; pero se impone el miedo a lo que puede pasar si Massa queda disgustado y abandona el Ministerio de Economía.

También hay cierta convicción de que se lo está designando para que pierda las elecciones, posibilidad muy previsible, y se lleve el desprestigio que no quieren llevarse otros.

Mientras, Cristina y su hijo Máximo Kirchner transitan su propio canal y tratan de ser vistos como los no culpables de nada, los que siempre estuvieron y estarán con el pueblo, con el fin de conservar esa imagen para sus posibilidades de más adelante. Sus discursos son una permanente referencia a cuando volvamos; como si en algún momento se hubieran ido, como si ella no fuera la líder natural del gobierno en ejercicio, cuyo presidente nombró por decisión personal.

Elecciones primarias de 2023

En agosto de 2023, cuando todo hacía prever un enfrentamiento entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, partido creado por Mauricio Macri, el candidato más votado resulta ser Javier Milei, economista liberal que se lanzó a la política con un discurso casi calificable de anti sistema. Predicó furiosamente contra el despilfarro y contra la comodidad de aferrarse a cargos públicos, conducta que atribuye a una casta política que él promete desterrar. Por ese medio captó la simpatía de innumerables desencantados con todo. Muchos lo votaron previendo una operación de limpieza contra los políticos, reiterado blanco de un nuevo tipo de discriminación, sin considerar que los ajustes deberán extenderse mucho más allá. Así, dirigiendo la atención sobre la parte más digerible de las medidas necesarias para sanear la economía, consiguió un caudal de votos nunca alcanzado por el liberalismo.

En segundo lugar quedó Patricia Bullrich, que ganó la interna de Juntos por el Cambio, y en tercero Sergio Massa.

Aunque las diferencias de porcentaje son pocas, es la primera vez que el peronismo ocupa el tercer puesto en una elección.

Esto parece sugerir la idea de se acabó el peronismo.

Sin embargo, sucedió lo mismo otras veces, y luego nos tocó ver que la aspiración a que un gobierno regale comodidad por vía de despilfarros y regulaciones no es fácil de desterrar. Puede renacer una y otra vez, con cada comprobación de que la vida es difícil y con cada personaje que tenga oportunidad de hacernos creer otra cosa.

No parece haber un giro a la derecha muy consciente de sí. La tendencia mayoritaria sigue siendo votar por personas, y dejar de respaldarlas cuando no se ven resultados agradables.  

Si, como parece, habrá un gobierno con vocación de sanear el país, estaremos ante una nueva posibilidad. Pero esta no dependerá exclusivamente de quién esté en el gobierno. Además de un presidente hace falta un poder legislativo con la misma firmeza, y un alto porcentaje de la población convencida de que el esfuerzo de enderezar el rumbo vale la pena, y no dispuesta a obstruir cualquier plan que no signifique comodidad inmediata.

Todo volverá a depender de la misma posibilidad: que cuando en dos años lleguen las elecciones legislativas haya más sensación de estar mejorando que de estar empeorando.

CONCLUSIÓN

¿Qué es lo impopular?

Quienes evalúan determinadas medidas económicas, o quienes las comentan desde la prensa, les aplican una y otra vez el calificativo de impopulares; y unos y otros parecen muy conformes con tal uso del término.

A primera vista se supone que es impopular todo aquello que va contra el pueblo.

Sin embargo, cuando la medida comentada se encamina a un objetivo que de ninguna manera perjudica al pueblo, como una reducción del déficit público, se sigue echando mano, indiferente e irresponsablemente, al mote de impopular.

Y nadie parece tener nada que objetar a quienes lo hacen.

Si se da este fenómeno, visible y permanentemente repetido, todo indica que cuando se dice impopular se quiere decir otra cosa.

Todo indica que no se concibe como impopular lo que va contra el pueblo, sino lo que no adquiere popularidad; es decir, lo que no cae bien a la mayoría.

El que gobierna se ve reiteradamente ante la misma disyuntiva: tomar medidas que incidan favorablemente sobre la realidad, o desistir de tomarlas porque no le caerán bien a la mayoría.

Si prefiere la primera opción, se verá ante movimientos de protesta tal vez incontrolables, o ante una derrota electoral que lo desalojará del gobierno. Si prefiere la segunda, se verá ante la imposibilidad de sanear la economía, con la consecuencia de que la gente vivirá peor, y en algún momento del más adelante también terminará desalojándolo.

Si el único problema fuera pensarlo, las cosas estarían claras: lo que necesita la sociedad son medidas que actúen sobre la realidad de modo que produzcan buenos resultados; medidas que alienten la generación de riqueza.

Si generar esas condiciones requiere comprender cómo funciona la realidad, entender que no todo se consigue fácilmente, y estar dispuesto a persistir en la aplicación de los cambios necesarios, la posibilidad de alcanzar esas condiciones dependerá de que los protagonistas hayan alcanzado esa comprensión y esa disposición.

Y resulta que los protagonistas no son exclusivamente los que estudiaron el tema y ocupan cargos de gobierno: los protagonistas son todos; tanto los que gobiernan como los que dicen sí o no en el Congreso y los que dicen sí o no en las calles o en las urnas.

No hay otra opción; no existe la prosperidad si no se aplican medidas sanas, o si se prefieren propuestas nacidas de la escasa disposición a reflexionar o persistir.

Si la opinión mayoritaria rechaza las medidas que pueden sanear la vida económica, el resultado es lo que vemos desde hace tanto tiempo: un empeoramiento del que nunca se sale.

Si se busca otro resultado, las posibilidades son algunas que ya se probaron sin mucho éxito: gobernar mintiendo permanentemente, o interrumpir la democracia porque no sirve, o recurrir al fraude patriótico para evitar que la mayoría imponga su criterio.

Estos recursos nunca duraron mucho ni acabaron bien.

Lo único que queda es la verdadera opción sana, honesta y democrática: que la gente, o una mayoría, sea capaz de pensar a largo plazo, de entender el porqué de las medidas de saneamiento económico, y de persistir en una conducta que no se lleve por delante las bases sanas de la economía.

Esta solución es evidentemente la más difícil. Por eso hasta ahora no se la vio.

Por supuesto, no puede implementarse en poco tiempo.

Tal vez sea pedir demasiado; pero cualquiera con un poco de dignidad sabe que esa es la salida.

Quienes hacen planes de gobierno, y quienes los comentan en los medios de difusión, disponen de por lo menos un poco de conocimiento; pero no siempre de un poco de dignidad.

Como efecto, se comenta que algunas medidas son impopulares y parece darse por sentado que todo debe acabar ahí, con la seguridad con que un relator de fútbol dice “eso es una infracción” porque sabe que está ante un reglamento inapelable.

Creer que todo debe acabar ahí es someterse al reglamento de la ignorancia, y suponer que es posible obedecerlo permanentemente sin sufrir ninguna consecuencia.

