LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA Y SUS CAUSAS

Ibiza Melián

2015, Ibiza Melián

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Autor: Ibiza Melián

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Fecha de registro: 17-jun-2015 18:04 UTC

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Autor: Ibiza Melián

“Si los hombres fueran ángeles no sería necesario el gobierno, y si fueran a ser gobernados por ángeles no se requeriría ningún control al gobierno, que es una administración de hombres sobre hombres.” (James Madison, cuarto presidente de EEUU)

Índice

Introducción

¿Qué hace diferente al Sur de Europa?

Relación entre el sistema electoral y la corrupción

La utopía del gobierno de los mejores

Relación entre urbanismo y corrupción

Relación entre contratación pública y corrupción

La necesaria separación de poderes

La contaminación de la función pública

El ideal del gobierno abierto

Propuestas para lograr la Tercera España

Conclusiones

Notas

Agradecimientos

Sobre el autor

Introducción

El presente trabajo busca demostrar que el alto porcentaje de índice de percepción de la corrupción que ostenta España, nada tiene que ver con la elección de una persona u otra para un cargo público. Sino que tales desviaciones se producen por fallas del propio sistema. Ergo, si de mejorar se trata, lo que hay que hacer es implementar aquellas medidas con las que otros países han logrado aminorar las desviaciones en el funcionamiento de la Administración Pública.

Conclusión a la que se pretende llegar analizando inicialmente las disparidades culturales e históricas, entre los países del Sur y el Norte de Europa. Donde se atisba que el componente religioso entre ambos bloques, catolicismo y protestantismo, ya de entrada marcan un diferente prisma a la hora de abordar el problema. Confiriendo al ser humano una esencia de la que carece. Pues lo primeros dividen a los individuos entre buenos y malos, cuando una persona es dualidad, compuesta por un lado luminoso y otro oscuro. El doctor Jekyll y el señor Hyde, de la célebre novela de  Robert Louis Stevenson (1850-1894).

Percepción del gobernante ideal que derivará en la tan recurrida figura del “cirujano de hierro”. Lo que llevará a España durante 200 años a sufrir lamentables periodos dictatoriales. Y es que, como afirmara Popper, no debemos preguntarnos “¿quién debe gobernar?”, ya que la respuesta será inevitablemente los mejores. Lo que raramente ocurre. Por tanto, la cuestión a resolver será: “¿cómo debemos gobernar?”.

Así, para eludir cualquier tipo de abuso, se han de garantizar que funcionen todos los controles. Con el fin de poder detectar desde el inicio cualquier conducta desviada. Tanto los propios de la inicial separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), los cuales han de controlarse entre sí. Como los controles internos de la Administración Pública, que se fundan en la defensa del interés general por parte de los empleados públicos, contrarrestando la probable inclinación partidista de los políticos. Y por último, el control ciudadano, que resulta factible gracias a la implantación de las máximas medidas de transparencia.

Para argumentar esta tesis se ha hecho un análisis jurisprudencial de aquellas áreas donde más presuntas corruptelas se dan. Hechos que Europa ya nos ha instado a solventar. Analizándose materias como el urbanismo o la contratación pública. Además, se hace mención de aquellos puntos que el Consejo de Europa nos recomienda cambiar, en pro de asegurar la independencia judicial. Mención aparte merece la función pública, donde aparecen supuestos que ponen en entredicho la imparcialidad de los empleados públicos.

De igual modo, se hace un llamamiento, a la necesidad de movernos hacia el paradigma del gobierno abierto. Aquel que sitúa al ciudadano en el eje central de sus políticas, empoderándolo y coordinándose con él mediante una comunicación bidireccional. Sustentado en principios tales como la transparencia o el empleo de las TIC. En definitiva, un gobierno colaborativo que implica a todos en la tarea de construir un país mejor.

Terminando por aportar una serie de propuestas para sellar la brecha actual entre administradores y administrados. Entre las que se mencionan cambios en el sistema electoral. Modificaciones en la conformación y tamaño de las entidades locales, una de las Administraciones Públicas más afectadas por supuestos casos de corrupción. O medidas para aumentar la participación y el control ciudadano.

Un análisis necesario motivado por la gravedad de los acontecimientos que muestran cada día los medios de comunicación. Y que hace emerger el eterno fantasma nacional de las “dos Españas”. Cuando la meta debería ser alcanzar la Tercera España, aquella que para Salvador de Madariaga (1886-1978) era la de la libertad, la integración y el progreso.

¿Qué hace diferente al Sur de Europa?

¿Por qué surge la concepción de un Sur de Europa ralentizado respecto al Norte y en permanente crisis? Entorno en el que emerge una mayor percepción de la corrupción. Apareciendo posicionadas España, Portugal, Italia y Grecia, en los dispares Índices internacionales, muy por debajo de Alemania o Reino Unido. Cuando ambos lados nacen de un mismo denominador común, la cultura cristiana. Incluso cabe llevar la comparación hasta Estados Unidos (EEUU), al ser una nación que se formó de emigrados europeos. Ergo, idea que arraiga en el ideario colectivo en base a datos empíricos.

Información que podemos encontrar reflejada en el Índice 2015 de Libertad Económica. Registro realizado desde 1995 y que analiza el Estado de Derecho (derechos de propiedad, corrupción), tamaño del gobierno (libertad fiscal y gasto público), eficacia reguladora (libertad empresarial, laboral y monetaria) y apertura de los mercados (libertad comercial, de inversión y financiera). Documento en el que España ocupa el puesto 49 a nivel mundial, Portugal el 64, Italia el 80 y Grecia el 130. En tanto en el Norte de Europa el Reino Unido escala hasta el puesto 13 y Alemania al 16. Posicionándose EEUU en el número 12. Así, mientras el Sur de Europa es calificado como “moderadamente libre” con una puntuación que oscila entre el 67,6 de España y el 54 de Grecia; el resto de países supera los 70 puntos, entrando pues en la categoría de naciones “mayormente libres”. Como dato reseñable resulta factible mostrar los países ubicados en la cola, Argentina en el puesto 169 con una puntuación de 44,1 ó Venezuela en el 176, con una calificación de 34,3, y sólo por delante de Cuba y Corea del Norte, ya que de los 8 países restantes mencionados en la lista no se ofrecen datos. (1)  En esta línea, por ejemplo, en España eran necesarios, en el año 2014, 13 días para abrir una empresa. Sin olvidar que en el 2010 se requerían 52. Información que se puede comparar con EEUU, donde sólo se precisan 6 días. La anécdota es Venezuela con 144. (2)

Y es que tal como se remarca en la página 6 del Informe efectuado por The Heritage Foundation sobre los “Puntos destacados del Índice 2015 de Libertad Económica”: “El fin último de la libertad económica es el de empoderar a las personas con un mayor número de oportunidades para que puedan elegir por sí mismas cómo aspirar y alcanzar sus sueños, sujetos únicamente a las bases del Estado de Derecho y la honesta competencia con otras personas.” Lo que supone un mayor desarrollo económico y social. Aumentando la calidad de vida y disminuyendo la tasa de mortalidad. Relacionándose con el Índice de Desarrollo Humano (IDH), realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Que estudia factores como: la longevidad, la educación y la renta per cápita. En el que España se ubica en el puesto 27 de la lista elaborada para 2013. Italia en el 26, Grecia en el 29 y Portugal en el 41. Mientras que EEUU está en el 5, Alemania en el 6 y el Reino Unido en el 14. Apareciendo otra vez Cuba más abajo, en el lugar 44, Argentina en el 49 y Venezuela en el 67. (3)  

Asimismo, mediante el Índice de Libertad de Freedom Hause (FH) se mide entre otros puntos la libertad de prensa. En el de 2014 España y Portugal eran considerados países libres, lo mismo que: Alemania, Reino Unido y EEUU. Sin embargo, Italia y Grecia se reputan como parcialmente libres. El contrapunto lo ponen Estados como Venezuela y Cuba que están directamente catalogados como no libres. (4) 

Además, resulta conveniente valorar el Índice de democracia. Llevado a cabo por Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU por sus siglas en inglés). El cual pondera la calidad democrática de 167 naciones. En el 2012 España ocupaba el puesto 25 en el ranking, Portugal el 26, Italia el 32 y Grecia el 33. Empero, Alemania irrumpe en el 14, el Reino Unido en el 16 y EEUU en el 21. Llama la atención el lugar número 52 para Argentina, el 95 para Venezuela y lógicamente el 127 para Cuba (5) al ser un régimen autoritario completo. Igualmente se ha de puntualizar que Venezuela no está considerada como un régimen democrático, sino como uno autoritario competitivo, debiéndose también sumar a esta categoría dentro de Latinoamérica a Bolivia, Ecuador y Nicaragua. La diferencia entre unos u otros regímenes radica en que en el autoritarismo completo no hay ninguna posibilidad de competencia para acceder al poder político, no hay libertad de ideas políticas. No cabe crítica alguna al gobierno, ya que como ponía de manifiesto el Índice de Libertad de Freedom Hause (FH) sobre libertad de prensa, Cuba está catalogada como no libre. Los regímenes autoritarios competitivos permiten cierto nivel de competencia por el poder, pero lo que los distingue de la democracia es que hay un abuso del poder ejecutivo contra la libertad de expresión, de prensa, reprimiéndose las voces críticas. De ahí que en el Índice de Libertad de Freedom Hause (FH), acerca de la libertad de prensa, Venezuela esté calificada como no libre. Dando lugar a opositores encarcelados, exiliados, teniéndose que unir la oposición para colocarse frente al gobierno. Y es que una democracia plena permite la libre participación en la contienda política a todas las ideologías: conservadores, socialistas, comunistas, liberales, libertarios. Existiendo total libertad de prensa, supuestos de España, Alemania, Reino Unido y EEUU, hecho reflejado en el Índice de Libertad de Freedom Hause. (6) 

Por último, se puede tomar como referencia el Índice de percepción de la corrupción del 2014, en el que se valoran 174 países. Donde 0 es el más alto nivel de percepción de la corrupción y 100 el más bajo. Ranking en el que España se situaba en el 2014 en el puesto 37 con 60 puntos. Portugal en el 31 con 63. Italia en el 69 con 43 puntos, al igual que Grecia. Alemania en el 12 con 79. Reino Unido en el 14 con 78. Finalmente Estados Unidos en el 17 con 74 puntos. Por lo que nuevamente comprobamos que en el Sur se percibe más corrupción que en el Norte de Europa. Y por volver a resaltar grandes contrastes, Argentina se ubica en la posición 107 con 34 puntos y Venezuela en la 161 con 19 puntos. (7) Porque corrupción, así como asesinatos, siempre habrá, al poseer todo ser humano un lado oscuro (8) que puede brotar en cualquier momento. Lo significativo pues es cuánta corrupción hay. Debiendo tratar los Estados de circunscribirla a las menores cotas posibles, distinguiéndose por tanto unos países de otros por el cómputo que albergan sus sistemas.

Ergo, queda patente que si escrutamos los diversos indicadores, comprobamos la existencia de un Sur rezagado, en comparación con un Norte europeo más dinámico. Pero en qué momento y por qué se produjo la irrupción de esa brecha es la cuestión a investigar. Siendo una Europa modelada por la religión cristiana que germina en el Imperio Romano y que deja atrás el paganismo anterior. Utilizada por el emperador para legitimarse, al ganarse la fidelidad de la gran base de fieles. Luego del apogeo del cristianismo primitivo dentro de las clases sociales más desfavorecidas durante los siglos I y II. Incorporándose en el siglo III estratos más acaudalados a la práctica de esta corriente religiosa. Y será el edicto de Milán promulgado en el 313 por Constantino y Licinio, para garantizar la libertad religiosa, el causante de la propagación de las comunidades cristianas. Quienes hasta ese momento habían sufrido un férreo hostigamiento. El Imperio había pasado pues de la persecución, al reconocimiento y por último a la asunción.

A partir de Constantino la Iglesia resultó ampliamente beneficiada, produciéndose su oficialización y con ello la aristocratización de la misma. Logrando inmunidades, privilegios para los clérigos, quedando facultada para recibir donaciones. El emperador quería una Iglesia fuerte y por ello le otorgó su protección, actuando en pro de disolver los movimientos heréticos que se suscitaron como reacción a las contradicciones con los postulados iniciales. Empero, no será hasta los siglos IV y V cuando la autoridad del Papa de Roma se imponga, si bien el sucesor de Pedro había tenido un considerable reconocimiento desde el siglo I. Correspondiendo entonces el poder temporal al Imperio y el espiritual a la Iglesia.  

El Imperio Romano de Occidente cae en el año 476, espacio que es ocupado por los reinos germánicos independientes. Luego en el siglo VIII, el sur de Europa es amenazado por los musulmanes y el norte por los pueblos eslavos. Ante ello irrumpe la denominada dinastía carolingia, cuyos reyes serán entronizados por la gracia de Dios. La noche de Navidad del año 800 Carlomagno recibe la corona imperial en la basílica de San Pedro de Roma de manos del Papa León III, restaurándose el Imperio Romano en Occidente. Después en el 840, tras la muerte de Luis el Piadoso, hijo de Carlo Magno, el imperio es dividido por sus tres descendientes. Restaurado nuevamente en el 962 por Otón I, rey de origen sajón. Pasándose a denominar a partir del 1254 el Sacro Imperio Romano. Donde el Papa ostentaba el poder espiritual y el Emperador el temporal, debiendo este último defender a la Iglesia. Ambos sometidos a Dios, del que emanaba todo el poder, a tenor de los razonamientos del agustinismo político. Teoría dictada por Agustín de Hipona (354-430). Así, el bautismo era la puerta de entrada a la comunidad, la confirmación la permanencia dentro de la res publica christiana, y la excomunión la expulsión tanto de la Iglesia como de la organización política. (9)

Mas los distintos reinos se empiezan a cansar de estar subyugados al Emperador y al Papa, por lo que apoyan a la corriente protestante en pro de lograr mayores cotas de poder. Siendo la Paz de Westfalia (1648) la que marque un antes y un después. Tratados que pusieron punto y final a la denominada Guerra de los Treinta Años, que se saldó con la muerte de la mitad de los europeos. Disputas entre cristianos: católicos y protestantes, que afloran con la irrupción de los movimientos de reforma de Lutero (1517), Zwinglio (1522) y Calvino (1541). Formalizando la igualdad soberana, definición que puede apreciarse en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) como: “la fe (…) en la igualdad de derechos (…) de las naciones grandes y pequeñas”. Erosionada la res publica christiana del Sacro Imperio Romano, surge un nuevo orden europeo que redibuja las fronteras, coexistiendo diversos Estados soberanos. (10) Momento coincidente con el Renacimiento, donde por primera vez el individuo empieza a alcanzar categoría vital gracias al humanismo, fomentado por los aires de reforma. (11)

Por tanto, la esencia europea es cristiana, separándose del catolicismo el protestantismo con la eclosión de los movimientos reformadores. Dentro del primer grupo se quedarían los países del Sur: España, Portugal, Italia y Grecia, en su fórmula cristiana de Iglesia Ortodoxa. Iglesia Ortodoxa escindida de la Católico Romana en el calificado como “Cisma de Oriente y Occidente”, que tuvo lugar el 16 de julio de 1054. Mientras en Alemania arraigó el protestantismo, donde Lutero promovió la reforma religiosa. La Iglesia Anglicana es mayormente seguida en el Reino Unido, fuertemente influenciada por las tesis de Lutero, Zwinglio y Calvino. Y EEUU es una nación compuesta por europeos emigrados, un dato revelador es que en su independencia 4 de cada 5 personas que participaron en ella eran concretamente escocesas. Quienes llevaron consigo el pensamiento reformista de Jhon Knox que dio lugar al presbiterianismo y que bebe de las fuentes del calvinismo. (12) 

Así, uno de los elementos primordiales para los católicos es que la interpretación de la Biblia corresponde a la Iglesia. Empero, para los protestantes la Biblia ha de ser interpretada por uno mismo, denominado como “principio de libre examen”. (13)  Con ello vuelven al cristianismo primigenio, más intimista y de relación directa con Dios sin necesidad de interlocutores, clérigos. Aparece pues un fuerte componente moral individual, que exige coordinar pensamientos, palabras y actos. Cuyo máximo exponente es Kant, protestante. Quien parte de la esencia del deber moral por el que cada uno nos hemos de obligar, no por presiones externas, sino por propias convicciones fundamentadas en firmes principios. Dejando a un lado la búsqueda de la utilidad o la conveniencia. Luego, en toda actuación ha de primar la moral, la libertad y la razón, derivada de las normas que nosotros nos hemos impuesto, y no por determinación de un agente exterior. (14) En tanto los católicos a través de la penitencia expiaban fácilmente cualquier sentimiento de culpa por los errores cometidos. Si para los protestantes el sacerdote es uno mismo; (15) para los católicos los interlocutores de Dios en la Tierra, los párrocos, podían otorgar la indulgencia a sus fieles por los pecados que hubiesen cometido. Y así el católico soslayaba rápidamente cualquier remordimiento de conciencia. Y es que el catolicismo no instruía en el perfeccionamiento moral a la persona. Ya que el dogma asevera que lo escogido no es el ser, sino el pueblo que profesa la concreta doctrina. La veneración se hace a la divinidad de manera conjunta en días previamente establecidos, enfatizando lo que no se debe hacer. No se inicia al individuo en la experimentación propia, como sí se hacía en los inicios, sino en el miedo al incumplimiento, al castigo impuesto externamente. (16)

Intuyéndose que los índices de perversión del sistema político son menores en aquellos países donde se practica mayoritariamente una religión intimista y no colectiva como la católica. (17) Y es que en ésta última se puede inferir que si nadie sabe de mi acción desviada, no recibiré la pena. En tanto el caso contrario, por ejemplo, sería Japón, cuya religión mayoritaria es el budismo. Más preocupada en el ser, que en el colectivo. Lo que provoca que el índice de percepción de la corrupción por parte de la ciudadanía japonesa sea inferior al español. Tierra donde los samuráis tenían en tan alta estima su honor, que si se deshonraban sesgaban su vida mediante el “harakiri”. A causa de su incapacidad para soportar la falta de armonía entre sus convicciones y actos. (18)

Otro punto dispar entre los católicos y los protestantes atañe al trabajo. Para los protestantes el trabajo es una bendición. El éxito en los negocios un síntoma de haber sido tocados por la gracia divina, la predestinación que implicaba la salvación. Siendo todas las labores dignas mientras fueran honradas, tanto o más que la vida dedicada a la contemplación. Sin embargo, para los católicos representaba el castigo que Dios impuso a los descendientes de Adán por el pecado original. Confiriendo el mayor de los honores a venerar al Señor, camino que conducía a la redención. No será hasta 1783, cuando el monarca español, Carlos III, decrete la dignidad de cualquier ocupación si era honesta. No obstante, la idea ya había penetrado en la esencia del pueblo y su extirpación resultaría harto complicada. Y es en pleno siglo XX, cuando el Opus Dei se acerca a los postulados, en cuanto a esta cuestión se refiere, de los reformados. Si bien, con más de cuatro siglos de retraso.

En definitiva, el Sur de Europa no fue beneficiado con lo que el gran sociólogo alemán, Max Weber, calificó como la “ética protestante del trabajo”. (19) Weber elaboró un ensayo en el que trató de demostrar la relación existente entre el éxito económico y la religión. Motivado fundamentalmente por las tesis calvinistas, que fue una de las corrientes protestantes más extendidas, con predominio en: Suiza, Holanda, entre los hugonotes franceses, los presbiterianos escoceses y los puritanos ingleses. Quienes emigraron con posterioridad a EEUU. También se practicaría en comunidades de Hungría, Polonia y Alemania.

Con la obra “la ética protestante y el espíritu del capitalismo”, que incluye los dos ensayos editados en 1904 y 1905 respectivamente (20), busca Weber: “explicar la escasa participación de los católicos en la actividad económica capitalista”. Incluso asevera que existían más protestantes que católicos desempeñando puestos directivos o de mayor cualificación. Afirmando que: “Ya los españoles sabían que la herejía (esto es: el calvinismo de los neerlandeses) promueve el espíritu mercantil.” Y añade: “Aparentemente, el calvinismo ejerció una gran influencia también en Alemania. La confesión reformada, comparada con las demás, parece haber fomentado aquí como en otros lugares, el desarrollo del espíritu capitalista.” Y cita en este sentido unas palabras de uno de los padres fundadores de EEUU, Benjamin Franklin, educado bajo los axiomas calvinistas de su padre: “Ten en cuenta que el tiempo es dinero. Quien podría ganar diez chelines por día con su trabajo y se dedica a pasear la mitad del tiempo, o quedarse ocioso en su habitación, aunque destine tan solo seis peniques para su esparcimiento, no debe calcular sólo esto. En realidad son cinco chelines más los que ha gastado, o mejor dicho, desperdiciado. Ten en cuenta que el crédito es dinero. (…) Hay que cuidar los actos, aún los más triviales, que pueden influir sobre el crédito de una persona. El golpe de tu martillo sobre el yunque, escuchado por tu acreedor a las cinco de la mañana o a las ocho de la noche, lo dejará conforme por seis meses. Pero si te ve en la mesa de billar u oye tu voz en la taberna a la hora en que debieras estar trabajando, no dejará de recordarte tu deuda a la mañana siguiente y te exigirá el pago antes de que hayas podido reunir el dinero.” Para Weber estos pasajes reflejaban “el ideal del hombre honrado digno de crédito, y por sobre todo, su compromiso de contribuir al aumento de su propio capital. (…) Lo que aquí se predica es una "ética" cuya violación no se cataloga simplemente de tontería sino que se la considera como una falta de responsabilidad.”

De igual modo, distingue Weber la codicia entre las naciones del Sur y las protestantes. Aduciendo que en las primeras se manifiesta: “una absoluta falta de escrúpulos” a la la hora “de hacer valer el interés personal cuando se trata de ganar dinero.” Característico de “aquellos países cuya evolución burgués-capitalista aparece como retrasada.” (21)

Luego, la concepción de Franklin entra en contradicción con el mundo católico. Por ejemplo, en España la mayoría de los estudiantes no ansían convertirse en emprendedores, siendo el anhelo de una parte considerable el llegar a ser funcionarios. (22) Mirándose con resentimiento a la clase empresarial, al estar fuera del ideario ancestral y colectivo. Y concibiendo que si se dispone de un mayor poder adquisitivo, no se debe en ningún caso al trabajo duro, sino a prácticas deshonestas. Al contrario que los países protestantes que sí relacionan la generación de riqueza con el trabajo duro, (23)  el fiel reflejo de haber sido tocados por la gracia divina. Incentivando la laboriosidad y el ahorro. (24) En tanto en el Sur se promueve el gasto. Y en cuanto al trabajo, hemos de recordar el excelso artículo del siempre prodigioso Mariano José de Larra, “Vuelva Usted Mañana”. Publicado en “El Pobrecito Hablador” en enero de 1833, donde socarronamente disertaba sobre el pecado de la pereza en España. (25) 

Cabe igualmente indicar que Adam Smith (1723-1790), reputado como el padre de la economía moderna y autor de “La riqueza de las naciones”, afirmaba Murray N. Rothbard, era un “ardiente presbiteriano”. (26) Doctrina que germina de las máximas calvinistas. Adam Smith aseguraba que la clave del bienestar social radicaría en el crecimiento económico, que proviene del trabajo. Reclamando la mínima interferencia del Estado en la economía. (27)

Sobresale la abominación de las finanzas y de los mercados por parte de los católicos. Y es que la Iglesia calificaba el interés de usura, atendiendo a los razonamientos provenientes de Aristóteles. Condenando a quien incurriera en ella al pecado mortal, a vagar eternamente por el averno. Incomprensible, al ser el interés un pilar fundamental para el comercio. Por lo que pronto los protestantes se hicieron con el control de la banca moderna. Y no será hasta finales del siglo XIX cuando surjan los primeros bancos en España. (28)

El desprecio hacia el comercio entre los católicos proviene igualmente de la corriente Aristotélica. Empero, los escolásticos reconocerían la labor social del comercio. (29) Aunque quizás la escasa divulgación de sus ideas se deba esencialmente a que escribían en latín, no conocido por todos. Al contrario que los protestantes, que lo hacían en la lengua vernácula del lugar. (30) La expulsión de los judíos de España, mediante el decreto del 31 de marzo de 1492, afectó igualmente de modo negativo tanto al comercio como al sector crediticio. (31)

Por otro lado, los protestantes, como anteriormente se ha reseñado, se rigen por el “principio de libre examen”, o sea, la interpretación de la Biblia por sí mismos. Mientras para los católicos la interpretación del texto Sagrado correspondía a la Iglesia. Es por ello que los protestantes para poder conocer la palabra de Dios debían saber leer; lo que no se requería en el caso de los católicos al recibir la fe a través de los intermediarios, los sacerdotes. Luego, como medio de subsistencia de la Reforma se promulgó la alfabetización. El 21 de mayo de 1536 se abre en Ginebra la primera escuela pública y obligatoria. En 1547 los escoceses decretaron la enseñanza infantil en las escuelas ubicadas junto a las iglesias. La idea era educar a toda la población, con independencia de su estatus social. Con lo que en las postrimerías del siglo XVI el grado de alfabetización de la Europa protestante era más alto que el de la católica. En 1808 el 90% de la población española era analfabeta. Y no será hasta 1857 cuando se dicte la primera norma española a favor de una educación pública, la Ley Moyano. (32) Pero incluso a principios del siglo XX todavía España, junto con Portugal, Italia y Grecia mostraban niveles de analfabetismo más altos. (33) Lo que a todas luces explica el dispar desarrollo de ambos lados.

Gracias también al “principio de libre examen” se desarrolla la ciencia en la parte protestante. Y es que la interpretación individual de la Biblia significó rescatar las querencias de Salomón por el estudio de la Naturaleza; las referencias de los Salmos y de los profetas por el examen del Cosmos; además de la orden contenida en el primer libro del Génesis de comprender la Creación. Lo que supuso contemplar la Naturaleza como objeto del saber, para cuyo entendimiento había que aplicar las leyes de la ciencia y no las de la teología. Entre los distintos científicos protestantes se pueden mencionar, entre otros: Francis Bacon (1561-1626), cuya influencia fue primordial para el desarrollo del método científico; Johannes Kepler (1571-1630), con su teoría sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol; Robert Boyle (1627-1691), conocido por la Ley de Boyle y reputado como el padre de la química moderna; o Isaac Newton (1642-1727), uno de los mayores científicos de toda la Historia. Los científicos en el lado católico fueron menos, hasta algunos sufrieron hostigamiento por parte de la Iglesia, como Galileo (1564-1642). La consecuencia que resultó de este desfase fue que de los premios Nobel relativos a la ciencia, concedidos entre 1901 y 1990, el 86% se otorgaron a protestantes y el 22% a judíos. Conforme a lo afirmado por Jhon Hulley, economista del Banco Mundial. Lo que subrayó una vez más la brecha entre el Norte y el Sur. (34) En el caso de España este retraso de la ciencia lo sintetiza magistralmente el Premio Nobel de Literatura en 1904, José Echegaray y Eizaguirre (1832-1916), considerado el más destacado matemático del siglo XIX, al decir: “mal puede tener historia científica, pueblo que no ha tenido ciencia. (…) aquí donde no hubo más que látigo, hierro, sangre, rezos, braseros y humo”. (35)

Con lo expuesto hasta aquí, podría demostrarse que el elemento religioso es un factor fundamental, que explica la diferente posición lograda en los dispares Índices internacionales entre el Norte y el Sur de Europa, con predominio de los primeros. No obstante, al tomar el ejemplo de Chile, país Latinoamericano eminentemente católico, observamos que aparece mejor situado en algunos rankings que el Sur de Europa. Así, en el Índice 2015 de Libertad Económica, se posiciona incluso por encima de EEUU, concretamente en el séptimo lugar. Y en el de percepción de la corrupción de 2014 se ubica en el puesto 21, dieciséis peldaños por encima de España. Si bien este dato se podría relacionar con el Índice de Libertad de Freedom Hause (FH) acerca de la libertad de prensa, donde Chile es catalogado como parcialmente libre y no libre como España y Portugal. Además, en el de Desarrollo Humano (IDH) está en la misma posición que Portugal, en la 41. Y en el de Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU) más abajo que el Sur Europeo, en el número 36. Por tanto, el factor religioso a priori es importante pero no plenamente determinante, siendo necesario indagar otras causas. 

Otro fundamento, relacionado asimismo con el condicionante religioso, es que los aires de la Ilustración, que dan lugar a los primeros Estados liberales, tuvieron una diferente penetración. Cuyo precedente es la experiencia inglesa, postulados fijados en la revolución norteamericana. Circunscribiéndose la Ilustración al siglo XVIII. Corriente que implicaba dejar atrás el Antiguo Régimen, en el que el poder lo ostentaba el soberano quedando en sus manos el legislativo, el ejecutivo y el judicial. No había en ningún caso igualdad ante la Ley. (36) Siendo una de sus notas características la concesión de privilegios, es decir, el mercantilismo. Mediante el cual los grandes comerciantes y agricultores lograban que el gobierno regulara a su favor. (37) 

Con la Ilustración se consagra el concepto de igualdad ante la ley. Al objeto de desterrar las arbitrariedades y privilegios de la etapa precedente. Dando lugar a la redacción de novedosas Constituciones. Recogiéndose al comienzo de dichos textos una serie de inéditos derechos fundamentales inalienables al conjunto de ciudadanos. Debiéndose destacar también lo decretado por la declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 sobre que: “Toda sociedad en la que no está asegurada (…) la separación de poderes no tiene Constitución.” Siendo pues un elemento clave la teoría de la separación de poderes enunciada por Montesquieu (ejecutivo, legislativo y judicial). (38) En la misma línea se concibe codificar la multitud de normas jurídicas. A modo de presentar una homogeneización reglamentaria en la globalidad del territorio. Con el propósito de mostrar un sistema de orden, que favoreciera la seguridad jurídica y posibilitara que su destinatario supiera a qué atenerse en cada momento.

Será la primera Constitución española, la de Cádiz, refrendada en 1812, la que se haga eco de las sucintas teorías. Dictaminando en su artículo 258 la obligatoriedad de un mismo código civil, criminal y de comercio para toda la monarquía. Bajo ese precepto de nación moderna, compuesta por una colectividad sujeta a una ley común. Mas los efímeros periodos constitucionales españoles desde ese instante, rotos por otros dictatoriales, impidieron la consolidación de la referida doctrina en España. El perpetuo antagonismo entre las dos Españas, la que aún se agarraba al Antiguo Régimen y la liberal, propiciará que iniciativas que se robustecían en otros Estados europeos, aquí escasamente llegasen a brotar. Manteniéndose un sistema político caciquil y oligárquico. (39) Y que se resume en el célebre pasaje de Ortega y Gasset sobre “las dos Españas”. Una “que se obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida”; y otra “España vital, sincera, honrada, la cual estorbada por la otra, no acierta a entrar de lleno en la historia.” Si bien debiéramos dirigirnos hacia la Tercera España, aquella que para Salvador de Madariaga era la de la libertad, la integración y el progreso. (40)

El problema español lo resume perfectamente Eduardo García de Enterría, en la página 57 de su obra “La Administración española” (1961), de este modo: “la ausencia de una sociedad burguesa constituida como tal, ausencia que se prolonga por lo menos hasta la Restauración y aún en lo esencial hasta nuestros mismos días, como es obvio, privaba al país (…) de la posibilidad de una efectividad social y política de la idea liberal.” Libro donde aborda el relato histórico de la Administración Pública española, desde la recepción del modelo napoleónico francés. Sistema que subsiste hasta que la Constitución de 1978, con su Estado de Autonomías, lo ha modificado en ciertos elementos. Comenzando a ganar la batalla la descentralización sobre la centralización. (41) Ya que como afirmara Francisco Tomás y Valiente (2011, p. 588-591): “La recepción del régimen administrativo napoleónico en España fue completa (…). Javier de Burgos (…) notable estadista, colaborador afrancesado de José Bonaparte, ministro ilustrado dotado de inteligencia y de propósitos muy claros, supo reorganizar la Administración española aunando la tradición de la más tardía Administración del Antiguo Régimen con la importación consciente de las técnicas administrativas napoleónicas. (…) lo que Burgos quiere (…) es una Administración “fuerte, vigorosa y centralizada.” (…) (decía en noviembre de 1833). (…) Bajo estos supuestos fue naciendo una Administración cada vez más centralizada y un Derecho Administrativo más preocupado por la eficacia que por el respeto al principio de legalidad, mucho más atento a la organización que a garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, mucho más interesado en la creación de una Administración poderosa que en el sometimiento de la misma al Derecho.” (42)

Uno de los escasos periodos en el que las ideas liberales han regido en España fue durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874). Al que se llega debido a que en 1866 se desata una fuerte crisis económica. El contexto queda minuciosamente descrito en una carta del 12 de Enero de 1867. Dirigida por el político Pascual Madoz al General y político liberal español Prim, (43) el que fuera Presidente del Consejo de Ministros de España del 18 de junio de 1869 al 27 de diciembre de 1870: “La situación del país, mala, malísima. El crédito, a tierra. La riqueza rústica y urbana, menguando prodigiosamente. Los negocios perdidos, y no sé quién se salvará de este conflicto… Nadie paga, porque nadie puede pagar, porque nadie tiene para pagar. Si vendes, nadie compra, ni aun cuando des las cosas por el cincuenta por ciento de su coste. La España ha llegado a una decadencia grande, y yo, como buen español, desearla que hubiera medios hábiles de levantar el prestigio y dignidad de este pueblo.” (44)

Otro dato a destacar que une a España, Grecia y Portugal es que sus vigentes  democracias son relativamente jóvenes, al haber estado gobernadas con anterioridad por dictaduras. Pasando de la dictadura a la democracia en fechas muy similares. La historia de la actual democracia española germina con la Transición, que es el período que acontece desde el fallecimiento de Franco, el 20 de Noviembre de 1975, hasta la aprobación de la Constitución española, el 29 de Diciembre de 1978. Aunque lo más acertado sería incluir igualmente la etapa que abarca hasta 1982, donde se siguen detectando elementos similares a los anteriores. (45) Año este último en el que accede al gobierno el PSOE, tras ganar abrumadoramente las elecciones. El contexto de esos prolegómenos democráticos son explicados acertadamente por Adolfo Suárez: “Sobre España pesaba una reciente historia plagada de desaciertos políticos, económicos y sociales que nos había conducido a dramáticos enfrentamientos civiles. Nuestro siglo XIX y buena parte del XX es buena prueba de ello. La guerra civil de 1936 no sólo había desgarrado en profundidad las vidas sino, también, las conciencias de muchos españoles. El dilema de las dos Españas, siempre excluyentes y permanentemente enfrentadas, había fabricado en nuestra conciencia colectiva un extraño complejo de inferioridad. Se decía que los españoles no éramos capaces de una convivencia democrática y libre, pacífica y fecunda.

Lo que precisamente se hizo en la Transición fue arrojar por la borda tal lastre. Debíamos convencernos de que nuestra aptitud para la convivencia en libertad no era menor que la de cualquier otro país que viviera una democracia plena. Éramos, a pesar de nuestra larga historia, un pueblo joven. Las generaciones que no habían  conocido la Guerra Civil estaban construyendo una realidad económica y social, abierta al mundo y a los nuevos tiempos.

Pocas veces en nuestra historia política hemos tenido los españoles la sensación de que los objetivos soñados por varias generaciones de compatriotas estaban al alcance de nuestras manos y los podíamos conseguir.” (46)

Por su parte en Portugal la dictadura que había regido el país desde 1926, cayó el 25 de abril de 1974. Gracias al levantamiento militar que provocó la denominada Revolución de los Claveles y que derrocó al régimen de Salazar. (47)  Y en Grecia el 24 de julio de 1974 concluye la etapa dictatorial, calificada como Dictadura de los Coroneles, que arrancó el 21 de abril de 1967. Proclamándose la Tercera República Helénica. (48)

Nuevamente este último hecho, el escaso periodo democrático vigente, supone un factor a tener en cuenta, pero tampoco resulta concluyente. Porque si bien es verdad en contraste con el Reino Unido y Estados Unidos, al ser éstas democracias plenamente consolidadas por su duración en el tiempo; el caso de Italia se asemeja más a la situación de Alemania, en cuanto a este último punto se refiere. Ya que en lo tocante al factor religioso, como se ha señalado, Alemania se situó en el lado protestante, mientras Italia se posicionó con los países católicos. Así, en Italia el régimen de Mussolini cae en 1943 y después de gobiernos transitorios, en 1946 se proclama la República. (49) Y en Alemania luego de caer el régimen nacionalsocialista de Hitler (50) en 1945, se crea en 1949 la República Federal de Alemania. A la que se unirá la República Democrática Alemana el 3 de octubre de 1990, conformando la actual Alemania. Posible tras la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. (51)  

Ergo, queda por analizar la relación entre el régimen electoral adoptado y el grado de desviación que provoca en el sistema. Al objeto de poder determinar el porqué de la diferencia entre el Norte y el Sur europeo. Pues, en palabras de Popper: “Debemos aprender a hacer las cosas lo mejor posible y a descubrir nuestros errores.” (52) En pro de que se desvanezca la inexorable condena que pende sobre España, si atendamos a lo afirmado por Ayn Rand (1950) en su célebre novela “La rebelión del Atlas”: “Cuando adviertas que para producir necesitas la autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican no con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y las influencias más que por el trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino que, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando repares que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio personal, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada.” (53)

Relación entre el sistema electoral y la corrupción

Decía Lord Acton (1834 – 1902) que: “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente.” (1) Por ello fue una de las grandes preocupaciones del incipiente Estado Liberal el control del poder. Concibiéndose para limitarlo la teoría de la separación de poderes. De tal forma que decretaba el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que: “Toda sociedad en la que no está asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes no tiene Constitución.”

Así Montesquieu (1689-1755) dividió los poderes en tres: legislativo, ejecutivo y judicial. Oponiéndose los unos a los otros, sin que ninguno por tanto pueda prevalecer o someter al resto. (2) Motivación que queda recogida en la ulterior afirmación de Constant (1767-1830): “Cuando se establece que la soberanía de ciertos individuos es ilimitada, se crea y se echa a la ventura, dentro de la sociedad humana, un coeficiente de poder que es en sí mismo demasiado elevado y que está destinado a ser un mal, sean cuales fueren las manos en que se encuentre. Confiarlo a un hombre, a diversos hombres o a todos es igualmente malo. Acaso se piense que ello se debe a la imperfección de quienes detentan ese poder, y, según las circunstancias, se acusará a la monarquía, a la aristocracia, a la democracia, a los gobiernos mixtos o a los sistemas representativos. Y será un error, pues no hay que denunciar a quienes ejercen el poder sino su extensión.” (3)

De entrada habría que analizar el tipo de formación política presente en cada país y el sistema electoral escogido. Así los primeros partidos que surgieron fueron los de notables o de cuadros. Compuestos por lo más granado de cada lugar, designando a sus componentes en base a una cualidad específica. Operarían hasta la Segunda Guerra Mundial. Si bien el modelo estadounidense vigente aún se asemeja a ellos, erigido sobre el sistema de elección uninominal por circunscripción electoral. Coalición de candidatos individuales que sortea cualquier abuso de poder, al estar elegidos directamente por sus votantes, ante quienes responden de modo inmediato.

El siguiente tipo de partido que irrumpió fue el de masas. Denominado así por estar sustentado en un enorme número de miembros. En relación con el anterior se sustituye la calidad por la cantidad. Posibilitando el acceso al poder de toda persona, sin filtro alguno. Y mantenido económicamente por las aportaciones de sus componentes, de tal manera que cuantas más personas conformaran la organización de mayores ingresos se dispondría. Generando una burocracia profesionalizada encargada de llevar las riendas del partido y una robusta base de afiliados. Conllevando la perpetuación de la dirección a lo largo del tiempo.

A finales del siglo XX nacen los partidos “atrapa-todo” como una evolución de los de masas. Cuyo fin es la movilización del máximo número de electores para unos comicios concretos. Para ello se difuminan los programas atendiendo a intereses estratégicos. Circunscribiéndose su arenga a pomposos enunciados sin contenido alguno (justicia, cambio, mejora,…). Donde las preferencias ideológicas se camuflan para obtener el máximo número de votos posibles. Y es que ahora gracias a la financiación pública, no resulta tan necesario disponer del apoyo de un gran número de militantes. Sustituyen así convicciones por un fuerte liderazgo. Siendo éste el principal modelo actual. Burocratizándose en demasía y transformándose sus dirigentes en absolutos profesionales de la política. Quienes ya no son individuos civiles que, en un momento determinado de su trayectoria laboral en el ámbito privado, optan por volcar sus conocimientos en la vida pública, sino sujetos que no conocen más oficio que la propia política.

Conduciendo, en su grado sumo, a organizaciones afectadas por el síndrome de regresión paranoide. Con una clara sintomatología. Fragmentación en diversos grupos, atrincherados en pequeños reinos que ya no comparten un proyecto común, sino únicamente el propio. Tendencia a la traición. Ahondamiento de las heridas, hasta convertirlas en insalvables. (4) Promocionando a caudillos que se valen de cualquier atajo para sostenerse en su puesto, exclusiva forma de ganarse su sustento. En tanto en cuanto los demás callan por temor a ser sancionados y verse expulsados de los núcleos del poder. Avocando a los afiliados de valía a echarse a un lado, con tal de no ser arrollados por el turbulento vendaval. Amordazando normalmente a su máximo líder, el cual está abocado a ceder a sus caprichos en pro de no ser derrocado. Estado que conforma el paso previo para la refundación o extinción de la dolorida formación. (5)

Por último, cabe citar a los partidos empresa. Evolución de los partidos “atrapa-todo”. Y creados específicamente en torno a la figura de un líder. Toman el pulso a la opinión pública y proponen aquello que el ciudadano quiere oír. Pues lo importante es ganar las elecciones. Articulando a su alrededor agencias de marketing y publicidad, empresas de radio, televisión, prensa,… El ejemplo más paradigmático es “Forza Italia” de Silvio Berlusconi. (6) 

Una primera diferencia entre el Norte y el Sur de Europa, eminentemente España, Portugal y Grecia, es que los partidos políticos irrumpen en estos últimos países cuando en el resto de naciones el modelo de masas ya está en retirada. Al tratarse de democracias relativamente jóvenes. Potenciando en el supuesto español formaciones muy cohesionadas y disciplinadas. (7) Lo que se nota en la labor legislativa que se fusiona con la del ejecutivo al que sustenta. Donde el Presidente del Gobierno es el líder igualmente de su partido. (8) El calificado como Estado de Partidos, que en teoría proscribe el mandato imperativo de los electores, pero en la práctica emana de la orden del jefe del partido, (9) sustentado en listas cerradas y bloqueadas. Primacía que confiere la Constitución española a los partidos, en su artículo 6, al definirlos como “instrumento fundamental para la participación política.” Con el fin de permitir que se consolidaran las formaciones en nuestro suelo patrio, con una UCD recién creada, o un PSOE y PCE que venía de la clandestinidad. (10)

Habiendo pasado España de la larga dictadura franquista, denominada democracia orgánica, al sistema actual, al que llaman simplemente democracia. Y que no puede ser tal en tanto no exista separación de poderes. Al estar el legislativo español maniatado por el ejecutivo y el judicial en entredicho, cuando el gobierno de los jueces es designado por cuotas de partidos y el Tribunal Constitucional lo mismo.

A tenor de los dispares estudios de índices democráticos los países considerados paradigmáticos son EEUU y Suiza, que otorgan un considerable poder decisorio al ciudadano. En EEUU impera el sistema electoral uninominal por circunscripción electoral. Se escoge a un diputado o senador por cada distrito, legitimado por la confianza que su electorado ha depositado en él, lo que evita cualquier injerencia partidocrática. De este modo el representante público se pensará mucho el hacer caso omiso de las solicitudes del ciudadano, en pro de acatar el mandato imperativo de su organización camuflado como disciplina de partido. Porque si así se comportara, indefectiblemente perdería el puesto en los siguientes comicios. No como España, que se rige por listas cerradas y bloqueadas. Aquí el cargo electo en la práctica sólo debe responder frente al jefe de filas que lo puso, a quien corresponde resolver si repetirá en su escaño. (11)

En el Reino Unido el sistema es el uninominal mayoritario, donde gana el candidato que más votos logre. El modelo de mayoría simple de EEUU y Reino Unido soslaya los extremismos, y fomenta el pragmatismo opositor. Porque es muy difícil que un partido radical gane escaño alguno en un determinado distrito, al no ser habitualmente fuerzas mayoritarias. Además el vínculo de un representante con los electores de su circunscripción es bastante alto. Potencia igualmente la rendición de cuentas, ya que es fácilmente atribuible la responsabilidad al cargo electo. En frente se sitúan las listas de representación proporcional contempladas en España, Portugal, Grecia e Italia donde es frecuente que se radicalicen las posturas al dar entrada a pequeñas fuerzas revolucionarias. Suscitando a veces coaliciones de gobierno de muy difícil sostén. La relación entre los cargos públicos y los electores tiende a diluirse, provocando una desafección, pues son los partidos los que nombran a las personas entre las que hay que elegir. Cuyos méritos habitualmente se reducen a su proximidad al líder de la formación. Por eso el voto se suele otorgar más al partido que al candidato. Empeorando la situación en España y Portugal con las listas cerradas y bloqueadas, donde sólo se puede aceptar o rechazar aquello que presenta el partido. (12) Es el método en España empleado para el Congreso, Ayuntamientos, Parlamentos Autonómicos y también para las elecciones europeas, con excepción de las listas abiertas con voto limitado al Senado. Italia adoptó igualmente el sistema de listas cerradas en el 2005. Algo mejor lo tiene Grecia donde operan las listas abiertas; no obstante, el nivel de percepción de la corrupción es aún mayor que en España o Portugal, ubicándose en la misma posición que Italia. (13) El de Alemania es un sistema de representación proporcional personalizada, donde casi la mitad del parlamento se elige por mayoría, habitualmente en distritos uninominales, y el resto por listas de representación proporcional. (14)   

Una peculiaridad de España es el gran número de pequeñas circunscripciones electorales, que favorece el bipartidismo e impide la entrada de nuevas formaciones. (15) Causando desajustes, con una sobrerrepresentación en las áreas rurales poco pobladas. La mayoría cuentan con menos de siete diputados, que es el mínimo exigido para un funcionamiento verdaderamente proporcional. De tal manera que para conseguir un diputado por Soria se necesitan menos votos que por Madrid o Barcelona. (16) Sistema que hipotéticamente se ideó para beneficiar a la extinta UCD. Al concebir que el voto conservador se asentaba mayoritariamente en los distritos rurales. (17) 

Hay que aclarar igualmente que según lo propuesto por Maurice Duverger, para evitar el bipartidismo en los sistemas mayoritarios se ha de ir a una segunda vuelta. Favoreciendo con ello el multipartidismo moderado. Con lo que si ningún candidato supera el 50% de los votos, se celebran unos nuevos comicios poco después entre los candidatos que más votos sacaron. Así se elimina lo pernicioso del voto útil, o sea, no voto al candidato “x” porque tiene pocas probabilidades de salir, aunque ideológicamente me sienta más identificado con él. Ahora bien, el investigador especifica que dichas deducciones son sólo tendencias que hay que conectar con condicionantes nacionales y sociales. Si bien asevera: “Debe quedar claro que la representación proporcional generalmente debilita el sistema democrático y el sistema de mayoría lo fortalece.” Por su parte, para Stein Rokkan la representación proporcional surge por la “convergencia de las presiones desde arriba y desde abajo. La clase obrera en ascenso quería bajar la barrera de representación para obtener el acceso a la legislatura, y los partidos establecidos, considerando su mayoría en peligro, demandaban la representación proporcional para proteger su posición frente a las nuevas olas de movilización de electores bajo el voto universal.” Y Giovanni Sartori manifiesta: “Los sistemas de mayoría (…) son más propensos a generar gobiernos eficaces que los sistemas de representación proporcional”. Añadiendo además que “si hay un sistema electoral mejor ese es el sistema de segunda vuelta.” Y es que tanto Maurice Douverger, Stein Rokkan, como Giovanni Sartori, han aportado luz a la investigación sobre sistemas electorales. (18)

Pues la opción por un sistema electoral u otro, así como la potenciación de partidos débiles o fuertes puede llevar al mayor o menor progreso de un país. Pudiendo quizás explicar casos como el de Argentina, quien a comienzos del siglo XX se encontraba entre las 10 naciones más prósperas del planeta, para luego más tarde ser conocida mundialmente por el “corralito”. O Venezuela, que también en los prolegómenos de la misma centuria compartía con Noruega, otra potencia petrolífera, un desarrollo similar. Estando hoy al borde del caos. (19) 

Otro punto a reseñar es que en el Sur de Europa (España, Portugal, Italia y Grecia) se permite, y en cierto modo se favorece, el paso del funcionariado a cargos políticos. Países caracterizados por padecer problemas de clientelismo. De forma tal que los funcionarios pueden probar suerte en la política y si no les va bien retornar a su lugar de trabajo con los mismos beneficios que antes. Pero si resultan electos ostentarán más poder y una mayor remuneración con respecto a su puesto anterior. Es por ello que en el caso español la mayoría de ministros o de cargos políticos relevantes son funcionarios. Lo que proporciona el arrojo suficiente para adentrase en las duras lides políticas. (20) Así de claro lo tenía, por ejemplo, Adolfo Suárez, que ganó sus oposiciones en 1963 al Instituto Social de la Marina. (21) El caso contrario es el de los países anglosajones, nórdicos o Alemania, quienes separan la carrera funcionarial de la política. Para evitar que los empleados públicos se centren más en tejer amistades con sus superiores políticos que en el desempeño propio de sus funciones. Garantizando la imparcialidad y neutralidad. Naciones que no sólo imponen límites para dar el salto del mundo funcionarial a la política, sino que también penalizan su retorno. (22)

Las consecuencias quedan claramente reflejadas por Ramón Parada y Jesús Fuentetaja, en su obra “Derecho de la Función Pública”. Afirmando en la página 34 que: “el fenómeno, sin duda, más grave es la pérdida del sentido de la neutralidad de los funcionarios públicos, que también puede ser considerada una manifestación de la politización de la función pública.

