Título original: La crisis de la zona euro. Fundamentos económicos y lecciones para América Latina

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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el proceso de unificación monetaria llevado a cabo por los países europeos se mantiene como un hecho muy importante y ha motivado un debate significativo a raíz de la crisis económica internacional. El hecho de que diecinueve países de los veintiocho que, actualmente, conforman la Unión Europea (UE) hayan renunciado a la soberanía de la política monetaria y adoptado una única divisa, el euro, ha sido y es un hecho trascendental para la historia monetaria y financiera internacional y un importante paso en el proceso de integración europea.

Con el surgimiento del euro, el sistema monetario internacional se ha transformado en un régimen (aunque, mayoritariamente en dólares de los Estados Unidos) de siete u ocho monedas de reservas, pero con predominio del dólar, el euro, y el yen; sobre todo de las dos primeras. Aunque el dólar es, con gran diferencia respecto al euro, la principal moneda de denominación del comercio entre los distintos países, aún ocupa un lugar preponderante en los mercados financieros internacionales.

El euro ha traído ventajas no solo para Europa sino también para el resto de los países del mundo. Aproximadamente 339 millones de ciudadanos de la Unión Europea, pertenecientes a los países de la zona euro lo emplean como moneda única. Además, es la moneda principal para comerciar entre los veintiocho miembros de la UE, y los países candidatos a la Unión. También, circula en otros países y territorios, como Mónaco, el Vaticano y algunos países africanos y caribeños que utilizaban el franco francés, entre otros.

Para los países subdesarrollados, el euro ofrece la posibilidad no solo de aumentar el comercio y las reservas sino también diversificar la estructura y el servicio de la deuda. La mayoría de estas naciones tienen un acceso limitado a los mercados internacionales de capitales, y sus deudas están nominadas, en su totalidad, en dólares. La nueva divisa europea ha significado un atractivo adicional para estos países, que ahora pueden expresar su deuda exterior en otra moneda, en este caso el euro y, por lo tanto, diversificar los riesgos ante las posibles crisis financieras.

En realidad, el euro se convirtió en una moneda internacional exitosa durante los años de relativa calma que precedieron a la crisis. Aunque no llegó a ser rival del dólar a nivel mundial, desde luego se transformó en moneda regional fuerte y fue adoptado como ancla, referencia o vehículo de operaciones financieras en los países fronterizos con la zona euro.

No obstante, al tratarse de una moneda emitida por un organismo supranacional y no por un gobierno nacional, es, en el fondo, el fruto de una alianza, complicada y contradictoria entre las naciones europeas de la zona.

La actual crisis de la economía mundial —considerada la peor desde la gran depresión de los años treinta del siglo xx—ha golpeado con profundidad a toda la economía mundial y en particular, a la Unión Europea. En especial, la economía de la eurozona atraviesa un momento histórico sin precedentes, marcado por la primera recesión profunda desde el nacimiento del euro en 1999. Una recesión que se prolongó en la mayor parte de los países a lo largo de 2009 y se recrudeció a partir de mayo de 2010 hasta la actualidad.

En 2010, ocurre el hecho más relevante y de singular gravedad al estallar el problema del déficit fiscal y la deuda pública en algunos países del área del euro, especialmente con el detonante de la crisis de Grecia y su extensión a España, Portugal, Irlanda e Italia.

La crisis de la deuda soberana europea constituye una verdadera prueba de las debilidades no solo coyunturales sino estructurales presentes en la Unión Monetaria Europea desde hace más de una década.

En esencia la política neoliberal que se ha aplicado, les ha quitado autoridad a los europeos para dársela a los bancos, cuyo poder sobre las empresas y ciudadanos aumenta.

En particular la crisis del euro o crisis de deuda soberana de algunos países de la eurozona ha dado lugar a un polémico debate sobre la supervivencia de la integración monetaria europea. A pesar de las opiniones a favor o en contra de la persistencia del euro, la Unión Monetaria Europea ha vivido un escenario complejo desde 2009 hasta la actualidad y parece enfrentará otro más difícil en los años venideros.

Más allá del debate sobre la desaparición o no de la moneda única europea, lo cierto es que desde una perspectiva más amplia, la actual coyuntura de Europa debe inscribirse en el escenario de desaceleración diseñado dada la caída tendencial de la rentabilidad del capital iniciada desde finales de la década de los sesenta y reanimado, entre otras formas, por la vía del crédito. En otras palabras, en última instancia, la actual crisis de la zona euro es expresión del agotamiento del patrón de acumulación neoliberal.

Ante esta situación Europa tiene el desafío de realizar un conjunto de reformas para enfrentar los problemas desde su verdadera esencia. Los rigurosos programas de austeridad llevan varios años de aplicación, y los resultados han hundido a las economías ya deprimidas en una depresión aún más profunda, a altos niveles de desempleo y a un aumento de la pobreza.

A propósito, en la conformación de los ocho capítulos del libro se ha perseguido una aproximación, en sentido general, a las respuestas sobre cinco interrogantes: ¿Cuál es la teoría que sustenta la unión monetaria europea? ¿Por qué está en crisis el euro? ¿Cómo resolver los problemas de la zona del euro? ¿Cuáles serían los posibles escenarios del euro a mediano plazo? y, ¿cómo impactarían los escenarios en la región latinoamericana?

El primer capítulo introduce el tema de la teoría de las áreas monetarias óptimas y examina las bases teóricas (convencionales y nuevas), los beneficios y costos de estas; con el propósito de demostrar cómo la moneda resultante con la aplicación de la teoría de la zona monetaria óptima no puede contribuir al esperado bienestar social europeo.

El segundo capítulo identifica aquellos elementos que la teoría no contempló y, por tanto, no pudo darle respuesta; así como revela su esencia neoliberal teniendo en cuenta la realidad monetaria europea.

El motivo de valorar la convergencia económica en la unión monetaria europea desde su surgimiento hasta la actualidad y la responsabilidad del Banco Central Europeo en el origen de la crisis de la zona euro determinan la pertinencia y la razón de ser del tercer capítulo.

En el cuarto apartado se caracteriza el impacto de la crisis global en Europa, en especial en la zona del euro. Se parte de analizar la naturaleza y dimensión de la crisis en el entendido de que es una crisis del patrón de acumulación neoliberal, pues desde años atrás ya estaba sembrada su simiente. Se hace un especial análisis en el epígrafe sobre la crisis de la zona euro (crisis de deuda soberana) como un problema nuevo para la historia económica contemporánea, y el tipo de políticas adoptadas para superarlas y mostrar hasta qué punto han solucionado o agravado aún más los problemas económico-sociales de la zona.

Se valoran las acciones emprendidas por la Unión Europea para solucionar la crisis en el capítulo cinco.

La necesidad de enfrentar algunos de los desafíos coyunturales y estructurales en la zona euro para la continuidad del proyecto de integración europeo es abordada en el apartado seis, con el fin de problematizar y acotar algunas de las transformaciones necesarias, más que definir los probables cursos futuros.

Ante la incertidumbre existente sobre la divisa europea, en el capítulo siete se diseñan los posibles escenarios para la zona euro. La importancia de estos radica en la profundización del conocimiento de los actuales problemas del área del euro y sus tendencias, conforme a supuestos teóricos, los cuales se organizaron en un modelo novedoso. En particular, el método de expertos1 fue utilizado para su construcción, lo que aportó mayor riqueza a la investigación y calidad, dado que involucró la participación colectiva de un grupo de economistas conocedores de la situación mundial y, en particular la europea. Los resultados obtenidos son fuertemente coherentes desde el punto de vista estadístico.

1 Para el diseño de los futuros escenarios se utilizó la metodología de Michel Godet. Este método de escenarios incluye diferentes técnicas y paquetes estadísticos, entre ellos la investigación utiliza dos métodos: Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MICMAC) y Sistemas y Matrices de Impactos Cruzados (SMIC).

El octavo y último capítulo enfatiza en la incidencia de los escenarios de la zona euro para América Latina. Primero se hace un recorrido por los vínculos económicos birregionales y se evidencia que, a pesar del reforzamiento de los lazos políticos entre ambas regiones desde finales de los noventa, desde el punto de vista económico la región latinoamericana se mantiene en la base de la pirámide de privilegios de la UE en sus relaciones con los países del Tercer Mundo. También, se evalúan los impactos actuales de la crisis del euro y los escenarios diseñados en la región latinoamericana.

A modo de resumen, en la integración monetaria europea está en desarrollo un huracán que pudiera dejar secuelas muy diversas. A priori se pudieran dibujar dos posibles de ellas: una zona monetaria federal, al estilo alemán u otra solidaria, en función de los intereses del grupo que la integra. La primera está en consonancia con la continuidad de la aplicación de medidas neoliberales en medio de la actual recesión, las cuales pudieran desembocar en un “capitalismo europeo del desastre” —para decirlo en términos de Klein (2009)— y, la segunda radica en la necesidad de un cambio hacia nuevas concepciones por parte de la elite política europea que propicien la realización de un conjunto de reformas en defensa de los intereses comunes, aunque el costo y los desafíos sean mayores.

Más allá del escenario futuro del euro, América Latina debería articular un mecanismo de cooperación monetario-financiero regional independiente. Las nuevas iniciativas como la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA) y los Tratados de Comercio para los Pueblos (TCP) permiten elaborar nuevos postulados para el desarrollo económico y social regional frente a la crisis del patrón de inserción neoliberal en la economía mundial; aunque el reto fundamental de estos mecanismos consiste en fortalecer la voluntad política y la base económica, los que garanticen la ampliación y sostenibilidad de las políticas sociales.

Capítulo 1

teoría de las áreas monetarias óptimas (amo): base teórica de la zona euro

Teoría clásica de las áreas monetarias óptimas

El tema de las uniones monetarias ha sido desarrollado de forma tardía en la historia del pensamiento económico. A principios de los años sesenta del siglo xx se reconoce por la comunidad económica internacional la conceptualización del fenómeno de las áreas monetarias óptimas (AMO) por el premio Nobel de Economía, Robert Mundell. Aunque mucho antes, en 1940, Abba Lerner había explicado los principios básicos de esta teoría, sobre todo en el período de discusión de los arreglos monetarios internacionales de entre guerras, el primero es recordado como el creador de la teoría.

1 Robert Mundell (1932), economista canadiense, premio Nobel de Ciencias Económicas en 1999 por su análisis de la política monetaria y fiscal en diferentes sistemas de tasas de cambio, así como por su estudio de las zonas monetarias óptimas.

Con anterioridad a la definición de la teoría, la creación y destrucción de las uniones monetarias carecía de una teoría específica sobre la correspondencia entre una unidad económica y una unidad monetaria, a pesar de la anticipación de Lerner.

En la actualidad, las distintas experiencias de integración monetaria a nivel mundial están sustentadas en el concepto de área monetaria óptima, la cual expresa cuáles son las condiciones óptimas para un grupo de países integrarse monetariamente.

Un área monetaria óptima se conceptualiza como un grupo de países o de regiones, cuyas economías están estrechamente vinculadas, dadas sus interrelaciones comerciales y la movilidad de sus factores de producción, en especial, mano de obra y capital.

El primer exponente reconocido de la teoría de áreas monetarias óptimas (AMO) fue Mundell, en la década de los sesenta, con el trabajo titulado: “A Theory of Optimum Currency Areas“ y en la actualidad es la principal fuente teórica de análisis y defensa de la unión monetaria.

La teoría desarrollada por Mundell es uno de los esquemas más completos de acoplamiento de políticas macroeconómicas donde involucra el uso de una moneda común, o un sistema de tipos de cambio fijos, por lo que los mercados de cambio entre los países miembros pasan a ser irrelevantes y, recíprocamente, las políticas monetarias nacionales desaparecen, dando lugar a una política monetaria común. Aquellos países o regiones que mejor se ajusten a este criterio, pueden obtener grandes beneficios al promover una integración monetaria.2

2 Lerner desarrolla el principio de la zona óptima, no en términos de áreas geográficas como Mundell, sino de las características y efectividad de los ajustes intranacionales. Lerner no presentó ni elaboró una teoría como tal, sino que al insistir en el modelo de ajuste del patrón oro se anticipó al análisis de la unión monetaria.

En otras palabras, la teoría de las áreas monetarias óptimas establece que un conjunto de países pueden unir sus monedas, mediante tipos de cambio fijos o llegar incluso a sustituirlas por una moneda común, en la medida que los beneficios de dicho régimen superen sus costos, constituyendo el eje teórico básico para el estudio de la integración monetaria.

El trabajo de Mundell, de aproximadamente diez cuartillas, generó una reacción inmediata de investigaciones que mejoraron el concepto enunciado por él, entre ellos destacan las efectuadas por Peter Kenen (1969) y de R. McKinnon (1963).

La base de la teoría tradicional buscaba identificar la zona geográfica óptima donde los países puedan conformar una unión monetaria y posean aquellas características que permitan el adecuado funcionamiento de un AMO, tales como: movilidad laboral y flexibilización de precios y salarios, grado de apertura y tamaño de la economía, grado de diversificación de las economías e integración financiera. Todas ellas constituyen las condiciones objetivas para alcanzar una zona monetaria óptima.

Condiciones objetivas

Movilidad laboral y flexibilización de precios y salarios

Las regiones con una elevada movilidad de factores de producción (trabajo y capital) son las mejores aspirantes para la formación de un área monetaria óptima, ya que tal condición actuará como sustituto de los ajustes cambiarios para lograr el equilibrio interno ante la ausencia de una plena flexibilidad de precios y salarios (Mundell, 1961). En este sentido, la pérdida del tipo de cambio como mecanismo de estabilización será compatible con los objetivos de pleno empleo y estabilidad de precios.

La movilidad de factores evita que el tipo de cambio sea utilizado como instrumento para eliminar desequilibrios, esto, a su vez, evita guerras comerciales propiciadas por aquellas devaluaciones que busquen trasladar el desempleo a los restantes miembros del área.

Para Mundell, también la flexibilidad de salarios y precios debe compensar la desaparición de la variación de la tasa de cambio nominal. En este sentido, si un choque externo asimétrico genera desempleo en un país miembro de la unión monetaria, la mano de obra debe desplazarse a otro. Asimismo, ante la ausencia de la devaluación, para recuperar la competitividad es imprescindible que los salarios se ajusten rápidamente a los efectos de choque.

De igual manera señaló la existencia de costos derivados de la pertenencia a un área monetaria, los cuales se analizarán más adelante. Solo los países que reflejaran una alta simetría en su comportamiento cíclico obtendrían ventajas derivadas de la pertenencia a un área monetaria que superaría los costos que esta podría generar. Solo ellos, por tanto, serían candidatos a formar parte de un área monetaria óptima.

Mundell consideraba que las ventajas del ajuste de tipos de cambios flexibles se lograban cuando se daban entre dos AMO, pero si un país no era un área monetaria óptima los beneficios de tener un tipo de cambio flexible disminuían. Es decir, hipotéticamente, si cada país fuera un área monetaria óptima el mejor escenario sería que existieran tipos de cambios flexibles entre los países.

Junto con Marcus Fleming desarrolló el famoso modelo Mundell-Fleming (1962), el cual se convirtió en decisivo en el examen de los problemas macroeconómicos para las economías abiertas, y en situar el tipo de cambio como un indicador determinante en la mezcla de la política económica más adecuada, así como en analizar cómo los choques fiscales y monetarios afectan al tipo de cambio. A través de este modelo demostró cómo la política monetaria es más eficaz en un sistema de tipos de cambio flotantes; por el contrario, la política fiscal tiene mayores resultados con sistemas de tipo de cambios fijos.

Grado de apertura y tamaño de la economía

Este es un tema nuevo tratado por McKinnon que sustenta que cuanto más abierta al exterior se encuentre una economía, menor será la eficacia como instrumento de ajuste de un sistema de paridades flexibles, y su utilización afectará desfavorablemente la estabilidad interna (McKinnon, 1963). Es decir, que los costos de participar en una unión monetaria y perder el tipo de cambio como instrumento para el ajuste disminuyen mientras mayor es la apertura externa.

A diferencia de Mundell, quien se concentró en los factores reales, McKinnon enfocó su análisis en los factores monetarios y aconseja tipos de cambio fijos para economías pequeñas y abiertas y tipos de cambio flexibles para economías grandes y cerradas. En economías cerradas, el tipo de cambio flexible facilita el ajuste de la balanza de pagos sin causar inflación.

McKinnon desarrolla un poco más la idea y define como óptima el área monetaria donde las políticas monetaria y fiscal y los tipos de cambio flexibles permiten lograr los objetivos de mantener el pleno empleo, el equilibrio de la balanza de pagos y la estabilidad de precios internos, lo que significa una asignación eficiente de los recursos.

Mundell anticipó la visión de McKinnon en cuanto al fenómeno donde en economías muy abiertas la devaluación aumenta la competitividad en un primer momento, pero luego induce a un ajuste casi inmediato de los salarios y los precios. Este efecto neutraliza la ganancia de competitividad lo cual requiere una nueva devaluación, iniciando así un nuevo ciclo.

Grado de diversificación de las economías

Las economías altamente diversificadas son las mejores candidatas para conformar un área monetaria, ya que la diversificación las separa de los distintos tipos de choques (Kenen, 1969). Según este autor: a) las economías nacionales muy diversificadas y, por tanto, con una oferta exportable diversificada no necesitan ajustes en los términos de intercambio tan frecuentes como en una economía no diversificada, y b) cuando enfrentan choques negativos específicos el efecto en términos de desempleo no es tan drástico. Además Kenen considera que una economía diversificada, que produce bienes, tiene mayor movilidad del trabajo porque amplía las oportunidades laborales para calificaciones específicas, en otras palabras minimiza la posibilidad de choques asimétricos.

Integración financiera

Si la integración en el mercado de capitales es elevada, los tipos de cambio fijo serán los adecuados para corregir los desequilibrios en los pagos, ya que los ajustes del tipo de cambio serán sustituidos por las modificaciones en las tasas de interés, lo cual desplazará al capital en cantidad suficiente para equilibrar la balanza de pagos.

Al respecto Geoffrey Ingram (1969) añade que las transferencias compensatorias deben mantener el equilibrio de la balanza de pagos. Una AMO es, también, una zona financieramente integrada. Cuanto mayor sea la facilidad con que las transferencias compensen los déficit en cuenta corriente, menores serán las presiones sobre el tipo de cambio o las tasas de interés. Además, el grado de centralización presupuestaria debe ser suficiente para que no impida que las transferencias puedan realizarse sin conflictos políticos significativos entre los países que forman la unión (De Grauwe, 1992).

Ingram señaló la importancia que tienen los aspectos financieros al analizar el tamaño óptimo de las zonas monetarias. En su opinión, en un área financiera integrada, si uno de los países miembros sufre un shock adverso es posible acudir a fuentes de financiación externas para hacer frente a la situación sin necesidad de recurrir al ajuste vía tipo de cambio.

No obstante, Willett y Tower (1970) hicieron una distinción entre mecanismos de financiación y de ajuste. Sin duda, un déficit en la balanza de pagos puede ser corregido a través de entradas netas de capital financiero, pero la interrogante relevante es: ¿cuál será el impacto de estas entradas de capital sobre las variables reales? En este sentido, la respuesta depende de varios factores: de la naturaleza del déficit en la balanza de pagos (¿es transitorio o permanente?) y de la capacidad de los movimientos del capital financiero para estimular la economía real, que será diferente, tanto para cada una de las economías nacionales consideradas, como del tiempo.

En particular depende del destino de las entradas de capital: si van a inversión productiva o improductiva, o consumo. Este es uno de los problemas en el caso de la periferia europea en los 2000.

En resumen, con las anteriores contribuciones quedaron definidas las principales propuestas referidas a las condiciones objetivas de la teoría de las AMO: movilidad de factores, apertura económica, diversificación económica e integración financiera, todas ellas con un elemento base referido a que el ajuste mediante precios no ocurre inmediatamente y, por tanto, los gobiernos se enfrentaban al dilema de tener que seleccionar entre desempleo o inflación.

Las condiciones objetivas eran necesarias pero no suficientes porque no todas las poblaciones pertenecientes a una unión monetaria tienen la misma elección entre el desempleo y la inflación. En este sentido, el problema de la diferencia en las preferencias significa también que es necesario considerar las condiciones subjetivas en el tratamiento de las AMO.

Condiciones extraeconómicas

Mintz (1970) argumentó que la unión monetaria se debía basar en sólidas estructuras políticas. Igualmente, Haberler (1970) y, Willett y Tower (1970), consideran que las características económicas no son las más relevantes para garantizar el éxito de una unión monetaria sino la existencia de similitudes en las actitudes políticas de los Estados miembros, es decir, un cierto grado de integración política.

Asimismo, Cohen (1994) va más allá al afirmar que las bases políticas de una unión monetaria son aún más importantes que los aspectos económicos. El autor llevó a cabo un análisis comparativo entre seis áreas monetarias de las cuales tres tuvieron éxito y las otras fracasaron; tres fueron entre países industrializados, mientras las otras eran entre economías subdesarrolladas; dos han adoptado una moneda común y las restantes han mantenido tipos de cambio fijos entre las monedas nacionales; y, dos tuvieron lugar en el siglo xix y las otras en el xx.

3 Las zonas monetarias del análisis fueron: la Zona del Franco, la Unión Económica entre Bélgica y Luxemburgo, la Comunidad Este-Africana, el Área Monetaria del Caribe Oriental, la Unión Monetaria Escandinava y la Unión Monetaria Latina.

Cohen en su análisis trataba de dar una explicación tanto del éxito como del fracaso de las áreas sobre la base de tres variables: económicas, organizacionales (adopción de una moneda común, existencia de un Banco Central único, entre otras) y políticas (coordinación de políticas, vínculos institucionales, existencia de un Estado dominante, entre otras). Las derivaciones emanadas revelaron que los criterios políticos eran superiores en la explicación del éxito o fracaso de las áreas monetarias consideradas que los económicos u organizacionales.

Preferencias homogéneas

Subsiguientemente, se desarrollaron otros trabajos con respecto a la teoría de las AMO, como por ejemplo, el enfoque de preferencias homogéneas desarrollado por Bourguinat (1973), Cooper (1977) y Kindleberger (1986).

Este enfoque define el área monetaria óptima como una zona donde los países que la integran realizan intercambios intensivos y tienen preferencias iguales o cercanas para los bienes colectivos, en otras palabras comparten sus objetivos de política económica y particularmente de estabilidad interna.

Bourguinat define tres casos de preferencias homogéneas: unión monetaria por alineación espontánea del país pequeño frente al país grande; por alineación impuesta, que supone algún tipo de relación hegemónica; y por convergencia negociada. Este último caso puede ser “óptimo” y puede imprimir un carácter gradual a la integración monetaria.

El enfoque de preferencias homogéneas se observó, en cierto modo, en los “criterios de convergencia”, sobre todo en los nominales (inflación, déficit fiscal y deuda pública y el tipo de interés) acordados entre los posteriores miembros de la Unión Monetaria Europea. Aunque no todos cumplieron exactamente, hicieron grandes progresos en cuanto al cumplimiento de estos.

El hecho de que poblaciones diferentes compartieran los mismos objetivos clave (homogeneidad de las preferencias), como estabilización interna, desocupación, inflación, pasó a formar parte de la teoría de las AMO como condición subjetiva. En 1992, Bourguinat argumentó que si bien las condiciones objetivas eran necesarias, las subjetivas serían suficientes para caracterizar al área monetaria como óptima.

En resumen, si bien la teoría elemental enumera las características que un país debe cumplir para integrarse con otro, sin embargo, no explica cuántas de ellas deben cumplirse, y cuáles por orden de importancia, serían indispensables.

También, los criterios de la teoría tradicional poseen una gran dificultad, pues su cuantificación resulta peligrosa y el uso de varios de ellos pudiera llevar a resultados contradictorios. Aunque es posible encontrar cierta relación entre algunos de estos criterios, así lo expusieron Bovenger y De Jong (1997), y los de convergencia establecidos en el Tratado de Unión Europea (se analizarán en el capítulo 2), sobre todo los relacionados con las variables monetarias y no las reales. Esta es una de las principales críticas que han recibido estos planteamientos (véase Martin, 1997).

Además, la teoría tradicional se apoyaba más bien en los costos que en los beneficios de pertenecer a una zona monetaria óptima —un elemento que después fue refutado por los nuevos exponentes de la teoría a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa—, es decir, se centraba en buscar mecanismos que permitieran sustituir el tipo de cambio como herramienta de ajuste, de tal modo que no fuera muy costoso para un país fijar irrevocablemente su paridad con respecto a otro.

Al mismo tiempo, la teoría nació cuando en la economía mundial funcionaba el sistema Bretton Woods que establecía un tipo de cambios fijos pero ajustables entre los países. Incluso se recurría al argumento de los tipos de cambios fijos dada las condiciones concretas de existencia de salarios fijos muy bajos.

Conviene recordar que, aunque la teoría surge cuando estaban en boga las ideas keynesianas, no pudo escapar en su esencia de las ideas neoclásicas. El argumento de que con la plena flexibilidad de precios y salarios se converge, automáticamente, al equilibrio de pleno empleo< no parece ser real. En efecto, para Keynes, con tal condición, se converge hacia un equilibrio ineficiente y, el equilibrio eficiente es posible, pero solo como un resultado particular.

4 Todos los economistas, clásicos y neoclásicos pensaron que en ese mecanismo de ajuste existía: la competencia como mecanismo de ajuste de precios y cantidades.Sin embargo, este es solo un postulado ya que carece de una demostración.

En concreto, los neoclásicos buscan políticas flexibilizadoras de precios y salarios para garantizar la eficiencia. Keynes busca establecer una política económica que guíe a la economía del equilibrio con desempleo al equilibrio con pleno empleo.

Finalmente, la vieja teoría es impugnada, aún más, cuando ve la luz el Informe Emerson de 1990 que asegura que no está adaptada a las circunstancias de los años noventa y, por lo tanto, no es aplicable a la evaluación de la Unión Monetaria. Se trata de un informe europeo donde sus autores ponen en evidencia sus vacilaciones acerca de la unión monetaria, debidas, fundamentalmente, al problema de las particularidades que existen dentro de la Unión Europea.

Nueva teoría de las áreas monetarias óptimas: la integración europea como eje articulador

Desde mediados de los años setenta hasta finales de los ochenta, el enfoque tradicional de las teorías de las AMO se debilitó. En este período toda la investigación teórica y empírica con respecto al tema se estancó.

Sin embargo, con el Informe Delors de 1989 y el Informe Emerson de 1990,5 se le impregna un gran avance al proceso de integración económica en Europa —sobre todo a la posible constitución de una moneda común—; los análisis sobre la integración monetaria emergieron nuevamente. En efecto, es la propia metodología de One Market, One Money la que marca un punto de inflexión —un nuevo renacer— de la teoría de las áreas monetarias óptimas al tenerse que enfrentar al caso concreto de la Comunidad Europea de aquel momento.

5 El Informe Emerson conocido como One Market, One Money, fue el principal apoyo intelectual para la formación de la Unión Monetaria Europea. Este informe justificaba la idea política del Plan Delors y se basó en una análisis costo–beneficio. Pero, el análisis no era cuantitativo sino cualitativo y vagamente definido y desarrollado. Se limitaba a dar una lista de beneficios y costos en la creación de la Unión Monetaria Europea (Emerson, Gros e Italianer, 1992).

A partir de entonces, las investigaciones teóricas sobre el tema cobraron gran notoriedad y significación y, consecuentemente, se incorporaron los avances de la macroeconomía moderna, lo que dio surgimiento a lo que se conoce, en la actualidad, como la “nueva” teoría de las áreas monetarias óptimas muy vinculada a las teorías monetaristas y de expectativas racionales.

En particular, el trabajo de De Grauwe (1992), The Economics of Monetary Integration, se convirtió en el punto de ruptura entre el enfoque tradicional y el nuevo, debido a que los unió y le añadió los aportes de la teoría macroeconómica reciente, y con esto se reimpulsó el estudio de la teoría de las AMO.

Para De Grauwe, el análisis de la teoría durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado perdió utilidad debido a las revisiones críticas a la curva de Phillips6 realizadas por Friedman (1968) y Phelps (1968). A partir de estas críticas, en la actualidad se acepta por la comunidad científica que la curva no es estable.

6 La curva de Phillips es utilizada, tanto por los monetaristas como los keynesianos, aunque de manera diferente y con el objetivo de diferenciar el desempleo. Este último se dividiría en estructural (el largo plazo fija la propia estructura económica; de acuerdo con la tesis de Marx (1867) de la formación del ejército industrial de reserva, habrá un exceso permanente de la oferta delante de la demanda de trabajadores) y friccional (se trata del temporal como resultado del tiempo de búsqueda o rotación de empleo) y cíclico (de corto plazo que oscila de acuerdo con la expansión y la contracción periódica de la actividad económica).

Ambos autores trataron de separar el componente monetario de largo plazo del real de corto plazo en la evolución de la tasa de desempleo. Para Friedman la tasa natural de desocupación sería la de equilibrio general (en todos los mercados de competencia perfecta se tiende al equilibrio simultáneo y cualquier exceso de oferta o demanda es de cortísimo plazo, pues es automáticamente ajustado), bajo el supuesto de que este sistema captura las características estructurales de la economía de mercado, las imperfecciones de los mercados de bienes, servicios y fuerza de trabajo y la variación de todas las ofertas y las demandas e incluye, además, el costo de recolectar información sobre vacantes y disponibilidad de empleos y los costos de movilización, entre otros costos subyacentes.

Para Phelps, en su revisión sobre la curva de Phillips el marco más aceptado para estimar la tasa de desempleo natural, es aquella donde los incrementos de precios actuales y esperados son iguales. Este es el núcleo de la hipótesis, desarrollada por ambos, “bajo el supuesto de expectativas adaptativas (o con corrección de error), una subestimación persistente de los incrementos en salarios y precios que lleve a un nivel de desempleo sistemáticamente inferior al de equilibrio, eventualmente causaría revisiones continuas de las expectativas de inflación hasta llevar la tasa de desempleo nuevamente hacia su nivel de equilibrio” (Tamayo, 2008).

En resumen, Phillips, introduce la curva convencional bajo el supuesto de la existencia de una relación constante e inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Luego, Friedman y Phelps incorporan la hipótesis denominada curva de Phillips aumentada por expectativas, en la cual, no hay una relación constante entre las dos variables anteriores sino una tasa natural de desempleo variable que depende de factores de la economía real, por lo cual la política monetaria es inocua. Estos factores reales serían: la naturaleza del mer-cado si es de competencia perfecta o casi perfecta, oligopólica o monopólica, la eficacia del mercado laboral, la protección u obstáculos para el trabajo en los distintos oficios, entre otros.

Cualquier intento por mantener el desempleo por debajo de su nivel natural se lograría solo a través de una inflación ace-lerada, y por encima de ese nivel solo mediante una deflación. Así, se genera una curva de Phillips con expectativas adaptativas o aceleracionistas de la inflación salarial y el desempleo.

No se puede pasar por alto que una de las justificaciones elementales de los teóricos de la nueva teoría de las AMO ha sido la existencia de una tasa natural de desempleo, este aspecto ha sido central en la crítica de los monetaristas a los keynesianos.

Resulta difícil apoyar la idea de la existencia de una tasa natural de desocupación y que esta no pueda ser modificada por políticas de reactivación del empleo. En particular, las políticas keynesianas confían en las políticas fiscales y monetarias para reactivar la economía y el nivel de empleo. Para Keynes el desempleo era un fenómeno masivo, involuntario y característico del capitalismo.

La teoría de las AMO, como ya se dijo, se había desarrollado en el marco keynesiano de aceptación de la validez de la curva de Phillips. El sector privado resistía a la ilusión monetaria7 y, en consecuencia, los efectos negativos de sus conductas eran compensados sin mayor problema por los gobiernos. En realidad, la teoría de las expectativas racionales de los agentes privados hizo que la eficacia de la política monetaria pasara a depender en gran medida de la credibilidad de las autoridades monetarias.

7 Es cuando las decisiones de un agente económico se ven influidas por la expresión monetaria de las variaciones de los precios y las rentas en lugar de las variaciones en los precios y las rentas reales. Es decir, la ilusión monetaria hace que algunos agentes económicos actúen sin tener en cuenta el efecto de la inflación. Por ejemplo, si el salario de un individuo se incrementa 20 % en un momento en que la inflación es, también de 20 %. En realidad la capacidad adquisitiva del individuo no ha variado, pero si el individuo tiene ilusión monetaria creerá que es más rico ahora y modificará su comportamiento, consumiendo más o consumiendo otros productos (http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=1&def=73).

La vieja teoría reposaba en la eficacia no condicionada de la política económica, en particular de la política monetaria. Era posible que en el corto plazo las autoridades pudieran sorprender a los agentes aumentando de manera transitoria el empleo sin que, precisamente por ello aumentara la inflación, con lo cual parecía no corroborarse la política económica fundada en la supuesta validez de la curva de Phillips.

Principales elementos de la nueva AMO

Tasas de inflación estables

La nueva teoría plantea en esencia que los países con elevada inflación pueden reforzar la credibilidad de su política monetaria, vinculándola con la del país de baja inflación. Por lo tanto, el análisis se basaría, primero, en la incorporación de las expectativas racionales a la curva de Phillips, en segundo lugar, se enfocaría en la inconsistencia temporal y, por último, en el papel de la credibilidad.

Ante la complejidad de cada uno de ellos De Grauwe (1992 y 1994) los retoma e incorpora al análisis de zonas monetarias de una manera didáctica reinterpretando la teoría de las AMO. En efecto, para este autor las expectativas racionales, la inconsistencia dinámica y la credibilidad, posibilitaron otra interpretación de la teoría de áreas monetarias óptimas.

Endogeneidad de los criterios

A mediados de los noventa vio la luz el enfoque de “la endogeneidad de los criterios” realizado por Frankel y Rose (1996). Esta visión puntualiza sobre aquellos elementos que se requieren para conformar una unión monetaria, los cuales no necesariamente deben cumplirse antes de la creación de la unión sino después. Según ellos, las cuatro relaciones principales de miembros potenciales de una AMO son: 1) el tamaño del comercio; 2) la similitud de shocks y ciclos; 3) el grado de movilidad laboral; y, 4) el sistema de transferencia fiscal (si existe). Mientras mayores sean los enlaces entre los países en los cuatro criterios, más se concuerda con una moneda común.

Frankel y Rose (1998) demostraron que una unión monetaria podía tener un intenso efecto sobre el comercio, impulsando y perfeccionando el funcionamiento del mercado, lo que facilitaba una mayor sincronía cíclica entre los países que formaban la unión monetaria y, por tanto, se minimizaba la posibilidad de que se produjeran perturbaciones asimétricas. En otras palabras, una zona que a priori no era una AMO, podía serlo después de formar la unión monetaria, precisamente por las fuerzas dinámicas que esta generaba.

El efecto endógeno significa que si un grupo de naciones comparten una misma moneda el comercio se incrementa entre ellos (Rose y Stanley, 2005). Por otra parte, cuando hay más comercio entre un grupo de países la sincronización de sus ciclos económicos aumenta (Frankel y Rose, 2005).

La idea es que si los países comparten una misma divisa, el comercio intra-industrial aumenta y trae como resultado una mayor sincronización de las economías. El argumento del efecto endógeno se basa en la existencia del comercio intra-industrial y no inter-industrial porque de esa otra manera, los países se especializarían en distintos productos y como consecuencia los ciclos económicos serían asincrónicos. Es decir, los costos de perder la política monetaria nacional disminuyen si las naciones que conforman el AMO tienen sincronía en sus ciclos económicos.

Estabilidad cambiaria

Bayoumi y Eichengreen (1992) evaluaron la asimetría existente entre los shocks experimentados por los países europeos a nivel nacional para el conjunto de la economía en función de si se trataba de shocks de demanda o de oferta. Al analizar el período 1960-1988 los autores concluyeron que los primeros shocks tienen mayor relevancia que los segundos. El análisis de las correlaciones de shocks obtenidas para los países europeos y Alemania mostró la coexistencia de una distinción clara entre centro y periferia, siendo además, muy inferiores a las existentes entre los estados de los Estados Unidos.

Las estimaciones realizadas por ambos autores en 1994 para la Unión Europea, el NAFTA y Mercosur, revelaron que los choques de oferta estaban más correlacionados en los estados de los Estados Unidos que en el grupo de once países que conformaban la Comunidad Europea (CE), lo que indicaba que tales países estaban menos capacitados para lograr una armonización monetaria que los estados de los Estados Unidos. No obstante, cuando se observó el avance de los cinco mayores países de la CE, se percibía un mayor grado de coordinación de choques de oferta, lo que sugiere que están más capacitados para la coordinación que el grupo ampliado (Ahumada y Martirena-Mantel, 2001).

B. Eichengreen (1998) observa que un alto nivel de integración económica en un área que sobrepasa las fronteras nacionales implica mercados domésticos más abiertos y una competencia transfronteriza más intensa y hace que las variaciones en los tipos de cambio bilaterales sean más disruptivas. Es necesario entonces establecer cuánta volatilidad cambiaria es económica y políticamente aceptable.

Según Eichengreen las siguientes características son las más importantes: 1) mientras mayor es la asimetría en los movimientos del PIB entre los países, mayor es la importancia de tener tipos de cambio flexibles; 2) mientras mayor es la disparidad en la composición de materias primas en la producción y el comercio (criterio de diversificación de Kenen), mayor es la importancia de tener tipos de cambio flexibles; 3) mientras más estrechas son las relaciones comerciales entre los países, más importante es la estabilidad cambiaria; y, 4) los países pequeños se benefician en mayor medida de tipos de cambio fijos.

En resumen, no existen muchas diferencias entre la vieja y la nueva teoría de las AMO. El mérito para la nueva teoría, según sus exponentes, es el de haber elaborado el estudio sobre la inconsistencia temporal, dado que con anterioridad no había sido merecedora de atención de los estudiosos del tema. Además, se centró más en los beneficios que en los costos y enfatizó sobre la posibilidad que tenían los países de entrar en la unión primero y, luego cumplir con los requisitos debido al alto nivel de integración que se lograba al interior de la zona. En concreto, los aportes de la nueva teoría eran más congruentes con el proyecto de integración monetaria europea y, en rigor, los principales aportes se dirigieron a propiciar la unificación monetaria en Europa.

Beneficios de las uniones monetarias

1. Eliminación de los costos de las transacciones cambiarias.

En una unión monetaria no existen diferentes monedas, por tanto, los costos de intercambiar monedas desaparecen. Al operarse en una sola moneda disminuyen los costos de las transacciones de cambio de monedas.

Contrariamente, cuando se tiene un tipo de cambio flexible se genera un costo al cambiar la moneda nacional por la divisa, y este costo es frecuentemente mayor cuando existe gran variación del tipo de cambio. De manera que cuando el tipo de cambio es más flexible, los costos de intercambiar monedas aumentan.

La eliminación de los costos de las transacciones proporciona una ganancia indirecta, que consistirá en la disminución de la capacidad para discriminar precios entre los diferentes mercados nacionales (De Grauwe, 1994).

Según cálculos realizados por la Comisión Europea en 1990 —antes de la conformación de la unión monetaria europea— las ganancias de la eliminación de los costos de las transacciones en la unión se establecería en un rango entre 13 000 millones y 20 000 millones de European Currency Units (ECUS) al año, una cifra que constituía entre 0,25 % y 0,5 % del PIB de la Comunidad Económica Europea de aquel entonces (De Grauwe, 1994).

Además, se realizaron estimaciones con respecto al ahorro que significaría para el ciudadano europeo, pues los cambios de monedas implicaban que los europeos pagaran a los bancos cerca de 5 % de sus ingresos personales (De Grauwe, 1994).

2. Eliminación de desajustes y de la volatilidad del tipo de cambio.

Un segundo beneficio de una unión monetaria —cuando se compara con un régimen de flotación de cambios— se deriva de la reducción en los desajustes del tipo de cambio y de la volatilidad de este. Cuando hay una moneda la volatilidad del tipo de cambio se reduciría a cero, y la posibilidad de un desajuste en el tipo de cambio desaparecería por completo.

Los desajustes del tipo de cambio real transmiten señales falsas a los mercados, lo que puede afectar negativamente la localización de la inversión y la capacidad productiva. Los estudios empíricos de Pere y Steinherr (1989), tienden a avalar la hipótesis de que la incertidumbre producida por el desajuste del tipo de cambio tiene efectos negativos sobre los flujos comerciales.

Cuando se participa en una unión monetaria, al aplicarse tipos de cambios irrevocables entre los participantes, disminuye la incertidumbre sobre las decisiones de invertir y como consecuencia se estimula el crecimiento económico (De Grauwe, 2007). Es decir, si las empresas no ven limitadas sus decisiones de invertir (por los nulos efectos de la variación del tipo de cambio) se promueve el crecimiento económico como resultado de un contexto de mayor inversión que si existiera un tipo de cambio flexible.

A pesar de los beneficios más inmediatos que fueron enunciados anteriormente, hay autores que señalan otros, relacionados más bien con la nueva teoría de las áreas monetarias óptimas, como son la disminución de la inflación y un compromiso monetario más estable.

Acerca de la disminución de la inflación, Alesina, Barro y Tenreyro (2002) afirman que los países con altos niveles de inflación al incorporarse a un área monetaria óptima asumen el compromiso del resto de los miembros para combatir la subida de los precios. Desde esta línea de pensamiento, perder la política monetaria es un beneficio para aquellos países con dificultades inflacionarias por la convergencia hacia la estabilidad de precios que se genera una vez que son parte de la unión monetaria. Es decir, los países con monedas débiles son los que más se beneficiarían al incorporarse a una unión monetaria con credibilidad.

Con respecto a la existencia de un compromiso monetario más estable, la unión monetaria es vista por otros estudiosos como un pacto más perdurable y sensato. En este sentido, McCallum (1995) afirma que en comparación con otros arreglos monetarios existentes (por ejemplo, la dolarización), la unión monetaria es percibida como un acuerdo de largo plazo donde los costos de abandonarla son más altos.

En su opinión una unión monetaria está sustentada en acuerdos internacionales que implican la búsqueda de consensos si se quieren realizar modificaciones en esta.

Costos de las uniones monetarias

Dellas y Tavlas (2001) señalaron que, según la teoría tradicional, los mayores costos de un área monetaria óptima eran la pérdida de las políticas monetaria y cambiaria como vía de solución de algunos problemas económicos internos que se presenten en las economías.

El costo de renunciar a la política monetaria

La base de la pérdida de este instrumento se basa en el conocimiento de la curva de Phillips. Por ejemplo, si un país recibe un choque que provoque un incremento de los niveles de desempleo la política monetaria a aplicar sería expansiva.

Pero, la curva de Phillips como se concibió en sus inicios ha dejado de ser válida tanto en su forma teórica como empírica, por lo que la nueva teoría de las AMO no considera que perder la utilización de la política monetaria a nivel nacional sea un costo, pues, los gobiernos no pueden reducir su tasa de desocupación por debajo de su nivel natural y lo que hacen es propiciar las expectativas de inflación. En este sentido, los países con alta inflación que entran a formar parte de una unión monetaria pueden experimentar altos costos en términos de desempleo.

El costo de renunciar al tipo de cambio

Otro de los costos potencialmente más significativo de una unión monetaria —señalado por Mundell en su teoría de las áreas monetarias óptimas—, es el que se deriva de la pérdida del tipo de cambio como instrumento de política macroeconómica. En efecto, el país que se integra a una unión monetaria total, pierde la posibilidad de realizar variaciones en el tipo de cambio de su moneda con respecto a la de los restantes miembros de la unión. Sin embargo, la variación del tipo de cambio puede ser importante por dos motivos:

a) Cuando es necesario alterar la relación real de intercambio para realizar ajustes en la economía frente a choques de oferta o demanda.

b) Cuando debido a la rigidez de salarios y precios domésticos el camino de ajuste alternativo es un costoso proceso de recesión o inflación.

La posibilidad de devaluar no existiría, obviamente, en la unión monetaria. Se plantea, por tanto, el problema de si existe una alternativa a la variación del tipo de cambio para lograr el ajuste en la unión monetaria.

La introducción de una moneda única, siguiendo a Mundell (1961), pone fin a las devaluaciones competitivas, una solución que fue utilizada por muchos países europeos, miembros en la actualidad de la zona del euro, para superar las caídas del crecimiento económico. Desde el nacimiento de la moneda única europea, las crisis que afecten a uno o varios países de la zona del euro no podrán ser resueltas variando los tipos de cambio.

Frente a los colapsos económicos el ajuste se haría a través de los precios y los salarios (Mundell, 1961). Ante un choque de demanda se produciría un desplazamiento de demanda de un país a otro. Por ejemplo, un descenso en el nivel de producción y empleo en España se traduciría en un aumento de la producción y el empleo en Alemania. Y en este sentido, en España el desempleo generado haría descender los salarios, y la demanda de empleo aumentaría en Alemania. Como consecuencia, la competitividad de los productos españoles mejoraría y empeoraría la de los productos alemanes, alcanzándose un nuevo equilibrio; esta sería la primera alternativa.

Una segunda variante de ajuste sería a través de la movilidad del factor trabajo (Mundell, 1961). En efecto los trabajadores desempleados en España migrarían hacia Alemania, donde existe un exceso de demanda de trabajo y, se lograría así una nueva situación de pleno empleo en España a la vez que se resolvería el problema del exceso de demanda de trabajo en Alemania.

Los costos de señoreaje

Cuando una nación es miembro de un área monetaria óptima pierde los ingresos derivados del señoreaje. En otras palabras, el banco de dicho país no tiene la capacidad de hacer dinero, es decir, los bancos centrales de los países que forman parte de la zona dejan de ser prestamistas de última instancia y pasan sus competencias al Banco Central de la zona, el cual asume tal función.

El señoreaje óptimo puede variar para los diferentes países. Depende del costo de financiar el gasto público a través de impuestos y de la emisión de dinero.

De manera general, la nueva teoría de las áreas monetarias óptimas enfatiza que la utilización de las políticas cambiaria y monetaria no resuelve el problema en el largo plazo. Es decir, para ellos la efectividad de estas políticas se pierde, solo a corto plazo pudieran obtenerse algunos beneficios.

Capítulo 2

Insuficiencias de la teoría de las áreas monetarias óptimas

La teoría de las AMO ha sido criticada desde el marco teórico hasta su aplicación práctica. Conviene recordar que, aunque la teoría surge cuando estaban en boga las ideas keynesianas, no pudo escapar en su esencia de las ideas neoclásicas. La teoría de las AMO es una teoría vinculada a la tradición moneta-rista de la Escuela de Chicago.

En resumen, el epígrafe identificará las principales insuficiencias de la teoría, enmarcadas en tres elementos: los argumentos que toma como base para su desarrollo, sus carencias y su esencia neoliberal (sobre la base de la experiencia europea).

Caracterización del contexto en que se desarrolla

Keynesianismo versus monetarismo

Desde hace más de siete décadas existe una intensa discusión de carácter teórico y empírico entre los partidarios de Keynes, y los defensores del monetarismo, este último tuvo su representante más activo y prominente en Milton Friedman.

La gran depresión de los años treinta cuestionó las ideas neoclásicas en torno a que las libres fuerzas del mercado impedirían un desempleo a gran escala como el sufrido en la década mencionada. Por ejemplo, en aquel momento una cuarta parte de la fuerza laboral estadounidense no encontraba trabajo y el PIB del país había caído extraordinariamente.

A partir de ese momento el economista británico John Maynard Keynes desarrolló el marco teórico para explicar la gran depresión. Desde 1945 (fin de la Segunda Guerra Mundial) hasta la década de los setenta las teorías keynesianas dominaron la teoría económica.

Para Keynes, quien vivió entre 1883 y 1946, las economías de mercado no se autorregulan sin impedimento, es decir, no garantizan bajos niveles de desempleo y altos niveles de producción de forma regular; por el contrario, están sometidas a grandes disparidades entre optimismo y pesimismo, los cuales afectan el nivel de inversión de las empresas.

El análisis keynesiano explicaba la existencia de desempleo en gran escala y la persistencia de este fenómeno en el tiempo. Para Keynes, el hecho de que el desempleo fuera masivo, lo transformaba necesariamente en desempleo involuntario. Asimismo, argumentaba que al ocurrir una crisis como la de los años treinta, las fuerzas del mercado no podían eliminarla por sí solas, sino se necesitaban importantes ajustes en el gasto del gobierno, los impuestos y las tasas de interés para estabilizar la economía.

Keynes fue partidario de que, tanto los salarios reales como el empleo, dependen de otras fuerzas económicas, independientes de la situación del mercado de trabajo y más allá de las negociaciones salariales entre empresarios y obreros, a saber: a) de la magnitud de la demanda agregada de bienes y servicios para consumo e inversión; b) del control de la demanda por parte del Estado por medio de instrumentos monetarios y fiscales de la política económica y c) de la capacidad de la política económica para modificar los niveles de empleo y producción cuando se considere necesario.

Keynes coincidió con los neoclásicos en que el incremento del empleo debe estar relacionado con las disminuciones del salario real; sin embargo, se diferenciaba de ellos en la política económica para disminuir el desempleo. Para los neoclásicos se debía dejar que la desocupación redujera el salario nominal, lo cual conduciría a un recorte de los salarios reales y el empleo aumentaría porque los empresarios tendrían incentivos, en términos de aumentos de ganancias, para ocupar a los desempleados; en cambio, para Keynes se debía aumentar la demanda global, con ello se incrementaría el empleo, los precios subirían para compensar el aumento en los costos marginales y, por tanto, el salario real caería y las ganancias aumentarían. De manera que, en el primer caso, se piensa en un ajuste del salario real a través de los salarios nominales, mientras que en Keynes el cambio del salario real es realizado a través del nivel de precios. Por otro lado, la causalidad es también distinta; en los neoclásicos el ajuste de los salarios reales es lo que permite el aumento del empleo, mientras en Keynes el incremento del empleo es lo que conduce a una disminución del salario real por medio del ajuste del nivel de precios.

En la teoría keynesiana la expansión de la demanda agregada tendrá efecto distintivo sobre el nivel de precios y nulo sobre la producción y el empleo si los salarios crecen. En las economías de libre mercado pueden describirse dos tendencias que las incitan hacia el estancamiento y la depresión. La primera, la tendencia secular, se debe a que el consumo agregado aumenta por debajo de la renta agregada de modo que, cuanto más rica sea una sociedad menor será la capacidad de la inversión agregada para cubrir esa diferencia. Esto se debe a que la eficiencia marginal del capital tenderá a caer por debajo de un tipo de interés muy inflexible a la baja. En este sentido, los keynesianos proponen que esa desigualdad sea, paulatinamente, cubierta por el gasto y la inversión pública.

En la teoría keynesiana, a largo plazo, solo a través de una creciente participación del Estado en el gasto total, las economías de mercado conseguirán ofrecer una ocupación completa a sus recursos productivos y evitar el estancamiento.

En resumen, para Keynes una caída de la demanda agregada traería como consecuencia un desplome prolongado del nivel de producción y del empleo. Planteó que frente a esto el Estado debería intervenir de manera abierta impulsando la demanda agregada, básicamente, a través de la política fiscal expansiva, aumentando sus compras al sector privado. Ello elevaría las ventas, y la producción del sector privado aumentaría el empleo y los ingresos de los trabajadores los que a su vez aumentarían sus gastos de consumo produciéndose un efecto multiplicador. Por ello, para asegurar el pleno empleo, Keynes propuso la participación activa del Estado mediante políticas económicas activas anticíclicas.