Cuando todo acaba ahí, y se concluye en que por una especie de designio sagrado un determinado cambio debe quedar sin aplicar, se está eligiendo el fracaso, mientras se fantasea con que el triunfo será posible por otra vía o en algún momento nos lo traerá la suerte.

Esta suposición tan reiterada en el periodismo, en el Congreso y en los despachos de gobierno, donde es indispensable un poco de conocimiento, no tiene que ser obedecida ni aceptada con la irresponsable resignación que nos tocó presenciar hasta ahora.

Esa irresponsable resignación no es efecto de una pura ignorancia: es efecto de elegir lo primero que se tiene ante los ojos y restar importancia a lo que venga después. Los periodistas buscan caerle bien a la gente para que siga escuchando sus programas; los políticos buscan lo mismo para conservar su popularidad. Por esa vía incursionan en el negocio del endiosamiento de la opinión existente. Cuando un proyecto no cae bien a la mayoría lo califican inmediatamente de impopular y lo dan por irrealizable, como quien escucha las órdenes de un rey que jamás puede ser cuestionado.

Que un proyecto constituya el único modo de solucionar un problema pasa a ser un tema secundario; lo que siempre importa a los irresponsables es echar mano a la primera satisfacción disponible: en este caso la aprobación de la gente.

Esta preferencia tiene por efecto lo que habitualmente ocurre ante nuestros ojos: los que podrían combatir la ignorancia se dedican a alimentarla.

La salud económica no puede sostenerse sobre una mayoría que rechace todo intento de saneamiento. O la mayoría piensa otra cosa o no habrá salud económica.

Está claro que ese cambio de pensamiento no será posible de un día para otro; pero sacarse de encima este problema por la vía de creerlo irresoluble no se parece en nada a una solución.

Si no somos capaces de defender con dignidad la salud económica, al menos seamos capaces de dejar de proponer otra cosa.

Políticos hábiles o poco hábiles

Ante la evidencia de que una mayoría no se interesa en el razonamiento económico a largo plazo, se dice que un político hábil debe saber dirigirse a la gente de un modo que sintonice con lo que esta entiende o acepta.

Y parece darse por sentado que por esa vía se alcanzará siempre una solución: o se consigue que la gente esté de acuerdo con las medidas del gobierno o se modifica las medidas hasta que coincidan con el gusto de la gente.

Sostener esto es pensar como si la realidad no fuera la realidad; como si siempre hubiera a mano alguna opción que ni empeore la economía ni genere un nivel peligroso de descontento.

Pero resulta que esa solución mágica queda reiteradamente más allá de lo alcanzable y estallan las crisis; económicas, de convivencia, o todas a la vez.

Entonces entra en circulación otro error mental: suponer que había una solución pero el gobernante en cuestión no supo verla, que no fue hábil para encontrar el punto de equilibrio entre la conformidad de la gente y la buena marcha de la economía.

El gran error es la suposición de que ese punto de equilibro existe; la suposición de que se puede, sin excepción, conseguir los dos objetivos deseables y evitar los males opuestos.

Lo que muchas veces parece un punto de equilibrio, calmar el descontento social por la vía de postergar las medidas impopulares, no es en realidad un punto de equilibrio; no es una opción neutra: es decidir que la economía siga empeorando, aunque ese empeoramiento se mantenga invisible por algunos meses.

La única manera de salir de ese error es no llamar solución a lo que no lo es.

No hay solución cuando hay demasiada gente que no acepta el mínimo costo de la corrección de un desequilibrio.

Las salidas, que jamás podrán llamarse soluciones, suelen ser dos: tomar una medida impopular, y aguantar la ola de furia que desatará, o dejar que la economía siga cayendo.

También es posible una salida que se ve pocas veces: que el presidente vea que no puede hacer nada y renuncie, o una que se ve la más de las veces: que mientras la sociedad sigue desintegrándose recurra cada día a un nuevo argumento con que echar la culpa a otros.

Lo de que esto puede resolverlo un político hábil es un mito más entre todos los que circulan por el mundo.

Si tenemos dos y le restamos dos nos quedamos sin nada; si tenemos dos y le restamos tres quedamos endeudados.

Si la mayoría se niega a pensar esto, o pide que el gobierno ayude a la gente sin decir con qué pagarlo, la sociedad va camino de arruinarse.

Creer que alguien puede ser tan hábil como para gobernar en esas condiciones es una fantasía que nos impide tratar con la realidad como es necesario.

Un político hábil podrá resolver un mayor porcentaje de problemas; pero nunca podrá traspasar los límites impuestos por el inmediatismo mental arraigado en una sociedad.     

¿Hay crisis de representatividad?

Presenciamos un visible hastío de los votantes, que los lleva reiteradamente a votar contra quienes ganaron anteriores elecciones, o a un fenómeno cada vez más visible: abstenerse, abandonar toda esperanza de que su voto vaya a aportar alguna mejora a su vida.

Cuando no se ve otra cosa que empeoramiento, con gobernantes de un partido y del contrario, habiendo escuchado uno u otro tipo de discurso, el efecto más natural es no identificarse con ningún candidato, no querer tomarse la molestia de pensar en el tema, sentir que se haga lo que se haga no dará resultado.

El ser humano, o todo ser vivo capaz de moverse, se mueve cuando sabe que con eso va a obtener algo deseable; si no, prefiere descansar.

Quien votó muchas veces y no vio el resultado deseable pasa muy fácilmente a la sensación de que todos los candidatos residen en un más allá imposible de entender, de que votar no sirve para nada.

No se limita a dejar de creer en una persona o partido, porque su experiencia no fue ver empeorar la vida con un determinado gobierno, sino sufrir en todos los casos, con unos o con otros.

Cuando, incluso con gobiernos partidarios de ajustar, llegó el caos de 2001, el desgano dio paso a una reacción furiosa: el que se vayan todos.

Luego, gracias a un reordenamiento más o menos exitoso, y al efecto muy favorable de los precios agrícolas, se sintió que algo andaba mejor; por lo que el kirchnerismo ganó varias elecciones.

Como eso se sustentó principalmente sobre la disposición a repartir, y en 2015 ya no quedaba nada para repartir, se votó a Mauricio Macri.

Pero aunque Macri fuera partidario del ajuste y saneamiento, no acertó con las medidas más adecuadas, y la experiencia más inmediata y básica, esa de la que depende el resultado de las elecciones, fue que también así anduvo todo mal.

Se volvió a votar al kirchnerismo, que sin dinero real para repartir continuó empeorando todo. Eso daría lugar a que perdiera cada vez más apoyo; pero que paralelamente creciera la sensación de no creer en nadie, y con ella la disposición a no ir a votar.

La sensación de desaliento es un hecho indiscutible y tiene todo el sentido del mundo; pero solo es indiscutible mientras se trate de una sensación. Cuando la sensación pasa a generar pensamientos ingresamos al terreno de lo que se puede discutir.