(…) la neutralidad de los funcionarios públicos se encuentra en la raíz o razón de ser de la institución funcionarial, pues esta se justificaba por aislar y garantizar jurídicamente el desempeño de las funciones públicas con objetividad e imparcialidad. (…) la función pública se politiza (…) cuando es el funcionario el que no respeta el ámbito propio del Gobierno o de la política para, desde la privilegiada situación jurídica que le proporciona el régimen funcionarial, zambullirse en el fragor de la lucha política, participando en contiendas electorales o terciando en la lucha de partidos mediante escritos, artículos, opiniones o actuaciones inequívocas de oposición.

Si el funcionario se inmiscuye en lo político, no es de extrañar que el político se entrometa en la función pública, pues lejos de encontrarse un funcionariado neutral al asumir cargos directivos en la función pública, se topa con empleados que abiertamente se han decantado por opciones políticas contrarias a la suyas, cuando no se han opuesto a ellas. La función pública es así un escenario de la lucha política y partidista. De ahí que el político electo desconfíe de aquellos funcionarios significados políticamente, promoviendo su propio funcionariado leal mediante el aumento de plantillas, creando estructuras paralelas al funcionariado profesional para ubicar su personal de confianza y manoseando la organización y el desarrollo de las carreras mediante la libre designación de aquellos funcionarios en quienes deposita su confianza.” (23) 

De tal manera que los países cuyas administraciones están menos politizadas, albergan menores niveles de corrupción. Ofreciendo sus servicios a los ciudadanos de forma más eficaz. Al no supeditarse el ascenso en la carrera funcionarial a los contactos políticos, sino al desempeño propio. A lo que se suma que un gran número de puestos se han designado en España, conforme a lo establecido por la ley, siguiendo criterios políticos: el gerente de un hospital; los vocales del Consejo General del Poder Judicial; los miembros del Tribunal Constitucional; o los representantes en los órganos de las Cajas de Ahorro, empresas u organismos públicos o semipúblicos,… (24)

Muchos apuntan que la solución está en hacer más reglas y más específicas. Pero entonces debiéramos fijarnos en los Estados nórdicos, donde los procedimientos administrativos se basan en meras indicaciones. Dejando un gran margen de discrecionalidad. Empero, el grado de desviación del sistema es menor que en el Sur de Europa. Con lo que más regulación no implica menor corrupción, sino más bien lo contrario. (25) Coexistiendo en España unas 100.000 leyes y normas de todo clase. (26) Y es que tal como afirmaba Eduardo García de Enterría: “no hay persona alguna, incluyendo a los juristas más cualificados que pueda pretender hoy conocer una minúscula fracción apenas de esta marea inundatoria e incesante de Leyes y Reglamentos, entre cuyas complejas mallas hemos, no obstante, de vivir.” Lo que contraviene uno de los principios generales del Derecho, como es la seguridad jurídica, al desconocer a qué atenernos en cada momento. Ya que puesto que como afirma el artículo 6.1 del Código civil, “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimento.” (27) Además el Banco Mundial, a través de los indicadores de gobernanza, relaciona una mayor regulación con el aumento de la corrupción. Lo que implicaría una mayor burocracia, abonando el terreno para cometer actos inapropiados. Uno de los países que dispone de menor regulación es Finlandia, siendo igualmente uno de los menos corruptos a nivel mundial. (28) 

Un elemento a tener presente es que la mayoría de los casos de corrupción que se dan en España acaecen en el ámbito local. (29) Esto es así básicamente por sostener la figura del alcalde fuerte (“strong-mayor”), con casi plenos poderes. Propiciando una modalidad que guarda ciertas similitudes con el caciquismo. Y es que EEUU vivió lo mismo que aquí está ocurriendo ahora a finales del siglo XIX. Decidiendo pasar de la figura del “strong-mayor”, que nosotros tenemos, a la del “city-manager”. Con la que lograron reducir enormemente la corrupción municipal. Lucha enarbolada por Richard Childs, hombre de negocios que prendió la mecha del cambio para acabar con la corrupción que devastaba las administraciones estadounidenses. (30) Nombrándose en 1908 el primer “city-manager” en Staunton (31). Este es el modelo adoptado por ciudades de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda o Australia, entre otras naciones. (32) Ostentando estos países índices de corrupción mucho menores que España, Portugal, Italia o Grecia. (33)

La gravedad de lo que acontecía en EEUU en el ámbito local lo refleja detalladamente la famosa película “Gangs of New York”. Y sirva como anécdota lo relatado por George W. Plunkitt, senador del Estado de Nueva York y miembro del Tammany Hall: “Veo mi oportunidad y la tomo. Voy al sitio que toque y compro toda la tierra que puedo en el vecindario. Entonces el comité de tal o cual convierte el plan en público, y de repente hay una fiebre por conseguir mi tierra, por lo cual nunca nadie se había preocupado antes. ¿No es perfectamente honesto poner un buen precio y obtener beneficio de mi inversión y visión de futuro? Por supuesto que lo es. Bueno es una trampa honesta.” (34)

Afirmación que podríamos relacionar a priori dentro del Código Penal español con el tráfico de influencias (artículo 428 y siguientes). Figura que el refranero popular fija en el ideario colectivo, con sentencias tales como: “El que tiene padrino, se bautiza”, o en la misma línea: “Quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija”. Ergo: “La Jurisprudencia del Tribunal Supremo (…), ha establecido como requisitos del delito de tráfico de influencias (…) los siguientes: 1) (…) que se ejerza predominio o fuerza moral sobre el sujeto pasivo de manera que su resolución o actuación sea debida a la presión ejercida (…). 2) (…) la finalidad de obtención de un beneficio económico, propio o de tercero, así como debe añadirse que, 3) El hecho ha de afectar al principio de imparcialidad de la Administración pública (…). el tipo penal descrito en el [artículo 428 y siguientes del Código Penal] (…) pretende desterrar de la actuación administrativa ciertas maniobras de corrupción que han podido estar en la conciencia social generalmente admitidas, entre ellas, la práctica de la recomendación.” (35)

En el actual modelo municipal estadounidense la labor del pleno es legislativa, confiriéndose la ejecutiva al “city-manager”. Quien es contratado por el Consejo Plenario por un periodo distinto que el de los cargos electos que lo nombran. Con ello se persigue que en su despido, que ha de estar acordado por la mayoría de concejales, solo puedan influir motivaciones inspiradas en resultados. El pleno diseña la hoja de ruta a seguir y el “city-manager” la ejecuta. Tiene que ser una persona con altos conocimientos jurídicos y de gestión. No podrá pertenecer a ningún partido político.

La contratación del personal estará a su cargo, en pro de que solo se tengan en cuenta los méritos de los candidatos. Los ediles resuelven si se tiene que emplear a alguien, previa sugerencia del “city-manager”, y este escoge a la persona idónea para la plaza. Aquí entraríamos en si el personal ha de ser funcionario, ganando el puesto de por vida, pudiéndosele solo apartar por las concretas circunstancias que la ley recoja, lo que se denomina modelo cerrado de Administración. O mixto como el español, conformado por funcionarios de régimen estatutario y personal laboral ligados contractualmente, aunque con preeminencia constitucional del régimen estatutario a la hora de incorporar nuevos empleados públicos. O bien el abierto, en el que la relación con la administración es siempre de carácter contractual. Por ejemplo, Suecia se rige mayormente por ésta última fórmula, siendo sus índices de corrupción de los más pequeños.

Además instaurando el arquetipo norteamericano se elimina la posibilidad de incorporación de cargos de confianza, formalmente denominados personal eventual, lo que hoy comporta una cuantía estratosférica. Asimismo, hacemos desaparecer el contexto propicio para que se cometan hipotéticos delitos por otorgar empleos a cambio de apoyo electoral. Erradicando cualquier tipo de red clientelar que se pueda dar. (36)

Manifestación de esto último son los denominados “enchufes”. Otorgando recursos públicos a cambio de apoyo electoral (artículo 146.1.a de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General). Donde “lo relevante es que un elector (algún elector, dice el precepto penal especial) ve como es solicitado para que emita el voto en determinado sentido, coincida o no con su voluntad, influyendo espuriamente en ésta, con recompensa, dádiva o remuneración, que, con la solicitud de voto, se efectúa, bien a favor del mismo elector, bien de cualquier otra persona, si esa remuneración, recompensa o dádiva puede influir, forzándola, en la voluntad del titular del derecho de voto. Por otra parte el delito imputado se consuma por el mero hecho de la solicitud. Sea o no atendida por el destinatario de la bastarda influencia. Incluso vote o no el titular de ese derecho.” (37) Lo que da lugar a las lamentablemente conocidas tramas de compra de votos, habitualmente acaecidas en elecciones municipales. Y la contrapartida suele ser: puestos de trabajos en el consistorio, cheques de comida, ayudas sociales, o directamente dinero. 

O incluso la prevaricación (artículo 404 del Código Penal), al contratar a personas sin seguir los cauces legalmente establecidos. Trabajadores que cuentan con el único mérito de haber sido, en los casos más patentes, interventores de la organización del regidor en los comicios locales. (38) 

Y ni que decir tiene que esto también podría derivar en la tan mentada financiación ilegal de las formaciones, con delitos de cohecho (artículos 419 a 429 del Código Penal) de por medio. Otorgando contratos de obras o concesiones administrativas (basura, mantenimiento de jardines,…) a cambio del presunto sostenimiento del partido que está en el poder, o del que aspira a llegar allí si cuenta con una alta probabilidad de ser proclamado vencedor.

Sin olvidar que hay ciudadanos que presionan a sus ediles para obtener todo tipo de prebendas: una licencia donde no se puede construir, un trabajo (39), una ayuda económica, hacer la vista gorda ante una infracción (40),… Y unos políticos que quieren volver a ser reelegidos. Una llamada del jefe de filas para que atienda a un hipotético empresario muy generoso con la organización. A lo que se añade el escaso grado de formación jurídica de los ediles. Existiendo un número destacable que sólo dispone de los estudios básicos, con nulo conocimiento de procedimiento administrativo. (41) O el hecho de que en algunos Ayuntamientos pequeños los secretarios e interventores sean accidentales. Así las cosas, si se restringe el poder del cargo electo, se aminora el grado de corrupción.

Aunque lo pudiera parecer, las desviaciones en el ámbito local no son una cuestión reciente. Ya fue señalada por los regeneracionistas durante la Restauración (1874-1931). Época en la cual la figura central era el cacique y cuyo lema era: “para los enemigos la ley, para los amigos el favor”. Así Joaquín Costa (1846-1911) declaraba en su obra “Oligarquía y caciquismo como forma de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla”: “(…) Cada región y cada provincia se hallaba dominada por un particular irresponsable diputado o no, vulgarmente apodado en esta relación cacique, sin cuya voluntad o beneplácito no se movía una hoja de papel, no se despachaba un expediente, (…), ni se acometía una obra (…) No había que preguntar si tenías razón, (…) para saber cómo se fallaría (…) el expediente: había que preguntar si le era indiferente al cacique, y por tanto se mantenía neutral, o si estaba con vosotros o contra vosotros. (…) Se extraviaban los expedientes (…) que él quería que se extraviasen; (…) se imponían multas si era su voluntad que se impusieran (….); las carreteras iban no por donde las trazaban los ingenieros, sino por donde caían sus fincas (…); era diputado, alcalde o regidor a quién él designaba o recibía para instrumento de sus vanidades, de sus medros o de sus venganzas (…). Tenía demarcado por los jerarcas supremos su feudo, el cual abarcaba ora una región, ora una provincia, o bien uno o más distritos dentro de ella. (…)

(…) Todo aquel estado de corrupción y de servidumbre, (…) que acabo borrosamente de bosquejar, subsiste íntegro (…) años después, salvo haberse agravado con la hipocresía de la soberanía nacional y el sufragio universal, escarnio e inri de la España crucificada. Lo mismo que entonces, la nación sigue viviendo (….) a los pies del cacique, a cambio de los votos necesarios para fabricar las mayorías parlamentarias en que los pocos centenares de políticos tienen que ampararse para dominar el país. (…) El español vive a merced del acaso, pendiente de la arbitrariedad de una minoría corrompida y corruptora, sin honor, (…) humanidad, infinitamente peor que en los peores tiempos de la Roma pagana. En Europa desapareció hace ya mucho tiempo: si algún rastro queda aquí o allá, es un mero accidente. En España no: forma un vasto sistema de gobierno, organizado (…) por regiones, por provincias, por cantones y municipios, con sus turnos y sus jerarquías, sin que los llamados Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Alcaldías, (…), Ministerios, sean más que una sombra y como proyección exterior del verdadero Gobierno, que es ese otro subterráneo, instrumento y resultante suya, y no digo que también su editor responsable, porque de las fechorías criminales de unos y de otros no responde nadie. Es como la superposición de dos Estados, uno legal, otro consuetudinario: máquina perfecta el primero, regimentada por leyes admirables, pero que no funciona; dinamismo anárquico el segundo, en que libertad y justicia son privilegio de los malos, donde el hombre recto, como no claudique y se manche, sucumbe. (…)” (42)

El caciquismo de la Restauración fue la primera forma de clientelismo que se dio en España. El segundo modelo surge en la etapa franquista, en la que los caciques rurales eran sostenidos por el régimen dictatorial. Designando a los alcaldes el gobierno central y quedando supeditados jerárquicamente a los gobernadores. El último tipo de clientelismo es el de partidos, que se propicia ya en la fase democrática. Adjudicándose obras y contratos a cambio de presunta financiación, u otro tipo de hipotéticas prebendas por votos, gracias al gran margen de maniobra de los poderes públicos. (43) A lo que ayuda que en la práctica el poder ejecutivo despunte sobre el legislativo y el judicial. Siendo llamativos los hechos acaecidos en Galicia, cuyo protagonista fue el denominado “cacique bueno.” (44) Quien supuestamente contrató a 104 personas sin seguir el procedimiento legalmente establecido. (45) Cometiendo por tanto prevaricación (artículo 404 del Código Penal). Un caso anecdótico si bien no muy diferente quizás a los de otros lares del territorio español. Contaba en el 2004 el periodista Xosé Hermida, en un artículo del País, que entre los récords del político en cuestión estaba: “el no perderse ni un entierro en la provincia o las nutridas colas de ciudadanos que acuden a solicitarle favores. "Hay veces que atiende en cuatro despachos a la vez", dice un colaborador. "Él sabe escuchar, y la gente le pide ayuda hasta para curar una vaca enferma".” (46) Narración digna del mejor relato costumbrista de Mariano José de Larra o de Benito Pérez Galdós. Ahora bien, de esta lacra tampoco está exenta el resto de la Europa mediterránea. (47)

Por último, un punto importante, si de establecer diferencias se trata, es analizar junto con el sistema electoral el modelo de financiación de partidos. En Alemania el ex canciller Helmut Kohl dimitió por una cuestión concerniente a este asunto. Habiendo declarado la comisión del Parlamento Alemán que: “en los años ochenta y noventa la CDU, bajo la dirección del señor Kohl, mantuvo un sistema de financiación ilegal.” (48)

Empero, en España esta cuestión ha provocado más de un sonado escándalo. Uno de los primeros en salir a la luz pública fue el denominado “Caso FILESA” relacionado con el PSOE, donde el Tribunal Supremo declaraba: “consta que algunos de los acusados se concertaron para constituir un grupo organizado (…), que buscaban, como fin claro y último, ayudar al partido político en todo cuanto pudiera suponer su financiación. (…) aunque la financiación irregular del partido político no constituyera delito alguno (…).” (49) Así, el “Caso Pallerols” tocó a Unió Democrática de Catalunya. Por el que un empresario recibió subvenciones públicas por impartir cursos de formación para parados, desviando supuestamente una parte de lo recibido a la formación política. (50)  También otros partidos han sido relacionados con presunta financiación irregular, si bien no hay sentencias condenatorias al respecto. Con lo que citarlos significaría en sí vulnerar el derecho fundamental a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución española. Ahora bien, se intuye que la financiación irregular nada tiene que ver con una ideología concreta. De tal manera que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), grupo especializado creado por el Consejo de Europa y que nace en 1999, ha instado a España a “adoptar medidas urgentes” ante “los numerosos escándalos relacionados con la financiación irregular de partidos.” Sugiriéndole igualmente combatir el tráfico de influencias. (51) En tanto en Italia se convirtió en un problema generalizado, luego de la aprobación de la Ley de financiación de partidos de 1974.

Por tanto, lo que tendríamos que interpelarnos es con qué sistema de financiación de partidos se obtienen menos desviaciones. Al contrario que en España o Italia, en Suecia, uno de los países menos corruptos del mundo, la financiación es privada sin límite alguno. No obstante, los partidos están muy concienciados sobre la necesidad de transparencia. Siendo este también el modelo de financiación aplicado en el resto de Estados escandinavos, cuyos índices de corrupción son igualmente de los menores a nivel mundial. En Alemania no existen tampoco márgenes para la recepción de fondos privados, pero se han de comunicar los donantes a un órgano de control, contemplando siempre un comportamiento transparente. En EEUU la financiación es prácticamente privada. (52)

Lo que indica que una mayor regulación no conlleva una merma en la irrupción de casos de financiación irregular. Sino una nueva maraña legislativa a incumplir. Lo que se aduce para aprobar normas interminables es que si se reciben amplios fondos de una entidad mercantil la formación quedaría subyugada a ella. Pero lo mismo ocurre si una parte considerable de los votos de un partido provienen de un sector social concreto. Por ejemplo, si dichos electores fueran azucareros, por decir algo, se puede tender a regular en su favor, propiciando el mercantilismo característico del Antiguo Régimen. Es decir, otorgar privilegios a unos pocos en perjuicio del resto, en contra de la imprescindible igualdad de oportunidades defendida desde los primeros Estados Liberales. (53) Cuando para evitar todo esto el único antídoto existente es la transparencia, que permite que salgan a la luz aquellos casos de abuso de poder. No siendo lógico promulgar normas que de entrada ya se atisba que se sortearán, porque el coste de acatarlas es muy superior al beneficio que reporta ganar una contienda electoral. Sobre todo en el caso de los países del Sur de Europa donde existe un amplio margen para ejercer el poder ejecutivo, al estar el resto de poderes que deberían controlarlo demasiado diluidos.

Otra cosa es que creamos en la utopía de la existencia del político perfecto y que cambiando a “x” por “y” se acabarán todos nuestros males. Pero, no ambicionemos políticos semidioses, sino el término usado doctrinalmente como “hombres medios”, quienes en un normal contexto tengan muy complicado delinquir. Para qué poner a alguien en la tesitura de que, frente a todas las supuestas facilidades de favorecerse a sí mismo o a otros, sea su conciencia la que le induzca a declinar esta alternativa. No necesitamos crear prohombres, sino corregir el sistema. Siguiendo la misma línea en la que se expresó el filósofo escocés David Hume: “la naturaleza humana es inmutable, por tanto si queremos cambiar los comportamientos debemos cambiar las circunstancias.” Porque al fin y al cabo el ser humano es un mero mortal con defectos y virtudes. No adquiriendo entidad divina por el hecho de desempeñar un cargo público. Anulando asimismo con ello la opción de que se denuncien delitos falsos, supuesto que también puede darse, como estrategia para hacer caer al rival. Haciendo sumamente difícil discernir la verdad. (54)

La utopía del gobierno de los mejores

La España caciquil de la Restauración (1874-1931), la abyecta telaraña de corrupción existente, llevó a clamar a Joaquín Costa (1846-1911) por la figura del “cirujano de hierro”. Así en su obra “Oligarquía y caciquismo como forma de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla” exclamaba con un sentido alegato: “se requiere sajar, quemar, resecar, amputar, extraer pus, transfundir sangre, injertar músculo; una verdadera política quirúrgica. (…) esa política, sin la cual la libertad podrá ser una promesa y una esperanza para mañana, para un mañana muy remoto, en manera alguna para hoy, (…); esa política quirúrgica, repito, tiene que ser cargo personal de un cirujano de hierro, que conozca bien la anatomía del pueblo español y sienta por él una compasión infinita, (…); que tenga buen pulso y un valor de héroe, y más aún que valor, lo que llamaríamos entrañas y coraje, para tener a raya a esos enjambres de malvados que viven de hacer morir a los demás; que sienta un ansia desesperada y rabiosa por tener una patria (…).

Ese gobernante, ese libertador, que ha de sacar a la nación del cautiverio en que gime (…); convertirse en alma de la nación, en fuerza de haberse compenetrado con ella, y al propio tiempo ser un brazo armado; poner en ecuación la España legal con la España real y viva, para que desaparezca esa inmensa ficción que llamamos “Estado”, y el interés de todos vuelva a anteponerse al de unos cuantos, y el gobierno “de los peores” quede sustituido por el “de los mejores”.” (1)

Sin duda un ideal encomiable, que irrumpe ante el hartazgo de una situación casi imposible de revertir. Mas como señala el sabio refranero popular: “El infierno está empedrado de buenas intenciones”. Pues al final lo único que trajo fueron dos dictaduras inspiradas en tan noble concepto. En el que se ampararía Miguel Primo de Rivera (1870-1930) para auparse dictatorialmente en el poder (1923-1930). Visto por una parte considerable de la sociedad como aquel “cirujano de hierro” que acabaría con los males que aquejaban a la maltrecha España. Reseñable es la cita pronunciada por el político de la época José Calvo Sotelo (1893-1936): “Mis convicciones políticas son democráticas. Creía y creo en la necesidad del Parlamento; creía y creo en el Sufragio, pero, precisamente por eso, abominaba del régimen político imperante. Régimen que representaba un escarnio del Parlamento, una prostitución del sufragio... Y cuando el general Primo de Rivera irrumpió en la vida pública española, vi en él un factor providencial de saneamiento. Este hombre -pensé- viene a hundir para siempre los viejos procedimientos. ¿Qué importa el medio? Ayudémosle.” (2) Sin embargo, al aumentar el intervencionismo se continuó regando las vigorosas raíces de la corrupción. (3)

Fuentes de las que bebería posteriormente Franco (4) (1892-1975), para terminar imponiendo 40 años de duro invierno a las libertades. Al que apoyaron inicialmente figuras intelectuales tan insignes como Unamuno (1864-1936). El prodigioso integrante de la Generación del 98 pensaba que se trataba, en palabras del catedrático Francisco Blanco Prieto, (5) de un “golpe de bisturí” y que en unos días se restablecería el orden. Motivado por el desgobierno que sufría España y convencido de que ningún político sería capaz de reconducir tan convulso contexto. Y es que abogaba por la fórmula republicana, pero renegaba de la España republicana que lo había desilusionado. Sin embargo, sus anhelos pronto se desvanecieron. Sentenciándolos con aquella mítica frase pronunciada el 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca: “vencer no es convencer, ni conquistar es convertir”. Vocablos que espetó al militar Millán-Astray (1879-1954) del bando franquista, en un acto organizado ese día y al que acudieron ambos. Escribiendo el 13 de diciembre de 1936: “¡Qué cándido y qué ligero anduve al adherirme al movimiento de Franco!” (6) Y es que la intención de Franco nunca fue otra que perpetuarse en el poder. De lo que da fe la ulterior frase manifestada a uno sus generales: “Yo no haré la tontería de Primo de Rivera. Yo no dimito; de aquí al cementerio.”  (7)

Advenimiento de una negra etapa en la historia española que ya vaticinaba José Ortega y Gasset (1883-1955) el 9 de Septiembre de 1931 en Crisol: “Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron con el advenimiento de la República con su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos: “¡No es esto, no es esto!”

La República es una cosa. El “radicalismo” es otra. Si no, al tiempo.” (8) 

Hechos que se debieran hoy rememorar, pues como ya advirtió el filósofo Santayana (1863-1952): “Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo”. (9) Aviso que sintetizó Joaquín Costa ya en 1875 de la siguiente manera: “Cuando los pueblos degeneran, recaen en la menor edad, como los individuos adultos cuando delinquen o perturban el derecho, y necesitan de la tutela de los individuos que tienen la conciencia de su posición y la vocación de su destino, y en las manos la facultad y el poder. Estos individuos surgen casi siempre en tales circunstancias, pero no siempre obran en interés del pueblo menor de quien se declaran defensores y representantes, casi siempre se mueven al viento de su egoísta interés (…).” (10) Porque como declararía Rawls (1921-2002) las personas por naturaleza somos auto-interesadas. (11)

Pues Costa lo que invocaba era el gobierno del sabio, del filósofo, influido por el mito de la Caverna de Platón (427-347 a. C). Aquel que aportaría luz a la gente que en ella habitaba. (12) Idéntica idea albergaba Unamuno, quien se definía discípulo de Costa en diversos elementos. (13) Aseverando: “Lo que aquí se impone es una tutela ejercida por los intelectuales, pues otra cosa sería la barbarie.” (14) En definitiva, las “minorías selectas” de José Ortega y Gasset, (15) que deberían sustituir a la dirección del “hombre-masa”, aquel “cuya vida carece de proyecto y va a la deriva.” (16)

Y es que tanto Costa, como Unamuno, como José Ortega y Gasset mantenían un fuerte vínculo con otra gran figura española, Francisco Giner de los Ríos (1839-1915). Para Unamuno sería su referente intelectual, mientras que Ortega sentía por él una profunda admiración. (17) En tanto Costa fue fiel seguidor de las teorías de la legendaria Institución Libre de Enseñanza (ILE). Modulando su vida a partir de estos razonamientos. Llegando incluso a ser profesor de la misma. (18)

Aires que conformaban el movimiento de los institucionistas, que surgió siguiendo la estela del krausismo. Escuela filosófica que influyó poderosamente en la corriente educativa y liberal de la España contemporánea. Concretamente durante el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y el inicio de la dictadura franquista. Sus orígenes se remontan a las teorías del filósofo idealista alemán, Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832). De las cuales se hizo eco el jurista español Julián Sanz del Río (1814-1869) alrededor de 1840. Tras leer un libro, traducido al castellano, escrito por Heinrich Ahrens (1808-1874), uno de los discípulos de Krause. Texto que recogía el manual docente del Curso de Derecho Natural que Ahrens había impartido en la Sorbona en 1833.

A partir de ahí Julián Sanz del Río esboza un ideario de fuerte componente moral, que da a la razón el predominio sobre todas las cosas. Sin negar la vertiente mística, pues cabe reseñar que el jurista era profundamente católico. Sin embargo, afirma que sólo a través del conocimiento y la ciencia podrá avanzar nuestra sociedad. Relegando las creencias religiosas al ámbito privado. Consagrando la sinceridad y la honradez como valores fundamentales de la conducta humana. Concibiendo un hombre de fuertes principios. Uno de sus postulados, que quizás más definan el carácter abnegado al que se aspiraba sería: “haz el bien por el bien mismo”. Comportando un ascético estilo de vida.

Pensamientos que propagará abiertamente desde 1854, valiéndose para ello de su puesto de docente en la Universidad de Madrid. Y de los que Francisco Giner de los Ríos rápidamente se hará acopio. Desarrollándolos y poniéndolos en práctica en la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Centro que inaugurará en 1876 y en el que colaborarán otros catedráticos. En el artículo 15 de la ILE se recoge: “Esta Institución es completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político, proclamando únicamente el principio de la libertad e inamovilidad de la ciencia y de la consiguiente independencia de su indagación y exposición respecto de cualquiera otra autoridad que no sea la de la conciencia.”

La instrucción de los niños buscaba inculcarles: el respeto, la tolerancia, el diálogo, la humildad, solidaridad, lealtad, seriedad,…No impartiendo clases a la antigua usanza, sino tratando de que el alumno dedujera las respuestas por sí mismo, guiado por la batuta de su mentor. Potenciando además sus cualidades deportivas y su sensibilidad hacia el arte. Eso sí, para conseguir los objetivos marcados resultaba indispensable un número reducido de alumnos por aula.

Con el redescubrimiento del paisaje español, como uno de los principales exponentes nacionales. Y especialmente el Guardarrama. Lugares que serán reflejados magistralmente por Sorolla (1863-1923) en sus cuadros y que igualmente serán aludidos por los noventaochistas. (19) Otra seña que caracterizaba a España para los institucionistas, además del paisaje, era el pueblo. Considerado como los verdaderos protagonistas de nuestra historia. Los ciudadanos anónimos que trabajan duramente jornada tras jornada, con una  especial atención hacia los campesinos. Calificados por Unamuno como la “intrahistoria”. Por último estimaban que los monumentos configuraban nuestro patrimonio arquitectónico, siendo una fuente de riqueza y exponente identitario. (20)

Aquel proyecto cultural dio origen a individuos de distintas tendencias ético-políticas. Pues uno de los axiomas que continuamente se reiteraba a los muchachos era el siguiente: “Forja tus ideales por convicción y sé coherente con ellos en todo caso. Es decir, piensa como debes vivir y vive como piensas.”

La ILE contó entre su profesorado con el que llegaría a ser uno de los más importantes pedagogos españoles de todos los tiempos, Manuel Bartolomé Cossío (1857-1937). Aunque antes fue el alumno preferido de Giner. Convirtiéndose en el primer catedrático de pedagogía de la Universidad española. Y declarado ciudadano de honor por la Segunda República.

De la segunda promoción de la ILE salieron mentes tan ilustres como la de Antonio Machado (1875-1939). Y de la tercera, por nombrar algunos: Juan Ramón Jiménez (1881-1958) o José Ortega y Gasset.

A comienzos del siglo XX la Administración Pública requerirá del asesoramiento de Giner en materia educativa. Entendiendo aquellos gobernantes que nuestro país únicamente lograría el anhelado progreso mediante una adecuada preparación formativa de sus ciudadanos. Siendo en 1907 cuando la Institución Libre de Enseñanza cierre sus puertas y nazca la Junta para la Ampliación de Estudios e investigación científica (JAE). Presidiéndola por muchos años Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) y contando entre sus eminentes vocales con el también Premio Nobel español José Echegaray e Izaguirre (1832-1916).

Una de sus mayores hazañas, surgida por la necesidad de europeizar a España, consistiría en el envío de pensionados a Europa. Entre sus becados figuran: Severo Ochoa (1905-1933), en medicina; en pedagogía, Manuel Bartolomé Cossío; en filosofía, José Ortega y Gasset; en poesía, Antonio Machado o Rafael Alberti (1902-1999); escritores de la talla de Ramón Pérez de Ayala (1880-1962); matemáticos, como Julio Pastor (1888-1962);…

Otra de las fructíferas iniciativas que la JAE puso en marcha fue la apertura de la Residencia de Estudiantes en 1910. Cuyo nombre ha quedado ligado a la generación del 27. Ya que en ella residirían: Federico García Lorca (1898-1936), Salvador Dalí (1904-1989), Luis Buñuel (1900-1983),… Albergando con asiduidad recitales o conferencias. Albert Einstein (1879-1955) y Manuel de Falla (1876-1946), son un clarificador ejemplo de la categoría de los invitados a estos actos.

Y es que Francisco Giner de los Ríos, en gran medida, fue el artífice de una brillante etapa de nuestra cultura, la denominada “Edad de Plata”. El culpable de que un joven Benito Pérez Galdós (1843-1920) consagrara su vida a la literatura. Quedando ya su huella fuertemente plantada a su muerte en 1915. Y que sólo se difuminaría con el advenimiento del franquismo. (21) Retomándose parcialmente en 1990, con la entrada en vigor  de La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE). (22)

Por último, hay que destacar que aunque Francisco Giner de los Ríos no era masón, sí lo era Krause, en quien basaron los institucionistas sus teorías. Según el estudioso Pedro Álvarez Lázaro: “Sus escritos masonológicos le granjearon los  apelativos de “el filósofo de la masonería” (Th. Busch), “el padre de la historia masónica” (J. Schauberg) o “el cofundador (junto a Fessler) de la nueva historiografía masónica alemana” (G.J. Findel).” (Álvarez, 2006, p. 348). Quien se inició en la masonería el 5 de abril de 1805, adquiriendo el grado de maestro en 1807. Si bien en 1810 sería expulsado, tras una controversia acerca de la publicidad de escritos masónicos. Ya que él defendía su divulgación, en base a parámetros estrictamente científicos, mientras el sector secretista era contrario a ello. Quienes abogaban por resguardar de los profanos el conocimiento de su historia, rituales y constituciones. La logia que lo expulsó lo rehabilitó en el centenario de su nacimiento, por su considerable peso en la masonería del siglo XIX. (23)

Desde joven ya se detecta en Krause una fuerte inclinación a la perfección moral, en pro de contribuir al progreso de la sociedad. Destacando en su obituario acerca de su vida: “fue tanto un ejemplo de vida virtud, de justicia, de amor y de belleza, cuanto su obra científica fue un ejemplo de investigación de la verdad. El objetivo de su actuar fue el bien de toda la humanidad; el amor a sus semejantes, amigos y enemigos, fue el manantial de toda su acción y de todo su esfuerzo.”

Lo que Krause pretende es la creación de lo que él llama “Alianza de la Humanidad”. Institución que uniría a todos los hombres y mujeres por encima de sus diferencias y se encargaría de su formación. Así lo explica Krause: “Aún nos queda por considerar una actividad importante de la Alianza (de la Humanidad): la formación que imparte a sus miembros dentro de su terreno propio. Ella ha de procurarles aquella educación y formación general y puramente humana por la cual el hombre se hace verdadera y plenamente hombre; por la cual llega a la excelencia equilibrada, armónica y verdaderamente orgánica de todo su ser, sobre la que únicamente puede fundamentarse también su excelencia individual, la alta formación radicalmente propia y específica de cada individuo y en cada parte de la vida humana; sólo por la cual, finalmente, se hace posible el que los hombres se unan íntimamente para formar la Humanidad y, armónicamente repartidos en su total esencia, la lleven a su planificación como una totalidad de vida.” (24)

En definitiva, esculpir la esencia humana para mejorarla. Lo que en simbología masónica, recogiendo la estela de los alquimistas, es tornar la piedra bruta en el más noble metal. Labor conferida a los mejores. Elementos que aparecen, por ejemplo, en un discurso de José Ortega y Gasset publicado el 8 de Noviembre de 1931, en el Sol: “se trata de tomar a la República en la mano para que sirva de cincel con el cual labrar la estatua de esta nueva España; para urdir la nueva nación.” (25) Siendo el mazo y el cincel herramientas de las que alegóricamente se valen los masones, para a través de la voluntad y la inteligencia mejorar su propio ser. (26) Y es que Ortega y Gasset, conforme a lo manifestado por diversas fuentes, era masón. (27)

Incluso Krause, al igual que los regeneracionistas españoles, vio en un momento determinado en la figura de Napoleón (1769-1821) ese “cirujano” que propiciaría las condiciones políticas para el desarrollo de la Alianza de la Humanidad. Confesando a su padre: “nunca me ha sobrecogido y conmocionado tanto la figura de un hombre como la de este grandioso héroe.” Desechando luego esta idea. Y declarando nuevamente a su progenitor en una carta fechada el 20 de septiembre de 1813: “Aquella esperanza ha sido negada y destruida por los acontecimientos del último año.”

Sus aspiraciones quedan sintetizadas en el siguiente pasaje: “La vida de la Humanidad sólo podrá alcanzar su plenitud en una Alianza,  (…) entonces se hará realidad el Reino de la Humanidad, entonces la Tierra se habrá convertido en el Cielo.” (28)

En sí este ideal compartido por regeneracionistas, krausistas e institucionistas es de los más nobles. Pero tergiversado y mal aplicado puedo llevar a resultados funestos. Porque no hay que olvidar que a lo largo de la historia todas las corrientes místicas y filosóficas enseñan que la verdad, la luz o la perfección individual, quizás nunca se alcance. Sólo si se pone mucha perseverancia simplemente se atisbe al final de nuestros días, después de una larga batalla con nuestros bajos instintos y pasiones. Axioma que refleja otro ilustre masón en un célebre dibujo, Francisco de Goya y Lucientes (29) (1746-1828) en “Aun aprendo.” Pintado hacia 1826, ya en el ocaso de sus días. Tal como se asevera en la página del Museo Nacional del Prado: “este dibujo se ha convertido en una referencia recurrente en la historiografía de Goya, que ha querido ver en él un autorretrato simbólico en el que se expresa la voluntad inquebrantable de desarrollo personal (…). En el dibujo Goya nos expresa en primer lugar la soledad del hombre en el tránsito de la vida, pero también el camino de la oscuridad hacia la luz (…).” (30) Del “hombre-masa” hacia la “minoría selecta” de Ortega. De la ignorancia al conocimiento de los masones.

Lo que podría entroncar con la nueva religión secular, llamada así por el catedrático Dalmacio Negro. Donde el Estado es la nueva deidad a adorar, el que determina nuestro devenir. Considerando a los ciudadanos, a la masa, inmaduros, por lo que tienen que ser tutelados. Y queriendo crear en este mundo la ciudad perfecta, en la que habita el hombre perfecto adoctrinado, termina propiciando un clímax infernal.

Esta religión que emana de un ser superior, el Estado erigido en Dios, desplaza a las religiones dogmáticas que hasta ahora hemos conocido. Empero, al no admitir otra vida más que la terrenal, ensalza el arquetipo de la eterna juventud. Enalteciendo al hombre exterior y obviando al interior. Es por ello que propone para líderes del grupo, y lo aduce como una virtud, al joven, lo que asimila a regeneración. Cuando lo cierto es que a lo largo de nuestra historia el jefe había sido siempre el más sabio, poseedor de una gran experiencia y bagaje, o sea, el mayor. Ahora, no obstante, se alega que alguien formado bajo los cánones de la instrucción estatal, de corta edad, es válido aunque no haya demostrado nada en la vida. Lo que desemboca con el tiempo en un mayor descrédito de los gobernantes. Por el hecho de que esa persona requería sumar en su haber experiencias vitales que lo preparasen para las situaciones convulsas que siempre acontecen en la toma de decisiones.

Por tanto, al partir de la quimera de que los políticos sólo buscan el interés general y que por ser joven se aporta un halo de renovación, abonamos las robusta base del desengaño. Pero, a pesar de ello, se prosigue en la misma línea. Aumentando la intervención, la regulación, en pro de sortear los fallos suscitados por el error de concepción inicial en cuanto a la naturaleza humana se refiere. Caemos así en un bucle, porque lejos de mejorar la situación, la empeoramos. Tornando la tierra prometida en un erial. (31) Y es que ya lo preconizó Isaías (3, 4 – 5): “[Dios] les dará mozos por jefes, y reinará sobre ellos el capricho, y las gentes se revolverán unas contra otras, cada uno contra su vecino y el mozo se alzará contra el anciano y el villano contra el noble…” (32)

Esta visión del político como ser idealizado, conforme a lo prescrito por Dalmacio Negro, hunde sus raíces en el arquetipo religioso del hombre nuevo. Pues no hay que olvidar que la política nace de la religión. Empero, inicialmente se buscaba la perfección del hombre como modo de salvarse en la otra vida. Al pasar del Antiguo al Nuevo Régimen se cambia a Dios por la razón, surgiendo una nueva religión secular, que niega otra vida distinta a la terrenal. Confiriendo a la política la potestad de la salvación ya no del individuo, sino de la colectividad. Sólo el gobierno está facultado para curar los males que aquejan a la sociedad. (33)

Pues esa “élite” o “cirujano de hierro” que supuestamente nos ha de gobernar y que ha de guiar a la masa, que presuntamente subsiste en minoría de edad, puede derivar en autoritarismos varios. De lo que ya nos alertó el filósofo Karl Popper (1902-1994), en su libro “La sociedad abierta y sus enemigos”. Obra publicada en 1945 y que prevenía de los intentos de los enemigos de la libertad de llevarnos al pasado, a vivir otra vez en las sociedades primigenias tribales o cerradas. Doblegadas a la superstición, al fanatismo. Manteniendo al ser humano como un niño que se deja mansamente conducir, anulando su voluntad. En contraposición a las abiertas, en las que el individuo es el único responsable de su destino. Cambiando su futuro en base a sus actuaciones presentes.

Popper afirmaba que no debemos preguntarnos “¿quién debe gobernar?”, ya que la respuesta será inevitablemente los mejores. Lo que raramente ocurre, pues los que llegan a dirigir casi nunca están a la altura. Lo que hemos de interpelarnos es: “¿cómo debemos gobernar?”. Porque es sobre el sistema en lo que hay que trabajar, para evitar que se puedan socavar los cimientos del Estado democrático desde el poder. (34)

Haciéndose necesario, a tenor de lo expuesto, traer a colación las tesis esgrimidas por la “Escuela de la Opción Pública” (Public Choice), liderada por el Premio Nobel de Economía en 1986 James M. Buchanan (1919-2013). Las cuales se ciñen al estudio de la toma de decisiones políticas. Quien esgrime en 1962 junto a Tullock (35) (1922-2014) que no es posible concebir a los políticos como lo que denominaron “déspotas benévolos” (36). O sea, que con la adquisición del cargo público los políticos no van a pensar de un modo distinto al del resto de los individuos. No cabiendo inferir que se van a guiar exclusivamente en pro de servir al bien común. Porque los seres humanos nos movemos en base a incentivos. Luego, la política hay que interpretarla igualmente como una actividad supeditada a la búsqueda de rentas. Y sus titulares por tanto invertirán sus esfuerzos en aquello de lo que puedan obtener un beneficio. Esto se traduce en que terminarán por apoyar las propuestas que les proporcionen más votos. (37)

Ergo, Buchanan plantea, ya que el hombre es como es, establecer límites constitucionales, los cuales sirvan de indicador para desarrollar el resto de la normativa. Y cuya votación para determinadas cuestiones no será por mayoría simple, que tiende habitualmente a beneficiar a un grupo y discriminar a las minorías, sino por mayoría cualificada. (38)

Hay que destacar que la mención hecha a la figura del “cirujano de hierro”, a la “minoría selecta”, se la reviste con dones especiales, vetados para el “hombre-masa.” Entre los cuales se encuentra el carisma. Definido por Weber (1864-1920) como: “la cualidad, que pasa por extraordinaria (condicionada mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de profetas que de hechiceros, árbitros, jefes de cacería o caudillos militares), de una personalidad, por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas -o por lo menos específicamente extra-cotidianas y no asequibles a cualquier otro-, o como enviados de dios, o como ejemplar y, en consecuencia, como jefe, caudillo, guía o líder. El modo como habría de valorarse “objetivamente” la cualidad en cuestión, sea desde un punto de vista ético, estético u otro cualquiera, es cosa del todo indiferente en lo que atañe a nuestro concepto, pues lo que importa es como se valora “por los dominados” carismáticos, por los “adeptos”.” (39)  Así Weber distingue tres clases de legitimidad: la racional, proveniente de las reglas que la sociedad se haya dado; la tradicional, donde la legitimidad la confiere la costumbre; y la carismática, donde la obediencia se otorga al líder mismo por el influjo que ejerce sobre las personas, casi sin tiempo para pensar si es coherente o no lo por él propuesto. (40) Habitualmente este tipo de legitimación surge en épocas convulsas, donde el líder es visto como el mesías salvador. Habiendo lamentables ejemplos a lo largo de la historia: Hitler (1889-1945), Lenin (1870-1924), Mao Tse-tung (1893-1976), Fidel Castro… (41) Con lo cual ese carisma puede derivar en algo bueno o habitualmente en lo peor. Siendo aceptada cualquier opresión al distinto por los adeptos, como nos muestran los ejemplos del pasado. Con lo que para evitar cualquier indeseable deriva, lo lógico sería abogar por la legitimidad racional.

A lo anterior tenemos que unir que es común que dichos líderes carismáticos sufran de trastornos de la personalidad. A lo que hemos de prestar atención, ya que la conducta del líder influye sobre sus seguidores. En palabras del doctor Cabrera Forneiro: “La historia de la humanidad podríamos estudiarla, e incluso definirla, no sólo por los hitos bélicos, los descubrimientos o las epopeyas de cada época, sino por el ambiente psíquico imperante en cada Estado, en cada sociedad y en cada momento de su evolución histórica.” Pudiendo calificar a Nerón (37-68) o Calígula (12-41) de psicópatas o a Cómodo (161-192) de neurótico.

Siendo difícil a priori conocer si algún candidato sufre un trastorno psíquico, ya sea temporal, pues para ser elegible no se requiere examen psicológico alguno. Al objeto de garantizar el derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 14 de la Constitución española, y que proscribe cualquier tipo de discriminación. Y pudiendo fácilmente caerse en alguno de ellos en situaciones de máxima presión, que suelen acontecer cuando alguien ostenta un cargo de máxima responsabilidad. 

Así, entre los trastornos de la personalidad, cabe citar la personalidad paranoide. Quienes la padecen se muestran suspicaces y desconfiados permanentemente. Interpretando negativamente cualquier mensaje externo y respondiendo a él de forma agresiva. Siendo muy difícil que atiendan a razones. En esta categoría se podría circunscribir a Hitler, Mussolini (1883-1945) o Jesús Gil (1933-2004).

Después se podría mencionar la personalidad histriónica. Quien la sufre siente la necesidad de llamar la atención constantemente. Pasa rápidamente de una gran alegría a una enorme tristeza, para conseguir la aprobación de los demás. Relacionado en esencia con un problema de inmadurez emocional. Unida a la personalidad paranoide puede dar lugar a personajes como Chávez (1954-2013).

Otro tipo es la personalidad narcisista. Personas que se creen superiores al resto del común de los mortales. Requieren la admiración de los demás y piensan que todo gira alrededor suyo. Suele derivar en carencia de autocrítica, resultándoles imposible darse cuenta de sus propios errores. Sin embargo, son capaces de generar un gran magnetismo sobre los ciudadanos. En esta categoría se situarían Churchill (1874-1965) y Perón (1895-1974).

Un trastorno extremo es la personalidad disocial, los llamados antiguamente psicópatas. Los que la padecen suelen transgredir fácilmente la ley, al sentir animadversión por las normas. No tienen respeto alguno por los derechos de los demás. Muestran bajos índices de empatía, lo que provoca que carezcan de cualquier clase de remordimiento. Perfil que está relacionado más comúnmente con las dictaduras.

Otro tipo es la personalidad obsesiva compulsiva. Se caracteriza por la preocupación en demasía por el orden, el perfeccionismo y el control. Llegando a angustiarse enormemente si no lo logran. Lo que no es obstáculo para que lleven a cabo una considerable actividad. Arquetipos de este trastorno es el de Lenin o el del primer canciller de la República Federal de Alemania, Konrad Adenauer (1876-1967).

De igual modo cabe hablar de la personalidad dependiente. Personas que tienen problemas de identidad. Siendo sumisas. Este trastorno es peligroso en un sistema donde es fácil trasgredir las normas. Porque este político no perpetrará el acto de corrupción por iniciativa propia, sino por dependencia hacia otros. Al no tener una personalidad estable, es fácilmente que caiga en las redes de otros que lo manejarán a su antojo. Haciéndolo sentir a cambio cuidado, mimado y protegido, que es en esencia lo que él necesita debido a su alto grado de inmadurez afectiva. Siéndole difícil decir no a las múltiples presiones que recibirá diariamente para cruzar el límite de la legalidad. Ya sea de aquellos vecinos que pretenden un privilegio sobre el resto (concesión de licencia donde no se puede construir, obviar una infracción,…), o de otros políticos corruptos para que se una a ellos en un auténtico entramado de desviación institucional. Siendo este el perfil de candidato que presuntamente suelen buscar ciertas organizaciones, para mantener el absoluto control de la misma. Porque como dice el refrán popular: “no cantan dos gallos en un gallinero.”

