Título original: La Crise Catalane. Une opportunité pour l’Europe.

© 2018, Lannoo Publishers (de la versión original)

Primera edición en lengua castellana: diciembre de 2018

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CARLES PUIGDEMONT

LA CRISIS
CATALANA

UNA OPORTUNIDAD PARA EUROPA
Conversaciones con Olivier Mouton

Prólogo a la edición en castellano

La crisis política entre Cataluña y España ha generado muchas preguntas en la sociedad europea que asiste, entre atónita y expectante, a los diferentes capítulos que le ofrece. La percepción de que se trata de un asunto doméstico, interno, que solo incumbe a los españoles, ya no se sostiene y crece, por el contrario, la sensación de que lo que pase en Cataluña afectará a Europa; que la batalla por los derechos fundamentales no es nunca algo doméstico sino que concierne a todos los europeos. Las crisis democráticas en Polonia y en Hungría, y los riesgos que emergen en Italia, afectan al conjunto de Europa del mismo modo que lo que ocurra en ese rincón del noreste de la Península también lo hará.

El libro pretende responder a algunas de aquellas preguntas. Es una respuesta de parte interesada y, por tanto, discutible. Nadie puede pretender tener todas las repuestas ni tener toda la razón. Pero son respuestas necesarias para una comprensión del problema, para poder tener una mirada mucho más completa y rigurosa de un conflicto que va a durar, que va a conocer otros episodios y que no va a acabar hasta que el estatus político de Cataluña sea el resultado de la voluntad de sus ciudadanos. El libro es una aportación para completar ante el lector europeo un retrato muy desigual de lo que nos ocurre; un retrato muy descompensado por los efectos de la poderosa maquinaria de propaganda del Estado.

En España, los efectos de esa propaganda no solo son muy visibles y acentuados, sino que consiguen crear en buena parte del imaginario colectivo la peor de las percepciones sobre todos nosotros y lo que representamos. En esas condiciones es muy difícil construir nada. Es muy difícil que se pueda avanzar desde la negación del otro, o desde la demonización y deshumanización del otro. Ese es uno de los propósitos de la burbuja de intoxicación que cubre gran parte de España: evitar a toda costa cualquier riesgo de empatía con la Cataluña que quiere resolver el conflicto votando, con la Cataluña que considera una inmoralidad y una violación de los derechos fundamentales que gente claramente demócrata y pacífica sea privada de libertad de forma preventiva desde hace ya más de un año por un sistema judicial que obedece a los criterios de la política de Estado. La idea de que con esa Cataluña no hay nada que hablar resume bastante bien lo que trato de describir. Nada de qué hablar y mucho que reprimir.

Sin embargo, creo que esa Cataluña, que esos catalanes y catalanas nos hemos ganado el derecho como mínimo a ser escuchados. ¿De verdad que a nadie le preocupa cuáles son las razones que nos han llevado a más de dos millones de ciudadanos a querer darnos de baja de España? ¿Nadie se cuestiona que todo eso es mucho más complejo que simplemente el resultado de una manipulación, un adoctrinamiento, una locura…? ¿Nadie se pregunta por qué una sociedad como la catalana lleva ocho años recorriendo el camino de la autodeterminación, pidiendo de forma masiva y pacífica poder votar, y a pesar de los palos y la represión sigue ahí, pidiendo lo mismo?

Tratar de explicar la crisis catalana con argumentos simples es muy irresponsable, además de impropio de una sociedad democráticamente madura. Hay que ir más allá de la propaganda, de la unidad de criterio en lo editorial, de los mantras salidos de las factorías narrativas de los grandes partidos españoles. Dedicar un esfuerzo de comprensión ante una crisis constitucional y política de esa trascendencia es lo mínimo que se debe exigir a quien quiera aproximarse con honestidad al problema.

Este libro quiere contribuir a ello. Mi deseo no es convencer a nadie, sino ayudar a comprender mejor. Prescindir de los argumentos de una parte solo porque no nos gusta su posición política es poco recomendable y, lo reitero, alejado de los estándares democráticos europeos.

Aurora Bertrana, una escritora nacida en Girona, mujer de letras, de música y de compromiso democrático, dejó escrita una frase en un artículo sobre el amor libre publicado en 1934 en La Humanitat, que me sirve para pedir un deseo final: «No em condemneu sense llegir-me» (no me condenéis sin antes leerme).

Carles Puigdemont

Waterloo, noviembre de 2018

Introducción

Desde hace algún tiempo, y en especial durante este último año, la situación en Cataluña se ha convertido en tema periodístico de interés mundial, de tal modo que ha atraído la atención de muchas personas que quizá antes no habrían acertado a situar este país en el mapa. En muchos hogares del mundo se ha cobrado conciencia de la lucha de Cataluña por constituirse en una república independiente radicalmente democrática, así como de la brutal represión que ha sufrido a manos de un Estado con una tradición democrática inferior a la de los grandes Estados de la Unión Europea.

Pero los hechos no son fáciles de resumir en un libro, y menos aún cuando siguen sucediéndose. En cualquier instante, la historia puede adoptar giros inesperados y modificar previsiones que, unas semanas antes, parecían seguras. Las circunstancias políticas, judiciales y personales en el momento en que comencé a hablar con el periodista Olivier Mouton, colaborador indispensable de este proyecto, y las del día en que concluimos este libro presentan diferencias significativas y notorias.[1] El Gobierno español que dirigió la brutal ofensiva contra el independentismo catalán ha sido apartado del poder por una mayoría parlamentaria articulada en torno al Partido Socialista, para la cual han sido decisivos los votos de las minorías prosoberanistas vascas y catalanas. Mariano Rajoy, ese presidente inmóvil, incapaz de actuar como demócrata y escuchar a una parte del pueblo que ya no se siente parte del país, ha abandonado la política. Miembros de mi Gobierno que entonces estaban libres y la presidenta del Parlamento catalán de la legislatura precedente han sido recluidos en centros penitenciarios en España, al igual que antes lo fueron los dos dirigentes de las mayores asociaciones civiles de Cataluña, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y dos miembros de mi Gobierno: el vicepresidente Oriol Junqueras y el conseller de Interior Joaquim Forn. Yo mismo he pasado doce días en una prisión en Alemania, en la ciudad de Neumünster, tras ser arrestado a consecuencia de una segunda euroorden. Ocurrió cuando regresaba de Finlandia a Bélgica, adonde me dirigía para ponerme a disposición de la justicia, puesto que era en Bélgica donde me había establecido y donde ya había emprendido acciones para defenderme frente a una primera orden de arresto. La secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya tomó la decisión de exiliarse en Suiza el día en que fueron arrestados los demás miembros del Gobierno. El cantante Valtònyc, condenado a más de tres años de prisión por la letra contra la monarquía española de uno de sus raps, también partió al exilio, a Bélgica, para denunciar el alarmante ataque contra los derechos fundamentales que está teniendo lugar en España. Mientras tanto, el proceso judicial español avanza al mismo ritmo que los fracasos que cosecha en Europa, pues en ninguno de los cuatro países europeos a los que se ha extendido el conflicto (Bélgica, Alemania, Escocia y Suiza) la estrategia judicial española ha obtenido un resultado positivo respecto de la principal acusación formulada en mi contra: la de rebelión. La opinión pública europea, en particular la de los países donde las ocho personas en el exilio nos hemos instalado, ha descubierto una realidad que ignoraba o que se le había explicado con estereotipos que impedían el conocimiento exacto y riguroso de lo que estaba sucediendo.

Hoy, una parte de la opinión pública se pregunta cómo es posible que los miembros de un Gobierno democráticamente elegido se hallen en prisión o en un exilio forzoso por haber organizado un referéndum de autodeterminación, en cumplimiento de lo acordado por una mayoría parlamentaria nacida de unas elecciones y con una altísima participación. Y se pregunta también cómo es posible que ese referéndum no haya podido negociarse antes, o incluso ahora, para hacer factible lo que debería ser una obviedad en democracia: que un pueblo pueda decidir de forma democrática su destino.

El itinerario geográfico y los cambios de contexto que han acompañado la elaboración de este libro ayudan a comprender su dimensión. Mis primeras entrevistas con Olivier Mouton tuvieron lugar en los pequeños apartamentos de Waterloo donde residí tras haber pasado unas semanas determinantes en un apartahotel de Lovaina. Nuestras conversaciones continuaron en la casa de Waterloo en la que hemos instalado el cuartel general del Consejo para la República; prosiguieron en un hotel de Berlín, poco después de haber abandonado la prisión de Neumünster, y ahora reviso y termino este libro en un magnífico pueblo del land de Schleswig-Holstein, en el momento del año en que las cerezas están maduras y el trigo pinta los inmensos campos de un tono dorado.

Debo decir que a los catalanes nos resulta francamente difícil hacernos entender de una manera simple, rápida y eficaz. Sin embargo, tenemos el deber de explicarnos y de dirigirnos a los ciudadanos europeos para proporcionarles un relato del conflicto que vivimos, más allá de las informaciones caricaturescas y de la propaganda, de las noticias falsas, de la desinformación y del ruido de las redes sociales. Un relato que, sin pretender ser el único, es necesario para que el ciudadano europeo, atónito ante los acontecimientos ocurridos desde el 1 de octubre de 2017 hasta hoy, tenga elementos de primera mano que le permitan comprender mejor una crisis que también le afecta directamente. De ese modo, tendrá ocasión de contrastar estos elementos con los provenientes de los medios contrarios a la independencia o incluso los que proceden de la diplomacia española, lo que le ayudará a entender la situación y a adoptar una posición bien fundada.

Esta situación afecta a los ciudadanos europeos porque la crisis catalana es una crisis de Europa, no solo una crisis interna española. Y les afecta de forma especial porque esta crisis pone a prueba la capacidad de la Unión Europea para situar los intereses de la ciudadanía por encima de los intereses de algunos Estados. Constituye una clara oportunidad para reforzar —o, por el contrario, debilitar— el compromiso europeo con los derechos y libertades fundamentales. De hecho, la crisis catalana le brinda a Europa la oportunidad de demostrar que los derechos humanos son su principal fortaleza frente a los autoritarismos que se apoderan de otras regiones del mundo, territorios que temen a Europa cuando esta se erige en activa defensora de los derechos humanos, como Rusia, China o Estados Unidos. Creo que hoy, para muchos europeos, cualquier retroceso de los derechos y libertades que se produzca dentro de la Unión constituye una dolorosa ofensa. No queremos que eso suceda, no nos representa. Tanto da que ocurra en Hungría, en Polonia o en España: cuando la libertad de expresión está bajo amenaza o la independencia de la justicia no está garantizada en cualquier territorio de la Unión, todos los ciudadanos europeos sufren las consecuencias de esa deriva. Todos nos sentimos amenazados ante tal regresión, hasta el punto de que algunos deciden movilizarse y salir a la calle para defender los valores europeos.

Eso es lo que hicimos en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Cuando protegimos las urnas con nuestro cuerpo y sufrimos una represión policial y judicial de gran violencia y dureza, teníamos plena conciencia de estar obrando dentro del marco de los derechos fundamentales europeos, con el convencimiento de que la Europa en la que queremos vivir, la Europa que queremos ayudar a construir, está mejor representada por ciudadanos que protegen unas urnas que por un Estado que envía a la policía para reprimirlos con aquella violencia extrema que quedará para siempre en nuestra memoria. Por ello reivindicamos que nuestro caso es, insisto, un asunto europeo, y no una cuestión interna de un determinado Estado. No queremos separar nuestro destino del de Europa. No queremos renunciar a poner la revolución catalana, pacífica, pacifista y radicalmente democrática, al servicio de un debate cuyo propósito es mejorar Europa.

Por todas esas razones que acabo de señalar, siento la necesidad y el deber de explicarme con nuestros conciudadanos europeos, de responder a las preguntas que esta crisis ha suscitado y de aclarar las dudas que un conflicto de esta envergadura siempre termina por engendrar.

En esta crisis, yo personalmente he tenido que desempeñar un papel que nunca habría imaginado. Mi vida ha cambiado por completo, casi de la noche a la mañana. Se ha vuelto complicada, y se ha visto expuesta de un modo para el que creo que nadie está nunca preparado. Por lo menos, nadie que no lo haya buscado de forma voluntaria. Una combinación de circunstancias y decisiones me han golpeado con intensidad atroz. En poco tiempo, he sido proyectado casi desde el anonimato de una vida en la Cataluña interior (donde todos nos conocemos y nos damos los «buenos días» y las «gracias» como ya hemos olvidado hacerlo en demasiadas grandes ciudades del mundo) a los telediarios y las páginas de los medios de comunicación de todo el mundo. He visto cómo mi apellido, que la mayoría de políticos y periodistas españoles consideran impronunciable, era articulado con una dicción más que correcta por comentaristas de radios y televisiones internacionales. Y, durante estos meses, he tenido que aprender a vivir con tal nivel de publicidad que apenas me ha dejado margen para la imprescindible invisibilidad, saludable y reparadora.

Así que no creo que me esté engañando a mí mismo cuando digo que los acontecimientos no se han desarrollado, en el aspecto personal y vital, como yo habría deseado. De hecho, algunos han ido en una dirección claramente contraria. Tenía previsto abandonar la política después de haber sido presidente de la Generalitat: no es eso lo que ha sucedido. Soñaba con vivir discretamente la última parte de mi vida activa, aquella en la que sentimos que somos más o menos como siempre, aunque ya vamos pensando más en el final que en el principio. Resulta más que evidente que eso tampoco ha ocurrido.

En cualquier caso, sigo reconociéndome a mí mismo, y puedo mirarme al espejo. No sé cómo explicar quién soy, y me cuesta mucho entrar en el terreno biográfico si no es en un plano íntimo. Aun así, durante todo este periodo muchas veces me he visto obligado a rememorar mi vida y a hablar de ella. Por un lado, porque era un perfecto desconocido y existía un interés objetivo por revelar elementos biográficos que ayudaran a comprender al personaje. Sabemos que esa es una de las finalidades del periodismo, tratar de satisfacer un interés dentro de los límites de la ética y la deontología profesional. Por otro lado, porque sigue habiendo una tendencia a desacreditar fenómenos como el de la gran movilización catalana como si fueran resultado de la actuación de un líder al que, por misteriosas razones, se le atribuye el deber histórico de conducir a un pueblo a su destino. Me refiero a la voluntad de hacer entrar la revolución catalana, que no tiene nada de clásica ni de antigua, en el molde de un mesianismo clásico y antiguo. Así, todo resulta fácil de explicar… y de combatir: si cae el líder, cae la revolución. Encarcelando a los líderes, el proceso de independencia queda encarcelado.

Esta idea, además de ser falsa, es ultrajante para una nación que ha sabido sobrevivir y superar toda clase de amenazas y ataques no por obra de ningún líder, sino por una actitud de responsabilidad cívica y de solidaridad popular que se ha ido fortaleciendo generación tras generación. La lengua, la cultura y las instituciones siempre han encontrado amparo en una población que las ha preservado cuando determinados Estados —el español o el francés— han ordenado perseguirlas y prohibirlas. Ha sido esa actitud, y no la lealtad a un líder, la que nos ha conducido hasta aquí, la que explica las colosales manifestaciones pacíficas celebradas cada 11 de septiembre desde 2012, y también la que hizo posible la victoria del 1 de octubre. Y será, asimismo, la que nos permitirá enfrentarnos a las dificultades que todavía nos aguardan. Francesc Pujols, filósofo y escritor catalán que reivindicaba la arquitectura de Gaudí y que fascinaba a Salvador Dalí, definió hace tiempo esa actitud con una frase que se ha hecho célebre: «El pensamiento catalán rebrota siempre y sobrevive a sus ilusos enterradores».

A veces se ha dicho que cada catalán lleva dentro un anarquista. Lo cierto es que hemos tenido que desarrollarnos cultural, económica y socialmente al margen, y a menudo en contra, de la acción de un Estado centralista, uniformizador y autoritario. La abolición total de las constituciones y las instituciones catalanas a partir de 1714, tras la derrota en la Guerra de Sucesión a la corona española, provocó una desafección general y el desinterés de los catalanes por el gobierno y la participación en el Estado. Así, por ejemplo, según un estudio del Instituto Español de Estudios Estratégicos y el Ministerio de Defensa de septiembre de 2013, solo el 25,8% de los catalanes alentarían a sus hijos a ser militares, un porcentaje mucho menor que el de Madrid (49,1%), Valencia (53,4%), Andalucía (58,6%), Aragón (66,1%) o Murcia (70,5%).

Yo me incluyo en esa realidad, al igual que otros millones de personas. Y aunque nos hayamos movilizado para darnos un Estado independiente, rompiendo por así decirlo con esa tradición histórica, no tenemos el más mínimo interés por reproducir un Estado que actúe como España y se organice como ella, con la sola diferencia del tamaño y el nombre. Para eso nunca existirá una mayoría social republicana en Cataluña. El Estado que queremos construir bebe de esa tradición y mira hacia un porvenir en el que los Estados tradicionales estarán obligados a evolucionar. Queremos dotarnos de un Estado catalán para liberarnos del peso y de la ineficacia de un Estado obsoleto. Somos millones los que lo queremos.

Yo soy uno más entre ellos, alguien a quien las circunstancias condujeron a asumir la responsabilidad de la presidencia del Gobierno en la transición de la autonomía a la declaración de independencia.

[1] De hecho, en el momento de la publicación de esta traducción, ya se han producido cambios con respecto a algunos de los acontecimientos que se mencionan en el libro. Pero se ha preferido mantener la perspectiva temporal del original, sin ulteriores explicitaciones en nota. (N. del T.)

1
«De niño no podía llamarme Carles»

Las raíces de mi voluntad
de independencia

La idea de independencia es natural para mí. Soy catalán porque me siento catalán. No es que yo decidiera un día que quería ser así. La cuestión de la catalanidad siempre ha estado presente en nuestra familia, como en muchas otras familias de Cataluña. Mi madre se acuerda de que cuando era pequeña, en Barcelona, si hablaba catalán le contestaban: «¡Hable usted en cristiano o haga el favor de callarse!». Hablar catalán en público estaba prohibido y ella no comprendía por qué. El 28 de julio de 1940, el gobernador civil de Barcelona aprobó un decreto para conseguir «el restablecimiento del uso exclusivo de la lengua nacional en todos los actos y relaciones de la vida pública en esta provincia». No fue sino una de las numerosas medidas oficiales contra la lengua catalana decretadas por las autoridades fascistas.

Yo no estudié en catalán. Hablaba catalán en casa y con mis amigos en la calle, pero durante la época de Franco estaba prohibido utilizarlo en la escuela, en las relaciones con la administración, en los medios de comunicación, en los acontecimientos públicos… No sabía escribirlo y no había casi nada que leer en catalán. Para nosotros, el español era la lengua de la autoridad. No lamento hablar español; al contrario, me gusta mucho su literatura y lo escribo sin ningún problema. Pero éramos literalmente analfabetos en nuestra propia lengua, y hace trescientos años que esto dura. Nos prohibieron hablar catalán en las administraciones, en la justicia y en los comercios, y aún queda algo de aquello: un juez que venga a trabajar a Cataluña no está obligado a saber catalán. Y eso no es normal, porque induce la autocensura en nuestra propia lengua, por temor a ser juzgados de modo diferente si hablamos en catalán.

En mi familia hablamos de política desde hace mucho. Mi bisabuelo fue alcalde a comienzos del siglo xx. Mis dos abuelos vivieron la Guerra Civil: uno pertenecía a la derecha católica catalanista y apoyó, sin entrar en acción, el bando de Franco; y el otro tuvo que exiliarse a Francia tras la caída de Barcelona, porque permaneció leal a la república. Pasó por diferentes campos de internamiento, y sus últimas cartas a la familia son de 1943. Después, el silencio y la desaparición. En 1979, mi tío fue el primer alcalde demócrata elegido en mi pueblo, Amer, tras la muerte de Franco en 1975. Todos los lunes había un debate en el comedor de casa, y en él participaban curas comprometidos, porque la Iglesia catalana tuvo un papel importante en la restauración de la democracia y la lucha antifranquista. Allí se discutía la situación y se evocaba el regreso del presidente catalán en el exilio. Yo escuchaba. No sabía casi nada de Cataluña ni de su historia. En la escuela se hablaba de ella como parte de España y punto. Yo ni siquiera sabía que tuviéramos un presidente en el exilio. Mi conciencia política se desarrolló en aquella época. Entonces estaba en un internado, en las montañas. Por las noches estábamos solos y discutíamos mucho sobre lo que iba a pasar. Eran las primeras inquietudes.

A partir de la muerte de Franco, empieza a producirse una liberalización de la expresión, de las publicaciones, de las conferencias y de los artículos en la prensa. Se abre una ventana y descubrimos muchas cosas que antes nos habían ocultado. De ese periodo posfranquista, en Europa se recuerda sobre todo la movida, esa gran corriente de liberación cultural que se hace posible gracias a la transición democrática española, aunque su foco principal es Madrid. En Cataluña se siente más la necesidad de recuperar la autonomía, de conocer nuestra historia, nuestra lengua, nuestra cultura. En aquella época me doy cuenta de que si habíamos sido un Estado durante tantos años, con sus constituciones e instituciones hasta que trescientos años atrás perdiéramos la Guerra de Sucesión a la corona española, entonces sería perfectamente posible volver a pensar en ello. Se trata, a mi juicio, de una aspiración democrática. ¿Sin ponerse ningún límite? No. Los límites son los que marca la decisión democrática. Durante toda aquella época, nos planteábamos muchas preguntas al respecto de qué es la democracia. Literalmente, tuvimos que educarnos en esa cultura política, nueva para nosotros debido a la camisa de fuerza franquista que había mantenido al país adormecido durante tantos años. En aquel momento, en plena adolescencia, es cuando tomo conciencia de que soy una persona no violenta, pacifista, ecologista, antirracista. Admiro la causa de Martin Luther King, deseo convertir la democracia en mi lucha, pero sin utilizar nunca las armas, sin jamás imponer nada a otros por la fuerza. Mi generación está convencida de que es necesario que todos nos entendamos, desde los comunistas hasta los más conservadores. Y yo aspiro a que se me reconozca como independentista, con derecho a defender la independencia como los demás tienen derecho a defender sus convicciones ideológicas.

En 1983, me afilio a un partido que no es, hablando en propiedad, independentista: Convergència Democràtica de Catalunya. Es el partido de Jordi Pujol y lo que reclama es más autonomía. Soy consciente de que es necesario un tiempo para convencer a los catalanes de la utilidad de esa independencia. La construcción de un país debe ser resultado de ese esfuerzo y de la voluntad de una mayoría de ciudadanos. En esa época, acepto que todavía hay una mayoría contraria a la independencia. Mi verdadera vocación, sin embargo, es el periodismo. Había empezado a escribir en la prensa a los dieciséis años, pero ya antes era un apasionado de la profesión y cuando estaba en casa leía el periódico todos los días. Estoy convencido de que la mejor manera de contribuir a una sociedad democrática consiste en practicar la libertad de expresión e información ejerciendo mi oficio. Es la mayor garantía posible para contribuir a ese objetivo. Mi propósito, además, es ofrecer una mirada catalana sobre nuestra sociedad, ausente durante todo el periodo franquista. Hasta la creación de El Punt el 24 de febrero de 1979, en Girona solo existía un periódico, que entonces pertenecía a la cadena de información del Movimiento Nacional de Franco, el partido único del régimen. Al crear El Punt, sus impulsores hicieron por fin posible en Girona lo que había estado prohibido en los tiempos franquistas: un periódico catalán, escrito en catalán y con un punto de vista editorial independiente para contar historias de Cataluña, sin apriorismos centralistas ni sometidos al poder. La creación de esta cooperativa fue posible gracias al respaldo de donaciones de crowdfunding, hasta que un empresario la profesionalizó. Se trataba, en definitiva, de hablar de nosotros, y no de todo lo que la prensa oficial había estado contando durante cuarenta años. Una verdadera libertad. Esta dinámica había empezado en Barcelona con el diario Avui, y después se reprodujo en cada región de Cataluña. En Girona, esa tarea nos correspondió a nosotros. La libre expresión se hizo posible, por fin, tras la muerte de Franco. Tuvimos que esperar un largo tiempo para llegar a ese momento de libertad.

Cuando nací, mis padres no pudieron inscribirme en el registro municipal con el nombre que ellos querían: Carles. Tuvieron que llamarme oficialmente Carlos, en español. Solo después de morir el dictador fue haciéndose posible, poco a poco hasta la ley de 1983, la normalización pública del catalán. Mis padres pudieron entonces cambiarme el nombre en la administración. Nuestra vida cambió. Aquella libertad de pensamiento supuso un gran descubrimiento para mí. ¿Qué nos impedía pensar en una Cataluña independiente que fuera resultado de un proceso pacífico? ¿Por qué no construirla poco a poco, introduciéndola en el imaginario colectivo como algo posible y deseable? Políticamente, siempre he trabajado con partidos que aceptaban una Cataluña dentro de una España democrática y descentralizada, asumiendo que eso podría hacerme cambiar de opinión. En el plano intelectual, todavía estoy convencido de que puede ser así. Pero más de cuarenta años después de la muerte de Franco, la experiencia, lamentablemente, nos proporciona suficientes argumentos para afirmar que durante todos estos años esa relación no ha sido posible. A mi juicio, la independencia permitiría poner fin a todos los problemas históricos entre nosotros y gestionar nuevos lazos fundados en la igualdad y el respeto, a partir del reconocimiento mutuo.

Durante el verano de 1991, mi convicción de que el camino hacia la independencia es factible se refuerza aún más con motivo de un viaje a Eslovenia, cuando esta antigua república yugoslava logra su independencia. Entonces despierta mi interés el llamado Movimiento de Naciones sin Estado de Europa: Flandes, Córcega, País Vasco, Escocia, Irlanda del Norte, Bretaña… Los independentistas catalanes seguimos con gran interés los acontecimientos que en ese momento se están desarrollando en el antiguo bloque del Este. Tras la caída de la Unión Soviética, se genera un importante movimiento de emancipación nacional que comienza con Lituania y los Estados bálticos. En Cataluña, tal vez no estamos aún preparados para seguir esos ejemplos, pero con ellos de repente se hacen posibles procesos independentistas susceptibles de cambiar el mapa de Europa. Yo deseo asistir en directo a aquellos movimientos históricos. Antes de que comenzara la guerra en la antigua Yugoslavia, había tenido ocasión de participar en un congreso de periodismo en lenguas minoritarias. Allí había vascos, estaba yo como catalán y una periodista eslovena que nos contó lo que podría pasar en su país. En una de nuestras conversaciones, yo le había dicho que si conseguían la independencia me gustaría hacerles una visita. Aquel deseo respondía a un interés periodístico y a mis convicciones políticas. Así pues, cuando se inicia la corta guerra de Eslovenia, a finales de junio de 1991, unos amigos y yo nos vamos en mi coche a Liubliana. Tengo ocasión de entrevistarme con miembros del primer Gobierno esloveno, quienes me explican la vía para hacer realidad sus aspiraciones. Para mí no es ninguna revelación, sino la confirmación de que es posible, aunque soy consciente de que para Cataluña es todavía demasiado pronto, porque aún no existe una mayoría política favorable para recorrer ese camino. Con todo, más que nunca, en mi interior tomo conciencia de que aquello es perfectamente factible en un futuro.

En aquel momento, en España continúa el debate sobre los modelos vasco y catalán. Desde el franquismo, una parte del movimiento independentista vasco se ha decantado hacia el terrorismo y está provocando la muerte de muchas personas. Una ínfima parte del movimiento independentista catalán parece fascinada por aquel estallido de violencia y opina que somos unos idiotas, porque nunca conseguiremos nada hablando de paz, mientras que allí sí tienen el valor de llevar a cabo una lucha armada. Yo me enfrento entonces a quienes están convencidos de que la vía violenta puede acelerar el reconocimiento de nuestras reivindicaciones. Algunos incluso están seguros de que los vascos tendrán éxito por esa vía. Yo, por el contrario, estoy convencido de que terminará mal. Además, me opongo sin rodeos a cualquier violencia, por más que simpatice con las aspiraciones del movimiento vasco y mantenga contactos con algunos independentistas vascos. Pero rechazo el terrorismo. Durante todos aquellos años, multiplico los esfuerzos en mi entorno para evitar cualquier riesgo de desestabilización en Cataluña similar al del País Vasco. El pacifismo es una convicción profundamente arraigada en mí, aunque pueda retrasar el reconocimiento de que en Cataluña existe una reivindicación independentista. En nombre de esa misma aspiración a la no violencia, el modelo yugoslavo tampoco constituye un ejemplo que pueda seguirse. En Eslovenia, mueren más de sesenta personas, por más que la guerra se termine con rapidez. Al llegar, veo las barricadas, los militares en las calles… Lo repito: soy alérgico a la utilización de las armas. Ni siquiera he hecho el servicio militar. Lo que luego sucede en la antigua Yugoslavia, en Serbia o en Bosnia es espantoso, con aquellas oleadas de depuración étnica y miles de muertos. La ausencia culpable de la Unión Europea en aquel momento crítico me hace reflexionar mucho. Es la primera ruptura con el ideal comunitario.

La vía pacífica es la única que nos podemos permitir. De ningún modo podemos acabar como en el País Vasco, con miles de víctimas de un lado y del otro, con presos, con atentados, con familias rotas… Es horrible. Nunca desearía una cosa así para mi país. Esto es coherente con mis elementos fundamentales de reflexión y mi deseo de hacer política de forma democrática. Y también hay valores cristianos básicos en esa convicción de respetar al ser humano. Digamos que me reconozco como cristiano de base. Sí, soy creyente, pero muy crítico con la Iglesia católica, porque sus actitudes la han ido alejando mucho del cristianismo con el transcurso de los siglos. El cristianismo es para mí una manera de vivir en paz con todos, partiendo siempre de la fraternidad y el respeto al otro, sea quien sea. Podemos actuar según nuestras convicciones y, al mismo tiempo, dejar que los otros actúen de acuerdo con las suyas. Y para mí es así como debería ser Europa. Es cierto que eso no ha impedido que Europa le haya mostrado al mundo la peor cara de la política, ya sea con el nazismo, el fascismo, el imperialismo o el totalitarismo estalinista. Pero ha sido precisamente en los momentos en que Europa se ha alejado de los principios fundamentales de la democracia cristiana cuando ha incurrido en los errores terribles de todos conocidos. No hace falta decir que este enfoque debe ser compatible con una concepción necesariamente laica del poder público.

El año siguiente de mi viaje a Eslovenia, en 1992, se celebran en Barcelona los Juegos Olímpicos. Este acontecimiento cambia la cara de la ciudad de forma profunda. Para ser justos en el plano histórico, debe reconocerse que los Juegos son un éxito. Pero cabría añadir algo más: las restricciones para ondear banderas catalanas durante los Juegos y la detención, absolutamente ilegal, de independentistas catalanes unos meses antes de que comenzaran. Algunos amigos míos son encarcelados y torturados. Más adelante, España será condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber llevado a cabo una investigación al respecto de esas torturas. Esta represión del movimiento independentista pretende ocultar la realidad a los periodistas. En 1992, el Estado le vende al mundo la imagen de una España moderna y abierta, y todo el mundo la compra sin cuestionarla en lo más mínimo. Debo reconocer que incluso mi partido aplaude entonces la modernización de España, pero durante ese periodo no se produce ningún cambio sustancial. No hay un cambio profundo en la manera en que se organiza el Estado, ni se da ningún paso significativo hacia un mayor respeto a las diferentes nacionalidades que cohabitan en España. El fondo de la cuestión que ocupará toda mi vida ya está entonces presente. La Constitución española habla de diferentes «nacionalidades y regiones». Esta terminología se añadió durante la negociación del nuevo texto en 1978. ¿Por qué esa distinción semántica? En aquel momento creímos que se reconocía a Cataluña como una «nacionalidad», pero los hechos han demostrado que no se la ha considerado de un modo diferente a cualquier otra región administrativa. La realidad no se ajusta a lo que nos parecía leer en los textos. Era un engaño, una suerte de espejismo. Y eso fue lo que se acabó plasmando en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 contra el Estatuto de Autonomía, que retomaremos más adelante y que nosotros consideramos un golpe de Estado. Fue aquella sentencia la que suscitó esta cuestión: ¿hemos de resignarnos a ser españoles de segunda, o debemos considerar que ha llegado el momento de pasar a la acción, aunque sea difícil, para poder ser por fin nosotros mismos?