Si por ver malos resultados pasamos a pensar que ya no es malo un gobernante ni un partido, sino que son malos los políticos, ese pensamiento sintoniza muy bien con la sensación establecida; pero es ni más ni menos que un acto discriminatorio.

Si llamamos discriminación a menospreciar o descalificar a una raza, una nacionalidad, un género o un grupo cultural, démonos cuenta de que también caemos en la discriminación al menospreciar a alguien por su ocupación. Nos parecería inaceptable la discriminación contra los boxeadores, los taxistas o los panaderos; pero hoy discriminamos muy alegremente contra los políticos.

Cada falta, inmoralidad o delito es cometida por un individuo, nunca por un grupo. Es una inmoralidad y una inconducta cívica decir que los integrantes de un grupo son esencialmente malos por el hecho de ser parte de él.

Pero esta discordancia mental pasa como razonable y aceptable a causa de una imprecisión también mental: como creemos que lo que pasa en una sociedad depende total y exclusivamente de los políticos, es muy cómodo deducir que si la sociedad no nos satisface los políticos son malos.

Y el error no termina ahí: el paso siguiente es decirse no creo en la política; como si en una sociedad existieran la opción de vivir con política y la de vivir sin política.

Siempre que hay sociedad hay política. La democracia, la monarquía, la dictadura o el totalitarismo son formas de organización política.

La única forma de vida sin política sería la de una familia aislada del resto de los seres. Así y todo, en una familia hay normas de convivencia que empiezan a parecerse a la política.

Si el que dice a mí la política no me interesa se pone a observar hasta qué punto su vida fue perjudicada por la política, fenómeno que cualquier argentino percibe en seguida, no cabe duda de que la política empezará a interesarle; si no para alcanzar la felicidad, al menos para intentar librarse de todo eso que hasta ahora le cayó encima.

¿Si el que se pregunta ¿qué me dio la política? pasara a preguntase ¿qué me quitó la política?, tomaría conciencia inmediatamente de que tiene mucho sentido preocuparse, e intervenir de cualquier modo posible, para que su pertenencia a un conjunto no perturbe ni triture su vida personal.

Es comprensible la sensación de fastidio, de abatimiento, de desorientación ante la evidencia de que nada de lo que se eligió aportó soluciones. Pero de ninguna manera esto da pie a creer que cualquier pensamiento disparado por esa sensación es una buena explicación sobre la causa del problema.

Entre las diversas encuestas y estudios sobre las reacciones políticas de la gente, hay un índice que demuestra no fallar nunca: cuando el salario real (la posibilidad de comprar más o comprar menos) es más alto, se vota a favor del gobierno; cuando el salario real es más bajo, se vota en contra.

Muy pocos votan en base a las perspectivas posibles o a las intenciones del gobierno; una inmensa mayoría vota en base a lo que pasa hoy.

Si la gente quiere vivir bien, o poder comprar más, y con distintos tipos de gobierno ve precisamente lo contrario, la consecuencia más directa es una decepción continua y generalizada, con los políticos o con la política.

Ese no obtener lo que se espera de los políticos determina que se haya vuelto muy común decir que hay una crisis de representatividad, puesto que se elige representantes para obtener una cosa y se termina obteniendo otra.

Son aceptables los errores de diagnóstico cuando los comete quien no pudo estudiar o no se acostumbró a pensar; pero no se los puede pasar tan por alto cuando los cometen los periodistas, que supuestamente asumen la responsabilidad de pensar para y en nombre de la sociedad.

Corresponde hablar de crisis de representatividad si la gente elige representantes para que promuevan el bienestar económico y estos se dedican a leerle poemas. Eso sería no representar a los votantes.

Y eso no es lo que sucede.

Es cierto que mucha gente se fastidia cuando quiere que le solucionen el problema de comer menos que antes y ve a los políticos dedicándose a buscar argumentos para difamarse unos a otros. Esto pasa, pero no hay dudas de que los políticos tienen claro que la sociedad quiere bienestar material y su tarea es proporcionárselo. Aunque se distraigan con otros temas, aunque consideren que la vida en sociedad significa mucho más, no dejan de tener claro que si la gente come menos que antes hay que lanzarse contra ese problema.

Si los representantes no están dedicándose a objetivos distantes de los dramas cotidianos, no hay crisis de representatividad: hay crisis de resultados.

Con una crisis o con la otra, el malestar generalizado es el mismo. Pero quien intenta entender causas y obtener soluciones debe tener claro lo que está pasando; y para tenerlo claro es necesario llamarlo por el nombre que le corresponde.

Si con distintos representantes persiste el mismo problema, es muy fácil decirse que estos no nos representan. Pero la realidad no es que no nos representen; no es que no obtengan resultados porque se dediquen a otra cosa: no obtienen resultados porque no aplican las medidas correctas para obtenerlos.

Tenemos más o menos claro que en los cargos de gobierno suele haber tres tipos de individuos: los saqueadores, los fantasiosos y los serios.

En el caso de los saqueadores, que se lanzan sobre un cargo sin ninguna inquietud de cumplir una función para la sociedad, se puede decir que es cierto que se dedican a otra cosa y no nos representan.

Los fantasiosos quieren promover el bienestar económico; pero su condición de fantasiosos los lleva a intentarlo por medios poco pensados, que terminan empeorando todo.

Y están los serios, que aunque cometan algún error quieren aplicar las medidas realmente necesarias. Aquí se encuentran con que tanto los fantasiosos como una gran proporción de los ciudadanos se quejan, interfieren su acción y en no pocos casos desbaratan todos sus planes.

Con unos u otros detalles, es lo que viene ocurriendo en Argentina desde hace mucho.

Es cómodo decirse que ante tan malos resultados estamos ante gente que no nos representa o que no quiere resolver nuestros problemas. Pero el que quiere trabajar con análisis y diagnósticos es muy poco responsable si califica esto de crisis de representatividad.

A lo mejor pasa precisamente lo contrario: los que gobiernan están representando demasiado bien a esa mayoría que no quiere dejar de la do la comodidad ni pensar en términos de futuro.

Una mayoría que desee todo fácil y ahora mismo se sentirá más representada por los fantasiosos y los irresponsables. Pero resulta que cuando gobiernen fantasiosos e irresponsables habrá inflación, desorden y debilitamiento de la economía. Como consecuencia, en poco tiempo los votantes dejarán de sentirse representados por ellos, porque les trajeron precisamente lo que no querían.

Como el único medio con que salir del estancamiento son las medidas de largo plazo, cuando gobiernen los partidarios de estas no habrá ninguna sensación de todo fácil y ahora mismo. Por lo tanto se desembocará en el mismo efecto: habrá una mayoría que no se sienta representada por ellos.

En un caso habrá disgusto porque los fantasiosos producen malos resultados. En otro lo habrá porque los serios no producen buenos resultados ahora mismo.

Mientras no exista un suficiente porcentaje de pensamiento más allá del ahora mismo no habrá soluciones; y mientras no haya soluciones habrá quien diga que los políticos no nos representan.