Y por último están los trastornos neuróticos. Conflictos internos de la propia persona que le es muy difícil superar, como por ejemplo traumas infantiles. Presentan cuadros de ansiadad y de duda constante. Imaginándose problemas en todas partes, cuando en realidad no hay nada. Entrando en un bucle permanente de negatividad. (42)

Asimismo, hay que tener presente el arquetipo de “La Sombra”. Concepto según Carl Gustav Jung (1875-1961), uno de los referentes del psicoanálisis, que: “representa cualidades y atributos desconocidos o poco conocidos del ego tanto individuales (incluso conscientes) como colectivos. Cuando queremos ver nuestra propia sombra nos damos cuenta (muchas veces con vergüenza) de cualidades e impulsos que negamos en nosotros mismos, pero que podemos ver claramente en otras personas.” (43) O sea, aspectos habitualmente negativos, que reprimimos de nuestra propia personalidad. Que detectamos en los demás, mediante la proyección, pero nunca en nosotros mismos. La sombra es el señor Hyde de la famosa novela de Robert Louis Stevenson (1850-1894). Y que es necesario descubrir con el fin de conocernos plenamente. Responsabilizándonos de nuestras propias acciones, y no culpando de nuestros infortunios a agentes externos. Siendo habitualmente negada en los países católicos, a causa de que dicha corriente cristiana estima el mal como algo que debe ser ajeno al ser humano. Existiendo la dicotomía social entre malos y buenos. (44) 

La sombra opera siempre, pudiendo observarla a través de un desafortunado comentario, adicciones, o un enfado repentino. Al no ser capaces de descubrir su presencia y negar su existencia, nos puede llevar incluso de forma colectiva a ejecutar actos que no hubiésemos imaginado realizar. (45) Un ejemplo pueden ser los insultos xenófobos pronunciados en un partido de fútbol, por gente que individualmente nunca se hubiese atrevido a ello. Manifestando en la masa anónima su sombra. (46) Así como cualquier otro acto de violencia colectiva. La solución sería lo que, en términos de psicología junguiana, se califica como integrar los opuestos en uno. Idea extraída del Tao chino, y reiterada por los alquimistas. (47)

Es por eso que resultaría iluso predecir el comportamiento de un futurible cargo electo. Cuando probablemente ni él mismo atisbe los límites de su conducta. La cual puede quedar además modulada por el entorno con el que se relacione, derivando en acciones de grupo y no aisladas. Encontrándonos aquí con el problema del determinismo.

Controversia que se plantearía a la hora de justificar la imposición de penas en cuanto a delitos, en este caso, de corrupción. Al influir en la comisión de los mismos aspectos que están fuera del control del delincuente. Lo que nos llevaría a preguntarnos también si tiene efecto disuasorio alguno el endurecimiento de los castigos. Pues si uno de los fines que se persigue con las penas de prisión es rehabilitar al reo para reinsertarlo en la sociedad, tal como se desprende del art. 25.2 de la Constitución española, no parece que esta clase de sujetos presenten una carencia de reinserción social a la hora de perpetrar el acto punible.

Obviando componentes genéticos que inclinen al individuo hacia pautas criminales, en un medio propicio. Omitiendo igualmente alguna lesión en el córtex prefrontal, o escaso desarrollo del mismo. Sí habría que mostrar interés por factores contextuales que explicarían por qué un político actúa de forma desviada. Atmósferas en que lo anormal sería actuar de manera correcta. (48) Sirva como ejemplo el caso Malaya, donde el Tribunal declaró que había “llegado a la firme convicción del sistema de corrupción generalizada que se había instaurado en el Ayuntamiento.” (49) Donde el no caer en la tentación es más bien un acto de temeridad, por el malestar o aislamiento que puedan infligirle los otros componentes del grupo, y no de heroicidad. Al estar aquí por tanto la conducta de la persona condicionada por las características del ambiente donde se mueve, no cabe hablar de plenitud del libre albedrío a la hora de actuar correctamente o no. Con lo que de poco sirve agravar las penas, en pro de que la persona desista de realizar el tipo penal. (50)

Por otro lado, se ha de tener presente que los enemigos de la libertad tratan de persuadir con la palabra, por lo que se complica aún más detectar cuál es su fin último. Y es que el contexto y la articulación del discurso, conllevan a la creación de un modelo mental capaz de manipular al ciudadano. Lo que se desprende del trabajo del lingüista Teun Van Dijk, sobre el Estudio Crítico del Discurso (ECD), en el que ha trabajado durante décadas (51).

Manipulación lograda a través de técnicas de persuasión a la hora de transmitir el mensaje. Así en la oratoria política cuando se habla negativamente de alguien ajeno al grupo se arranca más fácilmente el aplauso (52). La denominada regla del enemigo único, a la que se apela para acusar al contrario habitualmente de conspiración. Otro recurso puede ser el arte del “bluf”, culpar al contrario de los propios errores. La desinformación, resaltando u ocultando información que no contribuya a nuestros propósitos. Enfatizando los males del contrario y resaltando las bondades propias. La regla de la orquestación, simplificar los mensajes a modo de píldoras y repetirlos hasta la extenuación, pero de forma orquestada, es decir, adaptándolo al auditorio concreto (estudiantes, jubilados, autónomos,…). Añadiendo continuamente nuevos argumentos, de tal manera que si el contrario los intenta refutar, lo único que logra es que penetren más. La regla de la transfusión, apelando a los sentimientos, a los instintos primarios del ciudadano. Regla del contagio, intentar que el mensaje cale primero en los líderes del grupo, para que se propague con mayor facilidad al resto. Regla de la unanimidad, utilizar siempre “nosotros”, para arraigar el sentimiento de pertenencia al grupo, que se reafirma con concentraciones que generan un sentimiento de simpatía. En definitiva el receptor debe aprender el mensaje y aceptarlo como verdadero, lo que conlleva a la creación del modelo mental al que apelará en el momento y lugar adecuado. Con la reiteración del discurso el modelo mental se generaliza y acaba convirtiéndose en ideología. (53)

Y es que lo que recordamos no son las palabras exactas del discurso, sino sus ideas principales. Al escucharlo, en el momento inmediato, rememoramos los vocablos concretos, hasta que se ha entendido su significado y pasamos a la siguiente frase. Luego memorizamos el significado de las frases. Después extraemos las ideas principales. Por último, construimos un modelo mental mediante la información del texto y nuestro conocimiento (54).

La hipótesis planteada es que las técnicas de persuasión y manipulación del discurso político recrean un modelo mental que el receptor asume como suyo y se reafirma gracias al contexto de su situación personal. Sin embargo, se queda sólo con una parte del mensaje, sin llegar a conocer plenamente las propuestas planteadas.

Ergo, se presenta imprescindible hacer germinar el pensamiento crítico en la sociedad. Porque como aseveraba Aristóteles (55), resulta obligatorio por parte de los ciudadanos entender la incidencia de la retórica, para detectar cualquier razonamiento injusto. Y es que una vez creado el modelo mental y adoptado como creencia se muestra harto difícil un cambio conceptual. Ya que tendemos, mediante el denominado sesgo confirmatorio, a aportar argumentes que apoyen nuestras tesis. Cuando lo correcto sería buscar aquellos que las refuten y sólo si no encontrásemos ninguno que las contradijeran daríamos por válida nuestra hipótesis.

Así, fue la antropóloga británica Mary Douglas (1996), quien examinó el funcionamiento de las instituciones. Para ella el contexto institucional marca un estilo colectivo de pensar que aniquila el pensamiento crítico individual. Las personas dejan de decidir en lo que atañe a las cosas importantes y confieren esta tarea al orden institucional dominante. (56) De ahí la necesidad de aplicar en la metodología docente la práctica del pensamiento crítico, con el propósito de no perder la autonomía personal. Para moldear ciudadanos con criterio propio, que detecten automáticamente los intentos de recortes de derechos por parte del orden establecido. Lo contrario es derivar en un Estado perfeccionista, que trata de imponer al individuo el modelo de vida que él cree que es válido. Aniquilando el principio de autonomía, propio del pensamiento liberal, que exige la no intromisión del Estado en el plan de vida que el individuo haya escogido, siempre que no dañe a terceros. Fundamento básico de la concepción liberal que se suma al principio de inviolabilidad, que decreta que todo ser humano es un fin en sí mismo y no puede ser sacrificado en beneficio de la mayoría. Y por último el principio de dignidad, que impone que las personas han de ser juzgadas por lo que hacen y no por lo que son, prescindiendo pues de sus características personales: creencias, estatus social, sexo,… (57)

Mas si de preparar a ciudadanos críticos se trata, hemos de apelar al pensamiento reflexivo ideado por John Dewey, psicólogo, filósofo y un pedagogo imbuido por un encomiable afán renovador. Al objeto de educar a los hombres y mujeres del mañana, capaces de descubrir cualquier atisbo de engaño o manipulación en una sociedad democrática como la nuestra. Convirtiéndolos, mediante el intelecto, en hombres libres. Enseñándoles a que no den nada por válido hasta que no lo hayan analizado y encuentren razones suficientes que así lo corrobore.

Para Dewey el pensamiento reflexivo, inspirado en el método científico, arranca ante un dilema, por fútil, que este sea. Desarrollado en distintas fases, que llevan unas a otras, conduciendo a un fin preestablecido, que no es otro que solventar el problema inicialmente suscitado. Puesto que como dijo Séneca: “No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va”. Primero aparecen las sugerencias, las ideas. Si sólo surge una la ponemos en marcha inmediatamente. Empero, si se presentan más, la reflexión ha de continuar. Después intelectualizamos la dificultad, buscando comprender la disyuntiva que se nos plantea y lo que se nos ha ocurrido. Para a continuación elaborar hipótesis, que relacionan lo que se nos ocurrió con lo que observamos, buscamos o podemos esperar. El siguiente paso es el razonamiento deductivo, mediante el cual extraemos conclusiones de las hipótesis pergeñadas. Y por último, comprobamos la hipótesis, ya sea a partir de: la observación; la experimentación; la imaginación, vinculándola con otros conocimientos para determinar si se muestra congruente. (58)

Por tanto, la mejora de nuestra sociedad, tornándola más democrática y tolerante, arranca con enseñar a pensar. Potenciar el pensamiento crítico en cada uno de sus ciudadanos. Empezando desde la más tierna infancia. Método docente que haga nacer en el niño todas aquellas virtudes a las que ya apeló en nuestro suelo patrio Francisco Giner de los Ríos, y que intentó inculcar en su mítica “Institución Libre de Enseñanza” (ILE). Y cuyo axioma era: “Forja tus ideales por convicción y sé coherente con ellos en todo caso. Es decir, piensa como debes vivir y vive como piensas.” (59)

Por todo lo expuesto es ilógico dejar al albur de que un “cirujano de hierro” o las “minorías selectas” perviertan el sistema a su antojo. Cuando lo coherente sería establecer normas claras que, pase lo que pase y ostente quien ostente el bastón de mando, haga muy difícil transgredir la legalidad vigente. Porque, como declaró James M. Buchanan en 1983: “Para mejorar la política es necesario mejorar o reformar las reglas y la estructura dentro de la que tiene lugar el juego político. No sirve afirmar que las mejoras se pueden producir seleccionando agentes moralmente superiores que utilicen sus poderes para buscar el “interés público”. Un juego solo se define por sus reglas y para conseguir un juego mejor es preciso modificar las reglas.” (60) Cuestión que ya tenían muy clara los Padres Fundadores de una de las democracias más consolidadas a nivel mundial, como es Estados Unidos. Lo que se refleja en la ulterior cita de James Madison, cuarto presidente de dicho país: “Si los hombres fueran ángeles no sería necesario el gobierno, y si fueran a ser gobernados por ángeles no se requeriría ningún control al gobierno, que es una administración de hombres sobre hombres.” (61)

Relación entre urbanismo y corrupción

El artículo 45 de la Constitución española impone a los poderes públicos el deber de proteger el medio ambiente. Debiendo velar por la utilización racional de los recursos naturales. Y ello en base al derecho conferido a los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Lo que implica asimismo la defensa de la ordenación del territorio. (1) Precepto relacionado a su vez, entre otros, con el 47 del mismo texto, al decretar que el suelo se ha de regular conforme al interés general con el fin de impedir la especulación. Configurándose por tanto como un bien jurídico constitucional.

De tal manera que, en palabras del Tribunal Supremo: “en el "delito urbanístico" no se tutela la normativa urbanística -un valor formal o meramente instrumental- sino el valor material de la ordenación del territorio, en su sentido constitucional de "utilización racional del suelo orientada a los intereses generales" (arts. 45 y 47 CE), es decir la utilización racional del suelo como recurso natural limitado y la adecuación de su uso al interés general.” (2) “Se trata así de un bien jurídico comunitario de los denominados "intereses difusos", pues no tiene un titular concreto, sino que su lesión perjudica - en mayor o menor medida - a toda una colectividad. Su protección - entiende la doctrina más autorizada- se inscribe en el fenómeno general de incorporación a la protección penal de intereses supraindividuales o colectivos y que obedece a la exigencia de la intervención de los Poderes públicos para tutelar estos intereses sociales, en congruencia con los principios rectores del Estado Social democrático de derecho que consagra nuestra Constitución.” (3) Calificando el Alto Tribunal la situación de algunas zonas de España de desastrosa, en cuanto a la ordenación del territorio se refiere. (4) Otorgando pues a los ciudadanos el estatus de víctimas  “de los despropósitos urbanísticos.” (5) 

Dentro de este tipo de delitos cabe citar: la ejecución de edificaciones sin licencia (artículo 319 del Código Penal) y la prevaricación administrativa (art. 320 del Código Penal). Y es que, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana: “Con la finalidad de reforzar la tutela de la ordenación del territorio, que ya se halla establecida con carácter general en la legislación administrativa, el legislador introdujo en el Código Penal (…) los denominados "delitos sobre la ordenación del territorio", tipificando en sus artículos 319 y 320 determinadas conductas que lesionan o ponen gravemente en peligro el bien jurídico constituido por la utilización racional del territorio conforme a su naturaleza intrínseca y a las previsiones normativas que lo protegen. En el primero de aquellos preceptos se definen y sancionan las conductas que pueden realizar los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo las obras que allí se describen como gravemente lesivas para el referido bien jurídico, actos que deben ser de mayor lesividad que los ilícitos administrativos que ya se contemplan en las normas de tal clase. En el segundo, se castigan dos grupos de conductas: a) La de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente la realización de determinados actos gravemente lesivos para dicho bien jurídico, que allí se describen (art. 320.1 (…)). (…) la conducta omisiva de la autoridad o funcionario que, con igual conocimiento de su injusticia, haya silenciado u omitido intencionadamente los actos que él debiera llevar a cabo en el ejercicio de sus funciones para preservar el referido bien jurídico; y b) La de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, por sí o como miembro de un organismo público, haya resuelto o votado a favor de la aprobación de las obras o de los actos que allí se estiman gravemente lesivos para dicho bien jurídico (art. 320.2).” (6)

Además aclara el Tribunal Supremo que: “la infracción penal coexiste con una serie de infracciones administrativas, por lo que, en virtud del carácter de última ratio que constitucionalmente ha de atribuirse a la sanción penal, sólo han de entenderse incluidas en el tipo las conductas más graves (…).  Mas la desastrosa situación a que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajista, justifica que, ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acude al Derecho Penal, como Ultima Ratio.” (7)

Dentro de la prevaricación administrativa son diversas las condenas a Alcaldes por otorgar licencias con informes desfavorables emitidos por los técnicos municipales. (8) Esta conducta específica agrava la sanción del delito genérico de prevaricación contemplado en el artículo 404 del Código Penal. Incorporando en la cuestión urbanística penas de prisión. 

Otro delito que cabe citar es el ecológico (artículo 325 del Código Penal). “El tipo básico (…), según expresa la [Sentencia del Tribunal Supremo] de 19 de mayo de 1999, viene configurado por la concurrencia de una acción típica de carácter positivo, consistente en un hacer de «provocar» o «realizar». La acción positiva  (…) se proyecta, «directa o indirectamente» sobre una variedad de conductas que se especifican en el Texto Legal como son «emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos. Otro elemento del tipo exige que la acción positiva de realizar o provocar una o varias de aquellas conductas concretas, ha de efectuarse «contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente» (…). Como se dice en la [Sentencia del Tribunal Supremo de] 24 de febrero de 2003, la gravedad del riesgo producido [es] la nota clave que permitirá establecer la frontera entre el ilícito meramente administrativo y el ilícito penal. Por lo demás, como sigue diciendo la primera de las citadas Sentencias, el precepto exige también que la conducta típica se lleve a cabo en alguno de los lugares que señala el precepto, es decir, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, o espacios transfronterizos. A todo lo cual, debe agregarse el elemento subjetivo que informa la conducta desarrollada por el sujeto activo, cuestión ésta que se encuentra vinculada a la naturaleza jurídica del injusto.

Según la misma Sentencia con cita en este punto concreto de la [Sentencia del Tribunal Supremo] de 26 de septiembre de 1994 (a las que se puede añadir la cita, entre otras, de las [Sentencias del Tribunal Supremo de] 2 de junio de 2003, 14 de febrero de 2001, febrero de 2001(sic) y 5 de octubre de 1993, se trata de una infracción de mera actividad que, mediante las actividades que se describen --que han de poner en peligro grave la salud de las personas o el mundo animal o natural que se indica-- devienen en un delito de peligro concreto. En definitiva, estaremos ante un delito de peligro concreto y grave que viene generado casualmente por la conducta del agente y cuya producción debe estar comprendida por la consciencia y la voluntad de éste. Este conocimiento y voluntad del riesgo originado por la acción es lo que configura el elemento subjetivo del delito en una gama que va desde la pura intencionalidad de causar el efecto, al dolo directo o eventual según el nivel de representación de la certeza o probabilidad del resultado de la conducta ejecutada y de la decisión de no desistir de ella a pesar de las perspectivas previstas por la mente del sujeto.

No obstante no se puede ignorar que en la actualidad las últimas tendencias jurisprudenciales, sobre la base del tenor literal del tan citado delito previsto en el artículo 325 CP (…) y en atención a criterios de interpretación teleológica y mayor eficacia para la protección del medio ambiente cuando resulta muy dificultoso o imposible determinar el origen de contaminación y se trata de zonas sometidas a intensa contaminación (en definitiva, por razones de prueba de la causalidad), tienden a considerar que dicho delito se configura como un delito de peligro abstracto (así las [Sentencias del Tribunal Supremo de] 25 de octubre de 2001 y de 24 de febrero de 2003, esta última ya citada y (…) dictada en un caso de contaminación acústica). La estimación de que estamos ante un delito de peligro abstracto determina que, según esta Sentencia, no se requiera la producción del perjuicio, sino que basta con la capacidad de producirlo, y por otra parte según la primera de las citadas, que «bastará la constatación de la realización de la acción peligrosa (…) para que el delito pueda entenderse cometido», aunque, según la [Sentencia del Tribunal Supremo de] 24 de febrero 2003, «en cualquier caso, no debe perderse de vista que si bien la configuración del delito contra el medio ambiente del art. 325 CP permite eludir, en cierta manera, los problemas de causalidad, sí que resultará imprescindible la rigurosa comprobación de que la conducta desarrollada ha resultado adecuada e idónea para poner en peligro el equilibrio de los sistemas naturales».” (9)

Recogiendo por su parte el artículo 329 del Código Penal el delito de prevaricación medioambiental. Conforme a lo aseverado por el Tribunal Supremo: “El legislador (…), ha querido incluir como una modalidad específica de prevaricación, la cometida por la Autoridad o funcionario que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente, la concesión de licencias manifiestamente ilegales, que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes. También incluye otra modalidad alternativa, que sólo pueden cometer, aquellos que, teniendo la misión técnica de verificar las condiciones de la instalación y de realizar periódicas inspecciones, hubieren silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general, dictadas para aminorar o eliminar las actividades contaminantes de la industria en cuestión.

También castiga a la autoridad o funcionario que, por sí mismo o formando parte de un órgano colegiado, hubiese votado o resuelto a favor de su concesión, a sabiendas de su injusticia.” Ergo: “La acción típica, viene integrada, no sólo por conductas activas (informar favorablemente), sino también omisivas (silenciar infracciones normativas de carácter general con ocasión de sus inspecciones). Nadie discute que, a pesar de la descripción utilizada, el tipo específico encierra en sí el contenido de la prevaricación genérica, lo que nos lleva a la posibilidad de admitir la comisión por omisión. (…) La modalidad de prevaricación omisiva ha sido aceptada por la jurisprudencia de esta Sala y adquiere todavía una mayor justificación y razonabilidad en los casos de actuaciones de los funcionarios responsables en actuaciones medioambientales. (…) Como tal delito de infracción de un deber, éste queda consumado en la doble modalidad de acción o comisión por omisión, cuando ignora y desatiende la aplicación de la legalidad, convirtiendo su actuación en expresión de su libre voluntad, y, por tanto, arbitraria, no siempre exige un efectivo daño a la cosa pública o servicio de que se trate en clave de alteración de la realidad, pero siempre existirá un daño no por inmaterial menos efectivo. Dicho daño está constituido por la quiebra que en los ciudadanos va a tener la credibilidad de las instituciones y la confianza que ellas debe merecerle, porque, como custodios de la legalidad, son los primeros obligados, y esta quiebra puede producir efectos devastadores en la ciudadanía, pues nada consolida más el estado de derecho que la confianza de los ciudadanos en que sus instituciones actúan de acuerdo con la Ley y que, por tanto, el que se aparta de la norma recibe la adecuada sanción que restablece aquella confianza rota --en tal sentido [Sentencia del Tribunal Supremo de] 22 [Mayo de] 2001--.” En este caso concreto, objeto de estudio del Tribunal, se condena al Alcalde por el delito de prevaricación medioambiental en su modalidad de omisión, como responsable de los servicios técnicos que obviaron las obligatorias inspecciones. Al tolerar la actividad de una Granja, que supuestamente vertía purines de cerdo al cauce de un torrente, con grave riesgo para los recursos naturales, el medio ambiente y la salud pública. (10)

Otro tipo común de delito de prevaricación medioambiental es el causado por la inactividad de los máximos regidores ante el ruido excesivo que provocan determinadas industrias. Castigando el órgano sentenciador la conducta omisiva del sujeto, al silenciar “las inspecciones, dejando deliberadamente sobre la mesa los informes inequívocos de las mediciones.” Con “reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de sus ciudadanos haciendo oídos sordos a la situación que sufrían y permitiendo la actuación de la industria a sabiendas de que actuaba en contra de las disposiciones legales y administrativas.” (11)

En sí la corrupción afecta mayormente a los Ayuntamientos, especialmente en el caso de los delitos urbanísticos. Y muchas veces caemos en la concepción de que el prevaricador, por ejemplo, ha sucumbido además al cohecho (artículo 419 del Código Penal). Permitiendo o aprobando irregularidades a cambio de un suculento beneficio económico. Ese sería el razonamiento más fácil a la hora de articular un discurso simplista para luchar contra la corrupción. Empero, lamentablemente este axioma no siempre se cumple. Porque, ¿no sería igualmente prevaricación urbanística el hacer caso omiso ante la construcción de una pobre casa de madera sin licencia en un terreno rústico? Por alguien que carece de recursos para aspirar a algo más y que se ve abocado a cometer el ilícito si no quiere acabar viviendo debajo de un puente. Mas el Alcalde municipal, ante una denuncia interpuesta, pongamos por caso de otro vecino que mantiene una inquina con el susodicho sujeto, ha de actuar.

O la conversión de un bar por las noches en una zona de baile, momento en el que se produce un aumento considerable de los decibelios por la música, sobrepasando con creces el límite permitido. Donde además va la mitad del pueblo los fines de semana a disfrutar de tan distendido ambiente. Sin embargo, una minoría que vive cercana al lugar se queja del perjuicio que les causa el ruido. Y es que en palabras de la Audiencia Nacional: “ciertos daños ambientales, en determinados casos de especial gravedad, aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar privándola del disfrute de su domicilio.” (12) Siendo un hecho que afecta no sólo a un regidor, sino que es algo continuado en el tiempo, por lo que los Alcaldes implicados corresponden a distintas legislaturas. Aduciendo el último que si no hizo algo al respecto el anterior para qué lo va hacer él y enemistarse con una gran parte de los vecinos. Total los que se quejan son menos, con lo que el perjuicio en las urnas es más reducido. Lo que ante un Tribunal en ningún caso es una eximente de responsabilidad penal.

Por tanto, ¿vale de algo aquí un florido código de conducta ética? ¿O el endurecimiento de los castigos? En el primer supuesto podríamos incluso aducir que el sujeto ha actuado por instinto natural. Tratando incluso de proteger al más débil. Y hasta pudiera acaecer que el Alcalde sabe de la precaria situación económica del Señor, pero la entidad local no dispone de medios para suplir el quebranto de ese individuo. Si cumple la norma, que es lo que por ley tiene que hacer, pondrá a una persona en la calle. Echándolo de su propiedad. Y si además tiene hijos menores a su cargo se agravaría incluso el drama. Circunstancias que pueden acontecer en núcleos muy pequeños donde todos se conocen, llegando a tocar a la puerta de la residencia privada del máximo edil para narrar sus vicisitudes. Así las cosas, si incumple la norma lo más probable es que acabe con una condena de inhabilitación para cargo público, pudiéndose igualmente ver privado de libertad, además de caerle multa. Y si la cumple, sufrirá pesadillas por las noches, por la impotencia ocasionada al no poder solventar las penurias de ese vecino. A lo que se sumará el rechazo y críticas exacerbadas de aquellos que desconocen la ley pero siempre están dispuestos a zarandear al contrario.

En la segunda hipótesis, si cumple el ordenamiento jurídico sabe que no ganará las siguientes elecciones. A lo que cabe añadir la animadversión que le harán sentir sus vecinos durante el resto de la legislatura. Si no la cumple: inhabilitación, penas de cárcel, multa. Con lo que se ha de jugar con la capacidad de presión que es capaz de soportar una persona para conocer si se optará por una u otra opción.

Erigiéndose por tanto como única solución el pasar de la figura del “strong-mayor”, que nosotros tenemos, a la del “city-manager”. Para retirar el peso de la guadaña que pende día tras día sobre la cabeza de los cargos electos municipales. A quienes todos están prestos a, metafóricamente, decapitar. Mas con escasa capacidad de ver el problema desde una posición de empatía y verdaderamente resolutiva. Y es que quizás si se continúa persistiendo en las mismas soluciones, lo único que pasará es que o bien a la política municipal llegue lo peor de lo peor. Lo que se desencadena ante el miedo aterrador que supone ese cargo cuando se es consciente de lo que implica. O que se paralice la Administración ante el pánico por cometer un error y ver tu nombre negativamente mentado en los matutinos o vespertinos rotativos.

Otro punto es que durante mucho tiempo el desarrollo urbanístico ha sido una de las principales fuentes de ingreso de los Ayuntamientos. Aspecto que ya advertía la Circular 1/1990 del Fiscal General del Estado acerca de la contribución del Ministerio Fiscal a la investigación y persecución de los delitos contra el medio ambiente.  Propiciándose una indulgencia frente a presuntas desviaciones urbanísticas, al significar los ingresos provenientes de esta actividad un considerable empuje a las siempre necesitadas arcas municipales. Amén de favorecer una reducción en el número de desempleados locales. Con lo que bastantes residentes también mirarán con benevolencia a esas descomunales edificaciones no del todo exactas dentro de los parámetros legales. Produciéndose por tanto la infracción del ordenamiento territorial sin que ningún político haya necesariamente obtenido un espurio beneficio patrimonial. (13)

Recogiendo el artículo 59.2 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), “cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición” (artículo 100 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). “El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia” (artículo 102.4 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). Además hay que mencionar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU), o sea, la Plusvalía, que “grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad”, ya sea “inter  vivos” o “mortis causa”, a título oneroso o gratuito (artículo 104.1 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales)  y se paga sólo cuando se transmite la propiedad del terreno (artículo 109 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). Asimismo, el artículo 59.1.a del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales recoge el Impuesto sobre  Bienes Inmuebles (IBI), que conforme al artículo 60 del mismo texto legal grava el valor de los Bienes Inmuebles y se abona anualmente (artículo 75 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). Siendo actualmente uno de los porcentajes más reseñables dentro de los ingresos del presupuesto municipal. (14) Usados para financiar habitualmente servicios públicos.

Y es que aparte de los anteriores impuestos relativos directamente a la materia urbanística, los Ayuntamientos sólo pueden gestionar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica -IVTM- (artículo 59.1.c del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), “que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría” (artículo 92.1 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) y se paga anualmente (artículo 96 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). Así como el Impuesto sobre Actividades Económicas -IAE- (artículo 59.1.b del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). Quedando exentas de este último caso todas aquellas empresas que facturen menos de 1 millón de euros (artículo 82 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), es decir, la gran mayoría. Con lo que su incidencia en las arcas locales es más bien escasa.

A lo que hay que añadir las tasas “por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal” (artículo 57 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). Y pueden exigir igualmente contribuciones especiales “por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales.” Estos últimos supuestos guardan relación también con la actividad urbanística. Debiéndose prestar atención a los ingresos concernientes a: tasas por licencias urbanísticas; cuotas de urbanización; aprovechamientos urbanísticos; ingresos Patrimoniales por concesiones y aprovechamientos especiales; enajenación de terrenos. Con los que se cubría una buena parte de las inversiones públicas en el área local. (15) Porque, en virtud del artículo 5 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: “Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales.”

Y es que cada actuación de transformación urbanística (artículo 14.1.a del Texto refundido de la ley de suelo) conlleva la cesión de determinado suelo de la misma a la Administración local (artículo 16.1.b del Texto refundido de la ley de suelo). Pudiendo  el Ayuntamiento enajenar el Patrimonio Municipal del Suelo (PMS), pero atendiendo a lo mandatado por los artículos 38 y 39 del Texto refundido de la ley de suelo, que limitan el uso de los recursos económicos obtenidos a: la edificación de viviendas supeditadas a un determinado régimen de protección pública; sufragar la parte de financiación pública que pudiera estar prevista en la propia actuación urbanística; cuando así lo prevea la legislación autonómica, a otros usos de interés social (urbanísticos, de protección o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del Patrimonio cultural, o de carácter socio-económico para atender las necesidades que requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana); y excepcionalmente a reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento. Debiendo estarse igualmente a lo prescrito por los artículos 7, 18, 19, 32, 34 y 35 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. (16)

Siendo la enajenación del Patrimonio Municipal del Suelo un caldo de cultivo para la corrupción. Entre los delitos derivados está el de prevaricación (artículo 404 del Código Penal). Con condenas a Alcaldes por favorecer a una de las partes oferentes en el concurso público, al objeto de asegurarle la adjudicación de las parcelas. Alegando la Audiencia Provincial de Cádiz que el Tribunal Supremo recuerda respecto a este tipo de delito que: “el bien jurídico protegido por el legislador es el recto y normal funcionamiento de la Administración, con sujeción a sistema de valores proclamado en la Constitución y en consideración de los arts. 103 y 106 de la Constitución que sirven de punto de partida para cualquier actuación administrativa. Por el primero se establece la obligación de la Administración de servir con objetividad a los intereses generales con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho. Por el segundo se indica el sometimiento al principio de legalidad de la misma actividad administrativa." (…) [Y] No existe Jurisprudencia ni doctrina que en relación al requisito subjetivo del tipo exija como elemento integrante del mismo el ánimo de lucro en la persona del sujeto activo, la consumación del delito de prevaricación puede producirse cuando se dicte una resolución injusta que implique un torcimiento del derecho, aun cuando el sujeto activo no persiga un beneficio propio.” (17) Por tanto, delito no necesariamente vinculado al cohecho (artículo 419 del Código Penal).

Y por último no hay que olvidar, dentro de los ingresos que reciben los Ayuntamientos, las aportaciones del Estado. Reguladas en el Capítulo III, del Título II del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Después hay que tener en cuenta que el urbanismo y la ordenación del territorio son materias de posible asunción de competencias por parte de las Comunidades Autónomas, en virtud del artículo 148.1.3º de la Constitución española. Acción que han acometido todas las regiones en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Así el urbanismo pretende ordenar el suelo de una manera local, encaminado a la creación y reforma de las ciudades, al que se circunscribiría el planeamiento. Su competencia es compartida entre las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Por su parte la ordenación del territorio busca una ordenación integrada de espacios supralocales, cuya competencia es exclusiva de las Comunidades Autónomas.

A lo anterior hay que sumar aquellas materias que inciden en el territorio y son de competencia del Estado. Un ejemplo es la legislación básica en materia de medio ambiente, lo que no es óbice para que las Comunidades Autónomas puedan dictar una norma con un rango más amplio de protección.

Incluso no hay que olvidar la eficacia directa del derecho de la Unión Europea, que permite a los particulares invocar su aplicación en el plano nacional. Ni el principio de primacía, que determina que si se da un conflicto entre una norma nacional y una europea, prevalece ésta última. En aquellas competencias sobre materias que los Estados miembros han atribuido a la Unión Europea en los Tratados. Ya sean: exclusivas; compartidas como el medio ambiente; y de coordinación o complementarias.

De tal forma que el planeamiento es el encargado de concretar toda esa amalgama normativa dictada por diversas Administraciones. Su aprobación inicial y provisional corresponde a los ayuntamientos y la definitiva a las Comunidades Autónomas.

Constituyendo algunos límites sectoriales a la potestad de planeamiento: la ley nacional de costas; la Ley de Carreteras del Estado; la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; la Ley estatal de Puertos; la Ley de Patrimonio Histórico español.  Ya que tal como dicta la Sentencia del Tribunal Constitucional 40/1998 de 19 de febrero de 1998, en un mismo espacio físico pueden incidir competencias ejercidas por distintas Administraciones, las cuales deben coordinarse.

Lo que ocurre es que el procedimiento de elaboración y aprobación del planeamiento, puesto que tiene que recoger toda la normativa que incide en el territorio, se convierte en un proceso harto complejo y bastante dilatado en el tiempo. Dando cabida igualmente a la participación ciudadana, integrada habitualmente por contrapuestos intereses. Pero una vez aprobado, aunque su vigencia se entiende indefinida, si cambia cualquier norma que afecte a su ámbito de actuación, habrá que adaptarlo a ella, normalmente a través de la revisión.

Con lo que puede suceder que un Ayuntamiento otorgue una licencia conforme a su plan general. Sin embargo, dicha licencia sería contraria a otra norma autonómica o nacional, porque la entrada en vigor de la ley autonómica o nacional fue posterior a la aprobación del plan general municipal y éste no se ha adaptado aún a la misma. Y claro está, se le pasó por alto al consistorio tenerla en cuenta para su concesión. En tal caso hablaríamos de una licencia ilegal por incumplimiento de una norma urbanística.

Pero hay que distinguir si las obras se encuentran en ejecución o ya están terminadas. Si se trata del primer caso el Alcalde (artículo 34.1 del Reglamento de disciplina urbanística) está facultado para paralizar la obra como medida cautelar. Pero deberá dar traslado de dicho acuerdo, en el plazo de tres días, al Tribunal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (artículo 34.4 del Reglamento de disciplina urbanística), quien será el que se pronuncie sobre la nulidad. Debiendo seguir los trámites dictados por el artículo 127 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Si procede la anulación se deberá demoler la obra (artículo 35 del Reglamento de disciplina urbanística). Y si la obra ya estuviese terminada el Ayuntamiento ha de revisar de oficio (artículo 53 de la Ley Reguladora de las de Bases del Régimen Local) la licencia en atención a lo prescrito por la normativa sobre procedimiento administrativo común (artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).  (18) La anulación por alguna de estas vías puede dar lugar a una indemnización, pero en ningún caso cuando se produzca dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado (artículo 39 del Reglamento de disciplina urbanística). (19)

Con unos Ayuntamientos muchas veces con recursos escasos, con una vorágine legislativa urbanística, con revisión de planes generales cuya aprobación definitiva se eterniza en el tiempo, ¿no es presumible un alto margen de error? Quizás lo ideal sería legislar menos y facilitar los procesos. Lo que no es razonable es la inseguridad jurídica que se suscita. Donde a veces algún inversor ha comentado que construir en España es casi cuestión de suerte, de que se produzca a tu favor una alineación de los astros. (20) Porque ya lo decía el jesuita Juan de Mariana (1536-1624): “Las leyes son muchas en demasía; y como no todas se pueden guardar, ni aún saber, a todas se pierde el respeto.” (21)

Siendo varias las condenas a Alcaldes a este respecto. Cabe citar el supuesto donde: “el Alcalde acusado adquirió, junto a otras personas, unas parcelas de terreno rústico, tierra de regadío, legalmente no edificable pero situadas en una zona que una comisión técnica de asesoramiento municipal proponía como ampliación del suelo urbano. Meses después los adquirentes vendieron dicha finca rústica, en parcelas, indicándole a los compradores que se trataba de fincas urbanas, en la expectativa de que realmente llegaran a serlo cuando se aprobara la referida propuesta.

Sin embargo las autoridades competentes no aprobaron la propuesta, con lo que el suelo vendido continuó siendo rústico, y por tanto no edificable (…). Es entonces cuando el Alcalde, prescindiendo absolutamente de la legalidad urbanística, y con el evidente propósito de beneficiar a sus clientes y evitar que éstos pudieran demandarle o denunciarle por haberles vendido como suelo urbano lo que no lo era, decidió conceder igualmente licencias de construcción para los terrenos vendidos. Estas resoluciones administrativas de concesión ilegal de licencias de edificación en suelo no edificable, a sabiendas de que no se había aprobado la propuesta de delimitación del suelo urbano y fundadas en la exclusiva voluntad caprichosa del Alcalde, y en sus propios intereses particulares, son las que indudablemente integran manifiestamente el delito de prevaricación (…)” administrativa. (22)

Y es que tal como se declara en la página 615 de la Memoria elevada al Gobierno por el Fiscal General del Estado en el 2013: “El marco de la planificación y ejecución urbanística es un campo especialmente propicio para la comisión de delitos por los funcionarios públicos, actuando en su propio interés o en connivencia con terceros.” Prosiguiendo relatando en las páginas 655 a 657: “Hay una gran mayoría de Memorias de las Fiscalías Provinciales que relacionan corrupción con el urbanismo en los Ayuntamientos. (…) Se trata de un sector de la actividad administrativa en el que se ventilan intereses económicos muy importantes y en el que las decisiones sobre el suelo y sus usos tienen una gran capacidad para generar grandes beneficios económicos. (…) muchos de los supuestos son contra alcaldes por recalificaciones urbanísticas, concesión de licencias de edificación (…).

El origen de muchos de los hechos investigados deriva de la obtención por un promotor que compra -a veces simple opción de compra- una finca por una escasa cantidad y acto seguido consigue una reclasificación de suelo y la atribución de aprovechamiento urbanístico multiplicando su valor, bien a través de los hoy denostados convenios urbanísticos, bien a través de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal. Esa consecución depende, primero de la Autoridad municipal que debe dar el visto bueno al proyecto que se le presenta, y después, necesita de los informes favorables técnicos y jurídicos de la Administración competente en cada caso.

(…)

Se trata de un sector de la administración pública en donde no existen facultades disciplinarias por parte de una autoridad administrativa superior que pueda actuar directamente en caso de comportamientos irregulares.

En esta materia, por el contrario, la regla general es que la facultad de suspender los actos y acuerdos de las Corporaciones Locales no corresponde a una Autoridad Administrativa superior, sino a los Tribunales de Justicia. (…) Hay que destacar aquí, como factor coadyuvante, el hecho de la tardanza en la respuesta judicial a estos supuestos lo cual determina que, por lo general, las irregularidades en este ámbito se convierten en ilegalidades consumadas, generando una problemática más compleja todavía si cabe en la resolución de estos supuestos, al cruzarse intereses de terceros de buena fe.”

Si bien se advierte en la página 658 que se observa: “un aumento importante del número de denuncias en momentos electorales, tratándose de denuncias cruzadas entre los integrantes de distintos partidos políticos con un claro ánimo de influir en el electorado o con ánimo de menoscabar el prestigio social del adversario político.

La judicialización de asuntos estrictamente políticos no contribuye a resolver los auténticos casos de corrupción.” (23)

Si a este aviso del Fiscal General del Estado, por el presunto uso político que se puede hacer de las denuncias y querellas por casos de corrupción, sumamos la idea esgrimida un día sí y otro también de apartar del cargo a todo imputado, desencadenaremos, si cabe, más enmarañamiento. Porque primero, el órgano judicial una vez presentada la denuncia queda obligado a investigar, excepto que “no revistiere carácter de delito, o que la denuncia fuere manifiestamente falsa” (artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Cosa muy poco probable, porque si el supuesto interés del denunciante es hacer un daño electoral al rival, ya se preocupará muy mucho de subsumir los hipotéticos hechos en un tipo penal concreto y de darle apariencia de verdad. Y más si está movido por oscuros intereses económicos para hacerse con el poder y espoleado por un grupo que lo empuja en base a los réditos que obtendrán. Lo mismo ocurre con la querella, la cual deberá desestimarse si los hechos en que se fundan no constituyeran delito o el juez no se considerara competente para instruirlos (artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). (24)

Aclarando el Tribunal Supremo que: “el art. 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ordena la desestimación –en el sentido, de inadmisión– de la querella cuando los hechos en que se funda «no constituyan delito”. La valoración de si tienen significación penal, no puede hacerse sino en función de su relato, tal y como son alegados en la querella, y no de los que resulten acreditados, porque, si averiguarlos es el objeto del proceso, su verificación no puede convertirse en presupuesto de la incoación. En definitiva, y como se afirma en el Auto del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2009, la admisión a trámite de una querella no exige la constancia acreditada de lo que afirma, sino la posible relevancia penal de los hechos que contiene, de suerte que sólo si apriorísticamente se descarta su tipicidad, procederá la inadmisión «a limine», mientras que, cuando no se excluya «ab initio», habrá de admitirse a trámite la querella, y será luego en el ámbito del proceso correspondiente donde ha de decidirse la continuación de la tramitación de la causa, o su sobreseimiento, si así procede.” (25)

Asimismo, la imputación se configura como “una garantía del derecho de defensa”, a tenor de la definición esgrimida por el Profesor de Derecho Procesal, José María Asencio Mellado. (26) Naciendo la condición de imputado, según el Tribunal Constitucional, con “la admisión de una denuncia o una querella”. Figura que se recoge en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No debiendo el órgano instructor retrasar “el reconocimiento de la condición de imputado” para hacerle declarar como testigo. Y es que el testigo “a diferencia del imputado está obligado a comparecer y a decir verdad, en tanto que al imputado le asiste su derecho a no declarar contra sí mismo.” Lo que supondría que dicha persona declarase en una situación desventajosa. Ergo, el Instructor debe considerarlo como imputado al objeto de permitirle defenderse y facilitarle la asistencia de Letrado que lo aconseje técnicamente. Con el fin de no vulnerar tales derechos fundamentales consagrados en el artículo 24.2 de la Constitución española. (27) Lo que conlleva que infinidad de personas vayan a declarar ante el juez en condición de imputado, sufriendo el estigma social. Empero, la mayoría de las veces se sobreseen las causas y si se llega a celebrar el juicio se produce la absolución. (28) Transmitiendo a la sociedad una distorsionada imagen de impunidad, cuando verdaderamente no es tal, sino el decurso natural de la justicia.

Así las cosas, y con el sistema actual, dos años antes de las elecciones presumiblemente proliferarán multitud de denuncias y querellas para presionar que se retire, por parte de los partidos políticos, a los adversarios de la contienda electoral. Da igual lo que diga después la justicia que siempre quedará el recurso del refranero popular: “Cuando el río suena, agua lleva”, sólo que no se pudo demostrar. Y no nos percatamos de que con ello estamos socavando más aún el Estado de Derecho. Vulnerando un principio fundamental tan esencial como es el de la presunción de inocencia (artículo 24.2 de la Constitución española). No pudiendo tampoco producirse indefensión (art. 24.1 de la Constitución española). No obstante, alguien dirá, que los políticos deben ser ejemplares y recibir un trato distinto. En ese caso violaremos además el derecho fundamental de igualdad de todos los españoles ante la ley, no cabiendo discriminación alguna (artículo 14 de la Constitución española).

Y si alguno de los políticos apartados se le ocurre recurrir ante los tribunales la decisión de su formación de condenarlo al ostracismo, por una mera denuncia o querella, con la consiguiente imputación, y no por una condena, podría acarrear ya el escándalo internacional. Porque si los órganos jurisdiccionales españoles no le dieran la razón, siempre estaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya que declara el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que: “Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.” Proscribiendo el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos la discriminación. Y decreta el artículo 46 del mismo texto que las sentencias son de obligado cumplimiento para España, con efecto de cosa juzgada.  (29)

Conclusivamente, en el 2012 la prevaricación administrativa supuso un 23% del total de delitos relativos a la corrupción. Mientras que en los últimos tres años las sentencias concernientes a este tipo penal llegaron al 44% del total de las dictadas por corrupción. (30) Pues es una constante que el incremento de regulación provoca un aumento de la corrupción. Al otorgarse mayor peso decisorio al político, quien determinará con su elección que un terreno cueste 1, 5 ó 1.000. Por lo tanto, más intervención del suelo no es la solución. (31)  En palabras del Doctor en Arquitectura Gonzalo Melián: “la especulación con base en la actividad política, [es] fuente de toda corrupción y de una mayor tendencia inflacionista de los precios.” (32)

Relación entre contratación pública y corrupción

La Comisión Europea, en un Informe sobre la lucha contra la corrupción del 2014, apuntaba entre las causas de la irrupción de este lacerante problema: al urbanismo, la financiación de los partidos políticos y la contratación pública. Cuestiones sobre las que España ha de trabajar, al objeto de poder reducir los elevados índices de corrupción que ostenta. Lacra que para el 95% de los encuestados en el Eurobarómetro especial de 2013 afectaba a gran parte del Estado, afirmando el 91% que salpicaba a las entidades regionales y locales.

Cuando la consulta se hizo sólo entre las empresas españolas, el 90% confesó que consideraba que la corrupción aquejaba a la contratación pública en el ámbito de la Administración local y el 83% apuntó a la nacional. Proporciones de las más altas de la Unión Europea. Entre las conductas inapropiadas: el 80% mencionó la elaboración de pliegos de condiciones a la medida de ciertas empresas; el 72% citó el uso desmedido de procedimientos negociados; la misma proporción destacó la escasa claridad en los criterios de selección o valoración; el 69% se quejó de la modificación de los requisitos contractuales una vez celebrado el contrato. Además el 71% apuntó hacia las licitaciones colusorias. (1)

Y es que con respecto a los procedimientos de adjudicación clásicos, a través de los cuales se selecciona al contratista, habría que citar: el abierto, el restringido y el negociado. En el procedimiento abierto cualquier interesado puede presentar su propuesta, sin que exista negociación alguna. (2) En el restringido, tampoco se da negociación; sin embargo, es la Administración Pública la que invita a determinados participantes a presentar una propuesta, a razón de su solvencia para ejecutar el contrato, entre los que deberá escoger. (3) El número de invitados nunca podrá ser inferior a cinco. (4) Mientras que en el procedimiento negociado, que es donde surgen los mayores problemas, a tenor de los datos recogidos por el Eurobarómetro, los aspectos técnicos y económicos son negociados por las partes (5) para ser después incluidos en el pliego de condiciones. Procedimiento que difiere por tanto del abierto y restringido, donde el contratista se ha de ajustar a los requisitos establecidos por el contratante. (6) Es por ello que debido a la excepcionalidad del procedimiento negociado, sólo cabe su uso en concretos supuestos tasados por la norma. (7) 

En lo tocante a los criterios de valoración de las ofertas, (8) apreciando los encuestados del Eurobarómetro escasa claridad en ellos, lo habitual es que se haga a través de subasta o concurso. La subasta está calificada por la normativa como “adjudicación por un único criterio”, donde el factor a tener en cuenta es el mejor precio ofertado.

