César Roa Llamazares

Economista, es autor de La República de Weimar. Manual para destruir una democracia (2010) e Historias de la lucha por el común. Bienes comunales, carrera imperialista y socialismo de Estado (1880-1930) (2016).

César Roa Llamazares

La defensa de los comunales

Prácticas y regímenes agrarios (1880-1920)

DISEÑO DE CUBIERTA: Estudio Joaquín Gallego

© César Roa Llamazares, 2017

© Los libros de la Catarata, 2017

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La defensa de los comunales.

Prácticas y regímenes agrarios (1880-1920)

ISBNE: 978-84-9097-616-6

ISBN: 978-84-9097-300-4

DEPÓSITO LEGAL: M-8.450-2017

IBIC: HbJD/1Dvua/hbtv

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

La crueldad caracteriza las leyes dictadas por la cobardía, porque, solo mediante la crueldad, puede actuar enérgicamente la cobardía. Pero el interés privado es siempre cobarde, porque su corazón, su alma, está en un objeto exterior, expuesto sin cesar a ser arrancado y dañado. ¿Y quién no temblaría ante el peligro de perder corazón y alma?

Karl Marx, Debate sobre la ley relativa

al robo de leña, 1842

Las hoces no deben emplearse nunca más que en segar mieses; pero es preciso que los que las manejan sepan que sirven también para segar otras cosas, si además de segadores quieren ser ciudadanos; mientras lo ignoren, no formarán un pueblo: serán un rebaño a discreción de un señor; de bota, de zapato o de alpargata, pero de un señor.

Joaquín Costa, Oligarquía y Caciquismo, 1901

Como parte adicional del Plan que invocamos, hacemos constar: que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y la justicia venal entrarán en posesión de estos bienes inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a estas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en la mano, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos lo deducirán ante tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la revolución.

Artículo 6 del Plan de Ayala, México, 1911

Agradecimientos

El presente libro ha sido el resultado de un intenso proceso de intercambio de ideas con un grupo de amigos a los que tengo la obligación de citar. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Alfonso Serrano, de la librería Contrabandos del barrio de Lavapiés de Madrid, por haberme brindado la oportunidad de participar en un debate sobre bienes comunales y Revolución rusa junto a Constantino Bértolo y Miguel León. Tanto Constantino como Miguel, con sus incisivas y certeras observaciones, me estimularon una serie de reflexiones que finalmente han cristalizado en este texto.

Miguel, además, tuvo la amabilidad y paciencia infinita de leerse el primer borrador y hacerme unas sugerencias muy valiosas y sinceras. También me beneficié enormemente de la exhaustiva lectura de Carmen Pérez, de Los Libros de la Catarata, y de sus atinadas críticas, así como de los comentarios de Marcelo Armendáriz.

Durante el periodo de redacción del libro, discutí sus principales tesis con Alba Catalán, Paloma Villanueva, Teresa Gómez, Marcos Reguera, Marta Luengo, Antonio Sanabria, Rafael Cobos, Luis Orgaz, Alina Martín, Fernando Morillo, Pedro Castedo, Javier Catalán, Daniel Vilagarda, Moisés Maján, Mario Izquierdo, Fernando Luengo, Juan Carlos Amor, Fernando Sotomayor, Juan Campoy, Fernando Marijuán, Prisciliano Cordero y mi padre, César Roa.

Muchas gracias a todos ellos por los puntos de vista que me aportaron, que encierran gran sabiduría práctica y humanidad.

Aunque, evidentemente, todos los defectos que pueda tener este libro son responsabilidad exclusiva de su autor.

Introducción

El objetivo de este libro no es otro que exponer unas reflexiones sobre regímenes comunales en la agricultura y las resistencias que históricamente se han levantado contra su destrucción. Frecuentemente, estas resistencias han sido locales y, así, han pasado desapercibidas sus similitudes con luchas surgidas en otros ámbitos geográficos. Frecuentemente, pero no siempre, pues a lo largo del siglo XIX y XX un heterogéneo grupo de populistas agrarios supo captar las implicaciones más amplias que encerraban este tipo de conflictos.

A lo largo del texto, se mencionará recurrentemente el término de populismo agrario, pero, como ya habrá sospechado el lector que haya hojeado someramente sus páginas, este libro no trata de personajes como Donald Trump o Marine Le Pen. Desdichadamente, el concepto populismo, a fuerza de ser repetido y aplicado a todo tipo de fenómenos políticos, ha terminado por perder su valor explicativo. Por ello, debo ofrecer una definición concreta que evite malentendidos y que sirva para poder explorar los acontecimientos del pasado y su vinculación con el presente.

Englobo bajo el término de populismo agrario a una serie de movimientos y plataformas políticas que, a caballo entre el siglo XIX y el XX, se caracterizaron por una crítica al sistema de propiedad privada en el campo y, en su lugar, propugnaron la propiedad colectiva de la tierra, ya fuera mediante su nacionalización o mediante el fortalecimiento de los regímenes comunales agrarios. Junto a la postulación de límites al disfrute de los derechos de propiedad, es preciso subrayar un segundo rasgo definitorio que remite al hecho de que, de una manera u otra, los populistas agrarios presentaron proyectos de desarrollo nacional basados en la protección y fomento de las comunidades agrarias y de sus destrezas. Es decir, sin ser hostiles a la industria, el populismo agrario de esta época apostaba por un crecimiento sobre bases campesinas. Valorando por encima de todo la cohesión social dentro de las comunidades agrarias, los proyectos populistas no estaban dispuestos a sacrificar a estas últimas en aras de una expansión industrial.

Durante siglos, los pueblos y aldeas en Europa habían organizado su agricultura bajo regímenes comunales de explotación de la tierra. Habida cuenta de que se trataba de agriculturas carentes de combustibles fósiles, la supervivencia campesina dependía directamente del mantenimiento de una vegetación que fuera capaz de procesar y transformar la energía solar. Se trataba, además, de pueblos que debían encontrar un esforzado equilibrio entre los bosques y las tierras de cultivo, entre la agricultura y la ganadería y entre la tierra cultivada y la puesta en barbecho. Cualquier alejamiento de este equilibrio podía tener consecuencias fatales, por lo que las comunidades tenían que imponer unas reglas categóricas a sus miembros que forzosamente restringían su margen de maniobra. Así, en los sistemas de cultivo de rotación trienal, la tierra se dividía en hojas en las que se alternaban trigo, cebaba y barbecho y donde correspondía a la asamblea vecinal decidir qué, cómo y cuándo sembrar y recolectar. O bien la comunidad repartía periódicamente las parcelas entre las distintas familias o bien establecía obligaciones como las derrotas de mieses, que permitían la entrada de los ganados del resto del vecindario en las fincas particulares. En cualquier caso, regía terminantemente la prohibición de cercar las tierras, por lo que el derecho de propiedad individual, si llegaba a ser reconocido, no podía menos que ser un derecho difuso.

Las rotaciones cuatrienales de trigo, nabos, cebada y trébol trastocaron este panorama. Dichas rotaciones parecían ser la clave del progreso y del aumento de la producción, pero exigían una contrapartida: el cercamiento de las parcelas y la abolición de todas las restricciones a la iniciativa individual en el campo. Durante el siglo XVIII, Inglaterra desempeñaría un papel pionero en la destrucción de los regímenes comunales, que sería muy celebrado por la nueva ciencia de la economía política.

En efecto, las innovaciones agrarias coincidían con nuevos paradigmas económicos que ensalzaban la propiedad privada como pilar sobre el que edificar la prosperidad de los reinos. El interés privado se consideraba como el principal acicate para impulsar la riqueza; los individuos en búsqueda exclusiva de su bienestar personal, lejos de merecer censura social, debían ser animados a que desplegasen todos sus talentos y habilidades. La divina providencia (o la mano invisible del mercado) ya se encargaría de hacer que los vicios privados redundasen en virtudes públicas. Pero antes, el Estado tenía que despejar todas las trabas al disfrute absoluto de la propiedad, pues solo los hombres que estuviesen seguros de que iban a recibir íntegro el fruto de sus esfuerzos estarían dispuestos a invertir, adoptar innovaciones y asumir riesgos. Los regímenes comunales con sus sistemas de propiedad difusa eran el legado de un pasado bárbaro del que solo cabía esperar su más pronta desaparición.

A pesar de las promesas de un bienestar generalizado para todos los súbditos, los cercamientos en el campo, la privatización de bosques y de pastizales y la supresión de usos comunales favorables a los pobres como, por ejemplo, el aprovechamiento de los rastrojos, agrandaron las desigualdades sociales. Quienes más partido podían sacar del nuevo orden agrario eran los propietarios de grandes fincas compactas y cuadradas a los que les resultaba relativamente menos oneroso comprar la madera para vallar los terrenos. Sin embargo, para quienes carecían de patrimonio inmobiliario, el cierre del acceso a bienes comunales donde recolectar leña, alimento o pienso los condenaba irremediablemente a la condición de braceros sin tierra a merced de los grandes hacendados.

Ya en su día resultó polémica la cuestión de si la aniquilación de la propiedad comunal conducía inexorablemente hacia un radiante futuro, pero eso no impidió que los procesos de privatización de la tierra se extendieran por todo el mundo, en la Europa agraria, en las naciones que accedían a la independencia y en los países sometidos a tutela colonial. En todos ellos se implantaron códigos legales que sacralizaban el derecho al disfrute absoluto y exclusivo de la propiedad legalmente adquirida, y en todos ellos se crearon registros institucionales y fuerzas policiales a las que se encomendó su más enérgica defensa.

Sin embargo, en la década de 1880, desde puntos de partida muy dispares, diversos historiadores, juristas y antropólogos empezaron a poner en tela de juicio la idea de que el derecho de propiedad absoluta y excluyente fuese una constante universal. A raíz de lo que el historiador Paolo Grossi (1977) ha denominado la irrupción de colectivismo en la conciencia europea, el concepto absoluto de la propiedad privada se vio sometido a serios embates. Los tan execrados regímenes comunales, por su parte, fueron estudiados como respuestas legítimas de las sociedades ante contextos y problemas que demandaban reglas colectivas vinculantes. El debate sobre el colectivismo de 1880-1890 abrió la puerta a una profunda reflexión en el seno de la opinión cultivada europea sobre los límites del derecho de propiedad, y es en este contexto donde hay que entender el fenómeno del populismo agrario.

Los partidos o movimientos populistas que dejaron una huella profunda en la Europa y América finisecular situaban el origen de las injusticias e inestabilidades del sistema industrial en la apropiación individual de la tierra. Como esta era un bien limitado, subastar la tierra al mejor postor se saldaba finalmente con su repartición entre unos pocos privilegiados. Al tratarse de un bien fundamental sobre el que desarrollar cualquier actividad humana, los monopolizadores de la tierra estaban en situación de extraer la mayor renta posible a los individuos, familias o pueblos que se asentasen en sus propiedades. De manera que la clase propietaria, por la vía de rentas y alquileres, terminaría acaparando los frutos del trabajo realizado en granjas, talleres y fábricas.

La apropiación exclusiva de un factor limitado no reproducible como la tierra era una invitación a la explotación más despiadada, tanto más cuanto se había erigido un majestuoso aparato legal y policial en su defensa. El único remedio contra la concentración de riqueza y las opresiones que esta inducía consistía en devolver al pueblo la propiedad de la tierra. Ya fuera mediante un impuesto sobre la renta inmobiliaria, como sostenía Henry George, mediante la protección de las comunidades aldeanas, como propugnaban los populistas rusos, o mediante una reconstitución del patrimonio municipal expropiado durante las desamortizaciones, como asumió el PSOE a raíz de los planteamientos de Joaquín Costa; todos estos proyectos pasaban por una limitación del derecho de propiedad absoluto y por una ruptura con lo establecido por los códigos liberal-burgueses del siglo XIX.

Por supuesto, no había que esperar a la década de 1880 y a la eclosión política del populismo agrario para escuchar críticas a la demolición de la propiedad colectiva. Las comunidades agrarias que habían sido amenazadas en lo más profundo de su ser por las privatizaciones del comunal siempre habían reaccionado, de manera más o menos visible, porque sabían lo que estaba en juego. Por su parte, las primeras intervenciones políticas de Karl Marx se habían centrado en la cuestión del robo de leña y de la colisión entre los códigos burgueses y los usos y costumbres comunales1. Años más tarde, el propio Marx estudiará a fondo la acumulación originaria, o, en otras palabras, el proceso de destrucción de la propiedad comunal como requisito para el despegue del capitalismo2.

Sin embargo, a diferencia de Marx, los populistas agrarios llegaron a plantear un modelo de desarrollo de base agraria y campesina. La utopía populista dibujaba un futuro donde las comunas agrarias alumbrarían una sociedad moderna y democrática partiendo de las tradiciones colectivistas del campo. No es que Marx o los socialistas se opusieran a este planteamiento. De hecho, el propio Marx, en los últimos años de su vida, mostró un vivo interés por las comunidades aldeanas rusas y entabló un respetuoso diálogo con populistas rusos3. Pero en la obra de Marx se encontraban suficientes pasajes impregnados de un determinismo tecnológico que despachaba sumariamente todos los proyectos que no contemplasen el mayor desarrollo de las fuerzas productivas y, por tanto, una industrialización y urbanización masivas. Y, en efecto, los partidos políticos de inspiración marxista, como el Partido Socialdemócrata Alemán (PSD) o la socialdemocracia rusa, asumieron una postura muy hostil ante las reivindicaciones populistas.

Hay que decir que las críticas de los partidos socialistas más ortodoxos al populismo agrario no eran solo un síntoma de dogmatismo ideológico. Una crítica muy pertinente señalaba que los populistas idealizaban las antiguas comunidades campesinas. En una economía donde las técnicas modernas, las relaciones capitalistas y el individualismo agrario se habían generalizado, esta idealización populista tendía a sobrevalorar la cohesión interna del campo y a pasar por alto sus crecientes diferencias sociales. El impulso a la privatización de los comunales pudo venir originalmente de las ciudades, pero una vez puesto en marcha, capas del campesinado se convirtieron en sus más acérrimos partidarios dadas las brillantes perspectivas económicas que atisbaban. Y, por otra parte, las propias tradiciones campesinas, por muy solidarias que fueran en otros aspectos, contenían elementos profundamente reaccionarios, como ilustraba su legitimación del autoritarismo de los cabezas de familia.

Si las divisiones de clase en el campo eran una realidad, entonces las esperanzas de movilizar a los campesinos para lograr trasformaciones políticas y sociales se disolvían como un azucarillo. El caso del populismo ruso es emblemático de las dificultades titánicas a las que se enfrentaron los proyectos populistas a la hora de materializar en la práctica sus propuestas políticas. El campo podía ser el guardián de las tradiciones colectivistas, pero era un guardián distraído que no se inmutaba ante los llamamientos a la rebelión lanzados por intelectuales urbanos. Se trata de una historia rica en paradojas, pues, cuando finalmente el campo ruso se rebeló, lo hizo por causas distintas a las previstas por los populistas (y por los socialistas). La revolución agraria del verano de 1917, preludio de la Revolución bolchevique, fue a la vez una defensa de las tradiciones comunales en lo que se refiere a las normas de reparto y cultivo de la tierra y una rebelión dirigida por los jóvenes contra esas mismas tradiciones en cuanto al poder indiscutido de los patriarcas.

Pero si el populismo idealizaba el mundo rural, el modernismo de las socialdemocracias alemana y rusa estaba tan deslumbrado por las hazañas tecnológicas de la industria que creía a pies juntillas que los procedimientos industriales podían ser trasladados a la agricultura sin excesivas complicaciones. Especialmente nefasto resultó el dogma de que progreso agrario implicaba necesariamente grandes explotaciones. Por clamorosas que fueran sus equivocaciones en otros registros, los populistas entendieron correctamente que los agricultores no querrían ser degradados bajo ningún concepto al estatus de braceros sin tierra. De hecho, los regímenes de propiedad colectiva pueden analizarse como un mecanismo social para evitar que se produjese tal situación. Precisamente, la garantía de la autonomía individual de los miembros de una comunidad agraria se fundaba en la imposición y reconocimiento de una serie de pautas colectivas referentes al cultivo de la tierra y la conservación de los bienes comunales.

Este libro está estructurado de la siguiente manera. El primer capítulo discute los argumentos a favor de la propiedad absoluta y exclusiva de la tierra y su paulatina adopción por la Europa continental. A pesar del consenso favorable al individualismo agrario entre las elites económicas e intelectuales del siglo XVIII, los regímenes colectivistas de cultivo de la tierra, con sus campos abiertos y servidumbres comunales, se resistieron a desaparecer. La propiedad privada en el campo solo pudo hacerse realidad tras la decidida intervención del Estado.

El segundo capítulo se dedicará a estudiar la expansión del nuevo concepto de propiedad privada por todo el mundo. Veremos cómo, dados los perversos efectos sociales de las privatizaciones de comunales y del triunfo del capitalismo más desatado, la década de 1880 presenció un debate que cuestionó el disfrute sin límites de los derechos de propiedad y valoró positivamente las lógicas y dinámicas de las propiedades colectivas. De este debate se inspirarían las propuestas de construcción del Estado del bienestar y también el populismo agrario.

El tercer capítulo se centra exclusivamente en Rusia y en su particular régimen comunal, mir u obschina. Precisamente, los populistas rusos o naródniki vieron en el mir la base sobre la que construir una sociedad más justa. En una lucha desigual y quijotesca contra la represión política y la apatía popular, los naródniki consagraron todos sus esfuerzos a la defensa de un modo de vida comunal que, en teoría, había sido desahuciado por la historia. Quizá, el populismo ruso reflejó mejor que ningún otro movimiento las fortalezas y debilidades del proyecto populista en su conjunto.

El cuarto capítulo gira en torno a la supervivencia de las pequeñas explotaciones en la agricultura europea de finales del siglo XIX. Dada la concentración de la propiedad de la tierra que se había producido durante las décadas precedentes, la persistencia del pequeño campesinado no dejó de provocar sorpresa entre observadores contemporáneos que creían que solo las grandes haciendas podían incorporar los adelantos tecnológicos. Curiosamente, algunos de los más convencidos adeptos a la tesis de la superioridad de las grandes explotaciones se encontraban en las filas de los partidos socialistas. Las consecuencias de este dogmatismo se revelarían fatales en la década de 1930. En la Europa occidental de entreguerras, las grandes explotaciones fueron capaces de tejer una alianza con los pequeños propietarios en aras de la defensa de la propiedad privada frente al socialismo. Pero esta alianza no pudo impedir ni la desaparición de una cultura rural ni la desprotección de los pequeños campesinos frente a las redes comerciales que controlaban el acceso a los mercados.

Finalmente, el último capítulo constata un hecho. A pesar de sus lagunas teóricas y deficiencias prácticas, las protestas del populismo agrario reaparecen recurrentemente. La razón de esta recurrencia puede encontrarse en un argumento muy sólido que ha estado presente en todas las plataformas populistas. De Henry George a Joaquín Costa, de Élisée Reclus a Piotr Kropotkin, de los naródniki a los agraristas mexicanos, desde los más variados contextos geográficos e históricos, siempre ha sobrevolado la convicción de que la tierra es un factor limitado y que, a falta de la colonización de otros planetas, no es ni reproducible ni comercializable. Como solo hay una tierra, abrir la vía a su mercantilización equivale a su entrega a un puñado de privilegiados para que luego exploten inmisericordemente a sus desdichados inquilinos. Aunque ignorada durante largo tiempo, las comunidades campesinas han estado imbuidas de una consciencia preecologista, porque se percataban perfectamente de lo que se les venía encima con una privatización de recursos básicos. Así, con legítima precisión, se puede hablar de ecologismo de los pobres. La sabiduría del populismo o, si se quiere, de los regímenes comunales agrarios, ha consistido en descubrir y atesorar otras formas de ocupación del territorio que recuerden a la gente lo que compartimos en común como especie humana.

Capítulo 1

Propiedad absoluta y propiedad difusa

Derecho codificado y costumbres locales

Todas las sociedades se dotan de mecanismos que aspiran a hacer posible una convivencia entre sus integrantes, así como la continuidad a lo largo del tiempo a medida que se sucedan las generaciones. Estos mecanismos incluyen rituales públicos, autoridades legítimas, normas escritas o pautas tácitas interiorizadas individualmente. Huelga decir que las reglas colectivas que permiten la coexistencia varían entre sociedades y evolucionan a lo largo del tiempo. Nunca hay que perder de vista la heterogeneidad de las circunstancias físicas, sociales, económicas, políticas y culturales en las que se desenvuelven los grupos humanos, so pena de caer en el delirio de creer haber encontrado una regla o conjunto de reglas universales válidas para toda región o periodo histórico.