Mi cambio de orientación hacia la política activa durante la década del 2000 fue puramente accidental. Había decidido no mostrar mi compromiso de ese modo, salvo quizá con la perspectiva de convertirme en alcalde de mi pueblo una vez jubilado, a fin de dedicar mi tiempo a los demás. Pero no quería hacer de ella una profesión. Detestaba esa idea tanto como la tendencia al sectarismo de los partidos, y la sigo detestando hoy. Aunque milite en un partido, tengo la máxima estima por la libertad de pensamiento. Para mí, la democracia consiste en eso; no es una religión. Aborrezco los dogmas, me gusta cultivar la duda y siempre estoy dispuesto a cambiar de opinión para entenderme con los demás. Así que no me veía como un buen político. Además, amaba el periodismo, era una pasión que me proporcionaba la libertad de hablar, de expresarme también de manera crítica. Me casé y conseguí una estabilidad profesional, fundé la Agència Catalana de Notícies y me sentía bien con esa actividad, por más que de vez en cuando ayudara a mi partido en cuestiones de comunicación. Pero en 2006, el candidato propuesto por mi partido para las elecciones locales de Girona —en uno de los peores momentos de mi formación política, tras haber perdido las elecciones autonómicas y haber sido desalojados del poder en muchos lugares— empieza a recibir amenazas de muerte, contra él y su familia, sin que nadie sepa la razón. Al final, renuncia a su candidatura unos meses antes de las elecciones. Su abandono causa una conmoción, y mi partido piensa entonces que no tiene nada que perder y que es el momento de asumir riesgos. Yo nunca me había presentado en ninguna lista, jamás había pedido nada y permanecía apartado de esa galaxia. Si se trataba de polemizar, me invitaban. Eso era todo. Entonces, sin que yo me lo espere, me preguntan: «¿Y por qué no tú?». ¿Cómo? ¿Yo? ¿Un tío de pelo largo al que le gusta el rock and roll y que no se viste como un político? Simplemente, yo no daba la imagen típica de mi partido. Sin embargo, en mi interior se dispara algún mecanismo. En la historia de mi partido, aquel es el peor momento, y en mi mano está hacerlo más atractivo. Respondo que sí, pero con tres condiciones: seré yo quien elabore la lista y quien decida el tono de la campaña, y la dirigiré desde un local que no será el del partido.

En la noche de las elecciones, en mayo de 2007, subimos bastante, hasta el punto de parecer posible otra coalición, sin los socialistas. Trabajamos durante varios días con ese objetivo e incluso concluimos un proyecto de acuerdo, pero este no llega a buen puerto porque los socialistas acaban concediendo a nuestros socios potenciales todo lo que piden. Pese a todo, por primera vez tenemos la sensación de que una alternativa es posible en Girona. Durante los cuatro años siguientes, remodelamos en profundidad la imagen de Convergència en Girona, tanto la manera de comunicar como las prioridades de nuestro programa. Eso hace que me convierta definitivamente en político. Para mí, la política es la capacidad de responder a los desafíos del momento, la capacidad de sostener debates. Tras el escrutinio en las municipales del 22 de mayo de 2011, el cambio se hace patente en Girona y tenemos la posibilidad de enviar a los socialistas a la oposición, después de treinta y dos años en el poder. Me convierto en alcalde, aunque me digo a mí mismo que como máximo lo seré durante ocho años, es decir, dos mandatos, tras lo cual cambiaré otra vez de medio para regresar a la comunicación, a la escritura, quizá a la literatura, porque esa es mi vida. Por entonces le digo a quien quiera escucharlo que en mis planes no entra ser conseller. No me veo como un líder. Pero la historia acabará por contradecirme.

A comienzos de 2016, me convierto en presidente de Cataluña, en veinticuatro horas. Es el resultado de una combinación de circunstancias. No hay acuerdo para renovar al presidente saliente, Artur Mas. A falta de pacto, habrá que convocar nuevas elecciones, lo que sería catastrófico. Un sábado, el presidente Mas me llama para pedirme que me reúna con él en Barcelona. Sin previo aviso hasta aquel sábado, me propone convertirme en presidente de Cataluña. Yo acabo de ganar otra vez las elecciones municipales, en 2015, y comienzo el segundo y último mandato en mi ciudad. Por fin ha llegado el momento de disfrutar de todo el trabajo realizado. Para mí, ser alcalde de Girona supone un gran privilegio. La propuesta del presidente Mas quiebra todos mis planes. Se me dirá que habría podido rehusar. Sí, pero si lo hubiera hecho, también habría tenido que dimitir de la alcaldía de Girona. Estoy en política para llevar a cabo un proyecto, no para ocupar un puesto concreto. Cuando el presidente saliente de Cataluña te propone sucederle para llevar a buen término el proyecto más soberanista de la historia de Cataluña y tienes un perfil verdaderamente independentista, resulta difícil optar por la comodidad de la alcaldía. Si hubiera rehusado, no habría podido dormir tranquilo y me habría visto obligado a dejar la política. Por coherencia. Después de aquella proposición, le pregunto al presidente Mas de cuánto tiempo dispongo para reflexionar. La respuesta es inmediata: «Quince minutos». Ante mi expresión de incredulidad, corrige: «Venga, pues veinte minutos». Y acabo aceptando. No es que me sienta investido con ninguna misión, en absoluto. Considero que mi generación, como las que la han precedido, es el eslabón de una cadena. Mi objetivo es pasar la antorcha a la siguiente generación, llegar a una situación todavía más cercana a la independencia, en favor de la democracia. No me siento un líder nacional como lo ha sido Jordi Pujol, presidente de Cataluña durante veintitrés años. Aquel sábado, no me veo rechazando la proposición de Artur Mas, pero tampoco me veo en los albores de una trayectoria histórica. No me atrae en absoluto la idea del líder mesiánico. Me parece ridícula y, sobre todo, antimoderna. Y hay en mí una especie de pulsión anarquista, al igual que hay un poco de anarquismo en cada catalán, sea de derechas o de izquierdas, empresario, político o músico. Quizá sea la consecuencia de no haber podido darnos un gobierno propio durante estos trescientos años. Nos hemos convertido en electrones libres.

Mi anhelo independentista sería una locura, como la describen algunos, si fuera un proyecto personal. Pero no es así. Se trata de un proyecto colectivo que ni mucho menos pertenece a los políticos. Ahí radica la verdadera dimensión disruptiva del proyecto catalán. Es una absoluta coincidencia que también sea mi proyecto personal. Los partidos y los políticos nunca lo impusieron, sino que aceptaron que un movimiento social transversal deseaba cambiar las cosas. Tal vez a causa de esa pulsión anarquista predominante en Cataluña, de esa preferencia por no contemporizar con el Estado. Los responsables políticos se limitan a aceptar que el Gobierno y el Parlamento catalán reflejen la voluntad popular. Siempre que esta sea democrática y pacifista, desde luego, y respete los derechos humanos: yo no habría aceptado este nombramiento para comandar un movimiento que pidiera aplicar la pena de muerte, aunque así se hubiera aprobado en plebiscito popular. Eso va en contra de los derechos humanos. A veces se nos acusa de populismo. No, por favor. La catalana es una población madura, preparada, educada y multicultural; disfruta de una economía abierta al mundo, con una tasa de crecimiento superior a la media europea, y considera que este proyecto es beneficioso para ella. Es tiempo de confiar en estas sociedades y dejar de considerarlas con la mentalidad de hace un siglo. Antes era sencillo manipular a la opinión pública; hoy lo es menos, porque resulta fácil estar en contacto con otras sociedades, con otros países; podemos congregarnos sin tener que pedir permiso a los partidos políticos, podemos intercambiar puntos de vista. Existen suficientes garantías para que un movimiento popular como el catalán no sea el resultado de una manipulación populista. Yo me limito a ponerle voz y cara a esta aspiración popular. En Europa, en cuanto algo no gusta se reduce con demasiada facilidad a populismo. Entre los que votaron el 1 de octubre de 2017, había arquitectos, médicos, empresarios y profesores de universidad, en la misma medida que albañiles o mecánicos. Pretender que se trataba de personas manipuladas por los medios o por un líder idiota resulta ofensivo para la población catalana. Somos una sociedad de primer nivel a escala europea.

El 1 de octubre de 2017, una mayoría de catalanes (al menos, entre los que aceptaron el referéndum que organizamos) se expresa a favor de la independencia. Siempre recordaré ese momento de cambio histórico, la victoria de Cataluña contra un Estado autoritario que amenazaba con impedir la votación, a pesar de haber sido aprobada por una mayoría en el Parlamento catalán. Fue un choque entre la legitimidad constitucional española (o al menos una visión restrictiva de la Constitución de 1978, porque muchos expertos opinaban que este tipo de consulta era posible) y la legitimidad de un Parlamento catalán democráticamente elegido, con un programa electoral en el que se enunciaba de forma explícita que se iba a declarar la independencia. Hicimos posible la organización de esa votación en condiciones adversas: la presencia de la policía española en nuestras calles, el acoso administrativo y económico continuo a nuestro Gobierno, el miedo que trataban de infundir… Me siento especialmente orgulloso de todo aquello. Orgulloso, sí, porque conseguimos organizar esa consulta, cuya celebración parecía imposible, gracias a la sabiduría popular, a una cadena de voluntarios anónimos que se movilizaron para la ocasión. La celebramos y la ganamos, de forma democrática. Le mostramos a Europa nuestra mejor cara, la de una persona mayor que vota frente a la violentísima represión de la policía española. Es la culminación de un proceso que viene de muy lejos, conducido de manera no violenta, con una votación en el Parlament. Cuando veo que la reacción del Estado español tiene el respaldo de las instituciones europeas y de algunos Estados europeos, pienso que eso ilustra, de manera si cabe más profunda, el conflicto que existe en todas partes entre unos ciudadanos deseosos de expresarse y unos poderes incapaces de escucharlos. ¿Cuál es la Europa que ansía un sueco, un polaco o un estonio? ¿La de los catalanes que protegen las urnas o la de una policía y un Gobierno españoles dispuestos a todo por impedir la votación? Los que boicotean el referéndum denuncian que el porcentaje de participación en esta votación de 2017 fue solo del 43%. Es verdad, hubo muchas personas cuya voz no se escuchó aquel día. Pero ¿acaso no es una contradicción dar la consigna de no votar y luego quejarse del resultado? De acuerdo, tomo nota de esta crítica. Pero en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017, impuestas por Madrid y marcadas por una participación récord de casi el 80% de la población catalana, los partidos independentistas obtienen una mayoría incuestionable. El bloque que hemos formado cosecha el 47,5% de los votos y mantiene la mayoría en el Parlamento catalán, frente al 43,5% de los partidos claramente unionistas. ¿Cómo se determina la mayoría suficiente para considerar legítima una voluntad de independencia? La cuestión es importante. Es cierto que, en el caso de un referéndum pactado con el Estado español, al que este se niega insistentemente, habría de acordarse cuál es la mayoría necesaria para considerar válido el resultado, tanto en términos de participación como en el grado de respaldo a una de las dos opciones. En todas las conversaciones que mantuvimos con el Gobierno español, siempre hicimos referencia al modelo de Montenegro, en el que se prefijaron las condiciones de participación mínima (más del 50%) y el respaldo requerido para la independencia (más del 55%). No tenemos ninguna reticencia a la hora de aceptar condiciones similares, siempre que exista el compromiso explícito de respetar los resultados y una hoja de ruta en la que España se comprometa a respetar sus obligaciones en caso de victoria del «sí».

En cualquier caso, siempre estamos abiertos a resolver ese debate organizando un nuevo referéndum que cuente con el acuerdo y el reconocimiento de Madrid. ¿De qué forma se soluciona este debate en una democracia moderna? Con la política. Así que a las urnas, catalanes. Si nos deniegan la organización de este referéndum, reconocido por la vía constitucional, ¿cómo vamos a saber quién es realmente mayoritario? ¿Acaso la minoría que se opone a la independencia habría de tener, por definición, el poder de oponerse a la expresión de una potencial mayoría independentista? Algunos dirigentes europeos afirman que era una irresponsabilidad lanzarse a semejante aventura cuando Europa ya se halla debilitada por el brexit. Pero para Europa y los Estados nunca será el momento oportuno para este tipo de reivindicación. Cuando había un fuerte crecimiento económico, el mundo pensaba que algo así podría poner en peligro nuestra prosperidad. Después, tampoco era el momento a causa de la crisis económica y financiera. A continuación, era la grande y poderosa Europa la que no podía resistir este desafío democrático que emanaba de la población catalana. No son sino pretextos para impedir que nos expresemos. La cuestión de fondo que subyace a todo es la de saber si tenemos, sí o no, el derecho a decidir nuestro propio porvenir y ser resultado de nuestro propio esfuerzo. ¿Por qué Estados más pequeños que el nuestro han tenido derecho a proclamarse independientes? ¿Hay una ley divina que los haya tocado específicamente a ellos? Durante estos últimos años, es innegable que algunos han gozado de ese derecho. ¿En qué momento se hace imposible convertirse en Estado independiente? ¿Y quién tiene derecho a impedirlo? Son preguntas importantes. El camino que Cataluña ha elegido para acceder a su independencia es más bien inédito. El precedente de la separación amistosa entre la República Checa y Eslovaquia podría seguramente servir de ejemplo. Hoy es la vía escocesa la que sin duda más se parece al camino que quiere emprender Cataluña, mediante un referéndum pactado entre las dos partes. Desde luego, lamentamos el hecho de que una gran parte de procesos de independencia estén asociados a conflictos violentos. No es nuestra opción. Si el mensaje que se envía a las naciones que desean ejercer su derecho a la autodeterminación es que hay que pasar por un conflicto violento, pues vaya fiasco. Cataluña tiene derecho a la autodeterminación por medios pacíficos. Redundaría en interés de todos demostrar que esta vía europea y democrática es la práctica más recomendable para resolver conflictos.

La república catalana no puede ni quiere ser un Estado convencional como España, con sus mismas prácticas y su misma concepción del poder y de la democracia… pero con un nombre diferente. Si así fuera, el respaldo a la independencia sería anecdótico. En realidad, la sociedad catalana entiende que la república es el medio para restituir una democracia que, en la práctica, ha corrompido sus pilares fundamentales. Tras cuarenta años de reinado constitucional, a las deficiencias y los déficits de la monarquía se han sumado anomalías crónicas que afectan a la organización territorial del Estado, así como a la independencia judicial y a las libertades fundamentales. En la actualidad, es evidente que la democracia española tiene un defecto de origen: no ha roto con el régimen franquista ni con su cultura política. Y ha perpetuado un sistema de poder en el que los ciudadanos no tienen ningún papel principal que desempeñar más allá de las elecciones. La creación de una república catalana representaría una oportunidad para la modernización de las instituciones y la instauración de un radicalismo democrático en la cultura política española; tendríamos un Estado moderno construido desde la base, mediante un proceso participativo que nos llevaría a una Constitución, con la participación continua de los ciudadanos. Nuestro deseo es dejar de ser súbditos de una corona para convertirnos en ciudadanos libres de una república. Romper los vínculos entre el poder y los sectores sociales hegemónicos que han condenado al Estado español a ser un país inviable en el plano energético, financieramente sobreendeudado, desequilibrado en lo social y deficiente en lo democrático. Integrar a los ciudadanos en la cadena de decisión de los gobiernos, permitirles que sean el fruto de su propio esfuerzo y que contribuyan, como actores implicados, en la lucha contra el cambio climático, los conflictos humanitarios, la paz y el desarrollo sostenible. Gracias a las nuevas tecnologías, esta república otorgaría permanentemente su justo lugar a los ciudadanos.

La diversidad cultural es natural en Cataluña. Vemos sin ningún problema que muchas de nuestras familias tengan sus orígenes, total o parcialmente, fuera de Cataluña. En la última encuesta pública realizada (CEO, principios de 2018), el 11% de los catalanes se definen como «solo españoles» o «más españoles que catalanes», el 32,9% se sienten «catalanes y españoles» y el 50,9% «más catalanes que españoles» o «solo catalanes». Y, en esa misma encuesta, a la pregunta de cuál debería ser la relación entre Cataluña y el Estado español, una gran parte considera que Cataluña debería ser «un Estado dentro de una España federal» (22,4%), o bien «un Estado independiente» (40,8%). Es decir, que la idea de Cataluña como Estado (independiente o no) es ampliamente compartida por la sociedad catalana (63,2%), también por personas que se sienten tan españolas como catalanas. Por eso insistimos en que el proyecto de una república catalana no puede basarse en las identidades nacionales clásicas que acompañaron y forjaron los Estados nación del siglo xix, sino en la idea de una república ciudadana que descanse en unos valores compartidos y no vinculados a la procedencia de las personas. La uniformización impuesta por las identidades nacionales es inaceptable para nosotros.

Este proyecto catalán no es el proyecto de un político solo, ni siquiera el de un partido, ni el de unas instituciones. Todo comenzó con una ola de movilizaciones populares que expresaban el hartazgo social tras la sentencia del Tribunal Constitucional español en 2010, que rechazaba varios artículos del Estatuto de Autonomía e imponía una interpretación restrictiva del resto. Ya antes, llevábamos años intentando regular la situación dentro del marco del Estado español. La sentencia se consideró como un auténtico golpe de Estado. Habíamos seguido todos los pasos prescritos por la Constitución, pero no se consideró que eso tuviera validez porque diez jueces del tribunal, elegidos por la mayoría política del Congreso, el Senado, el Gobierno español y el Consejo General del Poder Judicial, se opusieron por criterios políticos al deseo de ampliar la autonomía, pese a que este era expresión de la voluntad del Parlamento catalán y de la población. Desde entonces, Cataluña es la única comunidad autónoma española regida por una ley que no ha sido votada en referéndum por la población. ¿Por qué? A partir de aquel momento, en 2010, muchos catalanes que aún creían en el marco español formularon en su interior una íntima declaración de independencia. Personalmente, siempre he estado convencido de que la única manera de que Cataluña avance, desde cualquier punto de vista, es teniendo un Estado. Durante mucho tiempo, formé parte de una minoría que defendía esta visión, y nunca me quejé por formar parte de una minoría. Nunca dije que un Gobierno catalán no independentista no sería mi Gobierno. Ni que tampoco lo sería el Gobierno español. Nos pusimos a trabajar, aceptamos las reglas del juego. Hoy, nuestra tesis se ha convertido en mayoritaria en el seno de la población catalana. ¿Por qué yo, el presidente, debería aceptar que nuestros oponentes rechacen la opción de la mayoría? Lo único que pido es que se reconozca la legitimidad de nuestro pensamiento independentista, en la misma medida en que se reconoce el pensamiento antiindependentista; nada más. Se trata de un principio básico.

Desde luego, yo sabía que asumíamos un riesgo al organizar el referéndum y declarar nuestra independencia. Pero ya antes habíamos afirmado de forma clara esa voluntad en nuestro programa electoral, y las autoridades españolas no nos habían prohibido expresarla. Como presidente, yo estaba allí para cumplir un objetivo compartido por la mayoría de los partidos representados en el Parlamento catalán. Éramos conscientes de que podría generar un conflicto con España, pero nada como lo que ocurrió, esa violencia y esa represión descontroladas. Esperábamos un conflicto de legitimidad constitucional, y nos habíamos preparado para hacerle frente. Yo sabía, a título personal, que me arriesgaba a sufrir un proceso de destitución de la presidencia. Y disponía de argumentos para oponerme a él apoyándome en la Constitución española. Pero no esperábamos que Madrid pusiera en marcha una respuesta penal, que corriéramos el riesgo de pasar años en prisión o nos viéramos forzados al exilio. Sin embargo, habríamos podido encontrar una solución, porque el reconocimiento de un problema político es la primera etapa hacia una solución. Habríamos podido dejarnos llevar por el diálogo, sin líneas rojas, para ver hasta dónde nos conducía. Estábamos dispuestos a todo, incluso a cambiar de opinión. Eso es la democracia. Aquella espantosa represión era uno de los escenarios posibles, pero nos parecía improbable; pensábamos que algo así no ocurriría en la Europa del siglo xxi. Y, sin embargo, eso fue lo que pasó.

2
«El golpe de Estado de Madrid»

Los orígenes
de la crisis

Los partidos y las instituciones fueron los últimos en incorporarse a la profunda evolución de la sociedad catalana, los últimos en hacer suyo ese deseo de independencia. El mundo político tardó mucho en comprender que una mayoría de la población ya no quería un nuevo cambio de la Constitución para mejorar la financiación, sino que, por el contrario, deseaba un cambio completo en el estatus del territorio y en sus relaciones con España. Eso fue lo que expresó en las elecciones. Y no como resultado de un movimiento ideológico gestionado por un partido. Al contrario: nosotros, los políticos, fuimos instados a actuar por los ciudadanos. Este giro tiene su origen en la sentencia del Tribunal Constitucional español de 2010. Y para comprender las profundas raíces de la crisis catalana, debemos remontarnos en el tiempo…

En 1978, tras la muerte de Franco, ve la luz la nueva Constitución española. Es resultado de un acuerdo político entre las fuerzas de oposición al franquismo (entre las cuales los movimientos catalanes están a la vanguardia) y el régimen que subsiste después de la caída de la dictadura: los jueces, los militares, los funcionarios… En ese momento, los diferentes actores deciden no provocar una ruptura brutal, sino llevar a cabo una transición tranquila. Hoy, muchos afirman que el error fue precisamente esa línea moderada, porque permitió sobrevivir al franquismo. Pero en el contexto de una democracia renaciente, aquella opción parecía la más sensata. El acuerdo de 1978 también se ocupa de la cuestión territorial, que es desde siempre la más delicada de la política española, y lo hace en unos términos que todavía hoy son interesantes. El texto dibuja un terreno de juego que permite a cada generación, prácticamente a cada Gobierno, dialogar y alcanzar acuerdos mediante la negociación entre las dos partes. A Cataluña no se la reconoce de forma directa como una nación, pero el texto admite que España está constituida por «regiones y nacionalidades». El elemento positivo es el reconocimiento de realidades casi nacionales. El error radica en no haberlas identificado de inmediato. Si los redactores de esta primera Constitución democrática se imponen deliberadamente ese límite, es porque en aquel momento temen un retroceso de la situación, sobre todo, en forma de golpe militar. Así que prefieren dejar a las siguientes generaciones de españoles, formadas en democracia, la posibilidad de declinar el concepto inicial. Mientras tanto, se puede ir avanzando. El mismo acuerdo de 1978 prevé que las regiones y las nacionalidades dispongan de un estatuto de autonomía que sería el resultado (algo muy importante para comprender lo que sucedió en 2010) de una propuesta formulada por los parlamentarios de la región, así como de la aceptación de tal propuesta por el Congreso de los Diputados y, finalmente, de su ratificación mediante un referéndum celebrado en la correspondiente región. En 1979, el primer Estatuto de Autonomía de Cataluña es aprobado en referéndum. En él se reconocen, entre otros aspectos, nuestra capacidad ejecutiva, el marco de competencias o las previsiones de financiación.

En realidad, todo eso no hace sino reconectar a Cataluña con una legalidad anterior, la de 1931, cuando se proclamó la Segunda República Española. Tres días antes, el presidente catalán Francesc Macià había declarado también la República Catalana integrada en la Federación Ibérica. Finalmente, la concreción de esa República Catalana no fue posible y los líderes políticos de entonces acabaron aceptando un estatuto de autonomía. La institución de la Generalitat fue anulada por Franco en 1939, al término de la Guerra Civil, y el Gobierno catalán hubo de exiliarse a Francia. El presidente Lluís Companys escapó a Bretaña, fue detenido por la Gestapo, entregado por los nazis al régimen franquista, acusado de rebelión y luego fusilado en Montjuïc, en 1940. El resto del Gobierno se exilió en México, en Bélgica o en Francia hasta 1977. Un año antes de aprobarse la Constitución de 1978, el presidente catalán en el exilio, Josep Tarradellas i Joan, regresa a España. Un decreto oficial del Gobierno español precisa entonces que la Generalitat de Cataluña y la presidencia son instituciones históricas de Cataluña. La mayoría política surgida de las primeras elecciones legislativas libres, organizadas aquel año, reclama su restitución. Aunque todavía no hay Constitución, el Gobierno de entonces acepta el restablecimiento provisional de dichas instituciones, que finalmente habrán de ser reguladas por la Constitución. Es importante recordar esto: no somos resultado de la Constitución española; ya poseíamos un marco institucional republicano mucho antes de que esta se redactara. No debe olvidarse que la Generalitat es una institución nacida en 1359.

Estas instituciones reinstauradas comienzan a trabajar. Pero el 23 de febrero de 1981, en Madrid, un golpe de Estado militar coge a todo el mundo por sorpresa. Un grupo de guardias civiles se apodera provisionalmente del Congreso de los Diputados, mientras las cámaras captan las imágenes. Una de las razones del golpe de Estado es precisamente el proceso de restitución de competencias a Cataluña y al País Vasco. Es una época terrible. Por entonces, ETA está matando a casi cien personas por año. Los militares, en su mayoría franquistas, están inquietos y deciden pasar a la acción. A pesar de que el golpe fracasa, los grandes partidos políticos, el Partido Socialista (PSOE) y la Unión de Centro Democrático (UCD, una alianza de centro que congrega a una quincena de partidos demócrata-cristianos, socialdemócratas, liberales y regionalistas) de inmediato empiezan a recortar el Estatuto de Autonomía y a reducir su alcance. Presentan una ley de armonización de los procesos de descentralización que luego es suspendida por el Tribunal Constitucional; pero cada ley orgánica y cada nuevo sistema de financiación están concebidos para limitar la autonomía que otorga la Constitución. Y eso a pesar de que, según los términos de la Constitución de 1978, no existen límites. Con el paso del tiempo, el Estado español impone su visión, restrictiva, del Estatuto inicial. Aun así, en aquel momento la mayoría de los catalanes acepta que es necesario dejar pasar un tiempo y juega la carta de la gobernabilidad de España. Son instantes en los que España peligra, ya sea porque los militares pueden recuperar el control, por el terrorismo de ETA en el País Vasco o incluso por la depresión económica. Los catalanes deciden ser responsables. Preconizan la democratización y la modernización de España. Contribuyen también al proceso de acercamiento a la Comunidad Económica Europea. Existe la convicción de que si le va bien a España, necesariamente le ha de ir bien a Cataluña. Es una elección consciente. Durante aquellos años, la minoría catalana en el Congreso, compuesta por nacionalistas tradicionales, respalda al Gobierno español cuando este lo necesita para los presupuestos o el acercamiento a Europa. En 1986, España se une al Mercado Común. Y, hasta 1995, se mantiene esta situación. Cataluña da su apoyo a España en su camino a Maastricht y la entrada en el euro.

Será el presidente español José María Aznar quien lo cambie todo. Su llegada al poder con el Partido Popular en 1996 marca el comienzo de una vuelta atrás. Y más aún a partir del año 2000, cuando obtiene la mayoría absoluta. Según él, este proceso de restitución ha ido demasiado lejos y amenaza la unidad del país. Opina que España debe manifestar de nuevo su orgullo nacionalista, como ocurría en la época de Franco, mediante un proyecto internacional. Aznar juega la carta de un acercamiento al presidente estadounidense George W. Bush y al primer ministro británico Tony Blair. Se implica en la guerra de Irak y piensa que España debe participar en el liderazgo del mundo. Este sentimiento de poder se refuerza con el extraordinario desarrollo económico de aquellos años, por más que este se asiente en una base especulativa. Este proceso se acompaña de una política que puede calificarse de «catalanofóbica». Recuerdo perfectamente las elecciones de 1996, cómo las masas que en Madrid festejaban la victoria del Partido Popular repetían eslóganes contra Cataluña y criticaban al entonces presidente catalán, Jordi Pujol, gritando: «¡Pujol, enano! ¡Habla castellano!». José María Aznar reaviva algo que no era visible en la sociedad española, una confrontación histórica frontal entre España y Cataluña. Y eso lo quiebra todo. A partir de ese momento, entre nuestras filas crece la sensación de que es imposible entenderse con este Gobierno español comandado por líderes que se niegan a escucharnos, que pretenden recentralizar las políticas y recortarnos la financiación. Nos preguntamos cómo hemos de reaccionar. No se trata aún de plantear la independencia, pero sí pedimos cambiar el Estatuto de Autonomía. El proceso de negociación se inicia en el Parlamento catalán en 2005 entre los nacionalistas catalanes, los independentistas y los socialistas españoles de José Luis Rodríguez Zapatero, que han recuperado el poder en Madrid tras los atentados islamistas de 2004. Finalmente, llegamos a un acuerdo con mayoría de dos tercios, tal como estipula la ley. Como resultado de la negociación, se consagran en un texto todos los temas contra los que ha cargado el Gobierno de Aznar durante aquellos años. Entre otros aspectos, se determinan las competencias y los medios de financiación, se modernizan las relaciones con España en función de las nuevas tecnologías y de la Unión Europea o se ponen en marcha políticas antisexistas y de gestión de la inmigración. Es un texto positivo, para una Cataluña moderna dentro de una España moderna. Como independentista, me satisface el texto aprobado por el Parlamento catalán. Sí, yo deseaba la independencia, pero puedo aceptar sin ningún problema que una mayoría de catalanes se reconozcan en un texto cuya naturaleza permitirá reforzar el vínculo entre Cataluña y España. Tras una dura negociación con el Gobierno socialista de Zapatero, el texto es finalmente aprobado en el Congreso de los Diputados, eso sí, con importantes modificaciones. La población catalana lo aprueba mediante referéndum legal y es aprobado por el Estado español. Se trata, por tanto, de un texto válido, aunque en última instancia yo haya decidido votar en blanco, por considerar excesivos los cambios introducidos en la negociación con el Gobierno español. Pero bien, me parece una estación de parada adecuada para una generación. Y lo acepto como tal.

¿Qué pasa después? Algo muy grave, algo considerado un golpe de Estado no solo por una mayoría de catalanes, sino también por expertos constitucionales españoles independientes. El Partido Popular, encrespado por su desalojo del poder tras los atentados de Madrid de 2004, intensifica su política de «catalanofobia» y recoge firmas en toda España contra el Estatuto de Autonomía catalán. Se celebran manifestaciones en las calles a fin de recabar apoyos para esta iniciativa. Mariano Rajoy, que ya comanda el Partido Popular, ambiciona convertirse en presidente. De manera consciente, alimenta ese sentimiento anticatalán para atacar al Partido Socialista en el poder. Se acaban recogiendo cuatro millones de firmas para reclamar la supresión del Estatuto de Autonomía. Es un ataque en toda regla contra Cataluña. Valiéndose del respaldo obtenido, los populares presentan un recurso ante el Tribunal Constitucional español. El Partido Popular aprovecha la mayoría que le es favorable en el seno del tribunal para obtener, en 2010, una sentencia que anula los principales artículos del nuevo Estatuto de Autonomía, como la definición de Cataluña como nación, la ampliación de competencias o el sistema de financiación. Esta decisión judicial determina también el modo en que deben interpretarse los artículos válidos. Los enormes esfuerzos de los Parlamentos catalán y español quedan borrados de un plumazo. Se trata de una situación inédita: diez personas han anulado en un instante la aprobación de un texto mediante referéndum. Es una herida irreversible que reduce a la nada las importantes concesiones que ha hecho la población catalana. Y yo, como independentista, me pregunto: ¿he recorrido todo este proceso para llegar a esto? De ese modo, Cataluña se convierte en la única comunidad autónoma regida por un texto que no ha sido aprobado por su población. Una total contradicción con el corpus legislativo de la Constitución, según el cual la última etapa del proceso de decisión es el referéndum. La primera gran manifestación soberanista catalana se produce precisamente en 2010, como reacción a la sentencia. Una mayoría de catalanes no comprende esa decisión tomada por una minoría de jueces, cuando desde Cataluña se han respetado rigurosamente las reglas de juego. Muchos catalanes formulan en ese momento lo que yo llamo una «íntima declaración de independencia». En el fondo de sí mismos, se dicen que, definitivamente, parece imposible entenderse con un Gobierno español intransigente hasta tal punto. Es una bofetada que remata una campaña de humillación contra nosotros. Para oponerse a este desprecio, se toma la decisión de emprender un nuevo camino. No optamos todavía por la independencia, pero sí damos prioridad al derecho a decidir nosotros mismos nuestro destino, a tener un Estado propio, lo que no quiere decir necesariamente un Estado independiente: también puede tratarse de un Estado asociado o un Estado federal. Un estatus diferente, en cualquier caso, así como el establecimiento de una relación bilateral con España. Esta voluntad es ampliamente compartida en Cataluña, también por los no independentistas, que han comprendido que la única forma de mantener buenas relaciones con Madrid es tratarnos de igual a igual. Ahora el objetivo consiste en sentar las bases para un mejor entendimiento con España, porque a la vista está que ya no nos entendemos. De ahí que surja la idea de convocar un referéndum para decidir nuestro futuro. Las elecciones catalanas de 2012 confirman que una gran mayoría de la población apoya esa idea de consulta popular. Estamos dispuestos a negociar con el Estado español el contenido de la pregunta. Ellos, por su parte, bien podrían haber propuesto una vuelta al Estatuto de Autonomía anterior a la sentencia del Constitucional. ¿Por qué no? La idea de base era que la última palabra la tuviera la población, y no el Tribunal Constitucional.

Antes de esa consulta, mi predecesor, el presidente catalán Artur Mas, le propone a Mariano Rajoy, convertido ya en el presidente español, un acuerdo fiscal similar al alcanzado anteriormente entre España y el País Vasco: Cataluña recaudaría los impuestos y cedería la cantidad correspondiente a España. Es algo que se adecúa perfectamente al marco constitucional, pues así se ha determinado ya en el caso del País Vasco. Este acuerdo nos permitiría recibir lo justo en el plano financiero y mantener la solidaridad. Si Mariano Rajoy hubiera aceptado, habría sido una señal de buena voluntad. Pues bien, Mas va a Madrid y formula oficialmente la demanda, pero la respuesta del Gobierno es negativa. No quieren ni oír hablar de ello. Tras este nuevo desaire, preparamos la primera consulta no vinculante sobre la autodeterminación de Cataluña, con una pregunta que solicita varias respuestas. En primer lugar, se le pregunta a la ciudadanía: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?». Si se responde que sí, se plantea una segunda cuestión: «¿Quiere que este Estado sea independiente?». De ese modo, se deja la puerta abierta a una solución federal o confederal. Esta consulta se celebra el 9 de noviembre de 2014, pero el Gobierno español la prohíbe, con el respaldo del Tribunal Constitucional. Los principales responsables del Gobierno catalán son acusados de desobediencia, condenados e inhabilitados para ocupar un cargo público o concurrir a unas elecciones. Además, deben pagar una multa de cinco millones de euros, tras haber sido acusados (pero no condenados) de malversación de fondos. Todavía hoy, la casa de mi predecesor podría ser embargada si esa multa no se paga en su totalidad. Y todo por una consulta popular no vinculante que, en el fondo, no era más que una especie de sondeo de opinión a escala real.