No hay que confundirse en el diagnóstico: nuestras décadas de empeoramiento no son efecto de una crisis de representatividad; son efecto de una crisis de acuerdo.

No existe el acuerdo suficiente para tomarse el trabajo de poner la economía sobre las bases que la harían funcionar. Por eso las soluciones siguen quedando para alguna vez.

No estamos ante una confrontación entre ricos y pobres ni entre izquierda y derecha: la verdadera confrontación es entre los que piensan a largo plazo y los que piensan a corto plazo.

Y como la disposición más cómoda y extendida es mantener la atención en el día de hoy, las consecuencias recaen sobre el conjunto de la sociedad.

Los responsables de la crisis no son exclusivamente unos representantes distanciados de sus representados: son gran parte de los políticos y al mismo tiempo gran parte de los votantes, incluyendo los que votan por gobiernos serios pero ponen el grito en el cielo cuando comienzan las medidas serias.

Esto sería una crisis de representatividad si la causara una minoría lejana a nosotros; peo no puede serlo porque los causantes somos todos o casi todos.

Esta crisis de acuerdo es, para ser más exactos, una crisis de conocimiento; o, para ser más exactos todavía, una crisis de responsabilidad.

Hace falta responsabilidad para salir al cruce de los problemas y eliminarlos; y no alcanzará con que la haya en un gobierno: solo saldremos adelante si la hay en los partidos y en una alta proporción de los ciudadanos.

Qué significa cultura

Escuchamos decir que el sistema democrático posibilita que vivan mejor las sociedades donde hay más cultura, y esto nos hace imaginar que para que una sociedad pase a vivir bien hará falta que mucha gente acuda durante mucho tiempo a centros educativos.

Esto es verdad hasta cierto punto.

La cultura que determina cómo funciona una sociedad no consiste en un contenido tan concreto y académico como el que se recibe en un aula. Hay un nivel de cultura más esencial y más determinante, del que viene impregnada una persona incluso desde antes de aprender a leer.

Podemos llamarla la cultura de la actitud.

La actitud es la manera en que cada ser humano se despliega en el mundo y responde a sus desafíos.

Es tan poderosa, tan previa a la cultura académica, que solo se puede atribuir su origen a la familia y al ambiente con que se encuentra cada niño al despertar a la existencia.

La cultura de la actitud no consiste en lo que se sabe: consiste en lo que se siente.

Cada niño empieza a responder a la realidad de acuerdo a qué vio hacer a sus padres, a sus hermanos y a quienes haya tenido cerca en sus primeros momentos.

Ya desde un principio, en nuestros dilemas más infantiles, se nos aparece la posibilidad de desplegar nuestras fuerzas, de ser capaces de poner empeño, persistir y aguantar, o la de no hacer ninguna fuerza ni aguantar nada, desear todo inmediatamente sin movernos, y procurarlo por medio de lo primero que aprende a hacer un niño: llorar.

Ante esto, nuestros padres pueden alentar el desarrollo de una actitud o de la otra. Si ellos mismos poseen la cultura de la actitud, les importará que nos volvamos fuertes en vez de volvernos débiles.

Sin embargo, como no tomarse ese trabajo es precisamente menos trabajo, es muy común que muchos padres no se lo tomen, no se den cuenta de que están ante la disyuntiva más determinante para la vida de sus hijos, y dejen que estos se acostumbren a ser débiles. 

Esta cultura de la actitud es el corazón mismo de todo eso tan voluminoso y complicado que llamamos cultura. Los conocimientos que se reciben en las aulas vienen a ser los tejidos que rodean a ese corazón.

La cultura académica determina que algunas personas puedan trabajar en tareas más complejas y mejor remuneradas; la cultura de la actitud determina que unas personas elijan trabajar y otras elijan pedir o robar.

Lo que determina que una sociedad crezca sanamente es ante todo la cultura de la actitud. Lo demás viene por añadidura.

Para que además de crecimiento sano haya innovaciones y tecnificación hará falta conocimiento o cultura académica. Si se da lo primero también se dará lo segundo; porque donde hay cultura de la actitud habrá también cultura académica. La causa motriz que lleva a un individuo a interesarse por el conocimiento, a iniciar estudios y continuarlos aunque sea difícil, es una sana cultura de la actitud.

Quien esté impregnado de una cultura de la actitud en que no prime la aspiración a desarrollarse ni a ser fuerte, nunca estará dispuesto a aprender. Cuanto mucho, desarrollará habilidades con las que aprovecharse de los demás cuando los tome descuidados.

La cultura de la actitud depende de con qué se encontró cada uno al empezar a percibir el mundo. De acuerdo a esto, será una persona que ame la vida y esté dispuesta a pagar el precio de vivirla, o una persona que suponga que todo le vendrá solo, que espere todo de los demás, y como consecuencia viva odiándolos porque no se le parecen o porque no le dan lo que quiere.

Sobra decir que esa disposición interna de cada integrante determinará de qué estará compuesta una sociedad; determinará si es más poderosa la disposición a trabajar o la disposición a evitar el trabajo, la disposición a interesarse por la cultura que se recibe en las aulas o a interesarse por fantasear con deseos no realizables.

Esas disposiciones o costumbres que se traen inciden sobre cuánta gente trabajará y cuánta robará, cuánta votará por candidatos que establecerán bases sanas sobre las que vivir y cuánta votará por quienes prometan lo que no se puede pero suena agradable.

Por consiguiente, la cultura de la actitud es el mayor determinante de cómo funciona un país.

Cabe observar que esta actitud más acostumbrada es una causa y al mismo tiempo un efecto. Quien viva donde es poco posible resultar beneficiado por el trabajo, o se obtienen ventajas si se vive pidiendo, o no se recibe ningún castigo si se roba, sufrirá una progresiva modificación de sus inclinaciones, se acostumbrará a actuar de acuerdo a lo que promueve el ambiente que le rodea.

Como podemos educar bien a nuestros hijos, pero no podemos ir a la casa de otro a convencerlo de lo mismo, pareciera que no podemos hacer mucho al respecto; y menos todavía si la sociedad que nos rodea promueve todo eso que no queremos.

Decir que el mundo es una interrelación, donde cada cosa que ocurre es a la vez una causa y un efecto, puede llevarnos a una de dos actitudes: la de concluir en que no hay nada que hacer, porque hay una infinidad de causas ajenas a nosotros, o la de saber que cada uno de nosotros es o puede ser una causa; y hacer todo lo que dependa de uno mismo para actuar como tal.

Es posible hacer fuerza en la dirección que se quiere, sin preguntarse hasta qué punto será posible lo que se intenta. Hacer fuerza por el futuro que nos interesa es sencillamente una vocación, que en vez de esperar respuestas se pone en marcha.

Los países que andan bien, esos a los que queremos parecernos, están donde están porque en ellos floreció con la suficiente fuerza esta actitud.