La peculiaridad de las sociedades euroccidentales frente a otras civilizaciones milenarias ha residido en que sus reglas colectivas se han expresado predominantemente mediante el derecho o, en otras palabras, mediante una codificación escrita de unas leyes abstractas y generales emitidas por una autoridad suprema. Desde la antigua Roma, el derecho no solo ha clasificado unas normas que podían acarrear sanción en caso de incumplimiento, sino que también ha contribuido a perfilar un “deber ser” que sirviera a los individuos para debatir e identificar una separación neta entre las pautas de comportamiento lícitas y las ilícitas.

Innegable es el papel civilizatorio que ha ejercido el derecho sobre la conciencia europea. Los problemas han surgido cuando los europeos se han creído que la civilización solo podía realizarse mediante “su” derecho y, peor aún, cuando se han arrogado la legitimidad de imponer a cañonazos sus códigos jurídicos a lo largo y ancho del planeta. Esta arrogancia ha venido siempre acompañada de un desprecio grosero por las culturas y dinámicas de otras sociedades e incluso de las propias, puesto que en el seno mismo de Europa siempre han existido mecanismos normativos locales, no antitéticos, pero sí diferentes a las normas escritas dictadas por un Estado central, a menudo lejano y distante4.

En los albores de la Revolución Industrial, si había una idea que llegó a hacerse hegemónica entre las clases dirigentes europeas, por lo menos hasta el último cuarto del siglo XIX, era la que erigía a la propiedad privada, entendida en un sentido exclusivo y absoluto, como la viga maestra sobre la que descansaba la civilización. Así, frente a las complicadas fórmulas de propiedad compartida típicas del feudalismo, las tendencias dominantes en la jurisprudencia y en la naciente economía política ensalzaban la simplicidad del derecho romano y su reconocimiento de la figura del propietario como única instancia autorizada para ejercer un dominio absoluto sobre los bienes poseídos. Más aún, las máximas del derecho romano sobre el dominio absoluto de las cosas se sacaban de todo contexto histórico para deducir unas normas de validez universal, supuestamente acordes con la verdadera esencia de la naturaleza humana.

A la contundencia de las escuelas de derecho natural, pronto se unieron las recomendaciones de la nueva ciencia de la economía política, que desde John Locke había localizado en la propiedad privada el medio ideal con el que encauzar y hacer fructificar el trabajo humano en beneficio de la sociedad en su conjunto, concluyendo que todos los ordenamientos que no asignasen claramente propietarios únicos a los recursos ni asegurasen la apropiación excluyente de los mismos eran aberraciones que no tenían cabida en una existencia civilizada5.

Repitiendo una tesis llamada a ejercer una larga y poderosa influencia, los defensores de la propiedad privada absoluta asumían que la búsqueda de la prosperidad personal conducía necesariamente al bienestar público. La providencia (o la mano invisible del mercado) se encargaría de que, mediante los contratos privados que los individuos acordaban entre sí, se atribuyeran unos precios a los recursos que permitían su valoración y comparación cuantitativa, la toma de decisiones económicas correctas por parte de los agentes y, finalmente, el incremento de la producción y de la población. Pero, para que esta armonía entre intereses privados y felicidad pública se materializara, era preciso que las autoridades públicas velasen estrictamente por el cumplimiento de los contratos y por el respeto a los derechos de propiedad. En consecuencia, allí donde un individuo había tomado legalmente posesión de un territorio, solo le incumbía al Estado la tarea de reconocer esa apropiación, a la que, sin duda alguna, el flamante propietario sabría sacarle el mejor partido. Como conclusión de esta lógica individualista, la tierra que aún no había sido apropiada no había sido tampoco fertilizada por la mano del hombre y, a efectos prácticos, era un terreno baldío (o terra nullius) que solo esperaba la llegada de individuos activos y laboriosos para hacerla fértil.

Prácticas y usos de los comunales

No obstante, en la Europa del Antiguo Régimen la propiedad absoluta de la tierra se topaba con una serie de obstáculos infranqueables. A pesar de sus pretensiones universalistas, el dominio absoluto sobre las cosas era algo que colisionaba con las prácticas de cultivo más arraigadas del campo. Es más, en la agricultura del siglo XVIII, lo más frecuente eran las propiedades compartidas o regímenes comunales caracterizados por bosques o pastizales comunes, el reparto y reasignación de las tierras cultivables por las comunidades locales e, incluso, en aquellas tierras de propiedad familiar, la existencia de una serie de servidumbres colectivas en beneficio de los miembros más pobres de la comunidad. Dentro de estas últimas servidumbres, sobresalían especialmente las ya mencionadas derrotas de mieses (vaine pâture, en francés), es decir, la obligación de abrir los campos a los ganados del resto de vecinos una vez efectuada la primera siega, o el espigueo, el derecho de los pobres a la recogida de rastrojos. Estos elementos que conformaban un régimen comunal agrario se habían dado en distintas combinaciones a lo largo de toda Europa. Regímenes como las antiguas comunidades germánicas (die Marke) o las célticas, donde los elementos citados previamente se manifestaban con nitidez, habían ido paulatinamente desapareciendo, pero otros como el mir ruso o el Allmend suizo siguieron existiendo y, de paso, maravillando a viajeros inquietos.

En las regiones de clima templado, como lo es buena parte del continente europeo, el barbecho había jugado un papel predominante en los sistemas de cultivo hasta el siglo XVII. En aquellas zonas más calurosas y secas, al cultivo de un cereal de invierno (normalmente, trigo o centeno) seguía la puesta en barbecho de la tierra entre noviembre y julio. Por su parte, en las zonas con más precipitaciones, la tierra podía dividirse en tres hojas en las que alternar el cultivo del cereal de invierno, con el cultivo de un cereal de primavera y con el barbecho, de modo que, tras la cosecha del cereal de primavera, el campo quedaba sin cultivar durante un periodo de quince meses hasta que llegase el momento de plantar el trigo en el otoño del año siguiente6.

Si bien había que contar con una proporción de tierra inculta durante una larga fase, los sistemas de cultivo con barbecho presentaban unas ventajas que no debían ser menospreciadas. A falta de abonos químicos, el barbecho era una técnica indispensable para que la tierra recuperase nutrientes. Durante este periodo, la tierra no podía ser labrada, pero sí podía servir como pastizal al ganado que, de paso, con sus deyecciones, contribuía a abonarla. Disponiendo, pues, de prados abiertos donde pastara el ganado, se establecía una simbiosis entre agricultura y ganadería que era básica para la fertilidad de la tierra7.

Efectivamente, una de las causas de la persistencia de regímenes comunales o de propiedades compartidas tiene que ver con las condiciones medioambientales en las que se ubicaba la agricultura europea. Habida cuenta de que se trataba de una agricultura de base orgánica, sin recurso al carbón mineral o al petróleo, en la que, en última instancia, toda la energía procedía directa o indirectamente del sol, resultaba vital un ordenamiento del espacio en el que se vieran garantizados los siguientes aspectos; una vegetación abundante que pudiera captar la luz para absorber el anhídrido carbónico y convertirlo en sustancias carbonadas, un área agrícola en descanso para que el suelo repusiera el nitrógeno consumido tras el cultivo del cereal y, finalmente, bosques comunales para, entre otras funciones, proporcionar terreno para pastos y barreras naturales frente a la erosión de las lluvias y el viento.

En condiciones donde la tracción animal y la fuerza humana dependían ineludiblemente de la transformación de la energía solar por las plantas, las decisiones sobre qué cultivar y dónde o qué espacio dedicar al cultivo o a los eriales no podían de ningún modo ser dejadas al albur de los individuos, ya que toda la comunidad se veía afectada por ellas. Así pues, los regímenes comunales y sus servidumbres colectivas sobre los cultivos individuales tenían una lógica propia que escapaba completamente a los adalides de la propiedad privada perfecta8. El historiador E. P. Thompson denominó como “economía moral”9 al conjunto de obligaciones vinculantes que regían en el interior de las comunidades preindustriales y que fijaban una clara frontera entre los comportamientos tolerables e intolerables en lo que concierne a las decisiones económicas de sus distintos miembros. Los usos comunales, como las derrotas de mieses o el derecho al espigueo, caían perfectamente dentro de esta categoría de economía moral que gravaba la propiedad privada con unas cargas imprescindibles para el equilibro social y ecológico de la colectividad local.

En contra de caricaturas simplistas, donde los comunales aparecían como unos terrenos en los que reinaba la más absoluta desidia10, las comunidades agrarias imponían unas normas muy estrictas para el mantenimiento de las propiedades en común. Las asambleas locales de vecinos eran las instancias en las que se dictaminaban las reglas que regulaban el uso y el acceso a los comunales. No tenían por qué ser instancias igualitarias y, de hecho, en algunas situaciones, el acceso se regulaba en proporción a las cabezas de ganado poseídas, lo que motivaba la acusación de que estas asambleas terminaban controladas por los vecinos más opulentos. Sin embargo, requiriendo el trabajo agrario una sabiduría práctica que solo se adquiría tras muchos años de oficio, las asambleas de vecinos ofrecían la oportunidad a los hogares recién constituidos de aprovechar conjuntamente los conocimientos de los campesinos más diestros y experimentados11.

Pero además, desde el punto de vista social, este sistema tenía otra virtualidad. Con terrenos en barbecho y, por tanto, campos abiertos a los vecinos de los pueblos, incluso las familias más modestas podían permitirse mantener unas reses, pues el acceso a pastos estaba asegurado por la costumbre. Si hasta los terrenos privados se veían sometidos a las derrotas de mieses o al espigueo, la propiedad privada no podía menos que ser “imperfecta”, pues las costumbres locales y las asambleas vecinales restringían la autoridad de los propietarios en aras de la satisfacción de unas obligaciones para con sus vecinos, por lo menos durante determinadas fechas y bajo ciertas condiciones12.

Iniciativas liberales contra los comunales

Por supuesto, para los críticos de los comunales y las propiedades colectivas, acabar con la “bárbara y vergonzosa prohibición de cerrar las tierras”13 se convertía en un objetivo prioritario para modernizar el campo y, de paso, crear una nueva clase de emprendedores agrarios que sacase a la agricultura de su atraso y letargo secular. En la Europa del Antiguo Régimen, la elite intelectual ilustrada lamentaba sinceramente el peso opresivo del feudalismo, la amplia gama de gravámenes que asfixiaba al campesinado y los techos legales que coartaban el ascenso social de los labradores con más iniciativa. Para los ilustrados de finales del siglo XVIII, el gran impedimento al despegue de la agricultura y al bienestar de las familias campesinas radicaba en las irracionalidades del feudalismo y en el acaparamiento de la tierra en las llamadas manos muertas, que apartaban del tráfico mercantil a terrenos susceptibles de cultivo14. Sumariamente, los regímenes comunales eran despachados como un agravio más del feudalismo.

Para muchos tratadistas liberales, las propuestas de supresión de los impedimentos a la libre compra y venta de tierras y de eliminación de la propiedad colectiva apuntaban a la formación de una capa media de hogares campesinos que, aparte de generar prosperidad material, constituyeran la columna vertebral de regímenes políticos liberales15. Para los padres fundadores de las nuevas naciones americanas, inspirados en la experiencia de la Atenas clásica, una clase media de campesinos independientes emergía como la condición básica para el ejercicio de la virtud republicana y, por ende, de la soberanía nacional16. Igualmente, la Tercera República Francesa o el republicanismo nacionalista gallego y catalán localizarían en el pequeño campesinado autónomo el pilar centrar sobre el que fundar un sistema político republicano17.

Sin embargo, algunos apóstoles de la propiedad perfecta de la tierra desvelaban también unos prejuicios de clase menos generosos, pues la posibilidad de que las clases populares gozasen de excesiva independencia gracias a los comunales se les dibujaba como una pesadilla a conjurar por todos los medios. Hacia 1770, el conde de Essuile, uno de los más acérrimos abogados de la destrucción de la propiedad comunal en Francia, lo expresó con suma claridad: “La experiencia muestra que las costumbres más depravadas se dan entre los habitantes que disponen de muchos comunales, y principalmente de bosques; son ellos también quienes se caracterizan por los temperamentos más hoscos y brutales. Son ellos los más cobardes y perezosos y los que se entregan más desenfrenadamente a los excesos nocivos para la sociedad”. Opinión que era corroborada lapidariamente por agrónomos contemporáneos del buen conde: “Cuantos más comunales tiene un pueblo, mayor el número de pobres y vagos”18.

Incluso un siglo después, seguiría insistiendo en el mismo razonamiento José Echegaray, ministro de fomento y futuro premio Nobel de Literatura:

Los usos comunales, los vecinales congoces, los aprovechamientos de los pueblos, todas estas prácticas socialistas deben ir desapareciendo, y al disfrute confuso, irregular, demoledor y primitivo del suelo, bueno es que se substituya por la propiedad individual, germen de todo progreso, garantía de todo orden y correctivo eficacísimo contra esa especie de socialismo campesino, no tan turbulento ni tan amenazador como el socialismo que brota en los centros industriales… pero socialismo que no por ser manso y tranquilo, y quizá por serlo y no llamar por el temor al remedio, es menos funesto al país, menos corruptor de las clases rurales y menos amenazador para el porvenir de la patria, cuyas fuerzas enerva, gasta y destruye19.

Si los argumentos teóricos en favor de la propiedad privada absoluta de la tierra ya se habían elaborado definitivamente hacia la segunda mitad del siglo XVIII, la evolución de la agricultura en Flandes e Inglaterra vino a confirmar la pertinencia y aplicabilidad de las políticas destinadas a acabar con los regímenes comunales. Desde hacía ya mucho tiempo, primero en el norte de Italia y posteriormente en Flandes, se habían puesto en marcha innovaciones agrarias que introducían rotaciones de cultivos más complejas. Frente a un sistema de rotación trienal con cereales de invierno, de primavera y barbecho, los nuevos procedimientos habían demostrado que esta podía ser reemplazada por una rotación de trigo, nabos, cebada y trébol, reduciendo así los periodos en los que la tierra permanecía ociosa20. Adicionalmente, la mayor disponibilidad de forraje facilitaba la constitución de una cabaña ganadera particular y de mejor calidad sin tener que recurrir a los pastizales comunales.

El afianzamiento de la propiedad privada en el campo

Estos nuevos sistemas de rotación cuatrienales con plantas forrajeras traían consigo, sin embargo, una contrapartida: el cercamiento permanente de las parcelas. En las tierras en barbecho, se podía y debía dejar al ganado pastar libremente, pero eso era del todo imposible en las rotaciones cuatrienales una vez que se habían plantado nuevos cultivos. Si antes el ganado circulaba sin cortapisas, máxime cuando su contribución al abonado era fundamental, con los sistemas de rotación cuatrienal, donde prácticamente toda la tierra se encontraba en uso, urgía confinarlo a un espacio delimitado.

Si los nuevos sistemas de rotación habían surgido previamente en Flandes, correspondía a la Inglaterra del siglo XVIII la aplicación de este modelo con todas sus consecuencias, de manera que los defensores continentales de la propiedad privada absoluta siempre mirarían más allá del canal de la Mancha como paradigma a emular. En efecto, contando con el impulso legislativo del Parlamento, entre 1750 y 1820 se cercó un 20,9 por ciento de la superficie total de Inglaterra, un área que se calcula como una tercera parte de la superficie total cultivable21.

Aunque en teoría también los pequeños agricultores podían resultar beneficiados de un orden legal que asegurase el disfrute sin restricciones de la propiedad privada, los cercamientos plateaban serias dificultades a las familias con menos recursos. Habida cuenta de que el esfuerzo físico en arar una parcela es menor si esta es más larga que ancha, los pequeños labradores solían tener superficies a su cargo más rectangulares que cuadradas, lo que implicaba que, para una misma área, el perímetro a vallar era mayor. Por otra parte, como los sistemas de rotación trienal imponían unas pautas colectivas sobre los cultivos a plantar en las distintas hojas, las explotaciones familiares tendían a estar desperdigadas para reducir el riesgo de que en un año se ubicaran todas en el área destinada al barbecho. A estos inconvenientes había que añadir la carencia de capital con el que construir los silos en los que almacenar el grano o los establos en los que guardar el ganado, una vez suprimidos los comunales. Todas estas razones —la forma geométrica de las fincas, su dispersión y la falta de acceso al capital— hacían que los costes de los cercamientos fueran desorbitados para los campesinos más pobres22.

Como no podían dejar de percibir sus más directos perjudicados, los cercamientos y la consiguiente destrucción de los comunales no eran simples medidas técnicas con las que todo el mundo saldría ganando, sino decisiones políticas que entregarían las familias despojadas del apoyo comunal al capricho de los mayores propietarios de terrenos. A falta de otras fuentes de empleo, los grandes propietarios tenían a su entera disposición una fuerza de trabajo completamente cautiva, por lo que no es sorprendente que los primeros efectos de los cercamientos se tradujeran en un impulso hacia el acaparamiento de tierras23. Historiográficamente, se ha puesto en tela de juicio que esta agravación de las desigualdades fuera el preludio hacia una modernización de la agricultura, puesto que nunca hay que confundir el aumento de las rentas de los terratenientes con el aumento de la productividad agraria, ya que, a veces, la concentración de tierras equivale pura y simplemente a unas mayores posibilidades de explotación de los jornaleros sin que esto venga acompañado por mejoras técnicas de ningún tipo24.

En un ejemplo palmario de cómo el Estado puede complementarse perfectamente con la iniciativa privada —si la ocasión lo requiere—, la ley y el poder coactivo del soberano ratificaron las extensiones y cercamientos de las nuevas propiedades a costa de terrenos que hasta entonces se habían caracterizado por un sistema de propiedad más difusa. Allí donde los registros de propiedad (y las fuerzas estatales a las que se había encomendado su protección) se crearon antes que los catastros, las apropiaciones individuales de bienes comunales usurparon a los pueblos y municipios sus patrimonios y liquidaron las posibilidades de autosuficiencia de las familias más vulnerables, provocando una genuina indignación ante un nuevo orden social que aparecía como opaco e injusto25.

Precisamente, la historia de los cercamientos en la Inglaterra del siglo XVIII en particular y de los procesos de consolidación del concepto absoluto de propiedad individual por todo el mundo en general no pueden entenderse sin lo que el antropólogo James C. Scott ha denominado las armas del pobre: una resistencia persistente, aunque no necesariamente politizada, en la que individuos y comunidades agrarias recurrieron a todos los medios a su alcance, desde la caza furtiva hasta motines, pasando por la destrucción de propiedad y maquinaria o infracción de lindes, para revertir un proceso del que claramente atisbaban sus efectos asoladores26. Las draconianas leyes que se dictaron en la Inglaterra del siglo XVIII en defensa de la propiedad privada deben entenderse en este contexto. Se trataba, en suma, de un despliegue de medidas represivas contra aquellos focos indóciles que no aceptaban un nuevo orden jurídico en el que la propiedad asumía un carácter absoluto sin las obligaciones morales que habían regido antaño durante siglos27.

El paso de las propiedades comunales a las propiedades individuales en el campo o, si se prefiere, el paso del feudalismo al capitalismo durante los siglos XVIII y XIX tiene que estudiarse tanto desde “arriba”, es decir, desde la perspectiva de los actores que presentaban medidas legislativas ante las cortes y los parlamentos europeos, como alternativamente desde “abajo”, desde el punto de vista de las clases en vía de proletarización. Y es muy relevante tener en cuenta cómo estos dos procesos, el de la elaboración de las leyes y el de las resistencias al arrebatamiento de los comunales, se retroalimentaron mutuamente. Allí donde la resistencia campesina fue fuerte, las clases populares agrarias pudieron imponer unos ritmos distintos a la transformación capitalista de la agricultura. En aquellos países en los que se produjo una verdadera revolución campesina, como sucedió en la Francia de 1789, resultó imposible convertir las rentas o prestaciones de origen feudal en derechos de propiedad privada. Y, por otra parte, ciertas servidumbres colectivas consiguieron perdurar en el tiempo. Por el contrario, allí donde la sociedad burguesa se formó mediante pactos y compromisos con la nobleza señorial, como sucedió en el sur de Europa, los derechos feudales que antaño solo especificaban una serie de obligaciones extraeconómicas de los vasallos hacia el señor, se trocaron en derechos de propiedad particulares sobre la tierra y, por lo tanto, reconocidos, legitimados y asegurados por el nuevo orden social28. Igualmente, mientras que en Francia la derrota de mieses siguió vigente hasta el siglo XX, en España fue sumariamente abolida por Real Orden de 1853 y en Portugal por el Código Civil de 186729.