A partir de 2012, cada vez que se celebra la Diada, la fiesta nacional de Cataluña, más de un millón de personas salen a la calle y se manifiestan de diversas formas (con una cadena humana que se extiende de norte a sur del territorio o componiendo en Barcelona una gigantesca V, de «votar» y de «victoria») para reclamar reconocimiento y obtener el derecho a votar sobre su futuro. Como respuesta, ninguna voluntad de diálogo por parte de Madrid: nada. Una delegación del Parlamento catalán va incluso al Congreso para proponer la posibilidad de organizar la consulta de forma legal. La petición ya se había votado en el Parlamento catalán, y ochenta y siete diputados habían votado «sí», lo que representaba una gran mayoría política y social. Pero cada vez la respuesta es la misma: «no». En 2012, nace la Asamblea Nacional Catalana, que, al margen de adscripciones a partidos políticos, presiona para que iniciemos el camino hacia un Estado independiente. Esto provoca una conmoción política en Cataluña que se plasma de forma clara en las urnas. Sin ese apoyo ciudadano, yo no habría podido ser elegido presidente de Cataluña con un programa electoral como el que presentaba. En las elecciones de 2015, los partidos independentistas obtienen la mayoría absoluta de escaños en el Parlamento catalán. Es la primera vez que ocurre. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional y hasta 2012, solo había catorce diputados independentistas en el Parlamento catalán. ¡Cinco años después, somos 72! Ese es el cambio operado en la sociedad catalana a causa de la obstrucción permanente de Madrid. Yo suelo llamar a Mariano Rajoy «Doctor No», en un guiño a la película de James Bond, porque rechazaba una vez tras otra el diálogo con nosotros, a pesar de que el problema era más que patente. El antiguo presidente español procedía de Galicia, una región reconocida también como «nación» de España, pero en la que no hay mayoría independentista. Mariano Rajoy es sustancialmente contrario a la idea de diversidad nacional. Durante estos pasados años, entre 2011 y 2015, mi partido ha reivindicado la evolución de España hacia un Estado plurinacional. No teníamos nada contra España en sí misma. Un Estado es, ante todo, una herramienta, unos recursos, no tiene ningún sentido reclamar un Estado independiente si se puede maniobrar dentro del marco español. Lo único que hemos estado pidiendo es el reconocimiento de la nación histórica catalana. Esta es, además, una de una de las grandes frustraciones del movimiento catalán desde hace un siglo: hemos trabajado sin desmayo para democratizar y modernizar el marco español, con la esperanza de llegar a un Estado capaz de reconocer su diversidad. España nunca lo ha comprendido.

El franquismo sigue firmemente anclado en el seno del Estado español, sobre todo en el poder judicial, por completo politizado. El Partido Popular, fundado en 1989 por Manuel Fraga, antiguo ministro de Franco, ha tenido buen cuidado de mantener el control de este sistema nombrando a los jueces. ¡No hay separación de poderes en España! Hoy nos damos cuenta de hasta qué punto ha fracasado el régimen de 1978, completamente. No se han anticipado en absoluto los problemas, ni ha existido la voluntad de integrarnos a nosotros, los catalanes, como parte de la solución. Hemos sido estigmatizados, demonizados y, ahora, criminalizados. Todo para acabar de forma definitiva con la reivindicación histórica de Cataluña. La unidad de España está claramente por encima de la democracia, de la Constitución y del derecho internacional. No, no existe una separación de poderes eficaz y sólida. El informe del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) señala una serie de insuficiencias en el sistema de nombramiento de los más altos cargos judiciales en España y recomienda introducir mejoras (nunca llevadas a cabo hasta la fecha) para garantizar la independencia judicial y la lucha contra la corrupción. El derecho a un juez natural, reconocido en la Constitución, choca frontalmente con la existencia de un tribunal por completo atípico como es la Audiencia Nacional, creada el día en que se suprimió el antiguo Tribunal de Orden Público (el temible TOP, responsable en su día de las condenas y persecuciones franquistas a los disidentes políticos). Para ser juez del Tribunal Supremo, es necesario ser propuesto por el Consejo General del Poder Judicial, sin ningún proceso selectivo basado en méritos. Los veinte miembros del Consejo General son nombrados directamente por la mayoría política del Congreso y del Senado, donde siempre se ha alcanzado la mayoría absoluta entre el PP y el PSOE (en el Senado, casi siempre solo con el PP). Es imposible que un juez acceda al Tribunal Supremo sin el acuerdo del Consejo y, por tanto, sin el correspondiente consentimiento político. Tras muchos años de hegemonía conservadora en la política española, las autoridades judiciales más importantes han sido nombradas por esa mayoría. El caso del juez Llarena es un ejemplo muy claro: llega al Tribunal Supremo después de haber presidido la asociación judicial más conservadora de España (la APM), con los votos de los miembros del CGPJ nombrados por el PP, sin necesidad de ningún otro mérito profesional. El Tribunal Constitucional adolece del mismo defecto y resulta imposible que la mayoría de jueces que lo componen no sea designada por la mayoría política española. Por si fuera poco, basta con leer los autos redactados en nuestro caso para darse cuenta de que las expresiones y conceptos que contienen manifiestan una clara intención política. Y frente a eso la impotencia es total, porque uno solo puede aspirar a un trato justo cuando la justicia europea emite su veredicto, después de muchos años y de mucho dinero gastado.

Cuando llego a la presidencia, en junio de 2016, la hoja de ruta está claramente expuesta en mi programa: se prevé la aprobación de leyes de transitoriedad nacional, la declaración de independencia y el referéndum para aprobar una Constitución. Todo eso debe llevarse a cabo en dieciocho meses. Después, está previsto convocar elecciones constituyentes. En mi primer discurso, anuncio todos estos pasos. Y es un discurso que se aprueba, porque en Cataluña la aprobación del programa de gobierno va unida al nombramiento del presidente. Me comprometo a obedecer y consagrarme a ese mandato parlamentario de manera clara y transparente. No se trata de ningún complot, ni de una sedición instigada entre bastidores, de forma clandestina. No, todo eso lo anuncio en la tribuna del Parlamento catalán. En ese momento, en Madrid, la mayoría de los políticos españoles se encogen de hombros y se dicen que esto acabará «como siempre» con una petición de medios financieros suplementarios para Cataluña. Esta voluntad de independencia se percibe como una estrategia de presión, sin más. Los más inquietos piensan que quizá ha llegado el momento de cambiar la Constitución. De acuerdo, pero cuando pregunto cuáles son sus propuestas, no recibo la más mínima respuesta. Estoy dispuesto a participar en debates, aunque el PP y el PSOE reúnan entre ambos la mayoría necesaria, pero en ningún momento se presenta esa oportunidad. Durante ese periodo, organizo reuniones con todos los líderes de los partidos políticos españoles. Me desplazo tres veces a Madrid para dar conferencias, en el curso de las cuales no me canso de abogar por el diálogo. Publico artículos de opinión en la prensa española en los que insisto en esa dirección. Y, finalmente, pongo sobre la mesa del Parlamento catalán la organización de un referéndum sobre la independencia y le propongo al Gobierno español que lleguemos a un acuerdo en todos sus aspectos: la pregunta, con todas las fórmulas posibles, desde la independencia hasta una mayor autonomía; la fecha, sabiendo que tal vez sería 2020 o 2025; el tipo de mayoría necesaria… Asimismo, estamos dispuestos a aceptar que la consulta resuelva las cosas de una vez por todas, durante una generación, sea cual sea el resultado. Esto es lo que propongo una y otra vez en todas mis intervenciones públicas, tanto en Cataluña como en España. Por otro lado, me encuentro dos veces con Mariano Rajoy. La última de ellas, en una entrevista privada con motivo de un almuerzo en el Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno en Madrid. El ambiente es agradable; el diálogo, muy correcto. Le expongo nuestro deseo de organizar un referéndum sobre la independencia, sin dejar de preguntarle qué propone él, sobre qué base podemos trabajar juntos. Y él me propone… el statu quo, quizá con algunas modificaciones, mínimas en nuestra opinión, en un Estado tan complejo como España. ¿Pequeñas modificaciones para un statu quo que no funciona? A nuestro juicio, eso solo puede desembocar en un fracaso. Entonces le anuncio que organizaremos un referéndum, incluso sin su beneplácito. «No lo harán ustedes, no es posible; lo impediré», me responde. «Sí, sí lo haré, porque es el compromiso que he contraído con mis electores», le digo yo. Y, tras unos instantes de dramático silencio, me suelta aquellas palabras, muy dolorosas de oír para un demócrata: «¡No puedo… ni quiero!». Son sus últimas palabras. No está, pues, dispuesto a aceptar que exista un problema político, aunque solo sea para hablar de él. Es la negación, pura y dura. Entonces le recuerdo lo sucedido en 1977, cuando el presidente catalán regresó del exilio sin haber una ley que lo permitiera, solo porque el Gobierno español así lo quiso. Fue una solución política provisional a un problema político reconocido, porque se deseaba encontrar una solución. Un respetado líder liberal me dijo una vez durante una comida en Madrid: «En democracia, el derecho a no dialogar no existe». ¡Dialogar es una obligación! Esta opinión me parece muy interesante y la utilizo en el último artículo que publico en El País, junto con el vicepresidente Oriol Junqueras y el ministro de Asuntos Exteriores Raül Romeva, antes del referéndum. Pero nada, allí ya se nos ha despachado.

Después del encuentro en la Moncloa, el diálogo con Mariano Rajoy queda roto, al menos en lo referente al problema político existente en Cataluña. Volvemos a hablar en el Salón del Automóvil, pero no hace sino esquivar el tema enojoso. Me habla de fútbol. Y luego, por última vez, coincidimos tras los atentados del 17 y 18 de agosto de 2017 en Barcelona. El proceso hacia la independencia ya está entonces en marcha, pero aún puedo detener en cualquier momento la preparación del referéndum para dar prioridad a un acuerdo. Lo repito muchas veces, hasta el último día: Mariano Rajoy tiene la llave del diálogo. Pero él sigue enrocado en sus palabras: «¡No puedo, ni quiero!». Es algo muy en consonancia con el personaje, muy dado a frases taxativas, absurdas e incomprensibles. En el fondo, no es más que el portavoz de ese «Estado dentro del Estado» que forman los altos funcionarios, los magistrados, las grandes empresas cercanas a las esferas políticas o los representantes de la Iglesia. Todos esos actores siempre presentes, ya sea en época de dictadura o de democracia.

El 6 y el 7 de septiembre de 2017, a falta de diálogo, aprobamos las leyes relativas al referéndum y a la transitoriedad nacional. Existía otro modo de maniobrar dentro del marco político español, organizando una consulta no vinculante, pero no pudimos hacerlo al no alcanzarse un acuerdo mayoritario en Madrid. Decidimos entonces actuar sobre una base legal catalana y afirmar en la Ley de Transitoriedad lo que implicaría una victoria del «sí». En todas mis declaraciones en el Parlamento catalán, cada quince días, sigo dejando la puerta abierta a un acuerdo de última hora. Pese al rechazo manifestado por Rajoy. Porque me digo que España no es solo Rajoy y que en ella hay gran diversidad de opiniones. Mientras tanto, preparamos los aspectos concretos del referéndum del 1 de octubre, tarea nada fácil, sobre todo porque se trata de evitar que el Estado impida su normal desarrollo. Organizamos la participación de la sociedad civil, algo muy en consonancia con la manera en que queremos construir el país, a partir del vínculo continuo con la ciudadanía. No tenemos, por ejemplo, el derecho a utilizar el censo electoral oficial, y no lo hacemos, para evitar cualquier vicio de procedimiento. En el Parlamento catalán, la oposición unionista, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y Ciudadanos, se lanza a una campaña para ensuciar nuestra operación, quejándose de que aquello es un escándalo y transformando la cámara en un gran caos. Ni siquiera intentan responder con argumentos políticos. Multiplican los insultos y las amenazas para desacreditar la decisión de una mayoría de parlamentarios catalanes. En esos días, los diputados de la oposición desatienden su deber y se comportan como actores dirigidos por el Gobierno español. Resulta cuestionable desde un punto de vista democrático, porque rechazan, sin argumentar, que pidamos su opinión a los ciudadanos. Pero consiguen crear una percepción muy negativa acusándonos de situarnos fuera de la ley. Yo no estoy ni mucho menos satisfecho durante las largas horas de «no debate». No reprocho a la oposición que esté contra la independencia; están en su más estricto derecho. Pero sí que se opongan a la democracia. Aquel boicot de la oposición unionista obtiene el respaldo del aparato del Estado y de todos los medios españoles, pese a no respetar en absoluto la autoridad del Parlamento catalán. El objetivo de esos partidos consiste en dar una imagen de nuestra cámara comparable a la de países no democráticos donde los parlamentarios llegan a las manos. Nuestra consigna es en todo momento mantenernos muy tranquilos, serenos y respetuosos, por más que traten de provocarnos. Esta votación es indispensable si quiero convocar el referéndum. En todo momento, cuido de respetar dos principios a mi juicio sagrados: el carácter no violento del proceso y la referencia permanente a un marco legal catalán, aunque esa legitimidad regional pueda ser cuestionada. No estamos desobedeciendo, como después nos acusarán de haber hecho. Firmé la convocatoria del referéndum antes de que la ley fuera suspendida. Todo se hizo respetando las reglas.

Es un periodo de tensión extrema. Las amenazas del Estado español contra nosotros se multiplican, se habla ya de suspensión de la autonomía catalana, de detenciones, de condenas. Los refuerzos policiales llegan en barco: en septiembre envían más de diez mil efectivos adicionales antes del referéndum. ¡Más de diez mil! En la televisión española se ven imágenes de los vehículos que salen de los cuarteles, rodeados de gente con banderas españolas que les manifiesta a gritos su aliento, como si los policías partieran a la guerra en misión especial. Por mi parte, no tengo la sensación de estar implicando a la población en nada peligroso. Solo estoy respetando el compromiso de actuar de acuerdo con la voluntad mayoritaria del Parlamento catalán. La estrategia de la violencia y la agresividad tan solo puede adjudicarse al Gobierno español. ¿Acaso se pregunta este Gobierno adónde conduce a su población al excitar el patriotismo español? ¿Por qué genera esa violencia? Para nosotros es algo delirante, porque solo tratamos de conocer el punto de vista de la población catalana mediante una votación celebrada en debida forma. Y nuestra determinación de celebrarla es si cabe mayor, al ver que nos enfrentamos a un Estado autoritario. No hay porvenir posible en un Estado que actúa con esa pulsión casi militar. Son instantes de estupor. Las autoridades españolas demuestran su irresponsabilidad al atizar el fuego de esa manera. No es una reacción inteligente. Cuando tu pareja muestra señales de que va a abandonarte, ¿no es más adecuado decirle cuánto la amas y confías en ella? Cuando se plantea un problema, es responsabilidad de los políticos tratar de hallar una solución de forma democrática y racional. La gran mayoría de la población catalana ya no acepta el nivel de autonomía actual; una parte importante desea la independencia. Si eso no es un problema político, ¿qué es? Desde luego, la manera más serena de salir de esta situación no es lo que hicieron, enviar a más de diez mil policías y concederles una prima para incentivarlos. No, no es una respuesta sensata. Uno puede equivocarse con el tipo de solución política, incluso estoy dispuesto a considerar que la independencia no sea la única solución posible. ¡Es una idea que acepto! Pero, al menos, hablemos de ella.

Hay quien considera que España es un país inviolable, como Francia, y que no es posible tocarlo. Pero ¿quién decide tal cosa? ¿Quién decide que un país es un país y que otro no tiene derecho a serlo? ¿Es el dictado de una improbable ley divina? Las Naciones Unidas reconocen el derecho de autodeterminación de los pueblos. El artículo 10 de la Constitución española dice: «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España». Y, concretando más, el artículo 96 subraya: «Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno». Entre estos se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por España en 1976, donde se afirma: «Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación». Y el texto precisa: «En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural». El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también prevé que la voluntad de los pueblos es el fundamento de la autoridad de un Estado. Nosotros solo pedimos saber cuál es la voluntad de la población catalana y, si esta se expresa a favor de la autodeterminación, extraer las pertinentes conclusiones y crear un país. Un Estado independiente no se construye con un toque de varita mágica, sino sobre la base de la voluntad ciudadana. ¿Y cómo se expresa esa voluntad en democracia? ¡Mediante el voto!

3
«Somos pragmáticos, no nacionalistas»

La responsabilidad
de Madrid

Estoy de acuerdo con esta frase del antiguo presidente francés François Mitterrand: «El nacionalismo es la guerra». Comparto la idea de que el nacionalismo, tal como se concibe en Europa, es una de las causas de los gravísimos crímenes cometidos contra la humanidad en el siglo pasado. Siempre habremos de recordar la Shoá provocada por el nacionalsocialismo. Los nacionalismos imperialistas, excluyentes, xenófobos, racistas, violentos y militares tienen necesidad de negar al otro para existir. Son algo espantoso. Constituyen la negación de la humanidad.

Afortunadamente, esa nunca ha sido la concepción del nacionalismo catalán. Por el contrario, cohabitamos con un nacionalismo español que sí fue imperialista en el pasado y que, todavía hoy, excluye la identidad catalana. El Gobierno de Madrid en el momento del referéndum seguía siendo partidario de un patriotismo orgulloso y agresivo. De hecho, muchos Estados europeos adoptan actitudes muy nacionalistas, orientadas hacia la defensa de la bandera y de las fronteras. Ese nacionalismo de Estado incluso se inscribe en la ley. El Código Penal español, por ejemplo, habla de «patria» y de «traición a la patria», conceptos ambos que pertenecen a una visión muy nacionalista. Ese movimiento que se ha llamado «catalanismo», al que nosotros ahora preferimos denominar «soberanismo», nunca ha estado fundado en la negación del otro o en la voluntad de imponer su ley en razón de una superioridad moral o una «pureza de raza». Sabemos desde hace siglos que no existe una raza catalana. Desde sus orígenes, Cataluña siempre se ha enriquecido con las aportaciones de la inmigración: griegos, romanos, judíos, árabes, indoeuropeos, franceses… Así ha sido desde tiempos inmemoriales, y afortunadamente, podríamos añadir. No, eso que llamamos identidad catalana no se basa en la idea de un «pueblo elegido». Tenemos una concepción cívica de la identidad, lo cual se explica también por razones históricas. A partir de 1715, tras la derrota contra el ejército español, la política estuvo prohibida para los catalanes. Por ello, en el transcurso de los siglos esa identidad hubo de expresarse por mediación de la cultura, la lengua, la creación artística. Este movimiento artístico siempre estuvo ligado a las grandes corrientes modernizadoras europeas que compartían la idea de que era necesario transformar nuestras sociedades. La burguesía catalana dedicó todo su talento, todos sus esfuerzos y su deseo de solidaridad a la tarea de aumentar la pujanza cultural de Cataluña. Eso explica las corrientes creativas que, antes de la Primera Guerra Mundial y en el periodo de entreguerras, modelaron la riqueza de Barcelona.

Tenemos la suerte de ser resultado de una fabulosa mezcla étnica y cultural. Y estamos orgullosos de ello, porque es una vacuna contra la xenofobia. Eso nos ha permitido ser, desde siempre, una región muy abierta y acogedora, dispuesta a hacer negocios con todo el mundo, a integrarse en todos lados y a recibir a inmigrantes de todas partes. Sin conflictos, porque al mirarnos en el espejo, vemos que somos fruto de ese mestizaje. Nunca hemos tratado de crear un imperio catalán con derecho a dominar a los pueblos o a imponer su lengua a los otros, como los españoles o los franceses hicieron a los catalanes, los occitanos, los bretones, los vascos o los corsos. Desde nuestro punto de vista, tendríamos todo el derecho a preguntar: ¿quiénes son los nacionalistas?

Por otro lado, en la mayor parte de los casos, los Estados nación actuales no son, en su origen, el resultado de una votación democrática, sino de una mezcla de intereses político-económicos y de las guerras. Son fruto de la pujanza demográfica y territorial o de la posesión de materias primas. A nosotros nunca se nos planteó la posibilidad de decidir libremente si queríamos ser españoles o franceses. Jamás se celebró una votación o un referéndum que nos pidiera nuestra opinión. Como mínimo, tenemos derecho a preguntarnos si ese modelo de Estados nación no está obsoleto, si todavía es válido para gestionar los intereses de sociedades cosmopolitas, multiculturales y globalizadas, en la era de la digitalización y de las nuevas tecnologías. Plantearse esta cuestión no es un crimen. No estamos frente a algo sagrado. Nosotros tenemos la convicción de que es posible otro marco institucional con el que responder mejor a los desafíos del futuro. Muchos pequeños Estados han demostrado su eficacia y que pueden ofrecer a sus ciudadanos una calidad de vida superior, en un entorno más democrático, con una economía más abierta. Los parámetros que determinan el poder de los Estados han cambiado en el contexto de la cuarta revolución industrial; ahora son el conocimiento, la tecnología, los valores añadidos, el big data, la inteligencia artificial… y no solo el ejército o la superficie territorial, como antaño. Un país como Cataluña, de siete millones y medio de habitantes, es perfectamente capaz de responder de forma eficaz a las necesidades de su ciudadanía. Además, nuestro PIB es superior al de más de la mitad de los países europeos. Lo que pedimos es la capacidad para mejorar el día a día de nuestros ciudadanos, y deseamos contribuir a la modernización de Europa y del planeta gestionando el fruto de nuestros esfuerzos y nuestros recursos. Simple y llanamente. Y si eso fuera posible hacerlo como queremos dentro del marco de España, no pediríamos convertirnos en Estado. Pero no es el caso. Algunos creen que la política mundial está cada vez más dominada por las superpotencias, que los Estados pequeños solo pueden mantenerse en pie en la escena mundial si se unen entre sí (en términos de diplomacia, defensa y relaciones económicas) para alcanzar el nivel de las grandes superpotencias. Pero la lógica de las superpotencias es justamente la menos favorable para la paz mundial, la lucha contra el cambio climático o el desarrollo sostenible. Hoy en día, los Estados de modestas dimensiones constituyen una vacuna contra los riesgos de una mundialización desalmada bajo el dominio de las grandes potencias. Y esos Estados, en gran parte gracias a la tecnología, el conocimiento y la movilidad, pueden disponer de los medios para intervenir en estos debates, lo que antes resultaba imposible. Un Estado pequeño puede gestionar determinadas competencias de forma mucho más eficaz que una superpotencia, así como garantizar mejor los derechos de sus ciudadanos y aportar una contribución positiva al mundo. Es cierto que determinados problemas exigen federar esfuerzos, pero también es indiscutible que el progreso del conocimiento, de la tecnología y de la sociedad relativiza la importancia que antes tenían estos aspectos. Un Estado pequeño y puntero en tecnología puede ser extremadamente eficaz en la lucha contra la ciberguerra, por poner un ejemplo.

Hay quien denuncia, en nuestro caso o en otros, lo que llamaríamos un «nacionalismo de ricos». Me sublevo contra esa acusación injusta. Jamás nos hemos negado a ser solidarios. Resulta del todo posible ser rico y autónomo al tiempo que se ayuda a los demás. Pero esa solidaridad debe ser voluntaria, debemos poder decidir la forma de ejercerla. Y elegir las prioridades. Para Cataluña, por ejemplo, me parece primordial poder gestionar la inmigración de manera correcta y humanitaria, ser pioneros en el combate contra el cambio climático o dar prioridad al desarrollo de las nuevas tecnologías. Y no, por solo dar un ejemplo, privilegiar los cultivos intensivos e ineficaces o utilizar el agua sin límite. Sospechar a priori que un rico no es solidario es injusto, es una fake news, y una injuria en el caso de los catalanes. Hemos dicho, escrito y votado en el Parlamento catalán que deseábamos continuar siendo solidarios con España, claro que sí, pero también con Europa. Somos contribuyentes netos al presupuesto europeo. El problema radica en que, tras el reparto de impuestos en España, Cataluña es claramente menos rica de lo que debería ser. Lo que cada catalán recibe es inferior a lo que reciben la mayoría de los españoles. El déficit fiscal de la región suele estimarse en unos 16.000 millones de euros, alrededor del 8% del PIB catalán. Cataluña representa el 16% de la población española y el 19% del PIB. Las inversiones realizadas por el Estado en Cataluña representaron el 9,3% del total autonómico en 2013, el 7,2% en 2014 y el 8,5% en 2015. El grado de ejecución de los créditos presupuestarios en Cataluña es siempre inferior al nivel medio de ejecución a escala estatal (en Cataluña, fue del 70,8% en 2015, mientras que la media española fue del 82,9%, según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública). Esto choca con el principio llamado «de ordinalidad», en virtud del cual la clasificación de las comunidades antes del reparto de la riqueza debe preservarse después. En Alemania, es un principio sagrado. En España, la ley recoge este criterio, pero en la práctica nunca se ha aplicado. No quiero que se me malinterprete: claro que Cataluña, cuya riqueza es superior a la media española, puede llegar a ser un poco menos rica después de efectuado el reparto. ¡Es evidente! Pero la clasificación debe permanecer igual. Sin embargo, aunque somos el tercer contribuyente hemos caído al undécimo lugar en la clasificación del reparto. El principio de ordinalidad que se recoge en el Estatuto aprobado estipula que la aplicación del modelo de financiación en ningún caso debe modificar la posición de Cataluña en el orden de la renta per cápita con respecto a las otras comunidades autónomas. Dicho de otro modo, si Cataluña ocupa el tercer lugar en la renta per cápita, debe continuar ocupando ese tercer lugar tras la redistribución y el nivelamiento, para que las regiones menos ricas reciban los recursos necesarios. Tal como están ahora las cosas, según los cálculos de la liquidación de 2015, Cataluña ha caído a la undécima posición y se sitúa por debajo de la media. Respetar este principio de ordinalidad es una cuestión de justicia. Hay que hacer que la solidaridad sea equitativa; eso es lo que pedimos. Y lo que es más increíble: esto es algo que se ha aceptado, legalmente, en la ley española. ¿Qué hay que hacer para obligar a España a aplicar sus propios acuerdos políticos? Nosotros no tenemos capacidad para hacerlo. El Tribunal Constitucional está facultado para determinar si España actúa en el marco de la Constitución. Pero hasta cuando llama al Gobierno español al orden, invoca el pretexto de la «disponibilidad de los recursos presupuestarios» y adapta su proyecto de presupuesto en consecuencia, en nuestro detrimento. En otras palabras, utilizan argucias para reducir a la nada los acuerdos políticos. Esto se repite cada año. El reparto de los recursos nunca es equitativo.

Durante muchos años, hemos compartido la idea de la modernización de España, y no solo de Cataluña. Una España competitiva en el área económica sería sin duda ideal para nosotros. Pero el problema es que España lleva a cabo una política centralizadora que no tiene en cuenta a las comunidades autónomas: existe una gran concentración cada vez más importante de las sedes sociales de las empresas en Madrid, una tendencia que se ha incitado desde el plano político. Para alentar esa tendencia, el Estado ha establecido un sistema de financiación perverso, porque en realidad no le da al arco mediterráneo, de Andalucía a Cataluña, la posibilidad de explotar todo su potencial. La capital de España canibaliza todo el esfuerzo del resto de comunidades, se comporta como una gran capital imperial que se aprovecha de los recursos de los otros para crecer. No se puede simplificar la situación diciendo que los catalanes querríamos todo el dinero para nosotros, sin ser solidarios, o que los demás lo despilfarrarían. Es más complicado. Yo soy un gran defensor de la solidaridad. Sé lo que es que las familias no puedan satisfacer sus necesidades económicas más elementales. Hay muchos casos en Cataluña, como los hay en todas partes. Los poderes públicos deben asegurar el gasto en materia de asistencia sanitaria, educación, vivienda, agua o energía. Para mí, esa es la línea roja. Ese debe ser un primer nivel de solidaridad obligatorio. Todas las comunidades españolas deben estar en pie de igualdad en este aspecto, y la financiación que se otorgue debe posibilitar que sea así en todas partes. Y de nuevo de forma equitativa: si Cataluña, como ocurre hoy, atrae a muchos españoles que vienen a recibir asistencia sanitaria en hospitales catalanes, entonces debe recibir la financiación correspondiente. El nacionalismo actuaría rechazando a estas personas, diría que lo que tienen que hacer es curarse en sus lugares de origen. Pero no es esa la posición que nosotros adoptamos. Al contrario, estamos orgullosos de que tantos españoles vengan a Cataluña, porque significa que nuestro servicio público de salud funciona bien. Pero el sistema de financiación debe reconocer esa realidad. Ese reparto equitativo de recursos no debería ser fruto de una negociación repetida año tras año, sino que habría de ser automático. Y lo mismo debería aplicarse con los inmigrantes, las escuelas, las universidades o los centros de investigación. No es que estemos pidiendo un privilegio, creo yo.

La riqueza de Cataluña no es eterna, porque somos un país pobre en riquezas naturales. Solo disponemos de una ubicación estratégica. De ahí que nuestra economía deba abrirse al mundo. No hace ni diez años, las ventas de Cataluña aún se destinaban en un 60% a España y en un 40% al extranjero. Hoy es a la inversa. Este hecho exige una importante transformación interna. Si no la llevamos a cabo, seremos superados en la carrera de la globalización. No podemos ser tan solo una economía dominada por el turismo; aunque se trate de una fuente de ingresos importante, debemos seguir siendo un país industrial. Necesitamos infraestructuras adaptadas para transportar mercancías a través de los ejes internacionales, unos costes energéticos competitivos, una formación profesional ajustada a las necesidades de las empresas, unas políticas públicas que atraigan la inversión extranjera… Sin embargo, el ancho de vía férrea en España es en su mayor parte diferente del de otros países europeos. Hace años que pedimos que se adapte, porque las mercancías del puerto de Barcelona, los automóviles Seat o los productos de la industria química de Tarragona deberían poder transportarse a toda Europa sin tener que cambiar de tren o usar camiones, lo cual es ridículo. Esta petición jamás ha sido atendida. Está incluida en el presupuesto español, pero nunca se concreta. A la vista está que no sirve de nada pedirla. Deberíamos poder gestionar los vuelos intercontinentales del aeropuerto de Barcelona. ¿Por qué los sucesivos Gobiernos españoles han firmado al menos veintitrés tratados con países de otros continentes para que el aeropuerto madrileño, Barajas, sea el único en el que sus aviones pueden despegar y aterrizar? ¿Por qué no podemos gestionar el aeropuerto de Barcelona de acuerdo con las necesidades de Cataluña? Entendámonos: no estoy pidiendo que lo gestione el Gobierno catalán, pues bien podría hacerlo la Cámara de Comercio. Pero lo más lógico sería que en esto existiera una justa correspondencia con las necesidades del tejido económico catalán. Otro tanto ocurre con el puerto de Barcelona, también dependiente de Madrid y que debería aumentar su competitividad con respecto a los de Amberes o Rotterdam para acoger mercancías del mundo entero. Todo lo anterior, no es más que simple pragmatismo.

Algunos me preguntan si una Cataluña independiente sería económicamente viable. A mí me parece evidente que sí. Aunque cada proceso de independencia tenga costes de transición, también proporciona ventajas y oportunidades. Es un análisis difícil, pero existen elementos que ya conocemos y que, en función de su resolución política, podrían tener efectos positivos inmediatos o bien efectos negativos. Por ejemplo, la cuestión de la deuda pública. Nuestro endeudamiento público es bajo (un 34,8% del PIB en 2017), mientras que el de España es mucho más elevado (un 98,3% del PIB en 2017). Está claro que sin acuerdo de independencia el Gobierno de la república no tiene ninguna responsabilidad en el endeudamiento contraído por el Reino de España. Por el contrario, si existiera ese acuerdo, parece obvio que Cataluña debería asumir una parte de la deuda española, que se ha contraído para financiar inversiones también en Cataluña. En todo caso, la negociación determinará qué parte de esa deuda estamos dispuestos a asumir: en función de la población (16%), en función de nuestro PIB (19%) o en función de la inversión media del Estado en Cataluña (según los datos del Ministerio, de 2013 a 2015, la inversión media ascendía a un 8,3% de las inversiones concedidas al conjunto de las comunidades autónomas). El efecto tangible más inmediato se produciría en el equilibrio fiscal entre Cataluña y España. Sin transferencias corrientes, el PIB catalán sería superior en un 16%. Si la independencia tuviera un impacto negativo, la magnitud de este debería ser poco importante. La quiebra de Islandia en 2009 representó una bajada del 6,8% en su PIB. En 1936, cuando estalló la Guerra Civil Española, el PIB español cayó un 22,7% (datos de Maddison). En cambio, la economía catalana cerró 2017 con cifras positivas y una economía muy dinámica, a pesar de la operación de intensa propaganda para tratar de demostrar lo contrario. Los datos oficiales de los que disponemos no admiten la más mínima discusión. El PIB catalán aumentó un 3,5% en 2017, mientras que el de España aumentó un 3,1%. El índice de la producción industrial catalana se incrementó en un 11,3% en diciembre, frente al incremento del 6,9% en España. Las exportaciones de bienes y servicios de 2017 aumentaron un 8,7% en Cataluña y un 8,9% en España. El índice catalán de desempleo es del 12,6%, por el 16,5% de toda España, con una reducción en Cataluña de más de tres puntos con respecto a España.