Asimismo, contrarrestó las ideas neoclásicas sobre la innecesaria intervención del Estado —según ellos la flexibilidad de los precios permitiría que el desempleo desapareciera automáticamente mediante los mecanismos de estabilización automática o la acción de la mano invisible— al expresar que a largo plazo el prolongado desempleo desaparecería y la economía tendería al pleno empleo, pero señaló que el ajuste sería tan lento que en el largo plazo estaríamos muertos, por lo que era mejor poner en acción la mano visible de la política económica.

Modigliani (1944) buscó compatibilizar las ideas de John Maynard Keynes con la economía convencional que, tras las dos guerras mundiales, se encontraba sumida en el debate de cómo volver a crecer y cómo afrontar el desempleo. Así, demostró que si los salarios son fijos el sistema puede alcanzar la plena ocupación.

También, Modigliani y Merton Miller (1958) manifestaron que en un mercado perfecto las decisiones de inversión se deben tomar de manera independiente de las decisiones de financiamiento. En otras palabras, para decidir si es conveniente o no un determinado proyecto que quiera realizar una empresa, no hay que considerar, por ejemplo, cómo financiarlo, ese sería un tema posterior, ya que un inversionista racional considerará solamente la rentabilidad futura de la empresa y no el monto de la deuda ni su estructura. Paul Samuelson y Robert Solow (1960) cambiaron la relación inversa entre tasa de crecimiento de los salarios monetarios y tasa de desempleo, en una relación inversa entre tasa de inflación y tasa de desempleo, la cual a su vez sería una relación estable, por lo que los gobiernos, prácticamente, solo tendrían que escoger la combinación de inflación y desempleo que más les interesara.

Phillips (1958), Lipsey, Samuelson y Solow (1960) postularon una nueva forma de plantear la curva de oferta keynesiana la que tendría mayor o menor pendiente dependiendo del grado de flexibilidad de los salarios, el cual sería pequeño en el corto plazo y grande a largo plazo.

Por otra parte, para los keynesianos, el déficit público no es necesariamente una promesa de mayores impuestos, dado que puede mover la producción y esta, a su vez, generar mayores ingresos al tesoro público sin cambios en la tasa impositiva.

La política fiscal para los keynesianos no solo era un instrumento ventajoso para la regulación de la demanda agregada y, en determinados contextos, podía ser más eficiente que la herramienta monetaria para tal objetivo. Primero, cuando las variaciones monetarias fueran contrarrestadas por la preferencia a la liquidez (en este caso las tasas de interés no varían) y; en segundo lugar, si la inversión es insensible a los cambios en los tipos de interés.

Esta invariabilidad de los tipos de interés propició la desconfianza de Keynes y sus seguidores con respecto al éxito de una política puramente monetaria dirigida a mediar sobre la tasa de interés, por lo que privilegiaron la política fiscal frente a la monetaria, como instrumento para el control de la demanda global.

Desde la mitad de la década de los cincuenta hasta el inicio de la del setenta existió un intenso debate entre keynesianos y monetaristas hasta el momento de la publicación de los dos ensayos de Milton Friedman sobre los análisis del ciclo monetario (1970 y 1971) los cuales concluyeron la discusión teórica.

A lo largo de los años setenta las políticas monetarias keynesianas fueron remplazadas, paulatinamente, por el monetarismo; este último conducido por Milton Friedman y sus colegas de la Escuela de Chicago. Con la crisis del petróleo de 1973-1974 comenzaron los cambios en la política económica, en esa etapa dada el alza de los precios del petróleo, el problema de los principales países industrializados no era reactivar la demanda sino controlar la inflación.

No obstante, la aplicación de las ideas monetaristas por la Administración Carter en los Estados Unidos, en 1979, y Margaret Tatcher en el Reino Unido, a principios de 1980, debilitaron el debate a favor del monetarismo.1

1 Posteriormente, en el primero de los mencionados, el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, con su política monetaria liberal, aceleró y acentuó aún más la aplicación de esta política.

En ese contexto de crisis con inflación, las autoridades monetarias estadounidenses se encontraban en el dilema de continuar con una política expansionista para combatir la recesión (mayor déficit fiscal) o aplicar las ideas monetaristas y restringir el crecimiento económico. La Reserva Federal optó por el manejo monetario a través de las tasas de interés. En 1980, la economía alcanzó una tasa de inflación de 20 % anual.

Milton Friedman, con su trabajo sobre la curva de Phillips, y varios de sus seguidores lograron una clara visión, permitiendo que la sociedad comprendiera la imposibilidad de que las políticas de demanda agregada expansivas tuvieran efectos reales sobre el nivel de producción y empleo.

Para los monetaristas, las economías de mercado se autorregulan, es decir, las economías logran obtener el pleno empleo si actúan solas. Con el supuesto de pleno empleo, o bien, con el supuesto de que existe un mecanismo de precios flexibles que actúa de manera instantánea y en consecuencia elimina cualquier desequilibrio, simplemente no es factible la existencia de un fenómeno persistente de desempleo involuntario. Además, sugieren que una oferta monetaria estable y, no una variable, es la clave para una macroeconomía estable.

En la década de los ochenta el contraataque monetarista fue más radical cuando Robert Lucas (1972) y Robert Barro (1976), desarrollan el enfoque de las expectativas racionales, a través del cual expresaron que las economías de mercado se regulan entre ellas mismas y que las políticas de gobierno son ineficaces para estabilizar constantemente la economía. Para ambos, si las personas y las empresas forman sus expectativas sobre los hechos económicos futuros de forma “racional” entonces los cambios en las políticas del gobierno tendrán menos efectos que lo que predicen los modelos keynesianos. Insisten en la tesis de que en un mundo competitivo poblado de agentes racionales optimizados, simplemente no se plantea, ni se puede plantear la posibilidad de que haya desempleo involuntario (Hahn, 1984).

Ellos demostraron que sobre la base de información de mercado, los agentes preveían el efecto expansivo y las economías terminaban con más inflación, mayores tasas de interés, menos competitividad y más problemas en sus cuentas externas. Finalmente, los monetaristas se concentraron en los principios microeconómicos: el efecto de la oferta, la productividad y, especialmente, los costos de la regulación.

De manera general, los monetaristas plantean que en el largo y corto plazos no existe una correspondencia biunívoca entre inflación y desempleo. Cualquier nivel de inflación es teóricamente consistente con un nivel dado de desempleo. La inflación es siempre un fenómeno esencialmente monetario, y para su eliminación se requiere controlar la oferta monetaria de manera sistemática. Por otra parte, no hay opciones de política económica para reducir el nivel de desocupación existente, el cual corresponde a la tasa “natural” de desempleo; si se intenta reducir la desocupación por debajo de dicho nivel, el resultado será que en el futuro se tendrá una mayor tasa de desocupación acompañada de un mayor nivel de inflación.

La administración de la demanda no puede alterar el nivel “natural” de desempleo, porque si bien el manejo monetario puede actuar sobre el nivel de precios, el rápido ajuste de las expectativas de los asalariados llevará a que estos actúen sobre el nivel de los salarios nominales, evitando así la caída del salario real y el aumento de las ganancias.

Aunque la teoría monetarista tuvo una rápida oposición en James Tobin —Premio Nobel de Economía y defensor de los principios keynesianos— y luego otros como Modigliani, Mankiw, Romer (1991), Blanchard (2007) y Krugman —a quienes se les llamó neokeynesianos— se concentraron en el análisis de corto plazo, agregando ciertas rigideces en los precios de bienes y factores para sustentar sus posturas respecto a la efectividad de las políticas expansivas.

En particular, Modigliani (1977) resume el debate entre keynesianismo y monetarismo de la siguiente forma: en el primero, una economía monetizada con empresas privadas, a) tiene que ser estabilizada, b) puede ser estabilizada, c) debería ser estabilizada. Por el contrario en el monetarismo la economía, a) no es necesario estabilizarla, b) si hubiera necesidad de estabilizarla no es posible hacerlo por cuanto las políticas de estabilización que se usarían la desestabilizarían más aún, y c) aun cuando el gobierno pudiera tener éxito con su programa estabilizador, “no es conveniente darle al gobierno ese tipo de instrumental porque lo hace muy poderoso”.

Los nuevos keynesianos mostraron que los factores microeconómicos pueden tener efectos al nivel macroeconómico. En particular, que la rigidez de sueldos y precios dificulta ese vaciamiento de los mercados, y consecuentemente, impide la implementación de un equilibrio de largo plazo.

Así, los neokeynesianos adoptan un enfoque clásico del mercado de trabajo, en el sentido de que el desempleo aparece porque el mercado de trabajo no se vacía, calificándose de involuntario, pues aunque los trabajadores deseen trabajar a un salario inferior al vigente en el mercado no pueden hacerlo, es decir, la causa fundamental de la desocupación involuntaria radica en que el salario real es rígido a la baja.

Mientras los nuevos clásicos sugieren que con los ajustes de precios y salarios se puede obtener una situación de pleno empleo estable en el corto plazo, los nuevos keynesianos señalan que ese equilibrio solo se puede obtener en el largo plazo, y a través de la acción de autoridades fiscales y monetarias. La percepción nuevo keynesiana del largo plazo es que puede ser un período realmente largo, quizás inalcanzable en la práctica (en la medida que fluctuaciones previas modificarán de manera continua la situación).

El enfoque neokeynesiano afirma que las rigideces económicas son responsables del desempleo, y estas rigideces incluyen factores como los sindicatos y las leyes de salarios mínimos. Esta visión neokeynesiana, principalmente estadounidense, era precursora de la agenda neoliberal sobre la flexibilidad del mercado de trabajo actual. Este análisis neokeynesiano contrasta de manera notable con el análisis poskeynesiano, que ha considerado al desempleo como resultante de la escasez de demanda, ocasionada por la incertidumbre acerca del futuro y la débil confianza de los negocios (Palley, 2004).

Frente a la elección de los neokeynesianos en cuanto al manejo de la política económica, los autores poskeynesianos se pronuncian con más claridad. Por ejemplo, para estos últimos, la “socialización de la inversión” es necesaria para mantenerla en un nivel que garantice el pleno empleo.

Ciertamente, en determinadas áreas los poskeynesianos son los únicos que mantienen vigentes algunos de los postulados promulgados por Keynes y enfatizan la necesidad de una política fiscal que fomente la ocupación y las rentas.

Ellos afirmaron que el capitalismo no tiene ninguna tendencia natural a volver a una situación de pleno empleo, y, por tanto, consideran deseable un tipo concreto de intervención estatal tendente a restaurar el pleno empleo. También, expresaron que las decisiones de inversión y su dirección se realizan como anticipación de sucesos futuros que no pueden ser conocidos. Es decir, que tanto a corto como a largo plazo, la economía está dirigida por la demanda, no por las restricciones en la oferta.

Los poskeynesianos no admiten que los mercados tiendan de modo espontáneo al equilibrio, y llegan a afirmar que aunque hipotéticamente se alcanzase el equilibrio, el Estado tendría que intervenir para poder mantener esa situación. Por ejemplo, Pasinetti (1974) apuntó que las rigideces del sistema económico, visto desde la economía ortodoxa convencional —incluye a los neokeynesianos— constituyen una de las causas de los desequilibrios que aparecen en la economía, son también consecuencia del desarrollo de la sociedad industrial, y afirmó que dichas rigideces no provocan las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica.

Robinson (1974), igual que Shackle (1974), acusó a la economía ortodoxa de mantener el concepto de equilibrio (y otras ideas polémicas) como un fenómeno a largo plazo. Enfatiza que al insistir en el largo plazo se crea la impresión de que este período es lo normal y que la situación actual es una aberración temporal. Esta última desaparecerá cuando haya transcurrido el suficiente tiempo para eliminar las imperfecciones del mercado. En este sentido, el largo plazo se convierte en algo más importante que el corto plazo.

De hecho, Robinson argumentó que existían etapas lógicas, aquellas donde se cumplen todos los supuestos necesarios para el equilibrio en el largo plazo, y no lógicas, cuando no se mantienen los supuestos a corto plazo. Pero ello no sugiere que con el paso del tiempo estas se cumplan.

Paul Davidson (1991, 1994, 1996) enfatizó que las expectativas racionales suponen que el futuro puede describirse con exactitud mediante distribuciones de probabilidad basadas en datos pasados. En términos prácticos, “el futuro se parece al pasado”; en términos estadísticos, los datos son estacionarios.

Asimismo, la incertidumbre, para los poskeynesianos significa que existirán oscilaciones en la preferencia por la liquidez y, por lo tanto, de la demanda agregada. En este sentido, se carecerá de una tendencia para alcanzar el pleno empleo y para situarse en cualquier lugar en el largo plazo. Esta es la razón por la que sugieren políticas monetaria y fiscal activas, para estimular un marco institucional que proporcione a los agentes una mejor guía y un mayor papel del Estado en cuanto a la inversión.

Por otra parte, básicamente, en la perspectiva poskeynesiana el desempleo es generado por una insuficiencia de la demanda efectiva, por lo que un descenso del salario podría incluso empeorar la situación. Los poskeynesianos se apartan del mercado de trabajo neoclásico.

En esencia, la contracción basada en el dinero da lugar a una importante eficiencia económica por una baja en los costos de transacción, pero también hace que el ajuste económico sea muy complicado, dada la flexibilidad de los precios y del salario nominal (Palley, 2004).

Visiones del dinero

Monetaristas

La teoría cuantitativa del dinero o monetarista se centra en el manejo de la oferta monetaria para evitar la inflación, por eso trata a la cantidad de dinero como una variable exógena.

El monetarismo pone, en primer orden, la importancia del dinero como instrumento de política económica y tiene dos principios básicos: a) la oferta de dinero es el único factor sistemático determinante del nivel de gasto y de la actividad económica; b) la estabilidad de precios se garantiza a través del Banco Central, el cual establecerá un índice de aumento de la oferta de dinero a una tasa aproximadamente igual al crecimiento real de la economía. Para los monetaristas existe una fuerte relación entre la inflación y el tamaño e incremento de la masa monetaria.

En esencia, los agentes pueden diferenciar entre los distintos tipos de perturbaciones que golpean al sistema económico, y son capaces de anticipar sus efectos, por lo que solo cambiarán sus decisiones óptimas de trabajo, producción y consumo, en respuesta a shocks de carácter real —que originan cambios en los precios relativos y no de origen monetario— que provocan alteraciones del nivel general de precios.

Asimismo, los monetaristas parecen suponer, con su hipótesis, que el dinero es neutral, dado que los agentes tienden a prever perfectamente el curso de los acontecimientos.

La corriente monetarista ha enfrentado las duras críticas de los poskeynesianos y marxistas, considerados estos últimos como las principales corrientes heterodoxas que fueron evolucionando a lo largo de la historia. Estas dos vertientes tienen fortalezas que hacen que sea importante tenerlas en cuenta en cualquier revisión del pensamiento heterodoxo. No obstante, varias visiones señalan que adolecen, todavía, de ciertas carencias que permitirían considerar que no han llegado a conformar una teoría acabada que pueda cumplir el doble propósito de, por un lado, realizar una crítica certera de las falencias de la ortodoxia, y por otro, convencer acerca de su potencial eficacia para enfrentar los fenómenos de la realidad económica contemporánea; puede remarcarse, legítimamente, que esto último requiere de acontecimientos como los que hoy se viven como para impulsar políticas cuya base teórica difiera de las propias de la ortodoxia.

Poskeynesianos

Por otro lado, como para los poskeynesianos la inflación no es esencialmente un fenómeno monetario, sino tiene su origen en lo fundamental en los costos salariales, consideran que la articulación de medidas de restricción monetaria para luchar contra la inflación no sirve de mucho.

Moore (1988) considera que los préstamos crean depósitos. Es la demanda de nuevos préstamos netos por parte de las empresas la que provoca el incremento de la oferta monetaria. Dado que también el Banco Central actúa para acomodar cualquier necesidad de reservas adicionales, es razonable describir la cantidad de dinero como “demanda determinada”.

También, los poskeynesianos cuestionan el hecho de que un Banco Central independiente obtenga menores tasas de inflación para similares tasas de crecimiento económico que un Banco Central bajo control directo del gobierno.

La endogeneidad del dinero exterminó la teoría cuantitativa al cambiar la dirección causal. Es el nivel de actividad económica y los precios (la coyuntura, como se conoce habitualmente) los que determinan la cantidad de dinero y no al revés. De nuevo, la inflación está causada por cambios en los costes, siendo adecuada una política de precios.

El mecanismo por el cual la oferta monetaria se hace endógena incluye dos elementos, resaltados por Moore (1988), refiriéndose al nexo entre la actividad económica y el dinero. Esto se explica, habitualmente, considerando una empresa representativa que desea aumentar la producción (o cubrir los costes crecientes). Necesita tiempo para producir (obsérvese la importancia que tiene de nuevo el tiempo). Hay que pagar los gastos antes de que se obtengan los ingresos procedentes de las ventas. Para hacer esto, la empresa tiene que endeudarse con su banco. Tan pronto como la empresa se apoya en la facilidad de préstamos, el beneficiario recibe depósitos adicionales y aumenta la oferta monetaria. El segundo elemento es cómo los bancos pueden conseguir las reservas necesarias para financiar sus mayores balances. Este segundo aspecto generó un breve debate en los círculos poskeynesianos en los años noventa del pasado siglo entre los estructuralistas,2 quienes argumentan que la naturaleza del sistema financiero es tal que los bancos podrían siempre sortear la restricción potencial mediante formas nuevas de ahorro de las reservas, mientras los acomodacionistas,3 señalan que los bancos centrales siempre suministrarán reservas adicionales cuando sean demandadas por diversas razones, entre ellas, proteger al sistema bancario de una crisis de liquidez y la búsqueda de tipos de interés estables a corto plazo.

2 Entre ellos se destacaron Arestis (1996), Chick (1983), Dow (1997), Pollin (1991), Sawyer (1996) y Wray (1990).

3 Kaldor (1970), Moore (1988) y Lavoie (1992).

Marxistas

Sin embargo, y contrastando con el monetarismo, para los marxistas “el dinero no es, en realidad, otra cosa que una especial expresión del carácter social del trabajo y de su productos, la cual, sin embargo, como contraste con la base de la producción privada, tiene necesariamente que aparecer siempre, en última instancia, como un objeto, como una mercancía especial al lado de otras mercancías” (Marx, 1980).

En verdad, la teoría del dinero (de Marx) basada en la mer-cancía rechaza tácitamente la teoría cuantitativa. Afirma que dados los precios, y la velocidad de circulación y masa de mercancías, solo circula la cantidad de dinero necesaria, el resto se atesora.

La confianza en la moneda está dada, principalmente, por su aceptación por la sociedad y no de los mercados financieros de manera exclusiva. La moneda es, en definitiva, esa institución central que representa la perennidad de todo un orden social (Aglietta, 1987). Además, esta es una herramienta de estabilización y desestabilización económica pues, por una parte, es un instrumento de pacificación de las relaciones económicas y por otra parte, centro de codicia (Aglietta y Cartelier, 1998 y, Aglietta y Orleáns, 1990).

Esta investigación de la autora coincide con el pensamiento de los teóricos de la regulación y los seguidores de Marx, en que la moneda es endógena, pues su emisión se encuentra directamente vinculada con la actividad económica.

Duncan Foley, uno de los seguidores de Marx más reconocido en temas monetarios, reafirma que el dinero actual no es una mercancía, una opinión que es compartida por los teóricos marxistas, con pocas excepciones (Astarita, 2005). Foley subraya que la comprobación de este hecho deja a la teoría monetaria sin una determinación del dinero en términos del valor trabajo y ello requiere emprender la tarea de solucionar esta falta o, por lo menos, continuar con aportes sobre el dinero teniendo en cuenta esta dificultad.

Al destacar la vinculación que existe entre el ciclo productivo y las necesidades de crédito Shaikh (1991) y Foley (1986) configuran una verdadera teoría monetaria de la producción. En la concepción endógena, los flujos monetarios están vinculados al circuito del capital, mientras en la visión exógena, la génesis del dinero es una cuestión turbia sin definición alguna, por eso los economistas neoclásicos apelan a diversas parábolas para exponer cómo aparece en la economía. En la mayor parte de sus modelos, el dinero asoma como una dotación inicial, esto es, como una asignación irreal que lleva a cabo el gobierno entre los individuos en una sociedad ficticia.

Además, Foley, Moudud (1998) y Shaikh investigaron sobre el dinero y el crédito, donde la moneda no es convertible por algo de valor en el actual sistema. Ellos discreparon de los teóricos monetaristas y llegaron a la conclusión que el dinero debe tener un componente endógeno.

Los nuevos marxistas contemporáneos, defienden la teoría endógena del dinero y la contraponen a la exógena pues para ellos “los préstamos no se vinculan de manera automática a los depósitos y a las reservas existentes, ya que los bancos poseen distintas formas para constituir los encajes”.

Por otra parte, “la emisión monetaria desvaloriza el billete” (Marx, 1980). Este es el basamento principal de la crítica de Marx a la teoría cuantitativa.4 Mientras la cantidad del oro circulante depende de los precios de las mercancías, el valor de los billetes de papel circulante solo depende de su propia cantidad.

4 La teoría monetarista o teoría cuantitativa sostiene que si aumenta la cantidad de dinero, aumenta el nivel de precios.

De hecho, en la manipulación desenfrenada del crédito y del dinero, por parte de los bancos centrales, se comete el inmoral fraude de la inflación y el dinero pierde valor continuamente, los pueblos pierden su engranaje moral y se precipitan a la decadencia social (Hulsmann, 2004). En la práctica, al parecer de aquellas características que especificaban el concepto dinero, según la teoría marxista, se han afectado las de ser medida de valor (en la actualidad el dinero es 5 y reserva de riqueza, solo ha subsistido la de ser instrumento de intercambio. Por lo que los billetes son simples certificados de deuda en un sistema bancario que convierte a los individuos en acreedores, pero no son medida estable de algo, y mucho menos resguardo de valor.

5 Se le llama así al dinero que no promete la entrega de oro, plata, ni de ninguna otra cosa al portador. La palabra fiat; significa hágase, en latín. Es dinero que existe por decreto del poder que gobierna. No tiene “respaldo” alguno, no promete entrega de algo de valor a su dueño; existe por decreto y por la fuerza del gobierno que lo impone.

Por otra parte, el mercado no es idóneo para armonizar los intereses particulares ni satisfacer el interés colectivo. “El mercado es insuficiente para la preservación del orden social” (Álvarez y Hurtado, 2008). Como bien señalara Marx, las personas están en una posición asimétrica cuando llegan al mercado y esta diferencia radica en la posesión de la moneda, unos llegan con ella y otros tienen que buscarla, por lo que los primeros llegan con riqueza y los segundos tratan de adquirirla.

Argumentos de partida de la teoría de las AMO

Esta teoría despertó en plena etapa keynesiana, sin embargo, sus postulados tienen como base los argumentos del monetarismo y la exigencia de la ley del dinero a través del poder de los bancos y las instituciones financieras.

Asimismo, la nueva teoría de las AMO se apoyó en las ideas monetaristas, sobre todo en la concepción de los mercados eficientes, y rechazó la teoría keynesiana. En este sentido, sus argumentos se erigieron bajo el sistema de política neoliberal.

En particular, su argumento central de los shocks asimétricos sigue siendo válido, a juicio de la mayor parte de la literatura académica monetarista. Efectivamente, los mayores costos de una zona monetaria no proceden de las diferencias en las estructuras económicas y de intercambio comercial, sino de la ocurrencia de estos shocks. Los teóricos de las áreas monetarias óptimas pusieron mucho más énfasis en los shocks de demanda (vinculados a la política monetaria), de forma coherente con la teoría macroeconómica dominante en la época. No obstante, desestimaron los shocks de oferta (a la productividad, a los términos de intercambio), que son los que han dado notabilidad efectiva a sus preocupaciones.

Con respecto a lo anterior Eichengreen y Bayoumi (1994) demostraron que existía una fuerte distinción entre los choques de oferta que afectan a los países ubicados en el centro de la Comunidad Europea (CE) —Alemania, Francia, Holanda y Dinamarca— y aquellos que afectan a otros miembros de la Unión Europea —Reino Unido, Italia, España, Portugal, Irlanda y Grecia”— (p. 104, en la reimpresión de Eichengreen).

En este sentido, la política monetaria única dirigida desde el BCE no puede ser óptima al interior de la eurozona ni para la UE. Ya en 2000, Martin Feldstein planteaba que Europa no podía manejar el euro.

Asimismo, otros autores demostraron que los shocks de oferta tienen un importante papel en la variabilidad del PIB, incluso en el corto plazo y determinado rol en la explicación del comportamiento de la inflación en el largo plazo; esta última puede no ser exclusivamente un fenómeno monetario, al menos en el corto y medio plazo (Vázquez, 2007).

Por otra parte, en el marco donde se desarrolla la teoría de las AMO, la moneda es fiduciaria, una moneda de papel que tiene su validez concentrada en la confianza de quien la emite (Estados o Bancos Centrales) y no en el valor-trabajo que le atribuían Ricardo y Marx en los tiempos del oro. El papel moneda fiduciario no contiene trabajo social en sí mismo. Y si hubiera que atribuírsele algún trabajo sería irrisorio y despreciable.

Aunque los mercados financieros internacionales se nutren de este tipo de moneda —fiduciaria—, en épocas de crisis aumenta el refugio en oro en detrimento de ella (De Brunhoff, 2009).

La teoría, al desarrollarse en los marcos del monetarismo, desestima la idea de que la moneda es un principio de cohesión de las relaciones económicas; es una regla social que extrae su validez de una representación colectiva (Aglietta, 1987).

En este orden, la teoría de las zonas monetarias óptimas posee una visión, eminentemente fetichista del dinero, pues considera que su cantidad puede ser controlada de manera directa, o indirecta a través de la política de tasas de interés (Cleaver, 1995). Además, su estrategia de control de la circulación de dinero de manera centralizada coloca al dinero como medio principal de articulación de la sociedad (Clarke, 1991).

Según Aglietta (2010), la teoría se corresponde con una visión “naturalista” de la moneda y su papel solo como soporte de los intercambios privados. La extensión geográfica de una moneda muy a menudo se corresponde, históricamente, con los límites de un Estado. Y es raro que estos correspondan a una zona monetaria óptima tal como la define la teoría. Porque la moneda, más allá de su función económica, es también un bien público, generador de lazos sociales y políticos. Cuando los agentes económicos rechazan una moneda, esto no desemboca en el “libre funcionamiento de los mercados”, sino en un terrible caos social que exige la reconstrucción de una nueva moneda legítima (Aglietta, 2010).

Carencias e irrealidades

Si bien la teoría elemental enumera las características que un país debe cumplir para integrarse con otro, sin embargo no explica cuántas de ellas deben cumplirse, y cuáles por orden de importancia serían indispensables.

Por otra parte, una de las características principales del dinero —su respaldo en oro u otros metales preciosos— está ausente en el desarrollo de la teoría, por lo que se desconoce lo que ocurriría, en caso de bancarrota de algún Estado, con las personas e instituciones económicas y financieras que la posean.

Además, la teoría no debate sobre la necesidad de la unión política de los países que se adhieran a un AMO. En este sentido, en un sistema de cambios fijos algunos países están obligados a perder si no se estipula un verdadero sistema de toma de decisiones por consenso.

Al respecto, la teoría de las AMO, no ha definido todas las instituciones suficientes para la moneda común, es decir, aquellas que permitan su aprobación por parte de los agentes económicos y la cooperación entre los estados participantes.

Incluso, el criterio de diversificación —presente entre las condiciones objetivas de la teoría— no se cumple ni en los Estados Unidos, el modelo de zona monetaria más desarrollado a nivel mundial y al cual Mundell toma como ejemplo para explicar su fundamento. Contrariamente, Krugman demostró que la pertenencia a la zona monetaria óptima estimulaba la especialización y las desigualdades regionales en los Estados Unidos. Así quedó esclarecido que Massachusetts no tiene interés en tener la misma moneda que Tennessee, a pesar de que ambas utilizan el dólar.

También, los análisis teóricos con respecto a las AMO esquivaron el vínculo de la política monetaria con otras políticas, tal es el caso de la fiscal. Un olvido que no parece ser casual sino voluntario ya que se priorizó la libertad del mercado y de las poderosas empresas transnacionales como agentes principales de los mercados financieros globalizados, por lo cual pudiera existir una competencia desleal entre los miembros de la zona y por ende la dominación por las potencias más fuertes.

Una de las fantasías de la teoría, radica en el argumento de que con la plena flexibilidad de precios y salarios se converge, automáticamente, al equilibrio de pleno empleo, lo cual no parece ser real. En efecto, para Keynes, con tal condición, se converge hacia un equilibrio ineficiente y, el equilibrio eficiente es posible, pero solo como un resultado particular.

En concreto, los neoclásicos buscan políticas flexibilizadoras de precios y salarios para garantizar la eficiencia. Keynes busca establecer una política económica que guíe a la economía del equilibrio con desempleo al equilibrio con pleno empleo.

Según Aglietta (2010), la teoría se corresponde con una visión “naturalista” de la moneda y su papel solo como soporte de los intercambios privados. Charles Goodhart (London School of Economics) señaló que la extensión geográfica de una moneda muy a menudo se corresponde, históricamente, con los límites de un Estado. Y es raro que estos correspondan a una zona monetaria óptima tal como la define la teoría, porque la moneda, más allá de su función económica, es también un bien público, generador de lazos sociales y políticos. Cuando los agentes económicos rechazan una moneda, esto no desemboca en el “libre funcionamiento de los mercados”, sino en un terrible caos social que exige la reconstrucción de una nueva moneda legítima (Aglietta, 2010).

Esencia neoliberal

En especial, la nueva teoría de las AMO surge para servir de base a esquemas que intenten contrarrestar la disminución tendencial de la cuota de ganancia del sistema capitalista, por eso muchas de sus determinaciones tendían a estar concentradas en la búsqueda de la mayor ganancia para el capital mundial.

La tendencia a la disminución de la tasa de ganancia es la principal “ley de movimiento” del modo de producción capitalista. Con el desarrollo histórico del capitalismo se produce un crecimiento de la llamada composición orgánica del capital y a la vez una reducción de la parte de capital que produce plusvalor y, con ello, una tendencia a la baja de la tasa de ganancia.

Aunque en relación con este planteamiento de la disminución tendencial de la tasa de ganancia del sistema capitalista hay un gran debate no concluido entre los seguidores de Marx. Hay autores que señalan que hasta la década de los ochenta hubo una caída de la tasa de ganancia en las principales ramas de la economía mundial, particularmente en el sector no financiero, mientras que a partir de los noventa se produjo una aceleración hasta la actualidad (Caputo6 2010 y Mandel, 1979). Otros plantean que desde finales de los sesenta del siglo pasado, existe una caída profunda y duradera de la tasa de rendimiento en inversión de capital y una incapacidad de recuperar la tasa de beneficio (Duménil y Lévy, 1999 y, Brenner7 y Shaikh).

6 La tendencia decreciente (de la tasa de ganancia para el G-7) es manifiesta hasta 1982. La recuperación cíclica de la tasa de ganancia es muy significativa. En 1987 y 1988 tuvo incrementos que la llevaron a niveles de 21 %, acercándose a las tasas previas de inicios de los años 1970.

7 Robert Brenner opina que la década de 1990 no es el comienzo de un “nuevo período ascendente del capitalismo sino un período particular (de crecimiento específicamente norteamericano) dentro del “largo ciclo descendente” (Brenner: “The Economic of Global Turbulence”, New Left Review (special Issues), NLR, I/229, May-June, 1998, http://www.newleftreview.org/?issue=225. Ver también una entrevista (2009) sobre la crisis actual.

Sin embargo, la investigación asume que con la globalización neoliberal y financiera, nunca el incremento parcial de la tasa de ganancia observado en la década de los noventa y en los años del presente siglo, ha superado los valores alcanzados en la posguerra.

Durante el auge del neoliberalismo se establecieron un conjunto de medidas políticas y económicas para neutralizar la caída de la tasa de ganancia, después del despegue económico de la posguerra. Se incrementó la tasa de explotación de la clase obrera y aumentó el área económica capitalista, tanto geográficamente (dado el proceso de restauración del sistema), como a partir de la captura directa para los negocios capitalistas de distintos rubros, y de la privatización de la salud, la educación y los servicios públicos. A su vez, las transformaciones de los negocios financieros favorecieron una maximización de la ganancia de las grandes corporaciones, dando lugar a la vez a fuertes tendencias especulativas.

El establecimiento de la unión monetaria europea sobre la base de la teoría de las AMO puede ser reconocida como una etapa de la constitución originaria del capital a nivel europeo, a través del cual se implementan las bases de un nuevo ciclo de valorización en una progresión cuantitativa y cualitativa distinta, ante la disminución de la tasa de ganancia de las burguesías de los países centrales de la eurozona.

Es así que en la década de los noventa, en pleno proceso de creación de la “zona monetaria óptima europea” se observó que Alemania (18,4 %), Francia (15 %) e Italia (16 %), registraron un crecimiento de la tasa de ganancia, entre 1996 y 1998 (Caputo y Radrigán, 2000).

Como esta era una tendencia, a corto plazo existían contratendencias para evitar que la tasa de ganancia bajara, entre ellas, el aumento del grado de explotación (incremento de la plusvalía, absoluta o relativa), la reducción del salario por debajo de su valor, la existencia de un importante ejército industrial de reserva (desempleo), y el aumento del capital por acciones (que permite obtener extraordinarias ganancias).

Desde los setenta se observa una declinación de la parte del salario en el PIB comunitario, pero en la primera década del siglo xxi, se manifiesta una agudización de la caída, es decir, hay una menor participación de los salarios en la renta total de los principales países de la unión monetaria europea (UME). Ver Tabla 1.

Tabla 1

Participación de los salarios en el PIB (%)

Algunos países de UME

1971-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2010

Alemania

70,4

67,4

66,6

64,1

Austria

76,5

72,3

69,6

64,2

Finlandia

72,8

71,7

66,4

62,9

Francia

74,3

72,3

67,3

66,6

Holanda

73,8

69,0

67,5

65,9

Italia

72,3

68,8

64,6

62,2

UEM

72,4

69,4

67,0

64,3

Fuente: Comisión Europea, 2013.

En realidad, para obtener la supuesta convergencia macroeconómica que suponía su entrada a la zona monetaria europea, los países realizaron un amplio proceso de privatización de empresas públicas, lo cual contribuyó a reducir los salarios y el nivel de empleo. Algunos autores, como Azmat, Manning y Van Reenen (2007) así lo demostraron.

Para el conjunto de la unión monetaria europea, el salario con respecto al PIB descendió 12,6 % entre 1970 y 2006. “Cada uno por ciento significa miles de millones de euros que se trasladan desde los salarios a las ganancias. La participación de la masa salarial en el PIB se redujo notablemente en todos los países. Con descensos que sobrepasan los 10 puntos porcentuales sobre el PIB en España, Italia, Irlanda, Austria y Portugal. En algunos de ellos, hay una disminución de 20 % de la masa salarial” (Caputo, 2010). Tal tendencia de disminución de la parte salarial en el PIB, significa una elevación de la tasa de explotación.

Además, la tasa de desempleo se incrementó en los países de la zona monetaria europea, entre 1991 y 1998 pasó de 7,7 % a 9,3 %, respectivamente (Comisión Europea, 2011). Existe en la zona monetaria un ejército industrial de reserva —desocupación— que es “la contraparte social de la tendencia histórica al descenso en la tasa de ganancia, los dos ejes maestros de la Ley General de la Acumulación Capitalista” (Baran y Sweezy, 1973).

El proceso de acumulación capitalista a nivel europeo evidencia que la teoría de las zonas monetarias óptimas articula una nueva forma de valorización del capital. Los espacios nacionales se convirtieron en insuficientes para aumentar la tasa de ganancia capitalista y se recurrió a la formación de la zona monetaria europea entre diferentes estados que permiten, en el corto plazo, multiplicar los beneficios de las clases dominantes y crean al mismo tiempo una gran capa de personas que no participan de las bondades de la integración. En última instancia, la teoría de las zonas monetarias óptimas refuerza la contradicción capital-trabajo a favor del primero.

Capítulo 3

la unión monetaria europea entre 2002 y 2014

Convergencia económica de la zona euro

Los criterios de convergencia económica una vez emitido el euro en 2002 se cumplieron de manera general; excepto lo relativo a la deuda fiscal. A continuación se detalla el comportamiento de las variables macroeconómicas relativas a los criterios entre 2003 y 2013.

A pesar de que en el período analizado se observa una convergencia en cuanto a la tasa de inflación en la zona como un todo (en torno al 2 %, objetivo de política económica del Banco Central Europeo), se computó un grupo de países que superaron la meta, y el porcentaje del indicador se acercó o superó 3 %, entre 2003 y 2008, entre ellos: Grecia, España, Portugal e Irlanda (Eurostat, 2010).

También se logró reducir el déficit fiscal a 3 % del PIB o por debajo de ese porcentaje; la deuda pública, a pesar que en tendencia se observó una reducción, nunca se ubicó en el umbral de 60 % del PIB exigido por los criterios de Maastricht. Sorprende el hecho de que Alemania, Francia, Bélgica, consideradas economías de mayor desarrollo relativo al interior de la zona no cumplían con el requisito de deuda pública. Particularmente en Grecia e Italia el indicador tomaba valores superiores a 90 % y 100 % del PIB, respectivamente (Eurostat, 2010).

En estos años los informes de la Comisión Europea que advertían sobre los incumplimientos fiscales fueron generalmente ignorados por los gobiernos. En 2004, las maniobras de Francia y Alemania forzaron a una flexibilización de los procedimientos de sanción por déficit excesivos.

Desde mucho antes de la introducción del euro en físico, la zona del euro funciona a varias velocidades en su interior y de manera desequilibrada, dando lugar a un resultado económico desfavorable para toda la Unión.

Entre finales de los noventa hasta 2007 se observó la heterogeneidad en el crecimiento, la inflación, la competitividad y en las balanzas de pago de los países miembros de la zona euro, fundamentalmente entre el Benelux y Alemania. Cuatro de los países de menor desarrollo relativo de la zona presentan problemas de deuda soberana: Grecia, Portugal, España e Irlanda.

Las disparidades en el crecimiento entre unos países y otros se mantuvieron por más de una década. Mientras los países centrales del euro (Alemania, Francia, Austria, Holanda, Bélgica y Luxemburgo) experimentaron bajas tasas de crecimiento —no superó el conjunto de la UE—, las economías periféricas (en particular, España, Grecia e Irlanda) vivieron años de bonanza con altos niveles de crecimiento, basado en la demanda interna, en especial desarrollaron burbujas de diferentes tipos. Ver Tabla 1.

Tabla 1

Crecimiento del PIB en algunos países de la eurozona y en la UE-27 (2006-2014)

2006

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Alemania

3,7

3,3

-5,1

3,7

3

0,6

0,4

1,6

Francia

2,2

2,4

-2,7

1,5

1,7

0,4

0,2

0,4

Grecia

5

4,3

-3,3

-3,5

-6,9

-4,4

-0,3

0,8

Italia

2,2

1,7

-5,5

1,8

0,4

-1,3

-1,8

-0,4

Irlanda

5,3

5,6

-7

-0,4

0,7

0,5

-1,1

4,8

Portugal

1,4

2,4

-2,9

1,4

-1,6

-3,3

-1

0,9

España

4

3,6

-3,7

-0,1

0,7

-1,6

-1,2

1,4

Zona euro

3,3

3

-4,3

1,9

1,5

-0,3

-0,4

0,9

UE

3,3

3,2

-4,3

2

1,5

0

0,1

1,4

Fuente: Elaborado por la autora con los datos de Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115), 26/02/2013 y Comisón Europea, 2015.

Especialmente en la década del surgimiento del euro, entre 2001 y 2010, la economía alemana solo creció 0,9 %, el menor crecimiento en veinte años. Asimismo, Francia (1,1 %), Italia (0,4 %) y Bélgica (1,4 %) reflejaron las más bajas tasas de crecimiento económico en la primera década del presente milenio en comparación con dos décadas atrás (Comisión Europea, 2011a). En ninguna de las economías mencionadas el ritmo de incremento del PIB superó el promedio comunitario (1,4 %) durante los diez primeros años de 2000.

La tasa de inversión alemana en los primeros diez años del presente siglo descendió hasta 18 % del PIB en comparación con casi 25 % en la década de 1960. En los países periféricos, el indicador superó 20 % del PIB en el actual milenio y también los promedios del decenio de los sesenta (Comisión Europea, 2011a).

Además, la demanda interna alemana está estancada desde los años noventa, y en la primera década del presente milenio, su crecimiento fue el menor dentro del conjunto comunitario (0,4 %); incluso reflejó una tasa de desempleo récord de 8,8 %, muy superior a las alcanzadas en el decenio de los sesenta y setenta del pasado siglo (0,6 % y 2,2 % respectivamente) (Comisión Europea, 2011a).

Sin dudas, el proceso de reunificación alemana en 1990, financiado mediante el recurso de políticas fiscales y monetarias expansivas, precisó de un largo proceso de ajuste que se exteriorizó en tasas de crecimiento disminuidas desde la década de los noventa hasta buena parte del primer decenio de 2000.

Desde otro ángulo, el crecimiento de las economías centrales de la eurozona (Alemania, Francia e Italia) está más orientado a la exportación y, por tanto, la contribución del sector externo al crecimiento económico es significativa. En particular, Alemania, cuya economía representa solo 4,4 % del total mundial y sus exportaciones equivalen a 8,1 % del total en el planeta, devino en el mayor exportador de bienes en el período analizado (OMC, 2012).

El superávit alemán en cuenta corriente, en 2007, ascendía a 191 300 millones de euros mientras en la eurozona el excedente fue de 11 100 millones y la UE reflejó déficit en sus cuentas externas de -140 400 millones1 (Eurostat, 2010). En 2011, el saldo positivo de Alemania fue de 158 000 millones de euros frente a un saldo negativo de la eurozona de 7 700 millones de euros (Eurostat, 2012a).

Contrariamente, el crecimiento de las economías periféricas ocurría unido a crecientes déficit en la cuenta corriente, una elevada inflación interna y estancamiento de los ingresos reales.

1 Desde 2009 China pasó a ocupar el primer lugar como exportador de bienes en el mundo y Alemania fue remplazada al segundo puesto ese mismo año, pero ya en 2011 se había ubicado en el tercero por detrás de los Estados Unidos (OMC, 2012).

Los desbalances comerciales se ampliaron más sin nada que los hiciera detenerse. Por ejemplo, si España tuviera la peseta, no habría observado un déficit exterior de 10 % del PIB en 2007 ya que su moneda hubiera sido devaluada.

En el período anterior a la introducción del euro, el comercio entre los países centrales (norte) y los periféricos (sur) estaba casi equilibrado.

Pero, la competitividad de las exportaciones alemanas se ha sustentado en buena medida en unas políticas estrictas de freno a los costos laborales, las cuales se han diferenciado claramente de las seguidas por los países periféricos. Los costos laborales unitarios de Alemania comparado con los países periféricos y la media de la eurozona son menores.

Se conoce que hasta el surgimiento del euro, la mayor parte de los países realizaban esfuerzos de convergencia, en términos de un descenso de la participación del salario en el PIB. En particular, en Alemania desde 2004, el indicador mencionado retrocede aceleradamente. En pocos años, el costo laboral unitario real baja casi 10 %. En el resto de la zona euro, como en los países del sur, el costo laboral unitario real (dicho de otra forma, la participación de los salarios en la renta nacional) solo baja a un ritmo muy ralentizado (Eurostat, 2012).

Los costos laborales unitarios de Alemania comparado con los países periféricos y la media de la eurozona fueron menores entre 2006 y 2010. En Alemania, desde 1995 hasta 2010, los pagos salariales por empleado descendieron 2,0 % a 0,1 %, mientras el cómputo para la primera década del presente siglo es de -0,3 % (Comisión Europea, 2011a).

Todo lo anterior permitió a Alemania exportar y ganar mercados en el resto de Europa. La demanda externa entre 2003 y 2008, representó entre 30 % y 50 % del crecimiento alemán, cuando en el resto de la eurozona su aportación era residual.

Por su parte, en los países periféricos o del sur de la eurozona, los costos laborales unitarios aumentaron muy por encima de la media de la zona euro. Por ejemplo, en Grecia la participación salarial en la renta nacional ha descendido desde 1980 y solo aumentó ligeramente en los años anteriores a la crisis actual. Asimismo, el costo laboral unitario real tiene igual tendencia (Husson, 2012).

En estas condiciones, la competitividad-precio2 de Grecia no ha empeorado a causa de un crecimiento excesivo del salario real, o dicho de otra forma, superior al de la productividad, sino a consecuencia de una subida más rápida del nivel de precios.

2 La competitividad de un país puede degradarse de dos maneras: ya sea porque el costo laboral unitario considerado aumenta más rápido que el de sus concurrentes, o porque la inflación es más rápida en este país. La primera causa está excluida: como regla general, el costo laboral unitario real se ha mantenido o ha bajado, debido al descenso de la participación salarial en la renta nacional.

De manera general en el sur de la eurozona el costo laboral unitario real fue casi constante, pero en el norte disminuyó sobre todo por la política de congelación salarial emprendida en Alemania. Los primeros se caracterizaron por una progresión más rápida de los precios (Husson, 2012).

Aunque los salarios reales progresaron a la par con la productividad del trabajo, las tasas de inflación muy diferentes ensancharon los costos laborales unitarios que definen la competitividad-precio de cada país. Para Husson (2012) existe una “inflación estructural” propia de cada país que se debe a tres factores: proceso de convergencia real —medido por el nivel de PIB per cápita— por el diferencial salarial entre el conjunto de la economía y el sector manufacturero y un conflicto distributivo —medido por el coeficiente de Gini—. Los tres fueron corroborados por análisis econométrico.

Según el informe sobre competitividad del World Economic Forum, se observa que Alemania y Francia —aunque se han mantenido dentro de los 20 primeros lugares en el ranquin mundial— empeoraron su posición competitiva con respecto a 1991 (http://www3.weforum.org/docs/

Casi todos los países europeos, a excepción de los nórdicos Suecia y Finlandia además de Suiza (los cuales están dentro de los 4 primeros en el ranquin de 2011) han perdido competitividad a nivel internacional. Es sorprendente el declive continuado que ha sufrido la economía italiana (47, comparado con el 17 en 1991 y el 49 en 2013), la cual mantiene, junto a Portugal y Grecia los lugares más bajos de la eurozona. En particular, Grecia se sitúa en la posición más baja con respecto a algunos países africanos como Botsuana (80) y Namibia (83).

Aunque se podían identificar, claramente, dos modelos de crecimiento económico al interior de la eurozona antes del estallido de la crisis actual, también se podían observar diferencias en los niveles de competitividad.

Al interior de Europa existe un dilema de política económica, que entorpece el crecimiento económico. La política monetaria dispone de una reducida capacidad de manio-bra para estimular la recuperación del conjunto de países europeos, al tener como objetivo el control de la inflación (en el margen de 2 %). La política monetaria, al estar ceñida al objetivo de mantener la estabilidad de los precios, ha renunciado a cualquier otro objetivo económico. Sin embargo, dicha meta, en no pocas ocasiones, se alcanza a costa de grandes pérdidas de ingresos y empleo. En este contexto, se hace depender la recuperación europea de elementos externos, por lo que los resultados no serían tan notables en el corto y mediano plazo.

Por otra parte, la política fiscal, competencia de los gobiernos nacionales, también está ajustada a determinadas restricciones en virtud de las cuales los desequilibrios presupuestarios no pueden superar 3 % del PIB, mientras la deuda pública no debe ir más allá de 60 % del PIB. En este sentido, los países del área del euro están limitados en la utilización de la política expansiva de gasto público para propiciar un mayor crecimiento económico.

En la práctica, las mayores economías del área del euro (Alemania y Francia) utilizaron la política fiscal en ausencia de la política monetaria nacional y violaron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En términos concretos, la languidez de la zona del euro está vinculada a la diferencia todavía sensible en el nivel económico de los países miembros. Por un lado, Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Austria, Irlanda, Finlandia tienen un producto percápita superior a 20 000 euros, y por el otro, las demás naciones con diferentes escalas: España, por ejemplo, está muy por encima de Rumania, Bulgaria o Eslovaquia; diferencias, básicamente, en el sistema productivo, a veces obviadas en el pasado con devaluaciones competitivas, hoy imposibles en la eurozona.

La introducción del euro puede entenderse como el corolario necesario al proyecto de mercado interior iniciado a finales de los ochenta, y permite la libre circulación de personas, mercancías y capitales por todo el territorio de la Unión Europea.

Hay un amplio consenso acerca de que la Europa de los 17 no forma una zona monetaria óptima; existen subáreas como la formada por Alemania, Holanda, Austria y Luxemburgo que cumplen al menos los requisitos reales necesarios, pero el resto no. En rigor, las variables reales (desempleo, estructura de la balanza de pagos, renta per cápita y gasto público) de los países participantes en la unión monetaria europea son las que determinan su pertenencia a una zona monetaria óptima. Solo aquellos países que tienen estructuras productivas, niveles de desarrollo y grados de productividad más homogéneos serían los candidatos más plausibles. A pesar de lo anterior, los líderes europeos emprendieron la creación del euro con economías muy diferentes. La unión monetaria europea es un proyecto más político que económico.

Desde mucho antes de la introducción del euro en físico, la zona del euro funciona a varias velocidades en su interior y de manera desequilibrada, dando lugar a un resultado económico desfavorable para toda la Unión.

El problema radica en que las disparidades estructurales entre los miembros aún no se han reducido, por el contrario, en algunos aspectos se han ensanchado. Se suponía que la entrada de capitales, y con ello el aprovechamiento del crédito abundante y barato, en los países de menor desarrollo relativo del área iniciaría un proceso de convergencia hasta alcanzar un nivel equilibrado en la zona. Pero, los fondos no se utilizaron para elevar la productividad y el desarrollo, sino permitieron consumir por encima de la cuenta o apuntalar burbujas en activos (por ejemplo, inmobiliaria).

La integración de los países de Europa central y oriental en la UE implicaba que su paso a la zona euro era obligatorio una vez que cumplieran los requisitos de convergencia económica. Sin embargo, el paso a la Unión exigió ciertos esfuerzos en términos económicos, sobre todo de transformaciones diversas en los tejidos productivos dirigidos al crecimiento y acercamiento hacia los niveles de vida de las economías que constituyen el núcleo político y económico de la UE. La incorporación a la eurozona significó un ajuste todavía mayor (Luengo, 2001).

Banco Central Europeo (BCE) y problemas de la política monetaria

En concreto, la banca alemana ha desempeñado una influencia primordial en el diseño y funcionamiento del BCE, dado su mayor aporte de capital y el peso que esta institución le concedía al control de la inflación.

En sus inicios, en las discusiones acerca del modelo sobre el cual se estructuraría la institución financiera central de la eurozona se tuvieron en consideración los sistemas anglo-francés y el alemán. En el primero de ellos prevalece un conjunto de objetivos que incluyen la estabilidad de precios, la tasa de empleo y la estabilidad productiva. También existe una relación de dependencia con los gobiernos nacionales cuando se toman las decisiones de política monetaria, la cual estaría sujeta a su aprobación. Mientras en el modelo alemán el objetivo prioritario era la estabilidad de precios, la toma de decisiones de política monetaria era totalmente independiente de los gobiernos nacionales, por lo cual el director del BCE, elegido de manera autónoma, es quien decide cómo relacionarse con los gobiernos. En este sentido, el resto de los objetivos de política económica del BCE siempre estarán subordinados al control de la inflación.