El siglo XIX español fue un buen ejemplo de unas transformaciones agrarias que se hicieron ignorando sistemáticamente los intereses de sus clases populares. Como señala el historiador Ricardo Robledo, “la ausencia de Catastro y la generosidad concedida a las inscripciones registrales deben figurar como estrategias para consolidar la propiedad burguesa que procedía irregularmente del común”30. A diferencia de Francia, donde sí ocurrió en toda regla una revolución agraria “desde abajo”, en España los derechos señoriales fueron reconocidos como derechos de propiedad. Mientras a los acaparadores de tierras comunales se les eximía de la presentación de títulos legítimos de propiedad, estos se exigían, en cambio, rigurosamente a las comunidades rurales, lo que perjudicó discriminatoriamente a los campesinos más pobres31. En los campos españoles, durante el segundo tercio del siglo XIX, las condiciones de vida de los hogares sin tierras se resintieron severamente. Tomando como fuentes las tallas de los reclutas llamados al servicio militar en el sureste mediterráneo, las generaciones nacidas entre 1840 y 1870 experimentaron una disminución de estatura de 1,1 cm entre los labradores con tierras y de 4,2 cm entre los jornaleros agrícolas32.

Tras los ensayos del siglo XVIII, el siglo XIX presenció a escala global una extensión de la propiedad privada entendida en su sentido más restrictivo, celebrada como el requisito principal para la puesta en valor y el mejoramiento de la agricultura. Solo en los terrenos cercados, se argumentaba, podía el trabajo humano fertilizar la tierra. Por tanto, se concluía, las poblaciones que hubieran habitado un territorio, aunque fuera desde tiempo inmemorial, pero que no hubieran puesto en práctica la apropiación individual, no habrían contribuido en nada a la fructificación de la tierra y, aunque moradores, no podrían bajo ningún concepto ser considerados sus legítimos propietarios.

La combinación de innovaciones agrarias, nuevas teorías de la posesión liberal-burguesas y los apoderamientos individuales de tierra propulsaron la comercialización de esta última en detrimento de los antiguos sistemas de ocupación y gestión del territorio. En todo este proceso, la mano del Estado fue fundamental para someter las resistencias que brotasen o de comunidades agrarias cohesionadas o de los pobladores autóctonos del Nuevo Mundo, que intentaban repeler, en una adversa correlación de fuerzas, la expropiación sistemática espoleada por los estados modernos y un incipiente mercado global. No solo se trataba del despliegue de medidas exclusivamente militares. El Estado también tenía la potestad de cargar con más gravámenes a la propiedad comunal o de exigir el pago de impuestos en monedas ajenas a los usos habituales de las comunidades concernidas, de modo que sus miembros tuvieran que renunciar al autoconsumo y a producir para el mercado global, a fin de obtener la liquidez con la que hacer frente a sus obligaciones tributarias.

En efecto, el nuevo mercado global que se estaba gestando necesitaba del poder político, militar y jurídico de los estados y, a la inversa, los estados modernos europeos necesitaban de unos mercados florecientes sobre los que recaudar impuestos y reclutar soldados con los que abastecer sus ejércitos. El gran problema de los antiguos sistemas agrarios, con su preponderancia de los bienes comunales, era que propiciaban mercados locales relativamente autónomos y cerrados que, tendiendo al autoconsumo, carecían del menor incentivo a integrarse en las redes anónimas del mercado global. De hecho, la expansión colonial europea, que alcanzaría su cénit entre 1880 y 1914, se fijó como objetivo prioritario la aniquilación de regímenes locales de gestión de los recursos comunales o los mecanismos públicos de protección que permitían un cierto grado de autoconsumo e independencia frente al mercado mundial33.

Capítulo 2

La irrupción del populismo agrario

Desde la Europa meridional hasta las posesiones coloniales de Asia y África, pasando por los nuevos estados soberanos de América, el siglo XIX presenció transformaciones radicales en los sistemas de propiedad de la tierra en perjuicio normalmente de los habitantes autóctonos. Creyendo haber descifrado los arcanos del progreso, los arquitectos de estos procesos de privatización aspiraban, en sus particulares contextos, a identificar a aquellos emprendedores, nativos o extranjeros, capaces de implantar los cultivos que ofrecieran las mayores rentabilidades. Las formas tradicionales de gestión agraria, con sus sistemas de propiedad difusa, eran así arrumbadas como un vestigio del pasado que impedía una utilización racional y eficiente de los recursos. Con una mezcla de soberbia intelectual y paternalismo, se compadecía a las atrasadas comunidades que se aferraban a conservar sus mecanismos locales de gestión que ancestralmente habían regulado el uso de bosques, pozos y pastizales.

Pero la puesta en venta incontrolada de tierra ofrecía un sombrío panorama a sus cultivadores originarios, que carecían de capital, de asesoramiento legal y de contactos políticos, mientras que las administraciones locales, agobiadas por diversos apremios, buscaban congraciarse con una capa de labradores acaudalados o profesionales urbanos ambiciosos que detectaban colosales beneficios en la roturación de nuevas parcelas. En este contexto, el traspaso de fincas rústicas al mejor postor tenía prioridad sobre cuestiones como la consolidación de un estrato social de pequeños campesinos independientes o la conservación de los comunales. La universalización de la propiedad privada de la tierra como forma predilecta para el desarrollo de la agricultura presentó sus peculiaridades de un país a otro, pero fue un proceso generalizado a escala mundial durante casi todo el siglo XIX.

En la España de la desamortización de 1855, la consolidación de un sistema de propiedad privada en el campo, libre de las ataduras del Antiguo Régimen, se hizo bajo el espejismo de que el trigo español podía abastecer al resto del mundo. El alza de los precios del trigo a raíz de la guerra de Crimea alimentó las fantasiosas expectativas de convertir España en el “granero de Europa”, lo que puso en marcha la roturación de tierras hasta entonces marginales, como los montes públicos, con el fin de aumentar la superficie cultivada de cereal34. Más de cinco millones de hectáreas fueron desamortizadas entre 1855 y 1924, sin contar el millón y medio de roturaciones arbitrarias que alentó este proceso35. Los pueblos españoles, propietarios mayoritarios de 10 millones de hectáreas en concepto de montes públicos, presenciaron impotentes cómo entre un 34 y un 46 por ciento de este patrimonio fue sumariamente vendido en los años posteriores a la desamortización de Madoz de 185536. El impacto directo masivo de este colosal traspaso de propiedad no fue solo un aumento de la producción de trigo, aunque sin el correspondiente incremento de la productividad por hectárea, sino también una intensificación de la deforestación de la península37. Los damnificados directos de esta deforestación fueron, en primer lugar, los campesinos más pobres, que hasta entonces se habían surtido del bosque como fuente de leña, pastos y caza. Pero otros efectos negativos de la pérdida de superficie boscosa se iban a sentir en el largo plazo. La roturación indiscriminada de montes, cuya vegetación había servido de barrera de contención contra las riadas, dejaba el terreno limpio de obstáculos ante las lluvias torrenciales. Desaparecidas las murallas naturales, ya nada podía detener que un aluvión de barro, piedras y agua se llevase por delante las capas más fértiles del suelo y acelerase la desertificación del territorio38. Así pues, los beneficios privados de una forma de explotación de la tierra se saldaron con unos notables daños sociales y medioambientales.

No obstante, fue en los países en situación colonial, o, mejor dicho, en países con una importante presencia de culturas no-europeas bajo la tutela de administradores europeos, donde el expolio de los comunales fue más intenso. En todas las geografías en las que los antiguos sistemas de gestión agraria fueron aniquilados sin miramientos, las poblaciones originarias quedaron en una situación de vulnerabilidad angustiosa, pues fueron integradas a la fuerza en un mercado global sobre el que no tenían ninguna capacidad de influencia al tiempo que perdían sus mecanismos de protección tradicionales39. Las desigualdades extremas que propició la suplantación de las propiedades comunales por códigos legales basados en el predominio absoluto de la propiedad privada dejaron una herencia muy pesada cuyos efectos siguen vigentes en muchos países. En este sentido, Sudáfrica y Argelia, como también Zimbabue y Kenia son ejemplos paradigmáticos de cómo los estados coloniales emplearon plenamente su fuerza para apropiarse de las tierras de la población nativa y cedérsela a un reducido grupo de colonos blancos en aras del progreso y la civilización40. En Sudáfrica, la Native Land Act de 1913 y posteriormente la Native Trust and Land Act de 1936 dejaron a la población negra (un 70 por ciento de la población total) con un exiguo 7 por ciento de la tierra41.

En Argelia, donde tres cuartas partes de la tierra estaban bajo un régimen comunal, la expropiación de los comunales recibió un espaldarazo con la Ley Warnier de 26 de julio de 1873, conocida también como “ley de los colonos”. Casi un año después, la Ley Forestal de 17 de julio de 1874 dio otra vuelta de tuerca a este proceso encomendando los bosques a las autoridades coloniales a costa de las comunidades nativas42.

En la India, los bosques ocuparon un puesto de honor en la lista de bienes arrebatados a las comunidades campesinas. Así, en 1880 los bosques indios (un 20 por ciento de la superficie del subcontinente indio) habían sido cercados y agentes estatales vigilaban que furtivos no hurtasen leña o hierba, cuando solo diez años atrás eran las propias comunidades locales quienes gestionaban los recursos forestales y el acceso a los mismos. La segunda Ley Forestal India de 1878 había permitido al Estado atribuirse las tierras no ocupadas que anteriormente pertenecían a los pueblos43. Igualmente, en África, el Estado colonial asumió la protección de los bosques en detrimento de los indígenas con el objetivo de desarrollar exclusivamente aquellos recursos forestales que fueran de interés económico a la metrópolis44.

En las nuevas repúblicas independientes americanas, el alza de los precios mundiales, como el del café, el algodón o el azúcar, las favorables condiciones de cultivo debidas al clima local, la resistencia de las comunidades nativas a especializarse en un régimen de monocultivo y la confianza en la superioridad innata de los colonizadores euroccidentales indujeron a los nuevos estados a desproteger las tierras comunales indígenas y fomentar su apropiación por colonos europeos. En Guatemala, la pérdida de los comunales mayas fue obra de gobiernos liberales de la segunda mitad del siglo XIX que no dudaron en recurrir a una militarización del orden público y del trabajo indígena para amparar la creación de grandes haciendas exportadoras de café45. En el México de la dictadura de Porfirio Díaz, paradigma de una dictadura “modernizadora” a la europea, 28 millones de hectáreas de baldíos fueron enajenados para pasar a las manos de un exclusivo grupo de 300 hacendados conectados con el poder46.

A pesar de su devastación, hasta bien avanzado el siglo XIX, los nocivos efectos sociales del despojo de los bienes comunales fueron o bien pasados por alto, o bien justificados como el precio lamentable, pero necesario, que demandaba una agricultura rica y floreciente. Para las elites políticas, económicas e intelectuales que habían apostado por la apropiación individual de la tierra, los bienes comunales y los compromisos colectivos que su mantenimiento local acarreaba eran unos grilletes de los que había que desembarazarse cuanto antes. Para que la agricultura pudiera ser fecundada por la iniciativa y el talento individuales, era perentorio el desmantelamiento de los sistemas consuetudinarios que restringían el disfrute absoluto de la propiedad individual.

Reivindicación del comunal y populismo agrario

Sin embargo, a partir del último tercio del siglo XIX empezaron a escucharse voces cada vez más críticas con los procesos de privatización de la tierra que llegaban a poner en tela de juicio la noción misma de propiedad absoluta y exclusiva que se había erigido como incuestionable desde la segunda mitad del siglo XVIII. La década de 1880 asistió a lo que el historiador de derecho Paolo Grossi ha denominado la irrupción del colectivismo en la conciencia europea47. De procedencias y ámbitos sociales muy distintos, importantes juristas, antropólogos e historiadores europeos comenzaron no solo a criticar la idea de que la propiedad privada absoluta fuera una institución universal, sino a presentar evidencias de contextos en los que la propiedad colectiva podía significar una forma de gestión superior a la individual. En sus trabajos pioneros de la década de 1870, el jurisconsulto británico Henry Sumner Maine había venido observando las circunstancias medioambientales con las que los regímenes comunales aportaban la mejor solución para garantizar la seguridad alimentaria y la supervivencia de comunidades agrarias48. Años más tarde, siguiendo la misma estela investigadora, Rafael Altamira (1890) planteaba que en zonas ganaderas y montañosas la propiedad en común podría ser una forma más racional que la propiedad privada, como atestiguaba la persistencia de comunales en la cornisa cantábrica y en las zonas alpinas de Suiza49.

Obviamente, un debate de estas características no podía quedar circunscrito al ámbito universitario, pues sus implicaciones políticas generaban una viva inquietud. Si resultaba que las propiedades comunales, lejos de ser un fósil obsoleto, encerraban unas enseñanzas que la vida moderna no podía permitirse el lujo de olvidar, entonces las pretensiones de validez universal de la noción absoluta de propiedad privada se desplomaban como un castillo de naipes. Es más, si todos los pueblos habían reconocido originalmente la propiedad colectiva de la tierra y había tenido que ser el Estado en conjunción con la clase social dominante quien había puesto en marcha su aniquilación, entonces la propiedad privada no era la estación final de una evolución espontánea e inevitable, sino “una usurpación, una creación de la fuerza y del engaño”50. No es ninguna casualidad que este redescubrimiento intelectual de las propiedades comunales sucediese en una Europa en la que aún rondaba el espectro de la Comuna de París y donde las organizaciones obreras habían hecho subir a la palestra la “cuestión social” o, en términos menos púdicos, la “lucha de clases”.

A pesar de las hazañas técnicas de las sociedades modernas, mientras la institución privada de la tierra exista,

ningún incremento de las potencias productivas puede beneficiar de manera permanente a las masas, sino que al contrario, debe tender aún más a agravar su situación […] La pobreza se hace más profunda a medida que crece la riqueza y los salarios se reducen mientras crecen las potencias productivas, porque la tierra, que es la fuente de toda la riqueza y el campo de todo trabajo, ha sido monopolizada. Para erradicar la pobreza, para que los salarios se adecúen a lo que exige la justicia, debemos por tanto reemplazar la propiedad de la tierra por la propiedad común51.

En términos similares se expresaba Joaquín Costa:

La desigual e injusta distribución de la riqueza y el incesante aumento de la miseria con todo el séquito de males nacido de ella, que son la maldición y la amenaza de la civilización moderna, tienen por origen el monopolio de la tierra, la institución de la propiedad territorial como propiedad privada, el haber desalojado de esta casi por completo a la propiedad comunal52.

Por otra parte, tras décadas de insistencia en el axioma de que, en ausencia de propietario formal y exclusivo, los cultivadores tradicionales eran incapaces de gestionar eficazmente los recursos, el debate sacaba a la luz la legitimidad de los derechos consuetudinarios, de “las múltiples costumbres que vagan dispersas por valles y montañas, sin haber logrado nunca la atención de los viajeros ni de los jurisconsultos”53, y que conformaban la base sobre la que se sostenían los regímenes comunales de explotación de la tierra. Lejos de ser un ejemplo de despilfarro y negligencia, las costumbres locales se contemplaban como una respuesta legítima a entornos agrarios complejos y particulares, a los que mal se podían aplicar técnicas uniformadoras concebidas para otros contextos. Alertando del “fracaso de todos los unitarismos que desconocen la costumbre y las modalidades de localidad o región por implantar el ideal falsamente concebido que llevan en la cabeza”54, los derechos consuetudinarios locales constituían una prueba acusatoria contra los estados centralistas que tanto empeño habían puesto en suprimirlos mediante la extensión y generalización de una administración y un código jurídico unitarios sobre todo el territorio en el que ejercían la soberanía.

No deja de ser curioso que los grandes teóricos del anarquismo de las últimas décadas del siglo XIX, Élisée Reclus y Piotr Kropotkin, fueran también geógrafos y antropólogos de primera fila, que resaltaron las características irreductibles de los espacios geográficos frente a las fuerzas homogeneizadoras del Estado y el capital. Algunas de las intuiciones más clarividentes de Reclus se encuentran precisamente en su temprana observación de cómo la ecología, de la que el ser humano forma parte, presenta una resistencia tenaz a todos los intentos por someterla a lógicas estrictamente productivistas55.

No obstante, otros intelectuales que también en el mismo periodo analizaron las virtualidades de la propiedad comunal no pueden ser encuadrados en las filas del anarquismo. En efecto, figuras tan relevantes como las de Henry Sumner Maine o Maxime Kovalevski, sin olvidar las de Rafael Altamira o Joaquín Costa, no pueden adscribirse a movimientos revolucionarios, sino que procedían más bien de un sector del liberalismo que, consciente de los daños sociales que estaba provocando la hegemonía incontestada de la propiedad individual, intentaba pensar cómo recuperar una serie de obligaciones para con los demás en las sociedades modernas.

Sin embargo, a pesar de sus diferencias de orígenes y contextos, sí puede señalarse una serie de puntos comunes en las trayectorias investigadoras de estos grupos de autores. En primer lugar, su profunda crítica del “liberalismo abstracto y de la centralización uniformada”56; en segundo lugar, el máximo respeto y la disposición a aprender de las lógicas de los modos de explotación colectiva incluso de las comunidades más atrasadas, como el mir ruso57; finalmente, en aquellos autores integrados en el orden político liberal, un reformismo social para el que la persistencia de los regímenes comunales refutaba la tesis de una naturaleza humana inmutable y universal cuyo más alto grado de civilización sería el de la apropiación individual. Liberales, sí, pero liberales que se rebelaban contra la utilización de los ideales de libertad e igualdad como coartada para la explotación más descarnada. Liberales que habían entendido perfectamente que, habiendo un solo planeta habitable, en el momento que se sacraliza el derecho a la apropiación de la tierra, se está impidiendo el derecho a “usar libremente las fuerzas y sustancias materiales que ofrece la Naturaleza; por lo cual, admitir el derecho de propiedad sobre tales fuerzas y substancias naturales es tanto como negar el derecho de propiedad sobre el producto de trabajo (mieses, caldos, ganado, casas, tejidos, etc.)”58.

Este reformismo social sirvió de base a proyectos políticos modernos. La concepción del Estado del bienestar arrancó precisamente de aquí. La reivindicación del comunal cobraba un nuevo sentido en una naciente sociedad industrial, donde era preciso encontrar vínculos sociales cuando las religiones tradicionales estaban perdiendo esa función. Frente a una visión liberal que contraponía, por un lado, el individuo y, por otro, el Estado, sin ninguna instancia intermedia, la historia del comunal recordaba que los hombres no nacen humanos, sino que se civilizan mediante el contacto con otros hombres, estableciendo relaciones que también son de cooperación y de amistad. Asociaciones humanas para superar la lucha de todos contra todos habían existido siempre, y la antropología y la historiografía enseñaban por qué era importante que siguieran haciéndolo. Un Estado moderno debía pues asumir la existencia de estas asociaciones cooperativas como condición básica para la salvaguarda de los derechos fundamentales y la dignidad humana. Igualmente, una convivencia digna de tal nombre tenía que dotar de medios a las agrupaciones municipales para que pudieran desempeñar tareas de educación, sanidad, saneamiento, transporte e infraestructuras. Siendo los municipios las instancias políticas más cercanas a los ciudadanos, serían también las que podrían recoger y responder más directamente a las aspiraciones de estos últimos. Todo proceso de democratización auténtico pasaba, pues, por la democratización local59.

La irrupción del colectivismo en el debate público arrojó una nueva luz sobre los problemas del campo, donde las servidumbres colectivas se estudiaban como una estrategia inteligente ante los problemas de un hábitat concreto. A pesar de frecuentes distorsiones por sus críticos, los esfuerzos intelectuales en defensa del comunal no pretendían un retorno a un pasado rural mitificado, sino que, por el contrario, aspiraban a un tipo de modernidad más abierto a los saberes y destrezas ancestrales, a una convivencia menos accidentada con el entorno físico, a una distribución de las riquezas producidas más igualitaria y a autogobiernos locales más democráticos.