El «soberanismo» que invocamos no apela al orgullo de la patria (como sí hace el nacionalismo), sino que quiere tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos catalanes. La idea nuclear del catalanismo es precisamente ese vínculo con la ciudadanía. Por eso insistimos hasta tal punto en la defensa de la democracia. Durante la Guerra Civil (1936-1939) y durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el conjunto del catalanismo se comprometió con orgullo contra los totalitarismos fascistas y nazis. Luego fuimos perseguidos por el franquismo. No es que nos hayamos convertido a la democracia de repente, sino que siempre hemos estado junto a los europeos que combatían contra las dictaduras. Estuvimos al lado de franceses y británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, no siempre ocurrió así con el régimen oficial de Franco, que envió una división de voluntarios, la División Azul, al frente oriental. ¿A quién ayudó Franco? ¡A Hitler! Es historia, son hechos, no una opinión. Y, en 2017, las autoridades españolas, estando el Partido Popular en el poder, todavía rindieron homenaje a la División Azul. Lo vuelvo a preguntar: ¿quién predica un nacionalismo peligroso? El régimen de Franco sigue muy presente en el imaginario español. El mausoleo del Valle de los Caídos, construido por orden de Franco para rendir tributo a los «héroes y mártires de la Cruzada», es decir, a los combatientes del bando nacional muertos durante la Guerra Civil, todavía recibe miles de visitantes cada año, y su mantenimiento se sigue sufragando con el presupuesto público español. Todos los españoles deben pagar un monumento abierto al público dedicado a la figura de un dictador. ¿Hay algún caso parecido en Europa? Y no solo está la tumba del dictador, sino también la de José Antonio Primo de Rivera, el líder de la fascista Falange. Allí siguen ambos, en 2018, por más que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se haya comprometido a hacerlos desaparecer. ¿En qué otro país de Europa pueden encontrarse monumentos como este, dedicados a figuras fascistas o nazis? Están prohibidos en todos lados, excepto en España. En cambio, hay miles y miles de personas desaparecidas en la Guerra Civil cuya tumba, a menudo una fosa común, todavía no se ha localizado. Ochenta años después, miles de familias aún no saben qué fue de algunos de sus seres queridos. En 2017, Cataluña publicó por primera vez todas las decisiones que tomó el Tribunal Militar durante la dictadura de Franco, recuperadas de los archivos de la Guerra Civil de Salamanca que le fueron restituidos parcialmente en 2004 por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Gracias a ello, miles de personas pudieron averiguar qué les había ocurrido a sus abuelos o a sus padres. Francamente, ¿queremos seguir formando parte de un Estado que no hace absolutamente nada por terminar con esta vergüenza? En Cataluña todavía hay fosas comunes y miles de desaparecidos. Habríamos querido abordar ese asunto, pero la legislación española nos lo prohíbe. No hay duda de que las heridas del pasado siguen abiertas. Bajo el Gobierno de Rajoy, el Estado español no actuó como un Estado digno. El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado su voluntad de adoptar medidas, del mismo modo que se ha comprometido formalmente a retirar el cuerpo de Franco del monumento del Valle de los Caídos. Supondría un primer paso en la buena dirección… aunque el pasado mes de julio se le traspasó el título de duquesa de Franco a la nieta del dictador. De igual manera, tampoco se puede maltratar a un refugiado político, económico o climático. Se le debe acoger y proteger, pero España no lo hace de forma altruista. En cambio, el Gobierno de José María Aznar no lo dudó a la hora de participar en la guerra contra Irak en 2003, junto al estadounidense George W. Bush y el británico Tony Blair, sin ningún mandato internacional. Nosotros nos opusimos a aquel abuso de autoridad.

Para los catalanes, un Estado solo tiene sentido si es un Estado de los ciudadanos. Yo nunca sería independentista si todo se redujera a llevar a cabo las mismas políticas que España. No tendría ningún sentido. Puedo comprender lo que algunos se preguntan: «¿Por qué necesitamos un Estado?». Es una buena pregunta. Si se crea un nuevo Estado para poner en práctica unas políticas similares a las del que acabamos de abandonar, efectivamente no tiene ninguna razón de ser. Pero si así podemos gestionarnos de modo diferente, teniendo presentes las sensibilidades de la población, entonces sí, eso tiene un sentido. Quizá se me podría replicar: pero en ese caso, una vez conseguida la independencia catalana, podría ser que luego quisieran reclamarla para sí Barcelona o Girona. Es verdad. Yo respondería que, para empezar, el pueblo catalán existe desde hace mucho, que hay una historia, una cultura, una lengua… Se trata de un conjunto coherente, por más que, llegado el caso, tendríamos que gestionar nuestros desequilibrios internos para que resultara compatible para todos. Y somos capaces de hacerlo. Además, si en efecto algunos reclamaran su independencia de forma democrática, no nos opondríamos. En la actualidad, ya existen aspiraciones de este tipo en el Valle de Arán, una comarca de Cataluña cuya lengua oficial es el occitano. Nosotros aprobamos una ley donde se les reconocía el derecho a decidir su futuro, fuera este cual fuera. También ellos representan una realidad histórica. Si una parte de Cataluña siente el deseo de emprender otro camino, ¿podemos impedírselo? Nunca. Soy del todo partidario de que cada generación pueda gestionar los instrumentos del Estado del modo que mejor corresponda al deseo de su población. Y eso debe valer para todos. En cualquier caso, el objetivo no es prohibir eventuales movimientos independentistas, sino hacer todo lo posible para que no tengan razón de ser. Resulta muy sano desacralizar la idea de unidad del país. Es una convención humana sujeta a revisión y que deberíamos aspirar a administrar, finalmente, mediante la paz y no con la guerra. Es un completo retroceso pensar que la única forma de mover las fronteras debe ser la guerra. Prefiero que los Estados sean consecuencia de la voluntad de quienes viven en ellos, no de la fuerza. En cierta forma, el primer derecho que debería garantizar una república es el derecho a no pertenecer a ella. De lo que se trata es de relativizar el vínculo de la identidad, de la tierra y de la sangre, y reforzar la voluntad y el compromiso sobre la base de valores. La identidad-mosaico era un obstáculo en tiempos de guerras y conquistas. En tiempos de paz, de mundialización y de revolución tecnológica, ya no representa ningún problema.

Algunos constatan hoy un resurgimiento de los nacionalismos en Europa: vascos, corsos, escoceses, flamencos… El único punto que nos une, por encima de nuestras diferencias y de nuestras historias singulares, es que reclamamos el derecho de autodeterminación previsto por las Naciones Unidas. Pero hemos llegado a esa conclusión por razones distintas. Desde luego, en Cataluña existe una simpatía natural por quienes, al igual que nosotros, piden ejercer ese derecho. Por ejemplo, la causa del Sáhara Occidental, que reclama ejercerlo con respecto a Marruecos, tiene muy buena acogida entre nosotros. Los flamencos son amigos. Pero esto no quiere decir nada más. Cada uno sigue su propio camino, con sus propias motivaciones. Cada uno mantiene las relaciones que puede mantener con el Estado central del que depende. Por otro lado, las situaciones varían dentro de un mismo Estado: el País Vasco también es una nación histórica, pero su estatus es diferente del nuestro. Sí, debe respetarse el camino de cada uno. Europa debe reconocer que es una unión de la diversidad, no solo de pasaportes oficiales, sino también de lenguas, identidades, realidades, tradiciones muy arraigadas e instituciones autónomas que no conforman Estados oficiales. Europa no puede conocerse a sí misma sin reconocer esta realidad. Si existiera una Europa de regiones históricas, con poderes legislativos y reconocidas como tales, quizá no habríamos llegado al punto en el que estamos. Con los flamencos, los escoceses y otros, compartimos el objetivo, es verdad, de poseer los instrumentos de un Estado y gestionar nuestras competencias. Al servicio de los ciudadanos, pero también de Europa. Hasta donde yo sé, los escoceses son claramente proeuropeos, al igual que los catalanes. Las naciones sin Estado favorecemos las relaciones mutuas, pero también mantenemos relaciones con Estados y con regiones que no tienen ninguna reivindicación. No deseamos que germine ningún contrapoder a los Estados, desde luego que no. Además, no sería inteligente. Lo que yo deseo es mantener contactos con todos. Cuando era presidente, por ejemplo, firmé un acuerdo con la presidenta de la región de Isla de Francia porque nuestras realidades son cercanas, sobre todo en el ámbito de la revolución digital. El actual deseo de soberanía de Cataluña se asienta en una nueva realidad en la que la subsidiariedad puede hacerse efectiva. Hace cincuenta años era imposible. Pero todo ha cambiado a una velocidad increíble. Con las tecnologías actuales, una alcaldía, con independencia de donde se encuentre, puede tener acceso inmediato al mismo nivel de información que un ministerio. ¿Por qué no utilizar esa capacidad para acercar las instituciones y los poderes políticos a los ciudadanos? ¿Por qué todavía debemos desplazarnos en persona a Madrid para recoger una notificación del Tribunal Supremo, cuando es algo que podría hacerse en cinco minutos? Es una pérdida inútil de tiempo. Podríamos hacerlo de forma instantánea desde el juzgado más cercano, o en línea, con un certificado digital.

A los independentistas nos reprochan haber creado una burbuja paralela a los Estados oficiales. Se difunden deliberadamente muchas críticas perversas para ensuciar la reputación de nuestra demanda. Nos tildan de egoístas, fascistas, extremistas, antieuropeos o antiespañoles. He terminado por no responder a todas esas monstruosidades. Yo nunca me tragaría ese tipo de afirmaciones mentirosas sin tratar antes de comprobarlas. Actuaría como el periodista que sigo siendo, contrastaría las fuentes y extraería conclusiones. Del mismo modo, resulta pueril afirmar de manera arbitraria que quienes se oponen a la independencia catalana sean fascistas, intolerantes o violentos. Obviamente, yo no pienso tal cosa. La realidad es mucho más compleja y tiene muchos más matices. Puede haber algo de verdad en lo que cada uno diga, y siempre debemos respetarnos los unos a los otros. Cuando hablo de España con una visión crítica, no estoy poniéndolo todo en el mismo saco; lo único que hago es mencionar hechos. El monumento de Franco y las fosas comunes existen. Es una triste realidad, anacrónica en 2018. Cuando digo que el Gobierno de Mariano Rajoy no trataba a todos los ciudadanos con dignidad, es una opinión personal que asumo. Pero cuando se acusa a los catalanes de ser antieuropeos, se miente con el mayor descaro. No pretendo que todo el mundo tenga necesariamente que estar de acuerdo conmigo, sino solo que se haga un pequeño esfuerzo intelectual para tratar de comprenderme.

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«En Bruselas busco a Europa»

Mi exilio en Bélgica

Tras el resultado positivo del referéndum del 1 de octubre de 2017 a favor de nuestra tesis, no podíamos dejar de declarar la independencia. La ley que habíamos aprobado exigía remitir los resultados de la consulta al Parlamento catalán para que este diera concreción a la voluntad popular. Teníamos ese compromiso legal. Desde luego, me planteaba muchas preguntas, sobre todo porque enfrente había un Estado que no demostraba ninguna voluntad de sentarse a una mesa con nosotros. Pero después de intentar forzar el diálogo una vez más, no tenía opción.

Unos días antes de la sesión del Parlamento catalán convocada para declarar oficialmente la independencia, prevista para el 27 de octubre de 2017, todavía se produce un último intento de iniciar un diálogo. Un empresario catalán, unionista pero con buenos contactos en ambos lados, recibe un mensaje de texto de parte de un ministro español y me lo enseña de inmediato. En el mensaje, este ministro dice que podría interceder ante su «jefe», es decir, el presidente Mariano Rajoy, si estoy dispuesto a hablar. Contesto sin rodeos que sí, que estoy dispuesto a hacerlo. Cinco minutos después, o diez todo lo más, el empresario recibe otro mensaje de este mismo ministro en el que dice que el jefe no quiere hablar, que el asunto ha llegado ya demasiado lejos. Pese a todo, no quiero evadir mis responsabilidades. La noche del 25 de octubre reúno a todos los actores implicados en Cataluña hasta las dos de la madrugada para transmitirles mi voluntad de convocar elecciones autonómicas anticipadas, siempre que el Gobierno español respete ciertas condiciones para que estas se celebren en un clima de normalidad: retirar la amenaza del artículo 155 (un artículo de la Constitución de 1978 que permite al Gobierno español controlar a las comunidades autónomas si estas faltan a sus obligaciones o atentan gravemente contra el interés general de España), ordenar la vuelta a casa de los diez mil policías, retirar la acusación de sedición contra los dirigentes catalanes… Según la ley catalana, el único facultado para convocar elecciones es el presidente. Se trata de una competencia personal. Así que, en un momento de tal gravedad, tengo la íntima obligación de plantearme la cuestión, ya sea para optar por ella o para descartarla. Al final, tomo la decisión de convocar elecciones, puesto que la aplicación del artículo 155 decidida por Madrid es un golpe de Estado, una medida fuera de la ley y la Constitución española. Quiero impedir una venganza por parte del Gobierno de Madrid contra toda la población catalana. Eso bien merece una pausa en el proceso hacia la independencia. Después de esas elecciones, espero que se puedan designar nuevos actores que nos lleven a otro escenario y que se retomen las negociaciones políticas.

La mañana del 26, la víspera de la sesión del Parlamento catalán prevista para declarar la independencia, ya he tomado la decisión, siempre que me ofrezcan garantías de que las elecciones puedan celebrarse en un clima de normalidad. En otras palabras: España no debe aplicar el artículo 155 de la Constitución ni suspender el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es una condición indispensable. Y en ese momento todavía posible, ya que el Senado español aún no ha aprobado la decisión. Pueden detener el proceso. La segunda condición es pedir a los letrados y al fiscal general que cesen en su persecución a los dirigentes catalanes, encarcelados como si fueran rebeldes o criminales. En tercer lugar, debe retirarse a los diez mil policías enviados para el referéndum, pues generan un clima innecesario de violencia. Por último, debe cesar el control de las finanzas del Gobierno catalán. El 26 de octubre, tras haberme reunido con mi gabinete, comunico estas cuatro condiciones al Gobierno español. Especifico que, si se obtienen todas esas garantías, a mediodía comunicaré mi decisión a los medios y a la población en una rueda de prensa. Activo tres fuentes diferentes en Madrid para llevar a cabo la mediación con el Gobierno español: una fuente pertenece al ámbito político, otra al social y una tercera al económico. Alguien incluso habla personalmente con Rajoy. La primera respuesta es positiva. Mis mediadores me dicen que hay una posibilidad de que este escenario funcione. A continuación, me transmiten que en Madrid existe el temor de que utilicemos estas elecciones para organizar simultáneamente las elecciones constituyentes de la república. Les declaro mi compromiso de que tal cosa no sucederá. Me piden ver el decreto de convocatoria de elecciones, a fin de evitar una posible trampa. Les envío una versión no firmada, mientras sigo a la espera de que acepten las condiciones, para demostrarles mi buena voluntad. Poco después, reúno a mi grupo parlamentario para explicarles la situación. Surgen fuertes divisiones internas. En ese momento, el presidente del Partido Popular en Cataluña, también miembro del Senado español, afirma que España mantendrá la aplicación del artículo 155 aunque se convoquen elecciones autonómicas. La declaración suscita una pequeña revolución en mi grupo, y algunos diputados manifiestan abiertamente que se están burlando de nosotros. Pese a todo, me mantengo alerta por si se produce la respuesta formal del Gobierno español. Envío un mensaje al delegado del Gobierno español para preguntarle si lo que su compañero de partido ha dicho es correcto. Su respuesta es muy ambigua. Mis mediadores en Madrid también informan de dificultades: «Quieren oír antes tu rueda de prensa y según lo que oigan se pronunciarán», me dicen. Está claro que eso es inadmisible: solo estoy dispuesto a emitir mi comunicado si se aceptan las garantías. Si no es así, sencillamente no tengo derecho a detener el proceso para el que me he comprometido. Es obvio. El 10 de octubre ya había suspendido una primera vez los efectos del referéndum ante el Parlamento catalán para dar una oportunidad a Madrid. Ese 26 de octubre, necesito un compromiso claro en lo que respecta a las condiciones. Pero no obtengo ninguna respuesta convincente. El último mensaje me invita a pronunciarme antes que ellos. Esto no es serio. No me es posible comprometerme en tales circunstancias, cuando al día siguiente está convocada la sesión del Parlament. No hay razón objetiva para hacerlo. En un principio, decido suspender la rueda de prensa prevista a mediodía. Pero a primera hora de la tarde se va haciendo evidente que no obtendremos las garantías solicitadas. Entonces declaro ante la prensa que estábamos esperando esas garantías, pero que no han llegado. Si el Estado y el Gobierno español se hubieran comprometido de forma explícita a respetar esas cuatro condiciones, habría convocado elecciones y no habríamos celebrado la sesión parlamentaria para declarar la independencia. Estaba convencido de que unas nuevas elecciones era la mejor solución para volver a barajar las cartas. Pero resulta obvio que el Gobierno español ha preferido el cálculo político.

Durante años, hemos recorrido todo este camino sin dejar nunca de respetar el derecho internacional. Hemos intentado llegar a acuerdos en repetidas ocasiones. Hemos propuesto una mejora de nuestro Estatuto de Autonomía, pero ha sido inútil. Hemos propuesto un pacto fiscal, pero ha sido inútil. Hemos propuesto una consulta popular no vinculante, pero se ha rechazado. Hemos propuesto un referéndum organizado conjuntamente con Madrid, pero también se ha rechazado. A fin de cuentas, el derecho de autodeterminación de un pueblo existe para salir de este tipo de situación. Dentro de un Estado, una minoría política no puede ser víctima de la tiranía de la mayoría. El derecho de autodeterminación está reconocido en el artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. En el periodo precedente a la declaración de independencia, son habituales las presiones por parte de los patronos de las grandes empresas españolas, muy ligados a la monarquía y al Partido Popular, para impedir que emprendamos esta vía. Se trata de ejecutivos, no de propietarios. Eso crea un clima envenenado. De manera regular, la prensa informa de una fuga de empresas de Cataluña. CaixaBank y el Banco de Sabadell están a la cabeza de ese movimiento. Todo es una gran exageración. El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) reconocerá después que no ha habido repercusiones económicas. Es un ejemplo de cómo se construye un clima de crisis artificial para tratar de influir en la política. No se ha perdido ningún puesto de trabajo, tan solo ha habido un cambio de sede social de algunas empresas (social, no fiscal ni de los centros de producción). A finales de 2017, se constató claramente que la economía catalana había crecido por encima de la economía española, que la reducción del paro había seguido un ritmo mayor y que las inversiones extranjeras y las exportaciones se habían mantenido. Se trata, pues, de un mensaje puramente político destinado a presionar al Gobierno catalán legítimo. Los gobiernos europeos, en cambio, no ejercen la más mínima presión durante este periodo crítico. Antes de la primera reunión del Parlament, el 10 de octubre, algunos embajadores nos envían mensajes para pedirnos que no hagamos nada irreversible. Pero, en este caso, puntualizan que lo que correspondería es iniciar un diálogo político. Porque el 1 de octubre se ha producido, porque nosotros hemos ganado ese referéndum y eso cambia las reglas del juego. Yo mismo recibo muchas comunicaciones formales en este sentido en los días que siguen al referéndum. Y apuesto por esa idea: es necesario abordar un diálogo. Pero ese 26 de octubre parece claro que el Gobierno español no pretende dialogar, sino más bien atajar el impulso. Llevamos tres semanas pidiéndole hablar y que ponga fin a este pulso abandonando la vía penal. De nada sirve. Todo el mundo vio que el 10 de octubre suspendí el proceso y que todavía estaba dispuesto a hacerlo antes de la votación final. Por eso, puedo acusar al Estado español de no haber aprovechado estas oportunidades. Se demuestra que no quería arreglar la situación de forma democrática, sino optar por la vía de la represión, de la violencia, de la persecución.

La noche del 26 al 27 de octubre no duermo demasiado bien, pero no a causa de lo que está en juego. Hace años que duermo mal: tengo el sueño muy sensible a la luz y los ruidos y me despierto con los primeros rayos de sol. Es algo habitual. Siento tensión, claro, y preocupación. La idea de dar este paso no me hace dar saltos de alegría, pero estoy convencido, después de tanto esfuerzo, de que no existe otra alternativa. Es nuestra responsabilidad, una vez agotadas las demás opciones, cumplir con lo que hemos dicho que haríamos. El 27 de octubre, se produce en el Parlamento catalán la votación sobre la declaración de independencia. Evidentemente, es un momento que no admite vuelta atrás. Me doy cuenta de que estamos ante un instante histórico. Al iniciar mi mandato, había dicho que este sería el mandato en el que pasaríamos de la posautonomía a la preindependencia. Tras esta votación, soy consciente de que llegamos al momento de transición entre posindependencia y prerrepública. Pero en la construcción de esa república se interpone un gran obstáculo: al día siguiente de la votación, seremos apartados del Gobierno en virtud de la aplicación del artículo 155, por lo que ya no dispondremos de los instrumentos imprescindibles para cumplir con esa tarea. El mismo día de la votación, el Senado español vota también y aprueba suspender nuestro Estatuto de Autonomía. No recibo ninguna notificación oficial al respecto de esa votación. Debemos esperar a que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Se mire por donde se mire, el Gobierno español ha ido más allá no solo del espíritu, sino también de la letra de la Constitución. Al revisar los debates constitucionales y las indicaciones de los expertos sobre la aplicación del artículo 155, se constata que descartaron explícitamente la posibilidad de una intervención global contra los órganos de un Gobierno autónomo y que finalmente adoptaron un camino menos coercitivo. Queda por completo excluida la opción de destituir a un presidente o a todo un Parlamento elegido no hace ni dos años en unas elecciones legítimas. Por eso hablamos de golpe de Estado, porque el Gobierno español se extralimitó al interpretar el espíritu de la Constitución española. De manera consciente, corrompió el artículo 155 al emplearlo como un cheque en blanco.

Por mi parte, creo de verdad que para Cataluña era importante consolidar, mediante unas elecciones, ese capital de movilización y de expresión democrática generado por el referéndum del 1 de octubre frente a un Estado autoritario. Estos comicios habrían podido confirmar las decisiones parlamentarias y constituir un plebiscito. Si las fuerzas políticas favorables a la independencia hubieran ganado esas elecciones anticipadas, se habría dado validez definitiva al resultado del 1 de octubre. Pero las elecciones anticipadas que yo deseaba jamás se celebraron y la escalada todavía habría de continuar. Lo que sucede a continuación es que el Estado español suspende a docenas de funcionarios, a todos los consellers y a casi todos los secretarios generales y directores generales. Desmonta casi toda la administración catalana y, en su lugar, nombra cargos en la sombra. A partir de ese momento, quien asume la función de presidente de Cataluña es el propio Rajoy, que convoca elecciones autonómicas para el 21 de diciembre de 2017, mientras que de la coordinación se encarga Soraya Sáenz de Santamaría, la número dos de su Gobierno. Esta recuperación del control por parte de Madrid se traduce en una parálisis total y una gestión puramente administrativa que es, además, del todo ineficaz. Todos los pagos cesan de golpe, incluidos los destinados al tercer sector, a las instituciones culturales, a las necesidades sociales… ¡Con el pretexto de castigar la decisión de un Gobierno, se castiga a todo un pueblo! Se persigue a los siete millones y medio de catalanes, incluidos los unionistas que han votado al Partido Popular, al Partido Socialista o a Ciudadanos. Una absoluta injusticia.

A partir del 27 de octubre, la mayoría del Gobierno catalán abandona Cataluña para instalarse en países extranjeros. Yo me quedo, al igual que el vicepresidente. El 27 duermo en mi casa; también el 28. Pero ese mismo 28 de octubre, por la noche, me reúno en cierto lugar de la provincia de Girona con Marta Rovira i Vergés, la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que acaba de hablar con los miembros del Gobierno en el exilio y con otras personas. Nos encontramos para decidir qué pasos conviene seguir ahora. Después de analizar la situación, concluimos que la mejor opción es exiliarnos también. Eso es lo que decidimos. Yo elijo ir a Bruselas, porque es la capital de Europa. No queremos huir, sino proseguir la tarea, pero en un espacio libre en el que se pueda hacer política. El objetivo es tener garantizados nuestros derechos y mantener la legitimidad de nuestras instituciones. El domingo 29 de octubre, recibo en mi casa a algunos consellers. Han vuelto de su exilio en Francia para hablar de la situación y planificar el día siguiente, porque todo debe hacerse el lunes a mediodía. Quiero insistir en que en ese momento no hay ninguna orden de arresto ni ninguna querella contra nosotros. Tenemos plena libertad de movimiento. Ese mismo fin de semana acabamos de ser relevados de nuestras funciones. Por la noche, cada uno vuelve a su casa para preparar el equipaje y despedirse de la familia. En mi caso, me recomiendan adelantar la partida a esa noche, porque el 30 corro el riesgo de ser arrestado. Y, para mí, esa no es una opción, pues en la cárcel no puedo luchar. Seríamos rehenes políticos y, por tanto, nos humillarían por lo que representamos, nuestras instituciones y nuestras reivindicaciones. Decido, pues, anticipar unas horas mi marcha, y así se lo comunico a un colaborador. Por su parte, los compañeros que estaban en Francia salen ya para Bélgica. Algunos medios de comunicación contarán después que yo había salido de Cataluña hacia el aeropuerto de Marsella escondido en el maletero del coche de mi mujer. Nada más ridículo. Mi esposa no movió su automóvil ni un metro, y yo nunca me he metido en ningún maletero. Ocupé el asiento del copiloto y viajé con toda normalidad por Francia hasta Bélgica. Tampoco tomé ningún avión en Marsella, como se ha dado a entender. Resulta increíble que alguien pueda inventar tales cosas. Eso demuestra el nivel de degradación de la prensa española. Son mentiras calculadas para desacreditar mi reputación. ¿Para qué querría yo tomar un avión en Marsella? Lo que hago es atravesar Francia en coche y entrar en Bélgica por Luxemburgo, simplemente para evitar atascos. Eso es todo. Soy un hombre libre, no me estoy fugando. Y eso mismo declara el primer ministro belga, Charles Michel, cuando llego: soy un ciudadano europeo libre. No estoy escapando de nada ni de nadie.

No hay sitio más apropiado que la capital de Europa para proseguir nuestra lucha, el lugar donde se concentran tantas instituciones europeas, tantos políticos, diplomáticos y medios de comunicación. Por otro lado, abogados expertos me han informado de que Bélgica, por tradición democrática, es uno de los países más comprometidos en materia de derechos humanos. Nos hemos ido para escapar de la injusticia y hallar justicia, porque una justicia independiente es imposible en España. No se trata de una fuga. El marco europeo nos permite defendernos desde Bruselas o desde otro país, de manera perfectamente legal. ¡Esa es la grandeza de Europa! No he avisado a nadie de mi llegada, excepto a unos contactos con los que me reúno en la sede de la Alianza Libre Europea, la formación que agrupa a varios partidos regionalistas en el seno del Parlamento Europeo. No he contactado con nadie en el plano oficial, por prudencia y para no inmiscuirme en los asuntos internos de otro país. Aquí buscamos sobre todo a Europa, no a Bélgica. Además, tenemos aliados políticos en este país, lo que nos permitirá expresarnos, tener el margen de maniobra necesario para que el mundo sepa lo que pasa en Cataluña. Bélgica es lo contrario de Francia, que tiene una tradición jacobina, centralizadora y muy vinculada a los intereses políticos del Gobierno español, de ahí que no hayamos optado por ese país. Pero insisto: en mi opinión, Bruselas es ante todo la capital de Europa, por más que la Europa institucional no nos escuche. Tras ser elegido presidente de Cataluña, traté varias veces de reunirme con Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea. Juncker ha recibido prácticamente a todo el mundo: alcaldes, presidentes regionales… Siempre me he preguntado por qué a mí no quería recibirme. En su entorno cercano, en el seno de su gabinete, hay muchos representantes del Partido Popular español. A mi juicio, su actitud es un error, porque al fin y al cabo yo represento a una región europea pujante en la que en esos momentos se están produciendo acontecimientos de importancia. Pienso que al menos debería informarse al respecto, aunque no comparta nuestras convicciones. Aun así, desde mi llegada a Bruselas, tengo el íntimo convencimiento de que en algún momento va a tener que ocuparse de la cuestión catalana. Aunque no quiera. En mi primera visita oficial a Bruselas, no solicité ser recibido. Se trataba entonces de hacer contactos pero sin enviar ninguna solicitud formal. A los periodistas que entonces me preguntan, les respondo que llegará un momento en el que Jean-Claude Juncker ya no podrá mirar hacia otro lado, porque la cuestión catalana se convertirá en un problema de Europa. Ahora, ese momento ha llegado. El señor Juncker ya no puede decir que no existe tal cuestión, porque todo el mundo ve lo que está pasando. Las instituciones europeas habrían debido escucharnos. ¿Somos o no somos ciudadanos europeos? No estoy pidiendo que cambie de opinión con respecto a España. Comprendo que no quiera inmiscuirse en los asuntos internos de ese país. Pero conocer la situación en todos sus matices, por boca de quienes la viven, forma parte de sus responsabilidades. Hay otras cuestiones internas que se convierten en cuestiones de la Unión Europea, ¿o no es así? ¿Por qué Europa intervino en Polonia? Tuvo razones para hacerlo; se trataba de un asunto importante que tocaba a Europa, puesto que estaba en juego la independencia de la justicia. Pues bien, otro tanto puede decirse en lo que respecta a España. Lo que estoy pidiendo es que Europa se interese por los asuntos que conciernen a los derechos fundamentales en su territorio. El hecho de que no lo haga es, en mi opinión, una de las consecuencias del inmenso poder que el Partido Popular tiene en Europa.

Hoy, casi un año después de lo sucedido entonces, ya no puede afirmarse que se trate de un asunto interno de España. Muchos diputados europeos de otros países quieren demostrarnos su compromiso. Y también se preocupan por nuestra causa los parlamentarios de diversas naciones. El antiguo primer ministro francés Manuel Valls reconoce que este es ya un asunto europeo, hasta el punto de proponer su candidatura a la alcaldía de Barcelona. Sin coherencia, puesto que él participó en la campaña electoral de varios partidos unionistas, el PP, Ciudadanos y los socialistas. Resulta increíble que un líder político pueda defender al mismo tiempo a formaciones políticas que se enfrentan entre sí.

Al llegar a Bélgica, contacto de inmediato con el abogado Paul Bekaert, a quien me han recomendado por sus cualidades y su especialización en materia de derechos humanos. Mantenemos una muy fructífera conversación en la que le explico todo el contexto. Él, por su parte, me expone con precisión los caminos posibles y aquellos otros en los que no debe insistirse. A partir de ese instante, veo que tengo la clara posibilidad de conservar mi libertad de movimientos y de expresión durante un mínimo de dos meses, en el peor de los casos, mientras se desarrolla el procedimiento de extradición. Es algo importante para mí, porque significa que puedo hacer campaña para las elecciones autonómicas de finales de diciembre, unas elecciones impuestas por el Gobierno español. Así que voy a poder jugar ese partido. Si tengo esa opción, entonces hay que hacerlo y no rendirse. Aunque el resultado final pueda ser mi extradición. Durante esos dos meses, organizo ruedas de prensa, me explico, me encuentro con diversas personas y trabajo por nuestra causa en el ámbito internacional y en el plano mediático. Estoy orgulloso de esta lucha que rinde su fruto. Es un compromiso democrático: solo me valgo de la palabra. La libertad de expresión es el arma más poderosa de una democracia. Por otro lado, la posibilidad de expresarme modifica la estrategia española, que consistía en solucionar este conflicto «a la española», como si España fuera una gran tapadera cuyo objetivo es impedir que el resto de países europeos vean lo que sucede entre bastidores. Desde Bruselas, puedo denunciar que España no respeta las reglas básicas de la democracia. Puedo decir: «Querida Europa, hay algo que no funciona con normalidad en nuestra casa y, por tanto, tampoco en la vuestra». Y lo cierto es que rinde su fruto: oigo cómo una diputada europea sueca afirma que un Estado que decide por vía judicial quién puede o no ser presidente ya no es una democracia.