¿Saber de economía o saber vivir?

Damos por entendido que para votar opciones no perjudiciales el votante debe saber de economía.

Y suponemos que para saber de economía hay que sentarse ante los que saben y escuchar determinadas nociones.

Si ese fuera el único requisito, todos los asistentes a un aula, o a una charla ocasional, se volverían conocedores del tema.

Pero resulta que de esos que están en el aula, que a su vez son pocos en relación a los que no quieren estar, no todos terminan aprendiendo lo expuesto.

Aprender es algo que solo ocurre cuando se posee una disposición interior, cuando se siente en lo más íntimo que es necesario, cuando se le da importancia y a la vez se lo disfruta, cuando se tiene ganas.

Aprende el que se admira ante el mundo; aprende el que se pone a construir su propia vida en vez de esperar.

Aprende el que siente todo esto. El que no, se sienta en un aula mientras piensa en otra cosa, o anota lo escuchado para aprobar exámenes y mendigar éxito sin pagar el precio.

Aprender es una posibilidad que solo puede nacer de una actitud sana ante la vida; y lo es hasta tal punto que cuando miramos el tema que nos ocupa, saber de economía, nos damos cuenta de que el que posee una actitud sana, el que lleva en sí la cultura de la actitud, ni siquiera necesitará asistir a un aula en la que se enseñe economía.

Alguien con actitud sana se embeberá de los principios de la economía en la misma tarea de ganarse y mantener la vida.

Tal vez la diferencia más radical entre cultura e incultura consista en eso tan simple que llamamos vivir sanamente.

El que vive sanamente, porque lo aprendió de su familia o por váyase a saber qué, escucha que cuando sea adulto tendrá que trabajar y en vez de disgustarse se entusiasma; porque presiente que será el camino hacia hacerse fuerte, hacia ser dueño de todo eso que en su infancia ve en manos de los demás.

La actitud sana nos lleva a sentir desde un principio que trabajar consiste en hacer algo bien hecho e intercambiarlo por lo que hacen otros, y que respetar a los otros es lo más natural del mundo.

Cuando no se posee actitud sana se siente que trabajar es un mal, necesario pero al fin y al cabo un mal, y consiste en relacionarse con personas que deben cumplir determinadas obligaciones para con uno. Entonces no se cree necesario saber hacer bien alguna cosa, sino saber cuáles son las obligaciones de los demás para con uno, y saber disputar con ellos para que las cumplan.

Estas dos actitudes, y la fuerza con que se haya extendido cada una, empiezan a echar las bases de cómo funcionará la economía de un país. 

Los que votan lo inconveniente, porque a su vez piensan lo inconveniente, son precisamente los que viven de manera inconveniente.

Cuando alguien cree que los demás están obligados a darle lo que quiere, tarde o temprano los odiará; porque no le dan nada y porque tienen más que él. Cuando piense en la sociedad y acuda a votar, lo hará en favor de quienes sientan como él, de quienes intenten forzar a los que tienen a dar lo que no quisieron dar. Y si en última instancia no ve plasmado el supremo ideal de repartir, buscará el consuelo de ver sufrir a los que tienen.

Cuando no hay actitud sana, se cree que solo será un buen gobierno el que haga sufrir a los que tienen, que cumpla con la obligación de darnos lo que esperamos, y que la cumpla ahora mismo. No importa si por repartir dinero ahora el país se arruina el año que viene; solo importa lo que pasa hoy.

No hay que interesarse por construir el futuro; pensar en cualquier cosa que no sea el ahora significa un sufrimiento intolerable.

A estas actitudes se suma la de que, al ver que hay diferencias entre las personas, se concluya invariablemente en que los que no son como yo son malos.

Son malos los que tienen mucho, y seguramente lo consiguieron quitándoselo a los demás (cuando no hay actitud sana no se concibe que sea posible generar riqueza; solo se cree posible que unos se la quiten a otros), y es malo cualquiera que no se me parezca.

De ahí que una derivación natural sea un especial odio a los extranjeros. Si son malos todos los dueños de empresas, son peores aún si son extranjeros. Incluso es malo el extranjero que ocupa el puesto de trabajo que uno desearía.

Cuando los que carecen de aspiración sana quieren llegar a ser gobierno, apelan a estas diferentes formas de odio para cosechar votos.

Este desprecio predeterminado a los distintos se convierte en el mayor obstáculo para lo que podría significar el acceso a una vida mejor: el aprendizaje. Si lo bueno es ser como yo, no hay por qué pensar que convenga adquirir cultura. Al contrario, los cultos son parte de esos que merecen ser despreciados por no parecerse a mí.

De este grupo de ideas básicas derivan muchas otras de la misma tónica, y todas terminan conformando ese conjunto que lleva a un individuo a las actitudes menos convenientes para su vida y la de la sociedad.

Una de esas ideas derivadas es la de que preocuparse por la sociedad es lo contrario a lo que nos conviene. Se cree que hacer algo por la sociedad equivale a sacrificarse, y convertirse en uno de los sonsos que salen perdiendo.

Un mediano conocimiento de la realidad muestra todo lo contrario: una actitud constructiva lleva a adquirir capacidades que serán bien pagadas, y a votar por opciones que hacen una sociedad más sana, donde a su vez hay más gente con más poder adquisitivo para comprar lo que hacemos, y hay quienes, al crear empresas porque saben que van a ganar, generan más demanda de empleo, precisamente lo más conveniente para nuestra vida particular.

Cuando vemos que demasiada gente vota por opciones que terminan perjudicando al país y a cada uno de sus habitantes, nos damos cuenta de que en el fondo de lo que se piensa al votar subyace una actitud ante la vida.

Creer que lo más necesario es saber de economía, o lo que comúnmente llamamos adquirir cultura, es ver solamente la superficie del problema. Lo que verdaderamente ejerce su fuerza desde el corazón de esos fenómenos es la cultura de la actitud.

Una cultura de la actitud constructiva, con vocación por el desarrollo de las propias capacidades, no está de ninguna manera relacionada con la condición de burgués o proletario. No es que se la posea por ser empresario o cuentapropista. La actitud sana es una cuestión de vocación, independiente de toda función o posición social de quien la posea.

Se puede tener vocación por el autodesarrollo siendo asalariado, e incluso no poseyendo ninguna especialidad que se traduzca en ganar bien. Quien haya aprendido desde sus primeros tiempos a ser constructivo será constructivo. Si carece de especialidad y debe comenzar por las ocupaciones más simples, se tomará esa etapa como el primer paso hacia una vida mejor, y sabrá que la vía por la que conquistarla será la de su desarrollo como persona. Naturalmente, tener esa actitud sana para encarar la propia vida se manifestará en una actitud sana ante la vida político-social.

Por supuesto que la educación, se la entienda formal o esencialmente, es provechosa e influye sobre cómo funciona un país.