Como la implantación de un derecho de propiedad exclusivo había sido un fenómeno al que pocas naciones habían podido sustraerse, las propuestas de imposición de límites al disfrute irrestricto de la propiedad privada de la tierra se generalizaron por todo el mundo. En México, a raíz de los excesos y desigualdades que habían caracterizado la venta de baldíos durante el porfiriato, pensadores liberales se decantaron por un reforzamiento de los sistemas de propiedad comunal (el ejido)60. En Rusia, escritores y activistas populistas (naródniki) buscaban en el régimen comunal tradicional pistas para un desarrollo que no pasara por los mismos errores que el europeo. En Estados Unidos, el hoy un tanto olvidado, pero en su día celebérrimo, Henry George causó una conmoción enorme con su Progreso y miseria61, libro en el que denunciaba las tendencias al monopolio del mercado de bienes raíces y abogaba por la introducción de impuestos sobre la renta de la tierra. En España, Joaquín Costa realizó una obra inclasificable y originalísima, marcada por una profunda reflexión sobre las perversidades de un modelo de desarrollo fundado en la centralización del poder político, la destrucción de los regímenes comunales y la marginación de las clases campesinas62.

Los puntos de coincidencia y préstamos recíprocos entre esfuerzos intelectuales nacidos, no obstante, de situaciones históricas tan diferentes son notorios. Henry George influyó notablemente sobre los reformistas agrarios británicos y españoles. Las propuestas de estos últimos en favor de la limitación de los derechos de propiedad de los terratenientes mediante la imposición por ley de periodos de arrendamiento largos, así como del reconocimiento de las mejoras realizadas por el colono beben directamente del georgismo63. Numerosos reformadores sociales preocupados por la suerte de los campesinos sin tierra miraban con simpatía la resistencia de la propiedad comunal en Rusia y su encendida defensa a cargo de los populistas rusos; algunos, como el propio Henry George, fueron más lejos y abiertamente hicieron suyo el lema “Tierra y libertad” de estos “patriotas rusos”64. Las conexiones intelectuales de Costa con el populismo ruso ya habían sido percibidas por algunos de sus más penetrantes contemporáneos65.

A falta de un término mejor, podrían agruparse todas estas orientaciones bajo la expresión de populismo agrario. El término es en efecto equívoco, porque falla en precisión y, en cierto modo, cataloga a este tipo de proyectos precisamente por las debilidades que terminaron lastrando todos los intentos por llevarlos a la práctica. Por un lado, el populismo agrario no podía evitar caer inconscientemente en una idealización de la comunidad agraria, donde habrían predominado la concordia y armonía entre sus miembros hasta que una mezcla de especuladores urbanos, políticos corruptos y funcionarios arrogantes, todos ellos exteriores al pueblo, perturbaron el orden primigenio. Obviamente, a esta visión idealizadora le resultaba muy difícil detectar la diferenciación social que hervía en el seno mismo de la comunidad agraria y que posteriormente convertiría a algunos grupos en beneficiarios y promotores directos de la supresión del comunal. Por otro, vinculado con el anterior, al populismo agrario le costaba hacer frente a la posibilidad de que un proceso de industrialización y modernización de la agricultura pusiera en marcha un traspaso de trabajadores del campo a la ciudad y, a la postre, un debilitamiento de las comunidades agrarias66.

Críticos posteriores han llegado a detectar en el populismo agrario elementos profundamente reaccionarios67. Estos críticos han expresado su incomodidad ante su descripción del pueblo como un agente homogéneo enfrentado a una minoría explotadora, un pueblo donde ricos y pobres, obreros y patronos podían encontrar un terreno común luchando contra las elites. De hecho, se ha acusado a este mensaje de contener elementos prefascistas68. Sin embargo, y es muy conveniente recordarlo, los movimientos puramente reaccionarios o fascistas contraponían un pueblo nacional a una elite cosmopolita desarraigada. Este matiz es crucial, puesto que el populismo agrario, por el contrario, si algo reprochaba a las elites era que estaban demasiado “arraigadas”; el problema no era que las minorías propietarias ignorasen la tierra “nacional”, sino que, al contrario, la valorasen en demasía hasta el punto de querer acapararla en su totalidad.

Sin duda, no se pueden negar sus límites teóricos, pero no sería justo hacer amalgamas apresuradas. En efecto, los populismos agrarios de finales del XIX y principios del XX tuvieron el mérito innegable de percibir mejor que ninguna otra plataforma política que la apropiación absoluta y excluyente no podía regir para la tierra, puesto que esta forma la base sobre la que se sustenta toda actividad humana.

Sobre la tierra nacemos, de ella vivimos y a ella retornamos; hijos del suelo tanto como la brizna de hierba o la flor del campo. Quitad a un hombre todo lo que pertenece a la tierra y no queda sino un espíritu incorpóreo. El progreso material no puede librarnos de nuestra dependencia de la tierra; lo único que puede hacer es aumentar las fuerzas productivas de riqueza que actúan sobre la tierra; y, por ello, si se monopoliza la tierra, estas últimas pueden crecen hasta el infinito sin incrementar los salarios o sin mejorar la condición de los que solo disponen de su trabajo. Lo que sí harán será aumentar el valor de la tierra y el poder que tal posesión entraña. En todas partes, en todos los tiempos, entre todos los pueblos, la posesión de la tierra es la base de la aristocracia, la fundación de las grandes fortunas, la fuente del poder69.

Por consiguiente, en una privatización de aquellos recursos naturales que son básicos para la reproducción de la vida, lo que está en juego no son solo los bienes en sí, sino también la vida y la independencia de todos los que residen y trabajan a su alrededor. Consumada la privatización de los bienes fundamentales para la existencia humana, quienes quedan realmente privatizados son los humanos mismos.

Las costumbres en común que durante generaciones habían establecido pautas vinculantes para la explotación y el mantenimiento de pastizales, bosques, derechos de riego, roturaciones y caminos locales no eran vestigios de un pasado inculto e ignorante, sino enseñanzas de sabiduría colectiva que confirmaban más que suficientemente la capacidad de las comunidades agrarias de organizarse políticamente. A caballo entre las últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX, el populismo agrario enarboló las banderas de un desarrollo social, cultural y económico a partir de las comunidades agrarias, de una revitalización de una vida local, capaz de plantar cara al caciquismo rural y de dotar de orgullo y dignidad a los pueblos y, en la Europa meridional, de una recuperación de los bienes comunales expoliados durante las desamortizaciones.

Precisamente, en esta época el populismo dejó su sello en movimientos políticos de gran trascendencia en los años venideros. En Estados Unidos, tras las campañas “populistas” del candidato William Jennings Bryan, el Partido Demócrata se convertiría en el heraldo de una ampliación de las competencias federales en materias económicas para defender a las clases menos privilegiadas70. En España, durante el primer tercio del siglo XX, la propuesta de Costa de reconstitución del patrimonio comunal encontró un amplio eco favorable tanto en partidos reformistas liberales como socialistas que veían en ella, junto con la reforma agraria, una vía para corregir los efectos indeseados de las desamortizaciones decimonónicas y las desigualdades extremas en el campo español71.

Sin embargo, es preciso centrarse en los países periféricos para apreciar el papel desempeñado por los populismos agrarios en la historia del siglo XX. Así, en México, el populismo agrario estaba destinado a ser un factor crucial en el desarrollo de la primera revolución popular del siglo XX. Como habíamos visto anteriormente, la larga dictadura de Porfirio Díaz se había caracterizado por un intenso proceso de concentración de la propiedad rural. Una elite política e intelectual, imbuida del positivismo europeo, los llamados “científicos”, había adoptado una política modernizadora para México que pasaba por la apertura a las inversiones extranjeras, el fomento de las exportaciones y la destrucción de la propiedad comunal. Cultivos orientados a la exportación, como el azúcar, ofrecían unas perspectivas óptimas para la adquisición de divisas y la introducción de una agricultura más productiva. Pero, para ello, los pueblos debían ser despojados de sus ejidos comunales, quedando reducidos sus vecinos a la condición de jornaleros72.

Serían precisamente los pueblos a los que Porfirio Díaz había arrebatado sus fueros y sus comunales los que constituirían la punta de lanza contra el porfiriato. Aquellos pueblos con robusta memoria histórica y acusada conciencia de sus derechos nutrirían los ejércitos de Villa y de Zapata73. Las comunidades rurales del estado de Morelos, que habían resistido firmemente la expansión de las grandes haciendas azucareras, enunciarían un agrarismo que propugnaba la devolución de los comunales expropiados mediante la connivencia de inversores foráneos y caciques locales. El Plan de Ayala de 1911, plataforma agrarista que exigía la reforma agraria y la devolución de los comunales arrebatados, encontraría un eco en el artículo 27 de la Constitución mexicana de 1917, que declaraba propiedad de la nación las tierras y las aguas. Pero habría que esperar hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940) a que la tan esperada reconstitución de los patrimonios comunales se materializase por medio de una ambiciosa reforma agraria que repartió 18 millones de hectáreas entre 800.000 familias74.

La Revolución mexicana fue un caso muy significativo de un populismo agrario, que, si bien nunca llegó a ocupar el poder, sí impregnó profundamente el lenguaje y los valores políticos del país en las décadas venideras. Muy significativo fue también el papel del populismo agrario ruso, que estaría llamado a desempeñar un papel político de mayor envergadura hasta la revolución de 1917, aunque allí las fortalezas y debilidades de los proyectos trasformadores centrados en la vindicación del comunal se manifestarían en toda su crudeza.

Capítulo 3

Lucidez y límites del populismo ruso

El régimen comunal en la Rusia zarista

La persistencia de la servidumbre en Rusia, síntoma y símbolo del atraso generalizado del país, escandalizó a los observadores liberales de la primera mitad del siglo XIX, quienes consideraban que la situación social y legal de los campesinos rusos destacaba por un grado de opresión sin parangón con el resto de Europa. Privados del derecho a abandonar la tierra de sus amos, donde estaban obligados a prestar servicios en forma de trabajo y sometidos a un tipo de justicia particular, el estatus de los campesinos rusos (o “almas”, como estipulaban los contratos mercantiles) se asemejaba bastante al de la esclavitud, pues eran un componente más de las explotaciones agrarias transmisible, como el resto de bienes raíces, cuando las fincas cambiaran de dueño.

De todos modos, a pesar de estas condiciones de sometimiento (o, quizá, precisamente por ello), el campesinado ruso había llegado a elaborar una visión propia del mundo con nociones muy claras sobre lo que era justo y lo que no. Esa misma situación legal que les ataba irremediablemente a la tierra también había contribuido a hacer crecer en ellos el sentimiento de que toda la tierra que labraban y regaban con su sudor les pertenecía, o, mejor dicho, pertenecía a las comunidades aldeanas de las que formaban parte.

Como en todos los regímenes preliberales, la propiedad de la tierra en Rusia se caracterizaba por una gran complejidad, donde a los terrenos propiedad directa del señor, que los siervos tenían la obligación de trabajar, se les superponían tierras bajo régimen comunal en manos de las comunidades aldeanas, en ruso mir u obschina en términos administrativos.

El mir venía a ser un régimen comunal típico que englobaba bosques y pastizales comunales y una redistribución periódica de las tierras cultivables cada diez o quince años. Predominando un sistema de cultivo de rotación trienal de hojas con centeno, avena o cebada y barbecho, la asamblea campesina, constituida por los cabezas de familia de más edad de la aldea, era la encargada de repartir y asignar las parcelas cultivables (nadiel) entre las distintas familias que componían la aldea y también de regular qué, cómo y cuándo plantar. Si bien el fruto del trabajo y las pequeñas huertas familiares eran propiedad exclusiva de la unidad familiar, la tierra cultivable pertenecía a la comunidad aldeana, que la redistribuiría nuevamente, cuando cambiase la composición de las familias75.

El régimen comunal del mir y sus implicaciones sobre la vida y el trabajo en común en las aldeas daba forma a unas creencias colectivas de justicia que se podrían resumir en el grito de “Tierra y libertad” (zemlja i volja). “Tierra” (zemlja) entendida como el derecho a disfrutar del producto de las parcelas trabajadas con las propias manos. El derecho a ocupar una tierra y a disfrutar de sus frutos se basaba en la capacidad de trabajarla y hacerla fértil. Pero este derecho se asentaba en el gasto de energía familiar desempeñado o, en otras palabras, en lo que una familia fuera capaz de poner en cultivo contando únicamente con sus fuerzas físicas, sus aperos y sus bestias de tiro. En el momento que se dejase de volcar trabajo sobre la tierra, esta volvía a carecer de propietario, hasta que otros brazos la cultivasen76. Por tanto, el cobro de rentas, tributos o arriendos en beneficio de gente que no trabajaba la tierra con sus manos no era legítimo, aunque fuese legal de acuerdo con los títulos de propiedad redactados por instancias extrañas. Estrechamente vinculado con este rechazo a las formas legales ajenas a la propia comunidad rural aparecía el concepto de libertad, pero expresada como volja, es decir, no libertad en sentido personal (como reflejaría mejor el término de svoboda), sino en el de la negativa a obedecer a cualquier otra autoridad que no emanase de las propias asambleas comunales, puesto que estas últimas se sobraban y bastaban a sí mismas para dirimir sus asuntos sin necesidad alguna de interferencias exteriores77.

Las autoridades zaristas habían aprendido por experiencia que, mientras el campo no se encrespase, podían gobernar con tranquilidad un vasto imperio con una población mayoritariamente campesina78. Pero si las demandas de “tierra y libertad” saltaban a la superficie y llegaban a extenderse y a confluir en un mando único, como había sucedido con las rebeliones cosacas de Yemelián Pugachov en el siglo XVIII, entonces se propagaría un incendio de dimensiones incontrolables. Por tanto, en todo lo relativo a transformación de las relaciones agrarias urgía extremar las precauciones y no precipitarse en la adopción de reformas.

En pleno auge del romanticismo y su celebración de la autenticidad de los pueblos no corrompidos aún por una civilización fría y uniformizadora, la opinión cultivada europea descubrió hacia 1840 el mir ruso gracias a las descripciones de August von Haxthausen. Historiador alemán de gran prestigio, Haxthausen ofrecía un relato sobre el mir marcado en el fondo por un espíritu conservador tendente a glorificar los órdenes sociales armoniosos y jerárquicos. Frente a los destructivos torbellinos que habían desatado las revoluciones industriales, el campo ruso parecía un remanso de estabilidad y el mir, el instrumento perfecto para inculcar un clima de deferencia y lealtad entre las clases campesinas hacia sus superiores. De hecho, el decreto de emancipación de los siervos de 1861 reforzaría las instituciones colectivas del campo, pues estas destacaban como la mejor trinchera contra las fuerzas indomables que engendraban las modernizaciones políticas y económicas79.

Sin embargo, también se podía leer la obra de Haxthausen desde una óptica radicalmente distinta y ese fue el camino seguido por los primeros populistas rusos (naródniki). A las generaciones de Mikhail Bakunin y Aleksandr Herzen y, posteriormente, la de Nikolai Chernyshevsky, que alcanzarían su madurez en las décadas de 1840 y 1850, les tocó asistir a la consolidación de una Europa que defraudaría sus sueños democráticos. A pesar de las promesas de libertad e igualdad que habían impulsado sus admiradas revoluciones, la Europa que se consolidaba hacia la mitad del siglo XIX se caracterizaba más bien por el triunfo de un sistema económico burgués, regido por el más crudo comercialismo, donde se lanzaba a las masas populares a la lucha por la existencia más despiadada y donde las clases dirigentes no se mostrarían muy melindrosas a la hora de suprimir garantías constitucionales en cuanto peligrasen los privilegios de la propiedad privada80.

A diferencia del socialismo científico, elaborado por Marx y Engels, pero vulgarizado y codificado por la socialdemocracia alemana, los populistas rusos ni podían ni querían consolarse con la idea de que la historia progresa por el lado malo y que a la larga el orden social burgués alumbraría una clase proletaria a la que correspondería ejecutar la superación del capitalismo y la realización del socialismo. El populismo ruso, por el contrario, creía detectar en las prácticas comunales del mir otros modos de vida y trabajo que anunciaban una sociedad más humana y cooperativa. El populismo constituyó desde sus orígenes un toque de alarma ante las destrucciones que dejaba a su paso el capitalismo más desaforado y una reivindicación de formas de convivencia ancladas firmemente en la realidad cotidiana, cuya conservación y evolución podían servir de base hacia otro tipo de desarrollo más igualitario.

Las aportaciones de los intelectuales populistas se orientaban hacia una investigación de la historia desde abajo, es decir, hacia un intento por comprender cómo habían podido persistir durante siglos las tradiciones comunales y cómo podrían seguir resistiendo al individualismo agrario que se estaba implantando por todo el mundo. Bajo esta perspectiva, las revueltas campesinas aparecían como un prometedor signo de vitalidad del mundo rural, superficialmente catalogado con los rasgos de inmovilismo y resignación81.

La emancipación de los siervos

El 3 de marzo de 1861, el zar Alejandro II emitió el decreto de emancipación de los siervos, que eliminaba los rasgos más opresivos de la condición legal de los campesinos. Sin embargo, el júbilo popular por la emancipación tan largamente anhelada se vio contrarrestado por la entrada en un nuevo orden capitalista desde una clara posición de desventaja. En efecto, esta emancipación legal no vino acompañada de ningún modo por una distribución más equitativa de la propiedad ni por una mejora directa de las condiciones de vida de los antiguos siervos. El reparto de las tierras entre señores y comunidades aldeanas se hizo a favor de los primeros, y en los 30 años siguientes, burgueses prósperos y campesinos acomodados se incorporaron también a las clases terratenientes. En el umbral del siglo XX, los propietarios de más de mil hectáreas, poco más de un 3 por ciento del total de propietarios, poseían un 70 por ciento de las tierras privadas82. Por otra parte, como compensación a los señores por la pérdida de sus propiedades y la concesión de tierra a los antiguos siervos, el Estado impuso una cuota de redención a estos últimos, pagadera durante 49 años y de la que se hacía responsable colectivamente a las comunidades aldeanas en caso de incumplimiento por parte de alguno de sus miembros. Así pues, las reformas liberales del campo vinieron de la mano de un reforzamiento de instituciones colectivas, a priori incompatibles con la noción absoluta de propiedad privada83. 1861 abrió el campo ruso a la modernidad capitalista, pero con la peculiaridad de un sólido arraigamiento de formas comunales de explotación de la tierra que cubrían como mínimo tres quintas partes de la superficie cultivable de la Rusia europea84.

Precisamente, el populismo ruso a partir de 1861 se enfrentaba al desafío de que el mir, en el que había depositado sus esperanzas como el camino hacia un desarrollo más justo asentado sobre fuertes bases populares, podía comenzar a deteriorarse debido a la difusión de lógicas estrictamente mercantiles e individualistas. Si las prácticas de un derecho de propiedad absoluta, exclusiva e individualista de la tierra se extendían y penetraban en el campo, ¿qué resistencia podían ofrecer unas comunidades aldeanas pobres y aisladas? ¿Realmente unos campesinos sin instrucción, sin capital, sin organización política de ningún tipo y asfixiados por cargas fiscales podían hacer frente a un Estado que se decidiera a aplicar una política de privatización de la tierra como se estaba haciendo a lo largo y ancho del mundo?

Para la generación de populistas que empezó a intervenir políticamente en la década de 1870, el mir era un legado precioso que hacía falta proteger. En agudo contraste con el evolucionismo optimista que iba a predominar en la poderosa socialdemocracia alemana, la introducción del capitalismo en Rusia no podía ser percibida como un paso hacia adelante en dirección a la modernidad y el progreso, cuando entre sus víctimas colaterales figuraban en primer lugar las tradiciones comunales. Mientras que los socialdemócratas “científicos” sentían que la historia estaba de su parte y que, por tanto, ni podían ni debían impedir una evolución inexorable que ya venía dictada por la lógica natural de las leyes históricas, para los populistas, la marcha de la historia corría el riesgo de descarrilar aplastando a su paso las únicas vías hacia un desarrollo más humano y democrático.

Los embates contra el mir brotaban de la alta presión fiscal a la que estaban sometidos sus miembros y de la responsabilidad colectiva en caso de retraso en el pago de las cuotas de redención. Los campesinos que no pudieran hacer frente a sus obligaciones tendrían que recurrir a prestamistas locales para disponer de dinero por adelantado. Si eso sucedía, entraban en un ciclo infernal de endeudamiento, búsqueda desesperada de liquidez, renuncia a derechos en el mir y, finalmente, mayor endeudamiento. Estos círculos viciosos socavaban la cohesión de la comunidad e inducían a campesinos entrampados a solicitar la libre disposición de las parcelas asignadas para poder trocarlas por efectivo con el que zanjar deudas y tributos pendientes85.