Al ir a Bruselas, sabía que la Europa institucional no se movería. Pero aprovecho la oportunidad para dirigirme directamente a los europeos. Hablamos de la Europa de los Estados y de las regiones, pero nosotros creemos profundamente en la Europa de los ciudadanos. Ellos son la esperanza de la Europa actual. Los ciudadanos están más empapados de democracia que algunos de sus dirigentes. Para darse cuenta de ello, basta con recordar el escándalo del nombramiento por parte de Jean-Claude Juncker de Martin Selmayr para encabezar la administración europea, pisoteando sin recato las reglas. Yo creo en los ciudadanos y me preocupa mucho el retroceso de la democracia en Hungría, en Polonia… Y tengo la esperanza de que a la gente también le preocupe el similar retroceso democrático que se observa en España. Deseo ver una reacción a la altura de unos ciudadanos que comprenden su responsabilidad y que se comprometen a mejorar el modo en que se gestiona la democracia europea. No necesito dirigirme directamente a las instituciones y los dirigentes europeos. Estoy convencido de que por fuerza habrán de darse cuenta de que existe un problema. Los ciudadanos más próximos a los catalanes demócratas son los europeos demócratas. Los ciudadanos que con mayor fervor defienden la democracia europea son aquellos catalanes que protegieron las urnas contra las cargas policiales. Con esto, es obvio que no quiero decir que los ciudadanos europeos hayan de ser favorables a la independencia de Cataluña. Ni mucho menos. Lo que quiero decir es que, más allá de nuestra causa nacional, se plantea otra cuestión más sustancial que atañe a la evolución de la democracia en Europa. Por eso, nuestro mensaje político no se dirige solo a los ciudadanos de territorios con aspiraciones similares a las de Cataluña. No solo a ellos. Por encima de todo, nos dirigimos a todos aquellos ciudadanos que sienten que algo no marcha bien en la democracia europea. Se está convirtiendo en una «democracia blanda» que puede transformarse de un día para otro en una «dictadura blanda», alejada del espíritu con que se fundó la Unión Europea. La regresión democrática se ha hecho común en Europa como tal y en varios de sus Estados miembros. Los ciudadanos constituyen el pilar de la democracia. Deben sentirse avergonzados de que en la Europa actual haya militantes perseguidos por sus ideas políticas.

Una vez en Bélgica, me instalo en Waterloo por azar. Reivindico la posición de Wellington, que ganó, no la de Napoleón. Hablando más en serio, diré que no soy supersticioso ni mitómano. Es simplemente un lugar tranquilo, cercano a Bruselas, en el que uno puede sentirse seguro y trabajar con toda discreción. Es un sitio perfecto para instalarse y continuar con la estrategia de mantener nuestra posición y ocupar un espacio. En realidad, Bélgica es un país pequeño y refinado, muy próximo en ese sentido a Cataluña, y con un tejido vital muy denso. En el aspecto geográfico y meteorológico, desde luego no tienen nada que ver, pero en el plano humano, existe una gran cercanía. Se ha censurado que en Waterloo viva en una gran casa cuyo alquiler cuesta muy caro. ¿Debería vivir en un sitio donde es imposible trabajar? Existe una gran solidaridad, también en el aspecto económico, por parte de muchos catalanes que desean que prosigamos nuestro trabajo en el exilio, en las condiciones más dignas posibles. En esta casa, trabajamos y organizamos reuniones. Es una residencia que permite ahorrar mucho dinero en restaurantes, salas y hoteles. En realidad, al concentrar toda la actividad en ella estamos ahorrando dinero. Es más, los alquileres son menos altos en Waterloo que en Bruselas. Y la sensación de seguridad también es importante, porque vivimos permanentemente bajo la amenaza de los servicios secretos españoles. Tuvimos que presentar una denuncia en la policía porque nos habían puesto localizadores GPS bajo la carrocería de los coches. Así que también podrían colocar un explosivo. ¿Hace falta recordar que España llevó a cabo una guerra sucia contra la organización vasca ETA? ¿O que los líderes catalanes llevan más de un año en prisión preventiva? Por eso debo estar siempre protegido.

Hemos continuado con el trabajo legítimo del Gobierno catalán hasta que se ha designado al nuevo ejecutivo. Bien pronto, pondremos en marcha el Consejo para la República, para continuar con el proyecto republicano que estamos impulsando con la máxima dedicación. Su misión consistirá en garantizar la defensa jurídica de los representantes catalanes, así como la defensa jurídica del proyecto independentista y del derecho de autodeterminación. Además, debemos proseguir con esa labor de lobby en todo el mundo. También queremos poner en marcha un think tank sobre el derecho de autodeterminación, sobre la democracia, sobre Europa y sobre el lugar de las nuevas tecnologías, con la voluntad de invertir en la investigación de estos temas y abrir debates con expertos y académicos. Seguimos reivindicando a Cataluña como sujeto político. Deseamos promover una reflexión sobre lo que representa un proyecto constituyente, sobre lo que significa crear un Estado nuevo desde el punto de vista energético, social, sanitario o educativo. Dado que el Parlamento catalán no parece tener derecho a llevar a cabo esa reflexión, nos proponemos efectuarla desde fuera, en contacto permanente con las instituciones catalanas. Soy realista. Sé que el Estado español no aceptará dialogar con nosotros a corto plazo, al menos sobre el tema de la autodeterminación. Pero los conflictos deben resolverse con la participación de todos los actores implicados. Si la amenaza de un encarcelamiento de larga duración se mantiene en España, la única posibilidad que me queda es el exilio, idealmente en Bruselas. Pero no voy a deprimirme, ni a caer en una crisis melancólica. No es mi estilo. Debo continuar trabajando, luchando con las herramientas de que dispongo. Así lo haré, aunque tenga que ir otra vez a prisión. Sí, ya sé que corro el riesgo de vivir mucho tiempo en el exilio. Pero eso nunca me impedirá trabajar para hacer factible que en España se escriba una nueva página. Y, a medio plazo, quiero creer que existe una posibilidad de normalizar la situación mediante el diálogo.

5
«Estaba preparado para ir a la cárcel»

Mi detención
y mi lucha en Alemania

A mediados de marzo de 2018, viajo a Suiza y a Finlandia para continuar mi trabajo de sensibilización, tras ser invitado por el Festival de Cine y Foro Internacional sobre Derechos Humanos, que se celebra en Ginebra, y por la Universidad de Helsinki. En ese momento, no hay ninguna orden de arresto europea contra mí. Sin embargo, sé que España se dispone a reactivarla y que podría ser detenido. Pero decido correr el riesgo, porque no estoy en Bélgica para salvaguardar mi persona (lo que sería una cobardía), sino para continuar la lucha por nuestra causa. Antes he ido a Dinamarca por invitación de la Universidad de Copenhague, y en el Parlamento de la ciudad me he reunido con parlamentarios interesados en saber lo que sucede en nuestro país. Allí todo ha discurrido de forma muy favorable. Todos estos encuentros tienen, en mi opinión, un valor inestimable. En Suiza, inmediatamente después del festival, doy una conferencia en un centro de estudios internacional. Aquí también mantengo contactos privados y discretos con representantes suizos. Me doy cuenta de que todo esto ayuda a que se conozca con mayor exactitud lo que ocurre en Cataluña. Desde allí, regreso a Bruselas para pasar la noche y prepararme para el viaje a Finlandia, a sabiendas de que, en Madrid, va a comunicarse el auto de procesamiento contra los miembros de mi gabinete que siguen libres. Sé, pues, que la euroorden no tardará en reactivarse, lo que no impide que mi visita en Helsinki sea más que fructífera.

En cuanto me entero, por la prensa española, de que la reactivación de la euroorden es inminente, decido regresar a Bélgica. Por dos razones evidentes. En primer lugar, no quiero ser causa de que otro país se vea implicado en el proceso judicial. En la vía política, sí, pero no en esta cuestión jurídica. En segundo lugar, en Bélgica tengo abogados que conocen bien el caso y que ya disponen de toda la documentación traducida al neerlandés. Otro factor es que he instalado mi cuartel general en Waterloo, por lo que no tengo ninguna razón para querer que se me detenga en otro país. Desde luego, mi intención siempre fue volver a Bruselas para presentarme a la policía y ponerme a disposición de las instituciones judiciales. Me quedé estupefacto al leer, estando ya en prisión, esa teoría de la prensa española según la cual yo quería que se me detuviera en Alemania. Venga, por favor… Además, al día siguiente comenzaban las vacaciones de Pascua y mi familia acababa de llegar a Bélgica para pasarlas conmigo. Tenía ganas de verlos, de abrazarlos… Pero siempre ocurre lo mismo cuando se trata de Cataluña. Todo son ataques personales. Incluso hasta el punto de imaginar que tengo calculada mi detención. En Helsinki, la previsión es tomar un avión para volver a Bruselas. Pero si lo hago, la policía finlandesa se verá obligada a arrestarme en la frontera. Mi intención es hacer todo lo posible para que mi caso se siga estudiando en Bélgica, porque es allí donde se ha iniciado. Así que salimos de Helsinki en coche. Ninguno de los trayectos publicados en la prensa es correcto. Por tanto, las informaciones de la prensa española, según las cuales me habían seguido desde Finlandia y luego se había informado a los servicios secretos alemanes, no tienen ningún fundamento concreto. Tal vez nos siguieran rastreando nuestros teléfonos móviles, pero, en cualquier caso, no seguí la ruta que se ha dicho. Y tampoco me acompañaban las personas a las que la policía española investiga por esa causa.

Sabíamos que el momento más delicado sería al cruzar de Dinamarca a Alemania, porque esta última vigila mucho sus fronteras a causa de la crisis migratoria. Si la policía española había informado de la matrícula de nuestro Renault, el riesgo era evidente. Y, de hecho, apenas cruzamos la frontera dos coches de policía se sitúan discretamente tras nosotros. De inmediato comprendo lo que pasa. Unos kilómetros más adelante, otros dos vehículos se suman a los dos primeros y nos hacen de escolta. Ahora ya no hay ninguna duda: estoy detenido. Desde el coche, llamo a mis abogados en España y en Bélgica para prevenirles y les pido que me den los datos de contacto de un abogado en Alemania. En resumen, empiezo a organizar el siguiente capítulo de mi lucha. Todo se desarrolla sin dramas. Según los medios, fui detenido en una gasolinera. Tampoco eso es cierto. Cada día se propagan mentiras. En realidad, se trata de un arresto técnico que se produce de una forma amable y muy correcta. Salimos de la autopista y nos detenemos en un lugar en el que no hay nada. En el arcén de la carretera, los policías me piden el documento de identidad, confirman que hay una orden de arresto europea y me ruegan que les acompañe. Ningún problema… En todo momento, su actitud es muy profesional. Primero vamos al puesto fronterizo de la policía, donde me ofrecen un café y me explican, incómodos, que solo hacen su trabajo. El protocolo los obliga a ponerme a disposición de la justicia, que decidirá si ingreso en prisión o no. El problema es que estamos en domingo. Tras un buen rato de vacilaciones, deciden dejarme en la prisión de Neumünster. En principio para una noche, a la espera de lo que decida el juez. Hemos de esperar varias horas porque, además, hay un problema de jurisdicción.

Llego, pues, a la prisión. Me obligan a quitarme toda la ropa para ponerme el uniforme oficial de preso. Me instalan en la celda número 127 de la planta baja, en el ala más antigua de esta prisión construida en 1905. Así que ya puede uno imaginarse que aquello no es una suite de lujo… Hay un armario, una cama, una mesa, un radiador y un lavabo. Tiene una ventana bastante alta que, como no puede ser de otro modo, está bloqueada con barrotes. El cuarto se cierra con una pesada puerta metálica, blindada. Vivo esos momentos con filosofía. Hace muchas semanas que soy consciente de que estamos en guerra con España. No es una guerra convencional, claro, pero sí un conflicto muy serio. Teniendo eso presente, estoy preparado para cualquier eventualidad: la prisión, el exilio, las amenazas… Este es un episodio más de esa guerra. No es ningún drama. Me digo a mí mismo que es necesario aceptar esta nueva peripecia. Aunque esté en prisión, la partida no ha terminado. Hay que continuar, por otras vías. Soy consciente de que no estoy allí, en aquella celda, porque me llame Carles Puigdemont y haya cometido un crimen, sino porque soy el presidente de una Cataluña que, por razones políticas, tomó una decisión que no agradaba al Estado español. Debo continuar la lucha, no puedo hundirme ni en la tristeza ni en la depresión. Además, eso no va con mi carácter.

Al entrar en la prisión, siento como si hubiera vuelto a la infancia, al internado en el que estuve durante la época de Franco. A la edad de nueve años, me llevaron a un colegio católico ubicado en medio de la montaña. Allí debía estudiar los siguientes años escolares. Era una escuela estricta, pero sin recurrir a violencias. Los cuartos de aquel internado, que habían servido de celdas durante la Guerra Civil, no eran más cómodos ni más grandes que los de Neumünster. Tengo, pues, la sensación de haber vuelto atrás en el tiempo. Además, cuando era adolescente, durante tres o cuatro veranos pasé quince días en un monasterio de Cataluña, compartiendo vida con los monjes. No es que me guste la idea de estar en prisión, claro que no, pero estoy preparado para adaptarme a este entorno desfavorable. Así que no experimento ninguna ruptura emocional. Puedo entender que quienes se hayan criado en una familia en la que tenían todas las comodidades vivan la perspectiva de ir a prisión como un shock insoportable, pero no es ese mi caso. Yo estoy preparado.

La euroorden emitida por España me acusa de dos delitos: rebelión y malversación de fondos. La justicia alemana debe determinar si estos cargos son compatibles con su propio Código Penal y concluir si me devuelve a España o me libera. En ese momento, me preparo para permanecer al menos dos meses en prisión, lo que dura este procedimiento. Es lo lógico. En mi celda, empiezo a recibir una enorme cantidad de cartas. Cada día, una caja llena. También me escriben otros presos. El primer correo que recibo, procedente de otra ala del establecimiento, es una carta con la estelada. Todavía me pregunto de dónde pudo sacarla aquel preso. Me pongo a contestar cartas, pero se me hace imposible responder a todas, pues me duelen ya hasta las manos. También recibo muchos mensajes de ciudadanos que no son catalanes, de Alemania, de los Países Bajos, de Francia, de Bélgica, de Suiza, del Reino Unido, de Canadá, de los Estados Unidos… Muchos europeos me dicen que les parece una vergüenza que me hayan encarcelado de esta manera, y me animan a continuar la lucha. El impacto mediático de mi detención es enorme. En Alemania, un país que poco sabía de la cuestión catalana, es como un big-bang. Antes nos resultaba muy difícil despertar la atención de la prensa alemana. Pero en cuarenta y ocho horas todo ha cambiado. Incluso en Cataluña, mi encarcelamiento causa conmoción, al menos eso me dicen, pues evidentemente no puedo vivirlo sobre el terreno. Por la noche se producen disturbios en Barcelona, lo que de inmediato me lleva a pasar el mensaje de que no quiero la más mínima violencia. Me dejan hablar con mi mujer y mis hijas desde la prisión. Me hago el fuerte, pero en el fondo me embarga la emoción. El comienzo de mi estancia en aquel lugar no es ni mucho menos agradable, porque el tiempo se hace largo y hay muchas horas perdidas. Transcurren tres días de espera hasta que recibo algunos libros que mis abogados me traen de Waterloo. La primera novela que leo es un relato muy bien escrito del autor croata Miljenko Jergovic, Ruta Tannenbaum, que cuenta la historia de una estrella infantil judío-croata durante la Segunda Guerra Mundial, una narración impregnada de una inmensa tristeza. No es quizá lo más adecuado para animar a quien está en prisión. Una persona me envía una maravillosa recopilación de cincuenta poemas catalanes para aprender de memoria. En eso ocupo mi tiempo durante todos aquellos días. Pronto me doy cuenta de que la comida es más bien frugal en prisión, pero me adapto enseguida. Además, estamos en las fiestas de Pascua, se ha reducido el personal y nos obligan a quedarnos más tiempo en la celda. Durante cuatro días, tengo que pasar veintitrés horas en la celda, pero la verdad es que un día incluso decido renunciar al paseo. La televisión es en alemán, salvo un canal que emite noticias en francés, pero tampoco tengo ganas de verme a mí mismo. Al final descubro que en el teletexto hay algunos reportajes subtitulados en francés. Yo, que no soy demasiado amante de la televisión, estoy más que servido. Hay sobre todo competiciones de halterofilia femenina o canales de televenta. ¡Horrible! La televisión no es una opción, así que solo la uso para dormir. Lo único que de verdad echo de menos es el café expreso. El de nos dan es agua sucia. Pero el ambiente es muy amistoso y la acogida estupenda. Entre los presos encargados de la comida y la limpieza, hay uno que me invita a compartir una sabrosa pizza. Incluso firmo autógrafos, porque la mayoría sigue mis aventuras en la televisión. Y los guardias son muy respetuosos.

Este periodo termina siendo una victoria para la causa catalana, porque todo el mundo habla de nosotros, por lo general de forma positiva. La opinión pública alemana es contraria a mi extradición a España. Recibo apoyos políticos de algunos partidos alemanes, como Die Linke. Eso no significa ni mucho menos que sean favorables a la independencia de Cataluña, no quiero engañar a nadie al respecto. Pero sí les preocupa la represión que ejerce el Estado español en este asunto. Un día leí un mensaje muy atinado en Twitter: en España, todo el mundo repite que ningún presidente de un land alemán se atrevería nunca a proclamar la independencia, pero lo que olvidan preguntarse es justamente por qué nadie haría tal cosa y por qué no hay ningún Parlamento regional favorable a la independencia. Esa es la verdadera cuestión. Porque en Alemania existe un federalismo de calidad y el Estado es respetuoso con ese sistema. Estoy convencido de que si fuera igual en España no nos veríamos en la situación actual. El 5 de abril de 2018, obtengo una victoria judicial, parcial pero importante. El tribunal competente del Estado regional de Schleswig-Holstein decide seguir estudiando la demanda de extradición de España, pero rechaza la principal acusación de la euroorden que acaba de reactivar Madrid, la referida a la rebelión. Es importante, porque, desde el punto de vista político, resulta obvio que era la acusación más grave. Me ponen en libertad. Por lo que me dicen, en Cataluña esta decisión se celebra tanto como la primera victoria del Barça en la Champions League, con alegría y emoción. Por lo demás, no es una decisión que a mí me sorprenda demasiado. La razón es bien sencilla: para mí no hay duda de que no soy un rebelde. Y ahora se confirma que puedo demostrarlo ante una justicia de verdad independiente. El Código Penal español es igual de claro a este respecto. ¿Constituye delito declarar la independencia de Cataluña? No. Adolfo Prego, magistrado en excedencia del Tribunal Supremo español y de perfil muy conservador, decía en un texto jurídico publicado en prensa en 2016 que no era un delito penal. En 1995, el Congreso debatió la posibilidad de modificar el artículo del Código Penal relativo a la noción de rebelión, con motivo de una petición que así lo reclamaba. Antes se consideraba que existía rebelión cuando se declaraba la independencia de una parte del territorio español. Tras aquellos debates, el Congreso acordó que una declaración de este tipo es legítima, excepto si se ha hecho posible mediante «un alzamiento violento y público». Yo siempre estoy vigilante para que no se caiga en la más mínima actitud violenta. La palabra es mucho más importante. Durante mi conferencia en la Universidad de Helsinki, en Finlandia, dije precisamente que, en nuestras democracias, el smartphone puede más que la espada.

Así que tras doce días me encuentro en libertad. No deja de ser inesperado: no el resultado del procedimiento judicial, sino la rapidez con la que se ha tomado la decisión. Estoy obligado a permanecer en territorio alemán y a comunicar dónde me alojaré. Como es natural, decido instalarme en la capital, Berlín, para continuar el trabajo y aprovechar las circunstancias. Me digo, una vez más, que mientras quede partido hay que jugarlo. Ese es mi lema. Quiero ser capaz de mirarme en el espejo y decirme a mí mismo que he hecho todo lo posible por cumplir el objetivo que se me ha asignado democráticamente. No es cuestión de dar la espalda a mi responsabilidad solo porque las circunstancias no sean las más alentadoras. Berlín es por tradición un lugar de acogida para refugiados y disidentes. Mientras estoy allí, conozco al disidente chino Ai Weiwei, quien también vive en la capital alemana. Esta es una ciudad abierta, viva desde el punto de vista democrático, una ciudad que ama la contradicción.

No conocía bien Berlín. Había venido tres años después de la reunificación alemana para constatar sus efectos. He descubierto una ciudad admirable. Me ha fascinado. Me esperaba una capital septentrional y he descubierto una ciudad viva, creativa, artística, con una profusión de movimientos ciudadanos y contraculturales. Una capital, asimismo, muy politizada, al contrario de la idea que yo me había hecho. Ahora le recomiendo a todo el mundo que la visite. Alquilo una habitación en un apartahotel ubicado en el corazón del antiguo Berlín oeste, no demasiado lejos de la Kurfürstendamm. Aprovecho para encontrarme con ciudadanos catalanes que viven en Berlín y con responsables políticos alemanes, y también para participar en debates privados que organizan diversos think tank. Concedo entrevistas a muchos medios, ya que recibo incontables peticiones. Mi grupo parlamentario me visita y yo sigo la situación en Cataluña por videoconferencia, para tratar de hallar una salida a la crisis derivada de las elecciones de diciembre. Estoy dispuesto a presidir Cataluña desde el extranjero, pero Madrid tumba la ley que lo permitiría. Intento encontrar un sucesor, aunque sea de forma transitoria, para evitar que la crisis se haga más profunda. Por fin, tras diferentes tentativas, la mayoría soberanista del Parlamento catalán elige a nuestro candidato: Quim Torra. Es alguien cercano y en quien tengo una inmensa confianza política.

Nunca pierdo de vista el hecho de que aún me pueden extraditar, porque todavía queda la acusación de malversación de fondos. También soy consciente de que España está dispuesta a no respetar las reglas de la euroorden para acusarme de ser el jefe de una organización criminal que ha gastado dos millones de euros públicos en la organización del referéndum, con lo que me podrían condenar a doce años de prisión. Lo han dicho en los artículos de prensa. Ahora bien, esta euroorden no puede entenderse sin un elemento básico: la «confianza mutua» entre los países europeos. En mi opinión, es evidente que esa confianza mutua no existe en el caso de España, porque ha tratado de engañar a la justicia alemana. Mi objetivo es insistir en el hecho de que, tras esta solicitud de extradición, se ocultan motivaciones políticas.

Cada día debo recordarme que me pueden arrestar de nuevo y extraditarme. Esa es la realidad que vivo en Berlín. Y no quiero escaparme, no quiero huir, de ninguna manera. Estoy allí como presidente de Cataluña y debo asumir mis responsabilidades. Si la justicia alemana estima que existen razones para extraditarme, no me cabe sino asumir las consecuencias. Desde luego, sé lo que significaría volver a España, porque los dirigentes españoles están obsesionados con la idea de condenarme. Y es que para el antiguo Gobierno del Partido Popular obtener mi cabeza constituía un argumento electoral con vistas a las elecciones legislativas de 2020, unos comicios que bien podrían anticiparse a 2019. Sé que los estoy sacando de quicio al expresarme allí donde vaya. Pero ese es mi deber.

Finalmente, las circunstancias cambian. El 7 de junio de 2018, tras presentarse una moción de censura contra el Gobierno del Partido Popular a raíz de diversas acusaciones de corrupción, se produce el cambio de Gobierno en España y el socialista Pedro Sánchez asume el poder. Poco después, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se desplaza a Madrid para reunirse con el nuevo presidente. Le pide que se respete el derecho de autodeterminación de Cataluña y que se celebre un referéndum acordado legalmente, al tiempo que muestra su disposición a escuchar el proyecto español para Cataluña. El Gobierno de Sánchez sigue rechazando el referéndum, pero tampoco propone ningún proyecto alternativo. Pese a todo, en el Congreso, Pedro Sánchez reconoce que la crisis catalana es un problema político para el que es necesario encontrar soluciones políticas. Es un primer paso positivo. Aunque no manifieste un compromiso concreto, sí supone un cambio de tono con respecto a la retórica extremista del Partido Popular y de Ciudadanos. Además, la decisión de exhumar al dictador Franco y al fundador de la Falange del Valle de los Caídos es un gesto importante del nuevo poder, y confirma lo que nosotros siempre hemos denunciado: la necesidad de poner fin a una influencia franquista en la sociedad española que perdura desde la muerte de Franco. Con todo, para confirmar o no estos primeros gestos positivos, será determinante ver qué pasa hasta la conclusión del periodo de gracia del Gobierno Sánchez.

El 12 de julio de 2018 tiene lugar otro acontecimiento importante: el tribunal de Schleswig-Holstein descarta de modo definitivo el delito de rebelión que pesa en mi contra y considera que puede procederse a mi extradición por un presunto delito de malversación de fondos, delito que yo niego. Me dejan en libertad bajo fianza en Alemania. Desde ese momento, vivo en un pueblo de Schleswig-Holstein, cerca de Lübeck. Esta decisión judicial es muy significativa en el plano político, porque descarta la principal acusación contra mí. Finalmente, la justicia española renuncia a solicitar mi extradición. El 19 de julio, retira la orden de arresto europea por segunda vez. Es ridículo, pero también dramático: este mismo Estado que rehúsa aceptar la situación judicial europea mantiene en prisión a nueve personas acusadas de delitos que nadie reconoce fuera de España. Si el sistema judicial español no es capaz de actuar respetando las reglas del juego, corre el riesgo de perder la confianza europea.

Para mí se abre una nueva etapa. Vuelvo a Waterloo, a la Casa de la República Catalana en Valonia, y ahora puedo empezar a plasmar el Consejo de la República. Unos días antes, el 16 de julio, el presidente Quim Torra, Jordi Sánchez y yo mismo hemos creado la Crida Nacional per la República. La idea consiste en aglutinar en una plataforma a personas de diferentes tradiciones políticas, pero cuya prioridad común sea alcanzar la consolidación de la república. Nuestro objetivo es presentar la plataforma en las elecciones y disolverla en cuanto la república sea efectiva. De forma inesperada, obtenemos más de treinta mil adhesiones en dos días. Es un síntoma de que no solo existe esa necesidad de unión, sino también la firme voluntad de dejar al margen las disputas ideológicas para concentrarse en el objetivo que compartimos.

6
«Mi modelo es Nelson Mandela»

La resistencia
no violenta

A veces digo que estoy arriesgando mi vida, y no lo digo por decir. Nos enfrentamos a un Estado que no conoce límites cuando se trata de defender la unidad de la patria. Los responsables políticos españoles ya han dicho repetidas veces que están dispuestos a todo para conseguir ese objetivo. Eso significa que, si deben ir más allá del Estado de derecho, irán más allá del Estado de derecho. Los catalanes sabemos bien cómo actúa el Estado. No estamos exagerando cuando recordamos que en el pasado ya llevó a cabo una guerra sucia contra ETA por medio de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). En aquel caso, se trataba de una organización terrorista. Pero es que también a nosotros nos consideran terroristas, o peor aún: responsables de una organización criminal. Piden para nosotros penas de prisión comparables a las de los terroristas. Al aplicar el artículo 155 de la Constitución, han reaccionado con más agresividad de la que nunca mostraron en el caso vasco. Han decidido ocupar Cataluña, algo que jamás ocurrió en el País Vasco. Y han suspendido nuestra autonomía, lo que tampoco sucedió con los vascos. Creedme, no exagero en absoluto. A mí me han dejado sin protección policial, y otro tanto ocurrió con Joaquim Forn, el conseller catalán de Interior que gestionó los atentados de Barcelona, cuando se desplazó a Madrid para presentarse ante el juez y luego fue enviado a prisión sin protección policial. En cambio, en todos los Estados europeos, los exministros siguen teniendo protección, dado el elevado nivel de amenaza terrorista que existe hoy. No ocurre lo mismo con nosotros. En Cataluña, asistimos a una impunidad absoluta de la ultraderecha unionista, que puede actuar sin ningún problema. No se lo piensan a la hora de quemar las banderas catalanas colgadas en los balcones, quitar lazos amarillos con la cara tapada o incluso, los más radicales, agredir físicamente. Y no tengo dudas de que yo soy un objetivo. En abril de 2018, mi cara aparecía dibujada en las páginas del diario El Mundo en el blanco de un juego de dardos. Si ya han colocado un localizador GPS en los bajos de mi coche, puede que un día coloquen un explosivo.

Aparte de Martin Luther King, mi modelo sigue siendo Nelson Mandela: la resistencia no violenta. Lo considero un ejemplo de dignidad. Es un icono de mi generación y, para mí, una fuente de inspiración ética, sobre todo por lo que hizo tras el fin del apartheid. Todo el mundo habría comprendido que diera rienda suelta al resentimiento después de los años de segregación. Yo mismo sentía vergüenza y odio, porque era incapaz de comprender el apartheid. Pero él, en cambio, nos dio una gran lección, gigantesca; nos demostró lo que significa la fraternidad, la democracia. En primer lugar, creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, que no buscaba venganza, sino abrir un proceso para sacar a la luz lo que había sucedido antes de perdonar. Después, incorporó a los blancos en el Gobierno y les dio puestos de liderazgo. ¡Es una lección inolvidable! Se han escrito muchos textos sobre la cultura de la no violencia en Cataluña, es algo sobre lo que no dejamos de trabajar. El movimiento soberanista elaboró un decálogo que luego se distribuyó por mediación de los Comités de Defensa de la República para iniciarse en sus principios fundamentales. Gracias a ello, no hubo desórdenes en torno al referéndum. Hemos preparado a la policía catalana de un modo diferente al que se sigue con la policía española. Hace algunos años, los Mossos d’Esquadra adoptaron un protocolo en el que la violencia debe ser siempre la última opción. Es algo que requiere una gran inversión de tiempo, pero que rinde su fruto.

Se trata de una actitud general en Cataluña que se remonta a la pérdida de nuestras instituciones en 1714. En aquel momento lo perdimos todo, también el ejército, y desde entonces no hemos vuelto a emprender guerras. Esa inspiración se renovó en el siglo xx con los combates de Gandhi o de Mandela, pero lo cierto es que, en esencia, el pueblo catalán no es un pueblo guerrero. Hay pueblos que aman las armas o la lucha, pero no es nuestro caso. Nuestra lucha se centra más en las palabras, las artes, la economía o la innovación. No debe olvidarse que Cataluña ha creado el himno de la paz mundial, El cant dels ocells, una canción anónima catalana muy antigua. El violonchelista Pau Casals la interpretó en la ONU en 1972. A partir de entonces, todo el mundo la considera un símbolo universal. La paz no es algo retórico para nosotros. La mayor manifestación europea contra la guerra de Irak tuvo lugar en Barcelona en 2003. En mi entorno más próximo, no conozco a nadie que haya hecho carrera militar. En general, siempre damos prioridad a la mediación, y le dedicamos mucho tiempo. La nuestra es una sociedad educada en la cultura de la no violencia. En el colegio se habla mucho de la paz. Siempre me conmuevo cuando mis hijas me hablan de esa capacidad de dialogar para solucionar los conflictos. En mi opinión, es así como se aprende a vivir la diversidad de manera natural. Y así es también como se construye una sociedad de ciudadanos.

La república catalana debe construirse contando también con los republicanos que se sienten españoles, que siempre tendrán derecho a reclamar la reunificación con España sin que por ello se los considere rebeldes o se les envíe a prisión. Formamos parte de la misma sociedad, y hemos de tratar de conseguir un país mejor para todos, con las mejores escuelas, los mejores hospitales y las mejores autopistas. Nuestra revolución no es identitaria. Los derechos lingüísticos continuarán siendo exactamente los mismos; no habrá retrocesos en esa materia. Al contrario, debemos lograr que se reconozcan los derechos lingüísticos de todos, como se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. Todos estos ciudadanos también son protagonistas de la futura república. España no quiere reconocernos como interlocutor válido, porque se niega a hablar de todas estas cuestiones, del modo en que deseamos construir la república. Es una actitud que lamento y denuncio. Pacíficamente.

7
«Nos han faltado al respeto»

La represión española

En España, declararse hoy independentista se considera prácticamente un crimen, un acto de terrorismo. La justicia persigue tanto a dirigentes electos como a ciudadanos anónimos por rebelión, sedición o terrorismo. El trato que nos deparan las instituciones estatales, los medios de comunicación o diversas organizaciones demuestra que no nos consideran dignos de respeto, tampoco en el aspecto personal. Los insultos, las mentiras, las injurias, la absoluta falta de rigor…, todo eso se acepta porque hay una causa superior que defender: la patria. El director de un reputado periódico español admitió una vez que por encima de la verdad está la unidad de España.

Tras el referéndum del 1 de octubre de 2017, nueve personas fueron encarceladas en Madrid, mientras que otras, como yo mismo, partieron al exilio. A todos se nos persigue por nuestras ideas políticas. No se reconoce la decisión de una mayoría de catalanes de ser representados por líderes independentistas, como otros tienen el derecho a serlo por los unionistas. Se nos trata como a personas inferiores, como si no fuéramos nadie. La esposa de Jordi Cuixart, el presidente de la organización Òmnium Cultural, iba cada semana a visitarlo a la prisión de Madrid con su bebé de solo unos meses. Seiscientos cincuenta kilómetros de ida y seiscientos cincuenta de vuelta. Un canal de televisión suizo hizo un reportaje en el que la acompañaba, para ilustrar el aspecto inhumano de esta detención. La reacción de los medios españoles, y no precisamente de los menos importantes, fue denunciar una victimización que hacía mal uso de la imagen del niño. ¿Pero qué clase de ser humano es capaz de hablar así? Por fortuna, el 4 de julio de 2018, Cuixart fue trasladado a una prisión catalana. Pero algunos rechazan nuestras ideas hasta tal punto que no experimentan la más mínima empatía por el sufrimiento de las familias. Entre los centenares de cartas que recibí en prisión, había dos procedentes de España, anónimas, en las que se me decía que merecía «pudrirme en la cárcel». He presentado docenas de querellas ante la justicia para denunciar delitos de odio o amenazas contra mí. Algunas han sido rechazadas sin más, sobre otras no se ha resuelto y ninguna de ellas ha dado lugar a la más mínima sanción. He recibido vídeos y mensajes de Facebook, algunos con balas de revólver, procedentes de perfiles anónimos falsos… Una de estas personas que me ha insultado de forma criminal aparece en diversas fotografías con miembros de la Guardia Civil, con policías nacionales o con líderes del Partido Popular en Cataluña. En cambio, a una joven perteneciente a los Comités de Defensa de la República, las asambleas de barrio que apoyan nuestra causa, se la encarceló tras ejercer una resistencia no violenta, se la trasladó a Madrid y se la acusó de terrorismo hasta que un juez revisó esa acusación. Esta justicia de dos velocidades genera una impunidad intolerable. Todos los días, hay unionistas que arrancan los símbolos de las calles y queman banderas catalanas. Uno de ellos ha provocado incluso un incendio en una casa. En un pueblo que se llama Verges, en la provincia de Girona, ciertos individuos pincharon durante la noche todos los neumáticos de los coches. A nadie se culpó por este hecho. Se trata de grupos que se cubren la cara y que quizá estén formados por policías. Para colmo, después la justicia persiguió al alcalde de la localidad, un miembro de la CUP favorable a la independencia, por denunciar de forma irónica que algunos iban «uniformados por el día y descontrolados por la noche». Se le acusó de un delito de incitación al odio. En total, son centenares los alcaldes a los que se persigue judicialmente por haber aprobado un decreto de apoyo al referéndum del 1 de octubre.