Por su parte, el concurso, denominado “adjudicación por una pluralidad de criterios”, no sólo depende del precio sino además de aquellos otros puntos que se encuentren recogidos en el pliego. El anuncio de licitación ha de establecer igualmente la ponderación concerniente a cada criterio; o en su caso, a falta de ello, la ordenación decreciente de los criterios por orden de importancia. Y si la toma de decisión está supeditada a un juicio de valor, será llevada a cabo por un comité de expertos independiente del órgano proponente del contrato. Otorgándosele a la Administración contratante en el sistema de concurso determinada discrecionalidad a la hora de valorar. No obstante, la justicia está facultada para controlar si su conducta se ciñe a parámetros coherentes. Empleándose el concurso principalmente cuando los proyectos o presupuestos no pueden ser definidos plenamente por la Administración. O cuando se repute que los proyectos pueden ser mejorados en las propuestas de los candidatos a través de modificaciones o disminución del plazo de ejecución. O por ser la ejecución especialmente compleja o se necesite tecnología avanzada. (9)

Otra de las conductas indebidas señaladas por los empresarios eran las licitaciones colusorias. Las conductas colusorias, prohibidas por ley, (10) están encarnadas por el acuerdo entre dos o más operadores económicos para falsear la competencia y obtener ventajas propias del monopolio. Desvirtuando con ello la economía de libre mercado y perjudicando al consumidor final, al tener que pagar más por un producto que en una situación de libre concurrencia. Degradándose además habitualmente la calidad del producto o servicio, ya que el operador económico no está en la necesidad de lidiar con otros competidores para atraer consumidores. (11) Circunscribiéndose concretamente las licitaciones colusorias a la concertación de pactos entre contratistas, para organizarse a la hora de presentar ofertas a una subasta o concurso público. Cuando lo lógico sería que dichas compañías compitieran entre ellas. Obteniendo con esta práctica un contrato más ventajoso, en perjuicio de la Administración Pública que se verá abocada a pagar un precio superior al del mercado. La empresa ganadora suele compensar al resto de entidades mercantiles con las que ha alcanzado acuerdos para que presenten ofertas más elevadas, inaceptables, se abstengan, retiren su oferta de la licitación. Incluso hay veces que concurren conjuntamente cuando lo razonable hubiese sido que presentasen las ofertas por separado. Y bien pueden repartirse los turnos, un área geográfica o una cartera de clientes específica. (12)

Un ejemplo fueron las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a unas empresas del ámbito de la construcción por precisamente prácticas colusorias. Entidades mercantiles que convinieron secretamente modificar las ofertas a la hora de presentarse a una licitación pública, que tenía por objeto la pavimentación y rehabilitación de carreteras. Pactando no sólo las ofertas sino el vencedor de la licitación. Lo que supuso un mayor coste para la Administración convocante. Declarando el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), órgano encargado de ejercer la potestad sancionadora por la comisión de infracciones, que: “Estamos ante un mecanismo que opera repetidamente, con el mismo objeto y bajo las mismas pautas, en diversas licitaciones, sin perjuicio de que varíe el órgano que convoca la licitación o el territorio donde vaya a situarse la obra. Puede considerarse que este mecanismo colusorio da lugar a diferentes acuerdos para cada licitación, pero cada uno de los acuerdos es parte de una estrategia única (…). De hecho, se ha acreditado que en una misma reunión se han alcanzado acuerdos sobre licitaciones diferentes que han sido convocadas de manera próxima en el tiempo (…). También se ha acreditado que el mecanismo de pago de compensaciones no funcionaba de manera independiente para cada licitación, sino que en ocasiones las empresas compensaban entre sí pagos de diferentes licitaciones.” (13)

Estimando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a comienzos del 2015, que la carencia de competencia y la corrupción provocan un sobrecoste en la contratación española correspondiente al 4,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Lo que equivale al 25% de la cantidad total dedicada a licitaciones de servicios a nivel estatal. O lo que es igual a un importe de 48.000 millones de euros. (14) Lo que supone prácticamente el 37% de la cuantía destinada en los Presupuestos Generales del 2015 al pago de las pensiones de todos los españoles, que es la partida más alta del calificado como gasto social. (15) Afirmando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que: “cuando hay corrupción siempre existe falta de competencia.” Entre los comportamientos inadecuados, además de las prácticas colusorias, resalta la creación de empresas públicas a las que se les adjudica supuestamente a dedo contratos del Estado. Así como la costumbre de extender hasta el máximo temporal que permite la normativa las concesiones, sin que se dé un análisis previo de su exigencia y coherencia. También se queja de la escasa transparencia en los procesos de adjudicación, como de la publicidad inadecuada de los mismos. (16)   

Muchas de las denuncias por presuntas corruptelas en la contratación pública señalan al sector de la construcción y a la recogida de residuos. (17) Ya en el 2012 el Tribunal de Cuentas nacional reflejó su parecer acerca de esta cuestión, en un documento que recogía los resultados de una auditoría realizada sobre más de 2.500 contratos adjudicados entre 2006 y 2007 por las Administraciones Públicas autonómicas. Alertando del excesivo uso de la tramitación por vía de urgencia de los expedientes, con una incompleta motivación, sorteando con ello condiciones más restrictivas de contratación. Utilización desmedida del concurso y no la subasta. Justificación insuficiente de los criterios de selección. Se detectó igualmente un exceso de contratos de consultoría, adoleciendo de una argumentación convincente sobre su necesidad y el por qué no se podía hacer esa prestación con medios personales y materiales propios de la Administración. Pobre razonamiento de la modificación de contratos públicos. Motivación insuficiente de las adjudicaciones. Hipotético mal uso del procedimiento negociado. (18) 

Y es que el urbanismo y la contratación pública ostentan el triste récord en materia de corrupción. Atacando virulentamente el corazón de la Administración Pública. Que por mandato constitucional debe servir con objetividad a los intereses generales. (19) Y responder a los principios de: libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. (20) Quedando prohibida la arbitrariedad de los poderes públicos. (21) Entendida pues la corrupción como el uso indebido que hace un funcionario o autoridad pública del poder conferido para servir a ese fin común, con el propósito de conseguir ventajas para sí mismo o un tercero, o bien ejerce una gestión dolosa de lo público. Dilapidando con ello los recursos económicos del conjunto, destinados esencialmente a mantener bienes públicos. Aquellos que están fuera de la esfera individual y que la sociedad ha optado por su gestión pública, encargándola a unos pocos para que los administren convenientemente. Entre los delitos concretos derivados de la contratación pública, tipificados en el Código Penal, se encuentran: la prevaricación; el cohecho; tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; fraudes ilegales; negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

La prevaricación se incardina en el artículo 404 del Código Penal. Definida como la resolución arbitraria dictada por un funcionario público o autoridad en un asunto administrativo, a pesar de ser consciente de su injusticia. Resolución entendida como aquel acto administrativo que contiene una decisión que afecta a los derechos del administrado, ya sea escrita, oral o presunta, o sea, la relativa al silencio administrativo. Manifestación de voluntad que está sometida al Derecho Administrativo. Ergo, configurándose como autores del delito de prevaricación aquellos sujetos que tengan atribuida la competencia para dictar dichos actos administrativos, lo que incluye tanto a los funcionarios públicos como a las autoridades. La incidencia de la prevaricación es considerable en los procesos de adjudicación de los contratos públicos. Ya sea infringiendo la forma que debe tener el procedimiento o conculcando los principios generales del mismo. 

Un ejemplo de vulneración de los requisitos formales del procedimiento de adjudicación, sería optar por una modalidad incorrecta para un supuesto concreto. (22) Como adjudicar, por parte de autoridades municipales, directamente obras. Prescindiendo de la tramitación del expediente de contratación y obviando el procedimiento legalmente establecido. (23) 

También cabe mencionar el veredicto de culpabilidad dictado contra un máximo regidor municipal y ediles por no respetar el procedimiento legal fijado. En este caso resulta reseñable que los ediles adujeron que no fueron advertidos en ningún momento por los técnicos municipales de la irregularidad cometida, afirmando el Tribunal que: “tal advertencia no es requisito necesario para que la conducta pueda ser calificada de prevaricación, debiendo atenderse a las circunstancias del caso, en este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 986/2005, de 21 de julio, señalaba ante una alegación similar que "En modo alguno puede entenderse condicionada la punibilidad de la conducta arbitraria e injusta a las advertencias de ilegalidad que hubiera debido hacer el funcionario técnico a la autoridad decisoria no técnica. Se pretendería de este modo que la resolución, pese a su arbitrariedad e injusticia, no fuese punible si se hubiera omitido tales advertencias. Los recurrentes insisten en la expuesta opinión, evidentemente errónea, porque las advertencias de ilegalidad, a las que el Código Penal no alude, habrán de valorarse, si existen, como elementos añadidos de convicción para la apreciación del dolo en la producción del acto administrativo injusto, sin perjuicio de que su eventual inexistencia pudiera comportar responsabilidad exigible al funcionario omitente de su obligación profesional. En cualquier caso, procede reiterar la irrelevancia penal de la omisión de tal advertencia, al menos en el sentido de su inexigibilidad como elemento condicionante del tipo delictivo y de la apreciación de la conducta punible".” (24)

Esta puntualización del Tribunal es importante porque hay que recordar que la mayoría de casos de corrupción se dan en el término municipal, suscitados por: contratación de personas sin seguir los cauces legalmente establecidos; en el ámbito del urbanismo; en el área de la contratación pública. Estando incluso relacionado en ocasiones con la financiación de los partidos políticos. Y también es el territorio donde prácticamente se aprecia la comisión del delito electoral. (25) De donde parten las redes clientelares. Además a ello se une el escaso grado de formación jurídica de los ediles. Existiendo un número destacable que sólo dispone de los estudios básicos, con nulo conocimiento de procedimiento administrativo. En el 2009 declaraba la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en una nota de prensa: “El perfil del concejal español es el de un hombre de entre 26 y 45 años, con estudios elementales y que repite mandato. El perfil del alcalde es similar, salvo que avanza un tramo en la edad mayoritaria, situándose entre los 46 y 65 años, según datos extraídos del Registro de Representantes Electos del Ministerio de Política Territorial.” (26) Con lo que si a este hecho sumamos que la normativa es bastante farragosa y el amplio margen de poder de la figura del Alcalde fuerte español (“strong-mayor”), quizás lo extraño es que no hayan más condenas. Y es que de poco sirve endurecer las penas para quien desconoce las normas, por mucho que el artículo 6.1 del Código Civil diga que: “La ignorancia de las leyes no excusa de su incumplimiento.” Estando sometidos los políticos locales diariamente a la presión de innumerables personas que presuntamente reclaman su favor correspondiente. Y en ningún caso podríamos poner condicionantes de formación para poder participar en los asuntos públicos directamente, porque entonces vulneraríamos ya derechos fundamentales, al quedar proscrita cualquier clase de discriminación. (27) Teniendo derecho todos los ciudadanos a acceder a un cargo electo en condiciones de igualdad. (28)

La prevaricación también se da cuando se vulneran los principios del procedimiento de adjudicación. Ahora el contrato no contraviene los requisitos formales legales, pero conculca principios tales como la transparencia e imparcialidad. (29) Por ejemplo, la existencia de pactos previos entre el contratista y el funcionario o cargo público. Así el Tribunal Supremo, en un castigo impuesto a un concejal por prevaricación al pactar con un empresario la adjudicación directa de trabajos de reducido importe para el mantenimiento del municipio, alega: “el Concejal, aun sin reglamentación, actúa con vulneración patente de las exigencias establecidas en el art. 103 de la Constitución, a cuyo tenor, la Administración sirve con objetividad los intereses generales, y con sometimiento a la Ley y al Derecho con garantía de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.” En este caso en el ilícito convergía además el cohecho, ya que el edil recibía una comisión del contratista y apostillaba el Alto Tribunal: “Resulta patente que el encargo directo a las empresas de las que cobraba comisiones o la preselección de estas mismas empresas para la adjudicación de las obras de cuantía superior, a la que se informaba sobre las condiciones que debían contener las ofertas, constituye supuestos claros de torcimiento del derecho, típico de la prevaricación.” Apreciándose concurso real de delitos (artículo 73 del Código Penal). (30)

Empero, la prevaricación por infracción de los principios de la contratación no tiene que estar necesariamente unida al cohecho. Pudiendo el acuerdo previo entre empresario y funcionario o cargo público estar motivado por razones de simple amistad. Un prototipo es el “Caso Treball”, circunscrito al encargo de unos estudios a todas luces prescindibles, que no respondían supuestamente a una necesidad real y que incluso eran copias de otras publicaciones. Por lo que a la declaración de culpabilidad por prevaricación se unió la de malversación de caudales públicos. Siendo la primera infracción necesaria para llegar a la segunda y por tanto apreciándose la figura del concurso medial (artículo 77 del Código Penal). Al tratar de dar el procedimiento de adjudicación una “apariencia a una sustracción de fondos públicos.” (31)

Incluso, puede que se cometa prevaricación, conculcando los principios del procedimiento de adjudicación, al entender el funcionario público o autoridad que con ello contribuye a los intereses generales. Sin necesidad de que medie cohecho o amistad alguna por la que se intente beneficiar a un tercero. En este sentido es llamativo el fallo judicial contra el Alcalde que pactó por escrito con un empresario introducir en el pliego de condiciones una cláusula de retracto. Adjudicación con la que se pretendía conceder el aprovechamiento del corcho de los montes municipales. Acuerdo previo, que se había llevado a cabo también en años anteriores, al que se llegó porque el empresario en cuestión se comprometía a ingresar como adelanto en las arcas municipales una determinada cantidad de dinero que se destinaría como ayuda a tareas de veredas y suelos. Obligándose, a cambio de ese dinero, la entidad local a ejercer el derecho de retracto incluido en el pliego de condiciones de la adjudicación, siempre que el empresario presentara una oferta más alta. Con lo que una vez se adjudica provisionalmente a quien realiza la mejor oferta, el Alcalde ejerce acto seguido el derecho de retracto alegando que la cuantía ofertada no era suficiente. Presentando el empresario con el que tenía un concierto, y que hasta ese momento no había intervenido, una nueva oferta un poco superior a la adjudicada provisionalmente. Y al argumentar que la subasta se había quedado desierta se le adjudica definitivamente. El Tribunal Supremo concluyó que se trataba: “de una estratagema para simular una legalidad en la contratación administrativa, estableciendo un sistema de adjudicación directa, pactado con anterioridad a la convocatoria de la subasta, por el que el beneficiario no tendría necesidad de concurrir y sólo bastaría conocer la mejor plica y superarla si le convenía, todo ello con una contraprestación (…). una actuación de aparente legalidad que encubre una fórmula para la adjudicación directa, con transgresión del ordenamiento jurídico especialmente dispuesto para asegurar la transparencia en la contratación administrativa por los Ayuntamientos y en esto radica la resolución arbitraria.” (32)

Asimismo, el delito de prevaricación se puede cometer no sólo individualmente, sino también colectivamente. (33) Aseverando el Tribunal Supremo que: “Este delito se comete no solamente por los funcionarios que ejercen en un órgano unipersonal, sino también por todos los que, ostentando esta condición, están integrados en un órgano colegiado, bien en su condición de Presidente o de simple miembro de la corporación, siempre que concurran en cada uno de ellos las exigencias del tipo penal de la prevaricación, es decir, que sus voluntades confluyan en la formación de la resolución injusta o arbitraria.” (34) Hechos por los que se condena a los cargos electos municipales que conformaban la Junta de Gobierno Local, a raíz de la adjudicación irregular del servicio municipal de limpieza, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

Los supuestos de corrupción en la contratación pública pueden estar relacionados igualmente con el delito de cohecho. Entre las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo, se muestra ilustrativa la del “Caso Urralburo”. Donde un ex presidente autonómico fue declarado culpable por un delito continuado de cohecho (artículo 420 del Código Penal), junto a otros, entre los que se encontraba el ex consejero de obras públicas. En palabras del Alto Tribunal, a consecuencia de la “percepción clandestina de comisiones por la ilícita adjudicación de obras.” (35) 

Concretamente el artículo 424 del Código Penal cita particularmente el cohecho en relación con la contratación de las Administraciones Públicas. Castigando además “al particular y, en su caso, a la sociedad, asociación u organización a que representare”, que ofrezca o entregue una dádiva a la autoridad o funcionario público. Cuando la actuación pretendida o conseguida fuera hacerse con la adjudicación del contrato público.

La dádiva puede consistir en dinero, regalos, u otra clase de contraprestación, como por ejemplo permitir residir en una vivienda, la condonación de deudas. (36) La iniciativa cabe que parta del funcionario o autoridad pública, pero también puede surgir del contratista. La contrapartida es que se adjudique el contrato al particular o que se hagan actuaciones encaminadas a este propósito. El cohecho es frecuente que vaya acompañado del delito de prevaricación. Pues el soborno en la contratación pública provoca la arbitrariedad de la resolución. Con lo que lo habitual es encontrar el cohecho, tipificado en el artículo 419 del Código Penal, en concurso real con la prevaricación, contemplada en el artículo 404 del Código Penal.

Incluso para que se dé el cohecho no es necesario que la dádiva se solicite o conceda para el beneficio personal de la autoridad o funcionario público, sino cabe igualmente cuando el destinatario es el partido político al que pertenece. (37) En lo relativo a esta cuestión el Tribunal Supremo considera que en el “cohecho hay un componente lucrativo que mueve al funcionario a la recepción de los beneficios recibidos por la dádiva o regalo. Este lucro o ventaja personal no es necesario que se canalice exclusivamente en favor del interesado o de sus familiares o allegados, pudiendo tener una última y final aplicación en favor de alguna entidad pública o privada (…). Pero no por ello desaparece el elemento subjetivo personal del autor ya que éste satisface su deseo de beneficiarse, aprovechándose de las ventajas políticas que le proporciona el figurar como principal causante e intermediario en el aumento de las arcas del partido político al que pertenece. No es necesaria para la consumación del tipo delictivo, que el dinero o los regalos vayan a parar directamente al peculio particular del funcionario corrupto, basta con que éste se haya beneficiado indirectamente y en otras facetas de actividad personal, como puede ser el ostentar un cargo importante en el partido político, situación que se ve reforzada cuando puede alegar y esgrimir, frente a sus correligionarios, la importancia de su papel al servicio de las finanzas del partido político finalmente beneficiado.” (38)

Otro delito que puede intervenir a la hora de conceder un contrato público es el tráfico de influencias. Descrito por el artículo 428 del Código Penal como aquel que se comete cuando un funcionario público o autoridad, prevaliéndose de su posición, influye en otro que tiene que adoptar una resolución. Dicha superioridad puede ser fruto “del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad.” (39) Resultando imprescindible que se de en el sujeto activo el propósito de “conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.” El delito se consuma aunque no se haya dictado la resolución u obtenido el beneficio económico esperado. Cometiendo prevaricación el funcionario público o autoridad que se deja influir cuando dicte la resolución injusta. (40)

En lo tocante al concepto de influir: “la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1998 señalaba que la influencia "es la sugestión, inclinación, invitación o instigación que una persona lleva a cabo sobre otra para alterar el proceso motivador de ésta, que ha de ser una autoridad o funcionario, respecto de una decisión a tomar en un asunto relativo a su cargo, abusando de una situación de superioridad, lo que un sector de la doctrina científica ha llamado ataque a la libertad del funcionario a autoridad que tiene que adoptar, en el ejercicio de su cargo, una decisión, introduciendo en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos que debieran ser los únicos ingredientes de su análisis previo a la decisión".” (41)

Un supuesto arquetípico fue la condena al Alcalde, accionista además de un Club de fútbol, que ideó que su Ayuntamiento patrocinara la publicidad de las camisetas del referido equipo deportivo. Persuadiendo al Primer Teniente de Alcalde para que firmara el contrato, sorteando así la cuestión de incompatibilidad a la que estaba sujeto. Pues el prevalimiento del Alcalde sobre el concejal se puede manifestar por el temor de éste último a no ser incluido en las listas electorales de los siguientes comicios. (42) 

Por su parte en el artículo 429 del Código Penal, se dan los mismos requisitos que en el artículo 428 del Código Penal, sólo que se castiga al particular que influye en un funcionario público o autoridad. Aquí igualmente el funcionario público o autoridad que se deja influir cometería prevaricación cuando dictase la resolución injusta. (43)

Un caso que ejemplifica esta cuestión es el castigo a un concejal por tráfico de influencias (artículo 428 del Código Penal). Sentencia relativa a la adjudicación de distintas obras. Quien para el Tribunal influyó sobre funcionarios públicos dependientes de su área, con el fin de conseguir una resolución que reportara beneficios económicos a terceros. Pero a su vez quedó demostrado que un amigo del concejal, que no era funcionario público ni autoridad, había influido sobre el edil con el mismo objetivo. No obstante, en este último caso el particular fue condenado igualmente por prevaricación, pero la circunscrita al tipo del artículo 429 del Código Penal. (44)

Después, entre los delitos que pueden aparecer en la contratación pública, está el de malversación. Así, si la prevaricación y el tráfico de influencias suelen acontecer en la fase de adjudicación de los contratos públicos, la malversación habitualmente emerge en la de ejecución. Ya que es cuando se produce el desplazamiento de caudales públicos y se presenta la posibilidad de que el funcionario público o autoridad pueda sustraerlos. El delito sólo se consuma si la sustracción es efectiva. No modificando la pena el hecho de devolver después lo sustraído si el tribunal reputa el “animus rem sibi habendi”, es decir, si ha existido el propósito inicial de hacer suyo lo malversado. Predominando en el ámbito de la contratación pública la conducta tipificada en el artículo 432 del Código Penal. Se comete el ilícito en el caso de que la autoridad o funcionario público sustraiga caudales o efectos públicos de los que sea responsable en función de su cargo, o consienta que otro lo haga. Debiendo existir ánimo de lucro. (45)

Al efecto, podemos sacar a colación el fallo judicial contra ciertos cargos electos que concedieron subvenciones de concesión directa a una productora audiovisual de la que eran socios. El objeto era que la Administración patrocinara ciertos programas, que supuestamente no se emitieron. A través del expediente administrativo se trataba presuntamente de dar apariencia legal a una desviación de fondos públicos. (46) Siendo el ilícito habitual en materia de contratación pública la adjudicación directa, pagando la Administración Pública por un servicio que realmente no se va a realizar. Como el encargo de un informe de un cargo público a un asesor particular suyo, a modo de agradecimiento. Informe innecesario y copiado de otro disponible en Internet. Dándose un delito de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos. (47)

No obstante, también cabe apreciar como malversación, la sustracción no sólo del dinero, sino que puede ser otro tipo de objetos. Como cuando se autoriza el gasto para la ejecución de una obra y se emplea la mano de obra para efectuar modificaciones en la vivienda particular del funcionario público o autoridad. Semejante al supuesto de un Alcalde que usó dinero público destinado a un fin concreto municipal para sufragar obras en un bien inmueble particular. (48)

Aunque estas conductas pueden encajarse igualmente en el artículo 433 ó 434 del Código Penal. (49) Dándose una atenuante en el primer tipo si se devuelven los bienes dentro de los diez días siguientes a la incoación del proceso. Mientras que el segundo castiga el simple uso privado de bienes pertenecientes a la Administración Pública, como el uso de un teléfono portátil que se desinstala de un coche municipal para instalarlo en el vehículo particular del Alcalde. (50) Y  es que: “por caudales (…) han de entenderse, no solo el metálico, sino que el concepto penal de "caudales" es mucho más amplio abarcando, sin ánimo exhaustivo, los billetes de lotería, el capital de las sociedades públicas, los bienes muebles y en general cualquier clase de bienes muebles y con valor económico, dinero, efectos negociables u otros bienes o derechos que forman parte de un activo de un patrimonio público y también (…) cualquier bien y fuerza de trabajo, incluidos por consiguiente aquellos supuestos en los que se utiliza a un empleado municipal en horas en las que debe prestar su servicio en el Ayuntamiento, y se beneficia de dicho trabajo un particular (…). En definitiva a los efectos del delito de malversación deben entenderse por caudales públicos todo bien mueble susceptible de una valoración económica, así como la distracción de bienes o servicios públicos cuyo importe corra a cargo de la Administración .” (51) Sentencia del Tribunal Supremo que declara culpables a dos concejalas por utilizar trabajadores municipales para realizar labores en vivienda privada. Y añade la misma resolución judicial que: “El delito de malversación, ya sea propia, la del art. 432, ya impropia, la del art. 433 tiene por finalidad tutelar no solo el patrimonio público y el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial de la Administración en cualquiera de sus manifestaciones, sino también proteger la confianza de la ciudadanía en el correcto manejo de los fondos públicos por parte de los representantes públicos.” (52)

Por otro lado, está el fraude recogido en el artículo 436 del Código Penal. Que se sanciona cuando el funcionario público o autoridad que interviene en cualquiera de los actos de las modalidades de contratación pública, por razón de su cargo, se concertare con los interesados, o se valiera de otro artificio, para defraudar a la Administración Pública. Y se castiga tanto al funcionario público o autoridad como al particular. (53) Un supuesto sería la autoridad o funcionario público que pacta con una empresa inflar las facturas, sobrecoste del que se beneficiarán ambos según lo acordado. Y luego de autorizar el pago recibe el dinero convenido por parte de la entidad mercantil. Siendo el fraude un delito de mera actividad, que se consuma simplemente cuando se haya dado la concertación con el objetivo de defraudar. Correspondiendo la aprehensión en sí de los caudales a la malversación. Por lo que se produce un concurso medial entre ambos delitos. (54)

Por último estarían las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, castigadas por el artículo 439 del Código Penal. Delito que se circunscribe a la intervención del funcionario público o autoridad en la contratación pública. Quien se aprovecha de su posición para lograr una participación de tales negocios. La jurisprudencia demuestra que esta práctica afecta mayormente a Alcaldes o concejales, quienes terminan resolviendo, individual o colectivamente, sobre la adjudicación de los contratos. Persiguiendo el legislador con este tipo evitar que cualquier miembro de la corporación, que intervenga en la contratación, se sirva de su posición en la Administración para conseguir una resolución que beneficie, por ejemplo, a sus propios negocios. Funcionario público o autoridad que por mandato legal se ha de abstener de participar en dicho proceso cuando afecta a sus intereses personales. Ya se participe en dichas entidades mercantiles directamente o por persona interpuesta, o sea, por medio de familiares cercanos o testaferros. Conducta que se reconduce frecuentemente por parte de los tribunales a una sanción administrativa. (55) 

Pongamos el supuesto hipotético de que un particular habla con su amigo, funcionario público o autoridad. Con el fin de que medie ante el órgano competente para que se le adjudique un contrato. Cabría entonces en dicha conducta encontrar los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. (56) Con lo que si hilamos fino, presumiblemente tendríamos que destinar una descomunal partida presupuestaria para perseguir actuaciones como las descritas. Y más si atendemos a figuras tan difusas como los fraudes ilegales y las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. A lo que añadimos, en palabras de Ángeles Jareño Leal, en una nota en el pie de la página 179 de su obra “Corrupción y delincuencia de los funcionarios en la contratación pública”, que: “También hay que tener en cuenta que existe una cifra de denuncias que se hacen con ánimo “revanchista” por parte del grupo político de la oposición en cada caso.” Ensayo donde analiza las conductas delictuales habituales en la contratación pública. (57) 

Algunos propondrán, como remedio, interminables e ininteligibles reformas legislativas, no siendo factible prever todos los casos que se puedan dar. Debiendo recordarse que una mayor regulación no es igual a menor corrupción, sino más bien al contrario. Y es que, ¿no resulta más fácil y barato prevenir que curar? Actuando en origen antes de que se cometa el mal. Se ganaría en democracia institucional y se ahorraría en el dispendio de recursos económicos públicos. Que al ser escasos y salir de los impuestos de todos los contribuyentes españoles, se han de usar eficaz y eficientemente. Presentándose nuevamente como la alternativa más acertada el recortar poder discrecional a las autoridades, empezando por el primer escalón, los Ayuntamientos. Por ser las entidades locales los puntos más afectados del sistema, según refleja la dilatada jurisprudencia sobre esta cuestión. No siendo, parafraseando a Buchanan, un problema de personas sino de reglas del juego.

Porque hasta el más altruista puede contravenir las normas, con el fin de conseguir un objetivo que él cree beneficioso para la comunidad o que con ello ayuda a un vecino desfavorecido. Si bien el fin jamás justifica los medios. Advirtiendo el Tribunal Supremo: “cuando se traspasan los límites de la legalidad, aunque sea un poco, ya no hay límite en la medida que se está en el campo de la ilegalidad, y en esta situación no puede operar el principio de mínima intervención.” (58)

Sin embargo, el ciudadano de a pie, piensa que la corrupción es cosa de abyectos seres. Quizás influido por las raíces culturales católicas, sobre que la maldad debe ser algo ajeno al ser humano. Mas en todo ser humano convive un lado oscuro y otro luminoso. El doctor Jekyll y el señor Hyde de la famosa novela de Robert Louis Stevenson (1850-1894). 

Empero, a la vez que alberga esta opinión, una parte considerable de la ciudadanía aplaude en tiempos de crisis presuntos mensajes demagógicos cómo: “el trabajo para los de aquí”. ¿Qué pensarían los munícipes de una localidad si una empresa externa a su comunidad se lleva las adjudicaciones de obras, en detrimento de las locales? Entidad mercantil que además cumple con el mandato contractual mediante personal foráneo. Siguiendo lo esgrimido por las nuevas Directivas europeas, las denominadas de cuarta generación, que buscan abrir las contrataciones a todos los operadores económicos de la Unión. ¿Estarían conformes en que se amañaran los concursos para poder revertir la situación? Y es que aunque la propuesta de la empresa local fuese más cara, contrataría a los desempleados del pueblo. Hay que partir de la evidencia de que los recursos públicos se conciben en el imaginario colectivo como algo difuso, al aceptarse calificativos para los servicios de “gratis” cuando realmente se costean vía tributos. Si les preguntasen individualmente responderían probablemente que no, que hay que cumplir las normas, a pesar de las consecuencias, siendo eso lo único correcto. Pero en masa, ¿cuál sería la contestación? Si es también que no, no encajaría con el auge en toda Europa de los nacionalismos: el Frente Nacional en Francia o el UKIP en el Reino Unido. En una sociedad en la que desde sus orígenes tiende hacia la tribu y no a las comunidades abiertas. (59)

Sirva como constatación de este asunto la ulterior cita del “Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública” de la Unión Europea: “Los mercados de la contratación pública, y en especial los proyectos de obras de gran envergadura, se consideran a menudo un lucrativo blanco de potenciales sobornos. Se ha de subrayar también que la integridad del proceso no solo está en peligro en el caso de la corrupción, bastante obvio, sino también, más en general, en todos los casos de favoritismo, aunque no impliquen necesariamente una conducta corrupta, como las muestras de favoritismo por un candidato local.” (60)

Y es que somos más bien seres emocionales y no racionales. (61) Constituyendo una de las actividades más habituales del pensamiento la toma de decisiones. Debiendo escoger cada día entre las dispares opciones que se nos presentan. Habiéndose descubierto recientemente la gran influencia que las emociones ejercen en esos mecanismos decisorios, transformándolos en procesos menos costosos, más rápidos y personalizados para cada individuo. De tal modo que si careciéramos de ellas se haría harto difícil decidir. Y es que resultaría casi imposible emplear sólo un mecanismo racional, por no disponer de suficiente tiempo, ni de la memoria exigida. Pues tendríamos que evaluar todas las opciones factibles, considerar sus desenlaces, fijar además el cálculo del coste y beneficio de cada una de ellas, con el fin de compararlas entre sí y decantarnos por la mejor opción. Por eso los procesos racionales son ayudados fuertemente por otros de componente emocional. (62) Además, somos seres auto-interesados, aunque lo neguemos, por simple espíritu animal de supervivencia. Es por todo ello por lo que hay que trabajar sobre el sistema. Porque hacer un diagnóstico en base a un ideal y no a la realidad sólo nos conduciría a errar.

La necesaria separación de poderes

Una constante preocupación del primer Estado liberal fue garantizar la separación de poderes. Definiéndola Montesquieu (1689-1755), en su obra “El espíritu de las leyes” de 1748, de la siguiente manera: “Hay en todos los Estados tres especies de poder: el legislativo, el de ejecutar aquello que depende del derecho de gentes y el de ejecutar lo que depende del derecho civil.

Por el primero, el príncipe o el magistrado hace leyes, para algún tiempo o para siempre, y corrige y abroga las que existen. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, vela por la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, castiga los crímenes o juzga los pleitos de los particulares. Éste último debe llamarse poder judicial y el otro simplemente poder ejecutivo del Estado.

La libertad política, en los ciudadanos, es aquella tranquilidad de ánimo que nace de la opinión que cada uno tiene de su seguridad; y para que exista esta libertad, es menester que ningún ciudadano pueda temer a otro.

Cuando el poder legislativo y el ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo de magistrados, no hay libertad, porque puede temerse que el monarca o el tirano hagan leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente.

No hay tampoco libertad si el poder judicial no está separado del legislativo y el ejecutivo. Si está unido a la potestad legislativa, el poder de decidir de la vida y la libertad de los ciudadanos será arbitrario, porque el juez será al mismo tiempo legislador: si está unido al poder ejecutivo, el juez tendrá en su mano la fuerza de un opresor.

Todo estaría perdido si el mismo hombre, o el mismo cuerpo de los próceres o de los nobles o del pueblo, ejerciese estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias de los particulares.” (1)

Separación de poderes, que ya había esbozado Locke (1632-1704), y que ha de quedar fijada en la Constitución. Norma encargada de regular las relaciones entre el Estado y la sociedad. De tal manera que aseveraría el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada en Francia en 1789, que aquella sociedad en la que la separación de poderes no esté establecida “no tiene constitución”. Texto que persigue garantizar la libertad del individuo dentro de la organización política. Y busca limitar la arbitrariedad del poder político, al obligarlo a someterse al Derecho. Habiendo imperado hasta ese momento de la historia la parcialidad. (2)

Pues bien, esa embrionaria concepción, de que los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) se controlaran entre sí, con el fin de evitar cualquier clase de abuso, se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. De modo que en el supuesto español, queda en entredicho el poder judicial. Habiendo ya alertado el Consejo de Europa a España por la presunta intromisión de la política en los órganos judiciales, mostrando de igual modo su preocupación por la proliferación de los casos de corrupción. Así, el Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) emitió el 15 de enero de 2014 un informe. Documento en el que hacía énfasis en la necesaria imparcialidad de la Fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), además proponía revisar el criterio de ascenso de los jueces. (3)

No en vano, España ocupó en el ranking que elabora World Economic Forum, periodo 2013-1014, en cuanto a independencia judicial, el puesto 72. Justo por delante de Irán. Mientras Finlandia estaba en el número 2, el Reino Unido en el 6 ó Alemania en el 13. Incluso Portugal estaba mejor situada en el lugar 51, aunque Italia se posicionaba en el 70 y Grecia en el 84. (4)

Sin embargo, afirma la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que: “De la forma en que la Ley Orgánica regula la independencia del Poder Judicial se puede afirmar que posee una característica: su plenitud. Plenitud que se deriva de la obligación que se impone a los poderes públicos y a los particulares de respetar la independencia del Poder Judicial y de la absoluta sustracción del estatuto jurídico de Jueces y Magistrados a toda posible interferencia que parta de los otros poderes del Estado.” Empero, estas palabras poco tienen que ver con las sugerencias esgrimidas por el Consejo de Europa. Por tanto, ¿nos encontramos ante otro hecho más de lo vaticinado por el insigne regeneracionista Joaquín Costa (1846-1911)? Es decir, “la superposición de dos Estados, uno legal, otro consuetudinario: máquina perfecta el primero, regimentada por leyes admirables, pero que no funciona”. Idea recogida en su obra: “Oligarquía y caciquismo como forma de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla”. (5) Escrito que se debiera releer mil veces si realmente se aspira a comprender el presente. Porque como ya advirtió el filósofo Santayana (1863-1952): “Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo”. (6)

Mostrándose interesante traer a colación al respecto la afirmación del catedrático Alejandro Nieto, recogida en la página 133 de su libro “El desgobierno judicial”: “Seguimos, pues, en un régimen de oligarquía y caciquismo que ahora es mejor calificar de partitocracia. Ambos tienen en común la dominación política de la Administración de Justicia, puesto que no es serio hablar, ni siquiera nominalmente, de un Poder Judicial. Aunque también existe una nota diferencial que sería injusto silenciar. Durante la Restauración los caciques intervenían en casi todos los litigios, puesto que el sistema les exigía que protegiesen a sus fieles en toda clase de situaciones. Mientras que ahora la intervención política se reserva para casos singulares, “políticamente delicados”, aquellos que afectan a los intereses del partido y de sus amigos, permaneciendo neutrales en los demás litigios, que son la mayoría.” No obstante, asegura en la página 18: “hay políticos de tan liviana sustancia que no resulta rentable protegerlos en caso de ilegalidades notorias. Un partido no se erosiona porque se condene a un concejal de un ayuntamiento pequeño.” Y prosigue, también: “hay supuestos en los que el partido o el gobierno se distancian ostentativamente del acusado para evitar que les salpiquen los delitos manifiestos de él.”

Mas ahora, que tanto se pone en cuestión la etapa de la Transición, no estaría mal rememorar que los primeros legisladores si fueron conscientes de la necesidad de separar nítidamente el poder judicial del resto. Siendo posteriormente cuando las líneas comenzaron a difuminarse. Precisamente la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980 determinaba, en su artículo séptimo, que el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, estaría conformado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidiría, y por veinte Vocales. De los cuales: 12 serían designados por Jueces y Magistrados entre ellos (“mediante voto personal, igual, directo y secreto” -artículo 13-); 4 se propondrían por el Congreso de los Diputados; y otros 4 por el Senado. En estos dos últimos casos entre Abogados y otros juristas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. Reflejando así lo mandatado por el artículo 122.3 de la Constitución española. (7) Sistema que se utilizó sólo para la selección del primer Consejo. (8)

Si bien, en 1985 se modifica la Ley, pasando a recaer en el Congreso y Senado la potestad de escoger a todos los Vocales. Lo que en sí contraviene la Carta europea sobre el estatuto de los jueces, aprobada en julio de 1998 por el Consejo de Europa. (9) Por lo que dicho órgano, en su informe del 15 de enero del 2014, aconsejó a España que al menos la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fueran elegidos por los propios jueces. (10)

En 1986 el Tribunal Constitucional se pronunciaba sobre esta variación legislativa, ante un recurso de inconstitucionalidad presentado contra dicha norma. (11) Asegurando que la finalidad perseguida por el artículo 122.3 de la Constitución española es garantizar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleje “el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial”. Por lo que lo ideal para cumplir dicho objetivo sería que los 12 Vocales fueran escogidos por “los propios Jueces y Magistrados.” No obstante, añade el Tribunal, que tal finalidad tampoco se ve “absolutamente negada al adoptarse otro procedimiento” de elección. Ya  que argumenta que sólo “se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada (…) si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atienden sólo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.” Y concluye manifestando: “La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma Constitucional, parece aconsejar su sustitución pero no es fundamento bastante para declarar su invalidez.” (12)

Vislumbrando ahora el Consejo de Europa la sombra del referido riesgo vaticinado por el Tribunal Constitucional en 1986. Ergo, instándonos prácticamente a retornar a la Ley de 1980. Al proseguir la norma actual con la elección neta de los Vocales por el Congreso y el Senado, aunque se permite que 12 jueces, seis por cada Cámara, sean propuestos por Jueces y Magistrados.

Porque conforme a la afirmación realizada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 1986: “la verdadera garantía de que el consejo cumpla el papel que le ha sido asignado por la Constitución en defensa de la independencia judicial no consiste en que sea el órgano de autogobierno de los jueces, sino en que ocupe una posición autónoma y no subordinada a los demás poderes públicos.” (13)

Incluso en el 2013 se le da un giro más a la norma. Los 20 Vocales siguen siendo escogidos por las Cámaras (Congreso y Senado), elegidos por mayoría de tres quintos de sus miembros, según mandato constitucional. Pero ahora se permite que la renovación no tenga que hacerse de la totalidad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se puede nombrar a los 10 primeros Vocales por el Senado, por ejemplo, y después renovar a los otros 10 por el Congreso cuando haya acuerdo.

Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el encargado de ejecutar la política de ascensos dentro de la carrera judicial. Habiendo apuntado el Consejo de Europa hacia una hipotética discrecionalidad en la evaluación de los méritos. Suscitando mayores dudas de imparcialidad la modificación del 2013, pues si bien anteriormente se exigía en las votaciones para cargos importantes una mayoría de tres quintos, ahora sólo se requiere para designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Bastando con una mayoría simple para el resto de nombramientos. (14)

Llamativa es la crítica que hace Alejandro Nieto sobre esta cuestión en las páginas 136 a 137 de su obra “El desgobierno judicial”: “el juez que no es tenido por afecto (…) no participará de las dulzuras que proporciona la amistad del Poder, sobre todo en los cambios de destinos ascendentes, dado que los puestos delicados y todos los altos quedan reservados para los jueces fieles, que son los únicos que pueden hacer buena carrera.”

Por otro lado, el artículo 124 de la Constitución española regula la figura del Ministerio Fiscal. Decretando el apartado 1 del citado precepto que: “El Ministerio Fiscal (…) tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.” Quedando su estructura determinada a través de la Ley que regula su Estatuto Orgánico.

Solicitando el Consejo de Europa, en cuanto al Fiscal General del Estado, replantear el método de selección, además de su periodo de mandato. (15) Y es que la forma de su nombramiento y la estructura jerárquica de la Fiscalía pueden suscitar controversia entre la independencia que se le presupone a la justicia y los intereses del Gobierno. (16)

A este tenor, resulta ilustrativa nuevamente la ulterior cita del catedrático Alejandro Nieto, que aparece en la página 120 de su libro “El desgobierno judicial”: “la actividad de los jueces es inseparable del Ministerio Fiscal y éste depende rigurosamente del ministro de Justicia, que condiciona, a través de aquél, la función judicial. Mientras el Poder Judicial se encuentre indisolublemente unido al Ministerio Fiscal y éste no sea independiente, será ilusoria la independencia de aquél.”

Distintos profesionales nacionales han propuesto una nueva redacción del artículo 124 de la Constitución española. Para quienes el Fiscal General del Estado debe ser escogido por los ciudadanos, en base a su currículum profesional. Pudiéndose presentar para el puesto sólo fiscales con más de 15 años de experiencia en el cargo. Quedando vetada cualquier tipo de campaña electoral. La duración del mandato estaría entre 5 ó 7 años. De similar manera podría establecerse la elección de la figura del Fiscal de Distrito, (17) semejante al modelo estadounidense.

Otra forma de injerencia en la justicia, que pudiera acontecer, correspondería a la presión de interesadas campañas comunicativas. Las cuales parece que persiguen modular en cierta manera el criterio social. Como ese mantra que se enarbola de hipotéticas sentencias “ejemplarizantes”, cuando el cometido exclusivo de los tribunales es discernir si unos hechos son subsumibles de castigo o no. Quedando fuera de su ámbito cualquier valoración de componente moral o ético. Y debiendo ser fieles seguidores de uno de los principios fundamentales de una sociedad liberal, el principio de dignidad. Axioma que dictamina que las personas han de ser juzgadas por lo que hacen y no por lo que son. Ya que ser político no presupone en sí ni un estigma, ni una virtud. Ni la circunstancia de haber nacido en un año u otro le confiere a esa persona un áurea de regeneración o decrepitud. Porque lo contrario sería vulnerar el artículo 14 de la Constitución española, la igualdad ante la ley.

Operando no sólo la presunción de inocencia, contemplada en el artículo 24.2 de la Constitución española, sino el principio “in dubio pro reo”. Recuerda el Tribunal Supremo que el: “derecho de presunción de inocencia (…) "se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo validas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos.” (18) Y continúa afirmando que: “la presunción de inocencia se desenvuelve en el marco de la carga probatoria y supone (…) que no es el acusado a quien corresponde demostrar que es inocente frente a la acusación que contra él se formula, sino que es a quien la mantiene a quien compete acreditar la imputación mediante las correspondientes pruebas, practicadas con validez jurídica y que puedan objetivamente reputarse como pruebas de cargo. (…) El principio in dubio pro reo, se diferencia de la presunción de inocencia en que se dirige al Juzgador como norma de interpretación para establecer que en aquellos casos en los que a pesar de haberse realizado una actividad probatoria normal, tales pruebas dejasen duda en el ánimo del Juzgador, se incline a favor de la tesis que beneficie al acusado (…). (…) Hoy en día la jurisprudencia reconoce que el principio in dubio pro reo forma parte del derecho a la presunción de inocencia.” (19)

No hace mucho que la palabra “sub júdice” comportaba algún significado. Declinando cualquier cargo público hacer la más mínima declaración fuera de los juzgados sobre un asunto que estuviese pendiente de resolución judicial. Y si alguien tenía algo que aportar, responsablemente se personaba en la causa a través de un abogado. Pero cuando quedó patente que eran los juicios paralelos lo que más rédito daba, se prefirió abandonar la coherente susodicha forma de proceder. Contaminando por consiguiente la imparcialidad judicial. Transformando el derecho a un juicio justo en utopía. (20) La jurisprudencia norteamericana incluso recoge supuestos de anulación de condenas. Donde se estima que el jurado ha quedado influenciado, debido a la información perjudicial vertida sobre el caso en los medios de comunicación. Al reputarse vulnerado el derecho a ser juzgado por un jurado imparcial. Pues no queda garantizado que sólo se haya tenido en cuenta, a la hora de emitir el veredicto, las pruebas practicadas durante el juicio. (21) 

Y es que si caemos en este juego de huida hacia delante, intentando hacer ver que sacrificando a unos pocos chivos expiatorios se acaba el problema, habremos finiquitado ya los cimientos sobre los que se erige el Estado liberal. Pues la esencia del mismo es la salvaguarda de unos derechos fundamentales, inalienables al individuo, que nadie puede infringir. Contemplándose con estupor el que para atajar los males que castigan a España se proponga como remedio transgredir uno a uno tales derechos. Mientras, muchos aplauden encantados un espectáculo que a veces pareciera sacado de un proceso inquisitorial, más propio del oscuro pasado español.

En tanto el artículo 23.1 de la Constitución afirma que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, con independencia de su grado de formación o condición social. Empero, hay quien sugiere que dependiendo del año en que naciste ya estás invalidado. Lo que viene a ser la estela del pensamiento del hombre nuevo de la religión secular, teorizada por Dalmacio Negro. (22)  O que para ser cargo público se han de exigir unos estudios determinados o hablar un idioma concreto. Entonces, si aceptamos esto, ya no estaríamos hablando de democracia sino de tecnocracia. Y queriendo huir de la supuesta partitocracia o partidocracia vigente acabaríamos en otro modelo no muy distinto e igualmente pernicioso.

Empero, estas propuestas más bien aparentan eslóganes para hacer ver que todo cambia, cuando realmente sigue igual; no obstante, camuflado hasta que amaine el temporal. Porque “son los grandes ladrones los que hacen que se cuelgue a los pequeños”, conforme a lo razonado por Diógenes Laercio. (23) Escritor griego nacido en el siglo III d.C. (24) Si no, siempre queda el último recurso: “El pueblo nos ha defraudado. Si no cumple con su deber, el Gobierno lo disolverá y elegirá a otro” (Bertolt Brecht). (25)

Y es que no hay que inventar nada nuevo, sino reajustar las reglas del juego, volviendo a la imprescindible separación de poderes. De modo que aun llegando el menos dotado al poder, pueda hacer escasos desbarajustes que perjudiquen al resto. Si no, caemos en el riesgo de convertirnos en una caquistocracia o el gobierno de los peores. (26) Consecuencia inevitable del deterioro extremo de las instituciones. Porque en una partidocracia: “el partido suele seleccionar a los mediocres, a los más cómodos: para que no den guerra ni se separen de las instrucciones de la oligarquía y luego les salgan rivales o disidentes. Tienen que tener conciencia de que lo deben todo al partido (“el que se mueve, no sale en la foto”). Es, en definitiva, una selección negativa.” (Nieto, 2013, p. 126). (27)

Planteamientos que tendrían muy difícil encaje constitucional. Socavando, si se les otorgase, todavía más la hipotéticamente cuestionada imagen del Tribunal Constitucional. (28) Órgano en teoría encargado de expulsar del ordenamiento toda aquella norma que contravenga la Constitución. Vinculando sus resoluciones a los jueces y tribunales, que deberán aplicar las leyes y preceptos constitucionales según su interpretación. (29) El Tribunal Constitucional está compuesto por 12 miembros. 4 son elegidos por el Congreso, por mayoría de tres quintos de sus miembros. Correspondiendo también 4 al Senado, escogidos por la misma mayoría. Otros 2 los propone el Gobierno y 2 más el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). (30) Manifestando Alejandro Nieto en la página 380 de “El desgobierno de lo Público”: “En la actualidad ya no se elige a sus vocales por su competencia jurídica y temple moral, sino por su “fidelidad inquebrantable” al partido que les propone, de tal manera que en los asuntos delicados ya se sabe de antemano el sentido del voto de cada uno.”