La filosofía del Bundesbank alemán

Lo más destacable del Bundesbank siempre fue su filosofía antiinflacionaria dado su terror a volver a caer en los altos niveles de inflación que reflejó Alemania en los años veinte del pasado siglo. La ley de 1957 que dio origen al banco, lo responsabilizó solo con la preservación del valor del marco alemán. Así, eliminaba cualquier otra función del banco, entre ellas la de apoyar la política económica general del gobierno federal. Se especificaba que el banco actuaría de manera independiente de las instrucciones del gobierno alemán.

El Banco Central alemán tenía más autoridad en términos de política monetaria que cualquier otro Banco Central europeo importante. La entidad publicaba el dinero y ejercía su política monetaria a través del control de los tipos de interés a corto plazo, tales como: el tipo de descuento para los préstamos a otros bancos y la tarifa de Lombard para el financiamiento a corto plazo para el negocio.

A pesar de que esta política monetaria de “mano dura” fue criticada por los Estados Unidos, el banco continuaba siendo muy popular en el contexto alemán y europeo. Sobre todo a los ciudadanos alemanes les permitía mantener o aumentar sus niveles de ahorros. Asimismo, las empresas disfrutaban de bajos costos de producción y permanecían con un nivel elevado de competitividad y salarios aceptables. En un contexto de envejecimiento poblacional, la política monetaria del Bundesbank se había convertido en un elemento importante para los políticos y de reconocimiento al papel de la principal institución financiera.

La reputación del Bundesbank era elevada dada su contribución a la estabilidad económica y política de la República Federal de Alemania y de Europa occidental en los años de la posguerra. Fue una popularidad casi legendaria y reconocida incluso por quienes en algún momento eran detractores de sus políticas.

El Bundesbank ha sido caracterizado como la institución que garantizó el éxito de la economía alemana después de la Segunda Guerra Mundial y una de las razones por las cuales Alemania recuperó un lugar destacado en el contexto económico mundial.

Antes de la introducción del euro, el marco alemán se consideraba una moneda excepcionalmente fuerte. El Banco Central alemán aseguraba el marco, y sus banqueros se habían comprometido a fortalecerlo.

Edward Luttwak en su artículo “Los verdaderos señores del universo”, hablaba en 1997, que: “una nueva religión había surgido en el mundo, aún más poderosa para no ser reconocida como tal. Llamémosla el banco-centralismo. Es la fe de los hombres que controlan los bancos de los poderes económicos líderes en el mundo. Como gran parte de las religiones, el banco-centralismo tiene un dios supremo —la moneda fuerte— y un diablo —la inflación—” (Tognato, 2001).

La inflación en Alemania era considerada un problema moral, y la política monetaria y su actuación sobre los tipos de interés era el método institucional para resolverla. En este sentido, se defendía la tesis de que una política orientada a la estabilidad es síntoma de una caída de la moral. Si los políticos débiles sucumbían ante los cantos de sirena de la inflación, los banqueros centrales estarían presentes para hacerles entender.

El papel mantenido por Alemania Occidental en el desarrollo del sistema monetario y financiero internacional era muy controversial y muy poco cooperativo. En efecto, la política monetaria quebrantó y destruyó algunos de los arreglos monetarios que el propio gobierno alemán quiso mantener.

Durante la vigencia del sistema de Bretton Woods, las presiones sobre la divisa estadounidense se reflejaban en las masivas compras de marcos. La fortaleza del marco alemán debilitó el sistema porque cualquier moneda —incluso el dólar norteamericano— estaría bajo ataque si su actuación desvirtuara el valor del marco acorde con lo establecido por el Bundesbank. Ver Gráfico 1.

Gráfico 1

Tasa de cambio del dólar contra el marco (1958-1971)

Fuente: Elaborado por la autora sobre la base de los datos del Deutsche Bundesbank, Exchange rates, statistics 2000, (http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_veroeffentlichungen_beiheft5.en.php).

El índice de tipo de cambio nominal bilateral del marco alemán frente al dólar fue de 86,9 % en el primer trimestre de 1979 y en el último trimestre de 1998 fue de 97 %. Y la apreciación tendencial en ese período fue de 13 %, solo superado por el yen que fue de 70 % (FMI, 2000). En concreto, el dólar perdió casi 60 % de su valor frente al marco alemán desde 1958 (FMI, 2000).

En 1989, 20 % de las reservas monetarias mundiales estaban nominadas en marcos alemanes, sobre todo en los otros bancos europeos, pero la Reserva Federal estadounidense tenía más de 13 000 millones de dólares de sus reservas en marcos, mucho más que en yenes japoneses (www.germanculture.com.ua).

El marco alemán era menos usado en los mercados internacionales de créditos y deuda, así como en los bursátiles, una posición que siempre ha mantenido el dólar de los Estados Unidos.

Por la fortaleza del marco, cuando se conforma el sistema monetario europeo 32 % del valor del ECU dependía del valor de la divisa alemana, mayor que el de otra moneda perteneciente al sistema; superior, incluso al franco francés o la libra esterlina.

Pero, a pesar del milagro económico de los cincuenta, en la década del sesenta, la economía alemana no creció tan rápido como lo había hecho anteriormente, dada la actuación del Bundesbank cuando la economía se recalentaba.

El BCE como continuidad del Bundesbank

Como ya se había mencionado anteriormente el BCE optó por el segundo modelo, el alemán, pues para los negociadores del tratado fundacional, la independencia en la toma de decisiones era una condición indispensable para la consecución de la estabilidad de precios. Y, además, porque el modelo escogido apoya la corriente de pensamiento de la escuela monetarista que predomina en la actualidad.

En la práctica la institución de la eurozona no funciona como un verdadero Banco Central como el de los Estados Unidos o Inglaterra, pues dentro de sus funciones no tiene el establecimiento de políticas económicas que conduzcan al bienestar de la población.

Tradicionalmente, la mayoría de los países desarrollados a nivel mundial posee un Banco Central cuya estructura y funciones es muy similar a la de la Reserva Federal estadounidense (FED) —surgida en 1913—. Aunque los bancos más antiguos a nivel mundial son el sueco, Riksbank, creado en 1668 y el de Inglaterra fundado en 1694. Posteriormente, en el siglo xix surgió el Banco de Francia —exactamente en 1800 y su creador fue Napoleón I—. En 1935 nace el Banco de Canadá. El Bundesbank se refunda después de la Segunda Guerra Mundial sobre la base del sistema de la Reserva Federal, pero de una manera más flexible y con un mandato diferente, específicamente, en 1957 surge la entidad financiera alemana.

La Reserva Federal estadounidense actúa como un organismo oficial independiente ya que ninguna de sus decisiones tiene que ser certificada por el Presidente estadounidense ni por otra organización de la administración del Estado. Formalmente es una sociedad anónima propiedad de los bancos comerciales quienes son también sus miembros, a la vez, es una institución pública porque responde ante el Congreso. Además, debe trabajar dentro del marco de las metas generales de las políticas económica y financiera establecidas por el Gobierno.

Pero, en el caso del BCE la total independencia le permite hacer lo que quiera y según el deseo o intereses de los países centrales de la eurozona, sin responder ni darle cuenta a nadie. El verdadero objetivo de la principal organización financiera del área del euro es ayudar a los bancos del eurosistema y no a los Estados. Además, el BCE no tiene establecido dentro de sus funciones la compra de deuda pública, a no ser en casos excepcionales (Navarro, 2010).

La independencia y privacidad del Banco Central Europeo ha implicado, en la práctica, la gestión de la política mone-taria de las naciones según los intereses del sector financiero privado de la economía.

En el Tratado Constitutivo se establece que el BCE, los bancos centrales nacionales (BCN) participantes en el eurosistema, ni los miembros de los órganos rectores recibirán ni aceptarán instrucciones procedentes de alguna otra institución europea. Tanto los organismos e instituciones como los Estados miembros tienen que respetar el principio de independencia del BCE.3

3 Ver Artículo 130 de la versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la UE (anterior artículo 108 del TCE), tomado del diario oficial de la Unión Europea, 2008.

Si bien el diseño de las estrategias de la política monetaria es una de las funciones que debe desarrollar un buen Banco Central, no es la única. Existen otras también muy importantes, como son: la regulación de la circulación fiduciaria, el control e inspección de la banca privada, la centralización de las reservas de divisas y gestión de los cambios de divisas. Los bancos centrales han sido históricamente, responsables de custodiar las reservas del Estado y, con frecuencia, gestionar el crédito al sector público y administrar las emisiones de deuda pública.

En el Tratado Constitutivo quedó prohibida:

la autorización a la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros, a favor de instituciones, órganos u organismos de la Unión, Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales.4

4 Ver artículo 123 de la versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la UE, ob. cit.

En cuanto al tipo de cambio, el BCE no lo tiene como instrumento de política económica, a no ser que pongan en juego el control de la inflación.

El surgimiento de la divisa europea ha separado de manera institucional las actividades monetarias de las de supervisión (instituciones y mercados nacionales), por ello los Bancos Centrales Nacionales han perdido el control sobre la creación de dinero y no ha sido efectiva su participación en la vigilancia de las instituciones privadas.

Pero el control de supervisión se obstaculiza cada vez más ante el surgimiento de los grandes conglomerados financieros en la eurozona a raíz del desarrollo de la globalización financiera y el conjunto de las innovaciones en el sector que esta ha traído aparejada.

Se hace muy difícil para los BCN de la eurozona el seguimiento y control de las grandes transnacionales y el elevado grado de complejidad financiera que en ellas se desarrolla, ya que cada vez más estas, de por sí, originan más riesgos.

Por ejemplo, en 2005, en pleno boom crediticio, el Presidente del BCE alertó sobre un incremento excesivo de la masa monetaria (M3), asimismo, el Banco de España advirtió acerca de una sobrevaloración de los activos inmobiliarios. A pesar de estos llamados, no se subieron los tipos de interés a tiempo, ni se supervisaron los riesgos de que unos países determinados consumieran mucho más que otros a base de crédito.

En los años de la expansión de crédito, la política del BCE no fue prudencial y permitió la creación de burbujas financieras y la expansión en contra de toda lógica de la deuda exterior de algunos países de la zona. Incluso hubo Estados que aunque conocían lo que era mejor para ellos decidieron no aplicar medidas por iniciativa propia y acogerse a los dictados del BCE, para seguir disfrutando del festín del crédito barato.

En verdad, el BCE asume el control de la política monetaria en la eurozona en un momento en que la inflación era bastante baja entre los países miembros y las proyecciones de comportamiento de los precios eran favorables.

Si bien el BCE logró mantener una igualación de los tipos de interés en la eurozona la cual pudiera catalogarse de perfecta, sin embargo, durante casi una década, las tasas medias de inflación interanual medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantuvieron en niveles altos en algunos países, los cuales excedieron de forma continua el límite de 2 % establecido desde 2000.

En algunos países la tasa se duplicó y en toda la eurozona la vida en general se hizo más costosa, tanto más porque los salarios reales y las pensiones, en general, no se incrementaron en la forma como lo hicieron los beneficios, en particular, se mantuvieron estables en el sector público, pero los precios de los bienes de consumo y para la adquisición de una vivienda se incrementaron, tal es el caso de España e Irlanda, respectivamente. De esta manera la evidencia empírica revela que las normas del BCE no se cumplieron en todos los países de igual manera.

Entre 1990-2008 los países periféricos —con el PIB per cápita más bajo en 1990— registraron tasas de crecimiento más elevadas, pero tal aumento fue acompañado de una inflación más elevada: entre 2000 y 2008, los precios han aumentado 18,2 % en la zona euro, aunque 27 % en el sur frente a 11,8 % en el norte (Husson, 2012). Posterior a 2008, con el estallido de la crisis, el índice de precio al consumidor comenzó a descender.

En las estadísticas de medición del índice de precios al consumidor (IPC) para la eurozona no se incluyen los precios de la vivienda, un indicador que distorsiona aún más el análisis y que permite asegurar que los promedios de inflación de estas naciones en ese período fueron mayores, aunque los informes oficiales no lo reflejen de esta manera. Se conoce que, particularmente en España, en 2008, los precios de la vivienda crecieron en 200 % en comparación con 1995 y en Irlanda aumentaron 315 % en igual período comparativo (Free Market, 2010).

Desde 1996, la evolución de los distintos componentes que conforman la tasa de inflación total ha sido bastante heterogénea. En general, los precios de los bienes de consumo duradero que se adquieren con escasa frecuencia (computadoras y automóviles) han mostrado menores alzas que los productos obtenidos con más periodicidad (gasolina y comidas en restaurantes, bares y cafeterías).

En concreto la estrategia de política monetaria del BCE concede un papel intermedio al análisis monetario, donde utiliza los agregados monetarios para controlar la infla-ción. Las decisiones de política monetaria se basan en la destreza y el conocimiento colectivos del Consejo de Gobierno del BCE.

Los agregados monetarios han mantenido elevadas tasas de crecimiento. En el período 2002-2007, antes del estallido de la crisis ya el crecimiento de la masa monetaria (M3) se había disparado en la eurozona y específicamente en el último año mencionado su incremento fue de 11,6 %, una tasa récord no observada desde 1982 y muy superior al valor de referencia (4,5 %) incluido en la estrategia de política monetaria del BCE5 (BCE, 2002b y BCE, 2011b). Se destaca que el dinero efectivo en manos de los europeos (M1) había disminuido a 4,1 %, un porcentaje no observado desde 1992. Todo ello indicaba que desde la utilización del euro en físico, ya existían errores en el manejo de la política monetaria, los cuales se explicarán seguidamente, y la supervisión bancaria de manera general en la eurozona era débil, aún con la existencia de una política monetaria única.

5 El crecimiento de la masa monetaria (M3) en el área del euro ha sido superior al valor de referencia del BCE (4,5 %) desde 1999.

En este contexto, se corrobora que aunque existía una política monetaria única, no todos los Bancos Centrales Nacionales miembros del eurosistema llevaron a cabo un control riguroso de la emisión monetaria y tampoco cumplieron de forma íntegra con los requisitos de reservas mínimas nacionales exigidas para el buen funcionamiento del sistema monetario europeo.

Entre 2002 y 2007 se observó una elevada liquidez en el mercado financiero de la eurozona. Los agregados monetarios tuvieron un incremento tan exagerado que permitían convertir cualquier activo financiero en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. También en el período mencionado, la liquidez del mercado financiero internacional fue extraordinaria estimulada por las fuertes innovaciones financieras que tuvieron lugar en este.

Los préstamos otorgados por los bancos de la eurozona a los hogares y empresas productivas aumentaron desde 89 % en 2004 a más de 107 % en 2009 (Recuadros Monográficos, 2010).

Asimismo, gran parte de los adelantos financieros creció en estructuras fuera del balance de las entidades bancarias europeas, por lo cual no se realizó una correcta supervisión de los riesgos que entrañaba el crecimiento de este sistema financiero paralelo. Sin embargo, con el estallido de la crisis, M3 [masa monetaria] cae por debajo de su valor de referencia y, en los últimos años los agregados han convergido de manera general a la baja. Ver Gráfico 2.

Gráfico 2

Evolución de la masa monetaria en la eurozona (2002-2014)*

(tasas de crecimiento interanual)

M1: dinero efectivo.

M2: incluye M1, los depósitos a plazo fijo de hasta dos años y los disponibles con preaviso de hasta tres meses.

M3: masa monetaria.

* Los valores para 2014 corresponden al mes de febrero.

Fuente: Elaborado por la autora sobre la base de los datos del BCE, 2014a, Statistical Data Warehouse, Monetary Statistics, 27/0372014 (www.ecb.europa.eu).

En particular, el crecimiento de M3 continúa bajo dado el escaso dinamismo del crédito en la zona del euro y a la menor preferencia por la liquidez monetaria. El frágil crecimiento del crédito al sector privado continuó reflejando, principalmente, factores de demanda de carácter cíclico y estructural y, en menor medida, condiciones de oferta más restrictivas en algunos países.

En resumen, a pesar del establecimiento de los márgenes para los diferentes instrumentos de política monetaria, resulta muy difícil conocer exactamente la cantidad de dinero que en realidad circula en un país determinado, pues el funcionamiento de la eurozona, bajo el modelo neoliberal, relajó los controles financieros sobre los bancos privados y las empresas en general, así como el ámbito de la emisión monetaria, lo que produjo la puesta en circulación de formas de dinero privado (vales, tarjetas de establecimiento, cuentas, tarjetas monedero, tarjetas regalo, etcétera).

Mecanismo de transmisión de la política monetaria

La transmisión de la política monetaria funciona de una manera bastante similar en todos los países de la zona, aunque existen divergencias entre las naciones. En especial, las entidades de crédito desempeñan un papel fundamental como instrumento de transmisión de las diferenciaciones de los tipos de interés oficiales a los tipos de interés de los préstamos bancarios, dado que las empresas y los hogares dependen en gran medida de la financiación bancaria, ya que la zona del euro presenta todavía un grado de capitalización bursátil relativamente limitado.

Las incoherencias de las tasas de interés entre países se deben, principalmente, a la aparición de nuevos productos financieros y agentes económicos, a la naturaleza cambiante de la competencia bancaria y a los desiguales grados de integración de los mercados financieros en los distintos países de la zona del euro. Para el conjunto de la zona, el canal clásico de los tipos de interés es el principal conducto de transmisión de los impulsos de la política monetaria a la economía.

El férreo control sobre las expectativas de inflación se observa en la política monetaria restrictiva del BCE, la cual tiende a subir las tasas de interés frente a la amenaza de una subida de precios, dado el incremento de los costos del petróleo en este período (desde alrededor de 10 dólares por barril en 1999 hasta un máximo de casi 120 dólares por barril en 2008), los significativos aumentos de los precios internacionales de los alimentos y, en el ámbito interno, las subidas casi regulares de los impuestos indirectos y los importantes precios administrados en la mayoría de los países de la zona del euro.

Estas diferencias de tasas de inflación provocaron que la uniformidad del tipo de interés nominal ocurra unido a una divergencia creciente en los tipos de interés reales netos de la inflación propia de cada país. La tendencia general era a la baja, pero esta ha sido aún más marcada en los países del sur donde la inflación era más elevada. Entre 2000 y 2007, el ti-po de interés real promedio fue de 2,7 % en los países centrales de la eurozona y 1,2 % en los países del sur (Husson, 2012).

No obstante, en el período de 2002-2005, aunque hubo países con inflación por encima de 2 % (objetivo de política económica del BCE), los tipos de interés no subieron lo suficiente para contrarrestar esta tendencia.

Entre enero de 2006 y junio de 2007, los tipos de interés en la eurozona se elevaron de 2 % a 4 % y en julio de 2008 se ubicaron en 4,25 %. Este último porcentaje duplicaba la tasa estadounidense; es decir, esa respuesta restrictiva de la autoridad monetaria europea contrastaba con la de la FED, lo cual fue motivo de controversia. La posibilidad de incremento de la inflación en el mediano plazo, a consecuencia de los altos precios del petróleo y otros productos básicos y alimentos, fue uno de los elementos mantenidos por la principal entidad bancaria de la eurozona para subir los tipos de interés. Pero, también existían elementos que aunque no fueron tomados en cuenta para elevar el indicador, constituían una señal real de incremento de la inflación en la eurozona, entre ellos: el aumento casi sin igual de los agregados monetarios en la zona y el desarrollo de burbujas inmobiliarias en determinados países, una situación que hizo aumentar los precios para la comercialización de viviendas de una manera incomparable.

Si bien en los análisis realizados por el BCE se observa un distintivo grado de convergencia en cuanto a los tipos de interés del dinero y del crédito desde 1999, aún existen diferencias entre países en cuanto a los niveles y las variaciones de los tipos de interés bancarios.

En particular, en Grecia, Irlanda, Portugal y España, las tasas de interés disminuyeron con su entrada en la eurozona para homologarse a las condiciones existentes en el área. Una situación que permitió tasas de crecimiento económico superiores al promedio del área del euro, pero con un endeudamiento excesivo. Quizás una política monetaria más acorde con sus necesidades probablemente habría limitado la expansión de esos años, pero hubiera beneficiado más tarde. Ver Gráfico 3.

Gráfico 3

Tasas de interés de bonos del gobierno a diez años (%)

Fuente: http://www.economonitor.com/blog/2011/12/which-graph-best-summarizes-theeurozone-crisis, tomado de Vence y Nogueira, 2012.

Lo cierto es que la política monetaria común no es la más idónea para cada país en cada momento. Ha existido un desequilibrio de los ciclos entre los países al interior del área del euro, sobre todo entre 2002 y 2007; pues los países del núcleo duro de la Unión Monetaria —Alemania y Francia los cuales representan 47 % del PIB de la eurozona, y llegan a 60 % si se le añade a Holanda, Bélgica y Austria— experimentaron tasas de crecimiento muy bajas, a pesar de que la política monetaria fue laxa sobre todo hasta 2005 (Díaz, 2010).

Expansión económica de 2003-2007

Los bajos tipos de interés reales estimularon una fuerte expansión del endeudamiento privado en la eurozona, sobre todo el familiar. Este último alcanzó niveles de hasta 36 % en los periféricos frente a solo 4 % en los países centrales (Husson, 2012).

Entre 2003 y 2005 la política monetaria de la zona del euro fue expansiva, los tipos de interés reales se situaron en 2 % y propiciaron un nivel de endeudamiento mayor en los países de menor desarrollo relativo del área. El boom del crédito se distribuyó de manera diferente entre las naciones de la eurozona. Los tipos de interés de los préstamos a los hogares (compra de viviendas), empresas y por países, fueron diferentes entre ellos, y en comparación con el Euribor (European Interbank Offered Rate o índice de referencia de oferta bancaria) a tres meses.

Las variaciones de los tipos de interés de los préstamos a los hogares por países, con las variaciones del Euribor a tres meses en el período 2003-2007, es una transmisión buena, pues hipotéticamente, las variaciones de los tipos de interés bancarios deberían ser iguales a las de los tipos de mercado. Pero, realmente no ha sido así, los tipos de mercado son muy diferentes entre los países, y solo en algunos casos se observa un patrón equitativo.

El Euribor mostraba que el nivel de riesgo de la eurozona en el mercado financiero era alto, aunque los países de menor desarrollo relativo de la eurozona reflejaban tipos de interés más bajos para la compra de vivienda que el indicador en cuestión, una situación que le permitía seguir arriesgándose y continuar multiplicando los pasivos.

Grecia, Irlanda, Portugal y España alcanzaron las más altas tasas de inflación y a la vez los más bajos tipos de interés. En general, estos países se beneficiaron ampliamente de las menores restricciones financieras que supuso su inclusión a la unión monetaria, y posibilitó también, un incremento en el financiamiento del sector privado (Irlanda, Portugal y Grecia, entre 7 % y 8 % del PIB en 2007, y de España, 13,5 % ese mismo año). (Recuadros Monográficos, 2010).

En España e Irlanda donde el boom inmobiliario fue mayor se observaron tasas de financiamiento al consumo de los hogares más bajas que en la eurozona y Alemania, sobre todo en la etapa de mayor auge, 2004-2006.

Así, la política monetaria única fue muy desestabilizadora para la mayoría de los países con altos niveles de inflación, los cuales desarrollaron burbujas. Por ejemplo, en España, a pesar de que el déficit público mejoró el continuo incremento del déficit en cuenta corriente revelaba el insuficiente nivel de ahorro privado.

En particular, los países del norte de la eurozona —Alemania y Francia— trasladaron sus ahorros a la financiación de la banca y a determinados sectores de los países del sur, lo que contribuyó, decisivamente, a la aparición de tales burbujas inmobiliarias en España e Irlanda o al desproporcionado nivel de endeudamiento público en el caso de Grecia.

El BCE ha desempeñado un papel muy importante en el comportamiento de la banca de los países centrales. En los primeros años la principal institución financiera de la eurozona prestó la mayor parte de sus recursos a la banca de las naciones del norte de la eurozona, y estas dedicaron parte del monto a realizar préstamos a la banca de los países de la periferia del euro a través del mercado interbancario y el mercado TARGET.

Sin embargo, desde mediados de 2009 las proporciones se invierten, siendo los bancos de la periferia los que tienen que financiarse directamente en el BCE, al mismo tiempo los bancos del centro deshacen sus posiciones en la periferia.

Todo ello evidencia la débil función del BCE desde sus inicios como supervisor y vigilante de operaciones masivas, las cuales podían tener consecuencias desequilibrantes para el sistema financiero europeo y para las economías de estos países.

Esas relaciones complejas y cambiantes entre las bancas de los países del núcleo central europeo y la periferia se produjeron en un marco desregulado o muy mal regulado y sin una autoridad bancaria o monetaria que ejerciera una supervisión responsable. En definitiva, los intereses contrapuestos que se han ido enlazando explican el comportamiento de la banca y de los gobiernos de los países del núcleo europeo a lo largo de la crisis.

La política monetaria basada en el objetivo de estabilidad de precios a medio plazo no parece suficiente, porque sobreestima los costos y los beneficios (White, 2006) ya que crea burbujas cuyo estallido ha tenido consecuencias muy negativas para la economía mundial y la europea en particular, además, el precio de los activos que han servido de soporte para dichas burbujas (inmuebles, por ejemplo) no se contempla a la hora de controlar la inflación, lo cual agrava el problema.

La política monetaria del BCE al tener este único objetivo, falla en la prevención de los desequilibrios que provocaron la actual crisis global, así como en la detección de aquellos bancos con dificultades, y en aliviar las tensiones en los mercados financieros (Blanchflower, 2009).

Grecia: burbuja de consumo

En Grecia, el dinero barato se aprovechó para desarrollar una burbuja de crédito al consumo. Los bancos y todo el sector comercial estimularon el consumo familiar de bienes, automóviles y la construcción de viviendas, entre otros. La deuda del sector privado se incrementó aceleradamente durante los 2000, sobre todo la de los hogares. También, las empresas productivas y los bancos obtuvieron préstamos a bajos costos.

Este endeudamiento privado fue el motor de la economía del país durante 2002 y 2007. Los bancos griegos —se adicionan las filiales griegas de los bancos extranjeros—, gracias a un euro fuerte pudieron ampliar sus actividades internacionales y financiar a un costo menor sus actividades nacionales, puesto que habían pedido dinero en grandes cantidades. Desde la incorporación de Grecia a la zona del euro en 2001, se elevó súbitamente la entrada de capitales financieros, sobre todo las inversiones en cartera.

Las inversiones a corto plazo aumentaron enormemente, mientras a largo plazo se estancaron. Con la enorme liquidez proporcionada por los bancos alemanes y franceses, pero también belgas, holandeses, británicos, luxemburgueses e irlandeses, especialmente durante 2007-2008, se produjo un desbordamiento de préstamos a Grecia, tanto al sector privado como a los poderes públicos.

Los bancos de los países del occidente europeo incrementaron sus préstamos a Grecia por primera vez entre diciembre de 2005 y marzo de 2007. En esta etapa, el volumen de los préstamos creció 50 %, desde un poco menos de 80 000 millones a 120 000 millones de dólares). Así, cuando se produjeron los primeros estallidos de la crisis de las subprime (crédito con riesgo de impago superior a la media) en los Estados Unidos, los préstamos aumentaron de nuevo fuertemente (+33 %) entre junio de 2007 y el verano de 2008 (desde 120 000 millones a 160 000 millones de dólares) (Millet y Toussaint, 2011).

Ello también significó que los bancos privados de Europa occidental manipularon el dinero que les prestaba, abundantemente y a un costo menor, el Banco Central Europeo para aumentar sus préstamos a países como Grecia, porque los tipos de interés de los bancos privados eran mayores, por lo cual obtuvieron sustanciosos beneficios. En consecuencia, los bancos privados tienen una gran responsabilidad en el excesivo endeudamiento de esta nación.

Además, Grecia es un país pequeño, pero tiene un fraude fiscal enorme6 y aún así el Gobierno en la etapa dorada del crecimiento consiguió dinero de los bancos extranjeros y mantuvo bajos los impuestos a la clase más pudiente. Con alrededor de 95 % de los recursos monetarios que pudo adquirir fue vendiendo bonos a los bancos europeos. Pero, estos últimos aseguraron sus bonos en lo que se llama Credit Defaults Swaps (CDS por sus sigla en inglés); lo cual quiere decir que el aseguramiento de los bonos no se basa en su precio real, sino en uno ficticio, resultado de la especulación. De ahí que las campañas de los bancos y de los hedge funds (fondos de carácter especulativo) tienen el objetivo de elevar el precio de los bonos, los cuales generan un interés exorbitante de 7 % por año.

6 “El 94 % de los griegos declaran ingresos inferiores a 30 000 euros al año. Según las cifras del fisco, Grecia apenas tiene ricos o súper ricos. Dentro del  griego hay uno que está muy privilegiado por el Estado griego y que no ha sido afectado por las medidas de austeridad impuestas por Alemania. Es el complejo militar industrial. Grecia es el país europeo que proporcionalmente gasta más en el sector militar. En realidad, es uno de los cinco países del mundo que importa más armas. Y la mayoría de estas armas se la venden a Grecia los siguientes países: Alemania, Francia y EE. UU. Casi mil tanques Leopard fueron comprados en 2009 (ya en plena época de crisis) de su productor en Alemania. Y en 2010 también compró a Alemania 223 howitzers y un submarino al coste de 403 millones de euros. En realidad, Grecia gasta más del doble del promedio que gastan en armas los países de la OTAN. Parte de la deuda pública del Estado griego se originó precisamente con la compra de este equipamiento militar” (Navarro, 2012).

Aproximadamente 75 % de la deuda pública griega es con los bancos extranjeros (en su inmensa mayoría europeos). Los principales tenedores de deuda griega son los bancos alemanes y franceses, ya que cuentan en sus balances entre 40 000 millones y 80 000 millones de euros en bonos.

Grecia tiene una elevada evasión impositiva. En 2007 la recaudación impositiva griega con relación al promedio europeo (8 % del PIB) fue de 4,7 % del PIB (www.bloomberg.com). El Gobierno aumentó, aún más, el gasto público en la etapa del dinero barato. A su vez, con una política irresponsable, manipuló las cifras fiscales. Las cuentas fiscales arrojaban constantemente un saldo negativo, pero de grandes proporciones, mientras el Gobierno oficializaba estadísticas falsas.

Irlanda: burbuja inmobiliaria y bursátil

En principio, en Irlanda el crecimiento se sustentó en los bajos impuestos durante los años de atracción de inversiones y transnacionales al país, y en un elevado desarrollo del mercado inmobiliario, pero a partir de un endeudamiento de los bancos nacionales en el mercado internacional, sobre todo con las instituciones financieras del Reino Unido y los Estados Unidos en mayor medida y a corto plazo.

El impuesto irlandés de sociedades disminuyó hasta 12,5 % —de 39,5 % en Japón, 39,2 % en Gran Bretaña, 34,4 % en Francia y 28 % en los Estados Unidos— mientras el impuesto que realmente pagaban las numerosas transnacionales ubicadas en el país oscilaba entre 3 % y 4 % (Toussaint, 2011).

La desregulación financiera propició una gigantesca ola de préstamos a los hogares. A mediados de 2008, el endeudamiento familiar llegaba a 190 % del PIB, especialmente en el sector inmobiliario, el motor de la economía (industria de la construcción, actividades financieras, etcétera).

También el sector bancario creció de manera exponencial por el número de empresas extranjeras, como por el aumento de los activos de los bancos irlandeses. Se creó una burbuja tanto bursátil como inmobiliaria. Así, la capitalización bursátil, la emisión de títulos de deuda y de los activos de los bancos representaban cerca de catorce veces el PIB del país.

El proceso de colaterización del crédito hipotecario desempeñó un papel importante en el aumento de los precios de las viviendas y estimuló el mercado interno. En particular el Banco irlandés, Anglo Irish Bank fue decisivo en la alta concesión de los créditos inmobiliarios y por ello contribuyó, por medio de la competencia, a la reducción de los costos de los préstamos para el resto de las instituciones financieras participantes en el mercado. La alta ganancia del sector bancario permitió una expansión en los balances de las instituciones financieras con un incremento de las obligaciones externas.

Además, las migraciones recibidas de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea —el único país de la zona del euro en abrir sus mercados a los trabajadores de Europa central y oriental— contribuyeron a disminuir los costos de trabajo en el sector constructivo. Este crecimiento poblacional que se produjo permitió mantener la demanda en el sector inmobiliario. Todo esto, unido a la competencia de los bancos extranjeros en el país, sobre todo ingleses, dispararon el crédito de una manera estrepitosa.

La segmentación del mercado nacional bancario irlandés permaneció aún después de su entrada a la unión monetaria europea, lo que supone que el cambio en la estructura del sistema bancario nacional constituye un desafío para el Banco Central del país.

Mientras se mantuvo la expansión, la política fiscal fue procíclica y tendió a ampliar las diferencias entre Irlanda y el resto de las economías de la eurozona. De hecho, la regulación del sistema bancario fue casi inexistente y un conjunto de bancos irlandeses ampliaron mucho más el riesgo.

Los ghost states o “residencias fantasmas” se expandieron a todo lo largo del país. Los bancos otorgaron créditos sin conocer la situación financiera de sus clientes, al igual que en los Estados Unidos. A pesar de que el crédito inmobiliario hubiera comprometido el ingreso de toda la familia, aún tenían la posibilidad de recibir otra oferta para renovar su automóvil o hacer otro negocio. El boom inmobiliario alimentó la ilusión y los bancos prestaron con absoluta irresponsabilidad, sin el menor control de los reguladores y con el guiño irresponsable de sus gobiernos (Avignolo, 2010).

Entre 1997 y 2010 los activos inmobiliarios se incrementaron 187 % en Irlanda (http://elnuevoparquet.com/redsocial/prensaeconomica/tag/irlanda-rescatada/).

Portugal: burbuja de consumo

En Portugal, el dinero fácil y barato fue empleado por el Gobierno para mantener e incluso, expandir aún más su peso sobre la deteriorada economía lusa sin necesidad de acometer ningún tipo de ajuste para desarrollar su estructura productiva. Los créditos se utilizaron para consumir bienes y no tanto para la compra de vivienda.

Portugal gracias a la burbuja del crédito a nivel mundial, vivió del préstamo durante un lustro entero. Estado, hogares y empresas vivieron por encima de sus posibilidades gastando lo que no producían.

Ante la laxitud de la política monetaria el gobierno portugués continuó aumentando el gasto público por encima de sus posibilidades.

Entre 2005 y 2006 el negocio financiero se incrementó. El volumen captado por la bolsa de Lisboa en ese período se incrementó 65,7 % y en septiembre de 2007 ascendía a 84,3 %. Tal crecimiento estimuló la entrada de inversiones extranjeras directas (Miralles Marcel y Miralles Quirós, 2008).

Entre 2006 y 2007 el volumen del mercado portugués creció por encima del resto de los mercados que componen NYSE Euronext.7 En particular, en el segundo y tercer trimestre de 2007 el incremento superó 70 % con respecto a igual período en 2006. En agosto de 2007, coincidiendo con la crisis hipotecaria estadounidense el aumento fue de 169,82 %, aunque estuvo por debajo del incremento del mercado español (Miralles Marcel, y Miralles Quirós, 2008).

7 NYSE Euronext es el resultado de unir la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE) con la ya existente plataforma europea Euronext (que hasta la unión con NYSE, llevada a cabo el 4 de abril de 2007, agrupa a la Bolsas de Ámsterdam, Bruselas, Lisboa y París), ya que supone la concentración en una sola entidad de seis y tenía una capitalización, al final del tercer trimestre de 2007, de 21,3 billones de euros y una media diaria de volumen de negocio de 103 000 millones de euros.

En 2007, según estimaciones realizadas acerca de la relación precio-beneficio era 13,8 veces más barato invertir en Portugal que en Bruselas y París (Miralles Marcel, y Miralles Quirós, 2008).

Al congelarse las rentas se observó una disminución de los alquileres de la vivienda y las familias optaron por la adquisición de créditos en el mercado inmobiliario. Todo lo anterior estimulado por la reducción significativa en los tipos de interés, es decir, entre 2003 y 2006 el porcentaje del indicador no superó 3 %) (BCE, 2011b).

En Portugal la burbuja inmobiliaria no se desarrolló tanto, el precio de la vivienda se incrementó 10,6 % entre 1999 y 2008, mientras en España el aumento fue de 18,1 % para igual período (Banco Espirito Santo, 2009).

España: burbuja inmobiliaria

En España, a diferencia de los otros países mencionados, las instituciones monetarias desarrollaron un modelo de banca minorista para clientes, mediante el cual hizo un uso intensivo de la distribución de servicios financieros, a través de una extensa red de oficinas que aseguraban la cercanía al cliente y en un entorno muy competitivo. Los bancos no evolucionaron tanto hacia el endeudamiento externo, y estuvieron limitados a las innovaciones financieras que se desarrollaron a nivel mundial antes del estallido de la crisis en 2008.

Esta situación la convirtió en menos vulnerable a los vaivenes de los mercados financieros internacionales, pero le permitió que, en la etapa de política monetaria más laxa (2002-2007), los bancos concedieran exageradamente créditos para la compra y construcción de viviendas, lo que llevó a una burbuja inmobiliaria de gran dimensión.

Las hipotecas españolas concedidas, a largo plazo, comprenden entre 30 y 35 años o más, por lo que el segmento de la vivienda es el que vincula más a los hogares con los bancos (Tapia, 2005). Esta situación desató una agresiva competencia entre las entidades de crédito para captar hipotecas, lo que propició que los tipos de interés alcanzaran mínimos históricos en el país.

Si bien a inicios del actual milenio la amortización de la deuda no superaba los 10 o 12 años, en los últimos lustros, sobre todo en el período 2005-2007, las entidades financie-ras españolas establecieron como normas que el plazo máximo de los préstamos hipotecarios a los particulares fuera la edad del titular y que el plazo del préstamo no superara los años de esperanza de vida de la población. Pero, este patrón no se asumió por igual, pues hubo bancos que establecieron como límite para conceder préstamos los 70 años del tenedor, mientras otros fijaron los 75 años de edad.

Se especula sobre la posibilidad de que las hipotecas sean hereditarias. En efecto, cuando el prestatario tiene una edad que no le permite que el plazo máximo concedido permita que la cuota de amortización encaje con su capacidad de pago, entonces los herederos serían los titulares de esas hipotecas. Sobre todo aquellos herederos que aunque no posean ingresos propios puedan obtenerlos en un plazo breve, al estar formándose como profesionales, los padres serían los garantes de la operación.

La mezcla de estos tipos de interés bajos y los largos períodos de amortización de las hipotecas, permitían la continuidad del boom inmobiliario porque las cuotas eras asequibles para las familias españolas. Entre 1997 y 2010, el precio de los activos inmobiliarios se incrementó en 162 % (http://elnuevoparquet.com/redsocial/prensaeconomica/tag/irlanda-rescatada/).

Aunque se observó un desarrollo de la titulización8 de activos entre 2005 y 2007 que situó a España como el segundo emisor de este tipo de obligaciones en Europa, detrás de Reino Unido, el modelo de endeudamiento fue muy diferente al irlandés, griego o estadounidense. En particular, en el último país mencionado la titulización se realizó en medio de un proceso de fuerte desintermediación bancaria, donde se transfería el riesgo de una agente a otro, porque su único incentivo era seguir generando hipotecas, sin importar el riesgo subyacente.

8 La titulización consiste en convertir un préstamo o un activo no negociable (participaciones hipotecarias) en un título negociable (bonos titulizados hipotecarios).

La titulización de hipotecas españolas se desarrolló, principalmente, con el objetivo de acceder a liquidez de largo plazo, sin llevar a cabo una transferencia real del riesgo, por lo cual los incentivos para mantener una política prudencial del riesgo han continuado intactos. A finales de 2008 el volumen vivo de titulizaciones hipotecarias emitidas por entidades españolas representaba casi la tercera parte del volumen de créditos hipotecarios existentes en ese momento, proporción que superaba la mitad si también se tienen en cuenta los fondos de titulización de cédulas hipotecarias (Arce, Ispierto y Martin, 2012).

Además, el desarrollo de los fondos de titulización se ha basado en el desarrollo de estructuras financieras simples y tradicionales, que permiten llevar a cabo una correcta valoración de los riesgos, a diferencia de las complejas estructuras desarrolladas en torno a las hipotecas subprime en los Estados Unidos.

La titulización hipotecaria —en la que el colateral tiene un plazo de más de veinte años— en España tiene un grado de sobrecolaterización mínimo de 25 %. El deudor responde con la totalidad de su patrimonio, los incentivos a pagar son muy superiores a los de los deudores anglosajones, incluso en el hipotético caso de que se produjera una situación en la cual el colateral valiera menos que la deuda asumida. Asimismo, desde 2000, el Banco de España, ante el boom del crédito, introdujo la provisión estadística, que obligaba a las entidades a provisionar fondos por riesgos inherentes al ciclo económico (Álvarez, 2010).

En efecto, hacia 2003, el peso del patrimonio inmobiliario sobre la riqueza total de los hogares representaba aproximadamente 83 %, alrededor de diez puntos por encima de 72 % que representaba en 1998. Además, los precios inmobiliarios crecieron a un ritmo de 12,1 % anual entre 2003 y 2007 (primer trimestre de cada año), con lo cual es preciso prever que el peso de los activos inmobiliarios sobre la riqueza total de las familias españolas continuó ganando posiciones (Caixa-Catalunya, 2007).

En 2006 la deuda de las familias españolas (830 600 millones de euros) representaba 114,3 % de la renta disponible ajustada, y en términos per cápita supera los 18 200 euros, triplicando los 5 700 de 1989 (euros de 2006) (Caixa-Catalunya, 2007).

A su vez, el crédito a la vivienda representaba, en 2006, 20 % de los activos de las entidades de crédito. Efectivamente, 21,6 % de los créditos de bancos, cajas y otras entidades financieras era deuda familiar destinada a la compra de vivienda, 20,6 % de los cuales era crédito para la compra y 1 % restante crédito para la rehabilitación (Caixa-Catalunya, 2007).

Pero, el riesgo de España está en los préstamos que las instituciones financieras pidieron en el exterior para apoyar el desarrollo de su modelo de crecimiento, en la época del auge económico, los cuales tienen un plazo de vencimiento muy inferior a los de los préstamos hipotecarios otorgados para la financiación de viviendas.

Por su parte, en un contexto de crecimiento relativamente moderado de los depósitos, el sector bancario doméstico pudo hacer frente a este aumento de la demanda de crédito a través de la apelación a los mercados mayoris-tas de financiación. El fuerte apetito inversor a nivel global que caracterizó este período facilitó la financiación de la banca española en condiciones holgadas.

La burbuja de crédito en España llegó a ser desproporcionada entre 2000 y 2006, en este último año el crédito total aumentó 29 % y el inmobiliario-construcción 32 %. La “regla de oro” del crecimiento del crédito establece que, como máximo, duplique el crecimiento del PIB nominal. En 2006, el PIB creció 4,1 % y el IPC (índice de precios al consumidor) 3,6 %, luego el PIB nominal creció 7,7 %, mientras el crédito crecía 4,15 veces más. En 2008, el crédito al sector privado alcanzó su récord, 175 % del PIB (De la Dehesa, 2013).

El espejismo de riqueza generada, entre 2003 y 2007, por el dinero barato que fluía de los países centrales de la zona euro a Grecia, Portugal, Irlanda y España opacó los problemas reales de competitividad de las economías mencionadas.

Asimismo, la ilusión del crecimiento salarial ensombreció la situación de los trabajadores de estos países. Los costos laborales unitarios aumentaron y la participación salarial en la renta nacional ha descendido desde 1980, la que solo aumentó ligeramente en los años anteriores a la crisis actual (Comisión Europea, 2015).

Capítulo 4

la actual crisis económica global y su impacto en la Unión Europea

Crisis del patrón de acumulación

La actual crisis no puede ser definida como una crisis financiera ni tampoco como una conmoción resultante del proceso de financierización, es mucho más que eso. En realidad, se trata de una crisis global que supone el agotamiento de un modelo de crecimiento, donde sus raíces más profundas subyacen en la acumulación de capital, al revelar sus contradicciones. Los verdaderos motivos de esta crisis se encuentran en el funcionamiento de la actividad productiva, la tasa de ganancia capitalista a ella asociada, así como la distribución de la renta entre capital y trabajo (Huerta, 2010, Álvarez, 2012).

Aunque la crisis se manifestó, primero, en la esfera financiera, su origen se encuentra en la acumulación neoliberal, la cual puso en un segundo plano a la esfera productiva y el salario, y trajo como resultado enormes niveles de endeudamiento (burbujas financieras y crediticias) y problemas de insolvencia (Huerta, 2010, Álvarez, 2012).

Desde finales de los sesenta y durante la década del setenta, se produce una disminución de la tasa de ganancia capitalista, donde la salida fue el desplazamiento hacia la especulación financiera (Amin, 2008).1 Es decir, en el proceso de reestructuración capitalista que se observa a partir de los setenta se tiende a desincentivar la inversión productiva y a promover la hegemonía financiera.2 Se invierte productivamente una proporción menor de la ganancia, profundizando la debilidad estructural del crecimiento.

1 El volumen de las transacciones financieras es del orden de 2 000 millones de millones de dólares cuando la base productiva, el PIB mundial solo es de 44 millones de millones de dólares. Hace treinta años, el volumen relativo de las transacciones financieras no tenía ese tamaño y se destinaba entonces principalmente a la cobertura de las operaciones exigidas por la producción y por el comercio nacional e internacional (Amin, 2008).

2 En cambio, la crisis de los años treinta se puede caracterizar como una reestructuración en la dirección opuesta, esto es, se incentivó un modelo de acumulación que estimulaba la inversión productiva frente a las formas financieras y especulativas de obtención de ganancia (Duménil y Lévy, 2007).

El nuevo marco financiero se estableció a partir de un conjunto de fenómenos nuevos integrados sistémicamente entre sí, entre ellos, la titularización y desregulación del crédito, la informatización de la circulación del dinero, la globalización financiera, los instrumentos financieros derivados, los nuevos fondos especulativos de inversión y el enorme enriquecimiento rentístico-privado de amplios sectores de la población mundial favorecidos por la globalización, lo cual acentuó el sesgo especulativo del capitalismo estadounidense y mundial (Dabat, 2002).

Ese proceso adquirió dimensiones mayores y finalmente incontrolables, a partir de la primera década del siglo xxi, con la aparición de los nuevos instrumentos, instituciones y mecanismos especulativos originados sobre todo en los Estados Unidos —sistema bancario paralelo desregulado—, los cuales elevaron de manera considerable el riesgo sistémico del conjunto del sistema financiero3 (se ampliará en el epígrafe siguiente).

3 El nuevo sistema financiero mundial está menos articulado a la esfera productiva que en anteriores etapas del capitalismo (Dabat, 2002). En el capitalismo monopolista-financiero clásico había una articulación directa derivada de la fusión entre los bancos y las industrias (Hilferding, 1971). En el capitalismo fordista-keynesiano fue esencial la articulación impuesta por la regulación pública. Para Albert (1991) en Alemania y Japón se observó el control o cruzamiento accionario.

Esta reestructuración permitió una recuperación parcial de la tasa de ganancia. La productividad del capital, tuvo una notable recuperación en las décadas del ochenta y noventa, aunque no a los niveles promedio de los sesenta. Tal recuperación es la principal explicación de la debilidad general del proceso de acumulación de capital durante las últimas décadas en la economía mundial, aunque no la única. En general, por su sesgo financiero-especulativo y anti-laboral, la reestructuración neoliberal obstaculizó el relanzamiento de la dinámica de la acumulación productiva.

Sin embargo, el divorcio entre las esferas especulativa y productiva no puede llegar a completarse, ni es sostenible en el tiempo, debido a que el fuerte crecimiento de las cotizaciones bursátiles no puede progresar indefinidamente si no está resguardado por incrementos en la productividad y los beneficios reales de las sociedades, del mismo modo que el continuo incremento de la deuda no puede mantenerse si no crecen los ingresos de las empresas y los hogares endeudados.

Históricamente, la generalización y estabilización del desarrollo económico del capitalismo requiere de instituciones de mediación y concertación político-social, las cuales no existen en la actualidad, estas permiten la inclusión de los trabajadores y de los distintos sujetos sociales activos, como sucedió en los anteriores estadíos fordista y keynesiano.

Hasta ahora, todos los ciclos expansivos del capitalismo han requerido siempre de marcos regulatorios y pactos sociales que dieran sustentabilidad político-social al sistema, como fue el caso del sindicato, la reducción de la jornada de trabajo y la educación pública en la segunda mitad del siglo xix, de la legislación social y el sufragio popular en la época clásica del imperialismo o del convenio colectivo de trabajo, el seguro social y el voto femenino en la segunda posguerra. Mientras no se haya avanzado sustancialmente en esta dirección, no se podrá pasar de la recuperación en ciernes del capitalismo, a un despegue global del mismo, política y socialmente sustentable (Dabat, 2002).

La política neoliberal se encuentra en un callejón sin salida. En la actualidad, no hay nada resuelto, y el dinamismo artificial del mercado ha dado lugar a enormes deudas públicas, las cuales tienen la función de liquidar la montaña de deuda privada acumulada a lo largo de dos o tres décadas.

En tanto crisis del patrón de acumulación se observa un recrudecimiento de la caída de la rentabilidad, inversión, empleo y crecimiento económico en los principales centros económicos mundiales (ver Tabla 1). Entre 1950 y 1973 el crecimiento mundial fue de 4,9 %; entre 1973 y 1990, 3,3 %; y entre 1991 y 2009, 2,8 % (Márquez, 2010).

En particular, la disminución del salario real frenó el descenso de la tasa de ganancia (desde 1973) y permitió su recuperación en los últimos años, pero impactó en el poder de compra de los salarios y la demanda efectiva se estancó. Es decir, el proceso de concentración y centralización del capital ocurrió a la par de la destrucción del empleo. Estas condiciones ocasionaron crisis de sobreproducción, y, paradójicamente, crisis de subconsumo, dada la caída de la demanda efectiva, toda vez que el abaratamiento generalizado de la fuerza laboral provocó un descenso notable en la capacidad de compra.

En las últimas tres décadas de política neoliberal la demanda fue impulsada por la deuda y no por un aumento de los salarios. Con la crisis actual, la demanda interna continúa disminuyendo porque ni la deuda ni los salarios aumentan.

El aumento del desempleo en los últimos treinta años ocurre parejo al de las ganancias no reinvertidas, las cuales alimentaron las burbujas financieras y han llevado a varias crisis, con énfasis en la actual. Así, cualquier programa contra el desempleo que no tenga como acompañamiento la distribución de los ingresos es estrictamente artificial, pues la contracción del consumo significa que si existiera un crecimiento económico este sería sin empleos. No es descartable una nueva recesión lo cual amenazará la tasa de ganancia otra vez.