Los medios de comunicación españoles nos tratan con infinito desprecio y con odio. Hasta el punto de presentarme como blanco de tiro en las páginas interiores de cierto periódico. Si se hiciera algo parecido con un líder del Partido Popular o de Ciudadanos, se armaría un buen escándalo y los autores serían acusados de terrorismo. No es más que el resultado de una estrategia que busca reducirnos a escala infrahumana. Nos consideran locos, radicales, líderes manipuladores que no saben diferenciar el bien del mal. Esto se ve todos los días en los medios españoles. A ninguno de nosotros nos han invitado para hablar con normalidad y exponer nuestras ideas con calma en los debates. Y si, pese a todo, nos invitan, es solo para desacreditar nuestras tesis sin darnos tiempo para explicarnos. En los medios españoles, los debates son unilaterales y no se respeta la diversidad de opiniones. El acoso contra nosotros no tiene límites. Esto provoca que en España la opinión pública nos sea completamente hostil.

A menudo se habla de la sociedad de la información y la comunicación para describir esta época nuestra, caracterizada por la irrupción sin contrapartida de esa información y comunicación en nuestras vidas. Nadie duda que se trate de una evolución positiva, en la medida en que da poder a los ciudadanos. Pero debemos mantenernos vigilantes frente a los peligros a que esto nos expone. Porque lo cierto es que, viendo la evolución seguida estos últimos años, hemos de reconocer que estamos muy lejos de vivir en una sociedad realmente informada. Sería más exacto hablar de una «sociedad de la reputación», pues a menudo la gran batalla mediática no se orienta hacia el conocimiento, sino hacia la percepción. Y la percepción es mucho más fácil de crear que la verdad. La percepción, ya sea de la bondad o de la maldad, del bien o del mal, del triunfo o del fracaso, puede lograrse con menos esfuerzo que el que requiere determinar racionalmente la verdad. La emoción es más inmediata a través del lenguaje audiovisual, que es un lenguaje impuesto, que a través del lenguaje escrito, que necesita un proceso de decodificación más complejo. En un vídeo de veinte segundos se puede vehicular una aproximación relativamente fácil y rápida a ideas complejas y abstractas. En la actualidad, un tuit poco afortunado, una foto en Instagram o una cadena de fake news en Facebook pueden destruir una carrera profesional. La propaganda siempre ha intentado colonizar el espacio de la información, pero hacerlo parece hoy más fácil que nunca gracias a las herramientas de comunicación. Un tuit infame puede tener más influencia que un artículo de opinión favorable publicado en los medios tradicionales. Se puede generar determinada percepción con ciento ochenta caracteres, pero en ese mismo espacio nunca será posible explicar los hechos de forma rigurosa y completa. A mí me gusta decir que, por mucho que se haya demostrado que el amor a primera vista puede existir, como en un flechazo, es importante recordar que la verdad al primer clic no existe. Son necesarios muchos clics y efectuar buenas búsquedas para ir más allá de la propaganda. Hoy existen oficinas de comunicación que utilizan el big data y vigilan continuamente las conversaciones de los competidores en las redes sociales para atacar su reputación e instalar una determinada percepción. Con frecuencia, por ejemplo, surge una ola de agitación que busca desacreditar cierto ingrediente de un conocido producto alimentario, y luego toda una serie de expertos contribuyen a manchar la reputación de la marca en ciento ochenta caracteres. No sería tan grave si este tipo de información no colonizara también los escritos mediáticos tradicionales, antes más herméticos frente a cualquier fuente que no fuera un teletipo de las agencias de prensa o su red de corresponsales. Si esta dictadura del clic se ha abierto paso es porque, en última instancia, el clic se puede monetizar. Los directivos de los medios actúan y toman decisiones en función de las audiencias de sus portales y de sus perfiles sociales y basándose en las palabras clave más buscadas en Google. Si constatas que las palabras Juncker y ciática han aumentado, puedes estar seguro de que la mayoría de los medios tratarán de publicar noticias sobre los efectos de este trastorno en la política europea. El seguimiento de clics en tiempo real condiciona la jerarquía de las noticias de actualidad, su duración y su profusión. Es una versión moderna de las cifras de audiencia y de las de circulación de periódicos y revistas, pero con mayor precisión e inmediatez.

Un pensador europeo, el filósofo holandés Luuk van Middelaar, se preguntó públicamente por qué no se organizaba un referéndum sobre la independencia de Cataluña en el conjunto de España, puesto que es un asunto que incumbe a todo el país. Mi respuesta inmediata sería que ningún responsable político ha propuesto oficialmente esa opción, por lo que no podemos discutir sobre una oferta que no existe. Pero si España lo propusiera, estaríamos dispuestos a hablar de ello. Yo no cierro esa puerta. No es el procedimiento habitual en un proceso de autodeterminación, pero es igual: sería una propuesta sobre la que podríamos debatir. ¿Por qué? Para nosotros, lo más importante es que por fin se reconozca que la cuestión catalana es un problema legítimo, un problema del que debemos hablar y que debe solucionarse por la vía democrática. Por más que perdiéramos una consulta de ese tipo, habríamos ganado. Y aunque me parece evidente que la mayor parte de los españoles votaría en contra, si la mayoría de los catalanes se manifestara a favor de la independencia, tendríamos un indicador muy claro. Entonces, todo el mundo sabría que Cataluña ha votado a favor de la independencia. Existe una corriente de pensamiento que se opone al referéndum porque denuncia que, en realidad, esta consulta popular es una herramienta de populismo. Para mí, un referéndum no debe ser ni sagrado ni ignorado. No es más que una herramienta que tienen los sistemas democráticos para resolver problemas complejos, problemas que van más allá de una simple opción ideológica y un programa gubernamental. Hemos visto muchos referéndums y veremos muchos más. El problema es crear las condiciones óptimas para que el referéndum sea de verdad una herramienta con la que resolver una cuestión nacional. Sería más que decepcionante si el único argumento para oponerse a la celebración de un referéndum para la autodeterminación de Cataluña fuera que no es la herramienta adecuada. Celebrar en toda Europa un referéndum sobre la independencia de Cataluña no tendría mucho sentido, porque entonces lo lógico sería que el brexit también se decidiera mediante una consulta organizada en todos los países de la Unión Europea. Un referéndum sobre la independencia de Cataluña en el conjunto de España no es lo que nosotros proponemos, pero si es la única manera de que el Estado respete el derecho de autodeterminación, deberíamos estudiarlo. Si el Estado de verdad convocara un referéndum en las diecisiete comunidades autónomas, eso permitiría al menos dos cosas. En primer lugar, aceptar un derecho que el Estado no quiere aplicar en este momento. Y, en segundo lugar, saber a ciencia cierta el número de catalanes que se decantan por una opción u otra en el marco de un referéndum celebrado sin violencia policial, sin campañas de boicot de los partidos unionistas y con el intercambio lógico y esperable de ideas y opiniones. Si has reconocido el derecho de Cataluña a la autodeterminación, ya no puedes permanecer indiferente ante lo que los catalanes han elegido.

El apego a la bandera española y al himno nacional es reflejo de un nacionalismo de Estado. En Cataluña, la bandera propia también se considera un símbolo fundamental, pero con una diferencia importante: la mayoría de los catalanes no considera que quemar una bandera sea un crimen. Nadie debería ir a prisión por ello, ni tampoco por silbar el himno nacional. Desde nuestro punto de vista, es inconcebible. Nuestra identidad nacional no precisa de tales imposiciones, sino que se asume por voluntad propia. Yo me siento catalán, pero nadie me ha obligado a serlo. Por el contrario, sí me obligan a ser español: esa es la diferencia. Que quede claro: respeto los símbolos de los demás y desde luego no estoy a favor de que nadie queme banderas españolas. Yo nunca lo haría ni nunca aconsejaría a nadie que lo hiciera. Ahora bien, también defiendo el derecho a hacerlo, al igual que siempre defenderé el derecho a que me silben, en mi calidad de presidente de Cataluña, porque no están de acuerdo con mis posiciones políticas. El límite, a mi juicio, es la incitación a la violencia. La referencia obligada siempre ha de ser el marco que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos: violencia, no; pero libertad de expresión, sí. A veces, ese tipo de excesos es el único modo que tienen algunos grupos sociales para hacerse oír, cuando no disponen de medios de comunicación ni de apoyos económicos o institucionales. La democracia también es eso. Los Estados que son Estados deben recordar quién les ha otorgado el derecho a convertirse en Estados. No sucede por voluntad divina. Pero hoy esos Estados consideran que son los únicos que pueden utilizar los símbolos de un nacionalismo exacerbado para enaltecer la dignidad y el orgullo de la patria, sin que por ello se les haya de acusar de nacionalistas. Respeto que puedan emocionarse al oír su himno nacional, pero también espero que acepten que otros puedan emocionarse al oír un himno diferente. ¿Por qué es nacionalista quien exprese este sentimiento en Cataluña, pero no lo es en España? No lo entiendo.

Europa se creó a partir de la voluntad de los ciudadanos de compartir las ideas de paz, democracia y unidad. Pero ha ido evolucionando hasta no reconocer más que la unidad de los Estados. Esta desconexión de sus valores originales amenaza la existencia de Europa. Una Unión compuesta solo por Estados y grandes empresas no tiene nada que ver con la concepción de los padres fundadores, el ideal que siempre mantengo como referencia. Más allá de la unidad de los Estados, lo más importante es la unidad de los ciudadanos, sus libertades y sus derechos. Europa nació de la voluntad de políticos importantes de la democracia cristiana: Schuman, Adenauer, de Gasperi… Estos líderes compartían los valores europeos que sustentaron la política después de la Segunda Guerra Mundial: la reconstrucción era importante, pero lo era más conseguir una reconciliación basada en valores éticos y morales. La caída de la democracia cristiana en Italia y la «berlusconización» de la política marcan el inicio de la crisis del proceso europeo. Con la progresiva desaparición de esta democracia cristiana en casi todas partes y su sustitución por partidos de una derecha más dura, se produce un movimiento general caracterizado por la aparición de las fake news, el control de los medios, el populismo o la ausencia de moral y de ética. Todo ello ha inspirado la evolución del Partido Popular europeo, de manera que ahora encontramos partidos que rompen con los valores iniciales, como sucede en Hungría, en España o también en Polonia, aunque allí el partido conservador en el poder no sea miembro del PPE. Si bien la democracia cristiana había sido en parte fundada por un partido catalán y un partido vasco, ambos la abandonaron a consecuencia de la incorporación del Partido Popular español, que acabó trastocándolo todo. El Partido Popular español es la única derecha europea que no ha combatido el fascismo y el nazismo. En realidad, es más bien al contrario. Los valores iniciales de la democracia cristiana a la que me estoy refiriendo son el humanismo y la fe en el ser humano, y encuentran su expresión política en los derechos humanos. Esta visión de la sociedad descansa en valores que ya estaban presentes en el cristianismo, como la igualdad y la fraternidad. Tomados no en un sentido religioso, sino laico, en realidad constituyen los valores republicanos. Eso fue lo que construyó la idea de Europa que nos entusiasma: la fraternidad entre un belga, un polaco o un catalán, así como la igualdad, la paz, el respeto, la no violencia y el reconocimiento del otro. La ruptura que desean los catalanes arranca de ese abandono de los valores profundos de Europa. Si la Unión pudiera proteger los derechos de todos los ciudadanos europeos, exigir que los Estados los respetaran como es debido y se comprometieran en favor de la democracia, no habríamos llegado a este punto. En el marco de una Europa dialogante, sería inconcebible que el resultado de un referéndum legal, como lo fue el de 2006 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se cambiara por decisión de los representantes de un tribunal constitucional. «Podéis votar, pero diez personas designadas por los dos partidos mayoritarios acabarán cambiando totalmente lo que hayáis decidido». ¿De qué sirve pasar año y medio dialogando, cerrando acuerdos y convenciendo a la población, si la decisión final va a tomarla un tribunal que componen militantes de partidos políticos? Es algo que va contra los valores democráticos europeos.

La evolución política de estos últimos años es preocupante, tras la aparición de Berlusconi, Aznar y Sarkozy, de esa derecha dura y un poco autoritaria, dirigida por líderes fuertes que desprecian a los demás y que necesitan la mayoría absoluta para gobernar. Después del tratado de Maastricht de 1992, creíamos encaminarnos hacia una Europa en la que el peso de los antiguos Estados se difuminaría para dar mayor relevancia a las regiones y los ciudadanos. Pensábamos que ello sería consecuencia directa del principio de subsidiariedad, que la armonización europea iría de la mano de una mayor delegación hacia los niveles de poder más próximos. En cambio, se ha producido el resultado contrario. Esta ola de autoritarismo ha hecho que Europa se incline hacia el lado opuesto. La Unión ha entrado en un proceso de regresión democrática que, como nos descuidemos, puede conducirnos hacia una dictadura blanda. ¿Indica esto que los Estados tienen miedo? ¿Tiene España miedo de perder Cataluña? Yo creo que se trata, sobre todo, de un miedo a perder el control de la sociedad y del poder económico. Son las élites que siguen controlando los Estados las que tienen miedo de perder ese control. Y eso tiene bien poco de democrático. En estos tiempos, por desgracia, los Estados europeos ya no escuchan a sus ciudadanos. Han creado un búnker y en él han encerrado el ideal europeo. Con todo, estoy convencido de que, hoy, lo que la ciudadanía está pidiendo es vivir mejor, con una administración más eficaz, más cercana y más transparente.

Cataluña contribuyó en gran medida a la entrada de España en la Unión Europea. Los catalanes nos sentimos europeos desde la Edad Media. Estábamos convencidos de que Europa nos brindaría una oportunidad. Pero ha ocurrido lo contrario. El club privado de los Estados y sus élites controlan Europa sin el respeto debido a los ciudadanos, que han de obedecer y aceptarlo todo, aunque no lo entiendan. En el momento de la adhesión, en Cataluña no se demandaba la independencia. Estábamos convencidos de que la evolución de la España moderna y democrática, en el seno de una Europa descentralizada, confluiría con nuestro proyecto de siempre. Lo que deseábamos era disponer de los instrumentos que nos permitieran determinar nuestro destino, ser el resultado de nuestro propio esfuerzo: es el anhelo que el catalanismo político ha tenido desde siempre. Eso no significa que quisiéramos necesariamente un Estado. Esta Europa debía ayudarnos a concebir el papel que Cataluña sueña con tener, también en la mejora de la democracia. Por desgracia, la desaparición de la democracia cristiana, junto con el retroceso de la socialdemocracia, provocaron un retroceso marcado por la corrupción y el populismo. Es una tragedia para Europa. Hoy Cataluña pide ser un actor para demostrar que existen otras maneras de proceder, de concebir la política y la relación con la ciudadanía, porque lo que está sucediendo en España y en Europa no nos agrada. También hay algo de eso en nuestra «revolución». Ahora mi partido forma parte de la alianza de liberales europeos de Guy Verhofstadt. Y nos sentíamos bien en ella. Pero la llegada de Ciudadanos ha provocado un cambio radical en la posición del grupo al respecto de Cataluña. Desde entonces, estamos en un proceso de reflexión sobre nuestro futuro. Siempre hay fuerzas políticas que tratan de neutralizarnos, que cortan cualquier camino que nos permita expresarnos con normalidad. Sí, nos sentimos huérfanos de los valores fundacionales de Europa. Pese a la situación de crisis actual, seguimos esperanzados porque mantenemos el respaldo de la población y un cierto control de la agenda política. Según los cálculos de los miembros del Gobierno español, deberíamos haber desaparecido, haber sido desmovilizados o encarcelados. Así ellos podrían repartirse el poder en Cataluña y bailar sobre nuestra tumba. Pero no es eso exactamente lo que ha sucedido: hemos ganado las elecciones, hemos seguido activos y hemos conseguido que el procés se internacionalice más que nunca. Esto explica en parte la guerra de nervios que se ha instalado en el Estado español. No nos hemos dado por vencidos pese a la represión, hemos reaccionado siguiendo una lógica de resistencia. Debemos entender y aceptar que todo esto llevará tiempo, que necesitaremos diferentes tácticas. La estrategia general es mantener nuestra presencia y ejercer presión para obtener un diálogo político. Si no resistimos, no quedará nadie para dialogar. Y es eso, evidentemente, lo que tratan de conseguir. Pero, hasta ahora, hemos dado la cara frente a la formidable ofensiva del Estado español contra nosotros. Estamos vivos, avanzamos, continuamos luchando por nuestros derechos personales y colectivos. Y seguimos ampliando el debate para situarlo como lo que es: una lucha democrática.

Los catalanes siempre hemos estado en vanguardia del movimiento democrático. Cuando murió Franco, Pierre Vilar, historiador francés especializado en la historia de Cataluña, publicó durante algunos meses varios artículos en Le Monde diplomatique en los que exponía esta idea. Por entonces, en Europa se había abierto un debate sobre la democracia española. Pierre Vilar explicaba hasta qué punto Cataluña era una sociedad europea avanzada en el plano democrático, y manifestaba que debía desempeñar el papel —que, modestamente, ha desempeñado— de locomotora democrática de España. En el aspecto social o en lo referente a la diversidad de opciones políticas, Cataluña era comparable a Europa. Hoy puede afirmarse que Cataluña se sitúa a la vanguardia democrática de Europa. Queremos reavivar ideales que están desapareciendo. Estamos lejos, muy lejos de esos movimientos populistas antieuropeos que surgen en todas partes. Estamos en el corazón de los valores europeos. La crisis catalana es una oportunidad para los demócratas europeos que se sienten decepcionados por el retroceso de la socialdemocracia y por el monopolio del Partido Popular europeo. Estoy convencido de que en muchos países europeos se comparte lo que pensamos en Cataluña. Emmanuel Macron habla de la necesidad de volver a crear una gran fuerza de centro a escala europea, una fuerza moderada frente a una derecha y una izquierda cada vez más radicales. Esto es exacto en el plano teórico. Después están los hechos. Macron es muy cercano a Ciudadanos, un partido más radical que el Partido Popular, defensor de un nacionalismo español fanático, y eso no es exactamente el centro. La identidad afirmada de manera extremista no es moderación, creo yo.

8
«La Cataluña del Barça»

El inestimable
apoyo social

Durante el partido de ida de la Liga de Campeones contra la Roma en el Camp Nou, el 4 de abril de 2018, muchos espectadores ondearon banderas con el eslogan «Llibertat». Es un hecho importante que la masa social del Barça, los socios y el club en su conjunto se sientan ligados a esta realidad. El Barça era fundamental en los tiempos de Franco, porque proporcionaba el único espacio, el único, para que la gente pudiera expresar en público un poco de catalanismo. En aquella época, el grito de guerra era: «Visca el Barça, visca Catalunya». Eso le ha causado al club muchos perjuicios desde el tiempo de la dictadura. Por eso solemos decir que el Barça es «más que un club», porque no se trata solo de fútbol, sino que es el reflejo de la sociedad catalana. Durante mucho tiempo, el Barça ha sido también lo que más se conocía de Cataluña en el extranjero. El Barcelona es un club diferente de todos los demás. No es una sociedad anónima, es una asociación cívica. No tiene propietarios ni accionistas, y son los socios los que eligen a sus dirigentes. Su compromiso solidario refleja lo que se vive en Cataluña, demuestra que ese deseo de independencia no obedece a la locura de algunos dirigentes políticos, sino que es real. Cuando el Barça juega contra el Real Madrid o en otros estadios españoles, se le ataca ondeando la bandera española y cantando «Viva España». Con ello se admite implícitamente que el equipo no representa a la bandera española. Sería injusto para el resto de clubs catalanes decir que el juego del Barça representa a Cataluña, pero sí tiene un espíritu en el que nos reconocemos, una forma de jugar abierta, sin especular, con calidad, creatividad y talento. Cuando el holandés Louis van Gaal fue entrenador del club, a finales de la década de 1990 y principios de la del 2000, consiguió muchos títulos, pero una parte significativa de aficionados estaban enfadados con él porque practicaba un fútbol digno del Real Madrid. Mi equipo, el Girona, que acaba de cerrar su primera temporada de liga en primera división, también despliega un fútbol ofensivo, generoso, aunque contra el Barcelona terminara perdiendo 6-1. Perdió, sí, pero estamos orgullosos de que enfoque el fútbol con esa actitud positiva. Desde luego, el Barça asume riesgos con estas manifestaciones de apoyo. Aunque no se haya expresado de manera explícita a favor de la independencia, el equipo podría perder patrocinadores, por poner un ejemplo; pero Cataluña se ha acostumbrado a luchar de esta manera. No empleamos bombas ni violencia, sino que somos capaces de batirnos con dignidad.

Los catalanes son un pueblo al que le gusta mucho la estética. Esto vale también para la gastronomía: la cocina que hemos creado es muy elaborada en el aspecto plástico. No solo nos preocupa la calidad de la comida y el sabor, sino también el aspecto, la textura o los colores. El plato debe ser una sinfonía para la vista. Se equivocan con nosotros, sobre todo en España, cuando dicen que somos cobardes porque no somos partidarios de la violencia física. Pensar así es un error. Porque es al contrario: somos fuertes, pero de un modo diferente, colectivo. Usamos herramientas distintas, como la palabra, la negociación, la cultura o la música, y una actitud creativa o humorística. Cuando la Guardia Civil publicó un informe criticando a Cataluña por lo ocurrido en un pueblo que no existía, reaccionamos desencadenando un tsunami en las redes sociales para dar vida a esa localidad imaginaria. Es genial.

En 2010, fuimos la segunda comunidad autónoma de España en prohibir las corridas de toros, después de Canarias. Curiosamente, seis años más tarde, el Tribunal Constitucional anuló nuestra ley, pero no la de Canarias. Los miembros de mi generación teníamos muy poco interés por la lidia de toros, algo que nos era completamente ajeno. Cuando se votó prohibirlos no se hizo por razones identitarias, para desafiar a España, sino para proteger los derechos de los animales. Yo no deseo vivir en una sociedad que hace un espectáculo de semejante tortura. Así que se llevó a cabo la votación y la ley empezó a aplicarse a partir de 2012. Pero el Partido Popular español se irritó, por estimar que el arte de la tauromaquia era un patrimonio cultural nacional y que la decisión era competencia del Estado. Interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional y este le dio la razón. Por tanto, podrían volver a celebrarse corridas en Cataluña, pero lo cierto es que no se celebran. La realidad es que las corridas están desapareciendo progresivamente en toda España. A los jóvenes ya no les interesan. Ya no son negocio. La gestión de la Monumental de Barcelona corre a cargo de un empresario privado que la alquila para celebrar espectáculos. Y está bien que así sea. Otra cosa que se ha prohibido en Cataluña son las pelotas de goma. La decisión se tomó tras un incidente en el que una persona perdió un ojo. El asunto se debatió y se adoptó esa resolución. Pese a ello, cuando la policía española vino a Cataluña para la operación excepcional del 1 de octubre, utilizó pelotas de goma, y el día del referéndum una persona perdió un ojo. Se toman a pitorreo las competencias de nuestro Parlamento y esas son las consecuencias. Ocurre lo mismo una y otra vez, y al final uno se cansa. De las últimas veintiséis leyes que ha aprobado el Parlamento catalán, más de la mitad han sido atacadas, anuladas o combatidas por Madrid, porque viven en la sospecha constante de que podrían ayudarnos a construir estructuras de Estado. Lo que hacen se llama piratería.

9
«Cataluña es un laboratorio ciudadano»

El proyecto alternativo
de un Estado catalán

Los catalanes tenemos la convicción de que la democracia no será eterna si no trabajamos para mejorarla día tras día. Me rebelo contra esa idea ingenua según la cual no debe hablarse de lo que nos incomoda. No creo que sea sensato considerar que todo va bien. Asistimos a un aumento del racismo y la xenofobia en toda Europa, contra el islam, contra los judíos, contra todos aquellos que son diferentes. No podemos fingir que no existe. Me preocupa ver cómo cada vez hay más jóvenes en los que calan estas ideas. Ciertamente, no cuentan con la memoria de lo que los nacionalismos de Estado son capaces de provocar. Pero cuando nuestros adversarios nos equiparan con los nazis, como hacen a veces, están despreciando la memoria de todo lo que el nazismo ha representado. A fuerza de tolerar tales excesos, en los próximos años corremos el riesgo de asistir a un grave retroceso de los valores en Europa. ¿Cómo podemos combatirlo? En mi opinión, es necesario escuchar la voz de los ciudadanos activos y progresistas que desean cambiar las cosas. La cuestión catalana podría contribuir a ello, precisamente porque no es una cuestión nacionalista y autonomista. Si de eso se tratara, habríamos sido proindependencia hace cuarenta años, porque todos los elementos de la identidad política catalana ya estaban presentes en aquella época. Hoy deseamos evitar el fracaso definitivo de España en su proceso de transformación en una auténtica democracia, una democracia basada en los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, en la voluntad de los ciudadanos. Los catalanes deseamos ser resultado de nuestro propio esfuerzo, tanto en el aspecto material como en el espiritual. No somos egoístas, queremos mantener nuestra solidaridad, pero decidiendo nosotros, con completa autonomía, cuál es la mejor manera de ser solidarios, con quién y por qué. Si queremos ser una economía abierta al mundo, debemos tener instrumentos para crecer a mayor velocidad. Si deseamos convertirnos en un país en el que no exista la pobreza, debemos contar con los recursos para luchar contra la exclusión y la desigualdad. Y, todo eso, hemos constatado en estos últimos años que nos es imposible llevarlo a cabo dentro del marco del Estado español. Si pudiéramos hacerlo, no seríamos independentistas.

Nuestro objetivo es erigir un nuevo país para conseguir una mejora democrática. Ese proceso, la construcción de una república del siglo xxi, profundamente democrática y digital, implica forzosamente asignar un nuevo papel a los ciudadanos. No se trata de una revolución clásica que pretenda destruir el sistema, sino de una revolución que quiere estar comprometida con el sistema para mejorarlo. En este momento, la sociedad catalana puede demostrarle a Europa que ha alcanzado la madurez necesaria para aprovechar el talento y el conocimiento en beneficio de una causa común. La Cataluña actual es una de las sociedades más preparadas de la historia. Cada uno de nosotros tiene su pequeña parte de responsabilidad en esta república. La democracia catalana no reside solo en la delegación de poderes en los parlamentarios o cargos electos locales, sino que es resultado de la participación de toda su población, a la que puede consultarse de forma continua. Es todo lo contrario del populismo, que consiste en recitar eslóganes para obtener un plebiscito. A la cadena de decisión clásica, nosotros proponemos incorporar a un agente decisivo: la ciudadanía. Y de forma constante. Las herramientas tecnológicas permiten hoy integrar esta nueva dimensión, pero el avance en esa dirección es ante todo el fruto de todos nuestros esfuerzos y de lo que hemos invertido para construir una sociedad cultivada, educada, democrática, plural, multilingüe, multicultural e internacional. Estas conquistas pueden contribuir a mejorar el bien común. Renunciar a esa posibilidad es un lujo que no podemos permitirnos. En la actualidad, hay médicos, músicos, arquitectos, poetas, profesores o mecánicos que desean contribuir a este proyecto, sin tener que convertirse en políticos para hacerlo.

Este proyecto de Estado alternativo, profundamente ciudadano, enlaza con una característica de larga tradición en Cataluña: el deseo permanente de paz y de concordia. No somos una nación militar, violenta, imperialista o expansiva. Al contrario, nuestra inclinación es el comercio, la cultura, el acuerdo continuo, la posibilidad de hablar con todo el mundo. Hoy en día, hemos alcanzado un punto en el que todo eso es posible, gracias a la democracia, la globalización, la tecnología o la desaparición de las fronteras en el seno de la Unión Europea. En cierto modo, es como si el modelo suizo se estuviera convirtiendo en el modelo de futuro de Europa, el de una democracia que funciona de abajo arriba. El poder pertenece a los ciudadanos, que son responsables gracias al alto nivel de conocimiento que les proporciona un buen sistema público de educación. La solución no consiste en controlar, prohibir o manipular, sino en formar mejor a nuestros ciudadanos para transformarlos en actores sociales. Hay que acompañar a la gente en ese camino hacia la ciudadanía digital y procurar que tomen conciencia de sus responsabilidades como integrantes de una colectividad. Joan Fuster, un intelectual valenciano, dijo una vez: «La política o la haces o te la hacen». Una frase muy atinada. Hoy, si renunciamos a ser ciudadanos comprometidos y activos, corremos el riesgo de dejar que el mundo caiga en una peligrosa deriva. Los nuevos medios de comunicación que nos han traído las tecnologías modernas posibilitan que la democracia triunfe. En Cataluña, si solo dependiéramos de los medios tradicionales, no se habría producido el movimiento ciudadano de los últimos años, porque la gran mayoría de esos medios se oponía a nuestro proyecto. Pero la nueva realidad es diferente. Ahora vemos cómo ciudadanos en su mayoría formados se autoorganizan y gestionan su propia identidad. Esa es la posibilidad que nos brinda hoy la tecnología, a través de los grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn… Es una forma de revolución responsable. En la actualidad, resulta perfectamente posible ponerse de acuerdo de manera privada, compartir ideas y luego encontrarse para formar una comunidad. Eso es lo que permite defender la democracia. Y así fue cómo se pudo llevar a cabo el referéndum del 1 de octubre, sin violencia pero de manera eficaz. En Cataluña, ese mar de fondo democrático resulta posible porque emana de una larga tradición de sociedad civil. Una de las consecuencias de la pérdida de la soberanía catalana en 1714 no fue la aparición de una oligarquía, sino de una organización civil que se ha perpetuado en el transcurso de los siglos. Ese fue el principal factor que engendró la explosión cultural de comienzos del siglo xx. Cataluña era un Estado sin administración cuyo progreso pudo financiarse gracias a una burguesía que invertía en arquitectura, literatura, música… En el ámbito de la sanidad, mucho antes de que se creara la seguridad social, en Cataluña surgió una red con mutuas privadas, asociativas, para garantizar una asistencia de calidad. Y otro tanto ocurrió en el ámbito educativo. Todo eso surgió sin poder político, gracias a la energía ciudadana. De esa manera, se ha creado una sociedad habituada a organizarse sin esperar a que el Estado intervenga para decir lo que hay que hacer, y de ahí que siempre hayamos tenido esa cultura a la vez anarquista y liberal. Si quiero exportar mis productos, no me quedo esperando la ayuda de la administración; me las arreglo por mi cuenta y contacto directamente con un intermediario interesado. Entre los catalanes, la sociedad civil siempre ha ido por delante de los poderes públicos. Ahora mismo ya dispone de los medios para hacerse oír. De igual modo, este debe ser el momento de una sociedad civil europea que pueda protegernos contra las derivas nacionalistas de ciertos Estados.