Como los retos del presente requerían una respuesta decidida, los populistas de 1870 asumieron su compromiso político con el entusiasmo e ingenuidad de quienes creen que ya ha llegado la hora decisiva. Si los campesinos guardaban inconscientemente el invaluable tesoro del mir, de alguna forma tenían que ser avisados de que la salvación de Rusia estaba en sus manos, pues solo desde las tradiciones y prácticas comunales del campo cabía construir un futuro. Ardua era la tarea que habían asumido los populistas: la de convencer a un pueblo que personalizaba la culpa de sus dificultades en malos ministros, especuladores urbanos o usureros locales, cuando, en realidad, se trataba de un sistema de explotación política y social a cuya cabeza estaba el zar que los había liberado de la servidumbre.

La marcha hacia el pueblo

Con un punto álgido en el verano de 1874, una miríada de estudiantes populistas abandonaron sus universidades para “marchar hacia el pueblo” con el fin de vivir como campesinos y transmitir el mensaje de que la tierra tenía que seguir siendo trabajada en régimen comunal. Además, debían convencer a aldeanos escépticos de que el Estado albergaba planes para despojar a la primera de cambio a las comunidades de sus tierras y que solo una revolución podría frustrarlos. Por muy ingenuos que puedan parecer estos planteamientos, la marcha hacia el pueblo se caracterizaba por un marcado componente ético de búsqueda de un modo de vida más sencillo y sincero. La mayor parte de estos estudiantes populistas eran jóvenes que se autodefinían como miembros de un “proletariado intelectual” que no había encontrado acomodo en la retrógrada universidad rusa y cuyo futuro se vislumbraba incierto en un país con una administración arbitraria y atrasada. Frecuentemente de origen modesto, pero conscientes de las ventajas que les reportaba su condición de intelectuales, los estudiantes populistas sentían que las facilidades que les habían permitido estudiar e instruirse les habían hecho contraer simultáneamente una deuda con el pueblo del que debían aprender y al que debían a la vez despertar86.

Innegablemente, esta filosofía estaba teñida de un paternalismo que no facilitó en nada su apostolado. De hecho, el populismo chocó en el campo con un muro de desconfianza e incomprensión, a la vez que disparó todas las alarmas de la policía zarista. Los populistas aprendieron duramente que el abismo que los separaba del campesinado era mucho mayor de lo esperado y que la movilización de las masas campesinas exigía un trabajo de organización, propaganda y formación que desbordaba sus fuerzas.

No obstante, la marcha populista hacia el pueblo sí encontró un terreno más propicio en el joven proletariado de los nacientes núcleos urbanos. El incipiente desarrollo industrial de Rusia necesitaba de ingentes cantidades de mano de obra. O bien enviados por las comunidades rurales durante los meses de invierno o bien escapando precisamente a las mismas, jóvenes de origen campesino buscaban una ocupación en las fábricas de las ciudades. Y serían ellos quienes más receptivos se mostrarían a los mensajes populistas de revolución.

Faltos de una instrucción formal y sedientos de conocimiento, los autodidactas más despiertos devorarían en sus escasos ratos libres la literatura socialista traducida y difundida por los populistas y hallarían en esos textos la clave para entender el nuevo mundo industrial en el que se habían visto inmersos. Para ellos, las llamadas socialistas a la cooperación y la solidaridad no eran unas ensoñaciones librescas, sino la explicación razonada que mejor les servía para dar sentido a las duras experiencias vitales que habían atravesado.

Sin embargo, si la crítica al capitalismo y al desarrollo industrial destructivo podía ser perfectamente aceptada por la primera generación de obreros autodidactas, los desacuerdos afloraban ante la celebración populista del modo de vida campesino y sus tradiciones comunales. Precisamente, los jóvenes obreros no traían un recuerdo nostálgico del campo, pues habían sufrido en carne propia el lado amargo de la pobreza rural y el peso de la autoridad indiscutida de los cabezas de familia. El proletariado que se acercaba al populismo había padecido las injusticias que podían infligir asambleas comunales controladas por patriarcas autoritarios. El campo no podía aparecerles como una tierra de promisión, sino de sometimiento. Por el contrario, era en la vida social y sindical de las ciudades donde habían adquirido su autoestima y forjado una identidad colectiva propia87.

La primera toma de conciencia de clase por parte de los trabajadores rusos se vio, pues, impregnada por un populismo que inicialmente había sido concebido para otros ámbitos. El encuentro entre el populismo y el proletariado industrial no podía evitar disensiones. A principios de la década de 1880, un grupo de intelectuales populistas se planteó directamente que, dado que el mensaje de revolución había calado mejor en los obreros de origen campesino que en los campesinos mismos, quizá había llegado el momento de aceptar que el cambio social iba a venir antes de la industria que del campo.

En estos términos se expresaba hacia 1881 Georgi Plejánov en una intervención polémica dentro de la prensa populista: “El problema agrario es el factor central de la revolución en Rusia. Pero, mientras realizamos nuestro trabajo, la industria rusa no se está quedando quieta. La pobreza arrebata al campesino la tierra y lo empuja a las fábricas y a los talleres. El centro de gravedad de la cuestión económica se está desplazando hacia la industria”88.

La encrucijada del movimiento revolucionario ruso

De hecho, a partir de principios de la década de 1880, cada vez más seguros de que la movilización del campesinado era un esfuerzo estéril, Pléjanov y algunos otros abandonarían las filas del populismo para fundar la socialdemocracia de inspiración marxista. El modelo al que los populistas desencantados dirigieron sus miradas, la socialdemocracia alemana, con su énfasis en el desarrollo de las fuerzas productivas, la formación de una clase obrera y el estallido de una revolución inevitable cuando el capitalismo hubiera agotado del todo su capacidad de innovación, suministraba unas certezas que renovaban el optimismo en la acción política revolucionaria.

Como no podía ser menos, la cuestión de si el mir era ya un vestigio del pasado o una fuente viva desde la que superar el capitalismo dio pie a un intenso debate que movilizó a grandes pensadores rusos y extranjeros. En su célebre correspondencia de 1881 con Vera Zasulich, el propio Karl Marx intervino en el debate, mostrando paradójicamente una mayor receptividad a las tesis populistas que la de sus seguidores en la socialdemocracia alemana89.

A pesar de las evidencias presentadas a lo largo del debate sobre los avances en la industria, la mayor agitación en las fábricas y el marasmo del campo, un segundo grupo de populistas se mantuvo inamovible en sus planteamientos. Para este grupo, las prácticas comunales del mir seguían estando plenamente vigentes y, por tanto, una revolución campesina constituía el escenario más idóneo para el derrocamiento del orden político y social. En ningún momento negaban los problemas de organización de la población rural, pero eso solo podía superarse mediante un trabajo más metódico y sistemático de instrucción en las aldeas y pueblos.

Frente a estas dos posturas, existía una tercera que, al igual que la socialdemocracia, reconocía que la llegada de relaciones capitalistas a Rusia, y, con ella, la generalización del individualismo agrario, eran hechos que estaban poniendo en serio riesgo al mir, que podía desaparecer en un plazo muy breve. Pero, si bien coincidía con las tesis que constataban el debilitamiento de las tradiciones comunales, la tercera postura del debate extraía conclusiones radicalmente diferentes a las de Pléjanov. Como las amenazas a la supervivencia del mir eran muy reales, solo una revolución campesina podía salvarlo. Sin embargo, el tiempo jugaba en contra y las experiencias pasadas habían demostrado la impermeabilidad del campo a la agitación populista. La culpa de ello había que atribuirla no a las carencias de los grupos populistas ni a la lenta toma de conciencia de la población rural, sino al hecho de que, históricamente, las rebeliones campesinas habían estallado siempre a partir de un impulso procedente del exterior. La gran rebelión campesina del siglo XVIII había surgido en un principio fuera del mir, bajo el mando del atamán cosaco Yemelián Pugachov, pero una vez que la revuelta había tomado cuerpo, el campo se electrizó al grito de “Tierra y libertad”, poniendo en jaque al Estado zarista90.

De acuerdo con este razonamiento, si la rebelión cosaca había significado el toque a rebato que había despertado al campo, en 1881 ese papel tendría que corresponder a un grupo de revolucionarios decididos que, atentando contra las más altas autoridades del Estado, demostrarían al pueblo que el zarismo y el orden social que encarnaba eran vulnerables. De esta tercera postura en el debate sobre los objetivos inmediatos del populismo se deducían, primero, la necesidad de formar una vanguardia revolucionaria y, segundo, la confianza mesiánica en la capacidad de esta última para sacar al pueblo de su letargo, lo que desembocaría directamente en el terrorismo91.

Curiosamente, la misma apatía y desmovilización que tanto habían exasperado a los populistas ahora jugaban en su favor, puesto que si la población no había atendido sus llamamientos a la revuelta, tampoco atendió a los de signo contrario. La búsqueda de colaboradores y confidentes emprendida por el Estado para neutralizar la subversión iba a perecer en el mismo mar de inmovilidad y falta de entusiasmo en el que habían naufragado las campañas populistas. Para desconcierto y consternación de las fuerzas de seguridad, un pequeño grupo de activistas podía recabar información, hacer acopio de armas y preparar magnicidios, sin que por ello la población se alterase excesivamente. Y el 1 de marzo de 1881 el grupo populista “La voluntad del pueblo” asesinó al zar Alejandro II.

Pero, en contra de lo esperado por sus perpetradores, no por ello se desmoronó el zarismo. El anhelado despertar de las masas campesinas no tuvo lugar y el aparato de seguridad del Estado se modernizó hasta aplastar a los grupúsculos terroristas. Por otro lado, la industrialización aceleró su ritmo y la inserción de la agricultura rusa en el mercado mundial y la difusión de formas de propiedad privada en las explotaciones agrarias mellaron considerablemente la influencia y cohesión interna del mir. Las tesis de la socialdemocracia sobre la desaparición de las tradiciones comunales parecían confirmarse, hasta el punto de que en los umbrales del siglo XX Lenin sentenció categóricamente: “Mientras nuestros populistas hablaban de que la comunidad (mir) ‘podría fácilmente’ introducir la cooperación en la agricultura, la vida siguió su curso y el capitalismo, después de descomponer la comunidad (mir) en grupos económicos opuestos por sus intereses, creó grandes haciendas, basadas en la vasta cooperación de los obreros asalariados”92.

En 1906, inspirándose en los cercamientos de la Inglaterra del siglo XVIII o, más cercanamente, en la concentración de la propiedad en grandes haciendas capitalistas como en la Prusia de la Alemania imperial, el enérgico ministro ruso Piotr Stolypin puso en marcha un ambicioso programa que incitaba a los campesinos con más iniciativa a separarse del mir para constituir granjas independientes. El propósito declarado de este proyecto era implantar de una vez por todas un sistema de propiedad privada de la tierra que diera paso a la definitiva modernización de la agricultura.

Sin embargo, a pesar de que el mir ya hubiera sido desahuciado tanto por los modernizadores liberales como por los revolucionarios socialistas, los intentos de Stolypin por avanzar en la privatización de la tierra y en la disolución de la propiedad comunal se dieron de bruces con la vacilación del resto de ministros y, sobre todo, con la hostilidad del campesinado. Reacios a ser degradados al estatus de braceros sin tierra, el malestar campesino hacia lo que este percibió como una agresión del poder entró en ebullición. A pesar del aislamiento y la dispersión de las aldeas rurales, las peticiones de protesta que las comunidades agrarias elevaban a las instancias gubernativas compartían un lenguaje y unos valores comunes en los que se defendía una filosofía y unos mecanismos de supervivencia colectiva propios. Las comunidades aldeanas emergían como baluartes de un derecho consuetudinario no codificado por escrito, pero no por ello menos vinculante para los habitantes del campo93.

Pero a este derecho consuetudinario tradicional se unió también la mayor familiaridad con la contestación procedente de las fábricas a la que se veían expuestos los jóvenes que emigraban temporalmente a las ciudades y que, cuando volvían a sus pueblos, lo hacían cuestionado radicalmente todos los principios de autoridad94. Irónicamente, la historia dio la razón a los populistas que creían que hacía falta una fuerza exterior para levantar al genio rebelde del campo. Pero, a diferencia de lo que pensaban sus promotores originales, esta fuerza externa no sería encarnada por minorías revolucionarias esclarecidas, sino por la autoorganización de la clase obrera y por la penetración de las ideas socialistas que, en otra ironía de la historia, desde la década de 1890 se habían centrado más en la industria que en el papel del campesinado y de sus instituciones colectivas. El cambio generacional imprimió un giro radical a la ideología tradicional campesina. A raíz de los planes de disolución del mir de Stolypin, el descontento en el campo se manifestó abiertamente, preparando una aceleración de la historia.

La Revolución rusa y la victoria del ‘mir’

A diferencia de las trayectorias pasadas, en los albores del siglo XX el populismo ruso intentó constituirse como un partido político de masas en la misma línea que sus rivales de la socialdemocracia. Evidentemente, todos los partidos que operaban en el arbitrario marco represivo edificado por el zarismo tenían que asumir unas condiciones de clandestinidad, por lo que los hábitos conspirativos del pasado de ningún modo pudieron ser abandonados. La herencia del populismo del siglo XIX fue recogida, pues, por el Partido Socialista-Revolucionario, quien seguía conservando la fe en la defensa del mir y en la revolución campesina como pasos indispensables hacia una democracia avanzada.

Sin embargo, y al igual que sus inmediatos competidores del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, las disensiones internas iban a fraccionar al partido. Mientras que en el caso de los socialdemócratas, la polémica más virulenta se centró en el grado de desarrollo alcanzado por el capitalismo ruso y, por tanto, en la inminencia de la revolución proletaria, en el caso de los social-revolucionarios, las principales disputas giraron en torno a la conveniencia del empleo de métodos terroristas; adicionalmente, el estallido de la Primera Guerra Mundial y los debates sobre el antimilitarismo o la colaboración con el zarismo ahondaron aún más la fosa entre las distintas facciones.

Los social-revolucionarios que apostaron por un apoyo temporal y de emergencia a la patria en peligro lo hicieron bajo la condición de que la guerra fuese exclusivamente “defensiva”, es decir, limitada únicamente a repeler los ataques alemanes. Pero, para su gran consternación, descubrieron que el Estado ruso no estaba capacitado para llevarla a cabo. En efecto, cuando en 1914 Rusia se embarcó en la Primera Guerra Mundial, las deficiencias de su sistema administrativo ocasionaron derrotas en el frente y desabastecimiento en la retaguardia. Así, el malestar ciudadano ante la penuria y la guerra fue tomando forma.

La incubación de un espíritu popular de rebelión no obedeció a ningún complot de conspiradores revolucionarios, pues sus líderes y activistas, ya fueran socialistas, social-revolucionarios o nacionalistas, rusos, judíos, polacos, armenios o georgianos, moderados o radicales, estaban o en la cárcel o en el exilio. En febrero-marzo de 1917, motines populares en la capital Petrogrado sorprendieron y alarmaron a las elites dirigentes. El rechazo de las guarniciones cercanas a sofocar las manifestaciones de protesta y el temor a que el recurso a las tropas más leales solo podía hacerse desprotegiendo el frente (y, por tanto, propiciando una victoria segura al enemigo alemán) convencieron a los círculos del Gobierno y a los embajadores occidentales de que el zarismo no tenía futuro. Así, con el beneplácito de las potencias occidentales, el zar se vio obligado a abdicar para ser remplazado por un Gobierno provisional de liberales al que luego se unirían socialistas.

No obstante, las incipientes medidas de liberalización dictadas por el Gobierno provisional, lejos de asentar su popularidad, contribuyeron a socavar la disciplina en las fuerzas armadas y en las fábricas. Por otra parte, el empeño del nuevo Gobierno en continuar una guerra completamente impopular le hizo perder muy pronto el margen de confianza del que había disfrutado en los días inmediatos al derrocamiento del zarismo. De hecho, entre marzo y noviembre de 1917, Rusia iba a experimentar un sistema dual de gobierno, que enfrentaría por un lado a un Gobierno provisional inestable y crecientemente desacreditado por su negativa a negociar la paz y, por otro, a un sinfín de asambleas de obreros y soldados (soviets) que habían surgido espontáneamente por todo el imperio. Entre el Gobierno provisional y los soviets se entabló una áspera pugna durante la cual ambos se acusaron recíprocamente de ilegitimidad.

A finales de junio de 1917, en un contexto bélico en el que predominaban el hartazgo por la guerra y el colapso de todas las formas de poder estatal, el tambaleante Gobierno provisional decidió emprender una catastrófica ofensiva militar justo en vísperas de la cosecha. Los soldados, campesinos e hijos de campesinos, que habían perdido toda fe en sus superiores, abandonaron en masa sus batallones, desatando una oleada de deserciones hacia pueblos y aldeas con el propósito de participar en la siega y ocupar las tierras de los grandes propietarios. Entre julio y octubre de 1917, antes de la Revolución bolchevique, veinte millones de hectáreas fueron expropiadas por las comunidades aldeanas en una revolución masiva, desorganizada y violenta95. El famoso decreto de la tierra del nuevo Gobierno bolchevique de noviembre96 no hizo sino declarar legal una situación que los campesinos habían realizado en los meses previos por su propia iniciativa.

Paradójicamente, no iban a ser los herederos del populismo quienes se pondrían al frente de una revolución agraria por la que tanto habían abogado. Divididos en un ala derecha proclive a apoyar al Gobierno provisional y un ala izquierda comprometida en derribarlo, el Partido Socialista-Revolucionario no fue capaz de ofrecer unas directrices claras en el turbulento y decisivo año de 1917. Sus militantes o bien terminarían combatiendo al nuevo poder bolchevique en ciernes o bien engrosarían las filas bolcheviques a pesar de reparos y dudas. En cualquier caso, la revolución campesina que triunfó en el campo en el verano de 1917 se quedó sin una representación política organizada que pudiera hacer llegar una coherente voz propia a las ciudades.

Capítulo 4

Pequeñas y grandes explotaciones en el periodo de entreguerras

La inesperada supervivencia de las pequeñas explotaciones agrarias

Para muchos de los defensores de la eliminación de las propiedades colectivas, un orden jurídico basado en el disfrute irrestricto de los derechos de propiedad podía beneficiar por igual tanto a los grandes propietarios como a los modestos. Sin embargo, hasta el último cuarto de siglo XIX, lo que se vino observando en la agricultura fue más bien el fenómeno contrario. De hecho, las desamortizaciones y las apropiaciones solían favorecer la concentración de la tierra en grandes extensiones.

Aunque esta evolución desluciese las promesas de una sociedad de propietarios, en realidad, entre los máximos responsables políticos de buena parte del siglo XIX abundaba la tesis de que la absorción de las pequeñas propiedades y de los comunales por grandes haciendas era la consecuencia lógica de la modernización de la agricultura, por lo que no había ningún motivo para la inquietud97.

Al fin y al cabo, los regímenes comunales habían dejado un rosario de fincas de formas irregulares, de escasas dimensiones y, para colmo de males, dispersas que simplemente carecían de la capacidad de generar unos ingresos con los que comprar la madera para vallar las fincas, construir establos y amortizar las cosechadoras y trilladoras mecánicas que comenzaban a llegar al campo. Solo las grandes explotaciones parecían reunir los requisitos para desembolsar los fondos con los que hacer frente a los costes fijos de estas inversiones. Por el contrario, a aquellas que no alcanzaran la dimensión mínima para ser rentables más les convenía claudicar y subsumirse en las de mayor tamaño.

La idea de la superioridad económica de las grandes explotaciones se impuso durante buena parte del siglo XIX como una verdad irrefutable hasta que la crisis finisecular de la agricultura trastocó radicalmente la situación. En efecto, a partir de las últimas décadas del siglo XIX, importaciones masivas de grano y carne inundaron el viejo continente, amenazando seriamente la rentabilidad de las explotaciones agrarias europeas. La llegada masiva de productos agrícolas procedentes de Norteamérica, Argentina, Australia y Nueva Zelanda, la invención de la cámara frigorífica y el abaratamiento de los fletes marítimos desbarataron totalmente las perspectivas económicas sobre las que se había basado la agricultura europea.