Tabla 1

Evaluación de los principales indicadores económicos en los centros de poder mundial

Indicadores

Estados Unidos

Unión Europea

Japón

1961-1973

1981-1990

1991-2000

2001-2010

1961-1973

1981-1990

1991-2000

2001-2010

1961-1973

1981-1990

1991-2000

2001-2010

Crecimiento del PIB (%)

4,4

3,2

3,4

1,6

4,8

2,4

2,2

1,4

9,4

4,6

1,1

0,7

Tasa de crecimiento

del empleo (%)

1,9

1,8

1,3

0,2

0,3

0,7

0,6

0,5

1,3

0,9

0,2

-0,3

Consumo privado (% de cambio anual)

4,5

3,5

3,6

1,9

4,8

2,5

0,1

1,4

8,7

4,0

1,3

0,9

Inversiones productivas (% del PIB)

19,3

19,0

18,0

18,1

25,1

20,8

20,1

19,9

35,4

29,1

27,9

22,3

Salario real (% de cambio anual)

2,7

0,8

1,7

1,3

5,0

0,9

0,9

0,8

7,6

2,0

0,6

-0,1

Ahorro (% del PIB)

19,6

14,9

17,8

11,9

25,0

21,7

20,5

18,5

36,1

34,2

27,6

23,6

Balance de la cuenta corriente (% del PIB)

0,3

-2,8

-2,8

-3,3

0,4

-0,6

-0,8

-0,3

0,6

1,5

2,5

3,6

Fuente: Elaborado por la autora con los datos de la Comisión Europea (2012a): “Statistical Annex of European Economy”, Spring, 2012, 26 de abril de 2012, http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/index_en.htm

Por otra parte, el cambio tecnológico de los ochenta y noventa, es decir, la inversión en tecnologías de la información y de la comunicación, también contribuyó al alza de la tasa de ganancia. Sin embargo, esta evolución favorable se interrumpió con la crisis de las Punto.com en 2000-2001. Esta última fue la primera manifestación de la inestabilidad del modelo neoliberal en los Estados Unidos, aunque no supuso su agotamiento, dada la capacidad de adaptación de las finanzas y el paso a la burbuja inmobiliaria.4

4 Como afirmó Robert Samuelson: “el boom inmobiliario salvó la economía […] Hartos del mercado de acciones, los estadounidenses se volcaron en una orgía de bienes raíces, la burbuja inmobiliaria sustituyó a la burbuja de la nueva economía”.

En otras palabras, la actual caída de la tasa de ganancia constituye un indicador crucial para entender la crisis del proceso de acumulación de capital. El crack de Wall Street y las quie-bras de grandes corporaciones transnacionales ocurridas con la crisis global de 2008 son signos de reversión en la recuperación de la rentabilidad ocurrida desde mediados de los ochenta basada en la política neoliberal.

La estrategia de financierización ha derivado en procesos de bancarrota y en escándalos de corrupción, los cuales han precipitado soluciones de regulación estatal. La financierización es más bien una extrema agudización de algunos de los rasgos inherentes a la lógica del capital. La globalización financiera ha quedado censurada, pues los países centrales han recurrido a la intervención del Estado y a la nacionalización de empresas en quiebra. Además, se ha expandido la intervención del Estado en la dinámica y estructura del mercado, es decir, en sectores de la economía real, como ha sido el rescate de las empresas, por ejemplo, las automovilísticas, en distintos países.

Por otra parte, las economías emergentes son las impulsoras de la recuperación económica en medio de la actual conmoción global. Si bien, durante las últimas dos décadas (1991-2011) la producción industrial aumentó 24 % en los países industrializados, en el mismo período, el crecimiento de los países emergentes fue 2,4 superior y su parte en las exportaciones mundiales fue de casi 18 % en conjunto, en 2012 (OMC, 2013). No hay precedente en la historia del capitalismo de esta situación, lo que significa nuevas contradicciones y cambios importantes (Husson, 2012).

Crisis del patrón monetario internacional

La crisis global actual ha cuestionado, aún más, el orden monetario existente desde la Segunda Guerra Mundial. En estos momentos el liderazgo del dólar estadounidense no parece ser sostenible, dada la inestabilidad que genera su depreciación en los mercados financieros. Estos mercados habían sido su motor impulsor durante varios años y donde la moneda de los Estados Unidos lideró a nivel internacional.

En las últimas décadas, los Estados Unidos se han mantenido como centro del sistema y han salvaguardado la preponderancia del dólar, dada una expansión de créditos a gran escala, y la impresión de dólares por parte de la Reserva Federal (FED) los cuales eran adquiridos, principalmente, por otras economías del mundo.

En particular, la financierización de la economía mundial ha consolidado al dólar y le ha permitido a la economía de los Estados Unidos vivir por encima de sus posibilidades. Los déficit gemelos estadounidenses —fiscal y exterior— se han convertido en tradicionales para esa economía.5 Estos déficit son mantenidos por economías con enormes superávit —como China, Japón e India, entre otros—.

5 En 2010, el déficit fiscal de los Estados Unidos fue de 1,2 millones de millones de dólares, que representa 8,9 % del PIB ascendente a 14,5 millones de millones de dólares en ese año. La deuda pública ascendió a 9,0 millones de millones de dólares en 2010 (62,1 % del PIB). Esa es solo la deuda del Gobierno Federal en posesión del público. Cuando se incluye la deuda de los diferentes estados, el total asciende a 13,5 millones de millones de dólares (93,2 % del PIB) (CBO, 2011).

Asimismo, la sucesión de crisis financieras y la enorme volatilidad de los mercados financieros no han logrado menguar la superioridad del dólar en el sistema monetario internacional, a pesar del creciente agotamiento de la economía estadounidense.

Tampoco el euro ha sido capaz de convertirse en un competidor real al dólar, a pesar de haber incrementado de manera gradual su participación en las reservas internacionales de distintos países en el mundo.

Con la introducción del euro el sistema monetario internacional se transformó de un régimen de siete u ocho monedas de reservas —con supremacía en dólares de los Estados Unidos—, en otro con predominio de tres monedas de reserva: dólar, euro y yen. Ver Tabla 2.

Tabla 2

Composición de las reservas cambiarias mundiales (%)

Años

Euro

Dólar

Yen

Otras

1999

17,9

71

6,4

4,7

2002

23,8

67,1

4,4

4,8

2005

24

66,9

3,6

5,5

2007

26,3

64,1

2,9

6,7

2009

27,7

62,0

2,9

7,4

2010

26

61,8

3,7

8,5

2011

25,0

62,1

3,7

9,1

Fuente: Elaborado por la autora a partir de las estadísticas del BCE, 2012.

Crisis del dólar: su impacto en la divisa europea

La crisis global iniciada en los Estados Unidos en 2007 y extendida al mundo a partir de 2008 obligó al gobierno estadounidense a incrementar drásticamente su deuda para impedir la quiebra del sistema bancario y de las grandes empresas.

Desde mucho antes del estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, el dólar ya había pasado por un importante proceso de devaluación frente al euro. Desde 2002 hasta julio de 2008 el euro incrementó su valor por arriba de 83 %, cuando se situó por encima de 1,6 dólares (Boissieu, 2008). Aunque después, entre 2009 y 2013 esta relación se transformó y la divisa europea se depreció y pasó a cotizarse a 1,32 dólares en el último año mencionado; nunca ha alcanzado la paridad con el dólar.

Desde hace cuarenta años, cuando el presidente Richard Nixon estableció la inconvertibilidad en oro, el dólar se ha devaluado, aunque su depreciación se ha profundizado significativamente en la última década, sobre todo por la actuación rigurosa de la política monetaria del BCE,6 quien en medio de la crisis elevó los tipos, frente a la política expansiva de la Reserva Federal.

6 En efecto, en abril de 2011, el BCE incrementó su tasa de interés de referencia desde 1 % a 1,25 %, y en julio del mismo año hasta 1,5 % otra vez. En enero de 2013, la tasa se ubicaba en 0,75 % (BCE, 2013b).

Si se tiene en cuenta que la Reserva Federal de los Estados Unidos mantiene la tasa de interés en 0 % desde hace varios años se observa que se ha producido un aumento del comercio de divisas desde dólares a euros, francos suizos y otras monedas.

La actual depreciación del dólar no tendrá un cambio de tendencia al menos a mediano plazo, pero se destaca el he-cho de que esta vez la divisa estadounidense es desestimada dado el nivel de desacoplamiento monetario que se está imponiendo a nivel mundial (Asia, Sudamérica y Europa en particular).

La apreciación del tipo de cambio del euro presiona fuertemente a las principales economías de la zona que están orientadas a la exportación.

En línea con lo anterior, la eurozona tendrá que evitar que su divisa no se aprecie con respecto a la moneda de sus principales socios comerciales (dólar, franco suizo, yuan, rublo, yen y otras) a través de la concertación de acuerdos monetarios con ellos.

La eurozona, con el euro apreciado, se encuentra en una encrucijada: evitar que su divisa no suba con respecto a la moneda de sus principales socios comerciales a través de la concerta-ción de acuerdos monetarios con ellos o, caer junto a los Estados Unidos.

Si la política del BCE se limita solo al control de la inflación, la eurozona observará la caída de sus exportaciones a los Estados Unidos y de muchos otros pagos en monedas vinculadas a esta divisa, así como la dirigida a sus principales socios comerciales fuera de la UE, lo que empeorará la crisis económica y social en la Unión Europea.

Los países más grandes de la eurozona —Alemania, Francia e Italia— son economías exportadoras y concentran casi 51 % del total de las exportaciones de la UE a terceros países. En particular la nación germana concentra 27,3 % del total vendido (Eurostat, 2011a).

La eurozona ha mantenido un déficit creciente con China en el comercio, pero también con Rusia, y Brasil, elemento que la hace muy vulnerable ante estas naciones. No es en vano que los principales dirigentes de la eurozona han orquestado una campaña a favor de China, principalmente, para que revalúe el yuan.

En este contexto tan adverso a nivel internacional, lo más prudente sería pactar con estas economías arreglos monetarios para estimular el comercio recíproco y no lanzarse a una guerra monetaria, que sea el preámbulo de una guerra comercial que incremente el proteccionismo, con efectos perjudiciales para cada una de las partes, en especial para la eurozona. Se conoce que China ya ha pactado acuerdos monetarios con diferentes países para estimular el comercio, asimismo ha hecho un redespliegue en América Latina y África.

En el fondo de este controversial sistema monetario internacional existe un reconocimiento mundial de que ninguna de las divisas fuertes parece que pueda resolver el problema. Un síntoma claro está en la subida del curso del oro, convertido de nuevo en valor refugio. Lo cierto es que el actual refugio en el oro pone en evidencia la pérdida de credibilidad no solo en el dólar sino en cualquier moneda occidental, en particular el euro, es decir los mercados financieros no confían en ninguna divisa.

Entre 1999 y marzo de 2012, el precio del oro se multiplicó por seis. Lo cierto es que la escalada alcista del precio del oro se ha mantenido durante los años de crisis global. En 2010 incrementó su valor en casi 30 % con respecto a 2009, el beneficio anual más elevado desde hacía tres años, y constituyó su décimo lustro de incremento consecutivo. A mediados de marzo de 2012, volvió a marcar un récord al cotizarse la onza a 1 700 dólares (www.preciooro.com y www.oroyfinanzas.com).

Es decir, ante el movimiento tan volátil entre la relación cambiaria más importante a nivel internacional (dólar-euro), el oro continúa siendo un refugio muy valioso para los inversores internacionales en detrimento de cualquiera de las dos divisas.

Ante la fragilidad de la principal moneda de reserva (dólar) y las dificultades de la nueva moneda europea muchos de estos países han incrementado sus reservas en oro. India, Rusia, Vietnam, Argentina, Sudáfrica, Bangladés, Malasia, Corea del Sur, México han incrementado sus compras de oro desde 2005. Por su parte, Qatar ha invertido miles de millones en adquirir oro y minas de oro y Arabia Saudita exigió que sus reservas de oro depositadas en Londres sean repatriadas a sus arcas naturales en su territorio (http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2586843=).

La humanidad ha acumulado siete mil años de interés inversor en oro. Al parecer el oro no es solo una materia prima sino una divisa. El hecho de que los bancos centrales lo acogan como una forma de acumulación de reservas, lo convierte en una moneda de cambio.

Subyace la idea de que el valor del oro ha sobrevivido a todos los tipos de dinero papel, a las quiebras de los países y a las guerras. El oro no es la promesa de pago de ningún gobierno. No obstante, se especula mucho sobre el oro, lo cual resulta cada vez más una inversión riesgosa, porque el oro no es una protección sin riesgo.

Existe una crisis del sistema monetario internacional que se evidencia en la crisis de las dos monedas principales del sistema, el dólar y el euro. Este problema de las divisas centrales podría originar una guerra cambiaria a nivel internacional con efectos negativos para el mundo y en especial para las economías subdesarrolladas.

Aunque las necesidades reales de la economía estadounidense y los riesgos inflacionarios que resiste el dólar en el mediano plazo hacen explícito una pérdida de espacio de la moneda estadounidense, el actual competidor, el euro, no genera una completa confianza sobre su papel internacional. Como ya se ha mencionado, el euro, es una moneda que se afirma principalmente en el dinamismo exportador de sus principales países, una característica que hace dudar sobre su capacidad de inyectar liquidez internacional suficiente, teniendo en cuenta la naturaleza y dimensión de la crisis global.

El sector bancario europeo frente a la crisis

El esquema financiero europeo fue un tanto diferente al estadounidense en este período. No obstante, los bancos europeos también incrementaron el nivel de apalancamiento entre 1999 y 2008.

En particular, las instituciones financieras europeas utilizaron el llamado wholesale funding para aumentar el nivel de apalancamiento a través del uso de oportunidades de inversión sin tener que estar restringidos a los depósitos locales. Durante el período los bancos europeos incrementaron el apalancamiento financiero y con ello aumentaron de forma exponencial los beneficios obtenidos a partir de un capital.

Entre 2007 y 2009, el apalancamiento creció de manera importante, en especial, en los bancos de Reino Unido, Irlanda y España. Los créditos y activos bancarios crecieron a tasas anuales entre 2 y 3 veces más altas que el crecimiento del PIB europeo en ese período (Onado, 2011).

Asimismo, entre 1999 y 2008, la emisión de bonos por parte de grandes bancos de la UE se triplicó, alcanzando un máximo de emisiones anuales superior a los 250 000 millones de euros antes de la actual crisis. Los créditos interbancarios europeos de corto plazo pasaron de 7 billones de euros aproximadamente a casi 12 billones de euros, entre 2003 y 2008 (Munevar, 2011).

Paralelamente, los bancos europeos intensificaron la búsqueda de oportunidades rentables de inversión de largo plazo. Para ello, aceleraron la elaboración de productos financieros estructurados, tales como los Asset Backed Securities (ABS). Este mercado también se estimuló al pasar de 200 000 millones de euros en 2003 a 700 000 millones en 2008.

También, las entidades europeas hicieron grandes compras de estos productos en los Estados Unidos (sobretodo ABS, Asset Backed Securities y CDO, Collateralized Debt Obligation). Las instituciones europeas se convirtieron en los principales compradores de las formas más sofisticadas de derivados financieros, tales como los CDO.

A lo anterior se sumó otro problema, la divergencia cambiaria. Como los CDO estaban nominados en dólares, los bancos tenían que cambiar sus depósitos de euros a dólares para poder adquirirlos. Así, agregaron a sus balances los swaps cambiarios, los cuales estuvieron ocultos mientras los mercados financieros permanecieron estables.

Este desarrollo sin límites de la desintermediación bancaria a nivel europeo era posible gracias al bajo nivel de volatilidad de los mercados financieros internacionales, pero el riesgo estaba latente, aunque no se tenía en cuenta.

Se cometieron errores cruciales en el ámbito de la evaluación de riesgos, tanto por parte de las instituciones financieras como de las instituciones encargadas de su regulación y supervisión a nivel europeo. Existía un desconocimiento del nivel de apalancamiento de las entidades por lo que se sobrestimó la capacidad de estas para gestionar sus riesgos, y se subestimó el capital que debían mantener.

Asimismo, la extrema complejidad de los productos financieros estructurados, en los que, en ocasiones, podían encontrarse varios niveles de instrumentos de deuda subordinados, dificultaba una adecuada evaluación de los riesgos, incluso para las estructuras más sofisticadas del mercado. Además, las evaluaciones de riesgos basadas en modelos subestimaban la exposición a depresiones comunes y a riesgos colaterales y, en consecuencia, al riesgo global. Las pruebas de tensión de los mercados financieros se basaban con excesiva frecuencia en supuestos poco rigurosos e incluso, erróneos. Es evidente que ningún banco esperaba una congelación total de los mercados interbancarios ni de los mercados de papel comercial.

El gran riesgo era el de liquidez debido a que tanto el financiamiento como los swaps utilizados son de corto plazo; el banco debía recurrir de forma regular a los mercados financieros para refinanciar su posición. En este sentido, cualquier cambio brusco de las condiciones del mercado que impidiera a los bancos la liquidez necesaria para financiar su posición incrementaría las pérdidas de la entidad en un momento de pánico financiero.

En 2007, el banco francés BNP Paribas anunció el congelamiento de tres fondos de inversión dedicados al mercado de CDO originado en los Estados Unidos. El capital de los fondos de inversión de BNP Paribas fue eliminado y los inversores institucionales tuvieron fuertes pérdidas. Por lo anterior, en 2007 los bancos europeos comenzaron con el uso de los credit defaults swaps (CDS) para protegerse ante el deterioro en el valor de los CDO. En la medida que las tasas de default de los CDO comenzaron a incrementarse, los bancos procedieron a incrementar sus reservas de capital para protegerse de las pérdidas a través de la compra de CDS. Debido a que tales instrumentos permitían pasar el riesgo de default a la entidad aseguradora, los bancos se permitían afirmar que la exposición al riesgo de las hipotecas subprime estaba contenida.

Sin embargo, el riesgo permanecía presente ya que los bancos seguían manteniendo el CDO en sus hojas de balance, y la posibilidad de reducir las pérdidas se limitaba solo a la capacidad de la entidad aseguradora de poder pagar en el momento en que el CDO entrara en default.

El estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos generó un efecto dominó en todo el mundo, dada la gran interconexión de los mercados financieros. La crisis bancaria también se hizo sentir en la UE. Las pérdidas totales de los bancos estadounidenses y europeos ascendieron a 1,5 billones de dólares entre 2007 y 2010 (Munevar, 2011).

Es importante reconocer que no existió un marco común para la gestión de la crisis, por lo que los países de la eurozona se enfrentaron a una situación muy complicada, especialmente para las instituciones financieras de mayor tamaño, lo cual propició una actuación de forma rápida y pragmática por parte de los Estados para evitar la quiebra de sus bancos. Estas intervenciones carecieron de la coordinación suficiente y produjeron, en ocasiones, efectos negativos sobre otros Estados miembros.

Desde 2007 a 2010, los Estados europeos han destinado a la banca 0,5 billones de euros en apoyos de capital y liquidez (es decir, 4 % del PIB europeo). Además, las entidades han emitido hasta 1,1 billones de euros (9 % del PIB) de deuda con aval público.

A pesar de todo este proceso de apuntalamiento de entidades financieras, las pérdidas bancarias europeas continúan. Los bancos alemanes, entre 2008 y 2009 recibieron importantes ayudas del Estado, que incluían el traspaso de activos de riesgo a bancos malos,7 pero en 2010 la deuda pública aumentó, por lo que el apoyo no fue suficiente.

7 Un banco malo es una entidad financiera que compra los llamados activos tóxicos (activos contabilizados en el balance de un banco por un valor sobrevalorado) a fin de salvar el sistema financiero. Sin embargo, para algunos analistas estos activos al venderse causarían pérdidas, una cifra que dependería de la gestión de este tipo de bancos y los principales afectados serían los contribuyentes ya que serían los encargados de pagar parte de las pérdidas debido a la mala gestión bancaria.

A tres años de crisis, en septiembre de 2011, los bancos BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole perdieron 12 % de su valor en la bolsa. Estas tres instituciones detentan volúmenes considerables de las deudas de Grecia, Italia y Portugal.

Asimismo, los cálculos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) estimaron que las necesidades de recapitalización bancaria en la eurozona ascienden a 114 000 millones de euros para cumplir con las normas exigidas por Basilea III.8

8 Basilea III es un acuerdo concretado el 14 de septiembre de 2010 en Suiza entre los bancos centrales y los supervisores para reforzar la solvencia y liquidez de las entidades financieras. En esencia, mejorará considerablemente la calidad del capital bancario, elevará de forma significativa el nivel exigido de capital y reducirá el riesgo sistémico. La importancia del acuerdo se centra en los requisitos de capital que deben cumplir los bancos a partir de 2019 (www.bis.org).

Muchos académicos han apreciado que las nuevas normas para la regulación de la actividad bancaria internacional, incluidas en Basilea III constituyen un gran paso de avance, donde se prevé que los bancos no se involucren en estrategias de negocios muy riesgosas y cuenten con suficientes reservas de capital para enfrentar la crisis financiera sin que haya necesidad de la intervención pública (García, 2011).

La Unión Europea se planteó elevar la exigencia de capital mínimo de los bancos para evitar las prácticas de apalan-camiento financiero excesivo, limitar las inversiones fuera de balance y afinar la regulación y supervisión del total de las entidades financieras por parte de los bancos centrales. En diciembre de 2011, la Autoridad Bancaria Europea recomendó a las instituciones financieras de la zona del euro que debían elevar sus reservas de capital al 9 % del total de activos, después de establecer un amortiguador frente a tendencias de riesgo soberano. El objetivo sobre todo era asegurar el suficiente capital contra pérdidas no esperadas si la situación económica se deterioraba aún más.

A pesar del avance en las medidas de recapitalización bancaria todavía existen problemas bancarios en la eurozona. A tal punto que en junio de 2012, en la XIX Cumbre de los gobiernos de la UE se exigió la necesidad de que el eurogrupo fuera capaz de establecer un supervisor bancario único, como un prerrequisito imprescindible para la puesta en marcha de la recapitalización directa de la banca en dificultades a través de los mecanismos de rescate europeo.

La situación financiera en la actualidad es tan inestable como antes de la quiebra de Lehman Brothers.9 Las deudas son mucho mayores a todo el capital existente, algo que ha sido ocultado por la liquidez inyectada al sistema por los bancos centrales, y que tampoco es suficiente (es un mecanismo que transfiere la deuda hacia las próximas generaciones).

9 Un banco de inversiones que tenía 158 años de fundado, incluso había sobrevivido a guerras mundiales, a la Guerra Civil estadounidense, la crisis del ferrocarril de finales del siglo, la gran depresión y la crisis de 1929 y la caída del fondo Long Term Capital en 1998.

Efecto en la economía real europea

La actual crisis ha golpeado con profundidad a toda la economía mundial y en particular a la economía europea. En especial, la economía de la eurozona atraviesa un momento histórico sin precedentes marcado por la primera recesión profunda desde el nacimiento del euro en 1999. La zona del euro terminó en agosto de 2008 con nueve años de tasas de crecimiento positivas (aunque no superiores al 3 %).

En realidad, las marcadas divergencias en el crecimiento económico de la Unión observadas en los años anteriores al estallido de la crisis se han disipado y todos los países convergieron hacia la caída abrupta de sus tasas de crecimiento económico entre 2008 y 2009.

En 2009, el PIB de la zona euro se contrajo -4 % y el de la Unión Europea -4,1 %. En términos interanuales, en el cuarto trimestre de 2009, tanto el PIB de los 17 países de la eurozona, como el de los 27 países que conforman la Unión Europea decrecieron -2,1 % y -2,3 %, respectivamente en comparación con -4 % y -4,3 % en el trimestre anterior (Eurostat, 2011b).

El PIB alemán cayó 4,7 % en 2009. Esta declinación fue el peor desempeño desde 1931 y comparativamente, equivale a cinco veces la crisis que atravesó Alemania por el encarecimiento del precio del petróleo en 1975. Alemania, junto a Italia y Japón, fue el país desarrollado más afectado por la crisis en 2009 (Eurostat, 2011b).

Aunque los datos de Eurostat certificaban el fin de la contracción económica para la mayor parte de los países co-munitarios, cinco países no rebasaron la recesión en 2010, entre ellos: España, 0,1 %, Grecia que descendió 4,5 %, Rumania, 1,3 %, Irlanda, 1 %, y Letonia, 0,3 %, según los estimados de 2011 (Eurostat, 2011b). En 2015, el PIB de la UE fue 2,4 % inferior al máximo que se alcanzó antes de la crisis, la banca continúa con dificultades y se limita a sanear sus frágiles hojas de balance; y el crédito es insuficiente, la demanda interna es débil y el crecimiento está estancado.

En la Unión Europea, de manera general, el crecimiento económico registrado en 2010 fue exiguo, dispar y débil, ya que algunos países no registraron un crecimiento sostenido y otros continúan en la recesión.

Lo cierto es que la crisis global, que estalló en 2008 ha impedido un despegue de la economía de la Unión Europea. La menor inversión, el desempleo estructural, la no disponibilidad del crédito, y el elevado endeudamiento público y privado han influido en los pobres resultados del crecimiento económico y en la no recuperación de la economía.

El crecimiento gradual de la zona del euro que se inició en el segundo trimestre de 2013 tras dos años de crecimiento interanual negativo continuó en 2014, aunque de manera desigual a lo largo del año.

El PIB tuvo un incremento de 1,3 % en la Unión Europea (UE) y en la eurozona se situó en 0,9 % en 2014. Esta baja progresión económica también fue resultado del recrudecimiento de las tensiones geopolíticas, en particular, en el contexto de la crisis en Ucrania, las cuales acrecentaron la incertidumbre en lo que se refiere a las perspectivas económicas en el último período de 2014 (Comisión Europea, 2015).

Desde 2014 hasta la actualidad se ha registrado una escalada en el conflicto en el este de Ucrania y las sanciones a Rusia se endurecieron progresivamente. Cabe destacar la imposición, por parte de la UE, de restricciones de acceso a los mercados financieros a entidades de crédito y a empresas rusas, en estrecha cooperación con los Estados Unidos y otros países de la OCDE. Estas medidas se ampliaron en septiembre de 2014 para incluir a un conjunto más amplio de empresas e instrumentos financieros. Como represalia, Rusia impuso un embargo a las importaciones de alimentos procedentes de la UE, los Estados Unidos, Australia, Canadá y Noruega. Junto a la incertidumbre generada por la crisis y la caída de los precios de la energía, las sanciones han supuesto una pesada carga para las economías comunitaria y rusa.

Las exportaciones de la mayoría de los países de la zona del euro a Rusia se han reducido de forma sensible desde 2014. Asimismo, los indicadores de confianza de los consumidores y las empresas experimentaron un deterioro en algunos países de la zona del euro después de marzo de 2014. Los activos de las entidades de crédito de algunos países de la zona del euro son considerables si los comparamos con los de Rusia. En términos absolutos, en el tercer trimestre de 2014, los activos transfronterizos de los bancos con sede en Francia ascendían a 47 000 millones de dólares estadounidenses, seguidos por las entidades de Italia (29 000 millones de dólares), Alemania (19 000 millones de dólares), Austria (17 000 millones de dólares) y Países Bajos (14 000 millones de dólares) frente a Rusia (De la Dehesa, 2014).

En este contexto, el PIB de la Unión Europea y la zona euro aumentó 0,4 % en el primer trimestre de 2015, igual crecimiento que en el cuarto trimestre de 2014. Existen países con registros de crecimiento negativo Lituania (-0,6 %), Estonia (-0,3 %), Grecia (-0,2 %) y Finlandia (-0,1 %). El crecimiento de los principales indicadores económicos como el consumo de los hogares, las inversiones y las exportaciones, entre otros, no alcanza 1 % (Eurostat, 2015a).

En particular, la crisis de deuda soberana de la zona euro (se detallará en el apartado siguiente) ha devenido como una crisis de crecimiento y competitividad manifestada en la caída en la actividad y la inversión, la caída en la capacidad de producción de la industria, y los riesgos políticos y sociales por el aumento del desempleo.

La economía alemana registró en el primer trimestre de 2015 un escuálido crecimiento que a duras penas llega a 0,3 %, mientras el índice de confianza empresarial ha bajado en el mes de mayo, dado el empeoramiento de las perspectivas para el próximo medio año. El crecimiento de Alemania está en estos momentos por debajo del de la media europea, que se sitúa en torno a 0,4 %. El país que más ha crecido en el primer trimestre ha sido España, con un inesperado 0,9 %, incluso por delante de Francia, que dobla a Alemania en este comienzo de ejercicio (Eurostat, 2015a).

Los países con problemas de deuda soberana están más agobiados que el resto dada la recesión económica. En particular, en Grecia el rescate financiero y las medidas de austeridad han encaminado al país a una depresión solo comparable con una crisis bélica. La economía helena emergió el año pasado de una recesión de seis años, pero las negociaciones políticas sobre un acuerdo a cambio de reformas han impactado seriamente su economía. El PIB que había alcanzado 242 000 millones de euros en 2008, descendió hasta 176 000 millones de euros en 2015, una caída de 28 % (www.datosmacro.com). La austeridad como respuesta a la crisis griega ha conducido a un proceso de endeudamiento crónico. El FMI asegura que el endeudamiento se aproximará a 200 % a pesar del rescate (http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150702).

Desde 2007 se observa un declive pronunciado en el crédito español. En los últimos tres años la caída del crédito se sitúa en -12,6 %. En correspondencia con lo anterior, se observa un aumento histórico de la morosidad; en noviembre de 2013 se elevó a 192 504 millones de euros, un monto diez veces superior al de enero de 2008. En consecuencia, el consumo se ha desplomado en aproximadamente tres años (once trimestres en negativo).

Para Roubini y Nowakowski (2013), la recesión española se ha convertido en una depresión porque el país aún no ha tocado fondo. Aunque el PIB nacional creció 3,5 % en 2015, es el quinto país con menor crecimiento acumulado desde 2011 dentro de la eurozona. Asimismo, otros países con problemas de deuda soberana se quejan de lo que van a tardar en alcanzar los antiguos máximos, tales son los casos de Italia, Portugal y Grecia.

Italia y Grecia experimentan una profunda recesión, mientras Portugal, luego de dos años y medio con reiteradas cifras negativas, registró un crecimiento de 0,2 % en el tercer trimestre de 2013, aunque muestra aún un agravamiento de sus problemas sociales. Se conoce que la caída acumulada del PIB portugués es de 7 % y la tasa de desocupación de 16,4 %. El Instituto Nacional de Estadísticas explica que la salida de la recesión se logró a través del incremento de la exportaciones, cuyos costos internos se han reducido por la caída en las remuneraciones (BBVA, 2013).

Durante los últimos años el sector externo ha sido el de mejor comportamiento en la actividad económica de la eurozona, pero no de manera homogénea. También se ha producido un reajuste de las balanzas por cuenta corriente entre la periferia de la zona euro y el centro, aunque este progreso es todavía incompleto y asimétrico. Existen países con un balance en cuenta corriente superavitaria y otros con déficit en el saldo del sector externo.

Se hace depender la recuperación de la devaluación interna de los salarios para promover la competitividad exportadora. En particular, Alemania ha continuado con sus superávit comerciales a pesar de la profundidad de la crisis europea.

Por otra parte, las manifestaciones más notables del recrudecimiento de la crisis a nivel europeo se evidencian en el alto endeudamiento empresarial y familiar y en los graves problemas bancarios. En este sentido, se observó un aumento de los impuestos pagados por los ciudadanos de los países de la zona del euro lo que supone un incremento de 5 % en tan solo doce meses (Eurostat, 2012c).

En enero de 2014 la deuda de las familias españolas sumaba 1,85 billones de euros, comprometidos casi en su totalidad en préstamos para adquirir viviendas a precios muy superiores a los que en la actualidad dicta el mercado.

La caída de la tasa de ahorro familiar tiene su origen en el desplome del ingreso real disponible (Eurostat, 2012c, BCE, 2014a).

La economía europea enfrenta problemas de estructuras que no lograron solucionarse antes de la crisis. La UE nunca pudo cumplir con el objetivo de dedicar 3 % del PIB a investigación y desarrollo (I+D), como señalaba la Agenda de Lisboa de 2000. En 2010 dicha meta se ubicaba en 2 % como promedio en la UE. Lo cierto es que Europa ha necesitado diez años para progresar de 1,86 % a 2 % del PIB europeo, es decir, 0,15 puntos, un ritmo de crecimiento menor comparado con Japón (3,4 %) y los Estados Unidos (2,7 %) (Torraba y Rituerto, 2011).

Por otra parte, no pudiera hablarse de recuperación económica real en la UE y en la eurozona en particular, mientras el mercado de trabajo continúe en condiciones tan precarias. Se calcula que en la Unión Europea se han perdido más de siete millones y medio de empleos por la crisis. De manera general, el desempleo se ha agudizado.

La tasa de desempleo en la zona euro es de 11 % y 9,7 % para la Unión Europea en su conjunto. Se estima que 23,5 millones de personas están desocupadas en la Unión y de ellas 17,8 millones viven en la zona euro (Eurostat, 2015b).

Grecia y España con 25,4 % y 22,7 % respectivamente, detentan los mayores promedios, mientras Alemania continúa con una tasa de desocupación en mínimos históricos, 4,7 %. La nación germana cerró 2014 con un récord de personas empleadas (superó los 43 millones), por primera vez desde la reunificación del país en 1990 (Eurostat, 2015b).

La tasa de desempleo de larga duración en España desde el inicio de la crisis se ha igualado a los estándares europeos, llegando a superarlos en 2013. En la actualidad, este tipo de desocupación se ha incrementado 67 %. En 2011, 1,4 millones de españoles llevaban dos años o más buscando un empleo y en 2014 ya eran más de 2,3 millones (Barral, 2015).

En España la tasa de desempleo de larga duración es de 50,3 % para las mujeres y de 47,1 % para los hombres (Barral, 2015).

Entre los jóvenes el desempleo es mayor. Casi cinco millones de jóvenes están desempleados en la Unión Europea (21,2 %), de los cuales 3,2 millones (22,9 %) pertenecen a la zona euro. España (50,9 %) y Grecia (50,6 %) poseen los promedios más altos (Eurostat, 2015b).

En la mayor parte de los países del núcleo de la zona euro los salarios reales han disminuido, y más aún lo han hecho en la periferia de la zona euro y en gran parte de Europa oriental. No existe suficiente demanda solvente de crédito, lo que dificulta el crecimiento de la economía altamente endeudada.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de España re-veló que en 2052 el 37 % de la población tendrá más de 64 años y que en 2022 habrá una tasa de dependencia de 58 %. Es decir, por cada diez personas en edad de trabajar habrá seis que no lo estarán (menores de 16 o mayores de 64) (Nieto, 2013).

El deterioro del desempleo tiene consecuencias económicas devastadoras debido a que reduce los ingresos públicos impositivos, aumenta el gasto público asistencial ligado al ciclo, descapitaliza a buena parte de la población con los consiguientes efectos sobre la productividad y la competitividad y reduce el crecimiento potencial futuro de la economía europea en su conjunto.

El riesgo de entrar en una dinámica deflacionista amenaza con lastrar cualquier intento de recuperación. La inflación en la eurozona fue de 0,3 % en mayo de 2015, cuando un año antes la tasa era de 0,5 %. Las más bajas tasas se registraron en Chipre (-1,7 %), Grecia (-1,4 %), Eslovenia (-0,8 %) y Polonia (-0,6 %) (Eurostat, 2015c).

En condiciones normales la deflación podría ser deseada, dado que la caída de los precios tendería a aumentar el consumo privado, sin embargo, frente a la crisis económica actual de la Unión Europea esta se convierte en un grave problema porque está acompañada de elevados niveles de deuda y altas tasas de desempleo. En este sentido, el bajo nivel del índice de precios al consumidor provoca la posposición del gasto debido a que se espera una mayor caída, lo que posterga las decisiones de consumo e inversión que propician una mayor contracción económica. Algunos académicos como Moreno (2014) afirman que los efectos de la deflación sobre la economía real pueden tener consecuencias tan devastadoras o más que las de la inflación.

Lo cierto es que existe la amenaza de un estancamiento económico, alimentada por la debilidad de la inflación y la persistencia de la sequía de crédito, especialmente, en los países del sur. En estos últimos la tasa de crecimiento del crédito al consumo que suponía valores superiores a 10 % —la tasa se ubicaba por encima del promedio comunitario— antes de la crisis, en la actualidad refleja promedios negativos.

Crisis de deuda soberana

El colapso del sector financiero como resultado de la crisis afectó seriamente la sostenibilidad fiscal de los Estados de la zona euro. Desde mayo de 2010 hasta mayo de 2011, Grecia, Irlanda y Portugal han estado al borde de la bancarrota. Y sucesivamente, en 2011, cayeron Italia y España en esta situación.

En concreto, el estallido de los problemas del déficit y la deuda públicos de los mencionados países se desata tras el estallido de la crisis financiera mundial, cuando estas naciones se precipitaron al rescate de los bancos nacionales. Este exceso de gasto, llevó a niveles exorbitantes la deuda pública y el déficit fiscal.

El endeudamiento público de la UE alcanzó 12,4 millones de millones de euros en el primer trimestre de 2015, una cifra que equivale a 88,2 % del PIB comunitario y a 92,9 % del PIB de la zona euro (9,4 millones de millones de euros). Pero, con excepción de España (98 % del PIB), el resto de los países anteriormente mencionados tienen un sobreendeudamiento fiscal; en todos ellos la deuda pública es superior a 100 % del PIB (Eurostat, 2015d).

En particular, en España el endeudamiento privado pasó de 100 % del PIB a 200 % del PIB en solo siete años de 2001 a 2008. La deuda pública y privada es de 3,4 billones de euros, es decir casi tres veces la riqueza económica del país. Antes del estallido de la crisis la deuda pública no era significativa (37 % del PIB) y había superávit fiscal. Al estallar la burbuja cayó la actividad económica y con ella la recaudación fiscal y aumentó el gasto (subsidio al desempleo, ayuda a los bancos y empresas). A partir de ahí comienza el problema fiscal que se agravó con las políticas de austeridad (se analizará más adelante) que deprimieron la economía. El problema se agrava porque el Estado español ayuda y avala a los bancos que están en quiebra técnica. Aunque la deuda pública tenga un tamaño pequeño la transferencia de pasivos desde los balances del sector privado al público terminarán generando un problema de deuda pública.

Las ayudas directas del Estado español a la banca desde que empezó la crisis —sin contar las ya amortizadas u otras que se podrían sumar, como los préstamos del BCE—, en 2012 ascendían a alrededor de 216 000 millones de euros, el equivalente a 21 % del producto interior bruto (PIB) de España. El sector se ha beneficiado del dinero público desde octubre de 2008, cuando la tormenta financiera que siguió a la caída del banco de inversión Lehman Brothers puso en jaque a la economía y las finanzas mundiales (Agustina, 2012).

Grecia es el país más endeudado de la zona euro y el segundo país del mundo con mayor deuda respecto al tamaño de su economía, solo detrás de Japón (245 % del PIB). Cuando estalla la crisis en 2008, Grecia ostentaba elevados niveles de deuda y déficit públicos. Por tanto, la crisis agrava sobremanera la anterior situación.

La deuda pública griega ha pasado de 110,7 % del PIB en 2008 a alrededor de 169 % del PIB en el primer trimestre de 2015. La deuda per cápita es de 28 867 euros por habitante (www.datosmacro.com).

Los principales acreedores griegos son los países centrales de la zona euro (Alemania, Francia e Italia), el FMI y el BCE. Grecia debe alrededor de 323 000 millones de euros a sus acreedores, de ellos más de 9 000 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) (BBC Mundo, 2015a).

Dentro de la eurozona el mayor acreedor griego es Alemania, con una exposición total de 57 000 millones de euros, 28,3 % del total. Le siguen Francia (42 000 millones) e Italia (37 000 millones). En total, 226 000 millones, está en manos de los socios europeos y el FMI y, 20 000 millones en las del BCE (BBC Mundo, 2015a).

En general, en los periféricos el endeudamiento (es decir, el registrado antes o hasta el inicio de la crisis) fue básicamente privado. Gran parte de esa deuda fue contraída por el sector empresarial (bancos y corporaciones no financieras) y las familias.

Entre los Estados endeudados hay ciertas diferencias. Por ejemplo, la deuda de Grecia, Irlanda y Portugal representa aproximadamente 20 % del capital de los bancos acreedores, mientras la de España e Italia constituyen casi 150 % del capital de los bancos de Alemania, más de 100 % de los bancos de Francia y cerca de 80 % del capital de los bancos de Austria, Bélgica y Holanda (Munevar, 2011).

Francia, Alemania y Reino Unido concentran 75 % de la deuda de los países altamente endeudados (a excepción de Italia). La exposición de la banca franco-alemana a las obligaciones de estos asciende a 779 000 millones de euros, 61 % de la deuda total que estos cuatro países deben devolver a la banca europea (James J., 2011c y www.burbuja.info).

El déficit fiscal se ha reducido tanto en la UE como en la zona del euro. Si en 2012 valores promediaron -3,7 % del PIB y -4 % del PIB, respectivamente, en 2014 su tasa fue de 2,9 % del PIB y 2,3 % del PIB, respectivamente (Eurostat, 2013e y Eurostat, 2015e). Las medidas de consolidación fiscal conocidas como medidas de austeridad han contribuido a mejorar los déficit fiscales. En 2014, el déficit fiscal fue de 2,9 % del PIB para la Unión Europea y de 2,3 % del PIB en la eurozona.

Sin embargo, en algunos Estados como Italia, Bélgica y Francia el déficit fiscal creció. En particular en 2014 el déficit fiscal se incrementó hasta 4,3 % del PIB frente a 4,1 % de 2013. Francia ha hecho prevalecer su peso político y se ha resistido a tomar medidas de austeridad extremas como lo han hecho Grecia, Irlanda y otros países de menor desarrollo de la zona euro. En efecto, el déficit francés no se ha reducido en los últimos tres años, violando las exigencias de la Comisión Europea. Esta última ha dado un plazo al país hasta 2017 para que cumpla con el objetivo de 3 % de déficit (Pérez, 2015).

En verdad, las reglas no son iguales para todos; por ejemplo, en el caso de España, con un déficit cercano a 5,5 % del PIB en 2014 tras un ajuste tremendo (el saldo negativo estaba en 9 % del PIB en 2011), que contribuyó a provocar una segunda recesión y destruir otro millón de empleos, la Comisión le exige que llegue al objetivo de déficit de 3 % en 2016 (Pérez, 2015).

Sin una reestructuración sustancial de las deudas en Europa el sistema es insostenible. La crisis de deuda soberana es la consecuencia de las políticas neoliberales y la falta de voluntad política de los países centrales de la UE de resolverla, en particular de Alemania.

En concreto, la crisis de deuda soberana de la zona euro es un problema nuevo para el panorama internacional actual, Estados europeos pertenecientes a una unión monetaria de países considerados desarrollados —amén de las diferencias de desarrollo relativo entre ellos— endeudados con la banca privada y, acorralados por los especuladores de los mercados financieros y las agencias calificadoras de riesgos.

En verdad, y coincidiendo con De Grauwe (2011), la experiencia ha demostrado que los países se vuelven más débiles dentro de una unión monetaria, frente a la desconfianza de los mercados financieros, pues ellos no tienen el control so-bre la moneda en la cual hacen la emisión de la deuda. En este sentido, se encuentran en una situación muy parecida a la de los países subdesarrollados que tienen que emitir su deuda en monedas extranjeras dado el bajo desarrollo de sus mercados financieros.

Existen dos tipos de deuda soberana, la tradicional (la de un Estado independiente que tiene muy pocas probabilidades de impago de su deuda, especialmente si es desarrollado) y “subsidiaria” (la de un Estado miembro de la eurozona que emite deuda en los mercados internacionales en una divisa, el euro, que realmente no controla). En el caso de esta última la posibilidad de impago es mayor. Por eso en países tales como: los Estados Unidos, Japón o Reino Unido, la deuda como porcentaje del PIB es mayor que las de Estados como Alemania, Francia, España e Italia, los cuales pagan tipos de interés por la deuda más bajos que los Estados miembros de la eurozona (De la Dehesa, 2011).

A modo de resumen, la crisis de deuda soberana europea, si bien está muy asociada a la crisis internacional, tiene su base principal en la forma de edificación de la unión monetaria europea. Incluso sin choques o perturbaciones que vinieran del exterior (como la crisis actual) la eurozona ya tenía latentes problemas estructurales y de funcionamiento, como se detallaron anteriormente.

La actual crisis ha sido el primer shock asimétrico por el cual ha pasado la zona del euro y ha evidenciado la vulnerabilidad de la unión monetaria. Los problemas actuales de la zona monetaria europea no son consecuencias direc-tas de la crisis, sino que esta última puso de relieve las dificultades estructurales presentes en el área del euro desde hace más de una década.

Grecia: cancelación de la deuda o decadencia como nación

Grecia ha recibido dos rescates, en 2010 y 2012, y continúa con una deuda pública elevada y en recesión. La entrega de la ayuda monetaria ha estado condicionada a la aplicación de medidas de austeridad fiscal por parte de la nación helena.

Estas fuertes medidas de ajuste fiscal tenían como objetivo reducir el déficit fiscal griego con respecto al PIB hasta 2,6 % en 2014. Entre 2013 y 2014, el déficit fiscal se redujo 71 % y pasó de 12 % del PIB a 3,5 % (Eurostat, 2015d y www.datosmacro.com).

Se ha recortado el gasto público para reducir la deuda. En 2009, el gasto per cápita era de 11 151 euros, en 2014 disminuyó 28 % hasta 8 039 euros por habitante. Igualmente, se ha recortado el salario mínimo en más de 20 %, hasta dejarlo en 684 euros (www.datosmacro.com).

Algunas estimaciones indican que en 2014 los ingresos fiscales griegos fueron inferiores a lo presupuestado, lo que agravó aún más la situación financiera del país. En enero de 2015, el gobierno griego ingresó 3 460 millones de euros (24 % menos que en 2014) y gastó 3 300 millones (14,3 % menos que en 2014) (Valero, 2015).

La abismal reducción del déficit fiscal griego ha estrangulado la economía y la sociedad. La recesión económica encalló con fuerza en Grecia, entre 2009 y 2013 el PIB no creció y repuntó un ligero 0,8 % en 2014. Sin embargo, el resultado del pasado año no logró mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los empobrecidos ciudadanos (Eurostat, 2015a).

El PIB que alcanzó 242 000 millones de euros en 2008, a partir de ese año descendió hasta los 179 000 millones de euros en 2014, una caída de 26 %. Además, Grecia no recibe fondos del exterior desde agosto de 2014 y desde esa fecha hasta el presente ha pagado vencimientos de deuda por 17 000 millones de euros (que representa 10 % de su PIB) (www.datosmacro.com).

El 30 de junio de 2015 venció el plazo que tenía Grecia para reprogramar nuevos créditos y continuar con su pago al FMI. En la fecha mencionada declaró el impago. El gobierno de izquierda presidido por Alexis Tsipras sometió a votación popular las propuestas de sus acreedores el 5 de julio. La propuesta consistió en rechazar las medidas de austeridad, aplazarlas en el tiempo o continuar con la decadencia económica y social del país.

En la votación popular triunfó la propuesta de No contra las medidas de austeridad exigidas por la Troika. Sin embargo, la negociación posterior al referéndum efectuada por el gobierno de Tsipras ha traído como resultado la continuidad de Grecia en la zona euro, pero en condiciones más exigentes que las que figuraban en la propuesta que fue rechazada antes de la consulta.

El gobierno griego tuvo que claudicar y aceptar un ajuste que traspasa los objetivos que se había fijado. Si el rescate no se aceptaba, en dos o tres semanas tendrían una “catástrofe humanitaria, escasez de alimentos y medicinas, desorden público”. No tenían alternativa en un contexto de corralito financiero, con los bancos cerrados y sin liquidez para reembolsar los vencimientos de la deuda.

Principales medidas aprobadas entre el gobierno griego y la Troika*

* Troika: así se denomina al BCE, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

• Creación de un Fondo de privatización por valor de 50 000 millones de euros: El gobierno tendrá que transferir activos públicos a un fondo que será de titularidad griega aunque supervisado por la Troika. Esos bienes serán privatizados. Con esas privatizaciones los líderes europeos esperan recaudar 50 000 millones de euros. El 75 % de esa cantidad se utilizaría para recapitalizar los bancos y pagar la deuda; solo 25 % iría a realizar inversiones en el país (BBC Mundo, 2015c).

• Reforma de las pensiones: Extensión de la edad de jubilación hasta los 67 años, endurecimiento de las condiciones de prejubilación y congelación de las pensiones hasta 2021.

• Reforma fiscal y laboral: Subida del IVA a 6 % para medicinas, libros y teatro, a 13 % para hoteles, energía y alimentos básicos y 23 % para el resto, incluidos los restaurantes. Modernizar la negociación colectiva, reformar la ley de huelga con el objetivo de endurecerla, y legislar con las mejores prácticas de la UE en cuanto a los despidos colectivos. Además, se reforma el mercado de productos, que incluye comercio los domingos, propiedad de las farmacias, lácteos y panaderías (BBC Mundo, 2015c).

• Reforzamiento del sector financiero: Medidas para regular préstamos incobrables.

• Administración pública: Disminuir los costos de la administración pública y la influencia política sobre esta. Obtener la aprobación de los acreedores en leyes clave antes de someterlas a consulta pública o al parlamento. Asimismo, el país heleno tendrá que tomar medidas para reformar su sistema de justicia civil y aplicación de la normativa de la UE para el autorrescate de bancos.

El Banco Central Europeo restringió la liquidez de emergencia del sistema financiero y obligó a Atenas a anunciar el cierre de los bancos, de la Bolsa y la imposición de controles de capital para evitar el colapso.

El gobierno decretó el cierre de los bancos y la limitación de la extracción del dinero de los cajeros a 60 euros diarios. Todo ello unido al retiro de depósitos bancarios por parte de los ahorradores. La salida de depósitos por un total de 30 000 millones de euros de los bancos griegos entre octubre de 2014 y abril de 2015. Solo en la segunda semana de junio de 2015, cuando fracasó una negociación entre Atenas y Europa, los ahorradores retiraron 4 000 millones de euros de los depósitos (www.elmundo.es, 28 de junio 2015).

Realmente, el tercer rescate de Grecia es el más drástico en cuanto a las medidas acordadas. La cancelación de la deuda está fuera del debate en los círculos europeos. El objetivo primordial de las nuevas medidas es que Grecia alcance el superávit presupuestario primario a partir de 2016. Sin embargo, las estimaciones ya proyectan la contracción del PIB griego en 0,3 % en 2016 (http://www.lavanguardia.com).

Lo que ocurre en Grecia obliga a revisar los fundamentos de una moneda única y la necesidad de cancelar la deuda griega.

En 2012, se reestructuró parte de la deuda entre Grecia y sus acreedores privados, muchos de los cuales son hedge funds (fondos de inversión libre o de cobertura) y bancos de inversión de Wall Street. Según los términos acordados por el eurogrupo, los inversores privados aceptaron una cancelación de 53,5 % del valor nominal de los bonos.

La legislación griega estableció la posibilidad de imponer el impago a los acreedores que se resistieran y que tuvieran bonos emitidos bajo la ley helena (alrededor de 93 % de los inversores privados). Para conseguirlo Grecia introdujo las llamadas cláusulas de acción colectiva que suprimieron el derecho de los bonistas a vetar la reestructuración. Con esta se condonó más de 100 000 millones de euros con el objetivo de situar la deuda del país a aproximadamente a 120 % del PIB para 2020.