¿Por qué, por ejemplo, se ha podido evitar la violencia en Cataluña? No es solo porque nuestra policía se ha preocupado de que fuera así, sino también porque la sociedad civil impide cualquier tipo de conducta desbocada. Ella misma se autocontrola. Cuando un ciudadano ve un acto contrario a nuestros principios, dice: «¡Así no!». De manera que la intervención del Estado se hace innecesaria. Esa es la transformación definitiva que puede propiciar la sociedad civil. Cataluña es un laboratorio ciudadano cuyo destino es justamente impedir que el populismo entre en la cadena de decisión, tanto a escala nacional como local. Ahora se está trabajando en el modo de controlar mejor al Gobierno y al Parlament. La posibilidad de votar en las elecciones está bien, pero no es suficiente. Por ello, es necesario pasar del carnet de identidad a la identidad digital. El actual carnet de identidad, sobre todo en el caso de España, es casi una ficha policial. La policía te lo da y la policía lo controla. Como si adquirir la ciudadanía fuera, en sí mismo, algo sospechoso. El documento representativo de la ciudadanía debería concederlo la institución que representa a esa ciudadanía, es decir, el municipio, tal como ocurre en muchos países. Es necesario evolucionar, pasar de la obligación de ser ciudadano a la voluntad de ser ciudadano. Sé que es utópico, pero yo me sentiría bien dentro de una Constitución catalana que no decretara quién es catalán, sino que ofreciera a quien lo deseara la posibilidad de convertirse en catalán. La ciudadanía es la primera garantía que una república puede darnos. Sin duda, puede haber catalanes que no se sientan catalanes, porque eso debe ser resultado de una voluntad. Hoy puedo elegir voluntariamente a mi dios, y todas las constituciones democráticas amparan el derecho de cada uno a creer o a ser ateo. Hace algunos siglos, negar la existencia de Dios se consideraba un crimen y quien lo hiciera arriesgaba la vida. Por fortuna, hemos progresado hasta conseguir sustituir la ley divina. Ahora podemos nacer hombres y acabar siendo mujeres. Tenemos el derecho, protegido por ley, de cambiar de sexo y ser respetados y reconocidos oficialmente con un sexo diferente del que teníamos al nacer. Todavía hace pocos años, esto resultaba imposible en muchas legislaciones. La homosexualidad se consideraba una enfermedad y un delito. El sufrimiento humano provocado por esta discriminación fue espantoso, y lo sigue siendo en muchos países. Por suerte, hemos avanzado y cambiado esa denominada «ley natural». ¿Por qué no, entonces, plantear que la ciudadanía y la nacionalidad sean también una condición adquirida voluntariamente? Está claro que una administración debe controlar el proceso, pero todo podría mejorar si depositáramos nuestra confianza en los ciudadanos. ¿Acaso no redunda en su beneficio que los servicios públicos funcionen bien? ¿O que la democracia sea respetuosa con todas las opiniones? Por eso debemos formar a la gente para que se conviertan en ciudadanos y no sean solo electores, consumidores o militantes. Y eso significa también que hay que desarrollar un espíritu crítico: aunque un ciudadano vote a favor de un partido, eso no quiere decir que vaya a votarlo toda su vida.

En Suiza, se efectúan continuas consultas populares. Ya ocurría así en la época del papel, así que más fácil resulta ahora, en nuestra era digital. Una identidad digital positiva, no policial, permitiría gestionar todos los aspectos de la vida: la sanidad, la fiscalidad, la cultura, la movilidad… Pero, además, podría incorporar una aplicación que permitiera votar. Se me dirá que esto parece el Gran Hermano. En absoluto: las tecnologías de encriptado garantizan hoy la seguridad de la red. Si dispones de la clave de tus datos, puedes decidir los que deseas compartir y los que no. Eres soberano de tu identidad. Esta manera de funcionar obligaría al Estado a comprender que eres importante para él, que en todo momento puedes reconsiderar cómo usas tu ciudadanía. Las consultas podrían atañer a las grandes cuestiones sobre el futuro de la república. Se podría preguntar a los ciudadanos lo que piensan prácticamente sobre cualquier asunto. Luego, la decisión última la tomarían los responsables políticos, cada uno según su conciencia. Pero estas consultas también podrían girar en torno a asuntos más concretos y locales. Cada día, el ayuntamiento tendría la oportunidad de saber qué opina la gente sobre la recogida de basuras o la movilidad. Habría un diálogo continuo. Nunca debe olvidarse el artículo 21.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: «La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público». Y no a la inversa.

Mi experiencia como alcalde de Girona demuestra que, si se les cede poder a los ciudadanos y se confía en ellos, las cosas funcionan muy bien. Antes de la revolución de las tecnologías de la información, existía el riesgo de que una minoría movilizada se hiciera oír más y manipulara al resto, pero hoy es posible controlar esa circunstancia por completo. Cuando era alcalde, abrí las puertas a la gente para que pudiera participar en las sesiones públicas del ayuntamiento. Ahora pueden plantearnos sus propuestas para que las estudiemos sin intermediación de ningún representante. Tienen derecho a expresarse. Si un colectivo de taxistas, por ejemplo, quiere llamar la atención sobre un problema, ya puede hacerlo por línea directa ante el pleno municipal. La experiencia demuestra que en realidad los ciudadanos son más responsables que los políticos, y también más respetuosos. No van a hacer demagogia ni a insultar. Ni tampoco aprovechan la oportunidad para transformar el pleno en un teatro. Demuestran mucha seriedad, se sienten orgullosos de que se les escuche y asumen convencidos su responsabilidad. Para mí fue una agradable sorpresa. Claro que siempre podrá haber accidentes o errores, pero prefiero gestionar esos problemas antes que entorpecer la posibilidad de mejorar la democracia. También decidimos transformar una parte del presupuesto de la ciudad en presupuesto participativo. Este dinero ya estaba destinado a determinados barrios, pero era el Gobierno municipal el que decidía la afectación. Desde entonces son los ciudadanos los que deciden las prioridades a partir una misma cantidad. Los ciudadanos del barrio en cuestión pueden luego votar mediante una aplicación segura. Al principio, hubo que enseñar esta técnica a los habitantes. Ahora lo consideran ya un derecho imprescindible, aunque los índices de participación sean menos elevados de lo que podría esperarse. En el futuro, una parte mayor del presupuesto se gestionará con este sistema. Ya hay gente que reclama este tipo de participación o que aporta sus propias ideas acerca de la visión de la ciudad. ¿Por qué no habrían de hacerlo? Esto ha dejado de ser un laboratorio, ¡es ya la realidad! Ha llegado el momento de mejorar en profundidad nuestra democracia apoyándonos en esta base ciudadana y constructiva. A eso me refiero cuando hablo de construir la democracia de abajo arriba. En el País Vasco, ha surgido una iniciativa de crowdfunding llamada Bizkaia. Se trata de una plataforma que permite a los inversores internacionales participar en proyectos propuestos por la comunidad autónoma. También esto es interesante, porque supone una alternativa al sistema financiero tradicional y permite atraer apoyos procedentes de todas partes partiendo de una convicción.

En Cataluña está teniendo lugar una gran revolución en el plano energético. Somos un país con excedente de horas de sol, pero eso no se aprovecha lo suficiente para producir electricidad. ¿Por qué? Porque hay un sistema de producción y distribución energética absolutamente monopolístico que pertenece a grandes empresas muy vinculadas al poder del Estado. El resultado es un sistema energético ineficaz, poco sostenible, caro y escasamente seguro. No somos autónomos, no podemos garantizar que la energía consumida sea autóctona, no tenemos asegurado el suministro y, además, nos cuesta caro. Tenemos que importar la energía nuclear de Francia con una red de muy alta tensión que atraviesa Cataluña para suministrar la energía necesaria al AVE, por ejemplo. No tiene ningún sentido, porque un país como Cataluña podría producir una gran cantidad de energía solar, eólica, marítima, hidráulica, de biomasa o de biogás. Podríamos revolucionar el sector si decidimos proteger la producción propia en lugar de penalizarla. En España, debemos pagar un impuesto al sol si queremos usar esta energía. Y los ciudadanos están obligados a pagar sumas muy elevadas si utilizan la energía de la red cuando no hay sol. Si tienes paneles solares y no puedes almacenar esa energía, vas a salir perdiendo en todos los casos. El problema reside en que este sistema favorece el negocio de dos o tres grandes empresas conectadas con los grandes bancos del país. Eso debe cambiar. Para empezar, hay que dejar claro que la energía debe ser un derecho universal. Resulta indispensable mejorar la producción local, interconectada, para conseguir una red más sostenible y permitir que la distribución de electricidad sea más barata. Nos gustaría poner en marcha este tipo de modelo disruptivo, pero no podemos: no tenemos competencias para hacerlo. Porque no somos un país independiente y porque el país con quien hemos de tratar no quiere, pues existen intereses enormes que deben protegerse. Como siempre, son una vez más personas muy cercanas al Partido Popular o al Partido Socialista las que forman parte de los consejos de administración de estas empresas energéticas, incluidos algunos antiguos presidentes, como es el caso de Felipe González. Esa es la razón de que nada cambie. Me avergüenza decir que casi nadie, en mi entorno, dispone de paneles solares. No es que sea muy normal en un país con tanto sol. Lo que debería hacerse es dar incentivos para instalarlos y compartir esta energía, en lugar de penalizar a quien lo hace. Hoy en día, con la revolución digital, es posible conocer la fuente de energía, el precio o los impuestos. Existen alternativas a estas grandes infraestructuras de distribución tan onerosas. Pero, evidentemente, esa vía implicaría la reconversión de los grandes monstruos energéticos que proporcionan mucho dinero a los medios, las fundaciones privadas o los consejos de administración.

Una revolución similar podría tener lugar en el sistema financiero. Que se me entienda bien: yo defiendo el derecho de los bancos a ganar dinero, pero debe existir una dimensión de servicio universal básico, de financiación para emprendedores o familias sin recursos, o también de apoyo a proyectos no comerciales pero importantes en materia de investigación o conocimiento. Deberíamos poder crear un entorno que favoreciera la democracia financiera para combatir la concentración de las herramientas financieras en cuatro o cinco grandes empresas. Desde hace algunos meses, estamos en contacto con equipos especializados en el sector digital y expertos bancarios que trabajan en la construcción de una moneda virtual, pero no especulativa. Queremos garantías para evitar que se desvíe de su objetivo inicial, como ha ocurrido con el bitcoin, e impedir que se convierta en herramienta para el blanqueo de dinero o la evasión fiscal. Se trataría de una moneda paritaria con el euro. Legalmente, debería ser un sistema de pago aceptado por la administración, los ayuntamientos o los comercios. Eso tendría la ventaja de la transparencia y evitaría el coste de los intermediarios bancarios. La moneda virtual no es asunto solo de Cataluña, sino del mundo entero. No va a acabar con las monedas actuales, como alguien podría temer, sino que representa una alternativa interesante. Estoy convencido de que incluso podría mejorar un sistema financiero internacional que, durante la crisis financiera de 2007-2008, demostró que no necesitaba ninguna amenaza externa para hundirse, pues con sus propios yerros le bastó y sobró para desplomarse. El hecho de que muchos bancos hayan decidido aceptar la criptomoneda demuestra que no se trata de una anécdota, sino de una evolución interesante, y nos indica que los bancos van a adaptar su modelo de negocio.

Oigo decir que la Unión Europea podría disponer de mayor poder en el ámbito financiero, pero nada me hace pensar que vaya a ser así. Sin embargo, si llegaran a existir unos Estados Unidos de Europa, deberían permitir iniciativas como la de Cataluña, previendo una armonización fiscal y garantizando las libertades y una justicia común. El ejemplo de Suiza es, una vez más, interesante. Creo que a la mayoría de los suizos no les preocupa saber quién es el presidente del Consejo Federal, puesto que se trata de un órgano de gobierno colegiado con una presidencia rotativa. Eso no impide que Suiza funcione a la perfección, a pesar de ser una confederación con una gran diversidad. No es miembro de la Unión Europea, es verdad, pero mantiene relaciones comerciales con todo el mundo y se halla comprometida con los derechos humanos, en mayor grado que todo el resto de Europa. Esa organización interna le permite mejorar el bienestar común sin debilitar su identidad. Europa dispone de una diversidad fabulosa y debe preservarla, porque en ella radica su atractivo. Dicha diversidad no debe verse como una amenaza a la unidad, sino al contrario, como una fortaleza. A un andaluz o a un polaco que recelen de esa voluntad catalana de autoorganizarse, les repito, para tranquilizarlos, que queremos seguir siendo solidarios, que deseamos continuar respetando esa regla del juego que tanto estimamos: el más desarrollado debe ayudar al menos desarrollado. Siempre hemos dicho que continuaríamos haciéndolo en un marco europeo, de manera justa, tomando como referencia a Alemania, que puede servir de ejemplo de federalismo fiscal. Por otro lado, algunos me preguntan si una Cataluña independiente sería económicamente viable. Incluso nuestros oponentes unionistas aceptan que sí, que lo sería. La economía catalana es la decimocuarta de la Unión Europea. No está mal para un país de siete millones y medio de habitantes y que no dispone de los instrumentos necesarios para garantizar su propio destino. Si tomamos como base un acuerdo fiscal similar al que existe entre España y el País Vasco, se estima que nuestro PIB crecería en torno al 5% y se crearían centenares de miles de empleos. Nadie puede cuestionar esa viabilidad. Nuestra economía es moderna, eficaz y muy abierta, con un nivel de apertura internacional muy importante. El peso de la industria en Cataluña está ya a la altura de las expectativas de la Unión Europea para 2020. En el marco de una Cataluña independiente, debemos reforzar también los vínculos con España. Estamos convencidos de que es la manera más eficaz de mantener relaciones de mutuo respeto. En la península ibérica, las relaciones entre España y Portugal son excelentes, lo que demuestra que tal cosa sería posible también en una situación de independencia. Del mismo modo, estamos convencidos de que una Cataluña independiente podría generar una profunda transformación democrática en España. Una mayoría de la población española tal vez se dé cuenta entonces de que la monarquía no es el sistema ideal para fortalecer la democracia, y que las élites que han gobernado Madrid desde hace siglos no han sido las más eficaces.

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«Europa está en crisis»

El silencio de la
Unión Europea

No, no me ha dolido el silencio de la Unión Europea. Al menos no en lo referente al referéndum de independencia, porque me esperaba ese silencio. Y debo confesar que tampoco era una mala noticia para nosotros. No es realista que Europa reconozca, ya de entrada, a Cataluña. Ese silencio era, pues, un buen comienzo para nosotros. En cambio, lo que sí nos dolió —no tanto a mí como a todos los catalanes que se sienten profundamente europeos— fue el silencio de Europa ante la violencia. Hablo del silencio de las instituciones europeas, porque tanto el primer ministro belga, Charles Michel, como otros denunciaron la represión desproporcionada. Es sano por su parte, pues uno no puede aceptar semejante represión si pretende defender los derechos fundamentales. Así que en este caso, sí, Europa debería haber hablado. Porque tenía el deber de hacerlo. La Europa que amo es la que ondea la bandera de los derechos humanos y de la democracia en cualquier parte del mundo donde estos se vean amenazados. Y en la parte que nos corresponde del continente, millones de personas votaron de forma totalmente consciente para reclamar la creación de un Estado independiente y fueron agredidas de manera violenta por la policía de un Estado miembro de la Unión Europea. El silencio al respecto de este asunto, sí, resulta doloroso. Y creo, además, que no solo dolió a los catalanes. Muchos otros europeos se dieron cuenta de lo inapropiada que era esa ausencia de reacción. El deber de Europa habría sido decir tan solo unas palabras: «Así no…». Incluso podría haberlo hecho al tiempo que criticaba a los catalanes por la organización del referéndum. Aun así, puedo asegurar que el silencio oficial de la Unión con respecto a la demanda catalana de independencia no es por fuerza una mala noticia. Es una reacción prudente y la comprendo.

Por lo demás, tengo el convencimiento de que la crisis catalana puede ser una oportunidad para Europa, en varios sentidos. En primer lugar, porque se trata de una aspiración independentista no violenta, llevada a cabo con respeto al sentido de la Unión Europea y con la participación de los ciudadanos y de la sociedad civil. Es una iniciativa democrática, en sintonía con la modernidad y no con el pasado. Hay algo que aprender de la experiencia catalana, del compromiso de la población, de este movimiento colectivo pacífico, abierto y alegre. En Cataluña, existe una comunión entre las instituciones, los políticos y una mayoría de la población, que está convencida de este proyecto. Es un ejemplo positivo de acercamiento de la política al ciudadano, en un momento en el que la brecha entre ambos es cada vez mayor. Porque lo cierto es que existe un malestar en toda Europa. La crisis catalana también refleja un descontento profundo con respecto a las instituciones políticas tradicionales. ¿Por qué ni siquiera son capaces de escuchar, de invitar a sentarse para dialogar cuando una mayoría expresa su parecer? En otros países, este descontento se manifiesta de maneras diferentes. Pero todas las personas declaradamente europeas pueden reconocerse en la imagen de los catalanes que protegieron las urnas durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, para hacer posible que sus vecinos votaran. Y no se trataba de funcionarios del Estado, ni de parlamentarios catalanes, sino de miembros de la sociedad civil, abogados, panaderos o mecánicos, que se movilizaron para poder votar.

Europa predica la defensa de los derechos humanos en todas las partes del mundo. ¿Por qué no es capaz de reconocer que hay un problema cuando una parte de sus ciudadanos formulan esta reivindicación? Si tuviera una actitud receptiva ante este tipo de expresiones, mostraría la imagen que muchos esperan de Europa: una Europa sensible a las demandas de los ciudadanos y no solo a las que emanan de los Estados. La mayoría de los catalanes creen en una ciudadanía europea, como una zona de seguridad democrática, económica y pacífica. Si no podemos sentirnos seguros en ese marco, es que algo no funciona. ¿Qué podría darnos la deseada tranquilidad? Que Europa reconociera el problema político catalán e interviniera para hallar una solución a la europea, mediante el diálogo, aunque este lleve su tiempo. Si los ciudadanos catalanes están descontentos de su relación con España, después de haber intentado en vano dialogar con ella repetidas veces, Europa debe sentirse interpelada. Sí, podría haber una mediación europea en esta crisis. Europa tendría entonces la oportunidad de actuar de otra forma, de demostrar qué valores defiende. Tampoco estamos pidiendo que reconozca la independencia. Pero si la Unión quiere dar lecciones de moral por todo el mundo, debe comenzar por ella misma. Debe velar no solo por la protección de los intereses de los Estados, sino también por los de los ciudadanos. De momento, si nos guiamos por su actuación, solo ha mostrado interés por proteger a los Estados. Hasta ahora, la Europa institucional ha dejado pasar la oportunidad de comprometerse.

La Europa de los ciudadanos, por su parte, se hace cada vez más preguntas. Porque el caso catalán no va a arreglarse con silencios. Personalmente, deseo trabajar para que esa intervención europea se haga posible, aunque no se lleve a cabo de manera oficial ni pública. Debería haber alguien en los puestos de responsabilidad capaz de decir: «Esto no puede continuar así; no es posible aceptar que haya presos políticos, exiliados en varios países europeos, una población amenazada, setecientos de los novecientos cuarenta alcaldes catalanes perseguidos por el fiscal general por haber manifestado su apoyo a la organización del referéndum». Reprimir a quienes expresan una opinión política no me parece una vía para apaciguar la situación. Si Europa pudiera manifestarse en esta dirección, marcaría el inicio de una nueva etapa. No se trataría de pedir a nadie que renuncie a esto o a aquello; solo se pediría comenzar a hablar para arreglar el problema, porque hay que arreglarlo. A priori, lo único que a nosotros nos haría renunciar a la independencia sería perder un referéndum: que una mayoría de catalanes se mostrara desfavorable. En su momento, pudo haber otra manera, que habría consistido en alcanzar un acuerdo aceptable para todos, incluida una parte del independentismo. Este compromiso no tendría por qué haber sido una solución definitiva, sino una etapa aceptable para una generación. Estoy convencido de que habríamos podido llegar a ese acuerdo. La independencia es nuestro punto de partida, porque es nuestro ideal, pero estábamos dispuestos a dejarnos persuadir por una oferta constructiva e inteligente por parte del Estado español. Por desgracia, esa oferta nunca se planteó.

Las instituciones europeas están hoy en crisis, porque han perdido credibilidad ante los ciudadanos. Pero las regiones europeas, incluidas las naciones sin Estado, podrían representar unidades eficaces para gestionar competencias en un contexto de subsidiariedad. Esta lógica de proximidad podría llevarnos a una Europa mejor. Para conseguirla, ante todo se ha de reconocer que los Estados no son los únicos actores de la Unión, sino que también lo son los ciudadanos y las regiones. Los Estados han demostrado su incapacidad para responder de manera rápida y eficaz a los desafíos que el mundo plantea en determinados asuntos, ya sea en materia de seguridad, de migración, de economía o de medioambiente. Una unión política europea podría ayudar a mejorar las cosas. Para ello, se requeriría que los Estados aceptaran renunciar a una parte importante de su poder, de sus competencias y de su soberanía, no solo en beneficio de las regiones, sino también de la Unión Europea. Necesitamos cambiar el punto de vista de los ciudadanos con respecto a Europa, a la que hoy se identifica con un club cerrado de Estados o con una administración centralizada en Bruselas, permeable tan solo a los intereses de esos poderes económicos que tienen línea directa con ella. Recuerdo muy bien cuando España entró en el Mercado Común, en 1986. Para mí fue un momento emocionante. Los catalanes considerábamos a Europa como la casa común en la que queríamos reencontrarnos. Por el contrario, los socialistas españoles miraban más a Latinoamérica. En la época franquista, en la izquierda había tradición de considerar a Europa como una creación de la democracia cristiana. Cuando se decidió pasar al euro, en virtud del acuerdo de Maastricht de 1992, en casa de un amigo, en Cataluña, organizamos una ceremonia para enterrar la peseta. Por fin disponíamos de este símbolo tan extremadamente importante: una moneda compartida por todos los europeos. Para Cataluña, Europa es una liberación. También me acuerdo del presidente francés François Mitterrand y del canciller alemán Helmut Kohl, aquellos grandes líderes europeos que se daban la mano para simbolizar la reconciliación franco-alemana. Sí, fue muy emocionante. Hoy no queda nada de todo aquello. La Unión Europea se ha convertido en una burocracia sin alma. No puedo emocionarme escuchando a Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión, ni a Antonio Tajani, el presidente del Parlamento. La designación de Martin Selmayr para el puesto de secretario general de la Comisión Europea, tras un procedimiento impresentable y duramente criticado, convirtió en una caricatura a esta Europa desconectada de sus ciudadanos. No es posible sentirse orgulloso con cosas así. A mí me gustaría reencontrar los valores de la Europa que me enamoró, no de una Europa que solo se ocupa de cuestiones económicas sin dar un mínimo espacio a sus ciudadanos.

Soy un ferviente partidario de los Estados Unidos de Europa. Pero si es para continuar haciendo lo mismo con otro nombre, eso no va conmigo. Estos Estados Unidos de Europa deberían poner fin a los nacionalismos de Estado, trabajar para que todos tuviéramos un solo pasaporte, europeo, y, a partir de ahí, reconocer la diversidad de realidades sin problemas y sin límites. La ciudadanía europea sería nuestra base común, desde la cual cada uno podría organizarse del modo que juzgue más apropiado, dentro del respeto a las leyes europeas, para ser lo más eficaces y lo más democráticos posible. Podría haber Estados que continuaran siendo Estados, y regiones que actuaran como Estados sin necesidad de proclamar su independencia. Ya no sería la Europa de los Estados, ni la Europa de las regiones, sino la Europa de los ciudadanos. No será un líder visionario quien pueda hacer realidad ese camino. Es preciso trabajar en la base de la población, hablar, hacer campaña. Me gustaría mucho que los Estados actuales cumplieran ese papel de motor de la transformación y llegar a un cambio profundo, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial o cuando se introdujo el euro. Pero hay determinadas personas en particular a las que no veo capaces de hacerlo. El presidente francés Emmanuel Macron sigue siendo un desconocido para mí, Italia está en plena confusión, Gran Bretaña se va y Alemania no sabe aún quién va a suceder a Angela Merkel. ¿Quién es hoy el líder de Europa? Yo no veo ninguno.

La crisis catalana debe servir de acicate para forzar a Europa a reaccionar y fortalecerse, partiendo de sus valores fundamentales y de su potencial. La democracia es claramente un ideal que Europa debe cultivar, la idea de una unión de ciudadanos libres, de una república europea: eso es lo que yo preconizo. Y es lo que muchos esperan en Europa, tanto por parte de sus Estados como de las instituciones europeas. En los siglos xix y xx, los conflictos se despachaban con guerras y ejércitos. Ahora, un Estado solo puede presentarse al mundo si tiene como base las libertades ciudadanas. ¿No podría Cataluña haberse declarado «región de Europa» en lugar de declararse independiente? Pero si tan solo hemos seguido al pie de la letra el camino que propugna el derecho internacional… De hecho es uno de los argumentos de defensa que invoco ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hemos actuado dentro del marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Algunos afirman que uno de los principales obstáculos para la independencia de Cataluña sería de naturaleza europea: en caso de declarar la independencia, nos veríamos obligados a abandonar la Unión y luego habría que solicitar de nuevo la adhesión. Es totalmente falso. En Cataluña viven siete millones y medio de ciudadanos europeos que desean continuar siéndolo. El único modo posible de que Cataluña deje de ser miembro de la Unión Europea es paradójicamente… que el Estado español le reconozca su independencia. Pero si tal cosa ocurriera, sería sin duda porque habría un acuerdo para que fuéramos independientes, con un compromiso sobre las fronteras, los activos y los pasivos, los intereses económicos, la red de transportes… Y es evidente que el primer punto de ese acuerdo sería que Cataluña siguiera siendo miembro de la Unión Europea.

En mi condición de presidente de Cataluña, tengo el deber de explicarme, de responder a las preguntas y disipar las dudas. Las crisis, en general, nunca son deseables, ya sean económicas o políticas. Jamás es un buen momento para que sobrevengan. Pero cuando lo hacen, como los cambios meteorológicos, hay que gestionarlas, detectar qué nos indican y, a partir de ahí, buscar la solución. Hemos de aprovechar estas oportunidades para avanzar. En mi opinión, el brexit ya nos ha indicado que Europa necesita aportar nuevas respuestas a los nuevos tiempos. Porque hay algo que no funciona. Otra señal es el incremento de euroescépticos en las últimas elecciones en Italia y otros países. ¿Hay alguien en Europa que también piense así? Porque no se percibe ninguna muestra de preocupación, ni ninguna voluntad de cambiar las cosas.

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«Mis Estados Unidos de Europa»

Mi proyecto para
una Unión renovada

Algunos me preguntan cómo podrían funcionar unos Estados Unidos de Europa con ciento cuatro regiones, cuando ya es bastante complicado con veintiocho o, bien pronto, con veintisiete. ¿Cómo podría el ciudadano reconocerse en un rompecabezas tan endiabladamente complejo? Mi respuesta es la siguiente: si la Europa unida se convierte en una fotocopia aumentada del modelo del Estado nación del siglo xix, fracasará de inmediato. Y sospecho que esa es la idea que manejan ciertos jefes de Estado: para ellos, los Estados Unidos de Europa deben ser un Estado más grande. En cambio, yo pienso que así no se puede garantizar el reconocimiento de la diversidad ni la cercanía entre ciudadanos e instituciones. Al contrario, la distancia entre ambos aumentaría. Por otro lado, me asombra que sin cesar se aluda a la dificultad de gestionar una Unión de veintiocho. Desde que España entró en la Unión, no dejo de percibir un interés por ampliar la Unión. Ahora se apunta la posibilidad de extenderse hacia Albania o Macedonia, que no son exactamente potencias económicas, sino espacios geoestratégicos muy interesantes. Por tanto, aunque la estabilidad sería sin duda un reto importante, se demuestra que es falso que la ampliación del número de Estados miembros vaya contra los intereses de la Unión. No puedo imaginarme a unos jefes de Estado que optan por aquello que no les reporta ventajas. ¿Cómo, pues, gestionar esa diversidad en el seno de la Unión? Cuando hablamos de la Europa de las regiones, se ha de ser franco y decir que se trata de una creación de la Europa de los Estados. En el seno
de esta amalgama, encontramos regiones sin apenas autonomía, sin historia propia ni instituciones históricas, junto a otras que son prácticamente Estados. Se mezclaron todas en un gran conglomerado con la idea de sofocar las aspiraciones autonomistas. Si los Estados han creado esta Europa de las regiones, es solo para retener todas las competencias y controlar el nivel de subsidiariedad que están dispuestos a conceder. La nueva frontera de Europa radica en esta dificultad de transferir la garantía de los derechos fundamentales al nivel de poder más próximo al ciudadano.

Lo que amenaza a Europa no es ni la ampliación de la Unión, ni la cohabitación de diferentes unidades territoriales, sino la manera en que los Estados gestionan y aceptan esa nueva realidad que ya no es como la del siglo xix. La creación de los Estados Unidos de Europa debería permitir evolucionar hacia un modo de gobierno diferente, más democrático, más cercano a la gente. A los ciudadanos se les debe garantizar que, en esta Europa unida, tendrán posibilidad de desarrollar todavía mejor sus proyectos personales y profesionales. Y con más libertades. Lo que proponemos no es, ni mucho menos, la destrucción de los Estados nación del siglo xix, sino su evolución natural. Siempre debemos recordar que son los ciudadanos quienes sostienen la democracia, no las estructuras administrativas, que son tan solo la consecuencia de lo que los ciudadanos han elegido. De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, las personas deben poder organizarse de la manera más eficaz, la que mejor corresponda a las necesidades de cada generación. No hemos de tomar los Estados nación como una noción sagrada que emana de la ley divina. La identidad nacional ha evolucionado mucho en los últimos años en todos los países europeos, con la aparición de una gran diversidad cultural y lingüística, y esa evolución va a continuar. ¿Hemos de mantener los mismos instrumentos de gobernanza que hace ciento cincuenta años, cuando la composición de nuestros países era muy diferente? Yo creo que no. Lo repito: no estoy hablando de destruir los Estados nación; lo que digo es que debemos preguntarnos cuáles son las entidades que se corresponden mejor con esas nuevas identidades. En cuanto se reflexiona sobre ello, pronto se llega a la conclusión de que se necesitan Estados más cercanos a esa población diversificada, con instrumentos más flexibles para reaccionar a los cambios que generan la globalización o las nuevas tecnologías. Estos instrumentos deben ser cercanos, transparentes, útiles y eficaces. En otras palabras: más accesibles. Al contrario de lo que ocurría hace un siglo y medio, los Estados más pequeños son hoy más capaces, más eficaces, más rápidos a la hora de aprovechar las oportunidades de la revolución digital. Y lo son más que las grandes hiperestructuras, muy burocratizadas y centralizadas, a las que tanto cuesta aglutinar a un grupo humano en torno a una idea de comunidad.

Algunos objetarán que este enfoque podría causar una especie de retorno a la Edad Media, porque resurgirían las tensiones entre todas estas entidades. Si todo el proceso desembocara en el aislamiento de cada una de ellas, entonces está claro que sería un retorno a la Edad Media. Pero lo que la mayoría de los ciudadanos demandan no es un repliegue sobre sí mismos, sino todo lo contrario. Piden capacidad para reconectarse de forma más rápida y directa, eliminando aún en mayor grado las barreras en las relaciones internacionales. La identidad debe evolucionar sin cesar, porque ya no se construye solo a partir de la Iglesia, la escuela o la cultura propia, sino que cada día se renueva en función de las redes sociales, de la movilidad… Es preciso reconocer la realidad de esas influencias exteriores permanentes. No estoy haciendo juicios de valor. No digo que esto sea mejor que hace cien años, ni que vaya a perdurar, pero es lo que vivimos en nuestra época. Y debemos adaptarnos a ello, evolucionar, conectarnos al mundo. Esta es una diferencia fundamental con la Edad Media, donde cada cual vivía en la autarquía, aislado, porque se sentía amenazado por el otro. En cambio, la percepción de hoy es que las relaciones con el otro ofrecen más posibilidades; y no se trata de una uniformización en la que cada uno queda anulado, sino de un proceso de enriquecimiento mutuo. Este es exactamente el modelo de la economía colaborativa. Si somos capaces de hacer esto en las relaciones entre individuos, culturas o economías, ¿por qué los modos de gobernanza habrían de ser menos y quedar fuera de esta profunda transformación? Yo creo que eso no debería ocurrir. Ya lo he dicho antes: los Estados más pequeños se sitúan hoy a la cabeza en la clasificación de los más eficaces. Cataluña estaría en ese grupo de los gestionados con mayor eficacia. Los vínculos entre los Estados históricos y estos nuevos Estados posibilitarían una unión en la diversidad.

Si en Cataluña experimentamos este deseo de independencia es, probablemente, porque vivimos en Europa. Si todavía estuviéramos en la época de la España franquista, esa oportunidad simplemente no existiría. Todas nuestras decisiones y todas nuestras esperanzas se enmarcan en esta Europa en la que creemos. Nos sentimos bien en una Unión plural en la que hay comunidades que reclaman una mayor autonomía y otras que no sienten esa vocación. Por supuesto, los catalanes nos sentimos próximos a los escoceses, flamencos, corsos, bretones o vascos, pero también a los alemanes o los daneses. Lo que nos une no es tanto la demanda de más autonomía como la aspiración a tener más democracia. En Cataluña, pensamos que para alcanzarla necesitamos los instrumentos propios de un Estado independiente. En otros lugares puede no ser así, pero sí existe esa misma reivindicación de vivir en una democracia mejor. Por eso hablo de la Europa de los ciudadanos, se adhieran estos o no a la idea de independencia. Yo no hablaría de una «Europa líquida», aunque hay algo de cierto en esa metáfora. Esta es una Europa en movimiento, capaz de adaptarse rápidamente a un mundo en continuo cambio y anticipar su evolución. La historia de Europa está construida sobre esa capacidad de generar innovación democrática para transmitirla al mundo entero. No podemos renunciar a ese ideal y contentarnos con vivir bien o con mantener la economía tal cual está. Esto implica también que es necesario compartir esas oportunidades con los inmigrantes. Desde siempre, Europa ha recibido oleadas migratorias. Su identidad se ha forjado a partir de ellas y eso no va a cambiar en el futuro. Debemos proponer una respuesta más sensata, más inteligente y más democrática a eso que de manera tan poco afortunada se ha denominado «la crisis migratoria» y que, supuestamente, nos amenaza. En el asunto de las migraciones, tampoco debemos rehuir nuestra responsabilidad para mejorar el planeta. Si hay inmigrantes es porque existen muchos tipos de pobreza: social, energética, educativa, de asistencia sanitaria… Europa no puede eludir estos compromisos, y, de todos ellos, quizá los más importantes sean los que atañen a la lucha contra el calentamiento global. Se trata, sobre todo, de escuchar a todos aquellos que desean construir su porvenir en nuestro espacio, porque consideran que es donde más se respetan los derechos humanos y los principios democráticos, o donde más posibilidades tienen de materializar sus proyectos personales. Para Europa constituye un éxito que muchos ciudadanos deseen construir en ella su porvenir. Nuestro deber es gestionar esa circunstancia de modo positivo, sorteando el resurgimiento del populismo, del racismo o de la xenofobia. Este tipo de derivas también dan muestra de la incapacidad de los Estados para gestionar esa aportación. Si hubiera una política más cercana, diferente entre una región y otra, casi entre un municipio y otro, tal vez evitaríamos esas reacciones de rechazo. En materia de migración, la realidad de Cataluña no es la de Castilla y León. Nosotros debemos, además, gestionar cada año el paso de más de diecisiete millones de turistas extranjeros, cuando nuestra población es de siete millones y medio. Necesitamos herramientas para gestionar con mayor eficacia las escuelas, la sanidad, la vivienda, la movilidad… Nuestra experiencia nos demuestra que es posible evitar muchos problemas si se atacan de raíz. No digo que sea fácil, porque sé que es complicado. Hay que poner los problemas en manos de profesionales, pero esa es nuestra responsabilidad. El éxito de Europa se medirá por la capacidad de integrar a estas personas y organizar su contribución para mejorar nuestro entorno. El fracaso sería mantenerlos en guetos, no darles acceso al ascensor social por menosprecio, por miedo o por la amenaza populista.