Sin duda, las pequeñas explotaciones sintieron muy duramente también este impacto, pero, paradójicamente, estaban en una mejor posición que sus competidores de mayor tamaño. Por notables que sean las economías de escala de las que pueda disfrutar una gran explotación, a partir de cierto tamaño hacen su aparición las deseconomías de escala. En efecto, la mayor variabilidad de los suelos que registra una gran explotación exige también un cuidado más atento y minucioso de los mismos. Cuanto mayor sea la dimensión de la superficie agraria, mayores tienden a ser las variaciones entre las calidades de sus suelos y, por ende, menos indicada es la implantación de métodos estandarizados para la labranza, cultivo y mantenimiento de la tierra. El conocimiento de las necesidades particulares de cada suelo requiere manos muy expertas. En caso contrario, la aplicación uniforme de la misma tecnología puede causar serios desperfectos que favorezcan la aparición de plagas98.

Tarde o temprano, al empresario de una gran explotación se le plantea el siguiente dilema: o bien contrata a un campesinado eficiente y profesional, con lo que eso significa de mayor desembolso en salarios, o bien recurre a una mano de obra muy barata e intercambiable, asumiendo los riesgos que conlleva un trabajo poco cualificado y concienzudo. La apuesta por la segunda opción, a pesar de sus riesgos implícitos, puede resultarse beneficiosa si y solo si el dueño de la tierra es capaz de encontrar fuentes inagotables de fuerza de trabajo dispuestas a emplearse por bajísimos sueldos. En este tipo de empresas, el diseño de estrategias para el control de los salarios se convierte en una cuestión acuciante.

Por su parte, las familias campesinas poseedoras de fincas de menores dimensiones, por graves que sean sus carencias en otros ámbitos, al principio no se ven tan dramáticamente afectadas por este tipo de problema. La razón de ello estriba en la posibilidad de recurrir al trabajo no retribuido de los miembros de la propia familia para desempeñar las tareas agrarias. En aras de una ansiada independencia económica, las explotaciones familiares pueden poner en obra el tiempo de trabajo sobrante de sus hijos y parientes sin tener que remunerarlo. Aunque frecuentemente eso signifique una durísima autoexplotación, la pequeña agricultura familiar puede desplegar así una ventaja competitiva que está vedada a las grandes explotaciones, las cuales, por el contrario, tienen que contratar a trabajadores a los precios de mercado vigentes99.

Adicionalmente, los avances de la química prestaron una tabla de salvación suplementaria a las pequeñas explotaciones. La fabricación y comercialización de piensos químicos estimulaba la reducción de los terrenos dedicados a forrajeras, lo que favorecía la especialización ganadera y, al tiempo que limitaba la dependencia del forraje natural, hacía menos relevante el papel del tamaño de la finca. Igualmente, la mejora de los medios de transporte conectaba a poblaciones rurales antaño aisladas con núcleos urbanos en expansión ávidos de consumo de carne. Finalmente, el acceso al crédito hacía asequible la adquisición de maquinaria como segadoras, trilladoras y, ya en el siglo XX, tractores100.

En la Europa de postrimerías del siglo XIX ya no era tan evidente que las grandes explotaciones gozasen de una ventaja absoluta sobre las pequeñas y, de hecho, en algunas regiones parecía que la balanza se había invertido. No obstante, en aquellas áreas en las que predominaba la gran explotación sí había un rasgo peculiar que jugaba en su favor. Habiéndose constituido como resultado de largos procesos que habían sido iniciados con la eliminación de las tierras comunales, las grandes haciendas disponían de importantes reservas de jornaleros carentes de medios alternativos de subsistencia. En las tierras al este del Elba, en la España y en la Italia meridionales, la intensidad de la privatización de los comunales había dejado tras de sí unas masas campesinas desposeídas, cuyas precarias condiciones de vida aseguraban precisamente salarios suficientemente magros como para apuntalar la rentabilidad económica de los latifundios. Pero con la emigración, el crecimiento de las ciudades y el incipiente asociacionismo obrero en el campo, incluso esta ventaja aplastante comenzaba a tambalearse. Ante estas amenazas en ciernes, la reacción recurrente de las grandes patronales agrarias fue una mayor intransigencia contra los sindicatos de clase. Esta reacción resultó tanto más efectiva y virulenta cuanto más estrechos eran los vínculos de las elites agrarias con el poder político. En casos como el de la Prusia anterior a la Primera Guerra Mundial, donde se anunciaban malos presagios para la viabilidad de las grandes explotaciones y donde también sus dueños ejercían un peso e influencia abrumadores en la corte imperial de Guillermo II, pudo ponerse en marcha un elaborado sistema de contratación de temporeros polacos durante las épocas de cosecha con el que contener las subidas salariales101.

Mientras que las pequeñas explotaciones, merced a una hábil gestión de sus fortalezas, hacían gala de una perceptible vitalidad económica, las grandes, por el contrario, se estancaban. Pero ello no quiere decir de ningún modo que estas últimas hubieran dado por perdida la partida, tanto más cuanto que estaban prestas a jugar todas sus bazas (y, en concreto, las políticas) hasta sus últimas consecuencias.

Como en tantos debates, en el de la presunta superioridad de las grandes fincas agrarias, los factores políticos estaban inextricablemente unidos a los económicos, algo que es importante a la hora de estudiar por qué una alternativa prevaleció sobre otra. En la (incompleta) oleada democratizadora que atravesó Europa occidental entre 1871 y 1914, el voto rural apareció como un objetivo codiciado por los diferentes competidores que concurrían a las elecciones. Desde una perspectiva de derechas, el campo podía ser cortejado como baluarte de la tradición y de un orden social basado en la jerarquía, la deferencia hacia las clases superiores y la religión. Desde la izquierda, por el contrario, se podía apelar a las tradiciones de ayuda mutua campesina, denunciar los abusos de los grandes propietarios sobre los bienes comunales o brindar una protección frente a la posición dominante de prestamistas e intermediarios comerciales.

A priori, ambos programas podían seducir a un amplio electorado rural, pero, progresivamente, aunque no en todos los países europeos, se fue perfilando una marcada preferencia entre el electorado rural propietario por las posiciones más conservadoras en detrimento de las socialistas. Y, curiosamente, un elemento decisivo en esta evolución fue la desconfianza entre numerosos socialistas sobre la viabilidad económica real de las pequeñas explotaciones frente a las economías de escala de las que solo sabrían beneficiarse las grandes.

El debate socialista de las grandes explotaciones

Evidentemente, nula era la simpatía que los militantes y dirigentes socialistas profesaban hacia los grandes latifundistas, detestado símbolo y contraejemplo del viejo orden caduco que se habían comprometido en derribar. No obstante, siendo en su origen un fenómeno urbano, al socialismo decimonónico le costaba captar ciertos matices para hacerse una idea cabal de la cuestión agraria. Imbuidos de una fe ciega en las posibilidades ilimitadas de las innovaciones tecnológicas, miembros destacados de la socialdemocracia europea llegaron a convencerse de que, por retrógrados y obtusos que fueran sus dueños, las explotaciones de grandes dimensiones eran las únicas que estaban en condiciones de obtener economías de escala y de materializar plenamente las promesas de la agricultura moderna. Por el contrario, temían que las explotaciones fragmentadas de reducidas dimensiones solo sobrevivirían después de esfuerzos ímprobos o de una protección artificial y, aun así, estaban condenadas por el veredicto de la historia, máxime cuando las privatizaciones de bienes comunales habían eliminado unos medios de subsistencia vitales para la supervivencia de sus miembros.

Aunque exteriores al marco teórico predominante, algunas voces sensibles a la realidad agraria intentaron recoger las reivindicaciones campesinas. De hecho, en el partido socialista más importante del siglo XIX, el SPD alemán, se produjo un encendido debate en el que se cuestionó la presunta superioridad técnica de las grandes haciendas; sin embargo, la Conferencia de Breslau de 1895 puso fin a estos debates aupando las tesis más favorables a las grandes explotaciones102. Como escribiría unos años más tarde Karl Kautsky, el principal teórico de la socialdemocracia alemana, era “la industria la que creaba las nuevas condiciones técnicas de la nueva agricultura racional, la que, mediante la maquinaria y los abonos artificiales, mediante el microscopio y el laboratorio químico, ponía en marcha una revolución, y la que, por tanto, imponía la superioridad técnica de la gran industria capitalista sobre la pequeña explotación agraria”103.

En este desenlace influyó claramente la extendida creencia de que las grandes explotaciones eran las más idóneas para incorporar las últimas innovaciones tecnológicas. El hecho de que en las décadas anteriores esa hubiese sido la tendencia observada fortalecía esta opinión. Es cierto que las pequeñas explotaciones parecían resistir incluso con éxito, pero eso se achacaba más a la mala gestión de los grandes terratenientes que, de todos modos, con el advenimiento de la esperada revolución social, serían reemplazados por gestores más eficaces y receptivos al progreso. Pero también había otros argumentos de corte más político que jugaban en contra de tomar en consideración los intereses del campo. El principal de ellos era que el aparato electoral del SPD juzgaba completamente refractario a sus mensajes a un pequeño campesinado plenamente integrado en las iglesias protestantes y la católica y, por tanto, irreductiblemente hostil a un partido formado mayoritariamente por ateos y agnósticos104.

Dada la enorme influencia intelectual que ejercían la poderosa socialdemocracia alemana y su sumo pontífice, Karl Kautsky, las tesis en favor de las grandes explotaciones se arrogaban una respetabilidad científica que fue empleada en otros países para criticar lo que en los capítulos anteriores hemos denominado populismo agrario.

En su monumental El desarrollo del capitalismo en Rusia, Lenin aludía expresamente al diagnóstico de Kautsky sobre la agricultura alemana para hacerlo extensivo también a la rusa105. Como señalábamos en el capítulo anterior, Lenin acusaba a los populistas de idealizar el régimen comunal y de ignorar la diferenciación social que se estaba produciendo ya en el interior mismo del mir. A partir de censos oficiales, Lenin intentaba demostrar cómo la propiedad comunal estaba siendo minada desde dentro por el desarrollo de las relaciones capitalistas106. Aunque en términos de la tierra asignada por la comunidad rural a las familias (nadiel), los repartos tendiesen más o menos al igualitarismo, no ocurría lo mismo con otros indicadores. Así, Lenin observaba cómo sistemáticamente las familias que poseían mayor número de caballos eran también las que disponían de más superficie, las que más tierras compraban y alquilaban, las que podían contratar más mano de obra externa, las que empleaban útiles de labranza más perfeccionados e, igualmente, las que menor proporción del presupuesto destinaban a alimentación. Es decir, que, por muy igualitarios que pretendieran ser sus repartos, en el seno mismo del mir la consolidación de desigualdades sociales estaba bastante avanzada107. En el umbral del siglo XX, pues, carecía de sentido hablar del campesinado como un agente homogéneo, ya que la polarización estaba esculpiendo dos clases: la burguesía agraria y los jornaleros. Concluía Lenin que la diferenciación social era ya una realidad y que el sueño populista de construir una sociedad nueva sobre la base del mir había quedado desacreditado por la historia.

Para Lenin y para sus homólogos en el SPD, era una evidencia incontrovertible que la expansión del capitalismo en la agricultura favorecía la concentración de la propiedad agraria en grandes explotaciones:

Las máquinas llevan a la concentración de la producción y al empleo de la cooperación capitalista en la agricultura. El empleo de máquinas, por una parte, requiere un considerable volumen de capital, y por ello solo es accesible en los grandes propietarios; por otra parte, la máquina se amortiza solo con una enorme cantidad de producto elaborado: la ampliación de la producción se hace indispensable al implantar las máquinas. La difusión de las segadoras, de las trilladoras de vapor, etc., señala por eso la concentración de la producción agrícola108.

Frente a los progresos de la industria, aferrarse a los regímenes comunales no aportaba nada a las transformaciones sociales que estaba atravesando el mundo. Lejos de ser el anticipo de una sociedad fundada en la cooperación, para el Lenin de 1899 el mir era un amasijo de

vestigios puramente medievales que continúan gravitando sobre los campesinos: el carácter cerrado de la comunidad campesina […], la caución solidaria, las contribuciones desmesuradamente altas que pesan sobre la tierra campesina, sin comparación con los impuestos que gravan las tierras de los propietarios, la falta de libertad completa para la movilización de las tierras campesinas y la restricción de la libertad de movimiento y de emigración. Todas estas caducas instituciones, que no garantizan en absoluto al campesino contra la diferenciación, conducen únicamente a multiplicar las diversas formas de pago en trabajo y de explotación usuraria, a retener en enorme escala todo el desarrollo social109.

Tampoco había que derramar muchas lágrimas por la destrucción de la propiedad colectiva rusa, puesto que los cambios provocados por las nuevas formas de explotación en el campo habían contribuido por fin a modernizar la agricultura. “Unos cuantos decenios de ‘destrucción’ capitalista han hecho en este sentido más que siglos enteros de la historia anterior. La uniformidad de la rutinaria economía natural se ha visto sustituida por la diversidad de formas de la agricultura comercial; los aperos agrícolas primitivos han empezado a ceder plaza a los aperos perfeccionados y las máquinas; la inercia de los viejos sistemas de cultivo ha sido quebrantada por estos nuevos procedimientos”110.

Aunque la socialdemocracia más ortodoxa veía en las grandes explotaciones las formas agrícolas que habían sido declaradas vencedoras por el tribunal de la historia, otros partidos socialistas europeos se resistían a aceptar este veredicto y mostraron una mayor sensibilidad por los intereses de los pequeños campesinos. De hecho, en los países escandinavos y en Francia, los partidos socialistas y, posteriormente, los comunistas serían capaces de encontrar fórmulas de cooperación que resultaron muy fructíferas.

No obstante, la opción por las grandes explotaciones como estructura más propicia para modernizar la agricultura gozaría de una larga vida en muchos partidos de izquierdas y consumaría un largo divorcio entre el campo y el socialismo urbano con consecuencias fatales en la Europa de los años 1930111.

La defensa de la pequeña propiedad como baluarte contra el socialismo

Allí donde se ahondó este divorcio entre partidos socialistas y los pequeños campesinados, el vacío político quedó ocupado por programas profundamente conservadores y paulatinamente autoritarios que ensalzaban la pequeña propiedad agraria como la base de un orden social eterno, donde los intereses de sus distintas clases se conciliaban respetando las relaciones de jerarquía y deferencia. Como sabían perfectamente los destinatarios de estos mensajes, no existía ninguna sustancia inherente que hiciese reinar la armonía y concordia entre las pequeñas y grandes explotaciones; pero para las modestas familias campesinas de Alemania, Italia y España, propietarias aunque solo fuera de unas hectáreas, el conservadurismo agrario que fue afianzándose políticamente desde finales del siglo XIX ofrecía unas garantías que no encontraban en ninguna otra plataforma.

La primera garantía procedía de la defensa incondicional y absoluta de los derechos de propiedad, tanto más relevante cuanto que la competencia económica y la agitación social en las zonas jornaleras estaban disparando todas las alarmas. Pero a finales de los años veinte del siglo XX, a diferencia de lo ocurrido en la crisis de finales del siglo XIX, el desplome de los precios agrarios se cernía como una espada de Damocles sobre la inmensa mayoría de los propietarios agrarios, y en especial sobre los pequeños, pues estos últimos se habían endeudado altamente alentados por las perspectivas engañosamente favorables de la Primera Guerra Mundial y, ahora, pasada la bonanza, las dificultades en renovar créditos tras las crisis bancaria mundial los atenazaban.

La segunda garantía tenía que ver con la red de ayuda mutua en forma de cajas de ahorro, becas de estudio y obras sociales, frecuentemente de carácter religioso y patrocinadas por los grandes terratenientes, que proporcionaban un colchón amortiguador frente a los innumerables riesgos del mercado. Finalmente, la alianza entre propietarios acaudalados y pobres, a pesar de eventuales tensiones, conformaba un poderoso instrumento de presión sobre los poderes públicos con el que promover el proteccionismo arancelario frente a las importaciones de bienes agrarios foráneos112.

En cierto sentido, el conservadurismo agrario era un avatar más de la privatización de los comunales iniciada desde el siglo XVIII, que erigía como criterio supremo el disfrute absoluto de la propiedad privada en el campo y la eliminación de las obligaciones colectivas para con el resto de miembros de la comunidad. Con distinto grado de éxito, los pequeños propietarios se fueron integrando en coaliciones que, a efectos prácticos, estaban dominadas por los intereses de los grandes propietarios. A partir de 1928, ante la caída global de los precios de productos agrarios, la viabilidad económica de numerosísimas explotaciones, independientemente de su tamaño, atravesó una época sembrada de negras incertidumbres, por lo que las coaliciones conservadoras en el campo se emplearon a fondo en pos de una elevación de las tarifas aduaneras.

Tal como se había concebido desde el inicio de las revoluciones burguesas, la propiedad agraria era la llave que abría el camino a una utilización racional de la tierra que sería fructificada por las labores de los individuos más capaces. Sin embargo, las tormentas de la crisis agraria de finales de la década de 1920 golpearon con tanta virulencia las rentabilidades de las explotaciones grandes, pequeñas y medianas que la intervención estatal se reveló fundamental para asegurar la estabilidad de las propiedades agrarias. La fórmula del conservadurismo que se ensayó con distintos grados de intensidad en la Europa de entreguerras salvaguardó los derechos absolutos de propiedad en el campo, pero al precio de un mayor peso del Estado. Esta mayor influencia estatal se traducía en mayores aranceles, una fijación más estricta de precios mínimos en la agricultura, fomento de infraestructuras y, allí donde las democracias fueron derrocadas por dictaduras fascistas o semifascistas, el aniquilamiento de las organizaciones jornaleras y, por tanto, el cercenamiento de los salarios agrícolas113.

En la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial, el Estado intervino para proteger la viabilidad económica de las explotaciones agrarias existentes. Que esta intervención fuera reclamada por los pequeños propietarios no debe hacer olvidar que fue muy oportuna también para los grandes. Irónicamente, a la larga, a pesar del intervencionismo público, las pequeñas explotaciones terminaron topándose con unas dificultades parecidas a las que habían vaticinado los expertos agrarios de la socialdemocracia alemana.

No obstante, a medida que avanzaba la segunda mitad del siglo XX, la cuestión más candente para la pequeña agricultura familiar no era solo un asunto de dimensión o de economías de escala. Los problemas que inquietaban a los pequeños agricultores remitían al éxodo rural, al envejecimiento de los agricultores en activo, a la necesidad de adquirir tecnología cara intensiva en capital y en energías no renovables y, finalmente, a su subordinación a intermediarios comerciales que les imponían condiciones leoninas.

Se trataba, pues, del ocaso de un mundo y una cultura rural. Y si hay un bien que es precisamente comunal es el del conocimiento acumulado durante generaciones sobre las interrelaciones entre el medio ambiente y sus pobladores inmediatos. En una agricultura cada vez más industrializada y cada vez más dependiente de insumos industriales, combustibles fósiles, pesticidas y abonos químicos, el sector primario había pasado de ser un sector que podía destinar su ahorro al resto de la economía a ser un sector que dependía vitalmente del ahorro generado en otras actividades114. En estas circunstancias, se hacían más escasas las posibilidades de conservar la parte de la cultura agrícola tradicional que hubiera podido orientar la modernización hacia objetivos más armoniosos con el entorno y la comunidad. Y, curiosamente, la propiedad privada de la tierra con carácter absoluto, presentada fraudulentamente como un símbolo de la independencia campesina, contribuía a favorecer estrategias económicas que reforzaban las dependencias industriales y energéticas del campo.

Capítulo 5

Defensa del comunal y ‘ecologismo de los pobres’

En los capítulos precedentes hemos pasado revista a las fortalezas y debilidades del populismo agrario defensor de los bienes comunales. Los populistas agrarios, como observaban severamente sus críticos, pecaban de una idealización de las comunidades agrarias, lo que tenía efectos nefastos a la hora de formular políticas concretas. Sobrevalorando su grado de cohesión, el populismo tendía a olvidar la creciente diferenciación social en el seno de las comunidades mismas. Lejos de constituir un sujeto colectivo homogéneo, el campesinado estaba atravesado por profundas contradicciones que hacía a unos grupos beneficiarios e impulsores de la privatización de las tierras comunales.

La segunda crítica que se dirigía al populismo agrario tenía que ver con su incomodidad ante el tipo de progreso que se había exportado al campo. Las formas de gestión y explotación que había tomado la modernización de la agricultura a lo largo de los siglos XIX y primeros del XX requerían de un propietario definido y con autoridad absoluta. Los regímenes comunales, por el contrario, con sus propiedades difusas y normas no escritas eran una fuente de confusión que inhibía a los agentes más emprendedores. Por otra parte, la reivindicación populista de entregar la tierra al que la trabajara perdía sentido en una agricultura que tenía que recurrir crecientemente a instrumentos mecánicos y a combustibles fósiles. Cuando la principal fuente de energía era la solar, las familias solo podían hacer acopio de parcelas de dimensiones reducidas hasta donde llegase la fuerza de sus brazos. Sin embargo, con tractores, trilladoras y segadoras mecánicas, un solo individuo podía abarcar una vastísima superficie de terreno.