Para promover la independencia del Tribunal Constitucional se ha creado una plataforma, impulsada por distintos profesionales. Quienes apoyan una nueva redacción del artículo 159 de la Constitución española. Precepto donde se regula la conformación de este órgano. Teniendo para este colectivo que contener el siguiente tenor literal:

“1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey como consecuencia del resultado de la elección pública celebrada entre todos los ciudadanos por elección directa entre diferentes candidatos. La elección se debe realizar con base en el currículo profesional y un escrito explicativo de cada candidato. La jornada de elección debe convocarse con voto obligatorio de todos los ciudadanos pero sin campaña electoral y con prohibición expresa de participación o pronunciamiento de los partidos políticos respecto de los diferentes candidatos a miembros del Tribunal Constitucional.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser elegidos y nombrados sólo entre Magistrados y Fiscales, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de cincuenta años de edad y veinte años de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 15 años improrrogables. No obstante, cesarán en sus funciones si se inhabilitaran para el ejercicio de las mismas, siempre que la concurrencia de esta circunstancia sea apreciada por la mayoría del Pleno del Tribunal en los términos que fije su ley orgánica” (31)

En lo atinente al poder legislativo, luego de la Primera Guerra Mundial, el parlamento pierde preponderancia en favor del ejecutivo, quedando prácticamente eclipsado hoy por este último. Resultando un claro síntoma de que aunque pensemos que sí, a esto ya no se le podría llamar estrictamente democracia. Sin contar que en algunas naciones como España, además lo que impera es un Estado de partidos, al carecer de elección uninominal por circunscripción electoral. Agravado por el hecho de reconocerse nimiamente la voz de las minorías, al adolecer de la segunda vuelta o del sistema de rondas múltiples, que consigue los mismos efectos pero evita el costo de dos elecciones seguidas. Habiendo optado por la controvertida Ley D’Hondt que refuerza a las organizaciones mayoritarias. Derivando en el angosto bipartidismo y pudiendo desembocar finalmente las mayorías en el consabido populismo o en gobiernos tiránicos característicos del siglo XX. (32)

La función legislativa es de suma importancia, por ser la encargada de marcar las pautas a realizar al poder ejecutivo. Depositaria de la autoridad conferida a través de las urnas por los ciudadanos. Conformando los Parlamentos, donde reside la voluntad nacional. Órgano constitucional supremo en una democracia. (33) Por eso es tan importante preservar la relación directa del ciudadano con el representante electo por su circunscripción. Vínculo garantizado exclusivamente por la elección uninominal por circunscripción electoral, al relegarse al partido a un segundo plano. Porque de esa manera que repita en el escaño el político sólo depende de la decisión de sus votantes, y no de que su organización o jefe de filas lo promocione. Pudiendo así convertirse en la auténtica voz del ciudadano, haciendo llegar a la Cámara sus reclamos.  

En base a lo expuesto, en el Estado de partidos actual, quedaría sin sentido el artículo 66.1 de la Constitución española: “Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.” Ya que no es al pueblo español al que presuntamente representan, sino a los partidos, y su importancia se restringiría en favor del Ejecutivo. También el artículo 66.2, en cuanto que las Cortes Generales “controlan la acción del Gobierno”. Puesto que no hay tal control cuando una mayoría compacta domina las Cámaras. Poniéndose asimismo en entredicho el artículo 1.3: “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. Monarquía seguro, pero parlamentaria aunque en la forma sí, en el fondo con numerosas dudas. Y el artículo 1.2: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.” Demostrándose reiteradamente en la práctica que son los partidos los que detentan la soberanía y no el pueblo.

Se plantea igualmente la veracidad del artículo 67.2: “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.” Usado durante la Edad Media, cuando los señores feudales hacían oír sus voces a través de sus portavoces. Y entonces, ¿qué es la disciplina de partido sino un claro incumplimiento de este artículo constitucional?

Recordando el Tribunal Constitucional que: “(…) Los representantes dan efectividad al derecho de los ciudadanos a participar y no de ninguna organización como el partido político. (…) el derecho a participar corresponde a los ciudadanos, y no a los partidos; que los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los partidos (…)” (34)

Con la disciplina de partido se fomenta una actitud monolítica de las organizaciones. Imponiendo la mayoría dirigente su parecer a las minorías. Castigando a los cargos públicos que no acaten sus órdenes: bien quedando relegados de la primera línea, o decretando su expulsión. Frente a estos evidentes hechos, algunos se justifican con que el parlamentario puede aducir objeción de conciencia, salvaguardándole con ello de no tener que votar algo en lo que no cree. Pero de hacerlo, ¿cuál sería realmente el trato recibido por los órganos directivos de su partido? (35) Mas, existe una técnica de seducción muy sutil, la sanción económica por votar en contra, (36) que puede oscilar entre 300 €, 400 € (37) ó 600 €. (38)

Muy distinto a lo que sucede en Alemania, donde el artículo 38.1 de la Constitución de 1949 ya dictamina que “los diputados serán representantes del pueblo en su conjunto, no ligados a mandatos ni instrucciones, y sujetos únicamente a su conciencia.” (39) O en EEUU donde Barack Obama tuvo que convencer a cada representante político de las bondades de su propuesta de reforma sanitaria, con independencia de que pertenecieran o no a su formación. O el ejemplo de Tony Blair en el Reino Unido, quien tuvo que persuadir a sus compañeros para que lo apoyaran en la Guerra de Irak. (40)

Con lo que las asambleas legislativas españolas, a nivel nacional o autonómico, incluso los Plenos municipales, se vuelven un mero trámite procedimental. Pues si el partido que gobierna dispone de mayoría, impondrá directamente sus propuestas. Pudiendo a efectos prácticos incluso el portavoz votar por sus compañeros. Por mucho que el artículo 79.3 de la Constitución española afirme que: “El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.” Dinamitando la realidad la esencia de dicho órgano constitucional, al prescindirse de los necesarios debates democráticos.

Hay quien argumenta que ante el nuevo panorama político español, al previsiblemente conformarse los futuribles gobiernos por más de un partido, esto cambiará. Para quienes piensan así lo mejor es que empiecen a leer actas municipales de cualquier localidad nacional. Donde aunque el gobierno lo conformen 2 ó 3 organizaciones, cuando llegan al Pleno ya lo traen todo acordado. Sirviendo la oposición únicamente de comparsa de un protocolo que hay que cumplir porque lo marca la ley. Un Pleno donde sus miembros se oyen, pero no se escuchan. Igual de democrático que si se limitaran a enviar el orden del día y documentación telemáticamente y los ediles a emitir el voto también electrónicamente. Lo único que de este modo se le ahorraría dinero al sufrido contribuyente. Y donde bajo ningún concepto se le puede dar la razón al contrario, vaya a ser que se pierda brillo ante el ciudadano. Lo más que puede pasar es que, al estar gobernado distintas formaciones a través de pactos, se produzcan varios cambios de bastón de mando durante una misma legislatura. Y: “Donde dije digo, digo Diego.” (41)

Revuelto contexto que se avecinaría y que terminaría por otorgarle suficientes argumentos a los de siempre para en los siguientes comicios basar su campaña en mensajes de contraste: “nosotros estabilidad y ellos caos”. Y como a lo largo de la historia, en la definida por Ortega como “las dos Españas”, vuelta a empezar. Porque de la única modificación de la que se habla es de la de intercambio de cromos: “Quítate tú para ponerme yo”. Pero nunca de incidir en las fallas del sistema. Con el propósito de asimilarlo al de las democracias más estables y avanzadas. Ergo, condenados a repetir el mismo capítulo una y otra vez. Sin posibilidad de pasar página. Incapacitados para llegar a la Tercera España anhelada por Madariaga. La de la libertad, la integración y el progreso.

La chispa que propició la irrupción del Estado liberal fue acabar con la concentración de poderes en unas pocas manos. Característica propia de las monarquías absolutas. Amenazando con ello la integridad del ciudadano, indefenso ante tanta disparidad de fuerza. Abocado a contemplar impotente actos abusivos y arbitrarios. Mostrándose irónico por tanto, ahora, que con el paso del tiempo hayamos retornado casi al principio. Alzándose victorioso el Ejecutivo sobre el resto de poderes. Lo que conduce a la inevitable proliferación de la corrupción, al fallar el sistema de contrapesos inicialmente concebido. (42)

“Un Estado debidamente institucionalizado, en cambio, no tolera ciertos abusos y mucho menos la alteración de papeles: los gobernantes están al servicio del Estado y no éste al servicio de aquellos. Un ente institucionalizado supone una organización con ciertos resortes vitales que le permiten resistir determinadas agresiones tanto externas como internas. En un Estado de este tipo, por ejemplo, las arbitrariedades con los ciudadanos son corregidas por los Tribunales de Justicia (…) y las irregularidades internas se bloquean, casi de forma automática, por la Intervención General, la Inspección de Servicios o el Tribunal de Cuentas. Pero, en cambio, un Estado desvertebrado (…), como es el español, carece (…) de capacidad de resistencia.” (Nieto, 2013, p. 122). (43)

La contaminación de la función pública

Teniendo en cuenta el tipo de vínculo que une al empleado público con la Administración nos podemos encontrar ante un modelo abierto o de puestos de trabajo, o un modelo cerrado o de carrera. Si bien en la actualidad puro no existe ninguno, sino que predominan los sistemas que se inclinan hacia un extremo u otro.

El elemento estructural propio del modelo abierto de Administración es el puesto de trabajo, “que agrupa una serie de funciones, tareas o responsabilidades asignadas a un titular” (Aldomà Buixadè, 2010, p.20). (1) Es decir, utiliza los mismos criterios que la empresa privada, de eficacia y eficiencia, pudiendo prescindir de tales trabajadores en cualquier momento, con atención a su normativa laboral. Rigiéndose por una flexibilidad en las condiciones de empleo. Basando la elección del candidato en su idoneidad para un puesto concreto. No se prevé un sistema de promoción. Un ejemplo característico es Suecia.

En contraposición estaría el modelo de Administración cerrado propio del régimen funcionarial. Regido no por un vínculo contractual como el modelo abierto, sino estatutario, procedente de leyes y reglamentos. Su elemento estructural es el cuerpo, en el que se agrupan los funcionarios atendiendo a su titulación académica. En el que se establece un sistema de ascensos denominado carrera, pudiéndose acceder a otra clase de ocupación distinta de la inicial. Donde el funcionario gana su plaza de por vida, resultando únicamente factible apartarle por las específicas circunstancias que la ley recoja. Modelo arquetípico de Francia.

Siendo la Administración española un híbrido entre ambos, al configurarse a través de: puestos de trabajo y carrera. Por lo que recibe la denominación de sistema mixto. Compuesto por funcionarios (de carrera e interinos), personal eventual y personal laboral. Ahora bien, la norma general es que los puestos de trabajo estén ocupados por los funcionarios y excepcionalmente, si lo permite la ley, por personal laboral. Y así lo ha afirmado el Tribunal Constitucional. (2)

Son funcionarios de carrera (3) aquellos que a través de un nombramiento legal, otorgado por la autoridad competente de cada Administración, desempeñan servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Permanencia que lo diferencia del funcionario interino, (4) que ejerce las funciones del de carrera de forma temporal, hasta que termina el motivo por el cual se le nombró. También podrán cesar por idénticas causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera.

A los funcionarios interinos se les aplica el mismo régimen que a los de carrera, en lo que sea adecuado a la naturaleza temporal de su relación. Su selección se tiene que hacer mediante procedimientos ágiles que garanticen su incorporación inmediata a la Administración. No obstante, han de respetarse en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Su nombramiento sólo procede por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. Y se ha de dar alguna de las ulteriores circunstancias: existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera; sustitución transitoria de los titulares; ejecución de programas de carácter temporal; y exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.

El personal eventual (5) es aquel nombrado libremente por el cargo electo para realizar exclusivamente labores de confianza o asesoramiento especial. Su cese quedará igualmente al libre arbitrio del político que lo nombró, dándose siempre cuando dicho gobernante deje su cargo. Además no podrá en ningún caso desempeñar funciones reservadas a funcionarios o a personal laboral. 

Mientras que el personal laboral (6) es aquel vinculado a la Administración por un contrato de trabajo. Cuya duración determinará si se trata de fijo, indefinido o temporal. Por último está la figura del personal Directivo, (7) quien desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas. Cabiendo su adscripción como personal laboral o funcionarial. Su desempeño se evaluará conforme a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación a los objetivos fijados.  (8)

Los sistemas de selección (9) son: la oposición, el concurso-oposición y el concurso de méritos. El primero se circunscribe a una serie de pruebas a determinar por la Administración convocante. En el concurso de méritos se valora el currículum de los aspirantes, en base al criterio fijado por la Administración convocante. Que debe guardar relación con el tipo de plaza convocada y las funciones que se han de desempeñar. Mientras que el concurso-oposición es una mezcla de los dos anteriores sistemas de selección. Pues se establecen no sólo pruebas, sino que se valoran asimismo ciertas condiciones del candidato (formación, méritos, experiencia).

Procedimientos selectivos que han de estar dirigidos por los ulteriores principios constitucionales: publicidad de las convocatorias; deber de prevalecer el mérito y la capacidad del candidato a la hora de ser escogido; se ha de garantizar también un trato igual a los concurrentes, quedando proscrita valoración discriminatoria alguna; así como la arbitrariedad. (10)

De tal manera que el Tribunal Constitucional ha declarado que: “El art. 23.2 de la C.E. al reconocer a los ciudadanos el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicas con los requisitos que señalen las Leyes, concreta el principio general de igualdad en el ámbito de la función pública. No confiere derecho sustantivo alguno a la ocupación de cargos ni a desempeñar funciones determinadas (…), sino que garantiza a los ciudadanos una situación jurídica de igualdad en el acceso a las funciones públicas, con la consiguiente imposibilidad de establecer requisitos para acceder a las mismas que tengan carácter discriminatorio (…). E interpretado sistemáticamente con el segundo inciso del art. 103.3 de la C.E. impone la obligación de no exigir para el acceso a la función pública requisito o condición alguna que no sea referible a los principios de mérito y capacidad (…).”  (11)

El procedimiento de selección arranca con la conformación del órgano de selección (12) y termina con la propuesta de nombramientos, que se remite al órgano que ha convocado la selección. Sin embargo, con anterioridad se han de aprobar y publicar las bases de la convocatoria, que son de obligado cumplimiento para todos los participantes en el proceso. Una vez publicadas las bases, y dentro de los plazos indicados en las mismas, los interesados pueden presentar sus solicitudes. Cuando culmine dicho intervalo de tiempo se aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. Para pasarse a celebrar después las pruebas. Y una vez finalizado el proceso selectivo se hará público el listado de personas aprobadas, ordenándolas de mayor a menor puntuación conseguida. Culminando el proceso con el nombramiento de funcionarios por parte del órgano competente. (13)

Los actos que ponen fin al procedimiento de selección de funcionarios, pueden ser objeto de impugnación, tanto en vía administrativa como judicial, como actos administrativos que son. De igual modo, los actos de trámite que imposibiliten a un aspirante proseguir en el proceso selectivo. Actos que pueden ser también revisados de oficio por la Administración si incurren en nulidad de pleno derecho.

Pudiéndose alegar: deficiente configuración de los tribunales; incumplimientos procedimentales o de cuestiones de fondo, al no atenerse a los principios de capacidad y mérito en la valoración; incluso desviación de poder como resultado de presuntos tratos de favor.

No obstante, el candidato que recurre judicialmente suele encontrarse ante el muro de la reiteradamente invocada discrecionalidad técnica. Defendida por parte de la doctrina en la selección de los candidatos. Aduciendo que les corresponde a los Tribunales calificadores de concursos y oposiciones estimar los méritos y capacidad de los concurrentes. Y que su criterio siempre será más justo y técnicamente más correcto que el de los Tribunales de justicia encargados de revisar sus decisiones. (14) Discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección que consagra además el artículo 55.2 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Utilizando unas afirmaciones del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: “discrecionalidad técnica, en la que los tribunales de justicia no pueden sustituir las valoraciones de las comisiones administrativas, cuando se ha seguido el procedimiento establecido en las bases.” Y concluye que: “Según una jurisprudencia constante, los tribunales de oposiciones y concursos son soberanos en las áreas técnicas a ellos reservadas.” (15) Lo que, para el Tribunal Supremo, “no impide la revisión jurisdiccional en ciertos casos en que concurren defectos formales sustanciales o que se ha producido indefensión, arbitrariedad o desviación de poder.” (16)

Puntualizando la Audiencia Nacional que: “La labor del tribunal calificador, puede ser impugnada con éxito, bien porque los criterios que haya establecido para el desarrollo y aplicación de las bases, sean contrarios a la letra o al espíritu de las bases de la convocatoria; bien porque no hayan observado el principio de igualdad en el desarrollo de las pruebas; bien porque hayan aplicado erróneamente los criterios de valoración a la actividad desarrollada por los participantes.” (17)

Si bien, el Tribunal Supremo ha precisado que: “una cosa es el núcleo del juicio técnico sobre el que opera esa clase de discrecionalidad y otra diferente la obligación de explicar las razones de ese juicio técnico cuando expresamente hayan sido demandadas o cuando se haya planteado la revisión de la calificación que exteriorice ese juicio técnico. Esto último queda fuera del ámbito propio del llamado juicio de discrecionalidad técnica, ya que, ante la expresa petición de que dicho juicio sea explicado o ante su revisión, la constitucional prohibición de arbitrariedad hace intolerable el silencio sobre las razones que hayan conducido a emitir el concreto juicio de que se trate".

(…) el contenido de la motivación (…) debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás.

(…) También la última doctrina de esta Sala ha señalado que uno de los límites que, entre otros, afectan a la llamada discrecionalidad técnica es el referido a la obligación de respetar las exigencias que son inherentes a la singular configuración de las pruebas de tipo test. Doctrina que consiste en señalar que ese límite no forma parte del núcleo de la discrecionalidad técnica y, por ello, puede ser objeto de control jurisdiccional. (…) y el resultado del control judicial así realizado ha consistido en exigir, en dichas pruebas, una cota máxima de precisión para la formulación tanto de las cuestiones como de la respuestas alternativas que sean ofrecidas respecto de cada una de esas cuestiones. (…).Y la exigencia tiene que ser una exactitud y precisión tal en la formulación de las pruebas que haga inequívoca cual es la respuesta más acertada entre las diferentes opciones ofrecidas (…).” (18)

Pues sólo en los casos más flagrantes se puede detectar la desviación de poder y por ende la existencia de una arbitrariedad manifiesta. En cuyo caso sí podrían anularse judicialmente las decisiones del órgano calificador. (19) Es por ello que hay quien aboga por convertir las pruebas selectivas en exámenes tipo test, que hacen casi imposible que pueda darse el trato de favor. (20)

El control de la desviación de poder por los Tribunales de lo contencioso-administrativo encuentra su fundamento en el artículo 70.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Precepto que la define como “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.” Un Caso paradigmático sería cuando se termina otorgando la plaza a quien ya venía ocupándola. Celebrándose un proceso selectivo sólo para dar apariencia de legalidad, estando la decisión previamente adoptada. Diseñándose la convocatoria por tanto para beneficiar a una persona concreta. Lo que ejemplifica el ulterior pronunciamiento judicial: “cabe apreciar que las potestades administrativas desarrolladas por el Tribunal Calificador aparecen dirigidas, no al fin indicado por las normas de que derivaban, de cubrir las plazas convocadas con los aspirantes que demostraran más mérito y capacidad, (…), sino que la Administración se movió con el móvil ilegítimo de mantener en las plazas convocadas a unas concretas personas que las venían desempeñando.” (21) Anulándose consecuentemente el acto calificador recurrido. (22) 

Según el Tribunal Supremo: “El vicio de desviación de poder consagrado a nivel Constitucional en el art. 106.1 en relación con el art. 103.1 de la CE y definido en el [artículo 70.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa] como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el Ordenamiento Jurídico, supone la existencia de un acto administrativo ajustado en sus requisitos extrínsecos a la legalidad y que, no obstante, está afectado de invalidez por contravenir en su motivación interna el sentido teleológico de la actividad administrativa, que ha de orientarse siempre a la promoción del interés público y a ineludibles principios de moralidad”. (23)

Empero, el Alto Tribunal ha concretado en lo atinente a la desviación de poder que: “La jurisprudencia ha declarado sobre este vicio de la actuación administrativa (…) que no puede exigirse, por razón de su propia naturaleza, una prueba plena sobre su existencia, pero tampoco puede fundarse en meras presunciones o conjeturas, siendo necesario acreditar la concurrencia de hechos o elementos suficientes para formar en el Tribunal la convicción de que la Administración acomodó su actuación a la legalidad, pero con finalidad distinta a la pretendida por la norma aplicable.” (24)

Y es que en palabras del Magistrado especialista de lo Contencioso-Administrativo José Ramón Chaves García, sacadas de la página 9 de su libro: “Control de concursos y oposiciones en la jurisprudencia”: “asistimos a un periodo de crisis económica en que la competencia y ansiedad para lograr el empleo público se acrecienta y con ello cobra mayor atención la pureza de los procedimientos selectivos. El ciudadano puede entender que no existan plazas públicas para todos y que resulte eliminado del procedimiento por no superar las pruebas, pero lo que le resulta insoportable es que el resultado se decida de forma arbitraria, en camarillas, compadreos o bajo criterios alejados del mérito y la capacidad.”

Aunque, para que se aprecie responsabilidad penal, y no el mero ilícito administrativo, el acto administrativo ha de presentar: “caracteres notoriamente contradictorios con los valores que debe salvaguardar y respetar. Más recientemente la jurisprudencia (…) exige para rellenar el contenido de la arbitrariedad que la resolución no sólo sea jurídicamente incorrecta, sino que además no sea sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la Ley.” (25) Razonamiento alegado por la Audiencia Provincial de Navarra, fundamentándolo en pronunciamientos del Tribunal Supremo. 

Pues no hay que olvidar el principio de última ratio o intervención mínima. El cual estima la concepción del Derecho Penal como último recurso. Actuando para la protección de bienes jurídicos fundamentales para la convivencia. Y sólo en cuanto a los ataques más graves e intolerables. Al ser la rama del ordenamiento jurídico que impone el tipo de penas más restrictivas. (26)

El Tribunal Supremo aclara: “El principio de intervención mínima implica que la sanción penal sólo deberá utilizarse para resolver conflictos cuando sea imprescindible. Uno de los supuestos de máxima expresión aparece cuando se trata de conductas, como las realizadas en el ámbito administrativo, para las que el ordenamiento ya tiene prevista una adecuada reacción orientada a mantener la legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos. El Derecho Penal solamente se ocupará de la sanción a los ataques más graves a la legalidad, constituidos por aquellas conductas que superan la mera contradicción con el Derecho para suponer un ataque consciente y grave a los intereses que precisamente las normas infringidas pretenden proteger.

De manera que es preciso distinguir entre las ilegalidades administrativas, aunque sean tan graves como para provocar la nulidad de pleno derecho, y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, suponen la comisión de un delito.” (27)

Entre los delitos que pueden acontecer en los procesos selectivos se encuentra mayormente el de prevaricación (artículo 404 del Código Penal). Tipo que exige que se dicte una resolución arbitraria, en un asunto administrativo, a sabiendas de su injusticia. (28) Ya que: “forma parte de la cultura cívica del ciudadano medio, al ser tópico que el ingreso en el servicio de las administraciones tiene un trámite reglado y no es graciable ni se rige por el capricho de quien se halle investido del correspondiente poder de decisión.” (29) Afirmación del Tribunal Supremo ante un caso donde resultó condenado un Alcalde, por hipotéticamente realizar una serie de contrataciones prescindiendo del mínimo procedimiento legal o reglamentario en la oferta pública de empleo y en la selección de las personas contratadas.

Otro delito es el de revelación de secretos (artículo 417 del Código Penal). Cometido por miembros del Tribunal calificador al facilitar preguntas y respuestas a los aspirantes, con el fin de asegurarles el aprobado. (30) Como fue el supuesto acaecido en unas oposiciones también celebradas en un Ayuntamiento. Manifestando el Tribunal Supremo que: “Con la divulgación de las preguntas del examen (…) el acusado menoscabó de forma irreversible el derecho de todos los aspirantes al acceso a la función pública en condiciones de igualdad, frustró las expectativas del resto de los opositores, cuya confianza en la vigencia de los principios de mérito y capacidad tuvo que resultar decisiva en la suscripción de la convocatoria. Erosionó también la imagen del Ayuntamiento (…), extendiendo la idea de nepotismo en los procesos de selección de los funcionarios públicos llamados a integrarse en su plantilla.” (31)

Por último, se encontraría el delito de falsificación de documento oficial (artículo 390 del Código Penal). Que acontece cuando se modifica el examen o la calificación conseguida por algún integrante del Tribunal calificador. (32) Ya que conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo: “son documentos oficiales los expedidos o utilizados por las diversas administraciones públicas en el desarrollo de su regular funcionamiento y para la efectividad de sus fines institucionales.” (33) Hechos que sirven para ejemplificar esta clase de delito, donde se modificó un examen, en ese caso universitario. Aseverando el Alto Tribunal que: “la conducta prevista como criminal en el tipo penal de referencia, se concreta en la alteración del contenido expresivo de un texto. (…) Tal es el criterio seguido de manera regular en la jurisprudencia de esta sala, que entiende consumado el delito de falsedad cuando se materializa la alteración o mutación de verdad, aun en el caso de que el autor no hubiera llegado a obtener el fin perseguido con tal modo de actuar.” (34)

Por otro lado, hay que tener presente que esos funcionarios son los que han de ejercer una parte del control de la actividad gubernamental. Trabajadores que, en algunos casos, pudieran haber obtenido un presunto trato de favor sobre el resto de aspirantes a la hora de ingresar en la función pública. Con lo que su imparcialidad queda en entredicho. Al generarse la suspicacia de que sea hipotéticamente factible que hagan honor al tan mentado dicho nacional: “Es de bien nacidos ser agradecidos.” (35) Recordando además a buen seguro el de: “No muerdas la mano del que te da de comer.” (36)

Quienes debieran defender el interés general de la Administración Pública consagrado en el artículo 103 de la Constitución española, frente a la probable inclinación partidista de los políticos. (37) Cargos electos que cabe suponer que mantengan una mayor lealtad hacia el grupo del que provienen que respecto a los que no le son afines. En base al subconsciente tribal de todo ser humano. Resultando por ello ilógico abordar la corrupción como una cuestión propia de personas carentes de un código moral. Ya que su razonamiento es perfectamente acorde con los valores que aprendieron desde la infancia: “fidelidad y complicidad con los nuestros”.

En cualquier organización lo que se hace es establecer sistemas que eviten que determinadas situaciones se produzcan, o que por lo menos sean rápidamente detectables. Lo que parece impensable, en pro de remediar determinados males, es pedir la hoja de divinización. Porque perfecto sólo hay un ser y únicamente existe si se cree en él, al ser una cuestión de fe. Aunque este pensamiento quizá provenga de las raíces católicas españolas sobre la dicotomía del bien y el mal. No llegándose a ser consciente de que ambos polos anidan en el interior de cada individuo. Los Padres Fundadores de Estados Unidos sí lo tenían claro, es por ello que James Madison, cuarto presidente, sostuvo: “Si los hombres fueran ángeles no sería necesario el gobierno, y si fueran a ser gobernados por ángeles no se requeriría ningún control al gobierno, que es una administración de hombres sobre hombres”. (38)

“La hipótesis clientelar es plausible y se comprueba con la experiencia sobre todo en los ámbitos autonómico y local en los que cada renovación electoral produce la entrada masiva de nuevos empleados que no se ve compensada con la expulsión de los ingresados en el periodo anterior, puesto que entre nosotros nadie tiene coraje – ni nadie tiene buena conciencia – para expulsar a quienes ingresaron indebidamente. Se teme demasiado a la resistencia solidaria y el desgaste político sería demasiado fuerte. Así que hoy por ti mañana por mí (como suele decirse) cada elección trae una nueva hornada de empleados públicos que luego se enquistan indefinidamente en los escalafones y terminan formando una masa multicolor que nunca se emulsiona, puesto que cada uno conserva para siempre su marchamo político originario.” (Nieto, 2013, pp. 227-228). (39)

En fin: “la multitud de ejemplos de nepotismo y enchufismo deja claro que estos sistemas de selección son extremadamente débiles y manipulables, y que en definitiva su seriedad y rigor dependen de la buena voluntad del gestor de turno.” (Carrasco, 2014, p. 114). (40)

Al presunto trato de favor, en el ingreso a la función pública, hay que añadir el hecho de que la legislación española permite que los funcionarios puedan llegar a ocupar cargos electos sin perder su plaza. Lo que no se acepta en otras democracias avanzadas, ante el temor de menoscabar su imparcialidad. Configurado mediante la situación administrativa de servicios especiales, que se regula actualmente en el artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público. Figura pergeñada en el régimen franquista, que podría tener su lógica en un sistema dictatorial, pero que incomprensiblemente se ha mantenido en la democracia. (41)

Contrario a lo que ocurre con el “Civil Service” británico. Donde prima la neutralidad política y se prohíbe la participación de dichos funcionarios en las elecciones. Se le exige asimismo la máxima lealtad al gobierno, sea del signo político que sea. Debiéndose comportar con cada cargo electo como su más próximo consejero. Esta idea queda reflejada en la siguiente cita extraída del “Manual del Funcionario”, editado por la Tesorería: “Vosotros no podéis ser miembros del Parlamento y al mismo tiempo permanecer como servidores desinteresados e imparciales de ese Parlamento. El miembro del Parlamento debe tener la libertad de decir lo que piensa del Gobierno y de criticar sus acciones, cuando y como él quiera. El funcionario no puede tener esa libertad. Según los mismos principios, un funcionario no debe jugar abiertamente un papel en las luchas políticas, incluso si no tiene intención de presentarse como candidato en las elecciones. Esto no significa que no debáis tener opiniones políticas, que no debáis votar en las elecciones, sino simplemente que debéis absteneros de hacer cualquier cosa que pudiera hacer dudar a la opinión pública de vuestra imparcialidad en el ejercicio de vuestras funciones. Poco importa, naturalmente, el partido político al que pertenezcáis: el partido que tiene hoy la mayoría puede pasar a la oposición el año siguiente, la semana próxima, y si vuestra fidelidad al Gobierno no es ahora puesta en duda, podrá serlo entonces.” (42)

Otro punto, que igualmente pone en cuestión el debido control de los empleados públicos a la labor gubernativa, es la libre designación. Que se sustenta en la potestad de auto-organización de la Administración y se utiliza para cubrir los puestos de determinada relevancia, como el de Secretario, Interventor o Tesorero municipal. Entidades en las que prolifera la corrupción, a tenor de las múltiples sentencias dictadas por los tribunales de justicia españoles. Proponiéndose desde algunos sectores prohibir esta práctica, en pro de “reforzar la independencia e imparcialidad” de los citados funcionarios. (43)

Conforme a lo decretado por el artículo 80 del Estatuto Básico del Empleado Público: “La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.” Ergo, constituyendo “un mecanismo extraordinario o excepcional de provisión de plazas”, tal como ha manifestado el Tribunal Supremo. (44) 

Además, afirma el Alto Tribunal que: “como reiteradamente ha expuesto la jurisprudencia (...)el nombramiento (o la facultad de no nombrar a la persona propuesta) para cargos de libre designación constituye un acto administrativo singular y específico dentro de la categoría general de los actos discrecionales (letra f del artículo 54.1 de la Ley 30/92 modificada por Ley 4/99), consistiendo la singularidad en que tales nombramientos se basan en la existencia de un motivo de confianza que la autoridad facultada para la designación ha de tener en la persona designada, relación de confianza que sólo puede apreciar esa misma autoridad que verifica el nombramiento.” (45) Ahora bien, la “libre designación no es equiparable a falta de explicación.” (46) Pues también rige el principio de mérito y capacidad. Por lo que consecuentemente se debe motivar qué criterios se han tomado para decidir el nombramiento. Así como las cualidades consideradas en la persona nombrada para reputar que en ella concurren dichos criterios por encima del resto de aspirantes. 

Pudiendo ser cesados también discrecionalmente, bajo razones de pérdida de confianza. (47) Para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: “La justificación de esta potestad de libre remoción es clara: al tratarse de puestos en los que predomina la relación de confianza , la Administración dispone de un alto grado de discrecionalidad en su provisión, que conlleva, como lógico correlato, idénticas facultades en orden a disponer el cese del funcionario que, para acceder a dicho puesto, se ha beneficiado inicialmente del amplio margen de apreciación que viene conferido al órgano administrativo correspondiente.” (48)

Conclusivamente, una puerta abierta para que el gobernante de turno elija hipotéticamente al funcionario más dócil o tolerante con sus desviados comportamientos. Quizás no interviniendo activamente en los mismos, pero mirando para otro lado cuando presuntamente se comete, cuanto menos, arbitrariedad. Figura que limita con la desviación de poder o la ya penalmente reprochable prevaricación. Y pensando tal vez que para qué meterse en jaleos y convertirse en alguien incómodo al que puedan atacar o simplemente cesar en su cargo. Mientras, el político gana un argumento, ante futuribles procesos judiciales que se puedan abrir. En los que aducirá que no tiene conocimientos jurídicos y que a él nadie le advirtió de que eso no se podía hacer. Porque como anunciaba el famoso eslogan nacional: “Spain is different!”. (49)

Finalmente, para que el funcionario sea independiente, y plenamente libre para desarrollar su obligada actividad de control sobre la gestión del cargo público, se ha de dar una última cuestión. Que su remuneración no dependa de la decisión de ese político.

Las retribuciones de los funcionarios (50) son: las básicas y las complementarias. Las primeras corresponden a su cuerpo y escala (sueldo, trienios y pagas extraordinarias). Mientras que las complementarias se determinan en función del puesto de trabajo y son: el complemento de destino, el complemento específico, el complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios. (51)

La cuantía del sueldo va en relación con la titulación académica exigida para adscribirse a cada cuerpo y escala. (52) Los trienios “consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio”  (artículo 23.b del Estatuto Básico del Empleado Público). Las pagas extraordinarias son dos al año, (53) “por un importe mínimo cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios, se devengarán los meses de junio y diciembre” (artículo 23.2.c de la Ley de medidas para la reforma de la Función Pública).

Dentro de las retribuciones complementarias el complemento de destino va en función del puesto que se desempeñe. (54) Mediante el complemento específico (55) se retribuye las condiciones especiales de ciertos puestos de trabajo, atendiendo a: su particular dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. Pero sólo se puede asignar un complemento específico por cada puesto de trabajo. El complemento de productividad (56) está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o la iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo. Y por último,  las gratificaciones por servicios extraordinarios (57) son de carácter excepcional y únicamente caben por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo. Su cuantía en ningún caso puede ser fija, ni periódico su devengo. (58)

Por su parte, el artículo 28 del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 23.4 de la Ley de medidas para la reforma de la Función Pública hacen mención a las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio. (59) Reguladas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo y por el que se abonan dietas o gastos de desplazamiento.

De tal manera que el complemento de productividad cabe que se reparta “a los más próximos, retribuciones variables sobre las que suele existir una gran opacidad, pero que pueden suponer una parte muy importante del sueldo.” (Carrasco, 2014, p. 117). (60) Lo mismo puede ocurrir con el complemento específico. (61)

“En última instancia, la hipertrofia de la legitimidad política se ha desbordado sobre la función pública, desmantelando los mecanismos defensivos de esta frente aquella. (…) Múltiples son los ejemplos en los que este proceso se manifiesta, pero los más evidentes son la evolución experimentada por la técnica de la libre designación, la desarticulación del cuerpo de secretarios e interventores de la Administración local o la expansión descontrolada del número y funciones del personal eventual. (…) la función pública ha pasado hoy día a funcionar casi exclusivamente merced a impulsos de decisiones estrictamente políticas. Las plazas solo se proveen, por ejemplo, si la autoridad política lo determina, influyendo así las promociones y condicionando los nuevos ingresos. Por no hablar del proceloso proceso de determinación o asignación de complementos (en particular, el específico y el de productividad. (…) el (…) principio de mérito y capacidad (…) puede ser aplicado a conveniencia por tribunales nombrados por responsables políticos y conforme a bases y criterios que bordean en ocasiones la legalidad.” (Parada y Fuentetaja, 2014, pp. 30-31). (62)

Así las cosas. En España no existe presuntamente separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), que han de controlarse entre sí para evitar cualquier clase de abuso. Tampoco parece ser que defiendan convenientemente todos los empleados públicos el interés general de la Administración, frente a la probable inclinación partidista de los políticos. Imparcialidad que queda cuestionada: al hipotéticamente darse tratos de favor en el ingreso a la función pública; al permitirse el paso de las ocupaciones de funcionario a las de político, sin penalización alguna y con posibilidad de retorno; a través del uso discrecional de la libre designación para colocar en puestos estratégicos a personas con una presunta actitud más laxa; y mediante la capacidad de decisión del cargo electo sobre el incremento o reducción de los emolumentos del funcionario que lo debe controlar. Con la consecuente contaminación de la función pública. 

Por tanto, no nos podemos asombrar de que los medios de comunicación se hagan eco cada mañana de otro escándalo que se acaba de descubrir. Ni de que Europa nos reprenda por ello. Y siendo bastante irónico preguntarse por qué no saltaron las alarmas del propio sistema.

Lo que sí desconcierta es que en vez de clamar por reajustar el funcionamiento del Estado, se opte por insistir en que cambiando de caras ya está todo solucionado. Porque parece ser que los nuevos por nacer en otro año zodiacal lograron la bendición de los astros. Y es que quizás aunque igualmente españoles, no sacaron los genes del “Lazarillo de Tormes”, (63) sino los del “Cid Campeador,” (64) versión mistificada. Mas, antes de caer en ese pueril anhelo colectivo, se debieran recordar los tristes versos de Blas de Otero:

“Siento a España sufrir

Sufrimiento de siglos” (65)

El ideal del gobierno abierto

La esencia del gobierno abierto está muy relacionada con la de acceso a la información, porque abrir un gobierno es poner a disposición de todos los datos de su gestión. El gobierno abierto se puede definir como aquel que sitúa al ciudadano en el eje central de sus políticas, empoderándolo y coordinándose con él mediante una comunicación bidireccional. Sustentado en principios tales como la transparencia o el empleo de las TIC. Convirtiéndose las nuevas tecnologías en el cauce para lograr otros propósitos: transparencia, participación y rendición de cuentas. Pues un gobierno transparente favorece la rendición de cuentas, al poner a disposición del ciudadano la información sobre su gestión. Un gobierno participativo potencia el pensamiento colectivo, a través del que se crearán propuestas para mejorar la labor de la Administración. Y un gobierno colaborativo implica a todos en la tarea de construir un país mejor.

El uso del término de gobierno abierto se remonta a 1980, concretamente apareció reflejado en una serie de ficción británica: “Yes Minister”. Donde el personaje que hacía de Ministro de Administraciones Públicas se impuso como objetivo el cumplir su programa electoral, el cual llevaba por nombre “Open Government” y que sirvió de título al primer episodio de la serie. Pero será con Barack Obama, Presidente estadounidense, cuando se convierta en real. Quien rubricara un memorándum ejecutivo, en su primer día de mandato, con el que pretendía instaurar: “un nivel de apertura en el gobierno sin precedentes y un sistema de transparencia, participación pública y colaboración que reforzara la democracia, asegurara la confianza pública y promoviera la eficacia y la eficiencia gubernamental”.

A principios del siglo XXI Estados Unidos, junto a Brasil, México y el Reino Unido promovieron la creación del “Open Government Partnership” (Alianza para el Gobierno Abierto). Cuyos fundamentos se sustentan en los ulteriores principios: aumentar de manera óptima la información disponible al servicio de los ciudadanos; abogar por la participación civil; fomentar la ética profesional del personal supeditado a la Administración; y por último mejorar el acceso a las TIC, en pro de favorecer la rendición de cuentas. Serán 8 países los que finalmente funden en el 2010  la Alianza para el Gobierno Abierto (“Open Government Partnership”). Sumándose España en el 2011. En el 2014 ya constituían la Alianza 63 naciones. (1)

España presentó su I Plan de Acción en abril de 2012, en la 1º Conferencia Internacional de la Alianza celebrada en Brasilia. Documento en el que declaraba: “Una opinión pública bien informada, exigente y con visión crítica es un elemento clave para una democracia de calidad, como también lo es la existencia de cauces que permitan la participación de los ciudadanos en la acción pública. (…) el Gobierno de una democracia moderna y abierta como la española debe estar dispuesto a rendir cuentas y a depurar responsabilidades. (…) Transparencia y responsabilidad van de la mano y entendemos que sólo así tendremos una democracia saludable y avanzada.” (2) Mientras que su II Plan de Acción ha sido elaborado en el 2014. (3)

Prácticamente la mitad de los españoles cree que la corrupción es uno de los principales problemas del país. (4) Mal que ha aquejado a algunas de sus 21.400 instituciones públicas operativas. (5) Estimando muchas voces que la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada a finales del 2013, servirá de elemento disuasorio a la hora de cometer delitos relativos con la corrupción. Al ser sabedor el futuro delincuente de que sus acciones serán escrutadas por la ciudadanía. Ya que como aseverara en 1914 el destacado jurista americano Luis Brandeis: “La publicidad es justamente elogiada como un remedio para las enfermedades sociales e industriales. La luz del sol se dice que es el mejor de los desinfectantes; la luz eléctrica es el policía más eficiente”. (6) La transparencia fue definida en 2006 por la OCDE como: “el proceso por el cual la información de las condiciones existentes permite ser accesada para la toma de decisiones y acciones, de manera visible y entendible.” (7)

El abaratamiento del uso de las nuevas tecnologías posibilitará que cualquier ciudadano acceda a la información divulgada por las Administraciones Públicas a través de Internet. Pudiendo ejercer un control sobre su actuación. Según el presidente estadounidense Barack Obama: “La transparencia promueve la rendición de cuentas y permite a los ciudadanos saber lo que hace su gobierno”. (8) “Sin embargo, hasta lo que ha podido demostrarse, la transparencia no tiene un efecto relevante” sobre la corrupción. (9) Pues siendo una norma de imprescindible aprobación, no resulta suficiente.

Y es que aunque muchos son los países que publican información sobre su gestión, algunos lo hacen de manera incomprensible. Por ejemplo, divulgando una gran cantidad de datos no requeridos, o editados en formatos que no permiten un adecuado procesamiento. Dando la sensación de apertura, cuando la verdad es que su actuación se debe a una mera postura ante la opinión pública, que en nada ayuda al ciudadano a conocer y por ende a fiscalizar la gestión de los poderes gubernamentales. Resultando una transparencia de tipo opaco y no clara. Estando supeditada esta última a la presentación de datos necesarios, reutilizables, integrados, agregados y comparables. (10)

A favor de las normas de transparencia cabe alegar el escándalo que convulsionó a la sociedad británica, a raíz de inapropiados gastos realizados por los diputados de su Parlamento, como de decoración o reformas privadas. Lo que provocó la dimisión, entre otros, del Presidente de la Cámara de los Comunes y la Ministra del Interior. Episodio destapado por The Telegraph en base a la información proporcionada gracias a la aprobación de la “Ley de Libertad de Información”. Norma mediante la que cualquier ciudadano puede requerir los datos que precise oportunos concernientes a organismos públicos. Con ciertas limitaciones, como las relativas a la seguridad nacional.

No obstante, en contra tenemos que las Leyes de Transparencia no permiten detectar el cohecho (artículos 419 a 427 del Código Penal); tráfico de influencias (artículos 428 a 431 del Código Penal); o el delito electoral (artículo 146 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General), al no quedar registrados en documentos públicos. Siendo más fácil apreciar la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 435 del Código Penal) o incluso la prevaricación (artículos 404 a 406 del Código Penal). (11)

Además hay que tener presente que la transparencia se encuentra íntimamente vinculada al derecho de acceso a la información. Reconociéndose este derecho en España en el artículo 105.b de la Constitución española. Precepto que decreta que: “La ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.” Habiendo aclarado el Tribunal Supremo que: “para la aplicación de tal principio constitucional se requiere de preceptos complementarios que lo desarrollen y limiten”. (12) Configurándose por tanto como un derecho subjetivo de configuración legal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional especificaba que los principios contenidos en el artículo 105 de la Constitución española, el de participación y transparencia, “son de aplicación inmediata”, no requiriendo aguardar hasta su desarrollo normativo para aplicarlos. (13) Sobresaliendo el de transparencia en el apartado b del artículo 105 de la Constitución española. (14)

Desarrollo legislativo efectuado con posterioridad por los artículos 35 y 37 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Norma que según  reza en su Preámbulo, apartado V, busca garantizar la “transparencia de la actuación administrativa”. Decretando en su artículo 3.5 que: “En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación.” Regulación muy cuestionada por la doctrina administrativa (15) y que ahora se suple mediante la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Si bien, antes ya se había legislado sobre el acceso a la información pública en determinadas normas sectoriales: artículo 57 de la Ley del Patrimonio Histórico Español (1985); artículo 70.3 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley de acceso a la información medioambiental (2006); Ley sobre reutilización de la información del sector público (2007);…

Pudiendo citarse como precedentes para la promulgación del artículo 105.b de la Constitución española el artículo 1 de la Ley de Secretos oficiales, aprobada en 1968: “Los Órganos del Estado estarán sometidos en su actividad al principio de publicidad, de acuerdo con las normas que rijan su actuación, salvo los casos en que por la naturaleza de la materia sea ésta declarada expresamente «clasificada», cuyo secreto o limitado conocimiento queda amparado por la presente Ley.”  En esta línea manifiesta el artículo 7 de la Ley de Prensa e Imprenta (1966), que: “El Gobierno, la Administración y las Entidades públicas deberán facilitar información sobre sus actos a todas las publicaciones periódicas y agencias informativas en la forma que legal o reglamentariamente se determine.” (16)

A través de este derecho se permite la participación ciudadana, dando cumplimiento al artículo 9.2 de la Constitución española. Además tal como manifiesta el Tribunal Superior de Justicia de Canarias de Santa Cruz de Tenerife: “El derecho de acceso opera como mecanismo de control de la actuación administrativa, en concreto al reconocer el derecho de los ciudadanos a ser informados del funcionamiento de toda Administración Pública.” (17) Aludiendo a lo indicado por el Tribunal Supremo, que añade asimismo que: “ese derecho es un instrumento para la transparencia”. (18) Vinculando, por consiguiente, el artículo 105.b de la Constitución española con el artículo 106 de la Constitución española, en lo tocante al control de la actuación administrativa que se ejerce por parte de los ciudadanos.

Mas, ya hay voces que exigen reconocer el derecho de acceso como fundamental, en relación con el derecho a la información del artículo 20.1.d de la Constitución española. Siguiendo idéntica postura a la mantenida por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como en la Sentencia del 26 de mayo de 2009, caso Kenedi contra Hungría, apartados 42 y 43, que incardina el derecho de acceso a la información dentro del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. O en la dictada el 25 de junio de 2013, sobre el caso Youth Initiative for Human Rights contra Serbia. Y es que en virtud del artículo 10.2 de la Constitución española, los derechos constitucionales se han de interpretar conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificados por nuestro país. Siendo vinculante igualmente la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (19) lo que ha sido recordado por el Tribunal Constitucional, al declarar que: “la remisión que el artículo 10.2 CE hace a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias suscritos por España para la interpretación de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales y libertades públicas, autoriza y aun aconseja referirse para la búsqueda de estos criterios, a la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.” (20)

No obstante, el derecho de acceso a la información se reconoce como derecho fundamental en cincuenta constituciones mundiales. En América nos encontramos con las siguientes naciones: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. En cuanto Europa, lo reconocen de manera clara: Albania, Bulgaria, República Checa, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Lituania, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia; y de forma relativa: Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Georgia, Macedonia, Rusia, Ucrania. En Asia y en el Pacífico se debe citar a: Nepal, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Filipinas y Tailandia. Y por último en África: Camerún, República Democrática del Congo, Ghana, Madagascar, Malawi, Mozambique, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, y Uganda. “Además en al menos seis países, Argentina Canadá, Francia, India, Israel y Corea del Sur, el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de acceso a la información pública interpretando la Constitución u otras leyes fundamentales. En otros países, Paraguay, Uruguay y Rusia, fueron tribunales de primera instancia los que reconocieron este derecho.” (Access Info) (21)

Asimismo, tenemos que tener presente que España ha sido uno de los últimos países de Europa en aprobar una ley de transparencia, restando únicamente: Chipre, Malta y Luxemburgo. (22) No obstante, el nivel de transparencia y acceso a la información pública no está necesariamente relacionado con la aprobación de una perfecta ley formal. Siendo precisamente las sociedades más transparentes las que no cumplen este requisito. Teniendo más que ver con la cultura política democrática de un país. Ahora bien, si la cultura de transparencia es escasa resulta aconsejable dictar una norma para garantizar la seguridad jurídica y saber cada cual a qué atenerse. Generando así el hábito de conceder y exigir los datos públicos, y no los cuasi propagandísticos que hasta ahora presuntamente se aportaban.  