Pero lo que hace falta por encima de todo, o en el fondo de todo, es una cultura de la actitud, un sentimiento hacia la vida distinto al que tanto se ha expandido en el ambiente que habitamos.

Sembrar una cultura de la actitud no requiere plazos tan largos como sembrar cultura en aulas y colegios. De todos modos, es previsible que chocará frontalmente contra los muy arraigados sentimientos que hacen fuerza en la dirección contraria.

Esa siembra de cultura no puede dejarse desatendida en ningún plan serio de gobierno.

La disposición a preocuparse por uno mismo y la disposición a preocuparse por la sociedad no están destinadas a chocar frontalmente. El que posea una buena cultura de la actitud trabajará para sí mismo sin perjudicar a la sociedad, y se dará cuenta de que una sociedad sana es lo que más sintoniza con su propia conveniencia.

De aquí en adelante

Por todos los caminos desembocamos en que cuando hay poca noción sobre los fundamentos de la economía no hay sostén para ningún plan que conduzca a una solución.

Esto no es culpar al pueblo; es mencionar un fenómeno que existe y produce efectos.

Si la realidad es un mundo donde hay múltiples tipos de personas, y la posibilidad de que haya más abundancia depende de que algunas de ellas inviertan pensamiento, dedicación o dinero, la realidad nunca será mejor si los que invierten son maltratados o puestos en peligro.

Lo que cada uno piense sobre la realidad determina lo que hace, y lo que hace determinará qué efectos se producirán. Nada de lo que discutamos evitará que la realidad sea un efecto de lo que cree y hace la gente.

Si la gente quiere que haya industrias que le paguen sueldos; pero cuando alguien monta una industria lo odia, lo sabotea y lo empuja al riesgo de salir perdiendo, ese alguien terminará llevándose el dinero que le queda y abandonando su actividad, mientras otros que podrían montar empresas mirarán desde lejos y desistirán de toda idea de entrar al país.

El efecto será que no habrá industria, y no habrá sueldos para esos que tanto hablaban del derecho a ganarse la vida.

Esta es la situación que padecemos desde hace demasiado tiempo.

Por mucho que se discuta sobre si es justo llevarse las fábricas a otra parte, o si la gente tendría que ser diferente, la realidad sigue funcionando de la misma manera: la gente se mueve cuando sabe que va a beneficiarse.

Esto no es una mezquindad de los que tienen mucho: los pobres se mueven exactamente por lo mismo.

El futuro de un país depende de una diferencia que no todos consideran: es posible beneficiarse produciendo, con lo que se beneficia a la sociedad, y es posible beneficiarse succionando lo que produce otro, con lo que se introduce en la sociedad un desorden que crece y la paraliza.

Si el que puede poner dinero y trabajo mental se beneficia, los pondrá; y con eso creará sitios en que otros podrán trabajar. Si no se beneficia, o presiente que se meterá en demasiado riesgo, no hará nada. Y si no hace nada, no existirán esos sitios y no habrá dónde trabajar.

¿Queremos que haya establecimientos en los que trabajar o queremos que no los haya?

No es una pregunta para que imaginemos lo que nos gustaría; es una pregunta para decidir qué hacer en el mundo real, donde la gente se mueve por lo que siempre se movió.

Lo que hicieron unos y otros

Hubo gobiernos que se sumaron a la corriente de vivir ahogando las fuerzas productivas, contrayendo deudas e inundando al país de billetes cada día más insignificantes. Hubo otros que intentaron la solución real; pero fallaron en algún aspecto que echó todo a perder.

Pero detrás de unos y otros hizo sentir su peso el gran factor, que estuvo siempre en un plato de la balanza: los sentimientos y pensamientos de la mayoría, la generalizada falta de noción de cuál es la condición básica del bienestar económico.

 Unos gobiernos se sintieron bien compartiendo y festejando esos sentimientos; otros intentaron reformas mientras disimulaban su no coincidencia con ellos. Al fin, todos los planes terminaron chocando contra la misma barrera, que unas veces cobra forma de barrera y otras de estallido que arrasa lo que se había podido construir.

Los amantes del facilismo y el inmediatismo disfrutaron de su sintonía con el sentimiento mayoritario y mantuvieron o incrementaron el déficit fiscal, mientras querían convencernos de que la inflación es multicausal o que todo es culpa de algunos especuladores. Los partidarios de la salud económica trataron de hacer equilibrio entre las leyes de la realidad y el gran factor que impone las condiciones en que se puede actuar. Como consecuencia, obtuvieron el poco éxito obtenible cuando no se reduce el gasto en la medida necesaria.

Nadie consiguió dar al déficit una estocada de la que no pudiera recuperarse. El déficit es muy aficionado a resucitar, y nadie persistió lo suficiente como para impedírselo.

El déficit no es una entidad con vida propia, sino un faltante de dinero, una ausencia. Pero lo que le da origen es una entidad permanentemente poderosa: la aspiración de millones de individuos a recibir lo más posible a cambio de lo menos posible.

A la hora de enfrentarse con esa aspiración, el que pareció haber ido más lejos fue Carlos Menem, con su “aunque hagan mil marchas no cambiaremos nuestro rumbo económico”. Redujo mucho déficit con las privatizaciones; pero al acercarse 1999 se preocupó más por congraciarse con la costumbre mayoritaria que por la salud del presupuesto.

Más adelante, Mauricio Macri consideró que por pura confianza vendrían inversiones que incrementarían el Producto Bruto y reducirían la necesidad de ajustar. La realidad mostró que con eso no bastaba.

Otros países latinoamericanos mantienen cierta estabilidad sin dramatismos; pero el desequilibrio fiscal argentino es demasiado grande para ser derrotado disimuladamente, sin provocar disgusto en una sociedad con tantos aficionados a disgustarse.

Unos candidatos se devanan los sesos para acceder al gobierno y sobrevivir dejando todo como está. Otros se los devanan para descubrir cómo arreglar el país sin entrar en demasiado conflicto con la mentalidad mayoritaria. 

Pero la realidad no se deja doblegar. Mientras mantenga su peso la misma mentalidad, todo gobierno se verá ante las opciones de disimular, por la que nunca se puede llegar muy lejos, desistir, por la que se deja de ser un gobierno serio, o ser desalojado, como en algunos casos sucedió.

Gobiernos de todos los signos y orígenes, populistas, no populistas o autoritarios con armas en la mano, llegaron a un punto en que no fueron más allá y dejaron el déficit en pie.

Si en cuarenta años, por no hablar de lo anterior, nunca se pudo pasar de determinado punto, es porque, independientemente de cuántos errores haya cometido cada gobierno, hay un factor obstaculizador que nunca ha dejado de estar ahí, y ha acabado imponiéndose antes o después, por vía de la acción o de la disuasión.

Si el gran factor obstaculizador es la mentalidad imperante, hay que tomar conciencia de que la única solución es cambiar la mentalidad imperante.

Esto no es creer haber descubierto la fórmula del progreso. Es un llamado a dejar de buscar la salida en otra dirección, como si la hubiera.