Asimismo, en diciembre de 2012, la mayoría de los principales bancos griegos participaron en la recompra de bonos helenos ofertada por el gobierno griego. Los inversores privados (acreedores de 60 000 millones de euros) adquirieron estos bonos entre 30 % y 40 % de su valor nominal de emisión, un precio ligeramente superior al que cotizaban en el mercado secundario. Los acreedores, a cambio de aceptar estas pérdidas, se libraron del riesgo de mantener esta deuda devaluada en sus libros de cuentas (Ministerio de Finanzas de Grecia, 2012).

El gobierno de Grecia invirtió en esta operación 10 000 millones de euros procedentes de un préstamo extraordinario del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) a 0 % de interés y logró obtener 30 000 millones de euros por valor nominal (Ministerio de Finanzas de Grecia, 2012).

A pesar de esta reestructuración, la deuda griega continuó creciendo. Se conoce que antes del primer rescate en 2010, la deuda pública griega era inferior a la actual y tenía un peso muchísimo más bajo en el PIB (126,8 % del PIB) al concluir 2009, según Eurostat. Por eso, en las actuales circunstancias cuando la Unión Europea ha acordado en el nuevo plan de rescate alargar los períodos para que Grecia devuelva el montante de lo que debe a los acreedores alivia el problema, pero no lo resuelve (Comisión Europea, 2015).

La deuda pública griega es impagable aunque la Troika insista en extender la financiación para que continúe pagando los intereses y las amortizaciones previstas e intentar que el país sea capaz de devolver la totalidad de los préstamos, algún día. El rescate de Grecia asciende a 85 000 millones de euros, y comprende los próximos tres años. A cambio, tendrá que implementar el plan de medidas, el cual es humillante para el pueblo griego. El propio Alexis Tsipras reconoció que su gobierno ha tenido que hacer “concesiones difíciles” (El País, 2015).

El FMI acepta que las finanzas de Grecia son prácticamente inviables, incluso cumpliendo el programa que estaba en vigor, los riesgos para la sostenibilidad de la deuda son elevados. En concreto sostiene que si el crecimiento es menor de 1 % (creció 0,1 % en el primer trimestre) o el superávit primario (saldo antes del pago de los intereses de la deuda) es inferior a 2,5 % del PIB (fue de 1,7 % en 2014) la cancelación es necesaria. Se debe otorgar un período de gracia de veinte años a las deudas existentes y extender la vida de los créditos en vigor hasta los cuarenta años (http://internacional.elpais.com, 02/07/2015).

Lo sucedido en Grecia, advertía Krugman (2015), “es una traición grotesca de todo aquello que se supone que defiende el proyecto europeo”. Subraya que “ser un miembro de la zona euro significa que los acreedores pueden destruir su economía si se sale del redil”. Se conoce que no se sale de una crisis como la que hoy azota a Grecia con más ajuste. La imposición de duras medidas de austeridad y sin alivio de la deuda es una política condenada al fracaso, sin importar lo dispuesto que esté el país a aceptar el sufrimiento. Y esto a su vez significa que incluso una capitulación completa de Grecia sería un callejón sin salida. Según el premio Nobel, “lo impuesto a Grecia es un golpe de Estado”.

La economía griega necesita crecer para que el gobierno pague su deuda. El 90 % de los fondos prestados a Grecia durante los rescates ha servido para pagar a los acreedores, sin beneficiar a la economía. La mayoría de los fondos del primer rescate de 110 000 millones se utilizaron para mantener viva la deuda y permitir que los bancos europeos pudieran desprenderse de los bonos griegos sin graves pérdidas, así como para recapitalizar los bancos griegos (grandes compradores de deuda helena) y evitar de nuevo que los bancos europeos que les habían prestado grandes sumas sufrieran pérdidas.

Los 130 000 millones del segundo rescate se destinaron principalmente a recapitalizar la banca griega y a financiar las compensaciones de la cancelación de la deuda a los inversores privados extranjeros. En resumen, la mayoría del dinero prestado a Grecia se ha utilizado simplemente para pagar los intereses y el principal de la deuda.

En otras palabras, la política europea supone un rescate económico no para Grecia, sino para los bancos de los países acreedores, y el gobierno griego simplemente ha actuado como intermediario (mientras los ciudadanos griegos han visto caer en picado su nivel de vida y se les exige que hagan aún más sacrificios para que también puedan aportar fondos a ese rescate). Grecia es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza, 35,7 %, por detrás de Bulgaria (48,0 %) y Rumania (40,4 %) (Eurostat, 2014).

Algunas estimaciones indican que en 2014 los ingresos fiscales griegos fueron inferiores a lo presupuestado, lo que agravó aún más la situación financiera del país. En enero de 2015, el gobierno griego ingresó 3 460 millones de euros (24 % menos que en 2014) y gastó 3 300 millones (14,3 % menos que en 2014) (Valero, 2015).

Alcanzar el objetivo del superávit primario de 3,5 % del PIB en 2018, implicaría un ajuste presupuestario de 8,3 % debido a los efectos multiplicadores negativos de esos ajustes, que podrían llegar a contraer el PIB hasta 12,5 % y hacer subir el ratio de la deuda en otros 22,5 % del PIB (Oliveras, 2015).

En particular, Alemania está en contra de la cancelación de la deuda griega, el problema radica en que sus bancos tienen una elevada exposición en ese país, por lo que el impago por parte de la nación helena podría impactar negativamente en su sistema financiero. Sin embargo, la actual posición externa superavitaria alemana, además de ser ilegítima es por otra parte causante de los déficit externos y acumulación de deuda en Grecia (Munevar, 2012).

Una política de estricto cumplimiento de la austeridad en Grecia quizá no parece tener éxito porque la estructura económica del país necesita muchos más años de los que se había pensado para recuperar la competitividad perdida que le permita conquistar mercados en medio de la actual conmoción global y, volver a crecer. El crecimiento no volverá a la nación helena si se aplican las medidas de austeridad; existe una amplia evidencia empírica que demuestra que las contracciones fiscales no son casi nunca expansivas, y mucho menos en situaciones de estancamiento económico generalizado.

La austeridad como respuesta a la crisis griega ha conducido a un proceso de endeudamiento crónico donde el país tiene que endeudarse para pagar deudas. Mientras, las llamadas políticas de ajuste fiscal garantizan tanto la posibilidad como la necesidad de mantener ese ciclo sin fin.

Por otra parte, la política fiscal debe hacer corresponder dos objetivos: asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas y ayudar a estabilizar la economía en las difíciles condiciones actuales. Tratar de alcanzar ambos objetivos en un contexto de crisis económica es muy difícil. Si todo se reduce al “ajuste fiscal” se agudiza la contracción económica sin sentar las bases de un crecimiento más sólido. Por lo tanto, con su estrategia, los líderes europeos, encabezados por Alemania, están condenando a Grecia a una recesión económica sin límites y a un empobrecimiento de su sociedad de incalculables consecuencias.

Grecia entró a la zona euro en 2001 sin cumplir el requisi-to de deuda fiscal, por lo que la cancelación de su deuda depende de decisiones políticas y voluntad de los grandes Estados de la zona euro de aceptarla. La Unión Europea necesita estar a la altura del proyecto que enarbola desde hace más de cincuenta años.

Grecia, tras doce años de implantación de la moneda única, se encuentra con el hecho de que no puede recuperar sus desequilibrios por la vía tradicional de las devaluaciones. Además tiene que hacer unas reformas impuestas por los líderes europeos que no cuentan con consenso social.

Papel del BCE en la solución de la crisis

Tras la caída de Lehman Brothers, por ejemplo, en un período de tan solo siete meses, el BCE bajó el tipo de interés desde 4,25 % al mínimo de 1 % donde permaneció inalterable durante casi dos años, luego subió dos veces en 25 puntos básicos en abril y julio de 2011 para enfrentar los riesgos alcistas de los precios.

Pero, el agravamiento de la crisis de deuda soberana provocó que a finales de 2011 ya la tasa hubiera disminuido y en noviembre de 2012 se ubicaba a 0,75 %.

Asimismo, en mayo de 2010 ante la posible bancarrota griega, el BCE estableció un fondo de 750 000 millones de euros. Este fondo se llamó Mecanismo de Estabilidad Financiera Europeo (a partir de ahora FEEF)* y en 2013 se convirtió en un fondo de rescate permanente y asumió el nombre de Mecanismo de Estabilidad Financiera Europeo (MEDE).

* A propuesta de la Comisión Europea, el Consejo Europeo decidió su creación en diciembre de 2010, sobre la base de la llamada Facilidad Europea de Estabilidad Financiera, aplicada a los Estados que lo han necesitado, hasta 2013. A partir de esa fecha, entrará en vigor el nuevo Mecanismo con carácter permanente. Los ministros de Finanzas de la zona euro han acordado que se cree un fondo dotado con 700 000 millones de euros (Comisión Europea, 2011).

La creación del fondo, anteriormente mencionado, significó una violación del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea que prohíbe los rescates financieros tanto por parte del Banco Central Europeo como por parte de la Unión (dichos rescates se permiten solo en casos de sucesos excepcionales que escapen al control de los gobiernos).

A través de MEEF, el BCE comenzó a comprar deuda pública en los mercados secundarios para inyectar liquidez y estabilizar los mercados de deuda soberana. Este mecanis-mo ha transformado un tanto su papel a raíz de la crisis del euro.

La creación del programa de compra de bonos (Securities Market Programme, en inglés) de los Estados altamente endeudados estuvo estrechamente vinculado a la crisis de deuda de Grecia. El aumento de los rendimientos de los bonos griegos se inició en septiembre de 2008 debido al shock de liquidez creado por la quiebra de Lehman Brothers, mientras empujó al alza de los rendimientos en todas las capitales de Europa. Este desacoplamiento se aceleró a partir de noviembre de 2009 cuando las elecciones y un nuevo gobierno empezaron a destacar las discrepancias acerca de los datos recogidos a nivel nacional y los que proporciona a las instituciones de la UE.

Estos temores cobraron impulso en diciembre de 2009 y enero de 2010 en adelante, pues el Consejo consideró que Grecia no había respondido adecuadamente a la advertencia realizada en marzo. La Comisión Europea publicó un informe que reconocía el fraude estadístico producido en Grecia. Por último, la situación llegó a un punto crítico en abril de 2010, cuando el Estado griego declaró la imposibilidad de acceder al crédito en los mercados financieros y su incapacidad para encontrar los recursos necesarios para pagar una gran cantidad de deuda con vencimiento en el segundo trimestre de 2010.

Portugal, Irlanda, Grecia y España han sido rescatados. Pero el rescate ha estado condicionado a la aplicación de medidas de austeridad supervisadas por el FMI. Estos programas contienen severos ajustes, reformas, disminución de sueldo, privatizaciones así como devaluaciones internas dada la imposibilidad de acudir a la devaluación de la moneda.

En contraste el sistema bancario italiano resistió adecuadamente y no necesitó medidas de rescate desde que la crisis financiera estallara en 2008. Los bancos no sufrieron la explosión de una burbuja inmobiliaria como en España. Sin embargo, el país desde 2011 ha vivido una gran pesadilla en los mercados financieros debido a la descalificación de sus principales bancos por las calificadoras de riesgos. Entre ellos los dos más grandes, Unicredit e Intesa Sanpaolo. A partir de entonces el gobierno italiano ha insistido en la aplicación de programas de austeridad.

Desde mayo de 2010 hasta febrero de 2012, el Banco Central Europeo invirtió aproximadamente 218 000 millones de euros en la compra de títulos soberanos —programa para el mercado de valores— de Grecia, Irlanda y Portugal, más los amenazados España e Italia, mientras la deuda asciende a 3,8 millones de millones de dólares. La entidad financiera solo ha comprado 29 % de los recursos disponibles por el fondo de rescate para Estados endeudados, lo que evidencia la reticencia de la institución a comprar títulos de deuda (James J., 2011c y 2012, y http://placeduluxembourg.files.wordpress.com/2012/02/smp-purchases-and-total.png).

El programa de compra de bonos por parte del BCE fue realmente activo durante dos períodos. El primero, desde la tercera semana de mayo de 2010 hasta la primera semana de julio de 2010. El segundo período se produjo entre la segunda semana de agosto de 2011 y segunda de enero de 2012 (http://placeduluxembourg.files.wordpress.com/2012/02/smp-purchases-and-total.png).

Teniendo en cuenta los períodos de intervención descrito con anterioridad, parece que el primer período del programa para el mercado de valores del BCE fue relativamente exitoso al contribuir a que el rendimiento de la deuda soberana bajara. Sin embargo, su interrupción condujo a un aumento progresivo de los rendimientos de Grecia, Irlanda y Portugal.

Sin embargo, el segundo período de activismo del BCE no tuvo el mismo efecto en los rendimientos de los tres países rescatados y se dirigió fundamentalmente a la gestión de España e Italia. Ver Tabla 3.

Al cierre de 2013 el BCE tenía 185 700 millones de euros en deuda soberana adquirida bajo el programa para el mercado de valores (https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140220.es.htm).

Tabla 3

Deuda soberana adquirida por el BCE a través del programa para el mercado de valores

(millones de euros y %)

Países

Cantidad de deuda en poder del BCE

% del total

Italia

89 700

48,3

España

38 800

20,3

Grecia

27 700

14,9

Portugal

19 800

10,7

Irlanda

9 700

5,2

Fuente: Elaborado por la autora con los datos de BCE, Cuentas Anuales del BCE para el ejercicio 2013, 20 de febrero 2014, (http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140220.es.htm).

El vencimiento medio de la deuda que aún conserva el BCE, en conjunto, asciende a 3,9 años. Por encima de la media, se encuentran los bonos irlandeses (5,3 años) y los italianos (4,1 años), mientras los españoles (3,6 años) y los portugueses y los griegos (3,4 años) están por debajo (https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140220.es.htm).

Los ingresos netos por intereses derivados del programa para el mercado de valores ascendieron en 2013 a 962 millones de euros, 13,2 % menos que los 1 108 millones de euros de 2012, de los cuales 437 correspondieron a la deuda griega, 21,3 % menos que los 555 millones de euros del año anterior (https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140220.es.htm).

Este programa del BCE no hizo que los mercados de deuda soberana volvieran al nivel de antes de la crisis financiera, sino solo causó un alivio temporal. Sin embargo, el hecho de que las compras se detuvieron en una medida considerable, probablemente apunta al hecho de que su impacto en este segmento financiero específico no era tan fuerte como otros programas similares aplicados en Reino Unido, los Estados Unidos y Japón. Lo cierto es que la pasividad del BCE y la austeridad fiscal que lo acompañaba fue el precio que tenía que pagar para evitar el riesgo moral, este último muy defendido por los alemanes.

No fue hasta septiembre de 2012, durante el momento más álgido de la crisis de deuda soberana, cuando el BCE hizo pública su decisión de comprar deuda ilimitada de cualquier Estado con problema de financiamiento —Transacciones Monetarias Simples, en inglés Outright Monetary Transactions (OMT)—. Con solo el pronunciamiento, tal como se dijo, los bonos de los Estados con problemas de deuda soberana comenzaron a descender y, en febrero de 2014 estaban en niveles más bajos que a inicios de la crisis de deuda soberana.

La compra de bonos por parte de la principal institución finaciera de la eurozona estará condicionada a que el país solicite, previamente, ayuda al fondo de rescate. Este último aprobará antes un programa de austeridad supervisado por el FMI, el cual impondrá nuevos recortes de gasto público y otras reformas.

Las transacciones se centran en la parte corta de la curva de rendimientos, y en particular de los bonos soberanos con vencimiento entre uno y tres años. No existe límite cuantitativo ex ante, se fijan en el tamaño de las transacciones monetarias no reintegrables.

Asimismo, se le dará igual tratamiento a los acreedores privados o de otro tipo con respecto a los bonos emitidos por países de la zona euro y adquiridos por el eurosistema a través de las transacciones monetarias simples, de conformidad con los términos de los bonos. La liquidez creada a través de las transacciones monetarias no reintegrables se esteriliza por completo.

El anterior programa de compra de deuda pública quedó concluido a raíz del surgimiento de las transacciones monetarias directas. La liquidez inyectada a través de este programa seguirá siendo absorbida, y los títulos existentes serán mantenidos hasta su vencimiento.

El programa de compra de deuda pública de 2010 y 2011 era “temporal y limitado” y centrado en nueva deuda, mientras las transacciones monetarias directas de 2012 son “ilimitadas e intemporales” centrándose en refinanciar su stock de deuda, calmando así a los inversores. Además las transacciones monetarias directas no financian déficit, sino ayudan a los Estados miembros a refinanciar su stock de deuda; incluso solo operan en el mercado secundario, no en el primario; es decir, solo ayudan a la refinanciación del stock de deuda soberana ya existente en el mercado y no a la nueva deuda, luego no suministran nuevo dinero a los Estados miembros. Otra cosa diferente es que, al ayudar las transacciones monetarias directas a refinanciar este stock, algunos inversores se animan a financiar el flujo haciendo más compras en el mercado primario (De la Dehesa, 2012).

El BCE esterilizará todas sus compras para no afectar su política monetaria, es decir, a la oferta monetaria y a la inflación. Las transacciones monetarias directas al ser operaciones de mercado abierto, la institución financiera realizará, simultáneamente, operaciones de mercado abierto inversas, es decir, vendiendo otros activos de su balance o recogiendo depósitos bancarios a corto plazo. En 2011 el BCE esterilizó su programa, captando depósitos a corto plazo fijo de los bancos y pagando solo 0,001 % sobre sus cuentas corrientes. Pero las transacciones monetarias directas pueden llegar a ser mucho mayores (De la Dehesa, 2012).

También, a mediados de diciembre de 2011, el BCE realizó la primera inyección de fondos a tres años de su historia por un valor de casi 500 000 millones de euros (en verdad 489 000 millones de euros) a un interés de 1 %, la mayor inyección de liquidez al sector bancario europeo en los trece años de historia de la moneda única (González-Páramo, 2012).

En febrero de 2012 el BCE volvió a emitir 529 000 millones de euros a los mercados financieros, con iguales condiciones a la emisión de diciembre de 2011 (González-Páramo, 2012).

A mitad de enero de 2012, las entidades financieras del eurosistema ya habían depositado más de 493 000 millones de euros en la entidad principal del área, más de 100 % de la primera financiación recibida del BCE (González-Páramo, 2012).

El financiamiento del BCE pudo evitar el colapso de ciertos bancos europeos, lo cual a su vez habría dado lugar a un colapso global de proporciones desconocidas, no obstante, no se han resuelto los problemas porque el crédito no fluye. Existe además, una dificultad en la cual los bancos y gobiernos están aún más unidos en el riesgo de insolvencia, mientras las inyecciones de liquidez significaron un gran alivio para el sistema las acciones bancarias continuaron su desplome en 2011.

La banca alemana está sumamente afectada pues fue la que operó con el mayor nivel de apalancamiento en Europa. El Deutsche Bank ha perdido 80 % de su valor desde inicios de la crisis y el Commerzbank ha perdido 95 % de su valor (Moreno, 2011). Estas son pérdidas mucho mayores a las señaladas por los bancos franceses.

En esencia, la refinanciación ha sido un gran fracaso. Los bancos no han utilizado los préstamos para comprar más bonos soberanos o aumentar sus préstamos (empresas, familias, entre otros). Por el contrario, lo han depositado en el BCE.

El alto nivel de depósitos en el BCE refleja la desconfianza actual en los mercados de préstamos interbancarios, donde los bancos prefieren usar las instalaciones de la institución como refugio seguro para el exceso de fondos en lugar de prestar a otros bancos.

También sugiere que los mercados no están completamente convencidos de que las asignaciones masivas de préstamos a largo plazo del BCE sean suficientes para fortalecer el sector bancario. En otras palabras, ahora los bancos desconfían unos de otros. Los bancos europeos están subcapitalizados, por lo que pedirles que se recapitalicen y que al mismo tiempo incrementen el crédito privado, resulta una tarea muy difícil.

Además, algunos bancos de la zona del euro continúan pidiendo préstamos a la principal institución financiera de la zona y pagan un diferencial mucho mayor sobre las tasas interbancarias para obtener nuevos fondos. Por ejemplo, algunos bancos españoles —en especial aquellos que más participan en los créditos hipotecarios internos— solo se mantienen a flote porque refinancian una gran porción de sus créditos hipotecarios a través del Banco Central Europeo. Estas instituciones se catalogan como los bancos zombies de la eurozona. En verdad, una parte importante del sistema bancario de la zona euro ha fracasado, y tiene que ser mantenida a flote por el BCE (Gros, 2013).

A pesar de las medidas no convencionales aplicadas por la máxima institución financiera de la eurozona, su papel ante los problemas de deuda soberana continúa siendo débil, pues ha priorizado mucho más el valor del euro que el crecimiento económico de la zona.

El BCE tiene como meta principal ayudar a los bancos del eurosistema pero no a los Estados. Además, su política de mantener estable el precio del dinero en lugar de estimular el crecimiento económico refleja la marcada orientación neoliberal de la institución. En la práctica la máxima institución financiera de la eurozona actúa en función de los deseos e intereses del Bundesbank de Alemania y de otras naciones centrales de la zona.

Desde los años noventa ya existía una gran discusión académica sobre el déficit democrático del BCE. La desaparición de la rendición de cuenta ante el Parlamento, así como de la transparencia en el proceso de toma de decisiones, además del asimétrico desarrollo del proceso de integración monetaria en comparación con el proceso de integración política y fiscal son características esenciales del déficit democrático de la unión monetaria europea (Verdun, 1999).

En el Tratado Constitutivo se establece que ni el BCE, ni los bancos centrales nacionales (BCN) participantes en el eurosistema, ni los miembros de los órganos rectores recibirán ni aceptarán instrucciones procedentes de ninguna otra institución europea. Tanto los organismos e instituciones como los Estados miembros tienen que respetar el principio de independencia del BCE.

Asimismo, quedó prohibida la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros, en favor de instituciones, órganos u organismos de la Unión, gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a estos instrumentos de deuda por el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales.

El mandato del BCE es único sobre el control de la inflación, a diferencia de la Reserva Federal estadounidense la cual no solo administra el movimiento de los precios sino tiene en cuenta otros objetivos dentro de su política monetaria como la creación de empleos, el tipo de cambio y el crecimiento económico. Además, la institución no ejerce la función de prestamista de última instancia, un papel tradicional de los bancos centrales (por ejemplo, los de Estados Unidos e Inglaterra).

Contraste entre la Reserva Federal y el BCE

Vale la pena contrastar el BCE con la Reserva Federal. En el sentido de que estamos en presencia de una institución bancaria atípica en la historia económica contemporánea.

En la práctica, la institución de la eurozona no funciona como un verdadero Banco Central como el de los Estados Unidos o Inglaterra, pues dentro de sus funciones no tiene el establecimiento de políticas económicas que conduzcan al bienestar de la población.

Las estructuras de la Reserva Federal y del BCE explican de manera clara por qué actúan de manera tan heterogénea. Por ejemplo, cuando la crisis de las Punto.com a finales de 2000, el tipo de interés de la FED era de 6,40 % y el del BCE de 4,75 %, sin embargo, un año después en 2001, las tasas fueron de 1,82 % y 3,25 %, respectivamente. Lo más destacable es que en este último año el crecimiento del PIB de la UE se contrajo algo más de 50 % y la tasa de inflación se ubicó en torno a 2,2 % el nivel más elevado desde 1999, todo lo cual indica que seleccionó el control de la inflación aún a costa de los difíciles problemas de desenvolvimiento económico. No obstante, en los Estados Unidos, el índice de precios al consumidor fue de 2,8 %, mucho mayor, pero no evitó que la Reserva se propusiera recuperar el incremento del PIB (Eurostat, 2011 y BCE, 2011b). Ver Tabla 4.

Tabla 4

Reserva Federal y Banco Central Europeo: especificidades

Reserva Federal de los Estados Unidos

Banco Central Europeo

Objetivo de política monetaria

Creación máxima de empleos, precios estables y tasas de interés a largo plazo moderadas.

Control de la inflación.

Banquero del Gobierno

Custodia las reservas del Tesoro.

Gestiona el crédito al sector público y controla la emisión de deuda pública.

No concede créditos a los organismos de la UE ni de ninguna administración nacional.

Prestamista de último recurso

Ante la crisis actual asumió el papel rápidamente.

Asume el papel ante la crisis de manera tardía e incompleta, no está contemplado en su diseño.

Independencia

Es un organismo oficial independiente de la administración, pero responde ante el Congreso.

Es totalmente independiente de los gobiernos y de cualquier institución de la UE.

Asimismo, el BCE no contó desde sus inicios con un órgano de aseguramiento a los depósitos por parte de los Estados, un elemento que lo hace muy sui generis ya que se conoce que desde la gran depresión de los años veinte del pasado siglo, el gobierno de los Estados Unidos había creado la Corporación Federal de Seguro a los Depósitos (FDIC, por su sigla en inglés), para garantizar los depósitos de los ciudadanos en caso de bancarrota o dificultades de la banca comercial. Es decir, los bancos que asumieran un riesgo y sucumbieran, el Estado se haría cargo de ellos (Stiglitz, 2010).

El mundo y la eurozona, en particular, están en presencia de un modelo de independencia bancaria sin igual, a no ser solo la del Bundesbank. La corriente de pensamiento de la escuela monetarista, que predomina actualmente, sirvió de base para la creación de la principal institución financiera de la eurozona.

La Reserva Federal gestiona el crédito al sector público y administra las emisiones de deuda pública, una función que no ejerce el BCE.

Desde el punto de vista institucional, los bancos centrales nacionales de la eurozona han perdido el control sobre la creación de dinero, por lo que su participación en la vigilancia de las instituciones privadas no ha sido efectiva.

El BCE ha tenido responsabilidad en la crisis de deuda soberana, pues no tuvo en cuenta el tipo de interés que sería aconsejable en función de la situación económica de los países periféricos de la eurozona y el tipo adecuado para los del centro, que está mucho más cercano al del conjunto y al seguido efectivamente por el BCE (Vence y Nogueira, 2012).

Estas incoherencias de la política monetaria del BCE y el desigual comportamiento de las economías de la eurozona actuaron como un poderoso incentivo para el endeudamiento de todos los agentes económicos de los países periféricos, provocando la aparición de burbujas inmobiliarias y de otros activos en los diferentes países.

Por otra parte, los bancos centrales no deben basar su legitimidad solo en el objetivo insuperable de controlar la inflación. No se trata de un problema exclusivamente técnico, sino con esta meta se limita el margen de maniobra de los gobiernos, lo cual les impide llevar a cabo políticas económicas expansivas. En este sentido, en la eurozona la independencia del poder político es cuestionable ya que las decisiones de política monetaria influyen sobre la situación económica de la eurozona y condicionan los demás instrumentos de políticas macroeconómicas (Rodríguez, 2008).

Además el BCE, no ejerce la función de prestamista de última instancia. En un contexto de globalización financiera, los especuladores en los mercados internacionales pueden atacar cualquier divisa, hasta hacerla desaparecer si esta no cuenta con un Banco Central que pueda actuar como prestamista de último recurso; es decir, un banco que esté en condiciones de garantizar al Estado los recursos necesarios para estabilizar su sistema bancario. En palabras de De Grauwe (2011), los mercados pueden poner de rodillas a cualquier divisa o Estado ante la falta de un prestamista de última instancia.

Esta responsabilidad provista a un banco debe contar con un respaldo en política fiscal muy fuerte. Hay economistas que han demostrado que detrás de un banco con este tipo de ocupación debe existir un Estado con una política impositiva enérgica y no el capital del banco (Goodhart, 1999).

Otros, entre ellos Verdun, advertían que no podía existir una vigorosa política monetaria sin una eficiente coordinación económica y fiscal, es decir, desde entonces avizoraban que sin un control fiscal supranacional el BCE se vería precisado a comprar bonos de deuda pública y tal independencia ya estaría de por sí cuestionada (Verdun, 1999), algo que ha ocurrido en la actualidad, pero con resistencia por parte de la principal institución financiera de la eurozona.

El FMI en la unión monetaria europea

Como condición para el rescate de los países altamente endeudados están los planes de fuerte austeridad fiscal exigidos por el BCE, la Comisión Europea y el FMI (que integran la llamada Troika), en particular se les exigen elevados recortes del gasto público. Según ellos, esa sería la única alternativa viable para una recuperación sostenible de la economía y suponen que esas medidas traerán consigo el restablecimiento de la confianza por parte de los inversores, un aumento de las inversiones y, por lo tanto, creación de empleo y crecimiento económico.10

10 Existe un discurso por parte de los países que gozan de una mejor situación económica en la zona euro, como es el caso de Alemania, sobre los países del sur donde señalan que deben aprender a ser responsables de sus cuentas públicas, pues su situación actual es reflejo del despilfarro económico que realizaron sus gobiernos. Aunque pueda sostenerse una severa crítica a las prioridades de gasto de algunos de estos países e incluso a la eficiencia en su gestión, lo cierto es que este no deja de ser un discurso cuestionable y deja fuera la causa central, que es la ilegitimidad de la deuda de los países del sur de la eurozona.

Paradójicamente, esas medidas pudieran causar un crecimiento más débil, pues la disminución de los déficit mientras la economía todavía está en proceso de recuperación debilitará la demanda e incrementará más aún el desempleo y, con ello el crecimiento se estancará. En efecto, como ya se dijo, en Grecia, la recesión se ha agravado y parece continuar.

La actuación del FMI a nivel europeo marca, de hecho, un precedente importante, el relativo a que la eurozona no puede resolver sus problemas por sí sola. En el caso del FMI, la ayuda significaría, a todas luces, restricciones económicas para los países involucrados con el consiguiente impacto negativo en sus economías y sociedades, si se tiene en cuenta la experiencia latinoamericana.

En Irlanda, el gobierno negoció con la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional desde finales de noviembre de 2010, un programa de ayuda ascendente a 85 000 millones de euros para ayudar a su sistema bancario y financiero; con anterioridad había recibido otros 50 000 millones de euros y no resolvió el problema (Vega, 2010).

La UE y el FMI concedieron el rescate a cambio de que Irlanda realizara durante los próximos cuatro años un estricto plan de ajustes por un valor de 15 000 millones de euros, lo que contribuiría a reducir el déficit público hasta 3 % del PIB en 2014 (Vega, 2010).

Italia, aunque no ha sido rescatada, se le exigen medidas que incluyen la restitución del impopular impuesto a la propiedad de la vivienda, el cual había sido eliminado por el anterior gobierno de Silvio Berlusconi, incremento de los impuestos a la venta y sobre la renta (para quienes poseen ingresos más altos). Además, establece extender la edad de jubilación a más de 40 años de trabajo necesarios para recibir una pensión.

En el caso español, la austeridad trasladó el déficit fiscal con ajuste cíclico de 10,2 % en 2009 a 4,2 % en 2013, registrado por el Observatorio Fiscal del FMI. En realidad, los gobiernos no deben reducir su apoyo en una depresión agravante. Mientras una persona que ahorra se enriquece, en el conjunto de una economía se aplica la paradoja del ahorro: dado que el gasto de una persona es el ingreso de otra, el ahorro colectivo es contraproducente (Roubini y Nowakowski, 2013).

Las iniciativas anunciadas incluyen el congelamiento de los sueldos de los funcionarios y el incremento del impuesto sobre la renta. En particular, el nuevo gobierno español optó por mantener los salarios congelados en 2012, al igual que lo hizo su antecesor “el gobierno socialista” de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.

También decidió aumentar la jornada laboral de los funcionarios en dos horas y media semanales e incluyó medidas para evitar la contratación de nuevos funcionarios, a través del establecimiento de una tasa de reposición de efectivos (de 0 % y 10 % en algunos ámbitos). Lo cierto es que el nuevo gobierno de derecha de España ha recurrido a la austeridad para alcanzar la reducción del déficit fiscal.

La prórroga de dos años en los planes de consolidación garantiza una década o dos para apretarse el cinturón, pues España se ha comprometido a reducir la deuda hasta 60 % del PIB.

La periferia europea, altamente endeudada, ha aceptado la devaluación interna y el rigor presupuestario como los únicos caminos a seguir. En verdad, Grecia e Irlanda han sido obligados por sus contrapartes europeas a adoptar los programas neoliberales del FMI. Todo ello va creando la base de su futuro y seguro endeudamiento.

Medidas de austeridad: una política errónea

La devaluación interna y las medidas de austeridad no parecen ser las soluciones al problema porque lo cierto es que han estancado el crecimiento en estos países. Auerback se refería a que:

...si la sangría fiscal y el recorte de los salarios se pusieran efectivamente por obra en los países periféricos, no tardarían las fábricas en comenzar a salir de Alemania buscando trabajadores menos costosos. En otras palabras, el éxito de la periferia sería a costa de los trabajadores alemanes, que tendrían que aceptar salarios más reducidos para poder competir. Lo que de todos modos ocurrirá, espoleado por la pérdida de puestos de trabajo, si Alemania no puede encontrar ventas para sus productos fuera de la UE, donde la demanda caerá indefectiblemente a medida que las naciones periféricas se hundan más en la depresión. El resultado será una bonita carrera hacia el abismo, de la que solo puede beneficiarse la elite europea (Auerback, 2011).

Las medidas de ahorro de la UE provocan una miseria masiva y de ello se puede inculpar mayormente a Alemania: “es una iniciativa alemana esto de poner el saneamiento de las finanzas por sobre todo”.

Las medidas de austeridad fiscal forman parte de un plan para continuar con el rescate de los bancos. En realidad, Grecia e Irlanda fueron rescatadas para salvar a los bancos de los países centrales de la eurozona. Pero, es muy difícil que las medidas fondomonetaristas funcionen ya que aún la inversión privada sigue deprimida y el consumo continúa debilitado, el crédito es exiguo y caro, y el aumento de las exportaciones no es la solución, pues el ritmo de crecimiento mundial ha disminuido y estos países carecen de un nivel de competitividad que les permita conquistar mercados en medio de la actual conmoción global.

Weisbrot ha planteado que la aplicación de medidas de ajuste:

...es un tren que va en la dirección equivocada, y una vez que uno va por ese camino no hay modo de decir dónde estará el final […] Esas brutales políticas pro-cíclicas del siglo xix no tienen sentido. Son enormemente injustas, ya que colocan el peso del ajuste del modo más directo sobre la gente pobre y trabajadora. Ningún gobierno debería aceptar políticas que le dicen que debe sangrar su economía por un tiempo indeterminado antes de que se pueda recuperar (Weisbrot, 2010).

En concreto, la solución que está buscando la UE con el apoyo del FMI y los grandes poderes europeos es por vía deflacionaria. Lo que realmente se debate es cómo reducir los salarios para hacer competitivo al capital de Grecia, Irlanda, España y Portugal —los países con problemas de posible bancarrota—. Paul Krugman, Nobel de economía, y otros economistas aseguran que los salarios caerán más aún.

La austeridad no parece ser la solución al problema porque lo cierto es que se ha estancado el crecimiento en estos países. De todas maneras los impagos se producirán porque la deuda crece, lo que se traslada hacia otro momento porque los intereses a pagar por los bonos de los Estados son cada vez más altos.

La austeridad como respuesta a una crisis de deuda conduce inevitablemente a un proceso de endeudamiento crónico donde, los países tienen que endeudarse para pagar deudas. Mientras, las llamadas políticas de ajuste fiscal garantizan, tanto la posibilidad como la necesidad de mantener ese ciclo sin fin.

Es aceptado por muchos académicos, sobre todo por economistas, que las medidas de austeridad no contribuirán a disminuir el crecimiento de la deuda pública. Tanto los drásticos recortes enunciados en el gasto público como el incremento de los ingresos fiscales serán insuficientes para recuperar el equilibrio fiscal, y mucho más para lograr un superávit primario que permita iniciar un proceso de desendeudamiento.

A propósito, desde octubre de 2012, el FMI confirmó la duración de la crisis hasta 2018, según World Economic Outlook. Asimismo, reconoció que durante las últimas tres décadas la institución había subestimado en forma constante los multiplicadores fiscales para las economías desarrolladas. Por tanto, algunas de sus predicciones minimizaron las secuelas de las medidas de austeridad que exigían a algunos países, en temas como el desempleo y el crecimiento del PIB en Europa.

El informe de Blanchard (economista en jefe del FMI) reforzó la sugerencia de abandono de la austeridad a ultranza como una política económica de la eurozona. A pesar de la inmediata reacción del ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, reafirmando su empeño en la consolidación fiscal, la realidad parece permear las convicciones de su gobierno. La canciller Angela Merkel afirmó que considera una reducción de impuestos en el país con el fin de estimular la demanda y fortalecer un crecimiento que se situó muy por debajo de 0,9 % estimado por el FMI para 2012 (0,4 % ) y 2013 (0,3 % ) frente a 3,7 % de 2011 (http://www.datosmacro.com/pib/alemania). El estímulo a la demanda ha sido una expresión hasta ahora excluida del lenguaje europeo. Han sido los institutos económicos alemanes los que han advertido del riesgo de entrar en recesión si la crisis de la eurozona se agudiza aún más (Ontiveros, 2012).

Asimismo, el FMI reconoció en junio de 2015 que el endeudamiento del Estado griego se aproximará a 200 % del PIB en el plazo de dos años, a pesar del rescate. El Fondo considera que el alivio de la deuda debe ser a un nivel superior al acordado y, propone ampliar plazos de carencia y de devolución mucho más allá de los actuales, e incluso señala que serán necesarias “profundas quitas” (BBC Mundo, 2015a).

Capítulo 5

Estrategias europeas para la salida de la crisis

Desde 2011 hasta la actualidad, las estrategias de salida de la crisis de la zona se han convertido en el punto focal en las discusiones de política económica, se centran en cómo y cuándo revertir los enormes estímulos económicos que se han activado para suavizar la crisis.

En la actualidad, uno de los principales temas de discusión dentro del contexto de la UE y fuera de esta es acerca de la posibilidad de mantener una moneda única sin necesidad de transferencias permanentes en el futuro. Excepto en un contexto de un Estado supranacional europeo en el cual la financiación y el control del gasto están estrechamente unidos, la mayoría de las elites políticas de los países con superávit consideran que las transferencias permanentes tienen un costo excesivamente alto a pagar para preservar la moneda única, incluso si la alternativa es una crisis catastrófica. La resistencia con respecto al incremento de la ayuda como una forma de salida de la crisis se debe, en parte, al hecho de que se observa como el primer paso a una futura unión basada en transferencias permanentes.

De hecho, no existe ningún tipo de obligación o garantía común en cualquiera de las propuestas de reformas enunciadas a largo plazo, más allá de las necesarias para establecer y apoyar financieramente a la unión bancaria y al mecanismo de estabilidad europeo (MEDE), y ambos están sujetos a garantías estrictas. Mientras algunos miembros del Consejo Europeo apoyan ir más allá del nivel mínimo de la “unión fiscal” (por ejemplo, a través de una garantía conjunta y solidaria en proporción a la deuda de los países miembros, o a través de un seguro común de desempleo europeo), otros miembros del Consejo consideran que esto es práctica o políticamente difícil, sobre todo en la coyuntura actual.

Frente a las diferencias de prioridades entre los países de la eurozona se necesita una visión común para restablecer la credibilidad del área euro, así como recuperar y estabilizar la producción y el empleo tras la recesión que golpea a la zona euro, en particular, a los países con déficit, a través del retraso de algunos de los ajustes fiscales actuales que les han impuesto (Krugman 2011 y Stiglitz, 2011).

En realidad, desde el segundo semestre de 2012 hasta agosto de 2015, se observó una calma relativa en los mercados financieros de la eurozona. Lo cierto es que los avances en política económica en 2012, como la unión bancaria y el anuncio de las operaciones monetarias de compraventa por parte del Banco Central Europeo, ayudaron a reducir de forma significativa los escenarios más pesimistas y relajaron las tensiones en los mercados, aunque el aparente sosiego no estuvo exento de momentos de riesgos. Por ejemplo, entre junio y agosto de 2015, con el desencadenamiento nuevamente de la crisis griega las primas de riesgo de algunos países europeos se dispararon a finales de junio.

La prima de riesgo del bono español a diez años aumentó hasta los 185 puntos. Al igual sucedió con la caída de la bolsa, luego se moderó y se situó en los 137 puntos. Asimismo, las primas de riesgo de Italia y Portugal también sufrieron el “contagio” y alcanzaron los 150 y 211 puntos básicos, respectivamente. Y los mercados también castigaron al euro, influenciados por la incertidumbre sobre la permanencia de Grecia en la moneda única europea, que cotizó a 1,10 dólares.

Dos años antes, entre febrero y marzo de 2013, la tensión volvió a reinar en la eurozona, principalmente, por la inestabilidad política en Italia. Esta última, según algunos analistas, puede obligar a los socios de la eurozona a plantearse hasta qué punto la falta de respaldo social hace sostenibles las políticas de austeridad, lo que presionará para que se establezcan calendarios de cumplimiento de objetivos de déficit más realistas, algo que podría beneficiar a España y otros países de la zona (Dehesa y Carbó, 2013).

Las medidas de expansión cuantitativa emprendidas por el BCE desde 2012, no son suficientes y necesitan que las acciones tomadas por los bancos centrales tienen que complementarse con medidas para restablecer la salud de los balances en el sector privado, desbloquear los canales de crédito, afianzar la solidez de las instituciones bancarias y no bancarias y promover reformas estructurales.

En la zona euro a pesar de las estrategias para enfrentar la crisis todavía se necesita otro conjunto de acciones, entre ellas, desbloquear los canales de crédito para resolver el problema de la carga de los préstamos en mora.

En realidad, la falta de acuerdos entre las autoridades europeas ha contribuido a profundizar la crisis en la eurozona y genera que las perspectivas de recuperación económica se tomen con la rapidez que se requiere.

La inexistencia de un plan, de una estrategia y de una agenda de acciones que frene la crisis es uno de los problemas fundamentales que deteriora la confianza en la eurozona. Gran parte de la inquietud está dada por el insistente interés de salvar al sistema financiero que hace tiempo está con “respiración artificial”. El denominador común entre todas ellas es la socialización de deudas privadas. Las vías son varias: desde la nacionalización de bancos, compras masivas de activos “tóxicos” (de dudoso cobro o con valor de mercado cero) o avales, entre otros.

Los líderes de los países centrales se resisten a una reestructuración de la deuda soberana de algunos países y esto hace que el problema se dilate y se propaguen como pólvora las turbulencias en los mercados europeos.

No obstante, desde 2010 se ha tomado un conjunto de medidas las cuales se detallarán seguidamente.

Aumento del control y supervisión de las actividades financieras

La respuesta de la UE desde el comienzo de la crisis estuvo centrada en el aumento del control y supervisión de las actividades financieras, del comportamiento de los directivos y la coordinación de las políticas a aplicar en todos los estados europeos.

Desde ese momento, la UE creó nuevas directivas, entre ellas, aumento de las garantías de depósito (los estados tenían plazo hasta el 31 de diciembre de 2010 para la cobertura) hasta 100 000 euros (Directiva 2009/14/CE).1

1 Directiva 2009/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, donde modifica la Directiva 94/19/CE relativa a los sistemas de garantía de depósitos en lo que respecta al nivel de cobertura y al plazo de pago.

También, unas medidas se centraron en la supervisión de los conglomerados financieros en su conjunto y en la política de remuneraciones de los directivos. Se establecieron reglamentaciones para las agencias calificadoras de riesgos.2

2 Reglamento (CE) no. 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las agencias de calificación crediticia.

En 2010 al calor de la crisis de deuda soberana se crea el sistema europeo de supervisores financieros (SESF), integrado por tres autoridades europeas de supervisión (una en el sector bancario, otra en el sector de los valores y la tercera en el sector de los seguros y las pensiones de jubilación) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS).3

3 Reglamento (UE) no. 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el cual se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico, 15/12/2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:331:0001:0011:ES:PDF).

La Unión Europea necesitaba de un órgano específico que asumiera la supervisión de todo su sistema financiero, detectara los riesgos sobre la estabilidad financiera y emitiera avisos de riesgo y recomendaciones de actuación. En consecuencia, procedió establecer esta junta como nuevo órgano independiente, para atender a todos los sectores financieros y a los sistemas de garantía. La junta es responsable de ejercer la supervisión macroprudencial a nivel de la Unión y no tiene personalidad jurídica. Su función es la de órgano consultivo que tiene el apoyo del Banco Central Europeo para la realización de sus investigaciones.

La junta de riesgo se completó con la creación de la autoridad bancaria europea (ABE), autoridad europea de seguros y pensiones de jubilación (AESRJ) y la autoridad europea de valores y mercados (AEVM).4

4 Directiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por la que se modifican las Directivas 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE y 2009/65/CE en relación con las facultades de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados).

Durante 2011, la autoridad bancaria europea5 sentó las bases para la formulación de normas técnicas vinculantes en ámbitos clave como los fondos propios y la liquidez. La autoridad continuó con la elaboración de directrices sobre diversos aspectos, tales como la gobernanza interna, las ampliaciones y modificaciones del método de medición avanzada, los ejercicios de recopilación de datos de remuneración, el valor en riesgo en situación de tensión, y los riesgos de impago, entre otros.

5 La Autoridad Bancaria Europea comenzó sus trabajos el 1ro. de enero de 2011 sustituyendo al Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS). Desde su fundación, la autoridad bancaria europea tiene como objetivos: primero, la estabilidad del sistema financiero; segundo, la transparencia de los mercados; tercero y último, la protección de depositantes e inversores.

Pero, los objetivos más importantes de este primer conjunto de normas consisten en completar los aspectos técnicos de la definición de capital y establecer un régimen de seguimiento de la introducción del coeficiente de cobertura de liquidez.

La autoridad bancaria europea centró su trabajo en sentar las bases del denominado código normativo único para los bancos de la UE, una normativa común plenamente armonizada que será vinculante y directamente aplicable a todos los Estados miembros. Se ha propuesto publicar 100 normas técnicas vinculantes durante los próximos años, ya en 2013 habían salido, las primeras 40 normas.

Las competencias de la autoridad bancaria europea son nacionales, pues calcula sin apelación, cuáles con los recursos propios de los bancos de la eurozona y cuáles deberían ser en el futuro, teniendo en cuenta las exigencias de Basilea III.

Por su parte, las tres nuevas autoridades enunciadas tienen preceptos secundarios de las decisiones nacionales y solo en casos muy específicos podrán imponer sanciones directas. El fondo de estabilidad financiera europea (FEEF) ha supuesto que los países periféricos de la zona euro se hallen totalmente, y por primera vez en la historia de la UE, a merced de la voluntad y de los diseños neoliberales de la Comisión Europea y del BCE.

Sin embargo, difícilmente podrían esas instituciones tratar de dictar este tipo de políticas a otros países de la zona euro en estos momentos, y mucho menos al núcleo de Francia y Alemania. Lo demuestra, por ejemplo, el modo como Francia y Alemania decidieron flexibilizar el pacto de estabilidad a su antojo en 2005, cuando eran ellos los que corrían el riesgo de sufrir sanciones.

Pese a esto, el nuevo marco de supervisión financiera europeo es sin duda un avance sustancial que aborda de manera adecuada los problemas de fragmentación detectados y reduce las posibilidades de arbitraje regulador dentro de la UE.

El nuevo acuerdo de Basilea III, exige que la Unión Europea y la zona del euro deben avanzar de manera más ordenada no solo en la armonización de los impuestos a las entidades bancarias, sino también de los fondos de garantía de depósitos a nivel de toda la UE y de la puesta en marcha de un régimen de resolución de grupos transfronterizos a nivel europeo (De la Rocha, 2010).

Lo que se pretende es avanzar de cara a una supervisión europea más integrada, para asegurar una auténtica paridad de condiciones para todos los actores, a nivel de la Unión, y reflejar la integración creciente de los mercados financieros en esta.

En la actualidad, continúan existiendo diferencias muy significativas en los marcos reguladores de los países de la UE, lo que da lugar a un entorno muy fragmentario y desigual. La calidad de los activos sigue deteriorándose, si bien a un ritmo más lento, y la cartera total en mora se sitúa por encima de los 900 000 millones de euros (FMI, 2015).

Reforzar el capital mínimo para los bancos

La Unión Europea se planteó elevar la exigencia de capital mínimo de los bancos para evitar las prácticas de apalancamiento financiero excesivo, limitar las inversiones fuera de balance y afinar la regulación y supervisión del total de las entidades financieras por parte de los bancos centrales.

En diciembre de 2011, la autoridad bancaria europea recomendó a las instituciones financieras de la zona del euro que debían elevar sus reservas de capital a 9 % del total de activos, después de establecer un amortiguador frente a tenencias de riesgo soberano. El objetivo sobre todo era asegurar el suficiente capital contra pérdidas no esperadas si la situación económica se deterioraba aún más.

Del examen de 71 bancos de la Unión Europea, 37 de ellos no cumplían el requisito de capital exigido por la autoridad bancaria europea en diciembre de 2011, aún diez continúan en procesos de reestructuración. Se trata de Bankia, Dexia, Volksbank, West LB y seis entidades griegas (30 000 millones de euros) (EBA, 2012).

Las otras 27 entidades restantes tenían un déficit de capital de 76 000 millones de euros en septiembre de 2011, ya habían captado 50 000 millones en octubre de 2012 (es decir 65,7 % de las necesidades), por lo que la gran mayoría ya satisface las recomendaciones (EBA, 2012).

Aunque de manera general los bancos europeos ha logrado reforzar su capital con un monto total que asciende a 200 000 millones de euros, todavía algunas entidades continúan con problemas, entre ellas: Banca Monte dei Paschi di Siena de Italia, Cyprus Popular Bank y Bank of Cyprus de Chipre y Nova Kreditna Banka Maribor de Eslovenia (EBA, 2012).

En el examen de julio de 2016, solo el banco italiano Monte dei Paschi (5,5 %) tenía un ratio de capital de máxima calidad por debajo de la media (9,4 %). No obstante, Commerzbank, Deustche Bank, Unicredit, Allied Irish Bank, Bank of Ireland y Bardays poseen fragilidad (http://cincodias.com, 3/8/2016).

Se debe alentar a los bancos a desarrollar y usar capacidad interna y externa especializada para administrar la cartera de préstamos en mora, gestionar activamente las provisiones y proceder a la cancelación contable de los activos improductivos. Es necesario redoblar los esfuerzos para hacer más eficaces los marcos jurídicos que rigen las quiebras de empresas y personas. Si no se toman medidas correctivas de política, la capacidad de préstamo de los bancos podría limitarse escasamente de 1 % a 3 % anual en promedio (FMI, 2015).

En particular, en diciembre de 2012, España solicitó a las autoridades europeas 39 500 millones de euros para las cuatro entidades nacionalizadas y para la creación de un banco malo, Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria (SAREB). El país cuenta con un máximo de 100 000 millones de euros para la recapitalización, a desarrollar por las autoridades comunitarias (Ministerio de Economía de España, 2012). Además, es importante señalar que los bonos tienen vencimiento para diciembre de 2027 (ESM, 2013 y www.esm.europa.eu).

El plan de reestructuración y recapitalización de los cuatro bancos españoles nacionalizados especifica qué debe hacer cada entidad para alcanzar un ratio de capital de 9 % y qué parte de sus activos inmobiliarios pasarán a la sociedad de gestión de activos de la reestructuración bancaria que también es capitalizado. Va acompañada de otras medidas, tales como: centrar su modelo de negocio en préstamos al por menor y préstamos a las Pymes en sus regiones históricas, abandonando las líneas de créditos a favor de promociones inmobiliarias, y reducir su tamaño en más de 60 % hasta 2017 (Ministerio de Economía de España, 2012).