La primera carencia de la Ley española sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es que no dispone de sanciones dentro de la propia norma en el supuesto de que no se publique la información. Limitándose a manifestar en su artículo 9.3 que: “El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa (…) tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.” Lo que resulta a todas luces muy vago. La apelación a conceptos jurídicos indeterminados es constante. Mostrando más una actitud voluntarista que de concreción, poniendo en duda su efectividad. Además el punto 2 de la Disposición Adicional Primera dicta que prevalecerá la normativa sectorial en cuanto al acceso a la información, al tener la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno carácter supletorio. Y es que la norma ocupa en el ranking de los 99 países con leyes similares el puesto 64. (23)

Tampoco queda fielmente reflejado el paso de la antigua Administración, a la que estaban supeditados los súbditos o administrados; a otra Administración dialogante, cuyos interlocutores son los ciudadanos. (24) Transformándose en auténticos socios de la sociedad gubernamental, confiriéndoseles consecuentemente un papel activo, y no el pasivo hasta ahora sustentado. Porque el ciudadano es el dueño de toda la información pública, la cual ha sido pagada mediante su contribución fiscal. Debiendo contemplar sólo escasas excepciones. Esta es precisamente la cuestión crucial que recogen los ordenamientos más avanzados.

Estando el defecto de partida en que en España el derecho de acceso a la información pública se fundamenta en el artículo 105.b de la Constitución española y no en el derecho fundamental del artículo 20 de la Constitución española. (25) Al no ser considerado derecho fundamental no se aplica la protección ante los tribunales ordinarios, vía procedimiento preferente y sumario (amparo ordinario). Contemplado para la protección de los derechos de la sección primera del Capítulo II del título I de la Constitución española y el artículo de la 14 Constitución española. Procedimiento que se tramita con prioridad respecto al resto de casos y con más celeridad, pero que sólo entra a valorar si ha habido o no vulneración del derecho fundamental. O bien, el recurso extraordinario de amparo ante el Tribunal Constitucional, que además de los anteriores artículos garantiza el artículo 30.2 de la Constitución española, siendo imprescindible que se hayan agotado todas las vías judiciales ordinarias para poder interponerlo. (26) Y por último, y no menos importante, si al derecho de acceso a la información se le hubiese otorgado el rango de fundamental, no sería posible dictar 17 leyes autonómicas distintas. (27)

La participación ciudadana es típica del gobierno abierto, al que se le atribuye una alta transparencia. Mostrando de una forma comprensible toda la información acerca de su gestión, con lo que se posibilita la rendición de cuentas. Además un gobierno participativo involucra a los ciudadanos en la toma de decisiones, logrando su optimización mediante un enriquecido pensamiento colectivo. Apoyado todo ello en el uso de las TIC. En definitiva, un gobierno que empodera al ciudadano y lo convierte en el centro de su gestión. (28)

Así, cabe distinguir diferentes niveles de participación. El primero se circunscribiría a la puesta a disposición del ciudadano de todos los datos, en pro de que los afectados por una determinada actuación pública puedan aportar su parecer. Quienes luego propondrán sus sugerencias, abriéndose un debate entre ellos y la Administración, al objeto de alcanzar una solución de consenso, constituyendo el segundo nivel. El tercero se encuadraría dentro del trabajo en común, o sea, la toma de decisiones y ejecución es adoptada conjuntamente entre los componentes de una sociedad. (29)

Conclusivamente, en los albores del siglo XXI se trata de pasar de una democracia representativa a otra participativa. Pues en la primera la participación es indirecta, a través de representantes políticos, tal como consagra el artículo 6 de la Constitución española. Habiendo entrado en crisis al sentir los ciudadanos que ya no forman parte del sistema y que los cargos electos sólo buscan satisfacer sus intereses propios. Mientras que la segunda persigue mejorar la participación directa y se recoge en el artículo 23 de la Constitución española, al afirmar que: “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.” Recordando por su parte el artículo 9.2 de la Constitución española que: “Corresponde a los poderes públicos (…) facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” (30)

Ergo, como antídoto a esta crisis de legitimidad del sistema representativo tradicional, surge la necesidad de la democracia participativa. Donde el poder es compartido entre los políticos, las administraciones y la ciudadanía. Buscando tratar de dar solución a los problemas complejos que la situación actual nos plantea. (31) En un mundo cada vez más globalizado, que desencadena un auténtico vaciamiento del poder de los Estados, (32) y que se manifiesta en tres vertientes:

• Hacia arriba. Cediendo determinadas decisiones nacionales a organizaciones supranacionales: Unión Europea, OTAN, ONU,…

• Hacia abajo. Dotando de un mayor protagonismo a las entidades locales, por ser las instituciones más próximas al ciudadano.

• Hacia el mercado. Por la vía de la privatización y desregulación. Se trata de: incentivar el emprendimiento; bajar las cargas fiscales en pro de poner tales importes en circulación; reducir las trabas innecesarias para conferir una mayor seguridad y agilidad a las transacciones. Lo que consecuentemente nos conduciría a una mayor riqueza y generación de empleo. (33)

Liderazgo político que deben asumir los Ayuntamientos por ser la Administración más cercana a los ciudadanos. Siendo capaces de: conocer, escuchar y entender las inquietudes de la ciudadanía; intermediar ante la disparidad de criterios, garantizando la cohesión social; crear una visión constructiva y ambiciosa de mejora continua; convencer a los vecinos de acometer cambios, al objeto de potenciar el progreso de la comarca; crear valores comunes y lazos de pertenencia al grupo. Mejorando con ello la calidad de vida y contribuyendo al desarrollo sostenible del lugar donde vivimos. Persiguiendo asimismo que nadie se sienta excluido. (34)

El artículo 105.a) de la Constitución española permite: “La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.” Afirmando por su parte el artículo 29.1 de la Constitución española que: “Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.” En relación con el Poder Legislativo reitera el artículo 77.1 de la Constitución española que: “Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.” (35)

Concretamente el artículo 69.1 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local  establece que: “Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local.” Ya que, según el artículo 1 de la misma norma: “Los Municipios son Entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.” Siendo un derecho de los ciudadanos el participar en la gestión de su Ayuntamiento. (36) Pudiendo incluso las entidades locales, en pro de lograr este propósito, crear órganos territoriales de gestión desconcentrada. Cuya organización, funciones y competencia se determinará en base a las características municipales. (37) Así, en esta línea, se decreta la posibilidad de establecer Consejos Sectoriales, cuya finalidad será la de canalizar la participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos municipales. Los cuales desarrollarán sólo funciones de informe y, en su caso, propuesta, en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad al que corresponda cada Consejo. (38)

En cuanto a la participación hay que tener en cuenta que las sesiones del Pleno son públicas. (39) Empero, cabe que sean secretas cuando se debatan y voten cuestiones que puedan afectar al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los ciudadanos. Derecho fundamental recogido en el artículo 18.1 de la Constitución española. Pero las Juntas de Gobierno Local no serán públicas. Por otro lado, se permite que las asociaciones puedan intervenir en el Pleno, previa solicitud al Alcalde antes de comenzar la sesión,  efectuando una exposición en relación con algún punto del orden del día en cuya previa tramitación administrativa hubiese intervenido como interesada. (40) El Alcalde además, tras concluir la sesión plenaria, puede abrir un turno de ruegos y preguntas para que el público asistente participe, cuando se trate de cuestiones de interés municipal. Será el máximo regidor el que ordene y cierre este turno. (41)

Asociaciones que puede subvencionar económicamente el Ayuntamiento, tanto en sus gastos generales como en las actividades que efectúen. Con el fin de que defiendan los intereses generales o sectoriales de los vecinos. Siempre en la medida que sus presupuestos se lo permitan. En dicho caso la Administración deberá analizar: su representatividad,  el nivel de interés o utilidad ciudadana de sus fines, su capacidad económica y las ayudas que reciben de otras instituciones públicas o privadas.  (42) Pudiendo acceder igualmente al uso de medios públicos municipales, especialmente los locales y medios de comunicación. (43) Deberán estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales. (44) Asociaciones que podrán participar en los Consejos Sectoriales, en los órganos colegiados de los entes de gestión desconcentrada y en los órganos colegiados de los entes de gestión descentralizada de servicios municipales. Siempre que así esté previsto en los reglamentos o acuerdos municipales por los que se rijan tales órganos. (45) Pueden inscribirse en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales aquellas asociaciones que defiendan los intereses generales o sectoriales de los vecinos del municipio. Particularmente las asociaciones de vecinos de un barrio o distrito, las de padres de alumnos, las entidades culturales, deportivas, recreativas, juveniles, sindicales, empresariales, profesionales y cualquier otra similar. (46)

También el Ayuntamiento está facultado para aprobar normas y órganos que permitan la participación efectiva de los vecinos en las cuestiones municipales. (47) Igualmente se habilita la posibilidad de que los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales puedan presentar una iniciativa popular, que deberá ir suscrita al menos por: el 20% de los vecinos del municipio cuando éste tenga hasta 5.000 habitantes; el 15% de 5.001 a 20.000 habitantes; y finalmente el 10% a partir de 20.001 habitantes. (48) Y asimismo se permite al consistorio organizar una consulta popular sobre cuestiones de especial trascendencia para los intereses de los vecinos. Pero sólo si se trata de una materia de competencia municipal. Y quedan excluidas las relacionadas con la Hacienda local. (49)

Siguiendo la estela de la iniciativa legislativa popular contemplada en el artículo 87.3 de la Constitución española y desarrollada por la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo. Iniciativa que permite que los ciudadanos participen en la producción del ordenamiento jurídico nacional. Si bien excluye de la iniciativa determinadas materias. Se exige además la firma de al menos 500.000 electores. Requisito que habitualmente es mucho menor en otros países. Esta desconfianza española hacia la figura de la iniciativa legislativa popular parte del propósito de respetar “al máximo el papel institucional de los partidos políticos como órganos de manifestación de la voluntad popular e instrumentos fundamentales de la participación política.” Según se declara en el Preámbulo de la norma. Elemento característico del Estado de Partidos. Quizás coherente con el momento de la Transición, donde se buscaba ante todo la estabilidad del país, pero no en la necesaria concepción del gobierno abierto actual. (50)

Por último, es obligación municipal promover la utilización de las TIC, al objeto de facilitar la participación y la comunicación con los vecinos. Habilitando encuestas o consultas ciudadanas. Vecinos que podrán telemáticamente presentar documentos o realizar trámites administrativos. (51) Al reconocerse legalmente el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos. (52) Administraciones entre las que está incluida la Local. (53)

Y no hay que olvidar que muchos son los ayuntamientos que ya han aprobado un Reglamento de Participación Ciudadana propio. Tal como se asevera en el Preámbulo del Reglamento Tipo de Participación Ciudadana, aprobado por la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el 26 de abril de 2005: “El Reglamento de participación ciudadana revela el compromiso del Ayuntamiento ante los ciudadanos y ciudadanas para fomentar la participación democrática y la transparencia en los asuntos públicos locales, de acuerdo con el ordenamiento constitucional y conforme a los principios que inspiran la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos a las ciudades.” (54) Documento cuyo artículo VIII prescribe la obligación de fomentar la participación democrática. Pudiendo los ciudadanos y sus asociaciones, conforme a lo estipulado en su punto 3, “acceder a los debates públicos, interpelar a las autoridades municipales sobre los desafíos que afectan al interés de la colectividad local y expresar sus opiniones, ya sea de forma directa mediante “referéndum municipal”, ya sea a través de las reuniones públicas y de la acción popular.” (55)

Pero: “a pesar de esta prolija regulación la utilización de estos mecanismos ha sido mínima por parte de las Corporaciones Locales, en las que sigue predominando una cultura de la opacidad y de desconfianza ante la participación ciudadana.” (de la Nuez y Tarín, 2014, p. 35) (56)

De tal manera que los canales de participación abiertos por el ordenamiento jurídico vigente se muestran insuficientes. Pudiendo incluso derivar en ciertos casos en supuestas corruptelas, sobre todo en materia de subvenciones. Las cuales pueden ser concedidas tanto por la Administración General del Estado, como por las entidades que integran la Administración Local. Así como por las Comunidades Autónomas. (57) En el caso concreto de los Ayuntamientos incluso se prevé que puedan adjudicar subvenciones a Entidades, Organismos o particulares, cuando sus servicios o actividades complementen o sustituyan aquellos que sean de competencia local. (58)

Por otro lado, las subvenciones se pueden conceder por el régimen de concurrencia competitiva o a través del procedimiento de concesión directa. Mediante el procedimiento de concurrencia competitiva se comparan las solicitudes presentadas. Otorgándoles una mayor o menor puntuación en atención a los criterios previamente fijados en las bases reguladoras y la convocatoria. Adjudicándose la ayuda a aquellas que hayan obtenido una mejor valoración.  Mientras que mediante la concesión directa se podrán otorgar las ulteriores subvenciones: las previstas en un convenio de colaboración o resolución de concesión y contempladas en los presupuestos de la Administración correspondiente; las que vengan impuestas a la Administración por una norma de rango legal; y de manera excepcional si se justifican razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras circunstancias siempre debidamente razonadas que dificulten su convocatoria pública. (59) Para poder conferir estas últimas  se exige una memoria, donde el órgano concedente justifique suficientemente los motivos de la adjudicación. (60)

Prescribiendo el art. 8.3 de la Ley General de Subvenciones que en la gestión de las subvenciones se han de cumplir los ulteriores requisitos: “a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante. c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.”

Si bien, es habitual que se denuncien supuestos de clientelismo. Opinión sustentada en el uso indebido de la adjudicación de subvenciones mediante el procedimiento de concesión directa. (61) O en los casos más explícitos cuando concurre un concurso medial (artículo 77 del Código Penal), es decir, una infracción es el medio necesario para cometer la otra, como el de falsedad documental (artículo 390 del Código Penal) y el de fraude de subvenciones (artículo 308 del Código Penal). Además de encontrase en concurso ideal (artículo 77 del Código Penal), cuando un mismo hecho constituye dos o más delitos, con el de malversación de caudales públicos (artículo 432 del Código Penal). Pudiendo también darse en el mismo contexto la prevaricación (artículo 404 del Código Penal) y el tráfico de influencias (artículo 428 del Código Penal). En alusión a unos hechos concretos acaecidos en una hipotética trama que termina desviando presuntamente fondos, destinados a conceder determinadas ayudas, a intereses privados. Valiéndose de la utilización de una asociación que recibe una ínfima parte del importe total de la subvención. (62)

También hay que prestar atención a la noción de buen gobierno. Y es que en palabras de Jhon Stuart Mill, en relación con la definición de democracia racional: “no consiste en que gobierne el propio pueblo, sino en que éste tenga la seguridad de un buen gobierno. Seguridad que no puede tener de otro modo que reteniendo en sus manos el control último. Si renuncia a esto, se entrega a la tiranía.” (63)

El buen gobierno es un ideal de comportamiento de la nueva Administración Pública del siglo XXI. Aquella que ha de ser eficaz, eficiente e imparcial. Enfocada en lograr el bien común, así como una sociedad segura, próspera y equitativa. Lo que exige una ética por parte de los gobernantes públicos. (64)

Mas, las personas somos auto-interesadas. (65) Porque, citando a Ayn Rand (1961, pp.9-10): “En el uso popular, la palabra “egoísmo” es sinónimo de maldad (…). Sin embargo, el significado exacto de la palabra “egoísmo” y su definición de acuerdo con el diccionario es: La preocupación por los intereses personales. Este concepto no incluye una calificación moral (…). Dado que la naturaleza no provee al hombre de una forma de supervivencia automática, ya que debe mantenerse con vida mediante su esfuerzo personal, la doctrina que dictamina que es malo preocuparse por el interés personal significa, en consecuencia, que el deseo de vivir es malo, que la vida humana, como tal, es mala. Ninguna doctrina podría ser más malvada que esta.” Y continúa en las páginas 82 a 83 afirmando que: “el propósito de las acciones de un hombre (…) tiene que ser el logro de su propia vida y felicidad (…) y dado que los intereses de los hombres racionales no chocan entre sí – otros hombres se beneficiarán a menudo de sus acciones. Pero el beneficio de otros hombres no es su propósito o meta primordial; sí lo son su propio beneficio y la meta consciente que dirige sus acciones.” (66)

Es por ello, que siendo consecuentes con las limitaciones de nuestra esencia humana, lo lógico para evitar cualquier situación anómala, es establecer controles. Cerciorándonos de que éstos funcionen. Tanto los propios de la inicial separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), los cuales han de controlarse entre sí para evitar toda clase de abuso. Como los controles internos de la Administración Pública, que se fundan en la defensa del interés general por parte de los empleados públicos, contrarrestando la probable inclinación partidista de los políticos. Y por último, el control ciudadano, que resulta factible gracias a la implantación de las máximas medidas de transparencia.

Con respecto a la rendición de cuentas, que deviene del término anglosajón “accountability”, ya venía reflejada en el artículo XV de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, al afirmar que: “La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración”. Contralando su poder para prevenir los abusos. Lo que se basa en el modelo anglosajón de “checks and balances”. (67)

Por tanto, se han de establecer mecanismos para que los gobernantes den debida respuesta de sus acciones y acepten la sanción impuesta por contravenirlos. No sólo informando, sino igualmente justificando su actuación. Resultando imprescindible la transparencia, ya que gracias a la información aportada por las Administraciones Públicas los ciudadanos pueden  manifestar su opinión. 

Porque: “El punto de partida del gobierno abierto es la idea de que los ciudadanos (…) tienen que tener toda la información disponible para estar vigilantes y poder asegurarse de que el Poder se ejerce en beneficio de todos y no sólo de unos pocos, ya se trate de oligarquías, cúpulas de partidos o grupos de interés. Y para poder exigir, en su caso, la rendición de cuentas correspondiente en los casos en que las conductas analizadas se aparten de los conceptos de buena gestión o constituyan supuestos de despilfarro o/y corrupción.” (de la Nuez y Tarín, 2014, p. 19) (68)

El ideal del gobierno abierto, es una premisa para marchar hacia la consolidación de una democracia avanzada, propia del siglo XXI. Si bien, en sí no es la piedra filosofal que acabará con el padecimiento español de la corrupción. Pues para ello resulta imprescindible ejecutar ciertas reformas estructurales que pongan coto a esta lacra que corroe los cimientos del Estado español.

Propuestas para lograr la Tercera España

Hay quien vaticina desde hace tiempo que se aproxima otra etapa. La Nueva Era la llaman los místicos. El paso de lo viejo a lo nuevo. Empero, si España es incapaz de aprender de su pasado, quizás lo único que se avecina es un ciclo más de decepción y honda frustración.

Un país con una tumultuosa historia constitucional, plagada de textos de corta vigencia. Algunos autores afirman que nuestra primera Carta Magna fue el Estatuto de Bayona (1808), Carta Otorgada por Napoleón y que no estuvo en vigor. En 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz, que acuñó el término liberal, de efímera vida. Le seguirían: el Estatuto Real de 1834; La Constitución de 1837; la de 1845; la Constitución “non nata” de 1856; la Constitución de 1869; el proyecto constitucional de 1873, que no se aprobó; la Constitución de 1876; la de 1931; las Leyes Fundamentales del Reino del Régimen Franquista, recopilación de 1967, que en puridad no puede tenerse su esencia como constitucional; y finalmente la vigente Constitución de 1978. (1)

Respecto a la actual Carta Magna diría Adolfo Suárez (1932-214): “Nuestra historia nos enseña la trágica lección de la ineficacia de unas constituciones que han sido expresión solamente de una parte de las fuerzas políticas de la nación española. (…) Esa lección la hemos aprendido, y por ello nos sentimos comprometidos con una constitución que valga para todos.” (2)

Convencimiento al que ya había llegado con anterioridad Blanco White (1775-1841), pensador liberal español. Considerado precursor de los regeneracionistas y sobre todo reformista. Quien abogaba por la tolerancia y la libertad. Reflejando en sus escritos su gran preocupación por la deriva de España. Y para quien la política era “concordar”. (3)

Blanco White (1775-1841) defendía que si realmente lo que se pretendía con la Constitución española de 1812, era instaurar un Estado democrático sólido, resultaba de obligado cumplimiento contar con todos los sectores, no dejando a ninguno fuera. De lo contrario, los que se sintiesen excluidos buscarían la manera de acceder a los círculos de poder, tornándose “ipso facto” en elementos subversivos para conseguirlo. (4) Y de ahí la explicación de que durante dos siglos los episodios de efímera libertad en España hayan sido bastante cortos. Porque, haciendo uso de sus palabras: “Más vale caminar de acuerdo hacia el bien en una dirección media que haga moverse a la nación entera, que no correr de frente atropellando y pisando a la mitad de ella.” (5)

Tierra denominada por José Ortega y Gasset (1883-1955) como las “dos Españas”. Afirmando: “Hoy en nuestra nación contemplamos dos Españas que viven juntas y que son perfectamente extrañas: una España oficial, que se obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida, y otra España aspirante, germinal, una España vital, tal vez no muy fuerte, pero vital, sincera, honrada, la cual, estorbada por la otra, no acierta a entrar de lleno en la historia.” Dos Españas que se negaban la una a la otra y que tan hondo pesar nacional suscitó en el pasado. (6)

Cita incardinada dentro de su célebre discurso: “La España oficial y la España vital”. Pronunciado el 23 de marzo de 1914 en el Teatro de la Comedia de Madrid. (7) Y que si obviamos las fechas, nos hace estremecer por las similitudes que guarda con el momento presente. Sirvan de ejemplo los ulteriores fragmentos:

“(…) los partidos se han ido anquilosando, petrificando, y, consecuentemente, han ido perdiendo toda intimidad con la nación.

(…)No se trata de que un Gobierno se haya apartado en un asunto transitorio de legislación o de ejercicio autoritario, de la opinión pública, no; es que los partidos íntegros de que esos Gobiernos salieron y salen, es que el Parlamento entero, es que todas aquellas Corporaciones sobre que influye o es directamente influido el mundo de los políticos, (…) todo ello, de la derecha a la izquierda, de arriba abajo, está situado fuera y aparte de las corrientes centrales del alma española actual. (…).

(…)

(…) Y esos partidos tienen a su clientela en los puestos administrativos, gubernativos, seudotécnicos, inundando los Consejos de Administración de todas las grandes Compañías, usufructuando todo lo que en España hay de instrumento de Estado. (…)

(…)

Conste (…) que (…) no pienso como Costa, que atribuía la mengua de España a los pecados de las clases gobernantes, por tanto, a errores puramente políticos. No; las clases gobernantes (…) han gobernado mal no por casualidad, sino porque la España gobernada estaba tan enferma como ellas. (…) Toda una España -con sus gobernantes y sus gobernados-, con sus abusos y con sus usos, está acabando de morir.”  (8)

Mas una nación que anhelaba y anhela convertirse en la Tercera España, aquella que para Salvador de Madariaga (1886-1978) era la de la libertad, la integración y el progreso. Una Tercera España en la que se encuentran “los españoles para los que la convivencia no es odio (…) ni la República anarquía, ni el orden explotación del trabajo (…)”. Según declaró en 1945 Alcalá Zamora (1877-1949), primer Presidente de la Segunda República. Ergo, en la que se encuentran aquellos que no se consideran de ningún extremo y suspiran por un centro reformador. Espíritu que inspiró a la Transición española. Sin embargo, se torna en un frágil sueño que cuando creemos alcanzar se desvanece lentamente entre nuestros dedos. Quedando, como tantas veces, la reforma ahogada entre la reacción y la revolución. (9)

Un punto a destacar es que tanto Blanco White (10) (1775-1841), José Ortega y Gasset (1883-1955), como Salvador de Madariaga (1886-1978), admiraban el sistema político británico. (11) Y describían el triste declive de otrora una gran nación. Respecto al primero cabe resaltar sus reflexiones acerca de la historia, cultura y sociedad española. Recopiladas bajo el título de “Cartas de España.” De las cuales el pensador contemporáneo Eduardo Subirats asevera en su obra “Memoria y exilio” que: “De las Cartas desde España puede decirse lo mismo que debe decirse de los grabados de Goya: son las crónicas más sensibles de la miseria moral, intelectual y política de los últimos años del imperio español... (…). Blanco recorrió en esas cartas el colapso de la cultura española a partir de sus quebrados fundamentos religiosos, institucionales y morales. Puso de manifiesto la impermeabilidad hispánica a los ideales reformistas de la Ilustración europea y de la Revolución francesa. Esas Letters from Spain deben comprenderse también, al igual que la obra tardía de Goya, como un testimonio intelectual privilegiado del fracaso de los ideales ilustrados no españoles, sino europeos.” (12) Un país, para Echegaray (1832-1916), donde “no hubo más que látigo, hierro, sangre, rezos, braseros y humo.” (13)

E incide Subirats en la comparación entre Goya y Blanco White, narrando: “Como el Goya de los Caprichos y los Desastres, contemplaba frontalmente el rostro de la derrota y de la humillación que significaba la abdicación de la corona, y la violación de los derechos de los ciudadanos por quienes pretendían erigirlos con las bayonetas. Como el Goya de los grabados, de El 2 y el 3 de mayo, y de los frescos de la Quinta del Sordo, veía un pueblo miserable y anárquico, y a una elite intelectual humillada o desalentada, o ambas cosas al mismo tiempo: los hechos rotundos que hacían impensable una reforma de la sociedad española en el sentido de les Lumières. En su ensayo ‘Historia de España’, Blanco White concluyó con unas palabras que podrían ser un comentario al pie del grabado de Goya titulado Los sueños de la razón producen monstruos: ‘los murciélagos y lechuzas de la Iglesia española veían con inquietud los débiles rayos de luz que a través de las grietas de esta maciza pero vetusta fábrica empezaban a iluminar su oscuridad’. Visión grotesca en su forma y en su fondo: la mutilación de la razón había desatado los monstruos del autoritarismo, la corrupción y el retraso.” (14)

Conclusivamente, el problema español no es nuevo, sino que en ciertos momentos, determinadas circunstancias lo muestran con virulencia. Por lo que resulta iluso pensar que la gran transformación vendrá por el simple hecho de cambiar unas caras, unas siglas, o a una hipotética tribu de adscripción por otra. Imbuidos los que albergan tal teoría por las diatribas de la nueva religión secular. (15) Aquella que insiste en que sólo basta con sustituir a los dirigentes de mayor edad por los más recientes. Al venerar la juventud como una virtud esencial. Ídolos que supuestamente crearán en este mundo la ciudad perfecta, en la que habita el hombre perfecto adoctrinado. Empero, lo que casi siempre terminan por propiciar es un clímax infernal. Pues la gran diferencia, entre los países con menores índices de percepción de la corrupción y otros más desaventajados, radica en las medidas que se adoptan.

Porque, como declaró James M. Buchanan en 1983: “Para mejorar la política es necesario mejorar o reformar las reglas y la estructura dentro de la que tiene lugar el juego político. No sirve afirmar que las mejoras se pueden producir seleccionando agentes moralmente superiores que utilicen sus poderes para buscar el “interés público”. Un juego solo se define por sus reglas y para conseguir un juego mejor es preciso modificar las reglas.” (16)

Así, a tenor de lo expuesto hasta el momento en el presente trabajo, resulta primordial garantizar que funcionen todos los controles. Con el fin de poder detectar desde el inicio cualquier conducta desviada. Tanto los propios de la inicial separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), los cuales han de controlarse entre sí para evitar toda clase de abuso. Como los controles internos de la Administración Pública, que se fundan en la defensa del interés general por parte de los empleados públicos, contrarrestando la probable inclinación partidista de los políticos. Y por último, el control ciudadano, que resulta factible gracias a la implantación de las máximas medidas de transparencia.

De tal manera que la principal acción para garantizar la separación de poderes sería la elección uninominal por circunscripción electoral. Acabando así con la hegemonía del Estado de Partidos. (17) Soslayando el modelo de mayoría simple los extremismos, y fomentando el pragmatismo opositor. Además el vínculo de un representante con los electores de su circunscripción es bastante alto. Potencia igualmente la rendición de cuentas, al ser fácilmente atribuible la responsabilidad al cargo electo. En el que se escogería a un cargo electo por cada distrito, legitimado por la confianza que su electorado ha depositado en él, lo que evita cualquier injerencia partidocrática. De este modo el representante público se pensará mucho el hacer caso omiso de las solicitudes del ciudadano, en pro de acatar el mandato imperativo de su organización camuflado como disciplina de partido. Porque si así se comportara, indefectiblemente perdería el puesto en los siguientes comicios.

El sistema de elección uninominal por circunscripción electoral se asemejaría a la configuración de los primeros partidos de notables o de cuadros. Coalición de candidatos individuales que sortean cualquier abuso de poder, al estar elegidos directamente por sus votantes, ante quienes responden de modo inmediato. Modelo que persigue seleccionar a los mejores. Evitando la burocratización y profesionalización política de los de masas o los “atrapa-todo”. (18) Soslayando también que las organizaciones acaben padeciendo de cualquier síntoma de regresión paranoide. (19)

Con el fin de mejorar la participación y empujar a que cada uno vote a quien desee, por muy minoritaria que sea la opción, se instauraría el sistema de rondas múltiples. Con variantes, es utilizado en Australia, Irlanda del Norte, Irlanda, Malta. Ideado en el siglo XIX por Thomas Hare, Inglaterra, y Carl Andru, Dinamarca. (20)

En él se elimina la doble vuelta. Si bien se conserva la tendencia de esta al multipartidismo, explicitado por el sociólogo francés Maurice Duverger. (21) Evitándose el gasto económico de unos nuevos comicios seguidos y el esfuerzo de la población de tener que ir dos veces continuadas a las urnas.

En una única papeleta se colocarían por orden, según las preferencias del elector, los candidatos. En primer lugar se situaría el ganador que uno desea, aquel que coincide con nuestras convicciones. Independientemente de las probabilidades que tenga de hacerse con la victoria. Suprimiendo así el efecto perverso que provoca el voto útil, o sea, no voto a “x”, aunque me identifico con sus argumentos, porque tiene escasas posibilidades de resultar electo. En segundo lugar se señala otro postulante, aquel que de no salir mi primera alternativa querría que triunfase. Y así sucesivamente. Pudiendo marcarse las preferencias que se quiera, solo una, dos,… u ordenar por predilección todos los aspirantes que se presentasen.

En el sistema de rondas múltiples, a la hora de contar los votos, se computan inicialmente en la primera ronda sólo la primera preferencia. Ganaría aquel que obtuviese la mitad más uno de todos los votos. Si no fuera así, el que menos apoyos sacó queda eliminado y en la segunda ronda las segundas preferencias de estas papeletas se suman al resto. Si tras este cálculo alguno consigue la mayoría absoluta determinada en un primer momento, ese conseguiría el escaño. De lo contrario se volvería a eliminar al aspirante que menos respaldos recibió, y las preferencias de estas papeletas se sumarían a los demás. Prosiguiendo en las restantes rondas de igual manera hasta que algún candidato obtuviese la mayoría absoluta en el primer instante fijada. (22)

De igual modo, con el fin de sortear el delito electoral (23) se deberá votar utilizando dispositivos electrónicos, y no material de papel impreso, en la propia mesa electoral que sería la encargada de verificar que el DNI corresponde a la persona presente. Y para los ausentes, en vez de voto por correo, se hará igualmente con el DNI electrónico. Acudiendo a la mesa más cercana que previamente se haya notificado o a una sede consular. Conllevando también este método una merma del desmesurado dispendio en papeletas y sobres que hacen los partidos para que los electores lleven el voto preparado el día de las elecciones, lo que quedaría prohibido. Gastos actualmente subvencionados por el erario público en base a los resultados de los comicios anteriores, (24) un claro perjuicio para las nuevas formaciones. Contribuyendo además a que seamos más respetuosos con el medio ambiente, al no imprimirse tanto papel. (25)

Por otro lado, una de las instituciones que aparentemente más niveles de corrupción presentan, a tenor del número de resoluciones judiciales, son los Ayuntamientos. Básicamente por sostener la figura del Alcalde fuerte (“strong-mayor”), con casi plenos poderes. Propiciando una modalidad que guarda ciertas similitudes con el caciquismo. Y es que EEUU vivió lo mismo que en España se está produciendo a finales del siglo XIX. Decidiendo pasar de la figura del “strong-mayor”, que nosotros tenemos, a la del “city-manager”. (26) Con lo que lograron reducir enormemente la corrupción municipal. (27) Nombrándose en 1908 el primer city-manager en Staunton (Virginia). (28)

Donde la labor del pleno es legislativa, confiriéndose la ejecutiva al “city-manager”. Quien es contratado por el Consejo Plenario por un periodo distinto que el de los cargos electos que lo nombran. Con ello se persigue que en su despido, que ha de estar acordado por la mayoría de concejales, solo puedan influir motivaciones inspiradas en resultados. El Pleno diseña la hoja de ruta a seguir y el “city-manager” la ejecuta. Tiene que ser una persona con altos conocimientos jurídicos y de gestión. No podrá pertenecer a ningún partido político.

La contratación del personal estará a su cargo, en pro de que solo se tengan en cuenta los méritos de los candidatos. Los ediles resuelven si se tiene que emplear a alguien, previa sugerencia del “city-manager”, y éste escoge a la persona idónea para la plaza.

Además, instaurando el arquetipo norteamericano se elimina la posibilidad de incorporación de cargos de confianza. Formalmente denominados personal eventual y que hoy comporta una cuantía estratosférica. Asimismo, hacemos desaparecer el contexto propicio para que se cometan hipotéticos delitos por otorgar empleos a cambio de apoyo electoral. Erradicando cualquier tipo de red clientelar que se pueda dar.

En el nuevo modelo se escogerían entre 5 ó 7 concejales por Ayuntamiento. Y no la horquilla de 5 a 25 de España. Se dividiría el municipio en distintos distritos con idéntico número de electores, hasta un máximo de 7. Resultando ganador exclusivamente un edil por cada zona. (29) Eso sí, deben vivir en la circunscripción por la que se presenten. Los aspirantes que deseen participar en los comicios deberán inscribirse, avalados por un mínimo número de firmas de residentes del área a la que representen. (30)

Porque hay que recordar que la mayoría de casos de corrupción se dan en el término municipal, suscitados por: contratación de personas sin seguir los cauces legalmente establecidos; en el ámbito del urbanismo; en el área de la contratación pública. Estando incluso relacionado en ocasiones con la financiación de los partidos políticos. Y también es el territorio donde prácticamente se aprecia la comisión del delito electoral. (31) De donde parten las redes clientelares. Además a ello se une el escaso grado de formación jurídica de los ediles. Existiendo un número destacable que sólo dispone de los estudios básicos, con nulo conocimiento de procedimiento administrativo. (32) Con lo que si a este hecho sumamos que la normativa es bastante farragosa y el amplio margen de poder de la figura del Alcalde fuerte español (“strong-mayor”), quizás lo extraño es que no hayan más condenas. Y es que de poco sirve endurecer las penas para quien desconoce las normas, por mucho que el artículo 6.1 del Código Civil diga que: “La ignorancia de las leyes no excusa de su incumplimiento.” Estando sometidos los políticos locales diariamente a la presión de innumerables personas que presuntamente reclaman su favor correspondiente.

Al pasar de la figura del “strong-mayor”, que nosotros tenemos, a la del “city-manager”, retiramos el peso de la guadaña que pende día tras día sobre la cabeza de los cargos electos municipales. A quienes todos están prestos a, metafóricamente, decapitar. Mas con escasa capacidad de ver el problema desde una posición de empatía y verdaderamente resolutiva. Y es que quizás si se continúa persistiendo en las mismas soluciones, lo único que pasará es que o bien a la política municipal llegue lo peor de lo peor. Lo que se desencadena ante el miedo aterrador que supone ese cargo cuando se es consciente de lo que implica. O que se paralice la Administración ante el pánico por cometer un error y ver tu nombre negativamente mentado en los matutinos o vespertinos rotativos.

Igualmente se propondría fusionar Ayuntamientos. Existiendo actualmente 8.114, de los que 5.700 no llegan a 2.000 habitantes, de nula viabilidad con los recursos económicos de los que disponen. Prácticamente hay las mismas entidades locales con las actuales conexiones que cuando las carreteras eran de tierra y los medios de transporte: el caballo, el burro o la carreta. Sin tener en cuenta que hoy Internet facilita la conexión con la Administración. En teoría se tendría que poder hacer cualquier trámite por esta vía. Gran Bretaña, por ejemplo, pasó de 1.500 consistorios a 400 con 60 millones de habitantes, nosotros sólo tenemos 47 millones de residentes. Alemania con 82 millones, casi el doble que nosotros, disminuyó su número de 25.000 a 8.400. Bélgica de 2.359 a 596. (33) Suecia en 1960 pasó de 2.500 Ayuntamientos a 290. Dinamarca entre 2005 y 2010 se quedó sólo con 65 municipios, de 238 que tenía.

Al aumentar el tamaño de los municipios se disminuye el riesgo del antiquísimo caciquismo y aumenta la calidad democrática. Mejorando igualmente la prestación de servicios. Entrando los Ayuntamientos en una especie de competición para ver quién lo hace mejor, lo que provoca un afán perfeccionista que beneficia sin duda al ciudadano.  

Y es que hay que tener en cuenta que los países europeos con menores niveles de corrupción albergan ambas características. Es decir, mantienen el modelo gerencial de gobierno municipal y han reducido drásticamente el número de Ayuntamientos. Un dato que constata este hecho es que tanto España, Italia, como Portugal, ostentan la figura del “strong-mayor” (34) y son los que presentan mayores niveles de percepción de la corrupción. (35)

Quedando además sin sentido las Diputaciones, un intermediario suprimible entre el gobierno regional y el local. (36) Las cuales se crean con la Constitución de Cádiz de 1812, donde el Estado era unitario. Su configuración actual es prácticamente la misma que en 1833. (37) Pero ahora vivimos en un Estado compuesto, que tiende casi a la federalización, donde irrumpen las Comunidades Autónomas. Asimismo, la Diputación no se designa por elección popular, contradiciendo por tanto la máxima de democracia representativa. Configurando lo que hipotéticamente se podría interpretar como la vigencia del, prohibido constitucionalmente, mandato imperativo de los partidos políticos a los que representan o de los consistorios de los que provienen. Y es que las Diputaciones terminan siendo un caldo de cultivo para el clientelismo y por ende la corrupción. (38) Y un gasto innecesario, pues no aporta valor añadido alguno. También al unirse los consistorios sobran las mancomunidades.

Como medida para fomentar el control ciudadano y mejorar la participación se propone el uso de las TIC. Comenzando por la Administración más cercana al ciudadano que son los Ayuntamientos. En este sentido su página web se puede convertir en el elemento central a través del cual se canalice la interacción con los ciudadanos. Suministrando toda la información disponible. De tal manera que sea fácilmente accesible, entendible  y reutilizable. Cada contenido editado permitirá ser comentado por los usuarios. Pudiendo habilitarse servicios de suscripción para aquellos ciudadanos que así lo deseen, a través de e-mail, SMS a un número de teléfono móvil,…

Página que contendrá un área de contacto con el concejal de cada circunscripción electoral. A través de la cual los ciudadanos podrán remitirle todos aquellos comentarios, peticiones, quejas,… que estimen oportunos. Una vez enviada la solicitud el sistema les proporcionará un número, pudiéndose ver en cada momento en qué lugar se encuentra a la hora de ser respondida. 

De igual modo, se podrán habilitar foros de debate sobre una cuestión determinada. Incluso la votación de propuestas por parte de los residentes mediante identificación digital. Siendo factible también establecer encuestas digitales. Creación de comunidades virtuales.

El único límite para los mensajes públicos vertidos en la plataforma digital municipal, por parte de los ciudadanos, será que cumplan con lo establecido en la ley vigente. No pudiendo incurrir en calumnias o injurias. (39) O afectar al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. (40) Tampoco incitar “a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía (…)” O los que “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía.” (artículo 510 del Código Penal). Así como difundir “ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. (…) si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito” (artículo 18 del Código Penal). Debiéndose garantizar igualmente los Derechos de propiedad intelectual o industrial, o de Protección de Datos.

Por otro lado, lo habitual en la gestión municipal es construir un centro cultural en cada núcleo poblacional. De forma que se cree un punto de encuentro donde se puedan desarrollar diferentes actividades. Ahora, si lo que queremos es reducir la brecha entre administradores y administrados el reto estará en hacer participativa la dirección del mismo. Que deberá recaer en un Concejo del Centro en el que participen representantes: municipales; de asociaciones y colectivos; de usuarios del centro; profesionales del sector (Cultura, espectáculos, comunicación, docencia, Servicios Sociales,…). Con lo que se congregarán en una misma mesa a la hora de tomar decisiones personas del ámbito político, técnico-profesional y ciudadanos.

El centro cívico y cultural dispondrá de Biblioteca y salas donde se puedan: representar obras de teatro, conciertos, conferencias, charlas-debate; impartir clases de música o baile, talleres, clases de apoyo; o albergar un medio de comunicación vecinal (radio, periódico on-line o en papel),…

Lo mismo se hará con las instalaciones deportivas. (41)

Al basarse la presente propuesta en la elección uninominal por circunscripción electoral, el concejal electo por cada circunscripción se encargará de la coordinación en su área de las distintas competencias municipales. Así, por ejemplo, en materia de cultura ha de mantener contactos con: escritores y artistas que trabajen en el municipio, patrimonio histórico-artístico existente, asociaciones, empresas culturales (cines, teatros, editoriales,…),…Guardando relación igualmente con aquellos eventos festivos tradicionales. En el caso de Turismo el trato ha de ser con empresas de: restauración, alojamiento, comercio, ocio, transporte,… Además en este último supuesto se deberá tener una coordinación con otras áreas: seguridad, infraestructuras, playas, parques, jardines, cultura, festejos,… Por su parte la de educación aglutinaría a: colegios, universidades, institutos, centros de formación profesional, escuelas de idiomas,…

De esta forma la relación del edil será plenamente directa con los ciudadanos de la circunscripción electoral por la que resultó escogido. Evitándose, como en el caso español, crear reinos de Taifa dentro de una misma corporación, sin coordinación alguna y emprendiendo medidas opuestas unas a otras por personalismos varios. Desterramos también las componendas de pactos imposibles. Con lo que será fácil ver si el concejal acata lo propuesto, pues le corresponde a él en conjunto con la ciudadanía desarrollar lo ofertado en su programa electoral. Sirviendo entonces dicho documento como un verdadero contrato, cuyo incumplimiento implicaría la invalidación para el cargo.

Igualmente es posible crear Consejos de Participación, en los que se debata un tema que interese en un determinado momento y que estarán operativos mientras no se resuelva esa cuestión. Independientemente de los Consejos de Participación Sectorial. Si bien, hay que tratar de no caer en ellos en una burocracia excesiva, dotándolos de reglamentos demasiado detallados. Lo que finalmente desemboca en la inoperancia y el aburrimiento.

Por ello, la labor colaborativa ha de quedar plasmada en Planes Estratégicos elaborados en cada ámbito. Documentos que marcarán la hoja de ruta a desarrollar a corto, medio y largo plazo. Resultados que se evaluarán anualmente y se recogerán en un Informe. Eludiendo así que cada nuevo gobierno que llegue modifique los pasos andados y vuelta a empezar. Porque muchas veces no se trata de la capacidad presupuestaria. Ya que nada hacemos si caminamos infinidad de tiempo en una dirección y a las siguientes elecciones cuando tomen posesión otros cargos electos nos situamos en la posición contraria. Cundiendo mucho más pequeños pasos siempre en la misma línea, con un rumbo fijo, sabiendo desde un inicio perfectamente a donde queremos llegar.

En definitiva, se trata de que cualquier decisión a tomar sea consensuada entre los distintos agentes implicados, integrando y no soslayando a la ciudadanía. Incluso que aquellas que no sean competencia del Ayuntamiento, sino de la Comunidad Autónoma o gobierno central, partan de una petición común desde el punto donde finalmente tendrán incidencia. Pasando de un Ayuntamiento dirigista-intervencionista a uno relacional, catalizador de sinergias. (42)

Además esta forma de actuar evitaría la judicialización de la política que ahora arrecia contra las instituciones. Ya que cuando todos participan de una resolución, primero se evitan desviaciones y segundo la irrupción de denuncias falsas, al haber participado todos en ella. Método este último que presuntamente se usa para descabalgar al rival con opción de salir elegido como cargo público. Buscando que se aburra, que su familia le implore que abandone y termine con semejante calvario. O que la opinión pública, debidamente manipulada a través de reiterados mensajes lanzados, lo vilipendie en la plaza mayor. Porque la presunción de inocencia, consagrada en el artículo 24.2 de la Constitución española, a estas alturas, como demuestran las noticias que salpican un día sí y otro también los medios de comunicación, queda un poco en entredicho.

Por medio de los presupuestos participativos se concretarán en qué se han gastar los recursos económicos municipales. Estableciendo un rango de prioridades entre las inversiones a acometer. Primero, durante el mes de febrero, se abrirá un periodo para recibir sugerencias en la web municipal. Luego, entre marzo y julio, se convocará a una reunión a todos los interesados de cada circunscripción electoral, entre los que se elegirán un número de delegados determinado entre los ciudadanos. Dependiendo de los asistentes a la sesión. Así hasta 100, 1 representante por cada 10 asistentes; de 100 a 250, 1 por cada 20; de 251 a 400, 1 por cada 30; de 401 a 550, 1 por cada 40; de 551 a 700, 1 por cada 50; de 701 a 850, 1 por cada 60; de 851 a 1000, 1 por cada 70; a partir de 1.000, 1 por cada 80.

La convocatoria se hará a través de la web municipal. De todas maneras se tratará de crear, con el consentimiento del usuario, una base de datos de correos electrónicos de los vecinos, al objeto de notificarles personalmente. O bien mediante SMS a un número de teléfono móvil. Siempre cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley de Protección de Datos.

En la siguiente sesión propuesta, que tendrá lugar en Septiembre, el concejal de cada circunscripción electoral se congregará con los delegados electos. Donde expondrá su criterio para esa área y el montante económico disponible para inversiones. Argumentando primeramente las obras pendientes de ejecutar, si las hubiera, presupuestadas el año anterior, así como las sugerencias recibidas hasta ese momento. Los delegados vecinales electos alegarán igualmente sus razonamientos. Todos ellos estarán ayudados por los técnicos municipales de cada ámbito y el “city-manager”. Quienes, entre otros puntos, garantizarán el encaje legal y financiero de las proposiciones, aclarando cualquier duda que pudiera surgir. Tras un debate se recogerá en un acta las obras a realizar, mejora de las ya existentes (carreteras, jardines, parques,…), o adquisiciones permanentes (vehículos, contenedores de basura,...). Por último, se escogerá entre los miembros vecinales a uno para que esté presente en la reunión global, presidida por el alcalde. Encuentro en el que se tratarán aquellas decisiones presupuestarias que tengan incidencia en todas las circunscripciones electorales del municipio, como por ejemplo, el arreglo de la planta de tratamiento de residuos.

Cuando el documento del presupuesto anual esté finalmente redactado se convocará una nueva sesión, en octubre, para dar traslado del mismo. De igual modo, se pondrá a disposición en la web municipal durante noviembre. Abriéndose un plazo de alegaciones de 15 días, una vez acabado el cual y tras ser resueltas las alegaciones se calificará como definitivo. Entonces el presupuesto completo, ingresos más gastos (gastos de personal, gastos financieros, gastos corrientes e inversiones) será aprobado por el Pleno municipal, presidido debidamente por el Alcalde. A los seis meses de la entrada en vigor del presupuesto, en julio, se celebrará otra asamblea con los miembros vecinales electos para explicar su ejecución hasta ese instante. Y también cuando expire el presupuesto. Las actas de cada sesión se colgarán en la web en el epígrafe del presupuesto del año correspondiente. (43)

Con los presupuestos participativos se consigue una mayor transparencia y rendición de cuentas. Además de hacer accesible al ciudadano el conocimiento de la toma de decisiones municipales, pudiendo sentirse parte integrante del colectivo. Ergo, disminuyendo la brecha entre administradores y administrados.

De igual modo, para aumentar la participación ciudadana habría que revisar la iniciativa legislativa popular. Rebajando la exigencia de las 500.000 firmas necesarias. Con lo que se debería modificar el artículo 87.3 de la Constitución española. El fin es adaptarnos a la normativa de la Unión Europea. Y es que el Reglamento (UE) n° 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, requiere para la iniciativa legislativa popular europea, en proporción, un número de apoyos mucho menor. (44)

Por otro lado, para garantizar que funcionen los controles internos de la Administración Pública, se debería eliminar la posibilidad del flujo del funcionariado a la política. Con posibilidad de retorno y sin penalización alguna. Es decir, deberíamos ir al modelo del “Civil Service” británico. (45) Limitando la situación administrativa de servicios especiales, contemplada en el artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público. Como hacen los países anglosajones, nórdicos o Alemania, quienes separan la carrera funcionarial de la política. Para evitar que los empleados públicos se centren más en tejer amistades con sus superiores políticos que en el desempeño propio de sus funciones. Garantizando la imparcialidad y neutralidad. Naciones que no sólo imponen límites para dar el salto del mundo funcionarial a la política, sino que también penalizan su retorno. Padeciendo menores niveles de corrupción. (46)

En la misma línea que lo anterior se ha de poner coto a la libre designación. Prohibiendo que se nombren de esta forma los cargos de Secretario, Interventor y Tesorero municipal. (47) Y aquellos otros puestos cuya misión sea el control del poder ejecutivo. Además, la decisión sobre la apertura de expedientes disciplinarios, así como su retribución, básicamente el complemento de productividad y el específico, no pueden depender de la determinación del cargo electo. 