Basta mirar a varios países desarrollados para saber que lo que determina la prosperidad es la actitud de la mayor parte de sus habitantes ante la vida cotidiana y ante el qué votar.

Como estamos ante un fenómeno muy sabido, a cualquier intento serio hay que agregarle la seriedad adicional de no buscar soluciones por otra vía.

Si solo cabe buscar la solución promoviendo otra mentalidad, está claro que no hemos descubierto ninguna fórmula novedosa ni desconocida. Son muchos los que ya lo saben, y saben además que esa solución no puede materializarse en cuestión de días ni de meses. Si no, ya se habría arreglado el mundo.

Los cambios de mentalidad se dan a lo largo de mucho tiempo; aunque a veces hay dramas que los aceleran.

No podemos quedarnos con la idea de que lo deseado llegará alguna vez, y mientras tanto seguir hundiéndonos.

En cualquier momento el voto de la gente puede, por pura disconformidad, dar lugar a un gobierno no populista. Y el momento de hacer fuerza por un país mejor será ese; no un lejano futuro en el que haya cambiado la mentalidad mayoritaria.

Como no se puede dejar las soluciones para ese lejano futuro, tampoco se puede gobernar hoy como si la mentalidad mayoritaria no fuera un problema.

En varios casos se intentó alguna reforma con la idea de “veamos si conseguimos hacerla pasar”, con la suposición de que si la gente percibe cierta mejora el gobierno sobrevivirá a la siguiente elección y podrá continuar su obra.

Esto es entregarse demasiado a la suerte. Es un riesgo que no debe repetirse en un país que vio caer demasiadas expectativas.

Las condiciones del país no dan lugar a un proceso de reordenamiento sano que se consolide en poco tiempo (los dos años hasta la siguiente elección). Siempre hace falta continuar con el esfuerzo, y tarde o temprano se presenta un obstáculo que solo se puede superar con una firme decisión de mantener el rumbo. Si esa decisión no está lo suficientemente establecida en el pensamiento y sentimiento de la mayoría, en vez de seguir adelante se volverá atrás.

Habrá que ingresar al gobierno y empezar a sanear todo lo saneable desde el primer día. Y como se habrá ingresado rodeado de la mentalidad actual, será indispensable un gobernante que no pretenda obtener adhesión mediante discursos abstractos.

Hará falta sinceridad y capacidad de explicar. Hará falta un gobierno que en vez de esconder las cifras las ponga todos los días ante la gente y le diga qué pasará si no se hace nada para revertirlas; y diga que quien debe revertirlas no es un presidente en un despacho alejado de nuestras vidas: debemos revertirlas todos.

Debemos ser fuertes para merecer otra cosa, o mereceremos lo que tantas veces nos pasó.

El déficit cero no hace la felicidad

De tanto hablar de ajuste, de tanto padecer los efectos del déficit fiscal, de tanto mirar los índices de inflación y las aventuras de quienes prometen reducirlos, hemos desarrollado la creencia de que nuestro problema es exclusivamente el déficit fiscal, y que cuando lo eliminemos no habrá más opción que la satisfacción permanente.

Es el clásico caso en que el árbol no deja ver el bosque, en que un problema crece hasta volverse lo único que nos cabe en la mente.

La inflación es tal vez el desorden más perturbador; pero no es el único.

Hay países con moneda bastante estable, incluso varios de la Zona Euro, que no transitan lo que se dice la senda de la prosperidad.

Además del exceso de gastos que se traduce en inestabilidad monetaria pueden afligirnos otros desórdenes.

Uno de ellos es el exceso de gastos en sí mismo. Si en vez de cubrírselo con emisión monetaria se lo alimenta con impuestos, estos serán tan altos que mucha gente no querrá vivir en el país, ni trabajar, ni invertir; y para otra invertir será directamente imposible, porque lo que fabrique sería mucho más caro que los productos extranjeros.

La prosperidad florece cuando es posible beneficiarse con lo que se hace. No hay prosperidad cuando el que produce es interferido por leyes miopes e ingenuas, o mordisqueado por la corrupción, o se aterra ante la idea de tomar empleados porque le impedirán terminar sus contratos cuando no los necesite. Tampoco tendrá ganas de producir si los trabajadores no piensan en trabajar sino en odiar y extorsionar a sus empleadores.

No hay prosperidad cuando son pocos los que se dedican a ofrecer, ya sea bienes vendibles o capacidad de trabajo, y muchos los que se dedican a escamotear lo que ven en manos de otros.

Estos factores y otros similares, todos englobados en la cultura de la actitud que haya cobrado más fuerza, determinan que unas naciones se enriquezcan y otras se autodesintegren.

Todo esto es lo que habrá que arreglar cuando se haya eliminado el déficit.

Si no, el país seguirá tan estancado como ahora, y tan pobre como esos de los que solo nos acordamos al ver noticias tristes.

Lo que habrá que hacer

Los hábitos mentales y emocionales de millones de seres no cambian sino a través de mucho tiempo.

Eso significa que Argentina está ante un descomunal problema: existe un desequilibrio de las cuentas que solo podrá resolverse por vía de un enorme esfuerzo, y al mismo tiempo existe una mayoría de ciudadanos que rechaza el esfuerzo, que cuando se le habla de la firme decisión de mantener el rumbo cree estar ante un intento de engaño, o ante una nueva equivocación de gobiernos invariablemente ineptos.   

Ingresar al gobierno en estas condiciones, en caso de que se ingrese con buena intención, puede llevar a dos graves desviaciones: no darse cuenta de que existe el gran obstáculo de la mentalidad imperante, o decirse que no importa que exista, y que se podrá gobernar sin que traiga mayores problemas.

Ya vimos a qué llevó cualquiera de estas suposiciones.

La única actitud seria es empezar tomando conciencia de que el problema existe. Y no solo existe sino que es muy grande. Tan grande que viene derribando todos los intentos de encaminar al país hacia una prosperidad casi olvidada.

Si el problema existe y nos estanca, y si sabemos que solo puede disolverse a lo largo de mucho tiempo, ¿debemos concluir en que ahora no hay nada que hacer?

Aunque muchos se hayan contestado eso, la naturaleza humana, o la naturaleza a secas, nos llama y sigue llamando a luchar por la vida, y a no desistir con un está todo perdido.

En medio de una sucesión de derrumbes sigue habiendo elecciones para cubrir períodos de gobierno. Y créase o no sigue habiendo quienes se ofrecen para cubrirlos. Unos son lisa y llanamente saqueadores en pos de más poder para saquear. Otros pertenecen a dos especies enfrentadas pero inusitadamente heroicas: la de los fantasiosos que sueñan con un futuro idílico a bajo precio, y la de los que se lanzan espada en mano contra el desastre, sin saber lo que va a pasar pero dispuestos a combatir a muerte.