En el ámbito geopolítico, hoy vemos que resurgen alianzas, como ocurría hace cien años, y que retornan los poderes fuertes. Así ocurre en la Rusia de Putin, la Turquía de Erdogan, los Estados Unidos de Trump o la China de Xi Jinping. Se me dirá que, en este contexto, Europa corre el riesgo de no poder competir, con ese poder diluido y en teoría difícil de identificar. A eso contestaría que esas grandes potencias, muy centralizadas y vinculadas al populismo, no constituyen un modelo que convenga seguir. Lo que debemos hacer es, precisamente, evitar caer en la trampa que nos tienden para liquidar la cultura y los valores europeos. Si Europa se transformara en un actor más de ese concierto de potencias autoritarias, por decirlo con suavidad, eso sería su fin. Europa se ha hecho fuerte cuando ha apelado a su democracia y a sus valores. Cuando se ha replegado hacia el autoritarismo, ha vivido los peores años de su historia. Por supuesto, estas grandes potencias no tienen ningún escrúpulo a la hora de utilizar la fuerza para destruir nuestros valores, nuestra moneda o nuestra democracia, pero debemos reaccionar con las herramientas que hacen de Europa la potencia más fuerte del mundo: la democracia, el talento, la innovación, la creación y la libertad. En una palabra: la inteligencia. Qué gran fracaso si Europa respondiera con argumentos idénticos a los de Erdogan o Putin. Esa amenaza existe, desde luego, pero congreguémonos en torno a lo que nos hace más fuertes. Lo que me inquieta es, precisamente, que ahora mismo no veo que las instituciones europeas tengan voluntad de hacerlo. No estoy seguro de que el dúo Macron-Merkel pueda durar, porque el primero acaba de llegar y la segunda prepara su marcha. La declaración de intenciones del presidente francés resulta en ciertos puntos ambigua, cuando habla de los Estados. Ambos líderes tienen la concepción de una Europa fuerte, pero es que, si juzgamos solo por las palabras, lo mismo podría decirse de casi todos los dirigentes europeos. Así ocurría también con Mariano Rajoy. Sin embargo, lo que cuenta son los hechos, no los discursos. Y esos hechos son poco halagüeños. Debido a la crisis migratoria, nuestros países se han encerrado en sí mismos y la solidaridad está en vías de extinción. No es justo dejar que Italia o Grecia se las arreglen ellos solos para gestionar esta crisis. No estamos comportándonos como la Europa con la que soñamos, y eso nos debilita mucho. Para el drama humano que viven nuestros vecinos sirios debería hallarse una respuesta humana. El valor de la paz no es una noción teórica; ha de practicarse cada día. Por desgracia, estamos repitiendo los errores cometidos durante la guerra de los Balcanes. Entonces nos preguntábamos dónde estaba Europa, y hubo de intervenir Estados Unidos para detener la masacre. A mí me resultaba insoportable ver lo que sucedía en Sarajevo o Bosnia todos los días. Me preguntaba: «¿Pero a qué esperan? ¿A que mueran todos?». En lugar de incurrir en tales errores, deberíamos sentirnos orgullosos de lo que somos y darnos cuenta de que nuestro ejército es nuestra democracia.

Una solución podría ser crear una verdadera Constitución europea o poner en marcha un ejército europeo. Esa tarea exige un trabajo democrático desde la base. ¿Por qué el Tratado Constitucional europeo elaborado en 2004 fue tan censurado? Porque no se elaboró tomando como base a los ciudadanos. Ningún europeo sentía que aquella era su Constitución. Cuando se sometió a referéndum en Francia o en los Países Bajos, la gente votó «no» para protestar contra la gestión de los Estados y denunciar a la Europa de los burócratas; lo hicieron por muchas razones ajenas al propio tratado, que pocos conocían realmente. Si hubiera existido un trabajo constituyente fundado en las comunidades locales, con una labor participativa real, seguida de más trabajo en el Parlamento Europeo y de la subsiguiente aprobación por referéndum, el resultado podría haber sido muy distinto. Se me dirá que eso lleva su tiempo: por supuesto, pero de ese modo se parte de una base mejor. Seamos francos: hoy no hay nadie que se haya leído ese Tratado Constitucional. Si se hubiera puesto el acento en la participación, tal vez esta habría sido una de las aventuras más apasionantes del continente. Sería, además, un modelo que le otorgaría a la Unión la autoridad moral que precisa ante Erdogan o Putin. Partiendo de un proyecto así, sería posible imaginar un ejército europeo vinculado a la idea de defender la democracia y los derechos humanos, en Europa y en otros lugares. En lugar de eso, asistimos a intervenciones militares convencionales por parte de los Estados, intervenciones que nadie comprende, que nadie respalda y con las que nadie puede saber si se ha causado la muerte de víctimas inocentes.

¿Es esto una utopía? De momento sí lo es, porque no existe voluntad política para emprender este trabajo de fondo. ¿Por qué dejamos que los únicos que reflexionen sobre la crisis europea sean los dirigentes reunidos en Davos o los jefes de Estado que se reúnen en las cumbres europeas? ¿Por qué no pedir a los ciudadanos que se impliquen en el proceso de debate? Europa debe dejar de ser esa estructura administrativa que aprueba unas directivas que nadie entiende pero que luego inciden de pleno en la vida de los ciudadanos, quienes se quedan con la impresión de que su voz no cuenta para nada. Durante mucho tiempo, el Eurobarómetro, la encuesta de opinión pública que encarga regularmente la Comisión Europea, indicaba que solo una minoría de ciudadanos europeos piensa que su voz cuenta en el seno de la Unión. Es decir, que la mayoría de los europeos piensa que no se les escucha. Aunque el último Eurobarómetro muestre una ligera mejora, no cabe duda de que revela una crisis. Hay algo que no funciona. Y no podemos aceptarlo. Es preciso rebelarse contra este tipo de situaciones. A mí me subleva, me preocupa mucho. Sobre todo, cuando veo que además los ciudadanos más jóvenes valoran menos la democracia que los más mayores. El 60% de las personas nacidas en la década de 1950 consideran que es esencial vivir en un país democrático. Según el informe «Renew Europe», publicado con motivo de la última cumbre de Davos, menos del 45% de los nacidos en la década de 1980 comparten esa afirmación. Dicho de otra manera: el 55% de europeos de alrededor de 30 años no consideran que sea esencial vivir en democracia. Al mismo tiempo, los gobiernos, los partidos políticos, los tribunales, los medios de comunicación y las instituciones financieras ven cómo su legitimidad disminuye sin cesar. Por último, también según los datos de un sondeo internacional, el 40% de los españoles están de acuerdo con la idea de tener un líder fuerte. Este porcentaje dobla el de Alemania y es inferior en tan solo un 10% al de Turquía.

El resultado final de un trabajo democrático de base ciudadana a escala europea debería ser un espejo en el que todos pudiéramos reconocernos, ya seamos polacos, belgas, andaluces o catalanes. Para llegar a ese punto, resulta indispensable la participación de la sociedad civil. En Cataluña, Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, dirigió un espacio cívico para demostrar la posibilidad de crear una república. No era una acción contra las autoridades, sino que tenía el propósito de recorrer el camino junto a ellas. Se trata de que cada uno asuma que tiene un papel que cumplir. Se podría generar un proceso similar a escala europea para escuchar a los pequeños empresarios, los ecologistas, los profesores, los policías… Ese proceso tal vez nos permitiría descubrir que las esperanzas de los catalanes son casi las mismas que las de los daneses, y que el modelo ideal que aúna la libre empresa y la protección social no es tan diferente de un país a otro. En este tipo de proceso de participación ciudadana, cada cual puede aportar su visión, su propia modulación, al tiempo que se desdramatiza la dimensión nacional. No es ningún campeonato mundial de los Estados: son ciudadanos que se mezclan en un debate que nos concierne a todos. A mí me gustaría comprobar si el modelo educativo de Finlandia nos puede ser útil, o descubrir los modelos de otros lugares para gestionar la acogida de inmigrantes o combatir el calentamiento global. Si la Constitución europea se hubiera redactado de este modo, probablemente se habría adoptado con mucha facilidad. Y todo el mundo la conocería. Todos los alumnos de la Unión sabrían cuáles son los valores fundamentales de Europa, en Barcelona o en Helsinki. Esa es mi visión de los Estados Unidos de Europa.

Hay gente que me dice que la demanda de independencia de Cataluña transmite el mensaje equivocado. Yo creo que es al contrario. Lo que hace es mostrar que uno de los Estados nación europeos más tradicionales, más conservadores, es objeto de cuestionamiento porque constituye un freno para que Europa pueda evolucionar en esa dirección. La independencia de un país como Cataluña, iniciada de esta manera y por estas razones, revela que existe un modelo para hacer evolucionar la democracia, y que este modelo se podría utilizar en toda Europa. Demuestra hasta qué punto puede ser positiva una progresiva transferencia a la ciudadanía. ¿Y no existe el peligro de que un movimiento independentista como el nuestro se asocie al populismo? ¿No convendría explicarnos cuantas veces haga falta, y con todo detalle, para informar a todos los países europeos? Ese es exactamente el trabajo que trato de llevar a cabo. En la Europa actual, las amenazas populistas proceden de Estados, ya sea de Hungría, Polonia, Italia (vistos los resultados de las últimas elecciones) o la Francia de Le Pen. Ninguno de estos países trata de alcanzar la independencia, que yo sepa. Nosotros deseamos darle la palabra a la ciudadanía en un marco de democracia. No queremos crear un nuevo Estado para hacer lo mismo que los Estados actuales. Yo no iría a prisión ni viviría en el exilio si todo se redujera a reproducir lo que ya existe, cambiando solo el nombre, la bandera y el pasaporte. Arriesgo mi vida para que la democracia y el futuro de mis hijas mejoren de verdad. Podría optar por vivir tranquilamente. Habrá quien objete que soy un populista porque dar la palabra a la gente debería implicar seguirlos aunque reclamen el restablecimiento de la pena de muerte. Alto ahí: siempre digo que debemos actuar en el marco de los derechos humanos. Para mí, ese es el telón de fondo de la construcción de una sociedad democrática. Nunca debe olvidarse que la voluntad popular es el fundamento de la autoridad del Estado. Pero eso no significa que podamos hacer lo que nos dé la gana, quemar a las personas que no creen en Dios, por dar un ejemplo a todas luces exagerado. Por el contrario, si nosotros queremos más autonomía es para actuar en el marco de los derechos universales y construir libremente la sociedad que deseamos. Eso no es populismo, que consiste en corromper los instrumentos de la democracia para violentar los derechos humanos, como ocurre en España con la defensa de la idea sagrada de la unidad territorial. En esta lucha que mantenemos, en la que está en juego nuestra vida, hay un profundo compromiso ético. Y queremos pelear precisamente para vacunar a Europa contra ese populismo que ya existe en ella. Me subleva que se reduzca a populismo todo aquello que no agrada a la oligarquía europea. «¡Los catalanes son unos egoístas que quieren guardarse su dinero para ellos! Carles Puigdemont es un populista y no hay más que hablar». Por favor, un poco más de esfuerzo intelectual, más rigor en lo político. Eso resulta demasiado fácil. Para eso no arriesgaría yo mi vida.

Dicho esto, tengo la sensación de que a medida que pasa el tiempo se comprende mejor nuestro propósito. Hace algunos años, cuando me preguntaban si estábamos en la fase de pedir reconocimiento, yo respondía: «No, estamos aún en la fase de conocimiento de lo que pasa en Cataluña». Es importante que la gente pueda pronunciarse con conocimiento de causa sobre lo que sucede en Cataluña. Y eso es algo que no puede hacerse hablando solo con una de las dos partes, ni escuchando únicamente lo que dicen los medios de una de esas dos partes. Deben poder oír nuestra voz. Hoy se nos conoce un poco más, la gente se da cuenta de que la cuestión es más compleja que un titular en una página web o que hacer clic en Twitter. Hay que preguntarse muchas cosas. También nosotros nos cuestionamos sin cesar. Este principio de duda es esencial. Si lo seguimos practicando, estamos convencidos de que una mayoría de personas comprenderán mejor lo que queremos hacer y de que los miedos irán desapareciendo. No constituimos ninguna amenaza contra los valores europeos. Al contrario, lo que deseamos es contribuir a aumentar el nivel democrático de Europa. Nuestra reivindicación es un work in progress, un movimiento continuo. Unos años atrás, éramos un movimiento desconocido. Hoy existimos. A lo largo del camino se presentan nuevas oportunidades que hay que aprovechar. Nuestro principal objetivo es que España y el mundo conozcan mejor lo que sucede en Cataluña, con todos los matices necesarios, y tal vez pasando por Europa podamos llegar a conseguirlo. Europa necesita conocer la cuestión catalana porque se trata de una crisis europea, pero para ello hay que romper las puertas blindadas del búnker informativo español. En la España de hoy, por desgracia, resulta imposible sostener un debate independiente y neutro. La distorsión de la información sobre nosotros es terrible. Se trata de una manipulación deliberada y consciente cuyo propósito es impedir que la sociedad española llegue a aceptar el derecho a expresarse de Cataluña. Al trasladar el debate a Europa, esperamos que nuestra voz pueda oírse en todas sus dimensiones.

La Unión europea tiene un problema de liderazgo político y moral. Por eso los Estados han reforzado su nacionalismo y se han aprovechado de ese vacío. Debe entenderse que Europa es bastante más que un mero proyecto político aceptado por los Estados: es una idea en torno a la cual la sociedad europea en general alberga muchas esperanzas de futuro. Para mejorar Europa, yo propondría una lista de tareas necesarias. En primer lugar, es preciso encontrar canales de acercamiento entre los ciudadanos y las instituciones, porque la voz y los votos de los ciudadanos europeos deben contar mucho más, sobre todo en las cuestiones decisivas. En segundo lugar, debe intensificarse la vía de la subsidiariedad, otorgando más competencias de financiación y de poder político a las regiones y a las grandes ciudades. En tercer lugar, la noción de «ciudadanía europea» ha de prevalecer sobre la de ciudadanía nacional y ser de verdad un vehículo que garantice los derechos y las libertades en el conjunto de la Unión. Por último, la UE debe reconocerse en su diversidad lingüística y cultural, y otorgar reconocimiento y protección formales a los pueblos reconocidos en cada lengua y cultura de Europa. Es inconcebible que la posible consideración del catalán como lengua oficial del Parlamento Europeo dependa de la voluntad del Estado español, que siempre se ha opuesto a ello, y no sea una obligación de la propia Unión Europea. Del mismo modo, la Unión debe reconocer el derecho de autodeterminación de sus pueblos y garantizar que ese derecho se ejerza de manera democrática y pacífica.

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«Mi propuesta para salir
de la crisis catalana»

Mis ideas para
una mediación

El error más evidente que hemos cometido los catalanes ha sido el de sobrestimar los efectos de la transición democrática española. Los casi cuarenta años de Constitución no han bastado para garantizar unos órganos policiales, un poder judicial y unas estructuras de gobierno de alto nivel, comparables a los de los países de larga tradición democrática. De ahí que, en este momento, nos parezca necesario velar por que las relaciones con el Estado y la consecución de acuerdos puedan desarrollarse bajo la supervisión de actores internacionales que verifiquen los movimientos de cada parte. Una burla como la que sufrimos el 10 de octubre de 2017, cuando atemperamos nuestro deseo de independencia para posibilitar un diálogo, no puede volver a repetirse. Si de verdad hay voluntad de hablar, esta debe ser constatada por un mediador que proporcione las debidas garantías.

Para salir de la crisis y la incomprensión actuales con los responsables políticos españoles, existe un camino claro y fácil de entender. Ese camino parte de una idea principal: lo que Cataluña sea en el futuro debe ser resultado de la voluntad de los catalanes. Esto es, de hecho, lo que preconiza el primer artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y es también lo que decía el actual rey de España cuando era príncipe de Girona, hace treinta años: Cataluña es lo que sus habitantes quieren que sea. Nosotros queremos decidir nuestro futuro, y la solución ideal es hacerlo de forma pacífica, en el marco de un acuerdo con España. Debemos determinar juntos un marco en el que los catalanes puedan decidir su futuro. No es más que lo que recogen los tratados internacionales suscritos por España e integrados en el ordenamiento interno español a través de la Constitución. Esto sería lo ideal, pues ese diálogo permitiría que España se comprometiera con el resultado del proceso, fuera el que fuera. Y lo mismo se aplicaría a Cataluña, incluso si el resultado fuera contrario a la independencia. Todos nuestros esfuerzos están encaminados a la posibilidad de entablar un diálogo de estas características. No es la única vía posible, pero es a la que damos prioridad. Y se inscribe al cien por cien en el marco de la Unión Europea. ¿Que España considera que la independencia no es el camino? Entonces les pido a los dirigentes de Madrid que nos propongan una alternativa. ¿Cuál es su proyecto para Cataluña? Los catalanes creemos que la independencia es la única solución que nos queda, pero quizá puedan demostrarnos que estamos equivocados y que existe otra fórmula para salir de esta crisis.

No nos corresponde a nosotros proponer otra hoja de ruta. Ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones: hemos ya propuesto otras fórmulas respetuosas con la vía constitucional, pero Madrid las ha rechazado todas. Ahora es España la que debe ser creativa. Si no es el caso, continuaremos luchando por una independencia que el derecho internacional nos reconoce de acuerdo con la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia sobre Kosovo, según la cual ninguna disposición del derecho internacional se opone a una declaración unilateral de independencia. No podemos renunciar a ese derecho, máxime considerando que está recogido en los tratados internacionales reconocidos por España. Y estamos dispuestos a ejercerlo si se hace necesario. Repito que nuestra prioridad es un acuerdo obtenido mediante el diálogo, pero no podemos aceptar el statu quo que España nos ha propuesto hasta la fecha. Algunos expertos nos sugieren que ideemos vías de solución a partir de su experiencia federal. ¿Por qué no? Pero no es Cataluña la que debe idear una solución nueva, sino España. Estas personas, sin vinculación directa con la cuestión, han reconocido que existe un problema político y que deben buscarse soluciones políticas, poner sobre la mesa un proyecto atractivo y potente capaz de rivalizar con la independencia. Para ello, primero España debería mostrarse dispuesta a reconocer el problema y aceptar que existan fórmulas alternativas factibles. Si la otra parte ni siquiera está dispuesta a abrir un diálogo y persiste en su lógica represiva, es una pérdida de tiempo tratar de concebir fórmulas alternativas para salir de la crisis.

Esa es la razón de que los catalanes solicitemos una mediación internacional independiente. Ante todo, supondría reconocer que el problema existe. Es necesario que España reconozca que se requiere ayuda para salir del agujero en el que se ha metido. Por otro lado, la mediación es indispensable porque, si finalmente se llegara a un acuerdo con España, alguien debería supervisar el proceso y evaluar si las dos partes se comprometen como corresponde en la vía elegida. Porque nuestra experiencia nos ha vuelto desconfiados: varias veces hemos cerrado acuerdos que luego no se han respetado. Pero, para llegar a ese punto, antes España debe aceptar una mediación. ¿Cómo debe ser esta mediación? Debe llevarse a cabo de forma discreta, no pública. Ha de contar con una autoridad política y técnica importante. Europa debe estar informada de lo que sucede y seguir las operaciones muy de cerca. Otra condición es que no debe haber condiciones previas, lo que significa que todo el mundo ha de poder defender sus ideas. Es importante que el proceso se desarrolle sin agenda. Debe ir avanzándose mediante el diálogo. Somos conscientes de que podría llevar mucho tiempo. Para garantizar que todo se desarrolla de manera pacífica del principio al fin del proceso, las relaciones entre Cataluña y España deberían gestionarse provisionalmente sobre la base de la confianza mutua y de un amplio marco de actuación sin conflictos constitucionales, siempre bajo la supervisión del mediador. Se trataría de un compromiso político para lograr una transición constructiva entre ese statu quo y la fórmula final, sea esta o no la independencia. Este tipo de aproximación también permitiría ver los efectos positivos de un enfoque federal en lo que concierne al respeto a las instituciones, la financiación, la lengua o la cultura, entre otros asuntos. Es decir, con esta propuesta, le ofrezco al Gobierno español la posibilidad de contender para ganar el referéndum. Si juega el partido, tendrá la oportunidad de ganarlo. Pero, para ello, primero debe aceptar jugarlo.

En realidad, el Gobierno español debería adoptar la actitud de David Cameron cuando era el primer ministro británico. Ante la cuestión del referéndum sobre la independencia de Escocia, Cameron reconoció que había un problema, decidió jugar y ganó. Puso por escrito todo lo que les ofrecería a los escoceses si votaban contra la independencia. Con ello, demostró que había comprendido el mensaje que subyacía al referéndum: la voluntad de ser reconocidos. No menospreció a los escoceses, no los encarceló, no; se esforzó por buscar una alternativa de devolución o descentralización máxima y los convenció. Pero para eso hay que aceptar jugar el partido. Propuse este mismo tipo de fórmula en mis conversaciones con diversos líderes españoles: Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista (PSOE) y sucesor de Mariano Rajoy, y Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos.

No podemos obviar la persistente reivindicación de independencia de más de dos millones de catalanes. Nuestro deseo es llevar el proceso hasta el final y celebrar un referéndum reconocido y pactado, en el que podría optarse entre la independencia y el proyecto de devolución máxima que pueda acordarse tras las negociaciones. De ese modo, no hay duda de que habrá entendimiento sobre una fórmula válida para una generación. Esto sería lo ideal. Europa debe comprometerse desde el primer momento. Hay diversas formas de hacerlo, sin necesidad de que sea nada oficial. Bastaría tan solo con aplaudir nuestra voluntad de hablar, reconocer que estamos ante un problema europeo y seguir de cerca el proceso. Para lo demás, podríamos contar con la asistencia de algún país, expertos internacionales en mediación de conflictos, expertos del ámbito universitario… Eso es democracia: si existe un problema, de nada sirve esconderlo o convertirlo en tabú, sino que hay que atreverse a hablar de él. Porque no va a desaparecer solo. Esta vía facilitaría también que en España cambiaran los enfoques mediáticos, que cesara la guerra propagandística y que expertos españoles analizaran la cuestión de forma constructiva. Siempre constituye una victoria sentarse alrededor de una mesa, en un contexto de confianza y manteniendo la corrección en el trato personal. Todo ello propiciaría de hecho una desescalada. Sería de ayuda que no hubiera personas en prisión ni se persiguiera a nadie por vía penal, que se respetaran los resultados electorales, que se apaciguara el debate público. En realidad, esperaba que el rey Felipe VI pudiera jugar un papel en esa labor. Debería ser una figura neutra. Por desgracia, cuando el 3 de octubre de 2017 afirmó que los dirigentes catalanes estábamos «al margen del derecho y de la democracia», él mismo se desacreditó. Se ha situado ya en el campo de quienes han agravado el problema. Antes de ese momento, yo nunca hablaba del rey. Consideraba que estaba fuera de esta cuestión, lo protegía para que pudiera, llegado el caso, desempeñar ese papel de mediador neutro. Aquel día sufrí una gran decepción, no tanto por sus palabras sobre los catalanes como por el hecho de que él mismo se excluyera para participar en la solución. A partir de ese instante, no quedó nadie neutral en España. Europa, en cambio, se abstuvo de hacer ningún comentario oficial, con lo que aún se mantiene una puerta abierta para que pueda actuar como mediadora. Hay una persona en particular que podría desempeñar ese papel: Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo. Es el único que hasta la fecha se ha manifestado con toda corrección.

Aceptamos que Europa sea a priori contraria a la independencia de Cataluña. Pero al iniciarse el proceso es necesario que la discusión pueda llevarse a cabo sin tabús previos. Si todos los supuestos posibles pasaran por pedirnos la renuncia a la independencia, para nosotros sería una condición inaceptable. Solo podríamos aceptarlo si así lo acordáramos al final del proceso. Si este diálogo fracasa, hemos de poder mantener nuestro derecho a la autodeterminación. Es una alternativa tan democrática como cualquier otra. Incluso en el caso de que el diálogo llegue a buen puerto y una parte de los independentistas acaben apoyando la fórmula de devolución máxima. Hay que dejarse llevar por la negociación y ver cómo las opciones que defiende cada uno pueden confluir al final del proceso. A mí no me da miedo que una fórmula de devolución máxima pudiera ganar en un referéndum definitivo, porque nuestro derecho a la independencia quedaría reconocido. Lo que deseamos es que reconozcan nuestro derecho a la autodeterminación. Eso es más importante que la independencia en sí misma.

Cuando digo que la crisis catalana puede constituir una oportunidad para Europa, quiero decir también que puede generar un marco de resolución de crisis susceptible de replicarse después. Esta metodología alberga la semilla de un nuevo método de gobernanza que concede un nuevo papel a los ciudadanos. A lo largo de todo este proceso, deben preverse espacios regulares de participación ciudadana. Si esto se cumple, la fórmula a la que llegaremos, sometida a referéndum, se percibirá de manera mucho más positiva. Además, podría ser una oportunidad para crear un órgano informal de resolución de crisis. Hay muchísimos talentos en las universidades y los think tank europeos que podrían ayudar. Debemos facilitarles la posibilidad de contribuir a la mejora de la democracia europea. No estoy hablando de un nuevo despotismo ilustrado, sino de una aportación a una nueva metodología que integre a la ciudadanía europea. Recordábamos antes la propuesta del filósofo Luuk van Middelaar de que toda España votara sobre la cuestión catalana. Pero, a fin de cuentas, ¿por qué no consideramos la posibilidad de una votación en toda Europa? Tal vez no una votación efectiva, pero sí consultiva. Estoy convencido de que esta metodología de diálogo con una continua participación ciudadana funcionaría y permitiría encontrar una salida a la crisis, porque constituiría un modelo perfecto de democracia. Reconozcamos que, si entabláramos una negociación sabiendo de antemano el resultado, sería un tipo bastante extraño de negociación. Todo esto requiere un trabajo inmenso que pueda contar con todos los materiales académicos necesarios y tantas opiniones como se requiera, siempre en un plano de discreción, sin presión mediática. Tomémonos el tiempo de hablar con tranquilidad de todo para que, in fine, los catalanes decidan libremente su futuro.

Todavía estamos lejos de ese punto, lo sé. Solo crear las condiciones para un diálogo de esta índole ya va a llevar su tiempo. Se lo he propuesto repetidas veces a los representantes del Gobierno español. Es una lástima que persistan en su actitud de rechazar un diálogo político que permita atenuar el conflicto y detener las acciones judiciales. Iría en interés de todos si pudiéramos disponer de unas condiciones de trabajo positivas, con mediadores internacionales capaces de verificar que se proponen vías compatibles con la ley y de velar por la aplicación de lo que se decida. Este marco tendría por objetivo llegar a propuestas que no fueran de naturaleza dramática. En las negociaciones finales se podría hablar de todo: del tipo de consulta popular, de la pregunta, de la fecha, de la mayoría necesaria… Hoy resulta imposible determinar todos estos puntos. Solo podremos hacerlo al final del proceso. ¿Debería tener Europa la capacidad de imponer este tipo de negociación? Nosotros pensábamos que la existencia de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, adoptada el 7 de diciembre, serviría a tal fin, pero no ha sido el caso. En mi opinión, es algo que debe ser parte de la ética de los Estados. El reconocimiento del otro, un enfoque no violento y el respeto a la voluntad popular deberían ser naturales en democracia. Es así como se evitan los conflictos y las guerras, garantizando el respeto a los derechos humanos. Eso es justamente lo que debería ofrecer Europa.

En realidad, si procesos de estas características se extendieran por toda Europa, neutralizarían a los poderes represivos y coercitivos. Si este proceso para resolver nuestro conflicto concluyera de forma positiva, se demostraría que el método puede utilizarse en todas partes, tal como sucedió con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica, con la que Nelson Mandela creó un modo de acción que puede replicarse en el mundo entero. Si en el transcurso de la negociación, y sin ninguna vinculación con la independencia de Cataluña, surgiera un proceso similar para restaurar el respeto a la memoria de las víctimas de la Guerra Civil, la situación se apaciguaría todavía más. Con ello se haría posible la reconciliación. Y, aunque el Gobierno español no tenga responsabilidad directa en ello, también facilitaría las cosas que reconociera la culpa del Estado español en la ejecución en 1940 del que fuera presidente electo de Cataluña, Lluís Companys. Si toda España se implicara en un programa para que todos los que perdieron seres queridos en la Guerra Civil pudieran recuperar sus restos, eso permitiría instaurar un clima de dignidad. Cuando una pareja se halla al borde de la separación, lo que más conviene a la parte que desea salvarla es expresar su amor y su respeto, no proferir amenazas. Porque en este último caso se revela que no existe tal amor, que solo hay una relación posesiva y nada sana. Desde siempre, el catalanismo ha pedido algo bien sencillo: que el Estado reconozca la persecución judicial a los catalanes durante el franquismo y la discriminación lingüística de las lenguas catalana, vasca y gallega. Como nación cultural que somos, podríamos tener representación oficial en la Unesco. También podríamos disponer de un equipo nacional en las competiciones oficiales. Hay tantas cosas que pueden ayudar a la normalización… El Estado español debe ganárselo si desea que los catalanes renuncien a este derecho legítimo, debe darnos los instrumentos para que podamos ser realmente catalanes. Un analista me dijo una vez que esta cuestión no era en realidad política, sino religiosa, porque la unidad de España es comparable a una religión. Con fanáticos religiosos no puedes discutir sobre la existencia de Dios, porque te acusarán de sacrilegio. Ese es el problema.

En lo que respecta a mí mismo, Carles Puigdemont, no aspiro a tener ningún papel en el futuro. Por encima de todo, deseo retornar a la normalidad cuanto antes y volver a ser lo más libre posible. He aceptado ceder mi plaza en la presidencia a mi amigo Quim Torra, por el bien de la población de Cataluña. Mi intención es proponer formalmente la creación de un Consejo de la República, un espacio político y social a partir del cual se pueda trabajar en el despliegue de la república, en todos los sentidos de la palabra. Esa sería mi labor si la situación no cambiara. Si entramos en una lógica distinta, como la que acabo de exponer, consideraría volver a la vida normal antes de lo que tenía previsto. Como presidente, me corresponde una responsabilidad, y tengo la firme voluntad de asumirla. Debo llegar a un punto aceptable que permita pasar el testigo a una nueva generación de líderes. Pero mi primer deseo es no continuar en política una vez se haya normalizado la situación. Tengo el derecho y la necesidad de abandonar la política. Además, ese era mi compromiso, porque no soy partidario de que los dirigentes se perpetúen eternamente en el poder. Soy de la opinión de que en ciertos momentos se requieren nuevos lenguajes y nuevas personas. Pase lo que pase, no hay duda de que mi vida siempre estará marcada por el hecho de haber sido presidente de Cataluña. Lo que diga y escriba en el futuro tendrá influencia en la realidad. Pero también trataré de recobrar mi libertad personal y mi vida. Sueño con poder regresar a Girona para disfrutar del lugar que más amo en compañía de mi mujer y mis hijas. Para llevar una vida más bien modesta y disfrutar de las pequeñas cosas del día a día: la amistad, los productos de la tierra, los paisajes, el patrimonio, el clima, la música, la cultura… Es eso lo que le pido a la vida. Por desgracia, mi situación no es exactamente la que había previsto. En ese sentido, es una especie de fracaso personal. Pero no quiero eludir mi responsabilidad para vivir mejor. Si tuviera que vivir en una prisión española, estoy preparado. Pero mi encarcelamiento complicaría todavía más la posibilidad de una solución política. Constituiría un tremendo error, porque no hay nada que sea delito en lo que hemos hecho. Tal vez fuera una fiesta y una venganza para el Estado español, pero estaría muy lejos de esa Europa de los valores que yo tanto deseo. Aun así, si hubiera de ocurrir, seguiría luchando por mis derechos personales y por nuestros derechos colectivos. Llegaría hasta el final, hasta la justicia internacional. No he de renunciar hasta que el problema catalán se haya solucionado. No, esta historia no concluirá encarcelando a los líderes ni forzándolos al exilio.