Para cumplir con parte de las observaciones hechas por el Consejo de Europa respecto a la necesaria independencia del Poder Judicial, (48) se habría de volver a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, en lo que a la elección de los Vocales se refiere. Quedando así conformado el Consejo General del Poder Judicial por 12 Vocales designados entre Jueces y Magistrados, 4 por el Congreso y 4 por el Senado.

Por último, respecto a la gran avalancha de casos de corrupción detectados en materia de contratación pública y urbanismo, (49) se ha de ir hacia una simplificación normativa. En general, en palabras de José Ramón Chaves García,  Magistrado de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia: “leyes con calidad, claridad y poca cantidad”. (50) Porque como afirmara el político romano Tácito (55-120): “Cuánto más corrupto es el estado, más leyes tiene.” (51)

Concretas medidas que han demostrado en otros lares su incidencia a la hora de reducir cualquier posibilidad de abuso. No obstante, aludiendo a lo manifestado por Eduardo García de Enterría (1923-2013) en su mítico libro “La Administración española”, en la página 214: “Toda esta labor ha de ser, desde luego, enérgica, pero también prudente y delicada.” Y termina el jurista manifestando: “Frente al radicalismo reformista e iconoclasta dijo BURKE, entre otras cosas, algo que, a mi juicio (…), habría de servir de lema permanente para la gran empresa de revisar nuestras estructuras (…). “Hemos consagrado al Estado, para evitar lo males de la inconstancia y de la versatilidad, males diez mil veces peores que los de la obstinación y el prejuicio más ciego. Lo hemos consagrado para que ningún hombre se atreva a examinar sus defectos y sus corrupciones sin la necesaria circunspección, para que nadie piense en hacer reformas por medio de la subversión, para que nadie se acerque a los defectos del Estado (…), sino como se hace ante las heridas de un padre, con un medio respetuoso y una solicitud temblorosa.” (52)

Pues a la hora de acometer cualquier reforma hemos de mirar la triste historia de nuestro pasado. Un constante querer y no poder pasar página. Un perpetuo enfrentamiento fratricida entre dos bandos. Con el objetivo de marcarnos el propósito de llegar a la Tercera España. Aquella en la que todos seamos capaces de encontrarnos incluidos. Aquella en la que se acometan las imprescindibles reformas constitucionales, una vez más y después de casi 40 años, desde el consenso. Aquella que consiga traer el esplendor a una patria que sin duda en algún momento tuvo. Aquella que renueve la ilusión y la esperanza en que otra forma de hacer las cosas es posible. Porque “Ser de España” no ha de ser un “Problema”, (53) sino un argullo. Y es que a todos, parafraseando a Miguel de Unamuno (1864-1936), nos debería doler España. (54)

Conclusiones

El presente trabajo ha tratado de demostrar que erramos si creemos que la corrupción se debe a una cuestión de personas, pero también de época. Pues resulta preocupante pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Cuando un análisis riguroso de la historia nos muestra más bien lo contrario. Aflorando supuestos de gran repercusión incluso en etapas donde la libertad de expresión era muy limitada.

Uno de los grandes escándalos se remonta al Siglo de Oro. Protagonizado por el Duque de Lerma, Francisco de Sandoval y Rojas (1553-1625), Valido de Felipe III (1598-1621). De quien decían las coplas populares: “Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado.” Al solicitar el ingreso como cardenal, con el fin, teóricamente, de evitar el castigo por supuesta sustracción de fondos de las arcas reales. Ya que el clero disfrutaba de inmunidad eclesiástica. Quien sí llegaría a ser ejecutado por delitos de corrupción, sería su favorito, Rodrigo Calderón de Aranda (1576-1621). Concretamente el 21 de octubre de 1621, en la Plaza Mayor de Madrid.

A Francisco de Sandoval y Rojas se le relaciona con uno de los primeros “pelotazos” urbanísticos, por propiciar el traslado de la Corte de Madrid a Valladolid en 1601. Donde había adquirido con anterioridad terrenos y palacios que le proporcionaron un gran margen de beneficio al venderlos posteriormente a la Corana. Convirtiéndolo en poseedor de la mayor fortuna de España. Seis años después retorna la Corte a Madrid, donde nuevamente el Duque de Lerma hizo una similar operación especulativa.

Acusado igualmente de crear una red clientelar. Colocando a familiares y personas en la Corte de su plena confianza. O de vender cargos y hacer favores. Desde 1599 a 1618 todas las decisiones del Imperio español fueron supervisadas por él. Produciéndose en esa etapa, concretamente en 1607, una suspensión de pagos de la Hacienda nacional. Al no poderse cumplir los plazos de abono de la deuda. En 1609 se produciría la expulsión de los moriscos. Agudizándose el declive económico del país. (1)

Otro caso sonado fue el protagonizado por la Reina regente María Cristina de Borbón (1806-1878). Esposa de Fernando VII (1784-1833) y madre de la futura reina Isabel II (1830-1904). María Cristina actuará como regente a la muerte de su esposo, al sucederle en el trono su hija Isabel II que tan sólo contaba con tres años de edad en ese momento. Regencia que ostentará de 1833 a 1840.

O’Donnell (1809-1867), el que fuera Presidente del Consejo de Ministros de España, diría de María Cristina: “Apenas ha habido contratas lucrosas de buena o mala ley, especulaciones onerosas, privilegios monopolizadores a que no se haya visto asociada el nombre de la reina madre.” Se le acusaba de utilizar fondos de las arcas estatales para sus negocios privados, abuso de poder y uso de información privilegiada. Afirmándose en la época que: “No había proyecto industrial en el que la Reina madre no tuviera intereses.”  Negocios entre los que se encontraba el del ferrocarril o la sal. (2) 

A quien se relaciona igualmente el nombre de otro corrupto, el Marqués de Salamanca, José Salamanca y Mayol (1811-1833). Una de las mayores fortunas de la España de entonces. Ministro de Hacienda que concede ayudas públicas para financiar la compañía ferroviaria de la que es su principal accionista, al objeto de abrir la línea Madrid-Aranjuez. Y cuando finalmente la entidad mercantil se declara deficitaria es adquirida por el Estado. No obstante, se le encarga que amplíe la línea hasta Almansa (Albacete) y Alicante, con la consecuente nueva contraprestación económica. Un negocio exitoso para el aristócrata, aunque no así para el erario público. Además logra agrandar su patrimonio gracias al tráfico de influencias. Un famoso barrio de Madrid lleva su nombre. (3)

Durante la Segunda República estalla el asunto del estraperlo, que debe su nombre a Strauss, Perle y Lowmann. Quienes idearon una ruleta eléctrica que manipulaba el juego en los casinos. Su implantación fue autorizada por los gobernantes estatales, quienes supuestamente recibían una comisión a cambio del permiso. Salpicando los hechos en 1935 al Presidente del Consejo de Ministros de España, Alejandro Lerroux (1864-1949), líder del Partido Republicano Radical (PRR). A quien, según Strauss, se le tenía que entregar el 25% del rendimiento del juego de azar, que se llegó a instalar en el Casino de San Sebastián. (4) El término estraperlo quedaría ligado al comercio de productos que sortean cualquier control tributario, el mercado negro. (5) 

A estos bochornosos hechos se sumó el caso Nombela. Que tocó igualmente al Partido Republicano Radical y se destapó a finales de 1935. Sería el funcionario Antonio Nombela quien denunciaría ante las Cortes la concesión fraudulenta de una indemnización a la Compañía de África Occidental, negándose a pagarla. El expediente de aprobación fue firmado por Alejandro Lerroux. Quien no supo explicar convincentemente la decisión; sin embargo, las Cortes lo exculparon. (6)

En la Dictadura Franquista tampoco mejoró la situación. El historiador Miguel Ángel de Arco Blanco declara: “El 1 de abril de 1939 llegaba a su fin la Guerra Civil. Desde el levantamiento militar contra la II República el 18 de julio de 1936, la propaganda de los rebeldes prometería una “Nueva España”. Sería un futuro donde la “anarquía”, la “corrupción” y el “desorden” con los que identificaban a la República quedarían desterrados para siempre. Sin embargo, los años del primer franquismo (1939-1951) no coincidirían para nada con tan esperanzadores promesas: fue una época de miseria generalizada, donde el hambre asoló a gran parte de la población española y donde, sin lugar a dudas, se atiende a uno de los periodos de mayor corrupción de la Historia de España.” (7)

En esa primera etapa del franquismo, que se caracterizaba por la carestía, mención especial merece el estraperlo. Comerciándose en el mercado negro con todo tipo de productos. Entre los grandes estraperlistas se encontraban políticos y funcionarios. Corrupción que fue fomentada por la máxima intervención. (8) El poeta y político Dionisio Ridruejo (1912-1975) declararía: “Llegado un cierto momento, la implicación en este sistema, en el que todos resultaban ser corrompidos y corruptores al mismo tiempo, alcanzó una vastedad enorme. Todo el mundo estaba en el ajo, y estar, poder estar en el ajo, era la aspiración de la mayoría de los que el azar o la incapacidad mantenían excluidos.” (9)

Otro caso de repercusión internacional fue el de Barcelona Traction. En 1911 se constituye en Canadá la empresa “Barcelona Traction Light and Power, Co. Ltd.” (BT). Holding societario con participación en múltiples compañías. Cuyos títulos pasaron mayormente, antes de la Primera Guerra Mundial, a manos de accionistas belgas. Tras dicho periodo bélico la entidad mercantil creó distintas compañías para operar en el sector hidro-eléctrico en Cataluña. Algunas quedaban sujetas al derecho español, con ubicación de su sede también en España. (10)

Durante la Guerra Civil española Barcelona Traction interrumpe el pago de dividendos a sus accionistas. Anunciando en 1945 que procedería al abono de los mismos. Pero el gobierno de Franco se negó, argumentando que dichos importes podían ser usados por los enemigos de España para desestabilizar al Gobierno. En 1948 el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Reus declaró la quiebra de todo el holding empresarial, cuando sólo una de sus filiales tenía bienes en España. Decisión adoptada al reclamar algunos acreedores la deuda. Los bienes fueron subastados judicialmente en 1952 por un precio irrisorio, muy por debajo de su valor real. (11)

Quedando el holding finalmente en manos españolas por tan sólo 10 millones de pesetas, cuando algunas fuentes cifraban su valor entre 6.000 y 8.000 millones. (12) Operación calificada como “el mayor acto de piratería financiera.” Según el historiador Pere Ferrer la acción, a la que define como “expolio”, era justificada por Franco (1892-1975) en pro del patriotismo español, lo que la empresa no pasaría al Estado sino a manos privadas. Concretamente a FECSA (Fuerzas Eléctricas de Cataluña S.A.), creada en 1951 supuestamente a tal efecto. (13)

El caso sentaría un precedente jurisprudencial, al llegar hasta la Corte Internacional de Justicia. A la que apeló Bélgica para garantizar los intereses de los accionistas belgas, frente a la decisión injusta y arbitraria española. La que calificó de abusiva. En la que subyacía una decisión política. El proceso judicial duró 11 años, cuatro meses y treces días. En 1970 el Tribunal rechaza definitivamente la demanda al tener Barcelona Traction sede en Canadá, por lo que Bélgica no estaba legitimada en ese proceso. Aunque sus razonamientos jurídicos contribuirían al desarrollo del Derecho Internacional Público. (14)

En 1969 salta a la palestra el caso MATESA. Información que salió a la luz pública gracias al enfrentamiento entre dos sectores del régimen: los “tecnócratas” y los “azules”. Siendo los  primeros los encargados de conceder un alto importe en créditos y ayudas oficiales a MATESA (Maquinaria Textil del Norte de España, S.A.). El 9 de agosto recogería el diario “SP”, cercano a la Falange, en su editorial: “El control público de la empresa privada Matesa lleva camino de convertirse en el 'affaire' más sonado de los 30 últimos años, pues sus incidencias económicas y financieras (...) bordean las fronteras del escándalo, la ligereza y el fiasco.” No obstante, los hechos aireados en los medios de comunicación por los “azules” para debilitar a los “tecnócratas” pronto se les vuelven en contra. (15) El almirante Carrero Blanco (1904-1973) se mostraría contrariado ante la “escandalosa politización mediante una campaña de prensa.” Lo que consideraba que había creado “un serio problema que afecta al prestigio del Régimen.” Sin dejar de ser consciente de que se trataba del “fallido bancario de mayor volumen registrado en España.” Citas incluidas en un memorándum enviado por el almirante a Franco el 15 de octubre de 1969. (16)

En teoría MATESA se dedicaba a la fabricación de un innovador telar que exportaba exitosamente al exterior. Pero la realidad era que el producto se vendía bastante mal, siendo finalmente adquirido por filiales extranjeras que amontonaban cientos de telares en sus sedes. Y mediante esta operación de auto-venta la empresa llegó a obtener hasta agosto de 1969 créditos por una cuantía aproximada de 10.000 millones de pesetas. (17) Los cuales venía recibiendo desde 1964 de un banco oficial. (18) Concretamente los préstamos eran concedidos por el Banco de Crédito Industrial, los cuales encima estaban asegurados por la Compañía Aseguradora de Crédito y Caución, en base a un decreto de 1965. (19)

Los medios de comunicación se preguntaban: “¿Cómo se pasó, de un año a otro, a triplicar los créditos oficiales concedidos a MATESA sin sospechar ninguna anormalidad?”, “¿Por qué MATESA gozaba de tanto predicamento en el Banco de Crédito Industrial?” (El Alcázar, 11 de septiembre de 1969).  (20)

Resultando procesados por tales hechos, entre otros, distintos políticos que finalmente serían indultados.  (21) Mediante un decreto de Franco, publicado el 1 de octubre de 1971 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con motivo del XXXV aniversario de su “exaltación al Poder”. Empero, el indulto de los políticos en 1971 prácticamente no fue reflejado por los medios de comunicación, prensa que dos años antes había hecho un seguimiento exhaustivo del caso. (22)

Baltasar Garzón afirma, en la página 73 de su libro “El fango. Cuarenta años de corrupción en España,” que con la llegada de la Transición: “No hubo (…) un planteamiento serio que permitiera un cambio (…) respecto a la corrupción. (…) sin constancia del mal intrínseco que la corrupción conlleva y, por tanto, sin la conciencia de que es necesario combatirla.” Y prosigue en la página 78: “Realmente, la democracia no inventó la corrupción, ni los nuevos representantes eran más deshonestos que los que abandonaran la escena pública a partir de 1977 para invadir la privada, sino que sencillamente se zambulló en el fango preexistente; sólo cambiaron algunos de los actores, que aprendieron pronto cómo era un sistema que ahora debía cubrir un nuevo frente, el de la financiación de los partidos políticos.” (23)

Pues durante el vigente periodo democrático múltiples han sido los hechos dirimidos por los tribunales de justicia. Afectando a cargos públicos de diferentes ideologías. Quizás el problema de base esté en que no se rompió con el régimen anterior sino que se pasó “de la ley a la ley, pasando por la ley”. (24) Célebre frase atribuida al insigne jurista y político, Torcuato Fernández-Miranda (1915-1980). Por el temor que había en aquel momento a reabrir las heridas entre las “dos Españas”. Y dejando determinadas reformas para el instante en el que la democracia alcanzase su madurez.

Lo que resulta ilógico es que cuando supuestamente ha llegado ese momento, después de casi 40 años, volvamos a los mismos enfrentamientos iniciales. Esgrimiendo que se trata de una cuestión de bandos y no de medidas. Sin llegar a aprender la magistral lección que nos ha enseñado la historia. Que tanto autoritarios como demócratas se valieron de su cargo para beneficiarse de lo público. Ya fuera para provecho de sí mismos o de su círculo más cercano, pero en detrimento siempre del bien común.

Por lo que sólo nos queda para erradicar la lacra que supone la corrupción, la aportación de ideas. Ideas que vendrán desde el mundo académico. Para luego pasar a los intelectuales (escritores, periodistas, cineastas,…) quienes serán los encargados de difundirlas. Y finalmente cuando esas ideas ya hayan sido asimiladas por la sociedad, serán adoptadas por los políticos de modo natural, lo que provocará el cambio. (25) Porque, como dijera el inigualable escritor alemán, Goethe (1749-1832): “No está bien descubrir las faltas sin indicar a la vez el remedio para combatirlas.” (26)

Ergo, la clave está en que esas ideas sean aceptadas por el pueblo como suyas. Si lo que se busca es que las reformas perduren a lo largo del tiempo. Porque imponer cambios legislativos, sin que los ciudadanos previamente los hayan comprendido, es simplemente decretar la fecha de caducidad de cualquier disposición regenerativa. Así de claro lo tenía el pensador liberal, Blanco White (1775-1841), ya en 1824. (27)

Y es que no hay que engañarse, ésta será la única vía. Pues no cabe esperar ya “la revolución desde arriba.” Aclamada por Antonio Maura en 1901, el que fuera cinco veces Presidente del Consejo de Ministros de España, entre 1904 y 1922. Quien afirmara: “(…) más que nunca es ahora necesario restablecer aquella ya casi olvidada, de tiempo que ha que fue perdida, confianza entre gobernantes y gobernados; y ya no hay más que un camino, que es la revolución (…) desde el Gobierno (…). Nunca habría sido fácil la revolución desde el Gobierno, nunca habría sido recomendable, si hubiera podido dividirse la facultad y esparcirse la obra en el curso del tiempo; pero cada día que pasa, (…), es mucho más escabrosa, mucho más difícil, y el éxito feliz mucho más incierto; y no está lejano el día en que ya no quede ni ese remedio (…).” (28) Porque eso supondría el fin del Estado de Partidos. Y nadie se elimina a sí mismo. A no ser que te llames Torcuato Fernández-Miranda y seas el autor intelectual del Proyecto de Reforma Política. (29) Norma que permitió desmantelar desde dentro la Dictadura Franquista. (30) Mas la genialidad del político fue pagada con la ingratitud y el olvido. (31)

Conclusivamente, el presente trabajo plantea que la única alternativa es defender la adopción de ciertas decisiones. Si de mejorar nuestra calidad institucional se trata. Porque en palabras de José Ortega y Gasset (1883-1955): “yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo.” Y añadiría el brillante filósofo: “el primer término de mi circunstancia era y es España.” (32) Uno de los más grandes intelectuales de todos los tiempos. Quien insistió reiteradamente en la perentoria necesidad reformadora de su vieja patria. No obstante, cuando la anhelada regeneración se limitó a sustituir un bando por otro, acabó desilusionado. Condenado al ostracismo por las eternas “dos Españas”, al no sentirse incardinado en ninguna de ellas. Ya que no representaban al país por el que había luchado. Y después de tantos años quizás nos encontremos en la misma encrucijada. Porque utilizando sus palabras: “¡No es esto, no es esto!” (33) Pero además esta vez sin un Ortega que remueva el sentimiento nacional con sus certeras reflexiones.

En una carta escrita a Gregorio Marañón (1887-1960) el 5 de mayo de 1944 dejó constancia de su amargura: “Aquí prosigo inexistiendo. Algunas veces trabajo con furia, otras me limito a flotar como una madera oceánica. Me desanima entrever que las cosas en que verdaderamente trabajo estos años van a tardar mucho en poderse publicar en España. Y no porque sean tremebundas -siempre he detestado la tremebundez- sino porque se refieren precisamente a los temas hoy más perseguidos: lo que es el destino humano y lo que son las entrañas de la sociedad.” (34) Una sociedad que lo haría soñar y sufrir a partes iguales. Una sociedad a la que no pudo insuflar su ansia reformadora. Una sociedad dividida, en perenne combate. Una sociedad que cuando se atisba que va a pasar página, comienza otra vez a deshacer el camino andado.

Notas

¿Qué hace diferente al Sur de Europa?

(1)               Miller, T. y Kim, A. Puntos destacados del Índice 2015 de Libertad Económica. Fomentando oportunidad económica y prosperidad. The Heritage Foundation. Libertad.org. Obtenido el 15 de febrero de 2015, de: http://www.libertad.org/wp-content/uploads/2015/01/Puntos-destacados-del-Indice-2015-de-Libertad-Economica.pdf

(2)               Tiempo necesario para iniciar un negocio (días). El Banco Mundial. Obtenido el 15 de febrero de 2015, de: http://datos.bancomundial.org/indicador/IC.REG.DURS

(3)               Índice de Desarrollo Humano y sus componentes. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Obtenido el 15 de febrero de 2015, de: http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components

(4)               Libertad de Prensa. Freedom House. Obtenido el 15 de febrero de 2015, de: https://freedomhouse.org/report-types/freedom-press#.VN-5-_nz18G

(5)               Democracy index 2012. The Economist Intelligence Unit. Obtenido el 15 de febrero de 2015, de: https://portoncv.gov.cv/dhub/porton.por_global.open_file?p_doc_id=1034

(6)               Regímenes políticos que predominan en América Latina y el mundo. Universidad Francisco Marroquín. Obtenido el 15 de febrero de 2015, de: http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Elhageregimenes

(7)               Comparativa: Índice de Percepción de la Corrupción. datosmacro.com. Obtenido el 15 de febrero de 2015, de: http://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion

(8)               Almazán De Gracia, A. La sombra y su integración psicológica. Jung Buenos Aires. Obtenido el 16 de febrero de 2015, de: http://www.jungba.com.ar/editorial/body_texto_editorial01.asp

(9)               Turull Rubinat, M.  -coord.- (2008). Fundamentos históricos del Derecho, pp. 17-28. Barcelona: FUOC.

(10)          Sánchez, V.M. (2009). Módulo 1: El ordenamiento jurídico internacional. En Sánchez, V.M (Dir.), Derecho internacional público, pp. 33-35 (Segunda edición). Barcelona: FUOC.

(11)          Melián, I. (2012). Capítulo VIII: Una historia plagada de privilegios. ibizamelian.com. Obtenido el 10 de febrero de 2015, de: http://ibizamelian.com/la-hermandad-de-dona-blanca/capitulo-viii-una-historia-plagada-de-privilegios/

(12)          Historia de las principales religiones: Iglesia protestante y evangélica. Universidad Francisco Marroquín. Obtenido el 16 de febrero de 2015, de: http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Mendezprotestanteevangelica

(13)          Fuentes, M.A. Los Principios Fundamentales Del Protestantismo. Catholic.net. Obtenido el 16 de febrero de 2015, de: http://es.catholic.net/op/articulos/3397/cat/13/los-principios-fundamentales-del-protestantismo.html

(14)          Sandel, M.J. (2011). Justicia. ¿Hacemos lo que debemos?, pp. 121-160. Barcelona: Random House Mondatori, S.A.

(15)          Negro, D. (2013). Lo que Europa debe al cristianismo (Tercera edición). Madrid: Unión Editorial, S.A.

(16)          Hoeller, S. (1990). Jung el gnóstico y los Siete Sermones de los Muertos. Madrid: Heptada Ediciones, S.A. (Obra original publicada en 1982).

(17)          Treisman, D. (2000). The causes of corruption: a cross-national study. Journal of Public Economics (76), pp. 399–457. Obtenido el 16 de febrero de 2016, de: http://www.policyinnovations.org/ideas/policy_library/data/01437/_res/id=sa_File1/Treisman_Causes_Corruption.pdf

(18)          Melián, I. (2014). Capítulo XXIV: La Edad del Espíritu Santo. ibizamelian.com. Obtenido el 16 de febrero de 2015, de: http://ibizamelian.com/la-hermandad-de-dona-blanca/capitulo-xxiv-la-edad-del-espiritu-santo/

(19)          Vidal, C. (30 de octubre de 2011). Las razones de una diferencia: El trabajo. Libertad Digital. Obtenido el 16 de febrero de 2015, de:

http://www.libertaddigital.com/opinion/cesar-vidal/el-trabajo-61703/

(20)          Pérez Franco, M (2004). Reseña "La ética protestante y el espíritu del capitalismo" de Max Weber. Sociológica, vol. 19, núm. 55, mayo-agosto, pp. 303-316. Obtenido el 17 de febrero de 2015, de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305026635011

(21)          Weber, M. (2009). La ética protestante y el espíritu del capitalismo (Edición electrónica). (Obra original publicada en 1920). Obtenido el 16 de febrero de 2015, de: https://catedracesarpeon.files.wordpress.com/2009/08/weber-m-1905-la-etica-protestante-y-el-espiritu-del-capitalismo.pdf

(22)          Checa, J. (16 de abril de 2011). Sólo ocho de cada cien estudiantes quieren montar su propio negocio. El Confidencial. Obtenido el 17 de febrero de 2015, de: http://www.elconfidencial.com/sociedad/2011/estudiantes-quieren-formar-propio-negocio-20110416-77552.html

(23)          Rothstein, B. (2011). The Quality of Government, p. 157. The University of Chicago Press Books.

(24)          La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber (22 de agosto de 2012). Ssociólogos. Blog de Sociología y actualidad.  Obtenido el 17 de febrero de 2015, de: http://ssociologos.com/2012/08/22/la-etica-protestante-y-el-espiritu-del-capitalismo-de-max-weber/

(25)          Melián, I. (2010). Vuelva usted mañana (artículo del Bachiller). ibizamelian.com. Obtenido el 17 de febrero de 2015, de: http://ibizamelian.com/destacados-liberales/vuelva-usted-manana-articulo-del-bachiller/

(26)          Méndez, G. (23 de agosto de 2010). Académicos y protestantes de la Ilustración Escocesa. Ética, Derecho y Libertad. Obtenido el 17 de febrero de 2015, de: http://eticaderechoylibertad.blogspot.com.es/2010/08/academicos-y-protestantes-de-la.html

(27)          Melián, I. (2010). Capítulo XXXVIII: El socialismo ha muerto. ibizamelian.com. Obtenido el 17 de febrero de 2015, de: http://ibizamelian.com/historias-de-un-pueblo/capitulo-xxxviii-el-socialismo-ha-muerto/

(28)          Vidal, C. (6 de noviembre de 2011). De bancos y banqueros. Libertad Digital. Obtenido el 17 de febrero de 2015, de:  http://www.libertaddigital.com/opinion/cesar-vidal/de-bancos-y-banqueros-61784/

(29)          González Moreno, M. (2014). Líneas maestras del ideario económico de la escolástica (y II): comercio, cambios y usura. eXtoicos, nº 14. Obtenido el 17 de febrero de 2015, de:  http://www.extoikos.es/n14/pdf/12.pdf

(30)          Melián, I. (2013). Capitulo X: El liberalismo nació en España. ibizamelian.com. Obtenido el 17 de febrero de 2015, de: http://ibizamelian.com/la-hermandad-de-dona-blanca/capitulo-x-el-liberalismo-nacio-en-espana/

(31)          Hinojosa Montalvo, J. Los judíos en la España Medieval: de la tolerancia a la expulsión. Obtenido el 17 de febrero de 2015, de: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/13209/1/Hinojosa_Judios_Espa%C3%B1a.pdf

(32)          Vidal, C. (13 de noviembre de 2011). Educación. Libertad Digital. Obtenido el 17 de febrero de 2015, de:  http://www.libertaddigital.com/opinion/cesar-vidal/educacion-61912/

(33)          Viñao, A (2009). La alfabetización en España: un proceso cambiante de un mundo multiforme. EFORA (Vol. 3), p. 9. Obtenido el 17 de febrero de 2015, de: http://campus.usal.es/~efora/efora_03/articulos_efora_03/n3_01_vinao.pdf

(34)          Vidal, C. (20 de noviembre de 2011). …Y ciencia. Libertad Digital. Obtenido el 17 de febrero de 2015, de:  http://www.libertaddigital.com/opinion/cesar-vidal/y-ciencia-62009/

(35)          Echegaray, J (1866). Historia de las matemáticas puras en nuestra España. Discurso de ingreso en la Academia de Ciencias. Obtenido el 17 de febrero de 2015, de: http://www.ateneodemadrid.com/biblioteca_digital/folletos/Discursos-010.pdf

(36)          Turull Rubinat, M.  -coord.- (2008). Fundamentos históricos del Derecho, p. 65 y 67. Barcelona: FUOC.

(37)          Rothbard, M.N. (2005). Hacia una nueva Libertad. El Manifiesto Libertario, p. 17. Buenos Aires: Grito Sagrado Editorial.  (Obra original publicada en 1973).

(38)          Urbano Gómez, S. (2011). El principio de división de poderes en la Unión Europea y en el estado español: breve referencia al Poder Judicial. Noticias Jurídicas. Obtenido el 17 de febrero de 2014, de: http://noticias.juridicas.com/articulos/00-Generalidades/201107-8125798525.html

(39)          Melián, I. (2010). Capítulo XXVII: Nacionalismos y regionalismos españoles (II). ibizamelian.com. Obtenido el 18 de febrero de 2015, de: http://ibizamelian.com/historias-de-un-pueblo/capitulo-xxvii-nacionalismos-y-regionalismos-espanoles-ii/

(40)          Melián, I. (2011). Introducción novela “Historias de un pueblo”. ibizamelian.com. Obtenido el 18 de febrero de 2015, de: http://ibizamelian.com/historias-de-un-pueblo/introduccion-novela-historias-de-un-pueblo/

(41)          García de Enterría, E. (2007). La Administración española. Estudios de Ciencia Administrativa, p. 57 (Séptima edición). Pamplona: Thomson – Civitas. (Obra original publicada en 1961).

(42)          Tomás y Valiente, F. (2011). Manual de Historia del Derecho Español, p. 588-591 (4ª edición). Madrid: Tecnos.

(43)          Rosado Pacheco, S. (2000). El Estado administrativo en la España del siglo XIX: liberalismo e intervencionismo, pp. 103-106. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

(44)          Álvarez Villamil, V. y Llopis, R. (1929). Cartas de Conspiradores, p. 272-275. Madrid.

(45)          Melián, I. (2010). Capítulo XLVII: La Transición, Suárez y el Rey. ibizamelian.com. Obtenido el 18 de febrero de 2015, de: http://ibizamelian.com/historias-de-un-pueblo/capitulo-xlvii-la-transicion-suarez-y-el-rey/

(46)          Quevedo, F. (2006). Pasión por la libertad. El pensamiento político de Adolfo Suárez, p. 44-45. Barcelona: Áltera. 

(47)          González Martínez, C (2011). La Revolución de los Claveles en Portugal: el fin de la dictadura salazarista y la transición a la democracia. Universidad de Murcia. Obtenido el 18 de febrero de 2015, de: http://ocw.um.es/humanidades/la-historia-contemporanea-y-del-pensamiento-mas/otros-recursos-1/14-la-revolucion-de-los-claveles-en-portugal.pdf

(48)          Vidal, C. (23 de febrero de 2001). ¿Cómo cayó la dictadura de los coroneles? Libertad Digital. Obtenido el 18 de febrero de 2015, de: http://www.libertaddigital.com/opinion/ideas/como-cayo-la-dictadura-de-los-coroneles-681.html

(49)          Martín Alarcón, J. (26 de febrero de 2013). Recorrido político de la democracia italiana que surgió tras el Fascio. La Aventura de la Historia. Obtenido el 18 de febrero de 2015, de: http://www.laaventuradelahistoria.es/2013/02/26/italia-recorrido-politico-de-la-democracia-que-surgio-tras-el-fascio.html

(50)          Ledesma Ramos, R. (21 de marzo de 1931). El nacionalsocialismo alemán El partido de Hitler. La Conquista del Estado. Obtenido el 18 de febrero de 2015, de: http://www.filosofia.org/hem/193/lce/lce025a.htm

(51)          Caída del muro de Berlín y reunificación alemana. Learn Europe. Obtenido el 18 de febrero de 2015, de: http://www.learneurope.eu/index.php?cID=386

(52)          Popper, K (2010). La sociedad abierta y sus enemigos, p. 440. 2ª impresión, Agosto 2012. Barcelona: Paidós. (Obra original publicada en 1945).

(53)          Rand, A. (2008). La rebelión del Atlas, p. 359. Buenos Aires: Grito Sagrado Editorial. (Obra original publicada en 1950).

Relación entre el sistema electoral y la corrupción

(1)               Carlos Rodríguez, J. (Invierno 2007-2008). Lord Acton. La ilustración liberal, nº 34. Obtenido el 3 de marzo de 2015, de: http://www.ilustracionliberal.com/34/lord-acton-jose-carlos-rodriguez.html

(2)               Gavara de Cara, J.C. y Roig Batalla, A. (2009). Módulo 1: La Constitución y los principios estructurales. En Sistema constitucional español, pp. 29-33 (Segunda edición). Barcelona: FUOC.

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(4)               Máster en Comunicación Política. Tema 3: ¿Sólo triunfan los paranoides?, p. 7. Curso Superior en Estrategias de Campaña y Comunicación. Uniactiva.

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(10)          Galindo, J.; Llaneras, K.; Medina, O.; San Miguel, J.; Simón, P. y Sanserrich, R. (2014). La urna rota. La crisis política e institucional del modelo español, p. 65. Barcelona: DEBATE (Penguin Random House Grupo Editorial).

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(12)          Sistemas Electorales. ACE. Obtenido el 3 de marzo de 2015, de: http://aceproject.org/main/espanol/es/default

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(14)          Sistemas Electorales. ACE. Obtenido el 3 de marzo de 2015, de: http://aceproject.org/main/espanol/es/default

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La utopía del gobierno de los mejores

(1)              Costa, J. (1902). Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla. Madrid: Imprenta de los hijos de M.G. Hernández.

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(14)         Cit. por Juan Marichal, El secreto de España, Madrid, Taurus, 1995, pág. 153. Extraída de Dueñas Lorente, J.D. (1997). Notas sobre la interpretación mesiánica de la figura y obra de Joaquín Costa. Anales de la Fundación Joaquín Costa, Nº 14, págs. 97-122.

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(50)         Villajonosa Rubio, J.M. (2008). Módulo 5: El problema de la justificación de la pena. En Problemas de filosofía del derecho, pp. 31-40. Barcelona: FUOC

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(58)         Dewey, J. (2007). Cómo pensamos: la relación entre pensamiento reflexivo y proceso educativo (capítulos 1 y 3), pp. 21-32, 47-62. Barcelona: Paidós.

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(60)         Álvarez-Rendueles, J.R. –selección y estudio introductorio preliminar- (2014). El cálculo del consenso. Escritos escogidos, p. XXI. Pamplona: Editorial Aranzadi, S.A. 

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Relación entre urbanismo y corrupción

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(2)               Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 28 de marzo de 2006 (LA LEY 154860/2006), Magistrado Ponente: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Fundamento de Derecho Noveno.

(3)               Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 21 de junio de 2012 (LA LEY 91097/2012), Magistrado Ponente: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Fundamento de Derecho Segundo.

(4)               Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 27 de noviembre de 2009 (LA LEY 237334/2009), Magistrado Ponente: Siro Francisco García Pérez, Fundamento de Derecho Tres.

(5)               Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 27 de noviembre de 2009 (LA LEY 237334/2009), Magistrado Ponente: Siro Francisco García Pérez, Fundamento de Derecho Nueve.

(6)               Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Civil y Penal, de 24 de octubre de 2011 (LA LEY 303494/2011), Magistrado Ponente: José Flors Maties, Fundamento de Derecho Tercero.

(7)               Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 27 de noviembre de 2009 (LA LEY 237334/2009), Magistrado Ponente: Siro Francisco García Pérez, Fundamento de Derecho Dos.

(8)               Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 4ª, de 9 de septiembre de 2013 (LA LEY 163795/2013), Magistrado Ponente: José Manuel de Paúl Velasco.

(9)               Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 2ª, de 29 de septiembre de 2005 (LA LEY 278689/2005), Magistrado Ponente: Cristina Domenech Garret, Fundamento de Derecho Tercero.

(10)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 24 de mayo de 2003 (LA LEY 2419/2003), Magistrado Ponente: José Antonio Martín Pallín, Fundamento de Derecho Primero.

(11)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 19 de octubre de 2006 (LA LEY 129161/2006), Magistrado Ponente: José Antonio Martín Pallín.

(12)          Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 8ª, de 10 de junio de 2005 (LA LEY 131700/2005), Magistrado Ponente: José Alberto Fernández Rodera, Fundamento de Derecho Cuarto.

(13)          Conde-Pumpido, C. (2007). Urbanismo, corrupción y delincuencia. En Alcaraz Ramos, M. (Dir.), El Estado de Derecho frente a la corrupción urbanística. Madrid: LA LEY.

(14)          García Rubio, F. (2009). El urbanismo como fuente de financiación local. AFDUAM nº 12, Urbanismo y corrupción, pp. 185-206. Obtenido el 3 de marzo de 2015, de: https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/12/185_206%20Garcia.pdf

(15)          Ré Soriano, D y Portillo Navarro, M. J. (2011). La participación en los tributos del Estado de las entidades locales en el marco de la financiación local. Universidad de Murcia. Obtenido el 3 de marzo de 2015, de: http://www.um.es/estructura/catedras/catedra-oht/documentos/LA%20PARTICIPACION%20EN%20LOS%20TRIBUTOS%20DEL%20ESTADO.pdf

(16)          Dirección General de los Servicios Jurídicos Coordinación  Territorial e Internacional. El destino del Patrimonio Público del Suelo tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). FEMP.  Obtenido el 3 de marzo de 2015, de: http://www.femp.es/files/3580-827-fichero/Patrimonio%20Publico%20%20del%20Suelo%20y%20la%20LRSAL.pdf

(17)          Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 7ª, de 15 de marzo de 2011 (LA LEY 4650/2011), Magistrado Ponente: Susana Martínez del Toro.

(18)          Barjadí Pascual, G. y Pareja Lozano, C. -Coords.- (2009). Derecho Urbanístico (Tercera edición). Barcelona: FUOC.

(19)          Fernández, T. (2011). Manual de Derecho Urbanístico, pp. 242-243 (22ª edición). Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos (La Ley).  

(20)          Melián, I. (2014). El caso del “Hotel Algarrobico”. ibizamelian.com. Obtenido el 3 de marzo de 2015, de: http://ibizamelian.com/administracion-publica/el-caso-del-hotel-agarrobico/

(21)          Melián, G. (1 de marzo de 2007). Monopolio urbanístico. Instituto Juan de Mariana. Obtenido el 4 de marzo de 2015, de: https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/monopolio-urbanistico

(22)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 31 de mayo de 2002 (LA LEY 5760/2002), Magistrado Ponente: Cándido Conde-Pumpido Tourón, Fundamento de Derecho Quinto.

(23)          Torres-Dulce Lifante, E. (2013). Memoria elevada al Gobierno de S.M., presentada al inicio del año judicial por el Fiscal General del Estado. Ministerio de Justicia. Obtenido el 3 de marzo de 2015, de: http://s01.s3c.es/imag/doc/2013-09-26/18.informe.pdf

(24)          Armenta Deu, T.; Oromí Vall-llovera, S. y Sala Donado, C. (2010). Módulo 4: El desarrollo del proceso penal (I). La instrucción (fase preliminar). La fase intermedia. En Armenta Deu, T.; García Albero, J.; Oromí Vall-llovera, S. y Sala Donado, actualización a cargo de: C.Armenta Deu, T y García Albero, J., Derecho procesal II, p. 12 (Segunda edición). Barcelona: FUOC.

(25)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 10 de abril de 2012 (LA LEY 58286/2012), Magistrado Ponente: Julián Sánchez Melgar, Fundamento de Derecho Cuarto.

(26)          Asencio Mellado, J.M (5 de abril de 2013). Imputación errónea. La Nueva España.

(27)          Sentencia 135/1989 del Tribunal Constitucional, Sala Primera, de 19 de julio de 1989 (LA LEY 2401/1989), Magistrado Ponente: Francisco Tomás y Valiente, Fundamento Jurídico Tres.

(28)          Ortego Perez, F. (19 de Junio de 2002). La imputación formal ante la reforma del proceso penal. Diario La Ley, Nº 5569, Sección Doctrina, p. 1892. Madrid: Editorial LA LEY (LA LEY 2184/2002).

(29)          Bondia García, D. (2012). Módulo 4: El sistema europeo de protección de los derechos humanos. En Aparicio Wilhelmi, M.; Bondia García, D.; Carrillo López, M.; Ferreres i Comella, V.; Gavara de Cara, J.C.; Roig Batalla, A. y Sánchez, V.M., Sistema español y europeo de protección de los derechos humanos. Barcelona: FUOC.

(30)          Torres-Dulce Lifante, E. (2013). Memoria elevada al Gobierno de S.M., presentada al inicio del año judicial por el Fiscal General del Estado, pp. 654-655. Ministerio de Justicia. Obtenido el 3 de marzo de 2015, de: http://s01.s3c.es/imag/doc/2013-09-26/18.informe.pdf

(31)          Melián, G. (1 de marzo de 2007). Ley del Suelo, por qué hay que votar “no”. Expansión.

(32)          Melián, G. (24 de mayo de 2008). La desesperanza urbanística de Madrid. Instituto Juan de Mariana. Obtenido el 4 de marzo de 2015, de: https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/la-desesperanza-urbanistica-de-madrid

Relación entre contratación pública y corrupción

(1)              Informe de lucha contra la corrupción de la Unión Europea. Comisión Europea. Obtenido el 18 de marzo de 2015, de: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_spain_chapter_es.pdf

(2)              Artículo 157 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

(3)              Artículo 162 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

(4)              Artículo 163.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

(5)              Artículo 169 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

(6)              Esteve Pardo, J. y Tarrés Vives, M. (2009). Módulo 3: Contratación pública. En Derecho administrativo II, pp. 43-44 (Tercera edición). Barcelona: FUOC.

(7)              Artículos 170 a 175 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

(8)              Artículo 150 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

(9)              Cosculluela Montaner, L. (2014). Manual de Derecho Administrativo, pp. 396-398 (Vigésimo quinta edición). Pamplona: Editorial Aranzadi, S.A.

(10)         Artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. También el artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, prohíbe las conductas colusorias.

(11)         Llebot Majó, J. (2012). Módulo 4: Derecho de la competencia. En Llebot Majó, J. y Machado Plazas, J. Derecho mercantil I, pp. 17-20 (Sexta edición). Barcelona: FUOC.

(12)         Guía para la prevención y detección de la colusión en la contratación pública. Autoritat Catalana de la Competència (ACCO). Obtenido el 19 de marzo de 2015, de: http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/guia_prev_det_colusio_contractacio_publica_esp.pdf

(13)         Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de 19 de octubre de 2011,  (LA LEY 211695/2011), Magistrado Ponente: Inmaculada Gutiérrez Carrizo, Fundamento de Derecho Quinto.

(14)         Navas, J.A. (10 de febrero de 2015). La CNMC fija en 48.000 millones la factura de la corrupción en la contratación pública. El Confidencial.

(15)         Soriano, D. (30 de septiembre de 2014). El gasto total crecerá en 17.000 millones de euros en 2015. Libre Mercado. Libertad Digital. Obtenido el 20 de marzo de 2015, de: http://www.libremercado.com/2014-09-30/el-gasto-total-crecera-en-17000-millones-de-euros-en-los-pge-de-2015-1276529539/

(16)         Navas, J.A. (10 de febrero de 2015). La CNMC fija en 48.000 millones la factura de la corrupción en la contratación pública. El Confidencial.

(17)         Informe de lucha contra la corrupción de la Unión Europea. Comisión Europea. Obtenido el 18 de marzo de 2015, de: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_spain_chapter_es.pdf

(18)         Mercado, F. (18 de noviembre de 2012). El Tribunal de Cuentas destapa el germen de la corrupción en las autonomías. El País.

(19)         Artículo 103.1 de la Constitución española.

(20)         Artículo 1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

(21)         Artículo 9.3 de la Constitución española.

(22)         Jareño Leal, A. (2011). Corrupción y delincuencia de los funcionarios en la contratación pública, pp. 18-32. Madrid: Iustel.

(23)         Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 30 de julio de 2014,  (LA LEY 94370/2014), Magistrado Ponente: Juan Saavedra Ruiz.

(24)         Sentencia Audiencia Provincial de Murcia, Sección 5ª, de 22 de julio de 2014,  (LA LEY 88163/2014), Magistrado Ponente: José Francisco López Pujante, Fundamento de Derecho Cuarto.

(25)         Artículo 146.1.a de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

(26)         El perfil del concejal español: un hombre de entre 26 y 45 años, con estudios elementales y que repite mandato (25 de agosto de 2009). Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Obtenido el 4 de febrero de 2015, de: http://www.seap.minhap.gob.es/es/prensa/notas_de_prensa/notas/2009/08/20090825.html

(27)         Artículo 14 de la Constitución española.

(28)         Artículo 23 de la Constitución española.

(29)         Artículo 1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

(30)         Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 2 de abril de 2003,  (LA LEY 12755/2003), Magistrado Ponente: Andrés Martínez Arrieta, Fundamento de Derecho Tercero.

(31)         Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 4 de marzo de 2010,  (LA LEY 27027/2010), Magistrado Ponente: Luciano Varela Castro.

(32)         Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 8 de junio de 2006,  (LA LEY 70067/2006), Magistrado Ponente: Andrés Martínez Arrieta, Fundamento de Derecho Primero.

(33)         Jareño Leal, A. (2011). Corrupción y delincuencia de los funcionarios en la contratación pública, pp. 33-65. Madrid: Iustel.

(34)         Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 22 de mayo de 2001,  (LA LEY 4257/2001), Magistrado Ponente: Eduardo Móner Muñoz, Fundamento de Derecho Primero.

(35)         Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 28 de marzo de 2001,  (LA LEY 3306/2001), Magistrado Ponente: Cándido Conde-Pumpido Tourón, Fundamento de Derecho Vigésimo Noveno.

(36)         Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 16 de noviembre de 2010,  (LA LEY 213894/2010), Magistrado Ponente: Perfecto Agustín Andrés Ibáñez.

(37)         Jareño Leal, A. (2011). Corrupción y delincuencia de los funcionarios en la contratación pública, pp. 67-74. Madrid: Iustel.

(38)         Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 16 de diciembre de 1998, (LA LEY 2537/1999), Magistrado Ponente: José Antonio Martín Pallín, Fundamento de Derecho Séptimo.

(39)         Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Civil y Penal, de 16 de septiembre de 2014, (LA LEY 114664/2014), Magistrado Ponente: Javier Seoane Prado, Fundamento de Derecho Sexto.

(40)         Jareño Leal, A. (2011). Corrupción y delincuencia de los funcionarios en la contratación pública, pp. 75-100. Madrid: Iustel.

(41)         Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense, Sección 2ª, de 7 de noviembre de 2012, (LA LEY 190426/2012), Magistrado Ponente: Ana María del Carmen Blanco Arce, Fundamento de Derecho Tercero.

(42)         Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 5 de abril de 2002, (LA LEY 3520/2002), Magistrado Ponente: Enrique Abad Fernández, Fundamento de Derecho Decimotercero.

(43)         Jareño Leal, A. (2011). Corrupción y delincuencia de los funcionarios en la contratación pública, pp. 75-100. Madrid: Iustel.

(44)         Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 6ª, de 14 de abril de 2014, (LA LEY 53994/2014), Magistrado Ponente: Alfonso Ballestín.

(45)         Jareño Leal, A. (2011). Corrupción y delincuencia de los funcionarios en la contratación pública, pp. 101-106. Madrid: Iustel.

(46)         Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 26 de septiembre de 2003, (LA LEY 158622/2013), Magistrado Ponente: Francisco Monterde Ferrer.

(47)         Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 16 de junio de 2010, (LA LEY 104034/2010), Magistrado Ponente: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.

(48)         Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 23 de abril de 1999, (LA LEY 5644/1999), Magistrado Ponente: José Antonio Marañón Chávarri.

(49)         Jareño Leal, A. (2011). Corrupción y delincuencia de los funcionarios en la contratación pública, pp. 107-111. Madrid: Iustel.

(50)         Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 19 de febrero de 2006, (LA LEY 21840/2006), Magistrado Ponente: Julián Sánchez Melgar.

(51)         Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 11 de junio de 2014, (LA LEY 80869/2014), Magistrado Ponente: Joaquín Giménez García, Fundamento de Derecho Segundo.

(52)         Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 11 de junio de 2014, (LA LEY 80869/2014), Magistrado Ponente: Joaquín Giménez García, Fundamento de Derecho Cuarto.

(53)         Jareño Leal, A. (2011). Corrupción y delincuencia de los funcionarios en la contratación pública, pp. 123-142. Madrid: Iustel.

(54)         Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 18 de febrero de 2013, (LA LEY 1775/2003), Magistrado Ponente: Enrique Abad Fernández.

(55)         Jareño Leal, A. (2011). Corrupción y delincuencia de los funcionarios en la contratación pública, pp. 143-177. Madrid: Iustel.

(56)         Jareño Leal, A. (2011). Corrupción y delincuencia de los funcionarios en la contratación pública, pp. 111-121. Madrid: Iustel.