Asimismo, en febrero de 2013 se recapitalizaron otros cuatro bancos españoles por un monto total de 1 865 millones de euros. Estos bonos tienen vencimiento en 2025 (ESM, 2013 y www.esm.europa.eu).

A pesar del avance en las medidas de recapitalización bancaria todavía existen problemas en la eurozona. A tal punto que en junio de 2012, en la XIX Cumbre de los gobiernos de la UE, se exigió la necesidad de que el eurogrupo fuera capaz de establecer un supervisor bancario único, como un prerrequisito imprescindible para la puesta en marcha de la recapitalización directa de la banca en dificultades a través de los mecanismos de rescate europeo.

Aunque en relación con la unión bancaria las opiniones están divididas. Francia, España, Suecia, entre otros, están de acuerdo con la propuesta y señalan debe tener un carácter más comunitario (reglas comunes para todos los bancos de la eurozona, incluido los locales) para de esta forma eliminar las dudas sobre el futuro de la unión monetaria; mientras Alemania presiona para dejar al margen sus cajas regionales.

La creación de una Unión Europea de Banca es una importante innovación institucional en la arquitectura de la UE, y supondrá la creación de un supervisor europeo único para los bancos de la zona euro. La propuesta para que el BCE sea el supervisor único para todas las instituciones finan-cieras de la zona euro se dio a conocer oficialmente en septiembre de 2012. Desde 2013 se comenzaron a auditar los bancos de la eurozona, los que en total suman 6 000 entidades (Comisión Europea, 2012b).

En particular, Alemania, Holanda y Finlandia, acordaron en enero de 2013 que el establecimiento de un supervisor bancario común es una precondición para el uso de los fondos MEDE para recapitalizar los bancos. En especial, Alemania ha hecho hincapié en la complicada naturaleza de la tarea.

Por otra parte, los países de Europa del Este que se ven obligados a unirse al euro en el futuro, están en desacuerdo con la restricción que trae vinculada la propuesta de la creación de la unión bancaria.

Aunque a primera vista el proyecto de unión bancaria parece razonable, realmente crea nuevos problemas. Resulta dudoso que sea capaz de controlar la crisis del euro. Primero está el problema de la vinculación de la nueva institución bajo el techo del BCE y la autoridad bancaria europea. Esta última responde por los 27 países de la UE, mientras que la nueva estructura de supervisión por parte del BCE solo será responsable de la zona euro. Esta fragmentación se profundizará en la UE.

También, existen conflictos internos de intereses. Lo que sucede, por ejemplo, si el Banco Central Europeo en su calidad de supervisor tiene que cerrar un banco que está en deuda con la propia institución, esta última tendría que incurrir en pérdidas.

Por último, existe la tensión entre lo nacional y lo supranacional. Es imposible supervisar a 6 000 bancos con una sola institución. Por consiguiente, el nuevo organismo dependerá en gran medida de las administraciones estatales nacionales, por ello no será eficiente. Un esquema de depósito de garantía común sigue siendo políticamente muy sensible para muchos países donde los intereses nacionales podrían ser mayores con respecto al dinero y su distribución. Por ejemplo, el gobierno finlandés no quiere participar en garantías para los bancos griegos, mientras el gobierno alemán no quiere estar detrás de los bancos italianos.

Prohibir la especulación con instrumentos financieros

Los ministros de Economía de la UE fundaron la autoridad bursátil europea en 2011, un nuevo órgano cuyo objetivo es prohibir temporalmente la especulación con instrumentos financieros. Se trata de limitar las ventas a corto plazo de los seguros contra el impago de la deuda que amenacen la estabilidad financiera o la seguridad de los mercados de un Estado miembro o de la Unión Europea en su conjunto.6

6 Se establece que los especuladores que apuesten a la baja más de 0,2 % del capital de una compañía tienen que notificarlo a los reguladores, y también deberán informar al mercado cuando sus posiciones cortas superen 0,5 % (www.eleconomista.es/economia/noticias/3076190/05/11/).

Esta nueva institución coordina la actuación de los supervisores nacionales en el caso que se establezca la prohibición o restricción. Pero, no ha sido nada original, sino se trata de ampliar una iniciativa ya puesta de manera unilateral por Alemania, que en medio de la crisis del euro, en mayo de 2010, impidió las ventas a corto plazo al descubierto sin tener en cuenta al resto de los países del área, lo que empeoró aún más la situación.

Lo más adecuado hubiera sido elaborar un conjunto de medidas que evitaran o desmotivaran, a mediano plazo, la especulación y la apuesta contra la deuda soberana de algunos de los países miembros de la eurozona.

Esta medida parece ser cosmética en el sentido de que no esclarece las disposiciones a tomar contra los que desobedezcan. Por otra parte, si la supervisión financiera falló con anterioridad por qué no habría de ocurrir de nuevo. En esencia no se quiere resolver el problema desde sus raíces, pues no se habla nada sobre los nuevos cambios en la transmisión de la política monetaria del BCE ni del establecimiento de una institución gubernamental común.

Reforzar el mecanismo europeo de estabilidad (MEDE)

Este mecanismo surgió para financiar el rescate a los países de la zona euro con dificultades financieras, pero se ha transformado y ampliado su papel a raíz de la crisis del euro.

El mecanismo europeo de estabilidad remplazó al fondo de rescate de 2010. Y pudiera transformarse en el Fondo Monetario Europeo, una propuesta de Gros y Mayer (2010), para resolver las carencias del primero. Constituye un embrión de la Agencia de Deuda Europea, institución que realizaría las emisiones de los eurobonos (Crespo, 2011). Asimismo, Molina y Steinberg (2011) argumentan que este debería encargarse de realizar las compras de deuda, liberando así al BCE de esta incómoda función. De esta forma se convertiría en el prestamista de último recurso de los gobiernos, lo cual había sido una de las lagunas actuales del sistema de gobernanza de la zona del euro.

Este mecanismo acabará con la especulación contra los países solventes que tienen problemas de liquidez. Se ha establecido que este prestará a los Estados miembros que tengan problemas de financiamiento, asistencia financiera precautoria en forma de líneas de crédito, comprará deuda de los países en el mercado primario y secundario y brindará ayuda directa a la recapitalización de la banca, sin condicionalidad (ESM, 2013).

No obstante, el mecanismo europeo de estabilidad debe tener un tamaño suficiente como para ser creíble y estar dotado de la suficiente flexibilidad para que pueda cumplir sus funciones (Molina y Steinberg, 2011).

El eurogrupo decidió aumentar el actual límite máximo general de los préstamos del mecanismo europeo de estabilidad7 unido al fondo europeo de estabilidad financiera (FEEF), hasta los 700 000 millones de euros tal y como se define en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (ver documentos de Eurocumbres de 9 de diciembre de 2011 y de 2 de marzo de 2012).

7 El MEDE será el principal instrumento para financiar nuevos programas a partir de julio de 2012. El fondo de rescate (FEEF)solo se mantendrá activo en la financiación de los programas que han comenzado antes de esa fecha.

Ambos, el FEEF y el mecanismo europeo de estabilidad (MEDE) continuaron juntos hasta mediados de 2013. El primero podía financiar, si fuera necesario, nuevos programas durante ese período transitorio hasta que el mecanismo permanente hubiera adquirido su plena capacidad de préstamo de 500 000 millones de euros. Ya en diciembre de 2012, como se dijo anteriormente, prestó al gobierno griego para la reestructuración de parte de su deuda con los bancos privados.

El enfoque del mecanismo europeo de estabilidad en la financiación a los países con dificultades parece ya superar al que efectuó el FEEF. Este último, por ejemplo, en el programa de rescate irlandés aplicó un tipo de interés de 6 %, muy superior al de las primas de riesgo de Alemania, Holanda y Austria de 3 % en aquel entonces). Esta alta tasa de interés tuvo un efecto negativo en la reducción del déficit presupuestario y la deuda acumulada de Irlanda. Lo cierto es que con esa actuación envió un mensaje a los mercados financieros que el riesgo de incumplimiento era significativo, por ello estos cobraron altas primas de riesgo (De Grauwe, 2011).

De todas maneras, el nuevo mecanismo ofrecerá los préstamos condicionados, los países deben comprometerse primero a establecer un paquete de austeridad durante un tiempo suficientemente largo. Lo que indica que ni el mismo mecanismo europeo de estabilidad tendrá confianza en que recibirá los prestamos realizados. Ver Tabla 1.

Tabla 1

Contribución al capital del mecanismo europeo de estabilidad

Países

Capital

suscrito

Porcentaje del capital total suscrito (miles de millones de euros)

Capital desembolsado

(miles de millones de euros)

Austria

19,48

2,77

2,23

Bélgica

24,34

3,46

2,78

Chipre

1,37

0,19

0,16

Estonia

1,30

0,18

0,15

Finlandia

12,58

1,79

1,44

Francia

142,70

20,32

16,31

Alemania

190,02

27,07

27,72

Grecia

19,72

2,80

2,25

Irlanda

11,14

1,58

1,27

Italia

125,40

17,86

14,33

Letonia

1,93

0,27

0,22

Luxemburgo

1,75

0,24

0,20

Malta

0,51

0,07

0,06

Holanda

40,02

5,70

4,77

Portugal

17,56

2,50

2,01

Eslovaquia

5,77

0,82

0,66

Eslovenia

2,99

0,42

0,34

España

83,33

11,87

9,52

Total

701,94

100

80,22

Fuente: ESM, 2014, ESMFactsheet, www.esm.europa.eu

En verdad, estas condiciones deberán rectificarse ya que será imposible que los países que accedan a este mecanismo puedan incrementar sus ritmos de crecimiento económico y mucho menos reducir de manera significativa su endeu-damiento soberano.

Insistir en la ejecución de la austeridad fiscal aumenta de forma significativa los problemas toda vez que el gasto público es la única fuente estable de demanda agregada. Más austeridad significa menor crecimiento y por ende menos ingresos para pagar la deuda.

Por otra parte, el eurogrupo acordó que el capital desem-bolsado al mecanismo europeo de seguridad se pondrá a disposición más rápidamente de lo previsto en sus inicios en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Dos tramos de capital fueron abonados en 2012, uno en julio y otro en octubre; otros dos tramos se garantizaron en 2013 y el tramo final se desembolsó en el primer semestre de 2014 (http://euroalert.net/).

En septiembre de 2012, en la XIX Cumbre europea, se acordó que el mecanismo europeo de estabilidad podría recapitalizar los bancos de los países directamente, evitando así que los gobiernos nacionales carguen con más deuda aún y así romper el círculo vicioso entre las pérdidas bancarias y los bonos del Estado. Esto aliviaría la presión sobre España y un tratamiento similar se le daría a Irlanda.

Para evitar que los socios de la zona euro tengan que hacerse cargo de problemas antiguos del banco rescatado, los Estados deberán dejar el banco con un capital de máxima calidad (Common Equity Tier 1) de 4,5 %. De ahí hasta 9 % de capital será aportado por el mecanismo europeo de estabilidad. Si el banco en cuestión ya cuenta con ese 4,5 % de capital mínimo, deberá aportar 20 % del programa si lo solicita en los dos primeros años de vida de la herramienta y 10 % si lo pide a partir de entonces. Sin embargo, el mecanismo europeo de estabilidad podrá decidir “suspender parcial o completamente” esta contribución si el Estado miembro “no puede aportarla debido a su posición fiscal” o a “implicaciones significativas para su acceso a los mercados”.

El mecanismo europeo de estabilidad podrá rescatar bancos, directamente, si considera que tienen una relevancia sistémica y constituyan un riesgo para la estabilidad de la zona euro. Además, solo rescatará a aquellas instituciones financieras cuya viabilidad pueda ser asegurada mediante una inyección de capital y un plan de reestructuración (que debe cumplir con las reglas de ayudas de Estado de la UE).

El instrumento de recapitalización directa destinará hasta 60 000 millones de euros de los 500 000 millones de los que dispone a este fin. Sin embargo, se ha introducido una cláusula de revisión por si se considera necesario aumentar esta cantidad. La recapitalización directa, no obstante, no la realizará el mecanismo europeo de estabilidad sino filiales del propio fondo de rescate que se crearían ad hoc.

España fue la primera que usó el instrumento de recapitalización de la banca a través de un préstamo a un gobierno. En diciembre de 2013, concluyó el programa de asistencia financiera a la banca española. A través de este programa, que se inició en diciembre de 2012, el mecanismo europeo de estabilidad desembolsó un total de 41 300 millones de euros al gobierno español para recapitalizar el sector bancario (De Grauwe, 2012).

El mecanismo europeo de estabilidad proporcionó su asistencia financiera en forma de títulos de deuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que luego canalizó la ayuda a las entidades financieras afectadas. El vencimiento medio del préstamo se ubicó en 12,5 años (De Grauwe, 2012).

También en 2013, se desembolsaron 4 600 millones de euros para Chipre de un total de 9 000 millones comprometidos. Sin embargo, este monto estuvo sujeto a la aplicación de un programa de austeridad (ESM, 2013).

En suma, al parecer el monto del venidero mecanismo europeo de estabilidad es insuficiente. Se conoce que el FMI, la OECD y el G-20 habían exigido una dotación máxima de un millón de millones de euros para la naciente institución, algo que no se cumplió. El acuerdo establecido respondió a los intereses de Alemania que demandaba un aumento limitado de este. Además, el monto total del mecanismo es igual a la sexta parte de las deudas de España e Italia, por lo que evidencia los límites de la intervención de la UE, pues en realidad podría alentar la especulación en el futuro (De Grauwe, 2012).

Por otra parte, los Estados miembros de la zona del euro se han comprometido a ofrecer 150 000 millones de euros en contribuciones bilaterales adicionales al FMI (http://euroalert.net/news.aspx?idn=15101).

El mecanismo europeo de estabilidad tomará sus decisiones por mayoría supercualificada de 85 % y no por unanimidad; lo que supone que —en caso de que se resuelva la oposición del Parlamento finlandés a esta flexibilización— España sería el único país de los cuatro “grandes” del área del euro sin poder de veto (Steinberg y Molina, 2011).

Además, se establece que, esencialmente, el sector privado no participará en los rescates. Esto haría que los inversores consideraran “más seguros” los bonos emitidos por los países de la zona euro.

Con todo, la oposición al mecanismo europeo de estabilidad era fuerte en los países del norte de Europa. Sobre todo en Alemania y entre los economistas de ese país, quienes en una declaración (Plenum der Ökonomen, 2011), hablaban de los problemas que se le crearía a su país si este mecanismo fuera permanente.

No obstante, el grado de integración financiera de la unión monetaria es tal que cuando algunos soberanos son empujados por un alto nivel de deuda y de su rendimiento, se ven afectados también el resto de los países. Es decir, los sistemas bancarios de estos países se debilitan. Es imposible aislar el problema financiero de un país del resto de la eurozona. En otros términos, cuando un país experimenta un problema de deuda este se convierte en un problema de la eurozona (De Grauwe, 2011).

Capítulo 6

Desafíos de la zona euro

Principales inconsistencias de la teoría de las AMO

La actual crisis ha sido el primer shock asimétrico por el que ha pasado la zona del euro y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la unión monetaria. La unificación de la moneda significó que economías de diversa productividad y estructura, compartieran una moneda común. En este sentido, los problemas de la zona monetaria europea no son consecuencias directas de la crisis, sino esta última puso de relieve las dificultades estructurales presentes en el área de euro desde hace más de una década.

Como se señaló anteriormente, la unión monetaria europea no es un área monetaria óptima1 debido a que existe un alto grado de divergencia en cuanto al crecimiento de la producción, el ingreso per cápita y el empleo entre los distintos países, y entre las estructuras productivas no tiene lugar la movilidad perfecta de los factores productivos, ni la adecuada flexibilidad de los precios que permitan reequilibrar el sistema.

1 Según Robert Mundell, para que la unión monetaria entre dos o más países sea óptima deben darse dos condiciones: primero, la flexibilidad en la fijación de salarios y segundo, la elevada movilidad de la fuerza de trabajo en todo el territorio de la unión (Mundell, 1961).

La crisis en la zona del euro no ha propiciado un desplazamiento de personas dentro del área del euro tal como prevé la teoría. Contrariamente, se ha agudizado la emigración hacia los países fuera de la zona. El deterioro de la situación económica de algunos países de la eurozona, en particular Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España, ha provocado un aumento de la emigración en estos países. Por ejemplo, en España, en 2011, se produjo una emigración neta positiva (incluyendo tanto a nacionales como a extranjeros) de más de 50 000 personas, frente a una inmigración neta de más de 60 000 en 2010 (http://www.oecd.org/migration/imo).

Los flujos anuales de inmigración permanente, en España, disminuyeron drásticamente: de casi 700 000 en 2007 a 300 000 en 2010. Esta reducción corresponde a más de la mitad de la reducción total de flujos migratorios permanentes en el conjunto de la OCDE. Las entradas de inmigrantes permanentes representan alrededor de 0,6 % de la población total en 2010, una reducción significativa en comparación con las entradas en 2007 (1,5 % ) (http://www.oecd.org/migration/imo).

La crisis ha agudizado la xenofobia latente de las poblacio-nes de Europa occidental, por ejemplo, Alemania demanda fuerza de trabajo de otros países, pero discrimina en cuanto al pago de los inmigrantes para iguales categorías ocupacionales que los nacionales.

Incluso sin choques o perturbaciones que vinieran del exterior (como la crisis actual) la eurozona ya tenía latentes problemas estructurales y de funcionamiento porque no se diseñó un mecanismo adecuado de financiación de emergencia, entre otros argumentos.

A la luz de la teoría de las AMO, la no existencia de un ente o de transferencias fiscales a escala suficiente traería problemas como los actuales al interior de la zona. De Grauwe (1992), Eichengreen (1990) y Melitz (1991) ya se habían referido a este elemento como esencial para el adecuado funcionamiento de la zona monetaria europea.2

2 La Comisión Europea y sus representantes no estaban de acuerdos con estas afirmaciones y en la actualidad enfrentan los problemas derivados de la no existencia de tal institución o transferencias suficientes.

En la unión monetaria la institución financiera central, el BCE, padece de un conjunto de limitaciones —como se mencionó anteriormente— comparado con otros bancos centrales a nivel mundial como la Reserva Federal y el Banco del Reino Unido, entre otros.

El hecho de que el BCE no hubiera devenido desde sus inicios como un prestamista de última instancia fue elemento que tuvo eco por parte del FMI, a inicios de la unión monetaria europea, ya desde aquel entonces se indicaba que en casos de crisis en la eurozona no existiría una entidad central para resolver los problemas de liquidez en el área.

Además, el hecho de que los países periféricos y Alemania compartan la misma moneda hace muy difícil homogenizar una política que pueda satisfacer los intereses de economías tan diferentes.

Desde el punto de vista político, en la unión monetaria europea existe un problema de preferencias. De Grauwe (1993) y Connolly (1995) demostraron que los países de menor desarrollo relativo del área del euro no tenían la misma credibilidad antiinflacionista del Bundesbank alemán, dado que estos países se retrasaron al entrar a la zona porque sus estructuras productivas no eran suficientemente competitivas en comparación con los países centrales de la eurozona (los más cercanos a la definición de área monetaria óptima, entre ellos, Alemania, Francia, Austria y los del Benelux).

En este sentido, el criterio de endogeneidad desarrollado por la nueva teoría de las AMO está muy lejos de cumplirse. Con el estallido de la crisis las diferencias en los ciclos económicos entre los miembros se profundizaron lo que refuerza la idea de que la unión monetaria es un proyecto político más que económico.

El problema es que las disparidades estructurales entre los miembros aún no se han reducido. Se suponía que la entrada de capitales, aprovechando el crédito abundante y barato, en los países de menor desarrollo relativo del área iniciaría un proceso de convergencia hasta alcanzar un nivel equilibra-do en la zona; pero, los fondos no se utilizaron para elevar la productividad y el desarrollo sino permitieron consumirpor encima de la cuenta o para apuntalar burbujas en acti-vos (por ejemplo, inmobiliaria) que propiciaron la actual crisis de la zona euro.

Por otra parte, la crisis reveló en sus inicios la ausencia del sentimiento comunitario a la hora de defender el proyecto de unión monetaria. Por el contrario, se observó la defensa de los intereses nacionales en detrimento de los comunitarios.

En plena crisis en 2009, el presidente Nicolás Sarkozy anunció un plan de ayuda al sector automotriz por valor de 6 000 millones de euros a Renault y Peugeot-Citroen, a cambio del aumento de la producción dentro de Francia y la disminución en otros países, en particular en la República Checa, Eslovaquia y Rumania, donde ambas empresas tienen fábricas y emplean a miles de trabajadores locales. Se conoce que en los tiempos de bonanza, las empresas francesas, alemanas y británicas se establecieron en Europa oriental debido al menor costo de los salarios de los empleados locales.

En verdad, los Estados más fuertes de la UE en lugar de buscar una salida común en medio de la crisis, se olvidaron de las ideas liberales y apelaron al nacionalismo más contraproducente, es decir, a que la crisis recayera sobre los países más vulnerables.

Además, los momentos difíciles han desenmascarado las intenciones reales de quienes impulsaron el proyecto de la zona monetaria europea, los cuales buscan limitar la circulación de ciudadanos de países del Este, y tienden también, a acentuar su nacionalismo en perjuicio del resto de los vecinos más próximos, habiéndose aprovechado en su momento de los beneficios de los socios menores al utilizar su mano de obra barata.

Aunque desde el surgimiento del euro se deterioró el clima de relativa estabilidad macroeconómica que se había logrado antes del lanzamiento de la moneda única,3 la actual crisis agudiza aún más el fenómeno. Al respecto, los planes de rescate de los países de la eurozona violaron los criterios fiscales con respecto a la convergencia económica que exigía la unión monetaria europea.

3 El cumplimiento de las premisas para el éxito de la Unión Económica y Monetaria, como la nombraron los europeos (en nuestra opinión monetaria), en el tiempo y forma planificados fue muy difícil para el conjunto de los países comunitarios. La Unión Europea tuvo que enfrentar diferentes obstáculos que se presentaron en este trayecto, los cuales trajeron como consecuencia cambios en los plazos y nuevos procedimientos ante los grandes dilemas originados. No obstante, las economías europeas realizaron progresos con respecto a la convergencia de precios y tipos de interés durante los últimos años de la década pasada. La tasa de inflación registró bajos promedios, al pasar de 5,5 % en 1990 a 1,2 % en 1999 para el conjunto de la Unión Europea. Esta relativa afinidad europea de las variables monetarias se logró en un contexto de una favorable tendencia a la reducción de la inflación a nivel mundial, bajo nivel de demanda y restricciones presupuestarias en Europa, así como diferencias en los tipos de interés más altos en el sur europeo que en el conjunto comunitario.

Los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht son instrumentos de dumping social permanente y, ahora con la crisis los gobiernos de la UE los han recrudecido, e incluso, uno de ellos, como el déficit fiscal lo han legislado y utilizado como camisa de fuerza para conceder el crédito a aquellos gobiernos agobiados por el alto endeudamiento fiscal.

Prioridades para la potenciación de la eurozona

A más de cinco años de irrupción de la crisis los problemas en Europa continúan y se han agravado a partir de 2010 con la crisis de deuda soberana de algunos de los miembros del área del euro, lo cual amenaza con extenderse a la zona como un todo.

En la actualidad se han recrudecido los problemas del sistema bancario continental, en un contexto de agudización de la recesión económica, aumento del desempleo y el malestar creciente de sus pobladores.

El crédito está restringido, los mercados de bonos son frágiles y las condiciones financieras se han deteriorado aún más. La unión monetaria europea enfrenta así la crisis de su moneda única y hasta ahora las soluciones al problema no han tranquilizado los mercados financieros ni estimulado el crecimiento económico, por el contrario se ha exacerbado la apuesta por la bancarrota de estas naciones.

El diseño original de Maastricht está agotado y necesita una renovación completa. El triángulo política monetaria única, políticas fiscales independientes y supervisión nacional de los sistemas financieros es ya insostenible. Ya se sospechaba desde hace veinte años, pero ahora se ha comprobado de forma contundente.

La crisis del Pacto de Estabilidad —donde Alemania, debemos repetirlo, tuvo la responsabilidad primordial— dejó a la unión económica monetaria con un conjunto de reglas débiles, poco creíbles, las cuales nunca se quisieron poner realmente en práctica. La reforma de estas reglas, volviendo al espíritu original del pacto, resulta esencial. Esta vuelta requiere recuperar el terreno perdido; pero recuperar la credibilidad exige, un compromiso más fuerte de los Estados miembros, así como la adopción de mecanismos más robustos de transmisión a los mercados de las señales de indisciplina fiscal.

Para algunos analistas, una Europa más unida es la única manera de salir de la crisis, otros la rechazan pero, al estilo federal alemán. La cumbre de diciembre de 2011 no logró el acuerdo de los veintisiete4 y, el equilibrio en relación con las decisiones ha cambiado a favor de la cooperación intergubernamental en detrimento de soluciones comunes.

4 Los países de la Unión Europea, salvo Reino Unido y República Checa en aquel momento, aprobaron el Tratado de estabilidad presupuestaria, propuesto en la cumbre de diciembre de 2011. El presidente de la UE Herman Van Rompuy en una rueda de prensa declaró: “Veinticinco países se unirán al tratado de equilibrio presupuestario”, al agregar que cada país firmante se compromete a seguir “la regla de oro” de límite del déficit a 0,5 % del PIB (http://sp.rian.ru/economy/20120131/152588877.html).

La crisis y las soluciones en el marco europeo han revelado los riesgos de una moneda única, por lo que el deseo de unirse rápidamente a la zona está disminuyendo entre los nuevos Estados miembros. Cumplir con los criterios de convergencia ya no es el único prerrequisito para beneficiarse de la unión monetaria. Los nuevos socios europeos tendrán que evaluar la sostenibilidad de unirse al euro y sus posibles riesgos, entre ellos, los desequilibrios que podrían surgir en una economía con menor margen de maniobra como consecuencia de tener que abandonar el tipo de cambio como elemento de ajuste.

La UE ha debilitado, aún más, su imagen y credibilidad como actor colectivo. En este sentido, debe solucionar sus problemas de manera unida en lugar de que los Estados miembros busquen acuerdos bilaterales individuales. A pesar de las medidas tomadas por los líderes de la eurozona para encontrar una salida a la crisis, todavía, es necesario aplicar otras que permitan hallar resultados conjuntos.

En este texto se parte de la premisa de que en Europa, y la eurozona en particular, el actual diseño económico y las medidas adoptadas para enfrentar la crisis no contribuyen a estimular el crecimiento económico. Así, se detallarán algunos de los principales desafíos que serán necesarios enfrentar para la continuidad del proyecto de integración monetaria europea.

Emisión de eurobonos

La emisión conjunta de eurobonos por parte de los Estados miembros sería un mecanismo de protección contra la crisis de liquidez. Para los países europeos periféricos —con problemas de sobreendeudamiento público— el no poseer el control sobre la moneda que emiten y no poder monetizar su déficit tal como lo hacen Reino Unido, los Estados Unidos y Japón los convierten en países más vulnerables frente a las conmociones económicas globales (De Grauwe, 2011).

Este tipo de operación se basaría en la emisión de deuda común. Esta última se emitiría con garantías diversas y comunes, por lo que el riesgo estaría compartido, y se asegurarían las necesidades de refinanciación de los miembros de la zona, con independencia de las condiciones de sus finanzas públicas.

Asimismo, la emisión común de eurobonos daría lugar a un gran mercado de bonos soberanos líquido, que pudiera ampliar las potencialidades del euro como moneda de reserva. Así, la divisa europea gozaría de un beneficio adicional similar al dólar,5 lo cual posibilitaría que el costo promedio del endeudamiento en la zona del euro disminuya como ha sucedido en los Estados Unidos (Crespo, 2011).

5 Se estima que la liquidez y la prima de divisa de reserva de que se beneficia el dólar es de aproximadamente 50 puntos básicos (Gourinchas y Rey, 2007).

Sin embargo, el principal obstáculo de esta propuesta es que encarecería la financiación de Alemania, pues según cálculos realizados por el Instituto alemán para la Investigación Económica (IFO), el costo de la emisión de eurobonos sería de 47 000 millones de euros al año para Alemania (IFO, 2011). Por eso existe una disputa en el seno de la UE; Alemania y Francia no son partidarias del uso de este instrumento mientras la Comisión y el Parlamento europeos están de acuerdo con la emisión de eurobonos, pero unido a la aplicación de una disciplina fiscal férrea.

Alemania se opone abiertamente a la emisión de eurobonos por problemas de riesgo moral (Issing, 2009). En opinión de sus políticos y economistas, Portugal, Irlanda, Grecia y España gastaron demasiado de manera irresponsable y generaron niveles de deuda insostenibles, por eso son víctimas de sus propios errores (Declaración de 189 economistas alemanes, Plenum der Ökonomen, 2011).

Se desconoce si sería posible que Alemania aceptara la creación de eurobonos a cambio de que los países periféricos se comprometieran a “alemanizar” sus economías (asumiendo una mayor austeridad, pérdida de soberanía o modificaciones constitucionales) (Molina y Steinberg, 2011). En particular, Angela Merkel considera que los eurobonos relajarían la voluntad de terceros países para conseguir esos objetivos, por eso los rechaza (Molina, 2011).

Junto a Alemania, Finlandia y Holanda no parecen dispuestos a participar en una emisión común de eurobonos. Ellos poseen una calificación triple A (solvencia financiera) que les permite obtener las mejores condiciones posibles de endeudamiento. Si se unen al mecanismo de bonos comunes que circunscribirá a otros países cuyas calificaciones de crédito son menos favorables, tendrían que pagar un rendimiento más alto sobre su deuda, a menos que se solucione el riesgo moral (De Grauwe, 2011).

Se abre la necesidad de diseñar un mecanismo común para emitir eurobonos que sea atractivo y elimine además, el riesgo moral. De Grauwe y Moesen (2009) identificaron que la emisión conjunta de eurobonos sería hasta 60 % de su PIB, es decir, los llamados “bonos azules”. Por encima de 60 % se emitirían los “bonos rojos” en los mercados nacionales. El tramo azul sería el de mejor calificación, mientras el tramo rojo tendría una prima de riesgo más elevada. La prima de riesgo se convertiría en un poderoso incentivo para que los gobiernos disminuyan sus niveles de deuda. La tasa de interés que los países tienen que pagar por sus bonos rojos será más alta que la tasa que hoy pagan por su deuda pendiente (Gros, 2010), lo que deberá ampliar el incentivo para que los países restrinjan el componente rojo de su emisión de bonos.

La emisión común de bonos hace posible un sistema colectivo de defensa contra los vaivenes de euforia y temor que dominan regularmente a los mercados financieros. Una unión monetaria solo puede funcionar si existe un mecanismo colectivo de apoyo y control mutuos. En una unión política existe tal mecanismo colectivo. En ausencia de una unión política, los países miembros de la eurozona están condenados a suplir las piezas necesarias de ese mecanismo colectivo (De Grauwe, 2011).

Para que los eurobonos se conviertan en una realidad deben ser superados diversos inconvenientes, pero el principal de ellos está en cómo armonizar los intereses entre aquellos países ahorradores y los deficitarios dentro de la zona del euro.

La aplicación de eurobonos no deja de ser un mecanismo de solidaridad intrazonal debido a que tiende a homogenizar los costos de financiación en el área, por tanto, los riesgos a asumir serán reducidos, dada la participación de países más estables, tales como: Francia, Alemania y Holanda. Supondría de hecho una protección directa del riesgo sistémico de cada país mediante un instrumento financiero común. En la práctica, la existencia de un mercado de eurobonos es algo más complicado, tanto en su diseño como en su implementación y requiere de una buena dosis de habilidad política.

No se trata de que los eurobonos sean la panacea, sino un tímido remedio frente a un fracaso. Si se adopta finalmente será una reacción a los problemas de la desregulación financiera, a la ausencia de rigor y adopción de medidas económicas y fiscales en la mayoría de los países euro, al desastre disimulado de las cuentas públicas, entre otros.

No debe verse como el remedio bondadoso que sacará de la crisis a Europa, pero con el eurobono la garantía sería clara, la solvencia se convertiría en responsabilidad de todos. No puede crearse sin una política fiscal única, clara y seria. Para los países periféricos facilitará su rescate y la reestructuración de su deuda, abaratando el acceso a la financiación, mientras para los centrales impondría la responsabilidad en el cumplimiento del resto.

Ante la gravedad de la crisis actual habrá que buscar una respuesta donde todos estén dispuestos a ceder parte de sus derechos, ya que tanto acreedores como deudores parecen tener un profundo problema.

La idea de los eurobonos no será aceptada fácilmente por los alemanes, quienes tienen mucho que perder con una equiparación de los tipos de interés, a menos de que obtenga como contrapartida un derecho de vigilancia permanente (a través de la Comisión), sobre la definición por anticipado de las políticas económicas nacionales.

El entusiasmo por los eurobonos ofrece la medida de la incomprensión de la crisis de legitimidad y soberanía que padece la Unión Europea. En la raíz de la crisis económica hay una crisis profundamente institucional y política, una crisis del principio de soberanía.

Reformas institucionales a favor de la unificación fiscal necesaria

A raíz de la crisis actual,6 a la unión monetaria europea se le abren interrogantes con vistas a ir diseñando las herramientas fiscales que le permitan corregir las disparidades económicas, territoriales y sociales asociadas al propio proceso de integración monetaria.

6 Desde la ampliación de la UE en 2004 ya era necesario realizar transformaciones en la fiscalidad europea.

La zona del euro requiere de un presupuesto suficiente para corregir los desequilibrios existentes entre los Estados miembros y los subconjuntos regionales, así como las inestabilidades provocadas por el propio desarrollo del mercado único.

En la zona del euro y en toda la Unión la política presupuestaria no cumple, tácitamente, con su papel tradicional de redistribución y estabilización del ciclo, porque la Unión Europea prioriza la restricción fiscal en todos los Estados miembros.

Lo cierto es que ante la actual crisis del euro, los dirigentes europeos han malogrado un pacto fiscal7 de finales de 2011, por medio del cual los países incorporaron a sus constituciones la llamada “regla de oro” —que establece reducir el déficit fiscal anual a 0,5 % de PIB; un límite más drástico que el anterior de 3 %—. Además, no fue con la unanimidad de los países, pues Reino Unido y República Checa decidieron estar al margen de este acuerdo.

7 El pacto entró en vigor el 1ro. de enero de 2013.

Los miembros que no cumplan con lo establecido serán denunciados al Tribunal de Justicia de la UE por cualquiera de los otros participantes del pacto, y estarán sujetos a multas de hasta 0,1 % de su PIB. La suma recaudada con las multas será desti-nada al mecanismo europeo de estabilidad (MEDE).

La imposición de multas por el Tribunal Supremo Europeo a los gobiernos incapaces de cumplir con los fiscales fijados es contraproducente. Realmente, las multas incluidas en el nuevo pacto fiscal empeorarán el panorama general y disminuirán aún más la escasa capacidad de gasto de los países con problemas.

En el nuevo diseño de apoyo financiero en la zona del euro la importancia se ha centrado más en sancionar a los países que en la ayuda en sí misma. Existe una oposición a introducir nuevas instituciones que protejan a los países miembros de los caprichos de los mercados financieros que pueden atrapar a los países en una crisis de la deuda (De Grauwe, 2011).

Es imprescindible que exista una autoridad fiscal de la eurozona y se reduzcan las atribuciones de las autoridades fiscales nacionales. En particular, tienen que haber mecanismos fiscales de compensación entre países, por ejemplo, seguros de desempleo europeos e ingresos tributarios europeos dependientes del ciclo de cada país.

La zona del euro ha optado por la peor de las soluciones a los problemas de la fiscalidad. No existen precedentes de un mosaico de Estados naciones que renuncie a las principales herramientas de política macroeconómica sin disponer previamente de una política presupuestaria centralizada para influir sobre la evolución del ciclo económico (Rodríguez, 2007).

En 2012, Alemania propuso la formación de una comisión de la Unión Europea que supervisara las decisiones fiscales de Grecia como una condición para recibir el segundo tramo de rescate de 130 000 millones de euros. Y esta comisión se encargaría del control de la política fiscal helena para asegurarse de que el país se mantuviera dentro de los acuerdos presupuestales prescritos por la eurozona.

Aunque lo que se requiere es reforzar la vigilancia y el control de los planes fiscales, los presupuestos nacionales de un país son el instrumento político más importante para la ejecución de la política económica con que cuentan los gobiernos, por lo que una supervisión de estos por la Comisión Europea o cualquier otro ente ad hoc (momo en el caso de Grecia), antes de que hayan sido aprobados por los parlamentos nacionales, aumentaría aún más el déficit democrático de la UE y, dependiendo de su nivel de injerencia, es posible que requiera una reforma de los tratados. Se debe otorgar un papel importante al Parlamento Europeo, única institución de la UE elegida democráticamente (De la Rocha, 2010).

En octubre de 2012, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, presentó propuestas para avanzar en la unión económica, incluida la creación en el espacio europeo de un Ministerio de Finanzas. Sin embargo, este debe estar sujeto a las mismas reglas presupuestarias estrictas que se aplican a los gobiernos nacionales y, principalmente, es concebido como un instrumento para establecer un control, aún más firme, centralizado sobre las políticas fiscales nacionales.

Además, con la unión de los presupuestos del gobierno nacional en uno central se puede organizar un mecanismo de transferencias automáticas, que funcionaría como un instrumento de aseguramiento que transfiere recursos al país golpeado por un choque económico negativo. También, la autoridad fiscal común puede emitir deuda en una moneda controlada por esa autoridad; con ello protege a los Estados miembros de ser forzados al incumplimiento por los mercados financieros (De Grauwe, 2011).

Pero, la centralización queda descartada, porque plantea el tema de unas estructuras federalizantes a nivel político y se invoca, no sin cierta dosis de cinismo, el principio de subsidiariedad (Rodríguez, 2007). Pero, la subsidiariedad es pura demagogia porque no funciona para la política monetaria única que está totalmente centralizada.

Para una mejor coherencia presupuestaria de la eurozona hay que considerar el saldo fiscal y el nivel de endeudamiento globales y no por naciones. Así, se puede reconocer la incidencia de la política fiscal sobre la monetaria (Vesperini, 2005).

Las perspectivas financieras de 2007-2013, mucho antes del estallido de la crisis de deuda soberana europea, ya tenían incorporada la restricción presupuestaria, una idea subrayada en aquel entonces por Rodríguez (2007). Todo ello impactó negativamente en la cohesión económica y social del área.

Por otra parte, la unión fiscal se refiere también al avance en la armonización impositiva. La nueva propuesta de armonización fiscal, frente a la actual crisis, supone que todos los países acerquen sus tipos impositivos a los de Alemania, que son de los más elevados de la zona del euro, sin que a cambio haya transferencia fiscal alguna entre países; lo que supone una mejora automática de la competitividad de los productos alemanes en relación con los demás (Steinberg y Molina, 2011).

Seguir los cantos de sirena de las autoridades alemanas sobre presupuesto balanceado y austeridad fiscal como clave para la mejor competitividad internacional es algo iluso, pues las actual posición externa superavitaria alemana, además de ser ilegítima es, por otra parte, causante de los déficit externos y acumulación de deuda de la periferia europea: “las virtudes que predica Alemania no hubieran podido darse sin los vicios que ahora le atribuye de forma arrogante al resto de sus contrapartes europeas” (Munevar, 2012).

El nuevo Pacto es cosmético e irrealista. Primero, porque reduce la fiscalidad solo a restricción presupuestaria y no se refiere a la necesidad de un presupuesto federal dirigido por un Tesoro Común a nivel europeo y, en segundo lugar, porque hoy son necesarios nuevos gastos para contrarrestar la poca flexibilidad tanto de los precios como de la movilidad de la mano de obra para enfrentar los desequilibrios exteriores ante una eventual pérdida de competitividad vía precio.

Para resolver la crisis del euro, el Pacto debe ser más creíble y consolidado. Solo con el enunciado de que sean las instituciones existentes de la Unión Europea las que sancionen a los miembros —cuando la mayoría de los versados cree que requerirá de una modificación en el tratado de todos los 28 miembros del bloque, no solo de los 18 miembros de la zona de la moneda única— su legalidad es discutible. Lo más prudente sería crear una nueva institución.

Además, el hecho de que se tome 0,5 % como límite es arbitrario. Hay ejemplos suficientes en la zona monetaria sobre el actuar sin razón a la hora de tomar decisiones tan importantes en la continuidad y bienestar del proyecto, tal es el caso de los criterios de Maastricht y las discusiones sucedidas una vez que fueron pactados.

Tal vez pasarán décadas antes de que Europa esté lista para realizar ese salto hacia su integración, pero sin una pronta y verdadera unión fiscal, el euro quizás no sobreviva al tiempo que les tome a los políticos ponerse de acuerdo.

La creación del Tesoro Común Europeo es una necesidad debido a que “permitiría al BCE limitarse a la política monetaria, cediendo al Tesoro europeo las riendas para lidiar con la crisis. Randall Wray (2011) sostiene desde 1996 que este es el único camino para hacer viable el proyecto de la UE. Pero, por razones políticas, eso no va a ocurrir en la unión monetaria europea. En las actuales circunstancias, la Unión está lejos de lograrlo, porque la crisis ha hecho crecer la hostilidad entre sus miembros.

La génesis de una entidad supranacional económica europea podría beneficiar a todos los países, siempre y cuando las políticas estén encaminadas a que los endeudados hagan las reformas y que los acreedores garanticen que la gestión de la refinanciación de esas economías no recaiga en ellos mismos.

Por ejemplo, el presupuesto de la UE ascendió a 147 000 millones en 2012. De ellos, aproximadamente 40 % se gasta en subsidiar obras públicas —a través de los Fondos Estructurales y de Cohesión— y en políticas sociales. La unión monetaria, con unas implicaciones económicas mucho mayores que las de la UE, no cuenta con un presupuesto extraordinario para ayudar a los países miembros del euro que tengan caídas significativas de la actividad económica respecto al conjunto.

Algunos economistas, tales como Recarte (2012) consideran que la poca correspondencia entre austeridad y crecimiento en el seno de la unión monetaria europea puede resolverse con el mantenimiento de los objetivos de déficit públicos, según lo pactado en los programas de estabilidad correspondientes, pero con la aprobación de un presupuesto extraordinario de gastos supranacional, un nuevo Fondo de Cohesión Monetaria para los países miembros de la unión monetaria, que financie por ejemplo, las prestaciones de desempleo, los intereses de la deuda pública o algunos gastos educativos y sanitarios.

Sin embargo, otros consideran que el problema podría resolverse de manera directa a través de una política de gasto público dirigida a incrementar la inversión social y ambiental. Para el grupo Euromemo, la zona del euro requiere una política fiscal europea, con un gasto del orden de 10 % que pueda amortiguar las crisis y asegurar una transferencia efectiva de recursos entre las regiones más ricas y más pobres. Deben reforzarse las políticas regional e industrial, y el Banco Europeo de Inversiones —con la facultad de emitir bonos en euros— debe hacer posible que se concrete un importante programa de inversiones, sobre todo en los países de Europa del sur y del Este más afectados por la crisis. La política de empleo debe promover puestos de trabajo calificado y bien remunerado (Euromemorandum, 2012).

Durante los años noventa, España recibió alrededor de 1 % de su PIB en transferencias netas de la Unión Europea para ayudar a su integración económica con el resto de los países comunitarios. En los últimos seis años, ese porcentaje se ha reducido hasta casi cero en 2009 y un máximo de 0,25 % del PIB en 2012.8 Sin embargo, no sería una exageración que los países que más padecen la integración en el euro reciban ayuda financiera con creces, porque son solo parcialmente responsables de su situación. Por otra parte, se debe también, a los defectos estructurales de la moneda única y sobre todo al mal manejo de política monetaria del BCE en el período 1998-2007 (se mencionó con anterioridad).

8 Es evidente que los países de Europa del Este que se incorporaron en la primera década de 2000 a la UE, necesitan más los fondos de cohesión que los periféricos de la eurozona.

Una política de transferencias de fondos desde los países más solventes de la unión monetaria para pagar una parte de esos posibles gastos públicos, los más sensibles políticamente, ayudaría a moderar los sentimientos antieuropeístas de los países que están haciendo reformas que desmantelan los excesos de los Estados de Bienestar.

Lograr el Tesoro europeo, en un inicio, lo más probable es que les cueste a los grandes países centrales de la eurozona, especialmente a Alemania que tendría que reducir los superávit fiscales y, continuar con su menguado crecimiento económico, lo que repercutirá en el crecimiento lento del área. En cambio, en el largo plazo los resultados serían prometedores.

El Estado, componente de seguridad

El inconveniente que subyace en las insuficiencias presupuestarias es la falta de correspondencia entre la integración política y la unión monetaria, es decir, el necesario entramado político-institucional de la Unión Europea.

La política monetaria es directamente proporcional a la estabilidad política, por tanto la presencia de un Estado fuerte influye en la fortaleza de una moneda. Históricamente, las monedas internacionales principales han estado relacionadas con Estados potentes en el período de su ascendencia, sin embargo, cuando el gobierno es destruido, la moneda se torna muy inestable. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial los Estados aniquilados reflejaron altas tasas de inflación, tal fue el caso de la caída del rublo ruso después de la Revolución Socialista de Octubre en 1917 y, más reciente la elevada tasa de inflación en la extinta Yugoslavia a principios de los años noventa, entre otros.

En el caso de la zona del euro esta característica se convierte en un agudo problema, ante la escasez de una unidad eu-ropea en torno a la defensa y la política externa. Efectivamente, la presencia de los Estados Unidos en la OTAN es una clara evidencia de la ausencia de una estructura de seguridad europea definida.

Detrás de una moneda que el capital europeo pretende que sea fuerte, tiene que existir, un poder político y militar fuerte que la respalde, una situación que por ahora, dista de ser un hecho palpable. Esto último es una de las causas principales de que posterior a los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, la UE como proyecto político y militar propio haya estado ausente, y que el protagonismo (dependiente de los Estados Unidos) haya recaído sobre los principales Estados de la Unión, con Gran Bretaña (un país que no está en el euro) ejerciendo de principal valedor de la política exterior “común”. Esta particularidad es también una de las consecuencias esenciales de la debilidad del euro, y de que no haya actuado como moneda refugio en los momentos posteriores a los atentados terroristas a los Estados Unidos.

La crisis económica actual ha paralizado cualquier de-sarrollo de la política común de seguridad y defensa europea. La UE no tiene la preponderancia necesaria para apuntalar su poder económico desde el punto de vista político-militar y tendrá cada vez más dificultades para responder a las crisis de seguridad. Ante el dilema de la crisis del euro, la UE se centrará en buscar una solución a este problema y la conexión entre los intereses económicos y las fuertes capacidades de defensa seguirá languideciendo. Un ejemplo, es que en la campaña liderada por la OTAN contra Libia, la UE aún depende de los Estados Unidos.

Lo verdaderamente cierto es que una unión monetaria es casi siempre una operación política, por muchas que sean sus implicaciones técnico económicas. La moneda es una de las expresiones más genuinas de la soberanía porque la potestad de emitir dinero es uno de los mayores poderes existentes.

Una de las grandes diferencias entre el euro y las demás monedas mundiales es que la moneda europea no tiene detrás un poder político tan fuerte y cohesionado como el dólar. Ello tiene consecuencias relacionadas con su uso como moneda internacional de reserva, en la medida en que el público pueda tener más confianza en una moneda que, además de la garantía de un Banco Central, cuente con el respaldo de un fuerte poder político.

En este sentido, la actual crisis de la zona euro se enmarca en un conflicto de competencias políticas y económicas dentro de la Unión Europea. Aunque la idea de crear una Unión política siempre existió en la doctrina de algunos de los políticos fundadores del mercado único, nunca se manifestó como una propuesta específica por lo que se creó el mercado, pero con un conjunto de instituciones políticas con un poder muy limitado.

El poder político sigue representado por los Estados, que actúan a través de la Comisión Europea y las decisiones de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, que requieren un elevado grado de consenso entre los países más poderosos económicamente para su aprobación. En la práctica, a pesar de los tratados, el Parlamento Europeo no tiene el peso político que se le suponía.

Para que la Unión Europea se transformara en una Unión política, en un Estado supranacional, son necesarios un presupuesto propio y una moneda única.

Simultáneamente a la creación de la eurozona, se impulsó la firma de una Constitución Europea, que traspasaba más competencias políticas a la Unión Europea, pero fue rechazada por referéndum en Francia, Holanda e Irlanda. La Constitución se transformó en el “Tratado de funcionamiento de la Unión Europea” o Tratado de Lisboa, que eliminó la regla de la unanimidad para la toma de decisiones en algunas de las competencias cedidas a la Unión Europea, pero quedó claro que era un acuerdo entre países, no la Constitución de un Estado supranacional.

Esas distorsiones, limitaciones y contradicciones entre la integración monetaria europea, y la negativa de las poblaciones de algunos de los Estados miembros de la eurozona a traspasar mayores competencias políticas para crear un Estado supranacional, explican en parte la actual crisis del euro y las dificultades para superarla.

Responsabilidad de fortalecer la competitividad real de la zona del euro

En la actualidad, Europa posee un declive en el crecimiento económico, altas tasas de desempleo y altos niveles de endeudamiento, que continuarán por un período de tiempo largo. Algunos académicos hablan de una posible década perdida para la región. En esta línea ese es el principal desafío a enfrentar por la eurozona en particular con el objetivo de ser competitiva y facilitarle al euro la sostenibilidad que necesita a nivel mundial.

Desde 2000, la Comisión Europea presentó la Agenda de Lisboa, que pretendía que, en 2010, Europa se convirtiera en la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo, con un crecimiento económico sostenible, mayores puestos de trabajo, y una mayor cohesión social y respeto del medioambiente.

La estrategia de Lisboa fracasó. Entre 2000 y 2008, los objetivos alcanzados fueron muy limitados y los pequeños progresos alcanzados han desaparecido con el recrudecimiento de la crisis actual.

Por ejemplo, en 2008, solo dos países (Suecia y Finlandia) lograron cumplir el objetivo de 3 % para investigación y desarrollo (I+D), mientras el bloque completo de 27 miembros destinó 1,9 % de su PIB a este indicador en comparación con 2,7 % de los Estados Unidos y 3,4 % de Japón (Eurostat, 2012e). Al mismo tiempo merece la pena considerar que la estrategia habría centrado la atención de los legisladores en las reformas y ayudado a canalizar más fondos públicos para la investigación. La reciente crisis económica ha invertido el progreso logrado por algunos países.

Aunque se logró incrementar la tasa de empleo entre 2000 y 2008 en la UE (de 66,6 % a 70,3 %), se trataron de empleos a tiempo parcial temporal que empobrecían los niveles de vida de los trabajadores comunitarios. En 2009, del total de gastos de protección social, el relativo a la exclusión es el de menor proporción con 3,4 % para la UE-27, lo que representaba 1 % del PIB cuando la pobreza se incrementó en Europa a 115,5 millones de personas (Eurostat, 2012f).

La propia Comisión Europea, a través del Informe Kok de 2004 y del propio Barroso en 2005, básicamente reconocieron que la realización de la estrategia de Lisboa fue un fracaso precisamente por la incapacidad de Bruselas de imponer sus “reformas” a los distintos países miembros si los gobiernos carecían de voluntad política para aplicarlos.