Aunque a la gente no le interese apoyar a los que intentan soluciones difíciles, es posible que vote a alguno de ellos por descarte, para evitar que gane algún saqueador o algún fantasioso al que no aguante más.

En tal caso, ese gobernante serio debe tener claro ante qué está.

Con no muchas variantes, los economistas mencionan en qué porcentaje se debe reducir el gasto público, recalcan que solo será fuerte una economía que se abra al mundo en vez de recluirse, que las empresas deben dejar de ser interferidas por regulaciones negligentes y por trabajadores sin otra aspiración que la de pedir.

Dicho así parece fácil. Pero resulta que pasa el tiempo y esas propuestas siguen siendo lo que dicen los economistas y lo que le gustaría a alguna gente. Nunca pasan de propuestas a cambios consolidados.

Casi está de más decirlo; pero sepamos que el problema no consiste en saber cuáles son las medidas necesarias: el problema consiste en ponerlas en marcha en una sociedad donde una mayoría hará fuerza contra ellas.

Nadie que haga política con un poco de responsabilidad ignora esto.

Mientras los economistas, y los que se interesan en pensar a largo plazo, consideran que esas medidas son saludables, los que piensan a corto plazo (una proporción muy alta de los votantes) creen que son lo peor que se puede hacer.

¿El único camino será esperar que esto se arregle cuando la gente piense otra cosa?

Como la gente no pasará a pensar otra cosa tan rápido como para sostener a un buen gobierno en los próximos años, cabe la posibilidad de que un buen gobierno, por algún malabarismo o coyuntura internacional favorable, logre establecer la sensación de que estamos mejorando y con eso obtenga apoyo para continuar con las reformas. Se estuvo cerca de esto en más de un caso.

Si no se da ese caso de circunstancia favorable y cambio de rumbo, la otra posibilidad es que la mentalidad mayoritaria siga demoliendo todos los intentos de sanear la economía.

Como es visible que hay países desarrollados, en los que la mentalidad mayoritaria quiere y puede sostener condiciones sanas, es visible que hay países que, sin una cultura de la actitud que sustente otra cosa, son pobres a través de muchas generaciones.

Esta fea posibilidad lleva asentada entre nosotros demasiado tiempo. Los que vieron la Argentina próspera de la que alguna vez se habló ya murieron de viejos.

La realidad no se deja modificar por la idea de que esto no tendría que pasar, ni por el sentimiento con que se deposita el voto o se asume el gobierno. La realidad es determinada por los factores que realmente están ahí y actúan como causas.

No son pocos los que sienten que en vista de todo esto no tiene sentido hacer política. Como consecuencia, defienden la idea de mantenerse fuera (opción que no sabemos si existe) y dar la batalla cultural, para que alguna vez las cosas sean distintas.

Pero resulta que mientras tanto, ahora y con la cultura de ahora, sigue habiendo cargos ejecutivos y legislativos y sigue habiendo quienes los ocupan. Si los buenos se abstienen, esos cargos serán ocupados por los saqueadores o los fantasiosos, y la realidad, con desequilibrio incluido, seguirá empeorando.

La única vía de salida es que haya buenos que no se abstengan, y se atrevan a gobernar ahora.

A no ser que milite en las nutridas filas de los saqueadores o los fantasiosos, nadie asume el gobierno para decirse que no se puede hacer nada. Una persona moralmente sana no gobernará para otra cosa que para intentar soluciones, incluso ante todos los desajustes y obstáculos que conocemos.

Sabiendo que no habrá respaldo para planes muy transformadores con la actual mentalidad mayoritaria, y que esta no es modificable a corto plazo, la única opción digna de la heroica decisión de gobernar en estas condiciones será aplicar las mejores medidas momentáneamente posibles, mientras se trabaja urgente y casi desesperadamente por sembrar otra mentalidad.

Esto, tampoco muy novedoso ni difícil de descubrir. Sin embargo, es lo que se hizo muy poco hasta ahora.

Los presidentes serios pronunciaron discursos tan generales y fáciles como los de los irresponsables.

Si se apela únicamente a frases amplias y agradables, con las que todos estén de acuerdo y nadie se disguste, se termina no diciendo nada. Con este recurso tal vez se pueda ganar una elección, pero no se obtendrá un apoyo sólido para un plan de largo aliento que llegue a sanear la economía.

La gente está cansada de esas frases acuñadas para quedar bien con todos. Como efecto de escuchar reiteradamente lo mismo, verá al gobierno y sus medidas como un espectáculo que sucede muy lejos de su vida, y no parece encaminado a solucionarle sus problemas.

La gente se preocupará por la economía como necesidad propia cuando escuche hablar directa y detalladamente de cada aspecto de sus problemas, cuando para saber cómo reducir la inflación no tenga que ir a buscar libros (cosa en la que muy pocos se interesan), sino que se lo escuche decir y demostrar a un presidente que lo presenta como problema a encarar entre todos; cuando cada uno sepa que si se escapa hacia lo más fácil, si tiene miedo de resistir ante las dificultades, no habrá solución; ni para el país ni para las vidas particulares alojadas en él.

Es sabido que no habrá milagros, que ni siquiera esta insistencia cotidiana cambiará en poco tiempo la mentalidad mayoritaria.

Pero esta insistencia puede dar en el presente, o en la próxima elección, un poco más de sostén a la propuesta de ser fuertes; puede ganar más bancas que voten por la firmeza en vez de votar por la debilidad.

Esa adición de votos puede significar la diferencia entre que un plan siga adelante o caiga.

Si conseguimos que las cosas sigan adelante, el siguiente conflicto encontrará una economía un poco más acomodada y un poco más de respaldo a las medidas que hagan falta.

Si no podemos cambiar todo, ni mucho, cambiemos lo poco que podemos y avancemos con más fuerza desde donde estamos ahora.

Es la única manera de salir de todo esto.  

La fuerza que hace falta para emerger de esto sigue sin estar presente, como no lo estuvo desde hace tiempo.

Podemos ser irresponsables y continuar disimulando, como si siempre fuera a ser fácil, sin darnos cuenta de que todo puede caer como cayó varias veces, o podemos empeñarnos en ganar un poco más de fuerza cada día, porque quizás el próximo obstáculo nos la requiera.

El que deja de disimular se arriesga, porque es consciente de que no hay más remedio. Se arriesga a no ser tan aplaudido como el que dice frases lindas; pero pone en marcha el único modo de resolver lo que hay que resolver.

Ningún gobierno asentará las bases de ninguna solución si no cuenta con el respaldo de la gente.

Es hora, por lo tanto, de apelar a la gente.

La gente somos nosotros; no son los demás ni ninguna entidad lejana y abstracta: ganaremos o perderemos fuerza de acuerdo a qué esté dispuesto a encarar cada uno de nosotros.

Que ningún ciudadano con un poco de dignidad siga esperando comodidad. Solo la dignidad nos hará fuertes ante eso hacia lo que vamos: el esfuerzo de emerger o el drama de continuar hundiéndonos.