(57)         Jareño Leal, A. (2011). Corrupción y delincuencia de los funcionarios en la contratación pública, p. 179 Madrid: Iustel.

(58)         Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 11 de junio de 2014, (LA LEY 80869/2014), Magistrado Ponente: Joaquín Giménez García, Fundamento de Derecho Cuarto.

(59)         Popper, K. (2010). La sociedad abierta y sus enemigos. 2ª impresión, Agosto 2012. Barcelona: Paidós. (Obra original publicada en 1945).

(60)         Comité Económico y Social Europeo. Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE - Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente, p.54. COM (2011) 15 final. Obtenido el 15 de febrero de 2015, de: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:ES:PDF

(61)         Melián, I. (2013). La necesidad de potenciar el pensamiento crítico. ibizamelian.com. Obtenido el 22 de abril de 2015, de: http://ibizamelian.com/sociedad/la-necesidad-de-potenciar-el-pensamiento-critico/

(62)         Simón, V.M. (1997). La participación de las emociones en la toma de decisiones. Psicothema, vol. 9 (nº 2), pp. 365-376.

La necesaria separación de poderes

(1)               Montesquieu (1748). El espíritu de las leyes (Tomo I), pp. 227-228. Vertido al castellano con notas y observaciones por Siro García del Mazo (1906). Madrid: Librería General de Victoriano Suárez. Obtenido el 13 de mayo de 2015, de: http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/espirituDeLasLeyesT1.pdf

(2)               Turull Rubinat, M. -Coord.- (2008). Fundamentos históricos del derecho, pp. 89-90. Barcelona: FUOC.

(3)               Un informe del Consejo de Europa alerta de la proliferación de escándalos de corrupción en España. Abogacía Española. Obtenido el 13 de mayo de 2015, de: http://www.abogacia.es/2014/01/16/un-informe-del-consejo-de-europa-alerta-de-la-proliferacion-de-escandalos-de-corrupcion-en-espana/

(4)               Quintero, L.F. (2014). Gallardón coloca a España a la altura de Irán en independencia judicial. Libertad Digital. Obtenido el 14 de mayo de 2015, de: http://www.libertaddigital.com/espana/2014-02-09/gallardon-coloca-a-espana-a-la-altura-de-iran-en-independencia-judicial-1276509890/

(5)               Costa, J. (1902). Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla. Madrid: Imprenta de los hijos de M.G. Hernández.

(6)               Santayana, G. (1905). La Vida de la Razón, "Volumen 1: La razón en el Sentido

Común".

(7)               Nieto, A. (junio de 2005). El desgobierno judicial (Tercera edición). Madrid: Editorial Trotta, S.A.

(8)               De Carreras Serra, F. y Gerpe Landín, M.  (2003). Módulo 1: Los órganos constitucionales del Estado. En Gerpe Landín, M., Derecho constitucional, II, pp. 115-117. Barcelona: FUOC.

(9)               Nieto, A. (junio de 2005). El desgobierno judicial (Tercera edición). Madrid: Editorial Trotta, S.A.

(10)          Un informe del Consejo de Europa alerta de la proliferación de escándalos de corrupción en España. Abogacía Española. Obtenido el 13 de mayo de 2015, de: http://www.abogacia.es/2014/01/16/un-informe-del-consejo-de-europa-alerta-de-la-proliferacion-de-escandalos-de-corrupcion-en-espana/

(11)          Nieto, A. (junio de 2005). El desgobierno judicial (Tercera edición). Madrid: Editorial Trotta, S.A.

(12)          Sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, de 29 de julio de 1986, (LA LEY 11251-JF/0000), Magistrado Ponente: Angel Latorre Segura, Fundamento de Derecho Decimotercero.

(13)          Sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, de 29 de julio de 1986, (LA LEY 11251-JF/0000), Magistrado Ponente: Angel Latorre Segura, Fundamento de Derecho Décimo.

(14)          Carrasco, S. (2014). ¿Hay derecho? La quiebra del Estado de derecho y de las instituciones en España, p. 129. Barcelona: Ediciones Península.

(15)          Un informe del Consejo de Europa alerta de la proliferación de escándalos de corrupción en España. Abogacía Española. Obtenido el 13 de mayo de 2015, de: http://www.abogacia.es/2014/01/16/un-informe-del-consejo-de-europa-alerta-de-la-proliferacion-de-escandalos-de-corrupcion-en-espana/

(16)          De Carreras Serra, F. y Gerpe Landín, M.  (2003). Módulo 1: Los órganos constitucionales del Estado. En Gerpe Landín, M., Derecho constitucional, II, pp. 117-119. Barcelona: FUOC.

(17)          División y Separación de Poderes. Plataforma Constitucional. Obtenido el 13 de mayo de 2015, de: http://www.plataformaconstitucional.org/separacionpoderes.htm

(18)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 11 de febrero de 2014, (LA LEY 6929/2014), Magistrado Ponente: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Fundamento de Derecho Tercero.

(19)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 11 de febrero de 2014, (LA LEY 6929/2014), Magistrado Ponente: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Fundamento de Derecho Sexto.

(20)          Melián, I. (2010). Capítulo LVII: Saturno devorando a un hijo. ibizamelian.com. Obtenido el 15 de mayo de 2015, de: http://ibizamelian.com/historias-de-un-pueblo/capitulo-lvii-saturno-devorando-a-un-hijo/

(21)          Valldecabres Ortiz. M.A. (2004). Imparcialidad del Juez y medios de comunicación, pp. 222-233. Valencia: Tirant lo Blanch.

(22)          Negro, D. (2009). El mito del hombre nuevo. Madrid: Ediciones Encuentro, S.A.

(23)          Chaves, J.R. (10 de abril de 2015). Máscaras y coartadas del clientelismo y la corrupción. contencioso.es Obtenido el 15 de mayo de 2015, de: http://contencioso.es/2015/04/10/mascaras-y-coartadas-del-clientelismo-y-la-corrupcion/

(24)          Diógenes Laercio. Biografías y Vidas. Obtenido el 15 de mayo de 2015, de: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/diogenes_laercio.htm

(25)          Chaves, J.R. (10 de abril de 2015). Máscaras y coartadas del clientelismo y la corrupción. contencioso.es Obtenido el 15 de mayo de 2015, de: http://contencioso.es/2015/04/10/mascaras-y-coartadas-del-clientelismo-y-la-corrupcion/

(26)          De Tena, P. (2013). El dolor de España y la caquistocracia. Libertad Digital. Obtenido el 15 de mayo de 2015, de: http://www.libertaddigital.com/opinion/pedro-de-tena/el-dolor-de-espana-y-la-caquistocracia-69492/

(27)          Nieto, A. (2013). El desgobierno de lo público, p. 126 (2ª edición). Barcelona: Editorial Planeta, S.A.

(28)          Gambier, B. (18 de septiembre de 2013). La independencia de los magistrados del Tribunal Constitucional, a debate. mundiadiario.com. Obtenido el 15 de mayo de 2015, de: http://www.mundiario.com/articulo/politica/independencia-magistrados-tribunal-constitucional-debate/20130918184042010592.html

(29)          Artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

(30)          Artículo 16.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y artículo  159.1 de la Constitución española.

(31)          Artículos 159 al 162 de la Constitución Española de 1978: Independencia del Tribunal Constitucional. Plataforma Constitucional. Obtenido el 15 de mayo de 2015, de: http://www.plataformaconstitucional.org/art159_162_CE_Tribunal_Constitucional.htm

(32)          Melián, I. (2012). Capítulo VIII: Una historia plagada de privilegios. ibizamelian.com. Obtenido el 15 de mayo de 2015, de: http://ibizamelian.com/la-hermandad-de-dona-blanca/capitulo-viii-una-historia-plagada-de-privilegios/

(33)          Vallès, J.M. (2008). Módulo 3: La política estatal: elementos, instituciones, formas de gobierno. En Vallès, J.M. (Coord.), Política y sociedad, pp. 31-32. Barcelona: FUOC.

(34)          Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1983, de 4 de febrero de 1983, (LA LEY 7585-JF/0000), Magistrado Ponente: Rafael Gómez-Ferrer Morant, Fundamento Jurídico Cuarto.

(35)          Melián, I. (2010). Capítulo XXIII: Contradicciones constitucionales del sistema electoral vigente. ibizamelian.com. Obtenido el 15 de mayo de 2015, de: http://ibizamelian.com/historias-de-un-pueblo/capitulo-xxiii-contradicciones-constitucionales-del-sistema-electoral-vigente/

(36)          Ríos P. (27 de febrero de 2013). El escaño, del diputado; la disciplina, del partido. El País.

(37)          Europa Press (8 de mayo del 2013). El PP multa a Villalobos por romper la disciplina de voto sobre el aborto. eldiario.es

(38)          Garea, F. (30 de junio de 2010). Los diputados son libres, sus votos no. El País.

(39)          Ríos P. (27 de febrero de 2013). El escaño, del diputado; la disciplina, del partido. El País.

(40)          Garea, F. (30 de junio de 2010). Los diputados son libres, sus votos no. El País.

(41)          Refranero multilingüe. Centro Virtual Cervantes. Obtenido el 15 de mayo de 2015, de: http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58538&Lng=0

(42)          García Trevijano, A. Teoría Pura de la República, p. 452. Ediciones MCRC.

(43)          Nieto, A. (2013). El desgobierno de lo público, p. 122 (2ª edición). Barcelona: Editorial Planeta, S.A.

La contaminación de la función pública

(1)               Aldomà Buixadé, J. (2010). Módulo 2: Estructura y ordenación de la función pública. En Aldomà Buixadé, J. (Coord.), Derecho de la función pública, p. 20. Barcelona: UOC.

(2)               Sentencia del Tribunal Constitucional 99/1987, de 11 de junio de 1987, (LA LEY 12344-JF/0000), Magistrado Ponente: Carlos de la Vega Benayas, Fundamento Jurídico 3.c.

(3)               Artículo 9 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

(4)               Artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

(5)               Artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

(6)               Artículo 11 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

(7)               Artículo 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

(8)               Aldomà Buixadé, J. (2010). Módulo 2: Estructura y ordenación de la función pública. En Aldomà Buixadé, J. (Coord.), Derecho de la función pública, pp. 7-14. Barcelona: UOC.

(9)               Artículo 61 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

(10)          Chaves García, J.R. (2009). Control de concursos y oposiciones en la jurisprudencia, pp. 13-14. Madrid: Editorial Reus, S.A.

(11)          Sentencia del Tribunal Constitucional 353/1993, de 29 de noviembre de 1993, (LA LEY 2406-TC/1993), Magistrado Ponente: Carles Viver Pi-Sunyer, Fundamento Jurídico Sexto.

(12)          Artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

(13)          Aldomà Buixadé, J; Comellas Batet, E.; y Miró Folgado, D. (2010). Módulo 3: Etapa de la vida profesional de los funcionarios públicos. En Aldomà Buixadé, J. (Coord.), Derecho de la función pública, pp. 15-25. Barcelona: UOC.

(14)          Parada, R. y Fuentetaja, J. (2014). Derecho de la Función Pública, pp. 222-224  (2ª edición). Madrid: OPEN Ediciones Universitarias, S.L.

(15)          Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 28 de noviembre de 2003, (LA LEY 197399/2003), Magistrado Ponente: Mercenario Villalba Lava, Fundamento de Derecho Tercero.

(16)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 28 de octubre de 2003, (LA LEY 11087/2004), Magistrado Ponente: Juan José González Rivas, Fundamento de Derecho Segundo.

(17)          Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 23 de septiembre de 2003, (LA LEY 227950/2003), Magistrado Ponente: José Luis López-Muñiz Goñi, Fundamento de Derecho Cuarto.

(18)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 26 de febrero de 2013, (LA LEY 36481/2013), Magistrado Ponente: Nicolás Antonio Maurandi Guillén, Fundamento de Derecho Cuarto.

(19)          Parada, R. y Fuentetaja, J. (2014). Derecho de la Función Pública, p. 223 (2ª edición). Madrid: OPEN Ediciones Universitarias, S.L.

(20)          Calleja Pueyo, P. Discrecionalidad técnica y oposiciones a la función pública: una opinión crítica. Aranzadi. Obtenido el 22 de mayo de 2015, de: http://www.legalprestigia.aranzadi.es/articulos/42/discrecionalidad-tecnica-y-oposiciones-a-la-funcio.aspx

(21)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 19 de septiembre de 1994, (LA LEY 8052/1994), Magistrado Ponente: Enrique Cancer Lalanne, Fundamento de Derecho Cuarto.

(22)          Chaves García, J.R. (2009). Control de concursos y oposiciones en la jurisprudencia, pp. 242-246. Madrid: Editorial Reus, S.A.

(23)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 18 de noviembre de 1994, (LA LEY 5157/1995), Magistrado Ponente: Marcelino Murillo Martín de los Santos, Fundamento de Derecho Tercero.

(24)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 3 de febrero de 2000, (LA LEY 8080/2000), Magistrado Ponente: Manuel Goded Miranda, Fundamento de Derecho Noveno.

(25)          Sentencia Audiencia Provincial de Navarra, Sección 1ª, de 14 de mayo de 2009, (LA LEY 129970/2009), Magistrado Ponente: José Julián Huarte Lázaro, Fundamento de Derecho Cuarto.

(26)          Tomás-Valiente Lanuza, C. (2011). Módulo 1: Concepto de Derecho Penal. En Carbonel Mateu, J.C.; García Albero, R.; Gili Pascual, A.; Llabrés Fuster, A.; Tomás-Valiente Lanuza, C. y Villacampa Estiarte, C., Derecho penal. Parte general (Segunda edición), pp. 26-28. Barcelona: FUOC.

(27)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 4 de febrero de 2010, (LA LEY 2372/2010), Magistrado Ponente: Diego Antonio Ramos Gancedo, Fundamento de Derecho Cuarto.

(28)          Chaves García, J.R. (2009). Control de concursos y oposiciones en la jurisprudencia, pp. 290-292. Madrid: Editorial Reus, S.A.

(29)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 23 de diciembre de 2003, (LA LEY 698/2004), Magistrado Ponente: Perfecto Agustín Andrés Ibáñez, Fundamento de Derecho Octavo.

(30)          Chaves García, J.R. (2009). Control de concursos y oposiciones en la jurisprudencia, pp. 292-296. Madrid: Editorial Reus, S.A.

(31)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 10 de diciembre de 2008, (LA LEY 226131/2008), Magistrado Ponente: Manuel Marchena Gómez, Fundamento de Derecho Primero.

(32)          Chaves García, J.R. (2009). Control de concursos y oposiciones en la jurisprudencia, p. 296. Madrid: Editorial Reus, S.A.

(33)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 9 de junio de 2005, (LA LEY 13268/2005), Magistrado Ponente: Perfecto Agustín Andrés Ibáñez, Fundamento de Derecho Cuarto.

(34)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 9 de junio de 2005, (LA LEY 13268/2005), Magistrado Ponente: Perfecto Agustín Andrés Ibáñez, Fundamento de Derecho Quinto.

(35)          Refranero multilingüe. Centro Virtual Cervantes. Obtenido el 24 de mayo de 2015, de: http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58755&Lng=0

(36)          Refranero multilingüe. Centro Virtual Cervantes. Obtenido el 25 de mayo de 2015, de: http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59222&Lng=0

(37)          Nieto, A. (2013). El desgobierno de lo público, p. 132 (2ª edición). Madrid: Editorial Planeta, S.A. 

(38)          Madison, J. (1787). Cap. LI. En El Federalista.

(39)          Nieto, A. (2013). El desgobierno de lo público, pp. 227-228 (2ª edición). Madrid: Editorial Planeta, S.A. 

(40)          Carrasco, S. (2014). ¿Hay derecho? La quiebra del Estado de derecho y de las instituciones en España, p. 114. Barcelona: Ediciones Península.

(41)          Parada, R. y Fuentetaja, J. (2014). Derecho de la Función Pública, p. 286 (2ª edición). Madrid: OPEN Ediciones Universitarias, S.L.

(42)          Parada, R. y Fuentetaja, J. (2014). Derecho de la Función Pública, pp. 54-59 (2ª edición). Madrid: OPEN Ediciones Universitarias, S.L.

(43)          Europa Press (20 de febrero de 2015). La Junta General pide evitar la libre designación de secretarios, interventores y tesoreros municipales. La Nueva España.

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(45)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 29 de septiembre de 2006, (LA LEY 110452/2006), Magistrado Ponente: José Díaz Delgado, Fundamento de Derecho Segundo.

(46)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 11 de noviembre de 2014, (LA LEY 160903/2014), Magistrado Ponente: Celsa Picó Lorenzo, Fundamento de Derecho Tercero.

(47)          Parada, R. y Fuentetaja, J. (2014). Derecho de la Función Pública, pp. 264-268 (2ª edición). Madrid: OPEN Ediciones Universitarias, S.L.

(48)          Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 9 de octubre de 2013, (LA LEY 181721/2013), Magistrado Ponente: Gustavo Ramón Lescure Ceñal, Fundamento de Derecho Segundo.

(49)          Cervera, C. (27 de marzo de 2015). «Spain is different!», el eslogan que cambió para siempre la imagen de España. ABC.

(50)          Artículo 22 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

(51)          Artículo 23.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.

(52)          Artículo 23.a de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

(53)          Artículo 22.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

(54)          Artículo 23.3.a de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.

(55)          Artículo 23.3.b de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.

(56)          Artículo 23.3.c de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.

(57)          Artículo 23.3.d de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.

(58)          Parada, R. y Fuentetaja, J. (2014). Derecho de la Función Pública, pp. 333-336  (2ª edición). Madrid: OPEN Ediciones Universitarias, S.L.

(59)          Aldomà Buixadé, J.; Comellas Batet, E.; y Miró Folgado, D. (2010). Módulo 4: Derechos, deberes y condiciones de trabajo. En Aldomà Buixadé, J. (Coord.), Derecho de la función pública, pp. 39-58. Barcelona: UOC.

(60)          Carrasco, S. (2014). ¿Hay derecho? La quiebra del Estado de derecho y de las instituciones en España, p. 117. Barcelona: Ediciones Península.

(61)          Serrano Ferrer, M.A. (30 de enero de 2007). La Independencia del Secretario-Interventor. administracionpublica.com. Obtenido el 26 de mayo de 2015, de: http://administracionpublica.com/la-independencia-del-secretario-interventor/

(62)          Parada, R. y Fuentetaja, J. (2014). Derecho de la Función Pública, pp. 30-31  (2ª edición). Madrid: OPEN Ediciones Universitarias, S.L.

(63)          El Lazarillo de Tormes (1555). Amberes

(64)          Figueras, A. (31 de julio de 2014). Cid «Campeador»: ese agente doble que luchó a favor y en contra de moros y cristianos. ABC.

(65)          Otero, B. (1985). Blas de Otero para niños, p. 101. Madrid: Ediciones de la Torre.

El ideal del gobierno abierto

(1)               Villoria Mendieta, M. y Nicandro Cruz-Rubio, C. (2014). Módulo 1: Modelos de democracia y gobierno electrónico: el concepto de gobierno abierto. Módulo 2: Transparencia y buen gobierno: valores y herramientas del gobierno abierto. En Curso online: Transparencia y Gobierno Abierto. Madrid: INAP

(2)               I Plan de Acción de España (2012). Open Government Partnership. Obtenido  el 31 de mayo de 2015, de: http://www.mpr.gob.es/documents/c492-9364-ogpplandeaccinespaadefin.pdf

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(6)               De la Nuez Sánchez-Cascado, E. y Tarín Quirós, E. (2014). Transparencia y buen gobierno. Comentarios de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, pp. 17-18. Madrid: Wolters Kluwer España, S.A.

(7)               Villoria Mendieta, M. y Nicandro Cruz-Rubio, C. (2014). Módulo 1: Modelos de democracia y gobierno electrónico: el concepto de gobierno abierto. Módulo 2: Transparencia y buen gobierno: valores y herramientas del gobierno abierto. En Curso online: Transparencia y Gobierno Abierto. Madrid: INAP

(8)               Galindo, J.; Llaneras, K.; Medina, O.; San Miguel, J; Simón, P. y Senserrich, R. (2014). La urna rota. La crisis  política e institucional del modelo español, p. 179. (Tercera edición). Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.

(9)               Galindo, J.; Llaneras, K.; Medina, O.; San Miguel, J; Simón, P. y Senserrich, R. (2014). La urna rota. La crisis  política e institucional del modelo español, p. 183. (Tercera edición). Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.

(10)          Villoria Mendieta, M. y Nicandro Cruz-Rubio, C. (2014). Módulo 1: Modelos de democracia y gobierno electrónico: el concepto de gobierno abierto. Módulo 2: Transparencia y buen gobierno: valores y herramientas del gobierno abierto. En Curso online: Transparencia y Gobierno Abierto. Madrid: INAP

(11)          Galindo, J.; Llaneras, K.; Medina, O.; San Miguel, J; Simón, P. y Senserrich, R. (2014). La urna rota. La crisis  política e institucional del modelo español, pp. 183-186. (Tercera edición). Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.

(12)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 16 de octubre de 1979, (LA LEY 371/1979), Magistrado Ponente: Fernando Roldán Martínez.

(13)          Sentencia del Tribunal Constitucional 18/1981, de 8 de junio de 1981, (LA LEY 148/1981), Magistrado Ponente: Rafael Gómez-Ferrer Morant, Fundamento de Derecho 5.

(14)          Rams Ramos, L (2013). La transformación del derecho de acceso en España: de derecho de configuración legal a derecho fundamental. Revista española de derecho administrativo, nº 160, pp. 155-188.

(15)          Jimenez Plaza, M.I (2006). El derecho de acceso a la información municipal, p. 50. Madrid: Portal Derecho, S.A.

(16)          García de Enterría, E. y Fernández, T. (2013). Curso de Derecho Administrativo II (Décimo tercera edición), pp. 495 -496 Pamplona: Editorial Aranzadi, S.A. (Obra original publicada en 1977).

(17)          Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de Santa Cruz de Tenerife, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 22 de mayo de 2014, (LA LEY 89844/2014), Magistrado Ponente: María Pilar Alonso Sotorrío, Fundamento Jurídico 3º.

(18)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 30 de abril de 212, (LA LEY 61712/2012), Magistrado Ponente: Vicente Conde Martín de Hijas, Fundamento de Derecho 2º.

(19)          Rams Ramos, L (2013). La transformación del derecho de acceso en España: de derecho de configuración legal a derecho fundamental. Revista española de derecho administrativo, nº 160, pp. 155-188.

(20)          Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1984, de 14 de marzo de 1984, (LA LEY 285-TC/1984), Magistrado Ponente: Francisco Rubio Llorente, Fundamento Jurídico 3º.

(21)          El derecho de acceso a la información, un derecho fundamental. Access Info. Obtenido el 31 de mayo de 2015, de: http://avada.access-info.org/wp-content/uploads/El_derecho_de_acceso_a_la_informacin_es_un_derecho_fundamental-1.pdf

(22)          Tragacete, M. (30 de marzo de 2012). España, a la cola en transparencia. Heraldo.es.

(23)          Pérez Lanzac, C. (9 de diciembre de 2014). La nueva ley deja a España en el puesto 64º del ‘ranking’. El País.

(24)          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 4 de julio de 1987 (Id Cendoj: 28079130011987104635), Magistrado Ponente: Rafael de Mendizabal Allende, Fundamento de Derecho 5º; Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 19 de mayo de 1988 (Id Cendoj: 28079130011988102674), Magistrado Ponente: Rafael de Mendizabal Allende, Fundamento de Derecho 2º.

(25)          De la Nuez Sánchez-Cascado, E. y Tarín Quirós, E. (2014). Transparencia y buen gobierno. Comentarios de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Madrid: Wolters Kluwer España, S.A.

(26)          Díez Bueso, L. (2009). Módulo 5. La garantía de los derechos en el ordenamiento jurídico español. En Sánchez Sánchez, V.M. y Bonet Pérez, J. (coords.), Derechos Humanos, pp. 18-20 (Tercera edición). Barcelona: FUOC

(27)          De la Nuez Sánchez-Cascado, E. y Tarín Quirós, E. (2014). Transparencia y buen gobierno. Comentarios de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Madrid: Wolters Kluwer España, S.A.

(28)          Nicandro Cruz-Rubio, C. (2014). Módulo 1: Introducción a la transparencia y gobierno abierto. En Villoria Mendieta, M. (Dir.), Curso Transparencia y gobierno abierto. Madrid: INAP.

(29)          Alberich, T. (1999). Gestión pública, participación ciudadana y desarrollo local. Propuestas para una gestión participativa y eficiente de lo público. Política y Sociedad, 31, pp. 163-174. Madrid: Universidad Complutense. Obtenido el 1 de junio de 2015, de: http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/viewFile/POSO9999230163A/24789

(30)          Sola García, A. y Casellas López, L. (2004). El papel de las Administraciones locales en la participación ciudadana. Intervención Psicosocial, Vol. 13 (nº 2), pp. 271-288.

(31)          Guía Práctica para la Implementación de la Participación Ciudadana en los Gobiernos Locales de Andalucía: estrategias para la acción (2010). FAMP. Obtenido  el 1 de junio de 2015: http://www.famp.es/racs/observatorio/GLOSARIO/GUIA_participacion_ciudadana.pdf

(32)          Beltrán, F. y Molina I. (2008). Módulo 7: Retos y transformaciones actuales del Estado. En  Vallès, J. M. (Coord.), Política y sociedad, pp. 24-38. Barcelona: FUOC.

(33)          Melián, I (2010). Capítulo XXVI: Nacionalismos y regionalismos españoles (I).

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(34)          Guía Práctica para la Implementación de la Participación Ciudadana en los Gobiernos Locales de Andalucía: estrategias para la acción (2010). FAMP. Obtenido  el 1 de junio de 2015, de: http://www.famp.es/racs/observatorio/GLOSARIO/GUIA_participacion_ciudadana.pdf

(35)          De la Nuez Sánchez-Cascado, E. y Tarín Quirós, E. (2014). Transparencia y buen gobierno. Comentarios de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, p. 32. Madrid: Wolters Kluwer España, S.A.

(36)          Artículo 18.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

(37)          Artículo 24.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

(38)          Artículo 130 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

(39)          Artículo 70.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,  así como los artículos 88 y 227.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

(40)          Artículo 228.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

(41)          Artículos 228.2 y 88.3, ambos del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

(42)          Artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 232 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

(43)          Artículo 233 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

(44)          Artículo 236.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

(45)          Artículo 235 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

(46)          Artículo 236.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

(47)          Artículo 70.1 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

(48)          Artículo 70.2 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

(49)          Artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

(50)          De la Nuez Sánchez-Cascado, E. y Tarín Quirós, E. (2014). Transparencia y buen gobierno. Comentarios de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, pp. 31-32. Madrid: Wolters Kluwer España, S.A.

(51)          Artículo 70.3 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

(52)          Artículo 1.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Público.

(53)          Artículo 2.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Público.

(54)          Reglamento Tipo de Participación Ciudadana (26 de abril de 2005). FEMP. Obtenido el 1 de junio de 2015, de: http://www.femp.es/files/566-1596-archivo/Reglamento%20tipo%20FEMP%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana.pdf

(55)          Artículo VIII de la Carta Europea de la salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad. Obtenido el 1 de junio de 2015, de: http://utebo.es/sites/default/files/images/Carta_Europea_Salvaguarda.pdf

(56)          De la Nuez Sánchez-Cascado, E. y Tarín Quirós, E. (2014). Transparencia y buen gobierno. Comentarios de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, p. 35. Madrid: Wolters Kluwer España, S.A.

(57)          Artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

(58)          Artículo 23 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

(59)          Artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

(60)          Artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

(61)          A.P. (23 de marzo de 2015). Concellos de la comarca priman las ayudas a dedo y desoyen los reparos de Intervención. La Opinión A Coruña.

(62)          Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia, Sala de lo Civil y Penal, de 27 de mayo de 2014, (LA LEY 62535/2014), Magistrado Ponente: Antonio Ferrer Gutiérrez.

(63)          De la Nuez Sánchez-Cascado, E. y Tarín Quirós, E. (2014). Transparencia y buen gobierno. Comentarios de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, p. 17. Madrid: Wolters Kluwer España, S.A.

(64)          Villoria Mendieta, M. y Nicandro Cruz-Rubio, C. (2014). Módulo 1: Modelos de democracia y gobierno electrónico: el concepto de gobierno abierto. Módulo 2: Transparencia y buen gobierno: valores y herramientas del gobierno abierto. En Curso online: Transparencia y Gobierno Abierto. Madrid: INAP

(65)          Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge (Mass): Harvard University Press.

(66)          Rand, A. (2006). La virtud del egoísmo. Buenos Aires: Grito Sagrado Editorial. (Obra original publicada en 1961).

(67)          De la Nuez Sánchez-Cascado, E. y Tarín Quirós, E. (2014). Transparencia y buen gobierno. Comentarios de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, p. 19. Madrid: Wolters Kluwer España, S.A.

(68)          De la Nuez Sánchez-Cascado, E. y Tarín Quirós, E. (2014). Transparencia y buen gobierno. Comentarios de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, p. 19. Madrid: Wolters Kluwer España, S.A.

Propuestas para lograr la Tercera España

(1)               Gómez, Y. (1991). Derecho Político I, p. 16-18. Madrid: Servicio publicaciones facultad de Derecho, Universidad Complutense Madrid.

(2)               Quevedo, F. (2006). Pasión por la libertad. El pensamiento político de Adolfo Suárez, p. 70. Barcelona: Áltera.

(3)               Martínez de Pisón Cavero, J.M. (2005). Los inicios del pensamiento liberal español: José Mª Blanco White. Universidad de la Rioja. Redur 3. Obtenido el 7 de junio de 2015, de: http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero3/martinez.pdf

(4)               Melián, I (2010). Capítulo XIV: El constitucionalismo de Blanco White. ibizamelian.com. Obtenido el 5 de junio de 2015, de: http://ibizamelian.com/historias-de-un-pueblo/capitulo-xiv-el-constitucionalismo-de-blanco-white/

(5)               Fernández Carnicero, C. J. (25 de agosto de 1997). Blanco White o la invitación a la concordia. El País.

(6)               Lain Entralgo, P. (9 de marzo de 1980). Por qué cayó Alfonso XIII. El País.

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(8)               La España oficial y la España vital (1914)  de José Ortega y Gasset. Wikisource. Obtenido el 6 de junio de 2015, de: http://es.wikisource.org/wiki/La_Espa%C3%B1a_oficial_y_la_Espa%C3%B1a_vital

(9)               Giustiniani, E. (2009). El exilio de 1936 y la Tercera España. Ortega y Gasset y los blancos de París, entre franquismo y liberalismo.  Circunstancia,  año VII (nº 19). Obtenido el 6 de junio de 2015, de: http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/963/circunstancia/ano-vii---n--19---mayo-2009/articulos/el-exilio-de-1936-y-la-tercera-espana--ortega-y-gasset-y-los-blancos-de-paris--entre-franquismo-y-liberalismo#_Toc228622257

(10)          Martínez de Pisón Cavero, J.M. (2005). Los inicios del pensamiento liberal español: José Mª Blanco White. Universidad de la Rioja. Redur 3. Obtenido el 7 de junio de 2015, de: http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero3/martinez.pdf

(11)          Giustiniani, E. (2009). El exilio de 1936 y la Tercera España. Ortega y Gasset y los blancos de París, entre franquismo y liberalismo.  Circunstancia,  año VII (nº 19). Obtenido el 6 de junio de 2015, de: http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/963/circunstancia/ano-vii---n--19---mayo-2009/articulos/el-exilio-de-1936-y-la-tercera-espana--ortega-y-gasset-y-los-blancos-de-paris--entre-franquismo-y-liberalismo#_Toc228622257

(12)          Subirats, E. (2003). Memoria y exilio. Madrid: Losada. Cita extraída de Martínez de Pisón Cavero, J.M. (2005). Los inicios del pensamiento liberal español: José Mª Blanco White. Universidad de la Rioja. Redur 3. Obtenido el 7 de junio de 2015, de: http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero3/martinez.pdf

(13)          Echegaray, J (1866). Historia de las matemáticas puras en nuestra España. Discurso de ingreso en la Academia de Ciencias. Obtenido el 7 de junio de 2015, de: http://www.ateneodemadrid.com/biblioteca_digital/folletos/Discursos-010.pdf

(14)          Martínez de Pisón Cavero, J.M. (2005). Los inicios del pensamiento liberal español: José Mª Blanco White. Universidad de la Rioja. Redur 3. Obtenido el 7 de junio de 2015, de: http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero3/martinez.pdf

(15)          Negro, D. (2009). El mito del hombre nuevo. Madrid: Ediciones Encuentro, S.A.

(16)          Álvarez-Rendueles, J.R. –selección y estudio introductorio preliminar- (2014). El cálculo del consenso. Escritos escogidos, p. XXI. Pamplona: Editorial Aranzadi, S.A.

(17)          García Trevijano, A. (2010). Teoría Pura de la República. Madrid: El Buey Mudo.

(18)          Vallès, J.M. (2008). Módulo 5: La política como actividad (II). Los actores. En Política y sociedad, pp. 36-39. Barcelona: FUOC.

(19)          Máster en Comunicación Política. Tema 3: ¿Sólo triunfan los paranoides?, p. 7. Curso Superior en Estrategias de Campaña y Comunicación. Uniactiva.

(20)          Voto Único Transferible. Red de conocimientos electorales ACE. Obtenido el 8 de junio de 2013, de: http://aceproject.org/main/espanol/es/esf04.htm/?searchterm=Voto%20%C3%BAnico%20transferible

(21)          Duverger, M. (1959). Les partis Politiques. 2da. Edición actualizada. Paris: Colin.

(22)          Álvarez, C. (2010). Elecciones por rondas múltiples: una forma de mejorar la democracia. Universidad Francisco Marroquín. Obtenido  el 6 de junio de 2015, de: http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Alvarezelecciones

(23)          Artículo 146 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

(24)          Artículo 174.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

(25)          Melián, I. (2013). Capítulo XII: Cambiar el sistema electoral. ibizamelian.com. Obtenido el 6 de junio de 2015, de: http://ibizamelian.com/la-hermandad-de-dona-blanca/capitulo-xii-cambiar-el-sistema-electoral/

(26)          Villasana Dávila, J. (2007). Formas de gobierno local en Norteamérica; variedad a diferente escala. VII Congreso Vasco de Sociología y Ciencia Política. Área de trabajo: Administración y Políticas Públicas. 15-16 de Febrero de 2007. Bilbao, País Vasco, España. Obtenido  el 8 de junio de 2015, de: http://localeando.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/formasgoblocalnorteamerica.pdf

(27)          Lapuente Giné, V. (27 de marzo de 2009). ¿Por qué hay tanta corrupción en España? El País.

(28)          About Staunton. Staunton was the birthplace of the City Manager form of government that is today used by most cities across the nation. Staunton. Obtenido el 6 de junio de 2015, de: http://www.staunton.va.us/about-staunton

(29)          Hernández Vidal, A. (2011). Formas de Gobierno Municipal y de Elecciones Locales en Estados Unidos y Colombia. Dialnet. Obtenido el 8 de junio de 2015, de: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3698533.pdf

(30)          Melián, I. (2013). Capítulo XIII: La reforma municipal. ibizamelian.com. Obtenido el 6 de junio de 2015, de: http://ibizamelian.com/la-hermandad-de-dona-blanca/capitulo-xiii-la-reforma-municipal/

(31)          Artículo 146.1.a de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

(32)          El perfil del concejal español: un hombre de entre 26 y 45 años, con estudios elementales y que repite mandato (25 de agosto de 2009). Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Obtenido el 8 de junio de 2015, de: http://www.seap.minhap.gob.es/es/prensa/notas_de_prensa/notas/2009/08/20090825.html

(33)          Estévez, A. (14 de marzo de 2012). Alemania pasó de 25.000 a 8.400 ayuntamientos con la fusión de municipios. antena3. Obtenido el 8 de junio de 2015, de: http://www.antena3.com/noticias/economia/alemania-paso-25000-8400-ayuntamientos-fusion-municipios_2012031400139.html

(34)          Lapuente Giné, V. (2013). El buen gobierno local en perspectiva comparada. Revista Democracia y Gobierno Local, nº 20, pp. 35-37. Obtenido el 8 de junio de 2015, de: http://www.gobiernolocal.org/docs/publicaciones/RDGL20.pdf

(35)          Comparativa: Índice de Percepción de la Corrupción. datosmacro.com. Obtenido el 8 de junio de 2015, de: http://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion

(36)          UPYD, Grupo de Administración Pública (2010). El coste del Estado Autonómico. España: Fundación Progreso y democracia.

(37)          Redondo, J.L. (2013). La Diputación Provincial, esa gran desconocida…y algunos datos para empezar a conocerla. ¿Hay Derecho? Obtenido el 8 de junio de 2015, de: http://hayderecho.com/2013/10/24/la-diputacion-provincial-esa-gran-desconocida-con-algunos-numeros-para-empezar-a-conocerla/

(38)          Moreno Luzón, J. (29 de agosto de 2014). La caída de los viejos caciques. El País.

(39)          Título XI del Código Penal  y artículos 804 a 815 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

(40)          Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

(41)          Alberich, T. (1999). Gestión pública, participación ciudadana y desarrollo local. Propuestas para una gestión participativa y eficiente de lo público. Política y Sociedad, 31, pp. 163-174. Madrid: Universidad Complutense. Obtenido el 8 de junio de 2015, de: http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/viewFile/POSO9999230163A/24789

(42)          Alberich, T. (1999). Gestión pública, participación ciudadana y desarrollo local. Propuestas para una gestión participativa y eficiente de lo público. Política y Sociedad, 31, pp. 163-174. Madrid: Universidad Complutense. Obtenido el 25 de enero de 2015, de: http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/viewFile/POSO9999230163A/24789

(43)          Giménez, M.; Gomá, R.; Gutiérrez, E. y Riera, C. (2002). Capítulo 3: Nuevos escenarios de democracia local. Las experiencias de presupuestos participativos. En Blanco, I. y Gomá, R. -coords.-, Gobiernos Locales y Redes Participativas, pp. 65-91. Barcelona: Editorial Ariel, S.A.

(44)          De la Nuez Sánchez-Cascado, E. y Tarín Quirós, E. (2014). Transparencia y buen gobierno. Comentarios de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, p. 32. Madrid: Wolters Kluwer España, S.A.

(45)          Parada, R. y Fuentetaja, J. (2014). Derecho de la Función Pública, p. 286 (2ª edición). Madrid: OPEN Ediciones Universitarias, S.L.

(46)          Lapuente Giné, V. (27 de marzo de 2009). ¿Por qué hay tanta corrupción en España? El País.

(47)          Europa Press (20 de febrero de 2015). La Junta General pide evitar la libre designación de secretarios, interventores y tesoreros municipales. La Nueva España.

(48)          Un informe del Consejo de Europa alerta de la proliferación de escándalos de corrupción en España (16 de enero de 2014). Abogacía Española. Obtenido el 7 de junio de 2015, de: http://www.abogacia.es/2014/01/16/un-informe-del-consejo-de-europa-alerta-de-la-proliferacion-de-escandalos-de-corrupcion-en-espana/

(49)          Informe de lucha contra la corrupción de la Unión Europea. Comisión Europea. Obtenido el 8 de junio de 2015, de: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_spain_chapter_es.pdf

(50)          Chaves, J.R. (10 de abril de 2015). Máscaras y coartadas del clientelismo y la corrupción. contencioso.es. Obtenido el 7 de junio de 2015, de: http://contencioso.es/2015/04/10/mascaras-y-coartadas-del-clientelismo-y-la-corrupcion/

(51)          Martínez Barros, R. (25 de noviembre de 2014). Demasiadas leyes, demasiada corrupción. España Exterior. Obtenido el 7 de junio de 2015, de: http://www.espanaexterior.com/seccion/Emigracion/noticia/344297-Demasiadas_leyes_demasiada_corrupcion

(52)          Burke. Reflections on the Revolution in France, ed. “Everyman’s”, p. 93. Cita extraída de García de Enterría, E. (2007). La Administración española, p. 214 (Séptima edición). Pamplona: Editorial Aranzadi, S.A. (Obra original publicada en 1961). 

(53)          Álvarez Junco, J. (21 de diciembre de 1996). El falso "problema español". El País.

(54)          Fernández López, J. Miguel de Unamuno - Vida y obras. Hispanoteca. Obtenido el 7 de junio de 2015, de: http://www.hispanoteca.eu/Filosof%C3%ADa%20espa%C3%B1ola/Miguel%20de%20Unamuno%20-%20Vida%20y%20obras.htm

Conclusiones

(1)               Cervera, C. (9 de abril de 2015). El Duque de Lerma: crónica del mayor desfalco en la historia de España. ABC.

(2)               Fayanas Escuer, E. (7 de noviembre de 2014). El lado oscuro de la Reina María Cristina de Borbón Dos Sicilias. Diario Digital Nueva Tribuna. Obtenido el 12 de junio de 2015, de: http://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/lado-oscuro-reina-maria-cristina-borbon-sicilias/20141103110417108836.html

(3)               Ramos Placensia, S. (16 de noviembre de 2013). La construcción del ferrocarril en España: el corrupto Marqués de Salamanca. Historia Económica, Globalización y Desarrollo. Obtenido el 12 de junio de 2015, de: http://globalhisco.blogspot.com.es/2013/11/la-construccion-del-ferrocarril-en.html

(4)               El Straperlo, la ruleta política. La aventura de la Historia. El Mundo.

(5)               Burgos, E. (21 de junio de 2011). En el tiempo del estraperlo. La Nueva España.

(6)               Gil Pecharromán, J. Los escándalos radicales. ArteHistoria. Obtenido el 12 de junio de 2015, de: http://www.artehistoria.com/v2/contextos/7209.htm

(7)               de Arco Blanco, M.A. (2010). El estraperlo: pieza clave en la estabilización del régimen franquista. Historia del Presente, 15, pp. 65-78. Obtenido el 12 de junio de 2015, de: http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/32351/1/DEL%20ARCO%20El%20estraperlo%20pieza%20clave%20en%20estabilizacion%20del%20regimen%20franquista.pdf

(8)               Garzón, B. (2015). El fango. Cuarenta años de corrupción es España, pp. 56-57. Barcelona: DEBATE.

(9)               Ridruejo Dionisio (1962). Escrito en España, pp. 104-105. Buenos Aires: Losada. Cita extraída de Garzón, B. (2015). El fango. Cuarenta años de corrupción es España, p. 57. Barcelona: DEBATE.

(10)          Novak Talavera, F. (2013) Caso Barcelona Traction Light and Power Company Limited. España vs. Bélgica (1970). Instituto de Estudios Internacionales. Obtenido el 13 de junio de 2015, de: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/agendainternacional/article/viewFile/7181/7381

(11)          Carrascosa, J. (3 de junio de 2009). MASTER en abogacía internacional práctica Unvi. Murcia: el caso "Barcelona Traction". Obtenido el 13 de junio de 2015, de: https://www.youtube.com/watch?v=-gzzxVx0rXk

(12)          Garzón, B. (2015). El fango. Cuarenta años de corrupción es España, pp. 59-63. Barcelona: DEBATE.

(13)          Ferrer, M. (11 de marzo de 2012). Un negocio redondo desde la tumba. Diario de Mallorca.

(14)          Novak Talavera, F. (2013) Caso Barcelona Traction Light and Power Company Limited. España vs. Bélgica (1970). Instituto de Estudios Internacionales. Obtenido el 12 de junio de 2015, de: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/agendainternacional/article/viewFile/7181/7381

(15)          Bustamante, J.M. (19 de enero de 2007). ¿Qué fue el 'caso Matesa'? El Mundo.

(16)          Jiménez, F. (2000). El caso MATESA: un escándalo político en un régimen autoritario. Historia y Política, núm. 4. Obtenido el 12 de junio de 2015, de: http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=9&IDN=633&IDA=26609

(17)          Bustamante, J.M. (19 de enero de 2007). ¿Qué fue el 'caso Matesa'? El Mundo.

(18)          Jiménez, F. (2000). El caso MATESA: un escándalo político en un régimen autoritario. Historia y Política, núm. 4. Obtenido el 12 de junio de 2015, de: http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=9&IDN=633&IDA=26609

(19)          Gismena Tierno, L. (2007). El caso Matesa. Icade. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, nº 70, pp. 387-388. Obtenido el 12 de junio de 2015, de: https://revistas.upcomillas.es/index.php/revistaicade/article/viewFile/656/542

(20)          Jiménez, F. (2000). El caso MATESA: un escándalo político en un régimen autoritario. Historia y Política, núm. 4. Obtenido el 12 de junio de 2015, de: http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=9&IDN=633&IDA=26609

(21)          Gismena Tierno, L. (2007). El caso Matesa. Icade. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, nº 70, pp. 387-388. Obtenido el 12 de junio de 2015, de: https://revistas.upcomillas.es/index.php/revistaicade/article/viewFile/656/542

(22)          Jiménez, F. (2000). El caso MATESA: un escándalo político en un régimen autoritario. Historia y Política, núm. 4. Obtenido el 12 de junio de 2015, de: http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=9&IDN=633&IDA=26609

(23)          Garzón, B. (2015). El fango. Cuarenta años de corrupción es España, pp. 73 y 78. Barcelona: DEBATE.

(24)          Priego, V. (2014). Un Rey en el que muy pocos creyeron. El Mundo.

(25)          Leighton, W. y López, E (2012). Madmen, Intellectuals, and Academic Scribblers: The Economic Engine of Political Change. United States: Stanford University Press.

(26)          Ortega Blake, A. (2013). El gran libro de las frases célebres. México: Grijalbo.

(27)          Martínez de Pisón Cavero, J.M. (2005). Los inicios del pensamiento liberal español: José Mª Blanco White. Universidad de la Rioja. Redur 3. Obtenido el 15 de junio de 2015, de: http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero3/martinez.pdf

(28)          Maura, A. (2010). Revolución desde Arriba. Madrid: Congreso de los Diputados.

(29)          Morán, G. (2009). Adolfo Suárez. Ambición y destino, p. 114. Barcelona: DEBATE.

(30)          Ramos, F. (23 de marzo de 2014). Fernández-Miranda, el verdadero autor de la reforma de Suárez en España. MUNDIARIO. Primer periódico Mundial de análisis y opinión. Obtenido el 15 de junio de 2015, de: http://www.mundiario.com/articulo/politica/suarez-y-fernandez-miranda-verdadero-autor-reforma/20140323185746016504.html

(31)          El prólogo para Torcuato Fernández-Miranda y otros ejemplos de ingratitud del Rey Juan Carlos. (12 de Mayo de 2015). LibertadDigital. Obtenido el 15 de junio de 2015, de: http://www.libertaddigital.com/chic/corazon/2015-05-12/el-prologo-para-torcuato-fernandez-miranda-y-otros-ejemplos-de-ingratitud-del-rey-juan-carlos-1276547783/

(32)          Garrido, M. (1983). El yo y la circunstancia. Teorema, vol. XIII/3-4, pp. 309-343. Madrid: Editorial de la Universidad Complutense. Obtenido el 15 de junio de 2015, de: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2043893.pdf

(33)          Ortega y Gasset, J. (9 de septiembre de 1931). Un aldabonazo. Crisol. segundarepublica.com. Obtenido el 15 de junio de 2015, de: http://www.segundarepublica.com/index.php?opcion=7&id=39

(34)          López Vega, A. (2008). Epistolario inédito. Marañón, Ortega, Unamuno, p. 212. Madrid: Editorial Espasa Calpe, S.A.

Agradecimientos

Esta obra corresponde a mi Trabajo Fin de Máster del Máster en Derecho de las Administraciones Públicas (Universidad Rey Juan Carlos). Titulado: “La corrupción en España y sus causas institucionales: un enfoque desde el derecho público.” Dirigido por: Javier Guillén Caramés y Manuel Villoria Mendieta. Curso académico 2014-15. Agradeciendo a Javier Guillén Caramés el permitirme abordar un tema que me apasiona y a Manuel Villoria Mendieta su gran apoyo e infinita paciencia.

Sobre el autor

Ibiza Melián es Graduada en Derecho, con Perfil de Derecho Público y Metodología Jurídica, así como Minor en Lenguaje y Pensamiento. Especialista en Mediación Civil y Mercantil. Mediación Laboral. Máster en Derecho de las Administraciones Públicas. Máster en Comunicación Política y Empresarial. Máster en Asesoría y Gestión de Inmuebles. Aunque inicialmente encaminó su formación hacia el sector turístico, especializándose en el área de las Agencias de Viajes, al ser Técnico Superior de Agencias de Viajes. Desde el 14 de Junio del 2003 hasta los comicios de Mayo de 2015 fue concejal municipal. Autora de diversos libros publicados. Recopilando su trabajo en su Página web personal: http://ibizamelian.com/

Contacto: ibizamelian@gmail.com