La ausencia de compromiso político y falta de coordinación de políticas y medidas de estímulo a nivel europeo para alcanzar los objetivos propuestos incidieron en el cumplimiento de la estrategia. Esta última, reforzó mucho más las acciones intergubernamentales en detrimento de las comunes en el proceso de integración europea. Sus objetivos eran muy dispares y difícilmente cuantificables y se basaron en iniciativas y realizaciones a nivel nacional. Una vez más, la falta de visión global debilitó la posición comunitaria en favor de las acciones nacionales.

La estrategia Europa 2020 sustituye a la Agenda de Lisboa y surge en 2010, en plena crisis de deuda soberana. La estrategia Europa 2020 se diferencia en cierta medida de la anterior estrategia, en que hace un énfasis en cuestiones como la educación y la pobreza, algo distante en la primera, que había adoptado un enfoque mucho más estrecho con respecto a las reformas. En pocas palabras, Europa 2020 parece más “social” que su progenitora; se trata de un giro en el enfoque para reflejar los cambios en el momento histórico tras una crisis económica que ha desacreditado enormemente las fuerzas del mercado.

Según los líderes europeos, la crisis ha reforzado la necesidad de actuar y dar una respuesta conjunta a los retos que plantea la globalización para la UE en el siglo xxi: envejecimiento demográfico, retroceso económico y en I+D+i, aumento del desempleo y las diferencias sociales, escasez de fuentes energéticas, entre otros. Pero, el problema radica en que estos desafíos tienen que enfrentarse en un clima de austeridad y de bajo crecimiento económico.

Esto es lo que se pretende con el establecimiento de la estrategia Europa 2020, el Pacto Euro Plus y el reforzamiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Además, es importante señalar que todos los acuerdos, incluida la reforma del tratado, según el Consejo Europeo, deberían haber sido elaborados “en estrecha concertación con los interlocutores sociales y respetando los sistemas nacionales de los Estados miembros”.9 La realidad, en cambio, es que todas estas medidas se han ido adoptando con una escasa o nula concertación social e, incluso, hemos asistido a una imposición de políticas de ajuste muy severas a países como Grecia, España, Italia o Portugal, que carecen de cualquier proceso de diálogo equilibrado y de legitimidad democrática.10

9 Véase la Declaración de los miembros del Consejo Europeo. Hacia una consolidación que propicie el crecimiento y un crecimiento que propicie el empleo, 30 de enero de 2012, p. 2.

10 La absoluta preeminencia de Alemania en la imposición de las medidas escenificadas en múltiples encuentros bilaterales Merkel-Sarkozy, evidenció la debilidad de las instituciones comunitarias, el lugar secundario en que se situaron el Consejo y el Parlamento y, sobre todo, la erosión del significado de la soberanía y de las instituciones democráticas de los países. Por ejemplo, cuando alemanes y franceses amenazaron con bloquear la ayuda de 8 000 millones a Grecia, si Papandreu sometía a referéndum las políticas de ajuste, terminó forzando la dimisión del Primer Ministro griego y el nombramiento de un gobierno “técnico”.

La idea central y guía de todos los acuerdos es la austeridad, entendida como la necesidad del saneamiento y estabilidad presupuestaria; los diferentes Estados deben reducir sus niveles de déficit público y de deuda. El nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento acordado, como ya se dijo anteriormente, es más intransigente y exige una mayor disciplina, al tiempo que endurece las sanciones previstas. También se hace referencia a la implantación de reformas estructurales para aumentar la competitividad de todas las economías de la UE y “conseguir así un crecimiento sostenible a medio-largo plazo”.

En especial, el Pacto por el Euro Plus recoge un paquete de medidas para reforzar la apuesta neoliberal para la Unión Europea. Una de sus principales características radica en que es un tratado de escaso contenido (en lo que a medidas se refiere), pero esconde un poderoso mensaje, donde se radicaliza el modelo que ha conducido a la situación actual.

Con el Euro Plus se pretende “reforzar el pilar económico de la unión monetaria, imprimir un nuevo carácter a la coordinación de la política económica y mejorar la competitividad, y lograr así un mayor grado de convergencia”. El Pacto por el Euro Plus viene definido por la persecución de determinados objetivos: competitividad, empleo, sostenibilidad de las finanzas públicas y reforzamiento de la estabilidad financiera. Además, es necesario señalar que la aplicación de dicho pacto debe ser compatible con los instrumentos existentes, Europa 2020 y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento entre otros, lo que viene a completar e intensificar el compromiso absoluto con el libre mercado y la reducción continua de mecanismos que ayuden a contrarrestar su ineficiencia.

En realidad, los líderes europeos deberían buscar medidas más radicales. Se debería establecer un impuesto integral sobre las grandes fortunas y patrimonios, y suprimir los privilegios en el impuesto de sociedades, y establecer una tributación real y seria sobre las rentas del capital. De ahí tienen que venir los fondos públicos que se inviertan luego en infraestructuras físicas, tecnológicas y educativas, en planes de empleo juvenil, en el mantenimiento de los derechos sociales conquistados, así como en la amortización de la deuda.

La competitividad no puede erigirse sobre la base de disminuir los salarios e incrementar el desempleo. Los poderes públicos deben dotarse de ingresos suficientes y eliminar al más bajo nivel posible aquellas políticas de reducción de gastos. No pudiera hablarse de recuperación si continúan ampliándose las desigualdades y la pobreza.

En particular los países del sur han observado una disminución de su competitividad-precio, al tiempo que ha retrocedido la participación salarial sobre la renta nacional en dichas naciones. Esta constatación apunta un importante fenómeno que servirá de punto de partida: las tasas de inflación no han convergido, a pesar del descenso generalizado de la participación salarial sobre la renta nacional (Husson, 2010). Esta última tendencia significa que los salarios reales han progresado más lentamente que la productividad del trabajo (Husson, 2012).

Problemas de competitividad de las economías europeas

Menor avance de la alta tecnología

La distancia tecnológica entre la Unión Europea y los Estados Unidos se ha ensanchado desde 1995, además la Unión será superada en distintas áreas de la economía del conocimiento por un conjunto de países asiáticos que se han convertido en los más dinámicos recientemente, entre los que se destacan China, India, Taiwán, Corea del Sur y Singapur.

Se conoce que desde principios del decenio de los noventa, las nuevas tecnologías han influido de manera determinante en el crecimiento económico de los países desarrollados. Sin embargo, en la UE la contribución de estas tecnologías al incremento de la actividad económica ha sido muy baja.

China, con 251 000 millones de euros ha desplazado a la UE-27 (185 000 millones de euros) en exportaciones de bienes de alta tecnología a nivel mundial (Eurostat, 2012). En 2010, 28 % de las exportaciones de productos manufacturados chinos son de alta tecnología mientras en Alemania y Francia los porcentajes son de 15 % y 25 % respectivamente (Banco Mundial, 2012).

El 16,9 % del total exportado por la Unión Europea corresponde a bienes de alta tecnología. Aunque las diferencias entre los países son importantes (Eurostat, 2012e).

España ocupa el puesto número 25 en el ranquin de exportaciones de productos de alta tecnología de la Unión Europea, solo por delante de Eslovenia y Portugal, según el Instituto de Estudios Económicos a partir de los datos del Banco Mundial. En España, estas exportaciones suponen 4,9 % del total, muy por debajo de 15,6 % de la media de la UE en 2012 (Banco Mundial, 2012).

Grecia, Portugal y España impulsaron su crecimiento económico a través del proceso de financierización y han sufrido un proceso de “desindustrialización”, dirigiendo sus economías hacia un modelo que resulta ser autodestructivo. Estos países se han especializado en el sector de los servicios, sobre todo en aquellos de bajo valor añadido, como el turismo, al tiempo que perdieron parte de su capacidad industrial durante las últimas dos décadas.

Desde la adhesión a la Unión Europea estas naciones han retrocedido en el desarrollo de su capacidad industrial. Su capacidad productiva y su nivel de competitividad han empeorado a escala mundial. La coincidencia en el tiempo del proceso de integración y liberalización dentro de la UE con una paralela liberalización comercial impulsada por la OMC debilitó una gran parte del tejido industrial de estos países.

La rápida e intensa apertura de sus mercados ha expuesto a sus empresas a una competencia internacional implacable, lo que ha provocado la reducción de las ya limitadas actividades industriales. En ciertos sectores el impacto ha sido muy drástico a consecuencia de vastos y discutibles procesos de “reconversión industrial”, como ha sido el caso de la minería, la siderurgia, la construcción naval, etcétera. Por ejemplo, en Portugal el declive de sectores como el textil o la industria maderera resulta de gran relevancia.

En específico, la tradicional industria textil lusa, que fue una de las más modernas y de más calidad del mundo, está estancada debido a problemas de competitividad. En verdad, se ha producido un desplazamiento de la industria textil hacia los nuevos países miembros de la Unión debido a que esta industria se ha visto muy afectada por las masivas importaciones de productos textiles de bajo precio procedentes de China o India.

El problema reside en que estos países han reorientado sus economías hacia modelos que incurren en importantes dese-quilibrios macroeconómicos, internos y externos, por lo que la sostenibilidad del sistema resulta inviable a mediano-largo plazo. En un primer momento estos desequilibrios se traducen en aumentos de las disparidades y de los problemas de cohesión. Pero con el tiempo estos desequilibrios derivan en conflictos mayores puesto que en una unión monetaria, como es la zona euro, la inestabilidad macroeconómica de unos países afecta la estabilidad macroeconómica de otros, sobre todo si no existen medidas eficaces que ayuden a mitigar las causas de fondo del problema.

Frente a este patrón seguido por los países periféricos se encuentra el caso alemán. La economía de este último país ya venía caracterizada por un importante peso y fortaleza de su sector industrial, que destaca por su elevado desarrollo tecnológico y por ser uno de los más competitivos del mundo, esta posición relativa se ha reforzado desde la creación de la Unión Europea, y en particular, desde la aplicación del Tratado de Maastricht. Alemania ha sido capaz de aprovechar la Unión para consolidar su poderío industrial.11 El debate que ahora se plantea es en qué medida esos beneficios obtenidos por la industria alemana han sido a costa de pérdidas por parte de otros Estados.

11 La moderación salarial que se ha practicado en Alemania en consenso con los sindicatos durante los últimos años ha supuesto un importante soporte a la competitividad internacional: en la industria, los costos laborales por hora trabajada han aumentado menos que la productividad por hora trabajada, por lo que los costos laborales unitarios en el sector disminuyeron, mientras en otros países, incluida España, subieron significativamente. Algunos economistas (tal es el caso de Krugman) han llegado a la calificar esto como “competencia desleal”, incluso señalan se trata de una política de “empobrecer al vecino”. En cambio otros (como el alemán Juergen B. Donges) consideran que Alemania no practica; salarial alguno; pues la hora de trabajo en la industria manufacturera costaba en 2010 en promedio 34,34 euros, uno de los niveles más altos en la UE y el tercero más alto en la zona euro (tras Bélgica y Francia).

La experiencia de las dos últimas décadas y los gravísimos problemas actuales ponen de manifiesto que las políticas del mercado interior, sectoriales y comerciales, deberían corregir de forma radical su orientación, en particular en lo que afectan de modo singular a los países periféricos, con el fin de afianzar y modernizar sus industrias, al tiempo que se produce un trasvase hacia otros sectores económicos. La resistencia a reconsiderar el acervo comunitario en este campo y a adoptar un tipo de medidas alternativas es parte del problema dramático que vive actualmente la UE y, en especial la eurozona.

Pocas inversiones en investigación y desarrollo (I+D)

El cuadro de indicadores de la UE sobre inversión en I+D industrial, elaborado por la Comisión Europea, refleja que de las 1 400 primeras empresas del mundo, las de la UE se ubican detrás de sus contendientes de los Estados Unidos y algunas economías asiáticas.

Las inversiones en I+D de las principales empresas de la UE aunque experimentaron una fuerte recuperación en 2010, al aumentar 6,1 % (frente a una disminución de 2,6 % en 2009) continúan siendo superadas por la de los Estados Unidos al crecer 10 % (tras una disminución de 5,1 % en 2009). Del mismo modo, las empresas chinas (29,5 %) y las de Corea del Sur (20,5 %) aún reflejan niveles altos de incremento de la inversiones en I+D, que superan ampliamente el promedio del bloque comunitario y estadounidense (Comisión Europea, 2012e).

Dentro de los 50 primeros lugares mundiales en inversiones en I+D, 18 empresas son estadounidenses, 15 europeas y 13 japonesas. Por sectores, dos empresas farmacéuticas ocuparon los primeros puestos: Roche, de Suiza (7 200 millones de euros), seguida de Pfizer, de los Estados Unidos (7 000 millones de euros). Volkswagen (6 300 millones de euros) ocupó el sexto lugar y fue la mayor inversora de la UE en I+D (Comisión Europea, 2012e).

En Alemania, los recursos asignados a la investigación básica y aplicada ascendieron a 79 000 millones de euros en 2012 (http://www.daad.cl/imperia/md/content/informationszentren/icsantiago/anexos/1_investigaci_n_alemania.pdf). Alemania se sitúa, por lo tanto, cerca del objetivo establecido por la UE, 3 % (España está en el orden de 1 %). Unas dos terceras partes corresponden a la investigación realizada en el sector empresarial.

Baja productividad del trabajo

Dentro de la UE, los primeros lugares en materia de innovación corresponden a Suecia, Dinamarca, Alemania y Finlandia. Destacan, asimismo, Bélgica y Reino Unido con una puntuación importante, al tiempo que los Países Bajos, Luxemburgo, Austria, Irlanda y Francia superan la media de la UE-27.

En 2011, la solicitud de patentes internacionales creció 7,2 %, los Estados Unidos y China abarcaron 80 % de tal aumento (Altran, 2012). Por empresas, la mayoría de las solicitudes de patentes proviene de los Estados Unidos, China y Japón. El mayor solicitante en 2010 fue Panasonic, con 2 154 patentes, seguida por la china ZTE (1 863) y la estadounidense Qualcomm Inc. (1 667). Ninguna empresa de la UE está entre los tres primeros lugares, lo cual refleja que la innovación parece retrasarse en el bloque. Especialmente, en España, el primer solicitante es CSIC y se ubica en el puesto 122 del ranquin mundial (Altran, 2012).

Entre 2006 y 2008, 51,6 % de las empresas realizaron alguna actividad relacionada con la innovación. Las de Alemania y Luxemburgo registran el mayor porcentaje con 79,9 % y 64,7 %, respectivamente. En cambio, otros países no alcanzan el promedio del conjunto, y sobre todo, algunos miembros de la eurozona, tal es el caso de Letonia (24,3 %) (Eurostat, 2012e). Asimismo, la productividad del trabajo española es baja; el país lleva más de diez años perdidos en lo que respecta al desarrollo industrial.

Los problemas de productividad han traído como resultado el desplazamiento de varias empresas transnacionales hacia los países de Europa del Este o China en busca de los menores costos de producción.

Varias empresas transnacionales radicadas en España (Samsung, Autotex y Philips) anunciaron su cierre en busca de costos de producción más bajos, y trasladaron su producción a China o a los países de Europa del Este, dejando sin empleo a por lo menos mil trabajadores. Estas compañías pueden vender las empresas en España con euros sobrevalorados que invertirán más tarde en esas naciones con las ganancias correspondientes.

En Portugal, el pobre sistema educacional se ha convertido en un obstáculo para la mayor productividad y el crecimiento económico del país. Solamente 35 % de la población de 25 a 29 años de edad ha completado la educación secundaria (71 % para la Unión Europea) y 9,8 % cursa la educación superior (21,2 % en la Unión Europea).

Con más profesores por cantidad de alumnos que la mayor parte de los miembros de la OCDE, Portugal no ha logrado ofrecer una educación y formación profesional competitivas. También registra uno de los peores resultados en lo que respecta al número de licenciados en los sectores científico y tecnológico, con solo 8,2 licenciados por cada mil jóvenes.

Otro elemento que se añade a la pérdida de competitividad de Portugal es que un número importante de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) es de carácter familiar, por lo que tienen muy pocas posibilidades de acceder a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, no solo porque desconocen cómo usarlas, sino también porque no disponen de los recursos para invertir en su modernización. Al mismo tiempo, la gestión de estas empresas está basada en la experiencia que los propietarios poseen y muy poco en los conocimientos técnicos, datos concretos o instrumentos de gestión.

Según la propia Comisión Europea el ritmo de los avances es lento y la UE todavía no ha superado la “brecha de la innovación” que la separa de otras economías de primer orden mundial como los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. A eso se añade el hecho de que los países emergentes como China, Brasil e India llevan cinco años ganando terreno en este campo.

Pero, las prioridades de la estrategia de 2020 en este ámbito pudieran verse obstaculizadas por el tipo de política económica que se exige por las instituciones comunitarias a aquellos países con problemas de endeudamiento soberano, que son los que más atraso presentan en la competitividad en general, y en particular, en cuanto a la innovación. Es imposible para estas naciones cumplir con la parte establecida para innovación y desarrollo en un contexto de no crecimiento económico. En la cumbre europea de junio de 2012 se establecieron 120 000 millones de euros para promover el crecimiento a través de inversiones en infraestructura. Este es un paso positivo, pero es solo 1 % del PIB de la zona euro y se extenderá así durante varios años; también es en parte ilusorio pues se basa en los actuales fondos estructurales que no se han gastado porque están atados a la austeridad.

Necesidad de una nueva política económica para la estabilidad

La zona del euro está en la situación de “trampa de liquidez”, aunque el BCE haya reducido los tipos, sin embargo, los efectos para estimular la economía son decrecientes, pues mientras cae el tipo, los ciudadanos europeos prefieren no invertir y ahorrar, lo que convierte más severa la recesión. Tal como diría Keynes (1936) la política monetaria es ineficiente para salir de la crisis y por tanto solo puede estimularse la economía a través de masivas inyecciones de gasto público.

La política fiscal, tradicionalmente, es la más aceptada para escapar de la “trampa de liquidez“, ya que puede actuar de estímulo hasta que las empresas y hogares restablezcan su balances (Krugman, 1999). Lo fundamental es que la política fiscal logre estimular sustancialmente la demanda para que la economía comience su proceso de recuperación.

En la zona euro, la reducción de la actividad bancaria es mayor en 2012, que la sufrida por el sistema financiero estadounidense después de la crisis de Lehman Brothers. El BCE ha tenido que compensar una reducción de la actividad crediticia de los bancos de la eurozona mayor que la del sistema financiero de los Estados Unidos en su momento más agudo de crisis financiera.

En una situación de esta naturaleza es muy evidente que no se puede hablar de una política económica real en la zona euro. Los países menos competitivos de la eurozona, tras doce años de implantación de la moneda única, se encuentran con que no pueden recuperar sus equilibrios por la vía tradicional de las devaluaciones.

Además, los países mencionados tienen que hacer unas reformas impuestas por los líderes europeos que no cuentan con consenso social. Asimismo, las naciones más fuertes y más competitivas encuentran que los créditos concedidos a los países periféricos en los años de la expansión crediticia son tan altos que una ruptura de la moneda única, o el impago de uno de los países de medio tamaño de la eurozona, podría hacer quebrar sus sistemas financieros y obligarles a recapitalizarlos con dinero público, en una situación, ya, de elevadas deudas públicas. Por no mencionar las distorsiones económicas que podría causar, tanto a unos como a otros, la ruptura de una zona económica que funciona con gran parte de las industrias y los servicios integrados en organizaciones multinacionales.

La mezcla de estas específicas políticas monetaria, presupuestaria y de austeridad, no constituye una política económica real, sino una política de salvamento de la unión monetaria. El objetivo final es que los países menos competitivos vuelvan a crecer sin financiaciones extraordinarias, pero no hay garantías de éxito de esta operación.

La principal enseñanza que deja la teoría es que una política económica para la Unión Europea y, en particular la zona euro, debe basarse, significativamente, en una correspondencia entre la política monetaria y fiscal, que incluya las necesarias reformas institucionales.

La política monetaria del BCE en la actualidad no tiende a ser tan restrictiva. Algunos economistas consideran que ante el proceso de desapalancamiento bancario las tasas de interés reales deben de ser negativas: los inversores y consumidores de los países en mejores condiciones financieras deberían gastar lo suficiente para compensar la caída de demanda de aquellos agentes que reducen su deuda (Fernández, 2012).

Si por el contrario, los tipos de interés reales se mantienen positivos, la única manera en la que el mercado de inversión-ahorro se puede equilibrar es por medio de una reducción de la actividad económica; en este caso el costo del ajuste caería sobre los países deficitarios de la eurozona y se correría el riesgo de que los ciudadanos del sur no sean capaces de soportar los recortes de gasto y el ajuste salarial ya que esto significaría una ruptura total del Estado del Bienestar.

Si toda la carga del ajuste se impone sobre los países deficitarios y además no hay una estrategia europea que promueva el crecimiento, la zona del euro enfrentará un agravamiento de los problemas económicos, sociales y políticos.

Además, si el BCE promoviera tipos de interés reales negativos, la institución solo podría reducir los tipos nominales hasta cero. Por tanto, la inflación habría de subir para que el tipo real (igual al nominal menos la inflación) sea lo suficientemente negativo.

En febrero de 2014, la tasa de interés del BCE se situaba en 0,25 %. Con una tasa de inflación moderada los países periféricos ajustarían sus precios y salarios reales. Tales ajustes son mucho más fáciles de efectuar con una inflación al 5 % que con una inflación al 2 % ya que los contratos en las economías modernas suelen estar firmados en términos nominales y no reales (Fernández, 2012).

Más aún, Vázquez (2012) afirma que con tasas de interés reales negativas —aunque las consecuencias sigan siendo desconocidas— el crédito no fluirá, pero se produciría una transferencia importante de riqueza de acreedores a deudores lo cual podría ser una de las soluciones al problema de la crisis de la eurozona.

En la actualidad, por hacer depósitos en el BCE no se remunera nada, pues la tasa está a 0 %. Si se redujera esta a tipos negativos, los bancos comerciales de la eurozona por depositar dinero en la institución tendrían que pagar en lugar de cobrar. En teoría, para los bancos comerciales sería costoso tener el dinero sin uso y tenderían a moverlo para sacarle rentabilidad, consiguiendo que las emisiones millonarias del BCE (1 billón de euros a principios de 2012) pasen en parte a la economía real (Vázquez, 2012).

Pero, lo que plantea la teoría no sucede en la realidad. En la zona del euro el BCE es quien determina el nivel de reservas y no lo bancos comerciales. “Por mucho que un banco comercial preste el dinero que tiene en el deposit facility, una vez que este dinero sale por la puerta entra por otra en algún otro banco y vuelve a su vez a las reservas almacenadas en el BCE. Es decir, las reservas no miden de modo alguno si existen préstamos a la economía real o no” (Vázquez, 2012).

Por ejemplo, en julio de 2012, el BCE redujo el tipo para las reservas desde 0,25 % hasta 0 %, y en un solo día los depósitos de los bancos comerciales disminuyeron de 808 000 millones de euros a 324 000 millones de euros. Sin embargo, el dinero no se dirigió a la economía, pues lo que hubo fue, simplemente, un cambio contable entre lo conocido como deposit facility a lo conocido como current account y todo ello porque las reservas las determina el Banco Central y los bancos comerciales no pueden hacer nada (Vázquez, 2012).

De manera general, los tipos de interés suelen ser positivos. Sin embargo, las tasas de interés negativas han sido propuestas por algunos autores a lo largo de la historia (por ejemplo, Silvio Gesell en el siglo xix) con diferentes objetivos. En 2009 se materializó un tipo de interés de -0,25 % del Banco Central de Suecia. Esta fue la primera vez en la historia que un Banco Central establecía un tipo de interés negativo. En la actualidad, el Banco Central de Dinamarca experimenta con pequeños tipos nominales negativos en el depósito, asimismo la banca de Suiza, aunque son situaciones diferentes, los resultados no son adversos.

Las tasas de interés negativas tienen la intención de influir en los ahorradores para que inviertan su dinero rápidamente, ya que este pierde valor cuando se almacena en los bancos. Sin embargo, existen opiniones tales como la de Vázquez (2012) cuando señala que si esto sucediera no sería para ayudar a reactivar el crédito, aunque se daría una trasferencia importante de riqueza de acreedores a deudores lo que podría ser una de las soluciones al problema que vive la zona euro.

Por otra parte, la política fiscal debe hacer corresponder dos objetivos: asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas y ayudar a estabilizar la economía en las difíciles condiciones actuales. Tratar de alcanzar ambos objetivos en un contexto de crisis económica es muy difícil. Al respecto, algunos economistas, consideran que si todo se reduce al “ajuste fiscal” se agudiza la contracción económica sin sentar las bases de un crecimiento más sólido. Por lo tanto, con su estrategia, los líderes europeos, encabezados por Alemania, condenan a la zona del euro a una recesión que pudiera extenderse por muchos años.

Tal como indican los economistas en el Euromemorandum 2013, en la Unión Europea, el crecimiento económico llegó a su fin en el año 2012, con una producción inferior a la de 2008. Toda la periferia de la zona euro está en recesión y afectada por los programas de austeridad (Euromemorandum, 2012).

Las estimaciones sobre la base de las normas fiscales que se introducen en la zona euro, sugieren que entre 2013 y 2016 el PIB podría caer hasta 3,5 % en la zona euro en su conjunto, y en concreto entre 5 % y 8 % en Italia, Portugal y España, y 10 % en Grecia e Irlanda (Euromemorandum, 2012).

Una política de estricto cumplimiento de la austeridad en Portugal, o la propia España, quizá no parece tener éxito porque la estructura económica de esos países necesita más años de los que inicialmente se había pensado para recuperar la competitividad perdida y volver a crecer.

En la UE hay ciertas diferencias que deben señalarse. Los dos países que podrían implementar una política fiscal más activa en caso de recesión serían Alemania y, en menor medida, Reino Unido. En este último, difícilmente el gobierno se replantee una política fiscal contractiva. Por ende, en este caso, más que restricciones políticas hay claras limitaciones económicas que dificultan implementar políticas expansivas.

En realidad, la eurozona necesita una política fiscal más expansiva, en forma de fondos en Alemania que contrapesen la austeridad en España y en otros países en apuros de la periferia europea, en vez de reforzarla. Incluso con esas políticas, los países periféricos enfrentarían años muy difíciles, pero al menos existiría cierta esperanza de recuperación (Krugman, 2012). En esencia, alcanzar un objetivo arbitrario de déficit a costa de reducir la inversión pública o el gasto en educación solo agrava la recesión.

El crecimiento no volverá automáticamente a la zona del euro, si las economías del sur aplican las medidas de austeridad, existe una amplia evidencia empírica que demuestra que las contracciones fiscales no son casi nunca expansivas, y mucho menos en situaciones de estancamiento económico generalizado —como el que sufren hoy el conjunto de países avanzados— y de creciente competencia de productos manufacturados de las economías emergentes con salarios más bajos. Más aún, Husson (2012) afirmaba que la crisis en la zona del euro no se resuelve con políticas de austeridad fiscal, ni con aplicar terapias de choque que liquiden los logros sociales y devalúen el trabajo bajo el pretexto de la competitividad.

Capítulo 7

Crisis de la zona euro: escenarios posibles

Ante la incertidumbre reinante en la eurozona y los grandes desafíos a los que tiene que enfrentarse la UE, en el presente capítulo se diseñan los escenarios posibles para la divisa europea a mediano y largo plazos (más de 5 años).

La importancia de estos radica en la profundización del conocimiento de los actuales problemas del área del euro y sus tendencias, conforme a supuestos teóricos. Estos supuestos se organizaron en un modelo novedoso. En particular, el método de expertos fue el utilizado para su construcción, lo que aportó mayor riqueza a la investigación y calidad, dado que involucró la participación colectiva de un grupo de economistas, cubanos y extranjeros, conocedores de la situación mundial y, en particular la europea. Los resultados obtenidos son fuertemente coherentes desde el punto de vista estadístico.

En particular en el diseño de los futuros escenarios se utilizó la metodología de Michel Godet. Este método de escenarios incluye diferentes técnicas y paquetes estadísticos, entre ellos esta investigación hace uso de dos métodos: matriz de impactos cruzados y multiplicación aplicada a una clasificación (MICMAC) y sistemas y matrices de impactos cruzados (SMIC).1

1 El método consiste en vigilar estrechamente los futuros más probables que serán recogidos por el método de los escenarios. Este método ha dado pruebas de su valía por el significativo número de aplicaciones concretas a las cuales ha dado lugar (Godet, 2000).

Del análisis estadístico se desprende que de los 64 escenarios posibles, solo tres representan 63,4 % de probabilidad de ocurrencia en un período de cinco o más años (a partir de 2013).

Escenario 1 (probabilidad de ocurrencia 0,258): Reconfiguración de la eurozona

Se denominó de esta manera porque aunque se supone que no desaparecerá el euro, sí habría salida de algunos países de la zona euro. Este escenario implica que si hubiera alguna recuperación económica en la zona del euro vendría acompañada de nuevas tensiones; en casos extremos algunos países podrían examinar la conveniencia de abandonar del todo la moneda única. Algunas naciones (cualesquiera de ellas, Grecia, Irlanda, Portugal, España e incluso Italia), pudieran salir de la zona del euro debido a sus abultados problemas de deuda y la ausencia de un mecanismo para evitar la bancarrota.

Suponiendo que los países con problemas de deuda soberana se autoexcluyeran, entonces la zona euro quedaría conformada por los países que más acoplados se encuentran desde el punto de vista macroeconómico y el euro coexistiría como moneda mundial junto al dólar y el resto de las principales divisas, pero sus costos serían elevados. Sus bancos quedarían fuertemente afectados por la crisis dado el nivel de exposición que tienen frente a los que abandonan la zona. En especial, Alemania perdería las ventajas que exhibe en la actualidad (superávit comercial y déficit fiscal por debajo de 3 %).

Además, desde el punto de vista económico sería beneficioso para el país que abandonase la eurozona, porque devaluaría su moneda para ganar competitividad por vía de las exportaciones, pero su deuda externa sería muy elevada porque está pactada en euros, lo cual llevaría a la bancarrota a todo el sector privado, tanto familias como empresas. Los costos que tendría que pagar por reconvertir el sistema actual a los nuevos sistemas monetarios serían enormes.

Lo cierto es que el país que tome la decisión de salir de la zona estaría exportando sus problemas a otros, como ha sucedido con la reacción de los demás países de la UE a la caída de la libra esterlina frente al euro en el actual contexto de crisis.

Por otra parte, las desigualdades económicas y sociales entre los países de la zona del euro se recrudecerían en la medida en que aumenten los programas de austeridad del FMI a nivel europeo. Seguir los cantos de sirena de las autoridades alemanas sobre presupuesto balanceado y austeridad fiscal como clave para la mejor competitividad internacional es algo iluso, pues la actual posición externa superavitaria alemana, a pesar de ser ilegítima es además, causante de los déficit externos y acumulación de deuda de la periferia europea: “las virtudes que predica Alemania no hubieran podido darse sin los vicios que ahora le atribuye de forma arrogante al resto de sus contrapartes europeas” (Munevar, 2012).

El incremento de la austeridad implica menor crecimiento y por ende menos ingresos para pagar la deuda. La imposición del paquete de ajuste draconiano ha dado lugar al agravamiento de las condiciones sociales, pues existen más de 115 millones de pobres en la Unión Europea (23 % de la población) (Eurostat, 2012b).

De hecho, la dramática situación económico-social actual ha propiciado desde ya la caída de algunos gobiernos. El grueso de los nuevos gobiernos es de derecha y han aplicado las mismas políticas que exige Alemania para mantener su solidaridad financiera con los países deudores.

En línea con lo anterior se asistiría a un euro frágil —pérdida de importancia creciente— que cohabitaría junto a otras monedas en el sistema monetario internacional actual (dólar y yen) mientras estén ausentes las medidas que estimulen el crecimiento económico estable, creación de empleos y mejo-ra de los servicios públicos, elementos clave para la estabilidad de la divisa europea y contradictorios a los ideales alemanes hacia la zona monetaria europea.

Este escenario es el menos negativo para el mundo, pero perjudicial para la Unión Europea como ejemplo de proyecto político internacional. De ocurrir, sería un golpe a la credibilidad de la unión como proyecto integracionista a escala internacional, para el conjunto de países que han emprendido diversos procesos de integración sobre la base del modelo europeo.

Escenario 2 (probabilidad de ocurrencia 0,248): Mantenimiento del statu quo hasta la destrucción de la unión monetaria y pérdida de la divisa europea

Este escenario pudiera ir precedido de un período de permanente debilidad monetaria hasta la pérdida de la divisa europea. Aunque no se produzca la salida de ningún país de la eurozona, las medidas de gobernanza económica no se aplican, ni existe la voluntad política de Alemania de ayudar a los más débiles dentro de la zona euro. Por tanto, continuaría el financiamiento de los Estados en los mercados financieros y el endeudamiento soberano seguiría y se recrudecería.

Por otra parte, las desigualdades económicas y sociales continuarían porque están presentes desde el surgimiento de la moneda única y en todo el devenir del euro no han hecho más que profundizarse.

El euro perpetuaría con su inestabilidad estructural —hasta su no participación en el sistema monetario internacional junto al dólar y el yen— y Alemania perdería todos sus privilegios.

En verdad, la ruptura de la unión monetaria y desaparición del euro sería el peor de los escenarios, pero, no quiere decir que no sea probable dada la profundización de la crisis global, desde 2009 hasta 2012 y el empeoramiento de la situación económica real y del cuestionado Estado de Bienestar de las sociedades europeas. Toda esta situación agravaría el clima de crispación social con la consiguiente inestabilidad política y dimisión de líderes en diferentes países.

Este escenario pudiera ser inédito para la humanidad porque el euro ha sido la única moneda emitida a nivel mundial sin respaldo en oro. Mundell, máximo exponente de la teoría de las AMO, dejó claro la incompetencia sobre cómo resolver el problema en caso de desaparición de la moneda.

Escenario 3 (probabilidad de ocurrencia 0,128): Fortalecimiento y continuidad del euro

Este escenario está caracterizado por dos elementos fundamentales. El primero de ellos obedece a la capacidad y voluntad política de Alemania, considerada el motor de la zona, de utilizar sus cuantiosos recursos para ayudar a los más débiles. El segundo es el referido a que la Unión Europea establezca las medidas de gobernanza económica necesarias para contribuir a la solución de la crisis actual del euro. Este es el escenario más positivo para el euro, y el más deseado como divisa de contrapeso al dólar en el sistema monetario internacional.

La capacidad y voluntad política de Alemania supone, entre otros elementos, la disposición a reestructurar la deuda de los países periféricos de la eurozona y con ello eliminar la financiación de los Estados endeudados en los mercados, y así acabar con la especulación contra los bonos soberanos. La locomotora europea asumiría el impago de estos países.

Alemania y el resto de las naciones más desarrolladas de la zona euro apostarían por la continuidad de la unión monetaria europea y organizarían la cancelación de la deuda soberana y privada. En este sentido, se pagaría lo que sea posible con los activos que se tuvieran, se reestructuraría el resto y lo que no se pueda pagar se condonaría. Se crearía una hoja limpia para que la deuda y el “crecimiento” vuelvan a países y familias… y a esperar a la próxima crisis. Al menos Europa tendría una década de tranquilidad (J. Jacks, 2010).

La experiencia ha demostrado que 94 % de los países que han padecido crisis de deuda también soportaron grandes crisis bancarias, y cuando se produjo el impago comenzó la recuperación. “Así ocurrió en Ecuador en 1999, Argentina en 2002, Rusia en 1999 y Uruguay en 1990. La razón es simple: los mercados castigan la toma de medidas parciales, sin coordinación, sin dirección uniforme, pero una vez que se admite la magnitud del problema y se acuerda el pago responsable, la situación mejora” (J. Jacks, 2010).

La reestructuración se acompañaría de medidas a largo plazo (reestructuración del sistema bancario, concentración de entidades, reformas educativas, políticas, judiciales, entre otras) que posibilitarían el pago a sus acreedores sobre la base del crecimiento económico y la competitividad, y no sobre la emisión de más deuda.

En última instancia, se condonaría la deuda porque sus prestamistas son los bancos centrales de la eurozona, sus socios, se buscaría el bien común para las economías y los ciudadanos del área.

Incluso hay otros expertos, que no participaron en este ejercicio y que apoyan este escenario. Tal es el caso de Roubini (2011) quien ha señalado que Uruguay, Paquistán, Ucrania y otras economías de mercado emergentes, realizaron una reestructuración ordenada de la deuda con vencimiento a plazo de 20 a 30 años, y utilizaron una tasa de interés muy inferior a los inadmisibles valores de mercado de la actualidad. En particular, afirma que sin disminuir el valor nominal de la deuda griega, una ampliación de los vencimientos sería un atenuante para el país (a valores actuales), ya que un euro que se debe pagar a 30 años cuesta en estos momentos mucho menos que el mismo euro gravado a un año. Además, dicha extensión resolvería el riesgo de refinanciación durante las próximas décadas.

Entre junio y octubre de 2011 se concretó un plan para la cancelación de la deuda griega. Con la reestructuración pactada se condona más de 100 000 millones de euros para Grecia con el objetivo de situar la deuda del país a aproximadamente 120 % del PIB para 2020.

Ante el peligro de riesgo moral, Alemania defendió que las reestructuraciones de deuda se harían de acuerdo con los principios del FMI y que el caso de Grecia era único e irrepetible. Asimismo puso sobre la mesa su estrategia al establecer una hoja de ruta para la constitucionalización de la austeridad sobre el resto de los países de la UE (no solo de la zona del euro), a esta estrategia únicamente se opuso Reino Unido (Steinberg y Molina, 2011).

El fortalecimiento de la gobernanza económica de la zona euro sería vital para salir de la crisis del euro y la continuidad de esta moneda como una de las divisas internacionales importantes.

En la actualidad, la Unión Europea está frente a una crisis institucional ya que tiene carencias y disfuncionalidades en sus estructuras, lo que profundiza los desajustes entre los países.

La necesaria gobernanza económica de la zona euro debería estar acompañada por el interés y voluntad política de los países centrales. Así sería vital la creación de un Tesoro Común para la eurozona, como funciona en otros países, lo cual controlaría la especulación. Esta institución trabajaría unida al BCE. No existen precedentes de un mosaico de Estados naciones que renuncie a las principales herramientas de política macroeconómica sin disponer previamente de una política presupuestaria centralizada para influir sobre la evolución del ciclo económico (Rodríguez, 2007).

Además, con la unión de los presupuestos del gobierno nacional en uno central se organizaría un mecanismo de transferencias automáticas que funcionaría como un mecanismo de aseguramiento que transferiría recursos al país golpeado por un choque económico negativo. Además, la autoridad fiscal común emitiría deuda en una moneda controlada por ella misma. Con ello protegería a los Estados miembros de la tensión en los mercados financieros (una idea desarrollada por De Grauwe, 2011).

El inconveniente que subyace a las insuficiencias presupuestarias es la falta de correspondencia entre la integración política y la unión monetaria; es decir el necesario entramado político-institucional de la Unión Europea. La política monetaria es directamente proporcional a la estabilidad política, por tanto, la presencia de un Estado fuerte influye en la fortaleza de una moneda. Lo cierto es que una unión monetaria es casi siempre una operación política, por muchas que sean sus implicaciones técnico económicas. La moneda es una de las expresiones más genuinas de la soberanía, porque la potestad de emitir dinero es uno de los mayores poderes existentes. Una de las grandes diferencias entre el euro y las demás monedas mundiales es que la moneda europea no tiene detrás un poder político tan fuerte y cohesionado como el dólar.2

2 Esto tiene consecuencias de orden técnico, por ejemplo, su uso como moneda internacional de reserva, en la medida en que el público tenga más confianza en una moneda que, además de la garantía de un banco central, cuente también con el respaldo de un fuerte poder político.

También, en este escenario se implementarían nuevos mecanismos comunes para el área del euro, tales como la emisión de eurobonos por parte de los Estados miembros. Este tipo de operación se basaría en la emisión de deuda común. Esta última se emitiría con garantías diversas y comunes, por lo que el riesgo sería compartido. Las necesidades de refinanciación de los miembros de la zona estarían aseguradas, con independencia de las condiciones de sus finanzas públicas.

Asimismo, la emisión común de eurobonos daría lugar a un gran mercado de bonos soberanos líquido, que ampliaría las potencialidades del euro como moneda de reserva. De esta manera, la divisa europea gozaría de un beneficio adicional similar al dólar, que posibilitaría que el costo promedio del endeudamiento en la zona del euro fuera menor, tal como ha sucedido en los Estados Unidos (Crespo, 2011). La aplicación de eurobonos se convertiría en un mecanismo de solidaridad intrazonal debido a que homogeneizaría los costos de financiación en el área, donde los riesgos serían reducidos, dada la participación de países centrales, tales como, Francia, Alemania y Holanda.

En la práctica, ya quedó acordado en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (ver documentos de Eurocumbres de 9 de diciembre de 2011 y de 2 de marzo de 2012) que el mecanismo europeo de estabilidad tendrá una plena capacidad de préstamo de 500 000 millones de euros y el capital suscrito será de 700 000 millones.

De todas maneras, el nuevo mecanismo ofrecerá los préstamos condicionados, los países deben comprometerse primero a establecer un paquete de austeridad durante un tiempo suficientemente largo. Lo que indica que ni el mecanismo euopeo de estabilidad tendrá confianza en recibir los préstamos realizados.

En suma, al parecer el monto del venidero mecanismo europeo de estabilidad es insuficiente ya que el FMI, la OECD y el G-20 habían exigido una dotación máxima para la naciente institución de un millón de millones de euros. El acuerdo establecido respondió a los intereses de Alemania que demandaba un aumento limitado. Además, el monto total del mecanismo es igual a la sexta parte de las deudas de España e Italia, lo que evidencia los límites de la intervención de la UE; en realidad podría alentar la especulación en el futuro (De Grauwe, 2012).

Las medidas de gobernanza económxica se complementarían con la responsabilidad de fortalecer la competitividad real de la zona del euro, en este caso la divisa europea contaría con la sostenibilidad necesaria para su mejor participación en el sistema monetario internacional.

Según los líderes europeos, la crisis ha reforzado la necesidad de actuar y dar una respuesta conjunta a los retos que plantea la globalización para la UE en el siglo xxi: envejecimiento demográfico, retroceso económico y en I+D+i, aumento del desempleo y las diferencias sociales, escasez de fuentes energéticas, entre otros. Pero, el problema radica en que estos desafíos tienen que enfrentarse en medio de un clima de austeridad y bajo crecimiento económico.

Esto es lo que se pretende con el establecimiento de la Estrategia Europa 2020,3 el Pacto Euro Plus y el reforzamiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento renovado. Además, es importante señalar que todos los acuerdos, según el Consejo Europeo, deberían haber sido elaborados “en estrecha concertación con los interlocutores sociales y respetando los sistemas nacionales de los Estados miembros”. La realidad, en cambio, es que todas estas medidas se han ido adoptando con una escasa o nula concertación social.

3 La Estrategia UE-2020 sustituye a la Agenda de Lisboa y surge en 2010, en plena crisis de deuda soberana europea. Europa 2020 se diferencia en cierta medida de la Estrategia de Lisboa, pues hace énfasis en cuestiones como la educación y la pobreza, algo distante de la anterior, la cual había adoptado un enfoque más estrecho con respecto a las reformas. En pocas palabras, Europa 2020 parece más “social” que su progenitora; se trata de un giro en el enfoque para reflejar los cambios en el momento histórico tras una crisis económica que ha desacreditado enormemente las fuerzas del mercado.

El Pacto por el Euro Plus es definido para la obtención de determinados objetivos: competitividad, empleo, sostenibilidad de las finanzas públicas y reforzamiento de la estabilidad financiera. Además, es también necesario manifestar que la aplicación de dicho pacto debe ser compatible con los instrumentos existentes, Europa 2020 y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento entre otros, lo que viene a completar e intensificar el compromiso absoluto con el libre mercado y la reducción continua de mecanismos que ayuden a contrarrestar su ineficiencia.

Como se señaló con anterioridad, este es uno de los escenarios más positivos para el euro en la arena internacional, aunque no exento de dificultades, porque en un inicio, lo más probable es que les costaría a los grandes países centrales de la eurozona, especialmente Alemania tendría que reducir los superávit fiscal y de cuenta corriente y, continuar con su menguado crecimiento económico, lo cual repercutirá en el crecimiento lento del área. En cambio, en el largo plazo los resultados serían prometedores, se capitalizaría la eurozona y disminuiría el riesgo en los mercados financieros.

Este escenario presupone que los líderes europeos se concentrarían en la búsqueda de soluciones que reforzarían la integración europea y borrarían el tratamiento de “choque económico” (un término utilizado por Milton Friedman).4 Este escenario remitiría a pensar en una Europa más solidaria que eliminaría todo atisbo de “capitalismo del desastre”,5 es decir, del ataque frontal contra las instituciones y bienes públicos, en medio de la actual crisis tal y como estipula la Comisión Europea, el BCE y el FMI (Klein, 2007).

4 Friedman aconsejó a los políticos que de inmediato, después de una crisis, debían imponer de una vez todas las políticas dolorosas, antes de que la gente pudiese recuperarse.

5 La teoría del capitalismo del desastre de Naomi Klein (2009) o la noción estrechamente relacionada de “acumulación por desposesión” de David Harvey, significa una aceleración de la privatización y la mercantilización de los bienes comunes, incluyendo no solo la tierra sino el medioambiente y el conocimiento.

Capítulo 8

Escenarios de la zona euro y américa latina

Vínculo económico entre América Latina y la Unión Europea

Las relaciones económicas entre América Latina y la Unión Europea (UE) revisten una larga historia. Sin embargo, la región latinoamericana, usualmente, ha ocupado un bajo nivel dentro de las prioridades económico-comerciales de la UE. Si bien es cierto que estas relaciones en general se han incrementado, desde el punto político, cultural y económico deben ser valoradas en su justa dimensión.

En verdad, los vínculos de la UE con los países subdesarrollados en general se estructuran sobre la base de “una pirámide de privilegios”, como expresión de los diferentes intereses existentes y donde Latinoamérica se ubica en la práctica en el último lugar, después de las naciones de África, Caribe y Pacífico (ACP), firmantes del Convenio de Cotonou; los países de Europa central y oriental (PECO) y los de la región mediterránea.

En la década de los noventa se reimpulsaron los vínculos birregionales. Sobre todo en el ámbito bilateral a través de la firma de un importante número de acuerdos de cooperación, y más tarde, de acuerdos de asociación cuyo principal componente son los tratados de libre comercio.

Asimismo, desde finales de la década de los noventa —con independencia de la cooperación puntual entre la Unión Europea y cada país o grupo de países latinoamericanos— la política global se inscribe dentro de la Asociación Estratégica Birregional de la Unión Europea con América Latina y los países del Caribe. Esta asociación se inició en 1999 con la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Río de Janeiro y ha continuado con cumbres periódicas similares, como la de Madrid, 2002; Guadalajara, 2004; Viena, 2006; Lima, 2008; Madrid, 2010 y Santiago de Chile, 2013. En rigor, la última mencionada fue la primera cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) —fundada en 2011— y la Unión Europea.

Acuerdos de asociación

La expresión de la asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe son los Tratados de Asociación de IV Generación, los cuales descansan sobre tres pilares considerados complementarios: diálogo político, cooperación para el desarrollo, y establecimiento de una zona de libre comercio.

El primer país latinoamericano en firmar un acuerdo de asociación económica, con el bloque europeo fue México, en 2000, seguido por Chile en 2002. Las negociaciones con Mercosur comenzaron en 1999, se estancaron en 2004 y se reanudaron en 2010. Por un lado, Brasil y Argentina insisten en reducir el impacto negativo de la política agraria común (PAC) en el acceso de sus productos a los mercados europeos, mientras la UE solicita reducir el proteccionismo de Mercosur en las áreas de bienes y servicios, especialmente en lo relativo a las compras públicas.

En 2012 comenzaron a funcionar los acuerdos de asociación de la UE con América Central, Perú y Colombia (dos países de la Comunidad Andina de Naciones).

Los objetivos de la UE con estos acuerdos son los mismos que los firmados anteriormente con los otros países. Se parte de “la filosofía relativa a que solo el libre comercio puede garantizar el crecimiento económico, sin considerar la dimensión del desarrollo. Por tanto, romper todas las trabas al libre comercio es el objetivo fundamental”.

No es casual que en los últimos tiempos la UE haya enfocado su cooperación, en el ámbito subregional en Centroamérica, destinando 95 millones de euros —el presupuesto más alto a nivel subregional—. Su objetivo principal es la consolidación de la unión aduanera y la armonización de políticas comunes conexas, por eso esta actividad ocupa 60 % de la programación de cooperación de la UE con la subregión; el fortalecimiento del sistema institucional para la integración regional es la segun-da prioridad de cooperación (27 %), y el fortalecimiento del buen gobierno y la seguridad, un sector al que destina más del 11 % (Sanahuja, 2013).

Pero el acuerdo con Centroamérica, afectará la integración de la subregión en la medida que la entrega ocurrida de los recursos estratégicos permitirá un escenario propicio para el establecimiento del capital extranjero. En realidad, no se tuvo en cuenta la asimetría entre las dos partes. No se negoció el subsidio a la producción agrícola con los cuales la UE protege a sus agricultores. América Central prácticamente renunció a su soberanía alimentaria y, por consiguiente, se avizora la destrucción de la agricultura para los pequeños productores y de la vida rural.

Además, los acuerdos de asociación van mucho más allá de la liberalización recíproca del comercio de bienes, ya que, también, incluyen la apertura de los sectores de servicios (incluidos los financieros), las inversiones y compras gubernamentales, además de fuertes sistemas de protección a los derechos de propiedad intelectual.

Lo que verdaderamente se aprecia en estos acuerdos es la eliminación de las preferencias comerciales que disfrutaban en mayor o menor medida las naciones latinoamericanas en sus vínculos con la UE. Ello está directamente relacionado con las tendencias mundiales y las propuestas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) las cuales privilegian el establecimiento de estas formas de integración, que significan un trato igualitario entre las partes, con independencia de las diferencias que puedan existir en sus niveles de desarrollo, aduciendo las ventajas que estos supuestamente reportan en términos de dudosos acicates para la competitividad y el avance científico.

Por otra parte, en 2014, Ecuador firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea, donde Europa se compromete a mantener las preferencias arancelarias en curso, hasta que entre en plena vigencia el acuerdo comercial en septiembre de 2016.1

1 En un cable de la agencia AP, el presidente Rafael Correa aseguró, el 1ro. de marzo de 2016, que la adhesión de Ecuador al acuerdo comercial multipartes entre la Unión Europea (UE), Colombia y Perú podría ratificarse el próximo mes de septiembre (http://www.elcomercio.com/actualidad/).

Hasta 2014, 60 % de las exportaciones totales de Ecuador se benefició de las preferencias del sistema generalizado de preferencias plus, un régimen preferencial que expiró para el país ese año. Alrededor de 30 % de sus exportaciones están constituidas por plátanos, para los cuales el acuerdo prevé un régimen preferencial importante.