Adicionalmente, los regímenes comunales no solo dependían de la cohesión social de sus integrantes, sino también de las singularidades geográficas y agrarias del contexto en el que se situaban. Comarcas o regiones que descollaban por acusados rasgos particulares habían llegado a elaborar sus particulares derechos consuetudinarios. Los populistas podían lamentar el proceso de uniformización que estaban llevando a cabo los estados y la industria, pero la nostalgia solo conducía a la irrelevancia política. Tanto para el liberalismo económico como para la socialdemocracia más ortodoxa, las fuerzas productivas de la industria habían desatado unas dinámicas imparables. La agricultura, que durante siglos había dependido del saber ancestral de quienes trabajaban la tierra, se estaba convirtiendo en una actividad industrial más, donde los procedimientos que se habían originado en un país determinado se podían exportar a otros países. El mundo agrario se asemejaba a un gigantesco taller formado por partes intercambiables, donde, una vez hechas las inversiones y reajustes necesarios, los distintos cultivos y plantaciones podían trasladarse a los lugares que minimizaran los costes de desplazamiento y ofrecieran la máxima rentabilidad.

Este utopismo tecnológico llegó a adquirir el rango de una verdad revelada en todas las sociedades industriales. Los innumerables triunfos de los sistemas de producción moderna eran tan avasalladores que las batallas locales en defensa del comunal aparecían como una lucha que, aunque merecedora de cierta simpatía, estaba condenada al fracaso. A lo largo del siglo XX, gobiernos de muy distinto signo se reconocieron en un consenso que predicaba como una función primordial del poder público la adopción de las tecnologías más modernas y la adaptación de las condiciones de vida y de trabajo a los ritmos impuestos por estas últimas.

Sin embargo, la historia de la Revolución Industrial y su progreso tecnológico también es la historia de la resistencia de hombres y mujeres115 corrientes a ser condenados al estatus de mero apéndice de las máquinas. Tanto el movimiento obrero en todas sus vertientes como las defensas campesinas de los comunales pueden entenderse como un esfuerzo colectivo por hacer oír unas visiones propias de justicia y autonomía que las urgencias por obtener el mayor beneficio económico intentaban acallar por todos los medios.

El sistema fabril, por un lado, heraldo de una nueva época, era al mismo tiempo un mecanismo de control y disciplina que aspiraba a eliminar cualquier atisbo de autodeterminación entre la fuerza de trabajo. Como no podían dejar de percibir las legiones de trabajadores que se aglomeraban a sus puertas, las fábricas habían sido diseñadas como un artefacto para estrechar la vigilancia sobre el factor humano con el propósito de hacer a este último tan predecible como la materia inerte. Las destrezas artesanales de la mano de obra cualificada o la existencia de abundantes bienes comunales se levantaban como obstáculos mediante los cuales los individuos podían sustraerse a la disciplina militar de la industria116. No es que las clases populares estuvieran llenas de prejuicios y de oscurantismo y se opusiesen ciegamente al progreso, sino que tenían motivos para temer al nuevo orden político y económico que acechaba tras unos procedimientos presuntamente técnicos que habían sido concebidos para eliminar su independencia.

Por otra parte, desde el siglo XVIII el progreso en la agricultura había equivalido a destrucción de la propiedad comunal, cercamientos y desposesión de los agricultores más pobres. El poder coactivo del Estado y sus aparatos de seguridad se había reforzado para mantener a raya el descontento campesino. En la misma línea, innovaciones como las cosechadoras mecánicas permitían cortar las mieses de una manera más profunda, de modo que el derecho al espigueo, es decir, el derecho comunal a entrar en los campos a recoger el grano caído no recogido tras la primera siega, quedaba reducido a nada. Y los jornaleros sin tierra y sin comunales se encontraban inermes a merced de los grandes propietarios117.

Durante mucho tiempo, los partidos socialistas europeos se convencieron de que una sociedad sin división de clases sabría aprovechar el lado bueno de estas innovaciones (fábricas, cosechadoras, grandes explotaciones agrarias); o, si la llegada de la revolución se demoraba, las ganancias a largo plazo de los adelantos técnicos compensarían de sobra los desajustes provisionales. Sin embargo, en la práctica la oposición que podía desatar la brusca substitución de las costumbres antiguas y su “economía moral” por nuevas pautas industriales en la producción era de tal magnitud que obligaba a muchos responsables políticos a replantearse las cosas. El propio Lenin, que tan acerba como brillantemente había criticado las tesis populistas sobre el mir, a partir de 1919 llegó a comprender que el rechazo de los campesinos a las grandes propiedades no era un miedo primario, sino la aspiración legítima a conservar una independencia que los protegiera del peligro de volver a convertirse en braceros118. De hecho, a diferencia del de la polémica con los populistas, el Lenin del último periodo de su vida es plenamente consciente de que las antiguas prácticas agrarias comunales no se transforman por decreto y hace falta prudencia y modestia119.

No obstante, las hazañas industriales de los países más desarrollados siguieron ejerciendo una intensa atracción sobre todos los gobernantes implicados en el rompecabezas práctico de cómo modernizar una agricultura y unas comunidades agrarias celosas de su independencia. En la década de 1910, hizo su aparición el llamado taylorismo, un nuevo método de producción que descomponía el proceso de fabricación en sus tareas más simples y delimitaba los movimientos básicos para realizar cada tarea. Siendo uno de los ejemplos más exitosos del taylorismo las industrias automovilísticas de Henry Ford, el sistema también se conoció como fordismo y parecía aportar la panacea a los países que buscaban una vía rápida al desarrollo industrial120.

Tales eran las promesas que contenía el taylorismo que se especulaba con la posibilidad de que todas las actividades productivas pudieran ser sometidas a los procedimientos de las fábricas Ford. Incluso la agricultura, cuya proverbial incertidumbre la hacía a primera vista un terreno poco propicio para experimentaciones, pasó a ser un campo de estudio privilegiado sobre el que trasplantar los procedimientos técnicos originalmente concebidos para el sector industrial121. A finales de la década de 1920, el empresario Thomas B. Campbell estableció una serie de granjas en Montana y las publicitó como el modelo más perfeccionado en lo referente a la aplicación de las técnicas de producción industrial estandarizada al cultivo de cereales122.

Las granjas Campbell anunciaban un porvenir radiante en forma de grandes haciendas sobre las que ejecutar métodos estandarizados e industrializados de siembra, cultivo y cosecha. Para países agrarios técnicamente atrasados, como la Unión Soviética de la década de 1920, donde a finales de 1928 aún un 74 por ciento del grano se sembraba a mano, un 44 por ciento se cosechaba a hoz y solo un 20 por ciento se comercializaba123, las grandes explotaciones de Campbell constituían el modelo a emular para abandonar definitivamente las tradiciones arcaicas de la agricultura124.

Pero ni en Rusia ni en ningún otro país del mundo la salvación ha venido de grandes haciendas estandarizadas. Al igual que en la industria, el taylorismo en la agricultura reflejaba un intento por disciplinar la fuerza de trabajo y eliminar todas aquellas facetas del proceso productivo que escapaban al control de sus supervisores, por lo que no es de extrañar el resentimiento que despertaban entre los trabajadores sometidos a su férula125.

Como veíamos en el capítulo anterior, las grandes explotaciones, al cubrir un área de una mayor variedad en la calidad de los suelos, requieren un trabajo muy experto y dedicado, a falta del cual corren el riesgo de convertirse en un terreno propicio para la aparición y difusión de plagas. La aplicación de métodos tayloristas puede resultar muy inadecuada para la agricultura, debido a su prioridad por la cantidad en detrimento de la calidad. Las autoridades soviéticas se revelaron como un ejemplo de libro de esta inadecuación, pues durante toda su historia prestaron una excesiva atención a los problemas mecánicos con menoscabo de los biológicos y edafológicos, como los relativos a la preparación de los suelos o la profundidad del enterramiento de las semillas en la siembra126.

Una segunda deficiencia del taylorismo en la agricultura surgía de que la vigilancia era más difícil que en la industria. En los trabajos agrícolas, los salarios diseñados para evaluar el rendimiento de los trabajadores tenían que contemplar una serie infinita de situaciones dispares, como, por ejemplo, la inclinación del suelo, su composición o el régimen de precipitaciones. Si a esto se añadía que los campesinos eran completamente reacios a integrarse en un sistema ajeno y burocrático, la factura de los costes de vigilancia se tornaba astronómica127.

En tercer lugar, los métodos tayloristas tienen la propensión a atribuir las diferencias de resultados a deficiencias en la gestión, cuando factores no controlables por los agentes, como las distintas fertilidades de suelos o la cercanía a los núcleos urbanos, jugaban un papel igual de relevante. Un sistema de recompensas que pasara por alto estos factores terminaría castigando las explotaciones con tierras de peor calidad o peor situadas, por muy bien gestionadas que estuvieran, y viceversa128. Finalmente, el sistema de premios y penalizaciones del taylorismo industrial determinaba las retribuciones en función del cumplimiento de tareas previamente definidas y evaluadas por instancias externas. Este sistema no ofrecía ningún incentivo a la innovación, pues esta última, como ya indica su propio nombre, no podía ser definida a priori, de modo que un gestor que tuviera que escoger entre cumplir sus objetivos o dedicar tiempo y recursos a innovar se decantaría sistemáticamente por la primera opción129.

En cierto sentido, las dificultadas con las que chocaron las grandes haciendas tayloristas confirmaban las advertencias que los populistas agrarios habían enunciado desde finales del siglo XIX. Para estos últimos, los modos de cultivo tradicionales tenían una racionalidad propia que explicaba la persistencia en el tiempo de propiedades colectivas, a pesar de su eficacia teóricamente menor. Las propiedades difusas podían retrasar las innovaciones agrarias y el veredicto inapelable de la historia, pero eso no era motivo suficiente para convencer a sus beneficiarios de que aceptaran disolverse en grandes haciendas.

La buena salud del debate agrario-populista

Por muy elocuentes que hayan parecido las propuestas a favor de las grandes explotaciones, los defensores de las propiedades comunales no han tirado la toalla y, de hecho, los planteamientos de los populistas agrarios resurgen recurrentemente. En los distintos momentos históricos en los que se ha replanteado el debate populista, se han escuchado posiciones que subrayan la búsqueda de independencia entre comunidades campesinas y pequeños agricultores como un factor de primer orden a tener en cuenta a la hora de diseñar cualquier política de modernización mínimamente realista.

Sin duda, este afán de independencia conviene entenderlo dentro del contexto social y medioambiental en el que se han desenvuelto los regímenes comunales. A falta de energías fósiles, las comunidades campesinas tienen que lograr un laborioso equilibrio entre ganadería y agricultura, entre pastos y bosques, entre cultivos y barbechos. Y para ello, hacen falta unas pautas colectivas que estimulen unos comportamientos individuales y penalicen otros. Los bienes comunales son, pues, un intento colectivo por llevar a buen puerto unas actividades orientadas a asegurar la reposición de los nutrientes en los suelos cultivados, a protegerse de las inclemencias del tiempo, a hacer frente a cambios demográficos y a fomentar la cohesión social y todo ello en un marco político y legal marcado por la frecuente incomprensión de las administraciones centrales. Frente a la visión de los regímenes comunales como un caos jurídico que pone en peligro los recursos naturales, lo que caracteriza a los bienes comunales no viene a ser la ausencia de derechos de propiedad, sino, en palabras del historiador Iñaki Iriarte Goñi, “una continua redefinición de derechos a través de la cual se intenta la adaptación de esos recursos comunes a situaciones cambiantes”130.

En la década de 1920, coincidiendo con los debates sobre el rumbo a seguir por la agricultura soviética, el agrónomo ruso Aleksandr Chayánov (1888-1937) acuñó el concepto de modo de producción campesino con objeto de entender las dinámicas y fortalezas de las pequeñas explotaciones familiares y de su resistencia a integrarse en las grandes haciendas131. Constataba Chayánov, cuando el liderato soviético todavía no se había decantado por el modelo de las granjas Campbell, que, si había una lógica en las economías campesinas de subsistencia, esta era menos la maximización del beneficio económico que sus denodados esfuerzos por no caer en la condición de jornaleros. Con tal de escapar a tal destino, como ya se ha mencionado las pequeñas explotaciones familiares recurrían al trabajo no remunerado de los miembros de la familia, aunque eso significase, en caso de insuficiencia de ingresos, la autoexplotación más descarnada. Por su parte, las redes de protección local, como los bienes comunales y la cultura común que los sustentaban, así como, eventualmente, también el trabajo estacional en la industria, se convertían en mecanismos vitales para la viabilidad de las pequeñas explotaciones.

En una lección que sigue siendo pertinente para nuestro siglo XXI, Chayánov observaba cómo habían evolucionado los tipos de opresión con la que se había subyugado a los campesinos. Si la gran explotación (o, como él la llamaba, la “concentración horizontal”), había sido la forma predominante para asegurar el sometimiento de los campesinos, existían también formas más modernas, pero no por ello menos depredadoras, como cuando intermediarios comerciales se hacían con el control de los puntos de acceso al mercado e imponían unilateralmente sus condiciones a los agricultores. Rompiendo ideas manidas sobre la innata superioridad de las grandes explotaciones, Chayánov planteó unos modelos alternativos de desarrollo basados en la “concentración vertical” o, en otras palabras, un sistema de cooperativas que surgiera desde abajo y que permitiera a los campesinos, tanto en su calidad de oferentes como demandantes, un acceso a los mercados urbanos en condiciones más equitativas132.

La persistente vitalidad del interés por formas de propiedad, en teoría más atrasadas, como las comunales puede ser explicada por la toma de conciencia de las insuficiencias de los modelos de crecimiento dominantes en el curso de los dos últimos siglos. La historiografía aporta sugerencias de cómo los comunales, lejos de ser un fardo del pasado, pueden fomentar el crecimiento. La confianza mutua entre usuarios imprescindible para la supervivencia del comunal también puede constituir una ventaja a la hora de transformar la agricultura. Si la gestión del comunal genera un clima de confianza generalizado entre vecinos, este puede servir de base para la realización de empresas más ambiciosas que requieren un elaborado grado de cooperación. Históricamente, las zonas con mayor presencia de comunales ni han estado condenadas al subdesarrollo ni se han opuesto sistemáticamente a las innovaciones. Es más, precisamente la previsibilidad de los comportamientos que se produce en el régimen comunal hace a la gente más confiada en lo que atañe a las intenciones de sus vecinos y contribuye a allanar las suspicacias que suele suscitar la introducción de nuevas prácticas o procedimientos. A la inversa, las privatizaciones de comunales no acompañadas de industrialización o de otras oportunidades de empleo se han traducido en la proletarización rural del campesinado y en la consolidación de una tremenda desigualdad en el campo, sin que necesariamente esto redunde en una modernización de la agricultura133.

Lo que en este texto se ha denominado populismo agrario, y que englobaba a una serie de autores y movimientos nacidos en contextos históricos muy diversos, contenía una crítica muy profunda a las derivas de un modo de apropiación que erigía al propietario como señor absoluto de su dominio. Si desde la revolución agraria del siglo XVIII la agricultura comunal había sido despachada como una sima de atraso e ignorancia de la cual sus habitantes necesitaban ser rescatados, el populismo agrario, por el contrario, valoraba aquellas formas de sabiduría colectiva que habían establecido reglas para la gestión, conservación y reproducción de los recursos comunes. Por muy deslumbradas, fallidas o inoperantes que hayan sido sus propuestas concretas, la defensa de los comunales que enarbolaron los populistas partía de una intuición correcta: que las comunidades decidían el diseño y la implementación de normas vinculantes colectivamente, porque sabían que, en sus hábitats concretos, la supervivencia de uno dependía de la supervivencia de todos.

El ‘ecologismo de los pobres’

En el primer capítulo de este libro hablamos de las armas de los pobres, como tan certeramente las denominó el antropólogo James C. Scott. En sus investigaciones, Scott ha llamado la atención sobre las resistencias que, en ambientes agrarios, han despertado proyectos de modernización que hacen tabla rasa de los saberes tradicionales del campo y de las condiciones materiales de la agricultura. Enfrentados a una fría máquina burocrática alimentada por ambiciosos terratenientes y técnicos imbuidos de una fe ciega en su papel histórico, los pobres han recurrido a todos los medios a su alcance para frustrar los planes que los condenan a la pérdida de sus modos de cultivo comunales. Si bien una rebelión frontal no es una opción para comunidades dispersas y pobres, sí lo es en cambio la renuencia a facilitar información a autoridades foráneas, el sabotaje de nueva maquinaria, los descuidos intencionados en el cumplimiento de las tareas asignadas, la caza furtiva, los incendios nocturnos, la destrucción e invasión de terrenos vallados, la falta de colaboración con la policía y los tribunales y el encubrimiento de los infractores. Para gran irritación de tecnócratas esclarecidos, una oposición difusa y anónima termina por minar proyectos de modernización que supuestamente cuentan con el beneplácito de la historia y de las leyes económicas. Enfrentados a una interminable cadena de incidentes, negligencias y ataques, asesores económicos, jefes policiales y funcionarios estatales han clamado contra el primitivismo y el atraso endémico de las comunidades aldeanas refractarias.

Pero si las comunidades rurales se han rebelado y siguen rebelándose contra los intentos de apropiación particular de los bienes naturales básicos para la reproducción de la vida humana es porque saben por propia experiencia que estos no pueden ni deben ser troceados, subastados y vendidos al mejor postor. Y que en caso de que lo fueran, los troceados, subastados y vendidos serían los propios individuos.

De la misma manera que podemos hablar de las armas de los pobres, podemos también mencionar el ecologismo de los pobres, es decir, el compromiso colectivo suscrito por las clases populares en defensa de medios de convivencia respetuosos con el medio natural circundante. Al contrario de visiones que presentan el ecologismo como un lujo de urbanitas acomodados, el concepto de ecologismo de los pobres ha puesto en primer plano las resistencias de comunidades modestas a la comercialización de los bienes naturales. La escuela historiográfica de los Estudios Subalternos y los trabajos pioneros de Ramachandrea Guha han documentado la conciencia protoecologista de las comunidades agrarias indias durante el dominio británico, así como las implicaciones ecológicas de los proyectos coloniales y sus devastadores efectos sobre las capas más desprotegidas134. De este modo, las luchas comunitarias contra el colonialismo e imperialismo adquieren una vertiente ecológica que el historiador no puede pasar por alto. Muy atinadamente, Joan Martínez Alier ha recalcado los nexos entre la sensibilidad ecologista implícita en el populismo agrario clásico y las luchas actuales de las comunidades populares en defensa de los bienes naturales que garantizan su supervivencia135.

La integración de la agricultura en el mercado mundial, la propagación de procedimientos industriales en las actividades agrarias y el desbocado empleo de las energías fósiles han contribuido a desalojar las pautas de gestión del territorio y del cultivo propias de las agriculturas comunales. En los últimos 150 años, en contraste con su milenaria historia, la agricultura, primero en los países desarrollados y luego prácticamente en todo el mundo, ha pasado de ser un sector excedentario en ahorro, materias primas y energía a convertirse en deficitario en todos estos registros con respecto al resto de sectores económicos. Si esta tendencia es sostenible en el tiempo y el espacio y, sobre todo, reproducible por todo el planeta es algo que está por ver.

La mercantilización del mundo y, en concreto, del medio natural no augura un futuro esplendoroso, sino una pesadilla aterradora. El planeta es único y el espacio sobre el que habitamos es limitado. La historia humana consiste en hacer precisamente habitable ese espacio. La agricultura, la industria y todas las artes son medios por los que intentamos dar forma humana a un espacio en el que las personas puedan vivir, convivir y reconocerse mutuamente. No es vivible, en cambio, un mundo convertido en un escenario que solo espera el pistoletazo de salida para que ávidos competidores se abalancen a copar los terrenos más valiosos. En este caso, lo que queda es un paisaje en ruinas, donde las posiciones estratégicas han sido ocupadas por unos pocos y donde el resto se reparte parajes desolados en los que malvivir.