Se conoce que algunos productos ecuatorianos habían perdido competitividad en Europa ante la ventaja que ya habían pactado sus vecinos andinos. Esa situación se hacía particularmente visible en el mercado del banano, producto sensible para Ecuador, que venía perdiendo mercado de forma sistemática en Europa en los últimos tres años. En 2001, sus exportaciones totales de banano fueron de 110 millones de cajas, cantidad que bajó a 85 millones de cajas en 2012, y continuó su baja, aun cuando a un ritmo menor, en 2013 (http://www.elmundo.com.ve/firmas/sergio-arancibia/acuerdo-comercial-entre-ecuador-y-la-union-europea.aspx).

Comercio

La Unión Europea es el segundo socio comercial para la región de América Latina, solo superado por los Estados Unidos. Entre 2002 y 2012, el comercio bilateral se duplicó al pasar de 101 700 millones de euros a 225 400 millones de euros (Eurostat, 2013e).

La crisis internacional se hizo sentir en el segundo semestre de 2008 y, como consecuencia, la fase de crecimiento relativo de los intercambios birregionales se interrumpió. Así, en 2009 las importaciones provenientes de la Unión Europea disminuyeron 35 % en ritmo anual, contra una expansión de 10 % en el año anterior, mientras las exportaciones de América Latina hacia Europa se contrajeron 20 % frente a un aumento de 19 % en 2008 (Comisión Europea, 2011d).

A partir del segundo trimestre de 2010, las exportaciones latinoamericanas hacia la UE se desequilibraron en cuanto a valor y volumen a favor del primero como consecuencia de la subida continua de los precios internacionales de los productos básicos, alimenticios y energéticos principalmente. En efecto, desde 2010 las ventas hacia la UE expresadas en volumen han mostrado un bajo dinamismo, en línea con la agudización de la crisis de la zona euro y, por consiguiente, la vulnerabilidad del crecimiento en el continente europeo. Este comportamiento continuará en los próximos años debido a las perspectivas de bajo crecimiento o de recesión que presenta Europa, entre otros elementos (SELA, 2012).

Desde 2002, la Unión Europea ha registrado déficit en su comercio con la región latinoamericana. Esta última ha observado un fuerte incremento de sus exportaciones en valor hacia el bloque europeo. En 2009, el saldo negativo de la balanza comercial birregional ascendió a 8 500 millones de euros y en 2011 fue de -10 500 millones de euros. El superávit latinoamericano se debe principalmente a la contribución de Brasil, Chile, México y Argentina, los cuales exportan juntos más de dos tercios del total de la región (Eurostat, 2013f).

Especialmente, las grandes compras europeas de materias primas desde el mercado brasileño son las responsables de la mayor parte del ya mencionado saldo negativo del bloque europeo con el país sudamericano. Más de 50 % de estas materias primas están compuestas por metales ferrosos, oro y otros metales.

Desde el punto de vista de la asimetría, la Unión Europea representa para América Latina un socio comercial determinante (principal socio para Chile y Mercosur y segundo socio más importante para América Central, la Comunidad Andina y México, que representan entre 10 % y 25 % del intercambio comercial general destinado a la Unión Europea, es decir, 15 % en promedio), mientras el lugar de América Latina en el comercio exterior total de la UE es marginal, solo 6,2 % (Eurostat, 2013f).

La UE representó 20 % del comercio total del Mercosur en 2013. Y el intercambio entre ambos socios ascendió a 110 000 millones de euros en el año mencionado. Mercosur es el sexto mercado de exportación más importante para la UE (Comisión Europea, 2014a).

Los productos agrícolas son los principales renglones de exportación de Mercosur hacia la Unión Europea y representan 43 % del total exportado, mientras la UE exporta principalmente maquinarias y equipos de transporte (46 % del total de exportaciones) (Comisión Europea, 2014a). Sin embargo, Mercosur se ubica en la octava posición entre los socios comerciales de la Unión Europea y cuenta con solo 2 % del comercio exterior total del bloque europeo.

En particular, Brasil es el principal exportador hacia Europa en la región (octavo socio comercial de la UE a nivel mundial) seguido por México (21 socio comercial de la UE en el mundo), Argentina, Chile y Colombia, que en conjunto suman 80 % del comercio total de ambos bloques. Mientras Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España son los principales para América Latina (Eurostat, 2012c).

Las exportaciones fundamentales de América Latina hacia la UE están compuestas por productos agrícolas, petróleo y minerales que representan 69 % del total vendido al bloque comunitario. En cambio, la UE exporta esencialmente maquinarias y equipos de transportes, que absorben 48,7 % del monto vendido a la región latinoamericana (Eurostat, 2012c).

Además, la especialización primaria en los intercambios con Europa es más marcada en el caso del Mercado Común Centroamericano y la Comunidad Andina de Naciones. Por ejemplo, en 2008, desde Ecuador y Honduras las importaciones europeas de alimentos representaron más de 80 % del total comprado en estas naciones. También Venezuela se ha convertido en un significativo proveedor de petróleo a la Unión Europea. El petróleo representó 79 % del total comprado por la Unión Europea en el país latinoamericano (CEPAL, 2011a).

En resumen, más allá de la fuerte contracción que siguió a la crisis internacional, el comercio interregional se ha caracterizado, durante las dos últimas décadas, por su bajo dinamismo relativo y asimetría. En efecto, el comercio birregional progresa menos rápidamente que el de ambas regiones con otras zonas del mundo. En este sentido, América Latina ha comenzado a diversificar sus interlocutores comerciales externos para reducir su dependencia del mercado europeo lo que ha implicado la búsqueda de nuevos mercados y el reforzamiento del comercio entre ellos mediante procesos de integración regional. En los primeros diez años del presente siglo, China se ha convertido en un mercado de exportación clave para los países del Mercosur, con la excepción de Paraguay.

Actualmente China se sitúa como el tercer proveedor en la región (detrás de los Estados Unidos y la Unión Europea). Además, este país que ocupaba el lugar 17 como destino de las exportaciones de América Latina y el Caribe en 1990, ha pasado al tercer puesto con una proporción de 9 % de las exportaciones totales de la región.

Inversiones

La Unión Europea es el primer inversionista en la región (desde finales de la década de los noventa). El monto de inversión extranjera directa (IED) europea hacia América Latina se elevó desde 189 400 millones de euros en 2000 a 385 000 millones de euros en 2010 (Eurostat, 2012c).

Durante los primeros años de la década de 2000, los flujos de IED de la UE hacia la región registraron una importante caída y en 2003 llegaron a un nivel mínimo. A partir del último año mencionado los flujos de la Unión Europea hacia Latinoamérica y el Caribe siguieron una tendencia al alza. Particularmente, en 2007, en América Latina ascendieron a 48 000 millones de euros (monto récord) (Eurostat, 2012c).

El auge de la IED europea en América Latina y el Caribe en la segunda mitad de la primera década de los 2000 se debe, principalmente, a la promoción de nuevas inversiones en la explotación de recursos naturales en la subregión de América del Sur, en un contexto de alza de los precios de las materias primas a nivel mundial, gracias al incremento de la demanda de las economías emergentes —en particular de China—. Las transnacionales europeas más activas en la implementación de estas estrategias han sido las británicas, en hidrocarburos y minería, y las españolas, en hidrocarburos.

No obstante, América Latina y el Caribe han perdido peso relativo como destino de las inversiones europeas. Específicamente en 2010, con el empeoramiento de la crisis en Europa, el monto de IED europea hacia América Latina fue de 40 000 millones de euros, inferior al máximo alcanzado en 2007 (Eurostat, 2012c).

América Latina y el Caribe absorbieron 6 % de los flujos de IED extra-UE entre 2006 y 2010, cuando en la década de los noventa y en los primeros cinco años del decenio de los 2000 los porcentajes fueron de 12 % y casi 9 %, respectivamente (CEPAL, 2012a). En contraste, otras regiones subdesarrolladas adquirieron mayor relevancia; tal es el caso de Asia —especialmente China— y África.

De manera general, la IED europea se concentra sobre todo en América del Sur. Brasil (con 53 % del total en 2010) es el mayor receptor, seguido de Argentina, Colombia y Chile. En contraste, los Estados Unidos tienen mayor presencia en México y el istmo centroamericano (CEPAL, 2012a).

Las empresas de capital europeo se encuentran diversificadas en casi todos los sectores de las economías latinoamericanas, desde alimentos hasta industria pesada, telecomunicaciones, finanzas, etcétera. Algunas de las empresas europeas más importantes en la región son Repsol-YPF (petróleo y gas), Telefónica (telecomunicaciones), Volkswagen (automotriz), Shell (hidrocarburos) y Carrefour (comercio minorista), entre otras.

España se consolidó como el principal inversionista europeo en América Latina y el Caribe en la primera década del presente siglo. El 65 % de los activos españoles en el exterior están localizados en la región. Entre 2000 y 2010, 86 % de la IED española en la región se destinó a los servicios, mientras el sector manufacturero (principalmente en Brasil) y el sector primario absorbieron 12 % y 2 %, respectivamente (CEPAL, 2012a).

Un reducido número de empresas españolas de servicios protagonizaron algunas de las mayores adquisiciones registradas en la región. En particular, Telefónica, Endesa, Repsol, Iberdrola y los bancos Santander y BBVA son responsables de 95 % del total de la inversión española en la región (The Economist, 2009). Brasil, México, Chile y Argentina fueron los destinos seleccionados.

Sin embargo, se observa una reducción de la participación de las inversiones españolas en el total de IED europeas en Amé-rica Latina al pasar de 52 % en la primera mitad de la década de los 2000 al 45 % en la segunda parte del decenio. Este comportamiento se debe al término de los procesos de privatiza-ción y el renovado interés español por otros países miembros de la Unión Europea y otras economías subdesarrolladas —como ya se mencionó—, así como los efectos adversos de la crisis sobre la economía española (CEPAL, 2012a).

Junto a España, Francia, Italia, Reino Unido, Holanda y Alemania son los principales inversores europeos en América Latina.

Además, la Unión Europea también recibe IED de la región, principalmente de Brasil y México. Entre 2006 y 2010 algunas empresas latinoamericanas (las empresas translatinas) procedentes de estos dos países mencionados incrementaron sus inversiones a más de 20 000 millones de dólares en países de la Unión (CEPAL, 2012a).

En particular, las inversiones brasileñas representaron cerca de 71 % de las inversiones latinoamericanas en la Unión Europea en el período señalado, seguidas de las de Colombia (18 % ) y Chile (11 % ). En acervo de IED, Brasil tiene las mayores inversiones en Europa, seguido por México y Chile (CEPAL, 2012a).

En términos agregados, 13 % de las inversiones de las empresas transnacionales de Brasil, Chile y Colombia entre 2006 y 2010 se dirigieron a la Unión Europea mientras América del Norte (29 %) y la propia América Latina (28 %) se erigieron en destinos más importantes (CEPAL, 2012a). Las inversiones de las translatinas en la Unión Europea se han centrado en las industrias básicas (petróleo, petroquímica, minería, cemento y siderurgia) y los sectores de consumo masivo, como los alimentos.

Hay que tener presente que la creciente influencia de China en América Latina puede contribuir a disminuir la presencia del capital español en algunos países. Así, por ejemplo, tras la crisis provocada por el cambio en la regulación de los hidrocarburos, el Gobierno de Bolivia ha tratado de aumentar sus vínculos con China. La empresa china Shengli International Petroleum Development Company ha anunciado su interés en invertir 1 500 millones de dólares en el sector del gas. Otros países como Venezuela han tratado de estrechar también sus relaciones con China.

Las empresas chinas se han convertido en nuevas competidoras en el mercado latinoamericano y se concentran en las materias primas —incluye cobre, hierro y petróleo—, y en el sector del transporte. Un número elevado de los proyectos chinos de inversión en Latinoamérica se realizan a través de alianzas estratégicas y otros acuerdos de colaboración apoyados por diversos gobiernos. En Venezuela, por ejemplo, China ha invertido más de 400 millones de dólares en la infraestructura de 15 pozos petrolíferos, así como en la producción de gas y en la mejora del sistema ferroviario y de refinería. En el caso brasileño, empresas públicas chinas han empezado a trabajar con Petrobras para expandir la producción de petróleo, mejorar la infraestructura y construir un gasoducto (CEPAL, 2012a).

La nación asiática emprendió proyectos de inversión por un total de 100 000 millones de dólares antes de finalizar 2015, con la mayor parte de los planes concentrados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela (CEPAL, 2012a).

Cooperación

La Unión Europea (UE) es el primer donante de la cooperación al desarrollo para América Latina. Desde 1996 destina a la región en promedio 450 millones de euros al año (además de las contribuciones bilaterales de los Estados miembros) para programas y proyectos.

En el período 2007-2013, la cooperación de la UE para América Latina contó con 556 millones de euros, representó 21 % del total de la ayuda oficial para el desarrollo (AOD) de Europa (frente a 51 % absorbido por la región asiática). Se distribuyó de la siguiente manera: 232 millones de euros para desarrollo social y cohesión social, 209 millones para recursos humanos y comprensión mutua, 72 millones para desarrollo económico y comercio y 43 millones para medioambiente (incluye los programas Facilidad de inversión para América Latina, Euroclima y Eurosolar en el sector desarrollo social y cohesión social y contempla reservas por 31 millones de euros) (Comisión Europea, 2014b).

En el período 2007-2013, Centroamérica y los países andinos concentraron 80 % de los proyectos de cooperación financiados por la Comisión Europea. A nivel individual tienen prioridad Bolivia, Colombia, Guatemala y Honduras dado los problemas de seguridad que estos presentan (Comisión Europea, 2014).

Más allá de la ayuda facilitada por la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones destinó 2 800 millones para préstamos en la región durante el período 2007-2013, a fin de apoyar proyectos públicos y privados de infraestructura, industria, explotación minera y servicios, con especial hincapié en la mejora o protección al medioambiente (Comisión Europea, 2014b).

El instrumento de financiación de la cooperación para el desarrollo (ICD)2 que rige la cooperación de la UE con América Latina se dotó de 2 690 millones de euros durante 2007-2013 y representó 4,8 % del total de los recursos europeos asignados a este instrumento para toda la ayuda oficial para el desarrollo de la UE (Comisión Europea, 2014b).

2 Este nuevo instrumento se estableció el 18 de diciembre de 2006 mediante un reglamento de codecisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, el cual reemplaza a 13 reglamentos anteriores (geográficos y temáticos) bajo los cuales se desarrollaba la cooperación de la UE hasta 2007 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_378/l_37820061227es00410071.pdf).

Durante el período 2007-2013, la cooperación bilateral con 71 % del total de los fondos recibidos por la región fue la partida más elevada dentro del instrumento de cooperación para el desarrollo de la UE hacia América Latina seguida por la ayuda regional (21 %) y la subregional (8 %) (Comisión Europea, 2014b).

Del total de los fondos bilaterales comprometidos para la programación 2007-2013 por la UE, más de dos tercios (80 %) corresponden a nueve países: Bolivia, Honduras y Nicaragua con más de 200 millones de euros comprometidos y Colombia, Guatemala, Ecuador, Perú, Paraguay y El Salvador con más de 100 millones de euros comprometidos (Comisión Europea, 2014b).

Aunque la ayuda oficial para el desarrollo de la Unión Europea continúa siendo significativa para algunos de los países de la región, para otros, estos fondos han disminuido de manera progresiva y se han vuelto menos relevantes para su desarrollo, en la medida que estos fondos, por los distintos acuerdos y consensos alcanzados por la comunidad internacional, están enfocados principalmente hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la lucha contra la pobreza. De esta forma, 20 % restante de la ayuda oficial para el desarrollo comprometida en la región por la Comisión Europea, a nivel bilateral, corresponde a nueve países: Argentina, Brasil, México, Chile, la República Bolivariana de Venezuela, Panamá, Costa Rica y Cuba, en este orden.

Desde el punto de vista subregional la UE coopera con tres organismos de integración en América Latina: en Centroamérica con el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y en América del Sur con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y Mercosur.

La Comisión Europea admitió que las tasas de crecimiento económico negativas en la UE, como consecuencia de la crisis y las medidas de austeridad introducidas por los Estados miembros, condujeron a la reducción de la ayuda oficial para el desarrollo. Todo ello trae como consecuencia una trayectoria negativa en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En América Latina y el Caribe los fondos de la ayuda oficial para el desarrollo recibidos en la última década han aumentado, aunque en menor grado que en otras regiones del mundo, y con una clara posibilidad de tender a disminuir aún más en los próximos años dado el retiro progresivo de los donantes tradicionales de la región. La dramática situación de Haití, como consecuencia del terremoto sufrido en 2010, ha tenido un impacto importante en el flujo de recursos de ayuda oficial para el desarrollo recibidos en la región en estos años, los que si bien son de gran ayuda para ese país, pueden representar un crecimiento transitorio a nivel regional basado en el aumento focalizado de la ayuda ligado a un solo país.

En 2010, los miembros de la UE no cumplieron con el objetivo intermedio (0,56 % del PIB) que deberían destinar a la ayuda oficial para el desarrollo y alcanzaron solo 0,42 % del PIB. No lograron el compromiso de 0,7 % del PIB para 2015, dado los actuales problemas por los que atraviesa la región (Sanahuja, 2014).

Ayuda Oficial para el Desarrollo en 2014-2020

Para 2014-2020, la ayuda oficial para el desarrollo de la UE hacia América Latina cuenta con 925 millones de euros y el instrumento de cooperación para el desarrollo posee un monto que asciende a 2 500 millones (La Caixa, 2014).

El instrumento de asociación (IA) es la innovación más importante del paquete de instrumentos de política exterior para el período 2014-2020. Sustituye al instrumento de coope-ración con los países industrializados y tiene un alcance global, con un enfoque particular en las economías emergentes y los países donde la UE tiene intereses significativos. También apoyaría las nuevas relaciones con los países que dejaron de ser miembros del sistema generalizado de preferencias.

El instrumento de asociación apoya acciones relacionadas con el cambio climático, protección de derechos de propiedad intelectual, lucha contra el crimen organizado y la piratería, protección al medioambiente, y mayor acceso al mercado para garantizar la seguridad energética, sin asignación previa de fondos.

En realidad la UE busca con el instrumento de asociación un tratamiento recíproco para algunos socios latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Si bien estos países exhiben indicadores positivos en el ámbito del crecimien-to económico, por lo cual todos han sido clasificados como países de renta media o países de renta media alta, dichos indicadores no dan cuenta de las desigualdades existentes a nivel nacional y territorial, los que además, son los más poblados de la región, reuniendo proporcionalmente la mayor cantidad de pobres a nivel de esta área.

Para la UE, esta apertura a nuevos sectores y modalidades de cooperación a través del instrumento de asociación permite abordar áreas del desarrollo que no siempre tienen la atención de los donantes tradicionales, quienes son clave para el desarrollo de los países y del conjunto de la región. De hecho, para estos países —algunos de los cuales la unión los consi-dera “socios estratégicos”, o tiene acuerdos de asociación—, puede ser una oportunidad para abordar nuevas temáticas vinculadas al desarrollo, distintas a las que donantes del Co-mité de Ayuda para el Desarrollo han acordado para los fondos de la ayuda oficial para el desarrollo, y que se encuentran entre los sectores de cooperación de los acuerdos de asociación, los cuales pueden ser complementarios para su desarrollo en las actuales condiciones.

Sin embargo, este es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentará la cooperación de la Unión Europea en América Latina en los próximos años, y que significaría que siete de los dieciocho países que recibían fondos de la ayuda oficial para el desarrollo provenientes del instrumento de cooperación para el desarrollo en la región no serían elegibles para recibir estos fondos.

La política de cooperación al desarrollo de la UE otorga un papel cada vez más protagónico al sector privado, en detrimento del Estado y la sociedad civil. La introducción de los nuevos mecanismos de cooperación mixtos, como la Facilidad de inversión para América Latina se enmarcan dentro de estas tendencias. Por último, a pesar de los altos índices de pobreza y desigualdad, la UE ha retirado o está en proceso de retirar su cooperación al desarrollo bilateral para varios países de América Latina.

La propuesta de implementar dos instrumentos financieros simultáneamente en la cooperación de la UE con los países de América plantea varios desafíos. En primer lugar, es necesario considerar la situación que se producirá al aplicar instrumentos financieros distintos en la región, lo que en algunos casos significará que uno o dos países que son parte de un grupo subregional tendrán tratamiento distinto, este es un hecho inédito hasta la presente programación. En segundo lugar, la aplicación de dos instrumentos establecerá, necesariamente, prioridades y sectores que no serán los mismos para todos los países de la región a nivel bilateral, generándose una agenda de ayuda oficial para el de-sarrollo para un grupo de países a través del instrumento de cooperación para el desarrollo, dirigido a los países de menor renta, y otra agenda, en este caso de cooperación, a través del instrumento de asociación, para otro grupo de países con un PIB mayor.

Se hace necesario una programación regional y subregional para establecer una Agenda común para el desarrollo para todos los países de la región, ya que cuenta con programas de alcance regional que han demostrado ser importantes y que serían la única instancia donde podrían participar y compartir las mismas prioridades todos los países de la región sin hacer ninguna distinción de PIB u otra consideración. Este proceso podrá facilitarse con la CELAC.

Los programas de cooperación de la UE hacia América Latina han estado condicionados, por el escaso apoyo económico real y por el enfoque de la UE, muy centrado en el fortalecimiento institucional, en políticas comunes, y en metas de integración económica como las uniones aduaneras.

Vías de transmisión de la crisis de la zona euro hacia América Latina

Aunque es posible identificar varias vías de transmisión de la crisis de la zona del euro hacia América Latina, nos concentramos en aquellos aspectos vinculados con la liquidez de la moneda única europea: el financiamiento bancario, el tipo de cambio y las remesas familiares.

Financiamiento bancario

Los sistemas financieros de los países de América Latina están ampliamente dominados por la industria bancaria, la cual a la vez que desempeña un papel protagónico en las actividades de intermediación financiera, constituye la principal fuente de crédito para las empresas y las personas. La creciente presencia de bancos extranjeros, particularmente europeos, se ha constituido en uno de los elementos más significativos de la industria bancaria en América Latina en las últimas dos décadas.

Mientras la participación de los bancos extranjeros en el total de los activos de la industria bancaria en América Latina aumentó de 11 % a 40 % entre 1995 y 2008, la proporción de esos activos foráneos en manos de la banca de la eurozona pasó de menos de 20 % a 50 % en igual período (CEPAL, 2011a y La Caixa, 2013). A inicios de 2011, los bancos europeos tenían más de 1,8 millón de millones de dólares en activos de países emergentes; de ellos más de 35 % se localizaba en América Latina (Banco Mundial, 2012b).

Al parecer, las ganancias de los bancos españoles en América Latina incitaron a otras entidades europeas a apostar por ella y aprovechar el momento de auge que vive la región y a la vez contrarrestar la pérdida de peso de Europa en el mundo (El País, 8/12/2011) .

No es ocioso señalar que el auge del crédito en América Latina responde al alza de los precios de las materias primas y a la llegada de grandes flujos de capital a la región en busca de mayores ganancias, al disfrutar de tasas de interés relativamente altas en comparación con Europa y los Estados Unidos.

Obviamente, los mercados de Brasil, México y Chile —países exportadores de materias primas— han sido los preferidos por las entidades europeas (CEPAL, 2011a). En 2011, esos tres países representaban cerca de 80 % de la totalidad de préstamos vigentes otorgados por los bancos europeos en la región. En relación con el PIB, este tipo de crédito es especialmente importante en Chile y un poco menos relevante en México. De hecho, entre las economías subdesarrolladas, ambos países están entre los más expuestos a los bancos europeos, solo superados por Letonia, Rumania, Bulgaria, Lituania, Albania y Mozambique (Banco Mundial, 2012b). En oposición, como resultado de la fortaleza y el tamaño de los principales bancos locales, en Brasil esta relación es mucho menor (CEPAL, 2011a).

En México, los bancos europeos poseen más de 40 % de los activos bancarios del país, en Chile y Uruguay más de 25 % y en Perú, Brasil y Colombia entre 20 % y 10 %. En la experiencia de Brasil la fortaleza de los grupos privados locales, el tamaño del mercado y la relevancia de los bancos públicos —que desempeñan un papel central en el financiamiento de la inversión y el desarrollo de la economía—, ha limitado la llegada de entidades extranjeras, incluso con varias experiencias fallidas.

Si bien en 2008 se interrumpió la tendencia alcista del crédito bancario europeo hacia América Latina, es justo señalar que en los años posteriores, la dinámica, estructura y comportamiento de los bancos de la eurozona, así como su estrategia crediticia en la región, contribuyeron a atenuar la contracción del crédito. A pesar de no resultar inmunes a dicha contracción ni al deterioro de la liquidez en los mercados interbancarios, estas instituciones mostraron resistencia y estabilidad, lo que permitió disminuir la posibilidad de que se transformaran en un canal de transmisión de las perturbaciones externas (CEPAL, 2011a) .

A tono con el progresivo deterioro de la situación en Europa en el tercer trimestre de 2011, se encendieron las alarmas ante la posibilidad de que las filiales de bancos europeos actuaran como canal de contagio. Conforme la crisis de la zona euro se intensificaba, el crédito bancario transfronterizo a las economías emergentes de América Latina sufría un brusco retroceso.

En otras palabras, durante la contracción de la última parte de 2011, la tensión en el sector bancario internacional se concentró desproporcionadamente más en los bancos de la zona del euro que en los del resto del mundo.

En efecto, desde 2011 algunos bancos de la zona del euro comenzaron a reforzar sus balances y capital y se vieron estimulados a vender activos o emitir acciones. Por ejemplo, el banco Santander inició una política de ventas de parte de sus filiales en algunos países latinoamericanos para fortalecer su capital y mejorar la solvencia: vendió 7,8 % de su sucursal en Chile, con lo que ingresó 710 millones de euros. Asimismo, transfirió sus dependencias en Colombia al grupo chileno CorpBanca por 910 millones de euros. Los recursos de esas ventas ayudaron al grupo español a alcanzar su objetivo de tener un capital equivalente a 10 % de los activos en 2012, un punto porcentual por encima de lo que exige la autoridad bancaria europea (El País, 8/12/2011).

El BBVA vendió sus gestoras de pensiones en América Latina, y en 2012 liquidó la venta de sus fondos de pensiones en Colombia por 400 millones de euros y en enero de 2013, concluyó la venta de su AFP mexicana a Banorte por 1 341 millones de euros (Romani, 2013).

Estos hechos justifican las actuales preocupaciones en materia de política, en el sentido de que las fuertes presiones asociadas al financiamiento soberano europeo podrían provocar grandes pérdidas y, ante limitaciones en los procesos de recapitalización, obligarían a los bancos europeos a un desapalancamiento para restablecer sus coeficientes de capital (FMI, 2011a, BPI 2012a, BPI 2012b) .

Todo ese proceso de fortalecimiento de los portafolios bancarios europeos y de venta de sus participaciones en Latinoamérica pudiera impactar, significativamente, en las valoraciones de esas propiedades. Una situación que afectaría la capitalización de los bancos de la región y provocaría una crisis crediticia, que podría alcanzar hasta las entidades más saludables que cuentan con muchos depósitos (Banco Mundial, 2012a). En síntesis, existe el peligro de que el crédito bancario, como ocurrió en episodios anteriores, se interrumpa repentinamente y ello trastorne la estabilidad macroeconómica y haga abortar los esfuerzos de recuperación económica de América Latina (Canales y otros, 2010).

A pesar de que los bancos europeos han tenido la precaución de financiar la mayor parte de sus actividades en América Latina con depósitos de residentes y en moneda local, es posible que generen una gran demanda por fondos en dólares, ya sea por una menor oferta de sus casas matrices o por un recorte de las líneas de crédito externa. Esta demanda generaría una reducción del crédito a los países de América Latina, y con ello la confianza y la inversión privada se afectarían (FMI, 2012b). Así, los problemas de determinados bancos de la eurozona influirían en las economías latinoamericanas donde sus filiales están radicadas.

No obstante, para América Latina, los efectos negativos de un inesperado repliegue de bancos europeos podrían ser compensados por la presencia de entidades locales bien capitalizadas, como se observa en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. Al parecer esto es lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil (Banco Mundial, 2012b).

En Brasil y México existen regulaciones que limitan el monto de los préstamos entre la casa matriz y la subsidiaria local, y restringen la capacidad de la casa matriz de reducir el capital de las filiales locales por debajo de los niveles prudenciales. Asimismo, en Chile, los bancos establecidos en el país, aunque sean de propiedad extranjera, se consideran nacionales con capital propio y sujetos a la vigilancia de la superintendencia de bancos. Por lo tanto, el capital que respalda los préstamos y los depósitos está constituido en el país. Así, la única opción que tendrían sus propietarios para repatriar su capital sería vender las acciones que les dan el derecho a gestionar el negocio y recibir dividendos por sus resultados. No obstante, frente a tal eventualidad, toda la estructura de depósitos, capital y préstamos, quedaría sin alteraciones en el país bajo la administración de un nuevo propietario (CEPAL, 2011a).

Tipo de cambio

Desde el punto de vista del tipo de cambio, la crisis del euro se ha traducido en una marcada volatilidad de la moneda única europea, con fuerte tendencia a su depreciación frente al dólar —sobre todo desde 2010 hasta mediados de 2012—, lo cual no ha favorecido la estabilidad económica y financiera de América Latina.

Después de la experiencia de la década del ochenta, la región aplica, con excepciones, políticas de tipo de cambio flotante, así como de reducción de la deuda externa con respecto al PIB y del costo del servicio de la deuda en la balanza de pagos, creando así condiciones que han reducido su vulnerabilidad (Rapetti, 2012).

El índice de bonos de los mercados emergentes elaborado por JP Morgan Chase, que mide las posibilidades de impago de la deuda externa de un país emergente, se encuentra en su mínimo para la mayoría de los países de América Latina (Ugarteche y Noyola, 2013).

No obstante, desde 2007 se refuerza la apreciación de los tipos de cambio de México, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Las tasas de interés negativas en los Estados Unidos y muy bajas en Europa empujan la liquidez hacia la región y aprecian los tipos de cambio. Las excepciones son Venezuela y un tanto Argentina (Ugarteche y Noyola, 2013).

En efecto, en 2010 las principales monedas de la región se apreciaron de manera generalizada frente a la divisa europea, lo cual contribuyó al aumento del poder de compra local expresado en euros y, por consiguiente, de la demanda de bienes desde Europa. La otra cara de esa apreciación fue la pérdida de competitividad de las exportaciones latinoamericanas.

Ante la agudización de la crisis de endeudamiento soberano europeo en 2011, su posible extensión a España y la posibilidad de que Grecia entrara en bancarrota, los inversores europeos se refugiaron en el dólar. En ese contexto, Brasil y Argentina reflejaron la depreciación de sus monedas nacionales frente al dólar; pero una apreciación frente al euro (Ugarteche y Noyola, 2013).

Aunque en 2012 no hubo apreciación cambiaria en las economías latinoamericanas, sin embargo, aumentó la volatilidad de los tipos de cambio en Brasil y México, debido especialmente a la incertidumbre sobre la evolución del crecimiento en la zona del euro, el volátil apetito de riesgo de los inversores internacionales y la política monetaria fuertemente expansiva llevada a cabo por parte del Banco Central Europeo junto a la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central de Japón (CEPAL, 2012).

En el corto plazo, la lucha contra el fortalecimiento cambiario y su impacto negativo en las exportaciones de la región parece erigirse en un gran desafío, en la medida en que pudieran empeorar las condiciones económicas en los países de la zona euro. El “auge” latinoamericano bien podría terminar en colapso.

Remesas familiares

En relación con los flujos de remesas recibidos por los países de América Latina y el Caribe, es necesario señalar que su excepcional dinamismo constituyó uno de los hechos notables de las relaciones financieras externas de la región durante la primera década del siglo actual. Las transferencias de dinero a la región por ese concepto más que se duplicaron entre 2002 y 2008, representando montos próximos, en algunos años, a los flujos de IED y entre ocho y diez veces los montos de la ayuda oficial para el desarrollo al final de dicho período (BID, 2012 y SELA, 2012).

Sin embargo, con la crisis económica internacional, que afectó duramente los más importantes países de destino de los principales contingentes de emigrantes latinoamericanos y del Caribe (Estados Unidos, España) en sectores fuertemente empleadores de mano de obra extranjera, los flujos de remesas se contrajeron de manera significativa y, a pesar de su recuperación posterior a la caída de alrededor de 15 % de 2009, aún no han alcanzado su nivel de pre-crisis. En 2012, el monto de las remesas recibidas por la región ascendió a 61 300 millones de dólares, un nivel todavía muy distante del récord históri-co de alrededor de 65 000 millones de dólares de 2008 (BID, 2013).

Un factor que contribuye a explicar, en no poca medida, ese errático comportamiento es la crisis de la zona euro, con la consiguiente caída de empleo, salarios y la reducción del número de inmigrantes. Las remesas provenientes de Europa hacia América Latina cayeron 8,9 % durante 2009-2012, y especialmente en el último año indicado el descenso fue de 4,8 % (Rebossio, 2013). Ver Gráfico 1.

Gráfico 1

Evolución de los flujos de remesas recibidas en América Latina y el Caribe (2002-2012) (mm)

Fuente: Elaborado por la autora a partir de los datos del BID, 2012 y 2013.

De manera general, la disminución de las transferencias afecta en mayor grado a Ecuador, Colombia, Bolivia y Paraguay derivado de los fuertes flujos migratorios que han ocurrido en esos países hacia España, Francia, Italia y Alemania.

En particular, hay que anotar el comportamiento de las remesas provenientes de España, que dirige 56,4 % del total de esos flujos hacia América Latina y el Caribe. De hecho, constituye el segundo mayor proveedor de remesas para la región (12 % del total) después de los Estados Unidos (BID, 2012).

En España está radicado 15 % de los emigrantes de toda Latinoamérica. El 27 % de los hombres llegados de Amé-rica Latina se dedican en ese país a la construcción, cuyo nivel de empleo ha caído ininterrumpidamente desde 2008. Además, 54 % de los varones y 94 % de las mujeres estaban empleados en servicios, donde los puestos de trabajo comenzaron también a bajar en 2009, se estancaron en 2010 y volvieron a la tendencia descendente desde 2011. El menor empleo en estos sectores explica en buena medida la reducción del envío de remesas (BID, 2013).

Además, la media de los ingresos de los trabajadores de ambos sectores se estancó en los últimos tres años y en 2012 se redujo, 2,2 % en el caso de la construcción y 0,8 % en servicios. Pero, la llegada de latinoamericanos a España no ha dejado de menguar desde 2010, y en 2012 se contrajo 9 % (BID, 2013).

La disminución de los flujos de remesas desde España ha sido muy marcada (más de 8 % durante 2009-2012), y afectó en una proporción similar a los principales destinos de dichas transferencias, es decir, Colombia, Ecuador y Bolivia (BID, 2013). Estos países, que a su vez reciben una proporción importante de sus remesas de España, tuvieron una merma de recursos muy significativa por este concepto (entre -0,5 % y -2,4 % del PIB) (BID, 2012).

En particular, en Colombia, las remesas desde España cayeron 18,5 % en 2012 con respecto a 2011. Con esta disminución los Estados Unidos se ubicaron en el primer puesto como emisor de remesas hacia Colombia con 1 402 millones de dólares (BID, 2013 y www.larepublica.co, 2012).

Realmente, en el contexto de la actual crisis europea, que tiene en España uno de sus principales focos, no es previsible una recuperación significativa de las remesas en el corto y mediano plazo.

Escenarios de la zona euro para Latinoamérica

Las perspectivas de los vínculos de América Latina con la Unión Europea para la próxima década, aunque no tan buenas, no serán muy diferentes de lo que fueron antes de la crisis. Eso significa que el mercado europeo al presentar un crecimiento lento seguiría disminuyendo su peso relativo y no sería lo más atractivo en términos cuantitativos para las economías de la región. En particular, con la agudización de la crisis de la zona euro, Latinoamérica corre el riesgo de enfrentar un severo retroceso en términos económicos y sociales.

Al respecto, ninguno de los posibles escenarios para el euro descritos con anterioridad parece impactar de manera positiva en la región latinoamericana. De ocurrir cualquiera de los dos primeros escenarios, la crisis del euro habrá entrado en una nueva dimensión, donde la incertidumbre sobre la supervivencia de la moneda única europea será cualitativamente mayor que hasta ahora.

Reconfiguración de la eurozona y mantenimiento del statu quo hasta la destrucción de la unión monetaria y pérdida de la divisa europea para América Latina

Estaríamos ante un evento sistémico de mayor calado que la quiebra de Lehman Brothers, que probablemente generaría una depresión en los Estados Unidos y una brusca caída del crecimiento en China, con lo cual América Latina asistiría de la noche a la mañana al desplome de sus tres principales mercados de exportación. Los precios de las materias primas caerían, lo que sería una mezcla tóxica para el crecimiento y la estabilidad en América Latina.

Según la CEPAL, la menor demanda de importaciones en China y el resto de los países de Asia, debido a la agudización de la crisis del euro, repercutirá en un bajo incremento de las ventas latinoamericanas a la región asiática y consecuentemente, disminuirían los precios de los principales productos básicos de la región (cobre, hierro y harina de pescado, entre otros) en los próximos años.

Ambos escenarios de la eurozona apuntarían a una reducción importante en la demanda global para las exportaciones latinoamericanas y un aplanamiento en los términos de intercambio.3 Este desmoronamiento revertiría el crecimiento del último quinquenio —antes del estallido de la crisis—, el cual se apoyó en una significativa mejora de los términos de intercambio (33 % en comparación con el promedio de la década precedente). Esa coyuntura permitió incluso alcanzar volúmenes de exportación superiores a la deuda externa en 2006 y 2007.

3 Desde el segundo semestre de 2011 el comercio exterior de la región ha experimentado una marcada desaceleración influida fundamentalmente por la recesión en la zona del euro. Entre enero y junio de 2012 las exportaciones dirigidas a la UE cayeron 5 % con respecto a igual período de 2011 (CEPAL, 2012a).

Este cambio de tendencia afectaría las balanzas comerciales y los presupuestos públicos. El crecimiento consecutivo a 5,5 % anual desde 2003 ha quedado atrás. El crecimiento del PIB en 2009 cayó -1,7 % y creció 4,3 % 2010, en 2011 se desaceleró a 3,3 % y en 2012 fue de 3,1 % (CEPAL, 2009a y CEPAL, 2012b).

Al mismo tiempo, se desataría un enorme caos financiero internacional que congelaría los mercados de crédito mundiales y generaría una huida hacia el dólar, que podría ser muy desestabilizadora para aquellos países latinoamericanos que han acumulado déficit por cuenta corriente y burbujas de activos en los últimos años por las masivas entradas de capital producidas por el exceso de liquidez global. Sin embargo, algunos intelectuales, entre ellos Romero (2013), consideran que tiene que reconocerse el “poder compensador”, de la solidez de los sistemas financieros, de los equilibrios o el mejoramiento de los balances fiscales, del incremento de las reservas internacionales, y de la caída de los indicadores respecto al peso del endeudamiento externo que se observan en diferentes países latinoamericanos. Estos elementos contribuirían a soportar tal escenario catastrofista.

Además, la región contaría con un menor margen de maniobra para las políticas contracíclicas comparado con 2009. En cualesquiera de estos dos escenarios —sobre todo del segundo de los diseñados—, las economías latinoamericanas podrían experimentar un reforzamiento del proceso de descapitalización: desaparición de los excedentes comerciales y sustantiva disminución de las inversiones extranjeras, préstamos y remesas; todo ello acompañado del incremento de la deuda externa.

En especial, cabe considerar que el intercambio potencial que ofrece la Unión Europea a la región latinoamericana, a largo plazo, en comparación con otros socios comerciales más dinámicos —tal es el caso de China, con independencia de las conjeturas en contra del tipo de relación que brinda a Latinoamérica— en términos de volumen o de precios será mucho menor.

Tomando en cuenta la irreversible emergencia de China y su posible destino como potencia a nivel mundial, sería recomendable, estratégicamente, mantener una cierta diversificación mediante una política específica hacia la UE.

China desplazará a la UE como segundo mercado de destino de las exportaciones de la región para 2020, según estimaciones de la CEPAL,4 lo cual pudiera estimular el crecimiento económico de la región a corto plazo frente a la posibilidad de una década perdida en el crecimiento económico europeo.

4 Para 2020 China aumentará de forma importante su posición relativa como destino de las exportaciones regionales (CEPAL, 2010).

La única forma de acercamiento posible a la UE, si lejanamente existiera alguna, sería a través de utilizar a la UE como parte de una estrategia de progreso en las cadenas globales de valor, especialmente en el componente de cooperación de los acuerdos de asociación, los cuales ofrecen alternativas de progreso cualitativo para las empresas industriales de la región. Además permitiría, a corto plazo, una diversificación de activos y pasivos y una variante adicional para reconfigurar los sistemas cambiarios latinoamericanos, frente a la dolarización y sus nocivas consecuencias. En este sentido, se favorecerían los países latinoamericanos que han firmado acuerdos de asociación con la UE, mencionados con anterioridad. Pero, es necesario que la gran variedad de medidas para el tratamiento de asimetrías entre ambas regiones y entre países latinoamericanos, que incorporan los acuerdos de asociación, se hayan aplicado antes.5 Se conoce que las asimetrías constituyen el gran obstáculo que no deja avanzar la asociación birregional entre el Mercosur y la UE.

5 Para la transición a la liberalización eficaz del comercio son necesarias medidas de compensación tales como: promoción de exportación y diversificación o estrategias de penetración en mercados para el sector privado, desarrollo de reglas de origen, compensación de ingresos fiscales y estabilización de ingresos. En el caso de región a región son necesarias las medidas de armonización aduanera y de sistemas multilaterales de pagos. El efecto positivo de esas medidas de aspecto comercial se asegura con otras medidas de compensación tales como: prevención de pérdida de empleo y mejora de su calidad, fomento de sectores con potencial de crecimiento, mejora de competitividad en los puestos de trabajo, entre otras (Lazdauskaitė, 2012).

No obstante, algunos académicos consideran que a pesar de las dificultades por las que atraviesa la UE, existen nichos que permiten avanzar en la búsqueda de consensos y sinergias con América Latina, por ejemplo, el de las inversiones para la sostenibilidad social y ambiental ya que el bloque europeo es el que genera la mayor cantidad de patentes en tecnologías medioambientales a nivel mundial, y América Latina es una región que necesita preservar su ecosistema al tiempo que aprovecha su riqueza en biodiversidad (Quenán, 2012).

Por otra parte, la región de América Latina, cuya estructura de exportación está excesivamente centrada en los productos básicos, apenas ha comenzado a revertir su tendencia de decadencia económica de medio siglo atrás. En estos escenarios, el mercado europeo quedaría como trampolín potencial, tanto para mejorar la inserción internacional de América Latina y desarrollar productos y servicios competitivos hacia el mundo, como para evitar una excesiva dependencia de las nuevas potencias emergentes.

Desde otro ángulo, al acelerarse la necesidad de liquidez en las economías centrales de la zona del euro provocaría fuertes sustracciones de fondos. Especialmente, los bancos extranjeros europeos transferirían recursos desde América Latina hacia sus casas matrices. Estas repatriaciones ya afectan a un cuarto del total de recursos manejados por esas entidades en las economías emergentes latinoamericanas (Katz, 2009).

También, los segmentos internacionalizados de las finanzas regionales serían vulnerables al desplome global que ocasionaría una agudización de la crisis de endeudamiento soberano europeo. Algunos fondos privados de pensiones —enlazados al vaivén especulativo mundial— acumulan pérdidas que amenazan su supervivencia (especialmente en Chile) (Katz, 2009).

No obstante, en ambos escenarios está latente el riesgo de disminución de los presupuestos para la cooperación europea hacia Latinoamérica dado el incremento de los programas de austeridad a nivel europeo.

En el ámbito de las inversiones extranjeras directas, se observaría una tendencia hacia una mayor disminución del papel europeo. En el campo financiero y monetario, queda claro que a pesar de la crisis del euro —a no ser que se destruya la zona totalmente—, esta divisa internacional seguirá como uno de los polos importantes para organizar un mecanismo de cooperación monetaria más balanceado, lo que ofrece a América Latina la posibilidad de contar con una alternativa al dólar estadounidense, en un momento en que China está todavía lejos de proveer al mundo con una divisa convertible.

No es ocioso recordar que el recrudecimiento de la crisis del euro no amplía necesariamente los márgenes de acción de América Latina. La crisis de los setenta demostró que puede suceder lo contrario.6 En aquel entonces en la región se dibujaba un panorama alentador que de manera abrupta fue clausurado en los ochenta con la ofensiva neoliberal. La región padeció el brusco aumento de su endeudamiento externo —y en lugar de un desahogo post-30— unido a un desplome equivalente a la gran depresión. El breve alivio de las desigualdades internacionales quedó sustituido por una nueva etapa de polarización global, que perduró hasta el fin del siglo xx.

6 Esa conmoción empalmó inicialmente con un marco favorable para el Tercer Mundo. La derrota de Vietnam había recortado la capacidad de intervención estadounidense y el encarecimiento de las materias primas mejoraba los ingresos de la periferia, en el novedoso marco que rodeaba a la OPEP. Los países No Alineados proponían el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, promovía estabilidad de precios para las materias primas, mayor acceso a los mercados desarrollados, transferencias de recursos al sur y participación de la periferia en las decisiones de la ONU.

Efectos del escenario de fortalecimiento y continuidad del euro para América Latina

En el escenario más favorable para la zona euro —el tercero de los diseñados— es fácil prever el debilitamiento de la divisa y las economías europeas, lo cual potenciaría la “acumulación por desposesión” del capital europeo en América Latina y el Caribe a través de varios procesos: el deterioro de los términos de intercambio, la volatilidad de los tipos de cambio y la disminución de las reservas monetarias. Ya se observan algunas de estas manifestaciones en la región.

Desde este prisma se considera que la crisis del euro, en tanto expresión del agotamiento del patrón de acumulación neoliberal, reforzaría la necesidad del capital europeo de afianzar sus intereses en el resto del mundo, y en ello América Latina ocupa un lugar nada despreciable. Esta situación parecería erigirse en una fuente de crecientes conflictos en los vínculos birregionales, en la medida en que la región latinoamericana podría ser objeto de fuerte sometimiento. Este elemento es esencial para comprender la necesidad de potenciar estrategias de desarrollo e integración regional autónomas.

La nacionalización de los recursos naturales estratégicos, como el petróleo, gas y los mineros protegería a la región del temblor europeo, un camino que inició Venezuela y Bolivia. En plena caída de los precios de las materias primas los recursos para tales nacionalizaciones deben ser los adecuados y devolver lo que realmente sea legítimo.7

7 Las nacionalizaciones se adoptan con muchas vacilaciones y recurriendo a erróneos pagos de indemnizaciones. La compra de acciones de la siderúrgica Sidor —perteneciente al grupo argentino Techint— en Venezuela por 1 650 millones de dólares es un ejemplo de estos desaciertos. Actuando como representante directo de los capitalistas, el gobierno de Cristina Kirchner presionó por acelerar esos pagos.

Además, en la medida en que la Unión Europea se encuentra enfrascada en el rescate de su proyecto de integración y del euro, ante los países latinoamericanos aparece la posibilidad de pensar y avanzar en su integración monetario-financiera, sin el peso que significa combatir las contrapropuestas provenientes del Atlántico norte, como tradicionalmente ha tenido que hacer.

Para la UE resultaría muy difícil impulsar una asociación estratégica con América Latina cuando tiene poco o nada seductor que ofrecer: ni mercado seguro para los bienes y servicios latinoamericanos, ni moneda estable para amortiguar los problemas de la dolarización presentes en América Latina.

Esa posibilidad latinoamericana se expresa en la existencia de proyectos como el sistema de pagos en monedas locales entre Argentina y Brasil, el Banco del Sur,8 el sistema único de compensación regional (SUCRE),9 y el Banco del ALBA, entre otras iniciativas (Estay, 2012).

8 En el Banco del Sur participan Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Ecuador.

9 Los países del ALBA para apoyar este sistema han creado un Consejo Monetario Regional, que administrará tres estructuras: la moneda virtual sucre, la Cámara de Compensación de Pagos entre los bancos centrales y un Fondo de Reservas y Convergencia Comercial. Además de los Bancos Centrales, el Banco del ALBA también participará activamente en ese proceso.

En particular, los países integrantes de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA) acordaron en noviembre de 2008 adoptar el sucre como unidad monetaria para el comercio entre los miembros. Inicialmente circulará de manera virtual, y solo será utilizado por los bancos centrales como forma de contabilizar el intercambio comercial. El sucre, será una alternativa a la utilización del dólar y al euro (Severo, 2011).

Al facilitar el comercio regional sin obligatoriedad de utilización del dólar, el sucre tendrá un papel de estimulador del comercio entre los países de la ALBA. Durante 2010 se realizaron con la nueva moneda seis transacciones de aproximadamente 10 millones de sucres, en 2011 ya había alcanzado 431 transacciones por 216 millones de sucres y hasta septiembre de 2012 se habían realizado 628 transacciones por 280 millones de sucres (Estay, 2012 y www.alba-tcp.org).

Los pasos dados en la región latinoamericana en busca de una salida antineoliberal permiten prever que ante el mejor escenario para el euro, América Latina debería fortalecer las iniciativas monetarias y financieras regionales autónomas. Se trata de recuperar la autonomía frente a la globalización para determinar los aspectos sobre los cuales se mantendrán conexiones globales, y aquellos en los cuales ocurrirá una desconexión.10

10 Esta desconexión en parte se asemeja a la idea de la desglobalización propuesta por Samir Amin (1988), pero con diferencias sustanciales, donde la premisa de una alternativa al sistema monetario internacional actual necesariamente debe incorporar una dimensión regional.

Aunque existe consenso en que la región de América Latina se encuentra en una etapa muy singular de su historia,11 el reto fundamental del área está en fortalecer la voluntad política para lograr avances con respecto a las nuevas iniciativas y que estas se reviertan en el desarrollo económico y social latinoamericano.

11 Desde inicios de la década de 2000 la región cuenta con expectativas notables de cambio en materia de economía y política y la acción antineoliberal confluye, ampliamente, con numerosas demandas antiimperialistas (Gambina, 2007 y Katz, 2007).

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Datos de la Autora

Jourdy Victoria James Heredia, doctora en Ciencias Económicas, Universidad de La Habana, 2013 y Universidad de Santiago de Compostela, 2014; máster en Economía internacional, ٢٠٠٣ y licenciada en Economía del Comercio Exterior, 1985. Profesora e investigadora titular. Ha publicado como coautora, entre otros, en los siguientes títulos: Crisis económica y financiera global. Interpretaciones e impactos; Dólar y hegemonía. ¿Un orden monetario en el siglo XXI?; Libre comercio y subdesarrollo; La economía mundial en los últimos 20 años; Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2011, 2010, 2006 y 2002, respectivamente; Tendencias actuales de la economía mundial, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2009; ALCA. Proyecto neoliberal de anexión, Editora Política, La Habana, 2005. Coautora además, de la Investigación sobre Desarrollo Humano y Equidad en Cuba, 1999 y 1996 realizadas por el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La Habana (Premio anual al Mejor Resultado en Ciencias Económicas de la Academia de Ciencias de Cuba, 2000 y 1997) y de la Investigación sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo Humano en Cuba, 2003, realizado por el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La Habana, 2004. Ha publicado en numerosas revistas nacionales y extranjeras, participado en eventos científicos, talleres, cursos y otros, relacionados con la actividad científica y docente.