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NOTAS

1. Karl Marx (1842).

2. Karl Marx (1867), capítulo XXIV, Libro I.

3. Marx y Zasulich (1881).

4. Sobre la función antropológica del derecho y sobre los riesgos de rebajar este último a una mera técnica al servicio del poder, es fundamental la obra de Alain Supiot (2005 y 2015).

5. Gunnar Myrdal (1930) y José Manuel Naredo (2006), pp. 8-10 y pp. 165-188.

6. Sobre la importancia del barbecho en los antiguos sistemas de rotación trienal, así como las posteriores consecuencias de la introducción de la rotación cuatrienal, Marcel Mazoyer y Laurence Roudart (1997), pp. 341-410 y pp. 438-439, Eugen Weber (1976), pp. 179-184 y B. H. Slicher van Bath (1959), pp. 353-373.

7. J. M. Neeson (1993), pp. 95-98.

8. Manuel Gónzalez de Molina, Antonio Ortega Santos y Antonio Herrera Gónzalez de Molina (2000), pp. 512-515, y Corona (2003).

9. E. P. Thompson (1971).

10. Una de la más conocidas críticas a los bienes comunales desde un punto de vista neomalthusiano es el famoso artículo de Garrett Hardin, “The Tragedy of the Commons”, publicado en la revista Science en 1968, véase Jacques Véron (2013), pp. 18-19.

11. Véase el testimonio directo de Eloy Terrón (1996), pp. 302-307, para una comunidad berciana en la década de 1920. Sobre ese mismo período, véase también la descripción de Unamuno (1923) de un reparto de prados comunales en Cantabria, aunque hay que decir que la descripción de don Miguel está quizá un poco más idealizada.

12. Marc Bloch (1930), pp. 329-337, Werner Rösener (1985), pp. 61-67 y 158-160, José Ramón Moreno Fernández (2000), pp. 157-160, y Georges Lefebvre (1932), p. 33. Sobre la evolución histórica de las propiedades absolutas o “perfectas” y las restringidas, o “divididas”, véase Congost (2007).

13. Jovellanos (1793), p. 172.

14. Ibídem.

15. Sobre el apoyo de los reformadores ilustrados a la pequeña propiedad agraria, Ángel García Sanz (1996), pp. 177-180.

16. Sobre la ideología de la pequeña propiedad como la base del régimen republicano en América y, en particular, en México, Luis Barrón (2010), pp. 106-110. Para una exposición histórica sobre el papel del campesinado independiente en la constitución de la democracia ateniense, Ellen Meiksins Wood (1998), pp. 126-150.

17. Jean Pierre Azéma y Michel Winock (1970), pp. 129-33. Francisco Cobo Romero (2012), pp. 361-365.

18. Ambas citas en Bloch (1930), p. 525.

19. José Echegaray, en José Ignacio Jiménez Blanco (2002), p. 147.

20. Gonzalo Pontón (2016), p. 73.

21. Neeson (1993), p. 329 y Neeson (2003), pp. 39-51.

22. Bloch (1930), p. 533.

23. Ibídem, pp. 527-543.

24. Congost (2007), p. 109 y p. 240.

25. Ricardo Robledo, (1996), pp. 290-293.

26. James C. Scott (2012).

27. E. P. Thompson (1963), pp. 237-243, E. P. Thompson (1975) y Domenico Losurdo (2006), pp. 77-80.

28. En el caso español, sobre la historia de la transformación de los derechos señoriales en derechos de propiedad particular, ver Rosa Congost (2007) y Javier Infante Miguel-Motta y Eugenia Torijano Pérez (2000), pp. 547-560. Sobre los efectos políticos y sociales de la distinción (artificial) entre los señoríos territoriales y los jurisdiccionales y de la transformación de los primeros en derechos de propiedad particulares, Pedro Ruiz Torres (1996), pp. 219-229. Sobre la historia y consecuencias sociales de la abolición, nacionalización y subasta de los señoríos eclesiásticos en La Mancha, Vicente Cendrero Almodóvar (2016). Sobre las disputas sociales y legales que acarreó el paso de la propiedad difusa a la absoluta en el caso de las corralizas navarras, José Miguel Gastón (2010).

29. Para España, Altamira (1890), p. 306 y para Portugal, Margarida Sobral Neto (2003), p. 189.

30. Ricardo Robledo (1996), p. 291. Véase también Antonio López Estudillo (2000), p. 642.

31. Congost (2007), pp. 260-261. Véanse también Javier Infante Miguel-Motta y Eugenia Torijano (2006), Clara Álvarez Alonso (1999) y Pedro Ruiz Torres (1999). Altamira (1890) señala cómo a raíz de la desamortización de Madoz recayó sobre los pueblos la carga de la prueba de demostrar que sobre los bienes existían usos comunales ancestrales, p. 271.

32. De acuerdo con la muestra extraída de municipios de Alicante, Almería y Murcia, los labradores pasaron de una estatura media de 164,3 cm para los nacidos entre 1841-1845 a otra de 163,2 para los nacidos entre 1871-1875, mientras que los jornaleros lo hicieron de 164,6 cm a 160,4 durante el mismo período, José Miguel Martínez Carrión y Juan José Pérez Castejón (2002), p. 447.

33. Sven Beckert (2014), pp. 278-280.

34. Nicolás Sánchez Albornoz (1977), pp. 27-67. Sobre las transformaciones de la agricultura española a lo largo del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, Josep Fontana (1973). Para la desamortización española, véanse el clásico de Francisco Tomás y Valiente (1972) y Germán Rueda Hernanz (1997).

35. Rueda Hernanz (1997), pp. 60-61.

36. Jesús Sanz Fernández (1985), p. 211, y también José A. Serrano Álvarez (2005), pp. 431-463. El Grupo de Historia Rural (2000) calcula por su parte en 4,6 millones de hectáreas la superficie de monte público privatizada tras la desamortización de Madoz y estima que el grueso de este proceso tuvo lugar entre 1859 y 1879, pp. 436-438.

37. Por ejemplo, se calcula que, a partir de la desamortización de 1855, la superficie arbolada de Castilla y León disminuyó en más de un 40 por ciento, Jesús Sanz Fernández (1986), pp. 167-168.

38. Gabriel Jackson (1953), pp. 25-26.

39. Jürgen Osterhammel (2009), pp. 305-314; Davis (2001), pp. 6-11 y Beckert (2014), pp. 333-337.

40. Bouda Etemad (2013), pp. 328-330.

41. Hélène Blais (2013), p. 178.

42. Rafael Altamira (1890), p. 301; Sylvie Thénault (2012), pp. 174-176 y Sylvie Thénault (2013), p. 242. La especial dureza contra las infracciones a la ley de bosques colonial fue denunciada por Albert Camus en su reportaje sobre la hambruna que asoló el norte de Argelia en los años 1930, Albert Camus (1939), pp. 42-3 .

43. Mike Davis (2001), pp. 326-340 y Grégory Quenet (2014), pp. 203-207.

44. Hélène Blais (2013), pp. 182-186.

45. Hans-Jürgen Prien (2003) y Jeffrey L. Gould (2014), p. 258.

46. Jan de Vos (1984), pp. 76-113.

47. Paolo Grossi (1977).

48. Grossi (1977), pp. 77-81.

49. Altamira (1890), pp. 252-253, pp. 282 y ss. y p. 303.

50. Henry George (1879), p. 382. Un compendio de los argumentos presentados por los críticos a la propiedad privada de la tierra en George (1879), pp. 366-382.

51. George (1879), p. 326.

52. Joaquín Costa (1898), p. 51.

53. Joaquín Costa (1902), p. 187.

54. Altamira (1890), p. 275, quien también advertía en el caso concreto español del “deplorable error con el que caminan nuestros gobernantes, continuadores directos de la centralización francesa y, a la larga, de los planes unitaristas de los Reyes Católicos”, p. 354.

55. Philippe Pelletier (2013), Reclus (1869).

56. Altamira (1890), p. 279.

57. Gumersindo de Azcárate (1881), p. 61 y Costa (1898), pp. 86-7.

58. Joaquín Costa (1898), p. 51.

59. Tom Crewe (2016).

60. Luis Barrón (2010), pp. 116-165.

61. Henry George (1879).

62. Sobre la vida de Costa, George J. G. Cheyne (1972). Sobre el pensamiento de Costa, Gabriel Jackson (1953), Alfonso Ortí (1984) y Manuel Tuñón de Lara (1986).

63. Ramón Garrabou (1999), pp. 369-370 y Henry George (1879), pp. 395-400.

64. Henry George (1879), p. 319 y Altamira (1890), p. 266.

65. Ignacio Duque y Cristóbal Gómez Benito (2006), p. 516.

66. Alfonso Ortí y Cristóbal Gómez Benito (2006), pp. 418-25, señalan estas dos limitaciones para el caso concreto de Joaquín Costa, aunque también son aplicables a otros populistas agrarios. De todos modos, estos autores insisten también en que ello no debe servir de excusa para menospreciar la pertinencia del análisis de Costa y sus advertencias sobre los peligros de un modelo de desarrollo políticamente centralizado, ignorante de las realidades locales y protector de las grandes propiedades como el seguido en países como España.

67. Azaña (1930) definió a Costa como “hombre que quisiera dejar de ser conservador y no puede”. Para Azaña, el apego de Costa a “ciertas constituciones míticas” le hacía compartir afinidades ideológicas con los tradicionalistas más conservadores, aunque el propio Costa no se percatara de ello, p. 180.

68. O elementos que podrían ser utilizados fácilmente por prefascistas, véanse las críticas a Costa en Tierno Galván (1961).

69. George (1879), pp. 293-294.

70. James Morone (2008).

71. Paloma Biglino (1986), pp. 131-135; pp. 235-236 y Salvador Cruz Artacho, Manuel González de Molina, Antonio Herrera González de Molina (2002). Uno de los intentos más elaborados por poner en práctica este rescate de bienes comunales fue el proyecto de ley del agrónomo y director del Instituto de Reforma Agraria, Adolfo Vázquez Humasqué, que solo llegó a debatirse en el congreso a mediados de junio de 1936. Vázquez Humasqué (1940) y Eduardo González Calleja et al. (2015), p. 1105.

72. Friedrich Katz (1994).

73. Alan Knight (1990), pp. 512-513.

74. Alan Knight (2007), pp. 178-179, Alan Knight (2014), pp. 293-298 y María del Refugio González (2010), pp. 192-200.

75. Para descripciones contemporáneas del mir, Kovalevsky (1898), pp. 115-168; Rafael Altamira (1890), pp. 290-294, y Pierre Pascal (1928), pp. 80-93. Sobre el sistema de cultivo, Chayánov (1925), pp. 139-142; Shanin (1990), p. 184 y S. G. Wheatcroft y R. W. Davies (1994), pp. 112.

76. En el fondo, la tesis de todas las plataformas populistas es una formalización de estas intuiciones populares, George (1879), pp. 334-235.

77. Venturi (1952, 1972), pp. 218-219. Sobre el derecho consuetudinario de las comunidades campesinas rusas y las peculiaridades de la libertad como volja véase Orlando Figes (1996), pp. 99-102; Moshe Lewin (1985), pp. 116-133 y Werth (2002) pp. 46-47. Sobre las diferencias ente volja y svoboda, véase también Steinberg (2017), p. 16.

78. A finales del siglo XIX, casi un 90 por ciento de la población era campesina, Kovalevsky (1898), p. 55.

79. Sobre la influencia de la obra de Haxthausen en Rusia, Kovalevsky (1898), pp. 114-115; Venturi (1952, 1972), pp. 21-22 y Grossi (1977), pp. 37-38.

80. Sobre el populismo ruso, es fundamental la magistral obra de Venturi (1952, 1972).

81. Venturi (1952, 1972), p. 341.

82. Kovalevsky (1898), pp. 105-107. Véase también Kotkin (2014), pp. 188-189.

83. Fitzpatrick (1994), pp. 29-32 y De Montlibert (2014). A pesar de las contradicciones que implica, el recurso a antiguas instituciones comunales para evitar que reformas en las relaciones de propiedad generen inestabilidad social o merma de los tributos recaudados por el Estado también se dio en otros países que se adentraban en el nuevo orden liberal. De hecho, un fenómeno similar se observó en el siglo XIX en el Perú independiente, Jean Piel (2003).

84. Shanin (1983), pp. 11-12.

85. Kovalevsky (1898), pp. 148-168.

86. Venturi (1952, 1972), pp. 471-472.

87. Venturi (1952, 1972), pp. 573-574.

88. Venturi, p. 661.

89. La misiva original de Vera Zasulich, así como los borradores y la respuesta final de Marx se encuentran reproducidos en Shanin (1983). La carta de Marx se encuentra también en Meyer (1991).

90. Venturi (1952, 1972), pp. 678-681.

91. Ibídem, pp. 633-640.

92. Lenin (1899), p. 231.

93. Shanin (1990), op. cit., pp. 194-196.

94. Steinberg (2017), pp. 184-185 y p. 199.

95. Kotkin (2014), pp. 189-190; Alexandre Sumpf (2013), pp. 26-27; Shanin (1990), pp. 213-214, y Nicolas Werth (2002).

96. Grigor Suny (2014), pp. 63-68.

97. Sobre el consenso entre las elites políticas españolas del siglo XIX sobre la superioridad de la gran propiedad, ver Ricardo Robledo Hernández (1993), pp. 54-63.

98. Niek Koning (1994), pp. 15-18 y Marcel Mazoyer y Laurence Roudart (1997), pp. 553-555.

99. Estas tesis de la capacidad de autoexplotación de las tierras familiares fue teorizada por el agrónomo ruso Aleksandr Chayánov (1925).

100. Cobo Romero (2012), pp. 37-45.

101. Cobo Romero (2012), pp. 30-33 y Kristin Surak (2013), pp. 84-89. Sobre la política de los grandes terratenientes prusianos, Alexander Gerschenkron (1943).

102. Cobo Romero (2012), pp. 161-162.

103. Karl Kautsky (1899), capítulo XI de la primera parte, “Ausblick in die Zukunft”. Una selección del texto de Kautsky se encuentra también en Miren Etxezarreta (1979). Sobre Kautsky, véase también Teodor Shanin y Hamza Alavi (1990), pp. 251-279.

104. Gerschenkron (1943), pp. 28-32; Koning (1994), p. 110 y Peter Nettl (1965), pp. 130-131. Sobre el debate de la cuestión agraria en el seno del socialismo español, Paloma Biglino (1986), pp. 25-177.

105. Lenin (1899), prefacio a la primera edición, pp. 10-12.

106. Lenin (1899), capítulo II, pp. 57-184.

107. Sin embargo, podía plantearse la objeción de si las desigualdades que se desprendían de los censos eran debidas a la progresiva implantación de relaciones capitalistas en el campo, como sostenía Lenin, o, por el contrario, eran el resultado de la mayor edad de los cabezas de familia. Si la segunda interpretación fuera correcta, entonces, las desigualdades surgidas entre familias campesinas podrían achacarse a que las familias recién constituidas aún no habían tenido tiempo de acumular un patrimonio, algo que sí habían podido hacer las familias presididas por patriarcas de más edad. Por supuesto, también se podría replicar que estas diferencias de riqueza vinculadas a la edad luego podrían perpetuarse entre familias mediante el sistema de herencias. Huelga decir que el debate entre socialdemócratas y populistas no quedó cerrado de ningún modo y siguió coleando hasta 1917.

108. Lenin (1899), p. 230.

109. Ibídem, p. 329.

110. Lenin (1899) p. 318.

111. Para el estudio de las distintas relaciones entre partidos socialistas y pequeños campesinos en Alemania, Francia, Italia y España, es fundamental Cobo Romero (2012).

112. Sobre la alianza en la España cerealísitica entre propietarios agrarios ricos y pobres, con el predominio de los primeros en sus órganos directivos, Juan José Castillo (1979). Véase también Eduardo Sevilla-Guzmán (1979), pp. 91-103.

113. Sobre la represión contra los jornaleros en el primer franquismo, Eduardo Sevilla-Guzmán (1979), pp. 173-176; Francisco Espinosa Maestre (2007), pp. 195-268; Sergio Riesco (2012) y Carlos Barciela (1996), pp. 251-63. Un indicador del deterioro de las condiciones de vida de los jornaleros en la posguerra española se encuentra en las caídas de estatura de los reclutas procedentes de hogares agrarios sin tierra frente a los propietarios, Gloria Quiroga Valle (2002), pp. 480-482.

114. José Manuel Naredo (1986).

115. Un estudio fascinante sobre el papel de las mujeres en defensa del comunal y la represión masculina contra ambos durante la caza de brujas del siglo XVII se encuentra en Silvia Federici (2009).

116. Marx (1867), pp. 521-533 y Verley (1997), p. 90, p. 380 y p. 415.

117. François Jarrige (2014), p. 59 y Congost (2007), p. 301.

118. “Hasta hoy en día (los campesinos) siguen teniendo recelos contra la gran hacienda. El campesino piensa: ‘si la hacienda es grande, volveré a convertirme en un bracero’. Eso es falso, naturalmente. Sin embargo, la idea de la gran hacienda está ligada en la mentalidad del campesino al odio, a los recuerdos de la opresión del pueblo por los terratenientes. Y ese sentimiento persiste, no ha muerto todavía”, Lenin (1919a), p. 88.

119. Lenin (1919b), p. 273 y Lenin (1921), pp. 325-326. Véase también Linhart (1976).

120. Lenin (1918), p. 129.

121. El propio Henry Ford intentó trasladar sus métodos a la agricultura tropical para garantizar un suministro de caucho seguro a sus fábricas de coches. Desde finales de la década de 1920, Ford compró miles de hectáreas en la cuenca amazónica brasileña donde cultivar en régimen de monocultivo la planta del caucho o seringueira. Suponía Ford que siendo la seringueira originaria de Brasil, sus plantaciones serían más productivas que las de Indonesia o Malasia. El problema es que en el Amazonas nunca se había cultivado la seringueira como un monocultivo. De hecho, en su hábitat natural, la seringueira crecía junto con otra vegetación que le servía de protección frente a parásitos. Pero, al sembrar única y exclusivamente seringueiras, están fueron presa fácil de plagas al estar ausentes sus mecanismos de protección naturales, Greg Grandin (2009).

122. Deborah Fitzgerald (2003).

123. S. G. Wheatcroft y R. W. Davies (1994), p. 112 y Lewin (1985), pp. 139-140 y p. 253.

124. Kotkin (2014), p. 700; Shanin (1990), pp. 194-196 y S. G. Wheatcroft y R. W. Davies (1994), p. 113. Sobre la reunión del Politburó mantenida el 23 de abril de 1928 que selló el destino de la agricultura soviética al modelo de Thomas Campbell, Tauger (2006), pp. 127-131.

125. Charles S. Maier (1987).

126. Dumont (1964), p. 216.

127. A principios de 1960, el agrónomo francés René Dumont (1964) calculaba que una gran explotación soviética necesitaba unas 15.000 fichas con un total de 1.800.000 datos para el cálculo del pago de salarios, pp. 232-235.

128. Dumont (1964), p. 236.

129. Ibídem, p. 260.

130. Iñaki Iriarte Goñi (2000), p. 631.

131. Chayánov (1925). Sobre la obra de Chayánov, Shanin (1990). Para una valoración muy respetuosa, pero algo más reservada, sobre la pertinencia teórica de Chayánov, Pierre Villar (1980), pp. 265-311.

132. Chayánov (1925), pp. 257-269.

133. Estos planteamientos son deudores de Domingo Gallego (2007). Véase también J. M. Neeson (1993), pp. 177-182. Sobre las virtudes de la cooperación en el Allmend suizo Altamira (1890), p. 303.

134. Quenet (2014), pp. 67-71. Sobre el ecologismo de los pobres resultan también muy interesantes las reflexiones de Manuel Sacristán en torno a las culturas amerindias publicadas como entrevista en El Viejo Topo en 1979 y recogidas en Sacristán (2013) , pp. 42-7.

135. Joan Martínez Alier (1993).

Índice

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1. PROPIEDAD ABSOLUTA Y PROPIEDAD DIFUSA

CAPÍTULO 2. LA IRRUPCIÓN DEL POPULISMO AGRARIO

CAPÍTULO 3. LUCIDEZ Y LÍMITES DEL POPULIMOS RUSO

CAPÍTULO 4. PEQUEÑAS Y GRANDES EXPLOTACIONES EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS

CAPÍTULO 5. DEFENSA DEL COMUNAL Y " ECOLOGISMO DE LOS POBRES"

BIBLIOGRAFÍA

NOTAS